La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El dictamen que ahora se presenta por parte de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, tiene por objeto aprobar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación en materia de financiamiento destinado a la educación, para que este presupuesto nunca sema menor de un año a otro en términos reales y, poder llegar, lo más pronto posible, al ocho por ciento a que nos obliga este mismo artículo. Resulta incongruente que mientras la educación se enfrenta a serios problemas, como lo podemos observar en las diversas evaluaciones como la del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA), el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública disminuye en términos reales de un año para otro. Ello va en contra de lo manifestado por la Organización de las Naciones Unidas, que ha señalado a través de la Unesco que los países incluido el nuestro- deben destinar mínimo el ocho por ciento de su Producto Interno Bruto a la educación, con el objetivo de asegurar plenamente la cobertura educativa a todos los ciudadanos. Erradicar el analfabetismo y desarrollar programas que fomenten la formación de capital humano. Contrario a ello, actualmente se observa que el gasto público en educación como porcentaje del PIB se encuentra casi 50 por ciento por debajo de lo establecido en la Ley General de Educación, contraviniendo dicho ordenamiento. El gasto público en educación para 2006 fue de 3.44 por ciento del PIB; en 2007 de 3.48; en 2008 se ubicó en el 3.56; y para el 2010 representó el 3.80. Con la finalidad de cumplir con ese compromiso y sobre todo el garantizar un desarrollo progresivo de la educación para los niños, niñas y jóvenes mexicanos a fin de elevar la calidad educativa en México, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propusimos reformar la Ley General de Educación para establecer como una obligación del Estado mexicano no reducir de un ejercicio fiscal a otro el presupuesto destinado a la Educación Pública y Servicios Educativos; sino que, por el contrario, este presupuesto sea aumentado en términos reales de un ejercicio a otro hasta llegar a ese compromiso. Con ello se podrán incrementar las oportunidades educativas de quienes aún no pueden incorporarse al sistema educativo público. Actualmente son los padres de familia quienes tienen que aportar mediante cuotas el gasto corriente para mantener la escuela donde asisten sus hijos, lo cual afecta de manera grave a aquellas familias con bajos ingresos, lo cual resulta verdaderamente inaceptable. Sabemos que la calidad de los sistemas educativos no depende exclusivamente de la magnitud de los recursos asignados, pero sí éstos son fundamentales para mantener o incrementar el acceso de la población a la educación, así como para el mejor funcionamiento de instituciones y programas del sector educativo. Es por esto que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de este dictamen. El compromiso es con nuestros niños, con nuestras niñas y con los jóvenes de México. El compromiso es por la educación. Muchas gracias.