La diputada Marisol Vargas Bárcena: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Las iniciativas, materia del presente dictamen, tienen como propósito reformar el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Dichas reformas están dirigidas específicamente a nombrar, de manera precisa, a la totalidad de los servidores públicos que componen los poderes de la Federación, especialmente a los servidores públicos del Poder Legislativo Federal y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como también a los que comprenden los órganos autónomos reconocidos por esta Constitución, para que en su momento puedan ser señalados por cualquier acción u omisión que éstos realicen en el cumplimiento de sus deberes y que estas acciones se encuadren dentro del régimen contenido en el título cuarto de nuestra Carta Magna. El texto de las iniciativas que se presentan parte de lo que éstas plantean como necesidad jurídica de mayor precisión y claridad en cuanto a los sujetos que componen el concepto "servidor público" previsto en el título cuarto de nuestra Carta Magna respecto a su ámbito personal de validez, por lo que resulta en la necesidad jurídica de identificar de forma precisa a las personas físicas que desempeñen un empleo, cargo o comisión para el Gobierno Federal, para el efecto de que con base en el marco jurídico se pueda demandar el cumplimiento de las obligaciones que por disposición de la ley se está obligado a cumplir. La Constitución en 1857, es la primera en establecer un título cuarto exclusivo para determinar la responsabilidad de un funcionario público, además de que bajo su vigencia se expidieron las primeras leyes reglamentarias sobre responsabilidades de servidores públicos. En la actualidad fue en el año de 1982, cuando el título cuarto de nuestra Carta Magna cambio su denominación: en lugar de referirse a "de las responsabilidades de los funcionarios públicos", se enmarca ahora como "de las responsabilidades de los servidores públicos", estableciéndose así la naturaleza del servicio a la sociedad que constituye el objetivo de cualquier empleo, cargo o comisión, con lo que pretendió darse un tratamiento sistematizado al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Atendiendo a este punto, es de gran importancia tener en cuenta que actualmente los servidores públicos, al llevar a cabo su función, están obligados a realizar la finalidad de ésta, la cual es esencialmente trabajar por el bienestar de todo gobernado, siendo necesario que cualquier conducta de estos servidores que vaya dirigida a un detrimento del bien social debe ser sancionado, por lo que una de las más altas responsabilidades de nuestras instituciones es la de garantizar el desempeño transparente y ético de todos y cada uno de los servidores públicos. Los integrantes de esta Comisión coincidimos en que establecer un marco jurídico eficaz en materia de responsabilidades de los servidores públicos es necesario para propiciar un desempeño correcto y transparente de éstos, a efecto de contribuir a la plena vigencia del estado de derecho. Es también importante puntualizar que le corresponde al Poder Legislativo garantizar la existencia de un marco jurídico en el que los servidores públicos se desenvuelvan dentro de los principios rectores de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficacia, propios del ejercicio de la función pública. Con respecto a la legislación vigente, las iniciativas analizadas en el presente dictamen nos señalan que en el artículo 108 constitucional no se considera a la totalidad de los servidores públicos de los Poderes de la Unión, lo que podría crear problemas derivados de la interpretación de dicho precepto, abriendo la posibilidad de una controversia en el sentido de señalar con precisión quiénes están inmersos dentro del término "servidores públicos", debido a que la interpretación judicial exige que la ley contemple con exactitud quiénes están incluidos en esa categoría, ya que la Constitución señala sólo los de elección popular dejando fuera al resto de los servidores que laboran en las dos Cámaras. A lo anterior, se suma la no inclusión de otros servidores públicos, como los que prestan sus servicios en organismos autónomos previstos en nuestra Carta Magna. El Instituto Federal Electoral ya es mencionado, por lo que es importante precisar la inclusión de los demás institutos que cuentan con autonomía. Lo mismo sucede con los servidores públicos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sumado a lo anterior es necesario exponer una situación que viene a reforzar la medida legislativa de los proponentes, la cual consiste en que actualmente el Código Penal Federal en su artículo 212 correspondiente al Título Décimo, que se refiere a los delitos cometidos por servidores públicos y establece quiénes son. Lo cual coincide con la propuesta a reforma analizadas en este dictamen al proponer establecer a nivel constitucional, lo que las leyes secundarias ya prevén, para el efecto de establecer con claridad el ámbito personal de validez del artículo 108 constitucional. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera conveniente que debe incluirse en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el ámbito federal o en el Distrito Federal. Por tanto debe incluirse en el primer párrafo del artículo 108 a los servidores públicos del Poder Legislativo Federal, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los que laboran en los organismos que la propia Carta Magna otorga autonomía. Es cuanto señor presidente.