La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados, el combate a la delincuencia organizada es uno de los mayores retos del gobierno de México que encabeza el presidente de todos los mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, poco hemos de avanzar mientras funcionarios públicos de diferentes niveles de gobierno se dediquen a actividades de delincuencia organizada o apoyen ésta a través de acciones o de omisiones. Un estudio muy serio de la Organización de las Naciones Unidas señala que en México del 50 al 60 por ciento de los alcaldes tiene alguna liga con la delincuencia organizada. Hay algunos datos muy claros: en el estado de Puebla, el narcoaldalde de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil, actualmente está en prisión enfrentando el proceso 08MJ740. Y como éste podría pasarme toda la tarde señalando muchos ejemplos. Por esta razón es necesario adicionar un párrafo segundo en el artículo 22 constitucional y recorrer los siguientes para establecer cadena perpetua a todo aquel funcionario público que durante el ejercicio de su mandato se dedique a cualquier actividad de delincuencia organizada. Ésta no es una pena que esté prohibida dentro de la legislación en México; todo lo contrario. La propia jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala la validez de estas normas como pena inusitada. Asimismo, la cadena perpetua, prisión vitalicia o reclusión a perpetuidad en sus diferentes acepciones ha sido establecida a nivel internacional a través de la Corte Penal Internacional de la que México forma parte y que fue suscrito su estatuto el 7 de septiembre de 2000. Yo sé que se cuestiona por aquello de la finalidad de la norma que se dice que es readaptación social, pero no por existir alguna duda de que un funcionario público que utilice este cargo para actividades de delincuencia organizada pueda rehabilitarse algún día, debemos someter al Estado mexicano a la peligrosidad que implica este tipo de personajes con el poder, el dinero, los vínculos y el terror que siembran en la población. Se dice también que existen altos índices de población en los reclusorios; sin embargo, todos sabemos que actualmente muchas penas exceden de 50, de 60 años de prisión y, por otra parte, con las reformas constitucionales que establecimos en diciembre de 2006 y que se están bajando ahorita en 15 leyes secundarias en materia de seguridad pública y justicia penal con el establecimiento de los juicios orales, va a disminuir significativamente el alto índice de población para aquellos delitos que no sean graves. Por esta razón someto a la consideración de esta asamblea el proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Único. Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en consecuencia el actual párrafo segundo y siguientes en el orden subsecuente al artículo 22 de la Constitución. Párrafo segundo. Tratándose de delitos de delincuencia organizada, podría imponerse pena de prisión vitalicia cuando éstos hayan sido cometidos por un funcionario público o hubiese participado en su comisión durante el tiempo que dure su mandato. Es cuanto.