El diputado Joaquín Conrado De los Santos Molina: Por mi conducto, el Partido de la Revolución Democrática manda un saludo a todas las mujeres de México y del mundo, para que esta lucha por sus derechos sea una realidad y no mera retórica de la sociedad. Con su venía señora Presidenta. Hablar de salud es un tema neurálgico en el desarrollo de las familias y la sociedad en general, ya que gozar de una buena salud no sólo constituye el derecho sino que también entraña una obligación. Para ello es indispensable fomentar los hábitos de aseo e higiene que deben formar los padres en sus hijos, pero esto es sólo una parte del compromiso tan grande que entraña el cuidado de la salud, ya que en ella se sientan las bases para el desarrollo de la sociedad. Ésta es definida en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia o dolencia o enfermedad; definición que ha sido enriquecida con las declaraciones y planes de acción de las conferencias mundiales de Naciones Unidas, tales como el Plan de Acción de El Cairo y la Plataforma de Acción de Beijing, así como los esfuerzos realizados por la Organización Internacional del Trabajo y otras agencias especializadas como el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Es de subrayarse que a veces las condiciones de salud de una persona varían según el grado de libertad en que viva o de la vivienda en que habita, así como también del acceso a la alimentación adecuada, al vestido y al trabajo. Por lo tanto, es necesario recalcar que la salud es un derecho consagrado en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, como ya lo hemos hecho notar. Por tal consecuencia es considerado entre los derechos humanos fundamentales; tal derecho se consagra en el párrafo tercero del artículo 4o. del Código de 1917, teniendo el carácter de garantía individual. Por tanto, es obligación del Estado proporcionar salud a la población, mejorar la calidad de servicios, prevenir enfermedades, dar asistencia social a menores abandonados, ancianos desamparados y minusválidos, modificar hábitos dañinos de la población; en suma, bienestar para la familia. En México todo parece indicar que la salud más que un derecho fundamental es un acto de comercio al que se tiene acceso únicamente si se cuenta con los recursos económicos suficientes para sufragarla; es decir, el derecho a la salud se encuentra condicionado a las posibilidades económicas de los mexicanos, son los mayores o menores ingresos los que determinan la adecuada y oportuna atención a nuestros abuelos, padres e hijos. El dilema en México es ¿cómo cristalizar el derecho a la salud y el acceso a los servicios de ésta en beneficio de todos los mexicanos y mexicanas, sin discriminación alguna? ¿Cómo exigirle al Estado mexicano que cumpla con los derechos humanos fundamentales, establecidos en el artículo 4o. de la Norma Suprema, cuando a nuestros abuelos, padres e hijos se les niegue el acceso a los servicios de salud? El objeto de la presente iniciativa es dar respuesta a tales cuestionamientos. La Ley Fundamental en su artículo 4o., párrafo tercero, a la letra establece: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". El ejercicio de este derecho puede ser satisfecho por instituciones públicas o privadas, llámese IMSS, ISSSTE, hospitales del sector salud, sin desconocer los de Pemex y Sedena y otros, en las entidades federativas y Distrito Federal. Si bien es cierto que cuentan con una infraestructura, ésta no satisface a cabalidad las necesidades de los distintos grupos sociales. Además, hay que agregar que la asistencia médica que proporcionan no es gratuita y sólo atienden en algunos casos las necesidades de quienes se acreditan como derechohabientes. En reiteradas ocasiones los medios de comunicación han dado cuenta que algunas mujeres embarazadas no fueron aceptadas por ninguna institución de salud, por no estar incorporadas como derechohabientes al IMSS o al ISSSTE, entre otras instancias del sector, teniendo que dar a luz en la calle o en el mejor de los casos, en algún taxi. También es necesario hablar de las personas que se encuentran en una situación apremiante, que de no ser atendidas a tiempo y en forma adecuada, corren el grave riesgo de perder la vida. Entre otros, uno de los grupos sociales más agraviados a este respecto en el derecho a la salud, resultan los indígenas, a quienes se les discrimina por parte de las autoridades del sector salud y se han dado casos que muchos de ellos mueren por enfermedades que son curables y resulta indignante que en pleno siglo XXI, se presenten casos en el que un simple resfriado tenga desenlaces funestos entre la población de menos recursos. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un quinto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar así: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución, así como los instrumentos internacionales en la materia. Las instituciones públicas y privadas del sector salud, en tratándose de desastres naturales, pandemias, accidentes en donde exista peligro inminente de perder la vida y en los casos de alumbramientos urgentes, proporcionarán a todas las personas la atención que se requiera sin costo alguno". Toda vez que la presente iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito, señora Presidenta, que el texto se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto.