El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su autorización, diputada Presidenta. Ha sido un postulado histórico de nuestro grupo parlamentario la transformación de las delegaciones políticas del Distrito Federal en órganos de naturaleza municipal, con capacidades plenas para ejercer con autonomía su hacienda pública, recaudar impuestos y derechos, y atender con eficiencia las necesidades de la población que las habita. Esto no ha sido posible. El DF continúa limitado y mantiene un trato diferenciado con respecto a otras entidades federativas. Las delegaciones, a diferencia de los municipios, no cuentan con hacienda pública propia toda vez que las facultades tributarias corresponden exclusivamente al gobierno central, donde se concentran todos los ingresos para ser distribuidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Queremos avanzar en la reforma política del Distrito Federal y convertir a las delegaciones en verdaderos órganos de gobierno con responsabilidades, obligaciones y derechos explícitos. Por ello, nos genera preocupación que se establezcan en la Ley de Coordinación Fiscal, conceptos que equiparan a las delegaciones territoriales con los municipios, sin que exista el diseño jurídico e institucional necesario para otorgarles dicho tratamiento, lo que implicaría asimilar atribuciones y responsabilidades sin modificar su estatus jurídico. Por ejemplo, se establece la figura de las demarcaciones territoriales para la distribución de participaciones federales y, en el hipotético impuesto a las gasolinas, como ya se señaló, no tienen atribuciones para allegarse de ingresos. No cuentan con hacienda pública propia y, como es sabido, las participaciones federales son consideradas ingresos propios e incorporados automáticamente a la hacienda pública municipal. Asimismo, se establece la obligación de participar del Fondo de Fiscalización a las Demarcaciones Territoriales cuando dichos órganos desconcentrados, a diferencia de los municipios, no cuentan con atribuciones en la materia. También se establece que como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua se podrá afectar el Fortamun que reciben las delegaciones, cuando tengan adeudos con la Comisión Nacional de Agua, por este concepto. Esto es absolutamente improcedente toda vez que la administración y cobro de derechos de agua le corresponden a la autoridad de carácter centralizado, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y por ende, las delegaciones no cuentan con dichas atribuciones. Como se puede observar, intentar equiparar a las delegaciones con municipios sin reformar la naturaleza constitucional y reglamentaria del Distrito Federal provocaría serios problemas de congruencia jurídica, administrativa, y sobre todo funcional, de las finanzas públicas de la Ciudad de México, y en especial de las delegaciones. Los invito a que avancemos efectivamente en el reconocimiento pleno de los derechos de la ciudad, no a imponer parches que no reconocen la realidad jurídica del Distrito Federal y que podrían complicar la hacienda pública de esta entidad. Por lo antes expuesto, someto a consideración de la asamblea modificar en el penúltimo párrafo del artículo 4o.; la fracción I, incisos c) y d); y la fracción II, párrafo quinto del artículo 4o.-A; los párrafos segundo y tercero del artículo 6º; el último párrafo del artículo 10-C; y los párrafos primero y segundo del artículo 51 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Hago entrega a la Secretaría de las propuestas específicas de esta redacción.