La diputada Julieta Mejía Ibáñez: Compañeras y compañeros. Nuestro país no solo atraviesa la emergencia climática, sino también una reiterada violación a los derechos humanos y en particular a los defensores del medio ambiente. A medida que la crisis climática se intensifica, también lo hace la violencia contra las personas defensoras de la tierra. Tal y como lo refleja un estudio de la Organización Global Witness, el cual ha documentado 30 ataques letales contra personas defensoras del medio ambiente en 2020, registrando un aumento del 67 por ciento respecto al 2019. México es uno de los países más letales a nivel mundial para personas que defienden a nuestro planeta. La impunidad de los delitos contra las personas defensoras sigue siendo sorprendentemente alta. Hasta un 95 por ciento de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal. Existe violencia estructural en nuestro país, porque desaparecieron los apoyos a las labores de la defensa ambiental, como el Fondo Sectorial de Investigación Ambiental, el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo para el Cambio Climático, por mencionar solamente algunos. Además, el gobierno federal redujo el presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Forestales Protegidas en un 75 por ciento en el año 2020, y sabemos de los recortes del próximo año. México registra 3 asesinatos en 2016, 15 en 2017, 14 en 2018, 18 en 2019 y 30 en 2020. Es así que derivado de las cifras alarmantes de violencia, Global Witness, en conjunto con otras organizaciones, ha recomendado a la ONU, a través de sus Estados miembros, que se reconozca formalmente el derecho humano a un ambiente seguro, saludable y sostenible. Desde 1960 el impacto ambiental ha tomado gran relevancia para ambientalistas y organizaciones internacionales. Y para la década de los setenta la ONU comenzó a establecer metas para los países miembros con relación a la preservación del medio ambiente. Aunado a los esfuerzos que realizan organizaciones internacionales, la justicia ambiental ha sido una de las banderas más representativas del activismo, y los movimientos ambientales en México son un claro ejemplo de cómo los movimientos sociales han impactado en el entramado de la ciudadanía durante los últimos 50 años. Asimismo, se ha demandado que los Estados deben garantizar que las políticas nacionales protejan a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y derogar la legislación utilizada para criminalizarles. Exigiendo también a las empresas que realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus operaciones globales, e investigar y enjuiciar a todos los actores involucrados en la violencia y otras amenazas contra las personas defensoras. México ratificó en enero de 2021 el acuerdo ante la ONU, en un contexto mundial de crisis sanitaria, y que fue puesto en vigor el 22 de abril, el cual establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio, en el que las personas, grupos y organizaciones promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales, para poder actuar sin amenazas, sin restricciones y sin condiciones de inseguridad. En los últimos años México ha padecido una grave crisis de derechos humanos, la cual, de acuerdo a Amnistía Internacional, prevalecerá, pues las agresiones contra activistas y personas defensoras se mantendrán latentes ante la falta de reacción y mecanismos protectores por parte del Estado. En tal sentido, dar el cumplimiento a los acuerdos internacionales, así como fortalecer a las instituciones ya existentes, permitirá a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente continuar con su defensa y con esto garantizar el derecho a la libertad de expresión, pensamiento, reunión y el derecho a la participación política. Se busca subsanar la poca acción del Estado mexicano respecto de sus obligaciones con otras personas. La propuesta de iniciativa que hoy someto a su consideración tiene por objeto fortalecer la protección de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente mediante la creación de refugios especializados. Se busca otorgar atención jurídica, psicológica, médica, económica y de cualquier otro tipo, conforme a sus necesidades, bajo la misión de dar una atención óptima a aquellas personas que hayan sido agredidas o que se encuentren en situación de peligro, y así evitar más agresiones a futuro. Y en dado caso que se cometa una agresión, que se haga justicia. En la bancada naranja estamos convencidos de que la creación de un centro de atención especializado para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente podrá beneficiarlos. Establecer dentro de la ley la protección de personas defensoras de derechos humanos...