El diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeros legisladores, en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se sustenta la propuesta de los artículos 7 y 17 de la Ley de Ingresos aprobada en el Senado de la República, se establece que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Es decir, hasta la fecha nosotros, el Poder Legislativo, hemos decidido otorgar al Ejecutivo federal una de las facultades más importantes en materia de comercio exterior, con un enorme impacto en la economía, en la inversión y en la generación de empleos. Voluntariamente, estamos abdicando a una herramienta de comercio exterior y más a una herramienta en materia de política industrial agrícola y comercial. Una política cuyos resultados se hacen patentes en la actual situación de crisis económica y fiscal en que nos encontramos. La política arancelaria es una herramienta de suma importancia, sobre todo en el actual contexto de globalización e internacionalización de nuestra economía; una herramienta que hoy podemos recuperar para asumir nuestra responsabilidad, en lo que se refiere a las medidas arancelarias para proteger la industria el comercio, la agricultura y, en suma, para proteger a México. Asumamos lo que se establece en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, en donde nos faculta, como Poder Legislativo, el utilizar los aranceles para restringir, prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, en una situación de urgencia nacional. Y yo me pregunto, ¿no es acaso este momento una situación de emergencia nacional? ¿No es el incremento de la pobreza, la marginación y el desempleo una situación de emergencia nacional? Pero para el Poder Ejecutivo federal no importa dicha circunstancia, de ahí que prefiera el camino fácil del dejar hacer y del dejar pasar en detrimento de la planta productiva del país; que el de asumir su responsabilidad y compromiso con el fomento al crecimiento y al desarrollo nacional. Por lo que podríamos concluir que su política arancelaria es abiertamente regresiva e inconstitucional. Pero si a esto le sumamos la anarquía y la corrupción en que se encuentra el Sistema Nacional de Aduanas en donde florece el tráfico y contrabando de todo tipo de mercancías, aunado, compañeros legisladores, al clima de inseguridad y terrorismo fiscal que en estos momentos aprobaron, esto genera una crisis económica y social de mayores proporciones. Es así como la política arancelaria en materia de importaciones y exportaciones implementada por el gobierno, no ha hecho otra cosa que llevar a la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas mostrando su total ineficiencia, propiciando una tasa de desempleo de más de 6 por ciento. No pueden, señores legisladores, continuar lacerando; no pueden seguir jugando con el futuro de los mexicanos y con el futuro de nuestros hijos. Construyamos un mejor futuro a través de una mayor inversión productiva y generación de empleos, como la única forma real de terminar con la pobreza. Hasta cuándo consideran, señores legisladores, que se puede seguir financiando la pobreza, sin generar riqueza. Retomemos la facultad que nos otorgó el Constituyente de 1917 con el propósito de reactivar la economía y el bienestar de todos los mexicanos. Es absurdo exigir un mayor sacrificio fiscal a nuestros ciudadanos en un contexto de crisis y bajo crecimiento económico. Es por eso que en el PRD, esta madrugada de domingo, reprobamos los incrementos al impuesto al valor agregado (IVA), al impuesto a los depósitos en efectivo (IDE), al impuesto sobre la renta (ISR), porque desincentivan la inversión, el empleo, y en suma, reprobamos la traición al pueblo de México. Es absurdo no tocar y encima defender a los barones del dinero. Termino, señores diputados. Esa actitud, sin lugar a dudas, los señores del dinero se la van a agradecer; pero, sin duda también, sus electores se los van a cobrar. Con responsabilidad, sensibilidad y compromiso construyamos juntos el México que, señores legisladores, tanto necesitamos. Es cuanto.