El diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, estamos en esta Cámara de Diputados el día de hoy, con una facultad jurisdiccional que tiene este Congreso, de erigirse como jurado de procedencia, para en su momento determinar si a lugar o no a la declaración de la misma. Tenemos que ser muy claros que este Congreso, con esta facultad, no va a juzgar a ningún representante popular ni a la diputada local Lucero Sánchez, simplemente se está demostrando en el dictamen que presenta la Sección Instructora de que existen los elementos del tipo y la probable responsabilidad, para en mérito de ello determinar, esta Cámara de Diputados, poner a su consideración el dictamen de que haya lugar de la separación del fuero, para que esté a disposición de la autoridad correspondiente. No se está prejuzgando si es culpable o no el (sic) representante popular, simplemente se está quitando la inmunidad constitucional para que, en consecuencia de ello, se ponga a disposición de la autoridad, igual que cualquier otro ciudadano, ante las autoridades, para que demuestre, entre ellas mismas, si es o no responsable del delito que se le imputa. Tendríamos que decirlo con toda claridad, y ante esta Cámara de Diputados y este jurado de procedencia. También decir que a través de la Sección Instructora donde un servidor forma parte, se llevaron a cabo todos los extremos de la acción; se respetó desde la notificación misma la solicitud de comparecencia que le hizo a través de sus defensores; se abrió un periodo de prueba para desahogarse en 30 días; se les permitió conocer del dictamen a las dos partes, y después se abrió un periodo de alegatos, y esta Sección tuvo sus conclusiones y puso el dictamen a consideración de todos, lo que hoy se está discutiendo. Se respetó los extremos de la acción en beneficio, por supuesto, en este caso, de la probable responsable del delito que se le imputa. Pero también había que señalar con toda precisión, el delito que se imputa es el uso de documentos falso-público, que no es delito grave. Que aun cuando sea por un servidor público, solamente puede subirse hasta la mitad de la pena. En consecuencia no será privada de la libertad, suponiendo sin conceder si es que hay elementos para que se haga la consignación correspondiente, y el juez obsequie, en su caso, el auto constitucional respectivo. Pero lo que llama más la atención, es que por supuesto que estamos obligados a actuar en consecuencia y hacer esa facultad o esa atribución jurisdiccional, pero estamos más obligados a que este tipo de procedimientos sean más expeditos, que generen certeza, objetividad y que permita con toda claridad demostrar que esta Cámara no solapa a ningún delincuente, y tampoco es la casa de la impunidad. Tenemos que decirlo con todas sus letras, compañeros. Existen solamente dos jurados de procedencia en los últimos 12 años: 2004 para un legislador del Distrito Federal; 2010 para un legislador federal, y los 320 expedientes que duermen el sueño de los justos en esta Cámara de Diputados, donde la comisión o la subcomisión de Examen Previo apenas se instaló el mes pasado, qué podemos decir de eso. Qué podemos decir de todos los representantes populares que ocultándose atrás del fueron, hacen de este Estado mexicano, sea el estado más impune, más corrupto y más inseguro. Tenemos que decirlo con todas sus letras, compañeros, el Partido de la Revolución Democrática, por supuesto que votará a favor de este dictamen, pero hace un llamado de atención a este Congreso, para que se resuelvan las iniciativas que tienen que ver con desaparecer el fuero constitucional no sólo de los representantes populares, sino también del presidente de la República. Por su atención, muchas gracias.