El diputado Jorge Salgado Parra: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es innegable que la democracia representativa supone la existencia de instituciones jurídicas diseñadas para dar cauce perfecto a todas y cada una de las manifestaciones populares, ni más ni menos. Vivir en democracia requiere de la constante y permanente acción política de todos los integrantes de la comunidad, lo que significa que no sólo se ejerce ésta, la democracia al sufragar el voto, si no a día a día, momento a momento. La reforma político electoral de diciembre del pasado año 2013 se estructuró justamente con la premisa de crear nuevas formas de interrelación entre las distintas fuerzas políticas, pues la realidad histórica que vivíamos obligaba a replantear con responsabilidad el diseño institucional en el que se desarrollaban nuevas estructuras políticas, un diseño constitucional que fomentará la corresponsabilidad de distintos poderes y órdenes de gobierno en ejecución de responsabilidades públicas. Con independencia de su extracción política era inaplazable para consolidar una democracia de resultados. Se dijo entonces que la historia constitucional muestra la necesidad de adoptar ajustes periódicos, las instituciones exigen adecuaciones de los cambios culturales y correcciones a las desviaciones a las que inevitablemente se encuentran expuestas, aun hasta instituciones constitucionales semejantes o concebidas de la misma forma. Su actuar depende del tiempo y del espacio en que se encuentren y no hay instituciones que funcionen igual en todos los países ni en todos los siglos. Por ello, en la reforma que aquí se dictamina se reconoce la reciente historia política de nuestro país y se proponen adecuaciones para facilitar la corresponsabilidad de fuerzas políticas en las consecuciones de objetos nacionales. Dichas reforma tendrá, sin duda alguna, un gran impacto en nuestro sistema político electoral, pues atiende a las particularidades del desarrollo político y cultural que hemos venido enfrentando y que aunque corresponden al ámbito electoral es indudable que la misma deberá de armonizarse con los diversos derechos fundamentales de igual jerarquía involucrados y salvaguardar los principios y fines y valores constitucionales, tales como la democracia representativa en el sistema plural de partidos políticos y los principios de certeza y objetividad que deben regir la función estatal electoral. En consecuencia, la materia de la legislación que aquí se discute y a la que debemos de impulsar para su aprobación es de una importancia de primer orden, en la inteligencia de que en el Estado democrático de derecho la libertad política no consiste en un mero hacer representar, sino que se concreta en un derecho fundamental de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, directamente o a través de sus representantes libremente elegidos. Es decir, donde la participación y la voluntad se organizan y se manifiestan con la imprescindible concurrencia de los partidos políticos. Debo destacar la capacidad y el compromiso de quienes integramos esta LXII de Legislatura del Congreso de la Unión para generar los consensos necesarios en aras de lograr un objetivo común, el fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país y de nuestras instituciones. El desacuerdo natural propio de la existencia de diversas ideologías políticas representadas en esta soberanía no ha sido óbice para identificar aspiraciones comunes y acordar acciones conjuntas para concretar las mismas. Se ha privilegiado la existencia de adecuar la legislación electoral y sus instituciones a las condiciones actuales, sobre cualquier otro asunto en la agenda política de los diferentes partidos políticos nacionales, y sin duda el mayor éxito del esfuerzo realizado para la creación de una Ley General de Partidos Políticos será la contribución a la garantía de las libertades de nuestro país. Muchas gracias, diputado presidente.