La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Vengo a esta tribuna para hacer un exhorto a las autoridades federales y estatales que se vieron involucradas en los hechos violentos acaecidos los días 3 y 4 de mayo pasado en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. Como resultado de los operativos de reubicación de comerciantes ambulantes y con posterioridad del operativo "regreso", se produjeron la muerte violenta de un menor de edad y un estudiante universitario, la detención de más de 200 personas, centenares de heridos, detenciones arbitrarias, práctica de cateos sin la orden correspondiente, tortura y, en el caso de las mujeres detenidas, se documentaron formas extremas de violencia sexual: 26 violaciones por parte de los cuerpos policíacos y violaciones graves a los derechos humanos. En estos hechos intervinieron la policía estatal y la federal preventiva. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer el informe preliminar sobre los hechos de violencia en Texcoco y San Salvador Atenco ocurridos el 3 y 4 de mayo, del que se desprendieron flagrantes violaciones a los derechos humanos de los habitantes de esos municipios del Estado de México, los cuales configuran delitos de lesa humanidad establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tomando en cuenta las más de 200 quejas que acreditan lesiones como consecuencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes, daños en propiedad ajena, cateos ilegales, robos, incomunicación, amenazas y dilación o negligencia médica. El 16 de octubre pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 38/2006 dirigida al secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Hipólito Treviño Lesea, por los hechos de violencia que tuvieron verificativo en los municipios del Estado de México ya referidos. Existe evidencia de que las personas fueron sometidas a presuntos actos de tortura por elementos de los cuerpos policíacos, de conductas que podrían configurar delitos como el de abuso sexual y violación, cometidos por efectivos de los cuerpos de seguridad además de que existen elementos para advertir presuntos actos correspondientes al tipo penal de violación equiparada. Como diputada federal mexiquense me pronuncio por que las autoridades aludidas en la recomendación 38/2006 satisfagan las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero de manera enfática y particular hago un llamado al gobernador del estado a ir a fondo en las investigaciones respecto de las autoridades estatales involucradas; se finquen las responsabilidades penales correspondientes y se impongan los castigos que conforme a derecho deban aplicarse a los responsables. También hago un llamado para que se atienda a las víctimas de los abusos y se paguen las indemnizaciones a que tengan derecho. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente Proposición con puntos de acuerdo Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, del Instituto Nacional de Migración y al gobernador del Estado de México, a cumplir integralmente y sin dilación la recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a informar a esta soberanía del avance de las acciones emprendidas para satisfacer dicha recomendación. Segundo. Se integre una comisión plural de legisladores de esta soberanía, para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación 38/2006 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como para investigar los probables actos de tortura cometidos en agravio de los habitantes de San Salvador Atenco por parte de las policías federales y del Estado de México. Tercero. Se exhorta a la LVI Legislatura del Congreso del Estado de México, en el marco de sus atribuciones, a impulsar medidas encaminadas a otorgar amnistía a cada una de las personas detenidas en los penales de Santiaguito y La Palma, así como de aquellas personas en contra de las que se ha girado orden de aprehensión por los hechos de referencia. Es cuanto, señor Presidente y solicito a la Presidencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se turne a la comisión correspondiente para su discusión y aprobación y que se inserte íntegramente mi participación en el Diario de los Debates. Gracias.