El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar la reserva al artículo 11, primer párrafo del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ustedes bien saben, de manera general establece las facultades del Ejecutivo federal, particularmente en la fracción I del artículo, previene la existencia de lo que se conoce como la facultad reglamentaria. Esta facultad es determinante para el ejercicio adecuado del Ejecutivo federal y en términos generales se puede predicar que dicha norma cuenta con dos dimensiones. La primera refiere a la facultad del Ejecutivo para proveer en la esfera administrativa para el cumplimiento de sus leyes. Es decir, emitir reglamentos que profundicen lo dispuesto por la norma jurídica. La segunda encierra una restricción clara para el ejercicio de esta facultad, conocida como el principio de supremacía de la ley, lo que quiere decir que las normas que el Ejecutivo emita no podrán contradecir ni ir más allá de lo que dispone la propia norma. Esto es, el reglamento siempre será un mero complemento de la ley, impidiendo que innove sobre el contenido de la misma. Este principio de primacía de la norma jurídica encuentra su justificación en un razonamiento democrático, ya que se entiende al Poder Legislativo como la representación directa de los gobernados por lo que las normas que deriven de ese poder, cuentan con el aval de los gobernados, quienes la emiten a través de sus representantes directos. Ahora bien, en la Ley de Ingresos que hoy discutimos, en el artículo 11, se pretende facultar al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Hacienda emita resoluciones que impongan las cuotas correspondientes a los productos que pretenden cobrar las dependencias de los particulares durante el ejercicio fiscal 2014, aún cuando su cobro esté constituido en otras normas jurídicas. Lo anterior plantea una clara violación a la Constitución, específicamente en el artículo 89, fracción I, pues por una resolución emitida por la Secretaría de Hacienda se podría alterar incluso o invalidar el contenido de una propia norma jurídica. Recordemos que en base al derecho público toda y todo servidor público sólo puede y debe hacer lo que la norma le constriñe. Como consecuencia, los integrantes de este recinto protestamos hacer cumplir la Constitución. Sin embargo con la aprobación de este tipo de disposiciones, la cual desafortunadamente en muchas ocasiones con las aprobaciones que realizan, se violentan flagrantemente. Por lo anterior y con el objetivo de emitir una norma que cumpla con la Constitución, se propone a través de esta reserva modificar el artículo 1o., del artículo 11 de este dictamen a efecto de sujetar la facultad del Ejecutivo a que no contravenga lo dispuesto en las leyes diversas sobre las cuotas que cobrarán a los organismos descentralizados. En tal virtud la propuesta consiste en modificar este artículo 11, en ese apartado, implementando lo siguiente: que las cuotas de productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal 2014 serán siempre y cuando su cobro no se encuentre previsto y establecido en otras leyes. Es cuanto y le agradezco, señor presidente.