La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. En 1973 la OIT adoptó el Convenio número 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, el cual hasta la fecha no ha sido ratificado por el Estado mexicano. Su objetivo fundamental consiste, en comprometer a los Estados parte a adoptar y a aplicar una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de las niñas y niños, elevando progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de la población infantil. El convenio se adoptó por la comunidad internacional en su conjunto, a partir del reconocimiento de que el trabajo infantil priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. El día de hoy, a pesar de no estar ratificado tan trascendental convenio, votaremos y aprobaremos una de esas modificaciones legales que históricamente tienen al Poder Legislativo en deuda con su sociedad. El dictamen que hoy votaremos armoniza el artículo 123 constitucional, al Convenio 138 y al Sistema Internacional de los Derechos Humanos y la comunidad universal, elevando al fin la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años. Para la OIT el tema del trabajo infantil ha sido desde su creación una de sus principales preocupaciones, razón por la que el artículo 127 del Tratado Versalles de 1919 por el que se establece la Constitución de dicha Organización, se estableció que uno de los métodos y principios de importancia particular y urgente para la nueva OIT consistía en la supresión del trabajo de los niños y la obligación de introducir en el trabajo de los jóvenes de ambos sexos las limitaciones necesarias para permitirles continuar su educación y asegurar su desarrollo físico. Según cifras del INEGI 3 millones 14 mil 800 niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años trabajan en México, lo que nos permite anticipar que el trabajo y la explotación infantil no se terminará por decreto constitucional, porque desafortunadamente obedece al mandato de la pobreza y es fruto de una economía erosionada que fluye en una informalidad que nuestro país es superior al 60 por ciento. Esos niños y niñas están anclados en el desamparo y paradójicamente es el trabajo que les permite sobrevivir día a día la causa que les impide obtener la preparación intelectual, emocional y humana que les permitiría mejorar sus circunstancias de una vez por todas. Tomando en cuenta lo anterior, considerando que el objetivo del convenio implica tiempo y cuestiones relacionadas con el desarrollo y pobreza de los países, la OIT adoptó en 1999 el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil con la finalidad de complementar la prohibición del trabajo de menores. Estableciendo la obligación de adoptar medidas inmediatas y eficaces con carácter urgente, para conseguir la prohibición y eliminación de la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud como: La venta y el tráfico de niños y niñas, la servidumbre por deudas y la condición de siervo. El trabajo forzado u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños y niñas para utilizarlos en conflictos armados. La utilización, el reclutamiento de la oferta de niñas y niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y niñas para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen los tratados internacionales pertinentes y el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de las y los niños. Es importante recordar que lo más importante no es la reforma constitucional, lo más importante es su implementación. Se deben adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivo de las disposiciones nacionales e internacionales en la materia, incluyendo el establecimiento y la aplicación de sanciones penales y administrativas. Además, se deben instrumentar medidas efectivas y un plazo determinado teniendo en cuenta la importancia de la educación, con el fin de impedir la ocupación de niñas y niños en las peores formas de trabajo infantil. Se debe prestar asistencia directa, necesaria y adecuada para liberar a las niñas y a los niños de trabajos forzados y asegurar su rehabilitación e inserción social, asegurando a todas las niñas y niños el acceso a la enseñanza básica gratuita y a la formación profesional. Además, se deben identificar a los niños y niñas que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos teniendo en cuenta la situación particular de las niñas. Como hemos reiterado una y otra vez, las auténticas inspecciones de trabajo resultarían indispensables para solucionar muchos de los vicios del mundo laboral, incluido desde luego el trabajo infantil. Celebramos que se reforme una disposición tan trascendental y esperamos que se apruebe por la mayoría calificada, pero sobre todo esperamos que el Poder Ejecutivo y Judicial hagan lo propio para hacer efectivo lo que hoy hemos plasmado por ahora sólo en papel. Muchas gracias.