El diputado Javier Manzano Salazar: Gracias. Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados Cuando en Diciembre de 1982 se introduce el Capítulo Económico a la Constitución, en esta misma tribuna se protagoniza un amplio debate respecto al sentido político de la misma y las razones de fondo. En ese momento político, se institucionaliza el desmantelamiento del Estado con la aberración política de incorporar a nuestro texto Constitucional la existencia de áreas estratégicas y áreas prioritarias del desarrollo nacional, pretexto de os neoliberales para privatizar las grandes empresas públicas, política diseñada por Carlos Salinas de Gortari, desde la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto. Dicha estrategia neoliberal se profundiza con la modificación al Artículo 27 Constitucional bajo argumentos engañosos de beneficios a la sociedad rural, prólogo para la firma del Tratado de Libre Comercio en la que los neoliberales ceden espacio de soberanía y entregan el futuro de la nación, a los centros financieros internacionales La cuestión de la tierra es el fundamento de todo Estado, nuestra Historia es a mejor maestra para visualizar la naturaleza y compromisos de ese Estado. Por eso, la Iniciativa de Ley Federal de Reforma Agraria que hoy se discute, no es una iniciativa cualquiera, es fundamental para la paz social en el campo y para el conjunto de la nación. Es por todos conocido el viraje de nuestro Proyecto Nacional emanado de nuestros procesos revolucionarios; en el aspecto Agrario, la Contrarreforma al Artículo 27 Constitucional, tiene postrado al campo a los intereses de las grandes potencias. La privatización del ejido es el aspecto más negativo, pero también la introducción de figuras asociativas con la intencionalidad de crear los latifundios modernos, diseñar las haciendas neoliberales y entregar las tierras a las modernas compañías deslindadoras. Un nuevo porfirismo aparece en el campo mexicano y los nuevos científicos surgen al amparo de los puestos públicos disfrazándose de ejidatarios, mientras nuestros campesinos e indígenas emigran a las ciudades y a los Estados Unidos. Los neoliberales quieren un campo sin campesinos, aspiran a crear la nueva casta de hacendados, borrar las estampas campiranas, introduciendo el modo de vida estadounidense, como ya lo estamos viendo en las Bajas Californias y en algunas regiones indígenas. Por eso no podemos votar a favor de esta Ley Federal Agraria, sin antes modificar el Artículo 27 Constitucional y escuchar la voz de los campesinos e indígenas, actores de la vida rural y sustento originario de la nación. El otro aspecto de la iniciativa, se publicita a los beneficios para los pueblos indígenas, sin embargo, tenemos también una visión crítica respecto al tema, no sin antes reconocer la voluntad política del diputado Corpus, de alentar a una verdadera reforma constitucional, pero las condiciones políticas nacionales y los intereses internacionales, dificultan un cambio de fondo respecto a la cuestión indígena. La tierra de los pueblos indígenas no es un asunto de discusión, la historia muestra quienes son los originarios de este México nuestro. Introducir pequeñas reformas de palabra, no toca el asunto de fondo, la mejor manera de atender la problemática de la tierra indígena, es cumplir lo que dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero vivimos bajo un régimen de simulación, cuando aparece la rebelión indígena en Chiapas, el gobierno federal recordó la existencia de este convenio y empezó por reconocer la existencia de los derechos de los pueblos indígenas, cuando ya existía en nuestra estructura jurídica al formar parte de los estados firmantes. Todo el movimiento indígena nacional y las organizaciones que la representan, entre ellas, el EZLN, ponen como condición de diálogo y solución de las demandas de los pueblos originarios, reformar el Artículo 27 Constitucional, antes de cumplir este objetivo aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, puede favorecer a solucionar la problemática de las tierras indígenas. No desviemos la atención, compañeros diputados, de este ordenamiento internacional, reconocido por el Estado mexicano, como maquillajes a la Ley Federal Agraria. Muchas gracias.