La diputada Claudia Pérez Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, mucho se ha hablado sobre los aspectos técnicos de la reforma al artículo 19 de nuestra Constitución con relación a la integración del catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, contenida en la minuta que proviene del Senado de la República. Sin embargo, quiero resaltar que la presente reforma no constituye una pena adelantada, ya que solo es una medida cautelar provisional para garantizar que el imputado acuda al desarrollo del procedimiento e inclusive al juicio, misma que obligará al Ministerio Público a trabajar de manera adecuada para lograr que el juez de control necesariamente decrete de oficio conforme a los delitos que así establezca en la Constitución, y logrando con ello un equilibrio para la víctima evitando la impunidad. Dicha reforma constitucional de ninguna forma es violatoria a la presunción de inocencia del indiciado y menos a sus derechos humanos, porque recordemos que tanto el imputado como la víctima tienen derechos humanos. Además, es pertinente recalcar que la medida de prisión preventiva oficiosa no es adelantar el sentido de la sentencia, por el contrario, evita que aquellos que probablemente cometieron un delito puedan sustraerse de la acción de la justicia, representando así un peligro para la sociedad y para las víctimas, lo que es de todo conocido sucede frecuentemente. En Morena estamos completamente a favor de una impartición de justicia efectiva y para ello es necesario crear las condiciones adecuadas para llevar a cabo una investigación eficaz y clara, ampliando el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La reforma al artículo 19 en comento, refrenda el compromiso que tiene nuestra fracción parlamentaria con los mexicanos referente a su protección, reivindicando así la confianza perdida en las instituciones de gobierno que habían creado un ambiente de incertidumbre, a tal grado que solo unos cuantos con privilegios tenían acceso a la justicia, lo que implicaba que en algunos casos las víctimas ya no acudían a denunciar y ello generaba impunidad. En este contexto, aquellos que estén en contra de la reforma al artículo 19 de nuestra Constitución estarán oponiéndose a garantizar la tranquilidad de la sociedad mexicana y a que exista objetividad en la aplicación de la ley penal. Ejemplo de lo anterior es la preocupante situación que hemos vivido con el robo de hidrocarburos, cuya incidencia aumentó de forma notable en los años anteriores y que por no existir una tipificación adecuada ni medidas cautelares enérgicas para quienes vivían de esta práctica ilícita, gozaban de impunidad, pese a representar un riesgo latente hacia la sociedad. El robo de hidrocarburos es un negocio millonario que para su ejercicio necesariamente tenía que ser solapado por las altas esferas del poder político y que por esta circunstancia permeó hasta la base de la sociedad, cuyas consecuencias fueron desastrosas. Recordemos el suceso en Hidalgo. Por ello necesitamos crear acciones más coordinadas, dejando de lado nuestra afiliación partidista y poniéndonos a trabajar en serio por la gente, quien merece los mejores resultados. Lo anterior es así porque existe una deuda histórica del gobierno con el pueblo, por tanto, habremos que apoyar iniciativas como esta, cuya implementación sustente las bases para un México más seguro, con una impartición de justicia sólida, efectiva y accesible para todos los mexicanos. Exigimos que los responsables de las conductas antijurídicas, que se incluyen para la reforma enfrenten las consecuencias acordes para los hechos que cometieron, ya no queremos más impunidad, víctimas ni corrupción, ya no más. Es cuanto, compañeros y hagamos conciencia que esto no es de partidos, es de los mexicanos. Gracias.