EL DIP. JOSE TOMAS LOZANO Y PARDINAS: Con su venia, señora Presidenta. Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 56 y 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta H. Cámara, la iniciativa de decreto que adiciona un Título XXVII al Código Penal Federal con la finalidad de tutelar, prevenir y sancionar penalmente las conductas que atentan contra las disposiciones y ordenación de los asentamientos humanos al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Es necesario reconocer que la realidad nos ha rebasado en materia de asentamientos humanos. Es cierto que poseemos ordenamientos en la materia como la Ley General de Asentamientos Humanos pero la norma no se acata y si bien estamos convencidos que la mejor forma de materializar y hacer eficaz el derecho, es mediante políticas integrales que coordinen los esfuerzos de las diversas autoridades y actores que intervienen en este fenómeno, éstos o bien no se han llevado a la práctica o no son suficientes para detener los asentamiento irregulares contrarios a las políticas de desarrollo urbano. Es importante señalar que esfuerzos en este sentido ha sido realizados por el grupo parlamentario del PAN. Al interior de éste y e la Legislatura pasada se presentó una iniciativa en dicho sentido. Es evidente que el desarrollo urbano es una materia de interés público ya que de manera ordenada el ser humano debe de establecerse para lograr un desarrollo integral y una sana convivencia en donde la planeación, regulación y ordenación de los asentamientos humanos debieran ser prioritarios, las circunstancias propias de la explosión demográfica en nuestro país han complicado la resolución de este problema. Es de suma importancia considerar como prioritaria la correcta regulación de los derechos humanos cuidando en todo momento que los espacios físicos sean utilizados en función del bienestar de toda la población. Consideramos que en tal virtud la tipificación de conductas, como el despojo o los delitos ambientales, no son suficientes para titular el bien jurídico consistente en la fundación, conservación, mejoramiento de los centros de población, ya que el despojo protege la simple posesión y los tipos ambientales, el equilibrio y conservación del medio ambiente. Los esfuerzos en esta materia han sido insuficientes para planear el desarrollo urbano y el crecimiento de los asentamiento humanos se ven entorpecidos por la especulación del suelo urbano, que provoca la invasión de terrenos, esta situación lo mismo se da dentro de los centros de población que en los terrenos cercanos, y peor aun en áreas de alto riesgo, situación que representa uno de los problemas más grandes para los gobiernos y genera el crecimiento desordenado de los centros de población, afectación al medio ambiente, conflictos sociales y en ocasiones pone en peligro vidas humanas al asentarse en zonas de riesgo. Encontramos establecido constitucionalmente el derecho público y la responsabilidad que tiene el estado, para dictar las medidas necesarias y ordenar los asentamientos humanos, así como para establecer las previsiones adecuadas, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. En ese sentido la reiteración de conductas contrarias al buen desarrollo de los asentamientos humanos, se ha convertido en un cáncer que imposibilita el cumplimiento de los fines de la Ley General de Asentamientos Humanos. Existe una cadena de complicidades y corrupción, entre autoridades y grupos de personas, que se dedican de manera consetudinaria a la invasión de predios, por eso, consideramos en este decreto agravar las penalidades, cuando la conducta sea cometida por grupo o grupos, en cuyo caso la pena también se agravará por los autores intelectuales del delito. De igual forma, consideramos la agravación por lo que respecta a los servidores públicos, que permitan u ordenen la comisión de esta conducta antisocial, en este caso, además de la pena de prisión y multa, se contempla la destitución y la inhabilitación. Se pretende, asimismo, combatir la negligencia e inactividad que en este ámbito lacera el buen desarrollo de los centros de población, se busca en primer término inhibir la comisión de estas conductas, es decir, el ideal de la prevención general por llamado el momento a la inminente aplicación de las sanciones penales. Podemos observar como el decreto hace hincapié en la gravedad de la conducta, cuando se practica en forma reiterada o reincidente o con las agravantes que ya hemos mencionado, pero paralelamente consideramos que si se trata de un hecho aislado y cometido de manera individual, existen atenuantes. Lo mismo ocurre si se restituye voluntariamente la posesión, es decir, n ose busca reprimir indiscriminadamente a quienes por la extrema necesidad les hubiere orillado a cometer este delito, sino a quienes se benefician económicamente o políticamente con la práctica de estas conductas. Se contempla también la posibilidad de que el juez imponga medidas adicionales a la pena de prisión a la multa, a efecto de que el daño que resulte de la comisión de las conductas descritas, con la finalidad de resarcir el daño o volverlo al estado en que se encontraba antes de la comisión del delito. Finalmente, hemos incluido la obligación del delito se persiga por oficio, salvo lo dispuesto por el artículo 439, esto en congruencia con lo expuesto, en virtud de que la autoridad no actúa en contra de los grupos que atentan contra el desarrollo de los centros de población. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las facultades citadas, los diputados que suscribimos esta iniciativa, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta H. Representación, la siguiente iniciativa de decreto que crea el Título Vigésimo Séptimo de los delitos en materia de asentamientos humanos. ARTICULO UNICO. Se crea el Título Vigésimo Séptimo del Código Penal Federal, cuyo rubro será de los delitos en materia de asentamientos humanos para quedar como sigue: "Título Vigésimo Séptimo. De los Delitos en Materia de Asentamientos Humanos. Artículo 439. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y de mil a 20 mil días de multa al que sin contar con autorización para ello, sin emplear violencia ocupe un predio o terreno ajeno y realice en él actos contrarios a la ordenación, regulación, fundación, conservación, mejoramiento o crecimiento de los asentamientos humanos y centros de población en el territorio nacional, de conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos. Artículo 440. Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida haciendo la violencia o empleando amenazas o engaño, la pena se aumentará hasta en tres años. Artículo 441. Cuando el delito sea cometido por grupo o grupos en conjunto sean mayores de cinco personas, además de la pena señalada en el artículo anterior, se aplicará a los autores intelectuales de dos a seis años de prisión y 4 mil a 20 mil días de multa. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción de dos a nueve años de prisión y de 4 mil a 20 mil días de multa. Artículo 441B. Cuando el sujeto activo sea servidor público y facilite, permita u ordene la realización de las conductas descritas en los artículos 339, 340 y 341, se aumentará la pena de prisión hasta en una mitad, además se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicas por un tiempo igual al que la pena de prisión se le haya impuesto. Artículo 442. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente título, el juez podrá imponer alguna o alguna de las siguientes medidas: La realización de todas las acciones necesarias para reestablecer los inmuebles o terrenos al estado en que se encontraban antes de la comisión del delito. La suspensión, demolición, modificación o suspensión de las obras, ocupación de inmuebles o terrenos. Artículo 443. Los delitos cometidos en el presente título se perseguirán por oficio, salvo lo dispuesto en el artículo 439. Artículo 444. Para el caso de la conducta descrita en el artículo 439, si la posesión del predio o terreno es devuelto íntegramente a su legítimo poseedor antes de que se dicte sentencia, la sentencia se reducirá hasta en una mitad respecto de la penalidad contemplada en el artículo 439. Tratándose de delitos en materia de asentamientos humanos, los trabajos a favor de la comunidad a que se refiere el artículo 24 del presente ordenamiento, consistirán en actividades relacionadas a la fundación, conservación, mejoramiento o crecimiento de los centros de población. TRANSITORIOS: Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los once días del mes de abril del año 2002. Se encuentra dicha iniciativa suscrita por más de 80 diputados federales del grupo parlamentario del PAN. (Aplausos) LA C. PRESIDENTA. Muchas gracias, señor diputado. Túrnese la iniciativa presentada, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Señores y señoras Legisladoras: Quiero informarles que ha llegado a este Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, el señor Zhai Xigui, Auditor General Adjunto de la Oficina Nacional de Auditoría de la República Popular China, a quien acompañan diversos servidores públicos de ese órgano fiscalizador, así como algunos funcionarios de la Embajada China en México. A todos ellos los saludamos con mucho afecto y respeto, a la vez que les deseamos el mayor de los éxitos durante su estancia en nuestro país y hacemos votos porque su visita fortalezca el intercambio de experiencias y cooperación en materia de auditoría fiscal. Sean ustedes muy bienvenidos. (Aplausos) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continuando con nuestra sesión tiene la palabra el diputado César Alejandro Monraz Sustaita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona un último párrafo del artículo 2o. y un artículo 216 bis, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se reforman los artículos 2o. y 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. DIP. CESAR ALEJANDRO MONRAZ SUSTAITA: Con su permiso diputada presidente: Señoras y señores diputados: Vengo ante esta Soberanía a presentar una iniciativa que tiene el propósito de hacer competitiva la industria maquiladora de exportación en nuestro país. Además que se enfrenta ante situaciones difíciles por la situación de la desaceleración de los principales bloques económicos, aunado a la depreciación del dólar ante el peso, y sumado con los efectos de la competitividad de otros países. Preocupados por esta situación vengo ante ustedes a presentar este paquete de reformas para hacer mucho más competitivo este sector. "El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional en la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 2 y un artículo 216 bis, a la Ley del Impuesto sobre la Renta y adiciona una fracción IX al artículo 9o. y reforma el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ante la siguiente: "EXPOSICION DE MOTIVOS "La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, no soluciona de una manera integral la problemática de incertidumbre que prevalece en la industria maquiladora. Al día de hoy prevalece la amenaza de que empresas matrices residentes en el extranjero, tributen en México bajo el régimen de establecimiento permanente. "Lo anterior significa que después del año 2003 las empresas matrices de la industria maquiladora no residentes, convertirán en contribuyentes en México bajo el régimen más inestable de esta hipótesis. La base del Impuesto sobre la Renta no está claramente determinada si es en base de ingresos provenientes de ventas en el extranjero por productos elaborados en nuestro país o es en base al valor de los activos dedicados a las actividades de manufactura de exportación, etc."Adicionalmente, de darse el establecimiento permanente en las empresas no residentes, se generaría un gravísimo problema de doble tributación" La situación referida fue resultado de haber dejado pendiente esta reforma por parte de la subcomisión de análisis del Impuesto sobre la Renta, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Honorable Cámara de Diputados, al acordar al interior que se incluyera para este segundo periodo ordinario de sesiones, la discusión sobre la propuesta de esta iniciativa, las cuales dan solución permanente a la problemática señalada con anterioridad. Por otro lado, los residentes en el exterior, que celebran contratos de fabricación con maquiladoras tienen el riesgo de un establecimiento permanente bajo las disposiciones del artículo 2 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta. En el pasado las disposiciones de este artículo no se aplicaban cuando la maquiladora y su parte relacionada operaban a precios que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, de conformidad con una disposición transitoria de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que fue derogada a partir del primero de enero del 2000. A partir de esa fecha en reglas generales de miscelánea, se ha conservado la protección del establecimiento permanente para estos residentes en el exterior. Si la maquiladora cumple con ciertos requisitos convenidos en octubre de 1999 entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Internal Revering Service, de los Estados Unidos de América, para reflejar los precios que hubieran utilizado partes independientes. En agosto del 2000 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Internal Revenew acordaron prorrogar la vigencia de esas reglas para años posteriores al 2000. Lo anterior significa que después del 2003 las empresas matrices de la industria maquiladora no residentes se convertirán en contribuyentes en México bajo el régimen de establecimiento permanente. Es por ello que se propone incorporar al artículo 2 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta un último párrafo para establecer el tratamiento internacional que hasta la fecha ha prevalecido de las reglas de miscelánea, generando con ello seguridad jurídica para el contribuyente. En este mismo sentido y a fin de que los cambios anteriormente propuestos sean congruentes, es necesario adicionar un artículo 216 bis con el objeto de incorporar las disposiciones generales de la regla de miscelánea. Dichas reglas son traídas al texto de la ley haciendo que las mismas sean aplicadas a todo el contribuyente que se ubique en el supuesto normativo. Con lo anterior se da plena seguridad jurídica a los contribuyentes que deseen evitar incurrir en establecimiento permanente. No es posible que la industria que genera más divisas en el país permanezca sujeta a un régimen fiscal indeterminado. Por ello es urgente que la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictamine de inmediato esta iniciativa con el fin de dar una solución permanente a la problemática de tributación de la industria maquiladora de exportación bajo el régimen de establecimiento permanente. Por otra parte y debido a que no se realizó dictamen alguno a las reformas propuestas por el Ejecutivo federal a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es necesario hacer adecuaciones a la misma ya que, de no hacerlo, persistirá la problemática de transferencias entre empresas que operan bajo el régimen de importación temporal y en depósito fiscal, lo cual incide de manera negativa en la generación de cadenas productivas en México. Nuestros informes son que si no hacemos nosotros algo para este año, podemos provocar una gran incertidumbre e inseguridad jurídica a este régimen de maquiladoras de exportación. Respecto a la problemática del Impuesto al Valor Agregado, se propone realizar las enmiendas contenidas en el borrador del predictamen de la Comisión de Hacienda de esta Honorable Cámara de Diputados. Mientras tanto, se puede promover ante el servicio de administración tributaria que en reglas de carácter general resuelva la problemática del IVA en esta situación. Por los motivos anteriormente expuestos someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente decreto por el que se adicionan un último párrafo al articulo 2 y un artículo 216 bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta y adiciona una fracción IX al artículo 9 y reforma el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 1. Se adiciona a la Ley del Impuesto sobre la Renta un último párrafo a su artículo 2, así como un artículo 216 bis, para quedar como sigue: Artículo 2 último párrafoNo se considerará que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente o una base fija en el país, a pesar de que actúe en el país por conducto de su agente, distinto de un agente independiente que procese habitualmente en el país, por cuenta de dicho residente en el extranjero, bienes o mercancías mantenidas en el país por el residente en el extranjero, utilizando activos proporcionados directa o indirectamente por el residente en el extranjero o cualquier empresa relacionada, siempre que México haya celebrado con el país de residencia del residente en el extranjero un tratado, para evitar la doble imposición y se cumplan los requisitos del tratado, incluyendo los acuerdos amistosos celebrados de conformidad con el tratado en la forma en que hayan sido implementados por las partes del tratado para que se considere que el residente en el extranjero no tiene establecimiento permanente o base fija en el país. Artículo 216 bis. Con el propósito de obviar tiempo, ciudadana presidenta, y en virtud de que es una gran cantidad de fracciones, incisos y subincisos que contempla una serie de reglas de carácter general, el artículo 216 bis solicito que se integre este artículo al Diario de los Debates así como a su parte correspondiente, y proseguir con la lectura de los subsecuentes artículos.