La diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal: Con su venia, señor Presidente: ésta es una versión resumida de la iniciativa que se presenta, por lo cual respetuosamente solicito que se inserte la versión íntegra en el Diario de los Debates. El artículo 2o. de la Ley General de Educación consagra, de una manera genérica y sin distinción alguna, el derecho que tiene todo individuo a recibir educación. Sin embargo, la aplicación exegética de este precepto legal en ocasiones dista mucho de la realidad. En América Latina y el Caribe casi la mitad de la población se sitúa por debajo de los 20 años y ya han dado a luz. Los adolescentes en particular sufren las mayores limitaciones y desafíos, debido a las normas socioculturales y tabúes existentes sobe la sexualidad y las funciones estereotipadas en género. El embarazo durante la adolescencia puede significar para la mujer el fin de sus aspiraciones personales y educativas, así como un latente enfrentamiento con riesgos para la salud tanto de la embarazada como del producto. Así pues, a una adolescente que estudia secundaria o preparatoria el embarazo no planeado generalmente la orilla a abandonar sus estudios, en un esquema donde juega un papel muy importante la presión social o la familiar. La adolescente ve cancelado su proceso educativo y con ello también ve sacrificado su futuro, ya que sólo un pequeño porcentaje de esas madres continuará sus estudios, mientras el resto habrá de tener más hijos y, si la vida le es favorable, lo hará al lado de una pareja. En abono de lo anterior, es menester señalar que en México se registran en promedio 2 millones 200 mil nacimientos al año, de los cuales 17 por ciento son de mujeres menores de 18 años, esto quiere decir aproximadamente 375 mil embarazos en adolescentes. Pero el problema es aún más grave si a ello sumamos que una de las causas más frecuentes de deserción escolar por embarazo o maternidad se genera desde las propias instituciones educativas, las que muchas veces niegan las oportunidades de educación a quienes se encuentran en tales hipótesis, lo que a largo plazo desencadena en nulas oportunidades de desarrollo profesional, generación de ingresos y autoestima, provocando serios e irreversibles perjuicios en la adolescente. Así es: cuando las adolescentes se convierten en madres, con frecuencia sufren tratos discriminatorios en instituciones educativas y, en gran cantidad de casos, las obligan a abandonar sus estudios. México y sus entidades federativas no son la excepción. Afortunadamente, este fenómeno de carácter mundial ha mostrado una tendencia a ser revertido y contrarrestado, como lo demuestra el estudio de derecho comparado presentado por el Grupo Parlamentario Interamericano sobre Discriminación o Penalización de Estudiantes debido al Embarazo y garantiza el derecho de las estudiantes embarazadas a continuar y completar su educación. En nuestro estudio personal también encontramos que algunas Legislaturas provinciales de la República Argentina, como las de la Pampa y Tucumán, dieron un paso más allá de la discriminación y aprobaron en términos similares un régimen especial de inasistencias justificadas para estudiantes embarazadas, donde se permite a éstas ausentarse del plantel educativo en los términos de dicho ordenamiento durante las etapas de la gestación, además de posibilitar la adecuada lactancia de los menores con la posibilidad de egresos diarios hasta de dos horas de la escuela, a elección de la madre y por un periodo no mayor de 12 meses siguientes al nacimiento. Esa tarea se complementa con evaluaciones periódicas, por supuesto, y clases especiales de apoyo. En México es poco lo que en esta materia se ha hecho. Conocimos a mediados del sexenio de Ernesto Zedillo el Programa de Becas para Apoyar a Alumnas Embarazadas, que fuera presentado en el último año de su mandato por la Secretaría de Educación Pública y aprobado por esta representación popular a finales de 2001, con un presupuesto importante, pero a cuatro años del gobierno de su sucesor aún no hay claridad en cuanto a la puesta en marcha de dicho programa, ni mucho menos en cuanto al destino de aquellos recursos. Mientras tanto, lejos de apoyar a estas madres, los abusos contra ellas continúan en muchas instituciones educativas del país. La legislación mexicana es prácticamente omisa al tocar este tema, pues sólo lo aborda desde el punto de vista general, más que referirse a las particularidades del tema a que nos estamos enfocando, que es la discriminación de las estudiantes embarazadas o en lactancia en los centros educativos. En ese sentido, la propuesta concreta consiste en la reforma de los numerales 32 y 33 de la Ley General de Educación, con la finalidad de garantizar desde la legislación federal que el embarazo y la maternidad nunca serán causas de expulsión de los centros escolares o motivo para rechazar una solicitud de ingreso. Pero, más allá de lo anterior y en los términos en que debe ser la equidad, que las estudiantes gozarán de un régimen especial por embarazo y lactancia en los términos del reglamento que deberá expedir el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual se otorgarán las facilidades propias del caso para las estudiantes que se encuentren bajo esta situación a fin de complementar adecuadamente estas tareas con su educación. Por lo expuesto, me permito proponer a esta representación el siguiente proyecto con el carácter de Decreto Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 32; se reforma el contenido de la fracción XIII, recorriéndose su redacción actual a la fracción XIV que se adiciona, en el numeral 33, ambos de la Ley General de Educación, para quedar redactados de la siguiente manera: Artículo 32. Los primeros dos párrafos permanecen igual. Tercer párrafo: El embarazo y la maternidad no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los centros educativos de cualquier nivel. Estos últimos deberán otorgar a las estudiantes las facilidades necesarias para el caso en los términos del reglamento respectivo. Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas llevarán a cabo las actividades siguientes: Fracciones I a XII, quedan igual. Fracción XIII. Implementarán el Reglamento del Programa Especial para Estudiantes en Periodo de Embarazo o Maternidad para quienes cursan en cualesquiera de los niveles del sistema educativo nacional, que contribuya a la adecuada complementación de esas funciones con la educación y evite la deserción escolar atribuible a dichas causas. Fracción XIV. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y cobertura de los servicios educativos y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, dispondrá de un término de 90 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que entre en vigor la presente reforma, para expedir la reglamentación a que se refieren los artículos 32, tercer párrafo, y 33, fracción XIII, ambos de la Ley General de Educación. Dado en el Palacio de San Lázaro, a los 24 días del mes de febrero. Es cuanto, señor Presidente, y muchas gracias por su atención.