La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la construcción del Estado de derecho en México será imposible si no erradicamos un mal que corroe a las instituciones públicas: la corrupción. Resulta imposible debido a que los actos de corrupción atentan contra dos pilares fundamentales del Estado de derecho: la legalidad y la legitimidad. Combatir la corrupción es un tema que trasciende banderas políticas e ideológicas, es atender un justo reclamo de la sociedad, un asunto crucial para la calidad de la democracia en las sociedades modernas. Por eso la trascendencia de que hoy estemos aprobando la creación de un sistema nacional anticorrupción es menester resaltarlo. El andamiaje institucional que se incorpora a nuestra Carta Magna, nos dará la posibilidad de que los actos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, sean detectados, investigados y sancionados por instancias con capacidad legal e independencia política. En mi grupo parlamentario Nueva Alianza no sólo apoyamos este dictamen, sino que asumimos el compromiso de que esa reforma trascendental para la democratización del país adquiera la dimensión social que se requiere para que la corrupción sea una práctica erradicada en todos los ámbitos de la vida nacional. Debemos ser cada vez más claros y señalar que la corrupción se manifiesta en una dimensión económica, pero no se limita sólo a una transacción pecuniaria, ya que el acto corruptor se inicia desde el mismo momento en que la ilegalidad se convierte en un principio de la vida social. Y esto no es de ahora, es de mucho tiempo, pero es ahora cuando requiere de todos y cada uno de nosotros el compromiso de asumirlo con transparencia pero también con firmeza. Cuando romper la ley es una práctica común en una sociedad, ésta no es consecuencia de pautas culturales o porque no existe o son débiles las disposiciones institucionales para sancionar esa conducta que rompe con una adecuada convivencia social. En ello radica –para nosotros– la importancia de que el Sistema Nacional Anticorrupción no se limite sólo a generar nuevas disposiciones normativas o instancias en la burocracia estatal, sino que su propósito deberá ser evitar la impunidad en los actos de corrupción, a fin de que la sociedad observe que ese tipo de actos tiene consecuencias legales. Hablar de corrupción, es hablar de impunidad; hablar de impunidad, es hablar de corrupción. Pero nosotros tenemos el compromiso, compañeras y compañeros legisladores, de que lo que hoy se inicia no termine, sino que continúe abatiendo todas esas prácticas que mucho daño han hecho a la sociedad. Compañeras y compañeros legisladores, el momento por el que atraviesa el país requiere de decisiones políticas firmas y oportunas. No hay tiempo para dilaciones o condicionamientos partidistas. No hay tiempo de que se asuman posiciones triunfalistas como si fuéramos los grandes redentores de la patria, sino tenemos compromiso con la patria, compromiso que no podemos evitar. La sociedad nos exige actuar con responsabilidad y compromiso frente a un problema que mina la confianza en las instituciones de la democracia, confianza que debemos recuperara a través de un comportamiento ético en la vida pública de la nación. Recuperar la verdadera dimensión ética de la política no es una tarea fácil, requiere del compromiso de todas y todos quienes ocupamos un espacio de representación o quienes son servidores públicos. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción sólo es el principio de una cruzada para eliminar esta práctica que tanto daño ha hecho a nuestro país, y que estamos en condiciones de iniciar evitar esto. Es cuanto, señoras y señores legisladores, y gracias, señor presidente.