El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Antes de iniciar mi exposición, le solicito por economía parlamentaria, se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Como bien sabemos, en la creación de todo ordenamiento jurídico en donde se establecen disposiciones prohibitivas, inevitablemente se necesita de preceptos que sancionen las conductas que se impiden realizar. Es decir, de configurarse la hipótesis jurídica que la norma prohíbe, la consecuencia jurídica debe ser una sanción, de lo contrario la norma resulta imperfecta. En efecto, señoras diputadas y señores diputados, la máxima jurídica dice "a toda infracción corresponde una sanción". Sin embargo, en la reciente reforma electoral de 2007 el legislador omitió cumplir con esta máxima para el caso de los servidores públicos que cometen una infracción en materia electoral. Permítanme explicarme. El Cofipe en su artículo 347 contempla un catálogo de infracciones en las que pueden incurrir los servidores públicos y sin embargo, no establece disposición alguna que indique la sanción que deba imponerse en caso de que efectivamente se cometa alguna de ellas. Lo que da lugar a una laguna jurídica que es necesario subsanar. Este vacío legal, en los hechos impide que se sancione a los servidores públicos infractores de la ley comicial, lo que abre un gran margen de impunidad. Si algún funcionario público, ya sea federal, estatal o municipal, por ejemplo, difunde propaganda gubernamental en periodo de campaña electoral, o bien, utiliza programas sociales para coaccionar el voto a favor de algún partido político o candidato, no recibirá ninguna sanción, ya que la autoridad electoral se encuentra impedida legalmente para castigarlo de manera directa. Incluso, en la praxis del derecho electoral mexicano ya se han presentado casos en donde el IFE ha determinado que servidores públicos han violado la norma, pero ante la imposibilidad de imponer directamente la sanción, la autoridad electoral ha resuelto dar vista a los Congresos locales o a las contralorías gubernamentales de los estados para que éstas determinen lo que proceda y por lo general, nunca pasa nada. Por estas circunstancias, en diversas resoluciones, tanto magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como consejeros electorales del IFE, se han manifestado en el sentido de solicitar al Poder Legislativo que subsane esta omisión y se faculte al IFE para sancionar directamente. Seguramente coincidirán conmigo en que no es posible que el IFE esté facultado para sancionar a aspirantes, a precandidatos, a candidatos, a afiliados a los partidos políticos, a observadores electorales, o incluso, a cualquier ciudadano que infrinja la legislación electoral, pero que en la práctica no pueda sancionara a servidores públicos, quienes por cierto somos los primeros obligados a cumplir la ley, pues éste es un deber inherente al cargo que desempeñamos, por lo que resulta incongruente que no se nos pueda sancionar. En resumen, la presente iniciativa tiene por objeto facultar al IFE para que sea este órgano quien directamente pueda sancionar a los servidores públicos que incurran en alguna de las infracciones que marca el Cofipe, ya sea mediante una amonestación pública o con multa de hasta 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, lo que equivale aproximadamente a 274 mil pesos. Con esta iniciativa se busca fortalecer a la autoridad electoral en una de sus funciones vitales, subsanar las lagunas jurídicas que abren una puerta a la impunidad y otorgar certeza jurídica y confianza para la ciudadanía en la resolución de procedimientos en materia electoral; por lo que invitamos a todos los partidos políticos representados en esta honorable Cámara de Diputados a que se suman a esta iniciativa que, insisto, busca cerrar los espacios de impunidad y que seamos los servidores públicos los primeros en predicar con el ejemplo. Es cuanto, diputado presidente.