El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el cambio climático a nivel global es una realidad que causa serios impactos en las poblaciones humanas del continente americano y del mundo. Nuestra forma de vida y las normas jurídicas que hoy nos rigen se verán afectadas, cambiarán drásticamente. Los derechos humanos que hoy reconocemos requieren adaptarse y mejorar para garantizar la supervivencia de nuestra sociedad. Desde el 2008 la comunidad internacional preocupada por este tema logró que la Organización de Estados Americanos, la OEA, buscara a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigar la relación entre cambio climático y los derechos humanos, y siendo así la necesidad de organizar recomendaciones a los Estados miembro de la OEA para cumplir con la obligación internacional de proteger y garantizar los derechos humanos frente a las consecuencias inevitables del cambio climático. A pesar de esta estrategia internacional, que se impulsó en el 2008, fue hasta el 2012 que nuestro país comenzó a surtir efectos al publicarse la Ley General de Cambio Climático. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no sólo se trata de contar con la norma jurídica aplicable al caso, sino que más bien debemos garantizar la aplicación de las estrategias gubernamentales adecuadas para la protección del ambiente, el desarrollo sustentable y la preservación y restauración equilibrio ecológico que establece en su artículo 4o. nuestra Constitución. Para México las garantías de los derechos humanos no es una realidad, no hemos logrado la libertad de expresión que aún le cuesta la vida a periodistas. Es un lujo pensar en el caso del acceso a la información pública ante un conflicto de intereses como lo que hoy vivimos con el Grupo Higa; la violación a los derechos humanos de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Todavía no son alcanzables los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que deberían ser palpables para todos los ciudadanos, y ante los efectos del cambio climático deberían ser una prioridad para este gobierno el garantizar el derecho humano a un ambiente sano, el derecho a una vivienda digna, el acceso al agua, el acceso a la alimentación y a la salud y a la vivienda adecuada. Estos derechos humanos representan un reto que nos obliga a actuar en lo inmediato para garantizar lo que ahora es un principio reconocido universalmente por el derecho internacional que señala: El respeto a la dignidad inherente de la persona es el principio en el que se basan las protecciones fundamentales del derecho a la vida y a la preservación del bienestar físico. Las condiciones de grave contaminación ambiental que puedan causar serias enfermedades físicas, discapacidad y sufrimiento a la población son incompatibles con el derecho a ser respetado como ser humano. En México tenemos la mala costumbre de actuar cuando nos enfrentamos inmediatamente a la escasez de agua, las sequías, las inundaciones e incendios forestales, entonces sí nos ocupamos de atender las tragedias con urgencia. Esta costosa estrategia nos hace perder vidas humanas y provoca daños irreversibles a los ecosistemas, por lo que es urgente la implementación de medidas para prevenir y proteger los derechos humanos ante estos impactos potenciales. El gobierno no puede mostrar indiferencia ante las consecuencias graves de no emprender acciones de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático. Cuando estas medidas necesarias sean implementadas por el gobierno es importante también ofrecer a los ciudadanos procedimientos adecuados para la participación pública y el acceso a la información, teniendo en mente siempre las necesidades especiales de los grupos en situación vulnerable, incluyendo el respeto a las comunidades indígenas y la incorporación del invaluable apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica. No esperemos consecuencias irreversibles, pongamos énfasis en temas como el impulso a la vivienda verde y autosustentable; la implementación del adecuado transporte público y ecológico; La promoción del uso de la bicicleta, etcétera. Además, actuemos con transversalidad en el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos ambientales. Pongamos en marcha programas de protección a las especies en peligro de extinción y evitemos el desplome de la mariposa Monarca, que es un patrimonio natural invaluable de los mexicanos. Avancemos en la generación de nuevas formas para la obtención de energía e impulsemos esquemas de estímulos fiscales a la población que contribuya con estas acciones. El grupo parlamentario de Morena nos pronunciamos a favor del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Cambio Climático. Es cuanto, diputado presidente.