LA SENADORA SARA ISABEL CASTELLANOS CORTES (PVEM): Con su venia señor Presidente, compañeros Legisladores. La situación de Yucatán está llegando a un límite extremo, dentro de unos días se puede general situaciones irreversibles que afecten la estabilidad política, local y nacional y lesionen irremediablemente a las instituciones de la República. Yo no quiero referirme en mi intervención al debate jurídico sobre la legalidad de la Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; me queda claro, que su decisión ha sido justa, de análisis por destacados Constitucionalistas sin llegar a un acuerdo único; sin embargo también me queda claro que las acciones realizadas por la Fracción Priísta del H. Congreso Local de Yucatán, se tiene muchos aspectos negativos, sin suficiente sustento legal gratuitas, sin apego a derecho, obviamente sin consenso con las otras fracciones parlamentarias y por lo tanto con un alto grado de ilegitimidad que vicia de origen sus decisiones en materia electoral. En estas circunstancias, el debate y la discusión sobre quien posee un mayor grado de legalidad, o peor aún, sobre quien se encuentra en mayor grado de legalidad, nos conduce a una verdadera trampa. Se habla de que la solución al conflicto debe ser la negociación política, es claro que si hay un mínimo de voluntad entre las partes, puede recurrirse a la política para obtener una salida con visos de legalidad, Pero de continuar la situación actual, caracterizada por la cerrazón, la situación puede llegar a un callejón sin salida en donde el acuerdo sea muy difícil, violente la legalidad o tenga que ser sustituido por recursos de fuerzas del Gobierno Federal. Antes esos problemas se resolvían desde el centro, sin miramientos y eran aceptados con docilidad, pero ahora no debemos recurrir a los recursos del viejo estado nacional, recursos de autoridad y más aún, de fuerza. Se trata, por el contrario, de oponer a los métodos del viejo estado nacional, recursos de autoridad y, más aún, de fuerza; se trata, por el contrario, de oponer a los métodos del viejo estado los recursos de un federalismo renovado. El federalismo surge históricamente para resolver en la paz los conflictos entre entidades soberanas; en caso de conflicto entre el orden federal y estatal, la decisión no le corresponde a uno o a otro sino a una autoridad neutral: los tribunales, el Poder Judicial, y ese es el principio al que debemos acudir en este momento. México no ha sido nunca un Estado federal. Nuestro país adoptó a su independencia la forma de una república federal pero con modalidades distintas al modelo norteamericano. Se ha dicho muchas veces que el federalismo en norteamérica sirvió para unir en un pacto a un conjunto de Estados diferenciados y con alto grado de autonomía, pero es, por el contrario, en México se utilizó para combatir la excesiva centralización que la corona española impuso a la Nueva España durante 300 años. El federalismo impidió la guerra en Norteamérica entre las diferentes colonias por el dominio y la hegemonía de una sobre las otras. En México, la guerra entre liberales y conservadores, entre los postulantes de una república central y una federal consumió un siglo y desintegró el territorio original. Ninguna institución política puede mantenerse sin una base social y ningún equilibrio constitucional; puede durar sin un equilibrio social correspondiente. Las instituciones estabilizan ciertas relaciones sociales preexistentes pero no pueden crearlas, por eso en México el federalismo cubrió con sus formas jurídicas una esencia centralista de la cual todos somos herederos pero a la cual ya no podemos ahora recurrir. Por eso, el conflicto yucateco es un desafío para el nuevo federalismo que queremos construir sobre la base de renovar las instituciones. Este es el caso del Tribunal Electoral del Poder Legislativo de la Federación; con su creación se posibilita la existencia de un arbitro superior de todos los conflictos frecuentes y cotidianos en la lucha por el poder político pero sin el apego y reconocimiento a sus resoluciones puede abrirse un negro camino en lugar de la transición democrática. Y no podemos llamar al viejo presidencialismo a concertacionar los conflictos electorales como tampoco podemos llamar a poderes foráneos a pronunciarse sobre nuestros asuntos internos. ¿A quién acudir? Pues a las instancias que nos hemos dado en este penoso tránsito democrático, instituciones imperfectas, deficientes o insuficientes pero perfectibles, si nos sometemos a la razón que justifica su creación, La posición del Partido Verde Ecologista en torno a este conflicto, es que debe acatarse y hacerse acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Si se quiere recurrir la resolución acatando la legalidad, los diputados inconformes del honorable Congreso del Estado de Yucatán tienen la opción de presentar una recurso ante la Suprema Corte de Justicia, cosa que hasta ahora no han hecho. El comportamiento seguido por la mayoría priísta del Congreso local y el gobernador, sugiere que en la realidad algunas fuerzas políticas están apostando al conflicto, al desgaste de los nuevos funcionarios y del nuevo gobierno y, en el fondo, creando las condiciones para no renovar los poderes públicos del Estado. Es frente al riesgo de deslegitimar e inutilizar a las instituciones de la República, por lo que debemos pronunciarnos en contra del comportamiento del gobernador Cervera. Si ahora un gobernador con una precaria mayoría en el Congreso local decide desconocer a las instancias federales, con el alto costo de evitar la renovación soberana de los poderes públicos mediante la vía electoral, cualquier otro día en cualquier otro Estado, otro gobernador diciéndose agraviado va a desafiar por cualquier motivo al pacto federal. Por los caminos del sur y por el camino del gobernador Cervera, no vamos a ningún lado. Gracias.