El diputado Julio César Moreno Rivera: Compañeras y compañeros diputados, con este dictamen se evitan las interpretaciones o desajustes en la legislación de comunicación social, dándole claridad y precisión. Y es por lo anterior que Morena garantiza el derecho de la ciudadanía de estar siempre informada sobre las políticas y los programas de su gobierno oportunamente y sin distinción alguna. De ahí que resulta necesario modificar la norma para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cumplan cabalmente con la obligación de trasparentar y publicitar sus acciones ante sus gobernados. Es decir, con esta reforma expresamente se les faculta a las entidades para establecer su propio límite de gastos en materia de comunicación social, lo que reivindica y fortalece los principios republicanos sobre los cuales se erige el Estado mexicano. No sobra precisar que para la federación se mantiene el actual límite de 0.1 % del Presupuesto de Egresos anual correspondiente. Las particularidades geográficas, sociales y económicas de cada región inciden de manera directa en las formas de comunicarse y, por ende, en los medios para hacerlo. De ahí que, conscientes de las diversas realidades que se viven a lo largo y ancho del territorio nacional, es que se propone reformar el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social. Una reforma para que las entidades y municipios, atendiendo a su propia realidad, establezcan el límite de gasto para comunicación social, pero para que no se confunda la libertad con la discrecionalidad arbitraria, el límite presupuestario se sujeta a los principios establecidos en el artículo 5 Bis de la propia ley. Es decir, al principio de austeridad republicana para evitar el despilfarro de los bienes y recursos públicos y utilizarlos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Al principio de economía y racionalidad presupuestaria, para que exista un manejo recto y prudente del erario, respetando los criterios y asignaciones presupuestales. Por eso es que, a fin de evitar que se paguen precios superiores a los que pagan los anunciantes privados, se tendrá que tomar como referencia las tarifas registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al principio de finalidad que comprende el beneficio informativo a la población, que, a su vez, deberá ser de interés público, objetivo, oportuno, necesario, claro, útil, accesible e incluyente. Al principio de legalidad, relativo a la correcta administración de bienes y recursos públicos con estricta sujeción a la norma. Al principio de oportunidad, es decir, que el contenido sea de interés general y de atención prioritaria en ese momento. Y al principio de territorialidad, que establece que los mensajes deben abarcar el área geográfica donde viven las personas interesadas en esto. Con esta reforma se garantiza el ejercicio del derecho a la información y se fortalece la verdadera democracia, una democracia donde el pueblo está siempre informado y se privilegia su participación en la toma de decisiones. Las y los diputados de Morena aprobaremos esta reforma porque tenemos la plena certeza de que es en beneficio de las y los mexicanos y porque nuestro compromiso es con su bienestar. En la cuarta transformación con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Por cierto, antes de terminar, Calderón sí sabía y es cómplice de García Luna. Muchas gracias, compañeras y compañeros.