La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con la venia de la Presidencia. Desde hace algunos años se ha venido advirtiendo que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos y los periodistas, propiciando un clima preocupante de autocensura e intimidación. Datos de la Organización Internacional sobre Derechos Humanos señalan que desde el año 2000, México se convirtió en uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer el ejercicio de esta profesión, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán. A pesar de los esfuerzos y la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para el año 2019, periodistas mexicanos informaron 609 amenazas, ataques u otras formas de agresión, circunstancia que se agrava cuando se trata de mujeres, quienes además enfrentan ataques y riesgos relacionados con su género como violencia sexual, amenazas y difamación. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación alarmante que enfrenta nuestro país. Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como por la falta de eficacia en las acciones gubernamentales para su atención. Dicha comisión nacional nos advierte que subsisten circunstancias que inciden en los altos niveles de inseguridad, e incrementan las condiciones de riesgo que enfrentan con motivo de su labor. Lo vacíos legales, la falta de mecanismos y acciones en las entidades federativas para prevenir, proteger e investigar las acciones en su contra. La ausencia de fiscalías especializadas y de protocolos de investigación, así como la falta de coordinación entre las fiscalías locales, con la Fiscalía General de la República son, indudablemente los principales obstáculos para poner un alto definitivo a dichas agresiones. A pesar de ello, nuestro país avanza responsablemente en la identificación de sus debilidades y áreas de oportunidad respecto a la protección de tan fundamentales derechos. En virtud de eso, el dictamen que analizamos busca contribuir al cumplimiento de metas en la materia a través de la modificación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, insertando acciones fundamentales, como la promoción de la adecuada coordinación entre las autoridades para implementar y operar los planes de protección. Todo lo anterior a través de una reforma integral a la ley que hoy se analiza, que entre otros, modifica conceptos como persona peticionaria, plan de protección integral, estudio de evaluación de riesgos y medidas colectivas y comunitarias. Coincidimos en que cualquier ataque, agravio o crimen en su contra debe considerarse un tema prioritario en la agenda de las autoridades de los diferentes órganos de gobierno. No es suficiente el simple reconocimiento de la importancia de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. No basta advertir sobre una realidad violenta en contra de estos, se necesita también generar los mecanismos eficientes para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de estos seres humanos. Compañeras y compañeros, las presentes modificaciones indudablemente representan una base sólida para lograr resultados tangibles en la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es por ello que mi grupo parlamentario respalda estas propuestas a través de nuestro voto a favor. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.