El diputado Mario Sánchez Ruiz: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea. De conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del numeral 1, del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito fundamentar el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria. El día 23 de mayo de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria al párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. En dicha ley se prevé la creación del Instituto Nacional de Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos establecidos en la misma. Tiene como finalidad instrumentar políticas de fomento al sector social de la economía a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a los proyectos productivos del sector. Igualmente, tiene la tarea de promover y apoyar la creación de organismos del sector y organismos de integración que constituyen y operen conforme a las leyes que regulan sus materias específicas. También debe establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de los Organismos del Sector y propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del mismo mediante el establecimiento del programa de Fomento a la Economía Social. Igualmente, debe integrar la información de dicho registro de manera económica, electrónica y simplificada, así como su resguardo y actualización. En este sentido la ley establece que el Instituto deberá quedar constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la ley, asumiendo las funciones e integrándose con los recursos financieros, materiales y humanos que han estado asignados al programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, Fonaes. A la luz de lo anterior, es indispensable y urgente brindar las facilidades normativas para que la transición institucional pueda darse de manera ordenada y sin que afecte al impacto positivo que históricamente ha tenido entre los sectores sociales que mantiene esta política pública. Ante este tenor, existen todavía algunas herramientas y aspectos que requieren ser afinados institucionalmente para que se pueda garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley y para finalizar la transición de una manera exitosa. Por lo anterior, se considera necesario modificar algunas disposiciones referidas en los transitorios de la Ley, con la finalidad de poder apoyar la consolidación de diversas herramientas fundamentales para la operación del instituto, específicamente el Registro Nacional de Organismos del Sector, el cual se encuentra afinando detalles operativos y técnicos para terminar de cumplir con las disposiciones de la Ley, como son diseñar aplicaciones informáticas, capacitar a los operadores técnicos, emitir los lineamientos del propio registro, así como construir la base de datos con la información de las inscripciones, entre otras acciones. Así es que se plantea 1. Reformar el párrafo del segundo transitorio de la Ley, que actualmente otorga seis meses para la realización de convocatorias, asamblea y congreso constituyente del sector, hacia la ampliación de un plazo no mayor de 18 meses. 2. Reformar el tercero transitorio, párrafo cuatro, de la Ley, por el que se continuará aplicando el acuerdo de organizaciones y funcionamiento interno del FONAES, en tanto se modifica el reglamento interior de la Secretaría de Economía únicamente, pero como el instituto contará con su propio reglamento interior, se agrega la referencia a ese otro reglamento para evitar que se pueda dejar sin efectos dicho acuerdo cuando aún no estuviere completamente reglamentada la institución. 3. Modificar el cuarto transitorio de la Ley, el cual establece que las normas de registro y del programa deben expedirse en un plazo no mayor de 180 días naturales posteriores a su instalación. La propuesta sólo ampliará el plazo para expedir la normatividad del registro, a fin de que éste pueda iniciar sus actividades en el plazo previsto originalmente. A la luz de lo anterior, los diputados que integramos la Comisión de Economía de la LXII Legislatura, que me honro en presidir, estamos convencidos de que con la aprobación del presente dictamen estaremos contribuyendo al correcto funcionamiento de aquellas instituciones que atienden a gran parte de los sectores sociales más desfavorecidos en nuestro país. Así es que, compañeros y compañeras diputados, les exhorto para que emiten un voto positivo ante este proyecto. Es cuanto, señor presidente.