La diputada Elvia María Pérez Escalante: Buenas tardes a todos, señor presidente, con la venia. Con la aprobación del presente dictamen, el Estado mexicano contará con un instrumento que garantice la certeza jurídica de los llamados agentes económicos que no inhiba la inversión ni la innovación y que mejore la calidad y el precio de los bienes y servicios. Los legisladores del PRI entendemos que la política de competencia y su marco normativo deben promover la eficiencia económica de los mercados, no como un instrumento discrecional de control gubernamental que restrinja la actividad económica y castigue el éxito de las empresas. Es por eso que atentos a lo expresado por las diversas fuerzas políticas y los sectores productivos hemos aprobado en comisiones cerca de 90 modificaciones respecto de la iniciativa de ley presentada ante el Congreso. El resultado de este trabajo redunde en un ordenamiento claro que ubica al Estado en el papel que le concede el artículo 25 constitucional, es decir, como la entidad encargada de planear, conducir, coordinar y orientar las actividades económicas nacionales, de llevar a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de la libertad que otorga la propia Carta Magna. De esta forma, y tal como lo prescribe nuestra ley fundamental, se reasume la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, y que mediante la competitividad se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas. La Comisión de Economía, al dictaminar la referente iniciativa, ha favorecido la creación de un concepto de insumo esencial, hecho que se estima novedoso, pero buscando en todo momento que tal definición no desincentive la inversión o la innovación, por lo que fue modificada la redacción del artículo 60 a fin de establecer que tal insumo para ser considerado como esencial tiene que ser controlado por uno o varios agentes económicos con poder sustancial, así como también que la Cofece deberá realizar variaciones diferenciadas según las circunstancias de cada caso, entre ellas tomar en cuenta si el agente económico asumió el riesgo de la creación de insumo que se trata o si lo obtuvo gracias a circunstancias especiales. En el dictamen a modificar el artículo 57 se establece que la comisión proveerá lo conducente para prevenir y eliminar las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anti-consecutivos, lo que eliminará cualquier margen de discrecionalidad al respecto. La naturaleza propia de las investigaciones sobre prácticas monopólicas alejan la posibilidad de que éstas se realicen de forma arbitraria, pues quien solicita la realización de una deberá sujetarse a los criterios establecidos por las autoridades investigadoras, la cual no estará obligada a iniciar el procedimiento correspondiente toda vez que la propia ley contempla causales claras para el desechamiento de las denuncias. El dictamen que nos ocupa ha logrado precisar conceptos y métodos regulatorios que podían dar lugar a actos de discrecionalidad de la autoridad, impidiendo así que se efectúe la capacidad productiva de las empresas en los procedimientos de la Cofece. El objetivo de las medidas que nos prestamos a aprobar es generar incrementos en la eficiencia de los mercados y no inhibir innovaciones que realizan las empresas para desarrollarse en marcados que ya son competitivos. Al fin, es promover la creación de riqueza, elevar la productividad y la competitividad del apartado productivo para beneficiar a los consumidores y la economía de las familias. Con todo esto será factible crecer a tasas sostenidas y generar empleos de calidad. Por esto, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor el siguiente dictamen. Muchas gracias.