La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Compañeras y compañeros legisladores, el pasado 6 de junio entró en vigor la reforma a 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad. Sin duda, esto es un gran logro, porque asegura que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres Poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos, en los municipios con población indígena. Además, se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres. La reforma constitucional tiene que ir acompañada de reformas legislativas que contribuyan a generar la presencia paritaria de mujeres y hombres en la titularidad de las posiciones de mayor jerarquía, en los cargos de designación en el espacio público-político, y que se incluya la perspectiva y experiencia de las mujeres. El Estado mexicano, al haber suscrito CEDAW está obligado a hacer realidad el derecho a la participación política y a generar las condiciones para que sea ejercido en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia. Y está obligado a expedir normas con acciones integrales en materia legislativa, así como el desarrollo de prácticas conducentes para la observancia de los principios establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. La recomendación general número 23 de CEDAW va en el sentido de que se adopten medidas apropiadas para garantizar que las mujeres en igualdad de condiciones tengan participación plena en la formulación de políticas gubernamentales y en su ejecución en todos los sectores y en todos los niveles. Hoy, con estos cuatro dictámenes, que modifican 84 leyes, estamos garantizando la paridad entre hombres y mujeres en el ámbito público. Es un compromiso de esta LXIV Legislatura con la reforma constitucional y con la suscripción de la convención para evitar todas las formas de discriminación contra las mujeres, que exige la adopción de medidas apropiadas y así eliminar la discriminación contra las mujeres en los espacios de la vida política y pública y asegurar la igualdad legal y sustantiva. La consolidación de una sociedad realmente democrática y con justicia social demanda la igualdad real de hombres y mujeres en la vida pública y privada. Reducir la brecha existente entre hombres y mujeres es un reto, no solo jurídico, sino también personal, familiar y, por tanto, social y cultural. Las mexicanas vamos avanzando, vamos cumpliendo con los compromisos internacionales, pero aún se requieren cambios estructurales para que las mujeres tengan una participación paritaria real y efectiva. Es decir, no solo implica que las mujeres sean el 50 por ciento de quienes toman las decisiones, sino que lo hagan sin ningún tipo de discriminación, violencia y que lo hagan en libertad. Hoy tenemos 10.7 víctimas de feminicidio al día. Además, es fundamental adoptar medidas para garantizar una verdadera igualdad laboral y familiar, porque la responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados recae como una pesada loza sobre los hombros de las mujeres y es un factor que no les permite su desarrollo político en condiciones de igualdad con los hombres. Es evidente que ante la pandemia las mujeres en México tenemos la mayor afectación en el ámbito laboral. De acuerdo con la encuesta sobre el impacto del Covid-19 en el mercado laboral, elaborada por el Inegi, durante abril 15 millones 674 mil 196 personas de 18 años y más no tenían empleo. De estas, 9 millones 392 mil 877 son mujeres; 43.1 de la fuerza laboral femenina adulta, mientras que 6 millones 281 mil 319 fueron hombres; 23.5 de la población masculina económicamente activa. Habría que agregar las arbitrariedades a las que nos tenemos que enfrentar también ante los recortes presupuestales, donde el gobierno federal recortó mil 872 millones de pesos de 20 programas de apoyo a las mujeres, destacando la desaparición del programa de guarderías y al de atención gratuita a mujeres con cáncer. Y los intentos de recorte al presupuesto para las alertas de violencia de género, a los refugios y, recientemente, el recorte al 75 por ciento del presupuesto al Inmujeres, violentando así la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 58. Más de los logros legislativos en materia de paridad, es necesario reconocer que esta no garantiza la igualdad ante la vida, el trabajo, la escuela, la salud, entre otros. Tampoco garantiza el compromiso del Estado mexicano para asegurar el disfrute de los derechos de los hombres y mujeres en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. El Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor de estos dictámenes, pues hemos sido parte del compromiso de garantizar los derechos de las mujeres. Nos congratulamos de este avance legislativo y lo esperamos también en el respeto al presupuesto etiquetado. Nunca más un México sin nosotras. Es cuanto, diputada presidenta.