El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de Presidencia y de todos ustedes, es de conocimiento de la opinión pública que el operativo Rápido y furioso toma mayor relevancia en Estados Unidos de América puesto que no solo ha sido tema en el debate de los candidatos a la Presidencia de dicho país, sino también es tema para el Congreso de los mismos Estados Unidos de América, en donde los congresistas Charles Grassley y Darrell Issa promueven una extensa investigación congresional sobre el fracaso de la operación y determinar la responsabilidad de funcionarios del gobierno estadounidense. Abordar el tema de Rápido y furioso en esta tribuna obedece principalmente a la obligación del Estado mexicano para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La omisión en la responsabilidad administrativa y política es base para la impunidad y condición para mantener relaciones de corrupción y complicidad. La reforma constitucional en materia de derecho humanos publicada en el Diario Oficial en el año de 2011, en particular el artículo 1 de la Constitución en su párrafo tercero dice: toda autoridad en el ámbito de su competencia tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia subrayo, señoras y señores legisladores, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Obligaciones constitucionales a las que ha sido omiso el titular del Poder Ejecutivo Felipe Calderón, persona insensible a la que una de las madres de las jóvenes víctimas de la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, increpó públicamente su omisión y falta de responsabilidad ante la fallida guerra contra el narcotráfico. El reclamo directo de las víctimas colaterales de su guerra del señor Felipe Calderón no es suficiente para implementar políticas eficientes de las dependencias a su cargo. En una estrategia en la que se involucra directamente a su gobierno al anunciarse públicamente que el gobierno federal conocía de la fallida operación, resulta increíble que investigaciones que realizan medios de comunicación como Univisión aporten más datos sobre todos estos asuntos. Esto está publicado en diversos medios en inglés y en español en México y en Estados Unidos y se destaca la identificación de armas usadas en las masacres de Ciudad Juárez con 57 armas relacionadas con esta lista y, una lista del gobierno mexicano, de 60 mil armas recuperadas en diferentes escenas del crimen entre 2009 y 2010. Identificación de armas que aportan para determinar la responsabilidad del gobierno americano en la violación de los derechos humanos de las víctimas identificadas en los actos criminales en las que éstas fueran utilizadas, por lo que es pertinente preguntar ¿qué políticas ha implementado el gobierno de Felipe Calderón para atender a las víctimas y familiares identificadas por las masacres vinculadas con armas del Operativo Rápido y Furioso? ¿Qué ruta legal implementa para determinar la responsabilidad civil uy política del gobierno norteamericano en la reparación del daño de las víctimas directas y colaterales de las armas introducidas ilegalmente a nuestro país? La omisión del gobierno de Felipe Calderón no sólo atiende a su ineficacia en la investigación de la responsabilidad de las autoridades mexicanas y norteamericanas en el Operativo Rápido y Furioso. En el caso concreto se puede convertir en cómplice por ocultar información y no cumplir con la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Culmino. Esperamos que la difusión que se realice en los medios de comunicación, de información, relacionadas con el rastreo e identificación de armas del operativo Rápido y furioso con las víctimas y sus familiares, impulse acciones del titular del Ejecutivo federal y sus dependencias para que...