La diputada Karen Michel González Márquez: Desde hace décadas, en México vivimos de manera casi silenciosa, un mal que resulta urgente ponerle fin. Al amparo de los usos y costumbres a que tienen derecho tanto los pueblos como comunidades indígenas, en algunos estados de la República es práctica común que niñas sean intercambiadas de manera forzada, ya sea por dinero o por algún bien material. El destino de las niñas que son vendidas por sus padres o por sus tutores se da en distintas vertientes, ya sea para utilizarlas como servidumbre de su comprador o para casarlas con un niño de su misma edad, o en su defecto, con un adulto. Y en cualquiera de estos casos esto se llama esclavitud. Quienes avalan esta práctica la justifican diciendo que así es la costumbre en sus comunidades y por lo que esta inhumana práctica sigue sucediendo, sin consecuencias legales en pleno 2021. Y esto es la más alta expresión de arrebato de la libertad de un ser humano a otro. Y sí, ha ocurrido frente a nuestros ojos con la complacencia de la sociedad y del gobierno. La iniciativa que presento tiene como objetivo dejar de cerrar los ojos de una vez por todas ante este terrible acto de esclavitud. Y para solucionar tanto este como cualquier otro problema es necesario, primero, aceptar que existe y después, en segundo, identificar los factores que lo hacen posible, porque sí, si bien el origen de los matrimonios infantiles varía en función de cada país y cultura, en la falta de educación, en el acceso limitado a la asistencia sanitaria y sin duda a la falta de un marco jurídico que castigue esta práctica. Y estos son los factores que la perpetúan. Ahora, con la intención de contextualizar un poco este problema, quiero referirme a algunos datos estadísticos. Durante el 2020, el Inegi registró 28 mil matrimonios en los que la mujer tenía menos de 19 años. Y esto quiere decir que aún son miles las mujeres que viven en esta situación. Ahora, siendo así, la presente iniciativa que someto a su consideración pretende incorporar a la Constitución una serie de derechos a favor de las niñas, de los niños y de los adolescentes, para que puedan vivir su infancia de manera plena y sin temor a ser negociados como una mercancía. Y, en este tenor, propongo adicionar una fracción X del apartado B del artículo 2o. de la Constitución para establecer que los tres niveles de gobierno tengan la obligación de garantizar a las niñas, a los niños y a los adolescentes una vida libre de todo tipo de exclusión, discriminación y violencia, particularmente violencia sexual y violencia de género. También planteo que se prohíban las uniones y matrimonios de menores de edad a pesar de que para su realización se argumenten los usos y costumbres en los 420 municipios que se rigen bajo este esquema de gobierno. Y al mismo tiempo estoy proponiendo reformar el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución, para prohibir de manera determinante los matrimonios infantiles en México, reforzando la adición al artículo 2o. y para que la prohibición beneficie a todas y todos los niños y adolescentes, aún y cuando no pertenezcan a alguna etnia. Finamente estoy planteando al Congreso de la Unión que realice las reformas legales necesarias para que la violación a la prohibición de celebrar matrimonios infantiles sea sancionada con severidad. Porque no es como dice el presidente, un asunto de estigmatizar a las comunidades indígenas. López Obrador, como es su costumbre, trata de confundir polarizando cuando se trata de un problema que no tiene la voluntad de enfrentar, pero vamos a escuchar su opinión de viva voz. (Audio) 