El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Diputadas, diputados, el 156 se refiere a las responsabilidades que los contadores o administradores adquieren cuando el SAT identifica delitos fiscales. Para el caso de delitos fiscales y financieros, la iniciativa prevé que solo podrá ser aplicado este criterio en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño. Como se sabe por la televisión y el cine, el criterio de oportunidad se traduce en la práctica, en la figura de los denominados testigos protegidos. Para efectos de este artículo los llamaremos soplones protegidos. Es decir, una vez que la Fiscalía determinó que existe posiblemente un delito y además que sí existe la probable responsabilidad de un individuo, aun así no presenta el caso ante la autoridad judicial competente. Lo anterior se justifica por la necesidad de aplicar una política criminal racional que contemple una utilización más eficiente de los recursos disponibles, persiguiendo al beneficiario mayor y final del delito. Nuestra propuesta consiste en dejar abierta la posibilidad de que la autoridad utilice de manera amplia y no restrictiva esta figura y, por el otro lado, evitar la delación interesada de los imputados en un delito de esta naturaleza. Aparte de un sistema fiscal regresivo y persecutorio, se le quiere buscar convertir en delatorio. Recordemos que el contador y el abogado están obligados al secreto profesional, que representa uno de los aspectos más significativos de su actuación. Tienen el deber ético de guardar celosamente la reserva de los asuntos vinculados con la vida privada y de los negocios de sus clientes. Ello porque se deben proteger el bien jurídico correspondiente a la intimidad de la vida de las personas, sí como de las empresas. Es por ello que el contador y el abogado fiscalista, ética y jurídicamente, están comprometidos a no violar lo que el cliente les confía. La figura de criterios de oportunidad o de los testigos protegidos ha sido ampliamente denunciada y cuestionada en México, pero también en Estados Unidos y en el mundo, ya que ni aquí ni allá se tiene la disposición pública a las características de sus programas de testigos protegidos. Por esta razón, se desconoce en qué consisten las medidas de protección, criterios para la admisión de testigos, procedimientos, encargados de ejecutar los derechos y obligaciones de las partes y los candados de confidencialidad existentes. ¿Por qué se admiten y se premian estos programas de testigos a personas consideradas delincuentes? ¿Por qué y cómo es que se toman sus declaraciones como base fundamental para inculpar a personas, cuando muchos de ellos no han podido en otros casos sostener sus dichos? ¿Por qué se concede la impunidad de sus supuestos delitos? ¿Por qué se utilizan testigos anónimos en franca violación de las normas internacionales con respecto al debido proceso? La falta de transparencia ayuda a proteger a los informantes y delincuentes. Saben ustedes que la PGR en México tiene más de 200 testigos protegidos para llamarlos claros traidores de las bandas delincuenciales, que a cambio de información discreta son protegidos cambiándoles de nombre a él, a sus esposas, a sus hijos, llevándolos a otros países para ser protegidos, consiguiéndoles empleo o entregándoles una renta mensual para que puedan sobrevivir, porque evidentemente muchos de ellos en el país, por la información que proporcionan estarían condenados a muerte. Esa figura quiere ser trasladada al tema fiscal, y convertir a los contadores, administradores, auxiliares contables, a que se conviertan en testigos protegidos, en traidores a la empresa a la que sirven, a cambio de protección y seguridad en el caso de que haya iniciado un proceso contra un propietario, de un empresario. Lamentamos que esta figura se incorpore a la ley sin ninguna valoración crítica. Espero que no veamos en los próximos meses el abuso de esta figura mal pensada. Piensen ustedes en el daño que se genera a miles de contadores, administradores, auxiliares, que por la información que poseen van a ser condicionados, o me das esta información o inicio procedimiento contra ti; o te conviertes en traidor de la empresa del empresario que le dio empleo, o te puedo sujetar a un procedimiento. Esto, compañeros diputados y diputadas, no puede ser una medida correcta y espero la comprensión de todos. Gracias, presidenta.