LA C. DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con su permiso señora presidenta. Honorable asamblea. La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, en base a las siguientes consideraciones: El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha luchado por evitar que en esta Legislatura, el tema Fobaproa e IPAB, se constituya una anécdota del pasado, y los hechos escandalosos que ahora se viven confirman lo que siempre denunciamos, con la seguridad de que la solución diseñada para este quebranto no fue la mejor, con la convicción que no debe haber impunidad de quienes actuaron al margen de la ley, y sobre todo con la intención de recuperar los créditos irregulares e ilegales, y así evitar en lo posible una sangría presupuestal, que representa al día de hoy el 15% del PIB, lo que supera nuestra deuda externa y en los próximos 30 años, seguirá siendo una gran carga económica para nuestro país. Seguimos empujando para actuar y no dejar en el olvido el asunto. Hasta ahora, ni siquiera han concluido las auditorías que ordenó la Cámara de Diputados, y de cuyos resultados se implementarían mecanismos para la recuperación de los créditos ilegales y el fincamiento de responsabilidades. Nada de ello se ha hecho, por la ausencia de decisiones fundamentales, como son las que tienen que ver con la información que se remitió a esta Cámara, en relación a los fideicomisos de Banca Unión. El riesgo sigue siendo la impunidad derivada de una posible prescripción de las acciones legales. Desde el 22 de septiembre de 2000, nuestro Grupo Parlamentario, dirigió un oficio al Contador Mayor de Hacienda de la Cámara e Diputados, por medio del cual se le solicita remita la información que le hizo llegar el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a los fideicomisos de Banca Unión, oficio al que contestó el 25 de septiembre de 2000 donde confirma la recepción de dicha información y refiere que espera decisiones que corresponden tomar a la Cámara de Diputados y que en tanto la Contaduría Mayor sólo resguardará dicha información. El 11 de junio de este año, solicitamos nuevamente se agendara para la discusión en la Junta de Coordinación Política lo relativo a la información de los fideicomisos de Banca Unión. Finalmente, el 25 de junio de este año se efectúo una reunión de la Junta de Coordinación Política y el titular de la Auditoría Superior de la Federación, de la que resalto en ese tema en particular que ha esa fecha no se ha recibido ninguna instrucción por parte de la Cámara de Diputados, respecto a los expedientes de los fideicomisos de Banca Unión, mismos que siguen bajo su resguardo. El día 10 de octubre pasado, el Presidente de la Asociación de Banqueros de México se pronunció por desaparecer el IPAB; ahora resulta que después de saquear las finanzas públicas quieren desaparecerlo, cuando los verdaderos culpables caminan impunes por las calles. De entonces, señoras y señores diputados, al día de hoy con seguridad no ha recibido ninguna instrucción, pues ni siquiera se ha tenido la voluntad política por parte de quien fue beneficiario de los fideicomisos para tomar cualquier decisión respecto al tema. Esta situación es muy delicada, dado que es una apuesta por la impunidad al permitir deliberadamente la prescripción de cualquier acción jurídica que haga posible la recuperación de los recursos que recibió un partido político y que indebidamente estamos pagando todos los mexicanos. Es necesario que no olvidemos lo que señala de manera textual el último párrafo del artículo séptimo transitorio de la Ley del IPAB, en el sentido de que si de las auditorías realizadas aparecen operaciones de mutuo o préstamos otorgados por las instituciones auditadas, cuyos recursos se hayan donado u aportado por los acreditados directamente o por interpósita persona a entidades de interés público que reciban financiamiento público, y que por tal motivo haya generado quebrantos financieros a las instituciones acreditantes, dichas entidades devolverán el monto de las operaciones de crédito involucradas con cargo a los financiamientos públicos que conforme a las leyes que las rigen, reciban ordinariamente. Este artículo significó incluso que algunos votaran a favor de la impugnada Ley del IPAB y no debe ser olvidado por presumibles acuerdos a la espalda de los intereses del país. No debemos tampoco olvidar que el 31 de julio de este año, la Cámara de Diputados ya tomó una decisión fundamental para dar a conocer la lista de los créditos irregulares e ilegales del FOBAPROA e IPAB, contenidos en el CD room de las auditoría de Mackey y para ello se basó en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a los fideicomisos de Banca Unión haciendo incluso cita textual de dicha resolución: "cuando se señala que el secreto bancario y el fiduciario no son absolutos, pues la misma legislación reconoce que estos no deben de constituirse en obstáculos para la procuración e impartición de justicia" A veces parece que la red de intereses mezclados en este tema evita cualquier acción que pretenda desentrañar la verdad histórica de los hechos, la sanción de quienes son responsables de conductas ilícitas y recuperar los créditos que indebidamente endeudan al país. Todos sabemos que los arquitectos de los quebrantos de Banca Unión fueron Carlos Cabal Peniche y Roberto Madrazo Pintado, que a la fecha gozan de total impunidad ante la pasividad de quienes deben tomar decisiones en esta Cámara. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero. Este pleno instruye a la Comisión de Vigilancia del Organo Superior de Fiscalización para que solicite a la entidad superior de fiscalización los expedientes relativos a los fideicomisos de Banca Unión que se remitieron a esta Soberanía, en acatamiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hacerlos del conocimiento de los diputados que integran esta Legislatura. Segundo: Se solicita a la Comisión de Vigilancia, instruya al órgano técnico para que lleve a cabo o en su defecto agilice si se están haciendo las auditorías correspondientes, para que en los términos del artículo 79 constitucional y 7º. Transitorio de la Ley del IPAB, se deslinden las responsabilidades y se recuperen los créditos que indebidamente estamos pagando todos los mexicanos y las mexicanas. Es cuanto señora presidenta. -PRESIDENTA: Gracias diputada. Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Jaime Cervantes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos diputado. -DIP. JAIME CERVANTES: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores: La necesidad de transparentar los Manejos del FOBAPROA hoy IPAB, deben llegar hasta sus últimas consecuencias. En esa dirección se encuadra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la información que esta Honorable Soberanía solicitó al Ejecutivo Federal, para determinar el monto del daño que se cometió contra el erario público por las operaciones ilícitas del Banco Unión. Como todos sabemos, entre las irregularidades que se atribuyeron a Carlos Cabal Peniche, entonces presidente del Consejo de Administración de Banca Unión, puede haber financiado las campañas políticas de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo. Este hecho acaba de ser reconocido ante la autoridad y ante la opinión pública por el propio Cabal Peniche. Sin embargo, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ordenó que dicha información sea conocida por los integrantes de esta Cámara, hasta la fecha ello no ha ocurrido así. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha planteado en numerosas ocasiones que la necesidad de transparentar las operaciones del FOBAPROA hoy IPAB, constituye una prioridad para el sano funcionamiento de las instituciones públicas de este país, porque no hacerlo significa avalar las fechorías de quienes se beneficiaron con las operaciones financieras fraudulentas que hoy se encuentran en la panza del IPAB. Nosotros no estamos de acuerdo ni lo estaremos nunca, que el megafraude perpetrado contra la nación quede impune. No es fácil dejar en el olvido el daño patrimonial contra el país por más de 100 mil millones de dólares que con todo y que se han pagado cuantiosos montos de amortizaciones, el saldo de ese robo sigue rebasando la cifra de 80 mil millones de dólares en la actualidad. Pero no sólo importa el monto de ese fraude, sino que también los contribuyentes de este país y en particular del pueblo trabajador, tuvieron que desembolsar 24 mil 500 millones de pesos este año por los intereses que devenga ese fraude y que por cierto representa más de la mitad de las ganancias de los bancos por la capitalización de los pagarés que avala el IPAB y en los próximos 30 años continuaremos pagando ese robo. Incluso los fraudes con las operaciones del IPAB, no han terminado, las recientes investigaciones realizadas por la PGR sobre cohecho y lavado de dinero entre funcionarios del IPAB y del Banco de Comercio Exterior así lo prueban. En esas circunstancias nuestro grupo parlamentario no sólo considera necesario que las investigaciones sobre este fraude deben continuar hasta sus últimas consecuencias, porque la recuperación de los créditos reportables por más de 72 mil millones de pesos que señaló el informe Mackey, deben ser objeto de una minuciosa revisión por parte de la auditoría superior de la Federación, para que se esclarezcan las responsabilidades penales a que haya lugar y se castigue a los culpables de ese fraude. Por esa razón no entendemos por qué la entidad superior de fiscalización de la Federación no quiere facilitar a los diputados que solicitan la información relativa a los créditos que fueron a parar al IPAB, puedan ser del conocimiento de los integrantes de esta Soberanía, máxime cuando la Suprema Corte ha ordenado tal disposición. Esta disposición de la Suprema Corte ha dejado claro que en tanto se trató de la conversión de créditos que asumieron particulares en deuda pública, se trató en los hechos y de forma legal, de la contratación de deuda pública de parte del Gobierno Federal. En esas circunstancias el Congreso de la Unión está facultado a conocer cada una de las operaciones porque se trató de una forma de endeudar al país. Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se suma a la propuesta con punto de acuerdo que presenta el Partido de la Revolución Democrática para que esta Cámara de Diputados instruya a la Comisión de Vigilancia del órgano superior de fiscalización para que solicite a la entidad superior de fiscalización todos los expedientes que dan cuenta de las operaciones de los fideicomisos que manejó Banca Unión y que por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron remitidos a esta soberanía. Es cuanto señora Presidenta. Muchas gracias. - LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL: Gracias, diputado Cervantes. Sobre el mismo tema, hasta por cinco minutos, el diputado Manuel Galán. -