La diputada Janette Ovando Reazola: Compañeros legisladores, la que suscribe, diputada federal Janette Ovando Reazola, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que me otorga lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto, a fin de establecer la obligatoriedad de los debates en las campañas políticas. Lo anterior, conforme a la siguiente exposición de motivos: La democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. En este régimen político la soberanía reside en el pueblo y es ejercida por éste de manera directa o indirecta. En términos más simples, la democracia es el régimen por el cual la sociedad delega voluntariamente la representación de sus intereses a un grupo de personas que tendrán la obligación de obtener para ésta su máximo beneficio, satisfaciendo a cabalidad sus necesidades. La sociedad será quien organice para decidir qué personas se encargarán de realizar las tareas de gobierno y de tomar las mejores decisiones para la comunidad, teniendo siempre presente que la idea central de la democracia es la igualdad de los ciudadanos. Si bien es cierto que para lograr una verdadera democracia es necesario contar con instituciones transparentes y confiables que aseguren el cumplimiento del estado de derecho, también lo es que el primer paso para alcanzar dichos objetivos es el ejercicio del voto. El voto, como derecho y obligación de los ciudadanos mexicanos, es un acto de enorme trascendencia, ya que en él se resumen las aspiraciones, esperanzas y preocupaciones de cada uno de los ciudadanos en lo individual. El voto y la eficacia del mismo, ha permitido a nuestro país aunque a paso lento, la transición de la democracia en estos días. Actualmente los mexicanos tienen la posibilidad de ejercer este derecho aunque el mismo no es una tarea fácil, pues implica que al decidir a quién se favorece con éste, el voto se visualiza quién constituye la mejor opción que garantice una representación responsable que defienda mejor los intereses de la sociedad. Esto es que el ciudadano debe estar plenamente convencido de la importancia que tiene el emitir su voto de manera consciente y responsable, pues de él depende el curso de la vida política del país. La democracia es un proceso complejo y dinámico en el que confluyen diversos factores sociales que van más allá de la mera emisión del voto y que tiene que ver con el ejercicio de los deberes y derechos del ciudadano, ya que este es un sujeto activo de la política capaz de nombrar a sus representantes y gobernantes, que también se organiza en defensa de sus derechos para ser escuchados por el gobierno y para influir en el rumbo y la dirección del país. En ese sentido, la transición a la democracia es tarea de todos y es importante para la misma entablar y conducir acciones que confluyan para el cumplimiento de este propósito. Una de esas estrategias es el establecimiento de debates públicos entre los candidatos presidenciables, lo cual permitiría matizar el impacto de las campañas mediáticas al ir más allá de discusiones ociosas sobre las actuaciones de la vida personal de los contendientes o de la pura imagen sin contenido, que a menudo es la fuente principal de los posicionamientos de los candidatos. En efecto, los debates públicos permitirían la comparación entre los candidatos, propuestas, plataformas políticas y objetivos y estrategias concretas en atención a los temas de verdadero interés nacional, generando mayor conciencia entre los electores. La pretensión de la presente reforma se centra en establecer dichos eventos con el propósito de dar a conocer los electores quiénes son los candidatos; su manera de pensar; su preparación; sus objetivos e incluso para permitir al electorado identificar a los candidatos como la futura autoridad que tendrá en sus manos el poder de representarlos en el ámbito nacional e internacional durante un periodo determinado. La realización y difusión de debates implica presentar a los votantes propuestas, plataformas políticas a efecto de clarificar los objetivos de los candidatos y las medidas concretas que piensan aplicar para obtener sus pretensiones y distinguir la diferencia que existe entre su propuesta y las de los otros candidatos, a efecto de tener mayores elementos de convicción al momento de elegir. En conclusión, esta iniciativa propone la adición de un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, con el propósito de facultar al consejo general del Instituto Federal Electoral para que éste sea quien procure la realización, difusión y programación de debates públicos durante las campañas políticas electorales a efecto de fortalecer la cultura democrática en nuestro país, estableciendo que en los tiempos de debates no quedarán comprendidos dentro de los topes de financiamiento de los partidos políticos y candidatos, ni en los tiempos que le correspondan a cada partido. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes secretarios, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO ARTICULO UNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue: ARTICULO 82. 1. El consejo general tiene las siguientes atribuciones: 2. El consejo general procurará la realización de debates públicos entre los candidatos presidenciables de los diferentes partidos políticos cuya difusión será a través de la radio y la televisión. Los tiempos de los debates no quedan comprendidos en los topes del financiamiento de los partidos políticos y candidatos, ni en los tiempos que le corresponda a cada partido. ARTICULO TRANSITORIO UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de septiembre de 2005. Atentamente. Dip. Janette Ovando Reazola. Muchas gracias señor presidente.