El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta. La profesionalización del servicio público en México es una tarea inacabada. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en su estudio Los retos de la profesionalización de los servidores públicos en México, resalta que los empleados del gobierno federal están divididos en dos categorías: de base y de confianza. Los empleados de base, por lo general personal administrativo y técnico con menor profesionalización, gozan de un importante grado de estabilidad, mientras que los empleados de confianza que ocupan posiciones más altas tienen contratos a corto plazo. Hay, además, diferencias significativas en el nivel de profesionalización, desempeño y cultura burocrático entre las dos categorías. En el mismo documento, diputadas y diputados, se destaca que la fuerza laboral contratada en el sector público de México es el 8 por ciento del total de la fuerza laboral activa del país sin embargo, la media de los países miembros de este organismo es del 15 por ciento. Enuncia que el esfuerzo llevado a cabo en años anteriores para la creación del servicio profesional de carrera fue un rumbo correcto. No obstante, los retos son mayores debido a que aún tiene debilidades, como la alta centralización de las decisiones sobre los recursos humanos y un factor débil de ponderación en la gestión basada en resultados. Es decir, íbamos en el rumbo correcto, pero apenas iniciábamos el camino y damos marcha atrás. Tomando en consideración esto, resulta obvio que existe una alta rotación de servidores públicos con mando medio y alto debido principalmente a los cambios de grupos políticos y de gobiernos que existe en nuestro sistema democrático. Este problema de alta rotación con tintes políticos se une a uno que ha sido mal entendido por el actual presidente de la República, mismo que quizás no ha sido abordado de una forma correcta por todos nosotros. A inicios de la actual gestión se calculó una migración del sector público al privado de al menos 200 mil funcionarios, quienes tenían puestos de confianza de medio y alto mando, quienes por la naturaleza de sus puestos y responsabilidades conocen de mucha información estratégica para el desarrollo y la estabilidad del país. Después de la publicación de esta ley y de que tenga efectos en la administración, es previsible amparos y una nueva oleada de renuncias y migración hacia otros aparatos de la administración privada. El conflicto de interés que se genera en la alta rotación de mandos entre el servicio público y la iniciativa privada es un tema medular que debe ser observado, estudiado y regulado en el marco jurídico de todo país democrático. La legislación estadounidense, escuchen bien, prevé que un servidor público no podrá desempeñarse en un puesto de su sector de origen o ejercer actividades de lobby durante un periodo de cinco años. Japón, Reino Unido y los países bajos tienen esperas de dos años. En Canadá el periodo de espera es de cinco años y existe un código estricto con 20 recomendaciones muy específicas para evitar los conflictos de interés. Francia tiene una comisión de ética pública que analiza la trayectoria posterior a la ocupación de un cargo público de los funcionarios y hay normas que establecen un periodo de enfriamiento laboral de hasta dos años, luego de dejar el cargo público. En la mayoría de los casos desglosados por la OCDE, la limitación va de los seis meses a los cinco años. Estados Unidos tiene un límite de cinco años, como ya lo mencioné, siendo una media o un promedio en los países de la OCDE de alrededor de tres años, el goce de sueldo durante el periodo de enfriamiento laboral no se establece. Solo en la legislación que establece un periodo de goce de sueldo de seis meses. Buscando mejorar la redacción de esta ley, buscando evitar los recursos legales o el debilitamiento de la profesionalización de la administración pública, proponemos cambiar esa medida de 10 años que a todas luces es excesiva, traspasa los tiempos dictados por la naturaleza de nuestra política y trasgrede abiertamente los derechos laborales de los servidores públicos. En el PRD, el Grupo Parlamentario del PRD, proponemos que sea en cinco años en los niveles superiores. Gracias, presidenta.