El diputado Alejandro Carabias Icaza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en primer término, decir que me da mucho gusto tener la oportunidad de posicionar, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, un tema que por su propia importancia el propio grupo parlamentario propuso para tratar aquí en este espacio de agenda política. El 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el Día Mundial del Agua se celebraría el 22 de marzo de cada año a partir de 1993. Asimismo, 10 años después la misma Asamblea General proclamó el periodo comprendido entre 2005-2015, como el Decenio Internacional para la Acción: El agua, fuente de vida. En el escenario internacional a pesar de que el planeta es 75 por ciento agua, sólo el 1 por ciento de ésta es agua dulce, para consumo humano, independientemente de su estado y calidad. La calidad y disponibilidad del agua del mundo está disminuyendo, fundamentalmente debido a actividades humanas. Dentro de los factores fundamentales que contribuyen al deterioro de la calidad del agua se encuentra el crecimiento demográfico, los cambios en las formas de producción y consumo que han conllevado a la expansión de los procesos industriales, la minería, la agricultura y la urbanización. La calidad del agua disponible se deteriora por muchos factores, entre ellos tenemos la falta de monitoreo sobre esta calidad del agua, así como la falta de conciencia y conocimiento acerca de los posibles efectos de contaminantes naturales y antropogénicos en el medio ambiente. El hecho de que en muchos países la calidad del agua no se considere como algo prioritario, ha dado por resultado una insuficiente asignación de recursos y la falta de coordinación para buscar soluciones integrales a los problemas de gestión integral de este valioso recurso natural. Actualmente, según estadísticas internacionales, México ocupa el lugar 106 de 122 en el uso y calidad del agua que consume. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el agua para la recreación, la pesca, para beber y para el hábitat de los organismos acuáticos requiere altos niveles de calidad, mientras que para otros usos como la producción de energía hidroeléctrica, las normas de calidad son mucho menos importantes. Por tal razón la definición que se puede dar de la calidad del agua, llega a ser amplia y subjetiva. Es importante señalar que después de ser utilizada, el agua suele regresar al sistema hidrológico y si no es tratada, definitivamente afecta la disponibilidad en la calidad del recurso y el medio ambiente. Por tal motivo el tratamiento de aguas es un principio que debe de ser considerado en la política nacional, e impulsado en México con mayor decisión. Según datos de la propia Conagua al 31 de diciembre de 2008, se nos dice que se logró una cobertura nacional de redes de agua potable del 90 por ciento. Sin embargo y de acuerdo a estos datos, todavía se encuentran más de 10 millones de mexicanos que no cuentan con acceso a redes de distribución de agua potable. A esto habría que agregar que la distribución porcentual de los sitios de monitoreo de la calidad del agua muestra que en México durante 2003 tenía el 28.8 por ciento con calidad de excelente de agua, mientras que para 2007 bajó al 21.9. Esto quiere decir que el 80 por ciento del agua disponible tiene en estos momentos algún grado de contaminación. Las mejoras en la calidad del agua en nuestro país reducirían en 31 por ciento las enfermedades diarreicas que atacan a los sectores más desprotegidos de la sociedad, es decir, los niños en condición de pobreza. Las autoridades encargadas del agua han omitido en múltiples ocasiones recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Este organismo menciona que el invertir en agua potable, alcantarillado y saneamiento, para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, tendrían beneficios económicos que se han estimado, a nivel mundial, en 7 mil millones de dólares al año, en ahorros de gasto en instituciones prestadoras de servicios de salud y 340 millones de dólares en gastos individuales. Además especialistas han informado que en México entre el 30 y el 50 por ciento del agua de las redes de distribución se pierde en fugas, lo que genera un grave problema de desabasto y tiene que ver con una falta de cultura del cuidado y la conservación, pero sobre todo por una falta de decisión en la inversión, en mantenimiento de las redes de los gobiernos municipales. Para los diputados del Partido Verde el acceso al agua debe de ser una garantía constitucional. Por ello hemos presentado iniciativas en este sentido que consideran que el servicio de agua óptimo no sólo consiste en abastecer el volumen necesario a cada habitante, sino también garantizar que su calidad sea adecuada, a fin de poder evitar los mencionados daños a la salud. Finalmente, es necesario que incorporemos en el sistema jurídico mexicano el derecho al agua como garantía, estipulada en la Carta Magna. De esta manera, podemos reorientar de manera más firme y decisiva las políticas generales de gestión integral del agua, tanto a nivel general como a nivel local, y poder desarrollar así acciones en materia de seguridad hídrica que garanticen para este país el poder tener acceso al agua para ésta y las futuras generaciones. Por su atención muchas gracias.