La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Inicio preguntando quién puede oponerse a la austeridad republicana. Nadie que concuerde que combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de bienes y recursos nacionales, a menos que este principio, lejos de lograr su objetivo, atente contra la vida de las personas y sus derechos, como ocurre hoy en México gracias a esta mayoría legislativa y sus aliados. A mitad del camino, la austeridad republicana vive en los dichos pero no en los hechos. Su ley está impugnada ante la Suprema Corte de Justicia. Su comité interinstitucional, al parecer acata instrucciones pero no evalúa y, de paso, incumple su obligación de reportar anualmente su labor a esta Cámara. ¿Por qué no exigen que su gobierno cumpla con la ley, compañeras, compañeros de Morena? Quizá en el gobierno federal tampoco han leído la norma que más allá del discurso de combatir males intolerables, lo obliga a que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que son destinados. La bandera política es inobjetable, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero ahora el gobierno es pobre y honrado, ¿por qué entre 2018 y 2020 el Coneval reporta un aumento de la población con carencia por acceso a los servicios de salud? ¿Por qué, en tan solo dos años, pasamos de 20.1 a 35.7 millones de personas que reportaron no estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en ninguna institución pública ni privada? Porque el dilema de la cuatro T es falso. La austeridad exige ajustarse a las normas de la moral, de la sobriedad, cerrar el paso a los excesos, ahorros en lo innecesario, pero no en lo indispensable. Y porque nuestra inspiración en un país democrático no son artículos de lujo, en eso tienen razón. Pero se equivocan cuando castigan la dignidad, la libertad y la igualdad de oportunidades. Parece que en estos tiempos la austeridad está mal entendida. Hay quien escatima hasta en la preparación y en la experiencia, como en la reforma que aprobaron en 2018, donde eliminaron los requisitos para titulares de las delegaciones de la administración pública federal, me pregunto, ¿por qué habría que borrar la experiencia y la capacidad de contar con estudios en materias afines a las atribuciones que va a tener un servidor público? Urge poner un freno a la austeridad, que no es republicana, es ideológica. A mitad del sexenio los dichos no cuadran con los hechos y hoy la Cámara de Diputados debe hacer valer su facultad de fiscalización. Por eso presento ante ustedes esta iniciativa, a fin de que toda propuesta de la mayoría, hoy está mayoría, mañana seguramente será otra, relacionada con la austeridad republicana cuente con un impacto económico, social y jurídico que permita definir sus alcances y consecuencias económicas, pero, sobre todo, sociales. Con el respaldo de mi grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, el PRI, que en el nombre y en su historia tiene esta convicción de respeto a las instituciones, les queremos decir que estamos a favor de una política de autoridad republicana, sí, pero con responsabilidad social. La austeridad no puede ser una excusa para reducir presupuesto o desaparecer programas estratégicos que están diseñados para salvaguardar derechos sociales de la población, como ocurrió con las estancias infantiles, con las escuelas de tiempo completo, con los medicamentos, con la salud, con la educación, con los becarios, con emprendimiento o energías limpias. Les proponemos que se blinden de las ocurrencias y que para evitar sesgos contemos con la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, antes de dar pie a más austericidios. Adicionalmente y convencida de que el camino correcto es el fortalecimiento de las instituciones, justamente para evitar las ocurrencias, propuse adicionar en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, la restricción prevista en la Ley de Presupuesto, que han violado, por cierto, de que no podrán reducirse las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres ni a la atención de políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de la niñez y la adolescencia. Y, en todo caso, se velará por un aumento de recursos que sea progresivo respecto del presupuesto asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Y termino, presidenta, si me lo permite.