El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores. En días pasados nosotros presentamos un voto particular con el propósito de incluir en la reforma de telecomunicaciones diversos ajustes que realmente garantizaran el acceso de los ciudadanos a los beneficios tecnológicos del sector e hicieran más competitiva nuestra economía. Creemos que el objetivo central de la reforma debiera ser otro, más orientado a lo social, con beneficios a los ciudadanos. Por la mañana cuando discutíamos esta posición, el diputado Samperio decía: No hay ningún beneficio para los ciudadanos; es un problema de monopolios, oligopolios y empresas económicas, y por tanto tendríamos que revisar y razonar muy bien nuestro voto. Pero déjenme decirles con toda seriedad, ¿por qué estamos en contra? Porque estamos proponiendo, primero, que la sociedad civil organizada sea la que integre los órganos reguladores y no el emergente presidencialismo restaurador. Segundo. Estamos proponiendo que se elimine la opinión presidencial o la opinión del secretario de Comunicaciones y Transportes para la cancelación o revocación de concesiones. Si el presidente o el Ejecutivo no tiene el poder de concesión o revocación de concesión, tampoco puede tener ningún otro acto. Tercero. Que el Comité de Evaluación de los integrantes de los Órganos Reguladores lo integren instituciones académicas y universitarios, no otros órganos del Ejecutivo federal. Cuarto. Que la nueva Ley de Amparo no desampare a los prestadores de servicios ni los deje minusválidos frente a otros sectores económicos. Quinto. Que se incluya una cláusula de reciprocidad en la inversión extranjera; que el capital extranjero participe en la misma proporción que le permita su país de origen; que el tope del 49 por ciento para la inversión extranjera se aplique a todo el sector de telecomunicaciones, no únicamente a la radiodifusión. Sexto. Que se garantice la soberanía y la seguridad nacional en el funcionamiento de este sector estratégico. Séptimo. Que se haga realidad el derecho de audiencia y de réplica en todo tipo de medios de comunicación. Octavo. Que se evite la burocracia dorada y la partidarización de los nuevos órganos reguladores. Fuera partidos, fuera Ejecutivo. Noveno. Que el Estado garantice el acceso universal a los servicios de banda ancha. El acceso gratuito a Internet como derecho humano. Décimo. Que los canales públicos sean de los poderes estatales, no sólo de algunos de ellos. Onceavo. Así como fomentar la radiodifusión y telecomunicación de carácter social, comunitario e indígena por las radios comunitarias y medios que existen en las comunidades indígenas; y Doceavo. No entregar el patrimonio de los mexicanos a los extranjeros. No al cien por ciento de la inversión extranjera directa a telecomunicaciones y a comunicaciones vía satélite. Este es nuestro decálogo por lo que no estamos en favor de la reforma. Por eso argumentamos con seriedad: si estos 12 artículos o puntos que estamos planteando se admiten en la discusión en lo particular, nosotros estaríamos en favor en lo particular. Porque luego se nos dice que estamos en contra de todo. Hemos votado la mayoría de las leyes que a los usuarios, ciudadanos o al pueblo benefician, las hemos votado en favor razonablemente. Pero no nos pueden pedir que votemos a favor de este engendro que está contenido en los artículos transitorios y que violan el más elemental estilo de cualquier parte de análisis jurídico, rebasa cualquier análisis que se haga sobre el mismo. Por esa razón les pido reflexionar; reflexionemos en torno a esto. Es tan importante esta reforma que no puede ser aprobada sin la participación, el análisis y la consulta con los ciudadanos, más allá del Pacto por México, que es una institución que nosotros respetamos pero es extra constitucional; no es vinculatoria con el Poder Legislativo ni tampoco para ningún ciudadano que no forme parte de este mecanismo partidista y para nosotros no es el adecuado. La iniciativa no ha sido debidamente conocida, difundida ni analizada por los ciudadanos; los usuarios, los expertos, los académicos y los mismos prestadores de servicios. Por último, si la iniciativa es tan buena como aquí la retórica se presume y se repite, si es tan buena para los ciudadanos, por qué la prisa de aprobarla a espalda de ellos. Por qué no convocamos a foros de consulta; que vengan los expertos y nos digan si es o no conveniente abrir al 100 por ciento a la inversión extranjera, ese sector tan prioritario y tan importante para el desarrollo de la nación. Presidente, de nueva cuenta muchas gracias por su tolerancia.