El senador Rafael Ochoa Guzmán: Con su venia, señor Presidente. Honorable Congreso de la Unión, señoras y señores. El reloj marca la hora de la política, de la reflexión y el debate riguroso, del análisis profundo que alimenta la deliberación democrática. México vive tiempos de definiciones mayores, la sociedad le demanda a su clase política claridad y compromiso con el país, voluntad para transformar e inteligencia para preservar y consolidar los valores logrados en las últimas décadas, sensibilidad y disposición al diálogo, que enriquezca la pluralidad política, social cultural, ideológica que nos define como nación. Para Nueva Alianza, que se propone consolidar una opción distinta de organización partidaria, representación ciudadana y una nueva práctica política al servicio de la sociedad civil, este afán de cambio en un clima de tolerancia y respeto a la diferencia, expresa el mandato de las urnas. A ese mandato responderá nuestra acción legislativa: encontrar soluciones al enorme desafío que implica la construcción de un país más justo y equitativo, más próspero y productivo, más generoso con los sectores vulnerables y doblemente responsable con las generaciones que vienen. Asumir cabalmente este compromiso supone desde luego modificar visiones excluyentes, privilegiar el acuerdo sobre la confrontación, superar agravios y agotar las vías de la conciliación legítima, digna, honorable, entre fuerzas que parten de diagnósticos distintos y postulan propuestas que parecen incompatibles. La multiciplicidad de voces, visiones y energías en una democracia sin raíces no debe traducirse en fracturas, en conos y antagonismos. Nos proponemos tender puentes para el entendimiento entre fuerzas políticas y grupos sociales. En ello consiste —no tengo la menor duda— la gran responsabilidad de los representantes populares, en estar a la altura de las expectativas de una ciudadanía madura, crítica y participativa, que hoy califica severamente a los partidos y a los legisladores. Señoras y señores legisladores: una nación no se construye de una sola vez y para siempre, pero tampoco se reinventa cada seis años. Somos un país profundamente injusto, la impunidad alcanza niveles intolerables; en distintos puntos del territorio nacional parece imponerse el poder de bandas delincuenciales cada vez más violentas; los logros macroeconómicos no se traducen en bienestar para las mayorías. Reconocer nuestra realidad es la única forma de avanzar sobre un camino firme acordado por todos más allá de nuestras diferencias, pero el pasado no debe ser un ancla sino un punto de partida para la construcción del porvenir, debemos aprender a reconciliarnos con nuestro pasado y con nuestro presente; cerrar cicatrices aún abiertas y mirar hacia adelante. El imperativo de esta Legislatura es uno solo, no fallarle a quienes han expresado de distintas maneras su hartazgo con la política y los políticos y demandan que honremos nuestro compromiso e impulsemos los cambios que el país requiere. Resulta indignante que millones de compatriotas vivan en la pobreza y la marginación y que el nuestro sea uno de los países más inequitativos del mundo. No hemos sido capaces de crear como sociedad, como sistema de gobierno, como estado democrático, las condiciones necesarias para un desarrollo justo que eleve la calidad de vida de todos los rincones del país y que ataque a fondo las causas de la miseria y la exclusión. En seis años la economía no ha podido crecer al ritmo y las dimensiones que exige una sociedad, una sociedad que supera los 100 millones de habitantes. No se han generado los empleos productivos modernos y bien remunerados que demanda el millón de jóvenes que anualmente busca ingresar al mercado de trabajo. En los últimos años ha perdido competitividad, no hemos logrado fortalecer la integración de las cadenas productivas, en el campo, la imprevisión o la negligencia, la situación de crisis se agudiza conforme avanza el proceso de apertura y crece la competencia de los productores externos. Mantenemos un desarrollo regional desequilibrado que ahonda las diferencias entre los estados del norte y el sur e impacta gravemente en todos los ámbitos, lo mismo en la actividad laboral, en el agro, la industria, los servicios, que en el acceso diferenciado de la población a los sistemas de salud, seguridad social y educación; a servicios básicos como agua potable, alcantarillado y drenaje, el derecho a una vivienda digna; una realidad que se extiende la brecha entre los dos Méxicos: el de la modernidad y el progreso y el de la precariedad y el atraso. Una realidad que debemos cambiar con sentido de urgencia y con visión estratégica, porque en ello se juega la calidad de nuestra democracia. Tampoco hemos logrado superar las insuficiencias del sistema educativo nacional. La educación pública, crucial en la transformación del país en la mayor parte del siglo XX, ha dejado de ser un factor de movilidad social y enfrenta retos en todos los ámbitos, lo que se traduce en un serio déficit de nuestra sociedad para enfrentar y resolver los desafíos que impone la revolución científica, tecnológica y socio-productiva en curso. El resultado es evidente: desaprovechamos el universo de oportunidades que abren los nuevos circuitos del mundo globalizado y esto limita drásticamente las posibilidades del país para responder a sus necesidades internas; pero asumir esto, reconocer la dimensión de la desigualdad y el subdesarrollo, no significa desconocer el esfuerzo realizado en muy distintas esferas de la actividad productiva, social, cultural y educativa en los últimos años. El avance en ámbitos particularmente sensibles no puede ocultarse. Menciono cuatro ejemplos: La ampliación de la cobertura de los servicios de salud a través del Seguro Popular, la continuidad de las estrategias para combatir la pobreza y dotar de herramientas económico-productivas, socio-educativas a las comunidades más vulnerables; el fuerte impulso a la construcción y renovación de vivienda popular, la experiencia del programa Escuelas de Calidad y la introducción de nuevas tecnologías para la tarea pedagógica en miles de escuelas de toda la República. Estos y otros logros son el futuro del trabajo coordinado entre instituciones y sociedad, producto de la colaboración legítima y necesaria entre poderes, resultado del tesón, la inteligencia y la sensibilidad de cientos, de miles de servidores públicos profesionales y técnicos, educadores y promotores comunitarios. Negar lo avanzado por mezquindad o cálculo político sería tanto como regatear el justo reconocimiento a los hombres y mujeres que cumplen cabalmente su responsabilidad en la administración pública; desconocer, en fin, el papel central que ocupa el Congreso en el diseño de las políticas públicas y la aprobación del presupuesto anual donde se definen prioridades y acentos. Para Nueva Alianza resulta imprescindible contar con un diagnóstico riguroso y confiable que nos ofrezca un panorama completo integral de nuestras fortalezas y debilidades sin ocultar nuestras carencias. Pero sin negar nuestras potencialidades, porque sólo así será posible que nuestra agenda legislativa atienda al país real, el de los hombres y mujeres que construyen cotidianamente el destino de la Nación. El de los jóvenes que reclaman espacios para desplegar su energía e imaginación creadora. El de los niños y adultos mayores que merecen un país seguro, digno y generoso. El de los campesinos que se niegan a abandonar la tierra y la comunidad de sus ancestros; el de los pueblos indígenas que exigen un lugar en el presente y el porvenir del país. El de los millones de trabajadores que han tenido que emigrar en busca de las oportunidades que no encuentran aquí. El desafío es enorme y reclama de toda nuestra voluntad y muy alta dosis de inteligencia, responsabilidad y tolerancia para encontrar soluciones a nuestros problemas políticos, sociales y productivos. El Congreso de la Unión debe ser el espacio privilegiado del quehacer político nacional, el espacio de los grandes acuerdos que le den certidumbre y perspectiva al país. El grupo parlamentario de Nueva Alianza se compromete a darle cauce al mandato de la ciudadanía. Nuestra energía estará enfocada a fortalecer el diálogo entre todas las fuerzas políticas para avanzar, sin titubeos, por la ruta que marcó la sociedad en las urnas. La agenda es abundante y extraordinariamente compleja, pero destacaría cuatro grandes ejes. Primero. Reforma del Estado y revisión a fondo y fortalecimiento del andamiaje institucional, actualización del régimen de Gobierno, reforma substancial del Poder Legislativo y fortalecimiento del Ejecutivo es clave democrática, modernización del sistema de procuración e impartición de justicia para estar en condiciones de frenar al crimen organizado y a la delincuencia común. La seguridad pública es hoy un problema de seguridad nacional. Reformas de segunda generación al sistema electoral y al régimen de partidos que reivindiquen el valor de la participación civil y el poder discrecional de las dirigencias partidistas que impidan el despilfarro de recursos en campañas electorales que avancen hacia elecciones concurrentes y favorezcan la confrontación de propuestas y el debate de ideas. No de spots y publicidad cosmética que permitan la reelección legislativa como forma de ejercer el control y la calificación ciudadana respecto a la tarea de los diputados locales y federales y los representantes al Senado que recuperen el sentido del Senado como representación del pacto federal. Segundo. Políticas para el crecimiento económico sustentable. Recuperación del poder adquisitivo de los salarios, desarrollo regional e impulso a la pequeña y mediana industria, atención al campo y modernización del sector agrario frente a los procesos de apertura comercial. Política hacendaría y fiscal redistributiva, modernización del sector energético y autonomía de gestión para Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Reforma al régimen de pensiones que garantice su viabilidad sin vulnerar los derechos adquiridos. Reforma a la legislación en materia laboral que a un tiempo respete las conquistas de los trabajadores e impulse la actividad económica, la creación de empleos productivos y la democratización de la vida sindical. Tercero. Estrategias para el combate a la pobreza y la marginación, impulso y fortalecimiento a la capacidad productiva de comunidades rurales y urbanas, atención a los sectores más vulnerables: niños, ancianos, discapacitados, y diseño de políticas públicas que garanticen el acceso de todos los mexicanos a los servicios públicos de salud y seguridad social. Cuarto. Políticas públicas en materia educativa, cultural y científica. La educación pública, laica, gratuita y de calidad como política de Estado y responsabilidad compartida por todos los sectores sociales y productivos. El desarrollo científico y tecnológico como prioridad nacional. El acceso de la población a los bienes culturales, la creación artística y el pensamiento universal como necesidad democrática y garantía de progreso individual y colectivo. Si logramos articular iniciativas sólidas, consistentes, realistas en estos grandes temas; si logramos vencer resistencias sectarias y superar la lógica de las facciones; si logramos elevar el nivel del debate y explorar soluciones a los problemas que importan y preocupan al grueso de la población; si somos capaces de ubicar el interés superior de la República por encima de banderas e intereses de grupo, estaremos respondiendo a la confianza del pueblo mexicano en un Congreso digno, plural y democrático. Muchas gracias.