El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Con el permiso de la Presidencia. Saludo con mucho afecto y respeto a todos, al auditorio del Canal del Congreso, a mis paisanas y paisanos chiapanecos. Buenos días a todas y a todos. Hoy, estimadas y apreciables diputadas y diputados, nos toca analizar el Segundo Informe de Gobierno de la República en materia de Política Interior. No debemos olvidar que este tema se relaciona con el ambiente de incertidumbre y desconcierto en que se encontraba la nación en el año de 2018. La escalada delincuencial organizada no tenía una política integral de Estado que permitiera su neutralización y desaparición con acciones graduales y constantes. Solo creaba cuadros de espectáculo. El Estado mexicano no contaba con un mecanismo coordinador de acciones institucionales que se fundara en la fortaleza del federalismo, que incluyera real y operativamente a las instancias federales, estatales y municipales. El análisis real y constante en la situación del país en materia de seguridad, junto con la acción organizada de las fuerzas de la Guardia Nacional, Defensa Nacional y la Armada de México, permiten ahora contar con una estrategia que está dando resultados en los hechos, incluso, la participación de dichas corporaciones en la estrategia nacional de salud contra la pandemia del Covid-19 ha sido un apoyo constante e invaluable. Ahora, la coordinación de acciones debemos decirlo se evalúa y se corrige en la realidad de manera permanente y con la conducción directa del presidente de la República, sin crear los escenarios falsos que en el pasado no arrojaron cumplimiento de metas. Hoy, no hay simulaciones, por eso, regionalizar la acción de las fuerzas de seguridad con la suficiente capacidad y potencialidad está alcanzando esa paz que se debe garantizar en todo el territorio nacional. Y hay una orientación básica que soporta el trabajo cotidiano del gobierno federal y que es preservar el Estado de derecho sustentando en el principio de gobernabilidad democrática que obliga a las instituciones a reformularse con la atención de la ciudadanía. Se sale de los pasillos de palacio para ir al sentir social como programa primario de gobierno. Hay entonces, una filosofía central de construcción de ambientes democráticos, que es el mejor sustento para dar paso a la paz pública y al desarrollo político. La estrategia tiene buena aceptación en la sociedad, se basa en atender también necesidades de los sectores sociales que con frecuencia se alejan de la coexistencia pacífica para incorporarse a los grupos de la delincuencia. Por eso, se prioriza en los grupos más pobres. Es una forma racional de acercarse al tejido social y de construirlo. Los indicadores de delincuencia y seguridad van mostrando gradualmente los avances y esto es labor integrada entre la federación y los estados. No hay manera de que el pacto federal para la vida en paz se consolide sin la voluntad activa de estas instituciones fundamentales en la soberanía nacional. Los delitos del fuero común, así como los federales disminuyen, y ahora se fortalecen estrategias con un nuevo modelo de policía y justicia. Se da vigor a las corporaciones municipales y a las de nivel estatal en una acción estrechamente vinculada a la Guardia Nacional y las fiscalías locales. Este es un reto mayor que llevará muchas horas de trabajo, pero se toma el asunto con la seriedad necesaria a un objetivo de pacificación de la nación al que nos dirigimos con constancia. Lo mismo observamos en derechos humanos en esta materia, el Estado mexicano en este sentido responde con una política dirigida específicamente a las víctimas de violaciones en derechos humanos. Por eso se crearon mecanismos con la Organización de Naciones Unidas que propician acompañar la actividad de la Guardia Nacional con la participación ciudadana, para precisar sus ámbitos de acción con mayor transparencia, que se rindan cuentas oportunamente y a un tiempo dignifiquen y profesionalicen la función policial. Es importante, de igual modo, el trabajo serio que se hace del asunto de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyo compromiso es claro y firme del gobierno de la República, castigar a los culpables y conocer dónde están los jóvenes que fueron desaparecidos por acciones concertadas, incluso por parte de los funcionarios de las distintas instancias de gobierno. Ahora se aborda también la defensa de periodistas y personalidades que se dedican a informar a la sociedad y se toman las previsiones para proteger a personas que dedican su vida a promover los derechos humanos en México. No hay demagogia tradicional que caracterizó estas actividades en el pasado, todas las instituciones se alinean en esta función sustantiva del Estado...