El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, el derecho de audiencia y defensa consiste en la garantía que todo individuo tiene, sometido a un procedimiento sancionatorio, de hacerse oír por el órgano del procedimiento, de traer al proceso toda la prueba que considere oportuna para respaldar su defensa, de combatir sus argumentos y las pruebas de cargo y de hacerse asesorar por el profesional o profesionales que mejor estime pertinente. Dicho derecho se encuentra contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: Artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades o cesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme las leyes expedidas con anterioridad han hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por pura analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésa se fundará en los principios generales del derecho. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen dicha disposición como un derecho elemental en la impartición de justicia y como parte fundamental en el debido proceso jurisdiccional. El dictamen a discusión nos menciona que las leyes que regulan la protección del patrimonio cultural de México solo consideran el derecho de audiencia respecto de la obligación de los particulares de inscribir los monumentos de su propiedad en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas o Históricas, dejando impedidos a aquellos propietarios o poseedores de bienes muebles e inmuebles, de exponer lo que a su derecho convenga ante la autoridad correspondiente. Dicha omisión ha generado la promoción de múltiples juicios ante el Poder Judicial de la Federación por no considerar dentro de dicho procedimiento el derecho de audiencia consagrado en nuestra Carta Magna. Por lo anterior, nuevamente vemos cómo es la colegisladora quien se encarga de enmendarnos la plana. Las prisas y premura con que se aprueban reformas han propiciado vicios legislativos que repercuten, principalmente, en el deterioro de la justicia y en la constante violación a los derechos humanos de los ciudadanos. No podemos permitir que las prisas por sacar adelante una agenda política nacional traigan como consecuencia malos trabajos legislativos y omisiones importantes en el camino hacia la consolidación democrática del país. En este caso que la colegisladora es quien nos enmienda la plana y afortunadamente corrige un error por las prisas que se cometieron en esta soberanía, pero hay muchas otras reformas que están siendo enmendadas no por el Senado, sino por la población que está viviendo las consecuencias negativas en muchas de las reformas que por las prisas se han aprobado sin tomar en cuenta elementos básicos que convienen a la población. De esta manera, incluir dentro de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos el derecho de audiencia, en cualquiera de los actos que se emitan, dotará de seguridad jurídica a todos aquellos propietarios o poseedores de bienes, muebles e inmuebles para llevar a cabo un debido proceso y con estricto apego a la Constitución y a las normas internacionales en materia de derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, gracias.