El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con el permiso de la Presidencia. Amigas, amigos, hago hoy el uso de esta tribuna para presentar una iniciativa para incluir el concepto de bienestar en nuestra Carta Magna. El Estado de bienestar se ha definido básicamente como un conjunto de instituciones públicas proveedoras de servicios sociales dirigidas a mejorar las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos. Históricamente se dice que fue en el año de 1883 cuando se iniciaron los primeros programas estatales de previsión social. Los trabajadores pasaron a ser considerados sujetos de derechos y obligaciones, y no pobres potenciales que tan solo podían recurrir a ayudar estatales contingentes en caso de pérdida del empleo. Asimismo, también incluía una conjunción de intereses diversos, tales como los relativos a la estabilidad política de parte de gobernantes y la satisfacción de demandas populares de justicia y protección social. En la actualidad se ha precisado el concepto y se ha definido al Estado como el ente responsable de la promoción y observancia de los derechos mínimos fundamentales. Tal y como lo afirmó el compañero Martí Batres, cuando presentó una iniciativa similar a esta cuando fue senador. Hoy el Estado de bienestar debe de cubrir las necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales de la población, para que todas las personas gocen de un nivel de vida adecuado, así como de la mejora continua de sus condiciones de vida. Lo que redunda en sociedades con mucho menor desigualdad, mayores niveles de seguridad y certidumbre, y mayor productividad e integración social, solidaridad y fraternidad. En este contexto, el Estado de bienestar se inscribe en las mejoras tradicionales del constitucionalismo social mexicano y constituye la materialización de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, establecidos en el artículo 1o. de nuestra Constitución. Y, claro, que también en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. Para ello, deberán formularse también el conjunto de condiciones que permitan la exigibilidad efectiva de los derechos de nuestra Constitución. Cabe destacar, que la iniciativa de un Estado de bienestar no es nueva en México, los artículos 3o., 27 y 123 de la Constitución de 1917, entre otros, sentaron las bases para la creación de políticas públicas que beneficiaron principalmente a los más desprotegidos. Posteriormente, como ya se ha dicho, esta visión fue relegada con el desmantelamiento del sector público en aras de beneficiar a un pequeño grupo de personas para hacer negocios. Desde la década de 1980, luego de agudas crisis económicas que repercutieron en la gran mayoría de los mexicanos, los resultados fueron visibles, una herencia de pobreza multiplicada, desigualdad social, marginación, corrupción, deterioro institucional, pérdida de soberanía, inseguridad y violencia. Pero también desde esa década se iniciaron largos procesos de luchas de resistencia, luchas sociales encabezadas por mujeres y hombres de todas las clases sociales, que vieron su triunfo el 1 de diciembre de 1918, dando inicio a la cuarta transformación de la vida pública de México, cuyo objetivo más importante es construir y garantizar un entorno de bienestar para todas y todos, y cuyo legado sigue a través de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En la actualidad, es función del Estado impulsar el desarrollo y crecimiento económico que garanticen los ingresos de la población y lograr mejores condiciones para elevar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Sin embargo, en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo, el Estado debe garantizar demandas básicas para el bienestar de manera igualitaria y fraterna, que garanticen que las personas pobres, las olvidadas, las desplazadas por los gobiernos neoliberales tengan protección ante la desigualdad, desventajas y otras calamidades del periodo neoliberal. Un Estado de bienestar moderno debe acompañarse de las formas de democracia directa y participativa, las libertades individuales y colectivas, la intervención social en las políticas públicas, el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica y sexual, la igualdad de mujeres y hombres en todos los terrenos y la convivencia armónica y respetuosa con la naturaleza, así como lo están haciendo hoy los gobiernos de la transformación. Compañeras y compañeros, hoy el objetivo superior, el bienestar general de la población, en el cual se garantizan los derechos a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación, a la cultura, a la vivienda, a la seguridad social, son fundamentos de un Estado de bienestar. Es la hora que el Estado reafirme su responsabilidad de representación del interés general de la sociedad. En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene por objeto incorporarle al artículo 25 de nuestra Constitución el concepto de Estado de bienestar, para quedar como sigue: Artículo 25. Se añade un párrafo donde dice, la rectoría del Estado en materia social debe garantizar el acceso a toda la población al goce efectivo, universal, indivisible, independiente, progresivo y gratuito de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que establece esta Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.