La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. Desde la promulgación de la Ley General de Víctimas esta ha sido severamente criticada por su corto alcance y por haber sido omisa al retomar las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. Hasta el momento los familiares o quienes han sufrido alguna violación a sus derechos humanos, no han tenido acceso a los recursos contenidos en el Fondo de Apoyo a Víctimas. La redacción original de la ley ha permitido que menos de 200 personas recibieran alguna compensación económica por padecer de la delincuencia o del mal funcionamiento de la administración pública, pese a que en 2015 se han denunciado más de 15 mil homicidios dolosos y se han presentado más de 45 mil quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por desgracia el dictamen que presenta la Comisión de Justicia muestra que de nueva cuenta se dilapidó la gran oportunidad de crear una legislación que dé un reflejo de esta realidad; se desperdició la oportunidad de adecuarla para convertirla en un instrumento real de apoyo de quienes padecen estas constantes violaciones. El dictamen no aborda modificación alguna en contra del modelo de gastos de las víctimas de forma devengada, es decir, la víctima primero tiene que hacer el pago de la atención médica, psicológica, servicios funerarios o de cualquier otra índole, y posteriormente realizar un trámite para el reembolso del dinero gastado, lo cual muestra una gran insensibilidad ante la vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas con sus familiares. De la misma manera se desatendieron peticiones realizadas por la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por ejemplo las facultadas para atraer y atender casos que sean competencia originaria de las entidades federativas, o de generar un concepto de reparación integral con cargo al fondo, ya que la restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, también puede ser evaluables económicamente. Se debió prever un esquema flexible de comprobación de gastos de los pagos con cargo al fondo, que este pueda llevar a cabo adquisiciones y contratación de servicios, además de agilizar la provisión de materiales que permitan la atención médica emergente. Por ello es que este dictamen se queda corto. Además se adiciona un trámite totalmente innecesario que desatiende de nueva cuenta el estado de vulnerabilidad de las víctimas al obligarlas a solicitar asistencia legal si no se quiere o no se puede contratar con un abogado externo, cuando es obvio que el trámite puede llevarlo a cabo el Estado de manera oficiosa. Se elimina la posibilidad de contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales sin que si quiera exista un razonamiento lógico que lo funde, a pesar de que en diversas ocasiones se ha demostrado que cuando el Estado lleva a cabo las indagatorias, lo hacen de manera parcial y sin obtener resultados concretos, ejemplos los tenemos en demasía. Se condiciona la aportación federal para la constitución del fondo de ayuda para las víctimas a pesar de que en la actualidad es casi imposible acceder a él, aún así se pretende que el monto no sea fijo, en lugar de incrementarlo para una atención universal. Por otro lado, el asunto más grave y peligroso a través de estas reformas, es que se atenta contra la comisión ejecutiva al inhibir la representatividad que debe tener un órgano de tal importancia, ya que de estar compuesta por siete comisionados, ahora se pretende que sea dirigida solo por uno, lo cual, si duda, representará discrecionalidad y falta de legitimidad en las decisiones. De ninguna manera es buena idea la ausencia de órganos colegiados. Por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México es la única persona en quien recae la administración pública local y es quien de manera discrecional y sin escuchar las voces de reclamo se ha negado constantemente a declarar la alerta de género de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, a pesar del alto número de feminicidios que se han suscitado en la capital del país. De lo anterior se desprende que al ser una sola persona encargada de conducir un órgano, ésta puede detentar las voces que no sean de su corriente ideológica como lo he mencionado en la Ciudad de México. El desmantelamiento de un cuerpo colegiado de decisiones es retrógrado, trasgrede los principios democráticos de pluralidad, representatividad, que deben permear en la toma de decisiones, mucho más en un tema tan importante como la atención de las víctimas de delito o la violación de derechos humanos. Compañeras, compañeros, esta es una reforma de gran calado que implica un verdadero cambio de atención a las víctimas. Necesitamos ser receptivos, sensibles. ¿Ustedes, les pregunto, han sido víctimas? Yo sí. Es cuanto.