La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy presento responde a un mandato constitucional previsto en la reforma de 2016 sobre el régimen jurídico de la Ciudad de México, y que es nuestra obligación legislar en materia de capitalidad para esta entidad federativa en el marco establecido en el artículo 122, Apartado B de la Constitución federal, y las previsiones establecidas en el décimo transitorio de dicha reforma. Este proyecto abarca tres condiciones relacionadas con la capitalidad: los asuntos en que debe existir una coordinación interinstitucional entre los Poderes federales y locales. Financiar los costos que tiene ser capital de la República y definir los casos de remoción del titular de la seguridad pública por parte del presidente de la República. Para ello, la iniciativa propone que deben coordinarse acciones para hacer más efectivo el mecanismo de capitalidad entre los Poderes federales y los locales. Es decir, no solo es de los Ejecutivos de ambos órdenes de gobierno, sino también con los otros Poderes. A pesar de ello, se considera que es el ámbito Ejecutivo el encargado de dicha coordinación, a través de una comisión interinstitucional creada exprofeso para dar cauce a las necesidades de la capitalidad. Las acciones de la capitalidad se generan por factores que son comunes en las ciudades capitales porque atraen un alto flujo de población que habita en otras entidades federativas. Suelen albergar a los Poderes federales y, por tanto, son anfitrionas de las representaciones diplomáticas y las acciones políticas de mayor importancia. La infraestructura vial y urbana facilita el acceso de las instituciones públicas. Cuentan con actividades económicas que costean la mejora de servicios y bienes, ya sean gubernamentales, educativos, financieros, tecnológicos o de salud siempre en aumento. El hecho de no existir una definición legal de este tipo de financiación ha implicado que el gobierno federal haya utilizado los recursos federalizados para dicho fin como una forma de presión política, a tal grado que incluso en 2017 enviara una propuesta de fondo con cero pesos, asunto que tuvo que rectificar la Cámara de Diputados, aprobando 2 mil 500 millones de pesos, aunque este monto fue 100 por ciento inferior al logrado en el año anterior. Pero los costos de capitalidad no solo se resumen en este fondo, sino también involucran otro tipo de financiación que viene de otros fondos y recursos etiquetados como lo son los relacionados con la infraestructura hidráulica, el transporte público, el metro, la infraestructura social, el apoyo a la cultura, la migración, el desarrollo agropecuario, entre otros. El objetivo es resolver la creciente necesidad que tiene la Ciudad de México en materia de suficiencia presupuestaria, a través de la referenciación de este fondo de capitalidad en la recaudación federal participable, con el objetivo de continuar potenciar y mantener políticas públicas, subsidios y programas dentro de la ciudad en que residen los Poderes de la Unión con los beneficios que ya reciben en materia de contribuciones e infraestructura de servicios, sin discriminar a una población flotante en la Ciudad de México, cercana a los 5 millones de personas y que generan importantes presiones financieras. Finalmente, la ley a la que se refiere el artículo 122, Apartado B de la Constitución federal, debe establecer las causas consideradas como graves por las cuales el presidente de la República tiene la facultad de remover al servidor público capitalino que estará encargado de la seguridad pública local. Con esta iniciativa se da respuesta al mandato constitucional del 29 de enero de 2016, que obliga al Congreso de la Unión a aprobar la ley en materia de régimen de capitalidad de la Ciudad de México que se une a diversos esfuerzos llevados a cabo en la legislatura pasada. Es cuanto, diputado presidente.