EL PRESIDENTE: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, abre hoy, primero de septiembre del 2000, el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura". Aplausos Se procederá a entonar el himno Nacional. Himno Nacional. En virtud de que cada una de las Cámaras al constituirse designó las comisiones de cortesía a que se refiere la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, esta Presidencia ruega a los legisladores integrantes de las mismas, procedan en su oportunidad, a cumplir con el cometido asignado por sus Cámaras. De conformidad con lo que establece el artículo 7º.. numeral 2 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, harán uso de la palabra los siguientes ciudadanos legisladores: Del Partido Alianza Social, el diputado José Antonio Calderón Cardoso. Del Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, el diputado Angel Enrique Herrera Bruquetas. Del Partido de la Sociedad Nacionalista, el diputado Gustavo Riojas Santana. Del Partido del Trabajo, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez. Del Partido Verde Ecologista de México, el senador Jorge Emilio González. Del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Martí Batres Guadarrama. Del Partido Acción Nacional, el senador Jorge Zermeño Infante. Del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Beatriz Paredes Rangel. En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Calderón Cardoso, hasta por quince minutos. DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Con el permiso de la presidencia: diputadas y diputados, senadoras y senadores presentes, ciudadanas y ciudadanos: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión inició la toma de protesta de las diputadas y diputados, realizando acuerdos para la designación de las comisiones legislativas en un marco de exclusión de las fracciones parlamentarias minoritarias a cualquier cargo de gobierno de la Cámara. Con estas actitudes es muy claro que los grupos parlamentarios mayoritarios corren el riesgo de traicionar los valores democráticos que ofrecieron representar a los electores mexicanos. Las actuales mayorías nos han mostrado señales de intolerancia, de rechazo al diálogo y de ataque al derecho a la diferencia que representamos la diputada y el diputado de Alianza Social, que es una nueva fuerza ciudadana. Resulta trágica la negativa de las arrogantes mayorías para vivir a cabalidad los principios y los valores de la democracia dentro de esta Cámara. Las minorías somos desoídas, avasalladas y lastimadas en nuestra dignidad parlamentaria. Las fuerzas parlamentarias mayoritarias le deben respeto a la diferencia y a las minorías como un valor democrático en todas las esferas de la actividad humana. Para nosotros conlleva un enorme reto moral luchar por el derecho de las minorías, ello nos representa un deber político, por lo cual convocaremos a los hombres y las mujeres libres y revolucionarios, a manifestarnos públicamente para dinamitar los últimos vestigios del anciano régimen. Recordemos que el autoritarismo vivió gracias a la complacencia de una oposición leal que simulaba ser oposición y que hoy, hoy que ella es gobierno, no nos muestra que efectivamente inicie el gran proyecto de la democracia, desde el seno del Poder Legislativo. La democracia no será posible sin diálogo con las minorías y sin su participación plural en los órganos decisorios de la vida política; porque aquella mayoría que atenta contra los derechos de las minorías, atenta contra la democracia. Los diputados de Alianza Social tenemos muy clara la filosofía política que queremos instaurar: queremos que los poderes del estado promuevan el derecho a la diferencia, el respeto absoluto y completo de todas las prerrogativas y facultades que la ley le confiere a las minorías de cualquier signo, así sea ético, económico, religioso, cultural, político y ecológico. Queremos un gobierno de leyes, no de hombres; queremos que los órganos de gobierno sean abiertos a la voluntad ciudadana en la toma de sus decisiones; que haya racionalidad y una vocación humanista, para que toda acción de gobierno sea a favor del desarrollo integral de las capacidades de todos los mexicanos de cualquier edad, pero especialmente de quienes más necesitan de la solidaridad social, de los 71 millones de pobres que viven en el territorio nacional. Nos resulta evidente compañeros legisladores, que en caso de no haber rectificaciones en la Cámara, que los grupos parlamentarios mayoritarios han comenzado a defender los intereses de la oligarquía, del capital y del mercado globalizado que están detentando el control de las comisiones legislativas para impedir que desde ellas se trabaje en la producción de propuestas políticas en bien de los principios de la soberanía, la independencia, el nacionalismo y de quien menos tienen. Eso habremos de revertirlo mediante la lucha auténticamente democrática a través de la permanente consulta a los ciudadanos para obtener propuestas inteligentes e imaginativas de los hombres y mujeres que aman verdaderamente a México. Alianza Social por otra parte, quiere expresar su reconocimiento a la participación cívica de los mexicanos y mexicanas que votaron el 2 de julio, a los candidatos que promovieron la discusión pública electoral en todas las plazas, a todos los ciudadanos que fungieron como representantes de casilla o de partido, a los consejeros electorales a todos los consejos del IFE y al Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León, cuyo reconocimiento de los resultados electorales fueron un claro pronunciamiento a favor de la civilidad de la competencia electoral; un pronunciamiento que despertó un nuevo ánimo de aliento a la Nación que nos permite volver a creer en nosotros mismos y a creer en un futuro mejor. En este reconocimiento también queremos dejar constancia de la labor del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que tiene un lugar señalado por su promoción de la voluntad popular que encauzó hacia la transición pacífica y democrática para lograr la alternancia en la Presidencia de la República. En este sexto informe de gobierno del Presidente no podemos dejar de advertir el estado que guarda la población del país, que es un desastroso estado por la injusta distribución de la riqueza económica, pues existen 71 millones de pobres, de los cuales 30 millones son productos de la actual administración. Nueve de cada diez mexicanos se encuentran en niveles de ingreso personal inferiores a los alcanzados en 1994, al tiempo que una docena de mexicanos acumulan fortunas insultantes equivalentes al total de las percepciones anuales del 40% de la población del país. Mientras siga habiendo unos pocos que tienen mucho y unos muchos que tienen poco, la afirmación de que arribamos a la normalidad democrática será una expresión incompleta. Sin igualdad funcional no hay democracia. Si a nuestra transición no le damos contenido social corremos el riesgo de estancar nuestro desarrollo democrática. La administración pública federal guarda un estado de irracionalidad de la distribución del gasto público. Por una parte, el rescate bancario y carretero recibieron recursos 50 veces superiores a los orientados al rescate de las decenas de millones en pobreza extrema que, por otra parte, fueron solamente atendidos por el Progresa 5 millones de ellos. El Gobierno Federal no promovió reformas administrativas en abono de la eficacia y transparencia en la recaudación fiscal y del sistema tributario, sino que promovió de facto una paulatina desgravación de los grandes capitales a través de diversas fisuras de la norma. La gobernabilidad del régimen careció del respaldo popular para emprender reformas tributarias acordes al principio de justicia social, lo que nos permite señalar que la presente administración que termina fue un régimen neoliberal con la implicación del grave sometimiento de la soberanía nacional al mercado mundial, en perjuicio de la población mexicana. El actual gobierno continúa el proceso de descentralización de la administración pública, transfiriendo de manera inadecuada responsabilidades y competencias a los estados, las cuales nos arrojan, hasta este momento, resultados desastrosos. Hoy existe un desabasto hospitalario en el sector público y un progresivo deterioro de la calidad del sistema de la educación pública que son dos ejemplos graves de la debacle y deficiente descentralización, descentralización que más bien está desmantelando la política de gasto social, a pesar de la increíble coexistencia de un cuantioso super hábit del erario federal. La administración federal nos ha ocultado que de acuerdo a cifras del Ceneval hoy el 22.5% de los aspirantes a ingresar al nivel de educación media superior ignoran que Miguel Hidalgo promovió la independencia del país. Debido a la improvisada descentralización de la administración pública nos encontramos con que más de 23 mil millones de pesos descansan inútiles en las arcas de la tesorería. Históricamente, amigos legisladores, estamos asistiendo al término constitucional del período del Presidente Zedillo. La presidencia se transferirá pacíficamente a un presidente electo de un partido distinto, quien habrá de entregar las riendas de un país que vive expectante por los posibles beneficios de la alternancia democrática. Sin embargo, y paradójicamente, nos dejaremos de reconocer que la pésima gestión terminará en medio de un ambiente festivo y de esperanza que está viviendo la mayoría de mexicanos porque su gestión a favor de los ricos no empaña la esperanza ciudadana en la democracia y en la alternancia partidista para corregir el rumbo de la nación. Tenemos confianza de que podremos derribar los últimos muros del autoritarismo y de las acostumbradas concertacesiones políticas. El diálogo y la razón son las únicas armas con las que contamos los diputados democráticos, debemos emplearlas para rechazar el mal y apoyar el bien, vengan de donde vengan. Tal es la intención de nosotros, los legisladores de Alianza Social. La transición del 2 de julio, que se refiere al cambio en el Ejecutivo Federal y a la pluralidad en este Congreso, no será completa si nosotros no erradicamos la cultura propia del antiguo régimen de no liquidar sus usos y costumbres, entonces estaríamos ante un cambio de fachada o un simple gatopardismo. La realidad deberá ser enteramente distinta después del 2 de julio. Para ello es urgente que propongamos una reforma constitucional que logra la plena vigencia de la democracia representativa y participativa, la implementación del referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la vigilancia ciudadana y la revocación del mandato. Finalmente, los diputados de Alianza Social queremos reiterar que para un pueblo con 71 millones de pobres y con uno de los perfiles de distribución de ingreso más desiguales del mundo, una constitución política que no tenga carácter social y redistributivo, o permítanme decirlo en otros términos, si no representa una clara defensa preferencial por los pobres, resultará absolutamente incapaz de contener las tensiones y las fricciones internas que hoy asolan a la nación, las cuales pueden representar su fractura como Estado y perder por tanto su independencia. Un Estado social de derecho existe que Estado y sociedad sean garantes eficaces contra la exclusión y los desgarramientos del tejido social. Postula que la solidaridad es la verdadera base de toda ciudadanía. Adopta como punto de partida el respeto esencial a la dignidad del hombre y la mujer, y adopta como instrumento principal un constante y renovado compromiso societario contra sus flagelos seculares: la miseria, el aislamiento, la injusticia y el dolor. El Estado social de derecho que proponemos es en esencia un pacto contra la exclusión. De este pacto dimana su fuerza y justificación. Ser ciudadano en un Estado social de derecho es no estar solo, es apoyarse en otros, es apoyar a otros. Si no adecuamos nuestras instituciones el vínculo que nos une corre un grave riesgo de ruptura. Para los ciudadanos que conformamos Alianza Social el futuro de México, señoras y señores legisladores, está indisolublemente unido al futuro de los millones que conforman la nación mexicana. Muchas gracias. Aplausos.