La diputada Yulma Rocha Aguilar: Gracias. Con el permiso de esta Presidencia. La educación en México se encuentra garantizada en nuestra Carta Magna. El reconocimiento de todo individuo a recibir una educación de calidad por parte del Estado. En el rubro de la educación en México, los particulares también tienen la posibilidad de impartir educación en todos sus tipos y modalidades que la autoridad responsable le otorgue a través de autorizaciones o del reconocimiento de validez oficial de estudios en los planteles particulares. Y es el reconocimiento de validez oficial de estudios el que se otorga a las escuelas particulares para ofrecer planes y programas de estudios registrados ante la autoridad y se otorga mediante solicitud y cumplimiento de los requisitos mínimos indispensables que marca la ley en cuanto a profesorado, instalaciones, planes y programas. El derecho positivo regulado hasta este momento, considero, es perfectible. La norma se ha vuelto laxa en este rubro y actualmente se les permita a los particulares comenzar a operar y a trabajar sin el reconocimiento de validez oficial antes mencionado, limitándose el particular solamente a mencionarlo en su publicidad o en su documentación. Así pues, el particular, con el solo hecho de mencionar que su registro está en trámite, inspira la confianza del educando para ingresar a dicho plantel educativo y a cursar determinado nivel. El hecho de estar en trámite dicho reconocimiento no garantiza que éste se va a otorgar, ya que esto depende del cumplimiento mínimo de los requisitos que marca la ley. Ante esto se carece de la posibilidad de obtener por ejemplo su título o cédula profesional y es más grave para el caso de los estudios relacionados con profesiones que requieren cédula profesional para su ejercicio, además de que se carece de la posibilidad de obtener una equivalencia de estudios que les permita continuar en otra institución. Esto es un crimen contra los jóvenes y contra sus familias que han invertido tiempo, dinero y esfuerzo en su preparación académica, y que ven truncados sus sueños y sus planes de vida. La educación particular es muy importante en nuestro país, y ayuda al Estado a su obligación en la prestación de los servicios educativos, y hay grandes ejemplos de éxito de ello en nuestro país. Sin embargo, también las hay de escuelas basadas en el engaño, donde no hay compromiso educativo ni tampoco calidad, donde sus principales fines son de tipo lucrativo y ahora más recientemente fraudes educativos con fines políticos y electorales. Ahí es donde consideramos debe intervenir y actuar la autoridad educativa para hacer valer y defender el derecho a la educación. Por lo antes expuesto, considero que es lo loable una adición al tercer párrafo del artículo 54 de la Ley General de Educación, que establezca la obligatoriedad del reconocimiento de validez oficial como requisito sine qua non para el funcionamiento de las escuelas particulares, sin que medie la posibilidad de funcionamiento por encontrarse en proceso o en trámite dicho reconocimiento. Asimismo también se propone la derogación del primer párrafo del artículo 59 de la misma ley, que es la que alienta a los particulares a prestar los servicios educativos sin el reconocimiento de validez oficial. Espero contar con el apoyo y el respaldo de la mayoría de los integrantes de esta Cámara, para evitar sigan sucediendo fraudes educativos que truncan la preparación académica de miles de estudiantes. Es cuanto, señor presidente.