La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Presidenta, en apego al artículo 111 del Reglamento, presentaré las dos reformas en un solo acto. Y antes de iniciar mi intervención quisiera comentar que la Junta de Coordinación Política definió posponer la comparecencia de la secretaria de Gobernación. Y decirle al diputado, que la secretaria de Gobernación llegó a cumplir con sus obligaciones, que no fue omisa al acuerdo que se tenía. Uno de los temas que han sido de mi especial preocupación desde el inicio de la presente legislatura es el relativo a establecer mayores garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, de prensa, de información, de protestas social y su defensa. Soy del firme convencimiento, fundado en el estudio profundo de la operación del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de que el fideicomiso que administra sus recursos es el mejor instrumento posible para propiciar el cumplimiento de sus objetivos y que su operación ha sido ágil, eficiente y transparente. Considero a las personas que han puesto en riesgo su vida e integridad, precisamente por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de defensa de los derechos humanos merecen garantías de protección fortalecidas, es decir, que no se ponga en riesgo su continuidad ni su otorgamiento oportuno. En este contexto, la presente reserva tiene por objeto excluir del presente dictamen a la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con lo que se mantendría intacta la situación jurídica de Fideicomiso 10232. Lo anterior resulta de la mayor relevancia, dado que como bien señala el representante de México, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la misiva que nos hizo llegar a la Comisión de Presupuesto, urgiendo a no desaparecer el fideicomiso de referencia, el mecanismo ha salvado vidas, ha contribuido a la creación de mejores condiciones para quienes defienden los derechos humanos o ejercen el periodismo, lo cual resulta de gran importancia en un contexto de altos niveles de violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La eliminación de este fideicomiso privaría el mecanismo de protección de instrumentos financieros que le permitan adoptar medidas de protección con la urgencia que la situación exige y financiar su costo. Basta una lectura comprensiva de la ley para tener claro que el mecanismo requiere de un instrumento financiero ágil y flexible, que permita responder de manera inmediata a las medidas que se definan en los planes integrales de protección. Nos preocupa al respecto que la redacción propuesta en el dictamen genere posibilidades de recortes o discrecionalidad en el manejo de recursos. Nos preocupa también que no se establezca un órgano que sustituya al comité técnico evaluador que ha garantizado el adecuado ejercicio y aplicación de los recursos. Hasta hoy contamos con uno de los fideicomisos más transparentes y efectivos, que es referente internacional y ejemplo de buenas prácticas respecto de la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Se trata de un órgano que nos ayuda a cumplir compromisos de derecho humanitario internacional y que procura el cumplimiento de un fin social superior. En pocas palabras, este fideicomiso, de manera muy clara, salva vidas. Estas reformas que estamos discutiendo parten de un diagnóstico enfocado, como lo comenté, en revisar los resultados que se han presentado de este fideicomiso. En este sentido, ante una previsible negativa, admitir la reserva que propone excluir del presente dictamen a la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Derechos Humanos, los urjo, diputadas y diputados, a contemplar cuando menos un plazo de gracia, que haga del fideicomiso 10232 un medio de control y contraste, permitiéndole permanecer vigente cuando menos un año más, lapso en el que se puede estudiar y evaluar con profundidad un tema de vidas humanas, si es viable mantenerlo o, en su caso, se debe diseñar una herramienta de administración de recursos que conserve los beneficios más claros del fideicomiso, particularmente la agilidad, la oportunidad y la capacidad de mantener una reserva financiera, así como los elementos de control sobre el ejercicio y aplicación de recursos. Sería urgente, en todo caso, definir a un colegiado interinstitucional que incida y supervise el ejercicio y aplicación de recursos. Recordemos que el mecanismo requiere contar con una reserva para hacer frente a compromisos que, por su naturaleza, no pueden preverse o programarse de manera anticipada. Hasta hoy son más de 1 mil 300 personas las que mediante el mecanismo requieren y gozan de la protección del Estado para salvaguardar su vida e integridad. Este número ha sido incrementado año con año, lo que hace más necesario que el mecanismo tenga la oportunidad de administrar sus recursos, sin observar las reglas de anualidad y mantener una reserva para el cumplimiento de su objetivo. Es evidente, entonces, que...