El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: No voy a polemizar con usted, presidente, pero antes de que corra el tiempo nada más recuerdo que se trata de un texto de una ley nueva, y conforme al artículo 76, párrafo primero, fracción I, este tipo de iniciativas el tiempo que establece el Reglamento es hasta por 10 minutos, pero bueno, hasta por cinco minutos, presidente, muy bien. Vamos a presentar esta iniciativa. Se trata de una ley nueva, de carácter reglamentario de los artículos 1º y 133 de la Constitución, para regular los procedimientos de control de convencionalidad y de constitucionalidad. Éste es un tema reciente en el derecho mexicano, que es consecuencia de dos importantes cambios; uno que nosotros producimos en el seno de esta Cámara de Diputados como parte del Constituyente Permanente, que fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, el 10 de junio de 2011, y también esta propuesta que estoy haciendo a todos ustedes es consecuencia de una sentencia muy importante que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atender una sentencia a su vez de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla. Es la sentencia 912/2010, expediente varios, cuyo engrose se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011. En qué consisten ambas reformas, tanto la sentencia de la Corte en el expediente varios 912/2012, como la reforma en materia de derechos humanos; en un cambio radical en el sistema jurídico nacional, porque tanto la sentencia del caso Radilla como la reforma en materia de derechos humanos, obliga a todas las autoridades y jueces de este país a realizar una suerte de control difuso, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Es decir, durante décadas en México, desde el siglo XIX hemos mantenido el control concentrado de constitucionalidad que ejercen los poderes, el Poder Judicial de la Federación, pues desde el año pasado hay una noticia muy buena para los derechos humanos en México, y esa noticia obliga a cualquier juez del país, aunque sea del fuero común, y obliga a cualquier autoridad administrativa del país, de hecho a cualquier autoridad, a que realicen un control de convencionalidad y de constitucionalidad. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en tres posibilidades, según enumeró la Suprema Corte, en el caso de Rosendo Radilla. En un caso cuando las autoridades o jueces tengan facultad para invalidar una ley contraria a la Constitución o a los tratados, el que el Poder Judicial de la Federación, los tribunales competentes, en ejercicio de su control de constitucionalidad y de convencionalidad puedan decir esta ley, este reglamento, este artículo se opone a la Constitución y a los tratados y por tanto, debe declararse inválido y expulsarse del sistema jurídico. Cuando se trata de jueces del fuero común, que no tienen el poder para invalidar, para expulsar a una norma del sistema jurídico, dice la Suprema Corte, en el caso Radilla, en ese caso, los jueces del fuero común podrán desaplicar norma legal o reglamentaria contraria a la Constitución. Y diciendo, desaplíquenla para ese caso concreto. Esto les da a los jueces del fuero común, a los jueces de los estados un gran poder. Porque van a poder desaplicar, para el caso concreto, una norma legal o reglamentaria, opuesta a la Constitución. Y finalmente, el tercer nivel lo tienen las demás autoridades. Por ejemplo, esta Cámara de Diputados o los órganos constitucionales autónomos o las autoridades administrativas. Significa aquí el control de constitucionalidad y convencionalidad, que en la interpretación de normas secundarias debemos siempre observar la norma constitucional y lo dispuesto por los tratados y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier interpretación de cualquier disposición reglamentaria o legal tiene que hacerse desde la visión constitucional y desde la visión de los tratados. Esto es lo que significa el control de oficio de constitucionalidad y convencionalidad. En esta iniciativa que estoy presentando, de Ley Reglamentaria al Artículo 1 y 133 de la Constitución, se establece y se desglosa el procedimiento que aquí brevemente he comentado. Por su atención, compañeros, muchas gracias. Me informa, hay otras iniciativas, como el compañero Vázquez Aguilar. Perdón, presidente, si me da la palabra. Si me pregunta, lo que me preguntaba. O si no, lo hago de viva voz de mi curul.