La diputada Laura Martínez González: De acuerdo con el contenido del artículo 18 constitucional, se prevé como derecho fundamental la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Por lo que para ello en su segundo párrafo se ordena que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación, la educación, la salud, el deporte, como medios para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad. Asimismo, es de resaltar que dentro de dicho párrafo segundo se prevé, en su última parte, un derecho especial a favor de las mujeres, el cual señala que estas purgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. Sin embargo, si bien el espíritu y esencia de dicha norma constitucional es ordenar que el sistema penitenciario se lleve a cabo bajo ciertas bases cuyo objetivo sea la reinserción social de los sentenciados, lo cierto es que dicho precepto ha quedado rebasado frente a la dura realidad que viven las mujeres privadas de su libertad, como muestra el estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe especial sobre las mujeres internas, en los centros de reclusión de la República Mexicana, de 2015. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay que subrayarlo, es encabezada por una mujer, Rosario Piedra Ibarra, en quien ponemos todos nuestros votos a vigilar el respeto irrestricto de los derechos de las mujeres en México. Dentro del sistema penitenciario femenino se violan los derechos de las mujeres privadas de su libertad, por lo que resulta indispensable realizar modificaciones al precepto constitucional, de modo que se pueda ordenar a las autoridades competentes la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género que, entre otras, procuren el respeto irrestricto de los derechos de las mujeres reclusas. El texto constitucional actual establece como derecho de las mujeres el que estas purguen sus penas en lugares distintos a los de los hombres. Ello definitivamente no ha sido suficiente para que las autoridades penitenciarias actúen con ciertos estándares de bienestar en pro de sus derechos humanos, derivado de las serias violaciones cometidas a los derechos de las mujeres privadas de su libertad. Según el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se requiere que urgentemente se les dote de una protección desde el texto constitucional. Así, es necesario adicionar el párrafo que establezca con claridad en el sistema penitenciario implemente políticas públicas que garanticen en favor de las mujeres reclusas, condiciones de estancia digna y seguras, libres de todo tipo de violencia, y que en el caso de que cuenten con hijos menores, dicho sistema penitenciario tome medidas que garanticen una adecuada convivencia. Con esto, bajo condiciones óptimas, seguras y saludables, que de antemano velen por el interés superior de los menores. Lo anterior, con el fin de que se corrijan las graves condiciones en que se encuentran las mujeres privadas de su libertad. Por todo lo expuesto, solicito a este pleno su voto favorable para que se acompañe la presente iniciativa que buscar dar voz a las miles de mujeres reclusas que no cuentan con un asidero constitucional para poder exigir un trato digno, conforme al derecho fundamental de la reinserción social, previsto en el artículo 18 constitucional. Es cuanto, señora presidenta.