La diputada Sayonara Vargas Rodríguez: Muy buenos días. Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las reservas, una de las reservas que les vengo a presentar tiene como objetivo hacer visible una gran omisión a esta iniciativa al vapor, vinculada a la experiencia de la legislatura pasada con el desafuero del diputado Saúl Huerta, del Grupo Parlamentario de Morena, detenido en flagrancia por delitos de abuso sexual agravado y violación en agravio de una persona de menor edad. Esta iniciativa atropellada deja a un lado el derecho de las víctimas, un derecho presente en nuestra legislación mexicana y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte. Sorprende que en este proyecto y con el más reciente desafuero no se considere de ninguna manera este derecho a las personas que buscan justicia, sobre todo si los delitos que originan la declaración de procedencia están relacionados con afectaciones graves, como lo son menores de edad. Por otro lado, esta propuesta tampoco prevé ningún mecanismo para asegurar que en caso de que un servidor público sea sorprendido y capturado en el momento de cometer un delito, esta persona, aprovechando su inmunidad procesal, no se sustraiga de la justicia. De nuevo sirva como ejemplo el diputado Huerta. Por ello, las reservas que les presento buscan: uno, reconocer el derecho de las víctimas en el procedimiento de declaratoria de procedencia, permitiendo a la presencia de la víctima en la sesión del Jurado de Procedencia. Con ello se garantizará el principio de transparencia a las víctimas permitiendo que por sí misma presencie el seguimiento de los resolutivos y las intervenciones, tanto del Ministerio Público, del imputado y de la persona que se encuentre encargada de su defensa. Además, se propone un mecanismo para dar agilidad procesal en caso de flagrancia, reduciendo el plazo para emplazar a la persona imputada para comparecer en el juicio de declaración de procedencia, con la finalidad de manifestar lo que a su derecho convenga y se incorpora obligación de actualizar constantemente su ubicación al Ministerio Público, para evitar que se sustraiga de la justicia. Por otro lado, quiero traerles a ustedes el tema de la reelección, la cual a nivel federal fue aplicada por primera vez en el proceso electoral pasado y como consecuencia esta legislatura se integra con 143 legisladoras y legisladores que logramos contar con el apoyo de la gente para continuar con nuestra labor legislativa. La reelección fue concebida en la reforma política electoral de 2014 y hoy es una realidad. Sin embargo, con la figura de la elección consecutiva vienen nuevos retos que demos comenzar a prever. Estamos obligados a pensar ahora en esta figura como un elemento más de la construcción de la democracia mexicana y del sistema electoral, y es un grave error que esta iniciativa no considere cómo impacta la reelección en el ámbito de las responsabilidades de los servidores públicos, tratándose de cargos de representación popular. Lo preocupante es saber qué sucede si un legislador que pertenece a una legislatura es sujeto de un juicio de procedencia, y la Cámara de Diputados procede a retirar la inmunidad procesal para que responda ante la justicia. ¿Qué sucede si ese legislador o legisladora participan en la reelección y gana? ¿Y qué sucede con el fuero en todos estos casos? ¿Es un nuevo fuero o es el mismo fuero? Por ello, la reserva que propongo busca reformar el primer párrafo del artículo 35, para establecer que, si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta que ha lugar a proceder contra la persona imputada, esta quedara inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes para que actúen con arreglo a la ley. Será hasta el momento en que se le dicte una sentencia absoluta, que la persona imputada podrá gozar nuevamente de inmunidad procesal, sin importar que posteriormente acceda a un cargo público que le confiera tal inmunidad. Es cuanto, señor presidente.