El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia: Con su permiso, presidenta. Honorable asamblea, hago uso de esta tribuna para abundar sobre la declaratoria de validez de la reforma a los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio. Cabe señalar que se trata de la primera reforma constitucional que inicia y concluye esta legislatura. Que el consenso alcanzado pasó por la negociación, el análisis, la opinión y el escrutinio de organizaciones, ciudadanos e instituciones que estuvieron al tanto del proceso. Asimismo, se ha cumplido la norma del proceso reformador, que implica la aprobación por parte de las legislaturas estatales, quienes, bajo el principio de federalismo y contrapeso político, también discutieron y analizaron el tema. Esta reforma tiene plena justificación porque en México la corrupción ha afectado gravemente el desarrollo de nuestro país y la sociedad mexicana. Muchos funcionarios o servidores públicos que han ocupado cargos en los tres Poderes y niveles de gobierno, han cometido excesos y abusos constitutivos de delitos, responsabilidades administrativas y civiles, ante la falta de una legislación, como la presente. Como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y como mexiquense, cito como ejemplo los siguientes: En el Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación, que inició proceso por las presuntas responsabilidades administrativas de funcionarios en el mal uso de recursos públicos, mediante contratos hechos con la Secretaría de Desarrollo Social, entre el 2013 y el 2015, dentro de la llamada estafa maestra, actualmente en investigación. De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2017, en materia de salud, encontró varias vías a través de las cuales el Presupuesto federal etiquetado terminó en sueldos de personas que ya no trabajaban, otras que nunca trabajaron. Pagos excedentes en contratos, que están pendientes de aclaración o que simplemente no se aplicó. La corrupción destruye la confianza de la sociedad y evita el desarrollo económico. La principal motivación de esta reforma constitucional radica en privar del derecho de propiedad. Es decir, afectar las ganancias económicas, producto de conductas delictivas, por cualquier persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública y que dicho delito tenga que ver con un delito en materia de corrupción. Por ello se estimó procedente la reforma constitucional que se plantea, en este caso la acción de extinción de dominio, para privar del derecho de propiedad a aquellas personas respecto de bienes que son instrumento producto de delitos por hechos de corrupción, sin lugar a compensación, retribución o indemnización alguna. Dicho lo anterior, esta declaratoria da cuenta de que es posible lograr acuerdos en la diversidad política del México actual. Ahora juntos debemos impulsar el compromiso por la paz y por la justicia, de modo tal que las reformas a los artículos 22 y 73 en materia de extinción de dominio sean ejemplo cotidiano para el diálogo y la voluntad política. Debemos estar orgullosos porque hemos logrado el acuerdo para recuperar en forma legal y efectiva los bienes producto de la delincuencia y la corrupción. Pronto vendrá la publicación en el Diario Oficial de la Federación y nos tocará expedir la legislación única en materia de extinción de dominio, porque el compromiso es recuperar la confianza de los ciudadanos, que tengan la certeza de que el delito no paga, que los bienes que son utilizados por la delincuencia o que resulten fruto de la misma, pasarán a ser propiedad de todos los mexicanos, que estos bienes serán utilizados en una adecuada reparación a las víctimas de la delincuencia y a la prevención del delito. Debo señalar que con la emisión de una legislación única abonamos a la seguridad jurídica y a la certeza para los ciudadanos, evitamos contradicciones y procedimientos diversos. Queremos dar el mensaje claro de que no habrá más impunidad ni se solapará el enriquecimiento ilegítimo por actos de corrupción. El compromiso de este Poder Legislativo es dar la señal inequívoca de que nadie se puede enriquecer indebidamente ni beneficiarse a costa del sufrimiento, la vida o la libertad de otros. Ese es el reto que aún tenemos ante la emisión de la legislación única que tenemos a la puerta y poder hacer realidad la máxima de la honrosa medianía a la que aspiraba Benito Juárez en el ejercicio del servicio público. Por su atención, gracias.