La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hace poco más de un año en esta soberanía votamos a favor de una reforma a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que permitiría al Estado mexicano contar con un Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas. Hoy, las consideraciones hechas por la Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara a las observaciones de la colegisladora, que realizó modificaciones a la minuta que le fue turnada, nos brinda la oportunidad de debatir de nueva cuenta los pros y contras de un instrumento como el mencionado en la reforma. Pero la discusión también nos da pie a debatir sobre las atribuciones que, en la elaboración del llamado Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, tiene la federación, frente al conjunto de las entidades del país. Recordemos que en el último párrafo del apartado A del artículo 2o. de nuestra Carta Magna se establece que las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público, deberán estar contenidas en las Constituciones y leyes de las entidades federativas. En otras palabras, si somos estrictos en la interpretación del texto constitucional, la federación no tendría atribuciones para participar en la integración y actualización del Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, pues ésta es una materia reservada a los estados. Ahora bien, el otro problema que vemos en el dictamen que en esta ocasión es motivo de análisis, tiene que ver con su dimensión parcial. Se pretende atender una necesidad de nuestros pueblos originarios y se soslaya de nueva cuenta la posibilidad de entrar en discusión de una reforma integral que atienda al conjunto de los derechos, reforma por la que nuestro grupo parlamentario se ha pronunciado siempre en diversos foros. Si bien nuestros pueblos indígenas son los herederos de una serie de tradiciones que nos ligan al pasado constituido por las mujeres y hombres que originalmente poblaron nuestro territorio y a pesar de las luchas que han librado a lo largo de más de 500 años para mantener su identidad y modo de vida, en pleno siglo XXI no han logrado la protección plena de sus derechos. Naciones Unidas ha reconocido la urgencia de adoptar medidas para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Lo anterior nos obliga a reflexionar sobre si con la presunta aplicación de las facultades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que coadyuve en la integración y actualización del Registro Nacional, se avanzará en un reconocimiento a sus derechos. ¿Qué ganarán nuestros pueblos originarios con un registro nacional? Es la base para la definición de las políticas públicas... Perdón, me ganó la emoción. ¿Qué ganarán nuestros pueblos originarios con un registro nacional? Lo que es fundamental, implementar la consulta libre para discutir sus propias necesidades, que puedan formular y planear, elaborar sus propios programas. Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados de Movimiento Ciudadano llamamos a reflexionar sobre esa reforma integral que realmente contribuya al reconocimiento de los pueblos indígenas, por lo que pedimos a esta soberanía, retirar este dictamen y que se regrese a las comisiones correspondientes para que se revise el dictamen. Es cuanto, diputado presidente.