El presidente Raúl Plascencia Villanueva: Muy buenos días. Señor diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Unión; senadora Hilda Flores Escalera, vicepresidenta; diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, senador Migue Romo Medina, diputado Carlos Alberto García González; y senador Fidel Demédicis Hidalgo, secretarios. Señoras y señores, senadoras, diputadas, senadores y diputados, integrantes de la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión. Señoras y señores, acudo a la más alta tribuna del país para dar cumplimiento a la obligación de presentar el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a mi cargo, correspondiente al ejercicio 2012, de conformidad a lo previsto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante 2012, nuestro país tuvo que hacer frente a un sinnúmero de dificultades en muchos ámbitos de la vida nacional. Como en los años anteriores, el constante enfrentamiento entre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, así como entre los propios grupos delictivos, fue la principal causa de muertes violentas y suscitó que 34 personas ajenas a los hechos perdieran la vida. Esta situación impactó de manera negativa el ejercicio de los derechos humanos. Otra problemática que refleja una alta percepción de inseguridad por parte de la población y la falta de confianza de las autoridades es la relativa a las acciones de autodefensa, en donde las personas deciden tomar la justicia por propia mano. Casos como los que hoy en día se presentan en comunidades del estado de Guerrero, son una señal que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de proveer seguridad pública y evitar que estas acciones se reproduzcan y se rebase a las instituciones. Para ello es preciso vencer la impunidad. La única vía segura para recobrar la paz y tranquilidad en aquellas zonas del país donde el crimen ha proliferado, es con fuerzas de seguridad pública profesionales y regidas bajo estrictos controles de honestidad, rectitud y ética. Para hacer efectivos los cuerpos de seguridad pública deben siempre ser los primeros en observar las leyes. De lo contrario, no sólo no se cumple con la función para la cual existen, sino que se alimenta y fomenta el crecimiento de los grupos criminales y se vuelve, a final de cuentas, generadora de la violencia que en realidad debería combatir. Es cierto, nuestro país ha registrado avances en los últimos años sobre todo en materia de derechos. Sin embargo, debemos igualmente reconocer que han reaparecido violaciones que creíamos ya desterradas y que es urgente corregir. Casos como las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos y degradantes, la tortura, los cateos y detenciones ilegales, en su mayoría vinculados con el actuar de las instancias de seguridad pública, hoy por hoy están más presentes que hace algunos años. A continuación me permito hacer un recuento de las principales acciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante este tercer año de mi gestión: Con el afán de fortalecer la defensa de los derechos sociales, laborales, económicos, culturales y ambientales, así como en cumplimiento a la reforma constitucional de 2011, se creó la Sexta Visitaduría General. De igual manera se estableció la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones, con el objetivo de impulsar y evaluar la eficacia en el cumplimiento de las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante este período se recibieron 41 mil 662 escritos de queja y se prestaron 371 mil 522 servicios, lo que implicó un aumento significativo en la atención proporcionada por el personal del organismo a la sociedad en general. Cabe destacar que las 10 autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos fueron: el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina. En 2012, se emitieron 93 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Las que no aceptaron las recomendaciones fueron: la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, el gobierno del estado de Sonora, los ayuntamientos de Charcas, Salinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí, y el ayuntamiento de El Salto, en el estado de Jalisco. En 2012 también se resolvieron 4 mil 781 asuntos en los que la autoridad asumió plenamente la responsabilidad sobre violaciones a los derechos humanos y adoptó medidas eficaces para su reparación. Deseo, ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hacer una mención especial a la negativa recurrente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal para aceptar y cumplir las recomendaciones de este organismo nacional. En el período que se informa, dicha Secretaría no aceptó una recomendación referente a la detención arbitraria de dos personas, desaparición forzada y privación de la vida de una de ellas en el municipio de Cuernavaca, Morelos. Asimismo, no ofreció evidencias suficientes que permitieran observar acciones orientadas al cumplimiento total de la recomendación emitida por violaciones graves a los derechos humanos que se acreditaron en el asunto de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Por ello, en ejercicio de la reciente atribución derivada de la reforma constitucional al artículo 102, solicité al Senado de la república citara a comparecer al secretario de Seguridad Pública para que explicara puntualmente los motivos de su negativa. Éste es un novedoso procedimiento constitucional que es preciso regular en la ley secundaria como un moderno mecanismo de rendición de cuentas que propicie una mayor observancia de los derechos humanos, pero que también que deje muy en claro, de cara a la sociedad, cuál es el compromiso que tienen los servidores públicos de observar la Constitución y particularmente de respetar los derechos humanos. En 2012 implementamos diversas acciones encaminadas a promover el conocimiento de los derechos humanos en las diferentes regiones del país, buscando orientar el trabajo institucional hacia un contacto más cercano con cada persona y con cada grupo social, así como fortalecer a las instituciones públicas del Estado mexicano. En ese sentido, convencidos de que para erradicar las violaciones a los derechos humanos es preferible prevenirlas, en este año realizamos un esfuerzo sin precedente en promoción, capacitación, enseñanza y divulgación de los derechos humanos. Por ello, tan sólo durante el año pasado llevamos a cabo 5 mil 643 actividades de esta índole, que contaron con una aforo de 733 mil 500 nuevas personas. La variedad de foros, talleres, cursos, seminarios, conferencias, así como su cobertura en el ámbito nacional, fueron posibles gracias al trabajo coordinado que la Comisión Nacional logró consolidar con diversas autoridades federales, estatales y municipales, con los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, los organismos internacionales especializados en la materia y, sobre todo, con las organizaciones de la sociedad civil. Plenamente conscientes de que sólo con la suma de esfuerzos podremos alcanzar las metas que nos hemos trazado para servir de mejor manera a la sociedad y fortalecer a las instituciones del Estado, en este período suscribimos 901 convenios de colaboración, con lo que incrementamos al doble este tipo de actividades en comparación con el año 2011. Con la misma intención de acercamiento la Comisión Nacional tuvo una dinámica intensa en materia de difusión y divulgación mediante la presencia constante en radio, televisión, medios escritos y virtuales de comunicación masiva, aprovechando particularmente los tiempos oficiales, así como nuestra propia página electrónica que durante el año 2012 recibió poco más de 3 millones 700 mil visitas, lo que representó un 143 por ciento más en comparación como 2011, y se ha constituido en un importante motor de promoción y contacto con la sociedad en general. El empleo de los mecanismos enunciados son los idóneos para informar, transmitir y tener una repercusión positiva que nos permite permear en cada uno de los grupos sociales, con especial énfasis en los que se encuentran en un mayor riesgo de vulnerabilidad. Otro ámbito de atención prioritaria para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son las víctimas del delito. Por ello tenemos consolidada una amplia red de atención integral mediante la coordinación con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas. Durante el año que se informa, se proporcionaron más de 3 mil 150 servicios y se distribuyeron 589 mil 927 publicaciones en beneficio de la sociedad en general. Criminalizar a los migrantes es inaceptable. En el caso de México, es todavía más grave teniendo en cuenta la arraigada e histórica tradición que siempre ha distinguido a nuestro país en esta materia. La condición de migrante no limita el debido respeto a sus derechos humanos, por ello las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a protegerlos y hacerlos valer, sin importar razones de género, edad, lugar de origen, nacional o condición migratoria. Por ello, en esta materia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó 2 mil 625 visitas a estaciones migratorias y lugares de alta concentración, en los cuales se dio atención a 62 mil 403 personas y se llevaron a cabo 7 mil 59 gestiones con las autoridades y se realizaron más de mil 300 actividades de promoción, capacitación y enseñanza. Otro fenómeno que en muchas ocasiones se asocia a la propia condición de los migrantes, es la trata de personas, que constituye una agresión directa a la libertad y dignidad del ser humano. Desafortunadamente esta práctica, que aprovecha la situación de vulnerabilidad de las víctimas, se ha expandido y no respeta ni fronteras ni edades. A lo largo del año que se informa organizamos más de 200 acciones de capacitación con el que se benefició a 21 mil 936 personas y se distribuyeron 32 mil 802 materiales informativos vinculados con este tema. También se llevó a cabo la campaña contra la trata de personas en lenguas indígenas nacionales, como el chol, mazateco, mixteco, náhuatl, purépecha, tlapaneco, tzetzal, tzotzil y zapoteco. Todo esto con la finalidad de abarcar diferentes regiones del país con mayor densidad de población indígena, pero sobre todo acercarles información para que puedan defenderse de mejor manera cuando se da una vulneración a sus derechos humanos. Durante 2012, los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos continuaron desempeñando su labor en un ambiente adverso, en este año se registraron un total de 149 quejas, 98 correspondientes a agravios en contra de periodistas y 51 a defensores civiles de derechos humanos. En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado para erradicar la impunidad y llevar a cabo acciones contundentes que garanticen condiciones de seguridad y prevención, para que el desempeño de los defensores de derechos humanos no se vea coartado ni amenazado por ningún tipo de circunstancia. Del mismo modo, es urgente que las autoridades del Estado otorguen una atención a los agravios que enfrentan los periodistas y se realicen investigaciones eficaces para llevar a la justicia a los responsables y evitar que las denuncias de agresiones, abusos en contra de periodistas continúen en la impunidad. En el ámbito de protección de los derechos humanos de la niñez, la familia, los adolescentes y las personas adultas mayores, a lo largo del año que se informa organizamos 152 actividades de promoción, contando con la participación de 22 mil 720 asistentes y distribuyendo 164 mil 269 materiales de difusión. En lo referente a las personas que viven con VIH-Sida, es preciso señalar que esta condición de salud no debe ser motivo de estigma ni mucho menos de un trato discriminatorio, por lo que es necesario que exista una adecuada protección del derecho a la salud, con el objetivo de que se promueva también el respeto a la dignidad de las personas que viven con dicha enfermedad. Por ello, en 2012 se impartieron diversos talleres, conferencias, cursos de capacitación en 24 entidades federativas, lo cual buscó favorecer un mayor conocimiento de este tema entre servidores públicos, activistas de derechos humanos, estudiantes, empresarios y público en general. Las mujeres en México siguen sufriendo diversas formas de violencia y discriminación que no pueden ni deben ser toleradas. Al contrario, deben ser denunciadas y combatidas por las autoridades, organizaciones sociales, escuelas y centros de trabajo. De igual manera, las acciones de promoción de los derechos de la mujer y la igualdad entre mujeres y hombres, constituye un rubro pendiente en las políticas públicas de nuestro país. Por ello, este año se llevaron a cabo diversas actividades que lograron impactar a cerca de 50 mil mujeres, con el objetivo de poder informarlas en torno a las políticas y estrategias en materia de igualdad entre las mujeres y los hombres. Como parte de las acciones de monitoreo, se llevaron a cabo actividades de seguimiento de las acciones gubernamentales y sobre todo, de cómo se promueven este tipo de acciones en las leyes, en las reformas y sobre todo, en materia de las condiciones de trabajo y de igualdad entre mujeres y hombres. A la fecha, cuatro entidades federativas no cuentan con una legislación local en materia de igualdad entre mujeres y hombres y es importante que se pueda promover el establecimiento de ese marco jurídico. También destaca el lanzamiento de la campaña únete por los derechos humanos para eliminar la violencia contra las mujeres en México, que iniciamos en septiembre pasado y en la que incorporamos un conjunto de estrategias en el ámbito nacional para prevenir y eliminar este vergonzoso flagelo de nuestra sociedad, que lo mismo se da en el sector público que en el sector privado y lo mismo que en el sector educativo, que inclusive, en el ámbito familiar. La población indígena de nuestro país, con frecuencia enfrenta actos de racismo, discriminación y violencia tanto física como emocional. Exclusión de los servicios de salud y educación, explotación laboral y limitaciones de acceso efectivo a la justicia, lo que vulnera gravemente su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo. Durante este año visitamos 206 comunidades indígenas, 86 por ciento más que en el año 2011. Capacitamos a 18 mil 178 personas en materia de derechos humanos de la población indígena y se distribuyeron 120 mil 639 materiales informativos para lograr que se les garantice el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. Especial atención requiere la niñez indígena, que aun sufre rezagos que la ubican como uno de los grupos de mayor riesgo de vulnerabilidad, por ser los menos atendidos en sus demandas, también el caso de las mujeres indígenas que solo son objeto de abusos y violaciones directas a su integridad física y moral, así como de violencia intrafamiliar y sobre todo, de falta de atención médica adecuada. También realizamos 68 visitas a diversos centros penitenciarios para entrevistarnos con la población indígena, analizar sus expedientes jurídicos y médicos y brindarles orientación jurídica. Como resultado de esto se logró la liberación de 245 personas indígenas sentenciadas que no deberían estar en prisión. En general, de los grupos étnicos náhuatl, zapoteco, tzotzil, mixteco, totonaco, mixe, mazateco y chinanteco. En cuanto a las visitas a lugares de detención en ejercicio de las facultades del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, este año llevamos a cabo 527 visitas a distintos lugares de detención e internamiento. De éstas, 275 fueron de seguimiento a fin de identificar prácticas que pongan en peligro a las personas y para favorecer el mejor cumplimiento de las tareas de la autoridad, sobre todo de aquellas encargadas de custodiar ese tipo de lugares. En 2012 también se dio a conocer el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, el cual permitió observar la lamentable situación que prevalece en el sistema penitenciario nacional. Algunos de los principales hallazgos fueron: la falta de condiciones mínimas de dichos centros, ya que en la mayoría de ellos se carece de servicios indispensables para la vida humana, tales como el agua potable y la alimentación. Asimismo, se pudo advertir que las condiciones de gobernabilidad son debilitadas en razón de que en 60 por ciento de los centros visitados se constató que existe un autogobierno. Con las condiciones actuales de los centros de reinserción no habrá política de seguridad pública que dé resultados. Recuperar la seguridad pública requiere, entre otras cosas, de un sistema penitenciario articulado y funcional que cumpla con su propósito principal, que debe ser la reinserción social de las personas que están compurgando penas. Circunstancias similares presentan los centros de reinserción social para mujeres, que están en una condición de abandono que las coloca en mayor vulnerabilidad y las hace objeto de maltrato y discriminación ante una ausencia de perspectiva de género por parte de las autoridades responsables que es preciso atender de una manera prioritaria. Otra deuda que subsiste aún en nuestro país es con las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad, éstas en términos de datos oficiales representan 5.1 por ciento de la población. Pero en términos reales nos queda claro que son poco más de 10 millones de personas que enfrenten en México algún tipo de discapacidad y que deben luchar no sólo para enfrentar los retos que les plantea la vida misma sino también para superar las barreras que por ignorancia o desconocimiento les ha impuesto la sociedad y que dificultan su plena integración. Por ello, durante 2012 realizamos 135 actividades de promoción sobre una cultura incluyente a favor de personas con discapacidad. Nos dirigimos a 17 mil 700 personas y se entregaron 75 mil 760 materiales de difusión. Además, se llevaron a cabo 208 reuniones en todo el territorio nacional con el objetivo de involucrar a organismos de la sociedad civil, a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en el análisis y definición de propuestas que permitan garantizar una vida en condiciones de mayor igualdad a las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad. En el periodo que se informa, sobresale también la apertura de 216 expedientes vinculados con personas reportadas como desaparecidas, así como los más de 574 trabajos de campo y las más de 39 mil solicitudes de información realizadas por el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diversas autoridades. En suma, durante 2012 la puesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue lograr una mayor prevención de violaciones a los derechos humanos. Por ello, no solo se capacitó a un número sin precedente de servidores públicos, sino que se logró publicar un total de 5 millones 797 mil 610 ejemplares de difusión en materia de derechos humanos. La transparencia en el uso de los recursos públicos es una legítima exigencia y un sano ejercicio democrático al que todos los servidores públicos debemos contribuir. Por ello nos hemos empeñado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en instrumentar las medidas necesarias para administrar con responsabilidad, austeridad y eficacia el presupuesto que nos ha asignado la Cámara de Diputados, optimizando el gasto, lo cual nos ha permitido rendir cuentas claras a la sociedad, pero particularmente a hacer mucho más con el presupuesto que anteriormente se destinaba. Señor presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; señoras y señores legisladores, ante esta soberanía con el mayor reconocimiento a la trascendente función legislativa deseo expresar también la preocupación de algunos servidores públicos, particularmente del ámbito de la justicia que derivó en la propuesta de cambios para eliminar el principio propersona y limitar el alcance de su contenido en el artículo 1o. de la Constitución. Por ello, deseo formular una recomendación no oficial, sino a título de sugerencia, pero que recoge también las preocupaciones que atañen a la labor de los organismos públicos de promoción y defensa de los derechos humanos ante una propuesta de tales características. Sobre este tema, deseo expresar que las complicaciones para llevar a la práctica un nuevo precepto constitucional es algo que a lo largo de los años se ha presentado, pero no como consecuencia de lo novedoso u avanzado de su contenido, sino propiamente por otro tipo de circunstancias y condiciones personales que enfrentan los servidores públicos que deben llevarla a la práctica; sin embargo dicha circunstancia no debe orillarnos a proponer modificaciones que impliquen retrocesos. La reforma constitucional de 2011 constituyó uno de los más grandes avances en materia de derechos humanos desde 1917, con un contenido que representa una expansión de su cobertura para tratar de hacerlo realidad. Esta tendencia demanda buscar estrategias que permitan lograr una mayor progresividad que se hagan efectivos y se garanticen plenamente. Por ello es preferible encontrar las fórmulas adecuadas para hacer efectivos los derechos derivados de tan trascendentes modificaciones constitucionales y desarrollarlos en las leyes secundarias; sumar los estándares internacionales y propiciar el fortalecimiento institucional en su diseño, pero también establecer bases que permitan la profesionalización de los servidores públicos para que estén a la altura del cumplimiento del deber que se les encomienda. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acompañaremos aquellas propuestas que impliquen mayores derechos. Sumaremos para capacitar a los servidores públicos. Estaremos atentos ante propuestas de estas características y, sobre todo, atentos para que los servidores públicos estén en condiciones de comprender los alcances de esta importante reforma del año 2011, pero sin caer en excesos u omisiones derivados del desconocimiento de su alcance e importancia. Pero no podríamos acompañar una iniciativa que implique la limitación de derechos que ya le pertenecen al pueblo de México y que no admiten retrocesos. Estoy seguro de que superar los grandes desafíos de la reforma 2011 será más fácil si nos une y anima la convicción de consolidar la nación en donde impere de manera plena el estado de derecho, cuyo sustento no puede ser otro sino la plena vigencia de los derechos humanos. En esta parte ahí está el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias.