La diputada María Guadalupe García Almanza: Gracias, señor presidente. De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, además de la desocupación que afecta a millones de mexicanos, un número de 13.4 millones de personas se encuentran ocupadas en la economía informal superando en poco más de 75 mil trabajadores que en el segundo trimestre del 2010. A esto debemos sumar los poco más de siete millones de ni-ni a los que la administración federal no da respuesta para lograr ocuparse en un empleo formal o tener acceso a las instituciones de educación superior. Por si fuera poco, según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta cifra de 13 millones puede incrementarse, ya que para contabilizar a la población económicamente activa sólo se consideran las últimas tres semanas en las que el trabajador o trabajadora estuvo realizando cualquier tipo de actividad sin acceso a la seguridad social, a un contrato que otorgue garantías jurídicas a sus labores e inclusive en muchas ocasiones sin obtener un salario. Los problemas que afronta la economía mexicana no son recientes de ninguna manera. Recordemos que las posimerías del autoritarismo, concretamente al iniciar la década de los 80 del siglo XX, se eligió un modelo de desarrollo que privilegió la exportación y aniquiló a la producción orientada al mercado interno por los saldos de bajo crecimiento económico, dependencia, con respecto a la economía estadounidense, contención salarial y pérdida de la soberanía en todos los rubros. Con el arribo de los gobiernos panistas a la presidencia de la república, la situación lejos de morar agudizó los problemas estructurales que se venían arrastrando, conjugándose con la incapacidad del gobierno federal para implementar políticas y acciones anticíclicas que permitan a México alcanzar la estabilidad antes de entrar a una nueva crisis. Esta situación dio pie al planteamiento de una política económica ambiciosa y fuera de contexto. Se pretendió conseguir un crecimiento anual del PIB de más del 7 por ciento, controlar los niveles de inflación, disminuir el desempleo abierto y promover la inversión extranjera. La situación que enfrenta el país es de la mayor gravedad. Contrariamente a la postura seguida por el gobierno federal Convergencia manifiesta su enorme preocupación por la verdadera condición de emergencia que en el terreno de los hechos cruza diversos temas de la vida nacional. No se necesita tener simpatía por festinar el desastre, sin embargo la magnitud de los problemas que agobian al país con indicadores como una enorme espiral de violencia, el fracaso en la política educativa elegida, que no ha mostrado ninguna variante significativa con respecto a las administraciones anteriores y nos coloca entre los países que menos invierten en el sector educativo y presenta déficits en cuanto a los conocimientos que deben manejar los educando por lo menos en la educación básica. El insuficiente crecimiento económico, con sus saldos de desempleo e incremento de la pobreza, la irrefrenable ola de incremento de precios que ha encarecido brutalmente a los productos de la canasta básica, aunada a una mayor dependencia en materia alimentaria. Convergencia al igual que otras voces en el escenario nacional, ha advertido desde varios años atrás que la denominada estrategia seguida en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada, parte de una premisa profundamente equivocada, como lo revelan las 50 mil víctimas que ha cobrado hasta el momento y constituye como ha quedado demostrado en amplios territorios del país, un peligro para la gobernabilidad y sus efectos amenazan con extender la violencia a más zonas. Nos gustaría destacar que en comparación con otros países que en algún momento estuvieron a la par en materia de crecimiento económico, como es el caso de China, quien en 1981 se encontraba por debajo de los estándares mexicanos, cuando en México se adoptó como modelo económico al neoliberalismo, se transitaba en medio de una crisis económica derivada de un modelo agotado, de un escenario internacional adverso y de la incertidumbre política, económica y social. En ese contexto es que México en las últimas tres décadas no ha crecido más del 3 por ciento, mientras China despuntó y ha crecido sostenidamente entre 10 y 14 por ciento en el mismo periodo. Sin embargo ha sido evidente que México no ha destacado en el crecimiento económico sostenido ni la generación de reformas para mejorar la capacidad productiva. En los últimos 10 años la economía no ha superado un promedio de crecimiento de 3 por ciento anual. El desafío consiste en ajustar gradualmente la política monetaria, hasta ahora con un sesgo de contención de la inflación a nivel de producción que sea posible lograr con la capacidad instalada en el país. México enfrenta importantes riesgos externos e internos que favorecen una economía cada vez más inestable. En el ámbito externo se ubica la desaceleración de la actividad económica de Estados Unidos, dada la dependencia económica, afectando fuertemente la situación comercial, el turismo y las remesas familiares, la deuda con otros países y con organismos internacionales, el incremento de las materias primas y la cruda realidad en el ámbito de la producción del petróleo. A nivel interno, la falta de una real reforma fiscal y hacendaria que permita fortalecer las finanzas, el incremento de la deuda subnacional, la amenaza de un repunte inflacionario con la consecuente constricción del crédito al consumo, la inseguridad pública y el letargo en la promoción de las reformas estructurales. Esta situación nos lleva a señalar fuertemente que el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno es similar al que se ha presentado en los últimos períodos, siendo evidente que el país se encuentra inmerso en un crecimiento económico insuficiente desde hace casi 30 años. Desafortunadamente, el gobierno federal se ha empeñado en defender lo indefendible y en mantener una actitud de cerrazón ante las evidentes muestras de agotamiento del modelo económico. Es evidente que la política económica en México requiere de un cambio radical que se evalúe por resultados, resultados que se reflejen en el nivel de bienestar de todos los mexicanos. En este sentido, consideramos pertinente señalar que el objetivo del crecimiento económico es una condición ineludible para que los países puedan aspirar al desarrollo en condiciones de igualdad y sustentabilidad. Por ello debe cumplir con una condición fundamental que apunta el Banco Interamericano de Desarrollo, que señala que una de las condiciones para aspirar a dicho desarrollo lo constituye la obtención de una tasa alta y sostenida del PIB del 7 por ciento anual, condición que debe mantener por lo menos 25 años. En este estudio realizado por el BID, México necesitará más de medio siglo y un crecimiento sostenido alto para alcanzar posibilidades de desarrollo real. A eso debemos sumar que el producto interno bruto por habitante se ubicó en nueve mil 860 dólares en el primer semestre del año, con lo que México se colocó en el lugar 64, cayendo tres peldaños respecto de 2010. Según el comparativo a nivel mundial del FMI, países más desarrollados como Luxemburgo, que tuvo el primer lugar, registró un producto interno bruto per cápita de 120 mil 060 dólares, 12 veces mayor que el de México, mientras que el de Estados Unidos fue de 48 mil 666 dólares, colocándolo en el sitio 11. Ante este escenario, en Convergencia no pretendemos polemizar sobre las buenas o malas decisiones administrativas en la materia. Consideramos apremiante aceptar que el agotamiento del modelo económico nos ha rebasado. No omitimos nuestra corresponsabilidad; por lo tanto, buscamos constituir los mecanismos apropiados para destinar de mejor manera los recursos y evaluar de manera permanente el ejercicio del gasto y su impacto en el bienestar de la población, revirtiendo la condición de pobreza en que se encuentran casi 60 millones de mexicanos. Por su atención, muchas gracias.