La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los desastre naturales ocurren en cualquier momento y en cualquier lugar, muchos de ellos de forma impredecible, causando graves daños materiales y amenazando la seguridad personal y alimentaria de amplios grupos de la población. Las inundaciones, terremotos y tormentas han causado el desplazamiento de decenas de miles de personas en todo el mundo. A nivel global, el año 2010 registró 217 millones de personas afectadas por desastres considerables naturales, un aumento de 18.6 millones respecto a 2009. México no es la excepción, múltiple tragedias se han registrado y los mexicanos hemos sufrido las consecuencias de los desastres naturales que han generado miles de damnificados y desplazados. El año pasado, entre los días 15 y 18 de septiembre el país se vio azotado por los efectos del huracán Ingrid y la tormenta Manuel, que a su paso dejaron miles de viviendas, escuelas, hospitales y demás infraestructura destruida en diversos estados de país, pero principalmente en Guerrero. A un año de distancia, representantes de las 187 comunidades de 13 municipios de la montaña, integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas en Guerrero, cuyas casas resultaron severamente dañadas, han denunciado que los habitantes permanecen viviendo en campamentos, pues hasta ahora no les han cumplido la promesa de cumplir sus viviendas y escuelas ni se ha reubicado a los pueblos afectados por ambos fenómenos naturales. Si bien los desastres fueron causados por factores socio-ambientales que demandan del Estado un conjunto de medidas y mecanismos para enfrentar el escenario de la crisis, y también es necesario que el Estado asuma su responsabilidad de brindar atención después de la pasada emergencia inmediata. No basta con emitir una declaratoria de desastre para afrontar y dar solución a todos los problemas que afrontan las comunidades y personas que han visto su vida trastocada por estos eventos de tales dimensiones. En México, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hay poco más de siete millones de personas que habitan en zonas de riesgo y que urgen ser reubicadas. En este contexto, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza vamos a favor del presente dictamen, al considerar que es necesario establecer los lineamientos que permitan brindar protección a la población que se encuentra en condiciones de riesgo, a través del ordenamiento territorial y la reubicación de los asentamientos humanos impactados por fenómenos naturales. Sabemos de la importancia de contar con programas integrales para reubicar a las personas afectadas por los desastres de origen natural y dotarlos de viviendas dignas, con todos los servicios y en estas zonas seguras que garanticen su integridad. En Nueva Alianza estamos convencidos que con estas medidas se podrán evitar tragedias humanas, como las que se vivieron en Guerrero el año pasado y las que vivimos apenas hace días en Baja California. Compañeras y compañeros, es indispensable mejorar el conocimiento de las situaciones de riesgo y generar propuestas para la prevención y atención a víctimas, así como las tareas de reconstrucción de zonas afectadas que les permitan vivir con mayor tranquilidad a todos estos ciudadanos. Muchas gracias por su atención prestada. Es cuanto, diputado presidente.