La diputada Julisa Mejía Guardado: Gracias, diputado presidente. Huehuetéotl, el dios viejo, el abuelo fuego, la síntesis del conocimiento, el origen de la sabiduría, es una guía para lograr trasmitir el conocimiento a los cuatro puntos cardinales. En la mitología mexica, Huehuetéotl era el dios del fuego, su culto fue uno de los más antiguos en toda la Mesoamérica. Era representado como un anciano, se le atribuía la sabiduría obtenida por la experiencia de los años. Los pueblos mesoamericanos rendían culto, veneraban, consultaban y cuidaban a sus ancianos como sus criadores y forjadores. Según los datos del Censo de Población 2010, se observa un alto índice de envejecimiento en la población mexicana, con edades que oscilan de 60 años o más, es decir esta población asciende a 10 millones 550 mil personas, lo que significa que el 9.06 por ciento de la población total del país son personas adultas mayores. Asimismo, el Consejo Nacional de Población estima que para 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años y para 2050, el 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, por lo que es sumamente importante promover una cultura del envejecimiento digno y de calidad de vida en nuestro país. Los adultos mayores han sido generadores de desarrollo social, económico y político, siendo responsabilidad de toda la población activa y de los gobiernos, proporcionarles los medios adecuados para integrarlos a una vida digna, de respeto y de esparcimiento, para que no sean ni se sientan excluidos de la sociedad. En esta reforma se propone reformar los artículos 4o., 73 y 123 de la Constitución Política, una bandera que el Partido de la Revolución Democrática ha venido impulsando desde hace muchos años. Si nuestro candidato a la Presidencia nacional hubiese ganando, no le hubiesen hecho trampa, esta reforma se hubiera dado hace ya muchos años, con el propósito de incluir dos derechos fundamentales. El primero, el de los adultos mayores a contar con una pensión universal, que los apoye a cubrir sus gastos básicos de manutención durante la vejez. El segundo, el derecho de las personas que hayan perdido su empleo y puedan contar con un seguro de desempleo que les permita cubrir sus necesidades en tanto logran reincorporarse al mercado laboral. Se establece de manera expresa, a nivel constitucional, los derechos fundamentales de los adultos mayores, obligando al Estado mexicano, sin ninguna excepción, a garantizarlos, velar porque reciban servicios de salud y promover su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad. Pero el problema viene en las leyes secundarias. En cuanto a la Ley Secundaria de Adultos Mayores, cabe mencionar que la edad que se requiere para obtener la pensión es de 65 años, cuando en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 3o., establece que las personas que cuentan con 60 años o más son adultos mayores. Se establece que sólo las personas que cumplan 65 años a partir de 2014 y requieran el apoyo, van a ser acreedoras a esta pensión llamada universal. Con estos detalles hace que esta ley sea discriminatoria, pues las personas que cumplan 65 años antes de esta fecha, quedarán excluidos de la pensión y no tendrán derecho a ella. La iniciativa de Ley Secundaria, presentada por el Ejecutivo federal, establece como otro de los requisitos, que pierde el espíritu de esta reforma, es que las personas que obtengan el beneficio de la pensión no deberán tener ingresos mayores a 15 salarios mínimos. Es decir, la persona que gane, en el mejor de los casos, 975 pesos al mes, solamente ellos, hasta esa cantidad, podrán tener derecho a la pensión, que es de mil 92 pesos. Es decir, en el mejor de los casos, un adulto mayor que haya producido al país una buena cantidad de recursos y tenga una gran experiencia, solamente podrá tener, para subsistir en un mes, 2 mil 67 pesos, teniendo como consecuencia un derecho condicionado y totalmente limitado. El Seguro de Desempleo es una modificación de carácter trascendente, ya que es un reclamo social en el que el Estado garantice un apoyo económico en caso de pérdida del empleo, pero siempre y cuando éste sea disponible y subsidiado por los recursos públicos, ya que durante la vida laboral de un trabajador éste ha pagado impuesto con lo del ISR. En este caso, la propuesta de ley secundaria plantea una gran trampa, pues solo gozarán de este seguro los trabajadores que hayan cotizado en el Seguro Social, dejando sin este derecho a los trabajadores que prestan sus servicios por horas o por jornada, como se aprobó apenas en las últimas disposiciones a la reforma laboral aprobada, desgraciadamente, en esta Cámara de Diputados. No podemos decir que sea un seguro de desempleo que otorga el gobierno, pues según ha previsto en la propuesta de ley secundaria, los recursos para cubrirlo serán de las propias cuotas de los trabajadores. Y para ello quiero leer el artículo 15 de la Ley del Seguro de Desempleo, que dice: la prestación establecida en el artículo 11 será financiada por la cuota o aportación obligatoria a cargo de los patrones, según se establece en la Ley del Seguro Social y en la Ley del ISSSTE, equivalente al 3 por ciento sobre el salario del trabajador, así como de los rendimientos que ésta genere. Es decir, este artículo 15 de la ley secundaria nos dice que serán los propios trabajadores los que paguen su seguro de desempleo. Es una ley totalmente irregular, ya que los trabajadores asalariados, durante toda su vida laboral han aportado a través de impuestos estos recursos que pueden solventar este seguro de desempleo. En caso de cubrir los requisitos para acceder al seguro, que son por demás excesivos, solo recibirá seis pagos el trabajador desempleado. El primer mes, el 60 por ciento de su salario, el segundo del 50 por ciento y del tercero al sexto del 40 por ciento. Todos estos, según lo que corresponde a la última cotización, por lo que no se le garantizará un ingreso digno para cubrir las necesidades básicas de una familia. Con esto no se satisfacen las demandas de la sociedad, que día a día sufre la zozobra del desempleo y la falta de oportunidades, perdiendo una vez más el espíritu de la reforma constitucional. El partido de la Revolución Democrática, como iniciador en estas reformas ya puestas en práctica de manera universal y no discriminatoria en el Distrito Federal, y como sabemos todos, con excelentes resultados, desde luego que votaremos a favor de la reforma constitucional y estaremos muy pendiente de que tanto en la Ley de la Pensión Universal como en la Ley del Seguro de Desempleo se garantice: 1. La universalidad de los derechos. 2. La no discriminación. 3. El respeto a los derechos humanos. 4. La accesibilidad de los derechos que contempla esta reforma. Muchas gracias.