El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En obvio de repetir lo que ya está inscrito en la Gaceta Parlamentaria sobre la iniciativa de reforma al artículo 85 del Código Penal Federal, voy a hacer algunas reflexiones únicamente. La comisión de delitos contra la salud en sus modalidades de producción, tenencia, tráfico y principalmente en lo que se refiere a la transportación de narcóticos, se ha incrementado significativamente desde principios de los años 90. En el 92 el legislador comienza un proceso de reformas a la legislación penal para tratar de contrarrestar el aumento a la incidencia delictiva mediante la aplicación de penas más severas. Hay que destacar que la delincuencia organizada diversificó sus redes y especializó a sus operadores y trazó nuevos caminos para evidenciar y evadir las acciones de procuración e impartición de justicia. Uno de estos caminos, es importante destacarlo, tiene que ver con la manipulación de las personas de origen humilde, que provienen de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad y donde son más involucrados es en los eslabones de la cadena delictiva, lo que se refiere a la transportación de los estupefacientes. Hoy, el número de estas personas que se encuentran sentenciadas en los reclusorios por esta modalidad de transporte de narcóticos es sumamente preocupante. Unos desconocían la carga que llevaban; otros, orillados por sus circunstancias económicas y socioculturales decidieron trasladarlas sin saber a lo que realmente se estaban enfrentando. Si hacemos un recorrido por los principales reclusorios de este país, nos vamos a encontrar que tenemos a miles de personas que están sentenciadas por este delito en su modalidad de la transportación. Lo más desagradable de esto, es que estas personas no tienen acceso al beneficio de la libertad preparatoria por no reunir los requisitos que marca la Ley en lo que se refiere a la primodelincuencia. Entiéndase que este concepto tuvo su origen en una solución que el legislador permanente buscó para controlar el problema del narcotráfico, solución que pretendió inhibir la conducta antijurídica sin un resultado palpable hasta esta fecha. Ha quedado demostrado que el combate al crimen organizado a través del endurecimiento de las penas no ha sido eficaz. El beneficio de la libertad preparatoria no debe ser restringido, pues su fin mismo es precisamente que las personas recluidas trabajen en su mejoramiento como seres humanos para una futura reincorporación con la sociedad y esto es manteniendo una buena conducta durante la ejecución de su sentencia y cumpliendo con las tres quintas partes de su condena. Esto debe ser más que suficiente. El artículo de referencia, el 85 del Código Penal Federal dice que no se va a conceder la libertad preparatoria a aquellos que en el delito contra la salud y en su modalidad de transportación, sean primodelincuentes. Y aquí habría que ser más certero en las reflexiones. La delincuencia está avanzando en caminos alternos para evadir la justicia y uno de ellos es aprovechándose de las carencias económicas que tienen grandes sectores de nuestra población. Yo preguntaría ¿debemos hacer válido y fáctico el beneficio de libertad preparatoria? Yo digo que sí. Sigo preguntando ¿debemos los legisladores perfeccionar el tipo penal, en particular para atender a aquellas personas que por su situación económica y cultural se vean afectadas? Sigo diciendo que sí, siempre y cuando no hayan sido condenados con anterioridad por un delito doloso con sentencia ejecutoriada. Si uno revisa las estadísticas, encontraremos casos de sentenciados que no pueden acogerse a este beneficio porque tienen delitos culposos, generados muchas veces por descuidos de ellos mismos. Un ejemplo de los muchos que existen, si nos vamos a los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el porqué le niegan este beneficio, puede ser —y en muchas ocasiones nos hemos encontrado— por simples accidentes de tránsito de vehículos, donde han sido delitos imprudenciales. Según cifras del Ejecutivo federal, la población penitenciaria actualmente es de aproximadamente 208 mil internos. Su crecimiento gira anualmente alrededor del ocho por ciento, es decir entre 15 y 20 mil personas por año. Un porcentaje significativo de estas personas son transportistas de este narcotráfico. Por último, quisiera recordarle a esta soberanía que el actual titular del Ejecutivo federal cuando respondió el cuestionario enviado a los entonces candidatos a la Presidencia de la República en el programa Diálogos de México, coincide con hacer una revisión a la legislación penal mediante modificaciones al esquema que autoriza la libertad anticipada. Y entiéndase el beneficio que habrá para un grupo de la población penitenciaria vulnerada por el crimen organizado. Por lo tanto, concedamos la libertad preparatoria si los sentenciados cumplen con los requisitos de la legislación penal. Hagamos, pues compañeras y compañeros legisladores, accesibles a este beneficio a quienes anteriormente no hubiesen sido condenados en sentencia ejecutoriada por un delito doloso. Gracias por su atención. Es cuanto, señor Presidente.