El diputado Antonio Soto Sánchez: Con su permiso, señor Presidente. Por mi conducto la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presenta a esta soberanía un conjunto de iniciativas que buscan actualizar la legislación en materia de electricidad. En México la legislación en materia eléctrica inicia en la década de los treinta. Durante ese período se crea también la Comisión Federal de Electricidad como una acción del Estado mexicano para impulsar la electrificación del país y abrir la puerta a la modernidad y a las nuevas posibilidades de confort de la iluminación eléctrica a los hogares y promover la industrialización acelerada del país. Esta tarea ha sido cubierta con creces por la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Hoy, en los albores del siglo XXI, los esfuerzos de la sociedad mexicana requieren consolidar los logros de la electrificación, pero ahora la electricidad se ha convertido en vehículo e insumo insustituible para una gran variedad de actividades sustantivas de la civilización contemporánea. Qué sería de las comunicaciones, de las extensas redes de datos de Internet, de los sistemas telemáticos de los bancos, transportes, educación, enlaces de procesos industriales automáticos o de los medios de comunicación que aportan más que confort a los hogares, sin la electricidad. En general, los procesos de mundialización tecnológica y la globalización de las comunicaciones dependen de los suministros eléctricos confiables y de óptima calidad. Por esa razón la definición fundamental de nuestra legislación, del servicio público de energía eléctrica respecto a la responsabilidad indelegable del Estado para garantizar que todos los habitantes del país, sin importar condición socioeconómica o actividad de aplicación económica dispongan por igual del fluido eléctrico, es ahora, más que nunca vigente. Si antes la función de la electricidad fue considera estratégica para la iluminación o como fuerza motriz para la industria, hoy ese carácter es aún más central pues de ese servicio simple y llanamente depende el funcionamiento de la sociedad contemporánea. Hoy el carácter estratégico del servicio público de electricidad que establece el artículo 28 constitucional adquiere toda su vigencia. La sociedad mexicana también ha cambiado de manera extraordinaria desde que se llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica en los años 60, pero quizás hoy las desigualdades sociales se han acentuado, por eso consideramos que el servicio público de electricidad como facultad exclusiva de la nación, tal y como lo define el artículo 27 de la Constitución, es una atribución esencial de los derechos sociales que el Poder Legislativo debe preservar. El papel de la industria ha evolucionado cualitativamente y la función de las empresas públicas de electricidad también se ha ido transformando sin que las estructuras jurídicas que las organizan y norman hubiesen acompañado esta transformación. Desde finales de los años 80 y de manera más intensa durante la segunda mitad de la década pasada, una gran cantidad de países desregularon sus sistemas eléctricos a través de privatizaciones y de construir mercados mayoristas de electricidad, pero de manera prácticamente simultánea, muchos de estos sistemas eléctricos han registrado crisis de desabasto como resultado de haber transformado el suministro eléctrico en una mercancía objeto de la especulación financiera. La crisis de desabasto eléctrico del estado de California en los Estados Unidos y el escándalo que acompaña a la bancarrota de Enron, el mayor corredor de los mercados eléctricos en el mundo, son el parteaguas de la caída del paradigma de los mercados mayoristas de electricidad en el mundo. Por eso la propuesta que presentamos a consideración de esta soberanía pretende aportar un nuevo esquema de autonomía a las empresas eléctricas, preservando el mandato constitucional de servicio público y manteniendo la integralidad de las empresas públicas. El Partido de la Revolución Democrática, congruente con los principios plasmados en sus documentos básicos, presenta una iniciativa con el objeto de asegurar la soberanía en materia de energéticos, el desarrollo y aprovechamiento sustentable, así como la explotación racional y planificada de los recursos naturales. La iniciativa propone reformas a los siguientes ordenamientos: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Planeación, Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Por otro lado, se pretende la creación de los siguientes ordenamientos: Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, Ley de la Comisión Nacional de Energía, Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de energía eléctrica. La reforma energética requiere la adecuación del marco jurídico del sector estableciendo una serie de medidas que garanticen a mediano plazo, así como a largo plazo, que el rendimiento obtenido sea el óptimo para responder a los retos del futuro. Cada una de las reformas, adiciones, derogación o creaciones de instrumentos normativos mantiene una coherencia con el sistema legal, a fin de asegurar su plena aplicabilidad en el orden jurídico nacional. El desarrollo armónico del sector requiere de disminuir al máximo cualquier conflicto de leyes que puedan generar contradicción en las facultades de los órganos o inconsistencias en su naturaleza jurídica. El fortalecimiento de las acciones del Estado en la planeación energética; la dotación de mayor autonomía a la Comisión Reguladora de Energía; la garantía del abasto del sector público de energía eléctrica, así como la corresponsabilidad del Poder Legislativo y Ejecutivo en el sector, hacen de la presente iniciativa una propuesta que enriquece y amplía las visiones que se pretenden para el sector energético. En este sentido, las reformas que se presentan a diversos ordenamientos en materia del sector eléctrico proponen fundamentalmente la estructuración de un sistema jurídico especial para la actividad energética nacional. Por ello, el Partido de la Revolución Democrática presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y crea diversos ordenamientos en materia del sector energético. Dada la importancia de la electricidad para el desarrollo del país y en virtud de que no se ha logrado ningún avance sustancial en la materia consideramos de la mayor importancia plantear a esta soberanía este conjunto de iniciativas para que, a la brevedad posible, se aboque a su análisis y discusión la Comisión de Energía de esta Cámara con el fin de que podamos llegar a acuerdos en este fundamental tema para el país. Solicito a la Presidencia que la presente propuesta y el contenido íntegro de las iniciativas que se han publicado en la Gaceta Parlamentaria queden consignadas en el acta de la sesión de hoy. Por su atención, muchas gracias.