El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. Diputadas y diputados. El presente dictamen ha seguido un proceso desaseado y muy cuestionable en cuanto a la técnica jurídica y su trasfondo. En sus primeras versiones contenía reformas a la Constitución completamente innecesarias y excesivas que pretendían modificar el artículo 13, que nada tiene que ver con los hidrocarburos. En versiones posteriores, se plasmaban disposiciones inconstitucionales como la criminalización de la protesta civil pacífica o como la restricción del acceso a la información pública. A lo largo de las últimas horas, se han corregido algunas de estas disposiciones, sin embargo, los diputados ciudadanos estamos convencidos que no necesitamos leyes especiales ni disposiciones extraordinarias, o con dedicatoria, para perseguir este tipo de delitos. Y resulta muy cuestionable que con esta nueva ley se busque privilegiar de manera especial a los interés económicos de inversionistas privados por encima de los intereses ciudadanos, y por encima de cualquier criterio de igualdad jurídica. Legislar con dedicatoria o para beneficiar a intereses particulares, es un claro conflicto de interés que debe ser aclarado a los mexicanos. Y esto se agrava si leemos la presente propuesta de ley como un producto más de la reforma energética, como una exigencia o una condicionante que están poniendo inversionistas extranjeros a nuestro país. Decimos que no necesitamos una legislación extraordinaria para perseguir este delito, porque nuestro marco jurídico, en materia penal, ya contiene disposiciones para castigar las conductas que se buscan perseguir con esta nueva ley. Claro que estamos sobrelegislando y estamos sentando un mal precedente de práctica parlamentaria, tomando decisiones para beneficiar exclusivamente a intereses privados, sin atender a los problemas de fondo. Coincidimos con la necesidad de perseguir los delitos en materia de hidrocarburos, que se estima le cuestan al país 40 mil millones de pesos por año, en donde también se presenta un riesgo para la población y al medio ambiente por los accidentes, derrames y fugas, derivados de actos de las tomas clandestinas. Pero el verdadero problema en los delitos en materia de hidrocarburos es de procuración e impartición de justicia, o para dejarlo más claro, es de impunidad. Se requiere que la Procuraduría General de la República eficiente sus sistemas de investigación y persecución de los delitos. Lo anterior, se corrobora con los resultados magros de esa dependencia, ya que de enero de 2012 a octubre de 2015 se presentaron alrededor de 10 mil 263 denuncias relacionadas con delitos en el robo de hidrocarburo. Pero vean lo que es más grave, de todo ese número de ilícitos, más de 10 mil, solamente se lograron 53 sentencias condenatorias. Con ello se demuestra la poca eficiencia de ese órgano de procuración de justicia y, por ello, podemos asegurar que la sobre-legislación no resolverá la comisión de estos delitos, si no se hacen los ajustes correspondientes en las instituciones de justicia. La pregunta al día de hoy es, ¿a quién responden los intereses de los diputados y las diputadas, o para quién se está legislando? Estamos poniendo al Congreso de la Unión al servicio de intereses privados y no al servicio de lo que realmente necesitan los ciudadanos. En la procuración e impartición de justicia es donde debemos poner la atención para castigar estos delitos, en el combate a la impunidad de todos los delitos que lastiman a los ciudadanos y a la economía mexicana es donde debemos focalizar la atención y no legislar para intereses privados. Sin embargo, los diputados ciudadanos votaremos en abstención, porque reconocemos que se corrigieron casi en su totalidad las observaciones que hicimos al dictamen. Por ejemplo, evitamos y logramos que se suprimiera y se dejara de criminalizar la protesta social. Imaginemos a las ONG, a los grupos ecologistas del mundo y de nuestro país yendo a señalar los errores en los daños que haya al medio ambiente y que entonces fueran criminalizados por ello. También consideramos que es un avance y logramos que no se considerara ya como información de seguridad nacional lo relativo a los contratos y a toda la información en relación a las inversiones privadas. Ahora tendrá que regularse conforme a la Ley de Información y de Transparencia. Se logró también, por último, reconocer que el tema de terrorismo, un delito que tiene otro fin ideológico, también se suprimiera. Por tal motivo, reconocemos que hubo avances y que se corrigieron errores muy importantes en esta ley, pero también debemos considerar que se está buscando privilegiar con esta iniciativa a las grandes trasnacionales que invertirán en el tema del petróleo. Es cuanto, presidente.