El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. El diputado Ildefonso Guajardo recordaba cómo hace aproximadamente un año con júbilo en este pleno de la Cámara de Diputados festejábamos que se hubiese aprobado una adición al párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución para establecer estas acciones colectivas. Muchos pensamos que a partir de la reforma constitucional de la inclusión de este párrafo tercero, iban a existir las posibilidades para que los ciudadanos, individual y colectivamente, protegieran derechos colectivos e intereses difusos. Muchos de nosotros, en lo particular su servidor, habíamos presentado iniciativas de reforma a la legislación secundaria que desgraciadamente en este dictamen no son tomadas en cuenta. Su servidor, casi al inicio de esta legislatura presentó una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona el Título Tercero al Libro Tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles, para regular las acciones y los procedimientos colectivos, y en las comisiones correspondientes esta iniciativa jamás se dictaminó. Jamás se toma en cuenta el punto de vista de los legisladores que integramos esta Cámara, y a rajatabla, mecánicamente se asumen los puntos de vista de los senadores de la república, que debo decir en esta materia son bastante restrictivos, bastante limitados. ¿Por qué estoy en contra de este dictamen? Estoy en contra de este dictamen, ya lo decía Ildefonso Guajardo, porque solamente se permiten acciones colectivas en tres materias; en materia económica, financiera y ambiental. No se permiten acciones colectivas por ejemplo en materia sindical; no se permiten acciones colectivas en materia político-electoral; no se permiten acciones colectivas en materia de derecho a la educación, en materia de derecho a la vivienda, a la salud. Es decir, casi los derechos sociales, los derechos económicos y culturales están fuera de las acciones colectivas que se plantean en este dictamen. Es un dictamen que el senador Murillo Karam rebajó, limitó, restringió. No estamos garantizando plenamente la posibilidad de interponer acciones colectivas en todas las materias. Otra debilidad de este dictamen quiero decirlo, otra debilidad de este dictamen tiene que ver con la legitimación procesal. Se restringe de manera absurda la legitimación procesal. En materia de acciones colectivas debiera ser abierta, cualquier grupo o cualquier ciudadano, hasta lo individual, para proteger intereses difusos, debiera estar autorizado, debiera estar legitimado procesalmente para interponer acciones colectivas. Vean por ejemplo el absurdo del artículo 587, fracción III, de este dictamen, que señala; En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto y las individuales homogéneas, deben constar los nombres de los miembros de la colectividad promoventes de la demanda. Hasta donde me acuerdo de mis clases de derecho procesal civil, me enseñaron que esto no se llama acciones colectivas; esto se llama litisconsorcio, y no tiene nada qué ver con las acciones colectivas. También una cosa muy grave; el gobierno se protege. Contra el gobierno no proceden las acciones colectivas, tal vez contra el cobro de algunas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad o en materia de agua sí procederán, pero por ejemplo si el gobierno de Chiapas decidiese destruir la selva Lacandona, no hay posibilidad para que los ciudadanos de ese estado promuevan acciones colectivas. O si el gobierno federal comete la peor violación a los derechos humanos en materia de seguridad nacional, por poner un ejemplo, no hay acciones colectivas en materia de seguridad nacional. Creo entonces, compañeros, que no estamos dotando a los ciudadanos...