EL C. DIPUTADO RODOLFO ZAVALA ECHAVARRIA: Gracias, señora presidenta. Nuestra participación en la tribuna de los compañeros del Partido Revolucionario Institucional ni es una táctica dilatoria ni es, como decía mi amigo Barbosa, argumentos legaloides. Por las razones que he expuesto, considero que es de los asuntos más graves que tenemos más graves en esta legislatura y que debemos resolver. Tampoco nos oponemos, compañeros diputados, a que se establezca la sección instructora, a que se analicen los asuntos pendientes y los que están en la opinión pública. Pero viendo las irregularidades, nos alarman las tendencias que hemos escuchado en esta tribuna y que pretenden equiparar nuestra participación para tachar de ilegal un acto que en esencia es ilegal, que se confunda con que estamos defendiendo la impunidad y la corrupción. Antes al contrario, yo me imagino y quiero pensar con los compañeros de Acción Nacional, por qué quieren a dos en la sección instructora ¿para proteger a los corruptos que seguramente va a haber muchos en este gobierno? ¿Lo quieren acaso para sancionar indebidamente y convertirse en tribunal de horca y cuchillo a los viejos servidores públicos? Yo creo que con todo lo que hemos vivido en esta tarde, compañeros diputados, a mí me preocupa también mi participación, me preocupa que mis hijos me reclamen lo que seguramente trascenderá a través de la opinión pública, me preocupa que se diga que los diputados estamos actuando al margen de la ley, que estamos inventando argumentos para convalidar un acto a todas luces ilegal. Lo que se ha afirmado aquí y no más voy a citar uno de los casos, ni siquiera voy a mencionar el nombre del diputadoque esta supuesta sección instructora no era un verdadero tribunal. Como muchas de las cosas que podemos alegar jurídicamente o gramaticalmente o interpretativamente, ese compañero está muy errado, no ha leído nunca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y me voy a permitir leer textualmente el artículo que hace referencia a las facultades y a las decisiones y a la capacidad, pero sobre todo a las facultades que tiene la sección instructora. Dice el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades: "Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos, repito, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, que es la función del Ministerio Público, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior, es decir, en el de juicio político, ante la Cámara de Diputados, en este caso y aquí está la naturaleza de la Sección Instructora como tribunal, dice la Ley literalmente, la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado". Cualquier abogado, aunque haya pasado a rastras la escuela, sabe que estas son decisiones jurisdiccionales. Compañeras y compañeros diputados: Pero visto lo que aquí se pretende realizar, este bodrio jurídico-político-legislativo que se quiere llevar a cabo con una mayoría que está tachada de antemano, no hay, compañeras y compañeros diputados, no hay las condiciones mínimas, ni éticas ni morales, ni jurídicas, mucho menos parlamentarias para iniciar un procedimiento con todos los defectos que este procedimiento va a tener si no actuamos con legalidad. Gracias. -