El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, acudo a esta más alta tribuna de la nación para denunciar públicamente del agravio que hemos sido objeto no sólo los maestros de México, sino también los que integramos la Comisión de Educación Pública, porque fuimos burlados ante una negociación que se emprendiera con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará en contra de este dictamen. Esto es un albazo legislativo que desconoce la decisión de esta soberanía y agravia la representación de diputados en diálogo permanente con la dirigencia magisterial. Convocar a esta sesión y pretender aprobar el dictamen constituye no honrar la palabra del Poder Legislativo, sabotear la posibilidad de un acuerdo con la representación sindical y profundizar un conflicto gremial. Nuestro grupo parlamentario, señor presidente de la Cámara, protesta enérgicamente por este albazo. Las condiciones políticas del país sugieren prudencia en los acuerdos, que se privilegie el diálogo y se construyan consensos. Por el contrario se quiere imponer la cerrazón, la intolerancia y el mayoriteo en el tema que hoy nos ocupa. La reforma podrá ser aprobada pero carecerá de la legitimidad con que toda ley debe contar, en virtud de que los destinatarios de la norma la rechazan. El Poder Legislativo ya no podrá comprometerse a escuchar a diferentes actores sociales, porque de aprobarse hoy la ley será un estigma que no honra la palabra empeñada y que cuando se decide crear grupos de trabajo solo es para engañar y ganar tiempo. Que quede claro, los legisladores del Partido del Trabajo no nos oponemos a la evaluación; bienvenida ésta, en tanto que se constituya en un instrumento de mejora de la calidad educativa; pero rechazamos la evaluación, cuando se le entiende, como se menciona en el dictamen, como una medida intimidatoria, represiva y para despojar a los maestros de sus plazas mediante una aplicación retroactiva de la ley contraria a lo que se prevé en el primer párrafo del artículo 14 constitucional. Compañeras y compañeros legisladores, en un tema tan delicado para la sociedad mexicana tenemos que ponderar que el bien mayor es la mejora de la calidad educativa en el país; sin embargo, se tiene que atender a las características propias y específicas de cada modalidad educativa y de las distintas regiones del país. Se nos ha dicho reiteradamente que la evaluación es condición para la permanencia en el servicio público, pero no se nos dice quién será el responsable de estas evaluaciones. Claro, se nos dirá que ya se aprobó la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa; no nos referimos a eso, sino a la persona física que tendrá la responsabilidad de determinar si un profesor es apto o no. La gran pregunta es: ¿quién evaluará al evaluador? Debemos reconocer como autocrítica que si el nivel educativo del país es bajo a fin de cuentas esto es resultado de la política gubernamental puesto que la responsabilidad de los planes y programas de estudio que se aplican en las escuelas normales del país es del Poder Ejecutivo. Convendría una auditoría social que evalúe el desempeño de distintos presidentes y ex secretarios de educación, a los que les importó más la componenda política con la dirigencia nacional del CNTE, que realmente fortalecer el sistema educativo nacional. El Partido del Trabajo hace un reconocimiento a los maestros que en todo el país cumplen con su vocación de transmitir conocimiento aun en las condiciones más adversas, con salarios insuficientes, infraestructura educativa inexistente y lo peor, niños que llegan a las aulas con hambre y que, por ende, con retraso en su neurodesarrollo y que no serán capaces de adquirir conocimientos suficientes por mucho que se esfuercen sus maestros. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos pronunciamos a favor de la educación pública de calidad, laica, gratuita, científica y popular en donde ésta sirva como un instrumento de transformación de la sociedad. Estamos a favor de una mejora radical del sistema educativo nacional que necesariamente tiene que pasar por elevar los salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación. Refrendamos nuestro compromiso con los maestros del país –ya voy a terminar, presidente–, ya que tenemos claro que ellos no son el problema sino una parte importante de la solución. Porque estamos en contra del albazo legislativo y a favor del diálogo, votaremos en contra de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.