La diputada Yulma Rocha Aguilar: Gracias. Con el permiso de esta Presidencia. Igualdad para la mujer es progreso para todos. Ban Ki-Moon. La incursión de las mujeres, de las mujeres, de las madres de familia en la vida laboral es innegable y se ha ido incrementando de manera paulatina en los últimos años, contribuyendo al desarrollo nacional y económico de nuestro país. De la población económicamente activa, prácticamente el 38 por ciento son mujeres, y de éste un gran porcentaje son madres. Es decir, que deben ejercer una doble jornada, la laboral y también la familiar. No hay que pasar por alto que es en las mujeres donde recaen mayormente la responsabilidad de criar a los hijos, atender los quehaceres domésticos y adicionalmente realizar actividades que les generen ingresos. Sin embargo existen retos laborales que se deben superar para asegurar una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, por ejemplo mayores prestaciones, apertura a los puertos directivos, flexibilidad y respeto, y también ampliación de los derechos que protegen la maternidad en el trabajo. Y aquí el papel del Estado es estratégico, en la regulación de este conflicto entre trabajo y familia, entre lo que es producción y la reproducción, entre lo social y lo mercantil. Hoy más que nunca se acentúa la necesidad de generar arreglos sociales, que permitan garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Y estoy plenamente convencida de la necesidad que representa salvaguardar la protección de la maternidad y los diputados del PRI nos comprometemos a trabajar por un México donde mujeres y hombres tengamos el acceso a las mismas oportunidades, compartamos las responsabilidades sociales y familiares y seamos por igual constructores de la grandeza de nuestro país. Si bien es cierto nuestra legislación ha ido avanzando en el reconocimiento y garantía de los derechos laborales de las mujeres; sin embargo, aún existen prácticas que obstaculizan el pleno goce de estos derechos. Por tal motivo, me permito proponer una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 102 de la Ley del Seguro Social, que tiene por objetivo disminuir en un 50 por ciento el número de semanas de cotización requerida, para que una trabajadora embarazada goce del subsidio de maternidad, pasando de 30, que es lo que establece la ley, a 15 semanas, lo que permitirá más oportunidades para las mujeres trabajadoras de acceder a este beneficio sin que se vea condicionado por un tiempo tan prolongado, ya que la Ley del Seguro Social establece como condicionante para acceder a este subsidio: La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio de dinero igual al cien por ciento del último salario diario de cotización, el que recibirá durante los 42 días antes del parto y 42 días posteriores. Sin embargo, este subsidio está condicionado por tres elementos y el principal nos dice que haya cubierto por lo menos 30 semanas de cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio. Por otra parte resulta sumamente contradictorio que en la misma ley se establezcan requisitos contrastantes para el otorgamiento de subsidios en circunstancias que también incapacitan al trabajador a realizar sus actividades laborales, como por ejemplo en el caso de enfermedades no profesionales, se establece que el asegurado sólo percibirá ese subsidio cuando se tengan cubiertas por lo menos cuatro cotizaciones semanales, inmediatamente anteriores a la enfermedad. Para el caso, por ejemplo de los trabajadores eventuales, percibirán el subsidio cuando tengan cubiertas seis semanas en los últimos cuatro meses anteriores a la enfermedad. Y un ejemplo adicional; en el caso de fallecimiento la citada ley también menciona que ese subsidio se establecerá para un pensionado, asegurado que haya fallecido cuando tenga al menos 12 semanas de cotizaciones semanales. En los supuestos ya mencionados hay grandes diferencias. Aun y cuando corresponda al instituto el pago de la ayuda económica, estos sirven como ejemplo para constatar que la exigencia a una mujer embarazada sigue estando muy alta. En el caso del fallecimiento son 12 semanas y en los dos primeros casos que enuncié son cuatro semanas y seis respectivamente. Si bien es cierto la Ley del Seguro Social nos dice en el 103 que el goce por parte de la asegurada de este subsidio, exime al patrón de la obligación del pago hasta los límites establecidos en la ley, es decir, las 30 semanas. Cuando la asegurada no lo cumpla, quien pagará será el patrón. Sin embargo también son múltiples las denuncias de madres trabajadoras que no cumplieron con estas 30 semanas cotizadas y que la obligación del patrón tampoco se materializa, dejando sin protección económica a las mujeres y a sus hijos en un momento de su vida de amplios retos y de amplias responsabilidades para garantizar su salud, la de sus hijos y mantener un nivel de vida adecuado. Aunado a lo anterior, la cifra de mujeres embarazadas en nuestro país se ha incrementado en los últimos años; también el número de mujeres que enfrentan un embarazo sin la ayuda de una pareja, ya sea por decisión propia o de manera circunstancial. Esto obliga a generar las medidas necesarias para asegurarles a las madres trabajadoras que sus ingresos no se van a ver mermados a causa de una licencia de maternidad. Para finalizar, decirles que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y los instrumentos internacionales son reiterativos cuando obligan a los Estados a prestar especial atención a las mujeres embarazadas, a adoptar las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y suprimir los obstáculos para su desarrollo pleno. Creo, ésta es una medida que puede contribuir para cumplir tales preceptos. Es cuanto, presidente.