El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El juicio de amparo mexicano es ejemplar, pero necesitamos que efectivamente ampare y proteja a todos los ciudadanos. Debemos suprimir la fórmula que impide que una declaración de un acto o una ley inconstitucional no tengan un carácter general. En nuestro derecho el amparo es la última línea de defensa que el gobernado tiene contra leyes y actos de autoridad que amenazan o lesionan sus derechos fundamentales. Se tramita en forma de juicio ante el Poder Judicial de la Federación y tiene como propósito lograr la nulidad del acto reclamado y restituir al agraviado con el goce de la garantía violada. Creación del genio de dos abogados mexicanos, don Manuel Crescencio Rejón y don Mariano Otero, conserva signos excepcionales que lo prestigian. Hecho en México, el juicio de amparo ha sido reconocido y admirado internacionalmente, situando a nuestra ciencia jurídica en el mapa mundial. Recordemos que el amparo vio la luz en Yucatán hace más de 160 años, cuando se instauró la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes. Después, el acta constitutiva de reformas de 1847 declaró que los tribunales de la federación ampararán a cualquier habitante de la república en el ejercicio y conservación y los derechos que le concede la Constitución contra todo ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo, limitándose a impartir su protección en el caso particular, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o el acto que lo motivare. Desde ese año de 1847 el Constituyente evitó que el beneficio se extendiera a todos los ciudadanos, aunque el acto de autoridad o la ley combatidos fueran finalmente declarados inconstitucionales por causas que quizá fueron justificadas en su tiempo. Es posible que ese candado conocido como la Fórmula Otero tuviera sentido en un México revuelto en las guerras de invasión y en las contiendas intestinas, pero ya no responde a esas motivaciones. Hoy, los problemas constitucionales no son primariamente problemas de derecho, sino de poder. En nuestros días la defensa de esa fórmula tiene su fundamento en las cúpulas del poder y en el deseo de conservar prebendas. Hoy, el amparo dejó de ser un medio de defensa accesible para el pueblo y se ha convertido en una institución compleja, exótica, buena sólo para especialistas y para quienes puedan pagarla, secuestrando así el carácter social que le dio origen. Lo anterior, no ha pasado inadvertido para algunos talentosos legisladores, cuyas ideas han sido las raíces para proyectar desde ahí esta iniciativa. Nuestro reconocimiento, pues, a los diputados Jesús Ramírez Stabros, del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Mendoza y Victorio Montalvo, del Partido de la Revolución Democrática y a las diputadas María del Pilar Ortega y Dora Alicia Martínez, y el diputado Carlos Bracho, de Acción Nacional. Ellos han percibido la necesidad de un cambio conceptual en el juicio de amparo, los derechos de tercera generación demandan de los legisladores un cuidado mucho más eficaz, conservar en rigor formalista, sólo puede llevar al menoscabo de nuestro propio entorno con pérdidas difícilmente reparables, es preciso innovar o al menos mantener el paso de los tiempos. No puede haber estado de derecho donde existen seres más iguales que otros y donde los supuestos mínimos de seguridad, propiedad y formalidades de la ley no se acatan. Es impensable la existencia de un estado de derecho sin el imperio de la ley. Legislemos y traigamos el amparo al siglo XXI, sólo de esta manera podremos lograr la equidad entre los ciudadanos y proveer de paz a nuestra sociedad. Por lo anteriormente expuesto, proponemos reformar las fracciones I y II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que quien lo promueva sólo deba acreditar interés legítimo y para que la sentencia, además de ocuparse de quien la promueve amparándolo y protegiéndolo haga una declaración general, respecto de la ley o acto que la motivare en los términos y condiciones que disponga una nueva ley de amparo. Es cuanto, diputada Presidenta.