La diputada Adriana Bustamante Castellanos: El derecho a la participación en asuntos ambientales ha tenido avances significativos a nivel regional a través del Acuerdo de Escazú. Este acuerdo es un instrumento internacional diseñado para fortalecer el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo debe enorgullecernos como mexicanos, porque son activistas y académicas y académicos mexicanos quienes lo propusieron y consiguieron que se convirtiera en un instrumento internacional para toda la América latina. En este momento crítico de la historia, cuando el cambio climático y la degradación ambiental amenazan seriamente la vida como la conocemos, es imperativo que tomemos medidas significativas para preservar nuestro entorno y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras y las presentes. El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad única para avanzar en esa dirección y fortalecer nuestra capacidad como nación para abordar los desafíos ambientales de manera efectiva. En primer lugar, el Acuerdo de Escazú establece el derecho fundamental a acceder a la información ambiental. Esto significa que las ciudadanas y los ciudadanos tienen el derecho de conocer la información relacionada con el medio ambiente que las autoridades gubernamentales poseen. La transparencia es nuestro régimen, la transparencia en este ámbito es esencial para tomar decisiones informadas y participar activamente en la protección de nuestro medio ambiente. En segundo lugar, el acuerdo promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, reconoce la participación activa de la sociedad civil que es clave para desarrollar políticas ambientales eficaces. Al incluir a la ciudadanía en el proceso garantizamos tomas de decisiones que sean representativas de los valores y las necesidades de la sociedad en su conjunto. Y, en tercer lugar, el Acuerdo de Escazú facilita el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto significa que las y los ciudadanos tienen el derecho de presentar casos en tribunales para impugnar decisiones que afecten negativamente al medio ambiente. Este componente es crucial para asegurar que la justicia prevalezca en casos en donde los derechos ambientales se vean amenazados. Por lo anterior, el dictamen plural que el día de hoy sometemos a consideración con el trabajo de la diputada Karen Castrejón, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Eduardo Murat, Esther Martínez, Aleida Alavez y Alfredo Porras, entre muchas otras compañeras y compañeros diputados que promovieron esta iniciativa tiene por objeto facilitar el acceso a la información, especialmente a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de proteger y garantizar su derecho al medio ambiente sano, limpio y sustentable en cualquier situación que ponga en peligro el equilibrio ecológico o que genere un grave daño o irreversible a nuestra nación y nuestros patrimonios. También tiene por objeto promover el pleno goce y respeto al derecho de acceso a la información mediante la adopción de la interpretación más favorable y la utilización de nuevas tecnologías de información culturalmente adecuadas, sin restricciones ni discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas. Y, finalmente, también tiene por objeto fortalecer la participación en los procesos de la toma de decisiones ambientales para lograr un desarrollo sustentable. Este acuerdo refuerza nuestra posición como defensores de la transparencia, la participación ciudadana, la justicia ambiental y por lo que les exhorto, compañeras y compañeros, a votar a favor de esta iniciativa. Un saludo a los doctores Olimpia Castillo, Juan Carlos Carrillo, Tomás Severino, Carlos Ham, de Iniciativa Acceso México que acompañaron esta iniciativa y que son parte de los impulsores del Acuerdo de Escazú en toda América Latina. Muchísimas gracias, diputada presidenta.