El diputado José Antonio Gutiérrez Jardón: Saludo con gusto a las diputadas y los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. México vive actualmente una de las peores crisis en su historia en materia de seguridad pública. Esta crisis está directamente relacionada con dos factores determinantes: el primero, el fortalecimiento del crimen organizado en el país, ligado al narcotráfico; el segundo, las divisiones al interior de los principales carteles de tráfico de drogas y su propagación por diversas regiones del país. Todas estas variables sumadas a diversos fenómenos de orden social y económico han desembocado en una lucha sangrienta por el control de las plazas, clave para las rutas del tráfico de estupefacientes. Desafortunadamente los resultados de la estrategia del gobierno federal para mitigar los niveles de violencia en el país hasta el momento han sido insuficientes. El costo más visible de la estrategia de este gobierno son los altos índices de inseguridad que se viven en nuestro país, pero existen otros costos como la cantidad de personas y perfiles de gente encarcelada, como resultado de la legislación que regula la posesión de narcóticos en nuestro país. Desde el Congreso de la Unión se han legislado en torno a incrementar la severidad de las penas en los delitos relacionados con el tráfico y posesión de narcóticos. Sin embargo, la lucha contra las drogas, como un tema de seguridad nacional, ha modificado los procedimientos para otorgar mayores facultades discrecionales a los policías, ministerios públicos y jueces, permitiendo así la regresión en el reconocimiento de derechos fundamentales al debido proceso. La iniciativa con proyecto de decreto que presento el día de hoy tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Particularmente se propone reformar la Ley General de Salud para ampliar el tiempo de prisión al que posea algún narcótico de los señalados en la ley. Y se entenderá por acreditado el ilícito si se aseguran objetos o instrumentos que sirven para la comisión de este hecho delictivo. En lo que respecta al Código Nacional de Procedimientos Penales se propone limitar la suspensión condicional a los imputados en torno al tipo penal, para que con el incumplimiento de una o varias condiciones impuestas al responsable se dicte auto de revocación de la suspensión condicional a proceso. Un ejemplo de lo anterior son los narcomenudistas detenidos constantemente en el territorio nacional. Capturados por las autoridades, inician su vinculación a proceso y salen libres después de cierto tiempo, para volver a delinquir casi siempre en la venta de narcóticos. Salen libres casi inmediatamente porque se refugian en la figura de suspensión condicional a proceso, figura que otorga la Ley de Imputados por Posesión de Droga, que cumpliendo con uno o varios requisitos y condiciones en el artículo 192 y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les otorga una suspensión de causa penal, permitiendo acortar su proceso y, por ende, su liberación. En espera de que esta propuesta jurídica tenga su apoyo, me reitero de ustedes a sus órdenes, Compañeras y compañeros legisladores. Es cuanto, presidenta.