La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, presidente; compañeras y compañeros diputados. Los asesinatos de mujeres por razones de género representan el extremo y la culminación de violencia contra las mujeres, producto de un sistema que contribuye a la violación de sus derechos humanos en los diferentes ámbitos, conformada por el conjunto de conductas discriminatorias que pueden conllevar impunidad social y del Estado. Ante esto, el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las mujeres sus derechos humanos fundamentales, con acciones que permitan prevenir toda forma y situación que las vulnere y, en su caso, atienda, sancione e investigue con debida diligencia los flagelos que se cometan en su contra y por supuesto establezca medidas para erradicar estas prácticas que impiden nuestro pleno desarrollo y bienestar. A pesar de que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido consagrado como un mandato nacional e internacional, la violencia contra las mujeres en todas sus formas y modalidades persiste en nuestro país como una violación sistematizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. Son muchos los esfuerzos que se han realizado para abatir éstas vergonzosas formas de violación a los derechos humanos. Con la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en el año 2007, se establecen de manera clara las atribuciones específicas de medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, incluyendo la violencia feminicida. Gracias a los aportes científicos y académicos de investigadores de nuestro país y el mundo se han logrado avances y, hoy día, ya se nombra, define y se encuentra tipificado a nivel federal éste lamentable delito contra las mujeres. No obstante es necesario seguir abonando en el tema. Por ejemplo, para la armonización, a fin de que se logre en toda la República Mexicana se tipifique el feminicidio de manera adecuada y armonizada con lo que estipula el Código Penal Federal y cuando se establezcan medidas legislativas para la investigación diligente por parte de las autoridades correspondientes. A pesar de los aportes del marco jurídico, el problema ha alcanzado índices alarmantes. Entre 2006 y 2012 los feminicidios de nuestro país aumentaron en un 40 por ciento de acuerdo al Informe de Sobrevivientes Defensoras, mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala, elaborado por la Iniciativa de las Mujeres Premio Nóbel en enero de 2012. Asimismo, el Estudio Violencia Feminicida en México, características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas en 1985-2010 que realizaron en colaboración ONU Mujeres, la Comisión de Feminicidios de la LXI Legislatura y el Inmujeres, muestran que en 2010 ocurrieron un promedio de 6.4 defunciones femeninas con presunción de homicidio cada día. Estas cifras no pueden ser más que llevarnos a pronunciarnos y reiterar que los feminicidios son simplemente inaceptables. El problema en nuestro país es muy grave, de acuerdo con el Estudio Nacional Sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia para las Mujeres, elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavin). En los municipios contiguos geográficamente que registran una tasa de crecimiento de homicidio contra mujeres, se encuentran el estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Durango, Sonora, Guanajuato y Veracruz. Como vemos, garantizar plenamente los derechos humanos de las niñas y mujeres sigue siendo un asunto pendiente del Estado mexicano. Por ello es necesario la coordinación y vigilancia de acciones integrales que impidan la configuración de cualquier tipo de violencia, incluyendo la institucional. Es decir, de la impunidad por parte del Estado en el acceso a la justicia de las mujeres afectadas y sus familias, acciones para la formación, capacitación y especialización permanente de operadores de justicia, así como para verificar el cumplimiento de la aplicación de un protocolo para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, que incluyan la búsqueda de oficio como una medida tendiente a proteger la vida y libertad de las mujeres. En Nueva Alianza estamos convencidos de que días como hoy que nos permiten visualizar problemas lamentables como el feminicidio en México, son oportunidad de revisar y reforzar lo que nuestro mandato le corresponde para erradicar este delito cometido contra las mujeres. Compañeras y compañeros, sin politizar un problema persistente en nuestro país, exhortamos a las autoridades competentes para que desde sus atribuciones y jurisdicción, actúen de una debida diligencia para prevenir, atender, sancionar y erradicar este penoso flagelo y se garantice de manera efectiva la integridad física y emocional de todas las niñas y mujeres de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.