EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES: Con su venia, Señor Presidente. En efecto, lo señalado por el Diputado Ramón León Morales no es más que la pura verdad de lo que ha sucedido en los últimos días en Colima. El gobernador del estado, Fernando Moreno Peña, ha desoído una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que significa un grave quebranto al estado de derecho. Todo bajo el único sustento de una actitud caprichosa. Desde su primer momento, el gobernador del estado quiso controlar el Poder Judicial; lo hizo a partir de otorgar nombramientos, a los pocos días de haber tomado posesión, sin seguir el procedimiento ya establecido de dictaminar la separación de quienes venían fungiendo. Los hechos anteriores llevaron al caso de que los magistrados que venían fungiendo acuden al amparo, se les otorga, y el Ejecutivo acude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su revisión, lo que de nueva cuenta refrenda la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, de una manera por demás sucia y descarada, el ejecutivo del estado lleva un procedimiento que rompe el esquema establecido en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y, de una manera sucinta, establezco y en forma ordenada, cómo el Ejecutivo, primero, ordena la reinstalación de los magistrados, tal y como lo establecía la Suprema Corte; segundo, le solicita a los Magistrados que él mismo había nombrado presenten su renuncia, para que a las pocas horas volver a presentar el nombramiento de quienes habían renunciado, simple y llanamente para volverlos a reinstalar y establecer un Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 15 Magistrados. ¡Por demás inaudito! ¿Qué pretende el señor gobernador del estado? ¿Por qué la actitud asumida por el mandatario estatal? Son interrogantes que de manera razonable no encuentran respuesta en un acto de inteligencia. Pareciera que cree que el ejercicio de su poder no tiene límites o no puede ser contenido por nada ni por nadie. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Simple y llanamente porque la dinámica que ha asumido el Ejecutivo, una vez notificado de la resolución ha sido de tropiezo en tropiezo. Porque, el último de los casos, es que no simple y llanamente se integra a los Magistrados anteriormente renunciados, sino que presenta un dictamen para la separación de los Magistrados sin que se hubiese cumplido la resolución de manera total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bajo argumentos que se dan en un trabajo colegiado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en donde se involucran a todos los Magistrados y bajo esas calificaciones descalifica a dos únicamente. ¡Cosa de nueva cuenta inaudita! Es importante resaltar que la reinstalación de los quejosos no era la única obligación que tenía que cumplir tanto Congreso como Ejecutivo Estatal. Tenían que habérseles pagado los salarios. Y vamos, Acción Nacional no está apostando a la honorabilidad o, en su caso, defendiendo a los Magistrados en sí, no los defiende; el procedimiento es lo grave de esta situación. ¡Y qué lástima que el Ejecutivo del Estado crea que no puede ser contenido por nadie! Preocupa la situación actual en el estado de Colima. El Ejecutivo no ha entendido el mensaje de fondo que le envía la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Deje de meter las manos en el Poder Judicial del Estado" No queda otra más que esperar que la Suprema Corte resuelva la queja administrativa de inejecución de sentencia interpuesta por los Magistrados favorecidos por la resolución jurisdiccional. Asimismo, esperar que el poder ejecutivo estatal entre en razón y deje de manosear al poder judicial del estado. Porque de otra manera nos preguntaríamos: ¿Cuál sería la justicia que se impartirá en el esta do: la de la ley o la de los caprichos del ciudadano gobernador del estado? Lo que por sí solo ya es grave, pero vayamos más hacia la situación planteada: podríamos caer en la anarquía jurisdiccional en el estado de Colima, propiciada por la actitud caprichosa del gobernador del estado, ya que la integración irregular del Supremo Tribunal de Justicia podría tener graves consecuencias en la impartición de la justicia local. Muchas gracias. [Aplausos del grupo parlamentario panista] EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Gracias, don Jaime Salazar Silva. Para referirse a este tema han solicitado el uso de la palabra el Diputado Roberto Preciado Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y se le concede hasta por diez minutos.