El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Con fundamento en los ordenamientos legales correspondientes, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley General de Educación, con objeto de fortalecer la impartición del civismo en los espacios del sistema nacional de educación. Quiero decirles que esta iniciativa modifica dos incisos de la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política y modifica 36 artículos de la Ley General de Educación, todas referentes o relativas al civismo. Voy a hacer únicamente la exposición de motivos. Trataré de ser breve. Exposición de Motivos La educación es un derecho reconocido internacionalmente a través de diversas e importantes declaraciones sobre derechos humanos, hasta documentos específicos los cuales coinciden en la relevancia de la educación y en la necesidad de que ésta sea para todos, sin distinción de raza, sexo o situación económica. En México se ha construido la percepción histórica de que el país requiere para su avance y fortalecimiento de la educación, como un servicio esencial público y social, el que está obligado a brindar necesariamente el poder público, así como un compromiso de la sociedad en su conjunto. Así pues, la sociedad sabe que educar es una tarea común, inacabable, de interés general y de la cual depende la creación de las condiciones de vida digna para todos sus integrantes. Asimismo, por ser la educación un servicio público de la mayor significación política y social y uno de los derechos fundamentales del hombre en tanto que permite el desarrollo integral de la personalidad de los integrantes de una nación, la conformación y desarrollo de su régimen jurídico excede a las cuestiones de estricta técnica legislativa, y debe revisarse también a la luz de la historia, la sociología y la filosofía política. De esta forma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece mediante su artículo 3o., que: "Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, federación, estados, Distrito Federal y municipios, impartirá educación preescolar primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia". Por su parte la Ley General de Educación abunda, a través de su artículo 2o., párrafo segundo que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. Por lo anterior, resulta fundamental subrayar y adoptar la búsqueda de la equidad, igualdad de oportunidades, calidad educativa y corresponsabilidad social que plantea la Declaración Internacional de Evaluación para todos en las Américas, Marco de Acción Regional 2000, la cual señala que la educación debe proporcionar habilidades y competencias para vivir y desarrollar una cultura del derecho, el ejercicio de la ciudadanía y la vida democrática, la paz y la no discriminación, la formación de valores cívicos y éticos, la sexualidad, la prevención de la drogadicción y del alcoholismo, la preservación y cuidado del medio ambiente. Por lo que la inclusión de estos aprendizajes como contenidos curriculares transversales y/o disciplinares, constituye un desafío asociado a la nueva construcción curricular, al trabajo conjunto con la comunidad y al rol del profesor como modelo de las competencias para la vida. En nuestro país a partir de la década de los treinta, la materia de la educación cívica aparece en los planes educativos, de nivel básico, como una forma de contribuir desde las escuelas a la unidad nacional y a la consolidación del Estado mexicano como garante de la justicia social. Para la década de los sesenta, la educación cívica se presenta como una asignatura encaminada al conocimiento y mejoramiento de la sociedad, incorporándola en los cuadernos de trabajo complementarios al libro oficial de historia y civismo, para los grados de tercero. a sexto de la escuela primaria. Asimismo en el año de 1973 la reforma educativa agrupa, por campos de conocimiento, al civismo dentro del área de las ciencias sociales. Y es con las reformas de 1993 y 1999, que considerando a la educación cívica como primordial para lograr una educación integral, se incorporó la formación de valores al contenido temático de la materia. Se pretendía entonces, fomentar la práctica y el ejercicio de valores, así como, a través de los contenidos, la formación del juicio ético y los cambios de actitud para consolidar en los educandos una formación ciudadana que mejore la vida de los individuos y de la sociedad. En este sentido el civismo de manera general se define como las pautas mínimas del comportamiento que nos permiten convivir en paz y libertad, respetando a los otros, los objetos públicos y el entorno natural. Por ello, la educación cívica es el proceso por medio del cual se promueven el conocimiento y la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social y la formación de valores y actitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento. Y la formación cívica y ética se concibe como un conjunto de experiencias organizadas y sistemáticas, a través de las cuales se brinda a los estudiantes y capacitandos la oportunidad de desarrollar herramientas para enfrentar los retos de una sociedad dinámica y compleja, misma que demanda de sus integrantes la capacidad de actuar libre y responsablemente en asuntos relacionados con el desarrollo y mejoramiento personal y de la sociedad. Referido lo anterior, la presente iniciativa tiene entre sus principales motivaciones el reto descomunal que actualmente significan las nefastas manifestaciones de la descomposición social, lo cual da lugar a una penosa realidad que ha exacerbado internacional y nacionalmente a las sociedades a través de una crudísima violencia general: la delincuencia, el tráfico de drogas, y todas las otras manifestaciones de dicha trasgresión. Es tal la magnitud de este fenómeno que regularmente hace aparecer como insuficiente e ineficaz a cualquier práctica o acción gubernamental y privada, así como de los planes, programas, equipamientos y estrategias de cualquier tipo para atender y saldar este pesadísimo y catastrófico lastre. Ya que no es tan sólo con buenos deseos, recursos materiales y reacciones inmediatistas como debe y puede enfrentarse, pues evidentemente se trata de una enfermedad y epidemia del deterioro de la conciencia y la cohesión social, así como un desarrollo perverso de la cultura de la violencia, la corrupción, la desintegración familiar y la desigualdad e inequidad social. Por ello debemos considerar indispensable e inmediato privilegiar, exaltar y reforzar la educación cívica como una de las mejores estrategias e instrumentos esenciales de fondo y principales para rescatar e inducir la siembra de valores convivenciales. Para, de esta forma, en el corto plazo lograr una conciencia social y de valores cuestionantes y armónicos que contribuyan y permitan, entre otras acciones de fondo, desterrar estas nocivas prácticas y cultura de la sociedad de nuestros días. Ya que, de otra forma, cualquier gasto y otras estrategias seguirán resultando insuficientes para enfrentar y superar este reto. En consecuencia, prioridad indispensable es que la propia Ley General de Educación actualice sus conceptos y redacción, que permitan a esta norma de la política de Estado eliminar vestigios de discriminación y sea ejemplo de la educación cívica que proponemos. Y de esta forma contribuir a erradicar preceptos que, de una u otra forma, impiden y entorpecen la prevención y eliminación de la discriminación en contra de cualquier persona. Asimismo, con relación a los objetivos de esta iniciativa, resulta sustancial la ejecución plena de los sistemas, programas y acciones coordinadas, y la determinación y asignación de presupuestos suficientes para realmente atender, cumplir, desarrollar y consolidar la cultura del civismo. Por último, cabe señalar lo establecido en el artículo 3o., en su fracción VIII, respecto de que el Congreso de la Unión, a fin de unificar y coordinar la educación en toda la república, expedirá las leyes necesarias designadas a distribuir la función social, educativa, entre la federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o que no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley General de Educación. Solicito a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara se inserte íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.