La diputada Lilia Villafuerte Zavala: El juicio de amparo, desde su creación, ha contado con una serie de reglas que rigen el desarrollo del proceso y determina quiénes y en qué momento pueden acudir a dicho juicio. Estas reglas han sido denominadas por la doctrina como principios rectores del juicio de amparo y comprenden, entre otros, el principio de instancia de parte agraviada, el principio de definitividad y el principio de relatividad de las sentencias. Este último implica que los efectos que se dicten en el amparo solo pueden beneficiar a la parte que acude a juicio, lo cual constituye un elemento esencial desde la creación del amparo y su propuesta de inclusión en la Constitución de Yucatán, por parte de Manuel Crescencio Rejón, en 1841, así como su posterior adopción en la Constitución federal de 1847 por la propuesta de Mariano Otero. En efecto, Otero propuso la adopción del juicio de amparo con efectos entre las partes y fue preciso al señalar que los tribunales federales habrían de amparar a cualquier habitante, limitándose los tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de ley o del acto que lo motivare. Actualmente, la llamada cláusula Otero o principio de relatividad de las sentencias se encuentra vigente y está contenida en la fracción II del artículo 107 de nuestra Constitución Política, misma que señala que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, solo ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlo y protegerlos si es procedente sobre el contenido de la demanda. Sin embargo, en los últimos años se han adoptado criterios que son contrarios al principio de relatividad que rige el juicio de amparo y han concedido suspensiones con efectos generales en contra de leyes o actos expedidos por el Poder Legislativo. Si bien se argumenta que se busca proteger derechos de naturaleza colectiva, lo cierto es que su aplicación ha sido inconsistente y muchas veces arbitraria en perjuicio de los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica de toda persona. En efecto, el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, le da la facultad al juez de hacer un ejercicio de ponderación entre la afectación al orden público y la afectación al interés social, a virtud de la concesión de la suspensión del acto reclamado. En el propio artículo 129, se prevé un catálogo enunciativo, más no limitativo de los supuestos de afectación al interés social o contravención al orden público. Sin embargo, el último párrafo de ese dispositivo, autoriza que la persona juzgadora de amparo otorgue la suspensión pese a que existe contravención a disposiciones de orden público, cuando el juez considere que la negativa implica mayor afectación al interés social. Así, el artículo 129 permite al juez de amparo privilegiar el interés social por encima del orden público, luego, a fin de garantizar que la suspensión nunca contravenga disposiciones de orden público, es conveniente eliminar esta porción normativa. Pero que quede claro, compañeros, no se elimina esta medida cautelar de la suspensión, que no los confundan. La medida cautelar de la suspensión que es uno de los grandes logros de la Ley de Amparo, para preservar la materia del juicio, se conserva. No se confundan, por favor. Los efectos de fondo se resuelven en las sentencias de amparo. Por lo que hace al artículo 148 de la Ley, destaca que el dispositivo permite imprimirles efectos generales a la suspensión que se decrete contra normas generales autoaplicativas. Esta norma, entonces, autoriza esos efectos generales, incluso en juicios de amparo que se insten a virtud de un interés jurídico por antonomasia individual y con base en un interés legítimo individual. De esta suerte, se perfila necesario acotar los efectos generales de la suspensión para que la misma y sus consecuencias dentro de la ley solo comprendan a la parte quejosa. En el mismo orden de ideas, la suspensión de una ley antes de una sentencia definitiva...