La diputada Araceli Damián González: Quiero hacer patente la falta de diputados en este momento tan difícil, sobre todo del PRI y algunos del PAN y del Verde. A las víctimas y familiares de Ayotzinapa. El 26 de septiembre se cumplieron dos años de una de las mayores violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país. La desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en la que participaron autoridades confabuladas con grupos criminales. Además, un estudiante quedó en estado vegetativo; seis personas fallecieron, tres de estas estudiantes de la normal, uno de ellos tristemente torturado y tres más, víctimas del ataque al equipo de la segunda división Los Avispones, en el cual resultaron también lesionados 17 alumnos. Se contabilizan más de 100 personas que sufrieron violación a sus derechos humanos durante la noche de ese día y madrugada del 27. La agresión sucedió cuando los estudiantes realizaban una toma de autobuses para ir a participar el día 2 de octubre en la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco de 1968. Paradójicamente terminaron siendo víctimas de la violenci9a criminal y de Estado. No era la primera vez que tomaban autobuses, pero sí fue la primera en la que elementos del Estado mexicano, policías municipales, estatales y federales, reaccionaron tan violentamente y de manera coordinada con el crimen organizado; lamentablemente ninguna fuerza del orden, incluyendo al Ejército, defendió a las víctimas aun y cuando desde un inicio supieron que eran estudiantes, ya que tenían el control del C4 y vigilaban la carretera, las casetas de cobro y 26 cámaras de Iguala. Hoy vivimos una crisis humanitaria en materia de violación de los derechos humanos que se inició con la fallida guerra contra el narcotráfico. La cercanía de los Estados Unidos, principal consumidor de drogas en el mundo, y el rechazo al legalizar su consumo en Estados Unidos, ha convertido a nuestro país en un campo de batalla. México pone los muertos. El caso de Iguala expresa una violación exacerbada que se limita a la que ejercen los grupos delincuenciales, sino que incluye la perpetrada desde las instituciones del Estado. Lo que vivimos en Iguala es parte de los daños colaterales de la violencia institucional en la que se han roto los principios básicos de moralidad y ética que permiten la convivencia social pacífica. La violencia institucional ejercida por el gobierno y las élites, incluye mantener en condición de pobreza a la mayoría de la población. De esta forma la desigualdad, la concentración de la riqueza y el hecho de haber sido México el laboratorio de las reformas estructurales más radicales impuestas por los organismos internacionales, convierte a nuestro pueblo en presa fácil de la violencia institucionalizada. Esto se agrava debido a que la transición democrática fue fallida. El cambio de partido en el gobierno, del PRI al PAN, no se tradujo en una más efectiva participación democrática, por el contrario, somos testigos de una masiva compra de votos y constantes episodios de corrupción que no pasan de ser meros escándalos mediáticos como el de la Casa Blanca. De igual forma la falta de acceso a la justicia y a la verdad, es lo que caracteriza al sistema oficial mexicano. Lo sucedido en Iguala marcó un parteaguas en la forma que reaccionó la sociedad; la tardía y torpe respuesta del gobierno no sólo ha sido criticada en el ámbito nacional, sino internacional. La verdad histórica que sostiene que los jóvenes fueron confundidos con narcotraficantes y que fueron incinerados en Cocula, no ha sido probada, por el contrario, cada vez hay más evidencia de que esto no pudo ser así. El caso de Iguala fue como una lupa que nos permitió ver con mayor claridad la realidad de nuestro país, esta realidad en la que los elementos del estado matan o desaparecen forzosamente a civiles, luchadores sociales, periodistas comprometidos con la verdad. Esa en la que se encubre a delincuentes y en la que se comete todo tipo de crímenes. Por la memoria de quienes han sido víctimas y por sus sueños que no pudieron llegar a hacerse realidad, Morena exige al Ejecutivo no continúe con la simulación y permita a las víctimas el acceso a la justicia y a la verdad. Es cuanto.