La diputada Martha Edith Vital Vera: Gracias. Con su venia, señora Presidenta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución noble, así lo precisa el objeto de protección que tutela en pocas palabras: la comisión resguarda la dignidad del ser humano. Es el único competente en nuestro orden jurídico mexicano para detener el abuso o injusticias provenientes del Estado en contra de los ciudadanos. Por lo anterior, cualquier proyecto tendiente a fortalecer el mejor cumplimiento de las labores constitucionales y legales de la comisión es siempre bienvenido. No obstante, el análisis correspondiente debe ser muy agudo para no crear procesos o competencias huecos que en lugar de procurar los derechos fundamentales los minimice, desalentando a los titulares de los derechos subjetivos por apreciar que la queja entablada no haya sido útil o bien duerma el sueño de los justos. Por lo anterior agradan las ideas plasmadas en el dictamen que tenemos en discusión, el cual primordialmente respeta la tradición del ombudsman y/o defensores del pueblo, es decir, una institución proveniente de modo indirecto del Estado, con carácter autónomo, con fortaleza moral y sin facultades coercitivas o vinculatorias para hacer cumplir sus determinaciones. En este contexto, la eficacia de las instituciones no proviene de una coercitividad como sí acontece con los órganos del Poder Judicial, sino del respaldo de la opinión pública, gastada la razón de la autoridad moral. Por lo cual, debe tenerse en consideración que el dictamen lo que propone no es la coercitividad radical pura y dura, sino un medio competencial asignado a la comisión, para que quien viole el régimen humano, que debe ser una autoridad pública, acuda en ánimo de la rendición de cuentas ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Atendiendo la representación federal constituida en esta colegisladora, se puede someter a exámenes las razones de la alteración de los derechos humanos o derechos fundamentales. El fin es que sin ánimo coercitivo, la comisión no solamente devele la violación e, incluso, emita su resolución no vinculatoria, sino requerirle al Senado o a la Comisión Permanente si es que el procedimiento se lleva a cabo fuera de los periodos ordinarios de sesiones, o en la legislatura de las entidades federativas o a la asamblea legislativa del Distrito Federal, citar al funcionario para que éste explique las razones por la cuales se niega a cumplir la recomendación de la comisión. Como se aprecia, el trámite, la comisión no vulnera su tradición de no coercitividad, simplemente se le asigna una competencia más a través de la cual su presión genera la intervención de la cámara correspondiente para obligar al sujeto activo a la no violación. Creemos que la realidad propia de la administración pública mexicana e, incluso, la operatividad de otras instituciones de otros poderes, hace necesaria una medida como la de este tipo, pues hasta este momento las autoridades bien pueden hacer caso omiso a las recomendaciones. Ahora, con esta reforma propuesta se esperará que los cumplimientos respectivos a las comisiones aumenten, proporcionando así un respeto mayor, y por qué no, a lo mejor absoluto a los derechos humanos. Por estas razones, y para que el sistema del derecho sea más completo y eficaz, y se vele siempre por la protección de las personas, es que la bancada del Partido Verde Ecologista de México dará su voto a favor en el presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.