El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente; con el permiso de los diputados que tienen cierta responsabilidad y las diputadas que están presentes aquí. La izquierda mexicana a lo largo de su historia parlamentaria, ha pugnado por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados del campo y la ciudad, así ha propuesto la escala móvil de salarios, la instauración de la jornada laboral de 40 horas con pago de 56, la más amplia libertad sindical, el seguro del desempleo, el ejercicio de la democracia directa de los trabajadores a través de voto secreto para elegir mesas directivas de los sindicatos, la constitución de auténticos sindicatos en nuestro país sin intervención del gobierno o de los patrones, una justicia laboral pronta y expedita. Una propuesta central de la izquierda ha sido derogar los apartados que restringen derechos y violan recomendaciones internacionales en materia de trabajo. Por ello, en la actual Legislatura, el 11 de septiembre de 2012, presentamos una reforma constitucional para terminar con la diferencia entre los trabajadores de los apartados A y B del artículo 123 de nuestra Carta Magna, para eliminar la discriminación de los trabajadores mexicanos entre quienes tienen derechos plenos y quienes no los tienen. En ese momento dijimos, con Mario de la Cueva, que quienes promueven desde la Constitución esta política discriminatoria y contraria a la progresividad de los derechos humanos laborales, olvidan que la ley debe ser igual para todos y para todas, pues la necesidad es la misma, independientemente de las personas a las que se les preste el trabajo. Todas las personas son iguales, porque la igualdad es atributo de la naturaleza humana y no puede ser destruida por el género de la actividad en que se desempeñe. En estas condiciones observamos con simpatía la propuesta del Ejecutivo, de recoger una demanda histórica de la izquierda, como es el seguro del desempleo, sin hacer diferencias entre los trabajadores del apartado A y B del artículo 123 constitucional. La propuesta, además, era congruente con una política de respeto a los derechos humanos de los asalariados y con el artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Nosotros creemos que no hay razones, porque el seguro del desempleo al que aspiramos y que la experiencia internacional nos indica, debe diseñarse para todos los trabajadores formales sin importar el tipo de trabajo que realicen y para quien trabaja, porque los trabajadores regulados por el apartado B y sus leyes reglamentarias cotizan a las instituciones de seguridad social, pero como lo reconoce el Ejecutivo en su iniciativa, sus preceptos legales son viables para el trabajador, solamente en los casos en que éste haya quedado imposibilitado para procurarse mediante un trabajo, una remuneración y esta imposibilidad se deba a una inhabilitación física o mental. Por ello proponemos modificar el dictamen, para establecer en el artículo 123 constitucional que el seguro de desempleo será para todos los trabajadores sin distinción. No hacerlo así ahondará la brecha entre unos y otros y cometeremos una grave injusticia contra los empleados públicos. Tenemos la oportunidad de hacerlo aprobando esta reserva. Comentarles que son más de tres millones de mexicanos y mexicanas que serían excluidos y así como se aprobó en la comisión, va para los trabajadores del Apartado A., por eso esta insistencia. El tema es que efectivamente nosotros debemos de hacer ese esfuerzo porque ningún mexicano y mexicana quedara excluido de esta prestación y en los términos en los cuales se está planteando, efectivamente los trabajadores de la Cámara, todos los trabajadores al Servicio del Estado que están dentro del Apartado B, quedarían indebidamente excluidos del seguro de desempleo. Por eso la idea de que tratemos nosotros de ser congruentes y que cuando menos en este sentido les pediría yo a los diputados y diputadas del PAN que así como somos solidarios en ocasiones en votaciones y en defender los derechos de los trabajadores, hicieran lo propio. Sabemos que al interior del PRI a veces es muy difícil que tomen decisiones por sí solos, pero ojalá y aquéllos que representan sobre todo a los trabajadores, pudieran apoyar que por lo menos se discutieran las consideraciones de esta reserva. Es cuanto, señor presidente.