El diputado José Luis Valle Magaña: Nuevamente con su venia, señor presidente. Podría haber declinado a presentar esta reserva, sin embargo quiero y creo que es importante que quede constancia cuál es nuestra particular manera de ver este asunto tan importante. Actualmente uno de los mayores focos rojos en el país, es el sistema judicial donde integra la impunidad, lo que no ayuda a combatir, efectivamente, la corrupción, pero, por el contrario, alimenta con mayor frecuencia los abusos cometidos por la autoridad en contra de los ciudadanos. Durante años hemos escuchado por los diferentes medios de comunicación las múltiples violaciones a las garantías individuales de las personas por parte de militares, de policías, auxiliares o policías ministeriales. La corrupción en la impunidad ha llevado a un importante número de personas inocentes a llevar procesos penales o cumplir condenas corporales en las distintas cárceles del país debido a estos abusos. Las cárceles están llenas, lo sabemos, de inocentes. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Sin embargo, a la fecha no se cumple. El dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto, por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos penales, el cual hoy discutimos, también resulta violatorio de este principio, ya que abre la puerta para que más de estas arbitrariedades puedan ser perpetradas. El artículo 251 establece las actuaciones sin investigación, que no requieren de la previa autorización del juez de control, en ellas contempla la inspección de vehículos y la aportación de comunicaciones entre particulares. Prácticas repudiadas por órganos dedicados a la protección de derechos humanos, ya que éstas normalmente recaen en excesos y abusos por parte de la autoridad. En este contexto, el pleno de la Cámara tiene hoy, diría yo, tenía la oportunidad de legislar a favor de los ciudadanos y en la protección cabal de sus derechos fundamentales, por lo que nuestra propuesta va encaminada a eliminar la fracción V y VII del artículo 251, los cuales permitirán detenciones arbitrarias y violaciones a la privacidad de las personas por parte de la autoridad. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente reserva: Único. Se elimina la fracción V y VII y se recorren las demás del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue: Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. No requieren autorización del juez de control los siguientes actos de investigación. 1. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo. 2. La inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo. 3. La inspección de personas. 4. La revisión corporal. 5. El levantamiento e identificación de cadáveres. 6. El reconocimiento de personas. 7. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el procurador. 8. La entrevista a testigos, y 9. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. En los casos de la fracción VII, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el procurador o por el servidor público al que éste delegue dicha facultad. Para los efectos de la fracción VIII de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado será citado por el Ministerio Público, o en su caso, por el juez de control en los términos que prevé el presente Código. Es cuanto, señor presidente.