El diputado Arturo Camarena García: Con su venia, Presidente. Es lamentable que una iniciativa tan importante, que ha venido siendo un reclamo no solamente de diversos partidos políticos, sino también el sentir de la ciudadanía, no haya los representantes de la misma aquí presentes en la Cámara de Diputados. El estudio de los beneficios presidenciales permite conocer el grado de equidad social. Las formas de expresión de los criterios de justicia, proporcionalidad y racionalidad, así como el grado de desarrollo de una cultura con tejidos democráticos... Hilda Nucci y Ernesto Villanueva. La presente iniciativa se refiere a un tema que ha sido motivo de una dura crítica y con justa razón, porque representa una serie de beneficio ajenos a casi todos los mexicanos, éstos los constituyen las pensiones y demás compensaciones que actualmente son otorgadas a los ex presidentes en nuestro país, y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para documentar el planteamiento del problema, deseo señalar que por citar un ejemplo: una persona de a pie como lo señala Nucci y Villanueva en su obra Beneficios expresidenciales para ser sujeto de una pensión por cesantía de edad avanzada, conforme a la Ley del Seguro Social de 1997, debe tener cumplidos 60 años al momento de causar baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, haber cotizado mil 250 semanas como mínimo, estar de baja ante el IMSS al momento de realizar la solicitud y encontrarse privado de trabajo remunerado. Mil 250 semanas equivalen a 25 años de trabajo aproximadamente; por el contrario, un presidente o su equivalente con una quinta parte del trabajo de una persona común puede tener una pensión privilegiada. En virtud de lo anterior expuesto, desde nuestro punto de vista no hay una igualdad ante la ley. Además, el régimen de las percepciones, compensaciones y apoyos a quienes han desempeñado el cargo del titular del Ejecutivo federal en los Estados Unidos Mexicanos se encuentra establecido en dos acuerdos presidenciales: uno, en el año de 1976 y el otro en el año de 1987; así como en un régimen y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir del ejercicio fiscal 2001. Sin embargo, los acuerdos en comento carecen de algunos requisitos para su emisión, por lo cual es cuestionable su constitucionalidad, equidad y validez. Uno de los artículos que precisamente consagra el principio de igualdad ante la ley, es el artículo 1o constitucional. En este sentido, otorga la forma universal, los derechos contenidos en su texto, los cuales no podrán ser restringidos ni suspendidos salvo los casos expresamente previstos en nuestra Carta Magna. Coincidiendo con el doctor Carbonell, aunque el artículo 1o en su primer párrafo se refiere en exclusiva a la igualdad en derechos humanos, dicha igualdad se debe extender también referida a los demás derechos, que sin estar directamente reconocidos en los primeros 29 artículos del texto constitucional, integran lo que la misma Constitución denomina la Ley Suprema de toda la unión. En su artículo 133, particularmente y ahora por mandato expreso del mismo artículo 1o constitucional tendrán un alcance universal respecto de sus destinatarios y no podrán ser suspendidos, restringidos o limitados los derechos humanos recogidos en los tratados internacionales ratificados por México. Por lo que se refiere a lo que ya hicimos alusión en el planteamiento del problema, esto lo constituyen los acuerdos del 76 y del 84 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial y del Presupuesto de Egresos de la Federación. El acuerdo emitido el 25 de noviembre de 1976, expedido por el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, establece que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrán a su disposición y servicios mientras vivan para el desempeño de servicios generales y a sus órdenes directas a personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Pero, con fundamento en el artículo 89, fracción I, de la Constitución, el presidente de la República está facultado para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión. Ni la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, de 1971; ni la Ley Orgánica de la Armada de México, en el 72; ni mucho menos la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, desde 1958, indican que un ex presidente podrá disponer personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, ordenamientos en los que se base el acuerdo en comento. En este tenor debemos resaltar también que se encuentra signado sólo por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, sin la firma del entonces presidente de la República, lo que indica que el acuerdo no fue suscrito por quien tuvo la facultad legal para realizarlo, en donde es cuestionar su constitucionalidad y su validez. Aunado a lo anterior y al no estar firmado el acuerdo 7637 y 2763 Bis por el entonces presidente de la República violan lo que dispone el artículo 3o. del Código Civil Federal, que señala: Que todo acuerdo, decreto o ley debe estar tanto firmada como publicada en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, estos acuerdos nunca se publicaron en el Diario Oficial, lo que los hace totalmente inconstitucionales, y sólo cuentan con la firma de los oficiales mayores y de los secretarios de Estado. Es de destacar que el acuerdo 2763 Bis establece que la Secretaría de Programación y Presupuesto se encargaría de hacer cumplir dicho ordenamiento, pero como muy acertadamente lo señalan Nucci y Villanueva en su obra, al quedar abrogada la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el referido acuerdo se debe someter a la legislación vigente, siendo la aplicable al caso concreto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual dispone que la administración de los recursos públicos federales debe realizarse conforme a los criterios de legalidad, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, no así en la discrecionalidad. El citado acuerdo establece una serie de beneficios, pero que además la pensión a que nos hemos referido en el acuerdo 2763 Bis le permite recibir apoyos, entre otros: asistencia de servidores públicos de la federación presidente, es una reforma constitucional, le pediría aplicarse directamente al Reglamento, y son 10 minutos, director general, hasta auxiliares administrativos...