LA C. DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Señor Vicepresidente Eric Villanueva; señores Presidentes de Comisiones; señores diputados, buenos días; señor Francisco Barrio Terrazas, Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, buenos días: La corrupción consiste en la utilización de las funciones y medios en provecho económico o de otra índole de sus gestores, concepto que se aplica principalmente en las organizaciones públicas, mientras que impunidad, por su parte, significa simplemente falta de castigo. Entre otras, la palabra impunidad está vinculada con los repetidos actos de policías, quienes son los que con frecuencia cometen abusos que jamás son penalizados, se relaciona también con el financiamiento desproporcionado de campañas electorales para gobernadores y presidentes de la República, como es el caso de Roberto Madrazo, en Tabasco, y ahora la de Francisco Labastida Ochoa y Vicente Fox Quesada. Por supuesto, la impunidad se relaciona también con la exoneración de delincuentes, grandes delincuentes, como el caso de Angel Isidoro Rodríguez, el denominado "El divino", de Gerardo de Provisí, de Carlos Cabal Peniche, y también con la fuga del presunto narcotraficante Joaquín "El Chato" Guzmán. Con todo ello, subsisten una serie de errores en la integración de las causas, como lo fueron las que propiciaron evitar la sentencia judicial definitiva contra miembros del Cartel de Juárez, quienes ya habían sido condenados por dos instancias judiciales a doce años de prisión por lavado de dinero. Esta visión nuestra, parece ser ampliamente compartida por el Presidente de la República. Cito sus declaraciones: "En las cárceles se encuentra una minoría de presuntos delincuentes que no supieron establecer vínculos de complicidad o los pagos necesarios para mantener en libertad, mientras los grandes delincuentes gozan de impunidad que ofende a toda la sociedad". También dice el Presidente de la República: "Que la policía Judicial tradicionalmente protege y encubre al delito organizado. El Ministerio Público, decide a su arbitrio diligencias y genera ámbito de corrupción". En México ha habido múltiples denuncias y quejas de torturas, asesinatos, amedrantamientos, impunidad, corrupción, fraude y peculado. Recordemos de la exoneración de funcionarios del IPAB y Bancomext en la acusación de lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito. Cuando hablamos de violación de derechos humanos, no hay más que recordar a Ericka Zamora y de omisiones, recordemos el caso de Digna Ochoa. Hablando de omisiones en la aplicación de justicia no podemos dejar de mencionar el caso de las mujeres de ciudad Juárez, donde las autoridades del estado de Chihuahua no realizan los peritajes debidamente, no hacen el levantamiento de cadáveres ni integran expedientes. Y menciono esto porque el caso de las mujeres asesinadas en ciudad Juárez tuvo su origen cuando usted era gobernador del estado de Chihuahua y la impunidad empezó desde ahí. Hemos conocido del operativo realizado por la Policía Federal Preventiva en el mes de enero del presente año en la gerencia regional de la Comisión Nacional de Aguas para el Valle de México y denuncias de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las cuales se informa que las 19 detenciones iniciales se convirtieron solo en 13 despidos. Las investigaciones en la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Relaciones Exteriores por la falsificación y uso de cartillas del servicio militar nacional y pasaporte. Hemos conocido de éstas, pero no conocemos los resultados. La corrupción está vinculada también a hechos como la irregular adquisición de aeronaves para la Policía Federal Preventiva en el sexenio pasado. La aprehensión de David Peñaloza, presidente de la Constructora Tribasa, por un presunto fraude contra Nacional Financiera, que resultó en quebranto de casi 22 millones de dólares para la institución. La resolución que firmó la culpabilidad por fraude de Pablo y Mauricio Madero Obrién contra Nacional Financiera por 87 millones de pesos. Cuando hablamos de tortura siempre lo involucramos con ilícitos que involucran a funcionarios, lo que nos lleva irremediablemente al caso del crimen de la regidora María de los Angeles Tamez, donde el edil acusado de homicidio deberá responder por los cargos de delincuencia organizada, abuso de autoridad, distorsión y fraude. No nos detendremos más, pero la historia de México está muy vinculada a los casos de Colosio, Ruiz Massieu, Posadas, entre otros, que nos reflejan la complicidad, incapacidad y desvergüenza en que han estado involucrados las más altas autoridades e instituciones como la PGR, el Ejército Mexicano y la misma Presidencia de la República. La corrupción, el peculado y los fraudes están íntimamente vinculados con los servidores públicos, con el funcionamiento de la administración, con las instituciones que imparten justicia, con el manejo de los recursos económicos y con la delincuencia organizada, especialmente con el narcotráfico, en donde el tráfico de influencias es la más fuerte y poderosa de las impunidades. Sin embargo, estos delitos no son comparables con las complicidades que están alrededor de los autopréstamos y quebrantos bancarios, con la absorción de las deudas bancarias que favorecen los ilícitos a través del Fobaproa, de los casos más escandalosos de los préstamos y traslados de dinero de Pemex, el sindicato petrolero y los fraudes de la Comisión Federal de Electricidad recientemente denunciados por el PRD en la Comisión Permanente. El Presidente Fox en el informe que hoy glosamos plantea combatir la corrupción y la impunidad, al parejo que el combate a la delincuencia organizada la eleva a prioridad nacional, junto con la seguridad pública y procuración de justicia, a través del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Presidencia..., perdón Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo que aquí ya se ha mencionado. Con todo ello, hasta ahora hemos conocido de medidas cuya efectividad no trasciende los ámbitos de la administración pública y no han afectado los conductos más difíciles de la sociedad como son los sindicatos corporativos, los partidos políticos, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Señor Secretario: La complicada red de corrupción, tráfico de influencias e impunidad, como sabemos, no se reduce a la toma de medidas administrativas o de modernización, ni siquiera de ética y de regulación que limiten estas prácticas. En México la corrupción es un mal estructural que tiene qué ver con el centralismo, el presidencialismo y el contubernio de las autoridades con los defraudadores. Recordemos que las riquezas familiares de muchos adinerados mexicanos están perfectamente vinculados con el ejercicio del servicio público o con la representación popular y que la consigna de que todo político pobre es un pobre político, también está vinculada a la construcción de la clase política mexicana, al amparo del erario público. En vista de todo lo aquí dicho, coincidimos con la reciente evaluación que Transparencia Internacional hiciera sobre el altísimo nivel de corrupción que caracteriza a nuestro país y en el que por supuesto no sólo sale reprobado nuestro país, está reprobado usted señor Secretario. En mi calidad de diputada federal por el estado de Chihuahua, entidad que vió crecer el narcotráfico, el asesinato de mujeres, el tráfico de armas y de contrabando durante su gestión como gobernador, me preocupa como a muchos ciudadanos del estado y de todo el país, por supuesto, el uso que hace usted de su cargo y de su influencia política para mandar a gentes del CISEN a investigar y perseguir a un luchador social, diputado local y coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso Local, el diputado Héctor Barraza Chávez. Ningún ciudadano debe ser perseguido por la defensa de sus ideas, sobre todo alguien que con honestidad y de cara a la sociedad la sostiene. Esperamos que esa honestidad, congruencia y transparencia, le sirvan de ejemplo y apegado al código de ética de gobernar que usted instauró en la SECODAM. Trabaje para lo cual fue contratado señor Secretario, para vigilar el uso de los recursos públicos y denunciar a quienes defraudan a la nación, no para perseguir a luchadores sociales. Haré entrega de esa petición formal y de otra en este momento. Por sus respuestas y atención, gracias. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. MANUEL GALAN JIMÉNEZ: Gracias diputada. Tiene la palabra hasta por diez minutos, el diputado Blake Mora. -DIP. JOSE FRANCISCO BLAKE MORA (PAN): Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Legisladores; señor Secretario: La corrupción y la impunidad transgreden el estado de derecho y deterioran las relaciones de los ciudadanos entre sí y de éstos con el gobierno, además de afectar la credibilidad de las instituciones. En los últimos años la corrupción y la impunidad paralelamente han alcanzado cifras que demuestran la gravedad y el agudizamiento de este fenómeno. Acción Nacional ha demostrado de manera ininterrumpida su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto ejercicio del cargo público. El PAN exige a todos los funcionarios públicos, en especial a los emanados de sus filas, el recto ejercicio de una de las tareas más nobles de la persona humana: utilizar el poder público para beneficio de la sociedad. No aceptamos, ni ahora ni nunca, que aquellas personas obligadas a servir al interés público aprovechen su cargo para satisfacer intereses personales. Acción Nacional no busca revanchas partidistas ni cacería de brujas; no identifica la corrupción y la ilegalidad con determinada pertenencia política, pero tampoco está dispuesto a solapar por acción u omisión a todo aquel individuo que se aparte del correcto ejercicio de la función política que le fue encomendada. Los mexicanos trabajamos muy intensamente durante muchos años para obtener la oportunidad que hoy tenemos en puerta, la de un México distinto y no vamos a permitir que unos cuantos individuos aferrados a vivir en el pasado contribuyan a desmoronar la obra de toda una nación, los Legisladores estamos convencidos de la necesidad de oír, dialogar y negociar con todos aquellos que tengan voluntad para ello, pero también estamos convencidos de que ese diálogo y esa negociación sólo es posible dentro del marco de la Ley. El apego a la legalidad es propio de nuestra realidad, tan es así, que nuestros principios de doctrina destacan la importancia del estado de derecho, sólo un estado que sea verdaderamente democrático y proceda con sincero apego a los principios más altos del Derecho, puede tener la necesaria plenitud de autoridad sin ser tiránicos; ejercer ampliamente sus facultades de gestión sin ser opresor y cumplir su inexcusable deber de justicia sin ser subversivo. La corrupción ha sido tolerada en la gestión gubernamental y corroído el sentido ético de muchos servidores públicos, todos somos responsables de abatir la corrupción y preservar nuestro estado de derecho pero, sobre todo, aquellos que tenemos la responsabilidad en el Gobierno y la obligación ante los ciudadanos. La sociedad está cansada de que no se exija responsabilidad de aquellos funcionarios que han defraudado a la nación, en muchos de los casos ni siquiera son objeto de denuncia y en otros, las denuncias no prosperan por las deficiencias en la Legislación que es obsoleta. Por respeto y congruencia con los millones de mexicanos que votaron por un cambio de fondo en la ruta crítica del país, además por convicción propia no dejaremos de impulsar, apoyar e incentivar todo esfuerzo legítimo y legal para combatir y castigar este terrible mal tan profundamente arraigado en las estructuras administrativas y políticas del Gobierno Mexicano. NO abdicaremos de nuestra responsabilidad frente a las cuentas pendientes que a determinados individuos tienen con el estado de Derecho y la sociedad, actuaremos con firmeza, objetividad y transparencia en la aplicación de la ley en lo que a nuestras atribuciones se refiere. A este respecto cabe señalar que si bien es cierto que a la luz de los nuevos tiempos democráticos en que vive México, la corresponsabilidad de los Poderes del Estado es factor común a las grandes decisiones políticas, también es verdad que cada uno de estos Poderes tiene funciones específicas y desempeña papeles determinados en la conducción de los procesos políticos, tal es el caso de la intervención del Congreso de la Unión en lo referente a la Declaración de Procedencia y Juicios Políticos; a propósito, en los que la Procuraduría General ha solicitado a esta Honorable Soberanía que entable juicios de procedencia contra funcionarios involucrados en el asunto PEMEX, intervención procesal que se circunscribe únicamente a facilitar la acción e indagación del órgano jurisdiccional sin pronunciarse en ningún momento a favor o en contra de la culpabilidad o inocencia de las personas sujetas a proceso. Es oportuno expresar desde esta tribuna un mensaje claro, a todo aquel funcionario público que se aparte del estricto cumplimiento y observancia de las normas jurídicas enmarcadas en su labor. El grupo parlamentario del PAN no acepta ni tolera toda aquella negociación que signifique dejar de aplicar la ley. En un país democrático, vivir en un estado de derecho implica aceptar y respetar una Constitución que al mismo tiempo sea pináculo y base del ordenamiento jurídico; implica que nada ni nadie esté por encima de la norma fundamental; implica la sujeción de la Administración Pública, el principio de legalidad conforme al cual ningún órgano del Poder Público puede tomar una decisión que no esté expresamente conferida en una norma general dictada con anterioridad. En otras palabras, que toda actividad del Estado debe realizarse de conformidad con el derecho, debemos de aprovechar entonces la gran oportunidad que representa el comienzo de un nuevo Gobierno para institucionalizar una serie de mecanismos eficientes que detecten con oportunidad las irregularidades de la función pública así como la determinación de sanciones proporcionales a la gravedad de la falta cometida por particulares y funcionarios público. Nuestro compromiso con la erradicación del frankistein de la corrupción que heredó el gobierno del presidente Vicente Fox es completo e integral, esa es la razón por la que los legisladores panistas votamos a favor de instrumentos, normas y procedimientos dirigidos a prevenir la realización de conductas ilícitas por parte de los servidores públicos, sobre todo aquellas en las que se acentúen las oportunidades para que no se desplieguen los mencionados actos ilícitos como la discrecionalidad y el abuso de autoridad. En este afán de congruencia con los ideales proclamados por Acción Nacional en la prevención y lucha contra toda forma de corrupción en el país así como en la transparencia que exige la gestión y desempeño de las instituciones y los servidores públicos de la Administración Federal, hemos contribuido en la aprobación de normas jurídicas necesarias que apliquen el combate a la corrupción, Ley Federal de Transparencia, Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Fiscalización Superior, instrumentos jurídicos que sin duda constituyen un gran avance en materia legislativa. Con estas acciones legislativas se le han concedido a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo las normas y demás herramientas que le permitan cumplir cabalmente con sus funciones y objetivos. Estamos conscientes que la tarea que se le ha encomendado a la Secretaría de la Contraloría no es fácil y que requiere de mucha dedicación y tiempo para que los resultados se empiecen a ver con contundencia; también sabemos que sus funciones están siendo ejercidas con objetividad, es decir sin importar la jerarquía y biología o partido político al que pertenezcan los servidores públicos; no se trata de revanchas políticas o de algo parecido, se trata de respetar la ley y de hacer que la respeten sin importar quién sea la persona. Concluyo en las palabras de Carlos Castillo Peraza: "Ya es tiempo de que la autoridad cumpla y haga cumplir la ley y de que el Estado recupere los territorios privatizados por los delincuentes, por los violentos, por los vívales, por los corruptos. Si no hay respeto por la ley, si la autoridad renuncia a imponer la legalidad; si se considera que cualquier uso de la fuerza para hacer valer las normas y fallos judiciales es imposible o indeseable, lo que sigue es la nada democrática, guerra de todos contra todos." Ese es el camino que hemos adoptado por la buena dirección. Muchas gracias.