El diputado Manuel Salvador Salgado Amador: Compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero iniciar mi intervención manifestando que el Grupo Parlamentario del Partido Verde celebra con beneplácito los consensos de los diversos partidos políticos representados en esta Cámara. Los cuales han permitido que el día de hoy estemos discutiendo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en pleno cumplimiento a la obligación asumida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de junio del presente año. Hoy debemos reconocer aquí que el mayor reto y la mayor afrenta al Estado mexicano está en la inseguridad en que vivimos. La violencia en el país ha llegado a niveles críticos. Durante el presente año se han registrado más de cinco mil muertes relacionadas con el crimen organizado, estando entre las víctimas, narcotraficantes, agentes federales y civiles. De hecho en los 10 primeros meses del año hubo un incremento cercano al 10 por ciento en la comisión de delitos del fuero común. La impunidad y el aumento alarmante de víctimas han propiciado que amplios sectores de la sociedad se pronuncien a favor de la aplicación de la pena de muerte. En tal virtud, exigimos se abran los espacios institucionales para llevar a cabo un debate nacional sobre la pena de muerte. Diversas encuestas ciudadanas demuestran que los mexicanos están a favor de incrementar las penas, como medidas para inhibir la comisión de delitos. Inclusive, algunas de ellas evidencian el alto índice de aprobación de la pena de muerte que tiene nuestro país. En consecuencia, abramos el debate, es un reclamo social ante el cual no podemos ser omisos. En otro aspecto, el problema de la delincuencia es muy complejo, tiene raíces históricas, profundas y trasciende los límites de una administración. La ley y el Estado fueron rebasados. Por ello es momento de reformar al Sistema Nacional de Seguridad Pública para adecuarlo a las nuevas realidades. Aunque desde 1995 se llevó a cabo una importante reforma en materia de seguridad pública, la mayoría de las corporaciones policiales siguieron operando sin ningún cambio sustancial, ya que a pesar de que fue creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con dos instrumentos de coordinación: la carrera policial y el Sistema de Información Nacional, en este país la mayoría de las corporaciones policiales estuvieron funcionando por mucho tiempo sin controles en la contratación, permanencia y desarrollo profesional de sus integrantes. En concreto, la falta de control, metodología y sistemas para la operación, así como las condiciones laborales precarias, permitieron a la delincuencia utilizar la infraestructura de algunas corporaciones policiales. Lo anterior nos ha llevado a un escenario en el que urge una reforma integral en materia de seguridad pública. Por ello, confiamos que con la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que hoy discutiremos se establezcan las bases para dignificar las labores de los cuerpos policiales y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, así como abatir el índice delictivo e implementar un Sistema Nacional de Seguridad Pública que sea más efectivo y que dé lugar a una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Asimismo, estamos ciertos que con esta nueva ley se atacarán aspectos medulares que en materia de seguridad pública han contribuido a un aumento en el índice delictivo, entre ellos el deterioro estructural de las corporaciones policiales debido a la infiltración de la delincuencia organizada, la corrupción acompañada de deficientes esquemas de control y de confianza, el deterioro de las condiciones laborales, el desarrollo policial desigual en las corporaciones policiales federal, estatales y municipales, y la falta de una verdadera coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno. Durante años los mexicanos hemos exigido que el Estado garantice la seguridad pública y frene a la delincuencia. No podemos ni debemos seguir permitiendo que los delincuentes se refugien en instituciones débiles o en deficiencias de la ley. Por ello el Grupo Parlamentario del Partido Verde celebra una vez más la decisión de este órgano legislativo de participar en la modernización y transformación de nuestras leyes e instituciones, en materia de seguridad pública, mediante la regulación del Servicio de Profesional de Carrera en las instituciones de procuración de justicia, del desarrollo policial, del Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, y de la participación de la comunidad. Los mexicanos tenemos derecho a realizar nuestras tareas y nuestras actividades con la confianza de que la vida, la integridad y el patrimonio efectivamente serán salvaguardados por el Estado. Es cuanto, señor presidente.