La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeros y compañeras legisladoras, de acuerdo con un estudio habitual, Violencia en la vida de los niños y adolescentes, realizado por la UNICEF en 38 países de ingresos bajos y medianos, cerca de 17 millones de mujeres adultas afirman haber tenido relaciones sexuales por la fuerza en la niñez. Mientras que en 28 países de Europa alrededor de 2.5 millones de mujeres jóvenes afirmaron haber sido víctimas de formas de violencia sexual, con o sin contacto, antes de los 15 años. Estas cifras, que sin duda no reflejan la totalidad de los casos acontecidos en todo el mundo, nos permiten dimensionar el alcance de uno de los fenómenos delictivos más graves, aberrantes e irreparables que existen: los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad. El problema en nuestro país es de grandes dimensiones. De acuerdo con el Inegi, el delito de violación alcanza a mil 764 niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil menores y adolescentes entre 12 y 17 años, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5 mil 89 casos por cada 100 menores y adolescentes. Conocidos y aberrantes han sido los casos que han cimbrado a la opinión pública nacional sobre las denuncias realizadas por víctimas que ya en su edad adulta se atrevieron a señalar estas violaciones, que lamentablemente a esa edad ya no pudieron ser reparadas por la prescripción. Por ello, en la Comisión de Justicia coincidimos en que las reglas de prescripción establecidas para estos delitos no son suficientes para permitir que la víctima esté en condiciones de denunciar estos hechos. En el peor de los casos, solo se pueden denunciar hasta cumplir los 21 años, el cual no es tiempo suficiente para que la víctima pueda superar los traumas que le impiden tener la confianza de revelar este delito. Un estudio realizado por el King’s College London muestra evidencia disponible que permite afirmar que la mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil denuncian este delito entre los 30 y los 40 años. Con base en esta evidencia, la Comisión de Justicia coincidió con la idoneidad de establecer los 30 años de edad como el momento en que comience a correr el plazo de prescripción de los delitos de referencia, ya que la postura de ir por la imprescriptibilidad pudiera ser la puerta abierta para que los agresores aleguen inconstitucionalidad, toda vez que, conforme con las reglas generales de prescripción, dependiendo del delito que se trate, pueda existir un mínimo de tres años y un máximo de 15, es decir, que la víctima tenga de entre 33 hasta 45 años cumplidos, para que la autoridad lleve a cabo las actuaciones necesarias para el comienzo del proceso penal respectivo. Por estas razones, las y los invito a votar a favor de esta reforma que pretende poner a nuestras niñas y niños y adolescentes en el centro de la toma de decisiones, y con la cual se pretende fortalecer la posición desde la cual la víctima pueda recurrir oportunamente a las instituciones de procuración de justicia sin hacer detrimento de los principios de seguridad y certeza jurídica, que también deben observarse durante el proceso penal. Es cuanto, presidenta.