La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Compañeras y compañeros diputados. Mucho nos ha costado empezar a entender que la mejor arma contra las organizaciones delictivas no tiene pólvora y que el mejor mecanismo para combatir la corrupción no está en aumentar penas que nunca de aplicarán. El más eficiente mecanismo para arrebatarle el control de nuestra vida pública a la corrupción y a la delincuencia es la inteligencia, la inteligencia financiera. Nuestro sofisticado sistema anticorrupción, por ejemplo, resulta inútil si no tenemos un desarrollo pleno en nuestras instancias de inteligencia financiera, y resulta contraproducente a la nación si se ha desarrollado, pero se encuentra al servicio de un individuo o un grupo de interés. En nuestra historia reciente como consecuencia de la evolución de las instituciones mexicanas en materia del combate al lavado de dinero y en atención a las mejores prácticas internacionales derivadas de los trabajos y recomendaciones en el marco del grupo de acción financiera internacional, nuestro país creó la Unidad de Inteligencia Financiera en el año del 2004. Con ello inició la posibilidad de abrir una nueva etapa en el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la corrupción al interior de nuestro país. Pero su diseño institucional supeditado estructuralmente al capricho de la fuerza política dominante, lo hizo inoperante hasta noviembre del año pasado. En este contexto institucional, a pesar de que nuestra Unidad de Inteligencia Financiera desde hace años tenía acceso a fuentes de información que le permiten cumplir los estándares internacionales de combate al lavado de dinero, históricamente ha actuado con ineficacia, negligencia o insuficiencia para atender la delicada labor que se le ha encomendado. Ello ha arrojado resultados históricos casi imperceptibles tanto en el combate a la delincuencia organizada como en materia de combate a la corrupción, hasta que llegó un servidor público que ha empezado a poner a funcionar esta institución. Antes de la actual administración de la Unidad de Inteligencia Financiera, a pesar de ser un organismo con facultades y acceso a información reservada de carácter estratégico generada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le había sido imposible mostrar sus posibilidades en la judicialización de casos de corrupción, delincuencia organizada y terrorismo. No obstante su deficiente desempeño histórico desde el primero de diciembre del 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera ha mostrado parte del potencial que puede desarrollar en la materia, como un mecanismo de saneamiento de la vida pública del país. Lo anterior a partir de hacer públicos algunos datos de las investigaciones e impulsar las acciones del Ministerio Público de la federación. Entre estas últimas, se pueden referir los casos contra posibles hechos de corrupción que en administraciones pasadas afectaron profundamente el gasto público, dañando tal vez irremediablemente, a generaciones de mexicanas y mexicanos. A pesar de los evidentes esfuerzos de la actual conducción de Unidad de Inteligencia Financiera, el marco jurídico vigente aún conserva condiciones para que ante un eventual cambio de gobierno o de perspectiva sobre la utilidad de la inteligencia financiera en el combate a la delincuencia y la corrupción, las limitaciones estructurales del sistema político mexicano puedan volverse a activar, sometiendo las actuación de esta a los humores políticos de su superior jerárquico, que es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de los apetitos coyunturales del titular del Ejecutivo federal. Ello implica un riesgo permanente de que los esfuerzos actuales se desvíen o se interrumpan y regresemos al esquema administrativo de subutilización de la información de inteligencia financiera que se le dio a esta instancia en el pasado. En este sentido, entre las 40 recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha emitido, destaca la necesidad de que las instancias que funjan como Unidad De Inteligencia Financiera o Centros Nacionales de Recepción y Análisis, sean independientes y autónomos para poder ejercer sus funciones con libertad. Lo anterior indica que aún hay algunos aspectos claves para mejorar, desligar la generación y administración de información de inteligencia financiera de estos intereses particulares, posiblemente vinculados a la corrupción gubernamental y el poder político que la habían domado desde su nacimiento en el 2004. En consecuencia, la propuesta que cinco integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano traemos ante esta soberanía consiste en crear un nuevo organismo de inteligencia financiera denominado Centro Nacional de Inteligencia Financiera que sustituya a la Unidad de Inteligencia Financiera pero aproveche al máximo la experiencia que tenga esta institución y que tenga como base presupuestal y estructural a la misma Unidad de Inteligencia Financiera, pero proyectando al nuevo centro como organismo público autónomo responsable de elaborar e implementar políticas, programas, mecanismos encaminados a prevenir e identificar conductas que actualicen los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo nacional e internacional, así como su financiamiento. Adicionalmente la presente iniciativa considera mecanismos de nombramiento y sustitución del titular que involucran al Sistema Nacional Anticorrupción, el Senado de la República y el Ejecutivo federal; propone alternativas para la transición presupuestal, y aumenta las atribuciones de lo que hoy tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Compañeras y compañeros, con el Sistema Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General de la República hemos construido un Ferrari, pero sin la autonomía para el órgano de la inteligencia financiera, es un Ferrari sin batería. Hoy venimos a invitarlos a que demos el siguiente paso y pongamos esa batería que le hace falta a ese Ferrari, pues sin ella, sin la autonomía no nos sirve de nada. Es cuanto, señora presidenta.