El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el suscrito diputado federal, Carlos Alberto García González, vengo a exponer los razonamientos que sustentan la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 76 Ter a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos, de acuerdo a lo siguiente: Durante los últimos años resulta indiscutible que nuestro país ha adquirido una cultura de protección y atención hacia los derechos humanos de todos los individuos. No obstante lo anterior, México al ser un país que no tiene resueltos sus problemas de orden político, económico y social, lamentablemente siguen existiendo violaciones a los derechos humanos, en particular, aquellas que tienen relación con las minorías étnicas y los grupos vulnerables. De ahí que encontramos, desde el punto de vista jurídico, derechos humanos que no se encuentran garantizados ni jurídicamente protegidos. En esta sociedad en la que aun se cuenta con serios problemas de marginación, pobreza, desempleo y falta de educación, el juicio de amparo juega un papel importantísimo, ya que restituye en parte lo que nuestra Constitución garantiza como derecho. Sin embargo, queda rezagado, en la medida que la supremacía de un Poder Ejecutivo sobre un Poder Judicial y un Poder Legislativo determina las líneas políticas-económicas del sistema social en el que vive nuestro México. En ese entorno y en esas circunstancias se vuelven, si no constantes, sí parte del sistema que no permite avanzar como un verdadero Estado de derecho al restringir libertades que impiden que surta efectos de forma plena la institución del juicio de amparo, así como cualquier otra institución que tenga por objeto la reivindicación, el respeto y la preservación de un derecho. Un claro ejemplo de estas irregularidades lo representa la sistemática violación de los derechos humanos que realiza el Ministerio Público federal o local, en contra de las personas sujetas a alguna indagatoria a través de la transgresión de las garantías individuales de debido proceso, consagradas en la Constitución, que en todo momento deben ser respetadas por las autoridades de cualquier orden de gobierno. Esta situación, puede ser combatida mediante el juicio de amparo para efectos de la restitución de la garantía individual violada. Sin embargo, no pueden pasar por desapercibidos los derechos humanos como tal. Es decir, se encuentran vulnerados también los derechos humanos, por lo que surge la necesidad de que los organismos encargados de la protección de los derechos humanos inicien los procedimientos que determina la violación o no de dichos derechos, al tenor de las recomendaciones emitidas. Un ejemplo más lo representan los juicios del orden familiar cuando se le impide injustificadamente a alguno de los padres la convivencia con sus hijos, situación que violenta el principio del interés supremo del artículo 4o constitucional al no respetarse su derecho de convivencia con los padres, lo que contribuiría a un inadecuado desarrollo integral de la niña o del niño. En consecuencia, se considera que con la reforma propuesta se actuaría en estrecha concordancia con la tendencia actual de aquellos estados de derecho con vocación democrática, así como los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Por tanto, se pretende preveer que las autoridades judiciales que conozcan del juicio de amparo al advertir una violación manifiesta de los derechos humanos, deberá el tribunal de amparo comunicarlo al organismo encargado de la protección de los derechos humanos correspondiente para que se inicie el procedimiento que las leyes respectivas determinen. En mérito de lo expuesto, es que el suscrito someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 76 Ter a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 76 Ter. En cualquier caso y etapa dentro de la tramitación del juicio que el órgano judicial de amparo advierta que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta y recurrente a sus derechos humanos, deberá hacer de inmediato del conocimiento el expediente del que se trate a los organismos autónomos de protección de los derechos humanos, federales o locales, según corresponda, con objeto de que inicie el procedimiento que las leyes respectivas determinen. Por último, solicito atentamente a esta Presidencia que se inserte íntegramente la presente participación en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.