EL C. DIPUTADO ELIAS MARTINEZ RUFINO (PRD): Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales a fin de que dictamine la iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la cultura. El 9 de diciembre de 1999, varios diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a través de la diputada María Rojo, Presidenta de la Comisión de Cultura de la LVII Legislatura, presentaron ante el pleno una iniciativa de decreto para establecer en nuestra ley fundamental el derecho de acceso a la cultura y la obligación del Estado para regular las industrias culturales. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, con la opinión de la Comisión de Cultura. Dicha iniciativa pretende concretar y definir claramente la función que el Estado y la ley tienen para con la cultura, entendida ésta como el factor que conforma la identidad nacional y que, junto con la educación, otorgan al pueblo el impulso creador de una nación en constante superación, definiendo el desarrollo cultural como una actividad de enorme interés para el Estado, pues de ello depende el crecimiento nacional. Para esto, la reforma constitucional añade al primer párrafo del artículo 3° que: Artículo 3°: "Todo individuo tiene derecho a recibir educación", el agregado fue: "a participar libremente en la vida cultural de la comunidad y en el progreso científico, a gozar de las artes y los beneficios que de ello resulten". En ese mismo sentido, añade al párrafo quinto del mismo artículo que: "el desarrollo cultural de la Nación Mexicana es una actividad prioritaria del Estado". La propuesta pretende sentar las bases para avanzar hacia un marco legal unificado, que cristalice en una Ley de Cultura, superando el estado actual de la legislación en la materia, caracterizado por la existencia de normatividades dispersas que respondieron a necesidades y momentos distintos, y cuyos fines a veces resultan contrapuestos, dejando al mismo tiempo importantes vacíos. A estos problemas se añade la falta de una política adecuada al tamaño de los retos de la producción, preservación y difusión de la cultura nacional, cuya importancia para el desarrollo de nuestra nación en el contexto de un mundo globalizado, debiera ser fundamental. Tres. Asimismo, la iniciativa en comento adicional al párrafo 5° del 3° constitucional lo siguiente: Artículo 3°, del uno al cuarto quedan como están, el quinto diría en el agregado: "La ley protegerá, promoverá e incentivará a las industrias culturales y toda manifestación cultural, en especial las relacionadas con el arte y las ciencias, y garantizará el libre acceso de todo individuo a las mismas" Las industrias culturales constituyen un factor innegable para la definición del perfil cultural de los pueblos, su presencia y la velocidad de las innovaciones, sin comparación en la historia, así como su capacidad para influir en la vida diaria, hacen que el cine, la industria editorial, la televisión, el radio, la industria musical y las redes electrónicas de comunicación constituyan retos formidables para la humanidad, realidades inéditas cuyas consecuencias siguen siendo impredecibles. La importancia de las industrias culturales nos obligan, como nación, a asumir una postura clara ante su desenvolvimiento, la derrama económica que producen, sus contenidos y las vías que conducen de su sostenimiento y crecimiento. Dejar esta discusión para después implica no sólo ahondar la brecha tecnológica y comercial que nos separa del camino ya andado por otras naciones y bloques económicos, sino dejar en manos de corporaciones mercantiles o de intereses ajenos al nacional el fomento a los vehículos de comunicación y expresión que predominan en el mundo actual. Cuando para su producción y difusión, las industrias culturales se guían por intereses puramente mercantiles, sin cauces institucionales adecuados a las características y necesidades de la nación, se crea una anarquía de mercado, la saturación de mensajes negativos o ajenos a nuestra identidad, y nuestro aporte a la cultura universal quedan acallados por el lucro y la masificación, por el consumo y la confusión, por la expoliación económica y la pérdida del sentido. Los bienes culturales no son una mercancía más; son referentes fundamentales para la formación de nuestro pueblo. Por eso, es necesario que el Estado tenga una definición al respecto, así como instrumentos e instituciones que defiendan a nuestros creadores y nuestras industrias culturales ante la lógica mercantil de la industria del entretenimiento, que se imponen en la globalización. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 21, fracción 16 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales a fin de que elabore y dé a conocer al Pleno para su discusi6n, el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo tercero constitucional presentada ante esta Honorable Asamblea el 9 de diciembre de 1999, por distintos diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVII Legislatura, y que asimismo conmine a la Comisión de Cultura a emitir su opinión a dicha iniciativa. Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de noviembre del 2000. Es tanto, señor Presidente.