La diputada Laura Hernández Garcia: Con la venía, diputado presidente. El dictamen que ha sido puesto a nuestra consideración es de gran trascendencia, porque implica un cambio significativo en las reglas del juego en materia energética, apostando por un modelo en los años setenta y ochenta en el cual la planeación del control del Sistema Eléctrico Nacional estaría a cargo de una empresa pública del Estado. Esta reforma, se ha propuesto en aras del beneficio social, de priorizar a las personas para que accedan a la electricidad y al servicio del internet. Sin embargo, se ha dejado de lado el análisis una serie de implicaciones que afectaría las defensas jurídicas en esta materia y, por ende, la operatividad del Servicio Eléctrico. De acuerdo con el análisis técnico y jurídico de expertos en la materia, de aprobarse esta reforma constitucional, algunos de sus efectos serían: Uno, la falta de certeza jurídica respecto a la regulación a la empresa pública del Estado que proveerá el servicio de electricidad. Dos. Las limitantes para la participación privada en materia de electricidad y del régimen libre de competencia ya que se contrapondrán con otros sectores económicos como el comercio y la industria. Tres. Requerirá de un amplio despliegue de nuevas reformas segundarias, reglamentos y otras regulaciones implementadoras que estarán frecuentemente en conflicto con los hoy vigentes. La mayoría de los cambios que se proponen al texto constitucional, nos llevan a caer en la ambigüedad y en la falta de certidumbre. Además de esto, la reforma en cuestión se encuentra limitada en cuanto al uso de energías renovables, ya que no toca cómo se realizará la transición energética de manera integral y sustentable. Es por esto que la reserva que presentó hoy contempla la transición energética, que estará a cargo del Estado que se realice en coordinación con la participación de instituciones académicas, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil con experiencia probada en el uso de la energía para que sea la de manera integral. Frente a la transición energética, el Estado no debe sesgar su actuar ni encaminar este proceso solo, debe generar apertura para la participación de actores claves especialistas e incorporar sus conocimientos y experiencias que les permita dar pasos firmes y certeros. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó como parte de sus 100 pasos para la transformación que se impulsará la transición energética y que se haría de México un ejemplo mundial en el concierto de las naciones frente al cambio climático global. Por ello, apelamos a que el esfuerzo para lograrlo se acompañe de las organizaciones e instituciones más reconocidas, para que nuestro país también se vuelva un ejemplo en la construcción de reformas incluyentes y participativas en favor de los mexicanos y mexicanas. La reforma energética debe tender puentes en lugar de romperlos y también les hacemos un llamado para retomar las iniciativas que hemos propuesto, por ejemplo, la relativa al artículo 27 constitucional que plantea la prohibición del fracking. Por lo tanto, la participación de los actores claves para generar un sistema eléctrico funcional, debe ser tomado en cuenta para la sustentabilidad porque el cuidado de nuestro planeta es un asunto impostergable.