El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros: con fundamento en los artículos 6, fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la siguiente reserva al segundo párrafo del artículo 111 del dictamen de minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Cámara de Diputados en esta Legislatura ha generado una serie de reformas que se han caracterizado por una falta de legitimación social. Las llamadas reformas educativa, laboral, las relativas a la Ley de Amparo no son más que un ejemplo palpable, así como la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde a través de las modificaciones se logró la creación de la súper Secretaría de Gobernación que dejó de ser el instrumento de conducción de la política interna entendida como la relación del gobierno federal con los diferentes niveles de gobierno, poderes de la Unión y partidos políticos para convertirse en una jefatura de gabinete o vicepresidencia de facto. Ahora el dictamen que nos compete nos obliga a enfrentarnos nuevamente con una reforma que inhibe la protección a la función a través de la modificación del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que introduce la posibilidad de eliminar la inmunidad parlamentaria de diputados y senadores por cualquier tipo de delito, inclusive los no graves, como consecuencia, lo cual conllevaría a la amenaza de que los diputados y senadores representen un equilibrio a los otros poderes y sean perseguidos de forma sistemática con la sola finalidad de callar su voz. Ello significaría el que los legisladores del país fueran acusados por delito de cualquier naturaleza generando un impedimento para continuar con su labor, que entre otras cosas, es la de regular el poder de quien ahora le puede meter a la cárcel si se siente ofendido por el ejercicio libre y el cumplimiento de las obligaciones de un legislador o legisladora. Esto es en forma congruente y responsable, en un país donde el sistema judicial carece de credibilidad y confianza resulta de suma importancia garantizar que no se entorpezca la labor parlamentaria por la supuesta comisión de cualquier ilícito. México definirá a través de las reformas que se discutan en esta LXII Legislatura el futuro de millones de mexicanos. No podemos permitir que se callen las voces de la congruencia y que correspondan a las verdaderas necesidades de los diferentes sectores de nuestra sociedad mexicana. Resulta lógico, desproporcional e innecesario solicitar el retiro de la inmunidad cuando se someta a proceso por la comisión de hechos delictivos no graves. Estamos de acuerdo en que el fuero en numerosas ocasiones ha sido sinónimo de abuso e impunidad y de corrupción. Es por esto que proponemos que la comisión de delitos graves determine si debe o no retirarse la inmunidad bajo la condición de que establezca la ley, pero sólo repito- los graves y sólo cuando se acredite como lo establece la ley, la probable responsabilidad de la comisión de un delito. No podemos ser partícipes de la eliminación subjetiva de una prerrogativa que salvaguarda la función legislativa repito a la función legislativa. Debemos mantener el equilibrio entre los poderes y proteger el debate parlamentario garantizando el diálogo e intercambio de las ideas. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 111 para quedar en los siguientes términos: cuando exista presunta responsabilidad por la comisión de algún delito calificado como grave por parte de alguno de los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, y una vez que se ejerza la acción penal por el titular del ministerio público correspondiente, el juez de la causa determinará si procede dictar el auto de vinculación a proceso penal. Es cuanto, señor presidente.