La diputada Elizabeth Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. Los ciudadanos diputados que suscribimos esta reserva, el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez y una servidora proponemos modificar la fracción III del artículo 76 de la Ley de Petróleos Mexicanos, así como la fracción III del artículo 78 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que si bien son disposiciones de dos diversos ordenamientos versan sobre el mismo tema; el empleo de testigos sociales en los procedimientos de contratación pública. Con esta modificación, se busca que el consejo de administración, tanto de Petróleos Mexicanos, como de la Comisión Federal de Electricidad establezcan los casos que podrán contar con la participación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación que realicen directamente o sus empresas productivas subsidiarias. Quiero decirles que el testigo social es una figura que tiene la responsabilidad de atestiguar los procedimientos de contrataciones públicas, con el fin de asegurar que se logren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Los testigos sociales se caracterizan por tener un buen prestigio, honradez, especialidad y conocimiento técnico de las materias que verifican y atestiguan; su naturaleza es ajena al Poder Ejecutivo, no forma parte de la administración pública federal, es un representante de la sociedad civil y su función es cuidar que se cumpla la normatividad de los procedimientos de contratación. Es decir, un testigo social vigila de manera imparcial y profesional el cumplimiento en la legalidad en estos procesos. Ésta es una figura reconocida en otros marcos legales, tales como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma. La figura del testigo social en México ya ha sido motivo de reconocimiento a nivel internacional, porque representa una acción de vanguardia que ayuda a garantizar la transparencia en los procedimientos relevantes en la contratación pública, ya sea por el monto de la contratación o por la complejidad de la misma. Tristemente el tema de la contratación pública es el área donde más actos de corrupción se cometen; no es fortuito que justo sea ese el rubro donde se necesitan los testigos sociales. Si queremos combatir la corrupción debemos cuidar los procesos donde está el dinero y es precisamente en las licitaciones de Pemex y de CFE que se dan las contrataciones más cuantiosas del gobierno federal. Ya se ha determinado que a nivel internacional, que el impacto que tiene la corrupción y la ineficiencia en la contratación equivale entre un 10 a 12 por ciento del importe total de la contratación que determina o que destina el presupuesto federal; esto equivaldría en nuestro país a una cantidad alrededor de 100 mil millones de pesos anuales. Cuando uno piensa en corrupción en nuestro país y mirando con profundidad, podemos encontrar casos en los cuales hasta la propia norma es capaz de legalizar la corrupción. En aquellos casos en los que se avala la herencia de plazas, por ejemplo, o al menos la legitima, cuando una persona cobra o permite que otra cobre por permitir estacionar un auto en la vía pública que nosotros estamos pagando, o algún gobierno local que se da el lujo de expedir credenciales para darle autorización a los franeleros de poder cobrar para estacionar los autos. Esta reserva es un paso importante a la transparencia y a la legalidad. Esta transparencia y legalidad que necesitamos reforzar en las contrataciones de las nuevas empresas productivas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Esa es la certeza que nos está pidiendo la sociedad, ésa es la certeza que les tenemos que dar. La corrupción en México es un problema que se ha catalogado como cultural, endémico, sistémico y estructural. Como legisladores tenemos la gran responsabilidad de crear leyes que combatan la corrupción y coadyuven a construir un gobierno honesto y democrático que se someta en todo momento al escrutinio y evaluación de la sociedad y que cuente con principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, transparencia y sobre todo que rinda cuentas. Por eso ésta es la importancia de la reserva que estamos presentando. El testigo social es una herramienta más para reforzar la transparencia y la legalidad. En efecto, mundialmente se ha comprobado que la mejor forma para combatir la corrupción es cerrar los espacios de opacidad o que dan cabida a decisiones discrecionales. El empleo de testigos sociales es una herramienta más, probada en la experiencia y comprobada en los resultados que dará avance a la transparencia en México, y por tanto a un modelo democrático más justo. Es menester agregar además que la participación de este tipo de figuras tiene un carácter ciudadano. El testigo social atestigua el proceso de licitación en representación de la sociedad y para asegurarse que todas las decisiones tomadas en dicho proceso sean apegadas a la legalidad. Es importante decir termino ya, presidente que los testigos sociales tienen voz pero no tienen voto en los procedimientos a los que nos referimos, pero su actuación parte desde el momento mismo en que se emiten las bases hasta el momento del fallo y la firma del contrato. Tienen la obligación de presentar un reporte final con aquellas observaciones que representen riesgo a la legalidad o a la transparencia. En caso de que hayan sido determinadas irregularidades en el procedimiento, se debe dar aviso a la auditoría interna y a la unidad de responsabilidades para iniciar un procedimiento de investigación. En la experiencia que hemos tenido, la participación y el conocimiento de los testigos sociales han permitido que existan ahorros en los procedimientos de contrataciones, toda vez que sus observaciones pueden mejorar los procesos. Lo más importante es que su participación nos permite avanzar en la transparencia y legalidad en las contrataciones. Compañeras y compañeros legisladores. Adoptemos para nuestras empresas productivas del Estado la figura del testigo social que es garantía de llevar a cabo en las mejores condiciones la contratación de las nuevas empresas productivas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Para concluir quiero decirles que presenté reservas a los artículos 36, 92 y 93 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y 35, 94 y 95 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales retiro con el objetivo de hacer más pronta y ágil nuestra sesión, lo cual de ninguna manera significa que renuncio a ellos, sino que procederé a presentarlas como iniciativas en nuestro siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre. Es cuanto, señor presidente.