La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Quien pide respeto, da respeto compañeros y compañeras. El dictamen que el día de hoy nos ocupa reviste la mayor relevancia, toda vez que propone reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, sin lugar a dudas, es uno de los preceptos históricamente fundamentales que dieron vida a la ley fundamental del 17, constituyendo un importante parteaguas en la historia del constitucionalismo mexicano. Dicho artículo actualmente ordena que quienes no tengan la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, no tienen la facultad de adquirir propiedades en una franja de 100 kilómetros al interior de nuestro país a partir de las fronteras, y 50 kilómetros en la zona de la playa, prohibición que el Constituyente originario estableció como propuesta en el escenario político, económico y social del Siglo XIX. Hoy, a 96 años después la realidad es muy distinta. De ahí resulta necesario adecuar la norma jurídica a la realidad, perfeccionándola para que pueda, de manera efectiva, ordenar la vida social y su problemática. Es un asunto obsoleto y que es necesario reformar. Como acertadamente lo señaló la comisión a través del dictamen, el objetivo de la iniciativa es eliminar a los intermediarios que figuran como los propietarios de la tierra, al tiempo que al modificar la prohibición de adquirir el dominio directo del inmueble en las costas, se considera una estrategia que permitirá y dará certeza a la inversión extranjera en vivienda familiar, pues hoy en día existen un sinnúmero de propiedades que extranjeros ocupan cada vacaciones. Que mediante la figura del fideicomiso poseen inmuebles para residencia plena o retiro en la franja territorial precisada. Queremos acabar con la simulación y con esto poder dar certeza jurídica y terminar también con estos prestanombres que día con día para lo único que ha servido ha sido para defraudar a los extranjeros. La medida propuesta será un detonante del desarrollo económico que generará crecimiento y empleo, así como un aprovechamiento sustentable de los recursos y capacidades con que cuentan las diferentes regiones del país. Es preciso señalar que atendiendo a los intereses nacionales y a la soberanía que reclaman los tiempos actuales, el Grupo Parlamentario del PRI coincide con la dictaminadora en el condicionamiento de la adquisición de terrenos por parte de los extranjeros en cuatro aspectos: 1o. Que el uso de las tierras sea destinado para vivienda única y exclusivamente; 2o. Que el uso de las tierras no tenga un uso comercial, industrial, agrícola o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta que derive de un uso distinto a la vivienda casa-habitación; 3o. El extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 constitucional, y 4o. En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto al de la vivienda, la ley establecerá procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación. Lo anterior, conservando la cláusula actual de que el dominio de los extranjeros sobre tierras, aguas y sus accesiones, pueda ser una realidad siempre y cuando convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de tales bienes, y se comprometan a no invocar por lo que hace a éstos, la protección de sus gobiernos, pues en caso contrario los perderán en beneficio de la nación. A mayor abundamiento, es menester precisar para la suscripción de tratados internacionales y la inclusión de nuestro país como integrante de organismos internacionales, así como del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, gana México la garantía y política en el ámbito del derecho internacional público de que la inversión extranjera en la zona de referencia no representará ningún riesgo para nuestro país. En suma, nuestro voto es favorable al presente dictamen toda vez que armoniza las inversiones extranjeras, la economía nacional y los derechos humanos con el texto constitucional, otorgando certeza y seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros y nacionales, al tiempo que se posibilita a los municipios del país asentados en estas zonas geográficas a que tengan mayor inversión y una prosperidad. Concluyo, presidente y quiero comentar que hoy habla una joven diputada que damos respeto a los que no son tan jóvenes, y hoy los jóvenes diputados pedimos el mismo respeto que nosotros damos. Muchas gracias.