El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son parte fundamental de este país. Han sido ejemplares en la preservación de sus tradiciones y cultura y es una obligación de cada uno de los integrantes del Estado mexicano ayudar, justamente, a esta preservación de tradiciones y de cultura. Con su sabiduría nos han enseñado y nos abren el camino para construir un mundo mejor, sin duda, sin embargo, históricamente han sido invisibilizados. Hoy se da un gran paso en el reconocimiento de su derecho a planear su futuro por la vía de la consulta. Sin duda que es un paso fundamental. Este paso merece un alto para poder reflexionar, porque podríamos explicarnos, ¿por qué se ha negado durante décadas el derecho a ser partícipes en la toma de decisiones públicas que afectan a sus comunidades? ¿Por qué ha habido personas, autoridades, gobiernos que se sienten con el derecho de tomar decisiones a nombre de los pueblos y comunidades indígenas? Incluso yo diría, y hay que tener cuidado todos que la aprobación de esta ley no se convierta justamente en lo mismo, que alguien diga: Vean, ahora sí los tomamos en cuenta y nosotros sí lo hacemos y otros no lo hacen. Porque entonces estaríamos cometiendo el mismo error que se critica. Con esta ley se busca, entre otras cosas, homologar a nivel nacional el reconocimiento de su personalidad jurídica para la toma de decisiones, respetando siempre sus usos y costumbres. El dictamen que hoy se somete a su consideración proviene del mandato emitido en junio de 2020 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para expedir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada. Además, esta resolución tiene como antecedentes un amparo fundamentado en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales. Cabe destacar que pese a que algunas entidades, como Durango y San Luis Potosí, habían hecho un esfuerzo por aplicar una ley similar a la que hoy se discute, se apartaban de lo establecido en instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, precisamente el Convenio 169 de la OIT, y a diferencia de esto, Oaxaca se apegó a las obligaciones previstas en disposiciones internacionales. Su Congreso local, en febrero de 2020, el año pasado, dio cumplimiento a una sentencia que sirvió como guía para la resolución posteriormente emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy nos lleva a la votación de esta ley de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Pero además de atender el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dictamen que hoy se somete a consideración de esta soberanía también fue puesto en conocimiento a consideración de las y los integrantes de los pueblos indígenas y afromexicanos, mediante 10 foros regionales informativos de difusión, de diálogo con ellas y con ellos, así como más de 70 talleres micro regionales. En estos ejercicios participaron académicos, autoridades administrativas, expertos internacionales y autoridades indígenas, se dio un auténtico diálogo ciudadano para la evolución mexicana. Como podemos ver, ha sido un largo recorrido para llegar hasta aquí, en este recorrido las voces indígenas fueron escuchadas. Es importante que con esta ley no se podrá someter a consulta a los derechos humanos reconocidos en la Constitución ni en los instrumentos internacionales, tampoco se podrá poner a consulta las acciones emergentes referentes al combate de epidemias ni las acciones encaminadas al auxilio de desastres o temas de seguridad nacional. Cabe destacar la participación de intérpretes y traductores, pues la autoridad responsable apoyada por el órgano técnico y las instituciones competentes deberá promover de intérpretes y traductores para facilitar la comprensión de sus propias lenguas y culturas, y de manera específica se señala que el incumplimiento de esta obligación podrá ser causa de invalidez del procedimiento de consulta; ojo, es muy importante. La voz de los pueblos y comunidades indígenas debe ser escuchada en todo momento. Basta de que otros decidan por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Reconozcamos su poder y autonomía para participar en decisiones públicas. Transitemos hacia una democracia realmente participativa y no solo para la foto. Es momento, justamente, de que este nuevo instrumento no se convierta en un insumo para la clientela electoral de los pueblos indígenas, por ejemplo, que las asambleas donde aparentemente se les va a consultar se conviertan en mítines del titular del Poder Ejecutivo o de una supuesta transformación, sino que realmente sean un paso fundamental para la evolución mexicana y que sea un instrumento para que plenamente los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sean sujetos de derecho para planear su desarrollo y su futuro. Es cuanto.