El diputado Jorge Romero Romero (PRI): Con su permiso, diputado Presidente. Los diputados integrantes de la Comisión, luego de valorar su alcance y contenido, decidieron aprobar la iniciativa de ley, presentada por el diputado Jorge Uscanga Escobar y la minuta con modificaciones procedente del Senado de la República. En efecto, se determinó que en razón de las circunstancias que hoy aquejan a nuestro país, en torno a la incidencia delictiva en materia de la comisión del delito de secuestro, realmente es necesario sumar esfuerzos y las unidades de inteligencia y combate al secuestro, sean receptivos de todos los elementos e indicios por mínimos o insignificantes que parezca y que además, es necesario fortalecer los canales de información existentes y abrir nuevos cauces, impulsar y estimular la participación ciudadana. Asimismo, se consideró y valoró la importancia de que si para liberar a las victimas y capturar a sus agresores, lo que se necesita urgentemente son, indicios, datos y en general información que oriente la investigación, la acción y los operativos de la autoridad policial, entonces no se debe escatimar ningún esfuerzo para contar con esa información en forma oportuna. Por ello, se consideró conveniente proponer que se otorgue recompensa para estimular el auxilio y participación de la ciudadanía, que sirva como un incentivo para que cualquier persona aporte información útil que sirva para liberar a las victimas del secuestro y capturar a los responsables. Este estímulo para combatir el secuestro se encuentra previsto en las legislaciones de Europa y Estados Unidos, desde hace más de 20 años; mientras que en Latinoamérica, Colombia la incluyó en su legislación desde 1996, dentro de su Ley 282, conocida también como "Ley Antisecuenstro" y en julio de 2003 fue aprobada una similar en Argentina como parte de sus reformas para combatir este delito. En México se encuentra previsto el otorgamiento de recompensas, tanto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, se consideró necesario introducir la adición de un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que exista mayor claridad y eficacia de este dispositivo legal, sobre todo, por lo que hace al secuestro, es decir, que no solamente se otorgue cuando medie la existencia de orden de aprehensión, sino desde que se tome conocimiento de los hechos delictivos. Respecto de los fondos para el pago de las recompensas, la Procuraduría General de la República, se encuentra legalmente facultada para ejercerlos por acuerdo específico, como lo prevé el artículo 5° de su Ley Orgánica. Asimismo, se consideraron pertinentes las modificaciones introducidas por el Senado de la República, con lo cual se establecen restricciones a determinados sujetos que por su condición o circunstancias peculiares, deben quedar excluidos del pago de recompensas por haber participado en algunas de las fases del ilícito penal, así como que la sola liberación de las víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables, sean motivos suficientes en una u otra hipótesis para el otorgamiento de recompensas. Y finalmente, que es realmente pertinente establecer la obligación para la autoridad en el sentido de garantizar confidencialidad respecto de los informantes, en aras de evitar represalias en su contra. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la aprobación de la siguiente minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Unico. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue: "... cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que por acuerdo específico el Procurador General de la República determine. En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes sin haber participado en el delito, auxilien con cualquier información que resulta cierta y eficaz para la liberación de las víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables. La autoridad garantizará la confidencialidad del informante". Transitorio: Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A la consideración de esta soberanía. Muchas gracias, señor Presidente.