El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, presidente. Diputadas, diputados, bien para los que están presentes porque hace unos minutos que se dio la votación si no mal recuerdo bajaron más de 400 diputados a votar y ahorita no creo que esté ni la tercera parte, pero en fin, ello nos lleva a reflexionar que tenemos que revisar estas prácticas parlamentarias, lo cual en esa fase de reservas lo único que permite es un diálogo de sordos, porque únicamente nos escuchan y no hay reflexión y no hay debate. Así está establecido el sistema, un sistema que observaremos puesto que somos un partido de legalidad. Queremos la legalidad en nuestro país exigida a su máximo principio. En Morena hablamos de que nuestra conducta se rige por tres principios básicos; no mentir, no robar y no traicionar. No traicionaremos a los electores que depositaron su confianza en Morena, aprobando leyes que empujan a la opacidad y a la corrupción. Abonaremos a leyes que realmente cumplan este objetivo. Hice varias reservas, iba a presentarlas en dos tiempos pero las sumaré en esta intervención para efectos de no caer en chiflidos o en reprimendas porque el reloj legislativo avanza trastocando los tres minutos que se otorgan para este caso. Para revisar la propuesta que presenta el Ejecutivo y que fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, lo primero que tenemos que hacer es revisar la ley que se modifica para entender los alcances, puesto que la exposición de motivos siempre trae un discurso demagógico, un discurso que justifica la modificación que se propone. Haciendo ese ejercicio que es primario, revisar lo que se modifica, nos lleva a la conclusión que se proponen modificaciones que no trastocan la corrupción en nuestro país en cuanto hace a la rendición de cuentas y a la transparencia en la administración pública. Menos aún en la transparencia de los bienes nacionales, del patrimonio nacional, patrimonio que puede administrar la Federación, los estados y los mismos municipios. El patrimonio nacional en los últimos años ha sido objeto de depredación, ha sido objeto de negocios oscuros y turbios. Me centraré en dos puntos de mis reservas. El artículo 4, que establece los conceptos que se utilizan en esta ley, determina que ente público son los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los órganos autónomos de la Federación y las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos en el Distrito Federal y las entidades de la administración pública paraestatal, federal, estatal o municipal. Dentro de este esquema de entes públicos no se da cabida a nuevas formas de administración pública de los recursos, tanto federales como estatales. Estas figuras de las asociaciones público privadas no entran en este esquema, el esquema que está en boga ahorita y que se está impulsando y que se está manejando un discurso para justificarlas, los fideicomisos para infraestructura, las denominadas Fibras tampoco entran en este esquema. Ahí tenemos dos puntos de opacidad, las asociaciones público privadas, donde se combina el recurso público con el recurso de empresas privadas no es sujeto de transparencia. Las Fibras tampoco es sujeto de transparencia, porque se habla que no se incurre en deuda, es el recurso público que se bursatiliza para la generación de infraestructura, pero no se considera deuda y, por tanto, no entra en este concepto de entes públicos sujetos de esta ley. Otro artículo, el 46, el relativo a la federación, los sistemas contables del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de las entidades de la administración pública darán la información relativa a, y establece un desglose de conceptos de información. Uno que destaca es el contenido en la fracción I, inciso 1), que se refiere al estado analítico de la deuda y otros pasivos del cual se derivan las clasificaciones siguientes: 1. Corto y largo plazo, así como su origen interno o externo; 2. Fuente de financiamiento; 3. Moneda de contratación; 4. País de contratación. De nueva cuenta se elude la figura de la asociación pública privada y de los fideicomisos. Opacidad en esta propuesta. Artículo 47, relativo a las entidades federativas y sus sistemas contables, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la administración pública paraestatal en las entidades. Refiere que los órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información relativa a las que se señalan en el artículo anterior. Las atribuciones del consejo nacional se reproducen en el consejo estatal. Pero, ¿dónde está la sorpresa? La sorpresa está en el artículo anterior, de nueva cuenta la fracción I, inciso i), a los consejos estatales tienen excepción para dar información relativa a la que se refiere la fracción I, inciso i) del artículo anterior, ¿cuál es? Las que les referí, los estados analíticos de deuda y otros pasivos. En muchos estados ya se implementan asociaciones público-privadas, no están reguladas. En Veracruz, es un ejemplo, ahí hay asociaciones público-privadas que están abordando la inversión en infraestructura del agua, no hay transparencia, y lo que hace este artículo cuando le da concesión o establece obligaciones para los consejos estatales, le dice: no te metas con la deuda. Ésa es una excepción que genera opacidad y que tolera la corrupción en la administración pública estatal. Esto se reproduce en el artículo 48, de nueva cuenta se desglosa la información contable y presupuestaria que refiere el artículo 46, que deberán reproducir los órganos municipales o los órganos territoriales del Distrito Federal, y de nueva cuenta se refiere al inciso i), fracción I del artículo 44: Los ayuntamientos no están obligados a informar del analítico de deuda y otros pasivos. Esto es alarmante en un ambiente donde públicamente se conoce la deuda enorme de estados, deuda que se deja a las generaciones futuras por una administración irresponsable del recurso público, y no solamente las deudas estatales, también las deudas municipales. Hay municipios cuya administración está en números rojos y grava su servicio como administración municipal, grava a los ciudadanos con carencia de servicios públicos por la mala administración. Esta reforma que se propone tiende a la opacidad, tiende a la corrupción, tiende a encubrir los buenos negocios y el conflicto de intereses de grupos políticos en el ámbito federal, estatal y municipal. Esto es lo que van a votar o al menos ya lo votaron en términos generales, porque al votarlo en lo general se vota en sus términos la ley, porque, les repito, las reservas es un diálogo de sordos. Es cuanto, señor presidente.