La diputada Patricia Terrazas Baca: Estimados compañeros diputadas y diputados, el pasado 30 de octubre, en sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se discutió y aprobó el dictamen a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito. La importancia de la minuta que se pone a consideración del pleno tienen por objeto generar un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueada, en el ejercicio de las funciones de combate a los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los actos asociados con los delitos señalados. La colegisladora propone que quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer su derecho de audiencia y demás prerrogativas procesales ante la persona titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Una vez que hubieran sido notificados, pueden presentar en un plazo de 10 días hábiles, el cual podrá ser ampliado por una sola vez, manifestaciones por escrito o verbal, lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera, en un plazo de 15 días hábiles deberá emitir la resolución administrativa en la que fundamentará y motivará la inclusión del interesado a la lista de personas bloqueadas y podrá promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados, o en su caso, proceder a su eliminación de la citada lista . Dicha resolución podrá ser impugnada. Cabe mencionar que la adición propuesta por la colegisladora reconoce la importancia de establecer mecanismos legales que favorezcan la detección, prevención y bloqueo de las operaciones que llevan a cabo con recursos de procedencia ilícita, ya que estas vulneran y pervierten el sistema financiero de nuestro país, por lo que esta reforma armoniza los criterios judiciales vertidos en materia de bloqueo de operaciones activas y pasivas bancarias con motivo de causas nacionales por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respecto al congelamiento de cuentas bancarias. Por ello, el presente dictamen solventa la falta de correspondencia constitucional señalada por la Suprema Corte, ya que prevé un procedimiento que dota de seguridad jurídica a los gobernados que se ven afectados con la medida y, a su vez, daría cumplimiento a los procedimientos de las autoridades administrativas para salvaguardar la seguridad pública y el sistema financiero nacional a través de la prevención de la criminalidad financiera. Al efecto, esta comisión dictaminadora coincide que el bloqueo de las operaciones activas, pasivas y de servicios bancarios con motivo de causas nacionales, responde al cumplimiento de los procedimientos de inteligencia financiera llevados a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, los cuales tienen por objeto prevenir o interrumpir actos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, la economía nacional o el sistema financiero. Por lo anteriormente expuesto, es que la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de este pleno el presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.