El diputado Jaime Sánchez Vélez: Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados: vengo ante esta máxima tribuna de la nación a presentar una iniciativa que enmarque el decir y el hacer de todos los representantes electos por voluntad popular. Es bien sabido que en nuestro país hay un gran reclamo de los ciudadanos para que los políticos tengan una conducta congruente en su participación política, en su gestión y en su gobierno. De ahí que es muy común observar que en períodos de campaña electoral muchos de los candidatos de todos los niveles, con el afán de obtener el sufragio prometen cosas que al final de cuentas no van a poder cumplir. Eso es engañar a la gente y eso no se debe permitir porque levantar falsas expectativas, a sabiendas que no se va a cumplir, debe merecer sanciones como consecuencia de los delitos electorales. Las autoridades de nuestro país, en sus diferentes niveles de gobierno, se encuentran sumidas en un gran problema de credibilidad ante la sociedad, situación que ha generado descontento, desconfianza, mala impresión y falta de autoridad moral. Encuestas de organismos no gubernamentales arrojan como resultado que los políticos mexicanos, comparados con otros profesionales u oficios, son los que crean mayor desconfianza en la sociedad, ya sea por sus acciones o por campañas sistemáticas negativas. En un análisis objetivo, los servidores públicos electos por voluntad popular cuentan con poca credibilidad, la que se sustenta por el cúmulo de promesas hechas durante sus campañas electorales, buscando al ciudadano para que sufrague en su favor, y una vez electos y durante sus funciones no cumpla, evadiendo los compromisos y propuestas que ofreció. El descontento lleva a la sociedad a manifestar su inconformidad ante las promesas incumplidas, el abuso de autoridad y el poco interés por resolver los problemas sociales de diversas formas, incluyendo la violencia hacia los funcionarios institucionales o ciudadanía por la que se pone en riesgo la estabilidad social. Es necesario que prevalezca una política de Estado que cumpla con la principal función de construir, organizar, conquistar el poder en la sociedad; actividad que deberá aplicarse con honestidad y compromiso. Además, es ineludible crear una figura jurídica de responsabilidad que limite a quien pretenda acceder a cargos de elección popular, que ofrezca promesas en campañas electorales y que no cumpla. Para ello debe ampliarse el criterio de la norma sustantiva en materia penal para que conciba la conducta de todo aquel ciudadano que su interés sea incursionar como servidor público electo por voluntad popular, en todo aquello que signifique prometer para obtener el sufragio de los votantes. Se debe cumplir en todo aquello que se ofrece al ciudadano. De lo contrario, el responsable deberá ser sancionado de acuerdo con la legislación penal. Esta iniciativa propone la creación de un órgano dependiente del IFE, así como de los institutos electorales locales correspondientes, sin filiación partidista, que sean responsables de evaluar los compromisos de campaña adquiridos por todo candidato a cargo de elección popular. El mecanismo propuesto, además de sancionar penalmente a todo aquel servidor público que haya obtenido su cargo a través del voto popular, permitirá a la sociedad conocer si su candidato cumplió con lo prometido en campaña. De lo contrario, saber los motivos o justificaciones del incumplimiento. Por todo lo anterior, creo que es tiempo de moralizar la conducta de los políticos. La sociedad se merece un actuar congruente, coherente y transparente de todos los representantes populares. Para ello debemos plasmar las normas en nuestra legislación. Gracias, compañeros diputados, por su atención.