El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Con su venia, señor presidente. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el veto de bolsillo es un vicio legislativo y así lo consideramos los diputados y diputadas de Acción Nacional, derivado de una laguna legal en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en que el Ejecutivo federal, al recibir un proyecto de decreto de reforma o expedición de una ley por parte del Congreso de la Unión, no lo publica y no lo publique en el Diario Oficial de la Federación, pero tampoco haga ningún tipo de observaciones a la misma. En muchas ocasiones, el uso de este tipo de veto no implica la negativa del Ejecutivo federal para publicar el proyecto de decreto ni tampoco significa necesariamente que lo vetará formalmente, sino que cae en los tiempos se conoce en el ámbito legal, en el ámbito jurídico, de la vacatio legis. Esto afecta el equilibrio de poderes, por lo que es necesario regular el acto de omisión del Ejecutivo y facultar al Legislativo con un plazo perentorio para ordenar la publicación del decreto citado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con las influencias doctrinales del moderno Estado constitucional y de los teóricos que la sustentaron, entre ellos Montesquieu en su obra El Espíritu de las Leyes, establece la necesidad de la división del poder público para evitar que el mismo pueda ser ejercido de manera autocrática por un solo individuo. Sin embargo, en el siglo XX algunos tratadistas, particularmente Karl Loewensein, establecieron que la división del poder público no era tajante y absoluta, sino que entre ellos existía una colaboración para poder lograr la consecución de los fines del Estado. En el año de 1867, Lerdo de Tejada propuso que el presidente de la república pudiera interponer veto suspensivo a las primeras resoluciones del Congreso, para que no se pudieran reproducir sino por los dos tercios de los votos, tal como lo establecía la Constitución de 1824. Decía el ministro del Presidente Juárez –lo cito–: “En todos los países donde hay sistema representativo, se estima como muy esencial para la buena formación de leyes algún concurso del Poder Ejecutivo que pueda tener datos y conocer hechos que no conozca el Legislativo”. Hasta ahí la cita. Pero las reformas de 1874 modificaron sólo pequeños detalles, disponiendo que hubiera una primera votación y, en caso de formularse observaciones por el presidente de la república, se efectuaría una segunda votación en que el asunto se resolvería de manera definitiva. El veto de bolsillo puede ser regulado, tal y como lo manifiesta la propuesta contenida en el dictamen multicitado modificando los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución en los siguientes términos Se considerará aprobado todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Vencido este plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y promulgar la ley o decreto. Transcurrido éste segundo plazo, el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Podemos concluir que si bien existe una evidente necesidad de la figura del veto presidencial para mantener contrapesos y colaboraciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, es necesario complementar el texto vigente para que se cuente con una solución jurídica en el caso de que el Ejecutivo federal, cumplidos los plazos marcados por la propia Constitución, no publicara en el Diario Oficial de la Federación o realizara alguna observación al proyecto de decreto de ley remitido al Congreso. Es decir, se trata de desaparecer el veto de bolsillo pero sin mermar las facultades de la Presidencia de la República en el proceso legislativo y en la armonía con el Congreso de la Unión. Por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, la bancada del Partido Acción Nacional, en congruencia con sus postulados, apoya este dictamen que deberá fortalecer el equilibrio y la colaboración de poderes, además de que generará garantías constitucionales para los dictámenes emitidos por el Congreso en su labor de expedir y reformar las leyes que regulan la vida jurídica del Estado mexicano. Enhorabuena, compañeros legisladores. Estamos demostrando, primeramente en la Comisión de Puntos Constitucionales y con la votación de este dictamen, que sí nos podemos poner de acuerdo para dar sentido, trabajo y vida democrática a este país. Gracias, señor presidente.