EL C. DIPUTADO ROGACIANO MORALES REYES: Compañera diputada Presidente, Beatriz Paredes Rangel. Compañeras y compañeros diputados: Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y demás compañeros diputados que suscriben, sometemos a esta soberanía un conjunto de consideraciones y una proposición relativa a la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual nos apoyamos en las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Que uno de los propósitos principales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es garantizar la vigencia y respeto de los derechos fundamentales del hombre y/o salvaguarda de las garantías individuales, para lo cual propone procedimientos tendientes a evitar o reparar la infracción a esos derechos fundamentales entre otros, a través del juicio de amparo. Que la protección y amparo de la justifica federal de que trata el número anterior, se refiere fundamentalmente al supuesto de la fracción I del artículo 103 constitucional: es decir, por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales. Este artículo prevé también a través de la institución del amparo que los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad federal que vulnere o nos restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal o por leyes o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal. Que sin embargo han ocurrido hechos que han sido graves violaciones a las garantías individuales y que hasta la fecha han quedado impunes por no encontrarse exactamente encuadrados en los casos previstos por el 103 constitucional citado y por falta de voluntad política del régimen; hechos que han causado una alarma social grave no sólo en la región en que se sucedieron, sino a nivel nacional, siendo tales hechos del conocimiento público y notorios como la matanza efectuada en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968; la masacre de Acteal perpetrada en la comunidad de Acteal del municipio de Chenalhó Chiapas el 22 de diciembre de 1997, donde un grupo numeroso de personas atacó con armas de fuego a un grupo de indígenas tzotziles en su mayoría mujeres y niños, de los que resultaron 45 muertos y 17 heridos. Se ha señalado en las denuncias formuladas que los autores de dicha masacre, pertenecen a grupos paramilitares. El fenómeno de la desaparición forzada de personas registra antecedentes en nuestro país, desde fines de los años 60, principalmente en el estado de Guerrero, donde los movimientos insurgentes tuvieron mucha fuerza; tales actos fueron cometidos en algunos casos por particulares bajo la tolerancia del Estado y en otros directamente por agentes del Estado. 4.- Que desgraciadamente este tipo de hecho a que se refiere el número anterior no es nuevo en nuestro país, nuestra historia registra el caso ocurrido en 1879 en Veracruz, relativo a las ejecuciones que sin formación de causa llevó a cabo el Gral. Mier y Terán. Hechos en los que por cierto y sin que hubiera disposición expresa, como ahora sí; correspondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como salvaguarda de las garantías individuales, asumir el elevado cargo que le toca. 5.- Que desde 1968 a la fecha, como se suscitó en 1879 por las graves violaciones a las garantías individuales, de privar de la vida sin formación de causa, detener ilegalmente y hasta desaparecer en forma forzosa a jóvenes estudiantes, campesinos y pueblo en general, se ha generado irritación y alarma en la sociedad. 6.- Que la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí estatuye lo relativo en el artículo 97 segundo párrafo, al establecer: " La Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o designar uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigue algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. 7.- Que a la fecha sigue siendo un reclamo histórico, político y de justicia, el que se deslinden responsabilidades en torno a los hechos de que trata el número 3 de estas consideraciones, puesto que en su momento el sistema de justicia ordinario, no integró a cabalidad las averiguaciones correspondientes, no hubo las consignaciones ni procesos, ni mucho menos aplicación de las leyes a todos los autores intelectuales y materiales. 8.- Que se ha incorporado así a nuestra vida política lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerlas del conocimiento de los gobernados, infringiendo así el derecho a la información consagrado en el artículo 6 constitucional, el cual establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, garantía que se encuentra estrechamente vinculada con el respeto a la verdad. Por lo antes expuesto y fundado, proponemos a esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero, que esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser de interés público, que ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y proceda a crear una comisión presidida por el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se averiguen los hechos enumerados en el número tres de las consideraciones de esta propuesta por haber constituido graves violaciones a las garantías individuales. A dicha comisión podrán ser invitadas personas de reconocido prestigio en la lucha por los derechos humanos. La comisión concluirá sus trabajos a más tardar al año de su creación. Segundo.- Una vez concluida la averiguación con su respectivo informe, así como la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hará del conocimiento de las autoridades competentes el resultado de la misma, para los efectos legales a que haya lugar. El informe será remitido en cualquier caso a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para su análisis e instrumentación de las medidas que correspondan a la competencia de esta Soberanía. Para el cumplimiento de sus objetivos la comisión podrá solicitar información a particulares y a dependencias del gobierno en sus tres niveles, quienes estarán obligados a abrir toda clase de archivos, aun aquéllos no catalogados como públicos y proporcionar los datos que le sean requeridos. Palacio del Poder Legislativo, octubre del 2001. Firman. El de la voz, los diputados del PRD, compañeros diputados de Convergencia por la Democracia y compañeros diputados de la Sociedad Nacionalista, así como del PT. Muchas gracias. -PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado. Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Germán Pellegrini, del grupo parlamentario de Acción Nacional. El C. DIPUTADO GERMAN PELLEGRINI PEREZ: Con su venia, Señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional sin duda alguna rechazamos tales acontecimientos que han sido señalados por el compañero que nos antecedió en la palabra. Y nos solidarizamos con su postura en tales situaciones. Sin duda alguna rechazamos la matanza efectuada en la Plaza de las Tres Culturas, la masacre de Acetal (sic), el fenómeno de la desaparición forzada de las personas. Sin embargo, consideramos que lo consecuente en estos términos es que se agoten las instancias correspondientes. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación informen sobre todos los trámites e investigaciones han hecho al respecto a esta Cámara de Diputados y nos pronunciamos por su total resolución de estos acontecimientos. Es cuanto, Señora Presidenta.