EL C. DIPUTADO JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores: José de Jesús López Sandoval, diputado federal por el V distrito de la demarcación y Delegación de Atzcapotzalco y Miguel Hidalgo del Distrito Federal, con todo respeto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto por la cual se deroga el tercer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diputado presidente, con todo respeto y con acuse de recibo le solicito que se inserte de forma íntegra en el Diario de los Debates, en la Gaceta Parlamentaria la presente iniciativa, toda vez que haré una síntesis del documento que en este acto entrego: Empezaré por leer textualmente el contenido del artículo 97 constitucional, en su tercer párrafo, que a la letra dice: "La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la unión los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes" . Como se sabe, la Suprema Corte de Justicia es el órgano máximo de autoridad, en el cual se deposita el Poder Judicial de la Federación, que se encarga de preservar el orden constitucional Desde el punto de vista del derecho público, las decisiones que se tomen en la Suprema Corte como actos de autoridad deberán ser coercitivos, unilaterales e imperativos para que se puedan imponer sus decisiones a los órganos estatales mediante la coacción, en caso de ser necesarios y hacerse obedecer aun en contra de la voluntad del gobernado al que se dirige el acto. Esta facultad investigadora atribuida a la Suprema Corte surgió por primera vez en el texto original de la Constitución de 1917, el cual estaba redactado en términos por demás difusos, situación a la que contribuyeron las reformas al artículo 97 en el año de 1977. La función investigadora contemplada en el precepto legal vigente desafortunadamente no es un acto que se encuentre revestido de autoridad, sino que es una simple función administrativa, al carecer de ese carácter vinculatorio. Ahora bien, el párrafo en comento le otorga facultades discrecionales a la Suprema Corte de Justicia para que la investigación sea de oficio, y sobre todo aquellos hechos que pudiesen ser violatorios del voto público o cuando se hayan puesto en duda la legalidad de todo el proceso de elección de los poderes de la unión. Sin embargo, del análisis exegético de dicho párrafo y ante la ausencia de obligación jurídica de tomar en consideración la investigación que hubiese hecho el mencionado tribunal, al ser mandato constitucional el poner a disposición de los órganos competentes los resultados de dicha investigación, existe la posibilidad de que dichos órganos lleguen a revisar el trabajo realizado por la Suprema Corte de Justicia y lo rechacen porque así lo consideren conveniente. Sin duda esta facultad de la Corte rompe con el esquema de división de poderes y funciones de alcance limitado y de aplicación excepcional su existencia y su ejercicio en el andamiaje jurídico de nuestro país puede crear problemas jurídicos, políticos, de difícil solución. De seguirse conservando el texto constitucional actual, este párrafo puede derivar en la posibilidad de colocar a la Suprema Corte en la incómoda situación de ser contradicha o menospreciada por las autoridades electorales. "Sin que con esto se pretenda soslayar siquiera el desvirtuamiento del papel preponderante que dentro de la figura tipo de división de poderes ocupa nuestro máximo órgano jurisdiccional. "Por otra parte la Suprema Corte a través de los artículos 105 y 107 de nuestra Carta Magna, ejerce la tutela de la misma. Por tanto su facultad es por su propia naturaleza de carácter jurisdiccional y no investigadora. "La Suprema Corte, de llegar a desarrollar las labores de investigación, estaría desempeñando funciones administrativas que no van de acuerdo con la compatibilidad de ser guardián de nuestra Carta Magna y que su simple averiguación de hechos o de hechos que constituyan la violación del voto público investigado por el Supremo Tribunal, no tiene la posibilidad de emitir ningún tipo de decisión sobre los resultados que se obtengan. Dicha facultad no se identifica dentro del ámbito procesal constitucional ni como procedimiento y mucho menos como proceso. "En suma, considero inconveniente, obsoleto y anacrónico el que se pueda involucrar a la Suprema Corte en asuntos que no van a trascender en una decisión político-electoral debido a la existencia de tribunales electorales que están facultados para conocer de la materia. "Además de lo expuesto, hay diversos juristas como: Héctor Fix Zamudio, Enrique Sánchez Bringas, Máximo Gámiz Parral, Joel Carranco, Ignacio Burgoa, Elizur Arteaga, por citar sólo a algunos que exponen lineamientos que concuerdan con los argumentos esgrimidos anteriormente y que son, sin duda, una opinión respetable en la doctrina jurídica mexicana. "Acción Nacional está convencido de que una forma de permear el trabajo legislativo, es el de analizar debidamente su propuestas para que nuestra legislación sea depurada y que las sucesivas reformas de leyes afecten o impacten a otras. En el mejor de los casos se armonicen y de ser necesario, en el ejercicio de una adecuada técnica legislativa, como en el presente caso, se deroguen facultades incluso constitucionales, mismas que han sido rebasadas por las propias instituciones que hemos creado. "Por todo lo anteriormente expuesto, y con los fundamentos jurídicos expresados, me permito poner a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue: "Artículo Unico.- Se deroga el párrafo tercero del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Solicito a la Presidencia, con todo respeto, que el presente proyecto sea turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen respectivo. Es cuanto, señor Presidente. -