La diputada Margarita García García: Muchas gracias, diputada. La honestidad y la transparencia te hacen vulnerable. De cualquier forma, sé honesto y transparente. Teresa de Calculta. Con la venia del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores. Pueblo de México que hoy nos escucha. Señor presidente y amigo del pueblo, quiero que nos escuche. Son momentos importantes donde tenemos que actuar y hablar con congruencia, siempre escuchando a la gente, no detrás del escritorio. Tengo muy presente el caso de Claudia Uruchurtu, desaparecida el 26 de marzo en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca, después de una manifestación y de muchos actos de corrupción y violación a derechos de los ciudadanos del municipio y del distrito de Nochixtlán, que hasta la fecha no fueron escuchados y que las instituciones hicieron o actuaron y siguen actuando con omisión. Claudia fue reconocida como luchadora social, llegó de Gran Bretaña para arreglar papeles de los terrenos de su familia, sin embargo, decidió radicar en el hermoso estado de Oaxaca, en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca. Cuando desapareció, las autoridades no hicieron nada, así que su familia tuvo que presionar por medio del Congreso británico para que las autoridades se dignaran a actuar y hacer su trabajo, además de que hacen el requerimiento al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, para que el Estado mexicano emita los mecanismos de localización de Claudia. Se necesita de intervención internacional para que las autoridades actúen, compañeros y compañeras, hoy fue Claudia, en Nochixtlán, pero muchos casos en Oaxaca, muchos casos en los diferentes estados de nuestro país y nos preguntamos, ¿qué sucede? Es indignante y ponen en entredicho las fiscalías de los estados, el actuar del presidente de la República, pero, sobre todo, porque no hay empatía de las mujeres y hombres y jóvenes y niños que desaparecen. Por eso más allá de los colores, más allá de las fobias, pongámonos en los zapatos, en el corazón de la gente que sufre y pide a gritos y en muchas ocasiones no son escuchados. Por este y otros casos, la discusión de esta ley debe hacernos reflexionar sobre la urgencia de que se fortalezcan las fiscalías locales, pero también sobre la necesidad de que la Fiscalía General actúe con una eficiente facultad de atracción. En un ejercicio de autocrítica a quienes integramos la cuarta transformación, tengo la impresión de que a veces no hemos sabido diferenciar las propuestas hechas por nuestro presidente, de las que hace la gente que lo rodea y que le dio la confianza y que, por cierto, algunos o muchos, no tienen la visión del presidente de la República. ¿Por qué? Porque no escuchan, porque nunca salen de sus escritorios, porque siempre andan con el mejor traje, perfumados, con los zapatos boleados, pero nunca salen a encontrar a la gente que está clamando dolor, que está clamando justicia. Por eso, hoy que estamos aquí discutiendo, tenemos que actuar con esa empatía que nuestra gente creyó en nosotros. A pesar del respaldo de mi grupo parlamentario a este proyecto, tengo el deber político y el compromiso como legisladora, de reconocer que comparto muchas de las preocupaciones que desde la sociedad civil y la academia se han vertido sobre esta ley. Me preocupa que esta ley tenga como efecto, instaurar nuevamente en la Fiscalía, un diseño institucional muy cercano a la vieja PGR, que fue uno de los más acabados símbolos del viejo régimen, caracterizada por la tortura, la negligencia, la corrupción y el servilismo político. Pongo tres ejemplos muy claros y que forman parte de las reservas que he presentado. En el artículo 5o. el Ministerio Público se asume como representante de los intereses de la sociedad Compañeros, desde que entró en vigor el sistema acusatorio el Ministerio Público dejó de ser representante social porque el sistema acusatorio es adversarial. Es decir, la víctima es parte en el proceso penal. Me pregunto: ¿quién en la Fiscalía pretende asumir nuevamente como representante social? El segundo ejemplo. En el artículo 16 se reinstaura esa vieja y vetusta figura de las oficialías mayores, que en los diseños institucionales del viejo régimen fueron siempre coto de poder, corrupción y encubrimiento. El tercer ejemplo, en el artículo 14, se reinstaura la vieja Agencia de Investigación Criminal, que no es otra cosa que el diseño de la vieja policía ministerial, de la vieja policía judicial que se coludía con la delincuencia y acostumbraba practicar la tortura como forma de obtener confesiones. Otro tema que me preocupa es que, en una perspectiva de fortalecer la participación ciudadana, la función del Consejo Ciudadano debería tener mayor relevancia para opinar si la política aplicada es correcta o si los lineamientos a seguir del plan de persecución penal, ahora devenido en plan estratégico de procuración de justicia, son viables o necesitan adecuaciones. Sus opiniones y recomendaciones deberían ser vinculantes, ya que en los hechos este será el acercamiento real que la dependencia tendrá con la ciudadanía. Muchos años se ha peleado para que la ciudadanía sea escuchada en los diferentes órganos de gobierno, por lo que las opiniones que de ella emanen deben ser vinculatorias a las dependencias e instituciones. La participación ciudadana es la mejor muestra de que tenemos un gobierno democrático, además de que pone en evidencia el compromiso que se tiene con el pueblo que lo eligió. También hago el planteamiento de que no se sancione por la decisión unilateral del fiscal a quien quiera que se aclare el uso de los recursos públicos etiquetados a esta institución, y que tampoco se le separe del puesto honorífico que ganó debido al trabajo realizado por cariño y compromiso a su profesión. La transparencia de recursos está considerada dentro de nuestra Carta Magna, en el artículo 113 del Sistema Nacional Anticorrupción, para transparentar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos que reciba esta y cualquier otra institución de Estado, así como para dar la información de cómo se gasta el presupuesto, lo cual debe ser de conocimiento público, ya que es recurso que se etiqueta desde la Cámara de Diputados, que por medio de la Auditoría Superior de la Federación se da a conocer a la ciudadanía. Por lo que pedir la aclaración de recursos fiscales es un derecho de cualquier ciudadano, aún más si pertenece a un consejo de gran relevancia, como es el de la Fiscalía. No se debe permitir la opacidad ni el uso discrecional del recurso, menos en una institución que se puede considerar de nueva creación, y mucho menos la remoción de uno de los integrantes por querer aclarar la función fiscal. Debemos eliminar los vicios que dejaron gobiernos corruptos anteriores, y esta es una buena forma de iniciar, el darle la oportunidad a los consejos ciudadanos de intervención en cualquier tema de la institución que acompañen. Regresemos la confianza que la ciudadanía ha perdido en las instituciones de aplicación e impartición de justicia. Que las leyes se apliquen sea quien sea y del color que sea. Por estas razones, compañeras y compañeros diputados, espero que su voto sea a favor de esta reserva. Es cuanto, diputada Sauri.