La diputada Julieta Macías Rábago: Gracias, presidenta. Hace pocos días la mayoría artificial en esta Cámara, obedientemente aprobó la iniciativa del presidente imperial para reformar la industria eléctrica, en notoria contravención a las disposiciones constitucionales y convencionales en materia energética y económica. Es decir, eligieron la ruta del fraude a la ley ante la imposibilidad material de reformar la Constitución, pues ello requeriría que su mayoría fuese una auténtica representación proporcional de tres cuartos de la ciudadanía. Hoy, de nuevo, tenemos un dictamen que reforma la legislación secundaria en materia de hidrocarburos en abierta contradicción con disposiciones jurídicas de superior jerarquía. Ambos casos son clara evidencia de que el mandato que la ciudadanía dispuso en 2018 no es compatible con las decisiones autoritarias, discrecionales, obsoletas y fallidas que se pretende imponer a través del abuso de la inconstitucional sobrerrepresentación legislativa que ostenta la coalición oficialista. Como lo advertimos en aquella ocasión, dichas reformas están siendo objeto de un sinnúmero de juicios de amparo y, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá hacer valer la división de poderes y la jerarquía normativa ante actos de autoridad que distorsionan el diseño vigente de la industria eléctrica en la norma fundamental. La reforma en materia de hidrocarburos es la siguiente fase dentro de una misma política energética que, contraria al resto del mundo, apuesta completamente por un modelo energético basado en hidrocarburos, altamente contaminante y anticompetitivo de cara al futuro. Más allá de si esta obsesión con el pasado sea un tema ideológico, o bien, si los argumentos ideológicos están siendo usados como justificación en actos de corrupción, para el futuro del país resulta imperativo corregir el rumbo cuanto antes, pues a pesar de las filias y fobias del presidente imperial, el México del futuro será renovable mientras la 4T y los hidrocarburos son víctimas de su propio anacronismo. Como ya es costumbre, el principal objetivo de esta reforma es la concentración de poder y discrecionalidad en el Ejecutivo federal para satisfacer sus caprichos. Ahora, bajo el falaz argumento de la seguridad nacional se busca que la autoridad pueda emitir resoluciones sin fundar ni motivar la negativa, a pesar de que se cumplan los requisitos vigentes. Incluso, van más allá. Se busca que la autoridad ni siquiera se moleste en revisar las solicitudes de particulares, garantizando mediante la regresiva figura de negativa ficta, que basta con ignorar a los peticionarios para anular en los hechos la participación de privados. Perdón, pero la autoridad está obligada a atender todas las solicitudes que reciba, así como ha fundar y motivar sus determinaciones. Sépanlo, las autoridades únicamente pueden hacer aquello para lo que expresamente están facultados. Además, se pretende imponer condiciones que permita a la autoridad manipular el resultado de las solicitudes a conveniencia, pues con la facultad que se le otorga a la Secretaría para imponer unilateralmente la capacidad de almacenamiento que el peticionario debe comprobar, esta podrá caer en la tentación de solo favorecer a los propios y relegar a los extraños. Por si no bastara, también se quieren regalar la facultad para revocar permisos a capricho y tomar control de la infraestructura de permisionarios, en lo que para fines prácticos constituye, señoras y señores, una expropiación maquillada. Resulta inaceptable y criminal que en un contexto de grave emergencia económica y sanitaria, el gobierno federal esté dedicado a minar la confianza de los inversionistas y a financiar obsoletos proyectos faraónicos, en vez de generar incentivos para la recuperación económica. Por ejemplo, podrían disminuir o mejor aún eliminar el IEPS a combustibles que tanto criticaron en el pasado, pero que hasta hoy sigue vigente a pesar de las vacías promesas por acabar con los gasolinazos. Ahora ya no hay gasolinazos en plural, porque la 4T lo sustituyó por un solo gasolinazo permanente, cobrando el IEPS completo, incluso cuando el precio del crudo cayó a valores negativos en abril del año pasado. Pero de nuevo demuestran su indolencia y su servilismo a los caprichos de un hombre que está obsesionado con Dos Bocas, cuando hay millones de bocas que requieren políticas públicas adecuadas. Y así como lo hemos hecho incontables veces, desde esta tribuna, hoy venimos de nuevo a advertir que su mayoría y sus otros datos únicamente tienen validez en el país de fantasía, que solo existe en el discurso de una administración rebasada, que depende de la manipulación mediática para frenar la caída en picada de los índices de aprobación por el fracaso en el manejo de la pandemia. Gracias a los pesos y contrapesos, así como a las instituciones por las que ustedes mismos lucharon en el pasado, no ha bastado la embestida frontal del poder contra el Estado de derecho, para derrumbar los cimientos de nuestra democracia, la cual ha demostrado ser más fuerte de lo que muchos anticiparon y que debemos continuar fortaleciendo para que cada vez sea más ajena a los vaivenes políticos. En este sentido, las reservas que presento están encaminadas a neutralizar la discrecionalidad que genera el dictamen y fortalecer la certidumbre para todos los actores del mercado de hidrocarburos. Es así que propongo eliminar la facultad que se otorga en el artículo 51 para determinar unilateralmente la capacidad de almacenamiento exigible al permisionario, de forma que este únicamente deba mostrar una capacidad suficiente para el permiso al que aspire. Considero también necesario, así como correcto, así como incorrecto en técnica legislativa por ser reiterativo, la incorporación expresa de conductas ilícitas específicas, lo cual no tiene efecto alguno, pues ya se contemplaba el origen ilícito de los hidrocarburos como causal para ser acreedor a las sanciones correspondientes. Así también propongo sustituir la facultad que contempla el último párrafo del artículo 59 Bis, para revocar permisos discrecionalmente. Por la facultad para prorrogar la suspensión, pues resulta previsible que vayan a abusar de la citada facultad en perjuicio de la libre competencia y los derechos de consumidores y permisionarios. En el mismo sentido, también propongo sustituir la revocación por sanciones de mayor cuantía en el artículo 86, ya que al igual que en el 59 Bis existe el riesgo de que sea mal empleado por la autoridad. Finalmente, me parece indispensable modificar el artículo sexto transitorio, en el sentido de que no se dará efecto retroactivo en perjuicio de los derechos adquiridos por los permisionarios en forma previa a su entrada en vigor. Muchas gracias.