La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales, el constituyente permanente ha venido presentando una serie de reformas en torno al marco jurídico que preserva los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Así tenemos que con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011, se estableció en el artículo 4o., que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el cumplimiento del interés superior de la niñez”. De esta forma los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran protegidos a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo tenemos también la reforma constitucional publicada el 10 de junio del 2011 que contiene en el artículo 1el principio de convencionalidad, por lo que México al ser Estado parte de distintos convenios internacionales, está obligado a su cumplimiento. Tal es el caso de la Convención de los Derechos del Niño que refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas, niños. A saber, el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen. Gran parte de este cuerpo normativo está formado por un número notable de normas que claramente exigen valer principios, decíamos, ya como el interés superior del niño, el derecho a ser reconocido como sujetos plenos de derechos. Y el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y a participar activamente en los procesos que puedan afectarlos. Principio entonces que tiene que ver directamente con el dictamen que hoy nos ocupa. También tenemos el principio del derecho a su intimidad, el derecho a su privacidad, el derecho a que le sean reparadas las violaciones a esos derechos, entre otros. Cabe señalar que en nuestro país, datos censales del 2010 nos dicen que residen alrededor de 32.5 millones de menores de niñas, niños, menores de 14 años de edad en términos relativos que representan el 29 por ciento de la población total que reclama atención y preservación de sus derechos sin cortapisas. Por ello con la reforma que hoy nos ocupa al artículo 416 del Código Civil y al 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las niñas, los niños y los adolescentes gozarán de sus derechos sin restricción alguna al ser escuchados en todos los procedimientos jurisdiccionales en que se vean afectados, lo cual constituye, desde luego, un acto de equidad elemental. Y lo que es más importante, que el juzgador tomará como base el resultado de las pruebas periciales que oficiosamente habrán de practicársele a los padres y madres en materia de trabajo social y de psicología familiar, así como cualquier otra probanza que le alleguen las partes y las que estime pertinente para resolver lo más favorable a favor de las niñas y niños. Estos derechos consignados en el Código Civil nos vuelven hacia esa responsabilidad de velar siempre por el interés superior de las niñas y niños, pero sobre todo los encargados de impartir justicia tienen la firme responsabilidad de velar plenamente por los derechos de las niñas y los niños. Es así que estaremos atentos sobre cualquier caso en las que se habrán de presentar en los distintos tribunales familiares, donde se incluya a niñas y niños a los que deben velarse sus derechos, y deben verse éstos como derechos plenos de niñas y niños, tomando en consideración las características propias de su edad y etapa en crecimiento. Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, votará a favor del presente dictamen porque estamos convencidos de que la mejor manera de preservar el interés superior de la niñez, como lo señala la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño, es con la premisa de legislar a favor de las niñas y niños, donde tengan derecho la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y la garantía de un crecimiento libre de violencia familiar, pero siempre, siempre con la participación de las niñas, niños y adolescentes. Si me lo permite, señor Presidente, quisiéramos presentar una propuesta de modificación que hemos ya consultado con quien preside la Comisión de Justicia, que no tiene que ver con la sustancia del dictamen, pero sí con uno de los artículos en mención, que es el artículo 416. Al final dice: “En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores”. La propuesta de modificación es que se diga: “... de guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes”. En esta Legislatura debemos avanzar en ese lenguaje. Menores de qué: ¿menores de edad, menores de estatura, menores de peso? Finalmente esto viene a ser una forma de nombrar de manera peyorativa, por lo que debemos de pasar a lo que ya dice la Constitución y lo que se menciona en la Convención de los Derechos del Niño y lo que menciona la Ley de Protección de los Derechos de la Niñez. Creo que en todas las leyes debemos de dar este paso, para decir: niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, presidente.