EL C, DIPUTADO GERMAN PELLEGRIN PEREZ (P.A.N.): Con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados. El estado de Derecho tiene como principal función garantizar la justicia y el respeto a la persona humana, la consolidación de este resulta una alta prioridad para nuestras instituciones democráticas y republicanas; por ello resulta indispensable que se cuente con buenas y mejores leyes que garanticen la plena vigencia de nuestra Constitución y una mayor capacidad para aplicar la ley, atendiendo además a que la sociedad exige un sistema de justicia moderno que sea capaz de asegurar una pronta, completa e imparcialidad administración de la justicia, En este sentido la Ley de Amparo constituye la norma sustantiva y procesal federal que establece y regula el juicio de garantías el cual representa en nuestro sistema jurídico piedra angular para la defensa de nuestra Constitución y los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. El Juicio de Amparo fue creado en México por el ilustre Jurista del Siglo XIX don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá quien lo propuso al Congreso Constituyente de Yucatán en el año de 1840 dando lugar a la Constitución del 31 de Marzo del año siguiente y que sirvió posteriormente de base para los ideales de don Mariano Otero, Jurista jalisciense que propuso la adopción de la Carta Magna de 1824 a este tema con algunas reformas y que fueron aprobadas por el Congreso Constituyente de 1846 el día 18 de Mayo de 1847. Desde esa fecha el Juicio de Amparo cuyo origen es eminentemente mexicano ha venido a proteger y tutelar el ámbito de los derechos de los gobernados frente a las autoridades estatales; ello se encierra en las bellas palabras de don Ignacio L. Vallarta expuestas en su magnifica obra "El Juicio de Amparo y el Way of Habeas Corpus", al afirmar ¿a cuántas víctimas del nepotismo de la República no ha arrancado de las cárceles y del patíbulo el juicio de Amparo? ¿Cuántos de los habitantes de este país no deben a este recurso contra la arbitrariedad del poder, su vida, sus libertades y sus bienes?. Podemos afirmar que a lo largo de la vida de que el Juicio de Amparo ha podido demostrar fehacientemente que es el medio de defensa constitucional más práctico y eficaz de los creados y sobre el cual se haya emitido una legislación en nuestro país, mismo que ha sido implementa do en otras naciones para salvaguardar los derechos subjetivos que tienen los gobernados y que son garantizados debidamente ante los actos de autoridad por parte de la Ley Suprema. Los Diputados de Acción Nacional coincidimos con lo expuesto en el Dictamen en el sentido de que el respeto del estado de Derecho inicia con el cumplimiento de las sentencias que emite la autoridad judicial en los juicios de amparo. Efectivamente, no basta pronunciar y resolver, sino aplicar y hacer cumplir la ley, lo contrario es burla o fraude al estado de derecho al que se aspira y en el caso del juicio de amparo, al control constitucional, por lo que resulta sumamente importante establecer el cumplimiento sustituto de las ejecutorias de amparo. Por otro lado, resulta pertinente la propuesta de reforma porque además de garantizar tal cumplimiento, da certeza jurídica a los gobernantes frente al poder público al establecerse claramente el período de caducidad de la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de que cuando se realicen diligencias encaminadas a su cumplimiento se interrumpa dicha caducidad. Asimismo, se le garantiza la posibilidad de poder interponer el recurso de queja contra las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de dichas sentencias, así como contra la determinación de la caducidad señalada. Además, esta propuesta resulta oportuna porque viene a dar viabilidad y actualidad a la modificación que hiciera el constituyente permanente en 1994 a la fracción XVI del artículo 107 de nuestra Constitución General. Son estas razones las que inspiran al grupo parlamentario de Acción Nacional a pronunciarse a favor del dictamen, dictamen de minuta con proyecto de decreto por la que se reforman la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, precisa mente porque con esta reforma se perfecciona el marco jurídico de nuestro juicio de garantías y con ello su función como instrumento de control constitucional a favor de los gobernados, Es cuanto señor Presidente, (aplausos)