El diputado Alberto Esteva Salinas: Con el permiso de la ciudadana Presidenta y diputada; y los integrantes de la Mesa Directiva. El concepto de mandato que nos ocupa, cuando hablamos de revocación de mandato, se caracteriza porque es representativo y obedece a una voluntad general que delega el ejercicio de la soberanía o del poder soberano en un representante o en una autoridad. Ustedes saben que recientemente en el país se han vivido casos patéticos de gobernantes que han traicionado la confianza del pueblo de México. Pero también tenemos casos patéticos de diputados, de senadores, de regidores, de síndicos, que han traicionado y traicionan la confianza del pueblo de México de manera recurrente. No quiero poner ejemplos, pero hay muchos casos verdaderamente lamentables y vergonzosos que nos ponen, no solamente al juicio de la población en nuestro país, sino al juicio de la comunidad internacional, como una sociedad que no alcanza su mayoría en la práctica democrática. Por eso esta iniciativa de revocación de mandato que se presenta ante este pleno, con la petición de que sea turnada a las comisiones tanto de Participación Ciudadana como de Puntos Constitucionales, lleva como propósito el encarrilar hacia la democracia participativa lo que hoy tiene que constituirse como una herramienta fundamental para que nunca más los representantes populares, o quienes tienen la posibilidad de ser gobierno y de coordinar los esfuerzos de los mexicanos en todas las regiones del país, puedan abusar del encargo y de la confianza que les ha sido otorgado. No son cheques en blanco los que otorga la sociedad mexicana a quienes tenemos el honor y además la responsabilidad de representar, ni tampoco son cheques en blanco lo que le otorga a sus gobernantes la sociedad mexicana. Vimos en Oaxaca hace dos días nuevamente una movilización masiva de un conflicto que se presenta de manera recurrente porque no está resuelto y vimos cómo pone en evidencia al Estado mexicano y a la carencia de herramientas para tomar decisiones, y no solamente es el caso de Oaxaca. Pero me concreto a éste porque vimos nuevamente los ríos de gente indignada que camina exigiendo la salida de un gobernador que hoy se siente ya apoltronado en su silla, que no tiene ningún mecanismo la sociedad mexicana, desde luego ninguno la sociedad oaxaqueña, para poder tomar no solamente la justicia, sino la posibilidad de que se revise tanto a esta administración que está en turno, como la anterior, la del autoatentado, la que todos conocemos y de la que nos avergonzamos. Si nosotros procuramos tener estas herramientas en nuestra legislación, si hacemos el ejercicio y además la posibilidad de revisar cómo en otras latitudes del mundo hay casos en los que este ejercicio de la revocación de mandato impide que estos personajes, que se convierten en gobernantes arbitrarios, en abusadores del poder, en saqueadores el erario público, puedan evitarse si tenemos este tipo de herramientas. Por eso, con estas herramientas vamos a lograr que los representantes populares y los gobernantes sean más sensibles a las demandas de los ciudadanos y más responsables en sus promesas de campaña como candidatos y en el cumplimiento de las mismas, pues la vigilancia y el control ciudadano tendrán recursos para revocar el cargo a quien no cumpla, como gobernante o como representante popular, con los compromisos que adquiere. Algo que se podría objetar sobre la revocación del mandato a los titulares de los cargos de gobierno y representación generaría inestabilidad —dicen algunos— en el sistema político y minaría la gobernabilidad y, por ende —dicen—, debilitaría a las instituciones republicanas y el funcionamiento eficiente de los poderes públicos. Sin embargo, abundan los ejemplos de naciones que han hecho un uso prudente e institucional de este mecanismo y así han elevado la calidad de su democracia, ampliando su legitimidad y consolidando su gobernabilidad en beneficio de la estabilidad y la funcionalidad de sus sistemas políticos. La validez de la aseveración anterior se comprueba al constatar el amplio y creciente número de países democráticos que han incorporado mecanismos de democracia directa en sus diseños constitucionales. En América Latina, por ejemplo, durante los tres lustros más recientes diversos países reformaron sus sistemas jurídicos para dar cabida a estos instrumentos legales. De hecho, sólo Bolivia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y México presentan sistemas constitucionales que no incorporan, en el nivel nacional, mecanismos de democracia directa. La propuesta tiene que ver con una reforma de ley para que la rabia, la frustración, la impotencia que hoy manifiesta el pueblo mexicano ante una nueva clase política pluripartidista, abusiva, insensible, que ve en los puestos públicos como una lotería patrimonial, salvo honrosas excepciones, se canalicen pacíficamente a través de un procedimiento de ley, y el pueblo restituya el valor de su voto. Ésta es una propuesta que combate otro tipo de fraude electoral que consiste en la defraudación al ciudadano por parte de un político electo que fue a campaña con una oferta política, pero que en la práctica hace lo contrario. Si la ciudadanía con su voto llevó al poder a un personaje y éste no responde, entonces la ciudadanía debe quitarlo también con su voto. Esto que menciono es que no es posible permitir que malos gobernantes afecten el proyecto de vida de millones de mexicanos sólo porque ya llegaron y no hay forma de quitarlos, y entonces hay que sufrirlos, padecerlos hasta que termine su período. La revocación de mandato se ha desarrollado como una forma particular de acción política concreta que consiste en la facultad de los electores para revocar el mandato otorgado a sus representantes cuando consideren que los actos de éstos causan perjuicio a la colectividad. Se le ha definido como el derecho del pueblo, de los electores, para separar a ciertos funcionarios públicos de naturaleza electiva, cuando ellos dejan de inspirar confianza. La revocación de mandato es el derecho del pueblo para dejar sin efecto al mandato de sus representantes o revocar los actos realizados por éstos en el ejercicio de sus funciones cuando se desempeñan en forma inconveniente o peligrosa para el interés común. Como objetivos concretos de esta propuesta mencionamos los más importantes de manera concreta, que son: evitar la defraudación al ciudadano cuando un servidor público con representación popular no cumple lo que promete, viola la ley que juró cumplir, no es sensible a los reclamos ciudadanos y no expresa vocación de servicio. Las consecuencias de la propuesta serían el dar el poder al ciudadano y fomentar su participación en los procesos electorales, obligar a los partidos políticos y a los ciudadanos independientes que participen en la política a elevar el perfil de los contendientes, al igual que el de sus suplentes. En México es necesario que demos este paso en la búsqueda de restar la distancia entre la ciudadanía y las instituciones de representación y de gobierno. Por ello es fundamental el fomento de la solidez ciudadana para poder transitar de la periódica participación de los votantes en los procesos electorales a la participación ciudadana en un sentido pleno. Por eso Convergencia somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados sea aprobado el siguiente proyecto que reforma y adiciona a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 1. Se reforman y adicionan los artículo 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2o, se adicionan los artículos 1° y 174 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Transitorio único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solicitamos sea enviado a la Comisión de Participación Ciudadana y a la Comisión de Puntos Constitucionales. Es cuanto.