El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeros diputados y compañeras diputadas, en 1519, con la llegada de Hernán Cortés a tierras mexicanas, comenzó una larga tradición de saqueo y destrucción de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y artístico. Hasta la fecha, con la persistencia de autoridades cómplices y leyes incompletas, esta historia de despojo continúa, mermando elementos fundamentales de nuestra civilización y cultura. El robo de un bien cultural disminuye nuestra identidad como país e implica pérdida de capacidad científica. Proteger nuestro patrimonio artístico, entonces, no es una cuestión de labor elitista, sino un derecho fundamental de las presentes y futuras generaciones a conocer sus orígenes y su historia, y a crear conocimientos útiles para su presente y su futuro. En un país donde se calcula que existen 200 mil sitios arqueológicos y 4 millones de bienes culturales muebles, la tarea de proteger dichos bienes es colosal y representa un desafío para cualquier gobierno. Cabe mencionar que entre 1999 y 2003 fueron robadas 515 obras de arte en nuestro país, dentro de las cuales figuran principalmente obras prehispánicas y religiosas. Se desprende así la necesidad de involucrar a la sociedad y darle la oportunidad de defender propiedades únicas e irremplazables. Por otro lado, la Interpol, órgano que investiga e intenta recuperar los bienes culturales llevados ilícitamente al extranjero, plantea como problema fundamental para sus labores la falta de catálogos actualizados del patrimonio cultural, problema que México se comprometió a atacar en la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, de la UNESCO, adoptada desde 1970, donde se estableció en su artículo 5o. que para asegurar la protección de sus bienes culturales contra la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas, los Estados parte en la presente convención se obligan a establecer en su territorio, en las condiciones apropiadas a cada país, uno o varios servicios de protección del patrimonio cultural, si esos servicios no existen aún, dotados de personal competente y en número suficiente para garantizar de manera eficaz las funciones que se indican a continuación: establecer y mantener al día, a partir de un inventario nacional de protección, la lista de los bienes culturales, importantes, públicos y privados, cuya exportación constituiría un empobrecimiento considerable del patrimonio cultural nacional. Actualmente la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece en su artículo 21 la creación del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del INAH, y el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos, dependiente del INBA. En la misma ley, artículo 22, se establece que los institutos respectivos harán el registro de los monumentos pertenecientes a la federación, estados y municipios y los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y las personas físicas o morales privadas, deberán inscribir ante el registro que corresponda, los monumentos de su propiedad. Lamentablemente esto no ocurre en la práctica. Dichos registros están limitados a un pequeño número de los bienes que conforman nuestra herencia y propiedad cultural. Además, en el caso del registro dependiente del INBA, como producto de una visita al mismo, se observó que en su totalidad se considera información reservada, impidiendo que la sociedad pueda conocer de manera directa el estado que guarda su patrimonio y, por ende, limitando su acción preventiva. Así pues, preocupados por el empobrecimiento del patrimonio cultural mexicano que ocasiona la pérdida de cada uno de estos bienes invaluables, en Convergencia proponemos que se apliquen recursos para elaborar un verdadero registro del patrimonio cultural y que esté enfocado a los principios de la transparencia y la protección de los bienes que lo conforman. Asimismo, que éste sea un registro moderno, completo, digital, y una herramienta accesible para todos desde Internet, subrayando que funcionaría inclusive a manera de museo virtual, exitosa figura a nivel internacional, que permitiría una mucho mayor difusión de nuestro patrimonio cultural. En concordancia con lo anterior, proponemos la adición de cinco artículos a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para digitalizar y completar con archivos fotográficos el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, así como el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos; hacer dichos registros digitales transparentes y accesibles vía Internet, y asignar recursos para dichos fines. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 27, 28, 29, 30 y 31, recorriéndose el orden actual de los artículos 27 al 55 para pasar a ser del 32 al 62, a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Artículo 1o.: Se adicionan los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue: Artículo 27. Los registros deberán contenerse en bases de datos digitales y contarán con la información necesaria para proteger los monumentos descritos en el Capítulo III de esta ley, así como un catálogo fotográfico. Artículo 28. Lo institutos respectivos deberán poner a disposición del público la información relativa a todos y cada uno de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, muebles e inmuebles inscritos en los registros de conformidad con lo siguiente: I. La información deberá estar contenida en un sitio de Internet de acceso público y general. II. La información deberá presentarse de manera clara y completa. III. En el caso de los registros de monumentos históricos y artísticos, muebles e inmuebles, pertenecientes a personas físicas o morales privadas, éstos no serán públicos. Artículo 29. Los particulares podrán informar al Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sobre la negativa o prestación deficiente del servicio, así como la falta de actualización del sitio de Internet al que se refiere el artículo anterior. El Instituto podrá emitir recomendaciones para asegurar y mejorar dichos servicios. Artículo 30. La Secretaría de Educación Pública y los institutos respectivos asignarán recursos para registrar todos los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos pertenecientes a la federación, estados y municipios y los organismos descentralizados, así como para actualizar dichos registros de forma bianual y mantener las bases de datos digitales y el sitio de Internet, referidos en los artículos 27 y 28. El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará recursos para estos fines. Artículo 31. Son principios rectores de los registros referidos en el artículo 21, garantizar el control sobre todos y cada uno de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, muebles e inmuebles. Contribuir a la transparencia y al acceso a la información de todos y cada uno de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, muebles e inmuebles. Asegurar la protección de los monumentos y las zonas de monumentos. Ayudar a conservar los monumentos y las zonas de monumentos. Facilitar la recuperación de los monumentos artísticos, históricos y arqueológicos y las zonas de monumentos. Coadyuvar a la investigación artística, histórica y arqueológica. Artículo segundo. Se recorre el orden actual de los artículos 27 al 55 para pasar del 32 al 62. Finalmente mencionamos un par de artículos transitorios donde se señala la presente reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación con las modalidades que establecen los artículos siguientes. Y el INBA y el INAH contarán con un año, a partir de la entrada en vigor de la presente reforma para poner en funcionamiento las bases de datos digitales y los sitios de Internet a los que se refieren los artículos 27 y 28 de la misma. Es cuanto señor Presidente.