El diputado Felipe Solís Acero: Muchísimas gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, tengo el honor de presentar ante ustedes las motivaciones del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos, que propone a este pleno aprobar en sus términos la minuta que nos envió de vuelta el Senado de la República el pasado 22 de septiembre y que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerdo con ustedes algunos antecedentes. El tema de la reforma al artículo 3o de nuestra Constitución para establecer, entre otras cosas, la obligatoriedad de la educación media superior es una demanda ciudadana que se ha reflejado en diversas iniciativas presentadas en el pasado reciente y remoto. La minuta que hoy dictaminamos tiene su origen en esta Cámara a partir de iniciativas del Congreso del estado de Jalisco en 2003, de la diputada Irma Figueroa, del PRD, en 2004; del Congreso de Sonora, en 2007; de los diputados Diva Hadamira Gastélum Bajo y Germán Contreras, del PRI, en 2010; y significativamente la presentada por nuestro compañero el diputado del estado de Tamaulipas, Baltazar Hinojosa Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI, en abril de 2010. En el seno de las comisiones y en el pleno la deliberación fue coincidente en que la inclusión en el nivel constitucional de la obligatoriedad de la educación media superior fortalecerá la cultura educativa y el desarrollo de los mexicanos. La decisión del legislativo, se dijo, permitirá enfrentar el rezago educativo y la deserción de los jóvenes en ese nivel, al tiempo que se asegura que los procesos para impartir educación media superior se realice en condiciones de equidad, pertinencia y calidad. Además se sostuvo que la medida es un fuerte recurso para combatir la desigualdad social y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. En las consideraciones de esta Cámara estuvieron por supuesto las necesarias proyecciones económicas y las implicaciones presupuestales para darle viabilidad a la reforma. Conforme a la estimación del impacto presupuestal solicitada por el autor de la iniciativa, el diputado Baltazar Hinojosa al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, se concluyó que resulta viable la medida si se realiza de manera gradual y a mediano plazo. Es decir, estableciendo como meta alcanzar la cobertura universal en el año 2021, lo que significa una inversión de una cantidad importante de recursos. Con esta y otras muy relevantes consideraciones el pleno de esta Cámara de Diputados aprobó el dictamen respectivo que convertido en minuta se turnó a la Colegisladora en diciembre de 2010. En el decreto aprobado se previó incluir en el texto constitucional la obligatoriedad de la educación media superior; obligatoriedad, tanto para el Estado, a fin de que la imparta como para que los mexicanos hagan que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas y la obtengan. Por supuesto esta obligación del Estado y de los padres se traduce en el correlativo derecho subjetivo de las personas en edad o condición de cursar la educación media superior. Además se acordó incluir como criterio orientador de la educación el respeto por la diversidad cultural. Un tercer aspecto fue la inclusión de la atribución del Ejecutivo para determinar los planes y programas de estudios de la educación media superior, con excepción de las instituciones a las que la ley otorga autonomía. Por último, en el apartado de transitorios se establecieron las grandes líneas del procedimiento para que el Ejecutivo establezca los nuevos programas de estudio. La obligatoriedad para que la educación media superior se implemente en 10 años a partir del siguiente ciclo escolar. La disposición para que los presupuestos en todos los niveles incluyan los recursos necesarios para la implementación total. La necesaria celebración de convenios de colaboración entre el gobierno federal y las entidades federativas. Y la determinación de un plazo para realizar las reformas y adiciones en el nivel secundario, como corresponde a una reforma constitucional. El Senado de la República recibió la minuta de esta Cámara y, tras el trámite parlamentario que el 20 de septiembre pasado aprobó el proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de nuestra Constitución, mismo que desecha algunas partes, modifica y adiciona otras de nuestra minuta. Es muy relevante destacar que se establece una coincidencia con la Cámara de Diputados para incorporar a la Carta Magna la obligatoriedad de la educación media superior, al igual que la incorporación del respeto a la diversidad cultural como criterio de la impartición de la educación. La revisora propone modificar el periodo de implementación para iniciar en el ciclo 2012-2013, lo que no significa más que recorrer un año el inicio de las acciones pertinentes y parece razonable por el tiempo en que nos encontramos a juicio de las dictaminadoras, en cuyo nombre fundamento el dictamen. El Senado de la República se pronuncia además, en contra de la atribución del Ejecutivo para establecer los planes y programas de la educación media superior. El argumento central es que con el planteamiento se trastocaría el marco de diversidad y flexibilidad que hoy caracteriza al nivel medio superior, lo que es notable y se razona, ante la diversidad que debe privar para que dichos planes se ajusten a las necesidades regionales y locales y respeten los diferentes entornos sociales y culturales y las diferencias de enfoque que enriquecen la conformación de cada modelo educativo. La observación y propuesta del Senado de la República a la consideración de las comisiones unidas, es atendible en sus términos, ya que efectivamente en un ejercicio de ponderación resulta adecuado conservar la libertad en el diseño de planes y programas con mínimos curriculares, atendiendo a la gran diversidad social y cultural de los jóvenes de nuestro país frente a los atributos y ventajas de carácter funcional e instrumental que derivan de la uniformidad de los planes y programas. Finalmente, la colegisladora modificó algunos aspectos concretos en el articulado transitorio que son consecuencia de las modificaciones sustantivas, así como algunas precisiones que también a juicio de las dictaminadoras, en nombre de las cuales hablo, nos parecen atendibles. Así se pretende sustituir el término universalización por cobertura total, así como precisar que dicha cobertura será en las diferentes modalidades educativas. Igualmente se sugiere sustituir en materia de presupuesto el término multianuales por la voz plurianuales, que es la denominación establecida en nuestra Carta Magna y también se propone especificar que dichos presupuestos serán para gastos de infraestructura educativa. Por otra parte se sugiere eliminar la celebración de los convenios entre el gobierno y las entidades federativas, ya que no puede sujetarse el cumplimiento de la obligatoriedad a dichos actos. Compañeras y compañeros legisladores, estamos enfrente de una reforma de dimensiones mayores. De aprobarse esta modificación contenida en el dictamen cuya fundamentación respetuosamente presento a esta asamblea, se trataría de la séptima reforma al artículo 3o., desde 1917 y es sin hipérbole, una reforma de trascendencia histórica que atiende la demanda social de más y mejor educación, una reforma dirigida a procurar la inclusión total de los jóvenes en el sistema educativo nacional que a partir de ahora, si merece la aprobación de todos nosotros, incluirá la educación media superior de manera obligatoria. La reforma constitucional que hoy analizamos, en definitiva tiene el reto y noble propósito, como lo concibieron los autores de las iniciativas dictaminadas, de enfrentar el rezago educativo y la deserción escolar. Con ello se ofrecen espacios de inclusión a jóvenes que de otra forma van a ser presa de la pobreza, de la desesperanza y más aún, sin que sea el factor determinante, pero sí un elemento que contribuye a combatir la proliferación de la delincuencia. Pero además con la reforma, se contribuirá al desarrollo personal y colectivo, social y económico en el respeto de la diversidad cultura, propio de las sociedades plurales y en camino de la plena democracia, como la nuestra. El dictamen es, en síntesis, un conjunto de deliberaciones de esta Cámara de foros académicos y especializados en educación y de la Cámara de Senadores. Esta reforma expresa un gran consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso y muestra por tanto la disposición al acuerdo de las diversas visiones políticas que refleja la factibilidad y la capacidad de esta representación popular tan plural de hacer reformas como la propuesta, en beneficio de la sociedad. Son éstas las acciones que la sociedad espera de sus representantes, las que los ciudadanos nos están reclamando allende las puertas de este recinto. De merecer la aprobación de esta asamblea, el día de hoy daremos un gran paso cualitativo en materia educativa, favoreceremos condiciones de desarrollo de nuestros jóvenes que hoy están atrapados entre la falta de oportunidades y la tentación de la delincuencia, y fortaleceremos sin duda sus espacios de participación en democracia. Compañeras y compañeros diputados: éstos son los fundamentos de las comisiones dictaminadoras en el dictamen que en seguida se somete a su consideración y que es reflejo, ciertamente, de la visión e interés de los grupos parlamentarios, pero fundamentalmente es reflejo de las necesidades y exigencias de una sociedad que nos está pidiendo, que nos está reclamando con toda razón que cumplamos las demandas que nos están planteando. Ésta, la de la obligatoriedad de la educación media superior, es una de ellas y hoy esperamos que con su voto quede totalmente satisfecha. Por su atención muchas gracias.