La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En la actualidad el creciente envejecimiento poblacional, registrado en todo el mundo, ha generado preocupación y exige el impulso de retos sociales y económicos cada vez más fortalecidos, con la participación de las familias, sociedades, así como de los gobiernos y el sector privado a fin de afrontar este complejo fenómeno. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo el 11 por ciento de la población está integrada por personas mayores a 60 años, porcentaje que al 2014 representa un total de 700 millones y que tendrá un crecimiento para el 2050 de un 22 por ciento, para colocarse en 2 mil millones de personas adultas. Por su parte en México información de INEGI estima que viven alrededor de 11.7 millones de personas mayores a 60 años, que representan el 9.7 por ciento de la población total con padecimientos frecuentes como: diabetes, enfermedades del corazón, respiratorias, del hígado e hipertensivas, que de acuerdo con el Conapo el 82 por ciento de este grupo viven en situación de pobreza, con un registro al 2014 del 37.4 por ciento en pobreza moderada, y el 8.5 por ciento en pobreza extrema. Evidentemente que nuestro país ha generado avances legislativos e institucionales a favor de este importante sector. No obstante a ello es necesario seguir construyendo un andamiaje legal adecuado para enfrentar los múltiples agravios que hoy impiden a nuestros adultos mayores ejercer sus derechos con plenitud. Uno de los problemas de prioridad es sin duda la falta de seguridad social, que de acuerdo con el INEGI sólo el 25 por ciento de esta población percibe una pensión, mientras que el resto sufren carencias, obstáculos y una gran dependencia económica para satisfacer sus necesidades básicas. Dependencia que por la ausencia de recursos económicos, padecimientos, discapacidades, así como cuidados especiales, generan un desgaste a la estructura familiar, particularmente de la población de mayor pobreza donde la situación económica impide la contratación de servicios de asistencias privada por sus elevados costos que suelen superar los 10 mil pesos mensuales. Lo anterior ha constituido una carga económica que está orillando a generar mayores descuidos, indiferencias, y por si fuera poco, ha propiciado el abandono y la indigencia de las personas mayores. Luego entonces resulta necesario la intervención del Legislativo a fin de buscar soluciones apropiadas a esta problemática. Para lograrlo, proponemos modificar los artículos 10, 14 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de consolidar las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a fin de promover e impulsar la creación de albergues y residencias de día necesarias para garantizar la cobertura y asistencia integral de las personas mayores en situación de riesgo económico o desamparo. Compañeras y compañeros legisladores: ante el envejecimiento acelerado que experimenta nuestro país, es nuestra obligación impulsar mejores políticas públicas a favor de este importante sector vulnerable; de lo contrario, no nos quejemos el día de mañana, cuando a la edad nos alcance y experimentemos en carne propia lo que hoy sufren nuestros adultos mayores. Es cuanto, señor presidente.