El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega: Buenas tardes, con su permiso, señor presidente. Diputados y diputadas, una ciudad no es sus casas, sus edificios y sus calles, una ciudad está formada por mujeres, hombres, niños, ancianos y familias que le dan vida a su actuar cotidiano. La preservación de una ciudad empieza con sus leyes. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad de los individuos, grupos y clases sociales. En México el crecimiento poblacional de las ciudades se ha desarrollado de manera acelerada. En 1900 el país contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes en donde habitaban 1.4 millones de personas, 10.4 por ciento de la población total. En 1980, 36.7 millones de personas que representaban más de la mitad de la población residían en localidades urbanas. En el 2000 existían 343 ciudades de más de 15 mil habitantes, las cuales arrojaban a 66.6 millones de personas que representaban 63.3 por ciento de la población nacional. Por último, para el año del 2010 el número de ciudades aumentó a 384, albergando 71.6 por ciento de la población total del país. Las tendencias indican que el proceso de urbanización continuará, aunque a menor velocidad que las décadas anteriores, de manera que entre 2010 y 2030 la población urbana de México pasará de 71.6 por ciento a 83.2 por ciento. La carencia actual de un marco legal adecuado para la gestión de las zonas conurbadas y metrópolis genera problemas en planeación urbana, dotación de equipamiento, homologación de normativa administrativa, hacendaria y de inversión, movilidad y prevención y atención de riesgos. El Grupo Parlamentario del PRI apoya el presente dictamen porque protege el uso de nuestros recursos naturales, dando énfasis al gran reto que representa el agua en nuestras ciudades. Impulsa la reducción de riesgos de desastres, propone la elaboración de programas y acciones para la reducción de gases de efecto invernadero y otorga claridad en las obligaciones para las entidades federativas y municipios. Los mexicanos no están solos, cuentan con el apoyo decidido del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, incorpora su firme convicción de hacer frente a este gran reto en su meta denominada un México incluyente. Busca también promover una mayor productividad mediante políticas que faciliten un uso social y económicamente óptimo del territorio nacional, impulsando programas que otorguen certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzca la fragmentación de los predios agrícolas y promueva el ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo de ciudades sustentables y competitivas. Amigas y amigos, generar una mejor convivencia para la gente que diariamente habita en estas ciudades no debe ser parte de una agenda legislativa tendiente a la innovación, sino es más bien una urgente obligación que tenemos de frente a la sociedad. Vamos juntos por mejores ciudades con mejores condiciones de vida, donde más allá de la de la atención a problemas de infraestructura o fenómenos viales, sea el principal de nuestros esfuerzos crear una nueva cultura y satisfacer las necesidades sociales de nuestros centros urbanos. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.