La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La prevención social del delito es la herramienta que México requiere para revertir los altos índices de criminalidad y violencia que aquejan a nuestro país. Sin embargo, en el Presupuesto podemos distinguir 24 dependencias y 140 programas que inciden en la prevención social de la violencia y la delincuencia y que en conjunto representan cerca del 4 por ciento del gasto neto total, los cuales se encuentran desarticulados y carecen de un apolítica transversal que los oriente a cumplir sus objetivos. En el Ramo 36 se han etiquetado 20 mil 317 millones, de los cuales casi el 90 por ciento será invertido en servicios personales y gastos de operación, lo que impide que los recursos bajen a los estados, a los municipios y a la ciudadanía. Hoy tenemos la oportunidad de etiquetar recursos que verdaderamente contribuyan a erradicar las condiciones que propician la violencia y la delincuencia en nuestro país. En el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se plantea un monto de cuatro mil 303 millones de pesos para el otorgamiento de subsidios en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y Distrito Federal, dentro del Ramo 04 de Gobernación, cuya unidad responsable es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el artículo 10 del proyecto de decreto que nos ocupa se establece que ese monto será destinado con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública, mejorar la infraestructura de las corporaciones y para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito, pero no distingue los porcentajes que se dispondrán para cada rubro. Se genera en consecuencia que la prevención social del delito pueda quedar relegada, pues corre el riesgo de que los recursos sean aplicados como hasta hoy, únicamente para patrullas, para armas, para equipar a las corporaciones policíacas. De igual manera se deja fuera la participación ciudadana, la cual es un elemento indispensable en las acciones en materia de prevención social del delito. En tal virtud, el objeto de la presente reserva es someter a la consideración de esta soberanía la incorporación de la participación ciudadana como objetivo de los recursos asignados a través de este fondo. En segundo lugar, definir que de dicho recurso se destine cuando menos el 10 por ciento a prevención del delito con participación ciudadana. En síntesis, estimadas diputadas y diputados, sometemos a consideración del pleno, la diputada Tere Incháustegui y su servidora, la incorporación de un tercer párrafo al artículo 10 del decreto, el cual debe decir lo siguiente: Para el desarrollo y aplicación de políticas públicas, en materia de prevención social del delito, con participación ciudadana, se destinará cuando menos el 10 por ciento de los recursos a que se refiere el presente artículo. La incorporación de este texto permitirá garantizar la participación de la ciudadanía en acciones que contribuyan a prevenir la violencia y la comisión de conductas delictivas, pero particularmente busca eliminar los factores de riesgo que hoy han propiciado el incremento de la violencia y la delincuencia y que necesita tener un enfoque social, comunitario y situacional. Por lo que ponemos a su consideración esta modificación. Muchas gracias, presidente.