El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor presidente. Éste es quizás el campo de reformas más trascendente en el momento actual del país, se trata de la reforma constitucional en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. Tres son los grandes frentes en que se libra la sobrevivencia del Estado: la lucha contra la violencia, contra el dogma y contra la dominación política de los ciudadanos. Si no logramos regular efectivamente a la televisión, ésta terminará con el Estado-nación. La Ley de Radio y Televisión vigente de 1960 tiene precario, por no decir nulo, fundamento constitucional. Asimila a la radio y la televisión con las minas y con los hidrocarburos, para darle potestad absoluta al Ejecutivo. El espacio aéreo de la nación al que alude no es el espacio radioeléctrico. Carece este Congreso de facultades expresas e implícitas en materia de radio y televisión. Desde hace años se ha planteado romper la relación perniciosa entre las grandes empresas de televisión y el poder. Cuando comenzó la televisión era un anexo de Los Pinos y ahora Los Pinos es un anexo de la televisión. La Suprema Corte de Justicia al anular la Ley Televisa regresó potestades al Ejecutivo, pero no se las devolvió a la sociedad. No habrá una reforma legal verdadera mientras no satisfagamos los supuestos constitucionales que tienen que ver en nuestro tiempo con el derecho a la información, que es un derecho humano inalienable. Cuando fui secretario de Educación Pública propuse la regulación de los medios de información dentro del artículo 3º; la Comisión de Estudios de la Reforma del Estado propuso un órgano autónomo con fundamento en el artículo 7o y en el último ejercicio de la CENCA se desarrolló este modelo. Voy a leer en breve tiempo el contenido de la reforma: Artículo 6o. Se reconocen y garantizan los derechos universales a la información y a la libre expresión. Toda persona tiene la libertad de acceder, buscar, recibir y difundir informaciones de cualquier tipo y por cualquier medio de comunicación. Articulo 7o. Sin detrimento de lo estipulado en el artículo anterior, los medios de comunicación electrónica son de servicio público. Los medios de comunicación procurarán respeto y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos consagrados en el artículo 3o. de esta Constitución. El espectro radioeléctrico será también propiedad de la nación, inalienable e imprescriptible. Podrán acceder, en igualdad de condiciones a su explotación, uso o aprovechamiento, las entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias. Ninguna de ellas podrá concentrar más de 25 por ciento de las frecuencias. La administración y vigilancia de las concesiones y permisos que se hará del espectro radioeléctrico queda a cargo de un organismo público, autónomo, de participación ciudadana, creado por el Congreso de la Unión. No se trata sólo de regular la sumisión de los ciudadanos ni los abusos de las televisoras; se trata de abolirlos. Propongo a esta Cámara que se debata, primero, la reforma constitucional y luego la reforma legal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ésta es la gran tarea a la que está llamado este Congreso. Muchas gracias por su paciencia, señor presidente.