El diputado Manuel de Jesús Espino: Gracias, diputado presidente, con su permiso. Estimadas compañeras diputadas y compañeros diputados federales, en nuestro país la democracia y la política están en crisis de credibilidad, vienen a la baja en la aceptación ciudadana. La Encuesta Nacional de Vivienda realizada a finales del 2014 daba cuenta ya desde entonces, que el 61 por ciento de los mexicanos estaban insatisfechos con la democracia, y sólo un 12 por ciento decía creer en los partidos o que éstos representan a los intereses de la sociedad. En consecuencia de lo anterior, nuestro sistema electoral registra una participación promedio de al menos un 45 por ciento en los comicios federales y locales. Una de las causas primordiales de esa crisis de credibilidad reflejada en el abstencionismo electoral es el desempeño de los partidos políticos y su corresponsabilidad con la corrupción que aflora en nuestros gobiernos e instituciones. Tan es así, que el 91 por ciento de los ciudadanos considera a los partidos como las entidades más corruptas en México. La explicación de esa opinión ciudadana es simple, los partidos han postulado candidatos que llegan a un cargo público a robar y se ven envueltos en la impunidad, ejemplos abundan. Han habido diputados y los sigue habiendo aficionados a los moches, por ejemplo, y a la acumulación de fortunas de origen ilícito. A esta representación nacional han llegado personajes promovidos por los partidos que son unos verdaderos pillos y que se refugian en el fuero constitucional. Otros hasta han solicitado licencia para ser postulados recientemente como candidatos a gobernadores. El malestar de la ciudadanía hacia los partidos no es sólo por su imbricada relación con la corrupción, es también por altísimo nivel de financiamiento público que reciben y por el gasto que representan en un contexto de pobreza que crece cotidianamente en México. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, la población en pobreza es superior a los 55 millones de mexicanos. El Colegio de México reporta además una medición de más de 11 millones de personas que sobreviven en pobreza extrema. Es preocupante que casi 33 millones de mexicanos están en el empleo informar y más del 27 por ciento de la población padezca, como ya se ha dicho anteriormente, carencia alimentaria. Tan solo con estos indicadores, compañeras y compañeros, resulta inaceptable por incongruente que el Instituto Nacional Electoral aprobara más de 5 mil 300 millones de pesos para distribuir entre los partidos políticos y candidatos independientes en el proceso electoral de 2015. Ello representó casi el doble de recursos asignados en 2014 para programas de construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, mismos que son fundamentales para la ciudadanía. La Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, por sus siglas en inglés, ha señalado que en México el sistema de elecciones es un gran devorador de recursos públicos, que el sistema de elecciones es de los más caros en la región de la América Latina. De acuerdo con estudios de esta organización, el costo de cada voto en México en 2009 fue superior a los 5.9 dólares. En el año 2015 el voto fue 18 veces superior al promedio de toda América Latina, llegó a 17.24 dólares. Con razón, dice IFES, el sistema electoral mexicano no solo es el más oneroso en la región, sino también de una lista de 36 naciones de África, Asia y Europa. Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde 1964 diversas reformas en materia electoral recogieron la conclusión de que era conveniente otorgarles a los partidos financiamiento público para evitar que fueran patrocinados por poderes fácticos. Ese cálculo evidentemente falló, la situación de los partidos lo demuestra. Por ello, en la bancada de Movimiento Ciudadano consideramos que nuevamente ha llegado el momento de reabrir el debate con seriedad y con responsabilidad para impulsar modificaciones profundas a nuestro sistema de partidos, a los cuales reconocemos como imprescindibles en la configuración de la democracia. Proponemos no disminuir, como muchos han sugerido recientemente. Proponemos eliminar el financiamiento público de los partidos. No solo para que estos dejen de ser una carga costosa para los ciudadanos, no solo para generar un ahorro en el erario público, sino para incentivar la construcción de una democracia electoral de contiendas equitativas y limpias y de una cultura cívica basada en la participación ciudadana. Si millones de mexicanos han vivido en la austeridad, justo es que los partidos se aprieten ahora el cinturón, así sea temporalmente, en lo que se reivindican ante la sociedad. Diputado presidente, le ruego a usted que el texto íntegro de esta iniciativa sea insertado en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.