EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Bienvenidos, señores senadores. Señores representantes de los Tres Poderes del hermano estado de Chiapas: El día 12 de septiembre de 1824 en Ciudad Real, actualmente San Cristóbal de las Casas, en sesión celebrada en la Junta Provisional Gubernativa se declaró a Chiapas legítimamente integrada a México. La Unión fue solemnemente proclamada el 14 de septiembre. La mayoría de sus habitantes votó por la mexicanización de Chiapas, en un plebiscito que votó por la anexión a México. Los resultados del plebiscito convirtieron el hecho en hechos la incorporación de Chiapas al Pacto Federal. La historia de Chiapas no ha dejado de presentar novedades y graves conflictos que en su mayoría son campesinos o indígenas. La década de los 70´s, representó sin duda la primera etapa de emergencia del movimiento campesino indígena en Chiapas con la recuperación de la tierra como su principal demanda. En los Altos de Chiapas, la creciente demanda de tierra y la falta de una auténtica reforma agraria hizo que muchos indígenas iniciaran un éxodo para colonizar otras regiones. Un vivo ejemplo de ello es el levantamiento del EZLN desde el 1o. de enero de 1994 y que al día de hoy no se ha resuelto. México no se justifica a si mismo desde su fundación hasta esta fecha, si no resuelve este problema. La única justificación que tiene México ante su historia es precisamente la total identificación de todos los pobladores de nuestro territorio. De otra manera México será una gigantesca mentira, un gigantesco engaño que nos hemos estado haciendo los unos y los otros, que no lo quiere nadie. Es entonces cuando se hace necesaria una reforma a diversos artículos de la Constitución, de tal manera que sean reconocidos y garantizados los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Sin embargo la reforma en materia indígena aprobada, no satisface sus necesidades, no se les reconoció su existencia y derechos como mexicanos. Ahora se ha convertido en materia indispensable reformar la reforma constitucional para poder ser congruentes de verdad con la realidad que viven los indígenas de nuestro país. La voz de los indígenas tzotziles, tzeltales, supo expresar la fórmula más acabada de nuestros afanes. El afán de México por la paz y el único camino que queremos recorrer para lograrla y garantizarla es el derecho. Pero no sólo el respeto como exigencia o postulación, el derecho como actitud proyectada en algo tan íntimamente vinculado con nuestra voluntad como es el respeto. Es sobre la paz, sobre el derecho y sobre el respeto, como Chiapas y México entienden su vida en lo interior y su vida en relación. La fuerza de la sangre indígena vertida en Acteal y Ocosingo, hizo pedazos nuestra imagen en el exterior y radicaliza la confrontación interna por el deterioro de la confianza en las autoridades e instituciones de nuestro país. Chiapas debe ser considerada como una prioridad para el Ejecutivo, pero en acciones concretas que reflejen una real convicción de modificar el estado en el que se encuentran sus habitantes, reconociéndole, absolutamente reconociéndole toda su calidad de mexicanos. Con una paz justa y verdadera en Chiapas serán posibles la estabilidad necesaria para una recuperación económica que vaya acompañada de una distribución equitativa de sus frutos, la consolidación de nuestra joven democracia, la reconstrucción del prestigio del país en el exterior y la defensa consecuente de su soberanía. Las medidas gubernamentales para Chiapas no han sido suficientes. No es necesario proferir amenazas sino respetar nuestros principios constitucionales y las garantías reconocidas en las normas internacionales, y no considerar al discurso como la opción para su reconstrucción. Las acciones tomadas para enfrentar la tormenta han resultado infructuosas. Es momento de ejecutar una política que sea adecuada, que resuelva verdaderamente los problemas de los chiapanecos y que permita a las autoridades y a las instituciones que recobren la confianza de sus habitantes. Al considerar que la reforma indígena no es la adecuada por ser contraria a los intereses y bienestar del pueblo, debemos buscar un remedio pero no en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sus facultades no alcanzan para ello, ya que está por debajo de la Constitución y la Corte debe a acatarla y sólo le corresponde ver que sea acatada debidamente. La Corte no puede reformar la Constitución ni anular sus reformas aprobadas por el Constituyente Ese es trabajo de nosotros los legisladores. Compañeras y compañeros, muchas gracias y felicidades a los chiapanecos. -PRESIDENTA: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado José Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social, hasta por 5 minutos.