La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera: Gracias, señora Presidenta, con su venia. Compañeras diputadas y diputados. Los que suscribimos la presente, diputados federales Luis Gerardo Serrato Castell y Mario Eduardo Moreno Álvarez, a quienes agradezco su colaboración en la elaboración de esta iniciativa, pertenecientes a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes todos del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y demás relativos y aplicables de la Constitución mexicana, así como el artículo 55 y demás relativos aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, bajo la siguiente Exposición de motivos Mucho se ha debatido sobre si las personas morales pueden ser responsables de un delito, pero en la actualidad esta discusión cobra mayor importancia por el incremento de la criminalidad mediante la utilización de estas corporaciones, asociaciones, empresas que en definitiva son las personas morales, donde en algunos casos son creadas para disimular verdaderas conductas delictivas y quienes generalmente operan de manera organizada para la comisión de delitos, tales como operaciones con recursos de procedencia ilícita; financiamiento del narcotráfico; contrabando; piratería; delitos contra la economía pública; delitos financieros y, entre otros, como la trata de personas, los que nos ha obligado a reflexionar sobre la urgente necesidad de sancionar dichos comportamientos. No obstante lo anterior, nos hemos encontrado ante la problemática del derecho penal que se ha visto impedida para sancionar a dichas personas morales, pues esta posibilidad choca con el principio tradicional que señala, sin responsabilidad penal, para las personas jurídicas que se ha venido estableciendo en el sistema penal desde hace siglos y del que se deriva la imposibilidad de hacer responder penalmente a una persona jurídica, puesto que el derecho penal a lo largo de su evolución se ha caracterizado por una concepción individual y personal de la responsabilidad penal. Sin embargo, la comisión de hechos punibles en el curso de la actividad de una persona jurídica plantea nuevas necesidades político-criminales a las que el legislador debe dar una respuesta eficaz. En el caso de México se ha empezado ya en este paso, ya que el artículo 11 del Código Penal Federal establece: Cuando algún miembro representante de una persona jurídica comete un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, el juez podrá en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución cuando lo estime necesario para la seguridad pública. Sin embargo, no se ha considerado un avance completamente suficiente por lo complejo del tema, de manera que se ha planteado la necesidad de revisar las categorías dogmático-penales vigentes y la derogación del principio en mención. En ese sentido, en línea de una actual corriente de opinión en el ámbito del derecho comparado, se considera que la responsabilidad criminal de las personas morales y la sanción penal de las mismas, es un reclamo de las actuales necesidades de la política criminal por lo que en la medida en que ello sea incompatible con las categorías dogmáticas tradicionales, lo que procede entonces es la revisión de éstas, de modo que pueda darse cabida en nuestro derecho penal a la punibilidad de las personas morales. Asimismo, dentro de esta postura se puede atribuir a la persona moral al igual que a la persona física, una voluntad propia ya que es una entidad dotada de existencia plena jurídica, lo que se traduce en que es susceptible de ser titular de los derechos subjetivos, facultades, obligaciones y responsabilidad jurídicas, deduciendo ahí que la responsabilidad criminal de las personas morales no violenta el principio de la personalidad de las penas. En ese tenor es importante recalcar que entre mayor claridad tengan las leyes, mayor seguridad y certeza jurídica tendrán los ciudadanos. Seguridad jurídica que se traduce en la garantía otorgada a las personas de que serán respetadas en su personalidad, sus bienes y sus derechos para que éstos no sean sujetos de violaciones o que si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad protección y reparación. Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por un procedimiento regular establecido previamente. Así, con esta iniciativa nos aproximamos más a una seguridad jurídica que con la legislación vigente, que se considera sumamente tímida y escueta. Por lo tanto, proponemos establecer mayores posibilidades para que el juzgador tenga en su elección la sanción que estime conveniente y así encuentre la medida más acertada ante las posibles situaciones que se presenten. En virtud de ello, se establece con esta iniciativa el procedimiento que se seguirá en el caso de que se tenga que llevar un proceso en contra de una persona moral, del que en la actualidad únicamente se encuentre en una laguna legal que evidentemente violenta el principio de seguridad jurídica. Por lo anteriormente expuesto y con el objeto de establecer la responsabilidad penal de las personas morales, proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Se lo dejo aquí, diputada Presidenta, para que me haga el favor de insertarlo tal cual junto con la exposición de motivos y la propuesta de iniciativa de decreto, por la conveniencia del tiempo. Muchas gracias a todos por su atención.