El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores. Nueve años han pasado de impunidad para los responsables e indiferencia del Estado frente al homicidio industrial. El día de hoy aún permanecen abandonados los cuerpos a 120 metros de profundidad y aún no hay señales que muestren la voluntad de aplicar la justicia, rescatar a los mineros caídos, castigar a los responsables, indemnizar dignamente a las familias y obligar a los que obtienen concesiones a cumplir con la ley en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo para evitar que estas catástrofes puedan repetirse. Familiares de los mineros permanecieron durante varios meses a la espera de que aparecieran por lo menos los cadáveres de los trabajadores del turno de las 22 a las 6:00 AM lo que jamás ocurrió. El cumplimiento de la petición que hicieron esposas, madres, padres e hijos de los sepultados por la recuperación de los cuerpos se quedó en el aire, como otros de los pendientes que dejaron los gobiernos federal y estatal. Fue una cosa trágica, una tragedia que no se olvida y tenemos que tener en cuenta un parangón, los accidentes que ocurrieron en la mina de Pasta de Conchos en México y la de San José en Chile son comparables de forma natural en distintos aspectos. Dicha comparación hizo manifiesta dos caras de la minería, pero sobre todo dos actitudes diferentes de los gobiernos frente a una tragedia humana. Los 33 mineros atrapados en la mina chilena fueron rescatados de forma exitosa, se evitó la pérdida de seres humanos. En el caso mexicano los 65 mineros sepultados a 150 metros de profundidad en Coahuila fueron abandonados a su suerte, condenándolos y arrojando a sus familias al dolor y al desamparo. El mundo entero recuerda cómo los mineros de Chile en octubre de 2010, tuvieron un gran éxito y un triunfo moral al rescatar con vida a los 33 trabajadores atrapados a 750 metros de profundidad después de 69 días de que sucedió el derrumbe. En México jamás se olvidará la indignación, el coraje y la frustración de las familias y los trabajadores, cuando la empresa y el gobierno decidieron cerrar la mina a los cinco días de que sucedió la tragedia. El problema de las minas, señores legisladores, es muy grave en nuestro país. Más de 400 años han pasado desde que los colonizadores españoles comenzaron a explotar las minas mexicanas y parece que no se ha aprendido la lección. La actividad minera sigue representando riqueza para algunos y miseria y tragedia para los trabajadores. La actitud del gobierno fue y es grave y lamentable no atreverse a regular a las mineras y cobrarles lo que debieron hacer por los tesoros que se llevan y nunca regresarán. Actualmente las mineras pagan sobre las concesiones desde 5.91 pesos hasta 129 pesos por hectárea. El día de hoy la industria minera es denunciada en todas partes del país. Lo mismo en Guanajuato, lo mismo en Baja California Sur con la minería tóxica o en Guerrero o en Oaxaca o en San Luis Potosí o en mi tierra natal, Zacatecas. Es la misma historia. Empresas explotadas por extranjeros que extraen metales preciosos y dejan miseria y enfermedades en nuestra tierra. Destruyen la ecología, destruyen nuestras costumbres y la convivencia. Hasta ahora un grupo de seis firmas mineras canadienses controlan el 70 por ciento de la explotación del oro en nuestro país, pero además constituyen en este momento 30 por ciento del territorio nacional concesionado; 56 millones de hectáreas sin que nadie los moleste a los extranjeros y nacionales que degradan nuestras tierras, extraen el mineral y la riqueza y abandonan a su suerte a todos los mineros y sus familias. Hoy con tristeza recordamos aquél acontecimiento, por eso estamos en favor de este punto de acuerdo. Exigimos justicia para las familias, justicia para aquellos mineros que fueron abandonados por el gobierno federal y estatal y que ahora sus familias siguen deambulando en búsqueda de justicia. Presidente, muchas gracias.