EL DIP. FIDEL HERRERA BELTRÁN: Gracias ciudadano Presidente. El artículo 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere ante las faltas temporales del jefe del Ejecutivo Federal, del funcionamiento de la Comisión Permanente o del Congreso General si éste estuviera en funciones, para los efectos de designación de un Presidente interino que funcione durante el tiempo que dure la falta temporal del Jefe del Ejecutivo. El mismo artículo constitucional señala que cuando la falta del Presidente fuese por más de 30 días y el Congreso de la Unión no estuviera reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para que éste resuelva sobre la licencia y nombre en su caso al Presidente interino. El mandato de la Constitución es claro y refleja cómo con precisión el sistema de sustitución del Jefe del Ejecutivo contemplado en 85, así como en el 84 por lo que hace a la elección del Presidente interino o sustituto en su caso, no dejan lugar a dudas. Sin embargo, por lo que hace al ejercicio del poder unipersonal asentado en el artículo 80 de la Constitución y encomendado a un individuo cuyo nombre es Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las necesarias reformas del poder público que acoten simultáneamente las facultades del Presidente de la República y fortalezcan las del Poder Legislativo en la búsqueda del sano equilibrio de poderes, han venido ganando terreno en las consecuentes convicciones de todas las fuerzas políticas de la nación que han venido proclamando la necesidad de ir hacia la reforma del Estado. Ya el 5 de febrero del año 2001, durante la conmemoración de la Promulgación de nuestra Carta Magna, el Presidente de la República propuso una revisión de la Constitución con vistas a su adecuación para una nueva etapa histórica. De acuerdo con el Presidente, el 2 de julio del año 2000 México había ingresado a una nueva etapa que representa la culminación de una larga historia de esperanza y sacrificios que marca a su vez el inicio de una nueva etapa: la de concretar la transición política en una profunda reforma del Estado que actualice el instrumental jurídico que, afirmó, fue diseñado para una realidad política ya rebasada. El impulso a las reformas constitucionales cuya necesidad es compartida por las fuerzas políticas y sociales del país, hacen evidente que el marco institucional existente resulta ya demasiado estrecho para los actores relevantes y la estabilidad a veces pareciera ser precaria. Los ajustes entre las nuevas reglas las prácticas que subsisten deben darse gradualmente y en el tiempo y hacen evidente que todos los actores involucrados en los procesos de cambio orienten su mirada hacia el diseño de instituciones que permitan estabilidad, eficacia y gobernabilidad. Es comprensible que la modificación de las reglas electorales hayan ocupado la atención central de los actores políticos en la primera etapa de estas reformas, pero el solo recorrido esquemático por el mapa político-social de nuestra nación muestra que estas reformas no han sido suficientes y hacen necesarias las reformas de otra serie de cuerpos legales: la Constitución misma, para garantizar condiciones adecuadas para el desempeño político en un México de instituciones modernas. Las transformaciones que requiere el nuevo diseño institucional del país se relacionan de manera sustantiva con lo que es la piedra angular de nuestro sistema político: la Presidencia de la República. No basta con dejar un espacio de poder público tan importante como la Presidencia de la República adquiriendo un nuevo perfil, casi determinado por el estilo personal o las características individuales del ciudadano que ejerza esta importante oficina, sino también es necesario pensar en las reformas constitucionales que una nueva institución presidencial debe tener. Si bien es arduo imaginar un régimen político estable en México sin una Presidencia fuerte, una institución Presidencial con las características casi voluntaristas del actual, es difícilmente compatible con el conjunto de reformas necesarias para consolidar el avance democrático. El conjunto de reglas en que se basa el poder presidencial, constituye en consecuencia el nudo central del actual entramado institucional. Es necesario por tanto pensar en qué tipo de contrapesos orgánicos se deben construir para que la Presidencia fuerte, evite el protagonismo excesivo y se vuelva más sólida en lugar de quebradiza o ineficaz. Un congreso fuerte pero sin corresponsabilidad en la otra mano, se podría convertir en un obstáculo insalvable para la estabilidad, tal como lo demuestran las experiencias de los países latinoamericanos con presidencias cercadas por el juego pluripartidista en el Congreso, pero con gobiernos dependientes de la mayoría relativa del Presidente. Optar por un sistema de mayoría relativa y elección en distritos uninominales con el objeto de lograr mayorías estables que se correspondieran con la mayoría presidencial, sería altamente conflictivo, pues al tender hacia el bipartidismo dejaríamos a sectores importantes de la comunidad política sin representación. Con un sistema proporcional, sin embargo, puede ocurrir que surja en el marco de una relación distinta entre el Legislativo y la Presidencia, un conflicto entre poderes que debilitaría la acción gubernamental o que podría conducir a una crisis seria de gobernabilidad. Es por eso que las experiencias de casi todos los países con democracias consolidadas, tal vez con las únicas excepciones extremas de los Estados Unidos donde existe un sistema presidencial fuerte con contrapeso en el Congreso, aunque basado en un bipartidismo sui géneris e Italia donde el parlamentarismo en su extremo está empezando a hacer crisis junto con el resto del sistema político, tienden a demostrar que el parlamentarismo es más flexible y genera más estabilidad que el presidencialismo. A su vez, la mayoría de las nuevas democracias latinoamericanas en las que impera el presidencialismo heredado del siglo XIX se enfrentan ya a conflictos de gobernabilidad localizados en la falta de coincidencia entre mayoría legislativa y gobierno. Sin embargo, un escenario parlamentario es difícilmente imaginable con exclusividad en México. Sería muy complicado sustituir el papel nodal que ha jugado la Presidencia de la República y que nosotros consideramos debe seguir desempeñando. Es necesario pues encontrar por encima de las fórmulas tradicionales de la teoría, de la separación, de la división de poderes entre Ejecutivo y Legislativo y encontrar una fórmula viable de colaboración entre ambos poderes. Una de las experiencias más exitosas las encontramos en las democracias europeas. Una Presidencia fuerte puede no estar reñida con el gobierno de origen parlamentario como lo demuestra el caso de Francia, la existencia de un Jefe de Gabinete o Primer Ministro de Gobierno diferenciado del Jefe de Estado y con responsabilidad ante el Congreso por lo que hace a la conducción del aparato financiero y administrativo y aún el político, puede convertirse en un elemento muy útil para conservar el importante papel histórico que la Presidencia democrática de la República debe jugar en nuestro país. La figura de un jefe de gabinete o de gobierno equivalente a lo que existe en los regímenes parlamentarios llamado Primer Ministro, ha sido planteada en México en diferentes foros, lo mismo por académicos muy destacados como los constitucionalistas, Carpizo McGregor y Diego Valadez o por actores políticos como el actual gobernador del Estado de Zacatecas, Ricardo Monreal Avila. El planteamiento que se ha venido construyendo y ha venido tomando fuerza a raíz de los resultados electorales de la elección del 2002 y busca constituir en parte fundamental de la Reforma del Estado, asume que como en nuestro régimen constitucional, no existe la segunda vuelta, y la legitimidad en la elección de presidente de la república, que alcanza aun sin lograr la mayoría absoluta, el actual Ejecutivo lo hizo con el 42% de los votos, habría un mecanismo de compensación y equilibrio, con la designación de un jefe de gobierno o mi primer ministro que fuese a propuesta del Ejecutivo designado por el Congreso. Así pues con las experiencias que hemos visto, con las crisis institucionales que las presidencias han vivido al interior del régimen presidencial, que no es por cierto privativa de México, ya en 1994 la República Argentina de régimen presidencial, aprobó reformas a su Constitución, para introducir en la órbita del Poder Ejecutivo la figura de Jefe de Gabinete de Ministros, equiparable a la figura de Jefe de Gabinete de los regímenes parlamentarios, y que la aparición de esta nueva instancia se encuentra en línea con lo que se denominó atenuación del sistema presidencialista. Que las experiencias del régimen monárquico constitucional de conducción parlamentaria de España, donde junto al rey-monarca constitucional y jefe del estado se desempeña un presidente de gobierno, equiparable a la figura del primer ministro del régimen parlamentario inglés, en el caso de España con dos de vicepresidentes, equiparables a las figuras de jefe de gabinete, uno responsable de la Economía y otro de los Asuntos de Gobierno Interno, nos da experiencias muy útiles y dignas de ser consideradas. Nuestra propuesta busca diferenciar la conducción estratégica, la jefatura de Estado, de la administración de los asuntos públicos. Creemos, que la primera tiene que permanecer confiada al presidente de la república, al que se le reconocen los tradicionales papeles de Jefe de Estado, Jefe de las Fuerzas Armadas, especificando en esta reforma su carácter de responsable del gobierno y responsable político de la administración. Sin embargo, generando una figura, en donde la segunda función sea atribuida a un Jefe del Gabinete presidencial o del gobierno, que al ejercer la administración general del país, pase a complementar la dirección del aparato económico y financiero.administrativo estatal. -