La diputada Lorena Méndez Denis: Con el permiso del presidente de la Mesa Directiva. En la actualidad y probablemente hoy más que nunca el número de sociedades que se rigen por un gobierno democrático ha crecido exponencialmente. En relación con esta estructura política, el consenso internacional respecto al buen funcionamiento de la misma coincide en que la confianza de los gobernados en las instituciones es un componente fundamental para la coordinación y la cooperación social en este tipo de sistemas. El sistema electoral es parte fundamental en todo sistema democrático, y las autoridades electorales siempre serán las que proporcionen certeza y seguridad a los ciudadanos respecto a la limpieza de los procesos selectivos y de las posibles impugnaciones que de estos se pueda derivar. En nuestro país el proceso de transición a la democracia ha estado plagado de constantes reformas de índole constitucional y legal en esta materia, a fin de consolidar a sus instituciones electorales. Sin embargo, la realidad es que entre los mexicanos no hay confianza ni la habrá, mientras sigan existiendo procesos electorales amañados, sucios y tramposos. Tampoco mientras se siga fomentando la permanencia de Tribunales Electorales, locales y federales, sujetos a las consignas e intereses políticos y personales de los grupos en el poder, edificando así instancias jurisdiccionales obsoletas que no garantizan en nada la aplicación de la justicia electoral ni la existencia de un verdadero sistema de medios de impugnación. Tan es así que de conformidad con datos relevados por la Corporación Latinobarómetro la confianza de los mexicanos en la democracia durante los últimos 15 años ha ido en picada, pues al término del sexenio de Vicente Fox el índice era de 59 por ciento, con Felipe Calderón bajó al 40 por ciento y con Enrique Peña Nieto se hundió alcanzando apenas el 37 por ciento. En definitiva lo anterior no es más que el reflejo de la falta de probidad de las autoridades electorales, lo cual ha propiciado un ambiente en el que los votantes consideran coartado su derecho de elección y generando apatía por el sistema político empleado. En este orden de ideas, consideramos en efecto que como sociedad estamos en una etapa en la que urge implementar medidas que fortalezcan la credibilidad de los órganos encargados de sancionar las controversias que surjan con motivo de las elecciones en el territorio nacional. No obstante estimamos inadecuada la propuesta de que las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado sean quienes designen a los magistrados que integran las autoridades jurisdiccionales, pues aunque exista una convocatoria de la cual sólo sabemos que deberá ser pública no se garantiza de ninguna manera que el ganador sea el candidato más preparado imparcial y que su actuar no esté sujeto a la voluntad de un tercero. Además de que no se eliminan los incentivos maliciosos que impiden que los órganos electorales cuenten con los integrantes y elementos suficientes que les permite ejercer plenamente sus facultades en pro del fortalecimiento de la democracia. En este sentido creemos que la designación de los magistrados encargados de emitir las resoluciones jurisdiccionales en materia electoral obligadamente debe quedar a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, como el órgano encargado de la profesionalización de la carrera judicial y que además goza de independencia técnica y de gestión en el ejercicio de sus funciones. Derivado de lo anterior someto a consideración del pleno la siguiente reserva al 5o. numeral, del inciso c), de la fracción IV, del artículo 116, del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de política-electoral. Único. Se modifica el 5o. numeral, del inciso c), de la fracción IV, del artículo 116, del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de política-electoral, para quedar como sigue: Las autoridades electorales jurisdiccionales se integran por un número impar de magistrados, quienes serán electos por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de examen de oposición aplicado previa convocatoria pública emitida por el mismo organismo. Es cuanto, señor presidente.