La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, señor presidente. Vengo a nombre propio, por supuesto de la bancada de las y los diputados ciudadanos. Diputadas, diputados, presidente de esta Cámara, la presente es una serie de reformas, es la primera apenas, una serie de reformas que las y los diputados ciudadanos presentaremos en el ánimo de la rendición de cuentas, del trato republicano y el debate y el equilibrio entre Poderes que debe existir. Como cada año y por mandato constitucional, la entrega del informe presidencial al Poder Legislativo precede las citas a comparecer de los secretarios de Estado o de los directores de entidades paraestatales, como lo señala el artículo 69 de nuestra Constitución. El informe presidencial, entendido como el documento que el presidente de la República presenta anualmente al Congreso de la Unión, expone el estado que guardan los asuntos de la nación y los impactos de las políticas públicas diseñadas e implementadas acorde a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 63 de la Constitución de 1857 establecía que a la apertura de sesiones del Congreso asistiría el presidente de la Unión y pronunciaría un discurso en el que manifestaría el estado que guarda el país. El presidente del Congreso contestará en términos generales, decía desde la Constitución de 1857. El primer presidente en presentarse ante el Congreso fue Guadalupe Victoria, que sin estar obligado a hacerlo, es decir antes de estas reformas, se presentó el 1 de enero de 1825 a dar cuenta sobre su gobierno. A partir de ese momento se creó la tradición que los siguientes presidentes continuaron. El presidente Guadalupe Victoria retomó la idea de la rendición del informe presidencial ante el órgano legislativo, tanto de Estados Unidos de América como de la Gran Bretaña, los cuales aun teniendo regímenes de gobierno distintos buscaban que el jefe de Estado fuese responsable ante el Parlamento de su actuación al frente de la administración pública. Es decir, el informe era visto como un acto de responsabilidad republicana. Con la ampliación de la administración pública a lo largo de todos estos años, pero sobre todo en la década del siglo XX, la responsabilidad de rendir cuentas del Ejecutivo se amplió a los secretarios de Estado y a otros titulares ya mencionados. Dentro del marco de transparencia y rendición de cuentas destaca la función del control parlamentario, que en este caso desarrollan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es decir el Congreso, a través de diferentes herramientas de las que destaca la figura de la comparecencia, a través de la cual el Congreso le exige al Ejecutivo manifieste, en general, el estado actual que guarda la administración pública o rinda informes sobre un asunto o rubro en particular, lo que debería incluir en esta dinámica republicana al propio presidente de la República, pero que lamentablemente desde el 2008 dejó de estar presente en nuestra constitución. La comparecencia sirve, no solamente como un acto público, en el que el Congreso tiene la responsabilidad y la posibilidad de evaluar el desempeño del gobierno, sino como un acto de rendición de cuentas ante las ciudadanas y ciudadanos. No es un acto solamente protocolario, sino que debería ser un efectivo acto republicano y de rendición de cuentas. La Constitución Mexicana de 1836 señalaba en la fracción III del artículo 31: a cada uno de los ministros le corresponde presentar, a ambas Cámaras, una memoria específica del estado en que se hayan los diversos rubros de la administración pública. La Carta Magna de 1843 señalaba también, que son obligaciones de los ministros presentarse anualmente ante las Cámaras, y muchos otros estipulados más. Sin duda, es importante mencionar esto porque hay un precedente histórico. En el texto original de 1917 sólo los secretarios de despacho tenían la obligación de presentarse ante el Congreso cuando esto lo requiriera. Con las reformas del 74 se obligó a comparecer a los jefes de los departamentos administrativos también, que fue eliminado en 2008 también. Como a directores y administradores de organismos descentralizados. En el marco jurídico de la rendición de cuentas en México se ha complementado a través de instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual México es parte desde el 97, y muchas otras. Se han creado marcos internos que promueven la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. De estos últimos marcos jurídicos destacan la obligatoriedad de vigilar el actuar de los funcionarios públicos, incluso un año después del fin de sus encargos, lo que promueve la transparencia a pesar de los cambios administrativos y posibilita la evaluación de sus acciones a posteriori. En este orden de ideas es evidente señalar, que el espíritu de las leyes antes citadas han sido el de tratar con seriedad y forma la rendición de cuentas. En el terreno del Poder Legislativo, en lo que respecta a esta soberanía, particularmente las comparecencias, incluida la del presidente, deben ser valoradas como una herramienta de control parlamentario, como una herramienta de control ciudadano, toda vez que la Cámara de Diputados refleja y debe reflejar a más y mejores ciudadanos. Es indispensable que el Poder Legislativo tenga la capacidad de ejercer control sobre los actos e incluso omisiones de los funcionarios públicos que apoyan la labor del Ejecutivo y que tienen responsabilidades. Por eso resulta urgente considerar ante el anuncio del presidente, hace unos días, de 10 cambios en su Gabinete, justo en la víspera del inicio de este proceso de comparecencias y de la entrega de este informe, que la acción de revisar el estado que guarden los respectivos ramos de la secretaría resulte endeble, ya que estos secretarios se encuentran en un periodo de transición dentro de sus respectivas secretarías. Por eso a través de esta iniciativa, la primera de muchas, se pretende que cada funcionario citado a comparecer rinda cuentas sobre su actividad al frente de cualquier dependencia del Poder Ejecutivo, ya sea que esté ejerciendo en este momento o no el cargo, y que no por el hecho de haber sido removidos o cambiados puedan renunciar a sus responsabilidades como funcionarios públicos y de responder a esta soberanía. Es decir, la propuesta es, y termino con ello, que si un funcionario citado a comparecer ante esta soberanía o la Cámara de Senadores, cuenta con menos de 60 días ejerciendo, sea posible llamar a comparecer a su predecesor para subsanar o profundizar informaciones que sean requeridas. Todo esto no valdría la pena si seguido de ello no viene una serie de toma de conciencia de parte de nosotras, de nosotros, diputados y diputadas de esta Legislatura, de que se tiene que cambiar. Es momento de exigir que el Poder Legislativo ejerza sus facultades de control, facilite la rendición de cuentas hacia los ciudadanos. Es tiempo donde la confianza en las instituciones, siendo un bien escaso, debemos privilegiar que se vuelva a recuperar, sin duda de los ministros, como hoy se plantea en esta iniciativa, pero empezando por el presidente de la República, como jefe del Ejecutivo, como ya comentaremos seguramente en una siguiente iniciativa que tenemos preparada los diputados ciudadanos para la siguiente semana. Es tiempo de la rendición de cuentas y sin duda, es tiempo también de un trato republicano y de equilibrio entre poderes. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.