La diputada Karen Michel González Márquez: El día de hoy estoy aquí para invitarles, para proponerles cerrar un círculo que está incompleto, un cerco que, a través de la ley, se ha tratado de establecer contra una conducta que constituye un problema de salud y de seguridad en el trabajo. Y es una situación laboral inaceptable, y me refiero al acoso sexual, mismo que desafortunadamente, por la omisión de sanciones en el ámbito administrativo termina siendo un problema que invisibiliza a quien agrede y expone a quien lo padece y lo denuncia. Sin duda este es uno de esos casos donde, al no cerrar la pinza para castigar un delito en el lugar de su origen y solo confinarlo al aspecto penal, se da un efecto de minimizarlo y confinarlo y, con ello, se normaliza esa actitud que vale la pena reiterar, constituye un problema de salud y de seguridad en el trabajo. Por eso es que me presento ante ustedes con esta iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria muy en particular del Apartado B, del artículo 123 constitucional en materia de acoso sexual, y que tiene la finalidad de colaborar a su erradicación en el ámbito laboral tanto público como privado. A favor de quienes son víctimas de este tipo de agresión, la cual representa una humillación a su persona, una invasión a su privacidad y su dignidad y un peligro, en su mayoría, para su seguridad puntualmente para miles de mujeres que reciben este trato y que termina siendo germen o inicio de otras acciones fatales en un país con una tasa desbordada de feminicidios. Entonces, si hemos caminado, si hemos avanzando y acordado a través de nuestra historia contemporánea basados en lamentables hechos y con el consenso de la ley y de instituciones tanto nacionales como internacionales, que el acoso sexual es una manifestación de discriminación de género y una forma específica de violencia, necesitamos, insisto, cerrar el cerco y no dejarle salida, extender su consecuencia desde el mismo lugar donde se genera y brindar las facilidades para su investigación y la protección a quienes denuncian, para que este proceso sea seguro y sea ágil. Y la decisión es sencilla, solo hay que recordar, compañeras, las veces que han sido víctimas o han sabido o les han confiado sus amigas de una situación de chantaje, ofensiva, indigna o, incluso, de ultraje, en la intensidad que sea, en ambientes laborales o en ocasiones, compañeros, en que les ha tocado presenciar, intuir o saber de viva voz o por terceros de situaciones de intimidación, humillación, que incluso se vuelven anecdóticas y lejanas, siempre y cuando no hablemos de una mujer de su familia. Los números son alarmantes, las consecuencias sociales, económicas y emocionales son evidentes, pero recordemos también que detrás de cada uno de estos números, de estas historias, hay rostros, hay familias y aunque se han hecho algunos intentos por corregir la situación, son insuficientes, ya que a la fecha, en la Ley Federal del Trabajo burocrático, no hay disposiciones vigentes contra el acoso sexual que constituye y permítanme repetirlo hasta el cansancio un problema de salud y de seguridad en el trabajo, y repetirlo hasta el cansancio como se sigue repitiendo hasta el cansancio, hasta el hartazgo, hasta la indignación, como se sigue repitiendo en palabras y en hechos, como se sigue repitiendo en insinuaciones y en propuestas, como se sigue repitiendo en obstáculos o en humillaciones. Logremos juntos que el acoso sexual también sea sancionado de manera administrativa, independientemente de las sanciones penales locales, y que esto también se haga a través de procedimientos administrativos, ágiles, claros y precisos. Porque mientras haya una mujer con temor, con incertidumbre y que viva bajo el acoso en su trabajo, solo porque la ley no contempla un castigo expedito y ejemplar, no podemos llamarnos una legislatura a la altura de nuestra responsabilidad. Sé que juntas y juntos podemos combatir este tipo de violencia, primero para prevenirla, pero también para proteger y reconocer el derecho a la justicia que tienen las víctimas. Es cuanto, señora presidenta.