EL PRESIDENTE: Que se inscriba íntegramente el acuerdo en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para abordar el tema referente a las pensiones en el IMSS y en el ISSSTE, así como de los trabajadores ferrocarrileros y particularmente con un Punto de Acuerdo de cómo incrementar estas pensiones a través de la inclusión de una partida presupuestal del Presupuesto de Egresos de la Federación, tiene la palabra hasta por diez minutos el diputado Miguel Bortolini Castillo del Partido de la Revolución Democrática. DIP. RICARDO GARCIA CERVANTES: Presidente de la Mesa Directiva y de la Honorable Cámara de Diputados. P r e s e n t e. Compañeras Diputadas Compañeros Diputados Honorable Asamblea EXPOSICION DE MOTIVOS Desde hace tres sexenios, con el fin de atender las recomendaciones formuladas por diversos organismos financieros mundiales orientadas a reducir las dimensiones del aparato burocrático, el Gobierno Federal instrumentó una política conocida hasta ahora como de "retiro voluntario y de congelamiento de plazas presupuestales" y además se inició y profundizó una práctica violatoria del orden jurídico en materia laboral, en la relación que ha mantenido con los trabajadores de las diversas entidades y organismos que la componen. Dicha práctica se ha expresado particularmente en la contratación de trabajadores bajo la ficción del régimen de honorarios, que en realidad constituye la forma en que se ha desarrollado para evitar el pago de las prestaciones y los derechos que la Ley otorga a todos los trabajadores al servicio del estado. Actualmente existen trabajadores que por más de 16 años continuos han sido contratados bajo este régimen, obligándolos a firmar contratos cada mes, cada tres meses o por otros períodos igualmente cortos, nulificando la concesión de un gran número de prestaciones y derechos que la Ley les otorga. Al amparo de esta práctica se han explotado a miles de trabajadores cada año, imponiéndoles condiciones laborales que nuestra Carta Magna expresamente prohibe, tales como el alargamiento excesivo de la jornada de trabajo, el desarrollo de sus actividades muchas veces sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene sin derecho al servicio médico ni para ellos y mucho menos para sus cónyuges e hijos, sin seguro de vida, sin seguro médico, sin derecho a la jubilación ni a una liquidación conforme a nuestras Leyes, sin ahorro para el retiro, ni FOVISSTE, etc., y con la incertidumbre de permanecer en el puesto de trabajo por estar sujetos al capricho y voluntad del jefe en turno para su recontratación o conforme a los lineamientos de la administración en turno. Lo anterior implica y explica que existan hoy día trabajadores que más de la mitad de su vida laboral la han desarrollado en condiciones tales que por sí mismas constituyen no sólo una violación sino también una grave afrenta al orden jurídico vigente y a la conciencia de todos los ciudadanos, máxime cuando dichas prácticas se han estado instrumentando por el Poder Ejecutivo Federal, es decir, por el Poder encargado de vigilar y hacer cumplir la Constitución y las Leyes que nos rigen. Tan se han reconocido las irregularidades en esta forma de contratación que la anterior Legislatura mandato al Ejecutivo Federal, a través del artículo 57 y Octavo Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, para que se abstuviera de continuar desarrollando dichas prácticas y para que a la brevedad se procediera a la regularización de tal situación y se sustituyesen los subsistentes contratos bajo el régimen de honorarios, por plazas presupuestarias con el beneficio para dichos trabajadores de gozar a partir del presente ejercicio de los plenos derechos que la Ley les otorga y bajo la protección de la misma. Aunque cabe aclarar que ni siquiera el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000 reconoce la totalidad de los derechos de los trabajadores, pues nuestras leyes establecen que también los trabajadores temporales son trabajadores, aspecto éste ultimo que el decreto en cuestión omite expresamente en reconocer, razón por la cual no se pueden excluir a tales trabajadores de los beneficios que el mencionado decreto otorga a los demás trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios, si es que pretendemos mantener el imperio de la Ley en la relaciones laborales del estado con sus trabajadores. Efectivamente, en el artículo Octavo Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, se otorga un plazo de dos meses para que todos los trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios que se asimilen a plaza presupuestaria y que no estén previstas en el capítulo de servicios personales, se traspasen a plazas presupuestarias conforme a lo que establece el artículo 57 del mismo Decreto y con ello, además, tener derecho a los estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, popularmente conocidos como los "bonos", que los trabajadores de estructura sí disfrutan. Por su parte el artículo 57 del mismo ordenamiento establece que todos aquellos trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios tienen derecho a una plaza presupuestal siempre y cuando se cumplan tres requisitos: Primero. No estén adscritos a un programa temporal; Segundo. La contratación se hubiere realizado por más de tres ejercicios presupuestarios; y Tercero. Se justifique técnica y funcionalmente la necesidad de su servicio. Además se estableció que el costo total de las plazas presupuestarias fuese cubierto con los recursos asignados al programa de honorarios de cada dependencia o entidad. Inexplicablemente las dependencias del sector Desarrollo Social, incluyendo la propia SEDESOL, han incumplido lo ordenado por la Ley y no sólo no han sustituido las plazas de contratos por honorarios por plazas presupuestales en el caso de los trabajadores que cumplen con los requisitos que la propia Ley establece, sino que además se les ha negado la posibilidad de recibir estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño para este año, y más aún, cerca de 1000 trabajadores con contratos por honorarios asimilables a plaza presupuestaria todavía no se encuentran en el capítulo de servicios personales y por ende no pueden gozar de los beneficios que el propio Decreto les otorga en su artículo 57. Situación similar guardan más de quinientos trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios por el Instituto Nacional Indigenista, y que a pesar de cumplir con los requisitos del artículo 57 ya mencionado aún no se les sustituyen sus contratos por plazas presupuestarias y tampoco se les ha considerado para recibir estímulos a la productividad, eficiencia y calidad en el desempeño. Tengamos en cuenta que los más de 3,000 trabajadores de la SEDESOL contratados bajo el régimen de honorarios son, junto con los más de siete mil trabajadores de estructura de la misma Secretaría, así como los poco más de 3,400 trabajadores del Instituto Nacional Indigenista (de los cuales el 16% está contratado bajo el régimen de honorarios), los que hacen realidad buena parte de la política social que se desarrolla en nuestro país, principalmente en el trabajo con los sectores de población que viven en condiciones de pobreza extrema y de marginación. Ello es mas relevante aún, si consideramos que el 100% del personal adscrito a los programas operativos de la SEDESOL, es personal contratado bajo el régimen de honorarios, desde el coordinador nacional de cada programa hasta el último técnico que realiza su trabajo en las comunidades con mayor rezago social del país, además de que cumplen funciones sustantivas en diversas áreas de las oficinas centrales y en las delegaciones estatales. Por su parte en el Instituto Nacional Indigenista, el cual opera a través de 22 delegaciones en 24 estados de la República y 105 Centro Coordinadores Indigenistas enclavados en el corazón de las zonas rurales con mayores índices de marginación del país, prácticamente uno de cada seis trabajadores se encuentra contratado bajo el régimen de honorarios. Con todas las limitaciones que dicha contratación les implica, hasta el año de 1999, sus percepciones tales como salarios (honorarios) y aguinaldos los han recibido de manera ordinaria y para el caso de personal homologado a mandos medios, los salarios (honorarios), los aguinaldos y los bonos. Sin embargo, a partir del presente año sus percepciones se redujeron y se limitaron a la percepción de salarios únicamente, suprimiendo las demás prestaciones. Y en algunos casos en el presente ejercicio fiscal el personal contratado bajo el régimen de honorarios no ha recibido el incremento del 10% al que tenían derecho a partir del 1° de julio. Por lo consiguiente se encuentran en desventaja con relación al personal de confianza y de base en las instituciones que laboran. Como es también sabido, la actual Administración Pública Federal se encuentra a punto de finalizar y en esas circunstancias, hay graves riesgos de que los programas y proyectos que operan queden sin el respaldo de personal con experiencia en la ejecución de los mismos, ya que los aludidos contratos vencen el 31 de diciembre del año 2000. Esta situación es contradictoria con los objetivos que persigue la actual política social, pues se supone que los planes, programas y proyectos son instrumentos de desarrollo y generación de empleos, no sólo al interior de cada institución, sino además en los diferentes sectores sociales a los que van dirigidos. A mediados del mes pasado un gran número de trabajadores de la SEDESOL e INI demandaron a los titulares de cada una de las instituciones el cumplimiento de lo mandatado en los artículos 51, 52,57 y Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1999, en el sentido de realizar la conversión de las plazas de honorarios a plazas presupuestarias; así como el otorgamiento de los estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño; igualmente el traspaso de las contrataciones por honorarios de personas físicas que se asimilan a plaza presupuestaria y que no estén previstas en el capítulo de servicios personales; además el otorgamiento del aumento del 10% retroactivo al 1° de julio, para todos aquellos trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios y que aún no se les ha concedido. Hasta la fecha sus solicitudes no han tenido respuesta satisfactoria ni apegada a derecho por parte de la autoridades que encabezan dichas dependencias, aduciendo limitaciones normativas y presupuestales para el cumplimiento del mandato de ley y la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para autorizar cualquier ampliación al respecto. Recordemos, para aquellos que lo han olvidado, que nuestra Carta Magna establece en su artículo 123: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para e/ trabajo, conforme a la ley " En esta tesitura, para que puedan ser considerados constitucional y legalmente como trabajadores al servicio del Estado, es necesario la conversión de las plazas de honorarios a plazas presupuestarias, tal como quedó establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, aun y con las limitaciones para los trabajadores temporales que arriba señalamos. Además, es importante mencionar que existe disparidad entre las percepciones de las plazas de estructura con respecto a las similares contratadas bajo el régimen de honorarios, de forma tal que la conversión de estas últimas a plazas presupuestarias, tal y como lo establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000 evitaría dicha disparidad, solucionando de una vez por todas la diferencia y trato injusto respecto al personal contratado bajo el régimen de honorarios, lo cual permitiría dejar de incurrir en la flagrante violación a lo establecido en el Artículo 123 apartado B fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una estimación preliminar para la regularización de los trabajadores de honorarios en cuestión y para el cumplimiento de lo mandatado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, asciende a la cantidad de 17 millones de pesos, considerando la conversión de las plazas de honorarios a plazas presupuestarias; el otorgamiento de los estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño; el traspaso de las contrataciones por honorarios de personas físicas que se asimilan a plaza presupuestaria y que no estén previstas en el capítulo de servicios personales; y el otorgamiento del aumento del 10% retroactivo al 1° de julio, para todos aquellos trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios y que aún no se les ha concedido. Compañeras y compañeros Legisladores: Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo abajo firmantes presentamos a consideración del pleno de esta H. Cámara el siguiente punto de acuerdo para que con el carácter de urgencia y obvia resolución se autorice por esta honorable Cámara de Diputados. PUNTO DE ACUERDO PRIMERO. Se exija al C. Presidente de la República, el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000, respecto a la situación de los trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional Indigenista para que se realicen los trámites correspondientes y se dé solución a las demandas de los trabajadores y cumplimiento al mandato constitucional y legal de: conversión de las plazas de honorarios por sus homólogas plazas presupuestarias a partir del 1° de noviembre de 2000, sin que ello implique reducción alguna de personal; incremento del 10 % salarial retroactivo al 1° de julio para todos aquellos que aún no lo perciben; pago de los estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño para el personal arriba referido, de forma tal que con dichos estímulos se equipare el ingreso anualizado de los trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios en las dependencias mencionadas, con el de las homólogas plazas presupuestales que les correspondan; otorgamiento de las demás prestaciones de Ley; y el traspaso al capítulo de servicios personales de todas aquellas contrataciones por honorarios y que sean asimilables a plazas presupuestarias conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000. SEGUNDO. Se disponga por parte del Ejecutivo Federal la suficiencia presupuestal necesaria, para que de manera inmediata se pueda dar cumplimiento al numeral anterior de este punto de acuerdo y satisfacción a los derechos de los trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios en la Secretaría de Desarrollo Social y en el Instituto Nacional Indigenista. TERCERO. Se turne a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público1 y de Presupuesto y Cuenta Pública, de esta Legislatura, con el fin de dar puntual seguimiento a los acuerdos tomados por el Ejecutivo Federal en las dependencias mencionadas.