La diputada Marbella Casanova Calam: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. (Habló en dialecto) Nos arrancaron los frutos, nos cortaron nuestras ramas, nos quemaron nuestros troncos, pero nunca podrán matar nuestras raíces. Con su permiso, señor Presidente: es muy grave que esta soberanía del pueblo de México pretenda aprobar reformas sin trascendencia que no van a cambiar la vida de los pueblos indígenas de México, pero que con esta decisión contribuye a polarizar aún más la relación entre los grupos en conflicto, las comunidades indígenas y el Estado mexicano. Esta soberanía popular debería entrar de una buena vez a analizar y proponer fórmulas que den respuesta definitiva a la problemática indígena de México, que cada día se torna más difícil porque aumentan la pobreza extrema, el desempleo, la marginación, la migración, la desnutrición las enfermedades y el nulo acceso a la justicia. Sería una irresponsabilidad nacional asumir actitudes excluyentes, que lo único que hacen es ahuyentar cada día más el acercamiento entre las partes en conflicto y lograr dar solución a las demandas, a casi 13 millones de mexicanos indígenas. El dictamen de la reforma de la Ley de Asentamientos Humanos es la expresión del regateo a la mezquindad y la falta de voluntad política para retomar de fondo el tema indígena que ha quedado en el olvido por la clase política de este país desde aquella fallida reforma de 2001, que los pueblos indígenas han calificado de "contrarreforma". Está claro que la pretensión de legislar leyes secundarias con base en la contrarreforma de 2001 lo que se hace es deshacer de una responsabilidad histórica al gobierno mexicano para dar respuesta a una reforma profunda que han demandado los pueblos indígenas. Es de recordar que los pueblos indígenas, desde antes y después de 1994, han reclamado la construcción de un pacto social integrador, de una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Esta nueva relación parte de la convicción de que una nueva situación nacional y local para los pueblos indígenas sólo podrá arraigar y culminar con la participación de los propios indígenas y la sociedad en su conjunto, en el marco de una profunda Reforma del Estado. Es decir, demandan resolver de raíz una problemática que lleva más de 500 años atrasándose y no ha habido, de parte del gobierno, una voluntad para hacer los verdaderos cambios sociales y jurídicos para la población más desfavorecida de México. Por eso llamo a votar contra el proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos porque significa retroceder al compromiso que asumió el gobierno mexicano con los indígenas de México, llamado "Acuerdos de San Andrés". A mi juicio, se trata de una nueva ley tutelar y paternalista, que en nada cambia la vida de los pueblos indígenas porque no contribuye a posibilitar el derecho que tiene al libre ejercicio de la libre determinación en un marco de autonomía. Los pueblos indígenas reclaman grandes cambios, no maquillajes de leyes secundarias; reclaman ser pueblos, no centros de población; reclaman autonomía y libre determinación, no tutelajes; reclaman derechos plenos, no compasión. La libre determinación significa el derecho de controlar sus instituciones, recursos, tierras, estructuras sociales y culturas sin dominación ni injerencia, pues tienen derecho a ser sujetos plenos, como establecen los diversos convenios internacionales que México ha ratificado. Con reformas sin gran importancia se falta a la palabra y se hace caso omiso a los pueblos indígenas, violando y menospreciando derechos consagrados en la esfera internacional con reformas triviales que sólo agotan la posibilidad de una paz firme y duradera en Chiapas y en otras regiones, donde en los últimos días hemos sabido de conflictos derivados por la falta de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Y se demuestra con estos hechos la falta de compromiso del Estado con los pueblos indígenas que reclaman: ¡nunca más un México sin nosotros! Muchas gracias.