LA C. DIPUTADA MARIA EUGENIA GALVAN ANTILLON: Muchas gracias, señora Presidenta, con su permiso. Antes de iniciar a fundamentar el dictamen que nos ocupa, a nombre de todos los integrantes de la Comisión de Salud de esta Honorable Cámara de Diputados, hago un reconocimiento a todos los médicos mexicanos, por ser hoy Día del Médico, reconocemos su labor. Muchas felicidades. (Aplausos). Compañeros diputados y diputadas: En México las encuestas señalan que el 35% de los adultos iniciaron el tabaquismo antes de los 16 años y datos de la Organización Mundial de la Salud indica que del total de fumadores sólo el 10% adquiere el vicio siendo adulto. En encuesta llevada a cabo por el Instituto Mexicano de Psiquiatría, entre 2000 estudiantes de secundaria con edad promedio de 14 años reveló que el 50% ha había consumido bebidas alcohólicas, el 13 por ciento había tomado más de cinco raciones en el mes anterior, sobre todo cerveza y los llamados coolers. Información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud atribuyó al tabaquismo y alcoholismo, 19 mil 467 muertes hospitalarias en el año de 1999, esto significa el 18 por ciento de la mortalidad total en toda la República. Los accidentes y los delitos con violencia son causa de muerte entre los jóvenes entre 19 y 40 años, asociados a la ingestión de bebidas alcohólicas en el 60 por ciento de los casos. Actualmente hay 36 millones habitantes en estas edades. El consumo de tabaco es uno de los retos de salud pública más importante en la región de las Américas, ya que causa al menos anualmente 845 mil defunciones. En el mundo, el consumo del tabaco mata a 4 millones de personas anualmente, para el año 2030 el consumo de tabaco matará a 10 millones de personas cada año, y el 70 por ciento de estas defunciones ocurrirán en los países en desarrollo como México. Señores legisladores, todas estas muertes son prevenibles, por esto, los legisladores de esta LVIII Legislatura tenemos la oportunidad histórica de responder al reto que presenta la salud pública, y en cuanto al argumento jurídico, podemos decir que una interpretación válida del marco normativo fundamental relativo al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, debe partir del supuesto cierto de que el Constituyente de 1917, en defensa de la salud física y mental de los mexicanos respecto de ciertos productos nocivos, más procuró prohibir que autorizar, limitar que facilitar, normar que dejar en total libertad. En esta materia actuó de forma diferente y aún contraria a lo que había sido su tendencia de establecer libertades y eliminar barreras y límites. Eso es lo que se desprende expresamente de lo manifestado por los constituyentes en la sesión vespertina que tuvo lugar el 25 de enero de 1917 y de las normas terminantes que aparecen en la Constitución, como son los artículos 73 fracción XVI, artículo 117 último párrafo, artículo 123 fracciones XII último párrafo, y XXVII inciso D. El Congreso de la Unión, para legislar en materia de regulación de alcohol y tabaco no está fundada únicamente en la fracción XXVI del artículo 73 constitucional, ella encuentra su apoyo en todo el contexto jurídico que existe en la Carta Magna, y que por voluntad de sus autores está encaminado a dotar de facultades y atribuciones a los poderes y órganos de autoridad, con el fin de salvaguardar la salud pública y la formación de nuevas generaciones. No se está frente a una cuestión que tenga que ver sólo con el control sanitario; se trata de hacer operante un conjunto de instituciones obra del Constituyente, creadas y previstas con el fin de preservar la salud física y mental de los mexicanos y de coadyuvar a su formación y educación. En la materia se está frente a un caso en que un poder público, en cumplimiento de un deber y en ejercicio de una facultad, prohíbe la colocación de anuncios en torno a instituciones educativas. No se trata de determinar la ubicación de los anuncios. Las autoridades federales y locales están facultadas para intervenir en la regulación de esta materia, los poderes de los estados y del Distrito Federal lo hacen por razones de seguridad pública y de estética; las autoridades municipales, cuando a través de los reglamentos regulan lo relativo a esta materia, lo hacen por parecidas razones: estéticas, de seguridad o de orden público. La acción de estas autoridades no impide que el Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que para él derivan de la Constitución, y como es el caso de la fracción XVI del artículo 73 constitucional y de las obligaciones que le impone el artículo 117, pueden intervenir, está autorizado para regular la materia y para establecer la normatividad que estimen pertinente al respecto, en todo caso se trata de acciones conjuntas con vista a diferentes objetivos. Cuando un poder, órgano o ente de autoridad pretende dar cumplimiento a un obligación, más es de suponerse que tiene competencia para prohibir y limitar que estar impedida para hacerlo. A quien se autorizan los fines, implícitamente se entienden autorizados los medios, mucho más es admisible este punto de vista si se toma en cuenta que el Congreso de la Unión, con su acción, está previniendo problemas de salud futuros y adelantando soluciones. En la Constitución existe un marco normativo expreso relativo al alcoholismo. En esta materia el Congreso de la Unión goza de una facultad amplísima, está autorizado para gravar, limitar y aún más, combatir y prohibir. El último párrafo del artículo ll7 constitucional dispone lo siguiente: "El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo." El Congreso de la Unión, con el propósito de proteger a las nuevas generaciones, con base en el último párrafo del artículo ll7 constitucional y en la cláusula de comercio que se estudia enseguida, está facultado para establecer ésta y otras limitaciones a la publicidad de bebidas alcohólicas. Y por lo que toca al tabaco, la facultad que se ha conferido al Congreso de la Unión no es tan clara y terminante como toca la materia del alcoholismo, pero hacer esta afirmación no implica reconocer que no tiene injerencia en ella y en la publicidad relacionada con ella. El fundamento para que la haga, se halla dentro de la cláusula de comercio y de su cabal y técnica interpretación jurídica. En la relativo a comercio, con vista a los textos constitucionales, la doctrina ha considero que el Congreso de la Unión goza de una facultad amplia, pero referida a un objeto limitado. Dados los términos en que está redactada la fracción X del artículo 73 constitucional, que alude a un crecido número de materias mercantiles como son minería, comercio, industria, cinematografía, intermediación, servicios financieros y otras, en estricta técnica jurídica se ha concluido que cuando en el precepto se alude a comercio, se ha considerado que su uso es en su connotación estricta y limitada, que se circunscribe a lo que es estrictamente mercantil, que no comprende otro tipo de materia. Una parte del supuesto de que el Congreso de la Unión goza de facultades amplias sobre este objeto limitado de esta manera, aunque no se disponga nada en forma expresa por virtud de la fracción X mencionada, está facultando para determinar qué es un acto mercantil, quién es comerciante. En ejercicio de esta facultad puede estimular, reglamentar, gravar, limitar, inhibir e incluso prohibir el intercambio comercial, la circulación de determinados artículos y la realización de determinadas actividades, entre éstas, de cierta publicidad. La publicidad la hace un profesional de ella si está referida a un objeto mercantil, es solicitada por un comerciante y con el objeto de promover la venta, circulación y consumo de efectos de comercio. Es un acto mercantil, por lo mismo su regulación corresponde al Congreso de la Unión, sin importar el medio en que ella esté contenida. De esta manera, con base en la cláusula de comercio, el Congreso de la Unión está facultado para reglamentar la publicidad relacionada con las actividades mercantiles e incluso para prohibir cierto tipo de publicidad, disponer la forma y los términos de ella. Dentro de la facultad para regular la publicidad, debe comprenderse necesariamente la de determinar la ubicación y distancia en que deben ser colocados los anuncios que se hagan de las bebidas alcohólicas y tabaco. Aún esto es cierto que el propio Congreso de la Unión, al emitir la Ley General de Salud, en su artículo 308 ha emitido un número crecido de normas que regulan la publicidad de bebidas alcohólicas y de tabaco. Los tribunales federales no han emitido criterios jurisprudenciales, por virtud de los cuales se hayan declarado inconstitucionales dichos preceptos y cuando se trata de dar cumplimiento a un deber constitucional, no pueden alegarse que existan derechos adquiridos. En forma paralela a la acción del Congreso de la Unión, el Consejo de Salubridad General, con base en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 73, también goza de la atribución para emitir disposiciones respecto de la publicidad. En efecto, el indicado precepto dispone lo siguiente: "Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo y degeneran las especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan". En teoría existe la posibilidad de que ante la omisión de parte del Congreso de la Unión sea el Consejo de Salubridad General el que asuma la facultad de limitar la publicidad del tabaco, con la que pudiera darse la posibilidad de que el Congreso de la Unión se vea rebasado y que tenga que actuar solo para revisar las medidas. Es nuestro deber como legisladores, representantes de la nación, detectar los problemas y mediante las leyes dar soluciones. El Congreso de la Unión está facultado para regular la publicidad de las bebidas alcohólicas y el tabaco, por lo mismo también, lo está para prohibir y limitar esta actividad. No debe pasarse por alto el principio de que en defensa de los intereses de la sociedad, una autoridad en caso de dudas más se justifica cuando actúa que cuando deja de hacerlo. Estos son los motivos en que la Comisión de Salud ha fundamentado el dictamen que salió para primera lectura, para reforma del artículo 308 de la Ley General de Salud. Hemos hecho algunas precisiones, señora Presidenta a este dictamen, en sesión que tuvo la Comisión de Salud el día 18 de octubre pasado, por lo que solicito sean aprobadas en estos términos, y la versión de la modificación se queda íntegra y le suplico a la Presidencia sea integrada en su totalidad en el Diario de los Debates.