La senadora María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, presidenta. De acuerdo con el presidente de la Condusef, Mario di Costanzo, los directivos de la Sociedad Financiera Popular Ficrea, encabezados por Rafael Antonio Olvera, desviaron 2 mil 700 millones de pesos. Este desvío constituye un fraude. Ayer fue detenido este señor, Rafael Antonio Olvera, pero nos preocupa enormemente qué va a pasar con el recurso de los ahorradores. Mario di Costanzo relató, amparado en las investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el mes de noviembre Olvera sacó 500 millones para adelantar pagos de empresas relacionadas que tenían un pago muy complejo pero que, en síntesis, constituye un fraude. Desde hace meses, años, se viene viendo que Ficrea venía funcionando bajo un esquema tipo lo que se llama en términos financieros tipo Ponzi, que consiste en atraer cuantiosos volúmenes de recursos de depositantes sobre la base se pagar altas tasas de interés o al menos muy superiores a las que paga el sistema bancario, las cuales son pagadas con recursos del crecimiento de nuevos depósitos y no de nuevos activos productivos. La Sofipo cuenta con un seguro de depósito de 131 mil pesos, que es lo que les quieren dar a los ahorradores y nosotros no estamos de acuerdo. El patrimonio de los ahorradores se esfumó. Primero, las autoridades dejaron crecer esta pirámide; cuando ya no hubo nuevos ahorradores y cuando el señor Antonio Olvera utilizó recursos de los ahorradores para pagar estos elevados intereses, para colocar dinero en proyectos de dudoso valor. Y además, en su enriquecimiento personal, entonces se creó esta burbuja que se colapsó. Estos tres rubros en los cuales deja ver el estudio que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores están prohibidos en la Ley de Instituciones de Crédito. Ficrea es una institución financiera que opera desde 2008 y desde su creación tuvo un crecimiento acelerado de ahorros financieros y activos financieros. Los activos de Ficrea pasaron de mil 891 millones de pesos a 5 mil 834 millones, según propios datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Durante el mundial de Brasil, Ficrea lanzó promociones durante cinco meses, que le permitieron aumentar en 43 por ciento sus activos y se incrementó en 45 por ciento la captación de nuevos ahorradores. Ficrea pudo crecer del 20 al 45 por ciento, mientras que la economía no está creciendo, ni siquiera, al 2 por ciento. Esto económicamente no es factible. Ficrea pudo, además, pagar tasas de interés del 10, del 12 por ciento, mientras el sistema está en tasas menores. Entonces, la gran conclusión, es obvio que hubo una nula supervisión por parte de las autoridades y una permisibilidad por parte de ellas al fraude. Que Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no investigó o no quiso investigar cuál era la fuente de pago de estas tasas de interés de dos dígitos, mientras que el resto del sistema financiero estaba pagando tasas de un solo dígito y la economía está prácticamente estancada. Cómo se pueden pagar, entonces, estas altas tasas. La Comisión Nacional Bancaria no investigó el crecimiento inusitado de los activos dudosos, a través de empresas relacionadas. Las autoridades entonces permitieron esa expansión turbia sin limitar esta expansión especulativa, ni tampoco dieron la alarma para evitar el fraude a nuevos ahorradores. Y según propios datos de la Comisión Nacional Bancaria se desprende que Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, desvió 470 millones de pesos, aun cuando la PGR ya había iniciado la investigación en su contra por operaciones ilícitas. Y las autoridades detectaron, pero tardíamente, el desfalco de 2 mil 700 millones de pesos. Recursos que fueron utilizados por Rafael Olvera para la compra de bienes inmuebles, transferencias en el extranjero y otros negocios ajenos a las actividades de la Sofipo, utilizando sus empresas no financieras. De una cartera de 6 mil 684 millones solo se pudo constatar la existencia de 3 mil 200 millones de pesos. Y el 7 de noviembre la Comisión Nacional Bancaria anunció que el gobierno federal decidió intervenir las operaciones del Ficrea al detectar la triangulación de recursos, muy tarde por cierto. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores explicó que esta triangulación de recursos la realizaba a través de tres empresas relacionadas por obvio de tiempo no menciono todo el 19 de noviembre de forma tardía también la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó revocar a Ficrea la autorización para operar como sociedad financiera popular. La Condusef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores permitieron que empresas no financieras de dudosa actividad fueran consideradas como activos de Ficrea lo cual es ostensiblemente irregular e indebido de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Condusef permitieron que Ficrea aplicará 2 mil 700 millones de pesos en edificios en Londres, en casas en Malinalco, en yates, en pago de honorarios en la compra de 52 inmuebles en Miami, en Madrid, en colecciones de autos, etcétera. Cómo es posible que las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de la Condusef no detectaran oportunamente lo que se estaba operando al interior de Ficrea en forma fraudulenta, evidentemente que la CNBV y la Condusef no hacen su trabajo, en cualquier otro país ya hubieran sido destituidos y solicitamos por salud del Sistema Financiero Mexicano se les solicite como ya lo explicó el diputado Trinidad Morales, para que expliquen al Poder Legislativo en qué sustentaron sus propios dictámenes que fueron muy a destiempo. En este fraude de Ficrea las autoridades fueron omisas, no se hizo una debida regulación, se ignora por ellos que la supervisión tiene un carácter preventivo, no de reacción ante los fraudes que se cometan y que solo se actúa en los casos dados a conocer por la opinión pública. Pareciera que a eso se dedican el señor Aguadé y el señor Mario di Costanzo, solamente lo que salga en la opinión pública lo pueden revisar. Ayer ciertamente giraron orden de aprehensión contra el dueño de Ficrea, pero nos parece y nos preocupa que lo principal sea el resarcimiento al daño a los ahorradores. No aceptamos que le den 131 mil pesos a cada uno como consolación, necesitamos que se les regrese a todos y cada uno de los ahorradores el total de su dinero, porque cuando las autoridades reguladoras permiten que este tipo de fraudes financieros ocurren es porque las ganancias se van a repartir. Para colmo, el 5 de enero, en el diario El Universal se hizo pública la existencia de una grabación de audio con una conversación entre dos personas cercanas a Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de FICREA. Uno de ellos supuestamente se trata de Ricardo Tinoco Ortega, director general de Jackcman, una de las compañías relacionadas del señor Olvera, y en esta conversación sugiere que en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en la PGR hay funcionarios involucrados en estas operaciones irregulares, lo que lo hace un hecho aún más grave. Dentro de los defraudados se encuentra el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que tiene una pérdida de 120 millones de pesos; también está el Tribunal de Coahuila, y muchas personas, en su mayoría adultos mayores, en su mayoría jubilados, cuyo único patrimonio son sus depósitos en Ficrea. Desde el Poder Legislativo tenemos la obligación de defender a todas las personas afectadas, a que rindan cuentas las autoridades, a que se resarza el daño y se entregue a todos los ahorradores, todo su dinero, y que este hecho no quede en la impunidad. No basta en que el socio principal esté en la cárcel. Es necesario que regrese el dinero y todos los involucrados sean sancionados. Termino, presidenta, diciendo que se debe aclarar la veracidad de las grabaciones e investigar si los responsables de este fraude es si las autoridades encargadas de la regulación, que son la Comisión Nacional Bancaria y la Condusef, actuaron oportunamente o no. Es increíble que las propias autoridades no rindan cuentas de nada, incumplan con su responsabilidad y nadie les diga nada. Es el Poder Legislativo el encargado de hacer comparecer y hacer valer la ley. Por lo tanto yo en lo personal propongo que sean sustituidos estos dos funcionarios por gente responsable que oportunamente pueda detectar estas operaciones ilícitas y se evite el daño a la población ahorradora. Gracias. La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, senadora. Tiene la palabra el diputado José angelino Caamal Mena, y les ruego a los oradores que podamos hacer vigilancia del Reglamento y en este caso se tienen tres minutos para cada una de las intervenciones.