El diputado Ricardo Monreal Ávila: Últimamente he hablado con gente del PAN que es seria y del PRI también y de todos. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, preguntaba al presidente si podía, en un mismo turno, presentar la posición general y un agregado, una modificación. Quiere decir si en los dos turnos que me corresponden, uno en lo general y otro proponiendo modificaciones al texto que pretende modificarse, los habré de agotar en un solo acto. En efecto, estamos preocupados no por la aprobación de este proyecto porque en los últimos días hemos escuchado cómo los actores que hace unos años aplaudían la estrategia contra el crimen organizado y que ahora están en el gobierno, la descalifican, culpan de todos los males que en parte tienen razón- del gobierno anterior, pero la oposición de izquierda, desde hace varios años, desde que se implementó esta estrategia unilateralmente contra la delincuencia organizada, advertimos que se trataba de una estrategia equivocada, de una estrategia errática que sólo era mediática, ruidosa y que no tenía ninguna posibilidad de éxito. Lo dijimos hace muchos años, ahí está el Diario de Debates, y en el PRI le aplaudieron y la apoyaron, la respaldaron. Hoy dicen que es equivocada. Por eso ahora que se plantea lo del plazo nuevo de 10 meses lo advertimos en aquel momento. Los que discutimos la ley, que presentamos voto particular y que votamos en contra, decíamos que los cuatro años eran suficientes si se generaban condiciones para la evaluación de los policías. Todos afirmaron que era suficiente los cuatro años, y hoy estamos modificando la ley y el transitorio para poder dar otros 10 meses para evaluar la policía o las policías o los elementos pertenecientes a cuerpos policiacos. Déjenme decirles que por irregularidades en su desempeño, actos de corrupción y principalmente no haber acreditado los exámenes de control y confianza, más de 30 mil policías municipales, estatales y federales fueron despedidos en los últimos años; es decir, casi 500 elementos han sido despedidos al mes. Estas cifras se desprenden del reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Los municipios y los estados han despedido a más de 22 mil 550 elementos. Esta cifra equivale a casi el 15 por ciento de los 166 mil 992 oficiales que conforman las fuerzas policiales de las 32 entidades federativas. Los despidos en los estados y municipios equivalen a cinco veces el total de los elementos que conforman la AFI o la SEIDO, que actualmente han sido todavía más policías, más pilotos, más personal despedido por la falta de confianza y por no haber aprobado este examen. Pero fíjense ustedes quién encabeza la lista de los estados que no han cumplido con la evaluación de esos policías. La lista la encabeza al estado de México, luego Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Chihuahua. Entonces, ese es un problema grave porque la causa de los ceses, es la pérdida de confianza, consumo de droga, abuso de autoridad, consignaciones, pero además colaborar con la delincuencia organizada. De cada 10 policías que salen a las calles a cumplir con su obligación, cinco o quizás seis son confiables, los otros no, porque las condiciones de los policías municipales del país son lamentablemente sin remuneración digna y sin salarios dignos, menos con un sistema de seguridad social y de protección con el cual puedan enfrentar la difícil situación que vive el país. Por esa razón nosotros sí vamos a votar a favor, pero queremos hacer una serie de agregados. Por esa razón les decía también que en lugar de usar los 10 minutos, quería en un solo acto establecer la posición general y la modificación, porque en efecto yo les pregunto, ¿por qué razón seguimos privilegiando al Senado como Cámara única para rendir informes?, porque aquí en la propuesta dice que ante el Senado de la República, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad rendirá informes, ¿y por qué no se dice ante las Cámaras del Congreso de la Unión, el secretario ejecutivo rendirá informes? ¿Por qué nos autolimitamos y por qué no establecemos con seriedad que la Cámara de Diputados tiene el mismo valor?, y constitucionalmente tiene la misma calidad que el Senado de la República. Somos Poder Legislativo, pero además, compañeros, es muy grave que no sepamos de estos 30 mil policías, qué están haciendo, estos 30 mil policías dónde están, quién tiene un censo de ellos. Los corres sin liquidación, ¿a dónde van estos policías a los que corres? Van a incorporarse a la delincuencia organizada o a generar sus propias bandas para asaltar, secuestrar o esquilmar, y por eso propongo en un agregado, que en cumplimiento al párrafo anterior el Sistema Nacional de Seguridad deberá mantener actualizado el padrón de todos los elementos que han sido dados de baja por no obtener la certificación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza. Cabe señalar que al término de la relación laboral se hará conforme a derecho, otorgándoles el elemento de liquidación correspondiente. Concluyo, presidente. Estos dos agregados son los que le propongo. Decía Memo, el diputado de Acción Nacional, compañero del Senado, decía con justa razón que no había tiempo. Yo digo que sí hay tiempo, modifiquemos y regresémosla, tenemos hoy y mañana. Si ahorita estamos esperando la educativa y estamos esperando otras, ¿por qué no la modificamos, la mandamos a la Cámara? Lo único que les estoy proponiendo es que hagamos valer nuestro poder, nuestra posición y que el secretario venga a informar, igual que en el Senado. ¿Por qué no?, y que hagamos un censo de dónde están estas personas a las que se les liquida o a las que se les despide sin liquidación y que fungieron como policías. No entiendo la razón por la cual votarían en contra. Presidente, por su tolerancia, y a todos también, muchas gracias.