El diputado Andrés Massieu Fernández: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional; que dicho dominio es inalienable e imprescriptible; y, que su explotación, uso o aprovechamiento no podrá realizarse sino mediante concesiones o permisos otorgados por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Asimismo, nuestra Carta Magna señala que el Estado podrá, en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o el uso de bienes del dominio de la federación, asegurando la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes. En razón de lo anterior, siendo que el servicio de radiodifusión utiliza necesariamente un bien del dominio de la nación como lo es el espacio aéreo a través del cual se propagan las ondas electromagnéticas, así como que constituye una actividad de interés público, este servicio únicamente podrá prestarse mediante concesión o permiso y el Ejecutivo federal debe perseguir y sancionar a quien realice esta actividad sin cumplir con dichos requisitos indispensables. La propia Ley Federal de Radio y Televisión establece como una infracción administrativa el operar o explotar estaciones de radiodifusión sin contar con la previa concesión o permiso, estableciendo para esta conducta una sanción consistente en una multa que va de 500 a 50 mil pesos. Sin embargo, durante los últimos años en México se ha venido incrementando el número de emisoras de radio y televisión que se instalan y operan de manera ilegal. El desarrollo tecnológico de los equipos transmisores ha favorecido el establecimiento de este tipo de emisoras por su precio y facilidad para su instalación y operación. Las emisoras ilegales al no estar reguladas por la autoridad competente transmiten de manera desordenada, dentro de las bandas de frecuencia, generando interferencias con otras estaciones que operan conforme a la ley. Incluso las señales que generan han llegado a afectar los sistemas de comunicación y navegación del tránsito aéreo poniendo en riesgo la vida de quienes viajan por este medio de transporte. Estas emisoras, al operar en la clandestinidad dificultan ser monitoreadas por la autoridad respecto de los contenidos que transmiten, mismos que regularmente resultan contrarios a la ley, afectando la seguridad nacional, provocando la comisión de otros delitos o perturbando el orden público. Asimismo, es recurrente que durante los procesos comiciales se instalen y operen con fines político-electorales, cuyos contenidos violan de manera flagrante y permanente la normatividad electoral. Esta problemática no es exclusiva de nuestro país; es una corriente que ha venido tomando fuerza en Centro y Sudamérica, impulsada especialmente con fines políticos y religiosos. Ante ello, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, de la Organización de Estados Americanos, dictó una resolución en la que se reconoció que el tema de las emisoras ilegales trasciende el ámbito nacional y tiene repercusiones a nivel internacional, resolviendo exhortar a los países miembros a que incluyan, en sus legislaciones nacionales, disposiciones en el orden penal, administrativo y civil que establezcan sanciones para las emisoras ilegales y sus responsables. En México aún resultan insuficientes las medidas que contempla la ley de la materia y las diversas normas de aplicación supletoria para contener este fenómeno. Por ello, resulta necesario reformar la Ley Federal de Radio y Televisión con el objeto de establecer, de manera clara y precisa, la conducta que se pretende sancionar mediante la incorporación del tipo penal específico del que se trata, así como las sanciones que en atención al principio de proporcionalidad y al bien jurídico tutelado deben corresponder estos delitos. Esta iniciativa no sólo pretende evitar la conducta principal a la que me he referido, sino que con el objeto de atacar de fondo este hecho delictivo también considera otras actividades o acciones que de manera directa o indirecta lo propician. Es pertinente señalar que esta iniciativa no pretende excluir a las personas físicas o morales que tengan el propósito de brindar el servicio de radiodifusión, toda vez que para ello la ley establece claramente los procedimientos y requisitos para que lo puedan hacer legalmente y así cumplir con su función social. Compañeras y compañeros diputados, es urgente atender este problema. La operación de emisoras ileales en nuestro país lesiona el Estado de derecho, atenta contra la seguridad nacional y quebranta la rectoría del Estado sobre una actividad que es prioritaria para el desarrollo nacional. Por lo expuesto me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. Es cuanto, diputado presidente.