La diputada María del Pilar Torre Canales: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Señor secretario Morgan Ríos, sea usted bienvenido al recinto. La rendición de cuentas, las realidades de poder le dan su razón de ser. Su misión está en reducir las incertidumbres de poder, limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volver predecible su ejercicio, mantenerlo dentro de ciertas normas y procedimientos previamente establecidos. En México, en la medida en que ha evolucionado el sistema político mexicano, cada vez es mayor la demanda ciudadana por la información precisa y comprobable de la administración pública, tanto de sus recursos como en la toma de decisiones y de los resultados de la gestión gubernamental. La sociedad actual no solamente exige que el dinero público se utilice respetando la ley y que las cuentas de las administraciones reflejen adecuadamente la actividad económico-financiera llevada a cabo, sino que también reclama que la utilización de recursos de los fondos públicos esté basada en criterios de eficiencia y economía. La Secretaría de la Función Pública ejerce atribuciones de control interno antes, durante y después de realizar la gestión gubernamental, y es desde el Poder Ejecutivo el responsable de vigilar la aplicación del gasto federal y las políticas y programas públicos, y de supervisar la actuación de dependencias y entidades gubernamentales, así como el comportamiento de los servidores públicos. Pero aquí existe algo elemental, que es la prevención, ya que un eficiente control interno propicia acciones de buen gobierno y facilita las acciones del control externo, a través de la fiscalización superior. Los hechos de corrupción han propiciado en la precepción social la idea de que la fiscalización es incapaz de detectar y mucho menos combatir de manera oportuna la corrupción y abusos de poder de los que ejercen los recursos públicos. El índice de percepción de la corrupción, publicado anualmente en Transparencia Internacional, es un referente importante que mide la percepción de corrupción dentro un país, y en una escala del 1 al 10 México obtuvo, en el 2010, 3.1 puntos ocupando así el lugar 98 de 175 países. Esto, sin duda, debe ser un llamado de atención para cambiar la realidad de la administración pública en nuestro país. Sólo por poner un ejemplo, en la revisión de la cuenta pública, para el 2010 se determinaron 9 mil 39 observaciones que dieron lugar a la emisión de 10 mil 778 acciones. Y como resultado de la fiscalización superior se han obtenido recuperación por 6 mil 351 millones de pesos. Para el ejercicio 2010, ¿a cuánto asciende el importe de recuperación por parte de la Secretaría a su cargo? Generando con esto la disminución de daños de patrimonio al Estado. El mal uso de los recursos perjudica a nuestra sociedad en su derecho a la educación, salud, vivienda y alimentación entre otros. Para la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza es apremiante superar los niveles de suficiente y elemental para nuestro país, a estándares de las mejores experiencias internacionales. Es indispensable dar cuenta del impacto social del gasto público. Los elementos del presupuesto, basado en resultados y en sistema de evaluación de desempeño, continúan sin ser aplicados en todas las etapas del ciclo presupuestario. Condición necesaria para cerrar los espacios de discrecionalidad, transparentar la gestión y mejorar la rendición de cuentas del gobierno. Se debe fortalecer el insumo para mejorar la planeación de auditorías. Los controles preventivos ex ante que mejoren la eficiencia y control del gasto público, así como la rendición de cuentas, mejorando finalmente los servicios públicos a favor de los ciudadanos. Las tendencias internacionales de la fiscalización identifican seis áreas de competencia para la fiscalización: combate a la corrupción, rendición de cuentas, transparencia, efectividad, eficiencia y economía de las políticas y programas públicos. Institucionalización de la implementación de mejoras a la práctica gubernamental. Identificación de riesgos y tendencia económica de un entorno cambiante. Lo que incluye la priorización de temas estratégicos y la evaluación de impactos estructurales de las políticas públicas y los programas gubernamentales. En este sentido debemos continuar con cambios en el marco de la fiscalización. Los resultados ahí los tenemos, ya existen enormes áreas de oportunidad para conocer si los servicios de gobierno están siendo suministrados en forma eficiente y en conformidad con las leyes y reglamentos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.