El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, México vive momentos difíciles marcados por una escalada de violencia que parece incontenible, dejando a su paso una estela de dolor, miedo y zozobra ante la incapacidad gubernamental de hacer valer el imperio de la ley ante los criminales. El Estado mexicano ha fallado en uno de sus principales cometidos, que es el de garantizar la seguridad en la vida de las personas y en su patrimonio. En ese contexto, en lo que se refiere al tema de Rápido y Furioso, en el que pudo introducirse a nuestro país con toda impunidad una serie de armas que hoy están en manos criminales, de este hecho surgen varias preguntas. ¿Cómo es posible que hayan entrado a nuestro país tal cantidad de armas sin que nuestras autoridades se percataran de tal situación? ¿Cuáles son las condiciones en las que operan los mecanismos de cooperación para la seguridad fronteriza entre los Estados Unidos de América y nuestro país? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno mexicano para controlar el tráfico de armas en la frontera norte? ¿Qué funcionarios mexicanos supieron de este operativo y no actuaron ante el fracaso y en su implementación? ¿Cuáles son las armas implementadas por ambos gobiernos para rastrear y localizar estas armas introducidas en el operativo? ¿Por qué en Estados Unidos compareció ante el Congreso el fiscal general Eric Holder para explicar lo sucedido y hasta el momento en México nadie se responsabiliza de estos hechos? Pocas o nulas han sido las respuestas a este respecto, tanto en la cancillería mexicana como en la Procuraduría General de la República, como señala el punto de acuerdo. Estas armas junto con otras que ingresan a nuestro país son utilizadas por los cárteles, grupos del crimen organizado y delincuentes, tanto en sus disputas por el control territorial de sus zonas de influencia, como en los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. En el caso del operativo Rápido y furioso pone en evidencia la fragilidad de nuestra frontera al no existir el control adecuado para impedir la entrada de armamento al país en un momento de extrema violencia precisamente en los estados fronterizos. Nos preocupa sobremanera la pérdida de México frente al gobierno norteamericano quien sin restricción alguna implementa un operativo de esta magnitud sin informar a sus pares mexicanos. Sea cual fuere la circunstancia, estamos convencidos que el combate al crimen organizado es un asunto regional y solo en la medida de que se adopten las estrategias coordinadas entre los países de la misma es como pueden solucionarse varios de los problemas de seguridad. Compañeras y compañeros diputados, diputadas, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza acompaña y apoya el punto de acuerdo que plantea hacer pública la información disponible del operativo Rápido y furioso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República en los términos legales correspondientes, incluyendo a aquella que se hubiese generado en las instancias estadounidenses y remitidas a las autoridades mexicanas. Concluyo, presidente. Es una exigencia y una obligación del gobierno nacional o más bien al gobierno nacional informar a la sociedad sobre las consecuencias de este operativo implementado y que como saldo ha dejado un resultado negativo que va en contra del estado de derecho al que aspiramos todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.