El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Con su venia, presidenta. Esta es una propuesta de iniciativa que presento a nombre de toda la fracción del PAN, aquí en Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros legisladores, la gratuidad de la educación y consecuentemente de los servicios educativos que brinda el Estado es una garantía establecida en el artículo 3o. constitucional. Ésta representa una oportunidad de acceso a que los mexicanos de cualquier condición social aspiren a una mayor calidad de vida en el entendido de que su carácter público sienta las bases para el acceso colectivo a un bien social que contribuye al fortalecimiento de la democracia, el desarrollo económico y el bienestar general de la sociedad. Lamentablemente en los hechos se llevan a cabo prácticas que vulneran el principio de gratuidad de la educación que brinda el Estado como ha podido ser el establecimiento de cuotas para la atención de los recintos, que en lugar de ser un instrumento voluntario, muchas veces adquieren un carácter de obligatorio para los padres de familia. Según Leopoldo García, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, estos donativos que se exigen a los alumnos para poder ingresar a su escuela oscilan entre 250, 300 y hasta mil 500 pesos por estudiante según el plantel y la zona en que éste se ubique. Asimismo se han señalado en entrevistas a diversos diarios de comunicación que por este concepto entran a las escuelas unos 7 mil millones de pesos en promedio, aunque se desconoce tanto el monto exacto como el destino final del dinero. La presente iniciativa está orientada a erradicar una práctica recurrente de parte de algunas autoridades de escuelas públicas en el ánimo de obtener recursos financieros o en especie para resolver las más variadas contingencias, no siempre escolares; establecen cuotas anunciadas como voluntarias que adquieren el carácter de obligatorias. Varios legisladores consideramos que sin duda esta conducta va en detrimento de los valores y principios de la educación en México y representa una práctica que deba ser normada. Como legisladores reconocemos que las dificultades por las que atraviesan los responsables de muchos recintos escolares propician que inspectores y directores convoquen a las asociaciones de padres de familia para que contribuyan en dinero o en especie a la rehabilitación de los inmuebles, a la adquisición de bienes muebles, a la adquisición de auxiliares didácticos para las aulas o incluso a la realización de eventos y ceremonias; sin embargo, sostenemos que esta circunstancia no justifica que las cuotas voluntarias se conviertan en obligatorias y mucho menos que esta situación derive en el condicionamiento de los servicios educativos como son: la entrega de documentos oficiales, la realización de exámenes, el acceso al propio recinto escolar, etcétera. Situaciones lamentables que resultan en violaciones flagrantes a los derechos de los educandos. El condicionamiento de los servicios educativos al pago de una contraprestación, cuotas, constituye una práctica que tiene que erradicarse y al mismo tiempo debe enfatizarse el sentido voluntario de las aportaciones en dinero, bienes y servicios de quienes ejercen la potestad de los alumnos. Consideramos inaplazable fortalecer la Ley General de Educación a efecto de brindar mayores instrumentos de protección y defensa de los derechos de los educandos y de los padres de familia, así como de normas legales más acabadas que permitan a la autoridad actuar en consecuencia. De ahí que a través de la presente iniciativa se proponga adicionar un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General de Educación, a fin de explícitamente establecer que está prohibido condicionar los servicios educativos prestados por el Estado al pago de cuotas, la entrega de dádivas o cualquier otra contraprestación en dinero o en especie que sea obligatoria. De la misma forma se proponen reformas a las fracciones III y IV y se adiciona una VIII al artículo 65 con el objeto de instituir como parte de los derechos de quienes ejercen la patria potestad y la tutela de los alumnos, la colaboración con las autoridades escolares para la superación de los educandos y el mejoramiento de los establecimientos educativos, además el de presentar denuncia ante la autoridad correspondiente por la mala utilización de las aportaciones voluntarias que se realicen. Por otra parte, aunque la sociedad de padres de familia tenga como objetivo central integrar y representar a la comunidad frente a las autoridades educativas y busca promover la participación conjunta de todos en la noble tarea educativa, constituyéndose así un nexo entre la institución y las familias. No obstante lo anterior, existen casos que excediéndose en sus facultades exigen el pago de cuotas y contraprestaciones en muchas ocasiones en coordinación con las autoridades de los planteles escolares, como requisito para otorgar a los alumnos la inscripción, realizarles exámenes, entregarles boletas de calificaciones, hacer uso de las instalaciones escolares o ejercer algún derecho. De ahí que finalmente se propongan estas reformas a fin de establecer que las asociaciones de padres de familia deban tener por objeto el promover el carácter voluntario de los apoyos para el mejoramiento de los planteles, así como el de informar periódicamente a los padres de familia o tutores sobre el uso y destino de todas las aportaciones que hubiesen recolectado. Muchas gracias, presidenta.