La diputada Elsa María Martínez Peña: Gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a pesar de la voluntad política del Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión en el cumplimiento de los estándares mínimos internacionales en materia de respeto y defensa de derechos humanos de los migrantes, la situación de quienes se encuentran en México es grave. Para quienes vivimos en este país es innegable la cantidad de denuncias documentadas por parte de diversas organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y medios de comunicación que a diario publican los abusos como la extorsión, el robo, la agresión física, la intimidación, las amenazas, el abuso sexual, la destrucción de documentos y la detención sin información sobre sus derechos de lo que han sido objeto miles y millones de niñas, niños, mujeres y hombres migrantes que se encuentran en territorio nacional, y particularmente en los estados de la frontera sur y norte. De igual forma, no resulta para nadie revelador que la serie de abusos y violaciones mencionados sean ocasionados por el crimen organizado y algunas autoridades nacionales, de quienes hasta hoy no existe noticia acerca de las consignaciones ante la autoridad responsable. En conclusión, las condiciones de la población migrante en nuestro país son críticas aun con los esfuerzos y la voluntad política de la actual administración. Los programas de protección de derechos han resultado insuficientes, derivado de la serie de problemas que implican su ejecución y aplicación. Compañeras y compañeros diputados, permanecer en la omisión y por ende en la complicidad de las violaciones sistemáticas de la población migrante, es contribuir a la afirmación que México es una de las 5 naciones del mundo donde más se violan los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación. De ninguna manera resulta aceptable que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de niñas, niños, hombres y mujeres migrantes, sean parte del disfraz de la cotidianeidad que cubre la responsabilidad y la incongruencia de un país como el nuestro, que se manifiesta en contra del fortalecimiento de las medidas de control migratorio como la Ley Arizona SB1070 y la reciente iniciativa que pretende negar la ciudadanía norteamericana a quienes nazcan en el territorio cuando provengan de una familia de inmigrantes. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza tenemos claro que ser migrante no es sinónimo de cometer un delito o ser delincuente, por ello, para nosotros resulta absurda una ley que criminalice ser migrante. Identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en México es una exigencia impostergable y una respuesta que lleva implícita la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el fortalecimiento de las medidas de protección y una reforma seria y objetiva, pero sobre todo que no criminalice a los migrantes. En este proceso, para Nueva Alianza es fundamental tomar en cuenta la perspectiva y experiencia de migrantes y las organizaciones civiles, en los procesos de reforma legislativa y la formulación de políticas públicas. Lo anterior como parte de las propuestas contenidas en el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, del 8 de diciembre de 2003. Es momento que el Estado mexicano reconozca, por un lado, que tiene una deuda pendiente con las mexicanas y los mexicanos que migraron a otros países por no encontrar en el suyo las condiciones de desarrollo, y por otro, debe garantizar a los extranjeros en el territorio, los mismos derechos que manifiesta se respeten para los nacionales en otros países. La educación, compañeros, es la solución. Es cuanto, diputado presidente.