El diputado Benito Medina Herrera: Sí, muchas gracias, señora presidenta. Con su permiso. Las reservas a las que me voy a referir, la primera de ellas está direccionada a mantener el nombre de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, en el sentido que la primera parte debería ser Secretaría de Seguridad Pública, ¿por qué? Porque para empezar en la Constitución tenemos dos artículos que se refieren al término de seguridad, uno de ellos seguridad pública que está plasmado en el artículo 21 y que se refiere como un asunto de autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno, para garantizar la seguridad física y bienes del pueblo. Y el artículo 89, fracción VI, que se refiere a la seguridad nacional como responsabilidad del Ejecutivo para garantizar la seguridad del Estado como un todo. Es decir, pueblo, territorio, gobierno y marco jurídico, como está inscrito en la Ley de Seguridad Nacional. Esto mediante el empleo inclusive de las Fuerzas Armadas en dos ámbitos, la defensa exterior y la seguridad interior, de donde podemos inferir que estamos hablando de dos ámbitos muy distintos que por su naturaleza requieren de estructuras orgánicas de operación, de información y jurídicas de índole diferente. Aunado a esto, existen otras denominaciones de seguridad, como son la seguridad humana, la seguridad alimentaria, entre otras. Por lo que es necesario conservar en esta Secretaría la denominación de Secretaría de Seguridad Pública, en virtud de que si no se establece esto provocaría una gran confusión entre la sociedad, al no definirse con claridad a qué seguridad se enfoca esta Secretaría de Estado. Por otra parte, es conveniente excluir el término de protección ciudadana, ya que podría considerarse restrictivo y excluyente en aquellas personas que no cuenten con esta categoría y se encuentren en el territorio nacional. En cuanto a la fracción XIV del artículo 30, tenemos que la seguridad es uno de los elementos más importantes para el progreso de una sociedad libre y democrática, de ahí la relevancia de contar con un entendimiento básico de las implicaciones, alcances y diferencias entre seguridad pública y seguridad nacional. La propuesta de redacción de la fracción XIV del artículo 30 Bis propone que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tenga como facultad establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas, así como para análisis y sistematización integral de la investigación e información de seguridad nacional. Aquí podemos ver que se vuelve a presentar la confusión entre lo que son los términos de seguridad nacional y seguridad pública. Asimismo, la fracción XVIII, donde se indica que el secretario de seguridad en su momento, en carácter de secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, en ausencia del presidente él lo presidirá. Cabe hacer notar que en la actualidad el cargo de secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional recae en el secretario de Gobernación, como encargado de la política interior y de gobernabilidad del país y, por lo tanto, responsable de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Consejo y estará facultado para celebrar los convenios y bases de colaboración. Cabe destacar que todas las funciones del Consejo de Seguridad Nacional se refieren a conocer los asuntos sobre el Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos y la relación periódica de estos instrumentos. Es decir, el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional tiene funciones relacionadas con la seguridad del Estado y no con funciones de seguridad pública destinadas a prestar seguridad a una parte del Estado, que es el pueblo, pero sí puede apoyar a esta, mediante un marco legal que clarifique en qué condiciones se prestará este apoyo, circunstancia que nos lleva a referirnos a una posible ley de seguridad interior. Por último, el artículo 30 Bis, en su fracción XIX indica la obligación de la Secretaría de Seguridad de informar al Poder Legislativo sobre asuntos de seguridad nacional. Estamos proponiendo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se destine exclusivamente a funciones de seguridad pública y no se involucre en acciones de seguridad nacional, que le corresponden a una instancia que tiene que ver y velar por lo que es la seguridad de un estado en general. Es cuanto, señora diputada.