El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: La Educación Superior es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acreditar conocimientos especializados en beneficio de la sociedad y la cultura. La Educación Superior es capaz de transformar a la sociedad, es un factor determinante para la formación de la persona, de sus valores, de su sentido de tolerancia, solidaridad social y amor a la patria y por ésta razón las políticas públicas en esta materia tienen la más alta prioridad. La correcta administración y aplicación de los recursos de las instituciones de Educación Superior, es una actividad fundamental que debe ser conducida con estricto apego a derecho. El subsidio público gubernamental en las universidades públicas del país para el Ejercicio Presupuestal 2004, ascendió a 48 mil millones 645 mil 600 pesos; mientras que para el Ejercicio Presupuestal 2005, se asignaron recursos por 49 mil millones 922 mil pesos, de los cuáles el 65.6% es subsidio federal y el 34.4% es subsidio estatal. El monto total del subsidio gubernamental de las instituciones públicas de Educación Superior, es mayor que el subsidio que reciben varias de las Secretarías de Estado y la mayoría de las entidades federativas del país. En este sentido la transparencia y la rendición de cuentas, se han convertido en dos características básicas para una buena administración de las instituciones públicas de Educación Superior. El manejo de tan elevados montos de dinero, proveniente de la Federación y de los estados, entraña una responsabilidad enorme frente a la propia comunidad educativa y especialmente frente a la ciudadanía que compone el entorno social de cada institución. Muchas de las instituciones de Educación Superior en el país, proceden de esta manera, gracias a la calidad de sus dirigentes en algunos casos y por su excelencia de su normatividad que así lo propicia; no obstante este proceder no es la característica distintiva de la generalidad de las instituciones. Tal es el caso reciente del auto de formal prisión dictado al ex Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, José Francisco Rodríguez, preso en la Penitenciaría Estatal, acusado de abuso de autoridad y peculado por más de 25 millones de pesos en perjuicio de la institución que dirigió durante los años 2000 a 2004. Este tipo de casos sugiere la necesidad de eficientar los mecanismos legales para incrementar la transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas de Educación Superior. Hasta ahora si se quiere saber cómo se aplican los recursos, hay que esperar turno en la Auditoría Superior de la Federación, porque los últimos tres informes de la Cuenta Pública, se han auditado sólo 8 de las 38 universidades públicas del país. El impulso que los legisladores de todos los partidos políticos, le hemos dado a la transparencia y rendición de cuentas, tanto en la esfera estatal como en la local, toca a todas las instituciones del Estado, incluyendo a las instituciones públicas de Educación Superior. Aunque se discute que las universidades autónomas están amparadas por la garantía constitucional del artículo 3° de la Constitución, el cual hace referencia a la autonomía universitaria, dicho principio no se vulnera con la verificación que haga la entidad de Fiscalización Superior. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ejecutoria N°. 17, 253 del 16 de octubre de 2002, que a la letra dice: "La autonomía universitaria no se viola por la verificación que haga la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, de los subsidios federales que le otorgan a las universidades públicas". La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en dicha ejecutoria que el artículo 3° fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no impide la fiscalización por parte de la entidad de los subsidios federales, porque tal revisión no significa intromisión en su libertad de auto gobierno y auto administración, sino que la verificación de que efectivamente, las aportaciones económicas que reciben del pueblo, se destinaron por los fines que fueron otorgadas y sin que hubiera hecho un uso inadecuado o incurrido en desvío de los fondos relativos. La rendición de cuentas es un precepto constitucional que tiene su origen en la reforma al artículo 74 de nuestra Carta Magna y en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Ambas reformas se realizaron en el año 2000. La primera, sirvió de sustento para la presentación de la Cuenta Pública por parte de los organismos gubernamentales ante la Cámara de Diputados. La segunda, en el caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que decidió ampararse en contra de la auditoría, aunque finalmente su amparo no procedió. Al igual que la rendición de cuentas, la transparencia obliga a instituciones de educación superior; en el sentido de la UNAM y la UAM, en el marco de su autonomía pusieron en marcha desde el año 2003 un proyecto para implementar los dispositivos técnicos y administrativos necesarios, para transparentar sus recursos y poder facilitar, a los miembros de la comunidad universitaria y a cualquier ciudadano, la información que solicitara relacionada con la institución. En aquellos Estados de la República donde se han expedido leyes de transparencia, varias universidades públicas han definido sus propias acciones de transparencia, destacando avances, por ejemplo, en la Universidad de Baja California, en este rubro. La cultura de la rendición de cuentas y transparencia en las instituciones de educación superior, debe ser una constante consagrada en el marco jurídico mexicano. Por ello, la iniciativa de reformar, que someto a consideración de esta honorable soberanía, es la adición del artículo 28 a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, con la finalidad de incorporar a nuestro marco normativo la responsabilidad de las instituciones públicas de educación superior en el cumplimiento de sus fines antes sus comunidades y el estado, en relación a la obligación de rendir cuentas al pueblo y justificar el uso correcto de los subsidios que les otorgan. En virtud de lo anterior expuesto y fundamentado, someto a esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto: Artículo único. Se adiciona el artículo 28 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior para quedar como sigue: Artículo 28. "Las universidades e instituciones de educación superior públicas deberán sujetarse a la fiscalización externa de la Auditoría Superior de la Federación tratándose de los recursos federales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción VI, artículo 16 fracciones I, IX y XI de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; y en cuanto a los recursos estatales que reciban, se sujetarán a la fiscalización que realice el órgano de Auditoría Estatal correspondiente". Es cuanto, ciudadano Presidente.