El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados presentamos a esta soberanía un dictamen que es parte esencial del proceso de transformación del sector energético, derivado de la reforma constitucional que aquí aprobamos, la cual fue avalada también por la mayoría de los Congresos locales y promulgada el pasado 20 de diciembre de 2013. Es un dictamen que recoge más de un año de trabajo intenso de diálogo y debates, en el que todas las voces fueron escuchadas e incluidas para fortalecer nuestro sector energético sobre la base del respeto irrestricto a la soberanía nacional, de modo que se garantice la propiedad de la nación y la rectoría del Estado. El decreto en discusión reglamenta el mandato constitucional en el cual se establece que las entidades paraestatales del sector se transforman en empresas productivas del Estado. La disposición constituye un aspecto central de esta reforma, pues al abrir las industrias eléctrica y de hidrocarburos a la participación del sector privado se fortalece a estos organismos con la finalidad de que alcancen las condiciones necesarias para competir exitosamente dentro del sector. Las nuevas leyes tienen como propósito establecer una nueva estructura corporativa y organizacional, que moderniza a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Estos organismos contarán con un régimen especial que incremente su competitividad, aumente su productividad y atienda las legítimas exigencias de la sociedad para atajar las prácticas de corrupción. La iniciativa define con claridad los principios que rigen a la nueva organización empresarial, su administración, estructura corporativa, régimen especial y el dividendo estatal que se aplicará conforme el nuevo marco jurídico, en donde el Estado se convierte en propietario y deja de ser administrador. En virtud de lo anterior, se consideran seis ejes de cambio sobre los cuales descansa la integralidad de la reforma: 1. La empresa productiva del Estado, como una nueva figura, con un régimen jurídico especial; 2. El nuevo papel del Estado como propietario de la empresa; 3. Un gobierno corporativo sólido y eficaz; 4. Un marco jurídico flexible y que obedece al principio de la máxima autorregulación; 5. El rediseño integral de los esquemas de vigilancia y auditoría, y; 6. Nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Bajo estas premisas se ha propuesto una forma de administrar y operar nuestras empresas estatales con nuevas herramientas que mejoran sus funciones con una estructura empresarial autónoma y flexible, que integre las mejores prácticas de gobierno corporativo para una adecuada toma de decisiones, que aumente su capacidad productiva, optimice la ejecución de sus proyectos y mejores sus índices de productividad y rentabilidad. Para ello se dispone que las empresas son propiedad exclusiva del gobierno federal, cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica, operativa y de gestión conforme a los principios establecidos en la reforma constitucional. Cabe estacar que, en atención al principio y división de poderes, Pemex y la CFE son creadas por este Poder Legislativo, el cual establece el régimen especial aplicable a ellos y garantiza que, eventualmente, el Poder Ejecutivo Federal no pueda desaparecer estas empresas con argumentos coyunturales. En otras palabras, se da certeza y continuidad a sus operaciones. Se garantiza también que el gobierno no pueda mermar mediante la emisión de disposiciones de carácter administrativo o secundario el régimen especial que requieren las empresas para desarrollar sus actividades con plena autonomía. La regulación de las empresas concibe de manera novedosa las relaciones que tendrán con la cabeza del sector energético al transitar de una abierta intervención de la Secretaría de Energía en la planeación, operación y presupuestación, a un modelo de colaboración institucional que permita a la secretaría ejercer sus funciones en la presidencia de los consejos de administración y contar con suficiente información para la programación sectorial y la realización de actividades estratégicas y prioritarias a cargo del Estado. En el nuevo esquema institucional el gobierno federal se asume como administrador principal, lo cual significa que el gobierno podrá designar algunos funcionarios dentro de los consejos de administración y tendrá funciones de propietario; es decir, como cualquier dueño de una empresa. Se propone, asimismo, el establecimiento de un modelo de gobierno corporativo moderno que abarque todos los aspectos necesarios para el óptimo desempeño de las empresas estatales. El nuevo diseño del marco regulatorio plantea que al ser Pemex y la CFE instituciones de origen público, se rijan por el principio de legalidad, lo que implica que solo podrán realizar lo que la ley expresamente les autorice y confiera, al tiempo que les será aplicable el derecho privado. Se trata de un diseño sin camisa de fuerza que sigue el principio de la máxima autorregulación para generar condiciones gerenciales óptimas. Corresponde a los respectivos consejos de administración emitir de manera autónoma, autosuficiente y sin la participación de otras instancias, toda la normatividad interna que se requiera para la adecuada estructuración del funcionamiento y operación de las empresas. Se propone un rediseño del esquema de vigilancia, auditoría y control de las empresas y se devuelve al Consejo de Administración la función primordial de vigilancia y evaluación del desempeño que prevé la creación de un órgano independiente denominado Unidad de Responsabilidades, el cual tendrá a su cargo determinar y sancionar responsabilidades a partir de la información que le suministren los órganos de auditoría competente. Es decir, se contempla un esquema para fortalecer los mecanismos de detección de irregularidades dentro de las empresas e incentivar a la Unidad de Responsabilidades a concentrar tiempo y recursos en prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción. Además, contempla la existencia de auditores externos conforme a las mejores prácticas en la implementación de buenos gobiernos y se acata el mandato constitucional al dejar muy en claro que la Auditoría Superior de la Federación y por ende, el Congreso de la Unión, serán competentes para fiscalizar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Compañeras y compañeros diputados, está a discusión un dictamen que da respuesta puntal a la apremiante necesidad de transformar nuestro modelo energético y modernizar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar su viabilidad operativa y financiera, así como nuestra seguridad energética e incrementar los recursos económicos de la nación en beneficio de los mexicanos de la presente y las futuras generaciones. Es cuanto, señor presidente.