La diputada Adriana Campos Huirache: Compañeras. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Cuenta Pública es el informe que de manera consolidada presenta el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados. Para cumplir este mandato, la Cámara de Diputados se auxilia de la Comisión de Vigilancia y de la Auditoría Superior de la Federación. Desafortunadamente los resultados de la Cuenta Pública son el reflejo de la crisis económica por la que atraviesa el país y que solamente ha generado pobreza, desempleo, desigualdad, deuda y una profunda polarización de la sociedad. Resultan muy preocupantes las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, ya que se advierten claramente la oscuridad y la discrecionalidad y la baja calidad con la que se ha operado el gasto público. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública del 2019 se detectaron irregularidades en el gasto por 67 mil 498.4 millones de pesos, se detectaron anomalías en las dependencias que operan la mayor parte de los programas sociales que ha puesto en marcha este gobierno. De esta manera, se detectaron irregularidades en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por 4 mil 576 millones de pesos, y en la de Bienestar con 3 mil 392 millones de pesos. De manera adicional, el auditor superior hace señalamientos importantes sobre la calidad y transparencia de los principales programas sociales de gobierno. Por ejemplo, con relación al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro textualmente señala: En 2019 la SEP emitió los criterios generales para la distribución de los recursos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, no elaboró lineamientos o reglas de operación para regular los procesos y tramos de control en la selección de beneficiarios, el otorgamiento de las becas, la supervisión y la dispersión de los recursos. De manera especial y por las especiales circunstancias actuales de la pandemia, nos preocupa y nos ocupa que, con relación al programa de vacunación de 2019, la Auditoría Superior de la Federación señala que con la red de frío disponible para el programa de vacunación en el 2019 no se aseguraron las condiciones adecuadas de conservación y manejo de los productos biológicos, ya que de los 554 vehículos disponibles solo el 12.8 por ciento tuvo carrocería refrigerada. Y de las cámaras frías el 85.3 por ciento operó sin licencia sanitaria emitida por la Cofepris. Por lo que la operación de la red de frío para el programa de vacunación no garantizó que las vacunas se conservaran dentro de los rangos de temperatura normados, a fin de evitar que se perdiera su capacidad inmunogénica. Lamentablemente esto nos dejará la terrible duda de si las vacunas que se están aplicando no perdieron su capacidad inmunológica por el mal manejo de transportación. Y así podría seguir enumerando los muchos señalamientos del auditor superior de la Federación con relación a la mala ejecución del gasto público y a los malos resultados alcanzados. Y podríamos debatir todo el día sobre los costos de cancelación del aeropuerto de Texcoco, sobre los billones de pesos en los que se ha incrementado la deuda pública y el bajo crecimiento económico a lo largo de estos tres años. Sin embargo, lo que es absolutamente inaceptable es la conclusión del auditor superior respecto a la adquisición de medicamentos y que señala textualmente lo siguiente: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la gestión de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la adquisición consolidada de medicamentos para el 2019 fue deficiente, al no asegurarse de que en la planeación y operación de compra y distribución se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado, ni de su acceso efectivo, universal y gratuito, por lo que no se garantizó el derecho a la protección en salud. Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del PRI no puede aprobar una Cuenta Pública que está plagada de observaciones y señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, que han generado pobreza, desigualdad, desempleo, deuda, que atentan contra el bienestar de la población y que claramente muestran que el gobierno no llevó a cabo la aplicación de los ingresos y egresos federales en los términos de las disposiciones aplicables y conforme a los criterios establecidos, con base en los programas aprobados. Es cuanto.