La diputado Lorenia Iveth Valles Samperio: Con su permiso, Presidente. La inclusión que estamos proponiendo tiene que ver con el artículo 71 en la parte que se acaba de modificar, la propuesta de modificación que presenta la comisión en donde ellos señalan que deberá brindar opciones. Nosotros planteamos que la palabra que se debe incluir, o las palabras son deberá buscar las soluciones. La problemática de vivienda en México, según diversos medios de comunicación y la propia Sedatu alcanza niveles alarmantes. Se dice que son alrededor de 4.5 millones de viviendas abandonadas en México que generan diversos conflictos sociales y económicos. Sin duda los bajos salarios y la crisis recurrente de nuestro país son responsables de que muchas familias en México estén sin hogar, ya sea porque perdieron éstas por no tener capacidad de pago, o porque los créditos son impagables, o bien, porque han sido desplazados de su lugar de origen. Esta situación ha causado ya, inclusive, afectaciones, a empresas financieras, es decir, nadie gana con que las casas estén abandonadas. Para un sector de la población es inadmisible que la gente invada un terreno o una casa abandonada. Se apela constantemente al Estado de derecho que se tiene en la propiedad privada basado en la construcción de un patrimonio propio. No decimos que esa interpretación sea errónea. Sin embargo, no lo podemos ver de manera individual, sino colectivamente, porque primero está la obligación del Estado, como lo marca la Constitución en su artículo 4o, de que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Asimismo, el Código Civil Federal, en su artículo 723, establece que es objeto del patrimonio de la familia la casa-habitación de la misma. Por eso tenemos la obligación ineludible de garantizar que las familias mexicanas tengan un hogar, eso no podemos soslayarlo. La propuesta de adición que se presenta por parte de la Comisión de Vivienda, tiene como objetivo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores promueva soluciones que ayuden a los acreditados ante el Instituto a conservar su patrimonio, porque lo que se busca que se haga la recuperación de los créditos que hubiera otorgado, partiendo de un esquema de cobranza social, lo cual nos parece correcto que apruebe el Consejo de Administración. Sin embargo, no compartimos que se use la palabra brindará opciones o en su momento promoverá, como lo habían planteado en primera instancia, dado que conocemos que con estas palabras las autoridades consideran que no están obligadas a hacer tal cosa. Se presta a interpretación y generalmente se omiten en muchas de los casos las implicaciones que tiene esta disposición. Es por ello que consideramos necesario se pueda decir, la palabra que se incluya es deberá. Pues ésta no deja lugar a dudas de que se tiene la responsabilidad de encontrar las soluciones que impidan que una familia abandone su casa por falta de pago, porque se perdió el empleo o porque no se tiene el dinero para pagar la casa cuando se tiene primeramente que comer o atender las enfermedades de la familia. Sin duda, si las autoridades buscan esas soluciones, nadie se verá afectado en su patrimonio. Las empresas constructoras no perderán su inversión. El Estado cumplirá con sus obligaciones de garantizar vivienda digna y las y los trabajadores conservarán sus créditos, es decir, sus hogares. No es esto lo que queremos. Aprobemos, pues, esta reforma para no dejar espacio a la interpretación y garanticemos con todas sus letras la solución a este problema. Es cuanto, muchas gracias.