El diputado Norberto Enrique Corella Torres: "El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la normatividad vigente, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, con fundamento en la siguiente: "Exposición de Motivos "El sistema federal bajo el cual se organiza la República Mexicana, implica la coexistencia de distintos órdenes de gobierno, que regidos bajo una misma Constitución nacional, tienen un conjunto de atribuciones que deben ejercer de forma individual la mayoría de las veces, en algunas ocasiones de forma conjunta y en ciertos casos deben ejercerlas de manera compartida, a pesar de que el ámbito material de competencia sea el mismo. "En el caso concreto de la educación prestada por particulares, el artículo 3º constitucional establece en su fracción VI lo siguiente. Cito un fragmento de la citada fracción: ‘Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que realicen en planteles particulares’. Fin de la cita. "La anterior disposición representa el fundamento constitucional para prestación de servicios educativos de cualquier nivel por los particulares. Concretamente es la base para que existan las instituciones particulares de educación superior, las que concentran el 33 por ciento de la matrícula total de dicho nivel educativo. "A su vez, existen otras normas que establecen la concurrencia de la Federación y las entidades en materia de registros de validez oficial, como son la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y la Ley General de Educación. "El primer cuerpo normativo citado establece en su artículo 16, cito textualmente: "La autorización para impartir educación normal y el reconocimiento de validez oficial a otros estudios de tipo superior, se regirán por la Ley Federal de Educación, por la presente Ley y por los convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que para plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requeriría, según el caso, autorización y reconocimiento. "La autorización a que se refiere el párrafo anterior podrá ser otorgada por los Gobiernos de los estados sólo cuando los planteles funcionen en su territorio". Por su parte, la Ley General de Educación en su numeral 14 establece, entre otras atribuciones, que: "...pertenecen a las autoridades locales y federales otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares". Fin de una cita textual de la Ley General de Educación, artículo 14, fracción IV. Con base en lo anterior, tanto las autoridades Federales como las locales otorgan reconocimientos de validez oficial a instituciones particulares que tienen entonces la opción de registrar sus programas en cualquiera de los dos ámbitos: el federal o el estatal. Siguiendo la legislación citada, la Secretaría de Educación Pública ha emitido el Acuerdo 279, que establece tanto los requisitos como el procedimiento y formatos a cubrir para registrar un programa académico en una institución de educación superior particular. De igual manera, cada entidad federativa plantea dentro de su legislación local, el procedimiento y requisitos a cumplir para otorgar un registro de validez oficial local. En particular se aprovecha la estructura de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior; COEPES, para la revisión de las distintas propuestas educativas. Sin embargo, la situación anterior provoca dos conflictos: Uno. Que no hay coincidencia entre los requisitos y el procedimiento federal y los locales. Si bien, en algunas entidades se utiliza como base el referido artículo 279, entre otras los requisitos son diversos, igual sucede con los procedimientos. Segundo. No en todas las entidades la COEPES funciona de forma armónica, en algunas se revisan con profundidad las propuestas educativas y en otras no. En consecuencia, lo que sucede es que la citada Ley no ofrece a las autoridades de las instituciones particulares la certeza sobre el procedimiento a seguir, ya que ésta es diferente para cada tipo de registro. Lo anterior tiene un impacto importante en la calidad educativa, pues según sea el caso, se puede regir el procedimiento lo más laxo, ya sea local o federal, con la consiguiente disparidad en la calidad educativa. Por lo tanto, es conveniente y necesario llevar a cabo la revisión acerca de la pertinencia de la disposición legal actual, esto es, que los dos ámbitos de Gobierno compartan la atribución de otorgar registros de validez oficial de estudios. Es probable que el diseño actual obedezca a que en una forma útil de permitir que los sistemas educativos estatales cuenten con herramientas para que los planes de estudio, en el ámbito de la educación superior, se adapten a su realidad social. En todo caso, se propone que mediante convenios de colaboración entre autoridades se pueda definir un procedimiento y requisitos únicos, lo que redundará en una mayor claridad del camino a seguir para obtener el Registro de Validez Oficial, el famoso REVEO, unificando así lo que hasta ahora queda sujeto a 32 criterios distintos; uno por cada entidad federativa del país. Así se lograría dentro de un esquema de concertación, unificar y concordar los procedimientos y requisitos en beneficio de una educación de calidad en todo el ámbito nacional. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 14 de la Ley General de Educación: Artículo único. Se reforma la fracción IV del artículo 14 de la Ley General de Educación para que quede de la siguiente forma: Fracción IV: "Otorgar, negar y retirar el Reconocimiento de Validez Oficial a estudios distintos de los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, que impartan los particulares". Y se agregaría lo siguiente: "Las autoridades educativas federales y locales, deberán establecer mediante convenios de colaboración, la uniformidad entre los procedimientos y requisitos para el otorgamiento, negación o retiro al reconocimiento de validez oficial". Señor Presidente, dado que esta iniciativa ya fue publicada de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria, le agradeceré se sirva ordenar sea insertada tal cual apareció en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario de los Debates y no de la forma sintetizada por economía parlamentaria que he presentado. Muchas gracias.