EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados: Señor Secretario de Seguridad Pública: Nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en el análisis que realizamos del Informe del titular del Ejecutivo Federal, encuentra pocos avances en lo referente a seguridad pública. Una de las demandas más sentidas de la población es la que se refiere a las medidas de prevención y combate a la delincuencia. Sabemos que en el ámbito de competencias, la dependencia de la que usted es titular, sólo le corresponde el aspecto de la prevención. Resulta difícil conocer una persona que no haya sido objeto de algún tipo de experiencia en relación con hechos delictivos. Vivimos en estado de zozobra a causa de ésta inseguridad, lo que niega cualquier proyecto de vida armónico en la sociedad. En nuestro país se ha configurado una tipología delictiva que sustenta y alimenta el grave deterioro que tenemos en la seguridad pública: Uno, los delitos se derivan directamente de la crisis económica y social que hemos vivido en las décadas recientes, que se cometen por hambre e ignorancia. Otros, los delitos que comete la delincuencia individual como oficio, o modus vivendi. Otros, los delitos realizados por las bandas organizadas. Otro, los delitos cometidos por la delincuencia gubernamental. Este último está asociado con otros dos factores esenciales que han deteriorado la seguridad pública, la corrupción y la complicidad. Estas prácticas han puesto en cuestionamiento a los aparatos encargados de la seguridad pública, y su desprestigio ha desvinculado a la sociedad de las instituciones de prevención de la delincuencia, procuración y administración de justicia. La corrupción y la complicidad echan por tierra cualquier esfuerzo que se realice en el establecimiento de los instrumentos jurídicos y materiales para el combate de la delincuencia. Sin embargo, y no obstante la creación de esa Secretaría en noviembre del 2000, separando las funciones de seguridad pública del ámbito de la Secretaría de Gobernación, cualitativa y cuantitativamente, poco se ha avanzado. En consecuencia, cabría preguntarnos: ¿qué es lo que ha fallado? si consideramos que el Poder Legislativo ha aprobado diferentes tipos de reformas tanto constitucionales como legales, para combatir la delincuencia; tal es el caso de la reforma al artículo 21 constitucional, para establecer en los párrafos IV y V, del artículo citado, lo referente a los conceptos de seguridad pública y del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De igual forma la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal para la Delincuencia Organizada y la Ley de la Policía Federal Preventiva. Conocemos los diferentes ámbitos de competencia en la prevención y combate de la delincuencia y nos queda claro que en su Secretaría le corresponde tal como se indica en el artículo 30, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el desarrollar las políticas de seguridad pública. Sin embargo, en este punto específico no se han anotado resultados concretos. Otros de los aspectos que en la ley se otorgan como atribución a su Dependencia, es el que se refiere a presidir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sistema en el que por disposición constitucional, participan los tres niveles de gobierno, pero del cual sus resultados no han sido los óptimos que se requieren. Supuestamente el objetivo fundamental de este sistema es establecer la coordinación entre autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipios, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, se tiene un 92% de impunidad en la comisión de los delitos, lo cual significa dos cosas: que el sistema de prevención en la comisión de delitos no funciona y que el sistema de persecución de delitos tampoco opera adecuadamente. Ahora bien, el que no se cuente con secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, da poca certidumbre de que éste funcione adecuadamente. Además de la urgencia de la designación formal de este titular, debe de ser de forma inmediata, en virtud de que las funciones que debe realizar, conforme con lo que se establece en el artículo 17 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A la Dependencia a su cargo corresponde lo referente a la policía federal preventiva, cuerpo policial que regula por su correspondiente ley. Sobre este particular nos preocupa que la mayoría de los elementos que integran dicho cuerpo, sean militares con licencia para incorporarse a este organismo. Su función, al margen de los operativos antes mencionados o comentados, se han circunscrito a la realización de operativos de decomisos de artículos de contrabando, particularmente en las ciudades de Guadalajara, Jalisco y en el barrio de Tepito del Distrito Federal. Si bien es cierto que el contrabando es un delito que lastima severamente la economía del país y que esta corporación ha realizado acciones importantes en contra de la fabricación de discos y películas pirata, estamos ciertos de que se deben ampliar las acciones de la policía federal preventiva, para prevenir el acopio y el tráfico de armas de fuego. Además, de que el delito de tráfico de indocumentados debe ser prevenido antes de su comisión en las fronteras del país y de que las personas que ingresan sin documentos a nuestro territorio, deben ser tratadas con respeto, haciendo hincapié sobre todo en los derechos humanos. A nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo le preocupa el crecimiento exponencial de lo que se ha dado en llamar delincuencia organizada. Este fenómeno se ha generado dada la incapacidad de la autoridad para combatirla. Sin embargo, consideramos que esta modalidad de delincuencia no puede existir sin que tenga vínculos con las corporaciones policiales encargadas precisamente de combatirlas. No afirmamos que la corrupción haya permeado a la totalidad de los integrantes de los cuerpo policíacos, pero sí desafortunadamente la actuación de algunos malos elementos afecta la totalidad de las instituciones. Por así disponerlo el decreto del 30 de noviembre del 2000, a la dependencia a su cargo corresponde la ejecución de las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario. Por así establecerlo el artículo 18, párrafo 2, constitucional, corresponde al Gobierno Federal y al de los estados organizar el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Sin embargo, vemos cómo en la práctica los centros carcelarios se han convertido en auténticas universidades del crimen, con lo cual los internos no sólo no se readaptan para su reincorporación a la sociedad, sino que salen con conocimientos todavía más sofisticados para seguir afectando a la sociedad. Al grupo parlamentario del Partido del Trabajo le preocupa el que de los denominados Ceferesos de alta seguridad hayan podido escaparse delincuentes, como el conocido Chapo Guzmán, y que hasta la fecha no haya sido recapturado. Lo anterior nos habla de que en estos penales existe la posibilidad de que los sentenciados puedan, con complicidades internas, evadirse de los mismos. Señor Secretario, la sociedad toda nos exige resultados a nosotros, los legisladores, como integrantes del poder público, encargado de elaborar los instrumentos jurídicos que permitan la sana convivencia de la sociedad, y al Poder Ejecutivo y a los auxiliares del mismo el cabal cumplimiento de las atribuciones que la ley les otorga. Por eso, y en cumplimiento de las funciones que a cada uno nos corresponden y en el cumplimiento de las funciones evaluatorias de nuestra Ley Orgánica, nos faculta, en su artículo 39. Los legisladores estaremos atentos a que el Poder Ejecutivo, a través de la dependencia de la que usted es titular, actúen adecuadamente en la prevención del delito. Es cuanto.