La senadora María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, presidente. La reforma política al régimen constitucional del Distrito Federal es una deuda de todos los partidos del Congreso y del gobierno federal con los habitantes de esta generosa, vital, libertaria, progresista ciudad, el epicentro de nuestra democracia. Mayor democracia siempre se traduce en mayor participación ciudadana, en la solución de los problemas, en la definición de presupuestos. Se traduce en una mejor administración, se traduce en mejores servicios, en una atención de las autoridades a los problemas cotidianos de los habitantes y en una garantía de sus derechos. La Ciudad de México ha tenido un trato inequitativo a pesar de ser la que más aporta riqueza al país. Hasta 1928 la capital contó con ayuntamientos, los cuales fueron suprimidos por razones políticas con una decisión autoritaria de Álvaro Obregón, que inició un presidencialismo exacerbado que padecimos durante décadas y les había resultado útil reducir a esta entidad a un mero departamento administrativo donde el presidente nombraba y removía libremente al regente de lo que se denominada Departamento del Distrito Federal. Sin ayuntamientos, sin titular electo, sin órgano legislativo local, este edificio presidencialista y centralista se derrumbó con los sismos del 85. En esa fecha comenzó un nuevo despertar cívico que aceleró la democracia en la capital del país. De manera simultánea a la necesidad de sobreponernos a los hechos trágicos del terremoto que destruyó gran parte de la ciudad con las consecuentes pérdidas de vidas humanas, también se incubó una gran capacidad de organización y una gran necesidad de participación política cuyo cauce desembocó en la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en 1988 con facultades acotadas a hacer reglamentos. Ese fue el inicio de un proceso sin revesa hacia la plena transformación de la Ciudad de México en un estado de la República con facultades plenas. Este gradualismo realmente exasperante ha sido contrastante con la acelerada diversificación de los habitantes del Distrito Federal que se han constituido en una sociedad informada, organizada, con criterio propio y que rebasa con mucho la capacidad de respuesta del sistema político, sus partidos y sus intereses. En 1996 la Asamblea de Representantes se transformó a Asamblea Legislativa con facultades acotadas ordenadas por la federación. Se estableció la elección de las jefaturas delegacionales a partir del año 2000. En 1997 se eligió por primera vez al jefe de Gobierno por votación libre, directa y secreta y, desde entonces, la Ciudad de México cuenta con un gobierno propio, gobiernos de izquierda que han marcado la diferencia con otros estados en su modelo de organización, en programas y políticas públicas innovadoras, diseñadas en torno a los derechos de los habitantes y es referente obligado en libertados en todo el país. El Ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión al Senado una iniciativa que permite la culminación de este largo y lento proceso de democratización constitucional de la capital del país. Ya no hay motivo que justifique no aprobarla y seguir posponiendo la aprobación de esta reforma política del Distrito federal sólo por cálculos políticos que se han traducido en una vil mezquindad para con los habitantes de la ciudad. En esencia, la iniciativa plantea un trato similar al resto de los estados de la federación; pasa a ser entidad federativa con autonomía en su régimen interior y, por ende, deja de ser un Distrito Federal para ser la Ciudad de México. Algunos de los contenidos son que los habitantes de la ciudad se organizarán conforme a su propia voluntad, a través de una Constitución local. Se garantiza que la Asamblea Legislativa sea un Congreso local, con rotación de los órganos del gobierno y formando parte del Constituyente Permanente. Se establece que el gobierno de las demarcaciones territoriales estará a cargo de alcaldías como órganos colegiados, integrados por un alcalde y un consejo. Los concejales se eligen bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional en una proporción 60-40, respectivamente, y se les faculta a acceder a fondos de la Ley de Coordinación Fiscal. Sus atribuciones serían enumeradas en la Constitución en forma general y detallada en la Constitución local. La hacienda pública de la ciudad y su administración son unitarias y centralizadas, a fin de evitar mayor burocracia y en aras de una mejor organización. Se establece la competencia del Congreso de la Unión para establecer una Ley de Coordinación entre poderes federales y los de la ciudad, porque se mantiene la condición de ser capital de la república y sede de los Poderes de la Unión. Se establece un fondo de capitalidad. El jefe de gobierno nombrará y removerá al titular de la seguridad pública y de acuerdo a la Ley de Coordinación entre federación y Ciudad de México. Solo por causas graves podría ser removido por el Ejecutivo federal. Se amplían las potestades contributivas del jefe de gobierno. Dadas las características de conurbación, se crea un régimen de coordinación metropolitano entre la federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la zona metropolitana. Se establece la necesidad de una asamblea constituyente a realizarse en 2016, con vigencia de 4 meses en horma honoraria, entre muchos otros importantísimos cambios. El domingo 14 pasado en el Senado, y de conformidad de todos los partidos, se inscribió en el orden del día debidamente publicado en la Gaceta y se dio primera lectura al dictamen de la reforma política al Distrito Federal. Pero el lunes 15, al llegar el momento de pasar a la discusión del presente dictamen, la sesión tuvo que suspenderse ante la deliberada ausencia de legisladores que, aun estando presentes, decidieron reventar el quórum. Con ello se hace manifiesta la omisión deliberada de concluir la reforma política de la ciudad, dañando directamente a sus habitantes y postergando una vez más la concreción de los derechos plenos para la ciudadanía de la ciudad de México. El proceso que lleva a la conclusión de la reforma política del Distrito Federal no es nuevo, no es improvisado; llevamos años y en este periodo contó con la voluntad política de todos los partidos, también de todos los actores y sólo la madurez y la congruencia de estos actores políticos, puede lograr que se concrete a la brevedad posible. Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo. Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores, cuya fecha de inicio sea el 7 de enero de 2015 y concluya una vez que se desahogue el objeto para el cual se convoca. Segundo. El único objeto que se abordará en dicho periodo de sesiones extraordinarias, serán las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política para el Distrito Federal. Es cuanto, presidente, Mesa Directiva, senadoras, diputados.