El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: México demanda desde hace tiempo que la transparencia sea el eje rector de todos los actos gubernamentales, esto implica la necesidad de concretar cambios profundos en la forma en que se concibe y ejerce el poder público. La rendición de cuentas y el ejercicio del poder no pueden volver a ser ejercicio de manera separada en nuestro país. Hoy los ciudadanos tienen a su disposición diversos mecanismos como la trasparencia y la fiscalización que obligan a los servidores y funcionarios públicos a actuar con responsabilidad, especialmente en el manejo de los recursos del erario. Tenemos que resolver y remover de la Norma Suprema de este país, que es la Constitución, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga de una partida secreta que no es fiscalizable. Resulta congruente con el discurso de la transparencia, de que los ciudadanos tengamos, en todo momento, el derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos del Estado mexicano. En la práctica de nuestro país las partidas secretas estuvieron destinadas a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y seguridad nacional, en el cumplimiento de funciones y actividades oficiales, cuya realización implicaba riesgo, urgencia y secrecía. Sin embargo, en pleno siglo XXI el ejercicio discrecional del gobierno no cabe más en un Estado democrático, transparente y comprometido con el combate a la corrupción. El concepto de partida secreta que actualmente existe en el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional pretendió legitimar una práctica, por lo cual, a voluntad del presidente de la República, sin más trámite que expresarlo por escrito, los secretarios de Estado disponían de una parte del presupuesto sin estar obligados a rendir un informe de ello al Poder Legislativo. La existencia de partidas secretas corresponde a un régimen presidencialista, en donde la concentración del poder en la figura del presidente de la República le permitía imponer sus condiciones en la toma de decisiones para definir el rumbo tanto político como económico de la nación. Esa forma de ejercicio del poder ya no es congruente con la realidad de un México moderno, que ha optado desde hace años por el pluralismo político. La presente reforma fortalece las atribuciones constitucionales, exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestaria, respetando así el principio de control y fiscalización de los recursos de la federación. De tal manera que sea el Poder Legislativo el único facultado para decidir el objeto y monto del gasto público. La administración de los fondos públicos debe ser razonable, equitativa y sobre todo, apegada a derecho. De tal suerte que resulta inadmisible la existencia de las partidas secretas en el texto constitucional. Votaremos a favor de la aprobación del presente dictamen, porque estamos convencidos de que en nuestra Carta Magna, que es un texto que defiende la transparencia, el acceso a la información y a la rendición de cuentas, no puede subsistir una disposición que abra la puerta a la opacidad y a la secrecía en el manejo del erario y los recursos públicos. Es cuanto, señor presidente.