El diputado Carlos Hernández Mirón: Con el permiso, diputada presidenta. A partir de la nueva oleada de los métodos de acumulación capitalista basados en el saqueo de los recursos naturales y el extractivismo intensivo, se vuelve más necesaria la protección de los derechos colectivos e individuales del sector rural, particularmente la defensa de sus derechos agrarios. Es del conocimiento público que están creciendo y se han intensificado los conflictos por el despojo de las explotaciones de los recursos naturales, especialmente por la posesión y el usufructo de la tierra. De aquí la importancia de fortalecer las instituciones políticas y jurídicas que brinden a los sectores sociales más desprotegidos la garantía de la justicia social y la protección de su patrimonio y de sus derechos. En este contexto, es relevante el dictamen de la Comisión de la Reforma Agraria para que la Procuraduría Agraria incluya entre sus funciones, además de las que ya posee, la de defender los derechos de los posesionarios en ejidos y comunidades, así como también a nuestro parecer de posesionarios que se encuentren en goce y usufructo de terrenos nacionales baldíos o particulares no regularizados y de los cuales podría proceder su regularización mediante el reconocimiento de la asamblea ejidal, mediante acción de prescripción ante los tribunales competentes, de acuerdo con la Ley Agraria. Es verdad que los datos oficiales actualizados hasta diciembre de 2015 nos hablan de cerca de 800 mil personas reconocidas como posesionarias de tierras ejidales, que sin ser ejidatarias cuentan con certificados parcelarios, pero existe otra cantidad indeterminada de posesionarios, tanto de tierras ejidales como de terrenos nacionales y baldíos, que precisamente por no estar reconocidos por una asamblea o la autoridad agraria carecen de registro formal y no se refleja en las estadísticas oficiales. Este tipo de productoras y productores agropecuarios, al igual que los avecindados comúnmente disponen de un pequeño predio de posición, como de todo patrimonio para el sostenimiento de la familia, viven en condiciones marginales y con derechos precarios, pues no detentan la titularidad de la parcela o predio que usufructan y carecen de derechos sobre los bienes comunales del ejido o la comunidad, es decir, si bien poseen. De hecho, el uso y disfrute de una parcela jurídicamente no son ejidatarios ni propietarios, no tienen derecho pleno sobre la parcela que trabajan y donde habitan con la familia. No obstante lo anterior, aun cuando dichos posesionarios o posesionarias sólo tiene un derecho precario sobre la parcela y no gozan de derechos plenos ante la Asamblea Ejidal o Comunal, sí poseen en conjunto de derechos que aun cuando limitados deben ser tutelados por la justicia agraria. Así de acuerdo con el Registro Agrario Nacional, si en el ámbito del derecho agrario el posesionario es titular de los mismos derechos que el ejidatario sobre su parcela, tiene los siguientes derechos de uso y disfrute sobre su parcela, de dar en garantía al usufructo de recibir la indemnización por causa de expropiación de suceder o enajenar su derechos parcelarios y de asumir el dominio pleno de su parcela, luego entonces aun cuando las posesionarias y posesionarios se encuentren en situación precaria, tienen sin duda la protección de la ley y el derecho y la justicia. De acuerdo con el sistema jurídico mexicano el Estado tiene obligaciones irrenunciables para con los campesinos y campesinas, en las cuales destacan de manera especial la obligación de administrar justicia expedita y brindar asesoría legal para la defensa de los derechos agrarios. Al efecto, por disposición constitucional establecida en la fracción XIX, artículo 27, se constituye la Procuraduría Agraria de coadyuvancia y representación de los sujetos agrarios en asuntos y ante las autoridades agrarias cuando los interesados así lo soliciten de oficio, cuando así lo disponen. En este sentido, el dictamen de la Comisión de Reforma Agraria que hoy se somete a la consideración de esta honorable soberanía, al incorporar la figura de los posesionarios y sus sucesores en las obligaciones del ombudsman agrario tiene, sin duda, la virtud de subsanar lo que podríamos llamar una deuda en un sector muy importante del campesinado nacional, como lo son las y los posesionarios de predios y parcelas en el sector social y privado. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estará a favor del dictamen. Muchas gracias, diputadas y diputados.