El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, buenos días. Primero manifestar que respecto a este dictamen en la Comisión de Seguridad Pública lo voté a favor, pero analizándolo veo que me he equivocado y por eso aquí voy a rectificar la posición que mantuve en la Comisión de Seguridad Pública, porque sí se puede, sí se puede. Estamos en el proceso deliberativo y tengo derecho a manifestar que me he equivocado públicamente ante todos ustedes, y a rectificar el sentido de mi voto. Por qué voto en contra de este dictamen. Me preocupa muchísimo el tema de los derechos fundamentales. Creo que es un dictamen que está proponiendo reducir la libertad de las personas, de conceder inmensos poderes al Ministerio Público federal y a las autoridades del Ministerio Público, en donde el titular de la Procuraduría General de la República delegue la atribución. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, la intervención de conversaciones o de líneas telefónicas es una facultad que corresponde exclusivamente al Poder Judicial, en este dictamen el Poder Judicial no tiene ninguna intervención; será el Ministerio Público, las autoridades penitenciarias, etcétera, las que intervendrán para establecer los bloqueos o para realizar la localización geográfica, sin facultar al Poder Judicial de la Federación, y estamos hablando de derechos fundamentales. Cuando existe una limitación a un derecho fundamental, quien tiene que autorizar esta limitación al derecho fundamental en los términos estrictos del artículo 16 de la Constitución tiene que ser el Poder Judicial, y repito, aquí no hay intervención del Poder Judicial supervisando la localización geográfica, el bloqueo de señales o la autorización para dar de baja teléfonos presuntamente robados. No hay intervención del Poder Judicial. Por otra parte, la propuesta de modificación al Código Federal de Procedimientos Penales, al artículo 133 Quáter, establece el procedimiento para que el Ministerio Público ordene la localización geográfica respectiva y bloquee o inhiba las señales telefónicas, pero nunca establece esta norma que ese tipo de decisiones ministeriales deben de estar fundadas y motivadas. Brilla por su ausencia, en este dictamen, la obligación correspondiente de la autoridad ministerial o de la autoridad penitenciaria, para fundar y motivar las razones, los motivos, la justificación correspondiente de por qué se están tomando estas decisiones. Creo entonces que hay violaciones constitucionales en este dictamen, que no podemos pasar por alto. La usencia de la intervención judicial en las autorizaciones correspondientes, por una parte; por otra parte, la ausencia de motivación y fundamentación de las decisiones correspondientes, puede implicar también este dictamen una limitación al derecho de defensa. Qué pasa, por ejemplo, con los procesados, con los reos que se encuentran en los centros penitenciarios, que desean comunicarse no solamente con sus familiares, sino también con sus abogados. Cómo se está garantizando, cómo se está maximizando el derecho a la defensa de las personas que se encuentran en un centro penitenciario. Me parece gravísimo que limitemos el derecho de defensa y ordenemos el bloque de señales en los centros penitenciarios, limitando las posibilidades al acceso a la defensa de las personas que se encuentran procesadas o sentenciadas. Por todo esto y porque estamos configurando, además, una suerte de big brother en el Estado mexicano. Un big brother en donde la autoridad ministerial o penitenciaria va a bloquear o inhibir señales, en donde va a determinar libremente, sin fundar ni motivar debidamente su decisión, qué señales telefónicas, qué localización geográfica de señales telefónicas se va a realizar en violación a las libertades de los mexicanos. Por eso no puedo acompañar estos dictámenes y votaré en contra en este pleno, como debí haberlo hecho en la Comisión de Seguridad Pública. Por su atención, compañeros y compañeras, muchas gracias.