La diputada Ana Erika Santana González: Con la venia de todos ustedes, compañeros. Vengo el día de hoy como diputada, pero también como abogada de profesión. Me siento consternada por lo que estoy escuchando y leyendo desde hace muchos días en los medios de comunicación. Como abogada, cuando nos graduamos, decimos un juramento y en él juramos honrar la Constitución y las leyes de la república. Esto aplica no solamente para nosotros los abogados, en especial para los jueces. Así que yo quisiera recordarles que el artículo 61 de la Ley de Amparo prohíbe hoy y prohibía antes de la reforma judicial los amparos en contra de las reformas constitucionales y la lógica nos dice que si una ley lo prohíbe entonces era imposible para el juez admitir un amparo contra una reforma constitucional. No sólo hoy, después de la reforma, sino antes de la reforma era imposible hacerlo, porque estaba prohibido en la Ley de Amparo, que están obligados los jueces a obedecer. Y es hoy imposible porque la Constitución lo prohíbe. De ahí nos lleva también a pensar qué está pasando. Cómo un juez, un magistrado de donde sea rompe la ley, desobedece la Ley de Amparo, desobedece la Constitución admitiendo un recurso que no debe admitir. Por lo tanto, qué responsabilidades puede tener esta persona cuando admite un recurso en contra de lo que hoy está prohibido en la Constitución y contra la Ley de Amparo. Obviamente hay una responsabilidad política por prestarse a hacer cosas indebidas. Administrativa, porque este sería un problema administrativo, y cabrían los recursos administrativos en contra del juzgador. Pero también cabe la responsabilidad penal por hacer algo indebido. E incluso los afectados hoy que están perjudicados en su derecho, por aspirar, legítimo derecho a aspirar a ser juez, magistrado, ministro, pudieran interponer un recurso en contra de este juzgador. Porque, habiendo la prohibición específica, admite el recurso que la Ley de Amparo dice que no y que la Constitución hoy dice que no. En qué responsabilidades pudiera incurrir. Dice aquí que debe haber responsabilidad por la violación a la misma Constitución, ya que la norma que habla de la elección es inconstitucional, y el juez no puede ir en contra de la misma. Las sanciones que se pueden imponer a los jueces federales pueden ser la amonestación privada o pública, la inhabilitación, la remoción del cargo. También el artículo 61 de la Ley de Amparo lo sigue prohibiendo. Entonces, por haber violado este supuesto, el juez está actuando contra la propia ley, contra la propia esencia de lo que debe hacer, por haber aceptado y enviado la resolución basada en la inercia de la ley que debe regir al juez, esas sanciones que ya mencioné. Y aquí nos quedamos pensando qué tipo de jueces queremos. Estábamos escuchando hace rato a nuestros compañeros y compañeras hablar elocuentemente, y coincido con ellos, de que vivimos un Estado de derecho, ¿verdad? Y en el Estado de derecho todos tenemos que obedecer la ley, pero principalmente quien la aplica debe obedecer la ley. Y, ante este problema, si el que la aplica no obedece la ley, entonces no sé qué estamos defendiendo el día de hoy y esto qué genera. Genera una gran confusión entre nuestros ciudadanos y aquí mismo genera un debate innecesario. El presidente senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Si puede concluir, diputada Santana.