El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido: En nuestros días la situación social que guarda la nación mexicana representa un reto desproporcionado de magnitudes para los nuevos representantes sociales. Entre los problemas más transcendentes que componen este nuevo escenario resaltan las condiciones adversas en materia de seguridad a las que se enfrentan día con día las familias mexicanas. Resulta necesario señalar cuáles son los delitos que la ciudadanía determina como prioritarios, y por lo tanto requieren urgente atención. Resalta entonces que, entre estos, el delito de trata de personas se encuentra como uno de los que más preocupan a los mexicanos, derivado del impacto negativo que genera entre los miembros de la sociedad. Es necesario resaltar que dicho delito aglutina prácticas como esclavitud, explotación sexual de menores, prostitución, explotación laboral, empleo de menores en centros de vicio, trabajo o servicios forzados, utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, adopción ilegal de personas, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos y tejidos, pornografía infantil y turismo sexual con personas menores de edad o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, que entre otras cuestiones señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y de los tratados internacionales de los que Estado mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, asimismo faculta a las autoridades para que en el ámbito de su competencia tenga la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por ende, queda prohibido todo tipo de discriminación motivada por origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Por otro lado, el artículo 2o. de la Constitución reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, así como aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, siempre y cuando se sujeten a los principios generales de la Constitución Federal respetando en todo momento las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres y de todas las personas. Como legisladores es nuestra responsabilidad impulsar todas las medidas necesarias a fin de erradicar por completo todas aquellas prácticas que vulneran los derechos humanos de los ciudadanos, por ello resulta necesario armonizar y fortalecer el marco normativo relativo y hacer frente a los problemas de violencia que enfrentan las mujeres y niñas mexicanas pertenecientes a comunidades indígenas. El presente dictamen busca abonar a cumplir nuestros compromisos adquiridos ante nuestras naciones hermanas en la lucha contra el mal que aqueja a las mujeres, niños y niñas. Asimismo, el objeto del presente ordenamiento es el que se dote de un marco jurídico mucho más sólido a las autoridades que buscan combatir y erradicar los crímenes que atentan e impactan de manera tan grave a nuestra sociedad. Que sea claro a toda luz que es el derecho individual de las mujeres, niñas y niños el que prevalezca en cualquier conflicto entre derechos de orden constitucional, así como precisar los límites que estos últimos tienen cuando se trata de la defensa de estos grupos en situación de vulnerabilidad. En este contexto, que cada paso, cada avance que se pueda realizar para acabar con este mal, es un paso que estamos obligados a dar, y dentro de este escenario es preciso señalar que son ciertos grupos los que so afectados en mayor grado, sin olvidar que además este delito genera un impacto difícil de describir en cuanto a afectaciones a la sociedad se trata. En consecuencia y derivado de la nobleza del tema antes expuesto, invito respetuosamente a esta soberanía a dar su voto a favor del presente dictamen. Todo ello en pro de defensa y protección de los derechos de las mujeres y niñas de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.