El diputado Carlos Federico Quinto Guillén: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que se presenta para la aprobación de esta honorable asamblea, como ya lo hemos escuchado aquí, conlleva una orientación para darle certeza al mantenimiento del estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, que son parte de nuestro territorio nacional que se extiende por 200 millas náuticas más allá y a lo largo de los 11 mil 122 kilómetros de litorales. Es decir, un ámbito mayor al Mar Mediterráneo que supera los tres millones de kilómetros cuadrados en donde se ejercen derechos de soberanía, jurisdicciones y otros derechos tanto nacionales como internacionales. Mares que se caracterizan por su condición bioceánica, su rica biodiversidad, su potencial en recursos, las actividades económicas que ahí se realizan y por supuesto sus rutas comerciales que nos conectan con más de 160 países de todos los continentes. Esto nos destaca su importancia y le otorga a México una privilegiada situación geoestratégica, lo cual también es utilizado por las organizaciones delincuenciales para enmascarar el tráfico ilegal de mercancías, armas, drogas y personas, entre otros delitos que ya aquí se han mencionado. México, como Estado firmante de convenios y tratados internacionales en materia marítima y como integrante de la Organización Marítima Internacional, tiene como obligación supervisar que las embarcaciones nacionales o extranjeras cumplan con las condiciones para salvaguardar la vida humana en la mar en donde, para su cabal ejecución, se especifica el derecho de visita e inspección, entre otras medidas. El artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le asigna a la Secretaría de Marina ejercer la autoridad para el cumplimiento del orden jurídico, lo que exige acciones para la prevención y en contra de las personas u organizaciones que atenten contra las riquezas naturales y la estabilidad en citadas zonas marinas. En la bancada del Partido Revolucionario Institucional estamos seguros de que la Secretaría de Marina requiere de ordenamientos afines para cumplir no sólo con sus funciones de vigilancia por la seguridad y preservación del Estado de derecho, sino que en el marco legal nacional, se reflejen las facultades de visita, inspección u otras acciones conforme al derecho internacional marítimo, funciones realizadas por personal naval militar que es necesario distinguir y diferenciar frente a la de otros cuerpos de seguridad pública, por lo que es pertinente cambiar el concepto de policía marítima por el de guardia costera, reconocido internacionalmente, y que no se contrapone con preceptos constitucionales, y delimita, sin equivocación, nuestro ámbito operativo. Además esto no conlleva la necesidad de crear ningún nuevo servicio, ya que todo ello se ejecuta a través de la Armada de México que como marina de guerra suma su actuar a la defensa nacional, pero en su rol, como servicio de guardia costera, protege los intereses socioeconómicos marítimos nacionales, así como la salvaguarda de la vida humana en la mar. Por lo tanto y de acuerdo a la delegación de facultades, también se hace necesario modificar en los mismos términos, la Ley Orgánica de la Armada de México, adicionando en el artículo 2 un párrafo cuarto Bis a fin de regular las actividades de esta institución en funciones de guardia costera mediante acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección y otras previstas en la ley y en los ordenamientos internacionales. Compañeras y compañeros legisladores, su voto a favor garantizará el mantenimiento del Estado de derecho, pero sobre todo, fortalecerá la protección de los intereses nacionales en las zonas marinas, costas y recintos portuarios en beneficio de nuestra sociedad, siempre en un contexto de certeza legal, la vigencia de los derechos humanos y la salvaguarda de la soberanía nacional. Es cuanto, diputada presidenta.