El diputado Eduardo Sánchez Hernández: Con su permiso, diputada Presidenta. Nuestra delicada responsabilidad como legisladores exige un trabajo delicado, escrupuloso y prudente. Las decisiones que aquí tomamos tienen impacto y consecuencias de largo plazo. Por ello, cuando nuestra tarea involucra modificar nuestra Carta Magna, tenemos la obligación de hacerlo con mucho mayor escrúpulo y acuciosidad al que estamos acostumbrados. La reforma electoral que hemos votado, trascendente para el mejor desarrollo democrático de nuestro país, tiene como propósito fortalecer nuestro régimen jurídico y darle garantías a la ciudadanía, a los partidos políticos y a quienes se involucran en la contienda electoral para un mejor desarrollo y para mejores resultados, de cara a la ciudadanía. De eso no me cabe la menor duda. Sin embargo, esta reforma contiene un párrafo que mucho me preocupa y que podría prestarse a excesos de consecuencias lamentables. El párrafo dice así: "Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral, mediante procedimientos expeditos que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones, en radio y en televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley. Redactado así en esos términos, la regla abre el abanico de las interpretaciones, porque no contiene criterios ni condiciones para que el IFE pueda cancelar las transmisiones de las estaciones de radio y de televisión cuando violen la ley. No estipula el tiempo de la cancelación, las bases mínimas para definir el procedimiento ni acota la posibilidad de interpretaciones que puedan culminar en autoritarismo. Nuestro deber como legisladores es dotar de seguridad jurídica a los ciudadanos. P permitir que la redacción actual quede en sus términos daría lugar —desde mi punto de vista— a cualquier cantidad de interpretaciones que abrirían la puerta a la posibilidad de que un mal gobernante cometiera injusticias al amparo de la ley, y peor aún —–como en este caso— teniendo como cómplice a la ley fundamental de nuestra nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Benito Juárez dijo alguna vez que era preferible una buena ley que un buen gobernante, porque los seres humanos estamos sujetos a nuestros desaciertos, a nuestras pasiones y que las leyes sólo obedecen a la claridad de sus palabras. Imaginemos con esta redacción que un operador de una estación de AM, del interior de la república, se equivoca en el momento de meter el spot y lo hace en un horario distinto al que el IFE se lo ordenó. De acuerdo con esta redacción, ese sólo hecho daría lugar a la cancelación de las transmisiones de esa estación de radio, lo cual, me parece y estoy seguro que compartirán conmigo el criterio, un exceso a todas luces. Esto podría, inclusive, ser violatorio de los derechos humanos. La llamada Ley Chávez, es decir, la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión Venezolana, una ley muy dura, estricta, rígida, establece en su artículo 29 una suspensión hasta por 72 horas cuando los mensajes difundidos promuevan, hagan apología o inciten a la guerra. Me cuesta mucho trabajo pensar que la redacción de la Ley Chávez brinde más seguridad jurídica que la constitución mexicana. Mi propuesta consiste en que precisemos los términos del párrafo aludido, para no dar lugar a las interpretaciones perniciosas que lleven a la injusticia. La reforma analizada representa un avance. He votado a favor de la reforma en lo general —no me cabe la menor duda de que esto es lo mejor que podemos hacer por nuestro país—, pero no acotar excesos como el que he descrito, no la disminuye, sino que la engrandece y la consolida. En conciencia, he votado a favor, en lo general, de la reforma electoral. Pero también en conciencia, no puedo dejar de señalar lo que a mi juicio puede constituir un riesgo para la seguridad jurídica de los particulares. Quiero dejar muy claro, compañeras diputadas y compañeros diputados, que esta propuesta la presento a título estrictamente personal. Libero a mis queridos compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que pudieran sentirse comprometidos con su servidor por haberla presentado, entiendo que los tiempos en este momento no están lo suficientemente holgados, como para llegar a buen término. Pero también en conciencia, quiero decirles que la he presentado por principio de convicción, por principio de responsabilidad y porque soy un ferviente creyente de que todos aquí tenemos derecho a exponer nuestras inquietudes y nuestras ideas. He desarrollado buena parte de mi carrera profesional en los medios de comunicación y ello me ha permitido constatar los abusos que a veces se pueden cometer al amparo de la ley. Les agradezco mucho su atención y solicito a la Presidencia se inscriba mi ponencia en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias.