El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Muchas gracias, diputado presidente. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud. Con fecha 22 de octubre de 2013 este pleno aprobó proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud. Entre los cambios propuestos destacan los siguientes. La Secretaría de Salud se consolida como instancia rectora y articuladora del sistema de protección social en salud. También se hace más clara la definición de los regímenes estatales de protección social en salud, ya que anteriormente se confundía con la definición del sistema de protección social en salud. Y por último desvincula la función de administración de los recursos de la prestación de los servicios de salud a los usuarios, evitando con esto la confusión del papel que debe desempeñar cada instancia. La transferencia de los recursos federales podrá hacerse en numerario o en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención. Tratándose de los recursos en numerario, estos serán administrados por las autoridades locales mediante cuentas bancarias productivas específicas para dicho fin, y a través de depósitos de la Tesorería de la Federación, quien mediante instrucción de los regímenes estatales de protección en salud podrá realizar los pagos a los proveedores de los bienes y servicios que determinen dichos regímenes con cargo a los referidos depósitos. Desaparece la figura del Consejo Nacional de Protección en Salud, a fin de no duplicar instancias de coordinación con los servicios estatales, toda vez que el día de hoy existe el Consejo Nacional de Salud como el mecanismo de coordinación de acciones con las entidades federativas en la materia, que sesiona con regularidad en el año, siendo el foro idóneo para tratar los asuntos vinculados con el sistema de protección social en salud. Se fortalece la portabilidad de los beneficios que otorga la afiliación en el sistema de protección social en salud, toda vez que da mayor certeza respecto del pago por prestación de servicios que se brinde entre entidades federativas y los que otorgan por las instituciones federales. Se da consistencia entre la Ley General de Salud y lo previsto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental respecto a la información que se debe rendir en materia de recursos humanos. En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos se destinaron a los fines específicos para los que fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de dicha situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes, para que procedan a su investigación y a su sanción. Además, se establece como un delito específico en materia del desvío del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso, si por razón de las funciones o actividades de quienes los hubieran recibido en administración o por cualquier causa los destinara a fines distintos. La iniciativa antes mencionada, una vez aprobada, se envió a la colegisladora, donde el pleno de la Cámara de Senadores aprobó un dictamen con modificaciones. Entre las modificaciones destaca la del artículo 77-Bis-6, en el que se agrega un texto para que la elaboración del modelo nacional a que se sujetarán los acuerdos de coordinación para la ejecución del sistema de protección social en salud, la Secretaría de Salud tomará en consideración la opinión de las entidades federativas. Esto dará la oportunidad a los estados de que expresen sus particularidades, evitando así que las decisiones sobre los convenios sean poder exclusivamente centrales. Por otra parte, en el artículo 77-Bis-15, fracción III, la colegisladora propone adicionar dos párrafos con la finalidad de dar certeza e inclusión a las entidades federativas en cuanto a los precios de referencia, que deberán ser establecidos por la Secretaría de Salud, y a los recursos que se transfieran en especie y con ello dar mayor transparencia al propio sistema. Esto evitará la discrecionalidad en cuanto a los recursos transferidos en especie y a los precios de las transferencias de medicamentos en las entidades federativas. Es importante recordar que el derecho a la protección de la salud es para todos y no solo un derecho laboral, por lo cual todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tenemos la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo de acuerdo con los principios de universalidad. Por lo anterior, solicitamos su aprobación a las reformas debido a que en ellas se impulsan medidas para fomentar una mayor eficiencia de los servicios estatales de salud, sobre todo los que aseguran que los recursos que se transfieran a los sistemas de protección social en salud, se utilicen de la mejor manera y para los fines que fueron transferidos. Por otro lado, establece claramente la separación de funciones entre los regímenes estatales de protección social en salud y la prestación de servicios. Además fortalece los mecanismos de información y los marcos de rendición de cuentas. Es cuanto, diputado presidente. A nombre de la Comisión de Salud solicitamos su voto a favor. Es cuanto, muchas gracias.