El diputado José Santiago López: Buenas tardes, diputados. Con su permiso, presidente. El día de hoy someto a consideración de esta honorable asamblea dos iniciativas con proyecto de decreto, la primera de ellas adiciona la fracción II del artículo 6o. de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para crear el Premio Nacional a la Innovación Comercial, Tecnológica y Educativa, y adiciona el capítulo VII Bis el cual regirá y establecerá las bases para entregar dicho premio. Se trata de un mecanismo legal encaminado a estimular a las personas con talento y capacidad de innovación en rubros tan esenciales, como el comercio, la tecnología y la educación, toda vez que ello nos permitirá, por un lado, un mayor progreso social y cultural como nación, pero por el otro, una incursión más exitosa en la economía global. Un ejercicio de memoria nos muestra que a lo largo de la historia se ha premiado en numerosas ocasiones la innovación y aportación a la humanidad, hecha por grandes mujeres y hombres. La relación entre innovación, educación y comercio es un factor cada vez más importante para explicar la competitividad, el avance científico y tecnológico, así como el bienestar social de un país. De hecho, el eje principal de la llamada sociedad del conocimiento es el saber, a partir de inversiones elevadas en innovación educativa, formación, investigación y desarrollo de programas y sistemas de información orientadas a la creación de conocimiento. Las asimetrías entre las naciones son expresión de la atención diferenciada que la educación, la ciencia, la tecnología y el comercio han tenido por parte de sus autoridades. De acuerdo con el informe global de competitividad 20152016, la nuestra es la economía mundial número 11 por el tamaño de mercado. Pero, al analizar los datos encontramos que en el reglón de tecnología ocupamos el lugar 63 de 153 naciones, por eso, la innovación debe ser un aliciente para estimular nuestro desarrollo. La segunda iniciativa, es para reformar el segundo párrafo del artículo 6° de la Ley General de Educación a fin de eliminar de la legislación vigente cualquier laguna que dé pie a la continuidad del pago de cuotas escolares. El Estado mexicano está obligado a proveer en la práctica todos los insumos necesarios para impartir una educación realmente gratuita, la fracción IV del artículo 3° de la Carta Magna señala que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. El máximo tribunal constitucional de nuestro país en diversos criterios ha señalado que uno de los elementos insoslayables para hacer efectivo el derecho a la educación es que este debe impartirse por las instituciones del Estado de forma gratuita, obligación estructural que está acorde con la promoción, protección, respeto y garantía que establece el artículo 1° Constitucional. El 11 de septiembre de 2013 se modificó el artículo 6° de la Ley General de Educación con el objetivo de evitar que se condicione la educación de forma alguna al pago de una cuota. Sin embargo, dicha reforma no ha cancelado que de facto en las escuelas públicas principalmente de nivel básico se condicione y hasta se exija a los padres de familia el pago de una cuota escolar al inicio de cada ciclo escolar como contraprestación para que la niña o el niño sea inscrita en el centro educativo. La Cámara Nacional de Comercio ha estimado que por cada alumno en educación básica su familia tiene que erogar de sus propios recursos entre mil 500 y 2 mil pesos para todo el ciclo escolar. Esto representa una tragedia para familias de escasos recursos, sobre todo para aquellas que tienen en edad escolar a más de un hijo. El Estado mexicano está obligado a proveer en la práctica todos los insumos necesarios para impartir una educación realmente gratuita. Los padres de familia no tienen por qué hacer cooperaciones para contribuir al presupuesto de las escuelas de sus hijos. Es momento de que el tema de la cancelación de las cuotas escolares sea una realidad y no solo objeto de campañas electorales de un partido o de propaganda publicitaria de un gobierno para decir que se ha hecho una inversión más grande de la historia en infraestructura educativa. Si esto fuera cierto no se pedirían las llamadas cuotas escolares. Es momento de pasar de los discursos a los hechos. Es cuanto, señor presidente.