El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Este posicionamiento va por la memoria de Benito Aguas, caído el día de ayer. El 15 de septiembre pasado el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador publicó una de las reformas más trascendentales de las últimas décadas, la reforma al Poder Judicial, la cual integró el componente democrático directo en la elección de juzgadoras y de juzgadores. El pueblo pone y el pueblo quita, ahora en paridad, en uno de los poderes que recibe día a día los más sensibles expedientes en temas de violencia de género en todos sus matices, el Poder Judicial. Por eso hoy estamos aquí siguiendo el mandato popular para aprobar tres dictámenes de la Comisión de Justicia, que armonizan la legislación secundaria como lo mandata el régimen transitorio constitucional. Este rediseño implica la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, una nueva Ley de Carrera Judicial y una serie de reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de transitar hacia una nueva etapa en nuestro sistema judicial, una etapa en que los impartidores de justicia no solo tengan conocimiento técnico y profesional, sino también un profundo compromiso ético con derechos humanos y con la sociedad que los elige y a la que deben de servir imparcialmente, un anhelo del pueblo de México por tantos años. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial tiene como objetivo establecer disposiciones relativas a la estructura, integración, funcionamiento y competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito, todo ello con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y a la protección de los derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, la nueva Ley de Carrera Judicial tiene como objetivo establecer disposiciones relativas a los procesos de selección, ingreso, promoción, permanencia y remoción del servicio público jurisdiccional. A la letra dice el dictamen: la Escuela Nacional de Formación Judicial se le reconocerá su importancia como órgano auxiliar del Poder Judicial. Esta institución está encargada de diseñar e implementar procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización para el personal de carrera judicial y administrativo. Asimismo, atender en capacitación a los Poderes Judiciales locales, Fiscalías, Defensorías Públicas, organismos de protección de los derechos humanos. Y es significativo esto: sepultar el desacreditado historial corrupto del Poder Judicial con un nuevo impulso a la carrera judicial en el esquema fortalecido de la Escuela Nacional Judicial, qué mejor que la base de la academia para construir un modelo judicial fundamentado en el prestigio y la ética en el ejercicio de protección de derechos y de toma de decisiones. La Escuela Nacional Judicial será el equivalente al Instituto Matías Romero para el servicio exterior mexicano. Por lo que respecta a las modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se armoniza el régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas del Poder Judicial federal y local, con los nuevos órganos creados y será coherencia y sistematicidad en su integración, así como en los plazos, términos y esquemas disciplinarios que se establecieron con la reforma constitucional. Con estas modificaciones seguimos consolidando el segundo piso...