El diputado Ricardo Monreal Ávila: Pensaba que iba a ser mi última intervención, lo advertí. Pero el presidente actuando estrictamente no lo había anunciado. Y por eso tengo qué plantear esta otra reserva, que había pensado tratarlo en conjunto. Este artículo del 398 es el relativo a la actualización de conductas típicas en determinados tipos penales, como una facultad del juzgador en la materia, por ser éste el encargado de efectuar el estudio de los hechos, que tuvo conocimiento a través de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público. El conjunto de acontecimientos que se plasman en ésta son la base para poder establecer si una conducta encuadra o no en un determinado tipo penal. El órgano jurisdiccional encargado de dictar el auto de vinculación a proceso deberá determinar que el conjunto de hechos encuadran en el tipo punible por el cual se ejercitó la acción penal y, de ser así, estará en aptitud de girar la solicitud de mérito. Sin embargo, en el supuesto de apreciar que se actualiza un delito diverso con base en los hechos de convicción que se deriven de la investigación éste podrá librar la respectiva orden por el delito que quedó debidamente acreditado, es decir que se establecerá una reclasificación del delito. De conformidad con lo anterior podemos decir que durante un proceso penal el juez tiene permitido resolver sobre el delito que haya sido comprobado, aun siendo distinto al que se haya peticionado en etapas procesales anteriores. En este sentido, y en atención a estas nuevas disposiciones penales, para el caso de la reclasificación ésta podrá llevarse a cabo desde el inicio del proceso hasta la audiencia de alegatos, la cual consideramos violatoria del artículo 19 constitucional, el cual en su último párrafo, el párrafo quinto, expresamente contempla lo siguiente: Todo proceso dice esta disposición se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Ya que, si dadas las circunstancias que en la secuela de un proceso apareciera que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada sin perjuicio y que después pueda declararse la acumulación si fuera conducente. ¿Qué estamos planteando? Miren, no podemos perder de vista que el establecimiento de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal surge como una necesidad de reformar sustancialmente las deficiencias que históricamente venía arrastrando el sistema de impartición de justicia, por lo que no podemos seguir fomentando las mismas. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos en contra de esta llamada reclasificación. El artículo 398 señala: tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, o sea la conclusión final, el cierre de conclusiones, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito. Es decir, en la práctica, se abre el alegato, lo acusan por homicidio o por robo o por otro delito, a algún ciudadano o a alguna ciudadana, y en ese momento se le dicta un auto de vinculación, el juez le dice que es sujeto a proceso. Le siguen el proceso, todo el desarrollo del proceso, por el delito de robo u homicidio o cualquier otro. Bien, cuando están al cierre de conclusiones, después de aportar todas las pruebas, el Ministerio Público podrá decir: no sólo te acuso de robo, te acuso de abigeato y te acuso de adulterio, ya no existe ese delito, te acuso de abuso de confianza, te acuso no sé si exista algún diputado, te acuso de cinco delitos más, y podrá generarse con certidumbre jurídica aparente un proceso adicional con el que se le venía juzgando. Por eso nosotros creemos que viola el 17 constitucional, si te están acusando de un delito, si te someten a la vinculación, si el juez dicta orden de vinculación entonces tendrán que juzgarse por ese delito. No se vale que a la clausura de las conclusiones para dictar sentencia el Ministerio Público te diga, no solo eso, hay otros cinco delitos; en todo caso se abre otra averiguación y se acumulan los procesos, es lo que sucede en la práctica para todos aquellos que hemos litigado saben perfectamente que opera la acumulación de procesos, pero no puede reclasificarse, es una actitud arbitraria del Ministerio Público asumir una facultad de tal envergadura, además es inconstitucional por lo que dispone el artículo 17 en su párrafo quinto. Lo que les digo son cosas lógicas, señores diputados y diputadas, lo que sucede es que la disciplina se impone a la razón y eso en cualquier Congreso del mundo simple y sencillamente resulta ofensivo a la sociedad. No puede ser que estas cosas de sentido común se dejen pasar en un ordenamiento jurídico tan importante que será aplicable para el país; además, repito, se podrá aplicar hasta el 2016, código 18 del 2016. ¿Por qué la prisa y por qué no corregir estos graves vicios de errores constitucionales? Presidente, muchas gracias por su tolerancia.