El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Los diálogos de San Andrés son un compromiso incumplido. El día de hoy se cumple 20 años de los diálogos de San Andrés Larraínzar, en donde hacían las negociaciones entre el ZLN y el gobierno mexicano con la intención de lograr una nueva relación entre el Estado y el mundo indígena, a fin de revertir sus condiciones de explotación y marginación en las que viven. San Andrés constituye antes que nada la primera ocasión en 500 años en que nuestros pueblos indígenas participan como parte consciente de la nación mexicana. En ese sentido, tiene un carácter histórico invaluable y es un aporte definitivo a la democracia en el mundo, que es impensable si no se inicia con un respetuoso reconocimiento de todas y de todos los que forman parte de la población mundial. Este hecho histórico se llevó a cabo en el pueblo tzotzil de San Andrés, apellidado Larraínzar por el gobierno y rebautizado como Sakamch´en de los pobres por los Zapatistas, con la intención de traer a la memoria la historia prehispánica. Esta conciencia se dio para dialogar y pensar, repensar el proyecto de nación. Es decir, el puente que fue San Andrés implicó el ensayo de un nuevo proyecto de nación, un nuevo pacto social y político. El proyecto central de estos acuerdos era terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos indígenas. Ahí se planteó un nuevo marco jurídico que contemplara el reconocimiento en la Constitución de sus derechos. Es decir, no sólo derechos individuales sino derechos colectivos de los pueblos, sean tzeltales, náhuatls, tarahumaras, mixtecos o de cualquier otro pueblo que habite dentro del territorio nacional. El 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, sin embargo durante seis meses, desde febrero hasta septiembre de 1996 el gobierno no dio ni un solo paso encaminado a dar cumplimiento a los acuerdos firmados, en cambio se extendió la... de las comunidades indígenas y no sólo en el estado de Chiapas, se identificaron también las actividades impunes de los grupos paramilitares y de las guardias blancas. El puente se quemó y lo quemó el Estado mexicano. Ni el gobierno firmante ni sus sucesores cumplieron con su palabra, todos simularon que la cumplían, sin embargo intentaron apropiarse del discurso indígena, pero esto era imposible porque la lógica de aquel es transformar al país para que sus derechos puedan concretarse, mientras la lógica del gobierno es seguir administrando los intereses del gran capital que es la realidad de quien toma las decisiones fundamentales en nuestro país. El gobierno federal y muchos gobiernos estatales insisten en considerar que la única vía posible para atender las demandas y dar solución a los problemas de los pueblos y comunidades indígenas de México consiste en la distribución desmedida de despensas y de espectaculares promocionando los actos de gobierno, pero no, compañeros y compañeras, el problema no radica en cuántos programas sociales más se implementen o cuántos menos existan; el problema radica en que el Estado mexicano tiene que modificar y cambiar su relación con nuestros pueblos originarios, tiene que modificar su relación con nuestra sociedad. También este problema radica en que la ley aún concibe a los pueblos y comunidades indígenas como entidades de interés público. A tal definición subyace la consideración nociva de los pueblos y comunidades como sujetos vulnerables a los que el Estado tiene que tutelar y no como lo que realmente son; sujetos históricos capaces de idear y emprender sus propios desarrollos. Por todo lo anterior propongo a este pleno una reforma constitucional que modificando los párrafos segundo y cuarto, así como la fracción VIII del apartado A del artículo 2o de nuestra Carta Magna, permita el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonios propios, y confiera a las comunidades indígenas la atribución para el ejercicio de las facultades otorgadas a los pueblos en su calidad de sujetos de derecho público. Una reforma así será capaz de corregir omisiones pasadas, garantizando para los pueblos indígenas el más pleno ejercicio de su derecho de autodeterminación, de territorio y de representación política. Una reforma como la que aquí se plantea no busca otorgar derechos especiales o de compensación contra las miserias prolongadas, sino más bien apoyamos los derechos indígenas, no porque sean derechos especiales, sino específicos; no porque impulsen fuero a cierto sector cultural étnico, sino porque son derechos que reconocen la diversidad cultural existente. En suma, porque la defensa de los derechos indígenas encierra un compromiso ineludible: la lucha contra la desigualdad, la injusticia y la exclusión en nuestro México. A dos décadas de la instalación de las mesas de diálogo de San Andrés, es imperativo que el Estado mexicano, especialmente el Congreso de la Unión, en su carácter de representación de la nación y el Pacto Federal, honren los acuerdos suscritos en aquel entonces mediante la emisión de reformas y nuevas disposiciones que den cabal cumplimiento a las reivindicaciones que hoy, como hace 20 años, continúan enarbolando los cientos de pueblos y comunidades indígenas de este país. La esperanza de situarse en el ser pleno del país, con la riqueza de su personalidad, fincada en su legado cultural que tanto ha contribuido a configurar el rostro y el corazón de México. Es momento de otorgar plenos derechos a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Es cuanto, señor presidente.