El diputado Renato Sandoval Franco: Con su permiso señor presidente: En semanas recientes los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz, fueron víctimas de lamentables pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales por el impacto de los huracanes Stan y Wilma. Estos desastres naturales pusieron de nuevo en evidencia el templo y fortaleza de la población afectada, la capacidad de respuesta de las instituciones y la generosa solidaridad de los mexicanos. Desde el primer momento, millones de mexicanos nos sumamos con genuina convicción a una causa nacional en apoyo y solidaridad a favor de nuestros hermanos en desgracia. De todos los rincones de México llegaron muestras de aliento y ayuda. Nadie permaneció distante o indiferente ante la tragedia. La generosidad no conoció distinciones de edad, género o condición social. Como en otros Estados, Baja California hizo causa común con nuestros hermanos del sureste. Como siempre, las mujeres y hombres de Baja California se sumaron sin reservas a estas jornadas de solidaridad. Durante varias semanas se instalaron en Tijuana varios centros de ayuda: en la sede de Gobierno, en instituciones de asistencia, en la Cruz Roja, en organismos sociales y en centros escolares. Toda esa ayuda fue canalizada a los centros de acopio coordinados por el ayuntamiento de Tijuana; finalmente fueron enviados a Chiapas varias toneladas de alimento y materiales para los damnificados. Sin embargo, el pasado 23 de noviembre, los medios de comunicación denunciaron que parte de la ayuda enviada por los tijuanenses se había desviado a un organismo vinculado al Partido Revolucionario Institucional. De acuerdo con la información oficial, las autoridades ministeriales habían incautado alrededor de 60 toneladas de ayuda que estaban en manos de la asociación denominada "Mover a México", para los damnificados de Tapachula. Este organismo es presidido por el señor Adolfo Zamora Cruz, expresidente municipal de Tapachula y promotor de la campaña del licenciado Roberto Madrazo, candidato del PRI a la presidencia de la República. Hay que dejar establecido que en un principio, la ayuda de los tijuanenses había sido entregada al gobierno del Estado de Chiapas y posteriormente fue desviada al organismo del PRI. Más tarde se informó que este desvío ocurrió debido a la intervención del señor Julio César Díaz Carrera, director de Desarrollo Social Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el señor Jorge Hank Rong. En lugar de admitir la gravedad de su falta y exigir sanciones a los responsables, los funcionarios municipales trataron de minimizar los hechos y recurrieron a argumentos frívolos que ofenden a todos. El presidente municipal, Jorge Hank, expresó que el ahora ex funcionario actuó de buena fe y cometió un error de novatos, en un fallido intento por minimizar los hechos y deslindar la responsabilidad de su administración. Esta actitud indolente se suma a una larga cadena de hechos y actitudes, además de encabezar un gobierno caracterizado por la frivolidad y la incompetencia. La Administración ha incurrido en actos ilegales a favor de su partido. Acción Nacional condena de manera enérgica el desvío de ayuda a los damnificados de Chiapas para utilizarla con fines político electorales a favor de la candidatura presidencial del PRI. La generosidad de los tijuanenses se ve burlada por las actividades que realizan las autoridades que tienen que velar por la ley. Las omisiones no pueden ser justificadas como un simple error administrativo y mucho menos deben quedar impunes. Por tal motivo, además de una disculpa pública del presidente de Tijuana, exigimos que las autoridades competentes realicen las investigaciones conducentes a fin de que los actos y las personas involucradas sean castigadas. El Gobierno de Tijuana y el PRI, han ofendido a los tijuanenses y a los chiapanecos. Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de la soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: Único.- Exhortar a las autoridades del Estado y a las autoridades federales competentes, como la Procuraduría General de la República y al Instituto Federal Electoral, para que revisen e investiguen los actos presuntamente ilícitos y en su caso sancionar a los responsables. Es todo. Muchas gracias.