EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Transportes y de Marina. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 202 de la Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. - EL C. DIP. JORGE KAHWAGI MACARI. Con el permiso del señor Presidente, compañeras y compañeros diputados El Segundo Periodo Ordinario de Sesiones que hoy iniciamos, representa una gran oportunidad para avanzar en las reformas estructurales que nuestro país necesita. En ese sentido nuestro principal objetivo será alcanzar un sistema legal ambiental congruente que permita una mayor articulación y homegeneización de la legislación que tiene impacto en temas ambientales. Por lo anterior, presentaremos iniciativas de reformas a las leyes que impactan en la aplicación de políticas públicas ambientales y buscaremos un rediseño institucional del Gobierno Federal que permita que el tema ambiental deje de ser sólo una política sectorial y se convierta en una política de Estado, prioritaria en la agenda nacional. Asimismo impulsaremos instrumentos tanto económicos como sociales que incentiven e involucren a todos los sectores de la sociedad, con el fin de proteger los recursos naturales. Las iniciativas que hoy presento, es la primera de una serie de reformas que tienen como finalidad, crear el marco jurídico que permita la verdadera protección y conservación de la biodiversidad. Esta iniciativa busca reformar el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, permitiendo que la PROFEPA pueda iniciar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes sobre actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal. Dado que una de las características de la República es la División de Poderes, corresponde a los Tres Poderes distribuir el trabajo para hacerlo más eficiente, ya que cada uno de ellos tiene funciones y líneas de acción propias y por lo tanto no pueden invadir el campo que les corresponde a los otros. En este sentido las facultades que competen al Poder Ejecutivo son, como el poder administrador, el ejecutar o poner en vigencia las leyes y controlar su cumplimiento. El poder Judicial, por su parte, es el encargado de la administración de justicia. Bajo este principio de división de poderes, se encomienda exclusivamente al Poder Judicial la aplicación de las penas propiamente tales, es decir, del castigo que impone la Ley por la comisión de un delito, previa la tramitación legal y conforme a sentencia razonada y fundada. Sin embargo existen otros castigos que sólo impropiamente se consideran como penas y más bien son correcciones, los cuales pueden aplicarse por las autoridades políticas o administrativas. No obstante es preciso observar que en estos casos no se ejerce la autoridad funciones judiciales, sino únicamente emplea sus atribuciones en conservar el orden y la disciplina respecto a las infracciones que no sería necesaria ni posibles llevar al conocimiento de los jueces. El artículo 16 de la Constitución establece que todos los procedimientos penales inician cuando se presente una querella o acusación ante el Ministerio Público. Por lo tanto sólo cumpliendo con tal requisito de procedibilidad, si la representación social considera que se acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, ejercitará la acción penal correspondiente ante el tribunal judicial o autoridad judicial competente. De igual forma el artículo 21 constitucional establece que la imposición de las penas es exclusivo de las autoridades judiciales. Sin embargo la investigación y persecución de los delitos es materia del Ministerio Público el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Asimismo se estipula que compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multas o arrestos. Es preciso hacer énfasis en la división de poderes y en la capacidad de lineamientos de acción de cada entidad que ya tiene, ya que existen casos como el mencionado en el artículo 202 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el cual se establece que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente está facultada para iniciar las acciones que proceden ante las autoridades judiciales competentes cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyen violación a la legislación administrativa o penal. Sin embargo, se incurre en un error, ya que estrictamente las autoridades judiciales federales son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal, los cuales no están facultados para seguir o investigar delitos, sino que esta facultad es propia del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República. Reafirmando lo anterior mencionado, el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso a), señala: "Incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y por lo mismo a él le corresponde solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine". Asimismo la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece en su artículo 4, fracción I, inciso a), las atribuciones de esta institución entre las que destaca: Investigar y perseguir los delitos de orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende en la averiguación previa: recibir denunciar o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delitos; investigar los delitos del orden federal, así como los delitos del fuero común respecto de los cuales ejercite la facultad de atracción y practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como para reparar de los daños del perjuicio causado. Con base en lo anterior, la PROFEPA de acuerdo a la redacción que se contempla en el artículo 202 no se podrá iniciar acción sobre actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal, por lo que la propuesta de reformas al mencionado artículo consiste en establecer que la PROFEPA puede iniciar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes que en la especie se traduce en la figura del Ministerio Público y de las autoridades administrativas. Por tanto, en atención a lo anteriormente expuesto los suscritos diputados respetuosamente sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue: Artículo 202. "La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el ámbito de sus atribuciones está facultada para iniciar las acciones que procedan ante las autoridades competentes cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal". Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, muchas gracias. -