El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Con la venia de esta asamblea. La política social en nuestro país tiene como objetivo propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos de los mexicanos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, la superación de la discriminación y la exclusión social. Asimismo, la política social debe promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución, además de fortalecer el desarrollo regional equilibrado. No obstante lo anterior, la política social no está rindiendo los mejores frutos a la ciudadanía respecto de los problemas tan graves y persistentes como son la pobreza, la desigualdad y la distribución del ingreso y la carencia de oportunidades sociales de un sector importante de la población mexicana. En ese sentido, la política social como sistema de acción pública requiere de una revisión profunda para que tanto el gobierno federal, como los gobiernos estatales y municipales junto con la sociedad organizada estén en posibilidades de acordar, diseñar e implementar políticas públicas que permitan superar la pobreza y garantizar el acceso pleno a los derechos sociales que consagra nuestra Carta Magna. Hace tres décadas en nuestro país no había manera de saber claramente cuál era el nivel de desigualdad, de miseria, de pobreza extrema que se vivía en nuestro territorio, ya fuera a nivel nacional o por región, por ello nos dimos a la tarea de construir un órgano, como el Coneval, dotado de habilidades técnicas y científicas para construir indicadores que permitieran medir con certeza tanto la pobreza como la pobreza extrema. Hay que recordar que la evaluación y la medición de la pobreza sólo tienen sentido si se realizan con credibilidad, independencia y pertenencia para la toma de decisiones, de otra forma se estarían dando palos de ciego, que lejos de resolver el problema llegan incluso a obstaculizar su superación. Es justo reconocer que hasta ahora el Coneval se ha desempeñado eficientemente como un órgano de consulta y asesoría en materia de evaluación de programas sociales y medición de la pobreza de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las autoridades estatales y municipales, así como del sector social y del sector privado. Sin embargo, desde hace tiempo existía consenso entre las fuerzas políticas del país respecto a la necesidad de construir un nuevo marco jurídico que le permitiera al Coneval ampliar su horizonte para contribuir mejor al desempeño de sus funciones y fundamentalmente para que se pusiera la institución lejos del alcance de las tentaciones políticas. La legitimidad de las instituciones se construye con base en un ejercicio eficiente y eficaz de gobierno, y éste no puede acreditarse sin información oportuna y útil para la toma de decisiones, por este motivo es importante contar con cuentas claras relativas al manejo y aplicación de los recursos públicos, lo cual garantiza el conocimiento por parte de la ciudadanía sobre la utilidad y eficiencia de las acciones, y así también como de los programas que se diseñan e implementan en todos los órdenes y en todos los niveles de gobierno. En esta tesitura la reciente reforma político electoral que aprobamos esta asamblea en diciembre pasado incluía una modificación al artículo 26 de la Constitución Política, mediante la cual se dota de plena autonomía al Coneval, es decir, se constituye éste como un órgano de carácter constitucional autónomo. En ese sentido, la reforma tiene dos elementos fundamentales de la mayor relevancia para la institución: por un lado garantizarla autonomía financiera y presupuestal, a fin de que la disposición de sus fundos se lleve a cabo con plena libertad y suficiencia; y, por otro lado, garantizarle a su titular un estatus jurídico especial que lo resguarde de la presión o influencia que pudiera recibir de otros órganos de poder. El carácter autónomo de Coneval implica la creación de una nueva institución con nuevas responsabilidades y que habrá de construir nuevas relaciones con los distintos actores del sistema. Como resultado la política de evaluación en su conjunto se verá transformada necesariamente para que puedan generarse nuevas dinámicas que dependan del entramado jurídico que dote de contenido a la reforma. Por lo que hemos expuesto el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente decreto con el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Reglamentaria del apartado C del artículo 26 constitucional, porque consideramos que con ello se fortalece la institucionalidad de los procesos de evaluación de nuestro país y se contribuye así a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia, la participación social, la eficiencia y la eficacia de las acciones de los gobiernos orientadas a elevar los niveles de bienestar de la población y a combatir, tanto la pobreza como la desigualdad que aquejan a buena parte de nuestra sociedad. Consideramos que su nuevo marco jurídico habrá de permitirle a Coneval ampliar su horizonte para contribuir mejor al desempeño de sus funciones y seguir siendo una de las instituciones más sólidas con las que cuenta el Estado mexicano. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.