El diputado Francisco Barrio Terrazas (PAN): Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas: "Algo había muerto en cada uno de nosotros y lo que había muerto era la esperanza". Esta frase de Oscar Wilde pudiera perfectamente referirse a la corrupción que durante siglos ha prevalecido en nuestro país y que como una gangrena maligna nos ha contaminado todo. Un mal endémico que nos detiene el avance del país, que mina la confianza en las instituciones públicas y que en efecto, debilita la esperanza de los ciudadanos. Gary Becker, Premio Nobel de Economía, sostiene que detrás de un acto de corrupción, suele haber un comportamiento racional, ya que en toda conducta corrupta están en juego un incentivo o premio y un eventual castigo, y cuando la posibilidad de penalización es baja o inexistente, crece el aliciente a obrar contra la ley. Si consideramos que en la lucha contra la corrupción tienen éxito, las comunidades que logran reducir la complejidad de sus trámites burocráticos, que hacen más rigurosas las sanciones y minimizan la probabilidad de eludir la acción de la justicia, es fácil explicarse que con un marco legal que hace tan tardado y tan difícil castigar a los servidores públicos que incurren en actos indebidos, México siga siendo un paraíso de corruptos. Cada vez que se pregunta a ciudadanos de todas las capas sociales y de todos los rincones del país cuáles son los problemas que más les interesa que se atiendan, aparece como un clamor el deseo de los mexicanos y las mexicanas de que se dé una lucha frontal y efectiva contra la corrupción. Y en efecto, en muchas situaciones de nuestra vida pública se puede intuir que hay algo indebido. Nuestro reto y el de toda la sociedad es el de contar en esos casos con elementos para probarlo, ya que en nuestro país nadie puede ser condenado por presunciones. Pero por otro lado y esa es parte de nuestra responsabilidad, nadie debe abusar de las funciones y de los recursos públicos sin ser sancionado. Y no obstante la previsión constitucional y el desarrollo que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos ha tenido a nivel legislativo, la experiencia de los órganos encargados de fiscalizar la conducta de los servidores públicos, ha demostrado que las disposiciones legales no siempre garantizan el respeto a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones públicos. En ese sentido la iniciativa que hoy se somete a la consideración de este órgano legislativo, tiene como propósito fundamental reformar los ordenamientos que tipifican las conductas delictivas de los servidores públicos, simplificando o ampliando los supuestos que las originan, evitando de esa manera que las mismas queden impunes por deficiencias técnicas o ausencia de formulas incriminatorias. La presente reforma atiende a tres vertientes fundamentales: Primero. Precisión de tipos penales. El exceso de normas en las hipótesis penales ha constituido en muchos casos un obstáculo para combatir las conductas ilícitas en el servicio público produciendo como consecuencia, impunidad. Es por tanto, que se propone eliminar elementos normativos que no forman parte del núcleo de la conducta ilícita, tales como las expresiones: "gravemente", " indebido", "en el ejercicio de sus funciones"; entre otras que por carecer de una definición legal dan margen a interpretaciones subjetivas o discrecionales que acaban entorpeciendo la procuración y administración de justicia. Segundo. Adición de tipos penales. Se propone la creación de nuevas figuras delictivas en las que se contemplan actos de corrupción que por deficiencia de la legislación actual no son objeto de recriminación penal. Tercero. Sanción de conductas penales. Se establecen parámetros uniformes para la aplicación de las penas. Se propone la agravación de penas en atención a la naturaleza del cargo desempeñado y se establecen parámetros para atenuar la pena, cuando el procesado opte por la confesión, la delación de los involucrados, la reparación del daño y que éste último no sea reincidente. Siendo pues, la corrupción un cáncer que nos ha dañado a todos, pero sobre todo a los que menos tienen, porque ha consumido recursos públicos necesarios para brindar bienes y servicios públicos a los que más los necesitan, hemos de combatirla con todas nuestras fuerzas, pero creemos además, que esto tiene que ser con el concurso de todos, porque el combate a la corrupción, sí queremos que verdaderamente llegue hasta el fondo, que ataque la raíces del problema, tiene que estar fincado en un espíritu cívico, noble, elevado y generoso. Y el espíritu cívico bien entendido, ése que de veras quiere construir una mejor nación y una sociedad más justa y más armónica, está por encima de grupos, de partidos, de facciones o intereses. Ese espíritu cívico, patriótico en el mejor sentido del término, no le pertenece a grupo alguno ni deja afuera a nadie, a todos incluye y a todos pertenece y de esa manera a los beneficios enormes que como nación tendremos por el sólo hecho de tener una vida pública más honesta y transparente, hemos de sumarle el de que este esfuerzo puede ser un medio eficaz para aglutinarnos, unirnos y hermanarnos. Podemos hacer de este empeño de reducir la corrupción precisamente porque nos conviene a todos y porque necesita del esfuerzo de todos, un elemento importante de convergencia y de consenso, que ayude a quitar de entre nosotros desconfianzas y temores que tanto nos estorban y tanto nos lastiman. Es cuanto.