El diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Agradezco a mi coordinador parlamentario, mi amigo Carlos Iriarte, por darme la oportunidad de suscribir junto con él esta presente iniciativa. Con un saludo respetuoso a los representantes de los distintos cultos religiosos en nuestro país. Y también con un saludo a nuestro país a través de los medios de comunicación, especialmente en el Canal del Congreso. En enero de 1992 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada para modificar las normas que definieron la situación jurídica de las iglesias, sus ministros y el culto público, a fin de promover el respeto a la libertad de creencias. Fue, indudablemente un cambio de paradigma en México. Derivado de dicha reforma constitucional, el 15 de julio de 1992 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La emisión de este instrumento jurídico tuvo por objeto el desarrollo de los principios contenidos en nuestra norma fundamental sobre la base de la clara separación del Estado y las iglesias, así como de las demás agrupaciones religiosas. En 2013, ya en tiempos más recientes, nuestra Constitución sufrió otra modificación en el tema, dando pauta a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión, encaminadas a eliminar la discrepancia entre las normas nacionales e internacionales. Tal como sucedió en 1992, compañeras y compañeros, hoy nuestro país enfrenta realidades que exigen actualizar la normativa que rige la vida de las asociaciones religiosas. Entre esa fecha y ahora han ocurrido diversos cambios en la realidad social. Asimismo, el compromiso de nuestro país con los derechos humanos se ha consolidado. Ello ha llevado a que la norma que contiene los derechos en materia de libertad, de convicciones éticas, de conciencia y de religión no sea congruente con las necesidades que se pretenden regular. En otras palabras, el desfase entre el marco normativo y la realidad social ha llevado al escenario en donde las personas jurídicas y las asociaciones religiosas actúan con poca certeza jurídica. Por ello, es necesario reformar dicha Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La iniciativa que hoy presento parte de la importancia que revisten para nuestra sociedad las creencias y prácticas religiosas. Asimismo, reconoce la diversidad de creencias religiosas y convicciones que existen en nuestro país. Lo anterior, sin menoscabo de los principios históricos en que se funda la relación entre Estado e iglesias. Por una parte, la iniciativa busca fortalecer el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Para ello enuncia diversas expresiones que pueden tener el derecho de libertad, de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Entre tales aspectos vale la pena destacar y mencionar los siguientes. Incorpora esta iniciativa la prohibición de discriminar por tener o no tener creencias religiosas. Amplia el derecho a manifestarse para expresar creencias religiosas. Establece el derecho a ofrecer y recibir asistencia espiritual. Consagra el derecho a ejercer la objeción de conciencia. Reconoce el derecho de las personas para manifestar su voluntad respecto de sus restos mortales y reconoce el derecho de las personas para prestar servicios voluntarios y contribuir al sostenimiento de cualquier asociación religiosa. Es oportuno, compañeras y compañeros, mencionar que el ejercicio de esos derechos no puede ser un motivo válido. No puede ser un motivo válido para cometer delitos, faltas penadas por la ley o afectar a derechos de terceros. Por otra parte, la presente iniciativa pretende clarificar el ámbito de actuación de las asociaciones religiosas, así como simplificar la regulación a la que se encuentran sujetas. En este aspecto es oportuno mencionar, modificaciones como las siguientes. Las asociaciones religiosas ya no tendrán que recabar autorización por parte de la Secretaría de Gobernación antes de adquirir un bien inmueble, únicamente será necesario que registren la adquisición de que se trate ante dicha dependencia. Posibilita que las asociaciones religiosas puedan solicitar, al igual que otras personas morales, concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Permite al Estado trabajar de manera coordinada con las asociaciones religiosas para la promoción del desarrollo cultural y social en un marco de laicidad. Compañeras y compañeros legisladores, estamos en otra época en donde hoy más que nunca, la sociedad nos exige en modernizar el marco jurídico de todas las actividades y esta no puede quedar fuera. La presente iniciativa por ende, pretende modernizar y adecuar a nuestra realidad constitucional y social la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de esa manera la intención es que las personas en México, todos nosotros, puedan ejercer de manera plena su derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión con mayor certeza jurídica. En una palabra, estamos apostando a consolidar un país de derechos plenos, de derechos efectivos. Muchas gracias.