La diputada Ma. Sara Rocha Medina: Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Buenas tardes, compañeros y compañeras, en esta intervención me permito poner a su consideración, a nombre de mi grupo parlamentario y al mío propio, iniciativa de reforma constitucional que aborda la temática de la sobretipificación del delito. La denominación código para la Ley Penal es una más de las tradiciones impuestas desde principios del siglo XIX por la Francia napoleónica. Con este término se conceptualizó en Europa la idea de que cada uno de los Estados-nación debería tener leyes homogéneas en su territorio, a diferencia de la multiplicidad de leyes existentes en el periodo medieval y absolutista. Cuando inició la paulatina codificación penal en nuestro país y en virtud a su composición política como federación, cada estado fue legislando su propio Código Penal. Ya desde el año de 1937 el abogado penalista Raúl Carrancá y Trujillo se refería a conseguir la unidad legislativa mexicana en materia penal, tal como lo hicieron otras personas destacadas. Más recientemente se han anunciado algunas iniciativas que persiguen el fin de la unificación penal. Durante las administraciones pasadas de Felipe Calderón y de Peña Nieto se trabajó en el Código Penal. Sí, se trabajó sobre un Código Penal pero, no obstante, ahí únicamente se legisló en el Código Penal de Procedimientos Penales, que es el vigente. En todo el país, desde junio del 2016 se abrogaron los 33 Códigos de Procedimientos Penales que existían. Con lo anterior se llegó a la certeza de su necesidad y esto se vio reflejado al incluir un Código Penal Nacional de Procedimientos, una legislación adjetiva, diversas disposiciones que guardan relación con el derecho penal sustantivo. Esto con la finalidad de conformar una herramienta con más posibilidades de éxito en su aplicación en este país. La unificación penal representa varias y diversas ventajas, como lo han señalado renombrados juristas, y la relativa a la previsión y descripción uniforme de hechos considerados como delitos en toda la República. Así como de sus modalidades, grados de participación, gravedad, sanciones y medidas de seguridad. Derogación de tipos, vicios regionalistas, incluso la uniformalidad alcanzada hasta para la política en materia de prevención y reinserción social. Algunos otros problemas que atacarían con la unicidad legislativa de un buen Código Penal son, enumero: los problemas vinculados con los conflictos de competencia entre tribunales federales y locales –escúchese bien, la competencia–, la previsión o no de algunos recursos que son posibles en una entidad y en otros no. Otra opinión al respecto es emitida por investigadores del Inacipe, a los cuales cito, primero, porque un solo Código Penal produce y fundamenta reglas jurídicas dentro de un sistema. Segundo. Porque posibilita una aplicación igualitaria del derecho. Tercero. Porque también posibilita la armonización de las decisiones para el beneficio del principio de igualdad jurídica. Hoy tenemos, compañeros y compañeras, 35 Códigos Penales en nuestro país. Uno, federal, y el de la Ciudad de México. Más el de Justicia y 32 de las entidades federativas en ellos. Más allá de las tendencias político-criminales para defender sus tipos penales, entre otros factores han intervenido las condiciones políticas socioculturales de cada región del ámbito y aplicación de la norma. Y dado que estas difieren de región a región o de estado a estado, la definición de los delitos no es uniforme. Legislar un Código Penal único debe ser tomado seriamente, pues en ello va la definición del núcleo duro de la política criminal del Estado mexicano. Cierto es que no obstante los ya enumerados beneficios de logros alcanzados, en caso de que se logre la unidad jurídica penal, existen muchas incógnitas que se desprenden de este mismo planteamiento. Primero. La norma penal unificada recogería todos los delitos o habría una selección de ellos. Segundo. Qué hacer con los delitos de carácter regional que no tendrían sentido a nivel nacional. Tercero. Establecer parámetros de punición de menor grado a todos los delitos. Las respuestas a todas estas y muchas más cuestiones que se han hecho de ninguna manera pueden ser ofrecidas en un documento como el que ahora estamos presentando, ni sugeridas por ningunos otros. La respuesta debe encontrarse como el producto de un trabajo que se realice a lo largo y ancho del país, estructurando una ruta crítica que nos asegure una correcta gestión del cambio que involucre a todas las posiciones académicas de la materia incluidos a los y a las abogadas de este país, como asociaciones de abogados, federaciones y colegios, por lo cual pongo a su consideración la siguiente reforma constitucional. Artículo 73 –dice–. La legislación única en materia de procedimiento penal, de mecanismos alternativos, de solución de controversia en materia penal, de ejecución de penal y de justicia penal para adolescentes que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Debe decir: La legislación única en materia penal sustantiva, procedimiento penal, de mecanismos alternativos, de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y justicia penal para adolescentes que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Compañeras y compañeros, los invito a que me acompañen en esta iniciativa que es necesaria para el país y sobre todo les informo y les adelanto que iniciarán foros por todo el país, abogados y abogadas de todas las federaciones y colegios, junto con las universidades para quienes se quieran sumar y lograr un gran trabajo por bien de México. Muchas gracias, diputada presidenta.