El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputados y diputadas, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la población ha emprendido una búsqueda de atención a la salud a través de la medicina alternativa, lo que hace necesario que los gobiernos desarrollen una política nacional a favor de su reconocimiento y de su regulación. En México los obstáculos para dar a la medicina alternativa y complementaria un rango similar al que tiene la medicina alópata deben buscarse en la competencia que la penetración masiva de estas formas de tratamiento representaría para la poderosa industria farmacéutica transnacional. En el país carecemos de datos que nos permitan determinar cuánto gastamos los mexicanos en tratamientos no alópatas, si bien sabemos que el sistema público de salud resulta insuficiente para cubrir la creciente demanda de atención médica y que el alto costo de los servicios privados limita el acceso a la atención privada. En contraste, naciones como Estados Unidos, nuestro vecino del norte, la creciente utilización de terapias alternativas llevó al Congreso a establecer en el año de 1992 la oficina de medicina alternativa dentro de los institutos nacionales de salud. Posteriormente, siete años después, esta fue elevada al rango de Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa, según sus siglas en inglés. La Directiva de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud ha señalado que en nuestro país existen alrededor de 120 métodos de medicina alternativa y que de estos solo 5 se reconocen, tales como la homeopatía, la acupuntura, la medicina tradicional indígena, la herbolaria y la quiropraxia que han sido validadas con un marco jurídico legal. En 2008 la dependencia reportó que 40 hospitales en todo el país contaban con un modelo de medicina alternativa, como la homeopatía, la acupuntura y la herbolaria. A la declaración de Alma-Ata siguieron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes que en su apartado V referente a la seguridad social y salud habla de que los servicios de salud deberán organizarse en la medida posible a nivel comunitario y tomando en cuenta los métodos de prevención, prácticas y medicamentos adicionales. En este sentido, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2006, se realizaron reformas a los artículos 3 y 93 de la Ley General de Salud, orientadas al reconocimiento de medicina tradicional indígena. Este último término es mencionado en 2 ocasiones en el cuerpo del ordenamiento, mientras que el correspondiente a medicinas complementarias y alternativas nunca aparece en el mismo. Es a nivel de reglamento interior de la Secretaría de Salud, en el artículo 25, que se alude a la obligación de dicha dependencia, a través de su Dirección General de Planeación y Desarrollo de Salud de diseñar y proponer y operar la política sobre nuevos modelos de atención a la salud en correspondencia a las necesidades y características culturales de la población. Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa busca impulsar el reconocimiento legal de la llamada medicina alternativa y complementaria e insertar el término en la Ley General de Salud, además es acorde con la estrategia que ha venido impulsando desde hace varios años, la OMS, para que los gobiernos reconozcan la importancia y la contribución de esta a la salud de la humanidad. Por su atención, muchas gracias, que tengan una excelente tarde.