El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Le pido un minuto más, señor presidente, para informarle a usted y a todos los compañeros que en términos del artículo 171 del Reglamento, la Comisión de Justicia está en sesión permanente. Tenemos 19 firmas que avalan el dictamen que someto a consideración del pleno. Déjeme decirle algo más. A propuesta del diputado del PT, Mario, recibí a varias organizaciones. No ha leído bien el dictamen el grupo del Partido del Trabajo porque varias de las propuestas de las organizaciones están incorporadas al dictamen que hoy estamos presentando. Sin más dilación presento ante ustedes la justificación para expedir el dictamen que consta de 587 artículos, 12 transitorios y que este nuevo Código Federal del Proceso Penal Acusatorio abroga el Código Federal de Procedimientos Penales del 30 de agosto de 1934. Debo decir también que se presentaron varias iniciativas, una de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares del Partido de la Revolución Democrática, otra del Ejecutivo. La propuesta es muy sencilla, señor presidente. Es un nuevo código federal que establece el sistema procesal penal acusatorio que deriva de la reforma constitucional del 18 de junio del 2008. Es procedente la propuesta en virtud de ser un mandamiento constitucional al que está obligado este Poder Legislativo, toda vez que el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de junio del 2008 establece que la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones y ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional, por tipo de delito, así como se establece en su momento que se publiquen los ordenamientos legales correspondientes. Debo decir que uno de los artículos transitorios establece la obligación para este Congreso, señor presidente, de dar publicidad en el término de 180 días siguientes a que surta sus efectos la aprobación del Congreso de que el país se encuentra ya involucrado en el nuevo sistema penal oral, acusatorio, contradictorio y público. Por eso es que es de la mayor importancia este nuevo Código Penal Procesal. Más aún, el código que someto a consideración de ustedes regula los artículos constitucionales del 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ya que representa un cambio de paradigma en el cambio adjetivo penal para el país para dotar a la población las condiciones de confiabilidad y transparencia, lo cual traerá como consecuencia, que la justicia se imparta con cimientos normativos fundados en la razón, cerrando espacios a la impunidad, a la arbitrariedad, al abandono de la víctima y de la sociedad en general, dotando de igualdad jurídica a las partes en el proceso, el imputado, la víctima y el ofendido, con el respeto pleno a los tratados internacionales, entre otros, señor presidente, el Convenio de Palermo, que es el convenio de la Organización de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada transnacional. Simplemente a guisa de ejemplo menciono algunos cambios respecto al Código Federal de Procedimientos Penales del 34 que se está abrogando. Distingue entre procedimiento y proceso; el procedimiento se inicia desde el inicio de la averiguación. El proceso, como lo proponen las organizaciones no gubernamentales, a partir de la acusación del Ministerio Público. Regula el arraigo para evitar que se convierta en detención anticonstitucional; a los testigos, distinguiendo entre el testigo ofendido, el testigo circunstancial y el testigo colaborador, que es quien pertenece a una organización de delincuencia organizada. Acota las atribuciones de la policía ministerial, como lo propusieron las organizaciones no gubernamentales. Regula y acota la participación del Ministerio Público, como lo propusieron las organizaciones no gubernamentales, pero creo que no han leído el dictamen que hoy se publica. Regula las atribuciones de los jueces de control para ser los únicos que dicten las medidas cautelares y las medidas precautorias. Establece el juicio oral con presencia del juez del Ministerio Público y de las partes. Distingue entre víctima y ofendido. Establece la cadena de custodia para los bienes. Establece el registro de las detenciones para evitar que sean anticonstitucionales. Establece el ejercicio de la acción penal por los particulares ojo, Gerardo cuando el Ministerio Público no lo realice y en 19 casos de delitos que se persiguen por querella. Establece el ejercicio de las sanciones penales. Establece la obligación para la Procuraduría General de la República, para que en el término de 180 días que haya entrado en vigor este Código, realice los protocolos para tutelar los derechos de las víctimas y de los ofendidos. Por tal motivo, les pido a todos ustedes compañeros, su voto aprobatorio; porque estamos ante la presencia de un nuevo ordenamiento jurídico, no porque lo quiera la Comisión de Justicia, porque estamos obligados en términos de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, que obliga a este Congreso a expedir el Código Procesal Penal que hoy someto z consideración de todos ustedes. Es cuanto, señor presidente.