La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Comparativamente cada peso que invierte el gobierno federal en áreas naturales protegidas aportan a la economía cuando menos 56 pesos. Juan E. Bezaury Creel. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a nivel mundial aproximadamente 190 gobiernos están comprometidos en construir sistemas efectivos en áreas naturales protegidas, pero no basta decretar su creación, pues su sana funcionalidad está en función de su administración, que no es otra cosa que evaluar y mediar los costos económicos, sociales y culturales, así como los beneficios e impactos que implica establecerlas. Incuestionablemente nos brindan muchos beneficios vinculados a la biodiversidad, generación de empleo, ecoturismo, producción de alimentos orgánicos, además constituyen una reserva segura de agua, de flora, de fauna, plantas medicinales, entre otros. Estos territorios de resguardo fungen como guardianes de valores culturales, arqueológicos y espirituales, que sin ello corren alto riesgo de ser exterminados. En Nueva Alianza nos preocupamos por seguir promoviendo la ampliación de territorios protegidos y sobre todo una vez decretado, a velar para que sirvan de instrumento económico y ambiental para mejorar la calidad de vida y bienestar de los mexicanos y de sus habitantes. Es por eso que hoy hago uso de la tribuna, para exponerles la grave situación que enfrentan los habitantes de las comunidades de la región denominada Meseta de Cacaxtla, en Sinaloa, hace casi ya 17 años, que por decreto presidencial se creó el área natural protegida denominada área de protección de flora y fauna, en la Meseta de Cacaxtla, ubicada en los municipios de San Ignacio y Mazatlán, Sinaloa, con más de 50 mil hectáreas y que constituye un área de captación de las principales precipitaciones pluviales de la región, recargando los acuíferos que benefician al puerto de Mazatlán. Cuenta además, también, con un invaluable ecosistema de especies endémicas y conforma un corredor biológico que vincula ecosistemas simbióticos, uniendo las costas y selvas de Sinaloa con Durango. Más de 3 decenas de especies, entre ellas el jaguar que había en esta área natural, presentan alguna categoría de riesgo, al igual que toda la riqueza ecológica de la zona. El problema surge porque en Cacaxtla se ha cumplido la ley a medias. En cuanto a la creación de programas de fomento al desarrollo de las unidades de producción y de infraestructura social y económica, lo que ha resultado ser perjudicial para los intereses económicos, sociales y mucho más, en los ambientales, de los pobladores y sus comunidades, quienes además de no ser considerados para los programas, dejándolos sin opciones de desarrollo económico, han sido sancionados a veces, cuando por necesidad debieron de utilizar algunos de los recursos considerados en estatus de protección. Peor aún, son testigos los mismos habitantes de cómo organizaciones ajenas son quienes se benefician de los programas y recursos federales. Sin duda, proteger el medio ambiente y propiciar un crecimiento sostenible es una obligación, pero también lo es de dotar a la población de los medios necesarios para cubrir sus necesidades de bienestar. Por ello, respetuosamente se exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Cultura, así como de los titulares responsables de las Procuradurías Federal de Protección y Ambiente y General de la República, a intervenir y resolver de manera coordinada y conjunta la situación de la pobreza y abandono que presentan los habitantes de la meseta de Cacaxtla en el estado de Sinaloa, y que en aras de propiciar un desarrollo integral están en ese abandono. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.