LA DIP. MA. TERESA CAMPOY RUY SANCHEZ: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION. PRESENTE BERNARDO DE LA GARZA HERRERA FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZALEZ, ESVEIDA BRAVO MARTINEZ, MARIA TERESA CAMPOY RUY SANCHEZ, OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS, DIEGO COBO TERRAZAS, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO, NICASIA GARCIA DOMINGUEZ, ALEJANDRO RAFAEL GARCIA SAINZ ARENA, MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, JULIETA PRIETO FUHRKEN, CONCEPCION SALAZAR GONZALEZ, ERIKA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley: EXPOSICION DE MOTIVOS La situación actual que guarda la lucha por la defensa de los recursos naturales en nuestro país, no sólo se da en los espacios políticos y en la realización de acciones por parte de los Gobiernos federal, estatal y municipal; se da cotidianamente con la actividad de las organizaciones ambientalistas civiles, que día con día enfrentan a los intereses creados que se oponen a la protección de la naturaleza. Los derechos humanos y la protección al medio ambiente son aspectos que se encuentran íntimamente ligados, no sólo porque el ambiente en sí representa un derecho, sino porque la lucha por la defensa del entorno ecológico implica un legítimo reclamo social que en muchas ocasiones es contrario a intereses particulares. Los ciudadanos que se involucran y comprometen con una causa social, como lo es la causa ecologista, a menudo ven afectadas sus garantías y sus más elementales derechos. Este problema se agrava aún más, cuando se trata de individuos pertenecientes a un grupo indígena o campesino, históricamente considerados como grupos vulnerables dadas las condiciones de marginación y pobreza en las que se desarrollan. La constante y progresiva devastación de nuestros recursos naturales, especialmente de los bosques y las selvas, han logrado en algunos casos, despertar conciencia entre las comunidades que después buscan, mediante la organización social, revertir el daño ecológico. Sin embargo, en este proceso de organización y acción social, generalmente existen poderosos intereses que de inmediato reaccionan con violencia al verse amenazados. Este es el caso de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán en el Estado de Guerrero. Ahí en ese lugar, las comunidades decidieron organizarse para defender su patrimonio presente y futuro. A cambio han obtenido represión y violencia. En 1995, el entonces Gobernador del Estado de Guerrero, Sr. Rubén Figueroa Alcocer, suscribió un acuerdo de explotación forestal con la empresa transnacional Boise Cascade. Mediante este acuerdo se otorgaba a la citada empresa, el derecho exclusivo de compra y explotación de madera en los ejidos de la Costa Grande de Guerrero. Cabe señalar que esta empresa maderera ha sido descalificada por diversas organizaciones internacionales conservacionistas, que han denunciado su intención de dirigirse a países cuyas leyes ambientales y niveles de pobreza le permiten realizar jugosos negocios a costa del medio ambiente. En febrero de 1998, pobladores de Petatlán y Coyuca de Catalán crearon la Organización de Campesinos Ecologistas que de inmediato se dio a la tarea de evitar el ecosidio forestal de la región. Fue tal la respuesta de las comunidades, que la maderera Boise Cascade decidió suspender definitivamente sus actividades en el mes de abril de ese mismo año. Sin embargo, las autoridades estatales y los caciques del lugar no perdonaron la acción de los ecologistas y se dieron a la tarea de emprender medidas de intimidación y represión. El 20 de julio de 1998 un grupo de militares allanaron el domicilio de Rodolfo Montiel Flores, co - fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas, obligándolo a firmar diversos documentos cuyo contenido desconocía. El 2 de mayo de l999, soldados del cuadragésimo batallón de infantería del Ejercito irrumpieron a tiros en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán, dando muerte a una persona y deteniendo a Rodolfo Montiel Flores y a Teodoro Cabrera García, a quienes torturaron y mantuvieron incomunicados hasta el día 7 de mayo en que fueron remitidos al Ministerio Público Federal con sede en Coyuca de Catalán, y consignados después ante el juez de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Mina, Guerrero. Los detenidos fueron acusados de posesión de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; delitos contra la salud en su modalidad de siembra de marihuana y posesión de semillas de amapola y marihuana. Fueron internados en el CERESO de Coyuca de Catalán en donde estuvieron ilegalmente por más de un mes, a pesar de tener que haber sido internados en el CERESO de Iguala por ser acusados de supuestos delitos federales. Desde su detención y durante el proceso judicial que se siguió en contra de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, se violaron todo tipo de disposiciones legales, ya que se les mantuvo incomunicados, recibieron tormentos físicos tales como golpes en la espalda, estómago, cabeza, además de ser amenazados con causarles daño a sus familias, obligándolos a firmar declaraciones auto inculpatorias, violando con éstas acciones sus garantías individuales consagradas en los artículos 16, 20 y 22 de nuestra Constitución, así como los derechos otorgados en los artículos 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas acciones dejaron a los campesinos ecologistas en total estado de indefención, sin que ninguna autoridad estatal o federal haya intervenido. En su recomendación 8/2000 del 14 de julio del presente año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció las violaciones a las garantías de los campesinos presos y de los derechos humanos de los habitantes de Pizotla. Dicha recomendación ha sido aceptada por la Secretaría de la Defensa Nacional mediante el oficio 53914. Sin embargo, el proceso judicial continuó. Ambos campesinos fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional y se hicieron acreedores al reconocido premio ambiental Goldman por su valiosa lucha en favor de los bosques de Guerrero. El 28 de agosto pasado el Juez Quinto de Distrito con sede en Iguala, dictó sentencia condenatoria en contra los ciudadanos Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, fijando una pena de seis años ocho meses y 10 años de prisión respectivamente. Nuestro Gobierno ha manifestado ante diversos Foros nacionales e internacionales su compromiso con la protección de los derechos humanos; incluso ha asumido compromisos comerciales internacionales con la Unión Europea sujetos al respeto de estos derechos. En ese tenor, una muestra de que el Estado Mexicano puede hacer efectivo el goce de los derechos humanos en nuestro país, es hacer que aquellos que han sido inculpados injustamente por delitos que no cometieron, puedan cancelárseles los procedimientos jurisdiccionales y administrativos a los que se encuentran sujetos en la actualidad y por los cuales hoy, en este momento están recluidos. Si bien las conductas de las que se les inculpa a los que padecen hoy el infiero de la cárcel, fueron supuestamente comprobadas en un proceso viciado, el cual es vergonzoso que se haya dado en nuestro país. Es necesario encontrarle solución cuanto antes a un problema que marca y evidencia la condición actual que guarda nuestro país en el respeto de los derechos humanos, especialmente el derecho a la justicia. Las diversas manifestaciones sociales representadas en esta Asamblea a través de los Grupos Parlamentarios que integramos a la actual Legislatura, nos hemos esforzado por hacer prevalecer en todo momento y ante cualquier circunstancia el respeto de las garantías individuales y los más elementales derechos humanos; que esta ocasión no sea la excepción y que al contrario, sirva la aprobación de esta Ley para consolidar el respeto a nuestros derechos fundamentales. La lucha por la defensa del medio ambiente es simplemente impostergable. Hacer efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, consagrado en nuestra Constitución Política, debe ser una realidad actual. Por ello, respetuosamente, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos permitimos someter a la consideración de esta Cámara de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente DECRETO por el que se expide Ley de Amnistía; que deberá favorecer a Rodolfo Montiel Flores y a Teodoro Cabrera García. ARTICULO PRIMERO. Se expide Ley de Amnistía, para quedar como sigue: LEY DE AMNISTIA Artículo 1. Se decreta amnistía en favor de toda persona que por la defensa de los recursos naturales en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en el Estado de Guerrero, fueron inculpados y se ejerció o se está ejerciendo arbitrariamente en su contra acción penal ante los Tribunales de la Federación, por los delitos de posesión de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; delitos contra la salud en su modalidad de siembra de marihuana y posesión de semillas de amapola y marihuana, de los que se les inculpa y que son materia de la presente ley, hasta la fecha de entrada en vigor de la misma. Artículo 2. Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los motivos a que se refiere el artículo 1, podrán beneficiarse de la amnistía, dentro del plazo de 180 días a partir de la vigencia de esta ley. Artículo 3. La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla. En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, cancelarán las órdenes de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a los inculpados, procesados o sentenciados. El Procurador General de la República aplicará de oficio esta ley y solicitará también de oficio su aplicación a las autoridades competentes señaladas en el articulo 1 de esta Ley, debiendo verificar el efectivo goce de los beneficios que se contemplan en la misma, así como la extinción de la acción persecutoria respecto de los que hayan sido declarados responsables y presuntos responsables. Artículo 4. En el caso de que se hubiere interpuesto juicio de amparo por las personas a quienes beneficie esta ley, la autoridad que conozca de él dictará auto de sobreseimiento y se procederá conforme al artículo anterior. Artículo 5. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación propondrá la expedición de las correspondientes leyes de amnistía a los Gobiernos de los Estados de la República en donde existan sentenciados o acción persecutoria por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones y que de los cuales pudiera derivarse responsabilidad penal contra los beneficiarios de la presente Ley. Artículo 6. Las personas a quienes aproveche la presente ley, no podrán ser en el futuro interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas ni molestadas de manera alguna por los hechos que comprende esta amnistía. Artículo 7. Las autoridades civiles y militares que contravengan de cualquier forma la presente Ley, se harán acreedoras a las sanciones aplicables que para cada caso establezca la legislación penal y de responsabilidades de los servidores públicos. TRANSITORIO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Esta Ley deberá ser fijada en las diversas comunidades asentadas en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán del Estado de Guerrero, tanto en idioma español como en las lenguas que se hablen en dicho territorio. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 31 días del mes de octubre del 2000. Muchas gracias. (aplausos)