La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar posición acerca del dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios. En el dictamen se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la ley corriéndose en su orden el actual párrafo segundo para pasar a ser párrafo tercero y así sucesivamente. Se nos propone que la Secretaría de Educación Pública diseñará, implementará y ejecutará un modelo integral de inclusión educativa para los niños de jornaleros agrícolas migrantes. Esta reforma y este dictamen tienen por finalidad ajustarse a los instrumentos internacionales que ha celebrado México y también a nuestra Constitución, en específico al artículo 1o. que contemplan el derecho de toda persona, de todo niño o niña que se encuentre en territorio nacional, hijos de jornaleros agrícolas migrantes, documentados o indocumentados, al derecho a la educación en base al derecho de no discriminación. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincide con el contenido del dictamen, porque reconocemos la problemática de las familias de migrantes en territorio nacional, quienes tienen que trasladarse de una zona geográfica a otra dependiendo del tipo de siembra o cosecha que se da en los ciclos agrícolas, en donde los menores de edad, dada la movilidad de las familias, no pueden completar si es que van a la escuela- sus años escolares. Estamos de acuerdo con la propuesta que se contiene en el dictamen porque se tiende a beneficiar a niñas y a niños. Es común que cuando los padres mudan su domicilio, en escuelas no se admiten a los niños bajo el argumento de lo avanzado del ciclo escolar. Si eso ocurre en una misma entidad federativa, el problema se recrudece cuando se pasa de un estado de la República a otro. En el ideal de las políticas públicas, tratados internacionales, Constitución y las leyes mexicanas, está el propósito de que los menores de edad, niñas y niños, disfrutan de la edad biológica en la que se encuentran. Desafortunadamente las condiciones materiales en las que se sus familias se encuentran este ideal resulta difícil de cumplir, porque los menores de edad deben de trabajar para contribuir al exiguo ingreso familiar. Hoy que las normales rurales del país son víctimas de una campaña sistemática para desprestigiarlas, sería interesante que sus egresados pudieran ser incorporados a programas educativos enfocados directamente a niños migrantes que por lo general son indígenas y familias sumamente pobres. Conforme al dictamen que conocemos, en México existen 2.5 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales 700 mil son migrantes. Hay una gran movilidad en ese sector y por ello difícilmente, en caso de que lo hagan, pueden mantenerse en la escuela. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos también que hay que avanzar en el establecimiento de un sistema de becas económicas y alimenticias a estos niños para arraigarlos en el sistema de educación escolarizado formal. No obstante las críticas que podemos hacer al sistema educativo nacional, consideramos que el contenido del dictamen puede contribuir a beneficiar escolarmente a los hijos de los jornaleros agrícolas, en virtud de que la Secretaría de Educación Pública deberá diseñar el modelo de inclusión educativa de los menores. Estamos convencidos de que todo aquello que se haga en beneficio de las niñas y niños siempre será bienvenido y contará con nuestro apoyo. Por todas estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.