La diputada Luisa María Alcalde Luján: Que en México existen monopolios es algo evidente. Telmex controla el 80 por ciento del mercado de telefonía fija y Telcel domina el 70 por ciento, sus tarifas son las más caras del mundo y sus servicios de los más mediocres. Televisa controla el 70 por ciento de las pantallas de televisión y el servicio de cable del país, y la calidad de su programación deja mucho que desear. Por su parte, Cemex controla el 90 por ciento de la producción del mercado de cemento; varios países del mundo han sancionado a esta empresa por sus prácticas monopólicas, excepto México. Grupo Modelo hace lo propio con el 65 por ciento del mercado de cerveza y Famsa, que embotella los productos de Coca Cola en México, tiene el control del 60 por ciento del mercado refresquero. Bimbo domina el mercado de pan y Gruma el del maíz. La Constitución establece desde 1983 que los monopolios y las prácticas monopólicas están prohibidas, incluso la antigua Ley de Competencia, que ahora se derogará, estableció esta prohibición en su artículo 2o., así que la primer conclusión a lo que nos lleva lo antes expuesto es a que los monopolios en México existen gracias al poder público que los protege. Y hoy vemos una prueba de ello al pretender mantener inoperable la mejor arma que tenemos contra los monopolios, la desincorporación de activos. La desincorporación de activos implica la enajenación o venta de bienes, partes sociales o acciones a terceros, de modo que se termine con el monopolio. Es el principal mecanismo para favorecer la competencia en el mercado y por ende la disminución de los precios. La desincorporación de activos implica un impacto real y ha sido aprobada con éxito para eliminar prácticas anticompetitivas en mercados de todo el mundo. En 1911, por ejemplo, el gobierno estadounidense desmembró la Standard Oil en 32 firmas y en 1984 hizo lo mismo con AT&T, dividiéndola en siete operadores. Así se combatieron dos emporios que habían acumulado más poder que el propio Estado. Esto demuestra que la desincorporación de activos es posible, siempre y cuando exista legislación y voluntad política. La antigua Ley de Competencia, que ahora se derogará, contemplaba esta figura, pero era impensable su ejecución, el ente regulador carecía del poder legal y el gobierno en turno de interés y perseverancia, la desincorporación existía en el papel pero no en la realidad. Esta nueva ley que estamos votando corregía originalmente a su antecesora, eliminaba los candados legales necesarios para poder aplicarla. Sin embargo, la comisión dictaminadora decidió replicar palabra por palabra el artículo 37 de la ley anterior, mismo fraseo, mismos candados y, por tanto, exactamente el miso resultado, ni un solo caso de desincorporación de activos aún de la evidente presencia de monopolios. Si vemos los artículos 94 y 95, donde se establecen los procedimientos especiales de investigación, encontraremos facultades injustificadas para que el periodo de investigación pueda ampliarse indefinidamente hasta en dos ocasiones con la posibilidad de que los monopolios investigados sean los que propongan soluciones o medidas para eliminar los problemas de competencia y de este modo interrumpir el procedimiento en su contra. Asimismo, el artículo 123 que establece la sanción de desincorporación, limita esta medida a los casos en donde existan sanciones previas. Esto significa que los monopolios, para poder ser divididos deben ser reincidentes, o sea haber sido cachados, investigados y sancionados por violar la ley. Por si fuera poco, se establece que las sanciones impuestas por una pluralidad de prácticas anticompetitivas se considerará como una sola sanción. Es decir, si se cometieron 40 infracciones y se impusieron 40 sanciones en el mismo procedimiento, se entenderá que el monopolio sólo ha sido sancionado una vez. Y para rematar, la ley no considera como sanción aquellos casos en que los monopolios investigados reconozcan sus prácticas anticompetitivas y se acojan al beneficio de dispensa, como si a través de esta mea culpa, sus faltas fueran olvidadas. Lo que propongo es lo siguiente. Eliminar los candados contenidos en el dictamen para que la Cofece tenga la posibilidad de decidir sobre la desincorporación de activos sin necesidad de que existan sanciones previas o condiciones burocráticas que limiten su actuación. Sólo así podríamos terminar de una vez con los monopolios, proteger los derechos de los consumidores y garantizar una verdadera competencia. Muchas gracias.