La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su permiso, señor presidente. Señoras legisladoras, señores legisladores, las diferencias sociales entre mujeres y hombres durante mucho tiempo fueron consideradas como una división natural y, por tanto, como una cuestión no sujeta a discusión, diferencias que marcaban costumbres inmodificables, en donde las mujeres son las que paren, amamantan y cuidan, mientras que los hombres son los que engendran y proveen de recursos, lo que tristemente definió una radical diferencia social, económica y política que justificó por siglos las desigualdades de estatus, participación, goce de derechos y acceso de recursos entre hombres y mujeres. Dicha situación prevaleció hasta finales del siglo XVIII, momento en que diversos grupos de hombres, y principalmente mujeres, comenzaron a cuestionar la división social basada en las diferencias biológicas que sin duda representaban una injusticia, por lo que concluyeron que era necesario modificar la posición de la mujer de tal forma que no limitara su desarrollo ni se coartaran sus derechos humanos. Así, en 1946, la Organización de Naciones Unidas creó la Comisión e la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la cual comenzó a preparar en 1974 una Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, misma que fue aprobada cinco años después, el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea General de la ONU y que hasta ahora sigue siendo un documento clave para la lucha contra la discriminación hacia las mujeres en todo el mundo. Hoy en días las mujeres participan directamente en muchas de las actividades sociales, económicas y educativas que se realizan en todo el mundo, sin embargo en ocasiones es la misma sociedad la que les sigue limitando el acceso a los recursos, al poder y a la toma de decisiones, incidiendo en la primitiva justificación que dicha limitación se encuentra definida por la naturaleza. Esto no se limita al campo de acción y desarrollo de la vida diaria de mujeres y hombres, uno de los principales medios de discriminación actual es el uso del lenguaje sexista y discriminatorio contra las mujeres, principalmente en los medios de comunicación. El lenguaje, como herramienta de comunicación y parte de la cultura, juega un papel importante en la reproducción de estereotipos que fomentan el sexismo y la desigualdad de género, como bien señala la iniciativa que hoy se somete a votación. El lenguaje sexista ha propiciado las restricciones históricas de la participación de las mujeres, de ahí la importancia de evidenciarlo y erradicarlo. Por ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la introducción a las recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje, señaló que el lenguaje por su estrecha relación dialéctica con el pensamiento puede cambiar gracias a la acción educativa y cultural e influir positivamente en el comportamiento humano y en nuestra percepción de la realidad. Propuestas como la que nos encontramos discutiendo buscan promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la administración pública, así como los medios de comunicación electrónicos e impresos, eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente para así contribuir a la equidad de género por medio de estrategias que permitan incidir en un cambio real en las estructuras de la sociedad. Por lo antes expuesto, y considerando que el presente es un tema toral para el desarrollo de nuestra sociedad, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la presente iniciativa, que adiciona la fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Es cuanto, presidente y a su consideración, señoras y señores legisladores.