El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor Presidente. Diputadas y diputados: las reformas constitucionales que hemos aprobado durante lo que va de la presente legislatura han tenido por objeto modificar las relaciones de poder prevalecientes en nuestro país, mediante ello democratizar las estructuras de poder ya fuera este político, económico, social o mediático, y la reforma constitucional en telecomunicaciones no fue la excepción. Sus objetivos abarcaban el conocimiento y la protección de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y de las audiencias. La modernización del sector de telecomunicaciones, el fomento de los valores de identidad nacional, la integración de las y los mexicanos a la sociedad de la información y del conocimiento, la regulación de la trasmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa y, por supuesto, la regulación de la competencia y la eliminación de los monopolios o, en su caso, de las prácticas monopólicas. Mediante ellos, la reforma buscaba romper con el monopolio mediático, dotar a las audiencias de verdadera alternativa de información y de expresión, y con ella indirectamente buscar fortalecer nuestro sistema democrático al dotar de mayor poder al ciudadano tanto para informarse como para expresarse. Afianzar también la rectoría del Estado en el control de los medios de comunicación. Sin embargo, el presente dictamen, lejos de concretar estos objetivos se aleja de ellos, y continúa subordinando el poder el Estado al poder de los medios de comunicación y el poder que entraña la información a los intereses particulares de las principales empresas de radiodifusión. Es así que esta legislación secundaria, a pesar de ofrecer importantes beneficios para el bolsillo del mexicano, deja el status quo del poder de los monopolios intocado. El dictamen no establece una verdadera pluralidad mediática, no fortalece los derechos fundamentales y sus mecanismos de garantía, y presenta graves injerencias arbitrarias en contra de los ciudadanos. Carece de una regulación efectiva a la concentración monopólica con una clara parcialidad favorable hacia el agente económico preponderante de la radiodifusión. La Corte Interamericana ha sostenido que los medios de comunicación cumplen con un papel esencial como vínculo o instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión e información. Para las personas con alguna discapacidad a la par que el derecho de libertad de expresión y de información se enfrentan de manera permanente al reto de hacer efectivo su derecho a la igualdad. México, los datos del 2012 indican que el 6.6 por ciento de la población del país reporta tener discapacidad. Es decir, aproximadamente 7.6 millones de personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Inegi, de los cuales el 32.5 por ciento tienen dificultad para ver, el 16.5 por ciento para oír y el 8.6 por ciento para hablar o comunicarse. En este contexto, a pesar de los avances del dictamen en materia de discapacitados, existe un tema fundamental que debe ser considerado y que entraña la modificación a la fracción I del artículo 258 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, y que se refiere al subtitulaje, así como un intérprete en lengua de señas mexicanas, deberán estar presentes en toda la programación de televisión, en medios públicos y concesionarios, incluyendo todos los noticieros, lo anterior a través de una implementación progresiva. Mediante esto lograremos que las personas, que poseen alguna discapacidad física relacionada con la capacidad auditiva, no se enfrenten también a una discapacidad social, en virtud de las barreras que las instituciones le imponen. Muchas gracias. Es cuanto, compañero presidente.