La diputada Raquel Bonilla Herrera: Con su venia diputado presidente. La pena impuesta a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, solamente de nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos, es una burla para el sistema de justicia, y un agravio para la sociedad y el estado de Veracruz. Javier Duarte se debe de estar riendo desde prisión al recordar que durante su gobierno él en dos días decidió encarcelar a un par de tuiteros acusándolos de terrorismo, equiparado con una pena de tres a 30 años de prisión sin derecho a fianza. Cuando a él no se le ha levantado ninguna acusación por delitos de corrupción o cargos de delincuencia organizada a pesar de que durante su administración se utilizó una amplia red de empresas fantasmas para desviar recursos del estado de Veracruz. De nada sirvieron los múltiples señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación que presentó decenas de denuncias penales por irregularidades en su gestión. Es evidente que la gestión de la Procuraduría General de la República ha sido deficiente. La falta de transparencia para tomar esta decisión lleva a la sospecha de acusaciones a modo, hechas para cubrir sólo una parte de la responsabilidad sabiendo que era inevitable la detención del ex gobernador veracruzano ante evidente abuso de poder y actos delincuenciales cometidos a gran escala y sin recato alguno. De manera sorprendente la PGR retiró el cargo de delincuencia organizada cuando este delito no se persigue por querella. Les recuerdo, el Ministerio Público es la institución encargada de velar por los intereses de la sociedad, no está para hacer tratos ni abandonar la acción penal. La negociación de la aplicación de una pena corporal relativamente leve y en notable eficiente, condena en materia de recuperación de activos, pues se habla únicamente de 40 propiedades cuando se han documentado más de 90 en el patrimonio de Duarte. Esta forma de actuar de la PGR es una carta abierta a la impunidad. Para que se haga justicia a medias y mediante acuerdos. Esta es una invitación abierta para que la delincuencia organizada que se ha cometido por años desde el gobierno, esa es una forma de decir: la corrupción no se castiga. Todo lo anterior es responsabilidad del ministerio público, y por ello el encargado de despacho debe de darnos cuentas de sus acciones. Es la rendición de cuentas como un acto republicano que exige la sociedad. Ya basta de pactos donde únicamente nos dañan y contribuyen a la desacreditación de las instituciones. Además de las acciones erráticas de la PGR debemos de decir que en México, estas decisiones jurídicas no se toman sin consultar al presidente. Enrique Peña Nieto es responsable políticamente por no haber enviado la propuesta que nombra al Fiscal General de la República y que tampoco tengamos Fiscal Anticorrupción. Esta falta solo ha beneficiado directamente a Javier Duarte. Esto es solo un experimento y Javier Duarte ha sido el conejillo de indias para probar el sistema legal de los cuales, y las fórmulas que emplearán para salir impunes sin importar el desfalco y la ruina en que han dejado a nuestro estado en Veracruz. Este es el remedo de justicia que se aplica en nuestro país, donde los poderosos de cubren uno a otro...