La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Compañeras y compañeros diputados, el célebre liberal Lord Acton afirmaba que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. En esta lógica, si consideramos elementos como la ineficacia de los mecanismos de desafuero, la alta tolerancia social a la ilegalidad y la debilidad institucional para judicializar casos de corrupción, podemos considerar que nuestro sistema político ofrece condiciones de poder absoluto a muchos de sus protagonistas. Por eso, es urgente que la República reencuentre límites para sus élites, pues lo que hoy tenemos es la inoperabilidad de los mecanismos vigentes para procesar a los representantes populares cuando han cometido algún delito, generándose condiciones de impunidad en beneficio de los integrantes más deshonestos de nuestra clase política. En consecuencia, una de las exigencias más arraigadas en nuestra sociedad está en disminuir los elementos facilitadores de impunidad en la vida pública nacional, por ejemplo, el fuero. A partir de esta problemática, desde hace años se ha difundido la idea de eliminar el fuero y permitir que si los representantes populares transgreden la ley sean llevados a juicio, como se debe hacer con cualquier ciudadano. El denominado fuero históricamente se ha justificado a partir de defender el ejercicio libre de representación popular, aunque en los casos más emblemáticos que se esgrimen para justificarlo no haya sido efectivo. Tal y como sucedió con muchos legisladores en el siglo XIX o en casos como el de Belisario Domínguez y Eduardo Neri. En contraste, por lo general el fuero ha servido como protección de delincuentes. Asimismo, se puede observar que, si los mecanismos para proceder contra representantes populares fuesen efectivos, los casos no serían ni tan escasos ni tan polémicos. Un ejemplo de este tipo de peculiaridades de los pocos procesos de desafuero en México nos remite al siglo XIX contra el entonces senador Venustiano Carranza, cuyo proceso se vio contextualizado en un conflicto personal que involucraba a la familia Madero, en ese momento rival de los Carranza en Coahuila y al presidente Porfirio Díaz. Otro ejemplo de características similares se dio en 1943, durante el proceso contra el diputado oaxaqueño Jorge Meixueiro, quien al inicio del procedimiento acusó un trasfondo político y se quitó la vida en el pleno de la Cámara de Diputados. Asimismo el proceso de desafuero contra el senador Jorge Díaz Serrano, si bien se hallaba sobradamente motivado, debemos recordar que se inscribió las consecuencias de un conflicto de rivalidades por la candidatura de su partido, disputada algunos meses antes. De igual manera en el 2005, en el caso del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, aunque también sobraban motivos para la procedencia es de reconocerse a la luz de los testimonios de sus propios detractores que fue parte de una estrategia para disminuir sus posibilidades para contender por la Presidencia. Aunado a estos usos que se ha dado al fuero, al observar casos de ineficacia de los mecanismos vigentes para poder proceder a probables infractores de la ley escudados en el fuero, la memoria nos remite a muchos ejemplos, desde Romero Deschamps durante la época del 2000, hasta el ex diputado Tarek, en la legislatura pasada. En consecuencia y en atención a la demanda social de retirar el fuero, Movimiento Ciudadano ha sido una de las fuerzas políticas que ha impulsado desde hace años la derogación de esta herramienta, que en lugar de garantizar la independencia en el ejercicio de la representación popular, en la mayoría de los casos se ha desplegado para proteger corruptelas, ilegalidades y excesos. Derivado de todo lo anterior, el 14 de julio de 2016 las y los jaliscienses que integrábamos en ese momento la legislatura estatal, tomábamos la determinación de eliminar el fuero. Asimismo, en ese ánimo de congruencia, en el ámbito federal las bancadas de Movimiento Ciudadano en esta legislatura y en la anterior, desde la Cámara de Diputados y el Senado de la República hemos presentado diversas propuestas para dar ese importante paso en la vida constitucional de nuestra democracia. En este contexto, se enmarcó el apoyo que nuestra bancada dio a la iniciativa aprobada por esta soberanía en abril de 2018, misma que lamentablemente fue relegada a la congeladora legislativa del Senado de la República. También en este ánimo el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano brindó su apoyo responsable y crítico para formar el consenso que propició el dictamen que esta legislatura aprobó el 27 de noviembre de 2018, y que también tuvo como destino la congeladora del Senado. Hoy discutimos y votaremos una minuta derivada de una iniciativa del Ejecutivo federal, que a pesar de tratarse de una iniciativa corta de alcances y mal planteada, en esta tercera ocasión las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano volvimos a respaldar este intento y participamos activamente para integrar un dictamen que mejora los errores planteados en la minuta del Senado de la República. Derivado de esto último, se logra mejorar el texto y aunque sigue pendiente la eliminación del fuero, el dictamen amplía las posibilidades de la ciudadanía para defenderse de eventuales atropellos por parte del Ejecutivo federal, cuando estos se vinculen directamente a las actividades señaladas en el artículo 19 de la Constitución. En este sentido, consideramos positivo el dictamen, en virtud de permitir resolver los graves problemas de proporcionalidad e idoneidad que presentaba la minuta que nos envió la colegisladora, ello sin considerar la incertidumbre jurídica en la que hubiese quedado el Poder Legislativo. De haberse refrendado la minuta como venía, pues ponía las condiciones para la persecución de la oposición y, paradójicamente, potenciaba la impunidad en un fuero reforzado para los legisladores frente a la población en general. En este contexto, votar a favor de este dictamen significa votar a favor de enviar un mensaje al Senado de la República, en el sentido de ponerse a dictaminar las dos minutas que ya tienen en su poder, mismas que por mucho representan intentos más serios que la minuta que nos enviaron para la eliminación del fuero. El valor que observo de estos productos legislativos: se proyectan las palabras de representantes populares de todos los signos políticos, por ejemplo, aquellas que integraron uno de nuestros legisladores, ese 27 de noviembre de 2018, en el que contra lo que parece que piensa el presidente, nuestro colega reconocía lo que aprobamos en noviembre como un modelo de inmunidad constitucional, que serviría exclusivamente para asegurar el libre funcionamiento de los legisladores, en el que los servidores públicos no podrían ser privados de su libertad hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra. En contraste, el texto de la minuta senatorial planteaba un riesgo directo y evidente para la independencia entre poderes. Sin embargo, ni esos atributos ni esos alcances estaban en la iniciativa del Ejecutivo federal o en breve resolutivo que contiene la minuta que nos envía la colegisladora. Otro ejemplo, el reconocimiento desde las filas del oficialismo hacia las minutas que se encuentran congeladas en el Senado está en el discurso de uno de los diputados más destacados, cuyo nombre no diré para evitar gastar nuestro tiempo en alusiones personales, pero quien señalaba que la reforma del artículo 61 del decreto que aprobamos en noviembre era fundamental para evitar que los legisladores y legisladoras fueran reconvenidos o procesados por sus expresiones, atributos que ni la minuta del Senado ni la propuesta presidencial ofrecían. Entrando en materia, la minuta cuyo dictamen hoy discutimos presenta al menos dos problemas fundamentales que resuelve el dictamen y que a continuación mencionaré: 1.La minuta del Senado no retiraba el fuero, lo que hacía es reforzarlo con respecto a los delitos que no están incluidos en la lista dispuesta en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, casos como el que antier abordó esta soberanía, hubiesen sido imposibles de llevar a cabo, debido a que los hechos presumibles aplicables al exdiputado Charrez no están en el artículo 19. 2. La Fiscalía General de la República aún no ha dado muestras de la independencia y rigurosidad que su delicada función exige. Aún seguimos presentando denuncias por corrupción o por violación de la Constitución y no hay investigaciones confiables ni detenidos, incluso, se inician procesos contra los denunciantes. Aún seguimos presenciando cómo no se han fortalecido los casos que el actual gobierno heredó de la administración pasada. Y lejos de hacer justicia ante los excesos de algunos exgobernadores, contratistas o dirigentes sindicales, se ha contribuido a que los casos se colapsen y la impunidad siga hiriendo a la sociedad. Ello nos da elementos para sospechar de una falta de capacidad o una débil independencia en la Fiscalía General de la República. Ambas posibilidades, ante un mal diseño, como eran los términos parciales que planteaba la propuesta del Ejecutivo y su minuta, podrían derivar en la persecución de rivales políticos que desde el Poder Legislativo hagan cuestionamientos incómodos. Cabe mencionar que no me refiero a que esto pueda suceder en la actual administración, me refiero a que un cambio constitucional supone la perdurabilidad de sus disposiciones y, en consecuencia, y riesgo futuro, derivado del texto de la minuta. Por ello, pensemos en que, si no acotamos la minuta en los términos del dictamen, ese riesgo podría actualizarse en el siguiente sexenio. A partir de esos hechos, dudas razonables y riesgos probables, las diputadas y diputados ciudadanos hubiésemos deseado que se hubieran incluido modificaciones más amplias en la minuta, dando mayor certidumbre en términos de independencia entre Poderes y atendiendo la exigencia de la sociedad. A pesar de nuestras dudas, las diputadas y los diputados ciudadanos somos conscientes de que como afirmaba el independista venezolano Francisco Miranda, entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la República que la impunidad del crimen, con la prospección de la virtud. En nuestro país, el fuero es precisamente una de las herramientas históricas con las que han logrado traiciones a la democracia, fraudes a la sociedad e impunidad en los crímenes. Por todo lo anterior, y con la convicción de eliminar el fuero para ayudar a desterrar la impunidad, siendo consecuentes con nuestros dichos en otros años y otros espacios públicos, y en pleno conocimiento de de las repercusiones que tendría para la Constitución una mala redacción en materia de fuero, me permito reiterar que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen y de darnos la oportunidad de repensar nuestros objetivos y los medios para lograrlos en materia de eliminación del fuero. Todo esto para darle a México un marco constitucional que elimine la impunidad que hasta hoy ha prevalecido con el fuero, sin que ello implique una capitulación de la vida republicana. Votemos pues por el dictamen y si su destino es dormir en la congeladora del Senado, entonces trabajemos juntos con una nueva propuesta, con la consigna de no permitir ni el perdón ni el olvido contra la impunidad ni la injusticia ni abrir las puertas a la posibilidad de lesionar más la independencia entre poderes. Es cuanto.