El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, sin lugar a dudas el dictamen que hoy se somete a votación es de gran trascendencia para la vida institucional de nuestro país. Esta reforma representa una victoria para todas aquellas personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y que con esa experiencia traumática se vieron obligados a exigir justicia en tribunales internacionales. Hoy con este dictamen que fue aprobado por unanimidad por parte de la colegisladora, la historia de los que luchan contra la impunidad de las instituciones castrenses será distinta. Quiero aclarar que esta reforma no es para nada una concesión que haga el Estado mexicano. Esta reforma es producto de la presión social, de los señalamientos constantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Pero sobre todo, como ya lo mencioné, de las víctimas que no encontraron justicia en los tribunales nacionales, que no encontraron eco en las instituciones mexicanas y que tuvieron que recurrir a instancias internacionales para que pudieran ser escuchadas. Esta reforma es producto de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las diversas sentencias de la Corte Interamericana, como la del caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos del 23 de noviembre de 2009, en la cual en el punto resolutivo número 10 mandata al Estado mexicano a adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La necesidad de esta reforma se puede entender gracias a las voces de las personas que saben quiénes se llevaron a su padre, quiénes detuvieron a su hijo, quiénes ultrajaron a su esposa, quiénes torturaron a su hermano, y a pesar de ello se han enfrentado con un laberinto de humillaciones, de mentiras, de atropellos tan solo por buscar la justicia, no les podemos devolver la tranquilidad, la alegría, la compañía de sus seres queridos, pero sí podemos reconocer los abusos y pedir disculpas por todo lo que hicieron y dejaron de hacer las autoridades y asegurarles a las nuevas generaciones que esto no se debe repetir. Cómo no recordar que en el estado de Guerrero fue el escenario principal de la guerra sucia que tuvo lugar en México, que consistió en acciones policiaco-militares operadas con la intención de aplastar cualquier tipo de manifestación, fuera pacífica o clandestina, mediante la aplicación de las doctrinas militares de guerra de baja intensidad. Cómo no recordar la masacre de Chilpancingo, el movimiento ciudadano más grande los años setenta contra el general Caballero Aburto; pero particularmente la masacre del 18 de mayo de 1967 en el zócalo de Atoyac que dio origen al levantamiento del profesor Lucio Cabañas Barrientos y al surgimiento del partido de los pobres. Cómo olvidar la masacre contra los copreros en Acapulco, cuando asesinos a sueldo al servicio de los caciques y del poder asesinaron a los dirigentes y activistas que exigían un mejor pago por sus cosechas de copra. Cómo dejar de mencionar a Rosendo Radilla Pacheco, profesor campesino, líder social y quien compuso corridos como éste: Señores, soy campesino, del estado de Guerrero; me quitaron mis derechos y me hicieron guerrillero. El 25 de agosto de 1974, Rosendo viajaba en un autobús con su hijo y en un retén militar fue detenido. ¿De qué se me acusa? Preguntó. El soldado dijo: De componer corridos. El profesor contestó: ¿Y eso es delito? La respuesta fue: No, pero mientras ya te chingaste. La familia de Rosendo lo buscó durante muchos años, pero nadie sabía nada, hasta que con el apoyo de las organizaciones el caso llegó a las instancias internacionales y el 23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó que el Estado mexicano era responsable por desaparición forzada y por diversas violaciones a los derechos de Rosendo y de sus familiares. Es principalmente en México, el México rural, en el México campesino, en el México indígena quienes han sufrido las consecuencias de la militarización, de las siete sentencias de la Corte Interamericana en que se han encontrado culpable al Estado mexicano, cuatro involucran directamente a las fuerzas castrenses, y las cuatro son del estado de Guerrero. Dichas sentencias confirman que las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército fueron contra activistas, contra ecologistas, contra mujeres y hombres indígenas y, además del caso Radilla, está el caso de Inés Fernández y otros contra México, que tuvo una sentencia el 30 de agosto de 2010 por parte de la Corte Interamericana; el caso de Valentina Rosendo y otros también contra México; el caso de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que también fueron acusados de tortura. Por último, señor presidente, quiero concluir diciendo que reiteramos nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres honestos que hoy integran nuestras Fuerzas Armadas y manifiesto mi profunda admiración por su gran esfuerzo y sacrificio y por defender el ideal patriótico, en especial aquéllos de origen popular, indígena y campesino. Le pido un segundo más, señor presidente.