La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. De acuerdo a la Convención Sobre los Derechos del Niño y las disposiciones previstas en el marco jurídico nacional, todas las niñas y los niños y adolescentes tienen derecho por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, a las medidas de protección que exige su condición de menores. El artículo 4o. constitucional es claro al establecer que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, es decir, se les debe garantizar un desarrollo integral, una vida digna y las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. No obstante la legislación nacional y los ordenamientos internacionales en la materia, se siguen presentando conductas de violencia en contra de las niñas y niños en el hogar, la escuela y en su comunidad, es decir, en espacios que debieran ser de protección, afecto y estímulo para su desarrollo integral. La información disponible sugiere que los niños más pequeños sufren mayor riesgo de violencia física, mientras la violencia sexual y la delincuencia afectan predominantemente a los adolescentes. Algunas formas extremas de violencia contra los niños y las niñas, incluyendo la explotación sexual, la trata, la mutilación genital femenina, las peores forma de trabajo infantil, el impacto de los conflictos armados y la delincuencia organizada han provocado un clamor internacional y han logrado una condena unánime, aunque no una solución rápida. Es un hecho que la explotación sexual de los niños, en particular la pornografía y la prostitución infantil, así como todas las formas de abuso sexual infantil, ponen en grave peligro la salud y el desarrollo sicosocial de nuestra niñez. Por otro lado, según la información disponible, la captura de menores de edad por delitos contra la delincuencia organizada creció 100 por ciento, de 806 a mil 604 en todo el país. Los menores de edad son integrados a la operatividad criminal porque no son los primeros sospechosos para la policía, no son punibles cuando tienen menos de 12 años y para los adolescentes las sanciones son considerablemente menores. Sacarlos de los centros de atención es más fácil y más barato. Compañeras y compañeros Legisladores, no podemos permitir que continúe esta situación que condena a nuestra niñez y a nuestra adolescencia a sufrir enormes repercusiones en su salud, bienestar y desarrollo. Por todo ello votaremos a favor del dictamen que hoy discutimos, porque prevé que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que puedan afectar su salud emocional y sexual. Además, la reforma a la ley también busca que las normas establezcan las formas de prevención y consideran la protección de este sector vulnerable cuando se vean afectados por la delincuencia organizada. En Acción Nacional estamos convencidos de que debemos seguir trabajando desde todos los ámbitos hasta lograr un mejor país para nuestras, hijas, para nuestros hijos. Es nuestro compromiso crear leyes que protejan los derechos de las niñas, niños y adolescentes y prevengan la violencia y explotación en su contra para lograr una convivencia pacífica en la sociedad y un mejor desarrollo. Es cuanto.