La diputada Elda Gómez Lugo: Compañeras diputadas y compañeros diputados, por razones de tiempo solicito atentamente a la Presidencia de esta Cámara que el texto íntegro se inserte en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates, permitiéndome leer una síntesis de la misma. Para atender el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es imprescindible que el municipio, piedra angular y principio de la democracia mexicana, goce del ejercicio real de los derechos, recursos y capacidades que permitan fortalecer su papel de servicio al desarrollo de las personas, las familias y las comunidades como el nivel de gobierno más cercano a la sociedad. Durante un largo trayecto, desde 1917 hasta 1999, se institucionaliza el control sobre el municipio, fundamentalmente por la determinación del mantenerlo como una simple estructura administrativa y no como un poder. Es hasta la reforma de hace ocho años, después de casi dos siglos, en que se deja sentado en la Carta Magna que el municipio es un orden de gobierno y no un mero auxiliar administrativo de la federación. Como en los siglos XIX, XX y lo que llevamos del XXI, los gobiernos municipales aún formalmente responsables de la administración de las ciudades, con atribuciones disminuidas y en un proceso de adaptación a su nuevo papel de administradores de una sociedad urbana, de completas relaciones sociales y complejas, ven aún lejos el papel protagónico que tuvieron en la sociedad corporativa que los vio nacer. Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo diagnosticó que en México prevalece la brecha de inequidad en las poblaciones y comunidades indígenas, que exceden en el ámbito laboral. Este fenómeno se refleja en los mayores índices de pobreza que se registran en el ámbito rural cuya incidencia fue de 61.8 por ciento pobreza de patrimonio y superior al 47 por ciento del promedio nacional. La experiencia de nuestro país, en los últimos 20 años, en materia de programa sociales es muy amplia. Se cuenta con la experiencia de diversos programas que de haberse contabilizado su inversión en promocionarlos, con toda seguridad que esos recursos habrían aportado significativamente más a la lucha contra la pobreza en México. El Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad) en su momento marcó una nueva política gubernamental e invirtió una gran derrama de recursos a demandas sociales. La finalidad consistía en que el Estado atendiera el desarrollo social invitando a los grupos sociales a organizarse para definir metas, contenidos y recursos a ejercerse. Progresa. Fue calificado como un modelo ejemplar en el combate a la pobreza extrema, incluso que podría ser utilizado como modelo por las instituciones financieras internacionales para sus diversos programas en las regiones pobres del mundo. A pesar de ello, hoy en día más de la mitad de la población continúa viviendo en una pobreza cruel, inhumana e injusta, y se puede observar que el programa del actual gobierno federal será un completo fracaso si se continúa aplicando con intereses político-electorales, y principalmente si no se complementa con otras medidas que tienen que ver con la forma de organización administrativa básica de la nación y que es el municipio. Nuestra iniciativa propone que las políticas que nutren a Oportunidades se transformen en un verdadero instrumento descentralizado totalmente, de combate a la pobreza y que los actuales programas como: Oportunidades, Energético; Programas de Empleo Temporal, Fonart; Programa 3 por 1 para Migrantes; Programa de Estancias Infantiles; Programa de Abasto Social de Leche Liconsa; Programa de Abasto Rural de Diconsa; Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; Programa de Coinversión Social; Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres; Programa de Hábitat; Programa de Rescate de Espacios Públicos; Programas Tu Casa y Vivienda Rural no se constituyan en dadivas o instrumentos electorales que sólo prolongan la pobreza en el país, a partir del centralismo. No basta con entregar apoyos asistenciales, y sin el ánimo de contravenir absolutamente nada, la propuesta va en el sentido de transferir atribuciones a los municipios, que les dé la oportunidad de plantear su problemática, las formas de solución y que con toda claridad propongan presupuestos, no sólo para gasto corriente, sino para atender programas concretos que atiendan la pobreza que se vive en casi la totalidad de ellos y sobre todo que se constituyan en localidades de desarrollo. Objetivo que puede lograrse tanto con la voluntad política de todos, como con la asistencia técnica, económica y fiscal para que el nuevo orden municipal provenga de abajo hacia arriba. Es decir, desde la sociedad hacia las instituciones, como ordena la verdadera democracia. En mérito de lo antes expuesto, esta iniciativa propone entre varios puntos las siguientes reformas a la Ley General de Desarrollo Social: Artículo 17. Los municipios serán los únicos ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social y productivo, de acuerdo con las reglas de operación que se acuerden con el Ejecutivo federal, por conducto de los gobiernos de las entidades federativas, quienes, a su vez, recabarán las propuestas de sus respectivos ayuntamientos, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal. Artículo 24. Los recursos presupuestales asignados a los programas de desarrollo social serán ejercidos exclusivamente por los gobiernos estatales y municipales, salvo en los casos específicos que las leyes señalen y que se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En todos los casos, podrán ser complementados con recursos concurrentes entre los tres niveles de gobierno, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado. Artículo 26. El gobierno federal elaborará y publicará en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación y ejecución de los programas de desarrollo social, mismas que serán acordadas con las entidades federativas y en los municipios, así como la metodología y normatividad para su ejercicio. Dichos recursos serán enterados a las entidades federativas, en proporción a las asignaciones que les correspondan, a partir de la primera quincena del mes de enero. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución de los dichos recursos a sus municipios a más tardar en la segunda quincena del mes de enero. Para estos efectos el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe el Congreso establecerá la calendarización para su entrega a las entidades federativas y a los municipios. Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficiencia de los programas de desarrollo social, los municipios, con auxilio de los gobiernos de las entidades federativas y del gobierno federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán los padrones de beneficiarios que correspondan. Asimismo, se reforman en el mismo sentido los artículos 37, 38, 42, 43 y 45 de la misma ley, previendo en los transitorios que la Federación, las entidades federativas, los municipios deberán adecuar sus disposiciones reglamentarias para hacer efectiva esta reforma en un plazo de 120 días, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención, muchísimas gracias.