La diputada Ruth Salinas Reyes: Sin duda alguna la reparación integral de las víctimas es una de las tantas tareas pendientes reales e inminentes que tiene nuestro país con las víctimas, por ende, con la sociedad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 20, inciso c), fracción IV, lo siguiente: La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. Por lo cual, con esta reforma se está ejecutando lo que mandata nuestra Carta Magna, dándole celeridad y certidumbre jurídica a las personas que hayan sido objeto de un hecho victimizante por cualquier razón, en concordancia con el artículo 17 de la Constitución de llevar a cabo una justicia imparcial, pronta y expedita. Durante los últimos años posteriores a la creación de la normatividad encaminada a la reparación integral de víctimas, había sido letra muerta. El Estado no ha tenido la capacidad de garantizar a las víctimas su desarrollo posterior al hecho, recuperar su forma de vida, de proporcionar una reparación integral que incorpore con las mismas o mejores condiciones a la sociedad. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pareciera estar como un simple espectador, observando cómo crece constantemente el número de víctimas, registros y estadísticas, sin soluciones, mucho menos respuestas a miles de víctimas. Es gravoso que sigamos hablando de víctimas, cuando el Estado debe garantizar el bienestar de la población. Según los registros que tenemos, las víctimas en nuestro país son principalmente por los siguientes actos: desaparición forzada, homicidio, secuestro, trata de personas y lesiones, delitos por demás lacerantes a nuestro entorno. De acuerdo con el Registro Nacional de Víctimas se recibieron más de 10 mil solicitudes para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por compensación en el año 2018, lo cual refleja un índice menor de la realidad. Las víctimas que no están registradas se multiplican por numerosos y demás elevados. De estos registros solamente se sustanciaron el 10 por ciento y se dio respuesta a un 50 por ciento aproximadamente, registros mínimos, cuando hay más de 250 mil muertes en nuestro país por violencia. Sin embargo, debemos reconocer que el presente dictamen que reforma a la Ley General de Víctimas es un avance sustancial en la búsqueda de mejores respuestas para las víctimas, para no aletargar la justicia reparativa. Coincidimos, sin lugar a dudas, que es necesario establecer un término perentorio para ejecutar la resolución emitida por la Comisión Ejecutiva, para que el Estado repare, por cualquier medio, el daño sufrido a la víctima. Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano celebra el presente dictamen y lo votará a favor. La reparación integral a las víctimas es un tema que debe formar parte de la agenda legislativa de manera prioritaria, privilegiando así los derechos humanos. Entendemos que aún falta camino y mecanismos adecuados para acceder a la reparación del daño, procedimiento que deberá establecer por lo menos la restitución de los bienes, el pago de los daños sufrido. Y en caso de no ser posible la restitución se debe realizar un pago de su valor actualizado, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, la situación de vulnerabilidad de la víctima y la afectación del daño sufrido. El Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por este tema, internamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado en este sentido: el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido y de no ser esto posible, proceda el pago de una indemnización justa, como medida resarcitoria por los daños ocasionados. Sin embargo, una cualidad imprescindible para garantizar los derechos humanos es que la víctima pueda reclamar por sí misma los daños que se le ocasionaron, siendo el Estado responsable de otorgar la reparación integral, además comprometerse a que no se repita, con la firme obligación de nunca olvidar a las víctimas. Existe la normativa de atención a las víctimas en nuestro país, pero no ha sido exigible. Además, no se contaba con una temporalidad que otorgara certeza. No se debe seguir postergando la justicia, en ello radica el buen o mal funcionamiento de la reparación integral del daño. Es cuanto, presidenta.