El diputado Mario Mendoza Cortés: Con el permiso de la Mesa. Honorable Asamblea. Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento ante esta soberanía iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Ley del Banco de México. Debido a que la iniciativa aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria, me permito exponer algunos motivos: Esta reforma es fundamental porque la ley actual no protege a los usuarios de servicios financieros, ya sea por problemas en la operación de las propias instituciones o por el abuso en cobros indebidos. Hoy en día se ha detectado que las instituciones financieras están realizando cobros indebidos que les generan ganancias incalculables, en perjuicio de sus usuarios. Y nuestro marco jurídico que reglamenta la actividad financiera no contempla la figura de responsabilidad civil objetiva que propicie la indemnización de los daños y perjuicios causados a los usuarios por estos cobros indebidos. Los bancos han convertido el cobro de comisiones en una de sus principales fuentes de ganancias. Éstas son de las más altas que se cobran, en comparación con países como Estados Unidos o Canadá, quienes son nuestros principales socios comerciales. Y aún mucho más altas que países como Gran Bretaña, donde el poder adquisitivo es más de 10 veces en promedio, comparado con el nuestro. Por ejemplo, la comisión anual por el uso de tarjeta de crédito en el Reino Unido es de aproximadamente 55 pesos y en el nuestro asciende a la cantidad de 540 pesos promedio. Esto quiere decir que pagamos 10 veces más por el mismo servicio. Paralelamente, pero el sentido adverso, ganamos 10 veces menos que en esos países. El abuso al consumidor por parte de las instituciones crediticias se da de muchas maneras y a través de acuerdos no explícitos en los contratos y que debieran ser gratuitos. Hoy día tienen costos muy elevados. Usar los servicios financieros indispensables, como consultar el saldo o disponer de efectivo en tarjetas de crédito en cajeros de red, es todavía más alto que en otros países de donde son matrices los bancos que nos brindan este mismo servicio. Por ejemplo, en el HSBC de Gran Bretaña al realizar un retiro en cajero de red no se cobra un solo peso; sin embargo acá en México al realizar la misma operación se vienen cobrando 17 pesos. Esto es ilógico, pues si bien es cierto en México les abrimos las puertas a los inversionistas, porque tenemos una economía en desarrollo, no podemos permitir que nos cobren comisiones por todo, incluyendo servicios que no recibimos y eso es responsabilidad también de nosotros los legisladores. Los pagos que realizamos por comisiones en nuestro país son excesivos en todos sus rubros. No existe un cobro o comisión y esto, además de los que se presentan, también debo decirles que existen cobros excesivos en la cuota anual de tarjeta de crédito, comisión de cheques, comisión de los cheques que son devueltos, entre otros. Actualmente, el Estado no cumple con la tarea de regular con imparcialidad la actividad financiera, debido a que las instituciones que tienen a su cargo la vigilancia de las actividades bancarias, carecen de facultades para imponer sanciones. Es lamentable que ante tales circunstancias el marco jurídico actual no imponga a los bancos la obligación de indemnizar a sus usuarios por los daños causados. Ello propicia que los banqueros no pongan especial interés en evitar esos abusos. Los ciudadanos no tenemos medios prácticos de defensa, estamos imposibilitados de exigir a que se le indemnice por los daños que se les causa. Según datos de la Condusef, en el período que va de enero a agosto de 2006, se solicitaron 68 mil 400 asistencias técnicas relativas a quejas por diversos cobros indebidos impuestas ante la institución de crédito. Evidentemente son demasiadas las inconformidades en contra de las instituciones que al no existir procedimientos jurídicos-prácticos, los usuarios prefieren abandonar el trámite, olvidarse y en consecuencia esto significa que el banco, con todas su anchas, pueda hacer de las suyas. Por tal motivo propongo que las instituciones tengan la obligación de implementar procedimientos rápidos y simples para la atención de las quejas de los usuarios. Hay que señalar que no existe un prescribimiento breve en el cual se resuelva a favor del usuario y se proceda a la indemnización por parte del banco por estos excesos. Por tal motivo se establece en nuestra propuesta que la Condusef vele por los derechos de los ciudadanos, usuarios y el cumplimiento exacto a la brevedad de la indemnización a que se tenga derecho; es decir, que se sancione a los bancos que no lo hagan a tiempo y forma. El objetivo de la iniciativa es establecer mecanismos para resolver el problema del cobro indebido, para lo cual propongo que todo cargo indebido derivado de un crédito al consumo inmediatamente producirá un interés legal. En el caso de que el cobro indebido se hubiera producido por malicia o por negligencia de la institución financiera, el usuario tendrá el derecho a la indemnización. Es necesario establecer mecanismos que regulen enérgicamente los cobros, que día con día están imponiendo los bancos, sobre todo porque los servicios que prestan no justifican. Por eso hay que otorgar facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, para ejecutar las sanciones que se impondrán a los bancos que lleven a cabo estas prácticas, así como establecer la indemnización a que tiene derecho el usuario con base en lo señalado por esta propuesta de ley. Señores legisladores, compañeros todos, debemos establecer las normas que fomenten la responsabilidad de los bancos frente a la ciudadanía, para que no comentan abusos que causen daños y prejuicios en la economía familiar de los usuarios y que, en caso de hacerlo, paguen las indemnizaciones correspondientes, además de que dejen de centrarse en enriquecerse mediante los cobros injustos, pero además excesivos. Para un mejor soporte de la exposición de motivos, permítanme comentarles una experiencia propia. En el mes de agosto pasado, acepté llenar una solicitud de tarjeta de crédito en uno de los tan recurrentes módulos de ventas, de esos que se ubican en los centros comerciales o en las entradas de los bancos. En ese módulo llené mi solicitud de tarjeta, ingresé mis números de teléfono, la información de mi domicilio y mi firma donde solicito una tarjeta de crédito al Banco Santander. Al día de hoy no he recibido ninguna notificación, ni siquiera ha recibido la aprobación de esta tarjeta, ni siquiera una llamada; sin embargo, por el contrario, sí he recibido una notificación en donde tengo que pagar un total de 258 pesos por el servicio anual. Mientras tanto, no conozco ni siquiera la tarjeta. Ésta es precisamente la prueba más contundente de los excesos que los bancos provocan hacia los ciudadanos. Es una arbitrariedad. Eso que somos diputados. Un ciudadano común ni siquiera tiene derecho a decir nada y, para evitar trámites, prefiere dejar las cosas como están. Compañeros diputados, es momento de que volteemos los ojos, atendamos estas irregularidades. Cabe destacar que pregunté constantemente al banco el estado que guardaba mi solicitud y no supieron darme una sola razón, pues nunca me dieron copia, ni siquiera número de folio, ni un número de teléfono. Lo busqué por mi medio, hice las llamadas correspondientes, y lo único que me dijeron es que cuanto tuvieran aprobada mi solicitud los ejecutivos del banco me llamarían. Estoy en espera de esa llamada. ¿Qué significa esto, señores? Esto significa que los bancos, para caso concreto del Banco Serfín, tienen una perfecta organización, una logística detallada y vigilada; tienen excelentes métodos que incluyen la excesiva promoción de las tarjetas en puntos específicos, en oficinas, para asfixiarnos con llamadas telefónicas. Un excesivo despliegue de personal para inundar los sitios públicos con promotores de plásticos suficientemente capacitados para convencernos del beneficio de una tarjeta. Todo esto es con un solo fin: el de realizar un robo, porque es eso, un robo, un fraude, porque así se llama lo que hacen estas personas. Una tarjeta que nunca recibe uno, uno no puede al rato estar pagando por algo. Los usuarios del día de hoy somos robados por los bancos al realizar los pagos de los servicios que hemos recibido. Somos sentenciados y no podemos argumentar en nuestra defensa, pues los dueños de los bancos tienen toda la protección de la ley, sí, pero al ciudadano quién lo protege, y las leyes se hacen aquí, en esta Cámara. Por eso, compañeros, los invito nuevamente a que encaminemos este esfuerzo y dictaminemos a favor. Los bancos, al igual que muchas organizaciones en este país, sí pueden llamarnos para vender, sí pueden llamarnos para presionar a comprar, sí pueden llamarnos para inundarnos con sus promociones. Ah, pero no pueden llamarnos para decirnos que nuestra solicitud ha tenido éxito. Señores, es momento de que esto se termine, es momento de que pongamos los ojos en esta demanda tan importante que una multitud de ciudadanos estamos realizando. Compañeros del PAN, compañeros del PRD y compañeros de mi partido, del PRI, y de las demás fracciones, los exhorto a que juntos saquemos esta tarea. Es cuanto, señor Presidente.