La secretaria Rosario Robles Berlanga: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con respeto al presidente de la Mesa Directiva, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, y a todos quienes presiden esta sesión. De la misma manera lo hago con todos los diputados y diputadas aquí presentes en una Legislatura que nos llena de orgullo, ya que las mujeres ocupan el 49 por ciento de las curules marcando un hecho histórico en nuestro país, gracias a la lucha de muchos años que impulsamos las mujeres, y que el presidente Enrique Peña Nieto recogió al enviar la iniciativa, promoviendo la paridad y que con toda generosidad fue abrazada por todas las fracciones parlamentarias. Comparezco para rendir cuentas sobre la política de vivienda, desarrollo urbano, territorial y agrario, como lo mandata la Constitución. En este sexenio, además de las reformas estructurales emprendidas, hay una que ha sido silenciosa pero no menos importante. La reforma urbana parte de un principio fundamental. México es ya un país urbano. Ocho de cada diez mexicanos y mexicanas vivimos en las ciudades, seis de cada diez en 59 zonas metropolitanas que le aportan el 70 por ciento al producto interno bruto. Nuestras ciudades crecieron de manera desordenada, desigual. Al lado de las grandes zonas residenciales y corporativas se generaron cinturones de pobreza. Según cifras del Coneval, el 70 por ciento de la misma hoy se concentra en las ciudades. Las zonas periurbanas se caracterizaron por su irregularidad, carencia de servicios e inseguridad. El suelo perdió su función social, se olvidó la planeación, y sobre todo, se abandonó la visión de largo plazo y la rectoría del Estado sobre el territorio. Por eso el primer paso de esta reforma fue la creación de la Sedatu. Por primera vez se asumía que el territorio es el continente donde aterrizan las políticas públicas y que el desarrollo urbano y regional debían partir de principios rectores fundamentales. En segundo lugar, se transformó completamente el paradigma de la política de vivienda. En este rubro hay un antes y un después. Se pensó que la vivienda no sólo era un derecho social que consagra nuestra Constitución, no sólo el hogar y el techo al que tienen derecho las familias, sino como un elemento ordenador del desarrollo urbano. No más viviendas de una sola habitación, sin equipamiento y lejos de los centros de trabajo. No más viviendas en las que al trabajador o a la trabajadora les costaba más el transporte que el pago de la hipoteca, y desarrollos habitacionales y política de vivienda que no entendían que las mujeres ya trabajamos, que somos proveedoras y que vivíamos largas horas de angustia al saber que nuestros hijos se encontraban solos, sin ningún cuidado. Viviendas, en fin, que en un porcentaje importante terminaron abandonadas generando así la paradoja de viviendas sin gente, y gente sin vivienda que había que resolver. Para ello, se establecieron parámetros de contención urbana, en los que solo ahí se aplicaron los subsidios. Se hizo una alianza con el sector privado para que la vivienda social contara con al menos dos habitaciones y el subsidio se canalizó exclusivamente hacia estos polígonos, de tal manera que el 100 por ciento de la vivienda nueva, se encuentra hoy cerca de las fuentes de trabajo. En un acto de justicia social, se le dio un carácter progresivo a los subsidios, disminuyendo este apoyo de cinco salarios mínimos a 2.8 salarios mínimos hacia abajo. Y, sobre todo, se construyó vivienda para construir ciudad, como componente fundamental de la nueva agenda urbana que México adoptó junto con otros países en Hábitat III. En este gobierno, se asumió también que las familias son diversas y que había que apostarle a la inclusión. Tres de cada diez créditos y viviendas han sido para jóvenes menores de 30 años, cuatro de cada diez para mujeres. Se entregaron 14 mil viviendas a indígenas, se puso en marcha el programa Vivienda para Migrantes, se fortaleció el de las Fuerzas Armadas, y por primera vez, se pensó en un esquema todavía muy incipiente para los no afiliados, para los que carecen de seguridad social, pero que, con ahorro, crédito y subsidio, hoy pueden adquirir su casa. Instituciones de la envergadura de Infonavit y Fovissste tuvieron cifras históricas. En el pasado Infonavit originaba 100 mil créditos al año, hoy origina 600 mil anuales, es decir, mil 657 créditos diarios. Una de cada tres viviendas financiadas por el Infonavit durante sus 46 años de vida, se han dado durante esta administración, y una de cada cuatro del Fovissste en el mismo período. Fonhapo, por su parte, abandonó la política de pie de casa y canalizó apoyos de manera significativa la construcción de viviendas y al mejoramiento de las mismas, acompañando además la política de un cuarto más, o mejor conocida como el cuarto rosa, 485 mil cuartos adicionales fueron construidos para combatir el hacinamiento y la violencia hacia las niñas y las jovencitas. Las cifras son significativas, más de 6 millones de acciones de vivienda por parte del sector público, beneficiando con ello a 4.4 millones de hogares. Esta política tuvo que remar contra corriente. Se recibió un sector de la vivienda en depresión, las empresas que cotizaban en la bolsa habían quebrado. Hoy se entrega un sector dinámico, creciendo y generando empleos. De 2015 a 2016 el producto interno bruto del sector creció 11 puntos porcentuales y se han recuperado los empleos perdidos. Y si tomamos en cuenta toda la cadena de valor, este importante sector económico mantiene 3 millones de empleos directos e indirectos. Se partió de otro principio básico, las ciudades son patrimonio público, les pertenecen a quienes las habitan. Todas y todos tenemos derecho a la ciudad, a vivir en una ciudad segura, sustentable, resiliente, compacta, incluyente, en la que podamos ser felices y ejercer plenamente nuestros derechos. Había que cambiar el paradigma, poner en el centro a las personas, priorizar el cuidado de nuestro medio ambiente porque las ciudades generan el 70 por ciento de los gases de efecto invernadero. Más de 2 millones de hipotecas verdes y la NAMA de vivienda hablan de esta línea de acción. Se derivaron también estrategias que incorporaron aspectos como la resiliencia, la gobernanza metropolitana, la movilidad, el ordenamiento territorial, que supera lógicas sectoriales y que por primera vez plantea una visión compartida de territorio y desarrollo. Todo este esfuerzo culminó gracias al compromiso del Poder Legislativo que aprobó una nueva ley, la de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Con el programa de rescate público se estableció una estrategia de prevención a partir de acciones de habilitación y rehabilitación en más de 5 mil espacios públicos, de los cuales mil 500 son nuevos con impacto en más de 4 millones de hogares. Adicionalmente y como un ejercicio del derecho al color, se han pintado 45 mil fachadas con recursos públicos y en alianza con fundaciones como Corazón Urbano, hemos llegado a la cifra de 150 mil fachadas. Al mismo tiempo, se implementó la estrategia de Ciudades Seguras para las Mujeres, donde somos nosotras las que decidimos las obras y acciones sociales que permitan la seguridad de sus familias. La política de desarrollo urbano del gobierno mexicano ha alcanzado un reconocimiento internacional, porque desempeñó un papel activo durante la Cumbre Mundial Hábitat III. En vista de ello, el secretario general de la ONU me invitó a copresidir el panel de alto nivel encargado de trazar la ruta de implementación de la nueva agenda urbana, que plantea precisamente un horizonte de muchos años en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. La Sedatu implementó también la estrategia de coordinación interinstitucional Papelito Habla, que ha entregado más de 5 millones de documentos que les da certeza jurídica a las personas. Con el objetivo de atender las causas de ocupación irregular del suelo, en este sexenio fue creado el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que planea, coordina y ejecuta políticas públicas para la gestión y regularización del suelo. El Registro Agrario Nacional hasta el 2015 tenía un rezago de más de 90 mil asuntos que habían rebasado el tiempo de 60 días sin solución que enmarca la ley. Este rezago se abatió totalmente y durante 2018 se ha logrado acortar el tiempo de respuesta a menos de 23 días. En este gobierno se han resuelto 297 conflictos agrarios, liberando más de 100 mil hectáreas a favor de más de 50 mil sujetos agrarios. Se creó por primera vez el Fondo Minero, como una estrategia para elevar la calidad de vida de las familias que viven en las zonas mineras, con base en los derechos que pagan las empresas dedicadas a esta industria. Se ha beneficiado a más de 9 millones de personas, a través de 2 mil proyectos, con un monto de 6 mil 500 millones de pesos. Énfasis especial debo darle a la información que tiene que ver con los terremotos del año pasado. De manera oportuna, desde las primeras horas, por órdenes del presidente de la República, miles de servidores públicos del gobierno federal nos trasladamos a las zonas afectadas para instalar albergues, apoyar en la ayuda humanitaria y levantar el censo de damnificados. Se revisaron cientos de miles de edificaciones, gracias al esfuerzo y solidaridad de miles de trabajadores del gobierno. El gobierno de la República retiró y acarreó un millón 642 mil metros cúbicos de escombro, lo que equivale a llenar 1.6 veces el Estadio Azteca. El día de hoy, el 98 por ciento de los damnificados ya recibieron sus tarjetas con los recursos, ya sea para la reparación o la reconstrucción de sus hogares. Eso equivale a 8 mil 87 millones de pesos, de los cuales los beneficiarios han retirado ya 7 mil 516 millones de pesos. Los gobiernos federal y estatales han aportado recursos públicos y asistencia técnica y las familias se encargan de la reparación o la reconstrucción de sus viviendas, así empoderamos a los ciudadanos al darles la decisión sobre la reconstrucción de sus hogares. Se tiene un registro de más de 49 mil viviendas con daño total en proceso de reconstrucción y se adoptó además un esquema de supervisión en el que los principales actores han sido las mujeres, quién mejor que ellas para garantizar que el hogar de sus hijos fuera reconstruido. Estos datos representan mucho más que números, se refieren a personas que han visto su realidad transformada, han mejorado su calidad de vida y que hoy se sienten más seguros, en espacios más amplios y que tomen en cuenta la diversidad de sus necesidades. Así como el siglo XX fue el siglo de la reforma agraria, el siglo XXI debe ser el de la reforma urbana, este debe ser el compromiso de todas y de todos, debemos asumirlo como una visión de Estado, respetando competencias, pero sumando fuerzas para que nuestras ciudades sean espacios de libertad, igualdad y felicidad. En pocas palabras, para que nadie, absolutamente nadie se quede atrás. Muchas gracias.