EL C. DIP. HELIODORO DIAZ ESCARRAGA: Con su permiso señor Presidente. El suscrito, diputado de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. En 1995, fue adicionado el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la concurrencia de la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios en materia de seguridad pública y para coordinar a estos órdenes de Gobierno en un sistema nacional de seguridad pública. Tales funciones se regulan a detalle por la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El artículo 3 de ése cuerpo normativo, define a la seguridad pública como la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y determina que las autoridades alcanzarán dichos fines mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor. Sobre esa base, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determina anualmente desarrollar proyectos comprendidos en ejes, estrategias y acciones para cuya ejecución canaliza y distribuye recursos presupuestales a fideicomisos creados ex profeso por cada entidad federativa y el Distrito Federal. No obstante, el último de los numerales citados, es decir el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal limita la adecuada canalización del fondo a las actividades sustantivas de la seguridad pública en sus respectivos ámbitos territoriales, temporales y materiales de aplicación y en cierta forma hace nugatorios los propósitos de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública antes sintetizados ya que taxativamente indica el destino de las aportaciones federales relativas. Esta es la opinión unánime de los comités técnicos de los fideicomisos estatales de seguridad pública responsables de determinar la distribución de los recursos indicados, conforme a las necesidades de cada entidad federativa, de los consejos estatales de Seguridad Pública y de los fideicomisarios correspondientes. Así nos lo hicieron sentir en la última reunión que tuvimos con los miembros de la Comisión de Seguridad Pública y los servidores públicos mencionados. Ello, toda vez que la disposición legal en comento etiqueta injustificadamente el destino de los recursos aportados a los respectivos fondos, constriñéndolos a los ejes expresamente indicados en detrimento de otros muchos programas necesarios para la atención de los fines indicados por la multicitada Ley General, que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si a eso aunamos la disminución constante de los presupuestos asignados a la Coordinación de la Seguridad Pública en los últimos años, las conclusiones son desalentadoras, pocos recursos para el ámbito de aplicación reducido y ya muy explorado. Consecuentemente, los fideicomisos estatales no pueden distribuir recursos hacia donde realmente se requieren, por ejemplo: para gasto de operación de reclusorios, para equipar, homologar y asignar dotaciones complementarias a los elementos de las policías preventivas municipales o para apoyar eventualmente con gasto de capital a los cuerpos de bomberos. Esto ha provocado que en varios estados, reclusorios recientemente construidos con altas inversiones de recursos de infraestructura de seguridad pública, estén convertidos en "elefantes blancos", puesto que al no existir los medios para ponerlos en actividad como serían salarios de custodios, administrativos y técnicos o el pago de suministros diversos, permanezcan desocupados y alejados de los fines intrínsecos para los cuales fueron construidos. Asimismo, esta situación ha impedido se apoye a las policías preventivas municipales y que, por tanto, carezcan de armamento indispensable para enfrentar a la delincuencia y para desarrollar a sus elementos y prevenir su deserción. La redacción actual del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal es ajena a la realidad que debiera regular y propicia la ausencia de la coordinación ordenada por nuestra Constitución y su Ley Reglamentaria, coordinación que por ese freno normativo no se concreta en recursos presupuestales destinados a fines útiles. En este sentido y para evitar que dicha situación se haga crónica en perjuicio de la sociedad destinataria formal y material de la seguridad pública, se hace necesario romper los candados que la actual redacción del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal ha colocado al destino de los recursos derivados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. Por lo anteriormente expuesto, formulo la siguiente iniciativa: Artículo primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue: "Artículo 45: Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades, se destinarán al reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública, a complementar las dotaciones de agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o sus equivalentes, de las Procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal; policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las Policías Judiciales o de sus equivalentes, de los peritos de los Ministerios Públicos y de las policías preventivas o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la Red Nacional de Telecomunicaciones e Informática para la Seguridad Pública y el Servicio Telefónico Nacional de Emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia de los Centros de Readaptación Social y de Menores Infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de Seguridad Pública y sus centros de Capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados y subrayo- y a las demás acciones que en relación con lo preceptuado por el artículo 3° de la Ley General, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se determinen en los programas estatales de la materia o por los Consejos Estatales de Seguridad Pública. Transitorios Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.