La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: a finales del siglo XX y principios del siglo XXI hemos sido testigos, testigas del progresivo reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos en el orden jurídico nacional y en el orden jurídico internacional. Sin embargo, la legislación sanitaria de nuestro país no ha sido adecuada a esta nueva realidad. La regulación de la atención a la salud sexual y reproductiva que contiene actualmente la Ley General de Salud incluye la caracterización de la mujer exclusivamente en su rol reproductivo, ya que la única ocasión en que tal ordenamiento legal hace referencia expresa y específica a la mujer es al regular la atención materno-infantil, señalando que ésta comprende, entre otras acciones, la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, cuando es evidente que la problemática que presenta la salud reproductiva de las mujeres excede la que conlleva a la procreación. De igual manera, la Ley General de Salud no regula de forma específica la atención de la salud sexual, haciendo tan sólo referencia a la educación sexual en el apartado relativo a la planificación familiar. Con esto se permite la reiteración de prácticas sociales que socavan su protección, reproduciendo su ancestral caracterización del ejercicio de la sexualidad como un mero medio para la reproducción de los seres humanos. El pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales de las personas implica que estos derechos no sólo deban ser vistos como límites negativos para el Estado o los particulares, sino que también deben ser considerados en el ejercicio de las políticas públicas. Su ausencia debe ser asumida como un incumplimiento de estos derechos. La relación entre la sexualidad y la procreación, desde la perspectiva de los derechos humanos, implica reconocer que el ejercicio de la sexualidad deje de ser subordinado a la finalidad procreativa y que la reproducción deje de ser caracterizada como una consecuencia obligada del ejercicio de la sexualidad. Las carencias legislativas en la materia provocan también deficiencias en la atención y en la solución de graves problemas de salud pública. Por ejemplo, el aborto y sus complicaciones representan la cuarta causa de muerte materno-infantil. Cada año ocurren 51.4 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes. Las omisiones legislativas provocan que las interrupciones del embarazo permitidas por la ley no se realicen en condiciones idóneas y, por ende, se pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad de las mujeres, al tener que recurrir a la práctica del aborto clandestino, inseguro e insalubre. En México se han reportado desde 1993 casi 70 mil casos de sida. El 92 por ciento de los contagios fue por transmisión sexual. El sida ha causado en nuestro país casi 40 mil muertes en población fundamentalmente en edad reproductiva. En 2003, la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes fue de 4.8 y la prevalencia en la población de 15 a 24 años es de 3.5 casos por 100 mil habitantes. Del total de los casos, el 85 por ciento son hombres; y de este universo 80 por ciento se refiere a hombres que tienen sexo con hombres. Según cálculos de Censida, existen en México aproximadamente 650 mil hombres que tienen sexo con hombres y de ellos 101 mil padecerían VIH/sida. Según datos oficiales, el promedio de edad nacional de inicio de la vida sexual son los 16 años y 8 de cada 10 mujeres entre 15 y 19 años tuvieron su primera relación sexual sin protección. Debido a ello, en esta iniciativa se propone la adición a la Ley General de Salud del correspondiente capítulo referente a la salud sexual y reproductiva, describiendo los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos, sociales y privados que son aplicables en el ámbito sanitario y haciendo explícito el contenido de los servicios que el Estado debe brindar de manera obligatoria. Las modificaciones y adiciones más relevantes que contiene la iniciativa son las siguientes: Se consideran materia de salubridad general: la salud sexual y reproductiva; los servicios de planificación familiar y anticoncepción; y la salud de las niñas y los niños de manera gratuita. Se sustituye el capítulo de atención materno-infantil por el capítulo de salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva comprende la salud sexual, la salud materno-perinatal, la salud de las personas adolescentes, los servicios de planificación familiar y anticoncepción, y la prevención, detección y tratamiento de cáncer de los órganos reproductivos. Los programas para la atención de la salud sexual y reproductiva estarán enfocados a satisfacer las necesidades particulares de los grupos poblacionales específicos por género, edad y orientación sexual. Explícitamente, se reconoce el derecho de las y los adolescentes a recibir servicios de salud sexual y reproductiva otorgando relevancia jurídica a su voluntad. Se reconoce la prevalencia del principio de interés superior de los menores en caso de conflicto entre sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva y las creencias de sus padres o tutores. En materia de salud materno-perinatal, la atención de la mujer comprende el embarazo, el aborto espontáneo o incompleto, la interrupción del embarazo en los supuestos autorizados por la legislación penal, el parto y el puerperio. Se establece la obligatoriedad de las instituciones públicas de salud de prestar gratuitamente los servicios de interrupción legal del embarazo en los supuestos autorizados por la ley. En el caso de la interrupción legal del embarazo, se reconoce la objeción de conciencia, salvo que esté en peligro la vida o la salud de la mujer. Ésa será a título individual y no institucional, por lo que las instituciones públicas de salud tendrán la obligación de garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de médicos no objetores. Se reconoce el derecho de las personas usuarias de servicios de planificación familiar de beneficiarse del progreso científico y tecnológico en la materia. Se reconoce la obligación del Estado de suministrar todos los métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente. En los servicios de planificación y anticoncepción se entenderá que el embarazo comienza con la implantación del embrión, por lo que son considerados métodos anticonceptivos todos los que actúen antes de que tenga lugar la implantación. Se regulan expresamente los servicios de salud para las niñas y los niños. En la plataforma de Beijing, en la Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, documento que México suscribió, firmó y ha ratificado en Beijing +5 y ahora seguramente en Beijing +10, dice: "Reforzar las leyes, reformar las instituciones y promover normas y prácticas que eliminen la discriminación contra las mujeres es un lineamiento obligatorio de todos los Estados. Reconocer que los derechos de las personas están por encima de las creencias es la base conceptual del Estado laico mexicano". Señora Presidenta: solicito a usted que se publique el texto íntegro de esta iniciativa, que entregaré en el Diario de Debates, y le solicito también que se turne a las Comisiones Unidas de Salud, y de Equidad y Género. Por su atención, muchas gracias. ¡No al desafuero! ¡Sí a la esperanza! Muchas gracias.