La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, la teoría de poder implementada por Monstequieu, en su obra El Espíritu de Leyes, se sentaron las bases para la actual división de funciones o facultades de los estados, así surge la independencia entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, evitando con ello el retorno a estados totalitarios o despóticos. Con la división de limitación e independencia de las funciones del Estado, se logró establecer un sistema de controles y contrapesos, en el que las facultades de cada poder le permitían limitar o frenar a los otros, evitando la supremacía de uno de ellos en detrimento de los otros. En ese contexto, la interrelación entre las diversas funciones, no implica una invasión a la esfera jurídica de sus competencias respectivas, por el contrario, reafirma el sistema de frenos y contrapesos que se encuentra implícito en la división de poderes, dotando de un equilibrio constitucional a las tres funciones. En el país, la facultad de iniciar leyes, de manera fáctica y política estuvo prácticamente reservada al Poder Ejecutivo, mientras que el Legislativo se limitó a su aprobación, de esa manera se aisló al Judicial de toda intervención, limitándolo a la aplicación y resolución de casos concretos que se le presentan. Empero, se han modificado las relaciones entre los poderes, implicando activamente al Poder Judicial en las decisiones tomadas por el Legislativo y el Ejecutivo, ello en protección y respeto a la Carta Magna. Lo anterior quedó evidenciado en las reformas constitucionales de las fechas 6 y 10 de junio del 2011. La primera de ellas concierne, fundamentalmente, al juicio de amparo. La segunda evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos mediante la expresión clara del principio pro persona, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Por tanto, el juzgador cobra un relieve importante en la vida jurídica del país, pues es a quien le toca aplicar el marco normativo. De lo que puede advertir las deficiencias y errores que las normas jurídicas presentan al momento de su aplicación concreta. En consecuencia, el objeto de la presente iniciativa radica en adicionar una fracción V al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga la facultad de presentar iniciativas e ley dentro del ámbito de su competencia y respecto a la administración y a la aplicación de justicia. Al otorgar a la Suprema Corte la facultad de iniciar proyectos de ley se estaría dando la oportunidad de contar con leyes más eficaces y claras. Su realización recogería las experiencias de ministros, así como las soluciones a los problemas que a diario se presentan en el quehacer jurisdiccional. Lo anterior, de ningún modo invade la esfera de competencia del Poder Legislativo, ya que únicamente se limita a otorgar el derecho de la Corte a presentar iniciativas, reservando al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la difusión y en su caso, aprobación de las iniciativas de ley. Caso similar pasó con la aprobación de las iniciativas ciudadanas. Por último, solicito a la Presidencia que la presente intervención sea insertada íntegra en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.