La diputada Ana Laura Sánchez Velázquez: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro país el derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional que conforma parte del conjunto de derechos humanos, el cual se reglamenta en la Ley General de Salud como el derecho que tiene toda persona al bienestar físico y mental que permite la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida y el disfrute de servicios de la salud. Sin embargo, el derecho a la protección de la salud en nuestro país es un derecho que se ha visto seriamente conculcado para una buena parte de la población durante el actual gobierno. Desafortunadamente, hoy en día vivimos un desabasto de medicamentos en México y al gobierno federal se le ocurre la creación de una mega farmacia, idea que pretende centralizar el almacenamiento de todos los medicamentos del mundo en un solo lugar. Solo para tomar en consideración, esta fallida estrategia no tiene precedentes. Los medicamentos requieren un manejo especializado, no se pueden almacenar indefinidamente. Asimismo, el conocimiento necesario para almacenar y distribuir medicamentos para la salud son altamente especializados y costosos. Es un completo disparate, la salud de los mexicanos no es un experimento. Sin duda alguna, la llamada mega farmacia no resuelve el problema real, ya que de ninguna manera aborda al punto más básico, como hacer llegar los medicamentos de manera rápida a los pacientes. La solución no es centralizar en un enorme almacén sino garantizar que los pacientes puedan acceder a sus medicamentos en lugares cercanos y convenientes. Ahora bien, el gobierno actual, bajo el argumento de la corrupción por las irregularidades en la compra de medicamentos, reformó en 2018 la Ley Orgánica de la Administración Pública, para centralizar las compras consolidadas de medicamentos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este cambio provocó retrasos y compras insuficientes de medicamentos debido a la falta de experiencia de los nuevos funcionarios públicos encargados de realizarlas. El gobierno federal restableció el sistema de compra con el argumento de que había una colusión corrupta con los grandes distribuidores de medicamento. Gran parte de la oferta de los proveedores desplazados ha sido sustituida por empresas de reciente creación, como Romedic, empresa que se encuentra en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regularización sanitaria. Sin embargo, el propietario de Romedic es nada más y nada menos que el amigo de Andrés Manuel López Beltrán, quien obtuvo contratos por más de 490 millones de pesos con el sector salud de los gobiernos de Quintana Roo y Tabasco, entre 2020 y 2022, de acuerdo a una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pero de eso, el inquilino de Palacio prefiere no hablar. El pago de los servicios se financió en mayor medida con transferencias de recursos federales del Insabi. Nos ha quedado claro que en cada ocurrencia del presidente los únicos perjudicados son las y los mexicanos, y los más beneficiados son sus familiares. Por si fuera poco, el año pasado el IMSS no surtió, efectivamente, 12 millones 537 mil recetas. El ISSSTE reportó 784 mil 740 recetas sin surtir totalmente. Y qué decir de los más de 800 mil muertos a causa de la pandemia en México. Será muy difícil determinar cuántas de estas muertes fueron a causa de la enfermedad y cuántas por la falta de medicamento. Es por ello, que hoy presento, a nombre de un grupo amplio y plural de diputadas y diputados, se inscriba en el contexto de la sentencia que la Suprema Corte, mediante la cual resolvió el amparo en revisión 822022, en la cual verificó el estándar general de protección del derecho humano a la salud, al reclamar la omisión por parte de los hospitales del IMSS de brindar medicamentos de manera oportuna. El objetivo de la presente iniciativa es garantizar la entrega de medicamentos a las instituciones públicas, a que los medicamentos sean de manera gratuita y que ante la interrupción del suministro de los medicamentos del tratamiento médico, las autoridades responsables y vinculadas deben reembolsar al quejoso los gastos erogados por la adquisición del medicamento. En Acción Nacional estamos comprometidos en impulsar reformas en materia de salud que verdaderamente impacten en beneficio de las y los mexicanos. Es cuanto, presidenta.