La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Muy buenos días. Con su venia, diputado presidente. Los gobiernos deben de actuar con alto sentido social, pero la discapacidad del gobierno federal en turno no ve, no escucha y mucho menos da muestras de buscar la igualdad entre los mexicanos. La discapacidad política de los gobiernos federales, estatales y municipales lesionan los derechos humanos de las personas que por naturaleza tienen que hacer frente a una discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad conformaban uno de los grupos más marginados de todo el mundo. Uno de los grupos que ha sido a través de los años de los más marginados. Esto lo pasan por alto todos los gobiernos de todos los niveles de gobierno y no toman en cuenta que a las personas con una discapacidad se les debe de apoyar para que su desarrollo sea de manera igualitaria a los demás, desde la educación, la salud, la infraestructura, la economía, la tecnología, etcétera, debe de tomarse en cuenta a las personas con una discapacidad. No podemos permitir desde esta Cámara que no se dé un trato igualitario. Es nuestro deber vigilar que se les dote de lo necesario para que su vida sea placentera y que tengan un desarrollo junto con su familia. En México tenemos que lograr que los casi 5 millones 739 mil 270 personas que muestran algún tipo de discapacidad, es decir, el 5.1 por ciento de la población, según el Inegi, se incrusten a una vida productiva. Actualmente, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Hoy en día, la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos, la cual debe ser atendida por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los mismos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos por la misma, así como de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por lo anterior, no existe ninguna disposición que limite en el ejercicio de sus derechos a personas con alguna discapacidad. De hecho, el mismo sistema jurídico mexicano establece las bases para que los gobiernos, en sus distintos órdenes, establezcan programas y políticas públicas que ayuden a su integración y a la mejora en su calidad de vida. Si bien es cierto que durante los últimos años los esfuerzos para garantizar el pleno respeto a los derechos de este sector social han ido en aumento, también es muy cierto que no han sido suficientes; aún falta mucho por hacer. La infraestructura de la vida pública, por ejemplo en las vías públicas, el transporte, los edificios, instalaciones y servicios públicos y privados que son precisamente de uso público no son accesibles en su inmensa mayoría. Las acciones realizadas se enfocan preponderantemente en la discapacidad motriz, dejando de lado la sensorial, como es la visión y la audición y las de carácter intelectual, mental y sicosocial. Por otra parte, la discriminación de la que son objeto en razón de sus particularidades físicas o biológicas conductuales se acentúa por factores como el género la condición socioeconómica y la pertenencia étnica. Existe una imagen estereotipada de este sector tanto en la sociedad como en quienes diseñan e implementan las políticas públicas, considerándolos como necesitados de asistencia y no como personas sujetas a derechos. En lo que corresponde a la discapacidad auditiva o sordera, la Organización Mundial de la Salud revela que existen más de 360 millones de personas que sufren pérdida de audición discapacitante en el mundo, de los cuales más de 694 mil 452 personas la padecen en México. Algunos estudios sobre lingüística han demostrado fehacientemente que las lenguas de señas dan a los individuos con discapacidad auditiva o sordera la capacidad de expresión y abstracción como cualquier lengua humana. La lengua de señas mexicanas es la lengua natural de las comunicaciones de sordos, su principal característica es su forma de transmisión visual, la cual les permite comunicarse con miembros de su comunidad o con el mundo que les rodea. Sin embargo, dentro del sistema jurídico mexicano aún existen términos o palabras que para las personas con discapacidad auditiva o sordera no son fáciles de comprender debido a que actualmente no existen señas o símbolos claros que especifiquen su significado o comprensión para determinadas palabras. Por lo anterior, la obligación de las instituciones de administración e impartición de justicia para la creación de un glosario jurídico de esta lengua de señas mexicanas, dotará a las personas con discapacidad auditiva o sordera, de la oportunidad de obtener, comprender e interpretar las normas legales en beneficio propio. De esta manera, el dictamen a discusión nos parece un avance importante en la materia como medio para mejorar la interacción de las personas con discapacidad y su entorno. Sin embargo, hace falta seguir impulsando políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y género, los cuales cuenten con un marco institucional y programas eficientes y eficaces para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.