La diputada Graciela Sánchez Ortiz: Con fundamento en el artículo 77, numerales 1 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a este pleno a presentar las siguientes iniciativas legislativas, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. La primera, con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Y la segunda, por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, su contenido corresponde a los derechos político-electorales, al sistema nacional de justicia electoral, así como de comunicación social y de responsabilidad administrativa. Respectivamente se busca garantizar el principio de paridad de género en las elecciones de órganos colegiados y unipersonales, respetando el principio de autodeterminación, garantizar el voto de las personas mexicanas en el extranjero mediante el uso del internet y con la presentación del pasaporte o matrícula consular. Garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva y el de las personas con discapacidad. Garantizar la representación mediante acciones afirmativas de candidaturas a personas jóvenes, indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, con discapacidad y migrantes. También se establecen medidas para combatir la entrega de dádivas, bienes o servicios, coerción, condicionamiento del voto de las y los candidatos o partidos durante los procesos electorales. Limitar interpretaciones arbitrarias del INE y del Tribunal ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos político-electorales y la autodeterminación de los partidos políticos principalmente. Proteger los recursos del proceso electoral por lo que las y los legisladores que pretendan reelegirse deberán separarse de su cargo para evitar el uso de recursos públicos en sus campañas. Obligar al INE a liquidar y reintegrar al erario los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos en beneficio de personas funcionarias del Instituto Nacional Electoral. Se crea un nuevo modelo del Sistema Nacional Electoral con facultades concurrentes del INE como autoridad rectora, que se comparta con los OPLE y los organismos distritales pasan a ser temporales. Se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional, la franquicia telegráfica de los partidos políticos y se unifica el programa de resultados electorales preliminares con el cómputo de la elección. De igual forma, se instituye cumplir el mandato del artículo 127 constitucional para que las percepciones salariales de las personas consejeras magistradas electorales y la totalidad del INE, así como del Tribunal, sean inferiores al salario del presidente de la República. También se compacta el calendario del proceso electoral para racionalizar recursos fortaleciendo la integración de los órganos electorales con los desconcentrados y los OPLEs y reducir la burocracia, aprovechando al máximo la estructura orgánica y los recursos de organización. En Materia de justicia se fortalece el juicio en línea y la publicación de autos del Tribunal, se moderniza el sistema de medios de impugnación, se crea el procedimiento único de queja para sustanciar y resolver los asuntos relacionados con la fiscalización y la remoción de consejerías de los OPLEs, así como la figura de suplencia de la deficiencia de la queja para todos los medios de impugnación y se deja íntegro el procedimiento especial sancionador. Que las sanciones en materia electoral sean aplicables bajo el principio de estricto derecho, es decir, que las autoridades administrativas y jurisdiccionales no puedan condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía, a solicitar requisitos adicionales a los que expresamente determina la Constitución y la ley. También se propone, eliminar dos salas regionales que no entraron en funciones y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, cuyas atribuciones serán absorbidas por la sección resolutora de la Sala Superior del Tribunal. En materia de propaganda gubernamental. La presente iniciativa tiene por objeto clarificar el alcance y contenido de los conceptos, entre ellos, el de propaganda gubernamental a que se refiere el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como establecer como responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas, por el uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada a que se refieren los párrafos séptimo y octavo de dicho artículo. Precisa, que el objeto de la ley es garantizar el derecho de la ciudadanía a la información sobre la actuación pública, así como promover la rendición de cuentas a través de la propaganda gubernamental, constituida por aquella que los entes públicos contraten en los medios de comunicación masiva. Fortalece el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, toda vez que los entes públicos deben brindar información sobre los montos destinados a gastos relativos a campañas de comunicación social desglosada por tipo de medio: proveedores, número de contrato y concepto o campaña de manera pública, completa, oportuna y accesible, así como cumplir en general con lo señalado en la normativa aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. Por otra parte, esta iniciativa modifica el régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas, pues si bien está a favor de la libertad de expresión, ésta no puede sustentarse en el uso de recursos públicos que impliquen la promoción personalizada de servidores públicos con fines electorales. Con ello se resguarda el principio de imparcialidad en los procesos electorales. Se trata de diversas iniciativas de vanguardia de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que hacemos nuestra, porque está a la altura de las circunstancias con austeridad republicana, con asidero constitucional y por que es viable y posible para México.