La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se encuentra entre nosotros el doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar el informe de actividades correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. Tiene la palabra el doctor José Luis Soberanes Fernández, hasta por 30 minutos. Podemos dar oportunidad si se toma unos minutos más, no hay problema. Gracias. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández: José Alejandro Ortiz Castillo, Ramiro Gámez Acosta, Francisco Javier Domínguez Rivera, Guillermo Martínez, Martín García Martínez, Darío Miranda Valenzuela, Víctor Mandujano Navarro. Los nombres que acabo de mencionar corresponden a migrantes mexicanos que murieron el año pasado, como consecuencia de las heridas de las balas que les dispararon agentes de la Patrulla Fronteriza cuando intentaban pasar al vecino país del norte. Ellos ya no tienen voz para protestar. Yo, como defensor del pueblo, asumo su representación y quiero, aquí y ahora, desde la máxima tribuna de nuestro país, denunciar esos crímenes execrables que, hasta ahora, han quedado en la total impunidad. Los homicidas siguen gozando de libertad sin que nadie los llame a cuentas. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; señoras y señores. Hoy, la defensa y la promoción de los derechos humanos representan una fuerza social, una bandera política común a todos los mexicanos, un espacio en el que confluyen creencias, causas y movimientos sociales para unirnos como país. Es aquí donde todos estamos de acuerdo. En 2007 los derechos humanos se consolidaron como parte integral de la cultura cívica mexicana y ocuparon el centro del debate nacional, de la tribuna legislativa y de las conversaciones del ciudadano común. La sociedad civil organizada y la clase política, la opinión pública y la población en general han hecho intensamente suya la defensa de las prerrogativas fundamentales. Han quedado atrás los debates estériles, propios de una sociedad políticamente inmadura: ya nadie considera innecesario que el Estado defienda los derechos humanos o que les deban ser cancelados a quienes delinquen. Millones de mexicanos tienen plena conciencia del alcance y la fuerza de sus garantías. Además, saben que en las comisiones públicas de derechos humanos trabajamos para defenderlos. Gran parte de ese avance lo debemos al debate de varios casos que tuvieron un enorme impacto no sólo entre analistas, académicos y políticos, sino también entre el grueso de la población. El caso Zongolica, la situación de las cárceles y los indígenas, los conflictos en Oaxaca, los inmigrantes y los emigrantes, la despenalización del aborto en el Distrito Federal y los atentados contra periodistas generaron discusiones que sirvieron para que los mexicanos apreciaran el genuino valor de los derechos humanos. El beneficio educativo que tales debates aportaron a la cultura política nacional es tan positivo como evidente. Esa conciencia ciudadana se reflejó en las 5 mil 244 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que recibimos durante el 2007, así como los más de 39 mil servicios de atención al público que dimos en el Distrito Federal y a las más de 6 mil personas que atendimos en nuestras oficinas ubicadas en diversos puntos de la república, particularmente en las fronteras. Las autoridades que generaron más quejas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social con 15 mil 15 y la Procuraduría General de la República con 671; le siguieron la Secretaría de la Defensa Nacional con 368, la Secretaría de Educación Pública con 310 y el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con 307. Otras 270 quejas fueron generadas contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 221 correspondieron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Contra el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública, se presentaron 220 quejas. Recibimos 198 quejas sobre los servicios de la Comisión Federal de Electricidad y 136 contra la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Contra la Secretaría de Relaciones Exteriores y contra Luz y Fuerza del Centro se presentaron 115 y 110 quejas, respectivamente. En el mismo periodo en el que recibimos esas quejas, emitimos recomendaciones. Las autoridades que recibieron más recomendaciones fueron el Instituto Nacional de Migración, con 8, le siguieron el gobierno del estado de Guerrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de la Defensa Nacional, con 6 cada uno; el gobierno del estado de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública Federal recibieron 4 recomendaciones. Los gobiernos de Jalisco y de Oaxaca, el Congreso de Veracruz y el ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, se hicieron acreedores a tres. Tanto los gobiernos de Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y el Distrito Federal, así como el ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibieron dos recomendaciones cada uno. Emitimos también una recomendación general sobre los derechos de las víctimas del delito, en la que enumeramos una serie de medidas que consideramos deben tomarse para asegurar que quienes sufren la acción de la delincuencia sean tratados debidamente por la autoridad y no sufran una segunda victimización a manos de la burocracia. El sistema penal en México debe evolucionar y ser más equitativo. Es hora de que los delincuentes no sean más importantes que las víctimas, de que la reparación del daño sea tan relevante como el correctivo y la indemnización tan trascendente como la rehabilitación social. Es hora de que el Estado vea las dos facetas del drama penal con humanismo y con justicia. Señalo la falta de disposición de algunas autoridades para atender las violaciones de derechos humanos: el gobernador de Guerrero se negó a aceptar dos de nuestras recomendaciones, al igual que el ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. El gobernador de Baja California rechazó una recomendación; lo mismo hizo el gobernador de Colima, así como cada uno de los siguientes ayuntamientos oaxaqueños: Ánimas Trujano, San Agustín de las Juntas, San Agustín Yatareni, San Antonio de la Cal, San Jacinto Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Atzompa y Villa de Zaachila. Los ayuntamientos de Huitzilac, en Morelos, y Xoxocotla, en Veracruz se negaron a aceptar sendas recomendaciones. A esta Comisión Nacional le preocupa especialmente que sea en los ayuntamientos donde haya mayor rechazo a la defensa de los derechos humanos, porque en el palacio municipal está la primera puerta que el ciudadano toca cuando enfrenta un problema, la primera cara que el Estado presenta al pueblo. El alcalde y el cabildo encarnan la democracia participativa por su cercanía con la comunidad. Justamente por ello, cuando un ayuntamiento atenta contra los derechos humanos, la gravedad de la falta se magnifica; es ahí donde comienza a debilitarse la confianza en la autoridad y donde se cancela la posibilidad de la justicia. Hago un llamado a los congresos locales para que, desde sus atribuciones soberanas, vigilen muy de cerca la actuación de los ayuntamientos en materia de derechos humanos. No debemos permitir que la falta de atención a los gobiernos de las más pequeñas comunidades propicie una balcanización. No podemos permitir que se pervierta la laudable lucha histórica por el municipio libre, creando o promoviendo cotos de poder, deudos o cacicazgos. Al rechazar nuestras recomendaciones, las autoridades se alejan de la causa de los derechos humanos. Espero que la opinión pública de las comunidades a las que esos gobernantes pertenecen señale y condene sus faltas. Es necesario, señoras legisladoras y señores legisladores, reflexionar sobre el deterioro que ha sufrido la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad desde que encabezan la lucha contra la delincuencia organizada. Históricamente, los mexicanos nos hemos enorgullecido de tener un Ejército que nace del pueblo y al pueblo se debe; que se distingue entre todas las Fuerzas Armadas de la región por su vocación constitucionalista, su obediencia a la autoridad civil y su respeto a la democracia. Desgraciadamente, ahora que el soldado interactúa de manera permanente con la población civil en tareas para las cuales no está debidamente capacitado, han ocurrido gravísimos atropellos a los derechos humanos. Durante 2007, documentamos sobradamente casos de tortura, violación y homicidio. Reconocemos que las autoridades militares se aprestaron a enfrentar esas situaciones aceptando nuestras recomendaciones. Es evidente que individuos pertenecientes a las Fuerzas Armadas cometieron abusos de la máxima gravedad; pero también lo es, que el alto mando aceptó investigar y castigar los hechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ve con beneplácito que la Secretaría de la Defensa Nacional haya creado una dirección general para tratar los asuntos relacionados con la vigencia de los derechos fundamentales. Insisto en el tema, para no dejar lugar a dudas. La CNDH no considera conveniente que el Ejército abandone de inmediato la lucha contra el narcotráfico, porque la ausencia de las Fuerzas Armadas condenaría a millones de mexicanos a la indefensión, sobre todo en zonas rurales. Sin la potencia del Ejército el crimen organizado vería el Estado como un tigre de papel. Sin embargo, es indispensable que se anuncie, a la brevedad posible, una hoja de ruta con un calendario claro, detallando qué acciones concatenadas se harán para regresar al Ejército a los cuarteles. Esa retirada necesariamente debe ser paulatina, prudente y cautelosa, pero es indispensable para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos de la población civil y preservar el orgullo que los mexicanos sentimos por nuestros soldados. Otro tema que trabajamos con gran intensidad fue el conflicto en Oaxaca. Con una presencia permanente in situ, nos aseguramos de contar con información de primera mano y procuramos que la presencia de nuestros visitadores inhibiera violaciones a los derechos humanos. Presentamos un informe especial y recomendación sobre el caso. El saldo de dicho conflicto, que para muchos sigue latente, ha sido lamentable. Persisten las diferencias entre los oaxaqueños y se ve distante la reconciliación social. La confianza que el Estado mexicano perdió con su injustificable ausencia, difícilmente podrá ser recuperada. El daño que sufrió la educación de millones de niños es irreparable, jamás podrán reponer esas clases que perdieron por un conflicto que les era por demás ajeno. Un tema que ha definido la evolución de nuestra sociedad es la desigualdad entre hombres y mujeres. Participamos en ese debate mediante un intenso trabajo que generó un informe especial. Señalamos caminos por los cuales las diversas autoridades pueden ejercer una acción de gobierno más justa, más respetuosa y con una visión de género equilibrada. La democracia que hemos alcanzado en diversos ámbitos de nuestra vida social debe reflejarse en el trato que la autoridad brinde a la mujer. No es posible que la discriminación y la desigualdad persistan en el trabajo que el gobernante da a los gobernados. Es necesario que la autoridad brinde ya el primer ejemplo de trata equitativa hacia las mujeres y los hombres. La tortura, por otro lado, sigue siendo una preocupación vigente para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque no es aceptable que la ilegalidad se combata con más ilegalidad. Afortunadamente recibimos más atribuciones para prevenirla y denunciarla, gracias a que a nuestra institución se le otorgó la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ello de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas al cual el Estado mexicano se adhirió el 22 de junio de 2006. Con las nuevas herramientas que nos proporcionó el Estado, podemos inspeccionar los espacios públicos para vigilar las condiciones en las cuales se refiera a las personas privadas de la libertad, manteniendo al mismo tiempo una estrecha comunicación con los organismos internacionales. Con gran preocupación hemos visto que la delincuencia organizada ha hecho crecer la trata de personas con fines de explotación. Por ello, en la quinta visitaduría general abocada a vigilar la situación de los migrantes, establecimos el Programa contra la Trata de Personas. Estamos decididos a combatir esa moderna forma de esclavitud y a hacer de nuestro país un espacio de plena libertad para los migrantes. Para ello, contamos con la colaboración de actores sociales comprometidos. Queremos llamar la atención sobre un asunto de la mayor importancia: la violación contra la libertad de expresión. En la Comisión Nacional estamos convencidos que un ataque a la prensa es un ataque a la democracia. Por eso durante el 2007 abrimos 84 expedientes de queja por agravios a periodistas. También documentamos 88 casos en los que podía haber violación a derechos humanos de los comunicadores. Es especialmente preocupante que durante el 2007 fueran asesinados cuatro periodistas y otros tres desaparecieran. Del 2000 a la fecha ya han muerto 35 periodistas y han desaparecido 6. Sin embargo, las investigaciones de las autoridades han arrojado pobres resultados. La escasa atención gubernamental ha creado un ambiente de impunidad. Hoy, en México el periodismo se ejerce bajo amenaza. Por conducir una magistratura de opinión, el ombudsman nacional trata de incidir sobre el desarrollo cívico y político de la sociedad mexicana. Por ello, en 2007 la CNDH alcanzó una producción editorial de un millón 540 mil ejemplares. Además con nuestro programa de capacitación llegábamos a 72 mil personas de los ámbitos de educación formal, media superior, diplomados y capacitación a grupos vulnerables, organizaciones sociales y servidores públicos. Nuestras acciones se dieron en el marco de un estrecho contacto con la sociedad. Jamás de manera aislada. En 2007 ejecutamos 751 acciones de vinculación por medio de las cuales abrimos camino para trabajar conjuntamente con organizaciones sociales en la defensa plural y participativa de los derechos humanos. Señora diputada Presidenta, señoras legisladoras y señores legisladores, la pluralidad y la multiculturalidad de nuestra extensa nación se ven plenamente reflejados en la integración del Poder Legislativo. En esta soberanía respira y late el poder del pueblo. No es casualidad que el ombudsman nacional sea elegido por legisladores como garantía de un respaldo políticamente diverso a los derechos humanos. Me es grato informar que el respaldo del Poder Legislativo a nuestro trabajo fue tomado muy en cuenta por los gobernantes: la mayoría de nuestras recomendaciones fueron aceptadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Así como el año pasado hice público ante esta honorable audiencia que habíamos sido objeto de demandas judiciales y presiones diversas por funcionarios federales, hoy informo que esas acciones de intimidación ya cesaron. Muy por el contrario, hemos visto que la nueva administración federal ha abierto canales de interlocución y nuevos espacios de defensa de los derechos humanos. Aunque ha habido graves errores, justo es reconocer también la voluntad política para enmendarlos. Además, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos advertido, con gran satisfacción, que la defensa de los derechos humanos ha tenido un lugar preponderante en la agenda del Poder Legislativo, sobre todo a partir de un intenso trabajo de las comisiones respectivas. Las discusiones, opiniones y declaraciones generadas por legisladores han servido de guía a nuestra labor. En todo ello hemos visto que la fuerza social detrás de la defensa de los derechos humanos ha sido respetada por el Estado. Hay más conciencia, más preocupación y, en la mayoría de los casos, más políticos y gobernantes dispuestos a escuchar y a corregir el rumbo Desgraciadamente también seguimos sufriendo, como sociedad, serias trabas de diversas autoridades. No podemos decir a las familias de los periodistas asesinados y desaparecidos que en México hay pleno respeto a los derechos humanos. Tampoco podemos esperar que los oaxaqueños confíen en un Estado que los dejó indefensos durante tantos meses. De cada cárcel, de cada comunidad indígena, de cada hospital público, de cada estación migratoria ha salido más de una persona cuyos derechos han sido atropellados. Hay situaciones humanas desgarradoras, trágicas, provocadas por una deficiente y a veces inexistente acción gubernamental; sin embargo, tenemos una clara ventaja que permitirá a la nación mexicana seguir creciendo. Ya se reconoce a los derechos humanos como el cimiento de nuestra democracia. Hay plena conciencia de que ejercerlos es la libertad que hace posibles todas las libertades. Por ello, al rendir mi informe ante esta soberanía estoy obligado a señalar la grave situación de los derechos humanos en México; sin embargo, también tengo que resaltar que la pluralidad en la capacidad política de los mexicanos, en la muticulturalidad de nuestra nación y en la solidez de nuestro tejido social existen herramientas para crear una república con respeto a los derechos fundamentales y con justicia para todos. Muchas gracias.