La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, compañeras y compañeros diputados, es una obligación del Estado mexicano, no es una dádiva para el pueblo. Es nuestra obligación el otorgar certeza jurídica para todos los ciudadanos, en ejercicio de sus derechos primordiales, para que tengan acceso a la información pública, pero la ley que hoy estamos discutiendo no es otra cosa más que un traje hecho a la medida, al cual no quieren que se le mueva ni una coma para no desajustarlo. Para muestra un botón. Según datos documentados en los resultados de la cuenta pública 2013, que presentó la Auditoría Superior de la Federación, al menos siete universidades públicas de diferentes estados fueron favorecidas por dependencias del gobierno federal, como Sedesol, Pemex, la SEP, Banobras y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de contratos directos, pese a que no tenían la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se comprometieron, favoritismos que resultaron en contratos y subcontratos con terceros o empresas que no cumplieron con los objetivos marcados y la documentación contractual, configurándose así un quebranto para el erario. Lo anterior, es una clara muestra de los niveles de corrupción y opacidad que está viviendo el país, por lo que esta es una oportunidad de hacer leyes dirigidas a desincentivar la posible oferta por parte de funcionarios públicos y la colusión por parte del sector privado, a través de una ley que no tenga sesgos políticos o personales. Razonemos nuestro voto, no olvidemos que el cargo dura tres años, pero las consecuencias de lo que hoy se apruebe pueden perjudicar a la ciudadanía por largo tiempo. Bajo este orden de ideas, es menester considerar la introducción obligatoria de mecanismos que garanticen el acceso a la información respecto de instituciones de educación superior públicas, que como ya lo vimos ejercen recursos públicos a discreción, a través de contratos de prestación de servicios con recursos del erario. Mi segunda reserva. Es por demás atroz que todo lo que sea un peligro para el gobierno federal, no será transparente, y no lo será porque efectivamente pone en peligro los intereses personales de los servidores públicos que nos gobiernan y que gozan de cabal impunidad. No voy a desestimar algunas de las mejorías a la iniciativa, mucho menos voy a hacer menos la extraordinaria participación de diversas organizaciones de la sociedad civil que aportaron lo más rescatable de su contenido. Pero tampoco vamos a desbordar en felicidad por los términos de la minuta sujeta a discusión. Por lo que la propuesta que someto a la consideración del pleno, es que no nada más sea el Senado de la República quien conozca del informe a que se refiere el artículo 24 de la minuta en discusión sobre la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, sino también la Cámara de Diputados conozca de él, ya que tenemos la obligación de aprobar el Presupuesto, pero no la reciprocidad, el derecho de conocer el informe de la evaluación que hace en materia de acceso a la información pública en el país. Mi tercer reserva. La transparencia y rendición de cuentas son una mancuerna indispensable con valor mayúsculo para el ejercicio de la función pública, por lo que exigimos que toda la información que tenga que ser pública así se precise en el dictamen que hoy nos ocupa. En México se reconoce el valor de la medicina tradicional en el artículo 2o., Apartado B, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer, entre otras cosas, la obligación a la federación, entidades federativas y municipios, de promover de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, así como el asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, y que uno de los objetivos que marca la Ley General de Salud, en su artículo 6o., fracción VI-Bis, es el promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas. En lo referente a las plantas medicinales no se cuenta con los documentos públicos de toxicología ni estadísticas de los efectos aparentemente nocivos de las plantas, de las cuales la Secretaría de Salud y la Cofepris impiden su comercialización sin fundamentar las razones. Esa información no es pública, por lo tanto, se desconoce contra quién o qué se está protegiendo a la población y afectando a cadenas productivas activas. En ese sentido, la propuesta se traduce en hacer públicos los documentos relacionados. Gracias. Es cuanto. Gracias, compañeros.