El diputado Francisco Elizondo Garrido: Con el permiso de esta Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy celebramos un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de 1917, la cual sintetiza la historia del pueblo mexicano en busca de su organización y del establecimiento de una norma suprema para nuestra convivencia dentro de un estado de derecho. El Congreso Constituyente dio al país un conjunto de normas sobre las cuales se fundamentó el desarrollo nacional al plasmar los ideales de independencia, soberanía e igualdad, federalismo y división de Poderes. La asamblea constituyente veló por plasmar en nuestra Carga Magna la soberanía de la nación sobre los recursos naturales, así como las reivindicaciones sociales enarboladas por los líderes de la Revolución Mexicana, como el reparto de tierras, y se promulgaron, entre otros, los artículos 3o., sobre la educación; el 123, que reguló los derechos laborales, y el 130, que establece la separación entre la Iglesia y el Estado. A lo largo de la historia los derechos y las obligaciones que consagra el texto constitucional han propiciado que durante 92 años se hayan perfeccionado diversas instituciones que hoy le dan sustento al país, con el fin de combatir la pobreza, apoyar el desarrollo del campo, aprovechar nuestros recursos naturales y generar fuentes de empleo o instituciones para resguardar nuestros derechos como personas y ciudadanos, así como fortalecer nuestra democracia. Es así que a lo largo de décadas la Constitución de 1917 ha cambiado para ampliar los derechos de los mexicanos y para mejorar las instituciones. Y desde luego continuará cambiando, pero estamos ciertos que siempre será bajo los grandes principios que la conforman y que definen el sistema jurídico-político que los mexicanos hemos venido construyendo. Porque el Estado se reforma y reestructura a fin de servir mejor a la nación. Por ello, los desafíos que hoy enfrenta el país no son menores. Debemos reconocer que la pobreza, la marginación y la desigualdad siguen afectando la vida de millones de mexicanos: el desempleo, el descenso en la calidad de vida, la inseguridad pública y la presencia de la delincuencia organizada son males sociales que afectan la vida institucional y alteran la paz social. Quienes lucharon por darnos un país de leyes sabían que la única manera de garantizar que nuestra nación se constituyera en una república organizada como federación y sustentada en un régimen democrático de libertad era mediante la consolidación de un auténtico estado de derecho, con el cual las autoridades se rigen y se someten a las leyes. No obstante, no es suficiente que la autoridad pública cumpla la Constitución y las leyes que de ella emanan. Un verdadero estado de derecho exige también que sus nacionales se sometan al imperio de la ley. Sin embargo, hoy se habla de un estado fallido que cuestiona que seamos un Estado con autoridad suficiente para garantizar el Estado y la viabilidad del país. La delincuencia que hoy atenta contra los derechos y contra la seguridad de los mexicanos; la corrupción y la impunidad que debilitan el orden público; la indefensión generalizada ante el grave aumento del índice delictivo, nos llevan a preguntarnos: ¿qué se puede ofrecer al ciudadano común en materia de protección y seguridad, si los delincuentes pueden ejecutar al Ejército mexicano? O peor aún, cuando el 62 por ciento de los efectivos policiales del país mantienen alguna relación corrupta con las bandas a las que se debe perseguir, o que en los estados exigen la presencia del Ejército mexicano para vigilar sus calles, en sustitución de la policía local, por su presunta complicidad con secuestradores. Este escenario está minando la viabilidad política de todo el federalismo. Autoridades locales que no pueden, que fracasan o se corrompen y que deben ser sustituidas por el Ejército convertido en policía preventiva. Ante este escenario, la autoridad del Estado está en entredicho y hoy como entonces, como los constituyentes de 1917, es imprescriptible que tengamos presente que la ley es determinante en la historia de los pueblos y que es la base de la revolución social. Retomemos el esfuerzo de aquellos patriotas que impulsaron la creación de la Constitución de 1917 con su lucha en la campo de batalla para concretar la tarea asumida por el Constituyente de reconstruir el Estado con nuevas bases y hacer realidad un orden constitucional que como nación nos uniera, nos identificara y atendiera las principales necesidades del pueblo mexicano. Hoy el pueblo de México demanda la depuración y el fortalecimiento de las instituciones para garantizar nuestra seguridad y la impartición de justicia. Instituciones para ofrecer a los mexicanos educación, seguridad, empleo, salud y protección social. Por ello, nuestra Carta Magna ha experimentado múltiples modificaciones a fin de responder a los cambios políticos y sociales del país, para salvaguardar así nuestros derechos como personas y ciudadanos, así como para fortalecer nuestra democracia. La solidez histórica y la capacidad de renovación prueban la vigencia de nuestra Constitución. El reto que hoy tenemos es impulsar el combate a la delincuencia, fortalecer la economía nacional y fomentar así la creación de empleos, a fin de velar, como los constituyentes de 1917, por la prosperidad de la república con el fin último de unirnos sin distinción de colores partidarios por el fortalecimiento del estado de derecho para que se cumplan los principios constitucionales de libertad, de igualdad y seguridad jurídica que consagra nuestra Carta Magna. Por su atención, muchas gracias.