La diputada María Dolores del Río Sánchez: Gracias, presidente. La que suscribe, diputada María Dolores del Río Sánchez, diputada federal de la LXI legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga el Título Décimo primero, Programas contra las Adicciones de la Ley General de Salud, y crea la Ley General Contra las Adicciones, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Antes que nada, quiero agradecer a los diputados de los distintos partidos que ya se han adherido en este momento a esta propuesta, así como a los diputados Gloria Luna Ruiz y Miguel Antonio Osuna Millán, también del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La producción, el comercio y el consumo de drogas se han convertido en un problema de salud pública de alta relevancia. Es necesario que la sociedad mexicana enfrente el problema de manera sistemática en todos los frentes y en todos los niveles. Es un hecho que mientras exista el consumo se continuará sosteniendo la rentabilidad de la producción y el comercio de sustancias o productos adictivos, tanto legales como ilegales, y con ello los riesgos en la seguridad pública. Resulta, por lo tanto, imprescindible que los legisladores asumamos nuestro papel en esta ardua lucha contra las adicciones. La Encuesta Nacional de Adicciones del 2008 señala que pocas enfermedades perturban la vida de las comunidades y alteran tanto la dinámica de los núcleos familiares como las adicciones. Éste es un problema de salud pública que ha crecido en los últimos 20 años de manera exponencial y que además de confrontar los valores familiares y la efectividad de la educación familiar sacudiendo a las sociedades y a los gobiernos, se perfila como un reto de gran importancia por superar, sobre todo en cuanto a recursos e infraestructura de atención se refiere. Sabemos que este grave problema de las adicciones ha recibido una atención especial por parte del gobierno federal tanto en la vertiente de combate a la oferta de sustancias psicoactivas, como en la reducción de la demanda a través de acciones informativas de promoción de la salud y de la prevención. En nuestro país destacan instrumentos jurídicos en la atención de las adicciones tales como el artículo 4o. de la Constitución que garantiza el derecho a la protección de la salud para todos los mexicanos, la Ley General de Salud y sus diversos reglamentos, además de las normas oficiales mexicanas existen, a su vez, diversas leyes y reglamentos estatales en algunas entidades federativas. A nivel internacional nuestro país ha suscrito importantes acuerdos, convenios y tratados para fortalecer la lucha contra las adicciones. En cuanto a la política pública desde finales de los años sesenta e inicio de los setenta del siglo pasado surgieron instituciones y programas gubernamentales. Fue relevante el surgimiento de los Centros de Integración Juvenil y del Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia, transformado luego en Centro Mexicano de Estudios sobre Salud Mental y que después daría origen al Instituto Mexicano de Psiquiatría convertido en el actual Instituto Nacional de Psiquiatría Doctor Ramón de la Fuente Muñiz. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Salud 2007-2012 han establecido acciones preventivas y de tratamiento como prioridades para la presente administración pública federal. Como parte de esta estrategia se dispondrá de una red de 310 Centros Nueva Vida. Por otro lado, ya se cuenta con más de 100 unidades operativas de Centros de Integración Juvenil; algunas unidades especializadas del sector salud y numerosas clínicas privadas hasta localizar alrededor de mil 730 centros de atención. Como es evidente, existen avances muy importantes que se han consolidado a través de los largos años en que el gobierno ha atendido la problemática de las adicciones en nuestro país, pero coincidimos en la necesidad de avanzar más rápido ante el crecimiento exponencial del problema dotando al gobierno, la familia y la sociedad de las herramientas que permitan enfrentar de mejor manera el problema; es en este marco en el que se inscribe la presente iniciativa. La presente iniciativa propone un instrumento jurídico específico en el que se concentran las disposiciones de carácter general contra las adicciones a fin de conservar la integralidad de la materia. En el presente decreto se propone derogar el título décimo primero de la Ley General de Salud, denominado Programas contra las Adicciones, en el que se encuentran los programas contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, el programa contra el tabaquismo y el programa contra la farmacodependencia. Por lo anterior, la presente iniciativa pone especial énfasis en la intervención de carácter educativo como un elemento fundamental para la prevención y para la rehabilitación. Sólo la mitad de los jóvenes de entre 12 y 25 años ha estado expuesta a la prevención. Por tanto, es necesario reforzar los programas preventivos que se imparten en las comunidades, dirigiéndolos especialmente a la población que ya no está en la escuela. Si bien ha aumentado la proporción de personas que busca ayuda por problemas de drogas, sólo una tercera parte de los adictos acude a tratamiento. Los grupos de autoayuda tienen presencia muy importante y constituyen un apoyo invaluable, especialmente en el mantenimiento de la abstinencia; sin embargo, resultan indispensables su vigilancia y control. Es por eso que esta propuesta de ley general propone un capítulo específico de los restablecimientos para el tratamiento, atención y rehabilitación contra las adicciones, con la finalidad de establecer que los prestadores de tales servicios lo hagan con estricto respeto a la integridad física y moral de los usuarios. Un elemento muy importante es que se conceden facultades y obligaciones en la materia, a la federación, a las entidades federativas y al Distrito Federal, con lo que se pretende generar un esquema nacional de acciones contra el consumo de sustancias adictivas. En atención de lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados esta iniciativa, partiendo que legislar e invertir en prevención es mucho más redituable para la sociedad que legislar e invertir en solucionar lo que no se previno a tiempo. Muchas gracias, señor presidente.