El diputado Adrián Pedrozo Castillo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Hago uso de la tribuna para hablar de un asunto que a millones de padres de familia les preocupa enormemente y este asunto es el de la gratuidad de la educación; es decir, el derecho que tiene todo mexicano y mexicana de recibir educación gratuita por parte del Estado, por ser un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna y en diversos ordenamientos internacionales protectores del derecho a la educación. Esta referencia viene a colación por la adición a dicha fracción IV, que se hace en el dictamen a la reforma del artículo 3o. constitucional, en donde se propone que, y el citado texto dice: "La ley establecerá mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación, así como para promover condiciones de igualdad y equidad en el acceso y permanencia en el sistema educativo nacional". No nos preocupa oponernos a este planteamiento, pero en el lugar apropiado para el propósito que se persigue. Es decir, no estamos en contra de que aparezca este texto, pero no nos parece adecuado en el lugar en donde está. Como está puesto este planteamiento, es decir, en la fracción IV, se presta a equivocaciones que pueden trastocar o atentar contra la educación gratuita. Ya los padres de familia han vivido las presiones que se ejercen de las escuelas, todos los días, para hacer obligatorias estas cooperaciones que deberían ser voluntarias. Ya hemos conocido cómo en las universidades se han vivido conflictos largos y complicados como el de la huelga en la UNAM en 1999, con el interés de establecer las cuotas voluntarias a los estudiantes, y por ello es que nos parece de suma importancia que podamos, por técnica jurídica, separar esta redacción y ponerlo en uno diferente. Decimos esto porque ha habido intentos de que, a través de la participación social en la educación, se regule o se formalice el pago de cuotas escolares por parte de los padres de familia, lo cual ha sido motivo de diversas quejas por los padres de familia que se han acercado a esta soberanía y a la propia Cámara de Senadores para acabar con este abuso del cobro obligatorio de las cuotas escolares. De quedar la redacción propuesta de la participación social en la fracción IV, estaríamos abriendo la puerta para que se obligue, a través de la ley, a establecer el pago de las cuotas, aunque sean voluntarias. Esto no lo podemos permitir. No podemos permitir afectar más aún la economía de los padres dejando estas puertas abiertas para que se puedan establecer cuotas escolares a través de la participación social. No omito recordar que desde la Constitución de 1917 la gratuidad educativa ha sido preservada en las seis reformas del artículo 3o. constitucional, sin que se le haya hecho ninguna adición. Preguntamos: ¿por qué en dichas reformas al artículo se ha dejado intocada dicha fracción tal como está en el actual texto vigente? Es decir, señalando únicamente que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Esto, valga la redundancia, no es gratuito. Se ha dejado sin adición alguna, a efecto a evitar toda interpretación que pueda trastocar o violentar la gratuidad educativa. Por lo tanto, me permito proponer, que la fracción IV quede tal como se encuentra en el texto vigente y se adicione y pase a ser una fracción X, pero donde se estipule que será el Estado quien determine los mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación, así como para promover condiciones de igualdad y equidad en el acceso y en la permanencia en el sistema educativo nacional. Éste es el planteamiento, que como ustedes ven, no es contradictorio, sino es de técnica jurídica para mayor claridad, y nos parece que podría ser atendido por los diputados y diputadas de esta legislatura. Muchas gracias, por su atención. Es cuanto, diputado presidente.