La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea. A nombre de la Comisión de Seguridad Social me permito posicionar ante la asamblea el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 242 de la Ley del Seguro Social, aprobada por el Senado de la República y remitida a la Cámara de Diputados de conformidad con lo siguiente. El artículo 242 de la Ley del Seguro Social que se pretende reformar con la minuta motivo de este dictamen, corresponde a dos consideraciones fundamentales. Una es desde el punto de vista financiero y la otra desde el punto de vista jurídico. El seguro de salud para la familia no es una prestación social que proporcione el Estado, sino es una especie de contratación de un seguro médico de carácter privado entre el Seguro Social y un particular. Actualmente este seguro es deficitario. Por un lado, las primas actuales están muy por debajo del costo que representa la prestación de los servicios que cubre y, por el otro, la Ley del Seguro Social vigente no establece un mecanismo que permita ajustar las cuotas en congruencia con la dinámica de la demanda de la población en el servicio de atención médica, la cual está determinada por las transiciones demográficas y epidemiológicas principalmente, pero también por el índice de enfermedades asociadas con la edad avanzada. Generalmente esas enfermedades son de carácter crónico degenerativo, de diagnóstico y tratamiento más complejo y oneroso. En este sentido, es necesario mencionar que este seguro se encuentra ligado, tal como lo establece el artículo 240, al seguro de enfermedades y maternidad, por lo que su desequilibrio financiero contribuye a agudizar el déficit presupuestario de éste último seguro. El déficit financiero se puede observar puntualmente en el informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social por el periodo 2011 y 2012, que fue integrado en junio pasado a esta soberanía. Es necesario dotar al IMSS de un mecanismo ágil que ajuste el monto de las primas del Seguro de Salud para la Familia, que les permitan hacer las adecuaciones pertinentes con toda oportunidad a fin de evitar que se agudice el desequilibrio financiero. Asimismo se tiene en consideración que al no formar el Seguro de Salud para la Familia parte del dictamen obligatorio del Seguro Social, no es necesario que las primas a cubrir tengan que establecerse en la propia Ley del Seguro Social, por lo que es totalmente válido que sea el órgano de gobierno de dicho organismo quien las determine, al igual que lo hacía con el denominado Seguro Facultativo, que provenía de las leyes del Seguro Social de 1942 y de 1973, al que vino a suplir este Seguro de Salud para la Familia. No omito señalar que la determinación de las cuotas por parte del Consejo Técnico será observado con un criterio estricto de equidad social. Por otro lado, desde el punto de vista jurídico, el artículo 251 en su fracción I de la Ley del Seguro Social, establece que “el Seguro tiene la facultad y la atribución de administrar los ramos de aseguramiento entre los que se encuentra el Seguro de Salud para la Familia”. En este artículo 263, la misma ley señala que “es el consejo técnico el órgano de gobierno representante legal y administrador del instituto, que está compuesto por 12 miembros, participando cuatro designaciones del sector patronal, cuatro representantes de los trabajadores y cuatro representantes por parte del Estado”. Además el artículo 264 en su fracción II le otorga al consejo técnico la atribución de vigilar y de promover el equilibrio financiero de los ramos de aseguramiento, incluido este Seguro de Salud para la Familia. Finalmente quisiera también señalar que la Ley Federal de Entidades Paraestatales en su artículo 58, fracción III, establece que “los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, dentro de las que se encuentra esta Ley del Seguro Social, tendrán dentro de sus atribuciones de carácter indelegable, el fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzcan o presten las entidades paraestatales, con excepción de los que se determinen por acuerdo del Ejecutivo federal”. Distinguidas diputadas y diputados, es importante citar lo que la exposición de motivos de la iniciativa de la Nueva Ley del Seguro Social de 1995 señaló como motivo de modificación a los esquemas de aseguramiento. La iniciativa propone redefinir el régimen obligatorio y el voluntario del Seguro Social, con el propósito fundamental de ampliar la cobertura al facilitar la incorporación de grupos, individuos o familias que no tienen una relación obrero patronal. Es importante señalar que la iniciativa de ley posibilita que los individuos de manera personal o a través de sus organizaciones se afilien de manera voluntaria, ampliando así sus derechos y capacidad de decisión. Para tal efecto se establecen reglas claras con el propósito de evitar criterios discrecionales en las de hoy conocidas como modalidades de aseguramiento. Esta minuta es congruente con lo ya aprobado por esta soberanía en el año de 1995, ya que da certidumbre al asegurado, quien podrá conocer con precisión a cuáles derechos tiene acceso derivados de su incorporación voluntariamente al régimen obligatorio del instituto, que contará con los recursos suficientes para financiar los servicios que obligará a otorgar. Es cuanto, presidente.