EL DIP. PEDRO AVILA NEVAREZ: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Uno de los aspectos centrales del sistema de justicia es el relativo a la finalidad que deben tener las sanciones penales, pasando del típico concepto retribucionista de la pena se ha llegado a darle un sentido humano, asociado al futuro del infractor y del orden social. Así, de concebirse originalmente la pena como simple expiación de la culpa, se transita a la idea de la readaptación social. En este concepto el valor moral del sistema penitenciario dependerá de su capacidad de rehabilitar, reinsertar, regenerar o repersonalizar al delincuente. La readaptación social debe de tratar de colocar al individuo en el camino de la conducta lícita y por lo tanto, el Estado ha ido estableciendo por órdenes del Presidente Vicente Fox, alternativas que sustituyan las condenas por medidas de la libertad preparatoria o remisión parcial de la pena. Así, la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, ofrece esquemas de escarcelación animados en criterios interdisciplinarios que tomen en cuenta la capacidad y voluntad del reo, para reintegrarse a la sociedad. Se trata de alternativas que miran a evitar las consecuencias negativas de las reclusiones prolongadas y también a reducir los gravísimos problemas de sobre población carcelaria. Desde luego, que no son sustitutivos que abandonan la defensa social o que permitan dar de alta a enfermos que no han sanado, sino alternativas individualizadas que influyan en la recuperación del penado. A la luz de estos principios vemos con preocupación, óigase bien esto, que el sistema penitenciario nacional, esté actuando con injustificada lentitud en el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada de quienes han cumplido con los requisitos de ley, al ser calificados por los comités técnicos interdisciplinarios de cada centro de reclusión, como aptos para recibirlos. La población cautiva en condiciones de acceder a estos esquemas es elevado, lo cual es imputable a la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Alejandro Hertz Manero y a su Comisión desconcentrada de Prevención y Readaptación Social que dirige Carlos Tornero Díaz. En el caso de mi estado, Durango, existen más de 100 casos listos para que se proceda a la puesta en libertad, lo que seguramente está ocurriendo en otras entidades de la República, tanto en centros de readaptación social federales como estatales, ya que en la mayoría de ellos hay internos que ya cumplieron su sentencia de punta a cola, es decir, por completo y les están pisoteando sus derechos humanos a los que tienen derecho para salir libres. En todos los CERESOS y CEFERESOS de la República hay sobrecupo de internos, como por ejemplo en el CERESO de Durango, está hecho para 1200 internos y hay en el interior 3000, en el Reclusorio Norte de esta propia capital está hecho para 3000 presos y se encuentran 9000 internos, todo por burocratismos en las libertades a que tienen derecho estos internos, que la mayoría de ellos ya cumplieron su sentencia y otros han cumplido ya las ¾ partes de la sentencia y han observado buena conducta y han prestado servicios al estado, como lo marca la Ley de Normas Mínimas. En una palabra, se están violentando por parte del organismo descentralizado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, los derechos humanos de cientos de internos de todos los CERESOS y CEFERESOS de la República Mexicana.