EL C. DIP. MELITON MORALES SANCHEZ: Señor Presidente; señoras y señores diputados: El veto a la Ley de Desarrollo Rural nos recuerda aquello de que nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, claro, en lo que a agravios se refiere. El señor Presidente Fox, el señor Javier Usabiaga, diputado federal con licencia y Secretario de Agricultura, y también el señor ingeniero Antonio Ruiz García, Subsecretario de Desarrollo Rural, prácticamente solos demostraron a las dos Cámaras del Congreso de la Unión, a todas las organizaciones campesinas, a los ponentes en los foros celebrados durante los últimos dos años y a los más de 25 millones de mexicanos que integran la sociedad rural, que no obstante el esfuerzo en la búsqueda de consenso, hemos parido un monstruo burocrático y solicitado, la promulgación de una ley perversa merecedora de un veto total con observaciones en el 95 % de su articulado. Argumento: El Ejecutivo habla de una concepción restringida a lo agropecuario. Efectivamente lo agropecuario tiene peso dentro de la ley pero tal ponderación no es el producto de la visión corta de los legisladores. Olvidan los detractores de la Ley, quizá por su inexperiencia, que ésta reglamenta la fracción XX del artículo 27 constitucional. Comedidamente recomendamos a estos señores funcionarios que lean la . recomendamos a estos señores funcionarios que lean la fracción, re corten su contenido agropecuario, lo pesen en una balanza de precisión, obtengan su porcentaje y se darán cuenta de que su impugnación es constitucionalmente improcedente. El Congreso de la Unión no fue, no es parcial en la identificación de los sujetos de la ley ni plantea una representación social centralizada y excluyente. Cuando se nos acusa de distorsionar los factores principales del desarrollo rural al postular un incremento de organismos e instrumentos públicos, regresando a viejos esquemas de tutelaje estatal, se acude en realidad a la descalificación, con el propósito de eliminar el compromiso del Estado, claramente establecido en los Artículos 25 y 27, con los grupos protegidos por la Constitución General de la República. En el fondo es el conflicto entre dos visiones diferentes: la que surge de la revolución mexicana, que se plasma en la Constitución de 1917 y el modelo globalizador neoliberal, que plantea un estado disminuido, dejando a los pobres desorganizados e inermes ante las fuerzas despiadadas del mercado. Compañeros diputados, no hay sesgo en el soporte institucional, no existe distorsión en el sentido esencial de los apoyos, lo que sucede es que los detractores de la ley no saben cómo integrar una función producción ni optimizar la viabilidad financiera de los agronegocios, el 90% de los apoyos y subsidios busca incrementar el rendimiento, mejorar el ingreso y reducir los costos de producción, además de prever los apoyos sociales a los hombres y mujeres del campo en pobreza extrema. Dado que hablan de desatención a las zonas rurales marginadas, utilizando mendazmente la causa indígena, desde esta tribuna planteamos el desafío, para que demuestren cuál de los artículos, de los 123 que con tiene la ley, no tiene aplicación en las zonas rurales marginales. El veto a la Ley de Desarrollo Rural, más que una contrapropuesta es una contrarreforma constitucional, que sólo tendría cabida si antes eliminan los de la derecha el contenido social recogido por los Constituyentes en los Artículos 25 y 27 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. El veto contiene acedos rencores porfirianos y violentas venganzas ideo lógicas, quiere ver a los campesinos indefensos, para poder arrebatarles lo que a través del reparto agrario les fue expropiado con justificada razón a los hacendados. No caigamos pues en las trampas gubernamentales ni permitamos ser, víctimas de la impericia en el manejo de los asuntos públicos. Debemos sumar esfuerzos y sumar votos, para ratificar la Ley de Desarrollo Rural y cumplir así como representantes populares con nuestra misión histórica. Muchas gracias.