El diputado Antonio Morales de la Peña: Con el premiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: La presente iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Cofipe tiene como objetivo instaurar un procedimiento administrativo previo a la presentación del juicio para la protección de los derechos políticos electorales que tienen derecho a presentar los ciudadanos ante el Tribunal Electoral Federal ante decisiones de los partidos políticos. Dicho recurso administrativo se deberá presentar ante el Instituto Federal Electoral sin menoscabo, claro está, del derecho que tendrán para impugnar dicha resolución ante el Tribunal ya en contra de un acto de autoridad como lo es el Instituto Federal Electoral. Como sabemos, la Constitución Política de nuestro país cataloga a nuestros partidos políticos como entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, conteniendo incluso el monopolio para la postulación de candidatos. Para la realización de estos fines, el Estado tiene la obligación de otorgar prerrogativas a los partidos, al tiempo que la ley les exige la inclusión en sus estatutos de medios efectivos y eficaces para la defensa de los derechos político-electorales de sus militantes, frente a la actuación de los órganos directivos del partido que los vulnere. De esta forma, los ciudadanos ingresan a un partido político con el cúmulo de derechos fundamentales consignados en la Constitución y las leyes para acceder a cargos de elección públicos; sin embargo, no siempre se encuentran exentos de la violación de sus derechos al interior de un partido político. Ante esto se estableció el sistema de medios de impugnación, el cual se integra, entre otras cosas, por el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y la obligación legal de los partidos políticos de crear instancias internas que deben apegarse a los mandamientos constitucionales y legales establecidos, lo que incluso es verificado por la máxima autoridad administrativa, es decir, por el propio Instituto Federal Electoral. Según tesis del Tribunal Electoral respecto de los medios de defensa internos de los partidos políticos, esta obligación de los partidos políticos de instrumentar medios de defensa para sus militantes se traduce en la correlativa carga para éstos de emplear tales instancias antes de ocurrir a la jurisdicción del Estado, a fin de garantizar al máximo posible la capacidad autoorganizativa de los partidos políticos en ejercicio de las más amplias libertades, pero asegurar al mismo tiempo el respecto irrestricto a los derechos individuales de sus miembros. Por lo tanto, en congruencia con todo lo anterior, la presente iniciativa pretende fortalecer y garantizar asimismo la probada capacidad autoorganizativa profesional y autónoma del Instituto Federal Electoral para establecer que éste conocerá de los procedimientos administrativos para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos en lo que se ataquen indecisiones u omisiones de los partidos políticos. Igualmente, tomando en consideración que las instancias internas de los partidos políticos para la defensa de los derechos político-electorales de sus militantes son verificados por el propio IFE como requisito previo a su vigencia, se considera que éste contaría con los elementos y capacidad suficiente para que, previo a la jurisdicción del Estado y posterior al agotamiento de las instancias internas de los partidos, intervenga en los actos de impugnación ya mencionados. Es sabido que el Tribunal Electoral, sin facultades expresas, ha sostenido criterios que favorecen a la suplencia de la queja a favor del militante que interpone un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, lo cual acarrea una vulnerabilidad a la impartición de justicia, máxime que sus decisiones son irrecurribles e irreconsiderables tanto por fundamento constitucional como por el artículo 3º., de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. Consciente de las complicaciones que representa la inapelabilidad de sentencias emanadas de juicios para la protección de los derechos, el legislador dejo abierta la posibilidad de tener un procedimiento administrativo previo a la actuación del tribunal, el cual se desarrollaría ante el Instituto Federal Electoral. Este espíritu queda reflejado en el artículo 81 de la Ley General de Sistemas de Medios que dice: "En los casos previstos por el inciso a) al c) del párrafo primero del artículo anterior, -habla de cuando procede el juicio de protección de los derechos políticos electorales- los ciudadanos agraviados deberán agotar previamente la instancia administrativa que establezca la ley. En estos supuestos las autoridades responsables les proporcionarán orientación y pondrán a su disposición los formatos que sean necesarios para la presentación de la demanda respectiva". El artículo citado excluye a los JDCS (?), promovidos por los actos de partidos, ya que no señala que tratándose del inciso f) deberán de agotarse instancias administrativas. En consecuencia la presente iniciativa pretende modificar el artículo 81 de la Ley de los Sistemas de Medios de Impugnación Electoral, así como algunos artículos de esa misma Ley y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de hacer viable las consideraciones anteriores y determinar que previa la jurisdicción del Estado, el Instituto Federal Electoral conocerá de los procedimientos administrativos para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano; en lo que se ataquen decisiones u omisiones de los partidos políticos, en cuyo caso proponemos en esta iniciativa, el plazo máximo para su resolución será de 80 días naturales contados a partir del día siguiente en que se presenta dicho procedimiento. De esta forma se estaría generando una instancia previa al Tribunal Electoral en la resolución de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y se estaría fortaleciendo y respaldando la autoridad y capacidad del IFE para intervenir en dichos procesos administrativos. El Tribunal Electoral, como lo establece el artículo 99 de nuestra Constitución, continuará siendo la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Esto es que seguirá siendo quien en última instancia determine las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos al interior de un partido político. Le solicito, diputado Presidente, se incluya en el Diario de los Debates el texto íntegro de la presente iniciativa. Es cuanto y gracias por su atención.