El diputado Alvaro Elías Loredo (PAN): Señor Presidente; Honorable Jurado de Procedencia: La Sección Instructora es el órgano plural de esta Cámara de Diputados, en cargado de tramitar y estudiar las solicitudes de declaración de procedencia, para que de forma imparcial, objetiva y en pleno respeto al principio de legalidad, se elabore una propuesta de resolución a los asuntos que se le plantean. La Sección Instructora es una institución encargada de combatir la impunidad, la corrupción, la arbitrariedad, la prepotencia y los abusos de autoridad, y de esta forma contribuye a la defensa del Estado de derecho. La competencia de la Sección Instructora y de este Jurado de Procedencia, se encuentra establecida en los artículos 74 fracción V y 111 de nuestra Constitución. Que quede claro que para proceder penalmente contra los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, se requiere de la declaración correspondiente de esta Cámara de Diputados. Y si bien es cierto que nuestras responsabilidades constitucionales nos obligan a velar por la protección de los funcionarios enumerados en el artículo 111 de nuestra Carta Magna, también lo es que debemos vigilar que el fuero constitucional no se convierta en argucia para eludir el principio de subordinación de gobernantes y gobernados al imperio de la ley. En el caso que nos ocupa, erróneamente se ha sostenido que un diputado con licencia, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aun y cuando no se encuentra en ejercicio de sus funciones, sigue gozando de un privilegio que no le corresponde, máxime que el suplente se encuentra en ejercicio del cargo. Al respecto, desde el 26 de abril en que se discutió la admisión del expediente de la Sección Instructora, he sostenido reiteradamente que el fuero constitucional no se erige como privilegio personal, sino como salvaguarda de las funciones públicas. He explicado que un servidor público que posee fuero, al separarse de su encargo, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, queda separado de sus funciones, de sus facultades y obligaciones y también de la protección constitucional. Es por ello que el artículo 112 de la Constitución expresamente establece "que no se puede gozar de esa prerrogativa en los momentos en que por cualquier motivo se encuentren separados de su encargo". Este criterio ha sido sostenido por prestigiados tratadistas del derecho constitucional mexicano. Y contra el texto de la Constitución no valen tesis aisladas de tribunales colegiados ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante todo lo anterior, lo importante en este momento es dejar absolutamente claro que no existe impedimento para que las autoridades competentes, en ejercicio de sus funciones y atribuciones legales, procedan en contra del ciudadano René Juvenal Bejarano Martínez y se le sigan los procesos penales que correspondan. No debe existir pretexto alguno para que en los casos en que existan conductas punibles, los responsables de las mismas puedan resultar exonerados porque en su beneficio se aplique una interpretación errónea de la ley. En el dictamen que la Sección Instructora presenta a este Jurado de Procedencia se concluye que hay elementos suficientes para establecer la existencia de los delitos por los cuales se acusa al servidor público denunciado. Estas determinaciones no obstan para que en el transcurso del proceso penal las partes aporten las pruebas de cargo y de descargo, a efecto de que la autoridad judicial determine lo conducente. En Acción Nacional hemos sostenido que la justicia debe ser expedita, eficaz y resolutoria a efecto de evitar la impunidad que genera desconfianza y malestar. Es por ello que en estos momentos resulta preferible que el asunto quede en manos de las autoridades competentes para que se resuelva lo que en derecho proceda. ¡Dentro del derecho todo, en contra del derecho nada! (Aplausos)