El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, mi deseo es argumentar este exhorto, ya que el tema para Movimiento Ciudadano es de la mayor importancia. Como se ha señalado aquí, el pasado primero de octubre de 2012 se cumplieron dos años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificara las sentencias a las partes de los casos de Inés Fernández Ortega y otros, versus México y Valentina Rosendo Cantú y otra versus México. Sentencias que contienen 17 y 16 medidas de reparación del daño por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio, de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario. En dichos fallos la Corte Interamericana determinó que en diferentes circunstancias, durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años, respectivamente, ambas mujeres habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la desigualdad, la discriminación y lo que el Tribunal denominó violencia institucional castrense. Asimismo, determinó que el Estado mexicano era internacionalmente responsable por las violaciones a los derechos cometidos en contra de ellas, a una vida libre de violencia, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, al debido proceso y las garantías judiciales y a no ser torturadas. También determinó que México incumplió la obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales. Como eje argumentativo común a ambos casos mencionados, la Corte declaró que México violó la Convención Americana de Derechos Humanos, al extender la competencia de la jurisdicción militar a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense. Lamentablemente, como consecuencia de la administración anterior, las condiciones de desigualdad y de pobreza y la prevalencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de grupos doblemente vulnerables, como son nuestras mujeres indígenas, no se dieron. Por el contrario, en el contexto de la guerra o lucha contra el narcotráfico, se endurecieron aún más las visiones reaccionarias y las medidas marciales y punitivas del Estado, lo que ha potenciado aun más los factores que propician violaciones masivas o sistemáticas a los derechos humanos. Así las cosas, no resulta extraño que se haya postergado el cumplimiento irrestricto y expedito de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana. Es por ello que el punto de acuerdo que hoy nos ocupa resulta totalmente pertinente. El inicio de la presente administración debe estar encaminado por la consolidación de una legitimidad sustancial, basada en la indefectible obligación del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar el pleno y efectivo cumplimiento de los derechos humanos de los gobernados, siendo su obligación y deber hacerlo. Del mismo modo, dicha legitimidad sustancial debe fundamentarse en la ineludible obligación de reparar los daños, indemnizar a las víctimas, sancionar a los responsables y adoptar las medidas de todo tipo para garantizar que no vuelvan a suscitarse violaciones a los derechos humanos. Culmino, señor presidente, señalando que la Corte Interamericana concedió un plazo perentorio de un año para dar cumplimiento a las medidas de reparación contenidas en su sentencia. Sin embargo, las autoridades mexicanas sólo han cumplido parcialmente con esta obligación. Por todo ello, la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano votará a favor de este acuerdo. Gracias, señor presidente.