La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia del diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que reforma el artículo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en su artículo 1. En ambas leyes se propone incorporar el término medio ambiente sano, para que haya correspondencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales que ha signado nuestro país. No se trata nada más de una modificación de forma para establecer congruencia entre el texto constitucional, las leyes secundarias que emanen de la misma y los instrumentos internacionales. Es un avance en materia de un reconocimiento efectivo de este derecho al medio ambiente sano, después de tres décadas de que México haya signado los instrumentos internacionales que hacen precisamente alusión a este derecho. Es evidente que el deterioro del medio ambiente incide, de manera negativa, en el desarrollo y bienestar de los seres humanos. Existen estudios de diversas agencias multinacionales, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud, que así lo ha documentado. El reconocimiento de este derecho, aunque tenga lugar tres décadas después, es una también exigencia por parte de diversos organismos jurisdiccionales en el ámbito internacional, con relación a los compromisos de México, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como un derecho de la tercera generación. Por lo que se refiere al artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se hace la propuesta de dictamen para modificar dos cuestiones concretas. La primera de ellas está contenida en la fracción I de dicho artículo y se refiere a la sanción económica máxima por violar los preceptos de la ley en el texto vigente. Dicho monto es de 50 mil días de salario mínimo, es decir, 3 millones 238 mil pesos. La segunda se refiere a la necesidad de ampliar de dos a tres años el plazo para considerar que existe reincidencia en la comisión de la infracción a la ley. El promovente argumenta que el monto debe ser incrementando en razón de que en ocasiones, en diversas ocasiones el beneficio económico de cometer el delito ambiental puede ser mayor a la sanción económica. Y esto se da, precisamente, bajo un argumento falso, que es el que contamina paga, principio de derecho ambiental que actualmente ya ha sido superado. Coincidimos con el planteamiento de incrementar la multa de 50 mil a 70 mil días de salario mínimo, como lo propone la comisión dictaminadora, dado que el monto no se ha actualizado en más de una década, por lo que creemos que es adecuado actualizarlo. En lo que se refiere al tema de incrementar un año más para considerar que el sujeto es reincidente en la conducta delictiva, consideramos que el razonamiento del proponente no es lo suficientemente sólido para considerarlo procedente. Es contradictorio que por un lado se proponga incrementar la sanción, pero por el otro se amplíe un año más para considerar la reincidencia. Se debe dejar, por lo menos, un plazo de dos años vigentes en la ley para que la norma se fortalezca al combinarla con la sanción de 70 mil días de salario mínimo. En ese sentido podemos señalar que estamos de acuerdo con el contenido del dictamen en lo general, pero creemos que el cuarto párrafo del artículo 161 debe quedar en los términos de la ley vigente. Por las consideraciones aquí señaladas votaremos a favor del dictamen en comento. Es cuanto, diputado presidente.