El diputado Francisco Hernández Juárez: Diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al tenor de las siguientes Consideraciones Las pensiones y jubilaciones que se otorgan al amparo de las leyes vigentes en seguridad social constituyen un mecanismo de protección a los trabajadores y trabajadoras que por alguna causa dejen de recibir un ingreso. En el caso de los pensionarios adscritos al régimen obligatorio del Seguro Social, la pensión que se les otorga es sumamente inferior al salario que reciben como activos y conforme al cual cotizaban al Instituto Mexicano del Seguro Social. La cuantía de estas pensiones no evita una situación de pobreza en la vejez; estamos ante millones de pensionados y sus familias que subsisten luego de toda una vida de trabajo en situación de pobreza absoluta. La crisis económica, la carestía, el manejo irresponsable de las finanzas públicas y el cobro de mayores impuestos agudiza más la situación de pensionados y jubilados. Las pensiones recibieron en febrero un aumento por la inflación acumulada en 2009 de 3.57 por ciento. Sin embargo, el 37 por ciento de 172 productos genéricos de una canasta básica aumentaron de precio durante diciembre pasado. Si se considera sólo el rubro de los alimentos, el alza fue de 5.81 por ciento en términos anuales. A este deterioro del poder adquisitivo de las pensiones debe agregarse que un pensionado por sus condiciones de salud o de edad tiene menos oportunidades de obtener un ingreso adicional por su propio trabajo; peor aún, en caso de emplearse en el sector informal, le sería suspendida la pensión. No obstante, el gobierno actual que es responsable de esta situación se empeña en gravar a quienes menos tienen. Se incrementa el impuesto sobre la renta a los contribuyentes cautivos, las trabajadoras y los trabajadores asalariados de ingresos medios; se aumenta el impuesto al consumo; se frena el acceso a servicios de telecomunicaciones y el desarrollo nacional a través de impuestos especiales al sector. En contraparte, se permite que grandes empresas no paguen un centavo por sus ganancias o difieran estos pagos. De 4 millones 291 mil personas morales registradas en el Sistema de Administración Tributaria de las cuales sólo pagan gravámenes 791 mil 200, el 18.5 por ciento; de las 400 grandes empresas que operan en el país sólo cerca de 2 por ciento pagó impuesto sobre la renta amparado en el régimen de consolidación fiscal. A falta de un proyecto de reforma fiscal integral, se busca incrementar los ingresos públicos con contribuyentes cautivos, como serían los pensionados y jubilados que a partir de febrero empezaron a recibir cobro de sus pensiones por conceptos de impuestos sobre la renta. Aunque ya se encontraba en la ley el cobro ?según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? no se había hecho anteriormente por problemas de operatividad. Pero independientemente de lo anterior, debemos observar que el cobro de un impuesto de las pensiones resulta claramente inconstitucional. El trabajador goza de una pensión por haber aportado al sistema de seguridad social al que está adscrito, la pensión que es resultado de sus aportaciones a un fondo que ya, sea solidario o individual, es resultado de aportaciones de su propio salario. Dicho salario ya fue gravado a lo largo de su carrera laboral, por lo que es improcedente que el resultado de estas aportaciones sea gravado nuevamente. En la presente iniciativa se propone exentar absolutamente los ingresos que se obtienen de los pensionados y jubilados, viudas y huérfanos, para evitar la doble tributación que describimos y para apoyar su condición social y económica, como una medida de justicia y equidad que debe tomarse urgentemente si no queremos seguir deteriorando la situación de una sociedad cansada de los abusos de un gobierno empeñado en agraviar a los que menos tienen. Solicitamos atentamente a la Mesa Directiva que la versión completa de esta iniciativa se incluya en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.