La diputada Irene García Martínez: Buenas tardes. Con su venia, presidenta. Agradezco a nombre de la diputada Carmen Julia Prudencio González, promovente de las reformas que hoy someteremos a votación, al diputado presidente, Benito Medina Herrera y a todos los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, por su siempre apertura a la discusión seria y responsable de los asuntos de su competencia. Me es grato utilizar esta tribuna, a nombre propio y de la promovente, para mejorar el marco normativo que nos rige en materia de armas de fuego, ya que con ello mejoramos la seguridad pública en nuestro país. El proyecto de dictamen implica reformas necesarias para armonizar el texto que analizamos a otros ordenamientos, siendo necesario sustituir el término: instituciones policiales por instituciones de seguridad pública. Lo anterior es inevitable, ya que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no define qué se debe entender por instituciones policiales. Por otro lado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo objeto es regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece en su artículo 5 qué se debe entender por instituciones de seguridad pública. Así entonces, es necesario realizar este cambio para armonizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con la ley que regula la seguridad pública en nuestro país. Al estar vinculada la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con otros ordenamientos para otorgar licencias para la aportación de armas, para aquellos servidores públicos encargados de la seguridad pública en nuestro país, debemos adecuar los marcos normativos pertinentes para que esta ley utilice las definiciones adecuadas a fin de evitar la interpretación normativa incorrecta. A su vez, la propuesta implica eliminar del texto en estudio, la facultad de la Secretaría de Gobernación para el control de todas las armas en el país. Lo anterior debido a que el 30 de noviembre del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 27, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, eliminando la atribución de reglamentar y autorizar la aportación de armas por empleados federales como una facultad de la Secretaría de Gobernación, ya que solo la Secretaría de la Defensa Nacional es la encargada de intervenir en la expedición de licencias para la aportación de armas de fuego, conforme a dicha Ley Orgánica. Por lo tanto, la ley que se reforma todavía incluye a la Secretaría de Gobernación para hace dicho acto, acción que ya no puede realizar porque ya no cuenta con esta atribución. Así entonces, la ley establece claramente qué dependencia es la encargada de la expedición de licencias para la aportación de armas de fuego, siendo que ninguna de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación contempladas en el artículo 27 están relacionadas con la expedición de licencias para la portación de armas de fuego. Por lo anteriormente expuesto, es necesario eliminar de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos todo aquello que haga referencia como una facultad de la Secretaría de Gobernación en relación a todas las armas del país, y dar esta facultad exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo anterior para que esta ley esté actualizada en relación con otras normas vigentes. Exhorto a las legisladoras y legisladores a apoyar este dictamen emitiendo un voto a favor del mismo y juntos mejorar un aspecto de la salud pública en México en beneficio de todos. Felicito a la diputada con licencia Carmen Julia, por este éxito legislativo. La certeza jurídica es indispensable para materializar toda política pública, por lo que la armonización entre leyes debe sopesarse en su justa dimensión. Gracias por su atención. Es cuanto.