El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar una iniciativa que busca fortalecer el federalismo, que busca fortalecer la solución de los problemas donde éstos se generan, que es básicamente en el ámbito de los municipios y de las entidades federativas. El diseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal delimita la posibilidad de establecer impuestos o derechos estatales o municipales, por la suscripción de los convenios de adhesión de los estados a dicho Sistema. El esquema del Sistema Fiscal Federal es altamente centralizado en la obtención de ingresos y en el ejercicio del gasto que éste realiza en los tres órdenes de gobierno, lo cual ha propiciado la dependencia financiera de estados y municipios. Los avances por dotar a las entidades federativas y municipios han sido escasos. El ejemplo más claro lo tenemos en el incremento que se ha dado en el Fondo General Participable, donde de hace aproximadamente 10 años a la fecha no ha tenido movimiento alguno y esto refleja la alta concentración del ejercicio del gasto público. Los estados y los municipios enfrentan problemas financieros severos y por lo tanto, no han alcanzado la madurez económica que les permita cumplir eficientemente sus tareas constitucionales. Diversas circunstancias de orden político y económico han propiciado que estos órdenes de gobierno enfrenten carencias de tipo financiero y jurídico en relación con los órganos de gobierno del ámbito federal, lo cual ha impedido su funcionamiento autónomo, porque dotar a los municipios de autonomía política, de autonomía administrativa, pero si no se da en el mismo sentido la autonomía financiera, ésta hace nugatorias el resto de las autonomías y no podemos hablar de una verdadera libertad de los ámbitos de gobierno del orden municipal. Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios por concepto de participaciones y gasto federalizado se han incrementado en los últimos años, pero más enfocados a la descentralización de los recursos que están establecidos en el Ramo 33 y en el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas (PAFEF); pero recursos éstos —en el caso del Ramo 33—, donde los municipios y los estados no tienen la entera libertad para poder ejercer estos recursos en función de las demandas más sentidas de la población, porque estos recursos, en gran medida, van etiquetados. Lo único que va de manera libre para poder atender estas demandas es lo que se entrega por concepto de las participaciones federales a estados y municipios. Por otra parte, la infraestructura actual de los gobiernos estatales y municipales no es suficiente en la mayoría de las entidades, municipios y del Distrito Federal, para satisfacer las demandas crecientes en la infraestructura; y un ejemplo de ello es que la inversión que hacen los estados en esta materia, no alcanza ni siquiera el uno por ciento del producto interno bruto. Es común escuchar que se debe impulsar el papel estratégico de las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal, promoviendo su desarrollo económico y social con un enfoque local, a través de una verdadera descentralización responsable y ordenada de la política hacendaria. Por ello, la iniciativa que ahora estoy proponiendo a la consideración de esta representación popular, busca que el 100 por ciento de la retención del impuesto al valor agregado derivado de la realización de obras públicas de los estados, municipios y el Distrito Federal, no se entere a la federación y que estos recursos, de acuerdo con la reglamentación que establezca el Sistema de Administración Tributaria, se participen directamente a las entidades federativas, municipios y el Distrito Federal en sus respectivos órganos, sin formar parte de la Recaudación Federal Participable. Esta medida contribuirá a aliviar las limitaciones de gasto en inversión que los gobiernos locales presentan, mejorando la distribución de los recursos y de la inversión pública, además de ser un aliciente para estados y municipios y el Distrito Federal para llevar a cabo más inversión en obras públicas que potencialicen el desarrollo local y alienten la equidad regional. Esta propuesta lo que busca es que lo que se paga por concepto de IVA en la realización de la obra pública que realizan tanto los gobiernos estatales, municipales y el Distrito Federal, ese recurso no se entere a la Federación, no forme parte del Fondo General Participable y que se quede en el ámbito de estos gobiernos pero que vaya etiquetado sólo para la realización de obra pública. Que quede claro que aquí no se abre ni siquiera la posibilidad de que estos recursos puedan ser utilizados para gasto corriente. Tendría que ser etiquetado, reitero, para que se aplique nuevamente la atención de las demandas en infraestructura más importante que tengan cada una de estas localidades. Por lo anterior, se propone establecer en el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que las entidades federativas, municipios y Distrito Federal y sus respectivos organismos efectúen la retención del impuesto en el momento en el que se pague la contraprestación sobre el monto de lo efectivamente liquidado por la obra pública, no enterando el impuesto a la Federación, mismo que sería directamente participable. Además, para concretar la propuesta, se plantea reformar el párrafo cuarto y adicionar un párrafo quinto al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de excluir de la recaudación federal participable la retención del impuesto al valor agregado que se traslade por la realización de obras públicas en las entidades federativas, municipios y el Distrito Federal de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y participar a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal sus respectivos organismos en el 100 por ciento de su recaudación. En la iniciativa se faculta al Sistema de Administración Tributaria para que establezca las reglas, requisitos y características que los estados, municipios y el Distrito Federal deberán cumplir para transparentar el ejercicio de los recursos retenidos a que se refiere la presente iniciativa. De aprobarse la propuesta que ahora estamos realizando, además de lo antes considerado se contribuirá a aliviar las limitaciones de gasto en inversión que los gobiernos locales presentan, mejorando la distribución de los recursos y de la inversión pública además de ser esto un aliciente para los estados, municipios y el Distrito Federal para llevar a cabo más inversión en obra pública que potencialicen el desarrollo local y fortalezcan realmente la equidad regional. De esta manera, amigas y amigos legisladores, es como buscamos de una manera responsable hacer las modificaciones a nuestro marco jurídico para que fortalezcamos a los órdenes de gobierno que tienen el contacto más directo con la población y donde también hagamos corresponsables a estos órdenes de gobierno en la recaudación y sobre todo en la transparentación de la utilización de dichos recursos. No se trata sólo de pedir más recursos para estados y municipios sin saber a dónde van estos recursos. Queremos que no vayan etiquetados esos recursos que se entregan mediante el gasto federalizado a los estados y municipios; pero que sean allá, en el ámbito de las legislaturas locales, en el ámbito de los ayuntamientos, estos cuerpos colegiados los que determinen cuál es el fin, cuál es el uso que se le va a dar a los recursos que por esta vía se puedan entregar a estos órdenes de gobierno. De esta manera pues, estoy seguro que de encontrar una respuesta favorable de quienes ahora formamos parte de esta Legislatura vamos a contribuir de manera importante a fortalecer el federalismo y fortalecer el federalismo es apoyar en los hechos la solución de los problemas que se generan en cada localidad, en cada comunidad. Por su atención, muchas gracias.