La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros: Diputada Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señoras y señores legisladores, muchas gracias por su invitación a esta soberanía. Es un honor para mí participar en este ejercicio de rendición de cuentas de la glosa del Primer Informe de Gobierno. En días recientes comparecí ante el Senado de la República y presenté ahí los logros alcanzados y las metas pendientes en la Secretaría de la Función Pública. Pero debo de confesar que esta nueva comparecencia ante el Poder Legislativo, me es doblemente significativa. En primer lugar, porque San Lázaro me parece un símbolo de pluralismo y muy particularmente del acceso histórico de la izquierda a la representación legislativa en nuestra patria. Fue precisamente, poco tiempo después de la reforma electoral de 1977, cuando el Congreso decide erigir este recinto, no solo para albergar a un mayor número de legisladores, sino para dar cabida a corrientes de pensamiento más diversas; 20 años más tarde, en 1997, el Palacio Legislativo de San Lázaro fue casa de la histórica legislatura de la transición. La LVII Legislatura que marca el inicio de la transición democrática en este Poder Legislativo, cuando el viejo partido de Estado pierde la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y el país gana solvencia en la pluralidad y nuevos referentes éticos que llegaron para quedarse en la práctica y léxico políticos contemporáneos. En especial aprecio mucho a esa LVII Legislatura, porque en ella mi padre, el diputado federal Pablo Sandoval Ramírez, tuvo la honra de convertirse en el primer presidente guerrerense de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Hoy, décadas después, y gracias al diálogo democrático consustancial de esta soberanía, esta LXIV Legislatura ha avanzado con pasos firmes y serios para transformar y fortalecer el marco jurídico mexicano en el sendero de la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. Ustedes, señoras diputadas y señores diputados, nos han dado mejores herramientas al gobierno y a la sociedad. Con ellas vamos a erradicar la corrupción y construir esa nueva ética pública que necesitamos. Mi reconocimiento por ello a esta soberanía. En un acto de justicia y responsabilidad pública, hoy la corrupción ha vuelto a ser considerada un delito grave. Esta reforma al artículo 19 constitucional era necesaria desde 1994, cuando este delito fue vergonzosamente eliminado de los delitos que merecían prisión preventiva de oficio. Entraron también en esta tipificación el robo de hidrocarburos, fraude electoral, uso electoral de programas sociales, abuso sexual contra menores, feminicidio, desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego y explosivos. Pero no solo eso, ahora, las redes de elusión fiscal se consideran crimen organizado. Tenemos una legislación para erradicar empresas fantasmas, así como una Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado que prohíbe el dispendio y separa el interés público del privado. La corrupción fue la peor herencia de las últimas décadas. La corrupción fue la peor herencia del neoliberalismo, pero si los mexicanos continuamos trabajando juntos desde el Ejecutivo y el Legislativo, desde el Estado y la sociedad, si seguimos caminando junto a millones de mexicanos que ya están cansados de más de lo mismo, si nos unimos en esta causa común, con la que nadie que quiera a México puede estar en desacuerdo, sin duda erradicaremos todos ese cáncer que nos lacera. Desde la Secretaría de la Función Pública estamos poniendo todo nuestro empeño para lograrlo. Por principio de cuentas nos propusimos revivir y reanimar la secretaría. Los dos últimos presidentes habían propuesto su desaparición tanto en 2009 como en 2013, y de hecho, durante años, la secretaría sobrevivió pendiendo de un artículo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Al contrario, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se decidió fortalecerla, mejoramos la vigilancia y el control interno en toda la administración pública federal. Para ello concentramos organizacional, jerárquica y presupuestalmente a todo el personal de los órganos internos de control. Antes, estos órganos dependían de cada una de las dependencias de donde operaban, creando un conflicto de interés entre auditor y auditados. Hoy el personal de los órganos internos de control cuenta con una verdadera dependencia para vigilar el cumplimiento de la ley. De hecho, ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los criterios que definen la transferencia de ese gran tejido nervioso contra la corrupción, gran tejido nervioso de reacción inmediata contra la corrupción, que son nuestros 214 órganos internos de control. Al mes de octubre hemos concretado la transferencia de una treintena de órganos internos de control de primer nivel que representan un total de mil 700 plazas adicionales a la secretaría. Además, establecimos criterios claros y transparentes para que con esta nueva estructura de órganos internos de control podamos conducir e integrar el Programa Anual de Auditorías. Este programa incorporó casi 2 mil actos de fiscalización con un enfoque prioritario en auditorías de desempeño, revisión de procesos de adquisiciones, arrendamientos y auditorías en obra pública. Todos fueron seleccionados, todas las auditorías que integraron nuestro Programa Anual de Auditorías fueron seleccionados de acuerdo con parámetros de importancia, pertinencia y factibilidad. Para eso construimos notas metodológicas que tienen el objeto de estandarizar la calidad de la fiscalización entre nuestras oficinas centrales y los órganos internos de control, hoy dependientes de la Función Pública. Reconozco el liderazgo y la experiencia que ha aportado el subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción, el maestro Roberto Salcedo Aquino, quien hoy me acompaña en esta soberanía. Ya tenemos los primeros resultados de esta transformación. Las auditorías a programas de Desarrollo y Operación Regional nos han permitido observar más de 46 mil millones de pesos que los estados y los municipios deberán justificar o reintegrar a la federación. Las auditorías de obra pública han determinado 119 observaciones por más de 17 mil millones de pesos. Es de subrayarse que más de 16 mil millones de pesos se concentran en 69 observaciones vinculadas al llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con sede en Texcoco, que se caracterizó por pagos injustificados, sobreprecios de diversos signos, mala calidad de la obra y vulneración de las especificaciones convenidas en los contratos iniciales. Más de mil 500 observaciones también por un importe de casi 7 mil millones de pesos que los organismos estatales de control deben empezar ya a acreditar para dar inicio a los respectivos Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, los IPRA. Tenemos también como resultado más de 3 mil 500 observaciones por un monto de más de 14 mil millones de pesos, en las cuales las contralorías estatales deben acreditar los dictámenes de prescripción correspondientes para poder zanjar estas observaciones. Y, en general, tenemos casi 2 mil observaciones que derivaron de las auditorías realizadas en 2018 por un importe de más de 6 mil millones de pesos. En el fortalecimiento de la fiscalización hemos estado asistidos y acompañados por las 32 contralorías estatales. De hecho, tengo el honor de presidir a nivel federal la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, con quienes hemos trabajado sin descanso. Hasta octubre de este año la Función Pública ha sostenido 22 reuniones de trabajo con igual número de gobernadores, y hemos establecido canales de comunicación directa para reforzar los trabajos de coordinación que en el pasado eran prácticamente nulos. En materia de combate a la impunidad, hemos avanzado también con paso firme. Detuvimos la simulación burocrática y fortalecimos la investigación rápida de temas muy demandados por la sociedad, y además asignamos una sanción expedita en las faltas administrativas. De las más de 28 mil 300 denuncias ciudadanas recibidas entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019, que en sí misma esta cifra es un testimonio histórico de la confianza ganada a pulso por nuestra Secretaría de la Función Pública, ya que esta cifra representa un 27 por ciento adicional de denuncias que en el mismo periodo inmediato anterior. Y esta confianza ciudadana a nuestro trabajo crece sin cesar. Al 15 de octubre las denuncias que se han generado a partir del primero de diciembre de 2018 y hoy día, se han disparado hasta llegar a ser 30 mil 605 denuncias ciudadanas que han dado lugar a más de 25 mil investigaciones en curso, 5 mil 510 de las cuales ya están concluidas. En lo que va del gobierno, realizamos casi cuatro veces más investigaciones en el sector central, que durante todo el último año de la administración pasada. Estamos combatiendo la impunidad sin filias ni fobias. Investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que servidores públicos que tenían abiertos procesos en las administraciones anteriores y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos. Como lo dije en el Senado en días pasados, en la Función Pública no hay intocables ni perseguidos. Hemos impuesto casi 3 mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones, 256 sanciones económicas. Entre licitantes, proveedores y contratistas establecimos 187 sanciones e impusimos multas por más de mil 400 millones de pesos, 25 por ciento adicional que en periodo idéntico del año anterior. Quiero reconocer también aquí a la subsecretaria Tania de la Paz, por el magnífico trabajo desarrollado en esta Subsecretaría de Combate a la Impunidad. La Función Pública puso en marcha un plan de acción basado en cinco ejes para transformar nuestra Secretaría. El primer eje ha sido avanzar en la construcción de la austeridad republicana. Desde el primer momento de la administración se inició el rediseño de las estructuras organizacionales, a fin de eliminar duplicidades y fusionar áreas afines. Al mes de octubre se han eliminado en todo el gobierno más de 8 mil 800 plazas de mando que han generado ahorros por casi 5 mil millones de pesos. Cabe aclarar que en la estructura organizacional no se afectó de ninguna manera a 92 de cada 100 servidores públicos, quienes no fueron sujetos de medidas de austeridad por ser personal de base u operativo. Estos esfuerzos se concentraron en la eliminación de plazas con nivel de dirección general adjunta, que además no tienen en general participación en el sistema de participación y que no tienen sustento normativo para su creación y para su gestión. Los lujos, el dispendio y la opulencia que caracterizaron el ejercicio del poder llegaron a su fin. El nuevo tabulador estableció una disminución de entre un 12 y un 47 por ciento en los ingresos de los servidores públicos de alto mando en el gobierno. De forma totalmente divergente a la austeridad neoliberal, la austeridad republicana del gobierno actual no funciona bajo la lógica del menoscabo del gasto público o la inversión gubernamental, o el franco pisoteo de los derechos sociales y fundamentales, como funcionó el modelo neoliberal. La austeridad no ha quitado un solo peso a los programas de bienestar, al contrario, hemos eliminado el dispendio para fortalecernos. Por eso el artículo 7o. de la Ley Federal de Austeridad, que ustedes señoras y señores legisladores aprobaron, mandata la prohibición de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos previstos en la Constitución en materia de educación, salud y bienestar social. ¿Qué austeridad mandata no gastar en cuestiones sociales? El segundo eje ha sido ciudadanizar la lucha contra la lucha contra la corrupción. Hemos recuperado la confianza del gobierno en el gobierno, como se ha reflejado en indicadores nacionales e internacionales. De acuerdo con el barómetro global de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional con sede en Berlín, Alemania, el 61 por ciento de los ciudadanos mexicanos avala el trabajo del gobierno en esta materia. Los ciudadanos mexicanos señalan que el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador está actuando bien y muy bien en la lucha contra la corrupción. En 2017, en contraste, solo 24 por ciento de los encuestados aprobaron la actuación anticorrupción del gobierno del licenciado Peña Nieto. La diferencia entre estos dos presidentes fue de 37 puntos porcentuales y eso constituye un salto histórico en la valoración positiva de la ciudadanía. Estamos además trabajando junto a organizaciones de la sociedad civil, en un nuevo modelo de contraloría social que fomente la participación cívica, fortalezca la rendición de cuentas y la transparencia. Todos los mexicanos debemos ser parte de la lucha contra la corrupción. Por eso y a fin de sumar a los empresarios que durante años también han sido víctimas de la corrupción, lanzamos el padrón de integridad empresarial. Hemos también cumplido con ofrecer criterios, lineamientos y programas de apoyo y auspicio a los informantes alertadores internos de la corrupción. Esto era una deuda que teníamos con la ciudadanía y además una deuda histórica que teníamos con las obligaciones internacionales a las que nos encontrábamos sujetos como Estado mexicano durante más de 20 años, cuando empezamos a signar acuerdos internacionales que nos comprometían a ofrecer estas medidas para nuestros ciudadanos. Hoy, la Secretaría de la Función Pública tiene y ofrece a la ciudadanía un programa de alertadores ciudadanos de la corrupción. Por eso, nuestro cuarto eje de la Secretaría de la Función Pública se ha concretado, precisamente, en este auspicio de las garantías individuales de los ciudadanos que denuncian, para fomentar una cultura de la denuncia y a la vez relanzar el Servicio Profesional de Carrera. En esta línea de acción, en la profesionalización de los servidores públicos queremos poner un acento especial en la perspectiva de género. Tenemos el objetivo de construir, de una vez por todas, un servicio civil incluyente, competente y basado en el mérito, para lograrlo estamos eliminando la segregación en las estructuras orgánicas, así como los sesgos en los perfiles de puesto. Hemos asegurado el reclutamiento bajo principios de no discriminación de ningún tipo. De hecho, me da gusto compartir con ustedes que, desde diciembre de 2018, la Función Pública ha logrado la paridad de género en sus contrataciones de altos mandos. Afortunadamente, estamos trabajando en esta renovación del Servicio Profesional de Carrera, para que los servidores y las servidoras públicas sean reconocidos a partir del mérito y además se ofrezcan mejores alternativas de desarrollo en este servicio público. Quiero invitarlos a que trabajemos juntos, señores diputados, señoras diputadas, para reformar ya la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que se expidió hace más de 15 años. Estamos por enviarles, desde la Función Pública, una propuesta para que juntos podamos enriquecerla. Al mismo tiempo hemos avanzado en el diseño de una capacitación y una formación por competencias y vamos muy bien en la certificación de competencias, especialmente para nuestros servidores públicos de casa, los auditores y los fiscalizadores. Necesitamos servidores públicos profesionales éticos y comprometidos con el interés público. Finalmente, y con ello termino, nuestro quinto eje es democratizar las tecnologías, para fortalecer la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. En este esfuerzo lanzamos el portal Nómina Transparente, donde se puede consultar de manera sencilla el ingreso bruto y neto de más de 1.5 millones de servidores públicos del gobierno federal y casi 2 millones de maestros en la nómina federalizada. En el pasado solo se podía consultar el ingreso de apenas unos 100 mil servidores públicos. Nosotros hemos impulsado una política como nos exige la Constitución en materia de transparencia, de máxima publicidad. La máxima publicidad es importante y por eso, el 100 por ciento del gabinete legal y ampliado han hecho pública su declaración patrimonial y de intereses. Por primera vez en la historia moderna, los 18 secretarios de Estado, los subsecretarios, los directores generales, el consejero jurídico, el Ejecutivo federal y los 32 delegados federales hicieron públicas sus declaraciones y de conflicto de interés. Hemos trabajado para que, a partir de la nueva declaración patrimonial de intereses, ya con los formatos...