El diputado José Manuel Marroquín Toledo: Con su venia, señor presidente. Dotar de seguridad a nuestros representados es un deber que se nos impone como legisladores; y el caso que nos ocupa se trata de una forma legal que hace expresos los efectos jurídicos que surgen cuando se adopta el dominio pleno de una parcela agraria; es decir, cuando un bien ejidal se convierte en propiedad privada. Para lo anterior, el dictamen de la Comisión de Reforma Agraria propone reformar el segundo párrafo del artículo 82 de la Ley Agraria, con el objeto de hacer manifiesto, que cuando las tierras dejen de ser ejidales quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común, entendiéndose para todos los efectos legales, que el dominio pleno se adquiere a título gratuito. Debo señalarles, compañeros diputados, que la adopción del dominio pleno -como se le conoce técnicamente al cambio de propiedad ejidal a propiedad privada- posibilita que los ejidatarios adopten la modalidad de propiedad privada con todas las consecuencias que ello implica. En consecuencia, una vez que un bien agrario se desincorpora del patrimonio ejidal y se incorpora en la esfera de derechos privados del nuevo propietario -que antes era ejidatario- surge la controversia si dicho bien ingresa o no a la masa del patrimonio conyugal en caso de que el nuevo propietario esté casado. Lo anterior, en razón de que el artículo 82 de la Ley Agraria ha generado interpretaciones y aplicaciones distintas en las entidades federativas. Principalmente, en cuanto se refiere al régimen patrimonial a que quedará sujeto el adquirente en virtud de su matrimonio, pues en algunos casos, se ha considerado que la adquisición del dominio pleno fue a título gratuito, por lo que el bien no ingresa al régimen de sociedad conyugal, en tanto que en otros estados se estima que la asunción del dominio pleno fue a título oneroso y, en consecuencia, forma parte del patrimonio común de los esposos. Por tanto, este vacío legal en la Ley Agraria genera múltiples interpretaciones y soluciones, según se trata, de cada legislación civil estatal. Compañeros diputados, si desde la Ley Agraria se aclara y precisa que el dominio pleno de las parcelas se adquiere a título gratuito, se facilita la aplicación del derecho común de los estados, y existirá mayor seguridad jurídica sobre el régimen patrimonial al que en su caso ingrese el bien adquirido en dominio pleno. Es menester mencionar que dependerá de la legislación civil de cada estado el tratamiento que se le dé a la adquisición gratuita por adopción del dominio pleno. Es decir, cada estado determinará si ingresa a la masa conyugal o no. Por tanto, el objeto de la reforma que contiene el dictamen, es sólo para determinar con precisión la gratuidad de la adopción del dominio pleno de tierras que antes eran ejidales, por lo que se dota de seguridad jurídica, al patrimonio familiar de los campesinos. Al precisar el efecto no oneroso gratuito de la adopción de dominio pleno, se podrá estimular que mayores ejidatarios adopten el dominio pleno y que los bienes al regirse por las disposiciones del derecho común, se estima que podrá existir un mayor control del desarrollo urbano y social de la propiedad. Por lo anterior, solicito a ustedes, que se razonen las anteriores consideraciones y que votemos por la precisión legal que contiene el dictamen de la Comisión de Reforma Agraria sobre el segundo párrafo del artículo 82 de la propia Ley Agraria. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.