EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados: tradicionalmente en el Estado mexicano las instancias de seguridad pública de los tres niveles de gobierno se habían regido por los más diversos instrumentos legales, desde la Constitución, leyes, reglamentos, acuerdos y circulares federales, hasta las constituciones, leyes, reglamentos locales y bandos municipales en diversas materias. Esta situación trajo aparejada la duplicidad de funciones y las recurrentes contradicciones legales, obstaculizando la eficacia en el cumplimiento de las tareas de seguridad pública, con las infortunadas consecuencias que todos conocemos y que la gran mayoría hemos padecido. Ante ello, la incorporación de una política integral sobre seguridad a las demás políticas de nuestro país que estableciera fundamentos jurídicos claros para combatir frontal y sistemáticamente la delincuencia, como una exigencia primordial de la sociedad, tuvo cabida en las reformas constitucionales que, en materia de justicia y seguridad pública, fueran publicadas en diciembre de 1994. Como resultado de ellas, el artículo 21 constitucional establece a la seguridad pública como una función atribuida a los tres órdenes de gobierno, comprendiendo de manera integral a las tareas de prevención, procuración e impartición de justicia, así como a la readaptación social. De igual forma, en la fracción XXIII del artículo 73 constitucional se permitió al Congreso de la Unión expedir la ley que crea el sistema nacional de seguridad pública. Como parte fundamental de esta ley se creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la participación de los secretarios de Seguridad Pública, de Defensa, de Marina, de Comunicaciones y Transportes, el procurador de la República, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal, además del secretario ejecutivo del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, definiéndose a éste como la instancia máxima de coordinación en la materia a nivel nacional. Entre las funciones de este Consejo Nacional podemos destacar algunas como la determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas generales en seguridad, la creación de propuestas para la aplicación de recursos, incluido el financiamiento conjunto y la elaboración de propuestas de reformas a leyes sobre la misma materia, entre otras. Sin embargo, la seguridad pública ha sido cuestión fundamental de la actividad legislativa en por lo menos los últimos 10 años, toda vez que se han propuesto y promulgado nuevos ordenamientos jurídicos y se han realizado múltiples reformas a la legislación sobre el tema. Entre ellas podemos citar algunas que son de gran relevancia: La reforma constitucional del 93 a los artículos 16, 19, 20, 107 y 119. "Esta introdujo el término de "delincuencia organizada" en relación a la duplicidad del término constitucional de las 48 horas, y la adición en 1994 del artículo 194 bis del código Federal de Procedimientos Penales para definir qué se debe entender por delincuencia organizada. "También las reformas del 96 a los artículos: 16 22 y 73 constitucionales para establecer los lineamientos en materia de intervención de comunicaciones privadas, libertad bajo caución, decomiso de bienes relacionados con la delincuencia organizada, así como la publicación en ese año de la Ley Federal Contra la propia Delincuencia Organizada. "Algunas otras, muy importantes, como en 99, la Ley de la Policía Federal Preventiva y también la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal donde incluso creamos la Secretaría de Seguridad Pública. "Un aspecto que se añade a esta actividad legislativa, sin duda coyuntural para la realización de las funciones sobre seguridad pública, es lo relativo a los recursos que anualmente son proyectados por el Ejecutivo Federal, enviados a esta Cámara de Diputados para su aprobación, como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación. "Los recursos disponibles para ser aplicados por la Federación y las entidades federativas en seguridad pública, dependen en gran medida de las decisiones que se toman aquí en el Congreso de la Unión. "Cabe mencionar que por ejemplo el Fondo de Aportaciones Federales para la Seguridad Pública de los Estados y Municipios, ha sido incrementado en montos sustanciales y de forma consecutiva durante la presente Legislatura, incluso ampliando y enriqueciendo las propuestas que nos enviara el Ejecutivo. "Es por ello que si el Congreso de la Unión tiene la facultad de legislar sobre bases de coordinación en seguridad pública, entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios, así como para aprobar los presupuestos de los entes públicos encargados de proporcionarla y el Consejo Nacional de Seguridad Pública hace un espacio institucional para el consenso político en la toma de decisiones entre los niveles de gobierno, creemos que no es conveniente ni resulta funcional que el Poder Legislativo carezca de una representación de legisladores con derecho a opinar y a participar en las actividades de este Consejo Nacional. "El texto del artículo 21 constitucional es claro al determinar que: "La seguridad pública es una función que corresponde al Estado Mexicano en su conjunto, en sus diferentes órdenes de gobierno". Por lo que concluir que esta función es responsabilidad o facultad sólo del Poder Ejecutivo o de sus Secretarías, es interpretar tal disposición de manera muy limitada y excluyente. "Los distintos niveles, órdenes de gobierno, ejercen sus facultades a través de los poderes y órganos constitucionalmente establecidos para tal fin. Por lo que el Congreso de la Unión al ser uno de los Poderes que integra la Federación, está facultado para participar en materia de seguridad pública en el ámbito estricto de su competencia. "En este mismo sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando falló sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta en enero del 96 por legisladores federales contra las disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que daba participación a diversos servidores públicos como los Secretarios de Defensa Nacional y de Marina. "En ese caso la Corte declaró que la intervención de dichos Secretario era apegada a la Constitución, ya que el artículo 21 no excluye expresamente a ninguna autoridad, de las funciones de seguridad pública por lo que el Constituyente Permanente delegó en el legislador ordinario la posibilidad de determinar quiénes sí deben intervenir. "Con este criterio emitido por el máximo tribunal del país, se fortalece nuestra opinión y objeto de la presente iniciativa de que el Congreso de la Unión como autoridad constitucional, no está excluida de las funciones de seguridad pública y reitera la facultad del Poder Legislativo para determinar mediante la Ley, quién puede participar en dicha tarea como miembro del Consejo Nacional de Seguridad Pública. "Es por ello que la presente iniciativa propone la adición de una fracción IX al artículo 12 de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública para permitir que los legisladores que forman parte de las mesas directivas de las Comisiones de Seguridad Pública o sus equivalentes en las Cámaras del Congreso de la Unión se integren a este Consejo Nacional de Seguridad Pública. "Consideramos en esta propuesta, compañeras y compañeros, que en la conformación de las mesas directivas de las comisiones legislativas se ve reflejada la composición plural del Congreso de la Unión, garantizándose la representatividad de las diversas fuerzas políticas. La inclusión en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de una representación de diputados y senadores permitiría lograr con oportunidad consensos políticos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en temas como la creación de nuevos instrumentos legales para combatir la criminalidad o la actualización de los ordenamientos ya existentes, contribuyendo así a lograr un ejercicio más ponderado y fructífero en una actitud republicana de corresponsabilidad en las tareas de seguridad pública que esperan y exigen todos los mexicanos. "Es por ello, compañeras y compañeros, que vengo a formular a esta alta tribuna esta propuesta para que tengamos ese espacio de participación y de colaboración en uno de los temas que mayormente preocupan en la actualidad a los ciudadanos mexicanos". Muchísimas gracias por su apoyo. Es cuanto, señor Presidente. -