El senador Jorge Legorreta Ordorica: No se preocupe. Muchas gracias, presidente. Cuando una institución no cumple debidamente con sus atribuciones, es lamentable; cuando este incumplimiento puede ocasionar perjuicios a la ciudadana, es todavía más lamentable. Cuando la institución no cumple su misión y viola las normas y sus propias disposiciones, permite el daño a la ecología y biodiversidad marina y pone en riesgo vidas humanas. Esto es muy grave y debe de ser motivo para fincar responsabilidades administrativas y en su caso penales. Una situación de esta naturaleza está sucediendo en este momento en nuestro país por la colusión existente entre la empresa regasificadora Energía Costa Azul, construida por Sempra Energy, en Ensenada, Baja California y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sempra ha violentado la legalidad no sólo corrompiendo, sino mintiendo, manipulando y ocultando información, pagando servicios a extranjeros para espiar e investigar a instituciones y a ciudadanos mexicanos, incluyendo a funcionarios del Poder Judicial. Esta empresa ha venido enfrentando una serie de denuncias en los Estados Unidos y es motivo de investigaciones públicas sobre su participación durante la crisis de precios y suministros de gas natural y electricidad de California como uno de los posibles agentes que manipularon al mercado y limitaron la disponibilidad de gas natural, provocando un alza artificial de los precios de gas natural y electricidad y una restricción en el suministro de ambos energéticos. Es importante destacar que en todos los países en los que existen plantas regasificadoras existen normas que determinan que haya una o varias zonas de seguridad llamadas con distintas denominaciones, cuyo fin es proteger instalaciones o edificaciones aledañas o centros de población. Las distancias y áreas de seguridad o salvaguarda varían de país a país. No obstante, existen normas internacionales que regulan las distancias y existen fórmulas para determinar las mismas del centro de las instalaciones al perímetro de la planta y aun más allá. Estas zonas, vale aclararlo, se establecieron para escenarios de accidentes provocados por fugas de gas natural licuado y roturas en tuberías y no consideran derrames mayores provocados por explosiones, acciones terroristas como caída de aviones o acciones bélicas, en cuyo caso las distancias habrían de ser significativamente mayores. En todos los países, tan importante como los metros a los que debe establecerse el perímetro de seguridad es que exista el cumplimiento de las normas establecidas y se apliquen las fórmulas contenidas en las mismas. Por lo que se refiere a la norma oficial mexicana, se señala que la ubicación de la terminal de almacenamiento de gas natural debe sujetarse a las especificaciones generales que resulten del análisis de riesgos del capítulo 106 de la propia norma y de las obligaciones que establezcan otras normas oficiales mexicanas y disposiciones jurídicas aplicables, competencia de otras autoridades. Según esta NOM, el predio debe tener la configuración y dimensiones adecuadas para cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo 107 de la propia norma. Este capítulo contiene una fórmula que indica la distancia que debe existir entre el borde del área de retención de un tanque de gas natural y el límite del predio. Existe una grave responsabilidad y el funcionario de la Semarnat que permitió la omisión de la condicionante quinta hasta ahora ha quedado impune. Como la regulación norteamericana le impidió instalarse en su país, Sempra Energy buscó y encontró en Baja California un santuario regulatorio que le permite instalar una planta regasificadora e introducir gas y electricidad en el mercado del sur de California. Así, instalándose en México, logró evadir la inamovible legislación norteamericana que prácticamente le prohibió realizar sus actividades en territorio estadounidense. Pero aquí, con una evidente relación de complicidad entre las autoridades federales y estatales del sexenio anterior y algunas del actual, logró construir su planta con la justificación de contribuir a la integración y desarrollo económico. La actividad de Sempra Energy ha tenido múltiples consecuencias, entre otras que no se observan las disposiciones constitucionales establecidas para la conservación del medio ambiente, que haya solicitado la ampliación de la planta y al mismo tiempo la exención de la manifestación de impacto ambiental. Que nuestro país incumpla con tratados y convenciones internacionales en materia de protección al ambiente. Que se agudice la amenaza y el peligro de extinción para especies únicas en el mundo y que habitan en el entorno terrestre y marino de la planta regasificadora. Que se compromete con ello el futuro de las siguientes generaciones. Que también, por supuesto, se pierde la belleza natural de ese estado en aras de un malentendido progreso y modernidad. Que se afecte el potencial pesquero y turístico de toda la región. Que se corrompa a las instituciones a fin de que éstas otorguen permisos y licencias de operación aún a sabiendas de que existe incumplimiento de las normas ambientales. Que se daña el turismo; disminución del valor de la propiedad y daño económico. No es posible que se permita que al amparo del poder y a las espaldas de la ley se realicen impunemente toda una serie de turbas maniobras que lesionan el interés nacional y afrentan el imperio de la ley y el estado de derecho. La lucha contra las plantas regasificadoras de Sempra Energy no es nueva...