El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: k9 Gracias, compañero Presidente. Compañeras y compañeros: tengo cinco minutos de participación, pero quisiera pedirles un solo minuto de su atención para que reflexionaran sobre unos datos que expreso a continuación. A poco menos de 20 años de la tipificación de ciertas conductas electorales antijurídicas, nuestro Código Penal Federal ha carecido de eficacia, y aquí van los datos que quiero que ustedes registren. Durante los 17 años de existencia de la Fepade, ésta ha iniciado 18 mil 235 averiguaciones previas, de las cuales tres mil 700 corresponden a delitos señalados en el artículo 403 que pueden ser cometidos por cualquier ciudadano, mil 916 delitos por delitos señalados en el artículo 407, es decir, delitos en los que pueden incurrir los servidores públicos, y 10 mil 701 delitos por alteraciones al registro federal de electores y expedición ilícita de credenciales para votar. Lo grave de esto es que de todos estos delitos, de 18 mil 235, no se ha castigado a uno solo de los responsables. De esa dimensión es el tamaño de la ineficacia del marco electoral. Como ya nos hemos acostumbrado, las negociaciones y acuerdos cupulares y sus resultados tienen en la superficie el brillo de la democracia y el avance de la participación ciudadana, pero en el fondo están llenos de argucias legales que tienen finalmente un impacto mínimo o nulo en la mejoría del marco electoral. Una síntesis de este dinámica es la ley general en la materia de delitos electorales que hoy se somete a nuestra consideración. Dicha ley contiene aparentes avances, pero también muy notables lagunas jurídicas y vaguedades conceptuales que redundarán sin duda en la imposibilidad de su aplicación. Primero, como ya es costumbre, existen grandes vicios en la lógica jurídica del procedimiento. Antes de hablar sobre el contenido es necesario señalar lo errado de la secuencia en la que estamos aprobando los ordenamientos legales de la reforma política. Estamos poniendo, como se dice coloquialmente, los bueyes detrás de la carreta. En el Senado apenas están discutiendo los dictámenes de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Procedimientos Electorales. Cómo pretendemos aquí en esta Cámara aprobar las sanciones y los delitos cuando aún no hemos aprobado el procedimiento, no conocemos a detalle las atribuciones procesales ni las obligaciones de la autoridad ni de los partidos y, sin embargo, ya estamos estableciendo los detalles de las sanciones. El contenido de esta legislación es criticable tanto por su espíritu y sus objetivos como por vicios conceptuales de origen que redundarán en su inoperancia e ineficacia. Aún si se lograra demostrar que alguien está comprando votos, acarreando votantes, alterando paquetes electorales a un dirigente nacional partidista o a un candidato a la presidencia de la república, la verdad es que les interesa poco. Qué importa si unos cuántos de sus operadores van a la cárcel o pagan una multa si pueden prometerles su recompensa al ganar la elección, como de hecho ocurre de manera sistemática; en todo caso, se debe sancionar administrativamente a los partidos y a los candidatos, los verdaderos artífices y beneficiarios de los delitos, incluso, haciéndoles perder el registro o el puesto, si lo que realmente se busca es desincentivar las conductas delictivas. Otro de los errores intencional o no, es que los legisladores obviaron que una ley general tiene aplicaciones en materia concurrentes entre niveles de gobierno. El tema penal aún en lo relativo a la materia electoral no es concurrente, y de acuerdo a la Constitución, cada estado puede tener su Código Penal en todo caso, si se busca la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, debió haberse hecho una ley nacional no una ley general, lo cual hubiera requerido también atribuciones nacionales en la organización de las elecciones. En suma, estamos ante una propuesta en forma, pero sin contenido real. Esta propuesta para fortalecer a los procesos electorales es cuando mucho, aspiracional. No cabe duda que nuestros legisladores se han especializado en la consolidación de una fachada democrática que sólo convence a sus promotores. Por esas razones, en Movimiento Ciudadano votaremos en contra de este dictamen, y antes de retirarme reitero a ustedes que haremos todo lo esté a nuestro alcance para no convalidar el espíritu de servidumbre legislativa del que se quiere dotar a esta Cámara de Diputados. Gracias a todos por su atención.