La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, diputado presidente. No hay dolor más grande para una madre o para un padre, que la desaparición de un hijo. Nuestros hijos salen de casa con la zozobra, la incertidumbre de que no vayan a llegar, de que no vayan a regresar. La desesperación de buscarlos y no encontrarlos es como morir en vida. Hay 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país. De estos, el 80% por ciento del total de personas se concentra en 10 estados, encabezados por Baja California, Ciudad de México, estado de México, Jalisco y Chihuahua. Jalisco, mi estado, es la entidad federativa con más personas desaparecidas, la mayoría de ellas mujeres, niñas, niños y adolescentes, alcanzando un promedio de 14 desapariciones por día o 1.7 de casos cada hora, y se encuentra entre las primeras 10 entidades con fosas clandestinas reportadas en el último año. La defensa de los derechos humanos representa una de las tareas más arduas en nuestro país. Por décadas, el papel de las autoridades encargadas de este ámbito, así como el de las y los defensores de estos derechos se ha visto limitado, pero no por ello han dejado de acompañar a las víctimas en su búsqueda por obtener justicia. Los derechos humanos necesitan órganos que garanticen su aplicación y tomen medidas adecuadas para evitar que sean limitados o vulnerados. De ahí la importancia de contar con instituciones en los ámbitos Legislativo, Ejecutivo y Judicial capaces de hacer frente a los retos actuales y futuros en la materia. En ese sentido, queremos reconocer el acercamiento de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia en esta Cámara de Diputados han tenido con las víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos, especialmente con organizaciones de la sociedad civil encargadas del acompañamiento a las personas que han sufrido la desaparición de algún miembro de su familia. Sin duda, alguien que ha padecido la desaparición de un hijo o hija, de un hermano o hermana, de un esposo o esposa, de una madre o padre, sabe lo difícil que es enfrentarse a la falta de apoyo de las instituciones de gobierno y a pesar de ello tener que seguir en su búsqueda. Quienes caminamos las calles y tenemos contacto con las y los mexicanos que nos brindaron su confianza en la elección o que se acercaron a nosotros en busca de obtener una respuesta a los problemas que la aquejan, sabemos bien que los casos de familiares desaparecidos son historias lamentablemente muy recurrentes. Es desgarrador escuchar a las familias que buscan a uno de sus miembros porque no hay nada más desolador que no saber el paradero de un ser querido, de no saber si está vivo o muerto, de no tener una tumba en donde rezarle. Debemos de tener presente que el Estado mexicano ha ratificado en numerosos tratados internacionales en materia como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros. No obstante lo anterior, en nuestro país han sido documentadas numerosas violaciones a los derechos humanos que lastiman profundamente a las víctimas y ofenden a la sociedad mexicana. Incluso después de 11 años de haberse aprobado una de las reformas más importantes en esta materia. A pesar de la magnitud de estas violaciones, no existe claridad respecto al número de personas desaparecidas en nuestro país. En este sentido, el dictamen de la iniciativa del Ejecutivo que hoy analizamos abona en procurar de manera sustantiva la recolección y sistematización de este tipo de información, únicamente mediante investigaciones independientes, imparciales, completas y efectivas se puede descartar potenciales desapariciones forzadas. Por ello, estamos de acuerdo en el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y con la creación del Centro Nacional de Identificación Humana como lo propone el Ejecutivo para garantizar que la búsqueda de personas y la investigación de las desapariciones sean ejecutorias de manera pronta, sin necesidad de acudir a otras instancias. Aunado a lo anterior, queremos resaltar el importante papel de las y los defensores de derechos humanos en procurar que los procedimientos ante las instancias administrativas y judiciales sean efectivos para evitar las violaciones a los mismos. Del mismo modo, hacemos votos para que todas las autoridades cumplan con el postulado del artículo 1o. constitucional, el cual señala la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y atender de manera efectiva la desaparición de personas. Solo así podremos alcanzar la justicia y la paz que anhelamos, solo así podremos contribuir a brindarle soluciones a quienes hoy buscan a sus familiares desaparecidas, que como dije, es una tragedia que afecta a cientos de miles de personas en este país. Por eso, nuestro voto será a favor, es cuanto, muchas gracias.