El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, diputado Presidente; honorable Asamblea: Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en su carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución General de la República; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción XII y se recorre con una reforma de la fracción XIII del artículo 215 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denominado "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado", establece cuatro tipos de responsabilidades: la penal, la política, la administrativa y la civil. La responsabilidad en nuestro derecho positivo mexicano es la obligación que tiene el servidor público de responder ante la sociedad por sus actos indebidos o ilícitos, según lo establece la ley, y se rige por el principio de autonomía. Por ello existen procedimientos, supuestos y sanciones diferentes para cada responsabilidad, toda vez que el objeto de estas normas es que el sujeto conozca las consecuencias de sus actos realizados de manera consciente. La relación causal entre los actos y sus consecuencias en las responsabilidades se somete a un juicio de reproche de la sociedad y una reacción legal frente al daño producido por el servidor público, cuya finalidad es reprimir el mal causado, tal como ocurre en el caso de la responsabilidad penal. Esta responsabilidad se establece en el Libro Segundo, Título Décimo, del Código Penal Federal, cuyo fundamento legal precisa en qué consiste el delito de abuso de autoridad. De las 12 hipótesis que prevé el artículo 215 del Código Penal Federal, ninguna incluye al servidor público en el desempeño de su función respecto a la administración de fondos públicos cuando no son ejercidos en los tiempos y las formas fijados por las leyes, lo cual debe ser sancionado. Por otra parte, debemos distinguir que el delito de peculado tampoco establece la hipótesis de la naturaleza que se analiza, referida al subejercicio del gasto público presupuestado. Los planteamientos de mérito nos hacen fijar nuestra atención en horizontes legislativos más amplios, a partir de los sucesos que han venido ocurriendo durante los últimos años de gobierno, en los que los servidores públicos se abstienen de cumplir las obligaciones establecidas en los programas que dieron origen a su gestión. Caso concreto, cuando esta Cámara de Diputados aprueba el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se establecen programas de inversión, destinados a un objetivo concreto para beneficio de la sociedad, y el servidor público responsable de su operación, no obstante tener los recursos, no cumple la obligación de ejercerlos para los objetivos fijados dentro del periodo fiscal sino que, simplemente, no los ejerce en tiempo y forma, sin mediar motivo justificado. Hoy mismo estamos padeciendo esas violaciones: transcurre el mes de marzo y aún no se han proporcionado los recursos a las entidades federativas, conducta que colma los presupuestos para considerarse responsable de un ilícito, mismo que debe sancionarse penalmente porque sus consecuencias perjudican a la sociedad y conculcan el Estado de derecho, por lo que es necesario adicionar un tipo penal al Capítulo Tercero del Código Penal Federal, referente al delito de abuso de autoridad para los actos que afectan el ejercicio de la libertad política del Estado. El interés general que representa el gasto público para beneficio de los gobernados que se traduce en programas fallidos al no ejercerse los fondos para la finalidad que fueron destinados o fuera del tiempo programado, independientemente de que las sumas sean reintegradas a la Auditoría Superior de la Federación, subsiste una conducta de omisión que de ningún modo repara el daño producido con la devolución del capital, toda vez que esa acción es una obligación ajena al caso que no exime de la responsabilidad contraída con los mexicanos. Por ello es necesario valorar los elementos del tipo penal, así como los alcances de afectación del bien jurídico tutelado, además de que es el medio idóneo para sancionar a los servidores públicos que violan el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y se escudan en discursos falsos para justificar su incumplimiento, que produce severas afectaciones a la sociedad. Debemos brindar a los mexicanos elementos legales que garanticen la certidumbre jurídica de que las asignaciones federales destinadas para los programas económico-sociales sean ejercidas como lo preceptúan el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Planeación, la Ley de Coordinación Fiscal y los demás ordenamientos legales que establecen obligaciones en este sentido, para beneficio del país. Para los efectos de la sanción, deberán adicionarse el párrafo primero de la fracción XIII reformada, y la fracción XII, con la misma penalidad para las conductas referidas a las fracciones ahí señaladas. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII y recorre con una reforma a la fracción XIII del artículo 215 del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos: Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: I. a XI. (Quedan como están) XII. El servidor público que, estando obligado legalmente a administrar o a aplicar recursos públicos federales, se abstenga de ejercer los mismos de manera parcial o total en los plazos fijados o modifique o altere los objetivos establecidos en las leyes o decretos. XIII, párrafo primero. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XIII se impondrán de uno a ocho años de prisión, de 50 hasta 300 días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Transitorio Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2005. Solicito de manera respetuosa, señor Presidente, que se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.