La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor Presidente. Desde esta tribuna quiero hacer un llamado y quiero que quede registrado en el Diario de los Debates, Presidente de la Mesa. El día de ayer hice un recorrido por la ranchería González, Segunda y Cuarta Sección, del Municipio del Centro, en Tabasco. Quiero hacer un llamado firme al director de Pemex para que de manera urgente e inmediata resuelva la contaminación y los dos derrames que ha habido en esa zona y que están afectando a la población y a las plantaciones de ese lugar. No es con el ejército ni con la policía armada como se deben resolver los asuntos en este país. Pedimos su urgente intervención y que resuelva de manera inmediata la situación de esas dos comunidades, que están en grave peligro. El día internacional que celebraremos el próximo 23 de septiembre fue instaurado en la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. En dicho evento se tomó la decisión de conmemorar, precisamente en esa fecha, el día internacional al que hoy hacemos referencia con motivo de la promulgación de la primera ley en contra de la prostitución infantil en el mundo, es decir, el 23 de septiembre de 1913. Sin embargo hoy, a 100 años de esa fecha, no podemos decir que hemos superado el problema, ya que actualmente el delito de trata de personas representa el segundo más rentable a nivel mundial, alcanzando ganancias estimadas en 32 mil millones de dólares anuales. Según la Organización de Estados Americanos, OEA, el problema de trata de personas genera una movilidad promedio de seis mil 600 millones de dólares anualmente, tan sólo en América Latina. Lo anterior resulta ser causa-efecto de la carencia de una correcta aplicación de estrategias de prevención, protección y procuración de justicia hacia los afectados por la trata de personas en la región de América Latina y el Caribe, propiciando que países como México, Brasil, Colombia y Argentina, entre otros, se conviertan en un centro de captación y reclutamiento muy atractivo y peleado por los tratantes de personas. De conformidad con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propicias la trata de personas en México, resolvió que en nuestro país este delito se ha posicionado en el segundo peldaño respecto a los ilícitos más redituables para la delincuencia organizada, aun por encima del tráfico de armas y sólo por debajo del tráfico de drogas. Las cifras son alarmantes. En el territorio mexicano se generan aproximadamente ganancias que van de los 20 mil a los 60 mil millones de dólares anuales, es decir, más de 768 millones de pesos mexicanos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi) existen 3.6 millones de personas obligadas a trabajo forzado sin condiciones de trata, de las cuales un 31 por ciento son menores de edad entre 5 y 17 años, y un 70 por ciento son personas indígenas y migrantes, los cuales realizan trabajos que atentan contra su seguridad y salud. Las víctimas de trata sufren severas secuelas por los traumas que heredan posterior a lo vivido, aunado a los hechos de acoso y malos tratos por parte de los órganos administrativos y judiciales, enfrentándose con una gran insensibilidad y pésimo trato por parte del personal de las dependencias encargadas de su cuidado y protección. No podemos engañarnos, las principales causas de esta crisis humanitaria en el territorio mexicano se deben al incremento de la delincuencia organizada y a la violencia relacionada con las bandas en distintas zonas del país propiciadas por un ambiente de absoluta impunidad y desdén que ha permitido que esta modalidad de tráfico humano haya sido consentida, incluso por las autoridades encargadas de combatirlo. Lo que se nos revele hoy como un sin sentido, ya que el Estado mexicano se ha obligado internacionalmente, a través de la ratificación de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha actuado oportunamente para proteger a la población que se encuentra dentro de sus fronteras a investigar a los responsables de estos abusos, incluyendo a sus propios agentes migratorios y policíacos, pues la presencia de estos hechos se vuelve aún más cruel cuando el que ejerce la violencia es quien tiene el deber de erradicarla. Dicha crisis pone en evidencia los grandes desafíos que representa para el país, un estado que cada vez pierde mayor terreno frente al crimen organizado, niveles crecientes de impunidad, corrupción que limita la garantía de los derechos humanos. Por todo ello, en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, convocamos a todos y a cada uno de los legisladores de este Congreso a replantear las políticas en materia del delito de trata de personas y desarrollar las estrategias necesarias a fin de erradicar las conductas que vulneran la dignidad humana. Es cuanto, señor presidente.