El diputado Juan Carlos Natale López: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Como bien sabemos la Profepa es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene por objeto vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia ambiental. Esta dependencia posee el carácter de ser la entidad administrativa directamente responsable de investigar, procesar y en su caso, de iniciar los procedimientos administrativos derivados de las visitas de inspección y verificación en materia ambiental. Los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia se caracterizan por integrarse bajo tres etapas procesales. La primera, es la etapa de planteamiento que se lleva a cabo con una visita de inspección; le sigue la etapa probatoria, materializada con el ofrecimiento y desahogo de pruebas; y concluye con la etapa de resolución conformada por la presentación de alegatos y la resolución administrativa. Sin embargo, las disposiciones que actualmente regulan este procedimiento presentan algunas imprecisiones que se pretende solucionar con la iniciativa objeto de nuestra propuesta legislativa. La primera es la falta del término máximo para que la autoridad resuelva la procedencia de instaurar o no un procedimiento administrativo y emplazar al presunto responsable. Actualmente la ley en comento solamente prevé el término que el interesado tendrá para ofrecer pruebas, lo que presupone que el particular ya ha sido emplazado pero no indica cuál es el tiempo máximo que la autoridad ordenadora tiene para llevar a cabo el emplazamiento una vez que ha recibido el acta de inspección. Es por ello que propongo que el emplazamiento que da inicio al procedimiento administrativo se lleve a cabo dentro de los 10 días hábiles posteriores a que se concluya con la visita de inspección. La segunda imprecisión se basa en la falta del plazo en el que la autoridad deberá poner a disposición del interesado las constancias que integran el expediente a efecto de que cuente con los elementos necesarios para formular sus alegatos. Por ello se propone reformar la ley a efecto de establecer que una vez que hayan sido deshogadas las pruebas ofrecidas por el interesado o bien que haya transcurrido el término previsto para tales efectos, sin que se haya hecho uso de este derecho, la autoridad, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la actualización de esta hipótesis, declarará concluido el periodo probatorio y pondrá a disposición del interesado las constancias que integran el expediente a efecto de que esté en la posibilidad de formular sus alegatos. Por último, la ley obliga a la autoridad ordenadora a emitir la resolución administrativa que pone fin al procedimiento de inspección y vigilancia, dentro de los último 20 días hábiles siguientes a la fecha en que se reciben los alegatos o a que transcurra el término previsto para tales efectos, sin que se haya hecho uso de este derecho. Con este artículo se da fin al procedimiento administrativo instaurado por la Profepa. Sin embargo, y de acuerdo con el procedimiento llevado a cabo por esta dependencia, antes de la resolución se emite un acuerdo de trámite de presentación o no presentación de alegatos, el cual tiene como objeto dejar evidencia de la recepción y análisis de los documentos presentados en esta etapa del procedimiento. Dicho acuerdo no tiene una fecha de elaboración ni notificación al presunto infractor, lo cual ha ocasionado retrasos en las resoluciones administrativas. Es por ello que se propone que la Profepa elabore y notifique el acuerdo de alegatos respectivos en un periodo no mayor a cinco días. Con esta reforma se pretende limitar la discrecionalidad que actualmente tienen las autoridades administrativas, estableciendo los tiempos máximos que deben existir entre la conclusión de una etapa del procedimiento y el inicio de la siguiente etapa, a fin de garantizar la consolidación y transparencia de dicho proceso administrativo. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.