El diputado Catalino Duarte Ortuño: Gracias, señor Presidente. Un tema importante el tema del costo de la energía eléctrica en este país, qué bueno que todas las fracciones parlamentarias han coincidido y creo que es importante legislar en la materia. Ahora bien, el que suscribe, diputado Catalino Duarte Ortuño, diputado a la LXII Legislatura por el distrito uno del estado de Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el numeral 79, numeral 2, fracción III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a investigar a fondo los hechos ocurridos en contra de agentes diplomáticos estadounidenses en el estado de Morelos bajo las siguientes consideraciones: El pasado 24 de agosto en lo que en su momento fue calificado por la embajada norteamericana como una emboscada, agente de la Policía Federal dispararon a un vehículo con placas diplomáticas en el que viajaban dos personas de nacionalidad estadounidense y un oficial de la Marina Armada de México, de lo cual resultaron heridos algunos de sus ocupantes. Debemos señalar que según lo establecido en la fracción VII del artículo 5o., de la Ley de Seguridad Nacional, este incidente constituye una grave amenaza a la seguridad nacional y su tratamiento debe responder a la importancia de los acontecimientos. Es por lo anterior que debemos llamar la atención de esta honorable Cámara para un mayor fortalecimiento estructural y presupuestal a la Procuraduría General de la República, que ha sido objeto de un desmantelamiento endémico, especialmente durante este último sexenio, situación que esta soberanía debe atender de manera urgente si queremos garantizar que los índices de impunidad que el día de hoy arrojan el 98 por ciento se vean realmente disminuidos y así hacer efectivo el derecho a la justicia para todas y todos los mexicanos. En el incidente que nos ocupa llama poderosamente la atención la identidad de las personas de nacionalidad extranjera, identidad que no se ha develado claramente y que ha sido motivo de diversas especulaciones, como el hecho de que estaban armados y se trataba, por ende, de contratistas de empresas militares privadas que operan en territorio nacional para el entrenamiento de militares mexicanos. Cito sólo un ejemplo: la Procuraduría General de la República solicitó hace unos días el arraigo de seis jóvenes de la región de la tierra caliente del estado de Guerrero, presuntamente por realizar actividades de narcotráfico, hecho que hasta este momento no ha podido comprobar; son jóvenes que estudian en la Facultad de Veterinaria de Ciudad Altamirano, jóvenes que han demostrado jurídicamente que son estudiantes y que se dedican a actividades lícitas. Estas especulaciones resultan sumamente graves, dado que el informe del grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, ha señalado que estas compañías privadas operan bajo diversas irregularidades contractuales. El grupo de trabajo ha hecho énfasis en una evaluación regional efectuada por dicho grupo sobre la tendencia a la privatización de la seguridad en América Latina, incluido el fenómeno observado en los últimos años de contratación de ciudadanos de los países de la región por empresas militares y de seguridad privada. Dichas empresas son filiales de o han sido a su vez subcontratadas por empresas con sede en el extranjero que operan en situaciones de conflicto armado o posconflicto, como Afganistán e Irak. Es importante hacer el señalamiento que nuestra ley federal de seguridad privada no hace ninguna distinción ya termino, señor presidente entre las empresas de seguridad que prestan sus servicios de vigilancia y resguardo de aquéllas que realizan entrenamiento militar y operan como verdaderos ejércitos. Tenemos noticias que además de que estas empresas operan en nuestro país prestando servicios como por ejemplo, podemos citar que dan vigilancia en la empresa Halliburton a Pemex desde hace varios años. Al día de hoy existen elementos que no han sido aclarados y se derivan en interrogantes, ¿cómo es posible que el gobierno federal permita el ingreso de agentes diplomáticos estadounidenses sin un debido control ni mucho menos el estar enterados del motivo de su visita al territorio nacional? ¿Qué hacían estos diplomáticos estadounidenses en el estado de Morelos? ¿Acaso el gobierno federal desatendió la visita de estos agentes y el propósito de estar en nuestro país? ¿Puede alguien ingresar a nuestro país si aún pueden personas con un cargo de tan alto nivel de que el gobierno federal ni siquiera pudo enterarse? ¿Está acaso permitido el espionaje deliberado en nuestro país? Por todo lo anterior, es necesario acelerar la investigación. Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución. Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar a fondo, y hasta las últimas consecuencias, el ataque perpetrado por elementos de la Policía Federal en contra de diplomáticos estadounidenses que viajaban en un vehículo diplomático, el 24 de agosto pasado. Segundo. La H. Cámara de Diputados solicita a la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, a que en el momento oportuno ejercite acción penal y de reparación del daño en contra de los probables o las probables responsables por la comisión de algún delito en el asunto que nos ocupa. Dado en el Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de septiembre de 2012. Es cuanto, señor presidente.