La diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez: Diputadas y diputados, comparezco ante este pleno para presentar un panorama fundamental de la reforma a la Ley de Amparo, un proyecto legislativo que representa la más avanzada expresión de modernización del sistema de justicia constitucional mexicano. La reforma encuentra su génesis en la reciente modificación constitucional que transformó sustancialmente nuestro sistema judicial. Se trata de una respuesta legislativa integral que materializa los mandatos constitucionales, armoniza el marco normativo y garantiza la plena efectividad de los principios establecidos en nuestra Constitución. En su esencia más profunda, este ejercicio legislativo busca armonizar la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 y eliminar las inconsistencias en nuestra Constitución y garantizar la plena armonía del orden jurídico mexicano mediante un proceso de depuración sistemática. Se erradican las divergencias normativas que impedían una aplicación coherente, de principios constitucionales en la legislación secundaria. La transformación legislativa se sustenta en principios fundamentales de progresividad y máxima protección de los derechos humanos. Cada modificación responda a un análisis riguroso que busca fortalecer los mecanismos de tutela jurisdiccional, eliminando obstáculos que pudieran limitar el acceso efectivo a la justicia. Las modificaciones estructurales son verdaderamente transformadoras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona su modelo de salas para funcionar en pleno, lo que fortalecerá la coherencia de las decisiones judiciales y potenciará la capacidad de resolución del máximo tribunal. Esta modificación no es meramente organizativa, sino que representa un cambio paradigmático en la administración de justicia. Simultáneamente, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal reemplazándolo por un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial implica una reconfiguración integral de los mecanismos de supervisión del Poder Judicial Federal. Se transita de un modelo burocrático a un sistema más transparente, eficiente y orientado a la excelencia jurisdiccional. La implementación del lenguaje incluyente constituye otro avance fundamental más allá de una modificación gramatical, representa un compromiso profundo con la igualdad y el respeto. La reforma que se presenta elimina expresiones sexistas y excluyentes, garantizando una comunicación jurídica que reconoce la diversidad y la dignidad de todas las personas. La inclusión jurídica de ejidatarios y comuneras en los artículos 100 y 110 marca un hito en los derechos agrarios mexicanos, supera décadas de invisibilización de las comunidades rurales, reconociendo explícitamente su condición de vulnerabilidad y generando condiciones procesales que eliminan barreras tradicionales de acceso a la justicia. La modificación técnica de sustituir el salario mínimo por Unidades de Medida y Actualización, UMA, en el artículo 238, representa un avance en la precisión normativa, ofrece un método de actualización más objetivo, desvincula referencias legales de incrementos salariales y proporciona mayor certeza en la cuantificación de obligaciones legales. La reforma abarca modificaciones en más de 170 artículos, por lo que en cinco minutos no es posible mencionar la reverencia jurídica de todas. Lo que sí es de resaltar, que la iniciativa actualiza integralmente el marco normativo y genera mayor claridad en su aplicación, eliminando elementos que pudieran obstaculizar la eficacia del sistema de protección constitucional. No se trata de una reforma cosmética, sino de una transformación estructural que responde a las demandas más profundas de nuestra sociedad. Cada modificación ha sido cuidadosamente estudiada, para garantizar la máxima protección de los derechos fundamentales, la eficiencia del sistema judicial y la coherencia del orden jurídico. Esta transformación fortalece sustancialmente al Estado de derecho, democratiza el acceso a la justicia constitucional, moderniza los mecanismos de tutela jurisdiccional y responde de manera integral a las demandas contemporáneas de protección de derechos fundamentales. Esta iniciativa de reforma representa la evolución del sistema jurídico nacional, respondiendo con determinación a los principios de justicia, equidad y progresividad. Diputadas y diputados, hoy reafirmamos nuestro compromiso con la justicia, con los derechos humanos y con la construcción de una sociedad más libre, más justa y más democrática. Con absoluta convicción, sostengo que esta representa un avance en la consolidación del sistema de justicia constitucional mexicano. Es cuanto, señor presidente.