La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Compañeras, compañeros diputados, la Ley de Datos Personales es solo una de las tantas que forma parte del conjunto de la reforma de transparencia y anticorrupción, pero hoy discutimos este dictamen que está dedicado especialmente a los datos personales y esta ley daría contenido a los artículos 6o., apartado A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su objetivo aparente es la protección de los datos personales que tiene la administración pública de todos los gobernados, teniendo en cuenta que en la realización de múltiples trámites ante la autoridad, el gobernado proporciona información. Cada vez que llegamos a una oficina, entregamos nuestro IFE y anotan los datos de registro de la misma. Así ocurre ante la Secretaría de Hacienda, también cuando un particular solicita su inscripción al padrón de contribuyentes, ante relaciones exteriores, en el trámite de pasaportes, entre muchos otros. El tema medular es si los datos de los gobernados están debidamente salvaguardados o si esto es un pretexto, los datos de los gobernados para impedir el acceso a la información en los archivos públicos. Y quiero decirles que me reuní con la Asociación Nacional de Estudios Históricos y están preocupados por esta ley, porque finalmente tienen que tener vinculación con la Ley de Archivos. En la ley general y en la federal, de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecimos el principio de la máxima publicidad en la información en poder de los sujetos obligados, que los archivos públicos donde se contiene la información deberán estar totalmente actualizados y en orden para poder atender las solicitudes de información que los particulares presenten. Sin embargo, en el dictamen que hoy discutimos parecería que la protección de datos personas se convierte en una barrera para el acceso a la información pública, particularmente con la que tiene que ver con la información contenida en los archivos históricos, que de hecho todo archivo por sí mismo es histórico; y están preocupados los y las académicas historiadoras, porque pareciera que hoy se termina su materia de trabajo. En el dictamen, en el artículo 21 se establece el consentimiento tácito para cuando el titular de los datos no da su consentimiento expreso. Sin embargo, no se establece un término dentro del cual el particular pueda o no decidir si da su consentimiento. Esto puede llevar a que el sujeto obligado pregunte, y si en 15 minutos no da el consentimiento expreso, entonces se entenderá por tácito. Esto es un exceso en esta ley. En el artículo 58 y 59 se dispone que los sujetos obligados, en este caso responsables, pueden recurrir a un tercero llamado encargado para que en su nombre realice las actividades de salvaguardar la información. Sin embargo, se dispone que pueda ser mediante contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decide el responsable. Las y los diputados ciudadanos consideramos que el único instrumento jurídico para permitir la participación de particulares, debe ser el contrato en la especie que corresponda y no la discrecionalidad de cualquier otro instrumento jurídico, ya que el término es sumamente ambiguo. Además, se debe disponer que en esta materia no debe existir la adjudicación directa para evitar negocios de particulares al amparo del poder público. En el artículo 81 se regula lo referente a la inviolabilidad de comunicaciones privadas soslayando que este tema está previsto en el artículo 16, párrafos 13 y 14 de la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión en el artículo 190, último párrafo, por lo que no tiene por qué estar regulado en este ordenamiento. Además, en el artículo transitorio séptimo se da un plazo de 18 meses para que los sujetos obligados deban modificar su normatividad interna, plazo que resulta excesivo cuando para los fines en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecimos 12 meses como un acuerdo de todas las fracciones parlamentarias. Por otro lado, no se hace un adecuado tratamiento al manejo de los archivos históricos, cuyo contenido es fuente primaria de acceso a la información. Por lo tanto, no reservamos los artículos 3o, 5o, 21, 22, 59, 70 y transitorio séptimo del decreto que está sujeto y materia de esta discusión. Gracias.