EL C. DIPUTADO PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ: Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Las consecuencias de la crisis financiera de 1995 no tuvieron precedente alguno en nuestro país, el colapso fue de tal magnitud que todavía hoy se siguen pagando sus secuelas, baste mencionar el costo fiscal del rescate bancario como prueba de ello. Con el paso de los años el gobierno federal ha buscado mecanismos para fortalecer el sistema financiero y bancario, en aras de minimizar hasta donde sea posible, el impacto negativo de una crisis económica. Es una realidad que los bancos han logrado salir del colapso de casi una década y ahora tienen altos niveles de rentabilidad, mucho de ello es producto del jugoso subsidio estatal que recibem por los pagarés del Fobaproa e IPAB. No obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal, por conducto de las autoridades hacendarias y de supervisión financiera, han considerado necesario implementar una serie de mecanismos de alerta y de corrección, para cuando alguna institución bancaria presente problemas de capitalización y con ello pudiera poner en riesgo los depósitos de los ahorradores, esta modificación central es la que presenta el dictamen que hoy se está discutiendo. Con esta reforma se persiguen los siguientes objetivos: proteger los intereses del público ahorrador, detectar y resolver de manera preventiva posibles deteriores en la estabilidad financiera de las instituciones de banca múltiple y subsanar algunas lagunas y deficiencias en la legislación vigente. De aprobarse la reforma propuesta a la Ley de Instituciones de Crédito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se clasificaría a las instituciones de banca múltiple, tomando como base el índice de capitalización que determine la autoridad competente, de conformidad con lo que se dispone en el Artículo 50 de la propia ley. Una vez establecida dicha clasificación, la autoridad puede, entre comillas, monitorear el desempeño del índice de capitalización de cada institución y si llegare a estar en alguno de los rangos de riesgo, proponer una serie de medidas correctivas con el fin de mejorar la salud financiera del Banco y así prevenir cualquier crisis. Es preciso resaltar que una detección temprana de deterioro en el índice de capitalización, permite su corrección oportuna y redunda en importantes beneficios para los usuarios y para el Estado. Asimismo se establece la necesidad de presentar un programa de restauración de capital como una medida central frente a un problema de capitalización de la institución bancaria. Enunciaremos a continuación las medidas que a nuestro juicio nos parecen las más importantes, cuando una institución no cumple con los requerimientos mínimos del índice de capitalización. Un programa de mejora de eficiencia operativa; racionalización de gastos e incremento en la rentabilidad; la realización de aportaciones al capital social y límites a las operaciones de la institución de Banca Múltiple o a los riesgos derivados de dichas operaciones. Suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la institución, así como cualquier mecanismo que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. Suspender los programas de recompra de acciones del Banco. Suspender el pago de intereses y diferir el pago del principal y/o en su caso convertir anticipadamente en acciones las obligaciones subordinadas que se encuentran en circulación, hasta por la cantidad que sea necesaria para cubrir el faltante del capital. Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del director general y de los funcionarios en los dos niveles jerárquicos inmediatos; así como no otorgar nuevas compensaciones hasta que se cumpla con el ICAP requerido. Como puede verse ésta es una reforma positiva en materia de regulación bancaria y financiera. Es uno de los pasos para avanzar en la construcción de instituciones bancarias sanas y con niveles de capitalización adecuadas que minimicen el impacto en una crisis. Reconocemos que se haga un esfuerzo por fortalecer la regulación a las instituciones bancarias, pero no podemos dejar de reconocer que en México ha habido amargas experiencias donde la ley no se respeta y lo que ha generado esto son costos financieros, altos costos en los rescates financieros y que paga el pueblo de México. No podemos olvidar que las instituciones bancarias por ley, tienen una serie de prohibiciones para evitar malos manejos de los recursos que reciben del público ahorrador. La imposibilidad de girar préstamos cruzados es un ejemplo de una disposición de ley que no fue respetada y que abultó el problema del rescate bancario. Ante esta situación esta Cámara de Diputados a través de la Comisión de Hacienda, debe de estar muy pendiente de que las reformas que aprobemos sean ejecutadas a cabalidad por las instituciones bancarias y por las entidades gubernamentales que regulan su accionar. Compañeros diputados; compañeras diputadas: Por las consideraciones anteriormente expuestas, el grupo legislativo del Partido del Trabajo, votará a favor de est dictamen que discutimos. Es cuanto señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias don Pedro Vázquez González. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para fijar la posición de su grupo parlamentario. -DIP. JAVIER SALINAS NARVAEZ: Muchas gracias señor presidente. Con su venia. Con la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, se busca reforzar las atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de detención, prevención y corrección de situaciones de baja capitalización de los bancos. Las adecuaciones incluidas en la iniciativa se consideran en general pertinentes y acordes con la etapa de transición que está viviendo el sistema bancario. Es importante recordar que la crisis bancaria de 1995 que generó el terrible problema del Fobaproa imponiendo un elevado costo fiscal, tuvo como origen, entre otros factores, una inadecuada vigilancia y supervisión de instituciones, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si hace 10 años se hubieran tenido leyes como la que hoy nos ocupa, probablemente la crisis bancaria no hubiera sido de la magnitud que se tuvo. Podría haberse contenido en sus inicios y el costo fiscal del rescate bancario habría sido mucho menor. Por ello es importante recordar algunos antecedentes para situar correctamente las adecuaciones legales que ahora estamos efectuando. Durante décadas el gobierno federal mantuvo un sistema de garantía tácita a todos los pasivos bancarios. La regla conocida era que en México ningún banco podría quebrar jamás debido a esas garantías. Ese mecanismo tuvo sentido debido a que el Banco de México ejercía entonces una regulación de los bancos extrema, determinando los niveles de tasa de interés y la canalización de buena parte del crédito en un ambiente de economía cerrada hacia competencias con el exterior. A partir de 1992 el gobierno decidió privatizar los bancos e impulsar una desregulación bancaria y apertura hacia el exterior. Con estas medidas se buscaba generar una mayor intermediación de los recursos, un abaratamiento del crédito mediante la disminución de los márgenes de intermediación bancaria y una canalización más eficiente de los recursos hacia los sectores que lo necesitaban, generando mayores niveles de actividad económica. Esta política debió completarse con un acotamiento explícito de las obligaciones garantizadas y con un reforzamiento de las instituciones encargadas de vigilar los bancos. Por desgracia esto no sucedió, manteniéndose la garantía a todos los pasivos. Además, instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantuvieron atribuciones limitadas y sus directivos continuaron con las viejas prácticas permisivas y con la costumbre de enfrentar las situaciones que se presentaban de manera discrecional y casuística. Aun así, una política que podría tener muchos rasgos positivos se impuso como defectos tan graves que la condenaban de antemano al fracaso. La razón de ello fue que estas medidas de gran impacto en la economía nacional se llevaron a cabo en un ambiente autoritario, sin una verdadera discusión por parte del Poder Legislativo, entonces dominado por un solo partido. La ausencia de prácticas democráticas llevó a que se impusiera una reforma con graves defectos que condujo pocos años después a una fuerte crisis. Los nuevos banqueros actuaron en un ambiente que les permitía hacer prácticamente lo que quisieran, con un agravante: la posibilidad de cargar al erario público los costos de los posibles errores. Sin una vigilancia adecuada y con la garantía gubernamental al total de los pasivos bancarios los banqueros podían tomar riesgos excesivos sin preocuparse de las consecuencias. Así, con un comportamiento totalmente irresponsable, sólo buscaron hacer buenos negocios, buscando recuperar su inversión lo más rápido posible. El resultado total fue diferente al esperado por los tecnócratas. Habían diseñado una reforma. Los niveles de intermediación no sólo no crecieron sino que mostraron una tendencia descendente. A finales de 1994 se tornó alarmante al verse los bancos como un mecanismo para canalizar recursos provenientes del exterior y no de mayores niveles de ahorro interno. El costo de los recursos no disminuyó como se esperaba; en su lugar se observó un encarecimiento del crédito sin precedentes, alcanzando los márgenes de intermediación bancaria niveles superiores al 50 por ciento. La canalización de los recursos tampoco resultó ser la más eficiente. El crédito se dirigió a actividades que parecían más rentables para los banqueros, propiciando un sobreendeudamiento de la economía, sin que se generara, como contraparte, un nivel mayor de ahorro. Esta situación insostenible condujo a un tipo de abusos, registrándose toda clase de créditos relacionados e incluso los banqueros se otorgaron muchos autopréstamos sin preocuparse por pagarlos, ya que contaban con la garantía gubernamental. Cuando la crisis bancaria hizo su aparición en 1995 y el sistema de pagos estuvo en riesgo de verse interrumpido las instituciones de vigilar los bancos reaccionaron de manera discrecional, es decir, sin reglas generales. Este hecho generó la aparición de incentivos perversos que indujo a un comportamiento de los bancos orientado a sacar las mayores ventajas de ese ambiente institucional inadecuado, como resultado del costo fiscal de un rescate inevitable, se incremento de manera exagerada, imponiendo al pueblo mexicano una carga muy elevada. Las medidas incluidas en la iniciativa enviada por el Ejecutivo son acordes con la conclusión de esta etapa de transición, dotando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de más facultades de vigilancia y actuación para garantizar de manera eficaz y oportuna la corrección de cualquier problema de capitalización bancaria antes de que pueda convertirse en un problema sistémico. Sin embargo hubo un aspecto que requirió ser corregido antes de ser dictaminada la iniciativa. Este aspecto se refiere a una posible vulneración de los derechos laborales de los empleados bancarios. Si bien la facultad de otorgar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el sentido de suspender pagos de compensaciones a los directivos, sólo cuando se detectan problemas de capitalización, es correcta, no se vio la justificación de hacerlas extensivas, estas medidas, hacia los empleados de los bancos, llegando al extremo de ordenar que esta prevención deberá conectarse en los contratos y demás documentos que regulen las condiciones de trabajo. Esta iniciativa que hoy votaremos, debe generar también un compromiso de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para actuar de manera expedita y eficaz cuando se requiera. Se debe terminar con el miedo a intervenir oportunamente a instituciones. Hay que recordar que en el Informe Mackey se dan muchos ejemplos de la tardanza con la que actuó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, apoya esta iniciativa en el entendido de que es sólo el inicio de una serie de reformas en materia de legislación bancaria que debemos alcanzar. Tenemos que revisar qué adecuar nuestra legislación a la nueva realidad bancaria mexicana. Es importante recordar que la extranjerización del sistema bancario es más el resultado de una crisis que el producto de una política acorde con los objetivos del desarrollo nacional. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias. -