La diputada Holly Matus Toledo: Con su venia, diputado presidente. El trabajo infantil es un problema grave en el país. Según cifras preliminares del INEGI, obtenidas en el Módulo de Trabajo Infantil 2007 de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo, de los 29.2 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años, 3.6 millones se encontraban trabajando. De estos niños y adolescentes, 170 mil viven y trabajan en las calles. En esta Cámara se han presentado diferentes iniciativas que abordan de forma completa la problemática; sin embargo, aprobar una iniciativa que propone reiterar una prohibición constitucional al artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es una forma de disimular y hacer creer que el Poder Legislativo mexicano está legislando a favor de niñas, niños y adolescentes. Maquillar el problema no nos conduce a ningún lado. Lo que se requiere es combatir y erradicar el trabajo infantil a través de una reforma legislativa integral que pueda incidir en la realidad social, puesto que nuestra Constitución y la Ley Federal del Trabajo ya prohíben el trabajo infantil. Un gobierno realmente comprometido con los derechos de los niños, las niñas, las y los adolescentes no dudaría en contraer compromisos internacionales conducentes a la eficacia de los mismos; sin embargo, el gobierno mexicano, por hoy, no ha suscrito uno de los convenios más relevantes en lo referente al trabajo infantil: el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo, el cual unifica los criterios y pretende reemplazar a los convenios de edad mínima en actividades específicas. Promueve, además, compromisos específicos de los gobiernos para promover una distribución equitativa de los recursos, de las riquezas; promover las acciones integrales y las políticas amigables para disminuir la pobreza en este país. Promueve, además, diversas cuestiones que permiten proteger a estos niños. La negativa de suscribir este Convenio 138, por parte del Ejecutivo, refleja el desinterés del gobierno mexicano por defender y garantizar los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes de este país. Es claro que en el corto plazo el trabajo infantil incrementa el riesgo familiar, pero en el largo plazo genera efectos adversos, ya que aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso y hace más grande la brecha entre pobres y ricos. Además, restringe las oportunidades para salir de la pobreza, ya que impacta de manera negativa en el nivel educativo de la población, la productividad de la fuerza laboral y su competitividad. El Estado mexicano debe dejar de evadir su responsabilidad y el Poder Legislativo debe aprobar una reforma integral que endurezca las sanciones, haga más eficiente su aplicación y rompa con la dinámica social del trabajo infantil. El PRD se manifiesta a favor de esta propuesta inicial, pero deja claro que hace falta mucho más compromiso del Legislativo y del Ejecutivo para impactar sobre este lastre que lastima a la población infantil y adolescente. Esperemos que las demás iniciativas que se encuentran por hoy en la congeladora puedan ser analizadas y puedan ser aprobadas, para poder impactar de manera real en esta problemática y dejar nada más de estar maquillando. Esperemos que las palabras de abuso, sanciones que se han mencionado en esta tribuna, en donde se intenta impactar sobre el problema, dejen de ser meramente un discurso. Es cuanto, diputado presidente.