El diputado Alejandro Avilés Álvarez: Parece increíble, pero cierto. Ni una mayoría como la conseguida en las pasadas elecciones ni la legítima votación de más de las dos terceras partes de los integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión ni la aprobación por la mayoría de las legislaturas locales es suficiente para hacer admitir a la oposición y a los defensores de los privilegios del pasado que la transformación del Poder Judicial, desde la modificación de nuestra Constitución, es legítima y legal, sin mencionar que es urgente y necesaria. Podemos afirmar entonces que nada los hará cambiar de parecer y que cualquier intento por razonar con ellos es inútil. Ante tal contexto, lo conducente hubiera sido que se limitaran a administrar lo poco que les queda y esperar su desaparición una vez que la sociedad los viera realmente como son, oportunistas y defensores de unos cuantos privilegiados a cambio de su moche garantizado. Sin embargo, ese no fue el caso, y continuaron usando cualquier tipo de artimañas para confundir y desinformar a la población, además de impulsar supuestos recursos legales, caracterizados por ser irrisorios o totalmente infundados, si no es que ambos. Lo peligroso y realmente alarmante es que, contrario a lo que cualquier abogado decente y con conocimientos básicos hubiese respondido, se optó por intentar crear una narrativa desde el mimo Poder Judicial, sobre la infundada e ilegal decisión de que ellos podían decidir sobre la validez de la reforma que votó el pueblo de México. Ante tal situación, y con miras a evitar que este desesperado intento por mantener algo de su poder resultase en la afectación de nuestro orden constitucional y en la propagación de incertidumbre sobre la impugnabilidad de nuestra Carta Magna, documento rector de nuestra sociedad. La mayoría electa por los mexicanos el 2 de junio buscó una manera de salvaguardar la prelación de nuestra Constitución, con el fin de mantener el orden legal y certidumbre jurídica. Eso estamos votando el día de hoy, la claridad de siempre por encima de cualquier cosa. Se encontrará la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. La máxima expresión de cualquier sistema democrático. Al respecto vale la pena señalar que no se trata de integrar algo inexistente. Más bien se busca eliminar la duda sembrada por la oposición y la saliente Corte, ratificando los principios y preceptos que han guiado a nuestra nación y esa misma Corte, la cual hoy trata de acomodar su discurso a sus nuevas necesidades. Sobre esto último sólo quiero resaltar cómo es impresionante la facilidad con la que aquellos, quienes se suponía que eran los máximos juristas de la nación, olvidaron resoluciones en las cuales se confirma exactamente lo mismo que buscamos: reafirmar con la presente reforma. No se le puede permitir a alguno de los Poderes de la Unión actuar en su conveniencia, y no a favor de la sociedad mexicana. En suma, debe quedar claro: a los necios y a quienes se vieron confundidos por las mentiras de los falsos defensores de la ley, que se debe respetar nuestro marco normativo y sus previsiones para proteger la voluntad del Constituyente, la cual, en última instancia, es la voluntad del pueblo. Por ello y para frenar a quienes intentan tergiversar la ley y arrogarse facultades que no les corresponden, es urgente actuar contra esos intentos carentes de legitimidad y fundamento, eliminando cualquier duda sobre la primacía de nuestra norma suprema y garantizando siempre desde el texto constitucional que nadie, pero nadie, está por encima de ella. Muchas gracias.