La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Gracias, presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, las y los diputados de Nueva Alianza nos comprometimos en nuestra agenda legislativa a exigir que las condiciones básicas de bienestar lleguen a toda la población en las diversas regiones del país, ello implica, por supuesto, la alimentación. Es por esta razón que mediante la presente iniciativa buscamos incorporar conceptos indispensables para garantizar el acceso y calidad de los alimentos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Nuestra Carta Magna establece en el artículo 40., párrafo tercero, que el Estado garantizará el derecho que toda persona tiene a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En congruencia con lo anterior, la Ley General de Desarrollo Social plasma el acceso a la alimentación como un derecho para el desarrollo social. Así, la política nacional de desarrollo social debe incluir entre sus vertientes, como mínimo, el que la superación de la pobreza se realice a través de una alimentación adecuada y suficiente para toda la población y define así el derecho a la alimentación como un derecho humano universal, que permite que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es la situación que existe cuando las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Claramente nuestro país no cumple con esta característica, y de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de personas en situación de pobreza en el año 2016 fue de más de 53 millones de personas, y aunque ha disminuido la pobreza extrema es imperativo realizar acciones que terminen con esta situación. Para ello, el gobierno federal implementó la denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, a través de la cual se buscó garantizar algunos derechos sociales consagrados en la Constitución, como es el derecho a la alimentación, mencionado en el artículo 4o. La Cruzada, sin embargo, es un programa cuya permanencia no está asegurada y si bien en nuestro marco jurídico el derecho a la alimentación se encuentra establecido en la Ley General de Desarrollo Social y en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se carece del concepto que garantice la seguridad alimentaria, el cual implica el acceso físico, social y económico de las personas en todo momento a los alimentos. Precisamente, por este motivo, en Nueva Alianza buscamos incorporar los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, con el propósito de que en las acciones para atender el objetivo nacional de disminuir el hambre se considere que los alimentos estén efectivamente al alcance de las personas y que sean productos que les proporcionen los nutrientes necesarios para que gocen de buena salud y con ello lograr un mejor desarrollo. Estamos conscientes de que la ley vigente hace referencia a la seguridad alimentaria, en cuanto a que las personas deben contar con el alimento suficiente cada día. No obstante, es necesario referirse a su disponibilidad a que se tenga acceso a los mismos y a que sirvan de base para una nutrición adecuada de forma estable. De este modo queremos coadyuvar a conseguir uno de los objetivos del milenio, que es justamente el de erradicar la pobreza y el hambre y propiciar que las familias mexicanas puedan acceder a un mejor nivel de vida y de bienestar. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.