La diputada Karen Michel González Márquez: Hace unos días presenté ante este pleno la iniciativa, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Penal Federal para prohibir y sancionar una práctica que es en el mejor de los casos, un atavismo de un tiempo brutal cuando lo ubicamos en el presente y que confronta y agrede cualquier aspiración respecto a los derechos humanos y me refiero a los matrimonios infantiles en nuestro país. Para desarrollar un poco más mi exposición me voy a referir a algunos fundamentos. Comencemos por recordar que, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de Niños, entiende por niño a todo ser humano menor a 18 años de edad, y que la definición de matrimonio infantil es todo matrimonio formal o unión informal entre un niño y un adulto u otro niño, y aunque en la práctica de los matrimonios infantiles han disminuido paulatinamente en todo el mundo, desafortunadamente en México todavía es una práctica común. El escenario cobra un tinte de dramatismo y perversidad cuando nos acercamos y particularizamos los hechos, porque debemos señalar también que en especial las niñas corren infinitamente más riesgo que los niños de ser obligadas a casarse contra su voluntad, exponiéndolas a sufrir todo tipo de violencia. Luego de esta introducción vayamos a lo legal. Es cierto, la Constitución Política reconoce el derecho que tienen los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos, pero en ello es el espíritu de esta propuesta, debe prevalecer el respeto a los derechos humanos y, principalmente, la dignidad y la integridad de las y los menores de edad, pero resulta vergonzoso y una auténtica afrenta que México ocupe el lugar 8 entre los 20 países con mayor número de matrimonios infantiles. Esto, por demás es intolerable, pero con la aprobación de este dictamen vamos directo a la adhesión al artículo 9o. para hacer una realidad que la cohabitación forzada de menores de 18 años o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, se sancione con un castigo contundente. Y aquí viene lo importante. Quien obligue, coacciones, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse formal o informalmente en matrimonio, con o sin su consentimiento, se le impondrán de 1 a 15 años de prisión y de mil a 2 mil días de multa. Y vamos más allá, la pena se endurece hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a un pueblo o a una comunidad indígena. Con esto todos los elementos están dados para que la autoridad judicial sancione sin excusas los matrimonios infantiles, y ahora toda aquella persona que abuse de un niño o una niña y lo obligue a casarse, le caeré todo el peso de la ley. Diputadas y diputados, hoy quiero invitarlos, invitarlas a que además de nuestra responsabilidad legal, vayamos juntas y juntos en unidad y de corazón, a respaldar este dictamen. Con nuestro voto a favor nos acercamos al fin de los matrimonios infantiles en México, que es una costumbre primitiva de un pasado que no debe volver, y sobre todo estamos fijando la mirada a un futuro de respeto y de cuidado a lo más valioso que tenemos en nuestro país, nuestras niñas y nuestros niños, y sobre todo su derecho a tener una infancia plena y feliz. Es cuanto, diputada presidenta.