La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Con su permiso, diputada presidente. Compañeras y compañeros legisladores, durante los últimos años la trata de personas con fines de explotación sexual se ha incrementado alarmantemente en nuestro país, hasta posicionarlo como uno de los que registra el mayor número de casos en el mundo. A pesar de constituir uno de los ilícitos que más daños físicos y emocionales genera, el gobierno federal carece de datos actualizados y sus acciones para identificarlo, sancionarlo y prevenirlo. Está lejos de dar los resultados esperados. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, dicho delito está proliferado particularmente en entidades como Baja California, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México y Quintana Roo. Este ilícito es ejercido con total impunidad y muchas veces al amparo del poder en espacios públicos, operando como supuestas casas de masaje y servicios de acompañamiento. Lamentablemente nuestras niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas, ya que estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia arroja que por lo menos 16 mil infantes son objeto de estas prácticas que trasgreden su dignidad humana y violan sus derechos humanos fundamentales. Se tiene documentado que cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos, de los cuales al menos 3 millones se hacen con tendencias pedófilas, es decir, buscando establecer relaciones íntimas con menores de edad, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Este contexto refleja escenarios de violencia, inseguridad y situaciones de alto riesgo, en estados con vocación turística, pero principalmente evidencia la operación de bandas delictivas que atentan y vulneran el interés superior de la niñez. Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen, por el cual se reforman los artículos 203 y 205 Bis del Código Penal Federal. Estamos convencidos que con estas modificaciones no solo se incrementarán las medidas de acceso a la justicia, sino que además se fortalecerán las acciones de protección y seguridad a las víctimas bajo los principios de oportunidad, progresividad y máxima publicidad. Compañeras y compañeros legisladores, de aprobarse en sus términos se homologará el marco jurídico, ya que el Código Penal Federal establecerá las mismas sanciones que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual estipula cargos de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días como multa. Con respaldo de su voto se prevendrán disparidades en las penas y suspenderán lagunas jurídicas que benefician a los delincuentes. Se desprotegen a las víctimas de la importancia de incorporar estos preceptos en los supuestos del artículo 205 Bis. Con su entrada contaremos con mayores herramientas de coordinación e intercambio de información para el combate frontal del turismo sexual. Debemos promover mejores acciones legislativas y políticas públicas para garantizar un marco jurídico que permita su sanción efectiva y erradicación, pero particularmente que asegure la protección y el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Por su atención, muchas gracias.