La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los juicios penales para adolescentes en nuestro país se caracterizan por cometer formalismos caducos y obsoletos, que provocan entre otros la acumulación de expedientes y la violación sistemática de los derechos humanos contrarios a la Constitución y a la Convención de los Derechos de los Niños. Solo para tener una idea del alcance de esta ley, será una alternativa para disminuir el número de adolescentes que se encuentran internados en los 56 centros de tratamiento que existen en las 32 entidades de la República, cuya cifra de población asciende a los 4 mil 734 entre los que se encuentran 4 mil 448 hombres y 286 mujeres. De acuerdo con los datos que se encuentran en el informe especial sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes que infringen las leyes penales emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de este universo de población, 1841 están sujetos a procedimiento, y 2 mil 893 cumplen una medida de tratamiento. Cuatro mil 438 de ellos se hallan internados por delitos del fuero común y 296 por delitos del fuero federal. Estos elementos fueron los factores que hicieron necesario transitar de un sistema de justicia penal de corte tutelar a uno de corte acusatorio y plenamente garantista, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Congruente con estos principios, nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática incluyó en su agenda legislativa el hacer accesible la justicia penal para todas y todos los adolescentes de este país, buscando profesionalizar la investigación de los hechos que señala la ley como delito; otorgándoles a las víctimas un papel preponderante en el procedimiento de justicia penal para adolescentes; sentando las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas de terminación anticipada, así como establecer los procedimientos de ejecución de medidas de sanción y los relativos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de las medidas. Determinar los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas sancionadoras, lo que en esencia conforma el sistema integral de justicia para adolescentes establecido en el artículo 18 de la Constitución. De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática tiene el presente dictamen de votar a favor para expedir la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual regulará el proceso penal acusatorio y oral, donde se observará la garantía del debido proceso y se asegurarán los derechos humanos que tiene todo adolescente. Sin duda, estamos conscientes de que con este dictamen en nuestro país habrá una transformación radical al sistema de justicia penal para adolescentes, con el fin de disminuir los altos índices de corrupción e impunidad que existen en la impartición de justicia. Sobre todo, los juicios serán más rápidos, transparentes y equitativos que los actuales. Con este dictamen vamos a contribuir para que la federación y los estados cuenten con una ley nacional que estará armonizada con los artículos 1o. y 4o. constitucional y con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; lo que sin duda impactara en la administración y procuración de justicia para adolescentes con la capacitación de Ministerios Públicos, jueces especializados, magistrados, policías de investigaciones, defensores públicos y personal de los centros de internamiento para adolescentes en todo el país. Por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos convencidas y convencidos de que el actual sistema de justicia para adolescentes permite que hoy exista un sinnúmero de adolescentes privados de su libertad. Es cuanto, diputado presidente.