EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias señor Presidente. Ofrezco la presentación de esta Iniciativa a mis amigos y paisanos periodistas de Tehuacán que visitan este Recinto. Es una Iniciativa que tiene que ver con una visión que es el Inciso G) del párrafo 2º. Fracción II del Artículo 105 de nuestra Constitución General de la República para darle facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, darle facultades de iniciativa en materia de Derechos Humanos no sólo en Leyes federales sino también en Leyes locales.) Lo hago bajo la siguiente argumentación y Exposición de Motivos. La Reforma Judicial de 31 de diciembre de 1994 introduce al Derecho Procesal Constitucional Mexicano uno de los principales instrumentos de tutea de las normas de nuestra Carta Magna que son las acciones de inconstitucionalidad. Como acciones de control de la validez normativa, las de inconstitucionalidad fueron estructuradas para garantizar en abstracto la aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la certeza del orden jurídico fundamental, motivo por el cual no se requiere la existencia de un agravio personal directo ni de un interés jurídico específico para iniciar el procedimiento y la legitimación para su ejercicio. Por eso se otorga a sus integrantes de los Poderes públicos diversas facultades En la Exposición de Motivos de esas Reformas de 1994 al Artículo 105 Constitucional se expresa que se trata de llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de la supremacía constitucional: y en efecto, ha implicado un avance significativo que al lado del Amparo contra leyes solicitado por particulares, hayan sido incorporados procedimientos instados por órganos públicos ante la Suprema Corte de Justicia a través de los cuales se puede obtener la invalidez de leyes o disposiciones inconstitucionales con efectos generales. También, en los motivos que fundamentan ese Decreto, se expone que con la introducción de las acciones de inconstitucionalidad en el orden jurídico mexicano, se busca fortalecer un estado de Derecho que garantice la vigencia de las normas, el apego del Gobierno a la Ley, la seguridad de las personas, el disfrute de su patrimonio y el ejercicio de sus libertades. Del mismo modo consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Tribunal de Constitucionalidad al ampliar su competencia para emitir declaraciones con efectos generales sobre el apego de leyes a nuestra Norma fundamental. ¿Quién podría negar que la figura de las acciones de inconstitucionalidad constituye un valioso instrumento en la búsqueda de la consolidación del estado de Derecho en nuestro país y del principio de la supremacía constitucional como el rector de la vida nacional. Con ellas, por primera vez se crea una garantía constitucional cuya base de acción ya no descansa en la necesaria actualización y un agravio personal y directo con su instauración, por primera vez se aspira a lograr un total control de la Constitución a través de los efectos generales de sus resoluciones que ya no se limitan a proteger exclusivamente a la persona del agraviado, sino por el contrario conllevan efectos erga-homes (?). Igualmente, es innegable que con su procedencia se han evitado en diversas ocasiones la posibilidad de pugnas entre las instituciones nacionales y se ha contribuido a fortalecer la presencia del judicial en el libro y en la relación con los demás Poderes de la Unión. Sin embargo, a casi ocho años de su vigencia, la práctica ha demostrado también que al estructurarlas en sus elementos formales, el legislador adoptó para ellas un modelo de legitimación activa en extremo restringida que limita en forma negativa el vigor y dinamismo de la figura jurídica misma. Pareciera más, como lo observa el doctor Jorge Carpizo, que el poder revisor de la Constitución la instituyó con una concepción muy restringida, como teniendo miedo a su propia creación y por ello la limitó en exceso. Indudablemente que un momento de transición democrática como el que vive el país, exige de mayor amplitud de posibilidad de ejercicio de los instrumentos de tutela de las normas constitucionales como forma más eficaz para dar vigencia y consolidar el estado de derecho y precisamente con este objetivo, en la iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía se propone otorgar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos legitimación activa para ejercer acciones de inconstitucionalidad respecto de leyes que contravengan los derechos humanos y garantías individuales concedidas por la Constitución. Solicito la incorporación del texto completo de esta iniciativa al Diario de los Debates, para no excederme en el escaso tiempo que son cinco minutos para presentar estas iniciativas. Gracias Presidente. -