El diputado Baruch Barrera Zurita (PAN): Con su permiso diputada presidenta. El suscrito diputado Baruch Barrera Zurita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional someto a la consideración de esta H. Asamblea una iniciativa que reforma y adiciona el Artículo 25 de la Ley de Puertos al tenor de la siguiente Exposición de Motivos Es de reconocerse que la novedosa visión jurídico-administrativa que se ha implementado en los puertos de México, genera nuevos retos a la luz de los positivos resultados obtenidos en el proceso de modernización del sistema portuario mexicano. Hoy, en día, a poco más de una década de la aprobación de la Ley de Puertos en 1993, se han producido diversos acontecimientos y existen nuevos contextos económicos en nuestro país, que no sólo justifican sino que hacen imprescindible una modificación legislativa, para actualizar el marco jurídico a la nueva realidad imperante. La década pasada fue un período caracterizado por la enorme aceleración del proceso de globalización de la economía y el comercio, entre cuyos resultados destaca la importancia estratégica que han adquirido los puertos comerciales de todo el mundo, como instrumentos claves para el desarrollo de las actividades productivas y como elementos fundamentales, para la articulación de un sistema integral de transporte, eficiente y seguro. En México el cambio de paradigma del desarrollo del sistema portuario, se convirtió en uno de los procesos de participación iniciativa privada-sector público más exitoso de los últimos años y, por tanto, no es casual, que se hayan producido incrementos importantes y sostenidos en el movimiento de cargas y pasajeros de crucero. Así, en 1993, la carga total pasó de 183.5 millones de toneladas a 264.7 millones de toneladas en el 2003, lo que representó un crecimiento acumulado, superior al 44% en términos absolutos y una tasa de crecimiento media anual superior al 3.7%. Destaca de manera particular el movimiento de contenedores, que durante el mismo período, pasó de 464 mil teus (?). contenedores de 20 pies, por sus siglas en inglés a 1 millón 685 mil teus, lo que significó un incremento acumulado del 263% y un incremento medio anual de 13.8% Es decir, en ambos casos, las tasas de crecimiento alcanzaron valores superiores al aumento del PIB. De igual manera sobresale el número de pasajeros en crucero, que pasó de 1 millón 911 mil en 1993 a 5.2 millones en el 2003, lo que significó un incremento de 173 puntos porcentuales y una tasa de crecimiento medio anual de 10.5%. En este contexto la competitividad de nuestra economía depende, cada vez más, sin menoscabo de otros factores, de un sistema portuario, eficiente y competitivo a nivel internacional, capaz de mover mercancías de una forma rápida, fiable, económica y segura. Ello exige la eliminación de todos aquellos factores que representen un freno o constituyan un cuello de botella para la inversión y el desarrollo, tales como la restricción de conceder a los concesionarios un área mayor al 20% de la superficie original, circunstancia que en algunos casos puede ocasionar la subutilización e incluso la ociosidad de espacios físicos que pudieran aprovecharse para incrementar el número de maniobras así como la construcción y modernización la infraestructura portuaria. La iniciativa que hoy nos ocupa responde así a la necesidad de adecuar el marco jurídico que regula las actividades del subsector marítimo-portuario a las condiciones actuales de operación, a la exigencia de elevar los niveles de eficiencia y competitividad, pero sobre todo persigue el objetivo de lograr el mejor aprovechamiento de los espacios portuarios, que permitan el incremento de las actividades y allanen el camino para proseguir con el proceso de incrementar y modernizar la infraestructura y los servicios de los puertos, lo que necesariamente traerá consigo la generación de empleos a través de la participación de inversionistas nacionales y extranjeros. Para contribuir a la consecución de este objetivo sustantivo y de aquellos de carácter adjetivo que se desprenden de él, es necesario partir de los análisis siguientes: La propuesta de reforma al artículo 25 de la Ley de Puertos que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, concierne exclusivamente al régimen de concesiones y se propone incrementar la superficie originalmente concesionada, considerando la posibilidad de que la ampliación se otorgue en función de la disponibilidad y el aprovechamiento de los espacios portuarios y el aumento de la productividad, observando criterios que preserven condiciones de equidad, competitividad y favorezcan la libre concurrencia de los agentes económicos. El objetivo sustantivo es el aprovechamiento integral de los espacios portuarios, la atracción de la inversión y la construcción de obras bajo normas que aseguren legalidad y transparencia, que otorguen certidumbre jurídica al inversionista privado para tener la certeza de que bajo ninguna circunstancia se concedan prevendas o canonjías a determinado grupo o persona. Estimamos conveniente introducir este novedoso elemento en la regulación de ampliaciones de superficies del dominio público portuario concesionadas, para contribuir al desarrollo integral del esquema de concesiones y favorecer así la creación de mecanismos que permitan alcanzar la máxima rentabilidad socio-económica de los espacios físicos de los puertos. Consideramos que si aportamos al perfeccionamiento del régimen de concesiones, abonamos sin duda a la promoción de la inversión privada en las instalaciones y equipamientos portuarios, cuyo eje rector sea una legislación clara y estable en el tiempo que permita la planeación de inversiones a largo plazo bajo la consideración de que el sistema portuario fue concebido para operar con autosuficiencia financiero. Es pertinente subrayar que la modernización del sistema portuario ha hecho posible la existencia de una oferta de servicios portuarios diferenciada por tipo de carga y por puerto, que ha propiciado a su vez la especialización y nuevas tecnologías. Este esfuerzo es producto de la creación de sinergias y de la interacción responsable y equilibrada de la iniciativa pública y privada, en la medida en que ésta última ha ido incrementando progresivamente la prestación de los servicios portuarios. En este proceso, los diversos agentes económicos que convergen en los puertos han aportado un impulso decidido al desarrollo portuario, teniendo como base una visión compartida de carácter integrado en la oferta de servicios y claridad al asumirse plenamente como comunidad portuaria, lo que no sólo ha fomentado esta actividad sino que ha permitido mejorar la competitividad en cada puerto y en el conjunto de ellos. Estamos seguros de que el modelo de colaboración público-privado se ha constituido en un factor clave para impulsar la actividad portuaria que estamos consolidando y debemos potenciar para estar en condiciones de afrontar los retos del porvenir con una confianza renovada y en que las cosas salen mejor cuando trabajamos unidos y con la mira puesta en este gran proyecto que se llama México. Tenemos la certeza de que el proyecto de reforma que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, sin duda contribuirá a enriquecer y perfeccionar este ordenamiento jurídico, que si bien es cierto, ha coadyuvado a la modernización y a la creación de la nueva infraestructura, hoy en día se hace necesaria su revisión para abonar a la consolidación del Sistema Portuario Nacional y preserva la certidumbre jurídica para continuar incentivando a inversionistas nacionales y extranjeros a financiar los proyectos que exige el desarrollo de los puertos mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, exhortamos a los ciudadanos diputados que integran los diferentes grupos parlamentarios de esta honorable representación ciudadana, que emitan su voto favorable para que se apruebe el siguiente Proyecto de Decreto, cuyo texto íntegro dejo en manos de la Secretaría para proseguir con el trámite que dicte la Presidencia. Artículo Único.- Se reforma el artículo 25 de la Ley de Puertos para quedar como sigue: "En el caso de que se solicite la ampliación de las superficies concesionadas de un puerto para extender las actividades portuarias a los bienes del dominio público colindantes, se estará a lo dispuesto en el artículo 7 de la presente ley. El titular de la Secretaría podrá adjudicar directamente la ampliación de la superficie originalmente concesionada si con base a la disponibilidad de áreas conforme a criterios de productividad de costo-beneficio, se aprecian evidentes ventajas de que el uso, aprovechamiento y explotación de las áreas en cuestión, se lleven a cabo por el solicitante y no existan restricciones justificadas de áreas o actividades ni otro interesado conforme al procedimiento que señale el Reglamento respectivo. Artículo Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto tengo que decir, diputada Presidenta. Muchas gracias.