El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que hoy presentamos y planteamos aprobar con las modificaciones sugeridas en materia social e indígena, tiene el objetivo de organizar de manera mejor el gobierno para rendir mejores resultados a los ciudadanos, ha sido producto de un intenso y muy responsable trabajo en el que reconocemos el interés y participación de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que aportaron sus puntos de vista y valiosas opiniones en un debate necesario para reformar y analizar todas estas propuestas. Es una reforma que el Grupo Parlamentario del PRI ha hecho suya, porque reconoce la necesidad de que al inicio de un nuevo gobierno, el próximo primero de diciembre es indispensable transformar el diseño institucional y administrativo para cumplir con los compromisos de conducir un cambio con rumbo y tener un gobierno y un Estado eficaz. Entendemos claramente y así lo hemos manifestado en el seno de las comisiones dictaminadoras el loable propósito de adecuar el marco de atribuciones de algunas dependencias del aparato administrativo para que el gobierno de la República pueda contar con instrumentos legales y administrativos que le permitan aplicar sus nuevas políticas públicas y gobernar con eficacia. En función de lo anterior, comprendemos el propósito de lograr una coordinación eficaz al interior del Gabinete para tener una administración eficiente y de resultados, en particular en áreas de interés general como la seguridad pública y fronteriza, el sistema penitenciario y de protección civil, y la promoción y defensa de los derechos humanos. Ello habrá de fortalecer las bases institucionales de la gobernabilidad y la seguridad del país y renovar las fuentes de cohesión y unidad nacional. En materia social, la iniciativa tiene como fin dar un sentido integral a los esfuerzos de la política social, de reducir la pobreza que lacera y divide al país, y focalizar de manera más eficiente los programas sociales con las personas como propósito fundamental de acciones, para así prevenir y eliminar la discriminación y fortalecer la inclusión y la cohesión social. A este respecto se ha atendido la preocupación de los grupos parlamentarios y organizaciones civiles por la propuesta de sectorización del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y acordado que en ambas entidades conserven su estatus en los términos actuales. Entendemos también la necesidad urgente de reordenar el desarrollo territorial, urbano y agrario del país a partir de la creación de una secretaría, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que tendrá como tarea la coordinación con las autoridades estatales y municipales en las políticas de planeación y ordenamiento de los asentamientos humanos, la regularización de la propiedad agraria y la concertación con el sector social, así como la promoción del desarrollo urbano y metropolitano sustentable y el fomento de la vivienda. Con el fin de lograr un nuevo sistema de control gubernamental, se propone crear unidades de auditoría preventiva, lo que implica la desaparición de la actual Secretaría de la Función Pública y la distribución de facultades en distintas estructuras y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata de instrumentar una concepción moderna y honesta de la administración pública con suficientes órganos de control y facultades de investigación y sanción no para la burocratización, sino para la rendición de cuentas y el ejercicio transparente del gobierno. Finalmente, se propone el ordenamiento legal de la Oficina de la Presidencia de la República como unidad integrante de la administración pública centralizada y una instancia de apoyo técnico y asesoría del titular del Ejecutivo federal en la instrumentación de políticas públicas y otras funciones prioritarias que se le asignen. Compañeros legisladores, hemos hecho uso de la política para construir acuerdos en torno a esta relevante reforma administrativa. En el marco de la división y el equilibrio de poderes, corresponderá al Congreso de la Unión y a los representantes de la soberanía popular pedir cuentas de la instrumentación de estas reformas y esperar mejores resultados para el beneficio de nuestro país. El objetivo final de esta reforma debe ser el que le vaya bien a México y a los mexicanos. Que tengamos más y mejores empleos. Que tengamos más seguridad; que se combata eficazmente la pobreza; que se logre un crecimiento urbano más ordenado con un mejor desarrollo de las zonas rurales del país. Todo ello con un gobierno más eficaz, transparente y que rinda cuentas. Eso, compañeros legisladores, es lo que espera el pueblo de México de nosotros. Es cuanto, presidente.