La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, presidente. Esta Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana es novedosa para ir transitando de un modelo punitivo hacia uno que fomenta la confianza ciudadana. Ojalá sea el principio de un modelo donde desaparezcan los burocratismos, la corrupción, las acciones coercitivas. Y se dé paso a la simplificación administrativa, que es el último sueño de mucha gente que anhela no hacer tantas filas, no cubrir tantos trámites, no tener tanta regulación. A quien cumpla sus responsabilidades fiscales, regulatorias se le tendrá confianza bajo protesta de decir verdad. Es un paso positivo por donde quiera que se le vea. Este dictamen establece acciones y programas de la administración pública federal para fomentar la confianza ciudadana otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica del país. Se instaura un esquema basado en la confianza en la ciudadanía, un sistema fundado en la buena fe y bajo palabra de decir verdad. Será la Secretaría de Economía, por conducto de la Conamere, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, quien pueda suspender a las personas físicas o morales que estén inscritas en el padrón, cualquier visita domiciliaria, procedimientos de verificación o inspección, que con motivo de actos de corrupción que afecta a la ciudadanía y empresas, todo esto va a permitir que se inhiba, que esto inhibe la actividad económica, al suspenderse se fomentará la inscripción y registro de nuevas empresas y la tranquilidad de las que ya están. Indudablemente que la corrupción es uno de los problemas que más afectan el desarrollo económico del país, y cualquier esfuerzo por combatirla debe de ser apoyado. Entre muchas modalidades la corrupción se da en múltiples actividades de verificación que realizan las dependencias de la administración pública y otras autoridades de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Por ello, limitar dichas actividades como propone esta iniciativa, lo consideramos adecuado. El impacto del cese de las verificaciones que ciertamente está limitado, ya que no es aplicable a actividades en materia fiscal, aduanera, seguridad de la población, protección civil, protección de derechos e intereses del consumidor, las relativas al sector financiero, pues porque estas actividades resultan necesarias y son muy relevantes y no conviene cesarlas por el momento. En el dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, se agregan a las actividades para las que no se aplica la ley, las materias de trabajo, seguridad social y comercio exterior, seguridad alimentaria, la sanidad, la inocuidad agroalimentaria animal y vegetal y de salud humana. Esta propuesta se considera procedente porque eliminar estas visitas de inspección en las circunstancias actuales, pues podría tener efectos negativos en la salud de la población y en los derechos de las y los trabajadores. De hecho, estas materias, sobre todo la de las visitas hacia el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, están rezagadas y urge actualizar las visitas e inspecciones. También se hacen otras modificaciones que precisan que las atribuciones que se asignan la Secretaría de Economía se harán a través de la Conamer. En síntesis, esta es una ley que trae beneficios y Morena va a votar a favor porque fomenta un entorno de confianza, lo que permite que los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones legales tengan una disminución burocrática en su quehacer cotidiano, propiciando que el mismo ciudadano o ciudadana identifique aquellos trámites o requisitos innecesarios para su eliminación. Votaremos a favor porque elimina la carga económica en la práctica de visitas domiciliarias de inspección, supervisión y verificación, lo que erradica la posibilidad de corrupción y otras prácticas lesivas para la sociedad. Votaremos a favor porque promueve la confianza de la ciudadanía en las inspecciones públicas y viceversa, pasando de la fiscalización a un sistema fundado en la buena fe. Votaremos a favor porque se reconoce a quienes invierten en el país, se comprometen con el desarrollo y cumplen con las obligaciones regulatorias y fiscales, otorgándoles beneficios y facilidades administrativas para que puedan ejercer...