La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. Para que nos demos una idea de dónde estamos parados. Un día como ayer en el Congreso mexicano los senadores haciendo todo lo posible para concretar la entrega del petróleo y aprobar la reforma energética, y los diputados dispensando los trámites para evitar la discusión de la reforma política y aprobado reformar a la Ley del Instituto del Seguro Social para transitar a la eliminación del seguro voluntario. Les pregunto: ¿qué más quieren? Antes que nada reprochamos que la reforma político-electoral haya sido procesada de manera atrabancada, improvisada y opaca, lo cual era totalmente innecesario porque existía consenso y voluntad política para lograr una reforma de gran calado. Hace tiempo que se discuten foros y reuniones de trabajo, y existen varias publicaciones e iniciativas que la sustentan. El proyecto estaba muy avanzando y sólo faltaba debatirlo de manera seria y reflexiva, de cara a la sociedad. Pero es evidente que ustedes tienen anticuerpos ante este mecanismo de transparencia y participación. Así que la madrugada del jueves 26 de noviembre varios senadores se reunieron con enviados del presidente para procesar en secreto los puntos más sensibles del dictamen y de formar partes sustanciales. Ahora nos dicen que para aprobar esta reforma no es necesario el consenso de todas las fuerzas políticas y que el voto de la mayoría basta para legitimarla, nada más falso y peligroso. El argumento de que la unanimidad es deseable pero no indispensable en la toma de decisiones, sería lógico tratándose de reformas menores que se rigen por la regla de la mayoría, pero en las circunstancias actuales, es irresponsable y evidencia un desconocimiento absoluto de las reglas básicas de la democracia. Y es que en el tablero democrático si los jugadores no están de acuerdo con las reglas de una mayoría decide imponerlas, el juego estará condenado al fracaso, nada menos democrático que excluir a una parte de la sociedad de un acuerdo político estructural. Por eso debemos preguntarnos si vale la pena poner la viabilidad democrática. Nuestro país en un serio predicamento por cumplir con el capricho de quienes abusan, de quienes buscan avalar la reforma energética a toda costa, sin el mínimo consenso a espaldas de la ciudadanía y en franco desafío al rechazo popular. Déjenme detenerme en este punto, pues sintetiza uno de los grandes hierros del dictamen y del mismo gobierno de Enrique Peña Nieto. Por un lado el dictamen le niega a la ciudadanía el derecho de participar en el ejercicio del poder de influir en las decisiones políticas que le incumben, ya que los mecanismos de democracia directa por los que tanto ha luchado la izquierda como la consulta popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, fueron olímpicamente ignorados. Al suprimir los mecanismos de participación ciudadana, el gobierno reafirma su talento autoritario y aniquila la aspiración de tener un modelo de democracia directa, en el que los ciudadanos puedan intervenir en la vida política del país y no depender del modelo de democracia representativa a través de un Congreso que francamente ya nadie confía. Por si fuera poco el dictamen prolonga la permanencia de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, incluidos los actuales, de 9 a 15 años, cuando el trabajo desempeñado no justifica ni remotamente semejante recompensa, ya demás arriesga la imparcialidad de los procesos electorales de 2015 y 2018. El texto que se propone establecería que el sistema de nulidades en las elecciones federales o locales tendría que considerar valoraciones graves, dolosas y determinantes. Es decir, criterios poco claros que conducen a la discrecionalidad en las resoluciones de las autoridades electorales. Recordemos en 2006 se demostró ante el Tribunal Electoral la intervención del presidente Fox en el proceso, la guerra sucia de los grupos empresariales, el desvío de recursos públicos a favor de Calderón y el rebase de topes de campaña, entre otros delitos de carácter penal que hasta la fecha no han sido sancionados. Ante tales irregularidades y con una diferencia de apenas 0.5 por ciento, los magistrados resolvieron que esos graves delitos no fueron determinantes en el resultado de la elección, y bajo qué criterios evaluaron dicha determinación es imposible saberlo, y hoy también lo será. De ahí los peligros de incluir este vago concepto en el texto constitucional. Sobre la reelección de legisladoras y legisladores queda un resquicio de riesgo, pues sólo podrá ser realizada por el mismo partido, por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los llevó al cargo, salvo que haya renunciado y perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Se le otorga al partido político una zona de presión que desvirtúa la auténtica rendición de cuentas y vinculación ciudadana, obteniendo en la práctica exactamente el resultado opuesto; mayores ataduras a los intereses de partido y no a sus representados. Es una pena que el costo de una reforma política tan elemental y pequeña se pague con la privatización del petróleo, ¿por qué tenemos que pagar los mexicanos avances políticos tan elementales como los que se contienen en esta reforma política, con la entrega del petróleo a intereses extranjeros? Por todo lo anterior y por esas razones, someto a la consideración de este pleno la presente moción suspensiva, con el efecto de suspender la discusión en trámite. Muchísimas gracias.