El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con su permiso, señora presidenta. Para el presente periodo ordinario de sesiones en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza establecimos la viabilidad financiera como uno de nuestros ejes estratégicos, la viabilidad financiera del Estado. Entendiendo la viabilidad financiera, no solamente por la parte de los ingresos públicos, sino que también buscamos ajustes en el marco fiscal que incentiven el desarrollo económico, impulsen la competitividad y brinden justicia social intergeneracional a todos los contribuyentes. En este supuesto cabe destacar que la pirámide poblacional sigue la tendencia de reducción en subasta, lo que significa que la proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido. También se percibe un crecimiento en la parte superior de esta pirámide, indicando un incremento en la cantidad de proporción de adultos y adultos mayores en México. Estos últimos pasaron de 6.2 por ciento en 2010 a 7.2 por ciento en 2015, en solo 5 años. De conformidad con la información proporcionada por el Inegi, en nuestro país el proceso de envejecimiento se hizo evidente a partir de la última década del siglo pasado, mostrando una inercia que cada vez es más notoria. De acuerdo a las proyecciones de población que estima el Consejo Nacional de Población para 2025 y 2050, el número de adultos mayores aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza entendemos que un enfoque de derecho obliga a mejorar la capacidad institucional para combatir la pobreza y la desigualdad en la que viven muchos adultos mayores, a mejorar la atención e infraestructura de la seguridad social y a velar porque cada adulto mayor tenga los satisfactores necesarios para mejorar su calidad de vida. En Nueva Alianza estamos conscientes de que la política económica y fiscal en materia de adultos mayores no ha sido la adecuada, sumado a un sistema de seguridad social que no ha logrado los objetivos de proteger a todos los miembros de la sociedad frente a las contingencias a que se exponen a lo largo de la vida. Por definición, un adulto mayor se encuentra en edad de retiro o jubilación del mercado laboral, disminuyendo sus posibilidades de empleabilidad. Es decir, pueden carecer de una fuente constante de ingresos, sobre todo si consideramos que la mayoría no cuenta con un esquema de pensiones y quienes lo tienen, en muchos de los casos no es suficiente. En diversas ocasiones y situaciones familiares, además son jefes de familia que participan activamente en el gasto familiar. Bajo dicho contexto los adultos mayores recurren a la enajenación de su patrimonio, inmobiliario como medida para obtener flujo de efectivo, con la esperanza de alcanzar un retiro laboral digno. No obstante, y a pesar de que dicho patrimonio y los ingresos del propio contribuyente fueron grabados a lo largo de su vida laboral, la enajenación de casa-habitación se encuentra también gravada por Ley del Impuesto Sobre la Renta. Nueva Alianza reconoce y destaca que la ley vigente permite exentar la enajenación de la casa-habitación del contribuyente hasta cierto límite e impone determinados mecanismos de fiscalización y control adecuados para evitar prácticas de evasión fiscal, como son que el monto no exceda de 700 mil unidades de inversión, la transmisión se formalice ante fedatario público y que durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación el contribuyente no hubiere enajenado su casa. No obstante lo anterior y por razones de política fiscal, Nueva Alianza considera pertinente eliminar el tope de la exención citada cuando se trate de personas adultas mayores, en los términos que lo define la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, reproduciendo los candados de control necesario, a efecto de que la transmisión se formalice ante fedatario público y, a diferencia de la exención ordinaria, la presente aplicará únicamente si el contribuyente nunca enajenara su casa-habitación previamente. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara estima que la medida propuesta tendría un gasto fiscal de 133 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2016. Si tomamos en cuenta la estimación prevista en la Ley de Ingresos del año en curso para la recaudación por el rubro de impuestos, el impacto recaudatorio representa únicamente el 0.0055 por ciento de la cantidad que se estima a recaudar por impuestos sin tomar en cuenta que la medida producirá mayor flujo de efectivo y apoyo a los adultos mayores en nuestro país. Por lo anterior, Nueva Alianza protege los derechos de los contribuyentes y sin duda contribuye y colabora con mejorar la calidad de vida de uno de los grupos vulnerables más afectados y de una población en crecimiento continuo, es decir, a nuestros adultos mayores. Por su atención, muchas gracias.