El diputado Víctor Manuel Bautista López: A las 11:55 del día de hoy hice la reserva y conocimos ya la versión final, la propuesta de modificación hace apenas algunos minutos u horas, quizás. La reserva que se presenta a la consideración de esta asamblea consiste en la adición al texto de la fracción IV, sección B del artículo 6o de la Constitución, de la prohibición al concesionario público de incluir contenidos orientados a la promoción personal de funcionarios públicos. Es muy importante señalar que actualmente el artículo 134 prohíbe, bajo cualquier modalidad de comunicación social la promoción de imagen y nombre de los funcionarios. Sin embargo, la naturaleza del gasto por este concepto es sustancialmente distinto al supuesto del funcionamiento de concesionario público. Las dependencias públicas solo pueden realizar gastos en materia de comunicación social con cargo a una partida específica dentro del Capítulo 3000, Servicios Generales, bajo el concepto 3600, Servicios de Comunicación Social y Publicidad. Estos son los gastos que regula el 134 constitucional. Todo lo que se erogue en este concepto, las inserciones en revistas o periódicos, las estrategias publicitarias en radio y televisión, en el caso de los estados y municipios y que sean contabilizadas en la sección presupuestal contable, será soportado con el testigo respectivo, el cual se caracterizará porque no se presente la imagen o nombre de funcionario público alguno. Pero en el caso del concesionario público, éste cuenta con un presupuesto total integrado por recursos de origen público, registrado con precisión en los respectivos presupuestos de egresos. Por ejemplo, en el caso del estado de México, mi estado, el presupuesto público destinado a radio y televisión mexiquense se encuentra comprendido en el programa Identidad mexiquense, en el artículo 6o del presupuesto de egresos. Otro caso, el de Veracruz, se encuentra en el artículo 18 del presupuesto de egresos el financiamiento público a radio y televisión de Veracruz. El monto total de esas inversiones públicas constituye mayoritariamente el presupuesto de las concesiones públicas y se distribuye en todos y cada uno de los capítulos del gasto de operación de dichos concesionarios públicos, por lo que tendríamos que preguntarnos, ¿el legislador tiene interés en que se prohíba la difusión de imagen o/y nombres de funcionarios públicos? Solo en aquellas acciones financiadas con el concepto 3600, Servicios de Comunicación Social y Publicidad, y dentro del capítulo 3000, Servicios Generales. O nuestro interés consiste en que toda acción financiada con recursos públicos debe regirse por el principio de imparcialidad y no promoción personal. Estoy convencido de que el interés del legislador se encuentra en el... sentido. Por ello presento la siguiente consideración de reserva. Actualmente el artículo 6o., fracción IV, dice: Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquéllas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y difusión. La propuesta, diputado presidente, es: Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, en el caso del concesionario público se prohíbe que la programación incluya contenidos orientados a la promoción personal de funcionarios públicos, y observarán las recepciones señaladas en el artículo 134 de esta Constitución; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquéllas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y difusión. Muchas gracias.