La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Señora secretaria, en el mes de julio pasado se dio a conocer un video en el que se observa la entrega de apoyos a adultos mayores, en donde un funcionario federal les dice a los beneficiarios que esos apoyos se entregan gracias a un delegado de programas sociales y les pide repetir su nombre para que se lo aprendan en una abierta promoción personal, nombre que he omitido intencionalmente. Ese mismo delegado hace promoción política a través del Programa Sembrando Vida, lo que fue denunciado por uno de los beneficiarios. Pregunto, secretaria, ¿este es un caso que debiera investigar y sancionar su Secretaría? Así también, el 7 de febrero pasado, usted participó en un conversatorio y definió a la corrupción como un fenómeno estructural que tiene que ver con la normalización de ciertos abusos originados a las estrategias privatizadoras del neoliberalismo que llegaron a legalizar esas acciones. Al haber terminado con el neoliberalismo, por decreto presidencial, se supondría que no habría ya más actos de corrupción, porque con el poder de López Obrador, al día siguiente de su toma de protesta se acabaría. Sin embargo, existen casos paradigmáticos en los que su Secretaría ha tenido un desempeño pobre, por decir lo menos. La triangulación del dinero de la Conade, las casas de Manuel Bartlett, a quien usted personalmente exoneró, el caso de Carlos Lomelí, empresario farmacéutico que se dedicaba a hacer negocios con el gobierno, siendo él mismo delegado del gobierno federal, las compras de ventiladores pulmonares a empresas sancionadas y a familiares directos de funcionarios antes mencionados. Al no terminarse la corrupción, ¿estamos entonces ante la pervivencia del neoliberalismo o ante la ineficacia de su Secretaría? ¿Cómo explica la tasa de corrupción? Esta se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes, en 2017, a 15 mil 732 en 2019. Y que la tasa de incidencia pasó de 25 mil 542 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017, a 30 mil 456 en 2019. Hace un año usted señaló en esta misma tribuna que los contratos han privilegiado las adquisiciones por adjudicación directa, pero que ese dato debe ponerse en contexto, pues si bien 80 por ciento de los contratos registrados por la administración pública federal fueron por adjudicación directa, estos solo representan 40 por ciento del monto de los contratos. ¿Podría explicarnos si esa relación sigue siendo la misma, si los contratos por adjudicación directa siguen representando únicamente el 40 por ciento del monto de los contratos registrados? Y, ¿por qué la administración pública de la Cuarta Trasformación no registra todos sus contratos? Debo agregar que, en el último año y medio, en cuanto a ausencia de corrupción, México pasó del lugar 99 al 104 en el World Justice Project, índice de Estado de derecho 2020, en el cual se presentó un programa de 128 países a nivel mundial y a nivel regional, sacando los siguientes puntajes: En restricciones de los Poderes de gobierno, México ocupa el 89 a nivel mundial y el 25 de 30 a nivel regional. En ausencia de corrupción, el 121 y el 29 respectivamente. En orden de seguridad, el 121 y 29, siendo uno de los peores evaluados. Evaluación parecida en incumplimiento regulatorio, con los lugares 91 y 23, respectivamente, así como en justicia civil, con 116 y 26, y en justicia penal con 119 y 26, comparativamente. ¿Cómo justifica usted esta situación? Por sus respuestas, verdaderamente honestas, muchas gracias.