La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, presidenta, intento mi esfuerzo de brevedad, dado que además y primero que nada ha habido aquí ya un ejercicio de construcción de acuerdos en este ánimo de consenso que ha marcado toda la ruta del trabajo para la dictaminación de este tema, el espíritu colectivo por enriquece la ley ha permitido el que esas ocho reservas que voy a exponer, traigan ahora mismo el siguiente consenso para ser aprobadas. Por ello además mi reconocimiento a los presidentes de ambas comisiones, al diputado Alejandro Encinas, a las fracciones que han contribuido a ser receptivas con estas reservas. La primera se refiere al objeto de la ley y se trata de eliminar de esta parte lo que se refiere al derecho de la libre decisión del proyecto de vida de las personas que es una forma de reparación del daño y ya está considerada en la parte que corresponde. En cuanto a lo que se refiere al libre desarrollo de la personalidad de las niñas y los niños, es necesario hacer esta especificación que en este momento está ausente y fundamentalmente el incorporar como el objeto de la ley, el concepto de la reparación del daño, que es un elemento fundamental, de tal forma que no sólo sean los delincuentes, sino el Estado mismo, el que se haga responsable en términos integrales de la reparación del daño. En este sentido la propuesta de modificación sería, en el inciso quinto: “Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, dignidad y la libre integridad, seguridad, el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de delitos objeto de esta ley”. E incorporar un nuevo inciso sexto para establecer lo que sigue. “Reparación del daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida”. Respecto al artículo 3, estamos planteando la modificación del inciso dos que se refiere a la perspectiva de género, para armonizarla con los tratados internacionales y las disposiciones de la ONU que ya establecen qué es el concepto de igualdad y no el de equidad el que debe regir a las normatividades. Pedimos que en el artículo 7 se incorpore, respecto al derecho de la reparación del daño, la obligación del Estado y los servidores públicos en el tema. Hay en el artículo 3 una reforma que no es menor sí en el texto, no en su forma. En el artículo 9 actual se habla de laicidad y libertad religiosa. El concepto correcto, como saben ustedes, después del largo debate que tuvimos con respecto a la reforma al 24, es libertad de religión, que es un asunto absolutamente distinto y se refiere específicamente al derecho de las personas, que no de las instituciones religiosas en lo concreto. De ahí que la reforma sería la siguiente: “Artículo 3, inciso 2, perspectiva de género, entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad que permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos.” Respecto al inciso séptimo, diría: “El derecho a la reparación del daño, entendido como la obligación del Estado y los servidores públicos de tomar las medidas necesarias para garantizar...” y sigue el texto tal cual viene en el dictamen. Respecto al inciso nueve, diría: “Laicidad y libertad de religión, garantía de libertad de conciencia, asegurando a las víctimas la posibilidad de vivir y manifestar su fe, practicar su religión sin ninguna imposición de los programas u opciones llevados a cabo por las instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que otorgue protección y asistencia”. La modificación que se refiere a los artículos 4 y 8 es muy sencilla y es de forma. En el artículo 4 se hacen las definiciones de los sujetos a proteger y se ha omitido la situación de vulnerabilidad y el concepto de situación de vulnerabilidad se establecía en el artículo 8, que habla de las medidas especiales. Se trata de incorporar al artículo 4, en el lugar adecuado, las definiciones y eliminar este concepto del 8, de tal forma que el artículo 4 diría en el inciso 18, “situación de vulnerabilidad, condición particular de la víctima derivada de una o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en lo que el sujeto pasivo realiza la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito: a) su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria; b) nivel educativo, falta de oportunidad, embarazo, violencia, discriminación sufrida previa a la trata o delitos relacionados; c) situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad; d) pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena; e) ser una persona mayor de 60 años; f) cualquier tipo de adicción; g) una capacidad reducida para formar juicios por ser una persona menor de edad o h) cualquier otra característica que es aprovechada por el sujeto activo del delito. Y de el ocho, en consecuencia, se tendría que omitir esta parte para que quedara solo la entrada que está hoy mismo que dice: las policías, Ministerios Públicos y autoridades jurisdiccionales harán una consideración especial en el desarrollo de sus actividades cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad por haber sufrido algún daño físico o emocional que requieran tomar medidas especiales. Respecto a la reforma al artículo 26, ésta es una de las fundamentales en términos conceptuales y políticos, se trata de retirar del artículo 26 el término de agrupaciones religiosas que erróneamente se incorporó. Este artículo habla de lo que no es trata de las personas y desde luego que en las agrupaciones religiosas puede haber abusos como sin duda los hay y puede darse la explotación de personas. Todos sabemos que surgen todos los días agrupaciones dedicadas a hacer el bien desinteresadamente y que luego forman instituciones de apoyo tan trascendentales como la Liga por buenos modales, del hambriento notorio o de la víctima recatada y sin duda su contribución en términos del paisaje mexicano para que estas personas se comporten es crucial. Pero estas agrupaciones, casos como Casas sobre la Roca, podrían sin duda alguna tener dentro de sus estructuras explotadores laborales. Por ello el texto plantea que se elimine este concepto, que no tengan esta atención especial y diría lo siguiente: Inciso 4. Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad en beneficio directo de la misma y que por consiguiente puedan considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de una comunidad local nacional o a una organización internacional, a grupos o a asociaciones de la sociedad civil e instituciones de beneficencia pública o privada en la medida de no dar privilegios que vulneran al Estado laico en función de organizaciones religiosas en particular. Respecto al artículo 10, se trata de una modificación muy sencilla, dado que se trata de una ley general el tipo penal, como ustedes saben, debe ser lo único que sea contenido y por ello el planteamiento es que no haya reenvío en la misma ley a otras normatividades, porque esto causaría lagunas en la interpretación y la aplicación de esta ley en lo general de ahí que el texto propuesto del artículo 10 quedaría en los términos en los que voy a leer: Al que enganche, transporte, transfiera, retenga, reciba, acoja o entregue para sí o para un tercero a una o varias personas con fines de explotación se le impondrán de 10 a 20 años de prisión y 1 mil a 20 mil días de multa. Se entenderá por explotación: 1. Explotación laboral; 2. Trabajo o servicios forzados; 3. Explotación de la prostitución o otras formas de explotación sexual; 4. Matrimonios forzados o serviles; 5. Esclavitud o prácticas afines similitud a la esclavitud; 6. Servidumbre; 7. Adopciones legales; 8. Corrupción de personas menores de 18 años; 9. Turismo sexual infantil; 10. Pornografía infantil 11. Explotación en la mendicidad ajena y a cualquier persona con el mismo fin; 12. Venta de personas, o ... 18. Tráfico de órganos, tejidos o sus componentes. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan para cada uno de los demás delitos cometidos previos y sancionados en cada ley y en el código penal correspondiente atendiendo a las reglas del curso legal establecido en el artículo 68 del Código Penal Federal. Pido su paciencia, estoy intentando avanzar, pero hay que leerlas puntualmente. Respecto al artículo 78 la reforma es muy sencilla, se trata de establecer como una garantía de protección hacia las víctimas la garantía de su identidad, de la confidencialidad de su identidad y por ello el inciso plantearía al final del texto, en los casos en que la víctima ofendido o testigo declare en contra de los grupos de la delincuencia organizada, el ministerio público y el Poder Judicial adoptarán un conjunto de medidas de carácter excepcional para regular su vida, libertad e integridad, seguridad, e identidad. En relación al artículo 90, el que regula las políticas intersecretariales y en ella, en la versión que hoy revisamos, se incorporaron a los organismos internacionales que evidentemente nada tienen que ver en la regulación interna, intersecretarial y por ello, además porque son entidades que, incluso, están al servicio del gobierno para casos, por ejemplo, como ser contratadas para elaborar el diagnóstico, es que se plantea la modificación de tal manera que se eliminen los tres últimos incisos de la ley y que el articulado actual, artículo 90 actual, concluya con el inciso 11) que dice: tres expertos académicos con conocimiento y trabajo relevantes sobre el tema de la trata de personas; y sea eliminado el 12) que hablaba de la organización internacional. El 13) del Alto comisionado de las Naciones Unidas y el 14) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Finalmente hay una redacción producto del trabajo colectivo que se refiere al artículo 11, presidenta, usted sabe cómo ha sido la dinámica para discutir esta ley, y creo que no tengo el último texto, compañeros, de esta reforma, pero básicamente es, el artículo 11 habla de la prohibición, 111 –muchas gracias. El artículo 111 habla de la prohibición de las dependencias de establecer publicidad en los medios de comunicación respecto al anuncio de contacto sexual. Y en el Apartado 2 se regulan a los privados, a los particulares, en relación al asunto de la exposición de anuncios o publicidad con respeto a la trata, que es un tema, como ustedes saben, muy debatido. Acá se trata de regresar al texto que el Partido Verde ya había planeado desde la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, y por ello me permito dar lectura a la nueva propuesta. Queda prohibida toda publicidad o inserción pagada en los medios de comunicación masiva, de cualquier índole que incluya en sus publicaciones anuncios de contacto sexual o que promuevan la prostitución y la pornografía, que pueda propiciar la trata de personas y demás delitos previstos en el presente ordenamiento. Quienes publiquen anuncios clasificados o con un contenido para adultos u otros que puedan fomentar o encubrir la demanda de personas sujetas a la trata, deben sujetarse a lo siguiente. 1. Proporcionar copia simple de los contratos que se celebren con personas físicas y morales y cuyo objeto sea la contratación de espacios publicitarios en medios impresos, con contenidos para adultos como en el caso de anuncios de masajes, acompañantes, edecanes, spa, prestación de servicios sexuales o cualquier otro equiparable. 2. Los contratos de personas físicas se celebrarán con la personas que se anuncien, requiriéndole copia de comprobante de domicilio e identificación oficial. 3. En los contratos que se celebren con personas morales se solicitará comprobante de domicilio de establecimiento y RFC del mismo, y los pagos deberán realizarse mediante tarjeta de crédito, transferencia electrónica o cheque. Ésa sería la reforma que se ha consensuado al artículo 111 del proyecto. Diputado presidente, es cuanto a las reformas presentadas por el Grupo Parlamentario del PRD, y consensuadas por la mayoría de esta Cámara. Muchas gracias.