EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados: El Estado en cualquier economía del mundo debe garantizar estabilidad y crecimiento económico sustentable mediante el uso adecuado de todos los instrumentos fiscales monetarios y financieros a su alcance. Las funciones básicas del Estado en el ambiente económico son: asignación de recursos, distribución, estabilidad, crecimiento y vigilancia de un perfil de desarrollo sustentable. En este sentido la intervención que el Estado tiene en la economía debe ser con fines compensatorios, correctivos o contracíclicos ante la pérdida de actividad o ante el creciente deterioro ambiental. En este sentido, preocupados por los resultados de la operación del programa de apoyos directos al campo denominado Procampo y como resultado de que sus actividades se derivan de la responsabilidad constitucional que el Estado tiene de conducir el desarrollo nacional mediante la planeación, coordinación y orientación de la actividad económica, defendemos que el campo y todo lo que representa desde el punto de vista social, productivo y ambientalmente, debe seguir siendo considerado como estratégico y prioritario para el crecimiento y desarrollo sustentable presente y futuro del país. El programa Procampo fue creado por decreto presidencial el 5 de julio de 1994, sus funciones se derivan de la responsabilidad constitucional que el Estado tiene de conducir el desarrollo nacional, mediante procesos de planeación, coordinación y orientación de la actividad económica. Los resultados han sido ambientalmente pobres, el deterioro ambiental en el campo es evidente. Paralelamente a este proceso se observan grandes debilidades productivas como el poco crecimiento del sector, derivado del débil apoyo gubernamental para el fomento de las actividades agrícolas y el desarrollo del sector agropecuario. Esta situación es paradójica, ya que a pesar de las reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, así como su legislación reglamentaria, no han dado de ninguna manera los resultados esperados para el desarrollo del campo, ni en lo productivo ni mucho menos en la protección al ambiente. Por lo anterior, consideramos apremiante tomar medidas que permitan modificar su operación y en consecuencia los resultados de impactos ambientales derivados de los sistemas de apoyo derivados de Procampo, los cuales además tienen como objetivo el fomento de una mayor participación en el campo de los sectores social y privado para mejorar la competitividad interna y externa, elevar el nivel de vida de las familias rurales y la modernización del sistema de comercialización. Todo ello con vistas al incremento de la capacidad de capitalización de las unidades de producción rural. El Procampo debe tener muy en cuenta las actuales tendencias de la agricultura y el desarrollo rural en el mundo, encaminadas a lograr la sustentabilidad mediante la producción de alimentos de calidad en forma sostenible y así lograr la eficiencia alimentaria, sin dejar de facilitar la conversión de aquellas superficies en las que sea posible establecer actividades sustentables que no solo verifiquen mayor rentabilidad, dando certidumbre económica a los productores rurales y mayores capacidades para su adaptación al cambio que demanda la nueva política de desarrollo agropecuario en marcha y la aplicación de la política agraria contenida en la reforma al artículo 27 constitucional. "El sistema de apoyos debe impulsar nuevas alianzas entre el mismo sector social con el sector privado en forma de asociaciones, organizaciones y sociedades capaces de enfrentar los retos de la competitividad mediante la adopción de tecnologías más avanzadas que representen al medio ambiente. "Es necesario que los apoyos directos contribuyan sobre todo a la recuperación y conservación de bosques y selvas y a la reducción de la erosión de los suelos y la contaminación de las aguas, favoreciendo así el desarrollo de una cultura de conservación de los recursos naturales. "Se reconoce que para alcanzar este escenario en los siguientes años, es necesario poner en marcha acciones que inician en os diversos aspectos relacionados con la puesta en marcha de esquemas de producción agrícola, que permitan un desarrollo rural sustentable, que tomen en cuenta no sólo indicadores de rentabilidad sino también de sustentabilidad ambiental, en un marco de respeto al conocimiento productivo tradicional de las comunidades rurales involucradas y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente. "Por ser del más alto interés nacional apoyar el desarrollo sustentable de los productores del campo, mediante un programa que eleve las condiciones de vida, conserve los recursos naturales y fomente el desarrollo del sector rural, proponemos la siguiente iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del PROCAMPO, para quedar en los siguientes términos. "Artículo 15.- Mediante la presente ley se apoyará a los productores a través de proyectos productivos que no sólo sean financiera y técnicamente viables, sino también ambientalmente sustentables, para lo cual la Secretaría proporcionará información sobre opciones técnicas que mejoren los procesos productivos acostumbrados y sobre otras actividades que presenten mejores condiciones productivas y de mercado, que les permita tomar las decisiones que convengan a sus intereses". Es cuanto, diputado Presidente. -PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Roberto Antonio Marrufo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal. -DIP. ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES: Con su permiso, señor Presidente. "El suscrito, diputado federal, Roberto Antonio Marrufo Torres, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona al Título Décimo Tercero Capítulo Quinto, artículo 247 del Código Penal Federal, falsedad de declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, adicionando la palabra prisión, misma que se fundamenta y motiva en la siguiente "Exposición de Motivos "El día 10 de enero de 1994 y entrando en vigor el 1º de febrero del mismo año, se reformó el artículo 247 del Código Penal Federal, que sanciona el ilícito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, delito por el cual su transcripción legal establecía se impondrá de 2 a 6 años y de 100 a 300 días de multa. "En efecto, la transcripción del citado artículo queda claro que en su párrafo se estipulan dos sanciones, una de naturaleza temporal pero no determinada, estableciéndose que se aplicarán de 2 a 6 años y otra de carácter económico inherente a la multa, pues se señala que se impondrá de 100 a 300 días de multa, por lo que se deduce que esta norma no es clara. En esta tesitura cabe mencionar que la pena temporal aplicable a la comisión del delito que se trata,transgrede el Artículo 14 Constitucional, tercer párrafo, mismo que establece el principio de la exacta aplicación de la ley en materia penal y la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito antisocial que se le puede atribuir a un procesado. Se ignora el hecho, no se ignora el hecho de que después de la publicación de la Reforma en cita, la Secretaría de Gobernación omitió una Fe de Erratas con fecha 1º de Febrero de 1994, corrección que carece de validez jurídica al realizarlo un órgano carente de las facultades legales para establecer delitos. En los Artículos 50, 73 Fracción XXI, II y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deja en manifiesto que el único órgano facultado para la elaboración, modificación o reformas al texto de las leyes respecto de los delitos cometidos en la Federación, así como para determinar las sanciones a imponer, es de competencia única del Congreso de la Unión. Lo que compete a la Secretaría de Gobernación, es publicar las modificaciones, adiciones o reformas en el Diario Oficial de la Federación, en consecuencia, la publicación de Fé de Erratas que realizó dicha Dependencia, constituye una invasión a las facultades que la Ley confiere a otro Poder del Estado, lo que concluye que el delito en comento, sólo se encuentra sancionado con pena pecuniaria. Sustento lo anterior, con la Jurisprudencia P/J25/203 del Pleno de la suprema corte de Justicia de la Nación , visible en la página 18 del Tomo 18 correspondiente al mes de Julio del año del 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "Falsedad de declaración rendida ante una autoridad distinta a la Judicial, el primer párrafo del Artículo 247 del Código Penal Federal, viola las garantías de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, en su parte que señala; Se impondrá de 2 a 6 años, porque no especifica la naturaleza de la pena, .Diario Oficial de la Federación del 10 de Enero de 1994". El Artículo 14 Constitucional , párrafo 3º., consigna como garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, el alcance de dicha garantía no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía, por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trate. Esto obliga a legislar normas claras en las que se precise la consecuencia jurídica de la comisión de un delito con el fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica delg gobernado y actuación arbitraria del juzgador. Con esto deducimos que el párrafo del Artículo 147 del Código Penal Federal, con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de Enero de 1994, establece una de las sanciones privativas para el delito de falsedad en declaraciones ante una autoridad distinta a la Judicial, se impondrá de 2 a 6 años, sin especificar la naturaleza de la pena, resultando violatorio de la efectiva y exacta aplicación de la Ley Penal y por ende de la seguridad jurídica, al no precisar la naturaleza de una de las dos penas que corresponde a la conducta que describe el artículo en comento, mientras que la sanción pecuniaria se determina expresamente señalándose los días de multa correspondiente, la primera que de certidumbre para gobernados y juzgadores obligados a aplicar dicho precepto. La inconstitucionalidad del párrafo del Artículo 247 del Código Penal Federal, acepta específicamente a la pena temporal aplicable a la comisión del delito descrito en este y no así la sanción económica prevista en el mismo, lo que deberá ser aplicable en los casos concretos, que deberán resolver los juzgadores , ene l entendido de que es solo la porción normativa precisada la que se estima viciada, subsistiendo válidamente tanto la de tipo penal como la sanción pecuniaria respectiva. Dicho artículo en comento, no contiene prevista pena privativa de libertad como lo exige el ordinal 161 fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales según se advierte en su lectura, "que esté comprobado el cuerpo de delito, que tenga señalando sanción privativa de la libertad". Como se desprende del artículo 247 del Código Penal Federal, el delito analizado en este apartado no está sancionado al menos con una pena privativa de la libertad, quedando a la facultad del juzgador determinar que la ley al establecer tales parámetros de temporalidad se refiere a la pena privativa de la libertad pues tal determinación sería el resultado de un artículo emitido por mayoría de razón, prohibido por el artículo 14 constitucional y su uso violaría el principio que debe regir en la aplicación del derecho penal en un estado democrático. Lo anterior, sin que se soslaye que el artículo 24 del Código Penal Federal establece un catálogo de sanciones que pueden ser aplicadas temporalmente, por lo que de 2 a 6 años puede sancionarse a alguien con prisión, tratamiento de libertad, semi libertad, trabajo a favor de la comunidad, internamiento o tratamiento de libertad de imputables y de quienes tengan el hábito o necesidad de consumir estupefacientes, confinamiento, privación de ir a un lugar determinado, suspensión o privación de derechos, inhabilitación, destitución o suspensión de funciones; por lo tanto, la fe de erratas emitida por la Secretaría de Gobernación carece de validez ya que ésta es una facultad solamente exclusiva del honorable Congreso de la Unión. Hago la observación a dicho dispositivo en comento porque las autoridades que procuran y administran justicia lo han hecho por uso y costumbre, lo que conlleva a una incorrecta administración de la justicia por parte de las autoridades antes citadas. La adición que propongo se haga al artículo 247, terminará con la incertidumbre jurídica en el delito señalado por dicho artículo, quien mediante una autoridad con el fin de beneficiar una causa va en contra de la correcta procuración e impartición de justicia ya que la sanción señalada en este artículo sería únicamente pecuniaria y no privativa de la libertad. Por lo anterior, me permito poner a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que adiciona la palabra "prisión" al párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal que dice: "Se impondrá de 2 a 6 años y multa de 100 a 300 días de multa", debiendo decir: Se impondrá de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 días de multa. Muchas gracias. Es todo, es cuanto señor Presidente. -