La diputada Araceli Damián González: Señoras y señores diputados. Vivimos hoy una enorme crisis social, resultado de la corrupción, la violencia y la falta de crecimiento económico. Mientras casi 100 millones de personas son pobres o presentan carencias de bienestar, tanto servidores públicos como empresarios corruptos se enriquecen. La sociedad y los representantes de la nación nos hemos convertido en simples testigos de acontecimientos que sacuden al país, y aquí en el Congreso a lo más que aspiramos es a expresar puntos de vista pero no a indagar acerca de cuestiones de interés público que afecten a nuestros representados. El artículo 93 constitucional dispone que las funciones de control de la actividad gubernamental le corresponden al congreso de la Unión, incluyendo la de investigación. Sin embargo, a casi cuatro décadas de la última reforma al artículo en comento, la administración pública federal centralizada y paraestatal se ha transformado amén de la reciente creación de las empresas productivas del Estado, y un número creciente de órganos autónomos que han quedado sustraídos a la capacidad de investigación del Congreso. De igual forma existe una regresión significativa en las atribuciones de control del Congreso al cambiar el régimen jurídico de las hoy empresas productivas del Estado, o bien al privatizar servicios públicos y otorgar concesiones a privados sobre el patrimonio nacional y los servicios sociales cuyo actuar quedó también sustraído de tal control. La facultad del Congreso para investigar las actividades gubernamentales, en general los asuntos de interés público en los estados democráticos se ha venido desarrollando constitucionalmente en fechas recientes como un derecho de minorías. El interés público se refiere a todo aquello que afecte a la sociedad en general y no incumba a la esfera personal de los individuos. Ello implica que puedan ser convocados por las comisiones de investigación los servidores públicos de cualquier nivel, los particulares y representantes de las empresas que llevan a cabo actos de interés público. En Estados Unidos, por ejemplo, las comisiones de investigación han tenido una relevancia institucional y social indiscutible, su actuación ha abarcado desde las cuestiones de fiscalización política del Ejecutivo hasta problemas de índole social y económico, pasando por procedimientos de acusación contra el presidente. La existencia de un sistema de gobierno democrático sólo será posible si median la transparencia y la responsabilidad. En este sentido, la función de control del Parlamento y en nombre del pueblo que representa, este órgano debe exigir al gobierno la rendición de cuentas y velar porque la política y la acción gubernamental sean eficaces y acordes con las necesidades de la población. Al detectar y prevenir los abusos, las conductas arbitrarias e ilícitas e inconstitucionales, hacer rendir cuentas del dinero de los contribuyentes, detectar derroches, vigilar que los particulares a los que se les concesiona la provisión de bienes y servicios públicos cumplan con su responsabilidad, son sólo algunas de las funciones que debe cumplirse mediante el control parlamentario. Esta soberanía debe contar con amplias facultades para indagar lo que aflige a sus ciudadanos y poder recuperar así la confianza en nuestras instituciones. La Constitución de 1917 no previó el estado de cosas que aquejan hoy a la República y que en nombre del bien común han despojado a nación de su patrimonio y recursos naturales. Además, de que sus servidores públicos se han convertido en mercaderes de las rentas públicas y de que la concesión de servicios públicos no se ha traducido necesariamente en mayores beneficios para la soberanía. El pueblo, en ejercicio de su soberanía, puede y debe impedir los actos de corrupción e impunidad que aquejan a la república. Morena, como grupo parlamentario, tiene el compromiso de combatir y denunciar la corrupción, las injusticias y los abusos del poder donde quiera y contra quien sea. Es por ello que, en esta iniciativa de reforma al artículo 93, se plantea ampliar las competencias de las comisiones para investigar cualquier asunto de interés público; y pueden ser citados los servidores públicos de cualquier nivel, particulares y representantes de empresas privadas, al margen de que formen parte de la administración pública federal centralizada y paraestatal de las empresas productivas del Estado o de los órganos autónomos. Es cuanto.