La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas: La institución social fundamental y la más universal, sin duda es la familia. La familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones, es el espacio primario de la responsabilidad social que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante incontingencias y amenazas. Los asuntos familiares se caracterizan por su alto contenido afectivo, pero también por la existencia de causas generadoras de conflicto y a veces también de violencia, que en no pocas ocasiones deja sin amparo a los integrantes de la familia más vulnerable, como son los hijos, los ancianos y los discapacitados. Por ello someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Mediación Familiar. La presente ley está compuesta por 43 artículos, se circunscribe dentro de los métodos alternativos en la administración de justicia y su objeto principal es el promover y posibilitar el acceso a la actividad de mediación familiar como medio para la solución de los conflictos que surjan entre parientes consanguíneos o afines, entre progenitores o uno de ellos y sus hijos incluyendo los adoptados y en los supuestos de ruptura matrimonial o de pareja. La presente ley estructura y organiza a los entes encargados de la aplicación de la mediación familiar y regula los principios, las bases, los requisitos y los procedimientos del proceso de mediación para la solución de conflictos, así como las obligaciones y responsabilidades de los sujetos encargados de su aplicación. La ley define a la mediación familiar como un procedimiento extrajudicial y voluntario, en el cual un tercero imparcial debidamente acreditado, denominado "mediador familiar", que guía a las partes estableciendo comunicación entre ellos para que éstas encuentren por sí mismas la base de acuerdos justos, duraderos y estables, y al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos o poner fin a los ya iniciados o bien reducir el alcance los mismos. A pesar de la diversidad de los conflictos que se presentan al interior de una familia, como pueden ser las herencias, la patria potestad, el abandono del hogar o demanda por alimentos, la mayoría de los conflictos familiares son por causa de divorcio. De acuerdo con cifras del INEGI, en México se registran actualmente 11.3 divorcios por cada 100 matrimonios. Los estados que presentan los indicadores más altos son Chihuahua con el 28.8 por ciento; Baja California con el 26.2 por ciento y Yucatán con el 23.4 por ciento. El método de litigio judicial que incorpora un sistema de ataque y defensa e incluso de pruebas sobre aspectos muy íntimos de la familia, trae como consecuencia una profundización de conflicto. Es común que en el caso de divorcio, el abogado que tiene por principio la obligación de defender a su cliente, actué de manera desinteresada por la situación de la contraparte o del impacto que un determinado resultado podría tener en la familia. Cuando se obliga a una persona a hacer algo en contra de su voluntad, sin tiempo de analizar las consecuencias, el matrimonio se disuelve de forma irreparable. En este sentido, la mediación es una posibilidad abierta para reducir el grado de conflictividad y atenuar los efectos emocionales en un problema familiar al inscribir el conflicto en un marco de cooperación en vistas no a la disolución de la familia, sino a su reorganización, entregándole a las partes la posibilidad de arreglar sus relaciones futuras. La inclusión de los métodos alternativos de solución de controversias como vías de acceso a la justicia, constituye un pilar importante en la construcción de un sistema de justicia más humano, satisfactorio, económico, ágil y expedito. El presenten proyecto de ley, establece la autonomía de la mediación, la cual tendrá lugar en tres momentos: antes de iniciarse un proceso judicial, durante su tramitación y una vez que haya recaído sentencia firme. Para ello, se prevé la consecución de un convenio satisfactorio para las partes involucradas en conflicto, en orden a regular de común acuerdo los conflictos entre familiares, los efectos de la separación, divorcio, nulidad del matrimonio o bien la ruptura de la unión de pareja, así como los conflictos de convivencia en beneficio de la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Se establece la imposibilidad de mediación ante conflictos familiares que contravengan derechos irrenunciables, disposiciones de orden público o que afecten derechos de terceros. La iniciativa propone la creación de registro de mediación familiar, dependiente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el que se inscribirán las personas que reúnan los requisitos de capacidad y aptitud para el desempeño de la función de mediador familiar. Se establece que la duración de la mediación familiar no podrá exceder de seis meses, salvo que se acuerde, entre el mediador y los mediados, una prórroga de este plazo, la cual no podrá exceder de otros seis meses. La Ley en comento establece también que toda persona con capacidad para obligarse y que enfrente un conflicto de naturaleza jurídica con algún familiar, tiene derecho a recibir información y orientación sobre la mediación familiar. Compañeras y compañeros legisladores, la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, el abuso de los recursos que la Ley otorga para los procesos judiciales, la dilación de los juicios, el alto costo que implica el litigio, así como la insatisfacción social frente a la resolución judicial, la ineficiencia de la vía conciliatoria, entre otros, son factores que animan a la consideración y eventual aprobación de la presente iniciativa de ley. La mediación familiar es una propuesta que está en auge en distintos países y que ya se comienza a practicar en algunos estados de la República Mexicana como son Querétaro, el Estado de México y Coahuila. Representa una vía pacífica de solución de conflictos que en términos humanos de tiempo, recursos y costos, ha mostrado ser más eficiente que cualquier otro porque además de privilegiar la libre decisión de las partes, la cooperación y el compromiso mutuo, facilita la pacífica continuidad de las relaciones familiares reduciendo así la posibilidad de futuros litigios. En la medida que se difunda, al ponderarse la responsabilidad de los involucrados en el arreglo de su conflicto ante la sociedad, ésta se proyecta como un medio capaz de generar una cultura pacificadora que recupera la posibilidad de una armónica convivencia entre familiares. En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Mediación Familiar. Señora Presidenta, en obviedad del tiempo y en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se publique el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.