EL C. DIPUTADO EDGAR CONSEJO FLORES GALVAN: Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados presentes: Los suscritos diputados federales en ejercicio y depositarios del mandato y representación de los campesinos miembros de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y los diputados de los partidos Alianza Social y Convergencia por la Democracia, en uso de la facultad que nos confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 71, fracción II, nos permitimos someter a consideración de la Honorable Asamblea la presente iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con la presente exposición de motivos. El campo mexicano es hoy muy diferente al de la Revolución de 1910, al de la Reforma Agraria de 1936 y al del llamado crecimiento hacia adentro del período 1950 y 1980. Hoy nuestro campo está al mismo tiempo en la globalidad y en el atraso, con regiones muy desarrolladas de alta tecnología y con zonas deprimidas, marginadas y miserables. Es importante hacer notar que muchos campesinos han cambiado su calidad productiva a la de pequeños empresarios familiares, como resultado de las negociaciones comerciales y las reformas constitucionales relativamente recientes; sin embargo, subsiste una gran masa de población rural ubicada en pobreza extrema, cuya capacidad productiva está fuera de competencia, sin opción de ingreso, a excepción de la oferta de su mano de obra barata. Desde la Promulgación de la Constitución de 1917, el gobierno mexicano, con la finalidad de combatir la pobreza y lograr el desarrollo del campo, adoptó diversas acciones; sin embargo, el eje de la política consistió en dotar de tierra a la población campesina, organizar a la mayoría de los campesinos en ejidos, comunidades y apoyar la explotación de los previos en forma colectiva y parcelada. Paralelamente, se buscó la capitalización del campo mediante la construcción de diversas obras de infraestructura como presas, canales de riego y caminos, equipo para las labores agrícolas y pecuarias, servicios tecnológicos profesionales, semillas y fertilizantes y capacitación, asistencia técnica y financiamiento. La magnitud del reparto y de las obras probablemente hubiera sido suficiente para solucionar gran parte de los problemas de bienestar rural y de desigualdad regional; sin embargo, desde finales de los sesentas del siglo pasado, la superficie cultivable empezó a agotarse, mientras la demanda de tierras seguía creciendo. De los 197 millones de hectáreas de superficie total en el país, sólo 31 millones son cultivables, lo que representa apenas el 16% de la superficie total. Muchas obras de infraestructura viven un proceso de franco deterioro o están a punto de cumplir su vida útil. Ello ha obligado a jornaleros agrícolas, recolectores y a poblaciones indígenas marginadas a trasladarse a las ciudades, en donde han pasado a formar parte de los cinturones de miseria, o bien hacia el norte, en calidad de indocumentados. Por otro lado, existen en el país por lo menos 4 millones de campesinos que viven en la economía de subsistencia y miles de ellos aun por abajo de ese nivel. Es indispensable recordar que en el período 19401970 la agricultura produjo las materias primas y generó excedentes para exportación, pero al mismo tiempo perdió una buena parte de sus ingresos por la vía del desequilibrio entre los precios de los productos ofertados por la sociedad rural y los adquiridos a otros sectores de la economía. A partir de los años setenta y a principios de los ochenta, el gobierno respaldó la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. En este sentido, el objetivo central de la política agrícola fue asegurar una oferta abundante y barata de alimentos. En 1983 surge el objetivo de mejorar la productividad del sector a fin de aumentar la producción y preparar a los productores rurales para la apertura comercial. Durante los años noventa el gobierno intensificó el proceso de redefinición en su papel de la economía. Como consecuencia, las estructuras y funciones de algunas instituciones encargadas de prestar apoyo a las actividades agropecuarias disminuyeron y en algunos casos desaparecieron. Los cambios recientes en el ámbito rural han perjudicado sobre todo a la agricultura comercial tradicional y a la de subsistencia, las cuales son mayoritarias, mientras que han favorecido a la agricultura de exportación concentrada en pocas manos. El campo mexicano está caracterizado por una amplia heterogeneidad productiva, una grave polarización social, un crecimiento sectorial inferior a la tasa de crecimiento demográfico, una pronunciada dispersión de la población y un marcado deterioro de los recursos naturales. A dichas características habrá que sumar un arraigado minifundio, amplias regiones en pobreza extrema y niveles vengonzantes de desnutrición. La iniciativa de integrar una política de Estado para el desarrollo rural, por encima de las naturales diferencias entre las fuerzas políticas, capaz de construir acuerdos en puntos básicos que garanticen metas y programas en el largo plazo, creadora de seguridad, confianza y certidumbre sigue siendo una de las principales aspiraciones de los productores y sus organizaciones. El reto del Estado mexicano es adaptarse a la nueva realidad manteniendo vigentes los principios que le dieron origen. En tal sentido, es necesario encontrar un mecanismo institucional que concilie la justicia social con la libertad individual y la organización social, no una economía de mercado abierta y altamente competitiva. El desarrollo rural ubica en el centro de la acción a los productores y a sus organizaciones sociales y económicas. Este enfoque contempla los instrumentos para el desarrollo potencial de todos los integrantes de la sociedad rural, destaca la importancia de la infraestructura básica generadora del bienestar. Es muy respetuoso de la cultura, los usos y costumbres de los pueblos, establece como premisa fundamental el manejo sustentable de los recursos disponibles y promueve planes, programas y proyectos de los habitantes del campo, así como de sus actividades productivas y empresas. Nada de lo anterior sería posible si el Estado no juega un paoel activo en la economía, fundamentalmente como promotor, encabezando los esfuerzos y corrigiendo los desequilibrios del mercado con una visión integral de largo plazo que contribuya al desarrollo rural integral y sustentable, con especial atención a las regiones marginadas y excluidas, donde sobreviven los mexicanos en pobreza extrema. Se propone un Estado que trascienda entre más o menos Estado para buscar ser un mejor Estado, un Estado responsable, eficaz, evaluable por sus resultados, solidario con la sociedad rural, honesto en el manejo de los recursos públicos y comprometido con la organización para el desarrollo rural de los productores. Este compromiso social surge de la revolución mexicana y fue plasmado en la Constitución Política de 1917, manteniéndose vigente hasta la fecha. El artículo 25 constitucional registra las siguientes obligaciones del Estado mexicano: 1. La rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable; el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución de la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución. El sector público, el sector social y el sector privado concurrirán con responsabilidad social. Bajo criterios de equidad social y productividad, apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía. La reglamentación de los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica de los ejidos, de las comunidades agrarias y los trabajadores. Por su parte, la fracción XX del 27 insiste en que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el uso óptimo de la tierra. Expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándoles de interés público. La presente iniciativa, en su título primero, define el objeto y aplicación de la ley, enmarca las obligaciones constitucionales del Estado mexicano en materia de políticas, programas y acciones agropecuarias, forestales y de desarrollo rural, prioriza la participación en las regiones marginadas y precisa los sujetos. El título segundo, sobre la planeación y coordinación de la política para el desarrollo rural integral, establece la formulación del programa sectorial de corto, mediano y largo plazos. Por primera ocasión una ley contempla un programa concurrente, mediante la participación de las dependencias y organizaciones de los tres niveles de gobierno responsables de la prestación de servicios y la construcción de infraestructura básica, crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural y sus equivalentes a los niveles estatal, municipal y el Distrito Federal, plantea los términos de la coordinación para el desarrollo rural integral, profundiza la federalización y la descentralización de funciones, recursos y toma de decisiones y adopta la demarcación de los distritos de desarrollo rural como base geográfica de atención gubernamental. En el título tercero, relativo al fomento agropecuario y el desarrollo rural, la ley expone los aspectos relacionados con el fomento a la producción, industrialización y comercialización, la investigación y la transferencia tecnológica, la capacitación y la asistencia técnica, el concepto de la reconversión productiva, la capitalización rural, los apoyos al ingreso, las compensaciones y los pagos directos, la construcción de la infraestructura hidroagrícola, electrificación y caminos rurales, el impulso de la productividad y la formación y consolidación de empresas rurales, la sanidad agropecuaria, la política de comercialización, el sistema financiero rural, la administración de los riesgos, el sistema de información económica y productiva, la promoción de la organización económica el bienestar social, la atención prioritaria a zonas de mayor rezago económico, los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad de la producción rural, el servicio nacional de arbitraje de los productos ofertados por la sociedad rural y el concepto y regularización de la seguridad alimentaria, como compromiso del Estado para garantizar a la población nacional el abasto suficiente de alimentos. Finalmente, el título cuarto precisa los criterios y los rubros de los apoyos económicos que, con apego a esta ley, proporcionarán los tres niveles de gobierno. Los suscritos, legisladores federales, hemos considerado los antecedentes del proyecto de la ley que hoy presentamos y que, dada la importancia que reviste la materia, se han provocado diversos acuerdos o consensos e incluso diferencias entre las diversas posturas ideológicas y políticas del país. Sin embargo, pese a las disidencias de esta iniciativa, se han conciliado la mayor parte de los temas mediante criterios concurrentos, especialmente aquéllos relativos a la federalización y descentralización, a la comercialización y capitalización, en donde se han adoptado criterios de apoyos directos a productores con propiedades, con posibilidades de pago adelantados, con períodos de pago a mediano plazo. De esta manera, el proyecto que se somete a la consideración de la Cámara de Diputados supera defectos o deficiencias que aparentemente fueran motivo de la devolución reciente del Ejecutivo Federal al proyecto de Ley de Desarrollo Rural. Así, se han eliminado posibles inconstitucionalidades de algunos conceptos y los excesos populistas de otros. De igual forma, se propone un cuidadoso equilibrio entre la atención de los productores de mediana y muy alta capacidad económica con los grupos del sector social que requieren de una atención prioritaria para abatir sus rezagos. Los productores rurales somos una clase social consciente de su ubicación y papel en la sociedad contemporánea; tenemos proyecto y tenemos propuesta. No somos una clase inerte ni barrida por los embates de la globalización. Los diputados de las fracciones del Partido Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y los diputados de los partidos políticos Alianza Social, Convergencia por la Democracia, con esta iniciativa honramos nuestra representación y pedimos el apoyo de todos los compañeros de la presente legislatura, con la convicción de que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es producto de la corriente histórica que alienta la reserva moral del progreso y la incorporación de los mexicanos más pobres al desarrollo nacional. Por lo anteriormente expuesto, los suscritos, diputados federales a la 58 Legislatura, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea la siguiente iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, solicitando su publicación íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias. INICIATIVA DE LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE TITULO PRIMERO OBJETO Y APLICACION DE LA LEY Artículo 1. La presente ley reglamentaria es de observancia general en toda la República. Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a promover el desarrollo rural integral y sustentable del país, en los términos de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran de interés público la planeación y organización de la producción agropecuaria y de los demás bienes y servicios que se realizan en el ámbito de las regiones rurales, su comercialización e industrialización, por lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2. Para lograr el desarrollo rural integral y sustentable el Estado impulsará un proceso de transformación social y económica que conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades agropecuarias y forestales y de todas aquellas actividades económico productivas, que se desarrollen en ámbito de las diversas regiones a el medio rural, promoviendo especial cuidado en el uso óptimo y mejoramiento de la tierra. El desarrollo rural integral y sustentable que promueva el Estado, a través de la Federación, los estados y los municipios tendrá como objetivos la transformación económica y social que conlleve el crecimiento de la producción del sector rural, mediante diversas formas de asociación económica determinadas por la política y la legislación en la materia, la organización de los productores y su vinculación con el resto de la economía, la transformación y el fortalecimiento de la actividad productiva en el campo, incluida la no agropecuaria, de manera que mediante el avance tecnológico se mejore la productividad, se fortalezca la competitividad y se promueva el empleo y el ingreso de la población campesina. Artículo 3. En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, desarrollará políticas, programas y acciones que consideren preponderantes en el ámbito rural y por lo tanto prioritarias para el desarrollo del país las actividades concernientes a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, y todas aquellas de carácter económico productivas que se desarrollan en el ámbito de las diversas regiones, incluidas las actividades de orden no agropecuario en las que se ocupan los diversos sujetos y agentes a que se refiere el artículo 9 de esta Ley. El Gobierno Federal, en cumplimiento de la presente Ley, orientará aquellas políticas, programas y acciones a los siguientes objetivos: I. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de la población rural, mediante la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso y la diversificación del empleo; II. Combatir el desequilibrio económico regional, a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse la transformación y la reconversión productiva y económica de dichas regiones, con un enfoque productivo de desarrollo rural integral y sustentable; III. Contribuir a la seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país; y IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante el aprovechamiento sustentable de los mismos. Artículo 4. Tendrán carácter prioritario, las acciones que el Estado realice a través de los tres órdenes de gobierno en el medio rural, en los términos de las leyes aplicables; y bajo los criterios de equidad social y de género, integralidad, productividad y sustentabilidad, concurrirán a su realización el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, e igualmente podrán participar los sectores social y privado. En las materias de esta ley, los compromisos y responsabilidades del gobierno Federal frente a los particulares y frente a los otros órdenes de gobierno deberán quedar establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales y especiales aplicables y se atenderán en los términos que proponga el Ejecutivo Federal y apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Artículo 5. Para impulsar el desarrollo agropecuario, incluidas en el mismo las actividades forestal, pesquera y en general el desarrollo rural integral y sustentable en los términos en que lo dispone esta ley, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, así como de servicios a la producción y a través de apoyos directos a los productores, con la finalidad de que éstos puedan realizar las inversiones necesarias para incrementar la productividad de su unidad de producción y, por esta vía, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad. El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de alcanzar los siguientes objetivos: I. Promover la eficiencia económica de las unidades de producción y del sector rural en su conjunto; II. Mejorar las condiciones de los productores y demás agentes del sector rural para enfrentar los retos comerciales y aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y tratados sobre la materia; III. Fomentar el incremento de la producción para atender la demanda nacional, su diversificación y reconversión, fortalecer y ampliar el mercado interno, así como mejorar los términos de intercambio comercial con el exterior; IV. Apoyar el incremento de la capacidad productiva para fortalecer la economía campesina, el autoabasto y el desarrollo de mercados regionales que mejoren el acceso de la población rural a la alimentación y los términos de intercambio; y V. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales productivos, que permitan aumentar y diversificar las fuentes de empleo e ingreso. Artículo 6. En materia de desarrollo rural integral y sustentable, el Estado atenderá de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades agropecuarias, forestales y de pesca, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y a la promoción de una mejor vinculación entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a ~a población rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los servicios básicos para su bienestar. Para lo anterior, el Gobierno Federal promoverá lo necesario para formular y llevar a cabo programas de atención especial, mediante lo previsto en el presente ordenamiento y con la concurrencia de los instrumentos de política para el desarrollo social y de la polít5ca de población a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes y de los Estados de la Federación, el Distrito Federal y los municipios. Artículo 7. Los programas y acciones para el desarrollo rural integral y sustentable que ejecute el gobierno federal, así como los convenidos entre éste y los gobiernos estatales y municipales, reconocerán la heterogeneidad socioeconómica y cultural de los sujetos de esta ley, por lo que su estrategia de orientación, impulso y atención deberá considerar tanto los aspectos productivos, el tamaño de la unidad de producción y la calidad de los recursos, cuanto los de carácter social, económico, cultural y ambiental. Dicha estrategia tomará en cuenta los distintos tipos de productores, en razón del tamaño de sus predios o bienes productivos, así como en la capacidad de producción para excedentes comercializables o para el autoconsumo. Artículo 8. El impulso del desarrollo rural integral y sustentable mediante el fomento de la producción agropecuaria, forestal, de pesca y de los demás bienes y servicios destinados al sector, estará dirigido a la producción primaria, con criterios de restauración, recuperación y uso óptimo de los suelos, el agua, los recursos genéticos, los bosques, y de mitigación del impacto ambiental de las actividades productivas y preservación y aprovechamiento racional de la biodiversidad. Artículo 9. Son sujetos de esta ley los considerados en las leyes vigentes, incluidos los de los sectores social y privado, de organización económica y social del campo y, en general, toda persona física o moral que de manera individual o colectiva realice sus actividades preponderantemente en el medio rural. Artículo 10. Compete al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en lo sucesivo "la Secretaría", la aplicación de la presente ley. La Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, será la responsable de atender y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural y sustentable. Asimismo será la responsable de promover y someter, ante el Ejecutivo Federal y la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Agropecuario y Rural, la coordinación de acciones y la atribución de responsabilidades. Asimismo, para los efectos de esta ley se entenderá por: Comisión Intersecretarial. A la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Agropecuario y Rural. Constitución. A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entidades federativas. A los estados de la Federación y el Distrito Federal. Ordenes de gobierno. A los gobiernos federal, de los estados de la Federación, del Distrito Federal y de los municipios. Programa Sectorial. Al Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural. TITULO SEGUNDO DE LA PLANEACION Y COORDINACION DE LA POLITICA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL Capítulo I De la planeación del desarrollo rural integral Artículo 11. Corresponde al Estado, conforme al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la rectoría del desarrollo nacional y la conducción de la política de fomento agropecuario y de desarrollo rural integral y sustentable, las cuales se ejercerán por conducto de las dependencias y entidades del Gobierno Federal y mediante los convenios que éste celebre con los gobiernos del Distrito Federal y de los Estados de la Federación, y a través de éstos con los municipios. Artículo 12 Con base en lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, se formulará la programación sectorial de corto, mediano y largo plazos de conformidad con los siguientes lineamientos: I. La planeación del desarrollo agropecuario y rural integral tendrá el carácter democrático que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes relativas y participarán en ella el sector publico por conducto del Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados de la Federación, del Distrito Federal y de los municipios, en los términos del tercer párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los sectores social y privado a través de sus organizaciones sociales y económicas legalmente reconocidas y demás formas de participación que emanen de los diversos agentes de la sociedad rural; II. El programa sectorial dará congruencia y permitirá que la coordinación de las acciones y programas institucionales y especiales en materia agropecuaria y de desarrollo rural integral y sustentable corran a cargo de los distintos órdenes de gobierno y de las dependencias y entidades del sector. El Ejecutivo Federal, en coordinación con los estatales y los municipios, en su caso, y a través de las dependencias que corresponda, de acuerdo con este ordenamiento, hará las previsiones necesarias para financiar y asignar recursos presupuestales que cumplan con los programas, objetivos y acciones en la materia, durante el tiempo de vigencia de los mismos; III. El programa sectorial constituirá el marco de mediano y largo plazos donde se establezca la temporalidad de las acciones a cargo de los diferentes órdenes de gobierno, de manera que se proporcione a los productores mayor certidumbre en cuanto a las directrices de política y previsiones programáticas en apoyo del desenvolvimiento del sector y que aquellos alcancen la productividad y competitividad que les permita mantener y cumplir su concurrencia en los mercados nacional e internacional; IV. A través de los distritos de desarrollo rural, se promoverá la formulación de programas a nivel municipal y regional, con la participación de las autoridades, los habitantes y los productores ubicados en los mismos; estos programas deberán ser congruentes con el Programa Sectorial; V. En el marco del federalismo el programa sectorial que apruebe el Ejecutivo Federal especificará para el nivel nacional los objetivos, prioridades, políticas, estimaciones de recursos presupuestales, así como los mecanismos de su ejecución, descentralizando en el ámbito de los Estados de la Federación, del Distrito Federal, municipios y regiones, la determinación de sus prioridades, así como de los mecanismos de gestión y ejecución con los que se garantice la más amplia participación de la sociedad rural y sus diversos sujetos. De igual forma, dicho programa determinará la temporalidad de los programas institucionales, regionales y especiales en términos de los artículos 22, 23, y 40 de la Ley de Planeación y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; VI. La planeación nacional en la materia deberá propiciar la programación del desarrollo rural integral y sustentable de cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo; VII. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Planeación, la participación social en la programación sectorial se realizará a través de las organizaciones nacionales integradas en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural, a que se refiere el artículo 16 de la presente ley. VIII. La programación agropecuaria y forestal deberá en el mediano plazo, comprender tanto acciones de impulso a la productividad, como medidas de apoyos tendientes a eliminar las asimetrías con respecto a otros países. Artículo 13. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales de las dependencias y entidades que la integren, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Agropecuario y Rural propondrá al Ejecutivo Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 9 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 19 y 26 de la Ley de Planeación, el Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural Integral y Sustentable que comprenderá las materias de política pública orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional. La Comisión Intersecretarial, en los términos del artículo 12 de este ordenamiento, tomará en cuenta las propuestas de las organizaciones que concurren a las actividades del sector y del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural, a fin de incorporarlas en el Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural Integral y Sustentable. Igualmente incorporará los compromisos que conforme a los convenios respectivos asuman los gobiernos de los estados de la Federación y del Distrito Federal. La Comisión Intersecretarial, a petición del Ejecutivo Federal, elaborará las consideraciones necesarias para atender lo que dispone la fracción II del artículo 12 de esta Ley. Artículo 14. El programa especial concurrente al que se refiere el artículo anterior comprenderá cuando menos las siguientes materias: I. Fomento educativo para el desarrollo rural; II. Fomento de la salud y la alimentación para el desarrollo rural; III. Fomento de la vivienda para el desarrollo rural; IV. Fomento de la infraestructura y el equipamiento comunitario y urbano para el desarrollo rural; V. Combate contra la pobreza y la marginación en el medio rural; VI. Fomento de la política de población para el desarrollo rural; VII. Fomento del cuidado al medio ambiente rural y a la sustentabilidad de las actividades socioeconómicas en el campo; VIII. Fomento a la equidad de género, la protección de la familia. el impulso a los programas de la mujer, la protección de los grupos vulnerables, en especial niños, discapacitados, y hombres y mujeres de la tercera edad en las comunidades rurales; IX. Impulso a la educación cívica, a la cultura de la legalidad y al combate efectivo de la ilegalidad y la delincuencia organizada en el medio rural; X. Impulso a la cultura y al desarrollo de las formas específicas de organización social y capacidad productiva de los pueblos indígenas, particularmente para su integración al desarrollo rural integral y sustentable de la Nación; XI. Fomento de la seguridad en la tenencia y disposición de la tierra en el medio rural XII. Fomento del empleo productivo en el medio rural incluyendo el impulso a la seguridad social y la capacitación para el trabajo en las áreas agropecuaria, silvícola, pesquera, comercial, industrial y de servicios que contribuya al desarrollo rural integral y sustentable; XIII. Impulso a los programas de protección civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población rural en situaciones de desastre; y XIV. Las demás que determine el Ejecutivo Federal. Artículo 15. El Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural Integral y Sustentable será aprobado por el Presidente de la República dentro de los seis meses posteriores a la expedición del Plan Nacional de Desarrollo, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y se difundirá profusamente entre la población rural del país. Dicho programa estará sujeto a las revisiones, evaluaciones y ajustes previstos por las leyes y las que acuerde el Ejecutivo Federal. Artículo 16. Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural como organismo consultivo del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y los diversos sujetos de los sectores público, social y privado que inciden en el medio rural. Este consejo se integrará con los miembros de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Agropecuario y Rural previstas en el artículo 19 de esta Ley, un representante por cada una de las organizaciones nacionales del sector social campesino, un representante de cada organización nacional por rama de producción de productores agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales, agroindustriales y comercializadores, así como por representantes de los comités de los sistemas producto, en los términos de las leyes y normas reglamentarias vigentes. Artículo 17. El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural y los demás organismos e instancias de representación de los diversos agentes y actores de la sociedad rural, serán encargados de asegurar que en el ámbito de los Estados de la Federación, del Distrito Federal, municipios y regiones, se cumpla la más amplia participación de las organizaciones y demás agentes y sujetos del sector como base de una acción descentralizada en la planeación, seguimiento. actualización y evaluación de los programas de fomento agropecuario y de desarrollo rural integral y sustentable a cargo del Gobierno Federal. Capítulo II De la coordinación para el desarrollo rural integral Artículo 18. Con objeto de que la gestión pública que se realice para cumplir esta ley constituya una acción integral del Estado en apoyo al desarrollo agropecuario y rural, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Intersecretarial coordinará las acciones y programas de las diferentes dependencias y entidades, en los rubros agrícola, pecuario, forestal, pesquero, alimentario, agrario y de desarrollo rural en sus vertientes social y económica. El Ejecutivo Federal, mediante los convenios que respecto a dichos rubros celebre con los gobiernos de las entidades federativas, propiciará la concurrencia y promoverá la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno, en el marco del federalismo y la descentralización como criterios rectores de la acción del Estado en aquellas materias. Artículo 19. Se crea la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Agropecuario y Rural, la cual funcionará en forma permanente y será el mecanismo de coordinación institucional y concertación en términos de las atribuciones de las dependencias y entidades participantes, con los sectores social y privado a través del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural. Artículo 20. La Comisión Intersecretarial será presidida por el titular de la Secretaría, participarán en ella como miembros permanentes los titulares de los ramos agrario, de economía, de medio ambiente y recursos naturales, de hacienda, de comunicaciones y transportes, salud, educación pública y de desarrollo social; asimismo, intervendrán con igual carácter las entidades paraestatales en las dependencias integrantes que determine el Presidente de la República. La Comisión propondrá al Ejecutivo Federal las políticas y criterios para la formulación y aplicación de los programas y acciones que realicen las dependencias y entidades del Gobierno Federal en las materias de su competencia, así como evaluar periódicamente y darle seguimiento a los mismos. En este último caso, la Comisión presentará al Ejecutivo Federal las propuestas para ajustar el Programa Sectorial y la creación y aplicación de nuevos programas de fomento agropecuario y de desarrollo rural integral y sustentable. Artículo 21. La Secretaría ejecutará las acciones previstas en este Título, de acuerdo con la competencia que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Planeación y en tal virtud contará con los órganos desconcentrados y demás estructuras que se determinen en su reglamento y otras disposiciones aplicables. Asimismo, la Secretaria, mediante la concertación con las dependencias y entidades del sector público y con los sectores privado y social, aprovechará las capacidades institucionales de éstos y las propias de las estructuras administrativas que le asigna su reglamento, para integrar los siguientes sistemas y servicios especializados: A. Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria y de Desarrollo Rural; B. Sistema Nacional de Capacitación Rural Integral; C. Sistema de Información Económica, Estadística Agropecuaria, Industrial y de Servicios; D. Servicio de Normalización e Inspección de los Granos y el Almacenamiento; E. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria; F. Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas; G. Servicio del Registro Nacional Agropecuario; H. Servicio Nacional de Arbitraje de los productos ofertados por la sociedad rural; y, I. Sistema de apoyos a los programas integrantes de la política de fomento agropecuario y desarrollo rural integral y sustentable, sujeto a los siguientes lineamientos: a) Apoyos, compensaciones y pagos directos al productor; b) Equipamiento rural; c) Reconversión productiva y tecnológica; d) Apoyos a la comercialización agropecuaria; e) Asistencia técnica; f) Estímulos fiscales y recursos del ramo 33 para el desarrollo rural establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; g) Finanzas rurales; y, h) Apoyos convergentes por contingencias. Capítulo III De la federalización y la descentralización Artículo 22. El federalismo y la descentralización de la gestión pública serán criterios rectores para la puesta en práctica de los programas de apoyo a las actividades agropecuarias y para el desarrollo rural integral y sustentable. Los convenios que se celebren entre el Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados de la Federación y del Distrito Federal se ajustarán a dichos criterios y conforme a los mismos determinarán la corresponsabilidad de ambos gobiernos en lo referente a la ejecución de las acciones vinculadas al fomento agropecuario y el desarrollo rural integral y sustentable. NOTA: FALTA PARTE LA INICIATIVA. APENDICE No. 1