El diputado Gonzalo Rodríguez Anaya (PRI): Señores diputados: Las leyes de México, sus planes institucionales y la retórica de los gobernantes, muestran las fortalezas de esquemas públicos ideales en materia de federalismo, pero en la práctica se asoman las debilidades de una administración pública preponderantemente centralizada. Tanto para el 2003 como para el 2004, está soberanía aprobó más de 24 mil millones de pesos para la operación de la burocracia federal en los estados a través de sus delegaciones; dicha aprobación no obedece precisamente a los lineamientos de política de gasto que debemos observar consistentes en una reducción de gasto corriente, destino principal de esos recursos, tal como se puede comprobar en los presupuestos de egresos correspondientes. Estamos atomizando el gasto público desde los tres órdenes del gobierno con una inaceptable duplicidad de esfuerzos y una indebida (¿) suplantación de funciones a través de sus estructuras organizacionales. Por ejemplo, el 90% del presupuesto federal para delegaciones es ejercido por solamente 6 de las 11 existentes: Comunicaciones y Transportes, SAGARPA, SEP, SEDESOL, SEMARNAT y Economía, cuyas funciones indiscutiblemente son atendidas por las entidades federativas por medio de sus más importantes secretarías. Si comparamos el gasto delegacional por estado de los dos últimos presupuestos, podemos observar con preocupación que hay delegaciones que redujeron su presupuesto estatal en mucho más de la mitad de un año para otro como la SEDESOL, que redujo el 75% de su presupuesto para Oaxaca y otros 6 estados; o la de Comunicaciones y Transportes que disminuyó el 53% en Puebla o la SEMARNAT que redujo el 59% menos en el Estado de México. Estos montos nos muestran sin lugar a dudas que los gastos de operación relacionados con la nómina federal en las entidades no es el principal problema, si así fuera, no se podrían hacer reducciones de esas proporciones; más bien es el manejo de las inversiones en obras y acciones que manipula el Gobierno Federal con fines poco transparentes y que bien podrían ser realizadas estas obras y acciones por la autoridad correspondiente, que es la del estado y la del municipio. Además el Gobierno Federal está sobre representado, porque en las delegaciones federales existen representaciones sectorizadas a las mismas como LICONSA, DICONSA, FONAES, CONASA a SEDESOL y FIRCO y ASERCA, entre otras, a SAGARPA. Como podemos apreciar, el gasto burocrático del Gobierno Federal en las entidades es sencillamente enorme y de poco o nulo beneficio para la población. Al recaer en el Congreso de la Unión las responsabilidades de fiscalizar los recursos que autoriza la Federación, debemos garantizar primero la eficacia y racionalidad del gasto decretado; en este caso, debemos evitar que los recursos que ejercen las delegaciones federales en los estados, sean orientados a fines políticos o electorales, desactivando así una de las funciones extra-administrativas que generalmente realizan las delegaciones al actuar como brazo político del partido en el poder del Ejecutivo Federal. Por lo anterior propongo el siguiente punto de acuerdo: Unico. Solicitar al Gobierno de la República que en coordinación con los gobiernos del estado, diseñen, instrumenten y operen un programa racional, eficiente y transparente de cambio estructural en las delegaciones federales de los estados, para dejar solamente las indispensables operando con funciones de normatividad y evaluación en los programas ejecutados por los gobiernos estatales; un programa que muestre sus primeros resultados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, trasladando la inversión física a los gobiernos de los estados y que instrumente la gradualidad en la descentralización del gasto corriente para no perjudicar los derechos de los trabajadores federales, pero sin cargar las nóminas estatales con personal en duplicidad de funciones. Es cuanto.