La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez: Con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados. Desde inicios de la presente administración, el gobierno federal, a través de las dependencias correspondientes, emprendió una serie de estrategias y programas orientados al fortalecimiento de la seguridad pública del país. En el mes de agosto del 2008, se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión y representantes de la sociedad civil. Este acuerdo derivó en el establecimiento de compromisos encaminados en primer lugar a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones responsables de la seguridad pública y por supuesto, a la procuración de justicia. Por otro lado, en enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de garantizar la conformación de un sistema integral de seguridad que incluye la prevención, la investigación y la persecución de los delitos. Y finalmente, en las últimas semanas hemos sido testigos de los debates entre los diferentes órdenes de gobierno sobre la posibilidad de instrumentar un nuevo modelo policial que busca homologar procesos, procedimientos y protocolos de actuación de toda la policía del país. Sin embargo, a pesar de los trabajos hasta ahora realizados en materia de seguridad pública, esto no hay sido suficiente, por lo que sin duda alguna se requiere mucho mayor esfuerzo de todos aquellos que estamos en posibilidades de colaborar con tan ardua y mesiánica tarea. Hoy día, seguimos observando que la delincuencia organizada intenta avanzar en el dominio de territorios, en la búsqueda de nuevas regiones para colocar droga entre niños y jóvenes mexicanos. Por si fuera poco, intentan incursionar en los sistemas financieros del país con el objetivo de “lavado de dinero”. Lo peor de ésta actividad delictiva, es que muchos civiles han dejado la vida al encontrarse en medio de la batalla entre militares y narcotraficantes. La vida de sus familiares ha cambiado por completo. Han sido los estados y los municipios del país los que de manera directa han resentido dicha batalla, sin poder hacer nada porque no cuentan con los elementos policíacos y el equipamiento suficiente para poder brindar la seguridad que nuestra sociedad hoy en día demanda, o por el contrario, porque nuestros policías se han vuelto corruptos e incluso han incursionado en las filas de la delincuencia organizada. Es la inseguridad pública uno de los problemas que más está afectando a nuestra sociedad. Como en su momento lo mencionaron otros diputados del Partido Acción Nacional, la inseguridad “altera el estado de derecho, desalienta la inversión y debilita la base competitiva del sector productivo nacional y, por tanto, disminuye el potencial de crecimiento económico de nuestro país”. Agregaría que además, lesiona con gravedad el desarrollo de nuestros jóvenes y compromete seriamente nuestro futuro como nación. La presente iniciativa tiene como objetivo, apoyar desde el ámbito Legislativo está justificada batalla, y apoyar los trabajos que en materia de seguridad pública ha realizado el gobierno federal. Debido a que en los gobiernos estatales y municipales es donde se libra la lucha con los grupos delictivos, considero necesario replantear los criterios de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal para apoyar directamente con recursos a los municipios, pero así también, es necesario consolidar el ejercicio transparente por parte de los gobiernos locales, de un recurso que dadas las condiciones, se vuelve escaso pero también sumamente necesario. La iniciativa propone asignar un porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, a los municipios no sólo apoyar a éstos en sus actividades en materia de seguridad pública, sino también para evitar la concentración histórica del presupuesto por parte de los gobiernos estatales. Es necesario hacer ley el texto del artículo 9, fracción I, párrafo 4 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, que refiere que el Consejo Nacional de Seguridad Pública promoverá por lo menos que 20 por ciento de los recursos se distribuya entre los municipios. Más allá de promover, debemos buscar obligar a los gobiernos estatales a ser partícipes a los municipios de los recursos asignados por la federación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, para consolidar nuestro sistema de seguridad local. Es importante señalar que los recursos del fondo han crecido significativamente durante los 10 años. En 2010 el fondo recibió recursos por un monto de 6 mil 916.8 millones de pesos para distribuir entre las 31 entidades federativas y del Distrito Federal. Este monto es superior del 32.6 por ciento con respecto a la asignación del ejercicio del año 2000, cuando el presupuesto fue de 5 mil 213 millones de pesos. De acuerdo con el informe sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2010, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a los estados y al Distrito Federal, las entidades federativas recibieron 4 mil 150 millones de pesos, 1.8 del total del Ramo 33 y se ha ministrado 60 por ciento del total de los recursos con datos al 31 de junio de 2010, de los recursos programados del fondo; por lo que se ha avanzado en gran medida durante el año para poder hacer frente al cumplimiento de las metas y objetivos previamente establecidos en los convenios firmados entre federación y entidades. Para concluir, creo que es de manera paralela a la gestión de los recursos de los gobiernos municipales que exijamos una mayor transparencia en la ejecución de éstos por parte de los gobiernos estatales y podamos ser congruentes con el ejercicio eficiente y eficaz de tan importante fondo, cuando existen dos problemas de vital importancia, las restricciones presupuestales y la necesidad de mayor seguridad pública de la sociedad. Generemos, entonces, confianza en nuestras instituciones y generemos en nuestros gobiernos locales. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un cuarto párrafo y se reforma el sexto párrafo del mismo artículo 44 y se reforma el primer párrafo del artículo 45, ambos de la Ley de Coordinación Fiscal. Por último, pediría al presidente que esta iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado, presidente.