La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Buenas tardes. Con su permiso, presidente. Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor de este dictamen, que adiciona los artículos 2o. y 28 de la Ley de Migración. En el presente dictamen, en el cual se solicita reformar los artículos 2o. y 28 de la Ley de Migración, en materia de derechos humanos, se solicita incorporar a la Ley de Migración que los tratados internacionales en la materia, como marco de referencia para la protección de los derechos de los migrantes. A pesar de tener índices inmigratorios por debajo de la media latinoamericana, en un fenómeno de inconsciente colectivo, las y los mexicanos paradójicamente tendemos a creer que nuestro país tiene altos porcentajes de inmigración, en un claro mecanismo defensivo para levantar la autoestima ante el fenómeno migratorio masivo. La combinación entre un notorio chauvinismo discursivo y un desarraigo forzado por la invasión cultural estadounidense y la necesidad socioeconómica de emigrar, es una contradicción esbozada y analizada por especialistas. Es procedente en sus términos, en virtud de que efectivamente no se contempla en la Constitución y los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte, como criterios rectores de la política migratoria del país, y aún cuando en el caso de la Constitución esta observación está implícita en toda ley que derive de ella, no lo es respecto a los instrumentos internacionales en los términos que la propia Constitución establece en su artículo 1o. Hay que señalar, como criterio, el interés superior de las y los niños, establecido en instrumentos internacionales de los que México es parte y sobre el que existen definiciones dadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Estados Unidos, la Oficina de Censo de los Estados Unidos señala, que actualmente las y los mexicanos representan el 65 por ciento de los cerca de 52 millones de hispanos en Estados Unidos y el 11 por ciento de la población nacional. En los últimos años, el 35 por ciento de las 93 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos, fueron dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Defensa Nacional, la Marina, Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura, violaciones sexuales contra menores de edad, cateos y retenciones ilegales, detenciones arbitrarias e incomunicación. En el 2011 se realizaron reformas a nuestra Constitución Política Mexicana en materia de derechos humanos, que establecieron el control de convencionalidad al establecer en los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo, en todo tiempo, a las personas la protección más amplia. En virtud de que el artículo 2o. de la Ley de Migración no establece como fundamento de la política migratoria a los tratados internacionales ni a la propia Constitución, la Ley de Migración señala los principios en que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano, pero en ello no establece la convencionalidad ni el interés superior de la mujer, de la niña, niño o adolescente. La niñez ha preocupado y ocupado desde siempre a la comunidad política. Primero como inquietud por el resguardo de la persona y los derechos del niño, y más tarde por la situación de desamparo en que muchas veces se encontraba, adoptando medidas legislativas y ejecutivas dirigidas a ordenar la materia e implementar vías de efectiva protección. La Convención sobre los Derechos del Niño vino a dar su espaldarazo definitivo en el concierto de las naciones. Desde ese pacto no puede haber Estado en que no se reconozca a la niñez como interés público. El interés del niño explica la potestad del Estado como deber y también como derecho fundamental que aquel tiene, el artículo 19 y 20. Potestad del Estado que hay quienes ponen en crisis, existiendo un supuesto paternalismo o tutelarismo que negaría al niño y a la niña garantías fundamentales, cuando justamente de lo que se trata es de reconocer en la convención la copresencia y la coimplicancia de la intervención estatal, protectora de las supuestas legitimantes, sus principios informantes, sus límites, su finalidad, como corresponde a una concepción integral. El interés superior del niño es uno de los principios jurídicos más citados en las decisiones judiciales, quizás tanto como otros que tocan también aspectos muy sensibles a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Los ámbitos de acción del derecho de un país en política migratoria, como lo demuestra la teoría y la práctica jurídica van más allá de sus fronteras territoriales. Es en ese sentido que se habla de los lineamientos que debe seguir un Estado cuando interactúa con otras naciones. En los principios de política migratoria que se encuentran contenidos en la Constitución y de los derivados de instrumentos internacionales como la Liga de las Naciones y de la Carta de las Naciones Unidas, por señalar solo algunos de esos instrumentos. Es necesario facultar a la PGR para celebrar convenios para la eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes y las migrantes, y no solo la colaboración y coordinación. En las facultades que tiene la PGR no solo a firmar convenios de colaboración en materia de migración, sino que establece que debe desplegar todas las facultades que le concede la legislación vigente para investigar los delitos en donde las personas migrantes sean víctimas. Termino. Por eso, por lo anteriormente expuesto, los y las diputadas del PRD votaremos a favor de este dictamen y solicitamos a los integrantes de esta LXII Legislatura su voto a favor, tal cual fue votado en la Comisión de Asuntos Migratorios de manera unánime. Gracias por su atención.