El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con la venia señor presidente. Distinguidas diputadas y diputados, hoy presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Con el tema de juicio político, el cual, según el doctor Manuel González Oropeza, es un procedimiento para fincar responsabilidades política u oficial a un servidor público. Además, de ser un proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores públicos o funcionarios públicos. En México, el juicio político es una garantía a favor de los representados, ya que constitucionalmente se obliga a los servidores públicos a que se sometan o se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios de honradez en el servicio público. Nuestra Constitución en el artículo 108, 109 y 110 distingue dos categorías de causas para que un servidor público pueda ser sujeto a un juicio político. La primera, es que se cause daño a los intereses públicos fundamentales. Y la segunda, es por violaciones graves a la Constitución federal, a las leyes generales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. En cuanto a las condiciones o fundamentos para que se pueda llevar un juicio político, la Constitución Política establece que sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de cumplidas sus funciones. Por otra parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establece que las sanciones correspondientes en casos determinados, se aplicarán en un plazo no mayor a un año, a partir de iniciado el proceso. Por supuesto, hasta aquí se aclara con un ejemplo. Para que se pueda iniciar un juicio político a un funcionario público que dejó o terminó sus funciones en diciembre de 2015 por el manejo indebido de fondos y recursos federales, se tendrá que contar con elementos documentales derivados de la culminación de una auditoría. El problema se presenta cuando sabemos que para el 2015 el programa de la Auditoría Superior de la Federación se aprobó en febrero de 2016, en cuyo apartado del subproceso de ejecución se estableció que la conclusión y presentación de resultados finales tiene como fecha estimada el 27 de enero de 2017, misma fecha para la notificación de la conclusión de los trabajos de auditoría, y es por eso que si sacamos las cuentas precisas para el 27 de enero del 2017 es cuando ya no se puede presentar ninguna denuncia o de procedimiento de juicio político. De ahí la importancia del tiempo para iniciar juicio político, la propuesta es extenderla a dos años. A dos años para que den tiempo de que se inicie la auditoría, se termine la auditoría y se pueda ahí determinar y tener los documentos necesarios para poder denunciar e iniciar un juicio político. Por eso es que el Partido Encuentro Social cree relevante modificar estos artículos, el 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, con el objeto de dar tiempo para que cualquier funcionario público que haya cometido alguna de las causales que se establecen en la Constitución, den tiempo a los ciudadanos para que puedan denunciar por las documentales que la Auditoría Superior de la Federación pudiera determinar en su proceso de auditoría. En el tiempo actual no se puede iniciar ningún proceso, porque los tiempos de auditoría no concuerdan con el año después de las funciones. Por eso es importante que este procedimiento se modifique y se amplíen los tiempos. Muchas gracias por su atención y ojalá que la transparencia sea un medio para poder ayudar a este país a que salga adelante. Muchas gracias.