El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su permiso, compañero presidente. De acuerdo con la reforma al Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983, el enriquecimiento ilícito está tipificado como un delito de los servidores públicos. Existe cuando un servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre, o de aquellos respecto de los cuales se produzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. El legislador cuando estableció este delito, su intención fue la de proteger el patrimonio del Estado. Es decir, las sumas de dinero que, por razón del cargo, deben ser manejadas por los servidores públicos en cuestión. Para el cumplimiento de las metas en los programas asignados a los respectivos planes de desarrollo aprobados por el Estado, la norma jurídica vigente no es suficiente. La sanción que actualmente dispone el artículo 224 del Código Penal Federal, respecto al enriquecimiento ilícito, ya no se ajusta a la realidad. Ahora bien, si un funcionario público no comprueba la legítima procedencia de 275 mil pesos, su sanción se sanciona de 3 a 2 años de prisión, o bien, puede pagar una multa de mil 600 pesos. Y cuando el enriquecimiento ilegal del funcionario público llega a exceder la cantidad de 275 mil pesos, se impondrá de 2 años a 14 años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, y de destitución e inhabilitación de 2 años a 14 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. Como podrán observar, las penas no se sujetan a la realidad y nos preguntamos, con qué confianza los mexicanos volveremos a aceptar a un servidor público que fue inhabilitado por enriquecimiento ilícito. Las sanciones, no tan accesibles que permiten al delincuente volver a delinquir. Necesitamos poner un freno a tanta corrupción. Y por ello, la iniciativa busca, a través de este documento, elevar las sanciones al delito antes referido; que no alcance multa y, por supuesto, que pueda inhibir al servidor público para delinquir con lo antes referido. Y cuando al monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, es decir, 55 mil pesos, se impondrá de 16 años a 30 años de prisión. Para ambos casos, al momento de cometerse el delito también procederá la destitución e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Es la única vía para combatir a todos los funcionarios corruptos y que piensen dos veces antes de incurrir en un delito de esta naturaleza. Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de la Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 224 del Código Penal Federal para quedar como sigue: Capítulo Decimotercero "Enriquecimiento ilícito" Artículo 224. Cuando el monto a que asciende el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de 7 a 15 años de prisión al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente al Distrito Federal, se impondrán de 16 años a 30 años de prisión al momento de cometer el delito y destitución e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Artículo transitorio. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Quiero referir, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que nuestro país después de muchos años se sigue ubicando en el número 72 de la escala internacional, de acuerdo a transparencia internacional, particularmente con la medición de percepción de corrupción, y hemos sido sumamente incapaces de poder combatir este cáncer que está instaurado, que es algo inherente a la administración pública federal. Por cierto, quiero agregar que en días pasados el Fondo Monetario Internacional también nos da un vergonzoso lugar en la escala internacional, en términos de combate al lavado de dinero. De tal suerte que hoy tenemos muchos reclusorios, muchas penitenciarías, con jóvenes adolescentes purgando una pena particularmente con delitos patrimoniales. Y vemos a pocos servidores públicos, a pocos servidores públicos de los muchos que, después de ocupar un cargo público en el proceso de estar fungiendo con una responsabilidad de un puesto de representación popular o una responsabilidad que le determina una autoridad de los tres órdenes de gobierno, se vuelven eminentes empresarios y eminentes gentes con un acervo de recursos, con un patrimonio que simplemente es inexplicable. Y dar muestra de ello sería llevarme aquí varios minutos para ilustrar en los tres órdenes de gobierno pésimos servidores públicos, que por cierto, la ley, subrayo, simplemente los sanciona de manera temporal y les permite, posteriormente, volver a ocupar el cargo de servidores públicos. Por esto, esa iniciativa que presenta el Partido de la Revolución Democrática pretende sancionar con mayor agudeza a aquél servidor público que no entienda el significado del cargo que ocupa, que no llegue a ocupar un puesto de responsabilidad pública con el ánimo de enriquecerse, sino con lo que establecen las normas vigentes en términos de este Código Penal y en términos de la responsabilidad para servidores públicos. Por su atención, muchas gracias.