La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente, y con la venia de la asamblea. He presentado moción suspensiva del dictamen de la Ley de Industria Eléctrica y de Geotermia en cuanto a su contenido porque el dictamen propone básicamente la desarticulación de la industria eléctrica. El artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia energética del año pasado es previo a la separación legal de la industria eléctrica; sin embargo, la ley va más allá y de manera inconstitucional establece la separación operativa de la industria eléctrica que hasta ahora opera como un todo integrado. Estamos hablando de que la CFE, la segunda empresa eléctrica de Latinoamérica, que cubre el 98 por ciento del territorio nacional y que funciona, según la misma Auditoría Superior de la Federación, a un 69 por ciento, ni siquiera al 100 por ciento de su capacidad, ahora será desmantelada. Las finalidades de la desarticulación de la industria eléctrica nacional son muy claras. Primero, el reparto de las etapas de la industria, es decir, la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización entre distintos operadores privados que principalmente son extranjeros. Esto causará específicamente oligopolios regionales por etapas en la industria eléctrica que generará, como consecuencia, el incremento de los precios finales por la participación de una pluralidad de operadores que finalmente podrán sacar del mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Las posibilidades de conflicto entre los distintos operadores que participan en cada fase de la industria serán inminentes y los problemas de desabasto que propicia la participación de múltiples operadores privados, que no tienen otro objetivo más que las ganancias y las tarifas, será muy claro. México, que no ha tenido desabasto en el tema de energía eléctrica, finalmente puede verse en la posibilidad de lo que ha sucedido en ciudades como Los Ángeles, donde ha habido apagones generalizados. Constitucionalmente además, el dictamen tiene las siguientes deficiencias, lo que nosotros hemos llamado inconstitucionalidades. Primero se priva al Congreso de la facultad de regular en materia energética. Específicamente el Congreso tiene la facultad de legislar en materia de contribuciones, según el artículo 73, fracción VII, inciso a) de la Constitución, así como de legislar en materia de comercio, según el artículo 73, fracción IX de la misma; para legislar en materia de la electricidad, según el artículo 73, fracción X de la misma Constitución. Sin embargo, este dictamen de la Ley de Energía e Industria Eléctrica contiene disposiciones para que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía tenga este tipo de atribuciones y finalmente sea autónoma en el tema de normatividad. Se vulneran de esta manera los derechos también de las autoridades locales, pues se trata, desde nuestra perspectiva de un dictamen antifederalista, pues el artículo 7o del mismo no concede competencia alguna a las autoridades municipales ni estatales en materia de infraestructura. Finalmente, se desaparece en el artículo 139, como todos conocemos, el tema de los subsidios, que trataba y se pretendía desde el Senado de sustituir los subsidios generalizados por subsidios específicos y que ahora se ha incorporado como apoyos especiales desde el artículo 116 de la misma ley. La retórica del contenido nacional en las diversas disposiciones que hoy estamos analizando contienen normas para garantizar los porcentajes mínimos de contenido nacional para supuestamente beneficiar a la industria mexicana, pero estas disposiciones son contrarias a los artículos 1106 y 1110 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, porque el primero prohíbe los porcentajes de contenido nacional entre los países que forman el TLC y el segundo establece la salvaguarda a inversión extranjera y a los contenidos nacionales en materia energética para la nación mexicana; los tratados internacionales se supone deberían de tener una jerarquía de cumplimiento para la nación. Se privatiza, también, la red de transmisión de distribución de energía eléctrica. El artículo 35 del dictamen permite que los particulares realicen aportaciones para obras, ampliaciones o distribuciones de la red de energía eléctrica, básicamente lo que se está haciendo como coloquialmente se decía en el debate, es que le estamos prestando o le estamos regalando el uso de los fierros o de los postes y los cables a los particulares para que vengan y hagan negocios de ellos. Estos fierros, estos postes y estos cables además, propiedad de la nación, y que se han hecho con el dinero de todos los mexicanos. Finalmente, la transmisión, que es uno de los elementos más importantes de la Ley de Energía Eléctrica, queda privatizada y el control del gobierno se limita, entre otras cosas, porque los empresarios recibirán ingresos por la venta de obras en los términos de las reglas del mercado. No conformes con estos, además, les creamos un régimen especial de obra para que estos jugadores privados además tengan beneficios para la construcción de infraestructura en materia energética. Hay una violación al debido proceso en el artículo 41 de la Ley de Industria Eléctrica, que permite en algunas hipótesis a los transportistas y a los distribuidores suspender, a los usuarios finales, el servicio de energía eléctrica sin intervención previa y autoridad alguna. La pregunta aquí sería: ¿A dónde nos vamos a ir a quejar si nos vienen tarifas eléctricas altas? ¿A dónde nos vamos a ir a quejar si se nos hacen bloqueos de energía en ciudades completas? Esta ley no prevé dónde puedan los mexicanos salvaguardar su proceso y su garantía de que se les dé el servicio de energía eléctrica. Esto, nosotros creemos, violenta entre otros los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concluyo diciendo que también en este dictamen se considera a la servidumbre legal para fines privados en el artículo 42 del dictamen, para beneficiar a los transportistas y distribuidores de la energía eléctrica. El dictamen además implicará la entrega de la industria eléctrica al capital extranjero, específicamente norteamericano y español. Es por eso que hemos presentado esta moción suspensiva, señor presidente, compañeros diputados, la que pido se incluya íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.