La diputada Ana Ruth García Grande: Muy buenas tardes, señores y señoras integrantes de la LXIV Legislatura. Es un gusto para mí nuevamente abordar la más alta tribuna del país para expresarme en representación del Partido del Trabajo, en favor de la minuta que nos encontramos analizando y discutiendo, en la que se contiene la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Un tema que ha estado en la mesa de la discusión por mucho tiempo, antes del día que nos ocupa, en ejercicio parlamento abierto, en la recepción de opiniones de expertos en el tema, y desde luego en la posibilidad de que los propios ciudadanos representados por sus legisladores, hayamos podido discutir y analizar. Me parece que de fondo, y lo he dicho en la reunión de comisiones unidas, cualquier tarea que lleve como teleología abatir la delincuencia, el crimen organizado, la impunidad que priva desafortunadamente en nuestro país, debe conjuntar los afanes de todos los legisladores que estamos representando en este recinto a los ciudadanos. Es un hecho que no solo el ciudadano pretende que se persiga y se sancione a todo aquel que, en este esquema de corrupción, de impunidad y de delincuencia, obtenga para sí y para su beneficio bienes con una lesión directa a los ciudadanos. En este afán nos estamos conjuntando, pero también no dejando de lado el hecho de que no necesariamente nos satisface que se persiga y que se sancione, sino que un apartado que ha estado sub iudice y que es momento que decidamos, es que a través de una extinción de dominio se puedan reincorporar al patrimonio del Estado todos aquellos bienes que se utilizan para la perpetración de hechos revestidos con características de delito. En este sentido, en el Partido del Trabajo nos manifestamos a favor del contenido de la minuta y así lo vamos a votar, porque creemos que es un paso indiscutiblemente para atajar estos flagelos que privan en nuestro México. Verdaderamente el hecho de revisar el proyecto y entender que estamos ante una modalidad del derecho penal del enemigo, lo hemos dicho, en una filosofía alemana, donde Günther Jakobs ha mencionado que puede o no puede gustarnos el hecho de descuidar de fondo el ejercicio del respeto a los derechos fundamentales del hombre, en contrasentido cuando estamos hablando de verdaderos criminales. No se puede aplicar este derecho, esta figura de excepción a ciudadanos comunes y corrientes, que no son los que finalmente se benefician de conductas que laceran nuestra seguridad nacional. El hecho es que están garantizados los procedimientos para que la extinción de dominio no violente derechos humanos fundamentales. Estamos hablando de procedimientos delineados, de requisitos de procedencia para poder aplicar esta figura y, desde luego, en el caso personal estoy convencida de su beneficio, aun aceptando que puede mejorar el proyecto y que sobre la marcha, en el ejercicio ensayo-error, sin duda alguna haremos las propuestas necesarias para que sea más eficaz este marco regulatorio. Me parece de forma personal que me alienta el hecho de apoyarlo, la consideración de que en marzo del presente año celebramos una mesa de diálogo con el sector pesquero en Baja California Sur, donde nos pidieron que en el caso de la pesca furtiva esta figura operara. Hemos verificado en el proyecto que la remisión que se hace a la Ley de Delincuencia Organizada, en su artículo 2, hace una remisión expresa en su fracción IX, al hecho de que la pesca furtiva que se lleve a cabo por tres o más personas de manera permanente o reiterada, es un acto de delincuencia que está considerado como un delito grave. Por eso, de forma personal, me ha parecido que el proyecto garantiza, entre otros delitos, porque ya se dijo aquí que es un catálogo amplio, que en aquellos delitos que laceran de forma mayor a nuestros ciudadanos, se garantice la extinción de dominio. Quedan muchos temas que afinar, en lo particular con el diputado que me acompaña para representar a Baja California Sur hemos considerado, que podría considerarse, y lo vamos a hacer sobre la marcha, la posibilidad de que un porcentaje de los bienes que sean objeto de extinción se destine para los programas sociales o políticas públicas que beneficien al municipio aquél en que se encuentren los bienes, motivo de la extinción. Que sería una aportación que de forma posterior vamos a puntualizar, porque en los hechos consideramos que ahorita es menester que se apruebe el proyecto, para darles garantía y certeza a nuestros conciudadanos. Es cuanto. Gracias, por su atención.