El diputado Sergio Penagos García: Gracias, diputado presidente. La seguridad pública constituye una garantía ciudadana y componente clave en el desarrollo del Estado, respecto de la cual los distintos órdenes de gobierno tienen la obligación de proporcionar adecuadas condiciones que permitan garantizar los distintos escenarios de seguridad de la ciudadanía y de su patrimonio, procurando siempre el libre desenvolvimiento como elemento fundamental para el progreso de nuestra nación. Hoy en día las condiciones de inseguridad pública demandan acciones inmediatas y enérgicas por parte de las autoridades en los distintos ámbitos de competencia. La sociedad se encuentra ávida de respuestas claras y contundentes en la lucha contra la delincuencia, respuestas que a todas luces han sido ineficaces por parte de la autoridad. En este sentido, un tema coyuntural en el ámbito de la seguridad pública es el sistema penitenciario, que gradualmente ha mostrado mayores signos de vulnerabilidad ante el poder corruptor de la delincuencia organizada, al grado de que --es de todos sabidoal interior de estos centros de reclusión penal es donde se organizan e incluso se cometen conductas delictivas en perjuicio social al total amparo de la impunidad. Si bien es cierto que la tecnología nos ha permitido ser testigos de avances hasta hace años poco imaginables, resulta paradójico que también sirvan para que, mediante la utilización de aparatos de radiocomunicación móvil introducidos de manera clandestina en los penales, se pueda lograr la comisión de delitos. Por citar un ejemplo. De acuerdo a cálculos realizados por autoridades penitenciarias y de la Procuraduría General de Justicia capitalina, en los penales del Distrito Federal, donde hay unos 30 mil reos, alrededor de 20 mil tienen acceso a un teléfono celular, lo que ha originado que entre 15 y 10 por ciento de los secuestros y el 90 por ciento de las extorsiones sean planeadas desde los penales locales. Asimismo, según la Agencia Federal de Investigaciones, la forma más común de operar de los estafadores es mediante llamadas telefónicas efectuadas ya sea desde un apartado de telefonía celular o de teléfonos fijos instalados en las prisiones. Si bien el espíritu de la presente iniciativa por una parte pretende contrarrestar la problemática existente en el adecuado control de las llamadas telefónicas provenientes de los centros de reclusión penal, ésta no sólo se constriñe al ámbito de los centros penitenciarios sino que se propone ampliar el ámbito de aplicación para autorizar o llevar a cabo el bloqueo a la emisión, recepción y transmisión de señales de radiocomunicación móvil a cualquier circunstancia o lugar en que se ponga en riesgo la integridad de las personas y de su patrimonio. Es urgente que actuemos como legisladores a efecto de establecer e instrumentar medidas tendentes a evitar la utilización, así como la emisión y recepción ilegal de señales de aparatos de radiocomunicación móvil al interior de los penales para poder establecer el marco jurídico que sustente las acciones de las autoridades responsables de la seguridad pública para que, en primera instancia, bloqueen las señales de telecomunicaciones dentro de los centros penitenciarios. La presente propuesta pretende contribuir a establecer un instrumento que ayude a eficientizar la lucha contra la delincuencia. Por lo anteriormente expuesto y conscientes de que el Estado se encuentra obligado a implementar instrumentos jurídicos y políticas públicas tendentes a la debida estructuración de un eficiente sistema de seguridad pública, así como a realizar todas las acciones que satisfagan las necesidades cruciales de los ciudadanos en materia de seguridad, presentamos con todo respeto a consideración de este Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones a efecto de inhibir la emisión, recepción y transmisión de señales de telecomunicaciones en cualquier lugar que resulte necesario para preservar la seguridad pública. Unico. Se reforma el párrafo segundo del artículo 2, el párrafo primero del artículo 7, el párrafo primero y la fracción II del artículo 23; se adiciona una fracción II al artículo 7, pasando las actuales fracciones II al XIII a ser las fracciones III a XIV, respectivamente, así como el artículo 23 Bis y 23 Ter, todos ellos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue: Artículo 2: "En todo momento el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales asignadas, imponiendo, en su caso, las modalidades que para su uso y explotación requiera la seguridad pública". Artículo 7°: "La presente Ley tiene como objetivos: promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, ejercer la rectoría del Estado en materia para garantizar la soberanía nacional y seguridad pública, fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que estos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios y promover una adecuada cobertura social". Fracción II: "Determinar las modalidades que para el uso y explotación del espectro radioeléctrico requiera la seguridad pública". En obvio del tiempo las fracciones III a XIV en la propuesta recogen exactamente los mismos términos en los que hoy quedan establecidas las fracciones II a XIII. Artículo 23: "La Secretaría podrá cambiar, rescatar o imponer modalidades a una frecuencia o a una banda de frecuencias concesionadas en los siguientes casos: Fracción II: "Por razones de seguridad nacional o seguridad pública". Artículo 23 Bis: "La Secretaría deberá dar contestación en un término de 20 días a toda solicitud que formulen las autoridades, en materia de seguridad pública respecto a la imposición de modalidades, al uso y explotación del espectro radioeléctrico por parte de los concesionarios en determinada zona geográfica del país. El Reglamento de la presente Ley, establecerá el procedimiento, requisitos y condiciones para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, donde en su caso deberá preverse la garantía de audiencia de los afectados". Artículo 23 Ter: "En casos de extrema urgencia, por encontrarse en peligro el orden y la paz pública o la integridad de una persona o grupos de personas, puede la autoridad en materia de seguridad pública, bajo su responsabilidad, de manera excepcional y por el periodo estrictamente necesario, establecer medidas tendientes a inhibir la emisión, transmisión y recepción de determinadas señales de radiocomunicaciones móviles". Transitorio Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Diputado Presidente, solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa se incorpore al Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.