La diputada Roxana Luna Porquillo: Gracias, señor presidente. La Constitución históricamente nace de la necesidad de proteger a los particulares del poder del Estado. Esta razón histórica a través de los siglos jamás ha cambiado, los particulares deben tener un conjunto de derechos fundamentales y garantías de protección de estos. Los particulares son de la misma manera, ciudadanos de a pie, cooperativas y hasta los grupos corporativos. Dentro de los derechos fundamentales está el acceso a la justicia, la garantía de audiencia, el debido proceso, entre muchos otros. El dictamen propone que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no será objeto a suspensión, bajo el argumento de que el sector de las telecomunicaciones se ha abusado mucho en los juicios de amparo. No puede justificarse, con validez constitucional, el limitar en cualquier caso las normas, actos u omisiones. La suspensión del acto reclamado en el amparo, esto es, ni la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, ni el dictamen que se motiva la razón de restringir el acceso de justicia de manera general. La propuesta de redacción del dictamen es una incongruencia con la razón del ser de la Constitución, que es la protección del gobernado. El texto del dictamen está protegido a toda costa y en perjuicio de los gobernados. Los actos y omisiones del Poder Público en manos de la Cofetel y del Ifetel abriendo puertas a un sin fin de arbitrariedades y excesos. Los que sean los integrantes de esta nueva Cofeco y esta Ifetel podrán ser personas honestas y correctas, pero no exentas de cometer errores aun de buena fe. El eliminar la posibilidad de que los gobernados puedan obtener la suspensión del acto reclamado en todas las actuaciones y la omisión de la Ifetel y la Cofeco es excesivo y desproporcionado y de ninguna manera propio de un régimen democrático. Un ejemplo coloquial puede ilustrar mejor esto: si un gobernado recibe la orden de demolición de su casa y solo puede seguir el juicio sin obtener la suspensión del amparo, equivaldría a que su casa fuera derrumbada aun en cuanto en años después recibiera el amparo y la protección de la justicia federal. ¿No es esto acaso negar el acceso a la justicia? Un régimen democrático no puede excusarse en que los gobernados han abusado de los medios de defensa legal para restringir éstos de manera generalizada. Por la cual, la reserva que en este día pongo en su consideración es atacar el problema de litigio, del sector de telecomunicaciones sin menoscabar los derechos fundamentales. Por lo cual se propone, que la suspensión no sea otorgada cuando se traten los siguientes puntos: 1. Cuando se trate de actos relativos a la utilización, aprovechamiento u explotación de frecuencias de espectro radioeléctrico, esto mismo fue lo que se discutió y aprobó por esta Cámara de Diputados, recientemente al negar la suspensión cuando se tratara de bienes de dominios de la nación, como lo son las frecuencias de espectro radioeléctrico. 2. Cuando se trate de actos relativos a las declaratorias de dominancia, es decir, cuando el Ifetel y el Cofetel determinen un agente económico que tiene poder sustancial en el mercado, esto plenamente justificado en atención de que se trata de casos muy concretos, en los cuales una empresa que sea dominante implica que sus actos por más perjudiciales que sean no pueden ser contrarrestados o disminuidos sus efectos por sus competidores ni por los consumidores. Tres. Cuando se trate de los actos relacionados con la interconexión de redes, esto ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó que no procede otorgar la suspensión de amparos en casos relacionados con la interconexión y las tarifas de interconexión.