La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón: Diputadas y diputados, en nuestro país no se había reconocido la existencia de la discriminación hasta antes del 2001 que se reforma la Constitución mexicana para prohibirla en su artículo 1o. Igualmente la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contiene las pautas legales para tutelar el derecho a la no discriminación y sancionar la violencia de género. En el campo del derecho internacional nuestro país ha ratificado convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de remuneración de la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor, y sobre la discriminación en materia de empleo y educación. Para el avance de la equidad de género, México ha ratificado dos instrumentos internacionales de la mayor importancia: la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de la Mujer. En estos convenios, se sientan las bases orientadoras para asegurar el derecho de las mujeres al trabajo y a la no discriminación, e incorporar la protección contra la violencia en el ámbito del trabajo y establecer la exigencia a los estados miembros para que legislen en la materia con el fin de desterrar las iniquidades de género. Desde este marco normativo, la iniciativa que hoy presentamos aborda un campo históricamente discriminado e invisibilizado por el patriarcado: los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar. A lo largo de la historia, las tareas y actividades del hogar han sido realizadas por las mujeres, sin que el conjunto de actividades que contiene se registre como parte fundamental de la economía de un país y que se valore socialmente su desempeño. Esta desvalorización económica y social se traslada al trabajo asalariado del hogar y se escatiman los derechos de las trabajadoras. Las estadísticas del INEGI muestran que el trabajo del hogar asalariado, constituye la cuarta parte en la que se emplea una mayor proporción de mujeres, apenas un punto porcentual debajo de las oficinistas. La creciente participación de las mujeres en el mercado laboral, sigue concentrando en actividades más precarias, sujetas a relaciones de fuertes subordinación y control en entornos laborales caracterizados por la inseguridad y la violencia, como lo es el trabajo asalariado del hogar. Además, la participación femenina en el trabajo del hogar ha crecido. Mientras que en 2001 se registraron un millón 491 mil mujeres como trabajadoras del hogar. En 2005 llegaron a emplearse un millón 632 mil. Esto nos muestra la relevancia que tiene esta ocupación para un sector amplio de mujeres. Este complejo y dinámico sector se enfrenta con una regulación laboral que necesita transformarse para tutelar los derechos de mujeres y hombres que trabajan en este sector. La Ley Federal del Trabajo regula las relaciones de trabajo en este ámbito en su Título Sexto llamado Trabajos Especiales, ya que se considera un trabajo distinto a los demás y que el espacio físico de la realización del mismo es el ámbito privado del hogar de una persona o familia. En el Capítulo XIII, llamado "De los trabajadores domésticos", las condiciones de trabajo y los derechos de estas trabajadoras y trabajadores del hogar se regulan con muchas ambigüedades, incongruencias y lagunas sobre aspectos como el salario, la jornada de trabajo y seguridad social, entre otros aspectos. La denominación doméstico, además de ser un anacronismo, es altamente discriminatorio, ya que califica a la persona como propiedad de un hogar y su valor a la categoría de trabajadora o trabajador que le corresponde. La actual regulación respecto a la jornada de trabajo es imprecisa en cuanto a su duración y deja una laguna jurídica que propicia que la jornada se prolongue, sin pago de horas extras. La ley sólo reglamenta que se otorgue el tiempo de reposo suficiente, dando lugar a largas jornadas de trabajo sin límite ante el gran número de tareas que se realizan en los hogares. Por lo anterior, es urgente reglamentar de manera específica la jornada laboral legal y asegurar el derecho a tiempo de descanso y al pago de horas extras. Las formas en que se realiza y se contrata el trabajo asalariado del hogar, no están reglamentadas y ello propicia la sobreexplotación del trabajo. Actualmente, se han establecido con mayor regularidad las modalidades, de planta y de salida diaria, por lo que se propone que estas modalidades queden establecidas en la ley a fin de contar con la pauta para contratación. La regulación salarial en la legislación actual establece que una parte de salarios se compondrá de la alimentación y habitación. En el caso de servicio de planta y que se estimarán equivalentes al 50 por ciento del salario en efectivo. Esto se presta, en la práctica, a que cada patrón o patrona fije el salario en efectivo que más le convenga de acuerdo al valor que le quiera dar al salario en especie. Las trabajadoras y trabajadores del hogar exigen el derecho a un salario justo y su pago en efectivo que asegure un nivel de vida digna. El trato discriminatorio hacia las trabajadoras y trabajadores del hogar es uno de los aspectos más denunciados por las organizaciones que agrupan en este sector. Sus formas son múltiples y abarcan distintos motivos: la discriminación por la pertenencia a un grupo indígena, por el uso de su lengua y vestido tradicional, la discriminación de género en que las mujeres enfrentan abuso y hostigamiento sexual y los despidos por embarazo son más frecuentes que en otros sectores de trabajadoras, por la inexistencia de medidas adecuadas de protección. Estos aspectos se tratan en las "Obligaciones y previsiones del patrón o la patrona" de la presente iniciativa. No existe reglamentación sobre medidas de seguridad e higiene y prevención de riesgos y accidentes de trabajo en el hogar, siendo que el uso de productos químicos altamente tóxicos, así como los electrodomésticos utilizados sin capacitación y medidas de protección adecuadas, son altamente peligrosos. Es necesario incorporar en la reglamentación las sanciones necesarias para obligar al cumplimiento de lo estipulado en este capítulo y establecer mecanismos que permiten proteger a las trabajadoras y trabajadores para que las autoridades laborales verifiquen permanentemente el cumplimiento de la ley. La iniciativa es un resultado de un proceso amplio de discusión y consenso con las organizaciones de trabajadoras del hogar que han dado una larga lucha para que sus derechos laborales sean tutelados en la legislación laboral y contar así con un instrumento con el cual combatir las múltiples discriminaciones que enfrentan. En la construcción de esta iniciativa participaron la diputada Maricela Contreras Julián, Claudia Cruz Santiago, Holly Matus Toledo, Silvia Oliva Fragoso, Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia; la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata y la diputada Mercedes Maciel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y las organizaciones: Centro de Apoyo a Capacitación de Empleadas del Hogar, el Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica, el Colectivo Atabal, el Grupo La Esperanza y la Red de Mujeres Empleadas del Hogar. Solicito atentamente a la Presidencia que la versión completa de esta iniciativa se publique íntegramente en el Diario de los Debates y se turne a Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Trabajo y Previsión Social. Gracias, Presidenta.