El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como finalidad el adicionar determinados artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, concretamente a los artículos 1, 3, 4, 5, 7 y 11 en la propia ley. ¿Por qué es importante hoy en día que adicionemos estos artículos? Quisiera destacar, primero, que el acceso a la información es parte fundamental de todo proceso democrático. Durante muchos años en nuestro país se había discutido y se sigue discutiendo sobre este tema. No puede concebirse que en pleno siglo XXI, autoridades de los tres niveles de gobierno: El Federal, el estatal y el municipal, sigan manejando recursos públicos sin rendir cuentas a nadie; no puede aceptarse que poderes de facto y también hay que decirlo, los propios partidos políticos, estemos manejando los recursos públicos sin rendir cuentas con toda la transparencia y la claridad que el pueblo de México está demandando. Vale la pena destacar, por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que el primer antecedente en este tema lo tenemos en el año de 1977, en donde se adicionó el artículo 6º constitucional, agregando las palabras "el derecho a la información", que desde luego, estos son como varios de los derechos que tiene la Constitución y que no se cumplen, como a la vivienda, a la alimentación, a la salud y una serie de derechos establecidos en la propia Carta Magna. Por eso es que después de varias discusiones y debates de académicos, comunicadores e intelectuales, empezaron a trabajar en diferentes foros en toda la república, con el objeto de que pudiéramos contar con una ley que permitiera a todo ciudadano poder contar con la información, por lo que se refiere al manejo de los fondos públicos federales, y por otro lado también poder contar con la información suficiente para que se sepa con toda claridad, de diversas acciones que se hacen y realizan en la Administración Pública Federal. Sí debemos reconocer que el actual Gobierno Federal tuvo la decisión y la voluntad de trabajar en esta materia. Lo hizo desde que se creó el Grupo de Trabajo de Transición; lo hizo posteriormente estando ya en funciones de gobierno. Por eso es que el 30 de abril del año 2002, por unanimidad, fue aprobada esta nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que posteriormente fue publicada el 11 de julio del mismo año. No solamente se aprobó la ley, también se pensó en la creación de un órgano en el cual hubo una gran discusión, ya que por un lado se pretendía que hubiera un instituto nacional autónomo para requerir, vigilar y fiscalizar al poder público federal, y por otro lado, un órgano que cumpliera con estas atribuciones y que pudiera satisfacer la demanda de todos los mexicanos. Consideramos como partido que contamos con una buena ley y con un órgano autónomo que cuenta con la confianza de todos nosotros, a pesar de que existen ciertas cuestiones, todavía aún no definidas, que no son suficientes para poder contar con lo que requerimos para saber si se maneja o no correcta o incorrectamente la Administración Pública Federal. El tema que hoy estamos poniendo a la consideración de ustedes tiene que ver precisamente con los partidos políticos. Un partido político, y creo que vale la pena redundar en ello, es una entidad de interés público de acuerdo con nuestra Constitución. Y lo único que prevé, que fue la consideración que se hizo en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que el Instituto Federal Electoral puede solicitar los informes, practicar las auditorías, en fin, que el IFE sea el órgano el cual puede atender este tipo de cuestiones. Por otro lado, los medios de comunicación, los diferentes actores políticos, están preocupados por el proceso electoral del año 2006, en donde se tiene la justificada preocupación de saber cuál va a ser el origen de los fondos públicos para el manejo de las campañas. Y tienen razón, vemos con grave preocupación que cada día las campañas políticas son las más costosas de muchas partes del mundo, a pesar de ser un país en donde la mitad de su población hemos hecho esta clasificación extraña de extrema pobreza y pobres, como si una lámina cambiara su condición de angustia y de necesidad. Por eso en el Partido Convergencia creemos que deben ser en primera instancia los propios militantes los que deben de tener el derecho de saber cuales son los manejos y cuántas son las cantidades que ingresan al partido político al cual pertenecemos. Por eso la sociedad también tiene derecho a saber, de una manera clara y transparente, el manejo de los fondos públicos de los partidos políticos y no solamente confiar en una institución de buena fe, que aquí aprobamos, para decirnos si se manejan o no bien los recursos públicos. Por eso la única situación que hoy estamos planteando en esta edición es que todo lo que hoy se está pidiendo de transparencia hacia el Gobierno Federal por lo que se refiere a los fondos públicos, en cada uno de los artículos a que he hecho referencia, simplemente se está agregando la palabra "y a los partidos políticos", "y a las asociaciones políticas nacionales". Y si tomamos en cuenta que probablemente tengamos 2 mil agrupaciones políticas nacionales, creo que vale la pena, a tiempo, hacer las modificaciones necesarias para que exista una verdadera fiscalización, pero sobre todo en los partidos políticos si verdaderamente queremos evitar que los partidos cuenten con recursos de origen desconocido o que cuenten con los recursos que no deben excederse a los topes que se fijan en las respectivas campañas. Muchas gracias.