EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: El día 14 de noviembre del año pasado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recomendó nuevamente al gobierno de nuestro país, que se liberara de forma inmediata al General José Francisco Gallardo. No fue la única llamada de atención para México, otras más le precedieron y es que en 1996 la Comisión Interamericana emitió el Informe 43/96 donde estableció que a través de la detención y sometimiento del General José Francisco Gallardo, a las 16 investigaciones y 8 causas penales de manera continuada y sin propósito razonable, lógico y justificable, el Estado Mexicano ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra, dignidad y protección judicial del mencionado General Brigadier Francisco Gallardo Rodríguez, recluido en el Penal de Neza-Bordo y pugnando una condena de 28 años y 8 meses de prisión. Sentenciado por el Consejo de Guerra, José Francisco Gallardo se convirtió en el único preso político o de conciencia que recordó a nuestro país que las ignominias y complicidades de un sistema político no se callan ni se ocultan con detenciones arbitrarias, con violaciones flagrantes a los derechos humanos, con incumplimientos reiterados ante la evidencia de la injusticia. Debemos decir que en el Informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sólo se recomendó la libertad inmediata del General, sino también que se investigue y se sancione a los responsables de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento Además que se le pague una indemnización como reparación a las violaciones de las cuales ha sido víctima. Determinaciones que respaldamos y exigimos su inmediato cumplimiento. La liberación del General Gallardo es la prueba contundente de que las autoridades mexicanas actúan ineficazmente y que aún cuando nuestro sistema judicial imparte una justicia a discreción, que lo mismo condena sin elementos que justifica y encumbra la impunidad, existe la responsabilidad internacional para los Estados. Terminó para el General Gallardo el sueño perverso de ocho años de prisión, pero encuentra un país no muy distinto del que dejó, un Estado de derecho donde este, el derecho, es un elemento de justificación. Ante ello las Cortes de Justicia Internacional surgen como la posibilidad de una ineficaz impartición de justicia, pero quedan algunas cuestiones que debemos considerar. El proceso que se lleva a cabo ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos debe pasar en primera instancia por la Comisión Interamericana y a través de ella turnar el caso a la Corte. El asunto del General llegó únicamente hasta la Comisión Interamericana y de haber sido sometido a la jurisdicción de la Corte hubiése sido el primer asunto en el que México sería el país demandado, ya que acepto su competencia en 1998. La función de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abre la posibilidad de recurrir en instancias supranacionales los asuntos de un país. Por ello nos encontramos ante la necesidad de fortalecer sus determinaciones y dotarlas de fuerza vinculatoria. Debemos sentar las bases legislativas que permitan el acoplamiento del sistema judicial mexicano y la participación de una justicia internacional, porque aún con la evidencia de una violación grave a los derechos del individuo existe la posibilidad de que los sistemas jurídicos entren en colición al ser contradictorios. Por ejemplo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la jerarquía legislativa la Constitución Política, según lo dispone el artículo 133, está dotada de supremacía y primacía y se encuentra por encima de cualquier ordenamiento legislativo, aún cuando por jurisprudencia interpretativa de la Suprema Corte se ubica a los tratados internacionales por encima de las leyes federales. En tal caso, de qué forma se justificaría legalmente la revocación o modificación de una sentencia que de acuerdo a nuestra normatividad nacional adquiere el rango de cosa juzgada o más aún: ¿cómo justificar que una ley ha sido declarada nula como en Perú, con la determinación que dictara la Corte Interamericana en el asunto denominado La Ultima Tentación de Cristo? Sabemos que la aplicación del derecho de gentes los Estados firmantes de los tratados se obligan a adecuar su marco normativo, para hacerlo compatible con las determinaciones a las que se han sujetado. Sin embargo, en nuestra legislación no figura aún la competencia de las Cortes de Justicia Internacional como parte del sistema jurídico mexicano. No se trata de suplantación de funciones, sino que al contrario de una complementación en impartición de justicia imparcial y objetiva. Por otra parte, debemos reconocer que las Cortes de Justicia van dejando de ser organismos protocolarios y poco creíbles, se van replanteando la necesidad de dirimir las controversias internacionales de una forma lícita y pacífica, cimentando una cultura de legalidad internacional y descartando la posibilidad de recurrir a los medios bélicos. Varios puntos quedan pendientes en el funcionamiento de la Corte Interamericana que seguramente se irán perfeccionando. La necesidad de contar con un organismo que prevea el cumplimiento y la ejecución de resoluciones, el fortalecimiento estructural, la simplificación procesal que permita una impartición de justicia que no separe abismalmente la comisión de la infracción y la sentencia que ordena una reparación; pero sobre todo la posibilidad de que no se deje a la discreción de los Estados la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana. Que es inadmisible que Canadá y Estados Unidos sean los únicos países en América que no se sometan a la jurisdicción de la Corte y resulta un gran número de violaciones a los derechos humanos en sus territorios. Para nuestro país la historia no termina con la demandada liberación del General Gallardo, siguen los casos del ejido Morelia, de la ejecución y tortura de tres personas en Altamirano, Chiapas; de la desaparición del Teniente Miguel Orlando Muñoz; de la matanza de Aguas Blancas; de la detención ilegal y tortura de Reyes Penagos y Julieta Flores y Enrique Flores, así como el asesinato de Digna Ochoa. "¿Cuántos más se sumarán a la lista? ¿Hasta dónde la ineficacia del gobierno mexicano seguirá sumando víctimas? ¿Hasta cuándo esperaremos que las presiones internacionales sean las que descubran la cloaca de nuestro sistema político? "Compañeras y compañeros Legisladores: En el mundo se han dado de manera sistemática e ininterrumpida múltiples violaciones a los derechos humanos. En nuestro continente tan sólo recordaremos las realizadas por las dictaduras militares del Cono Sur; Chile, Argentina, Guatemala, entre otros países, son muestra palpable de ello. "México no es tampoco la excepción. En días recientes un diario de circulación nacional, El Universal, a través de la publicación de una serie de fotografías, nos ha confirmado lo que nos mexicanos sabíamos: el 2 de octubre de 1968 se cometió un crimen de Estado en perjuicio de quienes asistieron a la realización e un mitin en la plaza de Tlatelolco. Este crimen de lesa humanidad no puede permanecer impune, el salvajismo de Estado de esta fecha no debe permanecer en el olvido. Los autores intelectuales y materiales deben ser sujetos a proceso para determinar su responsabilidad. "Los mexicanos no debemos esperar a que los tribunales internacionales sujeten a procesos a los criminales de octubre de 1968 y junio de 1971, sino que aquí se les debe juzgar. "Por eso, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Honorable Comisión Permanente, el siguiente "PUNTO DE ACUERDO "Artículo Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al ciudadano Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que dicte las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento a la recomendación emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso del General José Francisco Gallardo, consistentes en el pago de los haberes caídos, el reconocimiento de su grado militar y protección para él y su familia". Es cuanto. -PRESIDENTE, DIP. JOSE GUILLERMO ANAYA LLAMAS: Gracias diputado Juan Carlos Regis Adame. Ha solicitado el uso de la palabra para hablar del mismo tema, el diputado Alfredo Ochoa Toledo, por lo cual se le concede hasta por cinco minutos. -DIP. ALFREDO OCHOA TOLEDO (Desde la curul): ...(no se escucha su intervención, habló sin micrófono, pero protesta porque únicamente se le dan cinco minutos para hablar). -PRESIDENTE: Diputado Alfredo Ochoa, permítame. El tema no es en agenda política sino es una proposición con Punto de Acuerdo en el cual no fue registrada su participación hasta en este momento, por lo cual se considera para hechos hasta por cinco minutos. -DIP. ALFREDO OCHOA TOLEDO: En atención a ello, con su permiso señor Presidente. Compañeras; compañeros Legisladores: Quisiera ser puntual para decir que los tribunales militares que juzgaron a José Francisco Gallardo Rodríguez, lo encontraron culpable de los delitos materia de los juicios en 1998. Desde entonces tenía derecho a recurrir en amparo directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la única autoridad judicial que puede determinarlo inocente o ratificar su culpabilidad. Este recurso ordinario de nuestro sistema judicial lo desdeñó sistemáticamente, prefirió de acuerdo con la ley de la Malinche, ventilar su caso ante organismos internacionales, en el caso particular ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta institución emitió la recomendación 4396, que entre otras cosas pide, qué digo pide, ordena la liberación de Gallardo Rodríguez. El Gobierno Mexicano siempre señaló que las afirmaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eran inadmisibles jurídicamente, ya que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 13º y 21º Constitucionales y 11º, 37º , 76º y 435º del Código de Justicia Militar, la determinación de libertad sólo puede emitirse por los Tribunales Mexicanos quienes tienen la facultad exclusiva de declarar la inocencia o culpabilidad de una persona y decretar en consecuencia la imposición de una pena o su libertad y en cambio, ninguna norma de Derecho Nacional e Internacional dispone que un órgano no jurisdiccional esté facultado para ordenar la libertad de un procesado fuera del procedimiento judicial. Su liberación reciente por Decreto Presidencial, apegado a Derecho, se dio por un proceso de reducción de pena la cual se fijó en ocho años negociada en ambas partes, que permitió darlo por compurgado pero que ratifica su culpabilidad en los delitos por los que fue acusado. En consecuencia, las partes recurrentes a la pena como son la destitución de empleo, son parte de la misma sentencia igual que la inhabilitación para servir en el Ejército por un tiempo determinado, en este caso particular marcado en diez años Por lo que respecta a que se dice que es un perseguido, que se abusa en él se le limita la libertad de pensamiento, se limita su libertad de expresión, yo quisiera señor Presidente, que de un elemento administrativo, un Secretario, diera lectura exactamente a la opinión de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. -EL C. PRESIDENTE. La tiene usted. -