El diputado David Orihuela Nava: Con su venia, presidenta. Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. John C. Sawhill. Comienzo mi participación agradeciendo a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, por su trabajo constante a favor del respeto y cuidado del ambiente. Subo a esta honorable tribuna para posicionar las reformas legislativas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, presentes en este dictamen, correspondientes a dos aspectos específicos: Primero. Consolidar la democracia participativa en el tema ambiental. Segundo. Fortalecer los instrumentos de ordenamiento ecológico territorial en los diversos niveles de gobierno, incorporando también el ordenamiento por cuencas. Dados los vicios impuestos por el afán neoliberal de explotar el territorio nacional en beneficio de intereses trasnacionales, sin importar sus consecuencias para las generaciones actuales y futuras, los cambios requeridos para que el marco institucional mexicano efectivamente favorezca el desarrollo sostenible están estrechamente vinculados con la democracia participativa. En materia ambiental, pasar de una democracia representativa a una democracia participativa significa facilitar significa facilitar la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la gestión del territorio, incluyendo por supuesto a pueblos originarios, dueños y poseedores de la tierra, investigadores y académicos. La ley mexicana requiere la cooperación social y adjudica a todos los habitantes de la República Mexicana la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico. Se trata claramente de una responsabilidad jurídica de todos los mexicanos. La planificación y gestión del territorio es un tema estratégico para la protección del ambiente y el desarrollo sustentable, por lo que la toma de decisiones al respecto debería generarse con las bases técnico-científicas. Sin embargo, actualmente se realiza por instancias de gobierno, como los cabildos a nivel local, o por secretarías estatales, cuyo personal suele no contar con la adecuada capacidad o asesoría técnico-científica y son frecuentemente removidos de su cargo. México no puede seguir rigiéndose por decisiones cortoplacistas del funcionario en turno, que afectan de manera irreversible el territorio. Es de importancia vital que exista un contrapeso de participación ciudadana y académica en las instituciones que toman las decisiones sobre el uso del territorio, en coordinación y suma de esfuerzos con las autoridades federales, estatales y municipales. Lo que se propone en el presente dictamen es un distanciamiento de las políticas centralistas de los gobiernos anteriores, políticas establecidas con el objetivo de beneficiar a intereses particulares, sin importar el daño causado al ambiente y a la sociedad. Para remediar los vicios en materia ambiental del antiguo régimen, en la cuarta transformación proponemos legislar, para contribuir mediante democracia participativa, las condiciones de virtud republicana y democrática. Respecto a la planificación del territorio, actualmente los ordenamientos ecológicos territoriales están establecidos por límites políticos, siendo que los procesos naturales no se circunscriben a estos. Sería más sano que el ordenamiento ecológico territorial fuese prioritariamente por cuencas hidrológicas y no solo por límites políticos. A nivel nacional, entre los expertos que trabajan temas de medio ambiente, existe un clamor para que las cuencas sean el elemento rector en la planificación y gestión del territorio, para que este se conceptualice con base en sus límites naturales. Para esto necesitamos establecer en la legislación mexicana la categoría de ordenamiento ecológico territorial por cuencas. Esto remediaría uno de los grandes problemas en la gestión del territorio, la falta de congruencia entre los diversos tipos de ordenamientos ecológico, urbano y de estos con los planes de desarrollo urbano, industrial, económico y agropecuario. Estas contradicciones generan todo tipo de confusiones, conflictos, ineficiencias, corrupción, costos innecesarios y pérdidas de riquezas naturales. Para que los ordenamientos ecológicos, territoriales, regionales, estatales y locales tengan congruencia entre sí se necesita vincularlos y supeditarlos a los ordenamientos por cuenca. Las reformas legislativas aquí propuestas buscan garantizar la viabilidad del país a través de la protección de nuestra gran herencia natural y de sus servicios ambientales. De esto depende nuestra estabilidad social, económica y política. El futuro de México depende del tratamiento que demos a nuestro patrimonio natural. Es por lo anterior expuesto que hago extensiva una invitación a mis compañeras y compañeros legisladores de todos los grupos parlamentarios a votar en favor del presente dictamen. La mejor herencia que podemos dejar a las siguientes generaciones es la naturaleza en toda su riqueza y esplendor. Es por ello que debemos contribuir y fortalecer nuestro marco legal en materia de protección al ambiente y desarrollo sostenible. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.