El diputado Sergio Arturo Torres Santos: Honorable asamblea, el suscrito, diputado federal Arturo Torres, integrante del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II; 52 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se hacen adiciones al artículo 68 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de los siguientes antecedentes. La autoridad municipal debe realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la corporación de policía y los Comités de Protección Civil al conjunto de la comunidad. Dentro de ámbito municipal la Constitución considera a la seguridad pública como un servicio a cargo del municipio, el cual deberá ejercerse con el concurso del Estado porque así lo determina el artículo 21 constitucional, que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en sus respectivas competencias. En este sentido las policías estatales y municipales que integran al 91.3 por ciento de los elementos que hay en el país sólo han adquirido armamento nuevo suficiente para dotar al 20 por ciento de sus 390 mil 657 elementos en los últimos tres años. En contraparte, las policías locales están encargadas de combatir los delitos del fuero común, principalmente robo y homicidio, que representan 93 por ciento del total que se cometen a escala nacional. Las cifras oficiales proporcionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional nos demuestran que existe un abismo enorme entre el total de armas adquiridas que ascienden a 79 mil 498 armas (65 mil 926 son pistolas y 13 mil 572 ametralladoras, subametralladoras y rifles de precisión para francotiradores) contra las 300 mil que ingresan ilegalmente cada año al país provenientes de Estados Unidos, según el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego del vecino país, entre las que se encuentran ametralladoras, subametralladoras, granadas, lanzacohetes y municiones antitanque. De acuerdo con la ley vigente, la Sedena, por medio de la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones, es la encargada de tramitar la adquisición y venta de todas las armas que se comercializan a escala nacional; incluidas las de corporaciones policíacas federales, estatales y municipales, así como de las empresas de seguridad privada y los particulares, sin embargo, de las armas solicitadas para el estado de Michoacán, mi estado, aún les restan por entregar mil 615, aludiendo la falta de disponibilidad en el mercado internacional. En contraste, la misma secretaría (Sedena), señala que se han decomisado al crimen organizado alrededor de 180 mil armas en los últimos tres años y que a la fecha 160 mil armas están a disposición de los jueces federales y a la espera de ser liberadas para ser destruidas. Sólo el 5 por ciento de las armas incautadas a grupos criminales son rescatadas porque tienen un valor histórico, económico o académico. Es incuestionable que uno de los temas preponderantes de la agenda nacional es de la lucha contra el crimen organizado, incluido el tráfico de armas. En consecuencia, ha surgido la necesidad de implementar acciones, estrategias y medidas para hacer frente a la delincuencia organizada y sus efectos nocivos; entre ellos, la creciente violencia que ha ocasionado miles de muertos. Sabemos que uno de los elementos centrales que alimenta y motiva este fenómeno delictivo es el del tráfico de armas. En tal virtud, se justifican los esfuerzos prioritarios para ponerle un alto a este tráfico y evitar que los grupos del crimen organizado adquieran armas de fuego, siendo muchas veces equipo de mayor poder que el utilizado por las instituciones policiales del país. Por tal motivo, obliga a pensar en mecanismos más avanzados, decididos e institucionales para abatir el tráfico de armas. Una de estas estrategias adoptadas es la destrucción de equipos bélicos, el objetivo principal de esta iniciativa es precisamente que no se destruyan sino que se donen a las fuerzas policiales...