La diputada Olga Catalán Padilla: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hoy presento ante ustedes dos iniciativas que reforman diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley General de Salud y a la Ley de Asistencia Social. En el país el índice de violencia que presenta hacia las mujeres por razones de género va en aumento. A diario se lee y ve en los medios de comunicación que al menos tres mujeres fueron asesinadas, siendo su muerte violenta y con señales de abuso. Tan solo en el estado de México, en 2016 se registraron 263 posibles feminicidios, convirtiéndose esta entidad en uno de los estados más peligrosos para millones de mujeres que lo habitamos. Dicha situación no es exclusiva del estado de México, lamentablemente el número de feminicidios y la brutalidad de los responsables han acaparado a todas las entidades atrayendo la atención de la sociedad. Una de las razones por las cuales la violencia en contra de las mujeres se ha vuelto más latente es la demora en la activación de la alerta de género, es decir, la falta de acciones emergentes que contengan la situación de violencia, por razones de género, en la que vivimos. De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, el proceso de declaratoria de alerta de violencia de género para las entidades puede tardarse hasta nueve meses, por lo que este órgano menciona que esta herramienta no puede ser considerada una acción de emergencia. Dentro de los impedimentos para activar dicha alerta destacan principalmente la resistencia de los gobiernos locales para admitir que existe un problema en su entidad, aunado a trámites burocráticos engorrosos, las prórrogas para la entrega de documentos o respuestas por parte de las autoridades de las entidades, e incluso voluntades políticas. La ley presenta algunos vacíos, dentro de los que se observan los mecanismos de sanción para aquellos servidores públicos que entorpecen el desarrollo de la activación, implementación y evaluación de la alerta de género. Para garantizar el cumplimiento, tanto de la ley como de su reglamento, además de fortalecer el sistema de control y para cuando proceda se aplique la sanción correspondiente a los responsables, siguiendo las formalidades y garantías de los servidores públicos infractores, es necesario regular el comportamiento de estos. Por otro lado, la violencia que se ejerce contra las mujeres en cualquiera de sus tipos es considerada como un factor de empobrecimiento, pues condiciona la vida de las mujeres. Es necesario garantizarles un bienestar mínimo de seguridad, debido a que uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia es que su sostenimiento económico y el de su familia en muchas ocasiones dependían económicamente de su pareja o no cuentan con experiencia laboral. La asistencia social es un vector institucional sensible y cercano a las problemáticas de las comunidades, de ahí la obligación de extender sus beneficios hacia las mujeres que viven en situación de violencia, pues desde hace muchos años pertenecen a uno de los grupos más expuestos a situaciones de vulnerabilidad y marginación. Es por todo lo anterior que una de las iniciativas que presento ante esta soberanía propone anexar al último capítulo de la ley las sanciones a las que estarán sujetos todos aquellos servidores públicos que se encuentran involucrados de manera directa o indirecta en la emisión, implementación y evaluación de la alerta de género. Y la otra, propone que todas aquellas mujeres víctimas de violencia sean consideradas como grupo sujeto de asistencia social, pues se encuentran en situación de necesidad, indefensión y desventaja, lo que les impide lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Es cuanto.