La diputada Marbella Toledo Ibarra: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Como es de conocimiento general, los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país han sufrido condiciones de desigualdad histórica, que a la fecha no han sido resarcidas, desde el despojo de sus tierras, territorios y recursos hasta las consecuencias que esto les ha ocasionado. Ante ellos es inaplazable y éticamente justo promover acuerdos y reformas legislativas que permitan a nuestros pueblos originarios alcanzar el grado de desarrollo y autonomía que satisfaga sus intereses colectivos con respeto a sus costumbres y a sus derechos humanos, dentro del marco que establece nuestra Constitución, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A la luz de los acontecimientos ya expuestos es importante que retomemos el tema de la protección a las culturas ancestrales de nuestro país. La gravedad de la cuestión que hoy discutimos, radicada principalmente en el presunto registro de propiedad que la diseñadora francesa habría hecho de los diseños de la comunidad mixe oaxaqueña y en la supuesta demanda que la misma habría realizado en contra de sus habitantes. Si bien la diseñadora ha declarado por redes sociales y a través de medios de comunicación, como Proceso, que dicho registro intelectual, así como las denuncias alegadas son inexistentes, este debate abre una pregunta importante sobre el carácter del Estado entorno a la protección de los derechos de las culturas ancestrales de nuestro país. En la Séptima Cumbre de las Américas, el tema de la propiedad intelectual de las comunidades indígenas abordó la autonomía, desarrollo, espiritualidad y consentimiento libre de cada comunidad. Este último tiene especial importancia porque es el principio sobre el cual se fundamenta el Convenio de Nagoya, nacido en la Organización de las Naciones Unidas, para regular el acceso y distribución de beneficios sobre las prácticas y saberes ancestrales, el cual fue ratificado por nuestro país. A nivel nacional, la Ley Federal del Derecho de Autor, señala la importancia de este patrimonio, y establece en sus artículos 158 y 160, que todas las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, estarán protegidas y si son empleadas por otra parte, deberán mencionarse la comunidad, etnia o en su caso la región de la república mexicana de la que es propia. Si bien lo hoy discutido no generó consecuencias jurídicas, si pone en evidencia otro abandono a las comunidades originarias, así como la falta de interés por crear organismos, que sin muchos recursos, pero con eficiencia, defiendan los derechos intelectuales de quienes han ganado reconocimiento de patrimonio de la humanidad a nuestro país. Cuantos casos como este han ocurrido sin que sepamos de ellos. Cuantos diseños ancestrales de la cultura mexicana han sido utilizados a nivel nacional o internacional sin recibir el debido reconocimiento. Los pueblos indígenas tienen derecho, como pueblo, como personas, al disfrute pleno de todos sus derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la Carta de la Naciones Unidas. Por tanto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se manifiesta a favor del punto de acuerdo y votará en consecuencia. Honorable asamblea, larga es nuestra deuda con quienes nos han dado origen. Largo nuestro silencio ante las humillaciones constantes que han sufrido. Por tanto, grande será la falta sí nuevamente somos omisos en contra de nuestro propio pueblo. Muchas gracias, diputado presidente.