La diputado Martha Laguette Lardizabal: Con su venia señor presidente; compañeros diputados: Es esta una iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley de Planeación en materia de competitividad y desarrollo regional. La pobreza en México afecta en la actualidad a aproximadamente la mitad de la población en deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. Tiene un efecto altamente perjudicial sobre el capital humano de los pobres, lo cual los enquista a ellos y a sus hijos, en la total desesperanza. El crecimiento económico sustentable es una condición necesaria pero que aún no es suficiente para lograr un verdadero desarrollo social. La productividad, la distribución del ingreso, la búsqueda de la equidad, la igualdad de oportunidades y el apoyo de los sectores más vulnerables, son componentes esenciales para la meta que nos debemos trazar. La inserción social de los mexicanos como productores y consumidores de una economía en expansión, requiere del desarrollo de actividades productivas que permitan integrarnos en forma estable en el mercado mundial. El desarrollo de estas actividades productivas exige formar la mano de obra necesaria para estos procesos, aparejado al fortalecimiento y fomento a las actividades económicas que naturalmente se desarrollan en las distintas regiones del país o que son susceptibles de llegar a desarrollarse. La productividad ha sido siempre la clave del desarrollo económico y actualmente existe una estrecha relación entre ésta y la competitividad. Las ventajas comparativas básicas para la productividad, no son suficientes para el desarrollo. Se requiere además transformar dichas ventajas comparativas en la calidad que permita diferenciar nuestros bienes y servicios de aquellos similares producidos por otros agentes económicos en cualquier otra parte del mundo. Con conclusión, los desequilibrios en el proceso de ocupación y aprovechamiento sustentable del territorio nacional, son consecuencia de la estrategia o inercia histórica de crecimiento centralizado que está dejando de lado que el objetivo primordial del desarrollo regional se sustenta en un principio básico: la competitividad. Es menester que desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta los programas sectoriales que lo desarrollan, se contemplen nuevas formas de concebir y abordar los problemas que aquejan al país desde la conciencia de la existencia de un mercado abierto global y de la necesidad de crear estructuras económicas y sociales desconcertadas. Debemos pues apostar todo nuestro interés a la competitividad tanto interna como internacional desde cada región de México, fomentando una mayor capacidad empresarial, redefiniendo y modernizando los procesos productivos, atrayendo inversión extranjera pero sobre todo a las modificaciones sustanciales en materia de ocupación y aprovechamiento del territorio nacional. A partir de las necesidades de cada región del país en coordinación del Gobierno Federal con los estados y autoridades municipales, así como con los sectores económicos, sociales y educativos involucrados, debe concebirse una nueva realidad que lleve aparejadas innovadoras estrategias de desarrollo regional. El artículo 25 de la Carta Magna establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático. Igualmente el numeral 26 de la norma fundamental, establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. En tanto, la Ley de Planeación dispone que el Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país y que se especificarán las acciones, objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados. Se propone la inclusión de un segundo párrafo al artículo 28 de esta ley para que tanto en el propio Plan Nacional de Desarrollo como en los programas sectoriales que del mismo deriva, no sólo se especifique la coordinación sobre aquellas acciones que implican a los gobiernos estatales y a los grupos sociales interesados sino que también en los mismos se garantice dicha coordinación a través de una serie de acciones. Conforme a lo anterior, someto el siguiente proyecto con carácter de decreto: ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley de Planeación y se le agregan los incisos a) y f) para quedar redactado de la siguiente manera: Artículo 28.- El plan y los programas a los que se refieren los artículos anteriores, especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados, y garantizarán que dicha coordinación se realice cuando menos en las siguientes acciones: Establecimiento de una política de desarrollo económico regional que propicie la descentralización de la actividad económica hacia otras áreas geográficas del país. Formulación de programas de desarrollo regional que propicien el aprovechamiento de las potencialidades de cada región. Autonomía financiera municipal para la planeación y sustentabilidad de su desarrollo. Vinculación de las instituciones de educación superior en la definición de los programas y estrategias de desarrollo regional; y Los lineamientos y políticas de desarrollo económico para el mediano y largo plazo, que sean garantes de la continuidad de los programas estratégicos regionales. Dado en este Salón de Sesiones a la fecha, 6 de diciembre de este año. Suscribe la de la voz. Señor Presidente, en virtud de ser ésta una versión resumida de la iniciativa en comento, solicito atentamente se dé cuenta del texto íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.