La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy en el marco del proceso deliberativo en torno al dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, estimo necesario proponer al pleno de esta honorable Cámara la adición de una sección séptima, que le denominaremos de la suspensión el acto de la autoridad competente, compuesto por los artículos 66, 67 y 68, con el propósito de establecer el deber a cargo de la Mesa Directiva de cualesquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, en que por mandato constitucional se deposita el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en decretar la suspensión provisional del acto de la autoridad competente que imposibilite la caución de un daño de imposible reparación en la esfera jurídica del peticionario. Asimismo y previo desahogo de la jornada de la consulta popular, en donde haya participado un porcentaje mínimo del 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, respecto del acto de la autoridad competente en materia de consulta y que por tal razón se determine el carácter vinculatorio de los resultados que arroje dicho mecanismo de participación ciudadana, también propongo establecer como deber jurídico a cargo del Instituto Federal Electoral el decretar de forma inmediata la suspensión definitiva del acto de la autoridad competente que motivó la organización y el desarrollo de la consulta popular, con la finalidad de preservar los derechos y demás bienes jurídicos de los peticionarios, que sufrirían un menoscabo considerable de no atenderse de manera oportuna y adecuada la determinación que al efecto notifique la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la autoridad competente. Es por lo anterior que conmino a las diputadas y a los diputados que integran esta honorable soberanía que voten a favor de la presente reserva, ya que no podemos pasar por alto las afectaciones que causarían a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, entre los cuales se encuentran los derechos políticos que devengan de un acto de autoridad policivo, intencional, imperativo, unilateral y coercitivo, que inexorablemente pueden producir un menoscabo importante y en algunos supuestos irreparable en los bienes y derechos del particular. Así, es necesario determinar en el ordenamiento jurídico que regulará los procesos de consulta popular las directrices necesarias que promuevan y garanticen el completo y absoluto goce y ejercicio del derecho humano de todo ciudadano mexicano a poder manifestar sobre los temas que por su naturaleza e implicaciones repercuten en todo el territorio del país, o bien, que impacten de manera representativa en la esfera jurídica de un porcentaje considerable de la población mexicana. Creo necesario que hagamos esa adición de esta sección séptima que propongo para que de alguna manera tuviéramos ya la propia creación de la ciudadanía, y que sea la ciudadanía en esta consulta popular la que pueda decidir cuáles son los temas que se deben realizar, cuáles deben ser las políticas públicas que se deben ejercer como gobierno y que se pueda tener esta garantía de que no antes de que se pueda hacer la consulta quede suspendida en el acto hasta que no se tenga ese resultado y esa consulta a la población. Ésa sería la sección séptima denominada De la suspensión del acto de autoridad competente. Gracias.