EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso señor Presidente, Honorable Asamblea. Vengo a solicitarles la fuerza de su voto para aprobar este Dictamen. Como lo han expuesto aquí mis compañeros, mi compañero Gustavo Buen rostro y Francisco Cárdenas, solamente brevemente me voy a referir a algunos aspectos generales sobre la Ley de Justicia Fiscal; la primera del 27 de Agosto de 1936 representó el primer paso para crear en México Tribunales Administrativos dotados de autonomía. En 39 se expidió el Código Fiscal de la Federación; en 66 se publicó la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y una nueva Ley Orgánica el 2 de Febrero de 1978 la cual fue abrogada por la Ley vigente. Por su origen, el Tribunal Fiscal de la Federación se erigió como un Tribunal de Justicia Tributaria. En Diciembre de 29 pasado esta Soberanía reformó la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal. Entre los preceptos reformados destaca efectivamente el Artículo 11 cuya Fracción XIII que hoy les pedimos votar, señalaba que el Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que se promueven contra las Resoluciones definitivas que se indican a continuación: Fracción XIII las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se reformó la denominación de Tribunal Fiscal de la Federación por la de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La Reforma de Diciembre de 2000 a la Ley Orgánica del Tribunal concreta mente a su Artículo 11 Fracción XIII contrarió los principios rectores de justicia pronta y completa consagrados en el Artículo 17 Constitucional, desnaturalizó el Sistema de Justicia Federal, pretendió erigir un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo incompleto y afectó el funciona miento de los órganos jurisdiccionales federales. Se desnaturalizó el Sistema de Justicia Federal en virtud de que en términos del Artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a los Jueces de Distrito conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. Esto es, originalmente la competencia para conocer de los actos de las autoridades administrativas, se fincó en los Juzgados de Distrito ya sea en jurisdicción ordinaria federal o bien, a través del juicio de amparo y era esos Tribunales a quienes correspondía decidir sobre la legalidad de estos actos. Se desarticuló el Sistema de Justicia Administrativa pues se está dividiendo a los Tribunales de Organización esencialmente distinta; por un lado conocerán de las controversias mediante el Juicio de Amparo, los órganos del Poder Judicial Federal y por otro, aquellos que se ubican en la esfera del Poder Ejecutivo. Esto produjo confusión en los Justiciales, dejó de advertirse que la ampliación de la competencia del Tribunal ocasiona retrasos en la impartición de justicia pues ahora los Justiciales solo pueden acudir a aquellos lugares donde decida Sala Regional las que hasta la fecha no se encuentran en su totalidad en las entidades federativas, mientras los Juzgados de Distrito efectivamente están en todas las entidades del país. Se provoca que la justicia se centralice en virtud de que en contra de las determinaciones de las Salas procede el Juicio de Amparo directo del que deberán conocer s61o los Tribunales Colegiados que tengan su residencia en la sede de aquellas. La reforma que amplió la competencia y modifico la denominación del Tribunal Fiscal de la Federación, resultó inapropiada pues no observó que el Tribunal Fiscal y sus Salas Regionales con la competencia que tenían asignada contaban con una excesiva carga de trabajo; también que las Resoluciones definitivas del Tribunal y de sus Salas son combatibles únicamente a través del Juicio de Amparo directo y del recurso de Revisión Fiscal ante los Tribunales Colegiados del Circuito que son órganos jurisdiccionales de la Federación que en la actualidad afrontan por cierto enormes cargas de trabajo. Tampoco observaron que el Tribunal Fiscal no cuenta con salas regionales en todo el territorio nacional, lo que obliga a las partes a desplazarse hasta los lugares en donde éstas se encuentran, mientras que en el Pode Judicial de la Federación se cuenta con juzgados de Distrito, como les decía, en todo el país. El Tribunal Fiscal de la Federación no cuenta con los recursos materia les necesarios para crear las salas regionales que se requieren a fin de conocer de los asuntos de su nueva competencia, mientras que el Poder Judicial tiene una mejor infraestructura para la atención de estos asuntos, aunque esta aún es insuficiente pues según lo manifestado por el mismo Poder Judicial Federal, habiéndose previsto instalar en el 2001 sesenta órganos jurisdiccionales, el recorte presupuestal de esta soberanía sólo permitirá instalar aproximadamente treinta nuevos órganos. La reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del 31 de diciembre del 2000, al haber introducido apresuradamente, ha resultado básicamente incongruente, incompleta y con fusa, situación que ha provocado no solamente inseguridad jurídica para los gobernados sino una sobrecarga de trabajo para los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa. Por tanto, al ser inapropiada la reforma, lo conveniente es derogarla tal como se propone en la iniciativa del Ejecutivo como en el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara, que preside el maestro José Elías Romero Apis. Les agradeceré su voto a favor. Muchas gracias.