La diputada Verónica Beatríz Juárez Piña: Presidenta. La Ley General de Víctimas nació del dolor de los desplazados, las familias de las personas desparecidas y ejecutadas, las víctimas de feminicidio, las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, de aquellas personas que dedican sus días y noches a la búsqueda de un cuerpo que les devuelva a su ser querido. Hemos recibido en esta Cámara a representantes de más de 60 organizaciones de víctimas, exigiendo que no extingan el fideicomiso de ayuda a asistencia y reparación integral, que son recursos que garantizan a las víctimas los derechos y medidas que otorga la ley. Gastos médicos como diversos, como hospitalización, material médico, quirúrgico, incluidas prótesis o demás instrumentos o aparatos que la persona requiere para su movilidad. Medicamentos, honorarios médicos, atención a la salud mental y acompañamiento psicosocial. Servicios de análisis médicos, laboratorios y máquinas diagnósticas, transporte y ambulancia, servicios odontológicos reconstructivos, atención materno-infantil, servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley. Atención para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas. También ayuda alimentaria, gastos funerarios, traslado de cuerpos y transporte, transportación, alojamiento y alimentación. Contratación de expertos independientes o peritos, y pago de peritaje realizados por expertos. Exámenes periciales dentro del proceso penal. Becas en instituciones públicas de educación básica, media superior y superior. Publicación de edictos en procesos jurisdiccionales, y material o insumos necesarios para exhumaciones en fosas clandestinas. No contenta la mayoría de Morena, el dictamen que hoy discutimos, además de extinguir el fideicomiso, elimina por completo la fracción I del artículo 132 de la ley, que determina no solo la obligación de la Cámara de Diputados, de destinar no menos del 0.14 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos, que son recursos para las ayudas, la asistencia y la reparación integral. Esta disposición constituye una garantía para las víctimas y, sin ningún problema, Morena la borra de la ley. La eliminación de estos recursos y del fideicomiso da la espalda a las víctimas en detrimento de sus derechos constitucionales, contraviniendo los derechos propersona y de progresividad de los derechos humanos, así como los tratados internacionales de los que México forma parte. Esta ley, surgida directamente de la movilización y el dolor de las víctimas, no puede ni debe ser reformada bajo el principio de sin las familias no. Por todo ello, desde esta tribuna y en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, nos solidarizamos con las víctimas que quedarán en el desamparo al desaparecer los recursos presupuestales y el fideicomiso de los artículos 132, 133 y 134. Y deberán enfrentar solas y sin acompañamiento las vicisitudes que impone la lucha por el reconocimiento de las responsabilidades. Y una política de Estado, actos de violencia institucional que como sociedad no podemos tolerar ni mucho menos consentir, porque día a día se pierden miles de vidas, se destruye y fractura el tejido social y atenta contra la dignidad y los derechos de las personas. Señor presidente López Obrador, sin las familias no, entienda.