La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras, compañeros legisladores. La suscrita diputada Lorena Martínez y el diputado Samuel Aguilar Solís, ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LX Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República y 55 fracción II del Reglamento del Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bajo la siguiente Exposición de motivos Uno de los graves problemas económicos que vive nuestro país, es la ausencia de una política económica que garantice el crecimiento, que incentive la inversión y combata el desempleo. Esta política errática se ha traducido en un estado depresivo de nuestra economía, falta de oportunidades para generar nuevas inversiones, baja productividad y una caída permanente en los niveles de competitividad. El gasto público en todos los países es el principal instrumento de política económica y la política económica; es decir, aquella que significa por sus objetivos de procurar el desarrollo y bienestar de las personas, sólo la hacen los gobiernos. En México, la Constitución General de la República faculta a la Cámara de Diputados en su artículo 74 fracción IV, para aprobar el Presupuesto previo examen, discusión y en su caso modificación al proyecto que envía el Ejecutivo. Sin embargo y de manera inexplicable o bajo la sombra de la controversia constitucional vivida recientemente, la LIX Legislatura aprobó reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria poniendo en duda seria nuestra soberanía en esta materia; imponiéndonos criterios y directrices para simular una discusión que en realidad no permite alterar el proyecto enviado por el Ejecutivo, dejando a esta Cámara sólo como espectadora. Hasta el día de hoy, tenemos una ley que si bien garantiza el equilibrio económico con el que nosotros estamos de acuerdo se convierte en una camisa de fuerza que no nos permite intervenir en el diseño del gasto público y hacia dónde deben dirigirse de manera racional esas partidas. Esto, compañeras y compañeros diputados, debe ser inadmisible para esta Cámara. La LX Legislatura no puede ser rehén y hacer rehén a nuestro país de políticas recesivas y contraccionistas que ni siquiera los países llamados neoliberales aplican. Aquellos son muy keynesianos hacia adentro, procuran subsidios a su agricultura, tienen seguro de desempleo, incentivan exportaciones y cuidan su mercado interno y tienen un déficit público de entre tres y 3.5 por ciento como una medida alternativa de ingresos destinados a inversiones productivas. En cambio, en las economías como en la nuestra, estas políticas de estímulo a la demanda, como las que se aplican en esos países han sido prácticamente erradicadas por considerarlas nocivas para el desarrollo y crecimiento económicos. Por ello es importante, compañeros diputados y en vísperas de la discusión del presupuesto que habrá de recibir esta Honorable Cámara en los próximos meses, que revisemos esta facultad de esta Cámara que se vio maniatada, manipulada y prácticamente eliminada en las reformas de la Legislatura anterior. Qué importante será para nosotros poder reformar esta ley y que le regresemos a la Cámara de Diputados esta posibilidad de influir en el Presupuesto y en la orientación del gasto. Al mismo tiempo que le regresamos a esta Cámara la facultad de ser la responsable de aprobar el gasto fiscal del Ejecutivo habremos de acotar la inducción en el gasto, que en muchos casos ha sido utilizado políticamente, como lo demuestra el Informe de rendición de cuentas 2000-2006 de la oficina de políticas públicas de la Presidencia, en donde se hace constar que se impulsaron 17 megaproyectos de los cuales 15 fueron en beneficio de entidades gobernadas exclusivamente por el Partido Acción Nacional. De los más de 30 mil millones de pesos que fue el costo de estas obras, cuatro se ubicaron en Guanajuato y absorben las dos terceras partes del presupuesto de estos mega-proyectos. Además, debemos de recalcar que con estas reformas la Cámara de Diputados dejará de convertirse en una simple oficiaría de partes, para poder influir en la vida económica del país. Es cuanto, señor Presidente. Dejo la iniciativa y le cedo el uso de la palabra a mi compañero Samuel Aguilar.