El diputado Roger David Alcocer García: Con se venia, señor Presidente. Le solicito por favor que se inscriba el texto íntegro en el Diario de Debates en obvio al tiempo, y expondré los motivos que fundamentan esta iniciativa. En la actualidad, la realidad histórica que los mexicanos estamos viviendo, exige reacciones inmediatas de parte del Gobierno Federal para abatir la delincuencia. Esta soberanía también es gobierno a la luz de la teoría clásica de la división de poderes y tiene sobre sus hombros la importante responsabilidad de crear leyes y promover reformas que solucionen la problemática nacional en materia de seguridad pública, por lo que la presente iniciativa forma parte de una serie de reformas constitucionales y legales que la fracción parlamentaria de la que formamos parte, piensa instrumentar para dar respuesta al clamor social que en materia de seguridad pública se torna cada vez más homogéneo y generalizado entre la población nacional y que se suma a la iniciativa presentada por este mismo diputado, para la independización del Ministerio Público del Poder Ejecutivo y su concepción normativa como organismo constitucional autónomo. Así, la presente iniciativa que hoy presentamos, pretende la creación de un archivo criminal confiable en el que aparezcan identificados tanto los más peligrosos delincuentes, como las personas que hayan sido declaradas penalmente responsables por un órgano jurisdiccional y mediante sentencia firme e irrevocable, sin conculcar garantías individuales y a partir del inicio de la compurgación de la pena correspondiente, lo que otorgaría certeza jurídica a las personas que habiendo sido procesadas no fueron declaradas responsables de los hechos que se les imputaron, reintegrándolas de manera más pronta a la vida productiva nacional. Actualmente el sistema de identificación administrativa de los procesados resulta polémico e inseguro y no cuenta con el pleno respaldo del Poder Judicial. Por ejemplo, existen tesis jurisprudenciales como la emitida bajo el rubro identificación administrativa del procesado, procedencia de la suspensión contra el acto que la ordena que consideran que es violatorio de garantías, la orden de identificación del procesado simplemente al dictar el auto de formal prisión, lo que ocasiona que la gran mayoría de los afectados que fueron absueltos, acuda al juicio de garantías para contrarrestar sus efectos. Sin embargo, en algunas otras circunstancias, cuando los procesados son absueltos, no todos cuentan con los recursos necesarios ni la información suficiente para revertir los registros de identificación en los archivos criminales, creando así confusión entre las autoridades encargadas de la seguridad pública a nivel nacional, pues como ya lo hemos visto, en ocasiones se emiten comunicados o boletines de búsqueda de personas que son consideradas como enemigos públicos y que no se percatan las autoridades que en ocasiones esas personas que están buscando asiduamente ya se encuentran purgando una condena en el interior de una prisión. En el pero de los casos se confunde a ejemplares ciudadanos con peligrosos delincuentes y se les investiga como peligrosos narcotraficantes para después decirles: Usted disculpe, nos equivocamos. La obtención de la ficha signalética del procesado implica una medida administrativa que aporta datos sobre su aspecto somático y evita las posibles confusiones con homónimos. Es por eso que surge la necesidad de crear un sistema de identificación de archivo criminal confiable que otorgue certeza jurídica y no violente garantías, pues al mismo tiempo que ofrece ventajas a las personas que han sido absueltas después de un proceso penal, permitiéndoles su pronta reincorporación a la vida productiva. Por otra parte, ofrecerá certeza a la ciudadanía y a los cuerpos de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia, mediante la identificación genética, fotográfica y dactilar de las personas sentenciadas por delitos graves y relacionados con la delincuencia organizada pues basta un solo cabello o un pequeño raspado de células epiteliales para incorporarlo al archivo de sentenciados y estar así en aptitud de poder identificarlo para futuras confrontas sin ninguna clase de riesgo para el identificado. En este orden de ideas y al tenor del decreto que me permito someter a su distinguida consideración compañeros legisladores, los únicos organismos facultados para tener acceso a la información que se contenga en el archivo criminal, lo serán el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente de la República, la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación. En este orden de ideas, como ya lo hemos apuntado, el presente proyecto de decreto de reformas contiene dos grandes aristas a saber: La identificación de los procesados ya no a partir del pronunciamiento del auto de formal prisión, sino de la firmeza de una sentencia condenatoria y la otra, establecer un sistema de archivo criminal e identificación administrativa confiable y seguro, basado en los adelantos científicos y tecnológicos y operado por las áreas estratégicamente facultadas en materia de seguridad pública. Sabemos que el camino a la seguridad es arduo y espinoso, pero confiamos en que la presente iniciativa allanará un poco ese camino, procurando la consecución de la seguridad pública a través de la seguridad jurídica que como todos sabemos, indefectiblemente deben ir de la mano. Es cuanto señor presidente.