El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (CONVERGENCIA): Muchas gracias señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros diputados: Ciudadanas y ciudadanos de México: Iniciamos formalmente hoy aquí, un debate histórico en la vida de la nación. El asunto a discutir y a dilucidar, es si el Presidente de la República tiene o no facultad constitucional para hacerle observaciones, es decir, para vetar, término que viene del verbo latín vetare, que significa: vedar, prohibir o impedir el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2005. Me asiste la arraiga convicción de que dentro del esquema de un sano equilibrio fincado en sistemas de pesos y contra pesos, de frenos entre sí, de los tres órganos primarios de gobierno mexicanos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; debería existir la facultad de veto del Presidente al decreto aprobatorio del presupuesto emitido por la Cámara de Diputados, pero por lo pronto hoy, no existe esa facultad. Para comprender a cabalidad este asunto que está a discusión y que deviene de dos posturas de interpretación distinta a los mismos preceptos constitucionales y legales, conviene hacer referencia a ciertos aspectos que no pueden soslayarse en el intento de hacer comprender a la ciudadanía qué es lo que está pasando, por qué está pasando, quiénes son los actores en lo que está pasando y cómo va a afectar positiva o negativamente al pueblo que representamos nosotros, todo lo que está pasando. En primera instancias conviene recordar que partimos del reconocimiento de que la soberanía radica esencial y orginariamente en el pueblo, que todo poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, tal como lo preconiza el artículo 39 de nuestra Carta Magna. Por su parte el artículo 41 nos recuerda que el pueblo ejerce su soberanía, super omnia, lo que está por encima de todo, a través de los poderes de la Unión y cuáles son esos poderes, los mal llamados "Tres Poderes", que mejor debieran llamarse: "órganos primarios de gobierno del Estado Mexicano, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo". Así, esta llamada "división de poderes", tiene desde su concepción por el célebre barón De Labré Montesquiu, el propósito central de salvaguardar, de proteger, las libertades de los gobernados, la igualdad de todas y todos nosotros frente a la ley, nuestra seguridad jurídica y nuestro patrimonio; este es el supremo fin de que el poder, que es uno e indivisible se canalice en tres órganos de gobierno. El pueblo soberano a través de la Constitución le otorga a cada uno de estos órganos de gobierno, facultades expresas que en conjunto, integran su marco competencial. El artículo 89 a través de sus 20 fracciones, asigna un catálogo de facultades y de obligaciones al Presidente de la República; el artículo 73 asigna un catálogo de facultades al Congreso de la Unión; el 74, de facultades exclusivas a una de sus Cámaras, que es la de Diputados; el 76, facultades exclusivas a la otra de sus Cámaras, que es la de Senadores. Así se distribuye en la Constitución las facultades a esos tres órganos de gobierno. Gracias a ello se establece un sistema de pesos y contrapesos, de frenos entre sí, que salvaguardan esos supremos valores a los que ya he hecho referencia y entre los cuales descuella fundamentalmente el de la libertad de todas y todos los mexicanos. Tan perniciosa para la salvaguarda de estos valores del pueblo sería una dictadura del Ejecutivo, como una del Legislativo y pero aún, una entronizada con el ejercicio abusivo del poder de los jueces. Es por ello que los integrantes de estos tres órganos primarios de gobierno, así como sus respectivos representantes, sólo pueden actuar en irrestricto respeto al apego de catálogo de facultades que la Constitución y en su caso las leyes, establezcan. Se corrobora todo ello de la simple lectura del primer párrafo del artículo16 constitucional, que como se sabe, establece la piedra angular del edificio jurídico de México y que implica la garantía de legalidad. Ninguna autoridad puede realizar o emitir un acto que no le esté expresamente permitido por la norma; debe estar fundado, amén de motivado y debe ser una autoridad competente la que emita el acto por escrito, para darle consistencia a la causa legal del procedimiento "mutatis" "mutandis", es lo que reza el párrafo primero del artículo 16 de nuestra Carta Magna. De su actual redacción se deduce que solamente una autoridad competente puede emitir este tipo de actos de autoridad. Pues bien, debemos recordar desde aquí que nuestra Constitución, la ley que está por encima de todas las leyes en su artículo 74 fracción IV, le da a esta Cámara de Diputados la facultad exclusiva de revisar, analizar, examinar, en su caso modificar y aprobar, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envía el Presidente; y no es ocioso que la Constitución asigne a esta Cámara esa facultad exclusiva, somos los representantes de la Nación integrada por los miembros del pueblo que aportan sus recursos, de acuerdo a la obligación constitucional del 31 fracción IV, para que se sostenga el Estado Mexicano. Sucede que el Presidente hizo llegar en tiempo y forma a esta Cámara tanto la iniciativa de Ley de Ingresos, como el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación; la primera, por ser una ley, se discutió, se aprobó y se envió al Senado para continuar el proceso legislativo a la otra Cámara; el proyecto de presupuesto se analizó, se revisó, se modificó y se aprobó por esta Cámara con el concurso valioso, por primera ocasión, de las comisiones que la integran en la sesión del 15 de noviembre pasado. El 22 de noviembre se remitió al Ejecutivo para que cumpliera con su obligación constitucional de promulgar ese decreto, es decir, de publicarlo; no es una facultad que quede al libre albedrío del Presidente, es una obligación. En ves de hacerlo le hizo observaciones; lo devuelve a la Cámara, pero esto constitucionalmente es imposible, debido a que el artículo 72 constitucional no permite observaciones al ejercicio de una facultad exclusiva de la Cámara traducido en la emisión de un decreto como el del que nos ocupa. ¿Dónde está, pues, el motivo de la discusión? En todo caso, el origen de la discusión está en la intención política del Ejecutivo de aplicar el dinero del pueblo de acuerdo a sus prioridades y no a las prioridades del Congreso, particularmente de la Cámara de Diputados. Aquí está el meollo del asunto, las prioridades del pueblo de México los mira de una forma el Ejecutivo y de otra el Legislativo. Queda claro que estas diferencias de visión en prioridades se hubieran podido salvar exitosamente para el bien de país, con capacidad de operación política y con una mayor sensibilidad hacia el respeto que merecen los representantes de la nación. Hoy, ante la evidente falta de estas habilidades, el Ejecutivo amenaza con recurrir al Poder Judicial. ¿Habrá cobrado conciencia del daño que se le haría al país al obligar a nuestro máximo tribunal a invertir su autoridad moral para pronunciarse en contra del Poder Ejecutivo por la improcedencia de su acción? ¿O en su caso contra el Legislativo pasando por alto su facultad constitucional acertada, puntualmente ejercida, cuando de la obligación primaria del Poder Judicial Federal, es precisamente velar por el orden y el respeto a la Constitución? Sería más sano para la vida institucional de México aceptar la lección, publicar el decreto y promover una reforma futura que permitiera sanamente la participación conjunta, equilibrada, de ambos poderes. Yo creo que esto sí podría servirle a la Nación. Muchas gracias.