El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, presidente. Me gustaría tocar en esta ocasión el contexto y los antecedentes en los cuales estamos votando la reforma política electoral, dando cumplimiento a la reforma constitucional de diciembre del año pasado. Leeremos de manera textual el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asuntos exclusivos de ella se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente. Pero en ambos casos sólo aquí con negritas sólo se ocuparán del asunto o de los asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. A su vez, el artículo 37 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que rige la vida interna de esta asamblea establece que las sesiones extraordinarias podrán tratarse únicamente y subrayo únicamente los asuntos incluidos en la convocatoria, que para el efecto decrete la Comisión Permanente. Ya se leyó con anticipación la convocatoria que para el efecto nos mantiene aquí. Dentro de dicha convocatoria no se incluyen las materias de responsabilidades de servidores públicos ni mucho menos la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si nosotros utilizáramos el mecanismo del ácido, pudiéramos concluir fácilmente, y si lo sometemos al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entenderemos fácilmente que en esta cancha de juegos hay varios cachirules, dos específicamente; uno, que toca al Poder Judicial de la Federación. La convocatoria en ninguno de sus puntos ni en ninguno de sus temas o subtemas prevé la posibilidad de discusión, mucho menos de votación, los temas relativos a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ni mucho menos al tema de los emolumentos, salarios, bonos o cualquier otro de reorganización, adscripción o trato con los jueces. A su vez, y si fundamentamos todo con análisis constitucional, entenderemos que el artículo transitorio, que da cumplimiento a la reforma constitucional político-electoral, establece, literalmente, que el Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI y XXIX del artículo 73 constitucional a más tardar el 30 de abril de 2014. Es lo que nos mantiene hoy aquí. ¿Esto qué implica? En una suma matemática sencilla, se aprobó la convocatoria para los temas a, pero se incluyeron, mediante los duendes legislativos, los temas b. Los temas a que hemos tratado respecto a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley General de Partidos Políticos son constitucionales, mantienen coherencia con la convocatoria y a su vez mantienen coherencia con la norma superior, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 67 y el transitorio que nos obliga a estar hoy aquí. Sin embargo, los temas b que tratan a la Ley Orgánica y a la responsabilidad de servidores públicos no son objeto de esta discusión. No debieron haberse incluido en el orden del día ni mucho menos debería formar parte de su votación. Es decir, son inconstitucionales. Esta asamblea hoy se encuentra ante una dicotomía y me apuro, presidente, tolerar una inconstitucional o salvar el cumplimiento a una norma constitucional que tiene por objeto el mantenimiento de la democracia en México. Si no aprobamos la reforma político-electoral, no habrá democracia en México en 2015. Esta asamblea es lo suficientemente responsable para aterrizar y votar a favor la reforma que nos corresponde. Sin embargo, para aquello que nos encajonaron los senadores, por los cuales también cerraron antes de la apertura de esta sesión el periodo extraordinario, no solamente estamos en desacuerdo, sino rechazamos tajantemente la soberbia, rechazamos tajantemente la prepotencia legislativa y rechazamos tajantemente el poco compromiso constitucional y el poco compromiso republicano. Cumpliremos con nuestra función y cumpliremos con el mandato constitucional en aprobar las reformas político-electorales. Rechazamos tajantemente que hoy se esté tratando y votando un tema que no le corresponde ni a esta sesión ni a este periodo extraordinario. Es inconstitucional. Muchas gracias, compañeras y compañeros.