El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la violencia y el conflicto son males que asolan muchas regiones del mundo, causan sufrimiento humano, pérdida de vidas y daños irreparables. De acuerdo con datos del Banco Mundial, actualmente 20 millones de personas en el mundo están siendo afectadas por situaciones de fragilidad, conflicto y violencia. La proyección para 2030 es aún más crítica, se estima que dos tercios de la población global podrían encontrarse en esta situación y acelerar hasta un 80 % la carencia de servicios para la vivienda digna. Uno de los grupos más afectados es el de menores de edad. La Organización de las Naciones Unidas estima que casi 29 millones de niñas, niños y adolescentes son vulnerados por la situación de violencia. Por ello, es fundamental que extendamos nuestra comprensión de los derechos humanos e implementemos la paz como el antídoto a este flagelo. Nuestra responsabilidad es protegerla y garantizarla desde todas las instancias y todas las esferas del quehacer público. En México, la legislación cuenta con una protección universal de los derechos. Sin embargo, el alza de inseguridad y los conflictos armados en los últimos años ha rebasado la capacidad de las instituciones para proteger a la ciudadanía. Según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de esta administración se han registrado poco más de 8 millones de delitos en el país. De ellos, más de 2 millones 100 mil fueron en 2022. El índice de paz en México refleja que los delitos están creciendo entre el 6 y el 11 % actualmente, concentrados en estados donde la violencia con armas suele ser más intensa y genera conflictos de índole social. Esta violencia impacta en el desarrollo y la estabilidad del país. Económicamente tiene consecuencias de cerca de 4.7 billones de pesos, que equivale a casi una cuarta parte del producto interno bruto en el gasto de las familias, para protegerse por la ausencia del Estado de cumplir cabalmente con esta obligación. Otro resultado de lo anterior es la percepción que genera el debilitamiento de nuestras instituciones. Sobre ello el Inegi ha señalado que 6 de cada 10 mexicanos y mexicanas se considera inseguro en la ciudad donde habita. La inclusión de este derecho de la paz como derecho humano puede servir de plataforma para mejorar la efectividad de programas y políticas dirigidas a abordar este problema. Compañeras y compañeros diputados, hoy acudo ante esta soberanía a proponer unamos esfuerzos para reconocer en la Constitución como derecho humano el acceso a la paz. Ya lo dijera la doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, la paz no es sólo la ausencia de guerra, ya que hay que construirla desde muchos ámbitos. Inscribirla en la Constitución, inscribir en la Constitución este anhelo permanente del pueblo mexicano nos permitirá entender que un México en paz es posible sólo desde soluciones multifactoriales. Por ello debemos apostar a la educación, a la cultura, al desarrollo social, a la seguridad pública, a la justicia como una sola vía, como una política pública transversal que, vista de manera integral, permitirá devolverles a las y los mexicanos la tranquilidad que le ha sido arrebatada por la delincuencia, por el crimen organizado y por la ola de violencia que se vive en muchas regiones del país. Compañeras y compañeros, la paz es el camino. Todas y todos podemos hacerla posible. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.