El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado Presidente. Ya se comentó aquí que México es de los pocos países en América Latina cuya legislación no contempla la obligación de contar con un seguro que resguarde no nada más lo que dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que son los bienes patrimoniales, sino sobre todo la asistencia médica, que es lo más importante, la integridad de las personas que transitan por las carreteras del país. Condición que no brinda protección ni a los conductores, ni a los peatones ante un incidente automovilístico. Nadie puede estar en contra de una reforma de estas características, más bien habría que preguntarse por qué pasado tanto tiempo sin que se haya hecho. Sin embargo, hay que revisar los artículos transitorios que hablan de un plazo de 180 días, hasta que la Comisión de Seguros y Fianzas emitan el dictamen correspondiente y lo publique en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, todavía falta mucho y quedan otros aspectos que no quedan claros dentro de esta iniciativa, que habría que hacer mención, porque se involucra a la Secretaría de Seguridad Pública como la instancia que va a verificar que los vehículos y los usuarios de los vehículos tengan este seguro de responsabilidad civil. Tenemos que ser muy puntuales en el seguimiento de que los protocolos de actuación de la Policía Federal sean estrictos para evitar situaciones de abuso o de extorsión. En la ley se dice con mucha claridad, ojalá así ocurriera en la realidad, que la policía federal podrá solicitar al conductor que acredite que cuenta con la póliza de seguro correspondiente. En caso de verificar que el vehículo no cuenta con la póliza de seguro a que se refiere la propuesta, la autoridad impondría la multa correspondiente, misma que sería cancelada si se demuestra la contratación del seguro en un plazo no mayor de 45 días. Nosotros vamos a estar como grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano a favor de esta reforma. Nos parece sumamente necesaria, sin embargo alertamos en los procedimientos y en los protocolos que deba de llevar a cabo la Policía Federal, y lo relaciono con un dato que hoy se publica en la prensa nacional. En promedio, cuatro de cada 100 policías tendrán que ser despedidos, esto según la información de la Comisión Nacional de Seguridad. Entonces, cuidado con poner más elementos, a malos policías, y aquí la propia instancia nos están diciendo que no todos los elementos en la Policía Federal están cumpliendo con sus deberes, y no han pasado o no acreditaron las pruebas poligráficas, de toxicología, de entorno patrimonial, los psicológicos y los médicos. Sí, sí nos preocupa que con la policía que nos ha dejado el sexenio de la guerra absurda contra el narcotráfico, sean los encargados de verificar esta modificación que se hace a tan importante ley. Por otro lado, y yo creo que no es algo irrelevante. En el propio dictamen se menciona que se liberará al gobierno federal de gastos por 121 mil millones de pesos anuales, 121 mil millones de pesos anuales. Creo que ese recurso, compañeras y compañeros legisladores, tendrían que entregarse al sistema de seguridad social y al sistema de salud para no dejar únicamente en las manos de las empresas privadas, y mucho menos de la responsabilidad que puedan tener las aseguradoras, que muchas de ellas ya sabemos cómo actúan, ojalá se determine en esta misma Cámara de Diputados que ese recurso que se libera se pudiera incorporar al Sistema Nacional de Salud Pública. Es cuanto, diputado presidente.