El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, diputada Presidenta. En efecto, esta reforma que se propone para despenalizar los delitos en la libertad de expresión, los delitos en los que se pudiera incurrir en el ejercicio de la libertad de expresión; es sin duda, un cambio fundamental en la línea de la política constitucional para la preservación de dos derechos fundamentales: el de la libertad de expresión y el derecho también a la salvaguarda de la honra, del buen nombre, de la custodia, de los valores propios de identidad de las personas. Por ello, fue interesante en este proceso de estudio, de confección de las reformas, el estudio o la incursión en el derecho comparativo, para darnos cuenta que en el mundo, la evolución del derecho nos lleva a preservar por encima de cualquier otro valor, el de la libertad de expresión, el de la fundamental posibilidad de que mediante los medios informativos de comunicación convencionales, puedan expresarse libremente, quienes bajo su propia responsabilidad, emiten juicios, emiten expresiones, censuras, criticas o valoraciones de cualquier clase. Y con ello, evidentemente contra ello existía precisamente, el amago, de que quienes hicieran uso de esta libertad y de este derecho, fueran a su vez, sometidos, reprimidos, mediante la amenaza de ser procesados o acusados por la comisión de un delito que merece o que está tipificado para castigarse con pena corporal, con pena de privación de la libertad. Por ello, es un avance fundamental el que sin duda, reconociendo los derechos fundamentales de la persona a su buen nombre, también se reconozca que éstos sólo sean exigibles en caso de violentarse a través de la vía civil, a través del recurso en el que se reclama efectivamente la vulneración a un derecho, pero que no tiene, no es castigado a través de una pena severa y extrema, como podría ser la privación de la libertad. Con esto evidentemente, nos consagramos a la altura de los países desarrollados en la vía democrática, para que la libertad de expresión ya no encuentre obstáculos ni impedimentos y se manifieste con toda claridad en beneficio de la democracia, del derecho del pueblo a ser informado, para que con conocimiento de causa pueda tomar las decisiones públicas que atañen a su responsabilidad, como componente, como integrante de la comunidad nacional. Por ello, esta propuesta tiene un sentido liberador y tiene un sentido de avance. Quiénes no hemos visto en los últimos tiempos, ya no sólo la amenaza de la represión o del castigo a través de tergiversación de las vías jurídicas, a los autores de obras o a los periodistas, sino incluso se ha llegado y estamos en un momento lamentable de sujetarnos y estar en las condiciones de ser vergonzosamente de los países en el mundo donde más atentados y donde más crímenes contra periodistas están ocurriendo y ello nos debilita como sociedad, porque a su vez, vulnera y hace frágil la última bastión de defensa de la sociedad frente al crimen organizado, frente a la corrupción, que ya no sólo ha encontrado fácil la vía de amenazar o incluso, de intimidar al periodista, sino incluso de atentar contra su vida, de privarlo o de agredirlo en su integridad física. Yo pienso que con éstas reformas, hemos ya de enfocar claramente otra etapa a la que tendremos que avocarnos inmediatamente, que es ya una defensa frontal de los periodistas, que ciertamente en este grupo de trabajo que la Cámara de Diputados ha integrado, ha empezado con avances consistentes entre otros, la creación misma de la Fiscalía en la Procuraduría General de la República, especializada para investigar justamente estos atentados contra periodistas, que ha tenido ya, hoy, en estos días, con nuestra concurrencia, diversos acuerdos y diversas acciones desplegadas para estar atentos a que los delitos de homicidios, cuando la víctima sea un periodista, puedan ser atraídos por la autoridad federal, por la Procuraduría General de la República y por lo tanto, sujetos a una investigación más de fondo, fuera o sin la influencia del medio, del entorno donde ocurren estos homicidios y por consiguiente se pueda tener más esperanzas o esperanzas más ciertas de que se imparta justicia, se conozca a los victimarios y se logre que se haga justicia y se impida ya este encadenamiento de muertes de periodistas. Esto sería, pues, una etapa siguiente y por lo pronto la despenalización que ahora nos ocupa y que está contenida en esta reforma, supone el avance de dejar exclusivamente la vías civil para el reclamo de lesión a los derechos de honorabilidad y de buen nombre y reducir, extinguir la vía penal, que en ocasiones se usaba indebidamente para intimidar, para reprimir, para conculcar la libertad de expresión. Por consiguiente, nos adherimos con entusiasmo a estas modificaciones y damos nuestro beneplácito para que sean aprobadas estas reformas y consigamos ponernos a la altura de los países civilizados del mundo donde la libertad de expresión sea una garantía consagrada y ya no limitada por amagos de amenazas o de demandas penales que pueden intimidar e inhibir la libertad de expresión. Damos, pues, nuestro voto aprobatorio a esta reforma. Gracias.