El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Hoy nos encontramos ante un momento histórico en que esta soberanía dará un paso firme y decidido en la construcción de un sistema de justicia verdaderamente democrático, alejado de los intereses de las élites y privilegios que durante décadas y al amparo de algunos jueces han utilizado la ley para su propio beneficio mientras el pueblo sufría las consecuencias de un aparato judicial ajeno a sus necesidades. Desde el inicio de este gobierno se ha trabajado con el firme compromiso para lograr que el sistema de justicia sea equitativo e imparcial y no cómo ha sido durante décadas, para perjudicar al pueblo. No es un secreto que el juicio de amparo, que en su origen fue un instrumento legítimo de defensa de los derechos fundamentales, ha sido desvirtuado y utilizado como un mecanismo para frenar políticas públicas en beneficio de la nación. Grandes empresarios y corporaciones han empleado el amparo como un escudo para evadir sus responsabilidades mientras las y los ciudadanos de a pie enfrentamos un sistema de justicia lento, costoso y distante. Con esta reforma avanzamos en la democratización del Poder Judicial asegurando que sus resoluciones sean claras, obligatorias y en favor del interés general. Ya no es posible ni justificable seguir permitiendo actos y resoluciones a aquellos proyectos estratégicos que no buscan el bienestar de la ciudadanía. Ya no se debe permitir que haya más concesiones a quienes han utilizado sus recursos para frenar la transformación de México. Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es que establece que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán de observación obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país y, ¿por qué es importante esto? Porque hasta ahora las decisiones de nuestro máximo tribunal podían ser interpretadas de manera discrecional por jueces y magistrados, lo que genera incertidumbre y permitía que quienes tenían los recursos suficientes pudieran seguir litigando indefinidamente en su favor. Además, con esta reforma se ajusta el número de votos necesarios para que la Suprema Corte de Justicia emita una declaratoria general de inconstitucionalidad, para con esto evitar que una minoría de ministros puedan bloquear resoluciones fundamentales para el avance del país. La justicia no puede depender de cálculos políticos ni de intereses económicos. La justicia debe de ser imparcial, pronta y expedita. Asimismo, esta reforma actualiza la Ley de Amparo para reflejar la nueva estructura del Poder Judicial, eliminando referencias al Consejo de la Judicatura Federal y trasladando sus funciones al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial. Estos cambios responden a la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial. Asegurando que la administración de los recursos y la carrera judicial sean manejados con criterios claros y en beneficio del servicio público y no de intereses particulares. A lo largo de la historia reciente de México hemos sido testigos de cómo el Juicio de Amparo se ha utilizado para defender intereses particulares en detrimento del bienestar colectivo: empresas contaminantes, evasores fiscales y grupos de poder han encontrado en el amparo una herramienta para frenar regulaciones que buscan proteger el medio ambiente, garantizar los derechos laborales y fortalecer la soberanía nacional. Con esta reforma garantizamos que los Juicios de Amparo que resuelven la inconstitucionalidad en normas generales no podrán fijar efectos generales, sino que solo aplicarán para las partes involucradas. Esto significa que ya no será posible que unos cuantos frenen decisiones democráticas tomadas por el Estado en beneficio de toda la sociedad. Las políticas públicas deben responder al interés general y no a los caprichos de quienes buscan mantener sus privilegios. Otro aspecto fundamental de esta reforma es la actualización del lenguaje en la Ley de Amparo, para hacerlo más incluyente y representativo de la diversidad en nuestra sociedad. Ya no se hablará de grupos vulnerables sino de grupos en situación de vulnerabilidad, reconociendo que la desigualdad no es una condición natural, sino el resultado de estructuras injustas que debemos transformar. Las y los diputados de la cuarta transformación sabemos que nuestro compromiso es con el pueblo, no con los intereses que han intentado frenar el avance de esta gran transformación. La reforma que hoy discutimos es una respuesta a la demanda ciudadana de contar con un Poder Judicial que no esté al servicio de los poderosos, sino que sea un verdadero garante de los derechos del pueblo. No olvidemos que durante años el acceso a la justicia ha sido un privilegio de quienes pueden pagar abogados caros y, mientras tanto, las y los ciudadanos de a pie hemos sufrido la impunidad, la corrupción y la falta de respuesta de un sistema judicial que no ha estado diseñado para servirlos. Hoy estamos aquí para cambiar esta realidad, estamos aquí para garantizar que la justicia a México sea un derecho efectivo para todas y para todos y no un lujo al alcance de unos cuantos. Con esta reforma damos un paso firme hacia un México más justo, más democrático y más igualitario. Un México donde el Poder Judicial no sea un obstáculo para el cambio, sino un pilar fundamental en la construcción de un país, donde la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo para todas y para todos. Por ello, llamo a todas las fuerzas políticas, representadas en esta asamblea, a votar a favor de esta reforma histórica, hagámoslo en nombre del pueblo de México que nos ha dado su confianza para transformar al país y construir un futuro donde la justicia y la igualdad sea una realidad. Muchas gracias.