El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos realizadas en junio de 2011, incluyeron a nuestro país en el conjunto de naciones que tienen como objeto principal de la política al ser humano, regidas bajo el principio pro omim. Lo anterior responde a un criterio en el que acude a la norma más amplia cuando se trata de reconocer derechos protegidos, mientras que de forma inversa se utiliza la interpretación más restringida posible cuando se busca el establecimiento de restricciones sobre el ejercicio de las garantías. Así las modificaciones realizadas hace un par de años representan una nueva configuración del sistema jurídico mexicano, ya que posicionan a los derechos humanos como eje central de la política estatal y sitúan a las disposiciones internacionales en materia de garantías como las normas de máximo rango en un tema como el que nos compete el día de hoy. Lo anteriormente expuesto resulta ser de la mayor importancia. Existiendo un compromiso internacional de los Estados miembros de la ONU a respetarlos y tutelarlos como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte el artículo 1o., de la propia Carta Magna establece que: Queda prohibida toda discriminación. Con base en esto podemos observar que la Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas claramente contraviene lo estipulado en los ordenamientos mencionados al incluir como una causal de retiro por incapacidad a las personas cuyos estados de inmunodeficiencia sean susceptibles a infecciones recurrentes ya que lo preliminar no se traduce en una incapacidad para desarrollarse plenamente en el ámbito laboral. Como ustedes bien saben la seropositividad entendida como la presencia en la sangre del virus de inmunodeficiencia humana, no afecta la capacidad física y/o mental de una persona para desempeñar un empleo ni en las Fuerzas Armadas ni en ningún otro lado. Por lo anterior, aplaudimos el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas porque no tan solo armoniza este ordenamiento con las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también crea un precedente y contribuye a la desmitificación de muchos tabúes que se convierten en conductas desinformadas, prejuicios y actos de discriminación laboral que en mucho transgreden derechos fundamentales en el mundo. Qué se debe desmentir. En primer lugar, la infección del VIH origina un proceso gradual que con un tratamiento adecuado puede permitir a la persona desempeñarse exactamente igual que un individuo con un resultado cero negativo. Asimismo, una persona que tiene el virus no necesariamente padece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya que en la actualidad existen terapias antirretrovirales que permiten disminuir la carga viral a niveles indetectables, alargando la cantidad y calidad de vida del paciente hasta por 20 años o más. Por qué es importante aclarar estos temas. Para comenzar, porque de acuerdo con el Registro Nacional de Casos de Sida, actualización al 30 de septiembre de 2013, existen 170 mil personas viviendo con VIH en México, aproximadamente. En el 2012 se diagnosticaron nueve mil casos del virus, mientras que las cifras preliminares del 2013 apuntan a una cifra cercana a siete mil personas, de las cuales tres mil 425 han desembocado en Sida. Es por lo descrito que la reforma que discutimos es trascendental puesto que esperamos que no sólo se reduzca a las fuerzas armadas, sino que signifique un verdadero parteaguas también en las empresas que realizan exámenes médicos previos a la contratación, en los negocios que se valen de las jornadas de salud engañosas en las que el personal no otorga su consentimiento libre, expreso, específico, inequívoco e informado. En los hospitales que niegan a los derechohabientes el servicio médico o que lo realizan en condiciones de marginación. En los seguros de vida que invalidan las prestaciones a los pacientes, aun cuando declaran tener el virus, y también en los cero positivos que, por miedo a la divulgación de su estado de salud, prefieren callar y aceptar en condiciones de discriminación y despidos injustificados. Aún hay mucho por hacer. Tenemos la responsabilidad de luchar hasta que llegue un punto en el que se observe el VIH como un mal que, presentándose como el que quita vida, puede también ser un factor importante para generarla, asumirla, compartirla y ayudar a sanar a otros que la creían perdida. Por todo ello, compañeras y compañeros, los integrantes de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente.