La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Con su permiso, señora presidenta. Honorable asamblea, ocupo esta tribuna para someter a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para Encuentro Social atender los problemas que más lastiman a nuestras familias son una prioridad legislativa que vamos a cumplir. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, dada a conocer en octubre pasado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, reporta que en el mes de septiembre de 2015 el 68 por ciento de los mexicanos consideraba que, en términos de delincuencias, vivir en sus ciudades era inseguro. En contraste, el último registro correspondiente al mes de septiembre de 2018, reportaba que el 74.9 consideraba que vivir en sus ciudades es inseguro. Es decir, la percepción de inseguridad creció casi 7 puntos porcentuales en tan solo 3 años. De mantenerse la tendencia observada, sin que se mejoren las políticas y estrategias diseñadas para el combate a la inseguridad y la procuración de justicia, para el mes de junio de 2024, 9 de cada 10 mexicanos podrá indicar, con fundadas razones, que su entorno urbano es sumamente inseguro. Esto no lo podemos permitir, compañeras diputadas y compañeros diputados. Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro son: Ecatepec de Morelos, en el estado de México; Villahermosa, Tabasco; Reynosa, Tamaulipas. Lamentablemente, Cancún, en mi estado, Quintana Roo. Fresnillo, Zacatecas y Tapachula, Chiapas. Con 96.3, 94.5, 94.6, 92.8, 90.8 y 90.4, respectivamente. Además de tan alarmantes niveles de inseguridad percibida, no debemos dejar de advertir que la victimización ocurre con mayor frecuencia e incidencia en las mujeres, al ser agraviadas ocho de cada diez. Ante este panorama, las acciones del Estado mexicano en la materia son acordadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y se encuentran principalmente articuladas y vinculadas a través de recursos públicos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. Una política de combate a la delincuencia y la preservación de la paz social y la seguridad de las personas y sus bienes, es una obligación que el Estado mexicano no puede evadir. Y por ello, me permito proponer: Primero. Que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública deberán estar garantizados con los recursos suficientes y crecientes, en términos reales y nunca serán menores a los asignados en el ejercicio presupuestal anterior. Segundo. Que la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal proponga y aplique políticas y programas de cooperación municipal en materia de seguridad pública, incluyendo mejoras orientadas a garantizar la suficiencia presupuestal de los fondos públicos destinados a la seguridad municipal. Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social es fundamental que el Estado mexicano brinde y proporcione a la sociedad los elementos que propician su sano desarrollo. Para ello, es menester que las autoridades responsables de la seguridad pública verdaderamente cuenten con los recursos para cumplir con su tarea, de tal manera que al hacerlo se generen tangibles beneficios para la población, manifiestos en mejores condiciones de desarrollo económico y la recomposición del tejido social, gracias a menores tasas de delincuencia e inseguridad. Es urgente hacerlo ya, es lo justo. Hagámoslo nosotros. Es todo, señora presidenta.