EL PRESIDENTE: Muchas gracias, diputado Castellanos Hernández. Tiene el uso de la palabra hasta por ocho minutos, el señor Procurador General de la República. EL LIC. JORGE MADRAZO CUELLAR: Muchas gracias, señor Presidente. Hay tres preguntas muy concretas y voy a tratar de articular tres respuestas también muy concretas. En cuanto al delito de tráfico de menores, secuestro de menores, este delito había venido siendo fundamentalmente un delito del fuero común. Creo que las Procuradurías de justicia de los estados tendrían mucha mayor capacidad para contestarle cuántas personas han sido detenidas y cuántas personas han sido condenadas. Sin embargo quiero recordar que a finales de la legislatura inmediata anterior, se aprobó una reforma publicada en el Diario Oficial el 12 de junio del año 2000, que enmendó los artículos 366, 366 bis y tercer y cuarto párrafos del Código Penal Federal que están ubicadas dentro del capitulo único del titulo XXI, privación ilegal de la libertad y de otras garantías. De esta manera se incluyó una forma distinta de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, cuando se realiza con el fin de trasladar a un menor de 16 años fuera del territorio nacional con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o la entrega del menor y su pena es de 25 a 50 años de prisión. Se tipifica también como tráfico de menores el traslado de un menor fuerza del territorio nacional o su entrega a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido por el traslado o por la entrega y su penalidad es de tres a diez años de prisión. Estas modalidades específicas de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, se hicieron del ámbito federal. En un Artículo Transitorio incluso en la reforma se aprobó que la Secretaría de Hacienda transfiriera los recursos económicos indispensables, para que funcionara una unidad encargada sólo de la persecución de estos delitos en la Procuraduría General de la República. En los términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, encontramos que esta unidad debía operar precisamente ahí, en el ámbito de la Unidad contra la Delincuencia Organizada como una fiscalía específica. Se establecieron los recursos técnicos y humanos necesarios y la fiscalía está lista para su operación. Esta es una reforma sumamente reciente señor diputado. Hemos tenido desde luego un estudio de especialización para los Ministerios Públicos que trabajarán o que están trabajando ya en esta fiscalía, sobre las convenciones de aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Hasta el día de hoy esta fiscalía no ha recibido una sola denuncia por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y con estas características de internacionalidad. Por lo que se refiere a lo que usted dice la ilegal intervención de la Policía Preventiva en el campus universitario, creo que políticamente le puede merecer la opinión que usted estime más conveniente pero no la de ilegal. La Policía Federal Preventiva, la Policía Judicial Federal y con el apoyo, fuera del campus de los elementos de Seguridad Pública del Distrito Federal, con una orden del Juez o de la Jueza Segundo de Distrito en Procedimientos Penales en el Distrito Federal, realizamos el operativo que estuvo al mando del Ministerio Público en la Ciudad Universitaria, después de que habían transcurrido muchisimos meses sin que el conflicto universitario se resolviera, y cuando cada vez más que a los ojos de muchos mexicanos se estaban cometiendo actos delictuosos. Y no fue, señor diputado, por falta de pruebas, que todas las personas, las más de 200 que fueron consignadas están hoy en libertad. Fueron por las peticiones específicas y los sobreseimientos que la Abogada General de la Universidad Nacional presentó ante el Ministerio Público, y que nosotros como institución de buena fe, llevamos ante los respectivos procesos penales. Respecto a los campesinos de Guerrero, quiero decirle que mandamos hacer desde la Dirección General de Derechos Humanos de la Procuraduría, una investigación muy cuidadosa sobre los agravios que decían tener estos dos campesinos, fundamentalmente sobre los términos de la detención y sobre la supuesta tortura. Se hicieron análisis médico forenses. Se recorrió paso a paso el lugar de la detención al lugar donde fueron presentados al Ministerio Público del Fuero Común, y no encontramos violaciones a derechos humanos. Presentamos conclusiones acusatorias, hay una sentencia dictada ya por un juez que valoró todo el tema de violaciones a derechos humanos que argumentaron los procesados, y hoy el asunto está en Segunda Instancia. Será el magistrado el que tenga que resolver en definitiva la cuestión. Y me quedan creo que dos minutos treinta y seis segundos, y se me ha hecho una pregunta acerca de lo que hemos entregado al Servicio de Administración de Bienes Asegurados de la Secretaría de Hacienda. Quiero recordar que esta Ley de Bienes Asegurados, que por cierto fue promovida por la PGR desde 1997, entró en vigor el 16 de agosto de 1999. A partir de su entrada en vigor, todos los bienes que son asegurados por el Ministerio Público de la Federación, en un plazo de 72 horas se ponen a disposición del Sistema de Administración de Bienes Asegurados de la Secretaría de Hacienda. Eso se está cumpliendo puntualmente, no ha sido fácil porque, bueno, el SERA se ha dado cuenta de la estructura que se requiere para manejar, apenas hasta para recibir esa cantidad de bienes que están sujetos a aseguramiento ministerial. Y hemos estado también en el proceso de entregar todo lo que había asegurado el Ministerio Público antes de agosto del año pasado. Se han entregado ya siete empresas productivas. Hasta la fecha se han hecho entrega de 406 registros de joyas. En materia de numerario se ha entregado 2 millones 748 mil 769 pesos con 40 centavos de pesos mexicanos y 6 millones 37 mil 723 dólares con 74 centavos, el remanente, 76 millones de pesos, se entregarán en las próximas seis semanas. El total de numerario a entregar por lo que corresponde a la administración de un servidor, será de 141 millones de pesos, además de 9 millones 673 mil 333 dólares con 95 centavos. Los bienes que están pendientes por entregar al SERA son 6 mil 540 bienes y 3 mil expedientes que contienen estos aseguramientos. Esto es lo que puedo decir. Si se quiere una información más pormenorizada, con mucho gusto la entregaría a esta soberanía.