La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. Vengo a presentar dos reservas distintas. La primera tiene que ver con los beneficios que se dan por el sistema abreviado. La eficiencia del nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial depende en buena parte de la utilización de mecanismos alternos de solución de conflictos y formas anticipadas de terminación del proceso. Esos mecanismos sirven para descongestionar el trabajo de los tribunales y evitar el colapso del sistema de justicia, dado que es imposible resolver todos los casos que integran mediante juicio oral. Al igual que todos los códigos de las entidades federativas en donde ya funciona el nuevo sistema de justicia, el código nacional incluye el procedimiento abreviado como una de las formas anticipadas del proceso. Éste consiste en un beneficio otorgado a los imputados que reconocen su participación en la comisión de un delito y renuncian a su derecho al juicio oral optando por un breve procedimiento en donde el desahogo de las pruebas es limitado, a cambio de que éstos individuos obtengan una reducción de su sentencia por su cooperación con la justicia. Esta figura permite concentrar las fuerzas y recursos del sistema de justicia a los casos más complejos y los casos donde realmente existe litis o contradicción entre las partes. Al mismo tiempo este procedimiento ahorra al imputado el esfuerzo y tiempo y los posibles gastos que el juicio requiere cuando no es probable que éste obtenga un resultado favorable. El procedimiento abreviado debería permitir un margen más amplio de negociación para el Ministerio Público quien, privilegiando la simplificación del sistema y sin sacrificar el interés público, pueda ofrecer a los imputados beneficios a cambio de su cooperación con la justicia. La idea es privilegiar la agilidad y dinamismo del sistema. Se trata de darles flexibilidad a los operadores del sistema para tomar decisiones, de acuerdo a las circunstancias de cada caso y evitar procesos engorrosos e innecesarios. Desafortunadamente, a pesar de representar una gran oportunidad en el avance de la reforma, el procedimiento abreviado que se integró en el artículo 202 del código no permitirá el margen de negociación necesario para que se convierta en una realidad su implementación. La propuesta del artículo 202 establece que el Ministerio Público podrá ofrecer a quienes reconozcan su participación en el delito, hasta un tercio de la pena mínima por el delito cometido. Un tercio de la pena mínima no representa bajo ningún concepto, un beneficio que incentive al imputado a cooperar con la justicia. Para poner un ejemplo, imaginen que a una persona que se le acusa de cometer el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, enfrenta una pena de 12 años de prisión. Se le ofrece a cambio de asumir su culpabilidad, una reducción de dos meses en la sentencia; la tercera parte de seis meses, que es la pena mínima que se impone a ese delito en el Código Penal Federal. Es absurdo pensar que hay quien renunciaría a su oportunidad de ganar un juicio en la absolución definitiva del delito, a cambio de una reducción de dos meses en una sentencia de 12 años. Y como ese hay muchísimos casos absurdos. En terrorismo, por ejemplo, podría ofrecer el Ministerio Público una reducción de dos años para una pena de 40 años. Imaginen que están a punto de prestar una condena de 40 años. Qué diferencia podría ser dos años. Cualquiera preferiría pasar tres, cinco, o diez años en juicios, siempre que eso implique la posibilidad de salir libre. El procedimiento abreviado es sin duda una gran oportunidad de hacer eficiente al sistema pero no servirá de nada si no le damos más oportunidad al Ministerio Público para negociar con los imputados, de modo que la aceptación de la culpabilidad implique una reducción considerable en la sentencia y este procedimiento no sea letra muerta. Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de ustedes la redacción tal cual está con la modificación siguiente: El Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta dos terceras partes de la media aritmética no del mínimo-, de los casos de delitos dolosos y hasta tres cuartas partes de la media aritmética en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le corresponde al delito por el cual se acusa. Esa es una de las reservas. Espero las podamos votar por separado. La siguiente tiene que ver con la geolocalización. Ustedes sabrán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de pronunciarse con respecto a este tema, es un tema que se ha dado mucho a discusión porque hoy se contempla en el Código de Procedimientos. El problema es que hoy lo contemplamos de manera muy amplia. No le ponemos limitantes aunque la Suprema Corte ya nos dijo cómo hacerlo. La Suprema Corte acaba de decir que se puede acceder, digamos, tener la información o solicitar la información de geolocalización en los siguientes casos: Que la geolocalización se realice en casos de urgencia extrema, esto es, cuando la vida o la integridad física de una persona se encuentre en riesgo o cuando pueda ocultarse o desaparecer el objeto de la investigación. Segundo, que la investigación esté directamente relacionada con delitos en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas. Tercero, que la solicitud que se formule a los concesionarios o permisionarios o comercializadores del sistema de telecomunicaciones o comunicación vía satélite, se expongan mínimamente las razones del caso y el riesgo de que la geolocalización no se lleve a cabo en el momento requerido y Cuarto, que el procurador o el servidor público a quien se le delegue la facultad, deje constancia escrita de dicha solicitud en el expediente de la averiguación previa. Esto es lo que acaba de decir la Suprema Corte de Justicia. A diferencia nosotros estamos aprobando un artículo en el cual abiertamente aceptamos la geolocalización sin poner ciertos requisitos y sabemos que esto se puede prestar a toda clase de abusos; pero también lo estamos aprobando a sabiendas de que es inconstitucional, porque la Corte nos acaba de decir cuándo procede. Por ello, mi propuesta es que podamos por supuesto establecer la geolocalización, porque es evidente que se necesita utilizar esta tecnología para detener o para las investigaciones; pero no nos vayamos del otro lado de la moneda porque se va a prestar a toda clase de abusos y porque ya sabemos hoy en día que es inconstitucional. Le solicito, presidente, que pueda someter a votación las dos reservas por separado, lo que tiene que ver con los beneficios del procedimiento abreviado y lo que tiene que ver con la geolocalización. Gracias.