La diputada Magdalena Moreno Vega: Con su venia, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados. El propósito de la inviolabilidad de los senadores y diputados en los Congresos constituyentes del siglo XIX y XX, así como del Constituyente permanente en su momento, fue salvaguardar la libertad de expresión manifestada en el desempeño de sus cargos y por ende jamás podrían ser reconvenidos por ellas, por lo que en ningún momento por la expresión de sus ideas no podrán considerárseles como trastornadores del orden público y apologistas de un delito. Habrá que recordar que la constante en los siglos mencionados, fue la clausura de varios Congresos, la persecución y encarcelamiento de legisladores. Así, Carlos María Bustamante, Fray Servando Teresa de Mier, Juan Bautista Morales y José María Luis Mora, por instrucciones de Agustín de Iturbide fueron encarcelados en 1822; y con Victoriano Huerta, 84 diputados fueron encarcelados en 1913. La doctrina constitucional y la práctica jurisprudencial coinciden en señalar que esta inmunidad es una garantía institucional en favor del Congreso y no un privilegio personal de los legisladores. El fuero constitucional solo opera a favor de los legisladores por las opiniones que manifiesten en el desempleo de sus cargos. La inviolabilidad o inmunidad del legislador está llamada a cumplir la importante función de garantizar la total y absoluta libertad de palabra de aquel no como un derecho subjetivo otorgado a quien desempeña la función legislativa, sino como un instrumento que tiende a proteger la integridad de la corporación legislativa. Es decir, es u instrumento jurídico del que fue dotado el Poder Legislativo directamente por el Constituyente, pero que se ejerce por los representantes que periódicamente lo encarnan. Luego entonces el fuero constitucional no es un privilegio, mucho menos sinónimo de impunidad. En México ¿quiénes gozan del fuero e inmunidad procesal? El presidente de la República, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad, los secretarios de despacho federales y estatales, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los diputados de los 32 Congresos de las entidades federativas, los miembros del Poder Judicial de la Federación, así como los miembros de los 32 tribunales superiores de justicia de los estados, los consejeros de la judicatura federal y las 32 entidades federativas, el procurador general de la República y los procuradores de justicia de los estados, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías de las 32 entidades federativas, los servidores públicos de los organismos a que la Constitución de la República y de los estados les otorgue autonomía. Así, atendemos al ámbito federal, estatal y municipal. Son miles de servidores públicos que gozan de fuero e inmunidad procesal. El respeto al estado de derecho y la igualdad ante la ley no puede ser socavado por los servidores públicos que gozan de fuero constitucional. Es por ello que en nuestra propuesta se conserva la inmunidad parlamentaria. Consiste en que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas ni procesados o juzgados por ellas, y se conserva que el presidente de cada Cámara vele por el respeto de la inmunidad constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del recinto donde se reúne a sesionar. En tratándose de los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el fiscal general de la república, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, podrán ser sujetos de responsabilidad penal durante el tiempo de su encargo por la comisión de delitos en términos que establezca la ley. Por otra parte el artículo 112 constitucional establece que no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 incurra en la comisión de delitos. Los servidores públicos enumerados en el artículo 111 de la ley fundamental, serán sujetos de responsabilidad penal por incurrir en conductas ilícitas y, por ende, no gozarán de la protección que actualmente otorga la Constitución de la república. Por lo antes expuesto los ciudadanos y servidores públicos estarán sujetos al mismo ordenamiento jurídico penal por la comisión del delito. Nadie gozará de privilegios; todos, sin excepción, si incurrieran en hechos ilícitos, tendrán el trato igual ante la ley penal. Esperamos que todos los grupos parlamentarios con su voto favorable apoyen esta iniciativa. Es cuanto.