La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRI expresa su voto a favor del dictamen que nos ocupa. Resulta a todas luces pertinente y oportuna la propuesta de adicionar el artículo 2o. de nuestra ley fundamental del texto que mandata expresamente que las garantías de que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados. De igual manera, en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Dicha adición se inscribe en el proceso reformador que ha iniciado desde 2012 este Congreso en materia de derechos humanos, de ahí que los derechos políticos, civiles, electorales de las indígenas y de los indígenas de México resultan una condición indispensable para el fortalecimiento democrático que nos hemos planteado. Como bien lo apuntan las dictaminadoras, existe hoy la necesidad de ampliar la participación política de hombres y mujeres indígenas en sus comunidades, regidas bajo los sistemas de usos y costumbres y crear las condiciones para que estas comunidades se encuentran cabalmente representadas. Emprender un proceso de integración y exclusión que tenga como bases acciones afirmativas hace sino reconocer y reivindicar la acción pluricultural que enriquece a una nación, al tiempo de refrendar el compromiso que hemos contraído a través de diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México. No tenemos la menor duda que la pertinencia y la necesidad de instrumentar mecanismos compensatorios que nos permitan establecer la igualdad de oportunidades y corregir la discriminación existente. La viabilidad de este dictamen descansa no sólo en el instrumento internacional sino en nuestra propia Constitución. Más aún, se afirma en nuestra historia y raíz y hace gala de memoria al tener presente que aún tenemos como sociedad una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas. El respeto a la autonomía de las comunidades indígenas es un principio insustituible de nuestro nuevo constitucionalismo, que encuentra como único límite el respeto a los derechos humanos. Es de descartarse que esta propuesta pretende corregir las desigualdades no sólo por razones culturales, étnicas, raciales, de lenguaje, sino también por razón de género, pues es por todos sabido que las mujeres en este caso padecen una triple discriminación; por ser pobres, por ser indígenas y el hecho mismo de ser mujer. De ahí que establece intensificar los esfuerzos no sólo desde este Poder Legislativo, sino en los tres Poderes del Estado y niveles de gobierno a efecto de garantizar el disfrute en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a todas las mujeres y las niñas, con el objeto de echar abajo las múltiples barreras que ponen freno a su adelanto democrático. Así, el texto constitucional clarifica con nitidez que las mujeres y los hombres indígenas tienen derecho a disfrutar por igual de todos sus derechos y prerrogativas de ejercer a cabalidad los derechos humanos y a desarrollar todo su potencial en aras de contribuir al desarrollo político, económico, social del país y sus regiones, y desde luego a gozar de sus beneficios. Sin duda una reforma fundamental la que hoy votamos, ya que de la continuidad del proceso emprendido y de manera integral contribuye a fortalecer el andamiaje jurídico, el cual más temprano que tarde será más que mandato una realidad cotidiana y una forma de vida auténtica y verdaderamente democrática. Muchas gracias.