La diputada Karina Sánchez Ruiz: Yo no digo que todos sean iguales en su habilidad, carácter o motivaciones, pero sí afirmo que debieran ser iguales en su oportunidad para desarrollar el propio carácter, su motivación y sus habilidades. John F. Kennedy. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el acceso de las mujeres a los espacios deportivos ha estado lleno de dificultades, teniendo que superar barreras creadas por estereotipos sociales y culturales, además de discriminación para practicar ciertos deportes con instalaciones creadas para los hombres, y donde nos vemos obligadas a desenvolvernos en ambientes masculinizados. La llegada de mujeres a los lugares de poder se mantiene casi en la invisibilidad. Prueba de ello es que el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, Sinade, cuenta con dos mujeres entre los 30 representantes de organismos estatales y miembros afines. Por su parte, el pleno del Cinade tiene 157 organismos, de los cuales 27 están presididos por mujeres. Si hablamos de la atención específica a mujeres, los números son peores. De acuerdo con una encuesta realizada por la Conade en 2015, solo 2.8 por ciento de las federaciones cuentan con un área de atención a las mujeres, 10.5 por ciento ofrecen capacitación sobre la perspectiva de género y solo 13.2 por ciento cuentan con mecanismos para la resolución de denuncias sobre acoso sexual. Las cifras son devastadoras en términos de igualdad, por lo que se hacen necesarias reformas normativas con el objeto de promover acciones que propicien la igualdad en este ámbito. En Nueva Alianza tenemos la firme convicción de fomentar e impulsar el empoderamiento de las mujeres y nuestra participación en todos los ámbitos de la sociedad, en aras de lograr de manera sustantiva nuestra plena inclusión, nuestra equidad y, sobre todo, nuestra igualdad. Lo que buscamos es la construcción de una nueva etapa en el deporte mexicano con perspectiva de género. En lo que respecta al segundo dictamen que nos ocupa, de acuerdo con cifras del Inegi, 26.6 por ciento de las mujeres asalariadas han enfrentado alguna vez actos de discriminación laboral, como la negativa al acceso o permanencia al trabajo por cuestiones relacionadas con la edad, el estado civil o la maternidad, reducción de salario, menor salario, prestaciones u oportunidades para ascender. De igual manera, se sigue presentando la exigencia de certificados médicos de no embarazo. En este sentido, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), recomendó al Estado Mexicano armonizar su legislación con los contenidos de la Convención y eliminar el requisito de la prueba de embarazo de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior fue acatado y, por ese motivo, el artículo 133 de dicha ley establece la prohibición de exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, y despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener al cuidado de sus hijos. Lo que se pretende con la reforma que hoy estamos discutiendo, es armonizar el texto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con lo ya señalado en la Ley Federal del Trabajo y de este modo ampliar la protección a las mujeres trabajadoras. Para las y los diputados de Nueva Alianza es imperativo incluir todas las manifestaciones posibles de violencia laboral dentro del concepto señalado en la ley. En el caso del dictamen relativo al artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se pretende incrementar la esfera de salvaguarda de las órdenes de protección que se establecen en la ley de la materia. El artículo 29 menciona cuáles serán esas órdenes de protección. Sin embargo, entre los supuestos mencionados en dicho precepto, no se incluye el auxilio para la víctima en un entorno laboral, razón por la cual con esta propuesta, por parte de la comisión dictaminadora, se pretende adicionar una fracción V para incluir como medida de protección la separación física, temporal del agresor dentro del centro de trabajo en los casos en que se desempeñen en el mismo centro laboral que la víctima. Con esta adición se busca establecer una acción afirmativa a favor de las víctimas que conviven con el agresor en su centro de trabajo. Nueva Alianza así se suma una vez más a los esfuerzos destinados para erradicar la violencia contra las mujeres. No más violencia en contra de nosotras las mujeres. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.