El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, debo advertir que nuestro voto es en contra. Ciertamente el dictamen podría constituir un avance en materia de competitividad y telecomunicaciones, pero no debe olvidarse que quienes hoy están abanderando la iniciativa fueron los mismos que en el pasado se negaron rotundamente a darle cauce a ciertas iniciativas de legisladores de oposición, líderes de opinión, grupos y movimientos sociales como el Yo Soy 132, que propugnaban por este cambio. Tenemos argumentos de forma y de fondo. De forma los ha expresado mi homólogo Ricardo Mejía, y los ha hecho con toda puntualidad. De fondo voy a mencionar sólo unos. Le pediré al presidente plasme íntegro un documento donde se establece por qué las 18 reservas que hacemos en el Movimiento Ciudadano. Del análisis del dictamen en primer término establecemos que los derechos fundamentales previstos en los artículo 6o y 7o constitucional propuestos, expresan que la manifestación de las ideas y la libertad de difusión no sean objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros y éstos provoquen algún delito o perturben el orden público. Por lo que en aras de actualizar tales disposiciones, de conformidad con los estándares internacionales, hubiera sido más apropiado adoptar las reservas contempladas en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es mucho más amplia. Excepciones como el ataque a la moral, lisa y llanamente, el ataque a la vida privada o cuando se provoque algún delito son ambiguas y pueden abrir la puerta para que un estado absolutista o represor intente restringir, injustificadamente y con violación a los principios consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, de difusión y de acceso a la información. Cabe señalar que del cuerpo del dictamen no se desprenden premisas claras y precisas que permitan la implantación de un sistema transparente y plural de concesiones que garanticen el acceso equitativo a los sectores público, privado, comunitario y educativo de la sociedad. En otra parte, la creación de un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, luce totalmente innecesario. Tales funciones las puede llevar a cabo sin problemas el otro organismo propuesto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No sólo en materia de radiodifusión se debe asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva, no sólo la radiodifusión debe ser considerada un servicio público de interés general, el Estado no sólo debe garantizar igualmente que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y que brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información; debe exigirse a sí mismo este servicio público también a las telecomunicaciones, en especial a las trasmisiones de televisión, remarcando el hecho de que tales medios deben contribuir a los fines establecidos no sólo en el artículo 3o, sino también en el 2o constitucional. Por otro lado, resulta totalmente incongruente depositar en un organismo labores tan titánicas como el garantizar la independencia, una política editorial imparcial y objetiva, así como garantizar que las trasmisiones brinden los beneficios de la cultura preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, cuando dicho organismo se integra a propuesta del Ejecutivo. Debe tenerse en cuenta que el presidente de la república es precisamente el ente que actual e históricamente ha comprometido en mayor medida la independencia, imparcialidad u objetividad de los organismos gubernamentales de todo tipo. Por todo esto el comité de evaluación de los integrantes de los pretendidos organismos constitucionales autónomos, la Comisión Federal de competencia Económica y el Ifetel, deben estar integrados por connotados miembros de instituciones académicas y universitarias, y no por los titulares de Banxico, INEGI y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Asimismo, para fortalecer el espíritu democrático incluyente que debe permear a las reformas de este tipo, deberían consignarse en el dictamen de manera enfática los presupuestos para que se haga realidad el derecho de audiencia, de réplica en todo tipo de medios de comunicación. La iniciativa propone establecer que las normas, actos y omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Ifetel, sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, cuestión que raya en lo absurdo si tomamos en cuenta precisamente que la suspensión en el amparo tiene por objeto evitar que éste se quede sin materia, lo que a su vez compromete el Estado de derecho y abona para la construcción de un estado totalitario y absolutista. El salario que percibirán los comisionados de los pretendidos organismos constitucionales autónomos en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicación, será igual al presupuestado para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un insulto a la pobreza y al desempleo de los mexicanos. Pero me voy a detener en un tema trascendente, el tema que establece el quinto transitorio. La pretendida reforma se busca permitir la inversión extranjera directa hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta el 49 por ciento en radiodifusión, cuestión totalmente absurda tomando en cuenta la relevancia del sector telecomunicaciones, y sobre todo, la soberanía y la política interna. Es verdaderamente absurdo, peligroso, grave, que este artículo esté regulado en un quinto transitorio, basta citar, primero, que es inadecuado que una ley de tal magnitud que ahora estamos discutiendo con siete artículos de la Constitución, contenga una serie de transitorios contenidos en 21 hojas, 17 artículos transitorios, 38 fracciones e incisos. Nunca en la historia de este Parlamento había visto cosa igual. Aquí hay legisladores, el propio presidente de la Cámara, los vicepresidentes, los coordinadores y legisladores que son inteligentes y juristas, saben que es inadecuado reglamentar en la vía transitoria modificaciones constitucionales. Es un grave error que una vez que estamos modificando siete artículos de la Constitución, se establezca prácticamente la reglamentación de estas normas en la vía transitoria. La naturaleza jurídica de los transitorios es eso, sólo se establece para el inicio de la ley, la vacatio legis, sólo se establece para normas derogatorias y abrogatorias, sólo se establece para fines temporales. Se está cometiendo un grave error, pero sobre todo, me detengo en el 100 por ciento de inversión directa extranjera, los legisladores de la comisión lo plasman en un artículo transitorio, el quinto transitorio, se olvidan que éste es una disposición fundamental, el que apruebe este artículo puede incurrir incluso en traición a la patria. Cómo permitir que el 100 por ciento de inversión extranjera pueda aplicarse en telecomunicaciones y en comunicaciones por satélite. En ningún país del mundo tenemos dos socios comerciales, en el Tratado de Libre Comercio, con Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos en esta materia permite el 19 por ciento y Canadá el 10 por ciento. ¿Con quién negociaron? ¿A quién le quieren entregar el país? ¿Por qué el saqueo tan ramplón que están cometiendo los legisladores en su mayoría? Yo los invito a que actuemos con inteligencia, con patriotismo. No iniciemos la entrega anticipada del país. No permitamos el saqueo de nuestro patrimonio. Las telecomunicaciones son de interés nacional. Son, precisamente, atendiendo a la soberanía y a la política interna, fundamentales. –Presidente.