EL C. DIP. FELIX CASTELLANOS HERNANDEZ: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que el actual Gobierno, a través de su Secretaría, no ha efectuado ningún avance relevante para ir consolidando las bases fiscales necesarias a fin de acelerar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de empleo y salario del pueblo mexicano. El logro de modestos superávits fiscales se ha logrado a costa de un derrumbe del sector público que ahora es de alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, o sea una tercera parte del tamaño que tenía en 1980. Se ha derrumbado también la inversión pública que pasó del 12% del PIB en 1981, al 2% actualmente. Paralelamente a la reducción de su tamaño, la deuda pública se ha incrementado hasta representar el equivalente del 45% del Producto Interno Bruto, generando un gigantesco problema que puede saturar los circuitos bancarios financieros. Es importante subrayar que un tamaño tan modesto del sector público es incompatible con la magnitud de su deuda, por lo que parte de ella ha sido trasladado de facto al sector financiero privado que aún no se encuentra plenamente recuperado de su propia debacle. Una parte substancial de la deuda pública que pesa sobre el sector público proviene del FOBAPROA e IPAB estando en manos de la banca comercial, por lo que depende de condiciones del mercado imposibles de predecir enteramente. Pero hay otros problemas no resueltos que las administraciones priístas le alegaron al actual Gobierno, como el de los PIDIRIEGAS. El acelerado endeudamiento estatal y municipal y el deterioro de la infraestructura pública, siendo problemas heredados no han sido integrados a una estrategia integral que permita prever una solución dentro del marco del actual sexenio La desaceleración de la economía es una realidad y su Secretaría ha quedado rebasada por los acontecimientos, ya que no ha logrado sacudirse la inercia y sigue trabajando bajo la expectativa de crecimientos altos sin percatarse de los boquetes presupuestarios que se vienen configurando por la declinación de los indicadores económicos. Del lado de la gestión y regulación financiera, el escenario es también preocupante; antes que se cumpliera un año de su gestión al frente de la Secretaría de Hacienda, se anunció la compra del banco más grande de México, BANAMEX, con lo que la mayor parte de los activos de esa actividad (sic) quedará en manos de extranjeros. Esta nueva realidad constituye la culminación de una serie de errores garrafales que empezaron con la privatización bancaria y se prolongaron con la eliminación del encaje legal y la concesión de un estatus de autorregulación a los bancos comerciales. El problema central de la política fiscal es la baja captación tributaria y el actual gobierno ha enarbolado a la bandera de la reforma, argumentando que su capacidad para resolver los graves problemas fiscales que hemos reseñado, depende que el Poder Legislativo acepte su propuesta para incrementar los ingresos tributarios. El Presidente Fox y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aferran a una solución aparentemente muy simple que consiste en elevar el más regresivo de los ingresos, el que recae sobre el consumo y ofrece aparentemente la ventaja de menores costos de administración que los impuestos directos. En México el Impuesto Sobre la Renta ha sido históricamente la fuente fundamental de captación, pero en los últimos años ha declinado de manera alarmante, los datos son contradictorios, pero de acuerdo al Banco Mundial, la declinación del Impuesto Personal Sobre la Renta es más grave, ya que en la actualidad representa alrededor de la mitad del porcentaje, respecto del Producto Interno Bruto que tenía en 1980. La participación del Impuesto Sobre la Renta de las empresas parece haber declinado entre .5% y 1% del Producto Interno Bruto. Las causas de la debacle que rodea al Impuesto Sobre la Renta no están muy claras, porque tanto los gobiernos pasados, como el actual, mantienen un control muy férreo de la información que impide efectuar análisis a profundidad para saber realmente quienes pagan realmente quienes pagan los impuestos en México. El Impuesto Sobre la Renta está cargado de exenciones que han contribuido decisivamente a la declinación de los ingresos respectivos, además de una variedad de exenciones provenientes del llamado régimen simplificado, existe el estatuto de consolidación fiscal que otorga un tratamiento privilegiado a las corporaciones que además pueden recurrir libremente a los países fiscales para eludir el ya mermado pago de sus impuestos. La complicidad con intereses políticos es lo que ha impedido el actual gobierno por medio de su Secretario, le dé una solución al problema del FOBAPROA para que se aligere el peso de la nueva deuda pública. El Ejecutivo ha mantenido una indiferencia total a los esfuerzos por depurar la cartera del extinto FOBAPROA que se vuelve más necesaria a medida que se comprende que todos los esfuerzos de consolidación fiscal que se obtuvieron con grandes penurias, no son sostenibles sin una radical ampliación de los ingresos fiscales. Si de lado de los ingresos la política fiscal está estrangulado hasta la asfixia, de lado del gasto la situación es totalmente sombría, ya que el gobierno se ha visto obligado a abandonar sus responsabilidades sociales, con las consecuencias permisibles en el estado de la infraestructura física o capital social, básico que se ha deteriorado considerablemente en los últimos ocho años. Lo anterior justifica nuestra afirmación de que la política fiscal ha quedado anulada para todo propósito que tenga que ver con el desarrollo y el bienestar nacionales. Señor Secretario: No podemos permanecer indiferentes a la anulación de la política fiscal y al conjunto de iniciativas llevadas a través de su dependencia que implican elevar las desigualdades sociales y la concentración del ingreso. México requiere una vigorosa política fiscal de carácter anticíclico que se apoye a la consolidación del Impuesto Sobre la Renta, como la principal fuente de tributación en nuestro país. Como parte de la consolidación del Impuesto Sobre la Renta, debe desaparecer la supuesta neutralidad entre los dividendos distribuidos y retenidos, no sólo debe mantenerse la tasa del 5% a los dividendos distribuidos, sino que ésta debe elevarse, como lo hacen todos los países para establecer un equilibrio, entre lo que la clase capitalista produce y recibe de la sociedad. Hacemos hincapié en la tributación sobre los dividendos, porque la riqueza accionaría, o sea, la fuente de dividendos es en la actualidad la forma principal de la riqueza social. En México, el valor promedio de las acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores se ha multiplicado aproximadamente por nueve veces desde fines de los ochenta. Al mismo tiempo que se verificaba este extraordinario fenómeno de multiplicación de riqueza, se decretó en México la exención de los dividendos repartidos bajo el argumento neoliberal de que debieran ser irrelevantes si los dividendos se repartían o se detenían. El capital político de la clase priísta se había agotado, de modo que la propuesta de atacar el problema fiscal mediante una elevación de impuestos carecía de credibilidad y se fue postergando hasta que llegó el cambio de régimen. El fin del partido de Estado y el arribo de una nueva dirigencia gubernamental tiene el mérito de generar nuevas expectativas. Coincidimos con el principio de una reforma fiscal, pero como lo hemos dejado establecido, situamos el eje de la misma no en los impuestos indirectos, sino en lo principal de los impuestos directos: el Impuesto sobre la Renta. Señor Secretario. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo reitera ante usted: No al IVA en medicinas, alimentos y educación, sí al incremento de impuestos al capital, particularmente al capital especulativo. Sí a un mayor gasto público redistributivo, que beneficie particularmente al gasto social. Demandamos una reforma fiscal redistributiva con equidad y justicia tributaria. El gran acuerdo nacional al que llamamos el primero de septiembre pasado requiere contar con una política económica de Estado: democrática, amplia e incluyente. A usted señor Secretario, lo convocamos para que también se sume a este esfuerzo en beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias.