El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza: Gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, en años recientes la política de desarrollo social, y particularmente la enfocada a la atención de la pobreza, ha incorporado instrumentos que permiten hacerla más eficiente y eficaz. Claro ejemplo de ello es que ahora contamos con reglas de operación para todos los programas sociales, padrones de beneficiarios, medición de la pobreza por un grupo de especialistas ajenos al gobierno y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos. Además, hoy cada uno de los programas sociales cuenta con una evaluación de impacto que es realizado por instituciones independientes del gobierno, que permiten realizar una mejora continua sobre los mismos. Un avance de gran importancia fue la aprobación, en el año 2004, de la Ley General de Desarrollo Social, por el Congreso de la Unión, instrumento que se convirtió en un eje normativo para garantizar y defender los derechos sociales de los mexicanos que se encuentran consagrados en nuestra Constitución Política. Con esta ley se sentaron las bases para una política de desarrollo social de Estado, institucionaliza diversos procesos de política pública, apoya la coordinación entre niveles de gobierno e instituciones del Poder Ejecutivo, e impulsa la evaluación y la transparencia. Y lo que es más importante, quedaron debidamente establecidos en un marco jurídico comprensivo los mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución. Recientemente, en el mes de diciembre del año pasado, el Senado aprobó unánimemente una serie de modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social, recogiendo las propuestas e inquietudes de tres iniciativas de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD. En Acción Nacional consideramos que si bien aún queda mucho por hacer para lograr acabar con el flagelo social que representa la pobreza, sabemos y asumimos que lo logrado, hasta ahora, no es suficiente, como nos lo demuestran las demandas y necesidades de los ciudadanos. Las modificaciones que contiene este dictamen que hoy se discute, significan un avance importante en el camino correcto, ya que se logra un fortalecimiento de las políticas de combate a la pobreza al adicionar diversos lineamientos para robustecer el vínculo entre la política social y la política económica. Para evitar la duplicidad de los programas y promover el uso del Sistema Bancario Nacional para las transferencias, se crea la base de datos de desarrollo social que contiene información georreferenciada sobre los beneficiarios, reglas de operación, presupuestos y prestaciones de los programas sociales federales, estatales y municipales. Se crea un sistema de indicadores con el propósito de conocer el grado de ejercicio de los derechos sociales de la población y de los rezagos existentes en esta materia. Emitir recomendaciones a las instancias de evaluación a nivel local para mejorar su desempeño, y proponer a las dependencias federales una estrategia que permita medir los avances en sus programas. También se establecen disposiciones que abonan a una mayor transparencia en la aplicación de los recursos a nivel estatal, al establecer la obligación de las entidades federativas a publicar sus reglas de operación, informar a la Auditoria Superior de la Federación sobre el avance, ejercicio y resultados de la aplicación de los recursos federales. Este último punto es de gran importancia, en virtud de que un federalismo responsable implica que los gobiernos estatales y municipales adopten medidas como el que todos los programas sociales cuenten con reglas de operación, tengan padrones de beneficiarios y contralorías sociales, tal y como sucede con los programas federales. Consideramos que los estados que operan programas y aplican recursos públicos deben contar con esquemas de evaluación rigurosa que permitan conocer la eficacia y eficiencia de la política de desarrollo social, pero lamentablemente esto no sucede. Por sólo citar unas cifras, en el caso de los programas sociales del gobierno federal el 77 por ciento hace públicos los padrones de beneficiarios, mientras que en los estados el promedio es de sólo 37 por ciento. Del mismo modo, el 91 por ciento de los programas sociales federales cuentan con evaluaciones en los estados. Apenas la mitad de los programas que evalúan. Esos son elementos que abonarían en la constitución de un andamiaje institucional que impide el manejo discrecional de los recursos, que lamentablemente siguen siendo utilizados con fines electorales, clientelares y partidistas. Compañeras y compañeros legisladores: no obstante los beneficiarios que se alcanzarían con la aprobación de esta propuesta, producto del consenso y la participación de diversas fuerzas políticas, no podemos ni debemos conformarnos. La sociedad y el país nos exigen mayores resultados. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y tareas como servidores públicos. Nos debemos a quienes votaron por nosotros. Por ello estos avances, si bien importantes, no deben parecernos suficientes para que los ciudadanos alcancen un mejor nivel de vida. Trabajemos coordinadamente con los diferentes poderes y los demás sectores para lograr un país mejor, por el bien de la presente y las próximas generaciones de mexicanos. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, los conmino a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.