La diputada Yulma Rocha Aguilar: Gracias, presidente. Con el permiso de esta Presidencia. De los países miembros de la OCDE México ocupa el primer lugar en la lista del mayor índice de embarazos en adolescentes. Las estadísticas son alarmantes y de gran impacto social, pues la Organización Mundial de la Salud ha determinado que todo embarazo en menores de 18 años, es de alto riesgo. Hay complicaciones durante el proceso de embarazo, partos prematuros, la vida de las adolescentes y su hijo corren riesgos y además afecta la permanencia en la escuela, los ingresos y el acceso al trabajo. Ateniendo varios estudios, incluido el del Instituto Nacional de Perinatología, con datos de los años 2013 y 2014, en México nacen cada año cerca de 340 mil bebé cuyas madres son menores de edad, de las cuales alrededor de 8 mil 621 tienen menos de 14 años. Al mismo tiempo se precisa que la mayoría de estos últimos embarazos se da por la comisión de un delito de tipo sexual. En ese mismo sentido el Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estableció que hasta el 2015, el 60 por ciento de los casos de violencia sexual infantil fueron cometidos por personas cercanas a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y del período de cinco años del 2010 al 2015, se registraron alrededor de 2 millones 600 mil agresiones contra menores de edad, de la cuales solamente 83 mil se registraron averiguaciones previas, siendo que solo diez de cada mil agresores, fueron consignados a un ministerio público. Se estima que al menos el 10 por ciento de los casos de violencia sexual infantil son denunciados, lo que quiere decir que hay un alto grado de impunidad. Según la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes, así como la organización internacional Save the Children, existe una presunción legal de que un embarazo entre los 10 y los 14 años es producto de una violación, y un dato más, en su informe, el estado de las madres en México, embarazo y maternidad en la adolescencia, se señala que del 2013 al 2014, se registraron 394 nacimientos de bebés, cuyas madres tenían 10 años. Todos estos datos obligan a que el Estado mexicano genere normas, políticas y leyes con el objetivo de prevenir y atender sí el embarazo en adolescentes, pero también castigar de manera contundente cuando se atenta contra la dignidad de niñas y adolescentes. Si bien es cierto que el gobierno federal ha implementado la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, que es producto de un trabajo conjunto entre 16 dependencias, organizaciones de la sociedad civil, así como académicos expertos en el tema, ha habido y se ha registrado una tendencia a la baja en el porcentaje de embarazos en adolescentes; sin embargo, todavía tenemos un índice muy alto. También es cierto que existen normas oficiales como la 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, la cual establece, en uno de sus puntos, en el 5.2.1.9, que cuando se atienda a una mujer embarazada, de manera particular si es adolescente menor de 15 años, realizar la búsqueda intencionada de ejercicio de la violencia sexual, familiar o de género. En caso de encontrarse datos sugestivos, proceder conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Sin embargo, para garantizar el interés superior de la niñez proponemos que dicha regulación técnica plasmada en la norma ya mencionada, se traslade a la Ley General de Salud y se eleve al rango de ley el punto ya mencionado y realizar la búsqueda intencionada del ejercicio de la violencia sexual, familiar o de género, cuando se atienda a una mujer adolescente embarazada menor de 15 años. Con ello se garantice la protección y el acceso a la justicia ante la existencia de delitos cometidos en contra de mujeres adolescentes, y que a consecuencia de ello resulten embarazadas. Es importante realizar acciones tendientes a salvaguardar los derechos de niñas y adolescentes. Y en caso de embarazo se requieren medidas adicionales para garantizar su protección y sus derechos. Se requiere mayor firmeza y exigencia en la aplicación de ciertos preceptos que no están siendo debidamente aplicados en el día a día en las instituciones de salud. Y por ello la importancia de incluir en la Ley General de Salud esta atención particular a las mujeres adolescentes embarazadas, para con ello eliminar la omisión que al día de hoy prevalece en algunas instituciones de salud, ya sea por negligencia o por desconocimiento en la aplicación de la norma ya mencionada. Y al mismo tiempo se trabaja favorablemente en temas como la denuncia y la persecución de este tipo de delitos que laceran a nuestra sociedad. Y, en ese marco, se fortalece la prevención, la atención y la erradicación de la violencia sexual contra niñas y contra mujeres. Es cuanto, presidente.