La diputada Paloma Canales Suárez: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, el texto vigente de nuestra ley fundamental consagra el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. De igual modo, contempla la obligación del Estado a garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radio, difusión y telecomunicaciones, que estos se presten en condiciones de competencia, calidad, pluralidad y veracidad, fomentando los valores de la identidad nacional. La transición digital terrestre es la sustitución de las señales de televisión analógica por las señales digitales, la cual representa una serie de beneficios y oportunidades a las audiencias y a la población en general, como por ejemplo, la posibilidad de obtener imágenes y sonido de mayor fidelidad y resolución, además de ofrecer la posibilidad de acceder a mayor variedad de contenidos. El artículo décimo noveno transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contempla los mecanismos para llevar a cabo el apagón analógico y la fecha de conclusión del proceso en cuestión, que será el 31 de diciembre de 2015, momento en que las transmisiones analógicas darán paso a las digitales. Para alcanzar esta etapa, es indispensable que previamente la población esté en aptitud de recibir las nuevas señalas digitales a través de los equipos receptores o convertidores idóneos para ello. De no ser así, la sociedad perdería la posibilidad de tener acceso a tal servicio público de interés general en los términos que dispone el texto constitucional. Para la consolidación democrática, la libre expresión de ideas y el derecho al acceso a la información resulta indispensable garantizar que las estaciones de radiodifusión de carácter público, mejor conocidos como medios públicos, cuenten con las condiciones necesarias para poder transitar hacia la digitalización de sus señales y así privilegiar la diversidad y sus contenidos culturales, educativos y científicos. Al respecto, es importante señalar que el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones reconoció recientemente que un total de 30 medios públicos de distintas entidades federativas no estarán en condiciones de realizar transmisiones digitales al cierre de este año por falta de recursos. No hay que perder de vista que estos medios prestan el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, por lo que forzosamente requieren de recursos públicos para el mantenimiento y modernización de su infraestructura. Por ello, con la reforma que plantea el presente dictamen, se propone preservar el derecho a la información, mismo que va íntimamente ligado con el tema de la continuidad del servicio público a favor de las audiencias, haciendo extensivo el contenido del párrafo séptimo del artículo décimo noveno transitorio, que ya contempla en su texto vigente un régimen de excepción, el cual opera a favor de las radiodifusoras de baja potencia. Igualmente, el texto vigente de este párrafo séptimo prevé ante tal supuesto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones establecerá un programa para que la población continúe recibiendo este servicio en tanto estas estaciones de baja potencia inicien transmisiones digitales. En este contexto se considera conveniente que los medios públicos que no estén en posibilidad de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, puedan solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones autorice la suspensión temporal de transmisiones para con ello evitar las sanciones respectivas y la consecuente revocación del permiso o concesión. O bien, que en caso de así preferirlo, estos medios públicos disminuyan la potencia de sus transmisiones a efecto de gozar del régimen de excepción se encuentra previsto en la norma vigente. Es importante resaltar que con el proyecto sometido a consideración de la asamblea el día de hoy, no se propone postergar la implementación del apagón analógico ni tampoco reformar el texto constitucional. Únicamente se está haciendo extensivo el supuesto de excepción que ya contempla en su texto vigente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la finalidad de apoyar a las estaciones de carácter público que no puedan hacer frente a los gastos económicos que se necesitan para llevar a cabo la transición digital terrestre el 31 de diciembre de este año. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, estamos a favor del contenido de la reforma propuesta que expresamente atiende las inquietudes de los medios públicos ante la cercanía del apagón analógico y la imposibilidad de muchos de ellos de cumplir con la transición digital terrestre, además de que ésta busca garantizar la pluralidad que estos tienen en beneficio de las audiencias. Es cuanto.