El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La inseguridad, la violencia y la injusticia en este país son la noticia de cada día y desafortunadamente estos problemas que son torales para nuestra nación no se ve ni se avizora que a poco tiempo se pueda resolver. Y no se va a poder resolver si no cambiamos el modelo de seguridad y empezamos por revisar y discutir, por supuesto en la Cámara de Diputados, ese modelo de seguridad, un nuevo modelo policial, donde pongamos al centro del debate, al recurso más importante de ese modelo que son las personas, los policías y dentro de ese debate se tiene que discutir también la función esencial que hacen los ministerios públicos y los peritos. Agradezco al diputado Macedonio Tamez que me ayudó a configurar esta iniciativa y que ha estado en la lucha por reivindicar los derechos de policías, ministerios públicos y peritos. La iniciativa que hoy estamos presentando es una iniciativa que busca reivindicar los derechos laborales y humanos de policías, ministerios públicos y peritos. Hace casi dos años, lo decíamos en esta tribuna, que era importante entrar en ese debate y en esa discusión y hace dos años que lo decimos con esa claridad, que esta iniciativa junto con otras ha estado congelada. Mientras que el debate ha sido otro, se ha discutido que se establezca un mando único, un mando mixto y que también hay un nuevo debate de establecer una ley de seguridad interior, pues el debate más importante que se tiene que dar en esta tribuna y en este Congreso es qué se tiene qué hacer para que la violencia, la inseguridad, disminuyan. En ese sentido se tiene que hablar de un nuevo modelo policial, de un nuevo modelo de seguridad. Desde 1997 que se creó el Fondo de Seguridad, el Fosegi, que después pasó a ser el Fortaceg, a la seguridad se han destinado sobre todo en este rubro más de 160 mil millones de pesos. Además del presupuesto de seguridad y el presupuesto de justicia se han incrementado de manera exponencial. Por supuesto, también hay que decirlo, el presupuesto que se da a las Fuerzas Armadas es también un presupuesto de miles de millones de pesos que también ha ido creciendo, pero los resultados en seguridad y en justicia, por el contrario, son completamente insatisfactorios. A estas fechas lo dice la última encuesta que llevó adelante el INEGI, la encuesta de la Envipe, de víctimas que han sufrido un delito en este país, aproximadamente 30 millones de personas, 1 de cada 4 ha sufrido un delito en este país. De esa magnitud es el nivel de inseguridad y de violencia en la nación y todavía estamos estancados en la discusión de qué modelo de seguridad se necesita para México. Por eso, en esta discusión nosotros señalamos que se debe de establecer un debate serio para replantear que en este modelo de seguridad y de justicia se establezcan los derechos humanos y se respeten los derechos laborales de policías, ministerios públicos y peritos. No se puede hablar de una mejor seguridad, de una mejor justicia si no les damos garantías y derechos a quienes hacen el trabajo día con día en las calles, a quienes se arriesgan para que en este país haya mejor seguridad. Lo decimos porque está comprobado en los diversos estudios que se han hecho que en las policías municipales, el 60 por ciento de municipios les paga en promedio entre 5 y 6 mil pesos de salario a los policías municipales. La mayoría de esos policías municipales no tienen derecho a la seguridad social, no tienen otras prestaciones como sería un salario digno, pago de horas extras, etcétera. Se les exige demasiado pero el Estado no les está reconociendo lo que el policía, el Ministerio Público está aportando a la seguridad y a la justicia. En este país, aparte de que estamos por debajo de la media mundial de policías y ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, se les exige con muchísimas jornadas, etcétera. Recién, la semana pasada también la consulta que se hizo del modelo de justicia que elaboró el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Inacipe, el CIDE y otras organizaciones, señalaba todas las deficiencias que tiene el modelo de justicia. Y algo que decía en las conclusiones este informe, es que no hemos volteado a ver lo que realmente se necesita. Hoy que hay una discusión fuerte para que el modelo de justicia penal que recientemente se aprobó, que lleva ya más de ocho años y que ha estado discutido y en debate, señalan que no es necesario modificarlo o cambiarlo. Lo que es necesario es rediseñar institucionalmente y modificar lo que está pasando en las instituciones públicas de procuración de justicia. Y ahí tendríamos que hablar de la autonomía, tendríamos que hablar de la inteligencia, del trabajo de la información, del servicio civil de carrera. Dice este y otros estudios que en la mayoría de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, las corporaciones de seguridad pública no respetan los reglamentos del servicio civil de carrera. Es decir que los servidores públicos no tienen tampoco este incentivo para poder ascender con reglas claras. En consecuencia toda esta violación de los derechos que tienen los servidores públicos, específicamente ministerios públicos, peritos y los casi medio millón de policías preventivos que hay en este país, son, la desventaja que enfrenta un nuevo modelo de seguridad y de justicia. Por eso el debate que está perdiendo el gobierno en este país es perpetuar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo cual es contrario a estándares internacionales a lo que ha recomendado la ONU para el país, so pena de todas las violaciones a los derechos humanos que trae consigo perpetuar la funciones de seguridad pública de unas instituciones que no fueron hechas para la seguridad pública como son las Fuerzas Armadas. Por eso se habla de la urgencia de crear una ley de seguridad interior, cuando en este país y en este Congreso se tiene que dar un debate por un nuevo modelo policial para fortalecer las facultades que tienen los cuerpos de seguridad pública en el país. Ahí es donde se tiene que dar el debate y esta iniciativa va por reconocer esos derechos de quienes son el parteaguas, la columna vertebral de la seguridad y del país, y que el Estado mexicano ha venido cerrando los ojos. Por el contrario le ha venido quitando derechos, incluso constitucionales y los ministerios públicos, peritos y policías en este país, son los únicos servidores públicos que no tienen derechos elementales e incluso constitucionales como es el derecho de audiencia y defensa, el derecho de presunción de inocencia, etcétera, porque los exámenes de control de confianza y la permanencia les violentan estos derechos que incluso, están en la Constitución. Pues total, decirlo con esa claridad no podrá haber una mejor seguridad, una mejor justicia si no se plantean incentivos reales en un nuevo modelo de seguridad que tiene que haber en el país y que hoy estamos planteando y donde se establezca que la carrera policial, la carrera ministerial y la carrera de peritos sea una carrera realmente asequible, realmente donde se reconozca el esfuerzo que hacen estos seres humanos para el país. Mientras esto no pase, vamos a seguir dando vueltas empantanados en una discusión sin fondo, en una discusión sin sustancia. Hoy el planteamiento que hacemos es: reformemos sí el 123 constitucional, pero entremos a un debate para plantear un nuevo modelo de seguridad y de justicia, porque no es posible que en este país hemos orillado a que estos buenos servidores públicos que también existen, policías, ministerios públicos y peritos, los hemos orillado a que hoy estén como uno de los servidores públicos que más se critican y que menos se les reconoce en este país, pero no es culpa de ellos, es culpa del sistema que los legisladores mismos han hecho. Por eso, hoy de manera urgente les decimos a ustedes, compañeras y compañeros, replanteemos el modelo y entremos aun discusión de fondo donde sí discutamos el mando único, el mando mixto, pero no nada más es el mando, tenemos que hablar de un nuevo modelo donde se establezcan prestaciones y derechos acordes con la función tan importante que hacen los buenos ministerios públicos, lo buenos policías y los buenos peritos. Es cuanto, presidenta. Compañeras y compañeros diputados.