El diputado José Felipe Puelles Espina: Gracias, señor Presidente. Compañeros diputados: Los diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante este Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 55 fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley Impuesto Sobre la Renta, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Nuestra Carta Magna establece en el artículo 3º. constitucional el derecho de toda persona a recibir educación; asimismo determina que es obligación del Estado impartir la educación básica de forma gratuita y que deberá promover y atender los demás tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior necesarios para el desarrollo de la Nación. Es incuestionable la contribución de la educación en el desarrollo integral de la persona, toda vez que es un activo que potencia habilidades, destrezas y capacidades a lo largo del ciclo de vida y en todos los ámbitos de desenvolvimiento familiar, social y productivo. Contar con la educación permite mejorar y construir un proyecto de vida. Para las naciones, lograr una población educada significa el tránsito a una sociedad de bienestar productiva, competitiva y más democrática; de ahí que todo Estado ubica como una de sus prioridades en política pública la cobertura y calidad de la educación. Los planes de desarrollo nacional, sexenio tras sexenio en México, han tenido como constante considerar a la educación como variable estratégica del desarrollo nacional. El actual Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la considera como una de las palancas del cambio en el país, por lo que propone llevar a cabo una revolución educativa que permita abatir el rezago y la exclusión social a través de programas, proyectos y acciones que permitan tener educación para todos, educación de calidad y educación de vanguardia. Particularmente en el reto de una educación para todos, las políticas educativas generadas en los últimos años, demuestran el esfuerzo notable por incrementar las oportunidades de acceso a la educación; de hecho, la actual administración duplicó el número de becas educativas de las que se daban en el año 2000. El Programa Oportunidades que opera en un esquema de responsabilidades compartidas, en su vertiente de apoyo a la asistencia a la escuela, otorgó en el ciclo escolar 2004-2005 un total de 5.1 millones de becas y para el presente ciclo 2005-2006 se pretende alcanzar la cifra de 5.4 millones de becas, de las cuales el 87 por ciento se destinarán a educación básica y el resto a educación media superior. Los avances en la materia son importantes, pues en las zonas urbanas el impacto del programa se tradujo en el aumento de la inscripción escolar de los niños y niñas de siete años de edad, de 13.3 y 7.7 por ciento, respectivamente, así como en la reducción del 23.7 por ciento de las tasas de abandono escolar de los jóvenes de 16 a 19 años de edad. En las zonas rurales, el programa incrementó en alrededor del 33 por ciento la probabilidad de que los jóvenes entre los 12 y 14 años de edad transiten a la secundaria. En las zonas rurales, gracias a Oportunidades, los jóvenes de entre 15 y 18 años de edad alcanzaron un año adicional de escolaridad, lo que representa un incremento de 14 por ciento en logro educativo. Asimismo se ha flexibilizado e incrementado la calidad y pertinencia de los modelos del Instituto Nacional de Educación para Adultos y del Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo, dirigidos a 32.5 millones de personas en el país, entre las que se encuentran sectores prioritarios de población como mujeres indígenas monolingües y bilingües, jóvenes mayores de 18 años, adultos mayores, personas con discapacidad, personas jornaleras, agrícolas, migrantes e incluso población mexicana que reside en los Estados Unidos de Norteamérica que no han iniciado o concluido su educación básica. En lo que va del sexenio el promedio de años de escolaridad aumentó de 7.6 a 8.2 años. Asimismo el índice de analfabetismo disminuyó en 1.2 puntos porcentuales al ubicarse en 8%. Sin duda el avance logrado es un reflejo de esfuerzo compartido de los diversos ámbitos de gobierno que les corresponde la gestión educativa, como de los esfuerzos del Legislativo por aprobar mayores recursos a la función educativa. No obstante, aún falta un buen trecho para alcanzar niveles de desarrollo humano alto comparables a los países con los que tenemos mayor cercanía o de aquéllos con los que formamos parte como la OCD. Es imperioso eficientar la acción gubernamental para que garantice la educación de millones de mexicanos que hoy representan la oportunidad del bono demográfico. El Estado tiene un deuda moral con las familias que hoy día están limitadas para enviar a sus hijos a la escuela. Por ello, debe centrar su atención en proveer la oportunidad educativa a todas las personas, pues hacerlo le significará romper su situación de pobreza y abrir sus opciones de vida. Debemos aprovechar lo que hoy tenemos a nuestro favor, un amplio sistema de escuelas particulares a las que recurren padres de familia de ingresos medios y altos, para ver satisfecha la educación de sus hijos. El sistema de escuelas particulares reconocido en la Constitución y de manera amplia en la Ley General de Educación, ha contribuido en la oferta educativa permitiendo al Estado orientar su acción en las áreas de mayor rezago educacional, atemperando las desigualdades regionales que registra el país. En este tenor de ideas y con base en el compromiso que el Estado y Acción Nacional tiene para con la sociedad mexicana, consideramos oportuno y justo establecer un incentivo fiscal que permita a los padres de familia tener un mayor beneficio por invertir en la educación de sus hijos y al mismo tiempo permitirá elevar con menores costos para la población, el nivel educativo de nuestra sociedad en la medida en que el beneficio fiscal se otorga para el gasto ejercido en educación básica. Así, el incentivo fiscal se aplicará por un monto anual de hasta 200 salarios mínimos generales vigentes; este monto no lo podrán deducir los padres de familia contribuyentes que pagan colegiaturas por la educación de sus hijos en escuelas particulares de educación básica, con autorización de las autoridades educativas, es decir, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria que son los niveles educativos que el Estado está obligado constitucionalmente a impartir. La deducción fiscal del gasto en colegiaturas por el monto propuesto y para los niveles educativos señalados, disminuyen significativamente la base fiscal para el cálculo del impuesto gravable, lo que permita a las familias contar con un mayor ingreso disponible para generar ahorros y engrandecer su patrimonio. Sin duda como hemos mencionado, el Estado debe alentar y promover todos los tipos y modalidades educativas, no obstante educativos, las finanzas públicas del Estado Mexicano deben seguir manejando con responsabilidad y prudencia, razón por la cual el financiamiento, el estímulo fiscal no es suficiente para otorgarse de manera generalizada y a todos los niveles. De hecho, la cobertura en educación superior es de apenas el 23%, lo cual nos indica que apenas una quinta parte de la población en edad de cursar la educación superior es atendida. Si a estos pocos privilegiados les concedemos la gracia de la deducción en sus colegiaturas, estaríamos acentuando las condiciones adversas a las que se enfrentan los menos favorecidos; generaríamos un efecto perverso que en vez de cerrar la brecha de la desigualdad económica la ampliaría aún más. Además la oferta de educación superior pública beneficia 12 veces más a los estudiantes de familias con ingresos económicos de los 3 últimos deciles con relación a los alumnos que provienen de familias situadas en los 3 primeros deciles de ingreso de la población. Ello implica que de otorgarse la deducción se profundizaría la inequidad en el acceso. Por esta razón la presenta administración ha establecido el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, PRONABES, dichas becas no son reembolsables, se entregan mensualmente a aquellos estudiantes en condiciones económicas adversas para que inicien o continúen sus estudios universitarios. La historia ha demostrado que las acciones amplias y universales generan distorsiones y no alcanzan sus objetivos para tener serios problemas de inclusión o exclusión, no deseados por los programas. Asimismo se ha demostrado que los incentivos pueden ser regresivos si se aplican sin criterios de equidad o justicia distributiva. Por ello Acción Nacional ofrece una respuesta responsable en términos de las finanzas públicas del gobierno federal así como en cuanto a los incentivos otorgados a los contribuyentes del Erario Nacional. Consideramos relevante coadyuvar con diversas acciones para que la educación básica sea la base de trampolín para acceder a niveles educativos superiores. Estamos convencidos que nuestra propuesta camina en este sentido. Es así que la propuesta de apoyar a los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas particulares en algún nivel de la educación básica y que contribuyen con sus impuestos al Erario Nacional, les brindará un incentivo directo en su economía familiar al tiempo que permitirá al Estado fortalecer la calidad y equidad educativa. Por lo anteriormente expuesto se propone a esta H. Soberanía, el siguiente proyecto de iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. "Articulo Unico: Se adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue: Artículo 176.- Fracción IX.- Las erogaciones efectuadas por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, hasta por un monto anual que no exceda el equivalente a doscientas veces el salario mínimo general por concepto de colegiaturas pagadas en la educación básica obligatoria, exclusivamente a favor de los descendientes directos en línea recta en primer grado siempre y cuando dichas erogaciones se realicen a sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley cuyo objeto sea la enseñanza. TRANSITORIOS: Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de enero de 2006". Muchas gracias.