El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Con la venia de la Presidencia; legisladores, legisladoras. Mi participación va en pro del punto de acuerdo presentado por el diputado Silvano Blanco Deaquino y en contra del dictamen que hoy se nos quiere presentar. Estos puntos de acuerdo se desechan por lo aleatorio de las resoluciones de la Suprema Corte en torno a los masivos amparos interpuestos por los trabajadores contra la reforma laboral del 30 de noviembre de 2012. Lo curioso es que en la misma sesión del 28 de enero de los corrientes, la Comisión Primera aprobó otro punto de acuerdo cuya base también es la aleatoria resolución de la Corte en torno a una controversia entre Chiapas y Oaxaca. Aunque se sigan bloqueando nuestros puntos de acuerdo que buscan apoyar la lucha justa de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país para rescatar la legalidad y la justicia, no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede ocultar la profunda inconstitucionalidad de esta contrarreforma ni la protesta masiva contra la misma que están llevando a cabo los trabajadores y trabajadoras no sólo en las calles, sino a través de millones de amparos interpuestos cuyo número seguirá creciendo ante las diversas oportunidades que existen legalmente para hacerlo, derivado del carácter autoaplicativo de esta vergonzosa reforma laboral. De ser nuestro país el maestro, el impulsor que construyó los derechos sociales a nivel constitucional, ahora lo transforman en un simple imitador de reformas cuyos resultados negativos contra los trabajadores de otros países ya están plenamente probados, además de que este decreto es el apenas el primer paso inaugurándose a partir de este momento un proceso para profundizar la anulación de los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional y diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte. Aunque la reforma laboral podría parecer lejana a los trabajadores al servicio del Estado, cual es el caso de los maestros y los profesores, en realidad les afecta de manera directa ya que el artículo 11 de la ley federal burocrática establece la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo respecto a su relación de trabajo en los siguientes términos: Artículo 11. En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, entre otras, lo que provoca de manera directa que por ejemplo, sus salarios caídos también queden limitados a sólo 12 meses en franca injusticia e inconstitucionalidad. Por lo que hace a los trabajadores del gobierno estatal y municipal recordemos que los artículos 115 y 116 constitucionales, señalan que las leyes que regulen sus relaciones de trabajo se basan en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, incluidas en ésta, la Ley Federal del Trabajo. De ahí que alguna de estas leyes locales también señalen como supletoria la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma regresa a la normativa laboral a la criminal y mentirosa igualdad formal meramente jurídica, raíz de todo tipo de inequidades. Después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, el artículo 123 de la Ley Federal de Trabajo, se deben conceptuar plenamente como compendios de derechos humanos a favor de los trabajadores del país, por lo que igualmente deben de ser protegidos en respeto del principio de progresividad. La subcontratación precariza el empleo, el salario, las prestaciones y representa un golpe de muerte para los sindicatos. En general para el ejercicio de los derechos colectivos. Las nuevas modalidades de contratación, destacadamente los contratos de capacitación inicial y aprueba que junto con la subcontratación hacen añicos la estabilidad en el trabajo y por tanto todo proyecto de vida para el trabajador. El salario mínimo, al autorizar la contratación por hora, semana y jornada reducida, permiten que el trabajador reciba el salario de una jornada, por regla general, el salario mínimo que siendo tan bajo en nuestro país, incluso menor que el de otros países como Haití, los sumirá en mayor pobreza. El impulso y abatimiento del despido, además de los despidos legalizados en el marco de los contratos por hora, aprueban capacidad inicial que aumentan injustas causas de despido y reduce a 12 meses los salarios caídos. En fin, que estos y otros aspectos lesionan de manera directa los derechos humanos de los trabajadores y hacen prever que los jueces de distrito evitan sentencias otorgando la protección de la justicia federal no sólo a favor de los trabajadores y trabajadoras que se amparen, sino con efectos generales, es decir, que será procedente una declaración general de inconstitucionalidad. Es cuanto, señora presidenta. La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor diputado Cuevas. Tengo una nueva participación del senador Mario Delgado. Tiene usted la palabra, señor senador y posteriormente a su participación procederíamos ya entonces a la votación económica de los puntos de acuerdo. Adelante, senador.