La diputada Ana Elisa Pérez Bolaños: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, hoy día la sobreproducción de equipos electrónicos, como lo son televisores, estéreos, computadoras y celulares, entre otros, ha provocado que el tiempo de renovación de éstos sea cada vez más breve. Se calcula que cada dos años y medio se adquiere un nuevo equipo o aparato, siendo esto un factor detonante en cuanto a costos e impactos ambientales. ¿Algunos de nosotros sabemos cuál es el destino final de estos aparatos electrónicos una vez desechados? Esta pregunta tiene varias respuestas. Nuestra frontera norte se ha convertido en un tiradero de desechos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, estos desechos, en términos de volumen, equivale aproximadamente al 50 por ciento de lo que se produce anualmente, y éstos siguen sin contar con el manejo y tratamiento adecuados. El problema con esta clase de desechos consiste en que al no tratarse o manejarse de modo adecuado, constituyen una peligrosa carga tóxica que amenaza la salud y el medio ambiente. De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los residuos peligrosos se definen como aquellos que poseen algunas de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confiere peligrosidad, así como envases, recipientes embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieren a otros sitios, de conformidad como lo establece esta ley. La legislación existente no ofrece experiencia alguna en la efectiva aplicación del concepto de responsabilidad extendida del productor-importador que lo conjunte con los esfuerzos emprendidos en la materia por parte del gobierno, por lo que todavía hace falta una señal decidida por parte de los diferentes sectores en cuanto a su disposición y compromiso por impulsar un plan de manejo sostenible y ambientalmente adecuado de los productos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, una vez que estos hayan caído en desuso y puedan ser considerados como peligrosos. Tal como lo apunta el artículo 42 de la ley citada, la responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde a quien los genera; por tanto es indispensable que prevalezca el principio de responsabilidad compartida de corresponsabilidad. Este principio es fundamental para poder establecer los mecanismos de gestión y manejo de estos residuos. De hecho es factible que empresas que ya están de alguna manera metidas en el reciclaje y la recuperación de materiales amplíen sus servicios y empiecen a gestionar residuos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, a partir de 2006, en la Unión Europea, los fabricantes de equipos electrónicos no pueden comercializar sus productos dentro de este continente si contienen plomo, mercurio, cadmio, cromo, entre otros, en cantidades superiores a las dictadas por la comunidad internacional en la materia competente. Existen marcas pioneras en el manejo de la gestión ambiental al fabricar computadoras ecológicas con una placa de circuitos carentes de halógenos y antimonio. Es decir, han comenzado a retirar los materiales tóxicos de sus ordenadores; y a partir de este año eliminarán las sustancias para retardar el fuego basados en bromo y los PVC. Asimismo, han participado en el lanzamiento de una nueva directiva en la Unión Europea denominada "basura de equipos eléctricos y electrónicos", la cual obliga a la recolección y reciclaje de residuos electrónicos. En México, sin embargo, en el mejor de los casos, los artefactos terminan apilados en bodegas o simplemente van a parar a la basura o a los rellenos sanitarios. Datos arrojados por la consultora Ipsos Mori revelaron que de mil encuestados en el país sólo 43 por ciento de ellos sabían que las computadoras y otros aparatos eléctricos contienen materiales peligrosos para la salud y el entorno. Por su parte, el consumidor debe comprometerse a que los desechos de equipos o aparatos, después de cumplir una vida útil, lleguen a una disposición adecuada y ambientalmente amigable que no dañe su propia salud; y, las empresas, obligarse a manejar y procesar los residuos de la mejor manera posible, preferiblemente con tecnología de punta para así garantizar el cierre de los ciclos de los materiales a través de una gestión responsable y sostenible. En Nueva Alianza estamos convencidos que la promoción y concertación con representantes de organismos privados y sociales en relación a la formulación y empleo de los planes de manejo, pertinentes para los distintos residuos que generen y sean de su competencia, es una de las tareas primordiales a emprender en aras de un desarrollo ambiental sustentable que dé rumbo y certeza a las futuras generaciones. Por ello, los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, así como los productos eléctricos y electrónicos de fabricantes cuando sean considerados como peligrosos, deben ser contemplados en el artículo 31, como sujetos a un plan de manejo. En mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción VI al artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y se recorre subsecuentemente la numeración de la fracción VI y siguientes vigentes, para quedar como sigue: Artículo 31. Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos: los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y estén clasificados como tales en la Norma Oficial Mexicana correspondiente. Fracción VI. Desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, cuando sean considerados como peligrosos. Muchas gracias.