El diputado Abel Octavio Salgado Peña: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El 9 de agosto de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política. Entre las innovaciones de dicha reforma destaca la inclusión de un instrumento fundamental de la democracia participativa, a saber la consulta popular. Este instrumento, a la par de otros como el de la iniciativa ciudadana, buscan complementar más no sustituir a la democracia representativa. Mediante dichos instrumentos se busca su perfeccionamiento multiplicando las opciones de intervención de los ciudadanos en ciertos ámbitos de los asuntos públicos. La trascendencia de la reforma constitucional pone énfasis en su desarrollo en la legislación secundaria. De ahí la relevancia de la iniciativa de la Ley Federal de Consulta Popular presentada por el consenso de las principales fuerzas políticas representadas en esta Cámara y cuyo dictamen fue aprobado en diciembre del año pasado por este honorable pleno y remitido a la Colegisladora para su dictamen. El dictamen de la Comisión de Gobernación reconoce y considera adecuados los cambios realizados por la Colegisladora. Esencialmente las modificaciones se dieron en los artículos 5, 6, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 41, 64 y sexto transitorio. Las modificaciones hechas por el Senado con las que se tuvo coincidencia en el proceso de dictamen de la Comisión de Gobernación consisten en lo siguiente. El proyecto de decreto precisa que serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional. Dichos temas, para el caso de las propuestas de la consulta hecha por ciudadanos, serán calificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto este proyecto de decreto sólo considera como temas de trascendencia nacional aquéllos que repercutan en la mayor parte del territorio nacional o impacten en una parte significativa de la población. De igual manera, los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta con la limitación establecida en la no procedencia de la segunda consulta cuando sea respaldada por los mismos ciudadanos cuando rebasen el 20 por ciento de las firmas de apoyo, siendo válida por lo tanto sólo la primera solicitud. La Colegisladora consideró apropiado ampliar la representación de la consulta popular, misma que podrá realizarse ante las Cámaras del Congreso de la Unión. Cuando el resultado de una consulta sea vinculatorio tendrá efectos durante los tres años siguientes contados a partir de la declaratoria de validez. Es importante destacar que en el consenso de ambas cámaras durante el proceso de dictamen y discusión se consideró oportuno que este resultado sea vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, haciéndolo del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia. Sobre la difusión y el uso de los tiempos de radio y televisión, las modificaciones de la colegisladora precisaron que solamente el Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades para la promoción y discusión informada de las consultas convocadas por el Congreso de la Unión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar tiempos para lanzar propaganda en radio y televisión e influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular. El instituto tendrá amplia facultad para ordenar la cancelación de cualquier propaganda hecha por otros sujetos, iniciando el proceso sancionador que corresponda conforme a la legislación aplicable. Finalmente el régimen de transitoriedad establece el cambio de nomenclaturas del actual Instituto Federal Electoral al naciente Instituto Nacional Electoral a fin de armonizar las disposiciones del presente proyecto de decreto. Honorable asamblea, de nuevo el Congreso de la Unión escribe una página legislativa digna para la historia de nuestro parlamento. La Ley Federal de Consulta Popular fortalece nuestra democracia y permite la intervención ciudadana para que en su opinión sean aplicados a través de la ley, los temas que mejor considere para el desarrollo de nuestro país. Así al solicitar el voto a favor de esta honorable asamblea, hacemos efectivo el derecho que ha sido consagrado en la Constitución para realizar la prerrogativa ciudadana de participar en las consultas populares a través de este instrumento que dota a nuestro sistema jurídico de certeza. El voto a favor del proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular atiende a una demanda social que se manifestará en el logro de espacios para la participación ciudadana gracias al interés de los distintos grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión a fin de seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático y republicano. Muchas gracias.