La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a la par de la pandemia que hoy afecta al mundo a causa de la Covid-19, existen otras pandemias que son tan letales como el nuevo coronavirus, es el caso del tabaquismo, el cual de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es causa de más de 8 millones de muertes al año en el mundo. En México, según datos de 2019, de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, cada año fallecen alrededor de 60 mil personas por esta razón. Hasta hace pocas décadas y gracias a millonarias campañas de publicidad, el cigarrillo fue visto como un símbolo de distinción social, que atrajo a adultos y jóvenes, instalándose en la normalidad de la vida en sociedad, pero afectando con su combustión, tanto a fumadores activos como pasivos. Ante este panorama, en 2005 entró en vigor el Convenio Marco para el Control del Tabaco, el objetivo de este instrumento internacional es que los Estados parte se comprometan a implementar acciones para proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco. Firmado por el Estado mexicano en 2008, el convenio fue el punto de partida para la creación de la Ley General para el Control de Tabaco, base normativa de la actual política pública para la atención de esta problemática que, de acuerdo con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en 2017 costó 81 mil 132 millones de pesos al erario. Aquella vez se legisló sobre diversas restricciones a los productos del tabaco, el establecimiento de espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, las restricciones al empaquetado y el etiquetado, así como la prohibición de cualquier tipo de publicidad dirigida a personas menores de 18 años. El legislador de entonces no consideró las necesidades de las personas fumadoras y exfumadoras que desean superar su adicción al tabaco mediante nuevas alternativas de suministro de nicotina. En cambio, incorporó la prohibición de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto, que sin ser un producto del tabaco sea identificado como tal. Con esta decisión, se excluyó a los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los sistemas similares sin nicotina, como dispositivos de reducción de daños en la lucha contra el tabaquismo, hecho que ha diferenciado a nuestro país del Reino Unido, la Unión Europea, Nueva Zelanda, Canadá, algunos estados de la Unión Americana, entre otros, que han visto resultados favorables al adoptarlas en sus políticas de salud. Amparada en el artículo 16, fracción VI de la ley en cuestión, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha justificado su actuar prohibicionista hacia la importación de los también llamados vaporizadores o cigarros electrónicos. En varias ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en contra de esa interpretación, afirmando que es una reacción desproporcionada por parte de la autoridad y que atenta contra los derechos a la autodeterminación personal y al libre comercio. De acuerdo con la Encodat 2016-2017 en México viven alrededor de 14.9 millones de personas fumadoras, de las cuales casi un millón ha usado al menos una vez el cigarrillo electrónico. El prohibicionismo ha propiciado la proliferación de un mercado ilegal cada vez más grande, se oferta productos de dudosa procedencia con riesgos a la salud de los adultos consumidores, peor aún, están al alcance de niñas, niños y adolescentes, pues exhiben sus productos en lugares abiertos desde centros comerciales hasta puestos de revistas, internet y negocios informales. Nuestro objetivo debe ser lograr una regulación basada en la reducción de daños, que considere diversas formas de consumo de nicotina sin combustión y cuyo fin último sea contribuir con la salud pública y el bienestar de la población. Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, con el propósito de actualizar el marco normativo a las nuevas realidades que impone la pandemia del tabaquismo. Desde esta tribuna hago un respetuoso llamado a las diputadas y diputados para agilizar el procedimiento legislativo de todas las iniciativas relacionadas con la Ley General para el Control del Tabaco, varias de las cuales plasman propuestas directas de las personas usuarias. La función del legislador debe trascender de la visión personal a una visión colectiva reconociendo que no legislamos para nosotros mismos, sino para todo un país. Es cuanto, muchas gracias.