El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Resulta que hemos votado ya en lo general una ley que va a tener mucho cuestionamiento y podrán rectificar en los próximos meses, mientras tanto seguirá siendo una ley, si no espuria, por lo menos ilegítima, legal pero ilegítima. El eje fundamental de esta reforma constitucional consistía en darle al Instituto el carácter de órgano constitucional autónomo, con la responsabilidad de regular y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, como un órgano del Estado, que no de gobierno, que no estuviera sujeto a la autoridad del gobierno en turno o a coyunturas políticas que en el pasado marcaron un sesgo en el trabajo institucional. Mantenemos la preocupación de que el Estado provea información confiable, basada en el principio universal de objetividad, así como la concepción de que la información estadística y geográfica debe ser generada por unidades autónomas, no dependientes de otras entidades públicas que eventualmente pudiesen provocar o permitir alteración de los datos. Este dictamen es un organismo que responde de forma jerárquica al presidente de la república y que no corresponde a la voluntad del Constituyente, dejando al margen la autonomía constitucional para dar paso a un organismo híbrido, descentralizado y subordinado a la administración pública federal, que es totalmente incompatible con el propósito original de crear un verdadero órgano de un sistema de información confiable, verdadero y objetivo. Esto es una violación al espíritu y a lo que disponen las normas constitucionales. Por las consideraciones antes expuestas, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, propongo ante esta soberanía las siguientes modificaciones al dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. En el artículo 14 estamos planteando que el Consejo Consultivo se integre por tres representantes de la Cámara de Diputados, por tres representantes de los senadores, por 32 representantes de los Poderes Ejecutivos estatales —que tenga uno por cada estado— y el Distrito Federal, para darle un base legal al mandato federalista de la Constitución. Y que se elimine la fracción VII del mismo artículo. En el artículo 18 estamos planteando que se suprima la palabra "indicadores" por "datos", que son cosas distintas. En el artículo 21 planteamos que se elimine en forma absoluta este artículo porque es totalmente aberrante, ya que al ordenar "generar indicadores", se presta mucho a la manipulación en cuanto a la población y los censos de vivienda y demás. En el artículo 33 pedimos que se elimine el párrafo tercero que le da al Banco de México una facultad indebida para determinar las normas relativas a la información que produzca y requiera para su conducción la política monetaria. En el artículo 37 planteamos que se añada la expresión "datos personales" y se elimine el segundo párrafo del mismo. Todo ello en concordancia con la Ley de Transparencia Federal. En el artículo 47 que se diga que los datos personales que proporcionen los informantes del sistema serán de uso público salvo los que sean confidenciales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley y de las reglas que conforme a ellas, dicte el instituto, y se elimine el segundo párrafo. Al final del artículo 51, que habla sobre las solicitudes de información de interés nacional que formulen gobiernos extranjeros, organismos y agencias internacionales a las dependencias y entidades de administración pública federal; al Poder Judicial de la Federación; al Poder Legislativo Federal; a organismos constitucionales autónomos; a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas; a organizaciones o agrupaciones de los sectores social o privado o a particulares, deberán ser atendidas en términos de las disposiciones aplicables, se diga que por el instituto, previa consulta con la autoridad, organización, agrupación o en particular de que se trate. En el artículo 57 solicito que sólo quede que "el instituto elabore y someta a consideración del Comité Ejecutivo correspondiente las normas técnicas y las metodologías que sean necesarias para la realización de las actividades estadísticas y geográficas de alguna materia o sector". En el artículo 67 —es muy importante— propongo que si bien el presidente propone a los cinco integrantes … Bien, propongo que no sea por omisión del trabajo de las unidades para que se pueda elegir al presidente. En el artículo 67 se plantea que sea la Junta de Gobierno la que elija a su presidente y que no sea además de que el presidente proponga a los cinco consejeros, él mismo elija al propio presidente. En el artículo 73 nos dice que se puede despedir a los miembros, que prácticamente no se alineen para aquellos que den información que no sea autorizada por la ley. Ése es un artículo muy subjetivo y se presta a la manipulación para que la gente incómoda sea separada del cargo por parte del presidente de la república. El 74. "… que el dictamen con la documentación que lo sustente, incluida la argumentación por escrito, de que en su caso el afectado hubiere presentado, sea enviado al Congreso de la Unión para su resolución definitiva", estamos planteando que sea enviada al Congreso, a esta soberanía y no al presidente de la república. Artículo 75. "… que se eliminen todos los textos". El sexto párrafo, que es una exageración a la confidencialidad que deban guardar las personas que asistan a las sesiones de la Junta de Gobierno. Partimos del principio de que en las sesiones públicas no hay secretos de Estado y que por ello debe de ser eliminado el sexto párrafo. En el artículo 83 se plantea que se elimine en las fracciones I y III la frase "de los techos o lugares de gasto establecidos por el Ejecutivo federal y siempre y cuando no rebasen el techo global de su presupuesto aprobado, respectivamente", ya que esto genera una dependencia del instituto a la voluntad presupuestaria de Hacienda. Y en el artículo 102 agregamos que para que quede en su fracción I, el instituto no estará obligado a proporcionar aquella información que tenga en virtud de cualquier disposición legal el carácter de confidencialidad clasificada o reservada. Es cuanto, señora Presidenta. Entrego el documento de las reservas de los artículos.