La diputada María Eugenia Hernández Pérez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación, innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Es de señalar además que la ciencia, la investigación y la innovación tecnológica constituyen actividades que contribuyen a elevar los niveles de productividad y a mejorar la competitividad de las personas, de las organizaciones y de las naciones, impulsando así el progreso y una mejor calidad de vida para las personas. Esto ha sido reconocido y fomentado por las grandes potencias, quienes invierten importantes cantidades de recursos en este sector. Inversiones que permiten el crecimiento de las economías, abren nuevas fuentes de trabajo y contribuyen a mejorar el ingreso per cápita. En este orden de ideas, es necesario promover e incentivar las inversiones privadas, así como fomentar y garantizar la inversión pública en esta área del desarrollo. Por lo que respecta a la inversión pública en México, la ley de la materia en el artículo 9 Bis establece que el Ejecutivo federal y los gobiernos de cada una de las entidades federativas deben concurrir al financiamiento de la investigación científica y tecnológica conforme a los ingresos y gasto púbico de cada uno de ellos, y no podrá inferir al 1 por ciento del producto interno bruto del país. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible cubrir la totalidad de la inversión establecida. De ahí que la propuesta que hoy se somete a consideración de esta soberanía pretende establecer que en tanto no se alcance la meta del 1 por ciento del PIB, el presupuesto federal en ciencia, tecnología e innovación no podrá ser menor al del aprobado en el año fiscal anterior. Esto con el fin de que, pese a las vicisitudes económicas del país, quede garantizado el impulso presupuestario permanente y no regresivo en materia de ciencia, tecnología e innovación, garantizando con ello que las inversiones destinadas a las convocatorias, acciones o programas públicos prioritarios no se vean disminuidas, lo que derivará en estabilidad y certidumbre presupuestaria para este sector. De igual forma, el nuevo mandato propuesto contribuirá a mantener y fortalecer el compromiso de esta Cámara y al Poder Ejecutivo con la comunidad académica y científica. En el Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidos que una de las mejores inversiones de los recursos públicos es aquella que se destina a la investigación, a la educación, toda vez que ello contribuye al desarrollo económico y social de nuestro país. De ahí que nos pronunciamos a favor del presente dictamen, a favor de la innovación tecnológica, del desarrollo científico y de la investigación científica y humanística. Invertir en ciencia, tecnología e innovación es invertir en un mejor futuro para México. El financiamiento de este estratégico sector es uno de los pilares de la transformación de la relación entre la ciencia, el Estado y la sociedad. Con esta reforma avanzamos en la construcción de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología que demanda el país y que mandata la Constitución. Garantizar un presupuesto adecuado para la ciencia, la tecnología permitirá orientar sus beneficios hacia el bienestar social, distribuir equitativamente sus frutos y responsabilidades entre los sectores sociales, las empresas y el Estado. Cierro con esta frase de Louis Pasteur: La ciencia no sabe de países, porque el conocimiento le pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina al mundo. La ciencia es el alma de la prosperidad, de las naciones y la fuente de todo progreso. Es cuanto.