El diputado Javier Salinas Narváez: Gracias, señor presidente, con su venia. El pasado 12 de agosto el Ejecutivo federal presentó su iniciativa de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según la exposición de motivos de la propuesta del presidente de la República, su iniciativa se basa en ideales fundamentales de las reformas del Presidente Lázaro Cárdenas, consecuente con la Expropiación Petrolera de 1938 regresando al texto dictado por el Constituyente Permanente, con lo cual se pretende engañarnos con una suerte de antídoto hacia la izquierda. Efectivamente, en 1938 el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, impulsó la primera reforma energética en el país para mantener la propiedad exclusiva del Estado sobre los recursos en el subsuelo, suprimir las concesiones sobre el petróleo y los carburos de hidrógeno y considerar como derecho exclusivo del Estado el explotar los hidrocarburos mediante las formas estipuladas por la legislación secundaria. Por supuesto que desde la izquierda apreciamos la propuesta de regresar al texto incorporado al artículo 27 constitucional a iniciativa del general Cárdenas, pero la propuesta de Peña Nieto pretende engañarnos trastocando los motivos y sentidos de la reforma cardenista. Narciso Bassols, un hombre de derecha, en su artículo Pasos de Cangrejo en la cuestión petrolera -que aparece en obras del Fondo de Cultura Económica-, páginas 550 y 554, refiere que de acuerdo con la exposición de motivos y con los términos del sexto párrafo adicional al artículo 27 constitucional, se pueden hacer las siguientes Consideraciones jurídicas Primero. A partir de la entrada en vigor de la reforma de 1939, el gobierno federal no puede otorgar concesión alguna para la explotación, exploración, extracción, refinación, transportes, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo, sus productos y el gas. Segundo. Sólo la nación está facultada para llevar a cabo los trabajos de exploración, extracción, refinación, transportes, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo, sus productos y el gas. Por su parte, Miguel Carbonell, César Nava Escudero y José Ovalle Favela, en la conocida obra Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, Comentarios, Antecedentes y Trayectoria Constitucional, artículo 27, página 24, refieren que en la exposición de motivos se manifiesta claramente que el propósito es excluir a los intereses privados de las explotaciones del petróleo, señalando que en forma categórica lo expresa en el siguiente párrafo: Una vez que la nación a tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte la de nuestro comercio exterior, no se ve el motivo para permitir que continúe formándose y vigorizándose intereses antagónicos de la nación, que son los privados o los menos distintos que los intereses generales cuya tutela procurará el gobierno con todo empeño y toda energía. En ese sentido la reforma de Peña Nieto pretende engañar, regresando a la redacción cardenista el artículo 27 constitucional, pero interpretándola a su modo, pues la ratio legis de la reforma, es decir, la razón de la reforma fue precisamente impedir la intervención de los particulares en la explotación de los hidrocarburos, no al contrario como sugiere el Ejecutivo y la derecha en esta propuesta. La propuesta del Ejecutivo saca de contexto la reforma cardenista pues si bien en 1938 la reforma constitucional señalada, se origina en la necesidad de reservar al Estado mexicano la propiedad y la renta de los hidrocarburos, por cierto es que también fue necesario emprender otras reformas en medios posteriores para asegurar la soberanía nacional sobre la renta petrolera. Así en el año de 1958, fue necesario expedir una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que eliminó la posibilidad de celebrar contratos con particulares en la explotación y reservó todas las actividades de la industria petrolera a Petróleos Mexicanos; pero como ello no fue suficiente, en 1960 se reformó el artículo 27 constitucional para incorporar dicha prohibición de contratos en la Carta Magna. Al respecto, en el dictamen de la Primera Comisión de Puntos Constitucionales expresó lo siguiente: En relación con el petróleo y los carburos de hidrógeno sólido, líquidos y gaseosos que constituyen recursos importantísimos del subsuelo para la nación mexicana, la comisión considera que debe asentarse de una vez por todas de manera indiscutible en el artículo 27 constitucional, que no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que se hayan otorgado y que sólo la nación podrá llevar a efecto la explotación de estos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva, porque no obstante que ha sido manifiesto en el propósito del constituyente, a partir de la reforma de diciembre de 1939, el de sustraer totalmente de la explotación petrolera del régimen de concesiones y contratos, en ocasión de que fue expedida a fines del año anterior, la ley reglamentaria respectiva, volvió a suscitarse un debate sobre la subsistencia de concesiones o derechos de particulares a la explotación del petróleo, por lo que para evitar cualquier controversia es improcedente la reforma que propone la comisión en la parte resolutiva del dictamen. De otra parte, ni la reforma de 1940 ni la de 1960 incluyen el artículo 28 constitucional que también se propone reformar para eliminar los monopolios estatales sobre los hidrocarburos y la energía eléctrica, en franca transgresión de los propósitos expresados en la exposición de motivos planteada en la iniciativa presentada por los gobiernos de Cárdenas y Ruiz Cortines. Al efecto, es menester recordar que en febrero de 1983 se reformaron los artículo 25, 26, 27 y 28 de la Constitución para reforzar la soberanía nacional sobre las áreas estratégicas del petróleo y los demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica, siendo que en el párrafo cuarto del artículo 28 se delimitaron las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva en las áreas que se consideran estratégicas para la economía, entre las que se incluyen el petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica. Fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari el que empezó esta obra privatizadora inconclusa que hoy sus herederos del PRI y del PAN pretenden consumar. Por tal motivo, reprobamos el engaño promovido por el Ejecutivo federal para hacer creer a los mexicanos que las intenciones del presidente Cárdenas fueron desde siempre privatizadoras, cuando por el contrario, los textos históricos nos refieren un claro sentido nacionalista, patriótico y defensor de la soberanía nacional sobre la propiedad y la explotación de los hidrocarburos, razón por la cual mi reserva fue para que los artículos 27 y 28 queden como están. Es cuanto, señor presidente.