El diputado Javier Guerrero García: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, quienes formamos la Comisión de Desarrollo Social, después de revisar y dictaminar esta iniciativa, la presentamos ante esta asamblea y manifestamos ante ustedes nuestro beneplácito por el hecho de que se esté reformando la Ley de la Economía Social y Solidaria y se adicione una fracción en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque esta determinación va a permitir que la política social cuente con un instrumento más reorientado a fortalecer los derechos sociales de las y los ciudadanos que no han podido acceder al desarrollo. Nos parece muy importante que la iniciativa plantee la transferencia del Instituto Nacional de la Economía Social, actualmente adscrito a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Desarrollo Social, con el propósito de adecuar las acciones de este instituto a un mayor enfoque social conforme a los lineamientos del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fortaleza de nuestras comunidades marginadas en las zonas indígenas, rurales y urbanas no puede darse sin instrumentos que permitan el autodesarrollo. Dejar la atención de la pobreza solo en el ámbito de la asistencia implica desproveer a las comunidades de su capacidad productiva, de su potencial y de sus impulsos para crecer y desarrollarse. Como lo expresa el dictamen presentado ante esta asamblea, con el propósito de dar cumplimiento al objetivo de la iniciativa se propone reformar el artículo 13 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, para señalar que se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión. Lo anterior, tendrá como consecuencia la transferencia de ese instituto a la Secretaría de Desarrollo Social. En cuanto al objeto del Instituto Nacional de Economía Social, se reforman los artículos 13 y 14 para establecer que las políticas públicas de fomento y de desarrollo del sector social de la economía a su cargo, se instrumentarán con el fin de fortalecer y consolidar a ese sector como uno de los pilares de desarrollo económico y social del país, como parte de la política nacional de desarrollo social. Los resultados de las evaluaciones de los programas y acciones de fomento y desarrollo del sector social de la economía, serán entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y serán puestos a disposición del público en general a través de internet. Por todo lo anterior, este dictamen también propone la adición de la fracción XIV del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para señalar que la Secretaría de Desarrollo Social será competente para formular, conducir y evaluar la política de fomento y desarrollo del sector social de la economía. Esta adecuación y alineamiento de la política social y de las atribuciones de la Secretaría del ramo, tendrán como objetivo fortalecer la política social de la administración pública federal en el marco de la ley que lo crea y de la Ley General de Desarrollo Social. Es también positivo el dato de que se pueda orientar hacia quien más lo requieren los recursos del presupuesto 2016, destinados a proyectos productivos, a partir de la aprobación de esta transferencia del Inaes, responsable de operar el programa de Fomento a la Economía Social, a cargo del instituto, así como su fusión con el programa de Opciones Productivas. Con esto, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la fusión de los programas citados, incrementará al apoyo a la implementación de proyectos productivos sustentables económica y ambientalmente, mediante la entrega de recursos económicos capitalizables para la adquisición de activos, conceptos de inversión diferida y capital de trabajo, así como apoyos no capitalizables para la prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación técnica productiva. Asimismo, se prevé la entrega de apoyos integrales para la puesta en marcha o consolidación de proyectos capitalizables, que permitan ampliar la capacidad productiva de personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, integradas en grupos sociales u organizaciones de productores y productoras, que cuenten con iniciativas productivas y que habiten en las zonas de atención prioritarias rurales y en los municipios catalogados como predominantemente indígenas, pero también en las zonas urbanas, donde prevalece en las ciudades medias y en las grandes urbes. No podemos olvidar que la pobreza está ubicada mayoritariamente en zonas urbanas. Mediante esta transferencia y fusión se pretende coadyuvar a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad, rezago y marginación, en congruencia con la política social de nueva generación que está enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos y que gire en torno al ciudadano, ubicándola como un agente de su cambio, protagonista de su propia superación a través de su organización y participación activa. Nos parece fundamental para hacer de la política social un instrumento de desarrollo, el que recursos e instrumentos sean utilizados en una visión productiva y se supere el enfoque asistencial de la política social. Estos cambios y reubicación de atribuciones generan certeza en los ciudadanos de que los recursos pueden ser utilizados en acciones que realmente impacten la pobreza y la marginación. Otro elemento que gana con esta iniciativa es la transparencia, al plantearse en los cambios que se requiere hacer relevante la evaluación de los programas y al dar esta atribución a esta soberanía en las Comisiones de Desarrollo Social y Fomento Cooperativo, en estas comisiones tendremos, sin duda, elementos claros para poder medir en el corto plazo los efectos de que estos programas estén funcionando. Con esta propuesta de dictamen estamos así convocando a todos los grupos parlamentarios a que voten positivamente por este cambio. No solamente porque fortalece la política social y ubica un instrumento de desarrollo y combate a la pobreza en la institución encargada de ello sino porque esta reubicación también conlleva un cambio en la operación de los programas productivos que pueden desarrollarse orientados a los que menos tienen, en mejores condiciones, con normas transparentes y evitando clientelismos. El Inaes tiene una importante tradición en el desarrollo de tareas productivas y hoy con este cambio se reconoce su naturaleza y se dimensiona su mejor operación. Muchas gracias.