La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con su permiso, señor presidente, gracias. Compañeras y compañeros diputados, me presento en esta tribuna para fijar postura del Partido Acción Nacional en torno a estas importantes reformas, conocidas como miscelánea penal. Sin duda, estas reformas contribuirán fundamentalmente en la adecuación y actualización del entramado jurídico existente en materia penal federal, fortaleciendo a las instituciones encargadas de su aplicación otorgándoles mayores herramientas par combatir e investigar determinados delitos, sobre la base de reglas claras y precisas que a su vez eviten excesos o abusos en su actuación, respetando las garantías fundamentales de los gobernados. Es imprescindible para los legisladores de Acción Nacional construir nuevas directrices, capaces de garantizar un Estado de paz y garantista. Por ello votaremos a favor de esta reforma. Por lo que hace a las reformas a la Ley Adjetiva Penal, se elimina la flagrancia equiparada, se establecen los lineamientos que deberá observar la autoridad policial en la investigación de los delitos, se regula la creación del registro nacional de detención y la obligación de las autoridades responsables de nutrir dicho registro. Logrando con ello que quede constancia fehaciente de la forma y el momento de su realización. Lo que dará certeza al sujeto detenido y permitirá sancionar los actos arbitrarios cometidos por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se reforman los extremos legales para la procedencia y duración de la implementación del arraigo y prohibición de abandono a una demarcación geográfica, se regula lo relativo a la posibilidad de que un particular pueda ofrecer como medio de prueba conversaciones en que hubiera participado, a fin de evitar excesos que propicien el abuso de esta figura procesal. Se avanza en la regulación de los derechos de las víctimas u ofendidos, tales como las reglas de levantamiento del acta de cateo, las reglas de aseguramiento de indicios, materia, objeto o producto del delito, entre otros. Por lo que hace a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, partiendo del hecho de que la reforma constitucional que aprobamos establece un régimen de excepción en la materia, se actualiza este tipo penal. Se establecen procedimientos para que, en determinados casos, proceda la infiltración de agentes y policías investigadores, estableciendo las medidas de seguridad y el señalamiento de los servidores públicos facultados, para preservar la confidencialidad de datos de identidad de la gente. Se actualizan los extremos constitucionales para la procedencia de la medida de arraigo, sus características y duración, y se establecen centros de reclusión especializada para integrantes de la delincuencia organizada, así como de restricción de comunicaciones con terceras personas, con excepción de su defensor y, en su caso, el establecimiento de mecanismos de vigilancia especial. Adicionalmente se plantean una serie de reformas a diversos dispositivos legales como el Código Penal Federal, la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre otras, con el objeto de establecer mecanismos de control y sanción de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública que se aparten de sus deberes y obligaciones, y establece reglas de reclusión específica en materia de delincuencia organizada, así como mecanismos de vigilancia especial de los procesados y sentenciados. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, de nada servirá crear leyes discursivas para el combate a la delincuencia organizada si no se dota a las instituciones de los mecanismos necesarios para ello, lo que no significa que deba ser de manera arbitraria. El ejercicio de cualquier poder que se le confiere a una autoridad debe estar delimitado, de lo contrario el mismo Estado será quien sancione todo ejercicio abusivo de ese poder. Con esto se garantiza el derecho que el ciudadano tiene a la seguridad pública, a solicitarla y reclamarla, y a que se le restituya el goce y disfrute de sus derechos legítimos. Quiero aclarar que las reformas que hoy proponemos no son motivo de celebración. El día de hoy los diputados federales sólo estamos cumpliendo con una promesa que todos y cada uno de nosotros hemos hecho a las mexicanas y a los mexicanos; pero sobre todo con una obligación inexcusable que tenemos, la de legislar en beneficio de la seguridad de todos. El día de hoy tenemos la oportunidad de aprobar una serie de reformas que han contado con el consenso de todos los actores políticos en el país, iniciando con la ciudadanía, los órganos gubernamentales y no gubernamentales, los diversos grupos parlamentarios y por supuesto, con la firme voluntad del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, de combatir eficazmente la delincuencia organizada en México. Quiero finalizar señalando que tenemos claro que todavía están pendientes muchas reformas en esta materia; que son muchas las voces que todavía piden cambios radicales en las instituciones y en la forma de sancionar a los delincuentes; que existe una verdadera desconfianza social en los órganos encargados de la persecución de los delitos, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sentencias. También estamos conscientes de que los mexicanos todavía tienen grandes expectativas en este combate a la delincuencia; que desean vivir más seguros y que empiezan a desesperarse porque sienten que nos falta mucho por hacer. Sin embargo, el paso que hoy estamos dando es un paso más en esta lucha. Un paso que fortalece a las instituciones en materia de seguridad pública y que las obliga a mantener su actuación dentro de la ley. Es un paso en beneficio de la gran mayoría de mexicanos, porque somos un ejército de 106 millones que queremos un México más seguro, un México donde todos podamos vivir mejor. Gracias.