La diputada Ana Georgina Zapata Lucero: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, la suscrita del Grupo Parlamentario del PRI, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 343 Quintus al Código Penal Federal, en materia de violencia familiar de acuerdo con lo siguiente. México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen por objeto que los estados participantes adopten diversas medidas, prácticamente legislativas, para contrarrestar y combatir la violencia familiar, principalmente la que se ejerce en contra de la mujer, las niñas, los niños y los adolescentes, introduciendo o incrementando las sanciones administrativas, civiles, laborales y hasta penales que garanticen el respeto a los derechos, el acceso a la justicia y la reparación del daño, entre otros instrumentos cito lo siguiente: La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada en la ONU el pasado 20 de diciembre de 1993; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Convención de Belén Do Pará, aprobada por Belén Do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. En cumplimiento a esos compromisos internacionales, México ha aprobado y puesto en vigor, entre otras, las siguientes leyes: La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado primero de febrero de 2007 y la Ley de la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial el pasado 29 de mayo de 2000. En términos generales la legislación mexicana protectora de este sector tan importante y a la vez tan vulnerable de la población mexicana, los niños, las niñas, adolescentes y mujeres, es la adecuada y responde debidamente a los convenios y tratados internacionales. Nos preocupa puntualizar en algunos aspectos, especialmente sensibles referentes a la erradicación más eficiente de la violencia familiar y buscar mecanismos que garanticen y promuevan el desarrollo de los miembros de estos sectores de la población. En beneficio de la brevedad, omitiremos reproducir ciertas cifras estadísticas y argumentaré que tienen el propósito de justificar la necesidad de atender de manera principal y prioritaria, el fortalecimiento de los derechos del niño, de la niña, del adolescente y las mujeres. Me enfocaré de manera sumaria a explicar y justificar la necesidad de una reforma legal que tenga por objeto salvaguardar y proveer al acceso indispensable y sosteniendo la educación, cultura y desarrollo intelectual, social, de los integrantes de los sectores vulnerables de la población que pretendemos proteger. En los instrumentos internacionales y en la legislación nacional que he invocado, destaca la defensa y protección de los derechos del niño y de la mujer, prohibiendo toda forma de discriminación que sea un menoscabo o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales y civiles. Se trata de asegurar el pleno desarrollo y adelanto de los grupos en materia de tutela, de garantizar educación familiar y el acceso de los sujetos protegidos a los bienes de la educación y la cultura, así como a erradicar cualquier forma de discriminación, explotación o violencia que sea en perjuicio de su integridad, su libertad y su desarrollo. También se destaca el compromiso establecido de adoptar todas las medidas necesarias incluidas las legislativas, para proveer las sanciones a las conductas contrarias a los derechos de los sujetos que aspiramos a proteger, a efecto de fortalecer estos derechos y garantizar su debido cumplimiento. La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone en su artículo 32 que éstos tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3 de la Constitución. El artículo 3 de la Constitución política de esta nación establece que la educación preescolar, primaria y secundaria formarán la educación básica obligatoria. El artículo 343 Bis del Código Penal Federal define la violencia familiar como el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, síquica o ambas, independientemente de que puedan producir lesiones. Este delito lo puede cometer, conforme al artículo citado el cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado como habitante en la misma casa de la víctima. Por equiparación, el artículo 343 Ter incluye como sujetos activos del delito de los parientes por afinidad a los que esté sujeta la custodia, guardia, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en la misma casa. Por tanto, en mérito de lo expuesto, con fundamento del artículo 71, fracción II, de la Constitución, como ya lo mencioné, someto a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Decreto único. Se adiciona el artículo 343 Quintus del Código Penal Federal para quedar como sigue: Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses o cuatro años de prisión al que teniendo la relación de parentesco por consanguineidad o afinidad prevista en el artículo 343 Bis y 343 de este código, inhiban, impidan o dificulten de manera culposa o dolosa que niñas, niños, adolescentes y mujeres dependientes accedan a los beneficios de la educación y la cultura, sea mediante el incumplimiento de obligaciones a su cargo o mediante la realización de acciones, prohibición o intimidación en contra de sus infantes o mujeres dependientes. Artículo transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Gracias.