La diputada Eunice Monzón García: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, durante los últimos años se ha registrado, no solo en México sino en distintas latitudes, una creciente insatisfacción con los modelos de democracia en los cuales la participación de la ciudadanía en la vida pública se limita a emitir un voto cada determinado de tiempo para designar a sus gobernantes y sus representantes. Un mayor acceso a la información, así como un mayor nivel educativo y cultural de las sociedades ha generado una ciudadanía no solo mejor informada y más educada, sino también más exigente y con mayor inquietud para vigilar el ejercicio del poder, y poder participar en él. En dicho contexto, con la finalidad de dar un buen cauce al ímpetu cada vez más activo de sus ciudadanas y ciudadanos, los regímenes democráticos han incorporado diversos mecanismos de democracia participativa, permitiendo con ello un mayor involucramiento en sus sociedades en los asuntos políticos y en la toma de decisiones colectivas, así como en el control político sobre las personas que han recibido la confianza para convertirse en representantes populares y para conformar gobiernos. Así, en diferentes democracias alrededor del mundo hemos visto la inclusión en su régimen jurídico de mecanismos como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato o bien la profundización de los mismos en casos donde ya se tenían contemplados dichos instrumentos. Lo anterior con la finalidad de abonar a la construcción de un modelo representativo más robusto, en donde se asegure que el poder público está, efectivamente, al servicio del pueblo y se instituye para beneficio de este. Bajo la lógica... la incorporación de la figura de revocación de mandato en nuestra Carta Magna, hace casi dos años, representa uno de los cambios democráticos más importantes de los últimos tiempos, pues al darle la posibilidad a los ciudadanos de terminar de manera anticipada con el encargo para el cual fue electo él o la titular del Poder Ejecutivo federal, obliga a este a cuidar su actuación a fin de no perder la confianza del pueblo. A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato publicada el 20 de diciembre de 2019, este Congreso estaba obligado a emitir la ley reglamentaria de la dispuesto en la fracción IX del artículo 35 constitucional, con la finalidad de contar con las precisiones necesarias en torno a preguntas de con quién o quiénes podían solicitar la revocación de mandato, así como los requisitos que deben cumplirse para iniciar el proceso y cómo realizar y bajo qué criterios la validación de los mismos, además de lo relativo a la difusión, organización, preparación de la jornada electoral, así como al cómputo de los resultados, sanciones relativas a las infracciones a la ley y los medios de impugnación de las mismas. El no contar con una legislación como la que hoy está a discusión es un obstáculo para garantizarle a las y los mexicanos el ejercicio real y efectivo de su derecho político a revocar el mandato del presidente de la República por pérdida de confianza, específicamente para el periodo 2018-2024, por lo cual, nuestro deber como legisladores es subsanar el vacío legal, hasta ahora existente, en torno a esta figura. La expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato dará certidumbre al procedimiento y dotará de facultades al Instituto Nacional Electoral para organizar la votación y verificar el cumplimiento de los porcentajes requeridos para que esto sea procedente. De igual forma, proporciona al Tribunal Electoral las facultades necesarias para resolver los medios de impugnación que se presenten: el cómputo final, la emisión de declaratoria de validez de la elección y, en su caso, para declarar si el resultado de esta es o no vinculatorio. Lo anterior, aunado a la prohibición de las dependencias y entidades de la administración pública de difundir campañas a favor del voto y de que cualquier persona pueda contratar propaganda en radio y televisión para influir en la voluntad de los ciudadanos, nos asegura que los procesos de revocación de mandato se llevarán a cabo en condiciones de certeza, legalidad, objetividad e imparcialidad. Por las razones aquí expuestas, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, pues tenemos la convicción de que con ello se promueve la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos democráticos y se fortalecen los mecanismos de control sobre las y los gobernantes, dejando claro que en las democracias el pueblo es quien manda. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, señor presidente.