La diputada Claudia Pérez Rodríguez: Compañeras y compañeros diputados, actualmente vivimos una de las peores crisis de inseguridad y corrupción que ha enfrentado nuestro país. Hoy es común que muchos delitos queden impunes, generando un gran desprestigio de las instituciones encargadas de impartir justicia, junto con estrategias fallidas y políticas públicas ineficientes que sólo agravan la situación y nos llevan a un círculo vicioso que no soluciona nada. El Estado mexicano tiene una enorme deuda con las víctimas de estos hechos, ya que en múltiples ocasiones han sido testigos de la incapacidad de las autoridades para sancionar a los responsables, generando condiciones que dan paso a la injusticia sistemática. Por ende, fortalecer la figura de extinción de dominio abona de manera eficaz al combate contra el crimen organizado y los hechos de corrupción, cambios que resultan indispensables si queremos revertir que estas conductas sigan proliferando. Si bien, el texto constitucional y secundario de la extinción de dominio ya existen, siguen su curso con cargas procesales y probatorias propias del derecho penal. Además, en esta no se consideran una serie de actividades ilícitas que pudieran ser susceptibles de su aplicación. A más de 10 años de su implementación, resulta indispensable actualizar los efectos de esta figura al contexto actual, dotándola de un mayor alcance de operatividad, funcionalidad y procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal, siendo ahora de naturaleza civil. Los hechos de corrupción dentro de la administración pública constituyen los peores males que afectan el crecimiento de nuestro país, vulneran los derechos de todos los mexicanos y dejan en evidencia la fragilidad de nuestro sistema jurídico. Son de conocimiento público aquellos casos donde funcionarios y gobernadores se enriquecen de manera inapropiada durante el ejercicio de sus funciones, y aunque lleguen a ser juzgados por sus conductas y cumplan con sus sentencias, al término de las mismas siguen gozando, compañeros, de los bienes que adquirieron con recursos de procedencia ilícita. En ese sentido, al incrementar el rango de aplicación de la extinción de dominio, se desmotiva que los infractores encuentren en la inacción del Estado una manera inapropiada de riqueza, libre de toda culpa y de responsabilidad. Además, el incluir conductas típicas como hechos de corrupción y delitos cometidos por servidores públicos, limita el uso indebido del poder y de los recursos del erario. Fortalecer esta herramienta jurídica constituye un poderoso instrumento para generar políticas de Estado focalizadas a solucionar gran parte de la problemática actual. A nivel internacional esta figura es una de las más importantes, ello para la recuperación de activos derivados de los hechos de corrupción o de actividades ilícitas, que en México no funcionará de manera adecuada si no se realizan las modificaciones necesarias. Hoy tenemos la oportunidad de construir el andamiaje jurídico que elimine los obstáculos de procedimiento que se interponen en el principal objetivo de este instrumento jurídico. Por ello, ante la importancia de esta reforma, invito a mis compañeras y compañeros diputados de esta honorable asamblea, que se sumen a este gran esfuerzo de construir un México mejor y más justo. Es cuanto.