EL DIP. PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acude a esta tribuna con el propósito de presentar el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, para que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicite al Poder Judicial de la Federación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México a que se suspenda el trámite de solicitud de extradición que el Gobierno de España solicitó a su similar de México en 2003. La solicitud de la Audiencia Nacional de España, presentada por medio de la Embajada de España en México en contra de Juan Carlos Artola (¿), Alberdi Asier Arronotagui (¿), José María Urquijo, María Asunción Vázquez, Félix Saluciano (¿) García Rivera, el 22 de agosto de 2003, imputa a estas personas la Comisión de delitos en España. Paradójicamente, esta presunta participación se da mucho tiempo después de que ellos viven en México, con lo cual en todo caso y si fueran responsables de la comisión de algún delito, tendrían que ser juzgados en México. Hasta donde se tiene conocimiento ni la Procuraduría General de la República ni ninguna Procuraduría General de Justicia de los estados o del Distrito Federal han solicitado a ningún juez una orden de aprehensión contra ellos. Estas personas, originarias del País Vasco en la Península Ibérica, llevan tiempo en nuestro país y se han incorporado de manera honesta a la actividad productiva; sin embargo la Procuraduría General de la República actuó de manera ilegal en su detención, tan es así que un juez federal les otorgó amparo. Paradójicamente, el Gobierno Español pretendió que fueran extraditados ciudadanos mexicanos por nacimiento y por naturalización sin que se lograra ese propósito. A nadie escapa la peculiar situación política de España y del País Vasco, en particular, la pretensión del Gobierno de Aznar, de que todo vasco es miembro de ETA y por tanto es terrorista; es similar a la del gobierno de George Bush, en donde toda persona o país que no esté a favor de sus intereses imperialistas es automáticamente simpatizante de los terroristas. Así como Bush, Blair y Aznar se equivocaron al librar una invasión en contra del pueblo y Gobierno Iraquí, esgrimiendo como molino de viento las armas de la destrucción masiva que supuestamente tenía el Gobierno Iraquí, así se equivoca el Gobierno Español al pretender la extradición de esos ciudadanos vascos que viven en México. A mayor abundamiento, la solicitud de extradición se basa en la presunta comisión de delitos de asociación ilícita e integración en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas, blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas y falsedad documental. Bastaría tan solo una simple lectura de los ordenamientos jurídicos mexicanos, para rechazar la solicitud del Gobierno Español. El artículo 15 constitucional y la Ley de Extradición Internacional, son claras en cuanto a que no se concederá ninguna extradición cuando el delito haya sido cometido dentro del ámbito de la jurisdicción de los tribunales de la República, así lo establece la fracción IV del artículo 7º. de la ley de la materia. Suponiendo, sin conceder, que los delitos que invoca el Gobierno Español se hubieren cometido, el lugar de comisión es el territorio nacional y en todo caso aquí es donde deberían de ser juzgados y como señalamos anteriormente, no ha existido ninguna solicitud de aprehensión ni de la PGR ni de las Procuradurías de los estados ni del Distrito Federal, por la sencilla razón de que dichos delitos no fueron cometidos por los ciudadanos vascos detenidos en nuestro país. Peor, más aún y tal como lo exige la ley de la materia en el artículo 16 fracción II, el Gobierno Español no entregó pruebas fehacientes que acreditaran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o de los reclamados; más aún, si consideramos que el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de España es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 1980 y que los delitos que se les imputan a los ciudadanos vascos privados de su libertad, fueron cometidos presuntamente después de la publicación de éste Tratado y antes de la modificación que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2001, por lo que su aplicación es a todas luces retroactiva, en flagrante contravención a lo que dispone el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dispone: "...a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna", en consecuencia, el ordenamiento jurídico mexicano no consiente la aplicación retroactiva de la modificación al texto original del tratado de extradición México-España, por lo que su aplicación es ilegal. Termino, diputado presidente. Compañeros y compañeras legisladores, por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el Artículo 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al C. Juez Segundo de Distrito de Procesos Federales Penales en el Distrito Federal, a que ordene la inmediata libertad de los ciudadanos vascos detenidos, en virtud de la solicitud presentada por el gobierno español y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que rechace esta solicitud. Dado en el Palacio Legislativo a los cuatro días del mes de febrero del año en curso. Atentamente, el de la voz, Pedro Vázquez González. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias. -