La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Con su permiso, presidente. Desde luego comentar que Acción Nacional se une al exhorto para que se esclarezcan los hechos en Michoacán, con este lamentable acontecimiento. Las desapariciones junto con las sustracciones y extravío de menores son problemas sumamente dolorosos para la sociedad mexicana, la zozobra que genera el desconocimiento del paradero de una persona cercana de una comunidad o una familia, es un dolor evitable que en la actualidad no ha sido suficientemente remediado. De acuerdo a cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en nuestro país se han presentado 18 mil 955 desapariciones, contando únicamente las que se llevan en dicha base de datos, lo cual nos deja ver que este problema tiene alcance realmente preocupante, y más aún cuando existe disparidad entre las cifras para poder dimensionar con precisión el problema. Organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch han dado cuenta de las graves deficiencias institucionales con las que cuenta nuestro Estado para hacer frente a la problemática de las desapariciones, lo cual puede hacerse extensivo al extravío o sustracción de menores. La falta de una respuesta inmediata y oportuna por parte de las autoridades y el desistimiento después de un plazo de tiempo, a la par de una mala cultura de asumir que un desaparecido es una persona que se dedica a actividades ilícitas o la minimización de su circunstancia, son apenas algunos de los problemas que se encuentran dentro del proceso burocrático de las procuradurías del país para la atención de este fenómeno. Aunado a esto, existe en muchas ocasiones la intervención de los familiares o seres queridos en las investigaciones, por el desinterés y por la delegación expresa de estas tareas en ellos por parte de las autoridades, lo cual los pone en serios problemas que afectan su patrimonio, su integridad e incluso la pérdida de sus vidas. Por todas estas razones, las personas que han sufrido una pérdida encuentran en la desgracia que comparten una razón para agruparse y emprender juntos la investigación para esclarecer las circunstancias que orillaron al desconocimiento del paradero de sus allegados, de ahí se deriva la gran relevancia que tiene la sociedad civil organizada en el rubro de las personas desaparecidas, sustraídas o extraviadas, en muchas ocasiones es gracias a sus esfuerzos que se encuentran indicios, que por falta de recursos o de interés la autoridad no puede detectar por sí misma. La Ley de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, cuya iniciativa fue presentada por el diputado panista Miguel Gutiérrez Hernández, a nombre de la Comisión de Participación Ciudadana en la LVIII Legislatura, pero sobre todo, ampliamente impulsada por organizaciones de participación ciudadana, ha sido una herramienta valiosa para que exista una mejor coordinación entre el sector público y el tercer sector, y para que exista un acceso a recursos a este último. Los familiares y seres queridos de los desaparecidos, tanto de los que se organizan para coadyuvar con el Estado, y en ocasiones, a instarlo en su búsqueda, tanto ellos como los que no, reciben un fuerte impacto en sus planes de vida, postergando decisiones, abandonando empleos o intentando recuperar el ingreso que implicaba la persona que desapareció, sin contar las graves implicaciones psicológicas que conllevan la zozobra y el temor de que pueda sucederle a otra persona cercana. En Acción Nacional vamos a votar a favor de este dictamen, ya que reconocemos que enaltece la dignidad humana en distintas dimensiones. Por un lado, en la medida a que puede ayudar a que una persona extraviada recupere a su familia y su normalidad, así como su honor; por otro, se apoya a los que son también víctimas de estas pérdidas, tanto para emprender la búsqueda como para que recuperen su tranquilidad, su salud y se mantengan con posibilidades de subsistencia, y desde luego, dignifica a la persona humana al reconocer, inequívocamente, lo fundamental que es en un Estado democrático la intervención de la sociedad civil. Cuando la sociedad se dé cuenta del poder real que tiene, las cosas en este país serán distintas, porque entonces podrá, la propia sociedad organizada, exigir una actuación contundente por parte de los gobiernos. Es la sociedad quien puede redireccionar cuando los gobiernos se exceden o desatienden su propia función. En Acción Nacional le apostamos a una sociedad más participativa, más actuante, más demandante, que de forma propositiva coadyuve para que tengamos gobiernos con mejores resultados. Tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Es cuanto, presidente.