La diputada Beatriz Mójica Morga: Buenas tardes. Con su venia, señor Presidente. Iniciativa que deroga diversos artículos del Código Penal Federal y adiciona tres incisos al Código Civil Federal sobre difamación y calumnia, bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La libertad de expresión como un derecho fundamental del ser humano, constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Asimismo es una herramienta para alcanzar una sociedad más tolerante y estable, además de dignificar a la persona humana y permitir el debate abierto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia que no es concebible sin el libre debate y sin que la disidencia tenga pleno derecho a manifestarse. Es una condición fundamental para el progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Debido a su gran importancia para el normal funcionamiento de una sociedad democrática, las normas internacionales le otorgan a la libertad de expresión e información, una protección amplia, con mínimas limitaciones y expresamente enumeradas. De esta manera se logra claridad en cuanto a las limitaciones que pudieran existir y se eviten interpretaciones que puedan poner en peligro el ejercicio de este derecho fundamental. El artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reflejan claramente el interés de proteger ampliamente este derecho en todo el mundo. Como se puede comprobar, luego de la lectura de estos artículos, la libertad de expresión e información no tienen ningún tipo de condicionamiento previo. En todas estas instancias se habla simplemente de libertad de expresión, información y opinión en el sentido más amplio y favorable de la sociedad. De acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las responsabilidades que surjan por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, son ulteriores y la censura previa está expresamente prohibida. En el mismo sentido la Comisión Europea de Derechos Humanos considera de igual manera que la libertad de expresión no puede limitarse alegando afectaciones a la moral y al orden públicos sin mayores elementos objetivos. A pesar del reconocimiento que otorga nuestra Constitución, los instrumentos internacionales y las decisiones de órganos internacionales, el derecho a la libertad de expresión en nuestro país se encuentra amenazado. El Grupo de Trabajo de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, de la H. Cámara de Diputaos, ha documentado factores que evidencian la falta de protección a este derecho. Entre ellos podemos mencionar el asesinato y secuestro de periodistas y las múltiples amenazas e intimidaciones d que son objeto cotidianamente medios de comunicación y periodistas en general. La impunidad de los crímenes contra periodistas, la utilización del poder Judicial como mecanismo de hostigamiento e intimidación hacia los comunicadores, se ha ubicado como una de las principales amenazas en contra del ejercicio de este derecho, provocadas principalmente por la falta de un marco jurídico que garantice adecuadamente la libertad de expresión a los periodistas y a los medios de comunicación. El ejercicio periodístico en México se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas en la actualidad en distintos estados del país. De acuerdo con información recopilada por organizaciones defensoras de derechos humanos en el año 2000 se registraron 101 casos de amenazas o agresiones directas a comunicadores; en el 2001 se registraron 126 casos; en el 2002 se computaron 100 actos de este tipo, en el 2003 se registraron 76 y en el año 2004 se pudieron contabilizar 92 actos de esta naturaleza, dentro de los cuales hay que destacar los 19 homicidios registrados durante los últimos 6 años. La intimidación a los periodistas y a su familia, a través de amenazas verbales o escritas y las agresiones físicas a su persona y a bienes, es el método que se utiliza con mayor frecuencia para coartar la libertad de expresión e información. Con estas agresiones se afecta no sólo el estado de derecho, sino la construcción de una sociedad democrática a la que todos aspiramos. Después de la labor de investigación y análisis realizada por el grupo de trabajo de seguimiento a agresiones a periodistas y medios de comunicación, se puede señalar que si bien los asesinatos, secuestros e intimidaciones son la principal manera de coartar la libertad de expresión e información, las restricciones legales existentes son el principal obstáculo institucional para el pleno y efectivo reconocimiento y ejercicio de este derecho. Para lograr una defensa férrea de la libertad de expresión y para garantizar que este importante derecho se puede ejercer en beneficio de la sociedad, es necesario contar con una legislación adecuada y protectora de los ejercicios democráticos consagrados en los artículos 6º y 7º constitucionales. En este sentido, la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión y la representación de la Comunidad Europea sobre Libertad de los Medios de Comunicación, ha conminado a los países del mundo a que adapten sus leyes al Marco Internacional vigente, es decir, que eliminen aquellas disposiciones de carácter restrictivo y coercitivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 108 periodo de sesiones, realizada en octubre del 2000, aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que en su artículo 10 establece que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que las personas ofendidas sean un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrada voluntariamente en asuntos de interés públicos. Además de estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias, el comunicador tuvo intención de infringir daño con pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. A esta pretendida intención de difundir información dolosa o dañina, se le conoce en la doctrina como la real malicia y se constituye en un requisito indispensable para poder acreditar la intencionalidad del comunicador. El informe de 2002 de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CID, señala su preocupación por los llamados delitos contra el honor, entre los que se incluyen las injurias y las calumnias. Menciona que no sólo la censura previa limita el libre flujo de información, sino también las responsabilidades posteriores a la expresión, como la difamación. La relatoría consideró que en el hemisferio no ha habido avances significativos sobre la derogación de leyes de desacato y México está dentro de este grupo de países considerados como no progresistas en materia de despenalización de la difamación. En este sentido, se considera que las sanciones penales inhiben la libertad de expresión y que la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica. En este sentido, el poder aprobar una iniciativa que despenalice los llamados delitos contra el honor, constituiría un avance sumamente importante para nuestro país en el contexto americano y en el contexto internacional. En el derecho a la libertad de expresión e información, es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público. Por consiguiente, cuando se restringe la libertad de expresión e información, se impide o limita el control de la ciudadanía sobre los funcionarios públicos y se transforma la democracia en un sistema donde el autoritarismo encuentra un terreno fértil para imponerse sobre la voluntad de la sociedad. La democracia representativa exige a los funcionarios públicos o a todas aquellas personas que están involucradas en asuntos de interés público, sean responsables frente a los hombres y mujeres que representan. La necesidad de un control completo y eficaz sobre el manejo de asuntos públicos como garantía para la existencia de una sociedad democrática, requiere que las personas que tengan a su cargo el manejo de los mismos, cuenten con una protección diferente frente a las críticas que las que tendría cualquier particular que no esté involucrado en asuntos de interés público. No es la intención de esta iniciativa el poder clarificar los criterios y las concepciones de tan amplios derechos, como lo son el honor y la vida privada, pues esto sería objeto de una legislación especial en la materia. Lo que sí es importante plasmar es la necesidad de contar con mecanismos de control y regulación al ejercicio de la libertad de expresión, distintos a los penales, abriendo la posibilidad de contar en el futuro cercano con una legislación específica, que permita garantizar plenamente los derechos de la personalidad sin menoscabar el derecho inalienable de libertad de expresión. La mejor manera de pode garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y a su vez garantizar a la sociedad y a sus integrantes el respeto al honor, la vida privada y la imagen propia, es el considerar por la vía civil una serie de sanciones que permitan regular y contener el ejercicio de la libertad de expresión, mientras que por otra parte garanticen la protección de otros derechos fundamentales, a través de la vía civil se obtienen los resultados que se quería derivar por la vía penal, siendo riesgos y desventajas que esto representa. En efecto la sentencia civil condenatoria constituye en lo suyo una declaración de licitud no menos enfática y eficaz que la condena penal. Con las modificaciones al Código Penal Federal y al Código Civil Federal, México estaría entrando en el grupo de países latinoamericanos de avanzada, que contemplan la derogación de las sanciones penales sobre cualquier expresión o manifestación de ideas, estaría cumpliendo con diversas recomendaciones e instancias internacionales de derechos humanos y estaría atendiendo a la sociedad mexicana en su conjunto, anteponiendo los derechos de libertad de expresión, en formación como derechos para el bien común a cualquier otro derecho de protección en beneficio personal. La responsabilidad es nuestra, asumamos este compromiso y legislemos en beneficio pleno de la libertad de expresión en nuestro país. Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta LIX Legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del Código Penal Federal y se adicionan los párrafos sexto y séptimo y octavo al artículo 1916 y los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 1916 Bis del Código Civil Federal. Le pido a la presidencia se incluya en el Diario de Debates la iniciativa completa. Esta iniciativa la suscriben los diputados integrantes de la comisión que da seguimiento a versiones a periodistas y medios de comunicación, la diputada Beatriz Mójica Morga, la diputada Ruth Hernández Martínez, el diputado Jesús González Schmal y el diputado Luis Antonio González Roldán. Muchas gracias.