El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, diputado presidente. Hoy México reclama un mejor sistema de impartición de justicia, justicia que esté al alcance de todas y todos los mexicanos sin importar su condición social y económica. Ante tal reclamo la Cámara de Diputados asume su responsabilidad política al poner a consideración de esta soberanía el presente dictamen que contiene la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que esta nueva ley se puede convertir en una herramienta muy importante para el Estado mexicano, y para combatir a la impunidad, y sobre todo contribuir a la construcción de un mejor y más eficiente sistema de impartición de justicia. La incorporación de métodos alternativos de solución de controversias no es algo improvisado, es un instrumento que ha probado su eficacia. Evidencia de lo anterior es que en el ámbito internacional estos métodos se han utilizado desde hace ya mucho tiempo y que existen normas al respecto desde hace casi 30 años, no sólo en las Naciones Unidas, sino también en la Unión Europea y en otros países de nuestra América Latina. La incorporación de la justicia alternativa en los procedimientos penales tampoco es ajena al contexto nacional. Diversas entidades federativas se han manifestado ya a favor de procedimientos como la mediación, la suspensión de proceso o prueba y la aplicación del principio de oportunidad a cargo del Ministerio Público. Esto cuando se refiere a los delitos menores. Como todos saben, el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos, de solución de controversias y de ejecución de penas para regir en la república en el orden federal y en el fuero común. Al publicarse el Código Nacional de Procedimientos Penales se dio cumplimiento parcial al precepto referido. Hoy, compañeras y compañeros, estamos acatando la otra vertiente del mandato constitucional para la construcción de la nueva forma de aplicar la justicia penal. Dicha vertiente pretende incorporar una forma más ágil de resolución de ciertas controversias en materia penal que no sólo redundará en una justicia más expedita, sino que enfoca sus esfuerzos en atender y reparar el daño generado a las víctimas para que así, al desahogar la carga de trabajo que impone la resolución de delitos menores, se pueden concentrar los recursos tanto humanos como materiales en los delitos más graves y que más dañan a la población. El nuevo mecanismo alternativo de solución de controversias que está hoy a discusión, busca uniformar los procedimientos que ya se llevaban a cabo en diversas entidades de la República, incluyendo la creación de órganos especializados en dichos mecanismos. Es importante referir que la nueva ley únicamente procederá en los casos de delitos que no se persiguen por querella, en delitos culposos o en delitos patrimoniales cometidos sin violencia. No será procedente cuando el imputado hubiese celebrado acuerdos previos por hechos de la misma naturaleza jurídica. Con esta medida se busca desincentivar la reincidencia. El procedimiento iniciará con la invitación como una introducción para que se conozcan las partes y convengan en el mecanismo alternativo cuando éste sea aplicable. De este modo, se realizarán prácticas y pláticas de mediación y conciliación con intervención de un facilitador que está capacitado y certificado para que las partes puedan llegar a algún tipo de acuerdo. Los procedimientos serán orales, confidenciales y se basarán en la economía procesal. La nueva ley cuenta con la virtud de que el mecanismo alternativo se sustancie al mismo tiempo que el proceso penal ordinario, por lo que se podrá concluir con un acuerdo reparatorio inclusive antes de que se formulen las conclusiones del ministerio público. De igual forma, se prevé que de no alcanzarse un acuerdo reparatorio total o parcialmente, los intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que proceden. El decreto crea un órgano especializado para monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos reparatorios alcanzados y se faculta al Ministerio Público o al juez aprobar el cumplimiento del acuerdo reparatorio, para lo cual debe resolver de inmediato sobre la extinción de la acción penal o el sobreseimiento del asunto. En nueva Alianza, compañeras y compañeros, estamos convencidos de que todas estas acciones contribuyen a una mejor y más eficaz acción de la justicia en materia penal, ya que la impunidad se ha convertido en un verdadero clamor social, cuya resolución es apremiante. En Nueva Alianza estamos comprometidos en responder con la demanda social de lograr una mejor impartición de justicia para que los delitos graves no encuentren vestigios que den a lugar a la impunidad. Debemos responderle a México con urgencia, compañeras diputadas y compañeros diputados, por esa razón el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen y los invitamos a actuar del mismo modo. Por su atención y paciencia, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.