La diputada Amalia Dolores García Medina: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, hoy estamos discutiendo, analizando y votaremos un asunto de la mayor importancia. Hay tres cuestiones que lastiman profundamente en estos días a nuestro país, una es la terrible, la gravísima crisis de seguridad nacional, la violencia y el baño de sangre son insoportables. Hay otro asunto que lesiona a la gente, a la población en México y es la terrible y grave situación económica, la gente está desesperada. Pero hay otro tercer asunto, que resulta ya insoportable y que ha generado una opinión pública adversa a los poderes públicos mexicanos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, es la corrupción. Esa corrupción que brota por distintos lados y que tiene que ser enfrentada. ¿Qué hemos visto a lo largo de estos años, estos últimos años, estos dos años y medio, estos tres años, en el caso del combate a la corrupción? Enormes resistencias. Enormes resistencias y obstáculos para que se avance en el combate a la corrupción y para que verdaderamente se garantice que se juzgue a quienes actúen en actos de corrupción y para que no haya impunidad. El PRD ha presentado aquí en la Cámara de Diputados, desde su inicio, un planteamiento, una propuesta, porque consideramos que, efectivamente, tiene que ser desde arriba, empezando por el titular del Ejecutivo, en donde se garantice que no se pueda admitir y que no hay impunidad en ningún acto de corrupción. Hemos propuesto la reforma al artículo 108 constitucional, pero además parecería que es algo inaceptable, inadmisible, porque se caerían las instituciones y se generaría ingobernabilidad si se juzgara al presidente de la república por actos de corrupción. Nada más absurdo. A lo largo del planeta presidentes que han sido encontrados en actos de corrupción han sido llevados a juicio y las instituciones y el país han continuado. Ahí están múltiples y diversos casos, podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Collor de Melo, en Brasil, que dimitió cuando el Senado inició un procedimiento para su destitución por actos de corrupción. Ahí está el caso de Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, que fue juzgado por malversación de fondos. Ahí está el caso de Nicolás Sarkozy, que también fue inculpado por delitos de corrupción activa y de tráfico de influencias. Y en Estados Unidos un presidente como Nixon fue llevado a juicio y dimitió por el escándalo de Watergate. Y aquí se considera que el presidente no puede ser tocado y que solamente en casos de traición a la patria podría ser juzgado. Esto es inaceptable absolutamente. Y un sistema nacional anticorrupción, para que sea completo, tendría que incluir la reforma al artículo 108 constitucional. ¿Qué dice el artículo 108 constitucional? Señala que son responsables los servidores públicos y habla de las responsabilidades de servidores públicos y tipifica como servidores públicos a los representantes de elección popular. El presidente de la República tendría que estar incluido. Y señala que esos representantes, esos servidores públicos serán responsables por violaciones a esta Constitución. Así como por el manejo indebido de fondos y de recursos federales. Debería incluirse al presidente de la República. Tenemos claro que no es así y que tenemos todavía un trecho por delante qué caminar. Pero en esta reforma que hoy estamos discutiendo, a la Constitución, muy importante, por cierto. Y resultado de la presión de la opinión pública nacional e internacional. Y aquí queremos hacer un reconocimiento a organismos de la sociedad civil como la Red por la Rendición de Cuentas, como Fundar, como México Evalúa y otros más, que han presentado propuestas puntuales y que han sido recogidas, yo diría que este planteamiento, que es muy importante, siendo insuficiente todavía, al mismo tiempo encuentra resistencias y obstáculos. Apenas ayer en la reunión de Conago, reunidos los gobernadores en Durango con el presidente de la República, expresaron sus dudas sobre este Sistema Nacional Anticorrupción, porque se señala la posibilidad, no la posibilidad sino la facultad a la Auditoría Superior de la Federación para que también tenga conocimiento y haga una fiscalización y auditorías a asuntos de uso de recursos en el ámbito estatal y municipal. Hay quien señala y ya hemos visto los argumentos presentados públicamente desde los estados y los municipios, que esto sería una violación a la soberanía de las entidades. Hay que decir que más de 90 por ciento de los recursos que se utilizan en los estados son recursos votados aquí. Son recursos federales y deberían ser y deben ser fiscalizables. ¿Por qué no van a ser fiscalizables? A la Auditoría Superior de la Federación se le están dando estas facultades y nos parece que es absolutamente indispensable y es necesario que se haga. Había una resistencia que fue manifestada reiteradamente por parte del jefe del Ejecutivo, del Presidente Peña Nieto y de su equipo, a que el secretario de la Función Pública fuera ratificado o rechazado por el Senado de la República. Finalmente esta opinión pública nacional e internacional ha logrado que se dé un acuerdo, una decisión de aceptar que sea el Senado de la República quien ratifique o rechace ese nombramiento. Yo enumeraré algunas de las cuestiones que me parecen más relevantes, pero no quiero dejar de señalar, compañeras y compañeros, que esto hoy espero que votemos a favor, apenas es el inicio. Hemos tardado demasiado tiempo para que se avance en medidas y en mecanismos para enfrentar la corrupción, no serán suficientes, ni son suficientes, hay que ir más allá, pero es el primer paso porque todavía tiene que pasar al Senado. Y a mí me sorprendió ver en declaraciones en la prensa, que desde el Senado se señaló que una vez que aquí hubiera sido –de ser el caso– aprobada esta reforma a la Constitución, la revisarían en abril. Y la pregunta es ¿por qué en abril? Si en el caso de las reformas en materia energética hubo un procedimiento acelerado, fast track. ¿Por qué este Sistema Nacional Anticorrupción en abril? Y sabemos que si hubiera algunas modificaciones del Senado tendría que regresar a esta Cámara, y una vez aprobado por ambas Cámaras tendrá que ir al procedimiento de los estados, es decir, esto apenas empieza y las resistencias están ahí. Compañeras y compañeros, nosotros no las desconocemos, las podemos ver y de manera responsable, sabiendo que falta un asunto fundamental como es la reforma al 108 constitucional, creemos que se han logrado avances que han recogido puntos de vista y planteamientos de la sociedad civil, interesada en que haya un Sistema Nacional Anticorrupción, yo hice mención de algunos, pero está también la extinción de dominio en caso de enriquecimiento ilícito. Ya existe la extinción de dominio en caso de delincuencia organizada, pero ahora se trata también en casos de corrupción de servidores públicos y se agrega también ya la condición para que se fiscalice fondos privados cuando se ejerzan fondos públicos, es decir, desde la iniciativa privada quien participen en actos de corrupción, personas físicas y morales también serán juzgados y sujetos de fiscalización. Creo que es pertinente que votemos esto a favor. Es un paso adelante. Hay mucho camino por recorrer, hay demasiadas resistencias y obstáculos, incluyendo adelante en este paso, no cejaremos en que se incluya también al presidente de la República. Muchas gracias, compañeras, compañeros, señor presidente.