El diputado Emilio Suárez Licona: Gracias, presidente. Doy comienzo a mi participación en un ejercicio obligado de recapitulación tratando de evitar la tentación de la memoria selectiva. El Infonavit en sus orígenes, los cuales se remontan a la reforma constitucional de 1972, nace desde el esfuerzo indeclinable del PRI y de sus gobiernos para dar cauce a un amplio acuerdo social entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno federal para garantizar acceso a la vivienda. Este acuerdo surgido de la voluntad permanente para construir instituciones emanadas del diálogo y del consenso, hoy nos permite contar con un Infonavit que ha permanecido durante más de 50 años como piedra angular del bienestar de los trabajadores y sus familias. En el transcurso de estas cinco décadas y dando cumplimiento a su mandato, el instituto ha otorgado más de 12 millones de créditos y ha devuelto a más de 2 millones y medio de trabajadores el saldo de su subcuenta de vivienda al momento de su retiro. Este es precisamente el legado al Infonavit, una institución construida desde la convicción para consolidar un eje articulador de justicia social en el marco del derecho a la población para acceder a una vivienda digna y decorosa. Lamentablemente, hoy se somete a nuestra consideración un dictamen que con toda claridad pretenderá dar cauce en la cancelación de esa visión. Estas reformas las cuales nuevamente surgen en un contexto de improvisación e imposición implica que el gobierno asuma un papel que no le corresponde en un ánimo intolerable de concentración de poder y recursos. Compañeras y compañeros, el PRI no puede acompañar una propuesta que sigue la lógica de introducir un esquema de discrecionalidad y opacidad mediante los debilitamientos de los consensos tripartitas sobre los que históricamente se ha articulado el cumplimiento del mandato del Infonavit. No podemos avalar el acaparamiento de los recursos de la subcuenta de vivienda que hoy por hoy son patrimonio de los trabajadores y que de manera dolosa e irresponsable ahora se pretende destinar a inversiones indirectas en construcción y administración inmobiliaria sin los mínimos controles financieros para garantizar el ahorro, fruto de esfuerzo diario de millones de mexicanas y mexicanos. Cómo le van a explicar a la gente que el gobierno ya no estará obligado a otorgar aportaciones y subsidios al Infonavit y, por el contrario, ahora sus ahorros serán utilizados a capricho del régimen para fondear proyectos de construcción opacos y arbitrarios. El Fondo Nacional de Vivienda más allá de sufragar la construcción de viviendas para arrendamiento, debe seguir garantizando y consolidando un esquema que permita a los trabajadores contar con un patrimonio que pueda ser utilizado en su horizonte de vida, conforme a sus necesidades y prioridades específicas. Sin embargo, y fuera de toda lógica, esta propuesta plantea que las personas trabajadoras ya no puedan elegir una vivienda nueva o usada, de acuerdo a las características de su preferencia. Más allá de lo evidente, esta propuesta deja más dudas que certezas. ¿Cómo es que habrá de garantizar que los trabajadores tengan acceso a viviendas dignas, adjudicadas en zonas de acceso a servicios básicos, transporte y empleo? ¿Dónde queda la participación de los gobiernos locales y los sectores empresariales? La intencionalidad es evidente, queda claro que al oficialismo le incomodan los pesos y contrapesos en todos los ámbitos de la vida pública. El Infonavit, al parecer, no será la excepción. De resultar aprobado este dictamen, hoy habremos de dar santa sepultura a esa vocación tripartita que tan buenas cuentas entregó a México y a los mexicanos. No hay lugar para ambigüedades, esta reforma encarna los peores vicios de una dinámica destructora y acaparadora, que en el caso concreto implica un atraco inadmisible en perjuicio del ahorro de los trabajadores. Desde el PRI hacemos un llamado a la responsabilidad y mesura para construir en unidad una alternativa que sí ponga en el centro de las prioridades garantizar que todas y todos los mexicanos tengan acceso a una vivienda digna y decorosa Es cuanto, querido presidente.