El diputado Luis Felipe Eguía Pérez: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, acudo ante esta tribuna para someter a su consideración una iniciativa con proyecto de decreto, cuyo propósito principal consiste en precisar con toda claridad la naturaleza eminentemente social de las sociedades cooperativas y reconocer su finalidad solidaria y distributiva de la riqueza, con criterios de equidad y justicia. Para lograr lo anterior es imprescindible que acabemos de una vez por todas con la doble adscripción legal de las sociedades cooperativas, tanto a la Ley General de Sociedades Mercantiles como a su ley especial, la Ley General de Sociedades Cooperativas, fenómeno anómalo que no solamente ha contribuido a generar confusión e incertidumbre, sino también a desvirtuar la verdadera naturaleza social de las cooperativas. Como es sabido, el acto de comercio no es otra cosa que la adquisición de bienes para revenderlos con propósitos de lucro, hecha en forma habitual como actividad comercial por parte de las empresas privadas. En cambio, el acto cooperativo es aquél que realiza la cooperativa con sus asociados para el cumplimiento de sus fines asociativos; es decir, animada por un propósito de servicio, ciertamente el acto cooperativo entraña una acción interesada, pero de naturaleza no lucrativa y solidaria. Por consiguiente, si el acto cooperativo posee una naturaleza jurídica determinada conforme a su realidad económica y asociativa, no puede ser tratada desde el punto de vista legal, igual que el acto de comercio, que en una realidad jurídica distinta con un trasfondo económico también diferenciado. Por ende, si las cooperativas no realizan actos de comercio o de especulación mercantil resulta evidente que su adscripción en el cuerpo de la Ley General de Sociedades Mercantiles no tiene fundamento legal ni se sostiene, desde el punto de vista doctrinal y filosófico e histórico, en que las cooperativas sustentan su acción social a nivel mundial. Adicionalmente a lo anterior debe considerarse que la adscripción de las sociedades cooperativas en la Ley General de Sociedades Mercantiles resulta inconstitucional toda vez que a raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 15 de agosto de 2007, del decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-N del artículo 73 constitucional, se establece la facultad expresa del Congreso de la Unión para legislar en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas, y la facultad concurrente de las legislaturas de los estados para legislar en lo relativo a fomento cooperativo, según la realidad de cada entidad federativa, con lo cual se da nacimiento formal al derecho cooperativo en México como una parte sustantiva del derecho social. En consecuencia, mantener a las cooperativas como una especie más de sociedad mercantil no ayuda a liberar las potencialidades económicas, asociativas y culturales de este tipo de empresas, desvirtuándolas en su esencia e impidiéndoles cumplir con su misión emancipadora de vastos sectores de la población que, con su trabajo honesto y mancomunando sus esfuerzos desean contribuir al desarrollo social y económico de México. Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan la fracción VI del artículo primero, el artículo 212 y, por consiguiente, el Capítulo VII de la Sección Sexta de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a efecto de que las sociedades cooperativas de todo tipo y rama de actividad queden reguladas en sus aspectos esenciales, exclusivamente por la Ley General de Sociedades Cooperativas, con lo cual se protegerá y preservará la identidad social del cooperativismo mexicano, alentando su expansión y consolidación en todo el territorio nacional. Es cuanto, señor presidente.