El diputado Fernando Alvarez Monje: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que este día presento pretende una reforma a los artículos 24, 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de modificar la sanción que se impone al titular de una concesión de aguas nacionales cuando éste omite presentar su solicitud de prórroga en el plazo que la ley señala. El artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales establece. Artículo 24: "El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de 5 ni mayor de 30 años, de acuerdo con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades del desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir en forma comprobable, en el aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, la autoridad del agua tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento a dichos usos. "Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley, serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieran en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos 5 años previos al término de su vigencia, al menos 6 meses antes de su vencimiento. La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga". Esta disposición legal que acabo de leer establece que aquellos concesionarios de un título de aguas nacionales que no presenten solicitud de prórroga, al menos 6 meses antes de su vencimiento, pierden automáticamente su derecho. Esta sanción legal ante la conducta omisa de los concesionarios crea la problemática siguiente: De manera automática, a cada momento concesionarios de todo el país están perdiendo el derecho de la prórroga de sus títulos de concesión y asignación de aguas nacionales, ocasionando graves pérdidas a los usuarios y a las actividades productivas, especialmente en las áreas de trabajo agrícola, en la producción de energía eléctrica y en la acuacultura, entre otras. Asimismo, la Comisión del Agua se ve limitada por esta disposición y no puede tomar en consideración las demás condiciones que el propio artículo 24 establece para otorgar la prórroga, pues de manera automática se desechan las solicitudes para prorrogar títulos de concesión, por lo que consideramos que esta sanción es una pena trascendental y excesiva. De este modo las autoridades del agua no pueden tomar en cuenta criterios de oportunidad y conveniencia ni las circunstancias particulares del caso para otorgar prórroga, afectando los derechos de los concesionarios y asignatarios. Esta afectación directa e inmediata a los usuarios y a la producción económica del país crece ininterrumpidamente, pues el solo transcurso del tiempo ocasiona más renuncias tácitas al derecho de prórroga. Como legisladores tenemos el mandato constitucional de no establecer penas excesivas ni trascendentales, conforme a lo que establecen los artículos 21 y 22 de la Carta Magna. En efecto, el fundamento constitucional del derecho penal administrativo es el artículo 21, pues contempla las sanciones establecidas por faltas y violaciones a las leyes administrativas aplicándose estas penas a conductas cuya licitud es menos grave o intensa que los delitos. Asimismo, las sanciones que establecemos a la falta e infracciones administrativas, deben cumplir con lo establecido en el artículo 22 de nuestro máximo ordenamiento, pues al ser conductas de naturaleza semejante, aunque de menor rigor, a las sanciones del derecho penal, también deben reunir las características que la Constitución señala a éstas. Por lo que al momento como legisladores establecemos sanciones a faltas e infracciones administrativas, debemos obedecer el mandato constitucional y no establecer penas trascendentales y/o excesivas. De esta manera consideramos que la sanción del párrafo tercero del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales consistente en la renuncia tácita de un derecho por el simple paso del tiempo, es una pena excesiva y trascendental, pues el desconocimiento de una obligación por el factor tiempo, amén de la bastedad y falta de difusión de las normas jurídicas, no debe originar la pérdida del derecho de prórroga, pues en este caso el uso del agua es vital para las actividades productivas e indispensables para la vida humana. En este orden de ideas, consideramos que es una pena trascendental la pérdida del derecho de prórroga, pues éste no sólo afecta al usuario sino a terceros como son su familia y el caso de los títulos que no son de uso doméstico, afectan a los trabajadores que participan en las actividades productivas, a las empresas que mantienen relaciones comerciales con los titulares de las concesiones y asignaciones, e incluso, a los gobiernos de los estados, municipios y la Federación, por las innumerables aportaciones financieras y técnicas que se otorgan de manera conjunta a los usuarios. Ante esta problemática que afecta de manera importante tanto a concesionarios como a las autoridades del agua, proponemos derogar esta sanción y establecer otra que no sea trascendental ni excesiva y sea proporcional a la conducta sancionada para cumplir con lo mandatado por nuestra Carta Magna. La sanción que proponemos establecer ante la omisión de solicitar la prórroga en el plazo establecido por descuido o negligencia, ignorancia u olvido del titular de la concesión, es proporcional a la sancionada y análoga a conductas similares ya sancionadas adecuadamente por la misma Ley de Aguas Nacionales. Es necesario destacar que con esta reforma propuesta, las autoridades del agua no autorizarían la prórroga de manera automática, sino simplemente valorarían las demás condiciones que le señala el propio artículo 24 de la ley, por lo que se seguiría preservando diligentemente el recurso hídrico de México. Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente decreto. Artículo Único.- Se reforman los artículos 24, 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como siguen: "Artículo 24.- La presentación de la solicitud de prórroga a que se refiere este artículo, fuera del plazo establecido será sancionada conforme a lo dispuesto en los artículos 119 y 120 de esta ley. "Artículo 119.- La autoridad del agua sancionará conforme a lo previsto por esta ley, las siguientes faltas: "Fracción XXV. Presentar la solicitud de prórroga del título de concesión o asignación fuera del plazo que establece el artículo 24 de esta ley. "Artículo 120.- Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas administrativamente por la autoridad del agua con multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción, independientemente de las sanciones estipuladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia. "Fracción I. Mil a mil 500 salarios en el caso de violación a las fracciones XVI, XXIV y XXV". Por lo anteriormente expuesto pido a la Mesa Directiva que turne esta iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Honorable Cámara. Es cuanto, señora Presidenta.