La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muchas gracias, presidenta. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, el Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela afirmó que su ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática, en la que todos podamos vivir con armonía y con igualdad de posibilidades. La materia del dictamen que hoy presentaré, a nombre de la Comisión de Justicia, pretende abonar a la construcción de esta sociedad libre y democrática, mediante el otorgamiento de mejores oportunidades a quienes por diversas circunstancias han incurrido en la comisión de diversos delitos y se encuentran privados de su libertad. La libertad de las personas es uno de los derechos más preciados por todos. En ciertas circunstancias, las autoridades judiciales pueden decidir que es necesario privar a algunas personas de ese derecho por un tiempo limitado o determinado, como consecuencia de las acciones por las cuales han sido condenados, o de las cuales han sido acusados. Los efectos psicológicos negativos que produce la privación de la libertad se pueden manifestar por el deterioro progresivo de la imagen del mundo exterior, eso debido a la vida monótona y minuciosamente regulada, la acentuación de la ansiedad, la depresión, el conformismo, la indefensión aprendida y la dependencia. Expertos afirman la exigencia de que el derecho y la psicología trabajen conjuntamente para la consecución de la reinserción social, pues el punto de convergencia lo hallan en la llamada psicología jurídica. A esta la definen como la rama que comprende el estudio, explicación, promoción, evaluación y prevención; en su caso, asesoramiento y/o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas mediante la utilización de métodos propios de la psicología. Por ello, en la Comisión de Justicia coincidimos en la intención de este dictamen, que pretende garantizar la atención psicológica de toda persona que cumpla una pena privativa de la libertad en los centros penitenciarios, y que deberán contar con las instalaciones adecuadas para prestar servicios y tratamientos psicológicos. Por lo que este dictamen que pongo a su consideración tiene como finalidad reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, para establecer que los centros penitenciarios deben contar con las instalaciones adecuadas para prestar todos los servicios a los que tienen derecho las personas privadas de su libertad en condiciones de dignidad, así como reafirmar que los tratamientos psicológicos habrán de realizarse de manera permanente y que los mismos centros establecerán los protocolos en que se han de llevar a cabo para cumplir con esta intención, y salvaguardar así este derecho humano. Con esta reforma se pretende garantizar de manera amplia todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, y los principios que rigen al Sistema de Justicia Penal. Y, al fin último, el de la reinserción social, que tiene que ser efectiva para evitar que quien haya incurrido en una conducta ilícita no tenga nuevamente la necesidad o la voluntad de delinquir y puedan, una vez purgada o compurgada su pena, llevar una vida libre de estas tentaciones o de estos comportamientos. Por ello, los invito a votar en favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.