La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias. Señoras y señores legisladores. La iniciativa que hoy someto a consideración de esta asamblea busca corregir una grave anomalía de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, que vulnera los derechos de seguridad social de los trabajadores al Servicio del Estado. Me refiero al artículo 25 de la Ley del ISSSTE donde se establece lo siguiente. En caso de que alguna dependencia o entidad incumpla parcial o totalmente durante 12 meses consecutivos o dentro de un periodo de 18 meses el entero de cuotas, aportaciones y descuentos, el instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo. Esto significa que si el patrón deja de enterar las cuotas, aportaciones y descuentos, el trabajador y su familia podrían perder la protección de los seguros, prestaciones y servicios que componen sus derechos de seguridad social. Tal disposición es inaceptable porque conculca derechos constitucionalmente consagrados. Por esa razón el 19 de junio de 2008, a partir de miles de solicitudes de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional lo contenido en el segundo y tercer párrafo del artículo 25 de la Ley del ISSSTE. El entero de las cuotas es responsabilidad de la dependencia, no de los asegurados, a quienes no se les podrán suspender los seguros, prestaciones y servicios por incumplimiento en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos. ¡Qué quiero expresar con esto? Miren, legisladoras, legisladores, al trabajador se le descuentan puntualmente sus aportaciones, sus cuotas, pero la entidad se tarda meses en enterar al ISSSTE y eso deja en estado de indefensión al trabajador y a su familia. La Suprema Corte ya declaró inconstitucional estos párrafos del artículo 25. Por ello nuestra iniciativa consiste en que debemos salvaguardar los derechos de seguridad social de los trabajadores y sus familias y recordar que a nivel internacional existe una tendencia a expandir la seguridad social en un esquema de universalidad que permita superar deficiencias e inequidades en la protección social de la población. La Organización Internacional del Trabajo define la seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionaría la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos. Pero eso que establece la OIT es contravenido cuando alguna dependencia o algún estado no entera las aportaciones de los trabajadores y el trabajador desde el momento que se le descuentan, sabe y piensa y siente que está protegido, pero no sabe que su patrón, en el estado, no enteró las cuotas al ISSSTE. En tal sentido el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza que ha seguido con atención esa anomalía, proponemos la modificación a los párrafos de ese artículo y con eso estamos contribuyendo también a que la seguridad social independientemente de la situación laboral de las personas, deba de ser universal y para eso tenemos que armonizar aquello que está fuera de orden en la ley. Tenemos que construir un sistema basado en el principio de sostenibilidad fiscal, es decir, que el financiamiento de las pensiones universales, el seguro de desempleo, el acceso de todos a los servicios de salud, se cubra sin recurrir a un endeudamiento incontrolable. La seguridad social por la que lucha Nueva Alianza, debe construirse sobre los pilares de la cobertura para todos, las prestaciones esenciales y la calidad de los mismos. Es decir, que todos tengan acceso a servicios de calidad en todos los rubros de seguridad social para superar situaciones como las que por ejemplo nos ofrece el Seguro Popular que ni es de calidad ni cubre en los hechos ciertas enfermedades y padecimientos de alta gravedad. Para lograr todo eso es indispensable poner en orden el marco jurídico correspondiente porque si no podemos corregir disposiciones legales declaradas inconstitucionales, menos podremos edificar un sistema jurídico-institucional complejo para garantizar una seguridad social incluyente y sostenible. Por todo lo anteriormente expuesto, con la presente iniciativa proponemos reformar el párrafo segundo y derogar el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley del ISSSTE con el objeto de dejar claramente establecido que en ningún caso el instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios a que está obligado prestar. Esta reforma legal es indispensable y debería concitar el apoyo de todos los grupos parlamentarios y estamos seguros que así será. Por su atención y apoyo muchas gracias, muchas gracias, señor Presidente.