La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Compañeras y compañeros legisladores, voy a empezar dando el sentido del voto de nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que es que votaremos en favor de los dictámenes que rechazan las Cuentas Públicas, tanto 2015 como 2017, debido a los múltiples señalamientos que hace la Auditoría Superior de la Federación. Al revisar los resultados de ambas cuentas, dicho organismo advierte de irregularidades durante la administración pasada, como el desvío de recursos, incumplimiento de metas y objetivos de los programas públicos, así como sobrecostos de obras y gasto no ejercido, solo por mencionar algunos. Por ejemplo, nuevamente se identificaron operaciones fraudulentas al amparo del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Es decir, el esquema de la estafa maestra, en el que se triangulan recursos entre dependencias federales e instituciones educativas como supuestos proveedores de servicios. Otra deficiencia grave se presenta en obra pública, en el que de nueva cuenta se caracterizó por sobreprecios, retrasos y mala calidad de los materiales usados. En ese sentido, destaca el caso del tren interurbano México-Toluca, en el que se calculó un daño al erario por un total de 745.4 millones de pesos en el año 2017. También llama la atención las inconsistencias en la integración de los padrones de beneficiarios, donde la falta de información confiable hace imposible saber con certeza si los programas llegaron a la población objetivo, si realmente tuvieron un impacto real y, por ende, si cumplieron sus objetivos planteados. Es fundamental y hago aquí un señalamiento y un llamado que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior sean retomadas por esta nueva administración, toda vez que hemos advertido que han tomado decisiones que implican repetir errores del gobierno pasado, donde hoy se rechazan sus cuentas públicas. Por ejemplo, para el siguiente año se contempla gastar 402 mil millones de pesos a programas sin reglas de operación, las cuales son fundamentales para garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan y estén destinados realmente a erradicar la desigualdad y que estén blindados, por supuesto, de actos de corrupción. Asimismo, es importante que la Cámara de Diputados trabajemos en acciones legislativas que abonen de una vez por todas a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Por ese motivo celebro que los dictámenes contemplen la creación de una mesa de trabajo para atender y dar seguimiento a las recomendaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación. En Movimiento Ciudadano hemos contribuido con diversas iniciativas al respecto, como la reforma a la Ley de Adquisiciones, que tiene como finalidad atender los vacíos legales que actualmente permiten actos de corrupción, como la que se llevó a cabo, la estafa maestra. En el Senado propusimos fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, así como establecer la figura de investigación preferente, con la finalidad de que sus denuncias sean procesadas en un plazo no mayor de 45 días. En lo particular he propuesto modificar la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Desarrollo Social, precisamente con el objetivo de atender estas diversas recomendaciones que nos hace la Auditoría Superior al respecto. Por lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, hago un llamado, como lo dije al principio, a que juntos fortalezcamos nuestro marco legal y, con ello, garanticemos que el uso de los recursos públicos sea responsable, transparente, eficiente, austero, racional y efectivo. Es decir, que se destinen realmente a resolver las necesidades más apremiantes de las y los mexicanos y, por supuesto, a evitar cuentas púbicas rechazadas. Es cuanto, diputada presidenta.