El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, debido a la alta incidencia delictiva que aqueja al país desde al menos la década de los años ochenta, en el año 2010 varios colectivos de víctimas se unieron en torno al poeta Javier Sicilia y al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para exigir atención especializada para las víctimas del delito. Este clamor ya se había presentado desde principios de la década de los años noventa, pero había sido prácticamente ignorada por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Tímidamente, en este Congreso de la Unión se empezó a discutir el tema y se logró, en septiembre de 1993, hace apenas 28 años, que se reconociera en el artículo 20 constitucional una incipiente lista de derecho de las víctimas. Conforme el número de víctimas iba incrementándose, también la presión hacia nosotros los legisladores crecía. En el año 2000 hubo una reforma adicional a este artículo 20 constitucional y, en el año 2008 nuevamente se reformó la Constitución para fortalecer los derechos de las víctimas. Pero, en todo este lapso de 15 años, ninguna ley federal o general reguló esos derechos y, por lo tanto, no hubo un cuerpo legal que hiciera posible que estas garantías se cumplieran y fueran exigibles en el mundo real. Las víctimas crecían en derechos y garantías de papel, pero seguían en la misma incertidumbre e indefensión de siempre. En el año 2011, hace apenas 10 años, con la gran reforma en materia de derechos humanos, nuevamente se da una modificación constitucional que amplía aún más los derechos de las víctimas, pero tampoco se logró en ese entonces consolidar ese proceso en una ley o instituciones especializadas. En este contexto de parálisis y desatención legislativa, el presidente Felipe Calderón ordenó la creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, Províctima, antecedente inmediato de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV, que inició sus operaciones en el año 2011. Poco después, en el 2013, ese primer esfuerzo institucional se consolidó aún más con la expedición de la Ley General de Víctimas, que fue el primer ordenamiento nacional que reconoció a las víctimas diversos derechos adicionales a los relacionados con el proceso penal, que no podría haber sido posible sin las organizaciones de víctimas enmarcadas en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Esta ley, compañeras y compañeros, creó la base normativa e institucional para cumplir la obligación del Estado de atender a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos y creó un Sistema Nacional de Atención a Víctimas y a la CEAV como su órgano operativo, la cual inició operaciones en el año 2014, pero desafortunadamente la CEAV ha sufrido un difícil camino desde su creación, sin que haya podido consolidarse como una institución cercana a las víctimas y que funja como el garante de sus derechos. El panorama de las víctimas en México es preocupante, y esto es gran medida debido a que en los últimos años la CEAV ha caído en una crisis institucional y presupuestal que la ha llevado a enfrentamientos graves con las propias víctimas. La política de Estado para las víctimas no puede delinearse ni mucho menos aplicarse sin la participación activa de ellos ni de los colectivos de las víctimas, así como de las organizaciones de la sociedad civil. Y el punto neurálgico para que las víctimas puedan incidir en el diseño e implementación de esta política de Estado es, desde la propia comisión, pero inexplicablemente esta institución creada para atender a las víctimas no propicia que su titular sea una víctima que comprenda a la perfección lo que estas personas sufren, que tenga la empatía suficiente para aplicar la Ley General de Víctimas, que es por mucho, la más protectora y pro persona que hay en el sistema jurídico mexicano. Y esta ausencia de las víctimas en la institución que fue creada para atenderlas, les ha cobrado una factura altísima, pues llevamos un año y medio, repito, un año y medio sin que se haya podido nombrar comisionado, después de que la anterior comisionada saliera de la institución a causa de graves quejas y plantones que incluso llegaron hasta Palacio Nacional. Pero si eso fuera poco, el comisionado anterior a ella, también tuvo que dejar el cargo en medio de escándalos y enfrentamientos severos con las víctimas y sus colectivos que exigieron durante meses su destitución. Por ello, esta iniciativa que hoy les presento, tiene el objetivo de facilitar que personas que han sufrido daños por delitos o violaciones de derechos humanos, puedan aspirar a dirigir la institución que las atiende. Además, se propone establecer plazos fatales para que tanto el presidente de la República, como el Senado de la República, lleven a cabo el proceso de elección asimilándola al de elección del ministro de Suprema Corte de Justicia, con lo que se pretende evitar que la CEAV se quede acéfala por meses o años, como sucede actualmente. Compañeras y compañeros diputados, este país clama la atención y nos exige legislar para mejorar el marco legal que las rige. Nos exige hacer las reformas legales que sean necesarias para que sus derechos sean plenamente exigibles. Muchas gracias, diputada presidenta. Es cuanto.