La diputada Ariadna Montiel Reyes: Con su venia, presidente. La suscrita diputada sin partido, diputada Ariadna Montiel, integrante de esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 78 del Reglamento, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en el Territorio Nacional que estudien en Instituciones Públicas de Educación Media Superior, dentro de la república mexicana. La presente iniciativa tiene por objeto hacer valer el derecho a la educación, ya que la educación es un derecho humano fundamental. Ya que no solamente cuenta con su propia justificación jurídica, sino en términos generales, es el proceso permanente que desarrolla las capacidades físicas, intelectuales y éticas del ser humano que le permiten integrarse positivamente a la sociedad y al Estado. En México el derecho fundamental a la educación se encuentra debidamente regulado y tutelado por el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, la cual establece que todos los habitantes del país tienen o deben tener las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. Por lo cual, conforme a las disposiciones generales de nuestro país todos los habitantes de México debemos tener las mismas oportunidades de recibir educación. Derivado de la reforma constitucional en materia de los derechos humanos de 2011, en México, nuestra estructura normativa debe integrar los tratados internacionales que ha ratificado México en la materia y que reconocen a la educación como parte de los derechos sociales pertenecientes a la tercera generación de derechos humanos, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales promovido por las Naciones Unidas, mismo que entró en vigor en 1976 a nivel mundial y que para el ámbito continental se hizo lo propio a través de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y mediante el Pacto de San José. Sin embargo, para poder alcanzar la igualdad que establecen estos derechos de tercera generación y el derecho a la educación plena, es imprescindible reconocer que existe una amplia y compleja diversidad entre las personas. Por ello, debe examinarse la situación que guarda el derecho a la educación en la legislación mexicana, así como la noción de igualdad de oportunidades educativas, temas que por su importancia deberían impulsarse para su discusión en la agenda educativa nacional. La ley exige a los padres que envíen a sus hijos menores de edad a las escuelas, públicas o privadas, con la finalidad de que cursen la educación primaria y secundaria obligatoria para todos; sin embargo, no existe ninguna sanción para el incumplimiento de este precepto, porque nuestra realidad va más lejos que solo remediar con sanciones la ley. Los padres de familia que no cumplen con esta obligación en su inmensa mayoría, se debe a un conjunto de factores culturales, sociales, pero principalmente económicos que impiden hacerlo, por lo que el derecho se invalida. Por eso es preocupante que no se haya legislado para obligar al Estado a proporcionar a quienes sufren las consecuencias de estos factores a obtener los apoyos necesarios para contrarrestar los efectos negativos de los mismos. En realidad, las medidas que el Estado ha adoptado con este propósito no han sido generales, universales, plenas, de libre acceso, como debe ser pensado el derecho humano a la educación. Respecto de la enseñanza media superior, la legislación vigente no precisa el derecho de los individuos a acceder a ello, en estos niveles el derecho es menos exigible, puesto que en ley el Estado solo está obligado a promover y atender su desarrollo, en la medida en que sean necesarios para el país. Respecto a la educación universitaria todavía es más grave, la discusión pública no ha alcanzado consenso ni siquiera respecto a la gratuidad de la educación universitaria, no obstante que la ley y tratados internacionales son claros. Toda la educación que el Estado imparta deberá ser gratuita. Retomando el eje de esta iniciativa, la igualdad para el acceso a la educación, es importante señalar lo que concluyó el Observatorio Ciudadano de Educación, que el ejercicio del derecho a la educación no se garantiza plenamente si no se logran eliminar las diferencias entre las oportunidades de ingresar al sistema escolar y de permanecer en el mismo, que existen entre los grupos sociales y regiones que están en desventaja. Este derecho es un concepto más complejo, ya que refiere al derecho de aprender, efectivamente. La verdadera distribución de oportunidades educativas se alcanza cuando se igualan las posibilidades de que todos los individuos dediquen a su aprendizaje las mismas dosis de tiempo y esfuerzo y obtengan los mismos resultados educativos, independientemente de sus habilidades iniciales y de los estratos sociales a que pertenezcan. Además de la equidad de la distribución de las oportunidades de aprendizaje efectivo, el derecho a la educación comprende la equidad, la gratuidad en todos los niveles, la libertad de elección entre las diversas ramas del sistema educativo, la compensación de las desigualdades para tratar desigualmente a los desiguales y las posibilidades de incrementar la permanencia en el sistema educativo a los jóvenes. Por lo anteriormente expuesto presento esta iniciativa, que tiene como finalidad expedir una Ley General de Estímulos Económicos para todos y todas las jóvenes y los jóvenes residentes en el territorio nacional que estudien en instituciones públicas de educación media superior de la República Mexicana. Confiando que todos los aquí presentes elevemos la altura de nuestros debates y le apostemos a la educación como prioridad del Estado, y para ello se incremente la inversión para generar mayor acceso y permanencia en la educación media superior a partir de la expedición de esta ley. Por nuestros jóvenes y por el futuro de nuestro país, muchas gracias. Es cuanto, diputado.