EL DIP. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su posicionamiento en torno al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Como sabemos, la regulación de la oferta pública de valores en México era obsoleta desde los tiempos del gran auge bursátil que se prolongó por más de diez años y llegó a su fin después de la crisis financiera de 19941995. Las insuficiencias y vacíos legales de la ley anterior propiciaron enormes abusos que siempre tuvieron dos víctimas predilectas: el pequeño inversionista y las arcas del Estado. Con el dictamen que se presenta al pleno de esta soberanía se dan pasos para subsanar esa situación, incorporando conceptos y disposiciones que han existido por décadas en países desarrollados. Lamentablemente el dictamen con proyecto de decreto a nuestra consideración deja ciertos problemas sin resolver, que requerirán futuras enmiendas cuyo éxito dependerá de la realización de deliberaciones serias y prolongadas. Esta exigencia deriva de la enorme complejidad que ha adquirido la oferta pública de valores y las actividades de intermediación en este mercado. El presente proyecto puede considerarse un avance en relación a la normatividad existente, porque especifica con mayor precisión dónde recibe la materia regular. Además de la oferta pública de valores, son las actividades de los intermediarios, el Registro Nacional de Valores y el papel de las autoridades, es decir de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este último capítulo de la ley es el que, a nuestro juicio, está menos elaborado. Consideramos que es un acierto del actual proyecto establecer como condición para mantener la inscripción en el Registro Nacional de Valores, la presentación de informes continuos y detallados al público inversionista, sin embargo, vemos dos limitaciones al respecto: Primero, no se especifica un estándar de calidad avalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que deja abierta la posibilidad de expedición de informes de baja calidad que confundan al pequeño inversionista. Esta falta de un estándar hace incongruente el artículo 16, porque en éste se propone suspender o cancelar el registro por fallas en la información, lo que equivale a darle a la comisión una discrecionalidad excesiva. El uso en este artículo del concepto de falso, . a darle a la Comisión una discresionalidad excesiva. El uso en este artículo de concepto de falso, es enormemente subjetivo por lo que se volverá ineficaz para combatir los delitos financieros. En segundo lugar, el dictamen de auditor externo independiente, sólo acompañara a los estados financieros de la emisora cuando así lo determine la Comisión, cuando debiera tratarse de un procedimiento regular. El artículo 16 Bis, constituye probablemente el corazón del presente dictamine, ya que ataca el problema de la información privilegiada que fue prácticamente ignorado hasta la fecha, damos la bienvenida a esta tardía pero necesaria adición a la ley. En relación al capítulo 3o. de la Ley que hoy discutimos, nos parece muy vaga la recomendación de que los miembros de los Consejos de Administración de los intermediarios se abstenga de participar en asuntos que impliquen conflictos de intereses; lo conducente hubiera sido que se tipificaran los conflictos de intereses a nivel de los consejeros para comenzar a establecer verdaderas barreras contra el delito. No nos parece correcto lo expresado en el artículo 52 Bis 8, porque el hecho que sea necesaria la petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para perseguir un delito de los previstos en esta ley, entorpece la acción de la justicia. El hecho de que adicionalmente tenga que contar con la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hace aún más tortuoso el combate a los delitos financieros. Es también preocupante que un inversionista presuntamente defraudado sólo pueda presentar demanda por el delito contenido en el artículo 52Bis, porque es servir en bandeja de plata a los defraudadores y a sus abogados. Pero además la propuesta de que la acción penal prescriba en 3 años, es francamente una ingenuidad porque los delincuentes de cuello blanco generalmente salen del país y pueden jugar fácilmente con los tiempos de prescripción, En síntesis, vemos un avance ya que la formulación del presente proyecto partió de una imagen más actualizada de lo que es un mercado de valores en la era de la globalización, pero por razones que no están claras, deja una serie de salvaguardas que dificultan la prevención y la persecución del delito financiero. Recordemos que necesariamente en un auge bursátil conforme crece el capital ficticio, las ganancias accionarias se multiplican, las oportunidades de defraudar a los participantes más débiles del mercado se incrementa a un grado tal que si no existe una ley draconiana, no habrá virtud que resista la tentación. El peligro es que una ley complaciente convierta a la Bolsa de Valores en una cueva de ladrones. Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo vota a favor del presente dictamen en lo general y en b particular, por considerar que contiene principios de normatividad que permitirán transparentar el funcionamiento del mercado de valores en nuestro país. Gracias compañeros, gracias a la Presidencia.