EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA (PT): Nuestro partido, el Partido del Trabajo, también queremos aprovechar la tribuna para condenar los actos terroristas que se están presentando en los Estados Unidos y a la vez señalar que estamos en contra de esos actos, porque la violencia genera violencia, no ayuda a construir los procesos de paz y a mantener la paz en las regiones del mundo donde existe actualmente. Entonces condenamos enérgicamente esos actos terroristas. Con el permiso de la presidencia. Señoras y señores Diputados; Señor Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación: Iniciamos este día el análisis del Primer Informe de Gobierno de la actual administración. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, como lo señalamos en nuestros posicionamientos el pasado 1º. de septiembre, el saldo es deficitario. Después de nueve meses de gobierno del que se esperaba un cambio, lo único que ha tenido es un cúmulo de esperanzas incumplidas. Lo anterior, porque fueron muchísimas las expectativas de transformaciones que se generaron y muy pocos los resultados de los logros obtenidos. En términos exactos, a más de un año de que la ciudadanía votó por un cambio esto no ha sucedido, y más aún, lo que no se observa es una política que indique el rumbo que el actual gobierno pretende dar al país. Todo parece ser que el Ejecutivo continúa en campaña política, en donde el discurso sigue siendo la tónica que marca las acciones del gobierno. En los hechos el Presidente Fox no solo avaló las acciones de los grupos oligárquicos, sino que continúa apoyándolos incondicionalmente en contra de la pluralidad prometida muchas veces. No se ven claras sus acciones a favor de la reforma democrática del Estado, sino más bien se continúa actuando con las mismas prácticas autoritarias, severamente criticadas, de regímenes anteriores. En el caso de la cuestión indígena, a nuestro juicio es un asunto pendiente y pasará mucho tiempo, más de 15 minutos, para lograrlo. Consideramos que cuando se envió a esta soberanía como iniciativa del Ejecutivo el proyecto Cocopa no se buscó la construcción de los consensos necesarios al interior del PRI y el PAN para honrar la palabra de los representantes del Estado mexicano en la firma de los Acuerdos de San Andrés. Cuando la comandancia del EZ recorrió el país en la búsqueda de apoyos al proyecto elaborado por la Cocopa, en todos los lados la respuesta fue homegénea: Sí a la aprobación del proyecto Cocopa. Desafortunadamente las dos fuerzas hegemónicas, tanto en el Senado como en esta Cámara, decidieron realizar importantes modificaciones que desnaturalizaron el proyecto original. Sabemos que la reforma aprobada no cuenta ni con mucho con el aval de aquellos a quienes supuestamente va dirigida. Prueba de lo anterior lo constituyen los innumerables juicios de controversia constitucional promovido por las comunidades indígenas, municipios con población mayoritariamente indígenas y los gobiernos estatales. Además, la comandancia general del EZLN también se manifestó en contra, al igual que algunos miembros del Gabinete del Presidente de la República, lo cual nos demuestra que esta reforma promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto pasado, constituye formalmente una reforma constitucional que no corresponde a lo que los sectores involucrados demandaban. Tan es así, que a casi un mes de su publicación son más y más las comunidades que se han inconformado. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es urgente retomar el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, ya que resulta paradójico que si en la reunión de Durban, Sudáfrica, se hizo una condena al sistema de trata de esclavos de los países colonialistas y se acordó internacionalmente de saldar esa deuda histórica, en México una parte importante del Poder Legislativo y el titular del Ejecutivo Federal, que lo incluye a usted señor Secretario, por el refrendo que realizó del decreto formulatorio de la reforma indígena, se niegan a reconocer la importancia cualitativa y cuantitativa de este importante sector de la población mexicana que tantos agravios ha padecido. Señor Secretario: A la dependencia de la cual usted es titular, le corresponde conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el manejo de la política interior del país. Sin embargo, no se han logrado avances importantes en el diálogo fructífero entre los distintos actores políticos en materia de aprobación de leyes. Es de destacarse la mención reiterada en el informe al respecto entre los diferentes poderes públicos, en este caso a la relación Poder Ejecutivo Poder Legislativo, lo cual no deja de sorprendernos si consideramos que el Presidente de la República vetó el Proyecto de Ley de Desarrollo Rural aprobado por las Cámaras del Congreso, por lo cual la frase: El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, carece de significado o bien debemos considerarla como una gracejada más del presidente Fox. Y es precisamente en el marco de la nula obtención de resultados políticos por lo que el Partido del Trabajo refrenda su llamado del 1º de septiembre a la realización de un gran acuerdo político nacional democrático incluyente, para definir el rumbo y objetivos del país al que aspiramos. Señor Secretario: En lo que se refiere a la política migratoria de la que se da cuenta en el informe, se dice que los resultados obtenidos en el Programa de Regularización Migratoria han sido satisfactorios. Esto de ser cierto demuestra sensibilidad por parte de las autoridades del ramo para resolver este problema. Sin embargo, nos preocupa que dado que nuestro país se constituye en paso natural de emigrantes de otras naciones que no cuentan con documentos que acrediten su legal internación a nuestro territorio, se den a prejuicio de estas personas actitudes similares a las que nosotros condenamos del gobierno norteamericano a nuestros connacionales. Tal es el caso del hacinamiento en que se encuentran en la estación migratoria de Iztapalapa, entre otras. Por ello, exigimos de las autoridades de nuestro país un trato digno y respetuoso hacia quienes como casi 20 millones de mexicanos han decidido dejar su tierra para ir a buscar el sustento de sus familiares en los Estados Unidos. Dado que a la dependencia de la que usted es titular, la ley le otorga la facultad de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, queremos hacer de su conocimiento nuestro repudio a las disposiciones del gobernador de Baja California, que prohíbe que emigrantes mexicanos se acerquen a la frontera de México con los Estados Unidos en ese estado, dado que en nuestra opinión se le pretende hacer el trabajo sucio a nuestro país vecino, estableciendo en la práctica un muro de contención previo al que ellos tienen con border patrol. Señor Secretario: Todos los países del mundo deben contar con organismos de seguridad nacional, que se encarguen de salvaguardar la integridad del país de que se trate, sin embargo en el caso de nuestro país el CISEN incurrió en excesos que se traducían en violaciones a los ordenamientos legales, tal es el caso de intercepciones telefónicas sin autorización judicial. Estas conductas que se constituyen en violaciones al estado de derecho no han sido sancionadas. Por eso, resulta indispensable definir claramente el precepto de seguridad nacional y los mecanismos legales de su salvaguarda, en aras de evitar los excesos del propio Poder Ejecutivo. Debemos evitar a toda costa que bajo el pretexto de la razón de Estado se vulneren los derechos de los gobernados. En tal razón, condenamos enérgicamente la violación del os derechos humanos de los hermanos Cerezo, a quienes se les imputa su presunta vinculación con actos terroristas y son encarcelados en una prisión de máxima seguridad cuando ni siquiera han sido oídos y vencidos en juicio. Los esfuerzos democráticos de la actual administración se ven vulnerados por las actitudes autoritarias que gobernadores y legisladores de su partido en varias entidades federativas han asumido, por mencionar un caso ilustrativo la Iniciativa de Reformas Constitucionales y Legales presentada por el PAN en Aguascalientes, son una contra reforma electoral y un atentado a la igualdad entre los legisladores, los legisladores de su partido pretenden aprobar una serie de reformas a la Ley del Congreso para establecer una ficción de mayoría que no pudieron los triunfos en distritos y establecer una conformación de órganos de gobierno similar a la que en esta Cámara combatimos en Agosto y Septiembre de 1997. Estos, no son avances en la democracia, son retrocesos autoritarios que los mexicanos queremos superar. Señor Secretario de Gobernación, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo queda claro que en materia de Política Interior será necesario intensificar sus acciones para la obtención de los consensos que permitan la transformación de las condiciones políticas del país, para que estas sean más democráticas en beneficio del pueblo de México, en los que las diferencias económicas no sean el pretexto para que la autoridad actúe favoreciendo a una minoría que detente el poder económico y una gran influencia política. Esta es la razón , esta no es una democracia que demandó la ciudadanía el 2 de Julio del año pasado ni la que se prometió en la campaña electoral, es indispensable y urgente construir un nuevo acuerdo nacional al que nuestro grupo parlamentario convocó el 1º de Septiembre y con el que en su mensaje coincidió el Presidente Fox. Sólo así daremos rumbo y certidumbre y construiremos las bases de la democracia y el desarrollo que espera la nación. Es cuanto. Muchas gracias. (aplausos). LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Escobar y Vega del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.