La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Gracias, presidenta. En mayo pasado la Secretaría de Energía fracasó en su intento de alterar la operación del mercado eléctrico, con la llamada política de confiabilidad. Se dijo que era para garantizar el correcto funcionamiento del suministro, que estaba en riesgo por la generación con energías renovables. Mentira, pues el objetivo real fue generar condiciones artificialmente favorables para que la CFE incremente su generación a partir de combustóleo. El combustóleo de Pemex que, por cierto, tiene un contenido de azufre del 4 por ciento, ocho veces mayor al permitido por la norma de la organización marítima internacional que es de 0.5 por ciento, lo que ha resultado en almacenamientos saturados ante la incapacidad de venderlo o refinarlo, todo por el inviable capricho del presidente imperial de producir gasolina, pero ¿a qué costo? Las emisiones del combustóleo mexicano con alto contenido de azufre son causa de diversos padecimientos en la salud, además de afectar cultivos, bosques y océanos. La alta vulnerabilidad al cambio climático de nuestro país sobre la que Semarnat nos ha alertado, ya es una realidad con eventos como las intensas lluvias en el sureste, que sumadas a la ineptitud de CFE y Conagua para administrar la presa Peñitas y a la indolencia del presidente que decidió inundar primero a los más pobres, resultó en la destrucción del patrimonio de miles de familias. Continuar en el camino de las energías fósiles resultará en el incremento de fenómenos similares a las que las personas y comunidades de menores recursos son también más vulnerables. Las emisiones del combustóleo mexicano con alto contenido de azufre, son causa de diversos padecimientos en la salud, además de afectar cultivos, bosques y océanos. Esta iniciativa preferente que la Comisión Federal de Competencia Económica nos exhortó a no aprobar, contraviene la libre competencia, ahuyenta inversiones, desincentiva la transición energética y generará aumentos de tarifas eléctricas. Indigna que se pretenda establecer un mecanismo para simular condiciones de libre competencia en el mercado eléctrico, mientras que la CFE impone su generación cara y contaminante, a través de los llamados contratos de cobertura eléctrica con entrega física. La creación de estos nuevos contratos pretende abrir una puerta trasera para que CFE no tenga que competir ni deba mejorar la eficiencia y calidad de sus servicios al contar con un mecanismo que le asegure la comercialización de sus productos sin competencia alguna. Es decir, un mecanismo para institucionalizar la simulación en detrimento de los derechos humanos de las y los mexicanos. Las reservas que presento proponen que dichos contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física solo puedan ser suscritos con generadores de energías limpias. Ello evita que CFE goce de una preferencia indebida, al tiempo que traslada esa preferencia a la generación de energías limpias. Continuando con las afectaciones ambientales, el sector agrícola también resiente ya los efectos del aumento en las temperaturas que alteran los ciclos de cultivo y reducen la producción de las cosechas, reduciendo también, cada vez más la rentabilidad del campo mexicano que ya, de por sí, sufre con la corrupción, moches y coyotaje, que en perversa alianza con Segalmex, orillan a los agricultores a vender sus productos, incluso por debajo de los costos de producción. Y así como Segalmex abusa de los agricultores, también pretenden condicionar el acceso a las redes de transmisión y distribución, a través de un requisito opaco y discrecional, en la fracción I del artículo 4o., con una supuesta factibilidad técnica que no se define y que permite obstaculizar el acceso a las redes, argumentando falsos obstáculos técnicos. Para lo cual, la reserva propone sustituir ese requisito discrecional para otorgar dicho acceso a las redes en términos que garanticen la libre competencia. Compañeros y compañeras de Morena, esta reforma, al igual que la política de confiabilidad que nació muerta, se enfrentará a otra cascada de amparos y nos pone en riesgo de tener que erogar miles de millones de pesos en arbitrajes internacionales, cancelación de contratos y la necesidad de aumentar aún más el subsidio a la tarifa que ya de por sí asciende a 70 mil millones anuales. Más graves aún, son los incalculables costos ambientales y de salud pública que se provocarían con el incremento en la generación a partir de combustóleo. No solo están postergando la transición energética, sino dando pasos al pasado al desconocer la competitividad que mandata el artículo 25 constitucional, como requisito para generar crecimiento, promover inversión y crear empleos con la concurrencia del sector social y el sector privado. Postergando la transición energética son cómplices de las pérdidas humanas y ambientales que se podrían evitar al reducir nuestras emisiones, ya que el 15 por ciento del territorio nacional, el 68 por ciento de la población y el 71 por ciento de la economía son altamente vulnerables al cambio climático. En Movimiento Ciudadano creemos que el futuro de nuestro país debe ser sostenible y responsable y, para ello, es imprescindible que alcancemos un mejor trato ambiental que priorice la conservación de nuestro patrimonio natural por encima de ideologías. Por ello también es indispensable que la generación renovable ocupe el segundo lugar en la prelación del despacho. Es cuanto, presidenta.