El diputado Tomas Gloria Requena: Con la venia de la Presidencia. Buen día, diputadas y diputados. La declaración de procedencia, conocida en la práctica como desafuero, es el procedimiento de atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, para determinar si existe o no la posibilidad de que un servidor público pueda ser investigado y procesado por la posible comisión de un delito. Para su ejecución el texto constitucional define quiénes serán los órganos y organismos que podrán ser sujetos a dicho procedimiento y, con ello, dar paso a una investigación ante las autoridades jurisdiccionales competentes, quedando esta Cámara impedida de emitir cualquier señalamiento o juicio de valor sobre la actividad por la cual procedería la investigación. Al respecto, la pasada legislatura ejerció dichas atribuciones para analizar, discutir y emitir resoluciones de procedencia, en donde el Partido Verde fue empático en refrendar su compromiso de sumarse a la consolidación de un país mucho más justo, reconociendo a la transparencia, la legalidad y la certeza jurídica y la imparcialidad como los ejes rectores de un verdadero Estado de derecho. En las discusiones referidas, nuestros legisladores siempre insistieron en la necesidad de ser respetuosos con la división de poderes y el deber que tenemos como diputadas y diputados para no transgredir ni invadir la esfera de acción de los juzgadores como autoridades encargadas de la investigación y esclarecimiento de los hechos que pudieran constituir un delito. Hoy, como parte de las primeras actividades de la LXV Legislatura, tenemos la encomienda de resolver una solicitud de procedencia pendiente, pero con elementos importantes para tomar en cuenta y que la diferencia de las otras que esta asamblea ha resuelto de manera reciente. Después de un análisis a los argumentos vertidos en la resolución que discutimos, es importante insistir en varios elementos fundamentales. Primordialmente, es necesario reiterar que la Cámara de Diputados no se constituye en un órgano de impartición de justicia, pues nuestra responsabilidad no es investigar y resolver sobre la inocencia o culpabilidad de una persona, por el contrario, nuestra labor deberá centrarse en convertirnos en el facilitador de justicia, para que un cargo público no se convierte en obstáculo en el debido esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delitos. Sin embargo, específicamente en el asunto que hoy está a nuestra consideración existe una limitante para poder emitir una declaración de procedencia, pues como lo advierte la resolución de la Sección Instructora no existe materia para poder determinarla. Coincidimos en que no ha lugar a la procedencia de desafuero, como coloquialmente lo llamamos, pues en el caso del fiscal general del estado de Morelos más allá de que se trate o no de un órgano u organismo establecido en el artículo 111 constitucional, propiamente Constitución local, establece claramente que, para proceder penalmente contra el titular de dicho órgano, no se requiere la declaratoria de procedencia por parte del Congreso de dicha entidad. Dicho en otras palabras, no podríamos resolver sobre la procedencia de desafuero para alguien que no cuenta legalmente con la inmunidad procesal penal que otorga la Constitución Política a determinados funcionarios. Por lo tanto, el Ministerio Público federal no tiene ningún obstáculo para proceder en contra de quien ha acusado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público y de atentar en contra del funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad. En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de la resolución de la Sección Instructora, por la que se desecha la solicitud de procedencia en contra del ciudadano Uriel Carmona, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, resulta evidente que nos encontramos ante una situación de improcedencia por los elementos referidos. No obstante, insistimos manifestar y refrendar nuestro compromiso de orientar siempre a nuestras decisiones en favor de la legalidad y la justicia en contra de la impunidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.