El diputado Gonzalo Rodríguez Anaya (PRI): Con su permiso diputada Presidenta. Señoras diputadas, señores diputados. El 19 de diciembre del 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió la Ley para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Con este ordenamiento se busca regular la administración y destino de diversos bienes asegurados, decomisados, embargados y que por algún otro medio establecido en la propia ley, pasen a ser propiedad del Gobierno Federal. Esta ley establece las atribuciones del SAE; que es el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. También define la estructura y facultades de su administración que está a cargo de un director general y una junta de gobierno integrada casi en su totalidad por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea son juez y parte. La esencia jurídica de este ordenamiento tiene por intención únicamente que se administre y enajenen los bienes mencionados, con criterios de transparencia. Destinar los bienes en cuestión al lugar correcto no debe quedar solamente en manos de un grupo de funcionarios federales que si bien actúan al amparo de una ley, lo hacen privilegiando los intereses del Gobierno Federal haciendo y deshaciendo a su conveniencia, fortaleciendo únicamente algunos grupos sociales y políticos. El Congreso de la Unión debe privilegiar la transparencia y debe procurar credibilidad a las instituciones públicas y evitar la enorme discrecionalidad que existe en el SAE por su director general. De hecho, los informes que debe presentar la Dirección General del SAE, según lo establece la ley, no permiten al Congreso de la Unión o a nuestros representados directamente, conocer con precisión sobre la imparcialidad de la distribución de estos bienes. Esta Legislatura, que ha impuesto su sello de trascendencia impulsando la democracia, la transparencia y la equidad, debe trabajar y dar resultados para que esos bienes como son enseres domésticos, juguetes, vehículos de transporte que pueden ser utilizados, como ambulancias o patrullas, equipos y herramientas de trabajo- útiles a las comunidades más pobres del territorio nacional así como para que sirvan a las presidencias municipales con menores recursos y apoyen a las gentes que más lo necesitan. Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable soberanía, para su aprobación, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Termino, diputada Presidente. Primero.- Que esta honorable Cámara de Diputados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación practique una auditoría al funcionamiento, procedimientos y resultados del Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, del ejercicio 2002 hasta la fecha. Dos.- Que se establezcan las medidas jurídicas y normativas para que se evite la discrecionalidad de los procesos de donación del SAE, mediante la participación de las honorables Cámara de Diputados y Senadores en su Junta de Gobierno, a fin de equilibrar su composición y dar con ello transparencia y seguridad a este organismo descentralizado. Tercero y último. Que esta soberanía supervise la redacción y actualización del Reglamento interior del SAE, principalmente en lo referente a los bienes entregados para su administración. Muchas gracias. Gracias señora Presidenta.