La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Que el diablo está en los detalles no cabe duda y que no hay nada más frágil que la memoria, también. Deberíamos celebrar que finalmente después de años, eh, desde el 30 de abril del 2008 que es la fecha fatal en la que el Congreso de la Unión debió haber aprobado la ley reglamentaria del artículo 6o constitucional, en el que se incluyó el derecho de réplica, finalmente tengamos un proyecto de iniciativa de ley en el que aparentemente se pretende regular este derecho para que se hagan efectivos y para que todos los miembros de nuestra sociedad, que sientan que ha sido afectado su honra, su moral, la vida privada o la actuación política, puedan sufrir o puedan defenderse ante información que no sea veraz. Sin embargo, no es momento de celebrar, porque la ley o el proyecto de iniciativa de ley que tenemos enfrente, hace precisamente lo contrario. Puedo asegurarles que en los términos en los que está esta iniciativa, lo único que hacen es asegurar que el derecho de réplica quede a la total discrecionalidad de los medios de comunicación, sea impresos o de comunicación electrónica. Esto porque a base de una serie de subterfugios legaloides, primero establecen como el sujeto obligado a aquél que al final de cuentas es el productor original de la información, lo que significa que si una agencia de noticias publica alguna información que pueda ser contraria o ir en contra y agraviar a una persona, una radiodifusora, sea radio o televisión o un periódico, citando a esta fuente, simplemente no tiene ya obligación de conceder el derecho de réplica. Y si no me creen, basta con que lean las causales por las cuales o las cuales no tendrían la obligación de conceder el derecho de réplica, y es precisamente el que se cite a una fuente externa. El hecho es que esta ley de derecho de réplica se olvida, porque ahí inclusive lo expone en sus motivos, de que el 12 de junio de este año se expidió, se promulgó la reforma constitucional a los artículos 6o., 7o, 27, 28 y una serie de otros artículos en materia de telecomunicaciones. Que esta reforma constitucional ratificó este derecho de réplica, pero que en sus artículos transitorios estableció una vez más la obligación de este Congreso de la Unión, de aprobar la reglamentación del derecho de réplica dentro del contexto de una ley secundaria en materia de telecomunicaciones a la que están sujetas las radiodifusoras. Es decir las empresas de radio y la televisión, y que conforme a esta reforma constitucional la autoridad competente para regular a estas empresas no es nada más y nada menos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cosa que pretenden simplemente anular en esta reforma, puesto que además de concederle a los medios de comunicación el derecho de determinar si procede o no el derecho de réplica, siendo ellos juez y parte, resulta que cualquier inconformidad tiene que ser dirimida ante tribunales de la Federación, olvidando que estas radiodifusoras se encuentran sujetas a las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero que además la reforma constitucional creó tribunales especializados en materia de telecomunicaciones y radio difusión, que son los especializados para tratar este tipo de asuntos. Esta reforma está plagada de inconstitucionalidades porque simplemente la Comisión de Gobernación omitió u olvidó, decía yo la memoria es de las cosas más frágiles, que existe esta reforma apenas aprobada el 12 de junio, y que por cierto la regulación secundaria debería estar siendo aprobada el 9 de diciembre, cosa que no va a suceder, pero al olvidar que existe esa reforma olvidó que existe un Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que no le puede una ley secundaria quitar atribuciones establecidas en la Constitución. Olvidó también la creación de estos tribunales especializados que son los competentes para tratar este tipo de asuntos en materia de radiodifusión, y que si bien en última instancia esto pudiese ser aprobado, como parece que va a ser puesto que ya está todo acordado, todavía tengo la esperanza de que el Senado realice las modificaciones necesarias para hacer que esta ley, que por cierto establece como sanción imagínense ustedes, que de entre 500 a 5 mil veces el salario mínimo diario del Distrito Federal, lo que significa el equivalente a 32 mil hasta 320 mil pesos, a aquellos que incumplan con la obligación del derecho de réplica después de un largo proceso judicial, pero inclusive dice, y si ante inclusive la orden judicial continúan con su desacato, déjenme decirles que lo único que sucede, se duplica la multa, cuando en tesis, en las concesiones de radiodifusión queda claro que el incumplimiento de la ley merece precisamente la revocación de los títulos de concesión. Ojalá que el Senado haga el trabajo que nosotros no estamos haciendo aquí. Ojalá que el Senado enmiende, como siempre hace, estas fallas de origen y constitucionales. Pero si no fuese así, ojalá, y a eso me abocaré, a reunir una tercera parte de los votos de los legisladores aquí presentes que están conscientes de que esta ley no va a conseguir nada, para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de esta pretendida iniciativa de ley, que lo único que hace es atender a los intereses de los grandes grupos mediáticos del país que, desafortunadamente, tienen cooptada a la clase política. Gracias.