El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Con su venia, diputada presidenta. Esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión adolece de un órgano de carácter técnico, de investigación jurídica, social, cultural y legislativa, encargada de apoyar la labor de las comisiones de diputados vinculados al tema de los pueblos indígenas y afromexicanos. El apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación del Estado mexicano para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y para eliminar cualquier práctica discriminatoria mediante el establecimiento de las instituciones y de las políticas necesarias que garanticen la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. Asimismo precisa la obligación que las autoridades federales, estatales y municipales tienen para abatir las carencias y rezagos que los afectan, entre éstas, impulsar el desarrollo regional, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior; asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y los espacios para la convivencia y recreación; propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, extender la red de comunicaciones que permitan la integración de las comunidades, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las mismas comunidades indígenas, así como establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas. Para la concreción de las obligaciones arriba señaladas, de acuerdo con el mismo apartado B del artículo 2o. constitucional, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias establece que deberán definir las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones del Estado mexicano mediante presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas partidas presupuestales. Es decir, para atender a un importante segmento de la población indígena, el Congreso General tiene tareas muy importantes que se desprenden del artículo 2o., constitucional. La primera, adecuar o armonizar la legislación federal de acuerdo a como lo establece el marco jurídico internacional; y la segunda, establecer las partidas presupuestales especificas que den certeza, orientación y concreción a los programas y acciones específicas, particularmente dentro de los trabajos que se desarrollan al seno de este cuerpo legislativo y a partir de la reforma constitucional del 2001 en materia de derechos y cultura indígena, el Congreso General se ha dado a la tarea de revisar y reformar numerosas leyes secundarias. La ausencia de una entidad pública de investigación jurídica, social, cultural y legislativa, que con sus trabajos enriquezca la discusión en las comisiones, ha impedido que la discusión alcance la calidad y la importancia que el tema indígena merece. Debe tenerse presente que estamos hablando de un universo de 15.7 millones de ciudadanos indígenas, compuesto principalmente por 6.6 millones hablantes de la lengua indígena y nueve millones que no hablan lengua indígena, pero que son de familias indígenas. Lo anterior de acuerdo al último censo del 2010 del Inegi. La creación del Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas permitiría a esta soberanía contar con un auxiliar técnico en materia indígena, de cuyos aportes se verían beneficiados no sólo las comisiones legislativas, sino los diputados en particular los grupos parlamentarios, investigadores, instituciones académicas y la ciudadanía en general interesada en este tema. Varias han sido las dificultades a las que el legislador se ha enfrentado respecto al tema indígena: ausencia de información sociodemográfica actualizada, criterios aceptables para definir con certeza el universo de la población indígena, ya sea por estado, región, pueblo, variante lingüística o comunidad. En el extremo, tampoco se sabe con precisión la magnitud de los fenómenos indígenas desplazados en cualquiera de sus variantes, el incremento de la migración internacional y más recientemente el fenómeno de los jornaleros agrícolas, que configuran nuevas realidades. Las tareas de investigación cubrirían la necesidad de dar certidumbre a las funciones legislativas de comisiones y diputados y de apoyar al emitir opiniones institucionales calificadas al revisar las minutas turnadas relativas a la materia indígena y las iniciativas en proceso de elaboración y/o dictaminación. A lo anterior se añade el propósito de iniciar un esfuerzo sólido, sistemático y de largo alcance en tareas de evaluación y seguimiento de los programas y acciones gubernamentales vinculadas con los pueblos y las comunidades indígenas orientadas a abatir los rezagos presentes, concretamente en materia presupuestaria. Las actividades de este centro estarían enfocadas a dar seguimiento y evaluar la aplicación de los recursos anuales dirigidos a los pueblos. Además, a este centro de estudios le correspondería clasificar y organizar un acervo propio. En suma, proponemos la creación de este centro, de una entidad cuyo perfil sea el de ser un órgano técnico en materia legislativa al examinar y emitir una opinión de las minutas e iniciativas en curso de investigación, de consulta permanente y auxiliar de comisiones, diputados, grupos parlamentarios, investigadores y ciudadanía en general de propuestas, seguimiento y evaluación presupuestaria. Concluyo, señora presidenta. Por las razones anteriormente expuestas, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, agregando en el párrafo tres, que la Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de finanzas públicas, de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias, de estudios sociales y de opinión pública, de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género y de estudios para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, señora presidenta, y agradezco su tolerancia.