La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo: Con su venia, diputada Presidenta. La Ley del Seguro Social de 1997 subió el requisito para acceder a una pensión del seguro de retiro, cesantía y edad avanzada, de 500 a mil 250 semanas de cotización. El dictamen reduce este requisito a mil semanas. Al entrar en vigor la ley el primero de enero de 2021, por cierto, año electoral, este requisito se reducirá a 750 semanas, mismas que se incrementarán gradualmente a razón de 25 semanas por año, hasta alcanzar las mil semanas en 2031. Con la primera reducción, se dijo en la conferencia del 22 de junio desde Palacio Nacional, quien les dicta, las negativas de pensión pasarían del 44 al 4 por ciento, con lo que los trabajadores y las trabajadoras con derecho a pensión se incrementarán de 56 a 97 por ciento. El costo de estos nuevos pensionados no está cuantificado en la iniciativa ni en el oficio con el supuesto impacto presupuestario que por ley debe acompañar a las iniciativas presidenciales, y mucho menos en el dictamen, en clara violación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La reducción de estos requisitos tendrá dos efectos. El primero, significa una ampliación significativa de la cobertura de las pensiones del IMSS, lo cual no puede pensarse que es negativo, por el contrario. Sin embargo, al no estar cuantificada ni haberse incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, no queda claro cómo va a sustentar si se va a hacer algo viable o será una nueva carga a las finanzas públicas. Sobre todo, si se trata, como al parecer así será, de pensiones garantizadas que pagará el gobierno federal. Pero, además, la reducción de requisitos que permite acceder a una pensión no solo rescatará a muchas personas de la falta de ingresos, también estará rescatando al modelo de las Afores. Sin cambiar el modelo el Estado, está asumiendo nuevamente los costos del fracaso de la capitalización individual y manteniendo intacto este negocio. Esto es clave, es la continuación del modelo privatizador. Es hacer que persista en el tiempo a costa del sacrificio fiscal que va a representar. Pero además conlleva otro problema, que es el que se pretende abordar en esta reserva. La Ley del Seguro Social vigente prevé una medida resarcitoria para los asegurados que no alcancen derechos pensionarios por no cotizar las mil 250 semanas de cotización para poder acceder a una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, y esto es que, con al menos la mitad de semanas cotizadas, 750, el trabajador cesante y su familia tengan derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedad y maternidad. El dictamen mantiene el requisito de las 750 semanas cotizables para acceder a las prestaciones estableciendo una norma inequitativa, si se reducen las semanas para acceder a una pensión deberían reducirse en la misma proporción las semanas para poder disfrutar del servicio médico que otorga el Seguro Social. Por esta razón, en esta reserva proponemos que el requisito para que el trabajador cesante y su familia puedan contar con servicios médicos, pase de 700 a 500 semanas, como un medio de equidad y correspondencia. Es la solidaridad mínima que se podría esperar en un cambio de esta naturaleza. Esperando se pueda apoyar esta reserva, agradezco su atención, pero como me quedan 38 segundos quiero decirles, porque yo soy generosa con el analfabetismo de la mayoría artificial y de la cuarta transformación y de quien viene aquí a pararse, y nos señala como lacayos porque estamos haciendo una alianza que ya los puso a temblar desde Palacio Nacional, les digo: lacayos son los aduladores, los serviles y los obedientes, y le pregunto a México, ¿quién viene aquí a hacer leyes como dictado del presidente de la República? La mayoría artificial y sus otros lacayos. Están temblando desde Palacio Nacional, venir aquí y chorrearse de populismo desde un Volvo de un millón de pesos vaya que es populismo, vaya que es simulación y vaya que es traicionar a México. Es cuanto, presidenta.