El diputado Horacio Duarte Olivares (PRD): Gracias y con la autorización de la Presidencia. El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos: Los valores que fundamentan la dignidad de la persona humana y que en su conjunto son presentados por los derechos humanos, se pueden encontrar prácticamente en cualquier cultura o forma de pensamiento. El concepto de derechos humanos ha tenido diferentes acepciones a lo largo de la historia y según la doctrina sus orígenes se remontan al pensamiento del mundo clásico, o a la formación cristiana de la dignidad moral del hombre en cuanto a persona. Diversas instituciones señalan que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya relación efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos establecidos en la Constitución, en las resoluciones de los organismos internacionales y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Para Luigi Ferrajoli, los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos dotados del estatus de persona, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una norma jurídica; con base en tal concepto, el titular del derecho tiene la facultad de exigir su respeto y observancia, pudiendo acudir para ello al órgano jurisdiccional competente para en su caso reclamar, a través de los recursos que establece el respectivo orden jurídico, la protección de tales derechos y la reparación del menoscabo sufrido. Sin embargo, debe precisarse que los derechos fundamentales no sólo garantizan derechos subjetivos de las personas, sino también principios objetivos básicos del orden constitucional que influyen de manera decisiva sobre el ordenamiento jurídico en su conjunto, legitimando y limitando el poder estatal, creando así un marco de convivencia humana propicio para el desarrollo libre de la persona: Así, los derechos fundamentales como principios objetivos, limitan las facultades de los órganos del Estado. Si bien es cierto, que todo derecho humano debe interpretarse considerando estos principios antes mencionados, por motivos históricos cada uno de ellos dio origen a un conjunto distinto de derechos, consecuentemente fueron denominados como derechos civiles y políticos aquellos regidos por el principio de la libertad llamados derechos de primera generación, que comenzaron a ser exigidos en el siglo XVI que incluyen el derecho a la vida, a la integridad física, libertad de expresión y pensamiento, a participar en el gobierno del propio país, a no ser detenidos sin un motivo legal y a ser juzgado con garantías de imparcialidad entre otros. Ahora bien, el concepto derechos conlleva a la posibilidad de reclamar su ejercicio frente al Estado que se obliga a respetar y a garantizar todos los individuos, esto permite concluir que la protección de los derechos fundamentales es un deber del Estado y los individuos deben disponer de mecanismos legales para garantizarlos. En esta vertiente, los derechos políticos son entendidos como aquellos que conceden a su titular una participación en la formación de la voluntad social, facultan a los individuos en su calidad de ciudadanos a participar en la conducción de los asuntos públicos de un Estado, estos derechos requieren de la misma protección que los demás derechos fundamentales. En virtud de ello, nuestra Ley Fundamental, en su artículo 38, fracción II, transgrede el derecho político de que todo ciudadano podrá tener el acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país que se consagra en el artículo 23 del Pacto de San José. La Convención Americana sobre Derechos Humanos también reconocida como Pacto de San José, adoptada por nuestro país el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entró en vigor el 24 de marzo del 81, estableciendo en su artículo 1º que los Estados partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona, entendiendo la palabra persona para los efectos de esta Convención, a todo ser humano que esté sujeto a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El mismo artículo 2º de dicha Convención, obliga a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias en su legislación interna incluida la de rango constitucional, para hacer efectivos tales derechos y libertados. En cuanto a los derechos políticos, el artículo 23 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben tener el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Asimismo, el numeral 2 del artículo en comento, establece que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, es decir, a los derechos políticos. Exclusivamente podrán ser restringidos por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Asimismo y en materia de observancia, aplicación e interpretación de los tratados, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados del 23 de mayo de 1969 y ratificada por nuestro país, en su numeral 26 previene el principio de pacta sunt servanda, el cual establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. En este sentido, cabe resaltar que la pertinencia de esta reforma se debe a que la Constitución, si bien no reconoce en forma explícita el principio de presunción de inocencia, tal reconocimiento existe ya por nuestro máximo órgano de decisión jurisdiccional como es la Suprema Corte de Justicia, que ha establecido en tesis de jurisprudencia que el principio de presunción de inocencia se encuentra implícito en la Constitución Federal. Por su parte, el artículo 38 de la Carta Magna establece las causas de suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos mexicanos, que conforme a su fracción II, la sujeción a un proceso penal por delitos que merezca penal corporal, es causa de suspensión de los derechos políticos. De esta forma la interpretación de la fracción II de la norma referida, es que la suspensión tiene efectos únicamente durante el proceso penal y hasta que se pronuncie una sentencia absolutoria en el proceso respectivo, lo cual implica que el imputado está sujeto a una condena social sin haber sido condenado jurídicamente. Por lo tanto, la persona, pese a mantener el estatus jurídico de inocente, sufrirá de la suspensión de sus derechos políticos, lo que implica la aplicación indebida del derecho fundamental de presunción de inocencia y en consecuencia se presenta la violación del derecho humano, es decir, como derecho político de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país, como ya lo cité anteriormente. En este sentido, la propuesta de reforma busca establecer y consagrar como deber del legislador para establecer siempre las garantías de un procedimiento y de una investigación racionales y justas, incorporando a nuestro medio un cúmulo de principios entre los que naturalmente se haya la presunción estado de inocencia. Nuestro proceso penal debe por lo mismo, estructurarse sobre la base de este principio y en consecuencia, la fracción II del artículo 38 de la Constitución debe ser reformada para ser congruente con el espíritu democrático y liberal, plasmado en nuestra Ley Suprema por el Poder Constituyente y por los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los diversos instrumentos internacionales. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Unico. Se reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 38. Los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: Fracción II. Por pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada, desde el momento en que se inicie su ejecución. Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio del Poder Legislativo. El que suscribe, diputado Horacio Duarte Olivares. Solicito también, ciudadano Presidente, pueda insertarse íntegramente esta iniciativa en la versión estenográfica y en el Diario de los Debates. Muchas gracias.