La diputada Estela Carina Piceno Navarro: Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Con su venia, diputada presidenta. Diputadas, diputados, el tema que hoy nos ocupa es de la más alta relevancia para nuestra nación, pero antes de entrar de lleno al tema, permítanme hacer una pequeña reflexión. El Estado mexicano está formado por tres Poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, es precisamente este último, el que tiene el mandato constitucional, legal y el más importante, el del pueblo de México para poder hacer, digámoslo coloquialmente, las reglas del juego. A diferencia de la mayoría de los temas que se ventilan en esta Cámara de Diputados, en los cuales muchos no inciden directamente en la vida de los ciudadanos. Este que nos ocupa, la reforma al artículo 19 constitucional, sí puede llegar a incidir de una u otra forma en la vida de muchos mexicanos. Lamentablemente, muchos de ustedes seguramente se concentrarán en la pertinencia de aumentar o disminuir el catálogo de delitos susceptibles de la prisión preventiva oficiosa, que si el Estado mexicano debe prever que la prisión preventiva es una excepción más no debe ser la regla o alguno de los otros argumentos que ya hemos escuchado. Sin embargo, lo que no se dice o en o que no se concentran, es que realmente es un mecanismo para que quien presuntamente cometió el delito del que se trate, efectivamente comparezca a juicio y no se sustraiga de la acción pena. Para esto, el juez debe hacer un análisis de si las otras medidas cautelares contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son suficientes para poder garantizar la presencia del imputado en el juicio o es necesario de una u otra forma proteger el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa a la que se le acuse. Es importante resaltar que, en el catálogo de delitos, que son materia de esta reforma constitucional, la gran mayoría ya son susceptibles de dictado de prisión preventiva y es que hay básicamente dos supuestos para que se dicte esta medida, veamos: El primero es que el delito se encuentre dentro del catálogo que enuncia precisamente este artículo 19 constitucional o los que contemple el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mientras que el segundo es que la media aritmética de las sanciones del delito exceda los cinco años. Analizando de esta segunda forma los delitos que hoy se propone integrar al texto constitucional, resulta ser que los delitos de extorsión, delitos contra la salud, posesión de narcóticos relacionados con el fentanilo y el contrabando, dependiendo del monto de lo contrabandeado, ya se encuentran sancionados con penas que exceden la media aritmética de cinco años, ergo previo a esta discusión ya eran susceptibles de prisión preventiva. Luego entonces solo se está enfatizando en el texto constitucional en qué delitos sí es aplicable esta prisión preventiva para que no quepa la menor de las dudas sobre su procedencia. Y es que resulta sumamente fácil para algunos presuntos delincuentes, especialmente aquellos con recursos financieros a su disposición y que pertenecen a la delincuencia organizada, poder escaparse de la acción penal y dejar impunes delitos tan delicados como la extorsión o aquellos cometidos contra la salud que miles de mexicanos sufren a diario. ¿A caso se les debe dejar andar en libertad para que incluso se encuentren en la facilidad de potencialmente seguir delinquiendo en lo que dura el proceso a quienes presuntamente cometieron delitos de tal gravedad? Es importante resaltar que la prisión preventiva no es en sí una sanción, sin embargo, sí puede resultar un desincentivo para que quienes si quiera contemplen cometer estos delitos se la piensen dos veces antes de hacerlo, a sabiendas de que el juez en estos casos deberá ordenar que hasta que haya sentencia se encuentre resguardado el imputado en prisión por hasta un año. Es importante y pertinente resaltar que tal y como quedó plasmado en el texto constitucional, derivado de la reciente reforma al Poder Judicial, el tiempo máximo para el dictado de sentencias en materia penal ahora será de un año. Es decir, no es una medida permanente ni que se prolongue en el tiempo, es simplemente una forma que tiene el Estado mexicano de hacer que no se escape el imputado, y que tiene un límite sumamente claro. Y concluyo, presidenta. De hecho, si me lo preguntan, en lo personal el catálogo de delitos aún se queda corto. Desde mi óptica deberían ser incluidos en este texto constitucional todos los delitos cometidos contra mujeres o menores de edad, todos aquellos en los que se incluya cualquier tipo de agresión sexual, violencia vicaria, entre otras, pero esa será otra historia. Muchas gracias. Y es cuanto, diputada presidenta.