El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Cuando argumentamos en contra en lo general señalamos un aspecto central, que es lo que para nosotros es la cárcel a deudores, que por la vía del Código de Comercio se establece en el artículo 1168. En el dictamen modificado se habla de erradicación de deudores, y en el documento que circularon de análisis del dictamen decía: se ajusta a la terminología; es decir, toda la preocupación es que se oía muy mal arraigo, pero en esencia están dejando lo mismo. Este artículo establece dos medidas de apremio que nos parecen excesivas, que nos parece que van más allá de la Constitución en el artículo 17. El artículo 17 de nuestra Carta Magna establece que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Sin embargo, con esta disposición en el Código de Comercio se abre la puerta para que se encarcele a los deudores equiparando en no someterse a esta erradicación, a desobediencia de particulares que está previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal. Si a mí me dijeran una sola razón para votar en contra de la reforma financiera, es este artículo que criminaliza a los deudores y que va en contra de la Constitución en el artículo 17. La Corte al resolver sobre el artículo 1o., con lo relativo al principio pro-persona, estableció que los jueces debían ajustarse a la Constitución, más allá de los tratados internacionales. Nosotros lo cuestionamos porque nos pareció un retroceso, pero esta Cámara está yendo más allá, porque en una ley secundaria está contradiciendo a la Constitución, en el artículo 17. Y nos parece, además, que es una manera de trasladar todo el problema económico a los deudores, porque a los bancos oligopólicos se les protege, se les rescata, se permiten tasas de interés usurero y comisiones irracionales, pero a los deudores se les establecen medidas de apremio desproporcionadas, inconstitucionales e irracionales. La banca ha encontrado en los créditos al consumo y, sobre todo, en los préstamos a los gobiernos la vía para seguir engrosando sus utilidades, pero nadie dice nada de aquellos gobiernos que comprometieron el patrimonio de varias generaciones con deuda criminales por miles y miles de millones de pesos como son los gobiernos de Coahuila, de Tabasco, de Quintana Roo, de Nuevo León y demás y todos los que se siguen acumulando porque Hacienda acaba de informar que ya la deuda subnacional supera los 440 mil millones de pesos, pero a esos corruptos no se les toca. Que paguen los estados con las participaciones federales, pero aquel deudor que en virtud de la nueva legislación laboral sea despedido injustificadamente y que no pueda pagar el crédito, va a pagar con cárcel y no van a ser suficientes las cárceles para llenar con deudas civiles a miles de mexicanos que van a tener que pagar la insuficiencia de la economía y la crisis financiera nacional. Por esa razón, compañeras y compañeros legisladores, proponemos que se elimine la radicación de los deudores y la retención de bienes, para poner medidas de apremio proporcionales, medidas de apremio que vayan en consonancia con la Constitución. Ésa es la reserva que presentamos. Nos parece que si hay algo de sensibilidad y el mínimo afán de legislar para los ciudadanos, tienen que conceder esta reserva, si no, toda esta faramalla de la reforma financiera no será otra cosa que más mecanismos de cobro para los bancos en detrimento de los deudores.