EL PRESIDENTE: Aprobada la modificación. Tiene la palabra, el señor diputado don Gonzalo Alemán Migliolo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cumplimiento exacto del decreto presidencial de fecha 2 de enero de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 del mismo mes y año, expedido para beneficiar la situación fiscal del sector primario y apoyar a los sectores agrícola ganadero, silvícola, pesquero y personas relacionadas con estos. -DIP. GONZALO ALEMAN MIGLIOLO: Con la venia de la Mesa Directiva. Diputado Presidente; compañeras y compañeros Legisladores: Al ocurrir ante la tribuna más alta de la nación y en ejercicio de la facultad legislativa que el sufragio de la ciudadanía del VII Distrito Electoral de Tamaulipas me otorgó, a ellos, los habitantes de los municipios de Ciudad Madero, Altamira y Aldama, mi gratitud por la confianza y refrendo mi compromiso de representarlos con orgullo y dignidad. El de la voz, miembro del sector ganadero, en solidaridad con los productores de los sectores agrícola, pesquero y silvícola, en nombre y representación de mis compañeros legisladores de Tamaulipas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como de diputados miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación a la situación fiscal que atraviesa el sector primario por la actuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, acudo a exponer. En intervenciones anteriores se ha hecho patente la difícil situación que pasa el sector primario del país; problemas con los apoyos inmediatos para los productores, competencia desleal derivada de los diversos Tratados de Libre Comercio y nulo apoyo crediticio de la banca privada y social, sin tomar en cuenta demás, como hoy sucede, las difíciles condiciones climatológicas que resienten diversas regiones del país, afectando directamente a ganaderos, agricultores y pescadores. El tema que hoy nos ocupa es no menos importante y delicado y se refiere al régimen fiscal y la actitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus oficinas regionales con respecto al sector primario. Desde 1990, cuando se eliminaron los regímenes especiales de tributación, el sector agropecuario tributó primero en el régimen de transición de entradas y salidas a partir del 2002, en un sistema de flujo de efectivo como cualquier contribuyente. A efecto de que los nuevos regímenes no fueran tan estrictos para el sector agropecuario, año tras año se publicaron reglas de simplificación administrativa mediante las cuales se le daba al sector facilidades para cumplir con los requisitos fiscales con la deducibilidad de sus erogaciones. Sin embargo, la autoridad hacendaria durante los últimos once años y aprovechando la complejidad del marco jurídico fiscal aplicable a los contribuyentes del campo, inició un sinnúmero de auditorías, determinó créditos fiscales impagables y llegó al extremo del remate y adjudicación de bienes muebles e inmuebles y hasta casas habitación pasaron a ser propiedad del fisco, dejando en la ruina a dichos contribuyentes. Para remediar tal situación, con fecha 2 de enero del presente año, el Presidente de la República expidió un decreto cuyo objeto es el apoyo de la administración pública federa al sector mencionado, para fortalecer sus cadenas productivas y aliviar la difícil situación de los adeudos fiscales generados con anterioridad a la vigencia del decreto y pretendiendo una solución definitiva a su situación fiscal. Ese fue el espíritu del mencionado decreto, así lo estableció el Presidente de la República en el considerando respectivo. El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de enero del mismo año, por lo que dada su publicidad tiene naturaleza obligatoria y las autoridades hacendarias la obligación de aplicarlo en beneficio de quienes recibieron en el caso concreto, la expresión jurídica de la voluntad del Ejecutivo para beneficiar y remediar la situación fiscal del multicitado sector. El Decreto otorga beneficios como, condonación de adeudos por impuestos federales generados con anterioridad al 1º. De Enero del 2002, beneficiaría a ejidos, empresas sociales, personas dedicadas a actividades ganaderas, agrícolas, pesqueras o silvícolas e inclusive tendría la bondad de que quienes estuvieran sujetos a un procedimiento administrativo de ejecución, recibirían sus beneficios con la obligación a futuro de los causantes de cumplir estrictamente con las reglas fiscales. Sin duda, el sector lo consideró un apoyo del Gobierno Federal que permitiría seguridad jurídica, condonación de injustos adeudos y de créditos fiscales impagables realizados muchas veces mediante procedimientos a espaldas de los contribuyentes. Sin embargo la realidad es otra; Hacienda y sus Oficinas Regionales, en su afán de recaudar mayores ingresos y repito, haciendo caso omiso a dicho Decreto, a 9 meses de su vigencia, la situación fiscal de los contribuyentes del sector primario, la realidad es igual a la que pretendió resolver la acción administrativa del Presidente. En Auditorías en Proceso iniciadas antes de la vigencia del Decreto, Hacienda ha continuado con los procedimientos hasta emitir la Resolución correspondiente, aún cuando el contribuyente ha presentado petición invocando el Decreto, pero además después de la publicación del mismo ha iniciado nuevas facultades de comprobación por los ejercicios incluidos en el Decreto. En relación a Créditos Controvertidos ante la Administración Local Jurídica correspondiente al 7º. Distrito de Tamaulipas, que me honro en representar, los contribuyentes han presentado escritos solicitando la cancelación de los mismos sin respuesta alguna,. Hacienda y sus Oficinas Regionales indebidamente han incumplido con el Decreto del cual el Ejecutivo expresó su voluntad en el asunto particular de la situación fiscal del sector primario, pro lo que la Secretaría de Hacienda está obligada, aunque no lo soliciten los productores, a cumplir el Decreto pues una vez publicado no pueden oponer desconocimiento del mismo. Los productores no necesitamos probar la existencia del Decreto ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto por jurisprudencia definida, que los particulares no estamos obligados a demostrar la existencia de decretos administrativos que hayan sido publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por el contrario, la Secretaría de Hacienda está obligada a cumplir con el mismo y los servidores públicos que no lo hagan, se deberán sujetar a responsabilidades administrativas, civiles o penales en que incurran por su inobservancia. Por estas razones y por el clima de terrorismo fiscal que tristemente se ha orquestado en contra de os contribuyentes de este sector, me permito, a nombre de mis compañeros Diputados y en el propio, someter a consideración de esta honorable Asamblea integrada por Representantes de todas las zonas del país, además integrantes del sector primario y cumpliendo con nuestra función de Vigilancia del Marco Jurídico Fiscal de los Gobernados, solicitamos su apoyo a la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, la cual con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 59 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se procese como de urgente y obvia resolución: Primero.- Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria para que cumpla en forma estricta en los términos del Decreto de fecha 2 de Enero del 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dia 3 del mismo mes y año que dispone la solución definitiva de la situación fiscal del mencionado sector. Segundo.- En consecuencia, se suspendan las auditorías y los procedimientos de ejecución respectivos realizados a los miembros de dicho sector, para beneficio de estas actividades y defensa de su patrimonio beneficiarios del mismo. Y, Tercero.- Que a los servidores públicos que han incumplido con el decreto mencionado, les sea aplicadas las sanciones administrativas en que hayan incurrido por esta causa. Muchísimas gracias. ( aplausos ) - EL C. PRESIDENTE, DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Gracias diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución, en votación económica. - L A C. SECRETARIA, DIP. MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo: ( V O T A C I O N ) Gracias. Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo: ( V O T A C I O N ) Mayoría por la afirmativa. -