El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el contar con una discapacidad no debe de ser una limitante para los educandos, sin embargo la realidad es otra. Lo anterior lo podemos observar con lo señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2011, donde advirtió de violaciones a la educación, así como al principio de igualdad por omitir proveer de libros de texto gratuitos actualizados en el sistema Braille tanto a nivel primaria como en secundaria, a los niños con discapacidad visual. Esta situación representa un obstáculo al pleno ejercicio del derecho a la educación, pues impide ejercerlo en igualdad de circunstancias y de condiciones con respecto a los alumnos sin discapacidad. Cabe resaltar que las personas que sufren de alguna discapacidad tienen problemas tanto en su desarrollo escolar como en el laboral. De ahí la importancia de legislar para coadyuvar al desenvolvimiento de las personas con discapacidad auditiva para lograr su inclusión social. Por otro lado, hay otro segmento de la población que nació con una sordera profunda, que no consiguen acceder a la lengua oral y que para ellos su lengua materna es el lenguaje de las señas. Esto ha provocado que todos los días se enfrenten con barreras comunicativas, como podría ser una consulta con el médico o con los profesionales de la salud en general. En el plano internacional, los derechos humanos de estas personas se encuentran protegidos en la Declaración Universal, en donde se señala que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Asimismo, el numeral 5 de la Declaración de los Derechos de los Impedidos establece que el impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible. En este mismo sentido, es indispensable destacar que el orden jurídico nacional también protege a las personas con capacidades diferentes, particularmente en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, en donde queda prohibida toda discriminación motivada por discapacidad o por condiciones de salud. Así también el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo consagra el derecho que tiene todo individuo a recibir educación. De acuerdo al Inegi, para 2010, por cada 100 personas con discapacidad en México, 12 declararon tener dificultades para escuchar, aun usando un aparato auditivo. Lo cual coloca a este tipo de limitaciones como el tercero más frecuente en el país, solo superado por las de movilidad y las visuales. En lo que se refiere a la asistencia escolar, solo existe 47 de cada 100 personas con dificultades para escuchar. Las mujeres tienen un porcentaje de asistencia ligeramente mayor al de los hombres. Cabe destacar que durante los primeros años escolares se logra que la población con dificultades para escuchar permanezca en la escuela. Sin embargo, conforme va avanzando su edad hay mayor abandono escolar. Esto se debe a la falta de lugares accesibles al grado escolar siguiente, o por circunstancias familiares que afectan la permanencia escolar. Por otro lado, entre la población con dificultad para escuchar de 15 años y más de edad, 55.1 por ciento completaron al menor un año de la educación básica, 5.4 alguno de la educación media superior, y 4.1 por ciento la superior. La Ley General de Educación cita, en su artículo 41, que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social. Asimismo señala que tratándose de menores de edad con discapacidades, la educación especial propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos para los que se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. De todo lo anterior expuesto, se desprende la necesidad de instrumentar acciones para que las personas con algún tipo de discapacidad auditiva se integren a la sociedad, pues tienen los mismos derechos que los demás; e implementar acciones en su favor, que sin duda facilitarán su proceso de inclusión. Es necesario que la dificultad para oír y escuchar deje de verse como un impedimento para el desarrollo integral, debe verse simplemente como una característica más de las personas. Es imperativo mencionar, que los profesores desde su formación deberán de llevar como materia el lenguaje de señas, para que una vez finalizada su formación educativa puedan brindar a los educandos esta materia optativa. Es por esta razón que presento estas modificaciones a la Ley General de Educación, para que el lenguaje de señas pueda ser una materia optativa, para que los educandos que no tienen esa discapacidad puedan conocer dicho lenguaje. Es cuanto, señor presidente.