La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, y nosotros que creíamos que este debate había terminado en noviembre pasado, cuando la Suprema Corte había declarado inconstitucional la ley de inseguridad la, Ley de Seguridad Interior. Oh sorpresa, no. Se sigue insistiendo y ahora más para recrudecer la presencia de los militares en las calles. Hace 12 años el gobierno federal implementó la Operación Conjunta Michoacán, con la cual se modificó la de por sí ya cuestionada presencia de las Fuerzas Armadas mexicanas, en labores que le corresponden a las autoridades civiles. A partir de esa decisión, la escalada de violencia y de violaciones a los derechos humanos, en particular ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura a mano de las Fuerzas Armadas ha lastimado a cientos de miles de mexicanos y mexicanas. La decisión que se tome en esta legislatura con relación a la propuesta de modificar 13 artículos constitucionales, con el propósito de crear una Guardia Nacional en la que la presencia militar tenga participación permanente, continúa sin limitaciones, sin regulación explícita de sus actuaciones, sin controles políticos y jurídicos y por encima de las autoridades civiles responsables de la seguridad. Es algo, es algo que nos será cuestionado por décadas por venir, a cada una y cada uno de nosotros. El cuestionamiento será severo, porque esta decisión es ingenua, porque se piensa que una persona por más alto que sea su cargo político será capaz de evitar que no se cometan violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas. Es imprudente, porque se legisla para una persona y no para la ciudadanía. Es irresponsable, porque es una medida permanente que da facultades al Ejecutivo federal, que permanecerá después de la conclusión del mandatario en turno. Es antidemocrática, porque es un planteamiento contrario a lo prometido en la campaña electoral. Es contraria al fortalecimiento del Estado de derecho en México, porque debilita al sistema constitucional de protección de derechos humanos, al sistema de seguridad ciudadana, al sistema de justicia penal acusatorio, al federalismo y al principio de supremacía de las autoridades civiles sobre los militares. Es incompatible con las obligaciones internacionales de México porque va en contra de las decisiones de organismos de derechos humanos internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contra México. Es insensible porque va en contra de lo manifestado por víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas en los foros de pacificación, en los foros de pacificación porque en esta Cámara las víctimas no fueron escuchadas. Han sido muchos los llamados que se han pronunciado por esta enorme preocupación. Al menos los últimos cuatro representantes de las Naciones Unidas en Derechos Humanos así lo han manifestado, como es Luis Arbulú, Navi Pillay, Zeid Raad Hussein y Michelle Bachelet. A este llamado se han sumado otros intelectuales, académicos y expertos que vinieron aquí a ser solamente escuchados, porque la mayoría siguen coincidiendo en que lo que aquí se está presentando no es otra cosa más que la militarización de la seguridad pública. Por eso, junto con ellos coincidimos en que lo que debemos de hacer es escuchar a las víctimas de la violencia o de la violación a los derechos humanos. Que lo que se debe de hacer es que garanticemos el pleno respeto a los derechos humanos. Que se deben de desarrollar y fortalecer las instituciones civiles de seguridad pública, en énfasis en las policías de los tres órdenes de gobierno de capacitación, preparación y equipamiento. Que debemos de respetar las competencias de los órdenes de gobierno en materia de seguridad pública a través de un modelo de coordinación y no de subordinación a la federación. Lo que debemos es reconocer la incompatibilidad e inviabilidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y que en cualquier acción en que las Fuerzas Armadas mexicanas participen en tareas de seguridad pública debe llevarse bajo los procedimientos dispuestos en el artículo 29 constitucional. Es decir, termino con esto, presidente, debe ser extraordinaria, excepcional, temporal, restringida, subordinada a la autoridad civil, regulada y supervisada. No basta, no basta con que el presidente de las Fuerzas...