El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Con su venia, diputada presidenta. Hablar de política interior implica necesariamente hablar de la situación de nuestro Estado de derecho. El respeto a la ley, así como la separación de poderes es indispensable para mejorar la relación entre el gobierno y la sociedad. Un binomio clave en el combate de la corrupción, inseguridad e impunidad, así como una herramienta para el crecimiento económico, la inversión y el desarrollo sostenible. Por ello, hoy hay que recordar los hechos y hablar de lo que este gobierno ha dejado de hacer en este tema. Hagamos memoria. El 16 de abril el presidente envió un memorándum a los secretarios de Gobernación, Hacienda y Educación Pública, en el cual reconocía que no había acuerdo entre el Poder Legislativo y el sector magisterial para la derogación de la reforma educativa aprobada por el sexenio anterior. En razón de lo anterior, en tanto que no hubiera las condiciones para reformar la Constitución y las leyes reglamentarias, el presidente López Obrador instruía a los secretarios dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa. El presidente dio órdenes a sus subordinados de no aplicar la Constitución y las leyes, propio de regímenes autoritarios y violadores de los derechos. El Estado de derecho está basado en una jerarquía jurídica clara. La Constitución es la Ley Fundamental que está por arriba de cualquier otro ordenamiento legal. En síntesis, para que podamos entenderlo mejor: al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Otra de las amenazas a nuestro Estado de derecho y, por ende, a nuestro crecimiento económico, desarrollo sostenible y competitividad es la falta de certeza para la inversión. Vayamos a los hechos. A fin de fomentar el desarrollo en el país se decretaron entre septiembre y diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación la formación de siete Zonas Económicas: Chiapas, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. En la aplicación de estas medidas, entre otras cosas, se realizó la adquisición de terrenos para construir zonas industriales y otorgaron facilidades en trámites federales, estatales y municipales, así como subsidios para la construcción de infraestructura necesaria. En síntesis, se quitaron barreras para la actividad empresarial y se dieron incentivos para la estimulación de la inversión. Derivado de lo anterior y de acuerdo al estudio del Banco Mundial, la ONU y la autoridad federal de la Zonas Económicas, al cierre de 2018 identificaron inversiones en el corto plazo por más de 8 mil millones de dólares en las siete Zonas Económicas, con una generación de más de 31 mil empleos directos. Y a largo plazo una inversión mayor de 42 mil millones de dólares, generando alrededor de 368 mil empleos formales. ¿Qué hizo por su parte el gobierno del presidente López Obrador? El 25 de abril, el presidente canceló este programa sin ninguna razón técnica, ni justificación económica, por el contrario, sus actos obedecieron más a caprichos políticos que a razonamientos técnicos, lo mismo podríamos hablar del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Las consecuencias y la falta de respeto a la ley y al Estado de derecho generan incertidumbre y merman la eficiencia del derecho. En materia de derechos humanos las consecuencias ya están a la vista, el presidente, de la mano de la Secretaría de Bienestar y de Hacienda, rechazaron la recomendación que les dirigió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a las violaciones de los derechos de trabajadores y beneficiarios del programa de estancias infantiles. La Comisión Nacional emitió su recomendación tras analizar 204 quejas, recibidas por violaciones a los derechos de madres, padres, niñas y niños. Por su parte el presidente y las dependencias calificaron esto como inaceptable y una vergüenza sin dar de por medio ningún fundamento técnico, jurídico o económico. En síntesis, solo aquellos que añoran el poder sin reglas, ni limitaciones, podrían apreciar que un régimen constitucional se deje sin efectos, las leyes con el simple poder de una firma. Podríamos hablar de la disminución de los órganos autónomos constitucionales y la clara confrontación del Poder Ejecutivo o la nula separación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Las instituciones, son único legado que pueden hacer la diferencia en el día a día de los mexicanos y mientras no se fortalezcan, los mexicanos no tendrán vida digna, ni tampoco oportunidades para reducir la desigualdad y la marginación. Compañeras y compañeros diputados, solo hay un camino para que México avance y ese camino es el fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones, nuestra tarea y la de todo gobernante es fortalecer este legado institucional. No existe ningún mesías, ni salvador del pueblo, solo existe el Estado fuerte y constitucionalmente efectivo. Muchas gracias, diputada presidenta.