El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Me permito exponer la posición de Movimiento Ciudadano respecto de este dictamen a través de un voto particular que me permití formular en base a los artículos 90 y 91 y demás del Reglamento de esta Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros, como ustedes bien saben, los derechos humanos son un conjunto de atributos inherentes a nuestra propia esencia que necesitamos para desarrollarnos en una forma plena y armónica, siendo uno de ellos, de los de mayor trascendencia, el relativo a la seguridad pública que consagra precisamente el artículo 21 de nuestra Carta Magna. Ahí se establece cuatro principios torales bajo los cuales deben de regirse todas las instituciones que convergen en esta materia, siendo el de la legalidad, la honestidad, la eficiencia y, por supuesto, el profesionalismo. Aquí se trata de hacer evaluaciones a través de cinco reacciones, cinco baterías: la primera la física, la toxicológica, la psicología, el entorno social y el polígrafo. Y yo me pregunto, cómo van a ser profesionales nuestros elementos de estas corporaciones, por ejemplo, en el aspecto físico cuando nunca se les da el adiestramiento ni el acondicionamiento físico para que estén en óptimas condiciones. ¿Cómo van a cumplimentar una orden de aprehensión si no tienen precisamente ese adiestramiento de las técnicas de sometimiento y conducción de presuntos responsables?, y todo ello nos lleva precisamente a aseverar que antes de hablar de evaluación hay que hablar necesariamente de capacitación y esto sin duda es un tema pendiente. Por eso, un servidor celebra esta disposición de sostener unas reuniones con la Cámara colegisladora, con los gobernadores y con los titulares del Ejecutivo federal, para verdaderamente introducirnos en un fondo que nos permita cimentar estas nuevas corporaciones públicas en el ámbito de la seguridad que tanta falta nos hacen a las y los mexicanos. En ese orden, quiero destacar que este dictamen que estamos hoy discutiendo genera la carga de la prueba a los elementos de las corporaciones policiales, donde expresamente se señala que a ellos deberán de generar dentro de esta prórroga, si se otorga, el que puedan acreditar a través de estas baterías esa confianza que garantizaría, según su dicho, el que son elementos probos y honestos. Esto quiere decir que una responsabilidad que le corresponde al Estado en los tres órdenes de gobierno, hoy se las estaríamos endilgando permítanme ese término a los elementos de las corporaciones policiales, ya que precisamente el dictamen en cuestión establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un plazo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y confianza. De no ser así, establece este dictamen, deberán ser separados de sus cargos, lo cual a todas luces resulta ser contrario a los principios de seguridad jurídica, de legalidad, resultando como consecuencia inconstitucional, contrario al 14 y al 16 y por supuesto a tratados internacionales de la materia. Sólo para comentar un aspecto adicional, si estaríamos hablando de una prórroga en un sentido estricto, tendríamos que señalar y en una técnica legislativa que no se puede prorrogar lo que ya se feneció. Se tendría que hablar como de cuatro años en su momento más 10 meses, y ahora de cinco años más 12. En suma, la propuesta que nosotros hacemos es precisamente que se elimine el término de la separación ipso facto, toda vez que deberá de quedar a disposición de las autoridades para someterse a la serie de exámenes y quitarles esa carga de la prueba, que indebidamente e ilegalmente se pretende hacer. Es cuanto, compañeras y compañeros.