La diputada Mirza Flores Gómez: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros diputados. Esta tarde vengo con mucho honor a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a presentar esta iniciativa a nombre de mi compañera Claudia Corichi, Clemente Castañeda, María Elena Orantes, y todos los hombres y mujeres que integramos esta fracción ciudadana. En reiteradas ocasiones a las mujeres se nos ha dicho que somos tratadas en igualdad, que de qué nos quejamos si ya contamos con los mismos derechos. Sin embargo cuántas de las compañeras legisladoras que estamos hoy aquí, fuimos –de inicio– discriminadas para acceder a un puesto público; cuántas de las que estamos en este recinto hacemos en condiciones nuestro trabajo de doble o triple jornada; cuántas hemos luchado históricamente y seguimos haciéndolo en contra de la barrera cultural basada en estereotipos que nos dicen que nuestro lugar es sólo el del hogar. Las mujeres, a pesar de las reformas de las cuotas, de las endebles voluntades de algunos, del machismo, del feminicismo, de la violencia sistémica en contra de nosotras, seguimos luchando por tener voz, por incidir en las decisiones y representar a más de la mitad de la población que muchas veces pretende ser silenciada. La transversalización de la perspectiva de género en los espacios públicos, ha tomado cada vez mayor relevancia en el desarrollo de las democracias actuales, y de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, es una de las prioridades del actual gobierno, pero en los hechos, las brechas de género están presentes en prácticamente en todos los ámbitos, y lo podemos ver reflejado en la conformación del gabinete del presidente o en la estructura de la administración federal y –por supuesto– en la ausencia o casi ausencia de las mujeres gobernadoras o presidentas municipales. En nuestro país los avances más significativos con presencia de mujeres, han estado circunscritos al espacio legislativo. Tardamos 20 años para poder dar cumplimiento a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijín; 20 años. Hay que tomar eso en consideración. Los efectos de estos cambios llevaron a que por primera vez en México –en 1996– se fijara la cuota de género del 70-30 para el Poder Legislativo. En 2002 se establecieron lineamientos importantes que articuló en el funcionamiento de las cuotas de género, pero no fue hasta 2008 que la cuota de género cambió para quedar 60-40 en la reforma electoral. Sin embargo, un año después, en 2009, se cometió el fraude que violó el verdadero espíritu de esta ley con el fenómeno de Las Juanitas, mismo que denunciamos. Este nubló los pocos avances que se tenían, pero sobre todo se desarticuló la imagen de voluntad de las instituciones políticas por generar cambios concretos. Ante eso, en noviembre del 2011, el Tribunal Electoral dictó la sentencia 12624, en la cual se estipuló la obligatoriedad de la cuota de género sin excepciones, así como el registro de candidaturas mediante la integración de fórmulas, de mujeres candidatas con suplentes, mujeres candidatas con el impulso de mujeres de diversas expresiones políticas y voces de la sociedad civil. La aprobación de la reforma político-electoral de 2014, estableció la paridad como un principio constitucional del que luego dieran cuenta la nueva ley general de partidos políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las recientes sentencias en favor de paridad horizontal y vertical emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dan cuenta, sin embargo, que esta lucha por la igualdad desafortunadamente la tenemos que seguir peleando en los tribunales ante la falta de la voluntad política. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció en reiteradas ocasiones, por señalar la necesidad, de que el principio de paridad sea reconocido en su dimensión vertical y horizontal. Por ello esta reforma pretende abrir el espectro de la paridad constitucional en todos los órdenes de gobierno, e incluso en el derecho a acceder a lo público en forma igualitaria. La plena participación de las mujeres en la vida pública ya sea en los ámbitos políticos nacionales o locales, en las actividades productivas o en la academia, es fundamental para el perfeccionamiento de la democracia y esencial para lograr el desarrollo sostenible. No podemos, compañeras y compañeros, hablar de democracia si no reconocemos y procuramos los derechos de más de la mitad de la población. La democracia en el siglo XXI demanda igualdad y presencia de las mujeres. Hoy toca el turno a los demás órdenes de gobierno, porque si las mujeres no están, la democracia no va. Muchas gracias, señor presidente.