El diputado Gonzalo Moreno Arévalo (PRI): Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados: Pongo a su consideración la siguiente iniciativa, haciendo alusión a otras iniciativas presentadas con anterioridad por el suscrito, con la finalidad principal del derecho positivo que es precisamente su vigencia tanto objetiva como subjetiva, primordialmente la positividad del derecho radica en la vigencia de la legislación en relación directa con la hipótesis casuística determinada por el tiempo, modo, lugar, persona y espacio también determinados, lo que constriñe en nuestro papel de legisladores actualizar nuestro marco legal a medida que las circunstancias de la convivencia humana nos lo demanda para mantener la sana y armoniosa relación entre individuos y la vigencia del verdadero Estado de derecho. Los criterios y los intereses públicos evidentemente vienen sufriendo cambios dinámicos en cuanto a su claridad y objetividad para adecuarse a la lógica jurídica de nuestros tiempos modernos. Así las cosas, si bien resulta, cierto que tanto la soberanía como la inviolabilidad de los poderes entre sí resultan ser de interés público, también es cierto que la impartición y aplicación de justicia son de un alto interés público y aún resulta ser más certera la imperiosa necesidad de que los diferentes tipos de interés público no se encuentren contrapuestos. Tomando en cuenta la doctrina jurídica respecto de los delitos, infracciones o faltas que cometieren los funcionarios generalmente debe considerarse como responsables como cualquier otro sujeto del Estado de derecho. Frente a esta regla tenemos que con la finalidad de que determinados funcionarios estén en aptitud de desempeñar las labores inherentes a su cargo, la Constitución contempla que durante el tiempo que dure éste los funcionarios no puedan ser perseguidos por los actos punibles que cometiere, salvo previa declaración de procedencia de la Cámara correspondiente. Se hace hincapié que por impunidad debe entenderse la condición de aquella persona que no está sujeta a las sanciones previstas por la ley para la comisión de faltas, infracciones o delitos, en tanto que la inmunidad la constituye la condición de la persona que no puede ser juzgada por responsabilidad penal que derive de la comisión, faltas, infracciones o delitos, únicamente durante el tiempo que dure en sus funciones. En este sentido se dice que en México, con la excepción del caso previsto en el artículo 61 de la Constitución federal no existe impunidad de los funcionarios públicos, sino solo una inmunidad durante el tiempo del encargo. Sin embargo, también es un principio jurídico doctrinal que la justicia tardía deja de ser justicia en su plena concepción. Por tanto, pese a que no son impunes las personas protegidas por la figura conocida coloquialmente como fuero, salvo lo previsto en el artículo 61 constitucional, la inmunidad de que se goza provoca en la gran mayoría de los casos la postergación de la aplicación de la justicia. En ese orden de ideas y atendiendo la principal finalidad de la inmunidad de que gozan todos los funcionarios previstos en el artículo 111 de nuestra Constitución, que es precisamente la de salvaguardar el buen ejercicio y el desempeño de la función encomendada, sin que ésta pueda verse afectada por la intervención de una autoridad extraña al fuero respectivo, pudiendo ser privados de la libertad y con ello afectar la función que desempeña el funcionario correspondiente, sin que se pueda de manera posible tomar las previsiones necesarias para que el servicio prestado no se vea afectado. "En tal virtud y toda vez que al igual que en la materia civil, un funcionario puede comparecer a juicio, podría ser lógico que también pueda ser llamado a juicio de responsabilidad penal, pero con la salvedad de que no pueda ser privado de su libertad sino hasta la sentencia definitiva con la cual se pueda tramitar en el Congreso de la Unión, la consecuente declaración de procedencia con los elementos de pruebas contundentes, tales como una sentencia condenatoria dictada por el poder público, que tiene la potestad de declarar la verdad jurídica, como lo es el poder judicial, sin que la declaración de procedencia se vea soportada en la presunción de la responsabilidad, sino en el financiamiento claro y cierto de tal responsabilidad, agotando de manera objetiva la garantía de audiencia y defensa, sin que esta garantía se vea afectada por los intereses políticos por encima del interés público de la aplicación de la justicia. "Por todo o anterior, se modifica la fracción II del artículo 38 de la Constitución, previéndose la salvedad en la suspensión de los derechos y prerrogativas ciudadanas, para ser acordes a la reforma de la presente iniciativa del artículo 111 del mismo cuerpo legal, máximo que a su vez contempla la posibilidad del poder a sujetar a procedimiento penal a los funcionarios previstos en este último artículo, pero sin que se pueda privar de la libertad hasta en tanto no se tenga la declaración de procedencia respectiva por el Congreso de la Unión. "Por todo lo anteriormente expuesto, argumentado, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 38 fracción II y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma. "Artículo Unico.- Se reforman los artículos 38 fracción II y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal o contar desde la fech8a del auto de formal prisión, salvo el caso en el artículo 111. "Podrán ser sujetos a proceso penal sin que se aplique lo previsto en el artículo 38, hasta en tanto no se realice la declaración de procedencia, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de las Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como los Consejeros Presidentes y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo que dure su encargo. "Sin embargo, para poder proceder a ejecutar cualquier orden de aprehensión, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si no ha lugar a proceder a la aprehensión contra el inculpado. "Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento anterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión de delito continúe su curso, cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. "Si la Cámara declara que ha lugar a proceder a la aprehensión, el sujeto quedará a la disposición de las autoridades competentes, para que actúe con arreglo a la ley. "Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, en los términos del artículo 110. En este supuesto la Cámara de Senadores resolverá con base a la legislación penal aplicable. "Para poder proceder penalmente por los delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto la declaración de procedencia será para el efecto que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. "Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y tratándose de delitos por cuya comisión el autor tenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberá graduarse de acuerdo al lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. "Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. "Transitorios. "El artículo primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "El artículo segundo.- Para efectos de no vulnerar la garantía y retroactividad de la norma, la presente reforma surtirá sus efectos para los representantes populares que resulten electos en los procesos electorales posteriores a la aprobación del presente decreto, así como a las designaciones de servidores públicos previstos en el artículo 111 posteriores al mismo. "Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de noviembre". Es cuanto, diputado Presidente. (aplausos)