El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Buenos días, diputadas, diputados; senadores y senadoras. La decisión del Estado mexicano de mantener la figura de arraigo penal, como parte de nuestra legislación constitucional y de nuestras prácticas de procuración de justicia, es un hecho que agravia a la sociedad y que ha merecido la condena de las naciones democráticas del mundo. El día 19 de noviembre de 2015 el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para derogar el párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Sin embargo, nunca fue atendido este trámite y el tiempo de vigencia de la iniciática precluyó en abril de este año. Ahora insistimos en ello porque es de suma importancia lograr la derogación de esta figura que vulnera la base del garantismo en que se funda nuestra Constitución, en el cual todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Que no obstante lo anterior, la existencia de arraigo penal supone un agujero negro en el entramado legal de nuestro país, por donde se cuelan la arbitrariedad, la prepotencia, la ilegalidad y las violaciones a los derechos humanos. Así, lo que se diseñó como un mecanismo, como una herramienta para limitar el poder del Estado sobre las personas ha quedado en simple quimera. No le demos vuelta al asunto, compañeros y compañeras legisladores, el arraigo penal es inconstitucional, así lo ha denunciado y ha combatido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil interesada en el tema, los gobiernos de países como Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia y otros más, y así queremos que lo reconozca este Congreso para que juntos logremos y hagamos lo necesario para desecharlo de la legislación mexicana. Somos, o queremos ser una nación democrática, respetuosa de los derechos humanos, que se encuentra su lugar entre las naciones más democráticas del mundo, entonces hagámoslo. Pero esa aspiración no podemos alcanzarla mientras en nuestras leyes existan figuras jurídicas como la de arraigo penal. Hace apenas unos cuantos meses se declaró con bombo y platillo la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio y oral, basado en principios como el de presunción de inocencia, pero al observar que el arraigo penal es una práctica cotidiana surgen las preguntas obligadas: ¿Cómo se aplicará este nuevo sistema a una persona que es detenida y arraigada hasta por 80 días? ¿Cómo podrá saber quién lo acusó y cuáles son los cargos, para preparar su defensa? ¿Cómo podrá expresar sus alegatos? ¿Qué autoridad jurisdiccional podrá escucharla mientras se encuentra bajo arraigo? Ahora bien, dicen los defensores del arraigo penal que no está dirigido en contra de la población en su conjunto, sino solamente en contra de aquellos que forman parte de la delincuencia organizada. Hasta se apoya en una teoría, por cierto una mala teoría, conocida como derecho penal del enemigo, según la cual el Estado puede legítimamente violentar los derechos humanos de las personas que se han colocado como enemigos del Estado, sin que para ello deban tenerse en cuenta los principios que rigen la procuración e impartición de justicia de nuestro país. El paradigma fundamental del nuevo sistema de justicia penal es la presunción de inocencia. Ese principio es olímpicamente ignorado, desde el momento en que el Ministerio Público solicita al juez una orden de arraigo en contra de una persona sobre la que se pretende realizar una investigación. Es decir, se le detiene para investigarlo, no se investiga para detenerla. Con este proceder, la autoridad está considerando culpable o presunto culpable, cuando la Constitución, en su artículo 20, apartado B, establece que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Otro principio paradigmático del nuevo sistema de justicia penal es el principio del debido proceso. Al igual que el anterior, es ignorado desde el momento en que se solicita la orden de arraigo, porque en esta detención no hay proceso y, por tanto, no hay garantías procesales para que el detenido sea respetado, debido al principio del debido proceso de la inocencia. Este proceso implica la observancia de una serie de supuestos, como el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, la prohibición de tribunales especiales y leyes privativas, el derecho de garantía de audiencia, etcétera, que son imposibles de cumplir cuando una persona se encuentra bajo arraigo. Los defensores del arraigo penal concluyo dirán que se trata de una figura constitucional y, por tanto, son legítimas las acciones que al respecto lleva a cabo la PGR y la autoridad judicial. En cambio, nosotros decimos que la constitucionalización del arraigo penal no resolvió su problema de inconstitucionalidad y, por ello, seguimos promoviendo su derogación. Por su atención, muchas gracias. El Presidente senador Aarón Irízar López: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su dictamen. El Presidente senador Aarón Irízar López: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.