La diputada Cristina Olvera Barrios: Con el permiso del diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Estado mexicano aprobó el 10 de junio de 2010 una de las reformas más relevantes del siglo XXI, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Relevante porque establece las bases para la más amplia protección de los derechos fundamentales al exigir el principio pro persona. Esto es que la aplicación de nuestra ley fundamental y los tratados internacionales en materia serán en sentido que más favorezcan a las personas. Consideramos pertinente la modificación del artículo 133 de nuestra Carga Magna, toda vez que la interpretación de este artículo la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó establecida que en la jerarquía entre las normas constitucionales, las leyes generales y los tratados internacionales, tratándose de derechos humanos, se encuentran por encima de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, pero por debajo de la Constitución. Sin embargo dicha interpretación se modificó en la decisión del 12 de julio de 2011 relativa a la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del desaparecido ciudadano Rosendo Radilla, en el estado de Guerrero en 1974, al establecer el llamado Control difuso de la Constitución. Eso significa que los jueces tienen la obligación de interpretar y aplicar la Constitución y los tratados internacionales que más beneficien a las personas en materia de derechos humanos, sin importar la jerarquía de las leyes. Consideramos que a partir del 10 de junio de 2011, fecha en que se incorporó el principio pro-persona, el artículo 1o., párrafo segundo de nuestra Constitución en México, se aplica la ley que más favorezca a las personas, aun si existiese contradicción entre lo dispuesto por la Constitución y un tratado internacional de la ley federal. La aplicación del principio de pro-persona responde también a un compromiso de Estado mexicano con tratados internacionales establecidos en diversos instrumentos jurídicos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica en 1969, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derecho Económico, Social y Cultural o Protocolo de San Salvador, ratificado el 8 de marzo de 1996, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que la redacción vigente precepto 133 constitucional resulta incierta o vaga en relación con la jerarquía de los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos ratificados por el Estado mexicano a partir de la sentencia y reformas mencionadas. De esta forma nuestra iniciativa propone la siguiente redacción: Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán en dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados, en materia de derechos humanos, se favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Compañeras y compañeros legisladores, la propuesta que hoy se presenta no solo fortalece el compromiso del Estado mexicano con la protección de los derechos fundamentales, sino que da coherencia al sistema de protección de derechos haciendo factible la exigencia de los mismos frente al abuso del poder, más aún cuando vivimos una época donde las violaciones de los derechos humanos por parte de la autoridad está llegando a niveles preocupantes. En los últimos seis años la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido cinco mil 176 recomendaciones. Hoy más que nunca la defensa ante cualquier violación, los derechos de las personas nos exigen construir acuerdos y consensos que garanticen la defensa y protección sobre todo de los más vulnerables. Es cuanto, señor diputado. Muchas gracias, compañeros legisladores.