La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Dentro de las facultades esenciales del Congreso de la Unión podemos citar la de constatar, verificar, inspeccionar, registrar y examinar las funciones de los órganos del Estado, particularmente de la administración pública federal. Es decir, ejerce entre otras una función, que es la del control político, esta facultad es la capacidad de informar e investigar, criticar y fiscalizar el conjunto de las actividades del gobierno y otras entidades de orden público. Esta función es hoy una de las más importantes y representativas del Congreso, ya que el gobierno aplica políticas públicas y el Congreso las controla y fiscaliza. Uno de los temas que mayor control requiere es el de los actos de gobierno en materia de protección y defensa de los derechos humanos. Esto es, que todas y cada una de las actividades de la administración pública sean realizadas de conformidad con los criterios y estándares establecidos, tanto en la Constitución Política, como en el del derecho internacional de los derechos humanos, al que México se ha obligado ante la comunidad de naciones. También sabemos que el desastre que padece la sociedad en materia de derechos humanos es desolador. De conformidad con el informe de Amnistía Internacional y de otros organismos civiles, México aún brilla como uno de los países en donde se cometen graves atropellos en contra de las libertades y de los derechos humanos fundamentales de la persona humana. Al respecto es necesario recordar que el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México de la ONU ha determinado que México requiere con urgencia realizar los cambios idóneos para garantizar los principios y derechos establecidos en conjunto, de normas existentes en materia de derechos humanos, como también sabemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aun no ha logrado realizar las acciones de contundencia, rapidez y eficacia que la situación de emergencia que vivimos amerita. Por decir un ejemplo, sobre el caso Atenco, seis meses después de acontecidos los hechos que toda la opinión pública conoció, sobre múltiples y graves violaciones a los derechos de mujeres, niños y personas de la tercera edad, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, que debió tener mayor celeridad y contundencia en su emisión. Pero aun con asombro, nos enteramos que las autoridades tanto federales como locales, al ser ratificadas de la resolución del "ombudsman" sólo informaron que revisarían el caso, lo que se traduce en un caso paradigmático de no cumplimiento de la recomendación; y por tanto, de evidente impunidad. Nosotros no podemos conformarnos con este estado de cosas y seguir sosteniendo un sistema de protección a los derechos humanos endeble, en el que las resoluciones del Comisionado hacen evidentes innumerables y graves violaciones a los derechos humanos; así como la comisión de delitos por parte de autoridades sin que se generen consecuencias jurídicas ni se cumplan con las recomendaciones de esta Comisión. Ese círculo vicioso tiene que ser fracturado; por ello, proponemos generar los mecanismos adecuados para que el Poder Legislativo federal contribuya a eliminar esa perversa impunidad, latente en una administración pública sin controles parlamentarios eficaces. El incumplimiento y desdén hacia las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin duda, debilita a esta instancia y con ello retrasan nuestro avance hacia una cultura de pleno respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales del ser humano. Los actos omisos, evasivos e irresponsables de autoridades que simulan cumplir con sus responsabilidades legales, cuando en realidad sirven a intereses distintos de los que ordena nuestra Constitución, sin duda lesionan el bienestar de la sociedad. Pareciera que en México el verbo que mejor se sabe conjugar quienes violan los derechos humanos es el de simular. Porque las autoridades formalmente aceptan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero luego éstas se diluyen en el incumplimiento y en falta de compromiso para iniciar los procedimientos administrativos y penales que proceden de acuerdo a la ley. Por ejemplo hoy en día la PGR, ante los señalamientos en la materia de tortura de la Comisión, reacciona promoviendo descalificaciones y denostando a este organismo, por mostrar solo un ejemplo. En el Informe de actividades de este organismo corresponde al año 2002 se desprende que de las 49 recomendaciones emitidas en ese año, sólo cinco se cumplieron de manera total y satisfactoria. Ante esta situación inaceptable proponemos adicionar un artículo 9 Bis a la Ley Orgánica de la Administra Pública Federal y reformar la fracción V de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dotar de facultades de control al Congreso de la Unión y hacer comparecer a los servidores públicos por el incumplimiento o la no aceptación de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cabe precisar que cualquier acto de poder público que no esté fundado y motivado es, por ese solo hecho, arbitrario. Por ello, la autoridad o servidor público que injustificadamente no acepte o incumpla una recomendación, promueve la arbitrariedad y fomenta con ello la impunidad. Por ello, proponemos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que éstos al aceptar o desechar una recomendación del Ombudsman deben fundarla y motivar las razones de su cumplimiento u omisión. Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en su jurisprudencia: Que todo acto de autoridad debe estar adecuado y justificadamente fundado y motivado, entendiéndose por fundado que se debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivado, que deben de señalarse con precisión las circunstancias especiales, las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto de autoridad. Siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Pero además, lo fundado y motivado de los actos de autoridad debe darse también para los actos discrecionales ya que cuando la autoridad realiza estos actos, no lo hace con una potestad limitada en virtud de que el servidor público debe sujetarse a determinados principios o límites; aún más tratándose de los derechos de la persona humana. Los poderes públicos deben actuar al servicio de los intereses de los individuos que conforman la sociedad a la cual se deben. En tanto eso no ocurra y no existan mecanismos adecuados de rendición de cuentas seguiremos abonando el crecimiento de la impunidad y del deterioro social e institucional. Es todo, señora Presidenta y lo dejo para la inscripción íntegra en el Diario de Debates.