La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias, presidente. Antes que nada quiero expresar mis condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas del terremoto que azotó Nepal el sábado pasado. Esta tragedia nos recuerda que ningún país está exento del riesgo de sufrir catástrofes naturales y situaciones de emergencia nacional. Asimismo, nos recuerda la gran responsabilidad que tienen los gobiernos de estar preparados ante cualquier contingencia y de tener mecanismos efectivos de alerta y respuesta temprana que permitan mejorar la gestión de la crisis y mitigar los daños causados por ella. México se encuentra en una situación permanente de riesgo. Riesgo de sismos, de huracanes, de inundaciones, de erupciones volcánicas pero también de balaceras y jornadas de terror como las que se han vivido en Reynosa y otras ciudades de Tamaulipas. La negligencia de la industria también es fuente de riesgo constante. Los derrames tóxicos de Grupo México en el Río Sonora o los que recurrentemente sufre Pemex en ríos y lagos de todo el país revelan las consecuencias que una alerta tardía puede tener sobre la seguridad y la salud de la población. Ante tantos riesgos y peligros latentes, resulta increíble que México no cuente con un sistema de alerta por difusión celular como el de Japón, Estados Unidos y prácticamente todos los países de la Unión Europea, donde desde hace más de 10 años existen plataformas que reciben y validan alertas emitidas por las autoridades federales y locales, y las retransmiten a todos los usuarios de telefonía móvil en una zona determinada. El objetivo de esta iniciativa era crear un sistema integral de alerta para difundir en celular, que obligara a los concesionarios de telefonía móvil a transmitir gratuitamente a sus usuarios mensajes de alerta y avisos de eventos que signifiquen un riesgo a la seguridad y a la vida de la población. Mensajes relativos a la búsqueda o localización de personas y mensajes de emergencia nacional. Sin embargo, la propuesta original fue rasurada, burdamente, por la comisión dictaminadora, para quedar en una modificación minúscula e insustancial que relega este importante tema a los reglamentos y lineamientos especiales que para los efectos emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este resultado me lleva a dos reflexiones. Primero, que este Congreso está perdiendo una valiosa oportunidad de empatar a México con otras naciones del mundo, creando un sistema de alerta celular que se active en supuestos claros y sobre todo que obligue a los concesionarios a transmitir de forma inmediata, oportuna y gratuita estos mensajes de alerta a toda la población o a lo que puedan estar expuestos a un peligro natural o humano. Y, segundo, el dictamen confunde como de costumbre lo público con lo privado, para privilegiar lo segundo, olvidando que los concesionarios explotan un bien de la nación. Me sorprende que la dictaminadora afirme que de aprobarse la iniciativa original, y cito textualmente, Se podría vulnerar la libertad de trabajo y comercio ya que se establecerían nuevas cargas económicas para los concesionarios al obligarlos a que presten un servicio gratuito. Asimismo se afirma, y vuelvo a citar textualmente, Que los servicios de emergencia para los usuarios deberán constituir medidas económicamente competitivas y hacerlo en forma gratuita, hace incurrir en costos a los concesionarios, lo que puede afectar su posición competitiva. Son inaceptables estas reflexiones, cuando de lo que estamos hablando es de la seguridad de los mexicanos, cuando de lo que estamos hablando es cuando se pone en riesgo sus vidas, cómo es posible que hagamos reflexiones así. Me queda clarísimo que los intereses de las televisoras están muy bien representados en este Congreso, lo increíble es que sean la mayoría y que sea la minoría la que esté defendiendo los derechos de los ciudadanos. Y sí, nuevamente como ya sucedió en la Ley de Telecomunicaciones, aquí gana, como siempre, lo privado sobre lo público. Muchas gracias.