El diputado Marcos Morales Torres (PRD): Con su anuencia presidenta. El que suscribe diputado Marcos Morales Torres perteneciente al grupo parlamentario del Partido de loa Revolución Democrática en esta LIX Legislatura de este H. Congreso de la Unión y con fundamento en los Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la iniciativa de reforma al Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. El secreto se refiere a situaciones que se tienen reservadas, la palabra procede del latín "cercenere" que hace alusión a una cosa separada, aislada, rodeada de obstáculos, con el fin de que no se conozca. En la vida jurídica es necesario el secreto para la protección de la intimidad de las personas de un asunto que solamente unas cuantas pueden conocer y que si se difunden puede provocar un perjuicio. El secreto regulado en la legislación se divide en secreto profesional, secreto bancario y el fiduciario. El secreto profesional se refiere a servidores públicos o prestadores de servicios, que por la naturaleza de sus funciones conocen aspectos de la vida íntima de personas. El secreto bancario es una especie de secreto profesional, aquí el prestador de un servicio, en este caso, las actividades de banca y crédito, tienen información privilegiada sobre las operaciones que realiza cliente determinado. Esta información, puede utilizarse, por ejemplo, por compañías que compran los datos de operaciones con tarjetas de crédito, para incidir de alguna manera en el consumo de productos o servicios. El secreto bancario está contenido en los Artículos 117 y 118 de la ley vigente de Instituciones de Crédito y es el resultado de la evolución de la ahora abrogada Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 en su Artículo 115 fracción II que contenía los principios básicos de esta figura jurídica. Actualmente el secreto bancario en México esta de tal forma regulado, que no permite que los funcionarios y empleados bancarios puedan denunciar ante las autoridades competentes, montos que presumiblemente puedan ser de actividades ilícitas, al contrario si lo hacen, pende sobre ellos la amenaza de la responsabilidad civil y penal. Ante esta limitación los empleados y funcionarios bancarios se convierten en la práctica en cómplices de operaciones sospechas sin oportunidad de denunciar, por ello, la cultura de la denuncia no forma parte del sistema bancario mexicano. Adicionalmente esta regulación no permite que autoridades con facultades de investigación y supervisión, puedan solicitar y disponer de la información sobre las cuentas bancarias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de sus facultades para Reglamentarias, por medio de circulares dispone qué autoridades pueden consultar las cuentas bancarias, es decir, ésta es una facultad discrecional desmesurada, más aun, los servidores públicos de las diferentes dependencias públicos, con facultades de investigación y supervisión, tienen la obligación e guardar el secreto profesional, por lo que una denuncia directa no se contrapone con la protección de la intimidad de las personas. La sociedad moderna evoluciona y entra en contradicción con las figuras jurídicas tradicionales, como es el secreto bancario, la delincuencia organizada utiliza estas fallas jurídicas, para seguir actuando con impunidad. El delito que más utiliza el secreto bancario, es el establecido en el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal llamado Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita, conocido como lavado o blanqueo de dinero. En el ámbito internacional el grupo de acción financiera internacional GAFI, es un organismo intergubernamental autónomo, auspiciado por más de 20 naciones, cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, cuyo proceso consiste en ocultar el origen ilegal del dinero de naturaleza criminal, para ello, el GAFI ha elaborado una serie de recomendaciones, sobre la base de una experiencia de una veintena de países. Estas recomendaciones del GAFI existe una participación más activa de los países por medio de las instituciones financieras, de sus empleados y de sus funcionarios, esto implica protección a la denuncia ante las autoridades competentes. Así el Ministerio Público está limitado en sus facultades constitucionales de investigación porque en el Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, no se le menciona como autoridad facultada para pedir informes de manera inmediata a la institución bancaria, con el fin de integrar, rápida y correctamente, la averiguación previa. Actualmente, para que la ostente el ministerio público debe realizarse por intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de los directores generales, subprocuradores o el mismo Procurador General de la República, perdiéndose tiempo valioso en la investigación y por lo tanto en el combate de los delitos. Por razones de tiempo no se le da lectura al documento completo y por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: Título Sexto, de la Protección de los Intereses del Público. Artículo 117: "Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicios, salvo cuando las pidieren debidamente fundamentada y motivada, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en que el titular sea parte o acusado; el ministerio público local o federal, conforme a las facultades constitucionales de persecución e investigación de los delitos; la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública, los órganos de control locales, el Instituto Federal Electoral y las autoridades hacendarias federales y locales por conducto de la Comisión Nacional Bancaria. Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables en los términos de las disposiciones aplicables. Por violación del secreto que se establezca, las instituciones estarán obligadas en caso de revelación del secreto sin derecho a personas distintas de las mencionadas en el párrafo anterior, a reparar los daños y perjuicios que se causen, aunque tendrán la obligación de denunciar al ministerio público o autoridad competente las operaciones que consideren extrañas o que se realicen con recursos de probable procedencia ilícita. Lo anterior en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria toda clase de información y documentos que en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, le solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten". Transitorio. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. La Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinarán, conforme a sus competencias de regulación financiera, las actividades extrañas que permitan sospechar la comisión de algún ilícito, publicándolas a través de reglas generales en un término no mayor de 60 días naturales a partir de la vigencia de la presente reforma. Presidenta, solicito la inserción íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.