El diputado Diego Cobo Terrazas: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el agua se constituye como una fuerza impulsora del desarrollo sustentable y como tal, su aprovechamiento debe integrar aspectos de cuidado y conservación. Es por ello que en nuestro país sólo puede permitirse su uso, aprovechamiento o explotación mediante concesión que otorgue el Poder Ejecutivo federal conforme a las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las concesiones de aguas nacionales son una de las herramientas más eficaces para administrar el agua, dado que son el instrumento básico de asignación del recurso y sólo se pueden otorgar cuando existe disponibilidad del mismo. Sin embargo, la efectividad de este instrumento se ha visto reducida considerablemente, derivado de la falta de atención y respuesta oportuna a las solicitudes de trámites presentadas por los usuarios. Cabe señalar que en el periodo comprendido del año 2004 al 2006, un total de 19 mil 246 concesionarios o asignatarios no presentaron solicitud de prórroga. Y en el 2007 vencieron 21 mil 174 títulos de concesión. Además, se sabe de muchas explotaciones de carácter irregular que obedecen fundamentalmente a factores como la desinformación, la transformación de los ejidos, el temor o la apatía de los productores, los problemas administrativos o las deudas fiscales que se han contraído, entre otros. Se cuenta con datos que indican que en el país existen aproximadamente 10 mil pozos operando en condiciones irregulares. Ante esta situación se han generado decretos de condonación a municipios, entidades federativas, al propio Distrito Federal, a organismos operadores o comisiones estatales de agua potable y alcantarillado, o a otro tipo de órganos responsables de la prestación de este servicio. Mientras que los usuarios continúan explotando sus pozos sin regularizar su situación. En cuanto a los agricultores y las actividades rurales, su situación en relación con la irregularidad de la tenencia de pozos se agrava, porque los organismos suministradores de energía les reiteran que no pueden proporcionarles el servicio por no contar con un título de concesión debidamente acreditado. De igual manera, aquellos que no cumplieron con su solicitud de prórroga o que no han regularizado su situación fiscal y administrativa, no han podido beneficiarse de la tarifa subsidiada para fines agrícolas. Todo lo anterior representa un desorden administrativo que, sin duda, redunda en una importante pérdida de recursos humanos y económicos, y donde las irregularidades se van sumando y hacen cada vez más complicado encontrar incentivos que promuevan una regularización eficiente en el aprovechamiento del recurso hídrico. Con base en lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México se pronuncia a favor de la moratoria de 12 meses, para llevar a cabo esta campaña de regularización administrativa de aguas nacionales, a fin de que se otorguen facilidades administrativas a los usuarios de las aguas nacionales, que cuenten con antecedentes de trámites de concesiones o permisos en materia de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, que demuestren fehacientemente la operación y el aprovechamiento y se sujeten a la disponibilidad y sustentabilidad de las cuencas. En virtud de lo anterior, mi grupo parlamentario votará a favor el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.