La diputada Zaira Ochoa Valdivia: Si no estuviera hoy nuestro presidente de la república no podríamos hablar de gratuidad en la educación. Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy es y será una fecha de recordar y de celebrar con la votación, que no dudo será abrumadoramente a favor, culminamos un anhelo largamente esperado por la sociedad mexicana. Una reforma educativa completa que abarca los niveles, ciclos y ciclo de iniciar la superior que establece la educación en todos sus tipos, niveles y modalidades, considerándolas un derecho humano, inalienable que todas las personas podrán acceder de manera gratuita. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple una vez más con el perfil humanista de la cuarta transformación. La educación y la salud son evidentemente los derechos humanos que se deben cuidar con mayor esmero, la salud nos permite existir, la educación nos permite vivir en el sentido más extenso de la palabra personal, productiva y feliz, colaborar en el desarrollo económico, social, político y cultural del país. Hoy votamos el dictamen de una iniciativa largamente discutida con todos los actores involucrados en la materia e interesados en el tema, presentado el 9 de septiembre, en el Senado de la República suscrita por todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso. Una ley general que se da el vínculo del régimen constitucional de derechos y obligaciones relativos a la educación superior, establecido recientemente con la normatividad que requiere el control de los subsistemas de este nivel de estudios, las atribuciones y competencias de los distintos órdenes de gobierno, autoridad educativa, las facultades y obligaciones que corresponden al Estado en términos de planeación, coordinación, regulación, financiamiento y diseño, implementación de políticas para su fortalecimiento y desarrollo. Esta ley llenará un vacío legal histórico para unificar el sistema en toda la República y establecer las condiciones para reconocer la validez de los estudios realizados entre diferentes subsistemas, en planteles particulares y en el extranjero. En su lugar, existía una sola ley para la coordinación de la educación superior, promulgada en 1978, breve e incompleta, que pretendía tan solo, y lo hacía muy mal, establecer las bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la federación, los estados y los municipios. Que el crecimiento y diversificación lo hicieron muy pronto caer en la obsolescencia. La construcción de la iniciativa transitó por muchas instancias, entre las cuales, la UNAM convocó a especialistas en diferentes materias, cuyos resultados se llevaron a discusión a foros estatales organizados por autoridades educativas y las Anuies, proceso que culminó con un proyecto que se integró a la autoridad educativa federal y a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión y se integró una mesa redactora que preparó el documento final entregado al Senado de la República, apoyado por los grupos parlamentarios y cuya minuta ahora discutimos. Sobresale el enfoque de derechos humanos en los fines y criterios que deben regir en la organización, gestión y funcionamiento de las instituciones. Los principios de equidad, interculturalidad, respeto a la dignidad de las personas y el enfoque de género apoyado por disposiciones orientadas a la prevención y combate a la discriminación, acoso y violencia de género y a la obligación de realizar acciones afirmativas que mejoren la distribución de oportunidades de acceso y logro académico de las mujeres estudiantes y académicas. Se subraya el respeto a la autonomía de las instituciones que gozan de ella. Las excepciones y las obligaciones que impone, como transparencia y en rendición de cuentas. Y, a la vez, amplía lo dispuesto en la Constitución sobre este régimen, al incorporar que todo proceso que lo acepte debe ser consultado y permitir la participación de las instituciones, con lo que se acora cualquier intento unilateral de modificar leyes orgánicas. Destaca también su carácter federalista en tres aspectos: el reconocimiento de los sistemas estatales, la distribución de competencias entre órdenes de gobierno y el impulso a las comisiones estatales para la planeación de educación superior. Con todo lo cual abren espacios para que los aspectos tengan mayor control de las instituciones que tienen presencia en sus ámbitos. Se incluye un principio normativo para hacer cumplir las obligaciones, de obligatoriedad y gratuidad, de los servicios públicos de educación superior, la creación de un fondo federal que abre camino al logro gradual de este propósito. No hay ley perfecta, pero está caminando con la diversidad de enfoques, puntos de vista, presupuestos y recomendaciones de académicos y políticos. Por todas estas razones, en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor e invito a todas y todos que nos acompañen, es por México. Muchas gracias.