El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Los que suscriben, Cuauhtémoc Velasco Oliva, Layda Elena Sansores San Román, Alliet Mariana Bautista Bravo, Gerardo Villanueva Albarrán y Joaquín Humberto Vela González, en nuestro carácter de diputados federales de la LX Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 57 y adiciona el artículo 57 Bis a la Ley de Vivienda, al tenor de la siguiente Exposición de motivos. El tema de la vivienda en nuestro país se ha tornado, desafortunadamente, en un problema social de gran impacto, cuya atención demanda el trabajo conjunto del Gobierno en sus diferentes órdenes y de la sociedad organizada, a fin de revisar detalladamente los esquemas de crédito vigentes e impulsar la aplicación de una política pública que propicie la construcción de vivienda popular en un modelo inherente al desarrollo sustentable. El derecho a la vivienda en nuestro país tiene importantes raíces históricas. La Constitución, en su artículo 123, fracción XII, establece como obligación de los patrones el proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas. A partir de esto, el país se abocó a construir la infraestructura de seguridad social para atender las diversas necesidades de la población, siendo la vivienda una prioridad. En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objetivo de brindar seguridad social a los trabajadores. Posteriormente, cuando nuestro país entró en una etapa de urbanización y desarrollo industrial más avanzada, se crearon los principales organismos nacionales de vivienda. En 1972, con la reforma al artículo 123 de la Constitución, se obligó a los patrones mediante aportaciones, a constituir el Fondo Nacional de la Vivienda y a establecer un sistema de financiamiento que permitiera conceder crédito a bajo interés y suficiente para adquirir vivienda. Esto dio paso a la creación del Infonavit, a través del decreto de ley con fecha de 24 de abril de 1972. En ese mismo año, se crea por decreto, en adición a la Ley del ISSSTE, el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste), pero fue hasta 1983 cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional y se estableció como una garantía individual. Como sabemos, un anhelo para todos los mexicanos es contar con una vivienda y, obviamente, formar un patrimonio. Sin embargo, a raíz de la crisis de 1994, muchas familias que ya contaban con un crédito no pudieron pagar sus hipotecas y la inestabilidad económica imperante ocasionó que muchas se olvidaran de adquirir una. Esta situación frenó el crecimiento del sector, ya que los bancos cerraron el camino para el otorgamiento de créditos. Un ejemplo de ello son los 160 mil créditos hipotecarios que cayeron en la cartera vencida de Bancomer en ese año. En este escenario, surgen las sociedades financieras de objeto limitado, las famosas Sofoles, que logran posicionarse de manera contundente en el mercado hipotecario, ofreciendo créditos individualizados con la apariencia de solicitar menos requisitos de los que demandaba la banca comercial, así como enganches más bajos. Las Sofoles cimentaron su fortaleza al tomar en cuenta sectores de la población que hasta ese momento habían quedado al margen de la cobertura de los bancos. En ese contexto, el argumento central para proponer la presente iniciativa que reforma el artículo 57 y adiciona el 57 Bis de la Ley de Vivienda, es la regulación de las sociedades hipotecarias de objeto limitado (Sofoles), que si bien en el momento de su aparición en el mercado nacional, en 1995, representaron una auténtica oportunidad para atender a sectores de la población que entonces no eran sujetos de crédito, tanto por organismos nacionales de vivienda como por la banca comercial, pero que en la actualidad representan un riesgo para el patrimonio de los beneficiarios, entrecomillado, de algún crédito en virtud de las altísimas tasas de interés y de los convenios, muchas veces leoninos, generalmente desconocidos por los acreditados. Asimismo, resulta incierta la solidez y transparencia con la que han operado estas instituciones debido a que, a pesar de su origen privado, su crecimiento se basó en los recursos aportados por la Sociedad Hipotecaria Federal y cuentan con importantes concesiones y facilidades. Uno de los riesgos radica en que los créditos de las Sofoles se otorgan en unidades de inversión (Udi) y deben sujetarse a un contrato de cobertura de hasta 45 mil Udi, equivalente a 170 mil pesos, lo que permite mantener estabilidad en los rangos de cobro mensual a los solicitantes de crédito. No obstante, después de esa cantidad no existe garantía para usuarios de servicios financieros, lo que provoca el aumento progresivo de los pagos mensuales. Esos incrementos en los pagos se recrudecen por la existencia de Sofoles que no respetan ese monto de 45 mil Udi y aplican indiscriminadamente condiciones críticas al alza provocando que si bien de forma inicial se paga el equivalente a un salario mínimo mensual, al año se puede incrementar a 2 mil 500 pesos mensuales, situación grave para los sectores de escasos recursos. A esto se suma que por disposición oficial, las Sofoles tienen que ajustar las Udi a pesos el día de cobro de cada mensualidad, así como la variación por el monto de los seguros que están obligados a contratar. Esos factores disparan de manera importante el monto que se paga por el crédito a través de una Sofol. Por si fuera poco, todavía se agrega una comisión por el financiamiento de Sociedad Hipotecaria Federal y otra por el costo de administración del crédito; todo ello —debe ser esto, sin consecuencia— amortizado por el trabajador. Así pues, el reto y compromiso de la iniciativa que se pone a su consideración, es eliminar el manejo discrecional y proempresarial que ha impedido articular una política nacional coherente y con claro compromiso social en materia de vivienda, y que procure en todo momento velar por el cabal cumplimiento constitucional del derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, tutelado en el artículo 4o. constitucional. Con tal espíritu la iniciativa busca establecer en la ley los instrumentos mínimos necesarios que permitan volver realidad dicho precepto constitucional sustrayendo del ámbito discrecional a las Sofoles a través de la creación de principios generales que garanticen canalizar los créditos a tasas preferenciales para la población de bajos recursos y en la emisión de las reglas de operación se observen los principios establecidos en el artículo 57 Bis que se adiciona a la Ley de Vivienda en esta iniciativa. De igual modo, busca terminar con el trato privilegiado del gobierno federal y las entidades federativas que bajo el argumento de apoyar programas de vivienda exentan o subsidian a los intermediarios financieros del pago de derechos por licencias, permisos e impuestos sobre la adquisición de inmuebles y el Registro Público de la Propiedad. Con esta iniciativa buscamos evitar que la adquisición de vivienda a través de un crédito con un intermediario financiero, se convierta en una deuda por el incremento de su valor y sea impagable, y paralelamente se traduzca en un jugoso negocio para las inmobiliarias en complicidad con entidades financieras. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 y adiciona el artículo 57 Bis a la Ley de Vivienda. Se reforma el artículo 57 para quedar de la siguiente forma: Artículo 57. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, y la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, deberán emitir reglas de carácter general que permitan canalizar recursos a tasas preferenciales para la población de bajos recursos, así como la movilidad habitacional en viviendas financiadas por ellos mediante procedimientos para facilitar, en su caso, el arrendamiento o transmisión del uso por cualquier título de dichas viviendas, tomando como base para dichas reglas los principios que establezca esta ley. Y en lo que se refiere al artículo 57 Bis que se propone agregar… Se habla, en primer lugar, de los programas, proyectos, estímulos, apoyos e instrumentos económicos que deberán tener cobertura nacional. Estarán dirigidos preferentemente a todas aquellas personas de bajos recursos. Podrá ser beneficiaria cualquier persona sin distinción alguna de género. El valor de la vivienda será determinado en pesos. El comportamiento del crédito deberá contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para recibir el subsidio, el beneficiario deberá obtener un crédito y deberá contar con capacidad de pago necesaria. El término de pago del monto total de crédito no podrá exceder de 300 meses, 25 años, para la liquidación del mismo. Y así se subrayan las diversas propuestas de reglas generales de operación que estamos planteando para darles garantía a los trabajadores, y a las familias, de poder tener acceso a una vivienda digna. Porque ya se me agotó el tiempo solicito a la Presidencia se inserte íntegro el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto Presidente.