La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. El 31 de marzo de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual impuso nuevas y negativas condiciones a cumplir para el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social correspondientes a las y los trabajadores al servicio del Estado. Derivado de lo anterior fueron interpuestos cerca de 100 mil juicios de amparo que representaron el descontento y la queja de aproximadamente 700 mil personas inconformes con las nuevas políticas laborales, cifra que de manera negativa impuso un récord de atención para el sistema jurisdiccional mexicano. En primera instancia, la protesta fue liderada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; sin embargo, las inconformidades y posteriores demandas pronto fueron permeando entre diversos sectores laborales; como los académicos de universidades, jueces, magistrados, empleados de confianza, trabajadores administrativos, técnicos; y en general, servidores públicos de la mayor parte de las dependencias del país, quienes ocurrieron ante las instancias legales con la intención de reivindicar los derechos laborales vulnerados por la nueva legislación. Entre las principales quejas al nuevo ordenamiento resaltó su carácter retroactivo, el establecimiento de una base salarial diferenciada para el otorgamiento de las pensiones y la suspensión de los servicios médicos por el incumplimiento de las obligaciones administrativas de las dependencias. La entrada en vigor de la ley presentó molestias para un gran número de trabajadoras y de trabajadores, quienes realizaron diversos foros para informar sobre lo perjudicial de la ley, al mismo tiempo que llevaron a cabo movilizaciones sociales a lo largo del país, actos que motivaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera atraer el caso para analizar y resolver sobre la constitucionalidad del contenido completo de la ley. Derivado de dicho análisis la Corte determinó por medio de múltiples tesis jurisprudenciales en materia constitucional y laboral que los artículos 25, segundo y tercer párrafo; 60, último párrafo; 136; 251; y décimo transitorio, fracción IV, fueran redactados en contravención a los principios rectores del derecho social consagrados en nuestra Constitución, por lo cual debería concederse el amparo y la protección de la justicia federal. Lo anterior representó una victoria únicamente para las trabajadoras y los trabajadores que interpusieron el amparo, puesto que de acuerdo al principio de la relatividad de la sentencia dispuesto tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo. Las sentencias solo benefician a quienes promueven el juicio, por ello a pesar de que los artículos fueron declarados inconstitucionales, en tanto no sean abrogados o modificados, son aplicados a las personas que no se ampararon y a quienes comenzaron a prestar sus servicios con posteridad a la entrada en vigor de esta ley. En atención a dicha circunstancia el 12 de noviembre de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el artículo 25 de la Ley del ISSSTE, mismo que recogiera solo una de las tesis jurisprudenciales promovidas por la Corte sin que a la fecha se hayan tomado en cuenta las demás. En lo anterior descansa la importancia de la presente iniciativa, porque al reformar los artículos 60, 136, 251 y décimo transitorio, en atención al espíritu constitucional de las interpretaciones provistas por la Suprema Corte de Justicia, podrán ser corregidas las omisiones legislativas que desde 2007 motivaron la sistemática violación de derechos humanos de las trabajadoras y de los trabajadores al servicio del Estado. Es menester recordar que, de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución, las y los integrantes de los Poderes de la Unión estamos obligados a respetar y hacer respetar el correcto ejercicio de los derechos humanos. Por lo cual, en el ámbito de nuestra competencia, resulta urgente corregir la legislación federal que ha sido tildada como inconstitucional, a efecto de que cesen los perjuicios que ocasiona a la población que se ubica bajo estos supuestos. Es cuanto.