El diputado Pedro Avila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente. Una de las necesidades básicas de la población, es sin duda la energía eléctrica, pero el costo de ésta se ha ido aumentando desde el Decreto que el 2002, del Gobierno Federal elimina los subsidios, mostrando una insensibilidad social, ante el decreto que el gran mexicano Adolfo López Mateos, estableció a favor de la población mexicana de escasos recursos, de los más pobres de los pobres, cuando nacionalizó la industria eléctrica en beneficio de la nación. Para corregir la inequitativa distribución de éstas subvenciones, en el 2002 los hacedores de la política económica, ajustaron, modificaron y reestructuraron las tarifas residenciales, para hacer esto, entre comillas, "mas racional el uso eléctrico, principalmente de la población que consume más energía y con esta medida, reducirles sus respectivos subsidios. El Congreso de la Unión ha presentado, como representante del pueblo, múltiples puntos de acuerdo e iniciativas tendientes a beneficiar zonas geográficas o sectores de la población y la insensibilidad de las autoridades, salta de inmediato. Cito la contestación del entonces Secretario Técnico de la Secretaría de Energía, Adalberto Núñez Ramos, a los entonces senadores Fidel Herrera y Noemí Guzmán, con fecha de octubre de 2003, que solicitaban la aplicación de una tarifa preferencial a las zonas calurosas del sur de México. Dijo -esto lo dijo- Adalberto Núñez: "...que hacerlo sería desastroso para los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad ante el incremento de los costos de dicha paraestatal, así como de los problemas de generación... El 27 de junio de 2005, el Presidente Fox, terminó por aceptar el cambio tarifario de los estados del sur y de Sonora y Sinaloa, no así Durango, disminuyendo el costo horario de mayor demanda, presionado por un gran movimiento social en el sur, principalmente Yucatán, Tabasco y Campeche, en el famoso apagón realizado por la gente del pueblo de esos heroicos estados, cuna de Belisario Domínguez. Pero estos estados del sur siguen pagando el 11 por ciento más que el resto del país. El artículo 27 constitucional, es claro en cuanto a la obligación del Estado Mexicano a distribuir equitativamente la riqueza pública y el uso de éstas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. El Estado debe garantizar una función productiva social de sus recursos naturales o generados, donde las decisiones del gobierno permitan que las clases de menores recursos se beneficien por las riquezas que genera la Nación. Que esto lo oiga bien el Presidente de la República y el Director de la Comisión Federal de Electricidad, si es que no conocen el contenido del artículo 27 constitucional. La factura del actual gobierno federal es insistir en la privatización de la industria eléctrica, por más que intente decir que no. Lo acabamos de escuchar en Canadá, donde una vez más, mintiendo al pueblo de México y al de Canadá, invitó a los industriales canadienses a invertir en la industria eléctrica del país, lo que demuestra la incapacidad de este gobierno para establecer una verdadera política energética, cayendo constantemente en contradicciones. En su comparecencia, con motivo de la glosa del V Informe, el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, dijo que el impacto en el alza en el precio de los combustibles que constituyen el principal insumo para la operación de la empresa, se amortiguó parcialmente por la vía de aumentar la generación hidroeléctrica y reducir la generación termoeléctrica. A pesar de que los altos costos han sido absorbidos por la Comisión Federal de Electricidad, las finanzas de la empresa, óigase bien, continúan siendo sanas, lo que ha permitido canalizar 4 mil 87 millones de dólares a obras de transformación y transmisión. Aquí termina la cita: "...Quién miente?, ¿dónde quedó la amenaza de pretender crear un estado de presunta amenaza?". Todos los años escuchamos las cifras alegres del beneficio de ahorro que significan los horarios de verano; sin embargo, este beneficio no se traduce en beneficio social para nuestra gente pobre, a la que todos los diputados que venimos aquí, tenemos la obligación de defender, principalmente a la marginal y en extrema pobreza. El anuncio en diciembre de 2004 y junio de 2005 que el Presidente hace sobre la baja en las tarifas eléctricas, no produjo ningún cambio en las condiciones económicas de los hogares mexicanos, ya que sólo benefició al 2.2 por ciento de los usuarios de alto consumo. En un discurso electorero este anuncio como los demás sólo han servido para demostrar que el gobierno federal ha venido cayendo en una política subsidiaria en el consumo energético del país sin ningún rumbo; demuestra que se equivocó durante 3 años al eliminar el subsidio eléctrico que López Mateos había puesto al pueblo de México. Por lo anterior presento esta iniciativa que reforma y adiciona un párrafo al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía y modifica el artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Artículo 1o. Se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía, para quedar como sigue: Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración de manera que tienda a cubrir a las necesidades financieras, a las de aplicación del servicio público y al regional consumo de energía, procurando una distribución equitativa de la riqueza pública y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población urbana y rural. "Asimismo y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá asignar los subsidios necesarios a las tarifas de los usuarios domésticos de energía eléctrica de menores recursos en todo el país, de manera anualizada. Para este efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, definirá los criterios de aplicación del subsidio, estableciendo el nivel socioeconómico, condiciones ambientales y nivel de consumo para ser beneficiados; mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y medios de comunicación nacionales. Artículo 2o. Se reforma el artículo 3 fracción I de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para quedar como sigue: Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto la comisión tendrá las atribuciones siguientes: Primero. Participar en la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, considerando para ello los niveles socioeconómicos, condiciones ambientales y niveles de consumo de los diferentes sectores de la población de menores recursos. Esta iniciativa es como lo quería el patriota presidente Adolfo López Mateos y es como lo queremos los miembros del Partido Revolucionario Institucional que con Lázaro Cárdenas nacionalizamos el petróleo y con López Mateos la energía eléctrica, que este subsidio llegue a los más pobres de México. Muchas gracias.