El diputado Francisco Javier Lara Arana: Con su permiso señora presidenta: Para el GP PAN esta ley conduce una duplicidad de las funciones, ya que se encuentran establecidas y corresponden a la SEMARNAT. Aunque en la Exposición de Motivos se insiste en que la iniciativa no generaría estructuras adicionales de la Administración Pública Federal, puesto que se aprovechan a los distritos de desarrollo rural sustentable que están previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En realidad la iniciativa establece la creación de diversas estructuras a nivel federal, así como en los estados y en los municipios. Lo anterior implica recursos presupuestarios adicionales que no los tiene el país para atender las necesidades de estas estructuras administrativas. Esta iniciativa contradice lo que en muchas ocasiones aquí en el Congreso los diferentes grupos legislativos hemos propuesto: No crear más estructuras; no crear más burocratismo; donde año con año estamos recortando el presupuesto precisamente porque estamos buscando la no creación de más estructuras de Gobierno Federal en un marco de recurrentes recursos. El proyecto contempla la creación de un inventario nacional de tierras y un registro de lucha contra la desertificación, cuya información ya se encuentra prevista en el Registro Agrario Nacional y Forestal Nacional, así como en el Inventario Forestal Nacional, de los que se sigue que la creación de las figuras propuestas implican la creación de estructuras y trámites que demandarán recursos financieros, humanos y materiales para su implementación y aplicación. ¡Qué incongruencia con la aprobación de esta iniciativa! La iniciativa se autodefine como reglamentaria del artículo 27 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dichos preceptos tienen como constante que regulan por un lado del derecho de todo individuo a disfrutar de un medio ambiente sano y adecuado, para su desarrollo y bienestar y regular en beneficio social al aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuidar de su conservación, dictándose las medidas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. La única vía que el Congreso de la Unión pudiera emitir una ley reglamentaria como la que se pretende, implicaría modificar la Constitución, para dotar al Congreso de la Unión de atribuciones para decretar zonas de reserva de aguas nacionales que competen al Ejecutivo. Asimismo se necesitaría reformar la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente, a fin de que las zonas de restauración se declaren ahora por el Poder Legislativo. Finalmente se pretende votar un dictamen que todavía se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente. Yo creo que no podemos estar haciendo leyes por la calentura de dos o tres que creen que regulando vamos a darle un marco más viable al campo. Creo que tendremos que estar haciendo leyes que vayan tanto más consensadas y apegadas a la realidad. En las comisiones unidas, asistieron 20 compañeros de 90. Creo que en su momento hay una irresponsabilidad muy grande si en su momento se llega a aprobar esta iniciativa. Es por eso que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional observa que esas acciones que se pretenden incluir en esta ley implican contra posiciones a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y de Desarrollo Rural, e incluso deja a un lado el acuerdo nacional de lucha contra la desertificación, mismo que cuya firma se ratificó el día de ayer. Muchas gracias señora Presidenta. Es todo.