El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta y con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores. Me permito someter a la soberanía de esta Cámara de representantes populares, la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de respetar la participación ciudadana en la incidencia democrática de nuestro país y por ende, en el forjamiento de nuestras instituciones públicas a través del establecimiento de consejos ciudadanos en todas las instituciones públicas. Como ustedes bien saben, todos los seres humanos tenemos una serie de prerrogativas inherentes a nuestra propia esencia que necesitamos para podernos desarrollar en base a las capacidades y virtudes de cada quien. Para poderlo lograr recordemos que al Estado-nación le hemos asignado la más alta tarea como lo es que a través de los servicios públicos nos permitan alcanzar dicho fin. Como consecuencia de lo anterior, estos derechos humanos han sido reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hoy derivado de la última reforma constitucional en forma expresa al igual que a los tratados internacionales. Dentro de ello los artículos 25, 26 y 39, establecen que la soberanía popular radica en el pueblo, reconociendo que la participación ciudadana debe necesariamente incidir en la vida democrática de nuestro país y por lo tanto en el forjamiento y construcción de todas las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, lo cual significaría el que se respetara el binomio indisoluble que debería de existir entre el gobernado y el gobernante, entre el gobernante y gobernado, lo cual desafortunadamente debemos de señalar enfáticamente que no es así. En las más de las veces, en lugar de contar con instituciones que generen respeto y credibilidad dentro de nuestra sociedad, derivado de la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público que brinden, tenemos por el contrario la ineficacia e ineficiencia en el actuar de las instituciones públicas, generando como consecuencia la violación sistemática de derechos humanos por parte de servidores públicos, en las más de las veces insensibles, incapaces, sin ningún compromiso social, mediante programas improvisados y, si me permiten, aderezados con la colonización de la administración en turno y con la afectación de los trienios y los sexenios. En ese orden de ideas pregunto dónde está ese derecho respetado a la participación ciudadana, consagrado, como bien saben ustedes, en nuestra carta fundamental, así como en una serie de instrumentos internacionales, entre otros la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y por supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La respuesta es que a pesar de las diferentes formas de participación ciudadana reconocidas en nuestros ordenamientos legales, este derecho es una falacia. El reconocer este derecho fundamental en la implementación de los programas de cada institución, así como su supervisión y verificación del gasto público, sin duda alguna garantizaría el que los servicios públicos que brinda el Estado mexicano, a través de los tres órdenes de gobierno, fuesen los que verdaderamente requerimos los miembros de nuestra sociedad mexicana. De tal importancia, compañeras y compañeros legisladores, es el que hoy que tenemos esta bendita oportunidad de cumplir con nuestra responsabilidad y función como representantes populares, hagamos lo necesario para que verdaderamente contribuyamos a que contemos con las instituciones públicas que sin duda merecen y necesitan los miembros de nuestra sociedad, respetando y reconociendo el derecho a la participación ciudadana a través de la reforma al segundo párrafo del artículo 25 y cuarto párrafo del artículo 26 de nuestra Carta Magna haciendo, como consecuencia, el binomio indisoluble entre gobernantes y gobernados, como debió haber sido desde siempre. Es cuanto, presidenta.