La diputada Rocío Matesanz Santamaría: Con su venia, diputada vicepresidenta. La educación es el motor que promueve el bienestar de un país y el nivel educativo de sus ciudadanos determina la capacidad para competir con éxito en todos los ámbitos y afrontar los desafíos que se les planteen en un futuro. Una reforma como la educativa requiere de sumar esfuerzos, de tener claro el papel que jugará cada sector de la sociedad civil. De ahí que las autoridades, maestros y padres de familia deben asumir un papel más proactivo en el proceso educativo. Deben crear lazos y canales que permitan restaurar el equilibrio y fortalecer las relaciones de los tres sectores básicos de nuestro sistema educativo nacional. La participación de las familias en la educación es un derecho básico en las sociedades democráticas. Y como tal, es un derecho que debiera llevar aparejada la garantía por parte de los poderes públicos. Por ello, actualmente, nuestra Ley General de Educación reconoce que las familias pueden y deben tener presencia en la vida de las escuelas a través de los órganos constituidos para tal efecto, que son los consejos de participación social o las asociaciones de padres de familia. Así, estos consejos y asociaciones se convierten en canales que teóricamente permiten conocer el sentir general de la sociedad civil, además permiten dirimir las diferentes concepciones de lo que debe ser la acción escolar en conjunto y los diferentes intereses presentes en el plantel educativo. Lo anterior hace evidente la necesidad de realizar cambios inmediatos y sustantivos en la educación y además es muy importante reconocer que la escuela sola tiene muchas más dificultades para conseguir el éxito de sus alumnos. Se necesitan cambios en la normatividad, los programas, el currículo educativo e incluso en la formación de los docentes para comprender y respetar a los padres de familia, y además, a los miembros de la sociedad civil. En razón de lo anterior, la política de participación de los padres de familia o tutores en la formación escolar de sus hijos plantea una misión en común: que la educación pensada como formación y promoción de valor y actitud vital solo se puede realizar plenamente si se trabaja en conjunto. En razón de lo anterior, proponemos adicionar una fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación, para establecer como atribuciones de las autoridades educativas federales y locales de manera concurrente informar a la comunidad escolar, especialmente a los padres de familia o tutores, los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que se tienen en las escuelas, a fin de que puedan coadyuvar en el proceso educativo de manera responsable e informada. Por lo que toca al artículo 66 de la misma ley, se busca adicionar la fracción VI a fin de establecer la obligación para quienes ejercen la patria potestad o la tutela, de inculcar en sus hijos o pupilos el principio por el cual deben respetar y hacer respetar a las autoridades escolares y las normas de convivencia social. En conjunto, esta propuesta busca fortalecer la participación de los padres de familia en el proceso educativo nacional y además la formación en valores mediante el respeto y consideración hacia quienes ejercen la profesión de enseñar, formar y educar a nuestros hijos, que son los docentes. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XII Sextus al artículo 14 y la fracción VI al artículo 66 de la Ley General de Educación. Diputada Vicepresidenta, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto.