El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Muy buenas tarde. Con su venia, señor presidente. A nombre de la Comisión de Economía, que me honro en presidir, vengo a presentar dos dictámenes a las minutas enviadas por la colegisladora, las cuales reforman el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de publicidad. Es importante señalar, que ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Economía de esta Cámara. Aprovecho esta oportunidad y esta tribuna para hacer un reconocimiento a todos los diputados integrantes de la Comisión de Economía, por su trabajo y profesionalismo. La Procuraduría Federal del Consumidor es la institución que protege y promueve los derechos de las y los consumidores garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalecen la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los derechos humanos. Estos, reconocidos precisamente para la población consumidora. El artículo 32 de la Ley de Protección al Consumidor establece que la publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. En este sentido el artículo en mención determina que se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionada con algún bien, producto o servicio que, pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa que se pudiera presentar. La Comisión de Economía considera que es necesario establecer reglas claras que le permitan al consumidor conocer los beneficios reales de un producto y acotar el mecanismo de promocionar productos con el uso de avales expedidos por sociedades e individuos, para evitar abusos en este sentido. Es una realidad que en la actualidad los proveedores de bienes y servicios se valen de estrategias publicitarias diseñadas para que las y los consumidores, al momento de decidir su compra, se inclinen por su producto o servicio. Es común que al encender el televisor seamos testigos de campañas publicitarias en las que se afirma que determinado producto o servicio es avalado por la asociación, certificado por el colegio de, recomendado por la sociedad mexicana de, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas este es un método publicitario que funciona muy bien para los fines comerciales de algunas compañías y empresas al otorgarles ventajas competitivas que difícilmente podrían alcanzar de otra manera. A su vez es importante reconocer que el uso responsable y ético de este mecanismo publicitario, otorga un beneficio importante al consumidor. Repito, el uso responsable y ético de este mecanismo publicitario, otorga un beneficio importante al consumidor. El problema entonces radica en que este tipo de avales que en algunos casos carecen de la documentación apropiada que soporte las cualidades o propiedades del producto o servicio, por lo que las marcas comerciales que hacen uso de ellos y las asociaciones que prestan su nombre, podrían presentar información engañosa a los consumidores. Es por ello que la Comisión de Economía coincide con el espíritu de las minutas enviadas por el Senado para fortalecer a la Procuraduría Federal del Consumidor, otorgándole la facultad de prohibir en la información o publicidad en la que se comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando estas carezcan de la documentación apropiada que soporte con evidencia científica, objetiva y fehaciente, las cualidades o propiedades del producto o servicio, o cualquier otro requisito señalado en las leyes aplicables para acreditar las mismas cualidades. En el mismo sentido la segunda minuta adiciona un párrafo al artículo 32 de la Ley de Profeco para que la procuraduría en el análisis y verificación de la información o publicidad, pueda requerir la documentación adecuada para comprobar que la misma sea veraz, clara y apegada a derecho. Con la finalidad de proteger los derechos de las y los consumidores y de las empresas y empresarios respetuosos de la ley, solicito a todos ustedes, compañeros diputados, su voto a favor de los presentes dictámenes. Es cuanto, señor presidente.