El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Por economía parlamentaria solicito que se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Derivado de la reforma del artículo 108 constitucional que se aprobó en el 2007, hoy en día quienes laboran en algún órgano autónomo son considerados como servidores públicos, por lo cual son sujetos a responsabilidad civil, administrativa, laboral, política, y deberían serlo también en materia penal; sin embrago, no es así por una inexplicable omisión del legislador. Me explico. La redacción del artículo 212 del Código Penal Federal establece un listado de servidores públicos que pueden ser sujetos a la acción penal, en donde incluye a todo aquel que se desempeñe en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero excluye a los servidores públicos de los órganos autónomos como el IFE, el Banco de México o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por citar algunos, al no señalarlos expresamente en este listado. Esta situación da lugar a una laguna jurídica que puede provocar algún caso de impunidad. Un ejemplo de ello sería el siguiente: Supongamos que un visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibe dinero o algún otro tipo de beneficio para rechazar o resolver en un determinado sentido una queja, o que un funcionario del Banco de México sustraiga u oculte ilícitamente información que tiene bajo su custodia. Es claro que en el primer caso el visitador estaría cometiendo el delito de cohecho; y en el segundo, el de ejercicio indebido del servicio público; sin embargo, al ser trabajadores de órganos autónomos, repito, por un injustificable vacío legal, el actual artículo 212 del código punitivo no los considera sujetos de responsabilidad penal, por lo que muy probablemente estos funcionarios se escaparían a la acción de la justicia. Sobre todo si tomamos en cuenta que en esta materia no aplica el principio de analogía, sino que el tipo penal debe ser perfectamente encuadrado en la conducta. En este sentido, seguramente coincidirán en que cualquier servidor público que cometa un delito debe ser sancionado con toda energía sin importar su rango jerárquico o la institución a la que pertenezca. Es decir, la ley debe otorgar un trato igualitario a los servidores públicos y eliminar la idea de fueros o privilegios especiales, pues sólo así estaremos en posibilidad de sentar bases legales para prevenir y sancionar la corrupción en el servicio público. Por lo expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto que en caso de que un servidor público de algún órgano autónomo cometiera un delito sea castigado y no intente sustraerse de la justicia aprovechando una omisión jurídica en el código. Por ello los invito, compañeras diputadas y compañeros diputados, a que sumemos esfuerzos para cerrar cualquier ventana que abra paso a la impunidad y a la corrupción. Es una exigencia de los mexicanos. No podemos hacer oídos sordos al reclamo social. Dotemos a la autoridad penal de las herramientas necesarias para que se castigue con todo rigor a los funcionarios que incurran en algún hecho delictivo. Es cuanto, diputado presidente.