El diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas: Con el permiso de la mesa directiva. El suscrito, Raúl Rogelio Chavarría Salas, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa. Ser diputado federal es un gran honor que se honra con legislar bien. Y por el bien, nuestra misión es legislar en la construcción de marcos jurídicos fuertes, donde los infractores de la ley no puedan escapar, aprovechando las lagunas en la ley. No hay pena más grande para una madre o para un padre que cuando le sustraen lo más preciado que se tiene: su hijo o una hija. Desafortunadamente, en nuestro país existe un gran número de familias mexicanas que han sufrido la sustracción de sus hijos por bandas de delincuentes bien organizadas que comercian con personas como si fueran objetos. Los perversos objetivos de la sustracción de niños son diversos, como lo es el comercio de órganos, los sacrificios en ritos, la prostitución y explotación laboral. La sustracción, o como comúnmente se denomina, robo de niños, es una problemática de seguridad que requiere de una urgente atención por parte de este cuerpo legislativo. No obstante que es un problema latente la sustracción de menores con los fines anteriormente señalados, no se encuentra claramente tipificado en nuestro marco legal federal, pese a que los niños siguen sufriendo ser privados de su libertad o sustraídos de sus padres. Según datos de la Procuraduría General de la República, más de 130 mil niños han desaparecido en los últimos ocho años, es decir, 16 mil niños año. Se sabe que los estados de la República mexicana en donde más niños son privados de la libertad son el Distrito federal, el estado de México, Jalisco y Guerrero. Según estudios, indican que Estados Unidos y Canadá son los países destino de los niños sustraídos en nuestro país y que por cada infante en esas naciones se dicese pagan hasta 30 mil dólares. Nuestra frontera norte es considerada como uno de los mercados más activos de sustracción, traslado y tráfico de menores. Todos sabemos que México es considerado el país de origen para el tránsito de menores con los fines anteriormente descritos. Este fenómeno en México es complejo y para nadie es un secreto que está estrechamente vinculado con redes y pandillas delictivas organizadas a nivel transnacional. Para colmo, muchos menores de edad se convierten en víctimas al ser explotados durante su traslado de la frontera sur con Guatemala a la frontera norte, colindante con los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente en México las víctimas menores de edad privados de la libertad con los propósitos descritos están en riesgo de una mayor victimización a consecuencia de las insuficiencias en el sistema jurídico actual, donde destaca la falta de protección para las víctimas. Compañeras y compañeros diputados y diputadas: la sociedad civil organizada nos solicita con urgencia adecuar el marco legal de la realidad que se vive en relación a la sustracción de infantes, que la legislación facilite la investigación y persecución de los delincuentes. En la actualidad, no obstante contar con importantes instrumentos internacionales jurídicos en torno a la protección de los derechos humanos de los niños, sigue en boga el delito. Existen instrumentos internacionales que han permitido que los asuntos de los niños sean temas prioritarios en las acciones de todos los gobiernos del mundo pero, paradójicamente, cada vez es mayor el número de niñas, niños y adolescentes que son abusados y explotados. Debemos proporcionar los instrumentos legales que permitan a las autoridades actuar de forma pronta y expedita, y nos corresponde a nosotros, los legisladores otorgar reformes acorde a la realidad, ser vigilantes de que la ley se aplique, se cumpla y con esto fortalecer nuestro marco normativo. Procuremos que el dolor de una madre y padre del robo de su hijo, sea evitable. Es por ello que esta reforma va encaminada a prever en el Código Penal Federal, que la privación de la libertad de menores de 16 años que son trasladados fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener lucro indebido por la venta o entrega del menor, privarlo de la vida en el desarrollo de un ritual, ceremonia o culta, extraerle órganos, tejidos y sus componentes, explotarlos sexualmente y/o explotarlo laboralmente, estos hechos serán sancionados con una penalidad de 25 a 50 años y de 4 mil a 8 mil días multa, y en razón de que se sanciona el traslado fuera del territorio nacional, con propósitos diversos, es lo que hace más grave la falta. De consumarse alguna de las conductas anteriormente señaladas, se procederá a penalizar y por ello se plantea establecer que la pena de prisión que se merezca sea agravada por la actualización de este tipo penal, pero se aplicará con independencia de las que correspondan por cualquier otro delito consumado en contra de menores de 16 años. Además debe destacarse que dicha propuesta tiene efectiva aplicación ene l ámbito federal, pues de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en su numeral 50, dicho ilícito es de competencia federal, por lo que en obvio de las hipótesis planteadas, serán materia federal y por ende su adecuada persecución y aplicación estará a cargo del Ministerio Público Federal y del Poder Judicial de la Federación, respectivamente. Por ello en razón de que la actual legislación penal proporciona una esfera de protección insuficiente y precaria, que coloca a los menores en condiciones de vulnerabilidad a fin de que las normas respondan de forma adecuada a los diversos y complejos delitos que se cometen en contra de menores de 16 años, se propone reformar y adicionar el numeral 366 en su fracción III del Código Penal Federal, a efecto de que se sancione el traslado fuera del territorio nacional con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o entrega del menor, privarlo de la vida, en el desarrollo de un ritual, ceremonia o culto, extraerle órganos, tejidos y sus componentes, explotarlo sexualmente, explotarlo laboralmente con una penalidad de 25 a 50 años y de 4 mil a 8 mil días de multa. Por las consideraciones. Anteriormente expuestas, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupados por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia de protección a las niñas, niños y adolescentes, presentamos con todo respeto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa. Respetuosamente le solicito, diputado Presidente, que se integre inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.