El diputado Moisés Guerra Mota: Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros. Compañeras y compañeros diputados. El sector agrícola siempre ha sido uno de los grupos sociales más desprotegidos, por lo que aún tenemos una deuda social e histórica por saldar. Desde que se creó la Ley Agraria se han logrado avances sustanciales para dar mayor certeza jurídica en la tenencia de la tierra y en el surgimiento e implementación de nuevas instituciones que velan por los derechos de los hombres y mujeres del campo. Instituciones como el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios llegaron a sentar bases para promover el desarrollo, la productividad, el bienestar, la justicia, la paz y la gobernabilidad entre los ejidatarios y la comunidad. La Ley Agraria define a los ejidatarios como hombres y mujeres titulares de derechos ejidales, los ejidatarios tienen derecho para el uso y disfrute sobre sus parcelas, y cada ejido cuenta con su propio reglamento interno. El artículo 27 de nuestra Carta Magna y la legislación agraria, permiten adquirir el dominio pleno sobre sus tierras, protegiendo y fortaleciendo la vida ejidal y comunal, dando prioridad para la adquisición a las personas que han estado directamente relacionadas con el ejido, es decir, a todos los familiares, entendido por esto a todas aquellas personas que además de tener alguna relación de parentesco, matrimonio o concubinato, además estén vinculadas con la vida, comunidad, dentro del ejido. Esto les da preferencia respecto de otras que hayan trabajado la tierra por más de un año, de los ejidatarios o avecindados o del propio núcleo ejidal. La Ley Agraria tiene como finalidad dar seguridad y certeza jurídica al régimen de la propiedad agraria en nuestro país, y promover mejores condiciones de vida para los campesinos mexicanos. Por lo que dentro de sus artículos deben brindar seguridad respecto a su patrimonio y sus medios de subvención, lo cual es fundamental para el sector agrícola. Lo que resulta de suma importancia es analizar la ley y eliminar las contradicciones que pueden darse entre diversos artículos, como es el caso del artículo 84 y 85 de la Ley Agraria, en los que encontramos contradicciones al fijar disposiciones que están fuera de su ámbito. El artículo 82 de la Ley Agraria establece que a partir de la cancelación de la inscripción correspondiente, registro agrario nacional, las tierras dejaran de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común. Sin embargo, dentro del artículo 84 nos habla del derecho al tanto para familiares del enajenante y las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, lo cual ya se otorgó en el artículo 80. Por lo tanto, después de dotar el dominio pleno, la regulación, deja de estar en el ámbito de la materia agraria. Posteriormente, la Ley Agraria manifiesta una contradicción al fijar disposiciones que ya están fuera de su ámbito, marcándolas dentro del texto en el artículo 84. Por esta razón el artículo 84, así como el 85 al estar tal cual, ocasionan una controversia, la cual esta sobrada al otorgar facultades donde ya no las hay, y resultan improcedentes. Es por ello que propongo sean derogados, con la finalidad de poder contar con una legislación que tenga implementación correcta y adecuada a las necesidades que el sector agrícola requiere. Es cuanto, señora presidenta.