El diputado Victoriano Wences Real: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el que suscribe Victoriano Wences Real, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II; 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa de decreto que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, bajo la siguiente exposición de motivos. El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales fue adoptado el 27 de junio de 1989, por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su LXXVI reunión realizada en Ginebra, Suiza, ratificado por el Senado de la República el 11 de junio de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de este último año. El presidente de la República emitió el decreto promulgatorio del instrumento de ratificación de dicho convenio el 25 de septiembre de 1990, mismo que fue publicado el 24 de enero de 1991 en el Diario Oficial de la Federación. Dicho convenio establece en sus artículos 6 y 7, respectivamente. Artículo 6: 1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernan; c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de estos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo, lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Artículo 7o. 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. Asimismo, el 14 de agosto de 2001, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto de reformas y adiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, en materia de derechos y cultura indígena. El artículo 2o., en el Apartado B, del citado decreto, consigna que la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Asimismo, señala que se deberá consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, planes estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Que no obstante que han transcurrido más de diez años de la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha no se ha aprobado una ley de consulta indígena. Debemos señalar que esta Cámara de Diputados ya ha conocido de iniciativas de consulta indígena, sin embargo, no ha existido el acuerdo para poder legislar, lo que resulta en detrimento de los pueblos y comunidades indígenas del país. Debemos reconocer que la reforma constitucional en materia indígena a la fecha sigue incompleta. Debemos de generar los marcos normativos que garanticen la autodeterminación de las comunidades indígenas. No hacerlo sería incumplir nuestra obligación como legisladores. Por ello, la presente iniciativa tiene como propósito fundamental garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta. La iniciativa que hoy propongo, compañeros y compañeras diputados, consta de siete capítulos, mismos que contienen 31 artículos donde se establece quiénes son los sujetos a quienes debe ir dirigida la consulta, las instituciones de gobierno que deberán ser las responsables de realizar las consultas. Asimismo, se establecen los temas específicos por los que debe llevarse a cabo una consulta. En el contenido de la presente iniciativa se establecen sanciones para los servidores públicos encargados de la realización de la consulta que manipulen los resultados de la misma, o bien, que tiendan a desorientar a la población consultante. Es preciso señalar que la presente iniciativa contiene un esquema de aplicación en donde no es necesaria la erogación de partidas presupuestales para la creación de nuevas instituciones que después resultan obsoletas, inoperantes. La presente iniciativa faculta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para realizar las consultas a los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, junto con la presente iniciativa se presenta una iniciativa a la ley que rige dicha institución gubernamental. Compañeras y compañeros diputados, existen argumentos jurídicos para contar en nuestro sistema jurídico mexicano con una ley general de consulta a los pueblos y comunidades indígenas de México. Solo hace falta la responsabilidad y la voluntad de los integrantes de este Poder Legislativo para aprobarla. Compañeros y compañeras diputadas, en verdad hoy es la oportunidad que tiene esta LXIII Legislatura para poder tener una ley de consulta en nuestros pueblos indígenas de México. Es por justicia para nuestros hermanos indígenas del país el que podamos en su momento, compañeros, que tengamos el dictamen, poderlo votar por consciencia y no por consigna. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.