EL DIP. LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA: Compañeras y compañeros legisladores: El tema por el que me inscribí para hablar en la pasada sesión y por razón de tiempo no tuve la oportunidad de abordar, sigue teniendo vigencia. La lucha de medio siglo de los ex-braceros por recuperar sus ahorros, que los ha conducido desde de plantear un juicio al Gobierno Norteamericano, acudir al Congreso Mexicano donde los legisladores han presentado hasta tres iniciativas de ley para buscar solucionar este complejo asunto, hasta acudir con gesto desesperado a los partidos políticos, buscar el compromiso de intermediación de la Iglesia Católica a través del Cardenal Norberto Rivera Carrera, participar en una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación en el actual sexenio hasta hacer movilizaciones a las oficinas del Gobierno para que la sociedad sepa de su existencia y de su aspiración a sobrevivir en rigor, esta lucha no ha encontrado una vía de solución. La respuesta del Gobierno ha sido simplemente burocrática y evidencia el desdén que se da al reclamo de estos humildes mexicanos. Resulta preocupante que el Gobierno argumente que el de los ex-braceros es un problema del Congreso, que nosotros no previmos los fondos para darle una solución, es inquietante que el Secretario de Gobernación Santiago Creel, haya dicho que se haría hasta lo imposible para apoyarlos y en el mismo día, el Subsecretario Ramón Martín Huerta, los haya desahuciado afirmando que no se les debe nada. Desde mi perspectiva se requiere seriedad y responsabilidad en el encauzamiento de un problema que no es menor. Al margen de la discusión de qué gobierno tuvo la culpa en este agraviante descuido, de si hubo desmayos en la irrupción al rancho de la familia Fox, en una acción que viola el estado de derecho y con la que definitivamente no estamos de acuerdo, hay un argumento de fondo: las pruebas y testimonios que indican que entre 1942 y 1946, se suscribieron convenios de contratación con Estados Unidos, en el llamado "Programa Bracero", promovidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que contemplaba el descuento de un 10% de su salario para constituir un fondo financiero que permitiera que a su retorno, nuestros campesinos pudieran incorporarse a la vida productiva con mejores perspectivas. El fondo de ahorro del 10% salarial, era descontado semanalmente a cada uno de ellos; se transfería desde San Francisco, California, a través del Wells Fargo Bank al Banco Nacional de Crédito Agrícola que se convirtió en 1975, siendo Banco de Crédito Ejidal, en Banco de Crédito Rural. Pero también al Banco Nacional del Ahorro, en el caso de los trabajadores no agrícolas a quienes sí se les liquidó su fondo de ahorro. Los documentos históricos rescatados por una Comisión del Congreso de la Unión, que investigó los hechos, prueba que hay un fundamento legal en el convenio avalado jurídicamente por los gobiernos de México y de Estados Unidos. Si esto es verdad, entonces que el gobierno asuma su responsabilidad con seriedad y plantee una estrategia para solucionar este delicado asunto y no salir con la ligereza lamentable de echarle la culpa al Congreso o negar la existencia del problema. Muchos de los protagonistas de entonces, ya no están, pero los que quedan, sus herederos, reclaman su derecho a recuperar un dinero que es suyo. Su petición no sólo es legal, sino legítima. Y más allá de cualquier discusión en torno al monto de lo demandado, lo pertinente es encontrar las respuestas que solucionen el problema. No hay ninguna excusa para perpetuar una injusticia. Nosotros como legisladores tenemos que estar pendientes de cualquier asunto que afecte a la sociedad, particularmente a los más pobres. La justicia no es un derecho que se escriba, ni está sujeta a la buena voluntad o al ánimo de quienes gobiernan. La búsqueda de una solución al fraude cometido en contra de los campesinos migrantes que participaron en el llamado "Programa Bracero", implica realizar una minuciosa investigación que despeje todas las dudas sobre el mecanismo de transferencia de recursos y las instituciones bancarias en donde se encuentran estos depósitos. Ha sido por eso muy pertinente que esta Soberanía decida la conveniencia de integrar una comisión que investigue el padrón real de beneficiarios, determine la responsabilidad jurídica del Estado Mexicano y establezca un esquema financiero para devolver a estos campesinos migrantes estos recursos que demandan como suyos. Sin embargo, este asunto donde el asistencialismo de programas como el de Adultos Mayores, del Seguro Popular y de Visas para poder ingresar a los Estados Unidos, es la respuesta a la legalidad de quienes han agotado su vida y su tiempo tratando de recuperar algo que el gobierno les está arrebatando, este asunto, digo, nos obliga a revisar a fondo el tema migratorio. Los temas de la sucesión presidencial adelantada, de las aspiraciones de la señora Fox, seguramente llaman a curiosidad y hasta a la apasionada discusión de quienes ven en esta actitud un despropósito. Pero el problema de los que tienen la necesidad y la razón de emigrar de su patria, es más importante. Por eso los legisladores tenemos que proponer una vía de solución con la prioridad que nos merece su complejidad. La aportación de estos trabajadores a la estabilidad económica y política del pueblo norteamericano y mexicano, no ha sido suficientemente reconocida. Aún ahora, los trabajadores migratorios están aportando al desarrollo del país, más de 13 mil millones de dólares. Como entonces, hoy los pobres siguen salvando los pobres de nuestro país. Por esas razones tenemos que volcar nuestro interés en el estudio a profundidad del tema, evaluar los beneficios para ambos países, pero también el reiterado menosprecio a los derechos humanos de nuestros compatriotas. El fenómeno de la inmigración que no es un hecho nuevo ni aislado de nuestra región, es un desafío para todo, pero sobre todo, es un reclamo al fracaso de los programas gubernamentales que son incapaces de encarar de manera adecuada y justa las causas estructurales de la miseria que expulsan a los ciudadanos más vulnerables. Nuestra responsabilidad es defender la vida y los derechos laborales de los nuestros y cuidar que no se siga repitiendo hoy con sus remesas, lo que aconteció hace más de medio siglo con los ahorros de quienes vinieron a demandar justicia y los obligaron a pedir perdón por exigirla. En las democracias contemporáneas, el papel del Congreso rebasa la producción legislativa y se ha convertido por su propio derecho en el centro de resonancia de la conciencia nacional. Por eso los legisladores no podemos permitir ningún atropello a la sociedad, pero con mucha más razón, que se siga vulnerando el derecho de los más pobres. No permitamos que las injusticias se hagan infinitas; este problema nos hace conciencia de lo mucho que tenemos que hacer todos. Respondamos con los argumentos de la solidaridad y no con las armas de la intolerancia. Es cuanto, señor Presidente. - EL C. PRESIDENTE. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el señor diputado don Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. - EL C. DIP. LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN. Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: Los flujos migratorios de diferentes entidades federativas de nuestro país hacia los Estados Unidos de Norte América, se han convertido en una situación normal y cotidiana. La estructura poblacional de los estados de Durango, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, por mencionar sólo algunas entidades, presentan una dinámica muy particular. En algunas la población y economía local depende sustancialmente de los recursos que nuestros migrantes envían a estas comunidades. La dinámica poblacional presenta ambiente quasi fantasmal, como resultado de este intenso proceso migratorio a tal grado que se han convertido en pueblos con población de edad avanzada, ya que los habitantes que quedaron, se han envejecido y son personas de la tercera edad. En la actualidad, la importancia que para nuestro país tienen los recurso que envían nuestros migrantes, es de primer orden. Estos representan una de las más importantes entradas de divisas a tal grado que se han convertido en la segunda fuente de ingresos después de las exportaciones petroleras. No hay duda que los ingresos que nuestro país recibe en remesas de billete verde que vía nuestros connacionales a México han desplazado a otros rubros tan importantes como la inversión extranjera y el turismo. Al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos preocupa profundamente saber que importantes grupos de nuestros migrantes, que abandonaron nuestra tierra y sus hogares en busca de mejores niveles de bienestar en las décadas de los 40´s, 50´s y 60´s sigan todavía manifestándose públicamente con el fin de reclamar legítimamente los fondos de ahorro producto de su trabajo y que fueron enviados a nuestro país en esos años. Estos fondos de ahorro son el resultado del descuento que el gobierno estadounidense aplicaba a razón del 10 por ciento del salario que cada uno de nuestros trabajadores percibía por medio de cheques. Dichas cantidades eran enviadas a territorio nacional a través del Banco Wells Fargo, quien lo transfería a bancos mexicanos. Este programa, que duró hasta el año de 1964, fue un acuerdo oficial entre el gobierno mexicano y norteamericano, destinado a permitir que los trabajadores mexicanos laboraran en los campos de los Estados Unidos con el fin de reemplazar temporalmente a los trabajadores estadounidenses que en ese tiempo habían partido a la guerra. Los demandantes estiman que la suma descontada de sus cheques y después desaparecida, podría llegar a un monto aproximado de 500 millones de dólares. Dicha remesas de dinero han pasado por diversas instituciones financieras como son el Banco Ejidal, el Banco de Crédito Agrícola que a la postre se convertiría en el Banco de Crédito Rural, Banrural, mismo que hoy se ha transformado en Financiera Rural. El caso que nos ocupa evidentemente no encuentra respuesta satisfactoria por parte de los funcionarios del gobierno federal ni de parte de los funcionarios bancarios. Esta situación vergonzosa tiene que ser solucionada. Los braceros entraron a ese país no solo legalmente, sino como invitados de América. Ellos hicieron un gran servicio para aquella nación y para la nuestra, pero en vez de reconocerlos y honrarlos por su contribución a nuestra prosperidad contínua se les extravió su sueldo. Por lo que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se adhiere a la proposición para constituir una comisión que se encargue de investigar los recursos de fondo de ahorro de los ex braceros mexicanos. Por su atención, gracias. -