La diputada Ana Maria Esquivel Arrona: Muchas gracias, por la espera. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados a nombre de la Comisión de Derechos Humanos presentamos este dictamen de iniciativa presentada por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se reforma el artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su objetivo principal es el incrementar el plazo a cinco días que tiene una persona para ratificar su queja realizada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya que actualmente dicho plazo es de tres días. Esto con la finalidad de fortalecer la protección de los derechos humanos, particularmente de aquellas personas que habitan en zonas marginadas o con difícil acceso a Internet. La reforma constitucional en 2011 en materia de derechos humanos trajo consigo un cambio de paradigma no solo en la forma de entender el derecho constitucional mexicano, sino también sobre cómo aplicar la ley suprema nacional. Uno de los principios más importantes que se mencionan en la reforma es el de progresividad, es decir, que los derechos puedan aumentar, pero no disminuir. Bajo este principio de progresividad es que el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que garantice que todas las personas puedan disfrutar de estos derechos humanos. Y, es nuestro deber como legisladoras y legisladores ampliar el alcance y la tutela de los mismos, así como crear y mejorar las leyes que satisfagan las necesidades y exigencias de la sociedad. Por tanto, el principio de progresividad es prioridad para garantizar el Estado de derecho. El espíritu de la iniciativa de acuerdo con la promovente nace a partir de las dificultades que presentan las personas procesadas o sentenciadas que se encuentran en prisión para interponer una queja. El derecho de uso de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos como órgano de protección de los mismos, es un recurso que todas y todos podemos utilizar para expresar presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio personal o de terceras personas. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2021 nos comentan que se encontraban privadas de su libertad 223 mil 216 personas, cuando nuestro sistema penitenciario solo tiene capacidad de 217 mil 42 espacios. Por tanto, persiste una sobrepoblación de 6 mil 374 internos, lo que por ende dificulta la protección y garantía de los derechos humanos de los reclusos. En ese sentido, para que la población pueda acceder de forma efectiva a su derecho al acceso a la justicia, ese debe estar libre de obstáculos, impedimentos o formalismos que limiten irrazonablemente la accesibilidad y oportunidad de la justicia, sobre todo al considerar a las personas que se encuentran retenidas y/o ubicadas en zonas muy lejanas, lo que implica y complica la ratificación de la queja en un periodo de tiempo tan reducido. Es importante destacar que esta comisión reconoce que las personas privadas de su libertad no son las únicas que presentan obstáculos, sino también existen dificultades de acceso a Internet, traslado y movilidad para aquellas que viven en las periferias y zonas alejadas. Diputadas y diputados, ampliar el plazo de queja cinco días para ratificar la queja coadyuva a garantizar a todas y todos, el derecho de acceso a la justicia a fortalecer el marco jurídico nacional en materia de derechos humanos y no discriminación, así como a promover el uso del organismo garante de proteger los derechos fundamentales amparados por el orden jurídico. Por todo lo anterior es que la Comisión de Derechos Humanos solicitamos, compañeras y compañeros, su voto a favor. Es cuanto. Muchas gracias.