La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo: Buenas noches. Con su permiso, presidente. Señoras y señores diputados, el dictamen puesto a nuestra consideración da vida a un modelo energético que transformará radicalmente a la economía nacional, que les quede claro. De ahí que debe entenderse de manera integral, no sólo en la dinámica de la reforma, sino en la dinámica y evolución de las finanzas públicas. No podemos soslayar que la discusión del día de hoy, y desde ayer, y desde hace cinco días, se refiere a una ley que tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracción IV; 75, 126, 127 y 134 de la Ley Fundamental en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Un ordenamiento que obliga a la debida observancia de la norma jurídica para la administración de los recursos públicos. Recursos públicos federales en base a criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y sobre todo rendición de cuentas, y que sienta las bases para la ejecución del gasto público en sus vertientes de gasto corriente, pagos de pasivos de la deuda pública, inversión física, inversión financiera y responsabilidad patrimonial. Es una ley que establece disposiciones presupuestarias y administrativas para fortalecer la operación y la toma de decisión de los ejecutores del gasto teniendo como premisas fundamentales el adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. Es en este escenario donde se inscribe este dictamen con el objeto de incorporar a nuestro sistema ajustes a la regularización en materia de finanzas públicas, requeridos con motivo del decreto constitucional de diciembre de 2013. Esto en materia energética. En esta óptica es que se establecen en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria las normas relativas a los diferentes destinos que se dará a los recursos que forman parte del Fondo Mexicano del Petróleo. Se reconoce en este ordenamiento y en la Ley General de Deuda Pública un nuevo régimen que en dichas materias será aplicable a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. En su nueva faceta, obviamente como empresas productivas del Estado, dotándolas de un régimen especial que les otorgue autonomía presupuestaria y de flexibilidades adicionales con el fin de lograr un manejo autosuficiente y sustentable de sus finanzas. Este dictamen refrenda dos cosas; que los hidrocarburos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son y seguirán siendo patrimonio de los mexicanos. Que no les engañen, no se dejen engañar, esto es de los mexicanos y así va a ser siempre. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no se privatizan, no mal informen al a ciudadanía, izquierda. También el aprovechamiento se mantiene bajo la firme rectoría del Estado, que es tan importante. De ahí que se asumen los compromisos que le corresponden al gobierno federal sobre un porcentaje de la deuda de los pasivos laborales. Es decir, únicamente y que quede muy claro sobre el pasivo de pensiones y jubilaciones no más, esto es sobre una parte de la deuda y no sobre el 100 por ciento. No se trata de un borrón y cuenta nueva y tampoco se trata de rescatar a las empresas sino de fortalecer a las empresas productivas del Estado y garantizar su máxima productividad y óptimos niveles de competitividad, decisión que no afecta ni al país ni a las finanzas públicas, como ya lo han señalado las principales agencias calificadoras de riesgo y que tiene su mejor asidero en el cambio de las condiciones generales de trabajo, tanto en las diversas modalidades. Se modifica el contrato colectivo y el sistema pensionario para transitar a uno nuevo que permita fortalecer a las empresas productivas y dotarlas de viabilidad financiera. El Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor del presente dictamen porque hace coincidir y vincula la responsabilidad hacendaria con el crecimiento del producto nacional y fortalece rubros estratégicos, como la educación, la seguridad social y el desarrollo científico y tecnológico, que es lo que todo México quiere, lo que todos queremos. Objetiva el principio de equidad distributiva, al fortalecer las transferencias a las entidades federativas y evitar su discrecionalidad, que estimula el crecimiento en las diferentes entidades del país. Y plantea una distribución de recursos encaminada a combatir la pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad. Estamos a favor porque representa una oportunidad real de progreso y desarrollo para México y los mexicanos colocándonos en la ruta de un desarrollo sostenible. En este contexto, como campechana, me siento sumamente complacida por el esfuerzo que desde este Congreso, en conjunto con nuestro presidente Enrique Peña Nieto, nuestro gobernador del estado de Campeche y los actores involucrados en el tema energético, hemos logrado para el fortalecimiento de los estados petroleros, en particular obviamente con mucho orgullo para el estado de Campeche, el cual se verá fortalecido en su crecimiento por las aportaciones de la renta petrolera, del Fondo Mexicano del Petróleo y los ingresos sobre hidrocarburos por el incremento en la exploración, extracción y producción de hidrocarburos, lo que se verá finalmente reflejado en el estado y principalmente en los municipios petroleros. Quiero hacer un llamado a todos los diputados, en este caso y con mayor énfasis a los diputados de estados petroleros a que votemos por esta reforma que es tan importante, porque eso nos va a llevar a mover a México. Compañeros, movamos a México, sería una irresponsabilidad no votar a favor de esta reforma. Gracias, señor presidente.