La diputada María Cristina Díaz Salazar: Con su anuencia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, desde la década de los ochenta comenzaron a proliferar en el país los llamados grupos y anexos de internamiento terapéuticos fuera de orden que, de acuerdo a la junta de custodios de la unidad de servicios de recuperación Alcohólicos Anónimos, no son más que verdaderas cárceles de castigo. Estos establecimientos especializados en adicciones son de carácter público, privado o social, fijos o móviles que proporcionan servicios para la atención específica de personas con consumo perjudicial o adicción a sustancias psicotrópicas y que, en cualquier caso, operan bajo un modelo de atención profesional, de ayuda mutua o mixta. Asimismo, sólo el 26 por ciento de dichos centros cuentan con la certificación de las autoridades sanitarias para operar. Es a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a quien corresponde dar seguimiento y verificar la forma en que operan y que no se cometan abusos en contra de las personas enfermas; en caso de que estos centros contravengan lo dispuesto deberán iniciar los procedimientos administrativos y penales contra de quien resulte responsable. Mientras que las autoridades locales, deben verificar las autorizaciones relacionadas con el uso de suelo, supervisión de servicios mercantiles y licencias sanitarias; cabe señalar que muchos de estos centros reciben donativos de la sociedad civil y apoyos gubernamentales, que no declaran ante la Secretaría de Hacienda. Por lo que vengo a proponer, que de acuerdo también a las cifras del Consejo Nacional contra las Adicciones, establecen que en México hay mil 730 centros de atención o rehabilitación para pacientes en internación, de los cuales sólo 450 cuentan con certificación y 200 más están en proceso de certificación. El que estas granjas funcionen sin una regulación oficial ha ocasionado que en algunas de ellas se hayan registrados homicidios causados por golpes propinados por los mismos cuidadores, que obligan a los internos a trabajar para pagar cuotas de gasto. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa Artículo 192 Quáter. Para el tratamiento de los farmacodependientes, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente. La ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del impacto de las adicciones en cada región del país y deberá: I. y II. ... III. Los establecimientos especializados en adicciones que brinden atención residencial deben contar con el aviso de funcionamiento respectivo, así como con el registro como institución especializada ante el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic). IV. Deberán contar con un Reglamento Interno y un Programa General de Trabajo aprobado por el Conadic, en el que se contemple el tratamiento médico y/o psicosocial basado en principios científicos, sociales y éticos. V. Las instalaciones deberán contar con lo necesarios para dar atención a los usuarios, estableciendo perfectamente la división de acuerdo con su grupo de edad y sexo. VI. El personal que labora en los establecimientos especializados en adicciones, tiene la obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a los usuarios mientras permanezcan en el mismo. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los días diecisiete del mes del presente de dos mil once. Gracias, presidente.