EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO: Con el permiso de la Presidencia. Efectivamente, quizá como lo ha expuesto el diputado Acosta Salazar, el tema central del debate en esta tribuna el día de hoy, no sería recordarle invitar a algunas comisiones que cumplan con su cometido de dictaminar iniciativas que los diputados o diputadas formulan, seguramente habría que tocar desde esta tribuna algo que tiene que ver con los principios fundamentales que han regido y deben regir la política exterior de México. Dejo a manera de prólogo de la excitativa que formulo, esta reflexión con el interés seguramente de escuchar con mayor profundidad el tema relativo. Señora Presidenta, hago uso de la palabra para solicitarle excite, invite, motive a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, con la finalidad de que emitan el dictamen que se estime procedente con relación a una iniciativa que un servidor ha formulado ante el pleno de la Comisión Permanente en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Me limito a recordar de que el tema que aborda esta iniciativa de reformas y adiciones, tiene que ver con un asunto que el día de hoy se está tocando en el marco de la propuesta de la reforma del Estado; tiene que ver con la redistribución, con la forma de cómo se reparte la competencia en materia de administración de justicia. En este país, desde 1824, en los estados de la República existían tribunales autónomos distintos del Poder Judicial de la Federación, con definitividad de sus resoluciones. No puede pensarse que el Estado Nacional, que las entidades federativas o que los municipios puedan avanzar a niveles de convivencia, de mayor desarrollo y de mayor armonía, si no se invierte en la justicia. El derecho, las normas jurídicas deben ser conducto para aspirar a una justicia en este país. Reitero, el propósito de la iniciativa por una parte contempla que a nivel de la Constitución Federal, se contemple la obligación del Estado para otorgar presupuesto a los Poderes Judiciales de los estados; no puede haber un Poder Judicial autónomo, sino en la medida en que disponga también de una autonomía presupuestaria y de un presupuesto suficiente. Esa es la primera propuesta: adicionar el tercer párrafo en su última parte del artículo 17 de la Constitución Federal. Por otra parte sabemos, promovemos e impulsamos, cuando menos ha sido una postura del Partido de la Revolución Democrática, que el Poder Judicial de la Federación debe contar con un presupuesto mínimo que garantice no sólo la operación, sino que influya en su autonomía. En repetidas ocasiones este tema ha sido abordado. En días recientes, en la propia tribuna se proponía que debe integrarse al Poder Judicial de la Federación, tribunales de otra índole distinta a la función jurisdiccional o de control que realiza el Poder Judicial Federal; hablo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de la Junta Federal de Conciliación Arbitraje, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal Agrario. Para tocar estos temas, tenemos con toda honestidad que decirlo, hay que abordar el tema presupuestario. La reforma constitucional que planteó, tiene que ver con el instituir en este país tribunales de casación o tribunales de última instancia o de legalidad en los estados. No para todos el tema resulta conocido y a lo mejor atractivo, pero las resoluciones, con independencia de su cuantía, todas de los tribunales judiciales de este país pueden de manera definitiva concluir hasta con el juicio de amparo, es decir, son impugnables. En procedimientos solemnes, cargados de escritura, tardíos, contrarios a los principios que consagra el 17 de la Constitución Federal ¿por qué no? para descargar al Poder Judicial Federal, para que se ocupe de la función de controlar la Constitución, que bien lo hace hay que decirlo, crear tribunales locales que conozcan de aquellos asuntos que por su cuantía no sean quizás relevantes o trascendentes. Pero lo que sí es trascendente, que tenemos una justicia lenta, retardada, que no crea para nadie certidumbre o seguridad. ¿Por qué no en aquel asunto de naturaleza penal en donde se impone la pena de prisión por 6 meses y se conmuta por 10 pesos, que la conozca de modo definitivo, un tribunal local? A eso se refiere la iniciativa en materia civil, en materia mercantil, en materia penal, de que no tenga la parte litigante necesariamente que ir al Poder Judicial de la Federación, por la vía del amparo directo para modificar un asunto cuya determinación pueda ser precisada. Obviamente para ello sería preciso no solamente la reforma constitucional, la reforma a la Ley de Amparo y las disposiciones que se concatenen con la propuesta. Finalmente dejar la reflexión de que no será posible un Poder Judicial Federal Autónomo, si en las otras capas donde se administra justicia no son autónomas. De cada cien conductas delictivas en este país que se registran, seguramente no más de dos o tres, son del orden federal, 97 son de orden común, de la competencia de los tribunales estatales; y de esa diferencia de 97 seguramente 40, sino el 50% se inscriben en la competencia de los tribunales municipales ¿cuál es la propuesta para cambiar en este país el concepto de la administración de justicia? Le pido ciudadana presidenta, externe a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y Derechos Humanos, para que como ocurre en este país con el tema de la justicia, si no se dictamina a favor, que cuando menos se dictamine. Muchas gracias. -PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, para que emitan el dictamen correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta presidencia informa al Honorable Pleno, que hemos recibido solicitud para tratar un tema adicional que en su momento procesaremos en la mesa directiva. Entre tanto, en virtud de que el grupo parlamentario del PRI ha solicitado se posponga la presentación sobre por el problema agrario en el Municipio de Santa María Ocotán, en el capítulo de proposiciones, se pospone para una próxima sesión y se le ofrece el uso de la palabra al diputado David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que ejerza la facultad de atracción en el caso del homicidio del abogado Mario César Escobedo Anaya, ocurrido en el estado de Chihuahua.