El diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor presidente. Estimados diputados. En nuestro derecho positivo mexicano existen una serie de conductas tipificadas por nuestra legislación federal como delitos electorales, entendido esto como el conjunto de normas que tienen la finalidad primordial de tutelar en el ámbito punitivo el adecuado desarrollo de los procesos electorales, sancionando determinados comportamientos que, por su trascendencia, afectan o ponen en riesgo a las instituciones, los procedimientos y los resultados electorales por una acción u omisión dolosa. Los delitos electorales tienen como finalidad el tutelar bienes, bienes jurídicos, como son el derecho del sufragio que tiene cada ciudadano para emitir su voto; la función electoral adecuada, el desarrollo normal de los procesos electorales para que éstos se lleven a cabo con transparencia y limpieza, así como la garantía sobre la secrecía del voto. Todo ello con la finalidad de mantener la permanencia democrática de las instituciones, de los partidos políticos y sobre todo, de los derechos de quienes intervienen o participan en los procesos comiciales. Las violaciones a la norma electoral constituyen una afectación grave a la libertad individual y a la vida democrática de nuestro país. En este sentido, señores legisladores, existe en el Código Penal Federal un vacío al haberse suprimido los delitos de calumnia, de injuria y difamación. Esto también ha acontecido en diferentes entidades de la república, suprimiendo los tradicionales delitos contra el honor. Sin embargo, en los momentos en que se llevan a cabo procesos comiciales ha sido recurrente, ha sido una práctica insistente el presentar, en un momento dado ?en contra de aspirantes precandidatos, candidatos?, denuncias de hechos falsos, de hechos que no acontecieron, con el ánimo de dañar la imagen de la persona y con esto, por supuesto, afectar los procesos electorales. Es importante resaltar a esta soberanía la necesidad de tutelar bienes a través del derecho penal en el campo de los llamados delitos electorales, sobre todo porque este tipo de comportamientos se ha venido utilizando como medio para lograr un fin determinado. En este sentido, me parece importante que los temas que tienen que ver con los valores de las calumnias que en ocasiones se llegan a realizar y que después terminan diciendo a la persona: "usted disculpe, no era cierto aquello que se le había imputado", finalmente ya resulta ser irreversible por el daño en el ámbito de lo electoral que sucede. Por todo esto es que el suscrito considera necesario proponer a esta soberanía incorporar al Código Penal Federal el artículo 412 Ter en los siguientes términos: Se impondrán de 6 meses a 6 años de prisión y multa por el importe de 100 a 200 días de salario mínimo, al que con fines electorales o preelectorales impute a otro falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso o inocente la persona a la que se le atribuya. Si el responsable de esta conducta fuese funcionario electoral, funcionario partidista, precandidato, candidato, o incluso servidor público, la pena será de 200 a 300 días multa y prisión de 2 a 9 años. Artículo transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señor presidente, en virtud de que hice una adición a la propuesta original, le solicito insertar de manera íntegra la lectura de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, compañeros legisladores. Es cuanto, presidente.