El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señora presidenta. Señoras legisladoras y señores legisladores, el 5 de febrero de 2013 conmemoramos 96 años de la promulgación de la Constitución de 1917. En los últimos años, con motivo de esta efeméride, tanto en la Academia como en la política, discutimos sobre la validez de sus principios, la vigencia de sus preceptos y sobre la disyuntiva de revisarla integralmente u optar por promulgar una nueva Constitución. En el pasado se elaboraron muchas explicaciones acerca de lo que era nuestra Constitución; se decía que plasmaba el proyecto nacional, que era la expresión jurídica de la Revolución Mexicana, que fue la primera Constitución social del siglo pasado y que sus preceptos marcaban la pauta para el avance en el cambio social del país. Para nosotros los panistas, la referencia teórica a la Constitución y a la democracia contrastando con su incumplimiento práctico, eran suficientes para poner de manifiesto que en aquellos tiempos ni había democracia ni se cumplía a cabalidad la Constitución. Desde nuestra visión humanista, la Constitución representa el conjunto de normas que establecen los principios de organización del Estado mexicano como República democrática, representativa y federal, estructura que debe sustentarse en la integración democrática de los poderes públicos, con un sistema presidencial sujeto a un marco de división y equilibrio de poderes, ley fundamental que otorga a los mexicanos en lo individual garantías y libertades, así como derechos sociales que establecen la pauta para la convivencia social. Todo ello, por supuesto, dentro de un régimen de facultades expresas al orden federal, como fundamento del estado de derecho, de la seguridad jurídica y del derecho positivo mexicano. Es evidente que el poder Constituyente de 1917 se inspiró en una doctrina no sólo constitucional, sino también social; advertimos esto porque en el México plural y democrático del presente, los distintos actores políticos y sociales enarbolamos doctrinas e ideologías disímbolas y en ciertos aspectos confrontadas. Más allá de aspectos donde hemos sido capaces de generar consensos históricos en temas como la no reelección del Ejecutivo federal, el Estado laico, la educación básica gratuita, la protección al trabajo o la autoridad electoral autónoma, es claro que los distintos actores impulsamos muchas veces reformas constitucionales diversas que responden a proyectos aparentemente antagónicos, pero cuya interacción permite construir a través de nuestra Constitución el país donde todos, todos, tenemos cabida. Es justamente en el debate de los distintos proyectos del país donde se generan los futuros consensos históricos que se plasmarán en nuestra Constitución. Al reconocer esta situación, esta aspiración legítima insatisfecha de pretender que el texto constitucional tenga cada día un mayor significado para todos nosotros, lo cual sin duda nos llevara años y años de reflexión, de iniciativa y de diálogo que genere consensos. Lo que sí tenemos la obligación de hacer en este momento es defender su vigencia plena, el respeto irrestricto a las normas constitucionales con todo y lo imperfectas o contradictorias que nos puedan parecer en ocasiones, a nivel de compromiso ineludible, Acción Nacional se ha obligado siempre a velar por la estricta observancia de nuestra Constitución, condenando la desviación, la deformación o la inobservancia de los postulados sociales y democráticos por los gobiernos de todo orden. La anterior consideración se relaciona directamente con la disyuntiva apuntada al inicio respecto a opciones, o revisar íntegramente nuestra Constitución o, en su defecto, promulgar un nuevo texto constitucional. Nuestra responsabilidad como legisladores que protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución no estriba en la oportunidad de echarla a la basura, de echarla abajo por completo, sino en cumplir con nuestra responsabilidad de reformarla en lo conducente para hacer de su cumplimiento vigencia y futuro. Es una gran pretensión que un poder constituido se asuma repentinamente en un poder Constituyente; o, peor todavía, que decline su responsabilidad y diera paso a un Constituyente como si hubiera perdido súbitamente su capacidad para ejercer las facultades y atribuciones que como Poder Legislativo tiene. El advenimiento de la vida democrática a partir del año 2000, a diferencia de lo ocurrido en momentos cruciales de la transformación de México como la Independencia, la Reforma y la Revolución, no significó la inobservancia o la falta de aplicación de los preceptos constitucionales. Por el contrario, fue una demostración inequívoca de que los actuales y futuros procesos de transformación para el avance de México no precisan de fatales rupturas ni de estallidos de violencia, pues hemos llegado a una fortaleza institucional tal, que nos permite el tránsito hacia el porvenir en condiciones de paz, en condiciones de democracia y en condiciones de avance ininterrumpido en los órdenes económicos y sociales. Es evidente que el tránsito hacia la democracia ha generado una enorme discontinuidad entre una sociedad moderna y educada, una economía globalizada y, en fuerte competencia, una vida democrática muy dinámica que avanza con dificultades ante la persistencia de preceptos e instituciones que se diseñaron y fueron vigentes en el marco de un régimen pasado y autoritario. Por ello estimamos como indispensable proceder a una reforma del Estado en este marco constitucional. Durante años se argumentó que una de las razones principales en México por las que ni el federalismo ni las instituciones democráticas ni la división de poderes encontraron contraparte o vigencia en las prácticas políticas reales, era la ausencia al reconocimiento de un pluralismo político y los espacios que demandaban. En ese sentido si no se avanza hoy, se retrocede. Hoy el sistema político mexicano atraviesa por un claro periodo de transición y consolidación de la democracia. Se han hecho vigentes los mandatos constitucionales que limitan el desbordamiento unipersonal del Ejecutivo y la concentración del poder en éste; pero al mismo tiempo han surgido a la par fenómenos y problemas que si bien son normales en toda democracia, en México hoy son una novedad. Para la consolidación de nuestra democracia lo fundamental es, como se mencionó hace algunos años por parte de Carlos Castillo Peraza, que vayamos resolviendo los problemas de la democracia en la misma democracia, lo cual conlleva necesariamente el estricto apego al Estado de derecho y las leyes que los propios mexicanos y de manera muy particular este Congreso hemos dado. No hay demócratas de medio tiempo. La Constitución debe de ser el medio donde se establezcan las bases para impulsar la modernización de las instituciones nacionales y lograr que se adecuen a los patrones de la actual vida democrática en México. En ese sentido nos parecen correctos los principios de organización del Estado y las definiciones de régimen democrático contenido en la Constitución. Es muy probable que una hipotética nueva Constitución terminara plasmando los mismos principios y que tan sólo definiera un nuevo régimen, meta que de la misma forma podríamos lograr acordando simplemente una importante reforma del Estado, sin necesidad de embarcarnos en la aventura de inventar otra Carta Magna. No faltarán las voces que critiquen nuestra intención de perfeccionar la Constitución argumentando el conocido tema abuso en sus reformas. Desde su promulgación hasta diciembre de 2012, nuestra Constitución ha sido reformada en al manos 443 ocasiones. En su oportunidad los panistas denunciamos el manoseo sexenal de nuestra Constitución, proponiendo como alternativa una revisión seria de los puntos discutibles y un respeto escrupuloso de los preceptos que se mantenían vigentes. Pero en nuestros días en el marco de la vida democrática debemos de reconocer que cada día es más difícil la reforma a la Constitución mexicana, debido a la pluralidad de los órganos legislativos; reflejo de la pluralidad misma de nuestra nación. Actualmente ya no nos encontramos en la situación en donde el Ejecutivo federal abusaba de las reformas a la Constitución, como ocurría en la era presidencialista. Es decir, hoy el Ejecutivo federal no controla para reformas constitucionales este Congreso, afortunadamente. Al respecto, la discusión de fondo que nos debe de ocupar, tiene que ver con aquellos aspectos donde el texto vigente sí presente tesis contradictoria, vacíos o preceptos que hayan sido rebasados por la realidad de México. En ese sentido todos los actores políticos tenemos que hacer nuestra propia revisión del texto constitucional, detectar qué artículos son perfectibles y proceder juntos, con madurez, a concretar las adecuaciones indispensables para que la Constitución sea un factor que impulse el avance de México y no una traba más para su desarrollo humano, social y económico. Reiteramos aquí que es indispensable partir del respeto al texto constitucional, como primera condición para proceder a su revisión integral. Sólo de la aplicación estricta de sus preceptos se puede desprender la necesidad de su reforma. Como consideración final, estimamos que es mucho lo que nosotros, los actuales legisladores de la república podemos hacer para fortalecer el cumplimiento de las normas constitucionales; incorporar las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por México, expedir las leyes reglamentarias que clarifiquen y especifiquen la aplicación que muchas disposiciones ameritan y que estamos retrasados en ellas, las bases para el ejercicio de facultades concurrentes entre órdenes de gobierno. Tomemos pues la Constitución como una oportunidad para construir un México mejor, que no se convierta en una discusión interminable, doctrinal o en un acuerdo inalcanzable. Que sus rasgos y deficiencias sean el impulso para que esta Legislatura cumpla con su deber de ser histórica. No permitamos que sus lagunas nos ahoguen en la parálisis. Que su cumplimiento sea nuestra regla de conducta y primer compromiso. No mantengamos resquicios para quienes hoy intentan burlarse de ella. Confiamos en lo que podemos lograr porque ya lo hemos hecho antes y el futuro es impensable sin acuerdos y reformas. Por su tiempo muchas gracias.