El diputado Fernando Espino Arevalo: Con su venia, señor presidente. Señora y señores diputados: El México moderno, aun con problemas de índole financiero y social, se ve de nueva cuenta estancado en un rubro tan importante como es la recaudación fiscal, lo que ha generado muy variadas controversias porque el gobierno no ha sido capaz de ampliar y mejorar su sistema de administración tributaria, el cual en la actualidad asciende a poco más de 7.7 millones de contribuyentes cautivos, sobre los cuales se han tasado los impuestos más gravosos; ello en virtud de que el 54 por ciento de la población económicamente activa evade impuestos. Esta base de contribuyentes no es suficiente para solventar las diversas necesidades financieras del Estado mexicano, es decir, no puede satisfacer demandas básicas como salud, educación y seguridad pública, mucho menos tener recursos para la atención de contingencias como los desastres naturales o contar con infraestructura para la promoción del deporte o la organización de unos juegos olímpicos, evento que si bien significa una gran derrama económica para el anfitrión, también lo es que requiere de una infraestructura que no se tenía. Tal circunstancia fue vislumbrada en nuestro país hacia finales de la década de los cincuentas, derivado de la eventual asignación de México como sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Ello obligó al gobierno federal a destinar grandes cantidades de recursos para construir los diferentes escenarios deportivos y así poder cumplir con esa distinción. Sin embargo, ese gasto estaba fuera de todo contexto presupuestal. De ahí que fue necesario pensar la forma para que el gobierno se pudiera hacer de los mismos y la opción más ortodoxa y sencilla era la creación de nuevos impuestos. Esta idea comenzó a generarse en los albores de los años sesentas y logró su concreción al establecerse el Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, mismo que fue incorporado a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1962. La creación del citado impuesto se logró porque en su momento se argumentó que la medida era temporal y que estaría vigente hasta que pasaran las olimpiadas, es decir, hasta 1968. La Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, pero es a partir de 1981 cuando se genera una situación de mayor inconformidad de los contribuyentes porque consideran que ese impuesto es un exceso, ya que al adquirir un vehículo el mismo viene con una importante carga tributaria como el IVA, aplicado a varios aspectos, entre otros los materiales y piezas para el ensamble, servicios del traslado de la planta armadora a la concesionaria, al comprar la unidad en la agencia, las refacciones y accesorios adicionales, además del impuesto especial de la gasolina, el impuesto sobre automóviles nuevos y el pago por derecho de placas, tarjeta de circulación y calcomanía, los cuales incrementan ostensiblemente el costo final del automóvil. Además de toda esta lápida fiscal, tenemos que ponderar que los servicios públicos de transporte que se prestan a las diferentes ciudades del país son de pésima calidad y constituyen un verdadero vía crucis para los usuarios, lo que obliga a las personas a realizar esfuerzos extraordinarios para adquirir un medio de transporte, lo cual en nuestros tiempos está catalogado como una necesidad básica, misma que con este lastre fiscal, resulta muy difícil de concretarse. Es preciso decir que el Impuesto por la Tenencia de Vehículos está sobredimensionado y fuera de todo contexto, en virtud de que el objeto y justificación para su creación, se fundamentaban a la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968; por tanto su vigencia debió de quedar sin efecto hace mucho tiempo. Sin embargo por las ineficiencias de las instancias recaudatorias, se optó por salidas absurdas como perpetuar la aplicación de un impuesto que tenía una temporalidad finita. Además de lo anterior, dicho tributo goza del repudio generalizado de la población a nivel nacional, pues lo consideran inequitativo y sin razón de ser. De igual forma existen manifestaciones puntuales de diversos órganos legislativos locales que se pronuncian por la abrogación de la multicitada Ley. En este mismo sentido se presentó una iniciativa en la LVIII Legislatura del Senado de la República. También vale la pena destacar que Estados Unidos y Canadá, entre sus disposiciones tributarias no tienen impuestos como la tenencia. Por el contrario, en esos países se busca incentivar cada vez más a los ciudadanos para que renueven sus unidades, lo que nuevamente pone a la sociedad y empresas mexicanas relacionadas con el tema en una condición de desventaja, más aún si tomamos en cuenta el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto del 2005, el cual adelantó la entrada en vigor del TLC en el rubro relativo a la libre importación de vehículos usados Finalmente, debemos señalar que al abrogar la presente Ley, no se debe pensar equivocadamente que los ingresos del gobierno federal se verían disminuidos porque de acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno Federal, la base de contribuyentes se incrementó al pasar de 7.7 millones en 2003, a 10.2 millones en el 2004, lo cual genera las condiciones para que aprobemos esta iniciativa. Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea para su aprobación, la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Es cuanto, señor Presidente.