LA C. DIPUTADA HEIDI STORSBERG MONTES: Con su permiso, señora Presidenta. México acudió en calidad de líder de los países megadiversos afines a la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Sostenible que auspició la Organización de Naciones Unidas en Johannesburgo. Esta Cumbre que se asentó en los pilares del crecimiento económico, desarrollo social y protección al medio ambiente constituyó una oportunidad política para renovar los esfuerzos emprendidos hace diez años en la Cumbre de la Tierra y para realizar una evaluación de los avances hacia el desarrollo sostenible. De igual modo, la Cumbre buscó convertirse en una ocasión única para que la comunidad internacional reafirmara su compromiso con la integración de los objetivos económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, así como las medidas para avanzar en su implementación. La transición hacia el desarrollo requiere alcanzar una mejor calidad de vida con protección del ambiente, alentar pautas de producción y consumo menos depredadores con base en el respeto de patrones socioculturales propios, adoptar esquemas tecnológicos que eviten el deterioro, así como rediseñar políticas institucionales y normatividades que respondan a los nuevos retos de hoy. Esta lucha de enorme contenido humanista y a favor del bienestar común, nos obliga a que asumamos un claro compromiso para transformar el desarrollo del mundo incorporando no sólo las perspectivas de conservación, restauración, manejo racional de los recursos naturales y del medio ambiente, sino también institucionalizando el enfoque de equidad de género en la toma de decisiones y los acuerdos a convenir. Un futuro sostenible sólo se podrá alcanzar fortaleciendo la dimensión social del desarrollo humano que requiere del diseño de una política ambiental con equidad de género, en la medida en que se involucre equitativamente a las mujeres y a los hombres en el acceso, uso, control y beneficio de los recursos naturales. El menor acceso de las mujeres a los recursos, dígase tierra, agua, recursos pesqueros, forestales y biodiversidad; la escasa participación de las mujeres en la toma de decisiones ambientales y el reparto inequitativo de los beneficios de manejo y control de los recursos, refuerzan la simetría entre los géneros y aumenta la discriminación. La agudización de los fenómenos de la degradación ambiental, cuyas más injustificadas víctimas son los sectores de la población más desprotegidos como las mujeres y los niños principalmente en zonas de extrema pobreza urbana y rural, ven vulnerado su estado de salud y su calidad de vida ante los efectos de la sequía, la desertificación, los incendios forestales, la deforestación, los desastres naturales o los desechos tóxicos. Es por ello que en nuestra calidad de legisladores, debemos pronunciarnos a favor de una participación activa y responsable de México en los foros internacionales, en donde se discutan y se tomen decisiones sobre los temas de la llamada "nueva agenda internacional", así como luchar para que, a propósito de promover la cooperación internacional en materia ambiental, se impulse una política de desarrollo sostenible con enfoque de género para alcanzar un desarrollo socialmente equitativo. México, como líder del grupo y a la vanguardia de los diversos compromisos ambientales en el ámbito multilateral y bilateral, no debe escatimar esfuerzos para insistir a los países que no lo han hecho, a que ratifiquen el Protocolo de Kioto para el control de las emisiones de gas responsables del efecto invernadero y del recalentamiento global del planeta. Y debe señalar en cualquier ocasión que corresponde a los países avanzados asumir un compromiso efectivo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es por ello que el grupo parlamentario de Acción Nacional también solicita al Poder Ejecutivo Federal a impulsar una mayor sinergia entre los criterios y consensos alcanzados en las distintas conferencias cumbres y reuniones mundiales, sobre todo la cumbre que acaba de concluir en Johannesburgo con la del financiamiento para el desarrollo en Monterrey y con la agenda de desarrollo celebrada en Doa, en las cuales se acordaron medidas para facilitar el acceso a los mercados, mejorar las normas multilaterales y aumentar la ayuda financiera al desarrollo. Por las razones antes expuestas se presenta la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO: "ARTICULO UNICO.- Se solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que en el marco de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo y a la que nuestro país asistió como líder el grupo de países megadiversos afines, cumpla con el compromiso político y ético para avanzar en la construcción de una política de desarrollo sostenible con equidad de género". Muchas gracias. -PRESIDENTA: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Equidad y Género y a las Comisiones de Presupuesto y envíese copia del Punto de Acuerdo a la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República. Tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez, para presentar un Punto de Acuerdo en relación a una controversia constitucional vinculada con FOBAPROA e IPAB. -DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: La siguiente proposición con punto de acuerdo tiene como propósito que esta Cámara de Diputados interponga una controversia constitucional por la aprobación de los pagarés a cargo del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro FOBAPROA IPAB. Lejos de lo que muchos consideran, el FOBAPROA desafortunadamente no ha muerto. La nueva realidad que vive nuestro país exige una revisión puntual y urgente de los motivos y argumentos que orillaron al gobierno a aprobar, violando el artículo 73 fracción VIII de nuestra Constitución, la creación y nacimiento del FOBAPROA IPAB, con una deuda que los mexicanos seguimos y en el esquema actual seguiremos pagando sin aportar ningún beneficio a la población. Existen vicios de origen que no se han aclarado. Cito tan solo algunos ejemplos, dado que en 5 minutos es imposible hacer una historia puntual de este rescate bancario: 1) La evaluación que hizo en su momento el comité técnico del FOBAPROA del Banco de México, donde el subcomité de recuperación de activos concluyó la formalización del rescate bancario en 23 sesiones sin la aprobación o consulta por lo menos, a este Congreso. 2) La consecuente aprobación del Ejecutivo por cuenta propia y discrecionalmente, al margen de sus facultades constitucionales. 3) El diseño del contrato con el que el auditor Michel Mackey, realizó la investigación del rescate y que en ninguna línea menciona la palabra "auditoría". Los bancos que han gozado del rescate bancario nunca han sido auditados. 4) La firma de los pagarés a nombre del Gobierno Federal que hiciera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otro argumento aducido es precisamente que en los últimos tiempos compañeras y compañeros legisladores, ha existido una criminal transferencia de recursos públicos, en detrimento del desarrollo nacional a un rescate bancario que nunca aprobó este Congreso. Pero hay que agregar un elemento adicional: hoy el sistema bancario que opera en México en un 90% o más está en manos privadas y extranjeras. Resulta que de iniciarse con una calidad muy cercana a la de la deuda interna, el Fobaproa IPAB se ha convertido, en los hechos, en deuda externa para los mexicanos y en ese sentido es absurdo que hoy, en la construcción del presupuesto de egresos de los últimos años se destinen más de 53 mil millones de pesos para pagar bonos de rescate bancario hoy a los corporativos transnacionales. En ese sentido es pertinente preguntarnos qué queremos hacer de los recursos públicos y cómo pretendemos impulsar el desarrollo económico nacional. Es un claro obstáculo para la inversión pública productiva y para el gasto social esta transferencia de recursos públicos, hoy convertidos en deuda externa que se pagan puntualmente a los bancos extranjeros que operan en nuestro país. La historia del IPAB- Fobaproa es muy larga y es imposible hablar en 5 minutos de todos los daños económicos que ha sufrido la nación por el pago de este rescate. Simplemente quiero decir que ahí están los ejemplos de Banca Unión; ahí están los ejemplos de diversos bancos, antes nacionales que fueron declarados en quiebra por malos manejos de los recursos de los mismos e incluso transferencia de los mismos y activos de los bancos a campañas políticas. Quisiera, antes de concluir este punto de acuerdo, manifestar a nombre del Partido de la Revolución Democrática que lamentamos mucho el papel y la actuación del actual auditor superior de la Federación porque está abrogándose facultades que no le confiere la ley, que no le confiere ningún reglamento o legislación y, a priori, está condenando o exonerando a personas que están involucradas precisamente en el quebranto financiero de este país. No es su papel exonerar a nadie sino rendir cuentas a la Federación. Y quiero decir que el PRD no está juzgando a priori; simplemente estamos evaluando los primeros resultados lamentables de su gestión como auditor superior. Por último quiero proponer a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo: Esta honorable Cámara de Diputados acuerda interponer un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la nación por la inconstitucionalidad del rescate bancario y el pago consiguiente de recursos públicos que se ha hecho y que queremos impedir que se haga, en beneficio de nuestro país. Esperamos que este punto sea analizado con seriedad por todas las fracciones parlamentarias aquí representadas, en la idea de liberar urgentemente recursos públicos para el desarrollo de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.