La diputada Dulce María Sauri Riancho: Presidente López Obrador, ¿por qué el SAT decide, sin ninguna justificación, despojarme de mi patrimonio a mis 76 años de edad, sin explicación, ahorros de toda mi vida?. Este es el reclamo que mediante un tuit ayer hizo Enrique Guzmán a través de sus redes sociales, denunciando que la Secretaría de Hacienda había congelado sus cuentas bancarias. El actor y cantante comentó en sus redes que si existía alguna omisión en su declaración se lo hubieran dicho. Nadie le avisó, simplemente le congelaron sus cuentas y no sabe, hasta el momento, por qué tiene sus cuentas congeladas. ¿Por qué el Grupo Parlamentario del PRI no puede acompañar este dictamen en los términos aprobados en el Senado y ratificados en la comisión? En nuestro grupo tenemos nueve razones: 1. Esta reforma pretender conceder derechos de audiencia para aquellas personas que sean incluidas en las listas de personas bloqueadas a costa de convalidar facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son inconstitucionales. Y una noticia para aclarar a compañeras y compañeros que han estado diciendo que es una novedad introducir el derecho de audiencia en el 116 Bis, fracción II. Existe desde 2008 y está en el acuerdo que regula al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por cierto, en su artículo 73 que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2014. No es ninguna novedad, ahí está. Solo lo están llevando del acuerdo a este artículo de la ley. 2. Aprobar este dictamen implica legislar haciendo a un lado las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, que no tienen que ver con el derecho de audiencia. Es mandar un mensaje a la ciudadanía donde les decimos que no nos importa legislar responsablemente, que no nos interesa salvaguardar sus derechos. 3. El congelamiento de cuentas bancarias mediante la lista generada por la Secretaría de Hacienda es inconstitucional y lo es porque vulnera el principio de seguridad jurídica, de presunción de inocencia, de imparcialidad, de debido proceso; es inconstitucional porque pretende facultar a la Secretaría y a la Unidad de Inteligencia Financiera para actuar como ministerios públicos contradiciendo el artículo 21 constitucional. 4. Aprobar este dictamen implica fomentar la violación de derechos humanos, aumentar la discrecionalidad de las autoridades, implica dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera de atribuciones alejadas de su naturaleza, es decir, de ser una institución creada para recibir, analizar y diseminar reportes de inteligencia para la prevención de delitos; la estamos convirtiendo en una fiscalía con atribuciones de investigación, persecución de delitos para señalar sin que existan juicios o sentencias quién es culpable. 5. Estamos permitiendo que con tan solo indicios suficientes dice, es decir por la simple sospecha de la Unidad de Inteligencia, se pueda incluir a cualquier persona a la lista de personas bloqueadas y congelar sus cuentas. 6. Estamos en contra porque este procedimiento implica que la Secretaría de Hacienda y la UIF sean juez y parte. La misma autoridad que acusa es la misma que determinaría si es procedente el bloqueo de dichas cuentas o no, vulnerando así el principio de imparcialidad que deben observar las autoridades. 7. Estamos en contra porque pretenden que un banco realice notificaciones que debe realizar la autoridad competente. Pretenden que a partir de la notificación que realice cualquier institución bancaria donde tengan las cuentas, empiecen a correr términos legales que involucran la posibilidad que una persona se defienda de ese acto de autoridad. 8. Estamos en contra porque pretenden facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera para promover acciones de extinción de dominio de cuentas bloqueadas, cuando de conformidad con la Ley Nacional de Extinción de Dominio la única autoridad que puede promover dicha acción es el Ministerio Público especializado en la materia. Por todas estas razones votaremos en contra del dictamen. Nuestro grupo presentará reservar para solucionar todos estos puntos. Esperemos que nos escuchen y que las aprueben. La novena se las guardo porque tiene que ver con una ley muy relevante y necesaria de poner en el radar, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Lean, compañeras y compañeros, su artículo 17 para que vean que nosotras aquí, haciendo nuestro trabajo como legisladoras y legisladores, somos sujetos políticamente expuestos.