La diputada Mirza Flores Gómez: Compañeras diputadas, compañeros diputado, no hay estrategia de seguridad pública que funcione en un Estado democrático si no es por la vía civil, por eso en Movimiento Ciudadano no apoyaremos esta reforma que busca prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. En Movimiento Ciudadano hemos propuesto construir un Estado democrático capaz de solucionar sus problemas por la vía civil y pacífica, porque nosotros creemos y sostenemos que la guerra no hace la paz. La militarización que hoy quieren aprobar reafirma una política de Estado aún por encima de la propia Constitución. Ver que aprobar esta reforma implica violación al menos en cinco artículos de la Constitución de nuestro Estado nos prende los focos de alarma, no solo a Movimiento Ciudadano, a la ciudadanía entera. El Senado de la República aprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional asume la operación y administración de la Guardia Nacional, desde su creación la Guardia Nacional ha estado bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero en los hechos ha sido una extensión material y operativa de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional mantienen plaza y sueldo en la Secretaría de la Defensa Nacional o en la Secretaría de Marina, pero se incorporan de préstamo a la Guardia Nacional y únicamente el 29 %, al día de hoy, cuentan con el certificado único policial. De la misma forma, las Fuerzas Armadas han tomado el control operativo y directivo en más de 20 funciones, incluyendo áreas estratégicas ajenas a la naturaleza castrense. Por ejemplo, construcción de infraestructura civil, administración de aduanas, marítima y terrestre, y participación en la operación de programas sociales. ¿Cómo no negar que estamos militarizando al país? ¿Cómo no negar la vulneración a los derechos humanos de la nación con la determinación que se está tomando en esta Cámara de Diputados, en la que Movimiento Ciudadano no estará acompañando esta criminal decisión? Igualmente, para quien lo duda, se les han otorgado mayores recursos públicos desde 2007 a 2022. El presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas se incrementó en más de un 60.5 % en términos reales. En el último año recibieron 142 mil millones de pesos, por lo que tanto su poder fáctico en la administración pública como económica han aumentado de manera notable. Eso es para que el resto del país empiece a temblar, porque el compromiso del presidente de la República, en marzo de 2019 fue: van las Fuerzas Armadas a la calle, mientras tenemos un compromiso con la ciudadanía de fortalecer a las policías locales y estatales. Mientras fortalecemos con equipamiento, tecnología, capacitación, mejores sueldos, mejores condiciones laborales. Ninguna de las condiciones que prometieron han sucedido. Sin embargo, siguen fortaleciendo a las fuerzas militares. Y en eso sí tenemos que ser muy claros, las fuerzas militares en este país han sido admiradas, han sido queridas, han representado para nuestro país un sinónimo de identidad, de fuerza, de patriotismo. Sin embargo, al mandarlos a la calle, como que fueran las labores de la policía, están poniendo también a los soldados en posiciones de vulnerabilidad. En condiciones de cometer delitos en el cumplimiento de su deber, más no de la seguridad pública. Cuando pones a un soldado a cargo de la seguridad pública, que debe de ser eminentemente civil, lo pones en una condición en que de ilegalidad. ¿Por qué de ilegalidad? Porque no tienen la capacidad de poner a criminales a disposición del Ministerio Público. Porque no tienen la capacidad ni la autonomía ni las atribuciones de Policía investigadora. Porque están mandando a los soldados a combatir a las calles, cuando lo que México necesita son policías eficientes, capacitadas, responsables, preparadas para atender de manera cercana a la ciudadanía. Lo que estamos aquí aprobando quedarán en las conciencias de todas nosotras y nosotros, porque no le estamos abonando a una estrategia de seguridad que México se merece. Necesitamos tener mucha más seriedad con lo que aquí estamos haciendo, porque están poniendo a las Fuerzas Armadas en una circunstancia de muchísima vergüenza. En vez de tener una estrategia de seguridad clara, están poniendo a las Fuerzas Armadas a investigarnos, a espiarnos. El Ejército conoce, condona y ha ocultado información sobre graves violaciones a derechos humanos por parte de algunos de sus elementos. La influencia política del Ejército no es completa y hace encuestas, pronósticos electorales, pero tal vez lo más grave es que hayan redactado la ley que hoy ustedes van a aprobar. Sabemos que los secretarios de seguridad estatales están obligados a rendir informes a la Sedena, es decir, que al poder civil están ustedes obligándolo a que quede en subordinación del poder militar. El Ejército espía a los mexicanos y a las mexicanas, espía a periodistas, a colectivos feministas y hasta a los padres de niños y niñas que padecen cáncer, como que fueran un peligro nacional. Cualquiera que cuestione el statu quo de este país es un enemigo en potencia para este autoritarismo que ha ido en contra de la democracia. El Ejército espía también a legisladoras y legisladores de todos los partidos, muchos de los cuales probablemente van a votar a favor, ¿por qué? Pues presionados de estos espionajes que los militares llevan a cabo. Cuando lo que tendríamos que tener no son espías, sino estrategias de seguridad claras que le garanticen al país una calidad de vida que nos merecemos. Se destaca que el pasado 29 de septiembre, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa en la que, en este mismo sentido, con párrafos similares a los que se encuentran en las comunicaciones de ambas instituciones federales, están hasta el momento no han avanzado en esta discusión, en la iniciativa del Senado de la República. Eso nos pone en alerta y nos pone, sobre todo, en la circunstancia de tenerle miedo a este Estado de autoritarismo y poca democracia. Es cuanto, presidente.