La diputada Martha Tagle Martínez: Compañeras y compañeros diputados, las cifras de violencia han colocado a nuestro país en la posición 140 de 163 países en el Índice Global de la Paz, estudio realizado en 2018. El informe añade que el incremento de la delincuencia organizada en México es el resultado de la debilidad institucional. Otros datos revelan que en 2017 se registró el año más violento en nuestro país, mostrando un deterioro constante, ya que en lo que va del 2019, tan solo en enero se registraron 2 mil 850 asesinatos. Con respecto a Latinoamérica, las comparaciones entre países evidencian el retraso mexicano en materia del combate a la corrupción, al realizarse la comparación con países latinoamericanos con un producto interno bruto similar al que encontró que México ocupa los últimos lugares, convirtiéndose en un paraíso para los que propician cotidianamente la corrupción, sabedores de que sus actos quedarán impunes. La confianza de la ciudadanía ante la clase política se está desmoronando, abonando a la grave crisis de derechos humanos, donde permea la desigualdad y persiste una alta concentración de la riqueza en manos de unos cuantos. Por eso desde Movimiento Ciudadano celebramos la aprobación de esta iniciativa de reforma constitucional que se presentó en este recinto hace dos años y que será instrumento jurídico que servirá para debilitar los flujos financieros ilícitos. Desde hace un par de décadas, México se encuentra inmerso en un proceso de profundos cambios en materia de justicia penal que obedecen a la necesidad de hacer más efectivo el sistema, con la finalidad de garantizar a la ciudadanía un sistema de procuración de justicia de calidad, transparente, humano y acorde a la realidad. Desde 1998 se han realizado reformas constitucionales al apartado de garantías relacionadas con el proceso penal, que tenía como objetivo dar mayor flexibilidad a los ministerios públicos para la persecución delictiva. Sin embargo, estos esfuerzos fueron superados por la realidad, que cada vez hacía más evidente la necesidad de modificar de manera integral el proceso penal y con ello la actuación de las instituciones. Fue hasta el año 2008, con la reforma en materia procesal, que cambia el sistema inquisitorio al penal acusatorio y en el que se avanza estableciendo reglas especiales para la investigación con aseguramiento de bienes, protección de personas, medidas precautorias, entre otras. Sin embargo, quedó pendiente la armonización de la legislación secundaria, para que este cambio de sistema penal se implementara de manera integral y adecuada. En ese sentido, mencionar que uno de los pendientes para esta legislatura es crear una nueva ley en materia de delincuencia organizada que contenga reglas especiales para la extinción de dominio, que comprenda un mayor número de bienes y que se pueda relacionar con la delincuencia organizada, asumiendo con ello el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 73 constitucional, fracción XXI, en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales, que aplicará los procesos para investigar, perseguir y sancionar a la delincuencia organizada y que a su vez atienda las normas especiales que harían más efectivo el combate a dicha criminalidad. Es importante mencionar que Movimiento Ciudadano contribuye con su voto a favor de esta iniciativa y ha contribuido en ese proceso, porque creemos que es necesario dotar al Ejecutivo de las herramientas legales necesarias para combatir la delincuencia y con ello darle, sobre todo, a la ciudadanía la demanda que tanto hacen todos los días, que es garantizar la seguridad de su vida y sus bienes de manera cotidiana. Por eso, en Movimiento Ciudadano celebramos que este proceso de reforma constitucional haya sido concluido en su totalidad y que esté listo para ser promulgado por el Ejecutivo del país. Muchas gracias.