La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado Presidente. Desde la suscripción, en 1995, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hasta la Declaración de Río de 1992, se ha reiterado el principio de que todo Estado puede disponer libremente de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, así como la adopción del compromiso para aumentar el acceso a requerimientos básicos, tales como el agua limpia. En materia específicamente sobre el agua, en Mar de Plata, Argentina, en 1977 se inició un proceso de adopción de compromisos internacionales por este recurso; incluso, de 1980 a 1990 se declaró el Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento, que motivó el mejoramiento de los servicios básicos y saneamiento hacia las zonas pobres del orbe. Con la Conferencia de Dublín en 1992 sobre el agua y el medio ambiente, y las cumbres subsecuentes en La Haya y Bonn se adoptaron compromisos que aún distan de un puntual cumplimiento. La Declaración Ministerial de La Haya del 2000 y las directrices del Primer Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, aunado a las Metas del Milenio, instauraron una serie de desafíos y criterios entre los que se encuentra la cobertura de necesidades humanas básicas, asegurando el acceso al agua y a servicios de saneamiento en calidad y cantidad suficiente; así como identificar y evaluar los diferentes valores del agua: económicos, sociales, ambientales y culturales e intentar fijar su precio para recuperar los costos de suministro del servicio teniendo en cuenta la equidad y las necesidades de las poblaciones pobres y vulnerables. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales produjo una observación general número 15 en 2002, que señala que el derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias como lo es el caso de sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la contaminación de los recursos hídricos. Esto implica el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar el derecho al agua. Los factores de disponibilidad, calidad y accesibilidad en torno al agua infiere que el abastecimiento debe ser continuo y suficientes para los usos personales y domésticos. La calidad responde a la salubridad del agua libre de microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que amenacen la salud humana, debiendo tener color y sabor aceptables para uso doméstico. Y la accesibilidad se refiere a que tanto el agua, las instalaciones como los servicios deban ser accesibles para todos sin discriminación alguna y con el derecho de solicitar recibir y difundir información sobre asuntos del agua. Asimismo, el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no fundamentalmente como un bien mercantil, como comúnmente es visto por los que sostienen el discurso de escasez del recurso, organizado desde los intereses de empresas privadas multinacionales y políticas diseñadas para el Banco Mundial, que pretende hacer del uso doméstico y el aumento de la población, los responsables de la crisis del agua. Resulta de enorme preocupación la existencia y exigencia de los empresarios del agua para que el gobierno prometa la eliminación de los subsidios al consumo del agua de uso doméstico así como el que reciben los agricultores del país; resumiéndose en una afrenta de consecuencias insospechadas en detrimento de la población más necesitada. Los empresarios del agua insisten ante cualquier oportunidad sobre la modificación de las políticas federal, estatal y municipal basadas en la legislación vigente. El derecho al agua ya es una realidad en la legislación del Distrito Federal. Desde la segunda Legislatura de la Asamblea local, después de un gran esfuerzo conciliador entre las diversas propuestas legislativos en torno a la Ley de Aguas del Distrito Federal, se consensuó sobre disposiciones que no sólo atendieran las particularidades de los servicios hidráulicos, sino también sobre una política de gestión integral de los recursos hídricos, es decir, de todo el ciclo hidrológico esté sujeto a protección, conservación y aprovechamiento bajo los objetivos de la sustentabilidad. Compañeras y compañeros diputados, con esta iniciativa se atiende uno de los compromisos adoptados para el diseño internacional para la acción El Agua Fuente de Vida 2005-2015 y para lo cual solicitamos la sensatez y sensibilidad de nuestras compañeras y compañeros legisladores. Asimismo, se fortalece la propuesta que en su momento fueron iniciadas por el grupo del PRD en la pasada Legislatura, que aún duermen el sueño de los justos en las comisiones dictaminadoras. Con la reforma al párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional instamos a todos los institutos políticos representados en el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a elevar, de una vez por todas, la garantía a rango constitucional para que no sólo el Estado proteja el derecho de todo individuo, personal o colectivamente, a gozar de un ambiente adecuado para su bienestar y desarrollo, sino también al derecho a disponer de agua suficiente salubre, aceptable, accesible y asequible para uso doméstico; su suministro continuo y suficiente sin interferencias y para el sector social en el uso del agua agrícola. En tal sentido las autoridades federales, estatales y municipales y del Distrito Federal, en un marco de concurrencia, deben garantizar estos derechos a través de los ordenamientos jurídicos que al respecto se modifiquen. Reconociendo también el derecho de cualquier individuo a presentar denuncias por actos, hechos u omisiones. En consecuencia, y con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Por economía, le solicito se integre la iniciativa al Diario de los Debates y solicitarles, de ser posible, diputadas, diputados, que este tema sea retomado con toda la sensibilidad por todos los grupos parlamentario y hacer del agua algo que todos podamos consumir, acceder y, bueno, tratar en su justa dimensión. Gracias.