EL DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL: Con su anuencia, señor Presidente. Ante la inminencia de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal de 2004, se hace necesario actuar con seriedad y responsabilidad dada la evidente limitación de los recursos frente a la cada día mayor demanda social insatisfecha y a los servicios públicos insuficientes en su cobertura, calidad y efectividad. Es así que la revisión que debe hacerse por parte del Poder Ejecutivo antes de enviar su Presupuesto al Legislativo, debe ser con más cuidado y acuciosa ya que es notorio que sigue existiendo en la Administración Pública los mismos vicios de siempre en cuanto a funciones duplicadas y hasta triplicadas, que en lugar de servir al ciudadano le complican trámites o le hacen confiar en una vía sin que ésta resulte finalmente efectiva para el propósito y sí, en cambio, le encarece su propio esfuerzo y desde luego redunda en un gasto público improductivo. Es éste el caso de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, que fue creada por decreto presidencial de fecha 3 de julio de 1996 y que constituye un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud. Este organismo tiene asignados en el Presupuesto de este año una partida de 105 millones de pesos y las finalidades para las cuales fue creado, o sea las de mediar como instancia de justicia frente a los usuarios de servicios médicos públicos y privados, ha sido poco menos que inútil ya que las quejas presentadas corren la suerte de ser consideradas sin sujeción a la legalidad y a los principios constitucionales de un procedimiento formal, quedando a discreción del Presidente del Consejo quien dice la última palabra, al grado que se han tenido que interponer amparos contra esa conducta arbitraria y los quejosos que no encuentran satisfacción a sus demandas han tenido que ir de todos modos, después de la pérdida de tiempo, han tenido que recurrir a instancias judiciales arrepintiéndose de la burla de la que fueron objeto en CONAMED. Así, en la aprobación del nuevo Presupuesto debe actuarse con rigor, más vale tomar decisiones de inmediato en beneficio del manejo honrado y pulcro y eficiente de los dineros públicos, que seguir cargando con gastos inútiles que impiden atender rubros indispensables cuando se usan con finalidades productivas. Imaginémonos el beneficio a los usuarios de servicios de salud si se destinaran estos recursos al abastecimiento de medicamentos contra la diabetes, el SIDA o las enfermedades cardio-vasculares. Ello porque es sabido que la propia Secretaría de Salud tiene en su estructura central un alto presupuesto asignado a una subsecretaría y el personal necesario para atender las reclamaciones de los pacientes afectados por un mal servicio médico, en términos de los derechos a la calidad de la salud y desde luego proceder directamente contra el profesional médico responsable y en lo relativo al mejoramiento cotidiano en toda la red de servicios médicos a nivel nacional, resultando entonces que CONAMED duplica un gasto y sin resultados objetivos engaña el ciudadano con una falsa esperanza de que sea atendido con imparcialidad, prontitud y legalidad, acabando en un fiasco de costo moral y económico. Este puede ser un ejemplo de lo que debe hacerse en multitud de casos semejantes, para atender la responsabilidad de esta Cámara en cuanto a lo que el pueblo requiere, para que los recursos públicos cumplan cabalmente su cometido de servicio y no de modus vivendi de una casta de servidores públicos parasitarios que medran con una función que incumplen, causando daño a quien más lo necesita porque ha sido víctima de algún atentado a su salud o a la de un familiar. Por ello se propone el siguiente PUNTO DE ACUERDO Único.- Se inste a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que revise el presupuesto y la funcionalidad de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en términos del beneficio público que debe cumplir su asignación presupuestaria y que determine lo conducente. Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de noviembre de 2003. Muchas gracias.