El diputado Enrique Ochoa Reza: Compañeras y compañeros legisladores. Maestra Rosario Piedra Ibarra, sea usted bienvenida a esta sesión de la Comisión Permanente. Y déjeme empezar por el final. Nosotros deseamos que usted tenga éxito al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que alcance los altos objetivos que nos ha presentado en su informe. Lo hacemos porque somos parte de un partido que gobierna 12 entidades federativas, directamente a 43 millones de habitantes. Luego entonces, trabajamos para que a México le vaya bien. Legislamos con ese valor en mente y como oposición parlamentaria, nuestro pecho no es bodega. Y por eso señalamos lo que nos parece que se puede hacer mejor. Le proponemos trabajar juntos para que la defensa de los derechos humanos pueda sobrepasar importantes retos y algunos nubarrones que vemos en el horizonte. Un principio fundamental para entender la importancia de los derechos humanos en una democracia es la progresividad. La progresividad es el principio que hace imposible revertir los avances logrados en derechos fundamentales una vez que estos forman parte de nuestra Constitución. Amparados en la progresividad ante una posible reforma de justicia penal, los derechos humanos pueden ser ampliados, los derechos humanos pueden ser profundizados, pero no pueden ser revertidos ni pueden ser removidos de la Constitución. De hacerlo estaríamos incurriendo como legisladores en violaciones graves a los tratados internacionales de los que México forma parte. En este sentido, es vital garantizar el pleno respeto y la puntual observancia de los derechos humanos ante posibles retrocesos. Los derechos humanos no son trofeo ni bandera de un gobierno en particular, son el blindaje permanente que goza todo individuo para evitar el ejercicio abusivo del poder, de cualquier autoridad, de cualquier nivel de gobierno en todo momento y a lo largo de todo el territorio nacional. México es un país dinámico, donde su marco jurídico evoluciona para entender el conjunto de asimetrías que se van gestando a lo largo del tiempo. De hecho, dos de las más grandes reformas constitucionales de este siglo han tenido que ver con el sistema de justicia. La primera en 2008 directamente impactando al sistema de justicia penal con la ambiciosa propuesta de cambiar el sistema de justicia opaco, escrito e inquisitivo, propio de sociedades no democráticas, y transitar hacia un sistema de justicia transparente, acusatorio y oral. La segunda reforma de gran calado fue en 2011 en materia de derechos humanos, impactando en todos los rubros de la vida pública y por supuesto en nuestro sistema de justicia. Un sistema de justicia debe de mantener el más alto estándar de respeto a los derechos humanos, puesto que tutela los derechos fundamentales más íntimos de una persona como son la vida, la libertad y la propiedad. En dicho contexto, distinguida presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vivimos un momento fundamental para defender los derechos humanos ganados por los ciudadanos frente a cambios legislativos recientes que están cuestionados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su posible inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad que inició, por cierto, la Comisión Nacional que usted ahora dignamente encabeza, ejemplo de ello es el riesgo que amenaza al derecho humano de la propiedad privada frente a los excesos de la Ley de Extinción de Dominio que pueden afectar a ciudadanos inocentes en su patrimonio, incluso antes de ser escuchados por un juez o a pesar de ser declarados inocentes del delito que se les acusa. Abuso al derecho humano de propiedad también puede existir en un sistema jurídico, donde un acto de autoridad pueda congelar el patrimonio bancario de un ciudadano, sin la supervisión previa de un juez, sin juicio de por medio o sin que el acto esté debidamente fundado y motivado, como lo establece el artículo 16 de nuestra Constitución sobre los actos de autoridad que afectan el patrimonio de las personas. Este asunto fue ampliamente debatido en la Cámara de Diputados y la mayoría votó de manera correcta a favor de los derechos humanos. La minuta ha pasado al Senado de la República y usted, como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podrá interponer una acción de inconstitucionalidad si usted considera que el Legislativo, en la última versión aprobada, afecta o viola los derechos humanos. También existe una amenaza al derecho humano del debido proceso legal y a la presunción de inocencia frente al establecimiento de la prisión preventiva oficiosa, que ha sido cuestionada por múltiples organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Tiene razón Luigi Ferrajoli cuando señala que, y cito: todo arresto sin juicio ofende el sentido común de la justicia, al ser percibido como un acto de fuerza y de arbitrio no existe, en efecto, ninguna resolución judicial y tal vez ningún acto de poder público que suscite tanta inseguridad y socave tanto la confianza en el derecho como el encarcelamiento de un ciudadano sin proceso, en ocasiones, durante años, cierro la cita de Ferrajoli. En particular, la prisión preventiva oficiosa supone una afectación grave al principio de presunción de inocencia, que exige que exista una diferencia clara entre la persona que es imputada por la presunta realización de un delito y la persona que ya ha sido sentenciada y deba hacer frente a una pena privativa de la libertad. Por eso es que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha devenido, como una de las vertientes de la presunción de inocencia, la regla de trato procesal, a partir de la cual los jueces deben impedir, en el mayor caso posible, la aplicación de medidas que en los hechos impliquen una equiparación entre diputado y culpable, lo cual conllevaría una anticipación de la pena, misma que resulta incompatible con la preservación de la presunción de inocencia. La misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos enfatiza que la aplicación de la prisión preventiva debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Por otra parte, la imposición con carácter oficioso de la prisión preventiva choca con la autonomía que deben de tener nuestros jueces en el sistema de justicia. En el fondo, la oficiosidad de la prisión preventiva es una expresión de desconfianza hacia los jueces y hacia el sistema de impartición de justicia. La solución propuesta por organismos internacionales y organismos nacionales de derechos humanos, es cambiar en nuestra Constitución la prisión preventiva oficiosa para poner en su lugar la prisión preventiva justificada, para que sean los jueces quienes determinen su aplicación al valorar las pruebas del caso, respetando la presunción de inocencia. Un sistema efectivo que respete, observe y proteja los derechos humanos debe tener como piedra angular un Poder Judicial imparcial, autónomo y con presupuesto suficiente para llevar a cabo sus funciones. Compañeras y compañeros legisladores, distinguida presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una sociedad democrática se construye a partir del esfuerzo multigeneracional de mujeres y hombres. La institución que usted encabeza es ejemplo de ello. Ha sido producto de decisiones ejecutivas y actos parlamentarios a lo largo de casi tres décadas de trabajo, durante gobiernos de tres partidos políticos distintos. Y se ha beneficiado del intenso debate plural que se da en el Parlamento mexicano, con pluralidad política. La consolidación de un sistema jurídico en un Estado democrático de derecho debe ser respetuoso de los derechos humanos, del debido proceso, de la presunción de inocencia y del principio pro persona. Todo sistema de justicia es perfectible, y el nuestro que tanto esfuerzo, tiempo y consenso nos ha costado construir no es la excepción. Cualquier modificación que se crea necesaria al sistema de justicia, debe tomar en consideración la experiencia, la práctica y el conocimiento que día a día se lleva en todos los juzgados penales de nuestro país. Necesariamente debe contar también con el más amplio consenso social posible, incluyendo la amplia participación de expertos en derechos humanos, de jueces, académicos, abogados, víctimas, colectivos de la sociedad civil organizada y la ciudadanía que de manera amplia quiera participar. Como país democrático, con un robusto catálogo de derechos fundamentales en nuestra Constitución, estamos llamados a unir esfuerzos todas y todos, para la promoción, defensa y respeto a los derechos fundamentales. Desde su creación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha demostrado ser una institución fundamental para la evolución de nuestra democracia y ha sido un avance grande para nuestra nación. Profundizar en reformas y en los avances en materia de derechos humanos, no sería compatible con el restablecimiento de un sistema penal inquisitivo, en donde se permita la presentación de pruebas con vicios de origen, o donde la figura de arraigo aplique para cualquier delito. Consideramos que el sistema acusatorio y oral representa grandes avances y ha costado muchos recursos y esfuerzos de los impartidores de justicia. Nos proponemos a consolidar la división de Poderes, en donde el Poder Judicial y sus integrantes cuenten con las garantías plenas para el ejercicio de su importante labor. Un Poder autónomo, independiente y libre para autogobernarse. El respeto a los derechos humanos debe ser el eslabón permanente en toda la cadena de actuación de la autoridad. Lo contrario nos convertiría en víctimas en nuestra propia casa. Más allá de las ideologías, de las visiones personales, se debe salvaguardar en todo momento la autonomía e imparcialidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sigamos construyendo todo un organismo garante, que sirva a las y los mexicanos frente a los abusos del poder, ante la arbitrariedad de las autoridades. Nada ni nadie por encima de la Constitución. Todas y todos iguales frente a la ley. Muchas gracias. La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, diputado Ochoa. La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora la palabra el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.