La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. Es para mí una enorme satisfacción haber presenciado una votación unánime por una ley que se viene trabajando al menos en esta legislatura, lo que lleva esta legislatura y en la construcción básicamente de acuerdos, consensos, para darle al país una herramienta fundamental en materia de catastros y registros públicos. Quiero pedirle, diputada presienta, por favor se integre el texto completo en el Diario de los Debates, ya que es una reserva muy amplia que firman pues todos los grupos parlamentarios, porque hicimos una labor de corrección a nuestro propio dictamen para entregar una ley lo más mejorada posible. Esta viene acompañada por la diputada Ana Karina Rojo Pimentel; la diputada Violeta Mariana Parra; la diputada Lizbeth Mata Lozano; la diputada Pilar Lozano Mac Donald; la diputada Alma Delia Navarrete Rivera; la diputada Alejandra Ramírez Rodríguez; la diputada María Guadalupe Román Ávila; el diputado Emilio Manzanilla Téllez; la diputada Laura Isabel Hernández Pichardo; la diputada Soraya Pérez Munguía; el diputado Oscar Jiménez Rayón y tenemos también las firmas de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora y la diputada Hilda Patricia Ortega Nájera. Una construcción pues de dos años que ahora también con esta reserva que presentamos a ustedes para mejorar el dictamen. Esta reserva es el culmen de un trabajo de más de dos años en el que la comisión realizó foros regionales, como ya lo comentó la presidenta, en las diferentes entidades federativas. Un verdadero ejercicio de parlamento abierto. Consultas a expertos, autoridades federales, estatales, municipales, sociedad civil, con el fin de tener una norma con la suficiente publicidad para su efectiva discusión y oportuna aplicación. Con esta propuesta iniciamos el camino para poner fin a una omisión legislativa de siete años para expedir esta ley general. A pesar de las condiciones impuestas por el confinamiento social, los trabajos de la subcomisión para generar la presente ley general, la cual tuve el honor de presidir, nunca se detuvieron, por el contrario, el primer producto fue el dictamen que el pleno de la comisión aprobó en diciembre pasado, sin embargo, concitó algunas reflexiones que era preciso atender y que con esta reserva de consenso se atienden, de verdad muchas gracias a todos y cada uno de los grupos parlamentarios por sus aportaciones. Agradecer a cada uno de ellos, a la presidenta, por esta disposición a siempre estar revisando un dictamen perfectible. Una vez que fue aprobado el dictamen a la minuta, como ya dije en diciembre pasado, y conforme a un acuerdo de la comisión, iniciamos un proceso amplio de consultas para mejorar la redacción que nos permita decir hoy que se tiene una propuesta mejorada significativamente. Esta reserva atiende las observaciones de diversos sectores vinculados a la actividad catastral y registral, así como de los grupos parlamentarios, una reserva amplia que permite precisar elementos indispensables en la norma. No obstante, las modificaciones operativas de fondo se encuentran en el glosario de términos, lo cual, para una ley de homologación es fundamental, así como la integración del Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral. Se da una representación adecuada a entidades de la administración pública federal, entidades federativas y municipios. Resaltan la incorporación al Consejo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, así como a organismos vinculados a la función registral y catastral, como el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. En todo momento se cuidó el respeto a la soberanía de las entidades federativas y de sus Congresos, tanto en el ámbito legal como presupuestal. Serán las legislaturas locales y sus gobiernos los que determinen la inversión financiera para la modernización de catastros y registros públicos, pero con un techo legal mínimo que representa esta ley, por lo que no habría disparidad a pesar de la diferencia de avances tecnológicos en cada entidad federativa. Esta norma es un parámetro mínimo de lo que debe realizar la Federación, las entidades federativas y los municipios para el desarrollo de la actividad registral y catastral. Con estos mínimos se avanzará de manera homogénea a pesar de los avances tecnológicos diferenciados con que cuente cada dependencia de los tres órdenes de gobierno, pues a pesar de que en algunas entidades federativas se sigan realizando registros, ya lo dijeron aquí en algunas intervenciones, a mano o en máquina de escribir mecánica y otros usen tecnología de punta, lo esencial, la certeza jurídica está garantizada con los instrumentos jurídicos con requisitos homogéneos en toda la república. Ejemplo de ello es la Cédula Única Registral. Este instrumento es el documento físico o electrónico que expide la autoridad catastral, que contiene los datos catastrales de un predio o parcela y con la cual se acredita su inscripción en el padrón catastral correspondiente, en el que se manifiesta la información cualitativa, cuantitativa, geográfica, física, legal y demás datos que identifiquen a un predio. Aunado a lo anterior, las entidades federativas y muchos municipios del país han adoptado desde hace casi década y media, el modelo óptimo de catastro y registro a través de los programas de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros, lo cual ha continuado en la presente administración. Las diferentes políticas no han limitado la incorporación de estados y municipios a estos programas de coordinación y colaboración, a pesar de la dispersión normativa se han logrado avances relevantes hacia la digitalización de los servicios registrales y catastrales, y la presente ley abonará a fortalecer estos progresos. Por eso, también saludo y agradezco, en todo lo que vale, la aportación de Sedatu, de su titular el secretario Román Meyer y todo su equipo, a la secretaria Olga Sánchez Cordero y todo su equipo, porque aportaron mucho con lo que actualmente se está realizando en esta homologación, en términos prácticos, desde el Poder Ejecutivo federal. Para homologar este instrumento, los objetos obligados tendrán plazos para cumplir con las obligaciones que impone la ley, por citar un ejemplo, para la vinculación entre registros públicos y catastros contarán con un plazo de hasta 7 años para completar este proceso o para implementar mecanismos digitales contarán con hasta cinco años, adecuaciones que además hicimos ya en estos últimos días con aportaciones de la bancada de Movimiento Ciudadano. Se busca que la norma se aplique adecuadamente y no dar lugar a omisiones e incumplimiento, para este efecto cuenta con el artículo décimo noveno transitorio que señala este plazo de ejecución. Con esta reserva se tiene un instrumento legal funcional que dará certeza a una obligación estatal que es fundamental para el desarrollo de las entidades federativas y municipios, así como para la certeza jurídica de los propietarios y poseedores de inmuebles. Estas modificaciones que proponemos son acordes al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y la visión de desarrollo urbano y vivienda de esta administración, por lo que la modernización del proceso contará con lineamientos claros para la homologación de los mismos. Esta norma no es fiscal o recaudatoria, aunque una de sus múltiples aportaciones será sentar las bases de un elemento indispensable para el cobro del impuesto predial por parte de los municipios que es el catastro. Esta facultad es materia de las legislaciones fiscales locales. Sostenemos esto porque según datos del Inegi, alrededor del 50 por ciento de los bienes inmuebles del país no están inventariados, lo que se pretende revertir con esta norma. Esta legislación es respetuosa de la autonomía constitucional de los municipios y, para el caso de la determinación de las tablas de valores del suelo y construcciones aprobadas para la valuación catastral, deberá ser homologada y homogénea. Estas deberán realizarse en coordinación con el catastro de la entidad federativa correspondiente, de conformidad a la normatividad aplicable. Estos preceptos sobre la determinación de las tablas de valores es un refuerzo legal a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la reforma al artículo 115 de la Constitución General, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, que establece la obligación a estados y municipios de actualizar el valor de la tierra en términos del mercado y no subvalorada. Esta omisión en gran parte del país imposibilita el adecuado desarrollo de la hacienda pública, por lo que las metas de recaudación del impuesto predial en nuestro país están muy por debajo de los países de la región. Quiero concluir mi intervención señalando que eta norma que hoy se pone a consideración de este pleno, es una gran oportunidad para tener orden en las funciones del Estado mexicano, para el debido inventario y registro de la tierra y, con ello, tener instrumentos adecuados para sustentar políticas públicas de desarrollo de las entidades federativas y municipios. Es una reforma fundamental para revitalizar las facultades de los más de 2 mil 400 municipios del país y he de decir que algunos ya han avanzado. La obligación de los Poderes de la Unión es que no haya distinciones, sino al contrario, que se promueva el desarrollo de toda la nación. Los convoco respetuosamente a todas y a todos a que se apoye esta reserva de consenso para dotar al Estado mexicano de un instrumento catalizador del desarrollo nacional. Con la aprobación de este dictamen abonamos a la construcción de un ordenamiento que fomente la cultura de la legalidad y del Estado de derecho, que homologue criterios, mejores prácticas y use de las nuevas tecnologías de la información que permitan reducir la brecha de desarrollo entre las distintas regiones del país. Como ya lo dije, esto también acorde al Plan Nacional de Desarrollo. Es cuanto, diputada presidenta y, de verdad, muchas gracias a todas y todos quienes colaboraron en el armado de esta ley general.