EL C. DIPUTADO JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PRESA: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores. En diciembre pasado esta Legislatura tuvo el acierto de proponer y aprobar la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. Que entre los objetivos centrales de esta Ley destaca el brindar mayor certidumbre jurídica a las condiciones de las ofertas de crédito con el fin de generar una mayor competencia entre los distintos participantes que otorgan financiamiento. De esta manera se busca promover una reducción en las tasas de interés y mejorar las condiciones de contratación del financiamiento. Esta nueva Ley protege al usuario del crédito al obligar a las entidades , es decir a las personas morales que directamente o a través de cualquier figura jurídica se dediquen habitualmente al otorgamiento de crédito garantizado a proporcionarle información más clara y precisa respecto de los términos y condiciones de las ofertas de crédito. Con esta ley, quien contrate un término garantizado conocerá las condiciones, los términos y los costos anuales totales en la contratación de un crédito. Por otro lado, la ley estableció la obligatoriedad de una oferta vinculante, esto se refiere a la situación en la que cuando la institución otorga y acepta las condiciones para otorgar un crédito, ésta se tiene que mantener por un período de veinte días, lo cual le permite al solicitante buscar los mejores términos y mejores condiciones. Esto es lo que genera una mayor competencia en el ofrecimiento de los créditos. Otro elemento central de la ley es el de subrogación. Quien contrate un crédito en los términos de esta ley en tasa variable, podrá permitírsele que a través del tiempo de amortización de su deuda pueda cambiarse de una institución a otra; esto también genera competencia y una disminución en la tasa de interés, principalmente en los márgenes de intermediación, esto es entre la tasa que se cobra y la tasa que pagan las instituciones a los depositantes. Un elemento fundamental de la ley se refiere a la transparencia. La ley contempla la obligatoriedad de las instituciones financieras de proporcionar información clara, expedita, sencilla y sin que de lugar a discrecionalidad en los términos y condiciones que habrán de incluirse en los contratos de crédito y de esta misma forma el marco jurídico protege y da certidumbre a quienes demanden un crédito. La transparencia en los costos disminuye la asimetría en la información y por lo tanto debe verse reflejada también en menores comisiones para el usuario de crédito. En la labor permanente del Congreso de la Unión, de revisar y mejorar el marco jurídico y a cuatro meses de la aplicación de eta ley, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera oportuno poner a consideración de este Pleno diversas propuestas de reforma que tienen como objeto precisar algunas disposiciones y mecanismos fundamentales que permitirán mejorar su aplicación y con ello el logro de sus objetivos principales. En primer lugar, se propone integrar en el cálculo del costo anual total los seguros que estas entidades exigen contratar y que aumentan sensiblemente los gastos a cargo de los clientes. Este costo anual total anualiza, para efectos informativos, el total de los costos directos inherentes al crédito garantizado que otorgan las entidades. Al integrarse estos gastos en el cálculo del costo anual total, se permitirá que el público pueda estar en condiciones de comparar de forma más clara y efectiva los diferentes servicios que ofrecen en materia de crédito las distintas entidades. Del mismo modo, se propone excluir de esta ley a los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan sumas de dinero para ser administradas por un tercero, que son mejor conocidos como los autofinanciamientos ya que la mejora en la regulación de dichos sistemas se atiende en la Ley Federal de Protección al Consumidor, ordenamiento encargado de garantizar la seguridad jurídica de los usuarios de esta opción de financiamiento y que recientemente nosotros modificamos. Con ello, se podrá establecer disposiciones que obliguen a los proveedores a divulgar la información relevante que permita a los clientes de autofinanciamiento una adecuada toma de decisiones. La Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, abarca diversas sociedades mercantiles que sin ser entidades financieras pueden otorgar financiamientos. Por tal causa, se propone incluir la intervención de la Secretaría de Economía con el fin de que de conformidad con sus atribuciones pueda definir los componentes, metodología de cálculo y periodicidad del costo anual total. Se precisan también cuestiones relativas a la subrogación del deudor con la finalidad de hacerla más operativa y coherente con la legislación civil y financiera. En tal virtud, se propone aclarar que son aplicables al supuesto de subrogación de deudor, con el fin de requerir la emisión de ofertas vinculantes en el estos casos, permitiendo en los bancos cumplir con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, relativo al proceso de evaluación de créditos. También, se plantea aclarar que la subrogación de deudor es una opción que puede ejercer el comprador y no una obligación. Se propone también, especificar que la ley no aplique a créditos que hayan sido contratados con anterioridad a la entrada en vigor de la misma. Con ello se ratifica el principio de irretroactividad de la ley, lo cual dará mayor claridad en cuanto al alcance de su aplicación. Se estima necesario por último, sustituir la mención a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por la de la Sociedad Hipotecaria Federal, respecto a las disposiciones y reglas que ésta debe emitir. Esto se considera adecuado en virtud de que es la obligada a emitir las reglas para la valuación de los bienes inmuebles. Las propuestas de reforma resultan ser oportunas y necesarias para una más adecuada y eficaz aplicación de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictaminadora de estas reformas, pone a consideración de esta Honorable Asamblea el decreto por el que se reforman los artículos 3, 6, 10, 13, 14 y 1° y 2° Transitorios de la Ley en comento para el cual, pido su voto a favor. Es cuanto señor, Presidente. -