La diputada Araceli Saucedo Reyes: Con su venia, señor presidente. Con la aprobación de la mayoría de los congresos estatales, el constituyente permanentemente han sancionado la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Corresponde ahora al Ejecutivo la etapa final de promulgación y publicación para que éste pueda entrar en vigencia. Esta reforma fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras y proviene de diversas iniciativas, incluida una suscrita por los diputados de nuestro grupo parlamentario de la pasada legislatura. La importancia de esta reforma radica en desvincular el salario mínimo como unidad de medida de diversas multas, créditos, derechos, contribuciones u otros conceptos financieros y administrativos. La desvinculación del salario mínimo como unidad de medida es un paso efectivo a una política de recuperación de los ingresos de los trabajadores. Con la reforma se da paso certero en una estrategia para recuperar el poder de compra de los salarios que favorecen el bienestar y la dignidad de los trabajadores. Una nueva política salarial es urgente y absolutamente necesaria para establecer nuevas estructuras de igualdad y de equidad en el país. La reforma podrá generar condiciones para un gran acuerdo nacional, político, económico y social que conduzca a la recuperación de los salarios de los trabajadores menos favorecidos. Ante esto, la Cámara de Diputados ha convocado a un debate nacional para escuchar todas las voces, convocar a los especialistas, producir estudios, aprender de la experiencia internacional y generar propuestas sólidas que permitan recuperar gradualmente el salario mínimo. Con la reforma constitucional se abre una gran oportunidad para que los representantes de las organizaciones sindicales reivindiquen su papel, se manifiesten en el mismo sentido de lo aprobado en el Congreso de la Unión y se sumen a la exigencia a los esfuerzos por incrementar el salario mínimo. El objetivo principal es construir el consenso necesario para hacer realidad un mandato constitucional que determine que los salarios mínimos generales en este país deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. En el orden material, social, cultural y para poder garantizar esa educación que es obligatoria para nuestros hijos. Es contradictorio ver el fuerte consenso que ha llevado a esta importante medida, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que mantenga una política de contención de los ingresos de los trabajadores, que ha sido inútil controlar las variables económicas para generar ese empleo y mejorar la productividad. Demandamos desde esta máxima tribuna del país, que se reconsidere y se decrete un nuevo aumento al salario mínimo, que con ello garanticemos esa canasta alimentaria básica para las familias de los mexicanos de este país, pero que constantemente esté alcanzando un nivel de suficiencia constitucional para que esta remuneración pueda tener ese éxito y esa necesidad que hoy se ha planteado en todo el país. Ante esto algunos sectores han argumentado que tener una política de recuperación de los salarios sería contraproducente y sería una intervención indebida del Estado ante las fuerzas libres del mercado, que debe esperarse a la recuperación económica y al aumento de la productividad en un aumento por decreto por la mayoría e inconformidad en el desempleo, que las empresas se verían impedidas en costear su fuerza laboral y cerrarían masivamente. Finalmente, que un mayor aumento a los mínimos generaría inflación eliminando la estabilidad monetaria y desencadenando una carrera de precios salarios en que perderían los que menos tienen en este país. La evidencia nacional, la política salarial de países latinoamericanos y las proyecciones técnicas sustentan la propuesta del gobierno del Distrito Federal, donde demuestra que el aumento a los salarios mínimos sí es gradual si es acompañado de acuerdos que den certeza a los patrones y den medidas de fomento a la producción que garanticen el abasto de productos básicos, permitirá sacar efectivamente de la pobreza a un amplio sector de trabajadores de bajos ingresos, lo que no se ha logrado con otros programas compensatorios y con programas clientelares. La recuperación salarial es la base del bienestar social, de esta forma ninguna política social será suficiente para saldar los rezagos que hoy enfrenta nuestro país. La posición de nuestro grupo parlamentario en este tema ha sido insistente. Es por ello que hoy proponemos ya que de manera obsoleta, como lo ha venido realizando Conasami, y sin duda nuestra propuesta es que deba desaparecer, proponemos que sean las instituciones como el INEGI o el Coneval estos organismos constitucionales autónomos que puedan, de manera profesional, analizar los diversos factores que intervienen en la determinación del salario constitucional, pero además que sean ellos quienes tengan la facultad de poder así dictaminarlo. Honorable asamblea, en su declaración de principios, el Partido de la Revolución Democrática finca su compromiso con las grandes mayorías con la justa distribución social de la riqueza en este país. De tal manera que paulatinamente se logren disminuir las grandes diferencias sociales y culturales y que se genere ese acceso a las mayorías con mejores condiciones de vida en el trabajo, en el empleo y en los salarios dignos de las familias. Generar condiciones materiales y culturales para que podamos vivir en un país con equidad y justicia social. Seguiremos trabajando y acompañando con leyes que beneficien el derecho de los trabajadores para acceder, mediante este esfuerzo, a un salario digno en este país. Es cuanto, señor presidente.