El diputado Darío Zacarías Capuchino: Con la venia de la Presidencia. Las reformas constitucionales publicadas en junio de 2011 constituyeron un verdadero hito y un cambio radical sobre la concepción que teníamos de las prerrogativas fundamentales, toda vez que a través de estas se dotó de nuestra Carta Magna de los elementos y mecanismos necesarios para garantizar la máxima protección de los derechos humanos, así como para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que en esta materia ha adquirido nuestro país tras la firma y ratificación de diversos tratados. Al desecharse el término garantías individuales e incorporarse de manera diáfana el término derechos humanos a nuestra Ley Fundamental, se fortaleció el Estado democrático garantizándose así la mayor protección de las personas. Con la nueva redacción del artículo 1o. constitucional se introdujeron también las obligaciones que el Estado debe asumir frente a los derechos humanos, comprendiéndose entre éstas las de prevenir, investigar y sancionar cualquier transgresión en este rubro, para así también abatir el fenómeno de la impunidad. Si partimos de la idea que la Constitución no se agota en sí misma sino que se proyecta a través de las leyes ordinarias, entonces resulta más que pertinente trasladar el contenido de la Norma Fundamental hacia aquellas disposiciones que la reglamentan, por lo que entonces resulta adecuado el contenido del dictamen que en este momento se pone a consideración de la asamblea. Esto, en virtud de que la Constitución contempla en su primer artículo que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en ésta y en los tratados internacionales suscritos, ratificados por el Estado mexicano, mientras que se pretende que en la Ley de la Policía Federal se establezca que será un principio rector en el ejercicio de sus funciones el respeto a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, por lo que estamos frente a un ejercicio de armonización legislativa, útil y necesario. Aunado a lo anterior, nos congratulamos que el dictamen contemple la posibilidad de que la Policía Federal celebre convenios para la formación y actualización permanente de sus elementos en materia de derechos humanos. Esto en virtud de que tal adición dará efectividad a un rubro que había señalado con anterioridad que es el de la prevención en la comisión de violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos. El involucramiento de las fuerzas federales en el combate a los delincuentes requiere no sólo la efectividad en la actuación de sus elementos, sino de la aplicación de rigurosos estándares que permitan evitar cualquier abuso contra la población, ya que esto permitirá la correcta integración de los averiguaciones, el mejor procesamiento de los inculpados y el esclarecimiento de los hechos sujetos a investigación. Conciliar la efectividad policiaca con el respeto a los derechos humanos no resulta excluyente, sino que es una condición básica para el mantenimiento del Estado de derecho al incluirse en los principios que rigen la actuación de las fuerzas del orden, el respeto a las prerrogativas contenidas en los tratados internacionales, se avanza en la seguridad de los mexicanos. Muchas gracias.