La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social hemos asumido un compromiso por hacer lo socialmente correcto, pero ante el alza de la violencia de género es necesario que ahora todos y todas hagamos jurídicamente lo correcto. En 2012, en esta Cámara se tipificó el delito de feminicidio en nuestro Código Penal Federal. Sin embargo, en cada entidad federativa se ha tipificado con distintas razones de género, atendiendo a sus casos particulares y a la técnica legislativa imperante en los congresos locales. Después de ocho años y, digámoslo claro, de malos resultados al momento de judicializar el feminicidio, nos hacemos las siguientes preguntas: ¿El Ministerio Público local, incluyendo su personal adscrito, está capacitado para hacer todas y cada una de las diligencias cuando sucede un feminicidio? ¿El juez en materia penal y todo el personal adscrito a un juzgado están capacitados para analizar y resolver los delitos de feminicidio? ¿Para estudiarlos con perspectiva de género? ¿Acaso en el ámbito general y local existen áreas especializadas, fiscalías y defensorías públicas preparadas para atender el delito de feminicidio? Derivado de las últimas reformas yo les pregunto: ¿por qué no crear áreas específicas para los feminicidios? Compañeras y compañeros diputados, ¿no hay más denuncias por feminicidios que por corrupción? ¿Más denuncias por violencia de género? ¿Más denuncias por lesiones contra niñas y mujeres? ¿Más denuncias por malos tratos en el seno familiar? Han pasado ocho años y ahora vemos que lo que se escribió como ley no siempre cumple su objetivo en la vida jurídica. ¿A qué me refiero? Los elementos del tipo penal de feminicidio, al parecer, y todo lo que indica que así es, no son de la comprensión de los sistemas judiciales locales vigentes. En busca de abarcar cada una de las manifestaciones de la violencia feminicida, hemos atado las manos de ministerios públicos y de jueces penales, por la simple pero fundamental aplicación del principio de taxatividad y legalidad en materia penal. México es un país que se rige bajo un Estado de derecho y debemos tener normas que no solo se lean bien, sino que se ejecuten de manera correcta para que no impere la impunidad y, sobre todo, la corrupción. ¿Y qué sería lo correcto? Homologar el delito de feminicidio en todo el país, en las 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. Tener protocolos de asistencia, buscar objetivos, capacitar a los ministerios públicos locales y federales, a juzgados penales en todas sus instancias, y crear salas especializadas en la materia. Dejemos claro esto: no estamos negando la existencia de los feminicidios. Este delito existe desde que se asesina a una mujer por el hecho de serlo. Encuentro Social no niega esta realidad. Lo que debemos hacer y nos toca impulsar es simplificar los elementos del tipo penal de feminicidio para facilitar el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y evitar violaciones al debido proceso, que favorecen a los acusados y que atropellan, sobre todo, los derechos de las víctimas. Debemos pensar en un derecho para la víctima y no un derecho que sirva de salida de emergencia para los delincuentes. Debemos hacer lo socialmente correcto y lo jurídicamente correcto. No demos pasos en falso en esta tarea, porque nuestros errores seguirán cobrando vidas de mujeres en todo el país. Por ello, compañeras y compañeros legisladores, en el PES nos pronunciamos por hacer ya efectiva la mesa de trabajo con la Fiscalía General de la República. Hagamos equipo con el Poder Judicial para solucionar el tema del feminicidio en todo el país. Este es un problema de todos y todas, ya no son casos aislados. Hagámoslo nosotros, es momento de trabajar para la defensa de todas y cada una de las mujeres de nuestro país. Es cuanto, presidenta.