LA DIP. MARIA DEL ROSARIO HERRERA ASCENCIO: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas: Los suscritos diputados y diputadas federales de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la situación que prevalece en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca al tenor de las siguientes consideraciones. 1.- Durante el presente año los habitantes de Unión Hidalgo comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, han vivido una intensa etapa en la lucha por la defensa de sus derechos. Desde febrero del 2003, por demandar la trasparencia en el uso de los recursos municipales han vivido y resistido la represión y la persecución de las autoridades municipales. La lucha de los unihidalguense comenzó el 22 de diciembre del 2002, cuando el Presidente Municipal Armando Sánchez Ruíz presentó su primer informe de gobierno, en el que sólo pudo justificar gastos por tres de los aproximadamente 11 millones de pesos que recibió ese municipio de la planicie costera del sur del Istmo de Tehuantepec. Dicho Presidente Municipal es tesorero de la empresa Desarrollo Acuícola Oaxaca-Pacífico S.P.R., creada con la intención de esquivar las sanciones que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, había aplicado en febrero del 2001 a Camarón Real del Pacífico Triple S, la cual presidía en ese entonces. La sanción obedeció a que la empresa desmontó un número considerable de hectáreas de manglar y a que inició trabajos sin contar con el permiso para el uso de la zona de reserva federal marítimo-terreste. Además el edil, el síndico y el secretario municipal, abusando de su investidura, han adquirido terrenos comunales. Para vigilar y garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos municipales y la preservación de su medio ambiente, ciudadanos unihidalguenses presentaron ante la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local, la petición de una auditoría al ayuntamiento. En respuesta, la legislatura oaxaqueña informó que el 13 de febrero asistiría a Unión Hidalgo una comisión para analizar las finanzas locales, la comisión no llegó y unos mil habitantes decidieron manifestar su inconformidad frente al Palacio Municipal. Ahí el Presidente ordenó, según diversos testigos, disparar contra esa protesta pacífica, resultando muerto Manual Salinas Santiago y heridas 10 personas. Hasta ahora ese crimen sigue impune. El 18 de febrero un conjunto de ciudadanos presentó la demanda formal de desaparición de poderes ante el Congreso, petición que es ratificada el 6 de marzo. Hasta el momento la legislatura no ha respondido a esa solicitud. El desvío de fondos municipales, el homicidio y las lesiones a ciudadanos pacíficos que ejercían su derecho a manifestarse, no han significado nada para esa institución. El Presidente municipal formó un grupo de choque con personas ajenas a la comunidad, que amedrentan y golpean a sus habitantes. Estas fuerzas han chocado con el pueblo en diversas ocasiones. El 14 de marzo y 13 de mayo se libraron órdenes de aprehensión contra integrantes del Consejo Ciudadano Unihidalguense, de éstas sólo se han ejecutado tres, contra Carlos Manso, detenido el 14 de mayo y al día siguiente contra Luis Alberto Marín López y Francisco de la Rosa Gómez. Este último fue liberado el día 11 de julio. Otros participantes del movimiento tienen órdenes de aprehensión que penden como amenaza sobre sus cabezas. Paradójicamente, la demanda presentada por el pueblo contra sus represores no ha recibido el mismo trato: no fincó responsabilidad alguna contra el Presidente y síndicos municipales por los hechos ocurridos del 13 de febrero y sus secuelas. Tres. El 22 de mayo un grupo de ciudadanos de Unión Hidalgo se traslada a la Ciudad de México para solicitar la intervención de la Secretaría de Gobernación. Permanecen en plantón 5 días, pero regresan sin un compromiso de la institución por resolver el conflicto. El Gobierno Mexicano no ha respondido a la recomendación presentada por Amnistía Internacional sobre el caso, por el contrario, sólo ha informado que se seguirán las averiguaciones emprendidas en el caso y otras de las cuales no se tenía conocimiento. El Gobernador, José Murat Casab, prometió el 2 de junio en una mesa de negociación que no se ha instalado. El 19 de junio mueren en un accidente de carretera Luis de la Rosa y Juanita Gutiérrez, miembros del Consejo Ciudadano, que se dirigían a Oaxaca a dialogar con el Gobernador. El 24 se niega a resolver el conflicto hasta antes de las elecciones del 6 de julio. Pasado éstas, el conflicto no ha avanzado hacia su resolución. La situación se ha agravado con el asesinato el 17 de agosto del diputado local y abogado defensor de los presos unihidalguenses, Carlos Sánchez López . Según las averiguaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, el asesinato obedeció a un asalto callejero. Existen dudas fundadas de que esto haya sido así, por el contexto político en que se da y porque dicha versión sostenida desde el primer momento por Wilfrido Almaraz Santibáñez, Procurador Estatal, no ha tomado en cuenta todas las declaraciones relativas al caso y ha soslayado otras evidencias. Este crimen constituye un eslabón más de la cadena de inestabilidad e ingobernabilidad que se vive en la entidad. El 6 de agosto pasado, en el seno de la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura, nuestro grupo parlamentario presentó un punto de acuerdo relativo a este asunto que no se dictaminó. Consideramos indispensable que esta soberanía se pronuncie sin tardanza sobre estos graves acontecimientos que cada día amenazan la integridad de ciudadanos, cuyo mayor crimen es combatir la impunidad. Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia se manifiestan por que este conflicto se resuelva conforme a derecho y porque quienes tienen como deber cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y las leyes que de ella emanen, efectivamente lo hagan. Es intolerable que la protesta ciudadana genera una persecución sin cuartel contra los ciudadanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los y las legisladoras suscritas proponemos ante Honorable Asamblea, el siguiente: Punto de Acuerdo Primero.- Dentro del marco republicano de división de Poderes y con respeto al principio federal, la Cámara de Diputados manifiesta su preocupación sobre la vigencia del estado de derecho en el Municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, la integridad física de sus habitantes, el destino de recursos públicos federales radicados en ese municipio y la actuación de las autoridades estatales ante la situación ahí generada. Segundo.- Hace un respetuoso llamado al Congreso local del estado libre y soberano de Oaxaca, para que a la brevedad atienda las solicitudes de auditoría termino- al ejercicio de los recursos municipales de Unión Hidalgo y de las desaparición de poderes de ese municipio; presentada por ciudadanos de la localidad. Tercero.- Solicita respetuosamente el Poder Judicial de estado libre y soberano de Oaxaca, que se resuelva conforme a derecho la situación de los ciudadanos Carlos Manzo y Luis Alberto Marín, presos en el Centro de Readaptación Social de Tehuantepec, así como la situación de otros ciudadanos contra los que se han celebrado órdenes de aprehensión. Para concluir yo solamente quiero pedirles que solicitamos respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del estado libre y soberano de Oaxaca, a que se finquen responsabilidades contra los autores materiales e intelectuales de los actos de violencia cometidos contra la población civil de Unión Hidalgo.