El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores. Esos son dos temas, como todos los que hemos presentado, muy importantes. El artículo 285, fracción I es un tema que me preocupa de sobremanera. Esto es que los límites a la propiedad cruzada de medios surgen como mecanismos para evitar que una persona o un grupo afecten la libertad de expresión, el derecho a la información y la vida democrática, así como para buscar proteger la diversidad la pluralidad y en ocasiones el localismo. Así, las limitaciones a la propiedad cruzada sirven como mecanismos de protección y defensa de los derechos informativos de todos los ciudadanos. Se entiende por propiedad cruzada al hecho de que una misma empresa o un mismo grupo de empresas sea propietario de varios medios de comunicación dentro de un mismo mercado. Las medidas legales y regulatorias sobre la propiedad cruzada de medios se empezaron a implementar hace más de 30 años principalmente en Estados Unidos y algunos países de Europa. El dictamen a discusión establece en su Capítulo Cuarto, de la Propiedad cruzada, la obligación de los concesionarios de radiodifusión y telecomunicación que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica a incluir dentro de dicho servicio canales de información noticiosa o de interés público, a fin de garantizar el acceso a información plural y oportuna. Sin embargo dicha obligación sólo se limita a concesionarios que prestan el servicio de televisión restringida, dejando de lado otros medios de información masiva como el servicio de televisión abierta, la cual tiene mayor incidencia en el derecho a la información y la formación democrática. Nosotros sostenemos por lo anterior esta reserva que va encaminada a incluir dentro de los concesionarios a todos aquéllos que presten el servicio de televisión abierta, a fin de cumplir a cabalidad con lo estipulado en la reforma constitucional, la cual garantice el acceso a todo ciudadano a recibir información plural y oportuna. La experiencia comparada de los países que cuentan con límites a la propiedad cruzada de medios de comunicación, ha demostrado que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación, deben de estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y la diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Por tal virtud estoy planteando que se modifique el 285 para incluir la televisión abierta. En el caso de artículo 298, éste se refiere a que la evasión de impuestos o evasión fiscal, como un acto ilegal que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos, problema complejo de nuestro país, que ha condicionado una negativa de manera importante de las funciones del Estado, en una recaudación que se vuelve injusta, por el hecho de que sólo una parte de la población paga por la provisión de los servicios públicos que todos disfrutan y por lo tanto constituye una causa importante de inequidad puesto que conlleva una carga efectiva mucho más elevada para quienes sí cumplen con sus obligaciones. Deberes que incumplen las grandes cadenas de telecomunicaciones como lo son las televisoras; que estos dos monstruos controlan el 90 por ciento de la información televisiva, pues aprovechan las facilidades otorgadas por los gobiernos para beneficio de las mismas. El duopolio televisivo burla la ley con el lucrativo mercado negro en materia de entrevistas y coberturas especiales disfrazadas y disfrazando la libertad de información que según se cobra pero no se factura. Ésta es una curiosa libertad. Ellos informan pero cobran por debajo del agua. Cifras que reportan el grupo o Televisa, ganancias por mil 825 millones de pesos en el segundo trimestre del 2013, lo que representa un alza de casi el 30 por ciento con respecto al año anterior. ¿Qué sucede? Ahora la iniciativa intenta interponer una ridícula multa por el equivalente del 1.1 por ciento, hasta el 2 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado a los concesionarios que no cumplan con la obligación en materia de operación e interconexión de redes de telecomunicaciones, en el artículo 290, inciso c), del dictamen con proyecto de decreto que expide esta Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Me pregunto ¿acaso estas medidas sancionadoras son una reforma integral? Pues no, al contrario, alientan el mercado laboral informal, la elusión y la evasión fiscal. Son acciones de impacto recesivo; no son procedimientos que condicionan para que esta situación se pueda regularizar y se combata la informalidad. Debe insistirse en que la creciente informalidad es uno de los peores males de nuestra economía que no se están atendiendo. Hace falta un plan decidido y severo. Las multas son de carga regresiva, afectan de manera muy severa a las líneas de telecomunicación, aunado con la informalidad daña la equidad tributaria del país. Le pediría, ciudadano Presidente, que ésta y la anterior reserva se plasmen íntegras en el Diario de los Debates.