El diputado Vicario Portillo Martínez: Ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados. En consecuencia de la corrupción, en nuestro país existen 53.3 millones de personas que viven en situación de pobreza, lo que significa un aumento de medio millón en comparación con el año 2010, de los cuales 11.5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, y 27.4 millones están en carencia alimentaria. Es decir, aquella que se encuentra en pobreza extrema, y carencia alimentaria corresponde a 7 millones, y uno de los grupos de población con mayores índices de pobreza es el indígena, el 72.35 por ciento de esta población, 8.2 millones están en pobreza multidimensional y en pobreza extrema el 30.6 por ciento, informa el Coneval en estudios recientes. El dictamen de la Ley de Petróleos Mexicanos, implica que la supuesta modernidad económica en la que está sustentada, basada en la idea de abrir y hacer participar a los particulares en la generación, transmisión y distribución, y comercialización va a crear escenarios económicos opacos y discrecionales. Por lo tanto, este dictamen es regresivo y antinacional. Se necesitan medidas que atenúen en esta iniciativa, ya que como está redactada, se pronostica un fracaso y un colapso en la industria eléctrica al establecerse un mercado distorsionado. La estrategia para aprobar esta reforma ha sido el mayoriteo, el engaño y el cinismo, y se ha inducido un ambiente de inmoralidad parlamentaria. El pacto social que se inició con la expropiación petrolera se está destruyendo de manera trágica, 70 años de consenso histórico respecto a la gesta heroica de Lázaro Cárdenas se está demoliendo de manera criminal con las reformas energéticas. El PRI y el PAN están ansiosos de borrar la huella económica del cardenismo. El Ejecutivo no le garantiza al pueblo de México que tendrá la mayor parte de la renta petrolera. Se limita a Pemex para realizar labores de exploración y explotación que antes eran actividades exclusivas con el único objeto de dejar entrar petroleras extranjeras. Aunado a ello pongo ante el pueblo de México que esta reforma busca la extracción acelerada de los hidrocarburos sin garantizar que aumentarán los recursos para el Estado, y mucho menos para el pueblo de México; despojo y traslado de la propiedad social de ejidos y comunidades indígenas a empresas extranjeras al ser considera la actividad energética prioritaria y de utilidad pública mediante despojos simulados de negociación forzosa. Con los recursos de la nación estas empresas extranjeras se quedaran con la renta y utilidades del petróleo y la electricidad. Y no serán empresas públicas, sino empresas privadas sujetas al derecho privado mercantil, por lo que el pueblo de México, el Estado mexicano, el Poder Legislativo y Judicial no tendrán capacidad de exigir cuentas y ni siquiera información de su desempeño sobre bienes, infraestructura e industrias que pertenecen a la nación. La explotación de los yacimientos transfronterizos que abarcan territorios de los Estados Unidos de América y México para que los exploten total, directamente a las empresas de Estados Unidos de América con un 20 por ciento de las inversiones de Pemex, en los mismos que no participará en la operación directa de los pozos que puede explicar que en los yacimientos que pertenece en la igualdad a México y a Estados Unidos, México se autoimponga un límite del 20 por ciento en un negocio al que tiene derecho al 50 por ciento. El Ejecutivo no puede hablar de transparencia, de honestidad si la misma concepción del dictamen es opaco. Por tanto, el pueblo de México debe apelar a su derecho inalienable e imprescriptible de soberanía plasmado en el artículo 39 de la Constitución para reestablecer los derechos humanos y las garantías individuales. Muchas gracias, compañeras y compañeros.