La diputada Claudia Patricia Torres López: Con el permiso de la Presidencia. La Ley Nacional de Justicia Penal es aplicable a quienes se atribuye la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, y que sean competencia de la federación y las entidades federativas. Su objetivo, entre otros, es garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos y establecer el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la República Mexicana, así como sus principios rectores. Las modificaciones contenidas en el dictamen contribuirán para el fortalecimiento del catálogo de derechos de las personas adolescentes, sujetas a medidas cautelares o de sanción privativa de libertad. Por una parte, se establece que las y los adolescentes que se encuentren en la situación señalada recibirán atención y tratamiento psicológico en, por lo menos, centros de salud que brinden asistencia médica y psicológica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el centro especializado o bien será brindada por una o un especialista dentro de las instalaciones en donde se encuentre recluida. Esto como parte del reconocimiento de que las personas adolescentes, durante la ejecución de la medida privativa de la libertad o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando esto no hubiera sido restringido por la resolución o la sentencia o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de esta. Lo anterior, en concordancia con los artículos 1o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y párrafo tercero, que señala que toda autoridad en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, las modificaciones propuestas coinciden con los artículos 4o., párrafo noveno de la Constitución, que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Y 18, párrafo quinto, el cual establece que en la operación del sistema penitenciario cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, y se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerita cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior de las personas adolescentes. Adicionalmente, se propone que la persona adolescente podrá salir del centro especializado bajo las medidas de seguridad pertinentes para evitar su sustracción o daño a su integridad física para acudir al sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, su cónyuge, concubina o concubinario o de quien ejerza la patria potestad, tutela o cuidado, entre otros supuestos. Por otra parte, en el apartado de políticas públicas para la prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes, en el dictamen se propone que las autoridades directivas de los planteles de educación, además de sus responsabilidades de formación académica y profesional, promoverán que la educación que se imparta a las personas adolescentes incluya el tratamiento psicológico en su sustitución y de apoyo emocional positivo. Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, votaremos a favor del presente dictamen en cumplimiento de nuestra obligación de proteger los derechos humanos, en este caso de las personas adolescentes sujetas a medidas cautelares o de sanción privativa de libertad y de priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Es cuanto.