El diputado Esteban Bautista Hernández: Compañeras y compañeros diputados, la Constitución de 1917 plasmó en su artículo 27 el principal pilar de la legislación agraria en México. Por tanto, la preservación de los recursos naturales, la tenencia de la tierra, el reparto agrario, así como las normas secundarias creadas dentro de nuestro sistema jurídico, hoy representan una oportunidad para continuar impulsando el desarrollo económico y social en el campo mexicano. No cabe duda, que ha sido un devenir de la historia, una lucha ancestral por la tierra, producto de las injusticias padecidas por los que menos tienen, una que cobró miles de vidas, pero que sabemos ha contribuido a la creación de leyes, instituciones para la impartición gradualmente de una justicia agraria. No obstante, el surgimiento de diversos ordenamientos que buscan la repartición de la tierra y la constitución de un patrimonio que beneficiara a las colectividades agrarias, fue la reforma al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria de 1992, cuando se buscó una nueva reorientación institucional y mayor dinamismo enfocado a impulsar el desarrollo del sector rural, con miras a dar mayor certeza a la propiedad, combatir la pobreza y marginación del campo mexicano. Con la reforma al artículo 27 constitucional y la promulgación de la Ley Agraria vigente se generó un proceso de ordenamiento rural, dando pauta a la certificación de derechos ejidales, titulación de solares, efectuados por el gobierno federal a través del sector agrario, con apoyo de tecnologías del Inegi. Como resultado de ello, de acuerdo con datos oficiales del RAN, de los 29 mil 787 ejidos, 2 mil 406 unidades legalmente constituidos en México, propietarios de poco más de 100 millones de hectáreas de propiedad social tienen nuevas opciones de desarrollo a partir de la certeza jurídica que disfrutan en sus territorios. Estas condiciones hoy permiten continuar contribuyendo en la construcción de acciones legislativas en materia agraria, sobre todo, en aquellos aspectos que fueron excluidos y relegados en este proceso de construcción de ordenamientos y regularización de la propiedad rural, como ha sucedido con las colonias agrícolas ganaderas, materia de la presente iniciativa. Al respecto, es importante recordar que las colonias agrícolas y ganaderas surgieron a partir de políticas de ocupación de territorio nacional anteriores a la institucionalización del reparto agrario, constituidas por pueblos en proceso de restitución y dotación de la reforma agraria, quienes poseían testimonios, documentales, antecedentes suficientes para convertir sus tierras en ejido, comunidad o propiedad privada. Aunado a lo anterior, el primer antecedente de regulación jurídica encontramos a la Ley de Colonias de México, en 1824, cuyo objetivo fue ampliar regiones deshabitadas, explotar los recursos naturales, a favor de la economía familiar. Por otra parte, la Ley Agraria de 1992 omitió la regulación específica para las colonias agrícolas, solo hizo referencia genérica un artículo transitorio sobre dicho régimen que, por si fuera poco, la incertidumbre y el vacío legal más visible, con la abreviación del Reglamento General de las Colonias Agrícolas, como lo estableció en el artículo segundo transitorio del Reglamento de la Ley Agraria, publicada el 4 de enero de 1996. Con estas acciones además se evitarán conflictos sociales entre los pobladores por acaparamiento de tierras y, por supuesto, la población de las colonias podrá acceder a diversos programas sociales. Luego entonces, resulta fundamental la intervención del Legislativo para garantizar desde la ley en materia, una regulación que realmente proteja los derechos de la propiedad que tienen las colonias agrícolas y ganaderas. Para lograr, resulta inaplazable proponer a esta Cámara de Diputados modificar diversas disposiciones de la Ley Agraria, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, con el propósito fundamental de impulsar el reconocimiento pleno y garantizar acceso a la justicia a la población de productores del campo en materia especial de los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en posesión de tierras de esta naturaleza. Es cuanto, compañera presidenta.