La diputada Liliana Ortiz Pérez: Presento mis palabras ad cautelam porque hay resolución judicial que impide la discusión. Con su permiso, presidente. ¿Cómo sería un México sin verdad, sin democracia, sin justicia y sin libertad? ¿Cuál sería el destino de un país, dónde la oportunidad de defendernos ante un tribunal esté sujeta a intereses que no privilegian el bien común? Hoy hago uso de esta máxima tribuna, para ser portavoz del sentir de la Barra Mexicana de Abogados respecto a la iniciativa para la reforma al Poder Judicial, pues en reiteradas ocasiones se les ha negado el derecho a ser escuchados y ellos sí, compañeros y compañeras, hicieron 19 foros a lo largo y a lo ancho del país. Atestiguamos sustentadas razones sobre los nocivos efectos de la reforma que se plantea. Asimismo, las expresiones de los académicos, los litigantes, las barras y asociaciones juristas, los estudiantes y muchos sectores más han sido muy precisos en la necesidad de la existencia de la independencia judicial, esto, porque la independencia de un juzgador al momento de dictar su sentencia es la única garantía de que cualquier persona que resiente el desconocimiento de sus derechos pueda acudir ante un juez con la certeza que recibirá justicia imparcial, pronta y expedita, y esta propuesta no lo hará. No veo ninguna posibilidad de que la aspiración de que los ciudadanos sean iguales ante la ley puedan tener vigencia en un Estado donde los partidos políticos, los gobiernos en turno, la delincuencia organizada y otros actores, elijan a quien deberá impartir justicia, pues esos ciudadanos ante el desequilibrio de una sociedad de por sí estratificada, solo encontrarán donde buscan un pronunciamiento apegado a la ley, a juzgadores comprometidos con su reelección y con quienes los llevaron a sus cargos. Y eso no, no es justicia. Agrego a esas razones la imposibilidad de contar con juzgadores independientes, donde hay Tribunal Disciplinario que claramente puede estar integrado por miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que podrá juzgarlos a partir de sus decisiones y la forma en que trastocan intereses de partidos y de gobernantes, sin que tengan la menor posibilidad de oponerse y defenderse ante una arbitrariedad, pues la forma en que se encuentra propuesta la creación de este tribunal hace que se convierta en juez y parte, sin que los juzgadores tengan la posibilidad constitucional de acudir ante un tribunal imparcial a pedir una revisión de las sanciones que se les sean impuestas. Ministros, jueces y magistrados habrán quedado inexorablemente en manos de cinco individuos. ¿Quién puede ser imparcial, cuando su carrera y su prestigio están en manos de quien pueda actuar impunemente? Me dirijo a mis compatriotas para advertirles de un peligro de que poco se ha hablado y dejarlo asentado en mi calidad de legisladora, a efecto de que sea invocado en los juicios que inevitablemente llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El peligro de esta iniciativa es la caída de la República. México dejará de ser una República una vez que se consuma la votación mayoritaria ordenada por un solo hombre. Para la existencia de la República, como hoy la conocemos, es indispensable que concurra un sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión. De tal forma que se impida que ningún Poder adquiera potestades superiores a los otros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que históricamente se ha auto-limitado para realizar el análisis de reformas a la Constitución, deberá hacer una reflexión inédita ante la realidad de que la iniciativa que se está debatiendo intenta incorporar a la Constitución disposiciones que son contrarias, abiertamente a los artículos 40 y 49 que instituyen el gobierno de la República y la división de Poderes. Por primera vez en la historia constitucional de nuestro país, estará incorporándose disposiciones que son irreconciliables, generando la imposibilidad de una interpretación congruente y sistemática, de tal forma que la honorable Suprema Corte de Justicia...