La diputada Patricia Lugo Barriga: Gracias, presidente. Respecto a este artículo número 89, debemos considerar que en el mundo de la radiodifusión de uso social se han ido abriendo espacios cada vez más grandes, su importancia radica en que hoy por hoy son considerados factores indispensables de cohesión social. Sus propósitos culturales, científicos, educativos y sin fines de lucro los dotan de nobleza, pues entre ellos destacan los medios comunitarios e indígenas y por lo regular su intención ha sido la de favorecer a la comunidad y su desarrollo. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Amarc, define este tipo de concesiones como emisoras que hacen este ejercicio en diversas condiciones, poniendo en común ideas y creencias que se transforman en innovadores procesos comunicativos. Radios comunitarias hechas por mujeres, comunidades indígenas, colectivo de jóvenes de zonas rurales y urbanas, todas con un fin común: la libertad de expresión y comunicación. Derechos humanos fundamentales reconocidos por tratados internacionales, que deben ser garantizados como tales por todos los Estados democráticos. En ese sentido, la minuta enviada por el Senado de la República mantiene limitantes en el tema del financiamiento para las concesiones de uso social. Dentro de los medios de obtención de recursos, se contemplan los donativos, aportaciones y cuotas de cooperación, convenios de conversión con otros medios sociales para el mejor cumplimiento de sus fines y venta de publicidad a los entes públicos, federales, estatales también, los cuales destinarán el 1 por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad, autorizados en sus respectivos presupuestos, sin embargo no se contempla la posibilidad de patrocinio. Es por esto, que mi propuesta va en el sentido de modificar el artículo 89, fracción VIII, donde dice: Patrocinios. Entendiéndose como tal el pago en efectivo o en especie que realiza cualquier persona denominada patrocinador, a fin de que se haga la mención o presentación visual de la denominación o razón social de la persona que realizó el pago, sin inducir la comercialización o venta de ningún producto o servicio. Los patrocinios tendrán las siguientes características. Deberán contar por escrito y establecer los derechos y obligaciones específicos entre el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y el patrocinador. Su formato no podrá corresponder al de un anuncio comercial y su duración no podrá exceder de cinco segundos, únicamente podrán hacer la mención o presentación visual del nombre, denominación o razón social del patrocinador, sin destacar ni exaltar sus atributos específicos. Podrá mencionarse o presentarse visualmente la rúbrica, lema o eslogan del patrocinador. Mediante el patrocinio podrá informarse al público de apoyos o donativos de carácter social que lleven a cabo el patrocinador, y el patrocinio podrá financiar la instalación y operaciones de estaciones de radiodifusión, así como de producción de segmentos o programas completos de radiodifusión para una mayor transparencia. Esto es en cuanto al artículo 89. En mi reserva del artículo 256 quiero reconocer la voluntad del gobierno federal por incluir en su propuesta un espacio que no compete única y exclusivamente a aspectos técnicos, sino que reconoce y contempla el destino final de las actividades que engloban la radiodifusión, que son personas, individuos como nosotros, millones de mexicanos a quienes antes de esta norma no se les reconocía de manera expresa un elemento fundamental, como son los derechos de las audiencias. Se ha dado un primer paso con la inclusión del tema de los derechos, sin embargo fue un paso muy pequeño, incluso tímido, al pretender que los únicos que lo contemplen sean los concesionarios que ofrecen el servicio público de radiodifusión, como lo establece la propuesta del artículo 256. Asimismo, desconozco si fue por descuido, malicia o falta de interés que la redacción del artículo anteriormente mencionado quedó sin pies ni cabeza al principio del mismo. Se establece que el servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia, lo cual, evidentemente limita su aplicación posterior después del catálogo de buenas intenciones que deberá contemplar el servicio público de radiodifusión. El segundo párrafo del artículo instituye que los concesionarios de radiodifusión o de televisión de audio restringidos deberán expedir códigos de ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Es aquí donde el artículo se vuelve particularmente confuso o engañoso, pues ese párrafo se aplica a todos los servicios de radiodifusión y qué bien que todos tengan que expedir códigos de ética para que se autorregulen. Pero qué pena que el comienzo del artículo donde realmente se encuentren las buenas intenciones ya no los abarca a todos. La cuestión es, por qué no dar un gran paso y que todos los concesionarios de radiodifusión respeten y atiendan los derechos de las audiencias si el servicio de radiodifusión comercial cuenta con más del 50 por ciento de la misma, y por esa razón el propio Ifetel definió como preponderante a Televisa, que tiene cuatro canales de televisión abierta en múltiples estaciones de radio. No podemos esconder la realidad de nuestro país, la radiodifusión comercial que engloba a Televisa y TV Azteca, entre otros, cuenta con el 95 por ciento de la audiencia. ¿Por qué no atender los derechos de la misma? ¿Por qué reducirla al servicio público de la radiodifusión? Es por ello que recomendamos, en el artículo 256, fracción X, segundo párrafo, los concesionarios de radiodifusión, incluyendo a los que presten el servicio de televisión o audio restringido deberán expedir códigos de ética, con el fin de proteger los derechos de la audiencia.