La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, el combate a la corrupción es el principal objetivo de este gobierno y la rendición de cuentas es el antídoto más importante para hacerle frente a la opacidad de los gobernantes. La transparencia y el acceso a la información son elementos que rebasan la simple apertura de los archivos, y no descansaremos hasta que se vuelva una costumbre que los servidores públicos den cuenta de sus acciones y decisiones. Se comprometió con la ciudadanía de revisar minuciosamente nuestro marco jurídico y seguir avanzando en materia de transparencia y rendición de cuentas. Bajo este contexto encontramos que en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismos autónomos creados en 2013, existe una valiosa área de oportunidad para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Tomando en cuenta que estos órganos autónomos tienen la alta responsabilidad de garantizar la libre competencia y concurrencia, consideramos inaceptable que los comisionados de dichos órganos deliberen los temas de mayor trascendencia para la nación a puerta cerrada y que incluso hay ocasiones en que apagan los micrófonos ocultando en una desafortunada clandestinidad los criterios y argumentos que darán atención a los problemas más relevantes en materia de telecomunicaciones y competencia económica. Por esta razón propongo que se reforme el procedimiento con el que actualmente sesiona el pleno del instituto, y el que corresponde a la Cofece, para que en sus deliberaciones cumplan con los más altos estándares de transparencia. Si tenemos claro que el acceso a la información pública es un derecho humano, esto solo puede admitir algunas excepciones. Por consiguiente, el valor de la información radica en su contribución para persuadir actos de corrupción, elevar la eficiencia del trabajo del gobierno y someter al escrutinio público cualquier asunto que pueda atentar en contra del bienestar social. Un ejemplo de que la transparencia sí es posible y además necesaria al interior de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones es el empleado por el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que se encuentra en la misma calidad constitucional de dichos órganos reguladores. El INAI transmite sus sesiones de pleno en vivo, a través de medios electrónicos oficiales y estas quedan resguardadas en un archivo web de su portal, para consulta posteriormente. Otro vector de observancia es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, aunque es el ente máximo de justicia del Poder Judicial y no un órgano garante de acceso a la información, sus sesiones de pleno no se ven interrumpidas o se deciden arbitrariamente suspender el audio de las sesiones. A partir de estos dos ejemplos, resulta absolutamente injustificado que los institutos y la Cofece se han privilegiados con un formato que solo genere confianza. Que quede claro, habrá temas que invariablemente deberán tener un trato especial, por el tipo de información que se maneja, por lo que esta reforma prevé este tipo de casos particulares. Pero en lo que sí vamos a hacer énfasis es en asegurar la transición de estos órganos a un modelo mucho más transparente en la rendición de cuentas, como herramienta poderosa para combatir actos de corrupción o colusión entre agentes económicos y funcionarios públicos. Bajo esta lógica argumentativa y toda vez que la máxima publicidad es el pilar fundamental, exhortamos a todos los grupos parlamentarios a solidarizarse con el espíritu de este proyecto y a sumarse al gran esfuerzo de amplificar la transparencia en aquellos espacios donde existen velos de incertidumbre. Por todo lo anterior, propongo que las sesiones de pleno deben ser transmitidas en vivo, que las grabaciones sean de acceso público y con la finalidad de evitar un daño en los intereses legítimos de los agentes económicos, que previamente se supriman datos o información reservada o confidencial. Esta reforma tiene como fin último empoderar a la ciudadanía otorgándole el derecho de evaluar y juzgar las decisiones que toman los órganos reguladores, lo cual siempre abonará a consolidar el ambiente de certeza y seguridad que requieren los mercados en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.