LA DIP. MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA: Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, diputadas y diputados del Honorable Congreso de la Unión: La suscrita, diputada federal, Martha Lucía Micher Camarena, en representación de las diputadas y diputados federales que suscriben integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a lo previsto en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, exponemos ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al numeral V del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, relativo a la incorporación del principio de equidad de género en la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, IFE, de conformidad a la siguiente exposición de motivos: La contribución del Instituto Federal Electoral a la democratización del país ha sido invaluable, su presencia ha permitido realizar elecciones creíbles, transparentes y democráticas. Es resultado de la suma de luchas populares y electorales que se dieron a lo largo de 50 años para acabar con el fraude y la manipulación del gobierno en turno. Su creación obedece también al agotamiento del sistema electoral mexicano, que nunca garantizó la legitimidad de los gobernantes surgidos de elecciones permanentemente cuestionadas. El IFE es, así, una pieza clave en el camino hacia la verdadera democracia y el ejercicio pleno de los derechos políticos ciudadanos, demostrando su efectividad institucional al sustituir a una Comisión Federal Electoral desgastada e inoperante que actuaba como juez y parte al depender del Poder Ejecutivo. El Instituto Federal Electoral se constituye a través de la reforma constitucional de 1990, que enuncia las facultades y funciones del nuevo Instituto, sucediéndose las reformas de 1993 y 1994, siendo en ésta donde se crean las figuras de los consejeros ciudadanos que son elegidos por la Cámara de Diputados. Sin embargo, es hasta 1996 donde se logra la reforma que otorga autonomía y ciudadaniza al IFE a través del Consejo General, que de conformidad al artículo 73 del COFIPE es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar por la observancia de los principios fundamentales que deben regir en todo proceso electoral, que son: la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad en todas las actividades del Instituto Federal Electoral. La conformación del Consejo Electoral, integrado con elementos de probado profesionalismo y en un marco de pluralidad política, se ha mostrado como componente imprescindible para brindar certeza, credibilidad y legitimidad a los procesos electorales de 1997, 2000 y 2003. Los nuevos consejeros del IFE actualmente en funciones, se encuentran próximos a cumplir con la temporalidad que les ordena su mandato constitucional, por lo que esta Honorable Cámara de Diputados deberá designar a los siguientes consejeros y consejeras ciudadanos. No obstante que las designaciones realizadas por la Cámara hasta el momento han cumplido con los principios de profesionalismo y pluralidad, consideramos conveniente incluir entre estos principios el de equidad entre los géneros al momento de la integración de este órgano colegiado. En este momento, de los 9 consejeros y consejera ciudadana que integran el Consejo Electoral, solamente una mujer fue designada para ocupar el cargo: Jacqueline Peschard Mariscal, cuya capacidad, compromiso y desempeño es la muestra de la existencia de mujeres con el mismo potencial que los hombres para desempeñarse como consejeras. La inequidad de género que se observa en el IFE, se reproduce en los órganos electorales-estatales, de los cuales sólo en uno, el Estado de México, la presidencia es ocupada por una mujer, y únicamente en Sonora, el número de integrantes es equitativo en cuestiones de género. Existen estados como Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, en donde no se cuenta con ninguna mujer como consejera, en tanto que en los restantes estados participa una sola mujer en los órganos electorales. En la actualidad, la Ley Electoral del estado de Chihuahua es la única que prevé que el Instituto Electoral sea integrado sin exceder un 70% de ciudadanos del mismo género, siendo así la única legislación que cumple cabalmente con la disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 133, donde se reconoce a los tratados, convenciones y acuerdos internacionales como actos jurídicos que obligan al Estado Mexicano a su observancia. Entre los compromisos contraídos internacionalmente, se encuentra la Convención sobre la eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer, la CEDAU, cuyo protocolo facultativo fue ratificado por el Senado el 14 de diciembre del 2001, disponiéndose en el artículo 7° de la Convención lo siguiente: "Los estados partes y en este caso México- tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida pública del país y en particular, garantizarán a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales". Asimismo, la situación que prevalece en la integración de los consejos electorales contraría, por la vía de los hechos, la postura que México ha mantenido a nivel internacional desde la Convención en Beijing de 1995 hasta los recientes compromisos, cursando por la plataforma de acción de Beijing que define: "que las mujeres tienen igualdad de derecho a participar en la gestión de asuntos públicos y mediante esa participación, contribuir a redefinir las prioridades políticas y ofrecer termina así- nuevos punto de vista sobre cuestiones políticas generales". En cuanto al contexto normativo nacional, debemos atender a la reciente Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación que define el concepto de discriminación en su artículo 4°, en cuanto a que la discriminación se define: "como toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua o religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas". Es menester referirse a la viabilidad constitucional de la reforma que se propone toda vez que el artículo 105 constitucional en su inciso f) tercer párrafo, establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse los casos y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales, ante lo cual cabe aclarar que la modificación que se pretende, no interviene de ningún modo en el desarrollo natural y preestablecido de los procesos electorales por venir. No se trata de una modificación que altere la sustancia de los procesos electorales ni la estructura administrativa del Consejo General, así como tampoco afecta la esfera competencia ni las funciones del mismo, se trata en sí de una modificación que incidirá el género de las y los integrantes del Consejo, más no en sus capacidades o desempeño, por lo que la vacatio legi establecida por el artículo 105 constitucional a las modificaciones fundamentales, no aplica para la presente propuesta. El caso que nos ocupa es una muestra clara de segregación de las mujeres para el ejercicio del poder y la toma de decisiones. El Honorable Congreso de la Unión, se ha pronunciado, mediante un punto de acuerdo aprobado el pasado 27 de agosto dentro de los trabajos de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura, a favor de incluir el principio de equidad de género entre los criterios a observarse en la próxima elección del Consejero o Consejera Presidenta y consejeros o consejeras electorales, con el objeto de permitir la participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos que serán ocupados. Por lo que respetuosamente el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la iniciativa de reformas que adiciona cuatro párrafos al numeral cinco del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para introducir el principio de equidad de género en la integración del Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral de la siguiente forma: Artículo 1º. Se adicionan cuatro párrafos al numeral cinco del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales para quedar como sigue: Artículo 74, párrafo quinto. "Los consejeros y las consejeras serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios. Asimismo, se designarán ocho consejeros electorales suplentes en orden de prelación. La designación será realizada conforme a la normatividad y procedimiento aplicable en materia de votación en la Cámara de Diputados. En las propuestas formuladas por los grupos parlamentarios deberá observarse el principio de equidad entre los géneros, de tal forma que se garantice la participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos que serán ocupados. En todo caso, en el nombramiento de las y los consejeros electorales, incluido el Consejero Presidente o Presidenta, no se podrá exceder de dos tercios de integrantes del mismo género. En relación a las y los consejeros suplentes, deberá asegurarse que de cada bloque de tres, sólo dos de ellos correspondan a un mismo género. En el caso de los consejos locales del IFE en cada una de las 32 entidades de la república y en los 300 consejos distritales, se aplicará la misma fórmula de integración del Consejo General. Toda contravención a esta disposición es nula e impugnable con arreglo a la presente ley" Transitorios: Artículo primero. La Cámara de Diputados garantizará que la aplicación de la presente reforma sea efectiva en el próximo nombramiento del Consejo General del IFE, a instalarse en noviembre del presente año. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo a los once días del mes de septiembre de 2003. Compañeras y compañeros diputadas, diputados: Esperamos la voluntad política para hacer visible a las mujeres en las tomas de decisión. Muchas gracias, es todo. (Aplausos)