El diputado Bonifacio Herrera Rivera: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: como secretario de la Comisión de Seguridad Pública me permito sustentar ante esta honorable asamblea el dictamen de la minuta que reforma y adiciona los artículos 2 y 12 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello es preciso hacer nota que el 30 de noviembre del año pasado fue aprobada en esta soberanía la ley en comento, misma que al momento de ser discutida, se analizó concienzudamente y con precisión la gravedad del problema al que se enfrentaba la ciudadanía relacionado con esta actividad ilícita, que es injustificable y deleznable desde cualquier perspectiva que se observe. Ante las voces que argumentaban que la ley era perfectible, siempre consideramos que era preciso expedir una normatividad que hasta la fecha no existía y posteriormente se harían las propuestas necesarias que la fueran perfeccionando, tanto directamente en la ley, como en los ordenamientos jurídicos relacionados. Al respecto se observó la existencia de algunas disposiciones que pudieran calificarse de evidentes y obvias; sin embargo, el legislador, en su afán por perfeccionar las leyes para hacerlas claras y de fácil interpretación, ha encontrado en el artículo 2 de la citada ley que se establece una pena para el delincuente de dos a seis años, es decir, se especifica la duración de la sanción, pero no su naturaleza que en este caso debe precisarse que es de prisión preventiva y en las circunstancias que el mismo artículo en la referencia indica con exactitud, a fin de cumplimentar lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, considerando que la naturaleza del delito exige en el sujeto activo una determinada capacidad y voluntad por lesionar el orden jurídico y los derechos de terceros, esta ley busca a toda costa evitar la reincidencia de quienes, no obstante habiendo cumplido la sentencia que les fue impuesta en razón de su conducta, aún pudieran tener los medios y los bríos necesarios para reincidir en conductas delictivas. Es por ello que la autoridad debe asegurarse que el sujeto en cuestión se haya reinsertado de manera efectiva en la sociedad, que tenga una manera lícita de vivir y que, en todo caso, de no hacerlo así, se tengan los elementos para proceder conforme a derecho. Para ello se propone corregir la deficiencia encontrada en la ley, ya que establece el uso de mecanismos de localización, pero sólo mientras se purga una pena de prisión corporal, lo cual resulta ocioso, toda vez que el condenado se encuentra dentro de una institución penitenciaria. Lo relevante es poder monitorear cuando éste abandone el centro penitenciario y que este monitoreo pueda hacerse durante cinco años, después de haber sido liberado, cuando sea el caso en que la víctima haya infringido o causado algunas lesiones previstas en los artículos 291 al 293 del Código Penal Federal. Ésa es la razón, señoras diputadas y señores diputados, por la que debemos aprobar esta reforma y adición que no altera el sentido y el espíritu de la ley, sino que es una especie de interpretación auténtica que aclara la intención del legislador para evitar cualquier confusión que pueda suscitarse al momento de llevarla a la práctica. Muchísimas gracias.