EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Con su permiso señor Presidente. Con el de las señoras diputadas, con el de los señores diputados miembros de esta Legislatura. Licenciado Diodoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación: Tengo el deseo firme de que con la intervención en la voz de un servidor, despierte alguna inquietud en su serena expresión y comparecencia. Es así señor Secretario, que continuamos ante el Pleno de esta Asamblea con la glosa del VI Informe de Gobierno que el día primero de septiembre en curso presentó el doctor Ernesto Zedillo ante el Congreso General. Lo hacemos luego de analizar el propio Informe y además en el marco de su intervención respecto de los asuntos de la Secretaría que usted dirige. El análisis del documento y su intervención de hoy, sería más que limitada si se hace desde la perspectiva de este último año de la gestión gubernamental, Es preciso circunscribirla en los objetivos y propósitos que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo y en los compromisos que el Presidente de México adquirió ante los mexicanos. Bajo esta perspectiva, deben abordarse aspectos que a nuestro juicio resultan del interés nacional, tanto por su importancia cuanto por la omisión en el propio Informe. En efecto, ciertamente el Presupuesto de Egresos que la Federación destinó en los ejercicios fiscales próximos pasados, fueron significativos en cuanto a recursos económicos para ser aplicados en el rubro de la seguridad pública. Sin embargo, se prestigiaron e impulsaron acciones a instituciones con una vocación investigatoria circunstancial y de atención contingente; poco o nada se hizo en el aspecto preventivo, tampoco en el capítulo de ejecución de penas y de la readaptación social de la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Se insistía especialmente en el fortalecimiento de corporaciones policiacas con principios de actuación espectaculares y eminentemente centralistas, anteponiendo a la denominación "federales" para destacar su nivel de autoridad, sin que ello representara garantía de respeto y eficacia ante la sociedad. Dichas corporaciones hay que destacarlo son el resultado de la amalgama de diversos cuerpos policiacos, inclusive de las fuerzas armadas. En algunos casos, se violentarios derechos laborales adquiridos, y en otros se degradó el rango y la jerarquía de sus miembros. La seguridad nacional permanentemente se puso en riesgo, hechos previsibles y evitables como las muertes de Acteal, Aguas Blancas y Chimalhuacán, así como las actividades ilícitas, ahora comprobadas de altos funcionarios civiles y militares, quedan registradas como hechos que deterioran severamente la fortaleza de las instituciones nacionales. Se optó por una política criminal retribucionistas, se dejaron de lado a las instancias básicas de prevención de las conductas antisociales, como lo son las policías preventivas municipales y la justicia en ese nivel de competencia. No existe visión más limitada y reducida que concebir a la justicia y al estado de derecho desde la perspectiva de la investigación penal, pues ésta, la materia penal, es la más negativa en el conjunto de una justicia integral . Se dejaron de lado, se reveló incapacidad para impulsar y definir políticas públicas de justicia laboral, de justicia agraria, de justicia familiar, de justicia fiscal, entre otras, que finalmente conforman y concurren al estado de derecho: seguridad pública, procuración y administración de justicia fueron actividades cuyas fronteras en momento alguno fueron delimitadas. Por otra parte, los principios contenidos en la Ley Fundamental que recoge la voluntad del pueblo de México, de constituirse en una república federal, deben ser rescatados. En la práctica, el Gobierno Federal se ha limitado a desconcentrar procesos administrativos, impidiendo una auténtica descentralización de funciones y facultades en la que los estados asuman la responsabilidad de decidir y priorizar el destino de los recursos y atención de sus necesidades. En el contexto de estas desconcentraciones, los estados se han convertido en meros operadores de nóminas de plantilla de personal. El Ejecutivo Federal dispone aún de amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo y aplicación de los recursos fiscales federales, lo que ha provocado señaladas diferencias en el desarrollo regional de nuestro país. Desde aquí reitero el llamado a las autoridades federales y estatales para que en el marco de los procesos político electorales en que se encuentran inmersas algunas entidades del país, particularmente el que se vive en el estado de Tabasco, se conduzca por el camino de la legalidad, es decir, hacer sólo lo que la ley le permite y ordena. En suma, señor Secretario, recapitular omisiones, y en casos particulares negligencias en el ejercicio de la política interior del país, pudiera resultar ocioso, son hechos, son circunstancias que la historia ya registra, el dejar pasar, el dejar crecer problemas nacionales abrigando la esperanza de que con el transcurso del tiempo se diluirían como los casos de la Universidad Nacional, el desdén del que son objeto las universidades públicas del país, la permanente y cotidiana migración de los connacionales a la Unión Americana en busca de oportunidades de vida y su correspondencia, su incorrespondencia con la frontera sur, con nuestros hermanos latinoamericanos. Sin duda alguna, el tema de Chiapas representa para la administración del Presidente Zedillo, uno de los saldos pendientes hoy en día para todos los mexicanos. No pudo salvarse la honra de la palabra y del compromiso político de traer a la vigencia los acuerdos de San Andrés Larrainzar. El reconocimiento de los resultados electorales en la elección presidencial del pasado 2 de julio, no fue un acto generoso, era intrínseca, era moral y políticamente obligatorio. Los compromisos incumplidos sobre la reforma del estado, se convirtieron en una asignatura omitida. La estructura y el marco constitucional de competencia de los poderes del Estado Mexicano, habrán, seguramente de replantearse nuevamente. Finalmente, compañeras y compañeros diputados, asumamos la responsabilidad histórica como poder constituido para la reforma del estado en el marco de la Ley Fundamental vigente y conforme a los principios políticos básicos e irrenunciables. Muchas gracias. (aplausos)