El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez: con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En las celebraciones de la Independencia y Revolución honramos el liderazgo de Hidalgo, la estrategia de Morelos, la lealtad de Leonora Vicario, el compromiso ideológico de Flores Magón, la solidaridad de Zapata, la causa democratizadora de Madero, la visión de Carranza, el apostolado educativo de Vasconcelos. Sin embargo, al iniciar el último año de nuestra Legislatura resulta indispensable rescatar, antes que cualquier otro atributo, uno que es común a todos nuestros héroes: su optimismo basado en la fe en México y en su pueblo, la certeza de imaginar un país mejor por el cual dar todo. Esto resulta relevante hoy porque los mexicanos aspiramos todos a un país mejor y esta soberanía tiene los instrumentos para conseguirlo. Este año la gente nos lo exige; creamos que se puede. Es nuestra última oportunidad para desde la privilegiada responsabilidad que nos dio la gente con su voto, imaginar y pelear por el diseño de un nuevo México, más justo, más seguro, más unido, más próspero. Frente a este reto los diputados del Partido Verde manifestamos nuestro apoyo a cualquier iniciativa, sea del partido que sea, que genere valor a la población. Creemos en nuestros compañeros legisladores; sabemos que en esta soberanía hay compromiso, solidaridad, capacidad. Somos una representación de nuestro pueblo con lo malo pero también con lo bueno y con todo lo que se necesita para aprobar leyes y reformas sustanciales en beneficio del interés general. De hecho cuando hemos querido, todos hemos podido dejar de lago posturas fijas. Por ejemplo, como asamblea hemos aprobado más del 70 por ciento de las iniciativas del presidente. Además hemos aprobado leyes relevantes, particularmente en materia fiscal, de competencia económica, de derechos humanos, de medio ambiente, así como el Nuevo Reglamento de esta Cámara, después de 74 años. Un total de alrededor de 150 iniciativas aprobadas. Dentro de ellas, la iniciativa del Partido Verde de vales para que nadie se quede sin medicinas. Esta iniciativa fue un compromiso de nuestro partido con la gente y agradecemos a las demás fuerzas políticas que se sumaron y nos apoyaron para votarla a favor. Es una muestra de que sí se puede anteponer el interés general al partidista; y podemos ir por más. Empujaremos el bono educativo para impulsar el aprendizaje de inglés y computación y la cadena perpetua para secuestradores y asesinos. Sabemos que muchos compañeros simpatizan con esos reclamos ciudadanos y los invitamos a que como nosotros los hagan también suyos de igual manera que nosotros hemos hecho nuestras varias iniciativas de otros partidos porque generan valor y constituyen una conquista de todos y para todos. Se acabaron los tiempos de las imposiciones pero llegó el reto del consenso, por eso es sano denunciar que esta Legislatura puede hacerlo mejor. Hemos producido más de 2 mil iniciativas pero sólo hemos votado en el pleno el 10 por ciento de ellas. Peor aún, muchas de las reformas más relevantes siguen esperando turno para ser votadas. Tenemos que reconocer de cara a la nación, que nuestra incapacidad para identificar puntos comunes y lograr acuerdos es un grave lastro para el desarrollo y bienestar de nuestro pueblo. Los puntos de vista diferentes deben de servir para nutrir y enriquecer propuestas, para debatir y lograr consensos mejor acoplados a nuestra realidad multiétnica y pluricultural. Las diferencias de opinión no deberían de ser utilizadas para separar ni para congelar la iniciativa de otros si es por razones de autopromoción o mercadotecnia electoral. Recordaba inicialmente el ejemplo que nos legaron nuestros héroes, su optimismo como motor de cambio. Pero también podemos aprender de nuestra historia sobre una gran fuerza paralizadora que debilita, que destruye y que se presenta cuando, a falta de consensos, fracciones en disputa pelean mientras el país está cada vez más frágil, pobre, violento y triste. Cuando ganamos nuestra independencia no nos pusimos de acuerdo sobre el tipo de nación independiente que debíamos ser. Nos costó 50 años de guerras diversas la incapacidad de organizarnos frente a la intervención americana, la pérdida de la mitad de nuestro territorio y la autosolicitada intervención francesa e incluso el contexto que llevó a la dictadura porfirista. Cuando por fin la revolución logró la presidencia de Madero, primaron los desacuerdos y, habiendo ya derrocado a Díaz, nos costó la Decena Trágica, veinte años más de levantamientos y rebeliones, asesinatos políticos, inestabilidad económica. México también perdió la oportunidad de crecer más aprovechando el impulso de la segunda revolución industrial que otros países sí aprovecharon. Como dato, mientras en 1820 el ingreso per cápita de México representaba más de la mitad del de Estados Unidos, ya para 1940 apenas representaba una cuarta parte. Así también, desde que tuvimos nuestro primer gobierno dividido en 1997 y por fin nos consolidamos como democracia, no hemos aprendido a generar consensos ni establecer nuevas reglas del juego que faciliten acuerdos legislativos relevantes. Como consecuencia, siguen pendientes desde hace años las reformas estructurales en materia de política fiscal, laboral, energética y de seguridad nacional e impartición de justicia, entre otras. Estas reformas ya no pueden esperar; de nosotros depende de forma predominante cambiar el presente y futuro del país. Tenemos que entender que la condición de joven democracia no es una panacea donde todos los retos se autorresuelven. Existen riesgos mayores de violencia, crisis económica, descomposición social y hasta el regreso de regímenes no democráticos. Lo vivimos ya hace un siglo en la Decena Trágica y también lo vivió Francia en su período denominado de restauración, o Alemania en el ocaso de la República de Weimar. El aletargamiento legislativo es sólo un falso consenso; significa un equilibrio inestable, una bomba de tiempo en donde viven anquilosados los poderes fácticos de un estatus quo que las mayorías rechazan. Desde hace décadas la economía no crece lo suficiente para generar el millón de empleos nuevos que se necesitan cada año. En lugar de crecer por lo menos el 4 por ciento anual que nuestra demografía exige, el PIB creció menos de 2 por ciento en los últimos 10 años. En consecuencia, a grosso modo expulsamos medio millón de mexicanos cada año, aventamos 250 mil a la informalidad y sólo creamos 250 mil empleos formales, la cuarta parte de los que necesitamos. Cada año hemos engrosado las filas de los denominados ninis –que ni estudian ni trabajan– y se presume que ya suman más de 7 millones de jóvenes. Tenemos ya, además de los 12 millones de compatriotas que han tenido que dejarlo todo para buscar oportunidades en Estados Unidos, 3 millones de desempleados y 13 millones en la economía informal. En paralelo, la condición de pobreza afecta a cerca de la mitad de la población y el 11 por ciento vive en pobreza extrema. Desempleo, falta de oportunidades y pobreza son catalizadores de la evidente descomposición de nuestro tejido social. La inseguridad no es una causa de nuestros problemas; es una consecuencia de ellos. Por eso, aunque reconocemos la voluntad y el sacrificio del gobierno y fuerzas armadas, es momento de reconocer que la estrategia está equivocada; primero, porque se basa en acciones y no en objetivos, privilegia la detención de narcotraficantes siempre reemplazables y frecuentemente liberados por un sistema judicial viciado, en vez de buscar disminuir el consumo de drogas y reducir la violencia en la calle. En años recientes el consumo de drogas aumentó ligeramente, aunque se mantiene bajo, alrededor del 5 por ciento. A pesar de una gran guerra contra grupos de narcotraficantes no hay una gran campaña nacional contra las adicciones. La tasa de homicidios dolosos aumentó irónicamente lo mismo que el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública; 80 por ciento entre 2007 y 2010. México está aún lejos de ser un país peligroso o de los más peligrosos del mundo y la mayoría de países latinoamericanos registran más asesinatos per cápita que nosotros, pero si se observa por ciudad, Tijuana resulta la más peligrosa del mundo y tenemos 10 ciudades dentro de las primeras 25 más peligrosas. La responsabilidad es compartida con el Poder Ejecutivo. Aunque hay mucho que, a partir de hoy, los legisladores podemos hacer en beneficio de la gente, empecemos de cara a la nación, con transparencia, fijando posiciones. El Partido Verde dice sí a la reforma fiscal, sí a la iniciativa preferente, sí a las candidaturas ciudadanas, sí a la consulta popular, y con la consulta popular preguntémosle a la gente si quiere la reelección. Sí a la reforma de seguridad nacional, sí a la nueva ley de lavado de dinero, sí a un presupuesto responsable, justo y que detone el desarrollo. No esperemos ni un día más. Concluyo con una cita del presidente Carranza al presentar el proyecto de Constitución de 1917 al Congreso Constituyente, que hoy cobra particular vigencia: “Toca ahora a vosotros coronar la obra a cuya ejecución espero os dedicareis con toda la fe, con todo el ardor y con todo el entusiasmo que de vosotros espera vuestra patria, la que tiene puesta en vosotros sus esperanzas, y aguarda ansiosa el instante en que le deis instituciones sabias y justas”. Toca nuestro turno, señoras y señores legisladores.