La diputada Luz María Rodríguez Pérez: Compañeras y compañeros, en este recinto se han discutido por años los grandes temas económicos del país, pero muy pocas veces hemos hablado con franqueza sobre uno que se cuela en el día a día de millones de familias, en silencio, pero con un gran impacto: la concentración del poder económico. Cuando los mercados se cierran los precios no bajan. Cuando hay pocos que deciden por muchos, la innovación se frena. Pero cuando el Estado no interviene a tiempo los que tienen menos termina pagando más. Y este dictamen que hoy discutimos es una respuesta clave para ello. Con ella damos un paso más hacia una reingeniería institucional que pone a la competencia económica al servicio del bienestar social. Se crea la Comisión Nacional Antimonopolio, un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, personalidad jurídica y patrimonio propios. Una nueva institución con una tregua y una urgente tarea, y muy clara, que hacer que los mercados funcionen, pero que funcionen realmente para todas y todos. Afortunadamente no partimos de cero, reconocemos el arduo trabajo profesional de la Cofece y valoramos el gran papel de su presidenta Andrea Marván, en el posicionamiento internacional de México en la red de competencia. Lo que se ha hecho bien se respeta, pero respetar una historia no significa quedarse inmóviles cuando la realidad cambia, y el mundo ya cambió. La economía ya cambió. Hoy los desafíos no son los mismos, ahora enfrentamos mercados digitales globalizados, plataformas dominantes, prácticas que se mueven más rápido que nuestras respuestas institucionales. Por eso esta reforma no elimina capacidades, las actualiza. La nueva comisión tendrá un pleno conformado por cinco comisionados, no siete como hoy, que serán designados por el Ejecutivo y ratificados en el Senado. Contará con un diseño institucional más ágil. Separación funcional entre quienes investigan y quien resuelve. Con respeto absoluto al debido proceso. Especialmente enfocado en la comunicación entre abogado y cliente. Y como dato a destacar, será el órgano desconcentrado, descentralizado, más autónomo de toda la administración pública federal, al ser su órgano de gobierno presidido de manera independiente y no por la cabeza de su sector. Esta figura no debilita la autonomía, por el contrario, la consolida en dirección estratégica coherente con el nuevo enfoque económico del Plan México, impulsado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y llevado a la práctica por Marcelo Ebrard, un gran estadista comprometido con una competitividad al servicio del pueblo. Y en lo concreto, se reducirán los plazos para resolver concentraciones de 60 a 30 días hábiles. Las investigaciones por prácticas anticompetitivas se cortarán de 600 a 480 días. Las multas aumentarán de 10 % a 15%, sobre los ingresos del infractor. Durante la transición, los derechos laborales están garantizados, no habrá cancelación de procedimientos en curso y mucho menos se renunciará al principio de legalidad. Lo que está en juego hoy no es la autonomía de un organismo, es el acceso real del pueblo a un mercado justo. La política de competencia no puede seguir funcionando como algo aislado, tiene que conectarse con la política industrial, con el impulso a Mipymes, con la economía digital, con la transición energética y, sobre todo, con la justicia social que demanda el pueblo que hoy nos escucha desde sus casas. Para quienes se preguntan si esta reforma es compatible con el T-MEC, sí, totalmente lo es. El capítulo 21 del Tratado exige independencia técnica, imparcialidad y transparencia, no nos exige órganos constitucionales autónomos, ni tampoco nos impide adscripciones administrativas. La autonomía operativa se está manteniendo y la legitimidad del nuevo diseño se robustece. El contexto internacional acompaña esta reforma, la FTC en los Estados Unidos ha endurecido su política contra concentraciones abusivas. Europa, regula ya con firmeza los gigantes digitales. En Latinoamérica, Chile, Colombia y Brasil han adoptado modelos con autonomía técnica y capacidad de acción efectiva. México no puede quedarse atrás y no lo decimos por cumplir opiniones externas, lo decimos por lo que sucede en casa. Las familias con menores ingresos pagan hasta un 20 % más por los mismos productos. En zonas rurales, el más pobre paga...