La diputada Amalia Dolores García Medina: Con su venia, estimada presidenta. Compañeras, compañeros, ponerse las gafas de género, es decir, las gafas violeta como le decimos, es indispensable. Debe ser un requisito sine qua non al aplicar las leyes, sobre todo, cuando se trata de personas servidoras públicas cuya misión es procurar justicia. En los últimos años, la lucha por la igualdad de género ha logrado algo formidable: transformar el lenguaje jurídico y se ha construido un nuevo andamiaje legal inédito hasta hace unos lustros, que abarca normas secundarias, leyes generales y la Constitución. Uno de los casos más recientes al respecto tuvo lugar en esta Cámara, culminando el 29 de mayo de 2023, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley 3 de 3 contra la violencia de género, siendo esta una de las reformas más significativas para el movimiento feminista en México, porque pone de relieve que para las mujeres y las niñas, para nosotras, para nosotros todos y nuestra sociedad la violencia no puede ser admisible en modo alguno, que tenemos derecho de ser respetadas tanto en el ámbito público como en el privado, que merecemos vivir sin miedo y en paz. Es cierto que el avance en la modificación a las leyes con el objetivo de lograr igualdad de derechos ha sido lento. Hace más de 56 años, 1967, se aprobó la Convención contra toda Forma de Discriminación hacia las Mujeres, la CEDAW como la conocemos por sus siglas, y en 1994 la Convención Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. A 30 años de la misma, sí, ahora en 2024 serán 30 años y ya con la tres de tres aprobada estas modificaciones requieren personas servidoras públicas encargadas de procurar y administrar justicia con la formación, la capacitación, el conocimiento en materia de derechos humanos de las mujeres, de las convenciones y las leyes que las amparan para hacerlas valer. Lo que planteo es que nuestras conquistas en materia jurídica no sean letra muerta o se traduzcan en impunidad por falta de formación y capacitación en dichos instrumentos y falta de perspectiva de género al aplicar la ley. Preciso, hemos avanzado en el lenguaje jurídico y la construcción de un nuevo andamiaje legal, pero ello no empata con su aplicación. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha dado cuenta de cómo el delito que más se denuncia es el de abuso sexual, pero estos delitos que violentan, agravian a las mujeres y a las niñas mayoritariamente, en su gran mayoría han quedado en la impunidad. Solo 8.6 % de dichos delitos se sancionó en México. Una parte de las causas de la impunidad tiene que ver con los prejuicios hacia las víctimas, a las que se les culpabiliza en muchos de los casos con cuestionamientos acerca de cómo vestían, el lugar y la hora donde se encontraba, si acaso quedó paralizada, por qué no se defendió. La revictimización y el maltrato a la víctima es una constante por parte de personas servidoras públicas, hay que decir que no de su totalidad, pero de una gran mayoría. Avanzar en casos que involucran violencia en razón de género para que sean sancionados requiere que las personas servidoras públicas tengan sensibilidad y empatía, pero sin duda, sin duda el conocimiento para defender y representar con perspectiva de género, que tengan gafas violeta, conocimiento y capacidad, por lo que propongo que las personas servidoras públicas encargadas de la defensoría pública tengan como requisito para ingresar y permanecer como personas defensoras públicas o asesoras o personas asesoras jurídicas, acreditar que realizaron un curso, taller o diplomado sobre perspectiva de género, el cual puede ser emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o instituciones públicas afines a la mencionada, las mismas cuentan con diplomados y cursos que no tienen costo alguno, tendrían con esta capacitación las herramientas para que la víctima acceda a la justicia. Por lo que propongo modificar el numeral IV, del artículo 5o. y el numeral VII del artículo 6o. de la Ley Federal de la Defensoría Pública, que la ley se convierta en realidad, derechos efectivos para niñas y mujeres. Muchas gracias.