El diputado Miguel Ángel Chico Herrera: Gracias, presidente. El artículo 90, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad del Ejecutivo federal para representar a la federación por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y las secretarías de Estado en los asuntos que esta sea parte, tales como en las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y los juicios de amparo. Así como en los juicios ordinarios contencioso-administrativos y procedimientos de naturaleza diversa a la jurisdiccional. Para efectos de la representación mencionada en el párrafo anterior, los artículos 9o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, párrafo tercero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Así como el acuerdo general por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 6 de febrero del año 2014 en el Diario Oficial de la Federación; y, el acuerdo por el que se establece que el consejero jurídico del Ejecutivo federal tendrá la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan en el mismo, publicado el 9 de enero del año 2001 en el Diario Oficial de la Federación, prevén la facultad del consejero jurídico del Ejecutivo federal para representar al presidente de la República en los juicios de amparo, en las acciones y controversias constitucionales, así como en los demás juicios que el titular del Ejecutivo federal intervenga con cualquier carácter. El 10 de febrero del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia políticoelectoral, mediante el cual modifica la naturaleza jurídica de la Procuraduría General de la República como dependencia de la administración pública federal, para ser un órgano público, autónomo, denominado: Fiscal General de la República. Por lo anterior, el decreto antes mencionado establece en el artículo décimo séptimo transitorio, fracción I, que los asuntos en que la Procuraduría General de la República ejerza la representación de la federación, así como aquellos que hayan ejercido acciones de inconstitucionalidad en casos distintos a los previstos en el inciso i) de la fracción II del artículo 105 de nuestra Constitución, que se encuentran en trámite a la entrada en vigor de la declaratoria expresa de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República que realiza el Congreso de la Unión. Deberán remitirse entre los 20 días hábiles siguientes a dicha declaratoria, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para su atención y debido seguimiento. En este sentido, el 14 de diciembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, emitiendo el Congreso de la Unión para los efectos conducentes la declaratoria de la autonomía constitucional del mencionado órgano público autónomo, publicado el 20 de diciembre de 2018 en el citado medio de difusión. Las modificaciones estructurales de la Fiscalía General de la República, a la entrada en vigor de la declaratoria de su autonomía, implicaron que la representación jurídica de la federación con que contaba dicho órgano fuera transferida al presidente de la República, siendo ejercida por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y las secretarías de Estado en los asuntos de naturaleza ordinaria, contencioso administrativo o diversa a la jurisdiccional para su atención y seguimiento procesal, razón por la cual se hace necesario reglamentar la representación originaria o residual para dicho cometido. Por lo tanto, se propone regular la representación jurídica de la federación que transfiere al consejero jurídico del Ejecutivo federal en particular respecto de juicios y procedimientos ordinarios, contencioso administrativos o de naturaleza diversa a la jurisdiccional, a fin de otorgarles la atribución para determinar la dependencia en que recaerá la representación de los mismos con lo cual se permitirá apoyarse en las demás dependencias de la administración pública federal para la atención de los diversos juicios y procedimientos en razón de la materia de su especialidad, generándose así el sistema integral de defensa jurídica de los intereses de la federación. Es cuanto, presidente, muchas gracias.