El diputado Horacio Emigdio Garza Garza: Compañeros diputados y compañeras diputadas. A nombre de la Comisión de Hacienda presento el siguiente posicionamiento sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley Orgánica el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Los usuarios de los servicios bancarios exigen tener acceso a más y mejores servicios financieros, así como a menores costos por tales servicios, de ahí la importancia de reformar y actualizar las leyes bancarias que permitan cumplir estos objetivos. El dictamen con las reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos que hoy se somete a consideración de esta soberanía y que es el resultado de numerosas reuniones que llevó a cabo el grupo de trabajo que se constituyó para este propósito, representa un avance en esa dirección. Las reformas que se proponen estimulan la competencia bancaria y se complementan con nuevos esquemas más eficientes de regulación y supervisión en el sistema financiero mexicano. Con ello se busca impulsar y contar con una banca sólida y eficiente, para que cumpla adecuadamente su función básica que es captar ahorro y otorgar crédito. Los aspectos principales de la reforma consisten en la creación de la banca especializada o de nicho, la precisión de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia bancaria, y la incorporación al texto de la ley de algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de no ser considerados podrían generar inconsistencias con la normatividad vigente. Respecto a la creación de la banca especializada, cabe señalar que el esquema vigente designa cargas regulatorias idénticas a las instituciones de banca múltiple, sin reconocer las diferencias que existen en cuanto a la operación de ambos tipos de banca, lo cual incide en costos regulatorios excesivos para las instituciones bancarias que realizan sólo ciertas operaciones para el público. Con la reforma que se somete a su consideración, los bancos podrán elegir entre ser instituciones autorizadas para llevar a cabo la totalidad de las operaciones, o bien, por instituciones que lleven a cabo, a su elección, sólo algunas operaciones que le permita la ley, o que atiendan exclusivamente a un sector específico del mercado. Así, la regulación de cada banco estaría acorde con el tipo de operaciones a realizar y con las actividades y productos que ofrezca al público usuario la posibilidad de incrementar o disminuir, en su caso, el número de operaciones a llevar a cabo. Cabe mencionar, que el esquema propuesto ya funciona en diversos países, y en el nuestro el Poder Legislativo ha aprobado en fechas recientes reformas al marco regulatorio de este sistema, tales como la creación de las entidades de ahorro y crédito popular y en la nueva Ley del Mercado de Valores y en las casas de bolsa. Hemos de subrayar que el esquema propuesto permitirá reducir las barreras de entrada, lo cual permitirá una mayor competencia entre las instituciones de crédito, redundando así en mejores costos y comisiones, y que el público usuario tenga acceso a más y mejores productos. Por lo que corresponde a la realineación de facultades entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda, la Ley de Instituciones de Crédito que se reforma, establece una reasignación de facultades a la propia secretaría en materia de regulación, control y vigilancia, que resulta ineficiente en algunos aspectos, provocando que sus intermediarios financieros deban acudir a diversas ventanillas, lo cual, además, le resulta costoso. Por tanto, se propone transferir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, facultades que actualmente ejerce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como para otorgar autorizaciones para la organización y operación de las instituciones de banca múltiple o la emisión de regulación secundaria cuyo propósito es lograr mayor eficiencia y rapidez en los procedimientos administrativos a que están sujetas las instituciones de banca múltiple, y al mismo tiempo, de eliminar o reducir procedimientos que puedan llegar a ser redundantes y obstaculicen el funcionamiento de las instituciones bancarias. Es decir, se busca contar con un organismo sólido, que abarque el ciclo regulatorio y de supervisión completo, que adapte la regulación de forma rápida y flexible al contexto económico nacional, y que sea el único responsable de la regulación y supervisión de los intermediarios bancarios y que actúe a través de procesos claros, oportunos y eficientes. Respecto a los criterios que en materia bancaria ha emitido al declarar la Suprema Corte de Justicia inconstitucionales ciertas facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las reformas precisan criterios y características que deben contener las disposiciones de carácter general que emita dicha comisión, con el propósito de hacerlas acordes a los actuales criterios que sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las autorizaciones que otorgue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán tener como finalidad, propiciar el sano desarrollo del sistema bancario y atender el diseño exigido por el orden constitucional para las reglas generales administrativas. Otras reformas que someten a la consideración de esta soberanía, son los criterios que deben contener las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto a la adquisición directa o indirecta por más del 5 por ciento del capital social ordinario pagado de una institución de banca múltiple. Otra propuesta, consiste en la determinación del plazo para que surta efecto la cancelación de servicios de domiciliación, acotados supuestos bajo de los cuales puedan contratarse bajo de los cuales puedan contratarse la prestación de servicios, sin afectar los derechos de los actuales trabajadores del sector bancario y permitir a los bancos que sean agentes distribuidores de seguros. En este contexto, compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que presentamos a su consideración permitirá mejorar el funcionamiento y desarrollo del sector bancario en beneficio del público ahorrador y de los sectores productivos del país. A continuación, agregamos dos apartados: uno en la exposición de motivos y una modificación que se incorpora al proyecto de decreto. El primero es sobre el artículo 39 que dirá: Por lo tanto esta reforma aplicará a las ventas de cartera que se realicen posteriores a la entrada en vigor de este decreto. Y la segunda, es un agregado al artículo 93 donde al final del párrafo dirá: A los cesionarios les será aplicable la normatividad que regula a las instituciones financieras de esta materia, además de otras consideraciones que están contenidas en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.