La diputada Paula Angélica Hernández Olmos: Con su permiso, señor presidente. La suscrita diputada Paula Angélica Hernández Olmos, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción I, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. México requiere de manera inaplazable de mayores inversiones en materia de infraestructura. El Ejecutivo federal así lo plantea en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 en el que establece que la infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. El crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las naciones están claramente correlacionadas con el grado de desarrollo de su infraestructura. Los países con que competimos le están dando la más alta prioridad a la modernización de su infraestructura porque saben que es una condición para triunfar en la economía global. México no puede ni debe esperar. Sin embargo, los compromisos del Ejecutivo federal distan mucho de la realidad que vive el país ya que se perciben severos rezagos en la materia. Más aún cuando se observa que el desarrollo del país no sólo se basa en la modernización de los grandes ejes troncales sino también en las necesidades de invertir en aquellas obras que comunican de manera estratégica a las pequeñas comunidades, donde la educación, la salud, y la generación de empleos dependen del desarrollo de las vías de comunicación. El Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción IV, otorga la facultad a la Cámara de Diputados de aprobar, discutir y en su caso modificar el Proyecto de Presupuesto que envía el Ejecutivo federal, en donde de manera constante se ha percibido la insuficiente asignación de recursos para infraestructura, sobretodo en el tema de caminos rurales y alimentadores; ejemplo de lo anterior es la asignación de poco más de 16 mil millones de pesos para el Presupuesto de Egresos aprobado para el 2010. No obstante al escaso presupuesto asignado para caminos rurales y carreteras alimentadoras, la aplicación de recursos es un impedimento más que afecta a los estados de la República Mexicana, ya que en 2010, durante los dos primeros trimestres, la inversión se vio afectada en 60 por ciento por la falta de número de registro en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para los meses de mayo y junio del 2010, la liberación de registros en la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se realizaba modificaciones a los formatos de integración de estudios costos-beneficio, reportando ya numerosos subejercicios, obteniendo jugosos montos susceptibles de recorte para beneficiar programas sociales, lo cuales no son generadores de fuentes de empleo, poniendo muy en duda la prioridad del gobierno federal al invertir en infraestructura. En cada ejercicio presupuestal los legisladores trabajamos de manera constante para lograr incrementar los recursos al programa de caminos rurales y alimentadores, ya que es uno de los rubros que más necesidades tiene en el país, el cual ha sido afectado por trámites burocráticos, lo que ha dado como resultado la cancelación de cientos de caminos por la falta de dicho registro ante la Secretaría de Hacienda, sin importar que ya cuenten con el resto de los elementos tales como proyectos técnicos, impactos ambientales y derechos de vía liberados, todos ya validados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es inaudito que un alto porcentaje de los proyectos de inversión aprobados y programados en los presupuestos, se vean año con año en riesgo de cancelación, por la falta de sensibilidad de parte de la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda, y que distintos proyectos están varados tan sólo por las validaciones económicas y sociales que debe entregar esta unidad, la cual, a partir de 2010, ya no sólo evalúa la parte costo-beneficio, sino que ahora se adjudica revisiones técnicas de las que se debería suponer ya han sido validadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un claro ejemplo de demora e ineficacia son los proyectos que consisten en pavimentaciones con un costo menor de 20 millones de pesos, para los cuales, la revisión tarda más de tres meses en llevarse a cabo, cuando estos consisten sólo en justificaciones económicas que no deberían llevar más de 20 días en su revisión. En el decreto de presupuesto 2010, se estableció en el artículo decimoquinto transitorio, que los gobiernos de los estados podrían realizar sus trámites de registro de proyectos antes del 28 de febrero, a efecto de que se realizaran convenios de reasignación, en donde los mismos gobiernos ejercerían el recurso de caminos rurales. Reasignaciones, que independientemente de que se realizará el trámite como se estipuló en el transitorio, jamás se realizaron. Estados como Hidalgo fueron testigos de ello, cuando entregaron sus proyectos y el trámite de registro en tiempo y forma, los registros de proyectos se obtuvieran hasta septiembre, y aún así no se llevaron a cabo las reasignaciones. Para este 2011, nuevamente se integró en el Presupuesto de Egresos de la Federación en su artículo decimosexto transitorio el último día hábil de febrero como fecha límite para que los estados puedan realizar sus trámites. Sin embargo, esto no muestra ninguna seguridad de que el trámite cuente con la agilidad necesaria para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueda ejercer los recursos en tiempo y forma. Hasta el mes de marzo se encuentran autorizados solamente 30 registros correspondientes al 2011 de los 400 pendientes registrados en el PEF de este año, teniendo como estatus más de 120 solicitudes ingresadas, más las que no están en el presupuesto, que aún sin estar integradas en él deberían obtener también registro de manera ágil. Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente decreto. Por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: Artículo 34. II. La secretaría, conforme a las disposiciones aplicables, realizará el análisis, evaluación y trámite correspondiente de manera expedita, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, en caso contrario deberá asignar de manera inmediata el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, para la ejecución de los recursos programados. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.