EL C. DIP. FELIX CASTELLANOS HERNANDEZ (PT): Con el permiso del señor Presidente diputado. Compañeras y compañeros Legisladores: El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha manifestado categóricamente en diversas ocasiones su rechazo a la conversión de responsabilidad y atribuciones de entidades y dependencias de la administración pública en negocios privados. La consideración de fondo a este respecto radica en que de ningún modo está aprobado que la ejecución de obras y servicios públicos por la iniciativa privada sea intrínsecamente mejor. En absoluto está documentado históricamente en el mundo y en México que esto se haya hecho con mayor calidad, eficiencia y provecho social. Sin duda hay algunas experiencias en las que la operación privada de las actividades tradicionalmente adscritas al sector público ha tenido resultados positivos, pero ello ha sido así en función de regulaciones técnicas y legales escrupulosas que establecieron total transparencia y responsabilidad en los procedimientos de concesión y funcionamiento correspondientes. No obstante, hay expedientes en la última década, es decir, en el periodo que liga los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que prueban todo lo contrario. Para colmo los desatinos, los resultados negativos y las complicidades entre autoridades y empresarios privados han redundado no sólo en elevados costos para los contribuyentes, sino en verdaderos desastres para los menguados recursos públicos que invariablemente han repercutido en la reducción del gasto social. Ejemplos tenemos varios. Por sólo citar tres: el rescate carretero, la conversión de TELMEX, el FOBAPROA. Ahora tenemos el escandaloso caso del RENAVE, el cual consistió esencialmente en la abdicación de una responsabilidad pública y su reemplazo por la concesión a una empresa privada de la captación y de la sistematización de datos confidenciales relativos a una parte ampliamente extendido del patrimonio de millones de mexicanos. Por su propia naturaleza, el Registro de Automóviles no debió en principio concederse a la operación de una empresa privada, en virtud de la información confidencial que implica. Este fue el gran error en las consideraciones que estuvieron en el diseño original del RENAVE. A lo anterior se agregaron otros dos graves errores, el primero relativo a cargar a los diezmados ingresos de las familias mexicanas el costo burocrático del Registro. El hecho de que lo instrumentara una empresa privada llevaba de suyo la deducción de una ganancia garantizada sin la cual no opera ningún negocio privado. Por ello nos preguntamos: ¿Por qué llevar a cabo el registro bajo este procedimiento, cuando debió idearse con una plena responsabilidad pública? Una vez desatado el vergonzoso escándalo que todos conocemos, el Secretario de Comercio, Herminio Blanco, anunció la reducción del 50 por ciento en la tarifa aplicable, lo cual hace suponer necesariamente que el precio original fue arbitrariamente inflado. Dos preguntas más: ¿Qué extraños intereses o contubernio entre la empresa titular de la concesión y las autoridades de la Secretaría de Comercio permiten que aún con la reducción de la tarifa la concesionaria siga percibiendo utilidades? ¿De qué forma se iban a distribuir las altísimas ganancias que a lo largo de diez años se obtendrían? Esta Cámara debe encontrar las respuestas a estas preguntas. El segundo y más grave error consistió en otorgarlo a una empresa cuyo titular tenía en su haber delitos de lesa humanidad, como lo son los cargos que le imputan de secuestro, tortura y enriquecimiento ilícito, mediante el robo de los bienes de sus víctimas durante la dictadura argentina. El torturador, Ricardo Miguel Cavallo, debe ser juzgado y castigado con todo rigor conforme a las leyes aplicables. El Estado pasó por alto estos hechos, evidenciando la precariedad de la seguridad nacional en sus ámbitos de la inteligencia política. Si fue así ha sido una deficiencia lamentable, que se conocían estos hechos y no se procedió en consecuencia, fue una maquinación atroz de las autoridades correspondientes que evidencian las grotescas complicidades entre el poder político y los intereses económicos que en este caso normaron la orientación de la política gubernamental privatizadora, En suma, si Herminio Blanco sabía se tiene un caso de enorme complicidad; si Herminio Blanco no sabia se tiene un caso monumental de incompetencia, Por eso sostenemos que lo que de inmediato debió proceder era suspender la operación del RENAVE, la revisi6n de su ley y la rectificación legal conducente. Asimismo en lugar de proferir justificaciones absurdas el Secretario de Comercio Herminio Blanco debió reconocer los errores y asumir la expulsión de rectificarlos. Al no proceder de esta manera, incurrió en situaciones que cuando menos implican la presentación de su renuncia. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo reitera su planteamiento de que Herminio Blanco debe renunciar; es más, efectivamente a su grupo parlamentario se suma al propio acuerdo así propuesto anteriormente y a la vez se informa que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo Iniciará el procedimiento de juicio político contra Herminio Blanco. Muchas gracias. (aplausos)