La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Tres minutos. Lástima porque no quería leer, pero si son sólo tres minutos, pues vamos. Compañeros, la nueva ley confirma lo que hemos defendido durante décadas. Los bienes del subsuelo son propiedad de todos los mexicanos. Ojo, a diferencia de otros países donde los pozos petroleros allá sí son propiedad privada, aquí no. Aquí los bienes son propiedad de todos los mexicanos. La riqueza de nuestro petróleo durante 60 años se ha traducido en programas de desarrollo, pero los tiempos ya no son los mismos, somos más y vivimos por mucho más tiempo. La redacción de las leyes siempre va detrás de la realidad. La extracción y exploración de hidrocarburos requiere una nueva legislación. El artículo 96 establece que se pueden constituir servidumbres, ocupar o afectar terrenos de particulares superficialmente, por cierto, porque la palabra temporal de ocupación temporal no está en la ley, se dice: se habla de ocupación superficial, porque la industria de extracción y exploración de hidrocarburos es de utilidad pública e interés social. ¿Cómo conciliar, compañeros, entre el interés social y el interés de los dueños de esos terrenos? La nueva Ley de Hidrocarburos declara que la propiedad corresponde a la nación, pero obliga a que por escrito se establezcan las contraprestaciones. Por ello, el nuevo concepto de ocupación superficial es una media prudente entre la utilidad pública y el derecho humano a la propiedad. Pero fíjense, en realidad se trata de un liso y llano acuerdo de voluntades pactadas en forma de contraprestaciones por el uso de la tierra. Actualmente ni la ley vigente ni la práctica común obligan a las empresas a pagar una contraprestación objetiva y clara. Por primera vez las contraprestaciones se cubrirán rentas precio comercial, no catastral. Usar el concepto de valor comercial le da una ventaja incuestionable al propietario de la tierra. Las oportunidades son el nombre de la utilidad pública, la ley establece que el pago a valor comercial podrá incluir compromisos de contratación laboral local y adquisición de insumos fabricados por los propietarios, y todo en contratos por escrito y transparentemente. ¿Qué estamos queriendo decir aquí? A diferencia de compañeros que lo han dicho no debemos tener miedo, lo que sí debemos tener es un alto grado de responsabilidad para que los propietarios de la tierra donde hay petróleo conozcan de estas oportunidades que tiene las contraprestaciones. Ésta es la utilidad pública. Muchos de los aquí presentes son líderes campesinos, representantes de líderes campesinos, o bien tenemos que responderles a las comunidades rurales, aún más las compañeras del litoral del golfo. La ley se apoya en caso de conflicto en la Ley Agraria, pero es nuestra responsabilidad política asegurar que las comunidades petrolíferas conozcan de estas oportunidades y estas contraprestaciones que nos está dando la nueva Ley de Hidrocarburos. No hay ingenuidad, hay acción. Debemos como líderes propositivo, propositivo, responsabilizarnos de que los ejidatarios y ciudadanos tengan asesoría e información. Tenemos las instituciones, no somos un país bebé, no nos consideren una república bananera porque no lo somos. Tenemos una democracia real que nos permite tener a siete partidos que tienen presidentes municipales y gobernadores ya existentes. Tenemos instituciones, no somos una república bananera a diferencia de lo que varios compañeros han dicho aquí. Hay una oportunidad para que el campesino o propietario obtenga capital alterno a través de una pequeña o mediana renta para arrancar otros proyectos productivos. Éste es el verdadero interés y beneficio social. Aquí incluiremos ciudadanos que si son bien informados por sus líderes y estructuras de gobierno encontrarán que la ocupación superficial no era un despojo, sino una oportunidad contenida en las contraprestaciones. Gracias.