La diputada Norma Angélica Aceves García: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 4.3 señala que los Estados deberán adoptar todas las medidas legislativas pertinentes para hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de este sector de la población, proceso durante el cual deberán ser consultadas de manera directa y a través de las organizaciones que las representan. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018 señaló que la consulta previa a personas con discapacidad al menos debe ser previa, pública, abierta y regular, estrecha y con participación directa de las personas con discapacidad, accesible, informada, significativa, con participación efectiva y transparente. A partir de este criterio, el máximo tribunal ha dado especial importancia al rubro de la consulta previa y ha hecho énfasis en la obligatoriedad que tienen los Poderes Legislativos federal y locales de realizarla como un elemento fundamental para la validez de todas las reformas en las que se involucran los derechos de las personas con discapacidad. Sirva como ejemplo reciente y relacionado directamente con los trabajos de esta Cámara la acción de inconstitucionalidad 121/2019, en la que la Suprema Corte invalidó el Capítulo 8 de la Ley General de Educación, denominado de la Educación Inclusiva, al no haber sido sometido a un proceso de consulta previa. Esta ley fue aprobada por la LXIV Legislatura y publicada el 30 de septiembre de 2019. La participación efectiva de las personas con discapacidad en el Poder Legislativo es un derecho que debe reglamentarse para que se ejerza de manera ordenada e incidental. Es decir, tiene que incidir en los procesos de ley a partir de mejoras y de adiciones, no puede simplemente ser un ejercicio de expresión. No debe de considerarse como una concesión de un solo día, sino un formato que permita la incidencia de la consulta en los productos legislativos. De lo contrario, estaríamos realizando solamente ejercicios de simulación donde simplemente se utilice a las personas con discapacidad para respaldar la agenda, donde no hay un verdadero derecho de participación. Esto es lo que ha pasado históricamente en el Congreso, en este mismo recinto, donde cada año en algunos días se abre las puertas y el único efecto que tienen estos eventos es la memoria fotográfica para la prensa. Siempre se les dice a las personas con discapacidad que el Congreso va a recibir sus propuestas y necesidades, pero en realidad vemos muy poco de ello. Basta ver la aprobación del Presupuesto, donde todas, absolutamente las reservas promovidas precisamente por las personas con discapacidad, fueron rechazadas por esta asamblea. Otro ejemplo lo tuvimos hace unos días, cuando la colegisladora aprobó una reforma en materia de derechos de la comunidad sorda en medio de discursos sobre inclusión, pero su trámite dependió de que no solo se le asignara un solo peso de presupuesto en los siguientes ejercicios fiscales. ¿Para eso queremos participación, es ese el compromiso de esta soberanía sobre los derechos de las personas con discapacidad? Es necesario que todos los derechos se puedan ejercer de forma ordenada y con una participación efectiva que realmente tenga una incidencia y no solamente sea una simulación. Por todo ello, es necesario que desde esta honorable Cámara diseñemos un mecanismo para cumplir con la mencionada obligación convencional, y que todos los dictámenes que involucren el tema de discapacidad sean sometidos a consulta previa para su fortalecimiento y con ello transitemos a una normalidad en donde no se entienda el trabajo desde el Congreso de la Unión sin la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan. Por su atención, muchas gracias.