La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidente. Con mucha convicción y con mucho compromiso y con mucha congruencia, vengo a hablar aquí a nombre del Grupo Parlamentario del PRD. El pasado 6 de diciembre, el Senado de la República aprobó la minuta que propone ampliar los delitos de robo en transporte, desaparición forzada, armas de fuego y explosivos, robo de hidrocarburos, delitos en materia electoral y delitos de corrupción, como delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, lo que representa, sin lugar a dudas, una regresión a lo establecido en la reforma constitucional de 2008, ya que en el principio de esta reforma fue garantizar el respeto a la presunción de inocencia en materia de seguridad y justicia, sacrificándola, teóricamente, en beneficio de la seguridad pública. Debemos ser claros, la puerta giratoria no constituye más que la justificación para las instituciones ineficientes y concederles esta ampliación únicamente perpetua su inoperancia. El respeto al derecho fundamental de la presunción de inocencia se encuentra condicionado a asegurar que las personas acusadas de la comisión de un delito permanezcan en libertad mientras se lleva su proceso hasta que no se demuestre su culpabilidad y responsabilidad en la comisión de un delito. Ahora, con el dictamen de la minuta que hoy discutimos, la comisión propone en principio, porque ya veremos, de algunos delitos, quedando solo tres de los nueve planteados inicialmente en la minuta turnada por el Senado, lo cual reflejaría una acción positiva en cuanto a que se limita el catálogo de delitos a los que se pretende extender la prisión oficiosa, si este catálogo reducido no respondiera al cumplimiento de una promesa de campaña. Seamos prístinos, los derechos humanos no pueden estar supeditados al cumplimiento de un ofrecimiento electoral. Consideramos, sin embargo, que aún con la reducción este esfuerzo es insuficiente, ya que los tres delitos que se mantienen en el dictamen son: el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito, y ejercicio abusivo de funciones y los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, dejando la enunciación tan abierta, que pueden implicar muchos tipos penales y ampliar aún más el catálogo contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No tratamos de minimizar los problemas de inseguridad que vive nuestro país. Sin embargo, la ampliación de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa es una salida falsa que descansa en la suposición, que quienes roban combustible, que quienes portan armas, quienes cometen delitos electorales y los corruptos, dejarán de serlo solamente por encarcelarlos un tiempo o que esta situación disuadirá a quienes delinquen con ellos. Al final, si fomentamos la ineficiencia de las instituciones, los diputados enfrentarán un proceso con debilidades orgánicas y tendrán grandes posibilidades de ser exculpados. Y adicionalmente, abrimos una puerta que ha sido señalada por los organismos internacionales en materia de derechos humanos, para que la excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa se convierta en una nueva regla. Es importante dejar claro que en el PRD estamos en contra de todo acto delictivo, de manera especial de aquellos que afectan el desarrollo de México, como el robo de hidrocarburos o la misma corrupción. Pero también estamos en contra del dictamen de la minuta, ya que se genera la interpretación de que el nuevo gobierno quiere facilitarse el camino para la persecución política de quienes no concuerdan con él. Con este acto, el presidente deja claro que ni su gobierno ni su Congreso pretenden organizar a organizaciones de la sociedad civil ni a organismos internacionales ni a otras voces discordantes, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en cuya opinión esta ampliación es una regresión en el sistema de justicia que, sin embargo, constituye una demanda aprovechable políticamente que conlleva un riesgo enorme para la sociedad, ya que llevando a las cárceles a los presuntos delincuentes no significa que en verdad se esté combatiendo la inseguridad ni los delitos propuestos en el dictamen. Por tal motivo, es de enorme trascendencia mencionar que cualquier medida que implique ampliar la prisión oficiosa es una regresión en materia de derechos humanos, no solo porque se incluyan más delitos en el catálogo, sino porque se limita al juez a decretar en automático una medida cautelar de prisión sin que este tenga la libertad para analizar si es necesaria o no. O si el diputado es responsable del delito o no, restringiendo de facto su libertad personal. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en el 2011, la regresión en la garantía de un derecho únicamente puede ser válida, con comillas, abro, cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que estos, en tanto normas que expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, tienen prioridad... frente a cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos. Se cierran comillas. Asimismo, es ilógico decir que es ponderable la inclusión de solo estos tres delitos, dejando fuera el de alto impacto, como el feminicidio, cada día más grave y con mayor incidencia, motivo por el cual debemos reflexionar sobre la inclusión de este y otros delitos en el dictamen a la minuta que hoy nos ocupa, ya que en la actualidad México se ubica en el lugar 23 de los 25 países del mundo con mayor incidencia de este delito, que en años anteriores presentó un incremento de 1.4 puntos porcentuales del 2012 a 2016. Asimismo, en julio de 2018 el secretario del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que en los primeros siete meses en ese año en México se habían registrado un total de 469 feminicidios, motivo por el cual la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia en contra de las Mujeres, emitió la alerta de violencia de género contra las mujeres en 3 estados del país, de los cuales 11 habían sido solo en algunos municipios, mientras que en Veracruz y Zacatecas habrían sido en toda la entidad, solo por mencionar uno de los más graves. Y como no lo propuso el entonces candidato López Obrador, no se incluye. Pero ya veremos al momento en que lleguemos a las reservas, porque así, sin ninguna incidencia, sin mayor estadística, de un plumazo quitan y ponen lo que consideran que son delitos graves. Ese es el tamaño de la incongruencia. Pareciera que vamos a pasar a un concurso de cuál delito tendría que ser más grave que el otro. El diagnóstico hecho por el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país señaló que un sistema idóneo de justicia penal es aquel que se basa exclusivamente en normas jurídicas y no en criterios de conveniencia u oportunidad política, sancionando a las y a los responsables de los delitos, garantizando que las personas inocentes no sean condenadas igualmente. Solo con un sistema de tales características la población depositará su confianza en las autoridades encargadas de perseguir y sancionar los delitos, lo que constituye una condición indispensable para el éxito contra la impunidad. De esta manera, nos percatamos que la prisión preventiva no es por sí misma una herramienta para prevenir la incidencia de delitos, ya que esta figura podría fomentar aún más las violaciones a los derechos humanos de nuestro país, exponiendo a más personas a situaciones en defensión arbitraria. En resumen, se sigue asociando la prisión preventiva con el tipo de delito. Es menester señalar que los estándares interamericanos de derechos humanos nos han señalado en múltiples ocasiones que el tipo de delito no es una razón suficiente para restringir la libertad personal, ni la presunción de inocencia de las personas sujetas a proceso penal, la prisión preventiva de oficio es consecuencia inconvencional. 2. Se ha argumentado que en algunas ocasiones la medida de internamiento preventivo es apropiada para resguardar la seguridad de la persona o de las víctimas, es decir, que debemos de proteger a las personas privándolas de la libertad, lo cual constituye una medida equivocada para las y los ciudadanos. 3. Lo anterior nos conduce de manera inminente a desatender la ponderación de las condiciones estructurales que permiten que las y los ciudadanos se involucren en conductas delictivas, la exclusión social, pobreza y desigualdad como lo han documentado diversas instituciones en materia de derechos humanos, constituyen la causa principal de ello. El reclutamiento por parte de organizaciones de la delincuencia organizada es una violación de derechos humanos sobre la que no se han diseñado las necesarias políticas públicas, ni se han realizado las indispensables medidas para su prevención y correspondiente sanción. Yo quiero comentar aquí que dirán que siempre estamos en contra, pero también quiero decirles desde esta tribuna, que sí estuvimos trabajando con todas las fracciones parlamentarias para poder tener una propuesta alternativa que diera respuesta a las exigencias de la ciudadanía sin violentar los marcos convencionales, sin violentar nuestra Constitución, porque aquí hay una violación al debido proceso y una iniciativa, una propuesta, que finalmente pudiera terminar con la puerta giratoria. Y aquí se negaron a que pudiéramos discutirla, se negaron a que pudiéramos presentarla, porque aquí en este Congreso pareciera que solamente hay un legislador que da indicaciones al grupo de la mayoría y sus aliados, pero desde el PRD vamos a seguir dando la batalla evidenciando que también el gran legislador se equivoca. Por eso el grupo parlamentario votará en contra de esta minuta que violenta los derechos humanos a todas luces. Es cuanto.