El diputado José Manuel Agüero Tovar: Con su venia, señor presidente. Los artículos 72 inciso f), y 133 de la Constitución federal, y el 9 y el 11 del Código Civil aplicable en materia federal establecen que para reformar o derogar un precepto legal, debe hacerse mediante otro precepto legal de la misma jerarquía. Es decir, emanado formalmente del mismo órgano legislativo. Citado lo anterior, expongo ante ustedes la siguiente incongruencia que existe entre los artículos de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, los cuales establecen en sus artículos siguientes penas y sanciones diferentes para un mismo delito. En la Ley General de Salud el artículo 475 establece que se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de 200 a 400 días multa a quien, sin autorización, comercie o suministre aun gratuitamente narcóticos. El Código Penal Federal en el artículo 194 establece que se impondrá prisión de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días multa, al que produzca, transporte, trafique, comercie o suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos. Como vemos, existe una diferencia en la sanción que ambas leyes establecen. Una otorga de cuatro a ocho años y la otra de 10 a 25 años. En la Ley General de Salud el artículo 476 dice que se impondrá de tres a seis años de prisión y de 80 a 300 días multa al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla en cantidad inferior a la que le resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla. En el Código Penal Federal se establece que se impondrá de cinco a 15 años de prisión y de 100 a 350 días multa, cuando el inculpado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil la referida. Se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 de este Código. Aquí también se marcan diferencias en la sanción que ambas leyes establecen. Una impone de tres a seis años de prisión y de 80 a 300 días multa; y la otra de cinco a 15 años de prisión y de 100 a 350 días multa. En la Ley General de Salud el artículo 475 establece que las penas serán aumentadas en una mitad cuando se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el presente capítulo. Además, en este caso se impondrá a dichos servidores la destitución e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. El Código Penal Federal establece en su artículo 196 que las penas serán aumentadas en una mitad cuando se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de los delitos contra la salud. Se impondrá a dichos servidores públicos, además, suspensión para desempeñar cargo o comisión en el servicio público hasta por cinco años o destitución e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Cabe hacer la observación y comentarles que es necesario considerar la destitución definitiva de estos servidores. No es posible que después de cometer un delito contra la salud aún tengan la posibilidad de regresar a sus funciones. Por lo antes expuesto someto a esta soberanía las siguientes modificaciones a la Ley General de Salud, en el artículo 475, para que se imponga prisión de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días de multa a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos. En el mismo artículo en el párrafo primero, inciso 1), se propone la siguiente modificación: imponer a dichos servidores públicos la destitución e inhabilitación permanente o absoluta de su cargo. Y en el párrafo tercero de este artículo: en caso de reincidencia se impondrá, además, inhabilitación absoluta para el ejercicio profesional por la autoridad judicial. Se propone la modificación al artículo 476 de la Ley General de Salud, de tal manera que imponga de 5 a 15 años de presión y de 100 a 350 días multa, cuando el inculpado posee alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y cuando esta posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos aún gratuitamente. Por obviedad de tiempo solicito, señor presidente, se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto. Mil gracias.