EL C. DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Ciudadanos de nuestro país. El cambio en México ya nadie lo para. La reversa también es cambio. El conflicto suscitado por Canal 40 y TV Azteca ha dado la voz de alerta sobre la manera en que los concesionarios de las señales de radio y televisión han estado violando la ley, aprovechando por un lado que ésta data desde la década de los 60s, pero más que nada por la forma como regímenes anteriores usaban su otorgamiento con carácter político. Así, el sistema de concesiones se fue viciando y ante la apatía del gobierno otorgante y los usuarios de las señales que veían que esa ley no se aplicaba nunca y que incluso se contaba con el beneplácito de la complicidad de los funcionarios gubernamentales, provocando con estas acciones que ambos: gobierno y empresarios, se asociaran para moldear la ley a su antojo y conveniencia. Así fueron construyéndose los grandes grupos que monopolizaron los medios de comunicación, obteniendo concesiones por favores diversos, organizando operaciones prohibidas claramente en la ley; con el creciente poder que como medios de comunicación les daba. Rentando a terceros o comprando sus derechos, hoy en nuestro país las concesiones de ese tipo se encuentran en un estado de completa anarquía y se ignora por completo cuál es el sistema que utilizan los que aspiran a usufructuar una estación de radio o televisión. Aunque la ley en materia establece los mecanismos para obtener una concesión, también establece cómo será el manejo de las mismas y las condiciones para operarlas que es la base fundamental donde sistemáticamente se ha venido quebrantando la Ley de Radio y Televisión no sólo por obsoleta sino también por su nula aplicación. Como todos sabemos, las señales de radio y televisión son propiedad de todos los mexicanos y todos tenemos el derecho de explotarlas, por ello la importancia de transparentar lo que a lo largo de los años se ha venido realizando en esta materia y cómo los gobiernos anteriores del actual han llevado a efecto el sistema de concesiones. Ante el conflicto de las televisoras, las demandas que los legisladores hemos recibido de diferentes sectores de la población, nos lleva a varias conclusiones: La primera, sobre la necesidad de revisar urgentemente el sistema de otorgamiento de las concesiones para reformar la actual Ley de Radio y Televisión con todos los estudios realizados hasta ahora y que datan de dos legislaturas anteriores. Es necesario impulsar la creación de estaciones culturales y educativas, así como la radio comunitaria e indígena. El conflicto entre las televisoras no es un asunto aislado para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y para amplios sectores de la población, está claro que el Gobierno Federal intentó beneficiar a TV Azteca y esto no es más que el pago por las campañas emprendidas por esta empresa en torno a la señora Martha Sahagún y su fundación, de incluirla en las campañas de donación de bicicletas entre otras- así como sus campañas en contra del Gobierno del Distrito Federal buscando promover al partido del Presidente Fox. Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a su consideración el siguiente punto de acuerdo: UNICO:- Que esta Comisión Permanente, solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Gobernación, toda la información correspondiente sobre los titulares de las concesiones de radio y televisión. Asimismo sobre de quiénes las están usufructuando, incluyendo: fechas de otorgamiento y siglas de las transmisoras Dicha información deberá ser remitida a las Comisiones de Radio y Televisión y Cinematografía, así como la de Comunicaciones. Asímismo que esta Comisión Permanente cite a comparecer a los titulares de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes para que informen, de manera amplía, sobre la actuación del Gobierno Federal en torno al conflicto antes citado. Palacio Legislativo de San Lázaro 12 de febrero del 2003. Firma diputado Víctor Antonio García Dávila, Ramón León Morales, senador Raymundo Cárdenas. Por su atención, muchas gracias. -