El diputado Mario Rafael Méndez Martínez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. En 1976 en una acción de defensa se expidió la Ley Federal de Protección al Consumidor como instrumento jurídico creado con la finalidad de salvaguardar los derechos-cultura de los consumidores y generar relaciones de consumo justas. Con este documento, México se convirtió en el segundo país latinoamericano con una ley de esta naturaleza y el primero en crear una procuraduría. El objeto de la ley es promover, proteger los derechos del consumidor; procurar la equidad, certeza, seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Tiene principios básicos tales como la protección de la vida, la salud, la seguridad del consumidor, la educación y divulgación sobre el consumo adecuado; el otorgamiento de información y facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales. Anterior a la promulgación de esta ley los consumidores contaban con poca información sobre los productos, así como de sus derechos y obligaciones, esto sin contar que las relaciones se basaban sólo en contratos realizados por los proveedores, los cuales contaban con mayor información y experiencia. La soberanía del consumidor es la libertad y el poder que disfrutan en un mercado libre los consumidores para decidir cuáles bienes se adquieren si a través de su compra o su obtención se determina la calidad y la cantidad de bienes y servicios que producen las empresas, característica fundamental de una economía de mercado en donde los consumidores son quienes deciden gastar sus ingresos. Recordemos que esta minuta tiene su origen en la iniciativa presentada por el entonces senador Luis Walton Aburto, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 14 de diciembre de 2011 ante la Cámara de Senadores y que fue avalada por consenso por las distintas fuerzas políticas del Senado de la República. Mediante la adición de una fracción XI al artículo 1o., de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se pretende integrar la directriz que la ONU estableció en 1985 para que los ciudadanos mexicanos tengan la garantía de constituir grupos para la defensa de sus derechos. Al respecto la fracción señalaría que se constituye como un principio básico en las relaciones del consumo, la libertad de constituir grupos y otras organizaciones de consumidores que sin contravenir la disposición de esta ley sean garantes de los derechos del consumidor. La presente iniciativa no se contrapone y sí se robustece a lo previsto en la fracción XVIII del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con lo que se faculta a la procuraduría para promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores proporcionándoles capacitación, asesoría, así como procurar mecanismos para su autogestión. El artículo 31 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé en la elaboración de sus planes y programas de trabajo, llevar a cabo consultas con organizaciones de consumidores. Asimismo en la Ley Federal de Fomento, actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil en su artículo 5o., menciona: la promoción y defensa de los derechos de los consumidores. Incorporar esta disposición de las Naciones Unidas en el ordenamiento mexicano daría oportunidad a que las organizaciones de consumidores que se formen para defender los derechos del consumidor, hagan oír sus opiniones en los procesos de adopción y decisiones que les podrían afectar. Con esta iniciativa además e actualizar la legislación nacional con los tratados internacionales en materia, se estará en sincronía con la reforma aprobada en el Senado de la República en diciembre de 2010, referente a las acciones colectivas. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reitera su compromiso para el desarrollo del país y coincide en que estas modificaciones deben ser aprobadas no sólo por retórica, sino porque se muestra necesaria la aplicación de la legislación vigente. Esta adición representa un avance en la materia que permite garantizar los derechos de información que tienen los consumidores, derecho que se muestra necesario frente a la dinámica de mercado, donde todos somos consumidores y debemos desarrollar un consumo inteligente. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.