La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Muchas gracias, diputada presidenta. Honorable asamblea, para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, un régimen democrático descansa sobre los cimientos del respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. En ese sentido, de acuerdo con las estadísticas a propósito del Día de los Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los organismos públicos de derechos humanos registraron 3 mil 195 y 3 mil 20 presuntas violaciones por tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el año 2013 y 2014, respectivamente. El derecho a no ser sometido a la tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, forma parte del Catálogo de Derechos Humanos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho que todas las personas tenemos a ser protegidas contra tales tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se encuentra protegido en diversos instrumentos internacionales a los que el Estado mexicano se ha adherido, como por ejemplo el Protocolo de Estambul; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto de San José de Costa Rica; la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura, y otros Tratos y/o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El artículo 29 de nuestra Carta Magna es armónico y congruente en el artículo 1o., al establecer que en México no puede expedir ningún decreto que suspenda la prohibición de la desaparición forzada, la tortura, la esclavitud y la servidumbre; de este modo para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, toda propuesta dirigida a hacer efectiva la defensa de los derechos humanos, es de vital importancia, y el dictamen que hoy se presenta a discusión, precisamente avanza en ese sentido, toda vez que contribuye a resolver un agravio que como país hemos presenciado y que en los últimos años se ha exacerbado; me refiero a la tortura, los tratos inhumanos y degradantes. Entre los aciertos más luminosos de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes destaca que se defina a la tortura conforme a los demás altos estándares internacionales cuando dispone: Comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no cause dolor o sufrimiento; realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Asimismo, ordena que la tortura deba ser investigada y perseguida de oficio, y prevé que se le castigue con una pena de 10 a 20 años de prisión; también prevé que la pena podrá aumentarse hasta la mitad cuando las víctimas sean niñas o niños, adolescentes, adultos mayores, indígenas, migrantes, periodistas, entre otras personas en condición de vulnerabilidad, y no podrá otorgarse indulto, amnistía o inmunidad al torturador; además, el delito será imprescriptible. Son muchas las luces y virtudes del histórico dictamen; comprometidos con la historia y con México, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, saludamos y respaldamos su contenido y votaremos a favor por un México sin tortura que es posible, hagámoslo nosotros. Es todo, y es cuanto.