El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Acudo a esta tribuna con el propósito de presentar una iniciativa de ley que contempla una serie de reformas que tienen por objeto promover la actividad crediticia y fomentar la competencia entre los intermediarios financieros, así como reducir los costos y por lo tanto, las tasas de interés mediante las desregulación de las actividades de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), arrendadoras y empresas de factoraje. Al mismo tiempo, la presente iniciativa pretende eliminar una fuente de riesgo moral en el sector financiero, al dejar fuera de la supervisión de las autoridades financieras, actividades donde no hay intereses del público que tutelar y no hay riesgo de que el sistema de pagos se colapse. Aunque los objetivos son simples, sentar las bases para que estas actividades se puedan realizar de manera competitiva en el ámbito mercantil, requiere hacer cambios a ocho leyes financieras y tres fiscales. La necesidad de reformar estas leyes, surge de la premisa de que el crédito es un elemento crucial en el desarrollo del país, al ser un factor determinante en la inversión; por lo que la innovación financiera, la competencia global y el constante cambio en el entorno financiero, hacen menester realizar ajustes en la legislación del sector financiero para mejorar su funcionamiento. En este sentido, el pasado 30 de noviembre de 2005, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, una reforma a los artículos 2 y 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, propuesta por la senadora Dulce María, en la que se establece que cualquier empresa mercantil puede obtener recursos mediante oferta pública de valores o créditos de la banca comercial y de desarrollo y utilizar estos recursos para otorgar créditos. Con anterioridad a dicha reforma, éste tipo de intermediación estaba restringido a las SOFOLES y a otros intermediarios autorizados. Ahora, cualquier empresa puede hacer esta intermediación con mayor libertad que las SOFOLES, ya que no necesariamente tendrá que otorgar crédito a un sector específico, predefinido y autorizado por las autoridades financieras, sino que puede prestar a cualquier sector. Por este motivo, permitir el otorgamiento del crédito a varios sectores es fundamental para fomentar la actividad crediticia. Resulta inconcebible, por ejemplo, que una arrendadora de maquinaria agrícola, no le pueda otorgar crédito a un campesino para la compra de semillas. Esta barrera representa una ineficiencia para la canalización del crédito; por un lago, si el arrendador ya conoce la capacidad crediticia del agricultor, ha establecido una relación de largo plazo con él, por tal motivo, resultaría lógico que pudiese prestarle para la compra de semillas y con esto, asegurarse que le continué haciendo los pagos del tractor. Sin embargo, esto no es así, el agricultor tiene que acudir a un intermediario financiero distinto para obtener el crédito deseado. De esta forma, estas restricciones que se establecen en la legislación actual, no conducen a la eficiencia, ya que no permiten aprovechar la sinergia de haber hecho un costoso análisis crediticio de una personal. Al mismo tiempo, los usuarios del crédito tienen que acudir y hacer trámites ante varias instituciones, encareciendo con esto sus costos de producción. Adicionalmente cabe mencionar, que la liberalización que llevo a cabo la reforma propuesta por la senadora Sauri, no representa ningún riesgo para el sector financiero. En ese sentido, la literatura económica y la experiencia internacional nos indican, que las dos razones para tener una regulación y supervisión prudencial son: una, proteger los intereses del gran público depositante y la segunda, evitar un problema sistémico en el sector financiero, en caso de que alguna institución no pudiera cumplir con sus obligaciones. Lo interesante de lo anterior es que ni las SOFOLES ni las arrendadoras o empresas de factoraje, captan depósitos del público ni están conectadas al sistema de pago, por lo que resulta conveniente revisar, sí es necesario seguir manteniéndolas sujetas a autorización y supervisión por parte de las autoridades financieras. De hecho, la regulación existente ha tenido efectos adversos para las SOFOLES, arrendadoras y empresas de factoraje. En primer lugar la regulación y supervisión por parte de las entidades financieras , queda la percepción de que existe una protección o garantía del Gobierno Federal a favor de los acreedores de estas instituciones. Lo anterior causa un riesgo moral por parte de las SOFOLES, arrendadoras y empresas de factoraje y reduce los incentivos de monitoreo crediticio por parte de los acreedores. En segundo lugar, la autorización para constituirse como SOFOL, arrendadora o empresa de factoraje, constituye una barrera de entrada que inhibe la competencia. Y en tercer lugar, la carga administrativa que impone la regulación, incrementa los costos de operación. Es así que esta iniciativa busca reforzar la reforma a los artículos 2º. Y 103 de la Ley de Instituciones de Crédito y promover la competencia, la penetración del crédito, reducir las tasas de interés y los márgenes de intermediación. Así se permitirá que cualquier empresa mercantil pueda fondearse de los bancos o mediante ofertas públicas de valores y llevar a cabo operaciones de arrendamiento, factoraje y crédito a cualquier sector. Es decir, con estas modificaciones legislativas, las empresas mercantiles podrán operar como arrendador financiera, empresa de factoraje y una o varias SOFOLES sin necesidad de contar con autorización por parte del Gobierno Federal. Por tal motivo, la presente iniciativa busca cumplir con dos objetivos: El primero. Reconocer que el arrendamiento y el factoraje financiero no deben ser actividades reservadas, como no lo es el crédito y propone que cualquier empresa mercantil pueda llevar a cabo estas operaciones sin autorización y supervisión de las autoridades financieras. Segundo. Hacer una serie de adecuaciones legislativas para darles, a las empresas mercantiles que se dediquen preponderantemente a otorgar crédito y/o arrendamiento y/o factoraje, las ventajas fiscales y procesales que actualmente tienen las arrendadoras, las empresas de factoraje y las SOFOLES. Por tal motivo, la manera más práctica y jurídicamente sólida para otorgar las facilidades mencionadas a entidades mercantiles que no requieren autorización, es crear la figura de entidad financiera no regulada que se denominará "sociedad financiera de objeto múltiple" o SOFOME. Adicionalmente, si no están vinculadas con un banco, estas entidades tendrán que llevar la expresión "entidad no regulada". En caso de estar vinculadas con un banco llevarán la expresión "entidad regulada". De esta forma, aquellas sociedades que se dediquen básicamente a otorgar créditos, dar bienes en arrendamiento financiero y/o a adquirir derechos de crédito mediante contratos de factoraje financiero, serán denominadas SOFOMES, de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito a que se refiere la presente iniciativa. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; Ley de Instituciones de Crédito; Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; Ley Federal de Instituciones de Finanzas; Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; Ley de Ahorro y Crédito Popular; Ley de Inversión Extranjera; Ley del Impuesto Sobre la Renta; Ley del Impuesto al Valor Agregado y al Código Fiscal de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.