EL DIP. RODRIGO MIRELES PEREZ: Con su permiso señora Presidenta. La obligación y la esencia misma del Estado es proteger las vidas y la integridad corporal de los gobernados, se protege en efecto, a la sociedad en su conjunto y a los individuos en lo particular, tanto en sus bienes y posesiones, pero sobre todo respecto del más preciado de los derechos: la vida. La vulnerabilidad de la población ante las consecuencias de las calamidades, cualesquiera que sea su origen, hace prioritaria la búsqueda y definición de estrategias que mitiguen los daños humanos y materiales que los mismos originan, incidiendo en el proceso de desarrollo de las comunidades, considerando que la mayor parte de las veces causan un retraso y hasta un retroceso muy desfavorable y que el costo social y económico de las mismas siempre será mayor que el que hubiera significado la inversión oportuna de recursos sin prevenirlos. Tenemos que dar a todas las comunidades la capacidad de hacer frente a los efectos de los peligros naturales, tecnológicos y ambientales, reduciendo los riesgos que plantean para los aspectos vulnerables de la maya social y económica de las sociedades modernas, a fin de pasar de la protección contra los peligros a la gestión de los riesgos. Es imperativo estimular la investigación y la aplicación; transferir conocimientos y transmitir experiencia, crear capacidades y asignar los recursos necesarios que permitan reducir o prevenir los efectos graves y reiterados de los peligros para las poblaciones más vulnerables, dando oportunidades para que las organizaciones y las relaciones multidisciplinarias fomenten mayor número de contribuciones científicas y técnicas al proceso público de toma de decisiones en materia de prevención, de peligros, riesgos y desastres. Convocamos a las autoridades designadas, profesionales que representen al mayor número posible de disciplinas y dirigentes comunitarios, para lograr su decidida participación de preparar actividades en pro de un acción más solidaria, exigiendo una interacción más dinámica entre la gestión de los recursos naturales y las prácticas de reducción de los riesgos mediante la concertación de acuerdos y los recursos complementarios para la prevención de desastres. Que establezcan capacidades de vigilancia y sistemas de alerta temprana, que lleven a procesos integrados prestando especial atención a los nuevos peligros planteados que tienen implicaciones a nivel mundial, como los relativos a las variaciones del clima y cambio climático. Que preparen programas sostenidos de información pública y componentes educativos institucionalizados relativos a los peligros y sus repercusiones, prácticas de gestión de riesgos y actividades de prevención de desastres para todas las edades. Que establezcan normas y metodologías reconocidas a nivel internacional y profesional para el análisis y la expresión de las repercusiones socioeconómicas de los desastres en las sociedades. Que busquen mecanismos innovadores de financiación dedicados a actividades continuas de prevención de los riesgos y desastres. Por lo tanto, es necesario reconocer sus esfuerzos de promoción de la autoprotección y la autopreparación tanto en la participación individual como colectiva en tareas, como de ayuda a la población en caso de desastres. Para todos y cada uno de ellos y motivados por el mismo ánimo de reconocer su esfuerzo voluntario y generoso a favor de la protección civil, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del dictamen por la que se reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensa Civiles para incluir entre los premios que esta ley establece, el Premio Nacional de Protección Civil, ya que debemos efectuar un viraje hacia una cultura en que impera la previsión, porque prevenir no sólo es más humano que remediar, sino también mucho más económico. Ante todo, no debemos olvidar que la prevención de desastres es y será un imperativo moral. ¡Enhorabuena y a trabajar! (aplausos) -