La diputada Ali Sayuri Núñez Meneses: Gracias. Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se presenta a discusión en este pleno aborda un tema al cual debemos prestarle la mayor atención, ya que se refiere al impacto que los efectos negativos del cambio climático tienen en nuestro planeta y en la calidad de vida de las personas. Las fuertes y prolongadas sequías que padecimos hace unos meses en gran parte del territorio mexicano, norte y centro de nuestro país, son consecuencia de las acciones y decisiones que tomamos hace varias décadas en materia política, de cuidado al medio ambiente y en otros sectores, como el energético. Los efectos ya son palpables y los expertos han calculado que en los últimos 50 años las temperaturas promedio en nuestro país han aumentado aproximadamente 0.85 grados centígrados por arriba de la normal climatológica. En cuanto a las precipitaciones, se ha observado que la distribución espacio temporal ha cambiado de manera diferencial en el territorio y en algunas partes llueve en exceso y en otras la lluvia escasea. Lo anterior tiene impacto sobre los sistemas ecológicos y productivos, que son altamente sensibles a variaciones de temperatura y precipitación, pudiendo resultar en pérdidas económicas si no se actúa rápidamente con medidas de adaptación y mitigación. Por ejemplo, el incremento de la temperatura y las modificaciones en los patrones de lluvia podrían provocar que muchos cultivos se tornen inadecuados para la región en donde actualmente se producen o que las lluvias extremas recurrentes pongan en riesgo permanente a las poblaciones expuestas a desbordamientos de ríos o a inundaciones que provocan la pérdida de patrimonios familiares y todas estas tragedias son provocadas principalmente por los efectos de los gases de efecto invernadero, dentro los cuales, el dióxido de carbono es el que más daños causa. Para ilustrar esta problemática y según datos actuales, el sector de energía es el que más emisiones de dióxido de carbono equivalente emite, aportando el 44 % de las emisiones totales. La producción de electricidad como combustibles fósiles contribuye con casi el 35 % de las emisiones. En segundo lugar, está la combustión de gasolinas, diésel utilizado en el transporte que aportan el 36.8 % del total de dióxido de carbono, es decir, que tan solo la actividad de estos dos sectores de producción de electricidad y transporte emiten el 71 % del principal gas de efecto invernadero. Recordemos lo que nuestro país se comprometió en el Acuerdo de París, a través de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional: reducir el 22 % de sus emisiones de GEI al 2030 y el 51 % respecto a sus emisiones de carbono negro. En estos compromisos se establecieron las siguientes metas de reducción de gases de efecto invernadero por sector: transporte, 18 %; generación eléctrica, 31 %; residencial y comercial, 18 %; petróleo y gas, 14 %; industria, 5 %; agricultura y ganadería, 8 % y residuos, 28 %. Tenemos la obligación de actuar y hacerlo en acorde con nuestras leyes. Coincidimos con los cambios que se presentan en el dictamen a la Ley General de Cambio Climático, porque como hemos propuesto en diversas iniciativas a esta ley, marco que las medidas, metas, objetivos e instrumentos de medición y evaluación de nuestra legislación en la materia deben ser homologadas y acordes con los acuerdos internacionales firmados por nuestro país. El cambio climático es un fenómeno a escala global que requiere acciones multilaterales que cada país debemos asumir. El compromiso de legislar y establecer los marcos normativos adecuados para lograr que las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático sean eficaces. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoyará el presente dictamen, ya que hemos sido pioneros en abordar el desarrollo con un enfoque sustentable. Nuestro compromiso se ha enfocado en lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social, el cuidado del medio ambiente. Es cuanto.