El diputado José Evaristo Corrales Macías: Con su permiso diputada Presidenta. Los que suscribimos, diputados integrantes de la Comisión de Pesca de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, pertenecientes a los diversos grupos parlamentarios que constituyen, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES Nuestro país cuenta con una de las mayores riquezas en materia de recursos pesqueros, ya que posee 11 mil 592 kilómetros de costa, de los cuales 8 mil 475 corresponden a litoral pacífico y 3 mil 117 al Golfo de México y Mar Caribe, incluyendo islas, una zona económica exclusiva de más de 3 millones de kilómetros cuadrados y un considerable número de áreas situadas en las costas y en el interior del territorio nacional, destinadas o susceptibles de uso para la acuacultura, como lagos, lagunas, represas y ríos. La pesca es una actividad productiva de alto contenido social, ya que representa en grandes regiones del país, la principal opción de desarrollo económico para algunos de los sectores más desfavorecidos. El sector pesquero de México, incluyendo la acuacultura, contribuye en forma importante a la económica del país, en lo que se refiere a la seguridad alimentaria, empleos, desarrollo regional, ingresos de divisas; entre otros. A nivel mundial México se encuentra dentro de los 20 países con mayor producción pesquera; según datos de la OCDE, las actividades de avicultura, selvicultura, pesca, representa el 5.7 del Producto Interno Bruto, contribuyendo la pesa con alrededor del 1%. La producción anual promedio es alrededor de 1.4 millones de toneladas, la cual genera 350 mil empleos directos y dos millones 300 mil indirectos, con valor promedio anual de la producción de más de 12 millones de pesos, incluyendo exportaciones por más de 600 millones de dólares al año y una balanza comercial históricamente súper habitada en el sector, cercano a los 400 millones de dólares. El 6 de julio de 1976 entró en vigor en México el Tratado Internacional que establece a lo largo de su litoral, una zona económica exclusiva fuera del mar territorial y adyacente a éste, en la cual se ejercen derechos soberanos sobre los recursos marinos que se encuentran en la columna de agua, en el lecho y en subsuelo oceánico, sean o no renovables. En congruencia con este tratado, el 7 de diciembre de 1981, fue aprobada por la Cámara de Senadores y por esta Cámara de Diputados, la iniciativa para crear la Secretaría de Pesca, la cual fue publicada en el año de 1982, con la aprobación y participación activa del gobierno mexicano en su diseño. El 3 de octubre de 1995, la FAO aprobó el Código de Conducta para la Pesca Responsable; el cual establece que la pesca, incluida la acuacultura constituye una fuente vital de alimentos, empleo, creación y comercio, bienestar económico para las poblaciones de todo el mundo, tanto en las generaciones representadas como las futuras, por lo que deberá llevarse a cabo de forma responsable. En ese código se insta a los estados para que apliquen de manera efectiva, los principios y normas internacionales para la aplicación de prácticas responsables en la actividad. Con miras de asegurar la conservación, la creación y el desarrollo de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto del ecosistema y de la biodiversidad y reconoce la importancia nutricional, económica, social, cultural y ambiental de la pesca y defensa de los intereses de todos aquellos que se relacionan con el sector pesquero. Pese a las bondades de que la actividad pesquera le ha proporcionado al país desde los tiempos antiguos, ésta, salvo en algunas administraciones, no se ha encontrado su acomodo entre la administración pública federal. Basta citar que a partir de la etapa post revolucionaria en 1917 se le ubicó a la Secretaría de Agricultura y Fomento como una Dirección de Pesca; en 1934 pasó a formar parte del Departamento Forestal de Caza y Pesca y en 1940 se transfiere al Departamento de Marina Nacional, que hoy es Secretaría de Marina. Dentro de esta Secretaría en 1941 se crea la Dirección General de Pesca e Industrias Conexas y en 1946, el área de acuacultura pasó a la Secretaría de Recursos Hidráulico. Nuevamente en 1958, la actividad pesquera se traslada a otra dependencia, la Secretaría de Industria y Comercio, conservando su nivel de Dirección General de Pesca, Industria y Conexa. En 1971 se convierte en la Subsecretaría de Pesca dentro de la propia Secretaría, en este peregrinar continuo en 1977 se crea el Departamento de Pesca, conforme a la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para transformar en 1972 en la Secretaría de Pesca, bajo la cual se alcanzaron los avances más importantes y significativos para el sector pesquero, tanto cualitativos, como cuantitativos. Lamentablemente en 1994 mediante una reforma se suprimió la Secretaria de Pesca, para integrarse como Subsecretaría dentro de la estructura de SEMARNAT. Mediante otra reforma a dicha ley en el año 2000, la administración pesquera, pasó a otra dependencia de nueva creación, la SAGARPA, en un principio como Subsecretaría, del 2001, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto respectivo con el carácter de órgano desconcentrado llamado: "Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca". En reunión realizada con el sector pesquero en el Puerto de Mazatlán, Sinaloa, el 9 de mayo del 2001, al anunciar la creación de la Comisión de Pesca y Acuacultura, el titular Ejecutivo Federal señaló que este era un paso para que en un futuro pudiera ser una Secretaría de Pesca. No obstante con el consenso de dicho decreto, se establece que es indispensable que la administración, regulación y fomento de la pesca y acuacultura, se concentre en un órgano administrativo que además tenga a su cargo las actividades de inspección y vigilancia en materia para contribuir a elevar la eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad del desarrollo acuícola y pesquero. La realidad es que la CONAPESCA desde que nació ha tenido severas limitaciones en su actuación, debido a que no queda clara en su estructura orgánica la forma en que se aplica el principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones, además de que las deficiencias presupuestales, patrimoniales, de recursos humanos y materiales para cumplir con sus responsabilidades, así como su evidente falta de capacidad de gestión dentro de la propia administración pública federal. Consideramos que su naturaleza de órgano desconcentrado y las facultades que actualmente tiene asignadas, ha impedido que la CONAPESCA contribuya eficientemente al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en específico el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura. La Constitución Política en su articulado establece los principios jurídicos que rigen lo relativo a los recursos naturales que constituyen la flora y la fauna, cuyo medio de vida parcial o temporal sea el agua que tiene por objeto garantizar la conservación, la preservación o aprovechamiento racional de recursos pesqueros y establecer las bases de su adecuado fomento de administración. Conforme a los principios constitucionales de planeación del desarrollo nacional integral y sustentable, se deben garantizar las condiciones para el desarrollo rural que forma parte del sector pesquero y acuícola, con el propósito de generar empleo y asegurar a la población que se dedica a estas actividades, el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, lo cual hasta hoy se ha logrado con la creación de SAGARPA y la CONAPESCA. Por lo anterior, se propone que la Secretaría de Pesca y Acuacultura, como autoridad responsable, lleve a cabo las acciones de inspección y vigilancia en materia de pesca y acuacultura, administrar el régimen de concesiones y permisos para la realización de actividades de pesca y de acuacultura, establecer las bases del desarrollo e implementación de medidas de sanidad de recursos pesqueros acuícolas y certificación de los requisitos fitosanitarios y zoosanitarios de los productos pesqueros y acuícolas en el estado natural. Al contar con una Secretaría de Pesca y Acuacultura, el Estado Mexicano tendría la oportunidad para hacer de la actividad pesquera y acuícola una fuente invaluable de alimentos de gran riqueza proteínica para la población para ordenar y fomentar la actividad de la extracción y el cultivo hasta la mesa de los consumidores, con el cual se podrían generar los empleos suficientes que tanto demanda la población incursionar y competir en el mercado internacional con una mejor oferta y calidad de nuestros productos del mar. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 26, 32 bis, 34 y 35, 35 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue: "Para el despacho de los asuntos del órgano administrativo del Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación y una Secretaría de Pesca y Acuacultura". Diputada Presidenta, en virtud de que esta iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, le solicito se publique de manera íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias.