El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su permiso compañera Presidente. Con su permiso Honorable Asamblea. La atención de los problemas de salud implica el realizar las acciones encaminadas a la prevención, el tratamiento y rehabilitación y el control de las mismas. La legislación sanitaria de nuestro país incluye las bases que sustentan dichas acciones y la distribución de competencias entre las diferentes instituciones y niveles de gobierno. Existe, sin embargo, un elemento fundamental en la atención de los problemas de salud que se encuentra fuera de la legislación y en muchas ocasiones fuera incluso de las políticas públicas en la materia: el acceso a los medicamentos. El tema resulta de suma importancia sobre todo si se reconocen las siguientes dos circunstancias: Por un lado, la realidad de la industria farmacéutica inmersa en los mecanismos de libre comercio internacional y por otro, la condición de no asegurados de más de 50 millones de mexicanos, que en la mayoría de los casos deben cubrir los costos de los medicamentos. El acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual y los acuerdos mundiales de comercio dan lugar al monopolio temporal en la producción de medicamentos, permiten la explotación económica del producto de invención con exclusividad y por un periodo determinado de tiempo, a un precio muy por encima de los costos de producción, para retribuir las inversiones en investigación. Sin embargo, con los precios que mantienen las grandes empresas por derechos conferidos a las patentes, se calcula que las ganancias de un solo año superan los gastos en investigación en una década. Un caso que ha conjuntado a la comunidad internacional en esta materia es el problema de accesibilidad a medicamentos anti retrovirales para el tratamiento de pacientes con Sida, que es una emergencia sanitaria en el mundo. En julio del año pasado la XV Conferencia Internacional sobre Sida, en Bangkok, bajo el lema "Acceso para Todos", la sociedad internacional para el Sida explicó la necesidad de facilitar a la población afectada el acceso a medicamentos anti retrovirales y los avances científicos relacionados con la enfermedad. En el mundo hay 38 millones de personas infectadas por el virus de la Inmunodeficiencia Humana, de los cuales 4.8 millones se registraron el año pasado, en 2003 murieron 2.9 millones de personas de Sida, de ellos medio millón eran niños. Más de 20 millones de personas han muerto en todo el mundo desde que el virus fue detectado por primera vez en 1981. La Organización Internacional del Trabajo refiere que los países de América Latina y el Caribe han experimentado un menor crecimiento económico del esperado en los últimos 10 años a causa del impacto del Sida entre la población económicamente activa de la región. Según estudios y estimaciones, estos países hubiesen crecido 0.5% más de no existir la epidemia de Sida, lo que representa un déficit de crecimiento equivalente a casi 400 mil millones de dólares anuales con respecto a la producción total. Desde 1996 el uso de combinaciones de diferentes medicamentos anti retrovirales permitió pensar en un cierto control de la pandemia. Está claramente comprobado que la eficiencia de dichos tratamientos implica positivamente en la calidad y cantidad de años de vida de los pacientes y que además dicho tratamiento contribuye a disminuir la probabilidad de contagio. En México se han reportado desde 1983 casi 70 mil casos de Sida, 83% en hombres adultos y 14% en mujeres adultas, 2.5% en menores de 15 años. El 92% de los contagios fueron por transmisión sexual. El Sida ha causado en México casi 40 mil muertes en población fundamentalmente en edad productiva. En 2003 la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes fue de 4.8. El Programa de Naciones Unidas para el Sida reconoce que la accesibilidad de los pacientes afectados por VIH Sida es sumamente dispareja en el mundo en el que vivimos, así, el Continente Africano que concentra el mayor número de casos y que ha sido devastado por la epidemia, es el que menor acceso tiene a los avances científicos en la materia. Un tratamiento con medicamentos anti retrovirales de patente le puede costar a un enfermo de un país africano o latinoamericano, entre 10 mil y 15 mil dólares al año; a las condiciones de vida de los habitantes de estos continentes hay que agregar que los costos de dichos medicamentos son diferentes en cada país, aun cuando el proveedor sea el mismo. Dicha diferencia puede variar hasta 20 veces entre un país y otro y por supuesto que en esa diferencia no influye la incapacidad económica para cubrir los costos que presentan países y pacientes. Así, el comercio de medicamentos anti retrovirales no se lleva a cabo de acuerdo a las tradicionales leyes mercantiles de la oferta y la demanda; tampoco considerando las necesidades de los países más afectados ni el impacto que tiene para el mundo el hecho de no controlar la epidemia del Sida. Tanto en los acuerdos sobre derechos de propiedad individual como en los llevados a cabo en el seno de la Organización Mundial de Comercio, se ha previsto que los países puedan contar con ciertas alternativas en caso de existir abuso de la posición dominante o de emergencia en salud. Brasil y Sudáfrica se acogieron en años recientes a dichas excepciones, estableciendo la figura de licencias obligatorias que permiten al gobierno conceder a otros fabricantes permiso para producir el producto patentado a un precio menor, aun sin el acuerdo del titular de la patente. Así, el mismo tratamiento que costaba entre 10 y 15 mil dólares anuales con productos genéricos, puede costar en Brasil entre 3 mil y 4 mil. Este proceso, aunado a una intensa campaña de prevención de los contagios del VIH-SIDA, ha permitido que los casos nuevos reportados en Brasil disminuyan de 140 mil en 1991 a 20 mil en 2003. A partir de este proceso se ha abierto un debate en la comunidad médica mundial encabezado por la organización francesa Médico Sin Fronteras, quien a través de la distribución de medicamentos antirretrovirales genéricos en las regiones más pobres y afectadas por la enfermedad y del desarrollo del planteamiento sobre el enfrentamiento entre los derechos humanos y los derechos comerciales que esta problemática presenta, se hizo acreedora al Premio Nóbel de La Paz, hace tres años. La excepción establecida en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual a la que se acogieron Brasil y Sudáfrica, establece que los miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deban impedirse para proteger la salud o la vida de las personas y permitan la utilización de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos e incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el Gobierno, en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia o en los casos de uso público no comercial. En México la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 77, establece que por causas de emergencia, seguridad nacional y mientras duren éstas incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública en los casos en que de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población. Esta excepción no ha sido utilizada en México, quizá porque la declaratoria de atención prioritaria de enfermedades graves, que compete al Consejo de Salubridad General, no está explícita en la legislación sanitaria. Asimismo, consideramos que tanto la Secretaría de Salud como los gobiernos de las entidades federativas y las instituciones públicas de seguridad social, deben tener facultad para solicitar al Consejo dicha declaratoria. Aplicar esta medida no constituye únicamente una alternativa para reducir los costos de los tratamientos de antirretrovirales combinados para facilitar la cobertura universal de los mismos a todos los afectados por VIH-SIDA; permitirá además contar con un mecanismo para facilitar el acceso a los medicamentos necesarios para enfrentar los problemas de salud pública en la misma situación. Por las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de las facultades constitucionales, las y los suscritos diputados federales integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, sometemos ante esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 17 y 133 de la Ley General de Salud y el 77 de la Ley de Propiedad Industrial. Primero.- Se adiciona una fracción IX al articulo 17 de la Ley General de Salud y se recorre la fracción X. Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General. ... IX. Emitir la declaratoria de enfermedades graves de atención prioritaria por iniciativa propia o a solicitud por escrito de la Secretaría de Salud, de las instituciones nacionales especializadas en la enfermedad o de los gobiernos de las entidades federativas. Segundo.- Se adiciona una fracción V al artículo 133 de la Ley General de Salud. ... V. Adoptar las medidas correspondientes que permitan el acceso a los medicamentos necesarios para la atención de graves problemas de salud pública, incluida la solicitud de declaratoria de atención prioritaria conforme a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 17 de esta ley. Tercero.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley para la Propiedad Industrial para quedar como sigue: Artículo 77.- En los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria por iniciativa propia o a solicitud por escrito de la Secretaría de Salud, de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad que sean acreditadas por el Consejo de los gobiernos de las entidades federativas y de las instituciones públicas y seguridad social, en la que se justifica la necesidad de atención prioritaria publicada la declaratoria del Consejo en el Diario Oficial de la Federación. Las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto y ésta la otorgará, previa audiencia de la partes, a la brevedad que el caso lo amerite, de acuerdo con la opinión del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor de 90 días a partir dela fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto. Transitorio Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Diputada federal Clara Marina Brugada Molina y diputado federal Rafael García Tinajero Pérez. Palacio Legislativo de San Lázaro. Muchas gracias compañeros.