La diputada Pilar Guerrero Rubio: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la violencia de género que se suscita en nuestro país es un lamentable ejemplo más de que la agresión hacia las mujeres es una desgracia que permea en nuestra sociedad. Recordemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993, que establece claramente que la violencia contra las mujeres, es todo acto de brutalidad basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Sin duda alguna el tema que hoy nos ocupa es determinante, pues este tipo de violencia es desafortunadamente un hecho nacional, que no respeta clases sociales, condición económica, nivel educativo, credo o raza, y peor aún, es un acto que se consuma de manera encubierta. Particularmente las mujeres indígenas son uno de los grupos de la población que más sufren por la violencia y cuyo número de casos va en aumento. Son por mucho las más vulnerables por su situación de pobreza, atraso que las sitúa entre las mujeres más victimizadas por todo tipo de maltrato. También son víctimas de la delincuencia organizada, muchas veces son esclavizadas a trabajos forzosos o abusadas en nombre de usos y costumbres arraigados por prácticas culturales. Pero si el panorama es desolador y doloroso en las comunidades rurales, las mujeres indígenas que tienen que emigrar hacia las ciudades difícilmente encuentran empleo permanente y además reciben salarios inferiores a los hombres, se ven forzadas a aceptar cualquier trabajo, así se trate de la prostitución o de condiciones laborales deplorables, pues en sus lugares de origen estarían peor. En la mayoría de los casos tienen que vivir en la indigencia, sin que sean atendidas por las autoridades, todo ello constituye una violación contra su dignidad e integridad. Las vejaciones que tienen que soportar no sólo las afectan a ellas sino también a sus hijos pequeños, que muchas veces las acompañan, y la situación se agrava para quienes son adultas mayores. Muchas mujeres indígenas están conscientes de que para muchos no sólo son inexistentes sino que se no se les tiene aprecio. Nadie sabe lo que padecen en los campos de cultivo, en las calles o en los lugares de trabajo, porque la indiferencia convierte su realidad en algo muy parecido al limbo. Por ello, los abusos que padecen nos obligan a pugnar por la humanización de la procuración de justicia, pero no sólo eso, estamos obligados a luchar por acabar con la violencia del tipo que sea. El caso de Ernestina exige una actuación enérgica y efectiva para que se conozca la verdad. Que este caso no acabe en el abandono. Que se investiguen las causas reales y no se hagan juicios breves en la prensa. Aprovechemos la reciente conmemoración del Día Internacional de las Mujeres para promover la protección irrestricta de los derechos humanos de las mujeres; para concientizar a la población en general sobre el respeto y el valor de las mujeres al interior de nuestra sociedad. Cada día es más claro que el pleno desarrollo de México necesita tomar en cuenta a las mujeres, pues no sería posible proyectar nuestro progreso sin dar a las mujeres el papel preponderante que posee. Resulta ineludible que desde esta alta tribuna contribuyamos a reconocer las prerrogativas, a defender la dignidad y a valorar la integridad de todas las mujeres pero en particular de las indígenas. Muchas gracias por su atención.