El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la presidencia. La seguridad social en ese avance de la seguridad colectiva, comprende una amplia gama de servicios esenciales para preservar y mejorar la condición humana: asistenciales, clínicos, económicos, sociales, culturales, deportivos, etcétera. El Gobierno Federal y los gobiernos estatales, han desarrollado esfuerzos de ampliación de cobertura de los servicios de salud, brindando acceso a la atención médica a la gran mayoría de los mexicanos. A pesar de ello, entre dos y tres millones de familias se empobrecen anualmente debido a que emplean más de la tercera parte de su ingreso para solventar sus gastos en salud. Este gasto de bolsillo cuyo desembolso se destina principalmente a la compra de medicamentos y consultas médicas, afecta sobre todo a los hogares de bajos ingresos. Según el registro del Censo de Población y Vivienda 2000, el 57.8 por ciento del total de la población del país no está asegurada por alguna institución de seguridad social, por lo cual en la mayoría de los casos posterga e incluso deja de atenderse por el alto costo que el tratamiento involucra el limitado patrimonio del que se dispone. Este amplio sector, de no asegurados, se encuentra en mayor riesgo de empobrecimiento por gastos catastróficos de salud. Esta realidad dio origen a la creación del seguro popular cuyo objetivo central es reorganizar el sistema de la salud en el país a fin de garantizar que los esquemas de financiamiento sean justos y que protejan a toda la población contra gastos excesivos por motivos de salud. De esta manera se lograría materializar la prerrogativa constitucional del derecho que todo mexicano tiene a la protección de la salud. La unidad de protección del seguro popular es el núcleo familiar integrado por el titular, su cónyuge, sus descendientes directos menores de 18 años y/o sus hijos solteros de 18 a 25 años que cursen la educación media superior o superior, hijos discapacitados, dependientes y sus ascendientes directos mayores de 64 años y dependientes económicos que vivan en el mismo hogar. Es importante resaltar que la condición socioeconómica no es restrictiva para el acceso al Seguro Popular, pues cuenta con un esquema no contributivo para aquellas familias que por su condición económica o por su marginación no puedan tributar al Sistema. El diagnóstico del que parte el Seguro Popular descansa en lo ineficiente e injusto que resulta el contexto financiero de la salud en México para las familias más desprotegidas. La reorganización del Sistema de Salud a través del Seguro Popular, como vehículo financiero, está enfocado a romper con los problemas del reducido financiamiento de la salud, desigualdad en la distribución recursos públicos y presupuestos inerciales ineficientes. Para ello plantea reestructurar los servicios de salud públicos a fin de corregir los desequilibrios financieros existentes en el Sector Salud y canalizar los recursos públicos de acuerdo a las necesidades de salud de las distintas regiones y grupos poblacionales. Optimizar también el aprovechamiento de la infraestructura pública para la atención de la salud mediante una planeación y manejo integral de los recursos públicos destinados a los servicios de salud, y también garantizar una cantidad mayor de recursos públicos de la Federación y los estados para incrementar la infraestructura y gama de servicios de salud a que tenga acceso la población abierta. Sin duda esta estrategia de universalizar la salud está dando buenos resultados. A la fecha el Seguro Popular ha afiliado a más de 3 millones de familias en el país y ha probado ser un instrumento eficaz en el aspecto de distribución del ingreso. El 92.8% de las familias beneficiadas se ubica en los dos primeros deciles de ingreso, rango en el que las familias no aportan un solo peso de contribución. De esta forma se inscribe una estrategia de erradicación de la pobreza, bajo el supuesto de que si se carece de salud no se puede tener acceso a los demás bienes y servicios de desarrollo personal y social. La reforma a la Ley General de Salud y su Reglamento publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de mayo de 2003 y el 5 de abril de 2004 respectivamente, reforman, adicionan y dan vida al Sistema de Protección Social en Salud, mediante el cual se convierte en ley el Seguro Popular. Sin embargo, el Seguro Popular no está exento de dificultades, sobre todo con la aproximación de la contienda electoral. Resulta un gran desafío mantenerse hasta cumplir la transitoriedad establecida en la Ley como una estrategia de Estado, alejado de la coyuntura y de las posiciones políticas. En la práctica depende del respaldo que se les dé de parte de los gobiernos, tanto Federal como estatales. Hay que tomar en cuenta que los servicios de salud han sido en su mayoría descentralizados a las entidades federativas. Esta realidad está presente en la operación del Sistema de Protección Social, ya que las entidades federativas, además de operar directamente los servicios de atención médica, participan en su financiamiento, de ahí la necesidad de que se asegure no sólo el compromiso presupuestal de la hacienda federal, sino que sea correspondido por los gobiernos de los estados sin importar su ideología y color partidista. Coincidimos plenamente con la propuesta de la Comisión Nacional de Gobernadores: Se debe oficializar el Seguro Popular. Por ende, esta iniciativa pretende establecer el derecho constitucional de toda persona, a disponer de una institución de salud que le proporcione atención y asistencia médica gratuita. Para hacer efectivo este derecho, tomando en cuenta que ya existen instituciones de seguridad social que cubren alrededor de la mitad de la población. Se prevé entonces que la población abierta se incorpore al Seguro Popular. Al día de hoy los niveles de cobertura y calidad son insuficientes para satisfacer la demanda de afiliación al Seguro Popular con su incorporación al texto constitucional. Precisamente se busca manifestar y estructurar de manera adecuada este Seguro, de esta manera se logrará definir la corresponsabilidad entre órdenes de gobierno federal y local y dar contenido efectivo al derecho, a la protección de salud haciendo más explícitos los derechos y las obligaciones de la ciudadanía y el gobierno tanto local como federal. En virtud de lo expresado es que presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para añadir y quedar como sigue: "Artículo cuarto. Las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de Protección Social en Salud, la ley definirá los lineamientos de afiliación y las bases de prestación de servicios del Sistema, así como la participación económica de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Es cuanto diputado Presidente. Muchas gracias.