LA C. PRESIDENTA: Tiene la palabra la ciudadana diputada Rosa Delia Cota Montaño del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales. LA C. DIPUTADA ROSA DELIA COTA MONTAÑO. Con el permiso de la Presidencia. Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Los suscritos diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... (Dio lectura a la iniciativa. Insértese) Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes. Los suscritos diputados a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 420 del Código Penal Federal y se adiciona el numeral 33 a la fracción I del artículo 194, pasando el actual numeral 33 a ser numeral 34 del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS La pesca es una actividad productiva de alto contenido social, ya que representa en grandes regiones del país la principal opción de desarrollo económico para algunos de los sectores más desfavorecidos. Particularmente en México la pesca ribereña es la forma de subsistencia de miles de familias que habitan los 17 estados con litoral. En especial los recursos que habían sido administrados bajo el "régimen de especies reservadas" propició el arraigo y desarrollo local de los pescadores y las comunidades asociadas. Entre los más importantes por su alto valor comercial están el camarón, el abulón y la langosta que habían estado cobijados bajo este régimen que favorecía a los productores del sector social. Estos recursos naturales, cada vez más escasos, se convierten en bienes codiciados por aquellos quienes no tienen acceso a otra fuente de empleo o bien que aprovechando redes de corrupción se dedican a extraerlos sin contar con los permisos correspondientes. Así, la incorporación en el Código Penal Federal del capítulo de delitos ambientales representó, un avance importante para la protección y uso responsable de los recursos naturales. En el caso particular de la pesca, una de las conductas más graves que ha sido determinante en el deterioro de los recursos marinos, es la pesca ilegal. Evidentemente las especies de alto valor comercial han sido las más atractivas para aquellos que infringen la ley. Las consecuencias de las conductas delictivas son siempre multidimensionales ya que afectan muchos ámbitos de la sociedad y la pesca furtiva no es la excepción; dañan la fuente de ingresos de miles de familias que dependen casi exclusivamente de dichos recursos, generan conflictos sociales en las comunidades ribereño-pesqueras y además daños ambientales. La pesca furtiva se ha incrementado notablemente en los últimos 20 años, específicamente para los casos del abulón y la langosta; en datos aceptados por las autoridades de la Semarnat se calcula que la pesca furtiva es comparable a la que se realiza legalmente. Ante este panorama las cooperativas pesqueras y organizaciones de productores que dependen de estas especies han incrementado acciones de inspección y vigilancia en las zonas concesionadas para la extracción de los recursos. Para ello han destinado gran cantidad de recursos económicos (alrededor de 1.5millones de dólares anualmente) sin que al momento se haya logrado erradicar o disminuir ostensiblemente la pesca ilegal. Ahora que nuestro país atraviesa por una de sus mayores crisis ambientales y pesqueras en su historia, lo cual inevitablemente ha comenzado a reflejarse en conflictos sociales, el uso responsable de los recursos marinos es imperativo. Hemos sido testigos de que no son finitos, por lo que debemos ser inteligentes en su aprovechamiento. Atendiendo a la idea de que es obligación de todos los ciudadanos cumplir la ley y que las reglas jurídicas son el mínimo ético necesario para asegurar las relaciones entre las personas, los legisladores debemos entregar a la ciudadanía instrumentos jurídicos más acabados que sean útiles para resolver las problemáticas a las que se enfrentan. Es así que se acude a la ley como el mejor mecanismo para articular y hacer valer los más distintos intereses sociales y políticos. Es también un instrumento necesario para encauzar las demandas de sectores de la población. La propuesta legislativa que hoy sometemos a su consideración, es la de establecer en la fracción II del artículo 420 del Código Penal Federal la adición de un segundo párrafo, que tiene como propósito salvaguardar especies marinas que se encuentran en grave riesgo de extinción dada la explotación que de ella se ha dado, tal es el caso de el abulón y la langosta, situación que se vincula con el contenido del texto de la fracción II del artículo en cuestión, que establece la protección de las especies acuáticas declaradas en veda y que únicamente pueden ser capturadas en cuanto la autoridad administrativa lo permita. Asimismo, proponemos que esta conducta que lastima seriamente a nuestros recursos naturales quede incluida dentro del catálogo de delitos graves, por cuya comisión no existe la posibilidad jurídica de la obtención de libertad caucional. En las entidades federativas que cuentan con litoral es común que las personas a las que se les encuentra capturando especies marinas con clara violación a la ley y que prácticamente son detenidos en flagrancia, queden inmediatamente en libertad con el pago de multas irrisorias que no corresponden a la gravedad del daño que se causa al ecosistema. Esta es la razón por la que proponemos que quienes a sabiendas del daño que causan y llevan a cabo estas conductas no puedan salir de la cárcel. Compañeras y compañeros diputados: Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 420 del Código Penal Federal y se adiciona el numeral 33 a la fracción I del artículo 194, pasando el actual numeral 33 a ser numeral 34 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: Artículo 420. Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y por el equivalente de 1 mil a 20 mil días de multa, a quien: I. . . II. . . El inculpado que realizare las conductas mencionadas en esta fracción sobre las especies denominadas abulón o langosta, sin respetar tallas oficiales permitidas para su captura y sin haber obtenido la documentación, que acredite su procedencia legal, no se vera beneficiado con la libertad provisional bajo caución. III y IV. . . Artículo segundo. Se adiciona el numeral 33 a la fracción I del artículo 194, pasando el actual numeral 33 a ser numeral 34 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: Artículo 194. . . I. ... 1 al 32. . . 33. Los previstos en la fracción II del artículo 420 34. En materia de derechos de autor, previsto en el artículo 424-bis y ARTICULO TRANSITORIO Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 De diciembre de 2001. Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Los diputados: Alfredo Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y Juan Carlos Regis Adame. EL C. PRESIDENTE. Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra la diputada Ma. Luisa Araceli Domínguez Ramírez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones al artículo 31 de la Ley de Coordinación Fiscal. LA C. DIPUTADA MARIA LUISA ARACELI DOMÍNGUEZ RAMÍREZ. Con su permiso, señor Presidente. Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II y demás relativos... (Dio lectura a la iniciativa. Insértese) Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Diputada federal Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción ll, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, Araceli Domínguez Ramírez, a nombre de los diputados federales de la LVIII Legislatura, que suscribieron somete a consideración de esta Asamblea la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS El pasado 27 de septiembre, su servidora, a nombre de un grupo plural de diputados, presentó un punto de acuerdo ante esta soberanía referente a los problemas de inequidad presupuestal en materia de salud que padecen trece estados de la República Mexicana. Concretamente me refiero a los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En aquella oportunidad, alertamos sobre el carácter esencialmente inequitativo de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que como saben, forma parte del ramo 33. Asimismo, advertimos de los altos costos sociales que esta situación implica para las entidades mencionadas, entre las cuales se encuentran estados que presentan los mayores niveles de marginación y rezago social del país. El punto de acuerdo, firmado por más de 100 compañeros legisladores de todas las fracciones parlamentarias, estableció que la Comisión de Salud convocaría a servidores públicos de la SSA, del IMSS, del ISSSTE y de los servicios de salud de los gobiernos de los estados referidos, a efecto de analizar la dimensión y los factores que están originando el déficit presupuestal, y por ende de recursos humanos. Asimismo, se acordó que los resultados de esta valoración y los requerimientos para cubrir los faltantes en estas entidades, se harían del conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que los recursos necesarios se incluyeran en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2002. La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 contempla recursos para cubrir los requerimientos mínimos de los estados en materia de infraestructura médica, servicios personales y gasto en operación e inversión. Sin embargo, en lo que se refiere a los recursos destinados expresamente a promover la equidad en los servicios de salud, sólo contempla la distribución del remanente, una vez cubiertos los rubros anteriores, bajo los mismos criterios de inequidad señalados y denunciados en su oportunidad, de otra forma al crecimiento de plazas de médicos y enfermeras seria de cero. De ahí que las palabras del Secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, expresadas recientemente durante la IV Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud, en el sentido de que "México vive un verdadero federalismo cooperativo en salud" son, desafortunadamente, una verdad a medias, por decir lo menos. El Programa Nacional de Salud 2001-2006 (PNS), establece como una de sus estrategias principales para mejorar las condiciones de salud de los mexicanos, la de construir un federalismo cooperativo en matera de salud, es decir, un federalismo que preserve los principios de solidaridad y corresponsabilidad mediante esquemas dinámicos de cooperación y colaboración entre las entidades y la Federación. La primera línea de acción de esta estrategia es la de establecer nuevos mecanismos de distribución equitativa de recursos. La estrategia incluye otras acciones como la de concluir el proceso de descentralización de la SSA; consolidar la desconcentración de los servicios de salud; fortalecer la cooperación interestatal; reforzar e! papel coordinador del Consejo Nacional de Salud y municipalizar los servicios de salud. No obstante, la equidad en la distribución de los recursos es una condición vital para que el resto de las acciones logren consolidar un esquema verdaderamente federalista en materia de salud. El Programa Nacional Salud parte del reconocimiento explícito de que existen importantes desigualdades en la distribución de los recursos para la salud, no sólo entre instituciones sino, sobre todo, entre grupos de población, niveles de atención y estados. Se reconocen no sólo las limitaciones metodológicas de los mecanismos de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), sino también las que contiene la fórmula de distribución de los recursos. Efectivamente, el esquema actual de asignación de recursos no es suficiente para atender las necesidades y prioridades básicas de la población. Es decir, que la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) se basa en criterios contables más que sociales. Recordemos que la determinación de estos recursos se obtiene a partir de¡ gasto histórico del ejercicio presupuestal inmediato anterior y del número de plazas existente, más los ajustes e incrementos que esta soberanía autorice a nivel federal. Una vez cubiertos estos requerimientos mínimos, el sobrante se distribuye "equitativamente" entre los estados. Es evidente que este criterio no toma en cuenta las necesidades objetivas de la población en materia de salud. El PNS reconoce asimismo, que la fórmula de distribución de este remanente, presenta serias limitaciones de carácter metodológico: Primero, no contempla criterios para establecer gastos mínimos per capita como punto de partida de la asignación presupuestal. Segundo, privilegia variables que impactan únicamente la tasa de mortalidad, lo que conlleva a una subrepresentación de necesidades de salud asociadas a padecimientos que causan más incapacidad que mortalidad. En el caso de la subrepresentación de variables como la incapacidad, es importante tomar en cuenta tanto la incapacidad total como la incapacidad permanente, ya que generan más gastos para las instituciones de salud debido a que, cuando una persona queda en estado de incapacidad, sea permanente o total, es necesario brindar consultas, medicamentos, terapias y un seguimiento médicos que implican gastos para las instituciones de salud. En ese sentido, la variable de razón de incapacidad es de igual importancia que la de la razón estandarizada de mortalidad. La mortalidad está relacionada con la edad, a mayor edad mayor probabilidad de enfermedad. En el caso de la incapacidad, no existe una relación directa con la edad ya que las probabilidades de que una persona se incapacite dependen no solo de la edad sino también de su actividad preponderante, así como de las probabilidades de accidentes de cada entidad federativa. Tercero, no toma en cuenta la contribución del gasto estatal a los servicios de salud. Cuarto, no considera mecanismos de evaluación y estímulo a la eficiencia. Quinto, la fórmula incluye variables subregistradas en muchos estados, lo que repercute negativamente en la cantidad de recursos asignados, sobre todo en el caso del índice que se construye a partir de la tasa de mortalidad. En muchas entidades, no se tienen registros adecuados de los fallecimientos de personas, sobre todo en las zonas marginadas del país. En el caso de la razón de incapacidad, es más fácil obtener el registro de las personas que se encuentran en un estado de incapacidad. Por todo lo anterior, estamos totalmente de acuerdo en que se debe instrumentar una nueva fórmula a la cual se le incorporen otras variables como las necesidades diferencias de salud, la aportación de recursos estatales y el desempeño. Ello permitiría alcanzar una correspondencia objetiva entre recursos disponibles y necesidades reales en salud bajo criterios de equidad presupuestal. Estamos seguros de que estos ajustes contribuirán a mejorar los mecanismos de asignación de recursos a las entidades federativas y, en consecuencia, a eliminar las injusticias e inequidades que actualmente caracterizan a este esquema. De hecho, en la Comisión de Salud estamos elaborando ya una propuesta integral al respecto. El problema, sin embargo, es que la discusión y el debate entre el Ejecutivo y el Legislativo para encontrar la mejor propuesta de reformas a este esquema de asignación de recursos, seguramente nos tomará varios meses del año entrante. Por lo que durante el ejercicio fiscal 2002, los estados que se han visto afectados con esta serie de inconsistencias en la ley, se verán nuevamente perjudicados. Este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 contempla recursos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por un total de 25 mil 758 millones, 816 mil, 714 pesos. Como sabernos, estos recursos prácticamente servirán para mantener los esquemas actuales de atención y cobertura. Por lo que las expectativas de gasto en salud para el ejercicio 2002, configuran un escenario similar al de años anteriores para aquellos estados de la Federación que se han visto afectados por las inequidades propias del esquema de asignación de recursos del Fassa. Aquí cabe mencionar nuevamente los datos proporcionados por el Gobierno Federal y la Organización Panamericana de Salud, con el fin de valorar la dimensión de las desigualdades y la inequidad presupuestal en algunos estados: Durante 1999, el gasto per capita en el sector salud en el Distrito Federal fue de $4,314.2; en Baja California Sur de $2,292.2; Colima $1,579.7; Nuevo León $1,465.3; Baja California $1,302.7. En contraste, el Estado de Chiapas ejerció un gasto per capita en salud de $604.5; Guanajuato $692.2; Guerrero $685.8; el Estado de Hidalgo tuvo un gasto de $793.6; Michoacán de $608.2; Puebla de $664.0; San Luis Potosí de $803.9; Tlaxcala $790.7; Veracruz $882.7 y Zacatecas de $759.3. Cabe mencionar que a nivel nacional, el gasto per capita en salud es de $1,214.8. Asimismo, la mayoría de los estados cuyos promedios de gasto en salud es inferior a $800.00, son los que a su vez presentan los promedios más bajos de esperanza de vida al nacer en varones. Por ejemplo, Chiapas 70; Guanajuato 73; Guerrero 70.8; Hidalgo 71.9; Michoacán 72.7; Oaxaca 70.2; Puebla 71.6 y Zacatecas 72.1. La esperanza de vida al nacer promedio nacional, es de 73.1 años en varones. Si analizamos la proporción de médicos por cada 10 mil habitantes en estas mismas entidades encontramos que, nuevamente, son las que presentan los promedios más bajos. Para 1999, el número de médicos en contacto con pacientes, por cada 10 mil habitantes, en Chiapas fue de 8.8; en Guanajuato 8.1; Guerrero 9.7; Estado de México 7.5; Michoacán 8.9; Oaxaca 8.6; Puebla 8.2; San Luis Potosí 9.2;Veracruz 10.1; Zacatecas 9.7; Tlaxcala 9.5 e Hidalgo 10. Todos por debajo de la media nacional que fue 11.7. Indices similares se presentan en el caso de enfermeras, odontólogos, ginecobstetras y pediatras. En términos generales, el evidente desequilibrio presupuestal a que se ha hecho referencia, se refleja en graves problemas en el abasto de medicamentos y déficit de personal médico y paramédico en las instalaciones en general, particularmente, en las que han sido construidas en los últimos tres años. Esta situación no sólo entraña el incumplimiento al derecho a la salud de la población de estos estados, sino fa gran responsabilidad de corregir estas inconsistencias cuanto antes. Todo indica que el proceso de descentralización ha dejado vacíos administrativos y, posiblemente, jurídicos, que el Gobierno Federal pretende que adjudicar a los estados sin que se tenga el marco presupuestal debidamente ajustado. Compañeras diputadas y diputados: tenemos la responsabilidad de garantizar desde ahora, la equidad en la distribución de los escasos recursos con los que contará el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa). No es posible que tengamos que esperar hasta que se hagan los ajustes a la fórmula general vigente para contar con recursos adicionales para las entidades federativas menos favorecidas en materia de salud. Para lograr lo anterior, proponemos un conjunto de modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, en la parte correspondiente a la distribución de los recursos del Fassa. Actualmente, se establece que los recursos destinados a promover la equidad en los servicios de salud, serán distribuidos conforme a lo dispuesto en el artículo 31 la Ley de Coordinación Fiscal. La propuesta que sometemos a la consideración de esta soberanía, consiste en: 1. Crear un Fondo Compensatorio de Aportaciones para los Servicios de Salud, el cual estaría destinado a atender las inequidades presupuestales que afectan a los estados de la Federación. 2. Los recursos del Fondo equivaldrían al 50% de los recursos remanentes del Fassa, de la fracción IV del artículo 30, que son sujetos de distribución entre el total de entidades de la Federación a partir de la aplicación de la fórmula vigente establecida en el artículo 31 de la Ley de Coordinación Fiscal. 3. Los recursos del fondo compensatorio serían adicionales a los asignados en forma normal a los estados de la Federación, tal y como lo establece la ley actualmente. 4. Los recursos del fondo compensatorio se distribuirían, a su vez, entre las entidades federativas de acuerdo con los siguientes criterios: a) A partir del establecimiento de un techo mínimo de gasto per capita en salud, mismo que se propone sea de $900.00. Todas aquellas entidades federativas cuyo gasto per capita del año inmediato anterior, haya sido menor a este monto, serían objeto del reparto de recursos adicionales. b) A partir de la aplicación de una fórmula de distribución determinada como función del nivel de gasto per capita observado en las entidades que califiquen de acuerdo con el criterio establecido en el inciso anterior. La propuesta anterior permitirá contener en alguna medida el rezago actual de aquellas entidades afectadas por la inequidad presupuestal. Por lo anterior, y considerando Que el nuevo federalismo cooperativo del que se habla, tiene como pilar fundamental el reparto equitativo de los recursos fiscales. Que la escasez de recursos nos obliga a buscar mecanismos alternativos que coadyuven al abatimiento de los rezagos sociales a nivel regional. Que en materia de salud, como en ninguna otra, tenemos la responsabilidad de garantizar no sólo una cobertura universal sino, sobre todo, una asignación de recursos que responda verdaderamente a las necesidades de la población. Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a la consideración del pleno ta siguiente iniciativa de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de salud. PROYECTO DE DECRETO Artículo único. Se reforma y adiciona al artículo 31 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: Artículo 31. Para la distribución del 50% de los recursos a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, se aplicará la siguiente fórmula de asignación de recursos, donde representa la sumatoria correspondiente a las entidades federativas y el subíndice i se refiere a la i-ésima entidad federativa. En donde: . . . Para la distribución del 50% restante de los recursos a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, se aplicarán los siguientes criterios y fórmulas de asignación de recursos: a) Criterios: § Se eligen los estados que tienen un gasto per cápita anual en salud, menor a $900.00. § Se define a los gastos per cápita en salud anual de estos estados como gasto per capita estatal i, GPCEi. § Se suman los gastos per capita estatal, de los estados seleccionados, obteniéndose lo que se denomina el gasto per capita seleccionado en salud, GPS. b) Fórmulas: § Se calcula la proporción Pi de cada estado del gasto per capita seleccionado en salud, dividiendo cada gasto per capita estatal i, GPCEi, entre el Gasto per capita seleccionado de salud GPS, teniendo como resultado proporciones, una para cada estado. § Se calcula el Valor de reparto Vi, el cual se obtendrá para cada estado, restando de 1 su proporción Pi. § Se suman los Vi para todos los estados, obteniendo el Total del valor de reparto TVR. Finalmente se calcula la proporción destinada de los recursos a cada estado i, RDEi, de la manera siguiente: § RDEi, del estado i, será la parte proporcional que corresponda del 50% de los recursos asignados a la fracción IV del artículo 30. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2002. Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente decreto. Atentamente. México, D.F, a 11 de diciembre de 2001. Diputada María Luisa Araceli Domínguez Ramírez. Estado Puebla Jaime Alcántara silva, Narciso Alberto Amador Leal, Cutberto Cantoran Epinoza, Adela Cerezo Bautista, Víctor Emanuel Díaz Palacios, Ma. Luisa Araceli Domínguez Ramírez, Concepción González Molina, José Meliton Morales Sánchez, Benito Vital Ramírez. Estado San Luis Potosí Juan Manuel Carreras López, Elías Dip Rame. Estado Chiapas Patricia Aguilar García, Oscar Alvarado Cook, Nicolás Lorenzo Alvarez Martínez, Andrés Carballo Bustamantes, Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Roberto Domínguez Castellanos, Roberto Javier Fuentes Domínguez, Santiago López Hernández, José Jacobo Nazar Morales, Alfredo Ochoa Morales, Alfredo Ochoa Toledo, César Augusto Santiago Ramírez Aarón Irizar López, Carlos Rodolfo Soto Monzón, Adolfo Zamora Cruz. Estado Chihuahua César Horacio Duarte Jaquez, Hortensia Enríquez Ortega, Manuel Payan Novoa, Jorge Esteban Sandoval Ochoa. Estado Guanajuato Rubén García Farías, Salvador Rocha Díaz, Luis Gerardo Rubio Valdez, Federico Granja Ricalde. Estado de Guerrero Manuel Añorve Baños, Flor Añorve Ocampo, Celestino Bailon Guerrero, Raúl Homero González Villalva, Santiago Guerrero Vázquez, Heriberto Huicochea Vázquez, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Sergio Maldonado Aguilar, Gustavo Nabor Ojeda Delgado, Héctor Pineda Velásquez, Ernesto Higinio Rodríguez Escalona, Silvia Romero Suárez. Estado Oaxaca Vitalicio Candido Coheto Martínez, Angel Meixueiro González, María de las Nieves García Fernández, José Antonio Hernández Fraguas, Jaime Arturo Larrazabal Breton, Lilia Arcelia Mendoza Cruz, Miguel Angel D. Moreno Tello, Antonia Irma Piñeyro Arías, Bulmaro Rito Salinas, José Soto Martínez, Abel Trejo González, Nahum Ildelfonso Zorrilla Cuevas. Estado México Laura Hermelinda Pavón Jaramillo, José Elías Romero Apis, Roberto Ruiz Angeles, Reyes Antonio Silva Beltrán, Jaime Vázquez Castillo. Estado Michoacán Manuel Galán Jiménez, José Luis González Aguilera, Rafael López Hernández, José Jesús Reyna García, Jaime Rodríguez López, Agustín Trujillo Iñiguez. Estado México Beatriz Cervantes Mandujano, Maricruz Morales, José Gerardo De la Riva Pinal, Gustavo Alonso Donis García., Ismael Estrada Colín, Rodolfo Gerardo González Guzmán, José Jaimes García, Esther López Cruz, Juan Manuel Martínez Nava, Enrique Orta Flores, Hermilo Monroy Pérez, Salvador Castañeda S. Estado Hidalgo Omar Fayad Meneses, Celia Martínez Barcenas, David Penchyna Grub, Carlos Antonio Romero Deschamps, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Raúl Efrén Sicilia Salgado, Gerardo Sosa Castelan, Alma Carolina Viggiano Austria. Estado México María Teodora Elba Arrieta Pérez, Salvador Castañeda Salcedo. Estado San Luis Potosí Justino Hernández Hiñalia, José Manuel Medellín Milán, Miguel Ortiz Jonguitud, José Luis Ugalde Montes. Estado Tlaxcala Javier García González, Albino Mendieta Cuapio, Erendira Cova Brindis, Beatriz Paredes Rangel. Estado Veracruz Justino Eduardo Andrade Sánchez, Juan Nicolás Calleja Arroyo, Gustavo Carvajal Moreno, Francisco Castro González, Guillermo Díaz Gea, Nemesio Domínguez Domínguez, Edgar Consejo Flores Galván, Roque Joaquín Gracia Sánchez, José María Guillén Torres, Eduardo Abraham Leines Barrera, Marcos Paulino López Mora, Jaime Mantecon Rojo, Pedro Manterola Sainz, Arnulfo Marquez Hernández, Enrique Ramos Rodríguez, Francisco Ríos Alarcón, Martha Silvia Sánchez González, Jorge Schettino Pérez, José Francisco Yunes Zorrilla. Estado Zacatecas Oscar Alonso Del Real Muñoz, José Antonio García Leyva, Jorge Luis García Vera, Josefina Hinojosa Herrera, Víctor Roberto Infante González, Silverio López Magallanes, Juan Carlos Regis Adame. Partido Alianza Social Estado México Beatriz Patricia Lorenzo Juárez. Convergencia por la Democracia Estado de México José Manuel Del Río Virgen Partido Sociedad Nacionalista Estado México Berta Alicia Simental García. Estado Oaxaca Norma Patricia Riojas Santana. Estado Guanajuato Alejandro Rafael García Sainz Arena. Estado México Francisco Agundis Arias, Diego Cobo Terrazas, José Rodolfo Escudero Barrera, María Cristina Moctezuma Lule. Estado Puebla Erika Elizabeth Spezia Maldonado. Grupo parlamentario Partido del Trabajo Estado Guerrero Félix Castellanos Hernández. Estado Tlaxcala Rosalía Peredo Aguilar. Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, ya que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, por lo cual dejo en manos de la Secretaría la iniciativa que hoy presento y suscrita por los diputados de todas las fracciones parlamentarias de los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas que integran la LVIII Legislatura para que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. EL C. PRESIDENTE. Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A solicitud del grupo parlamentario del PRD, la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, se pospone para una próxima sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra la diputada Patricia Aguilar García del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos. A solicitud de la fracción parlamentaria del PRI se pospone para otra sesión. Entonces, tiene la palabra , se pospone el turno nada más en la misma sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Guillermo Padrés Elías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones a la Ley Aduanera. DIP. GUILLERMO PADRES ELIAS: Con el permiso de la presidencia, el suscrito diputado de esta quincuagésima octava Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (LEYO. INSERTESE) Iniciativa de reforma a la Ley Aduanera. El diputado federal Guillermo Padrés Elías de la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. retomando la propuesta que realizaron los diputados de Acción Nacional en la Legislatura LVII. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración de esta Asamblea. La siguiente iniciativa de decreto para adicionar y reformar diversas disposiciones, de la Ley Aduanera: Con la finalidad de que se establezcan las condiciones necesarias y adecuadas para la importación de vehículos automotores usados, destinados a permanecer de forma definitiva en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, la región parcial de Sonora y el municipio fronterizo de Cananea, en el Estado de Sonora. Esta Iniciativa, se presenta con base en los argumentos que expondré en la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS La complejidad y los diferentes matices que se observan en la relación entre México y Estados Unidos, son derivados de que ambos gobiernos manejan una óptica parcial con respecto a los elementos que componen dicha relación. La gran mayoría de las decisiones que involucran a las comunidades fronterizas de ambos países, son tomadas por el Gobierno central, el cual, por su falta de conocimiento y experiencia, en las condiciones económicas tan especiales que se dan en las dos franjas fronterizas, así como el dinamismo existente, en las relaciones generales que se dan entre sus habitantes, provoca que la mayoría de las acciones o medidas que se lleven acabo sean correctivas y no preventivas, es decir, que se anticipen a los problemas que pueden surgir en dicha relación. Para orientar esta afirmación, tenemos que recordar que somos vecinos de la primer economía del mundo, y que existen diferencias históricas, religiosas, de raza e idioma muy significativas, por lo que resulta trascendental, evitar que la asimetría existente entre los dos países, afecte lo menos posible a las familias mexicanas que habitan esa región, ya que se encuentran en una gran desventaja con respecto a los ciudadanos del país vecino. Por lo que es indispensable dotarlos de los elementos necesarios, para que puedan aprovechar al máximo ésta cercanía, y obtener los mayores beneficios posibles. Paralelamente a esta situación, en la frontera, los ciudadanos mexicanos y estadounidenses, han entendido que las decisiones que llevan acabo cualquiera de las dos comunidades; afecta a la otra. Es por eso, que perciben los intereses locales como algo compatible en muchos sentidos, aunado al intercambio comercial existente entre los actores económicos de las dos franjas fronterizas. Uno de los problemas más importantes y añejos que enfrentan los ciudadanos mexicanos, que habitan las comunidades fronterizas en el norte de nuestro país, y que han venido externando cada vez con mayor fuerza, es la imposibilidad que tienen los particulares, para importar un vehículo automotor usado, destinado a permanecer de manera definitiva en esa región de México. Yéndonos un poco hacia atrás, recordaremos que con los cambios que propuso el Poder Ejecutivo y aprobó el Legislativo, hace una década aproximadamente, se suprimió sin justificaciones razonables, el derecho de las personas físicas para poder importar directamente los vehículos usados que adquieren para su uso personal y de trabajo. Desde entonces a la fecha se han dado una serie de cambios en las condiciones políticas sociales y económicas del país, es por eso que se debe de reformar la Ley Aduanera para dar solución al problema antes mencionado. Con la finalidad de restituir ese derecho a los ciudadanos de la frontera norte, se pretende con esta iniciativa crear un conjunto de acciones que permitan a los habitantes llevar a cabo la importación a la que se hace referencia de manera personal, eliminando la serie de tramites burocráticos y lentos. Así mismo convertirlo en un proceso eficaz y transparente, acorde a la globalización comercial que actualmente se vive en el mundo. Para lograr una mayor comprensión de este tema, revisemos algunas de las situaciones que se dan bajo el esquema actual:  Los ciudadanos de la frontera se ven obligados a adquirir sus vehículos con los comerciantes de autos usados o bien pedirles que ellos se los importen, ya que dichos comerciantes si gozan del beneficio, para poder importar ese tipo de vehículos, ocasionando que los comerciantes de autos se desvíen de su actividad principal que es la venta de automóviles y en algunos casos se presenta el monopolio y la corrupción en esta actividad.  Existe un considerable aumento en el precio de venta, propiciando un efecto negativo en la economía de las familias y en general de la comunidad. Aunado a esto la difícil situación económica que esta experimentando en nuestra nación, como consecuencia de la recesión que atraviesa la economía de Estados Unidos.  La Federación deja de percibir importantes recursos, al autorizar solamente a unas cuantas personas; la recaudación aumentaría si ésta autorización se diera a los particulares, así mismo se eliminarían algunos desvíos de fondos destinados a la Federación, vía impuestos. Por lo anterior, es indispensable restituir el derecho a los habitantes de la franja y/o región fronteriza norte, para importar vehículos automotores de uso individual y de trabajo, con el pago correspondiente del impuesto generado, por la importación de ese tipo de vehículos automotores. Por lo antes expuesto, someto a esta Cámara la presente iniciativa de decreto, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Se reforma el artículo 62 primer párrafo de la Ley Aduanera para quedar como sigue: Artículo 62. Importación de vehículos en franquicia. Tratándose de importación de vehículos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 137 "A" al 137 "I", la Secretaría podrá: I. Autorizar, en los casos que exista reciprocidad, la importación en franquicia cuando pertenezcan a: a) Gobiernos extranjeros, con los que el Gobierno mexicano tenga relaciones diplomáticas. b) Embajadores extranjeros acreditados en el país. c) Miembros del personal diplomático y consular extranjero, que no sean nacionales También podrá autorizarse la importación en franquicia a funcionarios y empleados del Servicio Exterior Mexicano que hayan permanecido en el extranjero, cuando menos dos años continuos en el desempeño de comisión oficial, de un vehículo de su propiedad que hayan usado durante su residencia en el extranjero, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría mediante reglas. Quedan comprendidos en lo previsto en este supuesto, los funcionarios mexicanos acreditados ante los organismos internacionales en los que el Gobierno mexicano participe. Se reforma el artículo 137 para quedar de la siguiente forma: Artículo 137. Desgravación arancelaria a la importación destinada a la franja o región fronteriza. Con independencia de lo señalado en los artículos 137 "A" al 137 "I", la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría determinará por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías que estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al Comercio Exterior en la franja o región fronteriza. La propia Secretaría de Economía con base en la Ley de Comercio Exterior, determinará las mercancías cuya importación o exportación a dicha franja o región quedarán sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias. Las bebidas alcohólicas, la cerveza, el tabaco labrado en cigarrillos o puros y los caballos de carrera que se importen a la franja o región fronteriza, causaran el impuesto general de importación sin reducción alguna. Se adicionan los artículos 137 "A" al 137 "I" de la Ley Aduanera: Artículo 137 "A". Las personas físicas que acrediten su residencia en la franja fronteriza norte, así como en los estados de Baja California, Baja California Sur, la región parcial del Estado de Sonora y el municipio fronterizo de Cananea, en Sonora. Podrán efectuar la importación definitiva de vehículos automotores usados, siempre y cuando estén destinados a permanecer en estos lugares. Artículo 137 "B". Para efecto del artículo anterior y de los siguientes, se entiende por: 1. Persona física: El ciudadano al que la ley ha dotado de derechos y obligaciones. 2. Franja fronteriza norte. La comprendida entre la línea divisoria internacional con Estados Unidos de Norteamérica y la línea paralela a una distancia de 20 km. Hacía el interior del país, en el tramo comprendido entre el limite de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México. 3. Región parcial del Estado de Sonora. La comprendida entre los siguientes límites al norte, la línea divisoria internacional, desde el cauce del rió Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 km del oeste de Sonorita, de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 km al este de Puerto Peñasco, de ahí siguiendo el cauce del mismo río hacia el norte, hasta encontrar la línea divisoria internacional. 4. Año modelo. El periodo comprendido entre el 1o. de noviembre de un año, al 31 de octubre del año siguiente. 5. Automóvil. El vehículo destinado al transporte hasta de diez personas, incluyéndose a las vagonetas y a las camionetas denominadas "Van", que tengan convertidor catalítico de fabrica. 6 Vehículo comercial. Al vehículo con o sin chasis, para el transporte de mercancías o de más de 10 personas, con peso bruto vehicular de más de 2,727 kilogramos, pero menor de 7,272 kilogramos. 7. Camión mediano. Al vehículo con o sin chasis para el transporte de mercancías o de más de 10 personas, con peso bruto vehicular de más de 2,272 kilogramos, pero no mayor de 8,864 kilogramos. 8. Vehículo usado. Al vehículo de cinco o más años, modelos anteriores, a la fecha en que se realiza la importación. Artículo 137 "C". La importación a la que se refiere el artículo anterior, podrá efectuarse pagando el Impuesto General de Importación, que corresponda a los vehículos a importar, conforme a su clasificación arancelaria. Las fracciones arancelarias aplicables, según la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, serán las que correspondan al valor de la compra-venta en dólares de Estados Unidos de Norteamérica, de los vehículos usados. Así mismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de la Secretaría de Economía, a la importación de vehículos automotores usados, a que se refieren los artículos anteriores. Artículo 137 "D". Los vehículos que podrán importarse sobre la base de las disposiciones que establecen los artículos anteriores, son los siguientes: 1. Automóviles siempre que no se trate de vehículos de lujo, deportivos o convertibles. 2. Camiones comerciales ligeros y medianos, propulsados por motor de gasolina y diesel. Los vehículos señalados en el presente artículo, deberán ser similares a los de las marcas de fabricación nacional, de conformidad con la lista que publica la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación, dentro del tercer trimestre de cada año, con la previa opinión de la Comisión Intersecretarial de la Industria Automotriz. Artículo 137 "E". Las personas físicas que pretendan efectuar la importación de los vehículos, en los términos de los artículos anteriores, deberán cubrir los siguientes requisitos: 1. Acreditarse como ciudadano mexicano, con el acta de nacimiento o de naturalización correspondiente. 2. Comprobar su residencia en la franja y/o regiones fronterizas referidas, de seis meses anteriores a la fecha de importación del vehículo, mediante cualquiera de los documentos oficiales expedidos a nombre del interesado, en donde conste el domicilio ubicado en alguna población de la franja o las regiones fronterizas. 3. Presentar el pedimento de importación correspondiente, que deberá contener las características, marca, tipo, línea, modelo y número de serie, con el objeto de que una vez realizada la importación, se pueda comprobar su legal estancia en el país. 4. Presentar al momento del despacho aduanero, conjuntamente con los documentos aduaneros respectivos, la constancia que acredite que el vehículo que se importará, cumple con las normas técnicas de emisión máxima permisible de contaminantes para ese modelo, en su país de origen. Artículo 137 "F". La importación de vehículos automotores usados que se realicen en los términos de los artículos anteriores, se limitará a una unidad por persona. Así mismo, la persona física que afecte la importación de una unidad vehicular usada, no podrá volver a efectuar la importación de otro vehículo automotor, en los términos de las disposiciones anteriores, sino después de haber transcurrido un año de la primer importación, siendo aplicables a su comercialización las limitaciones que derivan de las disposiciones aduaneras vigentes. Artículo 137 "G". La internación al resto del territorio nacional de los vehículos importados bajo el esquema de las disposiciones legales, a las que hacen referencia los artículos anteriores, se regirá por lo dispuesto en la Ley Aduanera, específicamente por el párrafo final del artículo 62 de dicha ley su reglamento y demás disposiciones aplicables a ese tipo de casos. Artículo 137 "H". A partir del año 2009, la importación de autos usados a la franja y regiones fronterizas, a que se refieren los anteriores artículos, se efectuará de conformidad con lo establecido en el apéndice 300-A. 2, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Artículo 137 "I". En lo conducente, serán aplicables a las importaciones de vehículos usados, a que se refiere la presente Iniciativa, las disposiciones contenidas en la Ley Aduanera, su reglamento y cualquier otra normatividad aduanera vigente. ARTICULO TRANSITORIO Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en toda la República, en el Diario Oficial de la Federación Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 11 de diciembre de 2001 . Diputado Guillermo Padrés Elías, II distrito de Sonora. DIP. GUILLERMO PADRES ELIAS: Solicito a la presidencia sea publicado en el cuerpo del articulado íntegro en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto señor presidente. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La iniciativa de reformas presentada por la diputada Patricia Aguilar García, a solicitud de la fracción parlamentaria del PRI, se pasa a otra sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el apartado de Excitativas tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales. Solicita se pase a último turno y entonces tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Gutiérrez Machado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Excitativa a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. DIP. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MACHADO: Con el permiso de la mesa directiva: Excitativa a las Comisiones Unidas de Agricultura, Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que dictamine la iniciativa de ley de bioseguridad. Compañeras y compañeros legisladores: En mi carácter de diputado federal de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, solicito respetuosamente de esta presidencia, tenga a bien formular una Excitativa a las Comisiones Unidas de Agricultura, Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados, a efecto de que se dictamine a la brevedad para su presentación al Pleno de este órgano legislativo la iniciativa de Ley de Bioseguridad, con carácter federal, al tenor de las siguientes: ANTECEDENTES: El día 12 de abril del año 2000 a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se presentó ante el Pleno de esta Cámara la Iniciativa de Ley de Bioseguridad. El objetivo de esta iniciativa es regular las actividades de desarrollo, manejo, utilización, movilización, transporte, liberación y en general el uso y aprovechamiento de organismos modificados genéticamente con el propósito de garantizar un nivel adecuado de protección, minimizando los posibles riesgos para la diversidad biológica y la salud humana. La iniciativa en comento pretende: PRIMERO: establecer las bases y modalidades para el desarrollo seguro del medio ambiente y la salud humana, de las actividades de producción, propagación, manejo, utilización, movilización, transporte, liberación, comercialización, consumo y en general uso y aprovechamiento de organismos modificados genéticamente, sus productos y subproductos. SEGUNDO: establecer las bases para la aplicación del principio precautorio y para realizar las evaluaciones de riesgo bajo estrictos principios científicos y que dichas evaluaciones se lleven a cabo caso por caso. TERCERO: Establecer las condiciones para la consolidación y desarrollo de las capacidades científicas , tecnológicas e institucionales a nivel local y nacional, relacionadas al uso y aprovechamiento de los organismos modificados genéticamente. CUARTO: Establecer las bases para la expedición de un programa nacional de bioseguridad. CONSIDERACIONES: Considerando que el avance de la ciencia en los últimos años ha sido vertiginoso, es deber de los legisladores expedir leyes al ritmo que aquélla avance, a fin de mantener a la ciudadanía debidamente protegida de los avances tecnológicos. La ingeniería genética no es la excepción y por eso el grupo parlamentario de Acción Nacional en la Legislatura anterior, se interesó en trabajar un tema que hoy en día, está muy discutido. Pero que es de vital importancia por su injerencia en toda la sociedad, lo cual fue motivo para trabajar en la iniciativa presentada a esta Honorable Cámara de Diputados, el pasado 12 de abril del año anterior. El desarrollo de las técnicas de ingeniería genética que permiten la modificación de la información de la herencia contenida en las células por medio de la transferencia de genes de un organismo a otro, impulsó a nivel internacional un debate sobre la seguridad de la biotecnología moderna desde los años 70. Desde entonces se vio la necesidad de establecer reglas para la liberación de los organismos vivos derivados de dicha técnica y más aún con la posibilidad de que dicha liberación ponga en riesgo la diversidad biológica del planeta. México es miembro del Convenio sobre la Diversidad Biológica, instrumento internacional adoptado en la Cumbre de Río de Janeiro en el año de 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, el cual dispone que se debe establecer y mantener los medios para regular, administrar y controlar los riesgos derivados de la utilización y liberación de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología y que puedan tener repercusiones ambientales adversas, tomando en cuenta también los riesgos para la salud humana. Asimismo, el Convenio sobre Diversidad Biológica dispone que las partes o países contratantes establecerán la necesidad y modalidades de un protocolo que establezca procedimientos adecuados en materia de transferencia, manipulación y utilización de los organismos modificados genéticamente, objeto de la iniciativa en comento. En enero del presente año, en Montreal, Canadá, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, en seguimiento de la reunión del Protocolo de Cartagena que se efectuó en Colombia a principios de 1999, el año pasado. Las propuestas de los países del grupo compromiso, conjunto disímbolo de países que comparten preocupaciones y principios, como Suiza, Noruega, Japón, Corea, Singapur, Nueva Zelanda, del cual México forma parte, fueron decisivas para la adopción a nivel internacional de un instrumento que, al entrar en vigor, estableciera las reglas para el movimiento transfronterizo de los organismos vivos modificados. La comunidad internacional decidió adoptar un protocolo legalmente vinculante que incorpora el principio precautorio, establece un sistema de identificación para el comercio de granos a gran escala y que a partir de su entrada en vigor impondrá a los países exportadores, en un plazo de dos años, el deber de identificar sus mercancías y de proporcionar la información necesaria para que los países importadores, en uso de su legítimo derecho, puedan requerir información adicional respecto del organismo vivo modificado y, en su caso, adoptar la decisión soberana de aceptar o rechazar la importación de un cargamento a su territorio si se determina que puede representar un riesgo para su biodiversidad o la salud humana. Cabe señalar, sin embargo, que dada la particular situación de nuestro país en materia de megadiversidad y centro de origen de una serie de cultivos esenciales para la alimentación del planeta maíz, tomate, chile, calabazay para la conservación de nuestra cultura, la adopción a nivel internacional del Protocolo de Cartagena representa un compromiso en el sentido de legislar a nivel nacional en la materia. Esto es relevante, pues, además de contar con una gran riqueza biológica, México es un país que ya utiliza las modernas técnicas derivadas de la ingeniería genética y se producen organismos modificados genéticamente. A su vez, México es socio comercial de los países en los cuales se genera la mayor cantidad de organismos modificados genéticamente y productos derivados de los mismos, especialmente granos, como Canadá y Estados Unidos; pertenece a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y a la fecha ha firmado y ratificado el Acuerdo de la Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Comunidad Europea y sus Estados miembros. Es de resaltar que el largo camino para la adopción del Protocolo de Cartagena se enfrentó a la oposición de los países exportadores de organismos modificados debido a que no desean barrreras adicionales a los aranceles comerciales. Sin embargo, es necesario recordar que no sólo la negociación y adopción del Protocolo derivan de un mandato aprobado por más de 170 países, sin contar, como ha sido costumbre, con los Estados Unidos, cuyo Senado se ha rehusado a su firma. A nivel nacional se ha reconocido la necesidad de legislar en la materia con el propósito de proteger nuestra biodiversidad y fortalecer la capacidad nacional técnica para evaluar el impacto de las importaciones y exportaciones nacionales. Desde hace 11 años México ha contado con un Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola, encargado de analizar las solicitudes para la experimentación con organismos transgénicos y vigilar los ensayos en campo. Sin embargo, la liberación al ambiente de los organismos modificados genéticamente no ha sido regulada más que en materia de salud. Esto hace evidente que la legislación en la materia a nivel nacional se encuentra dispersa y es administrada por diferentes autoridades, lo que no permite un control efectivo de su aplicación ni brinda seguridad jurídica ni para los usuarios de los organismos transgénicos, como tampoco para la sociedad. Por lo anterior, es de vital importancia complementar las leyes, reglamentos y las normas oficiales mexicanas vigentes en las diferentes esferas que la materia de biosegurdad incide. En ese sentido el interés del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional creció al conocer el estado de guardaba la administración de los riesgos derivados de la utilización de dichos organismos modificados genéticamente y más aún al crearse, en noviembre del 2000 por parte del Ejecutivo Federal, una Comisión Intersecretarial de Bioseguridad. Dicha Comisión sin embargo, carece de un presupuesto, facultades para emitir resoluciones con carácter vinculatorio y de una estructura administrativa consolidada que le permita establecer políticas y dictar normas suficientes como para llevar al cabo una tarea especializada. Al mismo tiempo la materia de bioseguridad ha generado presiones de todo tipo, pasando por las críticas, en ocasiones muy bien fundadas, de las organizaciones no gubernamentales al no contar con información oportuna, así como de la industria biotecnológica que demanda reglas claras para el desarrollo e inversión en este campo. El propósito de la iniciativa sometida a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, pretender brindar un marco jurídico para la administración de los riesgos derivados de la utilización de los organismos modificados genéticamente, sus productos y subproductos, de forma tal que las autoridades cuenten con principios y reglas para evaluar y en su caso autorizar la liberación al medio ambiente de los OBM (?) Las aplicaciones comerciales, el procesamiento de granos para producción de alimentos, tomando en cuenta los riesgos que representen para el medio ambiente y la salud de la población. Por todo lo anterior, consideramos viable la propuesta de iniciativa de ley de bioseguridad a fin d contar con un marco legislativo moderno y adecuado para la realidad social, procurando dar certeza jurídica y subsanar los rezagos y lagunas legislativas en la materia. Es el caso que a más de un año que se presentó esta iniciativa, se ha rebasado el tiempo legal que como plazo concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las comisiones respectivas de esta Honorable Cámara presenten su dictamen en los negocios de su competencia. En tal virtud es procedente que el Presidente de esta Honorable Cámara de Diputados, en cumplimiento a la obligación legal, excite, con fundamento en el artículo 21 fracción XVI a las Comisiones Unidas de Agricultura, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que emitan el dictamen correspondiente a la Iniciativa de Ley de Bioseguridad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, ... (Interrupción)