El senador Carlos Navarrete Ruiz: Gracias, señor presidente. Ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores, integrantes de esta Comisión Permanente. En el último trimestre de 2008 nuestro país empezó a resentir los efectos de una crisis económica de carácter global. En octubre, noviembre y diciembre de 2008, empezamos a sentir que lo que había ocurrido en el seno de la economía más importante del mundo, la de los Estados Unidos, y que había cimbrado por primera ocasión en muchas décadas al gigante económico mundial, empezaba también a hacer estragos en la economía mexicana, al igual que ocurrió con países de América, de Europa y de Asia. Cuando se presentó el paquete económico para 2009, ya había una coincidencia de sectores económicos, de sectores académicos, del gabinete económico del presidente Calderón y, desde luego, de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios en ambas Cámaras. Algo estaba ocurriendo y no era para bien; empezamos a perder empleo, se empezó a caer la transferencia de remesas de nuestros paisanos, empezó a caerse el consumo, empezó ya elementos graves de lo que vendría en el 2009. En diciembre de 2008 el Congreso de la Unión, sus dos Cámaras, decidieron convocar a un foro para finales de enero y principios de febrero, en el que establecíamos un espacio para analizar el impacto de la crisis económica en México, con una pregunta directa: ¿qué hacer para crecer en México? Y cómo enfrentar la situación económica que ya se venía y que era ya previsible que no iba a ser tan tranquila, como se auguraba cuando se aprobó el paquete económico para 2009? Unos días antes de que este foro se iniciara, con la participación de jefes de Estado o ex jefes de Estado de varios países del mundo, del gobierno del presidente Calderón a través de varios de sus secretarios, del gobernador del Banco de México, de especialistas nacionales, empresarios, legisladores y académicos, el presidente Calderón salió a dar un mensaje al país reconociendo lo que se venía en el 2009. Por primera vez reconoció a nombre del gobierno de México que nuestro país enfrentaría una grave situación económica ese año; que tendría impacto general en la economía y, por supuesto, que tendría impacto en la recaudación calculada para ese año. El presidente Calderón, haciéndose eco ya de reclamos y de preocupaciones y adelantándose un poco a lo del foro económico del Congreso, determinó un conjunto de medidas económicas en donde el gobierno se preparaba para enfrentar la situación que se venía de manera previsible. Acordó un paquete de medidas emergentes de carácter económico; pretendió apuntalar la micro, pequeña y mediana empresa; colocó el tema de atajar el desempleo que ya se avizoraba; determinó medidas administrativas y le pidió al Congreso que legislara de manera urgente, a partir de febrero, en un conjunto de leyes necesarias para facilitar la inversión pública, el gasto público a tiempo y eficiente, las expropiaciones para la obra de carreteras, la facilitación de los créditos y el gasto urgente en el primer semestre. Una de las medidas que tomó y que fue correcta en aquél momento, a través del gabinete económico, fue el anuncio de congelar el precio de los combustibles en el país. El presidente Calderón argumentó que el gobierno haría un esfuerzo de contención en el precio de los combustibles, porque era consciente que incrementar el precio en el transcurso del año iba a ser un disparador permanente de un incremento de la inflación, de incremento de los costos para las empresas, pero, sobre todo, un grave golpe a la economía de las familias consumidoras de gas y de combustibles, y en aquel momento nadie en el gobierno menos en el Congreso, argumentó que sería una medida de carácter irresponsable. Nadie dijo que se trataba de una medida de carácter populista. Nadie argumentó que en el 2009 había elecciones federales en julio. Nadie dijo que había que proteger la economía del gobierno aunque se desprotegiera la economía de consumidores, de asalariados, de familias o de empresas. Todos le dimos la bienvenida al primer paquete que se anunció en enero. Muchos dijimos: Es insuficiente; hay que ir más allá, hay que colocarnos por delante del golpe, hay que prever el impacto de la crisis en el país, hay que recurrir a medidas extraordinarias, hay que focalizar los apoyos, hay que ver el campo, hay que ver la empresa, hay que ver los trabajadores, hay que ver los comerciantes, hay que generar consumo, hay que evitar que el desempleo cunda, hay que ir en respaldo de los empresarios incentivándolos fiscalmente, incluso, para que no pierdan empleos. Que haya paros técnicos, incluso, lo avalamos. Que haya acuerdos bilaterales entre sindicatos y empresas, y las medidas de gobierno tienen que profundizarse; pero nadie criticó la medida de un programa emergente de atención a la crisis económica. Pasó 2009, y pasó lo que pasó. No voy a hacer un recuento. Pudo haber sido peor de lo ocurrido. Estoy consciente de ello, y ayudó a que no fueran peores las medidas de gobierno anunciadas en enero; pero también pudo haber sido mejor y hubiéramos obtenido una mejor recuperación si el gobierno hubiera profundizado el programa de recuperación económica. Entramos a 2010 y aquí en el Congreso se aprobó un paquete económico de ingresos y egresos. Y aquí dijimos los legisladores del PRD: Es una equivocación que sin habernos recuperado económicamente ahora vayamos a incrementar impuestos, IVA, impuesto sobre la renta, a los depósitos en efectivo, a las telecomunicaciones; va a haber un disparo inflacionario y va a haber sobre todo una afectación de la economía de millones de mexicanos y de las empresas. Así no se genera empleo, así no se genera consumo. Despojando del bolsillo de las familias de los recursos básicos para enriquecer o para satisfacer las finanzas públicas no se recupera la economía. Se puede recuperar la economía del gobierno, pero no la de la población. Una mayoría parlamentaria opinó lo contrario y votó en consecuencia, y el gobierno tiene hoy facultad legal para cobrar lo que tiene que cobrar y gastar como tiene que gastar. Pero en la primera quincena de este año, señores legisladores, ha ocurrido lo que temíamos, y lamentamos haber tenido razón. Hay zozobra. Hay inquietud. Hay indignación y, sobre todo, hay impacto, porque en los recibos de la primera quincena de enero están ya los impactos de los impuestos. Pero hay una medida que se ha convertido otra vez en un disparador del incremento de precios: el precio de los combustibles, de las gasolinas, del diesel, del gas, de la energía eléctrica. Está en los recibos ya. Está cuando el gas surte a cada domicilio de México. Esta situación no puede pasar de noche para el Congreso ni podemos permanecer impasibles. Por eso vengo, señores legisladores, a nombre de diputados y senadores de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia, a presentar, en ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el siguiente proyecto de decreto que pretende que en el periodo que empieza a partir del 1 de febrero, la Cámara de origen, la Cámara de Diputados, entre en materia en el siguiente tenor: Artículo único. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo, incluyendo una tabla, recorriendo en su orden los párrafos subsecuentes, todo ello del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, para quedar como sigue Artículo 1o. "Por razones de interés público y como excepción a lo establecido en la fracción I del artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica, se determina en 8.03 pesos por kilogramo antes del impuesto al valor agregado, el precio máximo al usuario final del gas licuado de petróleo". La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía, establecerá la metodología para la determinación de los precios máximos de venta de primera mano de gas licuado de petróleo. Petróleos Mexicanos, con base en dicha metodología, calculará los precios máximos del gas licuado de petróleo, objeto de venta de primera mano, de manera que al considerarlo dentro del cálculo de los precios máximos de venta al usuario final, se alcance el objetivo de 8.03 pesos por kilogramo antes del impuesto al valor agregado en el precio promedio ponderado nacional al público. Como excepción a lo establecido en la fracción X del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece como precio de venta al usuario final, los de los combustibles que a continuación se enumeran Gasolina magna, 7.72 pesos por litro, incluyendo el impuesto al valor agregado; gasolina Premium, 9.18 pesos por litro, incluyendo el impuesto al valor agregado; diesel, 8.08 pesos por litro, incluyendo el impuesto al valor agregado. Transitorio Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señores legisladores, por responsabilidad política, financiera y económica, el gobierno decretó que no subieran los precios de los combustibles en 2009. No es aceptable que hoy se diga que por la misma responsabilidad se incrementan. Hay que pedirle al gobierno un esfuerzo financiero, fiscal, en sus ingresos. Hay que establecer medidas extraordinarias para ajustar lo que pasa con la falta de ingresos para el gobierno si esto se aprobará. Pero lo que no puede ocurrir es que el Congreso se mantenga impasible. Somos representantes del pueblo de México. Hay que tomarles el pulso a los ciudadanos, a los consumidores, a las empresas, a los que consumen combustibles, a las amas de casa y actuar en consecuencia. Es momento en que el Congreso se ponga del lado de los consumidores y obligue al gobierno a un ajuste en esta materia. El Congreso puede hacerlo y tiene la palabra a partir del primero de febrero. Le agradezco, señor presidente. Gracias, señores legisladores.