El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, deseo iniciar mi intervención destacando que esta aprobación que acaban de hacer mediante este dictamen reformará y adicionará a nuestra carta fundamental, mediante un procedimiento que trasgrede nuestro marco normativo interno, dictamen que destina 21 hojas y 17 artículos transitorios y que mediante el artículo 28, fracción VII no solamente trasgredería derechos humanos como el de la seguridad jurídica sino además, de tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derecho Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, el artículo 25 de la constitución federal que establece la correspondiente rectoría del Estado del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, describiendo que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 del mismo ordenamiento, en el párrafo cuarto señala que manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso establezcan. Y en el párrafo cuarto establece expresamente a la comunicación vía satélite, señalando expresamente que el Estado al ejercer en ella su rectoría protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de la respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Por su parte la Ley de Inversión Extranjera en su artículo 6o. establece como reservadas de manera exclusiva para mexicanos y sociedades mexicanas, con clausulas de exclusión a extranjeros en su fracción III, servicios de radiodifusión y otras de radio y televisión distinto de televisión por cable. Por lo que el permitir, de acuerdo al dictamen, la inversión extranjera al 100 por ciento en telecomunicaciones y el mismo 49 a radio resulta ser anticonstitucional por las razones expuestas. Ahora bien, por lo que respecta a la presente reserva que presento respecto a la fracción VII del artículo 28, que establece que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnadas únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, disposición que está fuera de toda lógica jurídica y del camino para la consolidación del Estado de derecho en nuestro país. Los actos u omisiones de los pretendidos órganos constitucionalmente autónomos son eminentemente administrativos, y como tal le responden a la lógica del derecho y el procedimiento administrativo y por ende contar con recursos de impugnación propios, por los que no se puede privar a los gobernados de la posibilidad de combatir o impugnar los actos u omisiones emanadas de estos organismos mediante recursos o medios de impugnación ordinarios cuando estos trasgredan el marco de la legalidad y por ende violenten derechos humanos. Concluyo, señor presidente, diciendo que derivado de lo anterior someto a la consideración de la asamblea la siguiente reforma, consistente en reformar la fracción VII del artículo 28 del dictamen para quedar en los siguientes términos: Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados mediante el recurso ordinario que disponga la ley. Es cuanto, señor presidente.