El diputado Ramón Ceja Romero: Con su permiso, señor Presidente. Hago uso de la alta tribuna de la nación, en mi carácter de presidente de la Comisión de Reforma Agraria, para fundamentar el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley Agraria. El presente dictamen con proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria del 10 de octubre del presente año, y es producto del estudio de análisis de dos iniciativas que oportunamente se nos turnaron por la Mesa Directiva y que ambas se refieren a la misma materia. Una presentada por el diputado Javier Galván Guerrero y la otra por el diputado Salvador Barajas del Toro, ambos del Grupo Parlamentario del PRI. Las iniciativas citadas son coincidentes en su objetivo: reformar y adicionar el artículo 80 de la Ley Agraria en vigor, a efecto de ampliar el derecho del tanto, en los casos de venta de derechos parcelarios, a la concubina o concubinario, o hijos de éstos, o a quien asista el derecho legal reconocido dentro del régimen ejidal. Después de un proceso de estudio, análisis y consulta a las instituciones agrarias, investigadores técnicos, representantes de organizaciones campesinas y ejidatarios, los diputados integrantes de la comisión llegamos a la conclusión de que efectivamente una demanda cada vez mayor y con más frecuencia se ha estado planteando por diversos sectores. Está relacionada con la justicia social agraria, específicamente en lo concerniente a los derechos de la mujer campesina y a la familia de los núcleos ejidales. En la familia es la mujer quien lleva el rol de jefa de familia rural quienes sufren cotidianamente las formas de desigualdad o discriminación de derechos ejidales establecidos en la ley. 13 millones de mujeres, la mayoría pobres, viven en el medio rural. De éstas sólo 650 mil son ejidatarias o comuneras y 170 mil son posesionarias; 287 mil son propietarias privadas, sólo 18 por ciento de las mujeres son titulares de tierras; mientras que en 30 por ciento de los hogares campesinos la mujer es el único sostén de la familia y en el otro 30 por ciento contribuyen a su sostenimiento. Además, todos somos testigos de cómo la mujer al frente de la familia campesina cada vez se organiza más y se inserta en tareas, programas y proyectos productivos, agropecuarios, artesanales y de otra índole, aportando su trabajo para el sostén y desarrollo de la familia y de sus comunidades, pero también reclamando y haciendo valer cada vez más los derechos que le corresponden y que viven justificando con creces. Es en este contexto y con base fundamental en ese tipo de consideraciones, que los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria hemos coincidido de forma unánime que independientemente de que estamos inmersos en un proceso de revisión y actualización integral del marco jurídico agrario, podemos y debemos ir desahogando la agenda legislativa de la comisión, como es en este caso, dictaminando a favor de la ampliación y protección de los derechos patrimoniales de la familia ejidal. Por ello estamos dictaminando que cuando el ejidatario pretenda enajenar sus derechos parcelarios, otorgará el derecho del tanto no sólo a su cónyuge y a sus hijos, como ya lo establece la ley, sino además a la concubina o concubinario por ser ésta una figura que existe en una gran parte de las familias ejidales y que en la práctica se encuentra en el mismo supuesto que el o la cónyuge, sólo que no se formaliza como tal jurídicamente. Asimismo, fortaleciendo la protección como patrimonio de familia la parcela y los derechos ejidales estamos dictaminando hacer más rigurosos los requisitos para la validez de la enajenación al establecer, además, que se haga por escrito y ante dos testigos, y que deba ser ratificado ante fedatario público. Es éste el contenido de la reforma y adiciones al artículo 80 de la Ley Agraria que hemos dictaminado en la comisión y que en estos momentos estamos sometiendo a la consideración de la honorable asamblea. Compañeras diputadas, compañeros diputados, atentamente les pido a nombre de la Comisión de Reforma Agraria, su apoyo a esta reforma y su voto a favor, sabiendo que al emitirlo, aunque sea modestamente, esta Legislatura va avanzando poco a poco en otorgar, ampliar y proteger los derechos de la mujer y de la familia en el patrimonio social, y con ello estamos contribuyendo a la justicia y a la génesis de condiciones para el desarrollo del sector rural. Muchas gracias.