El diputado Andrés Lozano Lozano: Gracias, con su venia, diputado presidente. Hace algunos días aquí en esta asamblea aprobamos esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública haciendo mención a la importancia que se refería a este tema, haciendo mención a lo importante que era contar con una nueva estructura de un Sistema Nacional de Seguridad Pública y también, comentando que para que este sistema tuviera éxito era importante que se pudieran generar los equilibrios necesarios, respecto de esta ley y respecto de la seguridad pública en su conjunto. Decíamos que sí, a mayor atribuciones para las policías. Decíamos que sí, al actuar con toda contundencia frente al crimen organizado, narcotráfico, secuestro y todas las expresiones de este flagelo que lastima a la sociedad. Pero también mencionábamos que era muy importante que en estos equilibrios se respetaran los derechos humanos, y que en estos equilibrios nosotros pudiéramos determinar también, a través de esta ley, que no era una carta en blanco, sino que debíamos de cuidar también la actuación de las policías. La minuta que envía el Senado tiene modificaciones, la mayor parte de ellas se refieren prácticamente a cuestiones de forma que no tienen mayor trascendencia. Sin embargo, hay dos propuestas de reforma que hacen, que refieren, al artículo 40 y 41 de esta ley. El artículo 40 establece las obligaciones bajo las que se deben de regir las instituciones de seguridad pública. Y entonces en el Senado, eliminan la parte que refiere a que deberán de abstenerse de permitir actos tales como sanciones crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué motiva al Senado a eliminar que las policías se abstengan de actuar con sanciones crueles, inhumanas o degradantes? Eso es lo que llama la atención, de esta decisión que ha tomado el Senado. Y máxime, cuando ellos son parte fundamental en los tratados internacionales de los que forma parte nuestro país. En 1983 se ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En su artículo 5, de dicha convención, se señalaba que esa prohibición respecto de estas conductas deberán incluirse, en todo momento, en las normas o instrucciones generales que se publiquen en relación con los deberes y funciones de cualquier encargado de la custodia. Es decir, de cualquier persona que tenga funciones de orden policial o relacionado con la custodia de personas. ¿Por qué eliminar esta parte? No lo podemos entender. De igual manera, en el último párrafo del artículo 41 se cambia un contexto que es relacionado con el uso legítimo de la fuerza, y lo que señalaba que solamente en los casos en que estén en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones podrá usarse la fuerza pública, se cambia ahora el contexto abriendo una posibilidad a una interpretación distinta. Por eso, nosotros, en el Grupo Parlamentario del PRD, en la mayoría votamos a favor de esa Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero, en este momento, y respecto de la minuta enviada por el Senado, no podemos estar a favor de ello; no podemos estar a favor, simple y sencillamente porque es totalmente incongruente que tratemos de eliminar esta abstención respecto de tratos o sanciones crueles, inhumanas o degradantes. ¿En qué perjudicaba que estuviera en el texto constitucional? Sólo los senadores lo saben. Es cuanto, diputado presidente.