EL C. DIP. JAIME LARRAZABAL BRETON: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: Hablar de los grupos vulnerables es hablar de una población aproximada de diez millones de personas que junto con sus familias viven una problemática determinada que representa aproximadamente el 43 % de la población total del país, que necesariamente y por desgracia, tenemos que asociarlos con la pobreza, marginación social, mala nutrición, analfabetismo y maltrato. De ese segmento poblacional en un 80 % son gente de muy bajos recursos o extrema pobreza y el grado de estudios de quienes padecen discapacidad no va más allá del tercer grado de primaria. Estamos hablando de mujeres pobres, jefes de hogar con menores de edad bajo su tutela, menores de edad y adolescentes en riesgo social, comunidades indígenas que independientemente de las múltiples características que ofrece la pobreza frente a la ausencia de integración, tienen una identidad cultural que agregada a este padecimiento hace que los margine con el resto de la comunidad, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Ampliando la definición, se dice que la discapacidad no es una enfermedad, sino cualquier restricción o ausencia de la capacidad física intelectual o sensorial, y también, se le considera una dolencia que requiere de atención médica o una enfermedad mental que puede ser de carácter transitorio o permanente que se clasifica en tres tipos: neuromotora, sensorial y mental. Según la Ley, minusválida es toda persona con limitaciones para realizar por sí misma las actividades necesarias para su normal desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico y que puede ser provocado por enfermedad de nacimiento o accidente. Pudiéramos seguir definiendo este grave problema que se da en la sociedad, pero no está el asunto en definiciones, sino en acciones prontas y eficaces ya que a la fecha con pena vemos que este fenómeno crece y las alternativas de solución cada día son menos oportunas y concretas. Indudablemente, el sector salud gubernamental, todo, está rebasado frente a esta penosa realidad y cuando no detenemos a revisar a detalle este asunto, la respuesta más común es la falta de recursos para su prevención, atención y rehabilitación. No es suficiente la promoción en la participación de la comunidad, en la prevención y control de las causas y condicionante de la discapacidad. Es insuficiente también la orientación en materia de rehabilitación, así como la atención integral de las discapacidades. En suma, el sector salud carece de recursos financieros para resolver aunque sea eventualmente esta añeja realidad. No podemos dejar de reconocer la generosa atención del voluntariado que participa en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero también debemos señalar que en este país por ausencia de recursos seguimos siendo deficitarios en este renglón. Es momento de reconocer todos que somos una sociedad poco informada y además con una ausencia de consideración para este segmento poblacional. En suma, no hay información, no hay cultura, hay incomprensión. Los modestos esfuerzos que hasta ahora se realizan en transporte, en las calles en donde se construyen rampas, en los estacionamientos, en sanitarios, etcétera, etcétera, desde luego ayudan, pero no resuelven esta problemática. Esta realidad agravia los derechos de los discapacitados quienes supuestamente no deben de ser víctimas de marginación o discriminación. Se dice también que deberán de desplazarse libremente en espacios públicos, abiertos o cerrados; deberán de disfrutar de los lugares públicos en igualdad de circunstancias; deberán desplazarse y tener libre acceso en el interior de espacios laborales, comerciales y recreativos; deberán contar con espacios en transporte público reservados para su uso exclusivo y plenamente identificados. También deberán de gozar de un trato amable, cortés y respetuoso de parte de la población en general, así como la eliminación de las barreras arquitectónicas. Entre otras, existen estas disposiciones legales que en la realidad son letra muerta como muchos de los mandatos constitucionales, que por cierto aquí se disponen. Frente a la falta de solución a los problemas que se dan con los grupos vulnerables, existe en este país un universo amplio de esfuerzos organizados por parte del sector privado, organizaciones nacionales gubernamentales y no gubernamentales, algunas de ellas internacionales, preñadas de un peculiar interés a favor de ese segmento de la población. Todos estos esfuerzos merecen nuestro reconocimiento y frente a estos resultados positivos nos obligan a asumir una reacción autocrítica. Sería largo mencionar las conquistas hasta ahora obtenidas por el interés privado y social. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer la encomiable labor que en la costa oaxaqueña ha venido realizando la organización Piña Palmera, que hace algunos años fundó un ciudadano norteamericano y que con muchos tropiezos pero con un gran entusiasmo siguen avanzando en este estado. No menos importante es reconocer el ejemplo más cercano a todos nosotros en los resultados que ya entrega año con año el famoso Teletón. En resumen, estos espacios de acción han venido siendo llenados -como lo he mencionado anteriormente- por los sectores del voluntariado social y privado que con hechos nos ponen el ejemplo de lo que debía de ser una atención esmerada a un grupo de la población tan golpeada y necesitada. Frente a esta dramática realidad no quisiéramos que lo provisional se volviera definitivo, tal es el caso de la Cruz Roja, noble organización que en el mundo ha venido a sustituir las irresponsabilidades del Estado, ya que habiendo nacido como un puesto de socorro en contingencias de guerra, ha venido sembrando en todo el mundo instalaciones de asistencia social, que en muchos de los casos les corresponden a los gobiernos legalmente constituidos. Esa es, entre otras razones, por la que esta noble institución camina deficitariamente y año con año requiere de la generosa ayuda de toda la población. Seguramente en la geografía del país existen esfuerzos coordinados entre los gobiernos municipales, estatales y federales; pero, reitero, no son suficientes. Solo por citar algunos avances los oaxaqueños vemos con satisfacción lo logrado hasta ahora por el gobierno del estado y algunos municipios, que con un gran esfuerzo en los últimos tres años, pese a la precariedad de recursos, hoy son una realidad los centros DIF en 11 municipios. Además se han construido 12 centros DIF con unidades básicas de rehabilitación. En ellos se atiende aproximadamente al 45 por ciento de las personas discapacitadas y desearíamos que en los próximos tres años pueda ser subsanada esta dramática situación de marginación, pobreza e inequidad. Con todos estos antecedentes, los que suscribimos este punto de acuerdo y al que deseamos se sumen un número indeterminado de compañeras y compañeros diputados, para que con voz y acción podamos hacer llegar una mayor cantidad de dinero para atender la multicitada problemática de los grupos vulnerables, en la que se encuadran los discapacitados. Como es de nuestro conocimiento, a esta soberanía se nos ha hecho llegar el proyecto de Presupuesto de Egresos del año 2002 por el Ejecutivo Federal y en él observamos que será el DIF la instancia por medio de la cual se egresarán 453.2 millones de pesos, a través del Programa Nacional para la Atención a Personas con Discapacidad. Cantidad desde luego insuficiente para la atención de este asunto. Sin embargo, en el mismo presupuesto las Secretarías de Salud, Trabajo y Prevención Social, Desarrollo Social y Economía habrán de ejercer 11 mil 249.5 millones de pesos en rubros que tienen qué ver con la marginación y la extrema pobreza. Es por ello que con fundamento en los artículos 58, 60 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ofrezco a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con P u n t o d e A c u e r d o Unico.- Para que esta soberanía turne a las Comisiones de Grupos Vulnerables, Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud esta propuesta para su análisis y dictamen para que del presupuesto asignado hasta por 11 mil 249.5 millones de pesos a las Secretarías anteriormente citadas, se privilegie la asignación de una mayor cantidad debidamente etiquetada a los grupos vulnerables, específicamente a los que padecen discapacidad. Suscribimos esta propuesta los señores diputados Miguel Angel Moreno Tello, José Soto Martínez, Lilia Mendoza Cruz, Irma Piñeyro Arias, Cándido Coheto Martínez, Bulmaro Rito Salinas, Ángel Mexhueiro González, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Abel Trejo González, Samuel Aguilar Solís, Efrén Leyva Acevedo y el de la voz, Jaime Larrazabal Bretón". Es cuanto, señora Presidenta. (aplausos) -LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado. Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud. El siguiente punto que era presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre la instalación de un Museo Histórico Naval, fue retirado del orden del día para otra sesión por el grupo que lo había propuesto. Tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Sánchez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en relación al establecimiento de una partida de desarrollo social para los pueblos y comunidades indígenas, hasta por diez minutos. -