El diputado Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señor Presidente. Sin duda el tema de mayor preocupación en la sociedad mexicana es el agudo y preocupante problema de la seguridad pública. Y no podríamos decir que no ha habido esfuerzos institucionales. A partir de 1995 que… diciembre de 1994 que se reforma la Constitución y que en el artículo 21 se establece que seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal y los municipios y que como tales la federación, el Distrito Federal y los estados y los municipios se coordinarán en términos que la ley señale para establecer un sistema nacional de seguridad pública. En 1998, ya creado el Consejo Nacional de Seguridad Pública, hay un reforzamiento institucional a partir de la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública y del funcionamiento colegiado del Consejo Nacional, así como la incorporación a la Ley de Coordinación Fiscal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y la consecuente creación de la Policía Federal Preventiva. Después, en la actual administración, al modificarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se crea la Secretaría de Seguridad Pública; fe modo que el esfuerzo institucional ha sido sin duda sostenido, pero es evidente a la luz de los hechos cotidianos, del clima de incertidumbre y zozobra que priva en la nación, que algo no está funcionando. Sin duda son muchos los factores de carácter económico, social, de procuración de justicia que están determinando, y esta iniciativa hoy se refiere a uno de estos temas que tiene que ver con el financiamiento, cómo se están distribuyendo los recursos para este tema crucial en la razón de ser y el cometido del Estado nacional. Los recursos aplicados han pasado de 14 mil 141 millones de pesos en el año 2000 a 17 mil 368 en el año 2006, o sea un incremento del 22.6 por ciento. Sin embargo, cabe destacar que los recursos federales destinados a las entidades federativas a través del citado Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública disminuyeron al pasar de cinco mil 213 millones en el año 2000 a cinco mil millones en el año 2006; o sea, un decremento del 4.1 por ciento. En tanto que los recursos ejercidos por las dependencias federales pasaron de siete mil 80 millones a 10 mil 746; o sea un aumento del 51.7 por ciento. La distribución entre los estados quiero decirles que ha seguido un patrón más o menos equilibrado, más o menos similar del año 2000 al 2006, atendiendo a los criterios de distribución el 35 por ciento por número de habitantes, el 20 por ciento por ocupación penitenciaria, el 15 por ciento por el crecimiento delictivo, el 10 por ciento por la aplicación del Programa Nacional que implica la decisión de coordinación en los hechos entre los tres órdenes de gobierno y los proyectos nacionales convenidos, que es un incentivo para que los estados participen con una mayor proporción, con un 20 por ciento. De este modo, el promedio nacional de aportación de los estados o de las entidades federativas, estados y Distrito Federal es de un promedio de 24.13 por ciento; si bien hay estados como Baja California, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz que aportan el 30 por ciento o más a los programas convenidos. Los resultados del Sistema Nacional de Seguridad Pública, decía yo, no son sin embargo los esperados; baste mencionar que los posibles hechos delictivos del fuero federal pasaron de 81 mil 781 en el 2000 a 89 mil 530 en el 2005, en tanto que los del fuero común pasaron de un millón 338 a un millón 406. Nótese además que los delitos del orden común, que son los que corresponden al ámbito de responsabilidad de las autoridades locales, constituyeron el 94.2 por ciento de los posibles delitos totales. Igual si analizamos la población penitenciaria observamos que hay una sobrepoblación de más de 52 mil internos; que no hay capacidad instalada para poder realmente atender un proceso de readaptación, como lo mandata la ley y como lo requiere una impartición de justicia y un sistema de readaptación moderno. Quiero destacar, compañeras, compañeros diputados, que ha habido tentativas para atender este problema; dos, particularmente destaca la diputada Miroslava García Suárez del PRD y la del diputado Galindo Noriega de la fracción del PAN, que sin embargo no lograron concretarse en virtud de que no planteaban una propuesta equilibrada e integral. Es por estas razones que la iniciativa que hoy presentamos propone aumentar el fondo de aportación a la seguridad pública y establecer por mandato de ley un monto equivalente al uno por ciento de la recaudación federal participable; actualmente es del 0.43 por ciento, así como la asignación del 50 por ciento de tales recursos a los municipios de los estados y a las delegaciones del Distrito Federal. La aprobación de esta iniciativa, compañeras, compañeros diputados, permitiría dotar de capacidad de respuesta a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del DF de una manera justa y equitativa. Mantener el equilibrio pertinente entre el imperativo de una acción rectora nacional, el orden interno de las entidades federativas y el principio de la libertad municipal. Y por último, alentar la solución de los grandes problemas nacionales desde el ámbito local, que es la forma más eficiente y eficaz de atender cuestiones como la inseguridad, que están rompiendo el tejido social en los barrios, en las colonias, en las comunidades, en el entorno familiar y en las calles. Su complejidad y diversidad hace poco probable, como lo muestran las evidencias empíricas, el éxito de estrategias centrales como ha sucedido hasta ahora. Pido, señor Presidente, que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y asimismo que se inscriba en su integridad en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.