La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su premiso, señor Presidente. El tránsito de un régimen político monolítico a uno de carácter plural ha permitido que los asuntos de los recursos públicos se ejerzan con mejores criterios de transparencia y legalidad. La creación de la Auditoría Superior de la Federación y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental han sido pasos decisivos para alcanzar un mejor sistema de información para la administración pública federal, bajo los principios de la transparencia y la rendición de cuentas. La democratización y el gradual proceso de transparencia en la administración pública no podrían entenderse sin la participación e influencia de la sociedad civil y sus organizaciones. Muchas de ellas fueron determinantes en la definición de agendas y temas para aprobar esta ley. Sin embargo, no se ha creado la contraparte en la ley que mandate a las organizaciones de la sociedad civil para que también sean sujetas de fiscalización, particularmente las organizaciones que manejan recursos públicos. Las normas actuales establecidas en las reglas de operación de los programas sociales gubernamentales no son suficientes. Se requiere de reglas explícitas que deban de ser incluidas en la legislación correspondiente. Cada vez más se vuelve un reclamo social que las instituciones como los partidos políticos, los sindicatos y en general, las organizaciones de la sociedad civil, sean reguladas bajo los preceptos de transparencia y rendición de cuentas. En ese tenor se han presentado públicamente algunos compromisos en la materia. Cabe citar el pronunciamiento de algunas de las organizaciones que desde el 2005 se han hecho en torno a la transparencia interna y la rendición de cuentas; congruencia entre principios y valores. Hay que impulsar la transparencia interna de las organizaciones de la sociedad civil. La congruencia entre valores y acciones y la ética como valor central de nuestro actuar nos confiere la legitimidad para identificarnos como actores públicos que buscan incidir en las decisiones del interés colectivo y contribuir a transformar la realidad de México. Uno de los objetivos de la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil es fortalecer la institucionalidad, no aumentar los mecanismos de control, que deben ser compromisos colectivos que sean asumidos de cara a la sociedad y fortalezcan el entramado de las organizaciones de la sociedad civil mexicana. En consecuencia, debe construirse, con base en consensos y a partir del análisis de la diversidad de las organizaciones de la sociedad civil mexicana y de los ambientes en los que se desarrollan las particularidades locales y regionales, la calidad de la relación con el gobierno, sociedad civil y el tamaño y el nivel de su desarrollo. Estos compromisos públicos deben traducirse en ley, lo que redundará, sin duda, en el desarrollo de una cultura civil comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso, es preciso que el Poder Legislativo inicie una revisión minuciosa de nuestras normas actuales en esta materia con el propósito de armonizar los contenidos en la legislación, para que, en conjunto, las instituciones y entidades sociales que disponen de recursos públicos sean sujetas de fiscalización. Por lo expuesto, propongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción a los artículos 7, 8 y 30 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Es cuanto, señor presidente.