EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL VEGA RAYET: Con su permiso, señor Presidente. Le solicito de la manera más atenta, que el texto íntegro de la iniciativa se publique en la Gaceta Parlamentaria del Diario de los Debates, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: En ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 70 fracción II, del artículo 71 de nuestra Constitución, con fundamento en la fracción II del artículo 55 y en el artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, por la cual se modifica el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que modifica diversos artículos del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales. Los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia moderna, instituciones idóneas para canalizar pacíficamente la participación política de los ciudadanos, son espacios de discusión y debate, sus existencias y reconocimiento es indispensable en la democracia nacional. Como instituciones, cumplen funciones sociales de gran importancia para el sistema democrático, la socialización de ideas políticas y movilización política, la representación de intereses diversos, el reclutamiento y selección de elites, la composición de los principales órganos del Estado y sobre todo, la legitimación del sistema político. El proceso electoral federal de 1988, produjo una situación inédita en el país, una de ellas consistió en una creciente impugnación hacia los resultados electorales como una desacreditación de las instituciones y normas electorales; por ello, el nuevo gobierno se vio en la necesidad de reformar nuestro marco electoral federal para dar la respuesta a los reclamos provenientes de diversos sectores sociales, como el de los propios partidos políticos. Así, en agosto de 1990 se aprueba el COFIPE, con el cual se modifica sustancialmente a la estructura institucional del máximo órgano electoral, se introducen novedosos mecanismos y reglas electorales; una de las novedades de dicho Código lo constituye la reinstalación de la figura del registro condicionado y la desaparición de la asociación política. El registro condicionado permanece hasta la reforma electoral de 1996, fecha en que desaparece en nuestro marco electoral federal, mientras que en ese mismo año, se reintroduce la denominación de "agrupaciones políticas nacionales". En 1998, cuando por primera vez se aplican las reglas y requisitos vigentes para el registro de nuevos partidos, 23 organizaciones notifican al IFE su intención de alcanzar ese registro, de ellas seis cumplen los requisitos legales; es cierto que la proliferación de organizaciones reales o supuestas en búsqueda del registro como partidos políticos nacionales, no causan ningún perjuicio al IFE ni al erario, pero lo que está provocando es una reacción muy desfavorable en la opinión pública. La conformación del registro ante el Instituto Federal Electoral de partidos políticos nuevos, implican mayor inversión y confusión para los electores; el país sostiene un pluripartidismo radical que provoca la polarización del voto, tener muchos partidos no indica necesariamente una mayor representatividad. No por ello debemos desalentar o inhibir la participación de estos nuevos partidos, pero debemos comenzar por iniciar una cultura del respeto por los recursos públicos, asimismo como la transparencia y rendición de cuentas, es decir, debemos alentar el financiamiento de partidos responsables y conscientes que son representantes de la sociedad. Es a ella a la que se debe de dar cuentas, pues de ella son los recursos que los hacen funcionar. Por ejemplo, los partidos políticos registrados que no obtuvieron el 2% de las votaciones en el 2003 y perdieron su registro conservaron los recursos materiales que adquirieron, salvo algunas excepciones, es decir, se constituyeron en parásitos de nuestra democracia, pero hoy en día las fórmulas de financiamiento de los partidos se han desbordado y reciben montos muy altos que no se justifican. En el 2003 compitieron 11 partidos, algunos de ellos con el respaldo de un financiamiento excesivo, aunque no representan a nadie, más aun en del 2004 financiar a los partidos costará 6 mil millones de pesos. El gasto en el subsidio al sistema de partidos es muy elevado para el grado de desarrollo en México. Este lujo no se puede dar la sociedad que pretende ser democrática, más aun sin una legislación que fomente la transparencia y rendición de cuentas. La política es la actividad fundamental para cualquier sociedad y los partidos políticos son las instituciones necesarias para dar estabilidad a la democracia de un país, pues una de las finalidades es fungir como instrumento de educación política y cívica para la ciudadanía. Estas nuevas reglas y el mantenimiento de la gobernabilidad son, sin duda, condiciones indispensables de la transmisión democrática que se pueda llevar a cabo en el país. Por ello, debemos ampliar las atribuciones del IFE para que pueda fiscalizar los recursos asignados a los partidos, se debe exigir a los partidos que pierdan su registro a que devuelvan los bienes muebles e inmuebles que adquirieron con recursos del erario público a través del financiamiento, además de exigir la devolución de los remanentes monetarios y financieros no ejercidos del financiamiento que se les fue otorgado. En consecuencia de lo anterior, se propone la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se adiciona el inciso b) al Numeral 2 del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 41.  Inciso b) La ley establece los criterios y mecanismos para aquellos partidos que pierdan su registro regresen a la nación los bienes muebles e inmuebles que sean adquiridos con el financiamiento público, asimismo los remanentes monetarios y financieros no ejercidos de ese financiamiento. Modificación al Artículo 38 en los incisos t) y u) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: Artículo 38.- Inciso t) En caso de pérdida del registro, devolver a la nación los bienes muebles e inmuebles con financiamiento público, así como los remanentes monetarios y financieros no ejercidos del financiamiento público. Esta devolución será en un plazo no mayor a 180 días a partir de su notificación de pérdida del registro, la devolución expresada en este inciso se hará mediante los mecanismos descritos en el Artículo 49 de este Código. Inciso u) Las demás que establezcan este Código. Se adiciona el Artículo 49-D de este Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue: Artículo 49.D Inciso 1) El partido político que hubiese perdido su registro por razones expresadas en el Artículo 32 inciso 1) y 2) de esta ley y que haya recibido financiamiento del erario público, deberán restituir a la nación los bienes muebles e inmuebles adquiridos con dicho financiamiento, además de restituir los remanentes monetarios y financieros de dicho financiamiento público. Para efecto de este artículo se consideran los siguientes mecanismos para la devolución de bienes e inmuebles: Inciso a) Se deberá enajenar los bienes muebles e inmuebles devueltos a nombra de la Secretaría del Instituto Federal Electoral. Inciso b) Asimismo los remanentes no ejercidos de dicho financiamiento, deberán ser endosados a nombre del Instituto Federal Electoral. Inciso 2) De la forma de la restitución a la nación. Inciso a) Los bienes muebles e inmuebles, una vez que los bienes muebles estén en posesión del Instituto Federal Electoral, éste convocará a subaste pública dichos muebles, para obtener su valor en moneda nacional. Inciso 3) De los remanentes financieros y monetarios éstos deberán ser endosados a nombre del Instituto Federal Electora, para que legalmente ejerzan el uso de ellos y hacerlos efectivos en moneda nacional. Inciso a) Del resultado de la subasta pública los recursos obtenidos se adicionarán los remanentes monetarios y financieros no ejercidos de los partidos políticos que pierdan su registro. Inciso b) La suma resultante en efectivo pasará a formar parte de una bolsa especial destinada al financiamiento de nuevos partidos que obtuvieran su registro, siendo esta bolsa la primera en repartirse conforme a los mecanismos descritos en el artículo párrafo ocho inciso a) y b) de este Código. Modificaciones al Artículo 89 en los incisos t) y u) adición de los incisos v) y w) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue: Artículo 89. Inciso t) Organizar, convocar, recabar fondos de la subasta pública de los bienes muebles e inmuebles de los partidos que perdieron su registro. Inciso u) Ser administrador de la bolsa especial producto de la subasta pública de los bienes muebles e inmuebles, viendo que se cumplan los mecanismos de distribución descritos en el artículo 49-D de este Código. v) Expedir la certificación que se requiere y w) Las demás que le encomiende el consejo general, su presidencia, la junta general ejecutiva de este Código. Se adiciona el inciso 5 al artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos, para quedar como sigue: Inciso 5) Cuando un partido pierda su registro y no devuelva a la nación los bienes muebles e inmuebles, así como los remanentes monetarios y financieros en los límites de tiempo fijados en el artículo 38 inciso t) de este código haciéndose acreedor a una multa del doble del valor estimado de la suma del valor comercial de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con financiamiento público más los remanentes monetarios y financieros del financiamiento público no ejercido, cuyo monto deberá pagarse antes de 30 días naturales una vez determinado el monto de la multa. Transitorios: UNICO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Como lo pide el señor diputado Vega Rayet, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación. Tiene el uso de la palabra la diputada doña María Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. -DIP. MARIA GUADALUPE SUAREZ PONCE: con su venia diputado presidente; señoras y señores legisladores: El propósito de mi intervención es someter ante esta autoridad colegiada una iniciativa que tiene por objeto colaborar y garantizar el perfeccionamiento de la técnica en el aspecto interno de las instituciones. Esta propuesta alberga el propósito medular de procurar una mejor coordinación de las instituciones y una decantada aplicación irrestricta de los principios que la sostienen y levantan. También tiene una intención subyacente: delatar ante la opinión pública que al margen de los temas políticos que convierten asiduamente a este Recinto Legislativo en un escenario enmarcado por grescas y disputas por posiciones y ambiciones políticas, existe un ánimo de trascender y eliminar lo que significan los hechos descalificaciones mutuas que simplemente provocan desaliento y aflicción en la ciudadanía por la política. En ejercicio del pleno derecho que me prodiga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la firma voluntad de cumplir con mi responsabilidad de diputada en el Congreso de la Unión, presento una iniciativa que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley General de Población, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, adicionar diversos artículos al Código Penal Federal y sus procedimientos. Esta iniciativa nace fundamentalmente de dos exigencias reales y actuales: la primera, la necesidad de regular los fenómenos que afectan a la población, específicamente el fenómeno que ha acompañado al ser humano en su peregrinar a lo largo de la historia, los efectos negativos y perniciosos de la migración. La segunda, atender el reclamo generalizado de una sociedad lastimada que exige medidas legislativas tendientes a combatir eficazmente los delitos de tráfico de personas. Debido a la brevedad del tiempo para hacer uso de esta tribuna, me permitiré hacer únicamente sólo una breve exposición de la presente iniciativa. Inicialmente se propone retirar el cuerpo de la Ley General de Población los artículos que contienen tipos penales y trasladarlos al Código Penal Federal para crear un nuevo título que se denomina Delitos en Materia Migratoria. Además, al eliminar cuestiones de apreciación subjetiva y de índole sintáctica, se clarifica y simplifica la redacción de estos tipos penales, lo que permitirá facilitar su aplicación y su sanción. Lo anterior en consideración a que la dispercidad penal existente afecta directamente la eficacia de la ley penal y complica la labor de impartición de justicia, que se debilita frente a la seguridad e impunidad que incentiva la descodificación. En síntesis, la propuesta es simplificar, ordenar y unificar en medio de la dispersión legislativa. Se propone aumentar la penalidad del delito de tráfico de personas de 10 a 15 años; actualmente es de 6 a 12 años. También se propone ampliar el alcance del agravante cuando las víctimas sean mujeres embarazadas y adultos mayores. Deseo aclarar que el Partido Acción Nacional se ha pronunciado contra la política de aumento de penas; sin embargo, en tratándose del bien jurídico tutelado y considerando que las mujeres embarazadas, los niños y las niñas y los adultos mayores constituyen un sector vulnerable cuya situación los ubica en un mayor grado de riesgo, justifica un reproche penal más severo. Finalmente, a efecto de coordinar los diversos ordenamientos, se hacen ajustes al Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Señoras y señores legisladores: quiero insistir que esta iniciativa aborda una parte importante del problema de la migración, fenómeno internacional que se ha acentuado en las últimas décadas del Siglo XX. La migración ha alcanzado una dimensión y complejidad que las convierte en uno de los temas nacionales más relevantes y dignos de atención. Por esta razón, una de las principales metas del presidente de la república en materia de política exterior es propugnar por el reconocimiento y respeto de los derechos de todos los mexicanos residentes fuera de nuestro territorio nacional. Sin embargo, existe una necesidad apremiante de establecer mecanismos que permitan desalentar la migración y promover el arraigo de los mexicanos en nuestro territorio. La migración no es sólo un problema de coordinación y equilibrios económicos, sino un problema político, social y cultural de gran envergadura. La situación de los migrantes mexicanos que arriesgan la vida para acceder a trabajos mejor remunerados en el país del norte y que se enfrentan a problemas de discriminación ración, a falta de servicios básicos e incluso a la violación de sus derechos humanos y laborales va más allá de la descripción económica del fenómeno migratorio. Con esta iniciativa pretendo aportar una pequeña parte para colaborar en la protección de los migrantes y recordar que es necesario insistir en un acuerdo migratorio que proporcione respeto pleno a los derechos humanos y laborales de los trabajadores en el extranjero y no reducir simplemente este tema un asunto de seguridad nacional. Diputado presidente, me permito solicitarle se incorpore íntegramente el texto de la iniciativa que entrego en la Gaceta Parlamentaria y el Diario de los Debates. Muchas gracias.