EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES: Con su permiso señor presidente. Señoras legisladoras. Señores legisladores. El suscrito, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito formular ante esta H. Asamblea una proposición con Punto de Acuerdo, para que la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, exhorte al Ejecutivo a renegociar el Capítulo Séptimo Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Consideraciones. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se han generado una serie de controversias entre los países firmantes, en nueve años de su aplicación se han ahondado las diferencias entre los mismos, el intercambio comercial se ha estado incrementando constantemente entre Estados Unidos y México, en particular, las importaciones agropecuarias, las cuales han sido mayores a las exportaciones, ampliando con ello el déficit comercial agropecuario de nuestro país. El proceso de apertura ha ocasionado que el sector más afectado sea el agropecuario, sobre todo porque el mismo arrastra desde hace varias décadas, una crisis permanente. Si a esto agregamos que la apertura al Sector no está acompañada de una política integral que incluya a la agricultura como motor de la actividad económica y la contemple como un mero agregado dependiente de las demás actividades del resto de la economía. El abandono del campo mexicano se manifiesta por la mayor pobreza de su población, de 24.5 millones de habitantes que viven en zonas rurales, se estima que 17 millones viven en condiciones de extrema pobreza, y según cifras del Banco Mundial, una cuarta parte de la población rural carece de los recursos para comprar alimentos básicos. Así el proceso de liberalización se ha visto acompañado de una mayor pauperización del medio rural, en donde solamente algunos productores están recibiendo los beneficios, mientras una gran cantidad de pequeños y medianos productores, tiene que buscar alternativas para sobrevivir. En este año, México acordó la inmediata eliminación de aranceles para una lista muy amplia de productos agrícolas, al mismo tiempo se acordó la desgravación gradual de las barreras arancelarias restantes en un plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del tratado. Los resultados que arroja el tratado en el Sector Agropecuario de México son negativos, las importaciones de productos agrícolas se han incrementado considerablemente, llegando en muchos casos a desplazar a los productores nacionales, en contraste observamos que Estados Unidos apoya sustancialmente a su sector agropecuario, orientando mayores recursos al mismo, con la implementación de la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2000 avalada por el gobierno norteamericano, se destinarán 183 mil 500 millones de dólares, los cuales se distribuirán a lo largo de los próximos diez años, a un promedio anual de 18.3 mil millones de dólares, los cuales se canalizarán a programas de apoyo directo y a productores y a programas de conservación ambiental en el campo. Reconocemos que con la farming (?), Estados Unidos ejerció sus facultades soberanas, pero con ello viola el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del norte, la cifra del subsidio norteamericano destinado a sus productores del campo, es inalcanzable para nuestro país. Con ello nos imponen condiciones de desventaja e inequidad y acentúan las asimetrías entre ambos países. La desigualdad de competencia a la que se enfrentan nuestros productores nacionales frente a la entrada de productos agropecuarios se da también a través de los bajos precios ofrecidos por los productos de los Estados Unidos. El sector agropecuario en México es uno de los más liberalizados del mundo, esto llama la atención porque en los principales países desarrollados el sector más protegido de sus economías es precisamente el agropecuario, es decir nuestro país va a contracorriente de las tendencias mundiales. En el transcurso de estos años, los que se han beneficiado sistemáticamente de la apertura, han sido los grandes consorcios agroalimentarios asentados en México, entre los cuales se encuentran principalmente importadoras de maíz. En México se estima que más del 50% de la población activa en el campo y más del 65% de los productores se dedican al cultivo del maíz; ese es un producto altamente sensible, que de continuar la liberalización y dadas las diferencias tan enormes entre Estados Unidos y México, agudizarán los problemas prevalecientes de rezago en el campo mexicano, que consecuentemente acentuarán la escalada de quiebras de los productores medios y las protestas de agricultores mexicanos ante la falta de condiciones para competir con sus homólogos norteamericanos. Las protestas de los diferentes productores del campo como cañeros, frijoleros, cafetaleros y piñeros, entre otros, nos muestra que los programas destinados a apoyar al campo no están dando los resultados que se esperarían, al contrario, observamos que las protestas son crecientes y cada vez más violentas. En ese contexto, el Gobierno Federal señaló que el blindaje agroalimentario está contemplado en el presupuesto para el ejercicio del 2003, indicando que se destinarán 102 mil 563 mil millones de pesos, recursos que se tienen contemplados para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. En él se conjuntan varios programas de 14 dependencias de la administración pública federal, sin embargo muchos de estos programas tienen carácter social, asistencial y de inversión; no se distingue un apoyo destinado específicamente a la competencia agropecuaria que tendrán los productores nacionales con sus contrapartes norteamericanos frente a la apertura prácticamente total del sector agropecuario para este año. Es imperativo que el Ejecutivo se comprometa a iniciar un proceso de renegociación del capítulo séptimo, sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias del Tratado de libre Comercio América del Norte con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, a partir de las disposiciones contenidas en la Constitución Política Mexicana y las ordenaciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. El Ejecutivo debe tomar medidas urgentes y asumir una política agropecuaria que reconstruya el papel e importancia que tiene el campo dentro del desarrollo nacional. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Unico. Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorte al Ejecutivo Federal a renegociar el capítulo séptimo, sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con el objeto de proteger la producción agropecuaria nacional. Con el permiso de la Presidencia me permito hacer un comentario, dado que se mencionó a una diputada ausente, nada más quiero decirles que quien acusó a esta diputada públicamente, lo hizo mencionándola a ella y a otros diputados de distintos partidos. Y nada más quiero hacer un último comentario. Aquí se habló de un penoso intento. Yo quiero decirles que lo que debería de veras apenarnos, es la vergonzosa realidad de los salarios que se están pagando los panistas. No hablemos de intentos, hablemos de realidades. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Túrnese a la segunda comisión. El diputado Victor Manuel Díaz Palacios, me ha solicitado rectificar el turno de la segunda a la tercera comisión, cosa que esta mesa directiva accede con gusto. Y pido a la secretaría tome nota. Igualmente comunico a la Asamblea, que se ha integrado la comisión de señores senadores y diputados que asistirá a Veracruz, con motivo del fallecimiento del diputado José María Guillén Torres. Esta comisión está integrada por el Senador Fidel Herrera Beltrán, por el senador Gerardo Buganza Salmerón, por el diputado Alfredo Ochoa Toledo, por el diputado Manuel Winstano Orozco Garza, por el diputado Ramón León Morales, por la diputada Julieta Prieto Fuhrken, el diputado Victor Antonio García Dávila y por el diputado José Manuel del Río Virgen. Dado las características de la comisión, hemos aceptado aumentar el número de la comisión con dos miembros más de otras fracciones parlamentarias. Igualmente giro las instrucciones necesarias a la secretaría de la Cámara de Diputados, para que haga lo necesario para que cumpla su misión esta comisión nombrada. Tiene la palabra el Senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional del Agua, a que incluya dentro de los recursos ampliados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2003, la revisión técnica del puente "José López Portillo" y la reconstrucción y reparación del muro de contención del río "Pantepec", por la inundación de 1999 en la ciudad de Alamo, Ver. -SENADOR FIDEL HERRERA BELTRAN: Honorable Comisión Permanente: El 6 de octubre del año de 1999, la ciudad de Alamo, Veracruz, sufrió una inundación de tal magnitud que la región fue declarada zona de desastre, dejando pérdidas materiales y humanas tanto en comercios como en los hogares de muchos veracruzanos que habitan esta tierra del norte veracruzano. La región vive constantemente amenazada por las inundaciones. Tiene un promedio de 2 a 3 inundaciones por año, originando además de pérdidas económicas, la proliferación de un sinnúmero de enfermedades, la falta de fuentes de trabajo y de inversión, daños a toda la actividad productiva, sobre todo al comercio, agricultura, la citricultura, la ganadería. El Honorable Ayuntamiento de Alamo de Temapache, Veracruz, todas las fuerzas políticas que lo integran, han venido realizando diversas gestiones ante las dependencias correspondientes, a fin de encontrar solución a un problema que les aqueja año con año, debido a la situación geográfica donde está ubicada la municipalidad, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido cumplir con los compromisos adquiridos. En el momento del desastre de 1999 y que pese a los peligros y riesgos que se presentan y a la eventualidad de un desastre, no se han cubierto con los compromisos contemplados en el Fondo Nacional de Prevención de Desastres, del ejercicio fiscal de 1999. Las riberas de los ríos que cruzan por la municipalidad han sido invadidas por construcciones que en muchos de los casos obstruyen o bloquean los arroyos. La ciudad no cuenta con un sistema de drenaje pluvial, además que la red natural se encuentra bloqueada y el colector existente es insuficiente en función de un diámetro muy menor al requerido. La zona rural que se ubica en el sureste de esta ciudad del norte veracruzano recibe las descargas de agua pluvial que se desplazan por cauces naturales en el estero de El Idolo y Oro Verde hacia un área urbana, ocasionando el desborde de los mismos y, por lo tanto, la inundación permanente de la ciudad. Al norte y al noreste de la ciudad corre el río Pantepec, el cual cuenta con un muro de contención de más de 40 años de antigüedad, severamente dañado en el siniestro de 1999, lo que significa que en el caso de alguna condición climatológica ligeramente extrema la estructura se destruiría y causaría graves daños y pérdidas humanas. La región requiere, pues, urgentemente de: uno: la revisión técnica del puente José López Portillo, que presenta daños importantes desde el siniestro de 99 y, dos, la reparación del muro de contención del río Pantepec. Ambos compromisos fueron adquiridos por las autoridades federales, a quienes compete la protección y seguridad de los habitantes de la demarcación en el marco del Programa Nacional de Protección Civil. En el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2003, los ciudadanos diputados acordaron ampliar el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua hasta por 3 mil 400 millones de pesos, recursos que deberán ser destinados a la solución de problemas de la infraestructura hidroagrícola, hidrosanitaria en el país, y dentro de ella nosotros proponemos que se ubique el cumplimiento de los compromisos contraídos con Alamo, Veracruz, desde 1999 Alamo de Temapache es el primer municipio productor de cítricos en el país. A su riqueza citrícola hay que agregar la nueva riqueza petrolera y gasífera. Resulta pues de importancia vital que se busquen los elementos técnicos preventivos y correctivos que faciliten los trabajos de exploración y de explotación de Petróleos Mexicanos en la zona, que replanteen el desarrollo agrícola regional y el crecimiento de los sectores secundarios y terciarios de la región. Por lo antes expuesto y con fundamento en el Reglamento para el Gobierno Interior, proponemos el siguiente punto de acuerdo: Unico. Que la Comisión Nacional del Agua incluya, dentro de la disposición de los recursos que fueron ampliados hasta por 3 mil 400 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del 2003, los recursos necesarios para cumplir con los compromisos contraídos en 1999 y en concreto la revisión técnica del puente José López Portillo y la reparación del muro de contención del río Pantepec en la ciudad de Alamo, Veracruz. Es cuanto, ciudadano presidente. Con el ruego de que pudiera usted acordar el turno a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a efecto de que en tiempo y forma esta Comisión Permanente resuelva sobre este justo reclamo del norte veracruzano. Gracias.