El diputado José Alejandro Aguilar López: Con el permiso de la Presidencia y del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna a presentar iniciativa al artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En la reforma, materia de la presente iniciativa, propongo reformar los párrafos primero y segundo del artículo 74, donde se prevén los plazos de prescripción de las responsabilidades administrativas, según se trate de faltas administrativas graves o no graves. La prescripción es una modalidad de la extinción de la responsabilidad de quien comete una falta por el simple transcurso del tiempo. Es una forma en la cual la autoridad sancionadora no ejerció sus atribuciones en el tiempo que tenía para ello. Y, por lo tanto, la acción contraria a derecho queda sin sanción. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si hay un tema que lastima a la sociedad mexicana lo es la corrupción y también la impunidad. Y precisamente la impunidad se obtiene cuando no se sanciona a quien comete una falta. Derivado de lo anterior, tenemos que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece de manera genérica dos tipos de faltas administrativas: faltas administrativas no graves y faltas administrativas graves. En el artículo 74, primer párrafo, se establece un plazo de prescripción de tres años para las faltas administrativas no graves, que se computa a partir del día siguiente en que se hubieran cometido las infracciones, o partir del momento del que se hubiera cesado. En este caso propongo aumentar un año más el término, para que pueda operar la figura de la prescripción de los servidores públicos que hubieran cometido una falta administrativa no grave. Esto es, pasar de los tres años previstos actualmente a cuatro años. Para el caso en lo que se dispone en el segundo párrafo del artículo 74, que actualmente establece un plazo de prescripción de siete años en caso de faltas graves, propongo que se aumente a nueve años. El razonamiento es el siguiente. En el texto original de la presente ley que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2016, se establecieron las denominadas faltas administrativas graves de los servidores públicos. Y, para ellas, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 74 opera la figura de la prescripción en un plazo de siete años. Sin embargo, se debe considerar que, en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, en particular la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, se estableció la obligación de los Estados parte para legislar, previendo sanciones penales para los delitos de actos de corrupción con las penas privativas de libertad que cada Estado decidiera establecer y, de manera complementaria, las sanciones administrativas que resultaran procedentes. De la misma forma, el Código Penal Federal fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de julio en el año del 2016, para establecer los delitos por actos de corrupción, en los que siguiendo la regla de prescripción de la responsabilidad penal prevista en los artículos del 100 al 115, la prescripción opera con la media aritmética entre la pena mínima y la pena máxima. Son para el delito de cohecho del servidor público y peculado... es de ocho años. Sin embargo, en el caso de tipo penal del ejercicio ilícito del servicio público, la media aritmética es de cuatro y medio años. Por lo que los plazos de prescripción en materia penal no resultan aplicables a la materia administrativa y aumentar, como lo propongo, 2 años más al plazo de prescripción en el artículo 74, segundo párrafo. No resulta desproporcionado, máxime de que lo que se trata de preservar es la honestidad en el ejercicio del servicio público y que quienes tienen el honor de servir a la sociedad ocupando un cargo, lo realicen en estricto apego a la ley y observando siempre los principios previstos en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También se debe considerar, para soportar la propuesta que presento, que en una gestión gubernamental de seis años podrían darse redes de interés que oculten o protejan las irregularidades cometidas. Compañeras y compañeros legisladores, esa es la motivación por la que propongo aumentar de siete a nueve años, esto es solo dos años más, el plazo de prescripción por la comisión de faltas administrativas graves. Con ello daremos un sólido instrumento a la autoridad para abatir la impunidad que va de la mano de la corrupción. Es cuanto, compañeras y compañeros. Unidad nacional, todo el poder al pueblo.