La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón: Gracias, señora Presidenta. Los suscritos diputadas y diputados de la fracción parlamentaria del PRD, Miguel Ángel Solares, David Sánchez Camacho, José Luis Gutiérrez, José Jacques, José Antonio Almazán, Adrián Pedrozo; Ramón Pacheco, María Eugenia Jiménez y Daniel Dehesa presentamos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 y se adiciona el numeral 2, recorriendo el contenido de los numerales 2 y 3 del artículo 172 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, reglamentario del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 172 excluye a gran parte del personal al servicio del Instituto Federal Electoral del goce de garantías individuales de igualdad, de libertad de reunión y asociación, de seguridad jurídica y de garantías sociales, de permanencia en el empleo, de igualdad de salario, de profesionalización laboral, de escalafón y de libertad de asociación profesional que a favor de todos los habitantes de nuestra nación constituye, instruye, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1o., 9o., 14, 16, 123 y 133. Esta situación afecta el estado de derecho en el país y debe subsanarse para consolidar al Instituto como garante de la democracia nacional, tutelar de los derechos políticos electorales de los mexicanos y también como ente respetuoso de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su parte dogmática, relativa a las garantías individuales y sociales en su parte orgánica, establece la prohibición explícita de toda forma de discriminación, lo que significa que no puede haber tratamientos diferenciales por los cuales se prive de derechos o prerrogativas a un determinado grupo de personas por su origen, género, condición social o cualquier otra que atente contra su dignidad. De igual manera, el artículo 9o. de nuestra Ley Fundamental consagra el derecho a la libertad de asociación y de reunión, o sea la garantía para asociarse libremente para cualquier objeto lícito para la consecución de ciertos fines que no sea contrarios a las normas de orden público. Asimismo, la libertad de reunión alude al derecho humano de congregarse sin más limitación que el de hacerlo para cualquier objeto lícito y de manera pacífica. Por su parte, el artículo 14 constitucional consagra el principio de certidumbre jurídica que dota de firmeza al conjunto de los derechos fundamentales de que se dota a las personas en nuestro marco jurídico, por lo que con esta garantía se protege a los individuos contra actos privativos de derechos, sin que medie juicio ante tribunales y con procedimientos contemplados en la ley. En otro orden de ideas, el marco jurídico que rige las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal tiene su fundamento en el apartado B del artículo 123 de la Constitución. En este precepto, en su fracción XV, se determinan los derechos que tienen los trabajadores de confianza, así como la disposición de que sea la ley la que determine quiénes pueden ser considerados como tales. Es relevante mencionar que tanto los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del apartado B como la definición de trabajadores de confianza no formaban parte de la Constitución de 1917, sino que se incorporaron a través de reformas constitucionales. De hecho, la figura de trabajo no aparece en el apartado A del artículo 123 y sólo se incorporó a nuestro marco jurídico a partir de la Ley Federal del Trabajo de 1931 y en la de 1970 se le consideró como un trabajo especial. De acuerdo a esta disposición legal, los trabajos de confianza son los que realiza un trabajador con mayor grado de responsabilidad, en atención a la tarea que desempeña y que de alguna manera hacen presente el interés del patrón a través de las funciones que desempeña. A su vez, la citada ley reglamentaria del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también reglamentaria del Apartado B del articulo 123 en lo que hace al personal al servicio del Instituto Federal Electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que el personal que integre los cuerpos de servicio profesional electoral sean considerados de confianza y sujetos al Apartado B del artículo 123 constitucional. En atención a los preceptos constitucionales ya invocados y a los relacionados del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las y los diputados federales que presentamos esta iniciativa estamos convencidos de que el numeral 1 del artículo 172 del Cofipe es inconstitucional, al considerar como de confianza a todo el personal de los cuerpos del servicio profesional electoral y de las ramas administrativas del Instituto Federal Electoral y que, por tanto, es imperativo que se corrija para encuadrarlo a la normatividad de nuestra ley suprema en materia de derechos públicos subjetivos y específicamente en el entorno de las garantías sociales consagradas en beneficio de los servidores del Instituto Federal Electoral por su artículo 123, en el contexto amplio de la declaración del párrafo inicial de dicho numeral, así como a lo que hace al contenido del Apartado B en razón de que el sistema de derechos y condiciones de trabajo previstos en sus fracciones VII, VIII, IX y X no pueden disfrutarse por una parte del personal del Instituto por impedirlo el precepto secundario, cuya reforma se promueve. En efecto, la fracción XV del Apartado B del artículo 123 constitucional dispone que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. De la interpretación gramatical del dispositivo se desprende la facultad que en la ley secundaria determine cuáles de los cargos de la dependencia u organismo público sujeto a los preceptos del Apartado B del 123 constitucional se consideren de confianza, pero de ningún modo faculta al legislador a considerar a todos los cargos de la dependencia u organismo en cuestión como de confianza, como indebidamente se consideró así por el legislador secundario, conculcando los principios de la fracción citada, al establecer el texto, artículo 172 del Cofipe. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos, diputados y diputadas federales, ponemos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 y se adiciona el numeral 2, recorriendo el contenido de los numerales 2 y 3 del artículo 172 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo único. Se reforma el numeral 1 y se adiciona el numeral 2, recorriendo el contenido de los numerales 2 y 3 del artículo 172 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: El personal de servicio profesional electoral y de la rama administrativa con atribuciones de dirección de mando y supervisión serán considerados de confianza y quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución y al que consecuentemente le serán aplicables las disposiciones de sus fracciones de la I a la VI y la XI. Dos. En la relación laboral del personal del Instituto que ocupe cualquier puesto fuera de los considerados en el párrafo anterior, se observará en lo conducente lo dispuesto en las fracciones I a la XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El personal del Instituto Federal Electoral será incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las diferencias o conflictos entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores serán resueltos por el Tribunal Electoral conforme. al procedimiento previsto en la ley de la materia. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias a lo establecido en el presente decreto. Es todo, señora Presidenta.