La diputada Martha Amalia Moya Bastón: Gracias, diputada presidenta. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta junio de 2025 más de 129 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas en nuestro país. Solo en 2023 se reportaron 10 mil 315 nuevos casos, el año con mayor número de desapariciones desde que se tiene registro. Y la tendencia continúa. En lo que va de 2025 se reportan alrededor de 40 desapariciones diarias, siendo el estado de México una de las entidades con mayor número de desapariciones en el país, en la que el 46 % de los casos corresponde a personas entre 15 y 34 años. Fue en octubre de 2019 cuando la Secretaría de Gobernación emitió la segunda alerta de violencia de género para el estado de México, esta vez por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en 7 municipios de la entidad. En los primeros cuatro meses de 2025 se han reportado 611 personas desaparecidas, de las cuales 249 son niñas y niños, esto significa que más de 2 menores desaparecen cada día en el Estado de México. Ante esta realidad en un país con más de 72 mil cuerpos sin identificar, donde solo el 3 % del Presupuesto de las Fiscalías se destinan a servicios forenses y donde al menos 22 madres buscadoras han sido asesinadas, ¿de verdad creemos que una base de datos resolverá lo que la impunidad ha perpetuado? En un comunicado firmado por más de 300 colectivos señalan que esta iniciativa no sirve para la búsqueda de sus familiares desaparecidos y puede ser peligrosa para la seguridad de todas las personas en México y abro comillas, esta reforma no partió de una consulta amplia y pública. Por ello, reiteramos que es una iniciativa que no respaldamos principalmente porque no responde a la grave problemática que sufrimos como familiares de personas desaparecidas. Organizaciones como el Centro Prodh y la Red de Defensa de los Derechos Digitales, R3D, han advertido que esta reforma no representa un avance real y cito textual, no hubo parlamento abierto, no se garantizó la participación sustantiva de los colectivos y se parte de un supuesto peligroso que la crisis se resolverá interconectando base de datos y no enfrentando la impunidad. Nos dicen que un CURP con huellas, iris y rostro resolverá la crisis de desapariciones, pero los datos forenses siguen sin procesarse. De verdad, ¿el problema es la falta de tecnología? Buscar a los desaparecidos no debe implicar desaparecer nuestras libertades, libertades que de acuerdo a la reciente resolución de la Organización de las Naciones Unidas sobre derechos digitales nos recuerda algo fundamental, la privacidad es un derecho humano no un privilegio. La justicia no puede construirse sobre la vigilancia y la memoria no se honra con control, sino con verdad, una base de datos no substituye una estrategia de búsqueda. Cómo podemos pretender que la CURP biométrica sirva para encontrar a los desaparecidos mientras los laboratorios no tienen reactivos, las comisiones de búsqueda no tienen presupuesto y las familias siguen buscando solas, y citando a una de las madres buscadoras les diré, como ella dijo: no necesito una CURP con mi iris, necesito saber dónde está mi hijo. Es cuanto, presidenta.