La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Es asentamiento humano es un derecho humano y patrimonial que proseemos todas las personas. Como tal, la legislación que se cree debe garantizarlos como derechos asequibles y justiciables. El Estado, debe tutelar su ejercicio generando los mecanismos para su debido acceso. Con relación a lo anterior se aprecia que el artículo 56 de la propuesta no cumple con el requisito de asequibilidad de los derechos, dispone que cuando se pretendan llevar a cabo alguna acción o aprovechamiento urbano fuera de los límites de un centro de población que no cuente con un plan o programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial o de aquellos proyectos en áreas rurales que requiera la construcción o introducción de obras de cabecera o redes de infraestructura primaria se requerirá la aprobación de la creación o modificación de un nuevo centro de población. Es comprensible que tales acciones deban ser del conocimiento y aprobación del Estado. Sin embargo, el párrafo segundo del propio artículo menciona que los costos económicos derivados de la realización de las obras de cabeza o redes de infraestructura del proyecto, así como los costos de la realización de obras viales y sistemas de movilidad correrán a cargo de las personas que lo soliciten. Lo que va en detrimento del patrimonio de las personas que se ubiquen en tales supuestos. En la práctica tal disposición contempla una imposibilidad real del cumplimiento, puesto que las personas que viven en estas zonas ubicadas fuera de los límites de un centro de población no cuentan con los recursos económicos para la construcción de redes de infraestructura y obras viables y sistemas de movilidad. Esto es una de las razones por las que se habitan precisamente en estas zonas, por falta de recursos económicos y esto abre las puertas, únicamente, a negocios de desarrollos inmobiliarios. El reconocimiento de las necesidades de infraestructura, por supuesto que es un avance que se ve entorpecido por la imposición de costos pecuniarios que no se cobraron a quienes no se vieron en esta necesidad de regularizar las zonas donde viven. Aunado a lo anterior, es importante recordar lo dispuesto en la fracción I, del artículo 31, con relación a la fracción vigésima, del artículo 27 de la Constitución, dónde la primera instancias estipula la obligación de las mexicanas y mexicanos a contribuir en los gastos públicos, como se entiende la infraestructura en el caso que nos ocupa, y la obligación del Estado para promover las condiciones para el desarrollo rural integral, a través de la creación de la infraestructura necesaria. En conclusión, es imprudente, incorrecto aprobar la legislación en los términos propuestos. Su redacción imposibilita su aplicación, obvia las condiciones económicas de las personas, causa perjuicios patrimoniales a quienes se ubiquen bajo los supuestos y desatiende las obligaciones constitucionales en la materia. Por eso proponemos que en el artículo 56 de esta nueva Ley de Asentamientos Humanos los gastos para la creación de la infraestructura corra a cargo de las entidades federativas donde se ubiquen las zonas, derivado de que las personas habitantes cumplen con sus obligaciones de pagar los impuestos para contribuir al gasto público. Es cuanto.