La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias presidenta. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se promulgó en 2007. Ahí se estableció por primera vez el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres como una política para coordinar las acciones gubernamentales de emergencia que buscaban enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. A lo largo de estos 15 años, el mecanismo se ha modificado con la intención de mejorar la respuesta institucional a la violencia que vivimos las mujeres en México. En 2022, este mismo año establecimos, por ejemplo, plazos de respuesta para las autoridades a fin de agilizar los trámites para decretar la alerta de violencia de género. Hoy, lo que nos proponemos es incluir reglas para que los recursos destinados a este mecanismo se entreguen de forma inmediata y que tanto la Federación como las entidades federativas asignen recursos para implementar las acciones que exige una declaratoria de alerta de violencia de género. Quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Igualdad, por priorizar reformas en esta materia. Celebro también que todos los grupos parlamentarios nos unamos para perfeccionar este mecanismo, pero hay que decir que el dolor y la angustia que se viven a lo largo y ancho del país por la violencia creciente contra las mujeres, nos obliga reflexionar y a mí, en este caso, a razonar el voto que daré a favor. Existen 25 declaratorias emitidas desde 2015 al 2022, las cuales corresponden a 22 entidades federativas y a 643 municipios, de estas 552 recomendaciones que se han emitido, derivadas de las alertas de violencia en estos territorios ojo solamente 9 % de las medidas recomendadas han sido cumplidas a cabalidad, es decir, apenas una de cada diez. El 5 % simplemente no se han cumplido y hay un 86 % que están en el limbo, en proceso de cumplimiento o parcialmente cumplidas. Es decir, ¿de qué sirve una alerta si las autoridades no actúan para salvaguardar la integridad de las mujeres? La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares en 2021, que realizó Inegi, nos muestra datos alarmantes, de los 50.5 millones de mexicanas de 15 años o más de edad, 7 de cada 10 hemos experimentado, al menos, un incidente de violencia, y la mitad de las mujeres en estos grupos de edad reportaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual, en tanto que el 34 % reportaron violencia física. De 2016 al 2021 los resultados muestran un incremento de 4 puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la vida. Por su parte, el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública reporta que, entre enero y septiembre de este año, en México se han registrado 695 feminicidios y durante el noveno mes del año se contabilizaron 78 casos más. En el caso de homicidio doloso contra mujeres hablamos de 248 casos en el mes de septiembre y en los delitos de violencia familiar se registraron, tan solo en septiembre, 23 mil 144 casos que se suman a los 206 mil 915 casos que van en los nueve meses, solo de este año. Para las niñas el panorama no es mejor, en el primer trimestre del 2021, el secretariado ejecutivo reportó un total de 29 feminicidios de menores de 0 a 17 años de edad. En tan solo tres meses fueron asesinadas 443 niñas y mil 531 fueron atendidas por violencia sexual. Estos datos no deben mover desde lo más profundo de nuestras convicciones, pues hablamos de miles de mujeres violentadas, asesinadas, arrancadas de familias que sufren de por vida las consecuencias de su pérdida. De qué nos sirve una alerta de violencia contra las mujeres, cuando los propios datos oficiales muestran que la violencia hoy sigue desbordada. Necesitamos ser conscientes, por más que reformemos este mecanismo, mientras sigamos destinando solo el 7 % de los recursos del Anexo 13 para atención de violencia, mientras se sigan desmantelando los refugios, quitándoles presupuesto y mientras no se ponga sobre la mesa una estrategia integral de prevención de violencia contra las mujeres, la alerta de género será un trámite burocrático más, pero la integridad física, mental y emocional de las mujeres seguirá en riesgo. Ya basta, ni una más.