El diputado Rubén Acosta Montoya: Señor diputado Presidente, diputadas y diputados. El Poder Legislativo y el gobierno federal han hecho diversos esfuerzos para generar certeza jurídica y facilitar a los sectores productivos y a la sociedad en general, el acceso a información pública gubernamental que permita registrar sus actividades, cumplir con obligaciones y acceder a servicios, ya sea identificando y simplificando trámites o reformando o admitiendo leyes. Algunos de estos esfuerzos son: la publicación en 1994 de la Nueva Ley de Procedimiento Administrativo la cual aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal, de manera supletoria, las diversas leyes administrativos; la reforma en el año 2000 a dicha ley que elevó a obligatorio el contar y actualizar con el Registro Federal de Trámites y Servicios y el que no se puedan exigir más requisitos a los particulares que los previstos en dicho registro. Además se crea la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Este registro actualmente cuenta con dos mil 900 trámites registrados, es de fácil acceso y se puede consultar a través de Internet. Son trámites que van desde cómo obtener el registro de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta cómo obtener apoyos crediticios, cualquiera que sea su tamaño de empresa, otorgados por la Secretaría de Economía. Debemos reconocer que México ha tenido avances importantes en materia de mejora regulatoria, competitividad y acceso a la información pública gubernamental. Así lo señala la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en su informe 2011 documento que por obligación legal fue entregado a esta LXII Legislatura. En él se hace referencia a un reporte denominado Haciendo negocios 2012, del Banco Mundial, en el cual se señala que México se encuentra en el lugar 53 de 183 economías evaluadas, con facilidad de hacer negocios a nivel mundial. Sin embargo, también debemos señalar que aún estamos competitivamente por debajo de países como Chile, Perú y Colombia y todavía hoy en algunos estados de nuestro país para abrir una empresa se requieren entre seis y 53 días hábiles, dependiendo de la entidad federativa Compañeras y compañeros: a través de esta iniciativa que someto a su consideración se pretende fortalecer la labor de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y del propio sector público, ampliando obligaciones y facultades con el fin de facilitar el avance de la competitividad de nuestro país. Ejemplo de esto es modificar el plazo de elaboración de los programas de mejora regulatoria del sector público para que éstos se elaboren cada año y no cada dos años, como actualmente se encuentra estipulado en la ley y que éstos a su vez sean dictaminados y autorizados por la Cofemer. Precisar como obligación de la Cofemer la revisión anual al marco jurídico de la administración pública federal, así como al propio registro; facultar a las dependencias del gobierno federal para que emitan acuerdos para la reducción de plazos de respuesta y adopten el mecanismo de respuesta afirmativa en beneficio de los particulares, siempre y cuando ello no afecte el interés público y social; facultar a la Cofemer para que haga recomendaciones a la administración pública federal para que registren trámites que a su juicio no se encuentren inscritos o que se modifiquen existentes. Asimismo y con el fin de aprovechar de manera más eficiente los recursos humanos y presupuestales destinados a la mejora de la gestión pública, se propone, dentro de esta iniciativa, establecer como obligación de la Cofemer identificar trámites que por su importancia o relevancia se deben de incluir anualmente en los programas de auditoría y mejora de la gestión pública que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública y la obligatoriedad de que esta última acate dicha recomendación. Establecer el mecanismo de denuncia que debe seguir el particular en caso de que se le exijan requisitos que no se encuentren previstos en dicho registro; fortalecer el apartado de sanciones a servidores públicos tomando en cuenta las nuevas obligaciones que tiene la Cofemer y la Secretaría de la Función Pública. Por otra parte, esta iniciativa también pretende dar mayor certeza jurídica al particular en cuanto al tiempo de respuesta que debe aplicar a sus peticiones o trámites, así como a la caducidad de los mismos, cuando esto no se encuentre previsto en las leyes y disposiciones de carácter general aplicables. Sobre ello se propone: modificar el tiempo de respuesta y caducidad de tres meses a 90 días que señala actualmente la ley, y especificar que este plazo también aplica a los organismos desconcentrados. Y adicionar el artículo 17-C, con el fin de prever un plazo de respuesta cuando interviene más de una autoridad para resolver un trámite. El resultado de adoptar este artículo es que no existe un abuso en los tiempos de respuesta al particular, ya que al intervenir varias autoridades, el plazo de tres meses se extiende en ocasiones a más de un año. Con esta propuesta los legisladores del Partido Verde Ecologista de México hacemos patente nuestro compromiso de seguir trabajando por hacer de México un país más competitivo, así como mejorar el acceso a la información pública gubernamental y facilitar a los sectores productivos y a la sociedad en general, el que puedan obtener de manera cada vez más rápida y eficiente, beneficios o servicios del sector público. Es cuanto, señor presidente.