La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, he estado escuchando atentamente las distintas intervenciones. Y para todos aquellos que se preocupan por qué es lo que ocurrirá con las niñas, niños y adolescentes, déjenme decirles que el propio dictamen establece en la ley que quedará prohibido que niñas, niños y adolescentes tengan acceso al cannabis o sus derivados en cualquiera de sus etapas, ya sea en la producción o para consumo. Y también es menester recordar que nos encontramos en esta discusión debido a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplazado por cuarta vez, y que nos encontramos obligadas y obligados a legislar para su cumplimiento. En este sentido, las sentencias que nos obligan a esta discusión contienen elementos científicos respecto a las condiciones del consumo, el daño que se genera en los usuarios y las consecuencias que tiene para la seguridad. Debemos señalar que este dictamen dista mucho de lo que nos envió el Senado de la República. En primer término, debemos señalar, por otra parte, que históricamente el Partido de la Revolución Democrática ha impulsado la despenalización de la marihuana, con el objeto no solo de respetar los derechos humanos que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino porque en la construcción de una política prohibicionista, a partir de una visión de seguridad pública militarizada y persecutoria, ha generado una escala de violencia en nuestro país, generando miles de muertos. Es por ello que hemos sostenido la necesidad de observar el problema del consumo de drogas como un problema de salud pública y no como un asunto de seguridad, lo cual no se ve reflejado en el dictamen que hoy discutimos. Este es el tema por el que el PRD ha luchado desde hace varios lustros. Nos encontramos convencidos y convencidas de que la criminalización en el uso de las drogas no contribuye a la construcción de una ciudadanía responsable ni disminuye los efectos del narcotráfico en la seguridad pública. En esta lucha hemos coincidido con las organizaciones de la sociedad civil, que por la vía judicial han presionado a la Suprema Corte de Justicia, la cual con altura de miras se pronunció por el respeto a los derechos humanos de las y los consumidores, y ordenó al Congreso a legislar al respecto. Lo cual, desde nuestra perspectiva, no se cumple con lo contenido en este dictamen, ya que específicamente ordenó la Corte la reforma de los artículos 235, último párrafo; el 237, el 245, fracción I; el 247, último párrafo; y el 248 de la Ley General de Salud. Sin embargo, el dictamen deja mucho qué desear. Señala que se despenaliza el consumo personal, pero autoriza la posesión hasta por 28 gramos, estableciendo una gradación de sanciones administrativas y delitos del fuero común, siempre que no haya indicios de que se encuentra vinculado a delitos de delincuencia organizada, en cuyo caso se considerará como delito. Adicionalmente, en la ley federal que se expide se prevé la atribución de una serie de funciones administrativas a la Comisión Nacional contra las Adicciones, desvirtuando su naturaleza jurídica y sin otorgarle los recursos necesarios para llevar a cabo estas nuevas tareas, comprometiendo las que ya realiza. Nuestra capacidad regulatoria es débil y poco eficaz. Es por ello que en este caso debemos avanzar en la despenalización y no establecer mecanismos regulatorios que, por complicados que sean, resultarían inútiles. El PRD es un ferviente impulsor de la despenalización de la marihuana y sus derivados, con sus propuestas ha generado un cambio de paradigma al modelo prohibicionista, insostenible, por el gran sufrimiento humano que ha provocado y el aumento alarmante de la violencia en países como el nuestro, debido a la criminalidad del consumo lúdico y médico del cannabis, truncando la vida de muchas familias, imponiendo a los consumidores penas de prisión que resultan desproporcionadas en condiciones penitenciarias a menudo terribles. Se ha fomentado la corrupción policial y ministerial, que únicamente para alcanzar una condena han sembrado pruebas en contra de quienes son inocentes, o que familiares de enfermos de cáncer, epilépticos o con esclerosis múltiple sean considerados delincuentes por el simple hecho de utilizar medicamentos elaborados a base de marihuana y/o de sus ingredientes activos. Además de todo lo anterior, no podemos dejar de mencionar que la penalización del uso del cannabis ha sobrecargado el sistema judicial y la capacidad de las prisiones, y ha absorbido una cantidad enorme de recursos que se podrían haber destinado a una política de prevención social más efectiva. Es por todo lo anterior que en el Grupo Parlamentario del PRD expresamos nuestro voto a favor del presente dictamen, toda vez que consideramos que contribuye a la regulación del uso personal de marihuana con fines lúdicos, esperando que pronto podamos avanzar decididamente en la despenalización total como compromiso para garantizar los derechos consagrados en la Constitución. Termino, presidenta, diciendo que las y los perredistas estamos convencidas y convencido de que no es objetivo legítimo de un sistema normativo como el nuestro la promoción de planes de vida virtuosos, porque ello entra en conflicto con la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionalmente lo que mejor le convenga de acuerdo con sus preferencias. En este sentido, nos manifestamos desde el PRD votar a favor por la garantía del pleno desarrollo de la personalidad, como la Corte lo ha mandatado. Es cuanto, presidenta.