La diputada Ana Ruth García Grande: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras legisladores, nuevamente con el gusto de poderme dirigir al pueblo de México, al que saludo con mucho cariño como siempre. Acudo en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a esta alta tribuna, para hablar a favor del dictamen que se encuentra en análisis, que presenta la Comisión de Gobernación y Población, y por el cual se propone la adición al artículo 456 y una reforma al parágrafo 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En democracia y en la democracia representativa, en particular el sufragio es el bien jurídico tutelado de mayor relevancia, el más importante que puede existir con las características legales que le dan esa preeminencia para poder hacer de la voluntad ciudadana la representación popular, porque a través de su ejercicio el pueblo elige quién quiere que lo gobierne, y asimismo decide la integración de la representación en los Poderes Legislativos o gobiernos municipales. Por ello, es importante que se diseñe un andamiaje institucional que le dé un blindaje especial a ese sufragio, que al día de la fecha y según nos denuncia la historia, ha sido objeto en etapas muy específicas y hechos muy deleznables, de una falta absoluta de respeto por parte de los servidores públicos, donde se coacciona de diversas formas el otorgamiento de recursos de programas a cambio del voto. Si viene a nuestra mente este ejercicio que trastoca de fondo la libertad jurídica del sufragio, podemos ponerle el nombre del partido que quieran. Desafortunadamente en nuestro México hay ejemplos a lo largo y a lo ancho, porque han gobernado nuestro país y sus regiones todos los partidos políticos, de manera que podemos ilustrar esta práctica que hoy se quiere inhibir a través de esta propuesta, porque definitivamente el círculo virtuoso que entraña la construcción del marco normativo en las elecciones tiene que irse adecuando en ese ejercicio incesante, evolutivo, a las realidades que se proyectan en nuestro país. Una realidad de ellas es que los servidores públicos no estaban incluidos en sanciones específicas para el caso de estas conductas que atentan de fondo a la evolución de nuestro sistema democrático. En ese entendido, los mexicanos hemos visto en diversos procesos electorales desde el poder público, como ya se dijo, del color que sea, cómo se han diseñado diversos mecanismos de cooptación y coacción hacia los electores. Se ha atestiguado, además, cómo el uso de los programas sociales, cuyo propósito es palear una situación de marginación en la que se encuentran algunos estratos de nuestra población, se alejan de este fin, de esta teleología. No se han utilizado para paliar estos espacios de necesidad, sino se ha administrado este tipo de programas con fines electorales. Qué pretende este dictamen. Establecer sanciones específicas que eliminen en buena medida estas prácticas. A todos nos hacen daño como parte del pueblo mexicano, porque no llegamos a alcanzar un nivel de democracia pura, sana, que lleve efectivamente la voluntad del pueblo a hacer una representación o un gobierno. Por eso en el Partido del Trabajo estamos de acuerdo con la teleología que persigue esta iniciativa, porque ya establecimos que como se aprecia desde la propia Constitución General de la República, el principio de neutralidad política de todos los servidores públicos debe darse sobre un ejercicio de ética, que muchas veces no se puede exigir simplemente en el discurso, y para evitar que se sigan presentando estos ejemplos, lamentablemente tenemos que llevarlo a la ley con tal precisión, que no haya ninguna duda, porque pareciera que aunque estuvieran implícitas en las disposiciones de nuestras leyes reglamentarias, o en nuestra Ley de Supremacía, todos le buscamos la forma para eludir. Es verdaderamente vergonzante y creo que estamos en un momento donde todos debemos hacer ese esfuerzo, aun cuando nosotros pretendamos en un futuro ser parte del servicio público. Porque finalmente no podemos –reza el refrán– entre gitanos leernos la mano. Si no hay una disposición expresa, este tipo de conductas van a seguirse llevando a cabo. Es así como nuestra argumentación tiende a la eventualidad de que nos unamos en esta visión y demos una muestra de ética política y de voluntad de aspirar a estadios mejores, donde el diseño constitucional y en este caso reglamentario, específicamente evite la comisión de estas conductas y en el caso de que lleguen a realizarse, se tenga establecida una sanción específica a la que se llegue a través del procedimiento sancionador que la propia ley refiera. Como se aprecia, sin perjuicio de lo que el INE hace en el acuerdo de referencia, en el que se basa la iniciativa en mención, es momento de que nosotros, como legisladores, asumamos nuestra tarea. Muchas gracias a la Presidencia y a todos los que han puesto atención a mi intervención.