El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Compañeras y compañeros diputados: Pongo a su consideración la siguiente iniciativa que adiciona al artículo 57 bis y reforma los artículos 112, 113-1, 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como los artículos 89, 93, 97 y 98 del Código de Comercio en atención a la siguiente: Exposición de Motivos En consecuencia de los avances tecnológicos y científicos cada vez más dinámicos aplicados a casi todo tipo de convivencia social, se requiere de leyes que clarifiquen los alcances y consecuencias legales de la implementación de tales tecnologías, a los hechos y actos jurídicos entre personas que generan obviamente, tanto derechos como obligaciones, los cuales deben de estar tutelados y contemplados de manera precisa con la finalidad de otorgar esa garantía de seguridad jurídica que nos ordena nuestra Carta Magna. En un claro escenario de procuración del estado de derecho, el incremento en quejas y reclamos y denuncias de los usuarios de la banca, respecto a operaciones o transacciones financieras realizadas vía Internet con el uso de la firma electrónica, supuestamente sin autorización por parte del usuario, llámese titular o persona designada o autorizada por el titular con sus números de cuenta y claves personales, en condiciones o circunstancias que generan sospecha de la comisión de un ilícito en perjuicio de la cuenta, de los cuenta habientes principalmente. Dado que en muchos de los casos los empleados de las instituciones bancarias, no ofrecen o solucionan de manera pronta y eficiente los cargos efectuados con cargo a las cuentas de los cuenta habientes, que los mismos reconocen no haber autorizado y peor aún, sin siquiera saber a qué cuenta fueron a parar los montos que les fueron descontados dada la dilación de información respectiva, que es obligación de las instituciones bancarias proporcionar a los interesados de manera pronta y eficaz, lo que abona aún más, a la presunción de la participación de alguna parte del personal de las instituciones crediticias en confabulación de algunas posibles organizaciones delictivas, adiestradas en medios cibernéticos, que generan con ello una clara inseguridad en la custodia y guarda honrada de los patrimonios entregados a la banca por los usuarios de la misma, que confían en sus recursos, si bien salvaguardados y no se esperan en que en ella precisamente, se den estos desfalcos. Con relación a la adición del artículo 57 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, éste contempla un mecanismo de seguridad que consta del respaldo de la firma electrónica, con otro medio como la autorización vía telefónica, revistiendo con ello esta modalidad un medio probatorio para la institución crediticia y un candado de mayor seguridad para el usuario de los servicios de la banca y se obliga a las instituciones a proponer a sus clientes a la implementación de dicha estrategia en operaciones mayores al equivalente a 200 días de salario mínimo general vigente y con ello, la posibilidad de obtener el reembolso de los cargos efectuados de forma indebida en el prejuicio del usuario, de manera pronta y expedita, sin generarle un mayor menoscabo en su patrimonio y minimiza los daños y perjuicios que pudieran ocasionar. Con la finalidad de otorgar una mayor seguridad en las operaciones a que se refieren las fracciones I y II de los artículos 46 de esta Ley, los depositantes o inversionistas podrán optar por un sistema de autorización mixto que implique la utilización de la firma electrónica y un medio de verificación, vía telefónica y grabación de la misma en operaciones mayores al equivalente a 200 días de salario mínimo general vigente, para realizar transferencias de cuenta a cuenta, bastando para ello la solicitud firmada en los registros especiales que lleve la institución de crédito, la cual debe estar implícita en los contratos de apertura de cuenta. Las instituciones de crédito tienen la obligación de hacer del conocimiento de sus clientes la posibilidad de adoptar y autorizar el empleo de esta medida de seguridad, la cual podrá implicar también la implementación de un registro de cuentas autorizadas por el cliente, las cuales posiblemente pueden hacer transferencias. En tal circunstancia, las instituciones de crédito sólo podrán cargar a las cuentas de sus clientes el importe de las transferencias que realicen a otras cuentas autorizadas por dichos clientes, siempre y cuando cuenten con la autorización del cliente de que se trate mediante la utilización de la firma electrónica respaldada por la utilización vía telefónica en su caso, se trate de una cuenta que forme parte del registro de cuentas autorizado por el cliente o por escrito. Las transferencias autorizadas con la firma electrónica quedarán bloqueadas hasta en tanto no se verifique la autorización vía telefónica. En el evento de que el cliente, cuya cuenta hubiere sido cargada a la "contravexión" (¿) a lo anterior y objeto de dicho cargo dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que éste haya realizado, la institución de crédito respectiva deberá abonarle a la cuenta de que se trate a más tardar el día hábil bancario inmediato siguiente a aquel en que se efectuó la objeción de la totalidad de los cargos. Para efectos de cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior, la institución de crédito estará facultada para cargar a la cuenta del destino el importe correspondiente cuando la cuenta de destino le lleve a una institución de crédito distinta; ésta deberá devolver a la institución en que tenga su cuenta el cliente los recursos de que se trate, pudiendo cargar a la cuenta del destinatario el respectivo importe de la reclamación. Las autorizaciones, instrucciones, comunicaciones a que se refiere este artículo, podrán llevarse a cabo por escrito con firma autógrafa o a través de los medios electrónicos ópticos o de cualquier otra tecnología que previamente convengan las partes, debiéndose implementar por lo menos en dos de los anteriores medios salvo el caso de la firma autógrafa, debiendo contar con (¿) las instituciones de crédito con los registros, archivos u otros medios que le permitan presentar ante la autoridad competente la fecha y demás características principales de las reclamaciones que en su caso presenten los usuarios. Los consejeros, funcionarios, comisionarios o empleados de una institución de crédito que inciten u ordenen funcionarios o empleados de la institución a la comisión de delitos a que se refiere la fracción III del artículo 112 y los artículos 113, 113 bis, serán sancionados hasta por un tanto más de las penas previstas en los artículos respectivos. Las disposiciones de este título regirán en toda la República Mexicana en asuntos del orden comercial sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México forma parte. Las actividades en los actos de comercio, certificados de la creación de la firma electrónica, destinatarios, la firma electrónica, los datos en forma de firma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología que sean utilizados para implicar al firmante en relación a los mensajes y datos. Transitorios: El artículo presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El artículo segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Dado en el Palacio de San Lázaro, a los cuatro días del mes de noviembre del 2004. Atentamente el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputada Presidenta.