La diputada Claudia Alejandra Hernández Sáez: Estimadas diputadas y diputados y todo el pueblo de México. La iniciativa que hoy presento tiene como objetivos armonizar las leyes federales en materia de atención médica y orientación a las y los, o usuarios que se encuentran involucrados en situaciones de violación familiar o sexual. Que todas las instituciones de salud brinden atención médica a las personas involucradas, en situación de violencia familiar o sexual y que la atención médica incluya la promoción, protección y procuración de la restauración al grado máximo posible en la salud física y mental a través de tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas, información de medidas médicas alternativas, si el caso lo requiere, y cuando las condiciones lo permitan la promoción y restauración de la salud de los probables agresores. Lo anterior con fundamento en la Norma Oficial Mexicana, NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual contra las Mujeres, publicada el 24 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, elaborada por 35 organizaciones nacionales e internacionales y dependencias federales, como la Secretaría de Salud, el Centro Nacional para la Salud de Infancia la Adolescencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, por mencionar solamente algunas. Es necesario armonizar la legislación nacional, a fin de establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación de las y los usuarios de los servicios de salud que se encuentren en situaciones de violencia familiar o sexual, así como la notificación de los casos. La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio, concubinato, a partir de una relación de hechos que tenga por efecto causar daño. Algunas de las manifestaciones más frecuentes de la violencia familiar en nuestro medio se dan cuando, en el caso de las mujeres, son golpeadas, violadas, insultadas, amenazadas, ignoradas o menospreciadas por su compañero. Niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad son golpeados o golpeadas, insultados o insultadas, amenazados o amenazadas y humillados o humilladas. Algunos, algunas de los integrantes de la familia obligan a otro u otros a tener prácticas sexuales que no desean. Esto genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad e inclusive la muerte. Este tipo de violencia es un problema de salud pública que representa un obstáculo fundamental para la consolidación efectiva de formas de convivencia social, democrática y del pleno ejercicio de los derechos humanos. Su magnitud y repercusiones no deben minimizarse. El espectro de daños a la salud se da tanto en lo biológico, psicológico y social, existiendo el riesgo de perpetuar conductas lesivas, desintegración familiar, violencia social e improductividad. Previo a la emergencia sanitaria, México ya enfrentaba la pandemia de la violencia contra las mujeres, que ocasiona en promedio 10 feminicidios diariamente, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, con más de 3 mil mujeres asesinadas al año. La pandemia por Covid-19 ha mostrado que el confinamiento incrementa la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana, en materia de presuntos delitos de violencia familiar, registró un total de 233 mil 968 casos hasta noviembre de 2021, lo cual representa un incremento del 11.3 por ciento en 3 años, siendo la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León los estados que registran mayor número de casos a nivel nacional, sin olvidar que la violencia familiar no se suele denunciar. Con la aprobación de esta iniciativa se establece la observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, de brindar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, así como un tratamiento integral a las víctimas que, en caso de incumplimiento, dará origen a sanciones penales, civiles o administrativas que corresponda. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.