La diputada Patricia Garduño Morales (PAN): Muchas gracias, señor Presidente. Ciudadanas diputadas; ciudadanos diputados: El 13 de noviembre de 1998, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de decreto para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objeto fue dotar con recursos federales adicionales y distintos de los correspondientes a la recaudación federal participable, a las haciendas de las entidades federativas, para que éstas pudieran llevar a cabo el correcto desarrollo de las responsabilidades en que hay concurrencia con la Federación. Es así como se crearon dos nuevos Fondos de Aportaciones Federales: uno para la atención de la educación tecnológica y de adultos y otro para la seguridad pública. El artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal dispuso que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, sería determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que a diferencia de otros fondos que tienen una asignación establecida en la ley, el Fondo para la Seguridad Pública tiene que proponerse, definirse y aprobarse cada año. El párrafo tercero del artículo en comento, establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública establecerá los criterios para la distribución de los recursos antes citados entre los estados y el Distrito Federal. Por su parte, el artículo 45 afirma la responsabilidad de realizar la determinación, distribución y aplicación de los fondos de los recursos de seguridad pública de conformidad con la información financiera, operativa y estadística que le sea proporcionada por los estados y el Distrito Federal, a la Secretaría de Gobernación, la cual a su vez pone esta información a disposición del Ejecutivo. Dicha atribución a la Secretaría de Gobernación es incompatible con las modificaciones a la estructura de la Administración Pública Federal, que tuvieron lugar en el año 2000. Con fecha 9 de noviembre del año 2000, diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal Preventiva y la Ley de Pesca, cuyo objetivo fue adecuar el marco normativo de la Asamblea Pública Federal a fin de reorganizar y fortalecer la eficacia de la función ejecutiva. Entre las diversas reformas que se realizaron destaca el caso de la Secretaría de Gobernación a la que se le relevó de diversas funciones relacionadas con la seguridad pública y su principal tarea quedó vinculada con la gobernabilidad democrática, por lo que ahora sus funciones consisten en la conducción de la política interior; la conducción de las relaciones entre el Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, en la instauración de un Sistema de Información y de Investigación, así como en el fortalecimiento de las instituciones de gobierno. Por otra parte las funciones de seguridad anteriormente encomendadas a la Secretaría de Gobernación recayeron en la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia creada con motivo de la reorganización administrativa y que vino a consolidar la transformación y el marco jurídico de seguridad de nuestro país. Recordemos que fue en 1994 cuando se sentaron las bases de creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 1995 se promulgó la Ley General que se establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se creó el Consejo Nacional que es la instancia superior de coordinación. Fue en 1998, cuando se readecuó la estructura de la Secretaría de Gobernación y se creó la Subsecretaría de Seguridad Pública y en 1999 cuando se creó la Policía Federal Preventiva, que también fue ubicada en la nueva estructura de la Secretaría antes mencionada. Las reformas del 2000, representaron un importante esfuerzo en la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al transferir los órganos y recursos en materia de seguridad, a cargo de la Secretaría de Gobernación, a una dependencia encargada exclusivamente de ejercer funciones de seguridad pública. Resulta evidente que estas importantes modificaciones no tienen correspondencia con las atribuciones que la Ley de Coordinación Fiscal, reserva a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública, toda vez, que las mismas deben recaer en la propia nueva Secretaría de Seguridad Pública, de conformidad con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal antes enunciada. Por esta razón, la presente propuesta tiene como objetivo, transferir la atribución reservada a la Secretaría de Gobernación, en materia de recopilación de información financiera, operativa y estadística, para la determinación de los recursos presupuestales para la seguridad pública a la Secretaría de Seguridad Pública. La modificación que se propone, parte del criterio de que al crearse la Secretaría, a ésta fue la transferida la responsabilidad de realizar las propuestas necesarias para reordenar y especializar el diseño y atención de la política criminal federal, que garantice la efectiva prevención del delito, así como desarrollar las políticas de seguridad pública, incluida la presupuestal con base en la información que le proporcione los estados para garantizar el mejor ejercicio de sus funciones. Por esta razón, proponemos la modificación al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. Señor Presidente, en virtud de que esta iniciativa ya fue publicada en la Gaceta, le suplicaría que fuera también su texto íntegro, publicado en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.