El diputado Ariel Castillo Nájera: Gracias, diputada Presidenta, con su permiso. El espíritu de este dictamen tiene que ver con la necesidad de erradicar de los planteles escolares la práctica de prescribir y administrar medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes a educandos que presentan síntomas de hiperactividad, que técnicamente se denomina síndrome de baja atención y déficit de atención, ambos clasificados clínicamente como trastornos déficit de atención. Las estrategias con base en el uso de estos medicamentos, son de "corregir" el comportamiento de los educandos. Sin embargo, han sido rechazados enérgicamente por padres de familia, por asociaciones civiles, y personalidades destacadas del campo de la medicina y de la ciencia en diversos países. Las adiciones propuestas a los artículos 75 y 76 de la Ley General de Educación representan un esfuerzo encaminado a encontrar soluciones a una problemática compleja y que resulta nociva para los niños. Por ello, es necesario ubicar con precisión los términos del debate de este dictamen. La oposición a esta práctica obedece a que en muchos casos se hace sin que medie diagnóstico profesional. Esto, además de no considerar que estos comportamientos de los alumnos pueden tener sus causas en problemas psicosociales o físicos que pueden ser tratados con estrategias pedagógicas, psicológicas, nutricionales, de apoyo familiar y de otro tipo. Además de la práctica de prescribir y suministrar este tipo de medicamentos, en numerosos planteles escolares se condiciona la prestación del servicio educativo a que los padres de familia atiendan a sus hijos con médicos y tratamientos predeterminados basados en dichos medicamentos. Como podemos observar, esta situación puede traer graves consecuencias secundarias para los niños como ya se comentó con quien hizo el uso de la palabra con antelación a un servidor, además de constituir una forma de discriminación que viola garantías establecidas en los artículos 1o. 3o. y 4o. de nuestra Carta Magna. Estas prácticas son las que se busca erradicar con las adiciones propuestas a la Ley General de Educación. No se trata de inhibir que maestros y directivos de planteles escolares brinden a los educandos, en casos necesarios, primeros auxilios u otro tipo de atención que cada caso amerite, mucho menos penalizarlo. Se trata de preservar los derechos de la niñez, en el ámbito educativo y de la salud, protegiéndoles de métodos y medicamentos que les puedan ocasionar daños físicos, mentales o de otra naturaleza. Por ello, la propuesta de adición a los artículos mencionados establece claramente que son infracciones de quienes presten servicios educativos administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancia psicotrópicas o estupefacientes. Así como la fracción XIV del propio artículo 75, que se refiere a expulsar por esta causa o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje; condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas, que no sean oficiales, para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos. Por estas razones nos parece que queda muy claro el espíritu y alcance de este dictamen, y solicitamos respetuosamente a ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, su voto a favor, después de estos razonamientos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.