El diputado César Augusto Rendón García: Compañeros legisladores, nos encontramos ante un dictamen que modifica el régimen jurídico de Pemex y la CFE, transformándolas de empresas productivas a empresas públicas del Estado, con ello se pretende reforzar el control estatal, sin considerar que el cambio genera grandes retos importantes al sector por las dificultades económicas y operativas actuales de ambas empresas. Les comparto que hace algunos años tuve la gran oportunidad de trabajar en la empresa de todos los mexicanos, en Pemex, sé perfectamente lo valiosa que es y le tengo un gran cariño a la institución. Quiero que le vaya bien a Pemex, quiero que le vaya bien a México. Aprovecho desde aquí para mandarles un saludo a quienes fueron mis compañeros, a los petroleros de a pie los de camisa café, a los de camisa blanca los de confianza, que sé que trabajan duro por mantener la producción de hidrocarburo y de refinación, aprovecho para saludarlos, desearles éxito en la encomienda y que sepan que en el PAN tienen aliados. Estoy convencido que tenemos la obligación de generar las condiciones para tener un sector energético fuerte, por ello necesitamos que su marco jurídico sea adecuado para que estas empresas del Estado logren brindar servicios óptimos y agregar valor y bienestar a los mexicanos. Tenemos la obligación de lograr un marco regulatorio que garantice el suministro de energías, que devuelva la confianza al sector, que se acaben los apagones y todos los daños que provocan, que los consumidores finales de las energías paguen precios accesibles y justos y que nos vuelvan competitivos como país frente al mundo. En su marco actual, las empresas productivas del Estado controladas por el gobierno y la administración pública tienen el objetivo de desarrollar la actividad estratégica y el mandato de generar valor económico y rentabilidad financiera, tanto al Estado como para sus dueños, que somos todos los mexicanos. Con el cambio propuesto a empresas públicas del Estado estaremos frente a una empresa estatal mayoritaria dirigida por el Estado, sin autonomía de gestión ni marco jurídico y patrimonio propio, como lo han tenido Pemex y la CFE desde siempre. La modificación elimina el enfoque de rentabilidad y competitividad de la CFE y Pemex, comprometiendo su autosuficiencia económica, generando un deterioro en la calidad de los servicios que prestan, disminuyendo la inversión, la innovación y la modernización del sector, lo que se traduce en una mayor necesidad de subsidios permanentes que aumentarán el gasto público. Otro de los problemas que presenta la propuesta se centra en el orden de despacho de la electricidad. Bajo la normatividad actual, el orden lo determina el precio de generación. Es decir, quien produzca electricidad de manera más barata y eficiente es el primero en conectarse a la red. Este mecanismo nos ayuda a que los generadores de electricidad, sean la CFE o privados, se estén esforzando de manera constante por tener plantas más eficientes y costos más baratos. Con el cambio propuesto la CFE tendría prioridad para conectarse a la red eléctrica, aunque produzca de manera más cara e ineficiente. Esto generaría que los proyectos de generación privados pierdan incentivos por invertir en México, ya que el nuevo marco jurídico no da certidumbre de poderse conectar a la red y entregar su energía. Además, está claro que los términos de esta reforma respecto al artículo 25 y 27 generan vacíos normativos respecto a la autonomía presupuestal, los consejos de administración, su régimen especial de adquisiciones, contratos, presupuesto y deuda pública y quizá más grave aún, genera barreras claras para la inversión privada y el régimen de libre competencia, provocando incertidumbre para inversionistas y socios comerciales del sector energético y distorsiones en el mercado que detendrían la transición energética, la innovación, la reconversión de plantas en México y la adopción de nuevas tecnologías. Es decir, afectando directamente a la modernización de todo el sector y retardando nuestra transición hacia energías limpias y renovables. Lo anterior se traduce en un impacto en el desarrollo económico del país y el bolsillo de todos los mexicanos, además de colocarnos en riesgo de incumplimiento de los compromisos internacionales, notablemente el T-MEC, por nombrar uno. Y, con ello, vale la pena recordarles que México está sujeto efectivamente a tratados internacionales, como los tratados bilaterales de inversión y de libre comercio y la reforma que se pretende, sin duda, implementa medidas intervencionistas que expondrían al país a costosos litigios tanto nacionales como internacionales, resultando en una carga financiera y una distracción adicional para el Estado. Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, con esta reforma se violan los principios fundamentales de nuestra Constitución, de la no retroactividad de la ley y el derecho a la libre competencia económica, incluso, regresará el sector a ser un gran monopolio, y como ya sabemos y la experiencia nos lo ha demostrado, cuando hay monopolios, a la gente no le va bien. Durante todo el 2024, en el norte del país hemos vivido constantes apagones derivados de la falta de generación, electricidad y transmisión. Estos apagones, aunado a las constantes variaciones de voltaje, han generado tremendos daños a los hogares, comercios e industrias del país. Nos resta calidad de vida y credibilidad. Bien lo dijo ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también necesitamos de la participación de los privados. La construcción de México es tarea de todos. Compañeros, como oposición constructiva que somos, estamos a favor de mejorar nuestras empresas estratégicas, por lo que proponemos que se sumen todos lo esfuerzos para lograr un sector estratégico fuerte, próspero y creciente, logrando que México y los mexicanos tengan mejores servicios y accesos a las energías más económicas y, sobre todo limpias y sustentables. Para lograrlo no necesitamos esta reforma, lo que se necesita es utilizar adecuadamente el marco jurídico existente, dar impulso al sector energético del país y volverlo una palanca de desarrollo de nuestra economía. Tenemos todo para lograrlo, desde hidrocarburos, sol, viento y hasta capacidades geotérmicas. Reformar de manera regresiva para retornar a esquemas que ya sabemos que no brindan bienestar a los mexicanos, no es la solución. Establecer un monopolio público del sector no es el camino del desarrollo y la innovación. Esta es la ruta que tomaron Cuba y Venezuela y no queremos eso para México. Esta reforma deja de lado el objetivo de organizar, dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía basado en principios técnicos y económicos. El camino siempre debe ser la eficiencia y la competitividad de nuestras empresas del Estado, con mejores prácticas de gobernanza, transparencia y respeto a los derechos adquiridos. Por estas razones votaremos en contra de la aprobación de este dictamen, ya que nuestro deber es proteger los intereses de los mexicanos y el futuro de nuestro país. Es cuanto.