La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, debemos reconocer que el marco legal vigente en materia de seguros y fianzas surge en 1935, por lo cual es urgente una reforma en esta materia. Entre 2000 y 2011 el mercado de seguros creció 93.6 en términos reales, lo que representa una tasa anual de 6.2 por su parte; en el mercado de fianzas creció 57.7, que corresponde a una tasa anual del 4.2. Entendemos también que hay compromisos internacionales que nuestro país ha adoptado para modernizar la legislación en materia de seguros y fianzas; sin embargo y subrayo hay una serie de aspectos y dudas sobre el alcance que puede tener la reforma que analizamos, los cuales debemos dejar en claro en la discusión de este dictamen. El primero de ellos tiene que ver con la autorregulación. En la economía del siglo XX y lo que va del siglo XXI hay sonados casos en donde los agentes económicos que tienen una regulación laxa generan más problemas que soluciones. Se deja, en este caso con la nueva ley, en manos del Consejo de Administración las políticas para administrar la solvencia, el nivel de riesgo, el monto de los activos para solventar la operación de las empresas. Qué sucede nos preguntamos si el consejo no actúa de manera ética y alienta el riesgo de la institución de seguros o de fianza, la doble contabilidad, los activos tóxicos, los créditos cruzados, son ejemplos que demuestran que las instituciones financieras en muchas ocasiones privilegian las ganancias de los accionistas por encima del beneficio de los clientes o de los usuarios. Le ley prevé que las aseguradoras ésta nueva ley puedan determinar los niveles de reserva mínimos de la operación y garantía avalados por un actuario y por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo que a nuestro juicio no genera las condiciones de seguridad para los contratantes de seguro o una fianza, y abre la puerta al riesgo de que la institución se desate en una crisis y pueda quedar en estado de quiebra sin poder asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. La ley debe ante todo garantizar la seguridad de las personas que contratan un seguro o una fianza. En ese sentido nuestro país todavía no cuenta con esta ley generando las condiciones necesarias para que los usuarios de este servicio tengan todos los elementos de certidumbre para poder hacer efectivo el servicio que contrataron. El aspecto más preocupante de este dictamen es el relativo al artículo 118, donde se dispone que las aseguradoras pueden operar en el mercado de valores, hacer reportes, realizar operaciones financieras derivadas, que entenderíamos es la parte relativa bursatilizar sus operaciones como un mecanismo de financiamiento. Incluso en la fracción XVI, del artículo 118 se le permite adquirir, construir y administrar viviendas de interés social e inmuebles urbanos de productos regulares. Nos preguntamos, cuál es el objeto de otorgarle esta posibilidad, dado que esa actividad no corresponde al objeto social de una institución de seguros o de fianza. En el derecho comparado no se permite por razones precisamente de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las instituciones de seguro, la mezcla con este tipo de actividades y un ejemplo muy claro lo tenemos en el derecho norteamericano con la Ley Glass-Steagall y la McFfaden, que prohíben actualmente hasta la fecha, que las instituciones de seguros realizan las operaciones a las que estarían autorizadas a realizar con esta nueva ley las instituciones de seguros y fianzas. Curiosamente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que no pueden realizar los inversionistas extranjeros lo pueden hacer aquí y con ello generar más condiciones de riesgo para los usuarios. Por las consideraciones antes señaladas, votaremos, los del Partido del Trabajo, en contra del dictamen en comento. Es cuanto, señora presidenta.