La diputada Gloria Bautista Cuevas: Sí, presidente. Nuestro partido votó en contra del dictamen en lo general en comisiones unidas y en la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, pero desde que nuestras compañeras y compañeros en el Senado votaron en contra, noticieros de canales de Televisa han desencadenado una campaña en el sentido de que el PRD votó en contra del ahorro de los mexicanos en telefonía, que votamos en contra de la eliminación de las tarifas de larga distancia, entre otras cosas. Reducen el contenido de esta importante legislación a la telefonía fija y móvil, y de paso insisten en una campaña de desprestigio contra nuestro partido con los mismos argumentos. Es inaceptable el manejo sesgado, manipulador, alejado de la verdad del sentido del voto de mi partido. Reconocemos los avances que beneficiarán a la población de nuestro país en materia de telefonía, pero hay que recordar que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, estableció el derecho a la información en todas sus vertientes como lo señala el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. También se establece el derecho de réplica, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Y en congruencia con el artículo 1o., constitucional, cualquier autoridad está obligada a promoverlos, respetarlos y garantizarlos. Para esto la reforma constitucional señala, además, que el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. No habla de sectores, por cierto, pero debe generar condiciones de competencia en igualdad de acceso, pluralidad y oportunidad para acceder a una concesión de un bien público como es el espectro radioeléctrico. No es una privatización, es una concesión de un bien de la nación. Esta reforma constitucional también establece, como uno más de sus objetos, acabar con los monopolios, en este caso de las grandes empresas de telecomunicaciones y radiodifusión, para dar entrada a nuevos prestadores de estos servicios, generar competencia y finalmente que los usuarios lo perciban en sus bolsillos bajo el principio de rectoría del Estado y conforme a los objetivos señalados en el artículo 25 constitucional. No es una reforma para generar más riqueza, acumulación y concentración en unas cuantas manos. Ha de orientarse a la redistribución de la riqueza y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. La definición de la preponderancia por sector en el cuerpo del articulado del dictamen se aleja de la definición constitucional que señala que los agentes económicos preponderantes deben determinarse con base en su participación en la prestación de los diferentes servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, tal como lo establece la reforma constitucional, medidos por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes y por la capacidad utilizada de las mismas en cada mercado y no en los sectores agregados, con lo que se pretende que Televisa pueda deshacerse de su condición de agente preponderante en radiodifusión al no tener 50 por ciento de la audiencia, al agregarse la televisión abierta con la radio, y queda a salvo su jugoso negocio de televisión restringida, como se establece en la llamada Cláusula Cablecom del dictamen que ahora nos ocupa. Las concesiones sociales, llámense medios comunitarios o indígenas, son nuevamente discriminados y marginados para la obtención de recursos propios vía publicidad comercial. Sólo se establece el financiamiento del 1 por ciento de recursos federales para publicidad y de la misma manera, pero si pueden, los estados y municipios. La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, así como su sindicato, emprendieron desde hace varios días una campaña en contra de la venta de publicidad para las concesiones sociales, pues dicen que generaría una competencia desleal, lo que ha sido secundado por algunos legisladores que se han convertido en sus voceros. Hay que decirlo: lo que se establece en la ley para su financiamiento contraviene el principio de igualdad y no discriminación para todas las personas, y pospone la garantía de los derechos de los pueblos indígenas establecida en la fracción VI, del apartado B, del artículo 2o constitucional, que señala la obligación de Federación, estados y municipios de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación. En materia de justicia y seguridad, resulta preocupante la potencial vulneración de los datos personales, pues se obliga a los concesionarios a realizar un registro de los usuarios de telecomunicaciones de todo tipo de datos que permitan no sólo la geolocalización, por otro lado los concesionarios deben conservar dichos registros hasta por dos años. ¿Recuerdan lo que pasó con el Renaut? Los registros de usuarios telefónicos aparecieron en las redes sociales, y hasta en Tepito se conseguían. ¿Qué seguridad podemos tener de la reserva y conservación de los datos personales en manos de los concesionarios? Este apartado tiene que ser congruente con el debido proceso, con el nuevo modelo de justicia, sobre todo con los derechos humanos. Los derechos de las audiencias quedan sujetos a los lineamientos que emitirá el Ifetel, sobre los cuales los medios elaboraran su código de ética, nombrarán un defensor de las audiencias, pero si mayor eficacia para proteger a los usuarios de los contenidos y la programación. Para verificar los parámetros que le dicte el Ifetel, y como señala el propio dictamen, todo termina en la rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva que en su caso corresponda, que deberá ser clara y precisa, y se publicará en su página electrónica, sin dientes, sin sanciones para los concesionarios que violen dicho Código. El apartado correspondiente, es una buena intención y si agregamos al comentario lo referente a las personas con discapacidad, se torna más difícil el ejercicio de este derecho, de la perspectiva de igualdad de género. La verdad, no se encuentra presente en el texto del dictamen. Por otro lado, se debilita al Ifetel al otorgar ciertas competencias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación en materia de contenido, en fin, es una minuta de gran relevancia, no es cualquier cosa, no sólo es el acceso a mejores precios en telefonía, compañeros, se trata de un bien de la nación por el cual se garantizan derechos humanos, se promueve la competencia en las telecomunicaciones y la radiodifusión, se impulsan los medios sociales, comunitarios e indígenas. No estoy a favor de un dictamen que no garantiza plenamente los derechos establecidos en nuestra Constitución en materia de telecomunicación, que viola el principio de igualdad y no discriminación, y que favorece la concentración en las telecomunicaciones y la radiodifusión, contrario todo esto a la reforma constitucional. Gracias, presidente.