EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA (PT): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para expresar su posición en torno al punto de acuerdo que ha presentado el grupo parlamentario del PRD en relación con los recursos destinados al Ipab, que como sabemos desde su constitución se vislumbraba como el instrumento a través del cual los dueños del capital de este país prolongarían el mayor fraude financiero cometido contra el pueblo de México. Desde diciembre de 1994 nuestro grupo parlamentario se opuso rotundamente a la alianza PRIPAN que votaron en apoyo a la creación del Ipab, que supuestamente se presumía sería la alternativa más viable para resolver en los mejores términos la formidable acumulación de pasivos y activos del entonces Fobaproa, que se derivaron de la crisis financiera de finales de 1994. Nuestra oposición ha tenido como argumento fundamental que antes era necesario realizar una revisión de los créditos traspasados, ya que desde entonces afirmábamos que muchos de ellos se habían llevado a cabo de manera fraudulenta, con lo cual lo único que se estaba provocando era la reproducción de irregularidades, a la vez que se fomentaba la impunidad para el delincuente de cuello blanco. Como lo hemos denunciado incansablemente, bajo el ambiguo y siempre sospechoso andamiaje legal del IPAB, se encubrió el atrincheramiento de una mafia extensamente ramificada del sistema bancario mexicano, que se extendió entre el sector privado y algunos funcionarios públicos que conspiraron por años para posponer eternamente la liquidación de la crisis bancaria, con objeto de continuar obteniendo enormes ganancias ilegales a través del mismo instituto. Como sabemos, por su misma naturaleza el IPAB fue resultado de un proceso irregular, que más que proteger a los ahorradores se ha vuelto una mina de riqueza que ha dado cobijo a las operaciones fraudulentas realizadas por delincuentes que pomposamente se hacen llamar banqueros. Por ello, este instituto está desde su origen condenado a perdurar con una carga fiscal cada vez más onerosa para las finanzas públicas, ya que sobrevive gracias a las transferencias anuales del gobierno federal, la última de las cuales ascendió a más de 4 mil millones de pesos. Vemos que ese instituto ni por equivocación ha cumplido con las funciones que le fueron asignadas, más bien se ha distinguido por un caudal de escándalos que en el mismo se han desarrollado. Dichos escándalos van desde el conflicto de intereses en que han incurrido algunos de sus vocales, por cierto muy ligados a uno de los partidos que impulsaron la creación del instituto, hasta la extorsión y lavado de dinero recientemente denunciada y que tiene como principal protagonista al Secretario Adjunto Jurídico del IPAB, con la complicidad de un alto funcionario de BANCOMEXT, lo que ha implicado la intervención de la Procuraduría General de la República, amén de que la Junta de Gobierno y su Secretaría Ejecutiva definieron sus propios cotos de poder que les permite manejar los recursos a su libre albedrío. Hasta la fecha la PGR no ha especificado los montos de las operaciones denunciadas por un empresario, sin embargo otras fuentes dijeron que se trata de un millón y medio de dólares que habría sido recibido para una gestión relacionada con la reestructuración de un crédito que involucra al grupo bursátil mexicano. Las operaciones ilícitas se realizaron de transferencias de México a Europa y a otros países y viceversa. Tenemos conocimiento que otros siete funcionarios están sujetos a investigación. Los dos funcionarios detenidos están acusados de extorsión, enriquecimiento ilícito, cohecho y asociación delictiva. Un dato relevante es que el Grupo Mexicano de Desarrollo, SINCRO, y sus accionistas mayoritarios, los integrantes de la familia Ballesteros, son de los más favorecidos por las operaciones del FOBAPROA, incluyendo el rescate carretero con cerca de 30 por ciento de los recursos públicos destinados para tal fin. Además, han obtenido beneficios de la política de salvamento en la emisión de un eurobono y como deudores individuales de la banca. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es preocupante que el IPAB esté lejos del cumplimiento de las funciones que la ley de la materia le confiere. Miles de millones de pesos en activos día a día se deterioran porque el instituto no los vende ni los subasta. Nos preguntamos: ¿Con qué fin? Las pocas operaciones que se han llevado a cabo no están del todo claras. A lo anterior había que agregar el que a casi dos años de su creación el IPAB continua sin contar con los registros de valores contables de algunos inmuebles, muebles y obras de arte. Por otra parte, pese a la recomendación formulada al IPAB por la Auditoría Superior de la Federación, éste no ha llevado a cabo una auditoria para detectar posibles irregularidades o ilegalidades en los créditos del Grupo A que reportó el auditor Mackey. Por todo lo anteriormente expresado, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, suma su apoyo al Punto de Acuerdo en comento y asumimos el firme compromiso de que esta Soberanía dé seguimiento minucioso a la actuación del IPAB, en el entendido de que para el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio del 2002, se reconsideren substancialmente los montos asignados para cubrir los adeudos de este instituto. Es cuanto señora Presidenta, muchas gracias. (aplausos) LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias ciudadano diputado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continuando con el orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Eddie Varón Levy, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, en relación con el presupuesto asignado a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es del Grupo Parlamentario del PRI. EL C. DIPUTADO EDDIE VARON LEVY Con su venia señora Presidenta. Con permiso de todos ustedes compañeros compañeras Diputados. Los integrantes del grupo parlamentario del PRI en esta H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 65, 70 y 78 del Reglamento para el Gobierno del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos también, proponemos el presente Punto de Acuerdo para evaluar ante esta Soberanía y actuar en consecuencia, el recorte presupuestal propuesto en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2002 de la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo las siguientes consideraciones. El presupuesto propuesto por la Secretaría de Relaciones Exteriores para el Ejercicio Fiscal 2001 ascendió originalmente a 4 mil 719 millones de pesos de lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso un presupuesto de 3 mil 750 millones. Finalmente en la Cámara de Diputados se aprobó un presupuesto para el año 2001 de 3 mil 665.7 millones de pesos, esto es, 84.3 millones de pesos menor a la propuesta reducida en su momento. La propuesta de la Secretaría de Hacienda, plasmada en el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2002 contiene en el rubro correspondiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores una disminución de 3 mil 665.7 millones de pesos autorizados en el Ejercicio Fiscal pasado a los 3 mil 507 millones de pesos. De ese monto 2 mil 673.26 millones corresponde al gasto de las representaciones nacionales en el exterior, 939.876 millones de pesos a las funciones que se llevan a cabo dentro de nuestro país y 399.79 millones de pesos al pago de aportaciones a organismos internacionales. En el proyecto de Presupuesto para el 2002 la ayuda a mexicanos en el extranjero fue reducida a un 53%, esto es, de 21 millones de pesos asignados para el ejercicio 2001 , en el 2002 se propone una asignación de tan solo 10.5 millones de pesos. Entonces ¿dónde quedaron las promesas de campaña en materia de seguridad y protección jurídica? ¿Dónde está la prioridad y el apoyo a los mexicanos que viven en el exterior como lo mencionó tantas veces el señor Presidente Vicente Fox y en dónde se reflejan dichas prioridades en el presupuesto?. Al grupo parlamentario del PRI le queda claro que existen prioridades en la asignación de presupuesto; por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone en el proyecto de Presupuesto para el 2002, un aumento al presupuesto en el rubro de Cultura, siendo esta de 4 mil 342 millones de pesos asignados al 2001 , 4 mil 88848.7 al 2002, representando esto un aumento de 506.52 millones más que el ejercicio anterior. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos su presupuesto en el 2001 fue de 433 millones, para el 2002 se propone un aumento a 715 millones de pesos representando estos 282 millones de pesos más un 75% de crecimiento en términos reales En los diez lineamientos principales del Decreto de Presupuesto está debidamente ubicada la protección a los Derechos Humanos de los mexicanos dentro y fuera de México; sin embargo habrá que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene facultad alguna de proteger a los mexicanos en el exterior ya que de acuerdo a la Ley del Servicio Exterior Mexicano los diversos tratados internacionales y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , dichas funciones son facultad exclusiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus embajadas y consulados, ya que estos son los únicos actores reconocidos bajo estos principios fundamentales. En territorio nacional la protección a los Derechos Humanos no sólo es facultad exclusiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sino también de diversas instancias judiciales y administrativas de acuerdo a las atribuciones que las leyes le dan. Estas son las responsabilidades de observar y cuidar escrupulosamente la protección de tales derechos Que quede claro, no tenemos nada en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconocemos que la protección a los derechos humanos es fundamental ya que parte de nuestras garantías constitucionales estamos en contra de exponer a nuestros connacionales radicados en el exterior a ser víctimas del presupuesto y a ser un número más en las estadísticas. Por otra parte, las restricciones presupuestales implicarán: insuficiencia de recursos para cubrir los gastos de las representaciones en el exterior a reducirse en 6.8 millones de dólares la partida presupuestal correspondiente; notable debilitamiento de las labores de protección a mexicanos vulnerables en el exterior, tan solo el presupuesto para ayuda a mexicanos y repatriados en el exterior contempla una reducción del 50% al pasar de 21 millones de pesos en 2001, a 10.5 millones para el ejercicio 2002. Postergación de apertura de consulados, Juma, Las Vegas, cierre de series consulares como París, Sevilla, Osaka y Sidney, escapando a los compromisos que nuestro país ya ha contraído. Estamos dejando a nuestros connacionales radicados en el extranjero sin el apoyo de su gobierno, el Gobierno de México. Imposibilidad de operar como consulados generales las representaciones en Nogales, Laredo y Boston y como consulados las agencias consulares en Tucson y Douglas, Arizona, y hemos de recordar son puntos de los más complejos en esta situación fronteriza y compleja de nuestros dos países. Imposibilidad de operar también como consulados los que hemos dicho, aparte de incumplir los pagos contraídos ya con organismos internacionales en las cuotas que México es y debe pagar como todos los compromisos que contrae. También la afectación a los programas como las labores a favor de la imagen de México en el exterior, la ampliación del programa de protección a mexicanos, seguro del migrante, retiro voluntario de miembros del servicio exterior y otros más. Concurso de ingreso al servicio exterior mexicano, seguridad relacionada a los procesos extraditable, narcotráfico y otros, son sólo unos de los grandes rubros que afectará este recorte presupuestal. A diferencia de otras instancias de Gobierno Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores apoya las comunidades mexicanas al exterior. A través de este apoyo se busca alcanzar el mayor número de familias de organizaciones mexicanas con el objetivo de lograr un efecto multiplicador que abarque a todos los integrantes de origen mexicano o de México americanos. Es prioritario el papel que juegan las comunidades del exterior ya que facilitan el establecimiento de organizaciones con el fin de hacer más eficaces los contactos y programas desarrollados por embajadas y consulados. Asimismo sirven de enlace y apoyo a estas organizaciones y a otras no gubernamentales con campañas y programas de protección preventiva. Las comunidades mexicanas y sus programas operativos, son un instrumento por medio del cual el Gobierno de México puede captar y vincularse con un mayor número de mexicanos, de sus familias y de tales organismos, buscando un beneficio a estos que radican en el extranjero, independientemente de su situación legal. Ante las necesidades previstas tanto para el año 2001 y actualmente para el 2002, existen rezagos en algunas de estas necesidades y el proyecto de presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el ejercicio 2002 pone esa Secretaría en la situación de grave dificultad económica para enfrenta sus compromisos inmediatos en materia de protección de connacionales de documentación y de representación de mexicanos en el exterior. La restauración de los niveles mínimos a los anteriormente mencionados en el presupuesto de la Secretaría, nos permitirá mantener al mínimo los servicios básicos que a continuación hacemos referencia tales como programa de repatriación de personas vulnerables, atención y asesoría jurídica, visitas a cárceles y centros de detención, traslado de cadáveres, atención telefónica a los números gratis 01 800 y llamadas por cobrar, campañas de seguridad al migrante y de protección preventiva, servicios de consulados móviles, prestación de servicios consulares en general y atención al público, incremento de horarios y horarios escalonados. Con todos los aspectos que tiene que cubrir la Secretaría de Relaciones Exteriores, se consideran insuficientes los recursos que se le pretenden asignar a esta área en el proyecto de presupuesto para el 2002. Es de vital importancia no perder de vista lo preocupante que es el cierre de embajadas y consulados claves para la protección de nuestros connacionales y el desarrollo de la política exterior a cargo de nuestro país. También es fundamental expresar en estos términos que la fracción del PRI no se opone, como lo dijimos antes, de ningún motivo y por ningún motivo a la cultura en el país y tampoco a los derechos humanos, sin embargo tales recursos podrán ser obtenidos de los recortes y reducciones pertinentes en los presupuestos que ya hemos dicho y también del Poder Judicial de la Federación, que han aumentado en cantidades muy superiores a la de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nuestro grupo parlamentario no está en contra, como hemos dicho reiteradamente, ni de uno ni de otros de los derechos humanos ni en la cultura, y así lo demuestra lo que aquí hemos demandado. Sin embargo, habrá que recordar que una de las obligaciones fundamentales y primordiales de todo gobierno y más aún del nuestro es el de la protección a los connacionales que se encuentran fuera del país, así como la revisión de servicios consulares en lo cualitativo y cuantitativo. Por ello, después de todo no sería justo negarla a quienes han contribuido, contribuyen y seguirán contribuyendo en gran parte al engrandecimiento de nuestra gran nación por la vía de entrada de miles de millones de dólares en remesas, dato indiscutible y en blanco y en negro, ellos merecen un mínimo de los servicios a los cuales tienen un derecho inalienable y nuestro gobierno está obligado a brindárselos. Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se propone el siguiente punto de acuerdo. UNICO: Que esta soberanía dictamine de acuerdo a su facultad constitucional exclusiva en materia de presupuesto, que para asegurar el buen funcionamiento de las embajadas y consulados en el exterior dependientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y para preservar la seguridad de nuestros connacionales en el exterior, se presupueste la cantidad de cinco mil millones de pesos en el presupuesto original del ejercicio 2002 de la misma Secretaría, ya que es inadmisible para nuestro grupo parlamentario y para esta soberanía que nuestros hermanos y hermanas sufran las consecuencias por los drásticos e injustos recortes al presupuesto. Por su atención, muchas gracias, señora Presidenta.