La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Buen día. Con su venia, señor presidente. El dictamen que hoy se somete a discusión de esta soberanía es un ejemplo de la búsqueda permanente de consensos para lograr mejores y más sofisticados medios en el combate a la delincuencia organizada y la corrupción. Hasta el momento este esfuerzo que estamos por votar ha sumado la mayoría de las voluntades en su primera versión y en el Senado de la República probablemente no represente el mejor ni el único ajuste que necesita nuestro sistema, pero también encontró resonancia en prácticamente todas las fuerzas políticas. Sin duda ser oposición no significa resistirse a todo, negar todo o regatear cada avance, aunque este sea positivo, solo porque no sea el mejor imposible. Ser oposición seria, madura y responsable significa construir cediendo y sobreponer el interés de lograr avances que sumen a la vanidad de plasmar nuestro pensamiento íntegro en un marco constitucional. Hoy ser oposición exige reconocer los puntos de encuentro y abonar en ellos. Pero también resistirse con toda nuestra energía y recursos a la aprobación urgida de aquellas propuestas que la razón nos alerte que no pueden ni deben ser. Impulsados por su probada ineficiencia, el perjuicio comprobado que pueden generar en la sociedad o el riesgo institucional que representen para la República federal representativa y democrático. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano somos conscientes y consecuentes con esta perspectiva y en esa congruencia hemos tomado la decisión de apoyar esta reforma, que si bien es perfectible en algunos sentidos, sin duda es mejor en todos los sentidos a la opción de no hacer nada, por ello iremos con el dictamen. En esta lógica responsable, consensual y democrática vemos que el dictamen que se nos presenta, específicamente en la última parte de un proceso legislativo de una iniciativa que desde el 2017 se presentó para intentar desarrollar el mecanismo de la extinción de dominio, que estipula el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la extinción de dominio es una herramienta distinta a la confiscación, que internacionalmente ha permitido que los Estados obtengan a su favor la aplicación de bienes, cuyo dominio ha sido declarado extinto mediante una sentencia judicial. Su uso comenzó a popularizarse en la década de 1990, aunque a nuestro país arribó al final de la última década y su desarrollo legislativo e institucional ha sido muy lento. La extinción de dominio es uno de los recursos más importantes y benéficos que tienen los estados para debilitar a las redes delincuenciales e inhibir los ilícitos, devolviendo algo de lo que se dañó o robó a la sociedad, a través del aprovechamiento de los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles que la actividad delincuencial en cualquiera de sus formas genera y tiene la peculiaridad de no ser generador de más violencia. No obstante, lo anterior por lo delicado del tema y las diferencias que este mecanismo tiene frente a otros recursos, como la confiscación, es muy importante la claridad jurídica, corrección técnica y especificidad que plantee la norma con la intención de agilizar su aplicación, con todas las garantías de certidumbre jurídica. En nuestro país, dentro del marco constitucional vigente, en el artículo 22, se plantea de manera general el concepto de extinción de dominio, se hace una distinción ambigua con respecto a otras herramientas, como la confiscación y se ofrecen tres grupos de supuestos en los que procede su aplicación. Como consecuencia de dicha ambigüedad y de las particularidades de su redacción, la aplicación de esta herramienta en el combate a la delincuencia organizada y otro tipo de manifestaciones delictivas ha sido muy pobre y al compararla con los resultados que se han generado en otros países resulta casi inútil, ello aunado a problemas de capacitación de servidores públicos y especialización de juzgadores. Como resultado de los factores referidos y la redacción actual no se ha podido aprovechar contundentemente este recurso. Como Poder Legislativo no podemos hacer mucho con temas de capacitación y especialización, pero sí ante la necesidad de mejorar el planteamiento jurídico de este mecanismo de combate a la delincuencia. Hoy la redacción deficiente que tiene el texto vigente es uno de los factores que contribuyen a que los casi 50 mil millones de dólares que se estiman en México en ganancias derivadas de actividades delictivas como la corrupción, la delincuencia organizada o la defraudación fiscal. En todo el sexenio anterior solo se aplicó la extinción de dominio en favor del Estado mexicano por un monto menor a 18 millones de dólares y alrededor de 16 inmuebles. Asimismo, solo contando los últimos 2 años y medio, la Procuraduría General de la República despojó al crimen organizado tan solo de 894.8 millones de pesos y 44.4 millones de dólares. En contraste, las autoridades guatemaltecas, en 2 años han llegado a superar el monto aplicado en nuestro país durante todo el sexenio anterior, y en Colombia, entre 2009 a 2018 se registraron 2 mil 703 procesos judiciales y se aplicó la extinción en favor del Estado colombiano, sobre los 28 mil 165 bienes relacionados con el crimen organizado. Estas cifras justificaron una iniciativa aprobada por esta soberanía en el 2017, cuya redacción ha sido modificada en el Senado y remitida como minuta, con la intención de hacer procedente la extinción de dominio sobre bienes de carácter patrimonial, cuya legítima procedencia no puede acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones relacionadas con delitos como la extorsión, la corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delitos contra la salud, delincuencia organizada y el robo en materia de hidrocarburos y petroquímicos coloquialmente conocido como huachicoleo. En este contexto, las diputadas y los diputados ciudadanos consideramos que a pesar de las ventajas o desventajas que pueda tener el texto planteado en la minuta, con respecto a lo que originalmente aprobó esta Cámara, México tiene la necesidad de cambiar la ambigüedad que caracteriza a la redacción vigente, para poder aprovechar el mecanismo de mejor manera. Nuestras instituciones ministeriales y la sociedad necesitan poder implementar la herramienta de la extinción de dominio con mayor eficacia. Démosle los elementos que requiere. Por tal razón, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en congruencia con el voto expresado por nuestra bancada en el Senado de la República y ante la situación que prevalece en nuestro país, votará a favor del presente dictamen. Asimismo, aprovechamos esta tribuna para hacer un llamado a todos los grupos parlamentarios, para realizar la legislación secundaria en tiempo y forma, como lo establece el segundo transitorio y dignifique el trabajo de esta legislatura. Por su atención, muchas gracias, compañeros y compañeras legisladores. Es cuanto, señor presidente.