EL C. DIP. DON HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados: El suscrito, Heliodoro Díaz Escárraga, diputado de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, adiciona con un artículo el capítulo primero del título quinto de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y deroga la fracción I del artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Exposición de motivos. Conforme al artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión está facultado para legislar sobre intermediación y servicios financieros; el ejercicio de esta facultad y en ejercicio de la misma, el Congreso de la Unión, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999, creó la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Al amparo de ese ordenamiento, el 19 de abril de 1999 fue constituida la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef. A lo largo de estos últimos cuatro años y medio, la Conducef ha venido gradual, pero consistentemente, posicionándose en el animo social, por lo que el desarrollo de sus actividades ha sido siempre creciente, principalmente en lo que refiere a la atención de consultas de usuarios y al desahogo del procedimiento de conciliación establecido por el título quinto de la ley citada. A la aceptación que este organismo descentralizado de la Administración Pública Federal ha tenido entre la sociedad mexicana, han contribuido las reformas, adiciones y derogaciones, decretadas por el Congreso de la Unión a diversas disposiciones de las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Estas reformas, entre otros aspectos, permitieron la homologación de los procedimientos de conciliación anteriormente diferentes, según el tipo de institución financiera reclamada y la norma sustantiva a éstas aplicable, en uno sólo, claro y expedito, como instrumento eficaz para prevenir el conflicto y evitar la polarización de las partes. Así, la sencillez del procedimiento de conciliación entre usuarios e instituciones financieras han permitido que de manera pronta, gratuita y eficaz, se solucionen miles de problemas de particulares, atajando al mismo tiempo cientos de eventuales juicios. Con ello, se ha beneficiado no sólo a los usuarios e instituciones financieras involucrados, sino en justa medida a la economía del país y a los sistemas de impartición de justicia locales y federales, dada la jurisdicción concurrente en la materia que se han visto liberados de potencial ingresos de nuevos asuntos. En esa virtud, por sus ventajas evidentes como instrumento alternativo de solución de conflictos, resulta conveniente y recomendable auspiciar el desarrollo del procedimiento de conciliación previsto por los Artículos 60 a 72 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. La forma más adecuada de fomentar la conciliación en materia financiera y de esa manera proteger en un mayor número de asuntos los derechos de los usuarios de servicios financieros, es dar el paso hacia su obligatoriedad, es decir, dar al procedimiento conciliatorio a cargo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el carácter de requisito de procebilidad para los juicios en que la demandada sea una institución de las reconocidas como financieras por el Artículo 2º. fracción IV de la ley citada en el párrafo anterior. Retomar y extender hacia todos los usuarios de servicios financieros y hacia todas las instituciones financieras, la añeja tradición que en ese sentido ha privado en el derecho procedimental de seguros en nuestro país, establecida expresa y específicamente hasta la fecha en el contenido de la actual fracción I del Artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros que, en su caso, se derogaría al generalizarse. Hacer obligatoria la tramitación del procedimiento concilitario en materia financiera, además de las ventajas enunciadas, traería consigo mucho de lo que en su texto procesal mercantil nos habla Jesús Zamora Pierce (?),y que por falta de tiempo no reproducimos. Por lo anteriormente expuesto formulo la siguiente iniciativa: Artículo 1º.- Se reforma el primer párrafo del Artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa a Usuarios de Servicios Financieros, para quedar como sigue: Artículo 68.- La Comisión Nacional deberá agotar el procedimiento de conciliación conforme a las siguientes reglas: Artículo 2º.- Se adiciona la Ley de Protección y Defensa a Usuarios de Servicios Financieros con un artículo que será el 68 bis para quedar como sigue: Artículo 68 Bis.- En materia jurisdiccional los Tribunales no darán entrada a demanda alguna contra una institución financiera, si el actor en ella no afirma, bajo protesta de decir verdad, que ante la Comisión Nacional se agotó el procedimiento de conciliación establecido en este capítulo. En cualquier momento en que aparezca que no se agotó el procedimiento de conciliación, deberá sobreseerse la instancia e imponer al actor las costas originadas por el procedimiento. La omisión del procedimiento de conciliación en vía administrativa constituye, además, una excepción que puede interponerse por la institución financiera demandada. Artículo 3º.- Se deroga la fracción I del Artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. T R A N S I T O R I O S ARTICULO UNICO.- El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo a 11 de noviembre de 2003. Por su atención, compañeras y compañeros diputados, es cuanto, señor presidente. -