El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Muchas gracias, presidente. Doy cuenta a este pleno de las reservas presentadas en el artículo séptimo y décimo primero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos. En la primera, relativa a las reasignaciones contenidas en el Ramo general 23, Condiciones salariales y económicas, se propone que podrán ser ejercidas únicamente a través de otros ramos, cuando se funde y motive el beneficio del traspaso que se propone, observando el principio de máxima publicidad. ¿Qué implica? Cerrar la discreción en la aplicación de los recursos en uno de los ramos generales. Discreción que se manifiesta en el modo de ejercer el gasto e instrumentar políticas públicas. Discreción que se manifiesta en actos de protocolo político con afanes triunfalistas, como lo fue el anuncio de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, en el cual se estima una inversión de 169 mil millones de pesos, de los cuales 127 mil 400 millones serán para la infraestructura aeroportuaria. Es decir, la terminal, torre de control, pistas e instalaciones auxiliares. Se ha hecho público que para el diseño, ingeniería y gestión del proyecto se destinarán 20 mil 500 millones de pesos. Respecto a obras hidráulicas como lagunas, túneles y canales se destinarán 16 mil 400 millones de pesos y para obras sociales 4 mil 700 millones de pesos, cuestionando a la secretaría en la que se integraron las propuestas por parte del Ejecutivo federal, en contrasentido al discurso de publicidad y competitividad que demagógicamente usan en la justificación de sus reformas estructurales. Para el próximo ejercicio de 2015 se destinarán 16. 2 mil millones de pesos para el nuevo aeropuerto de la ciudad. Queda duda en su ejercicio con transparencia por ser un proyecto construido a puerta cerrada. Por otra parte, presidente, atendiendo a los principios de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, toda autoridad está obligada a garantizar y prevenir la violación de estos. Les reitero de nueva cuenta sobre todo a los miembros de la Mesa Directiva, y a usted señor presidente, la actitud y los principios determinan la legitimidad de la función pública. En el caso particular, el artículo 11, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos precisa que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ella. Por otra parte, el artículo 6, fracción VI, del Reglamento de esta Cámara, establece el derecho de cada una de los y las diputadas y diputados, el derecho de hacer las manifestaciones que se consideren necesarias en las intervenciones autorizadas por el Reglamento, precisando que el uso de la tribuna que yo he hecho, lo hago y lo hice con plena observación del Reglamento, y si no yo pediría, presidente que me dijeran en qué artículo no lo observé, que se me leyera el artículo respectivo. Por cierto, cuando yo hice caso de un diputado que en la LIV Legislatura uso este recurso extraparlamentario o parlamentario, fue Manuel Marcué Pardiñas. Las actitudes de intolerancia son las que eliminan o anulan el estado de derecho.