El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández: Uno de los derechos más preciados de la sociedad contemporánea, es la remuneración justa del trabajo desempeñado, suficiente para proporcionar una vida decorosa a quien lo devenga y a su familia. Su consecuencia natural sería la justa distribución de la riqueza que, en nuestro país, lamentablemente, no es una realidad. Los siguientes datos son muy ilustrativos de lo anterior: De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares 2004, más de 30 millones de mexicanos sobreviven con menos de un salario mínimo. No se diga del dramatismo de la población en pobreza extrema: unos 10 millones de mexicanos sobreviven con 12 pesos y 21 centavos al día, poco más de una cuarta parte del salario mínimo o lo equivalente a un dólar. En el otro extremo, una quinta parte de la población concentra el 52.7 del ingreso total generado por la sociedad. Esta quinta parte de los mexicanos percibe ingresos 173 por ciento superiores a lo que obtienen en conjunto 51 millones 600 mil habitantes, equivalentes a la mitad de la población de nuestro país. Resaltan también los contrastes entre los pudientes: el ingreso de 10 por ciento de la población que ocupa el vértice de la pirámide social, duplica al que recibe el 10 por ciento que le precede. Estos contrastes económicos surgidos luego de las altas expectativas que el 2 de julio del 2000 trajo consigo, explican la generalizada percepción de que los servidores públicos de alto rango no cumplen debidamente con su trabajo y que constituyen un grupo privilegiado en medio de una población que se sabe pobre y por lo tanto vulnerable. Quisiera darles unos datos publicados en el número 19 de la Revista "Pulso Ciudadano" en diciembre del año pasado, que publica un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara que plantea los siguientes indicadores: Los ciudadanos otorgan una calificación a su Presidente, en el mejor de los casos, de 6.9 puntos; entre el 56 y el 65 por ciento de la población considera que los problemas se han salido de control del Presidente; sólo el 24 por ciento de la población se dice satisfecha con el funcionamiento de la democracia. La eficacia Política es media, según el 40 por ciento de la población y baja, según el 25 por ciento. El 34 por ciento de la población percibe como responsable de que la situación económica empeore al Presidente y el 58 por ciento considera que son los diputados y senadores. En el año 2003, a la salida de la Legislatura anterior, el 59 por ciento de los mexicanos consideraba poco eficiente el trabajo de los legisladores y sólo uno de cada diez dijo que los legisladores trabajan mucho. Sólo el 9 por ciento de los ciudadanos encuestados creía que los diputados toman decisiones por el interés de sus representantes, aunque no hace falta una encuesta para saber cómo percibe la población a quienes ocupamos cargos de elección popular o altos puestos en la administración pública federal. Eso puede recogerse en una conversación cualquiera en nuestro país, amén de que periódicamente los medios de comunicación retratan como piedra de escándalo los montos de los emolumentos públicos. Una sencilla comparación nos demuestra muy bien la desproporción de los salarios de los altos funcionarios: el ingreso neto del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica es de 400 mil dólares al año, que es cerca de diez veces, diez veces, el ingreso percápita de aquel país. Pero el salario del Presidente de México es de 176 mil dólares anuales sin contar con prestaciones, que equivale a 18 veces más el ingreso percápita de nuestro país, 18 veces más. La remuneración de nuestro Presidente es de 57 por ciento más alta que la del Presidente anterior y duplica la inflación acumulada desde noviembre del año 2002. El salario del Presidente de México es seis veces mayor al del Presidente de Argentina y tres veces más que el Presidente de Brasil. En términos netos, nuestro Presidente gana más que el Primer Ministro de Inglaterra o el Canciller Alemán, además de que los gastos del Ejecutivo corren por cuenta del erario, lo que permite una capacidad de ahorro impresionante. Y por si fuera poco señala una pensión de ayudantía del Estado Mayor Presidencial vitalicia. También los ingresos de los secretarios de Estado son escandalosos, 165 mil pesos netos mensuales, equivalente a 120 veces el salario mínimo mensual, con el que tiene que conformarse 30 millones de mexicanos. Cabe mencionar que los presidentes Nestor Kirstchen, de Argentina y Alejandro Toledo, de Perú, así como el entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, redujeron voluntariamente sus salarios al asumir sus cargos, acto que cualquier consideración aparte es coherente con la comprometida situación financiera de los mexicanos. Por ello creemos que la mejor forma de responder a todo lo escrito, es la acción directa de los depositarios de la soberanía popular. Estamos obligados a responder ante las demandas de la población con mayor apuro y diligencia entre más justas son. Por eso la intención de este proyecto es en primer lugar la reducción de los salarios de los servidores públicos de alto rango a nivel federal, para ajustarlos razonablemente a la brevedad y en el futuro, a los parámetros siguientes: La realidad económica y social del país, los parámetros internacionales y la justicia social, entendida ésta como el usufructo del avance económico, político y cultural por parte de todos los habitantes de nuestro país, por el solo hecho de pertenecer al esfuerzo común que lo hace posible. También tiene como intención este proyecto, evitar en el futuro que los sueldos de los servidores públicos aumenten más allá de la inflación estimada por el Banco de México, a fin de ligarlo a la marcha de la economía y no a las expectativas de lucro de los miembros del aparato gubernamental. Así no se reduce el poder adquisitivo de los funcionarios a largo plazo. Y de tercer intención de este proyecto, es que el artículo transitorio pretende reducir los salarios en 15% al momento de entrar en vigencia para responder así a la necesidad de ahorro y austeridad, imperativa desde la perspectiva de la población mexicana. Los sueldos resultantes serán el piso de aplicación de este proyecto una vez convertido en parte de la Constitución. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: PROYECTO DE DECRETO que adiciona dos párrafos al artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO UNICO. Se adicionan dos párrafos y el artículo 75 para quedar de la siguiente manera: Los sueldos del presidente de la República y de los funcionarios públicos que ocupe los cuatro grupos jerárquicos por debajo de aquél, sólo podrán aumentar en una cantidad igual al índice inflacionario estimado por la autoridad competente. Pero en ningún caso el aumento podrá exceder el 5%. Los sueldos de los diputados y senadores del Congreso de la Unión, se sujetarán a lo dispuesto en el párrafo anterior en lo que al Presidente se refiere. Y también queremos agregar transitorios: Primero. Los salarios del Presidente de la República, de los funcionarios públicos que ocupen los 4 grupos jerárquicos por debajo de aquél, de los diputados y de los senadores del Congreso de la Unión, se ajustarán a la baca (?) en un 15% en el presupuesto siguiente a la entrada en vigor de esta modificación. Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención muchas gracias.