La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. Buenos días a todas y a todos. El aspecto fundamental en el cual la juventud debe señalar el camino es, precisamente, en el aspecto de ser vanguardia en cada uno de los trabajos que le compete. Así lo expresó el gran revolucionario Ernesto Che Guevara. Hoy a través de esta reforma hacemos justicia a ese proverbio, los jóvenes son puestos en el centro de una decisión fundamental del Estado mexicano para hacer vanguardia en el reconocimiento de sus derechos y su aportación a la transformación social. Con la dictaminación de las minutas de juventud y de movilidad, iniciamos un camino para aprobar una agenda ciudadana que reivindica derechos humanos de tercera generación. Es momento de interiorizar los postulados de los múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país suscribió y nunca se hizo cargo. Las y los integrantes de esta comisión, consideramos oportuno aprobar el contenido de la minuta enviada por el Senado de la República en materia de juventud, dada la relevancia del tema. Tanto a nivel nacional como internacional, los jóvenes son considerados como una importante fuerza económica, política, social y cultural puesto que en ellos recae gran parte de los esfuerzos requeridos para lograr la transformación de un país. Es por ello que el Estado debe velar por la protección de este grupo social, en ocasiones tan vulnerado y olvidado. De acuerdo con la Organización Iberoamericana de la Juventud, tradicionalmente se ha concebido a la juventud como una fase de transición entre dos etapas: la niñez y la adulta. En otras palabras, es un proceso de transición en que los niños se van formando en personas autónomas, por lo que también puede entenderse como una etapa de preparación para que las personas se incorporen al proceso productivo y se independicen respecto de sus familias de origen, pero, en palabras de los propios jóvenes que se definen como sujetos de derecho en busca de romper los estereotipos impuestos y la violencia, debemos advertir que se enfrentan a una realidad distópica en la que padecen violencia, discriminación, desempleo, embarazos prematuros, falta de espacios y alternativas. Sin embargo, para lograr lo anterior es necesario atender las diversas problemáticas que enfrentan día a día y que con el paso del tiempo se han ido incrementando. Entre estos problemas se puede mencionar el escenario de pobreza, la inseguridad, la pérdida de confianza de las instituciones, la ausencia de opciones ocupacionales, la deserción escolar, entre otros. Así, dos de los principales campos en los que los jóvenes encuentran dificultades son los que corresponden a educación y empleo. Al respecto, resultados de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, elaborada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve), revelaron que el 56.9 por ciento de los jóvenes asume que la educación es el aspecto más importante para conseguir trabajo, pero enfrentan un campo muy competitivo donde a la oferta la supera la demanda. En el área laboral, la tasa de desempleo ha aumentado considerablemente desde el inicio de la crisis de 2008, y relativamente más que en la mayoría de los países que integran la OCDE. Si bien, el desempleo juvenil es mucho más bajo que en el área de la OCDE en su conjunto, el porcentaje de jóvenes que no están empleados y que no están estudiando y/o en programas de capacitación, es considerablemente superior en México, lo que refleja el creciente desafío que el país tiene para mejorar los logros educacionales entre los jóvenes. Por ello, es imperativo contar con una ley de carácter general que establezca las bases y los principios para la articulación de acciones y políticas para la promoción integral de las juventudes, que considere las condiciones en que se desarrollan su cotidianeidad, les permitan asumir su función prioritaria en la sociedad mexicana. Dada estas razones, esta comisión considera necesario reformar el texto constitucional para establecer la obligación del Estado de promover el desarrollo integral de las y los jóvenes, así como facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en Materia de Formación y Desarrollo Integral de la Juventud. En consecuencia, es procedente y oportuno que esta Cámara de Diputados apruebe la minuta contenida en el presente dictamen que podrá generar justicia cotidiana para las juventudes. Especialmente, en medio de la pandemia Covid19, que ha generado externalidades en distintos ámbitos de la vida pública y privada. Se coincide con la pertinencia de reformar el texto constitucional, en razón de la necesidad para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados y municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales en materia de los que México es parte. Esta nueva legislación se complementará de manera natural para establecer lineamientos en materia de formación y desarrollo integral de la juventud. Es el caso concreto sin que sea necesaria la creación de estructuras administrativas adicionales. Esa ley general tendrá por objeto promover el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de la distribución de facultades, competencias, concurrencias y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. La generación de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. El establecimiento de los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de las personas jóvenes y la expedición de las bases generales para la participación de los sectores privado y social, en las acciones tendientes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas jóvenes. El reto está en la ley para coordinar los esfuerzos, los recursos institucionales y las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno en favor de los jóvenes con criterios y metas comunes. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Igualdad y no discriminación como horizonte del desarrollo y del bienestar inclusivo para México. Que todos los jóvenes encuentren el respaldo de las instituciones del Estado para su desarrollo integral, según sus necesidades y aspiraciones. No solo oportunidades sino derechos, de eso se trata. Quiero finalizar mi intervención señalando que esta reforma cumple con una deuda histórica, con los jóvenes, su aportación social y su capacidad de transformación de la sociedad, no mañana, hoy mismo. De igual manera, se mandata que los tres órdenes de gobierno participen en este proceso de acompañar el desarrollo de los jóvenes de manera coordinada, con criterios y estándares homogéneos, entendiendo que favorecer el ejercicio pleno de los derechos de las y los jóvenes es fundamental para una patria más grande y más justa. Por ello, pido a todos ustedes su respaldo para la aprobación de esta minuta que se pone a su consideración y que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales. Entendamos que esa es la etapa de la vida en la que nos definimos, en la que sabemos lo que vamos a aportar, lo que vamos a hacer para la sociedad. Y, por lo tanto, necesitamos tomar en cuenta su punto de vista para habilitar todas las políticas públicas, los temas, las acciones que se tengan que hacer con los recursos que cuenta el país, con lo que contamos en las instituciones. No creando más burocracia, no haciendo más engorroso el procedimiento de su participación y con mucha efectividad, el tomar su punto de vista y hacerlo valer. Eso es lo que nos compete y lo que presentamos el día de hoy en este dictamen. Muchas gracias.