El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Los suscritos, Francisco Luis Monárrez Rincón, Laura Reyes Retana, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y Juan Carlos Pérez Góngora, diputados federales por los estados de Durango, Coahuila, Sonora y Nuevo León, diputados federales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 53 la fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la asamblea de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman el párrafo primero de la fracción I y la fracción II, ambos del artículo 41 y por lo que se adiciona el artículo 44, todos de la Ley al Impuesto al Valor Agregado, con base en la siguiente: Exposición de Motivos Los diputados que suscribimos esta iniciativa, compartimos una profunda preocupación por la reducida captación de recursos fiscales provenientes principalmente de los ordenes de gobierno estatal y municipal para promover el desarrollo humano de los mexicanos y para incentivar consistentemente una mayor competitividad de nuestra economía en el contexto mundial, así como por la limitada autonomía de las entidades federativas para decidir responsablemente sobre las contribuciones que aporten sus comunidades a favor de su propio bienestar. Es una realidad bien conocida que México tiene uno de los más bajos niveles de recaudación fiscal en el mundo, tanto en relación al tamaño de su economía como en función a su nivel de desarrollo, situación que en lo individual para muchos ciudadanos puede parecer atractiva, pero que en la realidad fomenta el atraso social, obstruye el progreso económico y es motivo permanente de incertidumbre sobre el futuro, al no garantizarse las condiciones institucionales que salvaguarden a plenitud los derechos de los ciudadanos. También es una realidad incuestionable la existencia de un nivel muy elevado de la centralización de facultades de política tributaria que obedece a la estrecha gama de potestades fiscales a favor de los estados y municipios. En virtud de las restricciones constitucionales y de la coordinación fiscal que desde 1980 se lleva a cabo en todo el país, entre el Gobierno Federal y las entidades que se ha traducido en una alta dependencia financiera para éstas últimas y en una escasa capacidad para decidir y para generar sus propios recursos, llegando exclusivamente y en muchos, en la mayoría de los casos, al 5% de la contribución de sus recursos propios y la autonomía por supuesto, reclama un autentico federalismo. La proporción del ingreso social, indudablemente que debe traducirse en satisfactores públicos. Ante estas desafortunadas realidades, a lo largo de los últimos años se han dado diversos intentos por ofrecer a las entidades federativas la posibilidad de accesar y acceder a nueva potestad tributaria de base amplia, a través de la figura de un impuesto a las ventas y servicios al público, a un impuesto al consumo final, pero con resultados poco alentadores, en virtud de diversas circunstancias. Hoy hacemos esta propuesta de manera facultativa, de manera potestativa para que todas las entidades federativas y los municipios, queden en la oportunidad y en la facilidad para poder, si ellos así lo deciden, si ellos así lo desean, si ellos así lo quieren, puedan establecer un impuesto de esta naturaleza. Ya tuvimos la experiencia positiva el pasado diciembre, cuando se dio la facultad potestativa para incluir cuatro nuevos impuestos cedulares a los estados o municipios. Hoy, en esa facultad, hay ya cinco entidades federativas que han propuesto estos impuestos cedulares con una posibilidad interesante, que ayuda y facilita en mucho la mejoría en la recaudación de los recursos propios para bien de las entidades federativas que así lo han decidido. Por eso esta propuesta de un nuevo Impuesto, Bienes y Servicios Destinados al Consumo Final, pretende gravar en una sola fase y con una sola tasa mínima del 3 por ciento el monto de las contraprestaciones efectivamente percibidas por quienes enajenen mercancías, presten servicios al público u otorguen uso o goce temporal de bienes muebles, sin incluir en la base del gravamen propuesto el Impuesto al Valor Agregado. Se propone que el impuesto que se contempla en esta iniciativa, recaiga sobre la totalidad de bienes y servicios que se enajenen al consumidor, incluyendo aquellos que actualmente están exentos o tienen tasa cero en lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, a fin de que no se deteriore su base ni genere distorsiones en la actividad económica. No obstante lo anterior, se exceptúan del objeto de este impuesto todas aquellas mercancías y actividades que guardan reserva constitucional, las que constituyen formas de ahorro o medios de inversión, los bienes destinados a la exportación o que se aprovechen en el extranjero, los servicios de construcción de inmuebles, así como los proporcionados a miembros de diferentes tipos de asociaciones como contraprestación normal de sus cuotas. El impuesto que se propone no atentaría contra los beneficios derivados de la Coordinación Fiscal ni beneficiaría a unas entidades en deterioro de otras como tampoco afectaría la recaudación fiscal federal, por lo que no se proponen paralelamente incrementos a gravámenes federales, además de que se constituiría un nuevo instrumento para el control de la evasión fiscal. La decisión de insistir en este gravamen correspondería exclusivamente a los Congresos Estatales que así lo decidan, que así lo platiquen, que así lo acuerden con todos sus representados, siempre que éstas no se opongan a lo dispuesto en el ordenamiento público y propuesto de esta iniciativa. La aprobación de la presente iniciativa por esta soberanía permitirá que los estados y el Distrito Federal, dispongan de un impuesto de base amplia con mayor potencial recaudatorio que cualquier otro gravamen local disponible actualmente para las entidades federativas, con los consecuentes efectos favorables sobre sus haciendas públicas y sobre su capacidad para responder con tanta y mayor oportunidad e intensidad a las necesidades colectivas. Asimismo, el impuesto propuesto se inscribe dentro de la tendencia internacional de gravar preferentemente al consumo que al ingreso, estimulando con ello el ahorro y la inversión productiva, de tal manera que el propósito fundamental de esta iniciativa es darle a las entidades federativas -y vuelvo insistir- que así lo acepten, que así lo decidan, disponibilidad sustancialmente mayor de ingresos propios, decisión que correspondería exclusivamente nuevamente reitero- a los Congresos Estatales y a la sociedad también que ellos representan, en tanto que el Congreso de la Unión, nos compete brindarles la oportunidad de hacerlo y de aprobar su establecimiento refrendando con ello la posibilidad y la vocación federalista y su respaldo a la autonomía de los estados. Por las razones expuestas, los suscritos diputados que ya mencioné de los estados de Durango, de Coahuila, de Sonora y de Nuevo León, hacemos esta proposición de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la Fracción I y la fracción II, ambos del artículo 41 y por el que se adiciona el artículo 44, todos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que le solicito, ciudadano diputado Presidente, se publique de manera íntegra en el Diario de los Debates tal como se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Atentamente, los diputados Francisco Luis Monárrez Rincón, Laura Reyes Retana Ramos, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y Juan Carlos Pérez Góngora. Es cuanto, ciudadano Presidente.