El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a pesar de que según los principales organismos internacionales de derechos humanos del mundo nuestro país atraviesa por la más grave crisis de derechos humanos de su historia reciente, el Ejecutivo federal no solo ha sido omiso en atender sus principales recomendaciones, sino que hemos visto una ominosa falta de sensibilidad gubernamental hacia la legítima protesta social, que ha derivado en hechos tan lamentables como el caso de Nochixtlán, además que hemos sido testigos de cómo se emprendía una persecución judicial contra el entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el señor Emilio Álvarez Icaza. La conducción del gobierno federal en materia de derechos humanos ha evidenciado ante el pueblo de México, y ante la comunidad internacional, su grave displicencia ante el incremento generalizado de violaciones a los derechos humanos, como lo demuestra su falta de cooperación para que los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes continuaran en nuestro país; el poco interés para sacar adelante la legislación general en materia de desaparición forzada; además de la reiteradas descalificaciones que han recibido algunos de los representantes de organismos internacionales y defensores de derechos humanos, como el relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, cuyo trabajo fue calificado de poco profesional por este gobierno. Esta grave crisis de derechos humanos alcanza niveles solo vistos en territorios que atraviesan por cruentos conflictos bélicos internacionales; y ya arroja algo así como 30 mil desaparecidos, 150 mil homicidios y alrededor de 280 mil desplazados. Por ello los conceptos de crimen de lesa humanidad y de crimen de Estado son cada vez más invocados como definitorios de la crisis en nuestro país. Sin embargo, hemos visto cómo algunas de las principales autoridades de nuestro país han descalificado en reiteradas ocasiones los diagnósticos que en tal sentido han venido realizando los organismos de derechos humanos, condenando cada vez a nuestro país a un aislacionismo del concierto internacional. Es una política totalmente errada la que tiene este gobierno. La desaparición forzada de personas constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y en nuestro país alcanza ya niveles alarmantes, con hecho siniestros como los de Ayotzinapa y hallazgos macabros como las múltiples fosas comunes en Tetelcingo, Veracruz, o Guerrero. Sin embargo el gobierno federal ha resultado visiblemente rebasado y ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias como lo demuestra el hecho de que a casi un año de creada la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas, sólo ha localizado a 13 personas de las casi 30 mil desaparecidas que hay en nuestro país. Según datos oficiales, esto es una verdadera vergüenza porque los grupos de ciudadanos organizados han encontrado a más personas desaparecidas e incluso han localizado más fosas clandestinas. De ese nivel es la ineficacia que tenemos en las instituciones de este país, sobre todo del gobierno federal. En el actual marco de descomposición de la vida pública resulta urgente que la administración pública federal y todas las áreas del Estado asumamos como una tarea primordial de defensa y protección de los derechos humanos, para lo cual resulta primordial en primer lugar que aceptemos la gravísima crisis de derechos humanos y se atiendan las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales en la materia. La crisis de derechos humanos en México es una enfermedad y como tal el primer paso para combatirla consiste en reconocerla. El Poder Ejecutivo federal hoy debe dar la cara sobre esta grave situación por la que atraviesan los derechos humanos en México. Es una responsabilidad histórica de esta administración e incluso de esta generación, entrar de lleno en la solución de esta crisis y desde Movimiento Ciudadano seguiremos insistiendo en ello ya que creemos que hoy este es el principal problema de la agenda pública. Es cuanto, presidente.