El diputado Erik Juárez Blanquet: Con el permiso de la Presidencia. El gran cáncer que corroe las instituciones de nuestro país es la corrupción. México ya ocupa los últimos lugares en el ranking internacional. En materia de transparencia internacional ocupamos el lugar 123 de 176 países. Y de los países o naciones que integran la OCDE somos el último lugar de 35, es una verdadera vergüenza. Por si fuera poco, la larga, pero muy larga lista de ex gobernadores del PRI, encabezados por Javier Duarte quien hoy está preso en Guatemala, pero además, pero además sigue gozando de la protección del gobierno mexicano, decía yo, la larga lista de ex gobernadores del PRI que están presos, procesados y prófugos, hoy gracias a todos ellos somos motivo de escarnio y de desprestigio internacional. De ahí, compañeros y compañeras, la necesidad de robustecer al máximo nuestro recién creado Sistema Nacional Anticorrupción. Con la reforma constitucional de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción por el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se derivaron una serie de obligaciones para que el Congreso expidiera la legislación secundaria requerida, para establecer el procedimiento, el nombramiento y la remoción de los titulares de los órganos internos de control de todos los organismos autónomos. Por mandato constitucional, quienes encabecen estas contralorías internas deberán ser designados por la Cámara de Diputados y con las reformas planteadas se establece que se requerirá la mayoría calificada para poder removerlos de su cargo. El dictamen que está a consideración, por supuesto que lo vamos a respaldar la fracción parlamentaria del PRD. Esta asamblea, este pleno, plantea aquí modificar el segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la Ley y al Sistema Nacional de Información de Estadística Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Este dictamen, pues, plantea de manera precisa que aquellos titulares de los órganos internos de control de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía y que ejercen recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la Federación, que se encontraban en funciones a la entrada en vigor del decreto, y que cuenten con vigencia de duración en el cargo, continuarán en sus cargos en los términos que fueron nombrados hasta que concluyan su encargo. Esta reforma, compañeros y compañeras, ayuda a fortalecer el sistema dando certeza jurídica a quienes ejercen la función de titulares de los órganos de control, pero, amigos y amigas diputados, mientras nosotros no demos los pasos definitivos para cerrar el paso a la corrupción y a la impunidad, el mal de la corrupción nos seguirá aquejando. Mientras no seamos austeros, eficientes, responsables, cuidadosos en el ejercicio del gasto público; y mientras no retiremos el fuero a los servidores públicos me refiero a la inmunidad constitucional, mientras el Senado de la República no atine a nombrar un fiscal anticorrupción a la altura de las circunstancias que requiere el país sin ataduras al Ejecutivo federal, mientras no garanticemos la plena autonomía de la Fiscalía General de la República, no vamos a poder cerrar la pinza que requiere el verdadero combate a la corrupción que requiere este país. Muchísimas gracias. Es cuanto.