La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo: Lo que estamos discutiendo aquí es la importancia de la libertad de conciencia, particularmente la que señala el artículo 24 Constitucional y este reconocimiento a la libertad de conciencia deriva precisamente de que hay determinados valores que le dan identidad a cada persona, y cada persona tiene el derecho a encontrar en el espacio de su vocación el ejercicio de esta libertad, este es el derecho que estamos discutiendo, ningún otro. Lo que estamos discutiendo es la libertad de conciencia en la expresión de objeción de conciencia y, particularmente, en los temas de salud. Este dictamen, segundo, diría que es una muestra más de que el partido oficial obedece a la Corte cuando esta hace lo que ordena el gobierno. Nuestro grupo parlamentario ha presentado una propuesta alternativa a través del diputado Éctor Jaime Barba, que cumple con lo ordenado en la Corte y también cumple con preservar el derecho de objeción de conciencia y no de anularlo. Y es que este dictamen tiene una ponderación falaz, pues hace nugatorio el derecho de objeción de conciencia. Miren, hay que recordar que la objeción de conciencia, lo mismo que en la ponderación de valores, se da caso por caso. Es un caso concreto y no en lo abstracto y lo general y es que la mera idea de un listado de objetores de conciencia a priori es falaz y es discriminatorio. Y discrimina entre objetor y no objetor a priori y eso es ideologizar todo. Además, este listado de objetores de conciencia, por su naturaleza incluye datos sensibles que no están suficientemente protegidos para efectos laborales. Y también hace nugatorio este derecho por la cantidad de casos en los que el artículo 10, quinquies, sextus, septies y octies acaban diciendo que no puede utilizarse ese derecho de objeción de conciencia y lo acertó tan amplio que anula ese derecho de objeción de conciencia, porque además dice, no es enunciativa, vaya, es de manera enunciativa, disculpen, de manera enunciativa pero no limitativa, entonces, abre toda interpretación. Y en ese sentido lo que hace es no permitir al sujeto del derecho ponderar su conciencia en caso concreto y sustituye esta ponderación con una ideologización a priori. Pero, además, en el artículo 10 undecies dice que la propia Secretaría de Salud es la que se asume como competente para determinar si el proceso es válido o no. Y señala, además, en un transitorio, que si no lo dice procede la negativa ficta, pero que además, los lineamientos que se van a hacer posteriormente deben oír las opiniones de otros. No oyeron las nuestras, aquí en la comisión, pero hay ya un desplegado de federaciones y asociaciones y colegios médicos de México que realmente tienen muchos cuestionamientos porque ¿cuáles son esos lineamientos? ¿Qué sentido tiene hacerlos? ¿Por qué la propia autoridad es la que los hace y por qué poner una negativa ficta? Y ese dictamen no solo hace nugatorio el derecho de objeción de conciencia, sino también la amenaza. Amenaza el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia, cuando en su artículo 10 Octies, señala que el retraso, entorpecimiento en los servicios de salud de manera negligente, bajo la premisa de objeción de conciencia, da lugar a sanciones, amenaza el ejercicio de libertad de conciencia. Y cuando eso pasa, diputados, diputadas, también están violentando entonces, el artículo 1o. constitucional. Sí, este gran artículo 1o. constitucional que resume todos los derechos y que señala en su párrafo tercero, todas las autoridades, incluyendo, diputadas y diputados. Tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos y, por supuesto, uno de ellos, el de la libertad de conciencia. No lo estamos haciendo. En este grupo parlamentario...