La diputada Beatriz Rojas Martínez: Diputadas y diputados, la iniciativa que hoy presento es para garantizar un derecho fundamental para las mujeres de este país. Nuestro país tiene una gran deuda de garantizar a las mujeres un derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Como nación somos firmantes de diversos instrumentos internacionales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Exhorta a los estados a tomar todas las medidas necesarias para cambiar las actitudes sociales, culturales y eliminar prejuicios y las prácticas tradicionales basadas en estereotipos o ideas que discriminen a las mujeres. Es una obligación del Estado mexicano cumpla con las recomendaciones de los tratados internacionales de lo que es parte, en particular sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en lo que respecta a la interrupción legal del embarazo. Para México es un momento histórico con las actuales reformas en el estado de Hidalgo en junio y Veracruz en julio, ambos en este 2021, con los antecedentes de Oaxaca en 2019, la Ciudad de México, que marcó referencia desde el 2007 y ahora, con los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la despenalización del aborto y de la objeción de consciencia. Es el momento de que todas las mujeres tengamos derecho a la interrupción legal y segura. Es imprescindible que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se conviertan en un derecho para todas, a lo largo y ancho del país, en todas y cada una de las entidades federativas. No es posible que, mientras unas puedan gozar plenamente de este derecho, otras no solo lo tienen restringido, además han sido castigadas, criminalizadas y encarceladas. La lucha de las mujeres y el movimiento feminista por el aborto legal ha sido larga y constante en toda América Latina y en nuestro país. En los últimos 15 años se han presentado diversas iniciativas con este objetivo. El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte resolvió declarar inconstitucional la criminalización total del aborto, invalidando los artículos que castigan con cárcel a quienes aborten y ese criterio se establece para todas y todos los jueces de nuestro país. Citando al ministro presidente, Arturo Zaldívar, A partir de ahora, se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y respeto a todas las mujeres. Es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos. De la misma forma, el 20 de septiembre resolvió invalidad precepto de la Ley General de Salud sobre objeción de consciencia del personal médico y de enfermería, sin establecer las salvaguardas necesarias para garantizar el derecho a la salud. Y ha exhortado a este Congreso de la Unión a legislar en el tema, regulando con estándares claros y puntuales para que el personal médico y de enfermería y de los servicios de salud pública y privada, puedan ejercer objeción de consciencia, sin que esto se convierta en una negación de servicios para las personas que los requieren de manera pronta y sin dilaciones. Con estos dos históricos fallos de la Suprema Corte, a las legisladoras y los legisladores, nos corresponde adecuar el marco jurídico para garantizar la despenalización del aborto, el derecho a la objeción de conciencia sin obstaculizar el derecho a la salud. Por ello presento esta iniciativa que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y una adición a la Ley General de Salud, para garantizar la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, asegurando que el aborto legal no obliga a nadie a abortar, simplemente reconoce el derecho de las mujeres a decidir. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar.