El diputado Sergio López Sánchez: Gracias, presidente. Con su permiso, diputado presidente y compañeras y compañeros diputados. Hoy presento ante esta soberanía la reserva al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La corrupción se volvió un uso y costumbre en la práctica del ejercicio público en los distintos niveles de gobierno y en sus más diversas acepciones. Para la sociedad ver en vivo la decadente y tibia respuesta gubernamental frente a evidentes y sonoros casos de corrupción, además de generar preocupación despertó indignación que en los hechos se transformó en acción organizada. Es así que, como consecuencia del trabajo de la propia sociedad civil organizada y de la mano de quienes creemos en la transparencia, surge la denominada Ley 3 de 3, una propuesta valiosa de la sociedad, donde exige que sus gobernantes y funcionarios publiquen y hagan transparente el ejercicio de su patrimonio. Una verdadera llamada de atención del colectivo social indignado por las innumerables e inmensas fortunas que se han amasado por cuenta del erario. Las y los mexicanos ya estamos hartos de ver cómo la clase gobernante ha hecho de la corrupción un modo de vida. La corrupción en México es un mal tan antiguo; sin embargo, rechazamos la versión de que es genética o cultural, sabemos que sus raíces son profundas, lo que le ha vuelto un fenómeno en extremo resistente y, por ello, difícil de vencer. Esta es la razón por la que ante un problema radical es preciso implementar soluciones radicales. La Ley 3 de 3 es eso, el inicio de un nuevo pacto social entre lo público y lo privado, es saldar una deuda de años con nuestro representado. Establecer este nuevo pacto social a partir de la aceptación total y absoluta de la propuesta ciudadana, enarbolada por más de 600 mil ciudadanos, que promovieron la Ley 3 de 3, implica que no podemos escatimar ni limitar su derecho a conocer del ejercicio y comportamiento en sus bienes y en el de quienes así sean familiares, se presten para ocultar y manipular la información del servidor público en un caso de enriquecimiento ilícito, como consecuencia del ejercicio abusivo de facultades. Es por ello que insistimos en declaraciones completas, tanto patrimonial, de intereses y fiscal, públicas y sin escatimar o buscar bajo el argumento de la protección constitucional de datos, que cierta información deberá ser ocultada a una sociedad que ya es inmune a pretextos y artilugios legales. Una sociedad harta e intolerante a la corrupción merece que no nos ocultemos detrás de las cortinas de la Constitución, poniendo candados y protecciones para proteger a los inocentes funcionarios que robaron poquito o robaron mucho, pero que robaron. En el sistema nacional anticorrupción los privilegios deben ser para los ciudadanos y no para los funcionarios. Debemos entender el mensaje de la ciudadanía, que está harta del diseño institucional y legal de Estado de excepción, lo ideal es que la gente sepa que cada peso, cada centavo y cada bien de un funcionario, lo posee porque se lo ganó y no porque se lo quedó. Compañeras y compañeros diputados, en esta Cámara estamos aún a tiempo de corregir la plana a los senadores que votaron en contra de la máxima publicidad de las tres declaraciones, seamos conscientes del momento histórico en que vivimos y atendamos el clamor ciudadano que nos dio su voto de confianza para legislar en contra de la corrupción. Vayamos por un 3 de 3 completo y en los términos de la iniciativa ciudadana. Por lo anteriormente expuesto, proponemos la modificación para quedar como sigue: Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses serán públicas, para tal efecto el comité coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos. Es cuanto, diputado presidente.