El diputado Guillermo Sánchez Torres: Buenos días, compañeros y compañeras diputados. Vengo a esta tribuna para someter a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que tiene como objeto fortalecer el marco jurídico que protege la comunicación de índole privada entre dos o más personas, así como los datos personales transmitidos a través de las redes públicas de telecomunicaciones y aquéllos almacenados en equipos informáticos por prestadores de servicios de almacenamiento de datos basados en Internet. La comunicación está basada en tecnologías inimaginables desde hace apenas algunas décadas, como son la telefonía celular, el Internet, la mensajería instantánea, las redes sociales virtuales, la transmisión en vivo de cualquier evento a todo el mundo, entre otras, evolucionando radicalmente las formas de intercambiar información entre las personas y a su vez mejorando los procesos de interacción tanto en el ámbito privado como en el público. Sin embargo, el otro lado de la moneda de los beneficios que la sociedad disfruta derivados de los avances tecnológicos está dado por la consecuente capacidad de intromisión de terceros en asuntos privados, capacidad que está cada vez más al alcance de cualquier persona, aun sin contar con los conocimientos técnicos necesarios o sin estar involucrada de alguna forma en el sector de comunicaciones. } Así, la responsabilidad que se tiene ahora como sociedad moderna es poder contar con la libertad de comunicación, de expresión y de compartir información sin que ello signifique sacrificar la privacidad de las personas. El espionaje pone en riesgo la seguridad de las personas, ya que las hace vulnerables a extorsiones o chantaje, a la privación de su libertad, de su patrimonio e incluso de su vida. Actualmente, el Código Penal Federal sanciona a aquél que dolosamente o con fines de lucro interrumpa o interfiera las comunicaciones en todos sus tipos; sin embargo, se hace referencia exclusivamente a los individuos, sin considerar a las personas morales que pudiesen estar involucradas en el ilícito. Adicionalmente, las sanciones de uno a cinco años de prisión y de 100 a 10 mil días de multa son reducidas considerando el delito de que se trata, así como la gravedad de las consecuencias del mismo. Por lo expuesto me permito someter a la consideración de esta soberanía, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11, se adiciona el artículo 167 bis y se deroga la fracción VI del artículo 167 del Código Penal Federal con el fin de: 1. Incluir a las personas morales como posibles responsables de los ilícitos que nos ocupan, en cuyo caso se considera la facultad de revocación de concesiones cuando se trate de una empresa que goce que una concesión en materia de telecomunicaciones. 2. De adecuar las sanciones a la gravedad del delito de que se trata al imponer de 10 a 15 años de prisión y de multa de 10 mil a 100 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Estamos hablando de delitos de suma gravedad con consecuencias que pueden no sólo afectar la privacidad de las personas y su seguridad personal y patrimonial, sino que pueden, incluso, tener repercusiones en la seguridad nacional y en la vida económica y política del país, ejemplos tenemos muchos en estos días en todo el mundo. Es cuanto, diputado presidente.