EL C. PRESIDENTE: Aprobado el proyecto de decreto por 426 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aviación Civil. De conformidad con el artículo 72 inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remite al Senado para sus efectos constitucionales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen con proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo Federal para otorgar apoyos tendientes a salvaguardar los servicios de transporte aéreo, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 10 de diciembre. Es de primera lectura. Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones. Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por conducto de esta Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de "Ley que autoriza al Ejecutivo Federal, para otorgar apoyos tendientes a salvaguardar los servicios de transporte aéreo", misma que fue turnada el pasado 31 de octubre de 2001, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones para su análisis y dictaminación. En cumplimiento de esta responsabilidad, se procedió al dictamen de la iniciativa de ley, realizando para ello consultas y reuniones de trabajo con representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, así como el director general de Aeronáutica Civil, con base en los cuales los miembros de estas comisiones unidas presentan a esa honorable Asamblea el siguiente PROYECTO DE DICTAMEN Descripción de la iniciativa Refiere la iniciativa en estudio el papel estratégico que desempeña la aviación comercial como medio para la movilización de personas, así como para el intercambio de bienes y servicios, sobre todo si se analiza a la luz del proceso de globalización que registra nuestra economía. De ahí que, la aviación civil sea considerada como un servicio público y cuente con un marco legal orientado a propugnar su desarrollo, de ahí que los graves acontecimientos sucedidos el 11 de septiembre no sólo repercutieron en el desempeño de la economía, sino de manera particular en los códigos de seguridad que gobiernan a la aviación comercial. Al emplearse el transporte aéreo como medio para expresar actos de terrorismo y de guerra, ha provocado que todos aquellos que participan en dicho mercado tengan que prever la ocurrencia de este tipo de contingencias, incluyendo a la aviación comercial mexicana, situación que demanda una gran capacidad financiera, por el incremento en el costo de las primas de los seguros que, por este concepto, deben de cubrir las compañías aéreas por obligación legal. Desde la perspectiva del Ejecutivo Federal y de frente a este escenario, los permisionarios y concesionarios del transporte aéreo se enfrentan a dos alternativas posibles que o bien puede ser el cubrir la diferencia en el costo de la prima del seguro, o dejar de operar, con la consecuente perdida de fuentes de empleo, tanto directas en la industria como en las empresas que funcionan alrededor de ella. Derivado de esta situación extraordinaria, se plantea por parte del Gobierno Federal la urgente necesidad de establecer un mecanismo, de carácter temporal, que coadyuvé a salvaguardar el servicio público prestado por las aerolíneas nacionales, con el objeto de establecer una cobertura ad hoc de los riesgos derivados de actos terroristas y de guerra. Se estima que mediante la instrumentación de este mecanismo se cubre de manera adecuada la seguridad de pasajeros y tripulaciones, toda vez que no se les deja desprotegidos en caso de un siniestro. Al cubrirse las diferencias entre el costo original de la prima y el nuevo costo generado por los recientes acontecimientos, se indica que se preserva la continuación de la prestación del servicio en condiciones de seguridad y de que en caso de que llegara a suscitarse un siniestro, el Gobierno Federal apoyaría la cobertura del seguro. En este sentido, destaca la iniciativa que estas contingencias están siendo atendidas en más de 60 países, así como, el hecho de que la Organización de Aviación Civil Internacional ha recomendado a sus estados miembros el tomar las medidas necesarias con el fin de que la aviación y los servicios de transportación aérea no sean interrumpidos, hasta que los costos de las coberturas por actos de guerra y terrorismo que ofrece el mercado asegurador se regularicen, respondiendo por los riesgos en exceso que no pudieran ser cubiertos por el mercado asegurador. Consideraciones de las comisiones Las que dictaminan coinciden con el Ejecutivo Federal, en el sentido de que los desafortunados actos de terrorismo realizados en septiembre pasado, han derivado en múltiples problemas para la economía mundial y de forma muy particular, para las actividades asociadas a la transportación aérea y el turismo, así como para el ramo asegurador, poniendo en condiciones de fragilidad extrema numerosas fuentes de empleo productivo. De ello dan prueba clara los recortes de personal y los programas de apoyó emergente que han instrumentado en las últimas semanas diversos países, tanto industrializados como en desarrollo, para evitar la quiebra y cierre de sus principales aerolíneas comerciales. En tal sentido, cabe recordar que a mediados del mes pasado el Gobierno Federal determinó poner en marcha un plan de contingencia de apoyo temporal para las empresas aéreas nacionales, el cual involucra la reducción de hasta en un 10% el precio de la turbosina e igual porcentaje de rebaja en el cobro del servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano, además de no seguir escalando las tarifas de servicios aeroportuarios, las cuales se actualizan mes a mes de conformidad con el procedimiento en vigor. No obstante ello, resulta evidente que estos apoyos para las aerolíneas nacionales han sido insuficientes para permitirles generar el volumen de recursos financieros necesarios para cubrir los costos de las coberturas por actos de guerra y terrorismo que está ofreciendo en la actualidad el mercado asegurador, ya que éstas han registrado un incremento de más de 40 veces ante los mayores niveles de riesgo, no obstante que, conforme a los tratados internacionales y disposiciones jurídicas aplicables a esta actividad, existe la obligación de mantener seguros que involucren este tipo de coberturas. En efecto; cabe indicar que las empresas aseguradoras y reaseguradotas tienen la facultad de cancelar o incrementar el costo de sus pólizas en el corto plazo, dependiendo de la situación que prive en el ámbito internacional. De acuerdo a la información disponible de 9 líneas aéreas, el costo adicional originado por el incremento en el pago por las primas de seguro antes señaladas asciende a 53 millones de dólares, compromisos que, por problemas de liquidez, se está negociando pagar en forma trimestral. Cabe indicar, que la cantidad citada no incluye el aumento derivado por el pago de pólizas hacia el casco de aeronaves. La repercusión de trasladar de forma integral e inmediata este incremento al usuario del servicio aéreo, traería, en las condiciones actuales, un efecto determinante en el comportamiento de la demanda del servicio, situación que orillaría a las aerolíneas, sobre todo aquellas que compiten en las rutas internacionales, a quedar fuera de mercado. Sin embargo, la que dictamina considera importante señalar que esta situación deberá irse corrigiendo a mediano plazo, en la medida en que en que se recupere la actividad económica internacional, se normalice el mercado asegurador y se reduzca el efecto psicológico del uso de ese medio de transporte. Por ello, se está planteado que el apoyo sea temporal. En efecto el temor causado por los actos terroristas tanto del pasajero internacional como del propio, derivó en que el factor de ocupación de las aerolíneas nacionales se redujera de manera importante. Al comparar el mes de octubre del presente año con respecto al 2000, se observa que los vuelos nacionales reportan una caída del 13%, en tanto que los internacionales del 29.5%. Incluso los destinos a frontera que tradicionalmente han crecido por arriba de la media nacional, reportan una disminución del 24%. Cabe indicar que la industria aérea nacional genera alrededor de 25 mil empleos directos, de los cuales e han perdido hasta ahora alrededor de 6 mil. La importancia de estos empleos radica en el hecho de que a su vez, generan otros empleos indirectos dentro de la industria turística, el transporte terrestre y las demás áreas de la economía relacionadas con la aviación. Con la drástica caída del mercado norteamericano y mundial, las aerolíneas mexicanas han sufrido graves pérdidas que, en el caso de la Corporación Internacional de Aviación, Cintra, ascienden hasta el mes de septiembre a 8 millones de dólares. De mantenerse esta tendencia en esos mercados y en el doméstico, en el caso de Mexicana de Aviación y de Aeroméxico la pérdida neta conjunta al final del año podría ser de entre 60 y 80 millones de dólares. Sobre esta contingencia, se observa el carácter oportuno de la decisión adoptada por el legislativo de suspender por el momento la privatización de las empresas señaladas, dado que todas estas circunstancias determinan la necesidad de replantear la política aeronáutica nacional. En tal virtud, el objeto de la ley, que se precisa en el artículo 1o., es el de apoyar de manera extraordinaria, mediante los mecanismos financieros con que cuenta el Gobierno Federal, a los permisionarios y/o concesionarios de nacionalidad mexicana que proporcionan las diversas modalidades del servicio público de transporte aéreo que en el mismo ordenamiento se precisan, respecto de la contratación de pólizas de cobertura contra riesgos de responsabilidad civil por actos de guerra y terrorismo. Estas dictaminadoras consideran conveniente anotar que el evento a que se hace referencia no es comparable con ningún otro y es de carácter eventual, motivo por el cual no procederán peticiones de esta naturaleza que contravengan las disposiciones de disciplina fiscal y presupuestaria que debe mantener el Gobierno Federal. De esta forma, la redacción del artículo en comento quedaría de la forma siguiente: "Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer, de manera extraordinaria, las bases para que el Ejecutivo Federal coadyuve, a través de los mecanismos financieros y administrativos de que dispone, a salvaguardar los servicios públicos de transporte aéreo de pasajeros que prestan en términos de la Ley de Aviación Civil, los concesionarios del servicio público de transporte aéreo nacional regular, los permisionarios del servicio de transporte aéreo internacional regular y los permisionarios del servicio de transporte aéreo no regular nacional e internacional en su modalidad de fletamento y que conforme a los tratados y disposiciones jurídicas aplicables estén obligados a mantener seguros que involucren coberturas contra riesgos de responsabilidad civil por actos de guerra y terrorismo. Lo anterior aplicará únicamente para las personas morales de nacionalidad mexicana permisionarios y/o concesionarios." El carácter temporal del apoyo financiero que se estaría otorgando al sector, se aborda en un artículo transitorio, al determinarse que su vigencia será de 180 días. No obstante esto, las que dictaminan estiman prudente dar la posibilidad de que pueda ser prorrogable por otros 180 días en caso de que las condiciones del mercado asegurador lo haga necesario, para lo cual se está previendo que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes lo determinen. De acuerdo al universo potencial de empresas y el número de aviones -cerca de 300- que pudieran ser apoyadas por esta ley, en el artículo 2o. las autoridades competentes estiman inicialmente que los recursos que se requieren para cubrir el incremento en el costo de las primas de seguros contra los riesgos por responsabilidad civil anotados con anterioridad, respecto de las que tenían contratadas al 11 de septiembre podría ascender a 1 mil millones de pesos, monto que en las circunstancias actuales de operación les resulta prácticamente imposible de cubrir. De no hacer frente a estos seguros; se verían imposibilitadas de operar las aeronaves que no cumplan con estas coberturas. Sobre este particular, estas dictaminadoras consideran que el mecanismo planteado por el Ejecutivo Federal no resulta ser el más apropiado, ya que podría crear un precedente negativo para otros sectores o actividades que pudieran verse afectados por diversas circunstancia adversas a su operación. Por ello, se está proponiendo que el costo de esta medida no sea repercutida al Gobierno Federal, sino que los apoyos financieros recibidos sean absorbidos por incrementos en la productividad de las propios concesionarios y permisionarios, evitando en la medida de lo posible afectar a los usuarios de los servicios aéreos, particularmente a los inmigrantes nacionales. Cabe indicar que estas dictaminadoras consideran importante dejar señalado que los recursos para el otorgamiento de los créditos deberán ser canalizados por alguna institución de la banca de desarrollo por medio de un fideicomiso, sin estructura administrativa, que garantice el uso responsable y transparente de los recursos de que finalmente se disponga. No obstante ello, es importante precisar que los recursos hasta por 1 mil millones de pesos que se requieren para apoyar a las personas morales a que se refiere el artículo 1o. de la ley que se analiza, deberá afectar, en lo fundamental el Ramo 09 Comunicaciones y Transportes, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, de acuerdo con las economías y procedimientos que determinen las autoridades competentes. Dichos recursos serán canalizados a Nacional Financiera, S.N.C., la cual será la encargada de operar el esquema de apoyo que se plantea a través de créditos, así como también de su recuperación, para lo cual se cuidarán factores tales como plazos y tasas de los mismos. Asimismo, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actuará tanto como fideicomitente como fideicomisario. De igual forma, se estima necesario establecer varios requisitos para que los concesionarios y permisionarios puedan acceder a los apoyos, fundamentalmente por cuanto hace al cumplimiento actualizado de sus obligaciones fiscales, legales, reglamentarias y convencionales, a efecto de no canalizar recursos fiscales escasos a empresas que no están en condiciones financieras sanas o en condiciones normales de operación. En tal sentido, la redacción del artículo 2o., quedaría en los siguientes términos: "Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, canalice recursos financieros hasta por un monto de 1 mil millones de pesos, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, para el otorgamiento de un crédito a través de un fideicomiso sin estructura administrativa a las personas morales de nacionalidad mexicana a las que se refiere el artículo 1o. de esta ley, con objeto de que cubran el incremento en el costo de la prima de los seguros contra riesgos por responsabilidad civil derivados de actos de guerra y terrorismo, que tenían contratados al 11 de septiembre de 2001. Las partes en el contrato de fideicomiso a que se refiere este artículo serán Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciaria y el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente y fideicomisario. Dichos recursos serán canalizados a través de un mecanismo que permita la recuperación tomando en cuenta plazos, tasas, criterios de eficiencia de operación por parte de las personas morales a que se refiere el artículo 1o. anterior, y/o ajustes a los esquemas tarifarios de acuerdo al mercado, con criterios de racionalidad. Lo dispuesto en esta ley únicamente será aplicable a los concesionarios y permisionarios que acrediten el cumplimiento actualizado de sus obligaciones fiscales, legales, reglamentarias y convencionales." Por otro lado, es importante anotar que, dado que el monto anterior es producto de diversos escenarios financieros, el Ejecutivo Federal hace la previsión de que en caso de resultar insuficientes los recursos solicitados, se le facultaría para cubrir la diferencia entre el monto de las obligaciones que resultaren para hacer frente a las contingencias derivadas de la responsabilidad civil que nos ocupa, de conformidad a los contratos de seguro vigentes al 11 de septiembre y la suma asegurada que hubiera contratado por concepto de estos seguros con los recursos a que se refiere el articulo anterior, esto es, a actuar como reasegurados o bien, lo que derive directamente por la actualización de los supuestos contenidos en los contratos correspondientes. Para estas comisiones unidas resulta importante precisar el alcance de la propuesta que contiene el artículo 3o., para señalar que sólo será aplicable en el caso de que los recursos asignados originalmente resulten insuficientes o inadecuados, si bien está de acuerdo en que no computarse para efectos de determinar el endeudamiento neto interno, puesto que su monto, además de que podría ser muy elevado, no corresponde técnicamente a un concepto de pasivo, factor que distorsionaría de manera inconveniente e innecesaria el monto total de la deuda pública o del registro de sus pasivos contingentes. Asimismo, es importante precisar que, en caso de que el Ejecutivo Federal evaluara como más recomendable recurrir a la mecánica antes señalada, éste se obliga a informar de inmediato al Congreso de la Unión de las condiciones en las que procedería. A este respecto, las comisiones unidas estiman necesario modificar el segundo párrafo del artículo 3o. para que se informe en un plazo no mayor a los 10 días hábiles a partir de la fecha en que se haya resuelto otorgar el apoyo, los motivos y sujetos del mismo, por lo que su redacción quedaría en los siguientes términos: "Artículo 3o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedará autorizado para otorgar la cobertura de los seguros a que se refiere el primer párrafo del artículo 2o. anterior, en caso de que los recursos asignados de conformidad con dicho artículo resultaren insuficientes para el cumplimiento del objeto de esta ley. Al efecto podrá instrumentar un mecanismo adicional que cubra la diferencia entre: 1) El monto total de la obligaciones que resultaren para hacer frente a las contingencias derivadas de la responsabilidad, civil por actos de guerra y terrorismo, hasta el límite estipulado en los contratos de seguro de este tipo que las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta ley tenían contratados al 11 de septiembre de 2001 y 2) La suma asegurada que estuviera vigente en el período durante el cual los recursos asignados resultaren insuficientes o inadecuados para el cumplimiento del objeto de esta ley. De instrumentarse el mecanismo a que se refiere este artículo, el Ejecutivo Federal lo informará al Congreso de la Unión a más tardar 10 días hábiles después de la aplicación del mismo, expresando los motivos y las personas morales a que se refiere el artículo 1o. de esta ley que sean objeto del apoyo. Dichas obligaciones en ningún caso computarán para el monto de endeudamiento neto interno autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda." El artículo 4o. de la ley que se dictamina, contiene los lineamientos de vigilancia que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes y de Contraloría y Desarrollo Administrativo deberán implementar, para su debido cumplimiento. También se establece que los beneficios de este ordenamiento sólo serán aplicables para los concesionarios y permisionarios que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones legales, reglamentarias y convencionales y cubran con los requisitos que al efecto contendrán las reglas de operación que las autoridades competentes deberán expedir. Al respecto y dadas las adecuaciones que se han realizado a la iniciativa en estudio, en particular en lo referente al mecanismo de operación del apoyo, el artículo citado queda como sigue: "Artículo 4o. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, proveerán en el ámbito de sus respectivas competencias, al exacto cumplimiento de esta Ley." Finalmente, las que dictaminan consideran conveniente recomendar a las autoridades competentes que definan con toda precisión el destino de los recursos provenientes del cobro por 50 pesos que a partir del 28 de septiembre, se hace a pasajeros y trabajadores de las líneas aéreas por concepto de seguro, a efecto de que estos, por un monto esperado de 238 millones de pesos para el cuarto trimestre de este año, dentro de un esfuerzo integral de seguridad, puedan ser canalizados a cubrir los gastos de seguridad que exige el servicio bajo las nuevas condiciones de operación. Por lo anteriormente expuesto, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones someten a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. DECRETO De ley que autoriza al Ejecutivo Federal para otorgar apoyos tendientes a salvaguardar los servicios de transporte aéreo Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer, de manera extraordinaria, las bases para que el Ejecutivo Federal coadyuve, a través de los mecanismos financieros y administrativos de que dispone, a salvaguardar los servicios públicos de transporte aéreo de pasajeros que prestan en términos de la Ley de Aviación Civil, los concesionarios del servicio público de transporte aéreo nacional regular, los permisionarios del servicio de transporte aéreo internacional regular y los permisionarios del servicio de transporte aéreo no regular nacional e internacional en su modalidad de fletamento y que conforme a los tratados y disposiciones jurídicas aplicables estén obligados a mantener seguros que involucren coberturas contra riesgos de responsabilidad civil por actos de guerra y terrorismo. Lo anterior aplicará únicamente para las personas morales de nacionalidad mexicana permisionarios y/o concesionarios. Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, canalice recursos financieros hasta por un monto de un mil millones de pesos, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001, para el otorgamiento de un crédito a través de un fideicomiso sin estructura administrativa a las personas morales de nacionalidad mexicana a las que se refiere el artículo 1o. de esta ley, con objeto de que cubran el incremento en el costo de la prima de los seguros contra riesgos por responsabilidad civil derivados de actos de guerra y terrorismo, que tenían contratados al 11 de septiembre de 2001. Las partes en el contrato de fideicomiso a que se refiere este articulo serán Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciaria, y el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente y fideicomisario. Dichos recursos serán canalizados a través de un mecanismo que permita la recuperación tomando en cuenta plazos, tasas, criterios de eficiencia de operación por parte de las personas morales a que se refiere el artículo 1o. anterior, y/o ajustes a los esquemas tarifarlos de acuerdo al mercado, con criterios de racionalidad. Lo dispuesto en esta ley únicamente será aplicable a los concesionarios y permisionarios que acrediten el cumplimiento actualizado de sus obligaciones fiscales, legales, reglamentarias y convencionales. Artículo 3o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedará autorizado para otorgar la cobertura de los seguros a que se refiere el primer párrafo del artículo 2o. anterior, en caso de que los recursos asignados de conformidad con dicho artículo resultaren insuficientes para el cumplimiento del objeto de esta ley. Al efecto podrá instrumentar un mecanismo adicional que cubra la diferencia entre: 1) El monto total de la obligaciones que resultaren para hacer frente a las contingencias derivadas de la responsabilidad civil por actos de guerra y terrorismo, hasta el límite estipulado en los contratos de seguro de este tipo que las personas a las que se refiere el artículo 1o., de esta ley tenían contratados al 11 de septiembre de 2001, y 2) la suma asegurada que estuviera vigente en el período durante el cual los recursos asignados resultaren insuficientes o inadecuados para el cumplimiento del objeto de esta ley. De instrumentarse el mecanismo a que se refiere este artículo, el Ejecutivo Federal lo informará al Congreso de la Unión a más tardar 10 días hábiles después de la aplicación del mismo, expresando los motivos y las personas morales a que se refiere el artículo 1o. de esta ley que sean objeto del apoyo. Dichas obligaciones en ningún caso computarán para el monto de endeudamiento neto interno autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda. Artículo 4o. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, proveerán en el ámbito de sus respectivas competencias, al exacto cumplimiento de esta ley. ARTICULO TRANSITORIO Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y tendrá una vigencia de 180 días, prorrogable por otros 180 días en caso de que las condiciones del mercado asegurador así lo ameriten, previa determinación de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes. Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 6 de diciembre de 2001. Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diputados integrantes: Enrique Alonso Aguilar Borrego, Francisco Agundis Arias, Manuel Añorve Baños, Enoch Araujo Sánchez, Miguel Arizpe Jiménez, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Florentino Castro López, Jorge A. Chávez Presa, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Francisco de Jesús de Silva Ruiz, Roberto Javier Fuentes Domínguez, Julián Hernández Santillán, Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Guillermo Hopkins Gamez, Guillermo Oscar Levín Coppel, Rosalinda López Hernández, José Antonio Magallanes Rodríguez, José Manuel Minjares Jiménez, César Alejandro Monraz Sustaita, José Narro Céspedes, Luis Alberto Pazos de la Torre, Francisco Raúl Ramírez Avila, Gustavo Riojas Santana Salvador Rocha Díaz, Arturo San Miguel Cantú, Antonio Silva Beltrán, Yadhira Ivette Tamayo Herrera, José Luis Ugalde Montes, Emilio Ulloa Pérez, José Francisco Yunes Zorrilla y Hugo Adriel Zepeda Berrelleza; integrantes de la Comisión de Comunicaciones: Jesús Orozco Alfaro, presidente; Bulmaro Rito Salinas, Emilio Rafael Goicoechea, Alonso Ulloa Vélez, Alejandro García Sainz, secretarios; Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, Gustavo Carvajal Moreno, José Gerardo de la Riva Pinal, César Horacio Duarte Jáquez, Omar Fayad Meneses, Javier García González, Jaime Arturo Lárrazabal Bretón, Marcos Paulino López Mora, Roberto Preciado Cuevas, Jorge Carlos Ramírez Marín, Francisco Javier Sánchez Campuzano, Manuel Castro y del Valle, Terso Martínez Aldana, Noé Navarrete González, Orestes Eugenio Pérez Cruz, Francisco Ramírez Cabrera, José Rivera Carranza, Arturo San Miguel Cantú, Martín Hugo Solís Alatorre, José Ramón Soto Reséndiz, Felipe Velasco Monroy, Alejandra Barrles Magdaleno, Bonifacio Castillo Cruz, Enrique Herrera Bruquetas y Berta Alicia Simental García. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION)