La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Muchas gracias, con su venia. Morena votará en contra de este dictamen por las siguientes razones: Primero. Por congruencia política. Aunque vamos a gobernar, queremos una ley que proteja la libertad de expresión, el derecho a la información, la austeridad, la transparencia y acabe con el chayote como política de comunicación social. Segundo. Porque no ajusta el mandato del artículo 134 de la Constitución, relativo a la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos, sin influir en la equidad electoral, el carácter institucional informativo, educativo y de orientación social de la comunicación social y la publicidad gubernamental, y la prohibición absoluta al uso de nombres, imágenes, voces o símbolos, que impliquen promoción personalizada de los servidores públicos. Tercero. Porque incumple los términos de la sentencia de la Corte, que concedió el amparo y protección de la justicia a la Campaña Global por la Libertad de Expresión, Artículo 19, Asociación Civil. Debe decirse que la ley en cuestión, no sólo debe ser emitida por el Congreso de la Unión, sino la misma debe permitir a la quejosa investigar, analizar, enseñar y defender los derechos a la libertad de expresión, prensa e información, lo que no ocurre en la especie con el dictamen que se somete a discusión, pues este no establece mecanismos para que la quejosa cumpla con su objeto social, de ahí que la sola emisión de la ley no podrá ser considerara como un cumplimiento efectivo y eficaz de la sentencia de amparo, pudiendo dar origen a un defecto en el cumplimiento de la sentencia, de ahí que la aprobación de este dictamen, en los términos que se plantea, sea improcedente y debe modificarse. Cuarto. Porque este dictamen convierte en ley el derroche del dinero público, el culto a la personalidad, el financiamiento discrecional a medios y locutores que repiten la narrativa oficial. No estamos de acuerdo en mantener las cosas como están. Miren ustedes, según reportes oficiales de la Secretaría de la Función Pública, en 2017 el gasto servicios de comunicación social y publicidad del gobierno federal, pasó de 3 mil 759 millones de pesos en el presupuesto programado a 10 mil 941 millones al cierre del año, es decir, 7 mil millones adicionales para enaltecer a Peña Nieto, donde más de mil millones se fueron directo a televisa. Con poco éxito, por cierto. Esto es simplemente inadmisible, proponemos limitar al mínimo indispensable el gasto de la propaganda y en publicidad en radio y televisión. Los tiempos oficiales y del Estado son más que suficientes para transmitir los mensajes gubernamentales. De acuerdo al informe enviado por la Secretaría de Gobernación a esta Cámara, correspondiente al quinto bimestre del año pasado, relativo al uso de recursos, está claramente el aumento. Este dictamen debe establecer que los informes, por disposición legal, deben presentar los servidores públicos y no podrán utilizarse para fines de promoción personal. Votaremos en contra porque esta ley atenta contra la libertad de expresión, ya que se usa el dinero público para controlar la línea editorial de los medios que se financian y para castigar a aquellos medios que son críticos. Nos veremos el 1 de julio. Muchas gracias.