El diputado René Lezama Aradillas: Compañeras y compañeros legisladores, el Partido Acción Nacional dice sí a la profesionalización del servicio público en nuestro país. Estamos de acuerdo con la necesidad de contar en el gobierno con personal altamente calificado para enfrentar los retos que implica el desarrollo del país. Coincidimos en que los cambios del titular de la Presidencia de la república no debe representar la parálisis gubernativa en la suspensión de programas y servicios. Estamos a favor de la eliminación de la discrecionalidad para el ingreso, permanencia y promoción de los cargos públicos. Claro que estamos a favor, tratándose de los puestos técnicos en los que se planean, diseñan e instrumentan los programas y acciones donde se requiere la continuidad de trabajo público. Estos cargos requieren del mayor apoyo posible en beneficio de todos los mexicanos y cuentan con todo el reconocimiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dado que la experiencia que en ellos se acumula es uno de los principales activos del gobierno mexicano. En donde creemos que debe replantearse el Servicio de Carrera es precisamente en aquellos cargos que por su naturaleza requieren no sólo el conocimiento técnico, sino también y este aspecto es muy importante y en gran medida, con el compromiso de impulsar las acciones de gobierno, que a través del voto los mexicanos determinaron que deben implementarse en México. Por eso es que el Partido Acción Nacional votará a favor del dictamen que se presenta en esta tribuna. En este caso y en congruencia con las reformas que de manera reciente e histórica han sido aprobadas por esta soberanía requerimos dar un paso adelante en el rediseño de nuestro Servicio Profesional de Carrera y hacer las adecuaciones que generen mayor beneficio para el país. En los términos actuales en que se encuentra normado el Servicio Profesional de Carrera que abarca hasta el nivel de director general y homólogos, la administración sólo ha podido nombrar servidores públicos de mando superior conforme a la excepción establecida en el artículo 34 de la ley, dificultando operar las políticas públicas gubernamentales, en detrimento de la eficacia, eficiencia y honradez que reclama el artículo 134 de nuestra Constitución. El artículo 5 de la ley, que se pretende reformar, incluye los niveles de director general, director general adjunto, director de área, subdirector de área, jefe de departamento y enlace, así como los de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente. De esta manera, el Servicio Profesional de Carrera está dirigido a 61 mil 960 puestos de un universo de 649 mil 187 de la administración pública centralizada. Al respecto habría que recordar que en el caso de los directores generales existe una gran heterogeneidad de sus perfiles, atribuciones y responsabilidades, dándose el caso de que prácticamente todos toman decisiones de amplio impacto a nivel sectorial e intersectorial. Son ellos quienes validan los procesos de licitación y adjudicación, y suscriben contratos, es decir operan las decisiones más delicadas y complejas que requieren el máximo nivel de responsabilidad y también de confianza. Excluir del Servicio Profesional de Carrera a los puestos de directores generales no generaría mayor mella a dicho servicio, ya que esto si acaso representa quizá poco más de 3 por ciento de los 454 mil 100 puestos sujetos al mismo. El requisito del Servicio Profesional de diseñar perfiles de puesto con objetividad y precisión resulta muy complejo por el nivel de responsabilidad de estos rangos. Además, el ejercicio de dicha responsabilidad resulta determinante en muchos casos para cumplir con las funciones emanadas de las leyes aplicables, del Plan Nacional de Desarrollo, así como de disposiciones como las del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es importante destacar que las administraciones contemporáneas se orientan a ofrecer sistemas desarrollados para evaluarse por resultados. Esto implica la necesidad de contar con la suficiente capacidad de mando y liderazgo institucional para alcanzar los objetivos gubernamentales. Inclusive, en los países que cuentan con sistemas de servicio civil consolidado durante varias décadas, existe un proceso de reforma dados los problemas de gestión por la separación prácticamente absoluta entre la política y la administración. De lo expuesto se desprende que el objeto del dictamen es asegurar condiciones mínimas de gobernabilidad, confianza, capacidad de implementación de las políticas públicas y responsabilidad política hacia la ciudadanía, por lo cual es necesario incluir a directores generales, adjuntos y equivalentes, en las excepciones comprendidas en el artículo 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Muchas gracias.