LA DIP. MARCELA GUERRA CASTILLO: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea: A partir de que fue publicado el decreto del 7 de febrero del año 2002, por el cual se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio de las tarifas domésticas, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó el 29 de enero del 2003 un punto de acuerdo mediante el cual se acordó solicitar a la Secretaría de Energía que estudiara la factibilidad de reinstalar el subsidio a las tarifas de energía eléctrica así como la aplicación de una tarifa preferencial para el consumo domiciliario. La reducción de los subsidios de las tarifas de energía eléctrica en general, perjudicó a todos los mexicanos, pero lesionó más seriamente a los de menores ingresos, dentro de ellos a las personas adultas mayores y a los pobladores de las regiones con clima adverso. Desde que fue publicada la cancelación de los subsidios y el aumento a las tarifas de electricidad para los consumidores domésticos, se ha producido un debate que expresa un rechazo mayoritario a tales decisiones por la inmensa mayoría de los mexicanos. No debemos olvidar que los servicios prestados por la Compañía Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se aplican a más de 24 millones de contratos de usuarios de la República, de los cuales el 88% corresponde a usuarios domésticos y sólo el 0.6% se dedica al sector industrial; el 10% al comercio, el 0.05 al agrícola, el 0.65 al sector de servicios. Amparada en facultades que le otorga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuyó los subsidios y aumentó las tarifas sin mediar consulta previa con la ciudadanía, tampoco con las entidades federativas y las organizaciones sociales o con otras instituciones involucradas. Por unilateral, arbitraria e inequitativa, dicha medida es contraria a los principios constitucionales que garantizan a todos los mexicanos los mínimos de bienestar como de vivienda, alimentación, además inhibe la posibilidad de que los mexicanos puedan gozar de salud, educación y un medio ambiente adecuado como garantías individuales que son y están consagradas en nuestra Carta Magna. A saber, existen regiones en el país que en ciertas épocas del año, el servicio de energía eléctrica es un factor de sobrevivencia y que el aumentar el precio de este factor impide y limita a quien tiene que pagarlo, a disfrutar de otros satisfactores. Al respecto, la Universidad Autónoma de Nuevo León realizó una medición de temperaturas del área metropolitana de Monterrey, del 94 al 98, en el que se obtuvo que la temperatura de varios meses del año es mayor a los 30 grados centígrados o más en esta área; cabe recordar que la tarifa 1-C o preferencial se aplica cuando la temperatura media es de 30 grados centígrados o más. En el escenario anteriormente descrito, las personas adultas mayores, deben de tener el beneficio de una tarifa preferencial y de reducción del 50% en las tarifas de luz, coincidimos, más allá de coincidir, apoyamos el punto de acuerdo del diputado Serrano que vino a aquí a establecer en esta tribuna. (aplausos) Estamos conscientes de todos los que menos tienen, especialmente los adultos mayores. No está por demás recordar que las personas adultas mayores, los jubilados y los pensionados, han entregado su esfuerzo, su productividad y creatividad en beneficio de la sociedad entera. Estamos hablando cuando menos de 9 millones de personas adultas mayores de 60 años que se han visto afectadas de manera directa en su economía familiar y que son especialmente sensibles a los cambios de clima, pero además debemos recordar que se trata de una población económicamente inactiva. Finalmente, quisiera dejar a esta asamblea la reflexión de que las exhortaciones que hemos hecho aquí o vamos a hacer al Ejecutivo Federal, para establecer tarifas preferenciales, son desde luego positivas, pero tienen efectos limitados. Debemos por ello asumir como compromiso con los ciudadanos mexicanos, especialmente con los que menos tienen, la promoción de una reforma legal que tenga por efecto acotar las facultades de la Secretaría de Hacienda en materia de establecimiento y modificación de tarifas eléctricas, a fin de que en un futuro no se vuelvan a repetir decisiones unilaterales, arbitrarias, impopulares y contrarias a los principios constitucionales como las contenidas en el acuerdo del 7 de febrero del 2002. Es cuanto, señor Presidente.