El diputado Marcelino Rivera Hernández: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores. En 2001 esta Cámara logró aprobar una reforma de gran importancia en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma que sentó las bases legislativas que derivarían en reformas estatales y legislación secundaria, generando una política pública en el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Los derechos indígenas son para todo mexicano que se reconozca como tal. No son derechos especiales sino derechos específicos, es decir, no implican fueros a los indígenas, sino derechos que reconocen la diversidad cultural existente. La reforma otorgaba a los Congresos locales el reconocimiento a las características y especificaciones de los pueblos indígenas para los incluya en las Constituciones, leyes y reglamentos. Las comunidades indígenas, previo a su reconocimiento formal por parte del Estado, resguardados bajo procesos de simulación ante las autoridades externas, han aplicado por cientos de años sus propios sistemas normativos también llamados usos y costumbres, para resolver a través de su propia organización social su sistema de cargos y sus normas internas, la mayor parte de los conflictos que se presentan entre los miembros de las mismas comunidades. Examinando de manera aislada el reconocimiento legal y el orden juridicial indígena, casi podríamos asegurar que no se ha presentado en la vida cotidiana de las personas indígenas ningún cambio tangible, ya que el estado de cosas en materia de justicia al interior de la comunidad continúa más o menos desarrollándose de la misma forma. No obstante, los hechos de valorarse de forma contextual, en contacto con la realidad social y la abstracción de la ley en su conjunto, reconocer constitucionalmente a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, sus autoridades internas electas mediante sus propios sistemas normativos aceptados y aplicados de manera positiva por los miembros de la comunidad, así como la existencia de un sistema de cargos, cultura, lengua, forma de organización social y política, representa un esquema completo de gobierno, con todas y cada uno de los elementos propios del orden jurídico administrativo, que si se analiza de manera global puede considerarse no solo de forma incipiente, sino completa. Pudiera ser un cuarto nivel de gobierno, o propiamente un ámbito independiente y distinto de gobierno, sujeto a sus propias normas de derecho, inserto conviviendo e interactuando incluso con los ámbitos de gobierno constitucionalmente reconocidos. Cabe destacar que los sistemas de gobierno indígena funcionan en la práctica casi sin recursos económicos. Su estructura de gobierno se conforma de dos niveles, la relación política básicamente con el ámbito municipal y el ámbito interno con el que generalmente solo se observa una cabeza de las llamadas autoridades tradicionales. Quienes nos hemos adentrado en la vida de las comunidades indígenas, los concebimos como entes vivos, organizaciones sociales con una forma autónoma de gobierno, cultura, lengua, sistemas normativos, sistemas de cargos, insertas además en el orden jurídico mexicano. Respetuosos y de este y del suyo propio, demostrando en la práctica que la convivencia entre dos universos jurídicos distintos puede darse de forma armónica y funcionar a la par, estableciendo como el límite el primero, el de la comunidad con pleno respeto a los derechos humanos. La calidad de sujetos de derecho público para las comunidades indígenas de nuestro país es un tema que afortunadamente no nos es ajeno a esta legislatura. En esta Cámara, ya en el mes de noviembre del año pasado, en la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en su artículo 3o. y en el artículo 4o., fracción III y XXIII aprobamos lo que el día de hoy presento para elevar el rango constitucional, ¿en qué lo aprobamos? En la ley que se crea el INPI; en el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Ahí ya lo aprobamos y, en consecuencia, hoy vengo a presentar esta propuesta para elevarla a rango también constitucional. Es por ello que el día de hoy presento ante esta soberanía iniciativa para reformar el artículo 2o., en su párrafo segundo de la fracción VIII del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para plasmar en ella la calidad de sujetos de derecho público a las comunidades indígenas de nuestra nación. El reconocimiento pleno no solo a la ley, sino en la práctica, en su aplicación positiva, no será solo fruto de una tendencia univalente y caprichosa, sino que realmente como puede observarse en la experiencia de otras naciones, en este mismo ámbito constituye un presupuesto fundamental para impulsar su desarrollo dentro del marco de la vida nacional. Pero con pleno respeto a su idiosincrasia, cosmovisión y formas de autogobierno, para que sean estos quienes definan su propio rumbo, como pueblos diferenciados que son en la realidad sociopolítica y cultural que vive el país. Esta clase de reconocimientos se traduce necesariamente en el interés de profundizar y consolidar nuestra democracia de manera participativa. La congruencia de la diversidad cultural no solo debe de quedarse como idealización, sino activarse en los hechos como una respuesta clara a las demandas indígenas, manteniendo siempre el diálogo directo y efectivo con las propias comunidades como matriz de las reformas legales que falta concretar en el marco jurídico nacional. Hoy invito a todos los grupos parlamentarios que estamos congregados en esta Cámara, a que nos sumemos a esta iniciativa, a que la hagamos nuestra, a que la hagamos por el bien de la gente que representamos los ejidos y comunidades indígenas de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.