El diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Con su permiso, señora presidenta. Vengo a nombre de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En primer término quiero hacer un reconocimiento a los diputados: Alma Alcaraz Hernández, Moisés Alcalde Virgen, Antonio Ortega Martínez y Javier Guerrero García, porque son los promotores de esta iniciativa y que con su trabajo han dado cumplimiento al mandato que teníamos como Cámara de Diputados, para tener una Ley General de Contabilidad Gubernamental, en un plazo que concluía el próximo mayo del 2009. Quiero destacar que fueron hechas de su conocimiento diversas modificaciones aprobadas por la Comisiones Unidas, que son parte del presente dictamen y que fueron propuestas por los diputados: Enrique Cárdenas del Avellano, Joaquín Conrado de los Santos, Manuel Cárdenas, Pablo Trejo y Xavier López Adame. Asimismo el día de hoy se presentó una última modificación al artículo 4o del proyecto de esta ley, también aprobada por los integrantes de las comisiones unidas y que en su momento se entregó a la Mesa Directiva y que ha sido repartida en sus curules. Esta última modificación fundamentalmente consiste en mantener la definición de los intereses de la deuda en este artículo 4o. Quiero destacar que para esta LX Legislatura, la creación de esta ley con sus reformas genera un cumplimiento integral a las reformas de la hacienda pública, que iniciamos el año pasado. Es importante destacar que cada vez son mayores los recursos que se destinan a los estados y municipios, y que esta soberanía ha trabajado para que año con año se incremente el Presupuesto de Egresos, pero no solamente debemos de trabajar en el incremento de los recursos, sino en imponer mayores responsabilidades respecto a la recaudación, custodia, aplicación y control de los recursos públicos, que le son asignados, tanto a la federación como a los estados y municipios. Desde el año de 2003 los estados tienen la obligación de presentar a esta soberanía un diagnóstico de sus finanzas estatales. En dichos informes nos hemos percatado de la complejidad que supone el análisis de esta información, en virtud de la diversidad de registros contables en las cuentas públicas de las entidades federativas. Actualmente, existe una indeseable diversidad en sistemas de información administrativa y financiera entre las entidades federativas, sistemas contables que son, en algunos casos, deficientes o limitados, también cuentas públicas incompatibles. No existen sistemas de contabilidad gubernamental que sea uniformes, lo que trae como consecuencia que los entes de gobierno integren la información contable y financiera, que se generan con bases diversas a disposiciones también diversas, y que esta información no sea susceptible de ser comparada, toda vez que se emplean términos, metodologías, criterios y formatos diferentes para la presentación de la información generada. Al día de hoy no es posible obtener información precisa y homogénea de las finanzas públicas a nivel nacional. Es por eso que yo sí quiero dejar constancia que esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión se ha preocupado por avanzar en los temas de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Y ahí están, para dejar constancia de estos trabajos, todo lo que hemos avanzando en materia de transparencia, acceso a la información pública, en los sistemas de evaluación, en los sistemas de presupuestos por resultados, en las facultades que le hemos otorgado a la Auditoría Superior de la Federación y a las entidades estatales de fiscalización. De manera muy concreta, en mayo de este año se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde, en la fracción XXVIII, se otorga facultad expresa a esta Cámara de Diputados para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que deben de regir a todos los entes públicos. De manera también muy precisa, se señala en el artículo segundo transitorio de ese decreto, que el Congreso de la Unión tenía que aprobar las leyes que fueran necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho decreto, a más tardar en el plazo de un año a partir de la fecha de expedición del mismo. Por lo anterior, con el dictamen que hoy se pone a su consideración, esta soberanía cumple con los tiempos que ella misma se ha impuesto, valiendo la pena destacar que este cumplimiento no fue al plazo final, sino con anticipación. Ahora bien, por lo que respecta al texto de la iniciativa, las comisiones dictaminadoras realizaron algunas modificaciones que les fueron planteadas por diversos diputados. Un aspecto muy importante es que esta ley es obligatoria para todos los entes públicos del gobierno federal, gobiernos estatales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos. Cabe resaltar la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable, que será el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental. Se crea la figura del Comité Consultivo como un órgano auxiliar. En su título tercero se establece todo un sistema de contabilidad gubernamental al que deben de sujetarse los entes públicos, así como las directrices que deben de cumplirse en el manejo de información. En un título cuarto se refiere a la información financiera gubernamental y la cuenta pública. En el título quinto se señala un régimen de responsabilidades a los servidores públicos, así como las sanciones a las que deberán ser sujetos en el ámbito de cada una de las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya sea federal o en el ámbito de los estados. Como modificaciones que se plantearon en las Comisiones Unidas está el fortalecimiento del Consejo Nacional con la inclusión de la Secretaría de la Función Pública, y de un representante de un municipio del país. Asimismo, al secretario técnico se le obliga a dar respuesta a las consultas que son presentadas al Comité Consultivo. También, en el Comité Consultivo se añade la participación de una entidad estatal y de órganos de la sociedad especializados en la contabilidad. También algunas modificaciones para hacer armónicas las disposiciones de la ley respecto a las entidades federativas y al Distrito Federal, y los municipios y los órganos político-administrativos. Quiero dejar constancia también del trabajo armónico que hubo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público; a su presidente, el diputado Jorge Estefan, nuestro agradecimiento por el trabajo que pudimos hacer en ambas comisiones. Por último, les quisiera comentar, compañeras diputadas y compañeros diputados, que con la aprobación de esta ley sin duda se aumentará la eficacia y eficiencia de los procesos de fiscalización sobre los recursos públicos y se conocerá con exactitud el estado real del patrimonio y de las finanzas públicas de la nación. Por todo lo anterior, solicito su voto a favor, con las modificaciones que han sido presentadas a la Mesa Directiva y que han sido del conocimiento de todos ustedes. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.