La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresamos una posición acerca del tema del proceso seguido en la Corte federal de Nueva York, en contra de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa. Para nosotros no pasa desapercibido que los orígenes de las acusaciones en contra de García Luna encuentran su umbral en los hechos de corrupción perpetrados desde el año 2000, cuando García Luna fue director de la Agencia Federal de Investigación, no lo olvidemos. La absurda guerra en contra del narcotráfico, orquestada por Felipe Calderón, que costó la vida de aproximadamente 122 mil 285 personas, más las que todavía no se sabe y están desaparecidas. Solo fue el pretexto para combatir organizaciones delictivas contrarias a las que entregaban recursos ilícitos a quienes tenían la obligación legal de combatirlos. Sin embargo, no solo fue García Luna en la dirección de la AFI y en la Secretaría de Seguridad Pública, quienes le fallaron a México también fueron quienes ocuparon la titularidad de entonces la Procuraduría General de la República durante los gobiernos de Fox y Felipe Calderón. No podemos olvidar que, durante esos gobiernos, prácticamente en México se vivió en un narcoestado, según declaraciones dadas a conocer en distintos procesos penales, donde afirmaban que entregaron directamente a García Luna millones de dólares para garantizar su complicidad. Nadie puede decirse ignorante de muchas irregularidades cometidas por García Luna, ya que en la LXI Legislatura nuestro ahora compañero diputado Gerardo Fernández Noroña, públicamente y frente a él lo acusó de ser un asesino y delincuente. Pero, evidentemente, las complicidades lo protegían, se confabularon para impedir cualquier investigación. Tiene que ser de nueva cuenta el sistema judicial de otros países el que lo tiene que sujetar a un proceso, a un mal servidor público del gobierno mexicano, que con recursos económicos provenientes de actividades ilícitas adquieren propiedades en Estados Unidos, que ni remotamente corresponden a los ingresos que como servidor público se percibieron en su tránsito por distintas instancias de gobierno. De igual forma, severamente cuestionable la afición de García Luna, para violar sistemáticamente el debido proceso en contra de supuestos responsables. El mejor ejemplo es el de la francesa Florence Cassez. Fue solo otra manipulación informativa con la complicidad de varios medios de comunicación. Compañeras y compañeros legisladores, en este proceso penal aflora la profunda corrupción que se vivió en el mal llamado gobierno del cambio de Vicente Fox y en el gobierno espurio de Felipe Calderón, sin pasar por alto las asesorías que seguramente le dieron al gobierno de Peña Nieto. Con justa razón, el hoy secretario de Seguridad Pública del gobierno de la cuarta transformación, Alfonso Durazo, ha afirmado que en este nuevo gobierno no habrá ningún funcionario de primer nivel como García Luna, ni protección al narco ni narcopolicías que estén aliados con ellos. El proceso para contar con policías profesionales y con la clara convicción de realizar su tarea está en marcha. Que se lleva tiempo, sí, bastante tiempo, pero es mejor esto a pactar con los delincuentes. Por lo anterior, exhortamos a la titular de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República, para que se lleven a cabo las actividades que a cada una de ellas les corresponda, a efecto de que, si no existiera preinscripción de alguna conducta administrativa irregular o de la probable comisión de delitos, se haga lo procedente a efecto de que también en México este mal servidor público sea sancionado. García Luna es solo la punta del ice berg, pero en una conspiración para delinquir de esta magnitud no se actúa solo. Hubo muchos más implicados que deben ser investigados y sancionados. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrendamos nuestro total respaldo al presidente de la República, al fiscal general de la República y a la secretaria de la Función Pública para que en la investigación que se lleve a cabo se aplique estrictamente la ley. Es cuanto, senadora presidenta, muchas gracias. La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, diputada Bernal Martínez. La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora la palabra hasta por ocho minutos la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.