La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo: Con su permiso, diputado presidente. México es uno de los países más mortíferos para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Los niveles de violencia a los que se enfrentan son sólo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada como por ejemplo Siria. La violencia que sufren no proviene únicamente de las autoridades, sino también que los grupos criminales llegan a promover acciones violentas en su contra. Las agresiones más extremas son: los homicidios, las desapariciones forzadas y los ataques a lugares de trabajo, formas de violencia que se han vuelto más recurrentes desde 2006. En la gran mayoría de los casos estos crímenes siguen sin castigo. Entre los periodistas los ataques letales también han aumentado en años recientes. En 2017 la tasa de homicidios dolosos por cada 10 mil habitantes fue tres veces más elevada entre los periodistas que la población en general. Entre 2000 y 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó un total de 91 periodistas asesinados presuntamente por desarrollar su actividad profesional. Entre 2000 y 2016 el índice de impunidad en los delitos cometidos en contra de periodistas fue de 92 por ciento, 92 por ciento en impunidad. Las entidades que concentraron el mayor número de casos son: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca. Como podemos observar, estamos frente a un grave problema estructural de acceso a la justicia y de impunidad. Por ello, es importante fortalecer instituciones como el mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos. Es urgente mejorar las medidas de protección cuando su integridad o la propia vida se encuentren en situación de riesgo por el desempeño de sus actividades. Es importante destacar que, en un contexto de violencia, como el que vive nuestro país, resulta importante y fundamental que este mecanismo puede alcanzar los fines para los que fue creado. Por tanto, la iniciativa que pongo a la consideración de esta soberanía plantea hacer ajustes al mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación. Consideramos que no hay democracia sin garantías a la labor de las y los defensores de los derechos humanos o al libre ejercicio del periodismo, los derechos digitales y el derecho a la información. A grandes rasgos proponemos fortalecer el manejo de los recursos del fondo, el cual presenta insuficiencias presupuestales para la debida operatividad, por lo que planteamos que estos recursos no puedan ser disminuidos respecto al presupuesto de año anterior, debiendo incorporar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Comité Técnico del mismo. Ampliamos también la definición de periodistas, con ello buscamos proteger a aquellas personas que se desempeñan como articulistas, blogueros, tuiteros, youtubers, columnistas, fotoperiodistas, caricaturistas, documentadores, o bien cuya actividad se encuentren relacionadas con el periodismo, la información o la generación de opinión pública. Proponemos hacer más ágil el procedimiento de la Unidad de Evaluación de Riesgos incorporando como una de sus atribuciones la de diseñar los sistemas de alerta temprana, así como los planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales agresiones, y con ello ir atacando las causas que los generan. Esta iniciativa establece también que la cooperación entre la Federación y las entidades federativas sea de manera inmediata, e incluye como invitados a las sesiones de la Junta de Gobierno y con derecho a voz, a dos representantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Quiero dedicar especialmente esta iniciativa a todas las personas asesinadas por el desempeño y en el desempeño del trabajo periodístico, especialmente a la joven fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, asesinada el 2 de julio en Juchitán; Oaxaca, cuy sanción al director que le envió a esos trabajos fue ridícula. Es un pendiente y le pedimos a nuestros compañeros del Grupo Parlamentario del PRI...