El diputado Roberto Mendoza Flores: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Un régimen democrático basa su certidumbre en el grado de credibilidad de sus instituciones, el marco jurídico que tenga y el modelo económico que implante. De ahí que la conjunción de estos factores estén interrelacionados y sean determinantes en la viabilidad de una forma de gobierno, por lo que llega el momento en que tienen que ser evaluados estos elementos para saber si es necesario reformarlos. Por ello, el grupo parlamentario al cual pertenezco está seguro de que sólo mediante la implantación de un estado de derecho que garantice y promueva los derechos sociales como eje de programas individuales y del desarrollo colectivo, será posible acceder a una sociedad justa e igualitaria. Un Estado democrático requiere mecanismos que permitan vigilar la acción gubernamental y realizar una investigación imparcial de las quejas o juicios que promuevan los ciudadanos para impedir y corregir los abusos. Esto dará como resultado el fortalecimiento de la confianza en las instituciones públicas. Por tal motivo, en la declaración de principios de la Alianza por el Bien de Todos se señaló categóricamente en esta materia lo siguiente: se debe alentar la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial para evitar que la justicia se vuelva su opuesto por el manejo de motivos políticos ajenos al interés de la sociedad. El propósito de la Coalición es pugnar porque en la impartición y procuración de justicia desaparezcan las prácticas corruptas, la ilegalidad y la dependencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo. En fin, de erradicar la impunidad que tanta frustración y malestar causa a la sociedad mexicana. Por muy distintas razones históricas, el Poder Judicial ha sido el Poder del Estado ajeno a las prácticas de participación de la vida política de nuestro sistema, por lo que hay que considerar que es momento de tocar, dentro de las reformas de Estado, el desempeño de la impartición de justicia y más en general con los mecanismos normativos de instituciones que se refiere al reforzamiento de la vida democrática de una nación. Atendiendo a lo anterior, se debe aceptar que nuestro sistema de impartición de justicia no ha avanzado al ritmo de la sociedad democrática que el país exige. En efecto, los aspectos sociales, económicos y culturales de una sociedad globalizada han penetrado en la función jurisdiccional, la que no debe atender a un sentido político, sino jurídico. Es por eso que debe existir un órgano en plena legalidad y otro de control constitucional, el cual observará lo relativo al pleno cumplimiento de la Constitución. Esta propuesta no es nueva ni se realiza con el ánimo de que los miembros de un Poder del Estado estén en contra de otro, ya que el Libro Blanco de la Reforma Judicial, editado y planteado a la opinión pública por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, expone en su capítulo 5o., denominado Reglas y Procedimientos, el gran debate que hoy en día en nuestro país existe en torno a la doble naturaleza jurídica que envista a la Corte como tribunal constitucional y como tribunal de la legalidad. Consideramos que con nuestra propuesta no dejaríamos abandonado el control de la legalidad en los actos, ya que desde hace más de 12 años, con la estructura actual de tribunales colegiados y unitarios, está garantizada, dado que para ello fueron creados y dotados de fuerza interpretativa de las normas. Sobra decir que si bien es cierto que pueden existir tesis encontradas sobre temas iguales, aplicables en casos análogos, que estas diferencias las zanja la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, con nuestra propuesta no deja de lado la posibilidad de contradicción de tesis y al ser la decisión de la Corte eminentemente un acto de interpretación constitucional, dotamos de esta facultad al nuevo Tribunal Constitucional. De lo anterior, considero que es necesario desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y crear un Tribunal Constitucional, el cual sería un órgano constitucional autónomo encargado de tutelar los derechos fundamentales y controlar la constitucionalidad de las leyes. Un Tribunal Constitucional viene a significar la sustitución de la racionalidad jurídico-democrática del orden jurídico que da lugar a los propios tribunales constitucionales, por la persona y emotiva subjetividad de los integrantes de estos órganos. La creación de un Tribunal Constitucional, distinto y separado de la jurisdicción ordinaria que ejerce hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el resto de los órganos del Poder Judicial Federal, llevará a México a completar la reforma del Estado. Hay que considerar que la labor de interpretación normativa de la Constitución y de protección de su sistema de valores necesita una instancia especializada en estas cuestiones, requiere personas de notable experiencia en cuestiones de derecho y de prácticas constitucionales; una experiencia, en definitiva, que no tienen los jueces ordinarios ni la podrán tener. También requiere esta función un órgano con carácter totalmente representativo, que pueda decidir por sí solo con suficiente autoridad funciones de tan trascendentales consecuencias políticas. Se necesita, pues, un Tribunal Constitucional especializado. La reforma judicial de 1994 incorporó como ministros de la Suprema Corte mayoritariamente a personas que provenían de la carrera judicial, es decir, formadas en el conocimiento más de los asuntos de legalidad que de verdadera constitucionalidad. Con la creación del Tribunal Constitucional, además de lo ya dicho, se podría mejorar el régimen de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales que actualmente tiene algunas carencias, así como reunir bajo un solo órgano el control genérico de constitucionalidad. Al crearse el Tribunal Constitucional se dejaría a los tribunales de circuito fundamentalmente dos competencias muy importantes: en primer lugar la de unificar la jurisprudencia en materia de legalidad, en segundo término, el conocimiento de los juicios de amparo, es decir, lo que en la praxis se conoce como las cuestiones de legalidad. En la actualidad, el diseño institucional del Poder Judicial y en consecuencia el sistema de control de constitucionalidad que prevé la Constitución de 1917 presentan diversas diferencias, por lo que al tener un Tribunal Constitucional autónomo e independiente y dejando a los Tribunales de Circuito los asuntos de legalidad, se estaría conformando un gran paso para la llamada justicia constitucional. La reforma planteada retoma la realidad que existe en más de un centenar de Tribunales Colegiados de Circuito, todos ellos dotados de facultades para emitir jurisprudencia obligatoria, es decir, para crear precedentes vinculantes para la resolución de casos futuros. Esta iniciativa que hoy presento pretende que el Tribunal cuente, por disposición constitucional, con autonomía funcional y presupuestal; se exige además como requisito que los ministros designados lo sean por sus méritos profesionales. La reforma de 1994, es decir, de mi compañero de partido Iván García Solís, concibió a la Suprema Corte de Justicia como el órgano único de control de la constitucionalidad, es decir, la dotó de atribuciones cual Tribunal Constitucional, sin dar vida a una institución específica de este tipo. Dicha reforma representó un avance indudable en cuanto perfeccionó la figura de controversia constitucional, haciendo viable su ejercicio. Además, introdujo el recurso de la acción de inconstitucionalidad; sin embargo la reforma no previó un órgano independiente de los mismos Poderes, de tal modo que pudiera controlarlos para salvaguardar y respetar las reglas constitucionalmente establecidas en cualquier democracia. En la integración del órgano participarán el Senado como representante de la Federación, la Cámara de Diputados por la pluralidad de la representación política que conlleva, el Consejo de la Judicatura como órgano administrativo del Poder Judicial y encargado de la carrera judicial en México, y la sociedad civil a través de los mecanismos que el Legislativo prevé en estos efectos. Estos Poderes darán la designación de ministros integrantes del Tribunal de acuerdo a las leyes orgánicas. Se pretende además con la presente reforma establecer una serie de incompatibilidades para evitar que los nombramientos recaigan en sujetos que actualmente cuentan con poder político; así, no podrán acceder al cargo de ministros quienes sean representantes populares, dirigentes partidarios, ministros de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, con la salvedad expuesta en los transitorios, altos funcionarios de la Federación, de los estados y del Ejército. Se prohíbe también que aún cuando dejen el cargo, los ministros en funciones puedan ingresar a otros cargos de responsabilidad pública de manera inmediata ya que ello puede viciar el desempeño de su función. Asimismo, se pretende dotar a este órgano de las competencias que están actualmente previstas en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación…