El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Dice la filosofía popular que lo único bueno de hoy es que mañana va a estar peor, y más a como legisla esta Cámara de Diputados. No tengo la menor duda. En México hay más casinos que universidades e instituciones de educación superior, actualmente hay 341 casinos registrados y le creo más a la prensa que a la dichosa comisión, con el debido respeto, que nunca entregó un informe y aquí nos vienen a decir que hay doscientos y cacho. No les creo. De los cuales el 76 por ciento están en operación en 112 municipios del país y 7 delegaciones de la capital de la república. Apenas 20 establecimientos fueron clausurados por autoridades locales, otros 17 por federales y 44 más porque sus permisionarios consideraron que el negocio no era rentable en las zonas donde se ubicaban. Miren, yo dije que la propuesta de crear este Instituto como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica y operativa a cargo de un director designado por el secretario de Gobernación, un consejo consultivo de juegos y sorteos integrado por un presidente, que será el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y un representante de Hacienda, de Economía, Trabajo y Previsión Social y Turismo, del cual el director general funge como secretario técnico. Es decir, en síntesis, la estructura responsable de los permisos sigue siendo la Secretaría de Gobernación. Que por cierto, nos acompaña parece ser la titular Marcela González, de Juegos y Sorteos, o muy interesada, o veo muchos diputados que se acercan ahí con ella a enterarse mejor qué están votando, o sabrá Dios qué van a hacer después, ¿verdad? Todos los que se acercan a lo mejor quieren su casinito. Miren, ¿por qué no dotar a la actual Dirección de Juegos y Sorteos de las herramientas necesarias para llevar a cabo acciones necesarias de vigilancia, coordinación, fiscalización? ¿Para qué crear otro supraorganismo que le apuesta a aumentar la burocracia del país? Quitarle facultades a una dirección dependiente directamente del gobierno para inspeccionar y otorgar permisos. Es decir, hacer a un lado al gobierno y dejar en total libertad de control a los empresarios, que son quienes vigilarán y otorgarán los permisos, no es una medida a favor de la ciudadanía. Ojalá vieran otras experiencias de países. Argentina, en sus leyes municipales ha permitido que no sólo recauden directamente los impuestos que generan los juegos, los sorteos y las apuestas, sino que sean responsables directos de vigilar la operación transparente de estas actividades, incluyendo la prevención al lavado de dinero. Ojo, obviamente no estamos hablando del municipio de Monterrey, no nos vaya a pasar la historia de los quesos, como ahí dicen. Por eso digo que no hay que olvidar que el titular de este instituto será designado por el secretario de Gobernación. Si bien deberá pedir una opinión favorable al Consejo Consultivo para determinar las zonas o regiones para la instalación de establecimientos, este instituto tendrá la última palabra para la apertura o cierre de casinos, hipódromos y todo lo que significa el juego. Por eso creemos que esto va a promover una salvaje proliferación, esta Ley de Casinos en todo el país, sin que el Estado pueda intervenir. Como si no fueran suficiente los casos ya vistos. No cabe duda que la delincuencia organizada, la que más utiliza para sus fines económicos estos centros de apuestas, como en el caso de Nuevo León que operaron con la complacencia y complicidad de las autoridades municipales, en donde ya saben ustedes qué pasó ahí. ¿Cómo es que este megapoderoso instituto tomará las medidas para identificar fiscalmente al jugador, que sirva como una medida de prevención a delitos, como el lavado de dinero? En ninguno de los artículos referentes al control y vigilancia se abordan medidas específicas como una forma de identificación fiscal para los jugadores, como en otros países donde ya se utiliza el Registro de Contribuyentes. Finalmente, en esta intervención de estos primeros artículos, o media intervención, decirles que no nada más por anticonstitucional de los 21 años, esto de que los menores de 21 años no van a poder entrar. De nada sirve que prohíban la entrada a menores de 21 años. Yo creo, sinceramente, que ustedes no tienen ni la menor idea de lo que es una adicción, deberían de estudiar lo que la Organización Mundial de la Salud dice al respecto, y obviamente consiste en la pérdida de control en relación con un juego de apuesta, en este caso, y eso no se resuelve con fijar una edad mínima. Yo quiero aprovechar este último tiempo para tratar de argumentar donde están en contra de principios constitucionales, que deben de observarse con los procedimientos administrativos sancionadores. Ya la Suprema Corte se ha pronunciado en esto y obviamente ustedes en la exposición de motivos omiten pronunciamiento alguno sobre el grado de corrupción de las acciones de lavado de dinero en los centros de juego, con autorización del gobierno federal, en el cumplimiento de obligaciones fiscales, con el objeto de encubrir la ilegalidad de actos y hechos. En el artículo 11, igual, hablan que el instituto será competente, pero ya he argumentado por qué no lo va a lograr. Finalmente, con estas disposiciones limitan en forma la posibilidad de actuación del reclamante, tendrán que impulsar un procedimiento en el lugar de residencia del instituto. Esto es, si el reclamante reside en Tijuana o Tapachula tendrá que arreglárselas para atender requerimientos que se realicen en el lugar de residencia del instituto. El centralismo del instituto vulnera el acceso a un procedimiento sencillo y no oneroso para el reclamante, según lo que ustedes están argumentando en el artículo 163, que es que los están mandando a presentar estas reclamaciones ante el instituto de manera directa o por conducto de los inspectores. El procedimiento especial sancionador, del artículo 185, solo podrá dar inicio por el resultado del ejercicio, de las facultades de inspección, o como resultado de un procedimiento de reclamación, de lo que resulta un control de la autoridad para determinar el inicio de procedimientos, para determinar las infracciones a la ley. ¿Dónde queda la determinación de la ley de orden público e interés social? Cuando no existe el derecho abierto de los ciudadanos para exigir la aplicación de la ley. ¿Por qué acotar en el artículo 172 las facultades para iniciar procedimiento de inspección, únicamente dentro del procedimiento de reclamación o de oficio de la autoridad? ¿Por qué no abrir la denuncia pública y anónima en un tema que interesa a la sociedad y que ha sido nicho de corrupción de autoridades y casineros? Como verán, sigo argumentando, no quieren cambiar nada. Por eso, seguramente, con seguridad no van a votar a favor de estas reservas que estoy presentando. Por eso digo, pobre México, pura demagogia legislativa. Y en este caso algo peor, pues lo que están haciendo, sinceramente, es cambiar, según todo, para no cambiar nada y dejarlo peor. Nada más le están dando chance a Osorio Chong de que recomponga el sistema de complicidades con la complacencia de Acción Nacional, del Verde, del PRI y de los compañeros que desgraciadamente en la izquierda se van con la finta de que están legislando para salvar a la patria, pero la verdad es que esto no es verdad. Gracias.