El diputado Alejandro Ismael Murat Hinojosa (PRI): Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañeros diputados. El artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra dos tipos de privilegio para los legisladores: El primero refiere a lo que se conoce como la libertad de discurso y responsabilidad o inviolabilidad de opinión, en virtud de lo cual no pueden ser procesados, detenidos o reconvenidos por lo que digan o escriban en el ejercicio de su cargo. El segundo privilegio, la doctrina y la jurisprudencia, le han llamado fuero constitucional, declaración de procedencia o inmunidad parlamentaria y consiste en una protección que exime a diputados y senadores a ser detenidos o procesados por haber cometido delitos antes o durante el ejercicio de su cargo. Esta protección únicamente cesa cuando la Cámara de Diputados, constituida en Jurado de Procedencia, autoriza que el legislador sea sometido a proceso penal. El Poder Judicial de la Federación ha establecido antes y después de 1982, en que se reformara íntegramente el Título 4º de la Constitución, que el fuero constitucional es una prerrogativa indispensable para la existencia de las instituciones que salvaguarda, a virtud de la cual quienes la disfrutan tienen la facultad de no comparecer ante cualquiera jurisdicción extraña sin previa declaración de propio cuerpo o Cámara a la que pertenece el acusado. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos tribunales colegiados de circuito, han sostenido que la licencia concedida a un diputado, no tiene más valor que el de un permiso para separarse del cargo, pero no de un desafuero para el cual es necesario el consentimiento y la decisión de la Cámara a la que pertenecía y que mientras no exista declaración, es indudable que dicho diputado no ha sido desaforado legalmente y por ende, ninguna autoridad judicial puede enjuiciarlo, al grado de ser privado de su libertad por la comisión de hechos delictuosos que se le imputen. En ese orden de ideas, el Poder Judicial de la Federación insiste en que la licencia concedida a un diputado para separarse de su puesto, no implica privación de su fuero, en que el fuero no es renunciable y en que sería absurdo pretender que el permiso o licencia deroga o suple una prevención constitucional expresa. Estos argumentos expresados en diversas tesis jurisprudenciales, han sido criticados por algunos especialistas y han formado parte de los debates en torno a la reciente declaración de procedencia contra el exdiputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, René Juvenal Bejarano Martínez. Las principales tesis de quienes consideran que el goce de licencia lleva implícita la pérdida o suspensión del fuero constitucional son: Que el fuero se otorga al cargo y no a la persona-legislador, por lo que al dejar de desempeñar la función esta persona, por licencia o permiso, cesa su privilegio Que al conceder licencia a un legislador, se llama a su suplente quien asume al rendir la protesta respectiva el carácter de diputado o senador, revistiendo tal acto a esa persona de la inmunidad referida y por consiguiente no podría tener fuero simultáneamente dos personas que tienen conferido el mismo cargo. Que el artículo 112 constitucional precisa que no se requerirá declaración de procedencia, de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111, entre los que se encuentran diputados y senadores al Congreso de la Unión y diputados a la Asamblea del Distrito Federal, cometa un delito durante el tiempo en que se encuentra separado de su cargo, redacción que rebustece el hecho de cuando el legislador goza de licencia, esto es, cuando está separado de su cargo, no es inmune. En el juicio contra el exdiputado Bejarano Martínez, tanto la Sección Instructora al dictaminar, como el Pleno de esta Cámara al declarar la procedencia al desafuero, se entiende, consideraron, por seguridad jurídica y ante la contradicción de los argumentos a favor y en contra de los legisladores con licencia hubieran o no perdido la inmunidad parlamentaria, que lo más conveniente para evitar la impunidad del inculpado, para hacer valer formalmente el estado de derecho y para prevenir una eventual impugnación, era coincidir con el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación, resolviendo que aún cuando él estaba bajo licencia, gozaba de fuero constitucional o inmunidad parlamentaria. Esta polémica que no han logrado resolver los legisladores y los tratadistas del derecho constitucional, administrativo y penal, sólo podrá superarse mediante la reforma del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bien, para respaldar los argumentos del Poder Judicial de la Federación o bien, para seguir a quienes sostienen la tesis de que la licencia implica la pérdida de la inmunidad parlamentaria del diputado o senador que la solicita y obtiene. Todo parece indicar, tanto en el terreno teórico, como en el práctico que no ocurriría nada grave, que omitir someter bajo un nuevo marco constitucional a declaración de procedencia un diputado o senador que disfrute de licencia, la permanencia y la funcionalidad de las Cámaras, no sería perjudicada por la circunstancia, de que sin necesidad de declaración de procedencia alguno, o algunos de sus integrantes fueran procesados o detenidos, siempre y cuando, previamente, hubieran solicitado y obtenido una licencia o permiso para dejar así, sea temporalmente desempeñar sus actividades parlamentarias. Y aunque tampoco pudieran existir elementos irrebatibles de juicio para precisar una afectación al funcionamiento del Congreso o de la Asamblea Legislativa con la situación inversa, o sea, con la que el legislador con licencia en el futuro deba continuar siendo sometido al juicio de procedencia, por escasos número de casos de tal naturaleza. Lo que haría del asunto una discusión bizantina, siempre será mejor la otra opción, puesto que con ella se daría oportunidad al implicado, al solicitar licencia de someterse tácitamente a la jurisdicción de los tribunales, evitando de esta manera el procedimiento de la declaración de procedencia y consecuentemente, el escándalo mediático, político, que le denigra personalmente, impacta injusta y desfavorablemente en su partido y en su grupo parlamentario y que pone innecesariamente en entredicho a la clase política del país en su conjunto. En el bien de la política que debemos dignificar y desarrollar y del impacto que esta actividad humana tiene en la sociedad, se contextualiza esta propuesta y es lo que la distingue de otros planteamientos, que respecto al tema se han formulado con anterioridad. Dar una salida digna al legislador, que sin prejuzgar sobre su culpabilidad o responsabilidad, enfrenta el conflicto personal e institucional que supone una acusación penal, a través de la solicitud y obtención de licencia, es ética y políticamente lo más aconsejable, lo más conveniente y lo más decoroso, además de que como he dicho, en nada vulneraría la integridad y funcionalidad del poder público al que pertenece, el que por el contrario se vería beneficiado en su imagen con la reforma que se propone. En todo caso si el legislador que se encuentra en esta hipótesis no desea pedir licencia, será porque estima que su defensa ante la Cámara de Diputados logrará una declaración "de no lugar a proceder", o porque a pesar de todo, prefiere enfrentar las consecuencia de la declaración de procedencia y de su eventual desafuero forzado. En virtud de lo anterior y con apoyo además en el artículo 135 de la Constitución Federal, formulo la siguiente iniciativa: Artículo Único. Se reforma el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "No se requerirá de declaración de procedencia de la Cámara de Diputados, cuando alguno de los legisladores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111, cometa un delito durante el tiempo que se encuentra separado de su encargo o que tratándose de diputados o senadores al Congreso de la Unión o de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siendo acusados de haberlo cometido en cualquier otro tiempo, obtengan licencia para separarse de sus funciones". Transitorios. Artículo 1°. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 2°. Los servidores públicos contra los que se tramite actualmente procedimiento de declaración de procedencia y que se encuentren gozando de licencia para estar separados de su cargo, podrán acogerse al presente decreto, mediante solicitud dirigida a la Sección Instructora o a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Es cuanto.