El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta: Con su venia, diputado presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados. En el análisis que presenté ante esta asamblea recientemente, pude concluir que si Pemex y CFE no tienen ni la tecnología, ni los fondos de inversión para aumentar la producción, el empleo y los ingresos con métodos modernos, seguramente es por su mala administración. En los artículos tercero y cuarto transitorios del proyecto de decreto relativo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de la República, donde actualmente se establecen los ordenamientos para que el gobierno federal cubra una proporción de las obligaciones pensionarias, relacionadas con el pasivo laboral de ambas empresas, pero no se definen las cuentas que componen los beneficios de los trabajadores. Yo revisé los estados financieros de Pemex y solamente dice beneficios, en el pasivo laboral, beneficios de los trabajadores, pero no se sabe qué cuentas son. Debe reconocerse que los sistemas pensionarios de las empresas públicas en México, nacieron sin obligaciones, ni compromisos de revisiones actuariales, sin soporte financiero y sin fuentes de financiamiento de largo plazo; sin embargo, siento que apoyar la idea de trasladar al Estado las obligaciones que han ocasionado los pasivos laborales de Pemex y CFE y en su oportunidad constituirse como deuda pública, haría a esta soberanía corresponsable de la ineficiencia y la opacidad que han caracterizado a éstas dos empresas, la cuales han sido reconocidas me refiero a la ineficiencia y opacidad explícitamente en esta tribuna por algunos de los que apoyan la reforma. Así, considero que antes de hacer este traslado debiera hacerse un deslinde para dejar a salvo lo que corresponda a las conquistas de los trabajadores y entonces sí, que el gobierno federal asuma una proporción de las obligaciones que a ello corresponde. Y, las que no, que se cubran con algún fondo de ahorro a partir de aportaciones de los servidores públicos de las áreas relacionadas con las actividades de esas dos empresas y de sus líderes sindicales, provenientes de sus sueldos o de sus pensiones. Por otro lado, en ésta, mi última intervención, quiero transmitir una preocupación. Independiente de los efectos finales que puedan tener en la vida los mexicanos, casi todas las reformas estructurales que se han aprobado en esta Legislatura, han tendido a concentrar la toma de decisiones de política pública relevante en el ámbito del gobierno federal. Esa concentración, ya sea en las áreas de educación, de cuestiones laborales o electorales, es sinónimo de poder, de manera que en la vida y en el desarrollo de nuestro país dependerá cada vez más de la visión económica y social de los poderosos, pero también de su buena voluntad. De hecho la OCDE en un estudio preparado el año pasado afirma que aquí, en este país, las decisiones son centralizadas y las políticas públicas son principalmente al nivel federal. Algunos podrán decirnos, después de todos estos debates, que ya ni para qué llorar. Que palo dado nadie lo quita. Pero en el PRD, y en especial en el caso de esta reforma, palo dado, la consulta lo quita. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.