El diputado Héctor Joel Villegas González: Honorable asamblea, cuando hablamos de financiamiento público nos referimos a los recursos económicos, bienes y servicios que se les entregan a los diferentes institutos políticos, mejor conocidos como partidos políticos, para que cumplan con sus diferentes funciones. Por dar una cifra, para el Ejercicio Fiscal de 2017 se presupuestaron 4 mil 59 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos. No obstante, esta cantidad varía, pues se obtiene de la multiplicación del 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización por el número total de personas inscritas en el Padrón Electoral, de este total el 30 por ciento se reparte de forma igualitaria entre las fuerzas políticas existentes y el 70 por ciento restante de forma proporcional de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en las elecciones anteriores inmediatas y se divide en dos, el financiamiento directo y el indirecto. El financiamiento directo se refiere a los recursos que el Estado otorga a los partidos para cubrir sus actividades ordinarias, gastos de campaña y otras actividades específicas. En tanto, el financiamiento indirecto son la exención de pago de impuesto, el tiempo en radio y televisión, entre otros. Las razones que durante muchos años se han dado para hablar en pro del financiamiento público se fundamentan principalmente en la idea de que de esta forma se asegura la transparencia en el origen de los recursos, la plena independencia de los partidos políticos, así como la equidad en la contienda electoral, desincentivando así la búsqueda de fuentes de financiamiento ilícitas o que favorezcan a particulares. Desgraciadamente, en el caso particular de nuestro país, los mexicanos nunca hemos percibido ninguno de estos supuestos beneficios y, contrariamente, nos enfrentamos a la opacidad, el tráfico de intereses, la inequidad y el financiamiento ilícito. Además, este gasto significa para los mexicanos un mal uso de sus impuestos, pues es excesivo y se traduce en una mala inversión de un dinero que podría ser mejor utilizado en otros temas, tales como seguridad, salud, educación, etcétera. La democracia no debe costarle al pueblo, sino que debe ser el instrumento que permita al ciudadano exigir y elegir a sus representantes, de tal forma que los únicos beneficiados sean ellos mismos. En este tenor, el día de hoy presento ante esta soberanía, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la presente iniciativa que reforma la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, valiéndose exclusivamente del financiamiento privado. Fomentar el autofinanciamiento de los partidos políticos, regular puntualmente el financiamiento privado que reciban los partidos políticos a través del Instituto Nacional Electoral. Contribuir a bajar significativamente el desproporcionado costo de operación de nuestro sistema electoral. Generar ahorros por más de 4 mil millones de pesos. Legitimar la actividad de los partidos políticos y de la clase política, entre otros. Este modelo de financiamiento es viable, y tan es así que, de acuerdo al Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, 57 de 180 países analizados, tales como Suiza, Italia, Bolivia e India, no cuentan con disposiciones jurídicas para otorgar financiamiento directo a partidos políticos, demostrando con esto que el funcionamiento de los partidos es posible aun sin el financiamiento público. Compañeras y compañeros legisladores, los invito a adherirse a esta iniciativa. Demos cumplimiento a las solicitudes de los mexicanos a quienes nos debemos. Es momento verdaderamente de atender las exigencias que en otras legislaturas fueron eternamente ignoradas por la mayoría que el PRI representaba, quien solo veló por su propio beneficio. Es momento de cumplirle a México. Es cuanto, señor presidente.