La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, el dictamen que se somete a consideración de este pleno está directamente relacionado con lo que se ha llamado el nuevo sistema de justicia penal. Dicha reforma se justificó en la obsolescencia, ineficacia y corrupción del sistema inquisitivo de tipo mixto que existían, aduciendo que el mismo no garantizaba los derechos de las víctimas u ofendidos, ni de los inculpados. Además, que los procedimientos eran extremadamente largos y poco transparentes. A casi ocho años de iniciarse la implementación del sistema acusatorio, habría que preguntarse actualmente con el nuevo sistema penal, ¿es efectiva la protección de los derechos de las víctimas u ofendidos o de los inculpados? ¿Los procedimientos son más transparentes que anteriormente? ¿Los recursos económicos destinados para la implementación del nuevo sistema se han ejercido en forma eficaz y eficiente de forma transparente? La respuesta es negativa, pues en la actualidad, sigue persistiendo la impunidad y corrupción en las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia. De acuerdo con el Inegi, las cuentas a víctimas muestran que la cifra negra en México, es decir, la diferencia entre los delitos cometidos y los denunciados es alta y va en aumento. A nivel nacional, en 2008 y 2009, la cifra negra fue de 85 por ciento, ascendió a 92 por ciento en el 2010 y en 2012 se reportó que sólo el 12.2 por ciento de los delitos fueron denunciados, y sólo un 64.7 por ciento dio origen a una averiguación previa. Es decir, que únicamente el 7.9 por ciento de los delitos inició una investigación. A nivel estatal, como lo señala el estudio denominado Seguridad y justicia penal en los estados: 25 indicadores de nuestra debilidad institucional. Hay también un sinnúmero de delitos que no son denunciados, en diversas ocasiones las víctimas prefieren cargar con su agravio antes que exponerse a ser doblemente victimizadas por las autoridades, además de que tienen muy pocas probabilidades de ver sus casos resueltos en forma favorable. Lo anterior refleja problemas endémicos del sistema de procuración de justicia. En este sentido, las reformas propuestas no abonan a mejorar el sistema de justicia penal mexicano, por el contrario, algunas resultan regresivas, contraviniendo con ello principios constitucionales. Dos ejemplos: La reforma prevé la posibilidad de que un ciudadano extranjero renuncie a la asistencia consular, asimismo se aumenta las facultades discrecionales del procurador general de la República en materia de las personas que ingresen al Programa Federal de Protección a Personas. Debe decirse que las reformas no aumentan los mecanismos de transparencia en la administración de los recursos decomisados por la comisión de delitos, no obstante que desde el inicio de la adopción del sistema penal acusatorio el Estado ha realizado grandes inversiones para su instrumentación. En el caso específico de los años 2009 a 2016 la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal ha recibido más de 5 mil 200 millones de pesos, teniendo un subejercicio de acuerdo con datos disponibles de la Cuenta Pública de 2009 a 2014 de casi 260 millones de pesos. Por ello, se señala que las deficiencias técnicas del nuevo sistema penal se acentuarán en algunas de las reformas que hoy se van a aprobar a través del dictamen que se presenta. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará en abstención. Es cuanto, diputado presidente.