El secretario Víctor Manuel Villalobos Arámbula: Saludo con mucho respeto a quienes en este cuerpo legislativo representan a la nación. Comparezco ante esta máxima tribuna para informar que el rescate del campo mexicano está en plena marcha y que la recuperación de la seguridad alimentaria del país con soberanía ha iniciado. Para cumplir ambos objetivos, la Sader ha dirigido sus esfuerzos en este primer año al fortalecimiento de un sector agroalimentario sustentable, incluyente y basado en el incremento de la productividad y de la competitividad, cerrando las brechas que hoy observamos entre distintos grupos de productores y entre diferentes regiones del país, apoyando a los campesinos y a sus familias a salir de la pobreza y de la marginación. Nos proponemos aumentar la disponibilidad de alimentos básicos y reducir la presencia de las importaciones, condición principal para el logro de la seguridad alimentaria de todos los mexicanos. Hemos respetado los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, los cuales convocan a un ejercicio público honesto, austero e incluyente, donde nadie quede por fuera y nadie quede atrás y donde se recupera la rectoría del Estado como impulsor del desarrollo económico con bienestar y de progreso con justicia. Desde luego que no lo hemos hecho solos, contamos con el valioso apoyo de los más diversos actores, entre ellos destaco muchas de las diputadas y los diputados presentes, sobre todo, a quienes integran las respectivas comisiones legislativas. La convergencia de voluntades, pero también la crítica constructiva ha sido invaluable activo para delinear el proyecto en favor del campo. Muchas gracias a unos y muchas gracias a otros. El informe del Ejecutivo federal, entregado a ustedes el pasado primero de septiembre, da cuenta pormenorizada de las actividades llevadas a cabo por la Secretaría y sus entidades coordinadas, de manera que vengo ante ustedes con total disposición para responder a sus cuestionamientos y de ampliar la información que requieran sobre lo ahí reportado. Estamos replanteando el papel que debe jugar el Estado mexicano como promotor de las políticas que faciliten el desarrollo económico y la inclusión social con un gobierno que haciendo uso responsable y honesto de los recursos públicos estimule las actividades productivas y otorgue mayor respaldo a quien más lo necesita. En este sentido, comenzamos con el diseño de una nueva institucionalidad pública para el campo. El primer paso fue la conversión de la Sagarpa en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader. No ha sido solamente un cambio de nombre, sino la transformación de una estructura pesada, excesiva en sus mandos superiores y en sus gastos de operación, en una dependencia austera y compacta enfocada a la creación de bienes públicos y a brindar su apoyo a todo tipo de productores. La realidad confirma la enorme desigualdad que impera en el sector agropecuario y pesquero, en donde coexisten dos polos asimétricos, un modelo integrado a procesos globales y que genera riqueza, y otro en el que se perpetúan las condiciones de marginación y de atraso. Las actividades primarias en el país representan una situación contrastante, por un lado, de las 5.4 millones de unidades económicas rurales, el equivalente al 18.7 por ciento se dedican a la agricultura empresarial, con grados muy diversos de competitividad y participación en el mercado. Son unidades que, incluso, han optado por la agricultura de exportación, sobre todo en hortalizas, frutas y ornamentales. Por otro lado, 4.3 millones de unidades económicas rurales, igual al 81.3 por ciento, tienen como características la agricultura familiar, mayoritariamente de autosuficiencia o de autoconsumo, o una limitada vinculación al mercado en transición y a las actividades empresariales y de ventas menores a los 100 mil pesos anuales. Esto como consecuencia de un modelo de apertura económica y de inserción en las corrientes comerciales y financieras globales que ofreció a los sectores más avanzados del sector agroalimentario la oportunidad de ser más competitivos en los mercados internacionales. Pero los beneficios de este modelo no alcanzaron a los más pequeños productores, por el contrario, tal esquema probó ser incapaz de sacar de la pobreza a millones de personas, agravando la desigualdad y la exclusión. Más del 55 por ciento de la población rural nacional vive en pobreza y de estos, 16.4 por ciento padecen pobreza extrema. Ante realidades distintas debemos aplicar políticas diferenciadas, así que realizamos los ajustes necesarios para la operación inmediata de los programas prioritarios ordenados por el jefe del Ejecutivo, los cuales permitirán pagar en el corto plazo la enorme deuda social que durante tres décadas se acumuló en los territorios rurales. Para 2019, la Secretaría cuenta con un presupuesto de 65.4 mil millones de pesos. Aunque en términos reales representa una disminución respecto a los años anteriores, lo cierto es que gracias al ejercicio eficiente y austero de los recursos ha sido posible destinar el 49 por ciento a apoyar a los pequeños y medianos productores rurales. Los programas de Producción para el Bienestar, de Precios de Garantía, de Fertilizantes y del Crédito Ganadero a la Palabra, así como el de Apoyo a Cafetaleros y Cañeros han demostrado que con una entrega de recursos de manera directa, sin intermediarios, es posible causar un mayor impacto entre quienes tienen el derecho de recibir estos beneficios. Para el primer trimestre del año ya estaba dispensado el 75 por ciento de los presupuestos y a cerca de 1.2 millones de productores, lo cual no tiene precedente en el ejercicio de los recursos y permitió a los productores contar con recursos oportunamente para invertir en insumos productivos, en alrededor de 4.5 millones de hectáreas de grano. Al 30 de septiembre se han alcanzado el 100 por ciento de las metas programadas para este mes, en beneficio de 1.8 millones de productores y más de 2.5 millones de predios. Estos programas han sido el eje de las acciones emprendidas en el sector y el principal instrumento para orientar el rescate del campo mexicano. Estimadas legisladoras y legisladores, es obligación del Estado tutelar el derecho constitucional a la alimentación y es tarea de nuestro sector incrementar la disponibilidad de alimentos y es deber de toda la sociedad contribuir a desarrollar y desterrar el hambre en nuestro país. La seguridad alimentaria con soberanía depende en gran medida de una política de Estado para lograr la autosuficiencia en al menos cinco productos básicos: maíz, frijol, arroz, trigo, trigo panificable y leche, reduciendo las importaciones y en consecuencia nuestra gran dependencia externa. Los mercados globales han representado una gran ventana de oportunidad para los agronegocios, sobre todo en la exportación, pero su beneficio no puede ser limitado a un reducido número de productores, tampoco podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria nacional. Por ejemplo, como consecuencia de las políticas implementadas en los últimos 30 años, México se convirtió en el principal país importador de maíz del mundo, distinción lamentable si se considera que nuestro país es el centro de origen y domesticación de este cereal, y la gran diversidad genética de esta especie es la base de la alimentación de todos los mexicanos. Del mismo modo, en 2018 México se convirtió en el primer país importador de leche en polvo a nivel mundial, y en el séptimo país importador de carne de cerdo. En 2017 importamos el 36 por ciento del maíz amarillo, el 81 por ciento del arroz, el 76.2 por ciento del trigo panificable y el 36 por ciento de carne de cerdo, así como también el 37 por ciento de los lácteos que consumimos. Ciertamente, gracias a la potencia y al valor de nuestras agroexportaciones podemos beneficiarnos de una balanza comercial agropecuaria y agroindustrial superavitaria, 6 mil 688 millones de dólares, según el reporte de enero a julio de este año. Sin embargo, mientras la alimentación de la mayoría de los mexicanos y de sus familias continúa dependiendo de las importaciones, no habremos resuelto el tema de la seguridad alimentaria con soberanía. Y aquí quiero destacar, que en la ampliación de la canasta básica alimentaria que pasó de 23 a 40 productos básicos, se brindan mayores oportunidades alimentarias a los habitantes de las regiones de alta y muy alta marginación y en localidades en situación de emergencia o de desastre, estamos dando de comer a quienes nos dan de comer. Todos debemos estar comprometidos con una agricultura sustentable, tanto en el manejo de los recursos como el agua y el suelo, como en la reducción de los impactos ambientales y las actividades agropecuarias y pesqueras, desde la adaptación a los efectos del cambio climático, hasta la protección de nuestra rica biodiversidad. Los fenómenos catastróficos derivados de la variabilidad climática serán más frecuentes y debemos estar preparados para ello, tanto con una eficaz gestión de riesgos como con una atención oportuna ante los desastres naturales. En este caso quiero destacar las acciones que hemos emprendido para enfrentar la terrible sequía que afecta a 26 estados donde hemos contado con la colaboración de las autoridades locales y de los propios productores que en algunos casos han optado por la sustitución de sus cultivos. En este gobierno estamos convencidos de que los desafíos de nuestro sector requerirán utilizar la totalidad de los recursos disponibles en inversión del conocimiento, innovación, tecnología y capital humano, también tendremos que lograr la incorporación de todos los productores en condiciones favorables, de manera que continuaremos enfatizando la provisión de bienes públicos, como la información agroalimentaria, como los servicios de sanidad e inocuidad y calidad, y el financiamiento a las actividades agrícolas, pecuarias y pesquero acuícolas. Estamos también trabajando en la vinculación de la investigación con las necesidades de los productores construyendo un servicio de extensión que combine el capital humano con el uso de las nuevas tecnologías, al mismo tiempo que reconstruimos la política de apoyo al campo, asesoramos y acompañamos a los productores y exportadores con el fin de aumentar el flujo de sus mercancías y promovemos la diversificación de los mercados y el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales. Con respecto al uso responsable de los recursos públicos, estamos buscando fórmulas para potenciar su impacto, como es el caso del establecimiento de mecanismos para utilizar mejor los recursos en el marco del programa especial concurrente. Queremos promover inversiones con productores altamente tecnificados y gestionar el otorgamiento de estímulos fiscales para las unidades económicas y rurales, y también vamos a gestionar precios preferenciales para el diésel y la gasolina en el sector acuícola- pesquero. Para finalizar, quiero refrendar mi compromiso de utilizar cada peso que esta soberanía decida asignar a nuestro sector, con la eficiencia y con el apoyo de todos los productores, con énfasis en aquellos que más necesitan el respaldo del Estado, lo haré con honestidad y con responsabilidad. Confiamos que en los siguientes años el sector agropecuario y pesquero será fuente de alimento para todos y un eje de crecimiento, bienestar y desarrollo. Su rescate contribuiría a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres en las zonas rurales para que tengan mejor calidad de vida. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben trabajar juntos para que el campo mexicano tenga un mejor presente y sin duda, un mejor futuro. Por el bien del país: primero los pobres. Muchas gracias y quedo a su disposición