La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Saludo a mis compañeros de la Mesa Directiva; al presidente de la Mesa; a mis compañeros legisladores; particularmente a los compañeros de la Universidad Autónoma de Metropolitana, Unidad Iztapalapa, que hoy nos acompañan, agradezco su visita; y a todos los que tienen a bien acompañarnos en este recinto. Ninguno de nosotros puede mirar a los ojos a los niños si continúa aprobando o consintiendo cualquier forma de violencia hacia ellos. El día de hoy presento ante esta tribuna una iniciativa que busca proteger a nuestros niños de un delito silencioso, se trata del abuso sexual. La violación y el abuso sexual infantil son una de las formas más graves de violencia contra la infancia, que conlleva afectos devastadores en la vida de los niños que la sufren. Los datos demuestran lamentablemente que estos delitos han ido creciendo, particularmente dentro de las escuelas. Por ello, y con el objetivo de contribuir a la protección de los menores de edad a su prevención, propongo la creación del Registro Nacional de Violadores y Agresores Sexuales, con la finalidad de prevenir que personas que han sido sentenciadas por estos delitos pretendan trabajar o desempeñar cualquier actividad pública o privada que implique el contacto directo o habitual con los infantes. Con datos del Diagnóstico Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, las otras víctimas invisibles del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas destacan resultados recopilados por expertos en donde se cuenta que el 90 por ciento de las víctimas de violencia sexual son mujeres y 4 de cada 10 son menores de 15 años de edad. La impunidad en estos delitos es de grandes dimensiones. Señalan, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2014, que existe una estimación de que la cifra negra de los delitos ocurridos en México es aún más grave. La cifra negra de estos delitos en estudios realizados de 2012 2015 nos lleva a estimar en casi 3 millones los delitos realizados. Esto es más de 700 mil delitos sexuales anualmente. Los datos arrojan que además casi cuatro de cada 10 de las personas que figuran como víctimas de violencia sexual, además de ser menores de edad encuentra que los daños, los abusos ocurrieron dentro de los centros escolares. Bajo la investigación realizada se encontró que desde hace varias décadas ya existen en diferentes países del mundo registros nacionales de abusadores sexuales, con el objetivo de prevenir la posible comisión de este delito manteniendo localizados a los delincuentes sexuales. Se tiene conocimiento que esta acción tiene su origen en los Estados Unidos de Norteamérica, siendo la legislación más representativa la llamada Ley Megan, nombrada en recuerdo de Megan Kanka, una niña de 7 años de Nueva Jersey que fue violada y asesinada por un conocido delincuente sexual. Reino Unido cuenta con el Registro de Ofensores Violentos y Sexuales, que sólo puede ser consultado por la policía. Canadá cuenta con Ley de Registro de la Información de Ofensores Sexuales. España establece el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que tiene como uno de sus objetivos un sistema para conocer si quienes pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores tienen condenas por este delito. En América Latina lo encontramos en Chile, que cuenta con un Catastro Nacional de Pedófilos; Argentina, un Registro Nacional de Datos Genéticos sobre Delitos contra la Integridad Sexual. Sobre estadística en nuestro país no se cuenta con datos fidedignos sobre la magnitud de este aberrante delito, tampoco sobre la reincidencia que tienen los agresores y mucho menos un seguimiento sobre su actuar dentro de nuestra sociedad. Hoy un violador o un agresor sexual puede estar trabajando como maestro o puede estar cuidando a nuestros hijos sin que nadie pueda prevenir nuevamente el delito. Compañeros, por décadas nuestra sociedad nos ha exigido quitarnos la venda y ver esta dura realidad, por eso hoy tenemos que actuar por todos esos niños que no tienen voz, por ellos y para ellos. El objetivo es claro, se trata de prevenir. Por eso proponemos que estas personas queden inhabilitadas para ejercer profesión, cargo, comisión, empleo o toda actividad pública o privada, que implique la atención directa o indirecta en el contacto con menores. Toda institución pública o privada que tenga a su cargo a menores de edad y que requiera contratar los servicios de una persona que directa o habitualmente se relacione con niños, deberá estar obligada a consultar el registro, con la finalidad de prevenir cualquier acto en contra de la integridad de los niños y de los adolescentes. Eso quedará en el expediente del trabajador. Diputados, hoy les invito a apoyar esta propuesta. No podemos ser indolentes ni podemos estar absortos del sufrimiento de miles de niños que han vivido estos deleznables hechos y aun los que están en la mira de los delincuentes sexuales. Protegerlos es nuestro compromiso, esa es nuestra terea y con esto pretendo que podamos hacerlo de mejor manera. Es cuanto, diputado presidente.