EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Hernández Raigosa. De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por la honorable Cámara de Diputados que norma el procedimiento para el análisis del 2º Informe de Gobierno y dar cumplimiento al punto segundo, numerales 1, 2 y 3 se concede el uso de la palabra al doctor Alejandro Gertz Manero, Secretario de Seguridad Pública, hasta por 15 minutos. - EL C. DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, Secretario de Seguridad Pública: Señor Presidente, señores miembros de la Comisión, señoras y señores diputados: Agradezco a ustedes la oportunidad que me han dado para informarles de los avances que el Gobierno Federal ha logrado en materia de seguridad pública en el período que nos ocupa. Nuestras tareas las hemos realizado en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública que fue presentado el pasado día 8 de mayo y en el cual la prioridad que establece el Presidente de la República en esta materia, es la de lograr un nivel de cooperación y coordinación eficiente y productivo con todos los niveles de gobierno de los Estados y el Distrito Federal a través de una política que le dé respuesta a una problemática que ha rebasado los marcos legales que tradicionalmente se han aplicado en materia de seguridad y justicia lo cual debe enfrentarse y resolverse como ya lo estamos haciendo. Como ustedes saben, es competencia y facultad de los Estados y municipios el brindar la seguridad pública en la prevención del delito del Fuero Común, así como la procuración y la impartición de justicia y la prevención y readaptación social en ese mismo ámbito. Ese marco legal del fuero común que se aplicable en cada entidad engloba el 95 por ciento de los delitos que se comenten el país y el otro 5 corresponde a los delitos federales, y frente a esta situación y ante la incidencia en el consumo y tráfico de drogas, lo cual es un detonante de muchos de los procesos delincuenciales sobre todo en el norte del país y ante una tradición policíaca en el sentido de no combatir ese tipo de delitos por ser de carácter federal, se ha generado una contradicción y un enfrentamiento que es indispensable resolver, ya que la Constitución General de la República y las leyes penales señalan con toda claridad que es responsabilidad de cualquier policía en cualquier entidad y de cualquier competencia, el responder ante la flagrancia delictiva independientemente de cuál sea el tipo de delito que se estén enfrentando. A ello hay que agregarle un aspecto de orden práctico que también es necesario reconocer, que consiste en que el número de policías estatales y municipales supera los 300 mil, mientras las fuerzas federales que se han ido integrando en estos últimos años sólo cuentan para los efectos de prevención del delito en localidades urbanas con la cantidad de 4 mil 900 efectivos, que significan menos del 2 por ciento de esa fuerza total. Por todas estas razones, es indispensable darle una respuesta a la ciudadanía que no eluda responsabilidades esenciales en razón de competencia, que el pueblo ni entiende ni justifica y presentar un frente común en el cual todas las fuerzas del orden estén al servicio de la comunidad y de la prevención del delito, en una estructura que se complemente y que se apoye estableciendo con claridad las funciones que debe de desarrollar la mayoría de los gentes policíacos en el país, con la participación activa y permanente de las fuerzas federales, que si bien no cuentan mas que con un número muy pequeño de efectivos, han logrado al respecto el apoyo de la ciudadanía y de los gobiernos estatales y municipales durante esta administración. En razón de esas premisas, durante todo este año las fuerzas federales han recorrido todo el país visitando 21 estados y 47 localidades y ya se encuentran ubicadas en forma permanente en Acapulco, Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Monterrey, Culiacán y en 24 zonas restringidas de la Ciudad de México. Este proyecto de seguridad pública que ha sido consensuado y apoyado por unanimidad de todos los secretarios de Seguridad Pública del país a través de la Conferencia Permanente respectiva, parte de un principio que consiste en contener el delito a través de una codificación de justicia cívica municipal que por su naturaleza tiene que ser determinada por cada comunidad, la cual permite vincular a las policías tanto locales como federal apoyándose en una red de participación ciudadana y de verificación de resultados, que se pueda medir a través de la respuesta inmediata que las fuerzas de seguridad le den a toda la comunidad. Para ello hemos logrado establecer la Red Nacional de Telecomunicaciones que nos permite comunicar a cualquier policía municipal, estatal o federal con todo el sistema local y a todos los niveles policíacos en todo el país, para que desde el punto de vista técnico la respuesta se pueda dar en forma inmediata. Asimismo, se han establecido también con el apoyo unánime de los funcionarios estatales, el Programa de Estandarización Profesional de las Policías Preventivas a nivel nacional, con normas técnicas para el perfil, capacitación y equipamiento así como el manual de procedimientos respectivo. También, con el apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se han ejercido las partidas presupuestales correspondientes a nivel nacional, para el equipamiento, reparto de incentivos y apoyo general de todas las policías del país. Este proyecto se ha ido aplicando en estricto cumplimiento del Sistema de Planeación y Control Policial que elaboró la Secretaría de Seguridad Pública y que fue aprobado por unanimidad en la Tercera Reunión Nacional de Secretarios Pública, realizada en junio de este año. El programa ya se aplicó en la Ciudad de Tijuana, logrando que en las primeras semanas el índice delictivo se redujera en un 28 por ciento en esa ciudad; el robo de vehículos un 53 por ciento y se cumplimentaran 685 órdenes de aprehensión y en Mexicali se aplicó también ese mismo sistema, el cual lo hemos realizado en la ciudad de Acapulco, donde sus primeros resultados han sido una reducción del 10% en toda la ciudad, destacando, en el robo, 37%; en el robo a negocios 24; en el robo a casa 11% y en las zonas de vigilancias de las fuerzas federales de apoyo, el índice delictivo disminuyó en un 74% en el mes de septiembre comparado con el mes anterior. Actualmente en Monterrey, en Nuevo Laredo y en Culiacán ya se está implementado el programa y las poblaciones de Ensenada, Rosarito, Tecate, Chilpancingo, Iguala, Ahome, Guasave, Novolato, Mazatlán, Puerto Vallarta, Cancún, León, Celaya y Ciudad Juárez, han solicitado ya formalmente a través de sus gobiernos municipales y estatales, la presencia permanente de la Policía Federal y de este Programa. Para que una estructura de esa naturaleza pueda tener permanencia y no ocurran las involuciones que han sido tan frecuentes en la historia de la seguridad pública de este país, es indispensable transformar las estructuras correspondientes en esencia y a fondo y para ello, durante este período, hemos elaborado un proyecto integral de seguridad que implica cambios desde la Constitución General de la República hasta los citados códigos de justicia cívica. Y dicho proyecto sostiene la necesidad de una justicia inmediata de barandilla que resuelva la inmensa mayoría de las infracciones y los ilícitos menores que a diario se cometen en el país a través de una justicia inmediata que en primer lugar, repare el daño causado a la víctima, sustituyendo los arrestos y las multas para buscar la readaptación del infractor a través del trabajo comunitario debidamente remunerado. Si esto se logra, un porcentaje inmenso de las infracciones legales se podrá resolver en esta instancia, lo cual lo pudimos comprobar en la pasada administración en el Distrito Federal, cuando de mil llamadas de emergencia diarias, 950 eran para infracciones y delitos menores y sólo 50 para asuntos de mayor trascendencia. Es también indispensable que la sociedad no solamente participe en la vigilancia y en la supervisión de la seguridad pública y la justicia cívica, sino que tenga pleno derecho a defenderse en materia penal, hacer parte de los juicios de esa naturaleza y a obtener antes que nada la reparación inmediata del daño que ha sufrido a través de un juicio oral, ejecutivo y transparente en el que participen el ofendido, el presunto responsable, la representación social y la autoridad jurisdiccional en un marco semejante al que cuenta cualquier habitante del país, en todas las demás materias menos en la penal. En este momento, la inmensa mayoría de los juicios y de las averiguaciones previas tanto federales como del fuero común, las conocen en primera instancia los ministerios públicos y los jueces locales, pero también el derecho de amparo hace que sea el Poder Judicial Federal el que conozca en última instancia la mayoría de esos asuntos y así se entrelazan las competencias y la realidad, lo cual genera una red de obstáculos y contradicciones que finalmente han llevado al país a la situación que hoy conocemos. Por lo expuesto, es indispensable que esa inmensa mayoría de delitos que corresponde al 95% de ellos, sea sancionada por un Código, que al mismo tiempo debe ser único y sea también, por esencia, del fuero común y por excepción en materia federal, cuando la propia Federación sea la víctima o cuando se dé un fenómeno de crimen organizado que trasciende estados y municipios. Si los Poderes de la Unión en el ámbito de su soberanía y sus competencias le pueden dar a los habitantes de este país una respuesta que vaya más allá de los obstáculos que nos han llevado a la situación que hoy enfrentamos, la solución seguramente será inmediata y satisfactoria para todos. Por eso, en cumplimiento de la competencia del Secretario de Seguridad Pública en materia de política criminal, hemos presentado al Ejecutivo un proyecto integral al respecto que está en este momento en análisis de las distintas entidades competentes y al respecto tenemos la convicción de que solamente con un cambio que realmente sea sensible a las necesidades de la población, podremos resolver un problema que parece insoluble pero que no lo es si se cuenta con la creatividad, con la capacidad tecnológica y con la honestidad que son indispensables. Si este proyecto justifica el aspecto final del fenómeno criminal, que se expresa en los Centros de Readaptación podrá tener una solución, que en las circunstancias actuales no cuenta, ya que en este momento existen 443 cárceles estatales y municipales, con una población de 173 mil internos, de los cuales 44 mil son federales. Y dichos Centros enfrentan en este momento una sobrepoblación de 36 mil reclusos, que en algunos casos supera a más del 300% de su capacidad como ocurría en Tijuana. A esta situación tan alarmante, hay que agregarle el hecho de que existen 14 penales locales terminados y 32 en proceso de construcción, que tienen grandes problemas de operación a nivel estatal por la carencia de recursos. La parte más crítica de todo esto, se encuentra en los penales estatales y municipales, que sean administrados y controlados en su interior por los propios delincuentes, a través de un autogobierno, que elimina cualquier posibilidad de readaptación y que propicia las peores formas de injusticia y de delincuencia organizada. La forma más viable para resolver esta crisis, es la de contar con la nueva estructura legal que proponemos, la cual, a través de la justicia cívica, puede lograr contener el crecimiento exponencial de los delitos, aplicando sanciones inmediatas de reparación del daño y trabajo comunitario, para así reducir el número de casos que se lleven a sentencias de privación de la libertad, en reos de baja peligrosidad, deben ser compurgadas en cárceles abiertas vinculadas con programas de carácter comunitario, en los cuales los internos puedan reparar el daño e integrarse a la sociedad, mediante un trabajo productivo y remunerado. Por su parte, los reos de alta peligrosidad, deben ser aislados y recluidos por las autoridades federales, independientemente del origen de su delito y basándose únicamente en su alto riesgo social. Esta visión integral de seguridad pública y de justicia, es la opción que nosotros consideramos viable, para dar respuesta a la sociedad de lo que nos está demandando, y todo ello bajo el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, que en este período ha dado los siguientes resultados puntuales: En incidencia delictiva. De enero a junio de este año a nivel nacional, el robo en general disminuyó 2.9%. el robo de vehículos 7.4, el robo a repartidores disminuyó 7.9, a negocio 3.6, a casa habitación 5.9, el homicidio disminuyó un 7%, las lesiones un 2.1%; en cambio, los delitos no prevenibles como el fraude, se incrementó en un 29% a nivel nacional. Por estas razones los delitos del fuero común que registraron un alza de 5% en el período 2000-2001, en este año no han registrado incremento. Por su parte, los delitos del fuero federal, de enero de 2000 a 2001, disminuyeron un 13.5%, y al 2002 han aumentado un 5.8% de disminución. La Policía Federal Preventiva. La Policía Federal Preventiva incrementó su estado de fuerza en un 25% con la contratación de 1,700 elementos y la incorporación de 826 nuevos elementos de las fuerzas federales en junio de este año, asimismo se adquirieron 745 patrullas. Se reestructuró la flota área de la policía para tener capacidad de transportar a sus elementos en un tiempo no mayor de tres horas al punto más lejano del país. En 12 meses se implementaron 55 operativos en 47 localidades de 21 estados de la república, entre los que destacan Tijuana, con sus 24 zonas estratégicas de la Ciudad de México, el operativo Tijuana, que descubrió y clausuró un túnel que fue utilizado durante muchos años, para introducir grandes cantidades de droga a los Estados Unidos, fue una tarea realizada por la Policía Federal. También en Tijuana, al igual que en Mexicali y en Guadalajara, se han asegurado cerca de 100 farmacias con productos ilegales o alterados. En Tijuana se desmantelaron 12 laboratorios de producción de droga conocida como cristal, con capacidad para producir 12 toneladas de droga al año. En todo el país se han detenido casi 11 mil presuntos delincuentes, se recuperaron casi 4 mil vehículos robados o con documentación alterada, 2,500 toneladas de mercancía ilegal, y lo más relevante, es la confianza que ha logrado inspirar la Policía Federal en los ciudadanos de las zonas vigiladas, lo cual se reflejó en la encuesta que al respecto se hizo. El tiempo se me ha terminado, el resto de los datos estadísticos los voy a hacer llegar a ustedes con toda prontitud. Muchas gracias.