El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea: diferentes medios de comunicación, entre los cuales destaca el New York Times, han investigado la comisión de hechos de corrupción que involucran a funcionarios del corporativo Walmart de México. Se ha tratado de uso de sobornos para que funcionarios públicos de nuestro país falsifiquen documentos que forman parte de los requisitos legales para la integración de expedientes de gestión para la instalación de tiendas comerciales de ese corporativo en zonas restringidas por la legislación local. Lo que ocurrió en el caso de la construcción y funcionamiento de una tienda en Teotihuacán, estado de México. Conocemos de esas reprobables acciones por el empeño de los medios de comunicación que han dado seguimiento a los casos, documentando las acciones y difundido las investigaciones emprendidas en los Estados Unidos de América, así como las sanciones impuestas en aquella nación, lo que lamentablemente contrasta con las nulas consecuencias jurídicas en nuestro país. Estos actos de corrupción muestran la activa participación de los más altos mandos del corporativo aquí y en el extranjero. La asignación permanente de recursos en su presupuesto para la comisión de esas conductas, la lentitud con que se implementan mecanismos internos de corrección e inhibición de dichas acciones, y lo más importante, las nulas consecuencias esos actos. Que en el mejor de los casos podrían ser sancionados de manera individual afectando a los agentes directos que lo cometen, pero no a quienes se ven finalmente beneficiados por los negocios realizados como consecuencia de las prácticas de corrupción. Las acciones de los agentes de las empresas trasnacionales no pueden limitarse simplemente a su calificación como acciones aisladas de cohecho, soborno y corrupción, tipificadas penalmente y con alcances individuales, ya que su propia naturaleza conduce a identificar a esos sucesos como una afectación clara al desempeño honrado de la función pública, principio esencial del régimen democrático del país, lo que debilita la vigencia del Estado de derecho en su conjunto, y como consecuencia afecta a la soberanía nacional, principios constitucionales todos. A lo anterior debemos agregar otros actos realizados también por los agentes de las trasnacionales beneficiados por las acciones gubernamentales y que en más de una ocasión han provocado la reacción de las personas y comunidades afectadas directamente con la instalación de establecimientos. Personas y comunidades que se han organizado para exigir el imperio de la ley, el respeto a sus derechos y la congruencia de la autoridad con los principios que norman el desarrollo y que han reconocido legalmente. Además de las operaciones iniciales de corrupción y cohecho, los consorcios internacionales han recurrido a otras prácticas, financiadas también con cuantiosos recursos para enfrentar a los críticos de sus acciones indebidas, otorgando toda clase de apoyos a autoridades auxiliares y grupos sociales, cuya afinidad es literalmente comprada, motivándolas así para que manifiesten el apoyo social a los proyectos de las empresas extranjeras y se opongan por todos los medios y no en pocas ocasiones, incluso, a través de enfrentamientos físicos a las protestas ciudadanas que ejercen sus derechos al denunciar los actos iniciales de corrupción. Estas operaciones evidentemente debilitan la paz de la sociedad, afectan la seguridad y con motivos e intereses del capital extranjero, fomentan la división y discordia de los mexicanos, teniendo como tema de confrontación la realización de hechos de corrupción de autoridades para expedir permisos o licencias a los que la empresa legalmente no tendría derecho o no podría acceder. Por lo que dichas conductas constituyen una afectación al pleno ejercicio de derechos humanos reconocidos en nuestro país como los de petición, manifestación, organización de toda clase de asuntos y particularmente en temas del orden público, y en los casos más graves se atenta contra la dignidad, integridad de la vida de las personas. A pesar de que estas no son acciones aisladas e individuales, sino que forman parte de la planeación financiera de la empresa, permite advertir que no se trata exclusivamente de un asunto entre particulares, sino que las repercusiones de dichos actos tienden a debilitar principios esenciales en la organización del Estado nacional, como: el respeto al derecho a las personas, la probidad de nuestros funcionarios públicos, el Estado de derecho en su conjunto, pilares esenciales del Estado constitucional de derecho. La presente iniciativa no pretende impulsar un nacionalismo hueco y sin sustancia que se oponga a las tendencias de libertades que rigen en el mercado. No se trata de imponer restricciones. Pero sí enfatiza la necesidad de reconocer que las inversiones extranjeras que se autoricen al constituirse como sociedades bursátiles son sujetas y deben apegarse su actuación a la legislación nacional. De ningún modo se pretende imponer cargas, gravámenes u obstáculos a la inversión, pero sí precisar la obligación de respetar los principios constitucionales antes señalados y cuya vulneración constituye una afectación directa a la seguridad nacional en su conjunto, lo que debiera ser en realidad la seguridad de las personas que constituimos a la nación mexicana. Es importante destacar que la obligación de observar y respetar las disposiciones legales de un país receptor es un imperativo incluso para los agentes diplomáticos, según lo establece el artículo 41 de la Convención de Viena de 1961, por lo que si aún las personas a las que dicho ordenamiento internacional otorga privilegios e inmunidad deben respetar dichos ordenamientos, cuanto más la inversión extranjera, a lo que se otorgan plenas libertades y menores decisiones en su circulación, pero no privilegios o inmunidades que sólo reconocen para los representantes oficiales de las naciones. Lo que se pretende obtener con la presente iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, es otorgar plena certidumbre a la inversión extranjera en el sentido de señalar que en el país se les reconoce, se les protege y que las instituciones públicas fomentan la adopción de medidas que garantizan plenamente su establecimiento, su desarrollo y sus ganancias, como lo son: el propio imperio de la ley, el efectivo combate a la corrupción, la estabilidad en el funcionamiento de las instituciones públicas, elementos valorados en los diferentes estudios y mediciones de la competitividad en nuestras entidades federativas y del país. Mientras que la posible comisión de prácticas de corrupción genera un efecto perverso en las empresas al encarecer las propias inversiones y sobre el Estado en su conjunto al debilitar a las instituciones democráticas y erosionar las condiciones de competitividad. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.