La diputada Soraya Pérez Munguía: Con su venia, presidenta. México está viviendo una crisis sanitaria sin precedente. La sociedad se ha visto obligada a combatir esta emergencia con un sistema de salud fragmentado y con grandes deficiencias en recursos físicos y humanos. Esa es la razón por la que México es el décimo país con más casos confirmados, el cuarto con el mayor número de muertes, el primer lugar en muertes por parte de nuestro personal de salud y el último lugar en aplicación de pruebas de todos los países que formamos parte de la OMS. Para atenuar el impacto de esta situación, ¿qué están haciendo los gobiernos de diversos países? Están otorgando paquetes para darles apoyos a los ciudadanos. Instrumentos que están a nuestra disposición como legisladores federales, son precisamente esos estímulos fiscales los que podrían brindarle un respiro a las familias que han gastado gran parte de su patrimonio en medidas de protección y especialmente en gastos médicos y hospitalarios. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros solo la aplicación de la prueba marca una diferencia, mientras en una institución de gobierno es gratuita, en hospitales y clínicas privadas puede valer hasta 8 mil pesos, ¿y saben por qué la gente gasta en una prueba? Aunque no tengan dinero, piden prestado, porque tener una prueba a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte. Además de esto, hay que sumarle el costo de lo que representa la atención médica de los pacientes contagiados. ¿Saben cuánto le cuesta un tratamiento de Covid a una persona fuera del sector salud pública? Más de 400 mil pesos si no tiene seguro. Si ha pagado el seguro, alrededor de 200 mil pesos. Las familias mexicanas no tienen dinero y están empeñando todo lo que tienen para tener un tratamiento, ¿y saben por qué lo hacen? ¿Saben por qué venden lo que tengan para pagar un tratamiento fuera el sector de salud pública? Porque tener atención oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte. Estos costos son solo una muestra del nivel de gasto que las familias mexicanas han tenido que realizar para hacer frente a la pandemia. Esto es un tema de justicia elemental. El gobierno de la República tiene la responsabilidad de impulsar acciones que apoyan a los ciudadanos que decidan acudir a un hospital que no está dentro del sector de salud público, como lo están haciendo en la mayoría de los países en el mundo y en ese sentido viene la propuesta que hoy les presento. Es una reserva al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que se pueda deducir el 100 por ciento de los gastos realizados en hospitales fuera del sector público, en la compra de medicamentos, en consultas, en estudios y en pruebas mientras dure esta emergencia sanitaria. Compañeros y compañeras legisladoras, lo primero que tenemos que reconocer es que el sistema de salud nacional ha sido insuficiente para mitigar los efectos negativos de esta pandemia. Y la limitación a las deducciones personales es regresiva e inequitativa. No solo disminuye los recursos que tienen las personas para cubrir sus necesidades básicas como la salud, la vivienda y la seguridad social, sino que también sacrifica, en mayor medida, a la clase media. A esta clase media que no ha dejado de tributar. A esta clase media que sostiene el gasto público. A esta clase media que no le pide al gobierno programas sociales. Pero a esa clase media que tampoco se le está apoyando en nada para salir adelante. Está en nosotros apoyar a las clases medias de México y ahora es cuando. Muchas gracias, presidenta.