La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en relación con el tema que hoy nos aboca, conviene recordar situaciones que ha vivido nuestro país en relación con el tema de la deuda: 1976, gobierno de López Portillo. Entró en una grave crisis, de las más graves que ha tenido nuestro país, en materia de, gracias a la deuda externa contratada por el presidente. En 1976 se estableció un control de cambios, fue, no solamente un control de cambios sino se declaró en moratoria al país. No pudimos pagar nuestros empréstitos internacionales; se tuvieron que celebrar diversos convenios, tratados, contratos con la banca extranjera, con más de 110 bancos extranjeros que fueron representados por Eximbank. Se estableció una austeridad obligada en cuanto al gasto público, intervino el Fondo Monetario Internacional. Y a raíz de esa experiencia las conclusiones que se sacaron, fueron entre otras que no se pueden generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, a través de lo que se ha denominado inversión indirecta es decir la contratación de deuda. Pasamos a otra gran crisis que tuvo nuestro país, 1994 Carlos Salinas de Gortari. Recordamos que no dos años anteriores se había dicho, incluso ingresamos a la OCDE y a pesar de eso, de estar dentro de los países, bueno firmamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya teníamos resuelto nuestro futuro económico y se viene la gran crisis económica de 94 en que resultó que México había emitido los famosos Tesobonos que eran títulos en dólares y que cualquier particular podía hacer valer y que hicieron valer, y que nuevamente ocasionaron la gran crisis del país de no poder pagar estos empréstitos. ¿Por qué se generó en vísperas determinar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Nuevamente por una irresponsabilidad de endeudar al país, siendo que además, en el sexenio de López Portillo se confió además en el petróleo como única divisa en virtud de la cual podían ingresar recursos al país. Ahorita estamos discutiendo, y en este gobierno, nuevamente de Enrique Peña Nieto, se ha aumentado tres veces el techo de endeudamiento, y no suficiente con esta situación se permite a las entidades federativas, y dice en la exposición de motivos que puedan adquirir, claro limitado, el aumentar, contratar empréstitos con la sola limitante de que ahora sí se van a tomar en consideración todas las circunstancias para poderles leer la cartilla y en su momento sancionarlos si sobrepasan estos límites, si lo adquieren, la prohibición del último trimestre, y sin embargo no se ve en todo el proyecto ninguna sanción para estos servidores públicos, díganse de las entidades federativas o de los municipios. En el caso de las entidades federativas, salta a la mente de cualquier persona el caso de Humberto Moreira. Millones, millones de dólares y que finalmente va a tener que hacer hacerse cargo no la ciudadanía nada más del Estado, sino todos nosotros. Ayer que se hablaba o el martes de la línea 12 del metro, pues esa sí es una deuda que vamos a tener que cargar todos los ciudadanos. Si hubiera la intención real de disminuir esta contratación de deuda y que fuera en beneficio de toda la población se hubiera tomado como primera acción la primera iniciativa que presenté en esta legislatura, el prohibir la celebración de los acuerdos interinstitucionales. Estos acuerdos interinstitucionales fueron aprobados mediante ley el 2 de enero de 1994 y han servido de instrumento para las entidades federativas, e incluso para los municipios, para contratar deuda externa. Deuda que es totalmente subcontratación, contraria a lo establecido por nuestra Constitución. Y nos preguntamos: Por qué ahora sí van a cumplir a pesar de estas reformas si no han venido cumpliendo ni los mandatarios que mencioné, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, ni Enrique Peña Nieto, con las disposiciones que establece hoy en día nuestra Constitución, de que la contratación de la deuda externa sea con finalidad de aumentar la inversión productiva. Y, sin embargo, sí nos restriegan en esta exposición de motivos que se va a contratar deuda externa, se va a autorizar por parte de las entidades federativas, porque con eso se van a generar empleos y se va a generar crecimiento económico. Nuevamente vamos a caer en el error que no deberíamos haber caído, que era recurrir a la deuda en lugar de generar inversión y proyectos productivos para generar empleos y el crecimiento económico tan deseado. El proyecto además nos puntualiza en pocas palabras que las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos meses. ¿Tres meses? ¿Tres meses? Pues para entonces ya se contrató toda la deuda que va a dejar endeudado al estado o al municipio. Se establece asimismo que en las Constituciones de los estados de la república se precisarán que los servidores públicos responderán por el manejo indebido de los recursos públicos y la deuda, y se propone que en las entidades estatales de fiscalización revisarán las acciones de estados y municipios, revisar un registro, dónde están las sanciones; porque si no, nos va a ocurrir lo mismo que con Humberto Moreira, se van a ir tan tranquilos a su casita después de haber robado cantidad de millones de dólares al erario público que nosotros los ciudadanos vamos a pagar. Por todas estas consideraciones Morena votará en contra de este proyecto de reforma constitucional. Es cuanto, diputado presidente.