EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA: Con mucho gusto, señor Presidente y muchas gracias a mi compañera diputada. -PRESIDENTE: Diputado Cosío Gaona. -DIP. SALVADOR COSIO GAONA (desde la curul): Señor presidente en los mismos términos solicitarle por su conducto al diputado Martínez Nava, se me incluya como firmante en la iniciativa. -DIP. JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA (desde la curul) Con mucho gusto señor presidente. Gracias señor diputado. -PRESIDENTE: Sonido en la curul del diputado Manuel Añorve. -DIP. MANUEL AÑORVE (desde la curul) Señor presidente, la misma petición al señor diputado Juan Manuel Martínez Nava. -PRESIDENTE: El diputado Regis Adame, también quería comentar. -DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME (desde la curul) Es el mismo planteamiento a nombre del diputado Félix Castellanos, Rosalía Peredo y Juan Carlos Regis, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, se nos pudiera incluir con este planteamiento. -PRESIDENTE: El diputado Romero Apis. -DIP. JOSE ELIAS ROMERO APIS (desde la curul) Muchas gracias señor presidente. Con la misma solicitud al diputado Martínez Nava. -DIP. JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA: Con mucho gusto señor diputado. -DIP. MARIA ELENA CHAPA (desde la curul) También para adherirnos el diputado Calderón y una servidora, a la iniciativa. -PRESIDENTE: Gracias. La diputada Chapa también desea adherirse, le ruego a la secretaría proveer lo necesario. Gracias señor diputado Juan Manuel Martínez Nava. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Energía, para su estudio y dictamen e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Gilberto del Real Ruedas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. -DIP. GILBERTO DEL REAL RUEDAS: Gracias señor presidente; Honorable Asamblea; señores y señoras diputadas: Quisiera para iniciar, compartir con ustedes la enorme satisfacción que es para un servidor hacer uso de la máxima tribuna de la Nación, confiando en que la indulgencia de esta Honorable Soberanía habrá de perdonar las novateces que pudiera cometer. La iniciativa que intento poner a su consideración es una iniciativa de reforma al COFIPE y que pudiera ser parte de una reforma más global que tuviera que ver con la reforma del Estado en este país. Sin embargo, algunos de los acontecimientos que hemos vivido en nuestra patria en los últimos tiempos, obligan a que comencemos cuando menos en estas partes, a puntualizar las posiciones y las propuestas de los partidos políticos, porque se ha llegado al tiempo en el que no será permitido que cuestiones de esta naturaleza se omitan en la definición de los partidos, se omitan en su accionar y se omitan como sustento teórico de las organizaciones políticas en México. "Iniciativa con proyecto de decreto que propone eliminar el secreto bancario en los casos en que el IFE debe ejercer sus atribuciones de fiscalización hacendaria en la contabilidad de los partidos políticos. "El suscrito diputado Gilberto del Real Ruedas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con sustento legal en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, conforme a las siguiente: "EXPOSICION DE MOTIVOS: "PRIMERO. Es largo el camino recorrido desde las antiguas y unidireccionales comisiones electorales de los años 70s. y anteriores hasta los tiempos actuales de órganos electorales ciudadanizados en los que el peso del poder y del partido único han dejado de ser lo importante. "El IFE responde ahora a las necesidades ciudadanas de que los representantes populares sean electos en un ambiente de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, por lo que consideramos al IFE como fruto maduro de las luchas del pueblo mexicano. Segundo. Sin embargo, los problemas y vicios que siguen lastrando nuestro sistema político demuestran fehacientemente que no hemos alcanzado la meta anhelada en cuanto a transición a la democracia. Lo que en otros tiempos significaron las luchas por un registro electoral para la lucha electoral, por un padrón confiable, por órganos electorales imparciales, ahora significa el impedir el uso faccioso de los programas y obras de gobierno, de los símbolos patrios y, en síntesis, por la equidad en las contiendas electorales. A mayor nivel de urgencia, irrumpe con gran fuerza el problema de la transparencia de los recursos, su origen y aplicación en el quehacer ordinario y de campaña de los partidos políticos. Los acontecimientos recientes nos obligan a replantearnos el marco jurídico en lo que hace al secreto bancario, que se ha constituido en el siguiente escollo a superar, si hablamos de equidad, legalidad y transparencia. Se trata de que no sea el poder del dinero y la mercadotecnia lo que se imponga en la lucha por los proyectos de nación a los que en teoría se corresponde la existencia y accionar de los partidos políticos. Tercero. Los acontecimientos reseñados por la prensa derivados del posible financiamiento ilegal que recibieron dos de los principales partidos políticos nacionales, así como el reconocimiento implícito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del lastre que significan algunas partes de la legislación bancaria, a lo que debemos de sumar las declaraciones de muy destacados integrantes del IFE, de editorialistas y ciudadanos en general, son muestra clara de que la sociedad mexicana espera mejores instrumentos para nuestra legalidad electoral que superen nuestra cultura y prácticas políticas. Las resistencias para que el IFE ejerza funciones de fiscalización sobre los recursos que se reciben y gastan evidencia que aún quienes creen que el IFE sólo es bueno cuando favorece sus intereses. Son quienes se oponen a que el IFE desempeñe a plenitud y sin restricciones sus funciones de fiscalización de los recursos públicos, investigue presuntos actos ilícitos y establezca las sanciones respectivas. La cercanía de las elecciones de 2003 y el temor al castigo de los electores han motivado tímidos cambios en la actitud con la que se enfrentó en principio el problema. La presión de la opinión pública y la prometedora intervención del Poder Judicial Federal han hecho también su parte. El día 7 se mayo del 2002 se estableció un precedente judicial respecto a la fiscalización de los recursos que reciben los partidos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación que impugnaba la decisión del IFE de no ahondar las investigaciones sobre el problema de financiamiento ilícito de Los Amigos de Fox. El TRIFE consideró, en esa histórica resolución, que en virtud de que es responsabilidad constitucional del Instituto Federal Electoral realizar funciones de control, vigilancia y sanción de los recursos públicos que reciben los partidos, lo que implica para el propio Instituto actuar como autoridad hacendaria para fines fiscales y, por tanto, en este caso no aplica el supuesto normativo del secreto bancario. En el mismo sentido, en fecha reciente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar el sobreseimiento del amparo promovido por Bancomer, ratificó de hecho la decisión del TRIFE y de paso reconoció expresamente que éste es la última instancia en materia electoral. Todo ello confirma el antecedente jurídico de que el IFE tiene facultades fiscalizadoras para conocer las fuentes bancarias de los partidos políticos. El artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que es obligación de las instituciones de crédito no revelar los datos que tienen sus clientes. Este secreto profesional a que están obligados los funcionarios y trabajadores de las instituciones de crédito comprende los datos relacionados con los depósitos de sus clientes, los datos sobre todas las operaciones de sus clientes, los hechos conocidos con motivo de dichas operaciones, los datos de carácter privado que se desprenden de las operaciones practicadas y la opinión misma que el banco tiene de su cliente. Son dos las excepciones de la norma del secreto bancario: inciso a) que exista una orden dada por autoridad judicial en donde el cliente sea parte de algún proceso o bien acusado en un asunto penal, e inciso b) que haya disposición expresa de la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para fines fiscales. Séptimo. Debido a que los partidos políticos viven principalmente del financiamiento público, le corresponde al IFE vigilar que se administren correctamente los recursos provenientes del erario público. Por ello, y bajo la prudente interpretación de la ley que hace el TRIFE, el Instituto Federal Electoral tiene el carácter de autoridad hacendaria para fines fiscales. Entonces, si el Instituto Federal es la autoridad hacendaria, tratándose de velar por el buen uso de los recursos públicos que gastan los partidos políticos, debe tener atribuciones para solicitar informes suficientes para estudiar a fondo la contabilidad, ingresos y gastos de los propios partidos. Nuestro sistema jurídico electoral permite el doble financiamiento: Público y privado. A la hora de hacer gastos de campaña y ordinarios, los partidos acuden a la bolsa común de ingresos sin hacer distingos acerca de su origen público o privado. Quien otorga facturas por determinado bien o servicio, que reciben los partidos, no pregunta acerca del origen de los recursos con que se le paga. Cuando el IFE sume su papel de fiscalizador, está obligado a solicitar cuentas completas de lo que reciben y gastan los partidos y esto incluye las aportaciones de particulares. Se hace evidente la necesidad de conocer e investigar el origen de las totalidad del financiamiento y por tanto la contabilidad íntegra. El IFE debe de quedar plenamente facultado para pedir y recibir informes a las instituciones de crédito, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria con el propósito de que esos datos permitan conocer el origen de todos los recursos que los partidos reciben y gastan. Esto ayudará a garantizar la legalidad y transparencia en las elecciones federales. En el derecho vigente, la plena facultad fiscalizadora del IFE sólo está establecida en el precedente judicial dictado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Urge modificar la Ley de Instituciones de Crédito, el Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal de Instituciones y Procedimientos Electorales para otorgar al IFE las atribuciones requeridas para cumplir a fondo su papel fiscalizador del origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos. Se está proponiendo agregar dos párrafos al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y se está proponiendo modificar también el COFIPE en su artículos 82 con la adición de un inciso "i" bis en el artículo 82. En obvio de tiempo, y agradeciendo la bondad de la Presidencia, dejo el documento para su trámite legislativo correspondiente. -