El diputado Javier Guerrero García: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros, yo vengo ha hablar de la transición en México, de los retos que tenemos en nuestro federalismo, de los retos que tenemos en materia de desarrollo regional. Si algo hemos aprendido como país en los últimos 10 años es que en los procesos de transición nada es definitivo y además, todo puede cambiar más rápidamente que en tiempos de estabilidad. Lo que en este caso cuenta es la voluntad para impulsar esos cambios. Esto es importante decirlo porque aun con lo imperfecto que pueda ser este dictamen, es sin duda un avance que nos permitirá revisar las cuestiones de fondo que aún se están ventilando con la importancia que tienen. Nuevas y mayores atribuciones fiscales para los estados, nuevas reglas para la operación de los fondos de los Ramos 28 y 33, y una mayor coordinación y transparencia en las responsabilidades del gasto público entre los tres órdenes de gobierno y entre los tres Poderes de la Unión. Desde 1981, año en que se constituyó el actual régimen de coordinación fiscal, que implicó que se redujeran sustancialmente las potestades tributarias a los estados, éstos han venido reclamando se les restituyan. Es un reclamo legítimo y natural, y eso lo tenemos claro. Para el PRI es fundamental fortalecer el pacto federal, y esto implica mejorar la hacienda pública estatal y municipal. Ésta es la premisa sobre la cual debemos ver este cambio a las disposiciones fiscales. Los priístas vamos a luchar por impulsar la consolidación de un verdadero sistema federalista. No se puede emprender el rediseño del federalismo fiscal en la visión de un conflicto irreconciliable de intereses contrapuestos, o el de delimitar al gobierno federal para fortalecer a estados y municipios, o viceversa. El punto es modificar el problema fundamental que es la desigualdad regional. Para atenuar la desigualdad regional del país se requiere que el federalismo sea visto como un esquema de suma positiva en que todos ganan por pertenecer a la misma federación y en el que un gobierno federal debe ser lo suficientemente fuerte como para aportar bienes públicos que beneficien a todos los miembros de la federación, incluyendo políticas redistributivas a favor de las regiones más pobres. Pero las regiones con mayores condiciones de desarrollo deben, al mismo tiempo, tener la suficiente autoridad fiscal para extraer y conservar en su localidad los recursos financieros que requieren para su propio desarrollo. Tres elementos centrales requieren cambios para que el federalismo fiscal mexicano funcione efectivamente: primero, los sistemas de recaudación en los tres órdenes de gobierno, que son los que determinan cuántos recursos financieros están disponibles para el quehacer gubernamental. Segundo, los sistemas de transferencias fiscales entre la federación y los estados, que asignan recursos financieros entre los miembros del pacto federal. Y tercero, los sistemas de endeudamiento público en los tres órdenes, que determinan la distribución de las cargas fiscales para el financiamiento de los proyectos de inversión a lo largo del tiempo y entre los lugares. En el PRI creemos que es indispensable mejorar la tributación en el país e incrementar los ingresos del erario público. Pensamos que es indispensable para el país tener una carga tributaria más alta, pero también vincular esos mayores recursos con su utilización; es decir, con el gasto y las prioridades de infraestructura en el país, de la distribución del ingreso y de una consolidación del federalismo. El argumento va más allá de la competitividad, de la productividad, del estímulo a las empresas. Debe tocar la equidad en la distribución del ingreso y de la riqueza y de cómo los mexicanos en general nos beneficiaríamos con esta reforma en cada rincón del país. Nosotros estamos apoyando esta reforma, mejorada con las contribuciones de mi partido y de otras bancadas, porque queremos ver crecer la inversión y no el gasto corriente. Además, insistimos en que queremos un federalismo real. Este dictamen que hemos aprobado en comisiones plantea ir avanzando hacia esos objetivos. Son pasos reales para consolidar un nuevo tipo de relación fiscal tributaria entre los tres órdenes de gobierno. Lo que fundamenta el espíritu de este dictamen es el hecho de que ninguna entidad pierde ingresos, ya que se garantiza mantener los fondos y las participaciones sobre la base de 2007. Asegurado esto y definido el cambio en la normatividad fiscal, los fondos funcionan a partir de los excedentes que se den con relación a este año. Si inercialmente las participaciones suben, de todas maneras, con la reforma fiscal, esto sube aún más, garantizando que ningún estado reciba menos que este año, en términos nominales y reales. Esta reforma, vista de manera integral, incrementa la recaudación federal participable en cerca de 14 por ciento o 15 por ciento. Bienvenido el debate. Bienvenida la discusión. Hagamos propuestas, actuemos con responsabilidad política. Hagámoslo por el bien del país y por el bien de las entidades de la república.