La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. El presente dictamen de manera atinada, como ya lo han comentado quienes me han antecedido en la palabra, corrige una contradicción que existe entre los artículos 74 y 89 de nuestra Constitución Política, en lo referente a la ratificación de altos servidores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues al día de hoy esta facultad es concedida tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados. El presente dictamen elimina esta contradicción dejando a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva para ratificar a estos servidores públicos con un argumento muy claro y contundente. Si esta Cámara es la que aprueba el gasto público, por consecuencia la responsable de auscultar a los aspirantes, a los principales encargos de manera de manejar la Hacienda Pública federal. Este dictamen es congruente con el principio del manejo de las finanzas públicas y el control parlamentario, pues así fue concebida la reforma de origen en el año 2014. Las facultades exclusivas son tareas específicas que la Constitución encomienda a cada una de las Cámaras del Congreso con la finalidad de lograr la especialidad de las materias, según corresponda como el caso de la política exterior al Senado de la República y la aprobación del presupuesto y el análisis de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados. Vale la pena recordar cuál es el origen de esta transformación. En el año 2014, el sistema político mexicano sufrió cambios importantes en su configuración, solo por mencionar algunas de estas transformaciones, se encuentra la reelección de algunos cargos públicos como legisladores y presidentes municipales, la reorganización del Instituto Nacional Electoral y las autoridades administrativas electorales locales, así como el control legislativo sobre los nombramientos de los funcionarios de alto nivel propuestos por el titular del Ejecutivo federal, en caso de no existir un gobierno de coalición. Recordemos que la idea de un gobierno de coalición fue planteada en la última década en las Cámaras de este Congreso de la Unión. Finalmente, estas ideas tuvieron eco en la llamada reforma política, la cual para efectos del control legislativo sobre el nombramiento de funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo federal entró en vigor a partir del inicio de este gobierno. La realidad del país obliga a los Poderes de la Unión a establecer mecanismos cada vez más eficaces y periódicos de rendición de cuentas, la obligación de que los responsables de la hacienda pública federal, antes de ocupar su lugar de manera automática, como se realizó hasta antes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, acudan al Congreso a exponer trayectoria, experiencia, ideas, compromisos, abonan a mejorar la calidad de nuestra democracia. No se preocupen, los tiempos oscuros, discrecionales de nombramientos a modo se terminaron, ahora el gobierno hará valer esta forma de equilibrio entre los Poderes y el control parlamentario, que es el fin de esta ratificación de funcionarios. Es un elemento tan antiguo, pero al mismo tiempo poco valorado. Esa reforma política de 2014 no necesariamente tenía como objetivo fortalecer al Congreso, sin embargo, es fundamental para el desarrollo democrático del país que altos funcionarios se sometan al escrutinio de estas Cámaras. Por ello apoyaremos esta reforma, por congruencia constitucional, pero además un compromiso con el fortalecimiento del Congreso y de la democracia. Es cuanto, diputada presidenta.