El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Con su venia, compañero presidente. Veo a mucho queda bien de las telefónicas, de los concesionarios, preocupados más que por el pueblo de México, por no sacar la cara por esos intereses. Estamos enterrando hoy el fruto podrido del pacto por México, que fue la falsa reforma de telecomunicaciones. Con esta nueva ley dejamos atrás un modelo burocrático desfasado, que solo servía a los grandes monopolios y permitía el anonimato frente al crimen. Hoy lo decimos con claridad, el Internet no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho universal. Un niño en la montaña de Guerrero, un joven en la periferia o una familia en un pueblo alejado tiene que tener acceso a Internet como hoy se tiene en las grandes ciudades y no que les lleguen las migajas de Telcel, el 3G, que llegue el 5G a todo el país, que haya cobertura en los tramos carreteros, que haya cobertura en todas las comunidades. Esta ley obliga a los grandes concesionarios a dejar de pensar solo en sus ganancias y cumplir con su parte, llevar Internet, telefonía y servicios digitales hasta el más apartado poblado del país. Se acabaron las excusas y los privilegios. Si usan el espectro para hacer negocios, multimillonarios negocios, tienen que cumplirle al pueblo de México, pero no es solo conectividad, es también seguridad, porque los delincuentes han usado el anonimato de la telefonía celular para extorsionar, secuestrar, amenazar y dañar a la gente honesta. Hoy eso se termina. Los concesionarios, no el Estado, los concesionarios están obligados a registrar a los usuarios de telefonía móvil. Quien quiera una línea, sobre todo de prepago que es el 84 % de las líneas de este país, deben identificarse. Hay registros en más 150 países del mundo y aquí se rasgan las vestiduras porque haya este seguimiento. Las autoridades deben tener la capacidad de ubicar y detener a criminales en lugar de que estos sigan operando impunemente detrás de un teléfono. Esta ley no es para cuidar privilegios, no es para quedar bien con las telefónicas, es para proteger a la gente. Nos llama la atención que a la oposición le preocupa más la privacidad de los criminales que la seguridad de las familias, se oponen a la geolocalización, pero aplauden cuando los delincuentes usan el celular para extorsionar. Se rasgan las vestiduras por el registro de usuarios, pero guardan silencio frente a las llamadas de extorsión y de secuestro que utilizan líneas de prepago. Recuerdo casos de secuestradores que hasta 30 chips de celulares usaban y hoy quieren que siga en el anonimato. Mientras nosotros ponemos la tecnología al servicio de la justicia se aferran a proteger el anonimato de los delincuentes. Les preocupa que el Estado persiga criminales con datos, pero no dicen nada de las grandes plataformas digitales que saben todo de nosotros, los algoritmos, incluso saben cómo pensamos y más en tiempos de la inteligencia artificial. Hipócritas, temen que el gobierno use los datos para detener a los criminales, pero entregan su vida personal a las plataformas. Para las grandes empresas como Amazon, Google, Apple, sus datos son un negocio, para el Estado los datos son una herramienta para perseguir al crimen. Que no se engañe nadie, el problema no son los datos, el problema es que a la oposición le molesta que se usen para atrapar a sus protegidos. Las mismas personas que usan Alexa, Siri, Google todo el día que permiten que recolecten su voz, su ubicación, su rutina, sus compras a través de algoritmos que aceptan que empresas moneticen sus datos, se escandalizan porque el Estado proponga utilizar la tecnología para geolocalizar criminales...