El diputado Fidel Daniel Chimal García: Hoy estamos aquí para debatir un dictamen que en teoría busca la defensa del maíz nativo y la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, este dictamen ignora un problema urgente y doloroso, el abandono del campo mexicano y la inseguridad que asfixian a sus productores. Hablar del maíz en México no es solo hablar de un grano, es hablar de nuestra identidad, de nuestra historia, de la base de nuestra alimentación y cultura. Pero también es hablar de la crisis que enfrentan nuestros campesinos ante la falta de apoyo y de la violencia que se ha convertido la siembra en un riesgo de vida o muerte. Actualmente, México produce en promedio cuatro toneladas de maíz por hectárea, mientras que en países como Estados Unidos superan las diez toneladas por hectárea. Pero, más grave aun, importamos cerca de 19 millones de toneladas de maíz al año, lo que nos convierte en el principal importador de este grano en el mundo. Esto no es casualidad, ni cuestión de preferencias del mercado, es el resultado de una política agrícola fallida, del abandono al campo, de falta de inversión en tecnología y, sobre todo, del avance del crimen organizado en las zonas rurales. Porque hoy, hablar de sembrar maíz en muchas regiones del país es hablar de extorsión, cobro de pisos, secuestros y asesinatos. Es hablar de campesinos que deben pedir permiso para sembrar y pagar cuotas a los cárteles para poder cosechar. Los grupos criminales han tomado el control de la producción agrícola, han convertido a los campesinos en rehenes de su propio trabajo, obligándolos a vender sus cosechas a precios que ellos imponen o, de lo contrario, enfrentarse a posibles represalias. Ahí tienen a los limoneros del Valle de Apatzingán, en Michoacán, que responden a las extorsiones o son asesinados. Recuerden lo que pasó en Texcaltitlán, una serie de matanzas entre agricultores y sicarios por los campos del maíz, aguacate y limón, o el abandono de las parcelas en Apatzingán. Ahora yo pregunto, ¿cómo esperamos que incremente la productividad del campo, si antes un productor tiene que preocuparse de que su cosecha no sea quemada por negarse a trabajar para organizaciones criminales? ¿Cómo vamos a implementar la tecnología para mejorar los sistemas de riego, si antes sus tierras ya le fueron arrebatadas? ¿Cómo esperamos que se preserve la tradición y las técnicas para siembra y cosecha del maíz, si las familias que guardan esa memoria cultural son desplazadas o en muchos casos son asesinadas? El problema del campo no es solo la producción y la biodiversidad, es que corre el riesgo la vida de quienes trabajan en esta tierra. De nada sirve proteger el maíz nativo en papel, si en la práctica no estamos haciendo nada, no protegen a los campesinos de lo que siembran. De nada sirve venir aquí a hablar de la soberanía alimentaria, si en este país los verdaderos dueños del campo son el crimen organizado. El gobierno actual prometió rescatar al campo, pero lo único que ha hecho es entregarlo a este crimen organizado y ahora pretenden aquí venir a hablar de proteger al maíz, mientras se sigue ignorando a los productores, mientras los apoyos llegan tarde o nunca en muchos de los casos y mientras las políticas públicas están diseñadas solamente para la foto y no para resolver los problemas de fondo. Por eso, Acción Nacional votará en contra de este dictamen, porque viene de los mismos que hoy guardan sus alianzas con organizaciones del crimen organizado, de los mismos que defienden y los promueven. No nos vamos a cansar de recordarles que ustedes son, aunque les duela, un narcogobierno que abandonó a los campesinos y ha entregado el campo a manos de la delincuencia organizada. Es momento de dejar la simulación y enfrentar la realidad, esa que ustedes se niegan a ver. Es momento de rescatar el campo de manos de estos delincuentes y devolvérselo a quienes realmente lo trabajan. Es cuanto, diputada.