La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Quienes suscriben Claudia Edith Anaya Mota y Yolanda de la Torre Valdez diputadas federales integrantes, respectivamente, de los Grupos de Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a las personas con discapacidad, flexibilicen las reglas de operación de los mismos y las que no los contemplan, los establezcan en sus próximo programa operativo anual con el propósito de beneficiar a un mayor número de integrantes de esta población, conforme a las siguientes Consideraciones El derecho a la igualdad y el principio de la no discriminación se encuentran consagrados en el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a ellos, todas las personas que nos encontramos en este país gozamos de los derechos fundamentales previstos en el orden jurídico mexicano, independientemente de las características particulares propias de la condición humana. La noción de igualdad es inseparable de la dignidad humana. Frente a la cual es incompatible todo trato hostil o discriminatorio que afecte el goce de derechos que sí se les reconoce a quienes no se consideran incursos en ciertas situaciones de inferioridad. Por lo anterior, debemos reconocer que las personas con discapacidad somos sujetos de derechos fundamentales en igualdad de condiciones que cualquier otro individuo y que incluso pueden y deben hacerse acciones para facilitar el ejercicio de sus derechos en atención a la situación de desventaja en que se encuentran. La experiencia nos permite identificar que las instituciones de la administración pública aún no logran diseñar políticas públicas en las que se involucre a las personas con discapacidad y a sus familias. De ahí que el acceso a los fondos o programas públicos continúe centralizado y no esté abierto a todos los sectores de la sociedad. Ya sé que no se considera la diversidad geográfica, social, económica y antropológica existentes, lo que trae como consecuencia la exclusión de particulares espaciales, culturales y sanitarias. De ahí la necesidad de que el aparato gubernamental se replantee la responsabilidad que tiene frente a las personas con discapacidad, pues para acceder a todos los programas están estos destinados siempre a los que están en lugares y regiones que no están en condiciones accesibles a las personas con discapacidad. Por ello, demandamos a los titulares de la administración pública federal coordinar esfuerzos de vinculación con la sociedad civil, para adecuar las reglas de operación de los programas ya existentes o, en su caso, se generen acciones afirmativas y medidas compensatorias acompañadas de recursos económicos que garanticen la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad. Sólo así se brindará a ésta la posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades y su inserción plena en la comunidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente Punto de acuerdo Único. Se solicita a la solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a discapacidad, flexibilicen las reglas de operación de los mismos y a las que no los contemplan, los establezcan en sus próximo programa operativo con el propósito de beneficiar a un mayor número de integrantes de esta población. Quienes suscriben Claudia Edith Anaya Mota y Yolanda de la Torre Valdez. Palacio Legislativo, a los 14 días del mes de septiembre de 2009. Y a propósito de las acciones afirmativas y medidas compensatorias que se deben tener hacia las personas con discapacidad, le quiero pedir a todos los compañeros de este honorable Congreso de la Unión y a quienes integran la junta directiva, consideren a la compañera Yolanda de la Torre o a mí para ser las presidentas, cualquiera de las dos, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Gracias.