EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado José Narro Céspedes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto en el Orden del Día es la Agenda Política, en ella se ha inscrito el tema de comentarios a la iniciativa de reformas a los Artículos 72, 74, 75 y 126 Constitucionales, que remitió el Ejecutivo federal, y estos comentarios estarán formulados por el diputado Miguel Barbosa Huerta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a quien se le concede la palabra hasta por 10 minutos. EL C. Dl PUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias presidente. Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LVIII Legislatura, presento posicionamiento político, en relación con la iniciativa de proyecto de decreto que reforman los Artículos 74 fracciones III, IV y VI; 75 y 126;que adiciona un segundo párrafo al apartado b) del Artículo 72; y deroga la fracción VII del Artículo 74 de la Constitución, enviada por el Presidente de la República a esta H. Cámara de Diputados, como parte de la llamada reforma hacendaria integral y en la que corresponde a la reforma presupuestaria en los términos siguientes: En las democracias modernas el control financiero constituye el instrumento más eficaz del Legislativo en su relación de equilibrio con el Ejecutivo. Sin embargo, en nuestro sistema político, el Poder Legislativo nunca ha ejercido con éxito esta facultad de controlar y fiscalizar al Ejecutivo. La pertenencia de casi la totalidad de sus integrantes el mismo partido político que el Presidente de la República, hizo Legislaturas dóciles y sumisas, claudicaron sus facultades para supervisar la actividad de aquél en el ejercicio del gasto público. No obstante, la sola pluralidad representada en la composición de las Cámaras, desde la LVII Legislatura, no ha sido suficiente para reivindicar totalmente al Congreso, el denominado poder de la bolsa, en su difícil relación con el Ejecutivo. Ahora en el proceso de una verdadera transición a la democracia, apremia la necesidad de una nueva normativa, que dote de efectivos instrumentos legales para supervisar y controlar a quienes han sido elegidos mediante el voto popular, para asegurar que la utilización de los recursos presupuestarios, se efectúe de acuerdo con las prescripciones aprobadas. Una vez que los procedimientos electorales han posibilitado la realización de elecciones lo necesariamente confiables, la consolidación de la democracia exige de una segunda fase: la de los perfeccionamientos de los mecanismos de supervisión en el diseño y ejercicio del gasto público, mediante una reforma legislativa, que en el caso específico de la materia presupuestaria se oriente cuando menos hacia cinco directrices esenciales. Terminar con el monopolio del Presidente de la República en la iniciativa de presupuesto de egresos y ley de ingresos, aumentar a cuando menos 90 días el plazo con que cuentan los legisladores, para examinar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Terminar con la dualidad del presupuesto de egresos y la ley de ingresos, que atenta contra los principios de universalidad y unidad en el presupuesto, para darles a ambos el carácter de ley y con ello otorgar al Senado participación en su aprobación. Revisar el formato de presentación del presupuesto de egresos, para que aborde simultáneamente el origen y aplicación de los recursos públicos; prohibir expresamente el veto presidencial al Presupuesto de Egresos y a la Ley de Ingresos que rompe con el equilibrio de Poderes. Ninguno de esos objetivos y disyuntivas recoge y plantea como suyos la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución en materia presupuestaria enviada ahora por el titular del Ejecutivo; por el contrario, el proyecto de decreto que el Presidente de la República, licenciado Vicente Fox ha puesto a consideración de esta soberanía, es contraria a las reglas que rigen el proceso legislativo en el derecho constitucional mexicano y a la naturaleza jurídica de actos formalmente legislativos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. Rompe el equilibrio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, introduce una grave incongruencia y contradicción en el texto constitucional, atenta contra el carácter sistemático de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; antepone como prioridad el equilibrio presupuestario y el pago de la deuda a la reorientación de los recursos públicos que se destinen al desarrollo; pretende introducir en el texto constitucional disposiciones cuya regulación no debe ser objeto de la Constitución, sino de una ley secundaria. El artículo 73, fracción VII de la Constitución General de la República, faculta al Congreso para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto y el artículo 74, fracción "estatuye" como potestad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. Jurídicamente no hay duda, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación son actos formal mente legislativos y como actos formalmente legislativos, de acuerdo con las reglas de proceso legislativo en el derecho constitucional mexicano, para convertirse en ley requieren ser íntegramente aprobados por el órgano Legislativo; el Presupuesto de Egresos por la Cámara de Diputados y la Ley de Ingresos por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Empero, contrariando las reglas que rigen al proceso legislativo en el derecho constitucional mexicano, en la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución, se establece la posibilidad de aún cuando rechazados y modificados en su totalidad los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación se conviertan en ley sin ser aprobados por las Cámaras del Congreso sólo por no ser superadas por una mayoría calificada de dos terceras partes, las observaciones que hubiese efectuado el Ejecutivo Federal. Por otra parte, en los términos en que quedaría estructurada su substanciación de acuerdo a la iniciativa, artículo 75 apartado "A", fracción II, incisos a) y d), la facultad del Ejecutivo Federal para hacer observaciones a las modificaciones aprobadas por el Congreso a la Ley de Ingreso y la Cámara de Diputados al Presupuesto de Egresos, terminaría con cualquier posibilidad de equilibrio entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo en materia presupuestaria. En las condiciones de pluralidad y correlación de fuerzas que existen en ambas Cámara del Congreso de la Unión, exigir una inalcanzable mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos de los miembros presentes, haría insuperable las observaciones que hiciera el Presidente de la República a las modificaciones aprobadas por el Legislativo a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, trastocando la esencia de institución del veto de mero acto de colaboración legislativa, al entregar al titular del Ejecutivo influencia definitoria en el diseño y ejercicio del gasto público. En otro orden, en nuestro sistema de facultades expresa, a los Poderes Federales es claro y terminante que el artículo 72 sólo concede al Ejecutivo el derecho de veto respecto a las resoluciones del Congreso de la Unión; el Presupuesto de Egresos de la Federación, no es un acto del Congreso de la Unión. Su aprobación ha sido confiada en forma exclusiva a las Cámaras de Diputados, artículo 74, fracción IV. Como consecuencia, jurídicamente es evidente que el Presupuesto de Egresos de la Federación no es vetable por tratarse de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Facultar al Ejecutivo Federal para efectuar observaciones a las modificaciones aprobadas por la Honorable Cámara de Diputados a la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación como se pretende en la iniciativa, aún cuando su regulación se llevare a una nueva redacción del artículo 75, introduciría por tanto una grave contradicción en el texto constitucional y rompería con la unidad técnica en la materia, al estar en flagrante desacuerdo con la regla general del artículo 72 constitucional. En otro aspecto de la iniciativa de reformas, debe decirse que una ley en esencia tiene una unidad y un carácter sistemático, todos sus preceptos están interrelacionados y forman un sistema normativo en el que unos a otros se interpretan. En este orden posibilitar la publicación o promulgación parcial de la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos sólo con los artículos aprobados en el caso de observación parcial, rompería la unidad misma y el carácter sistemático de esos ordenamientos jurídicos, además de que desvirtuaría la naturaleza misma del veto como acto de colaboración legislativa. Y si se atiende a los lineamientos económicos que la orientan, es claro que la iniciativa de reformas v adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia presupuestaria, antepone el equilibrio presupuestario y el pago de la deuda, a la reorientación ce recursos públicos que se destinen al desarrollo. En la coyuntura política y económica actual del país, resulta impostergable reivindicar el papel del Presupuesto como promotor del desarrollo social. Sin embargo, queriendo consolidar y elevar a rango constitucional los lineamientos de Política macro económica seguidos por los últimos sexenios neoliberales, en la redacción del artículo 126 de la iniciativa se pretende subordinar la política presupuestaria de la nación al servicio de la deuda pública y a un equilibrio presupuestario que pasa sobre el gasto programable destinado a las actividades del desarrollo económico y social del país. "Finalmente, también son de observarse insuperables errores de técnica legislativa, toda vez que haciendo abuso de un espíritu reglamentista, la iniciativa de reformas y adiciones pretende insertar en el texto constitucional disposiciones cuya regulación no debe ser objeto de la Constitución, sino de la Ley Secundaria. "Para un futuro próximo inmediato, labor trascendente del Congreso de la Unión consistirá en efectuar una revisión técnica integral de la Carta Magna, para liberarla de esas incongruencias y errores de técnica legislativa. Pero desde ahora debe impedirse con todo rigor insertar en el texto fundamental disposiciones que deben considerar se propias de la legislación secundaria, corro las que ahora propone elevar a rango constitucional el Presidente de la República en los párrafos del segundo al sexto del artículo 126 de su proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia presupuestaria." Esos son mis comentarios señor presidente. Rogaría que pudiera ordenar fueran insertados de manera integran en la Gaceta del día de mañana, por la importancia y para que los compañeros diputados pudieran tener acceso a los mismos. Gracias. PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría que de conformidad con la petición del diputado Miguel Barbosa Huerta, se inserten su comentarios en la Gaceta de esta Cámara. POSICION DEL DIPUTADO FEDERAL LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA DE LA LVIII LEGISLATURA, EN RELACION CON LA INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 74 FRACCIONES III, IV Y VI, 75 Y 126, ADICIONA UN SEGUNDO P+RRAFO AL APARTADO B DEL ARTICULO 72, Y DEROGA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCI_N, ENVIADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A ESTA HONO~'ABLE CAMARA DE DIPUTADOS. En las democracias modernas, el control financiero, constituye el instrumento más eficaz del Legislativo en su relación de equilibrio con el Ejecutivo. Sobre la base de este poder, que fue el primero que se opuso con éxito a la arbitrariedad de los monarcas, surge la función legislativa, como compensación al consentimiento que hacían las asambleas a los soberanos para recaudar tributos o exigir prestaciones. En nuestro sistema normativo, cuatro son las principales facultades en materia hacendaría que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al poder Legislativo para ejercer el control financiero: aprobación de la Ley de Ingresos; aprobación del Presupuesto de Egresos; revisión del gasto público y contratación de empréstitos. Sin embargo, en la práctica, el Poder Legislativo nunca ha ejercido con éxito esa facultad de controlar y fiscalizar al Ejecutivo. La pertenencia de casi la totalidad de sus integrantes al mismo partido político que el Presidente de la República, hizo legislaturas dóciles y sumisas, que abdicaron sus facultades para supervisar la actividad de aquél en el ejercicio del gasto público. El resultado fue nefasto para el país, la facultad de hecho, absoluta y unipersonal, del titular del Ejecutivo sobre las políticas de estabilización y ajuste; y una administración pública ineficiente, penetrada desde arriba por la corrupción, con acentuadas prácticas autoritarias, burocráticas, patrimonialistas y clientelares. La sobrada mayoría calificada del partido político en el poder durante décadas, como lo señala el Doctor Luis Carlos Ugalde, determinó que el Congreso mexicano haya actuado más como agente del Ejecutivo que como supervisor de sus actos, causando un desequilibrio profundo en la relación entre los Poderes Públicos. La falta de fiscalización pronta y adecuada fomentó, por omisión, la irresponsabilidad política y la falta de rendición de cuentas; de facto, el Presidente de la República concentró día con día más poderes públicos más allá de su órbita competencial, al tiempo que el Legislativo redujo su prestigio y sus poderes. No obstante, la sola pluralidad representada en la composición de las Cámaras, desde la LVII Legislatura, no ha sido suficiente para reivindicar totalmente al Congreso el denominado "poder de la bolsa" en su difícil relación con el Ejecutivo. Ahora, en el proceso de una verdadera transición a la democracia, apremia la necesidad de una nueva normativa que dote de efectivos instrumentos legales para supervisar y controlar a quienes han sido elegidos mediante el voto popular, para asegurar que la utilización de los recursos presupuestarios se efectúe de acuerdo con las prescripciones aprobadas. En una primera etapa del proceso de democratización del país, la instrumentación de una legislación electoral aceptable posibilitó la alternancia en el poder y la conformación plural del Congreso; una segunda etapa, de consolidación, exige de normas eficaces para supervisar el diseño y ejercicio del gasto público, de tal manera que las demandas de los electores se transformen en programas y actos de gobierno. Un proceso de democratización que evada y aplace la redefinición del control financiero y deje intocadas las estructuras para la toma de decisiones y el manejo de los recursos públicos en potestad casi exclusiva del titular del Ejecutivo, siempre será un proceso inacabado en la búsqueda de un sano equilibrio de poderes. Una vez que los procedimientos electorales han posibilitado la realización de elecciones lo necesariamente confiables, la consolidación de la democracia exige de una segunda fase, la de perfeccionamiento de los mecanismos de supervisión en el diseño y ejercicio del gasto público, mediante una reforma legislativa que en el caso específico de la materia presupuestaria se oriente cuando menos hacia 5 directrices esenciales: terminar con el monopolio del Presidente de la República en la iniciativa de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos; aumentar a cuando menos 90 días el plazo con que cuentan los legisladores para examinar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos; terminar con la dualidad de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, que atenta contra los principios de universalidad y unidad del presupuesto, para darles a ambos el carácter de ley y con ello otorgar al Senado participación en su aprobación; revisar el formato de presentación del Presupuesto de Egresos para que aborde simultáneamente el origen y la aplicación de los recursos públicos; prohibir expresamente el veto presidencial al Presupuesto de Egresos y a la Ley de Ingresos, que rompe con el equilibrio de poderes. Ninguno de esos objetivos y disyuntivas recoge y plantea la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución en materia presupuestaria enviada ahora por el titular del Ejecutivo. Por el contrario, el proyecto de decreto que el Presidente de la República, Licenciado Vicente Fox, ha puesto a consideración de esta Soberanía: es contraria a las reglas que rigen el proceso legislativo en el Derecho Constitucional mexicano y a la naturaleza jurídica de actos formalmente legislativos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; rompe el equilibrio entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo; al facultar al Ejecutivo federal para realizar observaciones a las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, introduce una grave incongruencia y contradicción en el texto constitucional; atenta contra el carácter sistemático de la Ley de ingresos y del Presupuesto de egresos; antepone como prioridad el equilibrio presupuestario y el pago de la deuda a la reorientación de recursos públicos que se destinen al desarrollo; pretende introducir en el texto constitucional disposiciones cuya regulación no debe ser objeto de la Constitución sino de la ley secundaria. LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA, ES CONTRARIA A LAS REGLAS QUE RIGEN EL PROCOESO LEGISLATIVO EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO Y A LA NATURALEZA JURIDICA DE ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. El artículo 73, fracción VII, de la Constitución General de la República, faculta al Congreso "para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto". Y el artículo 74, fracción IV, estatuye como potestad exclusiva de la Cámara de Diputados "examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. Jurídicamente no hay duda, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, son actos formalmente legislativos. Y como actos formalmente legislativos, de acuerdo con las reglas del proceso legislativo en el Derecho Constitucional mexicano, para convertirse en ley, requieren ser íntegramente aprobados por el órgano legislativo: el Presupuesto de Egresos por la Cámara de Diputados; y la Ley de Ingresos por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Sin embargo, contrariando esas reglas, previene el texto de la iniciativa que en caso de que no se confirmaran las modificaciones observadas por las dos terceras partes del número total de miembros presentes en las votaciones respectivas, el Ejecutivo promulgará la Ley de ingresos o el Presupuesto de Egresos sin incluir dichas modificaciones. Es decir, contra las reglas del proceso legislativo en el Derecho Constitucional mexicano, en la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución (artículo 75, apartado A, fracción II, inciso a y b), se establece la posibilidad que aún cuando rechazados y modificados en su totalidad, los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación se conviertan en ley, sin ser aprobados por las Cámaras del Congreso, sólo por no ser superadas por una mayoría calificada de dos terceras partes las observaciones que hubiese efectuado el Ejecutivo Federal. De tal manera que aún cuando hubiesen sido modificadas en su integridad, prevalecerían las disposiciones previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejecutivo. Y se convertirían en ley, sin ser aprobadas por los respectivos órganos legislativos, simplemente por no ser superadas por mayoría calificada de dos terceras partes las observaciones realizadas a las modificaciones. LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA, ROMPERIA EL EQUILIBRIO ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO. En los términos en que está estructurada su substanciación en la iniciativa (artículo 75, apartados A, fracción II, incisos a y b), la facultad del Ejecutivo Federal para hacer observaciones a las modificaciones aprobadas por el Congreso a la Ley de Ingresos y la Cámara de Diputados al Presupuesto de Egresos, terminaría con cualquier posibilidad de equilibrio entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo en materia presupuestaria. En nuestra Carta Magna, la figura del veto se instrumentó como una institución jurídica de procedencia, de naturaleza suspensiva y alcances limitados, para que el Presidente de la República esté en condiciones de hacer llegar al Congreso de la Unión, información, objeciones y cuestionamientos adicionales, que pudieran no haber sido considerados al discutirse y aprobarse el respectivo proyecto durante el proceso legislativo seguido. En las condiciones de pluralidad y correlación de fuerzas que existen en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, exigir una inalcanzable mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos de los miembros presentes, haría insuperable las observaciones que hiciere el Presidente de la República a las modificaciones aprobadas por el Legislativo a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, trastocando la esencia de la institución del veto de mero acto de colaboración legislativa, al entregar al titular del Ejecutivo influencia definitoria en el diseño y ejercicio del gasto público. Suprimiendo en los hechos gran parte del control financiero, que es uno de los instrumentos más poderosos de equilibrio que tiene el órgano Legislativo en su relación frente al Ejecutivo. AL FACULTAR AL EJECUTIVO FEDERAL offPARA REALIZAR OBSERVACIONES A LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACI_N, LA INICIATIVA TAMBIÉN INTRODUCE UNA GRAVE INCONGRUENCIA Y CONTRADICCION EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL En la exposición de motivos de la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución, en forma errónea se pretende que todas aquellas resoluciones que no se señalan expresamente en el inciso j) del artículo 72, son susceptibles de ser observados, interpretando a contrario sensu esa disposición legal. Sin embargo, dentro de nuestro sistema de facultades expresas a los Poderes Federales, es claro y terminante que el artículo 72 sólo concede al Ejecutivo el derecho de veto respecto a las resoluciones del Congreso de la Unión. Al normar que "todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas", el propio artículo 72 estatuye la regla general que el Presidente de la República puede hacer valer el veto sólo en relación con actos del Congreso en el desahogo de sus facultades legislativas, cuando sus Cámaras actúen en forma separada y sucesiva. El Presupuesto de Egresos de la Federación no es un acto del Congreso de la Unión; su aprobación ha sido confiada en forma exclusiva a la Cámara de Diputados (artículo 74 fracción IV). Como consecuencia, jurídicamente es evidente que el presupuesto de Egresos de la Federación no es vetable, por tratarse de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Facultar al Ejecutivo Federal para efectuar observaciones a las modificaciones aprobadas por la Honorable Cámara de Diputados a la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación, aún cuando su regulación se llevare a una nueva redacción del artículo 75, introduciría, por tanto, una grave contradicción en el texto constitucional y rompería con la unidad técnica en la materia, al estar en flagrante desacuerdo con la regla general del artículo 72. LA POTESTAD PARA PROMULGAR SOLO CON LOS ARTICULOS APROBADOS, QUE SE PROPONE INTRODUCIR EN LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA, ATENTA CONTRA EL CARACTER SISTEMATICO DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. En nuestro sistema jurídico, bajo ningún supuesto, debe admitirse la promulgación o publicación parcial de una ley. Una ley, en esencia, tiene una unidad y un carácter sistemático. Todos sus preceptos están interelacionados y forman un sistema normativo, en el que unos a otros se interpretan. En este orden, permitir su publicación sólo con los artículos aprobados en el caso de observación parcial, rompería esa unidad y el carácter sistemático de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Pero además, posibilitar la publicación o promulgación parcial de la Ley de Ingresos o el presupuesto de Egresos, desvirtuarían la naturaleza misma del veto como acto de colaboración legislativa. El artículo 72 en su inciso c) es claro, "el proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta". Es decir, se trate de veto parcial o total, el texto constitucional exige que el proyecto sea devuelto en su integridad a la Cámara de su origen, para que nuevamente sea revisado en su totalidad a la luz de las objeciones, información y cuestionamientos planteados por el Ejecutivo; cumpliéndose así con el acto de colaboración legislativa, que asocia al Presidente a la responsabilidad en la formación de leyes. EN SUS LINEAMIENTOS ECONOMICOS, LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONATITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA PRESU PU ESTARIA, ANTEPON E EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO Y EL PAGO DE LA DEUDA A LA REORIENTACION DE RECURSOS PUBLICOS QUE SE DESTINEN AL DESARROLLO. La sociedad ha perdido absoluta confianza en el papel del gasto público como factor para mejorar la calidad de vida y el bienestar social. En los últimos sexenios, las transferencias fiscales para financiar el pago de la deuda pública, el saneamiento de la banca y el rescate carretero han restado un enorme volumen de recursos financieros que podrían haberse aplicado a la educación, la salud, la infraestructura y la lucha contra la pobreza. Como nunca, estamos en la disyuntiva de instrumentar estrategias que abran por primera vez en la historia del país la posibilidad de un crecimiento económico rápido, sostenido y estable, que provoque un nuevo curso de desarrollo social, en un sistema político abierto y plenamente democrático. En la coyuntura política y económica actual del país, resulta impostergable reivindicar el papel del presupuesto como promotor del desarrollo nacional. Sin embargo, queriendo consolidar y elevar a rango constitucional los lineamientos de política macroeconómica seguidos por los últimos sexenios neoliberales, en la redacción del artículo 126 de la iniciativa, se pretende subordinar la política presupuestaria de la Nación al servicio de la deuda pública y a un equilibrio presupuestario que pasa sobre el gasto programable destinado a las actividades de desarrollo económico y social del país. HACIENDO ABUSO DE UN ESPIRITU REGLAMENTISTA, LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES PRETENDE INSERTAR EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL DISPOSICIONES CUYA REGULACION NO DEBE SER OBJETO DE LA CONSTITUCION SINO DE LA LEY SECUNDARIA. La Ley Fundamental debe conformarse exclusivamente con las normas esenciales para organizar el estado mexicano; con los principios políticos, sociales y económicos fundamentales para la organización nacional, y con aquéllas que regulan el ejercicio del poder público en beneficio de los gobernados. Sin atender nunca a aquellos dispositivos típicos de las leyes ordinarias. En el pasado, más de 600 reformas parciales y muchas de las veces inconexas, producto de las prioridades propias de los gobiernos en turno, hicieron de la nuestra, una Constitución demasiado detallista, lo que de alguna manera determinó que perdiera su fuerza y vigor. Para un futuro próximo e inmediato, labor trascendente del Congreso de la Unión consistirá en efectuar una revisión técnica e integral de la Carta Magna para liberarla de esas incongruencias y errores de técnica legislativa. Pero desde ahora debe impedirse con todo rigor, insertar en el texto fundamental disposiciones que deben considerarse propias de la legislación secundaria, como las que ahora propone elevar a rango constitucional el Presidente de la República en los párrafos del segundo al sexto del artículo 126 de su proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia presupuestaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto del Orden del Día, son las proposiciones que quedaron pendientes del 17 de abril. Esta presidencia informa a la asamblea, que están por cumplirse las 4 horas de duración de la presente sesión, según lo dispone el artículo 28 de nuestro Reglamento. Por tal motivo, sólo se otorgará el uso de la palabra para la presentación de una sola de estas proposiciones y de conformidad con el orden establecido, es el Punto de Acuerdo que en materia de los consulados mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica, formulará el diputado Eddi Varón Levy, a quien se le concede la palabra hasta por 10 minutos. DIP. EDDI VARON LEVY: Señor presidente de la mesa directiva; señores secretarios de la Honorable Cámara de Diputados: "Los que suscribimos diputados federales de la LVIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, de todos los grupos parlamentarios representados en esta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo por las siguientes consideraciones": "Una y otra vez, desde esta alta tribuna, varios diputados hemos señalado que nuestros hermanos mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos han sufrido, actualmente sufren y sin duda alguna seguirán sufriendo tratos vejatorios, inhumanos, ilegales, denigrantes y violatorios de toda norma civilizada y/o de decencia de las que se pueda jactar cualquier país que se digne llamar democrático. Además de las ya sobreanalizadas prácticas abusivas que implementan las diversas agencias policiacas federales, estatales y municipales de los Estados Unidos, tales como aduanas, emigración, patrulla fronteriza y otras similares. Sin embargo, no todo para ahí. Cuando nuestros compatriotas requieren de auxilio inmediato y acuden para ello a los lugares donde se encuentran ubicados nuestros consulados de México en el extranjero, específicamente en los Estados Unidos, para hacer toda clase de diligencias tales como declarar ante dichas autoridades consulares a efecto de otorgar poderes notariales de acuerdo a las normas vigentes o a invocar las funciones consulares de protección que, a juicio de nuestras fracciones, debe de ser la función elemental y primordial por excelencia de los consulados, dichos compatriotas no reciben, por parte de algunos consulados, los niveles adecuados de eficacia, cortesía, agilidad y otros similares a los cuales consideramos tienen un absoluto derecho. Como es del dominio público, a diferencia de muchos países que participan en el fenómeno de la migración en relación con México, nuestro país presenta peculiaridades únicas, porque la mayoría de sus emigrantes se concentra en un solo país con el que comparte una frontera de más de 3 mil kilómetros. Esta población que radica en Estados Unidos de manera temporal o permanente, en situación migratoria autorizada o en calidad de indocumentada, apoya al desarrollo de México con el envío de remesas anuales que no tiene comparación en el mundo. Nuestros connacionales no sólo han sufrido por haber tenido que ausentarse del territorio nacional para obtener una remuneración por su trabajo, sino que abandonan sus familias para que los frutos que rindan dichos esfuerzos sean productivos y redunden directa e indirectamente en el ingreso de divisas a nuestro país. Sabemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores está en estos momentos revisando los proyectos de cierre de varios consulados ya existentes, así como la apertura de otros consulados que no gocen de representación consular. La problemática de nuestros connacionales en los Estados Unidos es variada y muy compleja. Por ejemplo, uno de los reclamos principales de nuestros connacionales ha sido que los permisos de internación de sus vehículos sean debidamente expedidos y cancelados en los respectivos consulados y no en la frontera, ya que nosotros pensamos que los consulados están para servir a nuestros hermanos que se encuentran en Estados Unidos. Mientras que la Cancillería aceptó nuestra recomendación en su determinación que tomó para iniciar el programa de internación de vehículos y expedición de permisos en algunos consulados, otros donde se encuentran grandes concentraciones de connacionales aún no cuentan con este programa que sirve a un gran número de familias mexicanas que necesitan de iniciativas como la antes descrita a efecto de brindarles un servicio a dichas familias. Sin embargo, parecería que en la medida que los consulados deberían de servir y atender a gran número de mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos, existiera una reducción, según los indicios, en la proporción de los servicios consulares. Esta Honorable Cámara de Diputados está obligada a evalúa y analizar el desempeño y la calidad de los servicios consulares que la Cancillería brinda a nuestras comunidades mexicanas en el exterior, a través de sus consulados. Entre los servicios consulares que esta Honorable Cámara considera de gran importancia para nuestros connacionales se encuentran los de protección consular, como son el que los connacionales que se encuentran detenidos se puedan comunicar por vía telefónica haciendo llamadas, por cobrar, a las autoridades consulares. Así también, las visitas que se realizan a través de consulados móviles a los lugares que se encuentren más apartados y remotos de las oficinas consulares. En esta misma vertiente existen apoyos que se brindan a mexicanos de escasos recursos por medio de la partida conocida como Ambr(?), la cual está destinada, entre otros, a ayudar al traslado de los restos mortales de los connacionales, o bien a la repatriación de aquéllos en desdicha. "Por otra parte, dichos consulados brindan, entre otros servicios, los de expedición de poderes notariales y otros documentos legales. Sobra decir que esta honorable Cámara considera que estos son algunos de los ser vicios a que tienen derecho de recibir nuestros connacionales y nos preocuparía profundamente que dichos servicios se vieran afectados en forma cuantitativa y cualitativa. "Resulta de gran importancia para esta Legislatura de que las representaciones consulares de México en el exterior mantengan una condición física decorosa, funcional, para atender como se merecen a los que utilizan los servicios consulares. "El que hace uso de la palabra considera inaceptables las observaciones realizadas en una visita al Consulado General de México en Chicago, Illinois, el cual, a mi juicio, se encuentra ubicado en un local decrépito e inadecuado, que ni siquiera cuenta con salidas de emergencia en caso de algún incendio o desastre. "Sin embargo, se me ha informado que existe un inmueble que fue adquirido por el gobierno mexicano con anterioridad, a efecto de adecuarlo para que se convirtiera en el nuevo Consulado General. Hasta el dila de hoy dicho inmueble permanece vacío. "El reclamo sistemático y constante de las comunidades mexicanas en el exterior ha sido, con muy justa razón, que el gobierno reconozca las contribuciones que éstas hacen año con año por medio de las remesas de dinero que envían a México. Como mínimo, pensamos que nuestros paisanos merecen reciprocidad en la naturaleza de los servicios que brindan los Consulados, así como el trato cortés y expedito al cual tienen derecho. "Las cifras no mienten. Los datos que arrojan los estudios hechos por el Banco de México nos indican que solo en el último sexenio el monto de las remesas enviadas a México por nuestros connacionales excedió la cantidad de 29 mil millones de dólares. Si aunado a estas cifras consideramos que de acuerdo al cálculo de la Secretaría de Turismo cada compatriota que visita a nuestro país gaste entre 100 y 115 dólares como promedio por día, no podemos negar el valor de las contribuciones de nuestros hermanos y más que nada al engrandecimiento de nuestro México. "Por lo tanto, los Diputados de todos los grupos parlamentarios presentamos a esta honorable asamblea el siguiente " P u n t o d e A c u e r d o "Primero. Los Diputados de la LVIII Legislatura que suscribimos el presente punto de acuerdo expresamos nuestra profunda preocupación porque las representaciones consulares mantengan el nivel adecuado, justo y competente para satisfacer las necesidades que nuestros paisanos que se encuentran esperarán de su gobierno. "Segundo. Los Diputados de la LVIII Legislatura pugnamos por el respeto irrestricto y el reconocimiento que les debemos de otorgar a nuestros hermanos que por una causa u otra se encuentran en los Estados Unidos, así como los esfuerzos y contribuciones que estos hacen en forma directa para el engrandecimiento de México como nación. "Tercero. Citar al Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Jorge Castañeda, así como el Subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Embajador Enrique Berruga, para que comparezcan ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Población, Migración y Asuntos Fronterizos, a efecto de que nos expliquen la situación y problemática que enfrentan los Consulados mexicanos en Estados Unidos, al igual que el pro grama de atención y apoyo a los mexicanos en el extranjero". Firman los 15 coordinadores y coordinadores de todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados. Gracias, señor Presidente.