La diputada Lorena Corona Valdés: Con su venia, señor presidente. El presente punto de acuerdo se debe a que en el seno del Consejo General del INE no se han podido transparentar los criterios de fiscalización sobre los actos anticipados de campaña. En el 2018 se renovarán 3 mil 326 cargos de elección, entre los cuales se encuentra 9 gubernaturas, la Presidencia de la República, senadores y diputados federales. Es el mayor reto que enfrentará la vida democrática del país, y por ello requerimos de la autoridad electoral una plena certeza jurídica. La certeza jurídica significa conocer de manera precisa y contundente lo que una norma jurídica prescribe, prohíbe, autoriza o permite respecto de determinada conducta individual o social. Lo anterior no se ha dado en los criterios de fiscalización, es decir, no ha habido una plena certeza jurídica por parte del INE. Es indispensable tener certeza respecto a la forma en la cual se sancionarán las omisiones en las que los participantes incurran, sobre todo en aquellos temas que recobrarán importancia por el alcance y las consecuencias que puedan llegar a tener sobre el resultado de una elección. Por ejemplo, los actos anticipados de campaña que pueden traer consigo desde la anulación a una candidatura de algún precandidato, hasta la misma nulidad de la elección, una vez que esta se haya llevado a cabo. El ejemplo más claro y cercano del que tenemos mucho que aprender es el caso de la gubernatura de Coahuila. Tal ha sido la controversia del tema que se discutió largo y tendido en el Comité de Fiscalización del Instituto y posterior se ha subido en diversas ocasiones en el Consejo General, los días 14 de julio, el 4 de octubre, el 8 de noviembre. No obstante, a pocas horas antes de sentarnos en el Consejo nos han cambiado los dictámenes, lo que ha generado intensas discusiones por parte de los partidos políticos, que nos ha llevado a largos debates poco fructíferos. Todo esto ante la falta de certeza, por lo que el tema, como sabemos, lo está resolviendo el Tribunal, lo que nos ha llevado a que hoy 23 de noviembre, a una semana de que se cumpla la fecha en la que debe tomar protesta el candidato ganador sigamos inciertos, en una espera de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Instituto no ha sido parejo en las reglas de aplicaciones ante las mismas faltas. Hay irregularidad en sanciones, dependiendo del partido político. Un claro ejemplo fue la candidatura de Morena en el estado de México, y ya no se diga de la diferencia de las multas impuestas para cada partido. En una democracia se requieren instituciones que emitan reglas claras, que generan confianza y credibilidad en los ciudadanos y a todos aquellos a los cuales van dirigidas. Más aún en este momento para todas las etapas del proceso electoral de 2018. Ojalá que Coahuila, el estado de México y todo lo actuado hasta ahora nos sirva de experiencia para no repetir los mismos errores. Es por estas razones que el Partido Verde Ecologista de México respalda el presente exhorto, cuya finalidad es incitar a que de manera inmediata el Consejo General del INE transparente los criterios de fiscalización sobre los actos anticipados de campaña, los mecanismos para detectarlos, al igual que los criterios que se tomarán en cuenta para la imposición de sanciones. Es cuanto, señor presidente.