El diputado Rafael González Reséndiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el turismo es un componente esencial que ha detonado el desarrollo económico y social en México, por lo que la expedición y la promulgación de la Ley General de Turismo, en el 2009, significó un avance primordial para ubicar realmente al sector como una prioridad nacional, buscando el impulso, promoción y fomento de la actividad turística con una visión incluyente, respetuosa del federalismo. La Ley General de Turismo promueve el desarrollo y competitividad del sector a través de la formulación de políticas públicas, modelos y acciones que incrementen la diversificación y la calidad en la materia. La profesionalización de quienes desempeñan sus actividades laborales en empresas turísticas o prestan servicios en este sentido. La modernización de las empresas turísticas, el otorgamiento de distintivos, incentivos, certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios. El diseño y ejecución de acciones coordinadas entre entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno para la promoción, establecimiento y desarrollo de empresas turísticas y la realización de acciones para incidir favorablemente en las inversiones y proyectos turísticos de alto impacto en el sector turístico, así como agilizar los mecanismos y procedimientos administrativos que faciliten su desarrollo, implementación, conclusión y operación. Los aciertos de la Ley General de Turismo han propiciado que México sea un país líder en la actividad turística global. El crecimiento y desarrollo de destinos turísticos como Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco y otros más en la República Mexicana son ejemplos mundiales en donde los visitantes nacionales y extranjeros pueden disfrutar de las bellezas naturales y culturales en nuestro país. La ley en comento tiene como objetivo que estos destinos crezcan bajo un enfoque sustentable que promueva el desarrollo local. Esto tiene relevante significado por ser ésta noble actividad la generadora de importantes fuentes de empleo, divisas, inversión y como motor del desarrollo local y regional. Sin embargo, no ha sido posible su materialización dado a que a más de cinco años de la promulgación de la Ley General de Turismo en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de junio de 2009, no ha sido expedido su reglamento conforme a lo establecido en el artículo cuarto transitorio debida a una desafortunada redacción que generó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara invalido el artículo en cuestión que fundamentaba a dicho reglamento, así como a diversas disposiciones relacionadas con el transitorio referido. Desafortunadamente, la falta de este reglamento se ha traducido en la inoperatividad de nuevas disposiciones jurídicas que no se han materializado incidiendo a la falta de oportunidades de crecimiento para el sector turístico mexicano. Por lo anteriormente expuesto es que se coincide con la propuesta de la comisión dictaminadora para reformar el primer párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo, a fin de que se establezca con toda precisión y claridad, que corresponde al titular del Ejecutivo federal y no a la Secretaría de Turismo expedir el reglamento de la ley para hacer efectiva operativa esta disposición normativa transitoria con la facultad y obligación del presidente de la República de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes que expide el Congreso de la Unión. Consecuentemente, se apoya también a la propuesta de reformar a los artículos 48 y 54 de la ley, invalidados en la misma decisión de la corte para generar certeza al texto normativo y coordinar los objetivos normativos, estableciendo así que el Reglamento de la Ley General de Turismo se determine la información que los prestadores de servicios turísticos deberán proporcionar a las autoridades competentes para su inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Turismo y que los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen el reglamento y las normas oficiales mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades. Es así que con el dictamen propuesto, se busca satisfacer los requisitos de certeza jurídica, pero también de flexibilidad que desde luego debe ser garantizada por las autoridades administrativas en la materia para generar un desarrollo turístico e innovador y consecuentemente que le vaya bien al sector turístico. Es cuanto, diputado presidente.