La diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Honorable asamblea, la infertilidad y los millares de historias de abortos, de repetición constante, constituyen un problema de salud que impacta a quizá cientos de miles de personas, parejas y familias en nuestro país. Este impacto no solo representa un reto para la vida y la integridad de las personas gestantes en la búsqueda de su derecho a tener descendencia, también en muchas ocasiones, adicionalmente involucra riesgos a la vida y a la integridad de las hijas e hijos que tienen, así como a la estabilidad económica, emocional y psicológica del entorno familiar y, principalmente, de la pareja. Ante estos riesgos y peligros, las personas que optan por alguna técnica de reproducción asistida cuentan, en México, con un gran capital humano formado por mujeres y hombres especialistas preparados con los más altos estándares mundiales. De acuerdo con datos obtenidos por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris, reconocía que en 2013 existían en México 52 establecimientos autorizados para aplicar técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, otros datos señalan que operan más de cien, lo que hace pensar, primero, que el número puede ser mayor y que, segundo, que muchos de ellos funcionan sin apegarse a la regulación general a la que se ha aludido previamente. Actualmente, en México, los establecimientos que ofrecen servicios de reproducción humana asistida con apego a los más altos estándares internacionales, médicos y éticos, coexisten con otros que apenas reúnen algunas de las características mínimas para operar y, en otros casos, ninguna de ellas. Estos últimos no únicamente juegan, porque así es, juegan con el legítimo anhelo de las personas de poder lograr un embarazo, sino también con el hecho de poner en riesgo y en peligro su vida y todo ello se debe a una falta de regulación específica, pues sin ella solo se ha ocasionado que los establecimientos que brindan servicios de reproducción humana asistida, en el mejor de los casos, entren meramente dentro de la regulación general aplicable a servicios ginecobstétricos y de manejo de cédulas y tejidos quedando muchos otros al margen de la ley. La falta de regulación no afecta únicamente a quienes se someten a las técnicas de reproducción humana asistida, también pone en estado de indefensión a quienes aplican servicios de calidad. En las últimas décadas, el honorable Congreso de la Unión, ha pasado por varios intentos de legislar en la materia, pero hasta el día de hoy, ninguna, ninguna de las iniciativas presentadas ha prosperado al contaminar las necesidades básicas de una legislación en la materia con aspectos vinculados a la reproducción que terminan por dividir las voluntades políticas y diluir los consensos. Por todo lo anterior, es sumamente necesario y urgente romper con la inercia de tiempos pasados, misma que, ya no corresponden con la realidad en nuestra sociedad y del mundo, siempre tan cambiante, siempre en constante innovación. Por eso es necesario adecuar nuestras leyes y prácticas sociales, apegándonos lo mejor posible a la más reciente evidencia científica, sin descuidar, claro, la inobservancia de los derechos humanos a fin de brindar la seguridad jurídica, tanto aquellas personas que necesitan del auxilio médico para procrear, como aquello que les asisten para lograr ese objetivo. Solo de esta manera estaremos a la par con el actual proceso de modernización que está llevando a cabo México, no solo en materia educativa, económica, energética, sino también en materia de salud. Sabemos que solo haciendo frente a los problemas que demanda nuestro tiempo desde su respectiva complejidad podremos construir las mejores soluciones por el bien de todos y sobre todo por el bien de las familias. La falta de un marco legal, con esto termino, en materia de reproducción humana asistida ha representado una problemática grave en nuestro país, considerando la complejidad de esta práctica y los diversos aspectos involucrados con ella. Debido a ello es de suma relevancia que la regulación se apegue a criterios avalados por la comunidad científica internacional, así como a principios éticos fundamentales con la finalidad de brindar certeza a quienes ofrecen y reciben estos servicios.