El diputado Adán Augusto López Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al tenor de la siguiente Exposición de motivos La Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992, contempla en su artículo primero la existencia de dos tipos de compromisos internacionales: los tratados y los acuerdos interinstitucionales. Los tratados son definidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, como todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional público, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. En nuestro sistema jurídico, los tratados requieren la aprobación de la Cámara de Senadores y estar de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para convertirse en Ley Suprema de toda la Unión. Por su parte, los acuerdos interinstitucionales son definidos y entendidos por la propia Ley sobre Celebración de Tratados como aquellos convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que deriven o no de un tratado previamente aprobado. En teoría, la diferencia sustancial entre unos y otros radica, por un lado, en el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales, mismo que debe circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que lo suscriben. Y, por el otro, en que a diferencia de los tratados, los acuerdos interinstitucionales no son sometidos a consideración del Senado y tampoco son publicados en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, pese a que en la práctica este tipo de acuerdos, al igual que los tratados, derivan en obligaciones y responsabilidades concretas para el Estado mexicano en su conjunto, en los términos de las más elementales disposiciones del derecho internacional vigente. Ahora bien, otra característica que comparten tanto los tratados como los acuerdos interinstitucionales es su influencia y repercusión en el marco normativo y administrativo del país. Los tratados después de ser aprobados por el Senado y ratificados por el Ejecutivo, se convierten en ley suprema de toda la Unión. Las disposiciones del derecho internacional adquieren una jerarquía mayor a la de la legislación federal, según lo establecido por una tesis aislada del máximo tribunal de la nación. Por su parte, los acuerdos interinstitucionales son una figura jurídica cada vez más utilizada por el gobierno federal, las entidades federativas, las dependencias y organismos descentralizados de los distintos niveles de gobierno. Desde el 92 hasta la fecha han sido suscritos alrededor de mil 500 acuerdos interinstitucionales, a través de los cuales se han adquirido compromisos en las más diversas materias: comercial, financiera, educativa, tecnológica, energética, seguridad pública, seguridad nacional, derechos humanos, medio ambiente, etcétera. Como consecuencia, hoy es posible afirmar que existen más acuerdos interinstitucionales que tratados vigentes para nuestro país. Por ello, el objeto de la presente iniciativa es obligar a que exista una manifestación de impacto regulatorio en materia internacional. Esto significa que debe haber un estudio de los efectos de los compromisos internacionales, suscritos por las dependencias del Ejecutivo a nivel federal, local y municipal, a efecto de no vulnerar la armonía que debe prevalecer entre el derecho interno y el derecho internacional, y garantizar que la entidad que busca adquirir un compromiso con un sujeto de derecho extranjero estará apegada a derecho y se encontrará en plenas condiciones para cumplir a cabalidad con su responsabilidad. En este sentido, proponemos modificar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para eliminar la disposición que establece que no se requerirá elaborar manifestación de impacto regulatorio en el caso de los tratados, y agregar que dicha manifestación será obligatoria no sólo en le caso de los tratados, sino también de manera previa a la suscripción de los denominados acuerdos interinstitucionales. Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Único. Capítulo Tercero. De la manifestación de impacto regulatorio. Artículo 69-H Cuando las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal elaboren anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos a que se refiere el artículo 4, los presentarán a la comisión junto con una manifestación de impacto regulatorio, que contengan los aspectos que dicha comisión determine, cuando menos 30 días hábiles antes de la fecha en que se pretende emitir el acto o someterlo a la consideración del titular del Ejecutivo. Se podrá autorizar que la manifestación se presente hasta en la misma fecha en que se someta el anteproyecto al titular del Ejecutivo federal o se expida la disposición, según corresponda, cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse periódicamente y hasta 20 días hábiles después, cuando el anteproyecto pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia. Se podrá eximir la obligación de elaborar la manifestación cuando el anteproyecto no implique costo del cumplimiento para los particulares. Se requerirá elaborar manifestación en el caso de tratados y acuerdos interinstitucionales previamente a su suscripción y se solicitará y tomará en cuenta la opinión de la Comisión. Transitorios Único. El presente decreto entrará en vigor el día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, muchas gracias.