La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Como diputada de Acción Nacional y como presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara, y todos sus integrantes, hemos sido siempre respetuosos y defensores de los principios de autodeterminación de los pueblos, y compartimos la convicción del respeto a la soberanía de los pueblos y, por ende, de los estados, con los principios del federalismo que históricamente hemos defendido. Sin embargo, acontecimientos recientes de la política interna del estado de Arizona, en Estados Unidos de América, nos obligan como mexicanos, como legisladores, como personas que entregamos la vida al servicio público en México, a tomar las medidas que estén a nuestro alcance para evitar que una legislación discriminatoria afecte a nuestros connacionales. Los derechos humanos fundamentales de alrededor de 12 millones de mexicanos residentes en los Estados Unidos, independientemente de su calidad migratoria, así como de los miles de ciudadanos de origen mexicano que también se encuentran en el estado de Arizona, están en riesgo de ser violentados de manera severa, pues la iniciativa de Ley SB 1070, que ha sido ya aprobada tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado estatal, amenazan con entrar en vigor y ahora tan sólo está pendiente de ser promulgada o en el mejor de los casos, vetada por la gobernadora del estado. El martes 13 de abril pasado fue votada en la Cámara de Representantes del estado de Arizona una ley antiinmigrantes sin precedentes en la historia. Posteriormente, el Senado estatal aprobó el pasado lunes 19 de abril dicha iniciativa de ley, que ahora tan sólo está pendiente de ser promulgada por la gobernadora estatal, quien al igual que todos los representantes y los senadores que aprobaron por mayoría la ley pertenecen al Partido Republicano, de Estados Unidos. La iniciativa en cuestión representa un claro retroceso en materia de leyes migratorias y constituye un atentado contra la dignidad de las personas al tener un claro contenido racista que, además al entrar el vigor será motivo de violaciones de los derechos humanos de los migrantes, pone de manifiesto el riesgo de una oleada de legislaciones similares en otros estados de este país, con lo que se contamina el proceso de la espera o de la esperada reforma migratoria, además de que se genera un clima de tensión en la relación bilateral. De acuerdo con la iniciativa en cuestión, se tipifica como crimen la no obtención de documentos migratorios, además de que se criminaliza la contratación y la solicitud de trabajo de indocumentados, así como el transportar o dar albergue a los mismos. La iniciativa permitirá a la policía del estado aumentar el número de redadas y a arrestar a quienes porten una documentación o identificación oficial o genere una sospecha razonable. Es así, que el punto medular y más controversial de dicha iniciativa radica en que se permite a los policías interrogar a cualquier persona que parezca sospechosa de no ser ciudadano legalmente acreditado, dejando así a la clara discrecionalidad de los policías estatales el detener a quienes ellos consideren potencialmente sospechosos de tener estado migratorio ilegal. Los diputados integrantes de esta comisión y estoy convencida, porque el día de ayer firmamos todos un punto de acuerdo en este sentido, rechazamos categóricamente la iniciativa de ley antiinmigrante que atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, pues nos preocupa considerablemente su contenido que tiene una de sus principales consecuencias: la criminalización de los ciudadanos mexicanos. Lo cual resulta inadmisible a todas luces. No podemos permitir que posturas fundadas en el odio racial y la intolerancia, se pongan por encima de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos de América y que atenten contra la dignidad de la persona, que es una prioridad defender. Esta situación está teniendo un impacto fuerte y de preocupación en varios estados fronterizos debido a que comparten frontera, o la frontera de Arizona con el estado de Sonora y obviamente, todos los diputados sé que están muy preocupados. Independientemente de su condición migratoria, los derechos humanos deben de ser salvaguardados y no deben de ser puestos en entredicho y menos aún ser violados sistemáticamente, con todo el respaldo de una legislación estatal. Asimismo, de aprobarse esa ley que criminaliza a los migrantes, se atenta contra los instrumentos internacionales de derechos humanos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares que, aunque no ratificada por Estados Unidos de América, sí forma parte del corpus internacional de instrumentos de derechos humanos, en específico de trabajadores migratorios, cuya vigencia debe promover la defensa de los derechos humanos de los connacionales mexicanos, en concordancia con la dignidad de la persona humana. Es cuanto, diputado presidente.