La diputada Olga Leticia Chavez Rojas: Hoy vengo ante esta asamblea a presentar una iniciativa que ayudará a garantizar el pago de la pensión alimenticia para nuestros niños, niñas y adolescentes. El derecho de alimentos se establece en el artículo 4o. constitucional como un derecho humano del menor, de lo que se advierte que el derecho de alimentos sea trascendido el campo de derecho civil involucrando los derechos humanos para que todo menor pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, ya que el derecho de alimentos el cual engloba el vestido, la habitación, la asistencia médica, la educación y la recreación es directamente proporcional a las condiciones de bienestar de las niñas y de los niños para su sano desarrollo en todos los sentidos. El incumplimiento, pago parcial o insuficiente de la pensión alimenticia daña la integridad física y moral de los menores, pues los alimentos están destinados a cubrir sus necesidades básicas de su existencia día con día, por lo que no puede quedar en capricho del deudor de cumplir con esta obligación. Sin embargo, en nuestro país de acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 67.5 % de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, 3 de cada 4hijos de padres separados tampoco reciben pensión, lo que atenta contra el principio del interés superior de la niñez al vulnerar sus derechos de alimentación, nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y recreación, dejando a miles de niños y niñas y adolescentes en un estado de indefensión y vulnerabilidad, en un contexto donde las brechas sociales y económicas se siguen profundizando. Por ello, es urgente garantizar que los padres cumplan puntualmente con el pago de una pensión alimenticia para sus hijos menores de edad. Ya que, si bien en nuestro ordenamiento exigen diversas modalidades para garantizar el pago de alimentos como hipoteca, prenda, fianza, depósito o la detención de algún porcentaje del monto del salario del deudor alimenticio, esto no ha sido suficiente para asegurar el cumplimiento de otorga alimentos o bien la totalidad de ellos. Ejemplo de ello es la salida del país del deudor alimentario, la cual genera diversas complicaciones para hacer elegible su obligación. En apoyo a lo anterior, el Instituto para la Mujer, en la migración a sociedad civil, ha señalado que las obligaciones alimentarias internacionales esbozan grandes inconvenientes jurídicos, tanto de falta de regulación como de índole práctica, además, dicha hipótesis coloca en una situación de riesgo al menor, ante un posible incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, valiéndose el principio de interés superior de la niñez. Ya que conforme a dicho principio no es necesario que se generen daños o bienes a los derechos de los niños para que sean afectados, sino basta que estos coloquen en situación de riesgo, por lo que el Estado, como garante de este derecho humano, debe asegurar el cumplimiento de la obligación de dar alimentos, así como de tener una mejor elegibilidad en la vida interna. Por todo ello, la presente iniciativa tiene como finalidad establecer la restricción migratoria como medida cautelar, ante la circunstancia de que el deudor pueda ausentarse temporal o definitivamente del país para garantizar el pago de la pensión alimenticia, hasta en tanto la misma no se encuentre debidamente garantizada. Y hoy, compañeras y compañeros, espero que pronto la misma sea una realidad en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nada justifica el incumplimiento de la pensión alimenticia, defendamos a nuestros niños, no los abandonemos. Seguiremos luchando por los niños, las niñas y adolescentes en el Grupo Parlamentario de Morena y por lo pronto nuestro presidente, primero los pobres. Es cuanto, gracias.