El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El juicio de amparo es el instrumento por excelencia en nuestro sistema jurídico, para hacer valer frente a las autoridades del Estado, el respeto de las garantías individuales y sociales que consagra nuestra Constitución. Este juicio constitucional requiere profundidad y amplio conocimiento. Es un legado de nuestros antepasados y por eso demanda que el legislador le imprima vigencia a la ley que lo constituye. El juicio de garantías se ha consagrado como la institución jurídica mexicana por excelencia, ya que se le considera como el sistema más eficaz de control de la supremacía de la Constitución, así como la expresión de la soberanía nacional, de la división de poderes y del estado de derecho. Es el instrumento jurídico establecido para el control y custodia de los preceptos constitucionales contra las posibles transgresiones de cualquiera de los actos emanados del Poder Público, ya sea en su esfera federal, local o municipal. Varios han sido los proyectos presentados para reformar el juicio de garantías, y han sido promovidos por legisladores, académicos, instituciones y asociaciones jurídicas, inclusive por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de ello, a la fecha han sido pocas las reformas substanciales en ese renglón. Considero que únicamente con la decisión y justo criterio de nosotros los legisladores, puede llevarse a cabo la concretización de dichas reformas, mismas que permitirán obtener beneficio para la totalidad de los gobernados, que se encuentran o pudieran llegar a encontrarse bajo el supuesto de un acto de autoridad arbitrario, tenga mecanismos de defensas como este juicio constitucional. Desde este punto de mira, el amparo es la instancia judicial que tienen los gobernados para que se protejan y respeten sus derechos de toda actuación de autoridad que repercuta en perjuicio de sus garantías constitucionales. Su objeto es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumpla con lo que la misma garantía exige. Cabe mencionar que en el mes de noviembre de 2002 entró en vigor el Código Penal para el Distrito Federal, mismo que está en vigor como obra y producto de las tareas legislativas de la Asamblea Legislativa. Es precisamente la novedad que por muchas décadas existió, para ser exactos, desde el año de 1931, el Código Penal en Materia de Fuero Común y para toda la República mexicana en materia federal. Esto es, dicho código punitivo tenía una ambivalencia porque regulaba las conductas punitivas tanto de la capital del país como del territorio nacional, correspondiendo al Congreso de la Unión legislar en esa materia, como en otras. Por ello muchas leyes federales contenían en su articulado la señalización correspondiente, aludiendo al multicitado código en materia federal para toda la República mexicana y local para el caso de la Ciudad de México. Hoy en día los tiempos han cambiado y existe una distribución de competencias en cuanto el legislativo federal tiene la facultad de modificar, adicionar y derogar las leyes federales e inclusive cierta normatividad para el Distrito Federal. Algunas leyes federales, como la Ley de Amparo, prescriben y citan al antiguo código represivo haciendo la puntual diferencia para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia federal. Cuando dicho ordenamiento jurídico dejó de existir dada la nueva naturaleza jurídica del gobierno central, de ahí surge la justificación de la presente iniciativa en el sentido de actualizar el vocablo del Código Penal Federal para quitar el de Código Penal aplicable en materia federal. Ello es así porque nosotros, como legisladores, debemos imprimirle mayor claridad a las leyes federales, como en este caso a la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos siguientes: el párrafo tercero del artículo 23, párrafos primeros de los artículos 35 y 199 y se reforman los artículos 198, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208 y 209, todos de la Ley de Amparo. En mérito del tiempo permitido, solicito a la presidencia se publique en su totalidad la iniciativa, tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria. Gracias. Es cuanto, señora presidenta.