La diputada Graciela Ortiz González: Con su permiso, señor presidente. Los suscritos, diputados federales Graciela Ortiz González y Luis Videgaray Caso, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente Exposición de motivos La iniciativa que hoy presentamos se vincula a un hecho indudablemente trascendental para el proceso presupuestario programático de ejercicio y control del gasto público ya que trata de corregir los subejercicios presupuestales en los que ha incurrido reiteradamente el gobierno federal para detrimento del desarrollo del país. La Auditoría Superior de la Federación señala que los subejercicios presupuestales revelan excesivo burocratismo, inadecuados lineamientos operativos, insuficiencia de proyectos, o bien, la ineficiencia e incapacidad, y en ciertos casos, el dolo de algunos ejecutores de gasto en la no aplicación de los recursos aprobados por esta soberanía. Si bien, la fracción LII del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define como subejercicio de gasto "las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con compromiso formal de su ejecución". Así como también el artículo 23 de la misma ley establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de cumplir estrictamente con los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias; pero, lo que también es cierto es que la misma ley posee limitaciones que permiten que las dependencias, las entidades administrativas y algunos funcionarios puedan eludir su responsabilidad no aplicando los recursos presupuestarios en tiempo y forma. Con base en los informes trimestrales que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha reportado a esta soberanía, durante los últimos nueve años, así como de informes de resultados a diversas Cuentas Públicas se ha registrado un comportamiento totalmente irregular de sobreejercicios y subejercicios presupuestales de 2001 a 2009, y en el caso de los subejercicios se han venido incrementando en rubros prioritarios y estratégicos, como los que tienen que ver principalmente con la inversión de capital y en la ejecución de programas sociales. Cito un ejemplo: del periodo 2001 al 2003, el monto total de los subejercicios ascendió a 197 mil 959.3 millones de pesos, es decir un promedio de 4 por ciento de lo aprobado en cada presupuesto. De manera contraria a la tendencia seguida hasta 2003, en los ejercicios fiscales de 2004 a 2006 no se reportaron subejercicios, por el contrario, se reportaron sobreejercicios producto de recursos excedentes por actividades petroleras y no petroleras del orden de 603 mil 840 millones de pesos, en relación a lo aprobado en los presupuestos de egresos correspondientes. Ambas condiciones, totalmente atípicas e irregulares. Para el ejercicio fiscal 2007, aunque el cierre del año no reportó subejercicios, el comportamiento de la política del gasto del periodo enero a septiembre sí reportó un subejercicio de 11 mil 190 millones de pesos, los cuales fueron reasignados al ISSSTE y el resto a otras dependencias para ser subsanado el subejercicio. En el año 2008, en ese mismo periodo de enero a septiembre, el subejercicio por ramo administrativo alcanzó los 6 mil 103.4 millones de pesos, de los cuales, 2 mil 854 millones fueron reasignados y los demás subsanados de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sin embargo, por cuanto a gasto social y productivo sujeto a reglas de operación se presentaron sensibles subejercicios en diversos programas federales que, en conjunto, acumularon un monto del orden de 30 mil millones de pesos. Este aspecto, junto con la modificación de las reglas de operación, influyó de manera relevante en la asignación y aplicación de los recursos, implicando retrasos en los convenios paripaso con las entidades federativas y por ende esto impactó en las finanzas públicas de los estados al dificultar enormemente la aportación estatal que debe de realizarse. Durante el ejercicio fiscal 2009, diversas dependencias del gobierno federal incumplieron de manera reiterada al principio de eficiencia en cuanto a la asignación del gasto público, ya que las disponibilidades presupuestarias confrontadas con el calendario del presupuesto nuevamente dificultaron el cumplimiento de las metas contenidas en los programas para su ejecución. Según los reportes del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta soberanía, se puede constatar la ineficiencia en la aplicación de los recursos, más aún cuando en los primeros ocho meses de 2009 la economía llegó a contraerse en más del 6 por ciento. El año de peor condición económica para el país. No hubo la eficiencia requerida en la aplicación de los recursos. Así, puede indicarse que para agosto de 2009 el monto total por concepto de subejercicios ascendió a 54 mil 696 millones de pesos, entre los que destacan recursos por 28 ml 400 millones de pesos en gasto corriente, del cual, 4 mil millones únicamente correspondió a servicios personales y 21 mil 400 millones en gasto de capital. Sin embargo, lo que causa asombro, lo que llama la atención es que la mayor parte de este subejercicio fue subsanado de manera extraña en el mes de septiembre, a tal grado que el saldo se redujo a tan sólo 8 mil 600 millones de pesos y que para el cierre de año, según la Secretaría de Hacienda, el subejercicio presupuestario del tercer trimestre de la administración pública centralizada fue subsanado en su totalidad durante el cuarto trimestre del mismo año, lo que no generó reasignaciones adicionales, Quisiera en este sentido destacar que tan solo un mes fue suficiente para aminorar lo copioso del subejercicio en poco más de 46 mil millones y que para el cierre del año 2009 no se reportó ningún saldo inaplicado. De lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, podríamos obtener ciertas conclusiones. En primer lugar, que el sector público, principalmente en el orden federal puede tener un presupuesto aprobado sin ejercerlo totalmente durante la mayor parte del año. En segundo lugar, que el sector público es capaz de ejercer los recursos que antes estaban inoperantes, excusándose por meses en ajustes y adecuaciones al gasto público, sin importar la consecución de proyectos, programas y obras. Por último, señalar que es una realidad el alto margen de discrecionalidad con la que el Ejecutivo federal ejerce el gasto público y realiza ajustes presupuestales. De fondo éste debería de ser el tema que nos preocupe a los que somos integrantes de la Cámara de Diputados.