EL C. DIPUTADO JUAN MARTINEZ NAVA: Con la venia de la presidencia. Honorable asamblea. Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la legislación aplicable, sometemos a la consideración de esta H. Cámara, la iniciativa de decreto que reforma los artículos 66 en su primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cuarto en su numeral Dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para ampliar el tiempo de sesiones ordinarias del Congreso y asimismo de manera complementaria, para establecer un plazo perentorio a las Comisiones de esta Cámara, para que elaboren y presenten dictamen sobre las iniciativas que les turne la Mesa Directiva, y que en caso de no ser presentado la presidencia de la Cámara lo encargue a otra Comisión, para que ésta dictamine en un plazo no mayor de 15 días. Exposición de Motivos. El artículo 66 en su primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el cuarto en su Numeral Dos de la Ley Orgánica del Congreso, establecen el tiempo de duración de los períodos de sesiones ordinarias del Congreso, y señalan la fecha límite de duración de éstos, que en el primer período es hasta el 15 de diciembre excepto cuando el Presidente de la República inicia su encargo el primero de diciembre, caso en el cual las sesiones podrán extenderse, como ya lo sabemos, hasta el 31 de diciembre. En cuanto al segundo período ordinario de sesiones, es el que iniciamos el 15 de marzo y tiene fecha límite para concluir el 30 de abril, es el actual período ordinario de sesiones, el denominado período corto de sesiones. Ambos preceptos indican también que cada período de sesiones ordinarias, durará el tiempo necesario para que el Congreso trate todos los asuntos que menciona el artículo 65 constitucional, es decir el estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten, así como la resolución de los demás asuntos que le corresponden conforme a la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso. La ampliación del tiempo disponible por el Congreso para realizar sesiones ordinarias, particularmente en el segundo período, es el objeto de esta iniciativa que nos permitimos someter a su consideración por estimar que en la actualidad el Congreso, de acuerdo con las normas mencionadas, no dispone del tiempo necesario para tratar y resolver en sesiones ordinarias los asuntos de su competencia. Un recuento histórico de los señalamientos respecto de los períodos ordinarios de sesiones a lo largo de las diversas Constituciones y de los diversos momentos del país, indica variación en los períodos de sesiones y han establecido uno y dos períodos de sesiones a lo largo de la historia. En la Constitución de 1917 sin embargo, se estableció un único período ordinario de sesiones a partir del 1 de septiembre para concluir, a más tardar, como lo sabemos, el 31 de diciembre. Es decir, tenía una duración máxima de cuatro meses. Así se mantuvo el funcionamiento del Congreso durante décadas y sólo podía sesionar en un período diferente al mencionado, mediante la convocatoria a período o períodos extraordinarios de sesiones. Fue hasta la reforma de 1986 al artículo 66 de la Constitución, cuando se estableció el Segundo Período Ordinario de Sesiones que comenzaba el 15 de abril y terminaba a más tardar el 15 de julio. En 1993, ocurrió la segunda y más reciente reforma a este precepto constitucional: se estableció que el Primer Período de Sesiones no podrá prolongarse más allá del 15 de diciembre con la salvedad que ya conocemos, asimismo se redujo con esa reforma a un mes y medio la duración del Segundo Período Ordinario, como está actualmente en vigor. Si bien el año legislativo es la suma de las actividades de los legisladores y de las Cámaras en conjunto durante todos los meses del año y este es la suma de actividades de los legisladores en el pleno, en las comisiones y en lo individual, en los años recientes y en la realidad que vivimos actualmente es evidente que se requiere de mayor tiempo de actividad legislativa continua, para que las Cámaras dispongan del tiempo necesario para tratar apropiadamente la variedad de asuntos que les competen, como lo marca la propia Constitución. Esta iniciativa que sometemos a su consideración, es el resultado del análisis que hemos realizado los legisladores el PRI, respecto del funcionamiento que han tenido las instituciones del Estado Mexicano, particularmente de las Cámaras del Congreso de la Unión, a efecto que respondan de manera más adecuada a la realidad y los requerimientos presentes y futuros del país. El propósito de los diputados del PRI en este capítulo de la reforma del Estado, es aumentar el tiempo efectivo de trabajo continuo para que por una parte, las comisiones de las Cámaras y los legisladores que las integran, dispongan de más tiempo de actividad paralela a las sesiones del pleno de las Cámaras para realizar su trabajo de estudio y dictamen y por otra parte, para que se ensanche el horizonte temporal que actualmente ya es insuficiente para resolver la carga de trabajo parlamentario que debe someterse al pleno de las Cámaras. Por lo tanto, proponemos que al actual período de sesiones que comienza el 15 de marzo y terminará en esta ocasión el 30 de abril, se le agregue un mes y medio más para que concluya el 15 de junio. De resultar aprobada la modificación propuesta, será necesario realizar también ajuste al artículo 4º. En su numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para actualizar su concordancia con la reforma que se propone al artículo 66 constitucional. Por otra parte y de manera complementaria a la ampliación del tiempo disponible para realizar sesiones ordinarias, en el ámbito interno de la Cámara de Diputados, nos permitimos proponer que se establezca un plazo perentorio para que las comisiones de esta Cámara elaboren y presenten el dictamen sobre las iniciativas que les turne la mesa directiva de este Pleno y que en caso de que no sea elaborado tal dictamen en el plazo señalado, la presidencia de la Cámara puede encargarlo a otra comisión para que ésta dictamine en un plazo no mayor de 15 días. "Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo dispuesto en los artículos 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente Iniciativa de Decreto, que reforma los artículos 66 en su primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. en su numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso y 21 en su fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 1o.se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ( Es prácticamente todo el texto del artículo como está vigente) sólo que dice al final: "El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 15 de junio del mismo año. "Artículo 2o.Se reforma el artículo 4o. en su numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Artículo 4o. numeral dos. (Es el mismo caso, todo el texto del artículo queda en sus términos del párrafo) salvo al final que dice: "El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 15 de junio del mismo año y "Artículo 3o.Se reforma el artículo 21 en su fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Artículo 21 fracción XVI. Exhortar a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido 30 días después de aquél en que se les turne un asunto. En caso de no ser presentado, deberá encargarlo a otra comisión para que ésta dictamine en un plazo no mayor de 15 días. "TRANSITORIO: "UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, Distrito Federal, a los 4 días de abril del año 2002. Firman: Dip. Juan Manuel Martínez Nava, su servidor; Dip. Librado Treviño, Dip. Feliciano alzada, Dip. Jaime Vázquez Castillo, Dip. Alma Carolina Viggiano, Dip. Enrique Martínez Orta, Dip. Javier García González, Dip. Celestino Baylón, Dip. Jorge Esteban Sandoval, Dip. Rodolfo González Guzmán, Dip. Jesús de la Rosa, Dip. Fernando Díaz, Dip. Víctor Infante, Dip. Juan Manuel Sepúlveda, Dip. César Duarte, Dip. Gustavo Donis García, Dip. Antonio Silva Beltrán, Dip. Hermilo Monroy Pérez, Dip. Ma. de las Nieves García Fernández, Dip. Hortensia Enríquez, Dip. Raúl González Villalba, Dip. José Manuel Correa Ceceña, Dip. José Jaimes, Dip. Josefina Hinojosa, Dip. Mary Cruz Cruz, Dip. Salvador Cosío Gaona, Dip. Elba Arrieta Pérez, Dip. Esther López Cruz. Es cuanto y muchas gracias. -PRESIDENTA: Gracias a usted diputado. Túrnese la iniciativa presentada, a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias presidenta. La reforma judicial de 31 de diciembre de 1994, introduce al Derecho Procesal Constitucional Mexicano, uno de los principales instrumentos de tutela de las normas de nuestra Carta Magna: las acciones de inconstitucionalidad. como acciones de control de la validez normativa, las de inconstitucionalidad fueron estructuradas para garantizar en abstracto, la aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la certeza del orden jurídico fundamental. Motivo por el cual no se requiere la existencia de un agravio personal directo, ni de un interés jurídico específico, para iniciar el procedimiento y la legitimación para su ejercicio, que otorga a los integrantes de los Poderes Públicos. En la exposición de motivos de esas reformas de 1994, al artículo 105 constitucional, se expresa que se trata de llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de la supremacía constitucional. Y, en efecto, ha implicado un avance significativo que al lado del amparo contra leyes solicitado por particulares hayan sido incorporados procedimientos instados por órganos públicos ante la Suprema Corte de Justicia, a través de los cuales se puede obtener la invalidez de leyes o disposiciones inconstitucionales con efectos generales. También en los motivos que fundamentan ese decreto se expone que con la introducción de las acciones de inconstitucionalidad en el orden jurídico mexicano se busca fortalecer un estado de derecho que garantice la vigencia de las normas, el apego del gobierno a la ley, la seguridad de las personas, el disfrute de su patrimonio y el ejercicio de sus libertades. Del mismo modo, consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal de constitucionalidad, al ampliar su competencia para emitir declaraciones con efectos generales sobre el apego de leyes a nuestra norma fundamental, quién podría negar que la figura de las acciones de inconstitucionalidad constituyen un valioso instrumento en la búsqueda de la consolidación del estado de derecho en nuestro país y del principio de la supremacía constitucional, como el rector de la vida nacional. Con ellas por primera vez se crea una garantía constitucional cuya base de acción ya no descansa en la necesaria actualización de un agravio personal y directo. Con su instauración, por primera vez se aspira a lograr un total control de la Constitución a través de los efectos generales de sus resoluciones, que ya no se limitan a proteger exclusivamente a la persona del agraviado sino, por el contrario, conllevan efectos erga omnes. Igualmente, es innegable que con su procedencia se han evitado en diversas ocasiones la posibilidad de pugna entre las instituciones nacionales y se ha contribuido a fortalecer la presencia del judicial en el equilibrio y en la relación con los demás poderes de la unión. Sin embargo, a casi ocho años de su vigencia, la práctica ha demostrado también que al estructurarla en sus elementos formales el legislador adoptó para ellas un modelo de legitimación activa en extremo restringida que limita, en forma negativa, el vigor y dinamismo de la figura jurídica misma, sobre todo para un momento de transición democrática que exige amplitud de posibilidad de ejercicio de los instrumentos de tutela de las normas constitucionales, como forma más eficaz de dar vigencia y consolidar el estado de derecho. Otorgar legitimación activa a cuando menos el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, de alguno de los órganos legislativos estatales o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no sólo atenta contra la razón esencial que dio origen a las acciones de inconstitucionalidad, sino, que de acuerdo a la opinión de tratadistas como Elizur Artega, en muchas ocasiones hace irreal la posibilidad de ejercicio de este medio de control de constitucionalidad, toda vez que, a decir de este autor, en algunos casos el 33% que se fija es más de la mitad del quórum de uno de esos poderes legislativos, puesto que también puede darse el caso práctico de que ese porcentaje represente un número de legisladores mayor que aquél con el que se aprobó la ley impugnada. Recuérdese que el quórum exigido para quedar válidamente constituidas las cámaras del Congreso de la Unión, por ejemplo, es de dos terceras partes en la de Senadores y la mitad más uno en ésta de Diputados, y la mayoría parlamentaria requerida para aprobar las leyes se fija en relación al número de los legisladores presentes. Adoptadas en el sistema jurídico mexicano, las acciones de inconstitucionalidad surgen en el derecho constitucional europeo con objeto de otorgar a las minorías parlamentarias la posibilidad de cuestionar ante los órganos de justicia constitucional las disposiciones legislativas aprobadas por la mayoría, por la sola fuerza de los votos que la respaldan e incluso sobre la Constitución misma. De esta forma se trata de establecer un procedimiento adecuado para otorgar garantías jurídicas a la oposición, a fin de que pueda participar más activamente en las decisiones políticas de gobierno, según el principio de la oposición política garantizada. Entonces restringir la legitimación activa a cuando menos el 33 % de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión o de los órganos legislativos estatales, es evidente que atenta directamente contra el principio de protección de las minorías parlamentarias que inspira en esencia la creación de este mecanismo de control constitucional. No es motivo político ni jurídico para que el constituyente permanente hubiese adoptado ese criterio. La legislación española que fue una de las que orientaron la introducción de esta institución jurídica en el derecho mexicano, concede legitimación a un sétimo de los miembros del Congreso de los diputados y a un quinto de los senadores, cifra que en Portugal se reduce a un décimo de los diputados. Pareciera más, como observa el doctor Jorge Carpizo, que el poder revisor de la Constitución la instituyó con una concepción muy restringida, como teniendo miedo a su propia creación y por eso la limitó en exceso. Para la cada vez más dividida composición plural que en un futuro inmediato se dará en las Cámaras del Congreso de la Unión y en las legislaturas locales, la exigencia de un tercio de los representantes supondrá el necesario acuerdo de cuando menos dos de los grupos parlamentarios más numerosos para estar en condiciones de promover procedimientos de esa naturaleza, situación que por sí sola revela que la exigencia de esa cifra es excesiva para la realidad política mexicana actual. En la iniciativa que ahora se somete a esta soberanía, por ello se propone reducir significativamente la representación de la minoría accionante en el correspondiente órgano legislativo y otorgar legitimación activa para ejercer acciones de inconstitucionalidad al equivalente del 10 % de los integrantes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, de los componentes de la de Senadores, de los órganos legislativos estatales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Si existe la posibilidad real que en uno de esos cuerpos legislativos se forme una mayoría suficiente para aprobar una determinada ley que incluso contradiga la propia Constitución General de la República, es obvio y pertinente hacer más accesible el ejercicio del instrumento más adecuado para la protección jurisdiccional de la Constitución, proporcionando a las minorías parlamentarias la capacidad jurídica, real y efectiva para acudir ante la suprema Corte de Justicia de la Nación planteando de manera directa y abstracta, la constitucionalidad de esa ley y proteger así al unísono, su misma expresión política minoritaria y la propia supremacía constitucional que incuestionablemente resultará de esa manera reforzada. Porque como lo advirtiera el insigne maestro alemán Hanss Kensel en su Obra de Garantía Jurisdiccional de la Constitución, la simple amenaza de la interposición del recurso ante el tribunal constitucional, puede ser en las manos de las minorías un instrumento propicio para impedir que la mayoría viole inconstitucionalmente sus intereses jurídicamente protegidos y para oponerse, en última instancia, a la dictadura de la mayoría que no es menos peligrosa para la paz social que la de la minoría. Pero además en la iniciativa también se propone conceder a los grupos parlamentarios legitimación activa para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad, sin importar que se encuentren constituidos con el número mínimo de miembros que exige la ley para su formación. En el derecho parlamentario mexicano, los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los legisladores, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en los órganos legislativos. Al ser instituidas como garantía constitucional en beneficio de un sector de los parlamentarios de la minoría política frente a la imposición de su criterio por la mayoría, por la sola fuerza del número de votos que la respalden e incluso por encima de la norma fundamental, es decir, estructuradas para confiarse a una sede de juicio externa que se encuentra su fundamento legitimador en la posición superpartes del tribunal de constitucionalidad y en el reconocimiento de la ley superior que tutela y somete a ambas partes, a la mayoría y a la minoría. "Indudablemente que existe justificación política y razón jurídica fundadas para otorgar a los grupos parlamentarios legitimación activa para promover acciones de inconstitucionalidad, como expresión más acabada aquellos en nuestro derecho parlamentario de las distintas corrientes ideológicas representadas en los órganos legislativos. "En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona las fracciones II incisos a), b), d) y e) del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", la cual entrego a la Secretaría, suscrita por el dicente, para que con ella se inicie y resuelva el procedimiento legislativo, haciendo una súplica a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales para que, por lo menos, emitan un tercer dictamen en este segundo año legislativo. No sé si hacer una excitativa por separado a los integrantes de la Comisión o al Presidente de la misma. Muchas gracias. LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Jaime Vázquez Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la figura de la pregunta parlamentaria.