El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Muchas gracias, diputado presidente. En la construcción de un Estado de derecho en la que impere la legalidad, resulta primordial dotar a las autoridades de facultades suficientes para hacer cumplir sus determinaciones. El auto de autoridad es esencialmente coercitivo. Sin embargo, con este propósito resulta también sumamente importante que nosotros, previendo esta relación que puede existir de supra subordinación de una autoridad hacia un particular votemos a los particulares de los mecanismos de acceso a la justicia, de los medios judiciales a través de los cuales logren el justo cumplimiento de las normas y del derecho. Es precisamente con este propósito y con el fin último de salvaguardar la más pura observancia de los derechos humanos que se expidió la Ley de Amparo. La Ley de Amparo es el mecanismo judicial a través del cual los gobernados, los particulares pueden acudir a los jueces y exigirles a ellos que a su vez velen porque las autoridades en el cumplimiento de sus funciones cumplan estrictamente con lo que establece la ley. Sin embargo, con motivo de la reforma constitucional de 2011, a través de la cual se amplió el gran espectro conforme al cual se deben de valorar ahora los derechos humanos, se modifica también la Ley de Amparo, que es el medio para el control de los derechos humanos y las garantías constitucionales y a través de ello se permite la participación mucho más amplia de sectores colectivos perfectamente identificables que pertenecen a la sociedad, que en alguna otra época no tenían la posibilidad de acceder al amparo por no gozar de una representación legal. ¿A qué me refiero? Me refiero particularmente a la ampliación del principio de iniciativa de parte agraviada y la titularidad de un interés jurídico para poder acceder al amparo, que ahora transita y se transforma en lo que es la tutela de un interés legítimo. Por el sólo hecho de pertenecer yo a un sujeto colectivo identificable previsto en la ley, con un derecho dado, puedo acceder al juicio de amparo y no quedo supeditado a ser exclusivamente el titular del derecho subjetivo del derecho al que se refiere la norma para hacer cumplir las consecuencias que la misma prevé. Ésa es esta ampliación del principio de iniciativa de parte agraviada, que ahora tutela el interés legítimo. Hay un punto muy importante que tiene que ver con esto. Dentro de las muchas figuras que se actualizaron en materia de amparo, hay una que está íntimamente relacionada con el cumplimiento de las ejecutorias. Toda sentencia en el juicio de amparo tiene como propósito obligar a las autoridades a restituir al gobernado en el ejercicio de sus derechos, si el acto hubiera sido un acto de naturaleza positiva implicará que lo dejen sin efecto y que retraigan esos efectos hasta el momento de la emisión del acto. Si el acto hubiera sido un acto negativo, una omisión, la sentencia tiene como propósito obligar a la autoridad a llevar a cabo aquello que indebidamente hubiera dejado de hacer de acuerdo con lo que establece la ley. ¿Qué es lo que sucede? En materia de ejecución de sentencias en amparo, la ley ahora dota a los jueces de amparo de una serie de facultades coactivas que anteriormente no tenían, a través de las cuales pueden incidir de manera mucho más efectiva en contra de las autoridades, a fin de obligarlas a hacer aquello que establezcan las mismas sentencias de amparo. Cuando se trata de una sentencia de amparo pronunciada en un juicio promovido por un particular, a partir de la tutela de un derecho que la ley le concede a su favor y en la que él resulta ser el único beneficiario de ese derecho plasmado en la norma, resulta perfectamente legítimo que éste intervenga también en el juicio de amparo y le pida a los jueces de amparo que en cumplimiento de sus sentencias emitan las resoluciones de sanción correspondientes que permitan el más pronto cumplimiento de la sentencia misma. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el juicio de amparo se propone por quien es titular de un interés legítimo? Lo lógico sería, que al momento de ejecutarse la sentencia, también sea solamente él quien, a través de esta participación activa en el amparo, logre la participación del juez su intervención y la imposición de las sanciones o los mecanismos coactivos para hacer cumplir la sentencia. Pero como se tutela el interés legítimo, una interpretación muy amplia de la Ley de Amparo permitiría también concluir que quizá cualquier persona que pertenezca a ese conglomerado que está siendo protegido a través de la sentencia de amparo, intervenga en la etapa de ejecución y por consiguiente, participe solicitando la imposición de sanción. ¿En qué se traduce esto? En que a pesar de que una autoridad habiendo sido responsable en un juicio de amparo frente a un particular, frente a un gobernado, en ejercicio de la tutela del interés legítimo, cuando llegue la fase de ejecución de la sentencia, la misma autoridad quede supeditada a un gran espectro de gobernados que pudieran intervenir indebida, quizá, ilegítimamente ya para efectos del amparo y solicitar la imposición de sanción. Acaba siendo una posición terriblemente desequilibrada para el servidor público que tenga el carácter de autoridad responsable, como también para los jueces que tienen que hacer cumplir su resolución. Por eso, la iniciativa que propongo y que presento ante ustedes tiene como propósito, exclusivamente, circunscribir quienes son, para efectos de la ejecución de sentencia, habiéndose ejercido la acción de amparo, en ejercicio de esta tutela del interés legítimo, los que van a tener, valga la redundancia, la legitimación para pedir la coacción y la materialización de los mecanismos efectivos con los que hoy están dotados los jueces de amparo para hacer cumplir su resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que es el que concierne a las sentencias que se dictan en el juicio, propongo que se incorpore un párrafo en el que a la letra se diría lo siguiente: en los casos en los que en el amparo se haya concedido para afectación un interés legítimo, solo el quejoso y no otro u otros de los miembros del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria. Con esto se reduce desde luego, el grado de riesgo en que están supeditadas las autoridades responsables en el amparo, si desde luego, también cerramos nosotros la puerta para que el propio Poder Judicial tenga que interpretar algo que desde luego podría ser nuestra voluntad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias por su atención.