LA DIP. BEATRIZ LORENZO JUÁREZ: ...las propuestas presentadas por los distintos partidos políticos y las reformas a las constituciones locales de diversos estados de la República Mexicana con el fin de incluir en ellas la figura del referéndum, son muestras del reclamo social existente hoy día para que se le faculte al ciudadano a participar en la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes. En la última década, los mexicanos hemos visto evolucionar nuestro sistema de gobierno hacia uno cada vez más democrático, lo que ha dado lugar a que los ciudadanos se encuentren dispuestos a experimentar y/o fomentar modalidades de la democracia, que en otros países son ya arraigadas formas de manifestación popular. Ejemplos sobran de una inercia que trascenderá al nuevo milenio y que apunta hacia una democracia en la que cada día participan más los mexicanos. El que se instaure la institución del referéndum en nuestro Sistema Legal Federal tiene como fin el de provocar la participación directa y debidamente regulada de los ciudadanos en los asuntos del Estado Federal, excepto en aquellas materias que, como en otras democracias, quedan excluidas del proceso de democracia directa. En la Constitución Política de nuestro país no se encuentra consagrada institución alguna de democracia directa y en consecuencia en ninguna ley se regula el procedimiento para su aplicación, eficacia y validez. Aun así, las figuras de democracia directa, referéndum y plebiscito, no son ya desconocidas para los ciudadanos y esto indica de alguna forma que los mexicanos están interesados en los asuntos del gobierno, y lo más importante: están interesados en participar en ellos. Por lo tanto ponemos a consideración de esta soberanía la posibilidad de instaurar la institución del referéndum en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulando dicha figura en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de darle existencia, asegurando su debida aplicación y evitando que esta institución democrática sea utilizada para fines e intereses particulares. El referéndum constitucional. En consecuencia y toda vez que el pueblo sustenta la soberanía, consideramos que debe adicionarse una fracción al artículo 35 y reformarse el primer párrafo del artículo 41 constitucionales. En el primer caso porque es necesario otorgar a los ciudadanos la facultad de presentar al Congreso de la Unión proyectos de ley, así como solicitar la celebración del referéndum. En cuanto a la modificación al artículo 41 constitucional, que señala la forma en que el pueblo ejerce su soberanía, es claro que, instituida la figura del referéndum, el pueblo ejerce su soberanía no sólo a través de sus representantes sino que lo hará a través del referéndum. Para ser congruente con lo anterior, también es necesario modificar el artículo 135 constitucional para que las adiciones o reformas que lleguen a ser parte de la Constitución sean sometidas a referéndum bajo las condiciones que la norma señale. Asimismo, y con base en la fórmula "quien puede lo más, puede lo menos", proponemos el referéndum legislativo excluyendo del mismo y de nueva cuenta ciertas materias. Es necesario especificar como en las constituciones de otros países, qué materias deberán estar excluidas del procedimiento del referéndum. Las constituciones de los estados que contemplan esta figura excluyen las materias relativas a los impuestos y en consecuencia a los presupuestos de Ingresos y Egresos, ya que dependen del primero. Tampoco es de someterse a referéndum la designación del Presidente de la República, ya sea con carácter de interino, sustituto o provisional, porque entonces estaríamos frente al plebiscito. Estas restricciones se consagrarán en el artículo 71 constitucional. Por otra parte la Ley Suprema de la Nación ha de consagrar en un párrafo adicional al artículo 116 la facultad de los estados que componen a la República para acoger la figura del referéndum en sus propias constituciones, regulándolas para que no contradigan a la Constitución Federal porque para fines de gobierno lo que no es ser regulado no estará permitido. El fin de esta disposición es fortalecer aún más el principio del federalismo que rige en nuestra nación. Por último es menester que la Constitución prevenga la existencia de una ley que regule el procedimiento del referéndum. La Ley Electoral podrá acoger en un nuevo capítulo dichas disposiciones como ya lo había propuesto el Partido Acción Nacional porque de no ser así lo contemplado en la Constitución sería letra muerta sin aplicación alguna. El procedimiento para la celebración del referéndum consideramos que no sólo se debe facultar al electorado para que comparta la decisión sobre un tema que el gobierno decide poner a su consideración, sino que además el electorado esté en posibilidades de solicitar que un tema sea sometido a referéndum siempre y cuando se reúnan un mínimo de firmas de electores inscritos en el padrón electoral, porque de esta forma se asegura que es voluntad de una parte significativa del electorado el que se celebre el referéndum y que además la solicitud sea legítima y no producto de una manipulación de una minoría. Por otra parte y toda vez que el referéndum es un instrumento que complementa al sistema representativo por medio del cual los ciudadanos expresan su voluntad, es de facultarse a los representantes populares para que soliciten el referéndum, así un porcentaje de quienes componen las Cámaras del Congreso o bien un número de Legislaturas de los estados de la República también deberán estar facultados para promover éste. Por último, el Presidente de la República habrá de estar facultado para dicho fin, toda vez que goza de la facultad de iniciar leyes como lo consagra el artículo 71 constitucional. Ahora bien, la solicitud para la celebración del referéndum deberá presentarse respecto de un tema concreto a discutir y no podrá referirse a dos o más asuntos distintos porque de lo contrario se confunde al electorado. Deberá además contener el artículo cuya reforma se propone y el sentido de la misma o el proyecto de reforma ya redactado y deberá acompañarse de una breve exposición de motivos ya sea para estos casos o si se refiere al referéndum de ratificación o abrogación de una reforma ya aprobada por el Congreso. Una vez aprobada la solicitud de ésta deberá ser enviada a la Cámara Revisora para su estudio, observaciones y aprobación que será por una igual mayoría. Durante el estudio y aprobación de la celebración del referéndum las Cámaras podrán modificar la redacción pero no el espíritu del mismo con el fin de facilitar a los ciudadanos su comprensión en toda su extensión, como lo regula el artículo 378 de la Constitución Colombiana. Como consecuencia del procedimiento antes descrito se faculta tres agentes, Ejecutivo, Ciudadano y Legislativo para proponer el referéndum respecto de una norma. Se evita que el Ejecutivo pueda vetar en beneficio propio la celebración del referéndum y además que un solo partido político que represente la mayoría relativa en el Congreso obligue o niegue al mismo a someter a referéndum cualquier reforma constitucional o legislativa para beneficiar sus intereses particulares. Se intenta además evitar que influencias políticas e intereses propios influyan en la redacción de su texto al ser revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en consecuencia su celebración resulte negativa para la democracia y no sea más que una pregunta compleja, demagoga y distorsionada a favor de una minoría partidista o de grupos de interés. En este sentido proponemos se modifique la fracción XVII del artículo 89 constitucional para incluir dentro de las facultades del Presidente de la República la de proponer la celebración del referéndum y además que se adicionen al artículo 71 constitucional los párrafos en los que se especifique el procedimiento a seguir para la celebración del mismo. Durante el proceso de aprobación de la solicitud para la celebración del mismo referéndum en comento, el Ejecutivo no tendrá facultades para intervenir y tampoco las tendrá para vetar la convocatoria. Consideramos que en el caso de México debe facultad de la Suprema Corte de nuestra nación, conocer sobre cualquier controversia de inconstitucionalidad, que se derive del contenido del referéndum, para tener un control eficaz y preventivo de los temas que se sometan al mismo y evitar su inconstitucionalidad, esto es con el fin de guardar la congruencia con nuestro sistema legal. Para evitar que el referéndum celebrado conforme a los lineamientos constitucionales carezca de validez, sus resoluciones no podrán ser modificadas ni revocadas sino por medio de otro referéndum o por acuerdo de dos terceras partes del Congreso de la Unión, en el período de sesiones del año siguiente a la celebración. El órgano encargado para este efecto, sería el Instituto Federal Electoral, para que se celebre éste y de que se cumplan los requisitos del procedimiento y de publicar sus resultados. La vigilancia del Instituto Federal Electoral servirá para evitar el mal manejo del dinero y la admisión de proporcionar recursos por parte de un sector, que pudiera provocar la manipulación de la opinión pública a través de campañas. Consideramos que el Instituto Federal Electoral debe promover una información objetiva y precisa respecto del contenido del referéndum, y las consecuencias legales de las respuestas, con el uso de recursos gubernamentales por una parte, y por otra debe vigilar las campañas del referéndum que los distintos grupos promuevan, para buscar la mayor equidad en los tiempos televisivos y de radio y en la difusión de propaganda por escrito, para evitar prácticas corruptas y de manipuleo. De conformidad con lo expuesto con antelación, proponemos la siguiente redacción de los artículos antes mencionados, por la que es de instituirse el referéndum, total o parcial, constitucional, obligatorio, y legislativo facultativo, tanto desde el momento de la creación de la norma, como una vez aprobada por el Poder Legislativo. Esto implica que los órganos facultados para ello, puedan solicitar que se realice un referéndum, respecto de la creación, modificación, derogación o abrogación de una norma, y así no se restringe la celebración del mismo al momento en que ya fue aprobada la norma o su abrogación. La consecuencia de lo anterior, es que un órgano distinto al Poder Legislativo, o bien, estará facultado para solicitar al Congreso que discuta respecto de un tema que consideran prioritario. En consecuencia, proponemos la siguiente redacción de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consideramos deben ser reformados para cumplir dicho objetivo. Como es muy larga la lectura y amplia y en el tiempo que tenemos dispuesto, le pediría a la Mesa Directiva lo que solicite al inicio, que se publique en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates completa la iniciativa. Muchas gracias señora diputada.