La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias. Damos la bienvenida a los alumnos invitados por el diputado Ricardo Monreal Ávila. En el mundo económico existe una figura que en los últimos años ha tomado relevancia debido a las personas que hacen uso de ella, y a la variedad de sectores que abarca. Estamos hablando de las cooperativas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas existen más de 3 millones de personas que pertenecen a empresas cooperativas, las cuales se integran en 226 organizaciones a lo largo de 87 países. Entre los rubros que merecen especial atención debido al peso cooperativo presente en ellos destacan el de la salud, vivienda, bancario, agrícola e industrial demostrando que el carácter de las cooperativas no se limita a un sector específico. Es así que a través de un sistema que fomenta como ejes rectores la democracia, la equidad, la solidaridad, la autorresponsabilidad, la honestidad y la transparencia, se han realizado esfuerzos internacionales en los que se busca que las naciones otorguen un apoyo sólido a las empresas cooperativas domésticas. Con base en esto, la ONU declaró en 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas teniendo como principales propósitos crear mayor conciencia sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social; fomentar la constitución y el crecimiento de estas organizaciones, y establecer políticas adecuadas para las mismas. A pesar de los esfuerzos realizados en nuestro país, el fortalecimiento y el apoyo que se han brindado a estos esquemas empresariales ha resultado mínimo siendo el principal responsable de lo anterior el gobierno; ya que es él y no la iniciativa privada, el comprador más importante dentro del territorio mexicano. De acuerdo con la información de Compra Net, las compras gubernamentales del 2013 ascienden a más de 42 mil 472 millones de pesos, de los cuales, sólo el 21 por ciento tiene como proveedora a una empresa perteneciente al esquema de Mypymes y de organizaciones del sector social. Por ello estamos de acuerdo con el dictamen que se discute el día de hoy, ya que busca que la Secretaría de Economía dicte las reglas que deben de observar las dependencias y entidades derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las sociedades cooperativas, y demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía. En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como para establecer que para la expedición de dichas reglas, se tome en cuenta, además de la opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, la del Instituto Nacional de Economía Social. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor. Sin embargo, debemos decir que esta reforma no tendrá el menor impacto si no viene acompañada de políticas que ataquen los dos principales problemas que enfrentan las sociedades cooperativas en México, las restricciones que enfrentan para obtener financiamiento y la ausencia de una política de Estado que promueva su desarrollo. Mientras en nuestra nación se siguen privilegiando las compran efectuadas a grandes consorcios y a extranjeros, continuaremos siendo el lugar 18 de los 20 países de América Latina en el crecimiento del producto interno bruto real per cápita. Permaneceremos con exportaciones que han presentado una disminución de su valor agregado de 58 por ciento hasta 39 por ciento y seguiremos con importaciones que han transitado de 80 mil millones de dólares a 370 mil millones de dólares, desde la entrada en vigor en 1974 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a la fecha. Sin la realización de políticas que favorezcan el otorgamiento de créditos y que brinden seguridad jurídica a las cooperativas, en México continuará permeando la concepción de que estas organizaciones representan una economía marginal, cuando en realidad son uno de los pocos instrumentos que pueden ayudar a mitigar la desigualdad, a generar empleos y a combatir el sector informal. Tengo otra propuesta: que en vez de que haya pronunciamientos para apoyar a los damnificados en Baja California Sur, en Baja California, que los diputados hagan uso de las subvenciones extraordinarias o de todas las subvenciones para poder apoyar a estos damnificados. Vuelto a repetir: no solo basta con un pronunciamiento o que se haga un centro de acopio aquí en la propia Cámara. Regresen las subvenciones extraordinarias. Muchas gracias.