La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza: Con el permiso de la Mesa Directiva. Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, el derecho de toda persona a la seguridad social ha sido reconocido como derecho fundamental en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde hace más de 50 años. El citado pacto fue aprobado por la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en el año de 1980y su decreto fue publicado en el Diario Oficial en 1981. En ese sentido, la seguridad social alcanza mayor trascendencia cuando se le considera como un sistema de protección estatal instaurado contra las consecuencias de los riesgos personales a que todo trabajador se encuentra expuesto, garantizándole su bienestar material presente y futuro, como lo son: la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Pues bien, hoy quiero referirme a un aspecto de la seguridad social de los trabajadores de los Poderes de la Unión, como lo es el seguro de riesgos de trabajo, cuyo contenido son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o por motivo de su trabajo. El inciso a) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases de la organización y regulación de los riesgos de trabajo como parte de la seguridad social prevista para los trabajadores de los Poderes de la Unión. En México, como todos sabemos, estos trabajadores están bajo la cobertura de la seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. En base a lo anterior, el capítulo 5 del título primero de la Ley del ISSSTE organiza lo concerniente a la cobertura de los riesgos de trabajo, el procedimiento y el trámite y sus especificaciones ante Medicina del Trabajo de este Instituto. De acuerdo al artículo 58 de la Ley del ISSSTE, los riesgos de trabajo serán calificados técnicamente por el instituto, de conformidad con el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. Sin embargo, para que el ISSSTE pueda procesar y emitir esa calificación técnica de los accidentes por riesgos de trabajo que hayan ocurrido, las dependencias y entidades deberán avisar por escrito al instituto dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento en los términos que señala el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. Así lo dispone el artículo 60 de la Ley del ISSSTE en su primer párrafo. La ejecución del aviso constituye una obligación para la parte patronal, es decir, de la dependencia o entidad para la cual trabaja el empleado. Ahora bien, ¿qué sucede si se omite el cumplimiento de dicha obligación por parte del patrón? En el último párrafo del referido artículo 60 estatuye lo siguiente: No procederá la solicitud de calificación ni se reconocerá un riesgo del trabajo si este no hubiera sido notificado al instituto en los términos de este artículo. De lo anterior se advierte, pues, que si se omite dar el aviso correspondiente al instituto por parte del patrón, el trabajador sufrirá las consecuencias correspondientes, lo cual se traduce en un evidente perjuicio para él mismo y su familia. En ese sentido, considero que el supuesto contenido en el último párrafo del artículo 60 de la Ley del ISSSTE en comento, contraviene la garantía de seguridad social contenida en la fracción XI del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedir que ante el incumplimiento por parte de la dependencia o entidad en la que se labora de dar aviso al ISSSTE, el trabajador tenga el derecho de que ésta responda por los riesgos de trabajo correspondientes, restringiendo o menoscabando el derecho a la seguridad social consagrada en el referido artículo constitucional. En ese contexto, compañeras y compañeros diputados, no podemos seguir permitiendo que en la legislación que organiza y reglamenta la seguridad social en beneficio de los trabajadores de los Poderes de la Unión, permita la privación del seguro de riesgo de trabajo constituido en beneficio del mismo, por la omisión de una obligación a cargo de la parte patronal. La iniciativa que hoy se presenta, de alto contenido social, pretende contribuir a la modernización de la regulación exhaustiva de las bondades que deben implicarse en la seguridad social que reglamenta la Ley del ISSSTE. Por lo anterior, propongo que el último párrafo del artículo 60 de la Ley del ISSSTE, se reforme para quedar redactado de la siguiente manera: no procederá la solicitud de calificación ni se reconocerá un riesgo del trabajo hasta en tanto no sea notificada al instituto en los términos de este artículo. En ningún caso, el trabajador perderá el derecho de que la dependencia o la entidad respondan por los riesgos de trabajo correspondientes. La anterior propuesta pues, se somete a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados y resulta trascendental, porque el derecho al seguro sobre riesgos de trabajo es un tema básico en la seguridad social. Compañeras y compañeros legisladores, les invito revisemos pues el tema que hoy se plantea, pues abordarlo fortalece en gran medida los derechos de los trabajadores. Es cuanto, señora presidenta.