La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Compañeras y compañeros legisladores, que el 8 y el 9 de marzo quedarán inscritos en nuestra historia. Los días en que las mujeres acudimos y paralizamos nuestro país. Si bien es cierto que en otros años salíamos a las calles como cada 8 de marzo, este fue diferente, porque se ve, ante el alto índice de violencia generalizada que vivimos las mujeres y las niñas, frente a un gobierno que minimiza esta violencia y que descalifica las exigencias de justicia y combate a la impunidad. A pesar de muchos, este 8 y 9 de marzo marcarán nuestras memorias, miles y miles de mujeres nos movilizamos pacíficamente, sin recursos y paramos con organización, congruencia y comunicación. Pero también nos manifestamos en contra de un Estado, de un gobierno que no hace eco de estas demandas. Que no atiende las exigencias de poner fin a las violencias feminicidas contra las mujeres y las niñas. En ese contexto, yo preguntaría a este pleno cuál va a ser la respuesta completa que dará el Poder Legislativo a miles de mujeres y niñas que el 8... las calles y el 9 en silencio y con su ausencia paramos por las que ya no están. ¿Cuál sería la respuesta de la Legislatura de la Paridad para integrar una agenda inmediata que atienda esas demandas? Seguiremos insistiendo ¿que sea con becas o sembrando arbolitos o moralizando el país como se combatirán las estructuras patriarcales y machistas que fomentan la violencia de género? México no debe ser el mismo después del 8 y 9 de marzo. Estamos obligados y obligadas a responder con prontitud, con eficacia y sensibilidad al clamor que se escucha a lo largo y ancho del país. Requerimos un gran acuerdo en favor de la vida y la libertad de las mujeres y las niñas en contra de la violencia, así estar en condiciones de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y las niñas y sus causas estructurales. Un acuerdo general para garantizar la igualdad sustantiva, la no discriminación, el acceso a la justicia y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en las esferas públicas y privadas, en las instituciones y las leyes. Requerimos de un acuerdo en el que participe el gobierno federal, que atendiendo la gravedad del problema convoque al Congreso de la Unión, a los Congresos locales, a los gobiernos estatales y municipales, al Poder Judicial, a las organizaciones de mujeres, a las universidades, a los organismos de derechos humanos, a los partidos políticos, a las fiscalías generales, a los medios de comunicación, a las instancias de las mujeres, a todos los sectores sociales y a la iniciativa privada. Un acuerdo que siente las bases y establezca las acciones para cumplir la ley, a fin de contrarrestar la información y los mensajes de los medios de comunicación que reproducen los estereotipos y la violencia que se dirige hacia las mujeres y las niñas, así como promover en los medios el adecuado tratamiento de las noticias con relación a los feminicidios. Un acuerdo que mandate al Estado, en general, a realizar campañas de prevención, a fin de transmitir claramente el mensaje de que la vida de las mujeres merece ser respetada. No más mensajes que hagan vivir con miedo a las mujeres y las niñas, o las responsabilicen de lo que les sucede. Un acuerdo que tome en cuenta que las escuelas pueden ser reproductoras de violencia, de formas de control y de machismo, y que es conveniente que los planes de estudio de todos los niveles educativos que integran programas educacionales sobre los derechos de las mujeres y la igualdad entre los géneros, diseñando una metodología para intervenir preventivamente y de forma más efectiva por las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Un sistema judicial que garantice el acceso irrestricto de las mujeres y niñas, víctimas de violencia de género y sus familias a la justicia, y les otorgue el poder para reclamar sus derechos. Una justicia verdaderamente pronta, exhaustiva, independiente, imparcial y de calidad, a nivel federal y en cada entidad. Un acuerdo que comprenda el compromiso de todas las autoridades e instituciones relacionadas, de coordinarse en forma permanente, a nivel federal, estatal y municipal. Tomar medidas urgentes y designar recursos económicos y humanos suficientes para atender diligentemente las denuncias de violencia física, psicológica y sexual, así como para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres y niñas. Un acuerdo que incluya una estrategia de seguridad pública e inteligencia para eliminar los altos índices de violencia en algunas entidades regionales y combatir el crimen organizado que utilizan los crímenes en contra de las mujeres y niñas para mostrar su control sobre el territorio y enviar mensajes a sus enemigos. Un acuerdo que comprenda una política integral que garantice el derecho a las mujeres libres de violencia. Aquí el Congreso, en esta Cámara de Diputados, esta legislatura de la paridad, lo que requiere es tener lo antes posible, en verdad, una agenda de género, que nos represente a todas, que represente todas las exigencias. Ese debería de ser uno de nuestros principales acuerdos también, pero el otro es el que dotemos de los recursos necesarios, que se garantice el presupuesto, que se garantice el presupuesto suficiente para implementar una política integral, para terminar con la pobreza, con la desigualdad y con la violencia, de lo contrario, de lo contrario esta legislatura de la paridad contribuirá a la demagogia que sale desde el Palacio Nacional. Por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas.