La diputada Gricelda Valencia de la Mora: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy México se encuentra en una encrucijada histórica. Las decisiones que tomaremos en esta Cámara marcarán el rumbo de nuestra nación durante las próximas décadas. Estamos aquí para debatir una reforma que no solo es un ajuste técnico a la Constitución, sino un cambio profundo en la forma en que concebimos y gestionamos nuestros recursos estratégicos. Esta reforma es nuestra Carta Magna, nos ofrece la oportunidad de recuperar el control del Estado sobre sectores claves como el energético, asegurando que su explotación y uso estén alineados con el interés público y no con el lucro privado. Durante años el sector energético ha sido visto como una mercancía, un bien a disposición de las grandes empresas nacionales y extranjeras. Se nos dijo que la privatización traería progreso, inversión y beneficios para todos los mexicanos. Sin embargo, lo que hemos visto en todas las últimas décadas, es la privatización, ha generado la desigualdad, ha debilitado nuestras instituciones públicas y ha permitido que unos cuantos se beneficien a costa de las mayorías. Hoy, la cuarta transformación nos llama a corregir este rumbo. Es hora de recuperar el control sobre nuestros recursos estratégicos y de esta forma es el instrumento... y esta reforma es el instrumento para lograrlo. Al modificar el artículo 25 reafirmamos la rectoría del Estado sobre áreas claves para el desarrollo nacional. El artículo 27 nos recuerda que los recursos naturales, incluidos los energéticos, son propiedad de la nación y deben ser gestionados en beneficio de todas y todos. Finalmente, el artículo 28 establece que las empresas públicas tienen un papel fundamental en el desarrollo de esos sectores energéticos. El control estatal sobre sectores estratégicos, como el energético, no es una opción, es una necesidad. Los recursos energéticos no deben estar sujetos a las reglas de mercado, porque su impacto va más allá de lo económico. La electricidad, el gas, el petróleo, no son solo mercancías, son bienes esenciales para el bienestar de la sociedad. Al devolverlo al Estado, el control sobre esos sectores, estamos asegurando que el desarrollo de México sea equitativo, sustentable y, sobre todo, soberano. Las empresas estratégicas del Estado no pueden ni deben competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas, porque su misión no es generar lucro, sino garantizar acceso a bienes esenciales para toda la población. Esta reforma refuerza el papel de nuestras empresas públicas, asegurando que estén en el centro del desarrollo nacional y no a la sobra de las grandes corporaciones privadas. Uno de los puntos más importantes de esta reforma es el impacto que tendrá en los consumidores de energía. Sabemos que muchos mexicanos, tanto hogares como industrias, dependen de contratos de empresas privadas para el suministro de la electricidad. Con esta reforma algunos podrían temer que esos contratos se vean afectados y que el suministro eléctrico se vuelva incierto o que los precios aumenten, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Esta reforma busca precisamente lo contrario, garantizar un suministro estable, accesible y justo de electricidad para todas y todos los mexicanos. Al fortalecer el control estatal sobre el sector energético estamos asegurando que el precio de la energía no esté sujeto a la especulación del mercado, sino que sea regulado por el Estado siempre con el interés público como prioridad. Para los consumidores esta reforma traerá estabilidad y certeza. El Estado mexicano será el garante de que ningún hogar ni industria se quede sin electricidad y que los precios sean justos y accesibles. Esta reforma no es un ataque contra el sector privado, es una oportunidad para equilibrar el mercado y asegurar que las empresas públicas puedan competir en igualdad de condiciones, priorizando siempre el bienestar de la ciudadanía. Esta reforma es en esencia una afirmación del papel del Estado en la economía. En la cuarta transformación creemos que el Estado no debe ser un espectador pasivo entre los abusos del mercado. El Estado debe ser un actor proactivo, capaz de regular, controlar y cuando sea necesario intervenir en sectores estratégicos para asegurar el desarrollo del país, ser equitativo y sustentable. Las empresas públicas tienen un papel fundamental en la visión. No estamos hablando de monopolios ineficientes, estamos hablando de empresas bien gestionadas, modernas y al servicio de la nación. Con esta reforma estamos dotando al Estado de las herramientas necesarias para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, asegurando que nuestros recursos energéticos sigan siendo una fuente de riqueza para todos los mexicanos y no solo para unos pocos. Compañeras y compañeros, el futuro de México dependerá de las decisiones que tomemos hoy...