El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados: de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción del año 2014, nuestro país ocupa el lugar 103 de 175 países que fueron evaluados por transparencia internacional. Dicha posición nos coloca como uno de los países con la peor percepción en cuanto a la corrupción se refiere. Países latinoamericanos como Chile o Uruguay están muy por encima de México, e inclusive Brasil, que también enfrenta severos problemas en la materia, se ubica en el lugar 69. En el documento referido se hacen algunas recomendaciones para que las naciones que se ven más afectadas tomen medidas tendientes a abatir sus índices de corrupción. Una de estas recomendaciones es detener la impunidad ante casos de corrupción. Si bien se han tratado de tomar medidas legislativas para disminuir la corrupción en el servicio público la realidad nos rebasa y nos muestra que la impunidad es la principal aliada de las prácticas corruptas en el país. La impunidad de los servidores públicos en materia de corrupción se debe a que existen vacíos legales, lo que contribuye a profundizar el problema. No podemos permitir que el hastío de la población llegue a niveles en los que se cuestione la propia legitimidad de las instituciones democráticas. Es nuestro deber tomar las medidas legislativas necesarias para detener no solo la corrupción, sino la impunidad de la que abreva y se nutre. Sabemos que la corrupción limita y obstruye la competitividad de los actores económicos, pero lo más grave es que propicia la desconfianza y el descrédito de las instituciones poniendo en peligro la gobernabilidad del país. No estoy exagerando al afirmar que la corrupción es el mayor enemigo del Estado mexicano, el desprestigio del servicio público es un lastre para el progreso del país. En Nueva Alianza estamos decididos a tomar acciones para detener esa percepción, por lo que presentamos esta iniciativa que, consideramos, responde al clamor social. Uno de los vacíos legales a los que me refiero se presenta precisamente en el caso de los empleaos del Congreso de la Unión, incluyendo por supuesto a los diputados, a las diputadas, a los senadores ya las senadoras. El artículo 108 de la Constitución menciona que, para los efectos de las responsabilidades de los servidores públicos vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, se considerará como servidores públicos a los representantes de elección popular, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como los servidores públicos de los organismos autónomos. A pesar de lo anterior, el Código Penal Federal en lo referente a los delitos cometidos por servidores públicos omite la mención expresa que se hace en el texto constitucional, lo que conduce a que se carezca de un fundamento jurídico para la individualización de las sanciones establecidas en este título. Con la vaguedad de la redacción vigente se contribuye a la impunidad en actos de corrupción que no solo ofenden a la ciudadanía, sino que abonan al desprestigio de nuestra función. En congruencia con los principios que defendemos en Nueva Alianza, consideramos indispensable mencionar expresamente en el artículo 212 del Código Penal Federal, que son considerados servidores públicos los diputados y senadores del Congreso de la Unión; los diputados de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el jefe de gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de los estados; los presidentes municipales y jefes delegacionales en el Distrito Federal, así como los miembros del Poder Judicial en el ámbito federal, local, municipal y del Distrito Federal. Compañeras y compañeros, en Nueva Alianza hemos decidido apartarnos de la cómoda opacidad y el mutismo complaciente, para contribuir con iniciativas que respondan a las demandas ciudadanas a fin de eliminar el sistema de complicidades y corrupción que tanto daño han hecho al país. Hoy estamos decididos a poner un alto al mal ejercicio del servicio público, con normas claras que permitan a los juzgadores aplicar la ley sin distingos. Nuestro propósito es muy claro; recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en quienes somos sus representantes. Por su atención, gracias.