El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que tenemos a su consideración se enmarca en el paquete de legislación secundaria, presentada en abril de este año por el titular del Poder Ejecutivo federal y tiene por objeto reglamentar el párrafo octavo del artículo 28 de nuestra Carta Magna, así como diversos transitorios del decreto de reforma constitucional en materia de Energía. Este dictamen plantea una serie de enmiendas que constituyen un cambio de paradigma respecto al aprovechamiento sustentable de nuestros hidrocarburos y el desarrollo del sector eléctrico, con el fin de potenciar el crecimiento económico y la prosperidad de todos los mexicanos, con base en una sólida rectoría del Estado sustentada en la función de órganos reguladores autónomos y de alta capacidad profesional. Con el nuevo modelo de desarrollo y seguridad energética que establece esta reforma, se vuelve indispensable la existencia de órganos reguladores fuertes y autónomos, como los que aquí se proponen. Los cuales serán lo suficientemente sólidos para vigilar a los entes regulados y asegurar la operación de mercados competitivos que beneficien el interés público. Para ejercer cabalmente las funciones con que han sido investidas, estas entidades están dotadas de autonomía técnica, operativa y de gestión, así como de personalidad jurídica propia. Para garantizar su viabilidad financiera podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan. Un concepto que es preciso destacar y que está presente a lo largo del dictamen es el de la coordinación, el cual resalta el carácter integral de la reforma y el trabajo conjunto de los órganos reguladores. Por ello se crea el Consejo de Coordinación del Sector Energético, como un mecanismo que dé coherencia a la acción de las dependencias del Ejecutivo federal y fundamente la rectoría del Estado en el sector energético. Los órganos reguladores contarán con facultades para vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a quienes realicen actividades en materia energética, emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el cumplimiento de sus funciones e imponer las sanciones que se desprendan de hechos que contravengan los ordenamientos vigentes. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá a su cargo regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y extracción de hidrocarburos y licitar y suscribir los contratos que sean celebrados en este rubro. Con independencia de lo establecido en otros ordenamientos, la Comisión Reguladora de Energía deberá regular y promover, entre otras actividades, el desarrollo eficiente de actividades como la de transporte, almacenamiento, distribución de petróleo, gas natural, gas licuado, petrolíferos y petroquímicos. Por su parte, la agencia de seguridad industrial tendrá por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector de hidrocarburos a través de la supervisión y regulación de la seguridad industrial y operativa, las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones y el control de los residuos y emisiones contaminantes, con lo cual se asegura la gestión de sustentable de los recursos energéticos y del desarrollo del sector eléctrico. Con la finalidad de promover la transparencia y evitar la corrupción de los entes reguladores, éstos funcionarán bajo el principio de máxima publicidad y sus actos y acuerdos de voluntad estarán protegidos por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, promulgada en 2012. De igual forma, cada ente tendrá su propio órgano interno de control para establecer responsabilidades, recibir quejas y efectuar auditorias, lo cual se traducirá en una mejor transparencia y rendición de cuentas y en la dignificación del servicio público. Para evitar la judicialización sobre las resoluciones tomadas por los órganos que aquí se establecen, el dictamen contempla que estos actos no serán objeto de suspensión por parte de los juzgados de distrito y en ningún caso se admiten recursos ordinarios o constitucionales en contra de actos intraprocesales. Con la finalidad de involucrar a la sociedad civil en la formulación de reglas administrativas de carácter general, se crea la figura del consejo consultivo para cada uno de los órganos reguladores, el cual tendrá como objetivo contribuir a los procesos de consulta pública en este ámbito. Compañeras y compañeros legisladores, las reformas que estamos aprobando en el presente periodo extraordinario, trasciende un mero cambio en la forma en que los mexicanos hemos venido aprovechando nuestros recursos naturales y desarrollando al sector eléctrico. Se trata de reordenar un sector estratégico para el crecimiento económico, elevar la productividad y la competitividad nacionales, para constituir un verdadero motor que acelere nuestra economía y la creación de empleo. Estas leyes reglamentarias afianzan la rectoría del Estado en el sector energético y su función reguladora en un mercado donde las empresas productivas del Estado como las entidades privadas, habrán de competir para proveer bienes y servicios públicos esenciales para alcanzar el bienestar de la población y la competitividad del aparato productivo. Nos impulsa trascender la coyuntura inmediata y modernizar el sector de energía con la instrumentación de un modelo de desarrollo energético sustentable y de largo alcance adaptado a las condiciones y necesidades del siglo XXI. No deseo concluir sin reconocer nuevamente las aportaciones realizadas al interior de la comisión dictaminadora, pues a partir de las propuestas vertidas fue posible mejorar los planteamientos de la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, los cuales fueron revisados y aprobados por la colegisladora. De este modo las instituciones nacionales trabajan en la transformación de México y para beneficio de nuestra gente. Es cuanto, señor presidente.