El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Con el permiso de la Presidencia. Un servidor viene a esta tribuna a presentar al pleno propuesta de iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley General de Educación. Como todos sabemos, el artículo 27 habla sobre las fuentes de financiamiento de la actividad educativa en el país; la ley actual tiene solamente dos párrafos. Esta iniciativa se presenta ante un marco educativo con las siguientes características: El Sistema Educativo Nacional tiene aproximadamente 326 mil escuelas, un millón 842 mil maestros y existen poco más de 10 millones de mexicanos sin educación primaria. Tenemos 5 millones de analfabetas y el promedio de escolaridad es de 8.3 años; el último en la lista de los países miembros de la OCDE. Estamos en el lugar número 29 de la prueba de habilidades de Pisa que se aplicó en el mismo organismo y según una encuesta de la propia Secretaría, el 35 por ciento de los maestros está insatisfecho con su trabajo en el aula; el 42 por ciento de las primarias del país tienen cuarteaduras en paredes o techos y el 38 por ciento de los sanitarios no funciona adecuadamente. En este año se van a quedar 41 mil alumnos de nivel medio superior sin lugar en ningún bachillerato porque no hay ni la infraestructura necesaria ni el número de maestros para atenderlos. Con este marco del diagnóstico educativo, la intención de reformar el artículo 27 de la Ley General de Educación tiene como propósito diseñar y poner a disposición de las autoridades educativas una herramienta denominada bono educativo. Esta iniciativa del bono educativo canaliza o pretende hacerlo con mayor puntería el recurso a infraestructura educativa que se destina a los gobiernos de los estados. Además, responsabiliza a las escuelas de su desempeño en la actividad educativa y fomenta la competencia en las instituciones escolares que son las principales hacedoras del quehacer y la formación del mexicano; además, evita el derroche presupuestal. Y hago un paréntesis todos sabemos que canalizamos más de 300 mil millones de pesos a las actividades educativas en los distintos niveles y lamentablemente los resultados son magros. Como antecedente internacional quiero compartir con ustedes que en 1992, Suecia implementó por primera vez este diseño de bono educativo, y le dio resultados tan importantes que se incrementaron los presupuestos en este rubro. En 1989, en la ciudad de Valencia, España, se aplicó un mecanismo similar y cada vez se ha ido incrementando el presupuesto en este tipo de programas. En 1985, Nueva Zelanda implementó el Cheque Escolar y, en 1999, en Florida se ha incrementado con muy buenos resultados. Otros países como Holanda, Japón y en la propia Bangladesh se han intensificado e incrementado los presupuestos con este mecanismo. Quiero decir que este mecanismo no es un esquema obligatorio que limite a los gobiernos de los estados a la aplicación de los recursos presupuestales; es simplemente una herramienta que mediante convenios entre las autoridades educativas y las escuelas ya sean oficiales o particulares pueden canalizar un bono que tiene un valor económico dirigido a los padres de familia, para que sean éstos los que escojan la escuela de su preferencia y acudan a la misma entregando el bono, el cual será canjeado por recurso financiero que sea canalizado para la infraestructura escolar o para los gastos de mantenimiento. Me voy a permitir leer el artículo 27 como se propone en la iniciativa: En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional. Para tal efecto, el Ejecutivo federal podrá realizar convenios de coordinación con una o varias entidades federativas donde se establecerá lo relativo a las características, requisitos y operación para instrumentar el esquema de financiamiento denominado bono educativo, en las escuelas públicas y particulares de educación básica y media superior que formen parte del sistema educativo nacional. El bono educativo es un instrumento mediante el cual las autoridades educativas participantes en el convenio facultarán a los educandos que cumplan con los requisitos indispensables para que elijan la escuela de su preferencia, dentro de las instituciones inscritas en el esquema y tiene como fin mejorar la equidad y la calidad de la educación así como fomentar la participación activa y responsable de los padres de familia, tutores y alumnos en la educación que reciben. Las autoridades educativas participantes informarán a los padres de familia o tutores sobre la aplicación del bono educativo a fin de que puedan acceder a este instrumento. La proporción de los recursos presupuestales que implique el bono educativo para las escuelas estará determinado en el convenio. En el caso de las escuelas públicas, dicho bono les será de utilidad para allegarse de mayores recursos, mismos que tendrán como fin mejorar la infraestructura, el mantenimiento, incrementar sus actividades orientadas a la investigación e innovación y en general, a la mejora escolar. Para las escuelas particulares aprobadas e inscritas en el sistema, el bono significará un porcentaje en el pago de sus colegiaturas. Para la determinación de los porcentajes de recursos destinados a este bono educativo, se deberán tomar en consideración los recursos disponibles, así como la combinación de los factores de preferencia de los educandos por las instituciones educativas, así como los indicadores de eficiencia que las propias autoridades determinen según las características de las regiones que abarquen los convenios de coordinación. En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes en términos reales para la educación pública. Por su atención, muchas gracias señoras y señores diputados. Es cuanto señora Presidenta.