El diputado Waldo Fernández González: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del PRD tiene como prioridad la atención a las personas que resultaron afectadas por los sismos de este año, por eso sugerimos la adición a la fracción XIII del artículo 16 contenido en el dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación. Lo que proponemos con esta reserva es adicionar a este artículo de referencia un capítulo para que las personas físicas, de manera adicional a otros beneficios, puedan hacer deducciones para enfrentar los gastos que realicen para reconstruir sus viviendas. Esta propuesta es especialmente necesaria y útil para que aquellas personas que requieran de liquidez para reconstruir y rehabilitar sus propiedades, puedan contar con la posibilidad de la deducción, porque como ustedes saben la vivienda constituye para las familias el principal patrimonio de toda una vida de trabajo. Consideramos que esta propuesta es viable y justa para que los contribuyentes puedan deducir estos gastos, que son evidentemente para un caso de emergencia que es notorio. No ignoremos a la gente ni dejemos de buscar medidas de atención a la contingencia. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a quienes hoy necesitan del apoyo oficial, como es este estímulo fiscal. La siguiente reserva es la que corresponde a la adición de un párrafo segundo a la fracción I del artículo 25. Quiero mencionar que dentro de las reformas llevadas a cabo en 2014, se introdujo, en el artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación la obligación de presentar ante las autoridades fiscales la información que las mismas señalaron mediante una forma oficial. En virtud de que la disposición no contenía parámetro alguno que delimitara qué tipo de información es la que las autoridades fiscales requerirían, varios contribuyentes promovieron un juicio de amparo en contra del artículo 31-A mencionado. Cabe destacar que recientemente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo en comento, al confirmar que efectivamente no se estableció parámetro alguno que sirviera de base para delimitar la actuación de la autoridad, pudiendo este pedir cualquier tipo de información, lo cual se consideró violatorio de los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica. Reconociendo este criterio de la Corte, el Ejecutivo federal propone, a través de la Ley de Ingresos para el Ejercicio de 2018 delimitar la información que los contribuyentes deberán presentar. Aunque consideramos que es acertado que el Ejecutivo federal haya propuesto una reforma en atención a lo resuelto por nuestro máximo tribunal, creemos que la siguiente presenta algunas áreas de oportunidad. Primero. Resulta cuestionable que una reforma al Código Fiscal de la Federación se realice a través de la Ley de Ingresos de la Federación y que solo aplique para el ejercicio de 2018. Segundo. Si bien la disposición establece qué tipos de operaciones deben reportarse, la misma no da parámetros que coadyuven a que solo se informe respecto de operaciones relevantes, como podría ser establecer un monto mínimo. Tercero. La información que se requiere en su mayoría ya es proporcionada a las autoridades fiscales, a través de otras declaraciones informativas. Por lo que de no establecerse mayores parámetros, la información que se presentará simple y sencillamente se va a duplicar. Por lo anterior y para darle mayor certeza jurídica a los contribuyentes, estamos proponiendo adicionar un segundo párrafo a la fracción I del artículo 25 de la Ley de Ingresos, en los siguientes términos: Los contribuyentes quedarán eximidos de presentar la información de operaciones relevantes, cuando en el mes que trate no realicen las operaciones descritas, o bien cuando habiendo realizado cualquier operación en su monto acumulado al ejercicio sea inferior a 60 millones de pesos. Es cuanto, señor presidente.