La diputada María Gloria Hernández Madrid: Con su permiso, diputado presidente. Saludo respetuosamente a los integrantes de la Mesa Directiva y a las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura. Los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país tienen reconocimiento constitucional respecto a su conformación, desarrollo y organización interno como expresión jurídica de la pluriculturalidad de nuestra nación. Ahora bien, cuando individual o colectivamente deben vincularse con las autoridades del Estado en materia de acceso a la justicia, las actuaciones procesales que se realicen en presencia de personas indígenas que no hablan o no entienden el español, deberán desarrollarse en su lengua indígena nacional o bien en español, con la asistencia de intérpretes que tengan conocimientos de su lengua y su cultura. Lo anterior es de relevancia ya que con la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, éste puede concluir mediante diferentes mecanismos, pero con una sola vía para su desahogo, la oralidad. En ese sentido, cuando el proceso se involucra a personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas que no hablan o no entienden el español, pero que deben ser entrevistados o rendir declaración ante el órgano jurisdiccional, o bien, les deba ser explicada alguna actuación como la formulación de imputación, la imposición de una medida cautelar, la prisión preventiva y desde luego el contenido y alcance de la sentencia dictada por la autoridad judicial, la oralidad como medio para que el justiciable indígena comprenda perfectamente el acto jurídico y sus consecuencias adquiere una doble naturaleza de derecho procesal, pero principalmente de derecho humano. Paras cumplir con la exigencia planteada, toda la actividad procesal debe contar con tres características: la primera es que la persona pueda expresarse en su lengua indígena nacional, la segunda es que la autoridad que desarrolla la actividad o el proceso procesal comprenda lo que aquella expresa y la tercera es que la persona indígena comprenda con total claridad el acto que se desarrolla. Sin embargo, contar con el derecho a ser asistido por intérpretes o traductores de lenguas indígenas en el proceso penal no es suficiente para materializar su acceso a la justicia, pues además es necesario garantizar la solvencia, credibilidad y calidad adecuada de traducciones que tienen relevancia o contenido jurídico y que hasta el momento no se encuentran reguladas. Consecuentemente la pericia del intérprete o traductor es evaluada por el agente del Ministerio Público o, bien, por la autoridad judicial, sin que a su vez esto garantice que conozcan el contenido fónico, morfológico y cultural de las expresiones en lengua indígena, que no solo importan traslación de palabras de estas al español y viceversa, sino que deben ser además imparciales, conocedoras de los términos jurídicos que se utilicen y confiables para la autoridad respecto de lo que manifieste la persona indígena de que se trate. Dicho lo anterior se puede afirmar que en el conjunto de leyes mexicanas de aplicación penal no existe una sola disposición que determine para el proceso penal quién es o puede ser un intérprete o traductor de lengua indígena, con el suficiente grado de pericia para hacer comprender a la autoridad respecto a la persona indígena y para hacer comprender a esta respecto de la autoridad. Tal deficiencia es un proceso predominantemente oral, significa en términos de derechos humanos inaceptable por la trascendencia de la imposición de una sanción penal, como lo es la pérdida de la libertad. Para evidenciar aún más la problemática abordada en esta iniciativa es necesario citar: 1. Que de acuerdo con el Instituto de Lenguas Indígenas nuestro país cuenta con 11 familias lingüísticas indoamericanas. 2. La población indígena en México en el año 2010 fue de 11 millones 132 mil 552 personas y, por tanto, que hablan alguna variante de las 11 familias lingüísticas señaladas. 3. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reveló que en el año 2010 en México el 9.9 por ciento de la población provenía de algún pueblo o comunidad indígena. 4. En el mes de febrero del año 2015 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que en México existen más de 8 mil indígenas recluidos en alguna cárcel del país. El 96 por ciento son hombres y la mayoría se encuentran privados de su libertad por delitos del fuero común. Pero de acuerdo al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, únicamente se cuenta con 575 intérpretes traductores acreditados y certificados por esa institución. Con lo expuesto, es evidente la necesidad de fortalecer y perfeccionar el derecho humano de las personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas, a ser asistidos por un intérprete o traductor en el proceso penal y para ello debe reformarse el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sea la institución oficial encargada de la formación, capacitación, certificación y registro en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, del personal de las instituciones de procuración e impartición de justicia en los fueros federal y estatal que participan con esa calidad en el proceso penal cuando en éste intervenga alguna persona indígena de nuestro país. Esta modificación tiene como objetivos que los intérpretes o traductores de lenguas indígenas que deben actuar en el proceso penal sean avalados por una institución pública que determine la suficiencia de sus conocimientos del lenguaje, de los usos y costumbres de la cultura indígena de que se trate, así como del proceso. Impone como obligación a las autoridades de procuración e impartición de justicia de los fueros federal y estatal, que tengan personal capacitado, certificado y empadronado para actuar válidamente como intérprete o traductor de la lengua indígena, y por último brindar certidumbre y certeza jurídica a las personas indígenas respecto a que los intérpretes o traductores oficiales tendrán el nivel de pericia suficiente para interactuar con ellos en el proceso penal. Como medida complementaria, considerando que las lenguas indígenas son válidas al igual que el español para cualquier asunto o trámite de carácter público y que la Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán leyes y reglamentos en la lengua indígena que corresponda a los beneficiarios, se solicita a la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, que tiene como objeto apoyar, fomentar y dar seguimiento a las acciones públicas, para que el Código Nacional de Procedimientos Penales se conozca y difunda entre los pueblos y comunidades indígenas en sus lenguas originales, del español a las lenguas indígenas que determine, sin que puedan ser inferiores a las familias lingüísticas indoamericanas contenidas en el documento denominado Catálogo de las lenguas indígenas nacionales, variantes lingüísticas de México, con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año 2008. Es cuanto, diputado presidente.