El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su posición acerca del dictamen que nos presentan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos respecto a la aceptación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El dictamen nos propone que se adicione un párrafo quinto al artículo 21 constitucional, corriéndose en su orden los párrafos actualmente existentes en dicho precepto. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que la propuesta contenida en el dictamen no puede ser aprobada en los términos que se nos plantea. Queremos dejar en claro que estamos a favor de que se sancione por la vía que resulte conveniente, cualquier violación a los derechos humanos. En el dictamen se nos dice que la iniciativa del Presidente de la República en esta materia, tiende a la protección y a la salvaguarda de dichos derechos; sin embargo, nosotros nos preguntamos: ¿que acaso el derecho de los trabajadores mexicanos a un salario digno que les permita solventar sus gastos familiares no es un derecho humano? Y si lo es, ¿entonces por qué no se cumple? Recordemos que cuando se dio la reforma constitucional al artículo 102, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1999, no se quiso reconocer que el derecho al trabajo y a un salario digno constituyen también un derecho humano. Además, se nos pide que votemos a favor del reconocimiento de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos cuando en nuestro país las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en contra del pueblo de México en 1968, en junio de 1971 y particularmente en lo que se ha denominado "la guerra sucia", no han sido sancionadas. Los responsables de estos actos continúan inmunes e impunes. Asimismo, consideramos que la competencia de la Corte Penal Internacional puede resultar violatoria de diversas disposiciones constitucionales. Por ejemplo el artículo 23 constitucional, señala claramente que ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias y que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. ¿Qué ocurre si un connacional es procesado por los órganos jurisdiccionales de nuestro país por la presunta comisión de los delitos materia de la competencia de la Corte Penal Internacional, puede ser juzgado por este tribunal no obstante en la resolución judicial firme de que es inocente de los delitos que se le imputa? Esto no solo en cuanto a la existencia de una cuarta instancia: la internacional, sino también en cuanto a la violación del principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Asimismo, el artículo 27 del estatuto de Roma, resulta incongruente con nuestro sistema constitucional en virtud de que resulta violatorio de los artículos 108 y 111 de nuestra Constitución, en donde se establece con claridad que para poder proceder penalmente en contra de un servidor público, se requiere previamente la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados. De igual forma, debemos recordar que el artículo 15 constitucional establece con claridad el que no se pueden celebrar tratados en los que se alteren las garantías y derechos establecidos por la Constitución a favor de los gobernados mexicanos. Compañeras y compañeros legisladores, las anteriores consideraciones se desprenden de un análisis de nuestra Carta Magna respecto del contenido del estatuto de Roma y de la propuesta del dictamen, por lo que la consideramos incongruente con nuestro sistema normativo; además estimamos que el contenido del dictamen en sí mismo constituye una reserva a las disposiciones del Tratado de Roma ya que considera que el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esto significa que no se admiten de manera lisa y llana, las disposiciones del Tratado de Roma sino que casuísticamente el Ejecutivo Federal y el Senado de la República determinarán, termino señor Presidente, a quién ponen a disposición de la Corte Penal y a quién no. Por estas consideraciones, para el grupo parlamentario del PT, no resulta procedente la aprobación del dictamen, máxime que aceptar la competencia de la Corte Penal en asuntos propios de nuestro país termino- implica ceder soberanía a un ente internacional, en consecuencia nuestro voto es en contra del dictamen. Gracias.