El diputado Rafael García Tinajero Pérez (PRD): Con su permiso, Honorable Asamblea: A fines del siglo XIX hablar sobre temas de índole sexual, resultaba ser un tabú para las sociedades acostumbradas a tocar estos temas sólo entre varones, los cuales con estudios médicos convertían al discurso en torno a los derechos reproductivos a los métodos anticonceptivos, a la prevención de enfermedades de transmisión sexual o enfermedades relacionadas con el aparato reproductor humano a la diversidad sexual y en rangos extremos al tema del aborto, lo tornaban en algo total y absolutamente prohibido. Los primeros estudios de sexualidad humana contemplaban exclusivamente el aspecto biológico, explicándose todo el acontecer sexual a partir de la genitalidad y de los impulsos, instintos o fuerzas inexplicables emanadas de la corporalidad. En este mismo siglo XIX, cuando la medicina empezaba a reemplazar a la Iglesia como formadora de opinión pública en torno a la sexualidad, los médicos sexólogos comenzaron a clasificar las antes abominables formas del sexo no reproductivo en un catálogo de perversiones. La evolución de la investigación multidisciplinaria fue develando los múltiples y complejos componentes de la sexualidad y su relación con la salud. La relación entre garantizar el derecho a la salud como un derecho fundamental y el derecho a la información sexual como un derecho imprescindible, fue y es un debate de muchas horas y de muchas formas de pensamiento, dentro de los cuales podemos encontrar el discurso retrógrada que estipula como fundamento de su ideología a la idea de que la sexualidad y los temas relacionados a la misma no son ni debieran ser de análisis social y ni de la interpretación de éstos como un tema de salud pública. Esta concepción en torno a la sexualidad humana y en consecuencia a la salud social, ocasiona sin lugar a dudas una serie de conflictos de toda índole, desde los morales hasta lo religiosos pasando inevitablemente por los jurídicos, lo que tiene como resultado una desinformación total hacia los ciudadanos, poniendo en riesgo con esto la salud de todos aquellos que por una u otra razón reciben información errónea o escasa sobre temas tan importantes como los que mencionamos con anterioridad. Es innegable que la salud humana y en específico la salud sexual más allá de diferencias conceptuales, ocupa un lugar preponderante en la comunicación y en el periodismo contemporáneo incluyendo la prensa escrita y los medios audio visuales utilizados ya sea por el propio gobierno o por organizaciones sociales para difundir este tipo de información. Lo cual nos obliga como legisladores a voltear los ojos ante el problema de saber qué tan fidedigna, exacta y científica es la información que se está transmitiendo por estos medios, hacia los ciudadanos de este país. En una época donde la información y los medios de comunicación de cualquier índole resulta ser piedra clave en la construcción de entendimientos entre los individuos de las propias sociedades, es necesario regular desde este Poder, la información que se transmite a través de ellos. Entendido la salud y el derecho a la información como un bien jurídico tutelado por nuestra Constitución en sus artículos 4o. y 6o. última parte, se asume que estos dos preceptos deben ser garantizados en forma amplia por el Estado y es menester garantizar que el derecho a la salud sexual se complemente con el derecho a la información en esta materia. Una persona sana requiere ser una persona informada sobre las opciones de salud disponibles, así como las prácticas que ponen en riesgo su salud y las consecuencias de las mismas. Lo anterior siempre con base en información científica comprobable que de ninguna manera se vicie con argumentos de tipo moralista o religioso. La información permite saber quiénes están expuestos o son proclives a ciertas enfermedades, qué conductas son recomendables y cuáles no son deseables. En este proceso de la comunicación ya sea en el ámbito masivo, campañas de información, organizacional o interpersonal, interacción proveedores de servicios y paciente, es crucial, toda vez que complete la distribución social de la cobertura de salud y por ende a las políticas de salud. La correcta difusión de la información sexual, reproductiva y de tolerancia sexual, no pueden ni deben ser cuestión de política sino de cuestión netamente de salud y por consecuencia el Estado tiene la obligación de garantizarla y sancionarla a aquéllos quienes por ideologías conservadores o de simple ignorancia publicitan por cualquier medio información falsa o errónea sobre educación, salud o derechos sexuales o reproductivos y a todo aquél que en la misma forma promueva campañas para desvirtuar las acciones del gobierno o los particulares, que en forma científica u objetiva promuevan la educación, la salud y los derechos sexuales y/o reproductivos. Esta preocupación legislativa surge de la necesidad de brindar información válida que permita a los ciudadanos tomar decisiones informadas como conocer los métodos de control natal, prevención de enfermedades de transmisión sexual y el derecho a la tolerancia sexual y el derecho a la procreación, que un Estado que se presume democrático debe garantizar. Es frecuente que campañas publicitarias de instituciones gubernamentales y no gubernamentales , científicamente sustentadas sobre el uso de métodos anticonceptivos, prevención de cáncer cérvico uterino, mamario, prostático, educación sexual y uso del condón, como medida antiséptica y preventiva en la adquisición de enfermedades de transmisión sexual y VIH o campañas de tolerancia hacia la diversidad sexual, la moral sexual democrática, la despenalización del aborto o la equidad de los géneros, la mayoría de las veces son desvirtuadas por mensajes públicos infundados y falsos que las desmienten y descalifican irresponsablemente. Las anteriores conductas ponen en riesgo la salud y la vida de personas que pudieran hacer uso oportuno de una medida preventiva, impidiendo que tengan acceso a mejores formas de vida por falta de educación sexual y por desconocimiento de sus derechos como consecuencia de la información proporcionada. La manipulación de la información consiste esencialmente en proporcionar información falsa o incompleta, de manera intencionada, con el fin de que quien la reciba llegue a conclusiones erróneas y actúe libremente de una manera que le perjudique a la postre; que no le conviene y que sí conviene a quien pone en circulación esa información. La salud y la información en una relación en varios niveles requiere una perspectiva tanto teórica como legislativa que eluda dogmas y abra el juego a una variedad de enfoques complementarios en torno a la sexualidad humana en todo lo que esto reviste. Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía las siguientes iniciativas de reforma que adicionan los artículos 2o., 108, 111, 112, 404 y 413 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: Primero. Se adiciona el numeral octavo del artículo 2o. de la Ley General de Salud para quedar como sigue: Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades 7o. La adecuada, veraz y oportuna información sobre salud, derechos sexuales y reproductivos, basada en investigaciones científicas y objetivas. Segundo. Se reforma el artículo 108 de la Ley General de Salud para quedar como sigue Artículo 108. La Secretaría de Salud orientará la captación, producción, procesamiento, sistematización, veracidad, divulgación y publicidad de la información para la salud, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos como sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado. Tercero. Se reforma el artículo 111 de la Ley General de Salud para quedar como sigue 111. La promoción de la salud comprende: Uno. Educación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos Cuarto.- Se reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto: Tercero.- Orientar y capacitar a la población con base en estudios científicos y objetivos, preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual o reproductivos, planificación familiar, riesgo de la automedicación, prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades. Quinto.- Se reforma el artículo 4 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: Artículo 404.- Son medidas de seguridad sanitaria, las siguientes: fracción VIII.- La suspensión de mensajes y campañas publicitarias cuya información sea falsa o errónea sobre educación sexual o derechos sexuales o reproductivos que desvirtúen las acciones del gobierno o los particulares que en forma científica y objetiva promuevan la educación, la salud y los derechos sexuales. Sexta.- Se reforma el artículo 413 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: Artículo 413.- La suspensión de mensajes y campañas publicitarias en materia de salud y derechos sexuales o reproductivos procederá cuando estos se difundan por cualquier medio de comunicación social contraviniendo lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos aplicables, o cuando la Secretaría de Salud determine que el contenido de los mensajes afecta o induce a actos que puedan afectar la salud pública. TRANSITORIO Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de octubre de 2003 (sic). Muchas gracias. Con permiso.