La diputada Patricia Flores Elizondo: La discusión de la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos resulta fundamental para el futuro energético y fiscal de nuestro país. Como fracción parlamentaria, Movimiento Ciudadano reconoce el objetivo de la iniciativa, que busca aliviar la carga fiscal de Petróleos Mexicanos a través de un esquema más sencillo y menos gravoso, y tiene la intención de mejorar la liquidez de la empresa, permitiéndole mayores márgenes de inversión, y así fortalecer su competitividad en un mercado global cada vez más desafiante, en lo cual estamos de acuerdo. Simplificar la estructura tributaria que actualmente enfrenta Pemex otorga mayor flexibilidad operativa para encarar los retos de un sector energético globalizado y cambiante. Sin embargo, no podemos abordar esta reforma de manera simplista, ya que su implementación tiene implicaciones que deben ser consideradas de forma integral, particularmente en lo que respecta a las finanzas públicas y la estabilidad económica del país. Pemex, como bien sabemos, enfrenta una serie de desafíos estructurales que no pueden ser ignorados. Si bien esta reforma tiene el potencial de ofrecer un alivio fiscal necesario, su éxito dependerá de abordar con seriedad y profundidad ciertos riesgos inherentes que podrían comprometer la sostenibilidad de la empresa y de las finanzas nacionales. Debemos considerar el riesgo de una disminución de los ingresos para el gobierno federal. Este aligeramiento de la carga fiscal puede traducirse en una reducción significativa de los recursos fiscales disponibles para financiar programas sociales y de infraestructura prioritaria. No debemos permitir que esta reforma ponga en riesgo la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones de infraestructura y estos programas sociales. Debemos incorporar mecanismos compensatorios que aseguren la estabilidad de las finanzas púbicas sin que ello implique una merma en la calidad de los servicios públicos ni en la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo del país. En segundo lugar, es necesario abordar la eficiencia operativa y la atracción de inversión en Pemex. A pesar de los esfuerzos para modernizar la empresa, Pemex sigue enfrentando graves problemas de eficiencia operativa, con un elevado costo de producción y una capacidad de inversión limitada por la falta de recursos. Al estructurar el nuevo derecho como una regalía no deducible corremos el riesgo de desincentivar las inversiones para mejorar los procesos de exploración y producción, áreas críticas para la competitividad de la empresa. Se debe garantizar que Pemex tenga los incentivos adecuados para invertir en la modernización de su infraestructura, en tecnologías de vanguardia y en la diversificación de sus fuentes de ingreso. El problema de la deuda de Pemex es otro aspecto esencial que no puede ni debe ser ignorado. A septiembre del 2024, la deuda de Pemex ascendía a 403 mil millones de pesos, lo que representa una carga financiera insostenible para las finanzas públicas. Esta deuda, que ha sido un lastre para la competitividad de la empresa no puede ser simplemente ignorada o trasladada a futuro. La reforma fiscal debe ir acompañada de estrategias claras de reestructura financiera que apunten a reducir la deuda de Pemex de manera efectiva, a la par que se implementen mecanismos de gobernanza y gestión interna más robustos. Dejar de recurrir constantemente al apoyo del erario público. Tampoco podemos obviar la vulnerabilidad de Pemex ante la volatilidad del mercado internacional del petróleo. Pemex sigue dependiendo de los precios internacionales del crudo, lo que lo hace susceptible a los ciclos de alta y baja que caracterizan este mercado. Si bien esta reforma busca mejorar la liquidez de la empresa, es indispensable que se establezcan políticas fiscales flexibles que permitan mitigar los riesgos derivados de las fluctuaciones adversas en los precios del petróleo. Por último, uno de los elementos que no podemos pagar por alto es la transparencia y rendición de cuentas. En la gestión de Pemex no podemos permitir que la reforma se traduzca en una mera transferencia de recursos sin control claro sobre su uso. Es fundamental que esta ley establezca mecanismos estrictos de auditoría y transparencia, para garantizar que los recursos liberados por la reforma se utilicen de manera eficiente, sin que se repitan las prácticas de opacidad que históricamente han afectado a la empresa. En conclusión, nuestra fracción parlamentaria respalda la iniciativa de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 2025, pues entendemos la necesidad de mejorar la competitividad de Pemex y fortalecer la autonomía financiera de la empresa. No obstante, nuestro apoyo en lo particular dependerá de la disposición del gobierno y de este Congreso, de su mayoría, para incorporar las observaciones necesarias. La reforma debe ser un proceso que no solo libere recursos para Pemex, sino que garantice su eficiencia, solvencia y capacidad operativa, sin comprometer las finanzas públicas ni la estabilidad del país. Concluyo. Es necesario que esta reforma sea un paso hacia la modernización integral de Pemex y que contemple la reducción de su deuda, el fortalecimiento de su gestión interna y una estrategia clara para mitigar los riesgos derivados de la volatilidad del mercado del petróleo. Solo de esta manera...