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La diputada Lilia Aguilar Gil: Evidentemente todos podemos coincidir que esta reforma, aunque pareciera menor, es de gran importante, pero yo he pedido el uso de la palabra para hablar sobre los pendientes que deja esta reforma y de los que ya ha hablado un poco el diputado Fernando Belaunzarán. El artículo 156 de esta misma ley señala, que son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio las enfermedades crónicas e incurables, que sean además contagiosas o hereditarias. Esto ha sido un gran debate en los estados, especialmente en el estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua, donde precisamente utilizando este artículo se le ha negado a personas que tienen enfermedades como la diabetes, como el lupus o como el hipotiroidismo, a contraer matrimonio. Me parece que es muy grave que no modifiquemos todavía esta parte del artículo 156 del Código Civil. Y me parece muy grave que todavía, desde el Estado se quieran determinar las condiciones que debe tener una persona, un individuo para que pueda contraer un contrato civil, que finalmente eso es el matrimonio. Éste debió haberse, también, modificado, porque desde el Estado no se le puede impedir a las personas, de ninguna manera, solamente por tener la mala suerte de contraer una enfermedad de este tipo, que inclusive en algunos casos es hereditaria, como la diabetes, a contraer matrimonio. Me parece que no se está pensando con claridad a la hora que se discute este tema, y me parece que no estamos tomando en consideración que las personas que tienen enfermedades crónicas que pueden ser consideradas hereditarias, tienen todos los derechos como todos los mexicanos. Ésta, una gran falta, todavía, en esta reforma. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, al diputado Gildardo Sánchez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Gildardo Sánchez González: Con la venia de la Presidencia. Saludo desde esta alta tribuna a los habitantes de Talpa de Allende, Jalisco. Compañeras y compañeros diputados, el matrimonio infantil es una práctica que atenta contra el sano e integral desarrollo de la niñez. Desafortunadamente, la legislación civil federal considera la posibilidad de su celebración como un vestigio de épocas arcaicas y superadas, además de encontrarse en franca negación en el artículo 1 constitucional, donde privan, en materia de derechos humanos, los tratados internacionales en la materia y la Constitución sobre las leyes federales, así como la interpretación del 133constitucional donde la Suprema Corte ha manifestado la supremacía a los tratados internacionales sobre la legislación interna ordinaria. En el artículo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de la que México es parte, se define al niño como todo ser humano menor a 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad, situación en el caso concreto de México, no aplica dicha excepción. En este sentido la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de lo que nuestro país también es parte, en su artículo 16, párrafo segundo, establece que no tendrá ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso las de carácter legislativo para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial. Las repercusiones del matrimonio infantil son funestas, por lo que esta práctica debe ser erradicada, pues conlleva una considerable diferencia de edad y poder entre una niña y su esposo, lo que socava la capacidad de actuación y la autonomía de las niñas y los jóvenes. En este contexto éstos son objeto a menudo de violencia física, psicológica, económica y sexual, así como restricciones a su libertad y circulación. Los embarazos precoces y frecuentes y la continuación forzada del embarazo son habituales en los matrimonios infantiles, están estrechamente vinculadas con las elevadas tasas de morbilidad y materno infantil que pueden afectar negativamente a la salud sexual y reproductiva de las niñas. El matrimonio infantil constituye un importante obstáculo para asegurar las oportunidades educacionales, laborales y económicas de otra índole, de las niñas y jóvenes, por lo que en el PRI no escatimaremos esfuerzos para construir una sociedad igualitaria y responsable, votando a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Concluimos con la intervención del diputado Alfonso Durazo Montaño, de Agrupación Morena. Adelante, diputado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Gracias, compañeras y compañeros.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Ya ha expresado la posición la diputada Luisa María Alcalde, la posición de Morena respecto a esta iniciativa que por supuesto vemos con simpatía y avalaremos, entre otras razones, en virtud de ser una propuesta, una iniciativa presentada por la diputada Merilyn Pozos, que cuyo trabajo merece todo nuestro reconocimiento. Dicho esto, quisiera aprovechar este par de minutos para sumarme al tema que también expresó la diputada Luisa María Alcalde. Iniciativas van y vienen en materia de justicia, sin embargo la justicia en el país es uno de los temas más rezagados. A tal grado está rezagada, que el propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en alguno de los escasos momentos de lucidez y de autocrítica ha señalado que la justicia está muy alejada de los ciudadanos. Presento sólo un pequeñísimo caso que refleja en qué situación de retraso se encuentra la justicia en el país. La Convención sobre el Derecho de los Niños y ratificada por México, en el artículo 27, numeral 2 establece que a los padres y otras personas encargadas del niño, la niña, les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida que sean necesarias para su desarrollo. Con base en esos elementos y en atención a los argumentos ya referidos, Stephanie Korrodi promovió ante el juez Cuarto de lo Familiar de Chihuahua el juicio de divorcio interpuesto contra Fernando Baeza Gómez, hijo del exgobernador de Chihuahua Fernando Baeza Meléndez, quien actualmente ocupa el cargo de embajador en Costa Rica. Haciendo uso de su influencia política se ha obstaculizado toda aplicación de justicia en beneficio de dos menores que además son nietas del propio embajador. Es decir, el embajador ejerciendo su influencia política en contra de los derechos de sus propias nietas. Así está la justicia en el país. Y pongo este ejemplo para señalar por qué se cuestiona la conducta lastimosa y la manipulación política de la justicia que cualquiera amparado bajo un cargo de la administración pública federal, como el que ejerce Fernando Baeza, se le permite infringir toda norma y respeto por la ley. Queda aquí esta denuncia; el llamado al gobernador de Chihuahua a que se desprenda de la influencia política del exgobernador Fernando Baeza. Y un llamado también a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que revise qué clase de ficha es el embajador que envió a Costa Rica. Gracias a todos por la atención.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Alfonso Durazo.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: No habiendo más oradores registrados, y en virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. De igual forma esta Presidencia informa a la asamblea que solamente se recibirán los votos electrónicos, por lo que la Secretaría no tomará votos de viva voz. Adelante.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. (Votación)
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 361 votos a favor, 0 abstenciones y 11 votos en contra.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda apruebo en lo general y en lo particular por 361 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María de Monserrat Baeza Vallejo, diputada federal electa en el décimo tercer distrito electoral del estado de Guanajuato.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: Diputado Alejandro Rangel Segovia, diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, diputado Genaro Carreño Muro, diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, diputada María Teresa Jiménez Esquivel, diputada Heidy Guadalupe Estada Martínez, diputada Leslie Pantoja Hernández, diputada Viridiana Lizette Espino Cano y diputado Roberto Jiménez del Ángel.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Se invita a los presentes a ponerse de pie. Se invita a todos los presentes, incluyendo galerías, a ponerse de pie.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ciudadana María de Monserrat Baeza Vallejo, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana María de Monserrat Baeza Vallejo: Sí protesto.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por la Comisión para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra el señor diputado José Guillermo Anaya Llamas. Adelante, diputado Anaya.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya usted, señor diputado.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Es por ello, que los iniciantes consideramos elemental homologar ambas disposiciones, inclinándonos por darle herramientas a la autoridad para que puedan, de inmediato, abocarse a la recuperación de la libertad de las personas, ya que con estos casos una o dos horas pueden ser cuestiones de vida o muerte. Por ello, los invitamos a votar a favor del presente dictamen. Por su atención y su tolerancia, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Anaya. Saludamos la presencia de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, de Nicolás Romero, del estado de México. Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Invitados por la diputada Elizabeth Flores Vázquez, que aquí nos acompaña en esta Mesa Directiva. De igual manera denme la licencia de saludar también a estudiantes del Instituto Leonardo Bravo, del plantel Centro, del Distrito Federal, a invitación del diputado Roy Gómez Olguín. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Y de una vez también saludar a invitados especiales, ciudadanos distinguidos del municipio de Atizapán de Zaragoza, del propio estado de México, a invitación del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández. Gracias por su visita.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene, señor diputado Huerta Ladrón de Guevara, usted, el uso de la palabra, para justamente hablar sobre el dictamen a discusión en lo general.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Así se registrará, señor diputado, en el momento debido. Diputado Erwin Francisco Arriola Doroteo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos, para hablar sobre el dictamen de que se trata. Adelante.
El diputado Erwin Francisco Arriola Doroteo: Compañeras diputadas y diputados, el pasado 16 de abril en la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se analizó la acción de inconstitucionalidad 32/2012, el órgano de control constitucional determinó que: en relación con la localización geográfica de un aparato telefónico cuando se tienen indicios de que éste puede estar siendo utilizado para la realización de un secuestro y en consecuencia la vida de una persona puede encontrarse en riesgo grave e inminente, no requiere una autorización judicial dado que constituye únicamente un acto de molestia y no un acto privativo de derechos. Al hacer un ejercicio de ponderación de derechos, la Suprema Corte de Justicia estipuló que entre los bienes jurídicos tutelados, la posibilidad de salvar la vida de una persona secuestrada resulta mucho más importante que el acto de molestia que pudiera ocasionarse en la geolocalización de un aparato telefónico. Esto es lo que la Comisión de Seguridad Pública nos presenta en el dictamen puesto a consideración de ese pleno. Es importante decir que la intervención telefónica tiene que cumplir con los requisitos de autorización judicial estipulados en las diversas leyes, y de manera específica en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos hablando de un acto de la autoridad investigadora que puede conducir al salvamento de una víctima cuya vida se encuentra en riesgo inminente. Es únicamente en este caso que las compañías que proveen los servicios de telecomunicaciones, es decir los concesionarios que utilizan el espectro público, están obligados para entregar únicamente la información relativa de manera inmediata a la localización de determinado equipo móvil. En el caso de las investigaciones posteriores, datos e intervenciones telefónicas, éstas conservan los mismos requisitos establecidos en la legislación aplicable y para ello sí es indispensable la intervención de la autoridad competente en la materia. Queda precisamente establecido que será únicamente en casos de ingente necesidad que el Ministerio Público pueda solicitar la información y deberá hacerlo fundando la legalidad de la solicitud y motivando su racionalidad, necesidad y proporcionalidad. Estamos convencidos de que esta medida podrá ser utilizada para salvar las vidas de las víctimas que pudieran encontrarse desgraciadamente en una situación de peligro para su vida. Sin embargo también estamos plenamente conscientes de que vigilaremos sin lugar a dudas todos y cada uno de los actos de la autoridad para evitar que se realicen abusos y se cometan delitos en el falaz argumento de la salvaguarda de las víctimas. Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen con la esperanza de que el pueblo mexicano encuentre la paz, seguridad en el corto plazo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Arriola. Saludo con respeto y además con cariño a invitadas especiales del señor diputado David Pérez Tejada Padilla. Gracias por su visita; nuestro afecto. Señor diputado Francisco Coronato Rodríguez, tiene usted el uso de la palabra para hablar a nombre de Movimiento Ciudadano, su grupo parlamentario, doctor. Adelante.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Coronato. Nos damos oportunidad para saludar a alumnos, alumnas de la secundaria del Colegio Ángeles de Huehuetoca, del estado de México, que han sido invitados por la diputada Nidia Saavedra Pérez, nuestra compañera aquí presente en la Mesa Directiva de la Cámara. De igual manera también la invitación de la diputada Karina Kelly Sánchez, a niños, a niñas de preescolar Rayitos de Sol, del distrito vigésimo segundo de Naucalpan, también del estado de México. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por su visita. Don Felipe Arturo Camarena García, tiene usted el uso de la palabra, señor diputado, para exponer la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: A usted gracias, diputado Camarena. Diputado Jorge Alfredo Pérez Covarrubias tiene usted el uso de la palabra para hacerlo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por tres minutos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Saludamos la visita de alumnos y alumnas de la escuela secundaria Ingeniero Antonio Madrazo, del municipio de Cortazar, Guanajuato, que han sido invitados por el diputado Jesús Oviedo, con licencia a partir del día de la fecha. Pero también el señor vicepresidente Arroyo, de la bella entidad de Guanajuato, les envía un saludo fraterno. Bienvenidos, bienvenidas. Señor diputado Raymundo King de la Rosa, tiene usted el uso de la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Raymundo King de la Rosa: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado King de la Rosa. Don Alfonso Durazo Montaño. Tiene el uso de la palabra, diputado Durazo. Adelante, señor diputado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, presidente, aprecio mucho su flexibilidad para permitirme razonar mi voto respecto a esta Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Durazo, permítame. Yo le voy a rogar a usted, al tiempo que se le ha concedido el uso de la palabra, no obstante que había concluido la lista de oradores, en términos reglamentarios y en términos del acuerdo votado por este pleno, a sus compañeros de su agrupación, retiren porque cubren el Escudo Nacional. Para que pueda usted continuar, señor diputado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Presidente, hemos visto aquí en la Cámara en muchas otras ocasiones como los diputados se apoyan en diversos materiales para fortalecer su exposición. Esta manta viene en apoyo del posicionamiento y de la argumentación que estoy haciendo de mi voto. Me parece que no deben escandalizarse. Se han cepillado aquí a la Constitución cuantas veces les ha dado la gana, violando los procedimientos parlamentarios y ahora este pleno exagerando su sensibilidad pretender hacernos callar. Es una denuncia contra la violencia que han padecido militantes y candidatos de Morena en el Distrito Federal y a mayor gravedad y abundamiento de mano de las propias autoridades. Una vez concluida mi participación, nos retiraremos. Nos retiraremos sin causar mayor molestia. Les decía, que esta iniciativa en principio parece sana. Sin embargo deja imagínense ustedes en manos del Ministerio Público y bajo la responsabilidad del Ministerio Público solicitar que la autoridad, que las empresas de telefonía celular les brinden información sobre su geolocalización. Imaginen ustedes los niveles de corrupción del país y particularmente los niveles de corrupción en la procuración de justicia. ¿Qué significa esta iniciativa? Que estaremos dejando en manos de una sarta de pillos solicitar información sobre la geolocalización. Por eso la fracción de Morena nos oponemos a esta iniciativa. Aprovecho al concluir mi participación para insistir en la denuncia de violencia que están ejerciendo autoridades de la delegación Coyoacán en contra de activistas de Morena. En contra termino, presidente particularmente del candidato Gerardo Villanueva y de la candidata a la delegación por parte de Morena, Bertha Luján. Ojalá cesen. Demandamos a las autoridades al cese de estos actos de violencia. Gracias. Valoro mucho, presidente, su flexibilidad. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Nosotros también, y para que proceda a retirar la expresión gráfica, compañeros diputados y diputadas. Tiene, diputada Lilia Aguilar Gil, el uso de la palabra finalmente hasta por tres minutos.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Es cierto que esta iniciativa pareciera buena o pareciera de simple trámite porque se alude que es incompatible la disposición de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo hay que dejar en evidencia que esta normacomo la modificación en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 303 son violatorios de derechos de los ciudadanos y permiten el espionaje libre del Estado. Es decir, mientras en otras democracias se supone que están avanzando y dando vuelta atrás a la libertad de los ministerios públicos para poder espiar y utilizar datos de sus ciudadanos, como recién lo anunció el presidente Barack Obama, en los Estados Unidos, que dieron vuelta atrás en enero de este año, para que ahora sí se deba de pedir una orden judicial para la geolocalización y el almacenamiento de datos, porque la sociedad norteamericana se quejó del espionaje del Estado. Hoy nosotros aquí venimos a congratularnos, aludiendo a la eficiencia y a la incompatibilidad, al fortalecimiento de un Estado autoritario. Lo que se hace es otorgar a los procuradores y a los ministerios públicos la facultad ilimitada y discrecional para que los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones les den la localización sin que medie orden judicial, la localización geográfica de cualquier persona y ciudadano. Sí, hoy en materia de secuestro, pero en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo hace para cualquier delito. Es decir, que hoy aquí ustedes van a votar a favor para el espionaje de todos nosotros, como ya lo hicieron cuando votaron a favor el Código Nacional de Procedimientos Penales. Señoras y señores legisladores, una democracia no se puede llevar adelante con las bases de un sistema autoritario. Y eso es lo que se ha hecho poco a poco con las reformas presentadas en esta Cámara de Diputados. No al espionaje de los ciudadanos y no a la utilización de los datos y de la privacidad de los mismos para que ellos sean perseguidos por el Estado. Esta iniciativa no es positiva de ninguna manera por más que se llame a la eficiencia, y deberíamos de votarla en contra; así lo haremos nosotros en el PT. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico para proceder a la votación en lo general y en lo particular del dictamen, por cinco minutos, diputada, sin recepcionar como ya lo ha señalado la Presidencia de la Cámara votos de viva voz.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. (Votación)
La diputada María de Montserrat Baeza Vallejo (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 316 votos a favor, 9 abstenciones y 73 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y se adiciona un artículo 371 Bis al Código Federal de Procedimientos Civiles. Por la comisión, para fundamentar el dictamen, diputado Javier López Zavala, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos. Tiene la palabra, diputado López Zavala, por favor.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Tiene el uso de la voz la diputada Luisa María Alcalde Luján.
La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Señor presidente, deme el uso de la palabra en lugar de la diputada.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Okey, adelante, diputada. Zuleyma Huidobro. Declina su participación la diputada Luisa María Alcalde Luján y tiene el uso de la voz, diputada Huidobro, muy bien. Adelante.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Es terrible, lamentable que no quieran aceptar que el clima de violencia no ha cesado en el país, que se ha incrementado y que no saben cómo frenarlo. Esta iniciativa más que ser bondadosa con la sociedad, es para verles la cara a los mexicanos, a tantas familias que han perdido a sus seres queridos en una masacre nacional, que no se ve que tenga fin y que no quieren reconocer. Por congruencia no puedo apoyar una iniciativa que pretende tapar la sangre y el dolor de los mexicanos con un plumazo y mucho menos cuando no quieren reconocer la magnitud de la violencia que se vive en el país. Porque sí, vivos se los llevaron, vivos los queremos. En mi última participación en esta tribuna, quiero reconocer todo lo que he aprendido de esta legislatura. Aprendí que los diputados son los primeros en violar las leyes y no respetar su Reglamento. Aprendí que los diputados con la aprobación de tantas reformas se sometieron a la voluntad del Ejecutivo federal. Aprendí que un pacto entre partidos políticos puede más que la razón, la legalidad y la constitucionalidad. Aprendí que los diputados vendieron su dignidad y su voto por dinero. Aprendí que a los diputados les interesa más su propio interés personal y que engañaron reiteradamente a los mexicanos. Aprendí que quien decide en esta Cámara de Diputados son sólo tres diputados. Aprendí que ustedes legisladores son los primeros que deshonran el cargo de diputado, con la simulación con la que han actuado. Aprendí que ustedes gritan, silban y chiflan cuando quieren un bono. Y sí, no se preocupen, esto está por acabar y seguramente lo han de recibir. Vergüenza, vergüenza les debería de dar por su sumisión, por su cobardía y por no respetar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Compañeras y compañeros legisladores, en el ámbito del derecho y más del derecho civil, siempre estamos enfrentando hechos y actos jurídicos, unos y otros generan consecuencias de derecho. Hoy estamos hablando aquí de un presupuesto jurídico que da ante la presunción de muerte y la declaración de ausencia. O en términos jurídicos, primeramente la presunción de ausencia y luego la presunción de muerte. Y esto tiene qué ver con el transcurso del tiempo, cuando una persona no se encuentra físicamente en el lugar donde tiene el principal asiento de sus negocios. Y ante la imposibilidad de poder llevarlos a cabo, es necesario tomar medidas jurídicas que permitan que sus bienes, que sus deudas y que todas las consecuencias jurídicas que tienen qué ver con su persona puedan ser atendidas. Si una persona ha nombrado a un mandatario para poderse hacer cargo de sus asuntos jurídicos, pues éste los hará mientras pase el tiempo necesario. Pero cuando una persona desaparece sin que haya alguien que se haga cargo de sus asuntos jurídicos, resulta que cae en un estado de indefensión en cuanto al manejo de su patrimonio, de sus deudas y de todas las consecuencias que de ello va a derivar. Por ejemplo, qué pasa con las personas que dependen económicamente de él si no puede hacerse cargo de los cobros de los créditos que él tenía otorgados o el pago de las deudas que tenía contraídas. Todas estas cuestiones es lo que con esta iniciativa se trata de regular. Porque hoy los términos para la declaración de ausencia y la presunción de muerte, como están establecidos en el Código Civil Federal tardan de 2 años a 6 años en una y otra figura jurídica. Hoy lo que proponemos aquí es que estos términos se vean reducidos a seis meses en el caso de la declaración de ausencia y a dos años en el caso de la declaración de muerte. Con esto podemos hacer expedita la tramitología jurídica necesaria para poder llevar a cabo todos los actos que haya que celebrarse, y con ello se puedan establecer condiciones jurídicas de certeza y condiciones jurídicas que permitan el adecuado despacho de los asuntos jurídicos de la persona que haya sido declarada ausente, o a quien se presuma la muerte de la misma. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México apoyará esta iniciativa porque la consideramos correcta. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias a esta gran legislatura, de la cual soy parte y me siento muy orgulloso. Muchas gracias a todos.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, de Agrupación de Morena.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Compañeras, compañeros legisladores. En las múltiples reuniones que tuvimos en la Comisión de Derechos Humanos con varios familiares de desaparecidos y que es una problemática; bueno el caso de Ayotzinapa. Los 43 estudiantes fue el caso que más repercusión ha tenido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero cabe puntualizar que los desaparecidos no es una problemática, la desaparición forzada reciente, sino que desde la década de los setenta los venimos padeciendo todo los ciudadanos mexicanos y México y que es una problemática que no ha sido resuelta. Vinculado con esto está la cuestión de la declaración de ausencia. Desgraciadamente la propuesta contempla nada más la reducción de los plazos para que cuando la persona que es desaparecida está sujeta a un proceso judicial. Digo desgraciadamente porque los familiares de los desaparecidos a raíz de que son desaparecidos, viven un viacrucis por llamarlo de alguna manera, no tienen derecho sus familiares a reclamar los derechos que les corresponden a los desaparecidos precisamente. Por ejemplo, pensión alimenticia, en el caso que los haya; servicios educativos, en fin, un sinnúmero de derechos y que porque no se facilita esta declaración de ausencia los años en que se declare la ausencia se verán imposibilitados sus familiares para reclamar derecho alguno. Por estas consideraciones, aunque es procedente en el caso que se plantea, votaremos a favor, Morena, de este dictamen. Sin dejar de hacer notar que este país, México, todavía no se acuerda, y la Cámara de Diputados, de lo que es el padecer de la mayoría de los desaparecidos, porque no se contemplan los derechos de sus familiares a que se sigan disfrutando estos a pesar de que han sido desaparecidos, cabe reforzar, en la mayoría de los casos desaparición forzada por el propio Estado mexicano. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada Ortiz. Tiene el uso de la voz el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: A usted, diputada. Gracias. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por tres minutos, diputado.
El diputado Carlos Sánchez Romero: Muy buenas tardes a todos ustedes. Con la venia de la Presidencia.
El diputado Carlos Sánchez Romero: Compañeras y compañeros legisladores, el tema de personas desaparecidas ha sido ampliamente discutido durante la presente legislatura, sin embargo ésta no del todo vasta en lo relativo a las consecuencias jurídicas que un hecho de esta naturaleza trae aparejadas, consecuencias que principalmente afectan a los familiares, ya que la ausencia prolongada y la falta de noticias sobre el paradero de una persona no extingue las obligaciones que éste había adquirido con antelación al hecho, de tal forma que las mismas deben ser atendidas por la familia, por lo cual es indispensable que acudan ante un juzgador para obtener una declaración de ausencia o en su caso de presunción de muerte. La importancia de un acto judicial de esta naturaleza radica en que sólo así es posible cumplir con las obligaciones legales contraídas por el ausente, así como también llevar a cabo la administración de su patrimonio. Sin embargo, los procedimientos vigentes de carácter civil cuentan con una periodicidad extremadamente larga, situación que genera una doble carga para los familiares, ya que no sólo tienen que soportar el sufrimiento que genera el desconocimiento del paradero de su familiar, sino que además deben soportar el calvario que genera la realización de tan engorrosos trámites. Es por esto que consideramos pertinente que se cuenta con procedimientos expeditos, lo cual será posible si logramos reducir los tiempos de procedimiento judicial que declara la ausencia o la presunción de muerte, lo que también implicará un apoyo a los familiares de las personas desaparecidas. Compañeros y compañeras legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la bondad que encarna la reforma que nos aprestamos a aprobar, toda vez que vuelve una realidad el contenido del artículo 17 constitucional, el cual contempla la prontitud como una de las características que debe tener la justicia en nuestro país. No concluyo la presente intervención sin antes desear que la presente reforma sea replicada en todas las entidades federativas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado Sánchez Romero. Esta Presidencia le otorga el uso de la voz a la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Como ya se ha dicho en esta tribuna y creo que se dirá en reiteradas ocasiones, la desaparición tiene muchas consecuencias, sociales, pero también legales, que deberían de ser atendidas desde diversas vertientes. Hoy se acaba de aprobar la reforma constitucional en el tema de desaparición forzada y, al mismo tiempo, la Comisión de Justicia hace este dictamen que acota los tiempos, específicamente en la declaración de ausencia. Es este en efecto un procedimiento en el que se debe accionar una investigación ministerial para encontrar el paradero de la persona, conocer las circunstancias en que desapareció y, en su caso, llevar ante la justicia a los responsables. En el plano civil se debe de resolver todo lo concerniente a la personalidad jurídica del desaparecido, la disposición y la administración inmediata de sus bienes, las relaciones de parentesco, de seguridad social, entre otras cosas. Cuando una persona desaparece por largo periodo y se presume su fallecimiento, la ley indica que debe de iniciarse un proceso denominado declaración de ausencia y presunción de muerte. Se trata de un proceso legal largo, al que pocas personas se atreven a enfrentar, con lo que el dolor de las familias es doble, pues se lidia por un lado con el sufrimiento emocional y, por el otro lado, con las burocracias. Como ya se ha dicho en esta tribuna, como consecuencia la gente decide vivir este proceso fuera del marco de la ley y entonces no puede reclamar los derechos laborales que tiene como persona, como la ayuda de defunción, el seguro de vida, el finiquito de la hipoteca, las pensiones, la indemnización, entre otras, que solamente se pueden otorgar cuando se presenta el acta de defunción y en este caso no existe. Familias enteras se han visto en la necesidad de desocupar, de ocupar lo que anteriormente se considera su hogar y cuando una persona muere, los créditos hipotecarios, como los del Infonavit, eliminan la deuda del cliente, pero para hacerlo se solicita el acta de defunción para que se avale la muerte. Cuando esta no existe, entonces la familia también hereda las deudas. Esta es una buena iniciativa. Sin embargo, no es suficiente en materia legislativa, se requiere entonces una normatividad completa como la que tiene el estado de Coahuila, para proteger a las familias que han sufrido la desaparición de un ser querido. Esta reforma solamente acota los tiempos y es buena, pero no garantiza nada, nada de lo que se debería de garantizar a los deudos, como garantizar el ingreso familiar, el acceso al servicio médico o la conservación de una vivida en crédito cuando ocurre la desaparición del jefe o la jefa del hogar. Es ésta una buena iniciativa, pero queda aquí el pendiente de legislar completamente en una Ley Especial de Declaración de Ausencia. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Luisa María Alcalde Luján, de agrupación Morena, hasta por tres minutos, diputada. Mientras llega la diputada a la tribuna, me permito darles la bienvenida y un afectuoso saludo a alumnos de la carrera de derecho del Colegio Holandés, invitados por la diputada María Guadalupe Ayala Bravo. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Adelante, diputada.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Agotada la lista de oradores y en virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto. (Votación)
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Esta Presidencia le da la bienvenida y un afectuoso saludo, a estudiantes de la Escuela Princesa Diana 2000, de Querétaro. Invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Felicidades al diputado Pilar, un gran reconocimiento.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Cierre el sistema electrónico de votación.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Ciérrese el sistema electrónico. De viva Voz.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Señor presidente, se emitieron 403 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular por 403 votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal; y se adiciona un artículo 361 Bis al Código Federal de Procedimientos Civiles. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la elección de integrantes de la Comisión Permanente para el segundo receso del tercer año de ejercicio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de las diputadas y de los diputados que formarán parte de su calidad de titulares y sustitutos de la Comisión Permanente. Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo. Primero. La Cámara de Diputados nombra a las diputadas y los diputados que habrán de integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. Segundo. La elección se realizará mediante el sistema electrónico de votación. Tercero. Las propuestas para integrar la Comisión Permanente son las siguientes: Titular: diputado Manuel Añorve Baños Sustituto: diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera Titular: diputada Cristina Ruiz Sandoval Sustituto: diputado Roberto Ruiz Moronatti Titular: diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos Sustituto: diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez Titular: diputado Abel Octavio Salgado Peña Sustituto: diputado Javier Filiberto Guevara González Titular: diputado Enrique Cárdenas del Avellano Sustituto: diputado José Rubén Escajeda Jiménez Titular: diputado José Alejandro Montano Guzmán Sustituto: diputado Fernando Donato de la Fuentes Hernández Titular: diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez Sustituto: diputado Alejandro Rangel Segovia Titular: diputada María Sanjuana Cerda Franco Sustituto: diputado Fernando Charleston Hernández Titular: diputado José González Morfín Sustituto: diputado Ricardo Anaya Cortés Titular: diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga Sustituto: diputado Juan Bueno Torio Titular: diputado Fernando Rodríguez Doval Sustituto: diputado Juan Pablo Adame Alemán Titular: diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos Sustituto: diputada Esther Quintana Salinas Titular: diputado Agustín Miguel Alonso Raya Sustituto: diputado José Antonio León Mendívil Titular: diputada Amalia Dolores García Medina Sustituto: diputado Fernando Belaunzarán Méndez Titular: diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero Sustituto: diputada Gloria Bautista Cuevas Titular: diputada María de Lourdes Amaya Reyes Sustituto: diputada Graciela Saldaña Fraire Titular: diputado Tomás Torres Mercado Sustituto: diputado Rubén Acosta Montoya Titular: diputado Juan Ignacio Samperio Montaño Sustituto: diputado Danner González Rodríguez Titular: diputada Lilia Aguilar Gil Sustituto: diputado Ricardo Cantú Garza Cuarto. Comuníquese a las instancias correspondientes. Quinto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le va a conceder el uso de la palabra hasta por tres minutos, porque así lo solicitó, al diputado Alfonso Durazo Montaño. Adelante, diputado. Esta Presidencia saluda a alumnos de la escuela Rayitos del Sol, preescolar, del distrito vigésimo segundo en Naucalpan, invitados por la diputada Karina Kelly Sánchez. Bienvenidos.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Para razonar el voto en contra de esta iniciativa, en virtud primeramente de que este pleno aprobó hace un par de meses la constitución de la agrupación de Morena, reconociéndole cuando menos el derecho a participar en cada uno de los espacios de la Cámara de Diputados, así fuese con voz, pero sin voto, y por supuesto que la Comisión Permanente es un espacio de la Cámara de Diputados; y consecuentemente debería estar ahí representada la agrupación de Morena, así fuese con voz, pero sin voto. El argumento del coordinador de la fracción del PRI ha sido que el Senado de la República se opone, que no lo deja pasar. Nuestra propuesta es que este pleno, en congruencia con el acuerdo que dio constitución a la agrupación de Morena, avale su incorporación y si eventualmente el Senado de la República se opone estará en su derecho de hacerlo, lo que no es posible es que desde aquí estemos anticipando el eventual rechazo del Senado. Durante la LIV y LV Legislaturas el Senado de la República dio cabida a legisladores que no formaban parte de fracción parlamentaria alguna, tal y como lo estamos ahora planteando las diputadas y los diputados de Morena. El razonamiento en aquella ocasión del Senado de la República es que con esa decisión ayudaba a representar, en la Comisión Permanente, de mejor manera todas aquellas ideologías que son reflejo de la pluralidad del país. De esa manera inteligente el Senado buscaba que la pluralidad de la sociedad mexicana se viera reflejada en sus órganos de dirección, pero más allá de las formalidades no estamos disputando ningún espacio a ninguna de las fracciones de esta Cámara, no se trata de un ustedes o de un nosotros; modestamente aspiramos sólo a tener un espacio con voz, así sea sin voto. Como no hemos conseguido en esta propuesta que goza del apoyo de la mayoría de las fracciones parlamentarias, debemos asumir sin hipocresías, que lo que están buscando las fracciones parlamentarias es callar en estos meses de desempeño la voz de Morena, pero les queremos decir que no nos vamos a allanar ante esta propuesta, que no nos van a callar y que si es necesario nos veremos en las galerías de la Comisión Permanente, desde donde demandaremos sesión a sesión que se nos escuche como es nuestro derecho. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos... diputada, ¿para qué efectos? Diputada Aida Fabiola.
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Presidente, para solidarizarme con el compañero Alfonso Durazo. Yo creo que esa decisión que está tomando hoy la Junta de Coordinación Política es una decisión discriminatoria. Morena representa a millones de mexicanos también y no se vale callar la voz de los mexicanos conscientes y libres de pensamiento. Señor presidente, este Congreso no puede seguir actuando de manera autoritaria. Yo llamo a la reflexión de todos los compañeros y compañeras diputadas para que hagamos uso de nuestro voto en este pleno y que no sean unos cuantos quienes decidan quiénes sí y quiénes no deben permanecer en las siguientes sesiones. Presidente, ojalá y esta petición pueda ser tomada en cuenta, porque a nadie, a ninguno de los grupos parlamentarios le conviene tener fuera la voz crítica de mis compañeras y de mis compañeros de Morena. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Adelante, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hasta por tres minutos.