La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito: Señoras y señores diputados, este día estamos aquí reunidos para llevar a cabo uno de los actos republicanos que mayor relevancia tienen para el buen funcionamiento del régimen democrático, se trata de un ejercicio de análisis y revisión por parte de nosotros en nuestra calidad de representantes populares del informe, que en atención a lo dispuesto por el artículo 69 constitucional presentó en días pasado el Presidente Enrique Peña Nieto ante las Cámaras del Congreso de la Unión, para dar cuenta a los ciudadanos del estado general que guarda la administración pública del país. Hoy toca el turno de examinar las acciones políticas públicas encaminadas a promover el bienestar de las personas. Cuando hablamos de política social no solo se trata de los servicios sociales que presta el Estado para cubrir las necesidades básicas de quienes desafortunadamente no cuentan con los medios necesarios para hacerlo, sino que este rubro incluye también la adopción de medidas orientadas a erradicar la discriminación y exclusión de la cual son objeto determinados grupos; a promover una distribución más justa y equitativa de la riqueza y a garantizarla a todos los ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos sociales que consagran nuestra Carta Magna. Gracias a las reformas aprobadas, México cuenta hoy con más y mejores herramientas para acelerar el crecimiento del producto interno bruto y generar empleos, para que a partir de ello sea posible combatir de manera más efectiva la pobreza y la falta de oportunidades que padece un amplio segmento de la población. Por el contrario, las acciones emprendidas por el Presidente Enrique Peña Nieto desde los primeros días de su gobierno, han dejado claro que uno de los ejes fundamentales y prioritarios del proyecto de nación que encabeza es el de construir un México incluyente en donde todos sus habitantes accedan por igual al bienestar y a las oportunidades. En este sentido, más allá de las grandes transformaciones en el terreno macroeconómico se trata de hacer llegar la acción del Estado de modo prioritario a los mexicanos que no cuenten con una vivienda digna, que carecen de drenaje y agua potable, que no tienen acceso a los servicios de salud o que no asisten a la escuela y más aún, a aquellos que dadas sus condiciones de marginación ni siquiera pueden asegurarse una alimentación que satisfaga los requerimientos mínimos para subsistir. La carencia de alimentos afecta sensiblemente a más de siete millones de mexicanos que viven en condición de pobreza extrema; sin embargo ésta tienen un impacto mucho mayor en los niños y niñas, pues sus posibilidades de supervivencia así como de disfrutar en un futuro más productivo y próspero, se reducen significativamente cuando no gozan de una nutrición adecuada. En otras palabras, el hambre crea un entorno que opone serias dificultades al desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños, el cual contribuye a generar un círculo vicioso de atraso, pobreza y marginación del que resulta muy difícil escapar. Para atender esta dolorosa realidad que reclama con urgencia la intervención estatal, el gobierno de la República puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, gracias a la cual actualmente tres millones de personas en condición de pobreza extrema en más de mil municipios de todo el país, tienen asegurada una alimentación suficiente y no son despensas a través de los comedores comunitarios, la mayoría de ellos ya operados por los propios miembros de la comunidad o, bien, adquiriendo productos esenciales de la Canasta Básica a precios especiales en las tiendas Diconsa y Liconsa que están siendo ampliadas y fortalecidas para beneficiar cada vez más a más familias mexicanas. En cuanto respecta al Programa Oportunidades que da acceso a servicios sanitarios básicos a millones de familias y transfiere recursos monetarios de las mismas para fomentar una mejor nutrición entre sus miembros y propiciar que sus hijos asistan y permanezcan en la escuela, cabe resaltar que éste atiende hoy a 6.5 millones de hogares. Casi un millón y medio más que al inicio de la presente administración. Aquí cabe resaltar la reciente anunciada transformación de Oportunidades, un esquema que si bien cuenta con enormes méritos incluso reconocidos a nivel internacional, también es cierto que enfrenta retos cada vez más complejos frente a los cuales ha exhibido algunas limitaciones. Por ello Oportunidades ha sido rediseñado para convertirse en el Programa Prospera. Prospera se convertirá en una alternativa de solución a necesidades que Oportunidades no estaba atendiendo. Ahora los jóvenes beneficiarios podrán acceder a becas más allá del nivel básico y si prefieren buscar un empleo o emprender un negocio, serán serán canalizados de forma prioritaria al servicio nacional de empleo del Instituto Nacional del Emprendedor. Asimismo, en el caso de las jefas de familia, Prospera les va a facilitar el acceso a la capacitación y a los créditos necesarios para poner en marcha un negocio que les permita sacar adelante a su familia, y no necesitan estar incluidas en ningún padrón de ningún partido político. Tanto el modelo de gestión de los comedores comunitarios de la Cruzada Contra el Hambre como la prestación del Programa Prospera, son una muestra clara de que la política social del gobierno de la República pretende situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas públicas ya no mediante el suministro de asistencia social residual, sino incorporando sus necesidades y escuchando su voz en todos los sectores para generar con ello cohesión social y potenciar así un mayor desarrollo de la población mejorando el capital humano con que cuenta nuestro país. En cuanto al acceso a la salud, cabe destacar la preocupación que ha mostrado la presente administración no sólo por los grupos más vulnerables, sino también por sectores que aunque se sitúan por encima de la línea de la pobreza no son derechohabientes a las instituciones estatales de seguridad social. Por esta razón se ha impulsado decididamente el establecimiento de un Sistema Nacional de Salud Universal cuya finalidad es lograr la integración funcional y efectiva de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Salud para ponerlas al servicio de los mexicanos que no cuentan con cobertura en la materia y que por tanto no están en condiciones de hacer frente a una enfermedad grave. Además cabe destacar que en lo que va de este sexenio el Seguro Popular ha incorporado 6.5 millones de beneficiarios más a su esquema de protección. Por otra parte la desigualdad de nuestro país se expresa todos los días en los obstáculos que enfrentan las mujeres para alcanzar un desarrollo pleno. Para muestra basta revisar los ingresos de las mexicanas frente a los ingresos de los hombres. En términos generales las mujeres en México seguimos trabajando más y seguimos percibiendo salarios menores que los hombres. Asimismo tenemos menos oportunidades educativas y de empleo y nos resulta más difícil acceder a la salud y al crédito para emprender un negocio o adquirir una vivienda. Por este motivo las mujeres requerimos de protección especial por parte del Estado, y el gobierno del presidente Peña Nieto ha manifestado una especial preocupación por ello. Y para ejemplo basta un botón: ahí están los apoyos productivos para la mujer emprendedora con una tasa especial del 6.5 por ciento, porque además las mujeres somos más pagadoras. Para las mujeres del campo también tenemos que resaltar los 115 programas que de manera transversal promueven la igualdad entre hombres y mujeres de los cuales se destinan 21 mil 500 millones de pesos cada año. Está el Seguro de Jefas de Familia, que les asegura que 4.7 millones de mujeres en el caso de que llegaran a faltar, sus hijos contarán con el apoyo estatal necesario para concluir sus estudios y salir adelante, porque normalmente la mayoría de los hogares mexicanos están encabezados por mujeres. Otro asunto de elemental justicia social es la pensión mensual que se otorga a los adultos mayores de 65 años o más y lo mejor de todo es que éste ya ha alcanzado un rango constitucional, por lo cual puede ser exigida como un derecho y no como una concesión graciosa del gobierno en turno. Los recursos que reciben los adultos mayores son complementarios a los demás programas que tienen por objeto garantizar una vejez digna y decorosa para aquellos que con su trabajo y dedicación construyeron la patria que hoy tenemos. Como Presidenta de la Comisión de Seguimiento a los Programas Sociales Destinados a los Adultos Mayores he podido constatar el firme compromiso que mantiene el gobierno de la república con esta población. Además el día de ayer fue dado a conocer el Programas Crezcamos Juntos. Aquí donde los Repecos cambiaron ahora a este régimen, ya hay inscritos ante el SAT más de 1.5 millones de personas que estaban antes en Repecos, y ahora ¿a qué van a tener derecho? En primer lugar durante 10 años van a tener un impuesto progresivo, van a tener derecho al Seguro Social, van a tener créditos a las Mipymes y también, después de un tiempo de estar pagando sus impuestos, van a tener derecho, tanto el que tiene un negocio como sus empleados, a tener un crédito para que tengan su propia vivienda. Los invito a que se unan a este gran proyecto que se llama Crezcamos juntos, dado a conocer el día de ayer. El presidente Peña Nieto estableció desde la campaña que el suyo sería un gobierno con visión social y en el Grupo Parlamentario del partido verde consideramos que así lo ha cumplido desde el primer día de su mandato. Estamos conscientes de que faltan muchas cosas para reducir las brechas de desigualdad existentes entre el campo y la ciudad, entre hombres y mujeres, pero al mismo tiempo estamos seguros que el gobierno de la república tiene la firme convicción de proteger a quienes menos tienen y trabaja decididamente para transitar hacia una sociedad más equitativa e incluyente que garantice a sus miembros el pleno ejercicio de los derechos sociales. Por su atención muchas gracias.