El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su permiso, presidente. Buenos días, compañeras, compañeros legisladores. Por economía parlamentaria solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. La discriminación es una forma de violencia pasiva que consiste en dar un trato desfavorable, humillante o de desprecio a determinada persona o grupo. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son muy graves, pues tiene que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual genera en el individuo aislamiento, afectaciones psicológicas, deficiente desarrollo emocional, conductas antisociales, autoflagelación, descomposición del tejido social, desempleo, exclusión social e incluso actos de violencia física y moral y en casos extremos los pueden llevar a perder la vida. México ha avanzado en la prevención y erradicación de esta problemática con la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación, publicada en 2003. Sin embargo abro un parénesis para señalar que a nivel local solamente 15 estados de la república, además del Distrito Federal, cuentan con una ley contra la discriminación. Con dicha ley federal se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mismo que si bien ha representado un esfuerzo serio del Legislativo y del gobierno federal para materializar el respeto de la dignidad de todo ser humano, lo cierto es que de facto no ha podido sancionar directamente a quienes cometen tales conductas discriminatorias, sobre todo en tratándose de servidores públicos y precisamente son los servidores públicos quienes tienen la obligación primigenia de observar en su conducta un trato de respeto, diligencia, rectitud y no discriminación hacia las personas con las que guardan una relación con motivo del cargo que desempeñan, razón por la cual hace necesario sancionar ejemplarmente a quienes configuren alguno de los actos que prohíbe la ley. Lo anterior es así, en virtud de que actualmente si un servidor público comete un acto discriminatorio contra un ciudadano, contra una persona, lo más probable es que las consecuencias de la conducta sean nulas, ya que si bien existe en la legislación un procedimiento específico a seguir denominado: de reclamación, con sus plazos, audiencias y etapas procesales, lo cierto es que cuando mucho se llega a una conciliación, que además de no aceptarla el servidor público o de no llegarse a un acuerdo, se establece que el Consejo promoverá el fincamiento de las responsabilidades que resulten de la aplicación de otros ordenamientos, pero no lo puede hacer directamente con el marco jurídico actual. En un primer momento existe un vacío legal al no establecerse claramente la autoridad o el término en que se debe promover el fincamiento de responsabilidades, incluso la ley que nos ocupa, se refiere solamente de manera abstracta a otros ordenamientos, lo que hace nugatorio el derecho del ofendido a que se sancione un acto discriminatorio y elimina toda posibilidad de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) finque directamente las responsabilidades. De igual manera, en un segundo momento la norma se vuelve imperfecta al no establecer sanciones claras, determinadas y expresas por las conductas que prohíbe, propiciando la impunidad y, en consecuencia, en los hechos, no se logran los fines de la ley federal en comento, lo que la hace ineficaz y de poca utilidad social. Con esta iniciativa se pretende fortalecer al Conapred para que tenga facultades sancionatorias a fin de alcanzar una sociedad más igualitaria y sin prejuicios, dotándola de herramientas jurídicas para poder castigar a quienes en uso de sus atribuciones como servidores públicos discriminen a cualquier persona imponiéndoles una amonestación pública, multa, disculpa pública o trabajo comunitario. Por lo anterior la presente iniciativa responde a una realidad que mucho preocupa y en consecuencia debemos atender, al tiempo que pretende lograr una mayor congruencia y eficacia del marco jurídico que busca prevenir y eliminar la discriminación garantizando con ello la protección de los derechos individuales de la población y respeto irrestricto a su dignidad castigando a quien discrimine a otro ser humano. Es cuanto, diputado presidente.