El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Con su permiso, diputada presidenta. El desplazamiento forzado interno es un fenómeno cuya previsión y tratamiento adecuado se ha ido postergando durante muchos años. Esta situación ha prevalecido a consecuencia de fenómenos naturales y de algunos conflictos agrarios, lo que generaba la movilidad de personas o hasta una población completa. Dichos eventos no reconocidos, actualmente por el Estado mexicano, fueron más evidentes a partir del año 2000 a causa de diversas situaciones, entre otras, el crimen organizado y también los conflictos étnicos y raciales. A nivel mundial, el desplazamiento forzado interno se ha originado principalmente por conflictos bélicos, políticos, religiosos y ocasionalmente por desastres naturales. En nuestro país, desafortunadamente y durante las últimas administraciones, se ha negado dicho problema, donde en un principio se decían que eran daños colaterales o hasta nombrarlo como migración forzada y lo único cierto es que hoy en día tenemos miles de familias como víctimas que se les han transgredido sus derechos humanos en diferentes materias. Por esta razón, vale la pena recordar que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha sido un promotor en el reconocimiento de desplazamiento forzado interno como un problema real. El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la pasada legislatura, presentó en los años 2016 y 2017 diversas iniciativas para que se legislara sobre estos hechos y que lamentablemente se quedaron en rezago legislativo. Desde aquella época, Movimiento Ciudadano ha señalado la fragmentación de comunidades originarias y la movilidad forzada de familias que por amenazas o por miedo o violencia se vieron obligadas a escapar, abandonando sus posesiones y patrimonio o huir de sus lugares habituales, principalmente, a causa de la violencia y la inseguridad generalizada por el crimen organizado, secuestros o extorsiones. Los estados que más han sufrido dicho fenómeno son las entidades de Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, pero, en casi todas se han presentado fenómenos que de alguna u otra manera han afectado a diversas partes de la población mexicana. Esto ha traído como consecuencia que las víctimas carezcan de una plena protección física y psicológica, además de no contar con medios económicos y patrimoniales que den sustento digno de vida. Independientemente de los derechos que a los ciudadanos, como el acceso a la salud, vivienda, trabajo y educación, les da precisamente nuestra Constitución. Hoy, damos paso decisivo en esta materia para reconocer el desplazamiento forzado interno en México como un problema y, en consecuencia, se propone el reconocimiento de diversos derechos para enfrentar este fenómeno social, en conjunto, con la coordinadora y los demás coordinadores de las fracciones parlamentarias de esta Cámara presentamos la presente iniciativa en materia de desplazamiento forzado interno que hoy aprobamos en el presente dictamen, donde se destacan: Primero. La protección de garantizar los derechos humanos conforme a los principios constitucionales, donde el Estado debe prevenir, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos de las víctimas. Es decir, las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos para la recuperación, en la medida de lo posible, de sus posesiones, propiedades, documentos que hayan perdido a causa del fenómeno. Segundo. Independientemente de su estatus migratorio, condición física, creencia religiosa, étnica o preferencia sexual, el Estado mexicano debe proporcionar asistencia humanitaria a sus necesidades básicas, conforme a lo establecido por los tratados internacionales y la presente ley, y en mayor razón cuando se trata de mujeres que han sufrido abuso físico o psicológico. Tercero. Actualmente no existen datos certeros de cuántas víctimas de desplazamiento forzado interno hay en México, por lo que se propone en esta Ley General, un registro de identidad de personas desplazadas y la concurrencia que debe existir entre municipios, entidades federativas y la federación, es decir, una coordinación para la atención. Por estas razones, las y los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen, a fin de promover y garantizar las condiciones mínimas de humanidad, imparcialidad y no discriminación en contingencia y por causa de desplazamiento forzado interno en nuestro país. Este es un ejemplo de cómo se legisla en forma adecuada. Suscribimos todos los grupos parlamentarios, generamos una nueva Ley General y creamos nuevos derechos y nuevas posibilidades de su protección por todos los niveles de gobierno del Estado mexicano. Enhorabuena. Muchísimas gracias.