La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Tengo la encomienda de mi fracción parlamentaria, el Partido Revolucionario Institucional, de fijar nuestra posición en torno a este importantísimo asunto. El 26 de marzo de 2006, durante un operativo policiaco irregular en el tianguis de Santiago Mexquititlán, comunidad ñahñú del sur de Querétaro, bajo el pretexto del combate a la piratería, un grupo de agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que no acreditaron su condición de tales, ocasionaron daños que, luego, ante la actitud decidida de los tianguistas, se comprometieron a pagar, dejando a uno de sus compañeros como garantía de que volverían con el dinero. No hubo maltrato de ningún género, ni contra el que quedó como garantía ni contra los que, en efecto, volvieron con el dinero y pagaron los daños que habían causado. Todo parecía arreglado. Sin embargo, el 3 de agosto de ese mismo año, cinco meses después, Jacinta Francisco Marcial, una humilde y pacífica comerciante que contribuye al sustento de su familia vendiendo alimentos en el tianguis de su pueblo, fue conducida con engaños al Cereso femenil de San José el Alto del estado de Querétaro. Allí, lo mismo que a sus compañeras Alberta Alcántara y Teresa González, le explicaron que le atribuían el secuestro de seis agentes de la AFI durante los hechos del 26 de marzo, porque aparecía junto con un grupo de sus compañeros en una foto panorámica del incidente en cuestión, tomada por un periódico local. El juicio contra Jacinta, donde los mismos agentes que se dijeron víctimas de secuestro fueron los testigos y al mismo tiempo la parte investigadora del caso, culminó dos años después. El 19 de diciembre de 2008 se le dictó sentencia condenatoria a 21 años de prisión y 2 mil días de multa. Las otras dos acusadas, que también, como Jacinta, permanecían presas, fueron sentenciadas con la misma pena un mes después. La injusticia de este caso es patente. Todas las evidencias de ese hecho señalan que no hubo secuestro alguno y que Jacinta Francisco Marcial ni siquiera participó en los incidentes y negociaciones provocadas por el grupo policial. Su error consistió en salir en la foto. Con esa única y endeble prueba fue condenada. En vista de las muy evidentes irregularidades de un proceso judicial viciado, en el cual a Jacinta, que es iletrada y no habla español, se le negó el concurso de un intérprete, como manda la ley, y donde esta indígena ni siquiera pudo conocer al juez que la condenó en primera instancia; en segunda instancia, el magistrado López Muñoz revocó el proceso y, mediante la resolución fechada el 7 de abril último, ordenó la reposición el procedimiento; es decir, regresó el expediente al Juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, para que nuevamente desahogue las pruebas, con lo cual se insistió en criminalizar a una inocente, se le obligó a probar que es inocente, y la misma autoridad de primera instancia que condenó a Jacinta a más de veinte años de prisión tiene nuevamente en sus manos su libertad. No me mueve a presentar estas consideraciones solamente como una motivación de género. Tampoco nada más un sentimiento de solidaridad con los indígenas. Este caso provocó un escándalo internacional y causó indignación en muchos sectores de la opinión pública que tuvo amplio eco en los medios de difusión. Seguramente son estas presiones las que han obligado a la PGR a declarar que presentará conclusiones no acusatorias y retirará los cargos contra Jacinta, ignorando a Alberta Alcántara y Teresa González. Sin embargo, esto no es suficiente, ha habido delito policial y hay que dejarlo en evidencia. Han inducido a la justicia, con falsos testimonios, a cometer una injusticia. Es por esto que hoy llamo a mis compañeros diputados y compañeras diputadas a no callar ni silenciar esta clase de atropellos, justamente cuando lo que el país necesita es dignificar sus instituciones, especialmente las encargadas de aplicar la ley y hacer justicia. Esta legislatura tiene la gran oportunidad de defender los valores y los altos principios que están en el espíritu y la letra de nuestra Constitución; a oponernos a hechos que agravian, sobre todo, a los más humildes y en este caso concreto, los derechos humanos de las mujeres indígenas. Por estas razones, señor presidente, me permito reiterar el siguiente Punto de acuerdo Único. Solicitar a la Procuraduría General de la República que retire todos los cargos contra Jacinta Francisca Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de la comunidad nañú, presas injustamente en el Cereso femenil de San José del Alto, del estado de Querétaro, y se les indemnice debidamente. Es cuanto, señor presidente.