La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. Las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, bajo las siguientes consideraciones: El artículo 1o. de la Constitución General de la República establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo 4o. de esta misma, nuestra Constitución, señala que el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. México forma parte de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, y por tanto, es obligatoria la observancia de esta medida. Por otra parte, en el numeral 1 del artículo 3, de esta Convención Internacional, se establece que en todas las medidas concernientes a los niños y las niñas que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño o niña. En el numeral 2 de este mismo artículo, se señala que los Estados parte se comprometen a asegurar al niño o la niña, la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él o ella ante la ley. Y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Congruente con todo lo anterior, debemos subrayar que el artículo 303 del Código Civil Federal, expresamente establece que los padres están obligados a dar alimento a sus hijos e hijas. Encontramos todo este fundamento en materia legal. Sin embargo, creemos que lo más importante, lo que tenemos que analizar y destacar es la realidad que se vive en nuestro país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en nuestro país hay 30 millones de mujeres que son madres, de ellas el 18 por ciento vive sin el apoyo de su pareja, el 14 por ciento de las madres solteras no poseen ningún ingreso monetario. Según datos de organizaciones no gubernamentales, se estima que el 67 por ciento de los deudores alimentarios incumplen injustificadamente su obligación. De acuerdo con lo establecido por la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en mayo de 2011 se establecieron datos importantes sobre la situación en la que se encuentra nuestro país respecto a la obligación de otorgar alimentos, reportando los siguientes datos: tres de cada cuatro niños o niñas, hijos de padres separados, no reciben pensión alimenticia. Una tercera parte de los hogares de nuestro país son sostenidos por mujeres. Once punto ocho millones de madres viven en situación de pobreza. Las entidades que concentran el mayor porcentaje de madres de familia en condición de pobreza multidimensional son Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. La proporción de nacimientos por situación conyugal de la madre es: un 45 por ciento se encuentra en unión matrimonial, un 44 por ciento se encuentra en unión libre y un 11 por ciento se encuentra soltera. De los datos señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se puede desprender la situación en la que se encuentra nuestro país, que es muy grave respecto a las pensiones alimenticias, dejando de manifiesto la necesidad de regular el cumplimiento de esta obligación, pues las cifras que se presentan resultan alarmantes al considerar que la falta de cumplimiento de dicha obligación repercute directamente sobre personas que no cuentan con la capacidad de obtener, por sí mismos, los recursos necesarios para su sano desarrollo. Los estudios realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos también arrojan los artificios de los que se valen los deudores alimentarios para evadir su responsabilidad. Entre los principales están: el deudor dolosamente manifiesta que su salario es inferior al que realmente percibe. El deudor se coloca intencionalmente en estado de insolvencia. El deudor no desea cumplir con la obligación alimentaria. El deudor es trabajador eventual. El deudor cambia de domicilio, donde no sea posible ubicarlo. Finalmente, según el periódico El Economista, 11 mil 577 trámites por demanda de alimentos se realizaron ante el Tribunal Superior de Justicia, tan solo del Distrito Federal, en el periodo de 2010. Por todo lo anterior, convencidos de la urgente necesidad de legislar en esta materia, votaremos a favor. Muchas gracias.