El diputado Ángel II Alanís Pedraza: Con su venia, señor presidente. Amigos y amigas diputadas, en mi opinión el artículo 3, fracción X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los artículos 3, fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y en particular el artículo 32, incisos b) y c) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no pueden prosperar. Bueno, no pueden prosperar en la forma en que se encuentran redactados. Mi aseveración encuentra en su consistencia jurídica y legislativa en las siguientes razones. En lo que se refiere a los artículos 3, fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y el 3, fracción X, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debo decirles que se excluye al Poder Ejecutivo como ente público por los efectos de dichas leyes, a pesar de que en la parte final de esas fracciones se menciona a los tres órdenes de gobierno. Por lo que considero que en la parte inicial de estos apartados, de estas fracciones, debe incluirse claramente a los tres poderes. Es decir, debe catalogarse con claridad como entes públicos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial y no solamente al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Esto es así por la característica que tienen las normas legales de heteronomía, pero además, señor presidente, coordinadores de los diferentes partidos políticos, para todos los efectos legales, políticos y legislativos a que hubiera lugar, propongo a esta soberanía lo siguiente. Debe modificarse, debe adecuarse a la realidad social lo dispuesto en particular por su trascendencia y por su importancia lo que establece el artículo 32, incisos b) y c) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por lo siguiente. La inclusión de último momento de las disposiciones contempladas en dichos incisos sin ningún diagnóstico previo y sin ninguna racionalidad aparente, donde se obliga a la declaración patrimonial, de intereses y fiscal a todas las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o contraten bajo cualquier modalidad con entres públicos, además de aquellas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales que tengan tratos con el gobierno. Una disposición legal de esta naturaleza implica que por ejemplo aquellos estudiantes que reciban becas del Conacyt o los beneficiarios de programas que benefician a los adultos mayores tendrían que presentar obligadamente esas tres declaraciones. Por lo tanto, consideramos que esas disposiciones contienen un contrasentido. El gobierno ya cuenta con sistemas de información suficiente sobre los ciudadanos y por el mandato de sus funcionarios y representantes, y por lo tanto es el gobierno quien debe rendir cuentas al pueblo y no a la inversa. Por lo tanto, consideramos que estas disposiciones carecen de viabilidad técnica, obstaculizan el buen funcionamiento del sistema nacional anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción. Por lo anteriormente expuesto, quiero pedirles que a ver si en esta ocasión podemos coincidir en el sentido de que estos numerales deben ser adecuados y que no deben pasar con la redacción que actualmente tienen. Por mi parte es todo, muchas gracias amigos y amigas diputados.