La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México enfrenta la crisis económica más severa de su historia, la cual se ha agudizado como resultado de la pandemia del coronavirus, Covid-19, afectando sectores productivos claves de la economía, las finanzas de las entidades federativas y, por ende, el bienestar de la mayoría de la población. De ahí la trascendencia del dictamen que hoy discutimos, que pretende dotar de herramientas a las entidades federativas y municipios del país para enfrentar esta grave situación. La disciplina financiera constituye el eje rector que garantiza el correcto ejercicio de los recursos públicos, el control del endeudamiento de los gobiernos locales, la transparencia y la rendición de cuentas. La Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios trajo efectos positivos para el desempeño financiero y la sostenibilidad de la deuda de los gobiernos estatales y municipales en México. Cuando se aprobó esta legislación incorporó definiciones claras de la deuda, las obligaciones y la inversión pública productiva, creó un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda y un registro público único de deuda, fijó sanciones a los servidores públicos que incurrieran en un manejo irresponsable de los recursos y estableció reglas claras en materia de transparencia y rendición de cuentas. Sin duda dio respuesta a los problemas que los estados y municipios tenían hace cuatro años. Sin embargo, hoy, ante la emergencia sanitaria y la crisis económica que enfrenta nuestro país, es necesario poner al día nuestra legislación. De ahí la trascendencia del dictamen que estamos discutiendo. Es momento de adecuar el marco legal a las circunstancias extraordinarias que enfrentamos, pero sin perder de vista el cuidado de las finanzas públicas y la responsabilidad financiera. Modificar la ley, pero para mejorarla y hacerla más efectiva y responsable. Seguir cuidando los niveles de endeudamiento y la actuación responsable de los gobiernos estatales y municipales ante los compromisos financieros. Sin embargo, no podemos permitir que se caiga en la irresponsabilidad en la que está incurriendo el gobierno federal al no proveer de lo necesario a los estados y a los municipios para enfrentar la crisis económica por la pandemia. Esta reforma solo será una solución temporal, un paliativo para las grandes necesidades en materia sanitaria que están enfrentando los estados. Creemos que esta reforma no es suficiente para que los estados y municipios enfrenten la pandemia y la falta del dinamismo económico. Debemos dejarlo claro, el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de brindarles a los gobiernos estatales y municipales mejores instrumentos financieros para apoyar a la población. Pero estamos en contra de que el gobierno no asuma su responsabilidad de ser coadyuvante en la solución de este problema. Se necesita urgentemente impulsar las economías locales. Las diputadas y diputados del PRI estamos buscando alternativas que resuelvan la falta de apoyos que existen en los estados. Los gobiernos estatales están enfrentando una disminución de 9 por ciento en términos reales del gasto federalizado, que están dejando virtualmente sin recursos para la atención médica. Con el dictamen que hoy discutimos se actualiza el marco normativo para atender las presiones crediticias de las entidades federativas, evitando aumento en sus endeudamientos generados por la postergación de pagos relacionados con deudas a corto plazo. Esta reforma permitirá, en términos generales, flexibilidad para mejorar el manejo de sus deudas para enfrentar las dobles crisis, tanto la sanitaria como la económica. Lo que se requiere en este momento son recursos frescos para que las mexicanas y los mexicanos puedan recuperar sus trabajos y cuidar de sus familias. Compañeras y compañeros legisladores, resulta de la mayor trascendencia que la actualización de la legislación en materia de deuda pública de estados y municipios contribuya a impulsar, consolidar y brindar mayor certeza a la sostenibilidad de las finanzas públicas y el endeudamiento de los entes públicos. Las reformas propuestas buscan que los estados y municipios puedan instrumentar sus estrategias a fin de enfrentar las crisis epidemiológica y económica, sin tener daños irreversibles para sus haciendas públicas. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos en mantener finanzas públicas sanas, que se sienten las bases para la recuperación de la economía y permitan restituir el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. Ante la contingencia sanitaria y una desaceleración de la economía mexicana para el cierre de año y el próximo, resulta fundamental asegurar las finanzas públicas, los niveles de endeudamiento y del uso responsable de los recursos públicos en beneficio de las familias mexicanas. Es cuanto, presidenta.