El diputado Juan González Lima: La diversidad de las culturas, creencias e ideologías que convergen en nuestro país generan fenómenos sociales complejos que requieren soluciones adecuadas y duraderas a los conflictos que acontecen diariamente, más aún tratándose de aquellos conflictos en que se enfrentan de manera directa dos o más derechos con la misma jerarquía normativa. En este plano se encuentran los conflictos en que la conciencia, es decir las creencias religiosas, ideológicas, éticas y personales entran en pugna con las obligaciones que derivan de distintas disposiciones normativas que conforman el derecho positivo mexicano. En este sentido, la objeción de conciencia se refiere a la negativa que expresa una persona de cumplir con un mandato jurídico al considerarlo incompatible con sus convicciones fundamentales. Dicho de otro modo, la objeción de conciencia surge cuando se plantea la negativa de una persona, por motivos éticos o personales, a someterse a una conducta que en principio es jurídicamente exigible. Esta objeción no se limita a la protección de la libertad religiosa, sino que es mucho más amplia, pues su espectro abarca las convicciones ideológicas y en general cualquier creencia individual válida en un Estado democrático de derecho. Lo anterior encamina la actuación del Estado a la protección de los derechos de libertad religiosa, ideológica, ética y de conciencia, la cual se encuentra reconocida en el artículo 24 de la Constitución federal, así como en los artículos 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y consiste en el derecho de toda persona a tener determinadas creencias o ideas, a silenciarse o manifestarlas tanto de palabra como de obra, como conductas y actitudes de acuerdo con las propias creencias o convicciones. Por lo tanto, la objeción de conciencia implica actuar conforme a principios individuales, pues presuponen que en un Estado democrático todo ser humano es libre y consciente. No obstante, la objeción de la conciencia no puede constituirse en un derecho absoluto ni limitado que puede ser invocado en cualquier caso y bajo cualquier modalidad. En este caso por encima del derecho humano de acceso a la salud pública, por lo cual es necesario regularlo adecuadamente. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia, al resolver las acciones de inconstitucionalidad de la reforma de la Ley General de Salud de 2018, sostuvo que una regulación deficiente del derecho de objeción de conciencia generaría discriminación sobre las personas a las que no se atienda el derecho de ejercer, el derecho de objeción y consecuentemente hacer nugatorio el acceso al sistema de salud dentro del territorio mexicano. Considerando todo lo anterior y derivado de un largo análisis para que esta regulación salga adelante el dictamen que hoy está a discusión contempla a la objeción de conciencia como la materialización de la libertad contenida en el artículo 24 Constitucional y al mismo tiempo observa el derecho humano a la salud previsto en el artículo 4 de la ley fundamental, de tal suerte que coexisten ambos derechos desde un plano de simetría normativa y se establecen de manera clara y concreta los límites al ejercicio de cada uno de estos derechos fundamentales. Lo anterior tiene un claro beneficio tanto para las personas que requieren atención sanitaria en cualquiera de sus modalidades como para aquellas personas que en el libre ejercicio de sus convicciones encuentren una barrera infranqueable de conciencia para llevar a cabo algún procedimiento de salud pública que resulte contrario a sus convicciones ideológicas o creencias personales. Por lo tanto, en el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista consideramos pertinente la propuesta y en consecuencia votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.