El diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy me refiero al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya finalidad es fijar de manera explícita en la norma la obligación del Ministerio Público para dictar las medidas de protección, de emergencia y previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin necesidad de autorización judicial en los casos donde haya un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de las mujeres. El artículo 1 de nuestra Carta Magna incluye, entre sus preceptos, la discriminación por motivo de género. México es signatario y parte de muchos tratados, convenciones y acuerdos internacionales que buscan erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Entre ellos se puede mencionar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, más conocida como Conferencia de Beijín. También existe legislación nacional al respecto. Basta mencionar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres o la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, entre otras. A pesar de esto, la violencia contra las mujeres sigue siendo una situación común a nivel mundial. Y lamentablemente, nuestro país ocupa un lugar preponderante. Nuestro sistema jurídico contiene diversas disposiciones que contemplan diferentes tipos de medidas para proteger a las mujeres. Una vez que se ha iniciado un procedimiento penal o cuando éstas han acudido a alguna autoridad a poner en conocimiento los abusos de que han sido objeto. Sin embargo, en la acción cotidiana para aplicar una de esas medidas de protección por parte del Ministerio Público, es preciso acudir ante la autoridad judicial para solicitarlas. Lo anterior no solo implica un penoso trámite sino que se convierte en una acción disuasiva y evita que la víctima acuda ante la autoridad, quedando a merced de su agresor. Es por esta razón que el dictamen que estamos discutiendo propone que el Ministerio Público dicte oficiosamente cualquiera de las órdenes de protección preventivas o de emergencia, sin necesidad de autorización judicial previa o posterior y sin perjuicio de que pueda sustituirla por alguna medida de protección o providencia precautoria prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. También es común que las solicitudes hechas por el Ministerio Público sean negadas por la autoridad jurisdiccional o que pese a ser dictadas, su duración sea limitada, lo que hace que la víctima quede sin protección. Precisamente para romper este círculo vicioso es que se pretende mediante esta reforma que si subsistiere la causa que dio origen a la medida o providencia detectada, esta podrá prorrogarse hasta por un plazo igual durante el cual el Ministerio Público procurará ejercer la acción penal correspondiente y en su oportunidad solicitar la medida cautelar que corresponda. Las cifras de violencia contra las mujeres en nuestro país son escandalosas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 10 por ciento de las defunciones de mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años registradas durante 2015 fueron por homicidio, lo que significa que fueron la primera causa de muerte en este grupo de edad. De 2013 a 2015 se estima que fueron asesinadas 7 mujeres diariamente en el país. Es urgente poner alto a esta violencia, para ello se requiere dotar al Ministerio Público para que actúe de oficio en estas situaciones. En Nueva Alianza estamos comprometidos a terminar con la impunidad, por ello coincidimos con el texto propuesto por la dictaminadora. Digamos no a la violencia contra las mujeres. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.