El diputado José Inés Palafox Núñez: Con su permiso, señor Presidente. Amigas y amigos legisladores, el que suscribe, José Inés Palafox Núñez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PAN del esta LX Legislatura, con las facultades que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de reforma a nuestra Carta Magna, para efecto de modificar el primer párrafo del artículo 114 constitucional para ampliar el plazo de inicio de procedimiento del juicio político en contra de los servidores públicos. Históricamente ha habido infinidad de servidores públicos en todos los niveles de gobierno que por negligencia, o por malos manejos, han incurrido en responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, ocasionando con esto un quebranto a la administración para la que laboraron y que por tener una ley obsoleta en el presente artículo, les ha permitido seguir causando daño al gobierno del cual dependen. Dado que por tener solo un plazo de un año para que se les pueda iniciar juicio político, en la gran mayoría de las ocasiones pasa el año y las mismas autoridades se dedican a proteger a los servidores públicos, además de que el plazo de un año para iniciar el juicio político es muy poco tiempo, término que en la mayoría de las ocasiones es insuficiente para detectar irregularidades. Nuestra sociedad requiere de servidores públicos honestos y bien preparados que realmente se dediquen a servir y no busquen de administración en administración para servirse. Es el momento de que dicho precepto constitucional cuente con un plazo más rígido que permita una mejor investigación de los resultados de cada servidor público que ha terminado con su encomienda. En tal sentido, la presente iniciativa se refiere al perfeccionamiento del término de la prescripción para hacer exigible la responsabilidad política en que puedan incurrir determinados servidores públicos, incluyendo ésta como aquel tipo de responsabilidad en que pueden incurrir servidores públicos previsto por el primer párrafo del artículo 110 constitucional, cuando su conducta violenta los intereses públicos fundamentales y su correcto despacho, así como en la que incurren los funcionarios estatales previstos por el segundo párrafo referido en el artículo 110, cuando incurran en violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen o por el mal manejo de los recursos o los fondos federales. La misma cuestión ocurre en el caso de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos cuyo plazo de prescripción para el fincamiento de dichas responsabilidades es de tres años por regla general y de cinco tratándose de infracciones graves, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Inclusive el propio texto constitucional dispone al respecto, en el artículo 114, que la prescripción por responsabilidad administrativa que deriva de una infracción grave no podrá ser menor de tres años. Lo anterior demuestra la necesidad de encontrar criterios uniformes de responsabilidad de los servidores públicos, ya que constitucionalmente los límites de prescripción de la responsabilidad administrativa y penal del propio texto constitucional los fija en tres años como mínimo, cuando en otro tipo de responsabilidad los fija en un año a partir de que el servidor público ha dejado su cargo. La finalidad de la presente propuesta es tener un plazo más acorde para identificar a aquellos funcionarios que han incurrido en responsabilidad para que sean sujetos a juicio político, haciendo así que dichos servidores públicos no se dediquen a andar de puesto en puesto en cualquier nivel de gobierno de que se trate, y por supuesto, evitar que nuestros tres niveles de gobierno tengan quebrantos en perjuicio de la sociedad mexicana. Actualmente es claro que son mínimos los procedimientos de juicio político en contra de servidores públicos que incurrieron en responsabilidad durante su encargo, puesto que los plazos para iniciarlos prescriben al año del término de su gestión, plazo que en realidad es demasiado corto, ya que en la mayoría de los casos un año es insuficiente para detectar dichas irregularidades, y por ende, castigar a los referidos servidores públicos. La propuesta de ampliar el término de tres años es porque se considera que es el plazo suficiente para detectar las irregularidades, además de que se cuenta con una Ley de Transparencia que nos permite, de manera eficaz, contar con información obligatoria. Es tiempo de que nuestro gobierno cuente con funcionarios honestos y preparados y que la mejor manera de garantizárselo a los mexicanos es con esta reforma que permite tener más tiempo para detectar a los malos funcionarios. Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente Proyecto de decreto Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 114 constitucional para quedar como sigue: Artículo 114. El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de los tres años siguientes de finalizada su gestión en dicho cargo. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año, a partir de dictarse la resolución respectiva y que la misma sea inatacable. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Por su atención, muchas gracias.