La diputada Martha Margarita García Müller: Con su permiso, señora Presidenta. En nuestro país existe un importante sector de la población que vive con alguna limitación física, mental o sensorial. A este sector comúnmente se le denomina personas con discapacidad. Una persona con discapacidad es aquella que presenta una limitación física o mental, de manera permanente o por más de seis meses, que le impida desarrollar sus actividades en forma que se considere normal para un ser humano. Hoy en día los tipos de discapacidad más conocidos son la discapacidad motriz, la visual, la mental, la auditiva y la del lenguaje. De acuerdo con los datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud, en México existen 10 millones de personas con discapacidad. Sin embargo, en contraste con los datos de la OMS, el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 reporta un dato que parece subestimar de manera importante la magnitud del problema. Se dice que de los 97 millones 14 mil 867 mexicanos que habitaban el país en este año, 2.2 millones, o sea, 2.3 por ciento, tiene algún tipo de discapacidad. Igualmente, los resultados en la Encuesta Nacional de Salud mostraron que la incidencia de personas con discapacidad era de 2.3 por ciento. Dado lo anterior, nuestro país en materia de discapacidad ha adquirido compromisos importantes a nivel internacional a través de la ratificación de diversos tratados que a su vez han sentado las bases jurídicas para la legislación interna. Por tal motivo fue publicada el 10 de junio de 2005 la Ley para Personas con Discapacidad con el objeto de permitir la plena inclusión de las personas con discapacidad en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Asimismo, se han creado programas dirigidos a estos grupos vulnerables. No obstante la presencia de acciones por parte del gobierno a favor de las personas con discapacidad se presenta un problema referente al rezago enorme que existe en el aspecto estadístico sobre personas con discapacidad. No existe suficiente información sistematizada que pueda servir de insumo para estudios de investigación que apoyen el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Esta situación no permite establecer adecuadamente planes, programas, presupuestos que realmente contribuyan a la integración de las personas con discapacidad en los ámbitos social, cultural, jurídico y económico. Como ya se ha expresado, al comparar las cifras oficiales en cuanto al número de personas con discapacidad dadas a conocer por nuestro país, con los parámetros internacionales, se observa que la cifra nacional no concuerda. De lo anterior se puede deducir que las estadísticas nacionales no siempre son confiables o comparables y que se requiere de otro instrumento que permita recabar estos datos. Sólo con el conocimiento del número exacto de las personas con discapacidad se podrá llevar a cabo diseños precisos de políticas públicas eficaces, que atiendan las necesidades y demandas cotidianas de este sector. Por lo cual, la intención de la presente iniciativa es puntualizar la trascendencia de crear un registro nacional de personas con discapacidad que contengan datos tales como el nombre de las personas, su domicilio, su edad, género, estados civil, tipo de discapacidad y características de la misma, así como los datos que se consideren necesarios incluir para su plena identificación. Lo anterior en estricto apego a las disposiciones del Capítulo Cuarto de la protección de los datos personales de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. este registro nacional será de gran utilidad, puesto que mostrará a través de la información captada dónde residen las personas con discapacidad, facilitando de esta manera la puesta en práctica de determinadas medidas. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, se identifica con la serie de instituciones que por disposición de la ley deben apoyar a las personas con discapacidad. Es el órgano responsable de proporcionar los servicios de asistencia social y tiene como objetivo llevar a cabo acciones en materia de prevención, de invalidez y de rehabilitación e integración a la vida productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad. Igualmente es el encargado de coordinar el sistema nacional de información en materia de asistencia social, en colaboración con el INEGI. Por su parte, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene como objetivo contribuir al establecimiento de una política de Estado en materia, así como proveer, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Entre las atribuciones que la ley le confiere se pueden mencionar las siguientes: Realizar estudios de investigación que apoyen el desarrollo integral de las personas con discapacidad y concertar acuerdos de colaboración entre organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. De ahí la importancia de que una institución como el sistema DIF sea la encargada de elaborar y actualizar con la colaboración del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y entidades como el INEGI y la Secretaría de Salud. En Acción Nacional estamos convencidos de que el registro que se propone se constituirá como una herramienta fundamental para llevar a cabo acciones de planeación, seguimiento y evaluación de programas y servicios nacionales orientados a lograr la igualdad de oportunidades para la población con discapacidad. Permítame, señora Presidenta, terminar con los artículos que pretendemos reformar. Se reforma el artículo del inciso k) del artículo 28 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social para quedar como sigue: Artículo 28. El organismo será el coordinador del sistema y tendrá las siguientes funciones. En el inciso k). Elaborar y actualizar el directorio nacional de las instituciones públicas y privadas de asistencia social y el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. El artículo 29, el segundo párrafo. Elaborará y actualizará el registro nacional de personas con discapacidad, con la colaboración del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales. Lo anterior en estricto apego a lo que corresponde a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.