La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Gracias, buenos días. Con su venia, señor presidente. De acuerdo al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los mexicanos tenemos derecho a recibir educación. La educación es un motor de cambio de nuestras entidades, en ello radica la importancia que sea accesible e inclusiva. Las personas con discapacidad se enfrentan a diversas militantes que dificultan su vida cotidiana y la garantía de sus derechos; en las instituciones educativas no es la excepción, es necesario educar un marco jurídico y adecuarlo para que se establezca una definición de acuerdos a los parámetros e instrumentos internacionales que garanticen el derecho constitucional de las personas con discapacidad a la educación básica media superior. En la Ley General de Educación encontramos artículos que nos brindan una amplia cobertura de protección para garantizar este derecho, generando así una exclusión a la hora de interpretar y aplicar la ley. Asimismo, la definición de educación inclusiva en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es acotada es acotada por términos como el de integración y existen varias imprecisiones que no establecen las normas necesarias para asegurar su plena inclusión. Al definir la inclusión educativa como un principio establecemos un precedente de accesibilidad para las personas con discapacidad, para nuestros pueblos indígenas y para todos aquellos sectores que han sido excluidos del sistema educativo. La inclusión implica la modificación del entorno, eliminando barreras que presenten una limitación de aprendizaje de todas y todos los estudiantes en igualdad de condiciones. La educación inclusive no puede alcanzarse sin una serie de ajustes integrales dentro de las escuelas, que deben realizarse de manera progresiva. En otras palabras, lograr una educación inclusiva prevé cambios radicales, pero no por ello inmediatos, por el contrario, se debe ir consiguiendo por medio de avances progresivos. La inclusión educativa no solo es un principio, es un derecho; y no solamente ampara a las personas con discapacidad, es un precedente para garantizar el acceso a la educación de personas indígenas, de poblaciones marginadas y otros sectores que viven en condiciones de vulnerabilidad. Por ello, en esta propuesta que se pretende que inicie un trayecto de política pública a fin de garantizar el derecho que establece nuestra Carta Magna, que es el de la educación, agradecemos a esta iniciativa una modificación para que la Secretaría de Educación Pública establezca las medidas necesarias para otorgar material didáctico adecuado para las diferentes personas de acuerdo a sus necesidades académicas. Y en otro sentido, pero relacionado al tema de la vulnerabilidad, presento la iniciativa que reforma el artículo 9 de la Ley de Derechos para las Personas Adultas Mayores. Cuando hablamos de vulnerabilidad tenemos que pensar en nuestros adultos mayores, pero sobre todo por1que constantemente son víctimas de abuso, abandono, violencia y de una mala atención. Las cifras oficiales requieren en México que viven cerca de 12 mil millones de personas que superan los 65 años de edad, de los cuales la mitad vive en situaciones de pobreza. Uno de cada cuatro padece carencias alimentarias y el 60 por ciento vive en rezago educativo, además el 51 por ciento de las personas viven con alguna clase de discapacidad en el país y se encuentran dentro del rango de edad. Por eso presento esta iniciativa a fin de erradicar el abandono y el maltrato que se ejerce en contra de las personas adultas mayores. Pese a que pareciera una norma moral en la que la familia cuide de los adultos mayores, muchas veces se desentienden y se despreocupan, no forma parte de una obligación, que para ellos éste es un derecho. Con la propuesta que hoy pongo a su consideración establecemos en la ley como una obligación, el que las personas adultas mayores cuiden sus necesidades psicológicas, afectivas y psicológicas. Espero contar con su respaldo a ambas iniciativas, que son proyectos pensados en grupos que viven en condiciones de desventaja en momentos de empezar a equilibrar la balanza para lograr un México de oportunidades y de igualdad para todos. Es cuanto, señor presidente.