El diputado Samuel Aguilar Solís: Gracias señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Es un honor para mí tener nuevamente la oportunidad de ocupar esta tribuna para abordar un asunto de la más alta trascendencia para nuestro país y en particular para el papel que está obligado a cumplir el Poder Legislativo. Como lo señalé en la sesión del pasado 15 del presente mes, la reforma del ISSSTE condensa sin lugar a dudas uno de los desafíos torales de la prevalencia o no del carácter social del Estado. Lógicamente, en una sociedad como la nuestra en la que se han fincado de manera irreversible la pluralidad, la diversidad y sobre todo la institucionalidad política de la división de poderes, es evidente que un tema con esa centralidad genere debate, contrapunto y disenso. En el caso que nos ocupa es muy importante que por más álgido que sea ese debate, por más polémica que pueda provocar el tema de la seguridad social y su correlato, el sistema de pensiones, no se puede extraviar el centro que compromete al Poder Legislativo. En función de ello resulta fundamental, diría yo imprescindible, que se acredite a plenitud que el proceso legislativo que subyace y acompaña a la iniciativa de reforma en esta materia, nada tiene que ver con improvisación o la suma ciega de votos irreflexivos. Es tiempo de asumir que el tema de la seguridad social y las pensiones ha estado gravitando durante décadas en la agenda nacional y legislativa, negar ese proceso o simplificarlo, implicaría menospreciar y traicionar el espíritu de infinidad de foros, grupos de trabajo, grupos de estudio, aportaciones en orden privado o público que buscaban alternativas duraderas a un reto de magnitud formidable. Porque resultó claro desde hace tiempo que no existían salidas fáciles a un compromiso de Estado y a un mandato constitucional, como es este caso. Nadie, absolutamente nadie, puede negar que en este problema, en su dinámica, ponga más cuestión no sólo la sustentabilidad de las finanzas públicas, sino que se ha constituido ya, en un tumor maligno de la economía nacional al representar el 54 por ciento del PIB. De hecho, hay el consenso creciente de que la paradoja más delicada a la que se enfrenta es, que una institución cuyo núcleo ético es la justicia social, puede estar derivando ya en un factor de inequidad social. Por ello, hoy es tiempo de que el Poder Legislativo asuma su responsabilidad como parte del Estado mexicano y no simplemente como una expresión del la pluralidad que le es consustancial. Hoy es tiempo de que los legisladores sin renunciar a ningún principio de pertenencia ideológica podamos embonar nuestra tarea con un proyecto nacional, en el que el Estado no abdique de sus responsabilidades sociales, por un desafío financiero que podemos afrontar y no seguir postergando. Si se atiende con efectividad y sensatez el dictamen que nos han entregado las Comisiones de Hacienda y de Seguridad Social, en el que se otorga el aval para la iniciativa de reforma para la Ley del ISSSTE, no se puede negar que es producto de esa larga reflexión y no de la coyuntura. Nadie puede negar que entre los actores que suscriben esta iniciativa existen marcadas y profundas, y tal vez, irreconciliables diferencias en muchos temas; pero en ello estriba precisamente la calidad del proceso de equilibrio, acuerdo y consenso que está en el sustrato de la reforma. En realidad lo que ahora estamos en condiciones de consolidar tiene como nutrientes en primer término, la propia demanda y expectativa de los trabajadores mexicanos, específicamente los Trabajadores al Servicio del Estado. Todos los partidos aquí representados saben perfectamente que de seguir en la inercia que tenemos en el presente y el futuro de los trabajadores, no contaría con las garantías efectivas de que su salud, la de su familia y su propio retiro, serán satisfechas en calidad y cantidad. El proceso legislativo en el que estamos inmersos ya cumplió en ese sentido con una premisa esencial. En el diagnóstico de viabilidad del ISSSTE todos los partidos y todos los actores involucrados coinciden en la virtual quiebra técnica y en la insuficiente creciente de la institución para cumplir con los 21 compromisos a que le obliga la ley. Del mismo modo, esta Legislatura recuperó y se alimentó de otros actores, también fundamentales, guiados en su mayoría por compromisos éticos y profesionales que recorren los ámbitos más diversos. Estamos hablando de todos los foros, de todos los grupos de trabajo que en esta soberanía se han realizado. Estamos hablando de académicos, estamos hablando de investigadores, de la Conago y particularmente de su Comisión de Seguridad Social y de Pensiones que el día de ayer dio su apoyo también a esta iniciativa; de esfuerzos legislativos previos cuyo interés era precisamente definir una ruta, una salida congruente y viable para refundar y poner en valor presente la seguridad social del siglo XXI mexicano. Señoras y señor legisladores, quienes suscribimos el dictamen de esta iniciativa, lo hacemos con plena conciencia y transparencia política. Sinceramente deseamos que esta Legislatura pueda abrirle curso a una nueva etapa de reformas en todos los ámbitos que el país espera y el país necesita, con respeto a la diversidad, pero también con capacidad para ubicar un centro de civilidad y acuerdo parlamentario. En este contexto tenemos que tener el arrojo, la claridad política y el temple para procesar la reforma del ISSSTE, asumiendo que lo ideal debería de ser un Legislativo articulado, de una aprobación unánime, pero que también la mayoría razonada es una opción elevada de legitimidad. Quiero decir que de hecho, en esta última etapa se volvió acreditar el espíritu abierto y plural de la reforma en cuestión y se pudieron expresar y procesar matices, ajustes que la enriquecieron, sin lugar a dudas. Existe la convicción y la premisa explícita de que el ISSSTE tiene que ser una parte sustantiva de este etapa de reforma del país en la que el Estado está obligado a recuperar y consolidar su carácter social; exactamente un sentido contrario a cualquier ejercicio privatizador o eficientista que aleje a los poderes públicos de su mandato constitucional. El método político también tiene que ser acreditado en toda su dimensión. Es necesario insistir en ello, pues más allá de la geometría política y de los diferendos ideológicos que distancian y distinguen a los actores políticos que suscriben la reforma, en el corazón de la misma prevaleció el interés nacional, el interés de la mayoría social. La responsabilidad política por supuesto resulta ser uno de los ingredientes fundamentales para que hoy estemos en condiciones de sumar adeptos activos y actores a esta iniciativa. Compañeras y compañeros diputados. Es tiempo de avanzar en la demanda más extendida de los ciudadanos que esperan del Poder Legislativo y de sus representantes eficacia institucional y una pluralidad productiva y no de encono, que esté a la altura de sus propias circunstancias. El dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno, tiene precisamente estos ingredientes y lo anima ese espíritu republicano que en estos días podemos enaltecer, en nosotros está, compañeras y compañeros. Muchas gracias.