El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública ponemos a consideración de esta soberanía dictamen que versa sobre la minuta remitida por la Cámara de Senadores que contiene el proyecto de decreto que reforma el artículo transitorio tercero y la adición del transitorio décimo tercero y décimo cuarto al decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Concretamente este dictamen planea ampliar el plazo establecido para cumplir con las metas establecidas con el Programa de Evaluación y Certificación de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, señalar la obligación del gobierno federal, es hacer las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento del artículo tercero transitorio de la ley que los gobiernos federal y estatal establecen en una partida presupuestal específica; tercero transitorio de la Ley, de los gobiernos federales y estatales, establezcan una partida presupuestal específica en sus respectivos presupuestos de egresos para los siguientes ejercicios fiscales a entrar en vigor. Como recordaremos el 2 de enero del año 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que contenía en su artículo tercero transitorio la obligación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública de evaluarse y certificarse, añadiendo con sanción que no será así. Estos integrantes deberán ser dados de baja. Por tal motivo en diciembre del año pasado en esta Cámara de Diputados votamos la minuta del Senado de la República para prorrogar por 10 meses más el término establecido en cuestión, en virtud de que el porcentaje en los avances de las evaluaciones seguirán siendo insuficientes, lo de que no haberse aprobado hubiera ocasionado la baja inmediata de los elementos que no estuvieran certificados. A punto de cumplirse el término de los cumplimiento a la meta de certificación y acreditación del control de confianza, la realidad nos muestra que principalmente las entidades federativas y los municipios del país no cumplirán con el operativo legal, de conformidad con el informe de avance del Programa de Evaluación y Certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad, llevada a cabo el 17 de julio del año en curso. En este sentido, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública hemos sido sensibles a esta problemática, ya que desde la instalación de la misma ha sido una constante en nuestro trabajo de análisis, discusión y elaboración de dictámenes con respecto a la evaluación de control de confianza procurar siempre el respeto a los derechos humanos y a la prevalencia de los criterios científicos multidisciplinarios como eje de evaluación. En el mismo orden de ideas, la legislación vigente establece como obligaciones a las cuales deben sujetarse los integrantes de las instituciones de seguridad pública el someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de los requisitos de pertenencia y mantener vigente la certificación respectiva. El artículo 87 de este ordenamiento jurídico establece que la carrera policial, tanto en su ingreso como para la permanencia, implica el trámite de obtener y mantener actualizado el certificado único de control de confianza. Es por eso que los legisladores miembros de esta Comisión de Seguridad Pública estamos a favor y estamos conscientes de lo que tenemos que hacer en los siguientes meses para poder evaluar a todos los elementos policiacos de los municipios, de los estados y de la federación para poder darle resultados a la ciudadanía. Es un tema, compañeras y compañeros, que le duele al país. Esperamos en este próximo año estar junto con nuestros gobernadores para que se cumplan estas metas. Es cuanto, diputado Presidente.