La diputada Olga Luz Espinosa Morales: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, muy buenos días. Señor presidente, voy a presentar en esta tribuna la reserva a los artículos 12 y 26 de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y solicito a usted que el artículo 55 del cual presenté reserva se inserte de manera íntegra al Diario de los Debates de esta Cámara. La iniciativa que hoy se está debatiendo va a poner las reglas que otorgarán poder a la ciudadanía de levantar la voz a través de sus representantes populares y dar cabal cumplimiento al principio democrático de que si el pueblo tiene el derecho de elegir a sus representantes y gobernantes, también tiene el derecho de destituirlos e inhabilitarlos, pero hoy debemos de ser muy cuidadosos, ya que una regulación ambigua en nada favorece a la democracia, pero sí puede abrirle las puertas de par en par a la tiranía y hoy estamos frente a un dictamen ambiguo. La iniciativa puesta a consideración de este pleno contiene una serie de adecuaciones al procedimiento, que deben llevar a cabo las Cámaras del Congreso y sus órganos auxiliares para desahogar los procesos relacionados con la responsabilidad política y la responsabilidad penal de personas servidoras públicas a nivel federal y en algunos supuestos de las del ámbito local. En ese sentido, la iniciativa revisa la integración de organismos que intervienen en el proceso, sus etapas y las consecuencias que de él resulten Para el grupo parlamentario del PRD es evidente que la actualización que se propone en la iniciativa debe revisarse con el propósito de actualizar procedimientos en aras de alcanzar una justicia expedita, respetando sobre todo el debido proceso y la presunción de inocencia de los inculpados. Lamentablemente la discusión de esta iniciativa llega al pleno sin la deliberación previa debida, por lo que no se están dando las condiciones para un examen minucioso y exhaustivo, que debería llevar a cabo este cuerpo colegiado. De esta manera, en el caso del artículo 12, se establece que en el caso del enjuiciamiento político la Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hechos de la materia de la denuncia, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la participación que haya tenido la persona servidora pública denunciada. La reserva que hoy se presenta, compañeras y compañeros, propone que la Sección Instructora deberá contar con el plazo improrrogable de 90 días contados desde el día siguiente la fecha en el que se le haya turnado la denuncia a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo. En el caso del artículo 26, en lo que se refiere a la declaración de procedencia, la Sección Instructora practicará tantas y cuántas diligencias sean necesarias para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad de la persona inculpada en su comisión. En ambos casos, se propone una previsión para que en dado caso la Sección Instructora pueda solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara que se amplíe el plazo. Consideramos que la presente reserva mejora el procedimiento, da certeza jurídica y permite al órgano especializado de la Cámara de Diputados, encargados de practicar todas las diligencias necesarias, la comprobación de la conducta o del hecho que acredite la responsabilidad política o penal de alguna persona que sea servidora pública y que cuente con el término estrictamente necesario para que pueda formular sus alegatos. En el Grupo Parlamentario del PRD siempre favoreceremos la construcción de un andamiaje jurídico...