La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, presidenta. quiero empezar mi intervención reconociendo a los elementos de las Fuerzas Armadas, así como a los policías que todos los días exponen su vida al enfrentar a la delincuencia organizada para brindarle protección a todos los mexicanos. El gobierno federal adoptó el principio de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, el cual se quebrantó con las decisiones que se tomaron el pasado jueves, contradiciendo con ello lo estipulado en la Carta Magna y el Código Penal Federal. A 11 meses de haber sido electo el actual titular del Ejecutivo federal, existe una ausencia de una adecuada estrategia de seguridad pública y, en consecuencia, nos encontramos ante un escenario indeseado y en una coyuntura histórica de inseguridad y violencia, que requiere de acciones contundentes. Por ello, no puede evadir los legítimos cuestionamientos que se han expresado sobre su responsabilidad en Culiacán. Así como tampoco desestimar las críticas constructivas, porque es evidente que se necesita un cambio profundo y urgente respecto a la política de seguridad pública del país, y esto quedó demostrado. El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y, a su vez, encabeza el Consejo Nacional de Seguridad Pública, por lo que no es congruente que afirme que no estaba informado de los hechos, lo cual nos da una señal de ausencia en la toma de decisiones. Y por más confianza que les tenga a los integrantes del Gabinete de Seguridad, es necesario que se tome el control personal de situaciones como a las que nos referimos. Eso es lo que implica gobernar el país. Lo que sucedió en Culiacán fue una amenaza directa a la seguridad nacional. Esto es claro y lo especifica la propia ley en la materia. Fueron actos que inhabilitaron e interfirieron con la provisión de bienes y servicios públicos, y que obstaculizaron y bloquearon operativos contra la delincuencia organizada. Los riesgos a la seguridad nacional son latentes, ya que están produciendo daños a los intereses nacionales debido a los fenómenos delictivos que están vulnerando y mermando la capacidad de respuesta del Estado. Ya es suficiente de denunciar los gobiernos anteriores, el Ejecutivo federal debe hacerse cargo de sus decisiones. La medida adoptada el pasado jueves es responsabilidad exclusiva del actual gobierno federal. Esta soberanía ha tenido siempre la disposición para proporcionar al Ejecutivo federal las herramientas legislativas necesarias para conformar una política eficaz en materia de seguridad, a excepción de las reducciones presupuestales y las políticas de austeridad, que dan lugar a la inoperatividad e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad. En este sentido y previo a reformas constitucionales y leyes secundarias propuestas en materia de Guardia Nacional, se advirtió por parte de académicos, especialistas y organizaciones civiles respecto al error del mando mixto, lo cual iba a traer contradicciones y generaría una inadecuada coordinación. Esto se cumplió y se vio reflejado el pasado jueves. Se ha comunicado por parte del gobierno federal que existirá una investigación profunda para determinar la responsabilidad del operativo. Pero, ya sabemos lo que va a pasar, al tener un mando mixto, las competencias se diluyan. Lo que los mexicanos y habitantes de Culiacán vivieron fue una amenaza a la integridad. Le robaron la tranquilidad. Esto se vio expresado en los distintos medios de información, en donde los delincuentes tomaron la población civil como rehenes y utilizaron como moneda de cambio para negociar con el Estado la tranquilidad de la ciudadanía. Sin embargo, no es solo Culiacán, en días anteriores fue Aguililla. Sistemáticamente los cuerpos policiales son debilitados por el crimen organizado y por la falta de respaldo institucional presupuestal, así como la falta de claridad de un tema tan sensible, como es la seguridad. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos queda claro que los ciudadanos no pueden esperar ni seguir sufriendo la violencia ocasionada por las decisiones gubernamentales deficientes. Dejemos de politizar este asunto y aboquémonos a salvaguardar los derechos de todas las personas, porque cuando de seguridad se trata, todos los aquí presentes tenemos una responsabilidad. En Movimiento Ciudadano queremos construir y poner sobre la mesa la urgente necesidad de crear un nuevo acuerdo nacional en materia de seguridad pública. Gracias por su atención.