El diputado Alejandro Flores Mejía (PAN): Con su permiso señor Presidente. La Constitución de 1824 no distinguía facultades especiales para las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que la facultad de aprobar los tratados que celebrara el Presidente de la República correspondían al Congreso de la Unión. No fue hasta 1857 cuando dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores se establece el aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo con potencias extranjeras. Como sabemos, la Constitución de 1857 establecía en la fracción X del artículo 85 la facultad del Presidente de celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolas a la ratificación del Congreso. Dicha disposición se conservó hasta 1988, cuando se modificó la Constitución para ubicar esta facultad como exclusiva del Senado de la República. La presente iniciativa de reforma constitucional tiene por objeto devolverle la facultad al Congreso de la Unión para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas. En el ámbito internacional, a partir de la celebración de las Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 y la de 1986 sobre ratados celebrados entre organismos, se creó un consenso generalizado en el que se definen a los tratados como aquellos acuerdos celebrados por escrito entre 2 o más Estados que crean derechos y obligaciones entre los mismos. No cabe duda que la presencia y actuación de México en el contexto internacional responde a los principios incorporados en la Constitución y por las fuerzas representadas en el Congreso, sin embargo, hay que resaltar que el Poder Legislativo coadyuva con el Poder Ejecutivo en el campo de las relaciones bilaterales y multilaterales sólo a través de la Cámara de Senadores, excluyendo a la Cámara de Diputados en esta materia. Parte fundamental de las características de los tratados es que constituyen una fuente autónoma de obligaciones internacionales independientes y separa de las demás, y cuyo elemento fundamental es el consentimiento común y mutuo de las partes. Luego entonces, derivado de la importancia en el ámbito externo de los tratados y acuerdos suscritos entre los Estados, así como la relevancia y obligatoriedad de que son revestidos en lo interno, es que se está a favor que el Congreso de la Unión sea quien ratifique los tratados internacionales. Nuestra Carta Magna está fuertemente inspirada, tanto en la Constitución de Apatzingán como en las ideas federalistas de Madison y Hamilton y otros ideólogos y pensadores demócratas-liberales, como Montesquieu, John Locke y Juan Jacobo Rousseau, mismos que sustentaron en buena medida las ideas y el pensamiento político de nuestros congresistas de 1824 y posteriormente el de los congresistas de 1857 y 1917, dada la carencia de una tradición histórica y práctica parlamentaria en ese sentido. El sistema adoptado en nuestra Constitución de pesos y contrapesos, ha demostrado históricamente su eficacia y ha sido uno de los principios rectores de la Federación, que se organiza a partir de la divisiones en Legislativo, Ejecutivo y Judicial para evitar la excesiva concentración de facultades en un solo poder. Por ello, algunas Constituciones como la del Reino Unido y la de Estado Unidos de América no atribuyen la política exterior al Presidente, sino que asigna facultades de la política exterior al Presidente y otorga otras al Congreso para que ambos poderes cooperen en el desarrollo de la política exterior, con el apoyo soberano del pueblo representado en sus congresistas. En el caso mexicano, la intervención del Senado en materia de relaciones exteriores o política internacional no ha sido precisamente un contrapeso a la actual Presidencia. La decisión de celebrar tratados internacionales y convenciones diplomáticas recae sobre el Estado, y en este sentido, es la Cámara de Diputados la que representa a la nación, la que representa a los ciudadanos mexicanos, la que representa al pueblo mexicano. En estricto sentido, el Senado de la República representa el elemento federativo y por ello es el Congreso de la Unión en su integridad el que debe participar en la ratificación de los tratados y convenciones internacionales que celebre el Ejecutivo. Si bien es cierto que desde algunas visiones, el Senado de la República se erige como representante del Pacto Federal, además que contiene como facultad exclusiva el análisis de la política exterior del país, la aprobación y vinculación del Estado mexicano al que se obliga mediante la aprobación de un tratado internacional, tiene repercusiones en lo interno que hace inevitable la participación de la Cámara de Diputados. No es extraño o poco común que para la ratificación de un tratado por parte del Estado mexicano, se requieran modificaciones a la legislación federal e incluso a la Constitución. En ese sentido, resulta ilógico y poco convincente el hecho de que sea únicamente una de las Cámaras, la del Senado, la que determine si nuestro país se obliga o no a determinado tratado o bien, quien determine la conveniencia de llevarlo a cabo cuando se trata de asuntos que afectan a toda la Federación, instituciones y niveles de gobierno como pueden ser en materia de derechos humanos, jurisdicción internacional, comercio y economía, entre otros. Los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y en consecuencia comprometen a todas las autoridades y a todos los ciudadanos frente a la comunidad internacional. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de los que un Estado es parte, acarrea responsabilidad internacional y consecuencias directas para la aprobación, pues no se puede apelar al derecho interno para el incumplimiento de Acuerdo Internacional. A eso se le debe agregar que actualmente existe una tendencia mundial de dar preeminencia al derecho internacional sobre el derecho interno, tal como lo han establecido las Constituciones de países como Francia, Alemania, Holanda, Rusia, Argentina, El Salvador, Guatemala y Honduras, misma que fortalece la operatividad y aplicabilidad de los derechos contenidos en los mismos. Existe un consenso muy generalizado en admitir que las leyes deben de emanar del Congreso, es decir, se debe discutir en ambas Cámaras, una de origen y otra revisora. Nuestro artículo 133 constitucional contiene diversas disposiciones de gran trascendencia, como la supremacía constitucional, la jerarquía de las normas y el control difuso de la constitucionalidad de las leyes. Debemos señalar que si bien es cierto que el mencionado numeral establece la supremacía constitucional, al establecer que las leyes del Congreso de la Unión deben de emanar de ella y los tratados deben de estar de acuerdo con la misma, no distingue la jerarquía que existe entre los tratados y las leyes. El problema que genera la igualdad de jerarquía establecida en estas 2 tesis, se debe al desfase o duplicidad de situaciones, ya que si un tratado o una ley tenía el mismo rango, había que aplicar entonces el viejo adagio de lex posteriori derogat lex priori, lo cual genera un serio conflicto normativo ya que si una ley posterior deroga un tratado anterior que contradice el principio fundamental de que los tratados deben de ser respetados, trayendo como consecuencia la correspondiente responsabilidad internacional, y si un tratado posterior deroga una ley anterior, se contravenía el artículo 72, fracción F de la Constitución, el cual exige que las leyes sean derogadas según el mismo trámite que establece la ley para su formación. Ahora bien, a última tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un amparo en revisión el 11 de mayo de 1999, otorgó mayor jerarquía a los tratados sobre las leyes. De acuerdo con esta tesis de la Suprema Corte, los tratados internacionales poseen una jerarquía mayor que las leyes constitucionales, sin embargo, nuestros tratados internacionales pese a tener una mayor jerarquía que las leyes, no emanan del Congreso de la Unión, sino que emanan a partir de la iniciativa del Ejecutivo con la aprobación de la Cámara de Senadores. Con la presente iniciativa de reforma devolvemos a los tratados y convenciones internacionales la jerarquía que les otorga la misma Constitución, los convertimos en un acto legislativo pleno en donde ambas Cámaras ratifican una legislación capaz de generar normas positivas para nuestro país. De acuerdo con lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 2, inciso a), por tratado internacional debe entenderse cualquier acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. En este sentido, los tratados obligan en primer término a la Federación que se encuentra representada en el Senado; sin embargo, sus efectos recaen tarde o temprano en los ciudadanos. Atendiendo esta lógica, el Senado es quien debe examinar en primera instancia los tratados y convenciones internacionales en calidad de Cámara de origen, para que en el caso de ser aprobado se remita a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta soberanía la siguientes iniciativa con proyecto de decreto. Se reformarían los artículos 72, inciso h); 73, fracción XXIX, inciso n); 76, fracción I; 89, fracción X; y el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señor Presidente, le solicitaría que el texto íntegro de la presente iniciativa se publique en el Diario de los Debates. Muchas gracias.