El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, presidente. Si bien vivimos hoy un cambio político, los problemas del país se han agravado, en algunos casos con singular crudeza. En materia de seguridad los ciudadanos vivimos sin duda el problema que más preocupa y alarma. En variadas y crecientes zonas del país los grupos de la delincuencia organizada no solo tienen presencia, sino se hacen del control de territorios e imponen a sangre y fuego su ley. Es cierto que gran parte de la crisis de seguridad es herencia de políticas, omisas unas y erráticas otras, pero el hecho es que conforme pasa el tiempo vemos multiplicarse la violencia en sus múltiples manifestaciones. No hay tregua, el ciudadano vive la zozobra de los asaltos, las balaceras, ejecuciones y vendettas entre grupos criminales. El número de desaparecidos crece, las fosas clandestinas se multiplican, el secuestro y extorción están a la vuelta de la esquina y detrás de una llamada telefónica. Los cuerpos policiacos actúan con escasa coordinación, apoyos limitados y en algunos lugares desprovistos de los mínimos para actuar, con poca o nula articulación con el sistema de justicia. Hay muy poca solidez en el tejido institucional del Estado. Pero es preciso decir que esta descomposición se ha ensañado aún más con las mujeres, quienes están expuestas a todo tipo de vejaciones, la violencia intrafamiliar, el acoso y hostigamiento en las calles, en el trabajo, en la escuela. Cobra todos los días, a toda hora miles de mujeres lastimadas que viven en tensión y bajo temor permanente. El incremento exponencial de feminicidios y la falta de resultados para detenerlos y enfrentarlos radicaliza la protesta. Quienes deberían brindar seguridad a las mujeres y a la sociedad en algunos casos también son sus agresores o simplemente son incapaces de garantizar el Estado de derecho. En lugar de apoyarlas, criminalizan la protesta y las revictimizan. Hoy Movimiento Ciudadano alza la voz para exigir un urgente acuerdo nacional específico, que coordine la acción de los Poderes de la Unión y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios para dar una respuesta contundente inmediata a esta situación de oprobio que viven las mujeres de nuestro país. La corrupción es una de las grandes lacras sociales. Sin lugar a dudas el combate a toda forma de corrupción es una de las principales demandas de la sociedad. Movimiento Ciudadano la apoya decididamente. Pero combatir la corrupción no justifica de ninguna manera la cancelación o el cierre de instituciones y de programas sociales. Los Poderes de la Unión deben actuar contra la corrupción sin deterioro de sus capacidades de respuesta a sus fines institucionales, de otra manera es el ciudadano mismo el que pagará las consecuencias. Las y los mexicanos hemos atestiguado, de parte del Poder Ejecutivo, posiciones y actitudes que se han convertido en una forma de gobernar y frente a los cuales debemos asumirnos como el contrapeso que debe ser el Poder Legislativo. Hay una tendencia o pretensión de control sobre los demás Poderes, organismos públicos y órganos constitucionalmente autónomos por parte del Ejecutivo. Es cierto, en el pasado varias designaciones de sus directivos se hicieron por distribución de cuotas y también lo es que en algunos casos sueldos y privilegios crecieron significativamente, pero eso deben corregirse sin pretender eliminarlos. Cada organismo constitucionalmente autónomo tutela derechos fundamentales del pueblo mexicano, se requiere una Comisión Nacional de Derechos Humanos que defienda estos frente a las autoridades. Se requiere garantizar el derecho a la conectividad, el acceso a la información pública, el derecho a datos e indicadores objetivos, imparciales, que además de mostrarnos la realidad del país sean los mismos para los distintos órdenes de gobierno y para el ámbito internacional. Debe pues transformarse el país sin anular instituciones que son producto de las luchas democráticas del pueblo mexicano. Movimiento Ciudadano continuará defendiendo la división y equilibrio entre los Poderes, el fortalecimiento del Poder Judicial y en particular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la existencia de organismos constitucionalmente autónomos, garantes de derechos fundamentales de las y los mexicanos. Este, en primer lugar, ha sido el año en el que gobernar no tiene mucha ciencia, lo que ha llevado a evidentes desaciertos de una administración que entiende mal a la finanzas públicas y a la austeridad republicana, que las sumas y restas del presupuesto no logra conciliar el abasto suficiente de medicamentos para todas y todos, con sus nuevos programas sociales, o que prefiere desmantelar políticas públicas exitosas en beneficio de las mujeres trabajadoras, como las estancias infantiles, para orientar los recursos de los mexicanos a políticas de predominio clientelar, que en muchos casos carecen de reglas de operación, transparencia y eficacia. Un gobierno que primero presenta una iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad, y a menos de 30 días de su aprobación presenta otra para desmantelarla y casi desaparecerla a través de la creación de la Guardia Nacional adscrita al ámbito militar. Por una parte, se entregan recursos económicos para paliar a quienes viven en la pobreza, y por la otra, se cancelan los programas para crear empleos y nuevas empresas como verdaderas soluciones estructurales al combate de la misma. Gobernar sí tiene ciencia, gobernar es una responsabilidad que exige rigor y tomar decisiones con base en la evidencia. Porque millones de mexicanas y mexicanos esperan resultados, eficiencia, inteligencia y soluciones a los problemas que viven día con día en materia de servicios básicos, de salud, de seguridad, de apoyo al campo, de transporte y de educación. Temas que demandan no el 1 por ciento sino la máxima capacidad y compromiso de las instituciones del Estado. En segundo lugar, este ha sido el año donde el presidente tiene sus propios datos, aunque el país y sus organismos constitucionalmente responsables, la realidad y los mexicanos tengamos otros datos. Tenemos un gobierno que prefiere negar la caída de las expectativas de crecimiento económico o la diminución de los empleos formales. Un gobierno enfrascado en desconocer y menospreciar el trabajo de los académicos e investigadores nacionales, de los científicos, así como de las instituciones de educación superior que más aportan a la formación de los jóvenes. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que al poder solo se le puede responder con la verdad. Frente a los datos y a los hechos alternativos que hoy propaga el gobierno siempre habrá instituciones, asociaciones, hombres y mujeres dispuestos a exigir la verdad, dispuestos a impedir que la discusión pública sea contaminada con la distorsión y la simulación. En tercer lugar, este ha sido, lamentablemente, un año de retrocesos institucionales, donde casi el 80 por ciento de los contratos del gobierno federal se han asignado sin licitaciones públicas, promoviendo la opacidad y la discrecionalidad. El año donde se han impuesto reformas regresivas para concentrar el poder en la figura presidencial o donde se ha dado paso a la toma de decisiones arbitrarias a partir de memorándums ejecutivos. El año en que casi todas las iniciativas de ley presentadas por el titular del Ejecutivo incluyen medidas que por goteo atentan y lesionan al federalismo y las atribuciones de entidades federativas y municipios. Estas acciones van en el sentido contrario de lo que esperan millones de mexicanas y mexicanos. Son contrarias a la transparencia y la apertura gubernamental, contrarias a los procesos de democratización, contrarias a la rendición de cuentas. Porque ruedas de prensa sin rigor, sin contraste y sin claridad no son ejercicios de rendición de cuentas sino de publicidad. Porque consultas a mano alzada en una plaza pública no son mecanismos de participación ciudadana, sino de manipulación. Porque asignar de manera directa y son licitaciones públicas las principales y más grandes compras y obras de infraestructura de este gobierno no son ejemplos de transparencia sino de manipulación de la ley. En cuarto lugar, este ha sido el año de las abiertas contradicciones que lamentablemente han trascendido el discurso para convertirse en políticas públicas disonantes. Se prometió empatía con los migrantes centroamericanos, pero se aplica una estrategia de militarización de la política migratoria y se convierte a México en el muro que quiere Donald Trump. Se prometió firmeza frente al amago y amenazas del actual presidente de Estados Unidos y se le contesta de manera tibia, cuando su discurso de supremacía blanca y odio antimexicano es el caldo de cultivo de los actos terroristas que cobran vida de los connacionales nuestros en El Paso, Texas, y otras ciudades de la Unión Americana. Se prometió un viraje en la estrategia de procuración de justicia, mientras de aplica una política involutiva en materia penal con la figura de prisión preventiva oficiosa. Se prometió combatir la corrupción, mientras se desmantelan las instituciones autónomas y al Sistema Nacional Anticorrupción. Se critica a la mafia del poder y al Pacto por México, pero se usan sus subterfugios normativos para cambiar diputados de una fracción a otra y crear mayorías a modo, ajenas a los porcentajes de votos otorgados en las urnas por los ciudadanos. Se prometió una modernización energética, pero en lugar de ello se ha puesto un freno a la transición energética y a las políticas de mitigación del cambio climático y de generación de energías limpias, apostándole a los combustibles fósiles y al sacrificio de nuestras áreas naturales. Este también ha sido el año de la división y la crispación social, en donde cada llamado a la unidad nacional se pervierte con eternas disputas promovidas desde el poder entre los buenos y malos, entre los liberales y conservadores, entre los chairos y los fifís. Estas fricciones que se pretenden imponer desde el poder no pueden tener cabida en el México que queremos, en el México donde todos cabemos. Por eso, desde Movimiento Ciudadano, lo decimos una vez más: El pueblo somos todos, el pueblo somos muchos, el pueblo se pronuncia en plural. A un año de atestiguar cómo estas actitudes se han convertido en el estilo de gobernar del Ejecutivo, debemos preguntarnos ¿cuál es la responsabilidad del Congreso de la Unión? Desde Movimiento Ciudadano creemos que llegó el momento de cambiar las coordenadas de la discusión pública, llegó el momento de hablar con claridad y de frente a los ciudadanos de los problemas de México, de los problemas que se esconden detrás de estas posturas, de los problemas que cada día se agravan y se enraízan en nuestro país, ahí es donde Movimiento Ciudadano fijará su agenda legislativa en materia de medio ambiente. Porque no queremos que lleven a México al club de los países que niegan el cambio climático y que están sacrificando el futuro de todos, porque queremos quitarle el freno a la transición energética, acabar con el fracking y poner a México en el rumbo correcto con la generación de energías limpias, porque queremos proteger nuestras áreas naturales. La tierra y el agua y el aire, y además de ser de todas y todos, pertenecen –como se ha dicho aquí– a las futuras generaciones. En materia de corrupción y opacidad, porque estos males del Estado mexicano no se erradicaran con el uso selectivo de las instituciones o con la improvisación, sino con la justicia, capacidad e instituciones autónomas con los apoyos y reconocimiento colectivo, dispuestas a hacer su trabajo. El impulso del ejercicio de las libertades y la participación ciudadana, una agenda intensa que defienda las libertades de las mujeres y que respete todos sus derechos, porque las queremos vivas y las queremos ejerciendo a plenitud sus derechos humanos. Queremos una agenda duradera de seguridad y justicia donde podamos dar paso al fortalecimiento de las policías civiles en todos los países, honrando el espíritu original de la reforma constitucional aprobada en materia de seguridad. Hay que cerrarle el paso al fraude y a la ruptura del orden constitucional que se pretende perpetrar en Baja California; porque queremos leyes secundarias en materia educativa que pongan la rectoría del Estado y el interés superior de niñas y niños por delante y no las conveniencias de las facciones sindicales. Porque reivindicamos con fuerza los derechos y apoyo a los jóvenes, porque queremos un paquete económico que sí tenga reformas fiscales para una nueva...