La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias, presidenta. La actual administración federal, como ustedes saben, ha establecido la austeridad republicana como uno de los objetivos primordiales a fin de hacer una redistribución del gasto público que priorice otros rubros del gasto social y el gasto de infraestructura. Parte de esta política presupuestal es la reducción de los salarios y prestaciones de los servidores públicos que reciben mayores ingresos, aplicando los principios constitucionales previstos en el artículo 127 y en su ley reglamentaria. En ese sentido, las medidas de austeridad contemplan una reestructuración que afectaría a trabajadores de confianza, eventuales y prestadores de servicios profesionales. No podemos oponernos a una política que racionaliza recursos públicos y busca dirigirse a programas cuyos propósitos son de largo alcance a favor de grupos cuyas necesidades son de una gran magnitud. Sin embargo, al instrumentar estos movimientos de personal se afectaron derechos laborales y humanos previstos en la Constitución, sus leyes reglamentarias, en los convenios y tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como contratos colectivos de trabajo, condiciones generales de trabajo y contratos individuales. En la segunda quincena de diciembre pasado se conocieron testimonios de trabajadores del Sistema de Administración Tributaria en entidades federativas que fueron sujetos a coacción e incluso a privación de su libertad, para que firmaran renuncias a derechos adquiridos. A la fecha el SAT no ha informado públicamente a cuántos trabajadores se les cesó, las causas y si se les cubrieron derechos adquiridos e indemnizaciones por tal situación. A inicios del año a servidores públicos de la Presidencia de la República pertenecientes a diversas áreas no se les han asignado funciones, por lo que desconocen cuál será su destino o si esto se va a usar como un pretexto para darlos de baja, como ha ocurrido ya en algunos casos injustificadamente. El pasado viernes 4 de enero el director del ISSSTE anunció el cese de 3 mil trabajadores como parte del plan de austeridad del gobierno. Dijo que era personal temporal y que algunos de los despedidos no iban a trabajar. Ha habido testimonios similares en las Secretarías de Gobernación, Agricultura y Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, Turismo, Trabajo y Previsión Social, Energía, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lo mismo sabemos que ocurre en el INBA, Conagua, Conducef, en la CRE, Nafin, Bancomext y la Fepade. El presidente de la República ofreció que en el caso en que se haya cometido una injusticia se va a reparar, sin embargo, se carece de una información pública y exhaustiva que justifique estos ceses y solo se ha recurrido a vaguedades que no reflejan la compleja realidad laboral del sector público, en el cual diversas formas de contratación llevan a verdaderas simulaciones que hacen poco creíble pensar en que de un día a otro los ceses masivos son exclusivamente de personas que no trabajan, que son aviadores o que tenían altos salarios. Quienes realizan un trabajo remunerado, con independencia de la denominación que tengan sus contratos, son sujetos de derechos humanos laborales irrenunciables, que no pueden ser conculcados por un acto administrativo. Por esta razón al Grupo Parlamentario del PRD nos parece fundamental lo siguiente: uno, que prevalezca el respeto a los derechos humanos laborales. Dos, que por un principio de transparencia y rendición de cuentas se haga del conocimiento general el proceso de reestructuración del servicio público. Tres, que el gobierno atienda las quejas y demandas de quienes se han visto afectados. Por esos motivos es que proponemos a esta Comisión Permanente, lo siguiente, y con esto estaré concluyendo, presidenta. Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a respetar los derechos humanos y laborales de servidores públicos de diversos organismos y dependencias de la administración pública federal, sobre los cuales se han instrumentado ceses injustificados, acciones de presión e intimidación. Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a que suspenda cualquier acción que implique vulnerar la integridad y dignidad de cualquier trabajador al servicio del Estado, sea cual sea el régimen laboral porque se rija. Tercero. Asimismo, solicitamos que se informe a esta Comisión Permanente, las razones por las cuales han operado estos ceses y presuntas violaciones a los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores que han sido afectados en esta administración. Cuarto. Exhortamos al gobierno federal a que un marco de respeto y de diálogo social con estricto apego a los derechos laborales humanos previstos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias, los convenios y tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como los contratos colectivos de trabajo, condiciones generales de trabajo y contratos individuales, atienda las demandas de los trabajadores que hasta la fecha han sufrido ceses y acciones de presión o intimidación. Es cuanto, presidenta. La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias, diputada. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo. La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Rogelio Rayo Martínez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y Congresos locales a establecer acciones en favor de la protección de los animales, suscrito por el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México.