La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establecen prohibición expresa en materia de validez a las pruebas obtenidas bajo tortura o relacionadas con cualquier otra violación a los derechos humanos. Por su parte, el Comité contra la Tortura manifestó que el Estado mexicano debe adoptar las medidas legales necesarias para garantizar que las pruebas obtenidas mediante actos de tortura bajo argumento alguno sean utilizadas en los procedimientos legales. El artículo 50 establece que sólo podrán ser excluidas o declaradas nulas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y cualquier otra violación. Sin embargo, su redacción deja abierta la posibilidad de otorgar valor a pruebas que hayan sido obtenidas de manera indirecta a través de estos atroces medios. Esta excepción a la regla internacional se convierte en un incentivo para recurrir a la tortura, delito que se pretende erradicar con la creación de la ley. La regla de exclusión de pruebas indebidas tiene la función de desalentar la tortura bajo cualquier circunstancia, por lo que la redacción actual del artículo se contrapone al espíritu de la norma y de la normatividad internacional en la materia. No dejemos ningún resquicio para que esta tortura vuelva de manera indirecta, se cometa en la frecuencia que actualmente se comete. Como sustento de lo anterior, baste recordar que la relatoría especial contra la tortura recomendó que los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba respecto de la cual existan razones para creer que haya sido obtenida bajo tortura. De igual manera diversos tratados o instrumentos en materia de derechos humanos han establecido que la regla de exclusión conlleva a la prohibición absoluta de la práctica de actos ilegales, por lo cual es de carácter absoluto e inderogable; sin embargo, tales criterios son soslayados ya por el citado artículo. No siendo poco lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la anulación de los actos procesales derivados de la tortura constituye una medida efectiva para cesar la consecuencia de una violación a las garantías judiciales, dado que la tortura no sólo afecta a la víctima de la misma, sino a la parte actora en los procedimientos jurisdiccionales, lo que en sí mismo representa una violación adicional al derecho humano contenido en el artículo 17 constitucional. En México existe una versión pervertida sobre la impartición de justicia. El caso paradigmático es el del doctor Mireles, donde son claras las violaciones procedimentales y violaciones a sus derechos humanos desde su ingreso, que fue ingresado y detenido con golpes, al interior hasta en el interior del Centro Penitenciario, en donde se le mantiene cautivo como un preso político. Debemos entender que la impartición de justicia debe atender a reglas procedimentales establecidas en la Constitución y en los Códigos. Y debemos erradicar la idea de que para hacer justicia se puede pasar por encima de los derechos humanos de las personas. El quehacer del aparato jurisdiccional tiene la obligación de evitar cualquier acto que violente en debido proceso y que atente contra la dignidad de las personas, mucho más si se tiene encarcelado injustamente. Por lo anterior, someto a su consideración la modificación del artículo 50, a afecto de que se declare sin valor las pruebas obtenidas de manera directa e indirecta a través de tortura o algunas violaciones de derechos humanos. Es cuanto.