El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en la Constitución de 1857, se estableció que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Por ello, para beneficio del pueblo y en el marco de la reforma del Estado, una parte sustancial de ésta debiera incluir la obligación de los legisladores, además de otros funcionarios derivados de procesos elección, de rendir cuentas de sus actos. Criticamos a los consejeros electorales, al Ejecutivo, a los secretarios, pero los legisladores no informamos al pueblo de nuestros actos. Y es que en nuestra Carta Magna no existe disposición expresa que así lo disponga. Los que así lo hacemos, atendemos más al espíritu inmanente en el mandato constitucional que a una disposición expresa, y ello atiende a una omisión original que procedo a referir. Desde el primer esfuerzo formal del constituyente de 1824, México se definió como una república representativa, federal y popular. En este proceso el Constituyente de 1824 dispuso que el poder supremo de la federación se dividiera en tres, que el Poder Legislativo lo hiciera en dos cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, y que los diputados fuesen representantes de la ciudadanía. Sin embargo, en este mismo esfuerzo constitucional se impuso un precedente que en el transcurso del tiempo ha evidenciado sus debilidades estructurales. Ni en nuestra Carta Magna, ni en la mayoría de los órdenes constitucionales de los estados de la Federación, los diputados o los senadores tenemos la obligación de rendir cuentas a nuestros representados. Esa costumbre habría de perpetuarse en las sucesivas refundiciones de la Norma Suprema. En la Constitución de 1857 tampoco se encuentra la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas. Y, finalmente, la Constitución de 1917 nada hizo por afectar esas estructurales formales del poder, sólo impuso preceptos de rendición de cuentas para el Ejecutivo. Ni siquiera las reformas en materia de transparencia que décadas más tarde se hicieron a nuestra Constitución afectaron sustantivamente las responsabilidades del Congreso en el sentido de informar al pueblo de sus actos. Si bien es cierto que el Congreso tiene la facultad de ejercer ciertos tipos de control constitucional, tal es el caso de recibir el informe del Ejecutivo previsto en el artículo 69, las implícitas en el artículo 73, y las expresas del artículo 93, también es cierto que nada nos obliga a nosotros. Olvidamos que los ciudadanos otorgan un mandato a una clase gobernante durante un cierto tiempo y cedieron un fragmento de su libertad a cambio de seguridad y paz social. La clase política ha secuestrado la soberanía de su legítimo depositario, el pueblo, y ha dado en conducirse como dueña de los destinos del país. Sus arbitrariedades han generado incredulidad, indignación en la sociedad. El sistema político de pesos y contrapesos se antoja un andamiaje incierto y poco creíble, además de bastante ineficiente. Por lo cual, considerando la forma en que una importante franja de la sociedad nos contempla, los legisladores debemos poner el ejemplo de preocupación por la rendición de cuentas y la transparencia. Somos depositarios, se dice, de un mandato popular y encarnamos uno de los tres Poderes de la Unión, pero el mandato tiene condiciones muy claras en cuanto a su ejecución y cumplimiento, que no sólo no han sido cumplidas, sino que ni siquiera han sido planteadas seriamente. Hemos aceptado y ejercemos el mandato de la ciudadanía. Como legisladores proponemos o enmendamos o abrogamos normas jurídicas, fiscalizamos el actuar de otros poderes y gestionamos satisfactores para quienes nos favorecieron con su confianza, pero no informamos de nuestro quehacer ni rendimos cuentas del mismo al pueblo. La teoría del Estado y la política discuten la naturaleza de la representación del Legislativo, y quieren convencernos de que no hay un mandato como acuerdo entre ciudadano y sus representantes y que éste es una ficción jurídica. Empero, recuerdo fielmente lo que dispone a la letra el artículo 39 constitucional: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste." ¿Qué parte de "todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio "? Querámoslo o no, somos depositarios de un mandato de la voluntad de un ente superior, el pueblo. En ese tenor, debemos atender a las reglas de esa figura jurídica. Ordena el Código Civil Federal: "El mandatario se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante..." De donde, en un rápido examen de conciencia quizá sería procedente preguntarnos: ¿Hemos seguido las instrucciones de quienes nos situaron donde estamos? Proviene del mismo cuerpo de leyes. "El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración, cuando el mandante lo pida, y en todo caso al fin del contrato. Dar cuentas exactas de nuestra administración, ése es el tema. No somos propietarios. Somos servidores públicos. No deja de llamar la atención el que, habiendo sido redactada, sancionada y ejercida por miles de diputados y senadores durante 60 legislaturas... nuestra Constitución no establezca ninguna obligación precisa a cargo de los legisladores, en forma individual, y desde luego, que ninguno de ellos tenga la obligación de rendir cuentas de su mandato a sus representados. Por lo expuesto y fundado, proponemos una reforma constitucional que habrá de transitar sobre dos ejes. El primero, destinado a fomentar la rendición de cuentas y la transparencia al interior del propio cuerpo parlamentario, elevando a obligación constitucional el deber de diputados y senadores de informar, al fin de cada ejercicio, a los ciudadanos de la jurisdicción a que corresponda el legislador, de todos y cada uno de los actos que realizó en cumplimiento del mandato; y de rendir cuenta cabal de los dineros recibidos y erogados, con completo detalle. No podemos cerrar los ojos a las condiciones casi de absolutismo que se están presentando en ciertas regiones de nuestra república, por la desmedida concentración de poder que acumulan algunos diputados locales, presidentes municipales, gobernadores, que no responden de nada y ante nadie de sus excesos, siempre que cuenten con la anuencia de los personajes debidos. El segundo eje de la reforma propuesta se aboca, por tanto, a establecer la obligación constitucional, para todo funcionario público electo, de rendir cuentas. Debemos constituirnos como verdaderos servidores de la ciudadanía. Estamos obligados. Al efecto, propongo una reforma a los artículos 50, 64 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del documento que se exhibe. Es cuanto, señor Presidente. Le solicito se inserte la versión íntegra de la iniciativa que proponemos en el Diario de los Debates. Muchas gracias.