La diputada Karina Padilla Ávila: Gracias, diputada presidenta. Indudablemente la violencia de género sigue siendo un problema complejo e inconcebible en todas las formas y manifestaciones. En los últimos la visibilidad de las mujeres en la vida pública ha provocado un efecto negativo, lo que ha obligado a rediseñar acciones para implantar la perspectiva de género en el quehacer público como una obligación constitucional y convencional, tendiente a garantizar el trato y pleno respeto de los derechos a participar en la vida democrática. Sin embargo, la realidad apunta a que en la medida en que la mujer ha tenido mayor participación en la vida política la violencia derivada de este hecho se ha intensificado, y seguramente se replicará en las próximas elecciones. Claro ejemplo se vivió en las elecciones de 2015 y 2016 en diversos estados de la República en donde a decir de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, se recibieron diversas denuncias de amenazas a candidatas electas para abandonar los cargos de elección popular y cederlos al género masculino, así como actos de violencia, de amenazas, de hostigamiento contra las mujeres candidatas, familiares e incluso mujeres en el ejercicio de su cargo. También señala la fiscalía que en el año 2000 al 2016 las denuncias por discriminación y acoso político contra las mujeres crecieron en un 271 por ciento al pasar de 38 denuncias a 103, registradas principalmente en las entidades federativas de Guerrero, de Chiapas y de Oaxaca. Preocupa que pese a estas cifras aún no tengamos tipificado el concepto de violencia política de género, pues ello ha generado que aquellas acciones u omisiones que se cometen contra las mujeres basadas en elementos de género y dadas en el marco de los derechos políticos electorales, no sean suficientemente claras de identificarlas, y lo más grave aún, tengan un problema para poder ser sancionadas. Pero bueno, cuando las cosas pasan y cuando las situaciones y las realidades nos alcanzan, es cuando en esta Cámara ponemos atención a los temas y es cuando estamos legislando a favor de las situaciones y las realidades que tristemente nos alcanzan. Es por ello que desde esta tribuna pongo a su consideración el proyecto de decreto para reformar disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales a fin de: Primero. De definir lo que es violencia política contra las mujeres, así como Segundo: Tipificar de manera especial el delito y estableciendo sanciones con multa y prisión a quien cometa agravando dichas sanciones en los casos en los que los funcionarios partidistas o candidatos sean los responsables. Compañeras y compañeros legisladores, la problemática que expongo desde esta tribuna no es menor, no se trata de un asunto más de mujeres, como aún refieren despectivamente algunos sectores o personajes. El tema se relaciona con el respeto y el reconocimiento pleno e igualitario de los derechos humanos, civiles y políticos de este sector. Quienes hoy tenemos la oportunidad de legislar para continuar impulsando y fortaleciendo la participación de la política de la mujer, no podemos ni debemos dilatar más este mecanismo. Es por ello que conmino también a la Comisión de Igualdad de Género a que en urgencia podamos estar dictaminando este asunto y las demás iniciativas que ya se encuentran al interior de la comisión. Los conmino a todos a abordar con seriedad y compromiso la presente propuesta para su posterior aprobación, sin olvidar que no puede llamarse democracia a una sociedad en que las mujeres estén excluidas de la vida pública y del proceso de adopción de decisiones. Es cuanto.