El diputado Jorge Romero Romero (PRI): Con su permiso, Presidente. De conformidad con lo prescrito en el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto. Es de explorado derecho que las leyes se votan en ambas Cámaras y en cambio existen decretos que son exclusivos de la resolución de una de dichas Cámaras sin la participación de la Colegisladora, siendo un ejemplo de ellos, a saber, el Presupuesto de Egresos de la Federación que es del exclusivo resorte de la Honorable Cámara de Diputados. El Presupuesto de Egresos es un decreto, tanto desde el punto de vista formal, como desde el punto de vista material. En el primero no sólo porque su nombre así lo indica, sino porque únicamente lo elabora la Honorable Cámara de Diputados y en el segundo caso, porque la materia de que trata dicho decreto, constitucionalmente sólo corresponde a la Cámara de Diputados. El artículo 72 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el procedimiento que debe seguir todo proyecto de ley o decreto, haciendo la salvedad expresa para aquellos ordenamientos cuya resolución exclusiva sea de alguna de las Cámaras; por tanto el procedimiento establecido en el artículo 72 en comento, no es aplicable a ningún decreto cuya resolución es exclusiva de cualquiera de las Cámaras. Esta es la regla general prescrita; por ende, ninguna disposición del artículo 72 constitucional le es aplicable a los decretos que cualquiera de las Cámaras expida per se con exclusión de la colegisladora. El 7 de noviembre del 2003 el diputado federal Luis Antonio Ramírez Pineda, integrante de nuestro grupo parlamentario, presentó una iniciativa de decreto para modificar el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de adelantar la fecha de presentación de la propuesta de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación y fijar una fecha límite para su aprobación. En tal iniciativa se propuso la reforma al texto constitucional ya señalado a fin de ampliar a 70 días el tiempo de que dispondrá el Poder Legislativo para estudiar, discutir, proponer y modificar, en su caso, el presupuesto; y para la Ley de Ingresos el tiempo sería de 55 días. La iniciativa de reforma del proyecto de presupuesto, aseguró que, de aprobarse, permitiría mayor tiempo de estudio, de proyecto por la Honorable Cámara; eliminar presiones de trabajo para los diputados integrantes de esa Comisión, publicitar oportunamente los montos aprobados, otorgar a los estados conocimiento certero de sus asignaciones y en el punto cinco de este apartado estableció: "...se propone también precisar la facultad de la Cámara de Diputados de modificar el presupuesto". Que aunque puede parecer obvio al interpretar la redacción actual en lo relativo a la facultad de examinar, discutir y aprobar el presupuesto, es importante destacarla con el objeto de evitar cuestionamientos como los que actualmente se realizan por diferentes actores y que no sólo afectan la imagen de las instituciones, sino también las debilitan y pretenden limitar la participación de la Cámara en el proceso presupuestal. Esta es, pues, la interpretación auténtica; la sustentada por el legislador, cuya decisión inobjetable fue la de dejar expresamente establecido lo que antes sólo estaba implícito; esto es, la facultad de modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos que el Poder Ejecutivo envía a la aprobación del Poder Legislativo previo examen, discusión y en su caso, modificación de dicho proyecto por este último. Visto que los objetivos de la iniciativa de reforma constitucional fueron los de brindar mayor certidumbre al proceso presupuestario y a sus implicaciones económicas, generar los incentivos adecuados para una discusión responsable y objetiva durante el proceso presupuestario, así como impulsar la colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en dicho proceso, a fin de construir un presupuesto más eficiente. Esta honorable Cámara de Diputados se abocó a la tarea de consultar lo relativo a los renglones que conforman el Presupuesto de Egresos con su correspondiente costo financiero, con aquellos funcionarios que lo ejercían. La Comisión de Presupuesto de la honorable Cámara de Diputados realizó un sinnúmero de reuniones, no sólo con las autoridades hacendarias, sino con las diversas autoridades, organismos públicos y empresas paraestatales comprendidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como las de los estados de la federación y con las de algunos municipios. Por tanto, el Poder Ejecutivo no podrá nunca válidamente alegar que no fue oído, atendido, consultado durante todo el proceso de estudio y determinación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Tampoco puede el titular del Poder Ejecutivo federal objetar el hecho de que la honorable Cámara de Diputados haya modificado el proyecto de presupuesto que se le enviara, puesto que desde el 30 de julio de 2004 la Constitución Política de los Estados Unidos se reformó para, entre otros puntos, dejar expresamente establecida la facultad de la Cámara de modificar dicho proyecto de presupuesto. El titular del Poder Ejecutivo federal asegura que le asiste el derecho de observar el Presupuesto de Egresos que la Cámara le enviara. No hay tal como se desprende del primer párrafo del artículo 72 constitucional que expresamente omite las resoluciones exclusivas de algunas de las cámaras. Y aun suponiendo sin conceder que lo hubiera devuelto con observaciones, éstas no fueron admitidas por las dos terceras partes del número total de diputados. Y no podría ser de otra forma. Observar ciertamente no es vetar, pero sí implica un principio de rechazo. El tiempo que otras resoluciones pueden llevar en un proceso legislativo no es posible usarlo en éste. Los términos son fatales porque la materia presupuestaria corresponde a un año de ejercicio fiscal y antes del inicio de ese año debe ser dado a conocer. Es un principio de certeza jurídica no sólo entre poderes o grupos importantes de presión, como el sector financiero, por ejemplo. No. La seguridad de contar con un presupuesto definido cierto e inobjetable interesa a todos los ciudadanos y sus representantes debemos otorgarles esa certeza. Las dependencias del Ejecutivo federal que concurren al proceso de creación del presupuesto no tienen facultades para hacerlo o van a ser despojadas de su legitimidad por la voluntad de una sola persona. Cuál fue el objeto de las reuniones entre los integrantes de la honorable Cámara de Diputados y de la administración pública federal. La colaboración entre poderes en esta materia es particularmente estrecha y tiene término constitucional para expresarla. Es verdad sabida que en los procesos legislativos concurren mentes diversas e intereses que, siendo todos legítimos, pueden ser divergentes. Por eso se impone la mayoría. Si esto sucede en una ley, con mayor razón en un cambio constitucional en el que concurren no sólo las dos terceras partes de los individuos que conforman el Congreso de la Unión, sino también la mayoría de las legislaturas de los estados de la república. Y así se cumplió el proceso de reformar la fracción IV del artículo 74 constitucional. No puede el titular del Ejecutivo federal presentar observaciones toda vez que esa facultad tendría que habérsele otorgado de manera explícita en nuestra carta magna. Tendría que haber sido determinada como una facultad expresa del Poder Ejecutivo federal y no existe texto constitucional en tal sentido. Las autoridades sólo pueden actuar en el campo de su competencia y en éste el titular del Poder Ejecutivo federal no la tiene ni aparece listada en el artículo 89 constitucional que le otorga genéricamente facultades y obligaciones, ni tampoco le es otorgada la facultad de observar el presupuesto, cuando expresamente el artículo 72 constitucional excluye de las resoluciones de una sola de las cámaras, caso en el cual se encuentra el Presupuesto de Egresos de la Federación. Muchas gracias.