El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: México es el segundo país latinoamericano con una Ley Federal de Protección al Consumidor y el primero en crear una procuraduría. La experiencia mexicana es importante, especialmente para los países que empiezan a trabajar en la protección de los derechos de los consumidores. Conforme a un estudio presentado por la Procuraduría Federal del Consumidor, el perfil general de las personas que presentaron alguna queja ante la misma corresponde a personas que tienen entre 30 y 49 años de edad, con un nivel educativo de bachillerato y licenciatura e ingresos de entre tres y cinco salarios mínimos. En la mayor parte de los casos, 88.3 por ciento, los quejosos trataron de arreglar el problema directamente con el proveedor antes de acudir a la Profeco. Los principales motivos de queja fueron cobros indebidos, 21.4 por ciento; producto en malas condiciones, 17.3 por ciento; e incumplimiento de contrato, 16.9 por ciento. La encuesta indica que los negocios visitados para acciones de verificación y vigilancia son principalmente microempresas, 87 por ciento. Sólo en 2.2 por ciento de los casos se visitan negocios con más de 50 empleados. En la mayoría de los casos se visitan negocios relacionados con la venta al menudeo de ropa y accesorios de vestir, calzado, carnes, frutas y verduras frescas. Cabe destacar que existen negocios poco visitados, como los relacionados con actividades de servicios de salud, reparación, educativos, profesionales y de esparcimiento. Las visitas se orientaron a verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, comportamiento comercial y básculas e instrumentos de medición. La relativa novedad de los métodos de comercialización de bienes y servicios a través de Internet ha causado que las disposiciones legales que regulan las operaciones comerciales que se realizan a través de los métodos tradicionales resulten en la actualidad rebasadas e insuficientes para brindar la seguridad jurídica que los consumidores requieren en todas sus operaciones de consumo. Consciente de esta situación, la Profeco creó un comité interno dedicado a analizar la problemática específica que implica el comercio a través de la red. Asimismo, se buscó la colaboración de las asociaciones empresariales relacionadas con el tema y se integró la institución al Grupo de Coordinación Interinstitucional de Combate a Delitos Cibernéticos. El procedimiento por infracciones de la ley se debe considerar el último recurso de la Profeco para inhibir las prácticas contrarias a la Ley Federal de Protección al Consumidor. A través de éste y respetando sus garantías individuales, se determinan las sanciones a cargo del proveedor infractor. Este método se inicia únicamente en los casos en los que el proceso conciliatorio haya concluido sin alcanzar la conciliación y sin que las partes acepten sujetarse al procedimiento arbitrado. En esta actuación y antes de determinar el monto de las sanciones o la modalidad de éstas, debe dilucidarse más allá de toda duda si con su conducta el proveedor incurrió en una de las infracciones previstas en la ley correspondiente. Conforme a información más reciente, se inició el procedimiento por infracciones a la ley en 8 mil 152 expedientes y se dictaron resoluciones con sanción económica en 81 por ciento de los casos, mientras que en 55 asuntos se impusieron igual número de arrestos. De igual forma, se dictaron 128 clausuras y se impusieron multas que ascendieron a un total de 152.4 millones de pesos y se lograron recuperar a favor del consumidor cerca de 26.9 millones de pesos. En el marco de las tareas de orientación y educación, se llevaron a cabo reuniones informáticas con proveedores de diversos sectores, con objeto de mantenerlos al tanto de los niveles de cumplimiento de los productos y servicios que ofrecen. Todo ello, con el compromiso de avanzar en el desarrollo de una cultura que, más que ponderar el mínimo cumplimiento de la normatividad, oriente a establecer la calidad como el elemento central en la oferta de productos. La Profeco reconoce que ha contado con la disposición de un número importante de proveedores, lo que le ha permitido avanzar en este sentido. Al mismo tiempo, parte de los esfuerzos institucionales se ha orientado a asegurar que los consumidores cuenten con la información que requieren para tomar sus decisiones, sea la que genera la propia Profeco o la que los proveedores estén obligados a proporcionar. Las premisas siguen siendo éstas: a) un proveedor que no cumple no sólo abusa de los consumidores, sino también de sus competidores; y b) un consumidor bien informado es y será un mejor consumidor. La Profeco participó activamente en la discusión de la política pública de protección al consumidor, fortaleció su posicionamiento institucional en foros internacionales y afianzó sus relaciones bilaterales con entidades homólogas en el extranjero. Realizó actividades bilaterales y multilaterales emprendiendo nuevos proyectos, a fin de involucrarse en temas de última generación relacionados con la protección integral al consumidor. La Ley Federal de Protección al Consumidor, en el Capítulo 8o. Bis, regula los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En el Capítulo 14 se implica un monto por concepto de sanciones diferenciado del de comercio tradicional. Los métodos de comercialización de bienes y servicios a través de Internet han causado que las disposiciones legales resulten en la actualidad rebasadas e insuficientes para brindar la seguridad jurídica que los consumidores requieren en todas sus operaciones de consumo. En este sentido, no sólo deben aplicar la sanción diferenciada en comercio a través de medios electrónicos, sino también considerar que la Profeco dé formalmente aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de los canales correspondientes, la misma notifique sobre las irregularidades presentadas por proveedores domiciliados en otros países, con un esfuerzo conjunto para sancionar quejas sobre comercio electrónico transferido. En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que, cuando el proveedor incumpla, la Procuraduría dé aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás autoridades competentes, para que se notifique sobre las irregularidades presentadas, como un esfuerzo conjunto para sancionar quejas sobre comercio electrónico transfronterizo. Es cuanto, señor Presidente.