El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con el permiso de la asamblea. La fracción parlamentaria del PRD votará a favor del presente dictamen, sin embargo consideramos que esta reforma está lejos de lo que el pueblo de México necesita. En efecto la reforma política que aprobó el Constituyente Permanente, coincidimos en la necesidad de consolidar un verdadero cambio a nuestro sistema de justicia, que estuviera acorde a los graves retos que está enfrentando nuestro país en los últimos años por la inseguridad, la violencia y la corrupción, que se han apoderado del territorio a lo largo y ancho de su geografía; y, sobre todo, que se había quedado al margen de las grandes reformas la joya de la corona, que es la máxima instancia de la procuración de justicia, y que durante décadas su diseño anacrónico ha alimentado la ineficiencia y la corrupción de todo el sistema. Por ello consideramos imperativo que las reformas en materia de justicia penal que se aprobaron el 18 de junio de 2008, por el que se elevaron a rango constitucional los principios del proceso penal acusatorio, fueran acompañadas de la autonomía del Ministerio Público, ya que sin lograr esto el nuevo modelo acusatorio encontraría severas resistencias y contradicciones que harían nugatoria su implementación y el cabal respeto del debido proceso penal, los derechos de las víctimas y también de los acusados, lo que significaría un verdadero catalizador de la transformación de nuestro sistema de justicia. Sin embargo, nos preocupa que en nuestro país no se cuente con un Ministerio Público al que las víctimas de los delitos puedan acudir con toda confianza, que sea una institución de probada honorabilidad, que enfrente el grave deterioro en el que ha experimentado la PGR y las procuradurías estatales en las últimas décadas, que se ha acentuado por el cotidiano manejo político de sus asuntos aplicando criterios y mecanismos ajenos a la investigación de los delitos y procuración de justicia por la grave embestida de la delincuencia organizada en las últimas décadas, que ha puesto a prueba tanto el sistema de procuración de justicia como el de la seguridad pública, sometiéndolas a una peligrosa crisis institucional. Nos preocupa que esta ley, que debió ser el desarrollo institucional de esa reforma constitucional, no represente una salida clara al grave problema de violencia e inseguridad cotidiana que vivimos, que podría revertir las deficientes investigaciones que realiza la Policía Ministerial; las enormes carencias en la integración de la averiguación previa que hacen los Ministerios Públicos; la incapacidad para detener a los responsables. Aunado a ello, la falta de un adecuado seguimiento de los procesos; el rezago en el conocimiento y la resolución de los juicios; la convivencia entre los delincuentes y las autoridades, que es la cruda realidad con la que se enfrentan cotidianamente las víctimas de la delincuencia, que son muestra de las recurrentes violaciones a los derechos humanos cuando se llevan a cabo principalmente detenciones arbitrarias, arraigos, cateos o se pervierten los principios del debido proceso. Esta ley no contiene un capítulo específico que esclarezca las facultades de las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, que tienen su base constitucional y que por ello deberían haber sido consideradas en esta ley, no como una facultad del fiscal general para subsumirlos en el reglamento de la Fiscalía y lograr por esta vía neutralizar el nombramiento que haga el Senado de la República. Esta ley no resuelve las precarias condiciones laborales a las que se enfrenta cotidianamente el personal adscrito a las agencias del Ministerio Público, con salarios y prestaciones dignas, como tampoco no los provee de la infraestructura necesaria para realizar sus investigaciones. Una vez más reiteramos que el Ministerio Público no debe valerse del mando de una fuerza policial corrompida, en la que la gente no pueda confiar, sino en una verdadera policía científica del más alto nivel profesional y ético termino, presidente que realice investigaciones eficaces de los delitos, usando las técnicas científicas más avanzadas, con lo que se daría un giro de 180 grados en el combate, tanto a la delincuencia organizada como a los delitos del fuero común. Sin embargo, en este texto sólo vemos la extensión de un mecanismo de nombramiento, el cambio de la denominación de la institución y la repetición de la misma visión, la misma estrategia, o sea, en los hechos la ausencia de ambas. En razón de lo anteriormente expuesto es que el Grupo Parlamentario del PRD considera que esta ley es un paso inseguro en la dirección, que nos habíamos situado a partir de la reforma constitucional. Por ello reiteramos nuestra inicial propuesta de crear, fortalecer en su desarrollo institucional y legal a una verdadera fiscalía autónoma, porque es el primer paso para atender el reclamo del pueblo de México. Justicia y más justicia para todos. Muchísimas gracias. Gracias, por su tolerancia, señor presidente.