La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, la minuta que se pretende aprobar es el mejor reflejo del desaseo que imperó en el presente proceso legislativo para aprobar el conjunto de leyes que forman el sistema nacional anticorrupción. La desidia que privo en la Cámara de Senadores para discutir, analizar y aprobar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, refleja graves errores de fondo y de forma. Dentro de los errores de fondo que contiene la citada ley es el establecimiento de un régimen de excepción que otorga privilegios y que incluso incentiva los actos de corrupción y la impunidad. Lo anterior es así porque el artículo 5 de la ley excluye de dicho régimen a los consejeros independientes de los órganos de gobierno, de las empresas productivas del Estado, de los entes públicos y de las entidades de la administración pública federal que realicen actividades comerciales, creando en los hechos un régimen de excepción que no se encuentra previsto en el artículo 108 constitucional, y ello definitivamente contraviene nuestra Carta Magna, puesto que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción del año pasado jamás previó regímenes de excepción como ahora erróneamente lo establece la Ley General de Responsabilidades, contraviniendo con ello en una ley inferior a nuestra Carta Magna. Incluso ha pasado por desapercibido, que con la presente ley la burocracia crecerá al establecer la creación de distintas autoridades como las denominadas Investigadoras, substanciadoras, resolutoras y las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal. Por otra parte, no pasa desapercibido que la minuta del Senado por la que se crea la ley a discusión pudo haber sido discutida con la oportunidad y la diligencia necesaria, sin embargo su negligencia evidencia su falta de cuidado al legislar. Así, la minuta considera en los artículos que se reservan, la posibilidad de que las alcaldías previstas en el 122 constitucional tengan una hacienda pública cuando es sabido que de conformidad con la reforma política de la Ciudad de México aprobada en enero de este año, fue el propio Congreso de la Unión como integrante del Constituyente Permanente quien le negó la posibilidad de ello, incluso le negó la autonomía financiera. De igual forma, la minuta remitida por el Senado otorga atribuciones a lo que le ha denominado Autoridades resolutoras, cuando en realidad de acuerdo con el propio ordenamiento, dichas atribuciones corresponden a las autoridades sustanciadoras tratando de faltas no graves. Además de lo anterior, resulta conveniente mencionar que algunos de los artículos de la citada ley remiten a otros preceptos legales de la misma, pero que nada tiene que ver entre ambas, es un descuido legislativo imperdonable. Manifestamos como Morena en esta ley que estamos por la máxima publicidad de todo lo que tiene que ver con nuestras declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. Por dichas razones pongo a consideración del pleno las reservas a los artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, como sé que no las van a aprobar va a entrar la aplanadora, solicito desde este momento a Servicios Parlamentarios que una vez aprobada y antes de enviar al Ejecutivo para su promulgación, realice una revisión minuciosa para evitar vergüenzas y conflictos normativos. También solicito a la Mesa que el texto de las reservas sea incorporado íntegramente al Diario de los Debates. Es cuanto.