La diputada Nora Elva Oranday Aguirre: Compañeros diputados hoy en esta tribuna quiero alzar la voz a nombre de todos los mineros de México. Presento ante esta asamblea una iniciativa de ley que adiciona una fracción II Bis al artículo 7 de la Ley Minera y se reforma la fracción VI del artículo 343 C de la Ley Federal del Trabajo en materia de seguridad, vigilancia y desarrollo tecnológico para los mineros. En nuestro país la explotación minera de carbón y su estancamiento tecnológico se han cuestionado continuamente, principalmente, o déjese usted, por el impacto negativo que produce su actividad contra el medio ambiente, pero también por las condiciones infrahumanas que tienen que soportar los trabajadores de las minas que carecen de medidas de supervisión y seguridad. Es lamentable ver cómo cada vez más suceden tragedias en las minas de nuestro país, tal es el caso de Pasta de Conchos en Coahuila, el 19 de febrero del año 2006, la cual aún permanece en la memoria de todos nosotros. Hay que recordar que la dimensión de esa tragedia sacudió, sin duda, la conciencia de la nación respecto a la muerte de 65 trabajadores de la mina, como consecuencia de las deplorables condiciones de inseguridad en las que realizan su trabajo. El 3 de agosto de este 2022, la mina de El Pinabete, Coahuila, municipio del cual soy originaria, sufrió lamentablemente un derrumbe y atrapó en sus entrañas de carbón a 10 trabajadores mineros que realizaban sus labores cotidianas para, sin duda, ganarse el sustento para sus familias. Han transcurrido ya varios meses y a las familias de los mineros atrapados no se les ha proporcionado certeza de que podrán tener sus cuerpos algún día. Cada día y cada hora que transcurre, imagínese usted la agonía de una espera interminable se convierte también en desesperanza. Las familias de los mineros han manifestado que las acciones gubernamentales, además de insuficientes, han sido muy lentas y que se encuentran a cargo de personal, sin duda no especializado. Igualmente han declarado que en nuestro país no contamos con la tecnología idónea para este tipo de rescates. Sin embargo la intervención se limitó a emitir opiniones técnicas, mismas que fueron resumidas por la titular de la titular de la Coordinación Nacional de Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, al afirmar que los expertos de dos empresas mineras, una de Estados Unidos, otra de Alemania, opinaron que las acciones realizadas hasta el momento por el gobierno mexicano son las correctas. Lo más importante es que el gobierno mexicano no resuelve la situación de estos trabajadores completamente vulnerables ante la situación laboral ni les otorga satisfacción a los familiares de los mineros atrapados. Con los hechos lamentables de la mina Pinabete y con la incapacidad técnica para rescatar a los 10 mineros atrapados, se ha evidenciado que nuestro país, sin duda, carece de un programa nacional para la seguridad, la vigilancia y el desarrollo tecnológico de la industria minera en la que se incluyen las opiniones, experiencia y competencia de las autoridades. De acuerdo con académicos del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el caso de Sabinas, Coahuila, todo indica que no se tomaron las precauciones necesarias ante la presencia de agua y gas metano en el subsuelo ni se estudiaron las condiciones geológicas que podían afectar la extracción de carbón, tampoco funcionaron los sistemas de alarma, las rutas de evacuación, ni hubo un seguimiento de la obra civil, de la estructura o de la necesidad de estabilizar el pozo y los túneles, que de acuerdo con la información que se ha hecho pública, Pinabete sin duda evidenció, que en materia de supervisión minera, sigue siendo un gran reto que todas las empresas mineras de todo el país cuenten con planos de la mina, bitácoras para monitorear el trabajo, pero sobre todo la exigencia de que se cumpla con los protocolos de seguridad y programas de capacitación en materia de emergencias, verdad. En la región carbonífera de Coahuila, en los tres años de la presente administración, la Secretaría del Trabajo ha ordenado la suspensión de actividades por incumplir gravemente con las medidas de seguridad de 27 explotaciones mineras, es decir, el 84 % de todas las suspensiones de minas en el país. No debemos perder de vista que los 10 mineros no son las únicas víctimas de los hechos, pues los efectos del derrumbe se han extendido hasta la vida de los familiares, que no se han separado ni un instante del lugar para tener esperanzas.