El diputado Jesús Serrano Lora: Muy buenas tardes diputadas y diputados. Con su venia, diputada presidenta. Las leyes agrarias durante toda la vida de nuestro país han tenido por objeto la restitución y dotación de derechos agrarios que buscan siempre la justicia y la equidad. En ese mismo orden de ideas y en virtud de que el campo y los ejidatarios y los comuneros requieren de mayores garantías y apoyo institucional, es que aprueben nuevos cambios de la Ley Agraria vigente con el fin de transformar la realidad del campo mexicano, buscando disminuir los niveles de pobreza que se presentan en el agro mexicano. También de dichos cambios se establecen otros tipos de mecanismos para regular la vida del campo y, sobre todo, lo más importante, dar al verdadero campesino garantías y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. La iniciativa de reforma al artículo 135 de la Ley Agraria, que propone darle a los posesionarios el derecho de asesoría y representación dentro de la propia norma, y la obligación a la Procuraduría Agraria de defender dichos derechos y de sus sucesores; resulta fortalecer el ordenamiento jurídico agrario como instrumento de reactivación del campo constituyendo todo esto una visión de solidaridad con el agro mexicano. Los posesionarios son los hombres y mujeres que han adquirido los derechos de propiedad de la tierra por medio de diversos mecanismos como el reconocimiento de la Asamblea Ejidal, la resolución judicial o administrativa, la compra venta y la sucesión sin que a la fecha hayan sido reconocidos como ejidatarios por la Asamblea o el Tribunal Agrario. El posesionario es uno de los sujetos agrarios a los que la ley reconoce determinados derechos agrarios, pero de manera restringida, que no le permite una participación activa en la vida del núcleo agrario. Finalmente, si el posesionario tiene derechos reconocidos por la ley, conforme al artículo 23, fracción VIII, 56 y 57 de la Ley Agraria, corresponde a la Asamblea General de Ejidatarios la regularización de la tenencia de los posesionarios y que para la asignación de derechos sobre tierras de uso común, debe de atenderse salvo causa justificada en primer lugar a los posesionarios reconocidos por la asamblea, y en cuanto a orden a otros individuos. En congruencia con lo anterior, se concluye que los posesionarios al estar legalmente reconocidos como sujetos individuales de derechos agrarios potencialmente pueden adquirir la calidad de ejidatario por cuanto que se encuentren incorporados a la vida legal y productiva del ejido, formando así parte de la clase campesina, siempre y cuando no se presten a las grandes empresas que vienen a explotarnos ilegalmente, como se ha hecho en la actualidad. Y por tanto, que están legitimados para poseer el concepto de titular de derechos de ejidatario en términos de artículo 48 de la Ley Agraria, al margen de que pudieran existir otras calidades de sujetos de derechos agrarios que pudieran tener una expectativa legal mayor para adquirir el carácter de ejidatario, pues esa circunstancia no es obstante para privarlos de los derechos que legalmente tienen reconocidos en su favor. Hoy es importante reconocer de igual manera entre ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, posesionarios y jornaleros agrícolas, así lo propone la reforma al 135 de la Ley Agraria. El área común, el pueblo y sus bienes comunes son la base territorial para la existencia de una comunidad de una forma de vida, de una convivencia familiar. Hoy no podemos tener posiciones contrarias a la evolución de los sujetos agrarios porque eso es pretender repetir y legitimar en ese intento las formas y las maneras del pasado que le quitan la libertad de decidir a los verdaderos actores del campo mexicano. Quien así lo proponen, equivocan la realidad del campo y protegen intereses que buscan beneficiarse del control de la manipulación de los campesinos, y se aprovechan de sus limitaciones actuales protegiendo los cotos de cacicazgo. Lo único que no podemos permitir es proponer que nadie cambie en el campo, que todo sea intocable; pero desde luego que sea con razón, no como se han hecho ciertas modificaciones sobre las rodillas. Los cambios que nosotros planteamos tiene que ser consensuados y no autoritarios, y esos cambios deben ser bajo la tutela de los intereses del pueblo. Por ello, en lo relacionado con la adición propuesta por el 135 de la Ley Agraria, el consenso es que todo lo relacionado con los posesionarios debe ser decidido en la asamblea ejidal y con la venia de las autoridades agrarias. Hoy los mitos llevan pobreza al medio rural, quienes critican el cambio proponen en el fondo que se mantenga la pobreza y la miseria de millones de campesinos. La inmovilidad es sinónimo de conservadurismo y eso, ante la miseria del campesino, es inaceptable. Atar al campo con formas agotadas impide alcanzar los grandes objetivos de nuestra lucha agraria. Convoco a todos ustedes a sumarse al apropósito de justicia y de libertad en el campo, como lo hicieron los grandes visionarios del agrarismo en México. Es todo, señora presidenta.