El diputado Eduardo Castillo López: Muy buenos días. Con tu venia, presidente. Muchísimas gracias. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados de este Congreso Constituyente, es para mí un honor presentar a esta soberanía a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público el dictamen de iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Federal de Derechos. Como bien sabemos, la Ley Federal de Derechos es un ordenamiento jurídico que regula el cobro de los derechos por parte del gobierno federal. Las modificaciones a esta ley son de suma importancia para las finanzas públicas del país, porque los derechos constituyen una de las reformas de ingresos públicos, que siendo distinta de los impuestos se vincula al aprovechamiento de bienes públicos. Desde esta tribuna quiero hacer un reconocimiento público a todas las y los diputados que integramos, de las diferentes fuerzas parlamentarias, la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y sin duda también coordinador de bancada, don Ricardo Monreal. A ellos puedo decirles y en conjunto al presidente Carlos Ulloa el reconocimiento al gran trabajo que hicimos en esta gran comisión y que en conjunto dictaminamos, escuchamos y, sin duda, aprobamos este grande dictamen que sin duda será un beneficio para las y los mexicanos. En paralelo, la Ley Federal de Derechos es fundamental para el país por diversas razones que van más allá de la fuente de ingresos. Esta ley regula el aprovechamiento de recursos estratégicos, como: el agua, los minerales, el aspecto radioeléctrico, promoviendo su uso responsable y sostenible. Al mismo tiempo la Ley Federal de Derechos genera recursos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y proyectos públicos prioritarios, mientras fomenta la equidad fiscal al establecer que quienes reciben servicios específicos o explotan recursos naturales contribuyan directamente al costo de su uso, lo cual reduce la carga financiera sobre el resto de la población. Además, esta ley impulsa el desarrollo económico al ofrecer certeza jurídica en las tarifas aplicadas, lo que favorece a la planeación y operación de las empresas. Y apoya la implementación de las políticas públicas mediante la asignación de recursos a áreas estratégicas para el desarrollo económico y social del país, tales como el medio ambiente, el turismo, la infraestructura. Esta ley también protege la soberanía nacional al regular el acceso al aprovechamiento de los bienes estratégicos. En suma, podemos decir que la Ley Federal de Derechos es un instrumento que combina recaudación, regulación y sostenibilidad para garantizar el bienestar colectivo y el desarrollo del país. El dictamen que estamos por discutir refleja una búsqueda del gobierno federal para generar beneficios para la nación en diversos temas, como la mejora en la administración y la conservación de playas y bienes marítimos, proteger y restaurar áreas naturales protegidas o lograr una gestión integral del agua para garantizar un derecho humano, un derecho humano que nos corresponde. En el mismo sentido, la iniciativa que se dictaminó en esta Comisión de Hacienda y Crédito Público no pierde de vista el componente de justicia social, con particular enfoque en diversos grupos de la sociedad los cuales históricamente han estado al margen de la provisión y el goce de diversos bienes y servicios. Por otro lado, también es importante resaltar sobre la iniciativa que hemos dictaminado que ninguna de las modificaciones que se proponen presentan la creación de nuevos derechos. Lo que se busca es únicamente la congruencia jurídica con distintas disposiciones y un ajuste de tarifas adecuadas y justo. En cuanto a los rasgos específicos del dictamen que van en consecuencia con lo que se expone, quiero desatacar lo siguiente: En materia minera el dictamen propone modificaciones fundamentales para garantizar gestión en transparencia equitativa, por ejemplo, se elimina el pago de derechos al momento de solicitar concesiones mineras, en el cambio fortalece la rectoría estatal al asegurar que los derechos sobre la minería se gestionen de manera ordenada, eficiente y en beneficio de la colectividad. Todo ello, en línea con las recientes reformas constitucionales en esta materia. Además, se propone un incremento de derecho especial sobre la minería, que pasaría del 7.5 al 8.5 %, en un aumento en el derecho extraordinario para ingresos provenientes de la extracción de oro, plata y platino, que sube del 0.5 al 1 %. Estas modificaciones aseguran que las actividades extractivas contribuyan de manera significativa al erario público. También se ajusta el destino de los recursos generados por la minería, al garantizar que los fondos mantengan sus objetivos originales, como apoyar al desarrollo de las comunidades cercanas a las zonas mineras. Otro punto que quiero destacar, porque considero que es de vital importancia para la nación, es el agua. En cuanto a este recurso, el dictamen establece reformas claves para garantizar una gestión sostenible y eficiente en este recurso esencial y fundamental. La iniciativa contempla la instalación obligatoria de medidores, que permiten una medición precisa de los volúmenes de agua utilizados o descargados. Este ajuste promueve la responsabilidad de un uso del recurso hídrico y también facilita la deducción de los costos de instalación de estos medidores de pago de derechos. Además, se armonizan las disposiciones sobre las descargas de aguas residuales con la norma oficial NOM-001-Semarnat-2021. Estas acciones van de la mano con el compromiso del Estado de garantizar el derecho humano al agua. Estos cambios son esenciales para contribuir a un modelo de desarrollo sustentable y socialmente responsable. Podría, citando diversos aspectos en este dictamen, como la excepción del pago de derechos a comunidades afromexicanas por servicios de telecomunicaciones, y a personas que utilicen las telecomunicaciones en actividades de protección civil. Pero debido al tiempo limitado en esta tribuna, terminaré mi participación señalando lo siguiente. Este dictamen reafirma el compromiso del Estado con el bienestar de la población y la sostenibilidad de sus recursos estratégicos. Con esta reforma se establece un marco jurídico que fortalece la rectoría estatal, promueve la transparencia y garantiza los recursos que los beneficios de los recursos naturales, que se traduzcan en desarrollo para nuestro país. Por lo expuesto antes, los invito a votar a favor de este gran dictamen y seguir apoyando al pueblo de México. Y seguro estoy de que así será, que, a consideración de ustedes, compañeras diputadas y diputados estaremos aprobando una gran reforma que necesita México, que necesitan las y los mexicanos, y que de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de esta gran nación, estaremos reforzando siempre las actividades que este Congreso requiere para reforzar a nuestro México. Muchas gracias, presidente.