El diputado Pedro David Ortega Fonseca: Más que la civilización, la justicia es la necesidad del pueblo, Pietro Colletta. Actualmente hay muchos discursos para hacer válidos el acceso a nuestros derechos humanos. No obstante, recordemos que son las acciones las que van a hacer realidad que la brecha histórica realmente disminuya para aquellas personas que han sido olvidadas, excluidas de las esferas sociales, económicas, políticas, educativas y laborales. Desde mi trinchera sé que la condición de ser una persona con discapacidad es totalmente compleja, debido a la falta de cambios estructurales y ajustes razonables para lograr una vida independiente. Sin embargo, el análisis de la presente iniciativa radica en ser conscientes de que los millones de personas que sufren discriminación múltiple, es decir, que los grupos que históricamente son excluidos no son homogéneos, sino que hacen referencia a una situación que una persona experimenta dos o más motivos de discriminación. Por ejemplo, una persona con discapacidad no es solamente una persona con discapacidad, también puede ser indígena, mujer, transgénero. Es decir, que está atravesada por identidades heterogéneas y, por tanto, está expuesta a una o más formas de discriminación. En ese tenor, el contexto en el que se enfrentan las personas con discapacidad privadas de su libertad es altamente vulnerable y están propensas a sufrir formas agraviadas e inespecíficas de discriminación. De acuerdo con la Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito, hace mención que las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en la sociedad se magnifican en la presión, dada la naturaleza y el entorno de la reclusión, restricción y la violencia resultante de la sobrepoblación y la falta de una correcta diferenciación y supervisión del preso, entre muchas más. En México, según los datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2022, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hace mención de que a finales de 2021 había 219 mil a 27 personas recluidas en todos los centros penitenciarios de nuestro país, con un total de 9 mil 461 personas con discapacidad. Por lo anterior para comprender el rezago que existe en el sistema penitenciario mexicano en la atención a las personas con discapacidad basta con un dato: de cada 10 cárceles estatales y federales solo 3 tienen espacios adaptados. Ahora bien, en el caso de los penales federales conocidos como Centros federales de Readaptación Social, ninguno de los 15 que hay en México está adaptado para las personas con discapacidad, a pesar de que en ellos viven más de 3 mil personas con discapacidad. La dignidad de las personas con discapacidad privadas de la libertad se encuentra más que violentada. De acuerdo con algunos datos de la Comisión de los Derechos Humanos, refiere que durante 2021 hubo 42 registros de abusos cometidos contra la población, 20 de ellos tuvieron como víctimas en situación más vulnerable. Tales abusos fueron: físicos, algunos de índole sexual, violencia colectiva, negligencia, maltrato, cobros, extorsiones, humillaciones y amenazas. Es por eso que hoy existe una obligación por parte del Estado mexicano de generar las acciones correspondientes para asegurar el goce y disfrute de los derechos humanos al interior de los centros penitenciarios de las personas con discapacidad. De conformidad con el artículo 14, numeral 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, de tal manera que la iniciativa es la adición del artículo 35 Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite que las personas con discapacidad privadas de su libertad gocen de sus derechos humanos desde la aplicación de estándares internacionales que favorezca un trato digno y una progresiva reinserción social en las diferentes esferas educativas, laborales, de bienestar, recreativas y accesibilidad. Termino con una frase, los derechos humanos no son discurso, sino acciones. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias.