EL DIP. RAFAEL HERNÁNDEZ ESTRADA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: La gran tarea de esta LVIII Legislatura, la que responde al auténtico mandato de los electores que dieron origen a la correlación de fuerzas que en ella se expresa, es la reforma democrática de las instituciones del Estado, la cual debe ser a nuestro juicio, la idea rectora de los trabajos de la Cámara de Diputados durante el período ordinario de sesiones que hoy inicia. En lo que va de esta Legislatura, en la Cámara de Diputados se han presentado 174 iniciativas de leyes y reformas legales y constitucionales, de las cuales solamente se han dictaminado y aprobado 33, es decir, el 19%. Al rezago propio de esta Legislatura habrá que añadir el acumulado que se heredó de las anteriores. Existe una opinión compartida por diputados de todos los partidos en el sentido de que nuestra Legislatura ha tenido una baja productividad legislativa, y que más allá de los números, los grandes temas nacionales han quedado pospuestos. El continuismo neoliberal, hay que decirlo, se ha ido imponiendo por inercia y las grandes reformas, las de la transición política, las del cambio de rumbo de la nación y las de la justicia social siguen pendientes. Este entrampamiento legislativo se debe, por un lado, a la nula voluntad reformadora del titular del Poder Ejecutivo y a su ausencia como promotor de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Ensimismado con el espejismo del marketing y el cuidado de su imagen, al Presidente le ha faltado vocación de estadista y parece engolosinarse con el presidencialismo que caracterizó al sistema político mexicano durante más de 70 años. A contrapelo de la plataforma electoral del partido que lo postuló, el cual siempre criticó al presidencialismo mexicano, hoy los asesores del Presidente teorizan y divagan sobre la supuesta debilidad del Presidente frente al Congreso y en lugar de acotar las atribuciones del Presidente de la República proponen restringirle facultades a las Cámaras. Así, dentro de la Reforma Hacendaria se propone una seria limitación a la atribución que el Poder Legislativo tiene de aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto, pues cualquier modificación que se intente a los proyectos del Ejecutivo, según esa propuesta, deberá contar con el apoyo de dos terceras partes de la Cámara para surtir efectos, de lo contrario prevalecerá el proyecto del Ejecutivo. El llamado presidencial a un acuerdo político nacional reiterado con motivo del mensaje del pasado primero de septiembre, resulta insuficiente porque no define ni el temario ni la ruta crítica ni el objetivo de un acuerdo de esa naturaleza. Pero, compañeras y compañeros, habrá que decir que el nulo avance de la reforma del Estado también se debe a la incapacidad de las propias fuerzas políticas para acordar y negociar una agenda que permita avanzar en las reformas que México necesita. Si el Presidente no asume el reto de construir un régimen político diferente, democrático e incluyente, el Poder Legislativo de manera inteligente y propositiva, puede y debe tomar la iniciativa de allanar el camino de los acuerdos en torno a los grandes asuntos nacionales. La glosa del Informe Presidencial ofrece a esta Cámara de Diputados una primera oportunidad para avanzar en ese sentido. En la respuesta institucional al Informe, la diputada Beatriz Paredes, reforzando su argumento con una cita de Norberto Bobio, señaló que las acciones del Ejecutivo se subordinan al análisis que de ellas haga el Legislativo. Efectivamente, la división de poderes establecida en la Constitución, no es una simple división de trabajo, sino una organización compleja de competencias para impedir el abuso del poder. Que el poder detenga al poder, según la célebre definición de Montesquieu. El Grupo Parlamentario del PRD ha formalizado ante las demás fracciones sus propuestas para que la glosa del Informe deje de ser un maratón de pronunciamientos y un diálogo de sordos entre los funcionarios y los diputados. La glosa del Informe debe de ser un ejercicio de la facultad de control evaluatorio de las políticas públicas, facultad que la Constitución le confiere al Poder Legislativo. Es por ello que proponemos que aparte de la comparecencia de los Secretarios de Estado, de mayor relevancia, comparezcan también ante el pleno, los directivos de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). También hemos propuesto que los funcionarios del Ejecutivo Federal de todas las Secretarías y de los más importantes organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, comparezcan ante las comisiones ordinarias, debiéndose solicitarles a los mismos, un informe por escrito de sus respectivos ramos, mismo que debiera ser entregado 48 horas antes de su comparecencia. Por su parte, las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, hemos propuesto, deberán elaborar un documento de conclusiones que resuma su análisis sobre los informes que les presenten la Secretaría de Estado y las demás dependencias del Ejecutivo Federal que se encuentren en la órbita de su competencia. De esta manera, la Cama de Diputados a través de sus comisiones ordinarias, planteará observaciones y formulará propuestas de políticas públicas, ejerciendo plenamente las atribuciones de control evaluatorio que le confiere el Artículo 93 de la Constitución, y los Artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Con la alternancia política que el 2 de julio del 2000 impusieron los votos, el partido de Estado cedió su espacio a la pluralidad de los partidos. Diversidad alimentada por una sociedad cada vez más madura, crítica y despierta. Pero la alternancia en el poder por sí sola no puede considerarse una transición democrática, entendida como el cambio de régimen político. Si la alternancia no avanza al cambio de régimen, derivará inevitablemente en un continuismo con ropa nueva y pasará a la historia como una decepción de grandes dimensiones. Es por ello que de manera urgente la Cámara de Diputados debe acordar una agenda legislativa cuya idea rectora sea la reforma democrática del Estado. Debiéramos partir de que el actual diseño constitucional y legal del régimen político mexicano, constituye un exacerbado modelo presidencialista. Revisemos entonces las atribuciones del Ejecutivo, revisemos las atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado, a fin de redistribuirlas, para equilibrar los poderes y garantizar su coexistencia en un nuevo marco de formas de parlamentarismo. Valoremos las propuestas que ha presentado el PRD y en las que ha coincidido con otros partidos en el pasado, y que han sido recogidas en eventos como el Seminario de Chapultepec, y la propia Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, que instaló el equipo de transición del actual gobierno. Discutamos la propuesta para que el Plan Nacional de Desarrollo, su aprobación sea facultad del Congreso de la Unión, así como la ratificación por las Cámaras de los Secretarios de Estados, la ampliación de las facultades de control del Poder Legislativo, la eliminación del fuero presidencial y las partidas secretarias, el fortalecimiento de la soberanía de los estados y de la autonomía de los municipios. Abordemos temas como el de la erección del Distrito Federal como el Estado 32. El derecho a la información y la seguridad nacional. El servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno y la democracia directa a través del referéndum y el plebiscito. Asimismo, debemos de reabrir el debate sobre los derechos y la cultura de los pueblos indios, para reconocer plenamente el carácter pluriétnico y pluricultural del Estado mexicano, y darles a los pueblos indios su reconocimiento como sujetos de derecho público. Abordemos el tema de la rectoría económica del Estado, y dentro de ese tema los de la política de fomento a la industria y a las diversas ramas productivas, un programa de reactivación de la economía nacional. No circunscribamos la reforma fiscal sólo al fortalecimiento de las finanzas públicas, respondamos a la pregunta de más ingresos para qué, vinculando el ingreso y el gasto públicos. Redistribuyamos las potestades tributarias a estados y municipios. Rechacemos la pretensión de gravar con el IVA las medicinas, alimentos y libros. E impongamos gravámenes a los que más tienen, como los especuladores de la Bolsa de Valores o los grandes consorcios, que mediante la consolidación fiscal eluden impuestos millonarios. Reformemos la Ley del IPAB, para que no sea el pueblo el que pague durante generaciones los descalabros de los negocios turbios que oculta. Reformemos el Sector Eléctrico para modernizarlo y defenderlo. Aprobemos la Ley de Desarrollo Rural que el Presidente vetó. Expidamos la Ley de la Agroindustria la Caña de Azúcar. Resolvamos lo necesario para que aumenten las pensiones y se establezca la atención universal. Expidamos la Ley de Protección de los Adultos Mayores. Y acordemos las reformas necesarias para garantizar la gratuidad de la educación. Mejorar el nivel académico del Sistema Educativo Nacional y combatir el rezago educativo. Defendamos a las universidades públicas , particularmente a la UNAM del embate privatizador. Garanticemos en todos los órdenes la equidad entre los géneros y erradiquemos toda forma de discriminación. En cuanto a nuestro régimen interno, expidamos el nuevo Reglamento Interior de la Cámara de Diputados. Abordemos la reestructuración de los órganos de administración interna y hagamos realidad el servicio civil de carrera. Tal es el contenido esencial de nuestra agenda legislativa, misma que al entregarla al Secretario, ponemos sobre la mesa para su discusión Compañeras y compañeros, en el momento actual de nuestro país, coexisten el entusiasmo provocado por la caída de un régimen de varias décadas y la incertidumbre sobre el nuevo rumbo de la nación. Las bases para la creación de una sociedad más justa y democrática, son aun frágiles. La consolidación democrática depende en mucho, de que acordemos una reforma que replanteé la relación entre los ciudadanos y las autoridades. Reorganice los distintos niveles de gobierno y garantice el equilibrio de poderes, a la vez que responda a las expectativas de las mayorías nacionales, hoy sumidas en la pobreza y en la pobreza extrema, en el rezago educativo y marginadas del progreso y la globalidad. Aquí está nuestra propuesta; como lo establecimos el primero de septiembre, estamos dispuestos a sumar fuerzas por nuestro país. Queremos acuerdos que beneficien a la población; pactemos para transformar, no para conservar intereses e inercias del pasado. Muchas gracias.