El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. Los suscritos diputados federales Carlos Alberto García González, Javier Martín Zambrano Elizondo y María Sofía Castro Romero, integrantes de la LX Legislatura y pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorren los demás párrafos al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar a rango constitucional una política económica para la competitividad, bajo la siguiente Exposición de motivos La competitividad se ha hecho una necesidad impostergable en todas las economías del mundo, tanto los gobiernos como las empresas impulsan políticas y estrategias para elevar y extender las ventajas competitivas. Así, hoy en día la competitividad juega un papel fundamental en el crecimiento con desarrollo de cualquier país, ya que cuando un país es competitivo, la rentabilidad de las empresas se incrementa, situación que se ve reflejada en el bienestar de la sociedad. La competitividad, como la define el Instituto Mexicano de la Competitividad, es la capacidad que tiene un país de mantener y atraer inversiones; sin embargo, considero que esta definición es algo limitada. La competitividad también es consecuencia de la productividad, entendida como la capacidad de producir más bienes o servicios con menos recursos, permitiendo mejores costos de producción y menores precios al consumidor. Este Congreso ya reconoció esta tarea pendiente e indispensable para México, ambas Cámaras ya instalaron sus comités para promover e impulsar las reformas que eleven y extiendan la competitividad del país y de sus empresas; no obstante, la competitividad en nuestro país se ha ido rezagando ante las exigencias que la globalización impone a los mercados y a las empresas. Así lo demuestra el índice de competitividad que emite el Instituto Mexicano de la Competitividad, en donde lamentablemente México se ubica en el lugar número 33 de una muestra de 45 países. Bajo este contexto parece que no existe una política económica para la competitividad de Estado, las políticas públicas no van encaminadas a resolver los problemas estructurales, hay una visión de corto plazo. No desarrollamos la economía y a las empresas, preferimos importar los procesos productivos, los bienes con mayor valor agregado, la innovación y la tecnología, que hacerlos o inventarlos aquí en el país. Esta falta de visión empresarial y de innovación nos ha colocado en una posición muy desventajosa a nivel internacional que no podremos revertir en los próximos años si no hacemos cambios radicales en las políticas públicas del país. Los ciudadanos nos demandan a nosotros como diputados un crecimiento con desarrollo económico constante e integrador, pero para lograrlo debemos de inyectar principios de competitividad en toda la estructura económica del país. Así ya lo ha recomendado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las políticas públicas del Estado mexicano tienen que erigirse como unas verdaderas promotoras de la competitividad; facilitando el comercio y la inversión productiva; impulsando una mejora regulatoria; abasteciendo energéticos a precios competitivos; generando mayor inversión en innovación y tecnología; elevando la educación y la capacitación; fomentando el ahorro interno y con ello a la inversión, entre otras muchas más. En esta tesitura se hace necesario que todas las políticas públicas emanadas del Ejecutivo como del Legislativo en materia fiscal, energética, laboral, financiera, de seguridad social y todas aquellas que incidan en el desarrollo de la economía del país y de sus empresas, converjan y se alinien con el único objetivo de elevar y extender la competitividad del país. Con esta reforma el Estado mexicano tendrá la obligación y el principio constitucional de orientar y promover todas sus políticas económicas hacia la competitividad del país y de sus empresas. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo III y se recorren los demás párrafos, al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional la política económica para la competitividad. Artículo único. Se adiciona un párrafo III y se recorren los demás párrafos del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 25. Párrafo III: Asimismo, el Estado promoverá, conducirá y orientará sus políticas económicas para mantener y acrecentar la competitividad del país y de sus empresas. Las leyes que regulen la vida nacional emanadas con arreglo a esta Constitución reconocerán este principio de competitividad en todo momento. Artículo transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por último, solicito se inserte íntegramente el contenido de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.