EL C. DIP. JOSE TOMAS LOZANO Y PARDINAS: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el numeral tres de la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Con el permiso de la Presidencia. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros legisladores: El suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el numeral tres de la fracción II del artículo 3 de l a Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros conforme a la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El decreto no es el mero reconocimiento oficial del hecho ni materia sujeta a ajustes estacionales que se traduzcan en la expedición de normas visualizadas en forma prácticamente casuística. Esto quiere decir que quienes iniciamos leyes y quienes deliberamos respecto de su aprobación, debemos estar imbuidos de una visión de largo plazo y de carácter integral, a fin de que el espíritu y la letra de la norma se integren en un binomio indisoluble para que se concrete en forma inmediata la seguridad jurídica de los gobernados y para que exista un hilo conductor susceptible de trascender en mero paso del tiempo y sus eventos accidentales. Bajo esta tesis, las condiciones que orientan la redacción de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros de 1934, fueron, entre otros, la seguridad nacional en tiempos de guerra, el sigilo en materia de métodos técnicos de la Marina Mercante y el sentido patriótico y por último la soberanía. Sin embargo, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, considera que estas condiciones se encuentran altamente superadas dada la apertura comercial de los costos normales y el pago de seguros le corresponde un 12% y hemos experimentado en los últimos años el grado de competitividad que ha padecido nuestra industria. Así, las comunicaciones y los transportes son estratégicos para el desarrollo económico social del país; de manera especial el transporte marítimo y aéreo, son de importancia fundamental para el intercambio de mercancías y es determinante en los costos de producción y distribución de los vienes y servicios. Su valor se incrementa al permitir a las sociedades disponer de las mercancías o prestaciones en el lugar y en el momento en que se necesitan. Dentro de la estrategia de modernización de la actual administración, el fomento de la infraestructura de comunicaciones y transportes es una tarea esencial, ya que permitirá apoyar las políticas de crecimiento y estabilidad económica, integración y desarrollo regional, promoción de empleo, impulso al comercio exterior, atención a las demandas sociales y fomento a la industria y al turismo. Las comunicaciones y transportes son la infraestructura fundamental para alcanzar los propósitos de modernización integral del país. En este renglón y como estrategia del Estado, se ha comentado la capacitación de los que intervienen en esta actividad, con ello se garantiza la eficiencia profesional de los responsables en el manejo de esta clase de artefactos. En este sentido, durante estos años, el Sector Comunicaciones y Transportes, se ha reorganizado a fin de fortalecer el mercado a la competencia, fortaleciendo la autoridad del Estado. En México la adecuación de la actividad marítima y aérea comercial, es una premisa fundamental en razón de las circunstancias internacionales y de los propósitos de diversificación, en sus relaciones con nuestro país, ha impulsado, a fin de dar equilibrio, a la intensa relación con los vecinos y acercar a las naciones con mayor afinidad histórica y cultural. Se debe reconocer el papel determinante que tiene el transporte marítimo y aéreo ante las nuevas circunstancias económicas internacionales, asimismo se requiere activar a la Marina Mercante Mexicana para que en forma competitiva participe en mayor e inmediatamente en el mercado de tráfico marítimo que supera los 50 millones de toneladas de cabotaje y los 160 millones de toneladas de altura. Ahora bien, dentro de los costos fijos o directos diarios de un buque, se encuentran: El mantenimiento La tripulación Los seguros La depreciación y La administración. En costos normales el pago de seguro le corresponde un 12% del total. Sin embargo en México, el costo del seguro para nuestros buques, llega a ser hasta de un 50% de su renta diaria. Esto se debe en gran medida a la mar la interpretación que se le ha dado al numeral 3 de la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, el cual dispone: "Artículo 3. En materia de actividad aseguradora "Fracción II. Se prohibe contratar con empresas extranjeras. "III. Seguros de casos de naves o aeronaves y de cualquier clase de vehículos, contra riesgos propios del ramo marítimo y del transporte, siempre que dichas naves, aeronaves o vehículos, sean de matrícula mexicana o propiedad de personas domiciliadas en la República. "Esta disposición obliga a los buques y navieros mexicanos, a contratar seguros marítimos exclusivamente en México. Este dispositivo tiene más de 65 años y tuvo el objeto de promover a la industria aseguradora en ese país. Sin embargo, esta obligación ya no se encuentra aplicable en estos días, dada la gran competitividad y los esquemas de globalización que imperan en el mundo. "Además debemos tomar en cuenta que de las 66 compañías aseguradoras en el país, 50 de ellas son extranjeras demostrando que la disposición transcrita anteriormente carece totalmente de sentido y si nos vamos al caso concreto, las únicas tres de ellas que venden este tipo de seguros, son totalmente extranjeras. "Compañeros legisladores: es nuestra tarea de perfeccionar y actualizar los instrumentos jurídicos para dar agilidad en la aplicación de los mismos. Propongo a esta Soberanía, derogar el numeral 3 de la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a efecto de que los buques mexicanos puedan contratar libremente el seguro marítimo que corresponda. Esto representa un ahorro sustancial en los costos de operación de los buques, que permitirá a los navieros mexicanos, competir en condiciones de igualdad con los navieros extranjeros. "Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía por conducto de la Honorable Comisión Permanente, el siguiente Decreto". Su Señoría presidente, solicito sea inscrito todo el Decreto en el Diario de Debates y en la Gaceta, por favor señor presidente. -PRESIDENTE Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y a la Gaceta Parlamentaria para su publicación, y al Diario de los Debates. En turno el Senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del PRD, quien difiere para la siguiente sesión su participación. Esta presidencia recibió iniciativa que reforma los artículos 23, 26 y 27 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por diversos legisladores de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática y de la Sociedad Nacionalista. Túrnese a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial de las Cámaras de Diputados y Senadores. Tiene la palabra la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de ley reglamentaria del artículo 4o. constitucional en materia de garantizar el acceso a la alimentación a los infantes. -DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Muchas gracias señor presidente; estimados colegas integrantes de la Honorable Comisión Permanente: El propósito de mi intervención es someter ante este Cuerpo Colegiado, una iniciativa que tiene por objeto garantizar la satisfacción de los niños en materia de alimentación y con ello erradicar el hambre en la población infantil y asimismo garantizar que dispongan de los nutrientes indispensables para que puedan desplegar sus potencialidades humanas a plenitud. También tiene el propósito subyacente de evidenciar ante la opinión pública nacional que, independientemente que los temas de carácter político lleven a una serie de enfrentamientos cotidianos que pareciera que hacen de la arena política un espacio común de descalificaciones, la sociedad mexicana, sus elites políticas, los representantes sociales, no sólo estamos atrapados en esos dimes y diretes, sino tenemos aptitud para trascender lo que son calificaciones mutuas que simplemente acaban por llevar a la ciudadanía a desconfiar de la política en general y de los políticos en particular y demandar el ejercicio pleno de la responsabilidad de las autoridades, como lo haremos en un punto de acuerdo que presentará mi bancada en esta misma sesión, pero simultáneamente seguir atendiendo las cuestiones que son verdaderamente trascendentes para la sociedad mexicana. Y estimo que no puede haber mayor trascendencia que la de garantizar que en una estrategia consistente, sistemática, las autoridades y la sociedad civil encuentren los mecanismos para que las niñas y los niños tengan acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas, a través de alimentos debidamente balanceados. Esta iniciativa es reglamentaria del artículo 4 constitucional. La bancada del PRI, en coordinación con otras bancadas, hemos estado insistiendo a lo largo de esta legislatura en la posibilidad de que se eleve a rango constitucional el derecho a la alimentación. Hemos tenido reservas de algunos compañeros legisladores que señalan que es fundamental que nuestra carta magna no sólo tenga conceptos enunciativos sino que éstos se correspondan con acciones que lleven a la práctica lo que son un conjunto de derechos sociales establecidos en nuestra Constitución. Sin embargo, en el caso de la alimentación infantil, nuestra carta magna, en el espacio que caracteriza nuestra visión social del derecho, la Constitución ya señala la obligatoriedad del Estado de respaldar la alimentación infantil. Dice la Constitución General de la República que "corresponde al Estado la obligación principal para garantizar el ejercicio y goce de los derechos de la niñez y los elementos de bienestar enumerados, ya sea directamente o por conducto de los particulares". Los tres párrafos del artículo 4 Constitucional que dan sustento a la iniciativa de ley que hoy presentamos señalan lo siguiente: "Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez". La existe la obligación para el Estado mexicano y la iniciativa que hoy presentamos pretende reglamentarla y organizar una serie de mecanismos prácticos para que este derecho pueda hacerse realidad. El riesgo, estimados amigos, estimados colegas, es que si los procesos de pobreza y desnutrición que aquejan a la población infantil de México, continúan, existan millones de mexicanos que por no haber accedido en la etapa de la formación en donde se desarrollan sus aptitudes fundamentales por no haber accedido a los satisfactores elementales, estén en su vida futura como adultos en condiciones reales de discriminación por no haber tenido el soporte alimentario cuando se desarrollan sus fundamentales habilidades para ejercer a plenitud su condición humana. Quiero señalar también con satisfacción que esta iniciativa contempla la participación de los tres niveles de gobierno, con una visión federalista que consideramos indispensable sea el eje conductor de la transformación política del país, el respeto a las características de las regiones y el reconocimiento a sus niveles de gobierno y también propicia la participación de la sociedad civil en mecanismos concurrentes que hagan posible la satisfacción de la alimentación debidamente balanceada de la niñez mexicana. Finalmente concluyo con que esta iniciativa ha tenido la solidaridad de compañeros legisladores de diversos grupos parlamentarios y que es nuestra aspiración pueda ser dictaminada por la comisión correspondiente en el próximo periodo de sesiones. Suscribimos la presente iniciativa de ley, reglamentaria del artículo 4º. constitucional en materia de garantizar la alimentación y la nutrición a la niñez, las siguientes diputadas y diputados: Su servidora Beatriz Paredes Rangel, del grupo parlamentario del PRI; la diputada María Teresa Tapia, del grupo parlamentario de Acción Nacional; la diputada Julieta Prieto Furhken, del Partido Verde Ecologista; el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del PRD; el diputado Victor García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y la diputada Olga Uriarte Rico, del grupo parlamentario del PRI. Le ruego, señor Presidente, pueda ser turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Muchas gracias. -