El diputado Antonio Ortega Martínez: En un régimen democrático, la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública por parte del Legislativo es trascendental. Este y otros mecanismos de transparencia presupuestaria son medidas que permiten observar el nivel de consolidación de la vida democrática y participativa del país. Sin estos mecanismos, temas como la llamada estafa maestra, los desvíos de recursos en distintas entidades federativas y las prácticas de corrupción hasta ahora documentadas, no serían visibles. Gracias a las herramientas desarrolladas a lo largo de los últimos 20 años en temas de transparencia y rendición de Cuentas, hoy son visibles estas prácticas que afectan gravemente el ejercicio de los recursos públicos. Esperamos que este ánimo, por observar los desaseos del gobierno, continúe a lo largo de esta legislatura y que las Cuentas Públicas de los siguientes años sean analizadas con la misma visión crítica que hoy está plasmada en el dictamen de las Cuentas puestas a consideración, que sean capaces de ver los errores y pidan que se castigue con la misma fuerza que hoy lo harán. El día de ayer, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y hoy aquí en este pleno, discutiremos sobre los resultados del dictamen de las Cuentas de 2015 y 2017. Este ejercicio hace 30 años era impensable y estas legislaturas hacían un ejercicio irregular. Durante el análisis se destacó que en ambas Cuentas en suma se hicieron 3 mil 318 dictámenes de auditoría, de los cuales se desprenden 13 mil 587 observaciones que derivaron en 19 mil 50 acciones, de las cuales más de 5 mil fueron procedimientos para fincar responsabilidades administrativas. Es decir, el anterior gobierno como ya lo observamos en la Cuenta de 2016 anteriormente discutida, se confirmaron manejos deficientes, los cuales hoy son observados por esta soberanía. Además, que en el 2015 el gobierno federal ejerció ampliaciones por más de 222 mil millones de pesos, para 2017 fueron más de 366 mil millones, este ejercicio que hoy criticamos del gobierno anterior que hoy está puesto bajo la lupa, compañeras y compañeros, es del mismo ejercicio que el actual presidente está haciendo. ¿O solo veremos la paja en el ojo ajeno? No olvidemos que para 2020 más de 630 mil millones de pesos destinados a programas sociales serán ejercidos de manera discrecional y sin reglas de operación. Esperemos que lo hoy observado en las Cuentas Públicas sea tomado en cuenta a la hora de perfeccionar las leyes que regulan, transparentan y observan el ejercicio de los recursos públicos del país. Demos otro dato. En 2015 el gobierno federal elevó la deuda por más de 527 mil millones de pesos y para 2017 por más de 274 mil millones. Muchas veces hemos denunciado aquí que el gobierno anterior sobreendeudó al país, lamentablemente esa deuda no se tradujo en mayor inversión en infraestructura, incluso para el 2017 cayó el gasto en inversión física en más del 27.7 por ciento. Recordemos la cancelación del tren México-Toluca, del tren México-Querétaro, las obras inacabadas del tren México-Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ese aeropuerto que acabó por enterrar y desperdiciar el actual gobierno. Se ha presumido que no se tolerará a la corrupción, que se luchará por erradicar la impunidad y que se tomarán acciones para que quienes afectaron las finanzas públicas paguen por sus delitos. Sin embargo, lo único que vemos es una enorme capacidad discursiva, esa capacidad de vender esperanzas, de hacer soliloquios para defender posiciones, pero no vemos más acción. No hay más persecución política enfocada, nunca veremos a los verdaderos beneficiarios de estos actos de corrupción pagando por sus delitos. También se observa la gran capacidad del gobierno federal para centralizar el ejercicio de los recursos públicos, eliminando recursos que se daban a estados, municipios y organizaciones de la sociedad civil, algo que debe de modificarse para no ser observado como ahora lo hacemos en las Cuentas Públicas del gobierno anterior. Finalmente, debemos reconocer el acierto que tuvo a bien la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados para incluir en ambas cuentas, un artículo e instalar una mesa de trabajo que dará seguimiento y atenderá las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior sobre diversas modificaciones legales para incorporar disposiciones que mejoren los procesos de los entes auditados. Esta mesa de trabajo necesariamente deberá generar una iniciativa que derive en la mejora regulatoria para eliminar acciones que son lesivas para las finanzas públicas, iniciativa que deberá reformar diversas leyes, como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Asociaciones Público Privadas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, entre otras. Esperemos que ese esfuerzo que deberán emprender las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior y la de Presupuesto y Cuenta Pública, genere los documentos esperados, que se cancelen finalmente todas esas puertas que permiten, durante muchos años, comprar voluntades, enriquecer actores políticos y mantener en el poder a grupos que solamente benefician su propio beneficio. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de los dos dictámenes a discusión que rechazan las Cuentas Públicas del 2015 y 2017. Reiteremos el deseo de que esta visión crítica continúe para que el dictamen de la Cuenta Pública del 2019, denunciemos que este gobierno no está cumpliendo, que el Ejecutivo de principio incumplió la meta de crecimiento para 2019 que se había fijado en dos por ciento y no se alcanzó ni siquiera el 0.1 por ciento. Que seamos capaces de resaltar las irregularidades, que seguramente vamos a observar en el ejercicio de los recursos de los programas sociales que no están prácticamente sujetos a ninguna regla de operación, y que desde aquí digamos nuevamente que se están afectando las finanzas públicas y debe rectificarse el camino castigando a los responsables. Muchos diputados se preguntan ¿cuál es el sentido de que votemos la Cuenta Pública? Es un viejo debate que tiene más de 20 años. ¿Cuál es el significado que la Cámara de Diputados vote a favor o en contra una Cuenta Pública? Los efectos no son legales, porque finalmente es la Auditoría la que a partir de las evidencias claras de violaciones al ejercicio de los recursos públicos pone a disposición del Ministerio Público de la Procuraduría General las denuncias y esta arma las carpetas para que los jueces respectivos lleven el caso, lleven los juicios y determinen responsabilidades y culpabilidades. Lo que la Cámara hace votando a favor o en contra la revisión de la Cuenta Pública, es el ejercicio de una especie de juicio político. No vamos a votar a favor o en contra de la Cuenta Pública para que haya efectos jurídicos del sentido del voto. Lo que vamos, con nuestro voto a favor o en contra, es determinar con juicio político el orden o el desorden en el uso de los recursos públicos. El cumplimiento o no, el cumplimiento de los objetivos y esto, compañeros, es lo que hará la Cámara de Diputados en el momento de que votemos. Gracias por su atención.