El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Hay dos posturas y dos visiones de esta reforma y yo creo que son totalmente diferentes. Nosotros la vemos como una forma o como una reforma para que crezca la persona y creo que ustedes la están viendo para que crezca la nómina. Y creo que esa es la gran diferencia que estamos abordando ahora y que vamos a ver quién convence a quién. Lo que sí, es que hay un punto de acuerdo, vamos a favor de la reforma, nada más que no lo vemos de la misma forma. Hoy me encuentro ante esta soberanía para hablar de una reforma que busca en esencia garantizar los derechos y el bienestar de nuestros ciudadanos más vulnerables, las personas con discapacidad y los adultos mayores, campesinos y pescadores. La garantía de los ciudadanos más endebles en cuanto a su protección con este apoyo económico es relevante también para el Partido Acción Nacional. Todos somos humanistas, esto no es privativo de ningún partido, de ninguna persona, de ningún ídolo y de nadie en particular. Lo hicimos con los programas como el Seguro Popular, Estancias Infantiles, programas de empleo, etcétera. Todos con un grado de penetración social alto, y eso lo confirma el hecho de que la gente todavía nos solicita, lo que pasa es que algunos partidos o bancadas hagan oídos sordos pues es otra cosa, la gente todavía lo ve como un beneficio que ya no existe. Ahora, con estas reformas constitucionales al artículo 4o. y 27, la idea es ampliar los incentivos económicos, como ya lo dijimos, a campesinos, pescadores, adultos mayores y estamos de acuerdo en Acción Nacional, pero lo ideal es que todos estos millones de mexicanos tengan la seguridad de que el apoyo sea permanente, transparente y que no se lucre con la buena voluntad de los mexicanos y que tampoco se lucre con ese recurso económico. Es decir, estos programas deben ir acompañados en las leyes secundarias con una estricta observancia de la operación, pero insistimos en que estos programas deben estar en plena observancia para que se garantice su permanencia, porque aunque digan lo contrario, el dinero en el país cada vez es menos para soportar las necesidades y cada vez dependemos más de préstamos, poniendo en riesgo las finanzas públicas y, por ende, pondríamos en riesgo los programas de los cuales estamos hablando y que queremos elevar a rango constitucional. Adicional a este riesgo de índole económico, hay acciones como desvío de recursos y todo esto se presta a un manejo faccioso, electoral, corrupto. Eso es lo que no es deseable en este programa, con estos programas, y ya lo decía nuestra compañera Margarita Zavala, lucrar con la información personal que se obtiene en este tipo de apoyos y su manejo electoral debe ser señalado y vinculado para ser revisado o que no sea permitido en las leyes reglamentarias. No es casualidad que quieran ya pasar a credencializar al padrón de Morena que se ha hablado el día de hoy. A eso convocamos en Acción Nacional, apoyamos la reforma en lo general, bajo la estricta observancia para que no se ofenda ni se juegue de manera electoral con los programas antes mencionados. Es indudable que la situación de las personas con discapacidad y los adultos mayores de nuestro país demanda una atención urgente. México, como se ha señalado en diversos estudios, enfrenta una realidad alarmante en cuanto a la condición de sus grupos más desprotegidos. Si bien la intención de la iniciativa es loable, el impacto presupuestario que conlleva es significativo. Según el análisis realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara, el costo estimado de esta reforma puede alcanzar hasta los 71 mil millones de pesos. Este dato, este es un dato que no podemos ignorar. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿es este un gasto sostenible a largo plazo? A la hora de legislar en materia de bienestar social debemos ser responsables con los recursos públicos evitando compromisos que puedan resultar insostenibles para las finanzas del Estado. En este contexto es necesario plantear algunas preguntas, ¿cómo garantizamos que los fondos necesarios para implementar estas reformas sean realmente suficientes? ¿Cómo podemos asegurar que los programas de apoyo social no se queden en promesas vacías, sino que lleguen de manera efectiva a los ciudadanos que lo necesitan? ¿Cuál es el verdadero impacto en las finanzas públicas a largo plazo? Y, ¿cuáles serán los mecanismos de evaluación para medir el éxito o el fracaso de esta política pública? Pero, la pregunta más importante es, ¿cómo proteger estas acciones de la voracidad electoral de Morena? Muchas gracias, presidenta.