El diputado Salvador Martínez Della Rocca: Compañeros Diputados y Diputadas. En las Universidades Públicas y las instituciones que tienen autonomía, está claramente definido, a partir del 9 de Junio de 1980, cuando en el Artículo 13 Constitucional, en su Fracción VII establece lo siguiente: "Las Universidades y las demás instituciones de Educación Superior, las que la Ley otorga autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este Artículo, respetando la libertad de cátedra de la investigación y del libre examen y discusión de las ideas, determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio." Es así, que la autonomía de las Universidades Públicas comprende tres grandes características; académica, de Gobierno y económica o financiera. Esta última implica la libre administración de su patrimonio incluido el subsidio ordinario y extraordinario u otros recursos que el Estado les otorga para que puedan cumplir con sus funciones sustantivas. Sin embargo, son las propias Universidades las que determinan en qué, cómo, para qué aplican los recursos que reciben. Las violaciones a la Autonomía Universitaria están registradas en la Historia. No es objeto de esta Iniciativa debatir sobre ese insultante asunto, pero sí es poner un problema actual, vinculado a esa garantía Constitucional, la cual se ha visto transgredida a algunas universidades estatales por parte de autoridades federales que les ha embargado los recursos para el pago de la nómina del personal docente y administrativo. De manera inexcusable, las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISSSTE han incurrido a esa práctica deleznable que no sólo es una violación a la autonomía universitaria sino un mecanismo para tratar de desaparecerlas a través de la asfixia financiera, pues ante el embargo del subsidio, las universidades han tenido que recurrir a préstamos bancarios para poder pagar los sueldos a sus trabajadores. Los créditos bancarios colocan a las universidades en un círculo vicioso, pues leos de resolver el problema, provocan que se endeuden agravando sus rezagos históricos en el rubro financiero y presupuesta. El caso más extremo se ha dado en la Universidad Autónoma de Guerrero, a la que en los últimos cuatro años el ISSSTE le ha embargado el subsidio estatal y federal por un monto que suma 220 millones 437 mil pesos para el pago de la nómina. Esa cifra equivale al 50% del subsidio federal de este año. Los más recientes embargos a las universidades guerrerenses, a la Universidad Guerrerense apenas fueron en Marzo y Abril del presente año por 40 millones 840 mil 394 pesos, pero ahora sobre los recursos por cuotas y aportaciones a los trabajadores. Otro caso fue el de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ante la amenaza de embargo de su nómina, también se vió obligado a recurrir a préstamos bancarios para poder resolver el pago de la nómina por 8 millones de pesos que le fueron embargados, ya que el Gobierno Estatal no cubrió las cuotas del ISSSTE. Los casos de las Universidades Autónomas de Guerrero y Zacatecas, hablan por sí mismo de la necesidad de reforzar la protección y la preservación jurídica del patrimonio de las universidades o de cualquier atentado gubernamental. La Universidad de Sinaloa también se encuentra en situaciones semejantes. La presente iniciativa tiene como propósito resguardar la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior de cualquier injerencia externa, que en el caso que nos ocupa sea hecho a través del embargo de su patrimonio. En otras palabras, se busca dar mayor certeza jurídica, a fin de que las instituciones educativas cumplan o se vean en peligro de incumplir sus funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura y de extensión. Por ello, esta iniciativa recoge e incorpora disposiciones de las leyes orgánicas de diversas unidades públicas y en particular la de la Universidad Zacatecana, con la finalidad de reformar la Ley de Coordinación para la Educación Superior y que ésta a su vez sirva de paradigma al conjunto de las instituciones educativas que por ley gozan de autonomía,. La presente iniciativa de reforma a la Ley de la Coordinación de Educación Superior se sustenta en lo que esta misma establece en su Artículo 1º. que señala, leo textual: "La presente ley es de observancia general en toda la república y tiene por objeto establecer las bases para la distribución". También con el propósito de armonizar y actualizar la Ley para la Coordinación de Educación Superior con la actual Ley General de Educación. La presente iniciativa propone modificar la referencia o vinculaciones que se hacen de la primera norma secundaria con la Ley Federal de Educación, que fue derogada en 1992 a partir de la descentralización. Por lo anterior se proponen las siguientes modificaciones y es así: Artículo 23.- El patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía, está constituido por: 1.- Los fondos públicos que les sean asignados por los gobiernos federal, estatal y municipal. 2.- Los ingresos que perciba por los servicios que presta, rentas, intereses, dividendos y utilidades de sus bienes, muebles e inmuebles o valores. 3.- Los bienes muebles e inmuebles que son de propiedad y lo que en el futuro adquiera por cualquier título así como el efectivo y créditos a su favor, las herencias legadas, donaciones y decomisos que le otorguen o constituyan en su favor; los bienes, derechos, aportaciones y demás liberalidades que le aportan personas físicas y morales; la producción científica y tecnológica y artística generada por su personal académico en el ejercicio de sus funciones, observando la disposición de la legislación sobre derechos de autor; las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se les otorguen; las patentes, marcas, derechos de autor que le correspondan y los ingresos que se derivan por su explotación con observancia en la legislación aplicable; el nombre, logotipos, lema y escudo y otros símbolos de identidad; los archivos escolares, académicos y administrativos; los acervos bibliográficos, los derechos, honorarios y participaciones por los trabajos que sed realizan. Artículo 24.- El patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía, es imprescriptible y embargable e inalienable y no generarán derechos reales al ser concesionados, sobre ello no podrá constituirse gravamen alguno ni se podrán deducir acciones reivindicatorias o posesorias alguna, no podrá imponerse ningún tipo de servidumbre, emplearse ninguna vía de apremio, dictarse mandamiento de ejecución ni hacerse efectivas por ejecución forzosa las sentencias dictadas en contra de los bienes que lo constituyen. Ningún particular podrá llegar a adquirir los bienes que conforman el patrimonio de las universidades e instituciones de educación que gozan de autonomía por el sólo hecho de tenerlos en su posesión por un tiempo determinado. En ningún caso podrán enajenarse el patrimonio cultural de las universidades e instituciones de educación superior que gozan de autonomía, como pinturas, esculturas, tesoros bibliográfico y arquitectónico o documentos valiosos para su historia o bienes análogos, los cuales podrán ser declarados bienes de dominio público por el Consejo Universitario o su similar órgano de gobierno. La determinación de los bienes tiene esas características, quedará a cargo de una Comisión de Expertos en el área respectiva para que ese efecto autorizara el Consejo Universitario o su similar órgano de gobierno, para lo cual se procederá a elaborar un inventario y registro del patrimonio cultural e histórico de las universidades e instituciones de educación superior que gozan de autonomía. El uso, conservación y restauración de los bienes con valor cultural que formen parte del patrimonio universitario se regirán por las normas reglamentarias que aseguren su protección. Los bienes inmuebles que formen el patrimonio de las universidades autónomas e instituciones o universidades que se refiere este artículo, deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad. Modificación. Artículo 25: para la enajenación de bienes muebles, excepcionalmente de inmuebles, se estará a lo dispuesto por la normatividad que establezca cada universidad e institución pública de educación superior que gozan de autonomía. Artículo 26: Los ingresos de las universidades e instituciones públicas superior que gozan de autonomía y los bienes de su propiedad o que tuvieran en administración o en usufructo, no estarán sujetos al pago de impuestos del estado o municipales. Tampoco estarán gravados los actos de contratos en que intervengan los impuestos conforme a la ley o contrato respectivo debieran estar a cargo. Artículo 27: Si por cualquier causa imputable a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra dependencia del Gobierno Federal y estatal, las universidades o instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía, omiten pagos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u otras instituciones de seguridad social, la Secretaría o las dependencias involucradas serán responsables de cubrir dicho pago relativo a la seguridad social y por tanto, en ningún caso podrán embargar el patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía. Artículo 18: La prohibición del embargo sobre el patrimonio de las universidades e instituciones públicas de educación superior que gozan de autonomía, tendrá como excepción el cumplimiento de las obligaciones laborales tanto de carácter individual como colectivo. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de la Federación. Segundo. En estricto respeto a su autonomía, se propone que las universidades e instituciones públicas de educación superior valoren la pertinencia de adecuar sus respectivas Leyes Orgánicas a lo dispuesto en materia de patrimonio en la presente ley y de conformidad con los procedimientos legislativos vigentes en cada entidad federativa. Muchas gracias.