El diputado Carlos Roberto Martínez Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, entre 1910 y 1920, México fue sacudido por una serie de luchas y revueltas conocida como Revolución Mexicana, que transformó la estructura económica, política y social del país. Así puede afirmarse que hace un siglo en México comenzó una revolución cuyo primer aliento fue social, que desarrolló su vertiente política en la lucha contra la dictadura, primero, y contra la usurpación después, y que el curso de la lucha armada dirimió el carácter del nuevo Estado hasta que el Congreso Constituyente de Querétaro recogió el espíritu y las demandas sociales, y amalgamó las garantías individuales y los derechos sociales con la nación, como su origen y sustento, y con un régimen político cuyo diseño obedeció precisamente a los propósitos de dar cauce y cumplimiento a las aspiraciones populares y a la necesidad de salvaguardar la soberanía y la integridad de la nación. La justicia social, el grito más profundo y ético que lanzó la revolución, no fue el de sufragio efectivo, no reelección, sino el de tierra y libertad. Es decir, justicia social y dignidad. Ése fue el sentido histórico de fondo del movimiento revolucionario. La demanda de poner fin a la herencia de una sociedad conquistada, explotada, discriminada y humillada desde el siglo XVI, ése fue y sigue siendo el corazón del huracán político que azotó a México de 1910 a 1920. Para muchos historiadores la fecha de 1920 marcó la finalización de la Revolución Mexicana; sin embargo, las revueltas militares y las situaciones de violencia esporádica prosiguieron hasta 1934 cuando llegó a la Presidencia Lázaro Cárdenas, quien institucionalizó las reformas que se habían iniciado en el proceso revolucionario y que se legitimaron con la Constitución de 1917. Los ideales y valores de la revolución se plasmaron en la Constitución de 1917, que fue la primera en el mundo que consagró los derechos del pueblo a la educación, a la reforma agraria y a condiciones justas de trabajo. Al cumplirse el 97 aniversario de la gesta revolucionaria la situación social de los campesinos, principal razón de la Revolución Mexicana, sigue en el olvido; no ha cambiado prácticamente nada. Y si hablamos de los pueblos indígenas, quienes más atención requieren, el gobierno se olvida de incluirlos en sus proyectos políticos y sociales. La lucha contra la pobreza, la injusticia y la desigualdad, en las que todavía viven millones de mexicanos, debe seguir siendo la máxima prioridad. Un factor determinante del extravío nacional ha sido el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que está mutilando nuestro proyecto nacional y deformando nuestra identidad. Por darle prioridad a los negocios sobre los intereses nacionales llegó a convenir condiciones comerciales tremendamente inconvenientes para México, que en los últimos años ha visto rotas muchas de sus cadenas productivas. Desmanteló parte de su planta industrial, arruinando amplias zonas agrícolas y ganaderas, extranjerizando el sistema bancario, monopolizando su economía. A la inercia destructiva del Tratado de Libre Comercio se añade la renuncia del gobierno a defender y promover la economía donde lo único que crece es el desempleo. La enorme migración a Estados Unidos ha puesto en evidencia la devastación causada por las inequitativas relaciones comerciales y contrasentido histórico. Si en el pasado fuimos despojados de vastos y ricos territorios, ahora estamos perdiendo millones de valiosos compatriotas, cuya fuerza de trabajo y su vitalidad y talento fortalecen al vecino del norte. Nuestro actual sistema democrático es la herencia de una larga lucha que México heredó de su revolución de principios de siglo y que busca una profunda reforma democrática del Estado, acorde a las necesidades históricas del siglo XXI. Queremos una profunda reforma electoral que permita procesos equitativos a lo largo y ancho del país. Queremos una reforma del federalismo, con facultades y atribuciones para estados y municipios. Queremos sí, una reforma profunda en justicia, pues para todo propósito práctico el estado de derecho es hoy inexistente en México. Queremos reformas, en suma, que beneficien al país. No queremos más simulaciones y engaños. Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solo es posible reformar el Estado buscando el bienestar de los más pobres; creando sistemas de justicia; defendiendo el patrimonio nacional; acotando el poder; transformando nuestras instituciones y fortaleciendo la democracia. No podemos hablar de una plena transformación si los derechos humanos son violentados; si la justicia no se aplica en forma equitativa, tal como sucede en mi estado, en Oaxaca, donde constantemente se violan las garantías individuales; no se castiga a los responsables de homicidios; se encarcela y persigue a luchadores sociales solo por buscar mejores condiciones de vida para los que menos tienen. Hoy a los mexicanos del siglo XXI nos toca consolidar nuestro sistema democrático, nuestros mecanismos para lograr que la impartición de justicia sea realmente rápida y expedita; que los recursos públicos sean repartidos de manera equitativa; que la educación pública y gratuita llegue a todos los rincones del territorio nacional; que la igualdad del hombre y la mujer sea más que un deseo. Pero sobre todo, se trata de consolidar la igualdad de oportunidades de trabajo, de desarrollo y crecimiento humano. A solo dos años de que nuestro país cumpla 200 años de vida independiente y a 100 años de la primera revolución política y social del siglo XX, será entonces en el 2010, cuando tengamos que hacer un balance definitivo del siglo que nos llevó a lo tradicional, a lo moderno, de la dictadura a la democracia. Un siglo en el que las adelitas de aquel entonces, se han transformado en mujeres que luchan y defienden sus derechos, su igualdad, su género y que hoy constituyen una fuerza indestructible para nuestro desarrollo. En el siglo XXI, los retos para consolidar plenamente nuestra soberanía y nuestra nación son: el combate a la pobreza, al medio ambiente, oportunidades de empleo, seguir luchando por la autonomía y el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y que éstas tengan acceso pleno a oportunidades de desarrollo y por supuesto, la consolidación de las políticas públicas que propicien un desarrollo ordenado y cuidadoso de todo nuestro entorno. Muchas gracias.