La diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, presidente. Honorable asamblea, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, pongo a la consideración de este pleno el dictamen en sentido positivo, que corresponde a la iniciativa que reforma los artículos 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 78 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Éstas esencialmente buscan fortalecer el régimen de responsabilidades públicas en nuestro país. En la construcción de una mejor sociedad, la responsabilidad y el correcto actuar de los servidores públicos siempre ha sido motivo de una especial atención. Por una parte, nuestra Constitución Política establece el régimen de responsabilidades que busca tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa, y establecer principios rectores de los servidores públicos que traduzcan en garantía del buen desempeño a favor de los gobernados y de la administración pública. Nuestra legislación en este tema, a pesar de los diversos esfuerzos que se han realizado, aun no alcanza el grado de protección y de perfeccionamiento que quisiéramos. Y como bien lo señala la diputada proponente, la diputada Lourdes Quiñones Canales, en el diagnóstico jurídico del tema aun quedan vacíos, lagunas e interpretaciones que poco contribuyen a fortalecer el Estado de derecho deseable para los mexicanos y que merece la sociedad. Ante esta realidad se propone avanzar en transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo la responsabilidad resarcitoria, la cual debe ser exigible a los servidores públicos, a los particulares, sean personas físicas o morales que por actos u omisiones causen daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal o en su caso, el patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, todos ellos estimables en dinero. Por ello se propone en la iniciativa, que en la reforma al artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se busca que las responsabilidades resarcitorias sean complementarias y no excluyan la exigencia de otras responsabilidades administrativas o de carácter penal que quiten este sujeto a un proceso resarcitorio y no pueda ser contratado ni prestar servicios a la federación, como muchas veces se hace, a pesar de todo el error que comenten se les premia. En este sentido, consecuentemente, las modificaciones del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos buscan establecer la obligación de que los servidores públicos se abstengan de contratar a estos sujetos que tengan una resolución contraria y se exige que se inhabilite a quienes no hayan cubierto el pago resarcitorio respecto de la Tesorería de la Federación. La reforma al artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público facultará a la Secretaría de la Función Pública para inhabilitar temporalmente, en los procesos de contratación, a quienes eludan el pago de las sanciones resarcitorias impuestas por la Auditoría Superior de la Federación, de manera que solamente cubriendo en su totalidad la sanción, podrán participar en procedimiento de contratación del sector público federal. En este mismo sentido, en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se propone mediante adición en el artículo 78 que la Secretaría de la Función Pública esté en posibilidad de inhabilitar a quienes omitan el pago de sanciones resarcitorias impuesta por la Auditoría Superior de la Federación y una vez que realicen el pago en su totalidad; bueno pues como ya señalamos se pueda levantar la restricción. Compañeras y compañeros diputados, con la aprobación de este decreto que reforma cuatro ordenamientos relativos a los fortalecimientos del régimen de responsabilidades públicas en nuestro país, avanzaremos en la ampliación y mejoramiento del marco normativo en transparencia y rendición de cuentas, además de contar con las mejores leyes para la protección de la Hacienda Pública Federal estableciendo mejores prácticas para el combate a la nociva corrupción. La iniciativa establece con claridad y precisión, que quienes realicen un daño o perjuicio al erario público federal no queden impunes, eso es lo que se busca en realidad, sino que reciban la sanción que corresponde a la falta de probidad, siendo inhabilitados para desempeñarse en funciones públicas, concluyendo así con el hecho de que el funcionario anteriormente continuaba en su puesto, se burlaba de la sociedad y no correspondía ni hacía lo que tenía y esperaba la sociedad. Hoy en el dictamen se dice que se contribuye a la certidumbre y a la salvaguarda de la Hacienda Pública. La reforma que se propone es complementaria en la estrategia, ésta es una estrategia nacional contra la corrupción, ya que no limita ninguna posibilidad de seguir otros procedimientos tanto de responsabilidad administrativa como penales, el resarcimiento del daño no excluye al servidor público de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, en tanto que se transforma en un poderoso inhibidor de conductas nocivas. En un estado de derecho, la observancia y la aplicación del marco normativo es el primer deber de los servidores públicos. El dictamen señala con claridad los mecanismos propuestos que garantizan la mejor forma de que los recursos del Estado sean utilizados conforme lo dispone el artículo 134 de nuestra Constitución, la que señala que los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos públicos administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficacia, con eficiencia la economía y transparencia y la honradez para satisfacer los objetivos a que están destinados. Compañeros, el dictamen señala también que el artículo 109, la fracción III de la Carta Magna, que señala la aplicación de sanciones administrativas a servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad y observar el desempeño a los cargos a que han sido impuestos, cerramos y señalamos lo siguiente: La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, votó de manera plural a favor de la iniciativa en comento para actualizar el marco jurídico, con el fin de establecer las responsabilidades de los servidores públicos. La rendición de cuentas y la protección de la Hacienda Pública están dotando al Estado de mejores herramientas para el combate a la corrupción. Ésta es una excelente iniciativa, por lo tanto les pido, compañeras y compañeros diputados, que la votemos, pero la votemos por las razones no solamente de una iniciativa y una ley más; de un instrumento que va a servir al Estado, porque de nada serviría ninguna otra iniciativa ni ninguna acción por el desarrollo de México, si no hay transparencia y anticorrupción. Muchas gracias.