La diputada Aleida Alavez Ruiz: El auto en el que una mujer fue asesinada por su pareja pasó tres años en un corralón de la fiscalía mexiquense, sin que se tomaran huellas, muestras de sangre o de ADN. Los videos de las cámaras de seguridad del motel donde otra mujer fue violada y asesinada, pasaron por varias manos antes de llegar a la policía, y por ello fueron invalidadas como prueba. Un feminicida confeso fue retenido demasiadas horas por la policía, por lo que el juez anuló la confesión en la que ese hombre reconocía el asesinato de una mujer. Estas son algunas de las aberraciones procesales documentadas por Valeria Durán en el reportaje Feminicidas libres, y que son un claro ejemplo de por qué se caen los juicios. El acceso a la justicia es, al margen de un derecho humano, un reclamo social, tanto de quien ha sido víctima de algún delito, como el acusado de su comisión. Algunos de los factores que impiden el acceso real y efectivo a la justicia primero en su vertiente de procuración, y posteriormente a la de impartición, son las deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, así como la falta de realización de diligencias que debe de solicitar el Ministerio Público o su realización inoportuna. En este sentido es verdad sabida públicamente que solo un número reducido de carpetas de investigación se presentan ante el juez de control y de ese número a otro menor supera el filtro de control y el acusado es sujeto a proceso. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad Pública, del Inegi, en 2021 el 93.2 % de los delitos que ocurrieron en territorio nacional o bien no fueron denunciados o no fueron investigados debidamente, ello significa en números redondos que solo 1 de cada 10 delitos fue denunciado, investigado y eventualmente sancionado al responsable de su comisión. ¿A qué se debe lo anterior?, en gran medida a diversas deficiencias en la integración de las carpetas de investigación. Estas deficiencias se deben a múltiples factores entre ellas excesivas cargas de trabajo, inadecuada aplicación de la norma para el desahogo de las diligencias, la atención deficiente de la cadena de custodia, el levantamiento inadecuado de las pruebas, lo que al final favorece a la impunidad. De ahí, la relevancia del dictamen que ahora se presenta con el que se reforman y adicionan al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de mejorar el sistema de justicia penal, lo que se traducirá en materializar el derecho humano de acceso a la justicia y en su caso la reparación integral del daño en favor de las víctimas, para generar herramientas que permitan resolver este problema se ha propuesto la creación de un sistema único de integración de carpetas de investigación para todas las fiscalías de la República Mexicana, sistema que cuente con protocolos, que homologuen los actos de investigación. Dicho sistema informático deberá considerar diversos posibles supuestos que alerten al Ministerio Público sobre los tiempos y actos de investigación que deba atender, así como los actos que deba requerir al juez de control de conformidad con cada etapa del proceso penal de que se trate. Sistema que deberá enlazarse con el órgano interno de control de cada fiscalía, la que en caso de detectar hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito sea quien presente la denuncia correspondiente a la Unidad de Asuntos Internos. Con esta reforma se pretende por una parte apoyar a los trabajos del Ministerio Público, pues es de sobra conocido que no en pocos casos tienen una carga de trabajo excesiva y por otra compartir la discrecionalidad de las diligencias y la dilación en el proceso que, también hay que decirlo, se da no en pocos casos. Esto ayudará a combatir la impunidad, así como la revictimización de la parte agraviada del delito. En suma, se propone reformar el artículo 3o. para establecer, en el glosario de conceptos, de Persona Titular de la Fiscalía, y Fiscalía, para referirse a los servidores públicos que encabecen las instituciones de procuración de justicia, así como a estas propiamente. Se propone reformar los artículos 131 y 132 para establecer como obligación expresa para Ministerios Públicos y policías de investigación el uso del Sistema Único de Carpetas de Investigación. Se propone adicionar un artículo 217 Bis que establecerá la creación de un Sistema Único de Carpetas de Investigación, así como los criterios mínimos que lo regirán. Finalmente, en cuanto a las disposiciones transitorias, se propone que la entrada en vigor del decreto ocurra en los términos que defina cada congreso y que las erogaciones que pudieran presentarse con motivo de la entrada en vigor se realicen con cargo a los presupuestos aprobados por las unidades ejecutoras de gasto. Compañeras y compañeros, estamos ante una propuesta congruente al contexto social de México, un México en el que hoy la impunidad se combate frontalmente y de manera inteligente a través de mecanismos para proteger los derechos fundamentales...