EL C. DIPUTADO ALEJANDRO AGUNDIS ARIAS: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: el gobierno mexicano gasta en manutención por cada recluso el equivalente de 11.86 pesos diarios del erario público. Sostener a más de 20 mil delincuentes que ocupan un lugar en las cárceles, tan sólo en la ciudad de México, tiene un costo de 120 pesos, por interno, por día. Si tomamos en cuenta que el Sistema Penitenciario Mexicano está integrado por un total de 447 centros penitenciarios en toda la República y casi todos padecen sobrepoblación, tendremos que los costos de operación de los centros penitenciarios eventualmente serán incosteables. Este fenómeno es producto del crecimiento en el índice delictivo y la incapacidad de las autoridades para prevenir el delito. La práctica del endurecimiento de las penas que ha sido vista como una respuesta al problema, ha generado el problema de sobrepoblación preventiva y penitenciaria, el aumento de corrupción y el crecimiento de prisiones de alta seguridad. Una de las principales razones de ser del Sistema Penitenciario del país, mediante la privación de la libertad de quienes son sentenciados, es la readaptación social. Así la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano establece en el artículo 18 inciso "d" y cito: "Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente". Desafortunadamente las medias sustitutivas de la pena privativa de la libertad, como la condena condicional, la caución, el perdón, la represión, la amonestación, la reclusión domiciliaria, la condena de fin de semana, la detención nocturna, el trabajo obligatorio sin detención, retención del jornal, interdicción de profesión y de residencia contempladas dentro del Código Penal, han tenido una aplicación muy escasa o nula El artículo 27 del Código Penal Federal, libro primero, título segundo, nos habla de la semilibertad que implica alternación de periodos de privación de la libertad y tratamiento con libertad y del trabajo a favor de la comunidad que consiste en la prestación de servicios no remunerados en instituciones públicas y educativas o de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales. Todo esto con sus respectivas restricciones. El trabajo a favor de la comunidad, puede ser pena autónoma o sustitutivo de la prisión o de la multa. Y en el artículo 70 libro primero, título tercero, capítulo sexto, también del Código Penal Federal, se menciona que la prisión podrá ser sustituida a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes: Primero.- Por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años. Segundo.- Por tratamiento en libertad si la prisión no excede de tres años, o Tercero.- Por multas si la prisión no excede de dos años. La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. Tampoco se aplicará a quien sea condenado por algún delito de los señalados en la fracción I del artículo 85 de este Código. Por todo lo anterior es que solicitamos al pleno de esta Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne a la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo Artículo único.- Que la Secretaría de Seguridad Pública dé cumplimiento a su obligación de establecer los programas necesarios ante las instituciones públicas educativas, de asistencia social y privadas asistenciales, para que un mayor número de reos obtengan el beneficio establecido en los artículos 27 y 70 del Código Penal Federal y que se aplique el trabajo de la comunidad de manera eficiente, como el citado ordenamiento lo indica. Es cuanto, señor Presidente. -