La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La política social en México tiene su fundamento en la obligación del Estado, mandatada por la Constitución Política de 1917. En ésta se establecen los derechos a la educación, el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana, el derecho a la salud y a la vivienda digna, al reparto agrario y a la propiedad, así como el derecho a un empleo socialmente útil. La prioridad de la política social durante los últimos años, ha sido el combate a la pobreza. En el discurso del gobierno federal, se puso énfasis en reducir la desigualdad manteniendo el equilibrio macroeconómico, principio que se ha impuesto aun sobre las urgentes necesidades de amplios sectores de la sociedad. Los datos que nos presenta el VI Informe son optimistas, sin embargo, en México el 10 por ciento de sus habitantes más pobres apenas tienen el cuatro por ciento de la riqueza del país, mientras que el 10 por ciento más rico concentra el 40 por ciento de la riqueza de la nación. Esto hace evidente el nivel de desigualdad y marginación en la que aún viven millones de nuestros compatriotas. El gobierno federal resalta el éxito de la aplicación de la política social actual y hace constantes referencias al programa Oportunidades, principal instrumento de su estrategia de combate a la pobreza. El simple hecho de que Oportunidades sea el eje de la política social en su conjunto, hace evidente que éste no cumplió con los objetivos de erradicar la pobreza extrema, generar riqueza y oportunidades de desarrollo. Oportunidades no es más que la continuación de un programa asistencialista, paliativo que no profundiza en la problemática estructural que vive el país. La política social y los programas impulsados por el gobierno federal son el reflejo de un modelo que está muy alejado de una política social de Estado. La realidad nos muestra un panorama nada alentador. En México, los salarios reales están estancados, el empleo no se incrementó y la pobreza extrema disminuyó sólo levemente, mientras que la desigualdad social se incrementó. Ahora, la brecha entre ricos y pobres se ha hecho más grande. En el estudio de generación de ingresos y protección social para los pobres, realizado por el Banco Mundial, se señala que la principal reducción de la pobreza extrema en México se dio en el área rural al pasar del 42 por ciento, al 28 por ciento entre 2000 y 2005, mientras que el descenso fue menos significativo en el área urbana que pasó del 13 al l1 por ciento en el mismo período. Según el Banco Mundial, los factores que han contribuido a esta reducción son: la estabilidad macroeconómica, el aumento de transferencias y la diversificación del ingreso en actividades no agrícolas. Además de la aplicación de programas sociales y la llegada de remesas de los mexicanos en el extranjero. Estos resultados ponen de manifiesto que la falta de una política de desarrollo regional y la pérdida de ventajas competitivas del país deterioran las oportunidades de empleo y la calidad de éste y, por lo tanto, las condiciones de vida de los mexicanos. Para Nueva Alianza los desafíos de la política social van mucho más allá de incrementar los recursos y los programas asistencialistas, sin descuidar la atención de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los esfuerzos del gobierno federal deberán concentrase en la creación de empleos bien remunerados, fortalecer las instituciones de salud, elevar la cobertura, calidad y equidad educativa e impulsar el desarrollo regional. La educación es una herramienta esencial para superar la pobreza y la desigualdad. La creación de un ambiente favorable al desarrollo económico y social de México supone una apuesta decidida en materia educativa. Para una política social de Estado la meta final debe ser el desterrar la pobreza, el hambre y el analfabetismo. La mejor vía para lograrlo es la inversión en la formación integral de nuestros ciudadanos, formarlos en los valores de la democracia, con una sociedad educada, podremos aspirar a llevar a nuestro país a un mejor lugar entre las naciones. La educación debe promover el pleno desarrollo de la personalidad humana, enriquecer el acervo cultural de la sociedad y contribuir a preservar el medio ambiente, dentro de un desarrollo sostenido y sustentable. Asimismo, la educación debe preparar a las personas para su plena participación en el mundo del trabajo, desarrollando los valores, conductas y competencias que permitan su prosperidad. En este contexto se ha mostrado preocupación ante los resultados que nuestro sistema educativo tiene en las evaluaciones internacionales. Destaca el hecho de que en una evaluación publicada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico nuestros alumnos obtengan resultados muy por debajo de lo que obtienen los de los países más desarrollados. El bajo logro educativo tiene explicación, es cierto, la inversión educativa ha crecido pero en ese mismo período que abarca el estudio hubo un crecimiento de 13 por ciento en la matrícula escolar, lo que provocó que el gasto por estudiante se redujera. La inversión por estudiante de primaria en México es de mil 656 dólares, lo que representa aproximadamente un tercio del promedio de la OCDE que es de cinco mil 450 dólares. El gasto por estudiante de educación secundaria es de mil 495 dólares aproximadamente, un cuarto del promedio de la OCDE que es de seis mil 560 dólares. Las contradicciones que se destacan en el caso mexicano por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico se refieren a que mientras el gasto que se destina en países, como porcentaje del producto interno bruto permanece aun por encima del promedio de la OCDE al significar, según el Informe del Ejecutivo 7.1 por ciento, dato que está a discusión pero es materia de otro debate, frente a 5.9 por ciento que destinaron en promedio las naciones de la OCDE el subsidio que llega a cada estudiante de primaria y secundaria, equivale sólo a una tercera parte de lo que invierten esas otras naciones. México es un país desigual, en nuestra República podemos encontrar entidades, en las cuales las tasas de alfabetización son comparables con las de los países de ingresos altos, mientras que los municipios predominantemente indígenas y rurales de los estados del sur, que conforman el cinturón de pobreza, las tasas de alfabetización son similares a las de algunos países del África. En este gobierno se han introducido iniciativas nuevas en el sector salud como el Seguro Popular. Se ha anunciado la cobertura entre los sectores que no tienen acceso a las instituciones de salud, sin embargo, la estructura dual del sistema de protección social para la salud, sigue sumido en una crisis que preocupa a todos, el IMSS y el ISSSTE exigen ser fortalecidos. En Nueva Alianza nos pronunciamos por un modelo de seguridad social integral, de carácter público, que articule los esfuerzos económicos de toda la sociedad y del Estado. No es posible concebir una democracia sin justicia social…