La diputada Laura Isabel Hernández Pichardo (vía telemática): Gracias, presidenta. Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores la reserva que presentó y que está a su disposición para ser analizada y sujeta a votación, coincide con las voces que hemos escuchado hoy y que seguro seguiremos escuchando en esta discusión, la necesidad de contar con servidores públicos capaces, capacitados y con una Fiscalía justa. Convencida de que el respeto a los derechos humanos y de las víctimas es la única vía para lograr un Estado de derecho, en esta reserva se unen dos propósitos: la justicia y la educación. Nuestro derecho de saber y poder exigir que todos los actores que intervienen en cualquier proceso puedan contar con las herramientas necesarias para la actuación judicial. El Instituto Nacional de Ciencias Penales, que nace en 1976 y logra constituirse como un centro público de investigación en 2012, con el objetivo de impulsar, fortalecer y desarrollar investigación científica, tecnológica y de innovación en materia de ciencias penales. El Instituto Nacional de Ciencias Penales es reconocido como el centro más importante para la investigación en ciencias penales en toda Latinoamérica. Al día de hoy este instituto reconocido como de excelencia educativa no solo colabora con la Fiscalía estableciendo parámetros para el servicio de carrera, también la colaborado con los Congresos locales y federal en la capacitación y orientación del estudio jurídico penal. Ha sido semillero de peritos y ha desarrollado certificaciones de estudio en el proceso de investigación del orden criminal. Lo que les propongo es no eliminar de facto el reconocimiento como centro público de investigación a este instituto y reconocimiento y facultad con la que ha contado por nueve años, porque en el texto de este dictamen se oliva y no se especifica. Jurídicamente somos omisos a lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución, que nos señala que la ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Olvidamos lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que nos permite establecer que el reconocimiento como centro público para ser parte de la Fiscalía y por cumplir con el objetivo de realizar actividades de investigación científica y tecnológica en propósito y con el sistema de justicia penal en el país. Aunado a lo anterior, recordarles que hemos aprobado recientemente y se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Educación Superior, en la cual reconocemos que la educación superior es un derecho para coadyuvar al bienestar y desarrollo integral de las personas. Incluso lo vinculamos con el propósito de la investigación para fortalecer el desarrollo y los lazos con la comunidad en favor de su bienestar. En este sentido debemos de reconocer el vínculo con el ejercicio de la propia Fiscalía y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el cual además cumple con una función educativa para todas y todos aquellos que quieren estudiar la norma penal bajo los grados de especialización, maestría, doctorado, o bien certificar su trabajo profesionalmente. Les solicito su apoyo en nombre de la academia y la sociedad, emitan su voto a favor de esta reserva de investigación y profesionalización en ciencias penales. Debe ser un eje fundamental para el nuevo diseño y organización de lo que propone esta Fiscalía. Permitamos que este instituto contribuya a la capacitación técnica y profesional, a la investigación académica, científica y tecnológica. Hoy permitamos la capacitación y formación profesional de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República. Es cuanto, presidenta.