La diputada Soraya Pérez Munguía: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, para transformar el México que tenemos en el México que nos merecemos, las y las legisladores somos pieza fundamental. Así de relevante es nuestra labor diaria, por eso es un honor para mí hacer uso de esta tribuna, para exponerles un tema que es trascendental para la consolidación del gobierno eficiente, transparente e incluyente que demanda nuestra sociedad. Han transcurrido más de 9 años de análisis y debate en la arena política y no hemos logrado aprobar una ley federal cuyos principios sean la igualdad, la proporcionalidad y la transparencia de las remuneraciones públicas. Y hoy toma más importancia que nunca, ya que la Mesa Directiva pretende el 13 de septiembre, en la próxima sesión, discutir y aprobar en fast track una iniciativa que proviene del Senado, que no solamente es vieja sino caduca en la mayoría de sus términos y principios. Casi todos los grupos parlamentarios hemos coincidido en que este es un tema pendiente en la agenda legislativa, pero además es una exigencia de los servidores públicos de la federación que exigimos reglas claras y precisas para la determinación de nuestras remuneraciones. En un escenario donde todas las fuerzas políticas nos hemos manifestado varias veces por la austeridad debemos ser congruentes y responsables en todas las decisiones que garanticen un ejercicio adecuado de los recursos públicos. Por ello, desde nuestro grupo parlamentario insistimos nuevamente, como lo hemos hecho en distintas ocasiones, en la necesidad de discutir y aprobar con urgencia una legislación secundaria integral que haga cumplir el propósito de la reforma al artículo 127 constitucional y que finalice por fin esta larguísima omisión legislativa. Debo destacar que esta iniciativa se inscribe en el contexto internacional dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual México forma parte y que medularmente señala que los Estados miembros deben tomar medidas de prevención contra la corrupción, tomando en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público, ambos principios que están contemplados en este proyecto de iniciativa. El principal objeto de esta ley es regular los rangos y los montos de las remuneraciones que percibimos los servidos públicos federales, estableciendo con claridad que nadie gane más que el presidente. Y he de remarcar, eso ya está establecido hoy en nuestra Constitución. Pero adicionalmente nos obligará a tomar en cuenta dos factores fundamentales. Por un lado, que los servidores públicos dispongamos de una remuneración suficiente, que nos permita cubrir nuestras necesidades y las de nuestras familias. Y al mismo tiempo, que estas percepciones económicas sean congruentes con el nivel de responsabilidad que tenemos en el servicio público. Compañeras y compañeros legisladores, dada la trascendencia de este tema, yo celebro que esta legislatura no siga postergando este tipo de discusiones, que son claves para lograr la igualdad. Pero tenemos la obligación de hacerlo con un proyecto de ley que nazca de esta legislatura, que sea de vanguardia y que esté, por lo menos, acorde al marco jurídico vigente. No permitamos que la falta de voluntad política y la sinrazón nos impida abordar, y peor aún, aprobar un tema que es de vital trascendencia para el sector público. Y por ninguna razón posterguemos una iniciativa que mejora las condiciones laborales entre los hombres y las mujeres. ¿O nos vamos a esperar 100 años más, que es lo que estima el World Economic Forum para disminuir las brechas salariales entre hombres y mujeres en México? Otro elemento diferenciador de esta propuesta es que toma en cuenta principios elementales, como son la igualdad, la racionalidad y la suficiencia presupuestal, lo que garantizará que se prevean los recursos suficientes para cubrir estas remuneraciones, algo que, desafortunadamente, no siempre pasa en las instituciones de gobierno. Además, los funcionarios públicos tendremos mayor certeza jurídica en nuestra relación laboral y se erradicarán vicios y arbitrariedades en el salario de los trabajadores. No más discrecionalidad en la determinación de los salarios en el servicio público. Si juntos logramos que a través de esta ley sean regulados estos tabuladores, garantizaremos mayor eficiencia en el desempeño del servicio público y contribuiremos a la consolidación de un gobierno abierto, eficiente y transparente, estableciendo sanciones para quienes no cumplan esta disposición. El amigo del jefe ya no puede ganar más por ser amigo del jefe. Tiene que ganar más porque su desempeño y su responsabilidad lo acreditan. En lo personal, hay un tema que me es muy importante, y lo dice alguien que ha sido servidora pública por más de 17 años. Les confieso que nunca he estado a favor de las cuotas de mujeres, pero reconozco que las cuotas son el único mecanismo que tenemos las mujeres para tener una participación activa en la vida política y pública de nuestro país. Pero no nos confundamos, esta desafortunadamente no es una iniciativa de cuotas, es la posibilidad real de disminuir las brechas salariales entre hombres y mujeres. A igual trabajo, igual salario. Compañeras y compañeros legisladores, quiero finalizar resaltando que con la aprobación de esta iniciativa le daremos valor a cada uno de los espacios en el servicio público, sin distinción motivada por género, por edad, por etnia, por discapacidad, por condición social, por condiciones de salud, por religión, por preferencias sexuales, por estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Pero también por primera vez en la historia tendremos la posibilidad de tener un salario justo y equiparable de acuerdo a la complejidad y a la responsabilidad que nos corresponda en el servicio público. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto presidente.