La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, señor presidente. La recomendación 78/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 28 de diciembre pasado marca un parteaguas en la lucha histórica por la defensa de los derechos humanos en Guerrero. Sin duda, con dicha recomendación se demuestra que en México han pasado una serie de delitos que prueban el Estado fallido en procuración de derechos humanos. Dicha recomendación se refiere al secuestro, tortura y ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. Sumado a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 23 de noviembre de 2009, condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Badilla Pacheco y reconoce la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos durante la llamada guerra sucia. Además, mandató continuar con la búsqueda del señor Rosendo Badilla o en su caso de sus restos mortales. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de hecho reconoce que no se trata de hechos aislados del pasado, sino que el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas son conductas sistemáticas del Estado o de sus autoridades que por ineficacia e ignorancia o, peor aún, por mandato siguen permitiendo que estos casos se den como parte constante del ejercicio del poder mexicano. Los hechos: el 3 de febrero de 2009, aproximadamente a la 1:15 horas, al encontrarse en un acto público en la explanada de la escuela secundaria Plan de Ayala de la ciudad de Ayutla de los Libres, Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron detenidos por tres sujetos que sin identificarse ingresaron al lugar, los detuvieron y les llevaron a rumbo desconocido en un vehículo negro. Por lo cual, diversas organizaciones de derechos humanos presentaron denuncias y realizaron diversas acciones a fin de encontrar a los dos luchadores indígenas. Días después elementos de la policía ministerial del estado de Guerrero dijeron que, producto de una llamada anónima, se hizo de su conocimiento que en un paraje solitario de la comunidad de San Francisco, municipio de Tecapán se encontraban sepultadas dos personas y que, al parecer, se trataba de dos desaparecidos, razón por la que, reporta la agencia ministerial del fuero común del distrito judicial de Alcalde, realizaron una inspección ocular en el lugar y dieron con el hallazgo de los dos cadáveres y su levantamiento. Ante tan canallesca estratagema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación número 78-29, de fecha 28 de diciembre pasado, afirman que violaron en prejuicio de los agraviados occisos, así como de sus familiares, los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y el acceso a la procuración de justicia contenidos en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo veinte, apartado b; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esos motivos, se emite la recomendación al titular del gobierno estatal a fin de llegar a la verdad material e histórica y que gire sus instrucciones a quién corresponda para tal efecto, específicamente el realizar un nuevo peritaje, de igual forma recomienda, al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, a que gire sus instrucciones al presidente municipal de Ayutla, Armando García Rendón, para que se repare el daño, si es que eso fuera posible, a los familiares de los indígenas occisos. En ese sentido esta soberanía debe pronunciarse para que esta recomendación surta efectos y permita el esclarecimiento de este grave caso que nos recuerda la época más oscura de represión en nuestro país. Es también, nuestra responsabilidad cuidar que no pasen otros 30 años, como en otros casos, sin resolverse y castigar a los culpables. Por ello, es que sometemos a su consideración el punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, con total respeto a la soberanía estatal y a la división de Poderes, al ciudadano Carlos Zeferino Torres Blanca Galindo, gobernador constitucional del estado de Guerrero; al diputado Héctor Vizcaíno Castrejón, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local del estado de Guerrero, a implementar los mecanismos que den cumplimiento a la recomendación 78-2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de fecha 28 de diciembre de 2009; firmada por el titular, licenciado Raúl Plascencia Villanueva, y a enviar un informe a esta soberanía sobre las acciones a implementar. Es cuanto, señor presidente. Le solicito que el texto sea incluido en el Diario de los Debates en su totalidad.