La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Compañeros diputados, buenos días, a todos y a todas. Es importante hacer del conocimiento lo que está pasando en el estado de Puebla. La zona poniente de la ciudad de Puebla está integrada por 22 municipios, incluyendo la capital del estado, donde habitan más de dos millones y medio de personas. Esta zona es parte de la cuenca hidrológica del Balsas, donde hace más de 25 años la urbanización crece de manera desmedida y que además crece en desorden. La actividad inmobiliaria, industrial y comercial ha desplazado la actividad agrícola, generando desempleo y acrecentando la migración en esta zona, que produce más de dos mil toneladas de hortalizas que alimentan a la Ciudad de México, a 20 mil empleos directos e indirectos. Y sobre estas tierras se pretende hoy incluir el Proyecto Integral Morelos y en la región poblana del Izta-Popo se desea construir el gasoducto y las autopistas. Esto se debe a que decenas de comunidades se encuentran movilizadas en contra de estos proyectos. Organizaciones como el Frente de Pueblos y el Frente de Campesinos, de Ejidatarios y Pequeños Propietarios luchan en defensa de la tierra, del agua y los bosques, que han vulnerado debido a la entrada en vigor de la Ley de Expropiación en el estado, que desaparece el derecho de audiencia previo al acto expropiatorio. Lo que no es otra cosa sino una flagrante violación a nuestra Constitución federal para legalizar los despojos. Las organizaciones han buscado diálogo e información, así como la exigencia que las comunidades sean consultadas. Sin embargo, sólo se ha concentrado a la soberbia y a la cárcel. El domingo pasado y el día de ayer fueron detenidos, sin orden de aprehensión, la Comisaría Ejidal de San Felipe del municipio de Atlixco, Puebla, Enedina Rosa Vélez, de 60 años de edad y el vocero del Frente de Pueblos, Juan Carlos Flores Solís. Estos actos demuestran una vez más que el gobierno del estado de Puebla actúa criminalizando la protesta social y queda de manifiesto la incapacidad de los funcionarios de dialogar y construir acuerdos que favorezcan a la paz y a la tranquilidad social. Advertimos desde ahora que el movimiento social en Puebla contra los proyectos mineros en regiones de la sierra norte y la mixteca poblana y en el valle del centro poniente, en Puebla. Está por la defensa de la tierra, el agua y el derecho al trabajo, que crece de manera progresiva. En Puebla se vive un ambiente de incertidumbre. Se acumula el resentimiento social ante la cerrazón y la represión del gobierno del estado. Un lamentable ejemplo de ello es lo que sucedió el día de ayer, frente al Congreso local, en donde se crucificaron tres ex trabajadores del Hospital del Niño Poblano, suprimiendo hoy irresponsablemente mediante un decreto lo que integra a los servicios de salud en el estado, dejando a cientos de personas desempleadas y a su suerte, sin las consideraciones de reubicación que debiera tomarse. Por lo que desde esta soberanía nacional se hace un llamado al gobierno del estado, a fin de que se instalen mesas de diálogo con las organizaciones sociales, se frene la criminalización a la protesta social y sean liberadas la comisaria ejidal Enedina Rosas Vélez y el activista Juan Carlos Flores Solís. Además de que solicito se forme una comisión plural de legisladores que investiguen los actos de gobierno por probables violaciones a los derechos humanos de audiencia y de debido proceso y de acceso a la justicia, que a la vez son garantías constitucionales, como también los vínculos que dicho gobierno mantiene con la empresa Oceanografía. Es cuanto, señor presidente.