El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidenta. Con el permiso de los diputados que nos acompañan en la sesión. La semana pasada el Poder Legislativo en México vivió un capítulo de vergüenza, uno más a la ineptitud a la banalidad y a la escasa formación no solamente cívica sino jurídica de un senador, del senador Jorge Luis Preciado del PAN. Hoy aquí, su grupo parlamentario le ha corregido la plana tratando el tema en otro sentido pero partiendo del mismo supuesto equivocado. Decía el compañero que me antecedió en el uso de esta tribuna que no espera contar con el apoyo de esta asamblea, de este pleno, de los grupos parlamentarios aquí representados. Nosotros en este tema sí esperamos que este Congreso de la Unión, que la Cámara de Diputados en particular trate el tema que venimos a platicar. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, dejó pendientes. Un pendiente tiene que ver con el artículo 10, de nuestra constitución que define a la posesión y a la aportación de armas en los límites que marca la ley como un derecho humano. Nosotros creemos que ese enfoque es un enfoque equivocado, que debería desaparecer de nuestra Constitución y la reforma que planteamos es que lo que sea consagrado como un derecho humano sea el derecho de los mexicanos a la seguridad, a la protección de sus bienes, de su vida, por parte del Estado, pero no la posesión ni la aportación de armas, que incluso deberíamos de reafirmar desde el artículo 21 de la Constitución, que esta es una competencia exclusiva del Estado mexicano y del Ejército. Porque la evidencia que hay en el mundo nos demuestra que esta visión que expuso el senador Preciado, que ha sido más prolífica en los Estados Unidos, por ejemplo, es un fracaso contundente. En Estados Unidos, donde las leyes se parecen a lo que planteó el senador Preciado, 6 de cada 10 homicidios se dan con el uso ilegal de armas de fuego. Mientras que en países donde hay una prohibición expresa, como la que nosotros planteamos como Inglaterra, es uno de cada 10. Hay un estudio muy bien documentado de David Pérez Esparza, que es un joven académico extraordinario que ha realizado sus estudios en el Reino Unido, que se llama: Más armas, más delitos, más homicidios. Él básicamente demuestra que a partir de que expiró, en el 2004, la prohibición para armas de asalto, que durante la administración Clinton se impuso en Estados Unidos, es donde cambió la lógica del crimen organizado en México. Porque las explicaciones culturales, las explicaciones de impunidad, todas las explicaciones que se han querido hacer alrededor de la ola de violencia que vivió este país en los últimos años, no nos aportan ninguna explicación novedosa. Eso dice David Pérez Esparza. Lo que sí sucedió que modificó los incentivos, que modificó la forma en que opera el crimen organizado es esta prohibición, que acabó gracias a una mala decisión del gobierno de Bush, gracias a una mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, acabó este modelo de prohibición a las armas de asalto. Y en México es muy claro. La Encuesta Nacional de Seguridad de 2012 decía que la mayor cantidad de delitos se realizaba con armas punzocortantes con cuchillos, con navajas, con este tipo de objetos. Y para el 2010 ya dos de cada tres asaltos en México se realizaban con armas de fuego, fueran utilizadas o no. Éste es un tema muy preocupante. Toda la evidencia empírica en el mundo arroja que entre más armas haya en un país, que entre menos regulada esté la portación, la posesión de las armas vamos a tener más delitos y más homicidios. No hay una sola experiencia internacional de disminución de la violencia, ni hay una sola interpretación bajo la cual esto pueda ser tipificado como un derecho humano. Los derechos humanos que tenemos están consagrados en muchos instrumentos internacionales, y no hay ningún aval para pensar que la posesión y la portación de armas deban ser consideradas como tales. La posesión y la portación de armas deben ser consideradas, como dice Rebeca Ramos, un medio excepcional para la protección de otros derechos humanos. Es decir, no son un fin en sí mismos, como lo sería un derecho humano, sino son un medio excepcional para la protección de un derecho humano. Por eso nosotros creemos que es el momento, a la luz de una iniciativa absurda como la que presentó el senador Preciado, de discutir el lugar, como ya han señalado el doctor Diego Valadés y otros juristas, que debe ocupar ciertos derechos, ciertas regulaciones en nuestra Constitución. Nosotros creemos que en el capítulo de garantías y derechos humanos no cabe el tema de posesión y portación de armas, y que tenemos que avanzar a una regulación más estricta, más restrictiva en materia de armas de fuego. Es un riesgo para la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos de México seguir impulsando una visión que le dé la categoría de derecho humano a la posesión y a la portación de armas de fuego. Gracias, presidenta.