El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Señor presidente, con su permiso. Buenas tardes. La fracción parlamentaria que tengo el honor de representar me ha conferido el honor de expresar unos comentarios en su nombre, y también lo hago a nombre del pueblo que representamos, en relación con el III Informe que ha rendido el presidente de la República, comentarios que habrán de versar sobre política interior. Y hablando de política me nace comenzar con una definición: política es la actividad que busca bienes colectivos a través del diálogo, del consenso y eventualmente a través del ejercicio del poder. Y agregaría que la política, para que verdaderamente logre la realización de bienes colectivos, debe estar necesariamente subordinada a la ética universal, a esa serie de principios y valores que brotando de nuestra propia naturaleza nos llevan a hacer como decía Aristóteles, el griego por supuesto, el bueno un uso correcto de las cosas. En el caso de la política se trataría de hacer un uso correcto del poder, de usarlo en nombre y en beneficio de su verdadero titular, que es el pueblo, que son los ciudadanos; y recordando siempre todos y cada uno de nuestros y por supuesto el presidente de la República siempre que los gobernantes no somos otra cosa que los representantes del pueblo, nunca hay que olvidar esta postura. Salta a la vista entonces, compañeros y compañeras, que el presidente Peña Nieto y su gobierno han fracasado rotundamente en materia de política interna, haciendo un uso incorrecto del poder que se les ha conferido y por lo tanto alejándose de la consecución de bienes colectivos. ¿Es ético me pregunto mentir al pueblo de México en un asunto tan delicado y vergonzoso como el de los jóvenes desaparecidos en Iguala? ¿Es ético vuelvo a preguntarme, y les pregunto que una oscura sobra de duda quede sobre la adquisición de suntuosos bienes inmuebles por parte de quienes nos gobiernan y reciban una tardía e inexplicable exoneración por ello? No en balde, señoras y señores, el presidente y su gobierno han acumulado en tan poco tiempo tanto desprestigio. Hacía mucho que no veíamos en México un fenómeno político así, lo reflejan las encuestas, lo vemos en las redes sociales, pero sobre todo lo percibimos en la desconfianza que los mexicanos en general tenemos hacia nuestras autoridades federales. El informe que acabamos de recibir no hace otra cosa que alimentar esa desconfianza por la forma en que contradice la realidad cotidiana. En una de sus páginas por ejemplo, se lee textualmente: Se han tomado medidas ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés. Eso lo dice el presidente, mientras tanto los escándalos de corrupción no dejan de brotar día con día y quedan sin resolverse, y mientras tanto vemos cómo quedan en la impunidad los casos que más indignan a los mexicanos. Qué otra cosa se puede esperar, señoras y señores, de un presidente que dijo que la cultura era parte de la corrupción mexicana. Eso no lo acepto. En el capítulo del Informe, intitulado México en paz, que se refiere a seguridad, un eufemismo que pretende ocultarnos la verdad, el presidente nos dice que vamos bien en materia de seguridad y que los delitos van bajando. Expresa con números, por ejemplo, que los homicidios dolosos han disminuido de 2012 a 2014. Es cierto, pero es una verdad a medias, no dice que en la segunda mitad de 2014 y en lo que llevamos de 2015 los homicidios han aumentado, según se refleja en las propias estadísticas del gobierno federal. El decir las cosas a medias sabiéndolas completas es una forma de mentir, y por lo tanto es una inmoralidad. Igual de dramática es la situación en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales del hombre, una de las razones de ser del Estado. Miles y miles de casos están sin resolverse, es más, sin denunciarse siquiera, porque no hay confianza ante las autoridades ante las que se denuncia, y entre estos casos destacan tres; la masacre de Tlatlaya, estado de México, presumiblemente perpetrada por militares; los muertos de Tanhuato, Michoacán, esa presunta ejecución extrajudicial, y el caso de Ayotzinapa, que ya ha sido aquí mencionado varias veces. A estas grandes tragedias de nuestro país tenemos que agregar la permanente situación de discriminación. México es un país clasista, no hay que engañarnos y hay que acabar con ese clasismo. Esta discriminación es otra forma de violencia, una forma que viven millones de mexicanos a diario y quienes son víctimas no sólo de esta discriminación innoble, sino de un Estado incapaz de proteger su dignidad, sus derechos y su integridad, incluyendo un grave rezago en materia de paridad de género. Se enunciaba, se comentaba hace rato por ejemplo, que hay un gran porcentaje de mujeres en esta Cámara. Eso no es gracias al presidente Peña Nieto, es gracias a los ciudadanos que escogieron a mujeres como diputadas en este Congreso. Hoy el Estado mexicano está fallando en su tarea sustantiva de proteger el valor y la dignidad de las personas, y no podemos aspirar a construir un país verdaderamente democrático si seguimos reproduciendo prácticas de discriminación y exclusión. Percibo un pueblo con miedo, con desconfianza, con un futuro incierto en cuanto a su economía y en cuanto a su estabilidad social, cada vez con menos esperanza. México no se está moviendo en la dirección correcta, pero todavía es tiempo, señor presidente, se tienen por delante muy buenos tres años para rectificar, para corregir, para expiar, por el bien de los mexicanos no los desaproveche usted. Gracias.