La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: La defensa de las causas que enarbola hoy y ha enarbolado el feminismo en México, que además es imparable, con estas causas, las verdaderamente enraizadas, están las de la izquierda democrática y progresista. La causa que vitaliza más al movimiento feminista es la exigencia contumaz de que se implementen los instrumentos jurídicos y los compromisos internacionales. No es necesario ni indispensable que el presidente de la República sea sensible o empático, lo que es imperativo es que cumpla con su obligación de respetar y hacer respetar la ley, y de respetar desde sus decisiones la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Hoy se requiere responder a la alerta de la exigencia. Hasta hoy no ha habido ni alerta ni respuesta convincente, sino una retórica hueca y superficial desde Palacio Nacional. Aquí no debe apelarse a la sensibilidad, sino a la responsabilidad del gobierno en la función pública en todos sus niveles. De un plan concreto ni se habla, porque tampoco existe. Eliminar las siete condiciones por las que se tipifica el feminicidio. Lo que esperamos las mujeres, legisladoras y feministas, es una rectificación del rumbo para enfrentar las violencias y el feminicidio, eliminar desde Palacio Nacional el discurso permisivo hacia la delincuencia, regresar los recursos a refugios y a otros mecanismos de contención, pero sobre todo movilizar a todas las secretarías de Estado para que apliquen los protocolos de prevención y alertas contra las violencias, desde preescolar hasta las universidades. Nos referimos a la educación formal. Implementar el protocolo de prevención que impulsen y garanticen justicia para las mujeres, desde el primer respondiente, juzgadores, magistrados y también el hoy cómplice del Consejo de la Judicatura. Implementar en todo el territorio con eficiencia el Protocolo Ámbar, pero también el Protocolo Alba. México es un Estado feminicida y que la violación a sus derechos humanos es una constante en lo público y lo privado, conductas que llevan a la impunidad, y ni siquiera eso ha sucedido, al contrario, se han desviado o eliminado los recursos destinados a prevenir, atender y sancionar las violencias de género y los feminicidios. No hay programas fundamentales para la coordinación institucional, como lo marca la ley, las leyes que ya tenemos. Esas leyes que ya tenemos, la de Igualdad y la del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde la Presidencia de la República no se quieren implementar. La evidencia muestra que no entienden de quienes, como el fiscal general, dice, y también de quienes repiten que buscan mejorar el tipo penal de feminicidio y sus protocolos para hacérselo más fácil al ministerio público. No señoras, no señores diputados, no Alejandro Gertz Manero, lo que debe de entender es que el solo uso del derecho penal en el tipo penal y en el protocolo es insuficiente. Hay que adquirir otros haberes, como la investigación con perspectiva de género, con una metodología para visibilizar el acto de poder, la cosificación de la violencia extrema que se produce en feminicidio. Todo nuestro sistema penitenciario y legislación están hechas para sancionar conductas nocivas que lesionan a nuestra sociedad, por tanto, todos los discursos permisivos que se dictan desde la Presidencia abonan al caldo de cultivo de un México que asesina, despedaza, calcina y desintegra los cuerpos de las mujeres y las niñas. Este es un Estado feminicida, este es el México feminicida que no quieren ver. Le decimos a México, le decimos al mundo, le decimos a todo el territorio nacional, que se implementen ya todos los protocolos que tenemos. En México las violencias contra las mujeres son una constante, es el común, es lo de todos los días.