LA C. DIPUTADA MÓNICA SERRANO PEÑA (PAN): Con su permiso, señor Presidente. "Honorable Asamblea: "Con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exponemos a la consideración de este pleno los siguientes " A n t e c e d e n t e s : "Primero.- Que el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, la cual está compuesta por 11 Ministros y funciona en pleno o en salas. "Segundo.- Que este mismo artículo, así como el artículo 11 fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece como atribución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitir los acuerdos generales en las materias de su competencia. "Tercero.- Que es de trascendencia y relevancia las funciones que desempeña el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que tiene entre otras facultades la de interpretar la Constitución y ser el árbitro entre los poderes públicos. "Cuarto.- Que el 2 de junio de 1941 el General de División Manuel Ávila Camacho, entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, inauguró solemnemente la sede de la Suprema Corte de Justicia en el Centro Histórico de la Ciudad de México y desde entonces éste ha sido el recinto de las sesiones del pleno, consideramos pertinente hacer los siguientes "COMENTARIOS "Primero.- Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos años ha sido objeto de múltiples protestas, algunas pacíficas y en otras ocasiones violentas, en las cuales se han realizado actos de vandalismo que han dañado en reiteradas ocasiones el recinto de la misma. "Segundo.- Que como consecuencia de múltiples marchas, manifestaciones y eventos en el Zócalo de nuestra ciudad capital que se realizan, se entorpecen las funciones del pleno de la Suprema Corte, ya que se impide el acceso de los Ministros a la sede de ella. "Tercero.- Que aunado a lo anterior, día a día se va incrementando el número de comerciantes ambulantes y esencialmente sobre las aceras de las calles aledañas de la Suprema Corte, se observa una obstaculización del personal y de los vehículos para el ingreso de la sed; que además del aumento durante todo el año de los comerciantes ambulantes, año con año en la época de noviembre a enero es considerable el incremento de estos vendedores en la zona con motivo de la temporada navideña, impidiendo en forma casi total el acceso al recinto del pleno; que es inadmisible que en reiteradas ocasiones el Gobierno del Distrito Federal ha hecho caso omiso a las peticiones y gestiones que ha realizado el pleno de la Suprema Corte de Justicia, para que no se obstaculicen los accesos a la sede, resultando las mismas infructuosas y sin trámite, demostrando su falta de capacidad para resolver este gravísimo problema; que debido al riesgo cierto y constante de que las actividades y funciones de la Suprema Corte de Justicia sean obstaculizadas el día 8 de octubre del 2002, el pleno de la Suprema Corte, por acuerdo número 8/2002, en su resolutivo Primero se estableció como sede alterna de la Suprema Corte de Justicia las oficinas que se encuentran ubicadas en el 1508, pisos 5º y 6º de la avenida Revolución, de la Colonia Guadalupe Inn, en esta ciudad, para llevar a cabo cuando así lo determinen, las sesiones privadas de discusión de asuntos sometidos al conocimiento de este órgano, incluso para llevar a efecto las sesiones públicas que se requieren. "Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional de este H. Pleno de la Cámara de Diputados, reprueba la ligereza con que el Gobierno del Distrito Federal ha tomado el problema que está viviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el cambio de sede. Y es reprochable que éste, como encargado del cuidado de los poderes federales, no pueda brindar seguridad a la sede del pleno de la Suprema Corte, por lo cual nosotros brindamos el apoyo a todos sus miembros que la conforman. "Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del pleno el siguiente "Punto de Acuerdo "Primero.- Que esta H. Cámara de Diputados haga un exhorto al Gobierno del Distrito Federal, para que en uso de sus atribuciones dé respuesta a las constantes gestiones que ha realizado el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y retire en forma permanente de la vía pública a los comerciantes ambulantes que impiden el acceso al recinto del pleno de la misma. 2º. Que esta Cámara de Diputados como Poder de la nación se solidarice con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las decisiones que se tomen para el eficaz cumplimiento de sus funciones. Es cuanto señor Presidente. (aplausos) -EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias señora Diputada. Túrnese a la Comisión del Disttito Federal de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el Senador Raymundo Cárdenas Hernández del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente convoque al Congreso de la Unión a un Período Extraordinario de Sesiones. -EL C. SENADOR RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ. Gracias señor Presidente. Honorable Asamblea. En principio quiero decir que por un error no atribuíble a la Mesa Directiva, el tema fue agendado como una Proposición y no como una Iniciativa de Decreto que es la naturaleza del texto que vamos a presentar. Rogaría al señor Presidente tome nota de este hecho. Compañeras y compañeros. Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene como facultad, en los términos del Artículo 78 Fracción IV de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la de acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo Federal, la Convocatoria del Congreso o de una de sus Cámaras a sesiones extraordinarias. Esta es una de las más trascendentes atribuciones con las que cuenta este órgano del Congreso ya que de la capacidad de efectuar sesiones de los plenos de sus Cámaras depende el ejercicio de casi todas sus potestades constitucionales. La facultad de acordar convocatorias a períodos extraordinarios de sesiones responde a una necesidad elemental de hacer frente a las necesidades legislativas emergentes, ante el carácter sumamente limitado de los períodos de sesiones ordinarias con los que constitucionalmente cuenta el Congreso En efecto, incluso en 18857 el Congreso Mexicano tenía más tiempo para legislar que hoy y particularmente a partir de la Reforma Constitucional de 1874 disponía anualmente de seis meses de sesiones ordinarias prorrogables en hasta mes y medio lo cual ocurría con mucha frecuencia por lo que en la práctica dichas sesiones abarcaban 7 y medio meses al año, circunstancia que a juicio del Constituyente de 1916-1917 favoreció un desequilibrio entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. De hecho el sentido de la actual limitación de los períodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, a sólo cinco meses al año, tiene su raíz en una de las decisiones políticas fundamentales del Constituyente del 16-17, reducir las facultades constitucionales y el poder político del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, sentando de este modo la base más sólida del presidencialismo exacerbado sobre el que sería construído a su vez, el sistema político autoritario que los ciudadanos repudiaron en las urnas en el año 2000. El argumento central, de quienes con toda intención debilitaron al Congreso, fue y cuenta hoy creerlo, evitar la dictadura a la que suponían originada en las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo consustanciales a todo régimen democrático que ocurrían constantemente en la República Restaurada. La trágica prueba de lo erróneo del diagnóstico radica en el remedio, también errado, ya que el resultante desequilibrio constitucional entre Congreso y Presidente, el exceso de facultades constitucionales de este, condujo en concurrencia con otros factores, al desarrollo de esa degeneración del Sistema Presidencial conocida como el Sistema Político Revolucionario. Como resultado, nuestro Congreso dispone de menos tiempo para legislar que la mayor parte de sus pares en el Continente; basten para probarlo los siguientes datos concernientes a la duración de los períodos ordinarios: Argentina-9 meses; Brasil-9 y medio meses; Canadá-10 meses en promedio; Colombia-9 y medio meses; Costa Rica-6 meses; Cuba, indeterminado; Estados Unidos, en promedio 10 meses; República Dominicana, mínimo de 6 meses prorrogable hasta 10; El Salvador, indeterminado; Guatemala, de acuerdo con su Constitución, todo el tiempo necesario; Honduras-9 y medio meses; Panamá-8 meses; Paraguay-9 y medio meses; Uruguay-10 meses. Se citaron estos ejemplos por tratarse de países vecinos y socios comerciales y en casi todos los casos de regímenes presidenciales semejantes al mexicano. Queda patentizada pues la desventaja del Congreso mexicano. En pocas palabras, nuestro Congreso carece del tiempo suficiente para cumplir con desahogo sus obligaciones constitucionales, por ello urge que el Constituyente permanente le conceda mayores períodos de sesiones ordinarias. Atendiendo estas y otras consideraciones, la Cámara de Diputados recientemente aprobó una iniciativa de reforma constitucional para incrementar las sesiones ordinarias. Por su parte, un servidor ha presentado desde octubre de 2001, una iniciativa para aumentar los períodos ordinarios a un total de 9 meses al año en consonancia con las necesidades del Congreso y en coincidencia con el promedio mundial. No se trata de las únicas reformas que necesita el Congreso. En ambas Cámaras existen anteproyectos e ideas muy avanzadas para concretar reformas constitucionales que fortalezcan las atribuciones del Poder Legislativo Federal, sus Cámaras y sus comisiones. Las Comisiones de Reforma del Estado de ambas Cámaras, han tratado múltiples asuntos que fortalecerían al Congreso Mexicano. Se trata, en suma, de avanzar en el camino de la democratización del país y de la reforma democrática del Estado antes de que la política electoral imposibilite o dificulte los acuerdos. Otro tema de insoslayable urgencia es el régimen jurídico de la radio y la televisión. La obsolescencia de la ley actual ha quedado de manifiesto en múltiples asuntos pero sobre todo en la notable torpeza y negligencia exhibidas por el Gobierno Federal en su muy tardía reacción ante el despojo de las instalaciones de Canal 40, seguramente por miedo ante los costos políticos de aplicar la ley a un aliado del Presidente. Es urgente substituir la obsoleta Ley Federal de Radio y Televisión y dictaminar el rico acervo de proyectos alternativos con los que cuenta el Congreso. Otro tema que es necesario tratar antes de que la dinámica electoral lo haga poco favorable es el de los salarios de los servidores públicos, materia de dos iniciativas presentadas el día de hoy en cuyo sentido coincido. A mi juicio es necesario facultar al Congreso para legislar en materia de salarios, por lo pronto en el sector público federal, estatal y municipal pues no es posible que los altos funcionarios del Gobierno sean los segundos mejor pagados del mundo o que existan salarios casi inverosímiles como los de algunos munícipes mientras el pueblo sufre gravísimas privaciones. Una ley de salarios del sector público debería indexar los salarios de los funcionarios a una proporción justa con respecto a los salarios mínimos. Por ejemplo a mi juicio, el Presidente de la República no debería ganar más de ochenta salarios mínimos, esto es alrededor de 100 mil pesos al mes, menos de los casi 160 mil pesos que obtendrá con el presupuesto aprobado. De esta suerte, si los funcionarios y también los legisladores quisieran incrementar sus ingresos, tendrían que subir también los salarios mínimos en la misma proporción. Naturalmente todos los extras como bonos, compensaciones, estímulos de toda especie, gastos para comidas, quedarían integrados a lo que se considera como salario. Estas medidas ya las ha planteado la izquierda mexicana desde hace décadas y ahora vino Joseph Stiglis, Premio Nobel de Economía, a proponerlas nuevamente para México en su conferencia del pasado miércoles 18 de diciembre. Las razones no son sólo de justicia sino también de eficiencia económica. Un país como México, con una gran masa empobrecida jamás tendrá una economía fuerte; por lo demás sabemos que el mercado por sí solo no distribuye bien la riqueza, en consecuencia la ley tiene que hacerlo. Finalmente es necesario hace hincapié en que las necesidades legislativas perentorias del país, pueden exceder con mucho a los temas presentados y que la convocatoria que hoy me permito presentar pudiera abrirse, para abarcar otros temas de carácter urgente en los que fuese posible el consenso. Por lo anteriormente expuesto y con fundamente en la fracción IV del artículo 78 de la Constitución, sometemos a la consideración de este organo del Poder Legislativo Federal, la iniciativa con proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a sesiones extraordinarias del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del día 3 de febrero del 2003. Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a sesiones extraordinarias a partir del día 3 de febrero del 2003, con el objeto de tratar las iniciativas que hasta dicha fecha se hubieren presentado en las siguientes materias: Fortalecimiento del Congreso de la Unión. Salarios de los Servidores Públicos y Régimen Jurídico de la Radio y la Televisión. Transitorios: Primero.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en cinco Diarios de circulación nacional. Segundo.- Se solicita al Presidente de la Cámara de Diputados así como al Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se sirvan citar a los miembros de sus respectivas Cámaras, para los efectos legales a que hubiere lugar. Gracias.