El diputado Adán Pérez Utrera: Gracias. Con permiso de la Presidencia. El 28 de enero de 2004, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto por que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo de Apoyo a Ahorradores. El artículo segundo transitorio tiene como objeto recuperar los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos con motivo de ilícitos cometidos en perjuicio de los ahorradores, de las cooperativas de cajas populares de ahorro, y así proceder a su venta para obtener recursos que resarzan el daño a los propios ahorradores. Los diputados ciudadanos entendemos como un acto de estricta justicia la recuperación del patrimonio de los ahorradores defraudados, por eso no podemos estar de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo federal de que en el décimo segundo párrafo del artículo 1o. de la ley en comento se diga que el producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados, relacionados con los procesos judiciales y administrativos señalados, primero se destinen a cubrir los gastos de administración que no ven los entes públicos federales y después al resarcimiento de los ahorradores afectados. Esta situación es del todo injusta y poco afortunada, pues la prioridad debe ser el patrimonio de los ahorradores y no la burocracia. Por tanto, se propone que primero se destinen los recursos a reparar el daño a los defraudados y después a cubrir los gastos de administración. Reserva por la que se reforma el último párrafo del Artículo Primero del dictamen de la ley en comento. Las condiciones de la economía de país son adversas y poco prometedoras, la economía nacional se encuentra en franco estancamiento, la estabilidad macroeconómica pende de un hilo, el peso pierde cada vez más terreno frente al dólar y los bajos precios del petróleo seguirán siendo una constante, en tanto, se le sigue apostando a la deuda para solventar los ingresos. El asunto de la deuda pública de las entidades federativas y municipios no es un tema menor, es un foco rojo alarmante. Se trata de una bomba de tiempo cuyas consecuencias son muy peligrosas. Al cierre de 2014 la Secretaría de Hacienda señaló que la deuda de los estados y municipios ascendió a 509 mil 690 millones de pesos. Es del conocimiento público la auténtica situación de franca quiebra de varias entidades y muchos municipios que en ocasiones no disponen de liquidez ni para cubrir los gastos de nómina, situación a la que han llegado por excesos de distintos órdenes y por ausencia de controles efectivos. Por eso no podemos estar de acuerdo en que hasta el 25 por ciento de las aportaciones provenientes de los fondos para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y para el fortalecimiento de las entidades federativas, sirvan como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan los estados y los municipios con el gobierno federal mediante un acuerdo entre las partes, en el que la Secretaría de Hacienda pueda actuar discrecionalmente en perjuicio de las ya mermadas administraciones locales. Estos supuestos acuerdos entre las partes vulneran la soberanía de las entidades federativas y la libertad de los gobiernos municipales y la relación de ambos con las legislaturas locales. Las Constituciones de las entidades establecen como requisito su autorización para que un municipio pueda contratar empréstitos o sufra una afectación en su hacienda municipal, asunto que al último párrafo del Artículo Primero parece no importarle y lo desdeña expresamente. Derivado de lo anterior, se propone una reforma para que quede como sigue. Que se tenga que tomar en cuenta la autorización de las legislaturas para que procedan estos descuentos de la Secretaría de Hacienda. Posicionamiento para la reserva que reforma el primer párrafo del artículo 2o. del dictamen en comento. En Movimiento Ciudadano consideramos erróneo e irresponsable abusar de la deuda como mecanismo para financiar el gasto público, porque ello... Compañeros, son cuatro reservas que fueron autorizadas. En Movimiento Ciudadano consideramos erróneo e irresponsable abusar de la deuda como mecanismo para financiar el gasto público, porque ello puede llevar al país a un desequilibrio macroeconómico. Desafortunadamente estamos ciertos en que la arbitraria decisión de la mayoría sacará adelante el proyecto planteado por el Ejecutivo federal sin modificaciones importantes, lo que será ciertamente muy cuestionable si no se resuelven en la ley aspectos que generan más dudas que certezas. Por ejemplo, el artículo 1o. señala que el endeudamiento interno del gobierno federal será de 520 mil 344 millones, y el artículo 2o. autoriza al propio Ejecutivo a contratar endeudamiento neto interno hasta por 535 mil millones de pesos. Las cuentas no cuadran, se trata de una diferencia de más de 14 mil millones de pesos. Pero eso no es todo, el artículo 2o., señala también que el gobierno federal podrá contratar deuda pública interna adicional a lo autorizado en el artículo 1o. En estos términos, el monto real de la deuda pública interna puede llegar a ser mayor a lo establecido si aprobamos el artículo 2o. en los términos propuestos por el Ejecutivo. Por ello en Movimiento Ciudadano proponemos reformar el primer párrafo del artículo 2o., para que el monto máximo de endeudamiento interno sea el que se propone en primer término en el artículo 1o.; es decir, de 520 mil 344 millones. Y además eliminar la posibilidad discrecional que le otorga este artículo al Ejecutivo federal para contratar obligaciones de deuda pública adicionales a lo autorizado. Termino con la reserva que adiciona la fracción X Bis al apartado A del artículo 16 del dictamen en cuestión. La fracción X del apartado A del artículo 16, establece que se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes que contraten a personas con discapacidad, propuesta que en Movimiento Ciudadano nos parece adecuada. Pero igualmente nos preguntamos, y a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿por qué no también se les apoya? Las Mipyme son elementos fundamentales en el desarrollo económico del país, constituyen la columna vertebral de la economía nacional, tienen un alto impacto en la generación de empleos, y de acuerdo con el Inegi constituyen más del 90 por ciento del total de unidades económicas del país, generan más del 50 por ciento del PIB nacional y contribuyen con 7 de cada 10 empleos formales que se crean en el país. Por eso, se plantea que se adicione la fracción X Bis, en el Apartado A del artículo 16, a fin de incentivar, apoyar y fortalecer a las Mipyme del país, con la deducción de los ingresos en un monto adicional equivalente al 25 por ciento al salario, efectivamente, pagado a las personas que laboren en dichas unidades. Gracias por su atención, compañeras y compañeros diputados. Acudo a su responsabilidad ciudadana y también a su conciencia de representantes, votemos por México. Gracias.