El diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo: Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, la cuarta transformación por la que millones de mexicanos votaron fue un clamor de justicia por transparencia y por un ya basta. El punto de acuerdo que presento este día va por los habitantes de distintas comunidades de los municipios de Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huépac, Hermosillo, San Felipe de Jesús y Cananea, quienes viven en el riesgo latente de sufrir daños severos en su salud. Este año se cumplen cinco años por desastre ecológico de la historia, de la peor historia en la minería en México: el derrame de metales pesados en el río Sonora y Bacanuchi, por parte de la empresa Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Para los habitantes de la región fue un día de infamia. La inconciencia y la impunidad se impusieron a la razón y la justicia. Este hecho acabó con la columna vertebral de la vida económica y social de más de 25 mil habitantes de la región. Provocó trastornos económicos, obligó al cierre de escuelas y pozos. Lo más grave: afectó a la salud de miles de personas, de acuerdo con informes de la propia Cofepris. Finalmente, frente a este problema ¿qué se decidió hacer? El 15 de septiembre del 2014 se creó el Fideicomiso Río Sonora, el cual se firmó con Grupo México, contrato privado por 2 mil millones de pesos, como fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación. El contrato que dio origen a dicho fideicomiso sería financiado con fondos de las empresas privadas. Se estableció como fiduciaria a una entidad pública, Nacional Financiera, y la participación de Semarnat, como integrante del Comité Técnico encargado de establecer los criterios de procedencia del Programa de Remediación. Sin embargo en los hogares solo un primer apoyo consistente en un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora, y un promedio de 15 mil pesos en efectivo para garrafones de agua. Pero nunca se atendió la urgente demanda de instalar plantas potabilizadoras en cada población afectada por el derrame tóxico. Así como la cocreación de una unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental, en su modalidad de clínica de atención médica especializada, equipada y bien atendida. Además, recientemente se ha documentado que funcionarios de la Semarnat, del actual gobierno del estado y de la propia minera fueron beneficiados con importantes sumas del fideicomiso, en un claro conflicto de intereses. La agricultura, salud, jornaleros y pescadores fueron los que menos beneficio y atención han tenido. En julio de 2017, el Comité Técnico declaró la extinción del fideicomiso, al supuestamente darse por cumplidos los objetivos del Programa de Remediación. Sin embargo, de acuerdo a los reportes financieros, solo se destinó el 60 por ciento del monto asignado. Hay habitantes afectados de mi distrito que aseguran no haber recibido apoyo porque alguien más cobró y firmó por ellos. Si bien es cierto que el fideicomiso fue instrumento de carácter privado, constituido por entidades y recursos privados, y su funcionamiento está resguardado por el secreto fiduciario, pero el fin por el cual se constituyó es de gran impacto social, económico y ambiental. Aunado a la entidad financiera encargada de administrar los recursos privados y el principal integrante del comité técnico son entidades públicas, son razones suficientes para terminar con la opacidad y establecer un mecanismo de rendición de cuentas por parte de las autoridades fiscalizadoras de la federación. En Morena luchamos por cambiar el régimen de corrupción e injusticias que han llevado a México a la decadencia actual. Somos partidarios de la defensa de los derechos de los mexicanos, a un desarrollo económico sustentable que genere bienestar a las futuras generaciones. Por este motivo este punto de acuerdo exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública para que auditen y, en su caso, finquen responsabilidades a los funcionarios involucrados y que hubieren incurrido en alguna irregularidad. También se exhorta a Cofepris para que realice nuevos estudios respecto a la calidad del agua en la zona. Así como a la Semarnat para que, en uso de sus atribuciones realice nuevos estudios que descarten riesgos a la población humana, animal y vegetal en la región del río Sonora. Esperando su apoyo solidario, compañeras y compañeros, va por la justicia, por los pobladores del río Sonora. Es cuanto, ciudadana presidenta.