El diputado José Santiago López: Buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. En el Grupo Parlamentario del PRD estamos en contra del modelo económico impuesto y puesto en marcha desde hace más de 30 años en el país. Modelo que se basa en socializar las pérdidas y privatizar la riqueza en unas cuantas manos. Al día de hoy prácticamente todos los bienes nacionales están privatizados. Ahora toca trasladar esa visión errada a los recursos naturales, como el agua. No olvidemos que en el año 2015 en esta Cámara se intentó presentar un proyecto de dictamen que expedía la Ley General de Aguas, misma que fue pospuesta y mandada a la congeladora legislativa por la presión de organizaciones sociales, civiles y partidos de izquierda. Dicho proyecto tenía por objeto lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal. Es decir, la privatización en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de generación, distribución y cobro del agua era para ponerlo en términos sencillos la versión hídrica de la reforma energética o la segunda parte del despojo de los recursos naturales del país, lo cual es inaceptable. Al uso del agua para fines domésticos o personales, tal y como lo han establecido los tribunales federales en diversos criterios, debe dársele prioridad antes que algún fin lucrativo o pretensión comercial. Por eso, el día de hoy someto a la consideración de esta asamblea una propuesta de modificación al texto constitucional del artículo 6o., a fin de que el derecho humano al agua y al saneamiento sea garantizado por el Estado como bien de dominio público para la nación mexicana. Eso por un lado, y por el otro, para que el consumo personal y doméstico de ese recurso natural sea prioritario en relación con cualquier otro uso como sería el comercial. El vital líquido es un recurso natural limitado, pero de él depende la población para que pueda vivir dignamente y además es condición indispensable para el disfrute de otros derechos humanos, como la salud, la alimentación y la vida misma, por mencionar algunos. Así lo ha establecido la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, así como los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por estas razones, el también llamado oro azul debe ser considerado un bien de dominio público, se trata de apelar a la premisa del bienestar de toda la población sustentado por los principios de solidaridad, igualdad y no discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, políticas, económicas o culturales. El Estado mexicano, de acuerdo al nuevo marco constitucional y convencional en materia de derechos humanos, está obligado a proporcionar las condiciones que permitan la realización progresiva del derecho humano al agua, al agua potable y al saneamiento, hasta lograr una cobertura universal y para lo cual es ineludible priorizar el suministro de agua para usos personales y domésticos por encima de cualquier otro uso. Es cuanto, señora presidenta. Espero que esta propuesta se apruebe en sus términos. Por su atención, muchas gracias.