El diputado Jaime del Conde Ugarte: Con su permiso, señor presidente. En la actualidad, pensar en la gobernabilidad al margen de la democracia estimula el germen del autoritarismo en aras, en el mejor de los casos, del gobierno eficiente pero sin legitimidad ciudadana. De la misma manera, postular la democracia sin considerar a la gobernabilidad puede derivar en situaciones de inestabilidad política. Por estas razones es pertinente la reflexión simultánea en torno a la gobernabilidad democrática y a la democracia gobernable. Con ello se alude a dos niveles fundamentales de la política: los procesos democráticos para la conformación de gobiernos legítimos, y el ejercicio gubernamental eficiente, con vocación de servicio ciudadano. En este orden de ideas tenemos que reconocer que nuestro país proliferan anomalías sociales, económicas o políticas, situación que abre una crisis de gobernabilidad, que sólo será posible superar mediante una nueva formulación del modelo de relaciones entre los poderes del Estado y del Estado con la sociedad, pues el logro de una adecuada gobernabilidad depende de una serie de acuerdos básicos entre las elites dirigentes, los grupos sociales estratégicos y una mayoría ciudadana. Cuando esos acuerdos se estabilicen y tomen un carácter institucional habremos avanzado hacia lo que se llama la conformación de un modelo o paradigma de gobernabilidad. El asunto no sólo tiene importancia teórica, sino que también adquiere relevancia práctica. La responsabilidad por mantener condiciones adecuadas de gobernabilidad no es una cuestión que recae, de manera unilateral, en el gobierno o en la sociedad. De este modo, gobierno y oposición, partidos y organizaciones ciudadanas habremos de comprometernos de manera conjunta a la hora de conservar un nivel aceptable de gobernabilidad. De tal suerte que los desafíos a la gobernabilidad de nuestra democracia, no provienen ya de la existencia de sistemas políticos alternativos, sino a la necesidad de corregir y perfeccionar las instituciones de la democracia con el fin de superar algunos problemas inherentes su propio funcionamiento y complementar sus mecanismos de representación y agregación de intereses con el objeto de superar sus limitaciones externas. Por lo que es necesario que las instituciones clásicas de la democracia representativa sean complementadas con una serie de esquemas de agregación de intereses, de mecanismos de toma de decisiones, de acuerdos y pactos que doten al gobierno, a los grupos estratégicos y a los propios ciudadanos, en instrumentos eficaces y legítimos de intervención política en los problemas de la sociedad. En tal sentido nace la urgencia de fortalecer al Poder Legislativo a fin de que pueda contar con los recursos necesarios para asumir una eficaz gerencia pública de desarrollo legislativo, una gerencia capaz de diseñar y poner en práctica políticas sociales que alcancen a los sectores tradicionalmente postergados y a aquellos que han nacido marginados por los procesos de ajuste. Lo anterior implica la rearticulación o modificación de nuestra legislación interna para lograr una más eficiente actividad legislativa y la formación sistemática de un mejor marco de gobernabilidad. Es decir, el Congreso tiene que desempeñar un papel de gobierno efectivo, distinto del papel crítico y de oposición que hasta la fecha ha venido desarrollando; tiene que ser capaz de formular metas generales, determinar prioridades e iniciar programas con base en mayorías estables y consistentes, para dotar al Poder Ejecutivo de capacidad operativa para una conducción efectiva de la política externa, el control de la burocracia y el establecimiento de metas generales y de política, pues en un sistema presidencial como lo es el nuestro, no podemos negar que el Poder Ejecutivo tiene responsabilidad de asegurar la acción nacional en situaciones críticas de política económica externa, responsabilidad que no podrá asumir si está amarrado por una cadena de restricciones y provisiones legislativas de escaso significado. En la misma forma debemos de reconocer que tanto los diputados que integraron la pasada legislatura, como los que integramos la actual, hemos adoptado una actitud que si bien busca contraer de forma legítima la actividad presidencial a sus marcos constitucionales, en la práctica hemos dejado a un lado la verdadera razón de ser, es decir, la razón de representación nacional, de nuestro papel de representantes a favor de la sociedad, de la función por la cual fuimos electos y esto es por el bien común de todos los mexicanos. En ese sentido los diputados de Acción Nacional creemos que es menester desarrollar una nueva cultura legislativa acorde con los tiempos que corren y que sirva de marco general a la agenda de la gobernabilidad de nuestra democracia. Se trata de establecer una cultura que incorpore a los valores tradicionales de democracia, libertad, tolerancia, respeto a las minorías entre otras, las condiciones exigidas por las necesidades de gobernar a las sociedades complejas, una cultura de pesos y contrapesos, de demandas ciudadanas responsables frente a un Estado obligado a rendir cuentas, pero también de una participación ampliada mediante canales institucionalizados, una cultura que tolere las diferencias pero que sea capaz de resguardar espacios para ciertas decisiones unificadoras; una cultura que en definitiva logre integrar orden y libertad, justicia y eficiencia en un marco democrático y de desarrollo socioeconómico equilibrado en beneficio de la sociedad en su conjunto. Por lo que se hace necesaria la adopción de actitudes nuevas para seguir avanzando hacia el perfeccionamiento del Poder Legislativo y realizar las modificaciones imperiosas para contribuir a la solución de los problemas nacionales y que se vayan afrontando de la mejor manera posible. De tal suerte que es inaplazable que se realicen acciones tendientes a lograr que las Cámaras del Congreso Mexicano dispongan de elementos necesarios, no sólo materiales, sino esencialmente humanos para acrecentar la eficacia de esta institución que a pesar de la respetable tradición con que cuenta, no ha logrado ser consecuente con los requerimientos de madurez que la población está demandando. Bajo esta perspectiva el proceso legislativo es un tema de suma importancia y que debe de ser objeto de una constante evolución para adaptarse a las capacidades de un congreso con las características propias del entorno y contexto en constante cambio, como lo es el nuestro. "Con esta óptica el valor fundamental al que aspira la presente iniciativa de reforma es incorporar dentro de nuestro marco jurídico las llamadas iniciativas de trato preferente o de carácter urgente, determinando de una mejor manera la eficiencia del Poder Legislativo, contemplando en su faceta de maquinaria procesadora de legislación, pero de una legislación de calidad que se adapte a los dinamismos de la sociedad, a su evolución, a sus avances culturales, tecnológicos, económicos, entre otros. Y que sea la fuente de los grandes propósitos que enlazan al pueblo para su progreso y bienestar común. "De esta forma se hace necesaria una eficiencia mejorada dentro de la producción y de dictaminación de proyectos de ley, ya que como es de todos conocido dentro del seno de las comisiones se han presenciado gradualmente un incremento considerable en el volumen y en la complejidad temática de la legislación sometida a su consideración. Situación que nos orilla de manera inevitable a reconocer que es de suma urgencia que tanto los procedimientos como los plazos que regulan la canalización de las tareas los procesos legislativos se simplifiquen, se aceleren y se eficienten. "Por lo que se propone en el presente proyecto la reforma y adición al artículo 71 y 72 de la Constitución General y a diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de incorporar las figuras de las iniciativas de trato preferente, así como también reformar los plazos de dictaminación que operan dentro de las comisiones legislativas con la finalidad de eficientar en todo lo necesario y de la mejor manera posible el trabajo legislativo que para estos efectos operan dentro del seno de las propias comisiones. "De esta forma la presente iniciativa propone en su contenido una clasificación de plazos para emisión de dictámenes por parte de las comisiones, que será de vanguardia y muy precisa. Asimismo contempla un espectro amplísimo de plazos, según la urgencia relativa e importancia del asunto o iniciativa de que se trate. Procedimientos que sin duda alguna son de suma importancia y que en los últimos tiempos se hace comprensible y necesaria la urgencia de precisarlos lo más explícitamente posible. Así como acelerar el proceso de reconversión legislativa en nuestro país y de esta forma lograr dar más y mejores resultados a favor de todos y cada uno de los ciudadanos que depositaron su confianza en nosotros. "Por lo que el suscrito, Jaime del Conde Ugarte, pone a consideración de esta honorable soberanía el presente proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 87 y 91, adicionando un artículo 87 Bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:" El presente decreto solicito que se incluya en la Gaceta. Gracias señor Presidente. (Aplausos)