El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Diputada y diputados presentes, a los ciudadanos que hoy nos acompañan y que nos siguen por las diferentes plataformas del Canal del Congreso. Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la cuenta pública 2017. Año con año se concluyen obras públicas fuera de los plazos convenidos que rebasan los montos originalmente contratados, con enormes sobrecostos y de calidad cuestionable, por lo que se generan situaciones que impactan negativamente en el mejoramiento social y económico de la población. Un ejemplo claro es el tren México-Toluca, en el cual la Auditoría detectó un probable daño o perjuicio por 770 millones de pesos en los recursos públicos entregados por esta obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, en el cuarto informe trimestral de finanzas públicas al Congreso, hasta diciembre de 2018 el proyecto muestra un avance del 86 por ciento y con un monto de inversión que ascendería a más de 70 mil millones de pesos y por ahora se prevé que este proyecto se tenía planeado iniciar en 2018, inicie en 2023 con un costo superior, lo que inicialmente fue presupuestado. Así pues, un año más se expuso la opacidad con lo que se manejaron recursos públicos en diferentes dependencias, entidades federativas y proyectos de infraestructura de índole federal. En este sentido, es preocupante el patrón año con año se repite y que no existan aun planes concretos de la actual administración para corregirlos. En este recinto hemos discutido, se han aprobado varias reformas, como la de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre otras, con varios argumentos entre los que se encuentran el de sanear las finanzas públicas y recortar gastos superfluos. En contraste, se ha tomado decisiones sin un sustento técnico firme y convincente, principalmente en el ámbito de las obras públicas y las adquisiciones gubernamentales. Como es bien sabido, si no se manejan de la manera estrictamente correcta y apegada a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, a lo establecido en el artículo 134 constitucional, pueden tener una incidencia negativa en las finanzas públicas y en el desarrollo económico de una región y del país. La actual legislatura tiene una tarea pendiente con respecto a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las atribuciones de compras públicas ahora pasaron a manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, solo se trata de un cambio de gestión de recursos, se trata de que todo el procedimiento de compras gubernamentales de un giro en favor de la economía y la planeación nacional. Obras públicas caras, sin planeación, de mala calidad, llevadas a cabo al margen de la opacidad, con contratos amañados y que en algunos casos fueron desarrolladas con graves problemas de ejecución técnica y materiales de dudosa calidad, llegan a presentar un peligro para los ciudadanos, como fue el caso del Paso Express y para las finanzas públicas del país, han sido un tema recurrente en las primeras planas de los periódicos nacionales a lo largo del sexenio. Adquisiciones públicas irregulares, caras y poco transparentes, contratos con empresas sin experiencia o cuyo giro y actividades originales difieren de aquellas por las que fueron contratadas Convenios turbios, empresas fantasmas, también se han vuelto hechos habituales en las compras públicas. Bajo este escenario, el Congreso de la Unión se encuentra en una situación de apremio, en legislar en esta materia pues, como bien lo han documentado, por un lado, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Federal de Competencia Económica y, por otro, las organizaciones de la sociedad civil, la legislación actual en obras públicas y servicios relacionados con las mismas en compras públicas en general. Presenta grandes y graves deficiencias, misma que permite un marco que deja a un lado lo establecido por la Constitución y posibilita procedimientos proclives a la corrupción, en que la mayoría de los casos son aprovechados para obtener beneficios particulares. Así pues, esta iniciativa expuesta ante esta honorable asamblea tiene como objeto adicionar una fracción XXX A y XXX B al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso tenga facultades de expedir las leyes generales en materia de obras públicas y servicios relacionados, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Asimismo, en el Grupo Parlamentario del PRD, estamos convencidos de que se deben establecer los lineamientos mínimos en materia de planeación, programación, presupuesto, contratación, fiscalización, auditoría, evaluación y transparencia. Es cuanto, diputado presidente.