El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia, misma a quien le pido que se sirva insertar de manera íntegra el presente texto en virtud de estar ya publicado en la Gaceta Parlamentaria. Existen diversas construcciones teóricas respecto al concepto jurídico de derechos humanos, pero pueden identificarse dos grandes grupos: Uno que los concibe inherentes a la naturaleza de los seres humanos y otro que los identifica con ciertos derechos humanos positivados, comúnmente llamados garantías individuales, derechos fundamentales o derechos subjetivos públicos. Los derechos humanos, desde la concepción positivista, son en su mayor parte los derechos que la Constitución denomina garantías individuales y que la doctrina identifica como derechos subjetivos públicos. Desde la visión yus naturalista, los derechos humanos son consustanciales a la persona, es decir, son inherentes e inseparables de su ser. En efecto, los derechos humanos son la sustancia misma de las personas, sin importar que el Estado a través de las leyes los reconozca, lo enuncie o proponga su defensa. Así los derechos humanos existen más allá de las normas, que en última instancia sólo cumplen la tarea simple y accesoria de inscribirlos en su redacción. La expresión derechos humanos es prácticamente aceptada en la actualidad y quiere decir que al hombre le corresponde, simplemente por serlo, determinados derechos y que éstos han de ser expresados objetivamente a la vez que han de ser exigibles subjetivamente. Todas las concreciones constitucionales e instrumentos jurídicos internacionales de ese tipo, es decir, de democracia liberal, parten del supuesto de la existencia de derechos fundamentales que están por encima del Estado, que tienen valor más alto que éste y entienden que uno de los fines principales del mismo consiste en garantizar la efectividad de tales derechos. Esa renovada devoción hacia los principios del derecho natural, aparece en muchas de las nuevas constituciones elaboradas después de la terminación de la II Guerra Mundial, encaminando la postura constitucional hacia la doctrina de los derechos naturales inalienables, imprescriptibles y superiores al Estado. En efecto, después de la II Guerra Mundial, la protección internacional de la persona comenzó a experimentar una evolución producto, fundamentalmente de la conciencia generalizada de proteger la dignidad humana como reacción a los horrores de la guerra, los actos de barbarie y atropello a las personas cometidos por el nacismo y otros totalitarismos. Ahora bien, el sistema jurídico mexicano, a la fecha, es de corte positivo, ya que al otorgar y no reconocer prevalece la corriente positivista sobre la naturalista. Esta tendencia requiere ser cambiada hacia el naturalismo y sus consecuencias. De conformidad con sus principios de doctrina, el Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Es por ello que en el quehacer legislativo hemos propugnado por tener siempre presente que por una parte la persona tiene deberes y derechos propios de su naturaleza y por el otro, que la libertad no puede ser constreñida arbitrariamente por el Estado y no tiene otros límites que los impuestos por el interés nacional, por las normas sociales y por el bien común. Dado que la persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, resulta la obligación del Legislativo de asegurarle el conjunto de libertades y medios de necesarios para cumplir dignamente ese destino. Así las cosas, Acción Nacional vuelve a confirmar que sustenta su acción política en el respeto a la dignidad de la persona, donde la defensa y promoción de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad responsable ocupan un lugar preponderante. Por ello, en la presente iniciativa se plantea que la Constitución deba reconocerlos plenamente y frente a los abusos del poder garantizar su defensa. Los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado y por tanto deben reconocerlos y garantizarlos plenamente. Los derechos humanos constituyen un límite natural y necesario al poder público, sin su respecto escrupuloso el Estado no se justifica, ni la autoridad tiene razón de ser. Por ello, es obligación del Estado promoverlos y garantizarlos sin distinción de credos religiosos, convicciones políticas, rangos o categorías sociales, clases o ideologías. El concepto de derechos humanos debe ser integral, tal y como ha sido plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esto es, debe abarcar todos los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los ciudadanos. Derechos que el Estado ha de respetar y promover a fin de satisfacer lo que es su razón de ser: procurar y garantizar el bien común. Así lo señaló Acción Nacional en su plataforma política del 94-2000. A nadie debe sorprenderle que nuestro compromiso es el de respetar los derechos humanos, ya que sin un respeto pleno hacia los mismos nunca podrá transitarse hacia una verdadera democracia plena. El fin último de esta iniciativa es, por una parte poner un dique a la posibilidad latente de quienes detentan el poder, que tengan la posibilidad de proclamar como derecho lo que les convenga; y, por el otro, insertar en nuestro orden jurídico valores, ideales, que se sitúen por encima de la mera fuerza, para que finalmente se garantice a los mexicanos el pleno goce de sus derechos fundamentales. Es cuanto.