La diputada Paulina Rubio Fernández: Compañeras y compañeros legisladores, el principio de certeza jurídica simboliza uno de los presupuestos fundamentales en la construcción del Estado de derecho. Este pilar fundamental guarda especial importancia para orientar el actuar de las autoridades, los gobernados y las instituciones de nuestro país. En este sentido, conviene precisar que en el 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de abrogar la antigua Ley Orgánica del Poder Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A su vez, uno de los cambios más significativos de esta nueva ley fue la transformación de lo que era el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, este cambio de denominación también implicó dotar al tribunal con facultades y herramientas relacionadas con el seguimiento de los juicios en materia de responsabilidades administrativas, en el marco del establecimiento del importante y trascendental Sistema Nacional Anticorrupción. En este sentido, el tribunal desempeña un papel fundamental en el combate a la corrupción, mediante el seguimiento de los juicios del orden administrativo. Al tenor de lo anterior, es indispensable ajustar diversas disposiciones a lo que la actualidad nos requiere. Por tanto, es necesario armonizar la ley, a efecto de que: en coherencia con la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por ello, en la Comisión de Justicia coincidimos en la intención de la iniciativa respecto a la importancia de legislar a la luz de los principios de certeza y seguridad jurídica, a fin de otorgar claridad y precisión en las normas. En ese sentido, es necesario incluir en el texto legal la nueva denominación, para una correcta interpretación y amplia comprensión de la ley, puesto que se trata de disposiciones cuyo valor y sentido de la norma no se explican ni se ilustran con meras aclaraciones. De esta manera se modifican los preceptos normativos, a fin de reformar el artículo 1o. y 1o. A para precisar la promoción del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no frente al anterior tribunal. Además, se reforman los artículos 2, 12, 30, 35 y 56, para puntualizar que tanto la procedencia del juicio contencioso contra las resoluciones definitivas, la cosa de impedimento manifestada por un magistrado, la competencia de las salas regionales de los juicios por razón de territorio, así como la recusación de los magistrados serán comprendidas en términos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por otra parte, se expresa en el 50 A los elementos mínimos de las sentencias que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con motivo de las demandas que prevé la Ley Federal de Responsabilidades Patrimoniales del Estado. A su vez, se manifiesta en el 57 que las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por esta reforma se recalca la importancia de que la buena técnica legislativa le imprime a nuestro ordenamiento jurídico, pues ella requiere de un amplio conocimiento de la esfera institucional, así como procedimientos y fórmulas estandarizadas que pueden emplearse en el diseño y redacción de las leyes, sin menoscabo de la supremacía constitucional y de los principios fundamentales del Estado de derecho. Por ello, compañeras y compañeros, los invito hoy a votar a favor de este dictamen que la Comisión de Justicia, encabezada por nuestro presidente Felipe Fernando Macías, ha aprobado de manera unánime. Este dictamen apuesta por una armonización necesaria en diversos ordenamientos, a fin de contribuir positivamente a la claridad, entendimiento y ejecución de la norma. Es cuanto, presidenta.