La diputada Ximena Puente de la Mora: Con su venia, diputada presidenta. Honorables integrantes del pleno, para consolidar una gobernabilidad democrática es necesario que exista plena transparencia y rendición de cuentas en los actos de gobierno, en el proceso de toma de decisiones, pero sobre todo en el ejercicio de los recursos públicos. Es indispensable cumplir plenamente con lo dispuesto por el artículo 127 constitucional, al señalar que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, como de los municipios, de las instituciones y organismos autónomos, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Hoy, la sociedad exige que la asignación de los sueldos de las y los servidores públicos no sea de manera arbitraria. Es indispensable tener criterios claros, específicos y perfectamente definidos para acabar con la discrecionalidad. En julio de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación una sentencia por la que ordenó al Congreso de la Unión modificar diversos artículos de la Ley de Remuneraciones. Destacó que al constituir la remuneración presidencial el parámetro máximo, la ley reglamentaria debe dotar de los elementos técnicos y las bases que permitan establecer el monto del presupuesto, pero, también sus mecanismos de actualización. Así, lo relevante no es el sueldo del jefe de Estado si no su calidad de referente constitucional, de manera que la importancia de esta ley reglamentaria es que fije las bases para que ese monto máximo sea un elemento técnico fundado en los principios constitucionales de remuneración adecuada y proporcional al nivel de responsabilidad pero, sobre todo, que se establezcan parámetros concretos. La Corte considera que la ley omitió armonizar el principio de división de Poderes con lo dispuesto por el artículo 127 constitucional. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, manifestando que en el marco de una relación laboral en la cual el Estado se constituye como empleador, este debe garantizar y respetar los derechos humanos laborales de todos sus funcionarios públicos, ya que la inobservancia de este deber genera la responsabilidad estatal tanto a nivel nacional como internacional. Es nuestra obligación como Poder Legislativo estar a la altura de las demandas sociales y construir un ordenamiento que brinde certeza jurídica a los ciudadanos, pero, también a nuestros servidores públicos. En el dictamen, en este dictamen reconocemos que se precisan conceptos claves como sueldo y salario, compensación garantizada y, además, se adiciona el de percepción extraordinaria para los estímulos de cumplimiento bajo resultados y la remuneración anual máxima para el presidente de la República. Se establece, y esto es muy importante, señalar que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán establecer su propio sistema de evaluación de puestos. Coincidimos en que se establezca que ningún servidor público reciba una remuneración igual o mayor a la remuneración máxima que tenga derecho a recibir el presidente de la República. Y, para que la igualdad sustantiva deje de ser una aspiración y se convierta en una verdadera vocación de todas y todos los que integramos la sociedad, es indispensable contar con políticas públicas adecuadas y eficaces a este objetivo. Las y los diputados de la fracción parlamentaria del PRI nos pronunciamos porque en la fijación de remuneraciones y la ocupación de plazas exista perspectiva de género para garantizar el mismo salario para las y los servidores públicos del país, y erradicar, de una vez por todas, la brecha salarial de género que existe en nuestro país. Compañeras y compañeros, México necesita un servicio público de calidad, en donde se imponga un fuerte compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, con la participación ciudadana, el combate a la corrupción y la impunidad. Fortalecer el Estado democrático de derecho mediante un marco regulatorio que defina reglas claras para la asignación de percepciones de las y los servidores públicos, y genere confianza y certidumbre. Fortalezcamos la División de Poderes, fortalezcamos nuestras instituciones. Garanticemos el pleno cumplimiento del mandato constitucional. Pero, sobre todo, estemos a la altura de lo que la sociedad nos demanda. Es cuanto, presidenta.