EL DIP. JAIME CERVANTES RIVERA: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su posición en torno al dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Como se recordará, pequeños ahorradores en nuestro país fueron víctimas de la voracidad y la ambición de muchos defraudadores que bajo el pretexto de otorgar intereses más altos que los que pagaban los bancos, esquilmaron a cientos de miles de esos pequeños ahorradores. Las cajas de ahorro popular se convirtieron en sinónimo de fraude y robo a lo largo y ancho del país, demandas penales y civiles se sucedieron una tras otra contra los administradores de esas cajas. Hasta la fecha, la mayoría de esas demandas no han tenido respuesta. Como ejemplo, tenemos el caso de los ahorradores de la Caja de Ahorro Capricornio en Mazatlán, Sinaloa, que siguen esperando que la autoridad correspondiente actúe y logre resarcir el patrimonio que perdieron frente a esos administradores voraces. Esos escándalos alertaron a la sociedad y a los miembros del Congreso de la Unión que no esperaron que el problema trascendiera y provocase mayores daños a la sociedad mexicana. Fue así como surgió la necesidad de crear un marco normativo propio para regular el funcionamiento de esas cajas de ahorro. Este proyecto, como se recordará, se concretó con la aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de junio del 2001. Sin embargo, como era de esperarse, dada la premura que antecedió la discusión y aprobación de esta ley, determinado fundamentalmente por el contexto prevaleciente de la urgencia de contar con una ley específica sobre la materia, quedaron algunos vacíos o bien se fue más allá de lo requerido en materia de regulación, lo cual convertía la ley vigente en una camisa de fuerza para el desarrollo de los agentes involucrados en estas actividades financieras. No debemos olvidar que la visión de los legisladores de promover y alentar la existencia de cajas de ahorro, se sustente en algo real que ocurre en este país y ese hecho está relacionado con la nula vinculación del Sistema Bancario Nacional con las actividades productivas. Nadie puede negar que los bancos comerciales, no están cumpliendo con su papel de apoyar con recursos financieros a los pequeños y medianos productores, en estas circunstancias la existencia de las Cajas de Ahorro cumple una función primordial al sustituir el papel de los bancos, mediante el otorgamiento de préstamos a sus propios socios, para hacer frente a sus necesidades de liquidez para sus negocios. En ese sentido, las reformas que se proponen a la ley vigente, nos parecen muy necesarias y convenientes, porque refuerzan el sentido de esa ley y reconocen las necesidades que tienen los socios de estas Cajas de Ahorro. Por ejemplo, al no considerar como operaciones de ahorro y crédito popular, las que realizan las asociaciones y sociedades civiles, así como los grupos de personas físicas, que tienen por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus integrantes para la colocación de entre éstos, y que cumplan con los requisitos que se plantean en las reformas en comento. Nos parece que se trata de flexibilizar el funcionamiento de este ámbito financiero, pero sin dejar de lado su regulación. Asimismo, al definirse las palabras como entidad de ahorro y crédito popular, sociedad financiera popular, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, caja rural u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, sólo podrán ser utilizadas en la denominación de las entidades que se autoricen, para operar los términos de la ley en comento. Se evita con ello que cualquier operador de ahorro y crédito popular, se ostente como tal, sin contar con la autorización respectiva. No menos trascendente resulta el hecho de que se proponga la ampliación del plazo de dos a cuatro años, para que estas Cajas de Ahorro puedan solicitar a las autoridades financieras, integrarse a dicha norma y operar como una entidad de ahorro y crédito. En ese mismo tenor debe considerarse el reconocimiento, de que manera específica las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, puedan ser objeto de estímulos fiscales por parte del gobierno federal, como un acto de equidad, toda vez que los banqueros de este país, no sólo se les premia con estímulos fiscales sino que además se le regalan miles de millones de pesos en forma anual a través del IPAB. Por las consideraciones expuestas, el voto parlamentario del Partido del Trabajo está a favor de aprobar, en lo general y en lo particular, el contenido de las reformas que se señalan a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que hoy discutimos. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias. -