La diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias, presidente. Aprovecho para desearle a usted y a todos los integrantes de esta Legislatura un muy feliz año 2015. Vengo a presentar iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos para permitir y crear la pensión para personas con discapacidad, así como el Registro Nacional de Personas con Discapacidad en México. Le pido a la Mesa Directiva que esta iniciativa sea turnada al Senado de la República para su evaluación. Me parece importante hacer antes de presentar los argumentos una reflexión. ¿Qué Estado mexicano queremos construir en el siglo XXI? ¿Uno que se limita a entregar 2.5 millones de televisiones por un valor de 5 mil millones de pesos y al mismo tiempo les niega la posibilidad de apoyo a las personas con discapacidad en México? Me pregunto si realmente queremos construir un Estado basado en el respeto a los derechos humanos y ayudar a los menos favorecidos. Y es por ello que esta iniciativa de reforma constitucional busca homologar este apoyo para que todas las personas en México puedan gozar de esta pensión de las personas con discapacidad. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, el porcentaje de personas con discapacidad en México es del 5.1 por ciento de la población. La discapacidad se presenta con mayor frecuencia, es la imposibilidad de caminar o de moverse, 58 por ciento. Seguida de la discapacidad visual 27 por ciento, y la incapacidad de comunicarse o escuchar 21.3 por ciento. Las principales causas de la discapacidad son las adquiridas ya sea por alguna enfermedad, por edad avanzada o accidente, mientras que las provocadas desde el nacimiento solo representan el 16.3 por ciento de los casos. La distribución por edad de las personas con discapacidad es muy importante ya que la intervención requerida es distinta. En 2010, el 41 por ciento de las personas con discapacidad tenía más de 60 años y otro 33 por ciento tiene entre 30 y 59 años. Este fenómeno obliga a que la atención se concentre en la prevención de enfermedades y accidentes así como en la readaptación social y laboral de estas personas. Al analizar la incidencia de pobreza entre las personas con discapacidad, se observa que en los hogares donde se encuentran estas personas aumenta la probabilidad de estar en situación en pobreza en cuatro por ciento respecto a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Quienes tienen mayor porcentaje de personas en pobreza son los hogares con presencia de alguna persona que no puede poner atención o aprender, seguido de los que no pueden escuchar y quienes no pueden atender su propio cuidado personal, estos grupos tienen a más del 59 por ciento de los hogares en situación de pobreza. Por un lado, la situación de discapacidad genera gastos adicionales en las familias de este grupo de la población además de demandar mayor tiempo de cuidado, lo que a su vez provoca que tanto ellos como sus familiares dediquen menor tiempo a trabajar lo que reduce con ello más el ingreso disponible de las familias. El promedio de horas destinado al cuidado de familiares cuando los hogares tienen algún miembro con discapacidad puede llegar a ser igual que cuando hay niños menores de seis años, que es el equivalente a 34 horas semanales, o adultos mayores 24 horas semanales. En cambio, en hogares donde no hay ni niños menores a seis años ni personas mayores a 65 el promedio de horas semanales dedicado al cuidado es sólo de 18. En México, al igual que en el resto del mundo, en la atención a personas con discapacidad ha predominado la visión de la salud y la rehabilitación. Los años ochenta marcan el inicio formal de la atención a las personas con discapacidad a partir de la promulgación de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y la creación del Programa de Rehabilitación siendo el Sector Salud el responsable de esta atención. A partir del 2001 comienza la transformación hacia un criterio de inclusión social con la creación del Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la promulgación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, sin embargo esta visión no se ha consolidado ya que orgánicamente el tema siguió siendo solamente parte y responsabilidad de la Secretaría de Salud. Con la aparición de la Conadis se buscó ampliar el ámbito de acción al designarle la tarea de coordinación interinstitucional en la materia, velando por la no discriminación y el acceso a políticas sociales, educativas y laborales. Sin embargo esta coordinación ha sido escasa, en parte por estar adscrita a la Secretaría de Salud y en parte por la falta de recursos financieros y humanos. El enfoque de ambos programas ha sido de salud, por lo que puede decirse que en la Conadis no se cumplió con los objetivos para los que fue creado, que estaban basados en el concepto de la inclusión social. Por su parte la Secretaría de Desarrollo Social ha considerado a las personas con discapacidad como un grupo vulnerable, más dentro de sus programas ordinarios sin tomar en cuenta las necesidades particulares de estas personas. Hoy en día existen programas de asistencia social para distintos grupos de la población donde las personas con discapacidad quedan fuera. Para fomentar la permanencia escolar y la prevención en materia de salud de las personas en pobreza, Oportunidades otorga transferencias en efectivo condicionadas. Las personas mayores de 65 años reciben asistencia económica regular para ayudar a su cuidado y su manutención. Las madres trabajadoras recién apoyo para mandar a sus hijos pequeños a estancias infantiles mientras ellas trabajan. Sin embargo las personas con discapacidad y sus familias no tienen y no existe ningún programa federal, actualmente, que les permita compensar los gastos adicionales en los que incurren estas familias ni el tiempo destinado a su cuidado. La Organización Mundial de la Salud conjuntamente con el Banco Mundial en el Informe Mundial Sobre la Discapacidad, propone a los países la creación de programas de transferencias monetarias condicionadas para las personas con discapacidad. En México este tipo de programas han sido ejemplo a nivel internacional, sin embargo las personas con discapacidad no han sido consideradas dentro de ellos. Por ello se propone que el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, lleve a cabo un programa con estas características. Si bien cada tipo de discapacidad necesita cosas distintas, en todos los casos las familias incurren en gastos adicionales. En algunos casos se necesitan terapias físicas o aprendizaje de elementos particulares, en otros se requiere acceso de herramientas tecnológicas o apoyo físico, en otros más es necesario el cuidado de un familia ro persona profesional. Estos aspectos son variables de acuerdo a la edad de las personas con discapacidad, el tipo de discapacidad, el arreglo familiar e incluso la localidad en la que habitan. Lo que es común es que en todos los casos existen gastos adicionales que disminuyen el poder adquisitivo de las familias, las transferencias monetarias para las personas con discapacidad ayudarían a compensar los gastos adicionales que realizan estas familias y permitiría que fueran los propios afectados quienes decidieran el mejor destino de estos recursos de acuerdo a sus necesidades más urgentes. Algunas de estas cosas a las que podría contribuir este beneficio son: acceso a bienes, tecnología y servicios específicos para cada tipo de discapacidad, compensar los gastos de cuidados derivado de la disminución de las actividades laborales de los familiares que realizan estas actividades, el pago de personas encargadas del cuidado o instituciones de apoyo, terapias de rehabilitación o para el aprendizaje de habilidades especiales, aprendizaje de herramientas que faciliten el acceso a la educación regular, acceso a programas de capacitación laboral especializados, apoyo en gasto de transportes. Se sugiere que el programa tenga dos vertientes de apoyo monetario: 1. Apoyo monetario bimestral de compensación a los gastos recurrentes y periódicos. Por razones de equidad en la seguridad social se sugiere que este monto sea igual al que reciben las personas del programa 65 y más que es un equivalente a mil 50 pesos bimestrales. 2. Apoyo de una única vez para la adquisición de herramientas físicas o tecnológicas que faciliten la movilidad en los espacios públicos así como la inserción de los individuos en las escuelas y centros de trabajo. Se sugiere que este monto sea variable para cada uno de los tipos de discapacidad y exista una lista de productos a los que se puede acceder como son el software para personas invidentes, sillas de ruedas, aparatos auditivos, entre otros. Es importante hacer una distinción en las discapacidades para también poder atenderlas de manera correcta y ejercer el gasto de manera eficiente. Por eso se propone que haya en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que ya se establece, puede crearse ya la clasificación nacional de discapacidades y pueda operarse también lo que es el padrón nacional de personas con discapacidad. Es importante, compañeras y compañeros que México retome la posición de ser un estado que vela por los más necesitados. Es importante que veamos y podamos apoyar a las familias con algún miembro que tiene una persona con discapacidad, me parece que esto ayudaría a realmente crear un Estado que vele por los derechos humanos y ayude sobre todo a los más necesitados en el siglo XXI. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores. La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales.