El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Presidencia. Fusionamos a Morena en este dictamen, nuestro voto va a ser en contra. Algunos se abstendrán, pero expresaré por qué. Esta reforma proviene del SAT. El SAT busca, efectivamente, combatir a las empresas fantasma o la simulación de actos fiscales que permiten la evasión de contribuyentes. El asunto no es el objeto sino el procedimiento. El 69-B del Código Fiscal ha sido impugnado a través de varios amparos. Ha llegado a la Corte a través de la revisión de amparo y la Corte, en la sala competente, determinó tres votos a favor y dos en contra que era constitucional el procedimiento. Sin embargo, en el fondo está la actitud del contribuyente, que busca un marco de legalidad y de certeza en el procedimiento para determinar créditos a partir de hechos simulados. La Corte, algunos tribunales señalaron que no se daba garantía de audiencia al establecer la famosa lista negra. La lista negra, como está actualmente, se establece por presunción. Presumo que eres empresa fantasma, presumo que simulas actos. Con una presunción determino quién entra a la lista negra y la publico en el Diario Oficial de la Federación. Ahí tenemos un primer impacto para aquellos productores de bienes o prestadores de servicios que actúan de buena fe. Se incluyen en una lista negra sin previa audiencia, sin previo procedimiento para acreditar que no incurren en el supuesto de responsabilidad. Ahora se propone un procedimiento, pero después de haber publicado la lista presuntiva. Seguimos violando el principio constitucional de presunción de inocencia. Estaría correcto si quitamos la primera publicación, iniciamos un procedimiento sumario para que aquel contribuyente que presuntivamente está violando la ley acredite que no encuadra en el supuesto. Si una vez que el contribuyente tuvo el tiempo para acreditar que no encuadra en el supuesto y que la autoridad consolida su afirmación de que son actos simulados para evasión fiscal, que se publique la lista negra y que el contribuyente vaya a los tribunales a acreditar su derecho. Con ello garantizaríamos el principio de presunción de inocencia, pero en la reforma que se propone no es así. Primero, se hace una publicación en el Diario Oficial de las empresas simuladoras sin previo derecho de audiencia. Segundo, se le da un procedimiento sumario y se hace una segunda publicación para confirmar que está en la lista negra. Esto no ayuda a elevación que hacen las grandes empresas o empresas fantasmas. Si fuera así, todas las empresas de la estafa maestra estarían en esa lista. Todas las empresas de Sagarpa que han incurrido en simulaciones estarían en esa lista. Cuántas de esas empresas que se han hecho públicas aparecen en estas listas negras. Ninguna. Ninguna porque la autoridad fiscal sigue siendo discrecional. La autoridad fiscal utiliza los procedimientos para determinar créditos en una forma inhibitoria. Sancionan empresas que se vinculan con una posición política, y esto, a declaración de propios empresarios, cuando abiertamente se manifiestan por algún partido o alguna postura política, Hacienda, el SAT está sobre ellos. Y no es mentira, porque ustedes conocen a muchos empresarios en esta situación. Esta lista negra que se publica presuntivamente es violatoria del principio de presunción de inocencia. Es violatoria del principio de debido proceso. Principios constitucionales que estamos obligados a garantizar. Tendríamos que revisar si efectivamente el Sistema de Administración Tributaria está haciendo su tarea. Con la capacidad en tecnologías de la información y de la comunicación que actualmente existe, hay los procedimientos necesarios para determinar responsabilidad objetiva, no presuntiva, objetiva. El SAT tiene una capacidad de cruce de datos que cada uno de nosotros está vigilado. Cada uno de nosotros está supervisado en su ingreso y en su egreso. No podemos usar discrecionalmente un procedimiento que la Corte y que varios tribunales han señalado como inconstitucional. La Corte en la sala que conoció, la sala administrativa que conoció de estos amparos en revisión, determinó la constitucionalidad, no por unanimidad, tres votos contra dos. Hay una discrepancia en la interpretación de esta disposición que es violatoria de principios constitucionales. Por ello Morena, va a votar en contra, porque no garantizamos esos principios y exigimos que esta Cámara asuma su papel como un órgano del Estado y obligado a ser garante de los derechos humanos fundamentales. Es cuanto, presidente.