LA C. DIP. CRISTINA PORTILLO AYALA: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos y deroga otros, del Código de Justicia Militar, para suprimir la pena de muerte del Sistema de Sanciones que rige en la jurisdicción penal militar, al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En la búsqueda de respuestas para las conductas antijurídicas, el siglo XX fue testigo de la lucha polarizada en torno a las ideas de sanción retributiva sostenida por la Escuela Clásico de Derecho Penal y de Sanción Defensa Social, propuesta por la Escuela Positiva de Culpabilidad y Peligrosidad Social. Dialécticamente la balanza se inclinó en los años 60 hacia la ideología punitiva que propuso a la prisión como lugar de readaptación, de regeneración de los individuos que habían delinquido. Sin embargo en esta materia ahora asistimos también al quiebre de las ideas positivistas. Hoy en día es casi imposible hablar de prisiones sin pronunciar la palabra: "crisis". La reincidencia, sobrepoblación, corrupción, fugas y motines, han contribuido a crear una atmósfera de desilusión, frustración y desesperación creciente que alarma a los distintos sectores de la sociedad, a los mandos de gobierno y a los mismos directivos de los institutos de prevención y de ejecución de penas. En la última década del siglo pasado y en los años que van del presente, surgen así en distintos países sistemas que contemplan sanciones alternativas o complementarias a las penas privativas de la libertad de corta y mediana duración, como la pena pecuniaria de los días multa, la inhabilitación o las formas atenuadas de su cumplimiento, como la semidetención o el llamado "arresto de fin de semana". Y si bajo el influjo de las crisis de la llamada ideología del tratamiento, condicionada a su vez por la crisis del modelo del Estado bienestar, surgen en los sistemas de sanciones incluso un fuerte cuestionamiento a la eficacia y pertinencia de las penas privativas de la libertad de corta y mediana duración. Resulta indudable que mantener la vigencia de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, constituye un verdadero anacronismo histórico, una barbarie contra los derechos humanos fundamentales. Hoy en día necesitamos un Ejército con leyes modernas, apegadas a la realidad que vive nuestro país. No existe ninguna justificación penal para la pena de muerte que pueda superar a los argumentos de derechos humanos que justifican su abolición. La pena de muerte no tiene un poder especial para reducir la delincuencia ni la violencia; nunca se ha demostrado que disuada del delito con más eficacia que otras penas. El argumento de que la pena de muerte es necesaria para disuadir a los delincuentes, ha ido perdiendo credibilidad por la falta cada vez más evidente de pruebas científicas que demuestren que el efecto disuasorio de esta pena es superior al de otro tipo de castigo. La crueldad en esta sanción queda patente, no sólo en la ejecución misma, sino en el tiempo de un recluso para permanecer en espera de ser ejecutando, pensando constantemente en su muerte a manos del Estado. Esa crueldad va más allá del condenado y alcanza a su familia, a los funcionarios de la prisión y a los encargados de llevar a cabo la ejecución. "Del mismo modo la historia ha demostrado que la pena capital es discriminatoria, a menudo se ha empleado desproporcionalmente contra quienes ocupan estratos inferiores, contra minorías y contra miembros de determinadas comunidades radicales, étnicas y religiosas. Pero además la pena de muerte es irreversible y niega de manera absoluta el objetivo penal internacionalmente aceptado de la rehabilitación del sentenciado. Es inaceptable que afecte a víctimas inocentes, mientras la justicia humana sea falible nunca podrá eliminarse el riesgo de ejecutar a un inocente. Es por eso que en la construcción del sistema de sanciones, la observancia de los principios de legalidad, culpabilidad, humanidad, última razón, reintegración social y proporcionalidad de la reacción penal, propios en un Estado de derecho democrático, exigen ya el abandono en todos nuestros ordenamientos penales de la concepción del derecho a castigar como fin en sí mismo que justificaría la imposición de la pena capital como pena absoluta, para admitir en adelante la concepción de que la gravedad de la sanción debe fundamentarse siempre en razones de necesidad, oportunidad, prevención y absoluto respeto a los derechos humanos. Es decir, la congruencia político-criminal que debe prevalecer en el Estado democrático y social de derecho implica la construcción de un sistema de sanciones humanistas y rehabilitacional para evitar una respuesta simbólica, mediática y represiva. "En congruencia con las anteriores ideas, en la iniciativa que se somete a consideración de esta asamblea se propone reformar el sistema de sanciones que regula actualmente el Código de Justicia Militar para suprimir la pena de muerte y eliminar la actual clasificación de prisión ordinaria y prisión extraordinaria, reduciéndola a una sola categoría. Con ello se pretende dar plena vigencia en la justicia militar a la filosofía humanista del derecho penal, así como el modelo reactivo de doble vía de aplicación simultánea de penas y medidas de seguridad, adhiriéndolo a un sistema ecléctico, de pena retributiva y de rehabilitación, en el que se sumen tanto el reproche penal y las características de personalidad del actor en una sola fórmula que sintetiza la construcción penal en un humanismo que busca la readaptación social del que delinque. "Superada la pena capital en el Código de Justicia Militar el arbitrio del juzgador se manifestaría pleno al dictar sentencia condenatoria para determinar la pena y la medida de seguridad establecida para cada delito y la individualización de la misma dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito, el grado de culpabilidad de la gente, las características de personalidad del sujeto, su relación con la víctima y las circunstancias del hecho. "Para la justicia militar se abonaría así en una construcción legislativa penal que sea congruente con su racionalidad interna, garantizando una persecución e investigación de los delitos y los delincuentes en forma técnica, racional y con espíritu de rehabilitación, ya que como lo establece también el jurista Sergio Correa García en la medida en que se logre la congruencia entre un sistema penal racional y humanista con instrumentos técnicos científicos evaluatorios de las prácticas públicas en el ámbito de la individualización de las penas y las medidas de seguridad en especial, en este mismo sentido se harán congruentes tanto la pretensión punitiva del Estado como las penas en particular, su efectiva ejecución y resultados esperados". Muchas gracias, señor Presidente. -