EL C. DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas; compañeros diputados: Después de un amplio y no siempre cordial proceso, llegamos a esta alta tribuna de la nación a presentar el dictamen de Ley de Capitalización del PROCAMPO, propuesta por el Ejecutivo, producto de un debate incluyente, plural, como lo demanda un país civilizado y democrático. La historia reciente del desarrollo rural en nuestro país proviene de una mezcla de nobles gestas y episodios que nos avergüenzan, en donde la constante ha sido una lucha entre desvalidos y poderosos, lo mismo en los despojos de las tierras, de las comunidades por las compañías deslindadoras, que en el trabajo semiesclavo en las haciendas, igual en los abusos y desviaciones, en las decisiones y en la administración de los recursos públicos. Si algo hemos aprendido en el siglo que recién acabó, es que el resultado de la inequidad es factor de atraso, de inestabilidad y de pérdida de prosperidad, además de causa injusta. Desde hace más de dos décadas ha sido una demanda insistente y permanente el contar con un marco jurídico que proporcione los elementos indispensables para un desarrollo rural que responda a las necesidades de la gente. Durante la segunda parte del siglo XX, se fueron formulando diversas disposiciones legales referentes al campo, como la Ley de Crédito Rural, que propició el desarrollo de empresas o la de Fomento Agropecuario, que en el contexto del Sistema Alimentario Mexicano contribuyera a elevar la productividad del campo y recuperar, brevemente inclusive, la suficiente alimentaría perdida desde 1964. Como estas disposiciones muchas otras han abordado aspectos específicos de la vida productiva en el campo, como la sanidad, los derechos intelectuales en los desarrollos genéticos, hasta contar con una legislación para la agricultura orgánica, entre otras muchas. Sin embargo, en la realidad ha resultado un marco jurídico disperso, además de insuficiente, contradictorio y en ocasiones fuente de desviaciones y abusos de autoridad o arma dolosa en contra de quienes cuentan con menor actitud para la interpretación y el uso de las leyes. En un contexto internacional, en donde los países generan las mejores condiciones internas, nos obliga a pensar nuestro trabajo legislativo, que constituye un elemento para garantizar la equidad en el desarrollo de nuestro país. Los alcances de las leyes quinquenales de los Estados Unidos, la minuciosidad con la que se lleva a cabo la definición de la política agrícola europea y las leyes nacionales armonizadas correspondientes, son elementos que van dando ventajas a esos países, que aportan a sus productores condiciones de competitividad y certidumbre, que reduce los cortos de transacción y alienta las inversiones de largo plazo en el campo. En la historia y en el Concierto Internacional, las leyes y su cumplimiento en un estado de derecho han propiciado la diferenciación de países que evolucionan al diferenciar, al encontrar rutas propias de desarrollo y luchar para avanzar en ellas; de acuerdo con sus propias condiciones mientras tanto, países que apenas consiguen tropezarse sobre caminos ya trazados, en donde las consecuencias son graves y de eso los mexicanos hemos conocido mucho. La diferencia entre ambos tipos de procesos es la calidad de vida de su población y la prevalencia de sus valores, de sus recursos y de su cultura. En México el advenimiento del siglo XXI es oportuno para proyectarnos de la única forma viable en el largo plazo, que corresponde a una política de Estado soberano. No existe de manera categórica posibilidad de ser un país viable si no nos damos los instrumentos para un desarrollo seguro. La necesidad de cambios orientados en el largo plazo es evidente ante el grado de deterioro de la vida en el campo con deficiencias de los métodos que ya conocemos, que en el campo se encuentran concentrados los pobres, los indigentes, los marginados, los olvidados, que después son rechazados en las ciudades y la esperanza de vida es menor que los parámetros de morbilidad y mortalidad perinatal e infantil son mucho más elevados en el campo que en la ciudad y el acceso a los servicios y a los niveles de nutrición son terriblemente desfavorables contrastantes aún con la población de las ciudades en peores condiciones y además, en la mayoría de los indicadores de que se dispone por añadidura sigue una tendencia al enteoramiento. Ante esta dramática perspectiva, algunos sectores opinan que es mejor ejecutar una suerte de cirugía demográfica y simplemente abandonar al campo, ya que no tiene un desempeño significativo en la economía nacional y en general los negocios en el campo no son atractivos para los inversionistas. Ese es un enfoque simplista que no toma en cuenta en primer lugar la complejidad de la vida rural, la importancia de la tierra en términos culturales y su papel en la producción y regulación de la fuerza de trabajo entre otros muchos aspectos. Haciendo a un lado dichos aspectos cruciales, lo que no responden esos sectores es que harán los enormes contingentes humanos que no encuentran viabilidad en el campo si no generamos alternativas viables. En años recientes se ha estimado que la puesta en marcha del capítulo ahí con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue causa del abandono de más o menos un promedio de 760 mil familias por año que abandonan sus parcelas, que abandonan sus tierras. El efecto de la presión en contra de los campesinos tienen las más graves consecuencias, imposibilitados de encontrar un acomodo honesto y decoroso en las ciudades y cortada la retaguardia del campo, los contingentes campesinos emigrantes pueblan las periferias de las ciudades causando graves desequilibrios sociales y económicos para después recurrir al delito como forma de subsistencia y nutris algo muy delicado a veces las empresas del crimen organizado. Mientras tanto, la participación del sector rural productivo ha caído desde el 12% del gasto programable hasta amenos del 3% en los últimos 15 años, a la vez que se ha liberalizado el mercado internacional con lo que los productores mexicanos deben enfrentar a competidores mucho más poderosos y a un mercado distorsionado por la aplicación de subsidios que hacen incosteables a la mayoría de las actividades agropecuarias. Como proyecto nacional, es indispensable reconocer de ese contexto la importancia de la producción y la recuperación de la soberanía alimentaria, basada en la capacidad productiva interna no sólo en los términos de la producción agropecuaria sino del margen de autonomía del país en otros frentes de contacto internacional como podría ser la defensa y términos de negociación de las riquezas de nuestro subsuelo. En esta perspectiva estratégica el campo, con campesinos arraigados en sus tierras y regiones es una urgencia de primera importancia que merece un marco jurídico eficaz para enfrentar no sólo los retos de la coyuntura sino la proyección de un país que despliegue sus potencialidades representadas por sus recursos naturales, su posición privilegiada en los mercados, sus recursos humanos, sus instituciones comunitarias y gubernamentales, entre otras grandes fortalezas. Así, compañeras y compañeros, la Ley de Capitalización del PROCAMPO recoge un largo y profundo proceso que viene de varios años atrás y que se concreta, justo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en un proceso de consulta amplio y participativo. Durante el proceso de dictaminación de la Iniciativa enviada por el Ejecutivo y que hoy culmina con esta presentación, es de destacarse la participación de las Fracciones Parlamentarias en las Comisiones correspondientes que contribuyeron para enriquecer el proyecto frente a la notable participación de organizaciones de productores tanto privadas como del sector social y la concurrencia de estudiosos y activistas y organismos no gubernamentales , académicos entre otros. El resultado es una ley que conoce de un producto o un resultado acabado ni del gusto pleno de todos, contiene muy importantes bases para iniciar un proceso de mediano y largo plazo para dotar de mejores elementos para el desarrollo y la capitalización del sector rural. El proyecto que hoy discutimos se plasma, el contexto propicio para dotar de recursos económicos a los productores rurales, particularmente para instrumentar acciones de mediano y largo plazo que permitan una verdadera capitalización del campo. Partiendo de la base de que el gobierno federal decretó con fecha 21 de julio del 94, dispuso la creación del programa de pagos directos, mejor conocido como PROCAMPO, como compensación por los daños previsibles por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y las reformas de política del campo a los productores de seis cultivos estratégicos. Los recursos destinados para este programa son cuantiosos en su monto y deberían ya haber contribuido a la competitividad o reconversión de la producción en el campo, no obstante los pagos directos canalizados a los productores no han provocado los efectos esperados. En ese contexto las organizaciones de productores han demandado un instrumento legal que les dé certeza jurídica para acceder a los recursos del PROCAMPO en un esquema de mediano plazo, pues los recursos que se les asignan por ciclo agrícola y por hectárea no logran impactar la tan necesaria y demandada capitalización de las unidades productivas y en el mejor de los casos su uso como garantía crediticia o como parte del pago adelantado de algún servicio o insumo que requiere el proceso productivo. Por esta razón, compañeras y compañeros, esta iniciativa es una respuesta a esta demanda de los productores y una alternativa para estimular la capitalización del campo. Esta iniciativa del Ejecutivo para hacer accesible de manera anticipada a los beneficios del PROCAMPO los recursos a que tienen derecho durante los siete años restantes de dicho programa es una gran oportunidad de constituir una fuente significativa de capital rural. Estos recursos servirán para dotar los procesos locales de capitalización y dinamización de la actividad económica rural. Es una ley accesible con 22 artículos regulares y cuatro transitorios, ahí contiene el carácter adictivo y complementario de los recursos del PROCAMPO, a fin de asegurar a los beneficiarios el acceso simultáneo a los recursos de otros programas. Establece la vinculación jurídica con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos, los sujetos de la ley, la autoridad competente y los principales criterios enmarcados, principalmente en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; describe el sistema de garantías y acceso anticipado a los pagos futuros del PROCAMPO, define los propósitos, las reglas de acceso al sistema, las prioridades de aplicación, la permanencia de los pagos directos en relación con las condiciones del mercado internacional, el campo de la aplicación de la ley y los apoyos complementarios para los beneficiarios más desfavorecidos. Se adoptó el criterio de permitir la aplicación del sistema a propósitos productivos amplios, incluyendo todas las actividades económicas rurales en atención a las condiciones reales del campo contemporáneo en donde ya no son válidos los criterios exclusivamente orientados a la producción agropecuaria directa. Además de la normatividad aplicable, los mecanismos de seguimiento y control, así como la aplicación de sanciones por el incumplimiento de las condiciones del sistema y se prevén disposiciones para reducir al mínimo las tasas de interés y los costos financieros, así como para aprovechar el previsto flujo de recursos para el desarrollo y consolidación de un sano sistema de financiamiento con énfasis en la banca social. También se establecen disposiciones para que el acceso al sistema sea mediante proyectos productivos rentables que efectivamente contribuyan a un cambio estratégico de la condición de los productores y que evite la dilapidación de los recursos públicos. Se dispone la obligación de apoyar a los beneficiarios con menor capacidad de gestión en los diversos aspectos del desarrollo de sus proyectos, tales como la organización interna, la preparación de las propuestas y los proyectos, la ejecución y administración de las unidades de producción y la comercialización entre otros aspectos. En resumen, compañeras y compañeros, tenemos ante nosotros una ley que no es perfecta y acabada, pero que sin duda es un gran avance que deberemos consolidar y perfeccionar en el futuro próximo con nuevas leyes que sean de largo plazo, es también un punto de concertación en donde a nadie se ha excluido y donde se han incorporado la gran mayoría de los planteamientos, lo que da la posibilidad para ser aplicada en beneficio del mejoramiento del sector cuya atención no puede ser aplazada. Las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural convocan a los compañeros diputados y a las compañeras diputadas de todas las fracciones parlamentarias aquí representadas, a apoyar al campo con su voto favorable al dictamen que les proponemos, y demostrar que los diputados somos capaces de ejercer plenamente nuestra responsabilidad sin renunciar a nuestros principios y convicciones, pero teniendo claro que el interés superior es el campo mexicano y México. Le pido un minuto, Presidenta, para concluir esta intervención. Compañeras y compañeros: He expresado a ustedes en este documento lo más elemental que contiene esta iniciativa. Considero de vital importancia que esta ley, que este dictamen sea apoyado por todos los compañeros aquí presentes en esta Cámara, por la importancia que tiene. Para quienes hemos defendido y defendemos el sector social, los más necesitados, tenemos que tener claro que el 87 por ciento del padrón del PROCAMPO corresponde a beneficiarios que tienen 5 hectáreas o menos y que ésos en la ley serán los que tendrán preferencia, así como las mujeres, los grupos indígenas y otros grupos menos favorecidos en el sector. Les pido pues su comprensión y el apoyo a este dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas. Muchas gracias compañeros y compañeras.