La diputada María del Pilar Torre Canales: Con la venia del diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Víctimas es una gran oportunidad para el Estado mexicano para asumir su responsabilidad y garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las víctimas del delito y las violaciones a los derechos humanos a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas de debido proceso. Su fundamentación en los artículos 1o., párrafo tercero, 17 y 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se traduce en uno de los mejores ejemplos de la voluntad política de los partidos políticos aquí representados y, sobre todo, la única respuesta que a partir del 2012 tendrán miles de familias que desgraciadamente en México han experimentado lo que implica ser una víctima. Por ello la aprobación de la presente ley resulta sumamente necesaria, sobre todo derivado del actual contexto social en el que se encuentra nuestro país. Estamos convencidos que a partir de la creación de una instancia encargada de administrar el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral denominada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como el Registro Nacional de Víctimas y la asesoría jurídica federal de la atención a víctimas como integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en México las víctimas ya no formarán parte de una estadística de la impunidad y de la desesperanza. A partir de la publicación de esta tan transcendental ley, en México se podrá exigir a las autoridades en sus tres órdenes de gobierno, una mayor protección a las personas afectadas por los delitos y a la inseguridad, así como las violaciones de sus derechos humanos. Las víctimas tendrán derecho a solicitar, a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las han afectado o la violación de sus derechos humanos, comprendiendo medidas como la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Pese a lo anterior, en Nueva Alianza estamos conscientes que hay daños que no se pueden reparar. Que hay acciones que siempre marcarán a las víctimas o a sus familias. Sin embargo esta ley debe de representar para las víctimas y para todos nosotros, una vía para la obtención de una adecuada procuración de justicia y con ello, una garantía de no repetición de los delitos y violaciones de los derechos humanos. En este marco, y desde la más alta tribuna de México, hacemos un reconocimiento a instituciones académicas, a organizaciones de la sociedad, pero principalmente a los activistas de los derechos humanos, así como a los expertos en el tema de víctimas de la violencia, quienes formaron parte fundamental de la integración de la presente ley. De igual forma, hacemos un llamado a las instancias que a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, formarán parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo a la brevedad posible, las acciones derivadas de sus funciones. Por último, queremos dejar claro que en Nueva Alianza estamos a favor de las instituciones del Estado, y más aún de aquellas como la comisión ejecutiva de la atención a víctimas que garantizan en el siglo XXI, el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas en México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.