La diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Con su venia, diputado presidente. Saludo respetuosamente a mis compañeras y compañeros diputados. La presente reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto la incorporación de dos principios rectores imprescindibles para proteger el medio ambiente que se suman a los tres que ya han sido reconocidos en el derecho internacional y en nuestra legislación. Estos principios son el principio precautorio, el preventivo, para la restauración de daños, para la participación informada y el de obligatoriedad, los cuales de manera directa evitan las prácticas nocivas del sector industrial en perjuicio de la sociedad y la protección al medio ambiente como una necesidad colectiva. Con la reforma que se propone podremos estar en condiciones de heredar a las futuras generaciones un medio ambiente más limpio y sustentable, al asumir nuestra responsabilidad en cuanto a su protección. Desde la ONU, en la Declaración de Río se establecieron los principios que la presente iniciativa propone, entre ellos quizá uno de los más relevantes es el principio precautorio, el cual señala que cuando existe un peligro grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no se utilizará como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces y evitar así la degradación del medio ambiente. Debido a que la certeza científica llega a menudo muy tarde para que los gobiernos puedan proteger al medio ambiente, se opta por esperar los resultados científicos sobre los efectos que tienen los contaminantes, a fin de evitar los años irreversibles y las afectaciones que se podría causar al ser humano. Por lo anterior, el primer tratado que incorpora este principio es el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y, en consecuencia, países como España incluyen dentro de su marco legislativo el Código de Medio Ambiente, que contempla los principios de derecho ambiental. En Sudamérica ya los ha incorporado Venezuela en su Ley Orgánica del Ambiente. No obstante lo anterior, en México con cifras del Inegi las empresas gastan seis veces menos de lo que contaminan como parte de la reparación de los daños ambientales que causan. La degradación del medio ambiente genera a nuestro país costos cercanos al 5.7 por ciento del producto interno bruto nacional, generando con ello un enorme déficit ambiental que requiere acciones e iniciativas para protegerlo. La ONU ha observado que los ecosistemas de la tierra están cerca de puntos críticos de agotamiento o cambio irreversible provocados por el alto crecimiento de la población, la economía y la falta de políticas públicas que impidan su deterioro. Prevenir, controlar, medir y disminuir la contaminación que generan las empresas y el sector industrial y prohibir prácticas que dañen al medio ambiente es una tarea inaplazable. La prevención, sin duda, es el mecanismo más adecuado para impedir que estos daños al medio ambiente sean de obligatoriedad para la restauración y la participación informada de la ciudadanía y de los pueblos indígenas, que son afectados por diversos sectores de la industria. Son la base para garantizar el derecho a la salud y el bienestar del ser humano, como el eje central de la estrategia de la protección ambiental. En Quintana Roo, solo por citar un ejemplo Quintana Roo, mi estado, sobre precisamente estos temas que son de mayor preocupación está relacionado con la extracción, el consumo y la disposición del agua. La disponibilidad y la calidad de la misma se disminuye día con día por las características de nuestro suelo, que hacen del acuífero vulnerable a la contaminación. Los ecosistemas marinos, los sistemas ecológicos y los daños a la sociedad deben ser motivo suficiente para establecer los principios rectores que lo impidan. En ese orden de ideas podríamos analizar las particularidades de cada estado de la república y observaríamos cómo los distintos sectores de la industria afectan al medio ambiente, a la sociedad y, por supuesto, a las futuras generaciones. Con esta iniciativa de ley, México estaría a la altura de la legislación ambiental internacional y a la vanguardia para el establecimiento de los estándares mínimos que deben cumplir los diferentes sectores públicos y privados para la conservación del medio ambiente. Por eso aprovecho esta máxima tribuna y hago un llamado a la conciencia y la responsabilidad que tenemos como legisladores, para asumir la obligación de instrumentar los ajustes normativos, como el que se plantea con la reforma al artículo 27 constitucional, específicamente en el párrafo cuarto, acorde a las necesidades de la sociedad y a los criterios que rigen internacionalmente la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias por su atención, diputadas y diputados. Es cuanto, diputado presidente.