EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de gobernación. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción V bis al artículo 5 y un artículo 7 bis al capítulo primero del título segundo de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en la Gaceta Parlamentaria. Este, por lo tanto, queda de primera lectura. El siguiente punto del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Jaime Parada Avila para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Alemania y de Elizabeth Velazco y López, Sandra Luz González Reyes, David Navarrete Martínez y Mónica del Carmen Vázquez Fernández para prestar servicios en la Embajada de Alemania en México. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de primera lectura. Las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología han entregado a esta presidencia el dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX bis del artículo 3º., adiciona un título 5º. bis y su capítulo único denominado El genoma humano, y el artículo 241 bis de la Ley General de Salud. En virtud de que el mencionado dictamen se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados y diputadas, queda de primera lectura. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de Ley General de Desarrollo Social. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. -SECRETARIA, DIP. MA. DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Muchas gracias. ¿Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa? (Votación) Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. -PRESIDENTE, DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Se le dispensa la lectura. En consecuencia y en términos del artículo 108 del Reglamento, por la Comisión y para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra la diputada María Beatriz Zavala Peniche, hasta por diez minutos. -DIP. MARIA BEATRIZ ZAVALA PENICHE (PAN): Señoras y señores diputados, propongo a esta Cámara de Diputados la aprobación del dictamen de la Ley General de Desarrollo Social, que dotará a los mexicanos de un instrumento legal cuya trascendencia es tal que permite la aplicación de los derechos sociales consignados en la Constitución de 1917. En la historia del siglo XX mexicano, los dos modelos económicos que predominaron fueron generadores de pobreza, tanto el de economía capitalista de Estado como el modelo neoliberal que le siguió. La insuficiente capacidad de ambos modelos económicos para garantizar el desarrollo social, se agravó con la crisis de las finanzas públicas. Cuando la inconformidad con el empobrecimiento se tradujo en movilización, la búsqueda del bienestar anteriormente confiada a los resultados de la política económica, comenzó a ser considerada como política social y el gobierno federal emprendió una estrategia de desarrollo social. El Ejecutivo Federal reconoció a la pobreza como un fenómeno que debía ser combatido desde una estrategia explícita de desarrollo social. Se inició la operación de programas compensatorios a la pobreza, como el PRONASOL, que dio origen a la SEDESOL, el PROGRESA y posteriormente OPORTUNIDADES. Rasgos distintivos de cada programa son que con el PRONASOL los destinos se destinaban a partir de comités de solidaridad y se daba prioridad a la infraestructura urbana. Con PROGRESA se emprendió la focalización. Y con OPORTUNIDADES se ha perfeccionado la distribución a través del padrón único de beneficiarios. Se ha afinado el destino micro regional y sobre todo se ha diseñado un esquema operativo que integra las acciones de educación, salud y alimentación, para la entrega de recursos del gasto social directamente a los beneficiarios. Conforme la sociedad mexicana avanzó en la democratización del Estado y decidió la alternancia política, demandó la definición de una política social para enfrentar las problemáticas del México profundo: la pobreza, la desigualdad, los obstáculos estructurales del desarrollo social. Se propuso avanzar hacia el desarrollo humano de manera ininterrumpida, más allá de los gobiernos, de las diferencias ideológicas y programáticas de los partidos, pero con un claro sentido democrático. La definición de una política social de Estado nos exigió el diseño de una legislación de grandes miras, tan amplia como aquella con la que se enfrentó en otros tiempos la problemática del acceso a la tenencia de la tierra, de la propiedad de los recursos naturales del subsuelo, de las relaciones capital-trabajo, de la democracia como instrumento para garantizar la convivencia plural de los mexicanos. El Congreso de la Unión está proponiendo una legislación para definir una política de Estado que cuente con definiciones precisas de medición, ubicación geográfica, criterios e indicadores que determinen la naturaleza, dimensiones y distribución de la pobreza, de precisión de facultades para cada nivel de gobierno, de descentralización, de fortalecimiento del proceso de evaluación, de promoción de la participación ciudadana. Los legisladores consideramos que en la etapa política por la que atraviesa el país, caracterizada por la renovación de las formas de participación política, es nuestro deber ofrecer una nueva institucionalidad para el desarrollo social. En esta perspectiva, asumimos el reto de crear una nueva institucionalidad para dar sustento a la política social de Estado, una nueva institucionalidad de la política social de Estado que contribuya a la paz social, que fortalezca la credibilidad de las instituciones, que impulse el cambio para enfrentar las condiciones de atraso e insatisfacción de millones de mexicanos, que promueva la participación de la sociedad en las tareas del desarrollo social, que garantice la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, que convenza por la estricta legalidad de todos sus actos, desde su gestación hasta la evaluación. La nueva institucionalidad busca el apego a la legalidad para convocar la confianza ciudadana en los órganos de gobierno y el respeto a las leyes. Una nueva institucionalidad para el desarrollo social es parte imprescindible de la reforma del poder, de las reformas estructurales que abrirán un nuevo cauce a la energía social de los mexicanos. De ahí que las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión coincidimos en presentar a esta soberanía el dictamen de la Ley General de Desarrollo Social. Además el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se integró en este consenso sin menoscabo de la autonomía de esta soberanía, dándole seguimiento al trabajo de las comisiones legislativas. La Ley define los objetivos de la política nacional de desarrollo social, regula las obligaciones de los tres niveles de gobierno, establece las instituciones responsables de la materia, se consigna en los lineamientos y criterios del financiamiento de la política social de Estado, de tal manera que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social, se consideren prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de evaluación y estarán eximidos de sufrir disminuciones en sus montos. Se definen las zonas de atención prioritaria, se legisla para impulsar el desarrollo productivo del sector social, se constituye el Sistema Nacional para el Desarrollo Social con el fin de normar la concurrencia de los diferentes niveles de gobierno, se conforma la Comisión Nacional de Desarrollo Social para consolidar el federalismo, se institucionaliza la participación social en la vigilancia y seguimiento de la política de desarrollo social, se crea el Consejo Consultivo para Convocar a la Participación Ciudadana. Señoras y señores diputados: En 1943 desde esta Honorable Tribuna el diputado Manuel Gómez Morín, afirmó que estaba pendiente una gran obra de reforma social. "Como no ha de estarlo, nos dijo, si todos los días tropezamos con la miseria en todos los rumbos de México". Esta Ley abre el cauce para esa reforma social. El dictamen de la Ley General de Desarrollo Social, sintetiza la mayor confluencia de acercamiento posible de acuerdos entre las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión para dotar al Estado Mexicano de una política social. La aprobación del dictamen de la Ley General de Desarrollo Social por consenso de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, introduce en el clima político actual, la voluntad de los partidos de confluir para construir una política de Estado. El voto consensado por el dictamen de la Ley General de Desarrollo Social, fortalece la facultad del Congreso de la Unión para definir una legalidad que imprima sentido, rumbo y objetivos a los instrumentos del gasto social programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El dictamen de la Ley General de Desarrollo Social que presentamos a ustedes, es producto de circunstancias políticas inéditas, construidas por la búsqueda del consenso, de ceder en las concepciones particulares para diseñar una nueva legislación que privilegie lo que nos es común, por la decisión de conjuntar en un solo haz una política social de Estado para el desarrollo social y el combate a la pobreza, por la voluntad de demostrar a la nación que el Congreso de la Unión asume, como Poder de Estado, su responsabilidad histórica en las grandes causas nacionales. Muchas gracias por su atención. -