El diputado Joel Guerrero Juárez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y diputadas, en virtud de que la iniciativa que presento ha sido publicada en la Gaceta, haré algunos comentarios sobre la misma, pidiéndole, desde luego a la señora Presidenta, que se publique completa en el Diario de los Debates y se turne a quien corresponda. Hoy vivimos una etapa de nuestra convivencia política en la que esta Legislatura está llamada a ser punto de arranque y consolidación de los cambios en las instituciones que habrán de definir la vida de los mexicanos del siglo XXI. Creo que una de las bases para reformar la vida en sociedad se sitúa en el conocimiento y la imaginación que pueda tener el legislador para adecuar instituciones a los requerimientos exigentes de una sociedad más educada, sumamente diferenciada en sus actividades socioeconómicas y políticas y, extremadamente recurrente en plantear los liderazgos económicos y políticos de la nación. Que ahora se necesitan gobiernos y estados que sirvan a las personas con una visión de sociedad integrada y no una sociedad de pobres y ricos con determinado parentesco o compadrazgo. La profesionalización de quienes dirigen a la sociedad mexicana es una demanda que obliga a transparentar las formas en que remodelamos el marco institucional, pero también lo es la conformación de una actitud moral ante los reclamos de nuevas formas de asociar al Estado con la sociedad misma. Son dos factores de especial relevancia ante la sensación en que nos encontramos: de un favoritismo extremo e incluso el nepotismo en el que se desarrolla la vida de las instituciones nacionales. Ello nos ayuda a la comunicación estable y de confianza que debe de existir entre quienes conducen la aplicación de la norma y la ciudadanía, que debe siempre estar convencida de que la normatividad general que da vida a la república es el mejor camino para coexistir en sociedad. Y ésta, plena de expectativas de vida y bienestar para sus familias y la colectividad social y no sólo para pequeños grupos o bloques que se encaraman en los vértices de poder durante tiempo prolongado, sin dar cabida a la movilidad de representación que es fundamental en cualquier gobierno que se digne de llamarse republicano y que debe responder al ciudadano, que espera de las instituciones que le permitan acercarse a los ideales de igualdad y libertad que todos los habitantes de una nación deben tener garantizado. Propongo reformas políticas con la idea de que el país requiere un nuevo orden social que se esfuerce en los principios de ciudadanía y representatividad, hoy extremadamente deteriorados. Presento a esta soberanía esta iniciativa de reforma del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que atiende a los distintos procesos sociopolíticos que obligan hoy a remodelar las instituciones sin intentar graduar desde las cúpulas partidistas y empresariales el cauce a una ciudadanía que pretenda, por lo menos, elegir a sus gobernantes o tener garantizado su derecho a ser elegido y ser candidato a cualquier puesto de elección popular. Parto del supuesto fundamental de que los cambios que el país requiere abarcan distintos órdenes políticos y económicos para crear alternas visiones de un mundo de la vida distinto al que hoy se tiene planteado con los proyectos de reforma del Estado, en cuyas proposiciones observamos que una de las reformas más importantes se ha quedado chica ante las expectativas que tienen los mexicanos porque ya no existen dudas en ningún proceso electoral. No existen dudas de que ningún proceso electoral sea local o federal, me refiero a la reforma electoral que a mi parecer incluye infinidad de conceptos y propuestas que aparentemente van orientadas al cambio de consejeros electorales como objetivo central de la reforma. En la iniciativa que hoy presento a esta soberanía, el concepto directriz se basa en readecuar a las instituciones para garantizar mayor claridad y menos dudas en las elecciones que tengamos en México. No olvidemos que la fragmentación social del país obliga a que construyamos instituciones abarcadoras y no excluyentes. En este sentido, la sustitución de los consejeros electorales, se dio una derivación de la adecuación de la institución rectora de los procesos electorales y no al revés. Con este proyecto, en cambio, observamos algunos créditos de la vida institucional del Instituto Federal Electoral, pero también déficit de relevancia que debemos atacar. Menciono los estudios de la fundación Estado y Sociedad, que es una asociación civil integrada por doctores en ciencias políticas, que en su parte medular reflexiona sobre estos alcances y límites del IFE. Por otra parte, el IFE configuró una base burocrática que propició dar congruencia y dotar de mayor transparencia a la integración y capacitación de quienes conducen los procesos electorales actuales. A la vez, cada elección iba generando experiencias y nuevas necesidades respecto al entramado institucional con el que se había contado. A lo largo de dos décadas el IFE puede ser evaluado positivamente en tanto que construyó la organización burocrática que ha mejorado procedimientos electorales. De igual manera, su participación se fue ampliando como eje de la aplicación de la normatividad vigente en la interrelación entre el Estado y los partidos, de estos entre sí y de los partidos con la ciudadanía. Luego entonces, el IFE pudo sobresalir en los inicios de un esquema institucional que acompañó la transición desde el control extremo del Ejecutivo en todos los órdenes, a otro donde fueron extendiendo actividades interpartidistas. Al tiempo, el IFE fue mostrando sus limitaciones. Su déficit podemos sintetizarlo en sus bajas posibilidades de regular un sistema de partidos en transición, que prácticamente se le fue de su función concentradora o articuladora. Esto se ilustra en la frecuente calificación de elecciones en México, siempre impregnadas de fraude. No podríamos decir que este fenómeno se deba sólo a los funcionarios o a los consejeros, sino también a los vacíos de la misma ley electoral, que ha permitido que los derechos ciudadanos fueran objeto de enajenaciones a través de los recursos exorbitantes que se utilizan en cada elección. Esto distorsiona los principios de representatividad pues pequeños grupos adinerados, no permiten que se desarrolle el concepto de ciudadanía en México. Los representantes sólo pueden ser quienes tienen acceso a grandes recursos económicos, sean propios o por las alianzas que hacen con los detentadores del poder económico que se multiplican en el poder político a través de estas concertaciones, multiplicando sus ganancias económicas. Así que, la enajenación de los derechos políticos por el dinero sin control y los mínimos procesos de elecciones, siempre impregnados con calificaciones de fraude, dieron las necesidades de hacer reformas de fondo, por eso en esta iniciativa que ahora presento, planteo los siguientes ejes principales. Uno. Desaparecer el financiamiento privado a campañas y candidatos, y fortalecer la función del Estado —que no del gobierno— en la conducción de los procesos electorales y en su regulación, a la vez que se requiere de un control de regulación a detalle, del financiamiento público a partidos, campañas y candidatos. Dos. Crear dos nuevas instituciones y desaparecer el actual Instituto Federal Electoral. Uno de ellos se concentraría en la organización de elecciones y el control y modernización del padrón electoral, garantizando transparencia. Y otra institución, que se encargaría de la regulación de las elecciones y la construcción en conjunto de los partidos, de un nuevo sistema de convivencia para trasladarse del viejo presidencialismo extremo con partido predominante a otro sistema pluralista de partidos que está viviendo en la actualidad nuestro país. Y tres. Cambiar el procedimiento de selección de los consejeros ciudadanos, que serían quienes dirigirían a estas dos instituciones. Pasaríamos del viejo sistema de selección controlado, y propuesto por los partidos, a otro donde participarían los ciudadanos a través de los mecanismos de consulta y audiencia pública. Con ello evitaríamos que los problemas de los partidos entre sí pasen y se trasladen a la función de estos dos nuevos órganos de Estado. Ésta es la iniciativa que estoy presentando. Solicito, como decía al principio, a la Presidenta, sea incluida en el Diario de los Debates y turnada a quien corresponda. Muchas gracias.