El diputado Francisco Ramos Montaño: Con su venia, señor presidente, muchas gracias. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 10 de diciembre de 1948, considerando que los principios de libertad, justicia y paz en el mundo son la base del reconocimiento de los derechos de dignidad e igualdad de todo ser humano. El artículo 25 de dicha declaración, relativo a derechos sociales y económicos de las personas discapacitadas, determina que toda persona tiene derecho a gozar de un nivel de vida adecuado en la satisfacción de sus necesidades elementales de alimentación, salud, vestido y servicios sociales, sin menoscabo de su condición, entre otras, por enfermedad o invalidez. Sin embargo, las personas con discapacidad a menudo siguen siendo excluidas de las principales actividades de la sociedad. Enfrentan situaciones de discriminación en diversas formas, como la limitación de oportunidades ocupacionales y laborales, tomando como barrera su limitación y su condición física. La ONU ha enfrentado la misión de mejorar la posición social de las personas con discapacidad en la búsqueda de mejorar su calidad y condición de vida, interés superior que obedece a los derechos fundamentales de la humanidad, como los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad entre los seres humanos. De acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad en México hay 10 millones de personas con alguna discapacidad y cada año se reportan 265 nuevos casos; además, la mayoría de ellas vive aún en condiciones de marginación, pobreza y discriminación. El 25 de junio del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual establece las bases que permiten la plena inclusión de las personas con discapacidad en un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida. Sin duda esta ley ha significado una importante transformación en el marco jurídico nacional; la hace más incluyente y contribuye a la sociedad civil y a las instituciones del Estado y a sus políticas públicas para que promuevan una nueva cultura para entender la discapacidad como un asunto social y de salud pública. Las personas con discapacidad siguen demandando mayor accesibilidad equitativa en los ámbitos de salud, educación, trabajo, información; en esparcimiento, la cultura, la capacitación, el deporte, la asistencia jurídica y su reconocimiento pleno como sujetos de derecho y actores básicos en los cambios y transformaciones en la vida de nuestro país. Datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, revelan que en el mundo hay actualmente 386 millones de personas con discapacidad que se encuentran en edad de trabajar, cifra que representa cerca de 60 por ciento de la población mundial discapacitada. El 9 de mayo de 1995 se estableció el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presidida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la participación de diversas dependencias del sector público y organismos privados, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito, entre otros, de diseñar y coordinar las medidas de apoyo para promover la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para fomentar mecanismos de asesoría integral y especializada para su desarrollo. Innegablemente, la integración de las personas con discapacidad requiere tanto apoyos concretos de la sociedad como la participación del Estado con sus distintas dependencias, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de personas con discapacidad, instituciones de formación educativa, de salud, y las empresas con un componente global que puedan dar respuesta a esta problemática social. Las personas con discapacidad son sujetos a ejercer sus derechos económicos, civiles, políticos y sociales. Por ello, con las presentes propuestas se busca dar mayor certidumbre para la inclusión e integración de las personas con discapacidades a la vida laboral, productiva y económica. Por los motivos expuestos, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo a la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad y a la fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es cuanto, señor presidente.