La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, pensé mucho cómo presentar hoy este dictamen para la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y recordé un cuento. Había una vez un rey soberbio y prepotente, orgulloso, que un día tiene un accidente y queda imposibilitado de caminar salvo usando muletas. Entonces emite un decreto ordenando que en su reino todas las personas caminaran usando muletas. Con el paso de los años, a pesar de la muerte de dicho rey, a la gente le quedó la costumbre de caminar con muletas, y solamente algunos ancianos recordaban cómo en algún momento pudieron caminar sólo con sus propias piernas. Un joven en una ocasión decide intentar caminar sin las muletas, obviamente cada que lo intentaba se caía y eso propició que se convirtiera en el hazme reir del pueblo, pero hubo un día que logró caminar, correr y luego saltar con sus propias piernas. Lo que sucedió fue que los demás comenzaron a llamarlo loco. Hoy en materia ambiental en nuestro país México se quita las muletas y avanza con certeza hacia el desarrollo sustentable. El dictamen que crea la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental da cumplimiento a dos compromisos fundamentales en nuestro país; el primero contraído en 1992 con la suscripción de la Declaración de la Cumbre de Río, que establece: Los Estados deberán desarrollar legislación nacional relativa a la responsabilidad y a la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. El segundo, derivado del mandamiento del artículo 4o constitucional y el decreto que dio lugar a la reforma del derecho humano a un medio ambiente sano, que prevé: El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley. La Ley de Responsabilidad Ambiental impulsa un sistema de justicia ambiental de vanguardia, equilibrado, racional e integrado a las reformas, exigencias y mandamientos constitucionales en materia penal, de acción colectiva, de justicia alternativa, de justicia administrativa y de derechos humanos. Por primera vez se precisa en la ley el concepto de daño ambiental, así como la forma en la que éste deberá ser reparado y excepcionalmente compensado en especie, es decir con la restitución de los servicios ambientales perdidos y sin indemnizaciones económicas. La ley reconoce los avances y dificultades del sistema administrativo de protección ambiental vigente, además permite concordar y complementar racionalmente los procedimientos e instrumentos de política ambiental que ya se utilizan en el país, con un sistema de reparación del daño de vanguardia. Esta ley otorga certeza jurídica al sector económico, a las organizaciones sociales, a las instituciones públicas, al Poder Judicial y a todas las personas a las que la Constitución les reconoce el derecho de tutela ambiental. El sistema manda un mensaje de seriedad y exigencia frente a una obligación prevista en la ley desde hace años, deben de evitarse los daños ambientales y quienes los produzcan deberán internalizar los costos de la afectación, reparando los daños y asumiendo la responsabilidad que la Constitución les impone. Las penas económicas se incrementan únicamente para las empresas que cometen actos delictivos. Es decir, quienes producen daño como resultado de actos violatorios a la ley, cometidos en forma dolosa o intencional, lo que constituye uno de los hechos más reprochables y gravosos para la sociedad mexicana. Por primera vez en nuestro país, en materia ambiental, será más caro pedir perdón que pedir permiso. No obstante lo anterior, la ley antes que nada es preventiva, porque desde su texto distingue entre dos posibles infractores: quienes incumplen la ley y quienes la desdeñan. Aquellas personas o empresas que han realizado esfuerzos por cumplir la Ley Ambiental y que impulsan una cultura corporativa sustentable, la ley les premia anticipadamente con una reducción sustancial de las consecuencias jurídicas que nacen del daño ambiental, con ello, sin propiciar impunidad, se envía el mensaje de que es moral y económicamente preferible prevenir daños y cumplir voluntariamente. Esta ley es esencialmente conciliatoria y por primera vez en México impulsa con todo vigor los mecanismos alternativos de resolución de conflictos ambientales, se logra esto con un título dedicado a la justicia alternativa y la creación de un derecho nuevo. A toda persona que ocasione un daño se le reconoce el derecho de resolver el conflicto de manera concertada y transparente. La ley garantiza que la justicia alternativa no dará lugar a la impunidad, pues las sanciones administrativas y penales serán aplicables aún y cuando haya conciliación, pero con beneficios de reducción sustancial de las sanciones. La ley armoniza e impulsa el trabajo interinstitucional de prevención y reparación de daños al ambiente, pues ordena a las autoridades ambientales y ministeriales a emitir programas de prevención de daños e ilícitos y mandata el abatimiento de la impunidad en materia de delitos ambientales, mediante la denuncia al Ministerio Público. Impulsa la coadyuvancia con la Profepa y con la PGR, y desde luego, genera una sinergia favorable de la Profepa y las procuradurías ambientales estatales, para sumar esfuerzos en la acción judicial de reparación de daños. El proceso judicial de responsabilidad ambiental, previsto en la ley, reconoce un gran avance en la reforma de acciones colectivas, por lo que hace una remisión directa al Código Federal de Procedimientos Civiles para unificar el proceso frente a los jueces federales, añadiendo el mandato para que Poder Judicial impulse la jurisdicción ambiental especializada, de manera eficaz y sin costos adicionales al erario público. Adicionalmente, incrementa 12 años el término de prescripción de la acción colectiva por daño ambiental. En suma, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental posiciona a México en la vanguardia frente al sistema internacional de leyes de responsabilidad por daño ecológico, introduciendo un sistema más justo, más equitativo, garantista y adecuado a la realidad mexicana con figuras y procesos equilibrados, racionales e incluyentes. Todo lo anterior ha sido posible gracias a un largo periodo de maduración del proyecto legislativo de más de 10 años, en el que se ha consultado y escuchado a los sectores económicos, social, académico y gubernamental. El dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, constituye una de las iniciativas y reformas más relevantes de los últimos años dentro del sistema jurídico ambiental de nuestro país. Y en ella se refleja el esfuerzo legislativo y el compromiso de este Congreso por la preservación de la naturaleza. Este compromiso lo veremos hoy reflejado con su voto a favor de este dictamen, en el que mostraremos que podemos quitarnos las muletas para hacer que dejemos a las futuras generaciones un planeta en mejores condiciones del que estamos encontrando, pero sobre todo, para que juntos, en materia ambiental logremos que México avance. Muchas gracias.