El diputado César Raúl Ojeda Zubieta: Con su permiso compañero presidente: La precariedad de los programas de readaptación social se ha profundizado a causa del aumento de los reclusos. Así, la corrupción parece haber aumentado. Los recursos por internos disminuyeron. El control interno de las cárceles está cada vez más en manos de pandillas y liderazgos de algunos reclusos. Los programas de educación y reentrenamiento son poco efectivos y la desolación es cada vez mayor. A pesar de que los presupuestos no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas, el problema no es sólo de recursos sino de administración y control efectivo hacia adentro de los centros de reclusión. Asimismo, la falta de coordinación institucional y la falta adecuada de planificación y recursos, convierten a las cárceles de México en un espacio de castigo para pobres y marginados, en centros de abuso donde los derechos humanos no parecen ser claramente respetados. Por otro lado, el efecto disuasorio de la privación de la libertad es limitado, ya que quienes terminan en las cárceles no son necesariamente los delincuentes más peligrosos. En un ambiente social de creciente inseguridad dentro y fuera de las cárceles, no parece haber la voluntad política para revertir esta situación. La vulnerabilidad y fracaso del esquema en las cárceles de alta seguridad del Gobierno Federal, se manifiesta con los 3 asesinatos de narcotraficantes dos de ellos con armas de fuego, ocurrido en el penal de alta seguridad denominada "La Palma" y la fuga de Joaquín Guzmán, en la prisión de Puente Grande. Estos últimos acontecimientos refuerzan la convicción de la inminente incapacidad de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública quienes por cierto arguyen que el asesinato de Arturo Guzmán, se debe a cuestiones de alta y grave traición entre sus subordinados, a fin de exculparse los errores en la conducción de la política penitenciaria. Por cierto la funesta declaración de alta y grave traición, no ha hecho más que despertar la inconformidad de custodios y administrativos del penal federal de "La Palma", quienes realizaron un paro de labores por el maltrato laboral. Ello hace suponer dos cuestiones: Uno, que la corrupción no es generalizada y sólo la alta burocracia penal se encuentra implicada con algunos custodios o dos; que el supuesto paro no es más que un elemento distractor que impida llevar a cabo una amplia investigación del personal de dicha cárcel. Sabemos que fue capturado el autor intelectual del homicidio José Ramírez Villanueva. Proteger la integridad de Ramírez Villanueva, es una prioridad de las autoridades encargadas de la justicia para esclarecer el verdadero móvil del delito, así como para descubrir a los autores intelectuales y a los funcionarios implicados. No debemos olvidar que toda persona privada de la libertad por causas penales, tiene derecho a la readaptación social, como lo dispone el artículo 18 constitucional. Sin embargo, es importante señalar que la pérdida de la libertad no conlleva el despojo de los derechos fundamentales como lo son la vida, la integridad, el acceso a la justicia, a la salud, entre otros. Y si bien es cierto que las conductas delictivas son reprochables y reprobadas por la sociedad y sancionadas por el Estado, también lo es que la pérdida de la libertad no es razón ni argumento suficiente parra el menoscabo de los derechos inherentes a la naturaleza humana y mucho menos que al amparo de las deficiencias del sistema penitenciario y a la incompetencia de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, sea posible la consumación de crímenes en cárceles, en los que paradójicamente son denominadas de máxima seguridad. Por todo lo anterior, nosotros estamos a favor de la propuesta de nuestra compañera diputada Lizbeth Rosa Montero. Por su atención muchas gracias compañero Presidente.