La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Muchas gracias, presidente, con su autorización. Compañeras y compañeros legisladores. La reforma penal del año 2008 trajo consigo el inicio de la transición de un sistema penal predominantemente escrito e inquisitivo a uno caracterizado por la oralidad y la adversalidad. La miscelánea penal que hoy se somete a la aprobación del pleno, es el resultado de un intenso trabajo de deliberación entre los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, debate que además en un ejercicio de apertura en el desarrollo de la función legislativa tomó en consideración las voces de organizaciones de la sociedad civil y diversos actores del sector público al momento de redactar el texto que da contenido a 10 ordenamientos jurídicos que comprenden esta reforma. La tarea no ha sido menor. No hay que perder de vista que el próximo 18 de junio concluye el plazo que el legislador estableció en esa reforma penal de 2008 para transitar plenamente de ese sistema penal inquisitivo al de carácter acusatorio, caracterizado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, desarrollado en forma oral y bajo un criterio garantista pro homine y el principio de progresividad. Sin embargo, el establecimiento de una implementación gradual ha permitido a legisladores operadores de la norma y a la sociedad civil organizada, encontrar áreas de oportunidad que abonen al fortalecimiento y perfeccionamiento de este sistema que hoy se recoge. En ese sentido, tal como lo ha expresado Luigi Ferrajoli, el derecho penal es la base en que se manifiestan y se definen de la manera más transparente las relaciones entre el Estado y el ciudadano; entre la autoridad y la libertad; entre la defensa social y las garantías individuales, y es a partir del paradigma penal que los límites legales impuestos a través de garantías penales y procesales a ese sistema de poderes públicos manifiestan todos su valor garantista, más allá del ámbito de la legislación y de la jurisdicción penal. La existencia, pero sobre todo la aplicación irrestricta de garantías penales y procesales en cualquier régimen, son los parámetros que permiten conocer el grado de madurez de cualquier estado liberal de derecho. Con esos criterios se han establecido normas como la reforma al artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 11 Bis del Código Penal Federal, en los que si bien ya se había establecido responsabilidad penal para las personas jurídicas, la reforma adiciona, como elemento para determinarla, la existencia de la inobservancia del debido control en la organización de esa persona jurídica como nexo causal. Es decir, la modificación establece que será penalmente responsable las personas jurídicas cuando hayan intervenido en su nombre, por su cuenta, en su beneficio, o a través de los medios que ellos proporcionen en la comisión de una lista claramente definida de delitos; pero se condiciona a que se haya determinado que no existió observancia del debido control de su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal, en que incurran los particulares, sus representantes, administradores y demás personal de hecho o de derecho. Es importante resaltar que en la discusión de este tema la comisión escuchó las preocupaciones e inquietudes de representantes de sectores integrados por personas jurídicas; de tal forma que su redacción protege los mínimos y medios propuestos por ellos. Las empresas y personas jurídicas legalmente constituidas y con actividades y objetivos lícitos, nada deben de temer al ser sujetos hoy a responsabilidad. El temor seguramente estará de parte de aquellas ficciones jurídicas que se involucran en delitos o hayan sido creados para delinquir. Hay, es importante destacar que en la Ley Federal de Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal se agregue el tema del testigo colaborador, al abrir la posibilidad de que un miembro de un grupo delictivo pueda hacerlo bajo las limitaciones y requisitos que la misma norma marca. En la Ley de Amparo, se estableció la improcedencia del juicio de amparo en resoluciones jurisdiccionales consistentes en el auto de vinculación al proceso, y aún no se trata de una sentencia, y por lo tanto falta la definitividad para su precedencia, tiempo atrás va a quedar los amparos que en forma masiva se presentaban contra los autos de formal prisión. Se garantiza el respeto de los derechos de la víctima u ofendido brindando una participación más activa a la figura del asesor jurídico; se fomenta la actualización de medios electrónicos durante el procedimiento; se contemplan mecanismos especiales para el trato de niños, víctimas menores de 12 años. Hay mayor celeridad en los procedimientos. Se garantiza el respeto a los derechos del imputado que estableció el mecanismo a seguir en caso de que no cuente con un abogado particular o se niegue a designar uno. Se establece de manera clara la función de la policía que arribe a una escena donde se ha cometido un ilícito. Cabe destacar que gracias a estas medidas empleadas, se podrá establecer un acceso a la justicia en forma gratuita, expedita, transparente y moderna. Por su atención, gracias.