La diputada Idalia Reyes Miguel: Con su permiso, señora presidenta. A cada rato nos acordamos de nuestro hijo. Si vemos una foto o algo nos sentimos mal. Si estamos comiendo nos acordamos, si él estará comiendo o estará bebiendo. ¿Le darán agua o no?, o no sabemos cómo está. Palabras de un padre de Ayotzinapa. A cuatro años del aberrante ataque y desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el dolor de la ausencia sigue vigente. En la normal pueden verse los carteles con las imágenes de los 43 estudiantes Israel Lugardo Jacinto, Cutberto Ortiz Ramos, Jonás Trujillo González, Bernardo Flores Alcaraz. La amarga noche del 26 de septiembre de 2014 es un episodio abierto en la historia del país marcada por la incapacidad, la falta de voluntad y la complicidad del gobierno, que ha sido el aderezo esencial cuya pretensión de fondo es el silencio, acallar las voces con la verdad histórica, que de verdad no tiene ni un ápice. Es un intento fallido para este gobierno que a su paso ha navegado con bandera de la injusticia y la impunidad. Con el ataque, asesinato y desaparición de los normalistas el Estado asestaba un duro golpe a las normales rurales de México. Las campañas de desprestigio, las reducciones presupuestarias no le fueron suficientes para desaparecer las pocas esperanzas y oportunidades de estudios de los más humildes y desprotegidos del país. La educación crítica y con conciencia de clase que se imparte en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos incomodaba las estructuras del poder. La desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa no es un hecho aislado, es complacencia o por acción propia de las autoridades civiles y militares. Este hecho se ha generalizado por los grupos delincuenciales que existen en el país y que para beneficio del gobierno han cimbrado a la población con el terror de los levantones, los ajusticiamientos y la violencia generalizada que horroriza y doblega a la sociedad haciendo del miedo la herramienta predilecta de dominación y control social. La desaparición forzada de personas es una estrategia utilizada por las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia o grupos paramilitares, quienes actúan con la cooperación, la tolerancia y el sentimiento del Estado, constituye un delito de lesa humanidad, pues vulnera y violenta la dignidad humana, utilizada tradicionalmente como estrategia en contra de los llamados grupos subversivos. Las desapariciones forzadas han sido en México una política discrecional del Estado, amparándose en la seguridad nacional. Quienes por años han ostentado el poder y lo han utilizado para reprimir movimientos sociales, como lo hicieron el 2 de octubre del 68 o en la llamada guerra sucia. En México en los últimos años hay más de 35 mil desapariciones registradas y miles más que no han sido reportadas No sabemos cuántas de estas pueden considerarse como desapariciones forzadas. Sigue siendo una incógnita porque muchas se manejan como secuestros, extravíos o privación ilegal de la libertad, incluso cuando se ha confirmado la intervención de funcionarios públicos, eso que determinaría su condición forzosa. La verdad y la justicia, como principio supremo deben orientar las acciones para el caso Ayotzinapa, así como el castigo a los verdaderos responsables, que garantice la no repetición y se termine con el espectro de impunidad que ha prevalecido en el pueblo de México. Para muchos es fácil desde la comodidad de la tribuna pedir justicia cuando antes nunca movieron un solo dedo para apoyar a los padres normalistas, cuando nunca se acercaron a una marcha o a un mitin para solidarizarse y manifestar la exigencia de verdad y de justicia. Es por ello que este proceso de transición histórica hoy más que nunca Ayotzinapa resuena con indignación y clamor de verdad y de justicia. Es una deuda histórica para las víctimas. Es urgente dar respuesta y adoptar políticas claras, coherentes. Es urgente eficientes participativas e inclusivas para as víctimas. Por tal motivo solicito que se integre en esta honorable Legislatura una comisión que dé seguimiento y proceda a la revisión de los archivos y documentos de la Comisión Especial Para el Caso Ayotzinapa, creada en la pasada Legislatura. Además, insto a esta soberana asamblea a proveer a las familias de los 43 normalistas, de la información con que cuenta este recinto. Hasta encontrarlos. Con su permiso.