El diputado Domitilo Posadas Hernández: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen elaborado por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta soberanía tiene por objeto que todo servidor público que no acepte o no cumpla cualquier recomendación emitida por los organismos defensores de los derechos humanos, ya sea nacional o locales, debe proceder a hacer pública su negativa fundando y motivando los argumentos que orientan su actuación, tal como lo mandata el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De la lectura del dictamen en comento se desprende que en la exposición argumentativa para avalar la modificación propuesta, se destaca el fortalecimiento de la actuación de los órganos de los derechos humanos en nuestro país. De ninguna manera se trata de un asunto menor además de que no pasará desapercibido, pues no obstante que las recomendaciones emitidas por dichos organismos no tienen carácter vinculatorio, puede constituirse en un indicador de la situación que guarda la tutela de los derechos humanos a fin de adoptar las medidas conducentes en los casos en que sean rechazadas por algún servidor público. De esta manera se estará abonando a conocer de manera pública y oportuna, a identificar a quiénes y cuáles son los niveles de autoridad que se resisten a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas según sea el caso que corresponda. En un país donde la opacidad ha tomado carta de naturalización en muchos ámbitos de la esfera pública, la propuesta apoyada por el presente dictamen, puede convertirse en un instrumento que inhiba o evite la repetición de prácticas ocurridas al amparo de la fala de mecanismos de rendición de cuentas en el tema del respeto a los derechos humanos. Conviene recordar que no obstante los avances logrados en la materia, aún persiste en el comportamiento de un gran número de servidores públicos la tentación de pasar por alto la observancia del marco normativo correspondiente, incurriendo en actitudes que luego de ser conocidas oportunamente, pudieran dar la oportunidad de ser sancionadas de manera ejemplar por las instancias correspondientes. Son muchos los grupos o personas que debido a su condición socioeconómica de género, de origen étnico o nacionalidad, entre otros factores, son altamente vulnerables y pueden verse expuestos a la violación de sus derechos humanos, ante la preservación de inercias que no han podido ser desterradas del escenario nacional. Desafortunadamente las condiciones de desigualdad que agobian a millones de mexicanos, generan las condiciones en que las violaciones a sus derechos humanos ocurren de manera constante a lo largo del territorio nacional, sin olvidar que el fenómeno de la migración ha propiciado episodios altamente reprobables, afectando en gran medida a las personas que se internan en nuestro país provenientes de otras naciones, intentando llegar al país vecino del norte. La debilidad de la vida institucional que aún padece el Estado mexicano, exige concurso de todos los actores que puedan colaborar de manera decidida para revertir esta situación. Corresponde al Congreso legislar en una materia de enormes repercusiones sociales como la que hoy nos ocupa, cumpliendo con el desempeño de una tarea esencial consistente en precisar el cuerpo normativo correspondiente, las disposiciones a que están obligados los servidores públicos que traten de evadir el cumplimiento de sus responsabilidades en lo que concierne a las recomendaciones emitidas por los organismos que velan por el respeto de los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente. Por su atención, muchas gracias.