La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias, señor presidente, diputado presidente, con su permiso. Diputadas y diputados, es un honor hacer uso de esta tribuna para poner a su consideración la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil como resultado de la iniciativa con carácter preferente que presentara el pasado 1 de septiembre la Presidencia de la República. La aprobación de este dictamen ha sido una prioridad de la comisión que orgullosamente presido y en ese sentido desde el inicio de esta Legislatura hemos desarrollado numerosas actividades y debates para poder llegar al día de hoy. Si bien con la aprobación de esta ley no terminamos la tarea legislativa pendiente a favor de las niñas, niños y adolescentes, en México el paso que damos es enorme. Cuando la ONU aprobó hace un cuarto de siglo la Convención de los Derechos del Niño se cambió el rumbo de la humanidad, se pasó de un enfoque de necesidades a un enfoque de derechos, se cambió la concepción misma de niñas, niños y adolescentes que hasta entonces habían sido considerados menores y se incluyó entonces a un nuevo grupo de personas entre los sujetos de derechos humanos. Afortunadamente, México se sumó a la asunción de un gran compromiso, el de garantizar que estos nuevos principios fueran una realidad de nuestro país. En 1990 ratificamos la Convención de los Derechos del Niño y con ello se iniciaba una nueva historia para las niñas, niños y adolescentes de México; la historia de sus derechos. Precisamente por ser un cambio cultural histórico, las modificaciones a nivel legislativo no fueron tan rápido, ya que era preciso asumir tanto por parte de las autoridades, como por parte de la sociedad, que había que hacer numerosos cambios en la forma de atender a la infancia y a la adolescencia desde el punto de vista de los padres y madres de familia y la comunidad en general, así como desde el punto de vista institucional. Este proceso cultural legislativo y de práctica institucional no podía ser inmediato; sin embargo sí sucedió y como muestra de ello en diciembre de 1999 vio la luz la reforma constitucional al artículo 4o. donde por primera vez se incluye a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos en la Carta Magna. Poco después en el año 2000 se aprueba la Ley de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes que reglamenta dicho artículo recogiendo el catálogo de los derechos de la infancia y la adolescencia contemplado por la Convención de los Derechos del Niño, estipulando las obligaciones para las autoridades institucionales e instituciones a nivel nacional en la materia. La aprobación de esta ley marcó el inicio y dio la pauta a numerosas y sucesivas reformas legislativas federales y locales que han venido sucediendo desde entonces, desde la aprobación de las leyes locales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la reforma constitucional al artículo 18 en materia de justicia especializada para adolescentes y sus respectivas reformas en las entidades federativas para pasar de un sistema tutelar a un sistema garantista. Sin embargo, a pesar de que la terea legislativa a nivel nacional ha sido sumamente activa y prolífica, ha sido imposible lograr una armonización legislativa que permita que los derechos de la niñez y la adolescencia sean reconocidos y protegidos por igual en todo el país y en todas las materias y, lo que es más importante, no se logró crear un sistema articulado, coordinado y reglamentado de garantía y protección integral de estos derechos. A pesar de los avances que había supuesto la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, no resulto suficiente en un país con 32 entidades federativas donde en materia de infancia y adolescencia confluyen competencias federales, locales y municipales, y no había un sistema o una normativa que articulara la concurrencia de las mismas. Por esos motivos el 12 de octubre de 2011 el Congreso de la Unión aprueba la reforma al artículo 73, fracción XXIX, letra P) de la Constitución, que nos faculta para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, de los estados, del Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales en la materia de los que México sea parte. Como producto de esta reforma nos encontramos hoy en el momento de aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la primera de las leyes que se necesita para poder cumplir con lo estipulado con el mandato del artículo 73. La ley general que nos ocupa el día de hoy cumple con los objetivos que le han dado motivo de aprobación y a continuación menciono en términos generales. Recoge los derechos de la infancia y la adolescencia con el enfoque de derechos que ahora marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tras la reforma de junio del 2011 al artículo 1o., en materia de derechos humanos, reconociendo como sujetos plenos de derechos a las niñas, niños y adolescentes. Genera mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga a las autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de recursos públicos suficientes para asegurar a niñas, niños y adolescentes, el goce pleno de sus derechos. Contiene un Catálogo de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes; crea el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y se establece que los responsables de autorizar, registrar y certificar a estos centros, serán las procuradurías de protección en sus ámbitos de competencia. Se crea a nivel federal y local, las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes adscritas a los sistemas DIF, con el objetivo de realizar un resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Dispone la creación, integración, organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidido al más alto nivel por el Poder Ejecutivo Federal. Prevé que las autoridades instrumenten políticas y programas de gobierno integrales, transversales, con perspectivas de derechos humanos, estableciendo mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, Coneval. Contempla un programa nacional, así como programas estatales que contendrán las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio de respeto, de promoción y de protección integral. Determina la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral, y recae en un órgano administrativo desconcentrado de Gobernación que ejercerá las funciones de secretaría ejecutiva, así como la creación de un Sistema de Información. Esta ley general contiene importantes avances que sientan las bases para que en ninguna entidad federativa pueda haber retroceso en el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, como el establecimiento de la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, la gratuidad del registro, la presunción de paternidad o maternidad cuando hay rechazo a hacerse la prueba, las opciones de acogimiento familiar con preferencia residencial, las competencias y plazos para adopción de medidas de protección especial, entre otras. Así también, como sabemos, muchas de estas cuestiones aún estaban reguladas de manera desigual en el territorio mexicano, produciendo violaciones graves a los derechos de niñas, niños y adolescentes y desigualdades intolerables. Teniendo en cuenta la diversidad de temas que incluye esta minuta, algunos de ellos de gran controversia por la pluralidad de opiniones y por un cambio cultural que enfrenta resistencias, estamos sin duda ante un gran resultado, ya que hemos logrado un consenso que durante muchos años ha venido intentando abrirse paso, un consenso que no pudo lograrse en la legislatura anterior, pero que afortunadamente hoy se materializa en esta ley. Desde hace años han sido muchos los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad civil, de académicos, de organismos internacionales –en esta parte me detengo para agradecer la presencia de Isabel Crowley, representante de Unicef en México–; decía, de los esfuerzos de organismos internacionales, de gobiernos y partidos políticos a favor de la mejor protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Estos esfuerzos, en ocasiones aislados, en ocasiones conjuntos, hoy dan un importante fruto para las niñas, niños y adolescentes de México, una nueva ley que refuerza considerablemente la garantía de sus derechos y que los acerca a la Convención de los Derechos del Niño de forma muy importante y sin vuelta atrás para todo el país. Señoras y señores legisladores: hoy estamos saldando una de las diversas deudas que el Estado y la sociedad mexicana ha mantenido con este importante grupo de la sociedad que alcanza cuantitativamente los 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan el 37 por ciento de la población total de nuestro país, siendo esta población menor de 18 años. Tenemos retos importantes que con responsabilidad y compromiso tenemos que enfrentar como lo es el funcionamiento mismo del sistema de protección integral, que mucho depende de materializar proyectos y programas, así como asignar los recursos suficientes para la operación del mismo, pero sobre todo, el principal reto, es el seguir impulsando en el marco de este joven movimiento por la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el cambio cultural en donde reconozcamos en la vida diaria, en la vida cotidiana, los derechos de las niños, niños y adolescentes. En el proceso para alcanzar la cristalización de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no hay vencedores ni vencidos, ni propiedad exclusiva, ni paternalistas ni maternalistas de esta ley. Todas y todos hemos contribuido para contar con una ley general en la que ganan las niñas, los niños y los adolescentes, y si ganan las niñas, niños y adolescentes, ganamos todos y todas. Y, en consecuencia y sin duda, gana México. Señor presidente, a este dictamen se ha presentado una adenda con algunas modificaciones que ha permitido que la ley sea reforzada y también que no exista duda para que las niñas, niños y adolescentes pueden ejercer de manera plena sus derechos. Le solicito a la Secretaría haga el trámite correspondiente con la misma, y en virtud de que se me ha agotado el tiempo, pido por favor, que pueda ser integrado este texto a los diarios de los debates. Y antes de despedirme de esta intervención, quiero agradecer de manera muy particular a todas y todos los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez. Al diputado Gerardo Villanueva Albarrán, a la diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, a la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, a la diputada Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, a la diputada Marina Garay Cabada, a la diputada María del Rosario Merlín, a la diputada Flor Ayala, a la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, al diputado Alberto Anaya Gutiérrez, a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, al diputado Leopoldo Sánchez Cruz. De igual forma, a los distintos coordinadores, y permítanme en esta ocasión, de manera particular agradecer el respaldo que siempre he tenido de mi coordinador, el diputado Miguel Alonso Raya, para impulsar siempre, de manera decidida en este tema en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil, que desde la integración de la Comisión de los derechos de la Niñez han estado de manera permanente en una alianza muy fuerte apoyándonos siempre en beneficio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. A la Alianza Mexicana por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a Ririki, a Redim, a Unicef, que aquí está su representante, y por supuesto que al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es cuanto, señor presidente.