El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señora Presidenta, y de conformidad al artículo 103 del Reglamento, me atendré a no exceder el tiempo marcado en él. El suscrito, diputado federal de esta legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 20, numeral II, inciso e), 23, numeral I, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 109, 110 y 148 del Reglamento para nuestro Congreso, sometemos a la consideración de esta soberanía la presten moción suspensiva, al tenor de los siguientes Antecedentes Primero. El 25 de octubre de 2007 el diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto de reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de la Función Pública. Tercero. El día 20 de febrero del presente año, la Comisión de la Función Pública se reunió para el análisis y discusión del dictamen, con una asistencia de sólo 10 integrantes, sin existir el quórum necesario para estos fines, votando en sentido positivo el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la ley en comento. Cuarto. En esa misma fecha y durante la reunión ordinaria de la comisión se propuso, de manera verbal, incluir en el dictamen la reforma al artículo 13 del mismo ordenamiento. Sin embargo posteriormente a esta fecha no se celebró reunión de la comisión para presentar y votar el nuevo dictamen. Quinto. El dictamen que se presenta a discusión reforma dos párrafos del artículo 37, siendo sólo la reforma del párrafo VI el objeto de la iniciativa, sin contar con una justificación de la que dictamina, a las reformas propuestas en la exposición de motivos del párrafo III y la reforma al artículo 13, sin haberse efectuado para ello la reunión ordinaria de la comisión para que se discutiera y se votara el dictamen en esos términos. Aunado a lo anterior, sometemos a consideración lo siguiente: Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior regulan el procedimiento legislativo, tanto de una iniciativa de ley o de decreto. Segundo. Que dentro de las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva se encuentra el dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable. Tercero. Que atendiendo al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, las comisiones son órganos constituidos por el pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyan a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales. Cuarto. Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior, toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que los haya recibido y deberá contener una parte expositiva que teniendo en cuenta que, al emitirse un dictamen en donde se analiza un ordenamiento jurídico, debe examinarse y posteriormente hacer la valoración del mismo a efecto de que se funde y se pueda concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación, en términos del artículo 87 del reglamento. Quinto. Que de aprobarse un dictamen en estos términos se estarían vulnerando las disposiciones constitucionales y legales que rigen el procedimiento legislativo. Adicionalmente, se estaría aprobando disminuir en términos reales una sanción administrativa de inhabilitación por incumplimiento de un servidor público en la presentación de la declaración patrimonial de conclusión del encargo, con un rango de tres meses a un año sin contar con una justificación del porqué este periodo es el adecuado en las consideraciones de los dictámenes presentados por la dictaminadora, estando establecido en la ley vigente un periodo de inhabilitación de un año para el infractor. El problema radica en que ésta es una obligación de los servidores públicos que es continuamente violada con la normatividad vigente, por lo que, de reducir este rango, se estaría incurriendo en un desincentivo, para que no se cumpla con esta obligación, debilitando un mecanismo para identificar probables conductas de enriquecimiento ilícito. Se observa que en leyes de responsabilidades administrativas de los estados no hay homologación en los criterios para aplicar este tipo de sanción por incumplimiento en la entrega de esta declaración, encontrando legislaciones rígidas al asignar una sanción económica de 15 días a seis meses acompañada de una inhabilitación que va de uno a seis meses, como es el caso de la que aplica en el Estado de México. En Michoacán se contempla una inhabilitación de uno a seis años. Estados como Oaxaca y Querétaro plantean la aplicación de una sanción económica de 15 días a 6 meses del salario vigente en la capital del estado y/o la inhabilitación de 1 a 7 años. Otras legislaciones plantean inhabilitaciones de un año, como es el caso de los estados de Tabasco, Nayarit y Aguascalientes, así como otras contemplan adicionalmente a la inhabilitación hasta por un año, una sanción pecuniaria, como es el caso de Chihuahua, Campeche y Puebla. Asimismo, existen otras legislaciones estatales en que la sanción por este incumplimiento es más laxa, como el caso que priva en Chiapas, cuya sanción económica es hasta por el monto de 30 días de un salario vigente en la capital del estado e inhabilitación hasta por 30 días. Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD sometemos a la consideración de esta soberanía esta Moción suspensiva Único. Se suspende la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo del artículo 13, y tercero y sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que presenta la Comisión de la Función Pública, con objeto de que se devuelva a la misma; ésta reponga el procedimiento legislativo y tome en consideración las objeciones de fondo aquí formuladas para que dicho dictamen sea reelaborado. Presidenta, consideramos que los argumentos vertidos a favor de la disminución lo que hacen es incentivar el incumplimiento de éste, que es el último acto administrativo de un servidor público que está concluyendo el encargo de sus funciones y esto nos preocupa enormemente. Si con un año de inhabilitación contemplada por la actual ley existen casos de incumplimiento no justificado de esta obligación, estamos ante la posibilidad de que esto abra el que muchos funcionarios que tienen cosas que no son claras, que no son correctas, se amparen bajo esta disminución a tres meses para no presentar su declaración de conclusión. Consideramos que es grave, sobre todo en la situación actual por la que atraviesa nuestro país, en una situación en donde está en crisis la credibilidad sobre funcionarios públicos de primer nivel que se pretenda disminuir una sanción que, como hemos visto en otras entidades, se entiende de su importancia y se aplican parámetros o rangos que van de mínimo un año a máximo seis años de inhabilitación, contemplando así la posibilidad de que a ese funcionario que incumple injustificadamente con esta obligación se le pueda inhabilitar por todo un sexenio y deshacerse así de esos malos funcionarios, servidores públicos que de manera deliberada omiten el cumplimiento de esta sanción. Solicito a esta presidencia que esta moción suspensiva sea publicada íntegra en el Diario de Debates y asimismo quiero solicitarle, con fundamento en el artículo 148 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, que esta moción suspensiva a la discusión del dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma párrafos segundo del artículo 13, 3o., y 6o., del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades, sea votada en forma nominal. Para ello entrego el escrito con la firma del suscrito, del diputado Zazueta, de la diputada Gómez, del diputado Villanueva y del diputado Pablo Trejo, como lo solicita nuestro propio Reglamento. Es cuanto, Presidenta.