El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su venia, presidenta. En esta máxima tribuna y a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, manifestamos que estamos y siempre estaremos de acuerdo en establecer mecanismos públicos y los métodos para prevenir o interrumpir los actos ilícitos que pongan en riesgo la seguridad pública, la economía nacional y el sistema financiero nacional. Sin embargo, el dictamen que la Comisión de Hacienda nos pone a consideración el día de hoy carece de fortaleza jurídica constitucional, es endeble en sus conceptos y procedimientos, ya que es violatorio del principio fundamental de seguridad jurídica constitucional, donde no se agota una figura específica y se plantea ante autoridades administrativas que carecen de facultades. Y el extremo de la ilegalidad es que se pretende que la notificación del bloqueo de cuentas sea realizada por una institución bancaria, que es un ente privado, lo cual es una violación clara al debido procedimiento. Por otro lado, se sigue quedando acotado y limitado el actuar de la Unidad de Inteligencia Financiera, y es necesario robustecer en el más amplio contexto los procedimientos que velan y que deben de proteger las garantías de audiencia de los gobernados que se verían afectados por dicha medida. En el pasado la Unidad de Inteligencia Financiera se utilizó en muchos de los casos para atacar a los adversarios políticos con pocos resultados reales. Pero hoy es evidente también la falta de eficacia y la dificultad operativa para ejercer su función conforme al espíritu de su conformación en base a los tratados internacionales para la existencia de una Unidad de Inteligencia Financiera de estas características. Nadie puede negar que hoy el bloqueo de cuentas a universidades públicas, de funcionarios del Poder Judicial y de líderes sindicales ha tenido muy poca eficacia, y con esta reforma se le hace un flaco favor al procedimiento que debería ser necesario en esta materia. Fíjense qué grave está el tema. Venir aquí a esta tribuna de la Cámara de Diputados y decir que se va a apoyar el sentido social del dictamen por un tema fundamental, en el cual coincidimos, que es combatir las operaciones de recursos de procedencia ilícita, pero decirlo aquí en la tribuna, que se va a apoyar el sentido social, aunque esto sea un parche jurídico, legal y anticonstitucional, es algo de lo cual no nos debe hacer sentir muy orgullosos. Esta medida, además de ser anticonstitucional, de violar el principio de garantía de audiencia y el principio de seguridad jurídica, es otra vez una reforma que queda corta a las aspiraciones de tener un entramado jurídico eficaz y eficiente en contra de la delincuencia organizada. Es otra vez un acto de soberbia en donde no se está viendo por el bien de los mexicanos, pero se actúa de manera responsiva, de manera que no se puede garantizar la Constitución de nuestro país. Además, no se dota de las armas ni del respaldo jurídico constitucional adecuado en la aplicación y ejecución de esta reforma. Por eso, Movimiento Ciudadano votará en contra. Pero decimos: ya basta, démonos el tiempo de tener reformas que en realidad sean operativas, sean eficaces y que le den las armas a las instituciones como son la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera, y no dejarlos otra vez con las manos cruzadas y al amparo de los procedimientos ante la Suprema Corte, de los procedimientos jurisdiccionales que van a echar abajo estas medidas que hoy se pueden aprobar y que beneficiarían a los grandes capos y a los grandes delincuentes de cuello blanco. Esta reforma nace como letra muerta y por eso no estamos dispuestos a apoyarla. Es cuanto, presidenta.