El diputado Roger David Alcocer García: El tema de la improcedencia del juicio de amparo en materia política, ha sido tratado desde el siglo XIX como un dogma histórico jurídico establecido como consecuencia de la situación política que privaba en nuestro país en la época de la consolidación de su independencia, de sus instituciones jurídicas, de su estructura como Estado y nación independiente. Así desde los tiempos del insigne jurista don Ignacio L. Vallarta y de la publicación de su obra "Cuestiones Constitucionales", se estableció una diferencia que marcaría la pauta para la distinción histórica, aparentemente perpetua entre las garantías individuales y los derechos políticos de los ciudadanos. En la misma época existieron posturas y tesis como la denominada "Incompetencia de origen o tesis", de José María Iglesias, por medio de la cual este ilustre jurista sostuvo el criterio de que el amparo procedería contra los actos de autoridad incompetente o autoridad legítima, incluso en los ámbitos en que la política se entrometiese a grado tal que la línea tenue que divide los derechos políticos de las garantías individuales, desapareciere. Y por virtud de un mismo acto se afectaran derechos políticos y garantías individuales al unísono. Por lo anterior debemos de adentrarnos también en un ambiente histórico propicio que nos lleve a comprender el origen o la génesis de la diferenciación dogmática establecida por nuestro máximo tribunal en torno de los conceptos de garantías individuales y derechos del hombre y derechos políticos del ciudadano. En el marco de la historia del derecho constitucional y electoral, existen mecanismos de regulación de medios de control constitucional, encaminados a la tutela y protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, y en su caso, sus características particulares intentando subrayar la importancia que reviste para el sistema jurídico mexicano la función de control constitucional realizada por órganos jurisdiccionales a través del juicio de amparo, así como proponer una posible extensión de dicha función de control a diversas materias, en particular la electoral, partiendo de la necesidad de someter todos los actos de autoridad a los principios de certeza y legalidad como requisito sine quanon para la preservación de todo estado de derecho y la conservación de la paz social en el mismo. La estructura actual del Poder Judicial de la Federación a través de cada uno de sus órganos, en particular la estructura y el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otrora Tribunal Federal Electoral, originada por las reformas constitucional y legal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en agosto y noviembre de 1996 respectivamente, permite una tutela más amplia de los derechos de naturaleza política de los gobernados, pues como consecuencia de dichas reformas, se dio origen a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, con lo que se aclaró un poco la penumbra en que se encontraba la tutela de los derechos políticos de los gobernados que había perdurado durante casi dos siglos y por virtud de las mismas, se definió la competencia de las autoridades electorales federales ungiéndolas con la investidura de autoridad máxima y especializada en dicha materia. Por consiguiente, es necesario identificar en qué casos puede ser admitida a trámite una demanda de garantías cuyos efectos de fondo desemboquen en la salvaguarda y tutela de derechos de índole política para los gobernados, partiendo de la premisa de que la luz de las garantías de seguridad jurídica como son las de audiencia y legalidad, todo acto de autoridad que vulnere la esfera jurídica del gobernado, por lo que respecta a sus garantías individuales, es susceptible de combatirse por la vía del juicio de amparo. La presente reforma tiene como inspiración la magnificencia que ha alcanzado el amparo mexicano a lo largo de la historia constitucional de nuestro país. Siguiendo los ideales que sostenía el apotegma solitario y abandonado en ocasiones del célebre jurista don José María Iglesias, que rezaba. "Sobre la Constitución nada ni nadie". Actualmente el juicio de amparo es improcedente en materia política, según se desprende de la interpretación de las fracciones VII y VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, dejando intocables los actos y resoluciones de las autoridades en materia electoral que pudieran vulnerar la esfera jurídica de las garantías individuales de los gobernados. Asimismo los medios de impugnación en materia electoral no son procedentes cuando se pretenda impugnar la no conformidad a la constitución de leyes federales o locales, pero no existe una disposición expresa en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que proteja a los gobernados y sobre todo a los ciudadanos cuando las autoridades electorales cometan excesos en su actuar y ello traiga como consecuencia una repercusión en la esfera de sus garantías, sobre todo en las de seguridad jurídica como la de legalidad, pues si bien es cierto que existen criterios jurisprudenciales que tratan de rescatar este vacío jurídico, también lo es que tanto la Ley de Amparo como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral son omisas al respecto. "Unicamente existen al respecto documentos como la tesis jurisprudencial de la novena época, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de fecha de septiembre de 1999 que dice lo siguiente: "Reforma constitucional. Amparo contra su proceso de creación. Procede por violación a derechos políticos asociados con garantías individuales la interpretación del contenido del artículo 73 fracción VII en relación con jurisprudencias sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lleva a determinar que por regla general el juicio de amparo en el que se pretendan deducir derechos de naturaleza política es improcedente, siendo excepción de lo anterior la circunstancia de que el acto reclamado además de tener connotación de índole política también entrañe la violación de derechos subjetivos públicos consagrados en la propia Carta Magna". "Por tanto, tratándose de ordenamientos de carácter general con contenido político electoral, incluidos los procesos de reforma de la Constitución para la procedencia del amparo se requiere necesariamente que la litis verse sobre violación de garantías individuales y no solamente respecto de trasgresión de derechos políticos, los cuales no son reparados mediante el juicio de garantías. "En este orden de ideas la diferencia sustancial entre el amparo mexicano y los medios de control constitucional establecidos en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral es entre otras la improcedencia de la suspensión del acto reclamado en éstos y la procedencia de la misma en aquél. "Pensar lo contrario sería aceptar que las autoridades en materia electoral puedan expedir actos carentes de toda fundamentación y motivación o formalidades esenciales contenidas en nuestra Carta Fundamental. "En atención al razonamiento basado en que las lagunas constitucionales y legales que dejan en estado de indefensión a los gobernados deben ser subsanadas para impedir que actos de las autoridades electorales permanezcan firmes cuando adolezcan de deficiencias constitucionales o legales es necesario implementar un mecanismo de tutela, consistente en lo siguiente: "Reformar la fracción 7 del artículo 73 de la Ley de Amparo incorporando los criterios jurisprudenciales que permitan la procedencia del juicio de amparo cuando se violen derechos políticos al mismo tiempo que garantías individuales, permitiendo la defensa de los gobernados ante tales violaciones. "Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente reforma-decreto: "Artículo único.- Se modifica la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo para quedar como sigue: Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente... "VII.- Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, siempre que se trate de algunos de los siguientes supuestos: "a) Que la supuesta violación afecte o pudiera afectar derechos de naturaleza distinta de la de las garantías individuales y "b) Que se trate de actos o resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, independientemente de la naturaleza de los derechos afectados. Transitorios "Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al texto expreso del presente decreto. "Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de noviembre". Pido por favor que se inserte íntegro al Diario de los Debates pues también comento que se ha publicado íntegro en la Gaceta Parlamentaria con fecha del viernes 4 de noviembre del 2005. Es cuanto, señor Presidente.