El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Gracias, Presidente, con su permiso. Me permito presentar a todos ustedes una iniciativa con proyecto de decreto de mis compañeros diputados María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil, y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y se adiciona un capítulo vigésimo séptimo al Código Penal Federal. Como todos sabemos, México es un país con sitios y monumentos arqueológicos de suma importancia. El patrimonio que tiene México en valor arqueológico es el primero en todo el continente americano. La regulación jurídica para la preservación de bienes culturales ha estado presente en diferentes momentos de nuestra historia. México ha sido un país pionero en materia de protección de su patrimonio cultural. Si bien en ningún otro momento en la historia de nuestro país la conciencia y la necesidad de preservar los bienes culturales han sido tan intensos, de igual manera, jamás habían estado en peligro de desaparecer por las constantes agresiones, producto no sólo de la acción de la naturaleza sino del propio ser humano, entorpeciendo así el estudio y entendimiento del pasado. Tal es el caso de lo sucedido en días pasados en Tabasco con el daño causado a las piezas arqueológicas del Parque-Museo La Venta. El saqueo y la destrucción de nuestro pasado es un lento suicidio de la memoria histórica, un atentado contra el patrimonio cultural y un debilitamiento de nuestra identidad como nación. Es por ello que la legislación adopta un relevante papel como medio para desarrollar instrumentos eficaces verdaderamente, que permitan garantizar su preservación. De ahí la necesidad de trasladar el capítulo de Sanciones, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos al Código Penal Federal. Uno de los razonamientos de lo antes expresado es evitar el problema que representa el tipificar conductas en una ley de naturaleza administrativa, en lugar de hacerlo en el Código Penal Federal, ocasionando un problema de dispersión de las normas en materia penal, toda vez que la propia Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, se remite a las reglas generales señaladas en el Código Penal Federal para resolver acerca de figuras como la reincidencia. Los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia se enfrentan día a día con la innecesaria dispersión normativa, siendo ésta la razón primordial por la que nuestro derecho se orienta cada vez más a la unificación de las normas penales. Es de suma importancia reunir en un sólo cuerpo normativo todas las conductas que son consideradas como delitos. La armonización y posterior unificación de las normas penales facilitan el trabajo de la autoridad responsable de su aplicación. Por ello, en lo que se refiere a los montos de las sanciones administrativas, actualmente establecidas en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos y que en un parámetro real no son las adecuadas, se propone que el monto de las multas se fijen en los términos establecidos en el Código Penal Federal. Es decir, en días multa y no como la redacción vigente que establece cantidad líquidas. Se aumentan, también, en sus mínimos, las penas privativas de la libertad en determinados delitos, en atención al bien jurídico tutelado. Se separan las conductas relativas a la realización de actos traslativos de dominio de un monumento arqueológico mueble y su comercialización. Se aumenta la penalidad a los sujetos que promuevan, organicen, financien o dirijan la realización sin autorización de trabajos en excavación sobre monumentos arqueológicos. Como pena accesoria, se contempla la destitución e inhabilitación de los servidores públicos pertenecientes al INAH, por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta, que hayan otorgado indebidamente la autorización para la realización de trabajos arqueológicos. Entre otras varias conductas que se encuentran contempladas en la propuesta y que, por razones de tiempo, solicito a la Presidencia se inserte el cuerpo íntegro de la iniciativa en el Diario de Debates y con las precisiones jurídicas contenidas en la presente iniciativa, se busca otorgar la certeza y coherencia jurídica que no se advierten en la redacción vigente de la ley federal mencionada, además de la importancia de que los delitos en contra del patrimonio cultural sean acordes con la política de sanciones pecuniarias en días multa que hoy rigen a los cuerpos legales. Señor presidente, solicito sea tan amable de turnar a la Comisión de Justicia y también a la Comisión de Cultura, para su opinión. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias. El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, diputado, así se hará. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura, Educación Pública y Servicios Educativos y de Justicia de la Cámara de Diputados.