El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Con su venia, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Me presento ante ustedes esta tarde, en nombre de los más de 30 millones de jóvenes que actualmente residen en nuestro país. En nombre de los más de 7.5 millones de jóvenes a los que día con día se les niega el acceso al derecho a la educación y al empleo digno. En nombre del 40 por ciento de quienes hoy se hayan reclusos en cárceles mexicanas, todas y todos jóvenes aprehendidos en el marco de la infame guerra contra el narcotráfico, que inició el presidente espurio Felipe Calderón. En nombre de todas y todos los jóvenes ejecutados, que juntos suman una cuarta parte del total de muertes por esta causa absurda, y más aún, en nombre de los mil 746 estudiantes desaparecidos tan sólo en el sexenio anterior. En nombre de todos y todas ellas me pronuncio, a quienes el Estado mexicano se ha encargado de cancelar sus derechos a una vida digna y libre, a una realización plena a soñar y apostar por un presente más justo y un futuro próspero. Un Estado empecinado en tratarnos como enemigos, callándonos, reprimiéndonos, matándonos. Entre la agudización de la desigualdad y las carencias sociales y los reclamos de una sociedad que siente la obligación de pronunciarse en contra de los abusos del poder, las y los jóvenes nos hemos convertido con demasiada frecuencia en blanco de arrestos selectivos, acosos policiacos, intimidaciones judiciales y una larga lista de violaciones adicionales contra nuestros derechos humanos. De este modo, la mayoría de las juventudes se desarrollan en el contexto de constantes agresiones al ejercicio pleno de sus derechos y un clima de violencia generalizado que sacude a todo el territorio nacional. Juzgados con base solo en prejuicios y estigmas, cientos de jóvenes sufrimos todos los días de discriminación por parte de policías y agentes de seguridad pública que nos acusan de ser delincuentes potenciales que amenazan la paz pública. Estas conductas suelen ser el primer escalón de una violación gradual de nuestros derechos humanos que incluye la privación al debido proceso y el desconocimiento del principio de presunción de inocencia. Diputados y diputadas, nuestra presencia en las calles nada tiene qué ver con una tendencia natural al crimen, por el contrario, demuestra la conciencia crítica con la que interpelamos a los gobiernos antidemocráticos que azotan la vida de nuestros pueblos. Salir a las calles a manifestar nuestra inconformidad no es un delito, pero despojar de nuestros derechos, despojar a nuestros pueblos de sus derechos eso, señores y señoras, sí es un delito. Es mentira que la voz firme de las y los jóvenes en protesta sea sinónimo de delincuencia, más bien responde a la manifestación de nuestra dignidad humana con la que rechazamos categóricamente las políticas de exclusión, opresión, marginación y violencia estructural que el Estado nos impone. Para enfrentar estos hechos presento ante ustedes iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción séptima al artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del cual se exhorta a todas y todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública a abstenerse de cualquier conducta discriminatoria o estigmatizadora que resulte en la criminalización de adolescentes y jóvenes con motivos de preferencia sexual y entidad de género, militancia política, apariencia física, diseño corporal o estético, situación social o económica, lugar de procedencia, sitio de residencia o cualquier otro que atente contra sus derechos y libertades. Si este pleno fuese capaz de honrar el principio de no discriminación que concede el artículo 1 de nuestra Carta Magna, ningún prejuicio motivado por la vestimenta, diseño corporal, militancia política, etcétera, estaría sirviendo como criterio utilizado por los agentes de seguridad para la detención arbitraria de cualquier joven. Sin embargo, a pesar de estos hechos, legisladores y funcionarios han guardado un silencio cómplice. No se dan cuenta que con sus acciones y omisiones contribuyen a un clima de violencia y confrontación civil, o de plano, intentan solapar una nueva modalidad de guerra sucia. ¿Cuánta falta hace para que el gobierno mexicano deje de asumir que ser joven es sinónimo de delincuente o enemigo público? Porque pareciera que en este país ser joven se ha convertido en delito o motivo expedito de castigo. Peor aún si soy pobre, si soy indígena, si soy mujer; o lo peor, si soy normalista. Es por ello que en Morena luchamos todos los días por un México amplio, plural e incluyente y, por lo tanto, decimos: ya basta de la criminalización contra las y los jóvenes de México. Basta de la represión que han sufrido cientos de estudiantes, cientos de jóvenes en todo nuestro país. Somos jóvenes, no delincuentes. Libertad a los presos políticos. Es cuanto, señora presidenta.