La diputada Areli Madrid Tovilla: Compañeras, compañeros legisladores, ésta es una ley muy importante para el país, muy importante para la sociedad, pero muchas veces resulta increíble cómo decir que queremos un avance democrático consolidado en nuestro país y no queremos sumar, no queremos pensar. Yo me siento orgullosa y he tenido a veces que ser oposición, pero la oposición tiene que ser seria, tiene que ser congruente y tiene que saber a qué cosas se enfrenta para avanzar en el reto de este México que todos queremos. Nuestro estado de derecho republicano y democrático se rige por principios rectores de la Carta Magna, congruencia y cohesión en las instituciones y órganos de gobierno que la componen, estableciendo sus competencias y deberes de esto sin olvidar los derechos humanos de cada individuo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1o. constitucional, todas las autoridades del país dentro del ámbito de sus competencias están obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución federal, adoptando la interpretación más favorable a las prerrogativas que esto les beneficie, doctrinariamente conocido como principio propersonal. Nuestra Constitución Política especialmente en su artículo 6o. nos ha establecido que el derecho a la información será garantizado por el Estado, así la norma básica determina las garantías de fiscalización del pueblo sobre el actuar u omitir de los funcionarios y las funciones de los gobernantes, estableciendo uno de los principales derechos humanos de naturaleza política que impiden abusos y desvíos del poder al establecer jurídicamente el control ciudadano a la gestión pública; precisamente ésta ha sido una de las defensas del Partido Revolucionario Institucional. Transparencia; transparencia en todo lo que concierne a los dineros públicos, a los dineros del pueblo; transparencia en acciones y en políticas públicas. Dentro de los principios destaca, a no dudarlo, el principio de legalidad, ése que establece que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, lo cual conlleva a preservar no solo el orden jurídico, sino aun la constitucionalidad de todos los actos de nuestros gobernantes. Desde luego, hoy las instituciones representantes de la citada ley deben ser reconsideradas y perfectibles, por eso estamos aquí, por qué decir que ésta es una ley que no beneficia, si todos sabemos que el solo hecho de lograr la autonomía en este órgano es un gran avance, señores; ésa es la verdad. El Congreso construye órganos de gobierno y claro que esta Cámara y hoy revisor, somos un órgano revisor, lo hizo y lo hizo con el afán de lograr una mejor ley y lograr un mejor mecanismo y un mejor instrumento para la sociedad en el tema de transparencia. La designación de quienes desempeñan la función pública, aquí lo he escuchado, pero quiero decirles lo siguiente, esa designación debe de ser con criterios objetivos de idoneidad fundada en la vocación, en la preparación, en la probidad, en la independencia y en la imparciabilidad del servidor público, si no es así no tiene caso. En el caso del IFAI es muy deseable que sus integrantes satisfagan los requisitos antes mencionados, éste debe ser un órgano que tenga autoridad moral, gentes que sepan cuál es su trabajo, cuál es su camiseta y en dónde están sentados, que entiendan que la sociedad espera mucho de nosotros, señores. Ésa es la verdad. Naturalmente, como ya nos hemos referido, gran parte de nuestra democracia descansa en el decoro y la confianza que deben tener siempre las instituciones nacionales y los servidores públicos que in genere la conforman, y en particular los servidores públicos de los gobiernos de la república. Sí, nadie dice que no. Todos deben estar atentos a esto. A través de un sistema eficaz de acceso a la información se habilitan dos grandes rutas, dos grandes rutas para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país: por una parte se cumple con una obligación de todo Estado de proteger los derechos fundamentales de los individuos bajo su jurisdicción y, la otra, se crea un sistema eficaz de rendición de cuentas, el cual resulta indispensable en un Estado de Derecho. Se les olvida que ésta es una de las grandes preocupaciones del presidente de la República, Peña Nieto. Claro que sí, fue la primera iniciativa que envió al Senado sobre lo que se llama transparencia y anticorrupción. Los ciudadanos saben que tendrán aquí la posibilidad de observar el trabajo de quienes ejercen los recursos públicos. ¿Qué mejor vigilante que quien otorgue el poder? No lo hay. No hay mejor vigilante que el pueblo y que el que otorga el poder. Al mismo tiempo, que a través del disfrute de este derecho, se posibilita a los individuos para que ejerzan sus demás prerrogativas a cabalidad. Sin embargo, esta tarea para nosotros para la Comisión de Transparencia, que todos le han puesto especial interés, pero para mi partido, para el Partido Revolucionario Institucional no es posible si no existe una manera eficaz que garantice el acceso a la información pública y que dote a los organismos encargados de ello de una verdadera autonomía. Por eso aplaudimos y estamos de acuerdo en esa verdadera autonomía, así como de bases y principios que fortalezcan dicho sistema, mejorado la calidad de la información que se provee, así como el incremento y eficacia en el ejercicio de este derecho de transparencia. Muchísimas gracias.