La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Compañeras y compañeros diputados, los datos personales se refieren a toda aquella información relativa al individuo, que lo identifica o lo hace identificable. Entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Además de ello, los datos personales también describen aspectos más sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su forma de pensar, estado de salud, sus características físicas y biología o vida sexual, entre otros. Estos son necesarios para que un individuo pueda interactuar con otros o con una o más organizaciones sin que sea confundido con el resto de la colectividad y para que pueda cumplir con lo que disponen las leyes. Asimismo, hacen posible la oferta y obtención de bienes y servicios. Sin embargo, el uso extensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones ha permitido que en muchas ocasiones los datos personales sean tratados para fines distintos de los que originalmente fueron recabados, rebasando los límites de la esfera de privacidad de la persona y lesionando en ocasiones otros derechos y libertades. Todos debemos proteger los datos personales, es un esfuerzo en conjunto. En la era de las comunicaciones el manejo o intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual, lo mismo para el sector público que para las empresas. Con la intención de robustecer este dictamen y de cerrar los vacíos legales que este contiene, venimos a presentar las reservas a los artículos 67, 70, 71, 72 y 138, y la adición de dos nuevos artículos: 71 y 139 al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En lo relativo al artículo 138 de la presente Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, puntualizamos aspectos relevantes del mismo como el consejero jurídico, que se refiere al del Ejecutivo federal en específico y se precisa que el recurso de revisión se tramitará no solo de acuerdo a lo dispuesto en este dictamen, sino también para lo señalado en el Título Segundo, De las Controversias Constitucionales, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todo lo que nos contravenga a los límites establecidos en los artículos 6, Apartado A, y 16, segundo párrafo de la misma. Esto, con el objetivo de dar mayor certeza jurídica y legalidad a dicho proceso, ya que las disposiciones establecidas en este dictamen son muy generales, lo cual puede abrir espacios para una mala interpretación del procedimiento. También, se propone adicionar un artículo 139 al dictamen, recorriéndose la numeración a fin de señalar quienes serán partes en el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, proponiendo que en dicho proceso no solo intervenga el consejero jurídico del Ejecutivo federal, sino que también se incluyan al instituto como autoridad responsable, al haber emitido la resolución y, en su caso, al tercero interesado pudiendo tener tal carácter el titular de los datos o el responsable de su manejo. Otro tema muy relevante es el de las transferencias y remisiones de datos personales. En ese sentido, en la reserva al artículo 67, proponemos que las transferencias de datos personales, el receptor asuma el carácter de responsable de estos y que no solo se comprometa a garantizar su confidencialidad como lo señala el dictamen. Al establecer que el receptor de las transferencias adquiera el carácter de responsable, nos da plena garantía del manejo de los mismos en los términos en que esta ley lo marca. Adicionalmente, esto permitirá que el titular pueda defenderse en caso de que el receptor realice un mal tratamiento de sus datos personales. En cuanto a las modificaciones al artículo 70 de la ley en cuestión, se propone precisar los supuestos bajo los cuales las transferencias de datos personales se podrían realizar sin el consentimiento del titular, ya que en su redacción se comentan faltas, errores e imprecisiones que pueden dar lugar a un mal uso de éstas excepciones en perjuicio de los titulares de los datos personales. En el artículo 71 del dictamen, se establece que las remisiones nacionales e internacionales de datos personales, que se realicen entre el responsable y el encargado, no requieren ser informadas al titular ni contar con su consentimiento. Desde Morena esto nos parece un asunto grave, ya que de por sí el dictamen abre la puerta para que empresas privadas puedan asumir el carácter del responsable del tratamiento de los datos personales que recaben los sujetos obligados de esta ley y con la redacción actual del artículo 71 se deja en estado de indefensión a los titulares de estos datos, al establecer que no se requerirá su consentimiento ni se les informará sobre las transferencias que se realicen de los mismos. Es por ello, que en nuestra reserva proponemos que las remisiones de estos datos ya sea a nivel nacional o internacional, deben ser contempladas en el aviso de privacidad, en el cual se informará al titular de los datos. Asimismo, la modificación que se propone para la realización de las remisiones internacionales se necesitará el consentimiento del titular. También, proponemos la adición de un nuevo artículo 71 con el objetivo de que el responsable pueda solicitar la opinión del organismo garante de que se trate, cuando pretenda efectuar transferencias internacionales de datos personales, con la finalidad de cumplir con las condiciones y requerimientos legales. Es preocupante que en una ley que se supone debe proteger los datos personales de los mexicanos y las mexicanas se establezcan disposiciones confusas y laxas en el tema de transparencia. Este es un tema delicado, más aun cuando recientemente se ha señalado que nuestro país es un paraíso para el mercado negro de datos personales. Según estudios internacionales, un expediente médico puede llegar a valer hasta 10 mil dólares, pues con esta información puede hacer transacciones para cobrar seguros, pensiones, suplantar la identidad y obtener servicios médicos. En un país donde la impunidad es la regla y la corrupción es la ley, la poca regulación abre las puertas para que los privados se beneficien de los datos personales que obren en su poder. Es nuestra responsabilidad, señoras y señores diputados, como legisladores, evitar que los datos sean utilizados para una finalidad distinta para lo cual fueron proporcionados, evitando con ello se afecten otros derechos y libertades. Es cuanto, señor presidente.