El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados. Un gran Presidente mexiquense, Adolfo López Mateos, por supuesto anunció la nacionalización de la industria eléctrica en los siguientes términos: Hemos de velar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza para que todos sus beneficios sean para el pueblo y sólo para el pueblo; y todos estaremos atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo. Años después otro mexiquense, muy distante en visión y estatura política, viene a enmendarle la plana a su paisano López Mateos en términos por demás lamentables para el país. Ante la propuesta de privatizar el mercado de la generación de electricidad a costa del desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad, es obligado señalar a quienes, como decía López Mateos, están faltando a la lealtad que deben a la nación. Las y los diputados que compartimos una visión progresista, nos asumimos invariablemente comprometidos con todas aquéllas transformaciones que tengan auténticamente el bienestar de los mexicanos en el centro de sus esfuerzos, provengan de donde provengan. Evidentemente éste no es el caso. Por ello nos oponemos a los cambios ahora propuestos que bajo el velo de reformas estructurales entregan los recursos de la nación a intereses transnacionales y que traicionan por lo tanto aquéllos principios por los que millones de mexicanos han luchado históricamente. Como en el resto de los componentes legales de la reforma energética estamos ante la privatización de la reforma eléctrica, ahora mediante el desmantelamiento formal de la Comisión Federal de Electricidad. Como en el resto de la reforma energética, se parte del argumento falaz y mañoso, de que las empresas públicas sólo pueden funcionar bien, en manos privadas. Es cierto que en los últimos años CFE ha bajado la calidad de su servicio. Pero se ha debido a su abandono estratégico con el objetivo de justificar su desmantelamiento definitivo. La altísima corrupción, la pésima administración de los partidos en el poder, PRI y PAN específicamente, y la falta de transparencia han contribuido al declive prolongado del sector energético, hasta hacer creer a la población que nuestra industria petrolera y eléctrica está colapsada y con serios problemas financieros, por lo que es imprescindible la entrada de capital privado nacional y extranjero, para su recuperación. Además de que la industria eléctrica es un negocio muy redituable para nuestro país, su privatización nos hará retroceder al tiempo en el que dependíamos única y absolutamente del sector energético privado, con deficiencias técnicas y costos exorbitantes, tal y como nos pasa ahora con los servicios bancarios, con los servicios de Telcel, con los servicios de aeropuertos, con Mexicana de Aviación, con los ingenios azucareros, y un largo etcétera. Sería imperdonable que como representantes de la nación permitiéramos que se concretara este despojo. Nuestra industria eléctrica, así como la Comisión Federal de Electricidad tienen su razón de ser. La intervención del Estado en ciertas actividades económicas refiere a la necesidad de operar con una lógica distinta, a la de un particular, es decir, existen actividades productivas en las que un particular ponderaría la explotación de los recursos sobre cualquier razonamiento, si no veamos el caso de Oceanografía. El día de hoy hemos recibido un dictamen en el que mediante un uso vago del lenguaje se renuncia a la propiedad de los recursos nacionales, un dictamen en el que se renuncia incluso, a la rectoría de la industria eléctrica, la energía geotérmica y sus aguas nacionales, para sujetar su operación a una lógica exclusivamente mercantilista, de lucro y de maximización de los ingresos de las empresas particulares. En el presente dictamen, por ejemplo, se prevé facultar a la Secretaría de Energía para ordenar la expropiación de terrenos que resulten necesarios para el desarrollo de proyectos de generación que llevarán a cabo empresas particulares. Para no variar, esto pondrá nuevamente en jaque a campesinos e indígenas, quienes no tendrán mayor recurso que entregar sus tierras a inversionistas nacionales y extranjeros, por causa de utilidad meramente privada, mediante indemnizaciones ridículas. En este dictamen se certifica la falta de voluntad política de Enrique Peña Nieto y de su partido por cumplir la prometida reducción en los costos de la energía eléctrica. La Ley de Inversión Extranjera contenía la eliminación de los subsidios generalizados al servicio de energía eléctrica y los sustituía por apoyos focalizados. Debido al descontento social que generó esta medida, el Senado se planteó la eliminación del artículo 139 para continuar con dichos subsidios. Pero todo fue una burla para la ciudadanía, pues el artículo 116, segundo párrafo de la misma ley, termina por concretar lo que a todas luces se veía venir: la eliminación de los subsidios al sector eléctrico, lo que constituirá un incremento automático del 40 por ciento a las tarifas de dicho servicio. Por estas razones los invito a analizar y a reflexionar sobre el tema que estamos discutiendo. No seamos cómplices de este atraco a la nación mediante una reforma ultraconservadora que tiene como propósito la permanencia de un México pobre, socialmente desigual, excluyente e internacionalmente subordinado. Gracias por su atención.