EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DÁVILA (PT): Con el permiso de la Presidencia. Ciudadano Secretario: En el diagnóstico que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha realizado sobre la problemática del incremento en la comisión de delitos, podemos desprender de manera categórica que la actualización de los delitos de carácter federal se dan en razón directamente proporcional a la incapacidad de las dependencias a su cargo para prevenirlo. Por ejemplo y no obstante que nuestra norma fundamental establece en su artículo 10 como provisión para poseer o portar armas las que se impidan en la Ley de Armas de Fuego, es un hecho incuestionable que un sector importante de la sociedad mexicana se encuentra empistolada. En la ciudad de México como en otras grandes urbes de nuestro país se venden armas de fuego sin ningún problema y la dependencia de la que usted es titular no ha realizado acciones efectivas para evitar ese delito. Un delito que lesiona gravemente la dignidad de la persona es el de tráfico de indocumentados, muchas personas de Centroamérica u otros países son tratados como si fueran animales, metidos en tráilers o en otras formas vejatorias, para ser trasladados a los Estados Unidos. Y aquí en el mejor de los casos únicamente se detiene a los choferes de estas unidades de transporte, pero no se ha logrado desarticular las inmensas redes de esta degradante actividad. Señor Secretario: La comisión de los delitos contra la salud tiene como propósito fundamental degradar a la especie humana. En esta actividad se obtienen altísimas utilidades, pero en el aspecto preventivo la dependencia a su cargo muy poco ha hecho. Resulta inadmisible que las áreas de la Policía Federal Preventiva encargada de obtener, analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica métodos conducentes contra la prevención de los delitos, no sean capaces de saber cómo actúan estos delincuentes, para poder implementar operativos que posibiliten su detención. Otro de los delitos es el de secuestro. Este delito afecta gravemente el sujeto pasivo que lo resiente, así como a su familia. Estos delincuentes no solo obtienen el cobro del secuestro, sino que en ocasiones, por desgracia, asesinan a sus víctimas, quedando con ello un dolor adicional a las familias. En este delito entendemos que es difícil para la policía prevenirlo, pero lo que no podemos admitir es la frialdad e indiferencia de las policías que atienden este problema. Ante el poco deseo de la policía para afrontar esta situación, los ciudadanos tienen que investigar por su cuenta. Tal es el caso del Contador Público Eduardo Gallo, quien ante el secuestro y el asesinato de su hija, en el estado de Morelos, tuvo que investigar por su cuenta y de manera personal hasta aprender a los delincuentes. En estos casos no deben ser los familiares quienes actúan, no en sustitución, sino ante la indiferencia de la policía. En las carreteras de nuestro país se vive una gran inseguridad: los autotransportistas son constantemente asaltados. Los productos que se les roban resultan fácilmente localizables en los tianquis de las grandes ciudades. En este caso también la policía poco hace. El tráfico de menores es un delito que ha ido creciendo, que lesiona a las familias a las que se les roba un integrante y de los que en muchas ocasiones nada vuelven a saber. Señor Secretario; Compañeras y Compañeros: El robo de vehículos y de autopartes afecta severamente a las familias que hacen un enorme esfuerzo para poder adquirir un vehículo. En el caso de los vehículos considerados de lujo se sabe que los mismos son sacados de nuestro país hacia Centroamérica u otros países. En este caso tampoco se han obtenido resultados significativos. Señor Secretario: Los aspectos aquí tocados queremos que nos informe qué medidas especificas han implementado para desactivar estas organizaciones. Es cuanto. -