La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández: Con su venia, señor presidente. Saludo con afecto al coordinador de mi grupo parlamentario, el doctor César Camacho. Compañeras y compañeros legisladores, en 1916 en México se realizaba el Primer Congreso Feminista, protagonizado por más de 600 mujeres en Yucatán. Hoy, a 100 años de los inicios de la lucha feminista saludo a mis compañeras que se encuentran en Mérida conmemorando el reconocimiento el reconocimiento de los rostros y las voces de mujeres. Desde aquí, desde el Congreso de la Unión seguimos trabajando visibilizando a todas y cada una de las mexicanas. Por ello en el Grupo Parlamentario del PRI asumimos el compromiso de trabajar todos los días en la protección de los derechos de las mujeres, e invito a mis compañeras y compañeros legisladores a apropiarse de esta causa que nos corresponde. La violencia contra las mujeres ha sido catalogada por la Organización de las Naciones Unidas como la más extendida violación a los derechos en el mundo. Además, es considerada como el principal obstáculo para el desarrollo, pues genera inestabilidad en las sociedades, impide el progreso de las mujeres y niñas y su acceso a la justicia. Este tipo de violencia atenta contra la dignidad e integridad de las mujeres. Es imposible pensar en un Estado libre e igualitario en el que se pase por alto la privación de los derechos humanos de una persona, ejercida por terceros a causa de su género. La desigualdad y la discriminación sistemática que viven las mujeres en México agudiza e incrementa las distintas formas de violencia en todos los ámbitos de la vida en el aspecto privado y público, que van desde la violencia física, psicológica, emocional, económica y la violencia sexual, hasta su forma más extrema; el feminicidio. Datos de INEGI muestran que 46 de cada 100 mujeres de 15 años sufren algún tipo de violencia. Además estima que entre 2013 y 2014, en promedio, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país, lo que representa la violencia de género en su máxima expresión, violencia feminicida que vulnera de forma total los derechos humanos de las mujeres. Estas no son solo cifras, son niñas, son mujeres y jóvenes que día a día nos están siendo arrebatadas víctimas del odio y la discriminación. Legisladoras y legisladores, ¿cuántos de estos homicidios dolosos no fueron tipificados como violencia feminicida, por no existir una definición como tal en el Código Penal Federal? Si bien la problemática es compleja, el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, tiene avances que garantizan el derecho de las mujeres a la justicia y a una vida libre de cualquier tipo de agresión, enmarcados en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A partir de su publicación de ha visibilizado el feminicidio como una de las formas más extremas de violación contra las mujeres. Por ello, el Estado mexicano ha impulsado la tipificación de este delito a nivel federal y estatal. Sin embargo, en cuatro entidades federativas tipifican el delito de feminicidio como homicidio calificado, mientras seis solo consideran el feminicidio como un agravante del homicidio doloso. Visibilizar y reconocer la violencia feminicida es un compromiso con la igualdad de género. Compañeras y compañeros congresistas, es una exigencia configurar y legislar con perspectiva de género para construir y diseñar políticas y programas más eficientes, prevenir la violencia feminicida y garantizar el derecho a las mujeres a la justicia y a una vida libre de violencia debe ser una acción irrenunciable de esta legislatura. Hoy someto a su consideración propuesta de reforma para incluir en el Código Penal Federal la definición de violencia feminicida a lo establecido en el conjunto de instrumentos y convenios internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres, suscritos por México, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el numeral 1, 4 y 133. Con esta reforma se sientan las bases para la puesta en marcha de protocolos y planes de acción que garanticen el acceso a la justicia y la debida diligencia por parte de las y los servidores públicos en la atención inmediata. Senadoras, senadores, diputadas y diputados, aquí, desde este recinto, qué mejor manera de conmemorar 100 años de la lucha de las mujeres que han estado trabajando por los derechos de nosotras. Trabajando coordinadamente sociedad civil, gobierno e instituciones hacía una igualdad por resultados, logrando en definitiva una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Es cuanto, señor presidente.