La diputada Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, diputado presidente. La transparencia y rendición de cuentas son elementos inherentes a los regímenes democráticos, ya que otorgan certidumbre y legitimidad a las diversas acciones que emprende el gobierno en beneficio de los ciudadanos. Prueba de ello son los organismos internacionales de financiamiento, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que condicionan a que los países solicitantes de financiamiento para proyectos, cuenten con herramientas que permitan hacer del conocimiento, tanto para los propios organismos como para los ciudadanos en general, la utilización de dichos recursos. Entre otras cosas, ello hace indispensable que el cambio democrático no sólo se simplifique en buenas intenciones, sino que implique también cambiar las instituciones del Estado. En este sentido, la incorporación de mecanismos que promuevan el acceso a la información, así como la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, se constituyen en primordiales para consolidar las democracias contemporáneas. En efecto, incentivar una cultura de transparencia al interior de la administración pública implica transformar el modo en que los funcionarios públicos desarrollan su trabajo cotidiano, ya que trastoca desde la organización de información hasta el aceptar que los documentos que generan no son de su propiedad. Esto es modificar por completo la concepción del servicio público. Además de esta calificación, México se coloca en la quinta posición en el índice latinoamericano de transparencia presupuestaria, realizado por Fondart, Centro de Análisis e Investigación. El país obtuvo el peor resultado en los últimos 6 años al situarse en los 48 puntos. De acuerdo a esta investigación, la menor transparencia en el presupuesto de México puede explicarse, porque en la práctica la información difundida por las autoridades es confusa, incompleta, crea más duda y/o simplemente es inútil para la rendición de cuentas. Por dar un ejemplo, por más que existan leyes de transparencia estatales, el cumplimiento de las mismas deja mucho que desear, sobre todo en los municipios y algunos gobiernos estatales. Uno de los principales promotores de transparencia en el ejercicio del gasto público es el tan controvertido municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. Dicho municipio publica mensualmente de manera específica el dinero que gasta cada oficina, además de publicar las compras diarias que realiza. Para ello, los ciudadanos deben contar con las herramientas que les permita evaluar la aplicación del presupuesto destinado a combatir sus principales necesidades. Existen tres preguntas esenciales que los gobiernos deben responder a los ciudadanos y son fundamentales para observar la ejecución del gasto público: ¿quién gasta? ¿En qué? ¿Cómo lo hace? Además de los resultados tangibles en la aplicación de los recursos públicos. La Ley de Coordinación Fiscal, ordenamiento que regula la participación de recursos federales por parte de los estados, tiene por objeto, de acuerdo al artículo primero de la ley, coordinar el sistema fiscal de la federación con los estados, municipios y el Distrito Federal. Sin embargo, si bien es cierto dicha ley prevé que los estados y el Distrito Federal rindan informes al Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda, no especifica qué deberán contener dichos informes, por lo que al ser la ley que establece la reglas en que serán repartidos los recursos debe contener las bases mínimas que detallen la ejecución del mismo con al menos dos elementos fundamentales que demuestren su real aplicación: la unidad administrativa que ejecutó el presupuesto y el detalle de su explicación. Solicito, señor presidente, que ya a detalle se pueda integrar completa la iniciativa al Diario de los Debates. Muchas gracias.