La diputada Elsa María Martínez Peña: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En diciembre de 2003 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México entregó al Ejecutivo federal el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, mismo que el Capítulo Siete ubica a los refugiados como grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación. En ese diagnóstico se da cuenta que la mayoría de la población refugiada que llegó a México se concentró en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo y que la procedencia de ellos data de la década de los ochenta teniendo como país de origen Guatemala. Nuestro gobierno, en colaboración con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estableció varios asentamientos para albergar a los refugiados guatemaltecos, aunque la mayoría de sus ocupantes retornaron en 1996 a su país de origen, al firmarse un acuerdo de paz con Guatemala. Para aquellos que optaron por quedarse en México el gobierno emprendió un amplio programa de integración basado en la garantía de residencia permanente y posteriormente, la nacionalidad. Al decir de este diagnóstico, los expertos calificaron el programa como exitoso. Por otro lado, es oportuno mencionar que el 7 de junio de 2000 México se adhirió a la Convención de 1951, formulando tres reservas y de igual forma, se adhirió al Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y al ser Estado parte de ambos instrumentos jurídicos internacionales nuestro país tenía el compromiso internacional de adoptar su legislación en materia de refugiados. Hasta antes de la iniciativa, objeto del presente dictamen, nuestro país únicamente contaba con un anteproyecto de Ley de Asilo, refugio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en colaboración con el ACNUR, y Sin Fronteras, agencia que pone en práctica los programas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México. Sin embargo, en una acertada iniciativa, el 12 de mayo de 2010, el Ejecutivo federal presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa que expide la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, y por la que se adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población. Como parte de los objetivos de la iniciativa se pretende regular el reconocimiento de la condición de refugiado; se establecen las bases para la atención y asistencia a los refugiados que se encuentran en territorio nacional, así como el otorgamiento de protección complementaria, garantizando en todo momento el pleno respeto a sus derechos humanos. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza el dictamen que presenta la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, es un avance en materia de garantías individuales para todos los extranjeros, al tener acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente de su situación migratoria. De igual forma, se confirma la tradición inalterable de protección y asistencia a refugiados, que hoy por hoy constituyen el pilar de la política de protección de los derechos humanos a los no nacidos en territorio mexicano. Con la aprobación de esta ley y las reformas y adiciones a la Ley General de Población, los extranjeros tendrán la posibilidad de aportar pruebas en calidad de solicitantes conforme a lo que su derecho convenga, para presentar los elementos que consideran relevantes para ser reconocidos como refugiados en México. Por ello, las diputadas y diputados con conformamos el Grupo Parlamentario Nueva Alianza manifestamos la aprobación del presente dictamen, convencidos que la iniciativa del Ejecutivo federal concentra los esfuerzos en torno a la protección que el gobierno federal otorga a los refugiados en el restablecimiento de una vida digna, con pleno respeto a los derechos humanos derivados de la Convención de 1951 y lo previsto en otros tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. Por último, reconocemos la labor del Ejecutivo federal en el contenido de esta propuesta, ya que en términos estrictos el Estado mexicano no está sujeto a una obligación internacional para hacer los cambios a la Ley General de Población, derivado de las tres reservas al momento de ratificar la Convención de 1951 en materia de derecho al trabajo, libertad de circulación y la facultad del Ejecutivo para expulsar a los extranjeros. Es cuanto, señor presidente.