EL C. DIP. JOSE ALARCÓN HERNANDEZ: Con su permiso, señor Presidente. Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados: Los suscritos diputados y diputadas federales de esta LIX Legislatura, acudimos a presentar una iniciativa de proyecto de decreto para derogar la fracción II del artículo 222, reformar los artículos 222, 222 bis, 223 y 224 del Código Penal Federal y adicionar el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el objeto de que el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito, sean considerados delitos graves, para quien incurra en la comisión de estos delitos no pueda obtener su libertad caucional y para que la inhabilitación contemplada en estos delitos, sea definitiva con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La corrupción se presenta en varias formas: Como cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etcétera, en todos los Códigos Penales de todo el país y del mundo. De las formas de corrupción, es el cohecho el que más daño ha causado y causa a la sociedad. El peculado y el enriquecimiento ilícito, le siguen muy de cerca los pasos. La corrupción asume muchas figuras, todas las cuales desafortunadamente tienen un impacto pernicioso en la gente. La corrupción degrada la economía, socava el gobierno e impide el desarrollo sustentable, resta credibilidad al sistema democrático, distorsiona las funciones del Estado y pone en tela de juicio la eficiencia del funcionamiento de los tres Poderes. Uno de los males que ha aquejado a las sociedades de todos los tiempos, es la corrupción o falta de probidad. Esta actitud de las conductas individuales debe verse desde diversos ángulos, ya que es un problema en el que inciden varios elementos: las costumbres, el sistema económico, la cosmovisión de cada nación, las leyes, el desarrollo económico, el tipo de gobierno, etcétera. La corrupción es un fenómeno general y complejo del que participan activa y pasivamente funcionarios, gobiernos, dirigentes del sector privado e individuos. La corrupción es un fenómeno social, con graves consecuencias políticas y económicas que impiden el avance de los procesos de democratización de nuestras sociedades. Es un grave problema social, político, económico, religioso y moral, que daña severamente a las instituciones, a las personas y a la nación. La corrupción ha estado presente en México, en tiempos de crisis pero también en tiempos de crecimiento económico. Los elementos de la corrupción, considerada como un fenómeno: son la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos, la concentración monopólica de las decisiones gubernamentales, la falta de un sistema eficaz de rendición de cuentas, la escasa supervisión o supervisión cómplice hacia los servidores públicos. Por otra parte, el cohecho destruye los valores supremos del ser humano: la vida, la libertad, la justicia, la democracia, la paz. Daña también a todas las instituciones: las gubernamentales, las electorales, las militares, las religiosas y hasta las de asistencia social. Este grave delito, tan frecuente en todos lados, nulifica el principio de autoridad y sin éste estamos a un paso de la violencia social y por consecuencia de la anarquía. Compra imagen, prestigio, respeto, legalidad y poder. El cohecho afecta mucho al erario federal, estatal y municipal. Este delito es la forma más frecuente de la corrupción gubernamental. Ningún gobierno, emanado de cualquier partido político, puede afirmar que esté libre de corrupción en especial del cohecho. Todos los códigos penales del país y seguramente de todo el mundo disponen que comete el delito de cohecho toda persona encargada de un servicio público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente dinero, algún servicio o cualquier otra dádiva o acepte una promesa directa o indirectamente para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones., El cohecho está tipificado y sancionado en el artículo 222 del Código Penal Federal en el que se establecen penas privativas de libertad, multa y destitución e inhabilitación. La gran mayoría de los códigos penales del país, cuando se refiere a los particulares, señalan que incurre en este delito el particular que de manera espontánea dé ofrezca dinero o cualquier otra dé u ofrezca dinero o cualquiera otra dádiva a un servidor público para que haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. Si consultamos cualquier diccionario o alguno de sinónimos nos señalan que espontáneo significa: "voluntario, por sí mismo, de motu propio, franco, libre, de buena gana, alegremente, con gusto". En este contexto debemos tomar en cuenta la fracción II del artículo 222 del Código Penal, como lo hacen la gran mayoría de los códigos penales de la República, impone igual sanción al servidor público y al ciudadano en cuanto a lo que hace a la pena de prisión y a la multa. Lo que resulta absurdo, pues es como imponerle la misma pena al violador que a la persona violada, al ladrón que a su víctima. Es una blasfemia jurídica imponerle penas al gobernado, cuando sólo se deben de imponer a los servidores públicos cohechadores, pues estos tienen la facilidad, la oportunidad de engañar, coaccionar, amenazar, con un daño económico, legal o moral hacia el ciudadano. En cambio el ciudadano no tiene ninguna oportunidad de presionar u obligar a la autoridad para que ésta acepte el soborno. "Si se les impone las mismas penas al servidor público y al ciudadano cuando éste quiera presentar alguna denuncia, lo que hará será ir con su abogado y éste al revisar el Código Penal advertirá e informará a su cliente que también va a ser procesado, que será sentenciado y tendrá antecedentes penales al igual que el servidor público, ¿y entonces presentará la denuncia?, por supuesto que no, pasaría lo mismo si acude ante el Agente del Ministerio Público. "Porque no se da el cohecho de manera espontánea, proponemos que se derogue la fracción II del artículo 222 del Código Penal Federal. "Por otra parte, respecto al peculado, el artículo 223 del propio Código Penal establece lo relativo a la propuesta que estamos haciendo en este momento. "Por lo anteriormente señalado, proponemos: "Que los delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito tipificados y sancionados en los artículos 222 bis, 223 y 224 del Código Penal Federal, sean considerados delitos graves. "Que se derogue la fracción II del artículo 222 del Código Penal Federal, para que sólo sea sancionado el servidor público y no el ciudadano. "Que la inhabilitación no sea temporal sino definitiva. "Que sea adicionado el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, agregando a este catálogo de delitos graves, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito. "Por lo antes expuesto, solicitamos a ustedes ciudadanos diputados, se les de a esta iniciativa el trámite correspondiente e igualmente estaría solicitando, señor Presidente, que esta iniciativa se incluya íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates". Muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Gracias a usted diputado. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en caso de que no haya aparecido el día de hoy. Y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Tiene la palabra la diputada Patricia Flores Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona la fracción VIII del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer un periodo de descanso a las mujeres trabajadoras que adopten a menores de edad. -DIP. PATRICIA FLORES FUENTES: Con su venia, señor Presidente. "En ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento ante el pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa de decreto que reforma la fracción V del artículo 123 constitucional y adiciona la fracción VIII del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, fundamentándola en lo siguiente. "Si bien es cierto que en los artículos 123 constitucional y 170 de la Ley Federal del Trabajo son reconocidos los derechos de la mujer durante el embarazo, manifestándose los cuidados durante la gestión, parto y posparto, es evidente que no se han incluido las diferentes formas en las cuales las mujeres adquieren responsabilidades familiares, como es el caso de la adopción, entre otros. "En México hay un algo grado de mujeres con infertilidad o imposibilidad de concepción, aún existiendo métodos para ello como es la inseminación artificial o in vitro, pero también está la posibilidad de la adopción, a través de la cual las mujeres pueden desempeñar su papel de madres. "En el Código Civil se regula la adopción como un formulario en donde se encuadran los requisitos y prerrogativas para realizarla, sin embargo no se establece ningún derecho para la madre que ha decidido atender a este derecho. "En la Legislatura laboral y desde nuestra Constitución se menciona únicamente a las mujeres trabajadoras que se encuentran en estado de embarazo con derecho a descanso de seis semanas antes del parto y seis semanas posterior al parto. Si bien es cierto que una mujer que ha decidido adoptar a un menor evidentemente no requiere de un período de recuperación como se establece en nuestra Legislación Laboral para las Madres Biológicas, sí tiene la responsabilidad de atender los cuidados maternos durante el período de lactancia, cuando el menor así lo requiere y contar con un tiempo para el proceso de re adaptación de la madre y el adoptado y viceversa. No estamos hablando de que este período sea igual o mayor que una madre gestante, pero sí hablamos de un período prudente de adaptación a fin de proporcionar los cuidados necesarios para que tenga una vida sana y propia de cualquier menor como una mejor integración familiar. Es por ello que el Partido Acción Nacional, atendiendo a todas aquellas mujeres que por diversas razones toman la decisión de adoptar a un menor, propone que seles otorgue a las mujeres trabajadoras, seis semanas posteriores a la adopción, en caso de que el niño o niña sea menor de seis meses de edad y tres semanas cuando sea mayor. Lograr este derecho para las mujeres trabajadores que deciden adoptar, incidirá médicamente y socialmente en el desarrollo armónico de la personalidad del menor y en crear en el medio familiar un clima de integración, amor y comprensión. Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone lo siguiente: Iniciativa de Decreto que Reforma la Fracción Quinta del Artículo 123 Constitucional y la Adición a la Fracción Octava al Artículo 170 de la Ley Federal de Trabajo. Artículo Primero.- Se reforma la Fracción V del Artículo 123 Apartado A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123.- Toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil, al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la Ley, el Congreso de la Unión sin contravenir a las Bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo , las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general, todo contrato de trabajo. Las mujeres, durante el embarazo, no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifique un peligro para su salud en relación con la gestación, gozarán obligatoriamente de doce semanas de descanso por motivos de maternidad. Dicho período no podrá iniciarse antes de la sexta semana ni después de la segunda semana, previa a la fecha probable del parto, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiera adquirido por la relación de trabajo. En el período de la lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por dia, de medio día media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Las mujeres que adopten a un menor de seis meses, disfrutarán de un descanso de seis semanas posteriores a la adopción y tres semanas posteriores a la adopción de un niño mayor de seis meses. Artículo Segundo.- Se adiciona la Fracción VIII del Artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: Fracción VIII:- Disfrutarán de un descanso de seis semanas posteriores a la adopción si es un menor de seis meses y de tres semanas posteriores a la adopción, de un niño mayor de seis meses. Artículo Transitorio.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ya en Legislaturas pasadas se han presentado iniciativas con respecto al tema de las mujeres, es por eso que el Partido Acción Nacional ratifica su interés hacia las mujeres. Atentamente. Diputadas del Partido Acción Nacional. Gracias. (aplausos). -EL C. PRESIDENTE. Gracias a usted, Diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social. A continuación tiene el uso de la palabra, el señor Diputado don Víctor Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que a nombre propio y a nombre de los señores Diputados Emilio Zebadúa González, José Alberto Aguilar Iñárritu y Jesús Martínez Alvarez, presente una Iniciativa que Reforma y Adiciona diversas Disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adelante, Diputado. -