EL C. DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS: Con su permiso señor Presidente. Ya hemos destacado los efectos de una dinámica demográfica, cuyas tendencias proyectadas para el año 2020 preanuncian una población de 120 millones de habitantes, estos procesos están acompasados con cambios radicales en la estructura poblacional y por fangos de edad, sexo e ingreso. Hemos empezado a enfrentar algunos de los efectos más destacados de estas nuevas realidades: presión explosiva en materia de empleo, demanda creciente de educación media superior y superior e incremento sustancial de la demanda asistencial y de seguridad social para la tercera edad. Una vez más, las cifras son reveladoras, en el más reciente informe sobre la situación demográfica del país, se reporta que en México de 13.6 millones de habitantes a principios del Siglo XX, hemos arribado al nuevo milenio con una cifra cercana a los 100 millones, en ese lapso la población urbana pasó de representar el 28% en la primera década del pasado Siglo al 65% en la última. Esta dinámica poblacional nos exige actuar sin demora, si se toma en consideración que durante el presente año se esperan cerca de 2 millones de nacimientos, podríamos concluir que en los próximos 6 años, el crecimiento demográfico de México es equivalente a la población total de países como Chile o Grecia, para la gran mayoría de esos nuevos mexicanos, su futuro está hipotecado, porque la pobreza tiene una regeneración exponencial en un circuito vicioso, en el que se concentran las más altas tasas de natalidad, precisamente en los hogares marginados del medio rural y urbano. Este proceso ha sido acompañado de un patrón creciente de concentración-dispersión, ya que de las cerca de 200 mil localidades que hay en el país, 185 mil son localidades rurales con menos de 15 mil habitantes, esto es el 36% de la población, de las cuales 90 mil tienen menos de tres viviendas. Esta alta dispersión poblacional está asociada a las condiciones precarias de vivienda, de educación, salud y servicios básicos, así como a la falta de vías de comunicación y de circuitos eficientes de producción-consumo. Se encuentra en proceso acelerado la transformación de mano de obra, de una orientada a la industria y los servicios a una alta de especialización tecnológica en el manejo de información y en procesos robotizados, lo que aumentará la brecha entre la capacitación y educación tradicional, con la especialización modular y versátil en el sector moderno de la economía. En el centro de estos grandes cambios, se encuentra el reto de alentar una política generadora de empleados productivos dignos y justamente remunerados, por ello, cuando afirma el Presidente de la República, que el problema del desempleo es el gran reto, una vez más coincidimos, en efecto, la generación de empleos productivos y justamente remunerados, es el mejor antídoto contra la pobreza ancestral de millones de mexicanos. Pero sin referirnos a la pérdida persistente de fuentes de empleo formal, acumulado en el periodo de gestión del Informe que hoy se debate, bastaría con invocar las cifras de los anexos estadísticos del mismo para advertir una enorme contradicción con esta voluntad política, ya que en ello se reporta también un decrecimiento pronunciado en el Programa de Empleo Temporal, que ha pasado de la generación de cerca de un millón de empleos en el año 2001, a 377 mil en el año de este Informe; equivalente a sólo el 35.8% de los empleos creados en un año. Y el Programa de Jornaleros Agrícolas reporta una disminución de 157 mil beneficiarios con respecto al mes de agosto del año anterior. Estas alternativas están siendo estranguladas por los recortes presupuestales y la falta de oportunidad en el ejercicio de los recursos, ya que la política hacendaria eliminó al presupuesto del Ramo 26 desde hace 3 años, sus condiciones de flexibilidad y respuesta inmediata. Por otra parte, cabe recordar que más de 1 millón de jóvenes incorporan anualmente su demanda de empleo, ingreso y vivienda, al rezago preexistente y no será la política de autogestión, la que resuelva por si sola esta situación. No es la tarea exclusiva del gobierno, pero como gobierno es el primer responsable de concretar las condiciones necesarias para la construcción de un pacto económico y social que concite a las fuerzas productivas sociales, políticas, académicas y financieras, que deban converger en la ampliación de la planta productiva y del empleo. Coincidimos también en la prioridad que los servicios de educación y de salud merecen, como los dos pilares fundamentales del desarrollo humano y social. El presidente de la República reporta en estos rubros la expansión de cobertura del sector salud, así como de la matrícula y cobertura educativa. Pero la sociedad advierte que frente a estas cifras frías y estadísticas, se acrecienta el deterioro en la calidad de estos servicios. La falta de mantenimiento en sus infraestructuras, en el suministro de medicamentos, en equipos e implementos, en la dotación de mobiliario escolar y materiales didácticos, en la ausencia de un programa largamente demandado de capacitación, superación y desarrollo del magisterio. La educación y la salud son así dos sistemas de gran cobertura que se encuentran en riesgo de perder el prestigio social que por décadas han sostenido por la falta del apoyo necesario para mantener un orden de competitividad y de calidad. No es ni ha sido en esta exposición, el propósito de Convergencia, el cuestionamiento o la adhesión gratuita, sino el posicionamiento razonado en un tema crucial para millones de mexicanos. El Titular del Ejecutivo hizo un reconocimiento a la exigencia social de una mejor gestión de gobierno; expresó que necesita el apoyo del Congreso en un esquema de responsabilidad compartida; señaló que las reformas postergadas requieren de acuerdos y consensos. Es verdad que la gran mayoría de las necesidades y demandas sociales, exigen de fuentes más amplias de ingresos, así como de una mayor transparencia y equilibrio en el gasto público. Sobre el particular, el Primer Mandatario señaló también que a finales del año se habrán acumulado ahorros cercanos a los 27 mil millones de pesos, para invertir más en salud, educación y seguridad; compromiso que ya hemos registrado y tendremos muy presente en los debates del presupuesto de egresos, que esta Cámara deberá aprobar para el ejercicio del 2004. Convergencia por su parte, ha propuesto que una reducción de las jornadas electorales y del excesivo gasto que se destina a los partidos políticos, podría liberar recursos extraordinarios a favor de estos rubros. Por ello, todo lo que conlleve a fortalecer nuestras instituciones sociales; todo lo que represente un esfuerzo a favor de los que menos tienen, tendrá el apoyo de nuestra fracción parlamentaria en el consenso con las demás fuerzas políticas y en apoyo a la gestión del Presidente de la República, como tendrá también el disenso franco y abierto en lo que obstaculice y obstruya la atención prioritaria que merece y merecerán los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad. Es cuanto, señor presidente.