La diputada Paloma Canales Suárez: Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Es innegable que los derechos de los niños son la columna vertebral para sociedades más justas e igualitarias. En la larga travesía que ha implicado para el ser humano reconocer que todos tenemos derechos por igual sin importar la etnia, la religión o la cultura, también se ha logrado acuñar el concepto urgente de que los niños son seres vulnerables y que deben de ser protegidos para evitar en la mayor medida posible cualquier abuso, maltrato, injusticia, que provenga del mundo de los adultos. En el plano internacional la Convención sobre los Derechos del Niño, es el tratado que ha sido suscrito por la mayoría de los países en el mundo. En él se establecen una amplia gama de disposiciones que abarcan derechos y libertades civiles al entorno familiar, la salud básica, el bienestar la educación, la recreación, las actividades culturales y las medidas especiales necesarias para su protección. La convención contiene varios principios fundamentales que sustentan todos los demás derechos de la infancia. Se trata de la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la supervivencia, y el desarrollo y la opinión del niño. Al respecto dentro de nuestro sistema jurídico el interés superior del menor es reconocido expresamente por nuestra ley fundamental en el párrafo noveno del artículo 4o., a partir de la entrada en vigor del correspondiente decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del 2011, estableciéndose como principio rector en todas las decisiones y actuaciones del Estado, el cual deberá velar por su cumplimiento con la finalidad de garantizar de manera plena, sus derechos. Asimismo la protección jurídica de este medular sector se consolida con la publicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el 4 de diciembre de 2014, ordenamiento que vino a sustituir la anterior Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En este sentido si bien es cierto en la fracción IV del artículo 125 de la referida ley general, quedó asentada la atribución del denominado Sistema Nacional de Protección Integral, consistente en promover en los tres órdenes de gobierno el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Consideramos que atendiendo a la trascendencia que implica el buscar garantizar la satisfacción de las necesidades e intereses elementales del rubro social que nos ocupa, es necesario precisar, señalar en dicho apartado legal, la forma de materializar tan relevante facultad. Buscamos este propósito a partir de la incorporación al texto de la legislación secundaria de las experiencias transmitidas a nivel internacional como son las Observaciones Generales que emite el Comité de los Derechos de Niños, en particular la número 19 sobre Gastos Públicos y los Derechos del Niño, cuyo objeto es garantizar la aplicación por parte de los estados del artículo 4o. de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus tres protocolos facultativos en relación con el gasto público. Es por ello, que recordando especialmente el principio de progresividad de los derechos humanos, así como el del interés superior de la niñez, reconocidos ambos en el texto vigente de nuestra Ley Fundamental, presento ante esta soberanía la propuesta de reforma legal en cuestión, cuya la finalidad es desarrollar la atribución del Sistema Nacional de Protección Integral que consiste en promover y elaborar proyectos de presupuesto para el sector de la niñez y la adolescencia en los diferentes órdenes de gobierno al sentar las bases mínimas que deberán atenderse en el proceso de aprobación de tales proyectos. Es cuanto, diputada presidenta.