El diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal: Hago uso de la tribuna para abordar un tema de trascendental importancia para el futuro económico y energético de nuestro país, en donde damos un paso firme para la consolidación del sector energético como pilar del desarrollo nacional. Antes de iniciar, debo contextualizar que el dictamen a discusión tiene su origen en la reforma constitucional en materia de áreas estratégicas y empresas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2024, la cual marcó un hito en la redefinición del marco jurídico que regula el sector energético. Lo anterior se debe a que con esta reforma constitucional se recupera la soberanía energética y, entre otras cosas, se redefine a Petróleos Mexicanos como una empresa pública, permitiéndole así traducir todos sus esfuerzos en beneficio para la población. Por ello, es necesario armonizar la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a efecto de implementar medidas que fortalezcan la transparencia y eficiencia, contribuyan a incrementar los recursos con los que cuenta Pemex, garantizando la rendición de cuentas y fomentando la sostenibilidad fiscal de Petróleos y del sector en su conjunto. Hoy en día Pemex enfrenta un esquema fiscal que limita su capacidad para invertir en exploración, producción y modernización de su infraestructura, por lo que es un acto de justicia y congruencia, este gobierno decidió sustituir el sistema de impuestos y derechos por una tasa única variable. Esta tiene por objeto simplificar la carga administrativa y los costos operativos de la empresa, garantizando que los ingresos de la empresa pública del Estado sean suficientes para cubrir sus necesidades de inversión y expansión. Mejorar la estabilidad financiera del Estado, sin afectar los ingresos públicos y reafirmar el compromiso de una política fiscal responsable y de finanzas públicas sanas. Los cambios apuntalan una vez más a la empresa pública Petróleos Mexicanos, como un importante motor de la economía que alguna vez fue. Además de abrirle la posibilidad de mejorar para mitigar su impacto en el medio ambiente. Hoy voy a exponer lo que considero los puntos principales de la reforma para lograr estos objetivos. Primero. Estimamos necesario actualizar los mecanismos de recaudación de los ingresos derivados de la explotación de hidrocarburos. Esto asegurará que se alineen con los objetivos de soberanía energética y desarrollo económico sostenible. Para tal efecto, el dictamen que nos encontramos discutiendo suprime el derecho de explotación de hidrocarburos, el derecho de extracción de hidrocarburos y el derecho de utilidad compartida. En sustitución, se crea el ya explicado Derecho Petrolero del Bienestar, un solo derecho para las asignaciones de Pemex, con una tasa variable según los precios del mercado. Al respecto se debe señalar, quien crea que con esta supresión de derechos recibiremos menos ingresos, está equivocado. Les recuerdo que hace unos meses, durante la discusión de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2025, diseñamos el esquema que se llamará Derecho Petrolero del Bienestar, en su transitorio trigésimo y, por lo tanto, los ingresos para el presente ejercicio fiscal no están comprometidos. La presente reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos simplifica la tributación y permite que la contraprestación pagada por Pemex sea previsible y transparente, sin perder un solo peso de los ingresos petroleros. En segundo lugar, al inicio de mi intervención me refería a la reforma constitucional en materia de áreas estratégicas y empresas públicas, entre otras razones, debido a que la fragmentación de competencias en el sector energético ha generado duplicidad de funciones y falta de coordinación entre las instituciones. Para estar en condiciones de subsanar las deficiencias administrativas y operativas derivadas del modelo energético anterior, se propone transferir las facultades y obligaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a la Secretaría de Energía. Dicho cambio se debe a que, como cabeza del sector, la Secretaría de Energía es la dependencia rectora de la política energética, lo cual permite estar mejor posicionada para garantizar que la explotación de los hidrocarburos se realice en consonancia con los intereses nacionales y los principios de sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, esta medida permitirá centralizar la toma de decisiones, simplificando los procesos administrativos y fortaleciendo la rectoría del Estado en el sector. Por estas razones, el voto de mis compañeros diputados y las diputadas del Partido Verde Ecologista de México será a favor. Por su atención, muchísimas gracias.