El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, presidenta. Con el permiso de todas mis compañeras legisladoras y todos mis compañeros legisladores, y por supuesto del público en general. Quiero manifestar a nuestras compañeras legisladores y nuestros compañeros legisladores, del Partido Revolucionario Institucional, nuestra solidaridad por la pérdida de la vida de su compañera que sin duda fue un ser humano extraordinario. Manifestar mí profunda emoción y convicción que me genera el hacer uso de la palabra por primera vez en ésta la máxima tribuna popular de nuestro querido país, México. Decirles que lo hago con absoluta responsabilidad, consciente de que los 628 representantes populares que conformamos el Congreso de la Unión tenemos la sagrada obligación de velar por la tutela y protección de más de 112 millones de seres humanos que sufren, sueñan, se esfuerzan, trabajan y sobre todo les mantiene latente en sus corazones los sentimientos de fe y esperanza por un mañana mejor. El luchar por ello no debe tener color ni preferencia ideológica o política. Recordemos que el origen, naturaleza, función y justificación de todo Estado o nación es la de precisamente facilitar a través de los servicios públicos el desarrollo integral y pleno de los miembros de nuestra sociedad bajo el ejercicio serio y responsable de cada quien de sus derechos humanos. Recordemos la obra de El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, en donde señaló que la única función del Estado es la de preservar la vida humana. Bajo esta premisa me permitiré participar en este ejercicio de rendición de cuentas que el Ejecutivo federal realiza a través de este informe gubernamental en el ámbito de la política social. No obstante que se anuncian con bombo y platillo supuestos logros sin precedentes de los programas que se han implementado por parte de la administración saliente, que tan solo han cobrado efectividad de manera parcial pues aún persisten situaciones que a todas luces denotan la ineficacia y la ineficiencia de las instituciones públicas que más que tutelar y defender los derechos humanos de los miembros de nuestra sociedad, los vulneran y trasgreden en muchas de las ocasiones bajo lo que se conoce como la doble victimización, ya que las víctimas en lato sensu no son solo en el ámbito penal. Todo análisis en torno al eje de la política social se inscribe estructuralmente en los procesos de marginación y violencia. Esto se hará visible mediante la inducción del problema, pues de inicio no debe dejar de mencionarse que los recursos que han sido erogados a lo largo del periodo 2011-2012 para la atención a los grupos vulnerables, para su libre autodeterminación económica, y sobre todo política jurídica, han sido totalmente insuficientes. Aunado a que, a pesar de haber sido creada la Ley Federal de Inclusión de Personas con Discapacidad, aún se tiene pendiente el armonizar la legislación secundaria que permita garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, entre otras hace falta reformar el Código Penal y Civil, entre otros. Por lo que respecta uno de los derechos humanos más elementales, como es el de la salud, el informe presenta como un gran logro la supuesta cobertura universal del Programa Seguro Popular, que a diferencia de lo que dice en el informe, de modo alguno significa la cobertura universal del derecho a la salud de los mexicanos. La realidad es que este seguro no incorpora todas las enfermedades que puede padecer una persona, como si uno pudiera escoger la enfermedad que vaya a tener. Por otra parte, sobre este mismo derecho, debemos de señalar que derivado de la incapacidad de cumplir cabalmente con su responsabilidad, instituciones como el IMSS y el ISSSTE se pretende subrogar sus funciones complementarias, como es la entrega de sus medicamentos, lo cual debemos revisar en el presupuesto de estas instituciones. En lo relativo al derecho humano a la educación, en el informe se menciona que durante la presente administración se habrán construido nuevos planteles. No obstante, tan solo en la UNAM en el ciclo 2010-2011 las solicitudes para ingresar al nivel licenciatura ascendieron a 170 mil 558, mientras que la demanda atendida fue de menos del 10 por ciento. En este sentido debemos señalar que si bien es cierto que hoy se pretende incorporar al nivel básico, el sistema de bachillerato como educación obligatoria, esto significaría bajo nuestra perspectiva en que estaríamos elevando la educación en cantidad y no en calidad. Toda vez que consideramos la necesidad de la implementación de una reforma a la Ley Federal de Educación, que incorpore la premisa que establece en la Carta Magna el artículo 3o. al señalar: que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, dando como consecuencia la revisión de los planes y programas de estudio que conlleven a la incorporación de los valores intrínsecos que nos corresponden a los seres humanos para coadyuvar en la formación de conciencias y personas que dignifiquen al género humano para lo cual, en breve, estaremos presentando una iniciativa a la Ley Federal de Educación que nos permita provocar una reforma al sistema educativo nacional, para dotarlo de la esencia que con toda atingencia concibieron nuestros Constituyentes. En cuanto al derecho fundamental a la seguridad pública, a todas luces podemos afirmar que la estrategia nacional de seguridad no permitió lograr avances significativos en la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales ni el fortalecimiento y reconstrucción de las instituciones de seguridad pública. En mucho, creemos que es debido a la falta de la integralidad de las políticas públicas, observándose acciones de instituciones totalmente desasociadas y, en ocasiones, en donde se realizan duplicidad o triplicidad de funciones. Recordemos que la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial será una realidad para el año 2016 en todo lo ancho y largo de nuestro país; y aun en los estados en donde ya se implementó dicho sistema, persiste la deuda del Estado mexicano con las víctimas de la comisión de un ilícito y, por ende, con su derecho sagrado a la justicia. En suma, los esfuerzos realizados en este 2012 por el gobierno federal sin duda resultan ser insuficientes para proteger, tutelar y garantizar los derechos fundamentales de los miembros de nuestra sociedad mexicana en gran medida a causa del abismo que ha existido entre los gobernados y gobernantes de los tres órdenes de gobierno, siendo nugatorio el derecho a la participación ciudadana que nos permita verdaderamente incidir en el desarrollo democrático de nuestro país y, por consiguiente, en el forjamiento de las instituciones públicas, comprometiéndonos, de igual manera, a presentar en breve una iniciativa de reforma constitucional que garantice que este derecho sea una realidad y se reconozca la coadyuvancia de nuestra sociedad para la determinación de los programas públicos su evaluación, así como su supervisión del gasto público a través de los consejos ciudadanos, a efecto de propiciar la eficacia y eficiencia de toda institución pública. Como pudieron haber constatado, hoy Movimiento Ciudadano responde a su compromiso con la ciudadanía mexicana, debiendo ser éste el inicio de a implementación de una cruzada nacional por la cultura, del respeto a la dignidad del ser humano en donde todas y todos debemos formar parte. Ustedes tienen la palabra, compañeras y compañeros. Es cuanto.