El diputado Mario Alberto Ramos Tamez: El Presupuesto de Egresos de la Federación es una de las principales herramientas e instrumentos de política económica, que permite trazar el camino para alcanzar las metas y los objetivos sociales y económicos del país. Su aprobación, como se encuentra establecido en el artículo 74 constitucional, constituye una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y debiera concebirse como el documento decisorio en cuanto a los gastos y políticas dentro del ejercicio anual fiscal. Sin embargo, a lo aprobado aquí en esta Cámara, el Ejecutivo le realiza ampliaciones y reducciones denominadas adecuaciones presupuestarias, las cuales no se encuentran contempladas en el ciclo presupuestario, pero resultan tan importantes que podríamos estar hablando de un presupuesto paralelo o suplementario, como se encuentra actualmente el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se otorga a las dependencias y entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la posibilidad de analizar y autorizar ampliaciones y adecuaciones presupuestarias sin restricciones, evitando con ello el debido y democrático contrapeso y control legislativo que la Constitución le confiere a la Cámara de Diputados respecto del ejercicio del gasto público, permitiendo adecuaciones discrecionales, entre capítulos, conceptos y partidas, que los montos asignados terminan siendo muy distintos a lo presupuestalmente aprobado. Como se ha observado en los últimos ejercicios fiscales, las ampliaciones presupuestarias se designan principalmente a ramos generales, en donde no se cuenta con normas operativas suficientemente establecidas para el manejo de los fondos que se administran. La responsabilidad hacendaria es difusa, por lo tanto, compañeros, no hay transparencia. Aunado a ello, se observa que los recursos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación se ven superados por la recaudación real obtenida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, sistemáticamente los ingresos se subestiman, por lo que los recursos fiscales excedentes constituyen ingresos adicionales a los originalmente presupuestados y aprobados por esta soberanía. Lo anterior sin que el gobierno federal transparente de manera suficiente los programas y proyectos que se asignan a los excedentes que se obtienen con los criterios que los eligen. Tan es así que la Auditoría Superior de la Federación ha concluido que no es posible determinar el 71 por ciento de los ingresos excedentes. Como puede observarse, esto es muy importante, las adecuaciones presupuestarias primero se realizan y después, únicamente se informan sin realizar o someter a ningún control de aprobación en esta Cámara de Diputados, aun siendo esta la única instancia constitucionalmente facultada para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y fiscalizar el gasto público. Como resultado de estas prácticas tenemos que, en los cinco años de la presente administración, el gasto adicional del Poder Ejecutivo fue de casi 1.5 billones de pesos adicionales a los que originalmente se habían autorizado. Datos de la Cuenta Pública del 2017 permiten observar una variación del 11 por ciento de lo que se aprobó en dicho ejercicio fiscal del Poder Ejecutivo y el gasto real realizado por la dependencia. Ello, sin mencionar los 6 millones de pesos adicionales a la partida de Comunicación Social del Poder Ejecutivo en el Presupuesto de Egresos 2017, lo cual representa una variación del 457 por ciento, la tasa más alta en los cinco años de la presente administración. Y sí, si eso podría parecer escandaloso, permítanme manifestarles que existen dependencias que también realizaron gastos superiores a lo aprobado en su comunicación social, como la Secretaría de Turismo con el 14 por ciento, Sedatu con el 11 por ciento y otras también aumentaron, como Sedesol, Semarnat, la SEP, situación que no solo revela una mala planeación del presupuesto sino un manejo discrecional de los recursos públicos. Es por ello que la facultad de realizar... adecuaciones presupuestarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 constitucional deben sujetarse al control legislativo, pues del total de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, únicamente en México y Estonia el Ejecutivo federal puede gastar más de lo presupuestado sin la participación del Legislativo. Un proyecto de presupuesto bien planificado y bien programado debe reflejarse en mínimas adecuaciones presupuestarias, ya que, por el contrario, una generación de las mismas supone una deficiente planeación, lo que conlleva a un deficiente resultado en el ejercicio del gasto público y en los objetivos de programas sociales y fines institucionales. Concluyo. En este sentido, los diputados ciudadanos proponemos reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de cualquier dependencia y entidad que represente el 10 por ciento de su presupuesto asignado a cualquier concepto de clasificación de gasto y deberá de contar con una justificación técnica que permita contar con indicadores que precisen, midan y comparen los beneficios de las metas obtenidas, así como la autorización de la Cámara de Diputados, previa opinión técnica del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta soberanía. Todo esto esto es para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la orientación de resultados, el control del presupuesto público y, sobre todo, lo que más pedimos los mexicanos, parar el despilfarro. Es cuanto, señor.