El senador Raúl José Mejía González: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en las entidades federativas del norte del país se han estado movilizando ?y con razón? numerosos ciudadanos, inconformes por la forma en que las autoridades hacendarias y policíacas han venido criminalizando a los propietarios de autos importados. Desde el año pasado, el Servicio de Administración Tributaria y la Policía Federal Preventiva han realizado operaciones tendientes a decomisar vehículos procedentes principalmente de los Estados Unidos. Esto acompañado muchas veces del uso excesivo de la fuerza, cuando no de la brutalidad policíaca. Lo cual constituye un menoscabo en la dignidad de quienes son víctimas de esta clase de actividades. Si lo antes descrito por sí sólo resulta grave, los instrumentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 y 31 de diciembre de 2008 ?a través de los cuales se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados y se reforma el Anexo II de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? han tornado en insoportable la situación para miles de habitantes de los estados fronterizos del norte del país. Se afirma lo anterior, toda vez que lo dispuesto en la publicación del 24 de diciembre, en el sentido de obligar a los importadores a presentar ante la autoridad aduanera un certificado de origen válido, suscrito por la compañía armadora correspondiente, constituye un requisito inútil y difícil de obtener. Ello, porque es casi imposible, para un particular, requerir de una compañía armadora domiciliada en el extranjero un documento para identificar un vehículo. Siendo que por virtud de diversas normas de carácter internacional es obligatorio que los vehículos automotores cuenten con el número de identificación vehicular. El cual incluye a su vez el código identificador del fabricante internacional, datos que son suficientes para aprobar fehacientemente la procedencia de un automotor. Por otra parte, a través de las reformas publicadas el 31 de diciembre del pasado año fueron relevados considerablemente los precios estimados en dólares, aplicables a la importación de vehículos usados, situación que es violatoria de lo dispuesto por el Anexo 300-A.2 del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. En dicho anexo se especifica que, a partir del 1 de enero del año en curso, nuestro país no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de esta clase de vehículos ?que tengan por lo menos 10 años de antigüedad?, siendo el caso que en la referida resolución se establecen mecanismos para evaluar estos bienes y así garantizar el pago de unas contribuciones que ya no deberían de subsistir. Lo cual constituye un contrasentido con el que se debe terminar. Medidas señaladas con anterioridad pueden incidir de manera grave en la economía de los estados fronterizos del norte de México, relacionadas con la importación de vehículos usados, desalentando con ello el desarrollo de esta región al provocar el cierre de numerosas fuentes de trabajo, situación que vendría a agudizar los problemas generados por la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades. Ahora bien, si tal y como ya han señalado ante los medios de comunicación diversos funcionarios hacendarios, las autoridades centrales del SAT se encuentran estudiando la posibilidad de dar marcha atrás de la implementación de las medidas publicadas el 24 y 31 de diciembre pasado, lo menos que podemos esperar es que tales decisiones sean tomadas a la mayor brevedad posible. En virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución. Punto de acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que suspenda la aplicación del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario de la Federación el 24 de diciembre de 2008, así como las reformas al Anexo 2 de la resolución que modifica el diverso que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones de mercancías sujetas a precios estimados, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2008. Segundo. Se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, así como al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de los secretarios de Economía, Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público, sean suspendidos los operativos de decomiso y/o detención de autos irregulares, de procedencia extranjera. Por su atención, muchas gracias.