El diputado David Mendoza Arellano: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Por razones de tiempo voy a leer solamente algunas partes de la iniciativa. El espíritu de esta iniciativa que presento el día de hoy es buscar que los trabajadores informales gocen de plenos derechos como los gozan otros trabajadores y además fomentar e impulsar su inclusión en la economía informal y por lo tanto su regularización. La expansión masiva del trabajo informal no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, es una actividad de carácter mundial que traspasa nuestras fronteras y es una alternativa que encuentran millones de personas que han sido excluidas de las oportunidades del proceso productivo. Tratar de combatir la informalidad con métodos represivos es no entender la complejidad que representa esta problemática. Debemos hacer frente a este fenómeno regulando a las personas que se encuentran bajo este esquema y suprimir el carácter anárquico que tienen actualmente. Es imposible hablar de un proyecto de nación que excluya de su tutela e integración a los millones que viven de la actividad económica no estructurada. Esto no sólo pone en riesgo la legitimidad de las actuales instituciones, sino que incide en problemas sociales como la integración familiar, la salud, la educación, el desarrollo económico y, en general, pone en jaque a la supervivencia de toda la sociedad. Resulta una obviedad que la crisis económica que impacta al jefe de familia acaba golpeando a todos sus dependientes económicos, niños que dejan la escuela o que bajan su rendimiento escolar, que tienen que trabajar a muy temprana edad, aumentando los riesgos de caer en la drogadicción o de incorporarse a actividades delictivas. Lo que significa, en suma, que se reduce a grados intolerables el bienestar, la libertad, la felicidad y el poder de decisión de la inmensa mayoría de la comunidad, la cual busca formas alternativas para sobrevivir, es decir, sale a la calle, a la selva urbana y por la libre se erige en comerciantes de mercancías o prestador de servicios o incluso en micro productor. Desde este punto de vista, esas actividades indudablemente resultan estar al amparo de nuestra Constitución Política, al consagrarse en nuestra Carta Magna el derecho a la vida, a la salud, desarrollo de los niños y de la familia, el derecho al trabajo, entre otros. Los raquíticos recursos obtenidos de la informalidad responden en una autoorganización de comunidad ante el vacío en el cumplimiento de las atribuciones del Estado en materia de empleo, educación, salud y demás, por lo que el pueblo asume las facultades originarias y su lucha por su propia sobrevivencia. Lo ilícito no es que el pueblo busque algún camino para acceder a medios para su existencia, sino que el Estado no otorgue el suficiente empleo formal y demás requerimientos sociales; incluso al desarrollar el pueblo estas formas de autoempleo y autoproducción, equivale a subsidiar al Estado que omita hacer los desembolsos sociales necesarios. Además el ambulantaje, asumiendo todos los riesgos, cumple el importantísimo servicio de hacer llegar productos necesarios a la sociedad de manera accesible, tanto geográfica como económicamente. Más que combatir la informalidad por medios represivos, lo que se debe hacer es utilizarla como una base para el despegue económico que exige el país, basado en el poder de iniciativa de amplias masas contemplando con la protección laboral y de seguridad social que debe darse a este tipo de trabajo, esto bajo el reconocimiento de la utilidad social que representa esta forma de comercio como forma de empleo, como apoyo para la supervivencia de la familia, como base económica eficiente de comercialización y producción, lo que redundará en la legalización y la dignificación de este tipo de trabajo. A estas alturas del país, concretamente conforme a la información del INEGI, el primer trimestre de 2006, 11.8 millones de jefes de familia se dedican a la actividad informal, lo que representa un mayor número que los trabajadores permanentes del IMSS y casi ya ha alcanzado el total de trabajadores inscritos en el Instituto que rondan los 13 millones de afiliados. Es imposible hablar de justicia laboral si éste enorme universo de trabajadores queda fuera de su tutela e incluso son perseguidos como infractores de la ley. Imposible que las instituciones de seguridad social busquen cualquier viabilidad financiera y humana hacia el futuro si dejan fuera de la actividad informal, es decir, a un universo potencial de casi 50 millones de personas, si computamos el núcleo familiar, perseguidos como extranjeros en su propia tierra y por el gobierno que los debería tutelar. El gobierno federal debe buscar las alternativas a esos trabajadores porque no se trata de una situación que derive de caprichos personales, sino de un conjunto de circunstancias objetivas, económicas y sociales que el propio Estado ha provocado de manera directa o indirecta. Nos encontramos que durante el sexenio que fenece, la economía apenas creció un 2.2 por ciento anualmente frente al siete por ciento prometido y más del 10 por ciento que nuestra población exige, que apenas crece 893 mil empleos formales frente al mínimo de ocho millones que debió crear de acuerdo a las promesas, aunque en realidad nuestro pueblo exige al año un mínimo de un millón 200 mil empleos. Frente a esta realidad urge que a la actividad informal se le reconozca como una cuestión importante para la economía; se le legalice en el marco de la Ley Federal del Trabajo y que se les entreguen a estos mexicanos los derechos que tienen como trabajadores en beneficio de ellos y de sus familias. Hay que enfatizar que la mayoría de las personas dedicadas a la informalidad son mujeres, por lo que la esencia de nuestra propuesta en esta iniciativa implicaría la aplicación de la justicia con perspectiva de género. Al respecto no podemos olvidar que más de la tercera parte de los hogares en nuestro país están encabezados por una mujer. En el marco de la reforma a la Ley Federal del Trabajo tendrán el derecho especial a no ser penalizados por el Estado por el desempeño de su sola actividad; a que se respete el lugar público en que realizan su trabajo, siempre y cuando se compruebe tener el permiso administrativo correspondiente expedido por la autoridad local y observar la norma que implica este permiso en cuanto a ubicación, giro, extensión y condiciones de seguridad e higiene, de ser el caso. Los trabajadores informales que observen la norma administrativa correspondiente que expida la autoridad local tendrán el derecho a reclamar el auxilio del Estado en caso de siniestro, a fin de enfrentarlo adecuadamente para la preservación de su vida. Para llevar a la práctica el precepto que se propone el presente marco jurídico es indispensable la creación de un registro público nacional de los trabajadores informales que dé transparencia y certeza a esta actividad. Esta instancia expedirá credenciales gratuitas a los trabajadores informales para su acreditación ante las autoridades. En las obligaciones especiales de los trabajadores informales, éstos deberán respetar los lugares que se hayan ordenado como libres de ambulantaje, mantener limpios sus lugares de trabajo, evitar actividades ilícitas y registrarse ante el registro público antes aludido. Con algunas modalidades, se propone la incorporación de los trabajadores informales al Instituto Mexicano del Seguro Social, suprimiéndose en el listado del artículo 13 de la Ley del Seguro Social a las y los trabajadores domésticos, ya que éstos son a plenitud trabajadores sujetos a una relación de trabajo subordinada, debiendo ser inscritos en el régimen obligatorio de este Instituto. Por otro lado, no hay que olvidar que conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las personas que prestan sus servicios de manera independiente pueden abrir su cuenta individual para obtener una pensión al final de su vida laboral o por lo menos un ahorro al momento de dejar su vida laboral. De ahí que no se propondrá ninguna reforma a esta Ley. Se propone la incorporación voluntaria de los trabajadores informales al Infonavit, mediante el pago de la aportación del cinco por ciento. En materia de seguridad social estas reformas representan un paso importante para poner fin a la escasa cobertura de instituciones como el IMSS e Infonavit, permitiéndose no sólo extender sus beneficios a favor del pueblo trabajador, como lo exige la justicia social, sino que serán pieza clave para poner fin al crónico desequilibrio financiero de éstas. Con base en lo expuesto y con fundamento es que he venido a someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que por razones de tiempo solicitaría a la Presidencia que sea inscrita íntegramente como está publicada en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.