La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento esta moción suspensiva sobre el dictamen de la minuta que expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Compañeras, compañeros, el acceso a la electricidad es hoy una condición material previa para la satisfacción del derecho al agua, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la información y de otros bienes y servicios que se desprenden del Catálogo de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Gracias a la energía eléctrica se conservan alimentos, queremos acondicionar más adecuadamente el ambiente o hacer acciones relacionadas con la salud. Gracias a la iluminación los medios de comunicación, la informática y el Internet podemos acceder a una educación de más calidad. Y gracias a la energía eléctrica, la labor de la casa se alivia tanto en el lavado de la ropa, en el planchado, en el lavado de los utensilios de cocina y un sinfín de artefactos del hogar que reducen la carga laboral doméstica, mejorando la calidad de vida. Por ello, el Estado tiene la obligación de asegurar la entrega del servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población. Compañeras y compañeros, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Y también dice la Declaración que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado de vida que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios médicos. El Pacto Internacional de Derechos Humanos también habla de la obligación del Estado para favorecer el costo de los derechos económicos, sociales, culturales, así como los derechos civiles y políticos. Pero la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer instituye claramente el derecho a la electricidad como un derecho humano. Establece en su artículo 14 que los Estados parte adoptarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer y le asegurarán el derecho a gozar de condiciones debidas, adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las telecomunicaciones. Por ello, hay que mencionar que la presente minuta que contiene la Ley de la Industria Eléctrica que hoy se somete a consideración es contraria a los criterios que plantean estos instrumentos internacionales de derechos humanos. El dictamen de la Ley de Industria Eléctrica que se nos propone hace caso omiso de las obligaciones jurídicas que le competen. No solo de aquellas que lo obligan a actuar sino también de las que debe realizar para garantizar un resultado. En este caso hablamos del acceso al derecho humano, a la energía eléctrica en condiciones de equidad. El dictamen carece de una visión social y no garantiza la eficaz aplicación del texto constitucional, que dice que los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, como la Convención para Eliminar todo tipo de Discriminación serán parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Por ello, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover...