La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, medios de comunicación. Las y los mexicanos percibimos la inseguridad como el principal problema de México. El Estado falló en la más importante de sus funciones. En materia de seguridad la estrategia de Enrique Peña Nieto sobre el fortalecimiento del Estado de derecho y la reducción de la violencia no se cumplió, más aún, resultó un completo fracaso. El desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, para incorporar sus funciones a la Secretaría de Gobernación, tampoco dio resultado. En suma, no se recuperó la paz y la seguridad para los mexicanos. Hoy el país está en ruinas, la tierra fértil de otrora donde la vida seguía su curso hoy es un cementerio de fosas clandestinas. Penosamente, en estos días se encontró en Veracruz la fosa clandestina más grande de Latinoamérica. Enrique Peña Nieto les miente a los mexicanos. Les miente cuando dice que la violencia es un fenómeno focalizado en algunas regiones del país. No. No, señor presidente, la inseguridad es un asunto nacional y la más clara evidencia de su fallida estrategia y así lo demuestran las altísimas tasas de violencia y de inseguridad que tenemos hoy en día, el actual gobierno dimitió en sus funciones y nos dejó solos, solos a todos los mexicanos. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi estimó que en el año de 2016 más de 24 millones de personas mayores de 18 años, 24 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito. De cada 100 mexicanos, es decir, casi 30 hemos sido víctimas de algún delito. El mes de julio de este año se convirtió en el mes más violento con más de 30 mil víctimas de homicidio doloso, solo en un mes. Los datos del fracaso son contundentes, absolutos, casi 140 mil homicidios en el sexenio, 250 mil desplazados y más de 37 mil desaparecidos. Peña Nieto llegó a la Presidencia decidido a cambiar la estrategia de seguridad y no tuvo resultados. Actualmente el país es más violento que cuando tomó posesión de su cargo, es decir, resultó peor, mucho peor que Felipe Calderón, lo cual en este país ya es mucho, muchísimo que decir. La estrategia de combate contra la delincuencia organizada, lejos, muy lejos de favorecer la paz, impulsó un ciclo de violencia, generó el enfrentamiento al interior y entre los propios grupos delictivos y produjo, además, su fortalecimiento así como el nacimiento de otros nuevos grupos criminales. Una estrategia que, a decir verdad, no sabemos si en realidad fue una estrategia fallida o a lo mejor premeditada. El VI Informe de Gobierno gotea sangre de culpables y de inocentes, de víctimas y de victimarios. Además, la violación a los derechos humanos fue recurrente y sistemática en este gobierno. Uno de los principales problemas es que la unidad de inteligencia financiera, a pesar de que recibe información suficiente, sólo presenta ante la PGR querellas en menos del 1 por ciento de los reportes que recibe sobre actividades ilícitas. Es evidente que existe un fracaso institucional. Lo peor aún. Se intuye un encubrimiento institucional hacia la delincuencia y el lavado de dinero. Un informe del gobierno que, al igual que los anteriores, oculta brutalmente la corrupción y la impunidad brutal de este gobierno. Se erige el monstruoso asunto de la complicidad y el encubrimiento institucional para el lavado de dinero y para el financiamiento de las redes delictivas. No podemos ser ciegos a este problema. A la lista de omisiones, además, debemos sumar la del sistema de justicia penal acusatorio, el cual, a pesar del compromiso público para su implementación plena, presenta graves deficiencias. Para muestra un botón. Sólo 800 de las 2 mil salas necesarias para juicios orales han sido instaladas. Es tan incompleto el proyecto como la justicia misma. La soledad... La sociedad –perdón– y esta Cámara de Diputados exigen hoy muchas respuestas del gobierno de Peña Nieto. Entre ellas exigimos saber dónde está el dinero para la plena operación del sistema de justicia penal acusatorio. ¿Qué hicieron con los recursos que pertenecen al pueblo, en qué bolsillo se encuentran? El mensaje es muy claro. En materia de seguridad el problema más grande es la impunidad a consecuencia de la ley que no impera en este país. La seguridad de los mexicanos sí requiere de mejores policías, de cambios estructurales. Es primordial atender las desigualdades, las causas de la pobreza y los detonadores sociales de la violencia. Es indispensable garantizar condiciones mínimas para una mejor convivencia social. La seguridad es responsabilidad de todos, y aquí la única verdad histórica es que el actual sexenio dejó a su paso muerte, dolor, miedo e ingobernabilidad. Es cuanto.