El diputado Julio César Moreno Rivera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Compañeros de los medios. A nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación. En la actualidad en México no existe una política integral que regule la carrera docente. Lo que tenemos son una serie de programas y acciones aisladas, desarticuladas y contradictorias, aun cuando se han institucionalizado como estándares de calidad educativa, ofreciendo indicios sobre las características que debería de cumplir un maestro de educación básica o normal. Por ello con la reforma en estudio se pretende crear un servicio profesional docente con la finalidad de establecer a nivel nacional las bases del ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el servicio educativo. Por otro lado, agregando una fracción IX al artículo 3o., constitucional, se propone dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con lo que se podrá fortalecer la política del Estado y su rectoría en la educación. Es importante entender que dada la complejidad de los procesos educativos, es pertinente emplear los mecanismos necesarios que permitan obtener una visión lo más completa posible, que ofrezca un fundamento sólido para las decisiones y acciones de mejoramiento que deben de tomar. Por ello y dadas las tareas tan especializadas y de suma complejidad técnica, se ha decidido encomendar a una instancia autónoma e independiente, todas las tareas de evaluación como sucede en los casos de los Estados Unidos, de Inglaterra, Dinamarca, sólo por citar algunos ejemplos. Debemos tener presente que la educación, como parte del engranaje social y como un pilar primordial de los valores más esenciales del ser humano, constituye la herramienta de crecimiento de toda nación. Por ello nuestra Constitución Política consagra a la educación como un derecho humano fundamental y en consecuencia este órgano legislativo tiene la obligación de garantizarlo a todos los mexicanos en un marco de respeto a nuestra Carta Magna y a los tratados internacionales que México ha firmado en la materia, entre los que podemos mencionar: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. Es lamentable que en materia educativa nuestro país ocupe el lugar 48 de 63, a nivel mundial y el último lugar a nivel de Latinoamérica de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De acuerdo con datos del Banco Mundial, México destina el 5.3 por ciento de su producto interno bruto a la educación y a pesar de ello ocupa el lugar 118 de 144 naciones clasificadas por la calidad de su educación primaria. Asimismo es alarmante que en promedio de cada 100 niños que ingresan a la primaria, sólo la mitad termina su instrucción media superior. Con los anteriores datos es más que evidente la necesidad de una reforma educativa que eleve la calidad de la educación a fin de superar los bajos índices de preparación y aumentar la productividad y la competitividad económica. Si queremos transformar a la sociedad, debemos empezar por mejorar la educación, ya que de ésta, al igual que de la ciencia y de la educación tecnológica, dependen cada vez más la productividad y la competitividad económica, así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones. En ese sentido el Estado mexicano se encuentra ante la responsabilidad y obligación de establecer los mecanismos idóneos para estructurar una política educativa que transforme el sistema educativo actual, resolviendo y enfrentando los problemas que le aquejan con la finalidad de dar un paso adelante en el desarrollo de la educación. Más que esperanza, los ciudadanos necesitamos certidumbre de que puede haber un mejor futuro, de que otro México es posible para bien de todos, en especial de nuestros hijos. Por ello la importancia de la presente reforma con la que se busca establecer las bases constitucionales que permitan consolidar la educación en México para las generaciones futuras. En concreto, la presente reforma constitucional se refiere en dos fracciones del artículo 3o constitucional, se adiciona el párrafo segundo de la fracción III para establecer las bases para la creación de un servicio profesional docente, con lo que se pretende consolidar la educación pública de calidad. Se fijan los procedimientos y mecanismos objetivos para el ingreso, promoción, permanencia en el servicio educativo a través de un concurso de oposición. Para facilitar la movilidad en el sistema educativo se incorporan al servicio profesional docente a quienes desempeñen funciones de dirección y supervisión en la educción básica y media superior que imparte el Estado. Se adiciona la fracción IX al artículo 3º de la Carta Magna para transformar el ya existente Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio con la finalidad de alcanzar una plena coordinación entre las autoridades educativas federales y locales. En este sentido, a este instituto le corresponderá evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional desde el nivel preescolar hasta el medio superior. El instituto deberá realizar las siguientes funciones: Diseñar y realizar las mediciones que corresponden a componentes, procesos o resultados del sistema. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas del gobierno federal y local para llevar a cabo las funciones de evaluación que le corresponden. Generar y difundir información y con base en ésta emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. Por otra parte, el órgano de dirección del instituto será la junta de gobierno integrada por cinco miembros designados por el Ejecutivo federal, con la aprobación de dos terceras partes del Senado. Los integrantes de la junta de gobierno elegirán entre ellos a su presidente. Finalmente se adiciona la fracción XXV al artículo 73 de la ley suprema para facultar al Congreso con el propósito de asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Por lo anterior, no se debe seguir postergando la necesidad del Estado de recuperar la rectoría de la educación y la lucha contra los poderes fácticos, pues uno de ellos, importantísimo y de poderío enorme, afecta actualmente la vida nacional de una manera significativa. Compañeras, compañeros diputados, los exhorto a apoyar esta reforma. De lo contrario, dejaremos de contribuir a la solución de un problema que aqueja a la ciudadanía y al desarrollo nacional. Es el momento de enfrentar los retos. Estamos aquí por la voluntad ciudadana a ella nos debemos a fin de lograr un México mejor. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.