El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su venia, diputado Presidente. Nuestro grupo parlamentario asume la evaluación como un mecanismo público, independiente, multidisciplinario, cuyo objeto fundamental es conocer el impacto y los resultados de los programas y las acciones que implanta la administración pública federal, y con ello adoptar medidas orientadas a corregir, fortalecer o cancelar dichos instrumentos. Esta tarea, para que sea efectiva y útil, no puede quedar en el ámbito exclusivo de atribuciones del Ejecutivo, no debe estar a la discreción normativa y operativa de los propios ejecutores de los programas y a la realización de ejercicios autoevaluatorios complacientes y parciales. Esto no ayuda a la transparencia, o a la efectiva rendición de cuentas, o a la eficiencia de las políticas públicas. Como sabemos, el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de reformas a diversas disposiciones legales en materia de evaluación de las políticas públicas que significan un serio retroceso en la materia. Con esas iniciativas, el órgano descentralizado con autonomía técnica, funcional y presupuestal que actualmente establece la Ley General de Desarrollo Social queda absolutamente desnaturalizado y sujeto al control absoluto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se establece la autoevaluación por parte de las dependencias ejecutoras como regla general y se deja como una excepción la evaluación independiente. Se deja en manos de las dependencias y entidades el control de procesos normativos fundamentales de la evaluación, y con ello se transforman en juez y parte. Se elimina la autonomía del órgano responsable de la evaluación y se coloca en situación de minoría absoluta a los consejeros académicos en el órgano de consejo del nuevo gobierno. Se transfiere al ámbito de responsabilidades del Ejecutivo el nombramiento de los consejeros. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de la Función Pública para tutelar, supervisar, autorizar y, por supuesto, censurar las acciones del consejo. Y se le conceden poderes absolutos al presidente del organismo para suplir las facultades de un órgano colegiado. Se diluye la autoridad del consejo en materia de medición de pobreza, y con esto el propósito establecido en la Ley General de Desarrollo Social de establecer un mecanismo legal, público y transparente, objetivo y auditable, además de obligatorio para las dependencias y entidades de la administración pública federal, para medir la evolución de la pobreza en México, y con ello acabar con la autocomplacencia y generar una base única en la planeación y concertación de las acciones del Estado orientadas a combatir los rezagos estructurales de millones de mexicanos. Es evidente que la propuesta legislativa del Ejecutivo se encuentra orientada a darle soporte jurídico a un sistema de evaluación de desempeño rechazado por la Cámara de Diputados y con cuestionamientos en torno a su legalidad. En contravención de disposiciones expresas de la ley, se genera un sistema de autoevaluación a cargo de las dependencias ejecutoras de la política y los programas, quienes serán responsables tanto de la elaboración y emisión de normas, como de la contratación de las evaluaciones y el seguimiento de sus resultados. Por ello presentamos esta iniciativa, mediante la cual le damos expresión jurídica y operacional a la facultad que tiene la Cámara de Diputados para monitorear y evaluar las actividades de la administración pública federal, derivada del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultándola expresamente para evaluar los programas, los proyectos y las acciones a cargo del Ejecutivo federal. Con esto mantenemos la facultad que tiene la Auditoría Superior de la Federación para realizar auditorías de desempeño y emitir recomendaciones vinculatorias sobre el diseño, operación, resultados, impacto y calidad de las políticas públicas del Ejecutivo federal. Y por el otro avanzamos en la creación de un diseño institucional que permita el cabal cumplimiento de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados en materia de evaluación, seguimiento y monitoreo, de las políticas públicas. Asimismo, proponemos adecuaciones legales para garantizar que la evaluación que hace el Ejecutivo, a través del Coneval o de los ejecutores de programas, sea independiente y autónoma. En consecuencia, con estos principios se propone reformar disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer en forma clara y explícita las facultades normativas y operacionales de la Cámara de Diputados en materia de evaluación; las obligaciones del Ejecutivo en la materia; los mecanismos de coordinación entre este órgano y otros entes evaluadores; las cualidades de las evaluaciones y la transparencia y publicidad de las mismas. En este sentido, se proponen modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General para crear el Centro de Evaluación de las Políticas Públicas de la Cámara de Diputados, como un órgano especializado con autonomía técnica y funcional que tendrá a cargo la evaluación de las políticas públicas, a cargo de la administración pública federal. Dicho centro será dirigido por un órgano colegiado integrado por expertos en la materia, electos por el voto de las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados. En ese sentido, se establece un mecanismo de coordinación entre las comisiones legislativas y el Centro, para determinar el programa anual de evaluación y elaborar los instrumentos necesarios para su evaluación. Por último, se proponen adecuaciones legales para garantizar la autonomía e independencia del órgano evaluador de la política de desarrollo social dependiente del Poder Ejecutivo. Se le otorga claramente un carácter colegiado. Se elimina la indebida intromisión de las dependencias y entidades en las determinaciones sustantivas y operacionales de este órgano. Se le otorga un trato excepcional con respecto a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para garantizarle autonomía necesaria en el desarrollo de sus funciones y se define el estatus jurídico de sus consejeros. Con estas reformas creamos un sistema de evaluación del Poder Legislativo, que respeta y fortalece al órgano evaluador existente, avance en la objetividad, transparencia, independencia y rigor técnico de la evaluación de las políticas públicas. Por lo antes expuesto, se somete a consideración la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Desarrollo Social. Por razones de tiempo, solicito a la Presidencia incluya íntegramente el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y turne para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que sea considerada en el proceso de dictamen del paquete de iniciativas referidas al tema de la evaluación de las políticas públicas. Es cuanto, diputado Presidente.