La diputada María Sierra Damián: Compañeras y compañeros diputados. Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público o a cargos de toma de decisión es una deuda pendiente con los grupos en situación de vulnerabilidad. Si bien en la legislatura pasada dimos un paso histórico para cerrar las brechas de desigualdad, garantizando el acceso de las mujeres de desigualdad, garantizando el acceso de las mujeres a cargo de elección popular y a cargo de administración pública con la paridad entre géneros, aún queda mucho camino para recorrer. Personas originarias de las comunidades indígenas afromexicanas, personas con discapacidad, entre otros sectores, históricamente discriminados, aún no tienen garantizadas su participación plena en la vida pública del país. Las desigualdades propiciadas por los gobiernos que jamás se preocuparon por el bienestar de estos grupos poblacionales durante más de 70 años los colocó en una situación de desventaja frente al resto de la población. El acceso a la educación superior es un ejemplo de ello. Es una realidad que en México son más quienes por factores como la pobreza o la falta de medidas de accesibilidad no cuentan con estudios universitarios, lo que reduce sus oportunidades en el ámbito laboral y en la posibilidad de ejercer cargos en toma de decisiones en el servicio público, como es el caso que nos ocupa. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 26, fracción I, establece que para ocupar la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se requiere contar con título profesional, acotando así la posibilidad de presidir el consejo a un reducido porcentaje de la población, marcando una diferencia en quienes tuvieron la oportunidad de concluir sus estudios de nivel universitario y quienes no la tuvieron. Sabemos que el requisito de contar con un título universitario es indispensable para el ejercicio de cargos altamente especializados, como la impartición de justicia. Sin embargo, en la presidencia del consejo dichos requisito nos parece desproporcionado, toda vez que la fracción II del citado artículo establece que quien aspire a ocupar el cargo deberá haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, sociales, de servicios públicos o académicas relacionadas con la materia de prevención y eliminación de toda discriminación. Los que aseguran que la experiencia de la persona para tomar la dirección del consejo adecuadamente y cumplir con el objeto para lo que fue creado... cabe mencionar que contar con un título profesional no garantiza a una persona la capacidad o mejor calidad para esto. La persona que ocupe la presidencia del consejo debe ser cercana, empática con las problemáticas que viven día con día y las víctimas de discriminación. No solo para el organismo fortalezca su visión social y de protección a los derechos humanos, sino para incorporar las mejores prácticas en el trato, atención y acompañamiento de las víctimas. La intención es impulsar el interés y la participación de mejores perfiles en la materia de aquellas personas que se han dedicado la mayor parte de su vida a la lucha de la discriminación y que ven truncadas sus aspiraciones para dirigir el organismo a través del cual, desde una perspectiva de campo y práctico, podría implementar las acciones pertinentes para prevenir y eliminar la discriminación. Yo les digo, compañeros, yo soy egresada de una universidad, pero hay una universidad más importante en la vida que es eso, la universidad de la vida. Nuestra capacidad de observar, nuestra capacidad de amar a nuestros semejantes...