LA DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Con el permiso de la Presidencia. El Sistema Tributario Mexicano se compone de dos elementos básicos: el primero es el marco normativo o legal y el segundo son las técnicas fiscales que se utilizan para mejorar la recaudación y hacerla más equitativa. El Estado a través de la política tributaria tiene capacidad para redistribuir los ingresos fiscales. La administración fiscal comprende aquellas actividades relacionadas con la recaudación de los ingresos públicos. El Estado Mexicano depende del monto recaudado para financiar el gasto gubernamental. Una eficiente Administración Tributaria permitirá una recaudación más amplia y a bajos costos. La recaudación de impuestos será eficiente entre menos recursos fiscales se usen para ello y menos evasión y elusión fiscal ocurran en la economía. El SAT, Servicio de Administración Tributaria, se instituye en julio de 1997, siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y cuyo propósito es recaudar los impuestos federales destinados a cubrir los gastos presupuestados por el gobierno. El SAT tiene a su cargo las facultades y el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley del Servicio de Administración Tributaria y de los distintos ordenamientos legales aplicables así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente. También administra lo programas especiales y los asuntos encomendados por la Secretaría de Hacienda. El SAT tiene por principio la realización de la actividad estratégica del Estado, la cual consiste en la determinación, liquidación y recaudación de los contribuyentes por mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y accesorios para el financiamiento del gasto público. Como resultado de lo anterior el SAT deberá observar y asegurar la aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de la legislación fiscal y aduanera, así como promover la eficiencia en la Administración Tributaria y el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente de las obligaciones derivadas de la legislación. Sin embargo, si todo lo anterior es la base sobre la cual el SAT trabaja, no deja de ser preocupante que este organismo presente deficiencias que se traducen en engorrosos trámites para los contribuyentes y en crecientes problemas en el cobro de los impuestos. Las autoridades hacendarías están orgullosas de la reciente calificación favorable de la firma Standard and Pours (?) por el grado de inversión. Entre las razones por las que se le otorgó esta valoración es por un mejor desempeño en la Administración Tributaria. Sin embargo, observamos que en el reciente informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda, al cuarto trimestre del 2001 el saldo de créditos fiscales a diciembre del mismo año, específicamente en los llamados créditos controvertidos y créditos incobrables, asciende a una suma mayor de 131 mil 551 millones de pesos y 63,600 millones de pesos respectivamente. Los créditos controvertidos se definen como: aquellos que no pueden ser objeto de acciones coactivas de cobro por parte de la administración tributaria, debido a que están sujetos a algún procedimiento de carácter legal. Es decir, su cobro depende de una resolución o sentencia de la autoridad competente, mientras los créditos incobrables se refieren a lo siguiente: créditos que la administración tributaria ha determinado a cargo de deudores insolventes o no localizados. La administración tributaria determina que los créditos son incobrables, después de aplicar una serie de procedimientos para intentar ese cobro, tales como la verificación en el Registro Público de la Propiedad, en los diferentes padrones de registro de propiedad de automóviles, de teléfonos, etc. Una vez que se han agotado las diversas instancias, se proceda a cancelar estos créditos. Sin embargo, en el informe de Hacienda no se da más información sobre quiénes son los que están en estas categorías y en los sectores de la actividad económica. Recordemos la propuesta de recaudación inicial de reforma hacendaría del Ejecutivo, en ella se mencionaba que se pretendía recaudar alrededor de 120 mil millones de pesos. Si contrastamos estos créditos controvertibles e incobrables, tendríamos mayores recursos para destinarlos a áreas prioritarias de carácter social e inversión pública. La falta de capacidad por parte del SAT para el cobro efectivo de los impuestos, refleja la ineficiencia de la administración tributaria mexicana. No se ha logrado resolver el rezago en esta materia. Por ello, el Partido de la Revolución Democrática propuso una iniciativa, para que sea el Congreso de la Unión, quien nombre al presidente del SAT, y que el mismo sistema de administración tributaria, no tenga la facultad de interpretación de la norma fiscal, ya que esta práctica se presta a disposiciones discrecionales, que perjudican a los contribuyentes. Cabe agregar que hasta el día de hoy, no hay titular en el Servicio de Administración Tributaria, la presidencia la sigue detentando el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Ya hace año y medio que no se designa al presidente de ese órgano desconcentrado, quien además tiene que ser ratificado por el Senado de la república. Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada federal, somete a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga del conocimiento al Poder Legislativo, sobre quiénes son los que se encuentran en el rubro de créditos controvertidos y créditos incobrables, y en qué sectores de la actividad económica se ubican dichos créditos. SEGUNDO.- Asimismo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a dicha Secretaría, informe sobre el estado que guarda la designación del titular del Servicio de Administración Tributaria, dada la importancia que reviste para el funcionamiento eficaz en la obtención de ingresos fiscales para la federación. Es cuanto señor presidente. -