La diputada Martha Angélica Zamudio Macías: Con su permiso, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano me permito presentar la iniciativa por la que se expide una nueva Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental. El 13 de noviembre del 2007 se publicó la reforma constitucional que adiciona el párrafo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir el uso discrecional de los recursos públicos destinados para propaganda y promoción personalizada de cualquier servidor público, estableciendo que los gastos de comunicación social gubernamentales sean exclusivamente destinados para fines institucionales, informativos, educativos y de orientación. Siete años después en el 2014, ante la omisión del Legislativo, de expedir la ley de reglamento del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, la organización civil denominada Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, promovió un amparo colectivo para demandar que el Poder Legislativo cumpliera con la obligación de emitir la ley reglamentaria, por la que la Suprema Corte de Justicia consideró el amparo y la resolución señaló así: Que la publicidad oficial se asignara de manera discrecional, poco transparente, sin pautas ni criterios objetivos, pudiendo llegar a constituir un mecanismo de censura indirecta para que la expedición de la Ley General de Comunicación Social debió suponer un grave avance para la rendición de cuentas, así como la libertad de expresión en nuestro país. No obstante la aprobación en abril del 2018 por la entonces mayoría parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, resultó una involución en materia, pues además de no cumplir con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta no sólo desaparece las malas prácticas de la asignación de la publicidad oficial que se tenía antes de la creación, sino que también la legaliza. El gasto que se ha tenido a lo largo de los últimos años en publicidad gubernamental, se ha caracterizado por el derroche y la opacidad, llegando a costar al erario público más de 37 mil millones de pesos en tan solo, del 2013 al 2016. Compañeras y compañeros, este no es un asunto menor. La actual administración federal ha sobrepasado por mucho lo aprobado en la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente en el rubro de publicidad, pues en el período comprendido del 2013 al 2016, se tuvo un sobre ejercicio de 15 mil millones de pesos a 36 mil 261 millones, lo que equivale un incremento del 71.86 por ciento más de lo presupuestado. ¿Qué incongruencia es esta? Paralelamente los recursos asignados a salud y educación sufrieron recortes en el mismo período. Los efectos negativos procedentes del mal manejo de los recursos públicos no solo han sido incididos en la eficiencia y eficacia de lo que son erogados dichos recursos, sino que también han atentado contra el libre ejercicio de la prensa independiente, y por ende el derecho a la información imparcial y crítica de la sociedad, elementos que deben caracterizar un verdadero régimen democrático. En este sentido vemos como la Ley General de Publicidad Gubernamental continúa siendo omisa en estos aspectos, pues no hace eco a la voz de las organizaciones civiles las cuales han manifestado que dicha ley continúa perpetuando que los recursos públicos se sigan ejerciendo de una manera discrecional, además de no considerar un organismo autónomo que revise, supervise, fiscalice y vigilen la auditoría de los recursos destinados a comunicación social, dejado estas funciones a manera de la discreción de la Secretaría de Gobernación, misma que decidirá a quién...