El diputado Ariel Castillo Nájera: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Sin duda la política interior es uno de los ámbitos fundamentales de la acción del Estado y está compuesta por diferentes factores, diferentes ámbitos, diferentes temas y asuntos qué resolver; sin embargo, una de sus principales razones de ser es la de garantizar la seguridad de los ciudadanos. El profundo problema de inseguridad pública que se vive en el país representa una realidad que tiende a desbordar las instituciones y constituye una amenaza a la seguridad nacional y a la gobernabilidad democrática. En una primera lectura del II Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, es preciso que se considere que la política interior del actual gobierno debe analizarse en referencia a la imperante inseguridad. Hoy, el estado de derecho es una aspiración incumplida que da pie, entre otros efectos indeseables, a la impunidad galopante que en un lamentable círculo vicioso recicla y fortalece la delincuencia que predomina en todo el territorio nacional. Esto provoca una delicada desvinculación del Estado con la sociedad, que exige acabar con la creciente y cada vez más violenta actividad criminal. Los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, tienen una ineludible responsabilidad en la configuración de este lamentable escenario. La realidad nacional muestra, de manera implacable, que la seguridad pública está sumida en una profunda crisis, y la sociedad, en su conjunto, ha dado el grito de alerta. Los mexicanos de todas las regiones del país, de todas las edades, de todos los estratos económicos, de todos los géneros, de todas las orientaciones políticas, todos, todos tenemos miedo. La experiencia nos está convenciendo de que prácticamente no existe ningún lugar seguro, que de hecho no hay un sitio donde podamos sentirnos a salvo de la delincuencia. El robo, con métodos cada vez más violentos, que muchas veces cobran las vidas de las victimas, se ha disparado notablemente en las calles, en las casas, en el transporte, en las escuelas, en todos lados. El secuestro, delito cruel y condenable, ha crecido de manera alarmante sin respetar estratos sociales, regiones geográficas o edades de las victimas. Igualmente, alcanzando niveles de crueldad inaceptables. Esta situación, en sí misma alarmante, se torna cada vez más peligrosa y genera un gran desanimo social cuando ocurre en medio de una desafiante embestida del narcotráfico contra las instituciones mexicanas. Los distintos carteles de la droga han hecho evidente su tremenda capacidad de juego y de penetración a las instituciones, y han desatado una ola de violencia que parece incontrolable y que se manifiesta en acciones intolerables. La situación es sumamente delicada, es indispensable un diagnóstico preciso, honesto e integral del problema de la inseguridad, para determinar cómo pudimos llegar a estas dimensiones inauditas de criminalidad, violencia e impunidad. Es claro, para la mayoría, que la actual situación obedece a la ineficacia y la corrupción de los órganos de seguridad del Estado, de las policías, del sistema de procuración e impartición de justicia, que generan una impunidad casi absoluta, que se retroalimenta con esa ineficacia y esa corrupción omnipresente. La tarea es inmensa y compleja, no basta con destinar mayores recursos, si bien en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2009 se propone un incremento de aproximadamente el 40 por ciento destinado a fortalecer la seguridad pública, difícilmente algún grupo parlamentario podría, en las actuales circunstancias, estar en desacuerdo con esto. Tampoco basta mejorar las leyes o endurecer las penas, se necesita que las leyes sean claras y que las instancias correspondientes las apliquen e interpreten con apego a derecho y con la ética que la sociedad exige. Que la expectativa de ser aprehendido y castigado, independientemente de la pena, inhiba al delincuente. Es impostergable una verdadera refundación de la seguridad pública y una transformación desde los conceptos mismos hasta la organización y las prácticas policíacas. Tienen que depurarse, profesionalizarse y modernizarse los órganos del Estado encargados de la seguridad. Tiene que limpiarse y agilizarse el sistema de procuración, impartición y administración de justicia para erradicar la inmunidad. Establecer indicadores transparentes que permitan evaluar el desempeño de policías, investigadores, ministerios públicos, agentes aduanales y jueces, así como mecanismos modernos y eficaces para reclutar, seleccionar, capacitar, promover y retirar a estos funcionarios y, en su caso, castigarlos si transgreden la ley. Hay que arraigar la práctica de la denuncia del delito, pero no con llamados de la autoridad descalificada, sino garantizando que el proceso judicial llegará a la correspondiente consignación y condena de los culpables. Vayamos a fondo en la reforma de justicia que iniciamos aquí, en el Congreso de la Unión. Contra la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico y el secuestro, no podemos claudicar. Debemos movilizar toda la fuerza del Estado, ya que la propia seguridad nacional y la gobernabilidad democrática están en juego. Sería fatal mandar el mensaje de que el crimen organizado es invencible. En ello la prevención del delito es un aspecto fundamental para el éxito a largo plazo de una política integral de seguridad pública. Especialmente debemos considerar las causas socioeconómicas como el desempleo, la falta de oportunidades en la educación para niños y jóvenes, especialmente en la media superior y superior y en zonas marginadas, donde los niños abandonan la escuela; así como la creciente pobreza y marginación que suelen inducir a la gente hacia las actividades ilícitas. Recientemente, con la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, los actores políticos y sociales involucrados realizamos un saludable reconocimiento de todo lo que dejamos de hacer en la materia; incluso numerosos ciudadanos se han preguntado ¿entonces qué han hecho en todos estos años? ¿Quién se hace responsable de este deterioro tan profundo y trágico de la convivencia nacional? No se puede perder esta batalla porque la existencia misma del Estado tiene su origen y razón de ser en la necesidad de brindarles seguridad a los ciudadanos. Seguridad en su vida y en sus bienes. Diversas doctrinas coinciden en establecer la figura de la fundación del Estado a partir de un pacto en el que la gente decide ceder parte de su libertad y su fuerza para depositarle en un ente que esté más allá de las pasiones e intereses personales, capaz de superar el estado de naturaleza donde priva la ley de la selva. Ninguna otra actividad colectiva puede florecer si el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No crece la economía, la educación se debilita, la cultura se estanca, la solidaridad se pervierte y la soberanía se pone en riesgo. La inseguridad cuesta, además de la tranquilidad social, recursos económicos al grado que el país dejará de crecer hasta un punto porcentual