El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su venia, señor presidente, diputadas, diputados. En el caso del dictamen que nos ocupa nos congratulamos de que el Congreso se encuentre al día de hoy en condiciones de aprobar esta nueva ley, con los que se da cumplimiento a lo establecido en los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 constitucional y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Carta Magna, en Materia de Justicia Penal para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial, el 2 de julio de 2015. Los derechos de las personas adolescentes o en desarrollo deben ser garantizados por el Estado de manera integral y con una perspectiva de ampliación de derechos y no de su restitución. El Estado debe encontrar la forma de establecer las condiciones en las cuales los adolescentes podrán ejercer a cabalidad sus propios derechos y cuáles son los límites que a su ejercicio corresponden. Bajo esa lógica resultaba muy importante que esta ley contuviera todos los elementos que pudieran garantizar que, aun y cuando un adolescente se encontrará en un escenario de conflicto con la ley, este pudiera tener a su disposición todos los mecanismos por los cuales pudiera solventar su situación. Es por ello, que en el tránsito de un sistema de justicia penal tutelar a uno garantista como éste, que se encuentra regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resultaba ingente en un momento en el que nuestro país transita por la más grave crisis humanitaria que jamás hayamos vivido. La ley tiene por objeto establecer el sistema integral de justicia penal para los adolescentes en todo el territorio nacional a través de la garantía de los derechos humanos de las personas en desarrollo, a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos estableciendo las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias, las medidas de sanción correspondientes a aquellas personas que se les comprueba la comisión de un delito, según su grupo etario, así como la asignación de obligaciones de las instituciones, órganos y autoridades especializadas delimitando y distribuyendo sus atribuciones y funciones para la aplicación de las nuevas normas del sistema. En el mismo tenor, el establecimiento de un procedimiento especializado para los adolescentes en donde se deberá determinar el autor o partícipe en el delito, su grado de responsabilidad y las medidas correctivas que le corresponden. De igual manera, se regulan las facultades de las autoridades especializadas en materia de justicia penal que conforman el sistema integral, según lo establecido en el artículo 18 de nuestro Texto constitucional. No obstante lo anterior, debemos señalar que en aras del perfeccionamiento de ese ordenamiento el Grupo Parlamentario del PRD tiene diversas observaciones al dictamen que se nos presenta, entre ellas, la más importante de nuestras objeciones, tiene que ver con las disposiciones relativas al régimen especial de la prescripción de los delitos que se contemplan. Hemos hecho llegar nuestros comentarios a la minuta y expresamos nuestra mayor disposición para que, en términos de los acuerdos alcanzados por los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, se instale a la brevedad la mesa de discusión que podrá coadyuvar en la construcción de nuevos acuerdos en beneficio de las y los jóvenes en conflicto con la ley. Que quede claro. En el Grupo Parlamentario del PRD nos manifestamos a favor del dictamen pues sabemos que es una ley necesaria, la cual no criminaliza de ninguna manera a la niñez y adolescencia. Por el contrario, protege de manera integral los derechos de la persona adolescente y salvaguarda los derechos de quienes sean sujetos de la misma. Es importante manifestar que esta ley cuida los derechos de las víctimas u ofendidos por la realización de hechos señalados como delitos. Compañeras y compañeros, con el voto a favor del Grupo Parlamentario del PRD al presente dictamen, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos de todas y todos los habitantes del territorio nacional, especialmente con los adolescentes. Quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamado enérgico al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, para que retire su dicho ofensivo y discriminatorio contra las adolescentes y embarazadas en ese estado, y se disculpe públicamente con este sector. No podemos fomentar violencia desde ninguna trinchera, y menos desde la trinchera de un gobierno. Es cuanto, señor presidente.