EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES: Buenos días. Con la venia de la presidencia vengo a presentarles compañeras y compañeros diputados, una iniciativa que pretende reformar la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de nuestro país. Es una iniciativa para dejar claramente establecidas las atribuciones que tiene este Congreso para legislar en materia de seguridad pública. Esta iniciativa, está fundada y motivada en algunas consideraciones que yo me permitiré hacer para todos ustedes. El estado de derecho, representa el camino por el que ya desde hace muchos años los mexicanos hemos optado, asumiendo el reto de construir un orden jurídico que nos dé certidumbre y seguridad en el goce de nuestros derechos y en el ejercicio de nuestras libertades fundamentales. Un aspecto toral en la consolidación de este estado de derecho, lo constituye el lograr hacer de la seguridad pública una realidad tangible para toda la sociedad. Como obligación del Estado en su conjunto, la seguridad pública debe ser un tema realmente prioritario en la agenda nacional. Lo obstante lo anterior, he de decirles que en el desarrollo histórico de este país fundamentalmente durante la primera mitad del siglo XX, realmente no encontramos de manera clara y específica ni en la legislación ni en la doctrina el concepto de seguridad pública. Para la segunda mitad de este mismo siglo, la seguridad pública se encontraba sumergida en un manto de ignorancia, descrédito, falsos legalismos que no hacían más que estigmatizarla con una apariencia policíaca y de prevención del delito y realmente es hasta 1994, cuando podría decirse que se dio el inicio de una construcción más sistemática respecto de este elemento básico de toda sociedad. Perseguir al delito y sancionar al delincuente, tiene una enorme importancia jurídica y social; la investigación y tratamiento judicial de la conducta y de los hechos punibles, trae consigo cuando hay eficacia, garantizar el goce de las libertades fundamentales de todos los habitantes del país. La responsabilidad del Estado de procurar el equilibrio entre el comportamiento humano y los bienes jurídicos es tan importante como la vida misma, ya que los hombres no pueden desarrollarse y desenvolverse positivamente dentro de la sociedad, si su vida o su patrimonio peligran debido a la inseguridad. Dentro del complejo fenómeno social de la criminalidad, aparece frecuentemente con características graves la impunidad. Frente al drama constante y diario de la delincuencia, preocupa hondamente la falta de castigo a los delincuentes, ya que ello hace que nazca la desconfianza, crea entre la ciudadanía un sentimiento de inconformidad, establece un clima de inseguridad colectiva y da origen al afán vindicativo de los individuos afectados. Actualmente observamos y sentimos cómo el delito sigue proliferando sin que tenga fronteras ni en el ámbito nacional e incluso internacional. Los delincuentes se mueven con enorme soltura, sin que tenga los límites en su acción. Todos somos testigos de que el esfuerzo que realiza el Poder Público en todos los órdenes de gobierno, en los gobiernos de todos los partidos políticos sigue siendo limitado, ya que el sistema de coordinación que actualmente opera, no es lo suficientemente efectivo en lo que respecta a la prevención del delito y a la procuración e impartición de justicia y es que la amplitud de nuestro territorio nacional, la falta de una legislación eficaz, el desarrollo tecnológico incluso entre muchos otros factores, dificultan la acción persecutoria y aumentan la agilidad de movimiento de la delincuencia. Esta lamentable situación que vivimos día a día, ya común para todos, obliga a replantear de manera urgente e integral el tema de la seguridad pública. Nuestra Constitución Política en el artículo 21 define la competencia en materia de seguridad pública, al establecer que ésta es una función a cargo de la Federación del Distrito Federal, de los estados y los municipios en las respectivas competencias que la propia Constitución señala. El mismo artículo establece que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y que la Federación, el Distrito Federal y los estados y municipios, se coordinarán en los términos de la ley, para establecer un sistema nacional de seguridad pública. El 122 constitucional le otorga facultades al Distrito Federal y a su Asamblea Legislativa, para permitirles legislar en materia penal y de participación ciudadana así como para normar la justicia cívica por faltas de policía y buen gobierno y los servicios de seguridad prestados por empresas privadas, así como la prevención y readaptación social. Y ese mismo artículo refiere al Jefe de Gobierno capitalino para establecer entre sus facultades y obligaciones, la de ejercer las funciones y dirección de los servicios de seguridad pública. En el caso de los municipios también la Constitución ha sido específica en el artículo 115, señala entre las funciones y los servicios públicos que éstos tendrán a su cargo el de la seguridad pública así como el de la policía preventiva municipal y tránsito. Y no obstante la especificidad de las facultades contempladas en dichos artículos constitucionales, el problema de la seguridad pública en los hechos sigue siendo preocupante. Si bien la reforma constitucional que aquí he mencionado realizada en diciembre de 1994 dio un paso muy importante en cuanto al tema de la seguridad pública en el país, los legisladores del momento al pretender ser lo suficientemente explícitos en los preceptos que plasmaron, al ser tan casuísticos en los preceptos que establecieron en el artículo 21, también fueron limitativos en cuanto a las facultades del Congreso para legislar en esta materia. Esta limitante ha sido motivo de debate, de discusión e incluso de confusión. Aquí mismo en la Cámara, en los debates sostenidos en las reuniones de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y en la especial de Seguridad Pública, ha dado también como resultado posiciones diferentes y encontradas respecto a este problema. Esta idea se sustenta en el análisis de la redacción de la fracción XXIII del artículo 73 constitucional, donde se le da al Congreso la facultad para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios en materia de seguridad pública. Y aquí compañeras y compañeros diputados, está el meollo del asunto que hoy vengo a plantearles en esta iniciativa de ley. Dice el artículo que el Congreso tiene facultades para legislar en materia de bases de coordinación. Y lo que nosotros sostenemos compañeras y compañeros diputados, es que el Congreso debe tener facultades para legislar en todo lo relacionado con la seguridad pública por eso es que venimos aquí ante ustedes a hacer este planteamiento para que juntos podamos lograr el consenso necesario y que todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, puedan aprobar la posibilidad de reformar este artículo 73 y con ello dar paso a una serie de cuestionamientos que tendremos que formularlos, y a la elaboración de leyes en materia de seguridad pública. Yo vengo a apelar aquí a la tribuna a su comprensión, a que leamos con cuidado esta redacción del artículo 73; a que busquemos el consenso necesario para poder llevar a cabo una reforma que realmente es del interés de todos los mexicanos, sin distingo de partido político y sin distingo de posición alguna. Yo creo que tenemos que darle al Congreso las facultades necesarias para legislar en todo lo relativo a la materia. Tenemos que impulsar y apoyar el que el Congreso pueda tener una mayor participación y tenemos que impulsar que el Congreso pueda tener la facultad incluso de establecer la ley federal en la materia. Ha quedado muy claramente establecido en la Constitución esta facultad para que puedan realizarla los congresos locales, incluida la Asamblea del Distrito Federal, para que los municipios, a través de sus cabildos, también puedan hacer lo propio, y nos parece que es el momento de hacer este replanteamiento de fondo y de forma para que podamos tener una base y un marco constitucional al respecto. Por eso, con fundamento en lo que establece la propia Constitución, las leyes y los reglamentos que rigen este Congreso, planteo como artículo único el reformar el texto del artículo 73, fracción XXIII, para quedar como sigue: que el Congreso tenga facultades para legislar en todo lo relativo a la seguridad pública en materia federal. Yo quisiera, finalmente, pedirle a la Mesa Directiva que esta iniciativa pudiera pasar para su discusión a la Comisión de Puntos Constitucionales, por ser una reforma en materia constitucional, pero que también pudiera pasar a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública, para su opinión. Y quiero aprovechar este momento de la tribuna para pedir que ojalá esta, como muchas otras reformas tan importantes que se están planteando a la Constitución Política, como las reformas que hemos planteado en materia de seguridad nacional, no vayan a la Comisión de Puntos Constitucionales a dormir el sueño de los justos y que ojalá realmente estas iniciativas puedan ser dictaminadas en las comisiones correspondientes para que, en todo caso, sean los señores diputados en este pleno quienes tomen la última palabra al respecto. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.