La diputada Holly Matus Toledo: Con su permiso, señor Presidente. La gobernabilidad se basa esencialmente en que el estado acredite que en efecto cumple la finalidad para la que fue instituido o por lo menos avance de veras y con acierto en el camino de cumplirla. Así, en una sociedad democrática hay gobernabilidad cuando existe respeto, goce y ejercicio de los derechos humanos. Los derechos humanos con el origen lógico e histórico de ese gran edificio que llamamos Estado constitucional. México ha suscrito diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, y a pesar de ello, dichos instrumentos aún no tienen jerarquía constitucional. En esta iniciativa pretendo incluir en el capítulo I, del Título Primero, una denominación que incorpore a los derechos humanos y las garantías. La garantía no es el derecho. Es un medio o instrumento para hacer eficaz el derecho. Los derechos humanos y las garantías se complementan. Es importante incorporar el principio de interpretación conforme a los tratados en el artículo 1o. de la Constitución mexicana, lo cual vendría a garantizar de forma más efectiva los derechos humanos ante las resoluciones de los órganos jurisdiccionales internos. Dicho principio ya se encuentra regulado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en sus artículos 6 y 7, por lo que resulta incongruente que normas secundarias mexicanas contengan este tipo de disposiciones y que nuestra norma fundamental carezca de ellas. Con fundamento en el principio de progresividad de los derechos humanos proponemos por la aplicación preferente de aquel ordenamiento que mejor tutele de los derechos humanos, ya sea indistintamente un tratado internacional o la Constitución. Es imperioso establecer en el artículo 133 constitucional que en materia de derechos humanos se debe aplicar la disposición que sea más favorable para la persona, independientemente del ordenamiento en el que se encuentre consagrada. Con la reforma a este artículo se pretende que los tratados de derechos humanos tengan jerarquía constitucional y operatividad inmediata. Asimismo, en la propuesta se aborda la necesidad de la recepción y aplicabilidad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado ya prevé la forma de ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana y es ilógico que en nuestra ley fundamental exista una laguna normativa al respecto. Debido a que la Corte Interamericana no es un tribunal penal ni administrativo, sino un tribunal de derechos humanos, se propone su incorporación en el artículo 133 constitucional. La reforma del Estado es la oportunidad para que México cumpla con sus compromisos internacionales y de esta forma garantice una vida digna para todos los mexicanos y todas las mexicanas. Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero. Título Primero, Capítulo I, "De los derechos humanos y garantías". Artículo segundo. Se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes para quedar como sigue: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de los derechos humanos y garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Los derechos humanos y garantías reconocidas en esta Constitución vinculan a todos los poderes públicos y serán interpretados de conformidad con los tratados internacionales sobre la misma materia ratificados por el Estado mexicano. Artículo tercero. Se adicionan dos párrafos al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 133. Los tratados relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano tienen jerarquía constitucional cuando contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por la Constitución y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público, los cuales actuarán conforme a la interpretación que más favorezca a la efectiva vigencia de los derechos del ser humano. Las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son plenamente ejecutables en México, de conformidad con la ley respectiva. Se solicita a la Presidencia se incluya el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias por su atención.