EL C. DIP. ARTURO HERVIZ REYES: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros: El suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, y Secretario de la Comisión Especial de la Industria Azucarera, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para proponer el siguiente Punto de Acuerdo. CONSIDERACIONES La actual crisis que vive la agroindustria azucarera de México, tiene su origen en las políticas públicas aplicadas en los últimos tres sexenios. Estas políticas económicas nunca se encaminaron a fortalecer al campo cañero; de manera contraria, los beneficiarios de las privatizaciones de los ingenios en la administración salinista, saquearon a este importante sector de la economía nacional. A todo esto había de incluir los efectos devastadores del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en donde las cartas paralelas cambiaron la versión original de dicho Tratado. Las cartas paralelas nunca fueron aprobadas por el Senado de la República y de manera dolosa se incluyó el jarabe de maíz de alta fructosa. Esto último afectó profundamente al campo cañero. La competencia desleal que produce la fructosa, llevó a la Cámara de Diputados en el anterior periodo legislativo, a crear el Impuesto Especial del 20 %. Con esto se protegía a la agroindustria azucarera del país. Estos elementos de nada sirvieron al Presidente de la República para limitarse y no expedir el decreto de eximir del pago de impuestos a los productos que utilicen alta fructosa. La Cámara de Diputados entregó al Gobierno Federal un fuerte instrumento de negociación, con el Impuesto Especial del 20 %, para poder negociar con el gobierno de los Estados Unidos, las cuotas de exportación establecidas en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, cuyos excedentes tienen que comprar nuestros socios comerciales, que ascienden a más de 600 mil toneladas de excedentes en este momento en nuestro país. El decreto que exime del pago de impuestos a la producción e importación de fructosa, subordinó los intereses del campo cañero, a las empresas transnacionales. Existe fundamento jurídico para promover una controversia constitucional, ya que en el decreto se presenta una mala interpretación de las normas jurídicas. En ningún momento el Artículo 89, Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exime o faculta, más bien faculta al Presidente para exima del pago de impuestos. Este Artículo a la letra dice: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes. Fracción I: Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión proveyendo en esfera administrativa a su exacta observancia". En el texto antes citado, no se faculta al Presidente para haber expedido el decreto del 5 de marzo. El Ejecutivo se apoyó en el Artículo 39 Fracción I, II, y III del Código Fiscal; pero una ley reguladora, una ley orgánica, un reglamento, un código, una ley general, no está por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente al fundar su decreto en el artículo 39 del Código Fiscal cometió un acto que no es ilegal, pero sí es un acto inconstitucional. Que se entienda: no estamos en contra del Presidente, no estamos generando la confrontación del Poder Legislativo con el Ejecutivo, solo estamos ejerciendo un derecho constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien dirima esta controversia. Por todo lo antes expuesto y fundado propongo, en nombre de muchos diputados y sobre todo quiero destacar de diputados de todos los partidos: del PRD, del PRI, del Verde, del PSN, del PT. De todos los partidos: del PAS, de todos, a excepción del PAN, propongo el siguiente P u n t o d e A c u e r d o : Que sea la Cámara de Diputados la que impulse la controversia constitucional en contra del decreto que exime del pago de impuestos a la producción e importación de los productos que utilizan edulcolorantes distintos del azúcar de caña, el cual fue publicado en el Diario Oficial del día 5 de marzo de 2002. Pido, Presidenta, se turne a la Junta de Coordinación para que esperemos que los compañeros del PAN reflexionen y vean que es necesario que se lleve a cabo la controversia, para que no exista en nuestra norma jurídica una ley reglamentaria por encima de la Constitución y en ese sentido sea la Suprema Corte la que dirima esta controversia. Esperamos que los compañeros del PAN reflexionen y fortalezcan, porque hoy tienen el poder, el gobierno federal; ¡acuérdense que estas leyes se hicieron cuando estaba el PRI, ahora está el PAN! Del 2006 en adelante no sabemos quién estará, pero al mejor no está el PAN. Entonces esperamos la reflexión de los compañeros del PAN Muchas gracias, Presidenta. - LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Túrnese a la Junta de Coordinación Política. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista nos ha informado su solicitud de posposición del punto de acuerdo en relación con el proyecto de electrificación del Gran Nayar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- En consecuencia, se ofrece el uso de la palabra al diputado José Antonio Calderón Cardoso para presentar un punto de acuerdo sobre la importancia de la ratificación del Estatuto de Roma, por parte de México. -