La diputada Ciria Yamile Salomón Durán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en México los logros y avances que se han presentado en materia de seguridad social, considerada hoy un derecho humano, han sido constantes y paulatinos desde 1917, presentándose diversos episodios de mejora y perfeccionamiento. En todos los casos, estas conquistas se sostienen sobre la base de una triada indispensable, las contribuciones del trabajador, el patrón y el propio Estado, para que se alcance el bienestar del trabajador y de su familia. A decir verdad, existen innumerables retos por superar para que los propósitos y alcances de la seguridad social sean auténticamente universales, integrales y, sobre todo, de calidad, tanto para el trabajador como para sus derechohabientes. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que se presentan con el ánimo de garantizar el bienestar y futuro de las personas una vez que alcanzan la tercera edad es, sin duda alguna, el sistema de pensiones. Para nadie es ajeno que México vive un proceso de envejecimiento generalizado en su población. Con forme crece nuestra población en su número total, su base piramidal se estrecha cada vez más, dado que contamos con un menor número de personas jóvenes y un mayor porcentaje de adultos mayores. De hecho, se estima que para el año 2050 en México uno de cada cuatro mexicanos estará dentro del segmento etario de la tercera edad. Lamentablemente en la actualidad alrededor de 70 % de las personas adultas mayores trabajan de manera informal; es decir, no tienen derecho a la seguridad social. Sólo el 30 % están pensionados y/o jubilados. De ese pequeño porcentaje 75 % de pensionados corresponde al IMSS, sólo 10.3 % al ISSSTE y el resto está distribuido dentro de los sistemas de pensiones de empresas de Estado, universidades, bancos, estados, municipios y el sistema judicial. En este sentido, el propósito central de la iniciativa que el día de hoy ponemos a su consideración es que los servidores públicos que hayan decidido en su momento subsistir en el régimen de pensión vitalicia puedan mejorar las condiciones de cálculo de su cuantía de pensión. Para lograr ese objetivo se propone incorporar a la ley el concepto de cálculo integral, debido a la subsistencia de una serie de lagunas en la ley que ponen en un estado de indefensión y vulnerabilidad a los burócratas al llegar a la tercera edad. A qué tipo de lagunas me refiero. Bueno, pues estamos hablando de las que se derivaron luego de la desindexación constitucional del salario mínimo en el año 2016. Desde ese año comenzaron a calcularse las pensiones de conformidad con la UMA, unidad de medida y actualización. Los atropellos fueron tales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, mediante jurisprudencia, que la UMA, cuyo valor es menor al salario mínimo, no puede aplicarse para determinar la cuantía para el pago de una pensión. No obstante, cada día continúan presentándose innumerables controversias ante los tribunales por parte de los trabajadores del Estado, pues consideran que la cuantía del pago de su pensión es insuficiente para cubrir aspectos esenciales, como es el de la salud, la vivienda y la alimentación, y todos aquellos que le permitan subsistir con dignidad en la tercera edad, después de una vida de servicio y de entrega. Por lo anterior, y con el firme propósito de que los trabajadores del Estado puedan gozar de una mayor tranquilidad al momento del cálculo de su cuantía y su pensión, es que proponemos establecer con mayor claridad y precisión qué tipo de prestación se incorporará dentro de la cuantía de pensión y no dejar al libre albedrío de las dependencias o instituciones gubernamentales la incorporación o no de la compensación garantizada dentro de las cuotas o aportaciones que realiza el trabajador. De modo que los trabajadores del Estado tengan la posibilidad de mejorar sus cotizaciones y, por tanto, asegurar un retiro laboral con mayor dignidad y decoro y, sobre todo, que les permita mantener los mínimos estándares de calidad de vida que tenían antes de separarse de su oficio público. Es cuanto. García Luna, narcotraficante.