La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI celebra la reforma propuesta, toda vez que como bien señala, tanto el dictamen a discusión como la minuta enviada por parte de la colegisladora, en la medida que se fortalezca a las instituciones catastrales, se fortalecerá también la hacienda, locales, a través de la recaudación de impuestos inmobiliarios, como son el predial y el traslado de dominios dentro del marco de seguridad jurídica de la propiedad. Coincidimos con el presente dictamen en cuanto a señalar que actualmente el Registro Público de la Propiedad, en el país, presenta diversos problemas que inciden en la seguridad jurídica de la propiedad, lo que trae como consecuencia un impacto al catastro en cada entidad federativa y tiene y con el cual permite determinar las bases gravables para el pago de los impuestos prediales y traslado de dominio, esto pese a los programas implementados para mejorar, modernizar y actualizar los registros públicos, mismos que no han logrado su objetivo de contar con un registro público eficiente y eficaz que otorgue certeza y seguridad jurídica a los actos que por ley deben ser inscritos. Esta reforma es fundamental ya que resulta a todas luces prioritaria generar información para el ordenamiento territorial y para la política pública de desarrollo urbano y vivienda, con lo que se evitarán miles de litigios hereditarios por falta de claridad en las propiedades. Por otro lado, las instituciones de seguridad pública y fiscales podrán contar con una herramienta de apoyo a sus investigaciones y las familias y las empresas podrán tener mayores oportunidades de acceso al crédito, atendiendo a que dicho registro protege la seguridad de los derechos que garantizan la certeza jurídica de la titularidad de los inmuebles registrados. La legalidad de las transacciones del mercado inmobiliario constituye reducir el costo de averiguaciones, seguros, incertidumbre, así como probables litigios. Es de señalarse que la propuesta al actualizar el sistema constitucional propicia un nuevo marco regulatorio que permitirá la modernización del catastro, lo cual sin duda beneficiará la economía nacional al contribuir a cobrar mejor, de manera progresiva, equitativa, los impuestos locales, cumplimentando así la máxima de justicia distributiva que debe privar en materia tributaria. Bajo el anterior orden de ideas es menester considerar que de aprobarse la propuesta se otorgará mayor certeza y seguridad al patrimonio inmobiliario de las y los mexicanos, lo cual a todas luces constituye una condición fundamental en la materia, toda vez que el patrimonio de las personas y de las familias es uno de los bienes jurídicamente tutelados de mayor envergadura. Es preciso reconocer que México tiene un pendiente en la materia. Lo que se requiere es modernizar las instituciones registrales para estar en la vanguardia a nivel nacional e internacional y así coadyuvar en el trabajo de las autoridades fiscales y de procuración de justicia, facilitando con ello la traslación de dominio de los inmuebles bajo criterios de certeza, equidad y transparencia. No debemos perder de vista que una auténtica política pública de vivienda y de desarrollo urbano requiere de las herramientas confiables y actualizadas que permitan un verdadero desarrollo sostenible que impulse un crecimiento urbano lógico, armónico, sustentable, eficiente y orientado a las necesidades ciudadanas y regionales. Bajo el anterior orden de ideas, resulta conveniente dejar en claro que la propuesta en comento se inscribe en el marco del nuevo federalismo, de donde resulte necesario fortalecer las capacidades recaudatorias de los estados y municipios, así como contar con instrumentos útiles de registro mobiliario y de catastro. De ahí resulta fundamental, en el primer término, adicionar una fracción al artículo 73 de la Constitución, no solo para elevar la ley fundamental de esta facultad del Congreso, sino como una forma de reconocer que las legislaturas locales también forman parte del Constituyente permanente, por lo que su aval y su voz en este tema no pueden dejar de ser tomados en consideración. Reconocemos que la propuesta que hoy está en nuestra consideración requiere, para su cabal implementación, de la suma de todas las voluntades, porque implica posibilitar, desde el punto de vista económico, político, jurídico e institucional a los municipios del país para que modernicen sus registros al tiempo de que fortalezcan su capacidad recaudatoria, lo cual, sin duda alguna, fortalecerá su economía en beneficio de la población, respetando, en todo momento, la autonomía municipal. En México es claro que la idea federal ha sido columna vertebral en la constitución de la República y lo debe seguir siendo. El federalismo unió la voluntad común, la variedad de culturas regionales, desarrollos históricos, las realidades locales que conforman al país diverso que somos. El federalismo por su importancia en la vida nacional exige una renovación constante del Pacto federal que restablezca el equilibrio entre los poderes del Estado y a los distintos órganos de gobierno y las facultades de cada uno en la materia. Por ello, esta propuesta no tendría ningún sentido si no cuenta con el aval mayoritario de los Congresos locales. Señoras diputadas y señores diputados, el Grupo Parlamentario del PRI una y otra vez ha señalado que el federalismo no será una realidad hasta que en tanto venga acompañado en su diseño de la suma de voluntades, de la actitud y de los actores sociales, políticos e institucionales, involucrados y comprometidos en el afán de trascender en el orden práctico y cotidiano. Compartir importantes tareas legislativas y gubernamentales en México de grave desigualdad social y de latente desequilibrio regional es la mayor y la mejor de las ventajas del sistema federal, como lo es también el dictamen que aquí nos ocupa. En este sentido, es importante dejar en claro que si bien el fondo del dictamen merece nuestra posición favorable es también pertinente aclarar la importancia de legislar con mayor pulcritud técnica y jurídica, y de ahí que se considere pertinente modificar los alcances de la propuesta contenida en la minuta para adicionar la fracción XXIX-R, que corresponde al orden constitutivo. Es cuanto, señor presidente.