El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Ayer lo vimos y lo vivimos, el día denominado malamente como "el del presidente", concluyó. Pero ¿quiénes habíamos sido los responsables de hacer de esa sesión el mal llamado "día del presidente"? Nosotros, los dueños de casa. Sin embargo, pareciera ser, y así lo registran los medios de comunicación, que en el imaginario colectivo pasamos del día del presidente de la república al día del presidente de la Mesa Directiva del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y propiamente, de la Cámara de Diputados. Ya no habrá más pasarela, tampoco debió de haberla existido antes. El derecho positivo mexicano, que es por escrito, obliga a que el presidente, el titular del Ejecutivo, presente por escrito el estado que guarda la administración y la conducción del país. Ahora entonces, están los informes trimestrales, está la Auditoria Superior de la Federación y no era un despropósito el que el presidente tuviera el imperativo constitucional de tenerse que presentar y, sí, además, como buen mensajero, ser él el que trajera el informe y entregarlo a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Los tiempos han cambiado, pero pareciera ser que por las prisas aún cuando esta iniciativa referente al formato del inicio de sesiones la presentó el suscrito el 13 de marzo de 2007, no fue atendida. Y no fue atendida por improvisaciones de personas que no vieron el escenario que vivíamos y no se supieron anticipar con mesura, con responsabilidad y con la atingencia debida para el tema. De esta suerte en las urgencias parlamentarias después se les vino a la mente que había que cambiarlo y se presentaron otras iniciativas sobre el mismo tema y quedó el debate ajeno a la aportación de las ideas. Y tampoco se dio oportunidad de quienes habían participado presentando sendas iniciativas, pudieran argumentar y plasmar en los dictámenes correspondientes lo que era la idea primaria, pero que en el uso de la práctica parlamentaria se nos negó la posibilidad de hacer esgrimir o de esgrimir los puntos de vista y los argumentos de todos aquellos quienes habíamos participado en el tema. Pero ya habrá tiempo para debatir esquemas perniciosos para la rendición de cuentas, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública, que no agota en su estructura el presupuesto y los costos de todos los órganos internos de control que están en las distintas dependencias del Ejecutivo. Habría que fortalecer a la Auditoria Superior de la Federación. Quitar ese esquema, porque es la primera vez en que la sabiduría popular se equivoca. No es el que paga manda, sino es el que norma manda, pero que se sustrae de reflejar en su costo el presupuesto que carga a todas las demás dependencias del Ejecutivo. Así, como antecedente tenemos ahora la reforma constitucional, que es derecho positivo. En él tenemos la pregunta parlamentaria, la pregunta parlamentaria que tiene su antecedente en el siglo XVIII y que obedece propiamente, sí, a un esquema parlamentario y no presidencialista como el nuestro; sin embargo, no está de más tropicalizar este esquema y traerlo a nuestro sistema político. De suyo ya existen los mecanismos; lo que pasa es que nosotros no nos hemos dedicado a darle vinculación jurídica y entonces recibimos los informes, cuando se presentan aquí los encargados del despacho o de la administración pública desconcentrada o de organismos autónomos, de manera económica y no por escrito. Sería sano que cuando concurran a las reuniones de trabajo o a comparecencias ante comisiones presenten por escrito lo que ahí van a exponer y las versiones estenográficas hagan prueba plena. Ya durante el siglo XX varios parlamentos giraron boletines para la inserción y difusión de estas preguntas y es así como ahora, aun cuando no coincida con el año fiscal, tenemos que el informe del Ejecutivo lo recibimos el primero de septiembre, luego viene la glosa del informe, después vendrán las comparecencias de los encargados del despacho, bajo protesta de decir verdad, posteriormente la pregunta parlamentaria al titular del Ejecutivo, con un tiempo perentorio para que le dé respuesta. Así pues, subsanado el debate del día del presidente, superado el esquema de la rendición de cuentas, debemos entender que aplicamos la ley del péndulo y nos fuimos al otro extremo. Es por ello que, independientemente del texto completo que está publicado en la Gaceta Parlamentaria de la presente iniciativa, se considera pertinente que el Congreso invite, que sea imperativo para el Congreso invitar y no para el titular de otro Poder la obligación, como venía antes, de tener que estar presente, para que el presidente de la república asista, por invitación del Congreso, a la apertura del segundo período de sesiones ordinario, dado que el informe ya fue recibido, atendido en la glosa, se remitieron las preguntas por escrito, y atenderá el año fiscal enero-diciembre. De esta suerte, a la apertura del segundo período de sesiones ordinarias de cada año legislativo el Congreso deberá invitar al titular del Ejecutivo para que éste nos exprese, ajustando las cifras al año fiscal, los elementos cuantitativos y cualitativos para un diagnóstico del estado que guarda su administración. Y será responsabilidad del Congreso ver a quiénes invita, será responsabilidad del Congreso convertirlo en un acto republicano o en una pasarela de notables del Poder Ejecutivo y de las entidades federativas. No veamos la culpa en quienes no convocan. Veamos la responsabilidad en quienes tenemos la obligación de hacer de este ejercicio una práctica de rendición de cuentas, de equilibrio entre poderes y de la vida republicana y democrática que nos hemos dado. Por ello, lo que propone un servidor es, respecto del artículo 69, lo siguiente: adicionar un párrafo que señale: el Congreso invitará al presidente de la república a la apertura del segundo período de sesiones ordinarias para que comparezca ante el pleno con el objeto de que rinda un diagnóstico del estado que guarda su administración. Sigue el artículo. Luego una segunda modificación en la que adicionamos el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General para quedar como sigue: Artículo 7o. 1. El 1 de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución. Este informe será recibido por el presidente del Congreso y un secretario de cada Cámara, quienes certificarán su recepción en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Continúa el punto 2. 3. Una vez concluidas las intervenciones de los legisladores, el presidente del Congreso declarará abierto el periodo de sesiones ordinarias y decretará la formal recepción del informe por escrito remitido por el presidente de la república, y ordenará el turno de los ejemplares correspondientes a las Cámaras de Diputados y de Senadores con objeto de que se aboquen a su análisis. Y continúa el texto: Porque lo que este texto pretende es reglamentar las comparecencias y la pregunta parlamentaria, para posteriormente quedar con el punto ocho que señala: 8. El Congreso invitará al presidente de la república a la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias para que comparezca ante el pleno con el objeto de que rinda un diagnóstico del estado que guarda su administración. Concluyo, Presidenta, solicitándole que la presente iniciativa sea turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y que la intervención del suscrito se inserte en forma íntegra en el Diario de Debates. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.