La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias, presidenta. Buenas tardes compañeras y compañeros. El día de hoy esta Cámara de Diputados, y de diputadas, se erige en jurado de procedencia para asumir una de las más altas responsabilidades que nos confiere la Constitución. Hoy decidiremos si es procedente o no retirar el fuero constitucional a un gobernador. Más allá de juicios mediáticos y prejuicios sobre lo que se ha comentado de este caso, las y los invito a que escuchemos con atención los hechos que se denuncian, los elementos que se aportaron al procedimiento y las consideraciones jurídicas y políticas que sustentan el sentido de nuestro voto. En el Grupo Parlamentario del PRI hemos insistido hasta el cansancio, que nosotros actuamos en defensa de la ley y la Constitución. Aquí todos estamos de acuerdo, no se equivoquen, en que quien cometió un delito debe asumir las consecuencias de sus actos, conforme lo establecen las normas penales. Es razón de Estado defender la Constitución, la legalidad y el Estado de derecho, esta es la base sobre la cual descansa el régimen de convivencia al que nos hemos sujetado. Es nuestra obligación, como legisladoras y legisladores, velar en todo momento por su cumplimiento. El párrafo quinto del artículo 111 constitucional otorga inmunidad procesal penal para que los gobernadores de las entidades federativas no puedan ser procesados por delitos federales. Este es un mecanismo de protección que garantiza la permanencia, estabilidad e independencia en el ejercicio de las funciones públicas. La razón de ser del fuero constitucional es precisamente proteger a la función pública, no a las personas. Es una garantía que permite que los servidores públicos no sean destituidos ni removidos de su cargo, sino por causas verdaderamente graves, que afectan el ejercicio óptimo de sus funciones. La declaración de procedencia implica realizar una valoración política por el pleno de esta Cámara. Cada legislador y legisladora debe decidir sobre la conveniencia y necesidad o no de separar de su cargo a un servidor público. Es decir, no estamos decidiendo aquí si hay o no un delito, si existe o no responsabilidad penal. Hago énfasis en que la decisión no impide que cuando un funcionario concluya su cargo, los procedimientos penales sigan su curso. La función pública de las y los gobernadores obtienen su legitimidad en virtud del mecanismo que les permite acceder a esa responsabilidad con el respaldo ciudadano. En el caso del gobernador de Tamaulipas, fue electo por las y los electores de esa entidad, con un 50.15 por ciento de la votación recibida, según los datos de la autoridad autónoma de esa entidad. Su cargo concluye el 30 de septiembre de 2022. Es decir, le resta un año y medio de gestión al frente de su estado. Los delitos por los que se le acusa, defraudación fiscal equiparada, prescriben en todo caso en 2029, 2049, respectivamente. Es decir, al menos cuatro años después de dejar su cargo. No hay justificación para la urgencia. Creo firmemente que no se genera ningún daño irreparable en los bienes jurídicos tutelados por los tipos penales, si el Ministerio Público de la Federación procede penalmente cuando cuente con mejores pruebas que las presentadas ante esta Cámara. En el Grupo Parlamentario del PRI, sin duda refrendamos nuestro compromiso, porque todos los servidores públicos rindamos cuentas por el ejercicio de nuestros encargos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero también es nuestra obligación velar por el respeto a las instituciones, al federalismo, a los principios democráticos, a la pluralidad política y, sobre todo, a la independencia en el ejercicio de las funciones estatales. Por ello, no dejaremos de señalar la falta de uniformidad de criterios, con la cual se condujo la Sección Instructora para sustanciar los procedimientos de procedencia. Es increíble que, de los cuatro asuntos que teníamos en la Sección, únicamente vamos a resolver el último de los recibidos, cuando tenemos otros en los que transcurrió más de un mes sin una sola actuación de la Sección Instructora. Esto solo demuestra una cosa, el claro interés de la mayoría en esta Cámara por utilizar este tipo de procedimientos con fines electorales, de golpeteo político y de sumisión de todas las instituciones del Estado. En nuestro Grupo Parlamentario jamás apoyaremos estas conductas. De ninguna manera votaremos a favor de que se utilicen las garantías institucionales de la Constitución, con intereses ajenos al bien común. En la fracción parlamentaria del PRI no nos pronunciaremos respecto a los hechos delictivos y la responsabilidad que se le adjudica a un gobernador. Esa es una facultad de la Fiscalía General de la República y que, en su momento, deberá determinar una autoridad jurisdiccional. Sin embargo, queremos dejar asentado para el Diario de los Debates, las inconsistencias evidentes que se presentaron en la sustanciación y resolución del procedimiento. Las hay desde violaciones al debido proceso, como la presunción de inocencia, por la publicación de las diligencias de la Sección Instructora, en el desahogo de las pruebas, en el no análisis de los alegatos y los tiempos necesarios para la reflexión. Con esta resolución se concluye procedente el desafuero de un gobernador, por la presunta acreditación de defraudación fiscal equiparada, al omitir declarar, según el dictamen, la venta de un departamento. ¿En verdad eso es lo que está buscando, desde la mayoría? ¿De verdad consideran que ese debe ser el rasero de medición de la Función Pública? Ni siquiera se distingue en el dictamen que los depósitos en una cuenta no equivalen a ingresos acumulables para efectos del ISR. En la misa resolución se reconoce que no se cuentan con elementos para presumir muchas de las conductas delictivas que se denunciaron. Pongámonos serios, señoras y señores, revisen con atención y, sobre todo, valoren el precedente que sentarán con esta resolución. No seamos partícipes del deterioro institucional, pugnemos por respetar la Constitución, el Estado de derecho y la ley, optemos por proteger a las instituciones a la democracia y a la función pública que todos desempeñamos. Busquemos alternativas objetivas que nos permitan garantizar...