La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidenta. El Estado mexicano no ha asumido su responsabilidad con la niñez. Tenemos más de 23 años de rezago en la aplicación de la Convención de los Derechos de la Niñez, de las Naciones Unidas. En nuestro país cuatro de diez mexicanos son niños, niñas y adolescentes. No obstante, debemos mencionar que si bien es cierto que el dictamen tiene como propósito cumplir la responsabilidad del Estado de salvaguardar los derechos humanos de los menores y contribuir al fortalecimiento de un trato igualitario tomando en cuenta las condiciones particulares de los diferentes grupos de ese sector, lo preliminar no representará ningún impacto verdadero si la ley no se ejerce y permanece en letra muerta. La inquietud mencionada proviene de lo ocurrido con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue publicada el 29 de mayo del año 2000 y tuvo por objeto garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Desafortunadamente, dicho ordenamiento jamás fue ejercido por el Estado de manera eficaz, tal y como lo demuestra el Apartado C de su artículo 14, el cual estipulaba que se deberían diseñar y ejecutar las políticas públicas que fueran necesarias para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo cual, a 14 años de su promulgación, nunca ocurrió. Constantemente hemos sido testigos de noticias en las que los menores de edad son sometidos a malos tratos, viven en condiciones insalubres y experimentan abusos sexuales, situaciones que se han evidenciado en casos como el operativo de la Procuraduría General de la República en el albergue de La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, o en la red de trata encubierta en el albergue capitalino Casitas del Sur. No podemos dejar de mencionar que siempre respaldaremos las medidas que beneficien a niñas, niños y adolescentes, pero hemos encontrado en el documento vicios que se deben corregir. En primer lugar, resulta menester establecer con precisión las situaciones en las que se considerará que la difusión de imágenes y voz de las niñas, niños y adolescentes representa una violación a sus derechos, ya que si bien esto podría vulnerar su vida, su integridad y su dignidad, de no regularse de manera adecuada crea incentivos perversos que afectarán la libertad de expresión y el derecho a la información. Por eso coincidimos en que en el dictamen, aun con estas modificaciones, se castigará la difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes, aunque se modifiquen –vuelvo a repetir–, difuminen o no se especifiquen identidades, y esta legislación permitirá que la delincuencia organizada siga utilizando a estos menores para los delitos más graves en nuestro país. Con este dictamen se sancionará a quienes informan verídicamente hechos; lo único que sucederá es que ahora no estaremos informados de lo que realmente sucede en nuestro país, tendrán en lo oscurito todo lo que sucede con las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Asimismo, el dictamen presenta errores de diseño al no estipular de manera puntual y detallada el impacto presupuestal que las medidas propuestas implicarán, lo cual afectará directamente a los organismos estatales y nacional para el desarrollo integral de las familias, sistema que históricamente ha enfrentado carencias económicas que pueden agravarse una vez que esta ley sea aprobada. Estamos convencidos de que no basta únicamente con crear una ley, sino que ésta se debe implementar de manera eficaz, ya que actualmente existen numerosas disposiciones internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el Convenio sobre la Edad Mínima y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil que no se han traducido en resultados concretos que representen un beneficio para los niñas, niños y adolescentes y en nuestro país. No basta con presentar una iniciativa preferente. No es suficiente con discutir y aprobar este dictamen, hacerlo no es el último paso para lograr una solución, sólo será el inicio. Muchas gracias.