El diputado Ramón Ángel Flores Robles: Con la venia, amigo presidente. Mi condición de sonorense, originario de las culturas precoloniales kikapú, cucapá, pima, tohono odham, comcaac, yaqui, yoreme-mayo, yoreme-makurawe, entre otras, así como el hecho de provenir del distrito electoral en que se encuentra gran parte del territorio yaqui, me coloca en la obligación de hacer uso de esta alta tribuna para hablar sobre la trascendencia histórica que esta reforma constitucional representa en cuanto al reconocimiento de los derechos de la población indígena y su relación con el Estado mexicano. La cabecera de mi distrito es el heroico puerto de Guymas. Desde ese lugar, donde durante los años del porfiriato partieron los barcos que trasladaban a las familias yaquis, cuyo destino era la esclavitud en las haciendas de Yucatán. La gran mayoría de los miles de yaquis, mujeres, hombres, niñas y niños, no sobrevivieron a las condiciones inhumanas impuestas por sus patrones y capataces en aquellos campos de exterminio, que se convirtieron en haciendas de destino. El pueblo yaqui de hoy es un pueblo sobreviviente de una guerra de exterminio, cuyo propósito era borrar esa valerosa nación de nuestro suelo patrio. Pueblo guerrero sin igual, el pueblo yaqui ha mantenido una resistencia que le ha permitido sobrevivir, hasta que el general presidente Lázaro Cárdenas del Río hizo valer los propósitos de justicia social. Sin embargo, durante la larga noche neoliberal, los intentos de despojo no cesaron en 1997, una parte del territorio yaqui fue expropiado. Mucha sangre de niñas, niños, jóvenes, adultos, ancianos yaquis tuvo que derramarse para que se reconociera el derecho del pueblo yaqui a conservar, aunque sea una parte de su territorio, en el cual ejercen sus usos y costumbres y las leyes de su forma de gobierno tradicional. Tuvo que llegar a la Presidencia quien en el futuro será reconocido como un gigante de nuestra historia: el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que desde la cabeza de las instituciones nacionales se impulsara un cambio en la relación con nuestros pueblos originarios. Esta nueva relación se basa en el respeto, a la dignidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el diálogo, la justicia y la solicitud de perdón por los incontrolables agravios históricos. Ahora, en el corazón de la iniciativa de la reforma al artículo 2o. de nuestra Carta Magna se encuentra el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas y del pueblo afromexicano, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con capacidad para tomar decisiones en las formas que las propias comunidades determinen. La política del diálogo y el respeto con nuestros pueblos, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se basa en el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos. En Sonora eso se refleja claramente en el Plan de Justicia Yaqui, que ha sido la herramienta institucional para materializar la nueva relación con nuestros pueblos originarios. A través de las ceremonias de solicitud de perdón, nuestro presidente planteó al pueblo yaqui la esencial garantía de no repetición de los agravios históricos sufridos. Posteriormente, fueron los propios gobiernos tradicionales yaquis quienes establecieron los ejes del Plan de Justicia. El Plan de Justicia Yaqui marcó el inicio del diálogo respetuoso con el reconocimiento a las autoridades tradicionales. A imitativa, sí, de nuestro gobernador Alfonso Durazo Montaño, el presidente decidió extender esa vía con los planes de justicia para los pueblos comcaac, seri, yoreme-mayo, guarijío. Junto con el presidente y el gobernador de nuestro estado, han impulsado estos planes que desde una nueva perspectiva...