El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Muchas gracias, señor presidente. Me place mucho que podamos coincidir en estos primeros planteamientos sobre esta reforma secundaria en materia político-electoral relacionado con los pueblos indígenas y, desde luego, con el pueblo afromexicano que también es una aspiración que tienen para ser reconocidos sus derechos en los términos que se reconocen a los pueblos indígenas. Me place más que estemos coincidiendo los legisladores y legisladoras de origen indígena de otros grupos parlamentarios, incluso porque hay plena coincidencia de que están excluidos de esta reforma secundaria los derechos de nuestros pueblos indígenas. El artículo 2o constitucional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes, que está vigente en nuestro país desde 1991, y la más reciente aprobación de la Declaración de Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas vigente también en nuestro país, desde el año 2007 reconocen los derechos político-electorales de nuestros pueblos indígenas, reconocen el derecho a la representación política de los pueblos indígenas, y justamente en materia político-electoral, es en donde debemos de empezar a hacer justicia, justo en estos derechos. En nuestro país, principalmente en la entidad oaxaqueña, existe ya una gran experiencia y existe el reconocimiento de estos derechos políticos electorales de nuestros pueblos para que, a través de sus propios sistemas normativos, mejor conocidos como usos y costumbres, puedan elegir a sus autoridades municipales en sus propios procedimientos y a través de sus propias instituciones políticas. La Constitución y estos convenios y tratados internacionales también establecen que los estados no solamente deben conservar, sino fortalecer las instituciones políticas, sociales, económicas, culturales y jurídicas de nuestros pueblos indígenas. Y justamente esta reforma nos representaba la oportunidad y confío que nos representa la oportunidad para hacer posible y hacer vigente estos derechos ya reconocidos en este marco jurídico nacional e internacional. Nuestra Constitución dice, en su artículo 2o. también, que México es una nación pluricultural y plurilingüe, sustentada en sus pueblos indígenas. Y entonces creo que también esta soberanía debemos hacer efectivo que los pueblos indígenas queden debidamente incluidos en nuestra Constitución en esta reforma político electoral. Es necesario que contribuyamos también a otro derecho que está establecido en este marco jurídico, a que contribuyamos al efectivo goce de los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas, porque si nuestra nación se reconoce multicultural, se reconoce plurilingüe, se reconoce multiétnica, pues es necesario que mantengamos y reconozcamos y fortalezcamos nuestra pluralidad democrática y la diversidad cultural de esta nación. Y en los términos de los derechos políticos lectorales debiéramos ser también congruentes en estos términos. El Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales, los tribunales federales en materia electoral, además de regirse por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad máxima, imparcial, independencia, es también necesario que se rijan por el principio de la interculturalidad. Nuestra nación al reconocerla multicultural y plurilingüe debiéramos promover que tenemos que construir una sociedad y fortalecer sus instituciones del Estado y de estas sociedades en una serie de relaciones interculturales. La interculturalidad no es más que el reconocimiento de ser iguales y de gozar de los mismos derechos y de las mismas participaciones. Pero además coincidimos también con los compañeros que nos han antecedido, que las instituciones que califican los procesos electorales en el ámbito nacional, en los ámbitos locales, que las instituciones que sancionan incluso los procesos electorales deben también no solamente estar integrados por magistrados, por funcionarios por integrantes que conozcan el contexto sociocultural de nuestros pueblos para poder calificar o sancionar una elección en nuestras comunidades o regiones indígenas, máxima en aquellas como en el caso de Oaxaca, que se rigen ya y se reconocen la elección de autoridades por sus sistemas normativos propios o usos y costumbres. Es necesario, por qué no, que existan magistrados, que existan consejeros, que existan integrantes en estas instituciones locales indígenas, de origen indígena porque hay capacidad y hay profesionistas y hay profesionales que tienen todo el conocimiento y tienen toda la preparación para desempeñar esas funciones. Creo que esta Ley también secundaria adolece y excluye esta posibilidad que tenemos los pueblos indígenas a ser partícipes también de las instituciones del Estado mexicano. En los artículos transitorios también propongo, y que ése debe de ser un principio fundamental cuando nuestro Estado es el primero que promueve, es el primero que adopta, es el primero que ratifica convenios y tratados internacionales, somos quienes este Poder Legislativo deberíamos de hacer vigente el derecho o la obligación mejor dicho, de nuestro Estado al ratificar estos convenios y tratados internacionales, para armonizar nuestra legislación nacional y armonizar también nuestras legislaciones de las entidades federativas, y esta soberanía hoy se está quedando corta para que pudiéramos trascender y si incorporamos estos derechos político-electorales de nuestros pueblos deberíamos estar mandatando también para que se armonizaran estos temas político-electorales en las legislaciones locales. Sin duda, compañeras y compañeros diputadas y diputados, estaríamos faltando a los compromisos que nuestro Estado mexicano ha adoptado de las cuales este Poder soberano, este Poder Legislativo es parte, para hacer cumplir los compromisos que nuestro Estado mexicano adopta en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Por ello confió en que podamos reflexionar y en que podamos en verdad hacer justicia a los pueblos indígenas para ir reconociendo varios de los derechos y es fundamental reconocer los derechos político-electorales, los derecho a la representación política de nuestros pueblos indígenas y que en este sentido en verdad nuestro Estado mexicano, que ha sido vanguardia en el ámbito nacional, podamos ser congruentes en nuestra casa. No podemos seguir siendo más candil de la calle y obscuridad de la casa. Es cuanto, señor presidente.