La diputada Frinné Azuara Yarzábal: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la protección a la salud constituye un derecho fundamental de las y los mexicanos. Asimismo, es un igualador social que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida. En el Grupo Parlamentario del PRI por supuesto que estamos a favor de robustecer nuestro andamiaje jurídico, con objeto de que se traduzca en políticas públicas orientadas a proteger la salud de la población. Nadie puede negar que las personas con trastornos mentales, adicciones o discapacidad psicosocial tienen el derecho a recibir tratamientos efectivos que pueden mejorar su salud y calidad de vida. Sin embargo, esta iniciativa, más allá de velar por su salud y derechos humanos, atenta contra ellos. Lejos de pretender atender de mejor manera el problema de las adicciones y la salud mental, genera confusión, empeora la situación de estas personas. En primer término, resulta muy grave tratar de equiparar a las personas que sufren alguna enfermedad mental con aquellas que tienen una adicción o una discapacidad psicosocial, toda vez que se trata de condiciones completamente diferentes, tanto desde las causas que las originan hasta los tratamientos que deben utilizarse para atenderlas. Hacer esta comparación equivaldría a volver a considerar la homosexualidad como una enfermedad mental, un pensamiento arcaico que la Organización Mundial de la Salud y diversas instituciones de salud a escala global abandonaron desde hace más de 30 años. Si no se establece una clara diferenciación entre estos padecimientos, las personas que los sufren corren el riesgo de no recibir la atención y tratamientos adecuados, así como de sufrir discriminación, incluso poner en riesgo su integridad física. En segundo lugar, esta iniciativa plantea la posibilidad de que una persona con estos padecimientos pueda ser internada en un hospital por los llamados anexos, en contra de su voluntad, aun cuando no lo amerite su condición. Permitir el internamiento de una persona por el simple hecho de que un médico o familiar lo declare incapaz constituye una clara violación a sus derechos humanos, ya que no se le está permitiendo su derecho a defenderse. Estamos conscientes de que algunas enfermedades ameritan la internación de los pacientes en instituciones de salud mental, sin embargo, no siempre es el caso. Hay diversos padecimientos mentales y psicosociales que pueden atenderse con medicamentos y tratamientos que les permitirían permanecer en sus casas, llevar una vida normal y desarrollarse plenamente. Esta reforma abriría la puerta para que terceros puedan atentar contra los derechos de las personas con dichos padecimientos. Lo mismo pasa con las personas que tienen alguna adicción, lo que no significa que carezcan de lucidez y capacidad de decisión. El combate a las adicciones debe privilegiar la implementación de medidas de prevención, no de reclusión. Todas las personas somos proclives de padecer una adicción, por lo tanto, de aprobarse esta iniciativa todos estaríamos en riesgo de que nuestra libertad y derechos humanos sean vulnerados. Es importante recordar que no es la primera vez que se intenta aprobar un dictamen de esta naturaleza. En junio de 2020 se promovió en el Senado de la República una iniciativa similar, que finalmente fue frenada y se aseguró que se discutiría este tema en un parlamento abierto, lo cual no ha sucedido. En aquella ocasión la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al Poder Legislativo que se revisara el dictamen, ya que vulneraría diversos artículos de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, relacionados con la igualdad y no discriminación; la capacidad jurídica, la libertad y seguridad de la persona; la integridad personal y la salud. Las y los diputados del PRI consideramos que esta iniciativa refleja una visión anacrónica y estigmatizante, al usar referentes conceptuales que no son compatibles con las nociones actuales sobre salud mental. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de promover políticas públicas integrales que contribuyan a garantizar el acceso efectivo a la salud a toda la población, no obstante, nos pronunciamos en contra de iniciativas como esta, que son violatorias de los derechos humanos de todas las personas. Es cuanto, presidenta. Gracias.