La diputada María Chávez García: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Ley Minera que actualmente está vigente se redacta en un momento en el que los precios internacionales de los metales se encontraban a la baja, lo cual fue pretexto para elaborar una ley en extremo favorable para esta actividad, al grado de que en su articulado encontramos preceptos contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que México es firmante. Si bien se pretende que las concesiones mineras encuentran su fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es debatible si estas concesiones se han hecho conforme a lo dispuesto en este precepto constitucional, ya que el mismo señala que las concesiones son para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar la conservación de los recursos naturales, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. De igual manera valdría la pena valorar si con la entrega de estas concesiones se ha respetado lo dispuesto en la fracción XX del mismo artículo 27 constitucional, el cual establece el deber del Estado de promover condiciones para el desarrollo rural integral, generar empleo, garantizar a la población campesina el bienestar de su participación e incorporación en el desarrollo nacional. De igual forma, es cuestionable que la ley minera señale que las actividades de exploración y explotación y en beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere la misma sean de utilidad pública, que la actividad minera tenga prioridad sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que pueda tener el terreno, preceptos contemplados en el primer párrafo del artículo 6 de dicha ley. Al declarar la utilidad pública, las actividades de exploración y explotación y beneficio de los minerales, la ley permite que el Estado expropie a los dueños de las tierras donde se encuentran dichos minerales, para cederlos en concesión a las empresas mineras, sin importar que estas tierras sean terrenos de una comunidad indígena o dedicados a la siembra de alimentos, a la actividad forestal o silvicultura. Incluso, cuando dichos terrenos sean parte de un área natural protegida, no importa, la minería se impone. Por lo anterior no es de extrañarse que México sea de los países americanos con más conflictos sociales provocados por la minería, tan solo por debajo de Chile y Perú. Pero el que la minería sea utilidad pública es cuestionable, porque la actividad no se ajusta a la interpretación que a este concepto jurídico ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado en claro en qué casos se da este supuesto. El concepto de utilidad pública no debe ser restringido sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas, y por ello se reitera que genéricamente comprende tres causas: La pública, propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos. La social, que satisface de manera inmediata y directa a una clase social determinada y mediante toda la colectividad. Y la nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de aportar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional. De esta interpretación de la Corte no vemos cómo una actividad que por sus concesiones paga al erario público tan solo el 0.6 por ciento del valor que alcanza su producción, además de ser el valor de producción 173 veces mayor a lo que pagaron en impuestos, constituyéndose un negocio multimillonario para unos cuantos, como lo es en la minería, se pueda ajustar a lo que debemos entender por utilidad pública. En pocas palabras, en la minería no existe ni interés público ni utilidad pública, solo interés privado y utilidad particular. Además de lo anterior la minería, cuyas concesiones son por 50 años, con posibilidad de ser prorrogadas por igual periodo. Por sus características genera impactos ambientales y sociales que en varios casos, como lo es la de cielo abierto incluye a cualquier otra actividad productiva y que deja los terrenos inservibles para cualquier otro uso posterior. Pero aumentando a las comunidades puede contribuir al desarrollo rural integral, garantizando a la población campesina el bienestar y fomentar las actividades agropecuarias forestales para el óptimo uso de la tierra. Es decir, no es claro cómo despojando a las comunidades agrícolas de sus tierras para otorgarlas a la minería se pueda garantizar a la población campesina su bienestar o garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Entonces, vemos que el artículo 6o. de la minería es violatorio a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pues en una actividad económica se le coloca por encima de la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y de los núcleos agrarios. En cuanto a los artículos 13 y 13 Bis de la Ley Minera, cuando menos en el caso de terrenos de interés para la minería que al mismo tiempo son parte del territorio de una comunidad indígena, estas disposiciones de la Ley Minera son aberraciones jurídicas que contradice a la propia Constitución, cuando menos en su artículo 2o., ya que este tutela el derecho de las comunidades indígenas sobre las tierras que han ocupado por siglos y en contra parte la ley en comento solo pretende reconocerles prelación en los concursos sobre las concesiones para explotar dichos terrenos, dándoles un trato de empresa, pese a que en realidad en cantidad de recursos económicos se encuentran en clara desventaja con respecto a las grandes empresas mineras. De igual forma, estos artículos son contrarios a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Si bien en la iniciativa que da pie a la presente intervención, argumentamos el por qué los artículos señalados de la Ley Minera son contrarios a estos tratados. Aquí por razones de tiempo tan solo comentaremos el criterio...