La diputada Virginia Yleana Baeza Estrella: Compañeras y compañeros diputados: El trabajo es un derecho que debe ser garantizado por todas las personas sin distinción. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se estableció que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo y sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Estos principios han sido recogidos en diversos instrumentos internacionales como el convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, de la Organización Internacional de Trabajo, ratificado por México en abril de 2001, que establece que todo Estado miembro deberá permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad. En el ámbito regional, por parte de la OEA, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ratificada en enero de 2001, dispone que los estados parte de la Convención se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración a la sociedad. Gracias a estos instrumentos que han sido firmados y ratificados por la mayoría de los países, se han producido algunos avances tendientes a la eliminación de las desigualdades en el acceso, permanencia y ascenso en el trabajo. Sin embargo, aún falta que estos ordenamientos se plasmen en la legislación interna, especialmente en la Ley Federal del Trabajo, en la práctica y en la cultura laboral. La discriminación no es un mito, existe; y ha sido estudiada por gobiernos y organizaciones multilaterales y de la sociedad civil. Un estudio reciente de la OIT, afirma que en todo el mundo a millones de personas se les sigue negando un puesto de trabajo, se les confina a determinadas ocupaciones o se les ofrece un salario más bajo por razón de sus capacidades, sexo, edad, religión, etc., sin importar cuáles sean sus habilidades. Ciertamente las consecuencias de la discriminación son adversas tanto en el plano individual como en lo social, ya que merma las oportunidades de los hombres y las mujeres para desarrollar su potencial, sus aptitudes y cualidades y para ser remunerados en función de sus méritos. Una forma destacada de discriminación, que se ha venido centrando en la atención de la comunidad internacional es la discriminación por algún tipo de discapacidad. Según las estimaciones de la OMS el siete y el diez por ciento de la población mundial, vive con alguna minusvalía y es posible que esta proporción crezca junto con el envejecimiento demográfico. De acuerdo con el estudio citado, la forma más habitual de discriminación de los discapacitados es negarles por completo la posibilidad de trabajar o de desarrollar sus capacidades y su potencial. Para el caso de México, las estadísticas más conservadoras aportadas por el INEGI en el 2000, nos señalan que actualmente en nuestro país existen cerca de 1.8 millones de personas con algún tipo de discapacidad permanentes; alrededor de 813 mil son de discapacidad motriz; 467 mil visuales; 280 mil intelectual; 281 auditivos, y el resto con algún otro tipo de discapacidad. Se estima que la tasa de participación económica de la población con discapacidad, es de tan solo el 25% a nivel nacional. Bajo esta lógica, se circunscribe la presente iniciativa. Cabe señalar que este tipo de propuestas no son recientes ni novedosas, ya que a la fecha existe un buen número; muchas de las cuales sin ser exclusivamente formuladas por las personas con discapacidad, sí las consideran junto con otros grupos de población, como las mujeres y los adultos mayores. Han sido iniciativas presentadas a través de varias legislaturas y por prácticamente todos los partidos, lo cual denota una preocupación compartida por las fuerzas políticas representadas en este Recinto. Por ello, someto a la consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para prohibir la discriminación y fomentar el empleo de las personas con discapacidad. "Artículo 1.- Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 3; y se reforma el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 2.- Se adiciona la fracción XI, del artículo 5. Se adiciona la fracción I la fracción XI, al artículo 133. Y se adiciona una fracción V al artículo 537. Todos de la Ley Federal del Trabajo. Transitorios Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en este decreto". Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de septiembre de 2004. Es cuanto, señora Presidenta.