LA C. DIPUTADA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente. Apreciables diputadas, diputados, el grupo parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados pone a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 14, 74 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual presento la siguiente exposición de motivos. El Senado de la República, en función de lo que establece el artículo 133 constitucional, ha aprobado diversos tratados y convenciones en materia de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y para prevenir el delito del genocidio, entre otros crímenes. Muchos de estos instrumentos internacionales, establecen la prohibición expresa de conductas que signifiquen cualquier agravio contra la vida o la integridad física, psíquica y emocional de las personas o afecten la convivencia entre los pueblos o entre las naciones. Estos ordenamientos establecen parámetros universales inscritos en los principios del derecho internacional incorporado en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos, de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que garantizan la protección de las personas, el desarrollo de la democracia y la paz entre los pueblos. México al aprobar un tratado o convención, se compromete a adoptar todas las medidas necesarias e indispensables para garantizar la observancia, aplicación e interpretación de los mismos. En este orden de ideas, ahora ante esta tribuna presentamos distintas reformas a la Constitución Política Federal tendientes precisamente a cumplir con estas vinculaciones. Como un breve antecedente es necesario recordar el desarrollo del derecho penal internacional cuya aplicación inicia con la creación de los Tribunales de Niurenberg y Tokio, que juzgaron los crímenes contra la paz, contra la humanidad y de guerra ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Cuarenta años después el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, decidió crear los tribunales ad-hoc para la antigua ex Yugoslavia y para Ruanda en 1993 y 1994 respectivamente, justamente para juzgar a los responsables del genocidio de los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. El actual derecho internacional penal tiene su principal expresión en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Esta normatividad, como ustedes saben, establece en el 5, 6, 7 y 8 de sus artículos, que aquellos crímenes que por su magnitud y agravio que genere no sólo a la persona o personas afectadas de manera directa, sino a la sociedad en general, son imprescriptibles y requieren ser prohibidos y sancionados. Esto deriva del principio de que los tribunales internacionales en materia penal cumplen una función subsidiaria en el ámbito de la impartición de justicia que únicamente es aplicable cuando los órganos de justicia de determinado estado o país, resultan inoperantes e incapaces de prevenir, investigar y sancionar a aquellas conductas que el derecho internacional ha calificado como incompatibles con el estado democrático. Es así que en una primera obligación de los estados parte, es adecuar su legislación interna para prohibir la comisión de estos delitos, establecer su imprescriptibilidad e implementar adecuadas medidas de investigación que impidan que la comisión de estos crímenes queden en la impunidad y se garantice justicia hacia las víctimas. En México la ausencia de una normatividad adecuada es la que ha generado que existan serios obstáculos para dotar de justicia a quienes han sido víctimas de diversos crímenes. Así ha sucedido con las investigaciones que el Estado mexicano ha venido realizando desde el 2001 para esclarecer los delitos cometidos durante el periodo que conocemos como: "Guerra Sucia": En este caso la ausencia de un adecuado marco normativo que establezca la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad o crímenes de Estado, ha obligado a las autoridades investigadoras a aplicar criterios jurídicos demasiado forzados que conllevan el riesgo de ser declarados inaplicables para situaciones en donde se está exigiendo la aplicación de justicia. Es por ello que ahora presentamos la reforma del artículo 14 que a la letra diría: "En los juicios del orden criminal..." Justamente sería en el párrafo tercero del 14 y diría: "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. El genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y por derecho internacional humanitario serán imprescriptibles". En ese sentido va la reforma. De igual manera y siendo que los crímenes prohibidos por el derecho internacional son aquellas que afectan no solo a determinados individuos sino al carácter democrático de un Estado agraviando también a la comunidad universal, es preciso que nuestra Constitución clarifique la competencia de los órganos federales para investigar violaciones graves a los derechos humanos. Yo de manera muy particular quiero mencionar que es importante que nosotros resolvamos en la Constitución, precisamente, la prevención de crímenes que conocemos, como los que se han cometido en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que tienen además una evidente discriminación por cuestiones de género y por condiciones sociales. Por lo anterior, se pretende adicionar un párrafo tercero al artículo 102 apartado A de la Constitución, a fin de otorgar facultades al ministerio público de la federación para que además de investigar conductas delictivas del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, como ya lo dice la Constitución, además puedan investigar hechos que a pesar de estar establecidos en el ámbito de competencia de la procuración de justicia de las entidades federativas, por su gravedad y por su sentido sistémico impliquen graves violaciones a los derechos humanos. Por lo anterior, estimadas diputadas y diputados, se hace necesario a su vez derogar el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73, para que lo que ahí se establece y que claramente corresponde a atribuciones de los órganos encargados de procuración de justicia se traslade al artículo correspondiente en el 102 apartado A de este mismo ordenamiento fundamental, a través de la inclusión, además de un párrafo tercero en el sentido como se ha argumentado y que quedaría como sigue: "De igual forma podrá conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o cuando se trate de delitos del fuero común en cuya persecución o averiguación las autoridades estatales cometan violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos, al derecho humanitario o a las garantías individuales" Algo en este sentido lo está preparando también la PGR, pero nos parece muy pertinente sacarlo del 73 y llevarlo a donde desde nuestro punto de vista debe de estar que es el 102" En cuanto a la propuesta de reforma al párrafo primero de la fracción XXI del 73, es preciso modificar desde nuestro punto de vista el vocablo "castigos" por el de "sanciones", en razón de que la voz "castigo" además de simbolizar un lenguaje apartado a los derechos humanos contrasta con lo referido con otras disposiciones que hacen referencia directa a sanciones o penas. Finalmente, quiero señalar que estas reformas atienden las recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Les agradezco a todos ustedes la atención a esta exposición y me permito pedirle, señor Presidente, entregarle este documento para que sea inscrito textualmente en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias. (Aplausos) -