La diputada Flor Ivone Morales Miranda: Muchas gracias, diputada presidente. Saludo con aprecio a mis compañeras gracias compañero, a mis compañeras y compañeros legisladores. No hay mayor discapacidad en la sociedad que la incapacidad de ver a una persona como más. Con esta cita de Robert Hensel, quiero presentar ante esta soberanía dos iniciativas que buscan promover la inclusión de las personas con discapacidad. Actualmente, las personas con discapacidad se siguen enfrentando a severos retos y desafíos que les impide conseguir igualdad de oportunidades y una plena integración social. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas en el mundo sufren una discapacidad importante. Según el Inegi, en México existen más de 6 mil millones de personas con alguna discapacidad de las cuales, apenas, el 30 % de este grupo tiene un empleo. Datos del Coneval señalan que una de cada dos personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza. Lamentablemente, en la actualidad, la discriminación en distintos niveles, es un acto constante y común debido al desconocimiento sobre las discapacidades. Para ello, es importante definir qué es una discapacidad. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define la discapacidad, como una consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad con igualdad de condiciones con los demás. El Inegi identifica a las personas con discapacidad como aquellas que tienen dificultad para llevar a cabo actividades como ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, realizar su cuidado personal y comunicarse. A pesar de la adoptación de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, hace ya más de una década, las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, se enfrentan a enormes barreras de actitud físicas y de información que les impide disfrutar del mismo nivel de acceso a las oportunidades de empleo que las personas sin discapacidad. Ahora bien, las desigualdades en el ámbito educativo también impactan directamente en el ámbito laboral, ya que el bajo acceso a oportunidades laborales se debe principalmente a que no tienen facilidades para ingresar a la educación. De acuerdo con la Escuela Nacional sobre Discriminación 2022 (Enadis), 2 de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir. El acceso a la educación es uno de los derechos más importantes para el desarrollo de las personas ya que es un proceso de aprendizaje que permite el descubrimiento de habilidades, destrezas, de cada individuo. La elaboración de políticas públicas enfocadas en la situación de las personas con discapacidad es crucial, ya que con ello se mejora la condición de accesibilidad y desarrollo de este sector de la población. Por ello, las iniciativas que presento el día de hoy, tienen por objeto reformar los artículos 11 y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para: 1. Facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de promover campañas de difusión para sensibilizar, concientizar e incentivar la contratación e inclusión de personas con discapacidad, tanto en el sector público como en el privado y para; 2. Facultar a la Secretaría de Educación Pública a efecto de promover campañas de difusión para erradicar la discriminación de personas con discapacidad en los planteles y centros educativos. De esta manera buscamos eliminar las barreras de los prejuicios para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral y se contribuye a la erradicación de actos discriminatorios y de acoso escolar para proteger y garantizar el derecho de las personas con discapacidad. La discriminación es detonante de las desigualdades y las desigualdades limitan el desarrollo económico. Por ello, es obligación del Estado garantizar igualdad de condiciones para este sector de la población, por lo que es necesario generar campañas de difusión para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito educativo y laboral. Aprovecho para celebrar el programa de gobierno federal, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, a través del cual se busca, no solo mejorar el ingreso monetario de las personas con discapacidad, sino combatir la marginación, la discriminación y el racismo que enfrenta este sector. Diputadas y diputados, la integración de las personas con discapacidad debe convertirse en un objetivo colectivo y, por tanto, es necesario establecer las sanciones, las acciones necesarias para alcanzarlas. Es cuanto, diputada presidente. Gracias.