El diputado Ángel García Yáñez: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la desaparición forzada es un delito que debe ser castigado con todo el peso de la ley, sin ambigüedades ni cortapisas. Es un delito que ofende a la sociedad, sobre todo cuando es cometido por atentes del Estado o miembros de cuerpos de seguridad, quienes traicionan la confianza que la ciudadanía les ha conferido. Sin lugar a dudas, el 26 de septiembre de 2014 es una fecha emblemática que ha dejado una huella profunda en la historia de nuestro país. La desaparición de 43 estudiantes, de 43 jóvenes que independientemente de sus filias o fobias políticas sufrieron la agresión, hasta donde se desprenden las investigaciones por parte de la policía municipal de Iguala, Guerrero. A casi un año de estos hechos lamentables, poco o nada sabemos al respecto. El día de ayer la procuradora general de la República confirmó la identificación genética de los restos encontrados en el río, de un segundo estudiante, situación que lamentamos profundamente por el dolor que han de sentir en estos momentos sus familias y amigos. En Nueva Alianza somos respetuosos de la ley, por lo que atendemos que la indagatoria sigue en proceso y no podemos ni debemos asumir ningún resultado como definitivo hasta que la autoridad judicial así lo considere. Hasta ahora, los elementos aportados por la autoridad ministerial dejan dudas, a la luz de la investigación realizada de manera independiente por un grupo de expertos que conformó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sabemos que la PGR ha decidido considerar el informe de los expertos como parte de la investigación, incluso planteando un nuevo peritaje. En este contexto reconocemos la voluntad política de todos los grupos parlamentarios para analizar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre como Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Si bien desde el año 2011 se conmemora el Día Internacional de Víctimas en Desaparición Forzada, cada 30 de agosto, es importante establecer una fecha nacional por las miles de víctimas de desaparición forzada y sus familias que en últimos años han incrementado. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, apoyará esta propuesta planteada por la Junta de Coordinación Política, porque es necesario dejar plasmada esta fecha como recordatorio para el Estado mexicano que debe cumplir con el combate a este delito que daña el tejido social. La desaparición forzada de personas es uno de los actos más deleznables que pueda cometer un gobierno, porque su comisión implica la traición del gobierno a sus agentes, en contra de quienes han jurado defender y proteger. Nada es tan violatorio de los derechos humanos como el abuso por parte de la autoridad, quien detenta ese exclusivo de la fuerza es perjuicio de la ciudadanía. Por otro lado, no menos importante está la tragedia humana de familias y seres queridos, que al desconocer el paradero de alguien amado, perpetua el sufrimiento de no poder encontrar consuelo, hasta no tener certeza o un lugar donde llorar sus restos. ¿Por qué conmemorar el Día Nacional en contra de la Desaparición Forzada de Personas? Para Nueva Alianza es importante para que no olvidemos lo ocurrido hace un año en Guerrero. Las enseñanzas de un acontecimiento tan trágico como lo ocurrido en Iguala, la madrugada del 26 de septiembre de 2014 implicaron un despertar ciudadano en contra de la corrupción y la impunidad. Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza nos sumamos a esta propuesta porque es un deber político y ético que reafirma nuestros compromisos con los derechos humanos y el estado de derecho. Debemos reconocer que como representantes de la nación debemos ir más allá de este planteamiento. Nuestra obligación es legislar para reforzar los mecanismos que inhiban la comisión de este tipo de delitos. Recordemos que por mandato constitucional tenemos la facultad de expedir la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas. Dicha obligación vence el próximo 10 de enero de 2016, situación que debemos apremiar para que en un periodo ordinario de sesiones aprobemos esta ley. Sólo de esa forma estaremos cumpliendo con el mandato popular a favor de los derechos humanos y el imperio de la ley. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.