EL C. DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO (Convergencia): Compañeras y compañeros Diputados: El grupo parlamentario de Convergencia apoya toda iniciativa que facilite a las instituciones de la República instrumentar soluciones viables y sustentables al desarrollo y progreso social de nuestro pueblo, volviendo realidad los enunciados de nuestra Carta Magna. Una Ley de Desarrollo Social que garantice la aplicación de políticas públicas tendientes a subsanar y superar de manera eficaz las desigualdades sociales que padecen muchos mexicanos, es un objetivo en el que ha sido posible la convergencia de las voluntades políticas representadas en esta honorable Cámara. Con los antecedentes de propuestas presentadas por legisladores de diferentes partidos de las dos anteriores legislaturas, fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social la minuta del proyecto que crea la Ley General de Desarrollo Social. El proyecto de ley, objeto del presente dictamen, sintetiza la voluntad de los legisladores de los diversos grupos parlamentarios para que nuestro país cuente con un marco jurídico que reconozca y atienda, de manera integral, el desarrollo social sin discriminaciones y sin exclusiones. Tiene la virtud esta ley de propiciar la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, tanto en la planeación como en el diseño y la ejecución de las políticas públicas, permitiendo además la participación de los sectores públicos, social y privado, méritos que corresponden a la legítima aspiración de un nuevo federalismo por un lado, y a formas efectivas de participación ciudadana por otro. Debemos congratularnos por ello, el crédito es para todos. En conjunto la visión integral de la ley, su carácter incluyente, su perfil federalista y su vocación ciudadana, contribuyen a fortalecer la democracia que entre todos queremos construir. Esta ley tiene sólidas bases en las disposiciones que nuestra Carta Magna contiene en materia de desarrollo social, básicamente que a partir de un crecimiento económico justo, que propicie el empleo y que dé acceso equitativo a la riqueza creada por la propia sociedad se garantice a todos los mexicanos su derecho a que el desarrollo les permita vivir en libertad y con dignidad. El dictamen de la Ley de Desarrollo Social que se propone tiene la clara virtud de que por primera vez se hará realidad con un claro ordenamiento jurídico derechos sociales que antes solo se conocían retóricamente en el discurso. Convergencia apoya esta normatividad que permitirá orientar con claridad el gasto social, explícitamente programado para el desarrollo social. Además de contribuir a hacer más transparente su aplicación y el ejercicio de los recursos destinados a los programas sociales. Tenemos que destacar que la propuesta de ley determina que deberán ser los municipios los principales ejecutores de todos los programas, así como el manejo de los recursos y acciones federales que se planifiquen y programen, teniendo como objetivo el desarrollo social. En Convergencia compartimos los principios a los que se sujetarán los derechos sociales enunciados en la ley: la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad, la integralidad, la participación social, la sustentabilidad, el respeto a la diversidad, la libre determinación y autonomía a los pueblos indígenas y sus comunidades, y como ya mencioné, la transparencia. Convergencia siente que en esta ley se recoge en muchos de los postulados que se encuentran en nuestros documentos básicos, en nuestro programa de acción y en nuestra plataforma electoral; en ellos buscamos, cito: "Un crecimiento económico que se traduzca en desarrollo, en la medida que se incorpore a más mexicanos en actividades productivas; se reduzcan los niveles de exclusión y desigualdad, y se combatan las diferentes formas de pobreza que aún afrentan a la mayoría de los mexicanos, en particular a las mujeres". Fin de la cita. Pero, si bien es cierto que reconocemos el gran avance que estamos realizando con esta ley, no podemos olvidar lo mucho que hay que hacer aún en la consecución de un desarrollo económico, incluyente y equitativo; no nos cabe duda que hay que realizar grandes transformaciones para cambiar un modelo económico que ha propiciado más pobreza y mayor desigualdad entre nuestro pueblo. Si la ley que celebramos puede ayudar a resolver las manifestaciones evidentes de los estragos causados por ese modelo, eso es bueno; si logramos erradicar las causas de esas deficiencias, mejor aún. Desde luego que dicha ley deberá perfeccionarse a partir de la experiencia de su aplicación en la práctica, pero por lo pronto debemos felicitarnos porque ha sido posible, en un ambiente de concordia y de paz, por la vía de las instituciones de la República, reconocer a nuestro pueblo derechos que en el pasado sólo era posible conseguir por la lucha armada y que hoy son fácilmente alcanzables por medio de los instrumentos que de dicha Ley General para el Desarrollo Social se desprenden, como lo presentó mi compañera, la diputada Beatriz Zavala. Esta nueva Ley de Desarrollo Social está planteada de tal manera que impide el establecimiento de una casta burocrática, sobre todo porque con su carácter intersecretarial cada una de las secretarías que intervengan, así como los representantes de los diferentes sectores sociales, encontrarán en ella fundamento y apoyo para que no se tomen decisiones unilaterales. Un ejemplo que nos sirve para estar optimistas, es que considera que la evaluación de la política social tiene gran relevancia para el cumplimiento efectivo de sus objetivos y en ese sentido propone la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión, de conformidad con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, cuyo objetivo es normar y coordinar la evaluación de las políticas públicas, así como establecer los lineamientos y los criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. Algo que entusiasma verdaderamente, es el hecho que la Comisión de Desarrollo Social, en su dictamen, no eludió de ningún modo su compromiso con un marco conceptual social y democrático. En lo particular, quisiera resaltar lo que a juicio del grupo parlamentario de Convergencia es muy importante, en el desglose de las disposiciones generales, donde se marca el objetivo global de la nueva ley resalta el artículo número uno que dice, cito: "La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política". Y en el artículo dos se remarca: "Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios para el desarrollo social". Además, en su definición del principio de respeto a la diversidad, explícitamente se señala el reconocimiento en términos de origen étnico, de género, de edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquier otra para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias. Estas características de universalidad, no discriminación, respeto y tolerancia, son muy valiosas para Convergencia; son esenciales. Compañeros legisladores hay que decirlo, esta propuesta es una ley del siglo XXI, visionaria y vanguardista; es una verdadera reforma estructural, justo como lo ha señalado la fracción parlamentaria de Convergencia por mi conducto, por eso llamamos a todos los grupos parlamentarios a dar su apoyo y su aval votando favorablemente a la creación de esta ley pero también cuidando que en su reglamento quede concretado el espíritu que la vio nacer. Es cuanto (aplausos) -