La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado presidente. Con su venia. Nuestra república nació como un sistema federal desde la promulgación de la Constitución de 1824. La unión conformada por los estados libres y soberanos fue hilvanando su marco jurídico, haciéndose posible la convivencia entre sus partes y los poderes federales. Cada entidad federativa tiene su propia Constitución, que es la base jurídica de sus instituciones y la fuente de los derechos y de las obligaciones de los habitantes. Los Congresos de cada entidad tienen atribuciones de actualizar, de perfeccionar y de dar vigencia a todo el entramado legal local, pero también tienen una atribución sustantiva con relación a la Unión. Y ésta es la facultad, conforme a lo que dispone el artículo 71 constitucional, de proponer iniciativas con proyecto de decreto para expedir leyes y reformas, incluso reformas constitucionales, por un lado, y por el otro forman parte del Constituyente Permanente, que es el único mecanismo que hace posible cualquier reforma constitucional. Como lo indica el artículo 135 de nuestra Constitución Política, una reforma constitucional requiere de la aprobación por mayoría calificada de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, y de la mitad más uno de los Congresos de las entidades federativas. Todo ese entramado es justamente el llamado Constituyente Permanente. En la práctica parlamentaria observamos cómo casi siempre las legislaturas locales corresponden con gran responsabilidad y prontitud cuando les es turnada, por alguna de las Cámaras federales, una minuta con proyecto de decreto con reforma constitucional. Y en cuestión de días éstas responden analizando y votando estas minutas, y normalmente con votos aprobatorios. Siempre que esta Cámara o en la colegisladora o incluso en la Comisión Permanente se hace la declaratoria de reforma constitucional, el expediente se acompaña de 25 o más votos. Como ya les dije, normalmente aprobatorios de los Congresos locales. Muchas veces incluso se alcanzan los 32 votos de todas las legislaturas de las entidades federativas. La creación de Guardia Nacional, por ejemplo, es un claro ejemplo de esta dinámica que les menciono. Con el voto de Yucatán, en marzo de 2019, fue aprobada por las 32 legislaturas locales. Sin embargo, también observamos cómo las Cámaras federales son muy omisas en estudiar y dictaminar las iniciativas con proyecto de ley o de reforma que envían los Congresos locales. Y no se trata de iniciativas de diputados o de diputadas locales de manera individual, se trata de iniciativas de consenso que envía el Congreso local como cuerpo colegiado. Si analizamos los expedientes legislativos, podemos observar claramente que de la LX Legislatura a la LIV las Cámaras locales enviaron un total de 687 iniciativas al Legislativo federal, de las cuales solo lograron 16 ser dictaminadas y ser incluidas en un dictamen. Esto implica que el Legislativo federal únicamente ha dado atención al 2.3 por ciento de las 687 iniciativas. En lo que va de la presente legislatura los Congresos locales han enviado nueve iniciativas de reforma a diversas leyes y una con reforma constitucional. Todas ellas aún están pendientes de dictamen, de varios temas. Entre ellos encontramos temas de seguridad social, responsabilidades administrativas, derechos de la niñez, entre otros más. Por lo anterior y, convencida de la importancia de fortalecer el pacto federal, es que el día de hoy vengo a proponerles diversas reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para así establecer un mecanismo o un procedimiento específico para el análisis, para la discusión y de ser, en su caso, aprobación o rechazo de las iniciativas que se presentan de las legislaturas locales al Congreso de la Unión. Yo los exhorto a que tengamos más cuidado con el trato que les damos a los Congresos locales y a rescatar y enaltecer nuestra tradición federalista que, bajo la pluma de Ramos Arizpe y los Constituyentes de 1824, fue encontrando su cauce para zanjar el problema de origen de la soberanía de la nación, los estados y municipios que la conforman. Es cuanto, señor presidente.