La diputada María Guadalupe García Almanza: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de ayer, 25 de noviembre, por declaración de la Organización Nacional de las Naciones Unidas en 1999, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida en memoria del brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. La violencia contra la mujer no es una cuestión cultural sino de orden delictivo. Es a nivel mundial y se ha convertido en una pandemia que no respeta razas, clases sociales, religiones, niveles educativos ni económicos ni fronteras internacionales, ante la que los gobiernos deben dar respuesta. Para poner fin a esta situación se necesita procesar a más responsables por este delito y trabajar para lograr la igualdad completa de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Poner fin a la impunidad y garantizar la implementación plena de las leyes que reconocen la igualdad de la mujer y su derecho a vivir sin violencia. No seamos incongruentes. No seamos hipócritas. Es muy común escuchar que, por un lado, se expiden leyes federales y locales, con los rimbombantes nombres de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y por otro lado, que cada vez son más las Legislaturas locales en nuestro país, que en franca violación a nuestra Constitución y a los derechos humanos de la mujer han elevado a rango constitucional la penalización del aborto, lo cual es una forma más de violencia en contra de las mujeres, y es que por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre; constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, y a la que son particularmente vulnerables las mujeres indígenas, las refugiadas, las migrantes, las que habitan en comunidades rurales o remotas, las indigentes, las recluidas en instituciones o se encuentran detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto. Pero de la que no se salvan las señoras de Polanco y de Las Lomas, a las que el marido les tapa los moretones con abrigos de pieles y ropa de diseñador y que abarrotan los gimnasios porque sus maridos les dicen que están feas y gordas. Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa, para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora, una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Lejos está el Estado mexicano de cumplir con su obligación al respecto, cuando premia la ineptitud para esclarecer los feminicidios de Juárez con un cargo de procurador general de la república. No podemos callarnos, no podemos permanecer ajenos e indiferentes. Hace 49 años fueron Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en la República Dominica. Mañana puede ser nuestra hija, nuestra amiga, nuestra hermana o nuestra madre, de aquellos que la tenemos, por supuesto. Por su atención, muchas gracias.