El presidente Luis Raúl González Pérez: Gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Señor diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, y senador Javier Lozano Alarcón, vicepresidentes; diputada Irazema González Martínez Olivares, diputado Sergio Augusto Chan Lugo, senador Isidro Pedraza Chávez y diputado David Pérez Tejada Padilla, secretarios. Señoras legisladoras y señores legisladores, señoras y señores, es un honor acudir ante esta soberanía a rendir el informe que da cuenta de la actividad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desarrolló durante 2014, así como compartir algunas consideraciones sobre el estado actual de los derechos humanos en México y la prospectiva de este organismo nacional para los siguientes años. Al asumir el cargo con el que me honró el Senado de la república, me fijé como objetivos privilegiar la defensa férrea de los derechos fundamentales, la atención integral y la representación de las víctimas de violaciones a estos derechos y contribuir al abatimiento de la impunidad lacerante. Asimismo, me propuse ejercer a fondo las facultades que la Constitución y las leyes otorgan a la CNDH, en particular en lo relativo a la autonomía de la propia comisión nacional, así como respecto de la facultad de investigación de casos de violaciones graves a los derechos humanos. Lo sucedido en Iguala ha consternado a la sociedad mexicana y al mundo. Se trata de un hecho que indigna y agravia a todos los mexicanos y nos obliga a buscar la verdad de estos acontecimientos a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho. Debe señalarse que en las investigaciones que se llevan a cabo, las autoridades no podrán dar por concluido este expediente, hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desparecidos. Los hechos de Iguala son el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones, hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción. Las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas que se han presentado, las cuales han sido acompañadas por esta comisión nacional, son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos del poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente. La CNDH defiende la libertad de expresión y con ella el derecho a la protesta social consagrado en nuestras leyes. Sin embargo, estos derechos y libertades no son absolutos, sus límites son la afectación a terceros o la alteración del orden público y en este sentido nos hemos pronunciado porque las manifestaciones se mantengan dentro de los límites de la legalidad, lo que a su vez las reviste de mayor legitimidad. Es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas efectivamente. También lo es la oportuna y debida aplicación de la ley, la cual lleva implícito el respeto a los derechos humanos. El compromiso de la Comisión Nacional es hacer efectivo el derecho a la verdad, el acompañamiento y la reparación integral del daño a las víctimas con la garantía de no repetición, así como la rendición de cuentas y la sanción a los responsables. La ilegalidad, la violencia y el delito deben ser prevenidos y sancionados por la autoridad en Guerreo y en cualquier otra parte del país. En el caso, sucedido en Iguala, la CNDH solicitó medidas cautelares y de igual forma apoya y da seguimiento a la implementación de aquellas emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el 3 de octubre del año pasado. Para la atención de este asunto y el acompañamiento a las víctimas se creó una oficina especial en diciembre pasado. El caso es grave por su propia naturaleza, así como por su relevancia y proyección, pues hasta que no se acredite lo contrario estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos. Hoy más que nunca rendir un informe anual cobra trascendencia cuando ha ocurrido un hecho tan deplorable como el de Iguala, pues marca un antes y un después en la vida de nuestro país. La propia comisión no puede seguir siendo la misma después de estos hechos. Acudo ante este órgano de la representación nacional con el objeto de informar sobre las actividades de la CNDH durante 2014, con base en los datos y registros que sobre la actividad institucional encontré, al asumir la presidencia de este organismo nacional el pasado 16 de noviembre, incluyendo de igual forma lo realizado durante los primeros 45 días de mi gestión. El informe también contiene una sección de anexos que principalmente incluye el seguimiento de las recomendaciones, el cual se presenta este año únicamente en formato electrónico. El contenido de los mismos está disponible para el conocimiento público en la página Web de esta Comisión Nacional. Con independencia de lo anterior, considero que lo más relevante a reportar en materia de derechos humanos durante 2014 es el despertar y toma de conciencia que hechos como Tlatlaya e Iguala han provocado en nuestra sociedad, así como el nuevo paradigma de actuación que las autoridades e instituciones tenemos que asumir a partir de ellos. En relación con el tema de la protección y defensa de los derechos humanos, en 2014 las oficinas centrales y foráneas de la CNDH ofrecieron 348 mil 624 servicios de atención al público, entre éstos se recibieron 45 mil 671 escritos de peticionarios que dieron origen a 8 mil 455 expedientes de queja; 7 mil 363 de orientación directa; 8 mil 596 de remisión y 475 de inconformidad. Del total de expedientes de queja registrados, 125 se iniciaron de oficio. Como consecuencia del procesamiento de los expedientes de queja, la CNDH emitió 55 recomendaciones que se dirigieron a 67 autoridades. Las entidades públicas más señaladas en las recomendaciones son en orden descendente las siguientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que recibió 8; la Comisión Nacional de Seguridad, también 8; el gobierno de Oaxaca, 7; la Procuraduría General de la República, 4; el gobierno del Distrito Federal, 4; el gobierno de Chiapas, 3; el gobierno de Tabasco, 3; la Secretaría de Educación Pública, 2; el gobierno de Hidalgo, 2; el gobierno del estado de México, 2; y el ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, 2. Respecto de los expedientes de queja, las autoridades señaladas con mayor frecuencia como responsables fueron el IMSS, en mil 542 casos; el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación, en mil 177 casos; la Sedena en 642 casos; la Policía Federal, 580 casos; el ISSSTE, con 538; la SEP, 530; la PGR, 487; el Instituto Nacional de Migración, 450; la Semar, 374, y el Infonavit, 326. Se ha advertido la necesidad de revisar los esquemas y parámetros para la calificación de las quejas que se reciban, la forma en que se registran las autoridades que son señaladas como responsables de las mismas y el seguimiento que se da a los requerimientos de la Comisión Nacional, así como la forma o vías en que se concluyen los expedientes de queja o se atienden los escritos que se reciben. Se establecerán criterios objetivos para la calificación de las violaciones graves a derechos humanos, con parámetros sustentados en prácticas internacionales en favor de la protección a las víctimas, para la prevención de casos como el de Tlatlaya, que dio origen a la recomendación 51/2014, que al implicar ejecuciones extrajudiciales necesariamente debió ser considerado como un caso grave desde su origen. En cuanto a las violaciones graves a derechos humanos, durante el periodo que se reporta, este organismo nacional formuló una sola recomendación, la cual fue dirigida al gobierno constitucional del estado de Puebla, con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan. Ante la complejidad de las violaciones denunciadas se da seguimiento puntual a su cumplimiento. Es de subrayarse que cinco autoridades no aceptaron las recomendaciones del ombudsman nacional, me refiero a los ayuntamientos de Alvarado, Veracruz; Ahuacuotzingo, Guerrero; Florencio Villarreal, Guerrero; Guachinango, Jalisco. La CNDH ejercerá plenamente las facultades con que cuenta ante el rechazo o incumplimiento de sus recomendaciones. Por otra parte, se emitió una recomendación general sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos. Es pertinente señalar, que en este tipo de recomendaciones sería deseable que las mismas requirieran la aceptación por parte de las autoridades a las que van dirigidas, razón por la cual se tendrían que promover las reformas legales conducentes para que tuvieran mayor fuerza y su contenido sirviera para formular políticas públicas. En ejercicio de la facultad del ombudsman nacional para promover acciones de inconstitucional, durante 2014 se presentaron 6 acciones de este tipo, impugnando diversos ordenamientos jurídicos, tanto federales como locales, mismas que aún se encuentran en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como parte de las acciones de protección y defensa de los derechos humanos, este año se brindaron 6 mil 22 servicios de atención a víctimas, se realizaron 10 mil 22 gestiones a favor de personas migrantes ante las autoridades correspondientes, y se llevaron a cabo 319 trabajos de campo emitiéndose 63 mil 629 solicitudes de información a diversas autoridades, a fin de esclarecer la situación de personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas no identificadas. En relación con las personas recluidas en centros penitenciarios, se tramitó ante las instancias competentes el otorgamiento de 120 beneficios de libertad anticipada. De igual forma, se gestionó la liberación anticipada de 109 personas indígenas sentenciadas, de acuerdo a los beneficios a los que por ley tenían derecho. Durante 2014 se registró un total de 6 mil 571 eventos de capacitación en todas las entidades federativas, los cuales habrían contado con un millón 256 mil 902 participantes. Al respecto, se busca valorar el impacto real de estas acciones en el desempeño de los servidores públicos que participaron, así como en las entidades y organismos en los que prestan sus servicios. Este informe también contiene los datos relativos a los programas que atienden situaciones específicas en favor de niñas, niños, adolescentes, mujeres, familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas que viven con VIH y/o sida, migrantes, periodistas y defensores civiles de derechos humanos. De igual manera, se describen los esfuerzos para contribuir al combate contra la trata de personas e impulsar la defensa de los derechos laborales, económicos, sociales, culturales y ambientales. Se revisará el diseño y esquemas operativos de los programas antes mencionados, para enfocarse en la atención de víctimas, así como en las cuestiones prioritarias de cada área. Consideramos que los indicadores que reflejan las acciones que se llevaron a cabo deben replantearse para que en los informes sucesivos a éste se reflejen de mejor forma las acciones realizadas y su incidencia real en la materia a la que se aboca. En lo que se refiere a la observancia de los derechos humanos, se llevaron a cabo 2 mil 737 visitas a los lugares de concentración de migrantes, 457 a comunidades indígenas y 539 a distintos lugares de detención e internamiento en el ejercicio de las facultades del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Por otra parte, se integró y publicó el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2013. En cuanto al estudio y divulgación de los derechos humanos se imprimieron diversos materiales tales como libros, compilaciones, artículos, reseñas hemerográficas, comentarios, cartillas, fascículos, entre otros, los cuales tuvieron un volumen total de 7 millones 697 mil 763 unidades. En lo sucesivo se revisaran las políticas editoriales para garantizar la calidad y utilidad de los materiales que se impriman o publiquen, así como propiciar que sean verdaderamente aprovechados y difundidos, por lo que se hará un mayor uso de los formatos digitales para los mismos. En 2014, con el objeto de promover y fortalecer sus vínculos internacionales, la CNDH suscribió convenios de cooperación con organismos públicos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de diversas entidades federativas. Asimismo, esta Comisión Nacional participó en diversas actividades con agrupaciones internacionales y regionales, tales como el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, la Federación Iberoamericana del Ombudsman y la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano. La CNDH trabaja para retomar su liderazgo en los foros internacionales. En seguimiento de recomendaciones se advirtió que durante los años 2013 y 2014 la CNDH presentó 148 denuncias administrativas por presuntas irregularidades imputables a servidores públicos federales y locales, de las cuales a diciembre de 2014, 124 seguían en trámite y se habían concluido 24, en las que solo en 7 casos se determinó la imposición de una sanción administrativa a los servidores públicos involucrados, que en la mayoría de los casos consistió en una amonestación o suspensión por 15 días. En los restantes 17 asuntos no se encontraron elementos suficientes por las contralorías para imponer alguna sanción o se alegó la prescripción de la facultad para tal efecto. Del mismo modo, en cuanto a las denuncias penales formuladas por la CNDH como consecuencia de las recomendaciones emitidas durante 2014, se registraron 82 denuncias ante las distintas procuradurías de Justicia, tanto federales como locales, mismas en las que no se registró consignación alguna durante el periodo que se reporta. Si acudimos a los registros generados desde 2010, se habrían presentado en los últimos cuatro años 435 denuncias, de las cuales se habrían llegado a consignar sólo 43 casos. Seremos más estrictos en el seguimiento e integración de las denuncias administrativas y penales que se presenten, así como en el seguimiento que se dé al trámite de las mismas. La atención de las violaciones a derechos humanos no concluye con la emisión de las recomendaciones. Es necesario dar seguimiento y constatar su cumplimiento puntual en caso de que las autoridades responsables las acepten, así como denunciar pública y decididamente las negativas u obstáculos que se presenten para su cumplimiento. La institución está obligada a observar los principios de transparencia y acceso a la información, tanto por su condición de entidad pública como por su misión de proteger y defender estos derechos considerados fundamentales en nuestra Constitución. Por lo que hace a los datos que se reportan en este informe anual, es pertinente señalar que en general en los sistemas y registros institucionales los que existen actualmente se percibe un enfoque de carácter más cuantitativo que cualitativo, por lo que es mi compromiso generar mecanismos para evaluar la incidencia real del trabajo de este organismo nacional ante la sociedad y transparentar la gestión. La atención integral a las víctimas, el cumplimiento de la ley y la solución real de los casos planteados serán parámetros que nos orienten para ello. El informe del Ombudsman ante los Poderes de la Unión, señalará en lo sucesivo un reporte o estado de la situación de los derechos humanos en México; los obstáculos que enfrenta su gestión, las autoridades que son renuentes a colaborar con él o a cumplir con las recomendaciones, las reformas normativas que se tendrían que llevar a cabo para propiciar de mejor forma el respeto y defensa de los derechos humanos, así como la defensa y protección integral de las víctimas. Trabajaremos en indicadores y registros que permitan ofrecer esta información a la sociedad para que conozca y acompañe las tareas que por la defensa y protección de los derechos humanos se emprendan. Señoras legisladoras y señores legisladores. A poco más de 70 días de que asumí la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vivimos aún bajo las circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos de Iguala y Tlatlaya, así como por los reclamos sociales en favor de acciones inmediatas y efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana. El clamor nacional es por una convivencia en paz y seguridad, con instituciones democráticas que atiendan con eficacia y espíritu de servicio las demandas de la sociedad. Reconocemos que la crisis de credibilidad y confianza que desató Iguala, afecta también a la CNDH. En perspectiva y más allá de las reformas y cambios puntuales, estamos trabajando para que la CNDH recupere su esencia y vuelva a sus orígenes. Recordemos que esta institución surgió en una situación donde se multiplicaban las violaciones a los derechos humanos sin que nadie atendiera a las víctimas, y con instituciones de impartición de justicia que no actuaban de manera eficaz y oportuna. Para retomar este legado no basta con decirlo, hace falta trazar un plan de acción cuyo marco lo dan elementos como los siguientes: los derechos humanos deben colocarse en el centro de todas las políticas públicas y de la actuación gubernamental; no es admisible una actitud acomodaticia en esta materia tan sensible ni en el ámbito nacional ni en el internacional. La atención integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe ser igualmente central, porque ellas representan el corazón del agravio, del dolor y de la indignación. El cuidado y la atención a las víctimas es el fundamento de cualquier posibilidad de reconciliación y recomposición social. La procuración e impartición de justicia son las áreas donde más se manifiesta la crisis del Estado de derecho en nuestro país. El burocratismo, la exasperante lentitud, el abuso de los procedimientos y recursos jurídicos, así como la corrupción en estas zonas, no son males menores. De hecho condicionan el funcionamiento de las instituciones y agravan la precariedad de la convivencia social. La p0breza y la desigualdad, son abono a la violencia endémica. No afirmamos que se la causa principal, pero sin duda contribuyen a la descomposición social y en consecuencia a la criminalidad. De ahí la importancia de repensar los enfoques y las políticas públicas de combate a la pobreza y de impulso al desarrollo. La lucha en contra de la impunidad y en favor de la vigencia del Estado democrático social de derecho, es hoy un clamor nacional; pero la condición para avanzar decididamente en esta área, es el combate frontal contra la corrupción que requiere la aplicación de controles más estrictos para propiciar una cultura de actuación institucional sustentada en el respeto a la ley, la austeridad y la integridad de los servidores públicos. Como parte del nuevo enfoque hemos iniciado encuentros y acercamientos con las organizaciones de la sociedad vinculadas a la materia de los derechos humanos, y con otras organizaciones de la sociedad civil, reforzando lazos con los organismos locales de protección a los derechos fundamentales, con las instituciones académicas como la ANUIES, con la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como con legisladores federales preocupados por la situación de los derechos humanos en el país. Asimismo, le hemos dado un nuevo impulso con los organismos internacionales y regionales de los derechos humanos. Desde esta comisión nacional se exhortó respetuosamente al Ejecutivo federal a que acepte la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para admitir peticiones individuales. Del mismo modo se hizo un atento llamado al Poder Legislativo a realizar las reformas pertinentes a fin de aprobar una ley general en materia de desaparición forzada que incluya la adecuación del tipo penal a los estándares internacionales, así como la obligación de implementar políticas públicas y protocolos para la búsqueda de las personas desaparecidas. Un tema de significativa importancia es la no reelección en la CNDH. Por ello es necesario realizar las reformas conducentes, desde mi particular punto de vista, a efecto de eliminar la posibilidad de reelección del presidente de la comisión nacional, lo cual ayudará a evitar la politización del trabajo del ombudsman. Reitero. No hay manera de recuperar la aparente normalidad que como país teníamos antes de los hechos de Iguala o Tlatlaya porque era anómala, estaba asentada, en buena medida en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas. Revisemos autocríticamente el camino andado e intentemos reorientar nuestras acciones. Entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad de estructuras estatales obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. Lo haremos si sabemos entender y atender nuestra realidad, si volvemos a escucharnos y podemos dialogar para buscar la paz, la verdad y la justicia. Este entendimiento y reflexión nos darán la oportunidad de evolucionar como personas y como sociedad, de trascender nuestras diferencias y renovar el pacto social. Nadie, nadie debe caer en la tentación de la violencia. El diálogo, el entendimiento y el respeto a la ley deben prevalecer como las vías para la solución de los conflictos. Sólo de esta forma superaremos la desconfianza y podremos construir el espacio común que se requiere para hacer efectivo el derecho a la verdad. Evitar la impunidad es una obligación de todos, principalmente de las autoridades. No hay manera de recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad si no se dan ejemplos claros de coherencia y compromiso para tal efecto. El abatimiento de la impunidad con la oportuna y debida aplicación de la ley en todos los casos lleva implícito el respeto de los derechos humanos. Por complejas que sean las circunstancias, México no puede renunciar a su convicción democrática ni violentar su Estado de derecho. La defensa de la dignidad humana debe ser el fin y el objeto de toda acción y proyecto que emprendamos como nación. Por su atención, muchísimas gracias. (El comisionado entrega el informe escrito)