La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, diputadas, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en esta legislatura del Congreso de la Unión, hace eco de los reclamos de la sociedad mexicana y como ella expresamos claramente: no seremos indulgentes ante cualquier acto de corrupción, particularmente de aquellos que provengan de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Es el mensaje que dejamos fuerte y claro con la aprobación de estas reformas por parte de mi grupo parlamentario. Compañeras y compañeros, los juaristas suelen decir que una norma sin sanción es una norma imperfecta, pero sobre todo, inocua. Por ello, para que el Sistema Nacional Anticorrupción no adolezca de este tipo de ineficacias, celebramos la pertinencia de nuestra colegisladora de reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal en esta materia, a efecto de robustecer con mayor fuerza y efectividad al conjunto de normas jurídicas que le dan sentido y forma a dicho sistema. Las reformas planteadas al Código Penal Federal tienen como finalidad armonizar y lograr la funcionalidad de los diversos componentes del Sistema Nacional Anticorrupción, en concordancia con la reforma constitucional de mayo de 2015. En este sentido la reforma incluye severas sanciones para los servidores públicos, entre otras, la destitución, la inhabilitación para desempeñar un cargo público, incluso para participar en los procesos de compras y prestaciones de servicio gubernamentales con un plazo de hasta 20 años. Resalta el endurecimiento de las penas cuando los actos de corrupción sean cometidos por miembros de una corporación policiaca, aduanera o migratoria. Subrayamos también que se incluyen precisas definiciones, tales como los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, la coalición de servidores públicos y el uso arbitrario de funciones y facultades que comprende a quien ilegalmente contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos. Ser prevén sanciones para el servidor público que tenga a su cargo fondos igualmente públicos y les dé una aplicación distinta a la que están destinados, y se precisa que existirá enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o procedencia de los bienes que estén a su nombre, o de aquellos que respecto de los cuales conduzca como dueño. El asunto no es menor, sobre todo por lo desprestigiado que quedó este honorable órgano legislativo cuando en la pasada legislatura la sociedad mexicana se vio afectada por los llamados moches. En este sentido las reformas al Código Penal incluyen el delito de cohecho, que da cuenta del hecho que el legislador federal en el ejercicio de sus funciones o atribuciones y en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión, dádiva o contraprestación, o el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. En suma, estas reformas pretenden lograr una ampliación del marco normativo, a fin de abatir efectivamente la impunidad en los casos de corrupción, focalizando la actuación de quienes son contrarios al servicio público. El barómetro global de la corrupción 2015 de Transparencia Internacional revela que el 88 por ciento de los mexicanos cree que las actuaciones de los servidores públicos son corruptas o muy corruptas, además de que la mitad de la población del país considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años. Se ha dicho de la corrupción que es la hermana de la impunidad, y para terminar con ambas es preciso establecer y mejorar las sanciones que contribuyan a disuadir a los servidores públicos de caer en estas conductas. Reiteramos que para Nueva Alianza es primordial no tolerar en el servicio público la comisión de actos que deriven en hechos asociados a la corrupción. En este sentido acompañamos la aprobación de estas reformas al Código Penal Federal. Las y los mexicanos han dicho: Basta de impunidad. Esta es la manera en que queremos decirle a la ciudadanía que estamos de su lado, que los legisladores de Nueva Alianza en el Congreso Federal los escuchamos, los representamos y como ellos estamos decididos a terminar con los moches, con los contubernios y con aquellos servidores públicos que no benefician a la sociedad y que no se apegan a la función que realizan. Es cuanto, señor presidente.