La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. La primera reserva es al artículo 19 que señala precisamente que toda persona tiene el derecho a que se respete su libertad personal por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandato dictado por la autoridad judicial, condiciones que autorizan la Constitución y este código. Debería de decir: de conformidad también no solamente con la Constitución y este código; los tratados internacionales estando conscientes que la Constitución y el código son violatorios o están en contradicción con los tratados internacionales. Sin embargo, tenemos el artículo 1o. de la Constitución que establece la cláusula de interpretación pro homine en virtud de la cual precisamente la cláusula más benéfica o la norma más bien más benéfica al individuo debe aplicarse. Sería agregar en la nueva redacción, debería de decir: y los tratados internacionales. La segunda reserva, el artículo 113 dice: El imputado tendrá los siguientes derechos. Dice: dar aviso a la embajada y al cónsul, y no señala de qué manera se debe de dar el aviso, en qué periodo. Como debe de quedar es: Dar aviso inmediato al cónsul del estado de su nacionalidad. La razón de ello es que precisamente casos llevados por el Estado mexicano para la defensa de mexicanos pendientes de la aplicación de la pena de muerte originaron dos grandes resoluciones: La OC 16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Sentencia de Avena en la Corte Internacional de Justicia. Ahí se señaló que el aviso precisamente al cónsul debe ser inmediato. Por esas razones Florence Cassez fue liberada, porque no se dio notificación inmediatamente al cónsul. Obligaciones del defensor. Son obligaciones del defensor. Debería de señalar en concreto que no es otra que el defensor tiene acceso a entrevistarse con el mismo en forma confidencial sin demora y sin censura las veces que considere necesario. De otra manera no podría revocarse, si lo considerara así el imputado, necesario al defensor y nombrarse a un nuevo defensor; No solamente como dice el código en el artículo 117, cuando lo considere pertinente o conveniente el propio defensor. Además, más adelante se establece en otro artículo que por lo menos una vez. O sea, no es a determinación del defensor, sino del propio inculpado. De otra forma es nugatorio el derecho al defensor. Deber de lealtad. Aquí el Ministerio Público debe de señalar más que deber de lealtad, actuar dentro del estado de derecho que incluiría no solamente aquí. En la disposición se omite que el Ministerio Público esté obligado a acatar la Constitución, este código y los tratados internacionales. Debería agregarse tratados internacionales. Por las razones ya señaladas, son instrumentos obligatorios para México, pero además nos obliga en ello el artículo 1o. constitucional. Toda autoridad está obligada a respetar las garantías y los derechos fundamentales. Artículo 132. Obligaciones de la policía; aquí se señala que la policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. No nada más en la Constitución, también en los tratados internacionales, porque si se hace caso omiso a lo establecido en los tratados internacionales, la norma pro omine, la más garantista, la protectora de los derechos humanos, se está haciendo a un lado. Artículo 141: citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Se señala en el texto actual que debería de detenerse precisamente al inculpado cuando haya una probabilidad. Esto es lo que va en contra de la presunción de inocencia. El Ministerio Público no puede ordenar, autorizar, dictar el auto de instrucción para que sea detenida persona alguna si no existe la certeza. En esto consiste la presunción de inocencia, certeza de que cometió un delito. Y además debe de fundar y motivar esta resolución. En caso de que no la funde ni la motive, todo acto de autoridad, conforme a disposición constitucional así se establece, debe fundar y motivar su resolución. La motivación consiste en eso, en señalar las causas por las cuales el presunto responsable o inculpado se consideró en base a una investigación realizada, no nada más por una denuncia o querella, cometió un delito. En esto consiste la presunción de inocencia. La autoridad es la que debe probar la comisión del delito, no el inculpado. Y no basta con que se señale en una denuncia o querella. Supuestos de fragancia. En los países civilizados, en el caso incluso de Estados Unidos, la detención de una persona no se realiza sin una orden judicial. Incluso se hace la Declaración Miranda, que es muy conocida, que se le dan a conocer los motivos por los cuales se le detiene y la autoridad que ordena su detención. Con los supuestos de fragancia que están contemplados en el artículo 146, no se cumple con las garantías ni los derechos humanos fundamentales. Podría perfectamente bien autorizarse con los medios de comunicación actuales, que diera la orden precisamente en el momento en que se está cometiendo el delito, vía telefónica, mail, en fin, tantos medios que se tienen, la orden judicial para poder detener al inculpado y no esperar, porque no se señala plazo, no se señala, a que tenga a bien la persona que lo detiene, que puede ser el policía, que puede ser un particular, que es lo más irónico, un particular que no goza de autoridad, poder detener a una persona. Tiene deseos de venganza o de sangre, le siembra a uno la prueba, lo detiene y con eso puede estar, si es de la delincuencia organizada, cuatro años en prisión, cuatro años cuando son delitos graves. Entonces en el caso del 146, eliminaría totalmente lo que es la fragancia a menos, la propuesta es que se estableciera que se diera aviso inmediatamente que tuviera al Ministerio Público y se obtuviera una orden del mismo. Tipos de medidas cautelares, el 155, se les puede llamar medidas cautelares al arraigo, que sigue siendo arraigo. No voy a modificar la naturaleza de la medida. En los mecanismos de evaluación universal en Ginebra, una de las recomendaciones precisamente era eliminar el arraigo no solamente de la Constitución sino de toda nuestra legislación. Para sorpresa mía, se mantienen las medidas cautelares, palabras sinónimas del arraigo. Mientras no se modifique esto, estamos en abierta violación de las recomendaciones del mecanismo de evaluación universal de derechos humanos y de otras resoluciones también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, razón por la cual todas estas medidas cautelares deben de eliminarse. Es mi propuesta. Es cuanto, diputado presidente.