El diputado Joel Padilla Peña (PT): Con el permiso de la Presidencia. Ciudadanos Secretarios de la Honorable Comisión Permanente: "El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo la siguiente "Exposición de Motivos: "El grupo parlamentario del Partido del Trabajo presenta ante esta honorable Comisión Permanente para que sea remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas al artículo 94 en su párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "El propósito de esta propuesta es el de acotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contenido de los acuerdos generales que tiene la facultad de expedir. El artículo 94 en el párrafo séptimo en vigor, y desde la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987, tiene la facultad de emitir acuerdos generales a fin de lograr, mediante una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Suprema Cortes de Justicia de la Nación. Como sabemos la Suprema Corte de Justicia e la Nación conoce de asuntos que le competen exclusivamente al pleno de dicho tribunal y otros que son competencia, en su conocimiento y resolución, de las dos Salas que la integran. La ley que establece con precisión qué le toca conocer, sea al pleno o a las Salas, es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuyo Artículo10 se establece qué asuntos conoce la Corte en pleno, y en el Artículo 21 de la propia Ley Orgánica se establecen los asuntos que le corresponde conocer a las Salas. Establecidas en la ley las competencias jurisdiccionales, tanto del pleno como de las Salas de la Suprema Corte de Justicia e la Nación, el actual párrafo séptimo del Artículo 94 faculta al pleno de la Corte para expedir acuerdos generales, con el único fin de lograr una adecuada distribución en las Sala de los asuntos que competa a la Corte. Evidentemente el pleno de la Corte no debe emitir acuerdos generales, que vayan en contra de la facultad de distribución de asuntos entre las Salas que la Constitución le otorga, sin embargo, existen casos en los que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se extralimita en la facultad de emisión de acuerdos generales, tal es el caso del acuerdo general No. 12/2004 del 29 de noviembre de 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 7 de diciembre del año pasado, por el que se otorgan facultades a las comisiones de receso, para proveer los trámites urgentes y asuntos jurisdiccionales, independientemente de la pésima redacción que el citado acuerdo general 12/2004 tiene y no obstante su falta de fundamentación expresa en la ley vigente, el citado acuerdo atenta contra el párrafo séptimo del Artículo 94 Constitucional, ya que se refiere, no sólo a la distribución de asuntos entre las Salas, de los asuntos que compete conocer al pleno sino que otorgó a los Ministros integrantes de la Comisión de Receso, facultades para proveer los trámites urgentes de asuntos jurisdiccionales, los distintos Códigos de Procedimientos Federales, sea el civil, el penal y otros leyes establecen etapas procedimentales, y en términos de lo que se dispone en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece cuál es el órgano jurisdiccional competente, para conocer y resolver los asuntos. Por ejemplo, el ya citado Artículo 11 de la Ley Orgánica señala cuáles son los asuntos que en exclusiva corresponde conocer al pleno de la Corte, y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, los señala en su Artículo 3º. que los plazos se computarán de acuerdo con las reglas siguientes: fracción I.- Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta efecto la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento; fracción II.- Se contarán sólo los días hábiles; y fracción III.- No correrán durante los períodos de receso ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es necesario destacar que el Artículo 1º. de esta ley, señala con claridad, a falta de disposición expresa, se estará las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, contiene disposiciones expresas, particularmente a lo que los plazos se refiere, por lo que en términos de lo que se dispone en el Artículo 1º. de la misma ley, no hay por qué atenerse a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, sin embargo, el pleno de la Corte de Justicia de la Nación, arrogándose facultades legislativas que únicamente corresponde al Congreso de la Unión, en el referido acuerdo 12/2004, ejerció una facultad legislativa para la cual no tiene facultad constitucional alguna. En el citado acuerdo amplió lo dispuesto por el párrafo VII del artículo 94 constitucional y emitió un acuerdo general, no de distribución de asuntos entre las Salas de la Corte, sino un acuerdo que le da a la Comisión de Receso, esto es a dos ministros, facultades jurisdiccionales que son competencia exclusiva del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que además substituyen al propio Presidente de la Corte y al Ministro Instructor en dictar esos trámites. No soslayamos el hecho que la premisa del estado derecho, supone el que los órganos del poder público únicamente pueden hacer aquello para lo cual la Constitución y las leyes les otorgan competencia expresa, y que en el ámbito de lo que señala la división de poderes, prevista en nuestra Constitución, el Poder Legislativo tiene la facultad de emitir disposiciones de carácter general, sean éstos leyes o decretos. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de aplicar, en el ámbito administrativo dichas leyes y el Poder Judicial de la Federación tiene la facultad de dirimir los conflictos que se susciten por la aplicación de dichas normas, pero en ningún caso tiene la facultada para legislar la Corte, substituyendo el mandato del Poder Legislativo contenido en nuestras leyes. Este hecho es grave, atenta contra el estado de derecho y vulnera el principio de seguridad jurídica que la sociedad debe tener. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que sometemos a su consideración tiene el propósito de aclarar lo que el párrafo séptimo del artículo 94 constitucional dispone, esto es, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo puede emitir acuerdos generales que establezcan una adecuada distribución entre las salas, de los asuntos que competa conocer a la Corte y que dichos acuerdos serán sólo de naturaleza administrativa y nunca jurisdiccional. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de nuestra Constitución, así como el 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo primero.- Se reforma el VII párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 94: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, en ningún caso dichos acuerdos deberán contener aspectos de orden jurisdiccional ni procedimental, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquellos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Los acuerdos generales que expida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia serán únicamente de naturaleza administrativos. Dichos acuerdos tendrán efecto después de publicados. Transitorio: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de enero del año 2005 Es cuando, diputado Presidente.