La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez: Compañeras, compañeros, decía Evita, que donde existe una necesidad, nace un derecho. Con el permiso de la Presidencia. Tenemos la necesidad de hacer de México un país que abrace a los migrantes y turistas que se internan en nuestro país. Acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios en esta soberanía, que nos propone la reforma del artículo 70 y la adición a un artículo 70 Bis a la Ley de Migración. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo desde la fundación de nuestro honorable instituto político, hemos sido firmes impulsores de las medidas legislativas que tienden a beneficiar a la población. Estamos convencidos de que es imperativo transitar de un sistema de justicia formal en donde sólo se preocupan por el respeto a las formalidades procedimentales para pasar a un sistema de justicia material en donde lo que se hace es dar la razón jurídica a quien la tiene. Por ello consideramos relevante la reforma al artículo 70 de la Ley de Migración, porque se establece de manera clara los derechos con los que cuenta toda persona que por alguna razón se encuentra en las estaciones migratorias. Podemos señalar que se establece en el artículo 70 las condiciones del debido proceso legal que deriva de las formalidades esenciales de procedimiento previstas en nuestra norma fundamental. En el artículo 70 se prevé que se tiene derecho a que se le notifique, contacte y asista por su consulado y un traductor, y a contar con un representante legal y que cuando el extranjero no haya nombrado un defensor, el Estado le asigne uno a través del Instituto Federal de Defensoría Pública. Estamos totalmente de acuerdo que se brinde a los extranjeros la oportunidad de contactarse con la representación diplomática de su país, a efecto de que estos briden la asistencia legal que corresponda. Sin embargo, también estamos conscientes de que la situación económica de los extranjeros que ingresan a nuestro país es a veces complicada, y que no en todos los casos se tiene la posibilidad de contar con los servicios profesionales de un abogado particular. Esto propicia que en perjuicio de los migrantes se comentan múltiples atropellos por parte de quienes abusan de su situación y a veces hasta los extorsionan. Coincidimos con la adición del artículo 70 Bis, pues este artículo tiene el propósito de permitir una comunicación directa del migrante con sus representantes legales. Quienes se encuentran en las estaciones migratorias no pueden estar incomunicados, se les debe facilitar la comunicación directa con sus representantes. En este mismo artículo 70 Bis, se prevé la obligación para las autoridades administrativas del Instituto Nacional de Migración, para que informen al Instituto Federal de Defensoría Pública de las Personas que se encuentran en las estaciones migratorias, a efecto de que se les provea una asistencia jurídica eficaz y oportuna. Si bien es cierto que coincidimos a plenitud con las propuestas presentadas en este dictamen, tengo la convicción de que también debíamos reformar la Ley Federal de Defensoría Pública en el artículo 15, que establece la prestación preferente de servicios de asistencia jurídica a personas en situación vulnerable. De igual forma, se debió considerar las reformas a los artículos 5o. y 6o. para establecer la competencia expresa de los defensores públicos o asesores jurídicos, para asistir a personas en vulnerabilidad en estas estaciones migratorias. Es importante también incluir la perspectiva de género. No obstante lo señalado, coincidimos en el espíritu protector de la norma que estoy segura aprobaremos por unanimidad. Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen, porque el Partido del Trabajo siempre está del lado de la gente. Es cuanto.