La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Hemos reservado los artículos 17, 18, 20 y 21 porque, además de compartir las preocupaciones que diversos grupos parlamentarios hemos señalado en esta tribuna en relación con el dictamen en discusión, nuestras reservas pretenden privilegiar la atención a las víctimas del delito y la impartición de justicia a favor de las mujeres. Uno de los puntos nodales del dictamen se centra en los medios alternativos de solución en materia penal. Al respecto, queremos señalar que en general estamos de acuerdo con la pertinencia de la propuesta, siempre y cuando se establezcan dos excepciones indispensables. Las penas alternativas hacen referencia a la conciliación, negociación, y en especial a la mediación; sin embargo, todos estos medios están contraindicados por las Naciones Unidas para los casos de violencia de género, en especial de violencia familiar y delitos sexuales. Así lo establece la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que votamos este año y, además, que sería contradictoria con ello. No es posible regular como una media de impartición de justicia que los delitos de orden sexual y de violencia intrafamiliar sean susceptibles de solucionarse mediante un convenio o mediante la mediación de un tercero que los conmina a no repetir tales conductas. No podemos permitir que ninguna ley, menos aún la Ley Suprema, contenga disposición alguna que represente un retroceso en contra de la seguridad de las mujeres; por lo que hemos incluido en las reservas las excepciones necesarias para que, conservando la disposición sobre penas alternativas, éstas no apliquen en los casos señalados. Además, se pueden fortalecer los elementos de protección y seguridad a las víctimas del delito, por lo que proponemos incluir que los fondos federales se destinen no sólo a la seguridad pública, sino a la atención de las víctimas del delito como una medida mínima de garantía a la reparación del daño. Finalmente, incluir la perspectiva de género en esta reforma es una muestra de congruencia ante los compromisos internacionales suscritos por México; por ejemplo, la de acatar las 36 recomendaciones de la CEDAW antes del 2010. Por lo que incluimos que el actuar de los cuerpos de seguridad se dé sin discriminación alguna y desde una perspectiva de género. Cada una de las propuestas que presentamos abona a una mayor equidad en la impartición de justicia y sabemos que en este punto todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara coincidimos. Las propuestas que hacemos, señora Presidenta, son agregar al artículo 17, párrafo III, lo siguiente: "Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias". Y el agregado sería el siguiente: "salvo en los casos de violencia familiar o sexual". Artículo 18, párrafo VIII. Agregar un párrafo IX para quedar como sigue: "Esta disposición no aplicará en casos de delincuencia organizada, delitos de carácter sexual y respecto de otros internos que requieran medidas de seguridad". Artículo 20. Reforma a la fracción VII, del Apartado A, para quedar como sigue, igual un agregado en el último renglón de ese párrafo: "La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad, salvo los delitos de violencia familiar o de carácter sexual". Y finalmente, artículo 21. Reforma los incisos c) y e) del párrafo X, para quedar como sigue. En el inciso c) agregar lo siguiente: "La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos y el actuar de los cuerpos de seguridad, sin discriminación de ningún tipo y desde una perspectiva de género". Y en el e): "Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública y la atención a víctimas del delito a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios, para ser destinados exclusivamente a estos fines". Es cuanto, señora Presidenta.