EL DIP. ABDALLAN GUZMÁN CRUZ: Compañeros y compañeras: El grupo parlamentario del PRD, pone a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas. La desaparición forzada de personas es un delito que ha sido catalogado por el derecho internacional de los derechos humanos, como de lesa humanidad, cuya comisión debe ser prevenida, investigada y sancionada, por la comunidad internacional. Desaparecer a una persona es un acto aberrante, con características infrahumanas. Consiste en secuestrar a alguien que se considera peligroso o peligrosa para las instituciones establecidas; llevarlos a un sitio de reclusión clandestino; negar la detención y mantenerlo total y absolutamente separado del mundo exterior, disponer de él o de ella al arbitrio de los captores, infiriéndole cualquier tipo de tortura física o sicológica, con el propósito de arrancarle información, una confesión o simplemente para atemorizar a la sociedad, todo ello, sin sujetarse a las normas vigentes en el país y en el ámbito internacional. La desaparición forzada de personas, ha sido una práctica recurrente utilizada por regímenes autoritarios de todo el mundo como un medio de castigo ilegal para reprimir a los movimientos sociales o como medida de investigación y sanción criminal. México no ha sido la excepción, ya que este delito también ha sido utilizado como medio de sometimiento y castigo; su práctica se remonta al periodo que abarca la década de los sesentas, setentas y ochentas y que ha sido denominado "guerra sucia", en donde los órganos del Estado Mexicano utilizaron sistemáticamente esta violación para contrarrestar los numerosos movimientos sociales que se gestaron como respuesta a la ausencia de una apertura democrática en México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado aproximadamente 536 desapariciones; a pesar de que este delito ha sido relacionado con la etapa de la guerra sucia, su práctica sigue vigente, ejemplo de ello, es el informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas de la Organización de las Naciones Unidas, que estableció que en el año de 1997, México ocupó el tercer lugar en casos de desapariciones forzadas e incluso, que entre los años 96 y 98, se recibió información sobre 115 personas desaparecidas. Organismos intergubernamentales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han recomendado a nuestro país que adopte las medidas necesarias tendientes a legislar el delito de desaparición forzada de personas, así como que realice investigaciones serias, rápidas e imparciales en todos los casos de desaparición forzada y que actúe de manera seria y eficiente para asegurar que las denuncias sobre violaciones a los derechos de vida, por parte de la policía o fuerzas armadas mexicanas, sean investigadas de manera inmediata y de forma exhaustiva y en consecuencia sean debidamente sancionados los responsables. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos en México han denunciado y documentado casos recientes de desapariciones forzadas, y por poner un ejemplo, la Comisión Estatal de Derecho Humanos del estado de Guerrero documentó en este mismo año 9 casos en la entidad, mismos que fueron consecuencia de la recomendación 19/2002. Lo anterior pone de manifiesto que la práctica de la desaparición forzada no ha sido erradicada y por consiguiente fundamenta la necesidad de establecer pautas legislativas que, desde los más altos estándares de protección en materia de derechos humanos, establezcan el criterio normativo, métodos de investigación, sanciones y reparaciones en materia de desaparición forzada de personas. El delito de desaparición forzada es considerado en la doctrina internacional como de lesa humanidad, porque se perpetra con todas las ventajas que da el poder y no se limita a combatir la insurgencia, sino que se propone aterrorizar a la población entera de una región o de una nación. Es un delito de Estado, planeado, ordenado, ejecutado y supervisado por funcionarios que debieran proteger a la población, por ello debe ser perseguido y castigado sin importar la jerarquía política ni la condición económica de quienes lo hayan cometido, penalizando tanto a los autores materiales como aquellos que lo ordenan. Por lo tanto, para que los derechos fundamentales se observen cotidianamente es necesario que la autoridad competente desarrolle acciones a través del orden jurídico, mismo que debe consagrar medidas preventivas de la afectación de los bienes que se busca proteger y en ese sentido, establecer un tipo penal. Implica elevar el grado de repudio, una conducta y además otorgar a las y los ciudadanos recursos de defensa ante la adversidad que implica la desaparición forzada de personas. Esta legislación debe darse en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, que es donde se han establecido los más altos estándares de protección en la materia. Estos estándares, emanados de órganos tan importantes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que la desaparición forzada de personas constituye una conducta ilícita continuada, que permanece en el tiempo en tanto no se establezca el paradero con vida o muerte de la víctima. Es imprescriptible, puesto que dada la multiplicidad de derechos violados, se ciñe como un delito de lesa humanidad y por lo tanto una conducta que no puede estar sujeta a la prescripción de la acción penal ni de la pena, dadas las consecuencias que para las víctimas y la sociedad en general significa el que no se sancione este delito y la gravedad que para todo Estado democrático implica el mantener impune un hecho como éste. El derecho internacional de los derechos humanos también establece que la normatividad en materia de desaparición forzada es la inadmisibilidad de excluyentes de responsabilidad penal, como podría ser la obediencia debida a las instrucciones de superiores jerárquicos o que los responsables sean beneficiados con la amnistía como perdón y penalice el encubrimiento de la comisión de este delito. La responsabilidad en el mando que establece que debe sancionarse el mando negligente que permite con conocimiento de causa, la comisión de crímenes. Es decir, se sanciona el incumplimiento de la obligación que tienen los superiores jerárquicos de impedir o hacer cesar las desapariciones forzadas, por lo que termina condenando la omisión del deber jurídico de actuar. Por último, es necesario establecer en la legislación de la materia, la obligación del Estado, una vez esclarecida la responsabilidad de los agentes de gobierno, directa o indirectamente en la comisión de la desaparición forzada para que repare el daño, indemnice y reinserte socialmente a la víctima y a sus familiares. La presente propuesta buscar retornar estos requisitos del derecho internacional para armonizar nuestro derecho penal mexicano con la evolución del derecho internacional en materia de los derechos humanos. Así las cosas, el Estado Mexicano no puede ni debe permanecer ajeno a la imperiosa necesidad de utilizar todos los medios legales a su alcance para evitar que los perpetradores de la desaparición forzada queden impunes. En razón de lo anterior, se propone la siguiente Ley Federal para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas que también responde a las necesidades legislativas que en materia planeó la oficinal del alto comisionado de Naciones Unidas para México en su reciente diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México. En tal virtud, corresponde a esta soberanía contribuir desde su ámbito de competencia para que crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, no permanezcan en la impunidad, sean prevenidos, investigados, sancionados, erradicados como una forma de hacer vigentes los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, así como para reformar el artículo 215A del Código Penal Federal y derogar los artículos 215B, 215C y 215D del mismo ordenamiento legal. Se solicita a la Presidencia que se publique de manera íntegra la presente propuesta en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.