La diputada Lizbeth Rosas Montero: Con su permiso, ciudadana Presidenta. "La suscrita, Lizbeth Rosas Montero, diputada federal de esta Legislatura, presento a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley Federal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. "Exposición de Motivos "Pese a los profundos cambios que ha sufrido el país desde el año de 1971, la Ley Federal en Materia Penitenciaria prácticamente no ha tenido cambios. Efectivamente, la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación desde mayo de 1971, sin que hasta la fecha tenga cambio estructural que permita contar con una legislación federal en materia de ejecución de sentencias penales acordes con los múltiples y variados cambios que ha sufrido el país desde aquella época. "El presente proyecto de Ley Federal de Ejecución de Penas, tiene el objetivo de situar por encima de todo principio de estricta legalidad, en la aplicación y compurgación de las sentencias que ha determinado el Poder Judicial de la Federación. En este sentido y en un aspecto fundamental de la legalidad que debe imperar en los centros penitenciarios federales es: el orden, la seguridad, la disciplina y el respeto a los derechos de los reclusos. "Es necesario brindar un marco que permita que los centros penitenciarios federales cuenten con los estándares mínimos de seguridad, para resguardar a los grupos delictivos más dañinos que ha producido la sociedad. En este sentido, es urgente dotar a los centros carcelarios federales de un marco jurídico idóneo que garantice, por un lado, el respeto al principio de la legalidad en conjugación con los derechos de los reclusos y además contar con una efectiva seguridad en los establecimientos donde se encuentra una parte importante de los individuos que delinquen con una enorme capacidad de corromper. "Recientemente la sociedad atestiguó que los capos de las drogas tenían prácticamente bajo su control por lo menos dos de los cuatros centros federales de alta seguridad pública que el Gobierno Federal está obligado a garantizar para el conjunto de la sociedad. Adicionalmente, las recientes fugas de importantes narcotraficantes, los homicidios de otros en los penales y prácticamente el régimen de auto gobierno enmascarados y la ineficacia de las autoridades federales penitenciarias, estableció un foco rojo que las autoridades de Seguridad Públicas del Gobierno Federal están obligados a prevenir, investigar y dar intervención al Ministerio Público Federal para sancionar conforme a la Ley a sus transgresores. Además de la urgente corrección de la ineptitud de las autoridades de Seguridad Pública Federales, es pertinente contar con un marco jurídico adecuado que integre las reglas y criterios para sentar las bases mínimas de la seguridad, orden, legalidad en las que deben permanecer los procesados y los sentenciados al compurgar su condena. No se puede negar que uno de los problemas más graves que tienen los Centros Federales de Alta Seguridad, lo constituyen las violaciones a los derechos humanos de los internos, así como los denominados Eferesos constituyan Centros de Máxima Seguridad y su concepción estructura, diseño y normatividad los coloca como auténticos Centros Penitenciarios de Excepción, toda vez que algunas de las reglas mínimas establecidas por Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos para los Centros Penitenciarios, no son observados. Por ello, en el presente Proyecto de Ley Federal de Ejecución de Penas también se pretende resolver de fondo esta situación. Conviene recordar que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido serios obstáculos para supervisar y verificar el grado de cumplimiento del estándar de las normas internacionales. Es preciso tener presente que el citado diagnóstico de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en México, establece que las violaciones a los Derechos Humanos que cometen en los Eferesos son las siguientes: Condiciones degradantes del régimen de visita familiar, revisión de los visitantes, excesos en la aplicación de la segregación, violación de la garantía de inviolabilidad de la correspondencia, uso de la Siquiatría, la Medicina y las Ciencias de la Conducta como formas de control, obstrucción del derecho en defensa, obstrucción del derecho a formular peticiones de legítima autoridad y presentar quejas de trato cruel con actos de vigilancia excesiva y tortura, lo que resulta imperioso legislar en materia de Centros Federales de Ejecución de Sentencias y tener muy en cuenta que las leyes positivas vigentes son las que contamos en materia de Derechos Humanos y tenemos la obligación ética y política de brindarle a la autoridad administrativa las bases para que cumpla su trabajo de manera eficiente, sin vulnerar la Ley. El proyecto de esta Iniciativa de Ley Federal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad permitirá dotarles a las autoridades penitenciarias, del marco jurídico que les permita brindarle a la sociedad, el objetivo primordial de un institución de esta naturaleza, seguridad, orden y disciplina basadas esencialmente en el estricto respeto a la Constitución Federal de la República y a las Leyes que de ella emanan. En México se debe contar con instituciones penitenciarias modernas que cumplan con el objetivo central de constituirse en espacios del Estado en donde compurgan las sentencias condenatorias determinadas por el Poder Judicial Federal y brindarle a la sociedad la certeza de que quienes vulneraron un bien jurídico establecido en la Ley Penal, lo compurgarán en condiciones que fortalezcan el principio de legalidad sustentada en el respeto a la dignidad humana. La presente Iniciativa busca establecer mecanismos de transparencia que permita establecer los controles ciudadanos en el manejo de los centros penitenciarios federales. Todos los servidores públicos de las prisiones federales , desde el Comisionado , los Directores, Subdirectores, etc., deberán presentar su Declaración Patrimonial, antes y después de concluir su encargo. Se propone amplios apartados sobre la Regulación de los Organos de Gobierno en los Centros Penitenciarios Federales así como el Comisionado Titular de dichos centros será designado por la Cámara de Diputados y, en su caso, serán removidos cuando se haya comprobado su falta de profesionalismo, honradez o eficacia en el cumplimiento de su función pública. De igual manera se establece que la existencia de un Consejo Técnico Interdisciplinario con amplias facultades que permita sustentar la gobernabilidad de los centros en sus decisiones, las cuales deberán ser atendidas por los Directores de los mismos. Se le brinda un sentido esencial a la educación, el trabajo y la capacitación para el mismo como mecanismos para la reducción de penas y lograr con esto una necesaria reinserción social. La presente Iniciativa de Ley pretende situar a los Centros Penitenciarios Federales en espacios en donde la vida de quienes se les ha iniciado un proceso penal o han sido sentenciados, transcurra de manera tal que el cumplimiento de la condena judicial sea precisamente en los términos estrictos establecidos por los jueces ni más ni menos. En consecuencia, no podrá realizarse ninguna acción de orden administrativa por parte de la autoridad penitenciaria, que afecte la decisión judicial impuesta al interno. Los reductivos en las penas y los traslados de los internos, serán decisiones de la autoridad juicial penitenciaria, a través de la novedosa figura de los jueces de ejecución de penas. Esta reforma permitirá suprimir el arbitrario autoritarismo penitenciario existe en la concepción de que los así denominados beneficios de la libertad anticipada y lo relativo a los traslados, dichas medidas pasarán a formar parte de las decisiones jurisdiccionales en materia penitenciaria. Conviene subrayar que otro de los objetivos fundamentales de esta reforma, es que ninguna decisión de autoridad que afecte la esfera jurídica concreta de una persona interna en un centro penitenciario, quede al ámbito discrecional y subjetivo de quien concede o no un beneficio de libertad. No habrá más criterio subjetivo sino a la aplicación del principio de seguridad jurídica en la ejecución de la pena. La reforma que proponemos significar primordialmente la seguridad jurídica y el principio de la legalidad, en todos y cada uno de los actos de la autoridad penitenciaria, que afecten la esfera jurídica de los internos, lo que supone basar todo proyecto de seguridad, orden y disciplina, en el respeto de los derechos de los internos. Seguramente contaremos con centros que brindarán seguridad a la sociedad y que los internos hayan compurgado sus condenas, egresarán de los mismos sin el rencor, el odio y el respeto a la ley que generan las cárceles en nuestro país actualmente. También en el citado diagnóstico, se ha propuesto establecer con todas las entidades federativas, tribunales federales penitenciarios como órganos administrativos autónomos, dotados de plena jurisdicción en materia de ejecución de sanciones penales, suprimir todas las atribuciones jurisdiccionales actualmente conferidas a la Secretaría de Seguridad Pública, con motivo de la individualización de la pena, promover la reordenación del régimen jurídico de los beneficios de libertad para sustituir las tres figuras jurídicas que actualmente se emplean en la fase de individualización administración de las penas de prisión, la remisión parcial de la pena, la libertad preparatoria y el tratamiento preliberacional. Es cuanto ciudadana Presidenta.