La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea. El grupo parlamentario de Alternativa se une a todas las voces que condenan el uso de la fuerza pública en Oaxaca y solicita al Ejecutivo que ordene su salida inmediata. Nuestro grupo hace también un llamado respetuoso a todos los actores políticos para que a la brevedad se reinstale la mesa de negociación para que la política sea el único instrumento que normalice la vida civil y democrática de ese estado del país. También exigimos que se den garantías a los integrantes de la Sección 22 del magisterio, a los integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca y a las diversas organizaciones indígenas y ciudadanas, para que se respete su integridad y sus derechos humanos. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, hoy reiteramos que la renuncia del gobernador Ulises Ruiz es la medida más pertinente para reencauzar de inmediato la vida cotidiana del estado de Oaxaca y así evitar más daños a la economía, a la seguridad, a la educación de niñas, niños y jóvenes, pero sobre todo para evitar más violencia y más daños a la convivencia social en barrios y comunidades. Una reforma profunda de la política y del poder en Oaxaca es una de las condiciones necesarias para avanzar en los terrenos que más importan a las personas y a las comunidades. Oaxaca requiere transformaciones de fondo en su sistema político y en su sistema de gobierno, ahora plagado de todo tipo de caciquismos, de opresión social, de discriminación, de corrupción y de arbitrariedad. El Partido Revolucionario Institucional debe valorar por qué cada día que se prolonga el conflicto el partido sale perdiendo, su partido. Y sale perdiendo porque la defensa a ultranza de Ulises Ruiz es insostenible. Hablar del principio de derecho en abstracto es un despropósito, cuando el derecho y la legalidad fue lo último que consideró Ulises Ruiz el 14 de junio, cuando optó por una acción policial y abandonó la política y el camino del derecho. Y ya ni qué hablar de su ética. Él debe responder por los 15 homicidios que se han cometido durante el conflicto, debe responder por los presos políticos y las personas torturadas y que esperan que se les haga justicia. La palabra clave hoy en Oaxaca es justicia, acceso a la justicia, una palabra que el señor Ulises Ruiz sólo reconoce para aferrarse al poder. Sólo alguien que no le entiende recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a defenderse de un exhorto. Todos salimos perdiendo si el uso de la fuerza pública y no la política es el instrumento que se privilegia para resolver el conflicto de Oaxaca. Legisladoras y legisladores. Tenemos la gran responsabilidad de mostrar a una ciudadanía, cada vez más escéptica de nuestro actuar, que sus representantes somos capaces de hacer justicia, de resolver los problemas y de exigir cuentas a cualquiera que tenga un cargo público, sin importar su partido de origen. En una democracia genuina, quienes eligen a sus gobernantes tienen el derecho a removerlos. Dejemos de lado las simulaciones que sólo fortalecen la partidocracia y legislemos de inmediato para hacer efectivo ese derecho a través de la figura de revocación de mandato. La pregunta que hoy debemos hacernos no es cómo resolvíamos las situaciones en el pasado, sino cómo las resolveremos para el futuro. La revocación de mandato promoverá las actitudes responsables y el mejor desempeño de los funcionarios electos. La revocación de mandato será un acicate para aquel gobernante que sea el primero que actúe no bajo la ley. La revocación de mandato evitará conflictos prolongados como el que ahora nos ocupa. Por último queremos enviar nuestra solidaridad a la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas "Primero de Agosto" y a todas las organizaciones de la sociedad civil que siguen luchando por un Oaxaca libre y justo. Muchas gracias.