La diputada Patricia Mercado Castro: Muchas gracias, presidente. Pues qué más quisiéramos que poderle decir al pueblo de México y a la comunidad internacional que estamos trabajando en una reforma profunda e integral al sistema de justicia. Que con esta reforma las ciudadanas y los ciudadanos tendrán por fin el acceso a la justicia, que es su derecho y se les ha negado una y otra vez. Pero no es así, lejos de eso estamos abriendo la puerta para que, personas que no son las pertinentes, sean quienes vayan a determinar el rumbo de la vida de quienes acuden al Poder Judicial en busca de justicia. Presento de nuevo esta reserva para excluir, para proponer excluir de este proceso de elección judicial a los tribunales y juzgados laborales que comenzaron tras la reforma constitucional de 2017. Al año siguiente de la promulgación de esa reforma laboral, los 13 estados integrantes del TLCAN, acordaron renovar el tratado y abrieron un periodo de negociaciones muy amplias que culminaron con la adopción del T-MEC. En este contexto, uno de los pendientes del tratado era precisamente la adopción de esquemas de justicia laboral que homologaran ciertas condiciones de los tres países. El Estado mexicano asumió la tarea de generar un equilibrio entre patrones y trabajadores, pues aún en el orden jurídico persistían residuos del corporativismo que predominó la mayor parte de la República moderna. En el Anexo 23-A del preacuerdo del T-MEC, México se comprometió, cito: a establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales derivadas de la negociación colectiva de los trabajadores. Tenemos que decir que la libertad de asociación, la libertad sindical y la negociación colectiva son derechos del núcleo de derechos que protege el marco del derecho internacional de trabajo, pero los obstáculos que interponían el cooperativismo obsoleto y el objetivo neoliberal de una flexibilización precarizante, hacían imposible cualquier avance real. Que se entienda bien, contar con tribunales labores independientes fue un objetivo con el que logramos coincidir todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo porque significaba poner a nuestro país a tono con los derechos laborales en el marco internacional. En el texto final del T-MEC, en vigor desde julio del 2020, el entonces presidente López Obrador firmó compromisos muy claros a nombre del Estado mexicano. Y, cito: establecerá y mantendrá órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos. Podemos tener a muchos actores interesados en que personas improvisadas, inexpertas y con claros favoritismos lleguen a las boletas. Y cómo podría ser frente el Estado a las pretensiones de sindicatos charros o de empresas sin escrúpulos para imponer jueces laborales e influir en las decisiones, estamos abriendo las puertas para que los intereses más oscuros del mundo laboral se inmiscuyan en las decisiones. Estamos tirando por la borda un sistema nuevo que estaba en proceso de implementación con cientos de funcionarios y funcionarias que estaban aprendiendo e, incluso, creando derecho. Estamos desperdiciando los recursos y el tiempo que hemos invertido para un servicio profesional que en esta materia es crucial para terminar con la desigualdad que es el problema crónico de este país. Por esta razón es que proponemos excluir a los tribunales laborales de todo este proceso electivo de las autoridades judiciales. Aún es tiempo de actuar y de corregir el rumbo. Muchas gracias, compañeros, compañeras y presidente.