El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Con su permiso, diputada Presidenta. Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I y III; y se deroga la fracción II del artículo 3o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, lo anterior al tenor de la siguiente Exposición de motivos La industria eléctrica ha sido componente esencial en la vida nacional. Al transformar los procesos productivos y las condiciones de la convivencia social ha adquirido un valor fundamental para el desarrollo económico del país. En los primeros años del siglo XX, la capacidad de generación alcanzaba los 22 mil 300 kilovatios. Cada ciudad tenía su propia compañía. En 1911 se contabilizaban 199 empresas, pero al poco tiempo el crecimiento de la Mexican Light and Power Company, de capital anglocanadiense, la citó como el principal monopolio del sector, hecho que prevalecería hasta que el gobierno federal emprendió su nacionalización. El proceso de nacionalización trajo la adquisición de la totalidad de las acciones de la American and Foreign Power, razón que le permitió continuar sus operaciones con el nombre de Luz y Fuerza del Centro, empresa que en 1994 logró su permanencia, al ser transformada en organismo descentralizado. En suma, estas dos empresas han satisfecho plenamente la electricidad que se consume diariamente en el territorio mexicano. El Constituyente Permanente, en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo sexto, estableció lo siguiente: "Tratándose del petróleo, de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado. La nación llevará a cabo la explotación de estos productos en términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines". Sin embargo, las reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica de los años 1983, 86, 89, 93 y 94 han minado el espíritu del artículo 27 constitucional. En preparación para el ingreso al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en 1992 se realizó una cirugía mayor a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, al disponer, en su artículo 3o., que varios aspectos de la generación de energía eléctrica no se consideraban de servicio público; y se facultó a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía para otorgar permisos a particulares para el autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente, para su venta a la Comisión Federal de Electricidad, así como la exportación e importación derivada destinada a usos propios. El ritmo del crecimiento en la oferta eléctrica es lento pero incrementado por el sector privado. En septiembre de 2006 ya operaban 18 centrales generadoras, con capacidad de ocho mil 771 megawatios. En el 2007 son ya 20 centrales. En el periodo de 2001 a 2006 la CFE sólo incrementó su capacidad de generar en poco más de mil megawatios, mientras los privados lo hicieron en nueve mil megawatios. Actualmente, la generación de energía eléctrica por parte de los productores independientes autoabastecedores y cogeneradores particulares representa cerca de 30 por ciento de la generación total nacional. Su capacidad instalada es una cuarta parte comparativamente con la capacidad de CFE y Luz y Fuerza. Cabe subrayar que el desempeño del sector eléctrico, desde la creación de la CFE y Luz y Fuerza del Centro, ha respondido a los requerimientos del desarrollo y ha logrado construir un sistema eléctrico nacional, cuya cobertura se extiende por todo el territorio. Cubre el 96 por ciento de la totalidad y se han podido utilizar tarifas diferenciadas para la agricultura, la industria, el comercio y los servicios, de acuerdo con las modalidades que dicta el interés nacional, entre las cuales está la de extender el servicio a toda la población, de acuerdo con su capacidad de pago. Es momento de rescatar el espíritu del artículo 27 constitucional y dotar de mayores recursos presupuestarios a las empresas públicas del sector eléctrico nacional para que logren su autonomía financiera, operativa y administrativa y que ésta vaya dirigida a dotar de electricidad de calidad y a tarifas accesibles al conjunto de los consumidores del territorio nacional. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto Artículo primero. Se reforman las fracciones I y III del artículo 3o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en los siguientes términos: Artículo 3o. No se considera servicio público: Fracción I. La generación de energía eléctrica para pequeña producción; Fracción III. La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de pequeña producción. Artículo segundo. Se deroga la fracción II del artículo 3o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue Artículo 3o. No se considera de servicio público: Fracción II. Se deroga. Transitorios Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo. Los permisos a los productores independientes autoabastecedores y cogeneradores de energía eléctrica que hayan sido otorgados antes de la promulgación del presente decreto, podrán terminar su periodo contractual en los términos y condiciones en que se hayan convenido. Lo firman los diputados Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, José Antonio Almazán González, Ramón Félix Pacheco Llanes, Alejandro Sánchez Camacho, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Gracias.