La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros diputados, la iniciativa que presento tiene que ver con la reforma al 115 constitucional. La institución municipal ha estado arraigada en la vida política del país. Es la célula básica del sistema político mexicano, pues el municipio es a una entidad federativa lo que ésta es para la federación. En consecuencia, en México no se concibe a la federación sin la existencia de los gobiernos municipales. Sin embargo, hay un problema muy serio, a partir de que inicia el movimiento zapatista, el primero de enero de 1994, los mexicanos volvimos a ver a un México que creíamos desconocido. El México de los pueblos indígenas y afrodescendientes en donde la marginación, la desesperanza y la falta de oportunidades de educación, trabajo y salud son una constante. Como país aprendimos que la inclusión de todos los grupos sociales en un proyecto de nación no se había logrado. Se logró después del levantamiento zapatista una negociación política entre las partes en conflicto que se expresó en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, particularmente en el tema de derechos y cultura indígena, que a su vez encontró reflejo jurídico en la reforma constitucional de los artículos 1o, 2o, 4o, 18 y 115 de nuestra Norma Fundamental. No obstante que el artículo 2o constitucional, producto de esa reforma, se reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana y el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación en un marco de autonomía. Esto es solo en lo político, ya que no se estableció en el artículo 115 el reconocimiento al municipio indígena o a otro tipo con la misma integración de presidente municipal, síndico y regidores o con las que los pueblos en ejercicio de su autonomía definirían. El pasado 17 de febrero se cumplieron 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés. En agosto de este año se cumplirán 15 años de la reforma constitucional en materia indígena, y lo real es que los pueblos indígenas no cuentan con una estructura de gobierno propia que les permita la explotación nacional de los recursos naturales en su territorio. Esta riqueza sigue siendo apropiada por particulares, como es el caso de la industria minera, sin que esta actividad represente beneficio alguno a las comunidades. La iniciativa que presento considera que es el momento idóneo para reconocer que existen distintas formas de gobierno municipal, como el indígena o el afrodescendiente, e inscribirlo en la Constitución. Si esta legislatura el pasado mes de diciembre aprobó una reforma constitucional para reconocer como parte integrante de la federación a la Ciudad de México, y dotarla de sus órganos de gobierno y de las facultades que se requieren para llevar a cabo dicha tarea, hoy también podemos hacerlo en el marco que estoy presentando. Tenemos un tiempo que hemos olvidado a los pueblos indígenas y afrodescendientes de nuestro país. Es tiempo de reconocer que existen y que son parte, que somos parte de lo mismo. La reforma que les propongo tiene que ver con un transitorio que dice: El municipio libre será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrada por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre este y el gobierno de Estado. Y les propongo que agreguemos lo siguiente: En los estados, donde así lo determinen sus Constituciones y leyes locales, se reconocerán las distintas formas de municipio, los cuales elegirán bajo el procedimiento que determinen las leyes a sus autoridades locales. Dichos municipios gozarán de autonomía para definir su forma de gobierno y se garantizará la división territorial por región, municipio y comunidad. Refrendemos hoy lo que hace 15 años integramos en la reforma del 2o. constitucional. Hagamos realidad para los pueblos indígenas y afrodescendientes una reforma justa y necesaria. Muchas gracias.