La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes. Hace tres semanas el Grupo Parlamentario de Morena y el Partido del Trabajo presentamos una iniciativa de ley para reformar el artículo 108 constitucional. El propósito es que en la Carta Magna se establezca una medida para combatir realmente la corrupción desde la cabeza del sistema y no solo medidas que no resuelven el problema de fondo. Para Morena, el punto más importante es que el país cuente con un sistema anticorrupción robusto. Para ello se requieren mecanismos eficientes que permitan medir resultados y, sobre todo, un profundo cambio de régimen. En enero de 2013, el Ejecutivo federal propuso la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Hoy la reviven para reasumir todas aquellas funciones que le habían sido asignadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como órgano fiscalizador, lo cual ha sido un error. El Grupo Parlamentario de Morena presentó el 25 de mayo una iniciativa, mediante el cual se reforman los artículos 26, 31, 44 y 50 y se adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la finalidad de contribuir a la construcción de un andamiaje jurídico y administrativo y crear un real sistema nacional de fiscalización. Lamento que no se retomara en forma íntegra en esta ley que hoy se presenta. Para el Grupo Parlamentario de Morena propusimos que esta Secretaría debe cumplir con tres objetivos básicos: regular, vigilar y evaluar. Para cumplir con estos objetivos es necesario que esta Secretaría goce de independencia y autonomía. Lo más correcto es que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea ratificado por el Congreso, no solo por los senadores. Esto representa un pequeño paso para la independencia. La independencia de este órgano de control es de gran relevancia, ya que esta Secretaría es la autoridad encargada de sancionar a los servidores públicos del Ejecutivo federal que incurran en algunas responsabilidades administrativas. Hasta el momento la designación por parte del Ejecutivo ha constituido un área de opacidad y complacencia en la actuación de las personas adscritas a este órgano de control, en perjuicio de la legalidad. Hasta hoy el gobernante en turno designa al titular de control interno federal. Las expectativas de este funcionario son altas, ya que es el encargado de vigilar el cumplimiento de la norma administrativa y, por lo tanto, se esperaría que este personaje deba cumplir con un perfil profesional en la materia de experiencia reconocida y en lo personal tener un código de conducta intachable, en donde la congruencia entre ética profesional y personal se vea reflejada en el trabajo diario, y esto no se cumple. La impunidad, el abuso del poder y el tráfico de influencias ha permeado el actuar de los funcionarios de esta Secretaría. Quién puede olvidar a la esposa de un ex secretario de la Función Pública, que aparece con averiguación previa por la PGR en torno a una red de corrupción y extorsión que cobraba cuotas y sobornos a los gasolineros, que amparada por su cónyuge y como subprocuradora de verificación de la Profeco operaba para dar avisos anticipados. Actualmente, el encargado de esta Secretaría, Virgilio Andrade, tiene la tarea gubernamental, pero se ve implicado en una serie de complicidades y tráfico de influencias, con secuaces gubernamentales de la misma convicción, consiguiendo empleos para fines personales, ignorando y pisoteando el principio de honradez en un código de conducta, que él mismo publicó y que con la protección de su jefe se placea con impunidad. Esperando que esta impunidad no sea un pago por los servicios de exoneración que se brindaron, por ejemplo, en el caso Higa. Por ello, es necesario contar con una Contraloría Interna del Ejecutivo federal, que sea objetiva y cuya función se apegue a los más altos estándares de cumplimiento normativo. Lo ideal, es que sea autónoma. Debe estar encabezada por un secretario de la Función Pública eficiente y racional, que abarque todo el sector público. Las reformas a leyes, como la Ley de Adquisición, Arrendamiento y Servicio del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deben propiciar las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez. Estos principios deben de abarcar a todo el sector público, incluyendo a las empresas productivas del Estado, que hoy en esta ley se están excluyendo. Si no se robustece el Sistema Nacional de Fiscalización con órganos bien estructurados, con una Secretaría de la Función Pública fortalecida, pues esto no va a llegar a buen fin. Morena propone, concluyo, que los órganos internos de control deban ser auditados y revisados por este Congreso, ya que las experiencias anteriores reflejan que estos entes se extralimitaron con mandos medios y encubrieron a los altos mandos. Esperemos que las reservas presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena sean aprobadas para así abonar en esta ley necesaria, y poder votar a favor para dotar de un sistema de supervisión más justo. Queremos que los consejeros independientes de Pemex, de la CFE que están designando y que están tomando decisiones importantes en las empresas productivas que más presupuesto manejan, estén dentro de esta ley para ser auditados. Porque esta ley los está amparando, los excluye. Es cuanto, señor presidente.