El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, con la aprobación que daremos hoy a la Ley Federal de Competencia Económica buscamos garantizar productos y servicios más económicos para los consumidores y una competencia más sana y transparente entre las empresas. Como ya se mencionó, la concentración de mercados en México ha generado precios que elevan los costos operación de las empresas y afectan la economía de nuestras familias, pues según estudios de la OCDE nos vemos obligados a pagar entre un 30 y un 40 por ciento más de sobreprecios. Consciente de la necesidad de regular la competencia y fortalecer el mercado externo y reactivar el interno, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha marcado como objetivo alcanzar un crecimiento económico capaz de generar los empleos en la cantidad y calidad necesarios, creando condiciones que estimulen la productividad; aumenten la innovación; mejoren la competitividad y fortalezcan el poder de compra. Como resultado de esto, en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica se establecen facultades para la Comisión Federal de Competencia Económica a fin de que pueda cumplir eficazmente con su objeto de promover, proteger y garantizar la libre concurrencia. Esas facultades consisten en ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia, regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos. El dictamen que hoy se pone a nuestra consideración parte de tres ejes fundamentales: las directrices fijadas en la reforma constitucional ya mencionada, la experiencia ganada a lo largo de 20 años de la aplicación de una política de libre concurrencia y competencia económica, y las mejores prácticas internacionales. Esta nueva ley presenta una estructura sistemática, definiendo las áreas de responsabilidad entre la Cofece y el Ifetel, las atribuciones de sus funcionarios y las garantías para su actuación autónoma; los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas; el funcionamiento de la autoridad investigadores y el propio de la Contraloría Interna. En lo referente a las conductas anticompetitivas prohíbe prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas y aquellas barreras que disminuyen, dañan o impiden la libre competencia en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios, incluyendo nuevos tipos de prácticas monopólicas que sancionan la explotación abusiva de un insumo esencial por parte del agente económico dominante. Los integrantes de la Comisión de Economía logramos un diálogo constructivo y respetuoso entre las distintas fuerzas representadas en esta Cámara, al tiempo que escuchamos diversos puntos de vista de especialistas en el tema, como ya lo mencionó el presidente de la Comisión. De ahí las cerca de 100 modificaciones hechas a la iniciativa propuesta por el Ejecutivo. Con todo esto estamos logrando un equilibrio, al proteger los derechos del consumidor y generar incrementos en la eficiencia de los mercados e incentivar las innovaciones que realizan las empresas para desarrollarse en mercados locales y globales, que son sumamente competitivos. Compañeros legisladores, estamos convencidos que esta ley será una herramienta eficaz para fomentar mejores condiciones de mercado que deriven en la producción de bienes y servicios de mejor calidad y menor costo, lo que contribuirá a mejorar la condición de vida de los sectores menos favorecidos. No se busca regular precios, sino generar las mejores condiciones de mercado. El efecto no será mágico o inmediato, pero la evidencia internacional advierte que la instrumentación de una buena reforma de competencia podría elevar hasta en un 2.5 por ciento el producto interno bruto y el empleo en nuestro país. Con las modificaciones introducidas por la Comisión de Economía a la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, se garantiza un proceso justo, proporcionado y equitativo de defensa para los agentes económicos y se aclaran algunos conceptos que habían generado inquietud en el sector productivo. Con lo que se elimina la discrecionalidad y se otorga certeza jurídica al proceso económico. Estoy convencido que con diálogo y trabajo podemos lograr grandes cambios en beneficio de nuestro país. México requiere de un nuevo diseño institucional, que le permita ubicarse dentro de las mejores prácticas internacionales en materia de competencia. Es por ello que la bancada de mi partido votará a favor del presente dictamen. Como lo mencionó mi coordinador parlamentario, el fin último de esta ley es promover la creación de riqueza y elevar la productividad y la competitividad del aparato productivo, que junto con el tema de la energía son claves para beneficiar a los consumidores y la economía de las familias. Confiamos en que podemos seguir construyendo acuerdos con los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, para continuar impulsando las reformas necesarias y la transformación de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.