La diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Antes de iniciar mi intervención, quiero recordarles las posiciones de algunos de los señores ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes respeto, les tengo gran consideración y afecto y adicionalmente, y adicionalmente fueron y son grandes juristas. Empiezo por Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Él siempre dijo que era afiliado al PAN. Afirmaba que el Poder Judicial carece de competencia para analizar las reformas constitucionales por estar fuera del control judicial, postura derivada del principio de supremacía constitucional y de la función del Constituyente Permanente en México. Esta disposición está en el artículo 135. El ministro Mariano Azuela, también en este tipo de debates llegó a recordar que el artículo 39 constitucional decía y citó la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene todo el tiempo el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno. Y remataba su postura recordando a Felipe Tena Ramírez. Juan Díaz Romero, solía decir que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para revisar al poder reformador de la Constitución ni las normas constitucionales, puesto que el artículo 135 instituye su propio control, que no es judicial, sino político. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, también afiliado al PAN, por supuesto. Afirmaba que si el amparo pudiese aplicarse sobre normas constitucionales y de fondo estaríamos entonces en un mundo en el que habría unas personas con una Constitución y otras con otra Constitución. Lo mismo decía Fernando Franco González Salas, que sostuvo no encontraba límites a la acción del poder que establece como revisor de la Constitución, de acuerdo con el 135. La ministra Luna Ramos, no hay restricción alguna a las reformas constitucionales que haga el Poder Constituyente Permanente, respecto a lo dispuesto en el artículo 135. La Constitución sí puede ser reformada, puede ser reformada por el poder revisor y no hay restricción alguna para las reformas constitucionales. En el mismo sentido, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Pero, ya quiero empezar con mi intervención. El debate sobre el control constitucional de la reforma a la Constitución ha sido uno de los grandes temas de derecho constitucional y procesal constitucional a nivel internacional, cualquiera que sea la posición que se adopte en este tipo de debates no es fácil de abordar ni es de cómoda discusión, circunstancias que me constan por haber estado inmersa en este tipo de intercambio de ideas en diversas ocasiones como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 21 años. Por principio de cuentas, al asumir una postura con seriedad en este tipo de diferendos, con seriedad, debe hacerse desde una perspectiva en la que la problemática del control constitucional de las reformas constitucionales implique un análisis esencialmente jurídico y técnico que sustancialmente permita diferenciar las particularidades entre el juicio de amparo, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. Esto, debido a que la naturaleza de dichos procedimientos y medios de control es diversa y las reglas cambian significativamente de un tipo a otro. Así, no es lo mismo hablar de un amparo ciudadano donde se reclaman violaciones a derechos incorporados en la esfera del quejoso que discernir sobre una controversia constitucional entre autoridades donde es indispensable que la Constitución otorgue legitimación activa y pasiva y no en legitimación pasiva al Constituyente Permanente en las controversias constitucionales. Tampoco es igual, sí, discutir en materia de acciones de constitucionalidad, ¿por qué?, porque por antonomasia la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto, y al ser abstracto no se pueden estudiar ciertos temas que siempre están desprovistos del panorama de su aplicación y de donde es necesario delimitar el universo de normas constitucionales que sean materia de análisis. Dicho lo anterior, recordemos que la evolución histórica de este tema derivó del hecho de que nuestra Constitución vigente desde 1917 es reformable. Esta característica fue heredada del Constituyente del 57, ya que, durante estos primeros 30 años de nuestra vida independiente en los que dichas disputas facilitaban la rigidez constitucional que terminó en que la Constitución de 1824 y de 1836, en texto expreso impidiera las reformas constitucionales, al ser consideradas constituciones rígidas, pétreas. Por eso, el texto constitucional de 1857 se flexibilizó y, por supuesto, es una Constitución flexible, misma que tuvo estos principios en el 17 y hoy constan en el artículo 135. Es decir, desde la perspectiva histórica constitucional, el texto vigente abona un sistema constitucional rígido que contrasta con el artículo 177 de la Constitución de 24 y el cual señalaba en esta Constitución rígida que jamás se podría reformar la Constitución. Claramente este cambio hubiese resultado más completo si el constituyente hubiera establecido en el texto constitucional un mecanismo claro, expreso, inequívoco, de control de validez y efectividad de las reformas, mutas y cambios constitucionales, pero no lo hizo. Esta situación descrita no generó debates relevantes, sino hasta el amparo Camacho, cuando se reformó el artículo 122 de la Constitución, ello porque era un obstáculo para este quejoso competir electoralmente por la jefatura de gobierno, del Distrito Federal entonces, donde estábamos por estrenar los procesos electorales para elegir al ejecutivo capitalino, pero la reforma establecía que no podía él acceder a esto. Bueno, su demanda fue desechada, pero finalmente la Corte con la facultad de atracción, por unanimidad de 11 votos determinó que sí era posible ejercer el control constitucional, pero solamente del proceso de reformas, no de la materialidad de la reforma constitucional. A partir de dicho asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue modulando su criterio en la misma ruta, las cuales arrojan sentencias como el amparo del 2013, llamado también Amparo de los intelectuales. La Ley de Amparo entonces, prohíbe categórica y literalmente la procedencia del amparo contra reformas a la Constitución y lo que estamos haciendo hoy es constitucionalizando este artículo 61 de la Ley de Amparo. Ojo. Una cosa también, quiero recordarles con esto, a la mayoría que integramos el pleno de la Corte nos resultaba notoriamente improcedente ese tipo de intervenciones del Poder Judicial en las determinaciones del poder revisor de la Constitución, porque los precedentes reconocían que el amparo no permitía estudios sustantivos de las reformas constitucionales, aunque sí el procedimiento de reformas. En 2011, desde la Corte, ante el asunto presentado por Federico Reyes Heroles, el amparo de los intelectuales, perdón, éste sí es el amparo de intelectuales, volvimos a negar el amparo, pues resultaba formal y jurídicamente imposible el estudio de los contenidos constitucionales reformados. Ojo, la total improcedencia cuando vimos el fondo del amparo contra reformas constitucionales de cualquier naturaleza o especie. Compañeras y compañeros, en todos los amparos posteriores que se ha reconocido la improcedencia del amparo, así ha reconocido la improcedencia del amparo y la jurisprudencia vigente en materia de improcedencia del amparo indirecto, como les decía del artículo 61, fracción I de la Ley de Amparo que hoy se constitucionaliza. Por otro lado, desde que entraron en vigor las controversias constitucionales se ha considerado que la controversia constitucional es indiscutiblemente improcedente para impugnar el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución porque se carece, se carece de sujeto pasivo a demandar al poder revisor de la Constitución. Y, y en razón de las acciones de inconstitucionalidad, ustedes recordarán que es un control abstracto, que constituye un mecanismo a través del cual la Corte analiza la validez de una norma general sin que exista un acto concreto de aplicación, incluso sin necesidad de que se expresen argumentos. Lo que aquí quiero ser muy puntual, lo que se requiere para su práctica de un universo finito y conocido por las normas constitucionales en acción de inconstitucionalidad se contrastan las normas secundarias con la Constitución. Por lo tanto, por lo tanto, es la Constitución el límite de las acciones de inconstitucionalidad. Ahora, y así lo establece, así lo establece Alemania, España, Colombia, Argentina, Brasil, Austria, Francia, que tiene un control de constitucionalidad abstracto a través del control previo, ahora, para concluir, quisiera llamar a la reflexión sobre algo que ha estado aquí presente permanentemente en estas discusiones, el tema del control constitucional sobre las reformas a la Constitución, que se encuentran estrechamente relacionados con dos grandes temas y que han inquietado a este honorable pleno a partir de confusiones, intencionales o no, de su impacto actual. Me refiero a dos temas: el concepto de soberanía y a la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En cuanto al primer tema ya dije que todos los ministros coincidieron en la supremacía constitucional. En el segundo tema quiero tratar a un autor, el profesor Armin von Bogdandy y su concepto del ius constitucionale comune para América Latina, junto con otros académicos del Instituto Max Planck, donde propone una teoría constitucional orientada hacia la protección y promoción de los derechos humanos en América Latina. Sobre la premisa, dice que hay una tradicional vulneración a los derechos fundamentales en nuestro continente. Y desde esa perspectiva internacional se planteó una interacción dinámica entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, como una manera de construir un orden jurídico con base en el pluralismo jurídico y un fortalecimiento de los derechos humanos desde la perspectiva internacional, así como el desarrollo de una jurisprudencia dialogante, donde las Cortes de los países latinoamericanos y la Corte Interamericana intercambien principios, prácticas, fortaleciendo un estándar común en derechos humanos, con el propósito de romper la concepción tradicional de soberanía y constitucionalizar a nivel internacional los derechos humanos. No niego que la primera arista se percibe sumamente atractiva. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que plantea el reto de buscar las fórmulas necesarias para mejorar la eficacia e interacción en el concepto soberanía y la integración de las defensas de los derechos humanos. Concluyo. Esta reforma apunto hacia un escenario en el que se rescate el poder soberano menguado, este poder soberano menguado durante las últimas cuatro décadas. E integra un modelo de ingeniería constitucional que abandone el principio de progresividad y nos lleve a criterios que ha validado la Corte en torno a la capacidad que tiene el pueblo de México para determinar su futuro. Eso en ningún momento es contrario a la defensa y promoción de los derechos humanos.