LA C. DIPUTADA ERENDIRA COVA BRINDIS ( desde su curul ): - Sí, Diputada Presidenta, para contestar que la Iniciativa anterior sea turnada también a la Comisión de Equidad y Género. -LA C. PRESIDENTA. Túrnese también a la Comisión de Equidad y Género. -EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA. Con su permiso . Se entiende como estado social la capacidad que en función de programas en ejecución tiene un país para atender las necesidades de la población, especialmente de aquellos sectores más vulnerables. Una paradoja en el plano mundial consiste en que es precisamente en los países más pobres y con mayor desigualdad social donde se han impuesto por organismos financieros internacionales , políticas económicas que separan al Estado de sus responsabilidades sociales y como consecuencia se genera más pobreza y más marginación. En estos países, lo que antes fue visto como parte esencial de las responsabilidades del Estado, se tornó "anacrónico" y en consecuencia renunciables. Sin embargo, los países más ricos, los que en consecuencia supuestamente deberían ser más ortodoxos en el cumplimiento del dogma neoliberal, tienen los mecanismos más precisos y con mayores recursos para la atención social de sus habitantes. Así por ejemplo, cuentan con seguro de desempleo, con apoyos económicos para los hijos en edad escolar; con apoyos económicos en el plan universitario, con programas de vivienda, con amplias estructuras de seguridad social, etc., es lo que ellos han llamado "el estado de bienestar". No obstante, las recetas de ellos mismos para los países pobres, es que a cambio de créditos económicos que se traducen en supuestos equilibrios presupuestales, se sacrifiquen los programas sociales. Se trata de un perverso experimento que sus impulsores no se atreven a aplicar en sus países cuyos resultados son atroces, polarizan a la población y generan pobreza y miseria. En el caso de México, en los últimos 20 años, nuestros gobiernos federales se han ganado el poco honroso reconocimiento de los organismos internacionales por la aplicación ortodoxa de las recetas de los mismos, especialmente en lo relativo al adelgazamiento del Estado a costa de sus responsabilidades sociales. Si no han avanzado más en ése sentido, se debe a que actores políticos y sociales ajenos al Gobierno no lo han permitido. Derivado de estas políticas, las tensiones sociales son una constante en nuestros países y en todos aquellos que han seguido al pie de la letra dichas recetas como en Argentina- han llegado a resultados desastrosos. Stiglits (?), el economista Premio Nobel, a pesar de no poderse variar desde este ámbito esa política nacional, Stiglits ha sido muy claro en significar el error de los países pobres de cumplir acríticamente las políticas monetaristas, y la perversidad que subyace en la propuesta de los países ricos; él ha tenido la experiencia, como funcionario desde esos organismos internacionales y ha hecho una evaluación severa y crítica de esas mismas políticas. En la ciudad de México, a pesar de no poderse variar desde el ámbito local dicha política nacional, se han puesto en marcha diversos programas sociales de gran impacto a grupos vulnerables de la sociedad; programas de educación superior; programas de apoyo a la microindustria; programas de apoyo a la tercera edad. En éste terreno, se encuentra el apoyo específico a los adultos mayores para dotarlos de una pensión consistente en recursos económicos canjeables por alimentos y medicinas; se trata en esta región de la ciudad de México, de buscar hacer realidad el principio de la pensión universal. Con este programa se ha desmitificado la idea de que no se podían canalizar recursos para este tipo de apoyos sociales porque resultaba muy caro, se decía. Ahora, gracias a programas como éste, sabemos que no sólo sí se pueden canalizar recursos a la gente más desprotegida sino que resulta una cuestión ineludible; sabemos que no es tan oneroso y que en mucho alivia las necesidades de sectores vulnerables. Esto ha quedado demostrado, incluso ahora que el Gobierno Federal aunque con restricciones- pretende emular dicho programa de adultos mayores y llevarlo a algunas regiones del país. El PRD ha propuesto que estos afanes de atender las necesidades de los adultos mayores no sean temporales sino permanentes; no sean solo programa de un Gobierno sino sean obligación para todos los gobiernos. Para ello, debe reformarse la Constitución en su artículo cuarto para establecer de manera expresa que toda persona mayor de 70 años que no cuente con una jubilación por parte de algún instituto de seguridad social, tiene derecho a una pensión por parte del Estado la que no podrá ser menor a la que otorguen al rango más bajo por jubilación los institutos de seguridad social. El Gobierno del Distrito Federal ya ha propuesto estatuir en el ámbito local en ley, la pensión universal, ahora nosotros lo proponemos en el ámbito federal. Apoyar a los adultos mayores es un acto de resarcimiento social, es un reconocimiento al trabajo de las generaciones que han construido México y debe volverse una constante. Nunca como ahora en esta modernidad, se ha presentado tanto desprecio y tanta desatención para los ancianos, situación que debemos evitar pues se puede volver un vicio cultural y un gran peligro de descomposición social; poner en ley el valor de reconocer y atender a quienes han forjado a nuestro país, tiene que ver con la manera en que debemos concebir al Estado, la organización jurídico-política cuya existencia se explica desde la perspectiva de satisfacer las necesidades de su comunidad. Por estas razones presentamos la siguiente iniciativa de decreto: Artículo 1.- Se reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 4°.- Toda persona mayor de 70 años que no cuente con una jubilación por parte de un instituto de seguridad social, tiene derecho a una pensión por parte del Estado, la que no podrá ser inferior a la que se otorgue al rango más bajo por jubilación por parte de los institutos de seguridad social. Artículo Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, invitamos a todos los grupos parlamentarios a plasmar en la Constitución el principio de la pensión universal para atender por parte de un estados social, de un estado de bienestar, a todos los ancianos mayores de 70 años de nuestra patria. Muchas gracias por su atención. -