La diputada Ana María Balderas Trejo: Estimadas diputadas y diputados, hoy me dirijo a ustedes para hablar de una reforma que en su esencia debería de representar un paso histórico hacia la justicia y la equidad para nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Una reforma que, si se implementa con verdadera convicción y recursos adecuados, podría comenzar a saldar una deuda de más de 500 años. Sin embargo, en Acción Nacional nos preocupa profundamente que esta reforma pueda quedar en meras intenciones, como ha sido en las pasadas reformas. Si no se respalda con acciones concretas y, sobre todo, con un presupuesto que refleje un compromiso real. En los próximos meses, cuando se presente el Presupuesto de Egresos, podremos ver si es realmente que existe la voluntad del cambio. Será entonces cuando sabremos cuántos recursos se destinarán a las áreas cruciales, como educación, salud, cultura y al fortalecimiento de instituciones clave, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras. Compañeras y compañeros legisladores, no podemos ignorar la derogación apresurada de varias acciones de esta reforma y nos ha causado inquietud. Es nuestro deber asegurarnos de que los verdaderos beneficiarios de esta reforma estén plenamente enterados de estas derogaciones y que sus voces sean escuchadas en este proceso. Una derogación que hicieron, y es bastante importante, es uno de los problemas más apremiantes que enfrentan nuestros pueblos indígenas y afromexicanos: es la falta de certeza jurídica sobre sus tierras. Durante décadas la irregularidad en la tenencia de la tierra los ha hecho vulnerables a despojos y expropiaciones injustas, a menudo bajo el pretexto de un mal entendido, utilidad pública, y los lleva a interminables juicios que no pueden sostener económicamente. Esta situación afecta particularmente a los más vulnerables, adultos mayores y viudas que forman parte de estas comunidades que, ante la falta de títulos de propiedad o escrituras, se ven forzados a vender sus tierras a precios irrisorios ante una economía precaria, que es en la que viven. Esto no solo perpetua el ciclo de pobreza, sino que también los excluye de las oportunidades de desarrollo e inversión. Es hora de abordar de frente este problema. Esta reforma necesita un programa integral de regularización de tierras ejidales, comunales y regulares. Solo así podremos garantizar que esas comunidades tengan la seguridad jurídica y necesaria para proteger su patrimonio y participar plenamente en el desarrollo de sus regiones. Además, es fundamental que los planes de desarrollo urbano y los cambios de uso de suelo en los municipios se realicen pensando en estas comunidades y para el beneficio de las comunidades enteras. No es solo el interés de particulares, debemos fomentar un desarrollo urbano sustentable, que respete y valore las tradiciones y necesidades de nuestros pueblos originarios. Compañeras y compañeros, está reforma no puede ser sólo un gesto simbólico como ha sido en las anteriores, es el momento de pasar de las palabras a los hechos, de las promesas a las acciones concretas. En Acción Nacional seremos vigilantes para asegurar que está reforma se implemente de manera activa con los recursos necesarios y con un verdadero espíritu de justicia y reparación histórica. Sólo así podremos decir que estamos comenzando a saldar está deuda con los pueblos que son la raíz y el corazón de nuestra nación. Es tiempo de dar certeza jurídica, de abrir oportunidades de desarrollo, de respetar y valorar la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Porque hay que aclarar que en los últimos seis años no ha sido así. Es tiempo de construir un México más justo, más inclusivo. Y, compañeros, repito, está reforma no puede ser un gesto simbólico, no puede ser una falsa bandera, en Acción Nacional no lo permitiremos. Debe de ser el inicio de un cambio profundo en la manera en que nuestro país trata a sus pueblos indígenas y afromexicanos. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos, de las promesas a las acciones concretas. Los invito a que trabajemos juntos para asegurar que esta reforma simplemente de manera efectiva, con los recursos necesarios y con un verdadero espíritu de justicia y reparación histórica. Sólo así podremos decir que estamos comenzando a saldar la deuda con estos pueblos, que son la raíz y el corazón de nuestra nación. Es tiempo de dar certeza jurídica, de abrir oportunidades de desarrollo, de respetar y valorar la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Es tiempo de construir un México más justo, más inclusivo y más equitativo para todos. He escuchado aquí que en estos últimos seis años no se ha derramado sangre en los pueblos indígenas y afromexicanos. No señoras, no señores, no se equivoquen, volteen a ver a Chiapas, el contexto de Chiapas. La presencia del crimen organizado, el cierre de escuelas, la quema de casas, la falta de vigilancia policial y el desplazamiento forzado se ha vuelto una realidad para muchas familias y ha desestabilizado sus vidas y provocando tensiones en comunidades receptoras. En estos últimos seis años sí se ha derramado sangre de los pueblos indígenas y afromexicanos. Es cuanto, presidenta. Gracias.