El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Con la venia de la Presidencia. Hoy en día, cuando estamos a unas horas de que los diputados del PRI, del PAN, del verde y del Panal aprueben reformas a diversas leyes relacionadas con el sector energético, más vigencia tiene aquella frase del general Lázaro Cárdenas del Río: Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. La historia del sector energético en nuestro país contiene matices en tonos claros y oscuros. Representa una identificación nacionalista para unos y una gran oportunidad de negocio para otros que, bajo el velo de la ignorancia o la ambición que emana de la falta de sentido cívico y patriótico, toman decisiones que afectarán a la nación entera. El Ejecutivo federal y muchos de los aquí presentes se han obstinado en hacer una campaña engañosa para justificar una posición privatizadora del sector, la cual tendrá como resultado lesiones serias en los intereses económicos del país, haciendo nulas las determinaciones legales históricas dictadas en contra de un sistema económico capitalista que nunca ha funcionado en beneficio de la mayoría, dejando claro que ya no hay patria en la política. Privatizar la renta petrolera, que es la principal fuente de las finanzas públicas de México, es no sólo una traición a la patria, sino un contrasentido económico, político y social que atenta contra nuestra soberanía e independencia. Que no nos engañen: uno. Pagaremos más impuestos para compensar la renta petrolera que dejaremos de recibir. Dos. Seguirá el aumento de los precios de las gasolinas, el gas, el diésel y la electricidad. Tres. Se reducirá la capacidad de inversión y gasto del Estado, limitando el crecimiento económico, el desarrollo social y con ello aumentando la desigualdad, la pobreza y la marginación. Cuatro. Se cancelará la oportunidad de aprovechar la industria petrolera nacional como palanca de desarrollo. Cinco. Se perderá soberanía económica, política y militar al ceder el usufructo nacional del sector energético a empresas privadas extranjeras. Con esta reforma se tenía la gran oportunidad de lograr un cambio que implicara el saneamiento operativo y financiero del sector ante la situación actual y, como resultado de esta oportunidad, el gobierno, con su reforma, ha respondido con la privatización, reconociendo su incapacidad como gestor. Se permite el establecimiento de un oligopolio de particulares bajo un esquema regulatorio débil que permite que le vean la cara a toda la nación. En la Ley de Hidrocarburos se puede ver la falta de responsabilidad en temas fundamentales como lo son el del medio ambiente, la falta de apoyo a Pemex y a las empresas productivas del Estado, el desinterés por alcanzar un alto y pronto contenido nacional en el sector, la falta de visión estratégica y a largo plazo y agravio a participantes de otros sectores como el agropecuario, a favor del capital voraz del sector energético. En la exploración y explotación de hidrocarburos no se consolidan compromisos con las comunidades locales residentes y demás partes interesadas para los diversos proyectos que se presenten; al contrario, se considera la ocupación de terrenos, en caso de negación de los propietarios, sin contemplar mecanismos para que éstos tengan una despensa adecuada para proteger sus derechos. Es decir, podrán despojar a los propietarios de tierras a favor de las empresas extranjeras que busquen explotar el petróleo y la electricidad con el argumento de la ocupación temporal de las tierras realmente se les estará despojando de ellas, mediante una expropiación disfrazada. Respecto al tema de la fractura hidráulica o fracking, nunca se llevó a cabo una discusión profunda para analizar los efectos que pueden ocasionarse por la explotación del gas shale; se evadieron las inquietudes de los legisladores y de los ciudadanos que manifestaron su preocupación; se actuó de manera autoritaria imponiendo el mandato irresponsable del Ejecutivo. El fracking producirá daños irreparables al medio ambiente como contaminación del agua, el subsuelo, suelo y aire. Se plantea un porcentaje mínimo de contenido nacional de 35 por ciento, pero se excluyen a los proyectos en aguas profundas cuando prácticamente todo lo que queda por explorar son precisamente esas áreas, por lo que esta exclusión simboliza la enorme falta de disposición de generar contenido nacional en los proyectos. La transferencia tecnológica se deja a un lado cuando fue una de las razones que se consideraron para abrir el sector a privado. Si bien se contemplan vehículos financieros opcionales esto no garantizará que se lleven a cabo proyectos en los cuales exista la posibilidad de generar esa trasmisión de capacidades y conocimientos, ya que no existe ningún programa ni un mínimo obligatorio para realizar esfuerzos compartidos entre Pemex y las empresas privadas. Es verdaderamente triste cómo los reclamos de los trabajadores no han sido escuchados, incluso de aquellos grupos que tienen representación directa en el Congreso, como es el caso de los trabajadores de Pemex. Con esta reforma se eliminarán derechos obtenidos tras grandes luchas sindicales, obligando a los trabajadores a modificar el contrato colectivo de trabajo, violando acuerdos establecidos en la Organización Internacional del Trabajo, la cual dispone que ninguna legislación debe intervenir en la vida de los sindicatos. ¿Dónde están las demandas de los trabajadores de base de Pemex? ¿Dónde está esa representación que no puede bajo ningún motivo apoyar esta reforma que va en contra de sus intereses? Los puntos que ponemos sobre la mesa, son parte de la obligación que implica respetar la figura que representamos. En el análisis de esta reforma hemos aplicado un criterio objetivo, operativo, ético y responsable. Sabemos que no comparten nuestra ideología y no es nuestra intención imponerla, porque al final esta discusión deberá de tomar en cuenta algo más que eso, que es el respeto a la nación y los propios intereses de la mayoría de los mexicanos. Los diputados del Partido del Trabajo nos oponemos a que se prosiga con la privatización del sector. Nos oponemos a que se legisle a espaldas del pueblo y en contra de la voluntad e intereses de los mexicanos, los ingresos y ganancias que se obtienen por la extracción de petróleo pertenecen al pueblo de México, deben ser usados para impulsar el crecimiento económico y no deben de ser compartidas con el capital privado extranjero, deben ser usados como palanca fundamental para el desarrollo económico y social de la nación. Esta fue la posición que esencialmente adoptó y mantuvo el General Lázaro Cárdenas en 1938. Compañeros legisladores, no olviden que somos representantes de los intereses de la nación, no de los intereses de las empresas trasnacionales. Hemos sido electos para servirle leal y cabalmente al pueblo de México, no para doblegarnos servilmente ante las ambiciones del capital nacional e internacional privado. Tengamos claro que somos representantes populares, no copulares. Honren su puesto de diputados legislando en favor de la nación y eviten que sea en las calles donde la gente impida que la aprobación de estas leyes secundarias se lleve a cabo. Por el bien de México defendamos nuestro petróleo. El petróleo es de México y de los mexicanos. Digamos no a la entrega de este preciado bien público. Defendamos a México. Amemos y valoremos a nuestro México. Gracias, presidente.