El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, muy buenas tardes. No nos equivoquemos, el día de hoy no vamos a confundir a los mexicanos. Lo que está en juego en este recinto legislativo no es la aprobación de la ley electoral. Lo que hoy está en juego es mucho más trascendente, es el futuro de la democracia mexicana y la tutela de los principios de libertad, igualdad, equidad y justicia, que garantiza desde 1917 nuestra Constitución. La responsabilidad histórica que tenemos como representantes populares sin duda es grande. Debemos decidir si queremos continuar avanzando en la construcción de una democracia amplia, plural, transparente e incluyente que beneficie a todos los mexicanos o si nos encaminamos hacia un sistema partidocrático, concentrador de recursos y poder en el que se conculquen las libertades, se excluya a la voluntad ciudadana y se privilegien los intereses de grupo. Tenemos que decidir, de cara a los mexicanos, entre retornar a viejas prácticas superadas de control político o imposición, o en dar el paso definitivo hacia una democracia moderna, fundada en el acuerdo de voluntades, la transparencia y el respeto a los derechos de todos. En Nueva Alianza nuestro único compromiso es con los ciudadanos, con el país, y nunca aprobaremos reformas que afecten sus intereses y restrinjan sus garantías y derechos políticos. Estamos convencidos que necesitamos un sistema electoral de largo aliento, no de coyuntura, que genere mayor confianza en los procesos electorales, que dé equidad a la contienda, que fortalezca las instituciones encargadas de organizarlos y vigilarlos y que amplíe los cauces para la participación ciudadana. Ninguno de estos elementos está incorporado en el dictamen que se nos presenta. Las diversas fuerzas políticas coincidimos en que nuestro país requiere una profunda reforma política; pero lo que se está entregando a los mexicanos en este dictamen es una reforma en muchos aspectos regresiva. Son cuatro los principales problemas que muestra este texto y que constituyen graves riesgos para el país: Primero. Limita el ejercicio de la libertad en el territorio nacional imponiendo la censura y la discrecionalidad. Segundo. Su procedimiento está viciado de origen y no es producto del amplio consenso entre las diferentes fuerzas políticas. No fueron escuchadas las voces de las fuerzas emergentes ni sus propuestas y se violó la Ley para la Reforma del Estado, vulnerando el principio de legalidad consagrado en nuestra Constitución. Tercero. Falla en alcanzar y traiciona los principios que motivaron esta reforma electoral. Los procesos electorales continuarán siendo largos y caros. Se debilita la autoridad del órgano encargado de organizar las elecciones y se suprime por decreto la pluralidad política del país. Cuarto. Se desestima la incorporación de prácticas democráticas fundamentales para el avance de la democracia mexicana. No están presentes aquí las candidaturas ciudadanas, la reelección inmediata de legisladores, las coaliciones parlamentarias y de gobierno, la equidad de género, la modernización de los procedimientos electorales ni mucho menos formas de democracia directa. Todas las anteriores reformas electorales, todas y cada una, desde el año 77, fueron producto de una amplia consulta ciudadana y un gran consenso entre todas las fuerzas políticas entonces representadas en el Congreso. No podría ser de otra manera. Se trata de las reglas de convivencia política de una nación. Pero en esta ocasión, el texto resultante fue producto de componendas y negociaciones previas y externas entre los coordinadores de los partidos mayoritarios, quienes creen tener la mayoría y que ésta les otorga la razón y una patente de corso para atropellar a las demás fuerzas, y por supuesto, imponer su voluntad a los ciudadanos, a quienes solamente les conceden, desde ahora, un papel de súbditos. La reforma de tercera generación que nos plantearon se tradujo en los hechos en un botín para tres. Nuestro mayor peligro, de aprobarse este dictamen, es alejar aún más a los mexicanos de las urnas; y una democracia sin participación es una democracia de membrete, una democracia sin contenidos. Pero el dictamen que hoy se nos presenta contiene un proyecto de coyuntura que sólo busca cobrar pretendidos agravios, resolver lo inmediato y lo circunstancial, y bajo ese pretexto, aprovechar la ocasión para imponer el control de tres partidos sobre el sistema electoral. Es una reforma que, de aprobarse, estaría condenada a su desaparición en poco tiempo. Los propósitos que nos plantearon cuando nos reunimos en el marco de la reforma del Estado para impulsar cambios democráticos no sólo no han sido cumplidos, sino que han sido traicionados. Una de las principales demandas de los mexicanos es sin duda el tener una democracia menos cara, que los escasos recursos con que cuenta el país se destinen prioritariamente a la atención de las grandes necesidades de la población y no a la operación de los partidos políticos y las campañas electorales. Es necesario alejar el dinero de la política, reducir el financiamiento público y privado de los partidos políticos tanto para sus gastos ordinarios como para las campañas y que las propuestas sean las que prevalezcan en la lucha política; pero este objetivo, por mucho que se diga, incluso que se tenga una campaña al aire, no se ha conseguido en este proyecto. Debemos reconocer que hay avances importantes como la regulación de las precampañas y el acortamiento de los periodos de campaña, pero en términos absolutos, ni los procesos electorales serán más cortos ni las contiendas más equitativas, ni el financiamiento público de los partidos será disminuido, sino todo lo contrario: los partidos políticos recibirán ahora más dinero en efectivo en el presupuesto y contarán de manera gratuita con acceso a radio y televisión. Lo que tampoco se ha dicho a los mexicanos es que los partidos gastan más de 65 por ciento de su presupuesto en campañas de spots de radio y televisión, pero ahora, ya no representará ningún gasto para ellos. La pregunta es: ¿qué harán con ese dinero? En las elecciones de 2006 se transmitieron, según el monitoreo del IFE, solamente 750 mil spots de radio y televisión. Se estima que con esta reforma en los términos que viene la ley, los spots asignables a los partidos políticos alcanzarán cifras en millones de spots. Esto muestra que ahora los partidos contarán con mayores recursos, sobre todo los grandes, y la gran pregunta ahora es, ¿en qué se van a gastar estos recursos? México está compuesto de una sociedad plural que requiere amplios cauces para su participación política, los partidos tradicionales no son la única vía de expresión ciudadana ni gozan de la simpatía y la preferencia de todos los mexicanos. En todos los países que se precien de ser democráticos las fuerzas emergentes son reconocidas como fundamentales e impulsadas por la ley, porque constituyen los mecanismos para que los grupos minoritarios se expresen y tengan representación en los congresos nacionales. Mientras en el mundo democrático se discute cómo fortalecer el sistema de coaliciones y avanzar hacia sistemas de coaliciones parlamentarias y de gobierno, aquí los partidos mayoritarios están más preocupados por ver la forma de acabar legalmente con las coaliciones electorales y con limitar la creación de nuevas fuerzas políticas. Resulta inaceptable que se establezca en este dictamen que las coaliciones de un partido mayoritario podrían transferirle a un partido coaligado en calidad de sirimique, de un ayudante servil, un porcentaje de su votación para que éste mantenga su registro. Esto viola nuestros preceptos constitucionales y el mismo numeral del artículo 2 del proyecto que se nos presenta. Señoras legisladoras y señores legisladores, hoy estamos asistiendo a un día que será recordado como un día oscuro para la democracia mexicana, con este dictamen se pretende aprobar en esta sesión el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se quiere concluir con un ataque frontal a los avances en materia de democracia electoral que se han dado en nuestro país en las últimas dos décadas. Las aportaciones de esta reforma son muy pocas, pero sus intenciones ocultas son muchas y muy graves. Ésta no es la reforma que buscamos las fuerzas políticas con compromiso social, ésta no es la reforma que permita cumplir los anhelos democráticos de una nación. Ésta no es una reforma para el México que quiero para mis hijos, es una reforma viciada en su proceso de corto alcance, que pretende resolver riñas particulares sin pensar en los objetivos nacionales. El grupo parlamentario de Nueva Alianza votará en contra del proyecto de dictamen que se nos presenta y nuestro partido se reserva el derecho de utilizar las vías legales para combatir todos aquellos aspectos que vulneren los derechos de todos los ciudadanos mexicanos consagrados en nuestra Constitución. Es cuanto, señora Presidenta.