LA C. DIP. LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO: Con su permiso, señor Presidente. Los derechos humanos constituyen uno de los temas de mayor relevancia hoy en día. El estado mexicano debe considerar que tiene hoy la obligación de cumplir con los compromisos contractuales y convencionales que tiene en materia de derechos humanos, como en el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumento jurídico de la mayor relevancia pues es importante recordar que se incluye dentro de la Carta de los Derechos Humanos. El citado Pacto fue aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el día 18 de diciembre de 1980; el estado mexicano planteó reservas al pacto internacional de derechos civiles y políticos, a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros de 1928. Las reservas mexicanas a estos tratados, contemplan que la expulsión de extranjeros se producirá de acuerdo a las leyes nacionales refiriéndose al artículo 33 de la Constitución que permite al Poder Ejecutivo Federal hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Al hacerlo, el gobierno realiza una acción fundada en una norma constitucional que hoy en día carece de sustento y que vulnera principios elementales de justicia, además de que se contradice con las normas universalmente aceptadas en materia de protección y defensa de los derechos humanos. La existencia en el cuerpo normativo constitucional del numeral 33, es abiertamente contradictorio con las garantías del debido proceso legal plasmadas en el derecho internacional de los derechos humanos, en particular de los instrumentos internacionales antes referidos. Adicionalmente, estudiosos como Santiago Corcuera refieren, que es un caso extraordinario en el mundo, porque afecta los derechos de cualquier persona sin que tenga derecho a defenderse; es la legalización de la arbitrariedad o una arbitrariedad soportada en la ley. Una vez que un extranjero se encuentra legalmente en un país, puede ser expulsado, sin que se le permita ser oído o escuchado, porque ni siquiera se le brinda el básico derecho constitucional de la audiencia. A pesar de que los tratados internacionales establezcan la posibilidad para cualquier persona de ser escuchada ante un órgano imparcial que conozca del caso, la reserva relacionada con el contenido del artículo 33 de la Constitución, resulta no sólo improcedente, sino plenamente contraria a las medidas garantizadas que deben prevalecer en todo proceso legal, es decir, el fundamental derecho del acusado a defenderse. Además, como es el caso de los defensores de derechos humanos y los trabajadores sociales de diversas nacionalidades que han prestado sus servicios en el estado de Chiapas, tal disposición propicia distorsiones y arbitrariedades al conceder al Ejecutivo Federal facultades sumamente discrecionales para expulsar del país, con fundamento jurídico o sin él, a ciudadanos extranjeros. La facultad del Ejecutivo Federal establecida en el artículo 33, es contraria a los derechos humanos, porque es totalmente discriminatoria y resulta contradictoria con el actual artículo 1° de la Constitución; de tal manera que resulta inaceptable e incongruente sostener la vigencia de una norma de cuyo sustento se trasgrede los derechos humanos de las personas que tienen la condición migratoria de extranjeros, además es insostenible una disposición como la que comentamos, dado el espíritu renovador de la Carta Magna, a la luz de las propuestas de reforma constitucional en materia de derechos humanos que ha enviado el Ejecutivo a esta Cámara. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 5 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo. Primero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que se retiren todas las reservas hechas al artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Segundo.- De igual manera, se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que retire la excepción a la declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Por su atención, gracias. -