El diputado Julio Saldaña Morán: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, nuestro compromiso como representante de la sociedad mexicana implica una alta responsabilidad para afrontar las grandes adversidades en nuestro país. El tema de seguridad pública representa hoy por hoy una de las principales inquietudes de los mexicanos. Bajo este contexto se resalta la importancia de este dictamen, ya que representa un avance más en el ámbito de seguridad privada. El artículo 21 constitucional establece claramente la obligación del Estado de salvaguardar la seguridad y tranquilidad del pueblo de México bajo un esquema de legalidad, coordinación, cooperación y corresponsabilidad de las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales. Es atinada la afirmación de que la seguridad privada se encuentra comprendida dentro de la seguridad pública; en consecuencia existe tanto la obligación como la facultad de los tres órdenes de gobierno de regular este tipo de servicios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. El artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualmente distribuye competencias administrativas a las autoridades federales y locales para el otorgamiento de las autorizaciones a particulares para los servicios de seguridad privada de la siguiente manera. Por una parte la federación, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se encargará de autorizar los servicios de seguridad que se presten en dos o más entidades federativas, sin dejar de cumplir con la regulación local, en tanto que las entidades federativas, a través del órgano que establezcan las leyes locales, se encargarán de autorizar los servicios de seguridad que se presten en un solo estado. Ahora bien, la propuesta es concreta. Establecer en el artículo 150 –citado– que los requisitos en las legislaciones locales no deberán exceder de los requerimientos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada para otorgar las autorizaciones de prestación de servicios de seguridad privada que operen en dos o más entidades federativas. De esa forma se podrá solucionar el problema que ocasiona el exceso de requisitos que los particulares deben cubrir al solicitar dichas autorizaciones, ya que es revelador el dato indicado en el dictamen al referir que los requisitos que solicitan las entidades federativas, el Distrito Federal y algunos municipios, sin contar lo solicitado por la legislación federal, son de al menos 114 requisitos adicionales. Por otro lado se pretende solucionar cuestiones de invasión de competencias de las legislaciones locales, en atribuciones exclusivas del ámbito federal. Por ejemplo, la cláusula de exclusión de extranjeros que requieren algunas entidades federativas para las empresas encargadas de prestar el servicio de seguridad privada, es una situación que vulnera el sistema de distribución de competencias que establece la Constitución federal. Es claro que las restricciones a la invasión extranjera en la prestación del servicio de seguridad privada, es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, cuya regulación se encuentra establecida en la Ley de Invasión Extranjera. Por último, el dictamen propone adicionar el monitoreo electrónico, como una modalidad en el servicio de seguridad privada, a efecto de requerir a quien realice dicha actividad, la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Por lo anterior, la bancada de Acción Nacional apoya y solicita el voto a favor para la aprobación del presente dictamen con el propósito firme de que exista una verdadera regulación armónica entre las disposiciones federales, las estatales y del Distrito Federal. Con ello se garantizará que las mexicanas y mexicanos tengan un mejor servicio de seguridad privada eficaz y de calidad. Es cuanto, señor presidente.