El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Ciudadano presidente de la Mesa Directiva, señoras y señores diputados, ciudadanas y ciudadanos, asistimos hoy a la glosa del último informe de gobierno y por ende a la oportunidad de evaluar y analizar los imperceptibles alcances del sexenio que concluye. En materia de política interior el saldo es sumamente negativo. Finaliza un régimen que se caracterizó por la falta de una estrategia planificada que hizo gala de improvisación y que pretendió subsanarla con el uso discrecional de la fuerza coactiva del Estado, incursionando, en repetidas ocasiones, en el autoritarismo y en la violación a los derechos humanos. La propia carátula del informe que se ha hecho llegar a esta Cámara asemeja más la propaganda de un régimen militar y no la imagen de un país en paz, gobernado por civiles y en camino hacia una democracia plena. Pese a su obsesión de pretender mostrarse implacable y férreo, el gobierno evidenció su vulnerabilidad al realizar cinco relevos de titular de la Secretaría de Gobernación. Algunos relevos fueron consecuencia del desgaste político del servidor público, pero otros más se debieron a lamentables accidentes, los cuales nunca fueron debidamente aclarados, ahondando en el imaginario popular, la percepción de que estaban frente a un gobierno federal incapaz de garantizar la más elemental seguridad a sus funcionarios de primer nivel, mucho menos a la ciudadanía. Como parte de su informe, el Ejecutivo federal señala tres ejes de su estrategia nacional de seguridad. El primer eje se refiere a la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales. Las cifras proporcionadas sólo denotan una parte reducida del problema, la cifra negra duplica y, en algunos casos, triplica la comisión de delitos que no se consideran en los datos oficiales. Tampoco se reconoce que varias zonas o regiones del país se encuentran no solamente con la presencia del crimen organizado sino que está inmerso en su vida cotidiana. Más aún, como prueba del fallo en este rubro, por autoridades extranjeras nos hemos enterado de la vinculación del sistema financiero nacional con operaciones de procedencia ilícita, mientras que las autoridades mexicanas evitan hacer alusión e investigar un tema tan grave y delicado. Otro eje se refiere al fortalecimiento, depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad, el cual ha sido incumplido cuando observamos a una Procuraduría General de la República castigada presupuestalmente. La existencia de cuerpos policíacos autoritarios y las dificultades que tienen estados y municipios para acceder a los recursos destinados al mejoramiento de los cuerpos policíacos. Asimismo, se evita informar las redes, complicidades que quedarán intactas. El número indeterminado de desertores de las fuerzas armadas que trabajan para la delincuencia, así como de policías que tienen doble lealtades y que se niegan a someterse a las pruebas de confianza. En contraparte, su afán en mencionar el aumento de la policía federal al pasar de poco más de 6 mil elementos en 2006 a más de 36 mil en 2012. Sin embargo, a pesar de los millonarios recursos invertidos en su profesionalización, la PFP recientemente protagonizó dos graves hechos que menoscaban e impactan directamente en su credibilidad y confianza. El último eje se refiere a la reconstrucción del tejido social y prevención del delito, haciéndose hincapié en la rehabilitación de diversos espacios públicos. Desde la perspectiva de nuestra fracción parlamentaria se trata de acciones aisladas e insuficientes en un país en donde la pobreza es la situación cotidiana de millones de mexicanos y donde sólo podremos hablar de reconstrucción del tejido social cuando todas y todos gocemos de condiciones de equidad, cuando el Estado garantice el desarrollo integran de la juventud y responda ante las exigencias de una vida libre de violencia, especialmente para las mujeres. Reiteramos, las verdaderas causas de la delincuencia se encuentran en la pobreza y en la marginación, en la desesperación de tantos millones de mexicanos que no tienen ninguna expectativa de desarrollo, que no tienen empleo y que carecen de lo más elemental para vivir dignamente. Es allí donde está el verdadero caldo de cultivo y un ejército de reservas inagotables. Si no se combate la desigualdad y las injusticias con políticas públicas, que generen cohesión social y prevención del delito, de nada servirán las acciones represivas que lejos de contener el delito lo están exponenciando. El gobierno federal omite aludir a las más de 50 mil víctimas generadas en su improvisada y mal planificada lucha, y por ende reconocer que ha actuado con torpeza en la salvaguarda de la seguridad pública debilitando al Estado de derecho, la convivencia social, nuestra calidad de vida y el ejercicio de nuestras libertades. En ese contexto evite explicar las razones para no acatar el mandato constitucional de publicar la Ley General de Víctimas aprobada el pasado 30 de abril del presente año. En contraparte, el pasado 30 de agosto ha enviado al Senado la iniciativa por la cual se expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas en un claro y lamentable afán de echar por la borda el esfuerzo legislativo de las mujeres y hombres que nos antecedieron en esta representación nacional. En el mismo ámbito de la política interior otro déficit tiene que ver con la muerte y desaparición de periodistas en varias entidades del país, cuya cifra ya es comparada con la que sufren varios países del mundo que padecen guerras civiles o invasiones. Lo peor de todo es que la impunidad prevalece en todos estos casos, propiciando la desaparición del periodismo local ante la imposibilidad de realizar su labor informativa. Como parte de su raquítico legado político debe sumarse la fallida política laboral del mal llamado presidente del empleo, que inició con una derechista reforma laboral que fue frustrada y habrá de terminar de la misma manera. En materia laboral, el gobierno del señor Calderón pasará a la historia como el verdugo de los sindicatos disidentes, pero al mismo tiempo será recordado como un protector de los excesos y las corruptelas de los sindicatos magisterial y petrolero. Esa misma política interior ambigua y facciosa se hizo presente en materias de medios de comunicación, la reciente confrontación por la banda de 2.5 que llegó a convertirse en un enfrentamiento personal, ha evidenciado la estrecha relación del gobierno con los gobiernos fácticos al mostrarse débil y vulnerable ante las grandes cadenas que componen el duopolio televisivo, al tiempo que resultó ferozmente implacable con las cadenas emergentes. La mayoría de los mexicanos sabemos que Felipe Calderón arribó al poder como consecuencia de un proceso electoral fraudulento y desaseado. Esa sombra lo persiguió todo el sexenio, le impidió convocar a la izquierda para entronizar acuerdos nacionales y le ha imposibilitado regresar a esta Cámara de Diputados. Ese mismo hecho lo llevó a frenar una verdadera reforma del Estado y a emprender la transformación a fondo de nuestras instituciones públicas. Su proyecto de reforma política en realidad se trata de una miscelánea de reformas constitucionales que sobrecarga de requisitos el ejercicio de los instrumentos de democracia participativa y realiza un diseño de candidatura independiente cuya implementación es prácticamente imposible. Congruente con su legitimidad, Calderón actuó con omisión, negligencia y complicidad en el reciente proceso electoral federal. En la práctica la PGR y la Fepade nunca actuaron contundentemente para coadyuvar en las investigaciones sobre las denuncias hechas por el lavado de dinero, tampoco nunca dieron respuesta satisfactoria a los requerimientos de información que se hicieron, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al SAT sobre la triangulación de recursos del financiamiento paralelo de la campaña de Peña Nieto, en particular sobre Monex, Soriana y otras empresas privadas que se prestaron al fraude electoral. Hoy confirmamos la degradación de las instituciones públicas y la actuación oficialista y violatoria de la Constitución, tanto del IFE como del Tribunal Electoral que, lejos de defender los principios de la justicia electoral, solaparon las arteras violaciones al sufragio efectivo y a los principios rectores en la materia. Señoras y señores diputados, Felipe Calderón culmina su sexenio con una evaluación ciudadana negativa, ya que menos del 30 por ciento de la población aprueba su gestión en lo general. El Ejecutivo federal faltó al compromiso de avanzar con determinación en la transformación de la vida nacional, elevar la calidad de vida de los mexicanos y modernizar nuestras instituciones. Hoy México se encuentra muy lejos de ser un país de leyes donde las familias puedan vivir en paz y tranquilidad; y mucho más lejos de ser un país donde haya un verdadero acceso a la justicia. Días aciagos esperan al país frente a la prolongación de gobiernos surgidos del fraude electoral y de la impunidad que abriga a quienes a todas luces subastan, comercian y se burlan de la voluntad popular. Apremia retomar el camino de la transición democrática. Regresar el Ejército a sus cuarteles, consolidar verdaderas instituciones policiales y de procuración de justicia; dejar a un lado la simulación y combatir realmente la impunidad; avanzar a una profunda rendición de cuentas, democratizar los medios de comunicación y perder el miedo e innovar en busca del perfeccionamiento de las instituciones públicas. Ésta simulación democrática que vivimos se desapareció el día del presidente y se construyó un rebasado mecanismo de glosa que en nada contribuye a la rendición de cuentas y al derecho del pueblo mexicano a estar debidamente informado. A nombre de la fracción parlamentaria, reitero la invitación a que revisemos el formato del Informe Presidencial. Concluyo, señor presidente. Es prioritario que el titular del Poder Ejecutivo cumpla con su obligación ética y política de asistir personalmente a este recinto para informar del estado que guarda la nación. Que lo hagamos en un marco de pluralidad y transparencia donde las diversas fuerzas políticas puedan expresar su sentir frente al Ejecutivo y de cara a la nación. Que permitamos que las mexicanas y los mexicanos sepan cuál es la realidad nacional y cuáles los diversos planteamientos políticos que en torno a ella...