El diputado Emiliano Ramos Hernández: Con la venia de la presidencia. En este sexenio la situación económica de las familias mexicanas se ha mermado con el fracaso del sistema económico neoliberal. Ante esta realidad indiscutible y por la falta de empleos remunerados y la pérdida de los mismos, miles de personas se han visto en la necesidad de sumarse a las filas del comercio informal, para subsistir de alguna manera y subsanar las necesidades primordiales de sus familias. Tal es el caso como muchos otros, de una comerciante en el Metro, conocidas como doña Refugio, jubilada por un accidente y de 58 años de edad, quien no ha conseguido trabajo desde hace varios años y actualmente vende dulces de producción mexicana en los vagones del Metro, para llevar unos pesos extras a su casa. Ella fue detenida y retirada en razón de la aplicación de la Ley de Cultura Cívica, de una estación del Metro. Lo grave es que en su detención hubo abuso de autoridad, uso desmedido de la fuerza y vejación a sus derechos humanos y constitucionales. Es el trato que da la policía que labora al interior del METRO. Cabe destacar que ella no vende piratería ni productos ilegales. Vende productos nacionales. Es cierto que la ley prohibe el ambulantaje en el METRO pero no permite la violación de los derechos humanos y constitucionales. El objetivo de la ley es prevenir y castigar los delitos pero no puede haber una homologación entre asaltantes y vendedores. No debe haber una criminilización de la pobreza en este país. Tenemos que considerar lo siguiente: Nuestro país atraviesa por una crisis profunda en cuanto a lo que se refiere a generación de empleos y por lo tanto el número de personas que se auto-emplean. También tenemos que considerar que los pocos empleos que se generan son por lo común mal remunerados y que se ha perdido el poder adquisitivo de la clase trabajadora de manera alarmante a raíz del año de 1978, cuando comenzaron las crisis económicas. También debemos considerar que por lo tanto muchísimas familias han tenido que recurrir al comercio en pequeña escala en las redes del METRO. Esto efectivamente constituye una falta administrativa pero es inadmisible que sean tratados como delincuentes. El Estado debe aceptar su corresponsabilidad al ser incapaz de ofertar alternativas de otra naturaleza a las familias que se ven obligadas a subsistir mediante el comercio ambulante. También hay que considerar que se han violentado los derechos humanos y las garantías individuales de quienes ejercen esta labor generando un caldo de cultivo que puede derivar en enfrentamientos de proporciones peligrosas y que en este sexenio, tan sólo en los primeros tres años ha crecido más la tasa de desempleo que en todo el sexenio anterior. Por lo anterior, propongo a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo: Primero.- Conforme al pacto federal y total respeto a la división de poderes, se exhorte al Gobierno del Distrito Federal a que gire las instrucciones pertinentes para que las sanciones correspondientes a quienes ejercen el comercio en el Sistema de Transporte Colectivo METRO, sean realizadas con apego a derecho y en estricta vigilancia del respeto a los derechos humanos y las garantías individuales de quienes ejercen esta labor. Segundo.- Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa para que de inmediato se entable una mesa de negociación y acuerdos con los representantes de las agrupaciones que ejercen el comercio en el sistema de transporte colectivo METRO para alcanzar acuerdos mínimos que tienden a resolver este conflicto latente. Es cuanto. Muchas gracias.