El diputado Gonzalo Guizar Valladares: Compañeras diputadas; compañeros diputados: Nuestra Constitución Política es una de las más avanzadas del mundo en consagrar derechos fundamentales sobre justicia distributiva entre desiguales. No obstante, se requiere de reformas para precisar algunos de esos derechos y garantías importantes como la libertad. Al estar en busca de una nueva cultura jurídica en beneficio de los mexicanos, en esta oportunidad que se me otorga proponemos la modificación de la fracción IX del artículo 20 constitucional relativo a la garantía de defensa que todo inculpado tiene en cualquier proceso penal. El texto actual de esta disposición constitucional estipula que todo inculpado tendrá derecho a un defensa adecuada por si, por abogado o por persona de su confianza. Este último término "por persona de su confianza", en muchas ocasiones fomenta lo que comúnmente se conoce como "coyotaje". Es decir, personas que no tienen profesión de abogado, se dedican a defender a los inculpados en la mayoría de los casos sólo abusan de la ignorancia de sus clientes y se coluden con las autoridades para obtener beneficios económicos a costa de la libertad de otros. Se tienen cifras que este fenómeno es la principal causa que origina irregularidades en la procuración y administración de justicia, en detrimento de la ciudadanía al entorpecer el procedimiento en un gran número de casos. Como sabemos amigos diputadas y diputados, la lacerante pobreza del 50% de nuestros compatriotas ocasiona que carezcan de recursos para hacerse de los servicios de un buen abogado. También sabemos que la calidad en la defensa es indispensable para determinar la libertad o la reclusión de un procesado, por lo que es muy importante que desde la norma fundamental se brinde la garantía de tener derecho a un defensor profesional y así eliminar la defensoría al mejor postor. Nuestra propuesta resulta un imperativo ya que en lo referente a la fracción IX del artículo 20 constitucional, tiene correlación directa con el párrafo cuarto de la fracción X que establece que la garantía de defensa también será observada en la averiguación previa y aquí es cuando encontramos con el problema central: ¿Cómo una persona de confianza ejerce funciones de abogado sin serlo? Frecuentemente esas personas de confianza no cuentan con los conocimientos técnico-legales para ejercer una adecuada defensa. Como es de nuestro conocimiento, una defensa eficaz durante la averiguación previa es fundamental pues la declaración que se haga ante el Ministerio Público será a la que el juez le otorgue mayor valor probatorio por ser la primera, de ahí que resulte necesario contar con conocimientos en derecho para proporcionar una buena asesoría pues de ella depende lo que sucederá a futuro. Evitar el coyotaje es una lucha que se ha venido dando entre los profesionales del derecho y los que no lo son. No es verdad que los pseudos abogados de pasillo sean precisamente de la confianza del inculpado, más bien son contratados por el bajo costo que cobran por sus actividades que a la larga resultan más onerosas al tener que contratar a un profesional para enderezar un procedimiento por una defensa ineficaz. En el año 2003, el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, atendiendo el grave incremento de las quejas por deficiencia en los procesos penales provocados por el coyotaje, se vio en la necesidad de emitir una circular en la que se ordenaba la asistencia legal en declaraciones ministeriales de un denunciado, tendría que ser de un abogado con título o documento suficiente que justificara su ejercicio profesional. Lo mismo proponemos en esta iniciativa pero para elevarlo a rango constitucional. Por otro lado, existe la jurisprudencia que establece que cuando el quejoso aduce violación a la fracción IX del apartado "A" del artículo 20 constitucional argumentando que no gozó de una adecuada defensa durante su proceso, no ha lugar a considerar violadas las leyes que regulan el procedimiento penal si de los autos se advierte que tanto en su declaración ministerial como en la preparatoria, las autoridades respectivas le hicieron saber que tenía derecho a ser asistido por un abogado o persona de su confianza y que aquél decidió nombrar como asistentes o defensores a determinadas personas. Por eso distinguidos diputados, el proceso penal requiere de un alto grado de profesionalización de los que intervienen que impacte en el derecho a una adecuada defensa, por lo que es menester elevar a rango la garantía constitucional a derecho a un defensor profesional que tenga la capacidad técnica y ética en el desempeño de sus tareas de defensa en el marco de la protección de uno de los valores fundamentales de género humano, como es la libertad. Por todo lo antes expuesto, es que sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primero.- Se reforma el artículo 20 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera: Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: inciso a).- Del inculpado, fracción IX.- Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá derecho a una defensa adecuada por sí o por abogado que cumpla con los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Si no quiere o no puede nombrar defensor después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio, también tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Atentamente, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, 28 de marzo del año 2006. Gonzalo Guizar Valladares, un servidor. Por su atención muchísimas gracias.