La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo: Muchas gracias. Buenos días, señores legisladores. Primero, me da mucho gusto ser la primera en usar la tribuna en esta Comisión Permanente y espero que sea para bien de nuestro país y para bien del Congreso mexicano. Vengo a presentar una iniciativa a nombre de mi compañera Eloisa Chavarrías Barajas, que consiste en la adición de una frase a la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública. Como todos sabemos, el artículo 17 de nuestra Constitución establece que: “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, así como para que esos servicios se brinden gratuitamente”. El antecedente moderno de esta costumbre y de esta obligación del Estado mexicano lo encontramos en la Ley de Defensoría de Oficio Federal, elaborada en 1922, que ponía freno a un abuso común en aquella época, y desgraciadamente también en la actualidad, de violentar los derechos de las personas con mayores desventajas económicas y sociales. Actualmente el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con defensores públicos que deben asesorar y ofrecer sus servicios de forma gratuita a las personas que se ven precisadas a comparecer por la posible comisión de un ilícito, sea ante una agencia del Ministerio Público o un juzgado penal; y para el ejercicio de sus funciones, el defensor de oficio goza, como sabemos, de independencia técnica de gestión y también, por supuesto, lo tiene para emitir sus resoluciones. La Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y también de la carrera judicial del poder de la federación, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y debe velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial y por la independencia e imparcialidad de sus miembros. Los defensores de oficio brindan sus servicios a la sociedad de forma gratuita, debido a que en infinidad de casos los usuarios de estos servicios carecen de los recursos económicos suficientes para la contratación de un defensor particular. Este sistema de defensa fue regulado como ya lo acabo de expresar, por la Ley de la Defensoría de Oficial Federal, publicada en febrero de 1922, y después por el Reglamento de la Defensoría de Oficio en el fuero federal del 25 de septiembre del mismo año y aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En armonía con la Ley Federal de Defensoría Pública, el 26 de noviembre de 1998, se publicaron las bases generales de organización y funcionamiento del instituto. En ese sentido el Instituto de Defensoría Pública tiene como función garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativas fiscal, civil y derivada de causas penales, permitiendo atender a la población menos favorecida del país, bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el Estado de derecho. La iniciativa que hoy presentamos tiene como objeto que se incorporen las personas con discapacidad, los grupos vulnerables, los adultos mayores en esta obligación de la defensoría de oficio para actuar de manera primordial con estas personas. Todos sabemos el padecimiento que se tiene cuando se tiene que presentar ante un juez, y una persona no tiene la capacidad y no tiene los elementos, sobre todo económicos y de conocimiento para poderse hacer de un defensor. El defensor de oficio, el defensor del pueblo, el defensor que debe ser profesional bien pagado, bien remunerado, y bien capacitado, debe atender de manera prioritaria a los grupos vulnerables. Esta es la adición que estamos proponiendo en esta Ley Federal de la Defensoría de Oficio, consideramos que es una adición que va a servir a los más desprotegidos de nuestra sociedad cuando se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad, aún de la que normalmente se encuentran. Esperamos que sea aprobada en su momento por el Congreso de la Unión. Muchas gracias, señores legisladores.