La diputada Irene Aragón Castillo: En agosto de 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo objetivo principal es regular y hacer efectivo el principio de igualdad mediante el establecimiento de programas y políticas públicas que permitan a nuestro país el cumplimiento del principio de igualdad sustantiva, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de las personas. La igualdad sustantiva se entiende como "la ausencia de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas en las esferas política, económica, social, cultural y civil, entre todas". Lo anterior implica para el Estado mexicano la obligación de diseñar e implementar mecanismos e instrumentos legales que garanticen las condiciones de igualdad entre las personas. Asimismo, en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se reconoce la importancia que tiene el establecimiento de un marco jurídico que norme y reglamente las acciones de las instituciones públicas en lo que se refiere al respeto, a la garantía y al acceso pleno a los derechos de las personas en la materia de la no discriminación, de la defensa de los derechos humanos y de las condiciones de equidad de género. Sin embargo, los retos y los desafíos que se presentan en la actualidad para combatir y disminuir los índices de desigualdad son todavía mayores y se requiere que las leyes en nuestro país sean efectivas y eficientes. En el ámbito internacional México ocupa desde el 2007, tristemente, el lugar número 93 de 128 países en cuanto al cumplimiento de criterios, principios y condiciones de igualdad para las mujeres. Con base en el estudio presentado ante el Foro Económico Mundial y realizado por investigadores de la Universidad de Harvard y de la Escuela de Negocios, de Londres, México obtuvo una muy baja calificación en cuanto al establecimiento de garantías para la participación económica y de oportunidades para las mujeres en cuanto a logros educativos, empoderamiento político, así como salud y esperanza de vida. Es decir, el índice de desigualdad de género en nuestro país nos ubica por debajo de países como Cuba, que ocupa el lugar 22; Colombia el 24; Jamaica el 39; Ecuador el 44; El Salvador el 48 y Venezuela, por cierto, el 55. Así observamos que, no obstante el artículo 4o. de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que contempla la facultad para aplicar de manera supletoria los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, nos indica de manera categórica en su articulado la obligación de la federación, estados y municipios, de incorporar los principios objetivos del conjunto de tratados internacionales ratificados por México en el diseño e implementación de políticas públicas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres, ni tampoco se contempla su integración en la política nacional en materia de igualdad. Presidente, concluyo, México no puede quedarse al margen de los avances que en materia de igualdad que se han obtenido en la comunidad internacional, y específicamente en el resto de los países que lo han adoptado en plenitud. Los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano no se deben considerar como letra muerta y se deben asumir como una obligación legalmente establecida para mejorar las condiciones de igualdad para las mujeres mexicanas. Gracias por su atención. Diputado presidente, le agradecería se inserte íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.