La diputada Lilia Aguilar Gil: Sí, muchas gracias, señor presidente. ¿Quién no ha escuchado el tema de la mordida o el tráfico de influencias, pagado, o aquel funcionario público que finalmente beneficia a unos cuantos para poder recibir un beneficio económico? ¿Qué es lo que hace esta iniciativa? Debido al gran problema de corrupción, que es un fenómeno que hemos padecido en México y aparentemente según hemos aprendido últimamente una institución ya en este país, esta iniciativa nos parece no solamente positiva, sino prudente porque permite que aquellas personas que tengan conocimiento de aquellos funcionarios públicos que caen en actos de corrupción, que se tipifican en el delito de cohecho, que básicamente es este tema de la mordida, el tráfico de influencias y básicamente los favores a cambio de favores económicos a este funcionario público puedan ser de manera segura para quien lo denuncie, valga la redundancia, denunciados si se tiene el conocimiento de este acto ilícito. Hace poco conocimos de actos de corrupción en el que incurría la empresa trasnacional Walmart, que había sobornado a algunos funcionarios públicos en México para obtener algunos permisos. Este acto ilícito se conoció precisamente porque alguien tuvo la valentía de denunciar, que es lo que permite esta reforma a los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal, así como de la Ley Federal para la Protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, pero que sobre todo obedece al cumplimiento de tratados internacionales que tiene firmados México. Si yo conozco de un acto de cohecho, pueda en un acto de seguridad, denunciar y ser protegida por el Estado, sobre todo cuando estos delitos sean de gran impacto para la economía y para el desarrollo político de este país. México es uno de los países con mayor corrupción a nivel mundial, según el barómetro global de la corrupción 2013, encuesta aplicaba por Transparencia Internacional. El 71 por ciento de los mexicanos consideramos que la corrupción en México ha incrementado en el último año, y en el caso de México 7 de cada 10 personas considera que las instituciones públicas han aumentado su nivel de corrupción. Además, las estadísticas muestran consistentemente que el 72 por ciento de los mexicanos consideran inefectivas las acciones que el gobierno ha empleado para combatir a la corrupción, y el índice de fuentes de soborno 2011, organizado también por Transparencia Internacional, de acuerdo a percepción de los empresarios, encontró que sobornar a funcionarios para concretar negocios en el extranjero es una práctica que sucede de manera regular. México se encuentra dentro de los tres países peor posicionados, ocupando el lugar 26 de 28 países encuestados. El informe de Transparencia Internacional sobre el cumplimiento de la Convención Anticohecho de la OCDE 2013, clasifica a México en la categoría más baja de implementación de este instrumento jurídico. El cohecho, compañeros diputados, mina no solamente el buen gobierno sino también el desarrollo económico y distorsiona, hablando de competencia, las condiciones competitivas internacionales a las que nos enfrentamos, porque cuando se habla de México y la facilidad para hacer negocios en este país y para fortalecer instituciones, siempre se hablará de corrupción y la corrupción está directamente ligada con la burocracia y la dificultad de los empresarios para hacer trámites. La tipificación del cohecho en 1999, con el objetivo de cubrir los requerimientos de la Convención de la OCDE, conocida como Convención Anticohecho fue el primer paso. Estas reformas al artículo 222 y 222 Bis finalmente vienen a cerrar el círculo para que la denuncia del cohecho no se quede solamente en el aire, sino que pueda cerrar la pinza y tengamos ciudadanos que con seguridad puedan venir a denunciar a aquellos funcionarios públicos que son corruptos. Cerraría diciendo que con estas modificaciones se atiende a las recomendaciones específicas, formuladas por el grupo de trabajo de cohecho en transacciones comerciales de la OCDE. Se mejoran los instrumentos legales que permitirán combatir las conductas de cohecho de los servidores públicos con los extranjeros y con los nacionales. Y con estas acciones se reitera también el compromiso de trabajar estrechamente con los organismos internacionales y de cumplir sobre todo los tratados internacionales que en este tema hemos firmado y hemos también prometido cumplir. Así que esta iniciativa el PT la votará a favor, no solamente porque la considera un avance, sino porque la considera importante para que haya certeza jurídica, no solamente en el hacer de los negocios de este país, sino en las instituciones y su desempeño para todos los ciudadanos mexicanos. Muchas gracias.