EL C. DIP. JOSE ELIAS ROMERO APIS (PRI): Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea; señor Procurador: En el Partido Revolucionario Institucional creemos y consideramos que la forma de gobierno, el federalismo, la democracia, el equilibrio de poderes, la soberanía y el desarrollo, están inseparablemente ligados con la seguridad de la nación, con la supremacía real de la Constitución, con la protección jurídica del individuo, con la cultura de la legalidad y con el control integral de las potestades públicas, A esa relación indisoluble la llamamos estado de derecho. En consecuencia con nuestros principios ideológicos, reconocemos que el Estado como la nación es una tradición que no puede canjearse por modas o por innovaciones cotizables a base de oferta, de demanda o de imitación. Puede existir una economía de mercado, pero no un estado ni una justicia de mercado. Reconocemos también que en el asunto de la justicia, particularmente en el de la procuración, los mexicanos hemos invertido en dinero, en vida, en esfuerzo y en sufrimiento lo que en otros países sólo lo reclamaría un estado de guerra. También, ciertamente, se ha avanzado en el campo de la mejoría de las instituciones procuradoras. En el caso de la federal vale resaltar que se han obtenido resultados en la profesionalización, la especialización, la modernización de las estructuras, el mejoramiento de la atención victimológica, la ampliación de los servicios a la comunidad, la mayor participación en el entorno preventivo y la mayor presencia no penal del Ministerio Público, así como en la modernización tecnológica, la mejoría de los salarios y prestaciones y la mayor presencia en el entorno social. Sin embargo, junto a esas fortalezas todavía existen debilidades que debieran ser remitidas o de lo contrario se corre el riesgo de que éstas ensanchen su espacio en un detrimento institucional global. Ellas son las dimensiones institucionales no correspondientes con los requerimientos, la desarticulación orgánica y funcional, la carencia de procedimientos internos consistentes y la calidad poco uniforme, la precariedad del sistema de control, la corrupción en los bajos niveles operativos, la falta de inteligencia institucional, la atención ciudadana deficiente, la carencia de un diagnóstico de la situación delictiva y de las causas criminógenas, las leyes obsoletas y anticuadas y la dispersión en la lucha contra el crimen organizado. Debe reconocerse que hoy en día hay el consenso más amplio de que la sociedad mexicana vive en una situación que va desde el temor hasta la indignación, porque convive con una fractura de su estado de derecho, derivada de diversas causas. En primer lugar convivimos con una criminalidad que se ha decidido a actuar con un muy lamentable pero muy razonable cálculo de seguridad. La capacidad oficial para investigar con éxito los delitos denunciados hagamos a un lado los no denunciados nos dicen que las cifras mexicanas de impunidad difícilmente pueden ser superadas en otra latitud. A ello se agrega un sistema procesal desequilibrado, lento, difícil, rígido y con otros vicios, que lo hacen muchas veces inaccesible, caro y desesperante. En tercer lugar está la ilicitud no delincuencial, que genera el espacio para que no paguemos lo que debemos, para que no cumplamos lo que prometemos o para que no respetemos los derechos de los demás, es decir, la barbarie entronizada. Existen también avisos de desvío de autoridad, generados a partir de la confusión entre política y derecho, de que los fines justifican los medios y de que el interés político debe triunfar con la ley, sin la ley o contra la ley. En quinto lugar hay síntomas de arbitrariedad, esa indebida flexibilidad para que la ley no se aplique a todos o a todos, pero no de igual manera o para que se acomode al gusto o al beneficio de cada quien, es decir, la ley guanga, la ley sirviente, la ley no ley. También existe la corrupción progresiva que en un principio histórico actu6 a escondidas de la autoridad, que más tarde actuó con el conocimiento pero también con el consentimiento de la autoridad y que hacia el futuro pretende substituirla y sentar a alguien de su grey en el sillón de la autoridad. Un séptimo adversario es la lenidad, blandura injusta que considera que la ley carece de razón porque su incumplimiento ha ganado terreno de tradición, de costumbre o de cultura. No puede soslayarse la apatía institucional hacia la justicia, que ha anidado en el bajo nivel y en las muy altas esferas de la política, del tesoro y de la administración. En noveno término se presenta una profunda ineficiencia que proviene de factores que van desde el tamaño de las instituciones y sistemas correspondientes hasta la penuria presupuestal, profesional y organizacional. Por último debe mencionarse una muy profusa y lamentablemente muy profunda cultura de la ilegalidad que hace que muchos mexicanos no crean hoy en día en la justicia como un valor especial de la vida. Esas diez causales hacen que sea necesario actuar sin mayor dilación por lo menos en siete frentes prioritarios de actuación concrecional en materia de justicia. En primer término la nación requiere contar con políticas integrales en materia de estado de derecho que agrupen los esfuerzos que hoy se encuentran dispersos en una misma potestad de gobierno y ensamblarlos con las otras potestades sin violentar desde luego la esencia del federalismo además de conjuntarlas con la acción civil de la sociedad, En segundo lugar se requiere que la reforma estructural de las normas coincida con la reforma funcional del sistema. En tercer lugar es importante una profunda simplificación jurídica que reduzca las posibilidades de interpretación y aplicación equivocas a través de la eliminación de trámites y requisitos innecesarios. En cuarto lugar para la vigorización del estado de derecho y de justicia es conveniente ampliar las posibilidades de protección de equilibrio dentro de la contienda. En quinto término para el logro de una mayor seguridad jurídica se requiere fortalecer todo el sistema de previsión de daños en las personas, en sus bienes, en su honor y en sus derechos y lograr que en caso de daño, exista la respuesta idónea y oportuna de restitución, de indemnización y de punición. En sexto término se requiere de la mejoría de las profesiones jurídicas en cuanto a programas, a prácticas, a vocaciones, a propósitos, a desarrollo, a calificación y a colegislación. Por último se requiere revertir una cultura de ilegalidad que ha hecho que muchos mexicanos y quizá cada día más, consideran que someterse al imperio de la ley es un signo de debilidad, o que inculcar en los hijos principios de legalidad es inutilizarlos para el futuro, o que buscar soluciones en el cauce legal es complicar los problemas. Honorable Asamblea, No se podría permitir que el asunto de la justicia fuera el último de la Agenda Nacional. Si aceptáramos que en México todo va bien excepto dos cosas, casi todos los mexicanos estaríamos de acuerdo que en México va muy mal la pobreza y va muy mal la justicia. De ahí la importancia del desarrollo productivo para rescatar al hombre de las fauces de la miseria, pero junto a ellos se requiere reconstituir nuestro sistema de justicia porque salvo unos cuantos mexicanos, por su jerarquía, por su influencia o por su dinero, el resto vivimos en el riesgo de la injusticia. Esto quiere decir que no s61o una gran parte de los mexicanos son muy pobres sino que casi todos somos inaceptablemente muy débiles frente a muy pocos mexicanos que no sólo son muy ricos sino que además son indebidamente muy poderosos. Esto implica pues, que hoy en día la justicia y el desarrollo también se asocien indisolublemente con al democracia, ya no sólo como un asunto del tener sino como una cuestión del poder, ya no sólo como un programa de repartición sino como un proyecto de participación; con la democracia se logra lo que deseamos, con la justicia se logra lo que debemos. La democracia es la entronización del querer y la justicia es la entronización del deber y la conjunción de ambas nos lleva a la libertad, porque mientras más obedezcamos a las leyes, menos tendremos que obedecer a los hombres. Así queda dicho, señor Presidente. (aplausos)