El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Mi posición, desde luego, ve con buenos ojos en principio el dictamen, porque se establece la obligación de proporcionar útiles escolares a partir de la lista oficial de útiles aprobados por la autoridad educativa federal a los alumnos de educación básica, pertenecientes a grupos de población ubicados en las zonas de atención prioritaria. Sin embargo, el debate que queremos dar aquí, o que quiero dar aquí, tiene que ver con esto que señalaba el diputado Vidal Llerenas. Es decir, estamos aprobando dictámenes que constituyen píldoras, soluciones intermedias, siempre insuficientes para resolver los grandes problemas de la nación. Lo que tendríamos que estar aquí discutiendo, es esa orientación suficiente, necesaria hacia la educación pública; una orientación que en la legislación secundaria privilegiara en todos los casos la educación pública, la educación gratuita y la educación laica, en todos los niveles educativos. El dictamen desde luego parece positivo, porque se van a proporcionar útiles a los niños y a las niñas de las zonas de atención prioritaria para la educación básica, pero ¿qué pasa con los de la educación secundaria? ¿Qué pasa con los estudiantes del bachillerato? ¿Qué pasa con los estudiantes de pre-escolar o de la universidad o del posgrado o de la educación normal? Es decir, el esfuerzo del Estado mexicano siempre es insuficiente para atender a cabalidad a la educación y hacer que este derecho, el derecho a la educación sea un derecho fundamental pleno. Entonces, yo llamo la atención a los promotores de este dictamen para señalarles que es fundamental que en México tengamos un compromiso en serio con la educación pública y que se garantice su acceso, el apoyo a la educación pública en todos los niveles educativos, no solamente en la educación básico, sino en la educación media superior, en la educación superior, en el posgrado, en la educación normal. Nuestro país no requiere medidas insuficientes, medidas que atemperen a algunos sectores, las necesidades de algunos sectores sociales del país. Se requiere una reforma profunda que garantice la educación, repito, en todos los niveles, y una importante orientación a favor de la educación pública. También llamo la atención sobre otro asunto fundamental. En México ha sido costumbre, y aquí incluyo, también, a los gobiernos provenientes de los partidos de izquierda y hago una autocrítica para garantizar derechos económicos, sociales y culturales a través de este tipo de programas. No, los derechos sociales, económicos y culturales son auténticos derechos humanos, auténticos derechos fundamentales que no solamente se deben garantizar con programas de carácter social, que deben de garantizarse con instrumentos jurídicos, con mecanismos procesales para permitir que cualquier ciudadano, cualquier gobernado haga exigibles, ante los tribunales, reivindique ante los tribunales el cumplimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales. Bienvenido el dictamen, sí, bienvenido, pero insuficiente, porque no estamos garantizando con suficiencia el derecho a la educación en México, ni estamos tampoco promoviendo una orientación pública de la educación en nuestro país. Ya basta de negocios, ya basta de promover a la educación privada. Tenemos que promover a la educación pública su gratuidad, su carácter laico, su carácter obligatorio en todos los niveles. Y tenemos, también, que establecer los mecanismos jurídicos, los mecanismos procesales para que ése derecho a la educación sea una realidad en nuestro país. Ése es el motivo de nuestra insatisfacción. Vamos a votar, o por lo menos yo, en contra de este dictamen, por insuficiente y porque atiende a una visión paternalista y asistencialista en la educación pública cuando la educación debiera garantizarse de manera plena, dotando a los ciudadanos de los instrumentos jurídicos necesarios y suficientes para que se garantice este derecho en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.