La presidenta María del Rosario Piedra Ibarra: Buenos días. Ciudadana diputada Marcela Guerra Castillo, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, ciudadana diputada Aleida Alavez Ruiz, ciudadana senadora Ana Lilia Rivera Rivera y ciudadana senadora Estrella Rojas Loreto, vicepresidentas de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión; ciudadanas y ciudadanos secretarios, ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores en cumplimiento del artículo 102, apartado B de nuestra Constitución y de los artículos 15 y 12 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudo a esta representación para rendirle cuentas al pueblo de México de las actividades realizadas en mi gestión durante el año 2023. Informe cuyo texto íntegro ha sido entregado ya a la Secretaría técnica de la Mesa Directiva en su versión escrita y electrónica y podrá consultarse también en nuestra página institucional. Llegamos al quinto año de gestión con un modelo distinto de derechos humanos y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que nos heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo que desde hace años reclaman las y los mexicanos. En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy el pueblo sabe, las víctimas saben que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta sus quejas. Durante los últimos cuatro años hemos antepuesto frente a todo, el interés de las víctimas y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo. Parece fácil, pero han sido cuatro años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre las autoridades en los pasados setenta años. Esta ha sido la razón por la que impulsamos nuestra reforma porque padecimos ese acuerdo y por eso nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde, dije, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva, más aún de que es indispensable renovar el sistema no jurisdiccional mexicano y, por ende, el sistema jurisdiccional existente para cumplir cabalmente con lo que dice el artículo 1º. de nuestra Constitución. Hemos hecho nuestra parte, somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano. Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión. Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Redujimos el parque vehicular, eliminando las asignadas a Presidencia, y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la Presidencia, con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores. De la Presidenta y de ningún alto mando de la CNDH en mi gestión podrá decir que gana más que el presidente de la República, que gastó millones en viáticos y banquetes o que usamos recursos públicos para bonos, percepciones extraordinarias, ayudas anuales o gastos de representación. No se podrá acusar de hacer ostentosos viajes al extranjero o de tener a nuestra disposición tarjetas corporativas. No tenemos parientes contratados, tampoco contratamos a nuestros amigos, para que hagan el trabajo que muy bien han podido hacer el personal de la comisión. Dijimos que éramos distintos y con hechos acreditamos que somos diferentes. Eliminamos el outsourcing y lo hicimos antes de que se aprobara la ley que lo hace obligatorio. Desaparecieron los eventos costosos y la publicidad y reorientamos todos los recursos de las áreas sustantivas. Cuando llegamos se destinaba a tareas de protección el 54 % del presupuesto, en 2023 fue el 69 %. El año que se da cuenta concluimos la transformación interna que nos propusimos. Además de las reformas de nuestro reglamento interno, actualizamos y simplificamos prácticamente todos los 400 manuales de organización y de procedimientos. Fortalecimos la planeación institucional y revisamos los procesos de medición y evaluación de resultados. Renovamos la estructura y las funciones del Órgano Interno de Control, para reforzar su misión de combatir la corrupción. Y fortalecimos nuestra presencia nacional transformando las 16 oficinas foráneas, que era monotemáticas en oficinas regionales, de manera que hoy tenemos representación prácticamente en todo el país, reciben queja de todo tipo y emiten recomendaciones. Como no se nos puede descalificar con hechos, se nos pretende denostar a base de mentiras, pero la verdad es que somos un organismo menos costoso y más eficiente, donde la corrupción se combate y se sanciona, por lo que me es muy satisfactorio decir que, si bien todavía nos falta mucho, hoy la CNDH ha dejado de ser, en los hechos, el órgano que inventaron los neoliberales y que sirve mejor que antes a las y los mexicanos y, no solo es el trabajo con el que a diario hacemos frente y damos respuesta a las violaciones de derechos humanos que se producen en el presente, además estamos respondiendo por las omisiones de dilaciones del pasado, adicional a las que emitimos en esta gestión. Seguimos desahogando las recomendaciones que quedaron pendientes de cumplimiento, tan solo al inicio de mi Presidencia recibimos 508 recomendaciones sin cumplimientos. En una, la más antigua, la de la guerra sucia que fue emitida en 2001, no solo estamos trabajando en su cumplimiento, sino que emitimos una nueva recomendación para resarcir sus omisiones y, por lo que toca al caso Ayotzinapa, cuya recomendación que data de 2018 fue reclamada por las madres y padres de las víctimas, estamos integrando un nuevo proyecto de recomendación. Para comprender el alcance de la transformación de la CNDH, no podemos olvidar que nuestro punto de partida fue asumir que la naturaleza y característica de los llamados órganos autónomos, como los entendía el neoliberalismo, los reduce a meras pantallas y, en nuestro caso, nos condena a una protección de los derechos humanos, limitada al ejercicio de una supuesta fuerza moral, a veces meramente testimonial, porque las recomendaciones no pueden ser vinculantes. Esa manera de proteger los derechos humanos es una de las características esenciales del Ombudsperson en la tradición internacional que adoptó el salinismo, ignorando nuestros propios antecedentes y referentes, la cual la mantienen al margen de una incidencia efectiva en la prevención y respeto de los derechos humanos, que a veces incluso en su reparación y en la no repetición de las violaciones. He de señalar que nosotros hemos ejercido durante estos cuatro años todos los instrumentos con que contamos plenamente y, sin embargo, en muchas ocasiones no ha sido suficiente. Las mexicanas y los mexicanos demandan un organismo más dinámico, más comprometido y más proactivo, así que hemos tratado de ir más allá, no de la ley, pero sí de nuestras posibilidades ejerciendo también acciones de prevención, gestión y, en su caso, de acompañamiento a las víctimas en sus demandas ante las autoridades, que ha implicado una permanente comunicación interinstitucional buscando las respuestas y soluciones más expeditas y contundentes. Por eso hemos sorteado la campaña permanente de descrédito difundida a través de algunos medios de comunicación, actores políticos y grupos de presión con clara filiación ideológica que quisiera minimizar nuestra labor, silenciar nuestros avances y que nos acusan maliciosamente de hacer lo que durante años hizo la CNDH, ser comparsa y cómplice de los grupos en el poder, evadiendo sistemáticamente la defensa de las víctimas y retrasando las resoluciones, algo que definitivamente no pasa ahora y que pueden acreditar las 51 mil 219 personas agraviadas o quejosas que hemos atendido y las 8 mil 519 víctimas reconocidas en las recomendaciones emitidas en la actual gestión. Ellas pueden hablar de la autonomía con la que se actúa ahora y si alguna de ellas se ha negado, a alguna se le ha negado alguna acción frente a la autoridad, lo digo con la frente en alto, desde noviembre de 2018 no hay una sola recomendación que haya debido haberse emitido, que se haya dejado de hacer. Nuestra profunda transformación no se explicaría ni tendría sentido sin el compromiso que acreditamos día con día de servir al pueblo y no servirnos de él, terminando con el Estado de simulación que heredamos. En esta administración se han tenido que combatir las prácticas inerciales que sobrevivían de la antigua CNDH, prácticas creadas para ocultar una estrategia perversa, la caracterización de los perpetradores como defensores de derechos humanos, lobos con piel de oveja contratados para minimizar y para ocultar las violaciones a los derechos humanos que cometía el Estado, aparentando una autonomía de escenografía, sobre todo, para el exterior. Desde que el pleno del Senado de la República me eligió como presidenta de esta Comisión Nacional, nos hemos empeñado en superar ese lastre que lastimaba a las víctimas, que marcó el nacimiento y desarrollo de la CNDH por espacio de tres décadas y, por eso, hemos insistido en la necesidad de superar ese modelo y construir otro realmente capaz de garantizar el ejercicio y el respeto de los derechos humanos en México. Por supuesto que nuestro país necesita que se respeten y que se ejerzan plenamente los derechos humanos, como necesitan democracia, transparencia y que no existan monopolios. Pero abrigamos la convicción de que esto no debe depender de burocracias doradas, onerosas, se trata simplemente de cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que la única manera de lograrlo es devolviendo a las instituciones y devolviendo las instituciones al pueblo. En el caso de la CNDH, sostenemos que desde su creación ha sido esta capacitada legalmente para emitir recomendaciones que son en realidad declaraciones sin ningún carácter de obligatoriedad, algo que contradice lo que desde 2011 mandata el artículo 1o. de la Constitución y es la fecha que no se cumple, pero, además, la mantiene estancada en las acciones reactivas cuando lo más importante en un país como México, es prevenir las violaciones, asumir su resolución con la mayor rapidez y eficacia e incidir, sobre todo, en la definición de políticas públicas. La mayor prueba de su inercia y obsolescencia es que la causa es la causa que le dio origen, desentrañar la verdad y hacer justicia respecto a los crímenes de Estado de la llamada Guerra Sucia. No los pudo resolver y ni siquiera reparar. A mi madre y a las madres y hermanas del Comité ¡Ureka!, les ofreció Carlos Salinas de Gortari, la creación de la CNDH para atender sus demandas y las demandas de cientos de víctimas de desaparecidos, pero todo fue una burla sangrienta. Es por ello que durante el año de que damos cuenta, en un acto de transparencia y responsabilidad, la CNDH emitió una disculpa pública a víctimas y familiares de la violencia política de Estado y cambiamos la denominación de nuestro edificio sede, que hoy se nombra Marco Antonio Lanz Galera, abogado defensor de presos y desaparecidos políticos y de una de las múltiples víctimas del hombre que firmó el decreto de creación de la CNDH, Fernando Gutiérrez Barrios. Resultado del trabajo desarrollado en los últimos dos años por la oficina especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política del Estado durante el pasado reciente, se confirmó lo que desde hace mucho denunciábamos, la colusión hacia la ... habida entre autoridades, los pactos de silencio y complicidad y que desde la CNDH nada menos que desde la institución que tenía la obligación de defender al pueblo se torció el sentido de las investigaciones amenazándose desde ella a los familiares, hostigándolos, engañándolos, hasta el punto de pretender que abandonaron su búsqueda y su lucha, haciéndolos desistirse de sus quejas con tal de cerrar, según ellos, el episodio. Ni más ni menos que un verdadero fraude, que fue como bautizó Rosario Ibarra de Piedra a la CNDH. Es de aclarar que la reforma que impulsamos no está concluida, llegamos hasta donde la ley nos permitió, pero por eso presentamos una iniciativa ante este Congreso de la Unión para reformar el apartado B del artículo 102 constitucional y la Ley de la Comisión, de manera que desaparezca la CNDH como la hemos conocido y se cree en su lugar la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, que habrá de permitirle proteger con muchos mayores elementos y alcances los derechos de las y los mexicanos, acompañara a las víctimas y a quienes están en riesgo d serlo para asumir su defensa, incluso antes de que se consuman las violaciones, lo que implicaría simplemente cumplir al fin con la reforma que se hizo desde 2011, aplicar a cabalidad el artículo 1o. de nuestra Constitución. Creo importante mencionar que en esta administración y a cuatro años de iniciada la transformación de la CNDH se nos ha ratificado dos veces el Estatus A de acreditación como institución nacional de derechos humanos, otorgada por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANHRI, que revisa la observancia de los Principios de París. El reconocimiento de la GANHRI es un referente que ponderan mucho los académicos y juristas, y algunas organizaciones atadas al modelo neoliberal. Y, como he dicho, nosotros lo hemos validado hasta por dos veces en mi gestión, algo inédito en toda la historia de la comisión, pero quiero subrayar que, valorando mucho el reconocimiento que hemos obtenido a nuestro apego a los Principios de París, lo que más nos preocupa y ocupa, lo que nos interesa es la calificación de las víctimas y de todo el pueblo de México, queremos actuar sobre todo apegados a los principios rectores plasmados en nuestra Constitución, resultado de nuestras luchas históricas, por eso hemos trabajado y por eso trabajaremos. En 2023 se registraron 153 mil 261 documentos en el Sistema Integral de Quejas y 72 mil 73 solicitudes de atención, de las cuales 60 mil 342 fueron escritos de quejas. Se trata prácticamente del mismo número de documentos que los recibidos en 2019, año en el que atendieron a 152 mil 282, mil menos que en 2023. La diferencia es sustantiva. La prueba de que hoy estamos consolidando una nueva forma de defender los derechos humanos es su tratamiento; es decir, su calificación, la forma y el tiempo de resolución. Basta mencionar que en 2019 sólo el 7.8 % de los escritos de queja se calificaron como expedientes de queja. En 2023, 12000.99 % de los escritos de queja fueron calificados como expedientes de queja. Esto es porque hoy la recepción y registro y la calificación de los documentos recibidos en la CNDH no son un tema meramente administrativo. Nuestra transformación que ha puesto al centro a las víctimas empieza con una mejor, más efectiva y mayormente eficaz recepción de estos documentos, y a partir de ahí se acelera su calificación, con criterio de progresividad de los derechos humanos. Cabe aclarar que esto es al margen de los casos resueltos durante su tramitación, que en la actual administración también se han venido incrementando. En 2023, 13 mil 1 expedientes lograron ser resueltos de ese modo durante su tramitación, y con ello se apoyó a dar resolución a su problemática a 37 mil 961 personas agraviadas y/o quejosas. Esto representa el 62.90 de los expedientes concluidos. En 2019, el número de expedientes resueltos durante el trámite ascendió a 4 mil 246, el 37.98 %. Es decir, 48 % menos que en la actual gestión. En contraparte, han disminuido los expedientes resueltos por orientación y por no existir materia, que hoy representa el 27.62 %. Mientras que en el último año de la gestión anterior el porcentaje fue de 54.1 %, siendo las recomendaciones el principal instrumento con que cuenta esta Comisión Nacional para resarcir a las víctimas de las violaciones a derechos humanos de que son objeto, de las pocas facultades con que contamos. Para coadyuvar a la reparación del daño, nos corresponde acudir al Senado de la República cuando una autoridad se niega a aceptar nuestras recomendaciones y presentar las denuncias ante los órganos de investigación facultados jurídicamente para sancionar a las personas responsables. En ese tenor, en 2023 presentamos 29 solicitudes al Senado para llamar a comparecer a autoridades omisas en la aceptación de una recomendación. Y 371 denuncias, de las cuales 73 son del ámbito penal y 298 del administrativo. Un problema que enfrentamos en cuanto a la reparación integral, que es una constante, es la falta de las autoridades recomendadas para dar cumplimiento a la reparación económica. Esto se refleja en el estado que guardan las recomendaciones en trámites, estando pendiente su conclusión por falta de pago, en su mayoría, lo cual evidencia la inoperancia del modelo que tenemos actualmente, pero también la necesidad de revisar la Ley de Víctimas y los criterios y mecanismos existentes. En otro tenor, menciono que en 2023 solicitamos a diversas autoridades 116 medidas precautorias o cautelares y se presentaron 80 demandas de acción de inconstitucionalidad, derivadas de emisiones, adiciones o modificaciones de ordenamientos legales a nivel federal y local. El enfoque de preeminencia de la protección y defensa de las víctimas ha resultado clave en la reorientación de las acciones que desarrolla la CNDH. Por lo que respecta a los programas especiales, fue incorporado desde 2022, al replantear su concepción y funcionamiento. De manera que, más que enfocarse en tareas de promoción, como era su vocación original, sean parte activa de la atención de las quejas y la integración de expedientes, coadyuvando de manera transversal con todas las áreas sustantivas. Siguen en evaluación para una mejora continua, pero de pronto, gracias a eso en 2023 y de asuntos relacionados con niñas, niños, adolescentes y familias se emitieron 26 recomendaciones. De asuntos de las personas jóvenes y mayores 5 recomendaciones. De asuntos de salud, sexualidad y VIH, una recomendación ordinaria y una recomendación general. De asuntos relacionados con personas, periodistas y defensoras de los derechos humanos se emitieron 7 recomendaciones. El Programa de Atención a Mujeres y de Igualdad entre Hombres y Mujeres (PAMIMH), también emitió 19 recomendaciones. En relación con las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes se emitieron 4. Desde el Programa contra la Trata de Personas, se emitieron 12 recomendaciones. En materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) fueron 9 y en materia de personas privadas de su libertad se emitieron 23 recomendaciones. Reformamos el Províctima, que ahora se denomina Programa de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos para enfatizar que va enfocada a nuestra atención y no duplicar funciones con la CEAV, de manera que ahora apoya en tareas preventivas. La primera vez en lo que va de la existencia de la CNDH que esta se compromete con la prevención y no solo reacciona mediante la atención de quejas. El Programa Especial de Personas Desaparecidas (Predes) también ha sido objeto de renovación, esto es porque la CNDH no suple a la Comisión Nacional de Búsqueda ni a la Fiscalía. Se coordina con ellas, pero tiene funciones muy claras que no se venían cumpliendo cabalmente, de manera que ahora se ajusta a ellas estrictamente para abordar con mayor oportunidad y eficacia esta problemática tan sensible para las personas y para el país. Bajo esta lógica, en 2023 se concluyeron 427 expedientes de años pasados y del presente que implican que a la fecha se han concluido un 83 % del total, abatiendo con esto el rezago que se tenía. Además, actualizamos el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, Sinpef, mediante el cual la CNDH inicia una serie de gestiones encaminadas a colaborar en las acciones de búsqueda reportadas ante la Comisión, esto debido a que se presentaba un atraso que se remontaba a 2017, lo que supuso un detallado análisis del inventario de 7 mil 546 expedientes que lo conforman. En cuanto al tema migratorio de gran envergadura por sus características en las 845 visitas de supervisión que realizamos se atendió a 24 mil 891 personas extranjeras, pero el dato fundamental es que durante el año que se da cuenta se emitieron un total de 37 recomendaciones ordinarias relacionadas con personas migrantes que suman un total de 67 recomendaciones en lo que va de la actual gestión, un número sin precedentes en la historia de la CNDH de las emitidas en la materia, toda vez que en la anterior administración totalizaron 20. Con un trabajo de investigación serio y comprometido con la verdad contribuimos a cambiar la manera de leer y entender nuestra historia reciente, desde la oficina especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política de Estado durante el pasado reciente, documentamos los crímenes de Estado cometidos entre 1951 y 2016. Sacamos de los archivos en donde se mantenían ocultos infinidad de episodios, superando así la visión que se tenía de la violencia cometida contra ciudadanos y militantes de partidos, principalmente de izquierda que reducía hasta hace poco su ejecución a lo que se ha venido denominando guerra sucia, limitativa solo de las violaciones a Derechos Humanos cometidos por agentes estatales entre 1965 y 1990. La Recomendación 98VG/2023 fue elaborada por espacio de más de 20 meses por la oficina especial y no solo expone estrategia desplegada de manera sistemática por el Estado durante más de medio siglo para reprimir y eliminar a la disidencia política, sino también una ruta de cumplimiento que ya estamos trabajando con las autoridades recomendadas que le permitirá cumplir al Estado mexicano con una vieja gran deuda con las víctimas de la represión y las violaciones graves entre los años 1965 y 1990. Con respecto al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en este año continuamos con la integración del expediente de la queja presentada en 2021, por los padres y madres de los desaparecidos, documentando estos nuevos hechos y los elementos del caso. Sí ya voy a concluir, ciudadanas y ciudadanos representantes del pueblo, el presente informe sintetiza en su contenido el balance de un esfuerzo colectivo construido a partir del diseño e implementación de una estrategia institucional transversal, fincada en la vocación de servicio y en un compromiso profundo con el pueblo de México y, por tanto, altamente demandante de acciones y resultados. Los números lo evidencian, nunca en toda la historia de la CNDH ha trabajado como lo está haciendo ahora. Del total de las recomendaciones emitidas por esta Comisión, desde su nacimiento, es decir, desde 1990, el 24.17 % se emitieron en la actual gestión, en solo cuatro años y contadas a partir de que es órgano autónomo, más del 45 %. También, en solo cuatro años superamos el número de todas las acciones de inconstitucionalidad interpuestas antes del 2019. No existe una institución nacional de derechos humanos en todo el mundo que pueda presumir los resultados de que estoy dando cuenta. Más de una recomendación emitida cada uno de los días del año, 371 y todo esto con el menor presupuesto que ha tenido esta Comisión desde hace muchos años. Porque en 2024 tendremos el mismo presupuesto que tuvo la CNDH en 2017, incluso menor si consideramos los índices inflacionarios. Son tiempos...