La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega: Con su venia, señora presidenta. México atraviesa por un momento clave de su historia en el cual se están viviendo cambios de las instituciones, las organizaciones y prácticamente en todos los sectores que forman parte del país. No obstante lo anterior, para llevar a cabo las transformaciones es necesario ser muy responsables y tomar en cuenta a todas las partes involucradas. Es por ello que el presente dictamen es uno de los más importantes que se han discutido en esta Legislatura. Lo que resulte de esta reforma tendrá un impacto que trascenderá a todos los mexicanos y al mundo económico laboral del país. En dicha reforma es fundamental que los derechos de la base trabajadora estén en el centro de esta discusión, sin embargo para que exista una base trabajadora es indispensable que también tomemos en cuenta los derechos de aquellos que crean los trabajos en nuestro país. En ese sentido, es necesario que las reformas que se han presentado en el dictamen, relativos a la justicia laboral equilibre a las partes en el proceso jurídico y den las herramientas suficientes para que el mismo pueda ser lo más justo posible. El segundo y tercer párrafo de la fracción VI del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, tal como se plantea en el presente dictamen, más que buscar una igualdad sustantiva entre las partes que conforman un juicio laboral, vulnera los derechos de los empleadores al dejarlos prácticamente en un estado de indefensión. De quedar dicho artículo como se establece en el dictamen se estaría obligando a los empleadores a tener que probar hechos negativos como lo es la no existencia de un despido. Tal como se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, los tribunales en México, incluida la Suprema Corte de Justicia, el forzar a una de las partes a demostrar hechos negativos es contrario a la técnica jurídica debido a la alta complejidad y en muchas ocasiones la imposibilidad de probar algo que no sucedió. Lo propuesto en el dictamen, en el cual se establece que negar el despido y ofrecer el empleo no revertirá la carga de la prueba y obliga al patrón a probar, afectará sustancialmente a las empresas del país al dejarlas en un posible estado de indefensión. Las grandes empresas podrán solventar este menoscabo estableciendo mecanismos que los pueden proteger y contratando a grandes despachos de abogados que los defenderán en los tribunales. Los que sufrirán las consecuencias más graves de este artículo serán las micro, pequeñas y medianas empresas de México, las cuales son más del 95 por ciento de los negocios establecidos, generan el 52 por ciento del producto interno bruto del país y ofrecen más del 70 por ciento de los empleos. Estas empresas en su mayoría deben solventar día a día el salario de sus trabajadores, el pago a sus proveedores, y todos aquellos gastos necesarios para mantener a flote su negocio para estas, es realmente complicado el acceder a mecanismos de comprobación avanzados o contratar a despachos de abogados. A partir de ello se crearán una serie de contingencias laborales que pondrán en riesgo la existencia de las Mipyme y desincentivarán la creación de empleos formales ante la imposibilidad de defenderse en tribunales. Debemos exigirles a los empleadores que en todo momento respeten los derechos de los trabajadores, y en caso de no hacerlo, deberán enfrentar consecuencias con todo el peso de la ley. Sin embargo no podemos exigirles lo imposible, el hacerlo resultaría contrario al derecho y podría tener un efecto negativo sobre los empleos y la economía nacional. Por lo anterior propongo ante esta asamblea que se mantenga el texto vigente de la fracción VI del artículo 784 y no violentemos los derechos de los micro, pequeños empresarios, incentivando así la creación de más y mejores empleos en el país, al tener un marco jurídico laboral que busca la justicia y no el abuso del derecho. Es cuanto, diputada presidenta.