La diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, presidente. La iniciativa de Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana tiene sin duda un loable propósito; como su nombre lo indica, busca crear un marco que permita otorgar beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas. Está integrada por 17 artículos y 3 transitorios. En lenguaje llano esta ley pretende eliminar todo tipo de inspecciones sobre las actividades que realizan las empresas y sobre quienes se dedican a alguna actividad económica. Parte del principio de la confianza en que el respeto a la legalidad será guía del comportamiento económico. Adicionalmente se pretende elaborar un padrón para quienes se inscriban, gocen de indefinidos beneficios y facilidades administrativas que determine la Secretaría de Economía, responsable del mismo. El otro objetivo, la desregulación, es el sueño de cualquier neoliberal, está contenido básicamente en el artículo 13, donde se señala que la Secretaría de Economía se coordinará con las dependencias y entidades de la administración pública federal para suspender –óigase bien– las actividades de vigilancia, inspección o verificación que efectúen personas inspectoras, verificadoras, ejecutoras y cualquier figura análoga adscrita a aquellas –fin de la cita. En el Senado, Cámara de origen, añadieron diversas excepciones a esta barrida de todo tipo de inspecciones a cargo del gobierno federal. Además de las actividades relacionadas con la protección civil, derechos del consumidor, así como las relativas al sector financiero, sumaron aquellas que tienen como propósito resguardar la seguridad nacional, proteger el medio ambiente, los recursos naturales y la materia de armas de fuego y explosivos. En todos estos sectores se continuarían practicando las verificaciones que las autoridades consideren pertinentes. El Grupo Parlamentario del PRI, al revisar esta minuta, consideró insuficientes las excepciones establecidas en este artículo. Apoyó la incorporación de las obligaciones de mantener y reforzar las medidas de inspección y verificación sobre la seguridad alimentaria, las exportaciones e importaciones agroalimentarias y la salud humana. Reconocemos la importancia de las salvedades introducidas en el artículo 1o. –les llamo la atención sobre ellas– que incluyan las materias del trabajo, seguridad social, revisiones o presunción de recursos de procedencia ilícita, así como las visitas de verificación a los expendedores de hidrocarburos, es decir gasolinas, diésel y combustibles en general. Aun con esas consideraciones no queda claro el renglón de los medicamentos y las inspecciones y verificaciones que forman parte de su producción nacional, así como de las importaciones realizadas. Es simplemente espeluznante imaginar que puedan ingresar medicinas y aditamentos médicos sin ningún tipo de supervisión en cuanto a su calidad y eficacia, amén de su inocuidad. Lo barato sale caro, no lo olvidemos. Por eso propondremos una reserva que garantice la participación de la Cofepris. ¿Cuántos más sectores de actividades podrán verse perjudicados por una supresión bruta de las inspecciones y verificaciones? ¿Será esta ley el certificado de impunidad para los talamontes que ya no serán molestados por transportar la madera obtenida ilegalmente? ¿Qué pasará con los sistemas estatales de inspección y verificación, incluyendo cercos sanitarios, venta de bebidas alcohólicas, entre otros, y las facultades municipales en la materia? Si bien es una ley que atañe a la administración pública federal, tendrá indudable impacto en los otros dos órdenes de gobierno. La confianza del gobierno y la ciudadanía no puede entenderse como un certificado de impunidad. La confianza de ninguna manera puede ser excusa para poner en riesgo la seguridad sanitaria o desestabilizar el sistema de regulación comercial del país. Buenas intenciones, sin duda, combatir el burocratismo, eliminar la corrupción, que acompaña los largos y complicados trámites. ¿Será esta ley el camino correcto? Es indudable el avance de haber recuperado la función de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cofemer, que incluye el dictamen. Afortunadamente ya está como un elemento central para la ejecución de esta ley. Actuando como revisora, la Cámara de Diputados responde a las alertas lanzadas por organizaciones de productores y realiza las modificaciones correspondientes. Serán suficientes al tiempo. Muchas gracias.