El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Gracias, presidente. Voy a obviar la urgente resolución a petición de la fracción parlamentaria del PRI, para que se turne a Comisión, presidente. Hoy en día, temas como la inseguridad pública, la lucha contra el crimen organizado y la vejación de los derechos humanos en México se ha convertido en tema que ha trascendido nuestras fronteras, además de que ha suscitado un considerable aumento en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por ello, hoy más que nunca se espera de este organismo una participación más eficaz y contundente y comprometida en la defensa de los derechos humanos; es decir, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se establece al pie de la letra que este organismo tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Para tal fin, la comisión cuenta con diversas atribuciones que le han sido conferidas en el artículo 102, apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como las de formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Al respecto valga la pena puntualizar que si bien las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son vinculantes, sí se puede constituir en un instrumento eficaz de denuncia que trasciende, en tanto que se trata de documentos públicos que ponen en evidencia la violación de los derechos humanos y las garantías individuales por parte de alguna autoridad, teniendo como fin restituir al quejoso en sus derechos. De ahí la importancia de que las recomendaciones sean formuladas con estricto apego a derecho y que sean emitidas dentro de un plazo útil, pues de lo contrario, una demora en la emisión de las mismas se puede traducir en la pérdida de derechos para la víctima o en la dificultad para fincar responsabilidades. En ese sentido, también resulta de gran importancia que la comisión está facultada para presentar quejas o realizar denuncias de los hechos ante las autoridades competentes, desde el momento en que un hecho ha sido calificado como presuntamente violatorio de los derechos humanos, incluso antes de que se dicte una recomendación, pues el no hacerlo igualmente puede constituir un grave perjuicio para el quejoso, sobre todo en materia de prescripción e impunidad. Sin embargo, a pesar de las atribuciones con que cuenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha sido ampliamente cuestionada su eficiencia en el desempeño que ha tenido durante los últimos años en casos como el de las mujeres violadas por militares en Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz; y en Nocupétaro, de Carácuaro, Michoacán. Sobre esto es importante señalar que no sólo se ha cuestionado la manera sistemática en que se han violado los derechos humanos, la poca transparencia en que han derivado y en que se han desarrollado los procesos, y la impunidad en que han derivado, sino también que la comisión siempre responda a los cuestionamientos a que ha sido sometida apelando a supuestas limitaciones al mandato de la institución. Por esta razón es de preocupar que después de cuatro mese,s por parte de la comisión, las investigaciones correspondientes al caso de los ex funcionarios de Michoacán, actualmente presos en Nayarit, no haya hasta el momento ningún resultado o pronunciamiento por parte de dicha instancia. Lo anterior pone en evidencia dos cuestiones fundamentales. Primero, que efectivamente el máximo órgano encargado de velar por los derechos humanos de los mexicanos cuenta con importantes limitaciones que entorpecen el cumplimiento de sus funciones. Segundo, la falta de transparencia y acceso a la información sobre los procesos a que han sido sometidos muchos ciudadanos mexicanos y en los que con frecuencia ocurren grandes violaciones de los derechos humanos y de las garantías individuales. No obstante, esto tampoco justifica que la comisión apele a tales cuestiones para cerrar casos o simplemente no emitir las recomendaciones en tiempo oportuno que le permita tener mayor alcance e impacto en los procesos, porque ya se mencionó anteriormente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que si no emite con prontitud sus recomendaciones en torno a este caso, se corre el riesgo de vulnerar los derechos de los inculpados, como desafortunadamente ha sucedido en otras ocasiones. Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente Punto de acuerdo Único. Se solicita de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita a la brevedad posible las observaciones y recomendaciones que ameriten y se desprendan de las investigaciones correspondientes del caso de los ex funcionarios y ex presidentes municipales de Michoacán, que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic. Nayarit. Miembros de la asamblea; presidente: es importante comentar que ahora mismo está corriendo información en algunos medios radiofónicos de que, al parecer, ya emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos una resolución al respecto. Esperemos que la misma sea publicada de manera formal y que esto sirva como una invitación, un exhorto para que se cumplan en tiempo y forma las acciones a las que está encomendada la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y que por ninguna ocasión y por ninguna actitud se deba tener a una institución independiente, autónoma bajo la tutela del Poder Ejecutivo. Es cuanto, señor presidente.