El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Compañeras y compañeros legisladores: Mucho se ha debatido sobre la constitucionalidad del arraigo domiciliario; la razón es suficiente, no existe en el texto constitucional esta figura. Como es de todos conocido, la pirámide "Kelseniana", postula que en todo orden jurídico la norma que se encuentra en la parte superior, será la Norma Suprema y de ésta se desprenderá todo el orden normativo, tales como las leyes secundarias y de estas últimas se desglosarán los reglamentos. Bajo ninguna circunstancia, las normas jurídicas que emanan de la Carta Suprema la contravendrán o irán más allá de aquella; es decir, rebasarla o instituir figuras jurídicas que no contemple, porque ello crearía su inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad, como es el caso de la figura del arraigo domiciliario, que lo establece el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, pero la norma constitucional no lo prevé; de ahí surge la necesidad de la iniciativa que nos ocupa para adicionar un párrafo al artículo 16 de nuestra Carta Magna, ya que la figura en cita carece de fundamento constitucional. Es decir, es inconstitucional, como lo ha pronunciado nuestro Supremo Tribunal. Se entenderá por arraigo penal a la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa cuando exista temor fundado de que pueda sustraerse de la acción de la justicia. Conviene precisar que el arraigo se encuentra previsto tanto en el Código Procesal Federal, como en los Códigos de Procedimiento Penales Locales. Entonces, desde la averiguación previa se deben efectuar las medidas conducentes para integrar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del indiciado y así poder ejercitar la acción penal. Asimismo, nadie ignora que los sujetos arraigados están sujetos a investigación, por lo que se considera que son proclives a eludir la acción de la justicia ocultándose o fugándose, por lo cual es manifiesta la dificultad que enfrenta el representante social para integrar los elementos señalados. El artículo 133 bis del Código Procesal Federal, determina la facultad de dicho Ministerio Público para solicitar al órgano jurisdiccional el arraigo del indiciado en los casos en que se estime necesario. Concedido el arraigo por el Juez en los términos descritos, se entiende que su duración será la del tiempo estrictamente indispensable para determinar en la averiguación previa si existe o no presunta responsabilidad del inculpado, debiendo levantarse cuando haya fenecido este término. Se dispone un plazo de 30 días prorrogables por otros 30 a petición del Ministerio Público. Ahora bien, se considera pertinente y oportuno invocar el artículo 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en función a que también forma parte de la esfera federal en materia penal y que por otro lado también establece la multicitada figura del arraigo. De ahí se deriva el debate sobre su constitucionalidad. Debemos puntualizar que los sujetos que intervienen en el arraigo son necesariamente el Ministerio Público en su calidad de peticionario solicitante; el órgano jurisdiccional en materia penal competente para conocer de la procedencia de la citada solicitud y el indiciado o individuo que debe quedar arraigado una vez procedida la solicitud. La mesa de discusión es que si la figura del arraigo afecta o no la libertad personal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto ha sostenido las dos posturas. Un primer criterio asevera que el arraigo no afecta la libertad personal propiamente dicha, sino que sólo afecta la libertad de tránsito. Un segundo criterio establece que el arraigo sí afecta la libertad personal. De lo antes dicho existe una contradicción, misma que fue denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conociendo de ella la primera sala, cuya resolución fue que el arraigo domiciliario sí afecta la libertad personal, lo que permite ubicar su inconstitucionalidad. La parte dogmática de nuestra Ley Suprema garantiza que todo individuo gozará de libertad personal y de todas las demás consagradas en el texto constitucional; las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Por lo que tenemos por cierto que todo acto que restrinja la garantía de libertad personal podrá discutirse en la vía de amparo. Ahora bien, el arraigo domiciliario no está fundamentado en la Ley Suprema y su implementación es inconstitucional, porque todos los actos restrictivos de libertad personal, deben cumplir con las exigencias de los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Carta Política. De lo dicho anteriormente cabe puntualizar que el artículo 14 establece que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lo que se desprende que el arraigo domiciliario es un acto antes del juicio, que afecta la libertad de los individuos; por lo tanto sí es restrictivo de la libertad, como lo ha establecido nuestro máximo tribunal judicial. Por su parte el artículo 16 de la Constitución en la parte conducente advierte que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerse a la disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. En ningún artículo de la Norma Suprema se establece la figura, de ahí la justificación de esta iniciativa para poder establecer la multicitada figura del arraigo en el texto constitucional, para evitar que las autoridades judiciales y ministeriales actúen al margen de la Constitución. El arraigo domiciliario suena injusto e inhumano, sin embargo suena más injusto cuando éste no se encuentra sustentado constitucionalmente, por lo que se deberá cumplir con ciertos requisitos para que se emita, que son los siguientes: Primero, que lo solicite el Ministerio Público; segundo, sólo la autoridad judicial puede obsequiar o negar la orden; tercero, se solicitará sólo cuando se trate de delitos graves y cuando haya temor fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia y cuarto, únicamente se otorgará por 30 días naturales pudiéndose prorrogar por otro 30. El objeto del arraigo penal tiene eso en razón de que la criminalidad arroja altos índices de crecimiento y sus métodos son cada día más sofisticados, aunado a que el crimen organizado cuenta con recursos de todo tipo para evadir la acción de la justicia. La delincuencia cada vez es más organizada y especializada, lo que motiva un incremento de conductas delictivas como el tráfico de armas, asaltos bancarios, narcotráfico, secuestros, robo, etc. En la comisión de estos delitos se percibe un aumento dramático del uso de la violencia, por ello el combate a la criminalidad representa para las autoridades de procuración y administración de justicia, una prioridad de carácter fundamental. El pasado 19 de septiembre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el arraigo es inconstitucional, en razón de que viola la libertad de la persona, lo que viene a robustecer la necesidad de legislar en esta materia. En mérito de lo antes expuesto y fundado, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, comprometido con los grandes proyectos que se traduzcan en beneficios trascendentales para la población, somete a la aprobación de esta H. Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 16constitucional. Es cuanto señor presidente y solicito se integre en su totalidad al Diario de los Debates y en la Gaceta. Gracias.