La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, presidente. La discusión sobre la Ley de Seguridad Interior fue una de las más importantes que se dieron en la LXIII Legislatura. Además de las controversias constitucionales y la afectación directa a los derechos humanos, también abrió debate al referirse sobre el comportamiento de una institución cuyo origen se remonta a la formación del propio Estado mexicano, las Fuerzas Armadas. Dentro de las preocupaciones de diversos organismos defensores de derechos humanos y de la comunidad internacional, se destacan entre otros temas el papel indebido de las Fuerzas Armadas, la ausencia de controles y sanciones a cualquier abuso, la ausencia de políticas que fortalezcan las instituciones, la indebida protección y garantía de los derechos, así como su inconstitucionalidad. De nada sirvieron los llamados y observaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, los relatores especiales de la ONU, los rectores de las más connotadas universidades nacionales, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, especialistas en derecho y en seguridad. Más de 250 mil personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación ante la inminente aprobación de la ley. Pocas veces en la historia reciente una ley despertó tan amplio consenso en cuanto a su rechazo. Actualmente la Ley de Seguridad Interior se encuentra impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 14 controversias constitucionales, 9 acciones de inconstitucionalidad y 700 demandas de amparo. Sin embargo, las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática proponemos que esta norma sea expulsada de nuestro marco jurídico, mediante la respectiva abrogación y entre todos comencemos a construir un nuevo modelo de seguridad humana, en el que no sean necesarias las atribuciones extraordinarias del Ejército, mismas que han perpetuado la violencia en el país y sí el fortalecimiento de las instituciones civiles de procuración de justicia. A 12 años que se tomó la decisión de enfrentar con el Ejército la criminalidad, el país es hoy más violento e inseguro que hace una década, por lo que la utilización del Ejército en tareas de seguridad pública en más del 75 por ciento del territorio nacional no ha sido la respuesta. Este sexenio ha marcado por la inseguridad e impunidad serias violaciones a los derechos humanos, por los que México ha sido señalado internacionalmente como Iguala, Apatzingán, Tlatlaya, son algunos de los casos más representativos que incentivaron graves violaciones por la indebida extensión del fuero militar. Los cuerpos policiacos deben ser los encargados de brindar la seguridad pública, pero el Ejecutivo insiste en que las Fuerzas Armadas asuman esta tarea. Los resultados de estas políticas se reflejan en el aumento histórico de violencia en el país, con una guerra que ha tenido grandes costos económicos, pero más allá de esto ha costado miles de vidas humanas, separaciones de familias y el deterioro del tejido social. Ya muchos especialistas han mencionado que el sistema tiene que estar basado en la prevención y no en la represión. Por ello, confío plenamente que todos los presentes queremos lo mismo, sí, el bienestar de nuestro país. Pero la vía no es más violencia, no es la permanente guerra interna. Hago un llamado a que con responsabilidad asumamos este momento histórico y abroguemos la ley de seguridad interior. Por tanto, proponemos a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, para quedar como sigue. Artículo Único. Se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017. Para finalizar mi participación solo quisiera mencionar que la seguridad no está en el uso de las armas, la seguridad no está en la guerra, está en el bienestar social. Es cuanto, presidente.