El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, con el permiso de nuestra presidenta de la Mesa Directiva. Gracias. La reforma constitucional que ha establecido un nuevo paradigma en la elección de las personas juzgadoras, tanto federales como en el ámbito local, a través del voto directo, a pesar de la gran oposición que desde ese mismo Poder Judicial federal se ha manifestado y ejercido, sobrepasando los límites de sus facultades de actuación, ha avanzado en las etapas previstas. Ha transcurrido una primera etapa de registro, en que todas las personas que consideraban cumplir con los requisitos esenciales y teniendo el interés de participar se inscribieron. El resultado de esa primera etapa ha sido, les guste o no, amigos de la oposición, rotundamente exitoso, siendo miles de profesionales del derecho quienes se inscribieron en un mosaico de pluralidad de características entre estos, ya que se registraron tanto personas jóvenes como personas en edad madura, litigantes, funcionarios, catedráticos, investigadores, hombres, mujeres, integrantes de la diversidad sexual, entre muchas otras características, entre todos y todas las personas inscritas. En una segunda etapa se ha verificado que los aspirantes cumplieran con los requisitos constitucionales de legibilidad, en razón de la revisión que se ha hecho de la documentación presentada, consecuentemente se ha hecho público el listado de todas y todos quienes cumplieron los requisitos. Respectivamente, en cada Comité de Evaluación de cada Poder federal se ha evaluado la idoneidad de los aspirantes, listado que finalmente tuvo una etapa de insaculación, como mecanismo que garantiza que la decisión final no está influenciada por factores de filias y fobias que puedan tenerse o ejercerse desde cada comité encargado de este proceso. Es así como llegamos a este momento, parte de un proceso histórico e inédito a nivel mundial, en que tendremos la posibilidad de elegir a nuestros juzgadores a partir de candidatas y candidatos a todos esos cargos, que cumpliendo con los requisitos constitucionales han resultado elegidos para ser presentados como propuestas de este Poder Legislativo a la par de las propuestas que emanan de los otros Poderes. La aprobación de estas listas tiene la importancia de ratificar el compromiso verdadero con una mayor amplitud de los derechos político-electorales, de fortalecer la vida democrática y de garantizar el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita. Curiosamente muchos distractores de esta reforma han sido personas juzgadoras del Poder Judicial federal, que aún teniendo la oportunidad de integrarse directamente a la lista de candidatos, ha resultado que una mayoría ha declinado de esa posibilidad y han apresurado trámites de jubilaciones anticipadas, para garantizar pensiones doradas que no corresponden con el promedio de lo que reciben los trabajadores en nuestro país, como ya está sucediendo en Guanajuato, y más adelante daré detalles. Un sistema de justicia sólido es fundamental para garantizar el derecho, el Estado de derecho, porque a través de este se establecen las bases de una sociedad justa, equitativa y democrática. La democratización del Poder Judicial edifica un nuevo sistema que tiene como piedra angular la participación ciudadana, el poder del pueblo, ese que tanto le desagrada a la derecha. No han sido poco los opositores a la reforma constitucional que ha dado origen a este proceso de elección de juzgadores y juzgadoras federales que han pretendido minimizar la soberanía nacional, queriendo reinterpretarla para no reconocer que esta reside esencial y originalmente en el pueblo y que todo poder público dimana de este. El neoliberalismo adoptado en nuestro país sirvió para diseñar instituciones y criterios judiciales a modo, en que no pocos casos se emitieron sentencias contra el interés público y nacional. Es un hecho notorio que la independencia judicial no ha sido tal en los poderes judiciales federal y locales, que sin duda ha existido notoria incompetencia en no pocos casos que han sido públicos con alcance nacional, como, por ejemplo, delincuentes liberados, empresarios con sentencias favorables en casos de evasión fiscal, justicia selectiva para casos en que han sido involucrados extranjeros, saqueo de recursos, temas ambientales resueltos favorablemente para empresas contaminantes, entre un largo catálogo de situaciones y casos en que puede afirmarse y probar que no ha sido un palacio de cristal, el actual del Poder Judicial de la Federación. El banco de los acusados ha sido, en no pocos casos, sustituido por cuentas en el banco de no pocos juzgadores y funcionarios judiciales. Una de las falacias del neoliberalismo ha sido el señalar que garantizar un buen salario a los funcionarios públicos, como, en este caso, los integrantes del Poder Judicial, nos dotaría de jueces honestos. Se prueba en el hecho mismo de que muchos de ellos no han tenido ni demostrado honestidad intelectual ni académica ante la reforma constitucional, la cual han tratado de descarrilar con argumentos inválidos y falsos contra el poder soberano que representa al pueblo. Este proceso, entre otras muchas cuestiones, garantiza una participación e integración paritaria en el Poder Judicial para que deje de ser un poder de abusos y excesos contra las mujeres, porque, aunque muy en silencio, se conoce que no pocos son los casos a su interior de denuncias de acoso laboral y sexual. Muchas y muchos de quienes integran estas listas seguramente resultarán electas y electos y tendrán como responsabilidad principal brindar justicia bajo un nuevo sistema judicial. La gran trascendencia de continuar con esta etapa del proceso hace necesario que sin titubeos se aprueben los listados que han sido parte del trabajo del Comité de Evaluación. Invito a todas y a todos, compañeras y compañeros diputados, a votar a favor. Es cuanto. Muchas gracias.