La diputada Mirna Lucrecia Amacho Pedrero: Con su permiso, señor presidente. La de la voz, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con base en la siguiente exposición de motivos. El sistema penitenciario mexicano es muestra clara de grandes deficiencias y desigualdades, por lo que es importante revisarlo en su conjunto y proponer mecanismos que permitan ir adecuando el marco jurídico que garantice una mejor readaptación social. En esta ocasión enfatizo en el área de los servicios médicos que se brindan a los hombres y principalmente a las mujeres que se encuentran recluidas en algún centro federal de readaptación social, por lo que en la presente iniciativa propongo que se brinden servicios de atención médica que permitan a los internos e internas la atención y resolución de sus problemas de salud, así como precisar que en los centros de reclusión para mujeres existan servicios ginecológicos necesarios para su atención especializada. La prestación del servicio médico a los internos, y en particular a las mujeres internas en los centros de reclusión de nuestro país, regularmente quebranta su derecho humano a la protección de la salud por no contar con servicios médicos necesarios o mínimos. De acuerdo con informes presentados por los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la situación de los internos e internas en la mayoría de los centros de reclusión del orden federal y de las entidades federativas predominan problemas de sobrepoblación y hacinamiento; asimismo, informan que en la mayoría de los centros de reclusión del país se presentan graves deficiencias en la prestación del servicio médico, lo cual vulnera el derecho a la protección de la salud de los internos y esto puede derivar en un problema de salud pública. Existe en México un total de 431 centros penitenciarios, desde los reclusorios preventivos de las grandes ciudades y los centros federales de alta seguridad, hasta las cárceles de menor estructura. De acuerdo con reportes en 2009 de la Secretaría de Seguridad Pública, del total de la población recluida, que resulta de 218 mil 832, el 95 por ciento está conformado por hombres y 11 mil 469 por mujeres, que en porcentaje resulta ser el 5 por ciento son mujeres. 266 del total de los centros penitenciarios del país cuentan con mujeres recluidas, de los cuales tan sólo nueve son centros femeniles, con una población de tres mil 076 internas. En el resto de los centros penitenciarios que cuentan con mujeres, existe una pequeña sección que alberga a esta población, constituyendo esto la primera fuente de desventaja para ellas debido a que el sistema se encuentra estructurado tomando como modelo al hombre; la mujer es en todo caso una especie de apéndice que se agrega a dicho modelo. Basta mirar el diseño de las prisiones, la distribución de sus espacios, o bien sus normas, para corroborar que en ellos no se toman en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. De acuerdo a resultados de los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se advierte de manera especial, que los centros de reclusión para mujeres generalmente no cuentan con los servicios de medicina general y mucho menos con servicios ginecológicos, que les proporcione la atención especializada que requieren las enfermedades propias de su sexo. Cabe insistir en que dadas las condiciones de desigualdad, tanto social como de género para la mujer, los sistemas de procuración y administración de justicia reproducen una situación de desigualdad, por lo que el sistema penitenciario mexicano necesita definir una política de género que garantice un modelo adecuado de atención de las necesidades de las mujeres recluidas, tomando en cuenta su vulnerabilidad y situación de desventaja principalmente por el abandono de su familia que es más recurrente que en el caso de los hombres. Esta propuesta de adición responde a la necesidad de ir adecuando nuestro marco jurídico a la realidad social, para garantizar el ejercicio y disfrute de derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, en este caso, de las mujeres recluidas a fin de que cuenten con atención médica especializada y permanente, centrada en la prevención y no sólo en la atención de la emergencia, que trae como consecuencia que las enfermedades de las internas y los internos, incluso las más comunes, no sean atendidas de manera oportuna, aunado ello a que generalmente no se cuenta con medicamentos suficientes para tal efecto. Por lo que dichas carencias, se reduzcan a pláticas esporádicas sobre diversas enfermedades y que prácticamente no existan programas de prevención de padecimientos y detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas. Esta propuesta subraya la necesidad que tienen las mujeres a la atención oportuna y especializada para prevenir y atender enfermedades propias de su naturaleza, mismas que determinan un mayor grado de vulnerabilidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, el cáncer de mama en México es la primera causa de muerte oncológica en mujeres en edad reproductiva y es, en su mayor parte, la edad de la población que albergan los centros en comento. Por lo que esta situación exige una estricta vigilancia y la instrumentación de campañas de salud preventiva y detección temprana en la población de alto riesgo. Por ello, confirmo que el presente proyecto propone que los servicios de medicina general, y en el caso de los centros de reclusión que albergan mujeres, los servicios ginecológicos especializados sean permanentes. Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Artículo único. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Los Centros Federales de Readaptación Social deberán contar con la infraestructura y personal especializado para brindar atención médica a los diversos problemas de salud de las internas y los internos. En el caso de los centros de reclusión que alberguen a mujeres se deberán brindar servicios ginecológicos integrales especializados. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo en San Lázaro a los 7 días del mes de abril de 2010. Le solicito, señor presidente, se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.