La diputada María Soledad Limas Frescas: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es a partir de la Convención de Belem Do Pará, Comité de América Latina y El Caribe, para la defensa de los derechos de la mujer, que varios países latinoamericanos identificaron esta amenaza y han llevado a cabo acciones para tipificar la violencia familiar, como un delito por el que se debe sancionar al agresor. Estudios sobre violencia administrados en América Latina y otras regiones del mundo han mostrado que la violencia en la modalidad familiar y en un estado gestante es una amenaza importante contra la salud y el bienestar de las mujeres. Con una visión con perspectiva de género, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó una encuesta a mujeres derechohabientes que acudieron al control prenatal en cinco unidades de medicina familiar en la Ciudad de México, enfocada al estudio y análisis de factores relacionados a la violencia que sufren las mujeres embarazadas. Los resultados de las encuestas refuerzan los hallazgos de otros estudios, de que el problema de violencia en mujeres embarazadas en México sigue creciendo como un problema frecuente, debido a que la violencia que sufren las mujeres embarazadas por sus esposos o parejas sentimentales, así como parientes en grado de consaguinidad o afinidad oscila entre el 21.5 y el 70 por ciento y de 25 al 35 por ciento. Observándose que en éstas existe un alto porcentaje de alteraciones emocionales derivadas de la violencia que sufren. Por eso se dice que la violencia contra las mujeres es considerada como uno de los principales problemas sociales y de derechos humanos de que son víctimas. Pero el problema se acrecenta cuando mujeres en estado gestante son las víctimas de violencia, cualquiera que sea su estado de embarazo, por lo que debe clasificarse como un tipo de violencia familiar y consecuentemente, derivado por lo que establece el artículo 7 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como grave. Para que no sea visible sólo cuando se provoquen graves daños físicos, sexuales y/o psicológicos, no sólo en ellas, sino también se daña a la salud y el desarrollo en la "citurus", que dicho sea de paso se convierte en víctima del agresor, situación que debe erradicarse para prevenir el que pueda tener consecuencias de índole irreparable. A pesar de que el tema de la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus modalidades, ha encontrado el reconocimiento y el apoyo gubernamental y social, no ha sido suficiente. porque sigue siendo un problema que debe atenderse a fondo, mayormente si se trata de mujeres embarazadas; lo que habla de la necesidad de promover más la atención y erradicación sobre el problema. Es decir, en la violencia y maltrato del que son víctimas, no sólo la mujer embarazada, sino también el concebido. En este sentido, es importante que en la atención que deba darse a las mujeres con violencia, en estado de gestación, además de realizar la detección y evaluación del riesgo de que pueden ser partes, simplemente en las herramientas legales que las protejan de esos actos de violencia. Por esta razón y en atención a que la obligación que tiene el Estado de garantizar a la mujer su seguridad, máxime si se trata de mujeres embarazadas, es que se propone la presente iniciativa de reforma que pretende establecer una tipificación dentro de las normas que den la debida coercitividad en atención al problema de violencia para que no se convierta en crónico y sistemático. Con los fundamentos anteriormente expuestos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al artículo 343 Bis del Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando el cuarto párrafo para establecer que: "Por violencia familiar se considere el uso de la fuerza física y moral, así como la omisión grave que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o ambas; independientemente de que pueda producir o no lesiones. Si la víctima fuera una mujer en estado de gravidez, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro tipo de delitos. Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz, en el que se perseguirá de oficio". Es cuanto, diputada presidenta. Solicito se inscriba la presente iniciativa íntegra en el Diario de Debates. Gracias.