EL C. DIPUTADO ROBERTO ZAVALA ECHEVERRIA: Con permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados: En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Honorable Cámara analizamos muy de fondo las reformas a estas importantes leyes que atañen a la eficiencia del Poder Judicial de la Federación y a lograr más justicia para los justiciables. En la Comisión reconocemos la problemática que ha enfrentado el Poder Judicial de la Federación para lograr que las autoridades responsables acaten en todos sus términos las sentencias que conceden la protección de la justicia federal en favor de los particulares. No es desconocido para nosotros el desprestigio que esto ha ocasionado a las instituciones federales de impartición de justicia, toda vez que los propios particulares pierden la confianza al constatar que no se puede concluir el procedimiento de ejecución de una sentencia. Es por ello que resulta de la mayor trascendencia legislar a fin de establecer mecanismos jurídicos más eficaces que tiendan a lograr el estricto cumplimiento de las ejecuciones de amparo. En ese contexto se ha pretendido reglamentar la reforma constitucional de la fracción XVI del artículo 107 de nuestra Carta Magna, que el Constituyente Permanente modificó en diciembre de 1994, a efecto de establecer la posibilidad de que en los casos de incumplimiento de las sentencias que con ceden el amparo o de la repetición del acto reclamado, se cumplan de manera sustituta. También hemos visto que no obstante esta reforma a la Constitución, aún no ha entrado en vigor, toda vez que por disposición del régimen transitorio el inicio de su vigencia quedó sujeta a la entrada en vigor de las modificaciones que el propio Congreso de la Unión realizara a la legislación secundaria. Esto es, a la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107. Por otro lado, la Constitución Política del país sabemos todos que es la ley suprema de la Unión y que de ella derivan y deben ajustarse el resto de los ordenamientos jurídicos. En la propia Constitución se establece que toda ley y todo acto público deben estar apegados a las normas constitucionales. También por esta razón es necesario reglamentar la mencionada reforma constitucional y permitir su entrada en vigor, a fin de incluir la figura del cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo en el texto de la ley secundaria. Para no abundar mucho sobre esto, también hemos formulado conclusiones en este dictamen en las que coincidimos en que el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo debe entenderse solo como un mecanismo excepcional, ya que su inejecución representa una grave violación al principio de plena ejecución de las sentencias, establecido en el tercer párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, lo que redunda en perjuicio del Estado de derecho y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de impartir justicia. También por ello consideramos adecuadas y procedentes las reformas a la ley de amparo en los términos propuestos, ya que el orden jurídico debe tener como principal función garantizar la justicia y el respeto a las personas. Además la consolidación de nuestro Estado de derecho resulta una alta prioridad para las instituciones, para nuestras instituciones republicanas. El orden jurídico que queremos los mexicanos requiere contar con mejores leyes y ordenamientos, a fin de garantizar la plena vigencia de nuestra Constitución, mayor capacidad para aplicar la ley y sobre todo una administración de justicia más eficaz. Por ello, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos consideramos que hoy más que nunca la sociedad mexicana requiere contar con un sistema de justicia, moderno y eficaz, que sea capaz de asegurar una pronta, completa e imparcial administración de justicia. Por último, quisiera enfatizar en que lo establecido por la reforma en el artículo 105 y casi lo voy a repetir textualmente que es cuando la naturaleza del acto lo permita: "El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o la repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiere obtener el quejoso. Y una vez que el pleno determine el cumplimiento sustituto, remitirá los autos al juez de distrito o al Tribunal Colegiado de Circuito que haya conocido el asunto, para que incidentalmente resuelvan el modo o la cuantía de la restitución. Además, siempre que la naturaleza del acto lo permita, el propio quejoso podrá solicitar al juez de distrito o al Tribunal Colegiado que hayan conocido el amparo, el incumplimiento sus título en la ejecutoria, quien resolverá, también de manera incidental, lo conducente al caso. Y en consecuencia el modo o la cuantía de la restitución". Estos son los argumentos en que se basó la Comisión para proponer el dictamen al honorable pleno. Muchas gracias, señor Presidente. (aplausos) EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GIRCIA CERVANTES: Gracias a usted diputado Roberto Zavala Echavarría. A continuación se desahogará el orden de oradores que estando todos inscritos para fijar posiciones de sus grupos parlamentarios, se les ofrecerá a todos ellos el uso de la palabra hasta por cinco minutos, iniciando por ofrecerle la palabra a la diputada Rosa Delia Cota Montaño, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por cinco minutos.