La diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez: Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Nelson Mandela. Diputadas y diputados, en 2011 fuimos testigos de una reforma trascendental para nuestro país, me refiero a aquella en la que se estableció en nuestra Constitución el reconocimiento de los derechos humanos que deben gozar todas las personas en el territorio nacional, así como de las garantías para protegerlos. En el quinto párrafo del artículo 1o. de nuestra Carta Magna se lee lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este sentido, la propuesta que hoy discutimos sugiere derogar la fracción I del artículo 26 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objetivo de suprimir la exigencia de contar con un título universitario para quien desee ocupar la representación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Compañeras y compañeros legisladores, este requisito es contradictorio con la misma ley, pues es en sí mismo un acto discriminatorio y una carga desmedida para los pueblos afromexicanos y comunidades indígenas, quienes por años han sido desplazados y restringidos en sus derechos. Los obstáculos culturales que enfrentan en el acceso a la educación formal traen consigo menores posibilidades de contar con un título profesional o que no existe un piso parejo para ellos. Ya basta de ver a nuestros pueblos y comunidades indígenas como sinónimo de pobreza, marginación, abandono y despojo. Es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció a favor de que, en todo proceso de nombramiento de un cargo en administración pública, la selección atienda no solo a los méritos y calidades de las personas, sino también el aseguramiento de la igualdad de oportunidades. Esta reforma indudablemente contribuirá a incrementar las posibilidades de participación de las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas en el desempeño de cargos o puestos dentro de las instituciones gubernamentales, en plena concordancia con lo dispuesto por el artículo 35, fracción VI de la ley fundamental, que establece la libertad para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público. Los invito a reflexionar lo siguiente. Para desempeñar nuestro cargo como legisladores no se nos exigió contar con un título profesional ni siquiera se exige para ocupar la presidencia de la República, eso es lo que la democracia puede ofrecernos, un México en el que cualquiera de nosotros, de ustedes y de las y los indígenas pueda ocupar un cargo público. Entonces, ¿por qué condicionar la titularidad del Conapred? Actuemos con responsabilidad, no introduzcamos ni conservemos en nuestro andamiaje jurídico disposiciones discriminatorias. Combatamos tales prácticas con la finalidad de asegurar la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas, acción que también incluye el diseño de normas orientadas a facilitar la participación de sectores específicos de la sociedad en la toma de decisiones, particularmente cuando se trata de la institución por excelencia, encargada de prevenir la discriminación. Hagamos historia, compañeras y compañeros, votemos a favor de este dictamen, es momento de concretar la vocación de Conapred desde su titularidad. Demos la bienvenida a los pueblos y comunidades indígenas para que ocupen los espacios que históricamente les han sido negados. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.