La diputada Laura Hernández García: Con la venia de la presidencia. El pasado 26 de septiembre se cumplieron 10 años de uno de los sucesos más lamentables que cimbró a la sociedad mexicana. La desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. El saldo de esa noche fue 43 normalistas desaparecidos, 6 personas asesinadas, entre ellas 3 estudiantes y al menos 40 personas lesionadas. Se estima que 700 personas resultaron víctimas indirectas considerando a los familiares de los agraviados. La desaparición de estos 43 jóvenes llamó a muchos de nosotros y de nosotras desde el primer momento a movilizarnos en las calles para exigir su presentación con vida y alzar la voz para que este hecho no quedara impune y desde aquel septiembre de 2014, las protestas y manifestaciones no se han detenido, las madres y padres de los estudiantes se han vuelto incansables en la lucha por la búsqueda de la verdad y la justicia. Ayotzinapa expuso una situación sin precedentes, integrantes del Ejército Mexicano estuvieron involucrados en la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, esto fue el resultado de una estrategia de militarización de la seguridad pública, que comenzó en 2012, la cual debilitó a las policías y a fiscalías locales. La verdad histórica que quiso construir el gobierno del entonces presidente Peña Nieto, terminó por desmontarse. El gobierno de López Obrador inició con un compromiso público de esclarecer los hechos, brindar justicia a las víctimas y dar castigo a los culpables, sin embargo, concluye su mandato con una gran deuda con las madres y padres de Atotzinapa, pues dicha verdad y justicia no llegaron. Las respuestas obtenidas por los familiares de los 43de las instancias de gobierno no han sido certeras ni mucho menos han contribuido al esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad. Esto ha provocado la vulneración del derecho a la información y a la verdad para los familiares de quienes fueron desaparecidos esa fatídica noche del 26 de septiembre, pero también de la sociedad al no llevarse a cabo una investigación a fondo que permita conocer quiénes fueron los perpetradores de uno de los peores actos de desaparición de las personas en la historia del país. Parte de esa vulneración se ha reflejado en la denuncia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la negación del acceso a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el encubrimiento de algunos actores claves. El resultado, los padres y madres no quisieron recibir el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, porque el documento no ofrece respuestas a sus preguntas ni les garantiza acceder a los archivos completos de las Fuerzas Armadas ni refuerza la posibilidad del retorno al país de quienes estuvieron involucrados y sean juzgados y tampoco hay pistas para la verdad y la justicia. Asimismo, se hicieron señalamientos y descalificaciones desde el púlpito presidencial en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado al colectivo de familiares de Ayotzinapa, lo cual enturbió aún más el esclarecimiento de los hechos. Ésta es precisamente una de las razones por las que la bancada naranja nos hemos pronunciado de forma contundente en contra de la militarización a favor de la paz, porque la guerra no hace la paz. Desde Movimiento Ciudadano hemos exigido el esclarecimiento de los hechos. Ahora que inicia una nueva administración esperamos que la presidenta Claudia Sheinbaum retome las demandas en torno a este caso y que ofrezca mayor apertura y transparencia y diálogo con las madres y padres de Ayotzinapa para que la verdad y justicia llegue a ellos. Los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa encabezan una de las luchas más ejemplares por la justicia, la memoria, la dignidad de todas las personas. Debemos acompañar, porque de lo contrario estaríamos abandonando a la impunidad este hecho. Vivos se los llevaron, ...