El diputado Iván García Solís: Gracias ciudadano presidente. Ciudadanas y ciudadanos legisladores: La educación en México requiere cambios. Cambios a los contenidos, a la estructura del sistema, desde luego al financiamiento que es insuficiente. Pero es necesario también y ello abarca todos los temas mencionados, hacer reformas legales que permitan un avance educativo mayor. El artículo 3o. aprobado por el Constituyente de 1917 y las normas que rigen la educación en nuestro país, han experimentado numerosos cambios. En 1921 fue reformado el artículo 73 constitucional para que el Congreso pudiera distribuir la función educativa entre la Federación, estados y municipios, así como para establecer y organizar en toda la República escuelas de distinto tipo. Esto fue muy importante pues permitió iniciar la construcción del vasto sistema educativo de que hoy disponemos. En ese mismo año, se aprobó una Ley de Educación preparada por José Vasconcelos que establecía la dirección educativa a través de una red de consejos en que estaban representados los estados, los municipios y los centros educativos. Este ordenamiento no fue aplicado pues se impuso una inercia centralizadora que depositó en el Poder Ejecutivo Federal las decisiones en esta y en otras materias. Es sin embargo y por eso aquí lo cito, un valioso antecedente que da raíz y razón a la propuesta que hoy presentamos. En 1934 se reformó el artículo tercero nuevamente, otorgándose al Estado la facultad de establecer los planes y programas de enseñanza y se instauró la educación socialista de contenido democrático y nacional manteniendo su carácter laico y gratuito. Señalo de manera especial que aquí se incluyó ya la facultad del Estado para establecer planes y programas. En 1946, una nueva reforma enfatizó el carácter democrático de la educación y proclamó la formación armónica e integral del ser humano. La Ley federal de educación, aprobada en 1973 fue más allá y reforzó la participación del Poder Ejecutivo Federal, ya no del Estado en general, en la determinación de los planes y programas de estudio y de observancia en toda la República. Estoy dando cuenta de este proceso de centralización de decisiones en materia de contenidos educativos a lo largo de la legislación vigente y sus antecedentes. En 1992 la reforma impuesta por el gobierno Salinas, además de restringir indebidamente la gratuidad de la educación, estableció que la facultad de determinar los planes y programas fuera exclusiva de la Federación. Y si bien el texto agrega que será considerada la opinión de las entidades federativas y la sociedad y así lo consigna la Ley General de Educación, esto lo sabemos todos- no se cumple, no hay esa consulta, no hay esa consideración para las comunidades educativas ni para la sociedad en general. Hoy, ciudadanas y ciudadanos legisladores, nuestro país vive la contradicción entre una sociedad crítica y con creciente capacidad de propuesta, y una política cada vez más autoritaria y centralizada en muchos aspectos que excluye opiniones valiosas e informadas y lleva a imposiciones injustas y finalmente ineficaces. En educación, los ejemplos son numerosos. De manera endémica se comprueba el fracaso de reformas y aún de revoluciones educativas que no correspondieron con las necesidades del país. Ejemplo vivo y reciente es el empeño del gobierno Fox por imponer una llamada Reforma integral de la educación secundaria, que desdeña las experiencias valiosas obtenidas por las comunidades escolares y, de aplicarse, en vez de fortalecer este ciclo lo empobrecería. Este caso que hoy cito y mucho otros indican que ha llegado el momento de modificar la norma constitucional para garantizar formas de mayor participación de la sociedad en la determinación de los asuntos educativos. Debo mencionar que el artículo tercero urge. En el artículo tercero urgen reformas diversas, dijéramos una amplia reforma. Cito brevemente algunos temas: asegurar la gratuidad de toda la educación que el Estado imparte; ampliar la educación obligatoria; agregar a su ideario temas fundamentales como los derechos humanos, la equidad de género, la educación plurilingüe y multicultural y otros temas más. Hoy, sin embargo, para empezar esta transformación presentamos un proyecto de reforma a la fracción III del artículo 3 constitucional, a fin de crear un nuevo órgano de Estado que permita asignar la función de orientar la educación básica y determinar sus planes y programas de estudio, llevar a cabo la evaluación del sistema educativo nacional y la de convocar periódicamente a congresos pedagógicos nacionales, indispensables para cumplir adecuadamente con las tareas arriba señaladas. Todo lo que menciono es urgente. Uno de los temas recientes es el de la evaluación, que está en permanente debate. No debemos escindir programación y planeación educativa, de evaluación, como actualmente está certificado por los órganos correspondientes. Necesitamos unir estas dos partes del proceso educativo, lo cual se logra con la propuesta que hacemos. Con base, pues, en lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 de la Constitución y los correlativos de las normas del Congreso de la Unión, me permito presentar esta iniciativa en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pidiendo a la vez que quede constancia tal como se hace en esta lectura. Artículo 1. Se reforma la fracción III del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: III. La orientación y consulta general de la educación estará a cargo del Consejo Nacional de Educación, organismo público autónomo que será independiente en sus decisiones y profesional en sus funciones. El Consejo Nacional de Educación tendrá como objetivos: a) determinar los planes y programas de estudio de la educación básica y normal a fin de dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II de este artículo. b) Definir y llevar a cabo las funciones de evaluación del sistema educativo nacional, y c) Convocar a congresos pedagógicos periódicamente, congresos nacionales. El Consejo Nacional de Educación estará integrado por ciudadanos cuya trayectoria profesional se encuentre vinculada a la educación. Serán elegidos por dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados o, en sus recesos, por la Comisión Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios. Durarán 7 años en su encargo y no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del Consejo y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerables. Pido a la secretaría que inserte íntegra la propuesta a que parcialmente he dado lectura y hago un llamado a esta Cámara de Diputados para que reiniciemos el debate educativo en su mayor y mejor proyección. Muchas gracias.