La diputada María Marcela Torres Peimbert: Muy buenas tardes a todas, a todos. Con su venia, presidenta. En 2011 el Estado mexicano publicó la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Esta ley mandata el establecimiento de políticas públicas para su ejercicio. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que el 15 por ciento de la población total del mundo sufre algún tipo de discapacidad. En México esa cifra equivaldría a 7.1 millones de personas con algún tipo de discapacidad. De las cuales casi el 9.8 por ciento serían niñas y niños de 0 a 14 años. Y el 9.4 serían jóvenes de 15 a 21 años. En este gobierno se están otorgando –para ser digamos consistentes con esta disposición de 2011– becas a personas con discapacidad. Estas becas ya han llegado a 815 mil personas y la meta es llegar a un millón de personas, lo cual está muy bien. Sin embargo, dentro de las reglas de operación de otorgamiento de esas becas dice que solamente podrán ser beneficiarios de ellas quienes padezcan una discapacidad permanente. Leo a continuación qué es lo que se dice como discapacidad permanente. Consecuencia, deficiencia o limitación, en una persona de carácter definitivo y no curable, que se aprecie a simple vista, con la percepción de los sentidos, sin necesidad de valoración técnica. Esta es la definición que hay de discapacidad permanente. Aun cuando estamos de acuerdo, apoyamos y vemos loable la entrega de estas becas, también sabemos y consideramos que no están llegando a todas las niñas y niños que deben llegar. Y me voy a referir aquí a dos problemas distintos, uno es la beca que se otorga para compensar la falta de posibilidad de esas personas con discapacidad para sostenerse a sí mismas, y otra distinta sería la necesidad, la beca que es necesaria para que muchas de las niñas y niños cuya discapacidad no es permanente, o sí lo es, pero pueden sostenerse por sí mismos, puedan ser atendidos en el sistema educativo regular. Para esto se tienen los centros de atención múltiple, los cuales tienen como objetivo la responsabilidad de escolarizar alumnas y alumnos con algún tipo de discapacidad, y que requieran adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyos generalizados o permanentes. Aunque existen estos centros de atención educativa, muchas personas con discapacidad en México quedan fuera de esta posibilidad, y me refiero en concreto al 20 por ciento, fíjense compañeras y compañeros, 20 por ciento de las niñas y niños en México que sufren problemas severos de conducta y que están también dentro del espectro autista. Estas niñas y niños al no caer, digamos, en la clasificación de discapacidad permanente, pues no están siendo atendidos ni con la beca ni accesando a métodos educativos que les permita sobrepasar su discapacidad y poder ser ciudadanas y ciudadanos útiles a ellos mismos y a su país. Por tal motivo, la iniciativa tiene como objetivo ampliar el catálogo de discapacidades, eliminar esta definición de discapacidad permanente y poder ampliarla para que niñas y niños que tienen este tipo de conducta, que son 20 por ciento del total de las niñas y niños en el país que requieren de ciertas adecuaciones para poder aprender, que puedan ser atendidos. ¿A qué me refiero? Sicopedagogía en las escuelas, sicólogos o sicólogas en los planteles y que las maestras y maestros estén capacitados para atender a este grupo poblacional de niñas y niños con problemas de conducta. Actualmente los padres de estos niños, las madres de estos niños tomas dos caminos. Uno es no mandarlos a la escuela, y con grandes esfuerzos económicos encontrar centros educativos donde puedan ser atendidos estos niños que sufren alguna gama del espectro autista o problemas de conducta. Esto trae una erogación muy importante a estas familias que daña la economía familiar.