La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Muchas gracias. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió hace tan sólo cuatro días las observaciones finales de los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, en donde da cuenta de la presencia de esta práctica violatoria de los derechos humanos en distintas partes de nuestro país. Pero en especial destaca la utilización de la figura del arraigo penal como un instrumento ineficaz en términos de persecución del delito y que además permite la comisión de prácticas violatorias de los derechos humanos. En dicho informe, el Comité contra la Tortura señala textualmente: El Comité observa con preocupación que, a pesar de lo recomendado en sus anteriores observaciones finales, el Estado parte elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008. A este respecto el Comité expresa su preocupación por los informes que documentan denuncias de actos de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad en virtud de órdenes de arraigo, algunas de ellas cumplidas en instalaciones militares. El Comité constata la ineficacia del recurso de amparo frente al internamiento en régimen de arraigo. Constata también que dicho régimen ha propiciado la utilización como prueba de confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura. A la luz del párrafo dos del artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité reitera su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica tanto a nivel federal como a nivel estatal. Elevado a rango constitucional en el 2008 el arraigo ha sido una herramienta legal que permite y facilita la violación de los derechos humanos, pues violenta flagrantemente el derecho de presunción de inocencia, de debido proceso legal, de dignidad y honra, de libre tránsito y sobre todo de integridad personal asumida como una prisión preventiva sin ningún control legal, y sobre lo cual no procede siquiera el amparo. El arraigo se constituye como una herramienta legal para cometer actos ilegales. El uso desmedido de esta figura ha permitido que mientras las personas se encuentran bajo arraigo y bajo el escrutinio del Ministerio Público se les impongan tratos crueles, degradantes e inhumanos, tortura psicológica y amenazas diversas, con la finalidad de obtener una confesión autoinculpatoria o con la finalidad de obtener información relacionada con presuntas actividades delictivas. Nuestro país no puede mantener en la legislación y frente a la comunidad internacional una figura cautelar que facilita la violación de los derechos humanos y que constituye una herramienta para violar el debido proceso legal. El arraigo como medio para cometer actos de tortura debe desaparecer de nuestro sistema legal iniciando por el propio texto constitucional. Diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de México presentaron en marzo del año 2011, un Informe sobre el impacto en México de la figura del arraigo penal en los derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos donde destacaron que: Conforme a cifras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) facilitadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), entre enero de 2008 y mayo de 2010 tan sólo el 20.24% de los procesos iniciados con arraigo terminaron en sentencia condenatoria, indicador que revela la baja eficacia de esta medida. La anterior cifra demuestra estadísticamente que la figura del arraigo tampoco resulta ser una herramienta efectiva para combatir la delincuencia y si puede convertirse, y de hecho se ha convertido, en la puerta para la violación de los derechos humanos. Aunado a la ineficacia que representa esta medida debemos observar que diversas instancias internacionales protectoras de los derechos humanos, además del ya citado comité contra la tortura han recomendado a México el regular e incluso desaparecer esta figura del marco jurídico nacional. El 22 de marzo de 2010, en el marco del quinto examen periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité instó al Estado mexicano, en relación al arraigo a lo siguiente: El Comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del arraigo en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada. El Comité subraya que las personas detenidas en virtud del arraigo corren peligro de ser sometidas a malos tratos. En virtud de que esta figura ha demostrado estadísticamente su ineficacia y de que su utilización abusiva ha abierto una puerta para la violación de los derechos humanos y particularmente para la comisión de actos de tortura, se propone la derogación de esta figura del texto constitucional para impulsar con ello, que el Ministerio Público haga una debida y efectiva investigación previa a la acusación o imputación de cargos contra cualquier persona respetando en todo momento el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al libre tránsito, al debido proceso legal, a la integridad personal y a la dignidad y honra. La labor de investigación del Ministerio Público no puede estar supeditada a la obtención de información mediante prácticas violatorias de los derechos humanos, la eliminación de este párrafo del texto constitucional permitirá en el marco del nuevo sistema de justicia penal oral y adversarial, fortalecer las tareas científicas y periciales de investigación criminal, asegurando con ello el mejoramiento de todo nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Solicito, presidente, se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates para mejor conocimiento de este pleno de lo que implicaría la desaparición de esta figura en nuestro texto constitucional. Es cuanto, muchas gracias.