EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FELIX CASTELLANOS HERNÁNDEZ (PT): Muchas gracias señor Secretario de esta Comisión y felicitarlo por ajustarse al tiempo. De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por la honorable Cámara de Diputados que norma el procedimiento para el análisis del Segundo Informe de Gobierno y dar cumplimiento al punto segundo, numerales uno, dos y tres, se concede el uso de la palabra a la Licenciada María Teresa Herrera Tello, Secretaria de la Reforma Agraria, hasta por quince minutos. - LA C. LICENCIADA MARÍA TERESA HERRERA TELLO, Secretaria de la Reforma Agraria: Ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la Honorable Cámara de Diputados; Distinguidos Invitados; Señoras y Señores: Comparezco ante ustedes en los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8 de la Ley de Planeación, a fin de informar con puntualidad el estado que guarda el despacho de los asuntos de la Secretaría de la Reforma Agraria que represento. Mi exposición tendrá como hilo conductor el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el contenido del apartado política agraria del Informe escrito que el Presidente de la República entregó al honorable Congreso de la Unión, apartado que concreta la actuación del sector agrario en el año inmediato anterior a partir de la misión de las líneas estratégicas y de los nuevos objetivos consignados en el Programa Sectorial Agrario. Antes de particularizar en el contenido de los avances programáticos que la Secretaría de la Reforma Agraria y las entidades paraestatales que le corresponde coordinar alcanzaron, estimo pertinente subrayar que el sector agrario se orienta hacia la tarea prioritaria del desarrollo social y humano, y que sin perjuicio del alto impacto social y económico que sus acciones producen en el campo, todas ellas cumplen la función que le atribuye el marco legal agrario. La precisión anterior es sana porque no podemos soslayar el principio de legalidad que rige la actuación de todas las autoridades en el sentido de que éstas solo pueden hacer aquello para lo que se encuentran expresamente facultadas. El carácter jurídico de las atribuciones que tenemos conferidas no excluye que abordemos la problemática social que actualmente impera en el campo, ya que enclaustrar nuestro análisis en la rigidez de la ley sería renunciar a resolver el fondo de las cosas y a la esperanza firme de elevar las condiciones de vida de los hombres y mujeres que habitan el medio rural. Reconozco que en este evento escucharé cuestionamientos e inquietudes que estarán fundados en la urgencia de atender los reclamos del campo y en el sentimiento común de solidaridad que nos vincula a los mexicanos, que son víctimas de desigualdades y desequilibrios. Estoy convencida que tales cuestionamientos e inquietudes irán acompañados de planteamientos serios y razonados para la solución de cada problema que indiscutiblemente serán producto de la cercanía que ustedes guardan con los campesinos y de la amplia experiencia que han acumulado en el tratamiento de las cuestiones agrarias. En atención a lo antes señalado, procedo a la exposición de los logros alcanzados y los obstáculos enfrentados. Por lo que hace al ordenamiento y regularización de la propiedad rural, el fin supremo del derecho es el bien común y la paz social, que se alcanzan en la medida en que los miembros de la sociedad cuenten con seguridad jurídica respecto de sus derechos patrimoniales. El Programa PROCEDE certificó en el periodo que se informa, 3.17 millones de hectáreas pertenecientes a 963 grupos agrarios, mediante la emisión de 402 mil 627 certificados y títulos de propiedad, en beneficio de 194 mil 215 familias campesinas. Es conveniente destacar que estos resultados impactaron a 147 núcleos agrarios con población indígena, ubicados principalmente en los estados de Chiapas, Durango, Guerrero y Oaxaca. Los 6 mil 558 núcleos pendientes de certificar requerirán de un esfuerzo adicional, ya que la complejidad del ordenamiento y regularización que esto implica, se trata de aquellos asuntos que tienen una problemática jurídica, política o social de mucho tiempo, además de que su lejanía, superficie y difícil acceso hacen más complicadas las tareas de medición. En línea paralela a estas acciones, la Secretaría ha llevado su actividad regularizadora a los terrenos nacionales, regularizando una superficie de 44 mil 397 hectáreas, mediante la entrega de 7 mil 567 títulos de propiedad, además regularizando 87 colonias agrícolas y ganaderas con una superficie de 273 mil 320 hectáreas, en las que se incluye la colonia agrícola más grande del país, la distrito de riego número 4, Don Martín, en el estado de Nuevo León, con una superficie de 94 mil hectáreas. Con esta regularización beneficiamos a mil 362 familias que tuvieron que esperar más de 50 años para alcanzar la seguridad jurídica en su propiedad. La culminación de estas tareas no puede ser concebida sin la integración del catastro nacional de la propiedad rural, en función de que éste nos permitirá tener un inventario sistematizado y confiable de la situación legal de la tenencia de la tierra, como una herramienta de consulta para la adopción de políticas públicas integrales al campo. A la fecha ya se cuenta con información de 23.2 millones de hectáreas de nueve entidades federativas y se suscribieron además con los gobiernos de los estados 21 convenios de intercambio de información. Determinar la situación jurídico material de núcleos agrarios beneficiados con resoluciones presidenciales, es también una tarea de urgente realización. En el ejercicio fueron ejecutadas resoluciones presidenciales que beneficiaron a 2 mil 385 familias campesinas con la entrega de 24 mil 755 hectáreas. En materia de expropiación de bienes ejidales y comunales, la Secretaría supervisa escrupulosa e invariablemente en que se cumpla con acreditar la existencia de la causa de utilidad pública invocada por la promovente y que se garantice además o se haga el pago del monto indemnizatorio previo a la ejecución del decreto. En el periodo se ejecutaron 161 decretos expropiatorios que comprendieron una superficie de 12 mil 580 hectáreas. El sector agrario, a través del fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, ha verificado que los bienes expropiados a ejidos y comunidades se hayan destinado al fin señalado en cada decreto expropiatorio. Sobre el particular, se inspeccionaron en campo 23 mil 614 hectáreas que fueron expropiadas mediante 278 decretos publicados antes de 1995 Se instauraron 40 juicios de reversión y se concluyó la tramitación de 25 restituyendo os terrenos expropiados a 6 núcleos agrarios ubicados en los Estados de Sinaloa, Puebla, Nayarit, Tabasco, Estado de México y Michoacán que cumplieron con los requisitos legales. Por otra parte, la actual Administración recibió un adeudo a os núcleos agrarios por concepto de indemnización superior a los 700 millones de pesos de los cuales, gracias a la actividad que ha realizado el sector, se ha logrado recuperar a favor de los núcleos agrarios 503 millones de pesos. Como servidora pública, estoy obligada a actuar en los términos que la ley expresamente me señala, en consecuencia, la preservación del estado de derecho ha sido y será una de las prioridades básicas del sector agrario. Debo precisar que la gran mayoría de las condenas en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria, obedecen a actos de autoridad emitidos y ejecutados hace ya varias décadas y cuya defensa se llevó a cabo hasta sus últimas consecuencias. Puedo informar que la Dependencia obtuvo 362 sentencias favorables que permitieron no erogar 9 mil 533 millones de pesos, que sumados a los 8 mil 409 millones del año anterior, se evitó que el Ejecutivo Federal erogara 18 mil millones de pesos tan solo en estos dos años de Gobierno. La Secretaría de la Reforma Agraria no elude el cumplimiento de los fallos judiciales, es respetuosa del cumplimiento de la Ley; sin embargo nadie está obligado a lo imposible y dicho cumplimiento queda supeditado a la disponibilidad de recursos en términos del Presupuesto autorizado por esta honorable Cámara de Diputados. Por lo que hace a la capacitación, organización agraria y aprovechamiento del desarrollo urbano, la actual Administración promueve el desarrollo de programas integrales de capacitación y organización de los campesinos en todo el territorio nacional, con el propósito de que los sujetos agrarios además de conocer y beneficiarse de los derechos que la Ley les concede respecto de la tenencia de la tierra, puedan asociarse y desarrollar sus habilidades productivas, aprovechar los avances tecnológicos y usar racionalmente sus recursos. Para ello se realizaron 10 mil 884 talleres de capacitación así como 22 tele sesiones a un total de 453 mil 953 sujetos agrarios en todo el país. Se capacitó y asesoró a 7 mil 311 núcleos agrarios para que renovaran sus órganos de representación y de vigilancia y mejoraran su organización interna aprovechando adecuadamente las tierras de uso común mediante proyectos productivos rentables con base en las diversas formas de asociación que el marco normativo establece. Asimismo, y con la finalidad de prevenir una nueva incertidumbre en la tenencia de la tierra, se promovió el depósito de 411 mil 985 listas de sucesores, situación que coadyuvará al relevo generacional en la tenencia de la tierra sin que se presenten conflictos intrafamiliares. Además se impulsó la conformación de 1 252 figuras asociativas que permitirán a los campesinos mejorar las escalas de producción, comercialización, transformación o industrialización de sus productos, así como obtener bienes e insumos a menor costo. La función del Sector Agrario no se ha limitado únicamente a las zonas rurales. Durante este año el desarrollo urbano del país requirió la incorporación de 16,638 hectáreas propiedad social, por lo que este sector intensificó sus acciones de asesoría, capacitación y organización de los sujetos agrarios, con el fin de que sean ellos quienes de beneficien directamente de las oportunidades del desarrollo. En cuanto a la integración productiva, la Secretaría fomenta la aplicación de programas financieros y la constitución de sociedades ejidales mercantiles, para impulsar la integración productiva de los núcleos agrarios, su creatividad, su arraigo, además del desarrollo de sus capacidades. Con ello pretendemos combatir las conductas discriminatorias, particularmente en el caso de las mujeres indígenas y de los jóvenes campesinos. En el marco de los acuerdos agrarios de organización y fomento, se financieron 371 proyectos productivos, en su mayoría de naturaleza pecuaria, acuícola y de servicios turísticos, con una inversión directa al campo del orden de 175 millones de pesos, en beneficio de 10,830 jefes de familia de 22 entidades federativas. Mención especial deseo hacer del programa de la mujer en el Sector Agrario que habita en comunidades que no exceden de 2,500 habitantes. El objetivo del programa es desarrollar proyectos productivos viables que generen empleos y que permitan el desarrollo de sus habilidades tradicionales, financiando, al efecto, 130 proyectos productivos que fueron propuestos por 666 mujeres campesinas. Los proyectos que ellas mismas propusieron y que se financiaron, son para ovinos, bovinos, agrícolas, porcícolas y tiendas rurales. Asimismo y para enfatizar la acción gubernamental en la búsqueda de condiciones de mayor equidad, CIFONAF se lleva a cabo sendos programas de financiamiento que favorecen a mujeres campesinas y a jóvenes campesinos, quienes constituyen dos de los sectores de mayor vulnerabilidad y fragilidad en el entorno campesino. En este renglón se han otorgado 120 financiamientos, generándose 771 empleos, principalmente en actividades de tipo pecuario, comercial, artesanal, textil e industrial. Por lo que corresponde a la procuración de justicia agraria, la Procuraduría Agraria, como garante de la seguridad en el campo, tiene como principal objetivo procurar justicia agraria rápida y expedita, privilegiando la conciliación como vía preferente en la solución de las controversias relacionadas con la tenencia de la tierra y así fomentar la convivencia armónica de quienes habitan el campo mexicano. La Procuraduría Agraria representó en este año que se informa, 36,900 asuntos, de los cuales en el 77% logró su resolución por la vía de la conciliación. Este resultado denota de voluntad de los campesinos por arreglar pacíficamente los conflictos por la tierra. -