El diputado Carlos Barragán Amador: Gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados federales, hoy vengo aquí a esta tribuna por un acto de justicia para 2 mil 456 municipios del país. De acuerdo al dictamen relativo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto a la consideración del Congreso Constituyente de Querétaro, la diferencia más importante y, por lo tanto, de gran novedad respecto a la Constitución de 1857 en materia de ayuntamientos fue la relativa al establecimiento del municipio libre como la futura base de la administración política y municipal de los estados y, por ende, del país. El objetivo de tal construcción jurídica no era otro que el de asentar en la nueva Carta Magna los principios en que debe descansar la organización municipal, es decir, la independencia de los ayuntamientos, la formación de su hacienda y el otorgamiento de la personalidad jurídica para que puedan contratar, adquirir y defenderse. Heriberto Jara, diputado integrante de la Comisión Redactora del artículo 115, al comparecer ante la tribuna y pedir el voto a la asamblea a favor de dicho dispositivo, quizá sin proponérselo dejó evidencias de las limitaciones en las que se veían aquejadas las administraciones municipales, dada la precariedad de los recursos económicos con los que deberían contar. No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a personas, como refiriéndose a pueblos y como refiriéndose a entidades en lo general. Al municipio se le ha dejado una libertad muy reducida, una libertad que no puede tenerse como tal, porque sólo se ha concretado al cuidado de la ciudadanía y al cuidado de la policía y podemos decir que no ha habido uno libre. Si damos por un lado la libertad política, si alardeamos de que los ha amparado una revolución social y que bajo este amparo se ha conseguido una libertad de tanta importancia y se ha devuelto al municipio lo que por tantos años se le arrebató, seamos consecuentes con nuestras ideas, no demos libertad por una parte y restrinjamos por otra; no demos libertad política y restrinjamos hasta lo último de la libertad económica, porque entonces la primera no podrá ser efectiva, quedará simplemente consignada en nuestra Carta Magna con un bello capítulo y no se llevará a la práctica, porque los municipios no podrán disponer de un solo centavo para su desarrollo, sin tener antes el pleno consentimiento de los gobiernos de los estados. A pesar de que la estructura del artículo 115 fue aprobada tal y como lo propusiera la comisión redactora, lo cierto es que con el paso de los años, las palabras de Jara se volvieron en su contra y terminaron por ser proféticas, pues lejos de haberse constituido como entes autosustentables financieramente, los ayuntamientos se vieron expuestos en penurias que mermaron su capacidad para otorgar servicios dignos a la población y contribuir con desarrollo nacional, tal y como lo reconociera el presidente Miguel de la Madrid Hurtado al presentar el 8 de diciembre de 1982 ante el Senado de la República su iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional. El Municipio Libre señaló el entonces titular del Ejecutivo federal es una institución que los mexicanos consideran indispensable para su vida política; pero debemos reconocer que no se ha hecho efectivo en su cabal racionalidad, por el centralismo que más que como doctrina como forma específica de actuaciones gubernamentales, de cierta manera se fuera manifestando en nuestra realidad política para consolidar los intereses de la nación. Como consecuencia de lo anterior, el presidente De la Madrid propuso las siguientes enmiendas: Se definieron como servicios públicos municipales el agua potable y alcantarillado, el alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, estableciendo que podrán proporcionarse con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, teniendo además dicha característica de servicios púbicos aquellos otros que fijen las Legislaturas locales en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Se elevó a la categoría de rango constitucional el derecho de los municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas locales a establecer anualmente las bases y montos y plazos con arreglo a los cuales la federación debe cubrir a los municipios dichas participaciones. Se propuso que los Presupuestos de Egresos de los municipios deban ser aprobados solamente por los ayuntamientos con base en los ingresos disponibles y de acuerdo a los ingresos que se les haya autorizado. Se propuso la facultad de que la federación, los estados y los municipios puedan celebrar convenios para los ejercicios de funciones, ejecución y operación de obras, así como la prestación eficaz de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo hicieren necesario. Aprobada que fue la referida iniciativa, podría haberse pensado que la vida institucional de los municipios cambiaría radicalmente a partir de ese momento y que esta institución se fortalecería a tal grado que podría asegurarse su viabilidad y con ello contribuiría a la gobernabilidad del país. Sin embargo no ocurrió así, pues hasta la fecha los ayuntamientos siguen viviendo en una especie de sujeción institucionalizada dependiente de otros niveles de gobierno, y para cuenta de ello se podrían citar ejemplos numerosos, pero para efectos de la presente iniciativa nos limitaremos a señalar algunos de los preceptos contenidos en la Ley de Aguas Nacionales. El artículo 9 del ordenamiento en comento establece en su fracción X que es atribución de la Comisión Nacional de Aguas apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hidráulica que se realicen con los recursos estatales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federativas, con el gobierno de la Ciudad de México y otros gobiernos. En sí, compañeros, por el tiempo, me voy a brincar un poco. En sí esta iniciativa lo que propone, lo fundamental, es que el gobierno federal pueda convenir, pueda firmar, pueda contratar con los ayuntamientos municipales. Hoy, la Ley de Aguas Nacionales dice que solamente el gobierno federal puede contratar y convenir y firmar obra pública de todo lo referente a aguas y a drenajes y a alcantarillados con las entidades, y que los municipios lo pueden hacer solamente a través de las entidades. Por eso creo que la propuesta es un acto de justicia para que cualquier ayuntamiento de los dos mil 456 que hay en el país, tengan la posibilidad de forma directa de poder convenir con la dependencia, Conagua, de nuestro país. Espero el apoyo de todas las fracciones, muchas gracias.