El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la reforma en telecomunicaciones que se aprobó en la pasada Legislatura, en el marco del llamado Pacto por México, trajo entre otras cosas la desaparición de las permisionarias y el establecimiento de concesiones que ahora se denominan de cuatro tipos: Las de uso privado, que son todas aquellas que utilizan frecuencias para uso restringido o para señales de prueba. Las de uso comercial que se refiere a aquellas que, como su nombre lo indica, comercializan el espectro radioeléctrico de la nación obteniendo ganancias millonarias. En tercer término están las de uso público, que son las que manejan los gobiernos de las entidades federativas, el gobierno federal y las universidades, que además del presupuesto que les otorgan sus respectivas entidades pueden obtener patrocinios dentro de su programación. En último lugar están las de uso social, en donde ubicamos los sistemas de radio y televisión comunitarias e indígenas, cuya supervivencia se limita al presupuesto que les otorgan los gobiernos de los estados, el cual equivale de acuerdo con la ley al uno por ciento del presupuesto destinado a comunicación social, repartido entre todas las concesiones de la entidad y que además debe tener una contraprestación para difundir mensajes gubernamentales. Desde luego que la Ley de Telecomunicaciones permite a las comunidades indígenas el uso de las lenguas originarias dentro de la programación. Se trata de un derecho establecido desde la Constitución, pero los hablantes de lenguas indígenas en pleno uso de sus derechos humanos no se conforman con ese límite que les impone la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y lo hacen con todo derecho. Al contar con serias limitaciones de carácter presupuestal, han buscado espacios en las concesiones de uso comercial o uso público, pero no para obtener recursos sino para difundir su lengua y su cultura. La reforma al artículo 230 que se somete a votación de este pleno se deriva, como ya se ha dicho aquí, del amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia al poeta indígena originario de Chicontepec, Veracruz, Mardonio Carballo, que por cierto, no tiene ya más espacio como se ha dicho aquí en MVS. Mardonio perdió su espacio con el golpe brutal que dio el gobierno de la República contra Carmen Aristegui, de quien Mardonio era colaborador. El artículo que se reforma en este dictamen señala que en sus transmisiones las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. Ello significa que los indígenas no pueden usar sus lenguas en otras concesiones que no sean de uso social, contraviniendo lo que señala la Constitución. La resolución de la Corte estableció que ampara al quejoso a Mardonio porque la Ley Suprema no reconoce una sola lengua nacional, lo que implica que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece un principio sin sustento constitucional y eso ha de corregirse hoy mismo. Hay que considerara que el artículo 2o, apartado A, fracción IV de nuestra Carta Magna reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Este precepto en ningún momento limita a los indígenas a la utilización de un solo medio como lo señala la ley que hoy se reforma en este dictamen. Por esta razón el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor, bajo los principios de equidad y justicia social para los pueblos que conforman y enriquecen la gran diversidad de nuestra nación, principios que se contemplan plenamente en la plataforma política de nuestro partido. Muchas gracias.