EL C. DIPUTADO FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS (PT): Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores: Conmemoramos hoy un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica, que el 27 de septiembre de 1960 pasó a formar parte del patrimonio de todos los mexicanos. La atinada decisión del gobierno del Presidente Adolfo López Mateos de poner en manos de la nación la industria eléctrica, respondió a un asunto de utilidad pública, pero también atendió el reclamo del pueblo de tener un servicio eficiente a precios accesibles y romper con el monopolio de las empresas extranjeras. Antes de la nacionalización casi la mitad de la generación de energía eléctrica correspondía a empresas privadas, principalmente extranjeras. Sin embargo, solo cuatro de cada diez mexicanos recibía los beneficios de este servicio básico. Las compañías privadas operaban con serias deficiencias técnicas, sin planes de inversión y se resistían a cumplir cabalmente con los derechos laborales de los trabajadores. Ahora que se debate poner en manos privadas el sector, debemos recordar que para ellos solo es importante la ganancia, el lucro como era evidente hace cuatro décadas. Ayer, el pueblo de México luchó por la nacionalización de la industria eléctrica. La paradoja del destino nos lleva hoy a defenderla contra su privatización. En 1960, el Estado Mexicano asumió la responsabilidad de sanear, desarrollar y llevar a un nivel de alta productividad y eficiencia al sector eléctrico mexicano. No obstante que los niveles de cobertura llegan al 95.3% de la población, en la actualidad todavía tenemos a 5 millones de mexicanos que no cuentan con electricidad, principalmente entre las comunidades rurales e indígenas del país. Con la imposición del modelo neoliberal en nuestro país, en las décadas de 1980 y 1990 fue disminuyendo paulatinamente la asignación de recursos al desarrollo del sector eléctrico mexicano. El propósito esencial de los neoliberales ha sido debilitar a una empresa pública eficiente y rentable, como es la Comisión Federal de Electricidad, para justificar su venta al capital privado. La privatización de facto se inició con la reforma salinista en 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que abrió las puertas al capital privado para la generación y venta de energía eléctrica. En los años recientes se ha acelerado y consolidado de manera encubierta la participación de particulares en el sector. Ya privatizaron Telmex, ya se apoderaron del sector bancario y financiero, ya desmantelaron los ferrocarriles y el sistema portuario, ya entregaron el sistema satelital de comunicaciones; ahora van por el sector energético, por la energía eléctrica y el petróleo. Nos quieren argentinizar, quieren someter la soberanía del pueblo mexicano a los intereses de la agenda del capital financiero especulativo internacional. Pero sépanlo desde ahora, el pueblo mexicano mostrará una vez más su férrea resistencia a esta política de depredación del patrimonio nacional. Desde ahora lo decimos: nos opondremos a cualquier reforma que pretenda poner en manos extranjeras las industrias estratégicas de la nación. Compañeras y compañeros legisladores, el Partido del Trabajo sostiene que sí hay opciones financieras públicas para capitalizar y modernizar el sector eléctrico sin necesidad de que pase a manos privadas. Para nosotros, la electricidad debe seguir siendo propiedad de la nación para que sea un factor decisivo del desarrollo industrial y del desarrollo económico. También tenemos claro que sólo un amplio movimiento social y político contra la privatización del sector eléctrico en México, podrá detener la ambición desmedida de la derecha. Viva la lucha en defensa del patrimonio de los mexicanos. Muchas gracias. -