La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (vía telemática): Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, un político estadounidense afirmó que en una época de presupuestos ajustados se tienen que tomar decisiones difíciles, debemos asegurarnos de que los limitados recursos se gasten en prioridades y no deberíamos tener prioridad mayor que nuestros hijos y su futuro, cierro la cita. Siguiendo este criterio son evidentes que las prioridades de este gobierno lejos de ser el futuro de las siguientes generaciones son el despilfarrar los recursos en megaproyectos que son obras faraónicas inviables y que pronto quedarán sin utilidad, en detrimento de otras funciones indispensables con las que sí debe cumplir el Estado mexicano, máxime en época de crisis. Desafortunadamente hay muchos ejemplos de tales funciones que han quedado en la orfandad de la indiferencia gubernamental y en la marginación de las cerrazones. Pero me voy a referir específicamente a dos funciones esenciales, que es, por un lado, la atención a las víctimas del delito y a las víctimas de derechos humanos, así como a la procuración e impartición de justicia, bajo el pretexto de no contar con recursos suficientes para enfrentar los gastos extraordinarios causados por la pandemia por Covid-19, y sobrepasando a punta de decretos las facultades exclusivas de este Poder. El gobierno federal ha secado los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, llegando al extremo de que no se cuenta con los recursos suficientes para ni siquiera atender las situaciones más esenciales y sufragar los gastos corrientes de esa institución, ya no se diga para reparar el daño integral a las víctimas. Y, no contentos con la inutilización de esta institución, las y los diputados de la mayoría han desaparecido el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una asignación de 2 mil 495 millones de pesos, lo que representaba un aumento con respecto del ejercicio anterior, principalmente para subsanar los recursos perdidos en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, pero la Secretaría de Hacienda hizo oídos sordos a esa legítima petición para dar atención a las víctimas y el presupuesto contemplado representa una reducción, no un aumento del 1.4 por ciento. La frialdad de los números vistos en una base de datos impide ver el alcance de la trascendencia de esa decisión. Por ello, es fundamental decir hoy, ante este pleno, que los recursos eliminados para las víctimas se traducirán en la ausencia de atención médica, atención médica que no se brindará para resarcir el daño físico y garantizar la salud de las víctimas. Se verá reflejado en una asesoría jurídica que nunca va a llegar en beneficio de la impunidad de los culpables del delito. Se traducirá también en atención psicológica que nunca va a reparar el sufrimiento y depresión causados por el trauma de la violencia que padecen las víctimas de los delitos y, por si eso no fuera suficiente, el Registro Nacional de Víctimas presenta actualmente un rezago de más de 3 mil expedientes. Pero detrás de cada uno de esos expedientes hay una historia de desesperanza, de rabia, de resignación de personas de carne y hueso que se enfrentan a oficinas cerradas, de llamadas de auxilio que nunca son contestadas, de historias que no son atendidas y refuerzan la idea de un Estado que no sirve y no da justicia. Y lo digo con toda claridad, la desaparición del presupuesto para las víctimas, el gobierno federal, los diputados que voten a favor de este Presupuesto, porque eliminar los recursos para las víctimas será revictimizarlas. Pero este Presupuesto no solo está dejando en el abandono a las víctimas del delito, en medio de una de las crisis de impunidad y violencia más graves que ha vivido nuestro país, se plantea reducir recursos a las instituciones de procuración e impartición de justicia con un recorte de 1 mil 130 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación y más de 70 millones de pesos a la Fiscalía General de la República. Así como la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública demuestra un completo desdén también por el trabajo legislativo de otras comisiones, pues en el caso concreto de la Comisión de Justicia, esta emitió una opinión favorable al incremento de recursos para las instituciones de procuración e impartición de justicia, haciendo énfasis en la necesidad de prever recursos para adaptar las condiciones institucionales que permitan garantizar acceso a la justicia como las propias instituciones lo dijeron ante integrantes de la propia comisión. Por eso el dictamen que hoy está a discusión hace oídos sordos de la opinión emitida y sin justificación alguna retira los recursos solicitados por las propias dependencias. Por ello, propongo a esta soberanía modificar lo previsto en relación con el Anexo 1 para eliminar estos megaproyectos o reducirlos y destinarlo a fortalecer las capacidades del Estado mexicano en materia de atención a víctimas y de procuración e impartición de justicia. Es lo menos que puede hacer el Estado mexicano en una situación como la que enfrentamos el día de hoy. Es cuanto, presidenta.