El diputado Luis Enrique García López: Con su venia, señora presidenta. Gracias. Compañeras, diputadas y diputados, hay pocas violaciones a los derechos humanos tan abominables como recluir a una persona en prisión sin que se le haya comprobado que fue culpable. La prisión preventiva oficiosa es probablemente la institución jurídica mexicana más atroz, que además de ser violatoria a los derechos humanos es prueba manifiesta de las fallas de nuestro sistema penal y especialmente exhibe clara ineficiencia de las fiscalías y de los juzgadores, y aquí es importante aclararlo, no es estar en contra de los delitos, el problema es que estamos dejando que sean omisas las autoridades que procuran la justicia. Si no hay un camino enmendado en fortalecer a las fiscalías, como primero anteponemos el delito para que más personas estén en la cárcel. La prisión preventiva no puede llamarse democracia constitucional a un sistema que para aumentar artificialmente la eficiencia de las fiscalías y simular que se está combatiendo a la impunidad, se opten por meter a prisión a personas con plena conciencia de que al final cuando se ordene su liberación, después de muchos años los fiscales solamente tendrán que decir: usted disculpe, y a veces ni eso, y lamentablemente muchos de ustedes están ajenos a darle la cara a las víctimas del delito. Por eso, la prisión preventiva oficiosa es una medida abiertamente contradictoria a los derechos de la libertad personal de la presunción de inocencia, de la certeza jurídica y del acceso a la justicia. La prisión preventiva oficiosa ha sido calificada en un Sistema Interamericano de Derechos Humanos como una medida contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, sí, México no existe solo como país, convivimos en una globalidad. Otro de los efectos negativos que hoy presentamos con este tema de la prisión preventiva es que contribuye de manera significativa, compañeros, a la sobrepoblación carcelaria, generando una carga excesiva para el sistema penitenciario y esto agrava las condiciones inhumanas de cárceles con hacinamiento, falta de accesos básicos y una gestión incapaz de rehabilitar efectivamente a las personas que se les priva de su libertad. Solo para citarles un caso, en el 2023 para los centros penitenciarios del país se destinó más de 43 mil 500 millones de pesos. Pero qué pasó si lo comparamos con el 2022, hubo una reducción de presupuesto el 8.1 %. ¿Cómo pretendemos llevar a más gente a la cárcel si les estamos quitando los recursos a las cárceles de este país? De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario, levantado en el Inegi en el 2023, en todo el país hubo más de 86 mil personas detenidas privadas sin una sentencia. De estas, el 44.3 %, es decir, casi 40 mil personas, estaban recluidas por una situación de prisión preventiva oficiosa. ¿No les parece inhumano, compañeros, que haya vidas que hayan sido truncadas sin que se tenga la certeza de que realmente han sido culpables? ¿Y saben a quiénes afectan más esta prisión preventiva? Sí, ya lo hemos dicho, a los más pobres. En este tema no hay que confundirnos, contrario a la idea de que la prisión preventiva oficiosa garantiza justicia y seguridad ha demostrado que es ineficiente y terriblemente injusta. No se trata tampoco de eliminar la prisión preventiva de manera total, sino de erradicar la prisión automática que privilegia en su lugar la prisión preventiva justificada, que es que tengamos que obligar que los jueces evalúen el riesgo de fuga, la probabilidad que el imputado continúe cometiendo delitos o que interfiera en el proceso judicial. En el Grupo Parlamentario del PAN sabemos que este dictamen significa una continua violación del principio de presunción de inocencia al establecer esta prevención, digo, esta privación de la libertad de forma automática y sin juicio mediante el cual se funde o motive debidamente. El dictamen no agota debidamente las diversas evaluaciones aplicables en materia penal, como son la idoneidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad, menor restricción o temporalidad. Con la aprobación de esta propuesta se prevé una saturación del sistema penitenciario y escúchenlo, porque se los estamos advirtiendo, desviando recursos humanos y materiales que podrían estar investigando delitos y teniendo un verdadero impacto en la reducción de ellos. La prisión preventiva oficiosa contribuye a que las autoridades policiales y ministeriales no lleven a cabo sus obligaciones. Se les hace más fácil dictarla, y métanlo a la cárcel, y luego investigamos. Continuar ampliando el catálogo de delitos de los que se procederá con esta prisión oficiosa abre la puerta a que las personas sean privadas de libertad sin contar con una sentencia que así lo determine. Es decir, se sigue fomentando que cada vez más haya más personas en prisión sin sentencia, lo cual, compañeros, se los quiero recordar, ustedes, los diputados del oficialismo han criticado que hay mucha gente inocente que está en la cárcel. Y hoy se la están cumpliendo a todos ellos. Es cuanto, diputada presidenta.