La diputada Julieta Mejía Ibáñez: Compañeras y compañeros diputados, soy de Nayarit, un estado que tiene a su exfiscal tras las rejas y está en Estados Unidos, donde el abuso de poder llevó a mucha gente inocente a ser encarcelada. La historia de muchas familias la conozco muy bien. No había ninguna prueba y muchos años seguían contando mientras se daba una supuesta investigación. Esto ha pasado en muchos estados, conocemos bien el caso de José Manuel del Río Virgen, preso político del gobernador de Veracruz. Cuando se puede encarcelar sin demostrar, castigar sin procesar se cometen abusos y en otras ocasiones no se investiga porque basta con acusar. Eres culpable hasta que se demuestra lo contrario. La prisión preventiva oficiosa es una de las injusticias más grandes en este país. A nadie le queda duda de que viola el derecho humano al debido proceso y que atropella el principio de presunción de inocencia. Podrá ser constitucional, pero es profundamente inconvencional y por eso merece salir de nuestro ordenamiento jurídico. En la bancada naranja tenemos una agenda clara, todos los derechos para todas las personas. Se resume así de fácil. Hoy en nombre del grupo parlamentario presento una iniciativa para acercarnos a ese objetivo, buscamos delimitar la figura de la prisión preventiva oficiosa que hoy vulnera los derechos humanos y los tratados internacionales que México ha suscrito. El Estado mexicano tiene enormes deudas con las y los ciudadanos. Una de las deudas más grandes y dolorosas tiene que ver con el acceso a la justicia, a la justicia de todo tipo. Vivimos con enormes desigualdades, con la frustración que generan los vacíos de autoridad y, claro, con un sistema de justicia ineficaz y rebasado. Una simple acusación sirve para que una persona pueda pasar años en la cárcel sin que jamás se demuestre el delito. Es una realidad terrible. El abuso de la prisión preventiva genera que las cárceles estén llenas de personas que no hay llevado ningún juicio. ¿Cómo podemos seguir justificando la existencia de una figura así y hablar de justicia? El uso de la prisión preventiva en México es indiscriminado, el 46 por ciento de las mujeres en las cárceles aun no hay recibido una sentencia y casi el 24 por ciento de las personas privadas de la libertad tardaron más de dos años en recibir una sentencia. En México, tenemos más de 86 mil personas que aun no cuentan con una sentencia y están recluidas, el 40 por ciento de las personas encarceladas no tienen una sentencia. Esté número va lastimosamente en aumento. No se trata de cifras o expedientes, se trata de historias o de familias que se enfrentan a lo peor del aparato judicial, toda persona tiene derecho a recibir un juicio justo. La prisión preventiva oficiosa afecta, en mayor medida, a las y los más pobres, ya que no pueden contar con asesoría jurídica de calidad y las defensorías públicas no siempre logran atender los asuntos que reciben. Compañeras y compañeros. La propuesta que hoy vengo a presentarles busca cumplir con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tal y como lo ha referido el Tribunal Interamericano de la Prisión Preventiva, debe ser excepcional y no la regla en todos los casos. La propuesta que hoy presentamos busca que la prisión preventiva solo sea justificada cuando el caso concreto lo amerite. Es decir, cuando el Ministerio Público acredite ante el juez la existencia de elementos que prueben que una persona ha participado en el delito y que existe un riesgo inminente de fuga. Esta iniciativa también busca romper con la reincidencia delictiva fortaleciendo mecanismos que permitan una reinserción social efectiva. En la bancada naranja creemos que México tiene opción de que en nuestro país se respete la legalidad y los derechos humanos. México tiene la opción de reformar el sistema judicial para que no haya pena sin prisión. Muchas gracias.