La diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Gracias. Con la venia de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados, la instrumentación de los procesos electorales y su esquema sancionatorio, tal y como funciona en la actualidad es incongruente e ineficaz, esto se debe esencialmente a que se concentra en el ámbito patrimonial de los partidos políticos y de los candidatos. No se aplica como consecuencia jurídica la restricción para participar en procesos electorales o la pérdida de registro. Contrario a esto, solamente se establecen multas, mismas que se cubren con financiamiento público o mejor dicho, con recursos económicos de los propios ciudadanos. Evidentemente en la práctica esto se traduce en un incentivo de conductas violatorias y se pone en duda el carácter ejemplar y disuasorio de tales sanciones. La reforma político electoral de 2014, estableció tres causales de nulidad constitucionales: cuando se excede el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, cuando se compre o adquiera cobertura informativa fuera de los supuestos previstos en la ley y cuando se utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Sin embargo, no se aplicó como sanción la restricción para participar al candidato o partido político infractor. Consecuentemente me permito presentar ante este pleno, la iniciativa de ley por la que se establece como consecuencia jurídica la pérdida de registro a quienes incurran en las causales de nulidad graves y dolosas contenidas en el artículo 41 constitucional. El objeto es lograr, que quienes aspiren a un cargo de elección popular estén obligados al cumplimiento de la ley o, en su caso, se restrinja su participación con la pérdida de su registro. Los ajustes normativos a partir de este nuevo sistema de nulidades, dota de mayor certeza jurídica a nuestros procesos electorales y otorga la constancia de mayoría respectiva a quien cumpla las disposiciones establecidas en nuestra legislación. Tomando en cuenta la gravedad de las violaciones tanto los candidatos como los partidos políticos deberán perder su registro y no podrán participar al menos en la elección inmediata siguiente. Es importante establecer claramente que si bien es cierto los candidatos y los partidos políticos gozan del derecho a recibir financiamiento público, de ninguna manera deberían tener facultad para destinarlos al pago de sus propias violaciones legales. Por lo tanto propongo una reforma electoral trascendente, con sanciones ejemplares, en términos de igualdad, equidad, transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Hace unos meses, en la experiencia más reciente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó diversos dictámenes del INE sin que nadie señalara la ineficacia de nuestra fiscalización y la falta de un sistema sancionatorio de nulidades acorde a nuestro marco jurídico vigente. Los ciudadanos, ante ello, exigen congruencia en nuestro actuar. Reclaman de manera legítima que no se les endosen los costos y las deficiencias de nuestro sistema político. Se oponen a la repetición innecesaria de jornadas electorales por disputas y violaciones legales o vacíos jurídicos que hoy, valga la pena decir, esta reforma pretende erradicar. Establezcamos un mejor diseño de nuestros procesos electorales. Contribuyamos a la eficacia de nuestra legislación y a los valores superiores de nuestro sistema democrático mediante un sistema sancionatorio que garantice los derechos del electorado. El respeto a la ley debe obligar a los candidatos y a los partidos o a las coaliciones a la pérdida de su registro si se acredita que incurrieron en las causales de nulidad, graves y dolosas, contenidas por nuestra propia Carta Magna. Pido a este pleno que tome en consideración esta reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.