El diputado Jorge Rosiñol Abreu: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; asimismo, que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Es preciso señalar que para que el Estado pueda cumplir con la obligación que le mandata el texto constitucional, resulta indispensable que cuente con los recursos suficientes para llevar a cabo las acciones para el desarrollo de la infraestructura deportiva. Es notoriamente conocido que la orientación y el destino del gasto en poder se detalla anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En él se especifica el monto y destino de los recursos económicos de los que el gobierno dispondrá en cada ejercicio fiscal, y el del año 2013 no fue la excepción. En resumen, el Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento jurídico financiero para la planeación de las erogaciones que realizará el gobierno federal en el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. En el caso del tema del deporte en México, corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Conade, el desarrollo de la política del Estado, incorporación masiva de la población a la cultura física y el deporte, para lo cual dispone de recursos presupuestales de carácter federal. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, fueron aprobados por esta Cámara de Diputados recursos para el desarrollo de la infraestructura deportiva. Sin embargo, a la fecha se ha generado un subejercicio que se calcula en más de 40 mil millones de pesos. Es preciso señalar que tengo conocimiento de que el subdirector general del Deporte, que es el encargado de llevar a cabo las acciones administrativas para la erogación de la tercera parte del presupuesto federal deportivo para este año, mediante el memorándum SGD/192/2013, ordenó que no fueran entregados los recursos públicos para la realización de los proyectos de infraestructura de este año. Ello, en el municipio del Carmen, Campeche; Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta, del estado de Veracruz; Camargo, del estado de Tamaulipas; Tonila, del estado de Jalisco; Joquicingo y Zacualpan, del de México; y Choix, del estado de Sinaloa, todo ello por un total de 17 millones 139 mil 950 pesos. El pasado 1 de julio del año 2012, el entonces candidato a la Presidencia de la República, por la Coalición Compromiso por México, ofreció un discurso una vez que se conocieron los resultados electorales que le favorecieron, y cito textualmente sus palabras: Reitero lo que dije en este mismo auditorio durante mi campaña, quien no tenga un compromiso firme con la democracia, las libertades y la transparencia, no tiene cabida en este proyecto de transformar a México. Así, con el compromiso asumido por el titular del Ejecutivo, es por ello que he decidido presentar esta proposición con punto de acuerdo, para que esta soberanía exhorte al titular de la Conade para que instruya a su contralor interno a que investigue y finque responsabilidades a los funcionarios involucrados en el acto de obstrucción de la liberación de los recursos para infraestructura, impidiendo que se lleven a cabo los proyectos para ese fin en los lugares citados. Asimismo, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Conade, liberen dichos recursos. Habría que recordarles a estos funcionarios de la administración pública federal, que el Constituyente de 1917 estableció, con claridad meridiana, la división de Poderes y que por ende, ningún poder público se puede sobreponer a otro. Es importante que esta soberanía demuestre a los ciudadanos de este país, que por sobre las diferencias partidistas es capaz de obrar la justicia, igualdad e imparcialidad en pro de la defensa de los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.