EL C. DIPUTADO ALEJANDRO ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ: Con su permiso diputada presidente. Compañeras y compañeros diputados. Resulta siempre grave que se afecten los derechos y garantías de cualquier individuo, particularmente cuando se daña el ámbito íntimo de las personas y, en consecuencia, se atenta en contra de la dignidad humana., por ello, la ley prevé un límite a la actividad estatal, en los casos en que ello resulta necesario. En efecto, el reconocimiento de los derechos humanos, son un dique a la acción estatal en el marco de la aplicación de la ley, estableciendo un espacio mínimo de facultades, posibilidades y oportunidades, que propicien la vida social del ser humano, por ello el respeto de los derechos de toda persona humana, constituyen los principios medulares de los actos de los sistemas políticos de corte democrático. Asimismo, libertad y derechos humanos, entrañan un vínculo indisoluble. La libertad es el punto eje de los derechos humanos, toda vez que por ella se explica la posibilidad de autonomía del ser humano en la sociedad, así como en los límites a los poderes externos a él, singularmente del Estado y sus autoridades. En síntesis, los derechos humanos, plasmados en nuestra Constitución como garantías individuales o sociales, constituyen el espacio por el que la persona hace valer su dignidad ante el poder del Estado, y son el dique por el que se resguarda, ante cualquier tentativa autoritaria, de alguna de las instancias de gobierno. No obstante lo anterior, sigue habiendo en nuestro país hechos reprochables, que vulneran garantías de los gobernados, ejemplo de ello, es lo acontecido en el Estado de México recientemente. Recordemos que hace más de dos meses, el pasado 5 de julio, la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, detuvo a 12 personas, por presuntas actividades de intervenciones ilícitas de comunicaciones, al no ser ordenadas por autoridad judicial federal. Actividades ilícitas que operaban, tanto en domicilios del Estado de México como en los mismos domicilios del Distrito Federal. Derivado de dicho operativo, a las personas involucradas se les encontraron cassettes, aparatos electrónicos, documentos y demás objetos e instrumentos, que fueron los indicios para afirmar que estaban llevando a cabo de manera ilegal, vigilancia a personas, inmuebles e instalaciones determinadas, así como intervenciones telefónicas a dirigentes de partidos políticos y funcionarios federales. Se tiene conocimiento hasta el día de hoy, que las indagatorias efectuadas, se arrojan indicios de que esta actividad ilícita, era presumiblemente promovida y financiada, desde las oficinas del Secretario General de Gobierno y del Secretario Particular del Gobernador del Estado de México licenciado Arturo Montiel Rojas. Siendo el caso que eran estos funcionarios estatales a los que se reportaban e informaban los 12 espías detenidos por la PGR, así como otros 35 espías más, de los cuales se sabe, existe orden de presentación en su contra. Las conductas ilícitas descritas, y mejor conocidas como espionaje, son una violación a los derechos humanos, es una violación flagrante a las garantías individuales, establecidas en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, particularmente del párrafo noveno del artículo 16, que garantiza como regla la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, estableciendo sólo como caso de excepción, cuando la autoridad judicial federal las autorice a petición de la autoridad federal, que faculta la ley o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente y de conformidad con los requisitos y límites previstos en las leyes; luego entonces tales hechos son una actividad que daña a la sociedad y una violación al derecho humano que tienen las personas a la intimidad. En otros países, la intervención ilícita de comunicaciones es un acto sancionado severamente, incluso cabe recordar que en Estados Unidos de Norteamérica, el sonado caso Water Gate, le costó la destitución al entonces Presidente Richard Nixon. Resulta lamentable que quienes son responsables de garantizar el estado de derecho, sean los primeros en vulnerarlo; resulta también lamentable que la autoridad estando obligada a generar confianza, sea la primera en generar sospechas. Es inaceptable que consideren más importante su razón política y su ambición desmedida de poder, que respetar la razón superior de los ciudadanos, su liberta y en consecuencia el derecho a su privacidad e intimidad. Por ello, acciones como las desarrolladas en el Estado de México, sólo pueden ejecutarse mediante estrategias perfectamente definidas y concertadas y lo más grave, financiadas con los impuestos de los contribuyentes del Estado de México. El rudimentario sistema de intercepciones telefónicas ha dejado al descubierto la ineficiencia, la corrupción y el desastre político del gobierno que encabeza el licenciado Arturo Montiel Rojas, en donde los ejemplos de esta mala actuación abundan. Por estas consideraciones expuestas, los diputados integrantes de la fracción del Estado de México del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, coincidimos en la necesidad de que esta representación nacional dé seguimiento al desarrollo de las indagatorias. Sobre estos reprobables hechos, consecuentemente sometemos a esta soberanía el presente: PUNTO DE ACUERDO Único. Que esta Cámara de Diputados, se sirva solicitar al ciudadano Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, para que informe respecto del estado que guarda las investigaciones del caso de intervención ilegal de comunicaciones privadas, suscitada en el Estado de México. Es cuanto, señora Presidenta. (aplausos) LA C. PRESIDENTA. Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Rodolfo González Guzmán, sobre este tema. EL C. DIPUTADO RODOLFO GERARDO GONZALEZ GUZMÁN. Con su permiso, ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros diputado: Me permito hacer uso de esta tribuna, para referirme a los planteamientos vertidos por el Partido de Acción Nacional sobre el supuesto espionaje cometido en el Estado de México, asunto en el que hago las siguientes precisiones: En la sesión celebrada por la Comisión Permanente el 18 de julio del año en curso, el PAN presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que las investigaciones o la integración de las averiguaciones previas relacionadas con los hechos sobre intervenciones ilegales a comunicaciones telefónicas u otras cometidas en el Estado de México, se realicen hasta sus últimas consecuencias, se profundicen las mismas y se realicen las consignaciones que correspondan, a efecto de deslindar responsabilidades penales respectivas. En dicha sesión, se dejó constancia de que la posición del grupo parlamentario del PRI, al solicitar que se continúen las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República, hasta que se llegara a la conclusión del caso; se iniciaran las correspondientes en los otros asuntos que son de la misma naturaleza, que se evitara la partidización del caso y se realizaran las acciones legales que correspondan. Posteriormente en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, que tal vez sea lo que ignore el diputado Alejando Enrique Gutiérrez, la Comisión Permanente celebrada el pasado 22 de agosto se sometió a la consideración de que sus integrantes el dictamen correspondiente mediante el cual se solicita a la Procuraduría General de la República que en la integración de la averiguación previa relacionada con hechos sobre intervenciones ilegales a comunicaciones telefónicas, cometidas en el Estado de México, se realicen hasta sus últimas consecuencias a efecto de deslindar las responsabilidades y consignar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos, mismo que fue aprobado. Hasta el momento en la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República, no se tienen como probables responsables, a ningún funcionario del gobierno del Estado de México, motivo por el cual no se ha emitido ninguna orden de aprehensión. El gobierno del Estado de México, se ha comprometido a coadyuvar en todo lo que sea necesario, para que las líneas de investigación de la Procuraduría General de la República, en torno a los presuntos involucrados en la red de espionaje, sigan adelante y lleguen hasta sus últimas consecuencias, manteniendo una actitud de total apertura y transparencia. Y asimismo, condenó enérgicamente la práctica del espionaje y se deslinda de tener injerencia alguna en este ilícito. Ha urgido a la PGR, a efecto de que se agilice y profundice la investigación sobre la red de espionaje descubierta por dicha dependencia. Cabe mencionar a los integrantes de esta Cámara, que a partir de que se empezó a magnificar el supuesto espionaje en el Estado de México, han surgido diferentes casos de espionaje a nivel nacional, entre otros, los realizados en Querétaro, Baja California Norte, Jalisco y Morelos, que son gobernados por Acción Nacional. Por lo que consideramos necesario que la Procuraduría General de la República, investigue a todos aquellos casos de espionaje que se han dado a conocer a través de los medios masivos de comunicación, ya que de lo contrario, se estaría dando un trato inequitativo o parcial al asunto del Estado de México. Y con referencia al Estado de Querétaro, el propio gobernador Ignacio Loyola Vera, aceptó. Y decimos que ante confesión expresa, relevo de pruebas. Por lo anterior, los legisladores que integramos el grupo parlamentario del PRI, consideramos necesario hacer una solicitud para que se continúen por parte de la Procuraduría General de la República, las investigaciones del caso que nos ocupa. Asimismo,. que se incorpore en el Punto de Acuerdo, propuesto por el PAN, que se inste a la Procuraduría General de la República, para que inicie las investigaciones correspondientes en todos aquellos asuntos de espionaje que han dado a conocer a través de los medios masivos de comunicación en toda la República y en particular en los que he dado cuenta en mi intervención, evitándose la partidización del caso; debiéndose conducir quienes intervengan en las indagaciones correspondientes, con seriedad, con responsabilidad y profesionalismo. Y por ser un asunto que por su naturaleza requiere de mayor estudio, solicito a la presidencia se turne a comisiones. Muchas gracias. PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Ha solicitado para hechos sobre el mismo tema, el diputado Alfonso Bravo y Mier, del grupo parlamentario de Acción Nacional. DIP. ALFONSO BRAVO Y MIER: con su venia señora presidenta; compañeros diputados: Los diputados de Acción Nacional nos presentamos el día de hoy aquí, a pedir y a reafirmar que se nos entregue por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Nación, el resultado de las investigaciones sobre el asunto del espionaje en el Estado de México. Si nuestros compañeros diputados de la fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, tienen pruebas y denuncias que hacer ante la Procuraduría General de la República, sobre el hecho del espionaje, es muy su derecho y estamos muy de acuerdo, en que procedan a levantar las actas y las denuncias correspondientes. Por el otro lado, es importante resaltar que durante el término de la petición de Acción Nacional, no fue de manera gratuita, habrá que recordar muy concretamente, los hechos en los que el propio Gobernador del Estado de México, con hechos totalmente resumidos y relacionados, aceptó y promovió la firma de un acuerdo de diferentes gobernadores de los estados de la república, con dinero del Congreso del Estado de México. Nosotros exigimos y pedimos que se nos entreguen pruebas concretas, los resultados de la investigación, sea quien sea el culpable. No estamos señalando nosotros directamente a nadie. Pedimos a la autoridad responsable que nos entregue los resultados de las investigaciones y que si alguien a quien sancionar se le sanciones. Pero no es el venir aquí, al pedir una investigación, el zafarse de ella lanzando culpas y ataques a otros. Eso no se puede definir aquí, sino se tiene que definir, en todo caso, con hechos, resultados y acciones concretas, de la autoridad concreta responsable del hecho. Y finalmente, compañeros, tenemos que pedir a la autoridad que se preserva sobre toda instancia el bienestar y los derechos de comunicación de cada uno de los compatriotas mexicanos. Muchas gracias. (aplausos)