La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Diputadas y diputados, como legisladores tenemos la obligación de asegurarnos que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean protegidos ante actos que pongan en peligro su integridad física, desarrollo emocional, dignidad personal, libertad, igualdad, salud y privacidad. Uno de los primeros derechos a los que las niñas y niños tienen acceso es el derecho a la identidad. Este derecho no solo se refiere a tener nombre y apellido, sino también es el derecho a vivir en familia, siendo este un eje fundamental y primordial en su desarrollo evolutivo, cognoscitivo y afectivo de los infantes. Tener un registro oportuno de nacimiento, garantiza el derecho a tener un nombre, nacionalidad e identidad propia, y consecuentemente el acceso a recibir atención médica, asistencia social y acceso a la educación. Este dictamen cumple con nuestra obligación que como legisladores tenemos con las niñas y niños de nuestro país, al poner el interés superior de la niñez por encima de normas que puedan privarlos de acceder a derechos y obligaciones con sus progenitores. La intención de este dictamen es procurar que los menores tengan condiciones que protejan y les den acceso al ejercicio de los derechos fundamentales, esto se logra al inscribirlos de manera oportuna ante el Registro Civil, ya que con ello se les garantiza el derecho a tener un nombre, nacionalidad e identidad propia, y como consecuencia el acceso a recibir atención médica, asistencia social y educación. El principal objetivo de este dictamen es resguardar el derecho de las niñas y niños a la identidad, garantizar el interés superior de la niñez y evitar expresiones denigrantes que pueden atentar contra sus derechos, permitiendo que el padre biológico tenga acceso a ejercer sus derechos y obligaciones. Lo anterior se logra reformando el Código Civil Federal en los artículos 62 y 63. El primero actualmente se refiere al infante como hijo adulterino, y solo permite que se siente el nombre del padre sin importar si es casado o soltero, no así el de la madre cuando esta sea casada, a menos que haya una sentencia ejecutoria como lo marca el artículo 63, lo cual puede retrasar el proceso de registro e impedir que el padre biológico ejerza sus derechos y obligaciones con el menor. Referirse a una niña o niño como adulterino y negarle el acceso a que en su acta se escriba el nombre de sus padres biológicos porque así lo dicta la norma, es una manera de vulnerar los derechos humanos. Nuestra Carta Magna en el artículo 4o constitucional manifiesta que el varón y la mujer son iguales ante la ley, esto protegerá la organización y desarrollo de la familia. Establece el derecho que tienen los hijos o menores a que se les proteja su integridad y sus derechos, y los tratados internacionales, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 25: todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Con esta reforma deja de ser obligatorio inscribir el estado civil de los padres y se faculta al juez de Registro para que actúe tomando en cuenta el interés superior del menor. Agradezco a la presidenta y a todos los integrantes de la Comisión de Justicia, ya que al aprobar este dictamen están garantizando el acceso a las condiciones materiales y afectivas que les dan una vida digna y plena en el máximo bienestar posible de las niñas y los niños de nuestro país. Gracias por ayudarme a construir condiciones más favorables para que nuestras niñas y niños puedan tener un inicio más equitativo que los ayude a gozar de los mismos derechos y obligaciones de cualquier menor. Es cuanto, señor presidente.