El diputado Guillermo Huizar Carranza (PRD): Gracias Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El suscrito, Guillermo Huizar Carranza, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento a la consideración de esta honorable soberanía dos iniciativas: La primera, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y la segunda, que reforma los artículos 32-A, 208 y 209 del Código Fiscal de la Federación, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Los retos del gasto público son amplios y exigen urgente atención: la cobertura en los servicios educativos y de salud; los apoyos al sector agropecuario; la dotación de infraestructura, el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas; la defensa a la soberanía y la seguridad pública, entre otros, demandan de una mayor canalización de recursos para su fortalecimiento. Sin embargo, nuestro sistema impositivo ofrece porcentajes de recaudación sumamente bajas en relación con el tamaño de nuestra economía, ubicándolo como uno de los más ineficientes del mundo. Esta realidad, cancela las posibilidades de orientar más recursos a sectores de la economía nacional que los requieren. Para elevar la recaudación potencial de nuestro sistema, se requiere del concurso de toda la sociedad: Por un lado, se hace necesario impulsar reformas a las leyes impositivas que cierren las brechas de evasión y elusión fiscales; y por el otro, es urgente fortalecer los mecanismos de fiscalización. Esta circunstancia, obliga a todos los grupos parlamentarios a impulsar reformas que modernicen y hagan más eficaz nuestro sistema, al tiempo de corregir disposiciones que hoy en día retrasan la impartición de la justicia fiscal y administrativa. En razón de las consideraciones anteriores, se proponen un conjunto de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta que hará posible avanzar en la construcción de sistemas de tributación más equitativos y modernos que respondan a la nueva realidad nacional. Una demanda sentida de los contribuyentes, es el retraso en la devolución de contribuciones que tienen a su favor, producto de la obligación de cumplir con una serie de trámites administrativos. Los sistemas electrónicos de control con que se cuenta, hacen posible que las autoridades fiscales puedan detectar ágilmente la procedencia de los saldos a favor de los contribuyentes, dado que su verificación se limita a comparar el impuesto anual de las personas morales con la suma de sus pagos provisionales. Por lo tanto, es procedente establecer un procedimiento expedito, exento de trámites complicados, para devolver los saldos a favor de los contribuyentes. Esta medida hará más justa la tributación e incentivará el cumplimiento espontáneo y voluntario. Los pagos provisionales son los anticipos que realizan los contribuyentes a cuenta del impuesto anual. Actualmente, la ley obliga a efectuarlos con una periodicidad mensual, sin distinguir los diferentes tipos de sujetos que existen en función de su capacidad administrativa, por lo tanto se propone que dichos pagos los realicen en forma trimestral cuando se trate de contribuyentes de mediana capacidad administrativa. Esta medida, además de simplificar las obligaciones formales de este tipo de contribuyentes, mejorará su cumplimiento, considerando la menor afectación a su liquidez financiera. El beneficio que se propone es igualmente aplicable en el caso de las personas físicas. Se propone adecuar el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer que la base para el reparto de utilidades a los trabajadores de las empresas sea la utilidad fiscal determinada. Lo anterior considerando que así lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta medida permitirá además una mayor transparencia en la cuantificación de este derecho consagrado para los trabajadores y simplificará el procedimiento de determinación en beneficio de las autoridades fiscales, de los contribuyentes y de los propios trabajadores. En este mismo sentido se estima conveniente considerar que sea deducible dicho concepto, mejorando con ello la competitividad de las empresas residentes en territorio nacional. Consideramos que es necesario regresar a la deducción del costo de ventas en lugar de las adquisiciones de bienes. Lo anterior permitirá disminuir la diferencia entre la utilidad contable y la utilidad fiscal de las empresas, dando una mayor certidumbre a los socios y a las autoridades fiscales, reduciendo asimismo el impacto anual que se observa en las cuentas de impuestos diferidos. Para propiciar que la entrada en vigor de esta reforma, en el caso de que cuente con la voluntad mayoritaria del Congreso sea gradual, se propone la inclusión de todos los métodos de costeo que hoy día utilizan las empresas, con excepción del monetario. Ello permitirá no elevar las cargas administrativas a los contribuyentes. Asimismo, se propone ofrecer un mecanismo especial para el tratamiento de los inventarios que ya se hicieron deducibles, evitando una entrada de impacto en el nuevo sistema. Considerando que es necesario avanzar en la eliminación gradual de mecanismos preferenciales de tributación, se propone que los contribuyentes del régimen simplificado mantengan un límite de ingresos exentos, estimando conveniente fijar dicho límite en 20 salarios mínimos generales. Tratándose de pequeños contribuyentes, se estima adecuado proponer un ajuste en el monto de los ingresos máximos que obtienen los contribuyentes para ser sujetos de los beneficios de este régimen, toda vez que el límite establecido no ha experimentado incremento en los últimos años. Finalmente, en lo que se refiere a la Ley del Impuesto sobre la Renta se propone modificar los requisitos de las deducciones relativas a la obligación de presentar declaraciones informativas o entero de retenciones, sustituyendo la disposición actual por una que sea más equitativa y moderna, eliminando el riesgo de que los contribuyentes pierdan, por razones eminentemente administrativas, la deducción de gastos reales y concretos. Por su parte, en el Código Fiscal de la Federación se proponen reformas que nos permitan avanzar en el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y haciendo más pronta y expedita la impartición de justicia en materia fiscal y administrativa. En función de lo anterior se propone reformar los artículos 32 A, 208 y 209 del Código Fiscal de la Federación de acuerdo con la siguiente exposición de motivos. El dictamen fiscal tiene instituido más de 40 años, siendo una derivación del dictamen sobre estados financieros. Desde su implantación las autoridades fiscales han establecido un sinnúmero de reglas, formatos y plazos para que los contadores públicos emitan una opinión profesional sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones fiscales de parte de los contribuyentes. Inclusive en la actualidad dicho dictamen se presenta por internet, a través de modernos mecanismos de procesamiento de datos, lo que ofrece agilidad y certidumbre tanto para las autoridades fiscales como para los contribuyentes y su dictaminador autorizado. Este mecanismo de revisión ha probado su eficacia y su grado de seriedad y credibilidad. Hoy día un buen número de contribuyentes acuden a solicitar este servicio en forma voluntaria. Luego entonces se trata de un mecanismo útil y seguro, que ha coadyuvado a elevar el nivel de cumplimiento de las obligaciones fiscales y a elevar la recaudación. Esta iniciativa propone la modificación del artículo 32 A del Código Fiscal de la Federación con el propósito de avanzar en la seguridad jurídica de los contribuyentes y ofrecer certidumbre en las reglas que aplican a este mecanismo, particularmente en lo relativo al plazo de presentación. Actualmente el plazo para la presentación del dictamen, de acuerdo con el artículo 32 A del Código, vence el 31 de mayo. Este plazo se ha estimado insuficiente para garantizar la calidad que el trabajo profesional demanda, siendo factor negativo para alcanzar los objetivos que se requieren. La experiencia de 1993 da cuenta de esta circunstancia. Por lo tanto, con el propósito de avanzar en el fortalecimiento de una justicia pronta y expedita, tratándose de litigios en materia fiscal, se propone establecer que la notificación de los asuntos sea en el domicilio del contribuyente, siempre que dicho domicilio se encuentre dentro de la circunscripción regional de la sala correspondiente. Lo anterior evitará molestias injustificadas a los contribuyentes y hará más ágil la resolución de controversias en esta materia. Con igual propósito se reforma la fracción I del artículo 209 propiciando que el número de copias que deben acompañarse a la demanda sea razonable, toda vez que la redacción actual puede darse casos exagerados. Por lo anteriormente expuesto presento a la consideración de esta Asamblea las siguientes iniciativas, las cuales solicito a la Presidencia reproduzca íntegramente en el contenido del Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.