La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En el 2016 se dio inicio a un proceso reformador en materia de justicia cotidiana, cuyo objetivo es robustecer la protección de los derechos de las y los mexicanos en diversas áreas de la vida diaria, al garantizar que nadie pueda ser molestado en su persona, trabajo, familia, domicilio, papeles o posesiones de manera arbitraria y fuera de la legalidad. El dictamen que hoy nos ocupa, forma parte de este proceso reformador al expedir la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, entendida como el primer instrumento para mantener la convivencia armónica y de prevención del delito, por lo que juega un papel clave en la preservación del orden y la tranquilidad de la sociedad. De ahí la importancia de homologar los procedimientos de mediación y conciliación en todo el país para resolver de manera rápida y eficiente los conflictos entre las personas y evitar que estos lleguen a instancias judiciales. En Nueva Alianza estamos comprometidos a impulsar todas aquellas acciones afirmativas encaminadas a mejorar el nivel de vida y bienestar de todos los mexicanos, siempre con estricto apego y respeto al Estado de derecho. En ese sentido coincidimos con la propuesta que sienta las bases para la organización y el funcionamiento de la justicia cívica, así como la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno de acercar los mecanismos de resolución de conflictos, trámites y servicios a las poblaciones de difícil acceso y zonas marginales. Para ello, la nueva ley establece que cada municipio o demarcación territorial deberá contar con al menos un juzgado cívico encargado de atender los conflictos de la materia, que deberán ser utilizados mecanismos orales, públicos y expeditos que concentren las actuaciones en una sola audiencia. El convenio al que arriben las partes será definitivo y obligatorio, las sanciones aplicables serán principalmente amonestaciones y servicio a favor de la comunidad, dejando el arresto únicamente en aquellos casos en que la seguridad ciudadana se encuentre en riesgo. Asimismo, se propone la creación del registro de infractores, el cual incluirá información de las personas que hubieren sido sancionadas y que será una herramienta de consulta obligatoria para los jueces al momento de individualizar la sanción ya que la reincidencia aumentará la misma. Para Nueva Alianza garantizar los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, ha sido un compromiso permanente. Por ello, aplaudimos que la ley atienda a aquellas comunidades que se encuentren más alejadas y en zonas marginales. Con el establecimiento de la justicia, literalmente se reduce la marginación jurídica y la discriminación derivada de obstáculos geográficos mediante jornadas de justicia itinerante la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales acercarán trámites y servicios a las zonas marginales. Además, podrán atenderse conflictos individuales, colectivos o comunales con asistencia judicial o haciendo uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Con todo lo anterior, se deja atrás un sistema de impartición de justicia lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso, para dar un paso a un nuevo modelo que permita prevenir la violencia y dar solución de forma amistosa, temprana, rápida y eficaz a los conflictos del día a día. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.