La diputada María Carmen Segura López: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 67.5 por ciento de las madres solteras o jefas de familia no reciben pensión alimenticia, lo que demuestra una clara inoperancia de las normas aplicables en esa materia, así como también un menoscabo de los derechos de miles de menores de edad. Al considerar que el incumplimiento de dicha obligación repercute directamente sobre las personas que no cuentan con la capacidad de obtener por sí mismos lo necesario para su sano desarrollo, debemos reflexionar sobre los mecanismos que actualmente son utilizados por los deudores alimenticios para evadir sus responsabilidades y con esto establecen mecanismos idóneos para dicha problemática. El artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que son obligaciones de las madres, los padres y todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes, el garantizarles satisfactores primarios entendiéndose éstos como comida, habitación, educación, vestido y salud. De la misma forma el citado artículo resalta que las normas establecerán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para garantizar el cumplimiento de estos deberes. En nuestro país, como es de conocimiento general, la pensión alimenticia se fija tomando en cuenta las necesidades de quienes la necesitan y las posibilidades de quien está obligado a proporcionarla, para lo cual se toma como referencia si la persona que se encuentra obligada a proporcionarla recibe un salario o, bien, si es un profesionista laborando por su propia cuenta. La reforma que hoy tenemos a nuestra consideración resulta acertada, ya que como oportunamente se ha establecido tanto en el dictamen como en la iniciativa que dio origen al mismo, el que las personas tengan posibilidades de poder llevar a cabo viajes al extranjero sean éstos por motivos personales o laborales, hace suponer que cuentan con la estabilidad económica necesaria para llevar a cabo el pago de la pensión a la que están obligados. Llevar a cabo la restricción del derecho de libertad de tránsito de los nacionales que se encuentran en mora en el pago de alimentos hasta en tanto no cubran el total de su adeudo, permitirá responsabilizar a los padres que incumplan con sus obligaciones disminuyendo considerablemente el número de deudores alimentarios en el país. Restringir la salida al extranjero al cumplimiento de una obligación no es nuevo en nuestro sistema jurídico y, por tanto, no es contraria a nuestro orden constitucional. Recordemos que de conformidad con los artículos 59 y 60 de la Ley del Servicio Militar Nacional, las empresas de transporte terrestres, marítimas y aéreos que expidan boletos o transporten mexicanos de edad militar al extranjero sin que éstos hayan recabado la autorización correspondiente, incurrirán en una multa; mientras que las autoridades de migración están obligadas a exigir a todos los mexicanos que pretendan salir del país, presenten la autorización respectiva. Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que resulta fundamental garantizar el goce de los derechos de alimentación, asistencia médica y educación de los acreedores alimenticios. Por tal motivo es de suma importancia contar con la norma que permita alcanzar dicho fin. El interés general de los niños, niñas está por encima de todos. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente.