La diputada Eunice Monzón García: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, nuestro país como integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional está obligado a implementar acciones efectivas en materia de prevención y combate de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, en virtud de los conocimientos adquiridos en materia de aseguramiento de bienes previstos en la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Lo anterior implica impulsar acciones para optimizar la identificación, la detección y el aseguramiento de los fondos relacionados con los delitos señalados e incorporar a nuestro marco jurídico un procedimiento que asegure de manera provisional el resguardo de aquellos bienes que puedan derivar de las operaciones de procedencia ilícita. Congelar cuentas y evitar que con los recursos guardados en ellas se sigan financiando actividades ilícitas, es una forma efectiva de combatir a los criminales y atrapar a quienes los protegen, garantizando siempre el respeto a los derechos de propiedad y al debido proceso. El contenido del dictamen que hoy está a nuestra consideración presenta el establecimiento de la garantía de audiencia de aquellas personas físicas y morales que están incluidas en la lista de personas bloqueadas, en el marco de la lucha que se está librando en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo comprendido en la Ley de Instituciones de Crédito y en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Por lo anterior, se fortalecen los principios de legalidad y seguridad jurídica que derivan de los artículos 14 y 16 constitucionales, respecto a las formalidades esenciales de los procedimientos judiciales para darle garantías a los señalados por la comisión de un delito. Por las adecuaciones hechas por la colegisladora, se brinda certeza legal y jurídica, en el sentido de que se resuelve el problema surgido tanto por la inclusión de la Unidad de Inteligencia Financiera como con la obligación de notificar por escrito, debido a que no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las notificaciones personales propuestas en función de que se trata de un área de inteligencia que no desarrolla funciones en campo. Por estas consideraciones se reconoce que el objetivo jurídico de la notificación se actualiza cuando las propias instituciones financieras que mantienen relación con la persona bloqueada, transmiten la resolución de la UIF, los fundamentos legales y reglamentarios correspondientes. Compañeras y compañeros diputados, estamos ciertos de que la inteligencia financiera es fundamental para combatir el crimen, los actos de corrupción y cualquier tema que atente en contra de la seguridad nacional, pero este combate a la corrupción no puede llevarse a cabo sin garantizar los derechos humanos y las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución. Esta iniciativa respeta a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia, que es fundamental en todo proceso jurídico. El espíritu de la reforma planteada privilegia la libertad de las y los mexicanos, brindando total seguridad de que la capacidad del Estado de prevenir, detectar y evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo se pueda aumentar sin contratiempos. Por lo anteriormente expuesto, la bancada del Partido Verde votará a favor del dictamen que está a nuestra consideración, porque así avanzamos en la consolidación de un México en donde las garantías fundamentales se respeten y en donde la corrupción, el crimen organizado y la impunidad no deben tener lugar. Es cuanto. Muchas gracias, diputada presidenta.