La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, hoy nuestro país enfrenta por su ubicación geofísica permanentes situaciones de alto riesgo, como son amenazas naturales por sismos, terremotos, tifones, tsunamis, lluvias torrenciales, erupciones volcánicas y ciclones de alta intensidad. El 19 de septiembre de 2017 se llevó a cabo, se produjo un terremoto y han seguido diversas réplicas que aún producen daños, miedos y zozobra en la población. Este tipo de desastres naturales muestran crudeza, la vulnerabilidad que nuestro país mantiene frente a este tipo de fenómenos naturales. En los sismos de 1985, en esa situación de absoluta emergencia nacional, el país carecía de una política de protección civil nacional, y a partir de ahí se ha ido construyendo de manera incipiente una cultura de la prevención entre la sociedad y las entidades gubernamentales. Ante la escena de cultura cívica de desastres naturales, ahora nos resulta indispensable construir auténticas políticas públicas de protección civil para soportar diversos tipos de adversidades de los fenómenos naturales con poder de destrucción que ocurren en nuestro país. Hoy debemos conducir al país hacia la ruta que los expertos internacionales indican. Debemos entender las múltiples dimensiones de los desastres, la vulnerabilidad y características de las amenazas, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, acompañadas de las plataformas nacionales, la rendición de cuentas en la gestión de riesgos de desastres, la obligación de prepararse para una mejor reconstrucción, así como lugares adecuados de trabajo. La consolidación de la cooperación internacional y las alianzas de trabajos mundiales, la elaboración de políticas de donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos incluidos, los préstamos y el apoyo financiero brindado por las instituciones financieras internacionales. México se encuentra bajo el riesgo de fenómenos naturales de alto potencial destructivo. De acuerdo a datos oficiales, una cuarta parte de la población del país vive bajo la amenaza de enfrentar ciclones y una tercera parte es vulnerable a sismos o terremotos. Los riesgos son elevados por las altas concentraciones poblacionales en México. Los asentamientos irregulares en zonas de peligro, aunado a la fragilidad social de amplios sectores de la sociedad provocan grandes pérdidas materiales y humanas que representan un alto costo social y económico para el país. El modelo que aplicamos en México, hasta ahora, para atender las consecuencias derivadas de la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores es meramente reactivo, más que preventivo. Centrando los esfuerzos en la atención de emergencias, soslayando la cultura inspirada en la prevención, acompañado de una educación real en donde los propios ciudadanos se activen en beneficio de superar sus emergencias, en vez de ser solamente agentes pasivos en la reconstrucción y en el cuidado del medio ambiente. La perspectiva de las políticas públicas de protección civil debe reorientarse en buscar fórmulas que aseguren el enfoque preventivo de la protección civil, a efecto de ir creando con mayores recursos humanos, materiales, financieros para entender los retos de reducir la vulnerabilidad ante la presencia de uno o más agentes perturbadores. Muchas de las catástrofes ocurridas en años anteriores han dejado la experiencia de que, en tanto las instituciones como los gobiernos y la sociedad, no están preparados para todos y cada uno de los eventos adversos que puedan sucedernos y que puedan impactar en todas las actividades primordiales. El propio Programa Nacional de Protección Civil advierte que el Sistema Nacional de Protección Civil enfrenta dificultades para alertar a la población, debido a la existencia de brechas tecnológicas que impiden la homologación en los sistemas de monitoreo y cobertura de servicios de alerta. Ahí está el ejemplo de que la Ciudad de México carece de una conexión eficaz con los sensores de alerta de sismicidad en el estado de Oaxaca. En estos últimos años al país le ha tocado pasar por diversas catástrofes naturales. Según el servicio Water on the Ground, que lleva un sesudo registro, indicó que México se colocó en estos últimos tiempos en el ranking de los 15 años más activos de desastres naturales desde 1851. Las dependencias de la administración pública carecen del suficiente conocimiento especializado en cuestión de riesgos, así como mecanismos para compartir información que permitan reforzar infraestructura y proteger los servicios públicos. Por lo tanto, el modelo de coordinación nacional, como unidad administrativa reactiva de la Secretaría de Gobernación, debe dar paso a un nuevo modelo de protección civil y gestión de riesgo de desastres, a partir de la creación del Instituto Nacional de Protección Civil, como un órgano administrativo desconcentrado de la misma secretaría, encargado de la gestión, operación, ejecución de las políticas públicas de protección civil, donde también se planifique, impulse, articule y ejecuten acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a situaciones de riesgo colectivo. Emergencias, desastres y catástrofes de origen natural, o provocados por la acción humana. En concreto, tenemos la urgencia de construir un órgano público desconcentrado, con autonomía, con especialidad, capacidad, técnica tecnológica y operativa que se llamará Instituto Nacional de Protección Civil, como un ente público administrativo desconcentrado por la Secretaría de Gobernación. Esto es en esencia el propósito de esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario del PRD, por mi conducto, para reformar la Ley de Protección Civil y crear el Instituto Nacional de Protección Civil, para fortalecer la política pública del Estado en la materia, pues es...