La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez: Gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Vengo a presentar una propuesta de reforma al artículo 123 de la Constitución, que rescate los derechos laborales de los cuerpos de seguridad, peritos y Ministerios Públicos. La Constitución, a raíz de la reforma referida de 2011, otorgó al sistema jurídico mexicano un cambio de paradigma en la concepción de los derechos fundamentales, toda vez que ahora ordena que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es con base en este principio donde se encuentra el centro fundamental de la iniciativa de reforma del artículo 123, es decir, se pretende eliminar la incongruencia y distinción entre los derechos otorgados y reconocidos para los trabajadores del Estado con los que son excluidos los trabajadores de las instituciones de seguridad. Actualmente, si un policía durante juicios y procedimientos demuestra que fue injustamente cesado o removido, se le impide por ley su reinstalación. No obstante se trate de un buen elemento y policía de vocación. El ideal jurídico que debe establecerse y prevalecer dentro del texto constitucional es aquel que permita que, una vez dada la separación del cargo del empleado de seguridad de manera injustificada, este goce de la restitución de la totalidad de sus derechos laborales que incluya la reinstalación en el cargo, debido a la inexistencia de justificación para el acto de autoridad violatorio de sus derechos humanos y laborales. Actualmente, la disposición jurídica constitucional niega a los empleados de las instituciones policiales gozar de estabilidad laboral, al prohibirle la reinstalación por la autoridad competente cuando resuelve la injusticia en la separación de sus respectivos cargos. En este escenario, el juzgador comete una contradicción de principios generales de derecho que contraviene a los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte. Asimismo, se contrapone con la esencia de los derechos sociales que fueron la aportación jurídica de nuestro país. Recordemos que el espíritu del artículo 123 constitucional siempre ha sido reconocer las garantías de los derechos a los que debe gozar el trabajador. En este mismo sentido, es una incongruencia que se pretenda y se ordene que el sistema de impartición de justicia laboral funcione de forma distinta que para los trabajadores de las instituciones de seguridad, en comparación con los demás trabajadores, dado que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Derivado de dicha incongruencia, de manera general, los empleados que integran las instituciones policiales de la federación cuando son separados de su encargo sin que exista causa injustificada acuden a juicio a dirimir ante los juzgados y poner en juicio sus derechos de manera irremediable, estos reciben una sentencia que resuelve sin atender a un debido proceso y respeto franco a sus derechos sociales y laborales. Por lo tanto por precepto y mandato constitucional en la mayoría de los casos, no tienen la posibilidad de ser restituidos en sus empleos. Por todo lo anterior es de urgencia conciliar la forma en que se preserva el interés del Estado y la seguridad pública con la salvaguarda de los derechos laborales de los empleados de las instituciones policiales. Debe ponderarse la congruencia entre los principios generales del derecho, los derechos humanos, las garantías constitucionales y los derechos laborales contemplados, todos ellos, en nuestra Constitución y tratados internacionales. Por lo tanto propongo la reforma al artículo 123, en la fracción XIII, donde debe de decir: XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes laborales. El Estado garantizará y protegerá los derechos sociales y laborales de dicho personal. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. Debe decir: XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes laborales. El Estado garantizará y protegerá los derechos sociales y laborales de dicho personal, mediante la creación e instalación de Tribunales Laborales especializados en la materia. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios, podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes, en el momento del acto, señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, así como en su caso la reincorporación al servicio que conforme a derecho se resuelva.