El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Estimadas compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para expresarles el dictamen que en este momento discutiremos y solicitar su voto a favor, pues abona al cumplimiento de las obligaciones de la transparencia del Estado mexicano. Su finalidad es de ampliar la difusión del listado de las entidades desconcentradas existentes, en el beneficio del conocimiento de la ciudadanía en general, considerándose necesario que esta información se publicite de manera efectiva para que todos los medios posibles, sin que en ello implique un costo adicional al erario. La propuesta se alinea con el mandato al artículo 6o constitucional, que establece que toda información poseída por cualquier autoridad, órgano u organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo mismo órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que reciba recursos públicos o realice actos de autoridad, es pública y debe ser totalmente pública, y que en la interpretación del derecho del acceso a la información deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. De este modo se pretende difundir y poner en manos de los ciudadanos esta información, a lo que a su vez fortalece los principios de la rendición de cuentas. Entonces esta reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales nos permite tener meridiana claridad respecto de los organismos que componen el sector paraestatal, y es decir, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. En este tenor, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales tiene, entre otros, el objetivo de regular los organismos descentralizados y dar cumplimiento a un principio constitucional que favorece a la rendición de cuentas, que es precisamente el de máxima publicidad. A este respecto, conviene recordar que el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información señalando a la letra que toda persona tiene derecho al libre acceso, a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En este precepto constitucional relaciona directamente el derecho a la información con la libertad de expresión y ambas aluden a las prerrogativas de buscar, recibir y difundir informaciones. Por ello, el Estado mexicano tiene la obligación de publicar sus actos y determinaciones, pues se reconoce el derecho fundamental de los gobernados a acceder a la información en poder de cualquier órgano, organismo de los Poderes Ejecutivos, Legislativo o Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como toda persona física o moral, o sindicato que reciban recursos públicos o realice actos de autoridad, debe ser totalmente pública. En síntesis, es la interpretación del derecho del acceso a la información, debe de prevalecer siempre el principio de máxima publicidad, es derecho fundamental de acceso a la información, tiene un lazo muy estrecho con la democracia, ya que los ciudadanos deben conocer y evaluar la conducta de sus gobernantes, esto permite asignar responsabilidades. Estos principios deben de aprovechar los mecanismos de socialización de la información pública y las diferentes formas de comunicación institucional para transparentar todo resquicio de la vida pública. En este tenor consideramos que, si bien los mecanismos de publicación previstos en la ley vigente son suficientes, no resultan de fácil accesibilidad, por lo que esta propuesta considera como una necesidad el publicar, difundir y dar acceso a la relación de las entidades paraestatales que formen parte de la administración pública federal en las páginas de Internet oficiales correspondientes a cada una de las entidades. Es de gran importancia esclarecer al público en general cuáles son los entes de la administración pública descentralizada a fin de no incurrir, por ejemplo, en desigualdad comercial de quienes tengan trato comercial con ellos, o evitar monopolios o permitir el alineamiento entre lo público y lo privado, sin causar ventaja o desventajas entre quienes encuentren enlistados la ampliación de los mecanismos de difusión que los accesos de la información pública tienen de manera concreta y práctica, den alcance para solicitud de información sin la necesidad de pasar por dos procesos burocráticos del acceso a la información pública. La característica de una política de datos abiertos debe ser sencilla, de fácil acceso a la información en línea, disponible de manera gratuita que reduzca costos públicos de atención, debe fortalecer la competitividad, la innovación y todo para mejorar los servicios públicos e incrementar la eficiencia gubernamental. Por todo esto, los insto a apoyar con su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta. Gracias, compañeras y compañeros.