La diputada Maria Isabel Alfaro Morales: Compañeras y compañeros legisladores, sin justicia es imposible que se garantice la dignidad humana y, por ende, los derechos humanos. Por ello, es imprescindible que todas y todos los mexicanos puedan ejercer su derecho al acceso a la justicia de manera gratuita. Entre las inconsistencias del Poder Judicial se encuentra la de dilapidar sus recursos en sueldos millonarios para sus 11 ministros, quienes reciben 206 mil 948 pesos mensuales, sin contar el resto de sus retribuciones y complementos, lo cual es vergonzoso. Lo que contradice el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que ningún servidor público podrá recibir remuneraciones por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República. Es así que, antes de la reforma de extinción de fideicomisos del Poder Judicial, aprobada por el Congreso en octubre de este año, eran capaces de dilapidar cifras escandalosas en salarios y prestaciones, como el mantenimiento de las casas de magistrados y jueces. Pero incapaces de destinar recursos para cubrir los costos por la utilización de los servicios públicos de correos y telegráficos, a pesar de contar con un presupuesto asignado para este fin, costos que terminaban asumiendo el Servicio Postal Mexicano, Sepomex, y Financiera para el Bienestar, implicando una carga presupuestaria significativa para estas dependencias y mermando la calidad de su infraestructura, así como sus procesos y mecanismos de funcionamiento. Compañeras y compañeros, solo de 2016 a 2022 los servicios que asumieron tanto Sepomex como Finabien para beneficio del Poder Judicial representaron más de 7 mil 920 millones de pesos, miles de millones de pesos que pudieron beneficiar a los servicios de mensajería y telegráficos del país. Y que quede claro que esta reforma de ninguna manera pretende que las y los ciudadanos que persiguen la búsqueda de justicia paguen por estos servicios, dejen de mentir al pueblo de México, sino que sea el Poder Judicial de la Federación quien asuma ese pago, pues esta remuneración es fundamental para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema. Esta es una cuestión de equidad y justicia, señoras y señores, pues no hay razón para que el Poder Judicial de la Federación no pague por sus servicios postales que utiliza, ya que todas las instituciones gubernamentales deben contribuir al mantenimiento y funcionamiento de los servicios compartidos. Además, al pagar estos servicios, el Poder Judicial tiene un incentivo para ser más eficiente en el manejo de su correspondencia, lo que puede incluir la reducción del volumen de correo innecesario, la implementación de sistemas electrónicos para la comunicación y la adopción de prácticas que minimicen los costos asociados a los servicios postales. Y, por último, se trata de una cuestión de transparencia y responsabilidad, pues al pagar por los servicios que utilizan las instituciones gubernamentales deben rendir cuentas sobre cómo gestionan y optimizan sus recursos, cosa que les cuesta mucho trabajo hacer. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta reforma. Decirles que le siguen mintiendo, el juicio de amparo no es afectado ni tocado de ninguna manera. Dejen de mentirle al pueblo, para eso utilizan esta tribuna, para venir a mentir y mentir y mentir de manera constante. Afortunadamente el pueblo ya no les cree. Estamos a favor de la equidad, la justicia, la eficiencia y la transparencia. A favor de que sea posible mejorar la calidad del servicio postal y telegráfico de México. Vamos juntos para fortalecer nuestras instituciones que fueron abandonadas y saqueadas por décadas enteras. Es cuanto, presidenta.