El diputado Antonio Cuéllar Sttefan: Con su venia, diputada presidenta. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hemos asumido con absoluta vocación patriótica y una responsabilidad histórica los compromisos que han derivado de los análisis, discusión, aprobación de las distintas iniciativas que han venido presentándose a lo largo de los últimos meses, con el objeto de reformar leyes diversas que inciden en múltiples materias, con incidencia económica desde luego, que tienen como único propósito, como objetivo final, el de mejorar las condiciones de vida de la población y estamos conscientes de ello. Pero lo hemos dicho desde el principio y lo reiteramos esta vez: difícilmente creemos que esto se llegue a consolidar en la medida en la que no podamos establecer definitivamente un auténtico estado de derecho. Nosotros entendemos por estado de derecho la observancia plena de la legalidad, por parte de todos aquellos órganos de gobierno a quienes les corresponda bien sea expedirlas, interpretarlas o aplicarlas, y es el caso de que en México hemos venido sufriendo a lo largo de los últimos años, desafortunadamente un estado de creciente inseguridad pública que mantiene en la zozobra a la nación. Esta zozobra deriva de la impunidad que nosotros repudiamos, impunidad que no se traduce en otra cosa, sino en la falta de aplicación de las leyes para castigar a todos aquellos que incurren en actividades antisociales claramente identificadas en la ley como delitos. Tenemos que darles los elementos a las autoridades encargadas de la procuración y de la investigación de los delitos, como también a las autoridades encargadas de castigarlos y sancionarlos para que cumplan las funciones. No basta ya con que se mantenga en el discurso cotidiano esta frase reiterativa de que se va a buscar el fortalecimiento del estado de derecho, sino es con un ejercicio vigoroso y eficaz de las funciones que la Constitución le otorga a las autoridades; esto es, persiguiendo los delitos y castigándolos en los términos que legalmente sean los oportunos, los prudentes, los correctos. Vemos nosotros múltiples discusiones legislativas en torno del endurecimiento de las penas, pero consideramos también que existen otros mecanismos a través de los cuales las Legislaturas, cada una en su soberanía, decidirá quizá también como mediante la persecución eficaz y el castigo, quizás con penas menos duras, podrían lograrse el restablecimiento de las cosas y el reencauzamiento de las actividades fuera de estos esquemas de inseguridad. Vamos a buscar por consiguiente a través de la aprobación de las reformas conducentes la abolición de la impunidad y el establecimiento de un auténtico estado de derecho. Desde el 2008 nuestro constituyente identificó un nuevo mecanismo y un cambio en el paradigma de la defensa de los derechos humanos para funcionar un nuevo sistema procedimental penal que logra erradicar de alguna manera esta preocupación que vengo mencionando. Desde luego que tan repudiable es la impunidad en la que quedan los delincuentes muchas veces cobijados por la falta de pericia o por la falta de ejercicio de las facultades que la ley les otorga a quienes se encargan de perseguir los delitos, como también lo es el abuso por parte de las autoridades judiciales tratándose del respeto de los derechos de todas aquellas personas que se les procesa por la comisión de algún delito. La Constitución, como ya se ha mencionado antes, establece en el artículo 14 un derecho fundamental de debido proceso y de audiencia que tiene que respetarse por parte de las autoridades sin distingo, particularmente desde luego por parte de las autoridades judiciales. ¿Qué es lo que sucede en el artículo tercero transitorio de las reformas a la Constitución de 2008? Se establecen plazos fatales para la expedición de las normas procesales, las nuevas normas procedimentales que establecerán la conducción de los procedimientos por parte de los jueces penales para el cumplimiento de este nuevo paradigma y de esta nueva función, respetuosa y garantista de los derechos humanos, a fin de lograr erradicar la impunidad. Nosotros hemos estudiado y nos percatamos de que a pesar de que existen desde luego ya grandes esfuerzos que han venido materializándose por parte de entidades federativas para concretar leyes procesales que den respuesta a este mandato constitucional, existe un rezago y un retraso en las mismas. Pero no nada más esto. Existe también el riesgo de que por virtud de la implementación de la reforma constitucional vayan aprobándose leyes procedimentales diversas con términos, con derechos y obligaciones, facultades diversas para todos los sujetos actores dentro del procedimiento penal, que vendrían a causar una incertidumbre jurídica para todos los que participan, llámense víctimas, llámense procesados, llámense autoridades encargadas de la persecución y de la investigación de los delitos y, desde luego, llámense también de los jueces. De aquí que, dentro de lo que nosotros identificamos como un claro compromiso dentro del federalismo que reconoce la Constitución, podemos ver dentro de la iniciativa que ahora se presenta –y que habrá en su caso de aprobarse por parte de esta Legislatura- la ventaja y la conveniencia de lograr establecer a través de esta nueva facultad el camino para que el Congreso de la Unión el día de mañana emita una ley procedimental única en materia penal para toda la República, que vendrá a dar certidumbre jurídica a todos los que participan en esta actividad que es de fundamental importancia para el desarrollo, para el progreso del país. Si identificamos desde luego la conveniencia de aprobar este mecanismo que es congruente con el Pacto Federal, es congruente con el compromiso que asume la federación con los estados, porque respeta la soberanía de los estados por cuanto a la identificación de las conductas antisociales que deben de castigarse como delitos. Exclusivamente atañe a los aspectos procedimentales con el objeto de armonizar a nivel nacional la forma en que los abogados habrán de cumplir sus funciones como acusadores, como defensores, como juzgadores. Desde luego, a pesar de que en este caso solamente nosotros discutimos y valoramos esta conveniencia de aprobar esta nueva facultad constitucional en materia de Código de Procedimiento Penal Único, no dejamos de ver la conveniencia de que esto pudiera tener lugar también en otro tipo de actividades, porque finalmente acaban traduciéndose en lo mismo. En materia contencioso-administrativa, por ejemplo, nosotros podemos encontrar legislaciones a lo largo de la República que contemplan términos distintos, obligaciones y recursos distintos, medidas cautelares y providenciales distintas que lo único que causan es incertidumbre jurídica. Si con motivo de la complejidad conforme a la cual se vienen llevando a cabo las actividades delincuenciales hoy en día y con motivo de la intercomunicación obligada –que además irá progresando en el país entre entidades federativas–. Podemos ver que las conductas empiezan cometiéndose en una entidad y en un estado pero continúan en otras, entonces es conveniente darles a los abogados instrumentos armónicos, únicos, a través de los cuales con conciencia plena de sus obligaciones, de las facultades que la ley les concede a las autoridades, estos puedan atajar el cumplimiento de aquello que la ley establezca a fin de ver cumplidos sus propósitos en cualquiera de los sentidos que esto pueda llegar a darse. Es por esta razón, por consiguiente, que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, desde luego que suscribe con decisión esta iniciativa de reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución e identifica no una afectación a la cláusula federal que contempla el pacto de la Unión, sino todo lo contrario, un fortalecimiento a favor de la mayor vinculación entre las entidades federativas con respeto, desde luego, de aquellas decisiones que en su esfera soberana hayan de llevar a cabo e implementar por cuanto a la identificación de conductas antisociales que se identifiquen como delitos y su penalización; no desde luego sin dejar de ver que en la misma reforma constitucional que estamos discutiendo, se reconoce, se contempla y se deja a salvo, la posibilidad de que el Congreso también identifique y emita a través de leyes con valor nacional, los tipos penales y las sanciones para delitos comunes y que nos aquejan a todos como lo es el delito de secuestro o el delito de trata de personas. De ahí que encontramos en la reforma constitucional que se propone plena congruencia y desde luego un fortalecimiento de aquello que queremos llevar a cabo con el objeto de lograr el establecimiento de un Estado de derecho y el cumplimiento de la legalidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.