El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Diputadas, diputados, la capacidad de innovación institucional en México tiene una característica peculiar, y es que la creación de órganos, comisiones, consejos e institutos que surgen en el entramado normativo y administrativo del país no se traduce en una reconfiguración real de las funciones del Estado. Tras la reforma constitucional en materia política de 2013, hoy el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social se nos presenta como un nuevo órgano autónomo, pero lo que verdaderamente podemos resumir de esta enmienda a nuestro texto fundamental, es que a la hora de la redacción de la legislación secundaria se perdió la oportunidad para establecer el conjunto de criterios que nos permitieran contar con políticas públicas eficientes para fomentar el desarrollo y crecimiento del país, así como la erradicación de la miseria que tanto lacera a millones de personas en nuestro territorio. Es decir, contar con los elementos necesarios que nos permitan la realización de estimaciones en cuanto a la definición, identificación y medición de la pobreza, que nos lleve a una toma de decisiones más acertada en el diseño de los programas presupuestarios, que al mismo tiempo ayuden a resolver los problemas sobre la falta de coherencia entre los planes públicos y los hallazgos que derivan de las evaluaciones. En su momento hicimos énfasis en que la autonomía constitucional del Coneval se veía como un punto aislado dentro de la reforma política, carente de sentido e incluso que la percibíamos más bien como un asunto de intereses focalizados, carente de argumentos sólidos que sustentaran las causas por las que se exponía que el cambio constitucional era adecuado y si la falta de autonomía había significado algún sesgo en la técnica del consejo en estos años en los que ha existido. Ya que el cambio más evidente es el relativo al perfil de los integrantes del consejo, ya que el nombramiento de los mismos quedará a cargo de la Cámara de Diputados, los cuales serán designados a voluntad de los partidos con mayor influencia en el Congreso. Consideramos evidente que la redacción del artículo Séptimo transitorio del dictamen que nos ocupa, mañosamente señala que el nombramiento de los integrantes del consejo se realizará simultáneamente dentro de los 60 días posteriores a la publicación del decreto, con una visible preocupación por el futuro político de ciertos militantes de alguno de los partidos políticos que nos controlan. Es por todo lo anteriormente expuesto que propongo que se modifique la redacción del precepto en cita, a fin de que se amplíe el plazo de los 60 días propuestos para la integración del Consejo del Coneval, que permita garantizar un procedimiento de selección en el que se privilegie en alguna medida la capacidad profesional de los funcionarios que formarán parte de él, favoreciendo aunque de forma mínima que la sombra de la discrecionalidad no coarte totalmente la independencia técnica del Coneval. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva: Único. Se modifica la redacción del artículo Séptimo transitorio del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue. Séptimo. Para la integración del consejo, la elección de los primeros consejeros y del presidente se realizará de manera simultánea por única ocasión y se hará una vez agotado el procedimiento de selección de los candidatos que resulten con mayores capacidades, tanto técnicas como profesionales, siempre en atención al fortalecimiento de la insaculación. El presidente será nombrado por un periodo de cuatro años. Por su parte, dos de los consejeros serán nombrados por dos años; dos consejeros por tres años y dos consejeros por cuatro años. Es cuanto, señor presidente.