LA C. DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS: Con su permiso, señora Presidenta. Me permito subir a esta alta tribuna de la nación para denunciar una situación que golpea una vez más al Estado de Oaxaca. Considerando que Oaxaca tiene 570 municipios y una población de 3 millones 500 mil habitantes, las cifras son impresionantes. Si pasamos a los números relativos a salud y sanidad, son muy escasos los servicios que se pueden brindar, muy pocos los recursos. Que del total de esta población distribuida en regiones geográficas sumamente abruptas y algunas con una vialidad difícil, sólo 950 mil cuentan con cobertura de servicios médicos, entre el Seguro Social, ISSSTE, PEMEX; Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, según los datos del INEGI. A esta cifra tendríamos que agregar los muy pocos que están en condiciones de obtener servicios médicos privados. Que la Secretaría de Salud del gobierno del estado elaboró un documento para presentar las necesidades del ejercicio presupuestal para el año 2002 en el que establecen asignaciones mínimas para gastos de operación, no estamos hablando de montos necesarios para operar bien, sino de montos mínimos. Que por gastos de operación se entienden medicamentos, material de curación, equipo médico, de laboratorio y electromecánico. Fueron dejados de lado por incosteables los presupuestos para brindar adecuado mantenimiento a instalaciones como equipos con 20 años de servicio o más de urgente reemplazo a la fecha. Que mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se da a conocer que el techo presupuestal autorizado para el ejercicio 2002 asignado a los servicios de salud de Oaxaca, muestra un decremento importante, contrastando con una población creciente y la incorporación de nuevas unidades de atención. Que la Secretaría de Salud del gobierno del estado cuenta en el presente ejercicio con un presupuesto general autorizado, partida que ha sufrido un decremento del 3 por ciento, y lo que es más grave, los gastos de operación han tenido un recorte del 26 por ciento. Que no es posible que se pretenda que la atención médica sea, no ya digna, sino medianamente aceptable, con presupuestos que no permiten la adquisición de materiales básicos o el mantenimiento de las ya obsoletas instalaciones o equipos. Que nos enfrentamos a un proyecto de país que no percibe la realidad de sus habitantes, que ignora a sus pobres, a sus enfermos, que cree que las necesidades básicas de la población no son obligación del Estado. Que estamos padeciendo un gobierno que cree y vive para el poder de las imágenes, de la presencia en los medios, gastando 12 y medio millones de pesos diarios en el cultivo fetichista de sus personas, olvidando al pueblo a quien debe servir, al que serviría si con esos millones diarios se construyeran escuelas, centros de salud, carreteras. Que necesita este país que sus gobernantes asuman el compromiso con las atribuciones y obligaciones que la Constitución y las leyes les confieren y les obligan. Que vivimos en un país mayoritariamente de pobres, de muy pobres. La tendencia de que la riqueza pública beneficie más al rico que al pobre debe ser neutralizada por actos políticos decididos a conciencia, dirigidos a una población que necesita ser libre, libre de miseria, libre de necesidades, libre de temores y de paternalismos ofensivos. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 4º que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme lo dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Que dicha fracción establece que el Congreso de la Unión tiene facultad para dictar leyes sobre salubridad general de la República. Que muy contrariamente a lo dispuesto en nuestra Constitución, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público restringe presupuestalmente la operación de los servicios de salud haciendo imposible la efectividad de derecho a la salud de toda persona consagrado en su artículo 4º. Que esta soberanía debe resguardar el estricto respeto a las disposiciones de nuestra Carta Magna, no permitiendo que consideraciones administrativas emitidas con criterio distorsionado eviten hacer efectivas las garantías que en ella se establecen. Que no se justifica de ninguna manera la inequitativa distribución que se pretende hacer de los recursos presupuestales, los cuales deben ser distribuidos teniendo en cuenta las prioridades necesarias para un sano y equitativo desarrollo social. Que de acuerdo al artículo 74 de la Constitución, es facultad exclusiva de esta Honorable Cámara de Diputados el examen, discusión y aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo. Que ante la situación planteada por la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto al Presupuesto de la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca, me permito presentar el siguiente punto de acuerdo: Que la Comisión de Programación y Presupuesto de esta Honorable Cámara de Diputados asuma la responsabilidad de atender prioritariamente, de acuerdo al mandato constitucional, la política social, que garantice, dentro del marco presupuestal, la protección de la salud de los mexicanos, especialmente de los más pobres que están en condiciones de desigualdad, para lograr el acceso a servicios de salubridad acordes a la dignidad de las personas. Este punto de acuerdo está firmado por los diputados de Oaxaca, Lilia Mendoza, Bulmaro Rito Salinas, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Cándido Coheto, José Soto, Trejo González y 80 diputados más de diferentes fracciones parlamentarias del Verde Ecologista, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo. Muchas gracias.