El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputados y compañeros diputados, pueblo de México. Hoy tomaremos una decisión fundamental que reafirma la Cámara de Diputados como contrapeso del Ejecutivo federal no solo en la aprobación del Presupuesto, sino en la fiscalización y exigencia de rendición de cuentas sobre su ejercicio. El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública plantea que no es de aprobarse la Cuenta de la Hacienda Pública del Ejercicio Fiscal 2016, porque los resultados de la gestión financiera del gobierno federal no correspondieron a las aspiraciones económicas y sociales del pueblo de México. No se cumplieron los objetivos de los programas nacionales, por lo cual siguió creciendo la pobreza, mientras la economía y el empleo se estancaron. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la no aprobación de la Cuenta Pública 2016 es una decisión que honra la exigencia popular de transformar la vida pública en México expresada en las urnas pasado primero de julio, porque se trata de una acción que hace efectiva la rendición de cuentas. El gasto público neto de 2016 ascendió a 4 billones 763 mil millones de pesos, por eso resulta indispensable que los responsables rindan cuentas a fondo, porque no solo son números, sino recursos que impactan en la educación, la salud, el transporte, la seguridad, la alimentación y demás rubros que preocupan a la gente. Las diputadas y diputados del Partido del Trabajo estamos convencidos que una fiscalización superior eficaz es indispensable para hacer del presupuesto una herramienta apropiada para cambiar el modelo económico que ha imperado en los últimos 30 años. Por ello consideramos que esta legislatura debe abrir el presupuesto a la participación ciudadana efectiva, en un esquema de presupuesto participativo, incluso asumir que esta legislatura sea constituyente, fundacional, para poder ordenar los cambios profundos que espera el pueblo de México en la cuarta transformación. Lo anterior se justifica cuando observamos que derivado de los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, aún están pendientes por aclarar 103 mil millones de pesos de la Cuenta Pública 2016. Para darnos una idea del daño causado, pensemos que esos recursos no aclarados equivalen a 1.2 veces el presupuesto destinado al desarrollo de los pueblos indígenas, significan 2.6 veces el presupuesto de la UNAM. De ahí que sea totalmente inaceptable esta anomalía. El dictamen revela que la práctica de la asignación directa de contratos se mantiene persistente e impune. Ahí están los grandes negocios del sexenio que termina, las constructoras como Grupo Higa, fenómeno que está detrás del tristemente célebre tema de la casa blanca. Además, al privilegiar la subcontratación, se abrió la puerta para estrategias de defraudación, como la estafa maestra, que utilizó empresas fantasmas para corromper a ocho universidades pública, que hoy están al borde del colapso financiero. En la Cuenta Pública 2016, ya se advertían indicios al respecto, pero no se hizo nada, permitieron un desfalco de 7 mil 670 millones de pesos. Tampoco se hizo nada para frenar las desviaciones multimillonarias de Javier Duarte, en Veracruz, a pesar de que la Cuenta Pública 2016 ya consignaba sus malas prácticas en el manejo de diversos fondos federales, permitiendo una defraudación de hasta 60 mil millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. En el mismo tenor, la revisión de la Cuenta Pública 2016 demuestra que el gobierno federal, sin explicación alguna asignó 28 mil millones de pesos a la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, lo cual hace evidente que desde el principio de este proyecto se caracterizó por la discrecionalidad y la falta de transparencia. El 2016 fue el primer año de obra y el informe de la Auditoría presentó observaciones sobre irregularidades y faltantes de comprobación de gastos por más de mil millones de pesos. Por eso la sociedad decidió cancelar en la reciente consulta popular esa obra. En fin, la decisión de no aprobar la Cuenta Pública 2016 se justifica plenamente por el hecho de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no solicitó el aval de la Cámara de Diputados para decidir a cuáles ramos y programas asignar los 804 mil millones de pesos de ingresos presupuestarios adicionales respecto al monto aprobado. El gobierno decidió unilateralmente favorecer con esos recursos adicionales a rubros como la comunicación social, que creció año con año y a pesar de ello la popularidad del presidente se desplomó. También se favoreció el pago del servicio de la deuda pública, que con todo y eso la deuda creció 952 mil millones de pesos, 2016. Señoras y señores legisladores, el presente dictamen ratifica que las cosas han cambiado en México...