LA C. PRESIDENTA: Con gusto agrego al turno el que se pida la opinión a la Comisión de Equidad y Género. Tiene la palabra el diputado Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -DIP. JUAN DE LA CRUZ ALBERTO CANO CORTEZANO: Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenos días compañeras y compañeros diputados: "El suscrito, diputado Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano, integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 70, 71 y 72, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto por lo que se reforma y adiciona el artículo 73 fracción XXIX-C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente: "Exposición de Motivos "Es de singular importancia el hecho que hoy reviste a nivel nacional el tratamiento territorio espacial en nuestras ciudades y conurbaciones urbanas, provocando con ello el alto grado de migración de personas del medio rural-subrural a las grandes urbes y conglomerados suburbanos-urbanos, en consecuencia creando los múltiples y complejos problemas de inseguridad, transporte colectivo, servicios, crecimiento anárquico, especulación del uso del suelo, deterioro ambiental y por tanto desequilibrio ecológico; falta de acciones concretas para el tratamiento de desechos de toda índole y, en consecuencia, la infraestructura y equipamiento deficiente que dificulta el crecimiento ordenado de nuestros centros de población, ciudades, metrópolis y megalópolis. "En nuestro país las ciudades y regiones se encuentran definidas por el sistema urbano nacional, que está conformado por 364 localidades, de las cuales 243 cuentan de 15 mil a 50 mil habitantes, 75 ciudades cuentan con más de 50 mil habitantes, 32 son aglomeraciones urbanas y 14 consideradas como zonas metropolitanas. "En las zonas metropolitanas y las aglomeraciones urbanas, se generan aproximadamente el 76 por ciento del Producto Interno Bruto del país y concentra el 67 por ciento de la población urbana. Asimismo, uno de cada 7 habitantes vive en una de las aglomeraciones urbanas o en alguna de las 14 zonas metropolitanas que contempla el sistema urbano nacional. "Los fenómenos metropolitanos dan inicio en la década de los 40s, con los casos de la ciudad de México, Monterrey, Torreón, Tampico y Orizaba. Actualmente sólo tres zonas metropolitanas están constituidas y declaradas: Ciudad de México, que merece un trato especial como caso único del país por su dimensión y grado de complejidad; Guadalajara y Monterrey. "Las zonas metropolitanas ofrecen oportunidades de desarrollo social para la población, pero también enfrentan grandes retos para su ordenamiento territorial. La metropolización es símbolo de modernidad, pero también de rezagos sociales, el reto entonces es formular políticas de desarrollo urbano nacional para efectos de desarrollo económico eficiente que haga eco en lo social. Por ello, es imperativo legislar sobre sistemas metropolitanos, desarrollo urbano y ordenamiento del territorio nacional. "La administración y planeación del territorio metropolitano es uno de los elementos centrales del análisis territorial en aras de lograr el mejoramiento productivo, mejor nivel de vida de la población, para vincular el ordenamiento territorial urbano y de sistemas metropolitanos al desarrollo social, para lograr una convergencia que busque una distribución de población más equilibrada en el sistema de ciudades del país. Buscar en todo momento que todo asentamiento humano sea socialmente equitativo y ambientalmente sostenible. "Se estima que para el año 2025 nuestra población alcanzará los 126 millones de habitantes, para ello será necesario crear una ciudad de un millón de habitantes por año, incorporar 30 mil hectáreas por año al desarrollo urbano, una demanda de agua potable en las cifras de 260 mil metros cúbicos por año, generando así 195 mil metros cúbicos más de aguas residuales en el mismo lapso. "De la misma manera, para entonces por año también requerimos generar poco más de un millón de nuevos empleos y otorgar servicios asistenciales a 300 mil personas mayores de 75 años, de tal suerte que las zonas metropolitanas concentran un potencial de desarrollo e innovación con los estados que confluyen y consecuentemente acentúan los problemas sociales más graves, generan una dinámica espacial cambiando así procesos de producción y distribución. Con ello involucra una tendencia inducida de asociación de redes de ciudades y aglomeraciones urbanas que constituyen una diversidad de asentamientos humanos con características comunes como son: económicas, sociales, funcionales y productivas que destinen flujos de bienes, personas, servicios y recursos económicos. El Sistema Urbano Nacional debe ser compatible con las políticas que establece el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y ordenamiento del Territorio 2001 2006, así como también de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Es por ello que requerimos maximizar la eficiencia economia del territorio espacial que garantice la cohesión social y cultural, un sistema urbano nacional en sinergia con la sustentabilidad, gobernabilidad territorial, planificación y gestión urbana, integrar suelo apto para satisfacer la demanda de vivienda popular y de interés social en áreas regionales. La atención a las conurbaciones y zonas metropolitanas revisten particular atención, por tanto debe ser específica y focalizada con criterios de valoración urbano ambiental y ecológico; enfoque integral de planeación para avanzar hacia un verdadero desarrollo urbano sustentable definiendo su conceptualización, exploración de variables que lo conforman , identificar líneas de acción concretas para promover su operatividad y definir la legislación urbana y ambiental. Si bien es cierto que existen disposiciones locales en materia de desarrollo urbano, como es el caso de programas de Ordenamiento Urbano del Valle de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Corredor Tijuana Rosarito y Ciudad Juárez, en los hechos se contraponen dichas legislaciones por tener diferentes puntos de vista, además de leyes estatales y municipales encontradas. Bajo esta perspectiva es necesario que esta soberanía tenga la facultad de legislar sobre desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y sobre sistemas metropolitanos, reformando y adicionando el Artículo 73 Constitucional en su Fracción XXIX-C quedando como sigue: "Artículo 73º.- El Congreso tiene facultad Fracción XXIX-C para expedir las leyes que establezca la concurrencia del Gobierno Federal, en los Estados y Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de Asentamientos Humanos , Desarrollo Urbano, Ordenamiento del territorio y sobre Sistemas Metropolitanos con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo 3º del Artículo 27º Constitucional". Es cuanto, muchas gracias. -LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. La siguiente presentación de Iniciativa agendada por el Partido de la Revolución Democrática, a petición del mismo, se pospone. Tiene la palabra el Diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una Iniciativa de Ley del Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional. -EL C. DIPUTADO ALBERTO AMADOR. Muchas gracias Diputada Presidenta. Le solicito que la Iniciativa se integre de manera completa en el Diario de los Debates y permítanme compañeras y compañeros Diputados una explicación muy breve sobre esta Iniciativa en materia de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional. El pasado 25 de Abril me permití presentar a consideración de esta Asamblea una iniciativa de decreto para adicionar los artículos 73, 76v y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El propósito de dicha iniciativa fue facultar al Congreso para legislar en materia de seguridad nacional; facultar al Senado de la República para conocer y analizar los informes en materia de información e inteligencia para la seguridad nacional, así como para ratificar el nombramiento de los servidores públicos responsables de las agencias de inteligencia y, finalmente, dar sustento legal al Sistema de Inteligencia para la Seguridad Nacional tutelando los bienes jurídicos de interés general para la nación como son la integridad, estabilidad y permanencia del estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación y de los Estados que la componen, el bienestar general de la sociedad así como los principios de la Constitución. A la fecha, la Comisión de Puntos Constitucionales no ha abordado el dictamen de tal iniciativa y de otras que se han presentado sobre el mismo tema. Tampoco el Ejecutivo Federal ha ejercido su facultad de iniciativa en este importante tema; sin embargo se hace indispensable avanzar en tanto que dicha comisión resuelve lo procedente sobre las iniciativas presentadas. En la iniciativa de reformas constitucionales a que hacemos alusión, dijimos que un importante reto que enfrentan hoy nuestras instituciones democráticas consiste en crear un sistema de seguridad nacional que además de salvaguardar la independencia y soberanía nacionales contribuya a fortalecer nuestro estado de derecho y garantizar la estabilidad política y la armonía social. Dijimos también que las amenazas a la seguridad y a la estabilidad democrática tienden a aparecer y a multiplicarse cuando las agencias gubernamentales encargadas de garantizarlas trabajan sin un marco legal apropiado o en ocasiones con referentes jurídicos deficientes, lo que también propicia la aceptación a las garantías individuales. También destacamos que sobre el tema se ha manifestado ya el interés y la preocupación de los legisladores, dado que los diputados de la fracción parlamentaria del PRI, César Augusto Santiago y Omar Fayad Meneses, presentaron sendas iniciativas de reforma a la Constitución; asimismo, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, de la fracción parlamentaria del PRD, presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional y como ya se dijo, a la fecha el Ejecutivo Federal no ha ejercido su facultad sobre esta materia. Es en este contexto que decidimos dar un paso adelante presentando esta iniciativa de ley secundaria que complementa la relativa a la reforma constitucional a que ya aludí y que fue presentada con anterioridad. Si partimos de la idea de que un Estado democrático cualquier actividad requiere del examen público, entonces el reto consiste en diseñar un esquema de información e inteligencia para la seguridad nacional que cumpla el doble requerimiento de ser efectivo, para lo cual se requiere cierto nivel de asecrecia (?) y grado de independencia institucional y a la vez actuar de manera transparente y con apego a derecho, para lo cual se requiere a su vez de un esquema de rendición de cuentas apropiado, es decir de control del legislativo y de supervisión ciudadana. La discusión por lo tanto se centra en la definición de un conjunto de pesos y contrapesos que den forma a un sistema de información e inteligencia acorde a las necesidades democráticas del país; es decir un sistema que por un lado sea eficaz en su objetivo de preservar la integridad del Estado y que al mismo tiempo respete los derechos humanos y se someta al escrutinio ciudadano a partir de un esquema de rendición de cuentas que sea llevado a cabo por esta soberanía. La iniciativa de ley que presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea, parte de una visión moderna y actualizada de la inteligencia y la seguridad nacional; parte también de una visión de Estado que busca que las actividades de inteligencia sean concebidas como el ejercicio permanente de acciones para la obtención, evaluación, sistematización y análisis del conocimiento y la información específicas que permitan identificar riesgos y amenazas en contra del Estado, de la sociedad o de la seguridad interior de las entidades federativas. Esta ley propone una agenda de la seguridad nacional a efecto de que delimite el ámbito institucional de las diversas agencias que están laborando en esta materia, también propone la creación de una comisión bicameral del Congreso de la Unión, que sea la encargada de llevar el escrutinio de los informes de las agencias de los productos de inteligencia de las agencias de seguridad nacional; de tal suerte que este Congreso tenga conocimiento del desarrollo de las actividades que se realicen. También como ya dijimos, sería facultad del Senado de la República ratificar el nombramiento de los responsables de las agencias a propuesta del Ejecutivo Federal. Para garantizar el equilibrio, entre ejecución centralizada de la política de seguridad nacional y la coordinación eficaz de acciones con el resto de los estados de la Federación se propone el establecimiento de un esquema bilateral de coordinación y colaboración entre la federación y cada uno de los estados de la República y el Distrito Federal. Cabe aclarar por cierto, que ante el vacío legal que enfrentamos ya algunas entidades federativas han empezado a legislar en la materia, se garantiza también que ningún organismo que realiza labores de inteligencia estará facultado para realizar tareas represivas de carácter policial, ni tampoco cumplir funciones de investigación criminal, salvo cuando le sea requerido por una autoridad judicial competente, autorizada por la ley. Se propone igualmente el establecimiento de un servicio civil de carrera, que perfeccione el sistema hoy imperante, por ejemplo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y que ha acreditado en los hechos profesionalismo y un desempeño eficaz, pero que requiere ahora tener un fundamento legal de mayor jerarquía. Finalmente la iniciativa contempla las conductas y actos que atentan contra la seguridad nacional así como contra las instituciones del sistema, que puedan cometer tanto los servidores públicos adscritos a los órganos de información, o bien otras personas físicas o morales. La intención de prescribir tales conductas, dará pauta a otra fase del trabajo legislativo en materia de penalización. Es en razón de lo anterior, señora Presidenta, compañeros, compañeras diputados, que me permito presentar esta iniciativa de Ley del Sistema de Información e Inteligencia Para la Seguridad Nacional, a sabiendas de que es imprescindible dar pasos firmes en una reforma del Estado, que todos profesamos nuestra comisión, nuestra decisión de llevar a cabo, pero que esta encontrando obstáculos de enorme consideración que podrían en un momento dado, poner en entredicho la viabilidad democrática que es producto de la transición que todos estamos construyendo. Muchas gracias.