El diputado Sergio Hernández Hernández: Con su permiso, señora Presidenta. Ante tantos problemas que hemos visto a través de los medios de comunicación, con escuelas que surgen de la noche a la mañana y que defraudan a los estudiantes, la propia Secretaria de Educación decía hace algunos días que teníamos un fuerte problema con catedráticos en las escuelas particulares y sobre todo, en las escuelas preparatorias. Es necesario llevar a cabo una actualización permanente de los ordenamientos normativos en materia educativa que permita a los mexicanos contar con una educación completa, integral, actual a nuestros tiempos, pero sobre todo competitiva a nivel internacional. En este tenor, considero que es importante atender un problema actual que afecta a nuestra sociedad, un problema vertebral que ha perjudicado a cientos de estudiantes que han visto su futuro profesional trastocado en numerosos casos por falta de regulación, calidad y reconocimiento de las instituciones de educación privada. Por esto, es importante recordar que al inicio de la década de los 90, debido al crecimiento demográfico de México, la matrícula educativa se incrementó sustancialmente respecto a las generaciones anteriores, lo que repercutió de forma importante en nuestro esquema educativo, pues los recursos públicos destinados a la educación no crecieron en la misma proporción a como lo exigía la demanda. Dicha problemática afectó principalmente al sector de la educación superior, en donde la falta de recursos y los cada vez más recurrentes problemas económicos que enfrentaba nuestro país, provocaron una disminución en las vacantes en las instituciones de educación pública. Como consecuencia, la competencia por acceder a universidades públicas de alta calidad y reconocimiento internacional como la UNAM o el Politécnico, era cada vez más reñida y con menos posibilidades de ingreso para un número creciente de aspirantes. Bajo este escenario y con la finalidad de satisfacer la demanda creciente de estudiantes, el Estado expidió permisos y reconocimientos de validez oficial de estudios, a innumerables instituciones de educación privada, sin que éstas en muchos de los casos cumplieran con los mínimos estándares de calidad o contaran con las instalaciones adecuadas para llevar a cabo sus funciones. Aunado a lo anterior, más la escasa supervisión de las autoridades, se ha generado un grave problema de rezago educativo que es urgente atender. Prueba de esto, es el incremento del 180 por ciento que ha registrado la matrícula educativa en las instituciones de educación superior privadas durante la última década, con respecto al escaso aumento del 33 por ciento de la matrícula captada por las universidades públicas en el mismo periodo. En la actualidad no podemos negar que la expansión de instituciones privadas ha desahogado momentáneamente la demanda creciente de alumnos que desean continuar con sus estudios; sin embargo, al existir graves deficiencias en la calidad de un gran número de instituciones, estamos aceptando que éstas generen profesionistas mal preparados y por lo tanto, vulnerables en cuanto a su desarrollo profesional en la competitividad y, finalmente, en su entorno laboral. No podemos perder de vista que la vaguedad de nuestra legislación educativa ha provocado que numerosas instituciones privadas inicien sus actividades de enseñanza sin contar siquiera con la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, pues la Ley General de Educación vigente no sanciona expresamente a quienes imparten educación superior cuando los cursos no cuentan con la validez que la autoridad expide. Además, no hemos logrado exigir a nuestras instituciones estándares de calidad que provean los elementos necesarios para impartir una educación de excelencia. Por ello, la situación social de la que hablamos en líneas anteriores y la escasa regulación en materia educativa se han convertido en un gran nicho de oportunidades para un sinnúmero de instituciones privadas que han abierto sus planteles sin cumplir con los permisos necesarios y los estándares de calidad; lucrando así con la necesidad de millones de estudiantes que buscan desesperadamente y a cualquier precio, en una escuela particular obtener lo que el Estado no ha podido brindarles, un espacio en las universidades públicas. Diputadas y diputados, en México respetamos y respetaremos en todo momento el derecho de los particulares para impartir educación en sus diferentes modalidades, tal como lo dispone el artículo 3o constitucional; sin embargo, el Estado por ningún motivo puede abstenerse de fijar los lineamientos bajo los cuales deberá otorgarse el servicio por parte de los particulares, así como vigilar de manera estricta y permanente la forma en que éste se otorga. No obstante lo anterior, debemos fortalecer las medidas para el otorgamiento de permisos y de reconocimientos de validez oficial de las instituciones educativas privadas, contemplando además una verdadera evaluación permanente a los programas educativos y a los servicios que dichas instituciones presentan, con la finalidad de garantizar a las futuras generaciones una educación uniforme, con altos estándares de calidad que genere competencia honesta y permanente entre dichas instituciones, evitando así la existencia de establecimientos de mala calidad. No podemos permitir que la educación sea considerada como un simple negocio del cual puedan beneficiarse los grandes capitales, pues entendemos bien que al hablar de educación hablamos de un derecho público individual que el Estado está obligado a garantizar. Como legisladores debemos estar conscientes de la vital importancia de la educación y de la formación profesional de nuestros ciudadanos, ya que una sociedad educada es una sociedad libre. Por todo lo anterior, el día de hoy he presentado esta iniciativa que estoy seguro de tener el consenso, habrá de ser en beneficio de tantos y tantos jóvenes que hoy por hoy son defraudados en muchas instituciones de educación superior, sobre todo privadas. Muchas gracias.