EL DIP. IVAN GARCIA SOLIS: Ciudadano Presidente: Ciudadanas y ciudadanos legisladores: El objeto de la presente iniciativa que hoy presento, es sentar las bases constitucionales de una nueva reforma electoral que ponga al día la evolución de nuestras leyes e instituciones en la materia y sobre todo que refleje las expectativas de una ciudadanía que exige procesos electorales completamente limpios, imparciales, equitativos, transparentes y austeros. La presente iniciativa busca dar continuidad a las transformaciones democráticas que México ha experimentado desde el parte aguas histórico de 1988, que como todos recordamos fue una catarata de votos en contra de la imposición del que finalmente resultó Presidente, para mal de la nación, Carlos Salinas de Gortari. Estos cambios que han madurado y que deben seguirse produciendo en la nación tienen que reflejarse, repito, en la institucionalidad electoral. Por todo lo anterior, vemos como algo no solo oportuno, sino indispensable e improrrogable reformar el sistema electoral, poniendo énfasis en la estructura, organización y funcionamiento del Instituto Federal Electoral, sobre el cual en fechas recientes tuvimos aquí un intenso debate a raíz de la elección, podemos decir imposición, de consejeros para ese Instituto. Me permito sintetizar algunos de los puntos sustanciales de la iniciativa que hoy presento: En primer lugar se plantea fortalecer algunas facultades del IFE, Instituto Federal Electoral, como son las de supervisión, investigación y vigilancia y se le otorgan otras, como la de organizar las elecciones internas de aquellos partidos políticos que así lo soliciten, sólo de los que así lo soliciten. Recordemos que esta práctica es ya acreditada en diferentes países, Uruguay es uno de ellos, pero hay varios más. Segunda. Reducir sustancialmente el costo de las campañas electorales. En eso hay un verdadero clamor popular, así como también del mantenimiento de los partidos políticos nacionales. En esta iniciativa se establece la obligación de los concesionarios para ayudar a que esto ocurra y permisionarios de la radio y televisión, de aportar los tiempos indispensables para dichas campañas. Actualmente todos sabemos que cerca del 60% de los recursos que el IFE asigna a los partidos llega a la bolsa de estos monopolios y estos monopolios deben tener una actitud diferente, de manera que contribuyan a la difusión de las campañas electorales sin que esto sea tan oneroso como hoy, para la ciudadanía y el país en su conjunto. Siguiente criterio que aquí se establece: Instruir por mandato constitucional al legislador secundario, para que fije una cantidad monetaria que servirá de base de cálculo para el financiamiento de los partidos, eliminando con ello la discrecionalidad actualmente otorgada al Instituto Federal Electoral. Que no sea el Instituto el que diga cuánto más, cuánto menos se asigna a los partidos, sino que haya una tasa legalmente establecida. Además, se pretende que durante los procesos electorales en los que sean electos sólo diputados, el financiamiento para campañas sea sólo de una tercera parte del previsto para la renovación general de los Poderes Federales. Diferenciar, pues, elección de diputados y la de diputados, senadores y Presidente de la República, cuyos costos necesariamente son distintos. Establecer la obligación del Estado ésta es otra propuesta- de que, durante las campañas electorales limite el uso de la radio y televisión en sus campañas informativas, sólo manteniendo este uso a lo indispensable para afrontar situaciones de emergencia o campañas de salud pública. Todos somos testigos del abuso del Gobierno Federal en esta materia. Implementar bases claras para los topes a los gastos de campaña, así como para las aportaciones privadas a los partidos políticos, eliminando así la discrecionalidad de la que abusa actualmente la autoridad electoral. Disponer que las sanciones por el incumplimiento de las anteriores normas incluirán la inhabilitación de los candidatos que las promuevan o se beneficien de ellas. Se consigna también la obligación del legislador secundario de regular las llamadas precampañas, aspecto indispensable de regular. Hay abusos, no se sabe de dónde provienen los recursos, por lo tanto qué compromisos establecen previamente candidatas y candidatos y esto tiene que terminar. En artículos transitorios, se deja sin efecto la pasada y desafortunada elección de Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo General del IFE, instruyendo a la Cámara de Diputados a proceder a una nueva elección en un plazo perentorio. Se propone también un mecanismo transparente en la designación de los consejeros electorales. Es decir, que esa decisión fundamental de la Cámara no quede dentro de un grupo de privilegiados, sino que éstos se vean obligados por disposición constitucional, a convocar a la sociedad para la presentación de propuestas a consejeros, basta ya de esos cabildeos subterráneos, de esos acuerdos de Cámara o de otros ámbitos en los que se urden y se tejen las precandidaturas y finalmente las imposiciones. Que la sociedad participe, que escrute directamente, que conozca, que diga quiénes sí y quiénes no pueden ser consejeros electorales y sí, que esta Cámara decida. La idea de volver auténticamente ciudadanos a los órganos electorales pasa así por la necesidad de hacer partícipes a los mismos ciudadanos en la formulación de propuestas, en suma, la publicidad de los procedimientos, de estos procedimientos es premisa indispensable. Permitir, es otro criterio, como un dispositivo de autonomía del máximo órgano de dirección, que sea éste quien designe por la mayoría calificada de los miembros del Consejo General a su Presidente. Esto es muy importante para garantizar la colegialidad del órgano electoral. Siguiente, la iniciativa atiende a la idea de que el Secretario Ejecutivo no es Secretario del Presidente, sino del Consejo General, para que no sea manipulado por el Presidente, por lo que la propuesta es de tal naturaleza, que quede explícita además de la facultad del Consejo para nombrar y remover a este funcionario y también se suprima el monopolio que actualmente detenta el Presidente del Consejo, de hacer propuestas para el cargo de Secretario Ejecutivo. Siguiente, la propuesta impide que los consejeros puedan aceptar cargos específicos en la Administración Pública Federal o en algún estado, prohíbe además que puedan postularse a cargos de elección popular; las experiencias recientes en las que consejeros electorales abandonaron la función electoral para comprometerse con el proyecto gubernamental de partidos políticos que llegaron al poder y que incluso hoy son diputados en esta Cámara Federal, impulsados por partidos políticos, no hace más que pensar que existieron lagunas que permitieron estos vicios que al principio hemos aludido. Se propone finalmente que los consejeros tengan una retribución igual que los diputados y no mayor, actualmente disponen de 140 mil pesos mensuales además de importantes prestaciones. Termino diciendo, que el tema electoral es tema candente, indispensable, ponderable, corregible y perfeccionable por esta Cámara. Llamo a todas y a todos los diputados y diputadas, a que tomemos nuestra cabal responsabilidad en este aspecto fundamental para el desarrollo democrático de México. Muchas gracias.