EL C. SENADOR ANTONIO GARCIA TORRES: Gracias señor presidente. La realidad que vive hoy el campo mexicano, merece acciones rápidas y también de largo plazo, sin embargo, las acciones de gobierno no son claras, más bien resultan contradictorias, y las posturas de los miembros del gabinete, generan más irritación en la gente del campo. Nosotros, subrayamos que una revisión del Tratado de Libre Comercio, sin ir acompañada de una verdadera política agropecuaria, no resolverá el problema. Desde la primera semana de enero se han endurecido las manifestaciones campesinas en contra de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio. La petición más importante de la Confederación Nacional Campesina, es que se declare al campo mexicano en estado de emergencia, que se negocie un presupuesto multianual y medidas de emergencia para auxiliar a los campesinos, productores, trabajadores agrícolas, ejidos y comunidades agrarias e indígenas. Sin embargo, la actual administración ha señalado que el tratado no es el culpable de la situación del campo, y que se está exagerando en las percusiones que tendrá la entrada en vigor del capítulo agropecuario, además que se podría perder más por lo menos. Debemos puntualizar que mucho se ha hablado de las asimetrías entre la situación del campo mexicano con el de nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá y de otros países, pero quiero recordar con ustedes algunas de estas asimetrías para entender la desesperación de los campesinos. Los subsidios por persona en el campo en los Estados Unidos por año son de 20 mil dólares por persona, en Japón de 23 mil, en la Unión Europea de 15 mil dolares y en México sólo llegan a 750 dólares. En Estados Unidos se dispone de 1.6 tractores por trabajador agrícola, en Canadá 1.8 y en México sólo hay dos tractores por cada 100 trabajadores. Este año 2003 Estados Unidos tendrá un presupuesto de 117,900 millones de dólares, en tanto que en México es sólo de 3,042 millones. En mayo de 2002 se decretó una nueva ley agrícola en los Estados Unidos, que aumenta un 44% los subsidios agrícolas y agranda las desventajas competitivas del sector agropecuario, pues esta ley prevé apoyos extraordinarios por 180 mil millones de dólares para los próximos diez años, en el campo de los Estados Unidos. En México la unidad promedio por cada trabajador agrícola es cercana a las 3 hectáreas, en tanto que en los Estados Unidos es de 52 hectáreas por trabajador. El 25% de la población en México es rural y de éstos el 49% están en una situación de pobreza y el 24 en una situación de miseria, en contraste con Estados Unidos donde sólo el 2% de su población es rural y no viven en condiciones de pobreza. Otra diferencia la marcan las tasas de interés. En México el año pasado fueron del 12.6% , mientras que en Estados Unidos fueron del 3.8 y en Canadá del 4%. En la situación actual el agro mexicano, sus campesinos, no podrían competir ni en el mercado interno. La rentabilidad en el campo mexicano ha sido recurrentemente sacrificada para no alterar los objetivos macroeconómicos. Es cierto que en el campo mexicano ha habido ganadores con el Tratado de Libre Comercio. Pero han sido los menos. Los perdedores, quienes han tenido ventajas con el acuerdo comercial, son 4 millones, mientras que los ganadores suman apenas 180 mil productores. Los triunfadores en esto ocupan apenas una superficie de 1 millón 830 mil hectáreas, pero los afectados siembran más de 14 y medio millones de hectáreas. No podemos medir a nuestra gente del campo sólo por su aportación al Producto Interno Bruto Nacional, tenemos que estar conscientes que México necesita a sus campesinos hoy y en el futuro. Es indispensable la persistencia y el florecimiento de un modo rural de vida, digno y satisfactorio. Esta es una necesidad mundial, lo entienden bien los países ricos que apoyan cada vez más a sus campesinos y aprecian su aportación social y cultural. Pero aquí un pequeño grupo en el poder parece no tener eco de esa sensata preocupación. Los legisladores del PRI insistimos en la inaplazable expedición por el Congreso, de una ley de emergencia para el campo, no sólo con mira a los impactos comerciales del 2003, sino para darle viabilidad y sustentabilidad de mediano y largo plazo, a este sector. Esta ley trata de conjuntar todos los esfuerzos gubernamentales existentes en el sector, con las iniciativas aprobadas por el Congreso, en ese mismo sentido. La fracción del PRI en la Comisión Permanente, cree tajantemente que el apoyo que la gente del campo requiere en el presente, deberá de ir acompañada con acciones caracterizadas por la prontitud, la eficacia y los recursos necesarios para aminorar los grandes rezagos productivos, comerciales, pero sobre todo sociales. Paralelamente debemos atacar la raíz con políticas públicas de corto y mediano y largo alcance. Se deben de sentar las bases, por eso el término de emergencia de un campo de mayor oportunidad con acciones de alto impacto en la protección del productor ante la adversidad comercial nacional, como internacional, imperan. No obstante, debemos de ser claros que esta propuesta no puede ser una decisión unilateral del Poder Legislativo, la ley de emergencia deberá ser producto del acuerdo con el Ejecutivo Federal. Esta Legislatura ha aprobado leyes que mucho apoyarán para las decisiones que se tengan que tomar. Estas leyes son las que dan vida a una nueva financiera rural. Aquí cabe hacer el comentario que ésta deberá funcionar con una estructura burocrática pequeña, de costos bajos, para poder destinar la mayor cantidad de recursos en créditos a los productores agrícolas. Flexibilizar los trámites para la aprobación de estos créditos, ya que en muchos casos no se contará con historial crediticio. Otra ley es la del Desarrollo Rural Forestal, otra, la Ley del Desarrollo Rural Sustentable y el Nuevo Proyecto de Ley de Aguas Nacionales que durante su proceso de formación ha dado lugar a intensas discusiones. En el corto plazo, aquel que engloba la emergencia que hemos propuesto, debemos considerar que debido a que los precios del petróleo están por encima de lo propuesto en el Presupuesto, hacer uso de los excedentes para conformar un fondo de apoyo a la producción nacional, algo similar a los apoyos que los norteamericanos han dado a sus productores a través de la Farm-Bill. Debemos tener presente que el propio Tratado de Libre Comercio señala en su artículo 2202 los mecanismos para su revisión. Primero.- "Las partes podrán convenir cualquier modificación o adición a este Tratado". Segundo.- "Las modificaciones y adiciones acordadas y que se aprueben, según los procedimientos jurídicos de cada parte, constituirán parte integral de este Tratado". De igual manera el artículo 704 del Tratado dice lo siguiente: "Las partes reconocen que las medidas de apoyo interno pueden ser de vital importancia para sus sectores agropecuarios". Todo lo anterior nos llama a considerar reformas estructurales de fondo. El concurso de todas las organizaciones campesinas, los partidos políticos, el Poder Legislativo, los congresos y gobiernos locales, así como los responsables de las políticas gubernamentales, deberán ser parte de un solo equipo que reorganice, priorice y siente las bases de una política de estado para el campo mexicano. Muchas gracias. -