La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, este día tengo la oportunidad de presentar ante ustedes dos iniciativas. La primera de ellas, es una iniciativa de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de protección de derechos de los trabajadores del campo. En nuestro país la producción agrícola es una actividad importante. No obstante, las condiciones en que se desarrolla, ha facilitado la explotación laboral de la que han sido víctimas muchas personas. Indicadores, como el flujo migratorio demuestran que quienes emigran hacia las zonas donde se brinda trabajo en campos agrícolas o ganaderos, normalmente son personas de muy escasos recursos y educación, lo que los coloca en condiciones de vulnerabilidad frente a sus patrones. Estas personas normalmente son captadas por personas conocidas como enganchadores, quienes haciendo uso de la radio se dedican a reclutar trabajadores del campo en zonas muy marginadas, con promesas muchas veces falsas y que son simplemente usadas para que las personas se animen a trabajar aunque después las condiciones sean desfavorables. El trabajo infantil también forma parte de los problemas que se han detectado, de ahí que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su sexagésimo periodo de sesiones, haya recomendado, en sus observaciones finales sobre el combinado cuarto y quinto informes periódicos a México, que el trabajo en la agricultura se prohíba textualmente para las personas menores de 18 años. A pesar de todo lo anterior, el marco normativo actual no contempla mecanismos rigurosos que protejan debidamente a estos trabajadores, de tal manera que no evita que sean explotados. Esta iniciativa propone crear la obligación de realizar inspecciones periódicas y que los patrones lleven un registro especial de trabajadores eventuales o estacionales, cuya copia deberá ser vendida al inspector del trabajo que resulte competente en cada entidad federativa. Así como un informe de los trabajadores permanentes, donde se establezcan datos mínimos que aseguren que los trabajadores del campo no están siendo víctimas de explotación ni de ningún otro delito o falta. De igual manera, plantea crear un permiso a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que sea ésta quien autorice la transmisión de publicidad en radio y televisión que tenga por objeto reclutar o captar a estos trabajadores. Por último, consideramos necesario que en el capítulo especial de los trabajadores del campo, de la ley, se establezca la prohibición de usar el trabajo de personas menores de 18 años de edad en este tipo de actividad, dado que promueve la deserción y el abuso. Por lo que hace a mi segunda iniciativa, se trata de una propuesta de adición al artículo 4 de nuestra Constitución federal para reconocer el derecho a la ciudad en todo el territorio nacional. La población urbana ha ido en aumento desde hace un siglo, debido a que un porcentaje considerable de la población rural ha migrado a poblaciones urbanas, y en éstas desarrollan su vida y la de sus descendientes. El derecho a la ciudad es una forma de democratizar el espacio público y dotarlo de una función social que potencialice el desarrollo humano de todos los que habitemos en ella. Este derecho también alcanza a las poblaciones rurales, porque en la medida en que su población incremente y que el Estado actúe para organizar su espacio, tienen derecho a decidir sobre cómo quieren su espacio público. De acuerdo con el Inegi, en 1950, poco menos de 43 por ciento de la población en México vivía en localidades urbanas. Para 1990 el porcentaje era de 71 por ciento y para 2010 ésta aumentó a 78 por ciento. La migración rural urbana tiene su principal motivo en que las grandes ciudades concentran gran parte de la industria y de la riqueza del país. Sin embargo, no todos tienen acceso al cúmulo de oportunidades que se generen. En las ciudades el espacio público se desarrolla principalmente en función de intereses económicos, obviando el interés ciudadano y la necesidad de combatir la pobreza, la provisión de viviendas dignas y decorosas. El acceso a la cultura, la educación, a un ambiente sano, al esparcimiento, al deporte entre otros, y ha favorecido el establecimiento de los llamados cinturones de miseria. De acuerdo con la ONU los cinturones de miseria son símbolos casi naturales de crecimiento económico desordenado de nuestro tiempo y están frecuentemente asociados con estos grandes asentamientos precarios en que miles de personas sobreviven sin servicios básicos, en casas de cartón, hacinados, en medio de profunda descomposición social, pobreza, violencia y desencanto. Ante ello la presente iniciativa tiene el propósito de devolverle al ciudadano el derecho a decidir sobre su ciudad, tanto en el sentido físico del espacio, como el de la vivienda o de la experiencia. El derecho a la ciudad va más allá de una obligación del Estado, de urbanizar al país. El derecho a la ciudad es un derecho universal que plantea que el crecimiento de las poblaciones sea ordenado y que en él se ponga especial énfasis en los intereses locales del ciudadano que ha hecho de la ciudad su hogar, brindándole mecanismos efectivos de participación. Espero estimados compañeros, que puedan sumarse a estas iniciativas. Muchas gracias, señora presidenta.