El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, señor presidente. Para sumarme a las expresiones de preocupación y de condena por este hecho que pretende eliminar de la pantalla del cine mexicano un documental de la profundidad como el que significa Presunto culpable. En efecto, una obra cinematográfica que ha combinado realmente un trabajo de investigación, de periodismo, con una fabulosa edición cinematográfica que describe el estado en el que se encuentra en muchos ámbitos del Poder Judicial en México la administración de justicia, los procedimientos judiciales. Yo quiero formularle a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados algunas propuestas, sugerencias de cómo creo que este pleno y esta Cámara debiera de conducirse en esta materia. Me parece que es muy importante que la Mesa Directiva, a nombre del pleno de la cámara de Diputados, pudiera dirigir a la Presidencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la comunicación en donde se contengan y expresen las preocupaciones de esta Cámara de Diputados por la resolución de la jueza de ordenar la suspensión temporal de exhibición y distribución de esta película que, hoy por hoy, es vista ya casi por medio millón de mexicanos; para que, conforme a los procedimientos del pleno de la Corte, pueda ser sujeto de revisión ese fallo judicial. También que se pueda dirigir comunicación al Consejo de la Judicatura Federal para que se analice el supuesto que aquí se ha señalado de posible conflicto de intereses. En tercer lugar que me parece fundamental, exhortar a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, acuda a las vías de impugnación previstas precisamente en la Ley de Amparo, para revertir esta decisión judicial, no sólo porque la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía carece de las facultades y de las atribuciones para concretar esa suspensión, sino porque me parece fundamental reiterar los criterios en los que se dio la autorización para la exhibición y distribución de esa película cinematografía, en la categoría de documental. México tiene una larga tradición en recoger la prohibición de la censura. Desde nuestro constitucionalismo primero, desde 1824 la censura está prohibida. La Constitución de 1857 prohibió la previa censura. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, en el que México ha suscrito varios convenios y tratados, sólo ha reconocido la revisión previa de películas cinematográficas para efectos de la clasificación al público, en términos del acceso de las personas a la sala cinematográfica o en la exhibición de la pantalla de la televisión. En este sentido, me parece fundamental que una posición de la Cámara de Diputados debe recuperar no sólo la larga tradición de compromiso constitucional en México, con las libertades de expresión y de información, sino solicitar al gobierno de la república que ponga en marcha todos los mecanismos de impugnación a ese fallo judicial, y un atento llamado al Poder Judicial de la Federación a revertir esa decisión que no prestigia al Poder Judicial, al tratar de eliminar una película de esta calidad, de este contenido y, por supuesto, de este impacto social sobre la impartición de justicia en México. Por su atención, muchas gracias.