El diputado Faustino Javier Estrada González: Compañeras diputadas y compañeros diputados. El aumento en la introducción y comercialización ilegal de mercancías de procedencia extranjera está dañando la planta productiva y comercial nacional. De acuerdo con información de la Cámara Americana de Comercio, nuestro país ocupa el primer lugar en América Latina y el cuarto lugar mundial en la venta de contrabando y piratería, lo que sólo en 2006 provocó pérdidas por mil 200 millones de dólares en diversas industrias. Lo anterior, debido a que el contrabando pone en riesgo a la planta productiva, fomenta la evasión fiscal, impide una competencia comercial transparente, y provoca el cierre de empresas; por lo consecuente, pérdida de empleos. La planta productiva nacional ha sido afectada en los últimos años por el incremento del llamado contrabando técnico documentado, que de acuerdo con las autoridades, ya supera el contrabando tradicional y que entra por las aduanas bajo pedimentos de importación, con información falsa para evadir el pago de impuestos. La información falsificada puede referirse a la cantidad del bien importado, al precio o tipo de producto o al origen de la mercancía. En este último supuesto bajo el amparo de acuerdos comerciales que el Estado mexicano tiene celebrado con otros países, triangulando y reetiquetando los productos para ser introducidos a territorio nacional libres de aranceles. De esta forma se afecta a la economía nacional a través del mal uso que se hace de los programas gubernamentales de fomento a la producción. Es así que en México este fenómeno económico se ha intensificado en los últimos años y aunque se han adoptado medidas legislativas y administrativas para su combate, aún constituye una grave amenaza para la economía nacional. A manera de ejemplo, en lo que va de la presente administración la Procuraduría General de la República ha asegurado más de 600 toneladas de productos introducidos ilegalmente al país. En este tenor, a pesar de las acciones gubernamentales que se han emprendido para combatir el contrabando, como las cuatro resoluciones de cancelación de patente de agentes aduanales emitidas en el primer semestre del año presente, aún es necesario emprender otras acciones que permitan un combate frontal a esta actividad ilícita que tanto ha dañado a productores nacionales y al ingreso de muchos mexicanos. Bajo este contexto propongo reformar el Código Fiscal de la Federación, a fin de que el equiparable del contrabando sea un delito que se persiga de oficio. Actualmente, en términos al artículos 92 del Código Fiscal de la Federación, para proceder penalmente por los equiparables al delito de contrabando, previsto en el artículo 105 del mismo ordenamiento, se requiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querella y en el caso del delito de contrabando descrito en el artículo 102, es necesario que el fisco federal formule declaratoria de perjuicio. De conformidad con los preceptos citados, la querella y la declaratoria del perjuicio constituyen requisitos de procedibilidad que condicionan el inicio de una averiguación previa y el ejercicio de la acción penal contra probables responsables de la comisión del delito de contrabando o de su equiparable. Bajo este contexto del periodo de septiembre de 2005 al 30 de junio de 2006, la Procuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, adscrita a la Procuraduría Fiscal de la Federación, sólo ha formulado 38 querellas declaratorias de perjuicio y/o denuncias por el delito de contrabando y sus equiparables. En tanto la Procuraduría General de la República, en el periodo enero a junio de 2006, sólo realizó cinco operativos, cateó un inmueble y aseguró 5 mil 679 objetos, principalmente de la industria del calzado, vestido y bebidas. Cabe mencionar, según información disponible de la procuraduría, que los resultados obtenidos en este semestre presentan una tendencia negativa, en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es la dependencia facultada para presentar querellas en los casos que sufran daños el erario, ésta no los ha presentado, lo que ocasiona que se carezca de elementos para proceder jurídicamente, para realizar un mayor número de operativos. Lo anterior resulta contrastante con la enorme cantidad de mercancías que se introducen de manera ilegal a nuestro país y que afecta gravemente la economía nacional y la generación de empleos. De tal suerte que ya no se justifica como requisito de procedibilidad la formulación de querella. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la reforma propuesta resulta apremiante a pesar del esfuerzo de la autoridad para detener la introducción ilegal de mercancías al país, si el Ministerio Público de la federación debe cumplir con un requisito de procedibilidad, esta actividad ilícita seguiría cometiéndose y, consecuentemente, afectando gravemente a la industria nacional, al comercio legalmente establecido y al país en general. Por lo que es urgente que en ejercicio de nuestra facultad constitucional legislemos en esta materia. Es cuanto, señor Presidente.