EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO: Con su permiso ciudadano presidente de la mesa directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Le doy doctor Soberanes Fernández la bienvenida a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. La bienvenida también al señor senador, a las compañeras senadoras Leticia Burgos Ochoa, a la senadora Sthefenson Pérez, la primera amiga mía compañera de mi fracción parlamentaria. Compañeros diputados. Compañeras diputadas. Hay un derecho individual fundamental, el enjuiciamiento en este país que tiene que ver con un principio de igualdad. Agradezco la generosa disposición de tres minutos para la pregunta y cinco para su respuesta sin el derecho a la réplica, ese es un derecho fundamental que rige también los aspectos procedimentales. No queda duda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo joven, en proceso de construcción, y si aflora alguna crítica no será sino con la responsabilidad y con el sentido de replantear lo que tenga que replantearse. A nadie le quepa esa duda en el sentido de que la Comisión de Derechos Humanos, es un espacio de defensa justamente de estos derechos fundamentales. Tampoco nos queda duda de que este organismo ha sido fiel impulsor y promotor de la cultura nacional, de la tutela de los derechos del hombre. Hay sin duda un reconocimiento por el trabajo y por el esfuerzo, doctor, por la limitación del tiempo abordaré específicamente tres puntos que tienen que ver, seguramente con la posibilidad del replanteamiento de la responsabilidad de la Comisión. Del texto del informe que nos ha presentado, resulta evidente que de 10 quejas, 8 son formuladas, son externadas por el ofendido, la víctima del delito, el resto es por presuntos responsables, y yo no hablaría de cuál tiene más jerarquía la víctima o el presunto responsable, cuando el tema central es, sin distingos, el derecho fundamental del quejoso. Le planteo, señor presidente, y a virtud de que no dispone de la facultad de iniciativa el organismo cuál es su consideración con relación a qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un ejercicio de pasar de lo abstracto a lo concreto, pudiera legalmente representar a las víctimas y/o ofendidos de delito, por una parte. Otra, ¿por qué no la representación también en los supuestos, en los actos actos que reclaman los gobernados, son atentatorios de su vida o de la libertad? Hay una hipótesis específica contemplada en la Constitución federal de este país y en la Ley de Amparo. Finalmente, doctor, usted ha aludido a una queja formulada por una comunidad huichola, hermanos nuestros, vecinos de la entidad de la que provengo, y esto tiene que ver y se identifica con hacer suya la Comisión temas que tienen que ver con derechos colectivos. Su opinión, doctor, y recuerdo entre paréntesis, con cierto dejo de frustración, alguna queja formulada por un gobernador y los 57 presidentes municipales de una entidad, cuando decían: formulo una queja, porque se han violentado los derechos fundamentales de los habitantes de esta entidad, porque por caprichos del Ejecutivo federal se les ha negado aspirar a la igualdad en el desarrollo, a la igualdad en el concierto nacional. Esas serían mis tres preguntas y por último, respetuosa sugerencia a mis compañeros de la Meda Directiva: quizá esto tuviera un valor distinto y trascendente si el informe y nuestra comparecencia hubiera sido, ¿por qué no, en Ciudad Juárez?, en un espacio que reclama simbolismos con relación a los derechos humanos. Muchas gracias.