LA C. DIPUTADA ROSARIO TAPIA MEDINA: Gracias señor Presidente, Ingeniero Elías Ayub y Licenciado Luis de Pablo Compañeras y compañeros Legisladores. En relación al Segundo Informe de Gobierno en materia Eléctrica, el Partido de la Revolución Democrática tiene las siguientes apreciaciones: En primer lugar, nos queda claro y sin lugar a dudas que las empresas públicas encargadas del servicio de energía eléctrica cumplen su misión de proporcionar a los mexicanos un servicio de energía eléctrica suficiente, confiable y a precios comparables internacionalmente y que tienen además la potencialidad para enfrentar exitosamente los retos de su expansión y modernización. Sin embargo y, en segundo lugar, observamos en este Informe que hay carencia de información y en algunos casos tergiversación de la misma lo cual dificulta ponderar cabalmente la situación de nuestro sector eléctrico. Igualmente observamos la aplicación de una política inadecuada para el mismo sin considerar en ningún lado los probables riesgos a que esta pueda conducirlo. En cuanto a la situación de nuestra industria es encomiable el hecho de que con la capacidad de generación eléctrica instalada en la que se encuentra en construcción, se tenga asegurado el abasto de energía eléctrica hasta el año 2007 lo que contradice la predicción catastrófica que el ex Secretario de Energía Luis Téllez presentaba según la cual en el año 2003 padeceríamos apagones, restricciones y escasez de este energético si no se aprobaba la reforma eléctrica privatizadora que en su momento planteó. Satisfactorio es también que tengamos una cobertura en servicio de energía eléctrica de 95% de la población que corresponde a una de las más altas de Latinoamérica pero notamos que es el mismo dato que nos dieron en el Informe del año anterior por lo que en este aspecto no hemos registrado avances, sería importante saber por qué qué es lo que está pasando. En materia de Inversiones, resulta preocupante registrar una continua retracción de la inversión pública en infraestructura, a pesar de que el sector puede generar los recursos para incrementar esa inversión si atendemos los datos de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos Federales del 2002. En la primera se consigna un ingreso esperado del sector de 110 mil millones de pesos mientras que su presupuesto en total fue de 107 mil millones por lo que existe un excedente de 3 mil millones, superior incluso a la inversión física incluida en el Presupuesto para Luz y Fuerza que es menos a los 2 mil millones. Lo anterior sin considerar el incremento a los ingresos atribuible a la aplicación del Decreto de Incremento de Tarifas del 7 de Febrero y sin considerar el Programa de Rescate de Luz y Fuerza de Pérdidas no Técnicas. Sería importante que nos comentaran cuánto se ha recabado en relación al Decreto y s obre el Programa de Pérdidas no Técnicas en Luz y Fuerza. La Fracción Parlamentaria del PRD congruente con su oposición a las políticas privatizadoras, adquiere aquí el compromiso de cuidar que el Presupuesto de 2003 se puedan manejar todos los ingresos provenientes del sector eléctrico de tal manera que sean asignados precisamente a ese sector y que se pueda fortalecer la inversión pública en el mismo. Hacemos obviamente un llamado a las otras Fracciones Parlamentarias a que unamos juntos fuerzas en este propósito. Adicionalmente en el Informe se distorsionan los datos para dar una impresión distinta en el renglón de Inversión Pública, así, en la cantidad indicada de 16 mil 291..2 millones de pesos se incluyen 8 mil millones de pago por energía que se compró a productores independientes que no constituyen, Ingeniero Elías Ayub, inversión porque se trata del pago de un servicio que se integra prácticamente al gasto corriente. Además estos esquemas sabemos, de producción independiente, no corresponden a los de PIDIREGAS como lo indican, o sea allí hay una confusión o nos quieren confundir porque el permisionario siempre será propietario de sus bienes, en el caso de los productores independientes; en cambio en los esquemas PIDIREGAS, esos bienes que serán pagados van a pasar a ser propiedad de las empresas públicas. Por otra parte, no creemos que sea motivo de orgullo como lo plantea en el Informe- la cantidad de permisos que ha otorgado la Comisión Reguladora de Energía para la generación de energía eléctrica a particulares, porque ese número de permisos es un indicador del abandono del Estado en su responsabilidad a invertir en la generación destinada al servicio público, con el agravante de la ilegalidad e improcedencia en que se ha incurrido en muchos permisos, como los casos de permisos duplicados, por ejemplo el caso de energía "Azteca VIII", donde está como productor independiente y autoabastecedor con la misma central del Bajío en Guanajuato y la otra central de energía "Azteca X" también, que está como productor independiente y a la vez está como exportador de energía con la misma central en Rosarito, Baja California. En lo referente a subsidios para los que se consigna la cantidad de 54,153 millones de pesos, se deja la impresión de que su cobertura corriera a cuenta de recursos fiscales o que éstas empresas operan deficitariamente. Consideramos que es necesario transparentar la información y aclarar que por el uso de la infraestructura del sector eléctrico se aplica una contribución con carácter de aprovechamiento que se incorpora al costo de producción y que las empresas públicas transfieren al Erario Público; este aprovechamiento por sí mismo es suficiente para cubrir los subsidios, por lo tanto es totalmente falso que provengan de otros recursos fiscales o que se afecten otros programas de Gobierno. Precisamente en relación a subsidios llama la atención en el Informe, que para actividades lucrativas como son las industriales y comerciales los subsidios ascienden a un total de 15,990 millones de pesos sí hay subsidio a estos sectores- política que se ha preferido a la de mejorar la inversión pública en el sector y en cambio se ha optado por la política de reducir y aún eliminar el subsidio a los consumidores domésticos a través del decreto publicado el 7 de febrero, que obviamente el Partido de la Revolución Democrática considera extremadamente lesivo para la economía de un segmento importante de la población, además de estar plagado de inconsistencias y complicaciones que ha dado por resultado facturaciones además de excesivas, sin racionalidad ni equidad por lo cual nosotros seguiremos pugnando por la derogación de dicho decreto. La fracción parlamentaria del PRD pugnará porque no se asignen subsidios injustificados que deben destinarse a la inversión del sector y porque la Cámara de Diputados ejerza la facultad que le corresponde en la asignación de dichos subsidios; éste es un renglón fundamental desde nuestro punto de vista, para el fortalecimiento de nuestras empresas. Sumamente importante es aclarar que al margen de los intercambios contables entre subsidio y aprovechamiento, los precios reales de nuestras tarifas eléctricas son comparativamente más bajos que el promedio internacional. De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio del año 2000, México ocupó el sexto lugar, en orden descendente, de precios en tarifas domésticas y el décimo lugar en tarifas industriales. Comparado con países de América Latina, presenta precios más bajos en las dos tarifas citadas que países como Brasil, Argentina o Chile; nosotros consideramos que nuestras tarifas sí son competitivas. No podemos dejar de notar igualmente, un tratamiento desigual que se ve claramente entre CFE y Luz y Fuerza principalmente en lo referente al intercambio de energía. La erogación por energía comprada por Luz y Fuerza a CFE representa el 95% de sus ingresos. Bajo este esquema, Luz y Fuerza está sentenciada inexorablemente a una operación económicamente deficitaria. Nosotros preguntamos: ¿existe algún estudio o un intercambio de opiniones entre ambas empresas, los dos directores que están presentes, en donde se haya considerado la posibilidad de reducir el precio de compra de esta energía? Finalmente, sobre el manejo del sector hay un tema que ha trascendido y que el PRD es particularmente sensible; es el referente a la represión y hostigamiento de que son objeto las voces críticas y democráticas de los trabajadores al interior de la CFE. Se registran casos de trabajadores despedidos por causales como sacar una copia o bien haber tomado mal una lectura. Del examen de los expedientes observamos una desproporción entre la falta imputada y la sanción aplicada, y peor aún, que la sanción haya recaido en trabajadores que pugnan por la democracia sindical. Esta desproporcionalidad y esta selectividad nos produce la certeza de que estamos en presencia de una represión política. Ingeniero Elías Ayub: Esta nos parece una conducta de complicidad que es contraria con esto termino- a la transición democrática, a los trabajadores y al interés del país. Desde esta tribuna por favor le demandamos un cambio inmediato de actitud en la misma y la reinstalación incondicional de los trabajadores despedidos. Muchas gracias.