La diputada Lia Limón García: Con su venia, presidenta. La violencia contra las mujeres y niñas es una violación grave de derechos humanos y lamentablemente las cifras de violencia son altas, y es una práctica socialmente extendida. En México, de acuerdo con el Inegi, seis de cada 10 mujeres han sido en algún momento víctimas de violencia, han experimentado violencia, y a menudo, lamentablemente en manos de personas conocidas, de personas queridas, y en muchas ocasiones en manos de su pareja sentimental. Incluso, los homicidios que llegan a dar contra mujeres, muchas veces son en manos de la pareja sentimental. Aunado a lo anterior, muchas mujeres no solamente son víctimas de violencia por parte de individuos, sino que además cuando por fin se deciden a denunciar, son revictimizadas por las instituciones, y son revictimizadas de diversas formas: en el trato que reciben por parte de las autoridades, la falta de capacitación de los operadores para manejar los asuntos con perspectiva de género, a pesar de los protocolos que hoy hay existen en la materia, o porque las autoridades son lentas en su actuación y no toman en cuenta que cuando una mujer acuda a denunciar violencia doméstica, tanto su integridad como su vida corre peligro. El combate a la violencia en contra de las mujeres es una tarea que requiere esfuerzos transversales multidisciplinarios e interinstitucionales. Por ello aplaudo que hoy estemos discutiendo en esta sede legislativa este dictamen, y agradezco el impulso puesto por la diputada Laura Plascencia, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, y por el diputado Álvaro Ibarra, para que estas iniciativas se dictaminaran, que contienen reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de dotar de mayor efectividad y tutela las medidas precautorias de protección en favor de las mujeres. La reforma tiene por objeto que, cuando exista un riesgo inminente contra la vida o integridad o libertad de las mujeres, las autoridades que intervienen durante el procedimiento penal pueda dictar las medidas de manera oficiosa. Así, durante la investigación y de manera inmediata que se hace una denuncia, el Ministerio Público podrá dictar las medidas de protección de emergencia y preventivas, sin tener que esperar la orden judicial que hasta hoy se tenía que esperar, aunado a que el juez pueda dictarlas de manera oficiosa, cuando ni la víctima ni el Ministerio Público lo hubiesen solicitado, pero el juzgador identifique que existe riesgo. Es verdad que actualmente en los ordenamientos, materia de esta reforma, existen disposiciones legales en que se prevén diversos tipos de medidas de protección. Sin embrago, no basta con establecer un listado de medidas de protección, se requiere de manera necesaria y urgente que estas medidas de protección se puedan dar en tiempo oportuno. Y las reformas que hoy estamos discutiendo justamente van enfocadas a que estas medidas se puedan dar de manera oportuna. Y justamente esta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer, porque el tiempo que transcurre en que una mujer va y denuncia, y el juez conoce del caso y dicta una medida de protección puede ser el tiempo en que la mujer puede perder la vida. Que el Ministerio Público pueda dictar esta medida sin la necesidad de esperarse a que lo haga el juez puede sin duda alguna salvar su vida y salvar su integridad. Por otro lado también son reformas que establecen que las órdenes de protección se puedan dar por un tiempo más amplio; porque el tiempo que estaba establecido hoy en la ley es un tiempo muy limitado, que impedía que estas reformas pudieran durar el tiempo necesario garantizando la seguridad de la mujer. Y, por último, la reforma que tiene que ver con la iniciativa propuesta por la propia diputada Laura Plascencia, de fortalecer la información del Banavim, que es el Banco de Datos de Violencia contra las Mujeres, para que sirva y sea útil para todo el país, para hacer políticas públicas en la materia. Necesitamos información exacta y precisa para poder trabajar en la construcción de políticas públicas. Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen, toda vez que abona al fortalecimiento de la protección de los derechos humanos de las mujeres. Como impulsora de la iniciativa materia del dictamen que hoy se discute, una de ellas porque estamos dictaminando varias, solicito a ustedes sumen su voto para contribuir a la creación de un marco jurídico que se constituya en una herramienta eficaz para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sólo en la medida en que los derechos humanos de las mujeres se protejan, se castigue a los perpetradores y se dote a las mujeres de servicios que ayuden a reconstruir su vida y se les otorguen medidas efectivas de prevención y de protección temprana, se podrá combatir de manera efectiva y frontal la violencia de género. Es cuanto, presidenta.