EL C. DIP. FELIPE DE JESÚS CALDERON HINOJOSA: Gracias, señor Presidente. Señores y señores legisladores: El Congreso de la Unión debe establecer mecanismos legales que permitan a los ciudadanos conocer de manera certera y oportuna, información sobre la gestión gubernamental en todos los ámbitos, incluido el del manejo y destino de los recursos fiscales y en particular de los recursos que se destinan al pago de los servidores públicos. La transparencia en el ejercicio del poder supone rendición de cuentas y por tanto, aumenta la eficacia y eficiencia de la acción gubernamental; garantizar dicha transparencia, conlleva a demás, actuar de manera definitiva e irreversible en contra de la corrupción. Es por ello que, comprometidos con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y eficiencia, Acción Nacional proponer la aprobación de una Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que al reglamentar el artículo 127 de la Constitución, evite los vacíos legales que existen actualmente y que al implicar el establecimiento de un marco jurídico, otorgue certidumbre tanto a los servidores mismos como a los ciudadanos acerca del uso de los recursos que se destinan a remunerar el trabajo que se realiza en la administración pública. La iniciativa que presentamos es consecuencia de la reforma constitucional que ya hemos propuesto en la materia y reglamentaría en Ley Ordinaria la nueva redacción que propusimos a diversos artículos constitucionales. Como se sabe, Acción Nacional presentó el 20 de febrero del año pasado, una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 73 fracción XI, 75, 115 fracción IV, 127 y una adición, una fracción VIII al artículo 116, a fin de establecer en la Carta Magna los criterios mínimos necesarios a los que deberá someterse las percepciones de los servidores públicos en los distintos niveles de gobiernos: federal, estatal y municipal. Debemos fortalecer el marco jurídico a fin de contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos; por ello deben mantenerse los criterios que permitan otorgar una remuneración económica que retribuya con justicia el trabajo que se realiza y que, simultáneamente, sea establecida en coherencia con las posibilidades presupuestarias, así como con base en la realidad económica nacional y local que existe en los diferentes ámbitos de la administración. Todo individuo tiene derecho a un salario digno, pero nadie tiene derecho a enriquecerse arbitraria o discrecionalmente a costa del erario. Los casos de políticos que a su paso por el gobierno amasaban fortunas inmensas deben quedar atrás en el triste anecdotario del pasado político nacional. Dadas las condiciones de pobreza que se padecen en México por millones de compatriotas y el esfuerzo que significa a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debemos asumir una actitud responsable en el manejo de las finanzas públicas, dentro de las cuales las remuneraciones constituyen un elemento fundamental. La iniciativa que presentamos permitirá la revisión de cuentas y podrá evitar los casos de abuso puesto que sugiere los criterios bajo los cuales deben regirse los sistemas de remuneración y las sanciones que en su caso se apliquen por incumplimiento. En el Título Primero de la iniciativa se definen los ámbitos personal y material de validez de la ley. En lo referente al ámbito personal de validez se reputan como servidores públicos las personas enunciadas en los párrafos primeros del artículo 108 y en la fracción I del artículo 115 constitucionales, así como aquéllas que presten servicios en los órganos autónomos regulados por dicha Constitución, las constitucionales estatales o el estatuto de gobierno del Distrito Federal y en general cualquier persona que preste servicios subordinados de los órganos de autoridad, independientemente de la fuente de su remuneración o de la denominación que se atribuya a ésta. En lo que atañe al ámbito material, se define la remuneración como la suma del sueldo, las prestaciones en efectivo, en crédito, en especie y en servicios fijas o variables y en general de toda percepción a que tenga derecho en forma individual al servidor público en virtud del puesto, empleo, cargo o comisión que desempeña, excluidos los bienes y recursos necesarios para el cumplimiento de la función pública que tenga encomendada. El Título Segundo de la iniciativa detalla el régimen legal de remuneraciones de los servidores. En obsequio del principio de legalidad, se ordena que: Uno. Ningún servidor público como tal, pueda gozar más remuneración que la que sea compensación de servicios públicos y esté establecido en el respectivo presupuesto y Dos: La remuneración de todo servidor público deberá sujetarse a los términos previstos en los tabuladores de remuneraciones para su nivel, categoría, grupo o puesto. Asimismo, conforme al principio de equidad señalado, se propone que ninguna remuneración de los servidores públicos sea superior al monto máximo autorizado en el presupuesto federal para la remuneración del Presidente de la República, puesto que ejerce éste la función de Jefe de Estado, de modo que no se justifica que algún otro funcionario reciba una remuneración mayor al máximo autorizado para quien representa al Estado Mexicano. Y se establece también que ningún servidor público podrá percibir una remuneración mayor a la que corresponde al cargo inmediato superior. Para efectos del cómputo de la remuneración de los servidores públicos, se distingue entre una parte monetaria integrada por el sueldo, las prestaciones en efectivo y en crédito y las demás percepciones en moneda, así como una porción no monetaria, integrada por las prestaciones en especie y en servicios. En el Título Tercero, se establece una serie de reglas sencillas mediante las cuales esta materia que a fin de cuentas es un capítulo además del derecho presupuestal, se vincula con los controles que la normatividad vigente impone en los tres ámbitos de gobierno, al ejercicio del gasto público. Por ende, se establece que para conocimiento del Poder Legislativo, en los proyectos de presupuesto anual que elabore cada órgano de autoridad, deberá incluirse: Uno. Un tabulador fijo de remuneraciones para los servidores públicos de base que determinen los montos brutos de la porción monetaria de la remuneración por nivel, categoría, grupo o puesto. Dos. Un tabulador de remuneraciones para los demás servidores públicos que determine el rango máximo y mínimo de los montos brutos de esta porción monetaria. Tres. La partida que se destinará al pago de honorarios. Cuatro. Finalmente, el número de plazas presupuestadas. También se señala que la porción no monetaria de la remuneración deberá manifestarse enumerando las prestaciones que corresponda, de acuerdo al nivel, categoría, grupo o puesto, dada la dificultad que existe para manifestar dicha porción en numerario. Con la finalidad de facilitar la labor de las unidades encargadas de la elaboración de tabuladores de remuneraciones de los servidores públicos, se proponen sendos modelos generales de tabulador fijo y tabulador variable. Para complementar lo anterior, se introducen: la institución de manuales de remuneraciones de servidores públicos, con el objeto de permitir la transparencia y difusión de información con respecto a la administración de los recursos destinados a cubrir tales pagos. Los manuales deberán establecer las unidades responsables de la administración de las remuneraciones. Dos, el tabulador vigente. Tres, la estructura de organización. Cuatro, los criterios para definir en los tabuladores variables niveles de remuneración, las prácticas y fechas de pago de las remuneraciones, las políticas de autorización de promociones salariales, y las políticas para la asignación de percepciones variables, tales como bonos, estímulos y premios. Por otra parte, esta iniciativa limita el número de trabajos remunerados que puede realizar un servidor público, estableciendo para ello la prohibición de percibir más de una remuneración en condición de subordinación en cualquier órgano de la autoridad, estableciendo también las excepciones justificadas de manera clara. Asimismo propone que todos los órganos de autoridad informen anualmente ante el órgano auditor correspondiente del ejercicio de la partida asignada para el pago de las remuneraciones de los servidores públicos. Por último, se señala que en la definición y sanción de las responsabilidades administrativas a que diere lugar cualquier violación a las normas de la ley propuesta sean aplicables las previstas en las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Federales y Estatales, en sus respectivos ámbitos de competencia. Con esta iniciativa ampliamos las aportaciones del Partido Acción Nacional tendientes a promover y garantizar la transparencia en el ejercicio gubernamental. Al reducir la discrecionalidad potenciamos la rendición de cuentas: al dar certidumbre sobre el gasto de los recursos públicos conjuramos la arbitrariedad con que actuaba en la opacidad. Queda entonces plasmado nuestro compromiso con la transparencia y con el combate a la corrupción. Por todo lo antes expuesto, los suscritos, diputados y senadores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción I, II de la Constitución y 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a esta soberanía la presente iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dejo en poder de la secretaría para su inserción íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y para el turno constitucional. Es cuando, presidente.