El diputado José Ricardo López Pescador: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, con el advenimiento del Estado constitucional democrático de derecho cambia radicalmente el principio de la división tripartita clásica del poder, para adoptar uno de división múltiple del poder. México también en los últimos años ha eliminado el esquema reduccionista de la división tripartita del poder, para sostener la presencia de un mayor número de órganos estatales, creados y regulados en cuanto a su estructura y funciones por el propio texto constitucional, a este tipo de órganos se les denomina órganos constitucionales autónomos. Podría señalarse que en el Estado constitucional el poder para su ejercicio se atomiza y se redistribuye ya no sólo en tres, sino en una multiplicidad de órganos. Resulta necesario reformar el texto de la Constitución para señalar expresamente y así evitar interpretaciones judiciales inconvenientes, la sujeción de los órganos constitucionales autónomos a los procedimientos de control y fiscalización que se encomienda a los órganos de representación popular. Una exigencia creciente de la sociedad es alejar el ejercicio del poder público de los caminos de la opacidad. Los mexicanos demandan transparencia absoluta, rendición de cuentas en todos lados; que el recurso público se aplique sin merma ni dilaciones en procurar el bienestar de las mayorías de México. Por tal motivo, por mandato constitucional, debe sujetarse a todos los poderes públicos sin excepción, a transparentar su actuación, sujetándose al escrutinio de esta soberanía ante quien debe rendir cuentas e informar por ser la intermediaria y la más auténtica representación institucionalizada que tiene la nación. Se propone adicionar al artículo 41 de la Constitución para establecer que los órganos creados por disposición de la Constitución, sin adscripción de ningún poder de la unión, gozarán de la autonomía que se les atribuya, asumirán las facultades que se les otorgue y tendrán una administración en términos de lo dispuesto por las leyes orgánicas, pero se sujetarán siempre a los procedimientos de control y fiscalización que se aplica a los actos administrativos de los poderes del Estado. Con el propósito de complementar esa reforma, se propone establecer las bases de una relación armónica ente los distintos órganos estatales que ejercen el poder en nuestro país. Por tal motivo se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 90 de la Constitución para establecer que en las leyes orgánicas de los organismos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución, establecerán las relaciones entre esos organismos y los órganos que tienen encomendada la facultad de control y fiscalización del ejercicio del poder público. Por otra parte, con la finalidad de avanzar en la actuación transparente de todas las personas o corporaciones que prestan un servicio público, debemos ampliar el ámbito de competencia de los órganos del Estado para que ejerzan con mayor eficacia las tareas de supervisión, control y fiscalización, respecto de los servicios públicos, por incidir de manera directa en la calidad de vida de la población, independientemente de que esos servicios públicos sean provistos por particulares mediante concesión o cualquier otro tipo de contratación. El régimen de responsabilidades tiene la limitante de estar dirigido de manera exclusiva, a los servidores públicos, quedando fuera de su regulación, los particulares que prestan servicios públicos, pero el Estado debe asumir su función de rector del desarrollo económico, político y social del país para exigir con base en el bien común y no sólo desde la perspectiva reduccionista del lucro, la prestación de los servicios públicos concesionados. Las condiciones de contratación o los términos de una concesión jamás deben estar por encima del interés común. El Estado debe tener la capacidad de orientar en todo momento la actuación de los concesionarios de servicios públicos, quienes deben modular su actuación para encontrar el equilibrio entre sus legítimas pretensiones de oportunidades de negocio con el bien común, que debe permanecer y permear en la prestación de cualquier servicio público. Por este motivo se propone adicionar un quinto párrafo del artículo 93 de la Constitución para precisar que las cámaras podrán citar a los particulares que presten un servicio público mediante una concesión o cualquier otra forma de contrato cuando se analice un asunto relacionado con el servicio que prestan. Asimismo, las cámaras podrán facultar para requerir información o documentación a los concesionarios de esos servicios. Es cuanto, estimadas compañeras y compañeros. Muchas gracias, señor presidente.