La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros, diputados y diputadas. El tema de la vivienda, se funda sobre principios humanitarios y en criterios que sustentan la imperiosa necesidad de que cada persona cuente con un lugar donde pueda vivir dignamente junto a su familia, entendiendo a ésta como la base de la sociedad y el Estado. Nuestro precepto constitucional retoma estos principios, incluso otorgándole al derecho a la vivienda digna la jerarquía de un derecho fundamental, acorde con los principios universales de los derechos del hombre y el ciudadano. El Estado mexicano se configura ajustándose a estos derechos y en 1972, con la reforma al artículo 123 constitucional, se instituye el mecanismo de financiamiento que permitió a los trabajadores adquirir créditos accesibles y baratos para obtener una vivienda en propiedad. De esta manera se sientan las bases que conciben al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, como un órgano sustantivo del Estado mexicano que garantizaría este derecho a una vivienda digna al trabajador mexicano. Si hacemos un análisis de proyectos que han surgido en esta Cámara de Diputados por los diferentes grupos parlamentarios y de distintas legislaturas, apreciamos propuestas de una riqueza extraordinaria. Para unos el Infonavit ha dejado al margen su función sustantiva y, en lugar de cumplir con estos objetivos apegados a los derechos fundamentales de la persona, se ha convertido en un gestor de los consorcios inmobiliarios creando sistemas de financiamiento que no han ayudado a resolver el problema de la vivienda en el país. De ahí que se interprete que el Infonavit es un fondo que privilegia intereses privados y no los que representan la colectividad de los trabajadores mexicanos. Según algunos sectores políticos, ése fenómeno ha llevado incluso a que el trabajador sufra con frecuencia vejaciones cuando pierde su empleo, siendo objeto de persecuciones por despachos de abogados que han llevado a la pérdida del crédito, presentándose casos de una barbaridad extrema de que se puede perder la vivienda adquirida. Visto en esta perspectiva, ése es un esquema perverso que deja a un trabajador -que pasa al desempleo- en la indefensión total y el Infonavit opera otorgando a otros empleados la misma vivienda. También se ha estudiado el caso de morosidad o insolvencia que no es abordado con fines de beneficiar y proteger al trabajador y su familia. No hay mecanismos razonables de reestructuración de pagos y los intereses de amortización de deuda se pagan de conformidad al incremento de los salarios mínimos, lo cual ha llevado con frecuencia a que el trabajador caiga en la insolvencia. Cabe destacar que se han desechado algunas reformas que se orientan a beneficiar al trabajador, pero que en apariencia también afectan los ingresos y recuperación de créditos del Infonavit. Por ejemplo, en esta misma tribuna se presentó, y no se aceptó, que cuando una persona pierda su trabajo tuviera un plazo de tres meses para solicitar prórrogas y cubrir sus pagos hasta que volviera a obtener otro empleo. La ley sigue manteniendo la responsabilidad del trabajador para que extienda su solicitud en los siguientes 30 días después de que se queda sin trabajo y se reafirma que esas prórrogas que se otorguen al trabajador no podrán ser mayores de 12 meses cada una, ni exceder en su conjunto más de 24 meses. Aquí, el considerado a este problema, se presenta porque el trabajador desconoce su derecho a la prórroga y los procedimientos que deben cumplir para que esto se lleve a cabo. De ahí que otras iniciativas sugieren la implementación de mecanismos que automáticamente informen al trabajador su derecho a la prórroga cuando pierde su empleo. Incluso se ha sugerido que el término de prórroga se extienda hasta cuatro años. Tampoco se aceptó la propuesta de que en ningún caso el trabajador destinara más del 20 por ciento de su salario base para el pago de la vivienda. Asimismo se critica que los créditos del Infonavit se sometan a un sistema de financiamiento orientado a la recuperación de créditos, que aumenta ingresos vía administración de cuentas. De esa manera los intereses del mercado no permiten fijar una tasa anual durante el tiempo del crédito. El argumento de este cambio a la ley se justificó por los años que vivió México con altos índices de inflación. Con los cambios de procesos económicos en el mundo y en el país, ese razonamiento fue perdiendo sentido; pero los saldos de los créditos otorgados a los trabajadores aumentan cada vez más. Derivado de esta realidad se han propuesto reformas que eviten las carteras vencidas y se acote la posibilidad de la subrogación del crédito a favor de terceras personas, sean públicas o privadas. Estimados legisladores y legisladoras, como podemos apreciar, es muy complejo el mecanismo que la Ley del Infonavit ha estructurado para la administración de los fondos de la vivienda. Por ello debemos retomar los preceptos constitucionales de garantizar una vivienda digna al trabajador, pero también evitar que sus opciones de acceso a esta prestación, se vean limitadas por los mecanismos adversos del mercantilismo extremo. Las propuestas de igual modo deben de considerar tendencias al debilitamiento institucional cuando el crecimiento de las carteras vencidas es indetenible. La disyuntiva es o más mercado o bien, el Estado debe intervenir para regular los efectos perniciosos de dejar que la libre mercadería de la vivienda o de las carteras vencidas pueda culminar en perjuicios graves a los trabajadores. Para esta iniciativa que pongo a su consideración, es que me centro en el aspecto pernicioso de aplicar tasas mesuradas a los créditos otorgados por el Infonavit al trabajador y al problema que significa aplicar fórmulas de cargas de interés en función del incremento al salario mínimo, que los costos de la vivienda sean considerados en pesos y no en salarios mínimos. Muchas gracias, es cuanto.