El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar a ustedes iniciativa que contiene proyecto de decreto por medio del cual se expide la Ley General que Crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos. A lo largo de la historia la identificación de las personas desaparecidas ha evolucionado al paso del avance tecnológico. En un primer momento no existía un medio externo que permitiera dicha identificación. Es decir, se empleaba el reconocimiento personal o el llamado retrato hablado. Posteriormente, con el surgimiento de la cámara fotográfica se vivió un avance cualitativo que permitió facilitar la difusión de la información, así como en su momento lo significó la identificación de las huellas dactilares. Lo último, si bien significaba un gran avance sujeto a la efectividad del método y a la posesión previa de la huella dactilar del sujeto, y en caso de lo contrario, la eficacia del método se reducía a la nada. No obstante que este avance tecnológico se encuentra disponible desde hace 28 años, lo cierto es que en nuestro país no hemos enfocado su uso en el abatimiento de un grave problema que vulnera el núcleo básico de la sociedad, como lo es la familia. Cada año miles de niños o adolescentes menores de 18 años de todo el mundo desaparecen cada minuto. Solo se encuentra a algunos, pero muchos de ellos no son encontrados nunca o al menos con vida. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con una cifra exacta de cuántos son las niñas y los niños desaparecidos en el país. Instituciones gubernamentales como organizaciones civiles distan mucho en el número de niñas y niños desaparecidos. Según informes de la Procuraduría General de la República, en el periodo 2005-2006 se reportó que alrededor de 32 mil niños fueron robados o desaparecidos. Para 2009 la misma institución calculó que anualmente desaparecen 45 mil menores de edad, siendo el Distrito Federal, estado de México y Jalisco donde se registra el mayor número de casos, y se estima que terminan en Estados Unidos o Canadá, donde se llega a pagar hasta 50 mil dólares por niño. Por otra parte, durante el periodo 2007 al 2011 las cifras otorgadas por el Senado de la República sobre niños desaparecidos en México ascienden a 150 mil, es decir, un promedio de entre tres y cuatro niños cada hora, mientras que algunas organizaciones civiles establecen que en México han desparecido alrededor de 500 mil niños en los últimos seis años, lo cual representa un promedio de entre nueve y 10 niños desaparecidos cada hora. De estos, el 58 por ciento tienen entre cuatro y 12 años de edad y casi dos terceras partes son del sexo femenino. El fenómeno alcanza dimensiones mundiales, pues los niños son trasladados a diferentes países, principalmente Estados Unidos, siendo México el segundo en importancia para el mercado norteamericano, valga la expresión. Ante esto, la única explicación posible ante la ausencia de investigaciones judiciales y el creciente número de casos de desaparición de niños y niñas es la omisión de las autoridades judiciales y el desdén de los gobiernos, así como una falta de una política pública de protección integral a los niños y niñas en México, como en justicia, les debe corresponder. De acuerdo a cifras no oficiales por asociaciones civiles dedicadas a la búsqueda de menores en México desaparecen anualmente cerca de 45 mil niños y niñas, sin que se conozcan las razones que propician estos hechos. Es decir, en México no existe a la fecha una base de datos oficial que indique la cantidad, mucho menos la identidad de los menores desaparecidos ni que compile las investigaciones relativas a este fenómeno. Lo que se propone como consecuencia es la emisión de esta ley, que permita establecer un sistema de registro de menores desaparecidos y sustraídos, que compile y deje a la disposición de las autoridades correspondientes los datos para la identificación de los menores desaparecidos mediante sus pruebas de ADN, para que con ello se pueda lograr en primer lugar contar con un registro fidedigno y eficaz que nos permita conocer la magnitud del problema. En segundo lugar, permitir que las autoridades cuenten con un sistema de comunicación y distribución de información de alta tecnología y especialización que facilite sus labores relacionadas con la investigación de la desaparición de menores y, por último, el permitir a los familiares de las víctimas tener la certeza de que la información de los menores desaparecidos será usada únicamente para su localización. Con la existencia de esta nueva ley, el Estado mexicano se situaría a la vanguardia en el combate a la trata de menores, estableciendo a través de esta ley general, la obligación además de contar con una base de datos que contenga la información de ADN de los menores desparecidos. A través de esta legislación, México se situaría a la par de España y Guatemala, quienes cuentan con un registro forense civil que en años recientes ha tomado parte activa y relevante de las investigaciones relacionadas con los niños robados. Recordemos, compañeras y compañeros, que cada niño y niña tiene un derecho de crecer y desarrollarse en una forma plena y armónica; a nosotros nos toca coadyuvar para que así sea. Muchas gracias.