El diputado Ricardo Alegre Bojórquez: Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con la siguiente exposición de motivos: La cultura de la legalidad es un tema que con mayor frecuencia nos exige la sociedad. Por ello, la necesidad de buscar el respeto a la ley para que nos lleve a vivir en un estado de paz y de tranquilidad. Para ello, debemos de atacar y resolver los obstáculos que México atraviesa para consolidar una verdadera cultura de respeto al estado de derecho. Consideramos que uno de ellos consiste en el delito de la piratería, el cual es en términos prácticos el robo del ingenio, la creatividad y el esfuerzo de un tercero. Dicho ilícito ha tenido en nuestro país un desarrollo tal, que ha llevado a México a ocupar a nivel mundial deshonrosos primeros lugares en dicha materia. Ante tal situación, esta Legislatura ha hecho acciones con el ánimo de combatir dicho delito; sin embargo, no obstante los esfuerzos realizados, aún falta por encontrar un tipo penal específico que sancione a la piratería en todas sus modalidades y en especial, a la piratería en materia de telecomunicaciones. Actualmente prevalecen muchas formas en las que la gente lucra con el robo de la señal de televisión, sobre todo en los sistemas de televisión satelital o por cable. Ejemplo de ello es la venta de contenidos fuera del territorio autorizado por el titular de los derechos. La distribución o venta del contenido de un canal de televisión, las violaciones al código de ética de los trabajadores de la empresa de distribución, ofreciendo ilegalmente conexiones rápidas y seguras, así como también la venta de las claves de seguridad de los decodificadores de señal. Por desgracia dicha práctica de ha hecho tan común, que no sólo grupos delictivos organizados realizan dicha actividad, sino que ahora también existe mucha gente que sin estar consciente de su conducta, se aprovecha de una señal de cable o de satélite. Según cifras recientes uno y medio millones de hogares mexicanos consume ilícitamente el servicio de televisión por cable, mientras que un número importante también consume ilícitamente las señales de la televisión satelital por medio de la compra de antenas ilegales. El fenómeno de la piratería está inhibiendo las oportunidades de crecimiento y consolidación de las industrias de telecomunicaciones, las consecuencias van más allá del aspecto puramente económico. En el caso específico, hablamos de un daño a nuestro patrimonio cultural, la pérdida de generaciones de creadores intelectuales y el detrimento de una verdadera cultura de la legalidad. Más grave aún es el daño hecho a la sociedad, especialmente a los niños ya que su aprendizaje está rodeado de falta de valores y de la cultura de que el que no tranza, no avanza. En razón de lo anterior nuestro país requiere de un marco jurídico acorde a la realidad que vivimos, que proteja el uso, aprovechamiento y explotación de las redes públicas de telecomunicaciones, a través de las cuales se llevan a cabo la transmisión de datos, imágenes, sonidos y videos por parte de los distribuidores y operadores de televisión, así como por parte del público en general. Sin embargo, dicha tutela debe ser acorde a nuestra realidad y atendiendo a la calidad específica de los sujetos que cometen dichos ilícitos. Por ello, en la iniciativa que se presenta, se propone sancionar con penas privativas de libertad, a quien cometa dicho ilícito con el fin de lucro y tan solo sancionar con una multa para quien se aproveche de una señal sin un fin lucrativo y así poder tipificar dichas conductas con un sentido humano. Estamos seguros que la reforma propuesta podrá atacar a los dos problemas que enfrenta la piratería. En primer lugar a los delincuentes que con ánimo de lucro se roban la señal de una transmisión sin estar autorizados para ello. Y por el otro imponer una mayor cultura de la legalidad en aquellos casos en los que personas que no son delincuentes, se aprovechan igualmente de una señal de televisión, sin estar conscientes del daño que ocasionan. Por lo anterior se propone castigar las conductas que sin la concesión de la autoridad competente lleven a cabo la instalación, operación o explotación de la programación de la televisión restringida, sometiéndose a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 168 bis-1, 168 bis-2 y 168 bis-3, al Código Penal Federal. Artículo UNICO. Se adicionan los artículos 168 bis-1, 2 y 3 del Código Penal para quedar como sigue: Artículo 168 bis-1, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de 500 a mil días de multa, a quien con ánimo de lucro y sin derecho, se aproveche, acceda, use o explote el contenido de cualquier material que sea parte de la programación transmitida por el servicio de televisión restringida terrenal o de vía satélite. Artículo 168 bis-2. A quien con ánimo de lucro y sin derecho, instale el servicio de televisión restringida terrenal o de vía satélite, se le impondrán de 1 a 3 años de prisión y multa de 500 a 1000 días de salario. Las penas previstas en los dos artículos anteriores se aumentarán hasta en una mitad, cuando en el delito participe algún empleado o dependiente de algún concesionario o permisionario de televisión restringida. Artículo 168 bis-3. Se impondrá una pena de 500 a 1000 días de multa de salario, a quien sin ánimo de lucro y sin derecho, use, acceda o se aproveche de la programación transmitida por el servicio de televisión restringida terrenal o de vía satélite. En caso de reincidencia se impondrán las penas previstas en el artículo 168 bis. El transitorio: Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 23 días del mes de febrero del año 2006. Muchas gracias presidente.