LA DIP. CELIA MARTINEZ BARCENAS: Con su permiso, diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. La población indígena hacia el año 2000 era de 12 millones 707 mil personas, cifra estimada por el Instituto Nacional Indigenista y el Consejo Nacional de Población, CONAPO. Esta población se ubica principalmente en el sureste y en el centro del país, de tal manera que los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Puebla, México, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, Campeche y Quintana Roo concentran el grueso de la población indígena y sumado al Distrito Federal, estas entidades en su conjunto comprenden al 86% de la población indígena del país. Las comunidades indígenas se identifican por conservar rasgos culturales específicos que impiden su asimilación a la sociedad mexicana y que se manifiestan en sus formas de vida comunitaria, la comunicación oral a través de la lengua materna, su relación en el hábitat, un sistema de conocimientos propios y la práctica de la medicina tradicional, por lo que le preservación de su identidad étnica y cultural se encuentran íntimamente ligadas al funcionamiento de sus instituciones sociales y políticas y al ejercicio de sus sistemas internos. En México existen diversas posiciones políticas en relación con la práctica de la medicina tradicional en las diferentes instancias gubernamentales. Por un lado, los terapeutas tradicionales son marginados dentro del sistema de salud mientras que, por otro, se intenta promover su participación en este sistema, incluso algunos laboratorios trasnacionales los emplean para dar autenticidad y comercializar ciertos productos de origen natural. El problema al que se enfrentan los terapeutas tradicionales en nuestro país es precisamente que no cuentan con el reconocimiento, licencia o permiso para ejercer sus conocimientos, lo que origina una falta de respeto a la cultura indígena, limitaciones en la libre práctica de los médicos tradicionales, ausencia de valoración en la medicina tradicional, nulos apoyos jurídicos y financieros para el desarrollo de la medicina tradicional. Por tal razón, algunas entidades federativas ya han elaborado iniciativas de reformas a su Ley General de Salud como Morelos y Oaxaca; Chiapas, lo contempla en su Ley de Derecho y Cultura Indígena; el Distrito Federal cuenta con Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional relativo al ejercicio de las profesiones; Guanajuato, tiene Ley Reglamentaria del artículo 7° de la Constitución Política de su propio estado y Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Colima y Tlaxcala, en su Ley de Profesiones. Todas ellas, permiten que los médicos tradicionales estén en posibilidad de ejercer la práctica de sus conocimientos. En países como Ecuador, Guatemala y Perú, ya están trabajando en el proceso de legislación con el fin de regular la práctica de la medicina tradicional; mientras tanto, el Ministerio de Salud otorga permisos a terapeutas para que realicen esta práctica. En el caso de Ecuador, fueron los propios pueblos indígenas quienes formularon una iniciativa al respecto. Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana, son países en donde no existe legislación al respecto y el proceso de regulación apenas empieza. Carecen de permiso para ejercer; sin embargo, no son sancionados, los organismos oficiales aceptan dicha práctica. Sin duda, actualmente la medicina tradicional representa una opción importante de respuesta ante las sociedades de atención a la salud en diferentes países de América Latina y el Caribe. A pesar de su presencia subordinada, en los sistemas oficiales de salud y de su situación de ilegalidad que mantienen comúnmente. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, han promovido y apoyado las políticas dirigidas a ensayar formas distintas de articulación de esta medicina con los sistemas oficiales de salud. Asimismo, algunas organizaciones de la sociedad civil trabajan apoyando a la medicina tradicional en diferentes niveles en varios países, y sin embargo, se han encontrado con múltiples dificultades que impiden la consolidación de programas de medicina tradicional. La regulación de la actividad de quienes ejercen la práctica de la medicina tradicional, es un proceso que ciertamente representa complejidades particulares, en primer lugar, porque muchas de estas terapeutas no cuentan con una formación o entrenamiento reconocido y estadanrizado. El segundo aspecto que dificulta esta regulación es la gran variedad de terapias que ponen en juego a los proveedores de servicios y la dificultad que represente evaluar su aplicación técnica correcta y su efectividad. Para su reconocimiento formal, se requieren criterios precisos, tales como tomar en consideración la experiencia y la evaluación de los usuarios de los servicios. En las reformas que se promueven mediante los artículos 38, 79 y 83, se propone fundamentalmente establecer un régimen de excepción en la regulación de la medicina tradicional con el fin de que no se requiera la obtención de Título Profesional para su ejercicio. En respeto a la potestad constitucional de los estados de legislar en materia de profesiones, se propone en el párrafo tercero del artículo 79 que los practicantes de la medicina tradicional, deberá sujetarse a las disposiciones aplicables de las entidades federativas en materia de profesiones o ejercicio profesional a las disposiciones locales aplicables y a los convenios de cooperación. Con el propósito de promover la homogeneización de las disposiciones aplicables en esta materia, se propone la adición de una fracción III al artículo 91, a efecto de promover la celebración de convenios de cooperación para el reconocimiento y la regulación de la práctica de la medicina tradicional que incluyan el impulso a las adecuaciones legales en los respectivos ámbitos de su competencia. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, me permito someter a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo a los artículo 38 y 83, 2 al 79 y una fracción III al artículo 91 de la Ley General de Salud. Artículo 38.- Se exceptúa de lo anterior a la medicina tradicional, que siendo un servicio de salud privado, se rige por los usos, costumbres y el reglamento que expida la Secretaría de Salud. Artículo 79.- Se exceptúa de esta disposición a quienes practican la medicina tradicional indígena, en los términos previstos de la fracción III del Artículo 91 de esta ley, toda vez que esta se ha venido ejerciendo mediante conocimientos adquiridos de sus antepasados. En todo caso, quienes practiquen la medicina tradicional, deberán sujetarse a las disposiciones aplicables en las entidades federativas, en materia de profesiones o de ejercicio profesional a otras disposiciones locales aplicables en la materia, en los convenios de cooperación a que se refiere el segundo párrafo de la fracción III del Artículo 91 de esta ley. Artículo 83.- Lo dispuesto en el párrafo que antecede así como lo dispuesto en los Artículos 78 y 79 de esta ley, no es aplicable al ejercicio de la medicina tradicional. Artículo 91 fracción III.- En el reconocimiento y regulación de la práctica de la medicina tradicional indígena, en base a sus características específicas en cada región del país, considerando la medicina tradicional indígena como el conjunto de concepciones, saber, métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales, manejados por las terapeutas tradicionales o curadores de las diversas comunidades indígenas y que han sido aprendidas generacionalmente mediante la dicción oral y escrita, se promoverán la celebración de convenios de cooperación, que tenga por objeto el reconocimiento y regulación a que se refiere esta fracción, que incluyan el compromiso de impulsar las adecuaciones legales y reglamentarias que sean necesarias. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- La Secretaría de Salud expedirá el reglamento a que se refiere la fracción III del Artículo 91 de la Ley General de Salud, en un término que no excederá de seis meses contados a partir de su publicación. Señor presidente, me permito solicitarle que esta iniciativa sea publicada íntegramente en el Diario Oficial de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria en virtud del obvio de tiempo. Muchas gracias. -