La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con su permiso, señora presidenta. A nueve años de que la ONU declaró el 25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en pleno siglo XXI, la violencia de género es la principal transgresión de los derechos humanos de las mujeres y su eliminación el principal reto para alcanzar una sociedad justa e igualitaria. Las mujeres hemos venido abriéndonos espacio en la vida pública y ahora nos encontramos en las universidades desarrollando actividades laborales que no eran consideradas propias de nuestro género; participando activamente en la política y buscando espacios en los cargos de decisión, luchando por nuestros derechos y exigiendo el respeto a los mismos. Trabajamos desde los campos hasta las urbes para superar las exclusiones y la discriminación. Todo ello ha tenido altos costos, dobles y triples jornadas, discriminación laboral y el aumento de la violencia, siendo ésta, sin duda, el mayor de los costos, pues muchas han pagado con su propia vida. A pesar de que la violencia de género es compleja, diversa en sus manifestaciones, sigue considerándose como algo normal, y con frecuencia resulta invisible para las propias mujeres maltratadas. Los datos con lo que se cuenta son suficiente evidencia de que esta violencia se constituye como el primer obstáculo a vencer para el desarrollo pleno de las mujeres: perturba su vida, disminuye su confianza, afecta su autoestima y limita su participación en la esfera pública. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, 4 de cada 10 mujeres son ultrajadas por su propia pareja. Y 6 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia. También 9 de cada 100 han sido víctimas de un delito por violencia de género. Una de cada tres mujeres abandona su lugar de origen como consecuencia de actos de violencia en su contra, y 4 de cada 10 feminicidios ocurridos en la república mexicana se han registrado dentro del hogar de la víctima. El precio que se tiene que pagar no es sólo para las mujeres, como lo afirma Teresa Rodríguez, directora regional de Unifem, la violencia de género detiene el desarrollo de los países, pues si de costos hablamos, los de la violencia contra las mujeres oscilan entre el 1.6 y el 2 por ciento del producto interno bruto de los países de la región latinoamericana, de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Interamericano de Desarrollo en una investigación realizada en 1997. Pese a este estudio, la información existente en la región sobre los devastadores costos económicos directos e indirectos de la violencia de género aún es muy limitada. La violencia contra las mujeres tiene costos directos como los referidos al daño o pérdida de vidas y a los servicios que se deben proporcionar, sean de salud, legales, de protección o de otro tipo. También hay costos indirectos, como los días de trabajo perdidos o la disminución de la productividad que impacta en la economía global, Y muchos otros de ésta última categoría, algunos denominados costos intangibles, que en su mayoría no son contabilizados por la dificultad que entraña su medición. Entre ellos están: el costo de las vidas destrozadas, del dolor crónico, del sufrimiento, del miedo, de la depresión, de los intentos de suicido, de la pérdida de oportunidades para lograr las propias metas y de la autoestima de las mujeres. A su vez, están los llamados costos de transmisión, originados en efectos multiplicadores hacia el futuro de la violencia familiar. Es sabido que ésta se convierte en un modelo de resolución de conflictos que se replica cuando los niños son víctimas o testigos: tienden a repetir estas conductas violentas en su vida adulta. El Banco Mundial calcula que uno de cada cinco días laborales que pierden las mujeres, por razones de salud, es el resultado de problemas relacionados con violencia familiar, que incluye la física, al sexual, la psicológica y la patrimonial, ocurrentes tanto en el ámbito público como en el privado. En nuestro país hace apenas 10 años, y en gran medida por el activismo de las organizaciones y movimientos de mujeres, pasó del ámbito de lo privado al dominio público con la primera Ley de Asistencia para la Atención de la Violencia Familiar, con la que la violencia sale de las 4 paredes del hogar y se convierte en un asunto en el que las autoridades tenían que intervenir. Sin embargo, muchos años tuvieron que pasar, cientos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, e incluso la presión internacional, para poner en evidencia la manifestación más grave de la violencia de género: el feminicidio, que es denominado así por la investigadora y en ese entonces diputada, Marcela Lagarde, quien además puso en evidencia que la violencia feminicida no era un hecho aislado y referido sólo a esa ciudad fronteriza, sino que estaba presente, pero invisible, en todos y cada uno de los estados de la república mexicana. Y lo mismo afecta a mujeres, niñas, ancianas o jóvenes, pobres o ricas, y de diferentes formas, desde la violencia física, emocional y económica, hasta aquella que acaba con la vida de las mujeres. De ello se derivó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada por esta legislatura y decretada por el Ejecutivo hace apenas año y medio. La violencia de género tiene importantes consecuencias en la vida de las mujeres y el desarrollo de los países, y por tanto es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y del Estado en sus tres niveles de gobierno, actuar eficazmente para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. En Convergencia estamos convencidos que en el ejercicio del poder cada uno debe hacer lo que le corresponde. En ese sentido, hemos coadyuvado desde el Legislativo para atajar este grave problema. Por ello, hemos presentado diferentes iniciativas tendientes a armonizar las leyes con los tratados ratificados en esta materia. También nos hemos sumado con determinación a los trabajos que desde la Comisión de Equidad y Género se han hecho para destinar recursos etiquetados en cada una de las dependencias encargadas de atender y erradicar la violencia contra las mujeres. En Convergencia queremos conmemorar este día como la oportunidad de analizar los retos que aún enfrentamos para solucionar este mal social. Debemos reconocer que a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en diferentes espacios, no hemos logrado arrebatarle ni una vida al feminicidio; ni una rasguño al maltrato y ni un golpe a la conciencia. Los números siguen en ascenso. Debemos reemplazar las tareas que en esta Cámara tenemos pendientes como es la armonización legislativa nacional y local; pero también debemos exigir resultados al Ejecutivo federal y a los gobernadores, pues a pesar de los recursos destinados para este fin, es deficiente la coordinación entre las diferentes instancias responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Se duplican las acciones, se dejan vacíos en los que la omisión también nos hace responsables y por cuestiones ideológicas se niega a tratar otras dimensiones de la violencia de género, como lo es la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la escasa promoción de una cultura igualitaria. Los costos de la violencia contra las mujeres son altos. Las posibilidades de eliminarla están en manos de todas y de todos los que aspiramos a un mayor bienestar, que irá de la mano con la equidad de género; y a una sociedad justa e igualitaria. Es cuanto, señora presidenta.