El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país mantiene múltiples limitaciones en materia alimentaria, en particular aquellos productos directamente relacionados al campo y la ganadería. Desde 1994, con la entrada del Tratado de Libre Comercio, los últimos gobiernos neoliberales mexicanos han abandonado a su suerte a los medianos y pequeños ganaderos. El ejemplo más convincente de esta situación son los ganaderos medianos y pequeños del estado de Durango. Contrariamente, no ha sido así con los grandes ganaderos, que se embolsan más del 85 por ciento de los recursos públicos destinados a ese sector, que no son nada comparados a los cuantiosos recursos invertidos por los gobiernos del vecino país del norte a través del esquema proteccionista que favorece a sus productores. Así, podemos observar cómo es que los productos cárnicos y la introducción de todo tipo de animales de origen ganadero desfasan totalmente a aquellos producidos en el país. Esta situación agrava aún más las condiciones de vida, no sólo de los productores ganaderos, sino también de todo el sistema agropecuario. Debido a los aumentos desproporcionados en los costos de los insumos de la producción ganadera, como el maíz, la avena, el sorgo y productos que tienen que ver con la siembra de alimentos destinados a este ramo, la problemática de su competitividad se ve vulnerada por economías extranjeras, en particular la de los Estados Unidos de Norteamérica. Otro aspecto muy sentido para la actividad agropecuaria es aquel relacionado con la inversión para la investigación, esto como una medida de modernización para elevar la competitividad del rubro. Uno más es nuestra propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable, donde se someten de manera limitada los recursos en especie y económicos que se destinan al sistema agropecuario, entre ellos se encuentran aquellos que tienen que ver con las políticas que el gobierno federal promueve para la capitalización de las actividades productivas y del sector rural, a través de sus llamados mecanismos financieros, que fomentan la inversión privada y pública. Las reglas de operación de los distintos programas establecidos por las dependencias a cargo se ejecutan de manera limitada, o bien se inclinan en apoyar más al sector meramente rural y no ganadero, muy a pesar de lo establecido en la ley, y someramente tratado en dichas reglas de operación. Falta mayor flujo crediticio para el campo. Además, existe una baja rentabilidad de empresas en este sector agropecuario y los precios bajos de los productos pecuarios forman parte también del lastre que mantiene prácticamente paralizado el desarrollo de la actividad agropecuaria. Debemos ser claros. El gobierno federal, bajo el esquema de un intercambio comercial atractivo para otros países, se obstina en facilitar la introducción de ganado de importación, así como sus activos necesarios para su reproducción y comercialización, desprotegiendo el ganado que se comercializa en México y prácticamente desvaneciendo toda oportunidad para su desarrollo. No debemos dejar de observar que quienes ya no encuentran en el campo y en la ganadería la satisfacción para sus demandas son orillados a engrosar las enormes filas de desempleados, sin más alternativas que dedicarse a actividades ilegales o a emprender la búsqueda del mal llamado sueño americano. En este sentido, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que acciones sobre el mejoramiento de complementos alimenticios, así como el mejor aprovechamiento de los suelos con pastizales apropiados para la alimentación del ganado, bien se sabe, pueden generar importantes avances en la manipulación reproductiva del ganado ovino y vacuno. Es necesario resaltar también que la ganadería utiliza cerca de 53 por ciento de los 200 millones de hectáreas de tierra que hay en México y contribuyen con...