La diputada Erika de los Ángeles Díaz Villalón: Gracias. El terrible desastre causado por el huracán Otis, categoría cinco en el estado de Guerrero, particularmente en algunos municipios como Acapulco y Coyuca de Benítez, dejó al desnudo un drama mucho mayor, la incapacidad y el desinterés del gobierno federal por alertar, prevenir, comunicar y salvar vidas en el Puerto de Acapulco y municipios cercanos, así como para apoyar y responder a la gente en la medida de los daños sufridos. Al día siguiente, 3 de noviembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicó la nota aclaratoria de la declaratoria de desastre natural de 47 municipios afectados, dejando solo dos, Acapulco y Coyuca de Benítez. La explicación que se dio es que fue un error. El presidente López Obrador expresó que la declaratoria de desastre que se publicó en el Diario Oficial de la Federación tuvo que ser ajustada por un error de la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Una vez más ajustando los datos a su modo y denostando la coordinación. Este es el grado de ausencia de profesionalización del gobierno federal. Estos 47 municipios fueron afectados en mayor o menor medida por el huracán Otis, pero como al actual y también llamado Fonden no le alcanza para todos, porque el presidente tiene otras prioridades, pues entonces decide quitar a los demás municipios el apoyo financiero que necesitan. Hoy López Obrador está haciendo peores cosas que las que criticaba cuando era opositor, siendo omiso e irresponsable ante tal tragedia. La gestión del riesgo no solo permite prevenir desastres, permite que la gente pueda vivir bien, sin poner en riesgo su patrimonio y su integridad física. De ahí la importancia de destinar el presupuesto suficiente. Es nuestra responsabilidad, señores legisladores, sentar las bases para que se prevengan y se atiendan los desastres naturales que afectan a nuestro país, de manera inmediata, oportuna, responsable y eficiente. Por ello, con el objeto de evitar en el futuro anomalías, esta reserva pretende que los decretos de emergencia o de desastre natural o ahora llamados acuerdos de emergencia, se modifiquen de un plumazo. En este sentido, una vez que las declaratorias sean emitidas ya no deba haber marcha atrás cuando se trate de reducir en perjuicio de las personas, entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales inicialmente cubiertas por dichos actos administrativos de carácter general. Lo anterior, en atención a los principios constitucionales convencionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Por esta razón, nuestro voto será en contra. Y, aprovechando que por ahí hablaban de transparencia, los invito a analizar y discutir el dictamen de origen de la Comisión de Protección Civil que sí contempla proteger a las y a los ciudadanos de México. Además, pido se transparente a dónde fue a parar el presupuesto de Segalmex y de la Secretaría del Bienestar, así que se justifique también el trabajo que deberían realizar los 20 mil servidores de la nación que andan haciendo campaña a favor de su candidata. Y por ahí de pasadita, ojalá nos pueda explicar, Rocío Nahle, de esa casita, ¿quién pompo? Es cuanto, presidenta. Gracias.