La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados. Seguiremos sembrando rebeldía hasta que cosechemos libertad, porque mientras otros tapan la realidad y se venden, nosotros levantamos la voz, esa voz que no se calla, porque petróleos mexicanos no es un patrimonio de ninguna fuerza, es del pueblo. Desde 1984, se han privatizado empresas, paraestatales, sin ningún beneficio para el país. Haciendo creer a la población lo positivo que es abrirse a la competencia mediante la privatización. Sin embrago, esto ha ocasionado el encarecimiento de precios y servicios, despidos masivos, destrucción de empresas nacionales y el resultado ha sido desastroso para el país y para el pueblo mexicano. La historia nos ha mostrado que la economía se ha estancado desde 1982 a la fecha. Periodo en el que hay más inversión extranjera en nuestro país. Un claro ejemplo, es el caso de Telmex, durante más de medio siglo, el gobierno federal destino importantísimos recursos públicos a la creación de una empresa gubernamental, que proporciona servicio de telecomunicaciones. Sin embrago, en 1992, se privatizo, lo que ocasiono un monopolio que impone sus propias reglas, sin importar el encarecimiento de este servicio. La realidad es clara y contundente. No nos dejemos engañar, puesto que privatizar Pemex, lleva directamente a la venta de nuestra patria. Porque contralar la industria del petróleo de nuestro país, es entregar a manos extranjeras nuestra nación. No estoy a favor de la reforma al artículo 25 constitucional, tal como está plasmada en la minuta dictamen con proyecto de decreto en materia energética. Tengo una reserva respecto a la defensa del petróleo, propiedad de la nación. Y evitar la privatización, ya que el sector público debe mantener de manera exclusiva las áreas estratégicas, consideradas en el artículo 28 de la Constitución. Manteniendo siempre por propiedad del Gobierno Federal. La reforma energética representa un retroceso histórico, porque ocasionará que las empresas trasnacionales aprovechen la renta petrolera y que la riqueza generada no se distribuya en la población mexicana. Además, las reservas actuales y futuras disminuirán dada la llegada de los capitales extranjeros para la extracción y explotación de los recursos naturales. Sin duda que las propuestas que contiene la reforma presentada por el Ejecutivo y ya aprobadas por el Senado es una iniciativa privatizadora, porque aunque no se hace explícita la transferencia de activos de la empresa pública de Petróleos Mexicanos sí lo hace de los servicios y bienes propiedad de la nación, lo que evidencia el abandono de los principios de inspiración de la Revolución Mexicana y que claramente defendió Lázaro Cárdenas en 1938. Es necesario evitar que los proyectos con mayor rentabilidad sean entregados a la iniciativa privada y dejar a Pemex o a la CFE los que no sean rentables, y por tanto, con pérdidas. Justo por lo anterior es prioritaria la suspensión de la discusión de la minuta entregada a esta Cámara de Diputados el día de ayer, para dar paso a la consulta popular que bien se señala en la Constitución Política. Se trata de un tema de trascendencia nacional y por tanto, los ciudadanos tienen el derecho de votar al respecto. El argumento en contra, basado en la fracción VIII, numeral 3 del artículo 35 de la Constitución, referido a que no es objeto de consulta popular, los ingresos y gastos del Estado. No limita que se lleve a cabo porque si bien Pemex es una fuente de ingresos en proporciones considerables para el Congreso mexicano. No es un mecanismo de recaudación formal sino que es un resultado del régimen fiscal vigente que hace creer la supuesta situación de quiebra. No es necesaria la inversión extranjera de las empresas trasnacionales ya bien identificados los intereses de la élite económica del imperio. Lo que es urgente es cambiar la situación fiscal y que la renta petrolera sea aprovechada por el gobierno mexicano y que ello mejore la calidad de vida de la población. Evitemos la privatización disfrazada de contratos privados extranjeros. Nosotros tenemos los recursos presupuestales y el personal técnico capacitado para lograr una empresa pública, eficiente, eficaz y rentable, conservándose la soberanía energética conquistada en la década de los treinta. Modificar la Constitución con el fin de que las empresas privadas, nacionales y extranjeras inviertan la cadena productiva del petróleo es, en los hechos, privatizarlo. Muchos de ustedes, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas o por un soborno están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos. El petróleo no se vende, se defiende. Es cuanto, señor presidente.