La diputada Abril Alcalá Padilla: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La falta de la presencia de la autoridad y la ineficacia de las instituciones para generar un sentimiento de seguridad en la ciudadanía es cada vez más evidente. No cabe duda que dicha ausencia constituye uno de los principales riesgos y la mayor de las tareas que esperan al gobierno entrante. Aunque compartimos la preocupación de los proponentes por establecer políticas que sirvan para que las y los ciudadanos puedan vivir tranquilos, consideramos que en ocasiones el problema y causalidad se ha planteado de manera equivocada. Los linchamientos son un síntoma, no la grave enfermedad de la violencia, la inseguridad y la impunidad que hoy aqueja a México. El punto de acuerdo que aquí discutimos plantea que en algunos municipios la falta de la presencia de las instituciones del Estado, ha provocado linchamientos, actos por supuesto lamentables y reprochables. Sin embargo, lo que de manera paralela debería ocuparnos es que toda la ciudadanía a lo largo y ancho del país se sienta suficientemente protegida por un estado de derecho que jamás los empuje a tomar la justicia en sus propias manos. Hoy el nuevo sistema penal acusatorio se ha convertido en la famosa puerta giratoria en donde entran y salen delincuentes y que deja a la ciudadanía en absoluta vulnerabilidad. Las cifras de impunidad en nuestro país, señoras y señores, son críticas. De acuerdo al índice global de impunidad en México, nuestro país es el cuarto más impune a nivel global. Cerca del 99.3 por ciento de los delitos quedan impunes, y 26 de las 32 entidades federativas se encuentran en colapso penal a falta de policías y de jueces. Con lo anterior, hoy se han generado las condiciones para que los delincuentes se sientan más seguros cometiendo delitos que los ciudadanos transitando las que deberían ser sus calles. Es urgente, sí, que destinemos mayores recursos a las instituciones de seguridad pública y que estas actúen con mayor celeridad. Sin embargo, esta Cámara debe responder a toda la ciudadanía sin reducir la problemática a ciertos centros de marginalidad según cita este punto de acuerdo. Identificar a la pobreza con el origen de linchamientos y violencia en general no es sólo erróneo, sino determinista. Señoras y señores, debemos estar de acuerdo en que no todos los pobres son delincuentes ni todos los delincuentes surgen de la pobreza y de la necesidad. Es por ello que aprovechando la discusión de este importante punto de acuerdo respecto al que esta bancada se pronuncia a favor, y una vez abierto este trascendental tema de la inseguridad, la violencia y la impunidad que sufre nuestro país, la bancada del Partido de la Revolución Democrática exhorta a esta soberanía a que desde hoy iniciemos un profundo debate sobre las inconsistencias e inviabilidades del nuevo sistema de justicia penal, que son realmente la causa de tantas desgracias. Si bien estamos a favor de que se refuercen los operativos de seguridad en aquellos lugares en donde se han presentado linchamientos, seamos conscientes de que este tipo de violencia es de carácter epidémico, por lo que tendremos que abordarlo desde la contención y la prevención. En otras palabras, cualquier estrategia en defensa de la seguridad de las y los mexicanos debe ser abordada e implementada a nivel nacional con los recursos, el equipamiento, la capacitación y la logística que la circunstancia amerita, de manera real no simulada. Pero sobre todas las cosas debe ser desde la perspectiva de la prevención que habrá que atender el problema de raíz dándole funcionalidad y orden a un sistema de justicia garantista pero que a menudo pareciera defender más a los delincuentes que a las víctimas. Es cuanto, señora presidenta.