La diputada Norma Leticia Orozco Torres: Con su permiso, señor presidente. Diputados y diputadas. La crisis mundial del medio ambiente está impactando directamente a los estados nacionales, quienes están obligados a generar políticas públicas, con la clara convicción de proteger ecosistemas, pero sin dejar de ser productivos. Mientras más combatamos la pobreza, mejor protegido estará el ambiente. Mientras se incentive el uso sostenido de los recursos naturales, se combatirá con mayor eficacia la pobreza. A este respecto, el Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012 señala que el 45.2 por ciento de nuestro territorio nacional se encuentra en algún proceso de degradación originada por el hombre. Existen diversas causas de destrucción de nuestros bosques, como los incendios forestales, la urbanización, las invasiones de plagas, la tala ilegal y, sobre todo, la conversión de zonas forestales a agrícolas y ganaderas, pues la falta de conocimiento de las capacidades de explotación de los bosques y selvas provoca que se deforeste desmesuradamente. Reconversión que no tiene éxito debido a que las tierras no proporcionan un rendimiento óptimo y requieren de grandes insumos para su mantenimiento. Entre 1976 y 2002, las superficies dedicadas a la agricultura y los agostaderos inducidos aumentaron en cerca de 5 millones de hectáreas cada una. Respecto a 1976, esto representa un incremento del 20 por ciento en el caso de la agricultura, y de 35 en el caso de los agostaderos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha implementado programas con el objetivo de restaurar, conservar los ecosistemas forestales, sobre todo a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Pero estos programas no incluyen el componente productivo y sustentable comunitario que contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las regiones forestales; es decir, vivir del bosque, pero sin poner en riesgo al mismo. El programa ProÁrbol destina recursos para el tratamiento fitosanitario, otorga estímulos para la ejecución de estudios forestales, reforestación de suelos e infraestructura forestal, con el fin de restaurar, proteger y aprovechar de manera sustentable las selvas y los bosques de México. En este sentido, y después de revisar el presupuesto de la Conafor, podemos apreciar que los proyectos de reforestación y la plantación forestal son a los que se les asignan una mayor cantidad de recursos, mientras que los programas representan beneficio directo para las comunidades marginadas que se ven escasamente favorecidos. Según los indicadores de la Conafor, en 2007 se plantaron 253 millones de árboles, con una tasa de supervivencia del 58 por ciento, mientras que organizaciones de la sociedad civil estiman que sólo el 26 por ciento de los árboles plantados sobrevivieron, mismos que se encuentran en malas condiciones debido a que no son especies pertenecientes a la región. Lo anterior indica que el programa de reforestación que se establece desde la federación no está haciendo lo adecuado para incrementar los bosques y selvas del país. Por esos motivos, este proyecto de reforma pretende dar mayor relevancia a las comunidades dentro de la protección forestal sustentable del país, otorgando recursos y autonomía para atender oportunamente los problemas propios de cada comunidad, en el marco del desarrollo forestal sustentable. En los últimos cinco años de la ejecución del Procymaf se han logrado consolidar proyectos productivos de núcleo forestal, tales como comercialización de agua mineral manantial, productos maderables, resina, ecoturismo, unidades de conservación de la naturaleza, etcétera. El Programa de Desarrollo Forestal Comunitario coloca a México en la vanguardia del manejo forestal a nivel mundial. Es por ello que debemos apoyar este programa con mayores recursos desde el nivel federal, para que se obtengan más beneficios en diversas comunidades que a la fecha no han podido ser ayudadas con este proyecto. Tomando en consideración la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable queda clara la prioridad de la reforestación, la plantación, la forestación y la conservación de suelos, ocasionando que los programas que benefician a las comunidades en forma directa como Procymaf, quedan restringidas a tan solo un 2 por ciento del presupuesto total del programa ProÁrbol. En el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que la reforestación de los bosques, selvas, es de suma importancia para el mundo. Pero si lo que queremos es una cobertura vegetal amplia, que logre la supervivencia de las especies reforestadas, es preciso invertir en esquemas de vigilancia, control y compromiso con los sectores de la sociedad. Consideramos que apoyar a las comunidades indígenas y ejidos es la mejor forma para alcanzar el desarrollo integral a través de la conservación de los recursos forestales. En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente Proyecto de decreto Único. Se reforme el tercer y cuarto párrafo del artículo 138 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para incorporar un Programa de Desarrollo Forestal Comunitario. Sin más por el momento, señor presidente, gracias. Gracias, compañeros.