El diputado Alejandro Moreno Cárdenas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la aprobación de la reciente reforma electoral significó un cambio trascendente en el paradigma que rige la competencia política de nuestro país, toda vez que se redefinieron las atribuciones entre la federación y las entidades federativas, se limitaron los gastos de campaña, se establecieron sanciones más severas en contra de los actores que infrinjan las normas aplicables y construyó un nuevo perfil para el árbitro y la entidad encargada de la investigación de los procesos electorales. La profundidad de las reformas y adiciones aprobadas es el fruto del diálogo, del debate. Quienes sostenemos posturas políticas opuestas pero siempre conscientes en la consolidación de nuestras libertades. Las leyes, en tanto construcciones plurales, son el reflejo de las realidades complejas, de la convergencia de intereses legítimos y de la confluencia de posturas encontradas, por lo que son susceptibles siempre a la mejora permanente, a fin de que sean útiles para administrar de manera civilizada la conflictiva social. En este sentido, la Comisión de Gobernación ha sido sensible a la necesidad de dotar de claridad y legitimidad al uso de los recursos que se destinan a las remuneraciones de los servidores públicos de los distintos órganos del Estado. En este caso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es por ello que a la luz de las diferentes iniciativas presentadas sobre este particular, se ha decidido aprobar un decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de derogar la facultad de la Comisión de Administración del órgano jurisdiccional en comento, para determinar el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior. La Comisión de Gobernación ha dictaminado en tal sentido, pues ha percibido entre las diferentes fuerzas políticas un consenso dirigido a modificar lo recientemente aprobado, procurando en todo momento el respeto a los principios de independencia, estabilidad e inamovilidad judicial, tal y como lo está interpretando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los integrantes de esta comisión consideraron fundamentalmente la clarificación y precisión del problema que plantean las iniciativas que originan el presente dictamen, fruto de la preocupación por parte de los grupos parlamentarios por fortalecer la democracia a través de instituciones que legitimen nuestro sistema de control constitucional. Derivado de la discusión que se ha dado al interior de esta comisión, también se ha arribado a la conclusión de que la disposición que ahora se deroga no establece parámetros de otorgamiento o cálculo alguno que permitan fijar el monto de los haberes de retiro, por lo que podría significar una trasgresión al artículo 126 constitucional, el cual establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto determinado por la ley posterior. Compañeras y compañeros legisladores, la emisión del dictamen que ahora nos ocupa demuestra que en el Poder Legislativo no estamos cerrados al debate de las ideas y que procuramos actuar con sensibilidad frente a los temas de preocupación constante de la opinión pública, como lo es la mesura en el ejercicio del gasto público. Compañeros legisladores, Colón, el legislador y poeta griego, afirmó hace más de dos mil años que la austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente, pocas veces como ahora había resultado tan afortunado citar dicha frase. Por su atención, muchas gracias.