La diputada María Guadalupe Román Ávila: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la cuarta transformación es fundamentalmente un mandato del pueblo de México, en el que de manera democrática y participativa acudió a las urnas en 2018, expresando su voluntad de cambio profundo en las instituciones de nuestro país. El proyecto de nación encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado avanzando hacia la construcción de un nuevo modelo de gobierno que nos permita superar al neoliberalismo, luchando contra la corrupción y recuperando una ética política basada en la austeridad y en la soberanía popular. Nuestra principal tarea, como legisladoras y legisladores, es facilitar esta tarea de transformación, cambiando leyes que antes favorecían a unos pocos, pero también proponiendo avances en favor de los derechos humanos de todas las personas. En este sentido, mediante la iniciativa que hoy presento, se propone integrar al texto constitucional el derecho fundamental a la buena administración pública, se trata de reconocer el derecho legítimo de la ciudadanía y exigir el funcionamiento adecuado a las instituciones de gobierno, de modo que el servidor público que esté orientado al interés general y donde la equidad de trato, la igualdad, la austeridad y la transparencia sean principios exigibles para cualquier servidor público. El derecho a la buena administración se refiere, en primera instancia, a que los ciudadanos tengan el derecho de exigir determinados patrones o estándares de funcionamiento de las instituciones de gobierno. El derecho a la buena administración pública ha comenzado a reconocerse como nuevo paradigma en el derecho administrativo, en el que la ciudadanía ocupa un lugar central, obligando a todos los entes públicos a que en el ejercicio de sus funciones actúen efectivamente, bajo los principios de gobierno abierto, honesto, transparente, eficaz y eficiente. Esta iniciativa va en sintonía con los principios del Plan Nacional de Desarrollo, con los avances recientes que ha venido desarrollando en el derecho administrativo, pero, sobre todo, con un reclamo justo de nuestras sociedades, el de poner a la ciudadanía en el centro de la actividad administrativa del Estado, teniendo como último fin el bien común. El derecho de una buena administración fue reconocido por primera vez en la Carta de los Derechos Fundamentales, en la Unión Europea, del año 2000. Posteriormente, en nuestro continente este derecho fue incorporado en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano. Aprobado por la Cumbre de jefes de Estado en el 2013. En nuestro país, la Constitución de la Ciudad de México ha sido vanguardista al reconocer este derecho en su artículo 60, que establece la garantía al debido ejercicio y la honradez en la función pública. Sin embargo, a nivel nacional sigue pendiente el reconocimiento expreso del derecho a toda persona a la buena administración y al buen gobierno. Así como la obligación específica del Estado para su cumplimiento. Por ello, proponemos la adición del siguiente párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: toda persona tiene derecho a la buena administración pública a través de un gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y el Estado garantizará el derecho y la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento. Compañeros y compañeras, de aprobarse esta iniciativa, estaríamos comenzando con la construcción de un nuevo paradigma en la administración pública, acorde a la cuarta transformación que requiere México, en el que la ciudadanía tenga un papel central, reconociendo el derecho que todas y todos tenemos al buen gobierno. Esto se traducirá en la obligación de todas las administraciones públicas, incluyendo las estatales y municipales, de respetar y promover la dignidad y los derechos humanos en el ejercicio de la función pública. Y de actuar efectivamente al servicio de las personas. En conclusión, incorporar al texto constitucional el derecho al buen gobierno implicará una mejora sustancial en la que se relaciona el gobierno y las personas en general para el beneficio para el desarrollo de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.