El diputado Abel Cruz Hernández: Con su venia, presidente. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para fijar el posicionamiento referente al dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es en el artículo 109 constitucional en el que se establece que se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas a los servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos. El mecanismo para iniciar el juicio político, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, corre a cargo del Poder Legislativo en dos etapas: La primera, ante la Cámara de Diputados, quien funge como órgano instructor y de acusación. Y la segunda, ante la Cámara de Senadores quien actúa como jurado de la sentencia. No obstante, la conformación heterogénea que desde 1997 se ha presentado en el Poder Legislativo, ha impedido iniciar juicios políticos en contra de diversos actores públicos denunciados, debido a que no se construye una mayoría absoluta o calificada requerida en el texto constitucional. Lo que ha derivado no solo en impunidades, sino también en un estado de desconfianza propiciado por las cuestionables decisiones de tal órgano ante la sociedad. Es importante señalar que el juicio político se encuentra dentro del derecho público, es decir, su objeto se encuentra directamente vinculado con los intereses fundamentales de la nación y su buen despacho. Sin embargo, frente a las actuales circunstancias de impunidad y corrupción por las que atraviesa el país, donde se ven transgresiones graves a los ordenamientos jurídicos por parte de servidores públicos, la desconfianza ciudadana hacia la clase gobernante cada vez es mayor. Por lo tanto, resulta necesario reformar no solo las atribuciones a los distintos órganos competentes, sino también los mecanismos mediante los cuales se hacen efectivas tales atribuciones. En este sentido, uno de los medios de control del poder, como es el juicio político, requiere una revisión, transformación tanto en sus fines como en su procedimiento y efectos, en virtud de que desafortunadamente no se ha cumplido con el objeto para el cual fue creado. En Encuentro Social consideramos necesario una redefinición en el procedimiento del juicio político, a efecto de que verdaderamente sea un control o medio de defensa de la Constitución, para así poder demostrarle a la ciudadanía que tratándose de requerimientos, de responsabilidad para servidores públicos, únicamente se atienden criterios jurídicos y que no existen estados de excepción o tolerancia. Por lo anterior, el voto de nuestro grupo parlamentario será a favor del dictamen. No obstante, queremos manifestar que lo verdaderamente importante para combatir la impunidad y la corrupción sería legislar sobre la inmunidad constitucional, de la cual gozamos legisladores y otros servidores públicos, ya que por todos es conocido que existen personas sin distinción de colores ni partidos políticos, que escudados en el fuero cometen abusos de todo tipo que quedan impunes. Por tal razón, Encuentro Social fue el primer grupo parlamentario en presentar una iniciativa para eliminar el fuero, ya que es evidente que el sistema político se ha dedicado a desvirtuar la inviolabilidad constitucional en un fuero de impunidad, que de ninguna manera puede continuar. Por eso lo hemos repetido muchas veces en esta tribuna, Encuentro Social dice, no al fuero. Por su atención gracias. Es cuanto, señor presidente.