El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para exponer y solicitar su voto a favor de este trascendente, necesario e histórico proyecto, uno de los más ambiciosos y nobles que esta legislatura ha discutido, que nos conecta con nuestras raíces, demostrando con hechos y no palabras, que no seguiremos ignorando la composición pluricultural de nuestra nación y los derechos que asisten a nuestros pueblos. Nuestra sociedad es un rico mosaico que se acrisola en su diversidad, en su riqueza cultural, en sus tradiciones, y sin embargo persiste en nuestros pueblos indígenas y afromexicanos una insostenible y lacerante desigualdad que apenas hace un cuarto de siglo el Estado negaba y regateaba sus derechos a nuestros pueblos originarios que, aunque excluidos y pauperizados, no dejaron de luchar. Por eso, es para mí un honor acudir a esta tribuna a presentar este proyecto a nombre de los pueblos y de las personas indígenas y afromexicanas. Sin duda alguna persiste en nuestro sistema jurídico la urgencia de ser enriquecido en temas como su plena capacidad de autodeterminación, el reconocimiento pleno de sus derechos y, en su caso, como hoy nos ocupa, la obligación del Estado de consultarles en los temas que los involucran y planear junto con ellos el desarrollo nacional. Con la emisión de la Ley General de la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas nos ponemos a la altura de los tiempos de México, un México que ansía justamente y que debe ser garante del cumplimiento de los derechos de todas y de todos sin exclusión. La consulta es un instrumento que nos permite establecer las bases del diálogo corresponsable, sostenido e incluyente entre el Estado y los pueblos indígenas y afromexicanos, en una relación de respeto e igualdad, procurando el pleno reconocimiento a sus derechos. Es, además, un derecho y una obligación estatal reconocida por los ordenamientos internacionales y poco a poco también reconocido de manera implícita por el ordenamiento nacional. En este contexto, el proyecto que hoy discutimos incorpora una serie de estándares definidos a nivel internacional que son a la vez directrices que aseguran un proceso de una consulta libre de vicios. De este modo, hablamos de una consulta libre, pues se refiere a un consentimiento que es otorgado en forma voluntaria y en ausencia de coerción, intimidación o manipulación previa, pues es buscada con suficiente anticipación a cualquier razonamiento de inicio de actividades, proporcionando en tiempo para comprender, acceder y analizar la información a cerca de la actividad propuesta, es también informada pues garantiza al sujeto consultado el acceso a la información accesible, clara, consistente, exacta, constante y transparente. En suma, con esta ley pretendemos dotar de una voz plena y efectiva a los pueblos y las comunidades. Cabe destacar además que esta ley es fruto de un amplio ejercicio de consenso con todos y cada uno de los pueblos indígenas y afromexicanos, no podría ser de otra forma. Su proceso de creación incluyó la celebración de 10 foros regionales y un parlamento abierto nacional, en donde el derecho a incidir de cada uno de los participantes no solo fue respetado, fue garantizado. Cabe aquí hacer una mención importante, el papel fundamental que jugó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, conforme a sus facultades legales. Mi más amplio reconocimiento a este órgano que, con legitimidad e institucionalidad intachables, coadyuvaron al proceso de diálogo y consulta que se puso en este proyecto. Al establecer el proceso de consulta y consentimiento libre previo e informado, cada vez de que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar derechos colectivos, no solo estamos procurando el cumplimiento de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en nuestros, en países independientes o en la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas u otros instrumentos internacionales. Tampoco estamos simplemente acatando un mandato judicial, por oportuno que este sea, lo que estamos haciendo, compañeras y compañeros, es dejar atrás la indolencia de administraciones y legislaturas pasadas que ni venían ni oían a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Estamos procurando la integración cultural de nuestra nación, garantizando un diálogo permanente, constructivo y en igualdad de condiciones, en un contexto de disminución y de erradicación de desigualdades y de no discriminación. Agradezco su atención, compañeras y compañeros legisladores. Muchas gracias.