La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Gracias, presidenta. Honorable asamblea, la Constitución Mexicana de 1917, es por definición, por convicción y de origen, una constitución social. Fue la primera Norma Fundamental en el mundo que además de organizar los poderes públicos y reconocer las garantías individuales garantizó el derecho a la educación, el acceso a la salud, la redistribución de la propiedad de las tierras y, sobre todo, los derechos de las y los trabajadores. Desde hace más de un siglo nuestro país ha estado a la vanguardia del constitucionalismo social en el mundo y hemos establecido instituciones, mecanismos y políticas públicas para traducir cada una de las conquistas normativas sociales en realidades tangibles para las personas. En el sistema internacional, el derecho de las personas a una vivienda adecuada se reconoció en 1966, cuando la Asamblea General de la ONU adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En México el reconocimiento constitucional de este derecho se adelantó cinco décadas, justamente en la Constitución del 17 establecimos la obligación patronal de proporcionar viviendas cómodas e higiénicas a sus trabajadores. Si bien la norma suprema vinculó este derecho con las relaciones laborales, también contempló otros componentes de la vivienda adecuada, estableció límites a los costos de arrendamiento y obligó a los empleadores a construir escuelas, enfermerías y servicios necesarios para la comunidad, así como mercados y centros recreativos, cuando la población de trabajadores fuera superior a 200. En 1972 el Estado mexicano creó el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el propósito de traducir el espíritu de las disposiciones constitucionales en una realidad verdadera y tangible para las personas trabajadoras. Desde su fundación, el Infonavit ha otorgado prácticamente 1 millón de créditos, que han permitido cubrir la demanda de vivienda de 5 millones de personas en nuestro país, 1 millón de familias mexicanas se ha beneficiado con el acceso a un crédito seguro y accesible para adquirir una casa o un departamento, 1 millón de familias mexicanas ha podido consolidar su patrimonio gracias a un exitoso esquema de cooperación entre el Estado, los empleadores y los trabajadores. Y muchas obras han podido construir, ampliar o remodelar sus viviendas para mejorar su calidad de vida. La propuesta de reforma constitucional que discutimos hoy pretende darle continuidad a una política de Estado, cuyos resultados están a la vista de todos y todas aun con sus insuficiencias. Esta reforma fortalece las capacidades institucionales del Infonavit y al mismo tiempo actualiza esa política de vivienda a partir de las necesidades actuales de las personas trabajadoras, ampliando sus beneficios con nuevas formas de acceso a la vivienda, como el arrendamiento accesible. Por esas razones, las diputadas y los diputados de la bancada naranja votaremos a favor de este dictamen. Siempre estaremos del lado de las personas trabajadoras, de sus derechos y de sus reivindicaciones. No hay ninguna duda, el reconocimiento, la protección y la ampliación de los derechos de las personas trabajadoras es un auténtico consenso nacional que trasciende barreras de partido o convicciones ideológicas. Compañeras y compañeros, hoy refrendamos nuestro compromiso con el espíritu social de nuestra Constitución. Pero, sobre todo, con los derechos laborales de las y los mexicanos. Con la aprobación de esta reforma vamos a fortalecer al Infonavit, como el instrumento fundamental del Estado mexicano para garantizar el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda adecuada. Con la aprobación de esta reforma no sólo honramos nuestra tradición de constitucionalismo social, la renovamos para atender las necesidades de hoy y del futuro. El derecho a la vivienda no es una concesión patronal, es una obligación del Estado. Y, como tal, hoy nos corresponde cumplir con nuestra responsabilidad y votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.