La diputada Irma Juan Carlos: Estimada asamblea. El dictamen que ahora se pone a su consideración lleva implícito un mensaje directo a nuestros pueblos indígenas. En México por fin los pueblos indígenas y afromexicanos serán atendidos, escuchados y sobre todo se les devolverá su lugar en la historia. Hoy les presento aquí un dictamen que significa al mismo tiempo la muerte y la vida. La muerte de un sistema fallido y la vida de una nueva esperanza. Ciertamente el régimen anterior creo una Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuyos sustentos fueran la ideología de la asimilación. Esta política de la asimilación fue rechazada permanente por nuestros pueblos y comunidades. Ciertamente nuestros pueblos indígenas se organizaron en movimientos sociales y políticos para demandar el reconocimiento de un conjunto de derechos articulados en torno a la autonomía y libre determinación. Se lograron avances, pero siempre considerando a nuestros pueblos y comunidades como necesitados de tutelaje. Por ello el nuevo escenario político obliga que la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado pase por abordar el alcance del poder comunal comunitario para el ejercicio del autogobierno, reconocerles personalidad jurídica y como sujeto de derecho público. Esa situación tiene que ver básicamente con cinco dimensiones que sustancian la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho a la no discriminación, el derecho al desarrollo y el bienestar, el derecho a la integridad cultural, el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales y el derecho al autogobierno y participación política. Hoy el dictamen que se presenta refleja esa nueva institucionalidad, y uno de los temas fundamentales en esta nueva institucionalidad indígena es la promoción del desarrollo indígena con identidad propia o según el principio del buen vivir como lo han hecho países hermanos. Esta nueva concepción de desarrollo sustituye a aquella que durante décadas del siglo pasado supuso la asimilación e integración del indígena a la cultura nacional a través del indigenismo. De esta manera la incorporación del desarrollo se afianza como vector de políticas y acciones programáticas y eje organizador de la institucionalidad estatal. En muchos países latinoamericanos el énfasis en el desarrollo se ha proyectado en la nominación de las instancias especializadas en materia indígena como el caso de México con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El riesgo que supone es centrarse solo en la institucionalización de desarrollo es que termine imponiéndose un enfoque economista y desarrollista que solo sirva para reproducir la lógica capitalista neoliberal generando más desigualdad y exclusión social. Esto es lo que hacía la anterior comisión. Hoy, con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, venimos a implementar y fomentar un desarrollo indígena con identidad propia. Por ello, en el dictamen se proponen los siguientes cambios sustanciales: En primer lugar, la naturaleza del nuevo organismo está pensada en términos de transversalidad e intersectorialidad. La transversalidad e intersectorialidad son dos instrumentos de políticas públicas que los gobiernos latinoamericanos han empezado a implementar para atender integralmente los temas indígenas. Estas políticas públicas asumen las recomendaciones de la Declaración de Brasilia, que compele la necesidad de transversalizar la gestión de los asuntos indígenas, y profundizar la articulación intersectorial de las políticas públicas con temas tan necesarios como la política de género y derechos humanos. En segundo lugar, debo destacar que este dictamen está sustentado en la propia versión de nuestros pueblos pues para ello realizamos foros de consulta en los cuales se tuvo acercamiento directo con hermanas y hermanos en estos diez foros, donde se abordaron cuatro ejes temáticos que orientaron la discusión, a saber, la naturaleza jurídica, el objeto del nuevo organismo y principios que deben regir la actuación institucional. Los pueblos indígenas, como sujeto de derecho público, atribuciones del nuevo organismo y órganos de gobierno del nuevo organismo público y estrategia de regionalización. En cada uno de los foros surgieron un conjunto de ideas y agregados que reflejan este dictamen. En tercer lugar, debo destacar esta iniciativa ha sido seguida de cerca, tanto los organismos nacionales como internacionales. La relatora especial reconoce el hecho de que la Comisión de Pueblos Indígenas esté realizando el proceso de diálogo y consulta a lo largo y ancho del país. En cuarto lugar, quiero mencionar particularmente mi reconocimiento a las y los autores de la iniciativa. La iniciativa sufrió cambios en virtud de los procesos de consulta y de las opiniones del pueblo de México. En el artículo 3 de la iniciativa presentada se considera adicionar la disposición que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público. Esta propuesta armoniza la ley y el funcionamiento del instituto que se crea con el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas en el ámbito nacional e internacional, al proponer que el instituto reconocerá y brindará a dichos pueblos y comunidades un trato como sujetos de derecho, sin restricción alguna. En este mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en relación a la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece lo siguiente: Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, respetando las formas de organización y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración. En consecuencia, estas disposiciones sentarán las bases para que las comunidades puedan ejercer sus derechos por sí mismos, evitando la intermediación y la intervención de figuras ajenas a sus formas de organización en todos los aspectos de su vida cotidiana. Así lo han sostenido ya los tribunales del Poder Judicial de la Federación al reconocer validez y eficacia jurídica a sus decisiones en los ámbitos electoral, agrario y de administración de recursos municipales. Esto también significa que serán sujetos de las obligaciones que deriven del manejo de recursos y de la implementación de programas, en condiciones de igualdad y sin discriminación de ninguna índole. En los foros realizados en el marco del proceso de diálogo y consulta, estas propuestas fueron reiteradas por los asistentes. Asimismo, gozó del más amplio consenso en los Acuerdos de San Andrés, en el marco del proceso de paz en el estado de Chiapas. Aunado a lo anterior, debe considerarse que el reconocimiento se plantea en este artículo como sujeto de derecho público al pueblo afromexicano y las comunidades que lo integran. Las disposiciones que se adicionan reconocen y respetan el derecho de libre determinación y como una expresión de esta, la autonomía. Con ello, en la actuación de la nueva instancia que se propone crear este derecho será la base fundamental para la realización de todos los derechos de que son titulares los pueblos indígenas, incluidos los relativos a las tierras, territorios y recursos o bienes naturales, a los sistemas normativos, a la participación y representación política y al patrimonio cultural, entre otros. Además, de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Federal, se habrá de dar cumplimiento atendiendo las especificidades culturales, concepciones, realidades y aspiraciones de vida de los pueblos indígenas, a fin de que a través de la autonomía decidan sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Asimismo las declaraciones internacionales establecen que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para su desarrollo o para la utilización de sus tierras y sus territorios. El Convenio 169 de la OIT, en su artículo 7, numerales 1 y 3, establece que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural, además de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, por lo que los gobiernos deberán de velar que se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural, y sobre el medioambiente, que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre estos pueblos. Con este marco jurídico nacional e internacional, el instituto deberá atender y fomentar la concepción particular de desarrollo de cada pueblo, respetando sus aspiraciones y propias formas de organización, que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos, fortalecer sus economías locales y mejorar sus condiciones de vida, con la participación y consentimiento de dichos pueblos.