La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. El dictamen de la minuta que hoy discutimos tiene por objeto modificar aspectos funcionales del Poder Judicial de la Federación, relacionados con su quehacer jurisdiccional y de su carrera judicial a través de una reforma constitucional amplia y profunda, planteada desde el propio Poder Judicial que permite dar consistencia y continuidad a las políticas adoptadas internamente, logrando con ello una mayor legitimidad ante la sociedad, así como actualizar y perfeccionar su marco normativo para garantizar una justicia de calidad dentro de un esquema de fortalecimiento institucional y acercamiento directo de los impartidores de justicia con la sociedad. En este sentido, debemos señalar que el derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que estos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre las personas deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos, derecho natural al que renunciamos al aceptar formar parte de la sociedad mexicana. La reforma que se plantea en la discusión de la presente minuta se vuelve más relevante que la aprobada en 1994, ya que propone la creación de una Ley de Carrera Judicial, a fin de ordenar el ingreso, movilidad, ascensos y adscripciones a su interior con excepción de los cargos de la Suprema Corte. Asimismo, crea la escuela de formación judicial y provee constitucionalmente a la defensoría pública en favor de las personas que no pueden pagar un abogado particular. En este sentido, es importante mencionar que actualmente existen en ambas instituciones, sin embargo, esta reforma consolida sus funciones y los dota de algunas que actualmente no tiene ninguno de estos órganos, todo ello en beneficio de la sociedad. Otra de las propuestas contenidas en la minuta es la creación de los llamados plenos regionales como órganos encargados de resolver contradicciones de tesis entre los tribunales, con la finalidad de ampliar el ámbito de competencia por cuestión territorial, con el objetivo de lograr la optimización funcional y orgánica de las diversas instancias del Poder Judicial. Asimismo, se advierte que la propuesta, materia de dictamen, plantea una modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Corte, con la finalidad de que la doctrina constitucional que genere pueda marcar la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país, es decir que la sentencias dictadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos y por las salas por mayoría de cuatro votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. En relación con las sentencias de amparo, el dictamen que analizamos establece la facultad de que su incumplimiento pueda ser denunciado ante el órgano jurisdiccional que haya emitido la sentencia y no únicamente ante la Suprema Corte de Justicia, lo cual garantizará la rapidez en su cumplimiento. Acatando la reforma constitucional en materia de paridad entre los géneros, garantiza que mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades al ingreso y ascenso de puestos dentro del Poder Judicial de la Federación, por lo que integra dicho principio a la carrera judicial de manera que cualquier convocatoria o acción constitucional obligatoriamente la respete, incentivando dentro de su organigrama una cultura incluyente y participativa. Generando, con ello un compromiso exigible de las acciones contundentes, permitiendo observar al Poder Judicial de la Federación como institución democrática y plural interesada en establecer acciones afirmativas. En este sentido, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD consideramos que hoy en día la impartición de justicia en nuestro país enfrenta grandes retos debido a las desigualdades en el sistema judicial que impactan de manera decisiva en el derecho de acceso a la justicia de las y los mexicanos, ahondando las brechas de desigualdad que ya vivimos. Recordemos que el mandato constitucional nos ordena a construir diseños institucionales que garanticen su correcto funcionamiento. Es por ello que en aras de la convivencia pacífica entre las personas el Estado creó instancias para dirimir los conflictos que se susciten entre ellas o entre las y los ciudadanos y la autoridad. Ya que el derecho de acceso a la justicia que se consigna en la Carta Magna indica las funciones de los órganos de gobierno, el orden y prelación del marco normativo en sus diferentes niveles, así como las garantías de los derechos humanos y sus limitaciones. Por todo lo anterior, nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen, toda vez que se garantiza el acceso a la justicia pronta y expedita, la profesionalización del personal, así como de las y los jueces. Todo lo anterior, garantizando a las y los mexicanos un Poder Judicial a la altura del siglo XXI moderno, innovador y completamente funcional en beneficio de las y los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta.