La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Hago uso de esta tribuna en mi carácter de diputada federal por el grupo parlamentario de Convergencia, de la LX Legislatura, para someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo el tenor de la siguiente Exposición de motivos Los estudios de teoría del Estado desde la perspectiva del derecho y la ciencia política han demostrado que para lograr una transformación exitosa de las instituciones sociales, las naciones deben establecer políticas de desarrollo congruentes con el principio de soberanía, propiciando a su vez la pluralidad; la intervención ciudadana en un margen de respeto a la diversidad de pensamiento; el Estado laico; el género y la aplicación eficiente de políticas sociales que garanticen el desarrollo de las entidades federativas y la inclusión de los municipios. En el México del siglo XXI aún hay tareas pendientes para fortalecer el federalismo. Éste será posible mediante la construcción de acuerdos entre las fuerzas gubernamentales en sus tres niveles de gobierno, con el acuerdo del titular del Poder Ejecutivo federal. El aspecto de la programación y la planeación de las políticas públicas y sociales es de suma importancia para lograr una adecuada distribución de los recursos con la participación armónica de la federación, los estados y los municipios para cumplir de manera eficaz, incluyente y equitativa las exigencias de la actividad agrícola, ganadera y pesquera, base de la satisfacción de las necesidades colectivas por cada una de las regiones del país. Debemos subir los ideales al plano del desarrollo social para que la dinámica del ejercicio del poder público sea de forma coordinada para hacer realidad el orden constitucional, toda vez que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no faculta al Presidente de la República para que, a través de las dependencias competentes a su cargo, colaboren de manera seria, comprometida y directa con los gobiernos de los ayuntamientos en la formulación de los planes. En los hechos, los municipios no han podido ejercer sus facultades relativas al ejercicio de autogobierno en la aplicación de los programas dictados por el gobierno federal, o bien en la planeación de los mismos, sin que para ello las autoridades estatales deban intervenir directamente como intermediarias. Es importante impulsar criterios de subsidiariedad debido a la reiterada práctica de políticas concebidas en estrategias dirigidas a una operación de carácter transitorio y de orden centralista que aminoran los rangos de posibilidades de éxito en todas las zonas del territorio nacional, donde la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la iniquidad laceran el tejido social armado en virtud de la falta de sensibilidad de las autoridades de las entidades federativas, que no toman en cuenta las verdaderas prioridades de los municipios; las cuales se traducen en la ineficiencia gubernamental que todos observamos. Basta ver cómo aún en todas las regiones del país existen, dentro de un mismo estado, extensiones territoriales donde se asientan varios municipios con graves diferencias entre sí, acentuando las exigencias del reclamo de los ayuntamientos. En México se carece de modelos funcionales, razón por la que los presidentes municipales de los dos mil 439 municipios de la República Mexicana han pretendido sumar voluntades para promover reglas de operación de corte federalista que propicien el desarrollo en apego al respeto de la soberanía estatal y consumar los objetivos de abatir la pobreza, creando condiciones de crecimiento con calidad, equidad e igualdad entre mujeres y hombres. Debemos asumir, por otra parte, que desde el punto de vista estrictamente normativo gran parte de la existencia de los retos que aminoran la capacidad de respuesta de los presidentes municipales a los habitantes, en materia de salud, se deben precisamente al centralismo. La generación de acciones públicas eficientes, de inclusión de las mujeres, el trato digno a la niñez, a los adultos mayores y las personas con discapacidad radica en el limitado rango de operatividad de sus facultades, se deben en general a un vacío de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para propiciar que el Poder Ejecutivo preste atención directa a los estados, escuchando a los ayuntamientos en opiniones e inquietudes que se expresen en la formulación de los planes de desarrollo regional de corte federal a partir de elementos gerenciales para vincular al gobierno federal en el compromiso de resolver los asuntos y conflictos internos del país, con una visión de orden regional. Por lo tanto, no existe causa justificada para continuar desvirtuando contextos normativos secundarios al espíritu de los argumentos vertidos en la Ley Fundamental, que nos obliga a ser responsables en la generación de las leyes que erradiquen la desigualdad municipal, fomenten el desempeño de sus tareas con la libertad y la autonomía que la voluntad popular desea ver en los hechos. Esto permitirá impulsar un ejercicio del servicio público transparente, basado en la democracia sustantiva a través de la reforma que hoy propongo, involucrando a la Secretaría de Gobernación en forma obligada a fin de que asuma, con actividades concretas, su responsabilidad de hacer frente a su consigna de dirigir la política interna, escuchando a los ayuntamientos y evitar, en el futuro, conocer nuevos conflictos, como es el caso de Oaxaca, donde las desigualdades y la falta de atención a sus problemas es el ejemplo más claro derivado de esta laguna legal, que podemos, los diputados de la presente Legislatura, evitar en beneficio de México. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Y pido atentamente a la Presidencia sirva publicar la presente intervención en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.