El diputado Silvano Garay Ulloa: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo esta conciente de la demanda de la sociedad mexicana de que los órganos del Estado combatan la delincuencia. Los mexicanos nos sentimos indefensos ante los delincuentes, ya que no obstante sufrir una afectación en nuestra persona o bienes, sabemos que al acudir al Ministerio Público a denunciar los hechos, la tortura empieza en ese momento ante la ineficacia de este órgano investigador para perseguir a la delincuencia. Por su parte, los delincuentes tienen a su favor, en el mejor de los casos, la negligencia, si no es que la complicidad de las autoridades. La delincuencia goza de una total impunidad actualmente. En diferentes legislaciones del Poder Legislativo se ha dotado a la autoridad administrativa jurisdiccional de los instrumentos legales que les permiten combatir la delincuencia. En esta ocasión se nos presenta un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Carta Magna. Es del conocimiento público que actualmente las cárceles están sobrepobladas y que muchas personas se encuentran allí porque no tienen recursos para contratar un defensor privado; en consecuencia, tuvieron que optar por un defensor de oficio. A partir de la entrada en vigor de esta reforma los abogados van a ser ahora defensores públicos y van a tener un sueldo no menor al de Ministerio Público. Es decir, en esta reforma avanzamos en la materia en cuanto a defensores de oficio. Hoy van a ser defensores públicos. Algo también muy importante es que actualmente cualquier ciudadano es presunto responsable. A partir de esta reforma va a ser presunto inocente. Esto queda establecido en el artículo 20, apartado B) de la fracción I. En el artículo 16 se plantea, en el séptimo párrafo, la posibilidad de que la autoridad judicial pueda decretar el arraigo a una persona, tratándose de delitos de delincuencia organizada. Este arraigo no podrá exceder de 40 días y de existir causa fundada podrá llegar hasta un término igual sin que sea de 80 días. Dada la complicidad de la actuación de la delincuencia organizada, en términos de las disposiciones vigentes resulta complicado para la autoridad ministerial integrar debidamente las averiguaciones previas y en las mismas incorporar elementos que acrediten la responsabilidad penal de los ciudadanos. Con este nuevo instrumento el Ministerio Público contará con el tiempo suficiente para acreditar a plenitud la responsabilidad de las personas que realicen una actividad. Ahora bien, señalamos que la delincuencia organizada opera con una gran red de contactos prácticamente en todos los ámbitos de la vida nacional y que los recursos ilícitos que obtiene deben de ser limpiados. Por ello la propuesta contenida en el décimo párrafo del artículo 16 constitucional, en el que se faculta al Ministerio Público de la Federación a que pueda tener acceso directo a documentación fiscal, fiduciaria y financiera. Es de vital importancia para poder desarticular y consignar ante autoridad competente y procesar a esos delincuentes. Desde luego, en esas investigaciones, para estos fines específicos, no aplica el secreto bancario ni fiduciario. En el párrafo quince de este mismo artículo se prevé que el Poder Judicial de la Federación, los correspondientes en las entidades federativas y el Distrito Federal, contarán con los denominados "jueces de control", que tendrán la facultad para resolver sobre la solicitud de medidas cautelares, por medidas precautorias y técnicas de investigación en autoridad que requiera autorización del Poder Judicial. La figura de estos jueces de control garantiza la legalidad de la actuación de la autoridad investigadora, ya que ésta por sí misma no podrá arrogarse la facultad de investigación sin ningún límite judicial. El artículo 17, párrafo tercero, prevé la existencia de mecanismos alternativos de solución y controversias. De nada sirve tener cárceles llenas cuando a los sujetos pasivos de la comisión de delitos no se les garantiza la reparación del daño. Con la propuesta que contiene el dictamen se podrán establecer mecanismos de conciliación; sin que el sujeto activo pueda estar en la cárcel se garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su actividad ilícita. Por su parte, el artículo 20 se reforma de manera total en tres grandes apartados. Un aspecto de suma relevancia es el que se refiere al proceso penal que será acusatorio y oral. Una de las grandes críticas a los procesos penales en los términos vigentes es su opacidad, ya que los jueces no conducen por sí mismos las audiencias, sino que los secretarios son quienes las llevan a cabo. A partir de la aprobación de esta reforma se establecen en el país los juicios orales con presencia no sólo de las partes, sino de todos los interesados en las audiencias presentes. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.