El diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Gracias, señor Presidente, y con su permiso. A nombre de los diputados que integran la Comisión de la Función Pública de esta LX Legislatura, vengo a fundamentar el dictamen que se les ha presentado. Como ustedes recordarán, en el año 2002, cuando esta soberanía discutió y aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las fuerzas políticas del país aquí representadas, sentimos que se estaba dando paso a una nueva etapa en la historia política y administrativa del país. Una etapa definida por la existencia de una nueva relación de confianza entre las instituciones públicas y nuestra sociedad, construida sobre los pilares de la transparencia en la gestión pública, el pleno acceso a la información gubernamental y la certeza jurídica basada en el respeto del espíritu y la letra de la nueva ley. Sabíamos entonces que para atravesar por el natural proceso que va del diseño y la aprobación de esta ley a su pleno cumplimiento por parte del entorno institucional del país, tendríamos que generar y consolidar una nueva cultura de lo público basada en la confianza de los ciudadanos ante la acción gubernamental; confianza que gradualmente fuera dejando atrás el tradicional escepticismo y el recelo con que los mexicanos asumían su relación con las autoridades gubernamentales del país. La ciudadanía ha luchado por acceder a la información de algunos de los ámbitos más estratégicos del quehacer gubernamental, ámbitos importantes no solamente para la construcción de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, sino para preservar la salud y el buen estado de las instituciones públicas del país y para contribuir a la estabilidad general del sistema político. En menos de cinco años se cuenta con una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, así como con 32 leyes correspondientes a las entidades federativas, es un avance no menor si se compara con lo que existía antes de 2002; no obstante, se puede decir también que se advierte una peligrosa asimetría que desnaturaliza y deja aún incompleto el derecho a conocer. Por esa razón, gobernadores de distintos partidos promovieron la iniciativa, el punto de partida fue "La Declaración de Guadalajara" en 2005, que culminó con la denominada "Iniciativa de Chihuahua", en la que un grupo de cinco gobernantes locales de distinto origen partidista, antepusieron sus preferencias políticas por el interés superior del país. Esa Iniciativa de Chihuahua tiene una legitimidad a toda prueba, pero susceptible de mejorar en técnica legislativa como toda obra humana y ha sido esta técnica legislativa incorporada en el dictamen que hoy se presenta. La distancia que separaba una redacción principista mínima a la de una redacción prolija con toques reglamentarios se ha acortado y diputados de las ocho fuerzas políticas aquí representadas hemos hecho equipo con juristas y académicos de sobrado prestigio, para generar consensos, para llegar a común denominador que por un lado permita garantizar el derecho de acceso a la información con todos sus atributos y, por otro, que no sea tan amplio, que incluya principios, directivas y disposiciones reglamentarias a algunos de cuyos elementos corresponden a la ley secundaria, no a la Constitución. Es de justicia destacar la participación del grupo de trabajo integrado por los diputados Luis Gustavo Parra Noriega, César Camacho Quiroz y Victorio Rubén Montalvo Rojas, así como el espíritu que animó al trabajo conjunto con la Comisión de Puntos Constitucionales. En este dictamen se avanzó en las partes sustantivas, separar con claridad que la adición del artículo 6o. constitucional se refiere al derecho de acceso a la información pública y no al derecho a información que comprende otros derechos, más habida cuenta que aquí es una vertiente de éste y no un sinónimo, privilegiar el principio de máxima publicidad para efectos de interpretación, establecer que la información en posición de los Poderes federales, locales, organismos autónomos, ayuntamientos y cualquier otra entidad federal, estatal o municipal, es pública; salvo las excepciones mismas previstas en la ley. El derecho de que toda persona pueda solicitar información sin acreditar interés alguno y de manera gratuita; mecanismos de acceso expeditos a través de medios electrónicos por órganos garantes con capacidad propia; publicación como información de oficio de indicadores de gestión y del ejercicio de recursos públicos, así como la existencia de archivos administrativos actualizados y confiables, y la existencia de sanciones a quien incumplan con las disposiciones de esta ley. Es por todo ello que consideramos que se da un salto cualitativo importante con la aprobación de esta reforma constitucional, que a nombre de la Comisión de la Función Pública, les solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.