La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Compañeras y compañeros diputados, el diputado Marco Antonio Mendoza y la de la voz, del Grupo Parlamentario del PRI, venimos aquí ante ustedes a presentarles una iniciativa que reforma, dos iniciativas, el artículo 308 y el 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hace unas semanas fui abordada por una mujer adulta mayor que me pidió, me rogó que le ayudara con un gran problema que tenía, y le pedí que se calmará y que me explicara qué es lo que había pasado. Me contó que hacía aproximadamente un mes su hijo había sido detenido por la policía al salir del trabajo, lo acusaban de haber cometido un robo unos minutos antes, y entonces le pregunté dónde estaba su hijo, y me comentó que después de que lo detuvieron se lo llevó la policía y ya como a los dos días lo llevaron ante el juez, el juez de control se refería y que este resolvió que la detención había sido de acuerdo con la ley, ya que unos minutos antes de su detención él había participado en la comisión de delito de robo. Doña María, así se llama, indignada, desesperada, molesta y evidentemente impotente me comentó que eso era imposible, que su hijo no había podido haber cometido ese delito de robo ya que había pasado todo el día en su trabajo y que el patrón de su hijo le había proporcionado videos de ese día tanto de la entrada como de la salida y donde se veía claramente que estuvo todo el día al interior de la obra y que lo detuvieron evidentemente sin razón alguna. Y le pregunté a doña María que, si tenía esa serie de videos, que por qué no los había presentado ante el juez. Y ella me contestó que sí, que se los había entregado al defensor público y que cuando estaban ahí discutiendo si su hijo fue detenido conforme o no a la ley, el juez respondió que la ley nacional no permite a la defensa ofrecer pruebas para justificar si una persona fue detenida en forma contraria a la ley, en este caso, en supuesta flagrancia. Esto que me platicó doña María sucede día a día en todo el país, donde se suscitan detenciones arbitrarias, ilegales y que la ley no concede la oportunidad a las personas para que ofrezcan pruebas para demostrar que fueron detenidas ilegalmente en esta figura denominada flagrancia o de caso urgente. Si nuestro sistema penal garantista, como lo es, se rige por los principios de publicidad, señalo y resalto, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y, además, nuestro sistema penal, como lo mandata la Constitución, tiene por objeto, primero, el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, que el culpable no quede impune y la reparación del daño, entonces, pues nos damos cuenta que esta parte denominada control de la legalidad de detención, pues no cumple simplemente con el principio de contradicción, porque el detenido en flagrancia o caso urgente, una vez puesto a la disposición del juez. Y ya en la audiencia inicial, al realizar el control de la legalidad de la detención, no se le da la oportunidad de presentar pruebas que acrediten su inocencia, si es que así fuera el caso. Si al hijo de doña María se le hubiera permitido presentar pruebas de esos videos que tenía, donde se acreditaba que estuvo todo el día al interior de su trabajo, pues la historia hubiera sido distinta. Hubiera sido muy diferente, porque en ese momento el juez tendría la evidencia que detención fue ilegal y así la habría calificado. Y, además, imagínense ustedes, se hubieran evitado una serie de sucesos y molestias posteriores, como la imputación por parte del Ministerio Público, la vinculación a proceso, el cierre de la primera etapa, apertura de la siguiente etapa, la presentación de pruebas, el desahogo de pruebas y un rosario de molestias innecesarias. La verdad es que uno puede imaginarse, yo que la tenía enfrente de mí, y especialmente no solo doña María, sino además a su hijo, la desesperación, la impotencia y la injusticia que estaban viviendo. La contradicción en el marco de nuestro sistema acusatorio implica una doble garantía. Por un lado, tenemos que cualquier argumentación o afirmación de alguna de las partes en un proceso, se pueda debatir, confrontar por su contrario, por lo que así el juez puede conocer las distintas versiones sobre un determinado tema. Y, por otro lado, además permite consolidar la garantía del derecho de defensa. Concluyo, presidenta. Es por ello...