La diputada Ana Paola López Birlain: Con su venia, presidenta. Definitivamente el no conocer nuestra historia, van a tender a repetirla. Hoy se pretende destruir muchos años de un sistema de salud con problemas, cierto, pero que se fue construyendo y perfeccionando de manera certera, para sustituirlo simple y sencillamente por un engaño. El país no tiene el presupuesto para llevar a cabo una cobertura del nivel que prometen. La inviabilidad presupuestaria y operativa de este proyecto, aunado con la falta de claridad en su manejo y operación, nos obliga a todos los legisladores y a todos los ciudadanos a cuestionar y exigir transparencia al gobierno federal ante lo que a todas luces es un engaño a la población. El pasado 12 de julio el gobierno emitió unos lineamientos mediante los cuales ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponer inmediatamente de los recursos que constituyen el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, violando lo dispuesto en la Ley General de Salud, pero, sobre todo, vulnerando el derecho a la salud de quienes hoy son beneficiarios de esos recursos. Este fondo no le pertenece al presidente, les pertenece a los usuarios del Seguro Popular, y tiene el propósito de atender enfermedades graves y de alto costo. De aprobarse hoy este dictamen, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres solas y población indígena que hoy hacen frente a alguna enfermedad compleja o rara, de alto costo, no van poder atenderse y estarán en grave riesgo de perder la vida y su patrimonio familiar. Además, se plantea el uso discrecional de 40 mil millones de pesos que se autorizarían para ser administrados por Juan Ferrera Aguilar, el nuevo funcionario que tiene el gobierno de López Obrador, propuesto para dirigir el Instituto de Salud para el Bienestar, y no ha sido ni siquiera aprobado por el Poder Legislativo. Estamos hablando de una de las reformas improvisadas más irresponsables y regresivas que atenta contra los derechos humanos de las personas más vulnerables que habitan nuestro país. Una reforma que centraliza y disminuye los requisitos que aseguran la calidad de los servicios de salud, que busca el control político y burocrático de los servicios de salud para el manejo discrecional de los recursos por el presidente, que ya hemos visto cómo responde ante presiones políticas, que genera la inequidad y la discriminación en el acceso al derecho de la protección de la salud. Hoy, a nombre de Acción Nacional, quiero recalcar que la reforma que se pone a consideración en el dictamen a discusión atenta gravemente contra el interés superior de la niñez y contra el ejercicio pleno del derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en el término del artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este gobierno federal se ha dedicado a cortar de raíz todo lo implementado por gobiernos anteriores, sea bueno o sea malo, y todas las medidas instrumentadas han profundizado las inequidades y desigualdades económicas y sociales de nuestra población. Hoy nuestro México atraviesa una de las etapas más oscuras de su historia, en donde el partido en el poder pasa por encima de los intereses de los ciudadanos, a costa de complacer a su líder mesiánico, sin importarle siquiera considerar las graves consecuencias de sus decisiones. Ante estos atropellos le decimos a toda la población que está en riesgo que Acción Nacional no se va a quedar cruzado de brazos y que no va a reparar en acciones para proteger sus derechos humanos. Por ello, hemos interpuesto una formal denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, de estos hechos imputables a las autoridades federales, que hacen presumir el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales asignados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. También presentamos queja y denunciamos estos hechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y así todas las violaciones a los derechos humanos, producto de las decisiones de este gobierno, van a ser fuertemente objetadas por nosotros en los tribunales y en todas las instancias que correspondan. Los diputados del PAN alzaremos la voz por los ciudadanos y vamos a impugnar estas reformas regresivas ante la Suprema Corte de la Nación. Y acompañaremos...