El diputado Julio César Moreno Rivera: El poder, el poder de infección de la corrupción es el más letal que el de las pestes, como decía el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la corrupción al igual que le cáncer se infiltra en las instituciones, se propaga y toma el control de las mismas. El cáncer si se detecta a tiempo puede ser controlado, incluso eliminado. La corrupción como el cáncer, si se detecta y se sanciona a tiempo no infecta a las instituciones, les devuelve la credibilidad hacia la ciudadanía al cumplir las funciones que le fueron conferidas. Nuestra sociedad está lastimada, herida y cansada de la impunidad en la que está inmersa nuestra sociedad: 22 mil desaparecidos, más de 55 mil decesos y 160 mil desplazados de sus lugares de origen desde el año 2007, por razones de violencia. Además de ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo que ha puesto a México en los planos internacionales, desgraciadamente, como un referente de violencia e impunidad. Recordemos que la impunidad son las venas de la corrupción. Los niveles de corrupción de un país están estrechamente ligados a la violencia e impunidad. Y no es casualidad, como se refleja en el índice de paz global que publica el Instituto para la Economía y la Paz, donde México en el año 2008 se posicionaba en el lugar 88, y para el año 2014 descendió 50 lugares ocupando el lugar 138. Es decir, cada año nos alejamos más de ser un país menos violento, siendo comparados a nivel internacional con naciones que actualmente se encuentran en conflictos bélicos, de acuerdo con las cifras del índice de percepción de corrupción que emite año con año Transparencia Internacional, que mide la corrupción de 167 países, en donde el primer lugar lo ocupa el país con el índice más bajo de corrupción y el último con el mayor índice. Nuestro país, hacia el año 95 ocupaba el lugar 32. Para el año 2005 descendió al lugar 65. Y para el año 2014 ocupa, lamentablemente, la posición 103. Es decir, en 19 años aumentó 71 lugares en niveles de corrupción, pese a la alternancia del año 2000, y desafortunadamente las cosas no han mejorado. Lo que nos hace reflexionar sobre los mecanismos fallidos en la implementación de políticas públicas para prevenir y sancionar actos de corrupción con el objeto de erradicar dichas prácticas y recuperar la confianza de la ciudadanía y en consecuencia retomar la paz social que tanto anhelamos todos los mexicanos. La corrupción da como resultado instituciones débiles infiltradas por este mal y aquellas encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción son incapaces de cumplir a cabalidad el propósito por el cual fueron creadas, sumando a ello una legislación laxa y flexible además de sistemas y medidas de controles ineficientes e ineficaces. La presente reforma constitucional es una demanda reiterada no solo de la ciudadanía sino de diversos actores y sectores sociales económicos, incluso políticos de nuestro país, ya que este mal lo sufrimos todos en cualquier momento, podemos ser el blanco de él directa e indirectamente. Se considera que la corrupción es un fenómeno complejo y multicausal, por lo que su combate requiere una atención integral donde deben priorizarse la prevención antes que las acciones punitivas, pues no debemos enfocar principalmente en combatir las causas y no atacar los efectos de la corrupción. Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales asumimos el compromiso de analizar, discutir y aprobar las reformas constitucionales que sentaron las bases para el combate a la corrupción y después de un exhaustivo análisis y deliberación de las diversas iniciativas de los grupos parlamentarios, en las cuales existieron coincidencias entre los proponentes al igual que las divergencias, no fue un trabajo fácil coincidir en la forma y el fondo, sin embargo todas y cada una de las expresiones políticas coincidimos en lo esencial, combatir la corrupción que tanto daño nos hace como nación. En ese sentido esta presidencia pone a su consideración el presente dictamen del diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción quedando de la siguiente manera: compañeras y compañeros legisladores, con base en el artículo 76, fracción III y 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman 14 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo estos el 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114 y 116 y 122. El Sistema Nacional Anticorrupción se establece en el artículo 113 constitucional, señalando los pilares que lo integran y, para su armonización en la estructura constitucional se reforman los artículos correspondientes a cada uno de los siete integrantes del Comité Coordinador, cuyo objetivo principal es la coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competentes para la prevención, detección, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Para ilustrar esta coordinación señalo brevemente las nuevas funciones y facultades de los siete integrantes, las cuales son. Primera. La Secretaría de la Función Pública, cuyo titular será designado por el Ejecutivo y con la presente reforma deberá de ser ratificado por el Senado. Para hacer posible una efectiva rendición de cuentas del fiscalizado, no puede quedar al arbitrio de órganos que le son dependientes y que bajo esa misma dependencia ejercen sus funciones de auditoría, evaluación y sanción. Segunda. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuya reforma constitucional fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 quedando pendiente su debida conformación, por lo que exhortamos a la Colegisladora, al Senado de la República con sus respectivas atribuciones y la responsabilidad que demanda la nación, designe al fiscal anticorrupción. Tercera. El titular de la Auditoría Superior de la Federación previsto en el artículo 79 constitucional, a la cual se le otorgan mayores facultades destacando las siguientes. Se elimina el principio de anualidad, es decir podrán auditar en tiempo real el ejercicio de los recursos públicos. Antes sólo podían auditar dos ejercicios anteriores. Actualmente rinde un informe general al cual ahora se le denomina ejecutivo. Con la reforma habrá informes de carácter individual que permitirán una mayor agilidad en la revisión de la Cuenta Pública. Podrán auditar fondos y fideicomisos no sólo públicos, sino también privados que manejen recursos federales. Se perite que la Auditoría Superior fiscalice a los órganos autónomos como son el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros. Cuarta. El titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que se le confieren mayores facultades entre las que se encuentran las siguientes. Actualmente dicho tribunal se limita a conocer de la revisión contra las sanciones que imponen las contralorías internas. Ahora sancionará tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves. Ahora se podrá imponer sanciones también a los particulares vinculados con actos de corrupción, que consistirán en su inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; suspensión, intervención o disolución de las empresas de los responsables; obligación de resarcir los daños al erario. Las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos consistirán en amonestación, suspensión e inhabilitación, además de las sanciones económicas, de acuerdo a los daños y perjuicios patrimoniales causados. Por lo que también se modifica el artículo 114 para que la prescripción de las sanciones administrativas no sea inferior a siete años. Esto con el objeto de que no se genere impunidad, sea transexenal. Además a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción y cuya consecuencia derive de enriquecimiento ilícito, se les iniciará un procedimiento civil de extinción de dominio de aquellos bienes que sean obtenidos con estos recursos, independientemente al procedimiento penal del delito cometido. Los órganos responsables de investigación –es decir– los órganos internos de control o la Auditoría Superior de la Federación, ya no les aplicará la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Como cuestiones generales se propone que los contralores de los órganos autónomos como el INE, los nombre la Cámara de Diputados, para asegurar que el sistema de control interno y de igual forma, siga teniendo la autonomía necesaria para separar al ente fiscalizado respecto del ente fiscalizador, por lo que no debería depender el titular del órgano de control interno del titular de la dependencia fiscalizada. Con esta reforma se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y sobre todo su declaración de interés ante las autoridades competentes, ya que para el coherente funcionamiento del sistema anticorrupción, es esencial complementar las medidas de prevención de conflictos de interés. Este sistema se replicará –por supuesto– en las entidades federativas. Quinto. De igual forma integran al Sistema Nacional Anticorrupción el titular del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el IFAI. Se considera su participación, ya que el comité debe coordinar sus acciones con otros órganos encargados de fiscalización –y sobre todo– el de la transparencia para lograr un eficaz combate a la corrupción. Recordemos que la corrupción comienza cuando la transparencia termina. Sexto. El representante del Consejo de la Judicatura Federal tendrá la misión de garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial para el funcionamiento de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, asegurando su autonomía, objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de que la sociedad reciba una justa, pronta, completa y gratuita impartición de justicia. Y, por último, el más importante, el representante del Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco destacados ciudadanos que hayan contribuido a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Quiero señalar que es trascendental reformar esta trascendental reforma, también es un triunfo de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada como la red o la rendición de cuentas Fundar, México evalúa entre muchos otros que ha contribuido con sus planteamientos específicos para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción nos pudiera parecer un tanto complejo, pero es un tema prioritario cuya existencia representa una aspiración de nuestro país para dotar a sus instituciones de un diseño y marco regulatorio que hagan eficaces la prevención, detención e investigación y sanción para el combate a la corrupción. Es claro señalar que los índices presentados por Transparencia Internacional y el Instituto para la Paz y la Economía, países como Dinamarca y Nueva Zelanda, están posicionados en los primeros lugares del ranking mundial como naciones altamente desarrolladas, reconocidas internacionalmente por ser lugares con una mayor y mejor calidad de vida como los índices delincuenciales más bajos del mundo, alto grado de desarrollo, de respeto a la libertad de expresión y en pro de los derechos humanos. Qué decir de sus instituciones, que cuentan con una excelente credibilidad y confianza hacia su ciudadanía. En otras palabras, las manos corruptas del mundo, todo esto no es casualidad en virtud de que estas naciones cuentan con sistemas efectivos para combatir la corrupción. Conviene considerar la definición amplia adoptada por transparencia internacional y admitida en diversos países que definen a la corrupción en el sentido que es, el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Con este nuevo sistema de coordinación, cada institución tendrá sus facultades bien definidas y quien no las cumpla estará expuesto ante su contraparte, pero sobre todo ante los ciudadanos, por lo que los exhorto a hacer un compromiso público, tanto a mis compañeros diputados como a los senadores de la república. Y, sobre todo, a ellos porque es importante que hagan la revisión y, sobre todo, un exhaustivo análisis a esta trascendental reforma y no la retarden mucho. Y, sobre todo, exhorto a todos a cumplir en la elaboración de las leyes secundarias en el tiempo que nos planteemos en los transitorios. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen, ya que con esta reforma estableceremos los pilares que sostengan la lucha contra la corrupción, generen confianza y credibilidad en las instituciones y contribuyamos a la legalidad, la responsabilidad, para que la integridad de los servidores públicos se convierta en los fundamentos del Estado, la administración y las políticas públicas del siglo XXI. Es por eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, que los invito a votar a favor del presente dictamen. No sin antes reconocer arduamente a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a todos los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales por su excelente participación. Gracias a todos. Es cuanto, diputado presidente.