El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. El artículo 69 constitucional se refiere a la obligación del Presidente de la República, de asistir ante el Congreso en sesión pública y conjunta el día de la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo y presentar un informe escrito, con el que manifieste el estado general de la administración pública. Por otro lado, este precepto constitucional se refiere a las sesiones extraordinarias. En cuanto a la primera parte del artículo 69 de la Constitución, que es la parte que se pretende reformar, los antecedentes de las sesiones informativas, los encontramos, primero, en Estados Unidos, pues conforme a la Constitución de 1787, el Presidente informará periódicamente al Congreso sobre el estado de la Unión, artículo 2°, tercera sección, haciendo las recomendaciones que considere convenientes o necesaria, asimismo el Presidente dirigirá mensajes escritos u orales, relativos a los problemas concretos. El antecedente del 69 constitucional en México, lo encontramos en la primera Constitución, la del 4 de octubre de 1824, ya que sus artículos 67 y 68, señalaba que el Congreso se reuniría el 1° de enero y asistiría el Presidente, quien pronunciaría un discurso que contestaría el que presidiera el Congreso. En 1847, se expidió el Acta Constitutivas y de Reformas, que reestableció el sistema federal, asimismo nuevamente entró en vigor la Constitución de 1824, que junto con el acta constitutiva conformaron la Ley Fundamental. Bajo la vigencia de la Constitución de 1857, Sebastián Lerdo de Tejada, sugirió que el informe del Presidente fuera por escrito y no verbal, sugerencia que fue aceptada. Durante la dictadura de Porfirio Díaz, éste concreto todas las atribuciones de los diversos órganos, entre ellos el propio Congreso, que quedó a su disposición, por lo que el ejercicio de la sesión informativa o Informe Presidencial, ya no fue posible. Carranza expidió el 14 de septiembre de 1916 el decreto de reforma a los artículo 4°, 5° y 6° del decreto de 12 de diciembre de 1914; decreto que anunciaba la convocatoria del Congreso Constituyente. El artículo 6° segundo párrafo, señalaba que verificadas las elecciones de los Poderes Federales e instalado el Congreso General, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, le presentaría un informe sobre el estado de la administración pública y hecha la declaratoria de la persona electa para Presidente, le entregaría el informe al Poder Ejecutivo de la nación. Constitucionalmente no se establece la obligación del Presidente para dar lectura al informe, pero es una costumbre saludable, iniciada por el primer Presidente de México, Guadalupe Victoria. Sin embargo, la obligación sí se contempla en el artículo 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, pero el actual Informe Presidencial dista mucho de ser una comparecencia de gobierno. Está lejos de ser un verdadero diálogo constructivo entre Poderes Republicanos en busca de la eficiencia gubernamental. Durante la época de la hegemonía de un partido de Estado y de un presidencialismo autoritario, el Informe Presidencial se convirtió en el pretexto constitucional idóneo para rendir pleitesía al Jefe de Estado. Era un día feriado, lleno de símbolos, como el besamanos en el Palacio Nacional al concluir el informe. El Presidente se transportaba en un auto convertible del Palacio Nacional al Congreso, ello para saludar a los miles de acarreados postrados a su alrededor. Los legisladores priístas, más del 80 por ciento del total del Congreso, interrumpían cotidianamente con aplausos y de pie el extenso mensaje del Presidente. No era por supuesto una rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo, parecía más bien una ceremonia en la que el Legislativo se asumía como un órgano más, subordinado y muy disciplinado a la voluntad del Presidente el turno. Pero la alternancia en el Poder Ejecutivo y la representación plural del Congreso, trajo consigo el fin de aquel viejo e insultante ritual antidemocrático y autoritario en el que se había convertido el Informe Presidencial, y es ahora cuando resulta más claro la obsolescencia del formato señalado en la Constitución, en la ley secundaria y en el propio reglamento. Y es que si partimos del hecho de que difícilmente regresaremos a la época en la que el Presidente y la mayoría absoluta en el Congreso sean del mismo partido, nos daremos cuenta de que el Informe Presidencial, tal como existe hoy, no dejará de ser un monólogo de dos, donde un Presidente habla sin que el Congreso lo escuche y un Congreso grita e insulta al Presidente, sin que se le pueda controlar. Esa es la realidad a la que habrá de enfrentar el Presidente el turno y tanto no cambie el formato del informe, es precisamente esa problemática la que tendrá que resolver con la presente iniciativa. Esta propuesta pretende que el informe deje de ser un diálogo de sordos y que se convierta en dos mensajes a la Nación: uno del Ejecutivo el primero de septiembre y otro del Legislativo el primero de octubre. El Presidente ya no iría al Congreso el primero de septiembre a dar un mensaje, sino que haría llegar al Congreso el informe y enviaría un mensaje a la Nación. Este sería contestado por los grupos parlamentarios en sesión solemne, luego de analizar, claro, su contenido, con la presencia entonces del propio Presidente de la República. La iniciativa también propone acabar con el arcaico esquema de posicionamiento de los grupos parlamentarios que versan sobre un Informe Presidencial que no conocen. ¿Por qué? Porque aún no ha sido entregado al Congreso y que dirigen al Presidente sin que éste se encuentre presente. Los mensajes de los grupos parlamentarios deben ser fortalecidos y más importante: no deben quedar solamente en la crítica, sino que incluso deben contener recomendaciones para el mejoramiento de la acción pública del Presidente. Por ello, se pretende que luego de que el Presidente haga llegar su Informe al Congreso, éste lo analice durante 30 días auxiliándose de los Secretarios de Despacho y el primero de octubre, en sesión solemne, en la que estaría presente el Presidente y ya con pleno conocimiento del contenido del informe, los grupos parlamentarios den un mensaje que no quedaría sólo en la crítica, sino más importante: contendría las recomendaciones que los legisladores consideren necesarias para el mejoramiento de la administración pública, mismas que el presidente tendría que valorar, atender y contestar en un plazo no mayor a quince días hábiles. Con la propuesta planteada sí habría un diálogo entre dos poderes, diálogo que hoy en día no existe. Además, se trata de que el Presidente informe a la Nación y el Congreso critique el informe y proponga soluciones. Desde nuestra perspectiva, eso ayudaría más a la buena conducción del país que al actual diálogo de sordos e insultos estériles. En virtud de lo expresado y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución y del artículo 55 fracción II del Reglamento, presento a esta Honorable Asamblea esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso y los artículos 188 y 189 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias.