El diputado Francisco Javier Alvarado Villazón: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores: El artículo 74 fracción IV, a la letra dice: " que el Congreso debe aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior." Siguiendo textualmente el espíritu de lo señalado en nuestra Carta Magna, como legisladores debemos aprobar, vigilar, controlar y fiscalizar el ejercicio del gasto de recursos federales a fin de colaborar con el Ejecutivo Federal. En una palabra debemos fortalecer conjuntamente con el Ejecutivo Federal, el control del gasto público. En el marco de la Administración Pública, el control se refiere a aquellos elementos que se adoptan para cuidar los recursos, obtener información suficiente, oportuna y confiable para promover la eficiencia en las actividades y asegurar el apego a las leyes, normas y políticas vigentes, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos por el gobierno. En un sentido moderno el control debe entenderse como una acción preventiva que va más allá de la verificación financiera o de la sanción a infractores. El control implica realizar acciones de organización, programación de actividades, seguimiento y evaluación de los programas y de la gestión pública para garantizar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la adecuada utilización de los apoyos económicos otorgados por el Gobierno Federal de tal manera que cumplan con los objetivos para los cuales fueron destinados dentro del marco de la ley. La finalidad del control es evitar actos contrarios a la legalidad, promover el mejoramiento, la corrección y la modificación de actitudes en los servidores públicos federales, estatales y municipales, para contribuir a elevar la eficiencia, la calidad y la transparencia de los servicios gubernamentales. Es también obtener la correcta utilización de los recursos del Estado para lograr el cumplimiento de los objetivos orientados al bienestar de la comunidad. El control institucional consiste en las acciones que los gobiernos federal, estatal y municipal realizan para organizar las tareas que les corresponde llevar a cabo. Tener un registro de información, supervisar y verificar el desarrollo y cumplimiento a los programas, la actuación de los servidores públicos y evaluar la gestión pública. Todo ello con el propósito de optimizar el uso de los recursos, mejorar la calidad y calidez de los servicios proporcionados, entregar cuentas claras y respetar el marco legal establecido. Nuestro país necesita urgentemente fortalecer los mecanismos de control del ejercicio del gasto, control interno y evaluación que aseguren: Uno, la utilización correcta de los recursos conforme a los programas y presupuestos aprobados. Dos, la eficiencia y eficacia en la ejecución de obras. Tres, el comportamiento responsable, honesto y transparente de los servidores públicos. La fiscalización debe ser una actividad permanente que debe ser coordinada desde el Congreso y asumida como responsabilidad constitucional con la participación de los órganos federales, estatales y municipales de control, con el fin de verificar el cumplimiento. Es precisamente en este sentido que como diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, comprometidos con el estudio e implementación de los cambios legislativos dirigidos hacia una mejora social y preocupados por el pobre desempeño del mercado interno y la economía nacional, proponemos la siguiente: INICIATIVA con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: DECRETO Artículo 74 de la fracción I. La III queda igual. En la fracción IV se le agregará un párrafo ocho donde diga lo siguiente: "Los estados o los municipios y cualquier organismo público que haga uso de recursos federales, deberán a más tardar el primer trimestre de cada año, informar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respecto a la administración y aplicación de los recursos del año inmediato anterior." Por su atención, gracias.