La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Gracias, diputada presidenta, con su permiso. Buen día, compañeras y compañeros diputados, la política social es la expresión más importante que tiene el Estado para reducir las condiciones de pobreza y hacer efectivas las libertades individuales de millones de mexicanas y mexicanos. Hoy estamos aquí para analizar un año más de lo realizado por el gobierno, el cual ha sido un ejemplo de que la política social de la actual administración no ha funcionado y, al contrario, ha presentado retrocesos en la gestión pública. El rimbombante discurso de primero los pobres, únicamente se limita a tomar medidas clientelares que trafican con el hambre y las necesidades de los mexicanos. La actual fórmula que el gobierno ejecuta para reducir la pobreza y atender a grupos vulnerables, es la operación de programas sociales que da transferencia de ingresos directos, los cuales no muestran señales de mejoramiento social, sino un mecanismo para mantener al electorado de su lado. Los superdelegados encargados de operar los programas sociales son los precandidatos electos por el poder presidencial para encabezar las campañas políticas por las gubernaturas y operan violando todo principio de equidad, de transparencia y legalidad a la que obliga la función pública. La falta de recursos de apoyos a las estancias infantiles, a los refugios, a organismos que atienden a personas con discapacidad, así como las descalificaciones a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de periodistas y comunicadores por parte del gobierno federal, lo único que ha hecho es agravar con mayor fuerza a la crisis actual de nuestra política social. Más de 10 mil estancias infantiles durante el 2019, presentaron serias dificultades para seguir operando, y el período de confinamiento las ha colocado al límite de la extinción, provocando mayor desempleo entre las madres trabajadoras. El presidente López Obrador habló de apoyo a los pueblos originarios, pero no de las consultas a mano alzada por las que se han autorizado sus grandes proyectos de infraestructura. Olvidó que según sus propios datos, la construcción de la refinería Dos Bocas ha arrasado dos hectáreas de manglares y el tren maya dañará 10 áreas naturales protegidas. Estos proyectos unipersonales se construirán violando el derecho a una consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades indígenas como derecho, malogrando el medio ambiente, gastando miles de millones de pesos en una puesta que nos situará en la retaguardia energética del mundo. Desde el inicio, la postura del gobierno ha sido clara, nuevamente se busca dar prioridad a la producción de energía mediante combustibles fósiles y gasolinas, frenando la inversión en energías limpias y renovables, sin mencionar que han pasado tres titulares en la Semarnat, demostrando la falta de compromiso por parte del gobierno federal en esta materia. Respecto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde muchos jóvenes son explotados por sus empleadores o contratados por empresas fantasmas, únicamente 2 de cada 100 acceden a un puesto de trabajo; 70 por ciento de los empleos que se perdieron durante la contingencia sanitaria fueron de jóvenes y de aquellos que sí cuentan con un empleo, el 67 por ciento no logran ingresos suficientes para cubrir el costo de una canasta básica para 2 personas, y el 61 por ciento no cuenta con seguridad social. Sobre el derecho a la salud y a las medidas ante la pandemia del Covid-19, el presidente menciona que la respuesta gubernamental y social se ha enfocado en el objetivo común de salvar vidas. El Informe presume de haber hecho frente a la crisis que llegó al país, pero lo que no menciona es que ha sido incapaz de prever el impacto y atender dicha crisis. El derecho a la salud de las y de los mexicanos hoy sufre una de las peores crisis que se han presentado. Es cierto que el sistema de salud se encontraba ya en condiciones lamentables, sin embargo, algo que ha caracterizado a este nuevo gobierno es la falta de compromiso y presupuesto en materia de salud, con el desabasto de medicamentos e insumos médicos. La falta de equipo de protección personal para médicos, enfermeras y enfermeros. La falta de atención médica especializada para personas con cáncer, incluyendo la atención oncológica infantil. La de las personas con VIH, así como la producción de vacunas. Esas sí son responsabilidades de este gobierno, por la mala planeación administrativa y la excesiva centralización de los recursos presupuestarios. En conclusión, la política social de este gobierno se resume en tres palabras: ineficiencia y clientela electoral. Muchas gracias por su atención.