El diputado Jorge Uscanga Escobar: Con su permiso, señor Presidente: del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Jorge Uscanga se permite someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción II del apartado B del artículo 20 constitucional. Exposición de Motivos En la actualidad, la víctima o el ofendido, en la averiguación previa y en el desarrollo de los procedimientos penales, tienen a su favor las garantías consignadas en el apartado B del artículo 20 constitucional. De esta manera, tienen derecho a recibir asesoría jurídica e informes sobre sus derechos y el desarrollo del procedimiento penal cuando lo soliciten. De igual manera, tienen derecho a coadyuvar con el Ministerio Público y a que se reciban todos los datos o elementos con que cuenten y también que se realicen las diligencias correspondientes. Se encuentra establecido que cuentan con otras garantías, como recibir atención médica y psicológica de urgencia y la reparación del daño. Finalmente, tienen derecho a solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio y, cuando se trata de menores de edad, en el caso de violación y secuestro tienen derecho a llevar a cabo sus declaraciones en las condiciones que establezca la ley por lo que hace a los careos porque ya no están obligados a realizarlos frente a sus presuntos agresores. El avance en este sentido es indudable, pero no podemos estar satisfechos. En materia de procuración e impartición de justicia y, desde luego, por lo que hace a la seguridad pública, el Estado tiene la obligación de salvaguardar la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad, posesiones y derecho de los gobernados. En consecuencia, todo esfuerzo encaminado a esos objetivos es importante y trascendente y más aun cuando se consagra con el carácter de garantía en la Constitución General de la República. En cuanto a las garantías de la víctima u ofendido, consideramos que es indispensable lograr un nuevo avance que permita cerrar el paso a la impunidad y a la injusticia en su perjuicio; poner a disposición de las víctimas u ofendidos el derecho de contar con mecanismos o instrumentos que les permitan, desde la averiguación previa, aportar con conocimiento de causa y asesoría de profesionales o personas de su confianza datos y elementos para integrar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, así como vigilar y dar seguimiento al curso de la investigación ministerial y el desarrollo de los procedimientos penales. Difícilmente, la víctima o el ofendido podrán ejercer su derecho a la inconformidad ante la propia representación social y, en su caso, al juicio de amparo por el no ejercicio de la acción penal, si a partir de que se enteran de esta resolución empiezan a buscar asesoría legal externa para ello. Cabe señalar que en el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales se establece un término de 15 días, dentro de los cuales la víctima u el ofendido podrán ejercer su derecho a la inconformidad, por lo que una vez transcurrido y sin que se haya ejercido opera la preclusión. Es importante destacar que al no haberse agotado el recurso de inconformidad, el juicio de amparo que se interponga será automáticamente sobreseído. En este orden de ideas, consideramos impostergable instituir con el carácter de garantía constitucional el derecho de la víctima u ofendido a designar desde la averiguación previa al profesional de derecho o persona de su confianza que autoricen para tener acceso a la averiguación previa de que se trate y que, con base en esto, los asesore, oriente y auxilie en el ejercicio de los derechos que la legislación penal les reconoce y tutela. Así, la víctima u ofendido podrán coadyuvar de mejor manera con el Ministerio Público para el cumplimiento de sus atribuciones y facultades, ya que el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 141, párrafo in fine, establece que la víctima u ofendido serán citados para comparecer por sí o por su representante designado en el proceso. En tal virtud, el derecho a designar representante en la averiguación previa, trátese de un profesional de derecho o persona de confianza de la víctima u ofendido, debe instituirse en su favor y elevar este derecho a garantía constitucional, lo cual consideramos de elemental justicia para los sujetos pasivos del delito. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del apartado B del artículo 20 constitucional Único. Se reforma la fracción II del apartado B del artículo 20 constitucional, para quedar como sigue: Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías: B) De la víctima o del ofendido. II. Coadyuvar con el Ministerio Público a designar representante legal o persona de su confianza que autorice para tener acceso a la averiguación previa y al proceso, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente, y muchas gracias.