El diputado Javier Salinas Narváez: Diputadas y diputados. La economía mundial adquiere rápidamente carácter digital, como consecuencia han surgido nuevas maneras de hacer negocios. Día con día utilizamos computadoras portátiles, tabletas y teléfonos celulares para informarnos, comunicarnos y entretenernos a través di diversas plataformas tecnológicas, cuyos servicios son aparentemente gratuitos para los consumidores, pero cuyos propietarios obtienen ingreso cada vez más impresionante en nuestro país fundamentalmente por concepto de publicidad y venta de bienes y servicios. Sin embargo, las grandes corporaciones tecnológicas se siguen enriqueciendo en México y en todo el mundo sin pagar contribuciones ni generar empleos ni invertir en infraestructura. Las normas actuales del impuesto sobre la renta se basan en la idea de que la imposición de los ingresos, la renta, se realice en el lugar de residencia de los contribuyentes. No obstante la aplicación de este principio, la economía digital es inoperante pues las grandes corporaciones multinacionales que prestan dichos servicios en México no residen en nuestro país y la imposición sobre la renta de los residentes en el extranjero requiere de reglas específicas, y que son muy complejas para todo tipo de ingresos. Algunas de esas corporaciones tienen retribuciones superiores al medio billón de dólares anuales en el mundo. Generalmente sólo pagan el impuesto sobre dichos ingresos en país de origen. En el caso de México, la estructura actual de la Ley del Impuesto Sobre la Renta permite a las grandes corporaciones tecnológicas globales eludir el pago de esta contribución, lo cual se traduce no sólo en un gasto fiscal considerable sino también en problemas de inequidad tributaria, de competencia desleal y de distorsiones en la economía de mercado. México es un punto de referencia internacional en materia de servicios digitales y de participación digital en línea. La Asociación Mexicana de Venta en Línea estima que el valor de mercado del comercio electrónico en México fue de 329 mil millones en 2016. La dimensión global de este problema es tal que requiere de una estrategia internacional y multilateral, sin embargo, este proceso suele ser muy lento por lo que, a la espera de estas medidas, diversos países individualmente han empezado a actuar dado el riesgo de que la base disponible sobre el impuesto sobre la renta de las personas morales siguen continuando una erogación considerable. El pasado 21 de marzo de 2018, el Consejo de la Unión Europea expidió la ley relativa al sistema común dispuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales, modelo que deben seguir adoptando sus Estados miembros y que inevitablemente será pauta alrededor del mundo. Por lo expuesto, proponemos gravar los crecientes ingresos provenientes de los servicios digitales prestados por empresas globales más importantes del mundo mediante el establecimiento de un impuesto sobre los ingresos procedentes de la prestación de servicios digitales por un monto equivalente al 3 por ciento de ellos. Siguiendo la pauta de la Unión Europea, en particular proponemos que los ingresos gravables sean aquellos derivados de la prestación de los siguientes servicios: Primero. La inclusión de una interfaz digital publicitaria dirigida a usuarios de dicha interfaz. Segundo. La puesta a disposición de interfaces digitales multifacéticas que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, y que puedan facilitar asimismo la entrega de bienes o prestación de servicios subyacentes directamente entre usuarios que serían los servicios de intermediación, y Tercero. La transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales. En el mismo tenor planteamos que queden fuera del gravamen los siguientes servicios: Uno. La recopilación de datos o el uso de datos recopilados por una empresa para sus fines internos o la puesta en común de datos recopilados por una empresa a otras que formen parte y sea gratuita. Dos. Los servicios consistentes en facilitar la concesión de préstamos y los prestados por proveedores de servicios financieros regulados. Tres. Las plataformas de servicios financieros. Sin embargo, los servicios prestados por plataformas financieras distintas de la inversión y el crédito y que constituyan una intermediación, estas serían gravadas. Al igual que en la Unión Europea sugerimos que sólo de entre más personas morales sean consideradas sujetos pasivos del impuesto, por lo que proponemos establecer un ingreso hasta en 100 millones de pesos anuales que estarían exentos, ya que este tipo de negocios sólo son viables si los desarrollan empresas de cierta envergadura, debiendo excluirse a las pequeñas empresas y empresas emergentes. Compañeras y compañeros, es tiempo de moderar esta sangría a los exiguos recursos de nuestro país y aprovechar esta importante fuente de ingresos tributarios en beneficio de millones de mexicanos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.