El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia, misma a la cual pido inserte íntegra la iniciativa que hoy presento, ya que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, por lo cual solamente daré lectura a una síntesis de la misma. La presente iniciativa de reformas tiene como principal objetivo llevar a cabo una reforma integral tanto de la naturaleza jurídica y orgánica de la Auditoría Superior de la Federación, así como elevar a la Auditoría como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la revisión de la cuenta pública. Derivado del análisis al proceso fiscalizador en México, nos damos cuenta que, en efecto, el procedimiento al que está sujeta la revisión de la cuenta pública tiende a politizarse, de tal forma que las decisiones y determinaciones que pueda tomar ese órgano se pueden ver afectadas precisamente por la dependencia que la misma Auditoría tiene del órgano político, tomando en cuenta las diversas corrientes que hoy convergen en la Cámara de Diputados. En este contexto, en nuestro país existen antecedentes en el sentido de transformar a la Auditoría Superior en un órgano constitucional autónomo ya que su propia naturaleza como entidad de fiscalización la hace incompatible con las demás funciones del Estado que se llevan a cabo a través de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En síntesis, la fiscalización es una función propia del Estado pero al ser una faceta distinta del poder, debe ser ejercida por un órgano autónomo y no conservarse como una prolongación de la actividad legislativa. En este orden de ideas, al dotar de autonomía al órgano aludido nos encontraremos frente a un órgano constitucional autónomo que no pertenecerá a ninguno de los poderes existentes, lo cual traerá consigo una autonomía orgánica y funcional. Así las cosas, no debe caber la menor duda de que en la actualidad es necesaria la creación de nuevos órganos capaces de disminuir la burocracia y la corrupción, por lo que la autonomía y fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación será un paso más para transitar a la adecuada fiscalización, total transparencia y democratización en nuestro estado de derecho. Además, la presente iniciativa busca actualizar a la Auditoría Superior de la Federación de manera que se coadyuve a eficientar la consecución de los propósitos, espíritu y mandato que le fijó el constituyente permanente, por ello debe ser el punto de partida para el rediseño y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación ya que como un órgano constitucional autónomo, para que exenta de cualquier tipo de presión, vigile y responsabilice los exceso en el ejercicio de los recursos federales puedan incurrir aquellos sujetos fiscalizables que los hayan recibido. Debemos impulsar un sistema de fiscalización más simple pero a su vez, lo suficientemente sustancioso para conocer en qué se gasta el dinero, de qué manera se gasta y, lo más importante, quién lo gasta. De esta forma, empezaremos a sanear a la Administración Pública de entidades y funcionarios que generan gastos innecesarios mediante la práctica de actividades ilegales o ineficientes. La iniciativa considera que la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, tenga por objeto determinar si en la gestión financiera se cumple con toda clase de leyes no solo con las correspondientes a los ingresos y egresos a efecto de que la revisión de la Cuenta Pública no se limite a una fiscalización contable de recursos y erogaciones sino que sea una garantía de que los entes fiscalizados cumplen con todas sus obligaciones legales. También se consideran, en el cuerpo de la iniciativa, adelantar la fecha de presentación de la Cuenta Pública a efecto de que la Auditoría cuente de manera oportuna con la información. En este sentido, se propone establecer que la Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la entidad de fiscalización superior a más tardar el 31 de marzo del año posterior al cierre del ejercicio fiscal correspondiente. Así, se pretende promover la prontitud y eficacia en la revisión y fiscalización de los recursos federales. En resumen, al adelantarse la fecha de entrega de la Cuenta Pública, las entidades ejecutoras de gasto se verán forzadas a planear mejor su presupuesto a lo largo del año, perdiendo discrecionalidad en la ejecución del mismo. Lo anterior redunda en una mejor calidad en el empleo del gasto público. En aras de fortalecer a la Auditoría mencionada, se propone adicionar la atribución de fiscalizar la recaudación de fondos y recursos de los poderes de la Unión, de los entes públicos federales y demás entidades fiscalizadas por ser el texto constitucional omiso al respecto. También se propone precisar la atribución de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar de manera directa los recursos ejercidos por las entidades federativas, los municipios y las administraciones públicas paraestatales. Lo anterior, en virtud de que en algunas autoridades locales, invocando el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se oponen al ejercicio de las atribuciones de la Auditoría sosteniendo que la facultad de fiscalizar los recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios, compete exclusivamente a sus órganos locales al formar parte de sus cuentas públicas. Asimismo, se plantea adicionar como sujetos de fiscalización a los órganos político-administrativos del Distrito Federal, los que se han transferido a los particulares, los partidos políticos inscritos en el Instituto Federal Electoral; los fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico que ejerzan recursos públicos y los que sean transferidos a los particulares. Lo anterior en complemento de la reforma al artículo 2, fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior, publicada el 4 de abril del año 2005, que amplía el concepto de entidades fiscalizadas para incluir en él a los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administre recursos federales. La presente reforma no sólo precisa cada uno de los órganos fiscalizables, sino también las obligaciones con las que cuentan todos y cada uno de ellos, lo cual viene a despejar dudas sobre el actuar de los entes que participan en la actividad fiscalizadora y a su vez trae consigo una mayor certidumbre en los procedimientos, toda vez que se minimizará la participación del Poder Judicial de la Federación en tratándose de la interpretación y alcance de las normas objetivas y sustantivas en materia de fiscalización superior. En virtud de la aprobación de la presente iniciativa, los sujetos de fiscalización estarían obligados a proporcionar la información que requiera la Auditoría Superior de la Federación bajo el apercibimiento de la imposición de sanciones en el caso de faltar a esa obligación, ya que en la normatividad actual, las sanciones por el incumplimiento de atender los requerimientos de información de la auditoría, sólo están previstas en el caso de revisiones de situaciones excepcionales. Con esa misma intención se expone la propuesta de dotar a la Auditoría de facultades para emitir actos concretos a las entidades fiscalizadas. En ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública y de revisión de situaciones excepcionales, así como para emplear medidas de apremio con el fin de hacer cumplir sus determinaciones, en virtud de que en la normatividad vigente, la Ley no confiere atribuciones a la Auditoría Superior para emplear medidas de apremio. Igualmente, en el cuerpo de modificaciones se contempla que el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública deberá estar concluido a más tardar el 31 de octubre del mismo año de su presentación. Ello, dado que se considera que es suficiente el plazo de siete meses con que contaría la Auditoría Superior para la elaboración y presentación del informe de resultados de su revisión, permitiendo conocer de manera más oportuna los resultados de la gestión financiera del gobierno y si ésta se ajustó o no a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior. Por lo que hace a la composición de la Auditoría Superior de la Federación, como órgano constitucional autónomo, se propone que la máxima auditoría sea un órgano colegiado integrado por tres auditores superiores de fiscalización, lo cual atendiendo al principio tripartita que rigen diversos órganos de gobierno, viene a reforzar al órgano fiscalizador, así como a transparentar sus actuaciones de tal forma que existirá mayor vigilancia y control sobre sus facultades, además de que en el sentido tripartita, trae consigo mayor practicidad y agilidad en las votaciones y por ende, en las decisiones que se vayan a tomar respecto de esta trascendental función. Con el interés de complementar la referida modificación constitucional, se proponen diversas reformas a otras normas secundarias para que se tenga la obligación de entregar documentación y toda clase de información que les requiera la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de situaciones excepcionales. Es cuanto, diputado Presidente.