La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado Presidente. Hace más de un año presenté la propuesta para abrir una consulta nacional para la protección de humedales mexicanos, misma que se aprobó en el pleno ese mismo día después de un intrincado camino para dar luz a esta consulta que, a pesar de ser un mandato del pleno, a nadie parecía interesarle. De nueva cuenta se presentó que fuera la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y protección de ambientes acuáticos la que coordine los trabajos de dicha consulta. Hoy por fin se tiene una coordinación oficial de la consulta por parte de la Cámara de Diputados, quien junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas iniciará los trabajos a partir de la primera quincena de este mes de abril. Esta consulta es de enorme importancia ya que está catalogada por la Convención Internacional de Humedales como un ejercicio democrático sui géneris en el hemisferio. Tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre el estado que guardan los humedales nacionales, elaborar los mecanismos legislativos para su protección e incluso revisar la comisión de delitos ante las violaciones a las disposiciones legales. México tiene un compromiso con la comunidad internacional. El último informe de México sobre humedales fue en 2005, verdaderamente alarmante, en donde se dio a conocer que en la mayoría del texto había la posibilidad de avanzar en la protección de humedales, por eso nos dio pauta a proponer la realización de esta consulta. El 31 de marzo se cumplió el plazo para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas presentara el borrador del informe de México ante el secretariado de la convención para la reunión de 2008, mismo que el Grupo Parlamentario del PRD insiste en conocer y está a la espera de que el titular de la Conanp lo envíe a esta soberanía a la brevedad posible. Asimismo, otra de las proposiciones que aprobaremos es la relacionada con la solicitud de designar al Lago de Chapala como sitio Ramsar. Es decir, que se proteja internacionalmente bajo la Convención de Humedales ya que a pesar de un importante avance para su inscripción, se desconocen los motivos por los que se evitó su incorporación en el paquete de sitios aprobados el 2 de febrero pasado. Nos preocupa que en dicho informe de la Secretaría del Medio Ambiente no contenga un posicionamiento serio y contundente para proteger los manglares ante la pérdida de 65 por ciento de la superficie cubierta de manglares y cada año se deforesten cerca de 10 mil hectáreas, lo que indica que estas comunidades vegetales están desapareciendo aceleradamente. Alerta también la política de Semarnat que, en detrimento de los humedales mexicanos, beneficia al capital privado nacional y extranjero en flagrante violación a las disposiciones sobre protección ambiental, como es el caso reciente de la manifestación de impacto ambiental para la instalación de una regasificadora en la laguna de Cuyutlán, Colima, en detrimento de decenas de hectáreas de manglar, la afectación del valor cultural de las salineras tradicionales, la pesquería estuarina y lo más grave, la pérdida de calidad de vida de sus pobladores. Por eso llevaremos también a esta consulta pública a ese estado en la sesión regional, para que los pobladores tengan voz frente a esta irregularidad de una entidad que debiera estar a favor del ambiente y no de una camarilla de empresarios extranjeros, como lo es la Repsol española, quien traerá gas de Perú a precios inconcebibles para nuestra precaria, neoliberal política económica. Pareciera que la Dirección de Impacto y Riesgo tiene línea de más allá para autorizar manifestaciones de impacto ambiental, pues no sólo es el caso de Cuyutlán, sino también el de Bahía de Banderas, en virtud de que se presumen irregularidades por su otorgamiento a favor del proyecto de Punta Beach a la empresa Punta Vista, S.A., de C. V., así como la legal actuación de un funcionario más de la Semarnat, esta vez del otrora director general de Zona Federal Marítimo Terrestre, Alberto Eduardo Galván Monroy, por el cual se concesionó una zona a favor de la empresa señalada. Compañeras diputadas y compañeros diputados, son distintos los esfuerzos que estamos realizando en el trabajo de comisiones para garantizar la aplicación de políticas adecuadas que realmente protejan el ambiente con sentido social. Sin embargo, nuestro esfuerzo no puede quedar con sólo levantar la mano para aprobar los distintos asuntos, sino darle continuidad y seguimiento; una consulta pública que se realice sin el sujeto social afectado y expertos, no es una consulta. Evaluaciones de impacto ambiental que pongan en peligro a los ecosistemas de los cuales dependemos las sociedades humanas merece fincar responsabilidades sobre los funcionarios corruptos. Pero también llamar su atención para que evitemos un atropello más a los derechos sociales en este país. Se está discutiendo en la CENCA la eliminación de enaltecer el derecho humano al agua, en la Constitución Política. Esto no lo podemos dejar pasar, es como dar pauta a que después de haber aprobado la reforma judicial, la reforma electoral, todos estos grandes temas que se mencionaron en la CENCA, ahora que están en discusión los temas de garantías sociales, de derechos sociales como los humanos, como el del agua, como el de la alimentación, se quieran evitar y evadir. No hagan eso con lo que inventaron que es la reforma del Estado y mejor hagan valer que sí necesitamos un Estado que resguarde estas garantías sociales y que tengamos también cómo exigirlas. Es cuanto, diputado Presidente.