La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros. El derecho de petición es el derecho imprescriptible de todo hombre en sociedad. Los franceses gozaban de él antes de que os hubieseis reunido, los déspotas más absolutos jamás osaron rehusar formalmente este derecho a los que ellos llamaban súbditos. Robespierre. El derecho de petición es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la ley fundamental, en la que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a recibir respuesta. El ejercicio por el particular y la obligación de la autoridad de producir una respuesta se caracterizan por los elementos siguientes. Uno. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir respuesta. Dos. La respuesta. La autoridad debe emitir en breve término, entendiéndose por este el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido. Esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a lo que provea de conformidad lo solicitado por el particular, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho y no por otra diversa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha sostenido que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales en términos del artículo 7, numeral 5 y 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos está determinada por la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una discusión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. El órgano jurisdiccional internacional ha considerado los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del plazo del proceso judicial. La complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Los elementos que determinan la razonabilidad no instituyen plazos para dar cumplimiento al derecho de petición por parte de la autoridad. La respuesta al gobernado queda sujeta a los elementos ya señalados, los cuales han sido formados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el artículo 8 de la norma fundamental no se establece de manera expresa un plazo para dar respuesta a las peticiones de los gobernados. La expresión breve término a que se refiere el artículo 8 constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto sea necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva, sin que desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al breve término no emitió criterio en cuanto a éste o plazo para las autoridades que den respuesta a las peticiones hechas por los gobernados. Es por ello que proponemos que se deben atender a los criterios de razonabilidad emitidos por el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, los plazos de razonabilidad no podrán exceder de 90 días naturales, con excepción de aquellos señalados expresamente en otros ordenamientos jurídicos. Es cuanto.