El diputado Ismael Ordaz Jiménez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, por décadas las cajas de ahorro han sido el único motor del desarrollo económico en innumerables comunidades de nuestro país, sobre todo del sector rural, pero también de zonas urbanas marginadas y para darles certidumbre y protección a los socios y usuarios de este instrumento financiero, se considera urgente poner fin a la indecisión de la aplicación de la ley correspondiente, que en este caso es la de Ahorro y Crédito Popular. Las pequeñas cajas de ahorro representan la única salida y vital sustento de financiamiento de cientos de miles de compatriotas. Esta y otras razones dieron origen a la presentación de la reserva de una serie de artículos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que presento a nombre de los grupos parlamentarios que suscribieron este documento. Por parte del PRD, Convergencia, PT, PAN y Verde Ecologista, me permito presentar las reservas a los artículos 4 Bis, fracciones III y V; artículo 9, párrafos octavo y décimo; 9 Bis, 9 Bis uno y 9 Bis dos, 10 segundo párrafo, 37 fracción I, 122, 130 fracción IV Bis y 132 Bis y se adiciona un artículo vigésimo segundo transitorio; con la aclaración que este documento fue entregado a esta Presidencia en oportunidad, debidamente suscrito por los representantes de los partidos mencionados. De conformidad con lo anterior, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social proponen modificar la fracción III y adicionar la fracción V con un último párrafo al artículo 4o. Bis; se eliminan del dictamen las reformas a los párrafos octavo y décimo del artículo 9; los artículos 9-Bis, 9-Bis 1 y 9-Bis 2; el segundo párrafo del artículo 10 y la fracción I del 37; el artículo 122 y modificar la fracción IV del Bis, del artículo 130 y el artículo 132 Bis, así como adicionar un artículo vigésimo segundo transitorio. De acuerdo con el dictamen del decreto que reforma la Ley de Ahorro y Crédito Popular en el que se establece que en las entidades cuyo objeto sea exclusivamente la captación de recursos de sus socios no se considerará que realizan operaciones de ahorro y crédito popular cuando sus activos no sean mayores de cinco millones de Udis. Se consideró que este umbral es insuficiente en virtud de existir muchas asociaciones que mantienen el cooperativismo como su principal objeto social y que administran activos superiores al monto mencionado, pero los beneficios que éstas obtienen invariablemente son distribuidos mediante servicios diversos entre sus mismos socios. Por lo que se acordó incluir a más entes en esta excepción, aumentando el monto de dicho umbral a 6 millones 500 mil Udis. Estamos de acuerdo en que se establezca un límite, pero también debemos aprovechar esta reforma para dar certidumbre a un mayor número de asociaciones que lo requieren y que con un aumento al monto propuesto como límite se logra este objetivo sin dejar de lado que es importante mantener una regulación adecuada en el sistema financiero de este subsector que evite malos manejos de los recursos de quienes mantienen sus pequeños ahorros en entidades que ejercen operaciones lucrativas. Este es una de las propuestas de modificación más significativas, pero también existen del artículo 9 la totalidad; se eliminan todas las disposiciones del artículo propuestas en el dictamen; Se elimina la 9-Bis, se elimina el artículo 9-Bis 1, fracción I a III; artículo 9-Bis 2, I a IV y el artículo 10. Por su importancia, es importante señalar que en defensa de la soberanía de las entidades sólo las federaciones y confederaciones serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria cuando se considere que tales personas no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones, quedando eliminado de este precepto las entidades. También el artículo 130 sanciona de 300 a tres mil días de salario a la entidad que omita someter a la probación de la comisión las modificaciones de sus estatutos. Es importante señalar que el artículo 132 Bis establece que las instituciones de crédito y casas de bolsa tendrán prohibido celebrar operaciones activas, pasivas o de servicios con las asociaciones o sociedades que capten recursos de sus socios o asociados, o del público, sin cumplir los requisitos previstos en esta ley o en la Ley de Instituciones de Crédito Público. Asimismo, dichas instituciones y casas de bolsa deberán realizar los actos necesarios para rescindir las referidas asociaciones o sociedades, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y acorde con la naturaleza de tales operaciones, siempre que tengan conocimiento del incumplimiento mencionado. Quedan exceptuadas de esta disposición las sociedades o asociaciones previstas en el artículo 4 Bis. El artículo 22 transitorio indica que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión realizarán las consultas y estudios necesarios a fin de lograr la actualización de la regulación de las sociedades financieras, de acuerdo con su naturaleza, a más tardar el 30 de noviembre de 2007. Éstas y otras razones dieron lugar a la presentación de este documento, que obra en poder de la Presidencia. Muchas gracias.