El diputado Eukid Castañón Herrera: Con el permiso de la Mesa Directiva, amigos y amigas diputados, el robo de los hidrocarburos es un tema de enorme preocupación para la nación; primero, porque representa un grave problema de seguridad en las poblaciones aledañas donde se registran las tomas clandestinas de los oleoductos y quitan la tranquilidad a las familias de estas regiones; segundo, porque significa un enorme daño al erario público, debido a los costos financieros, así como de abasto. Debemos tener en cuenta que la seguridad energética es parte de la seguridad nacional cuya afectación repercute en todos los sectores: en el sector social, en el sector industrial y en el tema ambiental. El robo y comercialización de los hidrocarburos es un medio de financiamiento de los distintos grupos del crimen organizado, lo cual potencializa las acciones delictivas de las células delincuenciales. Adicionalmente, las medidas administrativas y legislativas para combatir el robo de hidrocarburos no han tenido el impacto para disminuir este fenómeno criminal y cada día se incrementa el robo directo en oleoductos, así como el robo de pipas que transportan los combustibles. La gravedad del fenómeno delictivo del 2000 a 2015 en territorio nacional es de 14 mil 168 tomas clandestinas detectadas y en el 2014 Pemex dio a conocer que cada dos horas es vulnerada una infraestructura de esta empresa productiva del Estado, con la finalidad de extraer gasolina, diésel, gas, petróleo crudo y petroquímicos, incrementándose en 14 años la tasa porcentual que refleja la incidencia delictiva en un 2,622 por ciento. Sí, amigos y amigas diputadas, 2,622 por ciento, lo que establece o equivale una alza anual promedio de 187 por ciento. Hoy vemos de manera preocupante que los beneficios obtenidos de esta actividad ilícita están enriqueciendo a poblaciones enteras, lo que indica que este tipo de actividades están trastocando el tejido social de nuestro país, lo cual no lo podemos permitir. La impunidad con la que actúan las personas y grupos que roban y lucran con los hidrocarburos, en parte es por la debilidad de la estructura jurídica que debe soportar las acciones de autoridad del Estado. Algunos datos. Entre 2009 y 2014, Pemex sufrió el equivalente a la sustracción de 7.5 millones de barriles y el daño fue de 46 mil millones de pesos, las reparaciones de infraestructura y tecnología afectada por el crimen organizado equivalen a 6 mil 543 millones de pesos en el 2013, en 2008 esta suma era de 529 millones 801 mil pesos, lo cual muestra un incremento de mil 135 por ciento. Este problema que hoy entra en el tejido social del país, debe ser atendido por los tres niveles de gobierno, de manera consistente, contundente, pero sobre todo con mano firme. Necesitamos fortalecer las medidas. Por ello, es que hoy presento ante ustedes dos iniciativas con proyecto de decreto, una para reformar el párrafo segundo, del artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estar en condiciones de otorgar, de manera oficiosa, la medida cautelar de prisión preventiva a quien se le impute la presunta comisión de uno o varios delitos en materia de hidrocarburos, elevando la gravedad de la conducta a nivel constitucional. La segunda iniciativa pretende reformar diversas disposiciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual considera la modificación de 11 artículos, que buscan incrementar la prisión y las multas. Concluyendo. La información muestra que entre 2006 y 2014, en términos del anterior sistema de justicia penal, se iniciaron 10 mil 487 averiguaciones previas, de las cuales solamente el 14 por ciento obtuvieron auto de formal prisión. Los otros obtuvieron su libertad ante el Ministerio Público, como el juez, pero 2 mil 250 fueron consignadas sin orden de aprehensión. A los diputados y diputadas, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a las presidencias respectivas donde se turnen estas dos iniciativas, hago un llamado respetuoso para sacar adelante estas reformas que ayuden al combate de estas prácticas. Y en la medida de lo posible evitar que se siga corrompiendo el tejido social de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.