El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez: Antes de hacer referencia a dos artículos constitucionales, que es el 123: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley. El segundo artículo a hacer referencia es el 3o. de la Ley Federal del Trabajo. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro tipo que atente contra la dignidad humana. No obstante la importancia de estos dos artículos, de estos preceptos constitucionales, sabemos que las reformas constitucionales y sobre todo la Ley Federal del Trabajo, que fue objeto inicio de esta legislatura, con todo y que estas reformas tardan tiempo en hacerse efectivas, tardan tiempo en lograr que tengamos una nueva cultura laboral, con todo y esto les proporciono algunas cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del cuarto trimestre del 2014, que refiere que más de 2 millones 284 mil personas están desocupadas, la mayor parte tienen mayor de 35 años, estas personas tienen una experiencia laboral y están capacitados, jefes y jefas de familia que no consiguen trabajo y que por rebasar los 35 años tienen impedimento para conseguir una entrevista de trabajo. Aunado a ello, la situación actual del mercado de trabajo se caracteriza por un déficit de competitividad de la fuerza laboral y una limitada generación de empleos de calidad, lo que deriva en un círculo vicioso de baja disponibilidad y baja demanda de trabajo laboral. Esperamos que el crecimiento económico y las reformas estructurales aprobadas detonen el acceso a mayores y mejores fuentes de ingreso y empleo para las familias mexicanas. Esperemos que así sea, en el corto y mediano plazo, pero la realidad es que en la oferta de empleo las plazas vacantes descartan, de entrada, a los mayores de 35 años, como se puede verificar en los anuncios publicitados, principalmente en los portales de empleo. El rango de edades que piden los empleadores es un 80 por ciento que sean menores de 35 años. Los empleadores consideran que las personas mayores de 35 años ya no son productivas, que no son rentables, pese a contar con experiencia y a que física y mentalmente tienen muchos años más de vida productiva. En esta clase de discriminación por edad, contribuyen todos los sectores, tanto el público, privado y el social. Por ello, mientras llegan los frutos de las ansiadas reformas estructurales, el Estado mexicano está obligado a establecer mecanismos que eviten la discriminación laboral por edad, y políticas públicas efectivas que incidan en el ejercicio pleno del derecho humano al trabajo. Políticas públicas que sensibilicen a los empleadores a aprovechar la vasta experiencia, profesionalismo y capacidad de los millones de mexicanos y mexicanas que superan los 35 años de edad en favor del desarrollo productivo, económico y progreso del país. Cómo lograr ciudadanos más efectivos, más activos y participativos en los asuntos públicos, si no les garantizamos lo más básico que es llevar el sustento a su hogar. El no sentirse rechazados, incluso, humillados en su autoestima por el veto inmediato que da el simple hecho de tener más de 35 años de edad. En este sentido, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoyamos este dictamen de la Comisión del Trabajo y Previsión Social que busca establecer una obligación compartida entre la Secretaría del Trabajo como instancia encargada de llevar la política laboral del país y las entidades federativas. Es así que dentro de las políticas públicas a instrumentarse, necesitamos mejores estadísticas para conocer las características de los contratados: edad, sexo, nivel académico, experiencia y habilidades, a fin de crear un banco de datos que permita dar seguimiento del perfil de las personas que han contratado empleo. Esto permitirá saber que en México tenemos verdaderas políticas de inclusión laboral. Por las razones expuestas, el Partido Acción Nacional votará a favor de este dictamen, que de aplicarse por el Ejecutivo federal abonará a evitar la discriminación por edad y a que los empleadores actúen con responsabilidad social y en cumplimiento de los derechos humanos. Es cuanto, presidente y gracias.