El diputado Simón Valanci Buzali: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores, en México el sistema de justicia penal se encuentra plagado de irregularidades y vicios tales como detenciones ilegales, fabricación de pruebas, torturas y falta de traductores, con lo que se ve vulnerado el derecho a contar con una defensa adecuada. De acuerdo con la Encuesta de Población en Reclusión realizada por el CIDE, el 93 por ciento de los presos nunca vio una orden de aprehensión, el 50 por ciento no fue informado de los motivos de su detención sino hasta llegar a la agencia del Ministerio Público y el 10 por ciento incluso en el reclusorio. El 72 por ciento no fue informado de su derecho a no declarar y en 70 por ciento de los casos ni siquiera se les dijo que podían realizar una llamada telefónica. De igual forma, la mitad de los internos no contó con un abogado en el momento de su detención. Las 418 prisiones se encuentran diseñadas para albergar a 187 mil reos; sin embargo, actualmente se encuentran recluidas 230 mil 943 personas, lo que significa que existe una sobrepoblación de 43 mil 913 personas internas. Uno de los grandes problemas que existen en la justicia mexicana es la marginación y la discriminación de las que son víctimas los pueblos indígenas, colocándolos en una situación de desigualdad y desventaja, toda vez que los procesos penales a los que se enfrentan se llevan a cabo sin la intervención de un intérprete y sin la asistencia de un defensor. De las 400 mujeres indígenas que se encontraban en prisión a finales del año 2009, el 63 por ciento no contó con un intérprete, en el 29 por ciento de los casos se desconoce si lo tuvieron o no y sólo el 8 por ciento de estas mujeres contó con este servicio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que hasta el mes de julio del año 2012 había ocho mil 530 personas indígenas recluidas, de las cuales siete mil 715 fueron aprehendidas por delitos del fuero común y 815 por delitos del fuero federal. Lamentablemente la visión que se tiene de nuestro sistema de justicia es compartida por algunas organizaciones internacionales. De acuerdo al raking de World Justice Proyect presentado en el mes de julio en La Haya, México se ubica en el puesto 90 entre 97 países en lo que respecta a la aplicación de la justicia penal, lo que es claro cuando en este país un acusado está obligado a demostrar su inocencia cuando la misma ley establece lo contrario. Si bien es cierto que la elaboración del presente dictamen a través del cual se establecen reformas para el otorgamiento del indulto por parte de la presidencia de la república tuvo como justificación la injusta sentencia dictada en contra del maestro Alberto Patishtan, también creemos que brindará una esperanza de justicia a otras personas que hayan sido condenadas injustamente. Es por esto que el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, aun cuando reconocemos que estaría pendiente de analizarse una adición posterior que permita a las víctimas ejercer su derecho de audiencia de forma previa al otorgamiento de esta causal de extinción de la acción penal. Compañeras y compañeros legisladores, pocas veces como ahora es tan afortunado citar a Miguel de Cervantes Saavedera, quien padeciera prisión injusta en el norte de África, y por cuenta del caballero de la triste figura, expresara lo siguiente: La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar en cumbre. Por la libertad, así como la honra, se puede y debe aventurar la vida y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.