LA C. DIPUTADA MARIA MIROSLAVA GARCÍA SUAREZ (PRD): Con el permiso de la Presidencia. Sean ustedes bienvenidos señores Secretarios de Hacienda y Energía; señores directores de la Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Cuándo enviará el Ejecutivo su propuesta integral para modernizar la industria eléctrica nacional a esta soberanía? ¿O debemos entender que el Presidente Vicente Fox hace suya la que presentó el Partido Acción Nacional en el Senado? ¿Cuándo conoceremos la propuesta del Ejecutivo para la reforma democrática del estado mexicano? Disculparán ustedes que inicie esta intervención con preguntas. Pero lo único que está claro es que la medida instrumentada por el gobierno federal para disminuir subsidios y por lo tanto aumentar tarifas no es una iniciativa propositiva, como tampoco lo es reducir la reforma del estado a la propuesta de la reelección de los legisladores y los presidentes municipales. De acuerdo con el decreto publicado el 7 de febrero, el incremento en las tarifas eléctricas recaerá principalmente en los rangos de consumo que realiza la clase media baja, la cual sufrirá incrementos de hasta el 80%. Para un consumo de 200 kilowatts-hora, promedio mensual, el incremento se eleva a 80.88%. Para un consumo de 249 kilowatts-hora promedio mensual, el incremento será de 45.96%; para quienes tienen un consumo superior a 350 kilowatts-hora mensual, este incremento se eleva a 39%; para los usuarios cuyo consumo promedio es superior a 500 kilowatts-hora, el incremento será tan sólo de 16.85%, es decir, que los hogares donde el consumo de energía es mayor y que por lo tanto es la franja donde se encuentran los hogares con mayores ingresos, el incremento será el menor de todos. En el caso del sector residencial, es revelador un análisis del grupo de energía y ambiente del Instituto de Ingeniería de la UNAM; sobre el porcentaje que representa el gasto en electricidad, del total del gasto trimestral de las familias mexicanas. En dicho estudio se encontró que las familias de menores recursos económicos, destinan en promedio hasta el 5% de su ingreso total al destino del pago de la energía eléctrica, mientras que las familias y los hogares de mayores recursos, destinan el 1.5%. Esta situación refleja, en efecto, un sistema de subsidios en las tarifas eléctricas residenciales, que no corresponden con las circunstancias, con las condiciones socioeconómicas de la población en este país. En síntesis, el gobierno pretende cobrar tarifas de primer mundo en un país donde la clase trabajadora tiene salarios de tercer mundo. Secretarios Gil y Martens: El Ejecutivo pretende recaudar con esta política, ustedes lo han dicho, 5,700 millones de pesos. Ustedes saben que es posible obtener recursos adicionales mucho mayores combatiendo eficazmente las diabluras de los grandes y de los pequeños evasores. Se pretenden elevar tarifas sin antes realizar un ejercicio de autocrítica y resolver las enormes deudas que arrastran usuarios del sector público y privado, que bajo criterios poco claros han dejado de pagar más de 24 mil millones de pesos, por concepto de tarifas especiales y cuentas incobrables, a lo que habría que sumar el robo de energía que realizan familias de zonas marginadas y decirlo así claramente, pues se carece de una política integral que las dote del servicio de manera eficiente. ¿Será que la Secretaría de Hacienda carece de voluntad, de valor o tiene conflicto de intereses, para realizar estos cobros atrasados? ¿Será igual de indulgente con los consumidores de bajos ingresos cuando éstos no puedan realizar sus pagos puntualmente? Además persiste el descontrol en el pago del servicio que realizan las familias, pues existen miles de casos documentados en los que se demuestra que aun en una misma zona se paga la electricidad de manera distinta. No existe la relación de, a igual consumo igual cobro, o peor aún, todavía hay recibos que cobran al tanteo, porque no existen medidores de luz o no funcionan adecuadamente. La población y el gobierno ganarán mucho más si se cambia educadamente de estrategia se evita el camino en apariencia sencillo, de corto plazo, recaudador en forma inmediata, pero a la larga inútil y doloroso sobre todo para la población. En la actualidad algunas tarifas eléctricas están subsidiadas y el peso lo cargan CFE y Luz y Fuerza del Centro. Es evidente que si los subsidios estuviesen clara y responsablemente otorgados por el Gobierno Federal o los estatales, las compañías eléctricas públicas podrían operar manteniendo finanzas sanas. No obstante, no basta con la claridad en el otorgamiento de los subsidios, es indispensable su revisión. Pero, ¿por qué empezar por los subsidios en el terreno del servicio doméstico, del servicio residencial, cuando sabemos que también hay subsidios a otros niveles mucho más importantes, como puede ser a nivel empresarial e industrial? Habría que preguntarse si la medida obedece a una pura voracidad recaudatoria o si en el fondo subyace el interés por hacer avanzar el proyecto privatizador. Antes de concluir quisiera pedir al Secretario Martens nos explique cuál fue el papel que jugó la empresa ENRO en el diseño de la política energética de la actual administración y si tiene que ver con esta reducción de los subsidios. También quisiera decirle al Secretario Gil que el destino de los recursos que emanen de la aplicación de esta medida es muy poco claro: mientras el Presidente Fox de regreso de la Habana a México decía que es para infraestructura social, aquí nos informa el Secretario Martens que es para otra cosa. Por último. El PRD exhorta al Poder Ejecutivo a suspender inmediatamente la aplicación de tal medida, hasta que de manera conjunta con el Poder Legislativo se realice una revisión global no sólo de la política de subsidios, sino en una propuesta integral para modernizar y eficientar a industria eléctrica nacional en beneficio directo del país y de la población. La propuesta para modernizar el sector eléctrico en este país por parte del Ejecutivo todavía la estamos esperando. Es cuanto señor Presidente.