El diputado Salvador Martínez Della Rocca: Apreciados compañeros y compañeras: la comunidad científica nacional tiene la convicción que en los últimos cuatro años la imagen académica y social del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACYT), ha sufrido un deterioro grave e inaceptable. Les asiste toda la razón. El origen del problema es quién dirige actualmente el CONACYT y a la concepción que tiene de la Institución y de la ciencia y la tecnología. El año pasado, en diferentes momentos, la comunidad académica y científica del país denunció públicamente que la actual administración del CONACY, a cuya cabeza se encuentra el señor Jaime Parada Avila, se ha caracterizado por una visión unilateral de la ciencia y la tecnología con poco profesionalismo, soberbia y alta inestabilidad. Por lo mismo, predominan decisiones improvisadas y falta de continuidad en diversas áreas de responsabilidad, además de que disminuyó la presencia de científicos en esos y otros puestos de dirección. En consecuencia, la política en ciencia y tecnología del actual director general de CONACYT se resume en lo siguiente: falta de continuidad en los avances en el ramo; pobres resultados, tomando en cuenta el apoyo que el Poder Legislativo le ha dado para impulsar el sector; desinterés en la ciencia; debilitamiento de la comunidad científica al obstaculizar su renovación y crecimiento; indolencia en la formación de los cuadros que se requieren para el sector; falta de correspondencia entre las metas proyectadas y su cumplimiento; dispendio de fondos públicos y dudas razonables respecto a los resultados de su política en materia de innovación. También el año pasado un grupo de científicos de la Academia Mexicana de la Ciencia documentó públicamente que el actual director de CONACYT ha desviado recursos a 400 empresas, la mayor parte de ellas transnacionales y que nada tienen que ver con el quehacer científico y tecnológico de nuestro país. Lo anterior consta en el Diario Oficial de la Federación de los años 2001, 2002 y 2003, donde se publicó el apoyo financiero del CONACYT. Por respeto a su tiempo, precisaré solamente dos casos: la disquera BMG Entretaiment México, fue beneficiada con 5 millones 150 mil pesos en el 2001 y en el ejercicio 2003. A Hewlett Packard de México, le financió 12 proyectos de los cuales tan sólo a uno le otorgó cuatro millones 960 mil 286 pesos. Ese cúmulo de irregularidades y abusos del actual Director General de CONACYT, se deben a que su designación no responde a intereses académicos y científicos, puesto que los actores directamente involucrados como la comunidad científica y académica y el sector productivo, están al margen de ese proceso. Y es que a designación del Director General de CONACYT, depende única y exclusivamente y de manera unilateral por lo mismo, del Presidente de la República. En otras palabras, el responsable del CONACYT prácticamente es un empleado del Jefe del Ejecutivo quien lo nombra y lo remueve a su libre arbitrio. No hay por tanto una racionalidad mínima, si se quiere, entre la academia y el director General del CONACYT. El dedo presidencial en la designación del Director General del CONACYT, ha propiciado también que éste evada la obligación de responder de sus actos ante la comunidad académica y científica y el sector productivo por la manera de aplicar la política científica y tecnológica. Otra agravante es la integración de la Junta de Gobierno del CONACYT, cuyo carácter colegiado no se cumple a cabalidad porque no hay una presencia efectiva o real de la comunidad académica y científica y del sector productivo en esa instancia. Dado que su incorporación a esa instancia depende de que sean invitados o no. Es decir, queda en la discrecionalidad. Por ello se propone que su integración sea formal y oficial como el resto de los siete miembros. Su perfil y la integración de la Junta de gobierno no son asuntos menores, habida cuenta de que esa institución es el órgano rector del sector científico y tecnológico del país y cuyas funciones tiene rango constitucional de conformidad con la fracción V del artículo 3º., de la Carta Magna. La designación del Director del CONACYT no puede ser una decisión exclusiva del presidente de la República, pero además se requiere que quien ocupe ese cargo sea una persona interesada, comprometida y que realmente vele por los intereses de la ciencia y la tecnología de su comunidad. En términos llanos y simples, sea una persona enamorada de su objeto de estudio, enamorada de la ciencia y por lo tanto enamorada de su objeto de trabajo. Este no es un simple capricho legislativo La presente iniciativa tiene como concepción, dotar de todo el poder a la academia, a sus investigadores y a quienes participen en el quehacer científico y tecnológico, con el único fin de transformar de manera sustantiva la visión y la misión del CONACYT y en consecuencia de la política en la materia. De tal forma que el CONACYT a través de quien la dirija, sea un espacio de la razón, de las ideas, de los proyectos de los investigadores, de los jóvenes becarios, del sector productivo, un espacio para el desarrollo de la ciencia y la tecnología que esté al servicio de los grandes intereses nacionales y la solución de los grandes problemas del país. El propósito de restablecer al CONACYT su carácter de institución social y académica, no podrá lograrse bajo el actual mecanismo por el que se designa al Director General, sustentado en el presidencialismo extremo, sin contrapesos reales y con una visión administrativa y burocrática por parte del Jefe del Ejecutivo y de la persona que designe en el puesto. Tampoco sería posible arribar a este propósito académico con el pobre perfil que se solicita actualmente para el cargo a dirigir la política científica y tecnológica del país, pues con los actuales requisitos establecidos en el artículo 8º., de la Ley Orgánica del CONACYT, prácticamente cualquiera puede ser Director General. La comunidad académica y científica y el sector productivo, deben tener injerencia en la designación de sus líderes académicos pues posibilita que la organización del trabajo intelectual, científico y académico encuentre cause de desarrollo y no obstáculos burocráticos o se enfrente a intereses ajenos a la ciencia y la tecnología. Por tal razón se propone que en la designación del Director General particípenlos actores involucrados, es decir, la comunidad científica y académica y el sector productivo a través de instancias representativas como son la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, la Academia Mexicana de Ciencias, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, un investigador del Sistema Nacional de Investigadores y dos representantes del sector productivo. Estas instituciones y actores conformarían el Consejo para la designación del Director General del CONACYT, cuyos integrantes presentarían una terna de candidatos al Presidente de la República para que de esta forma él designe a la persona a ocupar el cargo conforme al perfil que también se propone modificar, dado que el actual carece de características inherentes e idóneas para quien debe ser un líder académico y científico. Esta reforma resultaría limitada si la remoción del Director General de CONACYT queda en manos exclusivamente del Jefe del Ejecutivo. Por ello se propone que para el ejercicio de esta facultad que actualmente le otorga la ley deberá tomar en cuenta, previamente, la opinión de la Junta de Gobierno. Esta reforma legal imprescindible no haría sino adecuar al CONACYT al postulado constitucional ya citado, preservándolo como un organismo descentralizado del Estado en los términos de la Ley Orgánica del mismo y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, pero lo más importante: restablecerá al CONACYT su carácter de institución social y académica de la ciencia y la tecnología al servicio del país y de la solución de sus grandes problemas nacionales. Dado que la presente iniciativa está publicada en la Gaceta Parlamentaria no leeré el resto del contenido del proyecto de decreto. Sin embargo considero que no pueden violentar lo que esta Cámara dispone. Dijimos que íbamos a dar 52 millones para los trabajos de la Academia Mexicana de la Ciencia y en una reunión, en donde estuvimos presentes el diputado Omar Ortega y yo, el director del CONACYT firmó un convenio con el Presidente de la Academia Mexicana de la Ciencia por solo 35 millones de pesos, porque solo a él le da la gana eso. Yo le dije que faltaban 10 más y que lo iba a exponer aquí en la Cámara ¡porque tiene que obedecer lo que esta Cámara dice! Por el bien de la ciencia y la tecnología, por el bien de la educación, invito a todas las fracciones parlamentarias a que apoyen estos cambios, estas modificaciones, para el bien de la nación y muchísimas gracias.