El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: La propuesta que someto a consideración de esta soberanía adiciona precisamente el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, con el objeto de explicitar la obligación a cargo del ministro instructor, tanto de los procedimientos de controversia constitucional como de las acciones de inconstitucionalidad y de revisar con detenimiento y de manera oficiosa la demanda para identificar a los sujetos que deben ser señalados como terceros interesados. Tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad son mecanismos de control constitucional de los cuales compete conocer de forma exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las diferencia sustancial de que mientras a través de las controversias constitucionales se revisa si un acto emitido por un poder u autoridad ha invadido las funciones de otro poder o nivel de gobierno, en las acciones de inconstitucionalidad se revisa la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía. En ambos casos su finalidad primordial es fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución. Hasta antes de la reforma constitucional de 1994, diputadas y diputados, no era muy claro si el municipio podía ser parte de una controversia constitucional, incluso se llegó a afirmar que el municipio no estaba legitimado activamente pues no era un poder público. Imagínense nada más. Afortunadamente, la reforma de ese año al artículo 105 constitucional rompió con esa idea equivocada y reconoció expresamente la legitimación del municipio para poner en marcha esos mecanismos de control constitucional a fin de preservar sus atribuciones reivindicando su independencia y abonando a la idea de un federalismo democrático, efectivo y auténtico, a partir de entonces el municipio se ha transformado en el principal actor de esos procesos constitucionales. Sin embargo, existe un tema en el que el municipio sigue resintiendo los estragos del diseño institucional, específicamente cuando los actos que se reclaman no emanan de los gobiernos municipales pero sí les afectan, y pese a ello se omiten llamarlos como terceros interesados. Esto obedece a que el diseño de los procesos constitucionales referidos deja en mano del actor o demandante determinar quién debe ser llamado como tercero interesado. De tal forma que si a su juicio no existe un ente público que deba ser llamado como tercero interesado, basta con así indicarlo impidiendo con ello que sea convocado el procedimiento, ya que tampoco existe un deber a cargo del ministro instructor o ministra instructora para examinar oficiosamente el expediente y llamar como terceros interesados a quienes puedan verse afectados por la sentencia que se llegue a dictar, como sí existe en otros procesos constitucionales, por ejemplo el juicio de amparo. Lo anterior, ha motivado que durante los últimos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelgo un gran número de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad planteadas particularmente por la PGR en contra de actos o normas dictadas por los Congresos de los estados, específicamente en materia de ingresos municipales en los cuales se ha declarado su invalidez sin haber considerado como terceros interesados, es decir, como posibles afectados a los gobiernos de los municipios. Por consiguiente, y tomando en consideración que tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad son mecanismos de protección directa de la Constitución que buscan el equilibrio del Pacto Federal, se propone adicionar un párrafo al artículo 25 de la ley reglamentaria, con el objeto de establecer como obligación a cargo de la ministra o del ministro instructor el estudio oficioso del expediente para determinar la posible existencia de terceros interesados que deben ser emplazados al juicio, de modo que no queden indefensos. Agradezco el aporte del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas para esta iniciativa y por supuesto, diputadas y diputados, hago un exhorto desde esta tribuna a defender el federalismo con toda nuestra fuerza. Los estados, pero particularmente los municipios necesitan un reforzamiento institucional de parte de esta soberanía, y más que estamos a unas cuantas semanas de revisar precisamente la asignación de recursos públicos. Sería cuanto, señora diputada presidenta, muchísimas gracias. Ojalá puedan suscribir esta importante iniciativa a favor de los municipios de este país. Muchísimas gracias.