EL C. DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO: Con su venia, señor diputado, compañeros legisladores: el próximo año se cumplirá una década de vigencia del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Cuestionado y debatido en su momento, el Tratado fue una iniciativa unilateral que, más allá de los beneficios que pudiera haber generado, nunca tuvo el sustento de un ejercicio democrático para su aceptación. Este décimo aniversario del TLCAN es una oportunidad para realizar una evaluación seria, con la participación abierta de la sociedad para conocer sus beneficios y sus perjuicios, lo que está bien y lo que estás mal. Por una parte, es cierto que Estados Unidos se ha consolidado en los últimos años como nuestro principal socio comercial, mientras que México ocupa en este momento el tercer lugar en importancia como destino de las exportaciones norteamericanas porque fuimos desplazados por China del segundo lugar, y representa el 7.5 por ciento de su comercio global. Sin embargo, el TLCAN presente cinco importantes defectos que han empezado a crear conflictos y que podrían hacer naufragar al Tratado de no corregirse a tiempo. La ausencia de un régimen común en materia de dumping, subsidios e impuestos compensatorios. La omisión de una política industrial regional. La inexistencia de un sistema de reconocimiento mutuo de normas técnicas. Todo mecanismo del Tratado se sustenta en un mecanismo institucional endeble, y La carencia de un sistema que permita la regulación de la integración real que se verifica actualmente entre los mercados laborales de ambos países. Es urgente trabajar para corregir los defectos que amenazan la viabilidad futura del TLCAN. Para ello y ante todo se necesitará de una gran voluntad política por parte de los tres países involucradas. El tema más difícil tiene que ver con el fortalecimiento del sistema institucional que dé fortaleza a la toma de decisiones sobre la aplicación del Tratado y permita una eficaz resolución de disputas, así como respeto a las diferencias de desarrollo entre los miembros de las regiones de América del Norte. En este sentido son bien conocidas las reticencias que el gobierno norteamericano ha presentado cuando trata de someterse a los dictámenes de instituciones de carácter multilateral. Sin embargo, es imprescindible presionar para que el TLCAN cuente con una vida institucional más sólida y, sin duda, entre las cosas que están mal habremos de contar con las medidas que con unilateralidad el gobierno de los Estados Unidos ha impedido el cabal cumplimiento al espíritu de libre comercio con el que se negoció y firmó el Tratado, ya sea el caso del azúcar, ya sea el caso del acero o del que nos ocupa en esta ocasión, que es el transporte de carga carretero.} Sabemos de las presiones que el poderoso grupo de los transportistas estadounidenses ejerce sobre sus instancias estadounidenses, ya sean federales o estatales, ya sean del poder ejecutivo o legislativo. Estos intereses son tan poderosos que hasta ahora han impedido el libre tránsito interfronterizo de carga; sin embargo, es obligación del gobierno de Estados Unidos respetar los acuerdos que han firmado y aplicarlos cabalmente. Exigir requisitos a los transportistas mexicanos que no pide a sus connacionales es un trato discriminatorio, a todas luces alejado del principio que se supone dio vida al Tratado y por lo tanto no debe ser permitido. En Convergencia consideramos que el espíritu del TLCAN es el beneficio de las partes y por tanto deben utilizarse todos los mecanismos previstos en él a fin de lograr que su aplicación impulse el desarrollo de la economía mexicana. Nos parece una obligación insoslayable del gobierno mexicano actuar presionando donde deba hacerlo para que se levanten las restricciones que impiden el libre flujo del transporte mexicano hacia los Estados Unidos. Por lo anterior Convergencia se suma al presente dictamen, deseando encarecidamente que el Ejecutivo haga eco de estas demandas, que son además reclamos justos de la sociedad a la que servimos. Por estas razones nosotros estamos defendiendo, como prioridad nacional, la necesidad de cambiar un modelo de integración regional que, desde una perspectiva social demócrata, tenga un claro compromiso con los derechos fundamentales de las trabajadores y de los trabajadores y que reconozca como eje central la garantía del ciudadano a una vida digna y estable, empezando por tener un empleo bien remunerado. Y aquí, como muchos de los retos, la tarea es de todos y debemos cumplirla. Es cuanto.