La diputada Soraya Pérez Munguía: Compañeras y compañeros legisladores, esta es una reforma de verdad muy, muy, muy peligrosa. En primer lugar, agrega un nuevo delito, no solamente los delitos que ya estaban y que ya conocíamos y que están tipificados y que se encuentran en el Código Fiscal, como son la defraudación fiscal y la emisión de facturas falsas. O sea, la emisión de facturas falsas, es decir los factureros, los que le denominamos los factureros, hoy están tipificados, hay penas como ya lo hemos mencionado, económicas de cárcel, pero aquí se está agregando un nuevo delito, que es el delito a los que adquieren o trasmiten facturas que pudieran ser falsas. Y ahí es donde la mayoría de los que han estado analizando esto coinciden en que es un terrorismo fiscal, porque podría afectar a empresas chicas, medianas o grandes, que por equivocación contable pudieran caer en estos supuestos. Y la segunda razón por la cual es muy peligrosa es, porque estos tres delitos, los dos que ya estaban incluidos, más ahora la trasmisión o la adquisición de este tipo de facturas, que estos tres delitos se puedan equiparar con un crimen, con delincuencia organizada, es decir, que se agreguen al conjunto de delitos que se establecen en la Ley contra la Delincuencia Organizada, que como ya los mencionamos, todos los delitos que están dentro de la Ley contra la Delincuencia Organizada, son delitos que atentan contra la seguridad de las personas, contra la vida o la seguridad de las y los ciudadanos mexicanos, pero sería este el primer delito en materia económica. Los que hoy están, como ya los mencionamos, son delitos que ameritan penas de más de 30 años y ahora estaremos incluyendo un delito con una pena pues mucho menor, de hasta nueve años de prisión. Pero lo que quieren hacer al incluirlo o equipararlo como delincuencia organizada, es abrir la puerta para la extinción de dominio, no nada más a que los empresarios pequeños, medianos o grandes van a tener que defenderse desde la prisión, porque los meten a prisión preventiva oficiosa, que eso ya se discutió en algunas otras reservas, sino que también quieren abrir la puerta a extinción de dominio, es decir, que en el momento en el que se sospeche que hay algún acto de esta naturaleza, entonces puedan ir, correr por los bienes y venderlos, y eso realmente es lo que hace muy, muy peligrosa a este conjunto de reformas. No perdamos de vista que además el Ejecutivo nos presentó, como parte del paquete de la miscelánea fiscal, nuevas facultades al fisco, entre ellas que los auditores puedan determinar reclasificaciones dentro de esta materia. Eso significa que si un auditor, si se pasa la miscelánea fiscal en los próximos días que vamos a estar discutiendo paquete económico y se aprueba esto que seguramente va a ser lo más seguro si un auditor determina que una factura puede o no coincidir con la realidad, en ese momento ya pudiera equipararse a defraudación fiscal y entonces estamos entrando ahora también en el terreno de la percepción, lo cual pudiera llevar a un cúmulo de empresarios a caer bajo los supuestos que están ahorita ustedes determinando. Es decir, que con solo la sospecha de que el monto de una factura pudiera no coincidir con la realidad, entonces inmediatamente entran bajo el supuesto de delincuencia organizada, por tanto, se abre la puerta para extinción de dominio y por tanto extinción de dominio significa que van a tener que perder en ese momento sus bienes y Hacienda procedería a la enajenación de los mismos. De ahí la razón de la reserva que estoy presentando, que es que se desvincule a la Ley de Extinción de Dominio, es decir, que no sea aplicable la extinción para los casos de defraudación fiscal o de la emisión de facturas falsas. Con esto, lo que estaríamos permitiendo a los contribuyentes, es que pudieran, en todo caso, hasta que se determine la pena, procediera al decomiso, como todos los delitos que forman parte de la Ley de Delincuencia Organizada, y que no suceda lo que están promoviendo, que es que, independientemente de que lo que determine una sentencia, se inicie el proceso de extinción de todos los bienes. Eso es en cuanto a la reserva, lo cual, por cierto, nosotros estamos sugiriendo que, de no hacerse, sería una rayita más al tigre en materia de terrorismo fiscal. Sería cuanto, presidenta.