La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Queridos colegas diputadas y diputados: vengo a esta alta tribuna a solicitar su seria consideración a algo que estimo sería una flagrante violación a nuestra Constitución política en relación específicamente al artículo décimo segundo transitorio que el Senado de la república incluyó en sus modificaciones a lo que aquí fue aprobado con anterioridad. Este artículo décimo segundo transitorio de la Ley Federal de Derechos se refiere a, precisamente la necesidad de fijar la contraprestación, o en este caso, los derechos por el uso de las bandas de frecuencia, de la banda 700 megahercios de gran valor, en donde por cierto hoy operan los principales canales analógicos de las televisoras y la banda de los 2.5 megahercios, en la que por cierto, de acuerdo a el convenio que aparentemente han suscrito, prácticamente todos los concesionarios con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, estas concesiones serían renovadas hasta por 60 megahercios, entregando, devolviendo al Estado, 130 megahercios que deberán ser licitados para que otros operadores puedan también prestar servicios de telecomunicaciones a toda la nación. En este caso, lo que propone el Senado, es que la fijación de los derechos correspondientes al uso del espectro radioeléctrico en estas bandas sea determinado por el Ejecutivo en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y presentado, para su aprobación, por el Congreso de la Unión. Parece o parecería a cualquiera, que esto sería el procedimiento natural; sin embargo, quisiera recordarles que precisamente durante los meses de marzo y abril el Congreso de la Unión con Constituyente Permanente aprobó las reformas constitucionales a los artículos 6o, 7o, 27 y 28 de la Constitución Política Mexicana, en materia de Telecomunicaciones, y que de conformidad con esta reforma se estableció y así lo establece claramente el artículo 28 constitucional en el párrafo décimo tercero- que el Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculadas a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo, no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de 30 días. Transcurrido dicho plazo, sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes. Vengo a resaltar y a destacar que nosotros, es más, el Constituyente Permanente estableció esta modificación a la Constitución y le confirió esta facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones porque las telecomunicaciones y la radiodifusión no son, de ninguna manera, un artículo de lujo, sino que lo que necesitamos es proporcionar más y mejores condiciones para que la población tenga acceso a esta herramienta fundamental. Inclusive, el propio artículo 28 constitucional dice: que las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública a fin de asegurar la máxima concurrencia previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público asegurando, y aquí lo digo, asegurando el menor precio de los servicios al usuario. Es decir, que al final de cuentas cualquier cuestión, cualquier contraprestación que se le cobre a un potencial concesionario inevitablemente será repercutida en el precio de los servicios que ese concesionario va a ofrecer al público y, por tanto, los que terminarán pagando por estas contraprestaciones serán los usuarios. ¿Quién realmente tiene la capacidad de determinar cuál es la contraprestación que debe ser justa y propiciar la universalización de servicios que a todos atañen y que hoy simplemente pueden ser pagados por un minúsculo segmento de la población que tiene acceso a Internet? Señores diputados, consideremos, esta es una reforma o esta adición por el Senado es inconstitucional y no solamente viola los principios de la Constitución sino que podrá ser impugnada no solamente por una tercera parte, sea de la Cámara de Diputados o del Senado mediante una acción de inconstitucionalidad en contra del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, que podrá interponer una controversia constitucional o incluso por los propios concesionarios que en su momento podrán impugnarla precisamente por ser contraria a lo dispuesto por el Constituyente Permanente. Esto acata los principios que hemos buscado a través de la reforma constitucional del sector de las telecomunicaciones. No pretendamos cobrar o recaudar, porque no es la recaudación en estos aspectos lo que va a propiciar el que estos servicios fundamentales de telecomunicaciones puedan llegar hasta los más recónditos parajes de nuestro país. Por ello, señores diputados y señoras diputadas, pido a ustedes su consideración para esta reserva que propone eliminar eta adición del artículo décimo segundo transitorio a la Ley Federal de Derechos. Muchas gracias.