La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con s permiso, señor presidente. Conciudadanos que ven este Canal del Congreso, son los que piensan que es tiempo de construir el poder ciudadano. Compañeras y compañeros diputados, en nuestro país urge que en los momentos más importantes de la toma de decisiones en materia de defensa de los derechos humanos de nuestros compatriotas, la clase política salgamos a legitimar nuestra postura como representantes de la ciudadanía que quiere sentirse escuchada en su legítimo derecho que les da el ser ciudadanos de nuestro país, derechos entre los que se encuentran la necesidad que sean salvaguardados sus intereses en materia de Fondo de Ahorro para el Retiro. Y ¿cómo va a sentirse? No solamente escuchada, sino atendida la población en general, si cuando se trata de legislar esa población, se da cuenta que pareciera ser que sólo se legisla para perjudicarlos, y eso no lo digo yo, lo dice el grueso de los ciudadanos que claman por justicia en todos los ámbitos. Y como muestra de lo anterior, basta con decir que en el dictamen del decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones de la Ley del ISSSTE que hoy nos ocupa, en el artículo 2o, fracción II, se aprobó ya en la Comisión de Hacienda que el gobierno federal no responda por las obligaciones a cargo de la sociedad que será creada a partir de este decreto. Ni por cualquier minusvalía en el valor de la sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro que dicha sociedad administre y opere. Dichos fondos corresponden a los recursos que se administrarán con esta figura que se pretende crear para camuflajear actos privatizadores de la administración de recursos destinados para un retiro digno. Digno entre comillas, es decir, que si la mala administración de los recursos reportara una depreciación o pérdida, el gobierno federal no responderá por esas malas prácticas, como si los recursos que se recaudan para pensiones no fueran recursos con origen público, pues con razón les urge desaparecer al Pensionissste. Que quede claro que en el Grupo Parlamentario de Morena no estamos de acuerdo que el gobierno abandone esas obligaciones y, sobre todo, no estamos de acuerdo en legislar para inducir y aprobar que el gobierno cada vez tenga menos responsabilidades y no sólo eso, sino que en este caso expresamente se eximan de una responsabilidad claramente obligatoria que de forma solidaria deberá de tener con los ahorradores que tienen esperanza de tener algún día una pensión para pasar de forma digna y decorosa el último tramo de su vida. Yo no creo que algunos de ustedes no tengan madre o algún pariente que esté todavía en una situación de ahorro en el Pensionissste, no se dan cuenta que también a ellos los estarán perjudicando. Por lo anterior los invitamos a que voten por convicción, por convicción, no por consigna. Para mi segunda reserva a todos los trabajadores del servicio del Estado afiliados al ISSSTE, a mis compañeros maestros activos, algunos, víctimas también de esta reforma. La legalidad es una característica que debe prevalecer en la administración de los recursos públicos, y sobre todo cuando se trata de recursos de ciudadanos que esperan obtener una pensión con la que vivan tranquilamente los últimos años de vida. Pero para obtener una administración con altos índices de probidad es necesario que existen estructuras y procesos de revisión, medición, control, seguimiento y además procedimientos que aseguren la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos de origen público. Asimismo, en la fracción IV del artículo segundo del decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del ISSSTE, que estamos discutiendo el día de hoy, se estipula que ni el órgano interno de control de la empresa que pretenden crear en sustitución del Pensionissste ni la Secretaría de la Función Pública podrán llevar a cabo la fiscalización ni auditorías o investigaciones integrales. Entonces, ¿quién va a revisar, controlar y asegurar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos de las pensiones de nuestros compatriotas que están en ese régimen? Otra vez, no es posible que en la Función Pública se exhiba por medio de esta norma de obligaciones fundamentales a las instituciones que son las indicadas para llevar a cabo esas funciones encaminadas al control, transparencia y anticorrupción. Que quede claro, se trata de lo público. Que quede claro, si se trata de lo público es el gobierno en sus tres poderes el responsable de salvaguardar los intereses de sus gobernados. No rehuyamos a nuestras responsabilidades. Es cuanto, señor presidente.