EL DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, Presidenta. Señoras y señores legisladores: En el proceso de transición hacia la democracia la actividad de inteligencia es una de las grandes asignaturas pendientes de las que la reforma del Estado no puede excluirla. La disyuntiva social respecto a la inteligencia no radica en su misión intrínseca. ¿Quién podría dudar sobre su pertinencia necesaria para gobernar?, su problema es de estructuración del área, de coordinación, de formación del personal; es doctrinaria. Su dividendo democrático consistirá en enarcar toda actividad dentro de un régimen normativo de orden público y su ingreso a los dominios de los controles Legislativo y Judicial y a una adecuada fiscalización presupuestaria. En México existen varias dependencias gubernamentales que realizan labores de inteligencia, como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en los ámbitos militar y naval, y la Procuraduría General de la República y la Policía Federal Preventiva en los terrenos del crimen organizado. La institución especializada en operar un servicio civil de inteligencia para la seguridad nacional es el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, el CISEN. El CISEN es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica y operativa, adscrito a su titular que realiza labores de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional. Cuando se reflexiona que precisamente la fracción XXIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal constituye el único sustento jurídico para la actividad de la institución especializada en operar un servicio civil de inteligencia para la seguridad nacional, a conclusión es tan inevitable como inaceptable: hasta ahora los organismos de inteligencia nacional han actuado prácticamente al margen de la ley, sin una ley específica de carácter público que los regule. Otra consecuencia nefasta para el orden democrático es que bajo el actual esquema no existen límites claros y objetivos en materia de inteligencia interior, que excluya de la acción de inteligencia el normal proceso político y las actividades lícitas de los particulares como miembros de organizaciones políticas, sociales, religiosas o sindicales. La consecuencia: el descrédito de los organismos de inteligencia que se ha mostrado ante la opinión pública como organizaciones secretas de espionaje político, al margen del estado de derecho y por tanto, con una visión reactiva de la inteligencia fundamentalmente orientada a la detección de presuntas amenazas políticas y de supuesta subversión. Así, durante décadas el sistema de inteligencia mexicano no ha sido un órgano de Estado, sino un instrumento de régimen al servicio de los grupos políticos en el poder. En este tiempo, cuando el Ejecutivo Federal ha abierto a la revisión de la ciudadanía más de 3 millones de fichas y expedientes de los tristemente célebres de los otrora organismos de inteligencia: Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, de la Secretaría de Gobernación, la información ahí contenida demuestra que la falta de regulación de estos órganos públicos generó entes públicos homicidas, persecutores, vigilantes y represores en el ejercicio político del pasado inmediato en México. La pregunta que nos debemos hacer es sobre si la actividad de inteligencia que realizan los actuales órganos del Estado, en México debe seguir sin regulación y dejar abierta la posibilidad de que el actual gobierno pueda caer en la tentación de volver al pasado. Por estas razones, solicito se excite a la Comisión de Gobernación para que dictamine la Ley de Seguridad Nacional, Información y Organismos de Inteligencia. Quisiera expresar que el Partido de la Revolución Democrática listó para esta sesión, 17 excitativas que tienen que ver con la necesaria dictaminación de más de 200 que hemos presentado en los dos años de ejercicio. No estamos ya en el año de las propuestas, debemos de estar en el año de la dictaminación. Señores legisladores de todos los grupos parlamentarios y partidos políticos, hagamos del proceso legislativo, en este año que nos resta, un proceso liberado de los acuerdos políticos, despertemos a nuestra obligación, pongamos atención a lo que planteamos aquí, porque están más atentos nuestros compañeros visitantes que ustedes, compañeros legisladores. Gracias.