El diputado Ramón Félix Pacheco Llanes: Gracias, buenas tardes. Compañeras, compañeros, en la hora actual, la seguridad social lucha contra los constantes embates del neoliberalismo que busca lucrar a toda costa con instituciones cuya esencia es el bienestar de la clase trabajadora y la preservación de nuestras garantías individuales. Así, frente a la corriente que busca su privatización y desmantelamiento, el pueblo exige la preservación de su esencia solidaria. El Infonavit no es ajeno a esta disyuntiva histórica; o se preserva como institución de seguridad social, o ahonda su carácter de negocio creciente para las constructoras y recuperadoras de crédito, abrigadas por el tráfico de influencias. En este sentido es absolutamente injusta e inconstitucional la venta de la cartera vencida que el Infonavit ha venido realizando a empresas privadas recuperadoras de créditos. Se despoja a los trabajadores de la relación jurídica contractual con el Instituto, con el único con el que el trabajador pactó el crédito y, por tanto, el único legalmente instituido para exigir el cumplimiento de ese contrato en caso de omisión de pagos por parte del trabajador. De la misma manera se le priva de las condiciones pactadas en dicho contrato en apego a la Ley del Infonavit. La cartera vencida ha sido producto de la política económica neoliberal impuesta, ya que ha golpeado durante décadas el empleo y el salario, destacadamente fue resultado del llamado "error de diciembre" de 2004. Para evitar que el trabajador caiga en cartera vencida, la Ley del Infonavit, en su artículo 41, establece el derecho a la prórroga. Es decir, si el trabajador deja de tener ingresos salariales podrá dejar de pagar el capital e intereses ordinarios hasta por un año, y hasta por un total de dos años durante la vigencia total del crédito. La procedencia de este derecho actualmente está sujeto a que el trabajador lo solicite dentro de los 30 días posteriores a que quede privado de su empleo. Sin embargo, los trabajadores normalmente desconocen su derecho a la prórroga y menos aún están enterados del plazo y de los requisitos y trámites necesarios para su ejercicio, y lo que es peor aún, aquellos trabajadores que pretenden ejercer el derecho ante el Infonavit, son sistemáticamente obstaculizados, por lo que en la práctica un derecho tan importante ha sido anulado. Por ello, sostenemos que ante la situación de creciente injusticia que sufren los trabajadores en materia de créditos deben tomarse las medidas para fortalecer el derecho de prórroga. Con mayor razón en la actualidad, en que casi el 60 por ciento de los empleos generados son eventuales, el derecho, y con mayor razón el derecho social, no pueden desconocer este estado de cosas. Finalmente en cuanto a este punto, en la casi totalidad de los casos el trabajador reconoce su adeudo con el Infonavit y está en la mejor disposición de cubrirlos, solamente quiere que se le dé el tiempo necesario para resolver su situación y pagar con oportunidad al instituto. En otro aspecto proponemos la ampliación del término para la prórroga de los dos años que establece la ley, a cuatro, ya que con las disposiciones actuales el trabajador debe pagar su crédito no en 15, sino por un mínimo de 30 años, y como complemento indispensable debe hacerse una reforma expresa a la Ley del Infonavit, para prohibir la venta de la cartera vencida o de cualquier otra medida que se traduzca en el hecho de que el instituto desconozca o subrogue su relación jurídica con los acreditados, violentando de esta manera las condiciones acordadas contractualmente con el trabajador. Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que propone reformas y adiciones a los artículos 41 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, solicitando a la vez que la misma se incluya de manera íntegra en el Diario de Debates. Muchas gracias por su atención.