La diputada Clara Marina Brugada Molina (PRD): Gracias diputada Presidenta. Nuestro país ha invertido y sigue invirtiendo una enorme cantidad de recursos económicos públicos con el fin de contar con un sistema electoral que le permita la renovación periódica de sus gobernantes en un ambiente de paz, civilidad, legitimidad y legalidad. Esto a pesar de que los recursos públicos son escasos y las necesidades sociales en México son crecientes. No debemos olvidar que de acuerdo con cifras oficiales la mitad de la población mexicana vive en situación de pobreza y uno de cada cuatro mexicanos no cuenta con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación. Por lo anterior resulta inadmisible que funcionarios o servidores públicos participen en el uso político electoral de los programas sociales. Cuando algún funcionario público entrega el padrón de beneficiarios de un programa social a un candidato de elección popular para que lo utilice para actividades proselitistas, este funcionario público está dañando dos de los sistemas más importantes para el país: el sistema de políticas nacionales de desarrollo social con el que pretendemos hacer realidad el ideal de justicia social y el sistema electoral con el que buscamos acercarnos al ideal democrático. Sin duda, la utilización cada vez más frecuente de los programas gubernamentales para fines electorales es una situación compleja, porque al lado o detrás de cada funcionario público que condiciona la entrega de los apoyos de los programas sociales a que los beneficiarios participen de alguna actividad proselitista, se encuentra un funcionario partidista o candidato incitando o participando de tal situación. "Los costos que paga el país por esos hechos son altísimos, costos económicos porque restan credibilidad a los procesos electorales que tantos recursos económicos han supuesto para el pueblo de México; costos institucionales porque debilitan las normas, reglas, dependencias y mecanismos de vigilancia y asignación propios de la política electoral y de la política de desarrollo social; y por último costos sociales, porque se lucra con la necesidad de los pobres y pobres extremos, aquellos con los que la sociedad tiene una enorme deuda social. "Es una realidad que la alternancia en el poder político está llevando a que la lucha electoral sea cada vez más enconada. Por eso no debe significar que permitamos que los beneficiarios de programas sociales y sus familias sean acosados durante los periodos electorales y menos que eso se convierta en una práctica cotidiana. "Debemos ponerle un alto a esas acciones que provocan la desconfianza entre actores y partidos políticos y generan entre la población una enorme desilusión hacia el sistema electoral y el régimen democrático. Es urgente tomar cartas en el asunto y llevar a cabo reformas legales que frenen los casos de utilización con fines partidista o electorales de los programas sociales o de la información vinculada a los mismos. "La reforma que me permito proponer al pleno implica cambios en tres sentidos. "Primero.- Se propone la reforma del artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para obligar al Ejecutivo Federal para que en toda la publicidad de los programas sociales en medios electrónicos y escritos, incluya la siguiente leyenda: Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas o electorales. "El gobierno federal destina una cantidad importante de recursos para promocionales sobre programas sociales, es necesario utilizar estos espacios para enviar un mensaje claro a toda la población de que no se debe permitir el uso electoral o partidista de los programas sociales en ningún caso y bajo ningún motivo y así contribuir a generar una cultura cívica donde se reconozcan los beneficios de los programas sociales a los beneficiarios, como sujetos de derechos y no objetos de asistencia. "Segundo.- Adicionar a la Ley General de Desarrollo Social un Título Sexto De las infracciones y sanciones, cuyo objetivo es precisar con claridad los casos en los que los servidores públicos incurren en responsabilidad administrativa y la sanción a la que se hacen merecedores; tema hasta hoy no contemplado en dicha ley. "Es importante destacar que se establece claramente como una infracción el que los servidores públicos utilicen los padrones, fondos presupuestales o recursos humanos y materiales de los programas de desarrollo social, para realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados que impliquen proselitismo político a favor o en contra de algún partido o candidato a cargo de elección popular. "Asimismo, aquel funcionario público que utilice la información de los programas y beneficiarios para fines ajenos o contrarios a los que establece la ley, será objeto de sanciones. "Queda claro que las responsabilidades a que se refiere este nuevo Título dentro de la Ley General de Desarrollo Social, se aplicarán sin perjuicio de las sanciones de carácter penal o civil que en su caso lleguen a determinarse por las autoridades judiciales. "Nuestra propuesta de reforma incluye, además, una tercera parte que plantea modificaciones al Código Penal Federal. Con la reforma se establece como delito electoral el uso de padrones de beneficiarios de los programas sociales con fines partidistas o electorales. "Será considerado delito electoral cuando los funcionarios o servidores públicos destinen de manera ilegal documentos o información de los padrones de beneficiarios para el apoyo de un partido político o candidato. Asimismo, será delito electoral cuando los funcionarios partidistas o candidatos utilicen dichos padrones para realizar acciones proselitistas. "Hoy esos padrones se han convertido en manos de los partidos políticos, en un instrumento para realizar proselitismo electoral. Esta situación no puede continuar. Es impensable permitir que se continúe lucrando con la pobreza y el hambre de las mexicanas y mexicanos, que se condicione el acceso o permanencia a los beneficios de los programas sociales a los que tiene derecho. "Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y del Código Penal Federal. Y solicito sea publicada íntegra en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados y se turne a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Justicia y Derechos Humanos. Es todo, gracias.