El diputado Rodolfo Torre Cantú: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todos los mexicanos tienen derecho a la protección a la salud. Para hacer universal este derecho constitucional, la Secretaría de Salud creó en 2002 un programa piloto denominado Seguro Popular dirigido a la población no derechohabiente de la seguridad social. Este programa sentó las bases para las reformas realizadas en 2004 a la Ley General de Salud que dieron origen a la creación del sistema de protección social en salud: el Seguro Popular. En esta reforma se estableció un esquema financiero para los afiliados al Seguro Popular, con aportación específica de los gobiernos federal, estatal y, en su caso, aportaciones familiares, por lo cual cada una de las partes que integran el financiamiento tripartito realiza contribuciones por familia para generar los recursos necesarios para el Seguro Popular, de tal manera que proporcione a las familias afiliadas los servicios médicos que contemple el catálogo de servicios esenciales de salud, que incluye sin costo adicional medicamentos asociados a los tratamientos, que proteja a las familias contra aquellas intervenciones que provocan gastos catastróficos y que provea a las entidades federativas de una previsión presupuestal para apoyar la creación de infraestructura, así como el incremento en la demanda de los servicios médicos. A partir de entonces, el Seguro Popular ha apoyado el acceso integral a los servicios públicos de salud para todos los mexicanos, bajo un sistema de aseguramiento universal en salud. Este apoyo se ha traducido en una importante cantidad de recursos que se han transferido a las entidades federativas. Sin embargo, a seis años de la evolución del sistema se hace necesario replantear el modelo de financiamiento para transitar de un esquema familiar a uno personal, a fin de fortalecer el principio actuarial de equidad, es decir, calcular y transferir las primas del Seguro Popular de acuerdo con el riesgo de cada persona que representa, y a la estabilidad registrada de cada asegurado. Pero no sólo el principio de equidad es relevante ya que la trascendencia también se desprende de la gran heterogeneidad que existe en el país, no sólo en términos geográficos, sino de marginación y pobreza de la población. El esquema de financiamiento actual no ha privilegiado el apoyo a estas zonas ni diferenciado los apoyos que reciben las entidades federativas con mayor marginación o una mayor población ya que, por ejemplo, es una realidad que las familias que viven en entidades con mayor proporción de población que habitan en zonas semiurbanas o rurales, de mayor concentración indígena, tienen un mayor número de miembros por familia, en comparación con aquellas que viven en las zonas urbanas. Con este cambio se incentiva la solidaridad financiera de las contribuciones en el sentido de que los costos promedio en que incurren las entidades federativas para la prestación de los servicios de salud puedan llegar más equitativamente. Derivada de esta realidad, la propuesta de modificación al esquema financiero tiene la ventaja de que los recursos se canalicen de esta manera. En suma, dada la heterogeneidad geográfica, de marginación y pobreza, de diferentes condiciones de infraestructura física, así como de diferencias en los miembros por familia que existen en el territorio nacional, las modificaciones a la Ley General de Salud proponen que el financiamiento se transforme de un esquema familiar, aun en el que los recursos se determinen con base a las personas que tenga afiliadas. En ese sentido se promueve la optimización de los recursos tanto federales como estatales que se destinan a la operación de este programa. Por otra parte es importante resaltar que esta situación no representa impacto negativo en los recursos líquidos. En suma, resulta necesario establecer reglas de financiamiento acordes a la realidad que vive nuestro país, a fin de que el financiamiento del Seguro Popular sea sustentable y equitativo hacia aquellos lugares en que existe una mayor población en condiciones de pobreza, con lo que se busca la consolidación en el largo plazo de los objetivos del propio sistema y su participación, del Sistema Nacional de Salud. Por su atención, muchas gracias.