La diputada Miroslava Carrillo Martínez: Gracias, presidente, buenas tardes. Legisladoras y legisladores, expongo a este pleno el dictamen en sentido positivo de la reforma a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución, en materia de Guardia Nacional. Quiero dejar constancia que por sus características, definiciones, análisis y complejidad, esta reforma a la Constitución tuvo un proceso genuino de participación democrática, que en la historia constitucional de nuestro país fija un precedente en su materia. Durante el estudio y análisis para la elaboración del dictamen en la comisión, se estableció como eje de trabajo legislativo la realización de audiencias públicas. Estas se realizaron del 8 al 11 de enero de 2019, en las que participaron el representante de México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Participaron también especialistas en la materia, representantes de organizaciones sociales, colectivos especializados, así como la diputada proponente de la iniciativa. A estas audiencias fueron convocadas las Comisiones de Gobernación y Población y de Seguridad Pública. En este escenario de participación plural y democrática del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, realizó en este Palacio Legislativo un foro denominado La Guardia Nacional y otras propuestas en materia de seguridad pública, retos y perspectivas. No obstante, una vez aprobado y publicado el dictamen de mérito, la Cámara de Diputados, en sesión del 23 de diciembre de 2018 aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el que expresó su anuencia para poder aportar trabajos de análisis, discusión en un proceso más inclusivo, amplio y transparente. Derivado de ello, se continuaron audiencias públicas del 8 al 12 de enero del presente año, convocadas por la Junta de Coordinación Política, en las que participaron 13 gobernadores, 15 presidentes municipales, el comisionado de Derechos Humanos a nivel nacional y el representante de la ONU en derechos humanos, entre otros especialistas. También estuvieron, la representante de la ONU-Mujeres y 45 personas, entre académicos, especialistas, activistas sociales e integrantes de organismos empresariales. Hicieron uso de la palabra 151 legisladores federales de las Cámaras de Diputados y Senadores de todas las fuerzas políticas y un independiente. Sumando estos a los expositores que analizaron el tema en la Comisión de Puntos Constitucionales son un total de 96 y de más 200 legisladores. Fue un esfuerzo sin precedentes, como se ha mencionado, y de digno reconocimiento social por el trabajo conjunto de todos los grupos parlamentarios y legisladores independientes. De acuerdo al turno de fecha 20 de noviembre de 2018, hecho por la Mesa Directiva, las comisiones mencionadas de Gobernación y Población y de Seguridad Pública entregaron en tiempos sus opiniones en sentido positivo. Así se escuchó la voz de legisladores de varias comisiones legislativas, de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, de especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y de servidores públicos. Todas las opiniones se expresaron con libertad y respeto. Esta reforma tiene el objetivo de atender la emergencia que en materia de seguridad en el país existe y parte de la siguiente problemática. La inseguridad y la corrupción en México son dos temas torales que han puesto al Estado y a las instituciones en una grave crisis, en una situación de emergencia que ya trastocó la paz pública, la vida social en nuestro país. Solo hace falta ver la escalada de los índices de corrupción en las entidades federativas y en el propio centro del país que laceran a las instituciones, así como los actos delincuenciales que han desintegrado el tejido social e institucional, sin importar si las comunidades son rurales o urbanas. Así la corrupción del pasado y del presente, la filtración del crimen organizado en los apartados de inteligencia del gobierno, la maximación de conductas ilícitas, la impunidad y la falta de políticas públicas en materia de seguridad pública están llevando al caos al Estado y sus instituciones. Se trata de una anomia que amenaza violentamente con destruir las instituciones que avanzan en diferentes grados hacia la incertidumbre institucional, hacia la falta de controles, estrategia y capacidad decisional, lo que ha generado en distintas entidades federativas bajos desempeños institucionales e ingobernabilidad. Esta situación pone a nuestro país en riesgo, la poca eficacia de las acciones de seguridad pública, seguridad interna y nacional ha incentivado índices impensables de violencia generalizada en México a lo largo y ancho del país. Estudios de la Universidad Uppsala, en Suecia, México es uno de los países con mayor número de muertos a manos del crimen organizado y se ubica entre los diez primeros países con mayor conflicto bélico y el más violento de América. Esta situación, más el incremento del tráfico de drogas, de la trata de migrantes, de armas de fuego, recursos naturales, venta de medicamentos adulterados, robo de combustible y delincuencia cibernética, ya se rebasaron los límites del Estado constitucional mexicano. Ante esa problemática, la Comisión de Puntos Constitucionales en cumplimiento del marco normativo, en tiempo y forma aprobó en fecha 20 de diciembre de 2018 favorablemente el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Guillermina Alvarado Moreno, para crear una Guardia Nacional. No obstante, lo anterior y derivado del interés expresado de las audiencias públicas convocadas por la Junta de Coordinación Política, así como los esfuerzos para lograr incluir las distintas inquietudes y posiciones de los grupos parlamentarios respecto del análisis del dictamen, la Junta Directiva de la Comisión acordó el siguiente documento de modificaciones al dictamen, dirigido al diputado Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva. Cito: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 109 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitamos tenga a bien someter a la consideración del pleno la siguiente propuesta de modificación al texto correspondiente al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, para efecto de que sea sometido a consideración en conjunto, en la discusión en lo general por el pleno de esta soberanía, documento que además le solicito al presidente de la Mesa Directiva se incluya en el expediente, así como todas y cada una de las fojas, versiones estenográficas, conclusiones propuestas y otros documentos derivados de las audiencias públicas organizadas por la Comisión de Puntos Constitucionales y por la propia Junta de Coordinación Política. Ahora, en el contexto de la discusión de esta Cámara, se propone que el proyecto se ponga consideración del pleno e incorpore modificaciones sustantivas en los siguientes aspectos: a) La dirección de la Guardia Nacional debe recaer en una autoridad de carácter civil. b) Deben quedar intocadas las competencias propias de los ámbitos federal, estatal y municipal en materia de seguridad pública. c) Deben fortalecerse los mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno. d) Debe establecerse una ruta de fortalecimiento de los cuerpos policiacos. e) Debe garantizarse que la Guardia Nacional tenga formación y capacitación específica para la función policial, incluyendo el uso proporcional de la fuerza, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género. f) Deben contemplarse mecanismos de control político y jurisdiccional de las actividades de la Guardia Nacional, así como de evaluación de su desempeño. Cabe señalar que este es el comienzo de un trabajo aún más profundo. Tal y como se manifestó en las audiencias, se debe avanzar en los trabajos para dotar a la Guardia Nacional de un marco jurídico secundario que acompaña esta reforma constitucional, así como la armonización de diversos ordenamientos jurídicos. Se trata de un modelo de seguridad pública que permite la convivencia y el desarrollo integral de la sociedad con un gobierno democrático. Un modelo construido con las diferentes voces que demandan que el mando sea civil desde el principio y que sea apoyado por las Secretarías de la Defensa Nacional y la Armada. Dicho modelo tendrá como fundamentos constitucionales: en el artículo 13 se deja claro que las autoridades civiles tendrán la competencia para conocer en todos los casos los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones, y que las autoridades militares únicamente podrán conocer los casos de faltas y delitos cometidos contra la disciplina militar. El artículo 16 establece fuera de toda duda que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades civiles en las instancias de estas. Cabe precisar que en algunos párrafos vigentes del mismo artículo que se modifica, ya se establecían garantías para los detenidos, fueran puestos a disposición de autoridades de carácter civil y sin dilación alguna, pero es preciso establecer que dicha puesta a disposición se realizará en instalaciones civiles, pues los detenidos en el ejercicio de funciones de seguridad pública están relacionados necesariamente en el ámbito civil. Adicional a esto, se faculta al Congreso para legislar respecto un sistema nacional de registro de detenidos. En el artículo 21 se desiste de reformar el primer párrafo y se adiciona uno en el que se afirma que esta corporación se inscribe dentro del género de instituciones de seguridad pública, en consecuencia debe ser considerada dentro de los esquemas de coordinación que el mismo párrafo dispone para dar cumplimiento a los objetivos de la seguridad ciudadana, específicamente en la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cabe señalar que en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establecen la distribución, competencias y las bases de coordinación entre la federación, estados, la Ciudad de México y los municipios. Bajo dichas bases de coordinación se establecen mecanismos para la programación de políticas coordinadas en materia de seguridad, su ejecución y evaluación, el desarrollo de formas de colaboración entre las propias instituciones, los mecanismos de evaluación de resultados en materia de seguridad, entre otros mecanismo tendientes al fortalecimiento de las funciones de seguridad en un esquema de coordinación de esfuerzos de las distintas corporaciones en los tres órdenes de gobierno. Si bien la Guardia Nacional tiene un carácter peculiar entre las corporaciones de seguridad pública, el cual incluye un régimen diferente de organización, ingreso, permanencia y disciplina, ello no obsta para que se coordine con otras instituciones en el esquema de colaboración para la seguridad pública planteado en la ley. Por otro lado en el mismo artículo 21, se modifica la redacción del inciso b) del párrafo décimo, con el objeto de establecer dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública las bases para la conformación del Sistema Nacional de Información en esa materia, que se nutra de la información que suministran las corporaciones policiales, ponga a disposición esos insumos para todas las instancias que participen en la seguridad, tanto a nivel local como federal. La plataforma existe, pero acotada a información criminalística, por lo que deberá de ser adecuada a efecto de que soporte un sistema más completo y complejo de información que constituya un insumo sustancial a la hora de la planeación, programación, ejecución de medidas de seguridad ciudadana a nivel local o nacional. Dentro de los párrafos que se adicionan también al 21, destaca el décimo noveno en el cual se reformula la naturaleza, atribuciones y Estatuto constitucional de la Guardia Nacional. Se dispone que la Guardia Nacional será una institución policial de carácter y dirección civil. Asimismo, se le señala sus atribuciones en materia de seguridad pública. El carácter civil de la Guardia Nacional viene determinado por su dependencia de la Secretaría del Ramo de la Seguridad y Protección Ciudadana, así como por la Dirección Civil, ya sea que sea ocupada directamente por el propio secretario del ramo o indirectamente por un director de la corporación. Lo anterior, de conformidad con lo que disponga la ley de la materia que ha de expedir el Congreso antes de los 90 días de la entrada en vigor de la reforma constitucional. La tarea de la actual legislatura apenas empieza. Pronto materializaremos nuevos pasos en la dirección de reformar la seguridad de la gente. Es cuanto, presidente.