La diputada Angélica Reyes Ávila: Hace falta un mayor conocimiento y capacitación para terminar con las barreras de infraestructura a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Con la venia de la Presidencia, señoras y señores legisladores, les saludo con afecto y respeto. Me dirijo a esta asamblea para hablar a favor del dictamen, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Nuestra Constitución Política establece en el último párrafo de su artículo 1o, que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, entre otras circunstancias que atenten contra la dignidad humana y tengan por efecto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En coincidencia con este precepto constitucional y para dar un efectivo cumplimiento a los compromisos internacionales que nuestro país tiene signado en esta materia, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que establece como uno de sus principios la accesibilidad. Es necesario aprobar el dictamen que hoy presenta la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. El artículo 9 del citado instrumento internacional señala: Los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. En Nueva Alianza estamos decididos a contribuir para que los obstáculos a los que todos los días se enfrentan quienes padecen alguna discapacidad sean eliminados. Para conseguir que este derecho se haga efectivo es preciso que se cuente con mecanismos de monitoreo y evaluación, a fin de garantizar la accesibilidad. Esta circunstancia fue mencionada en el informe que presentó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2014, respecto al cumplimiento y avances de obligaciones adquiridas por nuestro país en dicha convención. En este aspecto la ley vigente carece de mecanismos de queja o de sanciones efectivas por el incumplimiento de las normas sobre accesibilidad, esta situación es la que se pretende cambiar con la reforma. Según cifras del más reciente Censo de Población realizado por el Inegi en 2010 hasta ese año había casi 6 millones de personas que vivían con alguna discapacidad a nivel nacional, esta cifra representó el 5.1 por ciento de la población del país. La cifra para 2015, de acuerdo con el mismo instituto, es que un 6.6 por ciento de la población mexicana reportó tener alguna discapacidad, siendo en su mayoría personas adultas mayores con 51.4 por ciento. Esta cifra aumentará mientras se incremente el promedio de edad de la población. Según la Encuesta Intercensal del Inegi 2015, la población en edad avanzada representa el 7.2 por ciento de la población del país. Por este motivo es preciso prever y tomar las medidas pertinentes para proveer de accesibilidad a millones de mexicanas y mexicanos. En Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen porque las razones son evidentes. Es imperativo que se tomen las acciones que se requieren según la Convención, no sólo porque es un compromiso y una obligación internacional, sino más importante aún, porque es un derecho humano que corresponde garantizar al Estado mexicano. Diputadas y diputados, podemos cambiar las cosas. Hagámoslo con sensibilidad, pero sobre todo con responsabilidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.