EL C. DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Gracias diputada presidenta. Compañeros diputadas y diputados. Los derechos y las garantías sociales que nuestra Constitución Política ha incorporado antes que ninguna otra legislación, no son fruto de ocurrencias, de afanes declarativos o expresión de buenas intenciones, sino que se trata de caracterizar las prioridades que como nación tiene México, producto de una realidad de desigualdad y pobreza, que ha acompañado a nuestro país desde su más primaria existencia, y que en los últimos tiempos ha tendido a exacerbarse, por la implementación a rajatabla de una política económica, que sirve a la gran empresa transnacional, que opera en detrimento de la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población. Desprender de lo privado la atención de las necesidades primarias que son comunes a todos, es la razón del nacimiento de los derechos sociales como ámbito autónomo del derecho, haciéndose especial hincapie con ello, en la responsabilidad del Estado en estas áreas, en particular, donde el lucro, la ganancia y la rentabilidad privada, ceden su paso hacia la satisfacción sin distingo de esas necesidades por parte de todos. La justicia distributiva se ejecuta a través de reconocimiento de estos derechos, como un mecanismo para compensar y atenuar las desigualdades, que son fruto de las políticas públicas, que no cumplen su principal razón de ser. El promover ante esta Honorable Cámara de Diputados el derecho a la alimentación, es una acción afirmativa, ya que buscamos que de ahí se deriven políticas públicas concretas para atender el problema de la desnutrición de las y los mexicanos, por lo que precisamos que el Estado debe proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de este derecho. El Partido de la Revolución Democrática es pionero en esta solicitud y ya desde el año de 1994, presentamos ante esta soberanía una iniciativa de reformas al artículo 4º., en el que buscando concordancia con el ya ratificado Pacto Internacional Sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, se estableciera el derecho a la alimentación. Para abundar en esta necesaria reforma, es preciso recordar la condición de México como país pobre y que nuestro reto desde ahora en la globalidad, es precisamente atacar la marginación en la que viven más de 60 millones de mexicanos. Según datos de la FAO, el 40% de los mexicanos padece desnutrición, situación que se agrava en más del doble para nuestra población indígena. Es por lo anterior expuesto, que consideramos que elevar a rango constitucional el derecho a toda persona a la alimentación, es una prioridad que debemos asumir para procurar que los derechos en este país se cumplan. Como lo marcamos en su momento con la iniciativa de decreto que pretende agregar un párrafo cuarto al artículo 4º. Constitucional, para quedar como sigue: Artículo 4º., párrafo cuarto. "Toda persona tiene derecho a la alimentación que le permita un desarrollo integral adecuado a su edad y condiciones especiales. El Estado proveerá lo necesario para garantizar el ejercicio de este derecho". Consideramos de gran importancia se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto, la cual fue presentada el 6 de noviembre de 2001 ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, toda vez que ha transcurrido el período a que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sin que hasta el momento se haya emitido ningún dictamen o pronunciamiento de la comisión correspondiente. Quien suscribe la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que emita un dictamen respecto al asunto mencionado. Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.