EL C. DIPUTADO EDUARDO RIVERA PEREZ: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario de Acción Nacional quiere fijar posición y razonar su voto en relación a este punto de acuerdo. Es claro que la elección federal llevada a cabo durante el año 2000 ha sido uno de los procesos más competidos en la historia política de nuestro país, donde nuestro sistema electoral, a través del Instituto Federal Electoral, con responsabilidad acreditó la calidad de su funcionamiento, teniendo como resultado la constitución de un gobierno legítimo y la composición plural de las cámaras. El Partido Acción Nacional tiene una tradición histórica de apego a la legalidad, fundada en sus principios. Así, en el caso que se plantea en el propio punto de acuerdo ha existido por parte de las autoridades del Partido Acción Nacional la disposición de que el Instituto Federal Electoral audite todos los gastos ejercidos durante la campaña por parte de la Alianza por el Cambio. Nunca será una acción, ni por el Partido Acción Nacional ni por parte de sus legisladores, obstaculizar la justicia. Ha sido una actitud permanente nuestra que exista una transparencia sobre todos los asuntos públicos y en especial relacionados con los temas electorales. Aún más, el mismo Partido Acción Nacional fue el principal impulsor de establecer estas condiciones en nuestro sistema jurídico para los propios procesos electorales. Por ello afirmamos que el grupo parlamentario del PAN es el principal interesado que este caso se resuelva con prontitud y estricto apego al estado de derecho y que no tenemos inconveniente alguno en que sean las instancias electorales y/o judiciales las que decidan en definitiva sobre este caso. Toda decisión jurídica, resultado de la investigación que de este caso se desprenda, la aceptaremos con madurez y responsabilidad. Sin embargo, no podemos partir ni de supuestos ni de especulaciones que puedan ser manejadas con una intención política, sobre todo cuando no han sido sustentadas debidamente ni probadas en las instancias pertinentes y que tienen el fin de desviar la atención de la opinión pública sobre un asunto que tiene una vertiente legal y que existen las instituciones y los procedimientos para que sean investigados y sancionados. El mismo Instituto Federal Electoral, que es la instancia responsable en materia electoral, menciona lo siguiente, y lo cito textualmente: "Que está consciente de lo novedoso y controvertido que es este tema; no obstante, está plenamente convencido que éste debe de ser resuelto dentro de los cauces legales previstos por nuestro sistema jurídico. "En relación a los amparos interpuestos y ahí termino la citaen este asunto es importante señalar que como bien establece la ley es el recurso legal que tienen las personas para evitar la violación de sus garantías individuales por parte del Estado. Y debe de ser interés del Congreso que los actos de toda autoridad, incluso los de este Poder Legislativo y los del Ejecutivo, no resulten violatorios a las garantías individuales. El Poder Judicial ha demostrado su independencia de los otros Poderes y confiemos que en este caso se rija en este mismo sentido. Finalmente el quiere señalar que no modifica su compromiso histórico con la legalidad; el PAN no modifica su compromiso histórico con la transparencia; el PAN no modifica su compromiso histórico con la rendición de cuentas a la sociedad. En síntesis, señoras y señores diputados, consideramos que en este Punto de Acuerdo votaremos en contra porque es improcedente, no sólo porque rebasa la competencia de la Cámara, sino porque compele a un poder constitucional actuar sobre ciudadanos, sobre sus organizaciones civiles constituidas conforme a derecho y a actos en que los interesados han considerado que son violatorios de sus garantías individuales. En contrapartida exhortamos a este pleno a que en todos los casos y para todos los partidos en que ha habido señalamientos sobre el financiamiento de las campañas del año 2000, esté categóricamente a lo que dispongan tanto las autoridades electorales como las autoridades judiciales competentes. Es cuanto, diputada Presidenta. -