La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez: Compañeras y compañeros diputados, presento ante este pleno, a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. La reforma que se pone a consideración tiene por objeto hacer públicas las sentencias del Poder Judicial federal y de las entidades federativas. La reforma que se pone a consideración tiene por objeto hacer públicas las sentencias del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas, retomando el espíritu de la Ley de Transparencia sobre informar a las y los mexicanos sobre la actividad gubernamental. Lo anterior obedece al principio universal de brindar a las y los ciudadanos una mayor transparencia sobre el actuar de todos los poderes y la decisión de estos, así como de las acciones y decisiones que los servidores públicos toman. De acuerdo a una investigación realizada por la Organización Equis, Justicia para las Mujeres; titulado (IN)Justicia Abierta: Ranking de la Opacidad Judicial en México, ninguno de los 32 poderes judiciales locales del país cumplían con su obligación de transparentar sentencias de acuerdo a los principios de máxima publicidad, accesibilidad y oportunidad, a pesar de la obligación legal de hacerlo. Toda sentencia, resolución o decisión que toma el Poder Judicial federal o local debe ser interpretada como la solución del Estado para resolver cualquier conflicto público o privado entre particulares o sociedades con la finalidad de hacer aplicar la justicia dentro del marco legal aplicable para cada caso. Transparentar las sentencias que se van generando día a día es un acto democrático, pues se deja, a la vista de todos, la posibilidad de entender los raciocinios en las resoluciones, disminuir la asimetría de la información estableciendo un control de la actividad jurisdiccional ciudadana, accediendo a la información judicial sin que se medie alguna solicitud de accesos a información. Por lo tanto, destaca la importancia de esta minuta, ya que la ley actual no contempla todas las sentencias y aquellas catalogadas de interés público. Esto hace que el razonamiento, la motivación, la fundamentación y los controles judiciales sean aún más exhaustivos, pues se dejará a la vista de todos las razones por las cuales un juez o un magistrado determinaron y fundaron para tomar una determinada decisión. Si bien, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal han hecho un importante esfuerzo para transparentar las sentencias, esto no ocurre en los poderes judiciales locales, pues resulta complicada la publicidad de las sentencias y los medios para solicitarlas. Por lo cual, esta minuta nos acerca a una justicia abierta y la posibilidad de transparentar al pilar de justicia de nuestro país. Esta modificación nace de la necesidad de mejorar la rendición de cuentas del Poder Judicial, así como crear parámetros de evaluación ante acciones de evidente injusticia. En la Comisión de Transparencia y Anticorrupción estamos convencidos que ante el desprestigio que atraviesan las instituciones de administración y procuración de justicia no debe haber espacio para la opacidad y mucho menos para la discrecionalidad. Es preferente y necesario votar a favor del dictamen puesto a consideración de esta soberanía, donde se establece un periodo de 180 días contados a partir de la publicación del decreto, para que los congresos locales realicen las adecuaciones normativas correspondientes. La transparencia en el Poder Judicial permitirá que los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía observen, monitoreen y controlen la actividad judicial y así poner al descubierto la corrupción y reforzar las bases de justicia en nuestro país. Por lo antes expuesto, se pone a consideración de este pleno el presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.