El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros. La adopción es el procedimiento legal a través del que se permite el establecimiento de un vínculo filial entre el adoptado y adoptante, sin la existencia de una relación de consanguineidad. El marco jurídico en nuestro país, por el que se regula esta figura, se encuentra determinado por el interés superior del menor. En este contexto, es debido a dicho interés que se justifica la existencia de tres ejes obligatorios vinculantes, a fin de otorgar la patria potestad de un menor a una familia sustituta, Estos pueden ser descritos como la prescripción de disponer de medios materiales suficientes por parte del adoptante, para proveer de subsistencia, educación y cuidados apropiados al adoptado, incluyendo, sin duda el amor. Se trata de que el acto jurídico mismo redunde en pleno beneficio del adoptado, y que el adoptante demuestre ser una persona apta y adecuada para comprometerse a tan elevada distinción y responsabilidad. El hecho circunstancial de que niñas, niños y adolescentes resulten privados de una familia, constituye un acontecimiento imprevisible y de gran envergadura, difícil y desafiante a todas luces en su complejidad moral y social, y con evidente repercusiones en el buen funcionamiento anímico y social de los seres humanos afectados. Los efectos producidos por el desamparo se convierten precisamente en un evento de carácter anímico con inevitables secuelas en el orden y estabilidad personal, que eminentemente el Estado debe necesariamente considerar y tutelar. Hoy por hoy la adopción se sigue concibiendo como la institución jurídica por la que se salvaguarda y promueve el valor de la familia. Sin embargo, nuestra legislación aún considera dos tipos de adopción, la adopción simple y la plena, los cuales tienen diferencias en su procesamiento según el estado civil de los solicitantes, la edad del menor o si éste ha sido declarado incapaz, la irrevocabilidad en la misma y respecto a la extinción o creación de vínculos jurídicos. Lo cierto es que todos los mínimos que señala la ley adjetiva en cuanto a estos procedimientos se resumen en el interés de construir condiciones óptimas de desarrollo de los adoptados al interior de la institución familiar y a su protección jurídica. En esa tesitura resulta incluso incongruente que nuestro Código Civil federal sustente la posibilidad de dos tipos de procedimientos en esta materia, la simple y la plena, cuando la protección del interés superior del menor en el más amplio sentido debe garantizar a los niños adolescentes o incapaces sustituibles de ser adoptados la certidumbre que al término del proceso de adopción podrá gozar de los mismos derechos que tendría un hijo biológico, lo cual se revela como lo más justo y correcto. Mediante la derogación total del artículo que comprende el capítulo titulado De la adopción simple, se logra establecer las pautas necesarias para extender y consolidar una sola figura jurídica en la norma civil federal que la considera. El resultado de este cambio en la legislación será la consecuente y probablemente rápida implementación de la llamada adopción plena en todo el país, y con ello derivaciones positivas para los sujetos tutelados por la norma. Por lo anteriormente expuesto consideramos que los cambios propuestos al articulado del Código Civil federal en el dictamen sujeto a discusión, y en consecuencia la subsecuente homologación federal en cuanto a la figura jurídica de la adopción, resulta necesaria a fin de lograr transformaciones sustanciales y de indiscutible importancia para un segmento social de innegable vulnerabilidad. Es importante destacar que este dictamen genera la posibilidad de que algún individuo adoptado, una vez aprobado, bajo el modelo de la adopción simple –a partir de la entrada en vigor de esta reforma– pueda alegar la aplicación retroactiva a su favor de la ley. Al instituirse la adopción plena como el único procedimiento reconocido en la legislación se colocará en una mejor situación a todos aquellos individuos integrados a una familia sustituta por un proceso de adopción simple, pues se hace posible la integración total y con carácter definitivo al núcleo familiar, reconociéndole los mismos derechos y deberes que se derivan de la relación paterno-filial exactamente igual a la que se tiene con un hijo consanguíneo, como en justicia les correspondía desde siempre. Por todo lo anterior, Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen en comento. Es cuanto, señor presidente.