EL C. DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Gracias con su permiso señora presidenta. Compañeros diputados y diputadas. El 13 de julio de 1994, el diputado Francisco Saucedo Pérez, presidente de la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó a nombre de diputados del PRI, PRD, PARM, PPS y Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, una iniciativa de decreto para adicionar al Artículo 4º. Constitucional y elevar a ese rango el derecho a la alimentación. Con la iniciativa de decreto culminaba un amplio proceso de conducta, iniciado precisamente el 16 de octubre de 1992, Día Mundial de la Alimentación, fecha en que el Frente por el Derecho a la Alimentación, solicitó a esta soberanía se legislara sobre tan importante materia para la vida de los mexicanos. Una vez recibida la solicitud del Frente por las instancias correspondientes y turnada por su estudio a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo, ésta se dio a la tarea de consultar a los sectores involucrados. Llevó a cabo, por acuerdo de sus integrantes, cuatro audiencias públicas celebradas en Oaxaca, Distrito Federal, Coahuila y Durango, en las que concurrieron ciudadanos productores, organizadores no gubernamentales, investigadores universitarios e instituciones públicas interesadas en debatir el tema. En un ejercicio plural y enriquecedor sin precedentes se examinó el problema, y las opiniones expresadas por los distintos sectores, reflejaron un amplio consenso sobre el diagnóstico de la alimentación en México. Igualmente se llegó a un primer acuerdo para resolver el problema alimentario en nuestro país, que requería una reforma legal que fuese acompañado de una acción institucional coordinada, de una verdadera armonización de los planes y programas dispersos y de una política social y presupuestaria, vinculada al abasto, la alimentación y la nutrición. Todo lo anterior conducía en consecuencia a legislar sobre el tema, máximo que México había firmado y ratificado el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que en su Artículo 11 fracción II se refiere específicamente al derecho a la alimentación, y de la necesidad de que los países legislen localmente sobre este derecho. Así la culminación de este proceso fue la presentación formal ante la Cámara de Diputados de la iniciativa que adiciona un párrafo cuarto al Artículo 4º. Constitucional, para quedar de la siguiente manera; "Todo ser humano tiene derecho a una alimentación en suficiente en calidad y cantidad, el Estado mexicano, la sociedad y las familias, son responsables de garantizar la alimentación, que permita la salud física y mental de cada miembro de la sociedad mexicana. La ley establecerá las políticas, instrumentos y apoyos necesarios, para que la federación, entidades federativas y los municipios, aseguren la satisfacción de una dieta asequible, que contenga todos los nutrientes necesarios de los alimentos en calidad, cantidad y disponibilidad. La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, en donde quedó sin dictaminar. Durante la Quincuagésima Séptima Legislatura, la diputada Clara Brugada Molina, integrante del grupo parlamentario del PRD, formuló el día 16 de octubre de 1997 una solicitud de excitativa a estas Comisiones Unidas como lo establece el Reglamento del Congreso. Fruto de esa excitativa y de otras iniciativas similares presentadas con posterioridad por otros legisladores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales preparó un proyecto de dictamen que no alcanzó a discutir el pleno de la Cámara de Diputados en la pasada Legislatura. El 19 de octubre del 2000, el de la voz envió a la diputada María Eugenia Galván Antillón, Presidenta de la Comisión de Salud de esta Cámara, oficio con las prioridades legislativas del grupo parlamentario al que pertenezco; en el documento se sostenía que una adecuada alimentación es fundamental para garantizar condiciones de vida digna y el desarrollo de las potencialidades biológicas y psíquicas de hombres y mujeres. Con 60 millones de mexicanos en pobreza, la desnutrición es el principal problema nacional de salud pública, así lo confirma el reciente estudio de la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, dado a conocer con motivo del Día Mundial de la Alimentación. Según el organismo, en México 40% de los cerca de 100 millones de habitantes padece desnutrición; 17.7 de los menores de 5 años está desnutrido y 27% sufre anemia. Por ello es urgente tomar las medidas legislativas y de política pública para abatir y erradicar la desnutrición en nuestro país. Para ello se propone elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación y revisar la legislación secundaria, con el propósito de aplicar un programa nacional de nutrición dirigido a garantizar la alimentación de la población mexicana, particularmente de los niños menores de 5 años y de las mujeres embarazadas. Este programa debe articularse con una política de suficiencia alimentaría. C O N S I D E R A C I O N E S La nutrición es un fenómeno esencial de la vida, requisito indispensable para que el ser humano, junto con la satisfacción de otras necesidades, pueda crecer y desarrollarse adecuadamente. Sin una alimentación variada, completa y nutritiva el hombre no estará en posibilidades de desarrollar todas sus potencialidades. Al combatir la desnutrición y la mala alimentación, los gobiernos, en el ámbito de sus facultades, las instituciones de salud y la sociedad, han desplegado esfuerzos de diversa naturaleza, alcanzado avances reales pero limitados. Por tal motivo, el Congreso de la Unión debe dar un paso más en garantizar el acceso de los mexicanos a una adecuada nutrición. La necesidad de legislar al respecto, es más apremiante por cuanto el Programa Nacional de Salud 2001-2006, reconoce que por ejemplo el principal problema de salud de los niños indígenas menores de 5 años, es la desnutrición crónica que se manifiesta en el retraso en el crecimiento por talla baja. La prevalencia de esta condición es de 44% contra 17.7 en el ámbito nacional. Asimismo, que otros problemas nutricionales son la anemia que afecta alrededor de 36% de los niños indígenas y las deficiencias de zinc, vitamina "c" y vitamina "a" que afectan a entre 12 y 50% de esta población. La deficiencia de estos micronutrientes en los niños, genera una menor capacidad para la actividad física y limitaciones en las funciones mentales, en particular en la exploración y en la atención, lo que a su vez trae como consecuencia una menor capacidad de aprendizaje. La respuesta del organismo a las afecciones se ve disminuida, lo que ocasiona una mayor gravedad de las enfermedades y por lo mismo un mayor riesgo de muerte. Que el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, dispone que los dictámenes que las comisiones produzcan sobre los asuntos que no llegue a conocer la Legislatura que los recibió, quedarán a disposición de la siguiente Legislatura con el carácter de proyectos. El proyecto de dictamen en cuestión obra en los archivos de la Comisión de Puntos Constitucionales. Por las anteriores consideraciones y con fundamente en las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de esta Cámara lo siguiente: UNICO. Envíe excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, en cuyo poder obra el proyecto referido, para que emita el dictamen de la iniciativa de decreto que adiciona al artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que eleva a ese rango el derecho a la alimentación, presentada por el diputado Francisco Saucedo Pérez, el día 13 de julio de 1994 y que en la misma fecha le fue turnada. Asimismo, solicito a la presidencia tenga a bien acompañar esta excitativa, de las demás que se han presentado y que estén pendientes de dictamen. Muchas gracias por su atención. PRESIDENTE: Muchas gracias a usted señor diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que emita el dictamen correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto en el Orden del Día, es el referente a Efemérides. Y el primer tema es el referente a la instalación en México, de la primera imprenta en el Nuevo Mundo, para exponerlo tiene la palabra la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social. DIP. BEATRIZ PATRICIA LORENZO JUAREZ: Con el permiso de la presidencia; señoras y señores legisladores: El 25 de septiembre de 1539, hace 462 años, se manda instalar en la ciudad de México, a instancias del Obispo Fray Juan de Zumárraga y del Virrey Antonio de Mendoza y al frente del italiano Giovanni Paoli, un taller de imprenta, publicando a fines de ese año la obra breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, que contiene las cosas más necesarios de nuestra santa fe católica, para el aprovechamiento de los indios naturales y salvación de sus ánimas; escrita por el propio Zumárraga. Así, éste es el primer impreso mexicano conocido y visto y Giovanni Paoli, el primer impresor en este Continente. En el siglo XVIII la producción en número de obras fue vasta; producción religiosa de sucesos y festividades, libros docentes de teología, derecho, medicina y oratoria. Siendo esta última muy estudiada por los criollos, debido a sus deseos de opinar, juzgar y expresarse, exteriorizando así sus ideas y conceptos. La tradición y cultura indígena se incorpora a los elementos españoles, dándose así el embrión del México Independiente. Los medios de comunicación ya sea prensa, radio, televisión y hoy día Internet, han estado históricamente relacionados a la política, en donde bien su relación puede ser en ocasiones ríspida, débil, de crítica o de impulso común a un asunto específico, su relación es a fin de cuentas indestructible. La libertad de expresión tanto ayer como hoy, ha utilizado a los medios de comunicación existentes para fortalecer su existencia y promover su defensa y permanencia. Honestidad, conciencia de servicio público, dignidad y trabajo intenso, son las características del trabajo informativo en donde la comunión entre los medios de comunicación y sociedad, es innegable. La tolerancia y las amenazas a los medios de comunicación, son síntomas de que la razón está de su lado. Imagen y palabras, ambas capaces de levantar o derrumbar a un Estado, al estar detrás de ellas los intereses de toda la sociedad. Cuando una libertad es necesario, la sociedad debe de ejercer su derecho a una crítica constante, a la presión en sentido contrario, con la intención de evitar la degradación de esa libertad y en particular de la libertad a la expresión de las ideas. La libertad no debe ser intervenida o reprimida, ya que ello sería atentar contra la fuerza de la razón. Así, cuando la sociedad aprende a decir no a todo aquello que le afecta negativamente, esta sociedad estará construyendo los cimientos de su auténtica libertad. Si la información es clara, no pospone y no minimiza; será copartícipe del desarrollo nacional; de lo contrario, contribuirá a su deterioro y degradación. Debido a los nuevos tiempos que vive la Nación, es necesario y prioritario regular constitucionalmente y de manera clara el acceso a la información, ya sea ésta solicitada por los medios de comunicación o por la sociedad. El definir legalmente el cómo y de qué manera se tendrá acceso a la información pública, es imprescindible. Si bien existe información que por su carácter debe de estar reservada al Estado. Es necesario determinar cuál será ésta y plasmarlo en un documento con la correspondiente aprobación del Poder Legislativo, es decir, determinar qué información será del dominio público y cuál de uso exclusivo del Estado. La información con carácter de seguridad nacional y la información de dominio público, división que es necesario legislar y respetar. Hoy día la participación ciudadana ha sido uno de los grandes agentes del cambio y por ello ha exigido espacios de expresión que construyan los cimientos de una auténtica democracia participativa. Por medio de la libertad de expresión las ideas, reflexiones, propuestas, críticas y proyectos de una gran cantidad de mexicanos tendrán como efecto el dar origen a una sociedad más ilustrada y por ello sin duda más democrática. Los medios de comunicación, que colocan en medio del Estado y la sociedad civil, cuando lo debatido entre ambos son las libertades cívicas y el mejoramiento de las conductas de vida y en donde los primeros se erigen como jueces implacables para dar la razón a quien la tenga. Por lo anterior, los medios de comunicación pueden ser o bien instrumentos de apoyo a las políticas gubernamentales o instrumentos de agitación social. Cuando se gesta un descontento general en la población y se transforma en una oposición social permanente y creciente, los medios de comunicación la tomarán como punto de partida, asumiendo como suyas las exigencias sociales. La información no debe ser incondicional de un pequeño grupo, ya sea cual sea éste, sino que debe servir a la sociedad asumiendo así su gran papel como creador de opinión pública. El escrutinio de los medios no es injusto para el gobierno, ya que sólo con éste el Estado cuidará su actuar y su decir. El actual Gobierno Federal sin duda cuenta con legitimidad democrática, pero al mismo tiempo esta característica debe ser motivo de una aceptación de la crítica constante y puntual sobre su quehacer de gobierno. El papel que deben asumir los medios en la actual transición democrática que vive el país obviamente debe ser de crítica, pero responsable y constructiva para ser un freno a los excesos del poder. La crítica destructiva e irresponsable, por el contrario, sólo debilita al Estado y a la sociedad y en nada fortalece a la consolidación democrática. La crítica debe ser sobre los errores y deficiencias para mejorar. Los logros no se mencionan; éstos son una obligación. Los medios representan la voz de la sociedad, la cual se alza por el descontento generalizado debido a la lentitud con la cual se cumplen los cambios prometidos. Así, los medios no pueden y no deben ir en contra de los intereses e ideales de la sociedad. La información debe tener como raíz la ética y como sostén la calidad de la misma, en donde el contenido tenga la credibilidad suficiente ante una sociedad que ya no cree todo lo que se le dice. En un régimen democrático la libertad de prensa no puede y no debe estar bajo un control oficial, siendo siempre preferible una pluralidad de opiniones a una sola, uniforme y estrecha de visión. Pero la crítica en los medios de comunicación debe ser apolítica. Sólo así tendrá valor social. El bloqueo a la información deforma las conciencias de hombres y mujeres y, por tanto, destruye toda posibilidad de desarrollo nacional. Así, la guerra de información puede dar lugar a dos destinos: fortalecer ideales, sueños y levantar a una nación o destruir voluntades y hundir a un país. El cómo, cuándo dónde y por qué son preguntas esenciales de una auténtica libertad de expresión y mediante las cuales los miembros de la sociedad exigen obtener respuestas a estas preguntas buscando realidades, aunque éstas incomoden a más de uno. Los gobiernos que quieren mantener su legitimidad ante una sociedad libre y abierta deben promover la transparencia en la comunicación. La democracia no se agota con las elecciones y, por lo tanto, las decisiones de gobierno deben ser determinadas de una forma plural, cuando sea posible esto, y no de forma unilateral. La manifestación democrática de las ideas se vuelve cada vez más un reclamo social cuando los mecanismos de control de Estado únicamente han sido oídos sordos y sólo han escuchado las expresiones del poder y el dinero. El compromiso con las causas más justas de nuestra sociedad, del nuestra nación, debe dar lugar a que sean silenciados los insultos mutuos, sin razonar, y dejar que las ideas hablen. Aléxis de Tocqueville dijo en alguna ocasión: "La libertad de escribir, como todas las demás libertades, es tanto más temible cuanto más nueva es". Fin de la cita. Demos tiempo a esta nueva libertad y démonos tiempo a nosotros mismos y con ello construyamos una mejor nación. Muchas gracias. EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA: Gracias a usted, diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto de la orden del día son comentarios sobre el séptimo aniversario luctuoso del licenciado José Francisco Ruiz Massieu. Tiene la palabra el diputado Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.