La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. Durante varias décadas, la gestión pública fue un asunto privado y cupular; impenetrable para el ojo ciudadano. La brecha que separaba a lo que podía conocer los gobernados y lo que realmente sucedía en los órganos de gobierno, era abismal. Las autoridades ejercían un control directo sobre la información que generaban y decidían con absoluta discrecionalidad si ésta era publicada, mutilada, censurada u ocultada sin más criterios que la de la conveniencia, la simulación y oportunismo del poder público. Por fortuna hemos avanzado de aquél sistema de complicidad, de patrimonialismo y de opacidad. Quedó claro que la democracia añorada, esa con la que algunos todavía soñamos, era incompatible con las viejas prácticas del régimen. Hoy ya nadie cuestiona que la transparencia y el derecho a la información sean elementos intrínsecos de una democracia moderna y que todo gobierno que oculte o restrinja información pública, y no garantice su acceso pleno, es un gobierno autoritario, opaco y carente de legitimidad. La expedición en 2012 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la reforma al artículo 6o constitucional en 2007, dieron vida a nuestro actual sistema de transparencia y rendición de cuentas, y los criterios que han generado el IFAI y la propia Suprema Corte de Justicia en la materia, revisten el derecho a la información pública de un sólido contenido garantista. Gracias a ello, los principios de máxima publicidad y transparencia poseen un fundamento jurídico, político y socialmente incontrovertible. Es cierto que nuestro sistema resulta insuficiente, que se ha visto rebasado y que difícilmente dará para más como se encuentra ahora. Hoy son evidentes sus alcances, sus limitaciones y sus defectos. De ahí la necesidad de una reforma de gran calado que revitalice este derecho fundamental y fortalezca el andamiaje institucional que garantiza su cumplimiento efectivo. Sin embargo, también es cierto que durante la etapa final del proceso legislativo operó una opacidad lamentable. Recordemos aquella noche en la que sesionamos en un centro bancario, asediados por la tozudez de ignorar al magisterio y recibimos las modificaciones al dictamen sobre transparencia en hojas recicladas a escasos minutos de su discusión, si es que hubo tal cosa. ¿O acaso ya olvidaron que la gran mayoría de nosotros conocimos por primera vez el resultado de las oscuras negociaciones a las que llegaron una decena de potentados, cuando se procedía votarlas al vapor? ¿Para qué sirve una Cámara de Diputados de 500 personas cuando 490 se abstienen de deliberar? Fue por ello que nos opusimos desde un inicio a este jaloneo intolerable. Nos opusimos a que la Presidencia pudiera revertir las resoluciones del organismo garante en materia de transparencia, puesto que no le vemos ningún sentido a darle tanta autonomía al órganos de transparencia y que, al mismo tiempo, le arrebatemos toda su autoridad y su poder frente a la Consejería Jurídica de la Presidencia, a través de la cual todos los órganos de la administración pública federal podrán impugnar las resoluciones del IFAI, bajo la supuesta bandera de la seguridad nacional. Es decir, todo y nada, vulnerando el principio de inatacabilidad por el que tanto hemos luchado. Primeramente, porque el concepto de seguridad nacional es peligrosamente ambiguo y, sin duda, dará lugar a abusos por parte de una figura que históricamente se ha dedicado a vetar todo aquello que afecte los intereses del señor Presidente de la República. Segundo, porque la Suprema Corte ya determinó que los sujetos obligados por la Ley de Transparencia no pueden interponer recursos ante las decisiones del IFAI, solo los particulares gozan de este derecho. Por eso la reforma tiene vicios alarmantes de inconstitucionalidad, ya que la Consejería Jurídica no es una instancia especializada en materia de acceso a la información pública. Al permitir esta caprichosa excepción, los ciudadanos verán afectado su derecho de acceder de manera rápida y expedita a la información que requieren. También nos opusimos al deficiente procedimiento de elección de sus comisionados y a que la política contaminara su investidura. Nos opusimos al veto presidencial en su designación, es por ello que votamos en contra del dictamen y apelamos a la sensatez del Senado para que subsanara el desastre ocasionado. Lamentablemente, no hay cambios sustanciales en todo lo señalado, pero esta discusión y votación ya se tuvieron en su momento. Ahora nos toca determinar con respecto a los cambios realizados por el Senado, entre los cuales destacamos de forma positiva lo siguiente. Primero. Que los sujetos obligados a transparentar sus gastos son todos aquellos, sin excepción, que reciban o administren dinero del erario público; entre los que se encuentran los municipios de los estados, los jueces, magistrados, partidos políticos y sindicatos. También el Poder Legislativo y, por ende, los grupos parlamentarios que dependen presupuestalmente de él. Y segundo. La inclusión expresa de los alcances para la presentación de controversias constitucionales por violaciones a los principios de actuación del organismo garante en materia de transparencia, y desde luego, la inclusión del inciso l) que permite que todo los órganos autónomos, entre ellos y frente a la federación y el Congreso, puedan denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la invasión de sus competencias. Coincidimos en que este proyecto, aunque perfectible, resulta de enorme relevancia y trascendencia y que viene a mejorar el dictamen antes aprobado en esta Cámara de Diputados. Muchísimas gracias.