La diputada Araceli Damián González: Me da realmente pena estar en un Congreso en el que le aplaudan a quien no quiere presentar sus reservas para ya irse rápido, caramba, porque saben que está aquí la aplanadora. Pero bueno. Vengo a presentar reservas a la Ley de Víctimas en todos los artículos que están relacionados también con la situación de desplazamiento interno forzado. En marzo de 2011 comenzaron las acciones del primer movimiento social de víctimas, que reunió y movilizó a organizaciones e individuos de todo México. Tras meses de recorrer el norte y sur del país, lograron que los Poderes Ejecutivo y Legislativo comprendieran lo importante –cosa que no hicieron hoy– que era contar con una ley para proteger los derechos de las víctimas de la violencia, el abuso de poder y las violaciones de los derechos humanos, que la absurda guerra contra el narcotráfico iniciaba en el sexenio del panista Felipe Calderón provocó y sigue provocando. Esa ley además era un reconocimiento de la deuda que el Estado mexicano tenía con decenas de miles de personas desde hacía ya décadas. Como ocurre pocas veces en este recinto, se aprobó por unanimidad la legislación, pero el indolente Felipe Calderón, ¿verdad? Provocó que se vetara esta ley, lo que a final de cuentas conllevó a una controversia constitucional. En enero de 2013, se promulga la Ley de Víctimas, que hoy se busca reformar. La demanda de las víctimas es clara, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que esta ley creó, no ha hecho su trabajo. Debemos cambiar su estructura para hacerla más eficiente, pero hagámoslo escuchando a las víctimas que sufren todos los días la insensibilidad de quienes pretenden sustituir su derecho a la verdad y a la justicia por dinero. Por eso es que presento la reforma al artículo 86, además si quienes han estado a la cabeza de la Comisión Ejecutiva han sido omisos en su labor, no permitamos que puedan volver a ser designados. Por casi tres años decenas de organizaciones sociales han exigido la renuncia de los comisionados que han dejado a las víctimas en el desamparo. No cometamos el error de permitir que esto se mantenga, por eso es que se adiciona este artículo o fracción V, el que además de no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político dentro de los años, dos años previos a su designación, estos no puedan haber desempeñado el cargo de comisionado en la Comisión Ejecutiva, previamente. De igual forma, reconozcamos que la guerra contra el narcotráfico en México ha provocado desplazamiento forzado, como ya lo han señalado mis compañeras. No sólo desplazamiento interno, como se pretende decir en esta ley, estamos en periodo muy grave en materia de violación de derechos humanos. En cada rincón, en cada pueblo de nuestro país hay cientos de miles de asentamientos humanos que están vacíos por desplazamiento forzado. Hay que señalarlo, quedan cosas pendientes en esta reforma y Morena buscará que sean reconocidas en la Ley de Víctimas. Necesitamos que la Comisión Ejecutiva sea autónoma y no cuente con una Junta de Gobierno, sino con un Consejo Directivo. Necesitamos que no haya designación directa de comisionados a modo, sino convocatorias amplias e incluyentes para encontrar a la persona con el perfil adecuado para dirigir la Comisión. Y por supuesto, necesitamos sanciones claras para funcionarios que revictimizan y tratan sin dignidad y con negligencia a las víctimas. Sin estas modificaciones corremos el riesgo de que la Ley General de Víctimas siga sin funcionar a la altura de la crisis que existe en el país. Muchas gracias, presidenta.