La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa es producto de un método de discusión secreto, confidencial, ajeno a la luz pública y concentrado en un estrecho círculo de íntimos que negocian y firmaron el llamado Pacto por México. La doctrina clasifica estos fenómenos de negociación de espaldas a la ciudadanía como un profundo trastorno de las instituciones políticas y las denomina como legislación autista. Luciano Baldelli Trastornos de las instituciones políticas. El Congreso ha sido desplazado y con él las reglas de debate parlamentario han sido sustituidas por el intercambio de prebendas y favores en el marco de este pacto. A diferencia del debate que aquí estamos dando, los entendimientos en el Pacto por México no son públicos, no se registran ni se graban, no se transmiten en vivo por el Canal del Congreso, no están sujetos a reglamentos conocidos y consultables. Quienes participan en el Pacto por México consideran que la política es la tarea de intercambiar beneficios mutuamente, se enorgullecen de haber creado la democracia por convenio, pero ignoran que los convenios no son legítimos por sí mismos. Para la democracia no basta llegar a un acuerdo, sino que es fundamental que las reglas y el mecanismo de deliberación también sean legítimos. Para la democracia deliberativa y para la filosofía habermaniana, por ejemplo, las condiciones del debate son fundamentales, las reglas básicas de la argumentación como la libertad. La simetría, la igualdad entre las partes, la publicidad de los argumentos, la libertad de todas las personas para participar en el debate son condiciones sustanciales para lograr la legitimidad de una decisión. Nada de esto se presenta en el Pacto por México y por tanto sus imposiciones carecen de legitimidad democrática. Es tan evidente que los legisladores que firman esta iniciativa no son los redactores de la misma y por la misma no se atiende ni se escucha su opinión, que en esta ocasión ni siquiera leyeron el texto que nos presentan. La iniciativa repite párrafos enteros como en su página octava, demostrando el poco respeto que se tiene hacia la representación popular. Por todo esto, aprovecho la tribuna para convocar a los dirigentes de los partidos políticos y al presidente de la república para respetar esta soberanía, para que atiendan al mandato de división de poderes y entiendan que la función legislativa reside en el Congreso de la Unión. Deben dejar de menospreciar a la representación popular que ostentan los diputados y senadores, pues ello implica, en el fondo, un profundo desprecio por el pueblo que nos eligió. Entrando al análisis de la iniciativa, si bien el ordenamiento propuesto resulta necesario, hay omisiones importantes que deben ser subsanadas. Por ejemplo, no queda claro el órgano que será el responsable de redactar la pregunta que habrá de ser sujeta a la consulta. El politólogo Giovanni Sartori ha advertido que en el modo de formular las interrogantes se juega gran parte de la democracia directa, pues una misma pregunta, según como sea formulada, puede obtener respuestas totalmente diferentes. La iniciativa parece dejar en manos del Congreso de la Unión la pregunta a consultar; sin embargo, omite definir claramente qué órgano del Congreso será responsable de redactar o modificar materialmente la pregunta. No es lo mismo que una comisión permanente defina tal circunstancia y la someta a la consideración del pleno a que lo haga la Junta de Coordinación Política. Esto no es resuelto por la iniciativa. Además en el caso de las consultas solicitadas por la ciudadanía, resultaría inviable que se modifique la pregunta propuesta por los ciudadanos y ello debería quedar plasmado en el cuerpo de la ley. Por otro lado no hay previsiones que impidan la manipulación o coacción de los participantes en la consulta. Por ejemplo, no existen prohibiciones expresas hacia los ministros del culto religioso para impedirles coaccionar el voto ciudadano en las consultas. Es muy lamentable que la ley en su artículo 41 otorgue manga ancha al Ejecutivo para que difunda y haga campaña en torno a la consulta. Esto resulta contrario a los principios de imparcialidad e independencia que rigen en materia política-electoral en México. Si el Ejecutivo puede intervenir en la difusión de los ejercicios de democracia directa, puede manipular también su resultado, lo que debería regularse en una prohibición expresa para que el presidente no intervenga en los procesos de consulta. Es evidente que la izquierda en México ha pugnado desde hace tiempo por la creación de mecanismos de democracia directa y lo seguiremos haciendo. Sin embargo estos mecanismos no deben ser utilizados para manipular a la aprobación ni para concretar mayor poder o desequilibrar la división de poderes. Por lo que no es justificable dotar de mayores atribuciones en esta materia al Ejecutivo federal. En ese orden de ideas me gustaría concluir esta intervención citando a la palabras de Norberto Bobbio, para quien resulte indispensable lograr que la democracia representativa y la directa no terminen por negarse mutuamente, como ocurriría si la legislación en torno a la democracia directa concentra más poder del que ya de por sí ostenta el presidente en manos de un órgano del estado unipersonal. Esto implicaría cito textualmente que la democracia representativa y la democracia directa no sean dos sistemas alternativos en el sentido de que ahí donde existe uno, no pueda existir el otro, sino que son dos sistemas que pueden integrarse recíprocamente. Se puede decir, mediante una fórmula sintética, que en un sistema de democracia integral, las dos formas de democracia son necesarias, pero no son consideradas en sí mismas suficientes. Por las razones antes vertidas y mencionadas, el Partido del Trabajo votará en contra. Es cuanto, diputado presidente.