El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la Presidencia. Garantizar una adecuada regulación de la seguridad privada es la discusión política constante durante casi tres lustros, en los que la Ley de Seguridad Privada ha estado vigente, pero hasta ahora en el Congreso de la Unión se han logrado acuerdos para votar en el pleno este dictamen que reforma la Constitución, tanto para conocer a los prestadores de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública, como para que se emita una ley general que establezca las atribuciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la ejecución de tal servicio. La seguridad privada es definida como la actividad a cargo de los particulares, habilitada por las autoridades competentes para desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores incluidos de traslado, instalación, operación de sistemas y equipo de seguridad. La complejidad normativa y regulatoria de la seguridad pública en el país ha implicado establecer autoridades comunes, determinar facultades concurrentes exclusivas, coordinar eficazmente procesos y desarrollar procedimientos idóneos para coadyuvar a la vida, la libertad y el patrimonio, lo que ha traído consigo reformas constitucionales y de leyes generales y federales en la materia. El aprendizaje en las modificaciones normativas aplicables a la seguridad pública, representan un conocimiento esencial para buscar que uno de los pilares de esta reforma constitucional sea exitoso: el mandato para el Congreso de la Unión de emitir una ley general que distribuya competencias y establezca mecanismos y bases de coordinación en la presentación de seguridad privada. La actual Ley Federal de Seguridad Privada, desde su distribución de competencias y ámbito de ampliación arrastra los efectos de una visión desenfocada de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, puesto que exclusivamente es aplicable para la prestación de servicios de seguridad privada cuando estos se ejecuten en dos o más entidades federativas. Por lo tanto, cuando se presenten tales servicios solamente en una entidad federativa, estarán regulados por las leyes locales correspondientes. Lo anterior ha generado una compleja y contradictoria aplicación a distintas, y duplicación de leyes federales y estatales de seguridad privada, lo que propicia una falta de criterios que homologuen los requisitos de autorización, procedimientos de verificación y sanción a los prestadores e información de los registros estatales de personas que otorgan el servicio de seguridad privada. Al día de hoy no se tiene un registro nacional actualizado y fidedigno de prestadores de seguridad privada, por lo que no es posible siquiera reconocer el número real de personas empleadas en la seguridad privada en el país. Por ello es tan urgente la coordinación de autoridades mediante una ley general. Por ello, mediante una reforma al artículo 73 constitucional al otorgar la facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de seguridad privada. Nos acercamos a una mejor intervención estatal, mediante las legislaciones adecuadas, donde las autoridades de los tres órdenes de gobierno se vinculen, involucren y participen ordenadamente en la regulación de seguridad privada. Por eso, establecer todo lo anterior en el texto constitucional, fortalece la validez del alcance de la eventual ley general, evitando en la medida de lo posible, controversias judiciales que la vuelvan inaplicable o excesivamente litigiosa. Por eso, especialmente se busca alcanzar el objetivo primordial con diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno que trabajen de forma conjunta y de la mano. Por eso, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, votaremos a favor. Es cuanto, diputada presidenta.