El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso diputada Presidenta; estimados compañeros: Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política Mexicana y como integrante del grupo parlamentario del PRI y habiendo recibido peticiones de diversos abogados y miembros del Poder Judicial, ocurro a presentar proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 59 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles y dar a las autoridades judiciales un instrumento idóneo para hacer cumplir sus determinaciones. La presente iniciativa deriva de la necesidad de que nuestra legislación sea acorde a los tiempos que actualmente se viven y que responden generalmente a la necesidad de regir la realidad jurídica en que se encuentra inmerso un pueblo determinado. Y por ello su fuente de inspiración procede rigurosamente de fenómenos sociales, económicos y políticos preexistentes en una época y un lugar también determinado o bien para que dicha normatividad se ajuste a las exigencias impuestas por la sociedad a que se encuentra dirigida para poder alcanzar su conveniente y efectiva aplicación. El Código Federal de Procedimientos Civiles que nos rige, fue publicado desde el 24 de febrero de 1943, por lo que algunas de las disposiciones que se contienen en dicho instrumento legal actualmente hacen nugatoria su aplicación, por lo que se propone la presente reforma sobre el medio de apremio contenido en el artículo 59, fracción I del citado Código, con que pueden contar los tribunales federales a efecto de que puedan hacer cumplir sus determinaciones. En ese sentido, resulta que el medio de apremio de carácter económico que actualmente contempla el Código que se modifica ya no tiene una aplicación efectiva, toda vez que la multa que contempla nunca tuvo una modificación a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 1943. Derivado de ello, las expresiones en moneda nacional contenidas en la fracción I del citado artículo 59 del Código citado no se adecuaron a la realidad jurídica y económica en que tiene aplicación, ni tampoco se adecuó el decreto por el que se crea una nueva Ley Monetaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992. En virtud de lo señalado con antelación, la cantidad que se impone como multa por parte de los juzgados federales a los gobernados como medio de apremio, derivado de la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se entiende hecha en viejos pesos, de manera tal que al computar expresamente a pagar la cantidad establecida como multa conforme a la unidad monetaria, debe aplicarse la equivalencia establecida en el artículo primero del mencionado decreto, por lo que la medida de apremio consistente en una multa equivalente a mil pesos del año 1943 al momento de pagar dicha cantidad actualmente se conviene en una multa muy ridícula, equivalente a un peso, que hace de manera evidente nugatoria la aplicación de dicha medida de apremio y por consiguiente una medida de apremio ineficaz y poco persuasiva. El criterio emitido por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto sostiene que la expresión en moneda nacional contenida en leyes, reglamentos, circulares u otras disposiciones en vigor con anterioridad al 1 de enero de 1993, debe convertirse a la nueva unidad monetaria vigente a partir de esa fecha para pagarlas, computarlas o expresarlas, por lo que dicho criterio se emitió considerando el hecho de que mientras no se promulgue una nueva ley o no se realice la reforma correspondiente de los ordenamientos vigentes, al momento de aplicarse el decreto por el que se crea una nueva Ley Monetaria publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de junio de 1992, en cuanto a las expresiones en moneda nacional contenidas en los diversos ordenamientos vigentes, debe aplicase la equivalencia prevista en el artículo primero del citado decreto, con estricto apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello resulta indispensable adecuar dicha disposición a la actualidad para dar un instrumento efectivo de persuasión a los juzgadores federales para que puedan cumplir sus determinaciones. Con base en lo anterior, se propone el siguiente proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 59 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue: Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear a discreción los siguientes medios de apremio: I. Multa hasta por la cantidad de 120 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, como máximo. Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con mula mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de ingreso. Por su atención, muchas gracias.