La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, Presidenta. Imaginen ustedes que es el día martes 26 de febrero, hace apenas dos días, son las ocho de la noche y una madre de familia joven llega a su casa, suena el teléfono de manera inmediata, ella contesta y lo único que escucha es una amenaza: deja de hablar de cultura o tu familia va a sufrir las consecuencias. Esto es lo que le sucedió a nuestra compañera de Movimiento Ciudadano Zuleyma Huidobro. Compañeros, estoy hablando sobre esto porque tiene que ver con actos de corrupción que se cometieron en esta Cámara de Diputados, que fueron denunciados debidamente, inclusive denunciados en la PGR para que se investigaran. Pero también creo que es necesario que el PT y otros grupos parlamentarios expresen su solidaridad no solamente a la valentía de la diputada Zuleyma Huidobro, que no está acusando a nadie, para que nadie se sienta aludido. No está acusando a ningún diputado. Está haciendo una denuncia sobre probables desvíos y sobre probables actos de corrupción, no de manera anónima, sino de frente. Solicitaría a esta Presidencia que como es su responsabilidad, no solamente que estamos diciendo que nos solidariazamos con la situación de la diputada Zuleyma Huidobro y en contra de las amenazas que se le están haciendo, sino que pedimos a esta Presidencia que vele por su seguridad. Y es por eso, que la propuesta de reserva que yo vengo a hacer, tiene que ver con el tema de las denuncias. Más allá de la molestia y el enojo de aquellos que se sientan atacados. Compañeros, no tengan la piel tan sensible. La reserva al artículo 33 que tiene que ver con el tema de denuncias, se refiere a los incentivos económicos que el Estado debe de dar a quienes denuncien actos de corrupción y cuya denuncia llegue a buen fin. Es decir, si un ciudadano, digamos proveedor de una dependencia del gobierno federal, denuncia actos de corrupción y que le están pidiendo el diezmo –como es el caso que se ha denunciado en la Comisión de Cultura– y que le están pidiendo el diezmo para que le pueda ser asignado esta licitación. Este ciudadano puede perfectamente ir e interponer una denuncia. Sin embargo, esta iniciativa prevé que los ciudadanos que presenten una denuncia y que tengan la razón, deberán de ser recompensados económicamente. Nosotros hemos señalado que no solamente la denuncia anónima que debiese ser denuncia secreta, sino también este asunto de dar dinero a quien denuncie y tenga la razón, crearán incentivos perversos, porque en el combate a la corrupción la participación social es una herramienta clave, ésta es la verdadera contraloría social. Si condicionamos a los ciudadanos a que se les pague para que denuncien, entonces no estamos creando una contraloría social sino incentivos perversos alrededor de algo que debe de ser la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. Lo que estamos solicitando es muy sencillo. Es que se elimine el segundo párrafo del artículo 33, el tercero y el cuarto que se refiere a que no se otorgarán beneficios económicos al denunciante cuando éste resulte favorecido de alguna manera con el acto u omisión de los denunciados. Creemos que el combate a la corrupción debe de darse con contraloría social y con una participación ciudadana abierta, no con actos perversos y círculos viciosos. Eso es lo que yo les vengo a proponer, a que ustedes lo consideren para que ésta pueda ser una reforma posible. Muchas gracias.