LA C. DIP. BEATRIZ CERVANTES MANDUJANO: Con su permiso, señora Presidenta. Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta Honorable Cámara de Diputados, a exponer: Es de recordar en México desde los orígenes precortesianos, la extensa y compleja problemática de la tenencia de la tierra, es vigencia de la causa revolucionaria en 1910 y pauta que reforma y consolida en 1917, evolución que se ha hecho presente con acción inequívoca del pensamiento generoso de quien la tiene, de quien la trabaja, con la inquebrantable firmeza del clima que curte su defensa, ya sea en lo moral o en lo legal, sin perder su esencia como identidad nacional, con todo y que las diversas regiones que integran el territorio de nuestro país posean características propias y singulares que las hacen distintas entre sí y sin embargo tan coincidentes como el sentimiento vasto del quehacer que nutre vida, hace hogar, hace futuro, hace trabajo de respeto y dignidad, elemento histórico de nuestra mexicanidad, que posiciona un lugar hacia la sociedad, hace patria y camino de nación; ésta es nuestra tierra. Tierra que con motivo de los diversos decretos expropiatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha lunes 22 de octubre de 2001, se expropian por causa de utilidad pública en razón al establecimiento de áreas de recarga de acuíferos, ampliación de los límites de la zona federal de rescate ecológico del Vaso del Lago de Texcoco, construcción, rehabilitación y desarrollo de obras hidráulicas, así como la construcción del nuevo Aeropuerto para la Ciudad de México y ampliación de obras del Plan Lago de Texcoco, citando superficies de hectáreas en municipios del Estado de México, como lo son el municipio de Chimalhuacán, comunidades del municipio de San Salvador Atenco, referentes a San Francisco Acuescomac, Mexquipaya, colonia Francisco Acuexcomac (¿) Lexipaya (¿) Colonia Francisco I. Madero, Santa Isabel Ixtapan, San Salvador Atenco , cabecera municipal y del municipio de Texcoco en comunidades como San Bernardino, Tocuila, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, Huexotla, Magdalena Panoaya, ejido San Martín, Santiago Cuautlalpan, dado un resultante de más de 5,500 hectáreas objeto de decreto, lo que corresponde al 76.63% en el municipio de San Salvador Atenco, 2782% al municipio de Texcoco y 5.53% al municipio de Chimalhuacán que involucra a 4,375 ejidatarios. Asimismo es menester hacer referencia que el municipio de San Salvador Atenco cuenta con 9,400 hectáreas de las cuales, objeto de decreto, son 3,741 más en régimen ejidal, 4, 400 hectáreas de competencia federal y estatal, lo que nos da un resultante de 1,259 hectáreas restantes, libres de expropiación en el ámbito municipal. El Artículo 27 constitucional fundamenta la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada , son propiedad de la nación las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo y corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública mediante indemnización, asimismo su Ley Reglamentaria, la Ley Agraria permiten la posibilidad de que bienes ejidales comunales puedan ser expropiados estableciendo el procedimiento y la base que habrá de servir para determinar el monto del pago de las indemnizaciones correspondientes, haciéndose notar en la Ley lo siguiente: Primero.- La expropiación se realiza mediante indemnización. Segundo.- El encargado de determinar el monto de la indemnización es la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales. Tercero.- La base lo es el valor comercial de los bienes expropiados. Cuarto.- El Decreto Expropiatorio deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y deberá notificarse al núcleo de población. Quinto.- El pago de la indemnización se hará de preferencia ene l fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto que establezca garantía suficiente para su pago. Sexto.- En cuanto a bienes distintos que se encuentren en la superficie que se expropia, se pagarán de forma inmediata en la SEMARNAP, Secretaría de Comunicaciones y Transportes según corresponda. Séptimo.- Hecho lo anterior, podrán ser ocupados los bienes expropiados. Sería pertinente preguntarnos ¿cuáles fueron los criterios que manejó la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales para determinar el monto de las indemnizaciones y en qué momento, período o término de tiempo realizó avalúo a los predios en cuestión siendo su uso y sobre todo proporcionará ingresos económicos importantes a la Federación?. La ausencia de interés por parte del Gobierno Federal de proveer la información y orientación necesaria a que tiene derecho todo gobernado y de manera particular a los afectados con respecto al avalúo que realizó la Comisión de Bienes Nacionales respecto a los criterios que sirvieron de base para determinar el valor en tierras de temporal por metro cuadrado es de 7.20 y en tierras de riego de 25 pesos por metro cuadrado, no se considera que esta cantidad sea suficiente y justa ya que no evita ni coadyuva a organizar, planear y canalizar la actividad económica de los pobladores de la región estando muy lejos de considerarse que el futuro pertenece a aquellos pueblos que son capaces de tomar su destino en sus propias manos, al constituir el ejido el elemento básico de la democracia mexicana, origen y presente de nuestra historia en donde la tierra es patrimonio que sienten actualmente y desconfían ante la incertidumbre, ante la indiferencia. No puede haber progreso y desarrollo sustentable en una nación sin una sociedad equilibrada y justa en un país con solvencia moral y material en donde el Estado genere acciones y garantice bienestar e incorporación al proceso de desarrollo nacional desde las regiones del país con equidad, paz y justicia social. Inversiones pública y privada que dote a esta región a través de la coordinación del Estado, del equipamiento urbano municipal y el beneficio presupuestario como tributario hacia sus Haciendas municipales que le permitan desarrollar un capital humano competitivo y ser factor de oportunidad para disfrutar de los bienes materiales y culturales una lucha del pueblo que debe de realizarse por la vía pacífica y mediante procedimientos políticos para acercar soluciones desechando el protagonismo por la conciencia; el caudillismo por la orientación formal; la manipulación dolosa de la esperanza, por certidumbre; evitando el perfil de la mentira, de la palabra abusiva que corrompe y lastima en una amanecer en el ejercicio de lo político con virtud, con ética y valor, no esta tribuna como instrumento reflejante de vanidad personal o tema pasajero sin compromiso real. Por lo anterior, los afectados por los decretos expropiatorios a través de diferentes acciones han manifestado su inconformidad y han urgido al Gobierno Federal que los atienda dentro de un marco de tolerancia ya que de lo contrario se vislumbra que se habrá de transgredir el marco de convivencia existente en nuestro régimen democrático. Por lo anteriormente expuesto: PUNTO DE ACUERDO: Primero.- Se exhorte al Poder Ejecutivo Federal para que a través de las instancias correspondientes se revisen y mejoren las indemnizaciones de los titulares de los predios objeto del decreto expropiatorio del 22 de octubre de 2001. Segundo.- A la honorable Cámara de Diputados acuerda se turne y dictamine que las comisiones de Reforma Agraria, de Hacienda y Crédito y la de la voz, en el ámbito de su competencia vigilen y gestionen que el proceso de indemnización que prescribe el decreto expropiatorio de fecha 22 de octubre de 2001, se realice conforme a derecho. Segundo (sic).- Se gestionen de manera inmediata ante las instancias del Gobierno Federal la atención de las demandas e inquietudes de los afectados a fin de generar las condiciones que coadyuven al pago justo, transparente y expedito de las indemnizaciones sin perjuicio de la acción jurisdiccional en que en uso de sus derechos legales, los afectados soliciten ante el poder facultado para ello. Por su atención y solidaridad, muchas gracias. Gracias Presidenta.