El diputado Luis Felipe Eguía Pérez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, acudo ante esta tribuna para presentar una iniciativa de ley que aspira a contribuir, actualizar y modernizar la legislación mexicana, la cual históricamente se ha desarrollado para favorecer y regular la economía pública y la empresarial privada, marginando el sector social de la economía, el cual es parte importante y clave en la vida económica y social del país. Esta propuesta se enmarca en la imperiosa necesidad de reglamentar el séptimo párrafo del artículo 25 de nuestra Carta Magna, a fin de hacer realidad el mandato constitucional ahí contenido y que obliga al Estado mexicano a desplegar una amplia y consistente política de fomento y promoción de las iniciativas populares que se organizan bajo distintas formas empresariales solidarias, expresadas en entidades económicas, asociativas, de beneficio común, con el objeto de mejorar sus condiciones de vida, superar la pobreza y garantizar las condiciones para el bienvivir de todos los mexicanos. La expedición de una Ley Federal de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía, se justifica plenamente en razón de que las y los trabajadores del campo y la ciudad enfrentan cada vez mayores dificultes para insertarse en el mercado laboral y mejorar sus condiciones de vida a causa de la difícil situación económica por la que atraviesa el país y a consecuencia del desbordamiento de la delincuencia que ha desintegrado el tejido social en numerosos pueblos y comunidades. Hoy en día en nuestro país la economía social y solidaria está integrada por cerca de 50 mil empresas asociativas solidarias que aglutinan alrededor de 9 millones de socios que representan el 18 por ciento de la población económicamente activa y que contribuyen con alrededor del 5 por ciento del producto interno bruto. La iniciativa se distingue por su amplitud y flexibilidad, incluyendo a las más diversas formas asociativas de la economía social y solidaria a través de disposiciones, esquemas y estructuras de integración ágiles y sencillas, al tiempo que es suficientemente restrictiva para evitar la simulación y excluir a las pseudo empresas solidarias. Se ha pretendido también que sus disposiciones y normas jurídicas regulen únicamente los aspectos más esenciales, dejando a las leyes particulares la regulación de cada una de las figuras asociativas del sector en lo específico. Entre sus disposiciones se contempla la ampliación de las facultades de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas Solidarias (Fonaes), a efecto de que asumen las atribuciones otorgadas por esta ley al Instituto de Fomento de la Economía Social y Solidaria y pueda operar con el mismo personal y presupuesto actualmente asignado. Cabe destacar que entre las atribuciones del Instituto Nacional, se contempla, entre otras, la definición de las políticas públicas de fomento del sector, la administración del Fondo de Fomento de la Economía Social y Solidaria y la puesta al día del Registro Nacional de Entidades del Sector Social de la Economía. Dispone también la creación de un Consejo Nacional de Entidades del Sector de la Economía Social y Solidaria, como organismo máximo de representación que parte de lo local se prolonga en lo regional y culmina en un organismo nacional llamado a ser el interlocutor y representante general ante todas las instancias del Estado. Asimismo se propone la creación de un Fondo de Fomento del Sector de la Economía Social y Solidaria con el objeto de dar seguridad, administrar y otorgar créditos para los proyectos de fortalecimiento y expansión de las entidades del sector. Finalmente revalora y dignifica las prácticas del intercambio comercial mediante trueque y el uso de moneda no convencionales, como mecanismos tendientes a garantizar la soberanía económica de las familias y de la comunidad. Por todas estas razones, compañeros, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, el proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía y se reforma la fracción X Bis del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Seguro de que de esta manera contribuiremos a hacer de México una nación más fraterna y solidaria en donde todos quepamos. Muchas gracias a todos ustedes.