El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Compañeras y compañeros legisladores, la Cuenta Pública del ejercicio 2015 muestra un panorama de las finanzas públicas que contrasta significativamente con el actual espacio fiscal con el que cuenta el sector público presupuestario. En el 2015, los ingresos presupuestarios del sector público fueron del orden del 23.5 por ciento del PIB y estos fueron superiores en 6.1, en términos reales, respecto a lo que esta soberanía aprobó, ello resultado de una mayor recaudación por IEPS e ISR por más de 194 mil millones. Es importante recalcar que la Cuenta Pública correspondiente presenta un listado de las adecuaciones presupuestarias más significativas que se llevaron a cabo en el 2015, donde con excepción de recursos por concepto de aportaciones patrimoniales a Pemex y Comisión Federal de Electricidad y los destinados al Ramo 28, el resto se refirieron a pagos de nómina, que con sorpresa parece no haber estado contemplado de inicio en la elaboración y aprobación del presupuesto para 2015, siendo que todas estas obligaciones de ley son completamente previsibles. Asimismo, tenemos que recalcar que en el 2015 representó un parteaguas en términos de inversión física, pues en aquel año la inversión física de la administración pública federal experimentó una reducción del 9.9 por ciento respecto a la que esta soberanía aprobó. Dicha reducción implicó que en el 2015 experimentáramos una tasa de crecimiento negativo de 14 por ciento en inversión pública, la más alta desde 1996, por encima del 11 por ciento experimentado en 2010 como producto de la crisis mundial. Por eso, no debemos olvidar que los niveles actuales de inversión pública en infraestructura tienen su origen en los recortes implementados en 2015 y 2017. Sobre el tema en concreto, del proceso de fiscalización, tenemos que hacer patente nuestra preocupación sobre la decisión de realizar menos auditorías para el ejercicio de 2015, particularmente la reducción de 56 auditorías sobre el gasto federalizado, siendo que la experiencia señala la necesidad imperante de incrementarlas. Ahora, permítanme resaltar varios elementos que la Auditoría Superior de la Federación presenta dentro de sus categorías de riesgo sobre las que debemos trabajar, por ejemplo, la auditoría señala que el esquema de las asociaciones público-privadas no permite verificar que los precios ofertados de maquinaria, mano de obra y equipos sean consistentes con los valores de mercado. Y que una vez que estos proyectos se ponen en marcha, el pago del mantenimiento y la operación de los inmuebles tampoco son susceptibles de medirse ni es posible cerciorarse que los trabajos efectuados sean los requeridos, lo que termina generando retrasos considerables en la conclusión de las obras. El otro esquema que también debe estar a revisión y reforma, y al cual hace énfasis la auditoría, es aquel que permite asignar contratos a las universidades públicas, siendo que el órgano fiscalizador encuentra que en la mayoría de los casos estas no acreditan contar con los recursos humanos, materiales y técnicos requeridos para ser proveedores, por lo que recurren a mecanismos de subcontratación mayores al 49 por ciento permitido en la ley, lo que encarece los costos y fomenta las prácticas irregulares. Así también, se encontró una patente desviación de recursos al no existir evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante. Por lo que es necesario trabajar en la materia, particularmente en las auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda, el órgano fiscalizador concluye que existió incumplimiento de límites al incremento del gasto corriente estructural, desviación del coeficiente de deuda, que los recursos que se obtuvieron del endeudamiento neto del sector público federal se destinaron al pago del servicio de la deuda, lo que originó que esta creciera año con año. Que no existió una evaluación sobre los beneficios sociales que la deuda pública aportó. Que el SAT tuvo un desempeño mediocre en los juicios fiscales con impacto en recaudación. Que se registraron cuantiosos montos por concepto de compensaciones y devoluciones tributarias. Que se documentó una elevada concentración de las devoluciones tributarias en grandes contribuyentes. Que solo el 18.6 por ciento de los asalariados y el 26.4 de personas físicas y el 56.2 de las personas morales cumplieron con sus obligaciones fiscales. Además de la auditoría realizada al Instituto Nacional Electoral, INE, sobre la operación del proceso electoral, el órgano fiscalizador concluyó que se le incrementó el costo a las elecciones por votante, que se rebasó el límite de gastos de campaña en el 2015 y que por tanto, se deben definir nuevos indicadores y metas para evaluar el desempeño del INE en los procesos electorales. Además, quiero resaltar el hallazgo del órgano fiscalizador sobre la auditoría realizada al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, relacionada con las evaluaciones de la calidad de la educación básica donde, entre otras cosas, la auditoría concluye que hubo una falta de transparencia de las evaluaciones docentes. Por todo ello, acompañamos el dictamen que señala que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública 2015. Ahora permítanme referirme al dictamen de la Cuenta Pública para el ejercicio 2017. Uno de los primeros hallazgos que debemos resaltar es que, a contracorriente de lo expresado por quienes impulsaron la mal llamada reforma educativa, el gasto para educación no significó una prioridad como se detalla en el dictamen. El gasto ejercido en 2017 para brindar servicios educativos disminuyó en 5.1 por ciento en términos reales con respecto a 2016, mismo nivel de reducción que enfrentó en conjunto el gasto nacional en educación. Todo ello en un contexto en el cual los ingresos del sector público presupuestario resultaron un 13.3 por ciento más respecto a lo aprobado en la respectiva Ley de Ingresos, principalmente como resultado del remanente de operaciones que el Banco de México enteró al gobierno federal por más de 321 mil millones de pesos. Aun así, el gasto neto total ejercido fue de 7.6 inferior en términos reales comparado con 2016, derivado de las medidas de contención en servicios personales y gastos de operación, así como la disminución de la inversión física pública, porque la caída de la inversión física fue de 27.7 real en 2017, acumulando con ello tres años consecutivos de disminuciones. Como se aborda en el dictamen, al tiempo que esto ocurría los montos del costo financiero de la deuda pública ejercido en 2017 y aprobado en 2018, superaron con creces las erogaciones de la inversión física, por lo que estamos de acuerdo con la opinión expresada por la Auditoría Superior de la Federación, de que es necesario que la Secretaría de Hacienda, las hoy empresas productivas del Estado y el Banco de Desarrollo transparenten y rindan cuentas sobre el uso de los recursos de la deuda pública, que elaboren y mantengan un registro de control sobre la aplicación de estos recursos para verificar que se destinen a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Tenemos claro que este tema aplica a la Federación, pero también a las entidades federativas y municipios que contratan deuda, porque es difícil pensar en esquemas adecuados de saneamiento cuando el 56 por ciento de las entidades federativas reportan inconsistencia entre la revelación de la información financiera, así como errores en su cálculo. En otro orden de ideas, me parece fundamental retomar tres conclusiones derivadas del trabajo de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio fiscal 2017, relacionadas con programas presupuestales que todavía hoy se intentan defender, esto porque representan ejemplos claros de cómo las prioridades del ejercicio público no estaban puestas en las necesidades de la gente. La Auditoría es clara, a cinco años de instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Secretaría de Desarrollo Social no comprobó en qué medida se atendieron las carencias de cada una de las personas registradas ni que su atención permitiera que abandonara la condición de pobreza extrema alimentaria. Sobre los programas de entrega de apoyos a emprendedores y a micro, pequeñas y medianas empresas, la Auditoría concluyó que no demostraron ser eficaces en la atención de sus necesidades, en particular el Fondo Nacional de Emprendedor, a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor, a cuatro años de su implementación, no demostró resultados positivos debido a las deficiencias en su operación y control, y por la falta de transparencia en el proceso de entrega de recursos. Asimismo el órgano fiscalizador concluyó que la implementación de la política de guarderías y estancias infantiles presentó deficiencias, no se dio acceso a la totalidad de los infantes para los cuales se solicitó el servicio, no se tiene la certeza de que los servicios ofrecidos cumplieran con los requisitos de seguridad y calidad establecidos, y no se logró verificar si los infantes adquirieron los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para su desarrollo integral. Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, acompaña la conclusión de que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública 2017. Es cuanto, diputada presidenta.