El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Uno de los temas que fue objeto de discusión de fondo para el constituyente de 1916 y 1917 fue el relativo a la facultad del presidente de nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho. Concretamente, el 16 de enero de 1917 se presentó el dictamen correspondiente a la integración y funcionamiento del Poder Ejecutivo. En dicho documento se definió a las secretarías como órganos auxiliares inmediatos del presidente de la República, diferentes a los departamentos, que serían órganos meramente administrativos. En esa ocasión la discusión de la libertad del presidente para nombrar o remover a los secretarios se realizó un 18 de enero de 1917, cuando 25 diputados constituyentes votaron en contra del dictamen, proponiendo que la Cámara de Diputados aprobara el nombramiento de los secretarios con base en dos argumentos que hoy mantienen plena vigencia: que los secretarios no eran simples empleados, y por tanto, deberían tener --abro comillas-- todas la responsabilidades y atribuciones que competen a sus cargos; y, que el Constituyente estaba creando un Ejecutivo absoluto, por lo que también era necesario restringir sus facultades. A diferencia de lo que en su momento se opinaba de nuestro sistema, debía ser enteramente presidencial, como en Estados Unidos, y de que si la Cámara de Diputados tenía la facultad de aprobar el nombramiento de los secretarios, se caería en un caos político. Hoy en día vemos que esto ya no es así. Por el contrario, es evidente que los cambios que en meses pasados se hicieron en el gabinete presidencial y la realidad política actual exigen la inclusión en nuestro orden constitucional de nuevas fórmulas y mecanismos para la elección, nombramiento y remoción de los secretarios de Estado, y de los titulares de órganos desconcentrados y descentralizados, para evitar precisamente el cuestionamiento y desorden en el ejercicio del poder, en áreas de la administración pública que son vitales para el Estado, cada vez que son designados sus titulares, así como para asegurar los nombramientos que hace el titular del Poder Ejecutivo, recaigan en personas que cubran los perfiles y requisitos idóneos necesarios para asumir y ejercer con responsabilidad y eficiencia el servicio público en dichos ramos. Por ello, proponemos con la presente iniciativa: 1. Que los titulares de las secretarías de despacho cuyas funciones son relevantes para la vida institucional, sean ratificados por esta Cámara de Diputados, con excepción de los secretarios de Relaciones Exteriores, Economía, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, y Turismo, cuya ratificación se propone que la realice el Senado de la República, dejando la facultad del titular del Poder Ejecutivo para nombrar y remover a dichos servidores públicos. 2. Que también sean ratificados por la Cámara de Diputados los titulares de los principales órganos desconcentrados y organismos públicos descentralizados cuya función es fundamental en las principales áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo económico y social como son: la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Agua, y Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 3. En consecuencia, también se propone que cada vez que el Ejecutivo remueva y haga un nuevo nombramiento de dichos servidores públicos, según sea el caso, envíe un informe pormenorizado sobre las razones que motivaron la destitución, así como la nueva designación. Compañeras y compañeros diputados, frente a los complejos escenarios por los que atravesamos los mexicanos en los diferentes ámbitos de la vida pública, no se puede concebir el diseño y aplicación de soluciones a los enormes problemas nacionales sin la plena y efectiva intervención del Poder Legislativo. La participación del Congreso de la Unión en la designación de los servidores públicos que auxilian a quienes detentan y ejercen de manera unipersonal el Poder Ejecutivo, que sostiene en esta propuesta de reforma, se inspira en el propósito directo de que: Se fortalezca y consolide el marco de división, colaboración, equilibrio y corresponsabilidad entre poderes. Se genere y consolide a partir de los procesos de designación de los secretarios de despacho una relación de comunicación estrecha y confianza mutua entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, desde el inicio y durante las administraciones públicas. Se evite la afectación del desarrollo normal de la vida institucional y la gobernabilidad por la constante sustitución y nueva designación de los servidores públicos que ocupan el cargo de secretarios de despacho en el ámbito federal, sin dejar de considerar la movilidad y renovación en la ocupación de dichos cargos públicos por circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor. Por tal motivo, espero que analice esta soberanía y la comisión correspondiente, de que este Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados defina la ruta para evaluar a los próximos secretarios de Estado del gobierno federal. Muchas gracias.