El diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos: Lo diré fuerte y claro para que se escuche: México es del pueblo, es de todas y de todos los mexicanos. Me remonto al 18 de marzo de 1938, cuando el expresidente general Lázaro Cárdenas cimentó el inicio de la reforma al rescate de los bienes nacionales. Expide el decreto de la expropiación petrolera para quitar de las manos privadas el petróleo y dárselos a las y los mexicanos, a nosotros, al pueblo. Tiempos traen tiempos. Durante muchos años los ideales sociales se fueron perdiendo por la hegemonía de un grupo político en el poder, y solo daban soluciones temporales o superficiales para recomponer el sistema eléctrico nacional. En efecto, un ejemplo palpable es la reforma energética del 2013, que favoreció a empresas privadas, otorgándoles beneficios en detrimento de la empresa pública y del Estado. Es decir, se mercantilizó el mercado. Así es. Se pasó a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad a otorgarle la naturaleza de las empresas privadas y se abrió, sin mayor límite, la institución al sector privado. Les comparto un dato. En materia de participación en la generación de electricidad, la CFE en 2013 tenía el 63 % de la participación, y para 2021 bajó al 38 %, quedándose en manos de los particulares el 62 % de la participación. La visión social de la cuarta transformación, como todos sabemos, es rescatar y establecer y restablecer la soberanía nacional en materia energética. Para lograrlo, la participación del Estado siempre deberá estar por encima de la inversión de la iniciativa privada. Tenemos que reconocer que para tener crecimiento económico y desarrollo social, en este país el gobierno y las empresas privadas se deben vincular y trabajar por un bien común. En consecuencia de este rescate, y siendo congruentes con el proyecto de nación que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador y abraza a la actual presidente Claudia Sheinbaum Pardo, es que hoy discutimos y más tarde votaremos, aunque les duela, a favor de las modificaciones de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa, por obvias razones, es pertinente, es eficaz, tiene gran contenido social y, sobre todo, rescata los valores al recomponer la semántica y la naturaleza jurídica de las empresas productivas, por empresas públicas del Estado. La Constitución es muy clara. El artículo 25 establece que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las estrategias de correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales reactivos y generación de energía nuclear. La planeación, el control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos. Lo mismo el artículo 27, que prescribe que la propiedad de la tierra y las aguas nacionales corresponden a la nación. También el dominio directo de todos los recursos naturales. Por su parte, el artículo 28 estipula que están prohibidos los monopolios privados. Por consecuencia, el Estado ejerce rectoría en las áreas estratégicas antes mencionadas, protegiendo la seguridad y la soberanía de la nación. Cabe mencionar, la recomposición propuesta no tendrá impacto presupuestal. Ahora CFE pasará a ser una empresa pública del Estado, dará prioridad a los intereses sociales, antes que los mercantiles, con el objetivo primario que será garantizar y generar energía eléctrica de mejor calidad, más barata, para llevarla a los hogares de las familias mexicanas. En 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador creó el área de Telecomunicaciones e Internet para Todos, con el objetivo de prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro, para garantizar el derecho de acceso a tecnologías de información y comunicación, incluida la banda ancha internet. Por eso, la modificación al artículo 28 constitucional, de llevar internet sin fines de lucro a toda la población cada vez será una realidad. Recordemos que en esta nueva era digital el acceso al internet universal y equitativo se considera un derecho humano, ya que es fundamental para la educación, la libertad de expresión y para detonar el crecimiento y desarrollo de nuestra nación. Para darnos una idea, solamente en México 20 % de los hogares lamentablemente no tienen acceso a internet, principalmente en zonas rurales, en las cuales se limitan sus oportunidades educativas y de empleo. Esta estructura, con instituciones públicas fortalecidas, el internet, las tecnologías de información y comunicación se vuelve una realidad para todos. Con esta reforma viene a reforzar en materia de planeación y desarrollo de nuevos proyectos e inversión. México requiere en estos tiempos este tipo de reformas constitucionales. Por eso, el Grupo Parlamentario de Morena vamos a votar a favor de esta reforma, que es impostergable, porque en el impulso del mayor crecimiento económico y desarrollo de la economía hay que seguir avanzando, reduciendo la pobreza y debemos potencializar la calidad educativa para poder competir en el mercado del trabajo.