La diputada Dora Alicia Martínez Valero: Con su venia, señora Presidenta. Los suscritos Dora Alicia Martínez Valero y Adrián Fernández Cabrera, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, venimos a someter a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer la función fiscalizadora por parte del Instituto Federal Electoral, que por obviedad de tiempo sólo haré un resumen y pido a esta Presidencia se instruya para que se integre completamente en el Diario de los Debates la iniciativa que dejo en esta Secretaría. En 1996 la reforma electoral contribuyó a la verdadera vida democrática en México y fortaleció la confianza ciudadana en los procesos electorales; sin embargo, no existe la menor duda de que a pocos años de su creación existen aspectos que deben de ser mejorados. Uno de éstos es el de la fiscalización a partidos y agrupaciones políticas, con el fin no sólo de dotar a las instituciones de mejores facultades de control, sino de la urgente necesidad de transparentar el uso de recursos públicos. Como es sabido, el IFE es el órgano rector en materia comicial, ya que por mandato constitucional él es el encargado de organizar las elecciones federales. En esta tarea se deben de regir por cinco principios fundamentales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Por esta razón la Ley Fundamental prevé que el IFE tenga a su cargo en forma integral y directa todas las actividades relacionadas con la preparación, organización y conducción de los procesos electorales. A su vez, el Consejo General es el órgano superior de dirección de este Instituto, quien es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. Por tanto, es el facultado para integrar comisiones que considere necesarias en el desempeño de sus atribuciones. En ese sentido, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 80 señala el funcionamiento permanente de comisiones, entre las cuales destaca, principalmente, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. Para el desarrollo de esta función, el Consejo General ha aprobado reglamentos de esta materia que establecen lineamientos para la fiscalización. Dicha normatividad prevé formatos, instructivos, catálogos de cuenta y guías contabilizadoras para el registro de egresos e ingresos, así como la determinación de cuál será la instrumentación comprobatoria para el manejo de los recursos, estableciendo la obligación de presentar informes sobre el origen y monto de los ingresos, así como el empleo y la aplicación de los mismos en términos del Cofipe. Si bien es cierto que a lo largo de los años el IFE ha buscado la manera de perfeccionar el desarrollo de sus funciones, también lo que es que la que más ha cobrado relevancia es la función fiscalizadora, en virtud de que la ciudadanía exige no sólo que el instituto ciudadano asigne recursos a los partidos sino que pueda informar cuáles fueron los destinos de éstos y cómo es que los partidos están cumpliendo con sus obligaciones de fiscalización. Todos somos conscientes que la función fiscalizadora del IFE ha llevado a descubrir importantes irregularidades sobre el origen y destinos de los recursos asignados a los partidos, tales como los casos Pemex Gate y Amigos de Fox. A raíz de estos casos se crearon precedentes judiciales que han reconocido la función fiscalizadora del IFE, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que este Instituto era una autoridad hacendaria en el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, por lo que se establece la imposibilidad de esgrimir el secreto bancario, fiduciario y fiscal para impedir sus tareas legales. Esto, en ánimo de facilitar al máximo las labores necesarias para que se investiguen de manera objetiva las posibles conductas ilícitas y se impongan las sanciones administrativas correspondientes, ya que la finalidad de la norma no es sólo la equitativa asignación sino el buen uso de recursos públicos. En Acción Nacional una de las posturas primordiales ha sido y seguirá siendo la fiscalización y la transparencia de recursos públicos. En virtud de lo anterior es que se propone constituir la función fiscalizadora de manera plena e integral a los partidos y agrupaciones políticas por parte del Instituto Federal Electoral, ya que esta función debe ser entendida como prioritaria. Ya lo decía Jaime Cárdenas, anterior consejero electoral: La función fiscalizadora a los partidos políticos es una tarea cada vez más importante y reveladora. En su fortaleza o debilidad de los méritos o deméritos de la democracia. Muchas gracias.