La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy se nos presenta incide en la esfera de los derechos patrimoniales de los autores. Se han clasificado en dos grandes rubros los derechos de autor. Por una parte, tenemos los llamados derechos morales. Y por la otra parte, los derechos patrimoniales. El derecho moral, conforme a don David Rangel, es considerado como el estrecho vínculo personal inseparable que existe entre el autor y su creación, es inalienable, irrenunciable, imprescriptible y perpetuo. Abarca a estos derechos morales, el derecho al reconocimiento de la calidad de autor; derecho de oponerse a toda deformación o mutilación de la obra; derecho a su integridad; derecho de oponerse a la alteración del título, la forma y el contenido de la misma; derecho a un seudónimo y al anonimato; derecho de arrepentimiento. Y además, se menciona en la legislación nacional, en la Ley Federal de Derechos de Autor, que son por sus propias características, perpetuos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Por el lado de los derechos patrimoniales, es lo alusivo a la parte o la fase económica de los derechos de autor. Estos derechos pecuniarios consisten en la justa retribución que corresponde al autor por la explotación, ejecución o uso público de su obra con fines lucrativos, y esto se contrapone en los derechos patrimoniales a los derechos morales, tienen como notas características, la temporalidad, que es cedible, es renunciable y prescribe. De esta faz del derecho intelectual o contraposición con los derechos morales se beneficia no solo el autor sino también sus herederos, subrayo, y causahabientes. Las disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor aluden a estos dos grandes rubros de derechos: a los derechos morales y a los derechos patrimoniales. Entre las modalidades del aspecto pecuniario del derecho de autor existe la reconocida por la doctrina contemporánea y consagrada por un gran número de legislaciones que se conoce bajo la denominación francesa de droit de suite, que puede ser definida como la prerrogativa establecida en beneficio de los autores, que consiste en recibir el porcentaje o importe de las ventas sucesivas de sus obras, dicho de otra manera, las regalías. Los autores de lengua castellana, quizás con el muy justificado ánimo de emplear un término equivalente en idioma español al antes señalado de droit de suite, como derecho de continuación, le han denominado derecho a participar en la plusvalía o valoración ulterior de la obra, derecho de secuencia de obras intelectuales, derecho de mayor valor. Derecho que tienen los herederos y causahabientes también, del autor. Ha sido muy lento el camino recorrido, por el que la institución, como la hiciera el legislador francés, fuera también reconocida de los derechos patrimoniales e incorporada en los textos legislativos de otros países. Así por ejemplo, en Francia se dio esta situación en 1920. Le siguieron las leyes de Bélgica, 1921. Checoslovaquia, 1926. Polonia, 1935. Chile, 1937. Italia, 1941. A nivel internacional, tratados internacionales también han establecido estos derechos patrimoniales y han pretendido con ello que la legislación de los distintos países se regule de manera acorde con estos instrumentos internacionales. Sobresalen la Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886 y la revisión del mismo texto internacional, que es la Convención de Bruselas del 26 de junio de 1948. Al tenor de este último instrumento internacional y que se hace alusión de la siguiente manera: en lo que concierne a las obras de arte originales y los manuscritos originales de escritores y compositores, el autor o, subrayo, después de su muerte las personas o instituciones autorizadas por la legislación nacional, gozarán de un derecho inalienable a un interés en las operaciones de venta de la obra después de la primera sesión efectuada por el autor. La protección de que habla el párrafo anterior, solo puede exigirse en un país de la unión, si la legislación del país subrayo del autor permite dicha protección y en la medida en que la permita la legislación del país en la que se reclama la misma. Tercero. Los procedimientos para el cobro y monto de las cantidades serán determinados por la legislación nacional. A raíz de este instrumento internacional, tanto de la Convención de Berna, como la de Bruselas y como lo he expresado, era de vital importancia que se hicieran las reformas en la legislación nacional para hacer efectivo el derecho, precisamente el derecho de patrimonial del derecho de autor en favor de sus herederos o causahabientes y así fue rindiendo frutos esta convención y se modificaron la legislación de los países de la República Federal Alemana, Argelia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, Hungría, Luxemburgo, Marruecos, Perú, Portugal, Senegal, Túnez, Turquía, Yugoslavia y otros países. En el caso de México es más que oportuno el precisar en el artículo 30, como se nos está presentando ahorita, en el último párrafo una modificación que haga expreso y claro que para poder recibir los beneficios patrimoniales de una obra perteneciente a un autor y los herederos, deberá hacerse referencia específica en el legado o en el testamento, lo único que desearíamos en relación a esta nueva regulación es que se diera difusión suficiente, de otra manera estos derechos patrimoniales se van a perder en favor de los, precisamente de los herederos o causahabientes. Por todas estas razones Morena va a votar a favor, es una adecuación del instrumento internacional a la legislación nacional. Es cuanto, diputado presidente.