El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores: éste es un tema muy delicado; constituyen los grupos de autodefensa hoy por hoy un asunto de estricto interés nacional. En efecto, se han reconocido 36 grupos de autodefensa en ocho estados, y obviamente también son frecuentes las mantas que surgen en colonias, en ejidos y comunidades, alegando que se atengan a las consecuencias en caso de ser capturados en flagrancia los delincuentes. Hace apenas unos días en Ecatepec, un médico logró repeler la agresión de extorsionadores, murieron dos. El médico vive ahora entre el miedo y la zozobra. Los grupos de autodefensa, creo sinceramente, están siendo malentendidos por la derecha. Hoy se intenta culpar a estos grupos de inseguridad y de violación a la ley. Voy a enfocarme al aspecto estrictamente jurídico. En algunas constituciones de los estados, incluso se establece como causa de exclusión, de responsabilidad penal la legítima defensa, así lo establece el artículo 15 del Código Penal Federal. Pero, incluso, ciudadanos diputados y diputadas, en algunos estados del país se establece con claridad que los pueblos y comunidades tienen derecho de autodefenderse. Les voy a decir sólo dos ejemplos: el artículo 18 de la Constitución del estado de Tamaulipas vigente, señala en su fracción VIII como una obligación de los ciudadanos de Tamaulipas. Fíjense bien, lo subrayo, tomar las armas en defensa del pueblo en que viven cuando éste fuera amagado por partidas de malhechores. No sólo los grupos de autodefensa están permitidos por la Constitución, sino que tienen una justificación frente a la agresión de grupos de malhechores en estados de necesidad. También lo establece la Constitución de Guerrero, en el artículo 11, fracción III, señala como una obligación de los guerrerenses que todos los ciudadanos están obligados a coadyuvar y a prestar servicios de seguridad para conservar el orden público en comunidades, barrios, municipios y regiones. Pero no sólo eso, en el caso de las comunidades indígenas, la autodefensa está implícitamente reconocida en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, donde se aceptan usos y costumbres de los pueblos originarios en la impartición de justicia siempre y cuando se respeten los derechos humanos y el debido proceso. En otras palabras, los grupos de autodefensa comunitarios pueden ser perfectamente legales y legalizables si actúan como coadyuvantes o auxiliares de la autoridad constitucional en el mantenimiento del orden y la seguridad pública. En cambio, son categóricamente ilegales si buscan actuar como ministerios públicos, jueces o tribunales de facto. No es la primera vez que se habla de ese tema y yo quisiera, presidente, pedirle una tolerancia, ya me la dieron pero es un tema trascendente y me parece que esta aparición de los grupos de autodefensa debe analizarse a la luz de las circunstancias que propician el estado de necesidad que justifican dicha aparición. Más que anatemizarlos hay que explicarlos y más que criminalizarlos hay que entenderlos. Después de todo, la irrupción de estos grupos atiende directa o indirectamente a las deficiencias políticas estatales en materia de seguridad, incluso hay encuestas, la última de ellas acaba de surgir el 13 de marzo de 2013. Fíjense ustedes, los grupos de autodefensa están aceptados por el 57 por ciento de los ciudadanos y sólo el 22 lo rechaza, entonces yo creo que este es un debate importante. Yo reconozco que la propuesta está cargada de una actitud demasiado derechista en contra de estos grupos. Hay que explicarse de manera correcta la aparición de ellos y yo les pediría que les demos un enfoque sociológico, político y precisamente de la pobreza surgido. Acepto y termino, presidente, gracias por su tolerancia. Le pido, presidente, preparé un documento, que lo plasme en el Diario de Debates y hoy agradezco a la gente de Tamaulipas y de San Luis que no chiflan. Muchas gracias.