El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences: Gracias. Ciudadanas y ciudadanos, diputados y diputadas. En los Estados Unidos Mexicanos todos los ciudadanos tienen el derecho constitucional establecido en el artículo 35 de votar y ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley y que han sido consignadas en todas las Constituciones que han regido a nuestro país, ahora también en los códigos electorales. La Constitución de Apatzingán de 1814 tenía como requisitos de elegibilidad para integrar el Supremo Congreso ser ciudadano con ejercicio en sus derechos, tener 30 años de edad, buena reputación, patriotismo acreditado con servicios positivos y tener luces no vulgares para desempeñar las augustas funciones del empleo. En la Constitución actual, la de 1917, el artículo 55 establece los requisitos de elegibilidad para acceder al cargo de diputado, requisitos que se circunscriben a ciertas características que debe tener el aspirante incluso para el desempeño de la actividad pública, y donde lo más ilustrativo es que se limita la posibilidad de participar en esos procesos a miembros activos del Ejército, policía y gendarmería, a titulares de organismos autónomos descentralizados o desconcentrados, a secretarios y subsecretarios de Estado, a menos que se separen del cargo 90 días antes del proceso electoral. Los funcionarios de los tres poderes deben separarse de su encargo de manera definitiva tres años antes del día de la elección. Los ministros de culto no son elegibles a cargos de elección. Esta serie de requisitos de elegibilidad que pueden ser abordados desde los puntos de vista constitucional, legal y estatutario, son atribuidos por ciertos autores como Adrián Joaquín Miranda Camarena y Luis Antonio Corona Nakamura, a la importancia del cargo de elección popular, pretendiendo garantizar la idoneidad y garantía de la autonomía de actuación de los aspirantes al cargo de elección popular. Además, podemos agregar el respeto al principio de la separación del Estado y de las iglesias y la certeza necesaria de equidad en la lid política electoral. Pero a pesar de la pretensión de idoneidad de la garantía de autonomía de actuación del corporativismo sindical y de la necesaria certeza de equidad en todo proceso electoral, la Carta Magna no exige a los dirigentes sindicales la renuncia a su cargo como requisito de elegibilidad para participar en alguna elección popular. A pesar que al igual que los funcionarios de las dependencias señaladas los dirigentes sindicales manejan recursos millonarios y tienen todo el poder para manipular a su favor el voto de sus agremiados y llegar inmerecidamente hasta estos espacios de representación nacional. Esta plataforma de lanzamiento a posiciones de gobierno utilizando el poder, los recursos y la legitimidad forzada que le otorgan trabajadores al servicio del Estado o de las empresas privadas, organizados en asociaciones sindicales buscando en muchos casos la figura del fuero, violan la tesis de la representatividad superior de la nación, la idoneidad, la garantía de actuación y el principio de equidad o igualdad de condiciones establecido, este último, en la Ley Electoral para participar en procesos políticos de elección popular, puesto que utilizan los ahorros de los trabajadores en busca del beneficio político, con lo cual aventajan a cualquier aspirante que sólo cuenten con trabajo, su capacidad intelectual y su trayectoria de servicio. Por lo anterior me permito poner a la consideración de esta honorable soberanía que entre los requisitos de elegibilidad para ser diputado se agregue al artículo 55 constitucional la fracción VIII, con lo cual quedaría de la siguiente manera. VIII. No ser dirigente de ninguna organización sindical de trabajadores o trabajadoras a menos que se separe definitivamente de sus funciones seis meses antes del día de la elección. Es cuanto. Muchas gracias.