El senador Javier Orozco Gómez: Con su permiso, presidente. Honorable asamblea, el principio de la división de poderes establecido en nuestra Constitución, regula las relaciones independientes de colaboración entre dichos poderes para lograr un equilibrio funcional que da razón y fundamente a nuestro estado de derecho. En ese sentido, el control parlamentario del ejercicio de las atribuciones administrativas del Poder Ejecutivo federal y sus diferentes modalidades, grados de intensidad y eficacia con relación al Ejecutivo sirven para consolidar, precisamente, el orden constitucional. La exigencia de rendición de cuentas, vigilancia social de gobierno y derecho de la sociedad a la información se expresa en el artículo 69 de la Carta Magna, en el sentido de que la nación sea informada anualmente del estado general que guarda la administración pública, precisamente por su titular, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La transcendencia de la gestión administrativa del Poder Legislativo no se limita a un acto más o menos solemne, ni tampoco en el mismo agota su eficacia. Su importancia real es la posibilidad de la valoración y análisis que de su contenido hagan los representantes políticos, a fin de conformar acciones o correctivos constitucionalmente permitidos en favor de los intereses generales. Una de las partes que refleja este trabajo administrativo del Congreso es la Comisión Permanente, órgano mediante el cual el Congreso, durante sus recesos, desempeña las funciones que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Comisión Permanente no es un poder ni es una cuarta rama, como algunos autores han señalado, ya que ello, a pesar de que cuando menos por lo que hace a dos atribuciones, la de nombrar presidente provisional y la de aprobar la suspensión de garantías individuales, pudieran ser estimadas como tal. El sistema normativo relacionado con la Comisión Permanente por estar referido a un órgano de la actuación temporal y excepcional, debe, en consecuencia, ser interpretado de manera restrictiva y limitada. Las atribuciones de la Comisión Permanente han sido rigurosamente determinadas en la Constitución, las que son susceptibles de ser analizadas y, en su caso, adecuadas mediante acto del Congreso de la Unión actuando como legislador ordinario; situación que no podría hacer el presidente de la república en el uso de sus facultades extraordinarias, mucho menos, lo pueda hacer la misma. En ese sentido, los reclamos de transparencia verificable de los procesos generales de la actividad política administrativa, la ponderación de regularidad constitucional de los informes presidenciales. La valoración de las esferas económicas, sociales y la comprobación de resultados de la gestión administrativa durante el periodo que se informa o durante el trayecto cotidiano de la labor gubernamental, son algunas de las exigencias que la sociedad se plantea por conducto de sus representantes políticos. Por estas razones, las fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en el Senado, atentos al movimiento político actual donde se requiere consolidar nuestra democracia, presenta esta iniciativa que tiene por objeto establecer, dentro de las atribuciones de la Comisión Permanente, el poder citar a comparecer a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, para que respondan a las interpelaciones o preguntas. En la práctica parlamentaria se ha venido desarrollando esta tarea con un sentido de responsabilidad y respeto entre los Poderes de la Unión: Legislativo y Ejecutivo, pero se hace necesario dejarlo sentado en nuestra Carta Magna. La dinámica y coyuntura que en ocasiones nos presenta la vida política, nos han dejado constancia que esta atribución que se plantea para la Comisión Permanente, es indispensable cuando se habla de la función de control a que se refiere a su conceptualización gramatical. Es decir, a un sentido de inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen que se lleva a cabo en un Congreso sobre la actividad del Poder Ejecutivo, con la finalidad de verificar que ajuste sus actos a las disposiciones establecidas en la ley. El control al que nos referimos debe estar determinado en la Constitución. Por ello el objeto de esta iniciativa, a efecto de que se establezcan las facultades y su regulación para que los legisladores, al llevarla a cabo, bien sea en forma colegiada o unicameral o hasta en lo individual, por lo que también se requiere establecerlo en la legislación secundaria o en reglamentos que norman la vida del Congreso. Es un control que debe ser oportuno. De manera que el pueblo, como titular de la soberanía, puede establecer, por conducto del Congreso de la Unión, las actividades del Poder Ejecutivo en su conjunto y la valoración que éstas merecen a los representantes populares. Un Congreso o parlamento no puede reducir su intervención meramente a la función legislativa, pues ello equivaldría a limitar de sobremanera su participación en el proceso político de la nación. Su acción se valora destacadamente ?por tanto?, considerando también la eficacia que tiene la función de control. Por ello, presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción IX al artículo 78; y se reforma el segundo párrafo del artículo 93, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, señor presidente, le pediría que se insertara íntegramente el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.