El diputado Víctor Hugo Velasco Orozco: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, agradezco la posibilidad de poder presentar ante ustedes el día de hoy, algunos de los aspectos más relevantes del dictamen que la Comisión de Infraestructura hemos aprobado con el consenso de las y los compañeros legisladores que la integran y que en esta ocasión está a consideración de la honorable asamblea. Es de mencionar que con el fin de unificar opiniones en torno a un solo acuerdo, este dictamen incluye una adenda elaborada entre las principales fracciones parlamentarias, con algunas modificaciones que aclaran la redacción. Ante todo, se trata de un gran esfuerzo de colaboración entre el Poder Legislativo y el gobierno de la república, con el objetivo primordial de avanzar en la modernización de todos los procesos relacionados con la obra pública, para lograr mayor eficacia, eficiencia y transparencia. Existe una clara asociación entre contar con la infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos, con el fomento de la competitividad y mayores posibilidades para que la economía genere bienestar a los diversos sectores sociales. Muchos son los indicadores que podríamos citar para enmarcar las necesidades de cambios de nuestro país, tienen materia. Sin embargo, priman aquellos que indican nuestro grado de competitividad a nivel internacional y que son un factor referente, por ejemplo, el índice global de competitividad 2013-2014 del Foro Económico Mundial que ubica a México en la posición 55 de 148 países. En este marco, quienes integramos la Comisión de Infraestructura, hemos analizado con interés y detalle la propuesta de reforma y adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, que envió el titular del Ejecutivo federal a esta soberanía. Coincidimos en simplificar el marco jurídico, dotándolo de nuevos mecanismos para gestión y evaluación de los proyectos. La eficacia de las inversiones públicas se deben constituir como un factor que impulse el crecimiento económico del país, propiciando el incremento de las oportunidades económicas rentables para los sectores públicos y privados, desarrollando más y mejores proyectos productivos, con base en políticas públicas responsables y un ambiente institucional propicio, que incremente la generación de empleos, la eficiencia del ejercicio del recurso público y una mejor distribución de infraestructura en beneficio de los mexicanos. Un aspecto también sustantivo, es dar congruencia al marco jurídico respecto a los ejes del Programa Nacional de Infraestructura, el cual, sin duda, representa un gran reto para la administración pública federal y que por su naturaleza requiere contar con la normativa adecuada que contribuya en el cumplimiento de sus objetivos. Este dictamen coincide con tres grandes vertientes. La primera. Nuevos mecanismos para la evaluación y gestión de proyectos. Para lograr una mayor eficacia en estos procesos, se incorporan nuevas figuras al marco jurídico, entre ellas, la gerencia de proyectos, la cual fortalece la planeación, organización y control de un proyecto en todas sus fases, aplicando a todos los proyectos de magnitud o alcance relevante. Y siendo optativos para otro tipo de proyectos en los términos que determine la dependencia o la entidad ejecutoria. Es así que la figura de proyectos de alcance relevante, denominados como megaproyectos, necesariamente deben cumplir con un seguimiento mucho más detallado pro la gran inversión de recursos que nos son asignados y que además representan una mayor complejidad en su diseño e implementación, siendo necesario asegurar su integridad, funcionalidad, eficacia y eficiencia. Asimismo se incorpora el concepto de análisis comparativo del costo del ciclo de vida, el cual permite a las dependencias y entidades comparar de manera más eficiente las proposiciones que se presentan con una visión más objetiva en cuanto a su rentabilidad y teniendo como resultado una eficiente ejecución de recursos públicos. La segunda. Nuevas medidas para incrementar la eficiencia, eficacia y transparencia en la contratación y ejecución de obra pública. Como parte de las medidas de fortalecimiento a la transparencia y el fomento de una mayor competencia, es destacable la promoción del sistema compra net como la herramienta principal por la que se llevan a cabo los procedimientos de contratación, convirtiéndose en un mecanismo de información pública en la materia. Por otro lado, con el objetivo de asegurar la legalidad de los procesos de contratación de las obras públicas, se establecen nuevos tipos administrativos para sancionar conductas recurrentes de licitantes, contratistas y servidores públicos tendientes a evadir el cumplimiento de la ley. Tercero. Medidas para brindar mayor certeza jurídica a los participantes. Lo que el país requiere son mecanismos ágiles que permitan iniciar en tiempo y forma las obras públicas. Es por ello que con esta reforma se propone un máximo de dos juntas de aclaración en los procedimientos de licitación, evitando procesos prolongados e innecesarios que retrasan el gasto público y se generan subejercicios afectando no solo la ejecución de la obra sino también la generación de empleos y de beneficios de estas obras para los ciudadanos. Asimismo y con la intención de dar mayor certeza jurídica, se definen los momentos precisos en los cuales inician y concluyen los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa. Por otro lado, se crea la figura del finiquito unilateral a cargo de la dependencia o entidad teniendo como objetivo dar celeridad a este proceso y comenzar a operar la obra en la brevedad, salvaguardando el derecho del contratista a aceptarlo o no. La industria mexicana en materia de construcción requiere de medidas que fortalezcan la participación de empresas mexicanas y de mano de obra nacional y es por ello que se establecen los procedimientos de contratación, optar por igualdad de condiciones por personas físicas y empresas mexicanas, dando preferencia por emplear recursos humanos propios de la región sin menoscabo de asegurar una libre y plena competencia respetando en el marco de la ley y de los tratados internacionales suscritos por México. Asimismo con la plena certeza de la seguridad en materia de protección de los derechos laborales de trabajadores y la promoción de la economía formal, se establece que los entes públicos que hayan licitado obra pública notifiquen al Instituto Mexicano del Seguro Social cuando detecten irregularidades por parte de los contratistas respecto a sus obligaciones en materia de seguridad social. Lo anterior permite fortalecer la formalidad dentro del sector de la construcción, lo cual redunda en dar mayor certeza jurídica y de seguridad social, lo que garantiza que prevalezcan los derechos laborales de sus trabajadores. De este modo, amigas y amigos diputados, los invito a que reconozcamos que nuestro país requiere de la modernización del marco normativo en materia de obra pública donde la necesidad de los cambios planteados en el dictamen a discusión son abocados a que actuemos y demos un giro positivo en materia de contratación de obras públicas. Hago un llamado respetuoso a que votemos a favor de dar mayor eficiencia, eficacia, transparencia y certeza jurídica a este marco legal con el que las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, avanzarán con mayor equidad asegurando la correcta aplicación de los recursos públicos y simplificando los procesos de contratación de una ley encaminada a fortalecer la economía mexicana haciendo un país más competitivo. No tengo duda que con el criterio y normas como las que estamos a punto de aprobar, la inversión pública en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, será la pieza angular que dinamiza la economía interna y contribuye al mejoramiento productivo y social de nuestro México. Pongamos nuestro empeño en que en ello suceda. Les pido que aprobemos este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.