El diputado Pablo Gil Delgado Ventura: En ocasiones la legislación adecuada se convierte en cuestión de vida o muerte y no estoy exagerando. Hay leyes cuya formulación, imbuida de un espíritu moral, empático y solidario determinan el destino de seres humanos cuyas vidas no tienen garantizada su continuidad. Pensemos, por ejemplo, en las 237 personas que desesperadamente necesitan un trasplante de hígado o las 53 que anhelan un nuevo corazón, según los datos más recientes del Registro Nacional de Trasplantes. Imaginemos la esperanza que sienten al enterarse que hay un paciente cercano con muerte cerebral, cuya vida ya no puede salvarse, pero que con su generosidad previamente expresada podría brindarles una nueva oportunidad. Ahora, visualicemos la desolación cuando se topan con un cirujano local, que por motivos religiosos o éticos se niega a reconocer la muerte cerebral y extraer un órgano que sería para salvar una vida y no pueden encontrar un médico dispuesto a hacerlo, ya sea que no existe una unidad de salud cercana o, peor aún, porque el cirujano se niega a referirlo con otro profesional de la salud. En resumen, la legislación sobre la objeción de conciencia es verdaderamente un asunto de vida o muerte. Necesitamos un marco legal que equilibre la protección del derecho a la libertad religiosa y de convicciones, con la prioridad del derecho universal a la salud. Requerimos una ley que, sin negar a médicos y enfermeros la facultad de actuar de acuerdo con sus creencias morales o religiosas, garantice la esperanza de ese 80 % de personas que mueren en la espera de un trasplante. Del 45 % de personas trans que enfrentan dificultades en el acceso a la atención médica, de aún 5 % de mujeres que fallecen debido a abortos inseguros y, más ampliamente, de aquellos que ven sus vidas trastornadas por embarazos no deseados, que los condenan a dificultades económicas, emocionales y, sobre todo, sociales. Esta ley debe proteger el derecho a la salud de los más vulnerables, los más pobres, aquellos que no pueden buscar ni pagar servicios médicos sin objeciones, que en muchos casos no existen o están fuera de su alcance. La declaración de inconstitucionalidad del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos obligó a reexaminar este tema en el Congreso. Agradezco de antemano la disposición de todas las fracciones parlamentarias representadas en nuestra Comisión de Salud para realizar un proceso de parlamento abierto, que ha culminado en el dictamen que estamos debatiendo hoy. Estas reformas propuestas, no solo protegen los derechos de quienes tienen creencias religiosas y quienes no las tienen, de aquellos que brindan atención médica y de quienes necesitan con urgencia, sino que abarca todas las concepciones de la vida. Pero, ante todo, defiende a los ciudadanos cuyas vidas están en juego y dependen de un compromiso del personal de la Comisión de Salud para mantenerlas. Es evidente que aun no hemos destinado inversión pública necesaria para la salud de los mexicanos, con tan solo 2.4 médicos por cada mil habitantes en nuestro país, en comparación con el promedio de 3.4 en países más desarrollados y con aproximadamente el 45 % de estos médicos que están concentrados en cinco estados más ricos. Muchas comunidades rurales se ven desprovistas de la atención médica. Bajo estas circunstancias, no podemos permitir la objeción de conciencia, sin restricciones. La objeción de conciencia, como lo estamos conceptualizando hoy, deberá seguir la pauta similar a la regulación de conflictos de intereses. Que el personal de salud deberá declarar su objeción con anticipación mediante un formulario que sea de momento predeterminado. Los objetores también tendrán la responsabilidad de derivar inmediatamente al paciente a un procedimiento que sea oportuno. Quiero decir que, por eso, desde esta tribuna, reconozco el compromiso y el arduo trabajo de mis colegas de la Comisión de Salud, en especial de mi amigo, el diputado Salomón Chertorivski, cuya experiencia en el sector fundamental ha sido posible esta legislación que estamos a punto de votar. Está claro que la medicina es una de las profesiones más nobles y el personal de salud tiene la obligación de respetar la autonomía y la dignidad de los pacientes, de abstenerse de la discriminación y de promover la salud y el bienestar y de ofrecer la mejor atención médica basada en la evidencia científica más sólida disponible. Siempre que salvaguarden estos derechos, la objeción de conciencia merece un lugar en nuestra legislación. Es cuanto, señora presidenta.