La diputada Araceli Ocampo Manzanares: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión del Trabajo y Previsión Social acudo a esta máxima tribuna para fundamentar el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de mayo de 2019. Compañeras y compañeros diputados, el primero de mayo del 2019 se publicó una reforma histórica que transformó el mundo laboral en México, en favor de la libertad, la democracia y la autonomía sindical y del acceso a una justicia imparcial, expedita y moderna. Dicha reforma implicó la desaparición gradual de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de los centros de conciliación y tribunales laborales especializados, dependientes del Poder Judicial, dotándolos de competencia para realizar la función conciliatoria a que se refiere el artículo 123 constitucional en materia federal y local, según sea el caso. Para garantizar una transición efectiva y ordenada del modelo de justicia laboral se establecieron plazos específicos para su implementación, señalando que en materia local la transición debe de concretarse en un plazo de tres años, es decir, antes del primero de mayo del 2021. Es importante mencionar que con la reforma de 2019 se creó el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, en el cual se encuentran representadas las principales autoridades. Dicho Consejo estableció tres etapas para el inicio escalonado del nuevo modelo laboral por grupos de estado. La primera y la segunda etapa se han llevado a cabo, sin embargo, la tercera etapa cuyo inicio debe verificarse antes del primero de mayo, del 2022, presenta problemáticas asociadas a calendarios presupuestales, así como de obra y equipamiento para habilitar la infraestructura necesaria para la operación de las nuevas instituciones en las entidades federativas de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, así como por Baja California, Baja California Sur y Guerrero. En tal sentido y toda vez que el plazo contenido en el artículo quinto transitorio del mencionado decreto es inamovible. Esta Cámara de Diputados recibió acuerdo del Consejo para solicitar la modificación del plazo legal para señalar como nuevo plazo el 3 de octubre de 2022, en virtud de que dicha comunicación fue turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, en fecha 9 de febrero de 2022, para su atención procedente. Y coincidiendo con el Consejo de Coordinación en la necesidad de procurar que las entidades federativas de la tercera etapa cuenten con las condiciones materiales y financieras necesarias para la adecuación, equipamiento, habilitación e inició de funciones de sus nuevas instituciones laborales. Simultáneamente con las autoridades federales que corresponden a la misma, se presentó la iniciativa correspondiente y se emitió un dictamen favorable, pues se estima que la solicitud de prórroga del plazo legal establecido en el artículo quinto transitorio, al 3 de octubre de 2022 es razonable, adecuada y necesaria para lograr los objetivos de la reforma laboral y consolidar exitosamente el nuevo modelo laboral en todo el país. Compañeras y compañeros legisladores, la propuesta que hoy se presenta ante ustedes, marca una fecha cierta para que los centros de conciliación locales y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas inicien actividades, lo cual será para contar con un sistema de justicia...