La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy presento una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Social, para vincular de manera estrecha sus fines a los de la Ley de Protección Civil, de tal modo que la política social se constituya también en una de las vías para la reducción del riesgo de desastres en México. Así se hizo ya con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y con la de Cambio Climático. Se trata ahora de avanzar en esa misma dirección, con la de Desarrollo Social, por las razones que me permito exponerles. Ambas leyes, la de Desarrollo Social y de Protección Civil, comparten propósitos comunes. En la Ley General de Desarrollo Social el propósito es la reducción de la pobreza, en materia de protección civil la pobreza es un factor de vulnerabilidad y por lo mismo una de las causas subyacentes del riesgo. Por eso, como lo expreso en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, las condiciones de vulnerabilidad y la exposición a peligros naturales y antrópicos que enfrenta la población, particularmente aquella ubicada en los municipios más pobres, obliga a establecer un vínculo estrecho de la política del desarrollo con las políticas de reducción de riesgo y de atención eficaz a las emergencias, ello hace necesario incorporar también el concepto de resiliencia entendida como la capacidad de resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos. El objetivo es hacer que la política social explícitamente contribuya a reducir la vulnerabilidad que es el factos esencial del riesgo. Esos cambios están en armonía con el marco de acción de Sendai 2015-2030, adoptado por la comunidad internacional y por México para reducir las pérdidas de vidas, patrimoniales y el gasto catastrófico por los desastres. Con ese fin, todos los países miembros asumieron el compromiso de adoptar una estrategia nacional para la reducción del riesgo, y de impulsar una estrategia a escala local. Este es uno de los puntos fundamentales que se plantearon durante los trabajos de la Quinta Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo, celebrada la semana pasada en Montreal, Canadá, en la que tuve la oportunidad de participar. La prioridad es asegurar una aplicación trasversal para que todo el aparato público y los sectores social y privado se obliguen a reducir la vulnerabilidad de la región de las Américas, y aumentar la resiliencia. La presente iniciativa, compañeros y compañeras diputadas, sería parte sustantiva de la agenda de cambios previos a la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, que sesionará en México en mayo próximo. Ahí, el Congreso de la Unión tiene un papel fundamental al legislar y dar un carácter vinculatorio e ineludible a la reducción del riesgo de desastres. Por ello les pido que apoyen esta iniciativa que salva vidas, patrimonio, entorno de los mexicanos. Construyamos desde la ley entornos más seguros parar todos los mexicanos. Por su atención y apoyo, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.