El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Verde ha venido realizando un esfuerzo constante por incorporar la variable ambiental en la vida económica nacional. Desde el inicio de la presente legislatura y en las anteriores hemos presentado diversas iniciativas de carácter económico ambiental. Desafortunadamente el esfuerzo realizado no se ha visto reflejado, en ninguno de los diferentes dictámenes que nos ocupan hoy. Hemos visto que ni la propuesta del Ejecutivo ni la de ninguna otra fuerza política al interior del Congreso de la Unión incluyeron un componente ambiental ni consideraron la importancia que debe tener en el ejercicio de gasto el impacto ambiental en cada política, programa, proyecto o acción realizada. Por lo tanto, consideramos que la reforma hacendaria que hoy discutimos no puede considerarse completa sin que incluya una perspectiva ambiental. Como todos sabemos, el impuesto especial sobre producción y servicios tiene un carácter correctivo, debido a que grava actividades que generan efectos sociales negativos, como es el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco, los cuales producen problemas de salud que deberán ser solventados, en buena medida, por el gobierno mediante gasto público en salud, y también grava el consumo de combustibles generadores de contaminación. Es decir, el IEPS, grava aquellas actividades que por sus características específicas generan un costo social o externalidades negativas, pero que son lícitas. Por esta razón, son acreedoras a un impuesto especial con tasas igualmente especiales que determina la ley en cuestión. Por ello consideramos que todo incremento en las tasas o cuotas del IEPS aplicadas a las gasolinas y diésel deben responder únicamente a necesidad de generar recursos para corregir las externalidades que estos productos ocasionan. Con base en lo anterior, nuestro grupo parlamentario se permite reservar el artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de especificar que los recursos adicionales que reciban las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, que se obtengan por la cuota a la gasolina y diésel, deberán destinarse exclusivamente a los siguientes rubros: infraestructura vial, sea rural o urbana, infraestructura hidráulica, movilidad urbana y, por lo menos, 12.5 por ciento a programas para la protección y conservación ambiental. La respuesta anterior responde a la necesidad que existe en todas las entidades federativas, de mayor inversión para la protección, conservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales. Debemos ayudar a los gobiernos estatales a cumplir con sus obligaciones ambientales, ya que desafortunadamente hoy en día, ningún estado cuenta con suficientes rellenos sanitarios ni plantas de tratamiento de aguas residuales, programas de mejoramiento de la calidad del aire, y conservación de sus recursos, programas de reforestación, vigilancia y protección de especies, animales y vegetales. Es decir esto: falta mucho por hacer y no podemos dejar al criterio de cada entidad, los montos destinados a estos fines. Recordemos también que cada vez más son frecuentes los graves efectos negativos ocasionados por el cambio climático. En muchas entidades de nuestro país las consecuencias son fatales y muy costosas. Por ello, debemos tomar medidas precautorias, que nos ahorren pérdida de vidas y de recursos. Compañeras diputadas y compañeros diputados, apelo a su criterio y responsabilidad social para lograr asegurar recursos adicionales para la protección y mejoramiento del medio ambiente. Por su atención, muchas gracias, y dejo a la Secretaría nuestra propuesta por escrito. Es cuanto, diputada Presidenta.