El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores: en su oportunidad, a nombre de mi Grupo Parlamentario en esta tribuna compartí la reflexión de que el proyecto de decreto en materia de deuda de los estados y municipios es y ha sido el producto de una amplia discusión y análisis del encuentro de coincidencias, y también por qué no decirlo, de divergencias que generaron consensos sin mezquindades ideológicas o partidistas. En esta ocasión, con las adiciones que la colegisladora le ha impuesto al proyecto de decreto que enviamos para su discusión, no puedo menos que reconocer que las aportaciones que provienen de la Cámara de Senadores conllevan a reflexiones. Hoy la reflexión, desde mi punto de vista más importante es: que si al aprobarse la reforma constitucional a los artículos 73, 79 y 117 y tres transitorios, regulamos la deuda de estados y municipios, los transparentamos ya o remitimos al próximo periodo la iniciativa. La obligación conlleva a refrendar los principios, disposiciones, controles y lineamientos de responsabilidad fiscal que pretenden en su conjunto promover el uso ordenado y sostenible del financiamiento de las entidades federativas así como de los ayuntamientos, para la contratación de deuda y otras obligaciones de pago a cargo de estos dos órdenes de gobierno, y esto nos conlleva a que sea en inmediatez. Debo puntualizar que en mi opinión el contenido del artículo 9o transitorio es de una trascendencia importante, plantea que en la ley reglamentaria de esta reforma se establezca un programa anual de garantías por el Ejecutivo federal, a fin de que el Congreso apruebe los recursos que se requieran para las obras que se podrán financiar al siguiente año de la solicitud y antes de que se apliquen los recursos. Hoy la deuda es la creación de la Comisión Bicamaral que vigilará y sancionará las deudas de estados y municipios, las competencias de las Cámaras para legislar en esas materias. En este momento resulta indispensable aprobar este importante instrumento legislativo, sin embargo con posterioridad se deberá analizar la participación de la colegisladora en el proceso de contratación de deuda, ya que éste adquiere facultades que no tienen algún precedente en términos de sancionar, y en su caso objetar los convenios y ajustes financieros que realicen los estados y municipios. El debate en Comisiones ha sido congruente jurídicamente, mi inquietud es una; la vigencia en la aplicación de la norma. El tema es el mecanismo de control económico del Legislativo sobre el Ejecutivo y la concurrencia de ambas Cámaras, sin embargo no podemos dejar pasar desapercibido la reformas y adiciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, por el que se estableció que el propio Congreso de la Unión debía aprobar anualmente los montos de endeudamientos requeridos por el gobierno del Distrito Federal e incluirlos en la Ley de Ingresos. Lo anterior se complementa con lo dispuesto por el artículo 112, letra B, fracción III de nuestra propia Constitución Política. En Nueva Alianza refrendamos el compromiso con nuestros principios, estamos convencidos de que un buen gobierno debe ser sinónimo de una administración honesta, responsable y transparente de los recursos públicos nacionales, y esto incluye por supuesto las obligaciones financieras a las que los estados y municipios tienen que recurrir. Por eso, una vez más hacemos un llamado para que sumemos voluntades políticas y aprobemos esta reforma constitucional en aras de lograr la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y el fortalecimiento del federalismo en su ámbito financiero, y buscar de una vez y para siempre su implementación inmediata. Con ello estaremos coadyuvando a que se logre el fortalecimiento de las finanzas públicas federales, estatales y municipales; garantizaremos la capacidad económica en los tres órdenes de gobierno para impulsar políticas sociales que contribuyan a disminuir las brechas de desigualdad existentes entre los sectores de la sociedad mexicana. En los estados y municipios es menester impulsar la creación de condiciones de equidad entre zonas rurales y urbanas, la dotación de servicios públicos de calidad hacia sus gobernados y hoy más que nunca, ante el desalentador escenario que nos dejó Ingrid y Manuel es un imperativo reconocer la importancia de la concurrencia de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para la pronta recuperación de miles de familias, comunidades, pueblos y ciudades que padecen sus lamentables consecuencias. Compañeros legisladores, alejemos cualquier mezquindad política o argucias jurídicas y contribuyamos efectivamente a sentar las bases constitucionales y legislativas para un manejo adecuado de las finanzas públicas de los estados y municipios, garantizando con ello mejores condiciones de vida para los actuales y futuros mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.