El diputado Adrián Pedrozo Castillo: Con su venia, diputado Presidente. Reservas al régimen de pensiones de la nueva Ley del ISSSTE. La ley que hoy discutimos vulnera los principios fundantes de la seguridad social mexicana. Su carácter público, solidario, redistributivo, obligatorio e integral, se inscribe en su conjunto de las reformas neoliberales del Estado en marcha desde 1982, que pretende sustituir la acción y responsabilidad pública en la generación de bienestar colectivo, por la intervención privada de agentes financieros creados con el fin de lucro. Con esta nueva ley, un instrumento privilegiado de la política social, el ISSSTE, se subordina a los objetivos estrictamente económicos, ajenos a sus fines sustantivos que son: garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. El sistema de pensiones solidario de la ley en vigor se ve amenazado por la introducción de las cuentas individuales que serán manejadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), sin ninguna garantía de que el trabajador recibirá al final de su vida productiva una pensión digna. Ni la experiencia chilena, ni la mexicana que está por cumplir 10 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, han acreditado las supuestas bondades del sistema privado de pensiones, con las que se busca convencer. Como se ha demostrado en diversos estudios especializados, el Sistema de Pensiones de Aportaciones Definidas basado en la capitalización individual, vigente a partir del primero de junio de 1997 para los trabajadores del sector privado afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social enfrenta problemas. Éstos refieren, por un lado, a la presión que el tipo de reforma instrumentada ejerce sobre las finanzas públicas, el costo fiscal. Y por otro lado, a las deficiencias que presenta el propio sistema, en combinación con la dinámica estructural del mercado de trabajo: precios, rentabilidad y eficiencia de la industria de Afores, de las Sociedades de Inversiones Especializadas de Fondo para el Retiro (Siefores), y de las compañías de seguros especializadas en rentas vitalicias que se traducen en altas comisiones, bajos rendimientos reales y alta concentración de la industria, cuentas, fondos e inversión. Inestabilidad laboral, precarización del empleo; crecimiento de la informalidad, bajos salarios de cotización y baja cobertura que en su conjunta configuran escenarios de millones de cuentas individuales inactivas, baja densidad de cotizaciones y bajas tasas de reemplazo. Lo anterior revela que los supuestos sobre los cuales se fundó la reforma de pensiones del Seguro Social no se están cumpliendo. Una rápida revisión de las tendencias observadas a casi 10 años de su vigencia, es más que significativa. La iniciativa en discusión propone precisamente una reforma sustitutiva; es decir, reemplaza el actual sistema de beneficios definidos por otro de sistemas de aportaciones definidas, basado en la capitalización individual. El que será obligatorio para los trabajadores que ingresen por primera vez al ISSSTE y opcional para los trabajadores que se encuentren en activo al inicio de la vigencia de la reforma. Con la nueva ley desaparecen los seguros de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios y la indemnización global, para ser sustituidos por un sistema en el que la capitalización individual será la base para el financiamiento de todas las pensiones comprendidas en el nuevo régimen obligatorio, de manera directa, en el caso del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de forma complementaria para los seguros de invalidez, de vida y de riesgos de trabajo Es importante destacar que la reforma al sistema de pensiones de la iniciativa del PRI y el PAN, del Verde y el Panal es la que propuso el secretario de Hacienda y Crédito Público. Ambas plantean sustituir el sistema de reparto por otro basado en la capitalización individual. La iniciativa sólo introduce dos cambios al modelo original de Hacienda: uno relativo al esquema de transición de un sistema a otro, mecanismo por el cual se reconocen los derechos adquiridos de la generación actual de trabajadores en activo, y el otro relacionado con la creación de un órgano público administrador de las pensiones, el Pensionissste. Es decir, es la misma gata pero revolcada. Por sus características privatizadoras, lesivas para los intereses de los servidores públicos y sus familias, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sostiene que es necesario preservar el régimen solidario de la ley en vigor, sin negarse a revisar en el futuro los problemas que aquejan al Instituto con una visión global, conservando derechos y sin costos para los asalariados mexicanos y las generaciones venideras. Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124, 125 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, somete a consideración del Pleno las reservas de los capítulos IV, V, VI, VII, VIII del Título Segundo; así como los transitorios quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y que abroga la Ley del ISSSTE, al tenor de la propuesta siguiente, que obvio su lectura y que entrego a la mesa para su votación respectiva. Por su atención, muchas gracias.