La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: el derecho de acceso a la justicia se configura como una garantía del derecho de igualdad en la medida que supone que los estados deben asegurar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y hagan efectivos sus derechos sin sufrir discriminación alguna de por medio. Al respecto, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, postula un vínculo relevante entre el efectivo acceso a la justicia y las garantías consagradas en la Convención Americana al señalar que: La proclamación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlas valer queda vacio. Se convierte en una formulación estéril que siembra expectativas y produce frustraciones. Por ello es preciso establecer las garantías que permitan reclamar el conocimiento de los derechos, recuperarlos cuando hayan sido desconocidos, restablecerlos si fueran vulnerados y ponerlos en práctica cuando su ejercicio tropieza con obstáculos indebidos. A esto atiende el principio de acceso igual y expedito a la protección jurisdiccional efectiva, es decir, la posibilidad real de acceder a la justicia a través de los medios que el ordenamiento interno proporciona a todas las personas con la finalidad de alcanzar una solución justa a la controversia que se ha suscitado. En otro términos, acceso formal y material a la justicia. A pesar de lo anterior, en nuestro país persisten distintas barreras que limitan o impiden el acceso a la justicia, en particular a los grupos más vulnerables. Sobre el particular, el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala como práctica discriminatoria impedir el acceso a la procuración e impartición de justica, no obstante en la práctica las barreras existentes no necesariamente impiden de facto el acceso a la justicia, empero sí lo vulneran a través de limitaciones u obstáculos. Dificultar el acceso a la justicia, aun cuando genera un menoscabo en el ejercicio de los derechos fundamentales, no ha sido considerado como una práctica discriminatoria, lo que deja este hecho sin sanción, de tal suerte que si una persona al hacer uso de su derecho pretende acceder a la justicia y este acceso le es limitado, pero no negado, no puede solicitar la protección de la ley en la materia. Sin embargo, estamos convencidos de que las medidas positivas en esta materia deben de ir más allá, sobre todo consideramos que las medidas positivas son acciones que están dirigidas a eliminar los obstáculos que se oponen a que las mujeres disfruten de sus derechos en condiciones de igualdad, a compensar situaciones de desventaja con el que parten las mujeres. En virtud de lo anterior, consideramos necesario adicionar una fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a efecto de establecer como medida compensatoria ofrecer información completa –termino señor presidente- y actualizada sobre los derechos de las mujeres, y la forma e instituciones ante los cuales pueden ejercerlos. Les pido su voto a favor del presente dictamen, pues con su aprobación contribuiremos a respetar de manera íntegra el derecho de las personas de acceder de manera efectiva a la procuración de justicia, y brindaremos las herramientas necesarias a las mujeres para que estén en posibilidad de hacer valer sus derechos. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.