La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Compañeras y compañeros diputados, el tema que discutiremos y votaremos tiene al menos dos retos: el primero es analizar con la razón un problema cuyos abusos traducidos en la pérdida de cientos de miles de millones de pesos provoca indignación y enojo. El segundo es construir un consenso en esta Cámara para que a pesar del pasado de unos o el radicalismo disciplinado de otros, entre todas y todos sepamos construir el mejor futuro para México. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país solo recauda lo equivalente al 16.2 por ciento del producto interno bruto, monto preocupantemente bajo al compararnos con otros países, pues en América Latina, en cuanto a capacidad recaudatoria se refiere, nuestras naciones hermanas promedian el 22.8 por ciento de su PIB y el resto de los miembros de la OCDE, se alcanza un promedio de 34.2 por ciento del PIB. Así, considerando nuestro gasto público, el nivel de endeudamiento que tenemos y las necesidades implícitas tanto en la atención a la población económica más desfavorecida como en lo concerniente a nuestros proyectos de desarrollo e inversión, el dato resulta alarmante. Desafortunadamente el tema no termina simplemente con alarmarnos, pero cuando conocemos la información sobre las condonaciones a los grandes contribuyentes que desde el 2007 se han beneficiado en este mecanismo, y tomamos que tan solo 108 empresas acapararon el 54 por ciento de los beneficios de esta herramienta, a costa de dinero que se dejó de invertir en proyectos de desarrollo, infraestructura o apoyos a programas sociales, la información se torna en indignante. Estos datos son indicios de una recaudación a modo para pagar favores o para proteger intereses que no son los de la nación, y esos mismos intereses trataron de asestar otro golpe a las finanzas públicas el primero de diciembre del 2018, cuando una autorización que dio el SAT para beneficiar a 145 empresas. El negligente y probablemente corrupto manejo de mecanismos de la condonación, en lugar de intervenir ante impactos de fenómenos de la naturaleza, había venido beneficiando a instituciones financieras, constructoras, cerveceras y hasta equipos de fútbol, en una proporción de 9 de cada 10 pesos condonados sin ninguna justificación. En conjunto, estas grandes, injustificadas y constantes beneficiados por las condonaciones y el resto de la empresa que se vieron favorecidas por ese instrumento, sumaron en 18 años 400 mil 902 millones de pesos que dejaron de ingresar a las arcas nacionales, según información publicada por el SAT en agosto de este año. En este sentido, estas cifras que deberían ser motivo de investigaciones motivaron al Ejecutivo federal y a la diputada Dulce María Sauri, a presentar las iniciativas que aparecen en los antecedentes del dictamen que hoy debatimos y votaremos. El dictamen que se nos ofrece trata solo uno de los dos problemas que varias diputadas y diputados observamos, que es el del abuso sobre el mecanismo de la condonación. No obstante a ello, el problema que se intentó resolver en la Comisión de Puntos Constitucionales elimina la posibilidad de que los abusos en la condonación persistan, prohibición con la que todos estamos de acuerdo. Disuelven también la posibilidad de usar este mecanismo fiscal para apoyar a zonas, estados o regiones que se hubiesen visto afectados por alguna contingencia de protección civil o económica. Es decir, el dictamen en su totalidad solo soluciona una parte de la problemática y su redacción deja una ambigüedad en nuestra Constitución y elimina uno de los mecanismos que se pueden utilizar para reactivar las economías locales. En consecuencia, lo que la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano propone al pleno es que apoyemos el espíritu que el Ejecutivo federal brindó en su iniciativa planteando una redacción que elimine de una vez por todas el abuso del que han sido objeto las arcas nacionales con el uso irresponsable de este mecanismo, pero sin perder una de las herramientas para apoyar a las zonas de la república que se ven afectadas por alguna contingencia de protección civil. Lo anterior puede lograrse con el cambio de una preposición o con la transformación de las últimas líneas del párrafo, pues es necesario matizar la redacción tal y como lo propondremos en las reservas correspondientes. Creemos que es pertinente y viable impulsar una alianza entre el gobierno y la oposición para poner un alto a la corrupción, el tiempo que fortalezcamos los medios y modos para enfrentar los desastres. Se nos dirá que la mejor manera de enfrentar los desastres es con medidas preventivas y estamos de acuerdo, pero también las medidas reactivas como esta, ayudan. Por esto, invitamos a los partidos que han construido la mayoría a hacernos caso en este tema, y de paso a que no maltraten el Fondo para la prevención de Desastres Naturales en la próxima discusión del Presupuesto. También se nos dirá que como herramienta de apoyo ante desastres es poco útil, pues se ejecuta sobre el cobro hecho, sin embargo, les puedo garantizar que cuando las empresas e industrias se han visto afectadas por inundaciones, terremotos, explosiones o incluso protestas populares violentas y prolongadas, necesitan de todos los apoyos posibles para levantarse, poder reinvertir en la zona afectada y volver a ser parte protagonista de la maquinaria que mueve las economías regionales y estatales. Por todo lo anterior, las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de eliminar el desaseo que había en la ejecución de este mecanismo. Votaremos a favor de terminar con esa discrecionalidad tributaria que tiene un tufo de corrupción, pero haremos reservas para que el texto quede claro, no contravenga técnicamente a nuestra Constitución y para que nos demos la oportunidad de cuidar las herramientas que tenemos para rescatar regiones del país ante contingencias. Empecemos a usar el bisturí de la razón y no el machete purificador de las sinrazones. Es cuanto, diputado presidente.