La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández: Con su permiso, diputado presidente. Le solicito atentamente inserte la iniciativa completa en el Diario de los Debates. La Declaración de Atenas, en 1992 fue un llamado a todos los organismos internacionales a que adoptaran medidas que aseguraran la plena participación de las mujeres y que integraran de forma total la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en sus políticas nacionales. Es así como la demanda por la paridad surge nuevamente de la consideración de que la sociedad está integrada a partes iguales por hombres y por mujeres, como condición previa al pleno que trae consigo el ejercicio de la ciudadanía. Es preciso dar el salto de una democracia formal a una democracia donde se construya ciudadanía, la cual se edifica a partir de que las mujeres disfruten sus derechos en proporciones iguales que los hombres; en que tengan los mismos niveles de ingresos y en que haya igualdad en la adopción de decisiones y la influencia política. Es necesario un reconocimiento sobre la democracia paritaria, no sólo como una propuesta que acelere los procesos de participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios públicos decisorios, sino como una alternativa que lleve a la construcción de un nuevo orden social que incluya una democracia que incorpore contenidos y en formas de acción la democracia de género. Resulta importante tomar en cuenta que la paridad exige precondiciones que no deben dejarse de lado, no basta con establecer una fórmula que obligue a colocar un porcentaje de mujeres en los partidos políticos para hacer electas en los puestos de elección popular, es necesario asegurarles condiciones de igualdad de trato y oportunidades en ello. De ahí, es que la igualdad sustantiva y formal cobra relevancia en esta propuesta. No obstante que no hay paridad democrática, México tiene un marco legal importante para la inclusión de cuotas de género en la norma electoral federal. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe con carácter obligatorio para los partidos políticos, lo cual ha posibilitado el aumento en el número de mujeres en el Poder Legislativo, actualmente 60-40 en las candidaturas. Para el Poder Ejecutivo y el Judicial, no se cuenta con el establecimiento obligatorio de cuotas de género que garanticen la participación de las mujeres en los cargos de las tomas de decisiones. Entre las secretarías percibidas por las mujeres destaca la de Turismo, la cual ha tenido como titular a cuatro mujeres de 1976 a la fecha. La Secretaría de Desarrollo Social, ha sido presidida por dos mujeres a partir del año 2000 a 2007, y en el gabinete actual sólo hay tres mujeres presidiendo alguna secretaría, esta cifra se traduce en un 15.8 por ciento de las secretarías ocupadas por mujeres en comparación con el 84 por ciento de secretarías dirigidas por hombres. En cuanto a las subsecretarías de Estado, la presencia de las mujeres es igualmente limitada, ya que de las 59 subsecretarías de Estados, únicamente trece están a cargo de mujeres. En lo que respecta al Poder Ejecutivo, en las entidades federativas del país a la fecha sólo seis mujeres han ocupado el cargo de gobernadoras, esta situación muestra que de las 32 entidades federativas que conforman el país, sólo 6.3 por ciento tiene como titulares a mujeres. Respecto a la participación política de las mujeres a nivel municipal encontramos que de los 2 mil 456 municipios que conforman al país, 2 mil 349 están presididos por hombres y sólo 107 por mujeres, lo que representa sólo el 4.4 por ciento. En lo que respecta a la conformación de los grupos parlamentarios en el Congreso federal, para el primer año del ejercicio de la actual legislatura, solamente el Partido Acción Nacional representa un poco más del 30 por ciento del total de sus legisladores. Para el Partido Revolucionario Institucional tenemos el 21.5 por ciento de mujeres y para el Partido de la Revolución Democrática un 29 por ciento de legisladoras mujeres en sus filas. Atendiendo a la situación actual, de las mujeres en nuestro país la presente iniciativa pretende ser generadora de estas condiciones de igualdad de trato y oportunidades que nos lleven a la inclusión, a la equidad, a la incorporación de más mujeres a la vida pública de hacer espacios que construyan no solo una igualdad normativa, sino derechos que reflejen los resultados concretos. Por todas las razones antes expuestas, nos interesa de manera particular hacer modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en lo que hace reformar el inciso s) numeral 1 del artículo 38 en comento, en el sentido de garantizar la igualdad sustantiva y formal, para el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular. No debemos dejar de lado que es urgente y necesario seguir construyendo una sociedad en donde no haya segregación de género, donde haya democracia política y en donde no estemos sujetas a un orden social, económico, jurídico, político y jerárquico opresivo e injusto, basado en la supremacía de un género sobre otro. Es cuanto, diputado presidente.