EL C. VICEPRESIDENTE: Túrnese a la Comisión Especial de Concordia y Pacificación para el Estado de Chiapas, en los términos dispuestos por el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 14 Se ha recibido por esta Presidencia una iniciativa de Ley Federal de Protección de Datos Personales, suscrita por el senador Antonio García Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la cual se le dará turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Honorable Cámara de Senadores y publíquese en el Diario de los Debates de la Comisión Permanente y en la Gaceta Parlamentaria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 15 Tiene la palabra el senador César Camacho Quiróz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a otras leyes. EL C. SEN. CESAR CAMACHO QUIROZ (PRI).Señor Presidente; compañeras; compañeros Legisladores: " Es verdad, en Yucatán se ha puesto a prueba nuestro estado de derecho, pero no como lo quieren ver algunos, porque en la posición del Congreso del Estado haya desacato o desafío ni tampoco porque en una actitud que le honra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acredite prudencia al desoír las voces que con la ligereza de siempre lo conminan a pedir la intervención de la fuerza pública. "Asistimos a una situación especialmente delicada porque la aplicación de la ley ha provocado legítima divergencia, porque cumplirla significa desde luego someterse a su letra, pero también al propósito que la inspiró, porque no se trata s61o de oponer interpretaciones distintas sino de confirmar certezas y consolidar principios, porque ahí donde se advierta ambigüedad o contradicción o contradicción siempre será válido cuestionar y proponer, corregir y mejorar. Porque en el México plural de nuestros días nadie tiene toda la verdad ni ésta puede provenir de la iluminación del sabio o la imposición del poderoso, sino de una discusión amplia y serena, responsable y constructiva por parte de quienes por obligación obedecen la ley y por convicción atienden a su propia conciencia. Por eso hagamos un mayor esfuerzo por conciliar y coincidir, por apegarnos a nuestras normas, con el ánimo de encontrar en ellas cauces y nunca diques, rumbos y no valladares, por ponernos una vez más de acuerdo en lo fundamental. Con ese objetivo, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha analizado el marco constitucional del Contencioso electora, así como diversos preceptos de la legislación secundaria, a fin de revisar las atribuciones del órgano jurisdiccional federal y formular posibles adecuaciones que le permitan cumplir en forma correcta las tareas que le están encomendadas. Se observa en primer lugar que las disposiciones constitucionales se mantienen, como lo ha aceptado el mismo tribunal, en la obvia generalidad que caracteriza a la norma suprema. Los artículos 41 y 99 fracción IV de la Ley Fundamental son así, imprecisos cuando aluden a los actos y resoluciones de naturaleza electoral, ya que no aclaran que consisten éstas ni aquellas, ni a que autoridades les compete emitirlos, provocando incluso interpretaciones confusas y aún opuestas. Las leyes secundarias, por su parte, no cumplen con la expectativa de darle un contenido concreto y una precisión legislativa a los principios generales que la Constitución consagra. No sólo no han logrado tal objetivo sino que su deficiencia ha conducido a tomar decisiones cuestionadas y peligrosas. Ha sido este insuficiente desarrollo normativo el que ha provocado el problema que hoy nos ocupa. Se trata desde luego de un conflicto legal, pero no de una confrontación cuyo desenlace deba afrentar a una de las partes, comprometer su futuro y menos menguar su dignidad. Las carencias de la ley se resuelven con la propia ley, sin necesidad de mediciones de fuerzas ni de acciones que extralimiten los ámbitos de competencia. Todos tenemos voluntad y capacidad para superar nuestras diferencia. Proponemos reformas de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues estimamos que con dichas modificaciones se superan las imprecisiones detectadas, las contradicciones evidentes y se reafirma la validez del texto constitucional cuya redacción debe seguir vigente, pues es producto de un amplio consenso nacional. De igual modo, si bien el Constituyente Permanente introdujo en la reforma al artículo 41 constitucional fracción IV, un sistema de impugnación con el que se da definitividad a cada una de las etapas del proceso electoral, es indispensable leer esta disposición a la luz del propio artículo que desde su primer párrafo consagra la soberanía que ejercen los Poderes de la Unión y que es la misma que toca a los estados reivindicar en todo lo que se refiere a su régimen interior. Se hace necesario precisar en consecuencia, que el tribunal encargado del trámite de los medios de impugnación electoral no tiene atribuciones para revisar actos o resoluciones definitivas de los Poderes de la Federación y de los estados, ni de los emitidos por las autoridades del Distrito Federal, sobre todo si se trata de una facultad concedida a la representación popular y cumple con una responsabilidad jurídica. No hay duda, de hacerlo se estaría atentado contra el régimen federal de nuestra Carta Magna. Parece haber acuerdo en la conveniencia de perfeccionar lo contencioso electoral, de modo que los comicios se desarrollen conforme a los principios consagrados por la Constitución Federal y se garantice suficientemente la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones electorales. Por ello no justifica, aún siendo vital para nuestra democracia, que se intente pasar por encima de la soberanía de los estados y de la competencia de las autoridades del Distrito Federal. Nuestro reto es, hoy, dar paso a un federalismo más equilibrado, que de a cada ámbito de gobierno su lugar, que no avasalle ni disuelva un federalismo también electoral, un federalismo que impida que instancias federales exorbiten sus atribuciones al grado de atentar contra lo más íntimo y entrañable de lo local, un federalismo que resistiéndose a todo intento centralista tome partido por los estados que fueron quienes al suscribir la unión hicieron de su acuerdo un pacto fundador, un federalismo rigurosamente jurídico que evite politización o pero aún, la partidarización de la justicia federal, en el que todo acto pueda ser impugnado cuando la ley lo permita, en donde los problemas se solucionen con la sencilla pero recta aplicación de la ley. Por la salud de la República y para el fortalecimiento de la unión, hagamos que cada entidad federativa ejerza a plenitud pero siempre de manera responsable su soberanía y que cada órgano de autoridad haga su parte con estricta observancia de sus atribuciones y también de sus limitaciones. No se olviden que acotar no es sólo deslindar y ceñir, es también precisar, esclarecer, darle rigor y pertinencia al ejercicio de la propia libertad. La ley debe servir para evitar y eventualmente corregir los problemas, nunca para propiciarlos ni menos para ahondar en ellos; eso es lo que hermana al derecho con la política, sin aquél ésta carece de ideal, sin ésta, aquél pierde su objetivo. En el primer caso la política se revela en su ejercicio insuficiente para alcanzar los fines de la comunidad; en el segundo, el derecho pierde sentido como norma que llevada a la práctica será siempre perfectible, para ambos el fin es el mismo: que se haga justicia. En nosotros está, perfeccionemos el siempre perfectible marco jurídico un federalismo no sólo legal sino equilibrador y sobre todo justo. Gracias (aplausos) C. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias Senador César Camacho Quiroz, Túrnese esta Iniciativa a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 16 Tiene la palabra el Senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Iniciativa de Adiciones al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (VOCES EN LA SALA): "Que el Pleno haga un pronunciamiento formal".