El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores y legisladoras, expreso en primer término mi preocupación, mi desacuerdo con algunos discursos que se sitúan y me hacen recordar a la derecha golpista, aquellos adoradores del garrote y la depresión, aquellos que añoran a Díaz Ordaz. Cuando la masacre del 68, muchas voces justificaban la matanza de estudiantes y decían: qué bueno que los mataron, eran unos vándalos, eran unos comunistas, se lo merecían. Eso es lo que me preocupa como legislador y como político. También, me parece un exceso la satanización y la criminalización a la que se está acudiendo para descalificar a los maestros, siempre he considerado que la manipulación mediática frente a la inconformidad social es perversa, siembra y cultiva el odio clasista y xenofóbico, constituye la antesala de la represión. Entre todos los sectores sociales existe un consenso tácito que reconoce plenamente que el tema educativo tiene el carácter de prioritario; lo anterior responde a que en la era en la que vivimos, en el contexto de la dominancia del subsistema económica, en un mundo globalizado, la impartición del conocimiento constituye, sin duda, el eje principal del progreso del país, el motor del desarrollo, la válvula para las presiones sociales, el principal medio de ascenso social y el instrumento más importante para combatir la desigualdad. Pese a esto, la situación educativa en México está debemos decirlo envuelta en múltiples problemáticas que derivan, entre otras cosas, niveles bajos de aprovechamiento escolar, altos índices de deserción, desinterés de alumnos, padres y maestros por generar una dinámica educativa competitiva integral y un exceso por la desatención en la impartición y contenidos de la educación. En el contexto que estoy describiendo surgió la reforma que modificó el artículo 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual cimbró numerosos sectores de la sociedad, suscitando un debate nacional entre los legisladores, entre políticos y entre maestros, sin duda fue muy enriquecedor. Nosotros votamos en contra cuando se discutió el 3o. y el 73, y lo votamos porque creíamos que el magisterio, los maestros, los trabajadores de la educación estaban excluidos. Hoy lo volvemos a hacer, por eso nadie nos puede reclamar, somos consecuentes, votamos en contra de la reforma constitucional y hoy votamos en contra de las leyes reglamentarias que de aquí surgen. El propio titular de Ejecutivo argumentó que debido a la importancia de estos cambios se buscaría el consenso entre los maestros, entre las autoridades educativas, entre investigadores, entre miembros de asociaciones interesadas y especialistas, lo cual permitiría que la educación se encausara a una verdadera reforma integral, que protegiera los derechos laborarles de los docentes, que combatiera la inequidad y desigualdad y que garantizara la laicidad, la gratuidad y la cientificidad de los conocimientos impartidos. Se acordó con la Secretaría de Gobernación la realización de una serie de foros sobre la reforma educativa, y la propia comisión de esta Cámara llevó a cabo distintos foros en distintas partes del país. Se definieron programas conforme al cual se realizarían mesas de trabajo regionales, los resultados se dijo se plasmarían en documentos con la Secretaría en comento y se entregaría a este Poder Legislativo. Ninguna de las ideas recabadas en el debate nacional, el cual incluyó a padres de familia, representantes sindicales y de organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores, fue recabada en los proyectos entregados por el gobierno federal. Es por eso que nosotros podemos argumentar con toda autoridad. No se puede satanizar la protesta social cuando los maestros fueron engañados, fueron timados por parte del gobierno. Asumió un simulacro que fingió estar preocupado por las demandas de la gente cuando en realidad sólo buscaba satisfacer intereses de una cúpula en el país. La llamada reforma educativa no surgió de la sociedad, se configuró como modificaciones exógenas impuestas de manera no democrática por un acuerdo cupular carente de legitimidad y de representación. El gobierno de Peña Nieto deliberadamente decidió mantener en completa secrecía la entrega de las reformas a las leyes secundarias en materia de educación. Mientras la iniciativa sobre el tema energético se presentó en medio de una parafernalia la modificación de 37 artículos de la Ley General de Educación, la creación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, que se excluyó de esta discusión, se caracterizaron por el mutismo. Lo preliminar no es coincidencia, responde a una estrategia del gobierno. Este gobierno ha utilizado desde el inicio de su sexenio, en donde el procedimiento no importa, la inclusión de opiniones es lo menos relevante. El único factor a considerar radica en que los temas salgan lo más pronto posible, reprimiendo la voz de los afectados en las modificaciones. Le pediría, presidente, que ponga orden en la sala, voy a concluir.