La diputada Ivonne Liliana Álvarez García: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. El desplazamiento forzado interno permanece como uno de los saldos más grandes en la consolidación de los procesos democráticos de México y en el mundo. Este fenómeno social ha crecido en forma muy significativa en los últimos años por el incremento de conflictos armados, de guerras, de presencia de grupos del crimen organizado, así como el crecimiento desproporcionado de centros económicos. De acuerdo con datos recientes de la ONU, en el mundo cada dos segundos una persona es desplazada de su lugar de origen, lo que significa que más de 40 mil personas al día se están moviendo de manera forzada alrededor del planeta. Pese a los grandes retos que esto conlleva, hoy tenemos la gran oportunidad para reconocer y para corregir las políticas que lo han fomentado, íntimamente ligadas con la manera en la que construimos y diseñamos nuestras naciones. Los flujos incalculables de migración han significado, en la mayoría de los casos, una clara exclusión para millones de personas y se han afianzado como un obstáculo estructural que se transforma en violaciones permanentes a los derechos humanos. En el México contemporáneo el desplazamiento forzado se puede trazar con datos que en la década de los setenta, donde conflictos sociales que cruzaron desde la intolerancia religiosa, hasta la disputa por el territorio, o incluso por recursos esenciales para la vida como es el agua, han impactado la vida de miles de personas. Sabemos que abandonar la tierra donde uno creció, donde creció tu familia y el lugar donde se encuentran las raíces más profundas de la identidad, nunca ha sido fácil. Sin embargo, ese panorama es mucho peor cuando se huye por razones ajenas a nuestra voluntad. En nuestro país esto ha afectado a cerca de medio millón de personas, que dejaron atrás sus anhelos. En ese sentido, el Estado mexicano no puede permanecer ajeno. En el PRI acogimos esta deuda desde el 2012, cuando en el Senado de la República, en nuestra fracción, impulsamos foros nacionales para atender esta problemática, y por ello hoy celebramos doblemente que lleguemos a este dictamen con la aprobación de todas las fuerzas políticas. De aprobarse esta ley, descansará esencialmente en el artículo 1o. constitucional, para reconocer y garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, con una clara distribución de competencias en los tres órdenes de gobierno y un sentido de federalismo cooperativo. Seguro habrá soluciones satisfactorias y duraderas. Nunca más quedarán invisibles los rostros de tristeza de quienes abandonaron sus hogares, pues con el mecanismo nacional para prevenir, atender y generar soluciones en materia de desplazamiento forzado interno, se mandata a los gobiernos a activar acciones de protección de los derechos humanos. Ahora se podrá identificar claramente con nombre, lugar, tiempo y razón mediante el Registro Nacional de Personas Desplazadas, a este fenómeno que debe ser combatido en todos los rincones de nuestro país. Sin duda esta ley representará un nuevo reto de coordinación entre la federación, los estados y los municipios. Pero solo así podremos contar con la emisión objetiva de los avisos oportunos de riesgo, mismos que bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación serán fuente no solo de legalidad sino de legitimidad mediante los diagnósticos respectivos. Hay que decirlo y hay que decirlo bien, es muy alentador que en estos momentos de crisis de los derechos humanos como los que atraviesa México surja una ley como esta, que no solo visibiliza el problema, sino además mandata una serie de medidas de asistencia humanitaria en cualquier evento de desplazamiento. Esta ley no solo trata de la reparación de daños y soluciones duraderas, sino de hacer justicia en contra de quien sin fundamento y mediante actos violentos ocasione que las personas abandonen su hogar, por lo que se harán acreedores a penas de hasta 16 años de prisión. Con esto hoy damos cuenta de que esta legislatura, además de sentirnos muy orgullosos por lo que hemos realizado, mantiene su firme compromiso con los derechos humanos de todas y todos sin excepción. Finalmente, hacemos un llamado para que la creación de este Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado Interno, administrado por la Secretaría de Gobernación y con presupuesto etiquetado, abra la conversación para reflexionar sobre la importancia de conservar otros fondos y fideicomisos que atiendan diversas asimetrías que afectan a todos los habitantes de este país. Por su atención, muchísimas gracias. Y por su voto a favor, también. Muy buenas tardes.