La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado: Con su permiso, presidente, 30 años edificando la arquitectura institucional del México moderno, 30 años promoviendo el fortalecimiento del Estado de derecho, 30 años en defensa de los principios constitucionales. Esta es la ruta en la que ha venido desempeñándose el máximo órgano jurisdiccional del Estado mexicano, conteniendo a cada momento el ejercicio del poder público, equilibrando a cada instante la actuación de los Poderes públicos y su actuación señores y señoras ha sido exitosa, tan exitosa en defensa de la Constitución quien ha sacado de quicio al inquilino presidencial. Su actuación ha sido tan exitosa que hoy se encuentra exhibiendo los excesos de una mayoría absoluta en este Congreso frente al quehacer jurisdiccional, efectivo y eficiente de la Suprema Corte, hoy nos encontramos ante un fuerte desafío, un desafío histórico que abre la puerta al pasado autoritario del México del siglo XX, cuando las y los mexicanos creíamos haber avanzado significativamente la consolidación de las instituciones democráticas, las y los mexicanos nos hemos topado con una barrera política mayoritaria de corte autoritario. Una mayoría parlamentaria fuertemente disciplinada que viene a defender la iniciativa de quien se sintió ofendido con las decisiones del máximo órgano jurisdiccional por el hecho de no haberlo favorecido. Una mayoría política que hoy viene a defender una reforma a la Constitución en materia judicial para modificar su estructura orgánica y funcionamiento institucional. Esta es una reforma constitucional que atenta contra los derechos humanos. Es una reforma que contraviene los principios constitucionales y convencionales de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad, independencia y autonomía judicial, entre otros no menos importantes como el de transparencia y rendición de cuentas. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo señala que la transparencia debe ser entendida como la obligación que tiene el Estado de proveer información sistemática a los gobernados. El dictamen que hoy discutimos carece de este principio constitucional, carece de este derecho que todo ciudadano tiene y exige. Por eso, señoras y señores, proponemos modificar el artículo 17 constitucional contenido en este dictamen, para que la federación y las entidades federativas en sus respectivos presupuestos de egresos garanticen recursos suficientes para el debido desempeño y actuación de los poderes judiciales federales y locales, respectivamente. Dicho presupuesto se asigne conforme a lo previsto en esta Constitución. Asimismo, proponemos que la actuación de los poderes judiciales federales y locales se rijan en todo momento por los principios de transparencia y rendición de cuentas. La federación y las entidades federativas cuenten con un sistema de justicia en línea obligatorio para las autoridades y optativa para los particulares. En su funcionamiento se observen los principios de protección de datos personales conforme a las disposiciones previstas en esta Constitución y las leyes correspondientes. Esta reforma no debe omitir en ningún momento el principio de transparencia y rendición de cuentas, porque este es uno de los elementos que contribuyen al fortalecimiento del Estado de derecho. De omitirse se debilita la institucionalidad del Poder Judicial porque se fomentan y ocultan los actos tildados de ilegales y eso corrompe y daña al Estado y a sus ciudadanos. Es cuanto, presidente.