El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Ciudadano presidente, señoras y señores representantes de la nación. El tema que quiero compartir con ustedes lo inscribí para su desahogo desde la primera sesión en enero, en la Permanente. Por lo abigarrado de los temas y la densidad de las agendas, en ninguna de las sesiones pudo desahogarse, por lo que creo, como se ha dicho aquí por muchas voces, debemos revisar a profundidad nuestra funcionalidad y hacer las adecuaciones pertinentes. Quiero decirles que integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de la campaña nacional e internacional Justicia y Libertad para Atenco, familiares y abogados de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, nos pidieron a los integrantes del Grupo Parlamentario del PT hacer con ustedes algunas reflexiones. Quiero centrar las mismas tan sólo en dos aspectos de ese rosario de injusticias y represiones que agobian a los tres mexiquenses señalados. En primer lugar, he de decirles que revisando el proceso a que han estado sujetos los mencionados, se puede establecer que las autoridades del estado de México argumentaron que debido a la peligrosidad de los citados, y por razones de seguridad, tales personas deberían ser ingresadas a un penal de alta seguridad, lo que aconteció el 4 de mayo de 2006, que fueron recluidos en Almoloya, una de los penales más inhumanos de que disponemos. También se ha podido acreditar revisando la sustanciación de diversos juicios, que el cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito determinó que el Ministerio Público no acreditó en el proceso penal la causal de peligrosidad que invocó para sustentar su petición de competencia territorial y el traslado a un penal de las características ya señaladas. Además, hay que señalar que el ingreso de ellos fue a todas luces indebido, porque la autoridad federal obsequió la petición a la mexiquense, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de los centros federales de readaptación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2006, y en uno de sus transitorios se establecía que entraría en vigor 30 días hábiles después de su publicación. Esto es el 22 de mayo de 2006, por lo cual es ilegal y se les aplicó en forma retroactiva y en perjuicio de ellos esas disposiciones. Por ello, abogados, familiares y organizaciones han solicitado a la Secretaría de Gobernación, para que de acuerdo con el artículo 18 constitucional inste a las autoridades del estado de México para que los detenidos sean trasladados a un centro reclusorio del fuero común. El segundo aspecto, más grave aún, es el de las injustas condenas que han caído sobre esos luchadores sociales, y es aquí para que el Poder Judicial federal, el presidente de la Corte, Ortiz Mayagoitia y el ministro Gudiño cumplan el compromiso que hicieron con familiares y abogados y puedan atraer, de acuerdo con la Constitución, el caso que nos ocupa, ya que, imagínense ustedes, la desmesura, la desproporción y lo inhumano de la sentencia. El señor Ignacio del Valle ha sido condenado a purgar 112 años de cárcel. 112 años de cárcel, y además todavía están pendientes que se le condene por 5 procesos pendientes, de manera que a ese ritmo sería triplicada la condena. En contraste, personajes siniestros, varones vinculados al narcotráfico, a la delincuencia organizada; mientras Del Valle tiene 112 años pendientes de cumplir, Rafael Caro Quintero sólo tiene una sentencia de 40 años y también Ernesto Fonseca Carrillo tan sólo de 40 años. Los otros procesados, Felipe y Héctor, están condenados a 67 años, más 4 procesos pendientes, por delitos graves cada uno de ellos. Por eso, señoras diputadas y señores diputados, venimos aquí a excitar a la Secretaría de Gobernación, a las autoridades mexiquenses para que una de las injusticias ya señaladas sea reparada y que los mexiquenses detenidos sean confinados en un reclusorio del fuero común, en lugar del que se encuentran, de alta peligrosidad, y también, con todo respeto y con toda firmeza, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para que de acuerdo al artículo 105, fracción V, párrafo segundo de la Constitución de la República, la Suprema Corte pueda conocer de los amparos directos que ya están en marcha interpuestos por los abogados de los detenidos, a todas luces, de manera injusta. Por ello también, para finalizar, nosotros seguiremos insistiendo en que el Ministerio Público debe de tener plena autonomía. Mientras no ocurra ello, el Ministerio Público en sus diversos órdenes, seguirá actuando por consigna y a petición de parte. Muchas gracias por su atención.