El diputado José Luis Marcos León Perea: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, los suscritos diputados integrantes de esta LXI Legislatura, en nuestro carácter de representantes populares del estado de Sonora, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo nuestro derecho para incitar el proceso legislativo federal ante esta Cámara de Diputados, con el objeto de que se emita un pronunciamiento por parte de este órgano legislativo para que las instancias gubernamentales del ámbito federal aceleren el proceso de liberación de recursos que permitan atender oportunamente las necesidades de la población sonorense, generada por la tormenta tropical "Jimena", en ese sentido, con el objeto de sustentar la procedencia de nuestra solicitud, nos remitimos a la siguiente parte expositiva. Los desastres son alternaciones intensas de las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causados por un suceso natural o generado por el hombre, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Según el criterio de la Organización de las Naciones Unidas, los desastres se clasifican de la siguiente manera: desastres naturales y desastres tecnológicos, son los desastres producidos por la fuerza de la naturaleza. Entre éstos tenemos a los desastres generados por fenómenos meteorológicos o hidrológicos, como los huracanes. Año con año nuestro país enfrenta la llegada de huracanes por las costas de los océanos Pacífico y Atlántico y son del conocimiento público las consecuencias de su paso por el territorio nacional. Infortunadamente, este año no ha sido la excepción y particularmente los estados de Sonora y Baja California Sur se vieron impactados por lo que en un principio fue el huracán Jimena, que posteriormente llegó a territorio sonorense en calidad de tormenta tropical. Los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé del estado de Baja California Sur; Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, en Sonora, fueron los más afectados por el fenómeno climático. En el caso de Sonora, no obstante que la Unidad Estatal de Protección Civil llevó a cabo el sistema de alertamiento temprano con la antelación necesaria para evacuar las zonas de riesgo de inundación, el fenómeno meteorológico dejó un saldo de 4 personas fallecidas, 72 mil damnificados y cerca de 113 mil con algún tipo de afectación en su vivienda. Todo ello como consecuencia de las torrenciales lluvias que sumaron 711 milímetros en Guaymas y 365 en Empalme. Esto en un período de tan solo 38 horas, por citar 2 ejemplos. La cantidad acumulada estableció un récord absoluto en todo Sonora, mientras que la lluvia de Empalme representa, en promedio, la cantidad de lluvia que se registra en un año en todo el estado. De esa magnitud es la problemática que estamos enfrentando, considerando el efecto en nuestra entidad, que es de clima semidesértico. Los daños en la infraestructura como carreteras, agua potable, drenaje ocasionados por las históricas lluvias que azotaron a Guaymas y a Empalme entre el miércoles 2 y viernes 4 de septiembre podrían rebasar los 500 millones de pesos. Un fenómeno de esta naturaleza, además de los daños que hemos señalado, lleva aparejadas situaciones extraordinarias en materias como salud. Se corre el riesgo de brotes de enfermedades como el dengue u otras derivadas de condiciones insalubres debido al mal funcionamiento del sistema de drenaje. Vivienda. Por la destrucción o daño de viviendas de todo tipo en los municipios afectados, siendo los sectores vulnerables una vez más los más afectados con esta situación. Actividades productivas. En este caso, agravando la difícil situación que atraviesan las ramas turísticas y de pesca, que constituyen las principales actividades de los municipios afectados. Infraestructura, ya que fueron destruidas vías de comunicación municipales, estatales y nacionales. Afortunadamente, en los últimos años nuestro país ha reforzado la forma de atender la problemática que este tipo de fenómenos naturales lleva aparejada; no sólo desde el aspecto preventivo, que ha ayudado a salvar un sinnúmero de vidas y a reducir en la medida de lo posible los daños económicos. Para ello se aprobó la Ley General de Protección Civil, donde se definen reglas específicas para atender preventiva y paliativamente las emergencias que generan fenómenos hidrometeorológicos, como los huracanes. En efecto, el artículo 29 de la ley señalada establece que cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas para la atención de un desastre haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo del gobierno federal para tales efectos. Las dependencias y entidades federales serán las instancias responsables de atender los efectos generados por un desastre en el patrimonio de la federación y, en su caso, de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas. A su vez, el artículo 30 de la misma ley previene que le competerá a la federación ?sin perjuicio de lo que en términos de las disposiciones locales le corresponda realizar a las entidades federativas y municipales? realizar las acciones de emergencia para dar atención a las necesidades prioritarias de la población y destinar recursos del Fondo de Desastres Naturales autorizado para la atención de emergencias y desastres. En ese sentido, el Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, se tiende a atender los efectos de los desastres naturales cuya magnitud supere la capacidad financiera, dé respuesta a las dependencias y entidades paraestatales, así como a las entidades federativas. Este fondo facilita recursos a través de reglas de operación y procedimientos derivados de las mismas; integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órganos de gobierno que tiene como finalidad ?bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia? apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana; así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstas en sus reglas de operación. Estas reglas de operación se encuentran previstas en los diversos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación y son de cumplimiento obligatorio para poder extender los recursos, que son de dos tipos: el Fondo Revolvente y el Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23. El punto A sería canalizar los fideicomisos denominados "fondos de desastres naturales de las entidades federativas", los recursos en coparticipación correspondientes al gobierno federal por cuenta y orden de éstas, para todas aquellas obras y acciones donde incorpora el gobierno federal a los estados, municipios y al Distrito Federal. Como vemos en el caso de este fideicomiso, en la ejecución de dichos recursos está condicionada la aportación de coparticipaciones de los gobiernos locales, en los porcentajes previstos en las reglas de operación. A esta fecha tenemos puntual conocimiento de que el gobierno de Sonora ha remitido al gobierno federal la solicitud de declaratoria de zona de desastre para siete municipios del sur de Sonora debido a los daños de la depresión tropical Jimena: Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto. Sin embargo, conviene aclarar que muy atinadamente el gobierno federal ha decidido aplicar en Sonora recursos del fondo revolvente del Fonden para atender la urgencia y necesidades en la población afectados por el fenómeno hidrometeorológico; la disposición de despensas, agua, colchonetas y cobertores, etcétera. Agradecemos a la Comisión Federal de Electricidad que con su propia maquinaria dio paso de Guaymas a San Carlos, y la atención de la esposa del presidente de México, Margarita Zavala de Calderón. Asimismo, reconocemos el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la IV Región Naval Militar y IV Zona Militar, y a la Comisión Nacional del Agua que ya se reunieron con las autoridades municipales y estatales. Reconocemos también la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social, a las autoridades locales que habilitaron 30 albergues en Guaymas, en Empalme, y albergaron casi 4 mil personas. Lamentablemente esto no ha sido suficiente para mitigar los daños de la depresión tropical; la situación actual es de desastre pues el saldo, además de las pérdidas humanas, fue la devastación de las ciudades, la pérdida del patrimonio de las familias que no contaban con ningún tipo de seguro, la baja de la producción del sector pesquero y la caída de la cúpula del histórico monumento del Templo de San Fernando que data de 1857. En contraparte, respecto a los recursos que deberán aplicarse en el futuro cercano, bajo el amparo del Fondo de Desastres Naturales, del Ramo General 23, debemos tomar en cuenta la experiencia que se ha generado en los últimos años en las entidades federativas y ante la escasez de recursos, por la difícil situación económica no cuentan con la capacidad presupuestal para hacer frente a la responsabilidad. Pasaré a los Puntos de acuerdo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, reconoce la participación de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, a través de la IV Región Naval Militar y IV Zona Militar, por las labores realizadas para atender la emergencia presentada con motivo del paso del huracán Jimena. Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que, a la brevedad posible, desahogue el procedimiento de la declaratoria de desastre a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, con objeto de que pueda agilizarse la aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres en los municipios de Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Sonora; así como los de Baja California Sur, la aplicación de los recursos del fondo del Ramo General 23, "Provisiones salariales y económicas". Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias y entidades de la administracíón pública federal para el efecto de que, a la brevedad que el caso amerita, emita la opinión sectorial que le corresponde respecto a los apoyos que estima pertinente, que se deben destinar para atender el desastre generado por el fenómeno hidrometeorológico denominado Jimena. Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias de la administración pública federal responsable, para que a la brevedad posible se aboquen a atender las necesidades extraordinarias que el fenómeno hidrometeorológico denominado Jimena ha provocado en los municipios mencionados. Quinto. La Cámara de los Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda instruir la creación de un grupo de trabajo de diputados federales, para que den seguimiento y verifiquen la correcta aplicación y manejo de los recursos transferenciales o subsidios del Fonden. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y contemplando la necesidad de que se atiendan inmediatamente las necesidades de la población afectada que no admite demora alguna, en este Poder Legislativo solicitamos que el presente asunto se declare con carácter de urgente resolución, para lo cual solicitamos respetuosamente la solidaridad y el voto aprobatorio de nuestros compañeros diputados. Atentamente. Ciudad de México, 5 de septiembre, José Luis Marcos León Perea, Miguel Ernesto Pompa Corella, Ernesto de Lucas Hopkins, Jesús Alberto Cano Vélez, Manuel Ignacio Acosta, Rogelio Manuel Díaz Brown, Onésimo Mariscales. Es cuanto, diputado presidente.