La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia diputada presidenta. Honorable asamblea, la Constitución de 1917 incluyó el derecho del trabajo y la previsión social para responder a las demandas de las fuerzas trabajadoras que apoyaron a la fracción triunfante al final de la Revolución Mexicana. Pero también sirvieron para contener el despotismo empresarial. Se prohibió el trabajo de los menores, se establecieron normas protectoras al trabajo de las mujeres, se inscribió en la Ley Fundamental el derecho a la sindicalización y a la huelga, se estableció la jornada máxima, el salario mínimo y el derecho al descanso semanal y vacacional y se responsabilizó a los patrones por los accidentes y las enfermedades laborales y se sentaron las bases de la seguridad social. El artículo 123 constitucional y las leyes laborales que le siguieron, si bien tutelaban los derechos sustantivos lo hacían interponiendo mecanismos de control, una justicia laboral depositada en organismos administrativos tripartitas, como las Juntas de Conciliación, toma de nota mediante la cual el Estado decide la existencia legal de los sindicatos, calificación y arbitraje forzoso de las huelgas, cláusula de exclusión para impartir la disciplina interna, contratos de protección para simular derechos colectivos, fijación tripartita de los salarios mínimos para ajustar metas de inflación, ausencia del voto libre, directo y secreto para elegir dirigencias o para el recuento en caso de disputas por titularidad del contrato colectivo. En la década de los años 80 del siglo pasado, este modelo entró en crisis al agotarse la sustitución de importaciones que había permitido la industrialización nacional en las décadas anteriores. Al mismo tiempo, nuestro país vivió un proceso que dio paso a una sociedad más plural y compleja, donde un sindicalismo corporativo autoritario, excluyente, patrimonialista y corrupto, cerrado a la competencia y al pluralismo, no podía sostenerse como una garantía de estabilidad; la necesidad de modificar el pacto corporativo se fue traduciendo en la necesidad de modernizar la legislación laboral. Esto dio lugar a un proceso de modernización de la legislación laboral que llevó luego de intentos fallidos una reforma integral en 2012. Sin embargo, contenía regresiones que afectaron al trabajo estable y fomentaron el régimen de subcontratación, manteniendo el empleo precario e informal como el rango distintivo de nuestro mercado de trabajo. La reforma objeto de la presente discusión proviene de una modificación constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017. La legislación que ahora se propone llega tarde, pues debió haberse expedido un año después de la entrada en vigor de dicho decreto. El contenido del dictamen, si bien refleja los propósitos que ya forman parte de nuestra Ley Fundamental en lo que corresponde a la sustitución de las Juntas federal y locales de Conciliación y Arbitraje, por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como la incorporación del voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la resolución de los conflictos entre sindicatos, solicitar la celebración de un contrato colectivo y la elección de sus dirigentes sindicales. Estamos a favor de una legislación secundaria que haga viable el libre ejercicio de la autonomía, libertad y democracia sindical, así como una contratación colectiva auténtica para que los sindicatos sean instituciones defensoras de los derechos de los trabajadores y no como hasta ahora, instrumentos que utilizan los patrones y el Estado para mantener al trabajador postrado en condiciones precarias, sin derechos y con las más bajas remuneraciones del mundo. Al depositar la impartición de justicia en tribunales laborales se garantiza que los conflictos emanados en las relaciones de trabajo estarán en manos del Poder Judicial y no como hasta ahora, mediatizados por un sindicalismo controlado por el gobierno y los patrones en los que la resolución de los conflictos obedece a estos intereses y no al cumplimiento estricto y eficaz de los derechos de la clase trabajadora, pero tenemos claro que los ímpetus democratizadores del gobierno no obedecen a estos propósitos. La reforma en comento se explica también por las presiones internacionales en el gobierno de Peña Nieto, para adecuarse a las exigencias del fallido Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y en el gobierno actual a la firma del acuerdo nacional que sustituye al TLCAN, el T-MEC. El propio presidente de la República ha reiterado la coincidencia y la urgencia de cumplir con este requisito impuesto en el tratado comercial. Estamos ante la oportunidad de crear instituciones adecuadas en materia de justicia laboral, libertad y democracia sindical y la autentificación de la negociación colectiva, pero sería deseable no limitarnos a eso. Mientras siga habiendo trabajadores mal remunerados, sin trabajos estables, sujetos a regímenes de excepción como el llamado outsourcing. Por eso, aunque votaremos a favor en lo general, presentaremos nuestras reservas para dejar constancia de nuestras propuestas. Esperamos que no pase mucho tiempo sin que haya la oportunidad de revisar de fondo el mundo del trabajo. Es cuanto.