El diputado José Antonio García García: Con su venia. Como todos ustedes saben, la política exterior es fundamental para representar los intereses nacionales en un Estado frente a otros Estados y demás sujetos de derecho internacional. Para ejecutar esta política exterior que lleva a cabo nuestro país se cuenta con el Servicio Exterior Mexicano, en el cual los embajadores y cónsules juegan un papel fundamental pues para representar a nuestro país en las relaciones diplomáticas que desarrollo México con las diferentes naciones. Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores señalan que México actualmente cuenta con 80 embajadas, 67 consulados, además de tener una significante presencia global con más de 155 representaciones diplomáticas, incluidas 7 misiones diplomáticas en organismos internacionales. Con forme lo establece nuestra Carta Magna, el presidente de la República tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los agentes diplomáticos y cónsules generales, los cuales tienen que ser ratificados desde luego por el Senado de la República. Pese a la importancia que tienen los embajadores y cónsules, lamentablemente en este gobierno se ha optado por realizar nombramientos de embajadores, cónsules y representantes de México en el exterior que no cuentan con los perfiles idóneos, al no tener la experiencia en materia diplomática ni experiencia en el servicio exterior. Son nombramientos que a además se han otorgado a funcionarios que carecen, reitero, de la experiencia profesional, conocimientos en materia de política exterior y derecho internacional en negociaciones internacionales y diplomacia, como premio o pago principalmente por favores del presidente. Se han apostado por nombramientos que claramente tienen un tinte político, que incluso generan hasta discrepancia y descontento por parte de los países receptores, por encima de los méritos profesionales, nombrando a funcionarios públicos, políticos o exgobernadores, que no llegan a dominar en algunos casos algún idioma adicional al nuestro, y que no tienen la preparación sobre el servicio exterior para llevar a cabo las acciones con el propósito de atender una situación en beneficio de nuestra nación. En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior, a fin de evitar que se designe para el cargo de embajador o cónsul de nuestro país a cualquier funcionario y que sea por motivos políticos. Por ello, se plantea que quien sea designado para dichos cargos no haya desempeñado cargo alguno de elección popular en los cinco años anteriores a su designación. Por otra parte, la presente propuesta plantea que quien sea designado embajador o cónsul no haya sido condenado o sancionado por haber cometido actos de violencia familiar o doméstica o agresión de género, con la finalidad de quien represente a México en el exterior cuente con una conducta intachable y no atente contra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Como legisladores, debemos tener en claro y apostar por una legislación que inhiba distintas conductas que se configuren como violencia de género con la finalidad de disuadirlas, sobre todo en aquellas personas que deben ser las principales promotoras y defensoras de los derechos humanos de nuestros connacionales que se encuentran en el extranjero. Desde Acción Nacional, estamos totalmente convencidos de que debemos coadyuvar a fortalecer al servicio exterior mexicano, a fin de preservar su carácter institucional y su vocación de servicio público en favor de todas y todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidenta.