El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: En la redacción original del artículo 28 constitucional, el Constituyente tuvo la intención de prohibir, perseguir, castigar severamente cualquier actividad encaminada a concentrar o acaparar en unas o en pocas manos bienes o servicios y otras actividades que tuvieran como objetivo alzar los precios u obtener ventajas indebidas en perjuicio de los consumidores. Derivado de lo anterior se publicaron diversos textos legislativos, como la Ley Orgánica, al artículo 28 constitucional en materia de monopolios, de agosto de 1934. La Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica de 1950, el Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, de agosto de 1931. Cabe destacar que el artículo 253 del Código Penal citado, tipificó los delitos inherentes a la afectación de la economía pública de la siguiente manera: se aplicará sanción de tres meses a tres años de prisión y multa de 50 mil pesos a quienes incurran: Fracción I. Acaparamiento o monopolio de artículos de primera necesidad o consumo necesario, con el objeto de obtener alza de los precios. Fracción II. Todo acto o procedimiento en contra de la libre concurrencia en la producción, industria o comercio o servicio público. En este orden de ideas, el ejercicio de la acción penal en contra de los presuntos responsables de los delitos antes referidos quedaba a cargo exclusivamente del Ministerio Público. En la reforma publicada el 10 de mayo de 2011 se adicionó el artículo 254 Bis del Código Penal Federal, en el que se prevén sanciones a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí. Y se mantiene la protección del bien jurídicamente tutelado, en el artículo 28 constitucional. No obstante, mediante la reforma publicada el 23 de mayo de 2014 se restringe el derecho de los ciudadanos a denunciar y a formular querella en contra de presuntos responsables de la comisión de conductas tipificadas como delito contra la economía pública, entre los que se incluyen aquellos contra el consumo y la riqueza nacionales. En efecto, de acuerdo con el artículo 254 Bis, estas conductas solo se pueden perseguir por querella de la Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante la formulación del dictamen de probable responsabilidad. Esta reforma legal otorga a la Cofece y al IFT la facultad exclusiva para presentar querella por conducta, como el acaparamiento de productos o encarecimiento de precios. En consecuencia, las personas afectadas por este tipo de conductas, que son las consumidoras, no pueden interponer querella ante el Ministerio Público, lo que hace nugatorio sus derechos, ya que no son las personas consumidoras, sino dos autoridades administrativas las que pueden denunciar las conductas previstas en el dicho artículo 254 Bis. La norma mencionada, de igual forma, transgrede el artículo 21, segundo párrafo de la Constitución federal, que atribuye al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, ya que su contenido pone límites a una competencia constitucional exclusiva del Ministerio Público, que incluso se le conoce como monopolio de la acción penal. Asimismo, contraviene el párrafo cuarto del mismo artículo que establece que a las autoridades administrativas compete únicamente la aplicación de sanciones por infracciones a reglamentos gubernativos y de policía. El cuarto párrafo del artículo 254 Bis, dispone además que los procesos seguidos por este delito se podrán sobreseer a petición del pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando los procesados cumplan las acciones administrativas impuestas y además se le cumplan los requisitos previstos en los criterios técnicos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo anterior, significa que el Cofece, el Ifetel, son querellantes exclusivos y, al mismo tiempo, autoridad de hecho para determinar la admisión de responsabilidad misma y el sobreseimiento de los delitos tipificados en el artículo 254 Bis. Es obvio que lo anterior representa el establecimiento de un injustificable e inconstitucional régimen de excepción, contrario al principio general de la igualdad de todo frente a la ley previsto en el artículo 13 de la Constitución, cuya consecuencia directa e inmediata es la anulación de los derechos de las personas consumidoras y de las empresas afectadas por prácticas monopólicas, desleales y de concentración económica. Esta iniciativa por ende pretende reformar el artículo 254 Bis, en su segundo párrafo y derogar los párrafos tercero y cuarto del mismo. Se propone también la derogación de la fracción IV, inciso f), del párrafo tercero de la fracción XXII del artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica, así como también la fracción XII del artículo 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Les invito a votar por esta iniciativa que va a evitar que sigamos con el inconstitucional dictamen de probable reconciliar y nulificando el monopolio de la acción penal, que debe ser una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. Es cuanto, diputada presidenta.