EL C. PRESIDENTE: Efectivamente, diputado Candiani, el criterio de la Mesa Directiva ha sido tratar de simplificar lo más posible los procedimientos de dictamen, y estamos conscientes que cuando va a Comisiones Unidas, se da un ingrediente adicional de complejidad, y en virtud de los antecedentes que usted menciona y dado que el tema fundamental está relacionado con lo de Energía, consultamos al diputado Dávila, si no tiene inconveniente de que se sume esta Iniciativa a la Comisión de Energía exclusivamente, a fin de facilitar el trámite correspondiente. Gracias diputado Dávila. De tal manera se corrige el turno anterior y queda exclusivamente turnado a la Comisión de Energía. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para presentar una iniciativa de reformas y adiciones del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le concede la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del Partido de la Revolución Democrática. EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA. Gracias, Presidente. "El perfeccionamiento del orden jurídico y de los instrumentos de procuración e impartición de justicia, son demandas medulares de la sociedad a lo largo de nuestra historia. México surge como Nación buscando no sólo independencia y soberanía, sino fundamentalmente justicia... (Dio lectura a la iniciativa. Insértese) Iniciativa de decreto que reforma y adiciona la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El que suscribe, Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la honorable cámara de diputados del congreso de la unión iniciativa de decreto que reforma y adiciona la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS El perfeccionamiento del orden jurídico y de los instrumentos de procuración e impartición de justicia son demandas medulares de la sociedad a lo largo de nuestra historia. México surge como nación buscando no sólo independencia y soberanía sino fundamentalmente justicia. La Revolución de 1910 fue también en esencia un reclamo de justicia. "Uno de los anhelos más ardientes y más hondamente sentidos por el pueblo mexicano es el de tener tribunales independientes que hagan efectivas las garantías individuales contra los atentados y excesos de los agentes del poder público", sentenciaba la exposición de motivos del proyecto de constitución del primer jefe del ejército constitucionalista. Aspiramos ser una nación soberana e independiente para arribar a la justicia. Queremos vivir en democracia como el medio más eficaz para llegar a la justicia. Los mexicanos aspiramos a vivir al amparo de un estado que garantice plenamente la vigencia de las normas, el apego del gobierno a la ley, la seguridad de las personas, el disfrute del patrimonio y el ejercicio de sus libertades; de un estado que haga de la norma jurídica el sustento de la cohesión social y de la suma de nuestros esfuerzos. Sólo al cumplir esos propósitos, el poder alcanza su legitimidad y se convierte en la fuerza constructiva al servicio de la sociedad. Ahora, el fortalecimiento, autonomía e independencia del poder judicial y los sistemas de administración de justicia (en los ámbitos Federal y local) son clave para consolidar una transición hacia la democracia. Sin ellos, las premisas básicas de ésta carecerán de toda realidad. No habrá medios para exigir el cumplimiento del postulado de que las y los ciudadanos gozan de iguales derechos, pues la igualdad ante la ley no podría llevarse a la práctica. Tampoco habrá forma de exigir la subordinación del poder político a la soberanía popular, pues no existirán mecanismos para sancionar las transgresiones al estado de derecho, ni para defender y proteger el derecho de petición de cuentas y la obligación de los gobernantes a rendirlas. De ahí que más allá de las reformas específicas de que pudiera ser objeto como fruto de un proceso deliberado de cambio desde los poderes políticos, la mayor necesidad y exigencia de fortalecimiento del poder judicial está dada por los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que ha experimentado el país. El desarrollo económico, la estabilidad democrática, la vigencia del estado de derecho y la garantía de los derechos humanos dependerán cada día más, como nunca antes en nuestra historia, de las resoluciones judiciales. Las decisiones de los jueces gravitarán cada vez más en la construcción de un orden social, más o menos igualitario. Mientras el estado avasalló la actividad social, el ejecutivo y sus agencias fueron los foros más importantes donde hacer radicar las expectativas de movilidad social, de modificación del orden existente y de resolución de disputas. En la medida en que disminuye el rol interventor y benefactor del estado los principales conflictos sociales ya no van necesariamente a las oficinas políticas para su resolución. Muchos de los más importantes conflictos que surgen hoy no terminan tanto como requerimientos al gobierno en demanda de programas asistenciales específicos. Los actores se confrontan unos a otros en el mercado por la distribución de los beneficios sociales y recurren con más frecuencia a los tribunales para que regulen dicho mercado, hagan efectivas las reglas del mismo, o resuelvan las disputas que el mercado nunca resolverá. E indudablemente que este fenómeno presiona por una administración de justicia más eficiente, por aumento en los presupuestos judiciales y por la búsqueda de sistemas alternativos de resolución de los conflictos. sólo podrá arribarse a una democracia moderna si se satisfacen como condiciones previas indispensables que los sistemas de administración de justicia Federal y local tengan plena independencia política y administrativa frente a los otros poderes del estado; que los integrantes de sus judicaturas sean seleccionados mediante procesos abiertos al escrutinio público y que no comprometan su autonomía y que sus jueces gocen de plena independencia para impartir justicia. Es innegable que el Poder Judicial Federal se manifiesta ya como un órgano esencial para lograr el equilibrio entre los poderes en el sistema formal de pesos y contrapesos y para el desarrollo de un sistema democrático. Constituye ya un poder lo suficientemente autónomo para sujetar a los otros poderes bajo el imperio de la ley y una instancia confiable y capaz de resolver, en sentido jurídico, las pugnas entre los poderes (especialmente las que se han dado entre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión) para asegurar la organización Federal, imponiendo la supremacía de la constitución general. Sin embargo, el enorme centralismo político y económico que el país ha vivido a partir de la entrada en vigor de la constitución vigente y la falta de adecuados mecanismos jurídico que le hubiesen dado una auténtica autonomía e independencia funcional y financiera, han condicionado un poder judicial local subordinado y débil que evoluciona a mucho menor ritmo que el Federal, no obstante que según las estadísticas en él se inician más del 95% de los litigios que se ventilan en el país, provocando la visión de que las estructuras judiciales nacionales no satisfacen los principios de independencia, eficiencia y acceso a la justicia. Y la opinión de una administración de justicia deficiente frente a otros actores políticos, lenta en su administración, incierta en sus resultados y desarrollo, poco clara en su regulación y distante del acceso al grueso de la población. En 1996, el programa de naciones unidas para el desarrollo, incluyó dentro de su reporte de gobernabilidad y desarrollo democrático en América latina y el caribe, un capítulo referido a la reforma del sector justicia. En él valora el papel de las instituciones de justicia en el desarrollo de los países y compara los grados porcentuales de confianza que tienen las sociedades en sus instituciones de jurisdicción y de procuración de justicia. De los diecinueve países considerados en la muestra, México ocupó el décimo cuarto sitio con una puntuación de 22% sobre 100, por debajo de países como Uruguay con 53%, Costa Rica con 39%, República Dominicana con 33% y el Salvador con 25%. En forma similar, del estudio elaborado por el foro económico mundial (WEF, por sus iniciales en inglés) respecto al nivel de competitividad que ocupa el México dentro del concierto internacional en cuanto a administración de justicia, se desprende que de un total de 53 países incluidos en la muestra, México ocupaba la posición 45 en 1996 y el lugar número 49 en 1997. Es indudable que sólo poderes judiciales autónomos en la entidades federativas podrán hacer efectiva la existencia de un verdadero estado de derecho y hacer que se respeten a cabalidad las limitaciones externas e internas del poder que se consagran tanto en la constitución general de la república como en las constituciones particulares, reduciendo los excesos de los ejecutivos locales y sus efectos negativos sobre la legitimidad del sistema político como un todo. Únicamente sistemas de administración de justicia independientes y eficaces en todos los estados estarán en capacidad de proteger las libertades y derechos individuales y colectivos y al asegurar la subordinación del poder político al imperio de la ley, que el ejercicio del poder sea percibido por los ciudadanos como legítimo. En este contexto, la iniciativa que se presenta a esta soberanía propone dos adiciones a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se consideran indispensables e imprescindibles para otorgar independencia y autonomía funcional y financiera al poder judicial de las entidades federativas y que indiscutiblemente serán definitorias para dar eficiencia a los sistemas locales de administración de justicia y hacerlos accesibles a la sociedad en su conjunto. Con la primera adición se reconocería plena autonomía presupuestaria al Poder Judicial de los estados, al garantizarles en el mismo texto de la Constitución General de la República la asignación de un porcentaje mínimo del Presupuesto de Egresos en cada entidad federativa, que ejercería con absoluta independencia. Con la segunda adición, se aseguraría la independencia funcional de las judicaturas locales: las atribuciones administrativas, incluyendo las presupuestarias, del Poder Judicial de los estados por disposición expresa de nuestra Carta Magna se asignarían a consejos de judicatura locales; órganos que además serían responsables de velar por la independencia de los jueces y magistrados y de aplicar los principios relativos a la carrera judicial. La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la federación del 17 de marzo de 1987, que incorporó la fracción III al artículo 116, ha tenido la trascendencia de elevar a jerarquía de disposición de la constitución general las bases para la organización y funcionamiento del poder judicial en las entidades federativas, formalizando los lineamientos mínimos para garantizar la independencia e inamovilidad judicial de la magistratura de los estados. Con la posterior reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994 (al sentarse nuevas bases institucionales para el establecimiento y desarrollo de la carrera judicial en las entidades federativas, preverse la existencia de miembros de consejos de la judicatura locales en el párrafo tercero del artículo 108 y suprimirse el párrafo quinto de la entonces fracción III del artículo 116 que atribuía al Tribunal Superior de cada estado la facultad de nombramiento de los jueces locales inferiores) se abrió la posibilidad, sin bien voluntaria, de que las entidades federativas adoptaran la figura de los consejos de la judicatura. Empero, a siete años de esta reforma legal sólo en quince estados de la unión existen consejos de la judicatura y no todos ellos son homogéneos, ni todos están provistos de dispositivos suficientes para asegurar la independencia, autonomía y eficacia de la función judicial en sus respectivos ámbitos. Con la consecuencia negativa de que los ejecutivos locales siguen interviniendo e influyendo de manera definitoria en el nombramiento, remoción, tiempo de permanencia, composición y el número de los miembros de las judicaturas estatales. Corresponde pues reforzar y garantizar los principios de independencia y autonomía funcional y financiera del poder judicial de los estados desde la misma constitución general de la república, aprovechando su doble aspecto de ley fundamental del estado Federal y de estatuto nacional común a los estados que lo integran, mediante otra reforma a la fracción III del artículo 116, cuyos distintos dispositivos quedarían ordenados en tres incisos. En el inciso a se reiterarían las bases para la organización y funcionamiento del poder judicial en las entidades federativas que ahora conforman el contenido total de la facción III; en el inciso b se establecerían los lineamientos para consolidar su autonomía presupuestaria y la asignación de un porcentaje mínimo del presupuesto de egresos de cada estado en su favor, como previsión presupuestaria constitucional y en el inciso c se regularía la creación obligatoria de consejos de la judicatura en todas las entidades federativas, como órganos del propio Poder Judicial local, absolutamente independientes de los ejecutivos locales, responsables y competentes para velar por la independencia de los jueces y magistrados y de aplicar los principios relativos a la carrera judicial. a) Autonomía presupuestaria para el Poder Judicial de los estados. Una de las condiciones que internacionalmente se reconocen como imprescindibles para garantizar la independencia judicial es la autonomía económica y financiera del poder judicial. Esta autonomía impide la influencia indebida sobre la función jurisdiccional y permite garantizar los recursos económicos suficientes y permanentes para que la actividad judicial alcance los niveles de calidad requeridos. La autonomía presupuestaria implica necesariamente la existencia de ingresos estables, previamente determinados y que la formulación presupuestaria le correspondan con exclusividad a los órganos del poder judicial, para que dichos órganos puedan disponer de recursos suficientes para destinarlos libremente al cumplimiento de las políticas judiciales programadas. Como requisito esencial de eficiencia, debe corresponder a todo poder judicial la elaboración y provisión de su propio presupuesto, dejando sólo a los otros órganos de gobierno su modificación cuando no se afecten los programas esenciales de justicia. En consecuencia, siguiendo la terminología utilizada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación David Góngora Pimentel en la VI Cumbre Iberoamericana de presidentes de cortes supremas y tribunales supremos de justicia, esta iniciativa de reforma propone la creación de una previsión constitucional presupuestaria destinada al poder judicial de los estados, como un apartado presupuestario mínimo permanente que deberá ser incluido anualmente en las leyes de presupuesto de las entidades federativas. Esta figura se asemeja al llamado situado judicial o apartado judicial propuesto en los foros internacionales, y que en América se inició con la creación por parte de la República de Costa Rica de un situado que comprende el 6% de su presupuesto nacional para el poder judicial. La creación obligatoria desde la Constitución General de la República de una previsión constitucional presupuestaria que cada estado debe destinar a su poder judicial tiene como virtud la de establecer un ingreso mínimo, en relación con el presupuesto de cada entidad federativa, que debe ser invariablemente destinado a la rama judicial. por ende, aseguraría un monto suficiente de recursos financieros para que los órganos judiciales locales respondan a la demanda social de justicia; logren sufragar sin deficiencias los gastos de funcionamiento ordinario de la administración de justicia; mejor en la calidad de la justicia como producto institucional, mediante programas de inversión y de modernización judiciales y, en general, para dignificar la función jurisdiccional en los estados. Del mismo modo, la instauración de una previsión constitucional presupuestaria destinada al poder judicial de los estados coadyuvaría a la racionalización de la administración judicial en el ámbito local en la búsqueda de niveles superiores de eficiencia institucional, ya que mejoraría la vinculación entre los procesos de planificación y de presupuesto. Y con ello se evitarían las contradicciones frecuentes entre las solicitudes presupuestarias de los órganos del poder judicial con las asignaciones finales de recursos financieros, que resultan de los recortes indiscriminados, bajo una racionalidad ajena a los Requerimientos de la demanda social de justicia. En la iniciativa que se eleva a esta soberanía, la previsión constitucional presupuestaria que en forma obligatoria cada, entidad federativa destinaría a su poder judicial se fija en un mínimo de 2.5% del gasto programable previsto en el presupuesto anual de egresos de cada estado, que aún cuando sigue siendo un porcentaje moderado con respecto a las exigencias sociales de justicia, indudablemente que implicará un progreso significativo en la materia. además de que permitiría uniformar el monto real de los recursos que se destinan a la justicia local en toda la república, en busca de homogeneizar también la calidad de los productos judiciales en todo el territorio nacional. Las estadísticas muestran muy disímiles porcentajes del monto de los presupuestos de egresos que las entidades federativas asignan al Poder Judicial, que oscilan desde el inferior 0.57% hasta el más alto 3.61%, pasan do por 0.78%, 0.80%, 0.95%, 1.03%, 1.18%, 1.37%, 1.68%, 1.73%, 1.89%, 2.00%, 2.18%, 2.49%, etcétera o explicaría también los distintos grados de calidad en la eficiencia y acceso de la justicia local a nivel nacional. Sin un situado presupuestario mínimo, cada año se somete al poder judicial de los estados a la incertidumbre de verse, afectados por disminuciones que pondrían en riesgo el funcionamiento y crecimiento de la justicia local sólo el establecimiento de la previsión de un apartado judicial permanente en el presupuesto anual de egresos de cada entidad federativa, garantizará la continuidad y consolidación de los procesos de fortalecimiento institucional del poder judicial local y el aumento real en la atención de la demanda social de justicia en todo el territorio nacional. Y para reforzar esta autonomía financiera y presupuestaria del Poder Judicial de los estados, en el proyecto de reforma también se propone que corresponda exclusivamente a los órganos judiciales locales competentes la elaboración de sus proyectos de presupuesto, los cuales serían remitidos a los entes previstos en cada una de las constituciones particulares para su aprobación, sin que el poder ejecutivo local pudiera modificarlos agregando que cuando circunstancias extraordinarias y graves justifiquen la disminución del presupuesto de egresos, corresponderá al mismo poder judicial local, en el ejercicio de su autonomía presupuestaria, determinar el monto y las partidas en que se reducirá su propio presupuesto. Dotar de autonomía presupuestaria al Poder Judicial de las entidades federativas, es una oportunidad que debe ser aprovechada en este momento para lograr una mejor vinculación del proceso presupuestario con el de planificación del desarrollo judicial nacional, que permita sistematizarlos y racionalizarlos como funciones de apoyo estratégico a la formación de las políticas judiciales. El uso de la planificación y del presupuesto como técnicas de análisis, diseño de alternativas de solución y de selección óptima de medidas, indudablemente que mejorarán la calidad de las decisiones, la viabilidad de los cursos de acción y posibilitarán que los impactos de las políticas judiciales sobre la realidad sean los deseados. así, la planificación y el presupuesto se constituirán en verdaderos instrumentos estratégicos para garantizar la independencia del poder judicial en su conjunto. b) Independencia funcional para el poder judicial de los estados. Sin la garantía de independencia el Poder Judicial deja de ser un poder y se convierte en una dependencia más del Poder Ejecutivo o en su ejecutor, pero no en juzgador de causas ajenas. Como lo deduce con brillantes Germán J. Bidart Campos en su obra "las transformaciones constitucionales en la postmodernidad, la despolitización de la justicia se supone accesible con mayor facilidad cuando existe una carrera judicial y un consejo de la judicatura y en buena parte, ello defiende de cómo se componga ese órgano y, asimismo, de que no sea manipulado por los poderes políticos. de nuevo reaparece la imparcialidad para integrar el cuerpo, y la del mismo cuerpo al ejercer sus competencias. Esta es la línea que se propone para garantizar la autonomía funcional del poder judicial de los estados: la creación obligatoria de consejos de la judicatura en todas las entidades federativas, como órganos del propio poder judicial, absolutamente independientes de los ejecutivos locales, responsables y competentes para velar por la independencia de los jueces y magistrados y de aplicar los principios relativos a la carrera judicial. La enorme acumulación de funciones administrativas causada por sistemas de administración de justicia cada vez más complejos ha provocado distracción de la que debe ser la actividad esencial de magistrados y jueces ello también justifica la separación funcional y orgánica de las atribuciones jurisdiccionales y administrativas en el poder judicial de los estados. Es decir, las premisas fundamentales que orientan esta propuesta de reforma son, por una parte, garantizar a magistrados y jueces la necesaria independencia y autonomía de sus funciones frente al poder político; y por otra parte, liberarlos de tareas administrativas para permitirles concentrar todos sus esfuerzos en la administración de justicia. En este contexto, el poder judicial de los estados se compondría de los órganos judiciales propiamente dichos, en los cuales descansa de manera exclusiva la función jurisdiccional, y de un órgano administrativo con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones (sin subordinación jerárquica a los tribunales superiores), encargado de la administración, vigilancia y disciplina de todo el Poder Judicial. La precisión de los consejos de la judicatura como órganos del Poder Judicial de las entidades federativas los ubicarían en la estructura de éstos y definiría su relación con el resto de los órganos de ese- poder, preservando su independencia para la adecuada toma de sus decisiones autónomas. Destacan dos atribuciones de las que se asignan a estos consejos. una, la relativa a la carrera judicial: nombramiento, adscripción, promoción, ratificación y remoción de jueces de primera instancia y magistrados; otra, la que les da competencia para formular y ejercer el presupuesto de egresos de todo el Poder Judicial. Los consejos realizarían también la vigilancia y supervisión de los órganos jurisdiccionales así como de las conductas de sus titulares, en concordancia con la competencia que le corresponde para el nombramiento y remoción de esos funcionarios. y a ellos también correspondería la delimitación territorial de los distritos judiciales de cada entidad federativa, así como la determinación del número de órganos y las materias que estos conocerán, atendiendo a la distribución de cargas de trabajo y a la ubicación geográfica que requieren de un conocimiento primordialmente administrativo. Asimismo, para estar en capacidad de desarrollar sus funciones, se facultaría a los consejos para emitir acuerdos de carácter general con los que se iría estableciendo la normatividad necesaria para lograr una. eficiente administración de justicia. Finalmente cabe agregar que los consejos de la judicatura de los estados quedarían integrados por cinco miembros, dentro de los cuales se elegiría al presidente; tres consejeros electos por insaculación de entre los magistrados en funciones del tribunal superior de justicia respectivo, y dos consejeros electos por insaculación de entre los jueces de primera instancia. los miembros del consejo durarían en su cargo cinco años, serían sustituidos de manera escalonada y estarían impedidos durante el ejercicio de su encargo o mientras gocen de licencia, para aceptar o desempeñar cualquier tipo de empleo cargo o comisión, salvo los no remunerados de carácter científico, académico o docente y para litigar durante el año siguiente a la conclusión de su encargo. En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción 11 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: INICIATIVA De decreto que reforma y adiciona la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único. Se reforma y adiciona la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 116. . . . I a la III. . . . a) El poder judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones, y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados. Los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta constitución. no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que. hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las constituciones locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que: determinen las constituciones y las leyes de responsabilidad de los servidores públicos de los estados. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo; b) El Poder Judicial de los estados goza de autonomía presupuestaria. en el presupuesto de egresos de cada entidad federativa se le asignará una participación no inferior al 2.5% del gasto programable. c) Los consejos de la judicatura locales serán órganos del poder judicial de los estados con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Los consejos de la judicatura locales se integrarán por cinco miembros, de entre los cuales será designado el presidente; tres consejeros electos por, insaculación de entre los magistrados, y dos electos por insaculacion de entre los jueces. Todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones 1 a v del artículo 95 de esta constitución y ser personas que se hayan dis17inguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Los consejos funcionarán en pleno o en comisiones. el pleno resolverá sobre la elaboración y ejercicio del presupuesto, designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. Los consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidad de los servidores públicos de los estados. La ley local respectiva establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. De conformidad con lo que establezca la ley local respectiva, los consejos estarán facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones las decisiones de los consejos serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas. la ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. Los consejos locales de la judicatura elaborarán el presupuesto del poder judicial en los estados. los presupuestos así elaborados serán remitidos para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de cada entidad federativa, sin que el ejecutivo local pueda modificarlos cuando circunstancias extraordinarias y graves justifiquen la disminución del presupuesto de egresos de una entidad federativa, compete al poder judicial local, en el ejercicio de su autonomía presupuestaria, determinar el monto y las partidas en que se reducirá su propio presupuesto. I a la VII. . . . ARTICULO TRANSITORIO Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de noviembre 2001. Diputado federal, Luis Miguel Barbosa Huerta. La exposición de motivos es aún más amplia, la entrego a la Mesa Directiva junto con el articulado propuesto y al mismo tiempo... Bueno, no me concedieron la posibilidad de entregar un punto de acuerdo sobre el mismo tema, yo creo que el principio sería un principio de economía en el proceso legislativo; sin embargo la formalidad priva más que la eficiencia. Gracias a todos. LA C. PRESIDENTA. Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y regístrese en el orden del día en el ámbito que corresponde, la presentación del punto de acuerdo respectivo. Publíquese íntegramente en la Gaceta Parlamentaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continuando con el orden del día, tiene la palabra el diputado Feliciano Calzada Padrón del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo a la fracción XXI del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, adiciona la fracción VI y modifica el último párrafo del artículo 214 del Código Penal Federal. EL C. DIPUTADO FELICIANO CALZADA PADRÓN. Con su venia, ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: "Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe... (Dio lectura a la iniciativa. Insértese) Señora Presidenta; compañeros diputados: Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que adiciona un párrafo a la fracción XXI del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y adiciona la fracción VI y una modificación al último párrafo del al artículo 214 Titulo Décimo del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS En los últimos tiempos, hemos presenciado un creciente número de eventos en los que servidores públicos, principalmente al inicio de su gestión, sin reparo alguno, hacen uso indebido de las prerrogativas que las leyes les otorgan y de los medios que el ejercicio de sus encargos les proveen, para atentar contra la honorabilidad de ciudadanos, funcionarios y ex servidores públicos y que además, utilizan infundada y desprovista de cualquier motivación legal los instrumentos jurídicos a su alcance para esos deleznables fines. La imprecisión de la norma vigente en este orden, para restringir esas conductas, obra en favor del abuso de autoridad por parte de algunos servidores públicos, que traducen sus opiniones y declaraciones, en instrumentos inquisitorios de descrédito, que muchas veces causan perjuicios irreparables en las personas físicas o morales que son objeto de ellas. No es ético, ni permisible, que algunos servidores públicos ocupen el tiempo y los recursos públicos, para actividades distintas a las que les fueron encomendadas, por ejemplo: el linchamiento en los medios de comunicación de ciudadanos, servidores públicos y ex servidores públicos. De existir pruebas que aportar sobre un caso en particular, las leyes ofrecen los medios y conductos para presentarlas, que se ofrezcan y se proceda jurídicamente. En toda democracia, debe ser celosamente custodiado por el Estado, el valor que le da sustento y permanencia: el régimen de libertades. Mas no se entienda que esta iniciativa intenta coartar la libertad de expresión de los servidores públicos, lo que se persigue, es evitar el abuso de autoridad en que algunos incurren y que se tipifique la conducta delictiva, en la que en el ejercicio de ese derecho fundamental, se afecta a terceros. Esta iniciativa, también busca subsanar la imprecisión que existe en la ley vigente, que se traduce en un vacío que propicia que el servidor público o ex servidor público presunto responsable, se encuentre en estado de indefensión e inseguridad jurídica frente a servidores públicos que como ya se apuntó, hacen uso de los medios a su alcance para causarle perjuicio. Los procedimientos a los servidores públicos sólo se deben ceñir a los principios sustantivos de audiencia, legalidad, imparcialidad y prontitud que exige nuestra Constitución política, no a tribulaciones extrajudiciales, promovidas por servidores públicos, que atentan contra los derechos fundamentales de todo ciudadano. En lo que concierne a la esfera de garantías individuales de los ciudadanos, la presente iniciativa busca fortalecerlas, para que como lo señala el artículo 17 de nuestra Constitución, sean sólo los tribunales los que administren justicia y los servidores públicos se vean impedidos en los términos de la presente iniciativa, de hacer política en declaraciones que causen deshonra o perjuicio. Que la violación a la ley la determine una sentencia judicial y no una declaración política de un funcionario. Que se litigue en los tribunales, no en los medios de comunicación, ya que todos hemos observado que cuando esto último sucede, recurrentemente se presentan dos fenómenos: primero: se desorienta a la ciudadanía y segundo: se desprestigia y desacredita a la autoridad judicial, cuando esta no resuelve conforme a lo publicado. Todo estado de derecho, requiere de dispositivos que establezcan una adecuada operatividad de sus leyes, la efectiva concreción de esos dispositivos, es lo que como diría Herman Heller, "hace que el derecho vigente se convierta en una realidad conforme a la regla" termina la cita. Es entonces cuando el Estado, asume y cumple con su tarea rectora y promotora de un nuevo orden social. Por lo que me permito proponer a esta Soberanía, las adiciones ya señaladas, con el propósito de inhibir y sancionar esas prácticas, por demás lesivas de la convivencia armónica entre los mexicanos y del orden democrático. La actualización de nuestras instituciones, es imperativo inaplazable que exige la nación. Debemos notar, que los términos de la convivencia entre os distintos actores ya cambiaron y que el espectro político nacional es otro, por tanto las reglas de coexistencia serán otras. Este Congreso, como ente unificador de la pluralidad nacional, está obligado a proveer las nuevas reglas que habrán de observar los distintos actores en sus diferentes ámbitos de desenvolvimiento y en el terreno político. La sociedad, está permanentemente exigiendo que se eleve el nivel del debate, que los servidores públicos atiendan con prontitud y adecuadamente las responsabilidades que les fueron encomendadas y que se distancien de las trifulcas circenses. De acuerdo con el postulado universal que reza que: toda regla encarna un procedimiento para su concreción si no forma parte de lo abstracto, proveamos a nuestra democracia de instituciones efectivas que incentiven una mejor conducción de los servidores públicos y que se sancione a quienes incurran en infracciones a la ley. Atendiendo a la idea de Bülow, de que "La creación de normas no crea, desde luego, un derecho válido, sino sólo el plan de un derecho que se desea para el futuro", esta Legislatura debe participar, en la inserción en nuestras leyes, de los nuevos términos de la convivencia política entre los distintos actores y en el diseño de la nueva relación entre el Gobierno y la sociedad, en el plan de un derecho que se desea para el futuro. En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente Iniciativa del Decreto por el que se reforman disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos y del Código Penal Federal. Artículo único. Se adiciona un párrafo a la fracción XXI del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y adiciona la fracción VI y una modificación al último párrafo del artículo 214, Titulo Décimo del Código Penal Federal, para quedar como sigue: Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos TITULO TERCERO Responsabilidades administrativas CAPITULO I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículo 47. XXI. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquella pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan, y; Abstenerse, en el ejercicio de sus funciones, de prejuzgar o divulgar información o datos relacionados con el ejercicio de servidores o ex servidores públicos que puedan causarles daño moral. Código Penal Federal TITULO DECIMO Delitos Cometidos por Servidores Públicos CAPITULO II Artículo 214. V. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o perdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado. VI. En el ejercicio de sus funciones y/o haciendo uso de los recursos y medios a su disposición por el cargo que desempeña, prejuzgue o divulgue información o datos que imputen a una persona física o moral un hecho cierto o falso que pueda causarle deshonra o perjuicio. Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI, se le impondrán de dos años a siete años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Es cuanto, señora Presidenta. Le solicito amablemente, le de el turno correspondiente a la presente iniciativa y se inserte integra en el Diario de Debates. Muchas Gracias Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2001. Diputado Feliciano Calzada Padrón. Señora Presidenta, le solicito amablemente le dé el turno correspondiente a la presente iniciativa y se inserte íntegra en el Diario de Debates. Muchas gracias. LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado. Obsequiando a su solicitud, se inserta de manera íntegra en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La iniciativa anunciada en el orden del día de reformas a diversos artículos del Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales a cargo de un integrante del grupo parlamentario del PRD, nos han solicitado se posponga para la sesión próxima. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quiero saludar a la Cónsul General de la República Dominicana Eneyda López de Contreras y aprovechar este momento para expresar nuestras condolencias al pueblo dominicano, por los connacionales de ese país que fallecieron en el accidente aeronáutico en New York. Reciban nuestro fraternal saludo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasando al siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Samuel Aguilar Solís para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. DIP. SAMUEL AGUILAR SOLIS: Gracias diputada presidenta: Respetuosamente le solicito que de manera íntegra la Exposición de Motivos y la iniciativa de reforma, se integren en el Diario de los Debates. Y si me permite haré una exposición general solamente, sobre la misma. Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Honorable Cámara de Diputados.  Presente. Samuel Aguilar Solís, en mi carácter de diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en los artículos 71, fracción ll y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Reforma al Sistema de Pensiones En el año de 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de ofrecer servicios de salud y seguridad social a los trabajadores mexicanos, garantizando condiciones de bienestar social para el trabajador y sus familiares, a través de prestaciones económicas y sociales adicionales a su salario. En tal sentido y con fundamento a las necesidades sociales de la población, al año siguiente de su creación, es decir en el año 1944, se implementó el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte a las prestaciones del IMSS. Dicho seguro operaba a través de un sistema de pensiones de beneficios definidos parcialmente fondeado, es decir, mediante un esquema de fondo de reparto, en el cual, las aportaciones se invertían de acuerdo a la ley vigente para que llegada la edad del retiro de los trabajadores, pudieran cumplir con el pago de las pensiones mediante las reservas generadas, año con año. Sin embargo, dicho seguro sirvió para subsidiar otras ramas de aseguramiento para el beneficio de la población activa, como el caso del seguro de enfermedades y maternidad, que presentaba déficit en su operación, por la creciente demanda de servicios que obligó a extender la cobertura a través de la infraestructura hospitalaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con el cambio en el perfil demográfico y epidemiológico que se experimentó no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial, se originó un número creciente de jubilados y pensionados con relación a los trabajadores en activo, aunado a la problemática surgida de la falta de recursos en el fondo de las pensiones, así como en otros ramos de aseguramiento, el Instituto Mexicano del Seguro Social presentaba un desequilibrio financiero que hacia inviable su permanencia. Amen a estos factores, se suma el diseño del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; el desequilibrio actuarial entre las contribuciones y los beneficios, la subdeclaración y evasión de las contribuciones, así como el financiamiento para otras áreas del instituto con recursos para otorgar las pensiones que por ley correspondían a los trabajadores, lo que obliga a replantearse la viabilidad no sólo del seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte, sino del propio IMSS. Así, en 1992 se implementa el Sistema de Ahorro para el Retiro, como un seguro complementario al de IVCM. Dicho sistema operaba a través de cuentas individuales y en ellas el patrón depositaba el 2% del salario base de cotización del trabajador, el monto total que se acumulaba en dicha cuenta, sería entregado al trabajador en una sola exhibición. Mediante dicha reforma se buscaba financiar al seguro de IVCM, así como otorgar pensiones más justas y actualizadas a través de la rentabilidad que se obtuviera. Sin embargo, se pensó en una reforma estructural, que corrigiera de fondo la problemática que presentaba este seguro y por ende, el IMSS. De esta forma, se analizó la conveniencia de crear el seguro de invalidez y vida y el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el cuál, operaría a través de un sistema de cuentas individuales (Afores), donde se depositarían los recursos de manera tripartita correspondientes a dichos seguros, los cuáles, se invertirían en las Siefores, bajo estrictas condiciones de seguridad y rendimientos atractivos disponibles en el mercado. Así, el 12 de diciembre de 1995, el honorable Congreso de la Unión aprobó la Nueva Ley del Seguro Social y así, se le otorgó viabilidad financiera a la institución más querida por los mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, aunado a una esperanza para que los trabajadores afiliados a dicha institución, recibieran pensiones más dignas y justas. Para lograr tan elevados fines, en materia de seguridad social y ahorro, se le otorgó a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) la coordinación, regulación y supervisión de los sistemas para el retiro, organización que debe velar por los intereses de los trabajadores, salvaguardando sus derechos en materia de pensiones. Asimismo, la Consar debe velar porque los recursos de los trabajadores se inviertan adecuadamente, salvaguardando los preceptos que se establecieron en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996, retomó los principios básicos previstos en la nueva Ley del Seguro Social y desarrolló las bases para la creación y el funcionamiento de un sistema de pensiones más justo y sustentable dirigido a obtener un beneficio para el futuro de los trabajadores y de sus familias. Los logros y retos del sistema de capitalización individual La reforma al sistema de pensiones a través del cambio de un sistema de fondo de reparto a un sistema de capitalización individual se fundamenta en garantizar la viabilidad financiera del IMSS, así como en asegurar que los trabajadores y trabajadoras mexicanas al término de su vida laboral, cuenten con una pensión digna, que les permita satisfacer sus necesidades básicas en los años de su vida que más requieren atención. La reforma al sistema de pensiones estaba destinada a garantizar la viabilidad de generar un mayor ahorro interno, así como a coadyuvar en la creación de empleos. Así, dicha reforma ha representado un gran impulso para el desarrollo de los mercados financieros, ya que las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (Siefores), las cuales tienen por objeto exclusivo invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales que reciban en los términos de las leyes de seguridad social, han permitido inyectar recursos que permitan profundizar dicho mercado y financiar proyectos que han permitido la generación de más empleos. Cabe mencionar que los logros del sistema son por demás demostrativos: Al mes de septiembre del presente año, se han registrado a alguna de las 13 Afores del mercado, un total de 26.3 millones de trabajadores, de los cuales 22.8 millones están registrados con aportación. Se ha acumulado en el sistema de las administradoras, un total de 365.4 mil millones de pesos, de los cuales, 221.5 mil millones de pesos son de la subcuenta de retiro, cesantía y vejez y 1 mil 300 millones son aportaciones voluntarias, el resto pertenece a la subcuenta de vivienda.1 La cantidad en las cuentas individuales equivale a cerca del 7% del PIB. Los rendimientos del sistema de pensiones permitieron canalizar en el año 2000 más de 80 mil millones de pesos hacia los mercados financieros y el rendimiento real de las Siefores históricamente (es decir desde que inició el sistema) es de 8.88% Cifras al cierre de septiembre de 2001. Fuente: Consar. Sin embargo, a pesar de tales resultados por demás satisfactorios, quedan aún tareas pendientes en el sentido de la concentración de la cartera de las Siefores en instrumentos gubernamentales, así como su rendimiento, aunado a la necesidad de que las comisiones se reduzcan a efecto de que se logren mejores pensiones. El régimen de inversión de las Siefores En la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se dispone que el régimen de inversión deben sujetarse a las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, oyendo previamente la opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Comité Consultivo de Vigilancia. Asimismo, en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se establece que dicho régimen debe otorgar la mayor seguridad y la obtención de una adecuada rentabilidad de los recursos de los trabajadores, tendiendo a incrementar el ahorro interno y a el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones, según el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Por otro lado, en dicho precepto legal, se establece que las Siefores deben operar con valores y documentos a cargo del Gobierno Federal y aquellos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, fomentando: a) La actividad productividad nacional; b) La mayor generación de empleos; c) La construcción de vivienda; d) El desarrollo de infraestructura y e) El desarrollo regional. Así, la cartera de valores de las sociedades de inversión estará integrada por los siguientes instrumentos: a) Instrumentos emitidos o avalados por el Gobierno Federal; b) Instrumentos de Renta Variable; c) Instrumentos de deuda emitidos por empresas privadas; d) Títulos de deuda emitidos, aceptados o avalados por instituciones de banca múltiple o de banca de desarrollo; e) Títulos cuyas características específicas preserven su valor adquisitivo conforme al índice nacional de precios al consumidor y f) Acciones de otras sociedades de inversión, excepto sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Los valores referentes a los instrumentos de deuda emitidos por empresas privadas, títulos de deuda emitidos, aceptados o avalados por instituciones de banca múltiple o de banca de desarrollo y títulos que preservan su poder adquisitivo conforme al índice nacional de precios al consumidor. En el caso de los instrumentos de renta variable, sólo los pueden adquirir empresas de reconocida solidez, solvencia y bursatilidad de acuerdo a los criterios que expida el Comité de Análisis de Riesgo. Asimismo, el Comité de Análisis de Riesgos puede prohibir la adquisición de valores de renta variable, de deuda emitidos por empresas privadas, y aquellos de deuda emitidos, aceptados o avalados por instituciones de banca múltiple o de banca de desarrollo, aquellos que preserven su valor adquisitivo conforme al INPC y acciones de otras sociedades de inversión, excepto sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, cuando a juicio del Comité de Análisis de Riesgo representen riesgos excesivos para la cartera de las Siefores. Asimismo, en el artículo 43 del citado ordenamiento legal, se enuncia la posibilidad para que el Comité de Análisis de Riesgos pueda emitir reglas para recomponer la cartera de las sociedades de inversión, cuando ciertos valores dejen de cumplir con los requisitos establecidos. Además, se señala que el Comité de Análisis de Riesgos puedan emitir reglas para recomponer la cartera de las sociedades de inversión. Por otro lado, la Consar tiene la facultad para establecer límites a las inversiones cuando se concentren en un mismo ramo de la actividad económica, o se constituyan riesgos comunes para una sociedad de inversión. El Comité de Riesgos, que es el organismo que establece los criterios y lineamientos para la selección de los riesgos crediticios de los valores que integran la cartera de las Siefores, esta integrada por tres representantes de la Consar, dos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos del Banco de México, dos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y dos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Por otro lado, la junta de gobierno de la Consar, esta integrada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, el Presidente de la Consar, dos vicepresidentes y 11 vocales: Secretario de Trabajo y Previsión Social. Gobernador del Banco de México. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Director general del IMSS. Director general del INFONAVIT. Director general del ISSSTE. Presidente de la CNBV. Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Los tres vocales son designados por el secretario de Hacienda y Crédito Público debiendo ser dos representantes de organizaciones nacionales de trabajadores y uno de patrones. La junta de gobierno es la encargada de expedir las reglas de carácter general relativas al régimen de inversión al que se sujeten las Siefores, previa opinión del Comité Consultivo y de Vigilancia. En tal sentido, la Consar emitió la circular 15-1, misma que se publicó en el Diario Oficial el 30 de junio de 1997, en donde se establecen las "Reglas generales que establecen el régimen de inversión al que deberán de sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, cuya cartera se integre fundamentalmente por valores que preserven el valor adquisitivo de los ahorros de los trabajadores", misma que ha sido modificada a través de la circular 15-2 (29 de octubre de 1997), 15-3 (26 de abril de 2000), 15-4 (21 de agosto de 2000) y 15-5 (18 de octubre de 2001), a través de la cual, se abrogan las circulares 15-1, 15-2, 15-3 y 15-4. Cabe destacar de manera sintética, el contenido de las circulares 15-1, 15-2, 15-3 y 15- 4: En la circular 15-1 se establece que el régimen de inversión por tipo de valor, las Siefores deben mantener cuando menos el 51 % de su activo total en instrumentos y títulos, denominados en Udis. Asimismo, el 31 de septiembre de 1997 (circular 15- 2) se amplió a los títulos emitidos o avalados por el Gobierno Federal denominados en moneda nacional, siempre y cuando los instrumentos que devenguen sean cuando menos iguales a la variación de la unidad de inversión. Es de destacarse que en la circular 15-3, publicada en el Diario Oficial el 26 de abril de 2000, se estableció que en lo referente a títulos emitidos o avalados por el Gobierno Federal, los intereses debían garantizar un rendimiento igual o mayor a la variación de la unidad de inversión. En la circular 15-1 se establece que la inversión en instrumentos, títulos emitidos o avalados por el Gobierno Federal o en títulos emitidos por el Banco de México, pueden ser hasta el 100% del activo total de las Siefores. Aquellos denominados en moneda extranjera pueden ser hasta el 10%. Cabe destacar en la circular 15-3, se estableció que la inversión en depósitos bancarios de dinero a la vista denominados en moneda extranjera, pudieran ser de hasta 25 mil dólares de los Estados Unidos de América, más la cantidad necesaria para el pago de obligaciones exigibles. Por otro lado, en la circular 15-2 se estableció que la inversión en títulos emitidos por empresas privadas y emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito puede ser hasta el 35% del activo total de las Siefore. Dentro de este límite, la inversión en títulos emitidos, aceptados o avalados por instituciones de banca múltiple o emitidos o aceptados por entidades financieras puede ser en su conjunto hasta el 10%. Cabe destacar que a partir del 31 de diciembre de 1997 (circular 15-2) se añadió el que tratándose de depósitos bancarios de dinero a la vista en instituciones de crédito, la inversión pudiera ser por la cantidad de hasta 250 mil pesos, moneda nacional. Es de destacarse que en la circular 15-3 nuevamente se modificó dicha disposición, estableciéndose que la inversión en títulos emitidos por empresas privadas, en títulos denominados en Udis emitidos por entidades de la Administración Pública Federal, en títulos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista en las citadas instituciones pudiera ser hasta del 35%. En lo referente a los criterios de diversificación, en la circular 15-1 se estableció que la inversión en títulos emitidos, avalados o aceptados por un mismo emisor, puede ser hasta el 10% el activo total. Además, pueden invertir hasta el 15% de su activo total en títulos emitidos o aceptados por sociedades relacionadas entre si y la inversión en títulos pertenecientes a una misma emisión puede ser hasta el 10% de la emisión de que se trate (en la circular 15-3 se modificó al 20%), excepto cuando los emite una institución de crédito. Asimismo, en la circular 15-3 se estableció que para efectos de los límites de inversión por emisión, no se considerarían los títulos o instrumentos que se encontraran amortizados o pendientes de ser colocados Cabe mencionar que la diversificación no aplica a títulos o instrumentos emitidos o avalados por el Gobierno Federal o aquellos que emite el Banco de México. Por último, en la circular 15-1 se establece que las Siefore deben mantener cuando menos el 65% de su activo invertido en títulos o instrumentos cuyo plazo por vencer o la revisión de su interés no sea mayor a 183 días. En la circular 15-5, la cual, abroga las anteriores y ya entró en vigor, establece principalmente las siguientes reglas en materia de régimen de inversión al cual deben sujetarse las Siefore, señala en su artículo sexto los límites de inversión por tipo de emisor, el cual es el siguiente: 1. La inversión en instrumentos emitidos a avalados por el Gobierno Federal o en instrumentos emitidos por el Banco de México, podrá ser hasta del 100% del activo total de las sociedades de inversión básicas. (no incluye a los valores emitidos por instituciones de banca de desarrollo, salvo cuando éstos se avalen por el Gobierno Federal). 2. La inversión en instrumentos emitidos por empresas privadas, en instrumentos denominados en unidades de inversión emitidos por cualquier persona distinta al Gobierno Federal y al Banco de México, en instrumentos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, así como de depósitos bancarios de dinero a la vista en las citadas instituciones, podrá ser hasta del 35% del activo total de la Sociedad de Inversión Básicas. Dentro del límite a que se refiere esta fracción, la inversión en instrumentos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de banca múltiple, los depósitos a la vista constituidos en las referidas instituciones y. la inversión en instrumentos emitidos o aceptados por entidades financieras podrán ser, en su conjunto, hasta del 10% del activo total de las sociedades de inversión básicas. 3. La inversión en certificados de participación se calcularán dentro del límite a que se refiere el primer párrafo de la presente fracción; cuando los derechos o activos afectados en fideicomiso sean aportados por instituciones de banca múltiple o entidades financieras computarán dentro del límite del 10%. Asimismo, tratándose de depósitos bancarios de dinero a la vista de instituciones de crédito, la inversión podrá ser hasta por la cantidad de 250 mil pesos en moneda nacional. 4. La inversión en instrumentos denominados en dólares de los Estados Unidos de América, euros de la Unión Europea y yenes de Japón, podrá ser conjuntamente hasta del 10% del activo total de la Sociedad de Inversión Básica, siempre y cuando se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores. Cabe mencionar que dicha inversión podrá ser hasta por una cantidad equivalente a 25 mil dólares de los Estados Unidos de América, más la cantidad necesaria para el pago de obligaciones exigibles y se considerarán para el cálculo del límite a que se refiere el párrafo anterior, así como en su caso, al límite del 10%. En lo referente a la diversificación de las sociedades de inversión que se establece en la multicitada circular, es importante destacar lo siguiente:  La inversión en instrumentos emitidos, avalados o aceptados por un mismo emisor, podrá de ser hasta del 10% del activo total de las sociedades de inversión. (no se aplica a los emitidos o avalados por el Gobierno Federal o emitidos por el Banco de México).  Las sociedades de inversión podrán invertir hasta un 5% de su activo total, o bien hasta 10% previa autorización de la comisión, en instrumentos emitidos por empresas privadas, o emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, con quienes la Afore tenga nexos patrimoniales;  Las Siefore podrán invertir hasta 15% de su activo total en instrumentos emitidos, avalados o aceptados por sociedades relacionadas entre sí y  La inversión en instrumentos pertenecientes a una misma emisión, podrá ser hasta del 20% del total del valor de la emisión de que se trate, excepto cuando se trate de instrumentos emitidos, avalados o aceptados por una institución de crédito, no incluyendo de entre estos últimos a los certificados de participación.  La ampliación de la inversión en capital privado; perspectivas A más de cuatro años que entró en vigor la Nueva Ley del Seguro Social y por ende, el sistema de pensiones bajo capitalización individual, la regla del "Inversionista prudente" bajo el cual se han administrado las cuentas individuales de los trabajadores, es decir, su ahorro para el retiro, no ha tenido los resultados esperados para el desarrollo económico en la letra y espíritu del artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Si comparamos el rendimiento que se obtiene por la inversión de los recursos en las cuentas para el retiro en otros países del mundo en donde se opera bajo un sistema de capitalización individual, México ha quedado rezagado. Es necesario flexibilizar el régimen de inversión de forma tal que la cartera de inversión sea actualizada de forma tal que se de cabal cumplimiento a la legislación en el sentido no sólo de otorgar seguridad y obtención de una adecuada rentabilidad a los recursos de los trabajadores, sino de incrementar el ahorro interno y el desarrollo del mercado de instrumentos de largo plazo. Si bien el Gobierno Federal es el emisor con mayor capacidad de pago, los recursos depositados en las cuentas individuales no pueden seguir financiando la deuda del Gobierno Federal y más aún, los fondos de pensiones no deben servir sólo para el rescate de la banca asumida por el IPAB. Debe de impulsarse que los recursos de los trabajadores, sin menoscabo a la prudencia y seguridad con que deben ser invertidos, se destinen a proyectos que permitan el incremento de la productividad nacional y la generación de empleos. Actualmente, es decir al cierre de septiembre del presente año, el 89.7% de la cartera total de las Siefore básicas está invertida en instrumentos gubernamentales; el 5.4% en valores privados; 2.7% en valores bancarios y el restante en reparto. Aunado a la concentración de la cartera de las Siefore en instrumentos gubernamentales, en lo que compete a su inversión en valores privados, ésta se concentra sólo en unas cuantas empresas, las cuales, son las únicas que tienen una calificación aceptable. Cabe mencionar que sólo seis concentran más del 77.5% entre las que destacan Televisa, Ford, Cemex, AMX y Cuervo y PAN-MEX. Los instrumentos privados ascienden a más de 12 mil 279 millones de pesos, cifra que aunado a la distribución en instrumentos como la que hemos señalado, impide dar cumplimiento a los preceptos señalados en la ley señalada; la actividad productividad nacional no está sólo en seis empresas; la mayor generación de empleos no es posible a través del financiamiento de la deuda del Gobierno Federal y mucho menos la generación de empleos se presenta cuando se financia el IPAB; el desarrollo de infraestructura, la construcción de vivienda y el desarrollo regional no son posibles con el régimen de inversión de los recursos provenientes, de las cuentas individuales de los trabajadores. Además, los instrumentos gubernamentales en los que se encuentran invertidos más de 204 mil 797 millones de pesos, en Bondes 91 se encuentra el 33.5% y en Bondes 182, el 30% del total del valor de la cartera, por lo que es de preveerse que el fomento al empleo y a la productividad nacional no se puede presentar con instrumentos que vencen en un plazo de alrededor de seis meses, alterando contra el espíritu del artículo 43 y también en contra de la rentabilidad del sistema poniendo en riesgo incluso a que se tengan que otorgar pensiones mínimas garantizadas por el Gobierno Federal en un mediano plazo. Por lo tanto, es necesario establecer en la ley, y no en disposiciones generales, los criterios generales que deberán de aplicarse en lo referente a los topes máximos y mínimos de la composición de la cartera de las Siefore, aunado a que es necesario poner topes a la compra de valores gubernamentales a efecto de que los recursos de los trabajadores cumplan los fines previstos en el artículo 43 y se logre una mejor rentabilidad de los mismos. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: PROYECTO DE DECRETO Que reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue: Artículo único. Se reforma el artículo 43 y se adiciona un artículo 43 bis a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para quedar como sigue: Artículo 43. . . a) al e) . . . Artículo 43-bis. El régimen de inversión se sujetará a lo dispuesto en las reglas de carácter general que expida la comisión, oyendo previamente la opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Comité Consultivo y de Vigilancia, así como a lo siguiente. 1. El 100% de su activo total deberá estar representado por efectivo y valores; y II. La cartera de valores de las sociedades de inversión estará integrada por los siguientes, instrumentos y se sujetará a los topes que se establecen a continuación: a) Instrumentos emitidos o avalados por el Gobierno Federal, así como los emitidos por el Banco de México, con un tope máximo de 50% del total de la cartera. b) Instrumentos de Renta Variable, hasta un 10%; los cuales sólo podrán ser adquiridos por las sociedades de inversión, aquellos emitidos por empresas de reconocida solidez, solvencia y bursatilidad de acuerdo a los criterios que al efecto expida el Comité de Análisis de Riesgos. c) Instrumentos de deuda emitidos por empresas. privadas, los cuales deberán de estar calificados por dos empresas calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; con un tope mínimo de 50%; d) Títulos de deuda emitidos, aceptados o avalados por instituciones de banca múltiple o de banca de desarrollo; con un tope máximo de 20% y un tope mínimo de 10%, los cuales deberán estar calificados por una empresa calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; e) Títulos cuyas características específicas preserven su valor adquisitivo conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor; con un tope mínimo de 5% hasta en un 10%, y acciones de otras sociedades de inversión, excepto sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Con un tope mínimo de 5% hasta un tope máximo de 10%. PRESIDENTA: Con todo gusto señor diputado. Considérenlo así los secretarios. Compañeras y compañeros diputados: En 1943 la sociedad mexicana y el Estado Mexicano, crearon una institución fundamental de la seguridad social, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir de esa fecha y hasta 1995 con la nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los fondos de pensiones estuvieron ubicados con una filosofía y un principio de reparto que fue modificado justamente con la reforma de 1995. Es a partir de todo este desarrollo de 1943, con la creación de este Instituto y sobre todo con la generación de una gran infraestructura en la parte del seguro médico, que los fondos de pensiones también fueron llevados para este noble fin. Sin embargo, los resultados financieros, los estudios actuariales a partir de 1995, se ha modificado drásticamente el sistema de ahorro para quedar en un sistema de capitalización con cuentas individualizadas. Esta nueva Ley del Seguro Social, se vio complementada con una ley sobre los nuevos sistemas de ahorro para el retiro, que venía a complementar la de 1992, lo que todos conocemos como el SAR del 92. A partir de esto, podemos decir que varios han sido los beneficios que este sistema ha traído para el país y para la institución del Instituto Mexicano del Seguro Social: Primero, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con eso se le dio viabilidad financiera. Segundo, se busca que las pensiones de los trabajadores tengan la más alta rentabilidad a la hora del retiro y tercero, se buscaba que con estos fondos se incrementase el ahorro interno y con ello, tal y como lo establece el actual artículo 43, se incrementara el empleo a través del desarrollo regional, del desarrollo de infraestructura, a través del desarrollo económico y de la generación también de vivienda. ¿Cuáles han sido los logros y cuáles son los retos que tiene aún ahora, el Sistema de Ahorro para el Retiro? Dentro de los logros les puedo mencionar lo siguiente: Al mes de septiembre del presente año, se han registrado en algunas de las 13 afores del mercado, un total de 26.3 millones de trabajadores, de los cuales 22.8 millones están registrados con aportaciones a estas cuentas individualizadas. Segundo, se ha acumulado en el sistema de las administradoras un total de 365 mil millones de pesos, de los cuales 221 mil millones son de la subcuenta de retiro, de cesantía y vejez y 1300 millones son de aportaciones voluntarias y el resto pertenece a la subcuenta de vivienda. Tercero, la cantidad de las cuentas individuales equivale a cerca del 7% del Producto Interno Bruto de nuestro país y cuarto, los rendimientos que ha tenido este sistema son los rendimientos más altos que cualquier instrumento en el mercado haya tenido en promedio de 8.8, a partir de su entrada en vigencia en 1997. Sin embargo, pese a tener estos resultados positivos la esencia fundamental del artículo 43 y de la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro y a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se ha cumplido y veremos algunos elementos de ello. Los valores en los cuales están invertidos, están tal y como lo establece actualmente la legislación, no solamente el Sistema de Ahorro para el Retiro, sino también sobre la tipificación de los mismos valores y las oportunidades de mercado que se encuentran en ellos. Sin embargo, la institución responsable de la vigilancia y la supervisión como fue la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por ley ha tenido atribuciones que me parece que han ido más allá del espíritu de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro y específicamente en lo referente a la cartera en el artículo 43. A través de diferentes circulares ha estado modificando de manera permanente los topes máximos y mínimos sobre la cartera. En relación con la legislación internacional, esto esta señalado estrictamente y de manera expresa en la ley, por lo cual nosotros nos permitimos presentar esta iniciativa. Es importante señalar que todavía hace unas semanas se modificó una circular que viene justamente a presentar lo que hoy nosotros estaríamos presentando a nivel de ley y no a nivel de la parte reglamentaria. Por eso, a más de 4 años que entró en vigor la nueva Ley del Seguro Social y por ende del Sistema de Pensiones bajo capitalización individual, la regla del inversionista prudente, bajo el cual se han administrado las cuentas individuales de los trabajadores, es decir, su ahorro para el retiro, no ha tenido los resultados esperados para el desarrollo económico en la letra y el espíritu del artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Si comparamos el rendimiento que se obtiene por la inversión de los recursos en las cuentas para el retiro de otros países del mundo, en donde se opera bajo un sistema de capitalización individual, México ha quedado ya rezagado. Es necesario, pues, flexibilizar el régimen de inversión de forma tal que la cartera de inversión sea actualizada para que se dé cabal cumplimiento a la legislación en el sentido no sólo de otorgar seguridad y obtención de una adecuada rentabilidad de los recursos de los trabajadores, sino de incrementar el ahorro interno y el desarrollo del mercado de los instrumentos de largo plazo. Si bien el gobierno federal es el emisor con mayor capacidad de pago, los recursos depositados en las cuentas individuales no pueden seguir financiando la deuda del gobierno federal y más aún, los fondos de pensiones no deben de servir sólo para el rescate de la banca asumida por el Ipab. Debe de impulsarse que los recursos de los trabajadores, sin menoscabo a la prudencia y seguridad con que deben ser invertidos, se destinen a proyectos que permitan el incremento de la productividad nacional y a la generación de empleos. Actualmente, es decir, al cierre de septiembre del presente año, según cuenta números de la Consar, el 89.7% de la cartera total de las Siefores básicas está invertido en instrumentos gubernamentales, el 5.4 en valores privados y el 2.7 en valores bancarios. Aunado a la concentración de la cartera en las Siefores en instrumentos gubernamentales en lo que compete a su inversión en valores privados, es decir, los 2.7% del total de estos recursos, ésta se concentra sólo en unas cuantas empresas, las cuales son las únicas que tienen una calificación aceptable, y cabe mencionar sólo 6 empresas de éstas concentran el 77.5%, entre las que destacan Televisa, Ford, Cemex, AMX, Cuervo y Panmex. Los instrumentos privados ascienden a más de 12 mil 279 millones de pesos, cifra que, aunado a la distribución de instrumentos como los que hemos señalado impide dar cabal cumplimiento a los preceptos señalados en el artículo 43 de la señalada ley. La actividad productiva nacional no está sólo no seis empresas. La mayor generación de empleos no es posible a través de financiamiento de la deuda del gobierno federal y mucho menos la generación de empleos se presenta cuando se financia al Ipab. El desarrollo de infraestructura, la construcción de vivienda y el desarrollo regional no son posibles con el régimen de inversión de los recursos provenientes de las cuentas individuales de los trabajadores en el actual sistema. Además, los instrumentos gubernamentales en los que se encuentran invertidos más de 204 mil 797 millones de pesos están en Bondes 91 y se encuentra el 33.5% y en Bondes 182 el 30% del total del valor de la cartera, por lo que es de preverse que el fomento al empleo y a la productividad nacional no se puede presentar con instrumentos que vencen en un plazo de 6 meses, alterando contra el espíritu del artículo 43 y también en contra de la rentabilidad del sistema, poniendo en riesgo incluso que se tengan que otorgar pensiones mínimas garantizadas por el gobierno federal en un mediano plazo. De eso no se buscaba la reforma de 1995 y quienes éramos legisladores en 1996 no aprobamos justamente estas iniciativas, para tener a final de justamente estas iniciativas para tener a final de cuentas, al final del día, pensiones mínimas. Lo que buscábamos era justamente otorgar pensiones más dignas y más justas a los trabajadores mexicanos. Por lo tanto es necesario establecer en la Ley y no en disposiciones generales, como actualmente se hace, los criterios generales que deberán de aplicarse en lo referente a los topes máximos y mínimos de la composición de la cartera de las SIEFORES, aunado a que es necesario poner topes a las compras de valores gubernamentales a efecto de que los recursos de los trabajadores cumplan los fines previstos en el Artículo 43 y se logre una mejor rentabilidad en los mismos. Por todo ello, compañeras y compañeros, es que me permito poner a su consideración el siguiente Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue: Artículo Único: Se reforma el Artículo 43 y se adiciona un Artículo 43 bis a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para quedar como sigue: Artículo 43 inciso a) " A a la E queda exactamente igual. El primer párrafo queda tal cual, del Artículo 43 y se suprime lo restante del Artículo 43". Artículo 43 bis: "El régimen de inversión se sujetará a lo dispuesto en las reglas de carácter general que expida la Comisión, oyendo previamente la opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del Comité Consultivo y de Vigilancia, así como a lo siguiente: Uno. "El 100 % de su activo total deberá estar representado por efectivo y por valores. Dos. "La cartera de valores de las sociedades de inversión estará integrada por los siguientes instrumentos y se sujetará a los topes que se establecen a continuación: "Instrumentos emitidos o avalados por el Gobierno Federal, así como los emitidos por el Banco de México con un tope máximo de 50 % del total de la cartera. "Instrumentos de renta variable, hasta un 10 %, los cuales sólo podrán ser adquiridos por las sociedades de inversión, aquellos emitidos por empresas de reconocida solidez, solvencia y bursatilidad, de acuerdo a los criterios que al efecto expida el Comité de Análisis de Riesgos. "Instrumentos de deuda emitidos por empresas privadas, los cuales deberán de estar calificados por dos empresas calificadoras de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por un tope mínimo del 50 %. "Títulos de deuda emitidos, aceptados o avalados por instituciones de banca múltiple o de banca de desarrollo con un tope máximo de 20 % y un tope mínimo de 10 %, los cuales deberán estar calificados por una empresa calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. "Títulos cuyas características específicas preserven su valor adquisitivo conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor con un tope mínimo del 5 % hasta en un 10 %. "Acciones de otras sociedades de inversión excepto sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro con un tope mínimo de 5 % hasta un tope máximo del 10 %." Sin prejuicio de lo anterior y de lo dispuesto en el Artículo 43, el Comité de Análisis de Riesgos podrá prohibir la adquisición de valores de los referidos en los incisos b), c), d), e) y f) cuando a su juicio representen riesgos excesivos para la cartera de las sociedades de inversión. Asimismo el Comité de Análisis de Riesgos podrá emitir reglas para recomponer la cartera de las sociedades de inversión cuando ciertos tipos de valores que las integran, dejen de cumplir con los requisitos establecidos. El propio Comité fijará el plazo en que las sociedades de inversión deben recomponer su cartera de valores. La Comisión será la encargada de ejecutar los Acuerdos del Comité de Análisis de Riesgos sobre la prohibición para adquirir ciertos valores y la recomposición de cartera a que se refiere este párrafo. La Comisión queda facultada para establecer límites sin prejuicio a lo dispuesto anteriormente, cuando se concentren en un mismo ramo de la actividad económica o se constituyan como riesgos comunes para una sociedad de inversión. Artículo Transitorio: El presente Decreto entrará en vigor al año, a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.