El diputado Hugo Rodríguez Díaz (PRI): Con su venia, Presidente. Compañeras y compañeros diputados: El suscrito diputado Hugo Rodríguez Díaz, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Federal y el Reglamento Interno de este Poder Legislativo, someto a la elevada consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de decreto, a fin de que se reforme el artículo 107 en su fracción II, así como el artículo 76 de la Ley de Amparo acorde a la siguiente exposición de motivos: Don Mariano Otero fue un jurista que se adelantó a su época y su trabajo legislativo lo demuestra; por ello la llamada "fórmula Otero", articulada por don Mariano Otero, ha sido una de las bases del juicio de amparo que desde que fue propuesta y aprobada por el Congreso Constituyente de 1856 y que dio origen a la Constitución de 1857 no ha tenido modificación alguna, pues el Constituyente de Querétaro la conservó intacta, conservando el mismo alcance limitado de las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo. Esta "fórmula Otero" se basa en el principio de que el juicio de amparo sólo se lleva a cabo por interés propio, esto es sólo y únicamente por la parte agraviada, de tal forma que existe algún acto de autoridad que agravia a cualquier persona y ésta no se presente ante un juez de amparo en el término que la ley otorga al particular. Se considera que existe la aprobación tácita que parte de la idea de quien pudiera ser afectado negativamente por ese acto de autoridad al no acudir ante el juez de amparo, está dando la aprobación implícita, virtual o sobreentendida de ese acto, por lo que las sentencias de amparo sólo se ocupan de los individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare. Sin embargo, la realidad en la práctica jurídica nos indica que no todos los que son afectados por algún acto de autoridad acuden ante el juez de amparo debido principalmente al desconocimiento, tanto de cuáles son sus garantías constitucionales a la ignorancia de la existencia de ése acto de autoridad que le afecta, hasta después de que pasa el término para presentarse el procedimiento de control constitucional, o de que los costos de ese juicio de amparo le resultaran aún mayores que los daños que el acto de autoridad provoca y por ello decide, por omisión o resolución propia, acatar un acto de autoridad que viola las garantías constitucionales. Ahora bien, es evidente que las circunstancias jurídicas, políticas, sociales y económicas que se dieron en la época en que surgió la formula Otero en 1856, son diferentes a esas mismas circunstancias en el 2004. Esto es, 148 años después. La Constitución de 1856, puesta en vigencia en 1857, ya fue reformada por la Constitución de 1917 y ésta ha sido reformada las veces que las circunstancias lo han exigido. Anteriormente era práctica imposible que un jurista aceptara que la Suprema Corte declarara la invalidez de una norma emitida por el Congreso de la Unión, y hoy en materia electora, el párrafo segundo, inciso f) del artículo 105 de nuestra Carta Magna ya da la opción de que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueran aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos. Lo que nos muestra que, hasta donde han llegado los adelantos en materia de derecho electoral que ya están plasmados en nuestra máxima ley. En estas condiciones se propone una adición a la fórmula Otero, contenida en el párrafo primero de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal, de tal forma que esta adición se incluya como segundo párrafo y el actual segundo párrafo y posteriores se incluyan en el párrafo siguiente, señalando básicamente que: "La sentencia de amparo tendría efectos generales con los limitantes y condiciones que ahí se establecen y ratificando que estos efectos generales no tendrían efectos de una declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare". En esta adición tendría como límites que debe ser emitida por un tribunal colegiado o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con las condiciones que en el caso de los tribunales colegiados la votación debería ser unánime, mientras que por lo que respecta a las ejecutorias del Pleno de la Suprema Corte deberían ser aprobadas por un mínimo de ocho votos a favor, y en ambos casos, tribunales colegiados y pleno de la Corte, para ser consideradas como sentencias de efectos generales, se deberán sustentar en por lo mínimo cinco sentencias ejecutorias, interrumpidas (?) por otra en contrario o aprobada en una menor cantidad votos. De tal forma, que si se tienen hasta cuatro ejecutorias aprobadas por unanimidad en el caso de tribunales colegiados o un mínimo de ocho votos a favor, en caso del Pleno de la Corte y cronológicamente surge otra ejecutoria en el mismo sentido, pero aprobada sólo por mayoría en tribunales colegiados o por una mayoría de entre 6 y 7 votos a favor en el caso de la Corte, el criterio de esa ejecutoria dejaría de tener validez para efectos generales y sería necesario comenzar de nuevo con ejecutorias para tal fin. Solicito al Presidente de la Mesa Directiva instruya a quien corresponda, incluya el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias por su atención.