El diputado Gilberto Ojeda Camacho: Con el permiso de la Mesa Directiva. Este documento que voy a leer a continuación viene signado por 40 diputados federales de cinco grupos parlamentarios de esta Cámara. Vale la pena hacer la aclaración de que no es un problema privativo de los transportistas sinaloenses. Es un problema que está lastimando ya a transportistas de todo el país. Por ello, este punto de acuerdo que estamos solicitando de urgente u obvia resolución, es para atender una demanda de mucha urgencia de los transportistas organizados en diversos estados de la república. El documento que a continuación voy a poner a su consideración, espero que tenga el apoyo de todos ustedes, de todos los grupos porque es un problema que ustedes en este momento, los que no lo conocen, lo van a ubicar como un problema grave que puede traer consecuencias a la economía y a la estabilidad social de diversos estados de la República Mexicana. Los suscritos diputados y diputadas federales de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes Consideraciones En México existen poco más de 480 mil unidades de carga por vía terrestre, de las cuales cerca de 170 mil corresponden a tractocamiones que transportan mercancías. Alrededor de 7 mil de estas unidades, 4 mil de las cuales son tractocamiones, son propiedad de permisionarios de Sinaloa. Asimismo 2 mil unidades de este parque vehicular no pueden transitar por las carreteras federales ante el temor de sus propietarios de que les sean decomisadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los transportistas han venido enfrentando esta situación a partir del año 2004, año en el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les negó el canje de las placas del servicio público federal, bajo el argumento de que los vehículos no se encontraban en su base de datos. En tanto, a partir de 2006 la Secretaría de Hacienda ha emprendido el decomiso de los tractocamiones que, según las autoridades, no se encuentran en la referida base de datos. A partir del año 2002, en el Diario Oficial de la Federación se han publicado diversos acuerdos sobre el carácter esencial de los vehículos de autotransporte, así como modificaciones a los mismos. Estos acuerdos tienen por objeto mejorar las características y condiciones del parque vehicular dedicado a la prestación del servicio público federal. Entendemos que desde la época de los 90 las dependencias encargadas de la autorización y emplazamiento debieron registrar en su base de datos los vehículos autorizados, así como las características de éstos. Por ello, no es aceptable que, a partir del 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes niegue la tramitación de placas para los vehículos en referencia con el argumento de que no se encuentran registrados en su base de datos. Esta omisión, de resultar cierta, tal vez se deba a negligencia de la propia autoridad. Ahora bien, los afectados, agrupados en la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa, acusan que las autoridades están realizando el decomiso de unidades, aplicando en forma retroactiva las disposiciones sustentadas en los acuerdos referidos expedidas con posterioridad a la fecha en que fueron autorizadas las unidades como vehículos aptos para la prestación del servicio de carga y que fueron repotenciados, reconstruidos o modificados para circular conforme a la normatividad vigente en su momento. Ante este panorama, por el cual han resultado afectados por actos de carácter unilateral de las autoridades, los autotransportistas de carga de Sinaloa han encabezado acciones de protesta con la realización de plantones y bloqueos en tráfico vehicular en algunas partes del estado, cansados y hasta desesperados por no poder trabajar libremente. Demandan de las autoridades correspondientes una pronta y eficaz intervención que les permita regularizar su situación, porque no sólo afecta la economía de ellos y de sus familias, sino también a toda la entidad en su conjunto, ya que la problemática en referencia tiene repercusiones también en la oportuna movilización de la producción agrícola de Sinaloa y por consecuencia genera condiciones de inestabilidad laboral. Los autotransportistas han acudido ante esta soberanía solicitando la gestión correspondiente demandando a las autoridades la devolución de los vehículos que les han sido decomisados. Además proponen a las autoridades establecer un convenio a fin de suspender temporalmente el decomiso de vehículos y establecer un período de regularización de sus unidades y adecuarlas para brindar así una atención más eficiente. Con esta tregua, los transportistas buscan encontrar una solución que les permita una mejor actuación de las autoridades en la aplicación de los criterios establecidos para la expedición y canje de placas metálicas e identificación a vehículos de autotransporte que hayan sufrido modificaciones en el chasis e incorporado partes nacionales o de procedencia extranjera, según acuerdo publicado el 5 de octubre del 2007 en el Diario Oficial de la Federación. En concreto, se trata de darle certeza a los permisionarios del servicio público federal de carga, de tal suerte que continúen desarrollando sus actividades de transporte y evitar así posibles conflictos sociales y económicos, particularmente en Sinaloa. Aclaran, asimismo, que ellos nunca han demandado o se han opuesto a que se verifiquen las funciones en lo referente a carga y revisión de los autotransportes. No piden ellos únicamente más que se regularice la situación del emplacamiento y de ninguna manera tienen nada que ver ni qué decir de las revisiones que hacen a la carga de estos camiones. Para terminar. Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución. Primero. Que esta soberanía exhorte al ciudadano presidente de la república, para que, en uso de sus facultades, decrete una tregua definitiva a las acciones de decomiso y detención arbitraria de tractocamiones de carga del servicio público federal, así como a las detenciones arbitrarias que sufren los operadores y concesionarios del servicio, en tanto no se resuelva en definitiva el conflicto que denuncian los permisionarios agrupados en la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa. Segundo. Que esta soberanía exhorte al ciudadano presidente de la república, para que, en uso de sus facultades, instruya a las dependencias correspondientes a establecer una mesa de negociación y acuerdo con los permisionarios agrupados en la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa, de tal manera, que se unifiquen criterios y sean éstos el punto de partida que culmine con una solución definitiva al conflicto que se denuncia. Por su atención, muchas gracias. Esperamos la comprensión de todos ustedes.