El diputado Humberto Alonso Morelli: Gracias. Compañeros diputados y diputadas. Con la expedición y publicación el 4 de junio de 2001, la Ley de Ahorro y Crédito Popular tiene como objetivo principal la regulación, la promoción y facilitar la captación del ahorro y su colocación mediante préstamos que administren las Sociedades Financieras Populares y diferentes organismos de integración financiera rural. Básicamente estos servicios están dirigidos para fomentar, en la población de pocos recursos, una cultura del ahorro y que puedan acceder a créditos en condiciones de pago flexibles y al alcance de sus posibilidades. Por ley el Estado mexicano tiene la obligación de regular, promover y facilitar las actividades y operaciones de estas Sofipo, o Sofipos, y procurar su sano y equilibrado desarrollo, así como proteger los intereses de los clientes de estas entidades financieras. El actual ordenamiento jurídico establece además los términos en que el Estado mexicano debe ejercer la rectoría de las referidas Sociedades Financieras Populares o Comunitarias. Si bien estas entidades financieras atienden a una población de pocos recursos, esto no impidió en el caso de Ficrea que el Tribunal Superior de Justicia del DF, el Tribunal del Estado de Coahuila, gobiernos estatales y municipales, entre otras instituciones públicas, invirtieran en dicha empresa financiera cantidades multimillonarias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ordenó la disolución y liquidación de Ficrea por ejercer operaciones ilícitas que concluyeron con un fraude de 2 mil 700 millones de pesos, cifra equivalente al doble del presupuesto destinado al programa Procampo en el 2013. En cierto sentido no resulta tan sorprendente que una institución del Sistema Financiero Mexicano termine en problemas por cuestiones de corrupción, sin embargo lo relevante es que en el caso de Ficrea demuestra cómo, por una parte, las Sofipos no necesariamente están cumpliendo con su mandato de atender a los sectores más vulnerables y, por la otra, que a pesar de la reciente aprobación de una reforma financiera, cuyo mandato trata el tema de fortalecer a los reguladores del sistema, se vuelve a estar frente a un caso donde sólo hay dos posibles explicaciones: negligencia o corrupción. La ingeniería de fraude de Ficrea consistió en una y triangulación de recursos, al solicitar el crédito se requería la firma del usuario en dos contratos implicando un doble adeudo: el primero por crédito con Ficrea y el segundo por un arrendamiento puro no financiero con la empresa Leadman Trade, otra Baus and Jackman, Monka Comercial, las dos primeras pertenecientes al Grupo Trade, propiedad de Rafael Olvera Amezcua, el socio mayoritario de Ficrea. Por otro lado, el desempeño atípico de Ficrea en años recientes debió ser suficiente para justificar una intervención más anticipada, esto debido a tres motivos: Primero. En los últimos años Ficrea tuvo un incremento anormal con respecto a las demás Sofipo. Segundo. La institución ofrecía una tasa de interés de doble dígito, no correspondiente al mercado. Tercero y el más significativo. La calificadora HR Rating ya había advertido desde 2012, dos años antes de su disolución, el riesgo que implicaba que más del 90 por ciento de los pasivos de la empresa Leadman Trade, pertenecían solamente a Ficrea. Había una triangulación de recursos. Más allá del mecanismo utilizado para el desvío de recursos, lo cierto es que hoy los defraudados cuentan con un limitado seguro sobre sus ahorros que sólo protege a cada usuario por un monto de un poco más de 131 mil pesos, monto que es suficiente si se atiende al púbico objetivo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló que sólo el 42 por ciento de los 6 mil 800 clientes de Ficrea recibirán la totalidad de sus depósitos y el pago restante dependerá de la venta de la cartera vencida de Ficrea. Un fraude de estas proporciones otorga una señal negativa a los consumidores, lo que desincentiva la demanda de crédito y la utilización de servicios financieros. En este sentido llama la atención que una calificadora como HR Rating haya llevado a cabo una advertencia desde 2012, pero no así las autoridades mexicanas. El caso Ficrea es el mejor ejemplo de cómo una reforma y una legislación apropiada apoyada en la letra no va a funcionar si no viene acompañada de una operación y supervisión estricta. Y aquí me permitiría hacer algunos cuestionamientos. ¿Cuándo auditó la Comisión Nacional Bancaria a Ficrea y cuál fue el resultado de estas auditorías. Qué estado guardan las otras Sofipo?, que por cierto los organismos de supervisión en las reuniones de trabajo que tuvimos con el grupo de trabajo, tanto diputados como senadores, se sinceraron y dijeron que las Sofipo podían ser instituciones que derivaran a fraudes importantes, porque prácticamente se dependía de la buena fe de los directivos de las Sofipo y que había también partes relacionadas. Creo que yo coincido en este sentido con todos los compañeros que han pasado a la tribuna, y tenemos que hacer algo que realmente modifique el marco regulatorio de las sociedades financieras populares. Cuántas quejas tiene...