La diputada Cristina Portillo Ayala: Con su venia señora Presidenta. La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Cámara de Diputados iniciativa de decreto que adiciona un título sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para institucionalizar la audiencia pública en el procedimiento de creación de normas jurídicas al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: La presencia de ciudadanas y ciudadanos en los asuntos públicos, es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática. Cuando los individuos están comprometidos en la resolución de los problemas que les afectan o que afectan a la colectividad en su conjunto, se desatan energías que aumentan las posibilidades de crear soluciones imaginativas y estrategias exitosas. La participación en la vida social y pública, reduce la pasividad y aumenta la prosperidad general en proporción a la cantidad y variedad de las energías individuales unidas para promoverla, sin embargo prevalece en nuestra sociedad una marcada exclusión de la mayoría poblacional respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, de manera que en muchos casos el consenso se reduce a minorías no representativas de la pluralidad de intereses societarios (?). Es por ello, que la organización de las instituciones públicas a partir del principio de la participación exige la adhesión a un concepto de democracia, en el cual ciudadanas y ciudadanos no solo sean convocados para los actos electorales sino que intervengan activamente en la toma de decisiones y en el control de la actividad pública. Para hacer operativo este principio, es necesario que la participación ciudadana se haga efectiva a través de diferentes tipos de mecanismos y modalidades que a la vez pueden darse en distintos momentos de los procesos de toma de decisión, gestión y ejecución. La importancia de institucionalizar estos mecanismos reside, entre otras razones, en la necesidad de introducir y establecer instancias específicas y concretas de participación ciudadana que no dependan de la voluntad del funcionario o de la autoridad estatal para que existan como tales. En esta tesitura, paralelamente a formas semi-directas de democracia, con fuerza vinculante como el referéndum, el plebiscito y la revocatoria, la presente iniciativa tiene como intención institucionalizar la figura de la audiencia pública en el proceso legislativo como otra forma de participación en la que si bien la ciudadanía no substituye, sí acompaña a la decisión gubernamental. Por medio de la audiencia pública, los ciudadanos y ciudadanas podrán trasmitir a las autoridades todas sus sugerencias, críticas y propuestas y a su vez el órgano encargado de tomar la decisión conocerá de modo directo las opiniones de la población respecto del tema tratado. La ciudadanía tiene el derecho a estar bien informada sobre el quehacer legislativo, pero aún más, tiene el derecho a participar activamente en la consulta, discusión y generación de todos los proyectos de ley que son discutidos en el seno del Congreso General. La creación de este mecanismo de participación se justifica para satisfacer un permanente reclamo de amplios sectores de la sociedad que deseosos de encontrar una solución a determinados problemas apremiantes, invocan directamente al concurso de sus conciudadanos para que de manera conjunta llamen la atención del Poder Legislativo. Conforme a la iniciativa, a través de la audiencia pública, se involucra a los destinatarios de una decisión legislativa en el proceso mismo de su diseño, logrando que ambas Cámaras del Congreso cuenten con toda la información y puntos de vista existentes respecto del tema en cuestión, obteniéndose una decisión de mayor legitimidad mediante la más amplia publicidad y transparencia. Frente a la versión inicial de un proyecto de ley, las opiniones de los participantes pueden contribuir con textos alternativos al articulado o a la fundamentación del proyecto, colaborando de este modo con la tarea legislativa de las Cámaras. La audiencia pública puede ser convocada por la comisión o comisiones que tengan a su cargo el dictamen legislativo respectivo. A la convocatoria se dará la mayor difusión posible para que sea conocida por la ciudadanía en general y por los potenciales afectados en particular. La audiencia pública será abierta y puede ser presenciada por el público en general. No puede tener carácter secreto bajo ningún motivo o circunstancia y no puede restringirse el acceso de los medios de comunicación. Asimismo, en toda la audiencia pública se realizará un registro de las intervenciones, el cual debe ser transcrito e incluido en el expediente. El expediente se iniciará con la convocatoria y se agregarán todas las constancias que surjan de cada una de las etapas, así como las etapas documentales de la publicación de la convocatoria y los estudios, informes, propuestas y opiniones que pudieran aportar los participantes y técnicos consultados. La audiencia pública así entendida habilitará la participación ciudadana en el procedimiento de creación de normas jurídicas a través de un espacio institucional en el que todas y todos aquéllos que tengan interés o puedan sentirse afectados manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión de adoptarse, buscando siempre comunes denominadores y llegando de este modo a la mejor decisión posible. En el ámbito de este medio de participación, cualquier ciudadana o ciudadano puede alegar información no contemplada y exigir su consideración o su desestimación fundamentada, en su caso. Para el Congreso de la Unión esta modalidad es a su vez una renovada oportunidad para construir su propia credibilidad política y social. Finalmente, si bien las opiniones recogidas durante la audiencia pública serán de carácter consultivo y no vinculante, a fin de otorgarle efectos jurídicos prácticos a la iniciativa en la que se recogen dos premisas: una, la obligatoriedad para las cámaras de celebrar audiencias públicas en todos los procedimientos de creación de normas jurídicas y, dos, la obligatoriedad de fundamentar desestimaciones de opiniones vertidas por los participantes, en caso de no tomarlas en cuenta. Mientras que lo primero garantiza que la ciudadanía podrá contar con el espacio para ofrecer su punto de vista respecto de una posible decisión pública del Congreso General para incentivar el diálogo entre los ciudadanos y la Cámara de Diputados, lo segundo asegura que las opiniones expresadas en las audiencias públicas deban ser consideradas seriamente. De esta manera, en el supuesto que las cámaras no crean que éstas sean pertinentes, deben ofrecer debidamente los justificativos del caso y fundamentar su decisión. Es decir, al momento de emitir el dictamen sobre el tema tratado en la audiencia la comisión o comisiones encargadas no sólo deberán fundamentarla considerando su propia visión del tema, sino que tendrán la obligación de explicitar las razones por las que acepta o rechaza las opiniones de la ciudadanía. Esta cláusula es el reaseguro de que las expresiones de la comunidad serán efectivamente escuchadas, analizadas y respondidas. Solicito, señora presidenta, instruya a la secretaría para que el texto íntegro de la exposición de motivos y el contenido de la iniciativa se inserten en el Diario de los Debates. Muchas gracias.