La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Buenas tardes. En 1991, en la Asamblea General de las Naciones Unidas para las Personas de Edad Avanzada se impulsaron los temas de la generación de programas y esquemas en las naciones participantes para el beneficio de la población de la tercera edad. Este esfuerzo reconoce en las personas de la tercera edad el derecho a su independencia, el derecho a la participación de los adultos mayores, el derecho a tener cuidados especiales y disfrute de programas y atención por parte de las instituciones especializadas, y en general el derecho a la autorrealización que tienen las personas en la tercera edad. Pero con relación a nuestros adultos mayores no sólo deberíamos reconocerles y asegurarles estos derechos, sino que la sociedad mexicana entera debemos de esforzarnos por compensar todo el esfuerzo y trabajo de beneficio social que las generaciones anteriores han dado a nuestro país. Aun así, consideramos que no existen pagos suficientes a todo el esfuerzo entregado en los días de trabajo de los hombres y las mujeres de la tercera edad. Sin embargo, hasta el momento el Estado mexicano con argumentos falaces si bien tiene programas de apoyo para las y los adultos mayores, no reconoce su responsabilidad con respecto a la situación de pobreza, marginación y sobre todo, abandono, que vive toda una generación de mexicanos. No se han homogeneizado los apoyos económicos y de especie para todas las personas por el hecho de pertenecer a este grupo de la tercera edad bajo el argumento de que sólo se atiende a aquellos que viven en las zonas de extrema pobreza; en ese sentido millones de mexicanos quedan fuera de dichos programas. En México el problema del abandono, la violencia, la discriminación en contra de las y los adultos mayores, sobre todo al interior de las familias no es un caso aislado y se une al tema económico; sin embargo, el Estado no ha desarrollado programas que mitiguen este problema y que planteen soluciones de fondo. Debemos reconocer que nuestros ancianos tienen derechos, pero que éstos son más que una simple declaración, sino que debe otorgárseles a todos ellos la mejor atención por parte de la sociedad y que el gobierno debe otorgarles, pues, una atención especial. Compañeras y compañeros diputados, los comentarios que brevemente hemos expuestos son un llamado a que se reorienten las políticas de atención y ayuda a las personas adultas mayores, sobre todo si reconocemos que al afectar estos sectores de la sociedad se afecta en general a toda la sociedad. Para lograr estos fines es necesario que el apoyo económico para personas con 65 años cumplidos o más se considere con un gasto mínimo indispensable, como lo marca la Comisión Nacional de Salarios que debe oscilar entre los 862 pesos mensuales en promedio o el equivalente a la mitad de un salario mínimo mensual vigente en la zona de residencia. En este sentido y por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno, la presente iniciativa que establece el Derecho a la Pensión Universal Alimentaria para los Adultos Mayores de 65 o más residentes en los Estados Unidos Mexicanos. Para quedar como sigue: Artículo primero. Se expide Ley que establece el Derecho a la Pensión Universal Alimentaria para los Adultos Mayores de 65 años o más residentes en los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. Los adultos mayores de 65 años residentes en los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a recibir una pensión diaria no menor de la mitad del salario mínimo vigente, calculado en la zona económica correspondiente a su lugar de residencia. Artículo 2. El titular del poder Ejecutivo federal deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año la asignación que garantice efectivamente el derecho a la pensión alimentaria a todos los adultos mayores de 65 años residentes en el territorio nacional. Artículo 3. La Cámara de Diputados deberá aprobar en el decreto de Presupuesto de Egresos de cada año el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a esta pensión universal. Artículo 4. La forma como se hará valer la pensión alimentaria, la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley se fijarán en su oportunidad en el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. Artículo 5. Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta ley que no cumplan la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad o que incurrieran en alguna falta grave serán sancionados conforme a los ordenamientos legales. Artículo segundo. Se adiciona la fracción XVII al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pasando la actual a ser la XVIII y así sucesivamente, para quedar como sigue: Artículo 32. La Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. a XVI. ... XVII. Garantizar la operatividad del Programa de Otorgamiento de la Pensión Básica Universal para Adultos Mayores de 65 años de edad o más, así como la correcta y oportuna distribución de los recursos financieros a la población beneficiaria, y vienen los transitorios. Agradezco su atención y solicito se incluya el texto completo en el Diario de los Debates.