La diputada Olga Catalán Padilla: Gracias, diputado presidente y apreciados compañeros. En el DIF nacional nos encargamos de conducir políticas públicas en materia de asistencia social, que promueven la integración de la familia. También promovemos acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Esta es la presentación de apertura que trata de convencer a los lectores a su entrada al sitio de internet del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Trata de convencer sobre la votación de la institución, que en principio se esperaría tuviese la mayor y mejor atención para cumplir precisamente con el objetivo de representar uno de los principales instrumentos con que cuenta la ciudadanía para superar los desequilibrios sociales y los estragos que estos pueden ocasionar. Algunos de los servicios que ofrece son programa de Estancias Infantiles, asesoría jurídica en materia familiar, procuradurías de la defensa del menor y la familia y atención psicológica. En teoría, los servicios ofrecidos serían los propicios para la atención de las diversas problemáticas que aquejan a los núcleos mayormente vulnerables de la población. Lamentablemente, al tiempo de acudir a solicitar ser beneficiados por estos, encuentran grandes impedimentos, que si bien no se traducen en una negativa explícita la prestación de los mencionados servicios, sí en las limitaciones de los recursos con que se instrumentan. Compañeros diputados, la consolidación de la democracia se convierte en un tema de la mayor importancia y en una asignatura pendiente lograr que el régimen acredite, tanto su calidad democrática como su capacidad de buen gobierno es la cuestión, misma que implica llevar a cabo reformas de las instituciones políticas. La principal tarea consiste en reafirmar la naturaleza pública de la administración y su capacidad organizativa, directiva y operativa. Esto supone la adopción de normas y procedimientos que aseguren la legalidad y la transparencia del gobierno y, entre otras medidas, establecer un servicio profesional con actas exigencias éticas y una cultura de eficiencia en la gestión pública. El propósito último de la presente iniciativa consiste en sustentar y potenciar la capacidad del gobierno para resolver los problemas sociales y dar respuesta a las expectativas de la sociedad. Y sus propósitos intermedios son, aumentar la capacidad técnico-administrativa de los funcionarios públicos, reducir las posibilidades de corrupción y/o cooptación política o privada de los servidores públicos, y mantener la continuidad de las políticas públicas del gobierno federal a través de los diversos sexenios gubernativos. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es el organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas públicas en el ámbito de la asistencia social, que combata las causas y efectos de vulnerabilidad en coordinación con los sistemas estatales y municipales, así como instituciones públicas y privadas. En este sentido, tan grande responsabilidad debe implicar conocimientos y capacidades necesarias para administrar el recurso público, pero también para el diseño e implementación de políticas públicas, y no es la apariencia lo que nos demuestra la capacidad, estos atributos no se consiguen únicamente con el carisma o con la eventualidad de ser el cónyuge del titular del Ejecutivo o de un secretario de Estado, para el logro de sus objetivos el DIF requiere de sus trabajadores, pero sobre todo de su dirección, que esta dé muestra de eficiencia profesional, la cual exige una serie de factores, como: vocación, espíritu crítico, diligencia, hábitos de orden y organización, como también el de conocimientos y el desarrollo de habilidades. Es por ello, que propongo en este proyecto de decreto de reforma a los artículos 36 y 40 de la Ley de Asistencia Social, a fin de profesionalizar tanto a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como a la presidencia del Consejo Ciudadano Consultivo, cargo que si bien la ley marca que no recibirá retribución alguna dado su carácter consultivo, tiene las atribuciones y características necesarias para hacer una herramientas que la sociedad civil, interesada en su propio bienestar, emplee para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones asignadas. Es cuanto.