El diputado Marcos Aguilar Vega: Con el permiso de la Presidencia. Ante la inseguridad que se vive en el país y cuyos indicadores señalan un recrudecimiento de la violencia en los meses que han transcurrido desde que inició la administración, hoy los diputados federales tenemos la ocasión de avanzar en la generación de los instrumentos que el gobierno ha solicitado a través del ejercicio del derecho de la iniciativa. El dictamen que se discute en materia de Guardia Nacional contará con los votos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, después de haber dado la batalla con las armas de la razón y el diálogo, y de haber transitado por semanas de ardua discusión en el seno de esta Cámara, en los espacios de la opinión pública y en el diálogo intenso con la ciudadanía, sucede que finalmente se da la razón a los argumentos que esgrimimos desde un principio. Consideramos que el dictamen se debe aprobar, ya que contiene diversos aspectos que son fundamentales para que las autoridades cuenten con elementos necesarios para la realización de sus responsabilidades en materia de seguridad y justicia. Destacan diversos aspectos que es importante señalar. En primer lugar, se rescata la función de la histórica Guardia Nacional y que en el dictamen original no se consideraba. Por virtud de lo anterior, con el nombre de cuerpos de reserva se hace prevalecer el derecho que tenemos los ciudadanos para acudir a la toma de armas en caso de amenazas a la soberanía nacional. En segundo lugar, gracias a la presión de expertos, organizaciones de la sociedad civil, organismos en materia de derechos humanos y previo el trabajo político de la oposición en la Colegisladora, el nuevo cuerpo que se crea, la nueva Guardia Nacional será un cuerpo civil con mando civil y con una estructuración disciplinaria y operativa que incorporará elementos castrenses, pero en régimen de sujeción plena y cabal al orden civil excluyendo el fuero militar. Con lo anterior, se satisface la intención del jefe del Ejecutivo de aprovechar la experiencia y capacidades de la fuerza de tarea que forma parte, tanto de la Policía Federal, como de la Policía Naval, estableciendo una vía constitucional para su incorporación a la nueva entidad civil, sin la cortapisa de un fuero o mandos mixtos o híbridos. Lo anterior sin duda es un triunfo de quienes pugnamos por ese objetivo y además implica uno de los principales retos para el Estado mexicano. La continuación en la construcción de una institucionalidad policial robusta, eficaz y confiable. Se respeta el federalismo, se reivindica la importancia de fortalecer a los cuerpos policiales estatales y municipales previa la emisión de programas claros y medibles. Quizá el aspecto más relevante de este dictamen, en vistas de la apremiante situación y el incremento en los indicadores de violencia, es el relativo a la inclusión de un régimen de excepcionalidad y temporalidad del despliegue de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Se incorporan en el texto constitucional las condiciones que fueron enunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que, bajo la premisa de excepcionalidad, las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad. Dicha intervención según la Corte Interamericana y la presente enmienda constitucional tendrá que ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. El contenido del artículo quinto transitorio que en sus versiones previas siempre fue negado a administraciones anteriores por quienes hoy gobiernan, marcará un antes y un después en la historia de nuestras instituciones de seguridad y justicia. Otro de los aspectos relevantes del dictamen es la inclusión en los artículos sustantivos y en los transitorios es precisamente la incorporación de acciones para el fortalecimiento de las fuerzas del orden estatales y municipales, así como la revisión y perfeccionamiento de las vías de colaboración entre órdenes de gobierno. Todo lo anterior deberá ser desarrollado, según se dispone en un conjunto robusto y detallado de artículos transitorios entre los que se incluye la obligación de legislar en materia de uso de la fuerza y sobre todo el registro de detenidos. En la conformación de la presente resolución parlamentaria se hicieron valer todos los argumentos que semanas antes en esta Cámara de Diputados fueron ignorados y desoídos. Nos parece que en el desenlace dejan varias lecciones. A nosotros nos confirman que, aunque las mayorías se cierren a las razones, debemos insistir en nuestras posiciones, seguros de que estas son fruto de reflexiones profundas y de ponderaciones constitucionales muy serias. Esperamos que los diputados de la mayoría y quienes los acompañaron en la versión original de la minuta, con el espíritu republicano que debe inspirar a la representación popular, puedan considerar que el acatamiento de la línea o la orden proveniente de otro poder, no es la mejor forma de buscar las soluciones que el país necesita en el terreno legislativo. Es cuanto, señor presidente.