La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. Vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 y adicionan los artículos 19 Bis y 19 Ter a la Ley de Migración, con el propósito de hacer más eficaz y eficiente al Instituto Nacional de Migración. Diversas organizaciones y personalidades defensoras de los derechos humanos se cuestionan el funcionamiento actual del Instituto Nacional de Migración, al considerar que el organismo carece de claridad en sus funciones y que en poco ayuda a la protección de los derechos humanos de las migrantes y de los migrantes, que al no operar sus órganos ciudadanos no puede consolidar una política de Estado en el tema migratorio. El instituto fue creado el 19 de octubre de 1993, su objetivo es la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, al igual que las actividades de coordinación con las diferentes dependencias, de la administración pública federal que concurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia. Actualmente, el Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la administración pública federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente, bajo la regulación del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en el cual se establecen la forma en que operará, la forma en que se nombra y se remueve al comisionado del Instituto Nacional de Migración, sus atribuciones, entre las que se establece que el instituto cuente con un consejo ciudadano y su organización sea inherente al instituto. La reforma que elevó a rango constitucional los derechos humanos, le ha impuesto al Estado mexicano la obligación de repensar sus instituciones; desafortunadamente esto no se ha hecho extensivo al Instituto Nacional de Migración. No obstante que el artículo 2 de la Ley de Migración así lo determina. Como sabemos, México es un país expulsor, receptor y de tránsito para las y los migrantes; estos hombres y mujeres que buscan oportunidades, pero reconocemos con tristeza y vergüenza que la política migratoria no se ha adecuado a esta visión de la protección de los derechos humanos. El gobierno no ha diseñado una estrategia para atender a los casi 2 millones de deportados desde Estados Unidos de América, mucho menos a los grupos más vulnerables, como lo son en este caso, las mujeres, las y los jóvenes, las y los niños. Tampoco para responder por los 10 mil desaparecidos que han entrado por nuestra frontera sur. Están llegando al país mexicanos que no saben hablar español, que carecen de marco social para que se les pueda atender y que tienen que luchar contra todo tipo de adversidades, donde desafortunadamente destaca el trato, muchas veces indigno, de parte de empleados del Instituto Nacional de Migración. Nos hemos visto en la necesidad de bajar la cara, cuando nos señalan que en México se trata a las y los migrantes peor de lo que se tratan en Estados Unidos de América a nuestros migrantes. Muchos de los casi 400 mil migrantes que entran por nuestra frontera sur son victimizados en el país varias veces y un dato muy alarmante es, que el 60 por ciento de las mujeres migrantes son violadas en el transcurso, que tienen que cruzar por nuestro territorio nacional antes de llegar a la frontera norte. Casi nadie se salva de ser asaltada, asaltado; muchos y muchas caen en manos de la trata en todas sus formas, mientras vemos con horror la asociación entre los criminales y las autoridades migratorias. México debe ser un territorio de paz, no un espacio de terror donde las y los migrantes se aventuran con miedo, porque su dignidad será violentada. Es preocupante que una parte del territorio nacional esté controlada por los criminales y lo es, todavía más preocupante, que en muchos de estos casos gocen del consentimiento de nuestras autoridades. Por todo ello buscamos con esta iniciativa, la autonomía del Instituto Nacional de Migración, para que deje de depender de criterios políticos y policíacos, que el director del instituto esté cercano a la promotoría y defensa de los derechos humanos. Que las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a los espacios de definición, de políticas públicas en la materia; que se normen sus actividades en base al respeto a los derechos humanos y que se le informe solamente sobre sus actividades a esta soberanía, el Poder Legislativo. Deseamos que algún día no muy lejano cualquier persona que pise nuestro territorio lo haga con agrado y no con pavor. El instituto, como cualquier otra institución de gobierno, tiene la responsabilidad de dar cuentas, de actuar con rectitud; y este Congreso tiene la atribución para asegurarse de que esto así suceda. Desde aquí vigilaremos que el Instituto Nacional de Migración sea parte de este esfuerzo para que México sea un espacio de respeto a los derechos humanos. Es por ello que consideramos muy importante esta iniciativa para lograr darle autonomía al instituto, al mismo tiempo que lo obligaremos a ser más transparente. La Constitución exige que se aplique el respeto a los derechos humanos en las leyes e instituciones y es hora que éste, el Instituto Nacional de Migración, deje atrás el rezago que tiene en esta materia. El Grupo Parlamentario del PRD espera su voto favor y el análisis de verdad a fondo de esta iniciativa que permita mayores elementos, mayores herramientas para tener un Instituto Nacional de Migración que realmente vele por la protección de los derechos humanos de las personas. Muchas gracias, es cuanto.