EL DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Gracias Presidenta. Con base en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por facultad conferida por las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vengo a fundamentar a nombre de dichas Comisiones, el dictamen que presenta, motivan y avalan las Comisiones en cuestión y el cual expide la Ley de Responsabilidad Civil, por el daño y deterioro ambiental y deroga el artículo 203 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente. Estas comisiones consideran que en la actualidad el sistema jurídico mexicano, no cuenta con los medios jurídicos convenientes para garantizar efectivamente el derecho de todos los mexicanos a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, previsto en el artículo 4º de la Constitución, párrafo quinto. Tanto el procedimiento administrativo como el procedimiento penal han resultado insuficientes para preservar el medio ambiente en nuestro país, en donde la contaminación ha producido terribles pérdidas en la biodiversidad, estragos en nuestra salud y en términos generales en nuestro patrimonio como nación. Por lo que es preciso adoptar medidas a las que se dé mayor participación a la sociedad. Consideramos la defensa y salvaguarda del medio ambiente como un tópico prioritario a tratar de manera inmediata, no sólo a través de las facultades y acciones del gobierno, sino que resulta conveniente e indispensable otorgar a los ciudadanos la posibilidad de coadyuvar en la vigilancia y protección de nuestros recursos a través de la responsabilidad civil, para lo cual resulta indispensable la legitimación activa que recaerá en los habitantes de la localidad afectada tratándose de casos de contaminación a bienes particulares, del dominio público o al medio ambiente. Se ha venido responsabilizando a la Administración Pública de los problemas ambientales e imponiéndole también a ella la obligación de su corrección, sin embargo las sanciones económicas resultado de un procedimiento administrativo son sanciones muy bajas, comparadas con el beneficio económico que puede obtenerse por las actividades productivas nocivas para el ecosistema y con las grandes pérdidas que representa el deterioro ambiental de nuestros recursos naturales y la habilitación de zonas contaminadas y/o dañadas. Por otro lado, no resulta ejemplar la tipificación de delitos contra el medio ambiente, ya que es sumamente difícil integrar el cuerpo de delito en cuestión toda vez que sólo se castigan los delitos dolosos contra el medio ambiente y no los culposos. Además de lo anterior es preciso destacar que los delitos ambientales, toda vez que no son considerados como delitos graves, gozan de libertad provisional. Luego entonces, hasta estos días la protección del ambiente y de nuestro derecho a un medio ambiente adecuado a través de las responsabilidades administrativas, penal y civil han resultado insuficientes e ineficaces para reparar los daños ambientales. Es preciso diferenciar el deterioro del daño ambiental considerado, al primero, como las afectaciones al medio ambiente propiamente dicho, es decir como las afectaciones a un ecosistema, y al daño ambiental como las afectaciones a los bienes y a la salud de las personas. A través de la responsabilidad civil por deterioro o daño ambiental se busca no únicamente sancionar y obligar a la restitución, al responsable de la afectación, sino que con ella se pretende evitar afectaciones futuras posiblemente culposas al amparo de actividades lícitas y avanzar hacia la reparación de los ecosistemas afectados en lo general y resarcir con la justicia, a las personas afectadas por contaminación en casos específicos. Resulta sumamente importante adecuar lo relativo al nexo causal en la conducta y el resultado hablando de responsabilidad ambiental, toda vez que en los términos generales se conciben los daños y perjuicios como resultados inmediatos y directos, mientras que en materia ambiental muchas veces los daños son resultados indirectos a mediano o largo plazo de las actividades que los ocasionan. En este mismo orden de ideas, también es conducente el planteamiento de disposiciones especiales en lo relativo a la prescripción y a la caducidad para demandar la reparación del daño y/o el deterioro ambiental. En materia de pago de daños y perjuicios podría un mismo juez establecer como reparación la reubicación de asentamientos humanos por daño en vivienda. Es imprescindible realizar las modificaciones pertinentes a efecto de evitar que de esta ley se den efectos retroactivos en contra de persona alguna, lo cual sería violatorio a la Constitución. Asimismo, debemos de procurar la eficacia de esta ley tratando, en la medida de lo posible, de evitar se convierta en un instrumento de aprovechamiento económico injustificado, por lo cual no debemos prever al daño moral como hipótesis de resarcimiento económico, dado que se trata de una apreciación enteramente subjetiva y dada también su dificultad para poder acreditarse. Esta ley tiene el claro propósito de proveer para la mejora del ambiente y no convertirse en mecanismos para lucrar indebidamente, por lo que también debe proponerse atención esmerada, respecto a quienes, se legitimará con ella, para demandar reparación por daño o deterioro ambiental. Con el objeto de dar certidumbre jurídica, es de suma importancia establecer un criterio conforme al cual se pueda calcular al terminar el valor económico o el monto que deberá cubrir la garantía financiera o el seguro de responsabilidad objetiva que se contrate, para la relación de ciertas actividades. Por ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tomará como base para la determinación de dicha cantidad, la evaluación de impacto ambiental a que hace referencia el Artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual abarca los posibles efectos en él o los ecosistemas, que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como el coste de las medidas preventivas, la mitigación y demás necesarias, para evitar y reducir al mínimo, los efectos negativos sobre el ambiente. Es factible que determinadas situaciones la magnitud del monto a que se ha condenado el demandado a título de indemnización por deterioro ambiental o la cantidad que se requiera, para la reparación en especie, pueda superar la capacidad financiera de respuesta de las dependencias entidades descentralizadas y desconcentradas, entidades federativas y de sus municipios. Para tales efectos, a través de la presente ley se crea un fondo que fungirá como apoyo financiero y complementario. Por otro lado, la ley prevé posibles situaciones de emergencia que pudiesen poner en riesgo la salud o la vida humana o a los ecosistemas, en situaciones en que sea esencial la rápida actuación por parte de la autoridad, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitirá una declaratoria de emergencia y poder erogar con cargo al fondo los montos que considere necesarios para atenuar los efectos del posible deterioro ambiental. Este artículo se propone en virtud de la importancia del bien jurídico que se pretende tutelar, como lo son la salud, la vida y los ecosistemas. Este proyecto de ley con las propuestas vertidas por los integrantes de ambas Comisiones, tiene efectos muy positivos, que podrán reflejarse en la disminución de los índices de contaminación en nuestro país, en la conservación de la biodiversidad, en la salud de las personas, e incluso en la economía, recordando que no bastan las modificaciones legales que para lograr objetivos como éste, es indispensable voluntad política y acción, tanto de autoridades como de ciudadanos, Señores diputados, con su voto a favor de este dictamen, daremos un primer paso en el instrumento jurídico en materia de medio ambiente más importante en la historia de nuestro país. Muchas gracias. -