La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, quienes me han antecedido han hablado de la importancia de la declaración que hoy nos ha sumado a todas las fracciones parlamentarias. Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no sólo nos sumamos, sino queremos aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes una reflexión de un tema que es de nuestra alta preocupación y que está estrictamente relacionado con el tema de la educación indígena. Señores parlamentarios, a tres años de que las campanas toquen a fiesta para celebrar el bicentenario del inicio de la gesta independentista, cobran más sentido las deudas que como Estado y sociedad mantenemos hacia los pueblos originarios, especialmente en el básico derecho de acceso a la educación y, por tanto, a la igualdad de oportunidades. Es ya lugar común hablar de la necesidad impostergable de fortalecer la educación para conseguir mayor desarrollo económico, y sobre todo para abatir los inaceptables desequilibrios sociales. Planes, programas y proyectos no han faltado, pero la frialdad de las estadísticas indica que el camino es todavía largo. Vale la pena por lo menos hacer una revisión somera del estado de la educación en el ámbito indígena, como recordatorio de una lacerante realidad en cuyo avance todos tendríamos que estar comprometidos. En la actualidad 4 de cada 10 indígenas de 5 a 24 años no asisten a la escuela. La situación se agrava con la doble marginación que representa ser indígena y mujer. En la generalidad de la población indígena, 4 de cada 10 no cuenta siquiera con el nivel de primaria concluido. A esto se oponen los avances reales en materia legal. La definición constitucional del país como una nación multicultural y plurilingüe es uno de ellos, de incuestionable importancia, pero esa definición nos lleva a uno de los temas centrales de la discusión de la educación en el medio indígena. Algunas anotaciones nos llevan a la reflexión. La primera debe ser en relación con la calidad de la educación. Si en términos generales todavía hay amplias deficiencias de esa materia, los niveles de calidad en la educación indígena se agravan entre otras cosas por la falta de investigación sobre las propias lenguas y de personal capacitado suficiente. Pero en principio porque no hay, por desgracia, una convicción social generalizada, en el país, sobre la riqueza cultural que significa la pluralidad lingüística. México fue pionero en el siglo pasado en la educación bilingüe. Sin embargo, una sutileza parece haber marcado esa corriente. No es lo mismo la educación bilingüe que tenga como fin la sustitución de la lengua materna por la lengua oficial, es decir, una educación de transición a la educación bilingüe que acentúa la capacidad de la lengua materna como vehículo válido y eficaz en todos los campos. Un dato parece corroborar lo primero. En la actualidad, a nivel nacional 41, por ciento de la población cuyo padre o madre hablan alguna lengua indígena, no aprendió dicha lengua, no la usa o declaró no hablarla en los pasados censos. Por otro lado, hemos logrado la obligatoriedad de la enseñanza por 10 años y el derecho de todo mexicano a ser educado en su lengua, y nos encontramos con el contrasentido de que la modalidad oficial de educación indígena acaba con la primaria. De un solo golpe no se cumple con una obligatoriedad del Estado, destinada a un sector que representa el 13 por ciento de la población total y, en consecuencia, se da una atención a los derechos básicos de manera diferenciada. Estas breves reflexiones tienen el objetivo, señores diputados, de convocarnos a todos y cada uno de nosotros a proponernos que en esta legislatura podamos legislar a favor de los derechos de las comunidades indígenas y que este instrumento que hoy nos convoca, y que es la declaración de las Naciones Unidas, sea realmente un instrumento que nos inspire a todos para dar finalmente respuesta a los pueblos y las comunidades indígenas de México. Muchas gracias.