La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su venia, ciudadano presidente. Acudo en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, a presentar iniciativa de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual solicito se inserte íntegramente al Diario de los Debates. Compañeras y compañeros legisladores, el combate a la corrupción es vital para el desarrollo y prosperidad de la nación, así lo ha sostenido el Grupo Parlamentario de Morena a lo largo de un debate nacional que apenas comienza, su erradicación implica cambios profundos en todos los ámbitos de la vida del país, exige de transformaciones políticas y sociales que acaben con un sistema que se instituye, organiza, recrea y renueva en la corrupción. Esta iniciativa es una propuesta seria para combatirla, que trasciende los lugares comunes y la simulación. Queremos un sólido sistema anticorrupción, con fuerza para transformar el estado actual de las cosas. Esta iniciativa trata el tema como corrupción estructural, es decir, trasciende el enfoque legalista dominante y busca atender la dimensión público-privada de la corrupción en todas sus manifestaciones. La corrupción es el distintivo del Estado autoritario para el que la rendición de cuentas le fue ajena. Es parte del legado cultural del PRI que colocó la corrupción y la transa como el leitmotiv de todo. La instituyó como una forma de dominación social, instrumento de movilidad, estabilidad económica, acumulación y abuso de poder. México tiene los sindicatos más corruptos del mundo, poderes públicos corruptos en todos sus niveles que hacen pequeños y grandes negocios con mordidas, contratos, concesiones, privatizaciones, asociaciones público-privadas, compras gubernamentales, reformas legales, cambios constitucionales para favorecer a modo, confabulación de gobiernos con el crimen organizado, etcétera. México padece de una clase política adicta al dinero, fiel a la máxima del fundador del Grupo Atlacomulco: Un político pobre es un pobre político, que encadena su poder de compra, votos, magistrados, elecciones, consejeros, despensas, publicidad, etcétera, a su vigencia política. Árbitros que se ponen al servicio del poder, un clero con fortunas insultantes y encubridor de crímenes. Una clase empresarial que prefiere la mordida a cumplir con las leyes y normas, que amarra su prosperidad a su relación con el poder. La corrupción cobra su cuota diaria de vidas en este país. No hay tragedia o desastre que no tenga un ingrediente de corrupción. La lista puede ser inagotable, pero en las cenizas de los incendios o en el lodo de las inundaciones o debajo de los escombros de los sismos, invariablemente está la acción, omisión o negligencia del poder público y su colusión con intereses privados o grupos clientelares. La corrupción es en buena medida responsable de la recurrente crisis ambiental que hoy estamos viviendo en el Valle de México. Tenemos ministerios públicos, policías, militares, jueces, custodios y jefes de todos ellos que cobran o por hacer o no hacer su trabajo, por cerrar los ojos o voltear la mirada. En un contexto así, no hay lucha contra el crimen efectiva ni real. Son actos de demagogia, escenificaciones ya conocidas por todos los actores y lo que los distingue de la representación teatral es la muerte, el dolor, los cientos de miles de dramas individuales y familiares, los huérfanos. Tenemos elecciones que se compran y se venden; un sistema judicial donde todo cuesta y pocas veces se encuentran con la justicia; cárceles llenas de pobres, medios de comunicación sin responsabilidad ni apego a la verdad, el servicio del poder económico y político. Partidos expertos en evadir la ley, miles de contralores y auditores doctorados en el arte de la simulación; feroces perseguidores del que pierde una engrapadora y omisos ante el descarado robo de cientos de miles de millones de pesos que anualmente se desvían en todos los ámbitos de gobierno. Esta herencia corrupta está más viva que nunca; fue intocada por la alternancia política, en muchos casos, incluso, se reprodujeron con maestría las prácticas de corrupción y se perfeccionaron. En congruencia con ello, para Morena llegó la hora de acabar con la corrupción y la impunidad; para ello es indispensable terminar con la relación dinero ilegal y actividad política. Es preciso sacar el dinero indebido de las actividades de los partidos y candidatos. En congruencia con ello el Grupo Parlamentario de Morena presenta la primera de un paquete de iniciativas orientada a combatir la corrupción y cumplir con el mandato constitucional. Destaco algunos puntos relevantes: se propone un sistema sólido con atribuciones precisas; herramientas e instituciones para prevenir y combatir la corrupción; un organismo de coordinación del Estado. Estamos buscando que se ciudadanice el Sistema Nacional Anticorrupción; colocar a dirigir a los ciudadanos las instituciones integrantes del sistema; establecer criterios a los que habrán de sujetarse la organización de los sistemas locales anticorrupción; se crea el Instituto Nacional Anticorrupción; el Comité de Participación Ciudadana será una instancia de la mayor relevancia, será responsable de presidir al sistema y de articular la participación social en la lucha contra la corrupción; el nombramiento de sus integrantes le corresponderá a esta Cámara de Diputados, a propuesta del Comité Coordinador. La iniciativa contempla el diseño de un modelo de prevención y combate de la corrupción en las actividades políticas, empresariales, financieras y sindicales; el establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y observación pública de las licitaciones, contrataciones y concesiones que realicen los órdenes de gobierno y reportar posibles hechos de corrupción. Propone modelos para prevenir y detectar hechos de corrupción; integrar y administrar un sistema de información sobre las adquisiciones efectuadas con recursos públicos, y recomendar la adopción de tabuladores de precios máximos; operar en coordinación con el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, un registro público de bienes nacionales, su uso, custodia y, en su caso, beneficios que le aporten al Estado; dar seguimiento al registro de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés, de los servidores públicos, y efectuar revisiones muestrales aleatorias. En caso de que encuentren inconsistencia, presentar ante la autoridad competente las denuncias, elaborar las pautas publicitarias con mensajes anticorrupción. Se define la rendición de cuentas y señala que los informes por disposición legal que deben presentar los servidores públicos no podrán utilizarse para fines de promoción personal. Todos los integrantes del sistema deberán presentar anualmente un informe público del avance de objetivos y métodos contenidos en la estrategia nacional. El comité aprobará modelos de indicadores, se incorpora el Sistema Nacional de Fiscalización, se crea un Fondo contra la Corrupción que será un instrumento para el financiamiento de iniciativas orientadas a combatir la corrupción. Compañeras y compañeros, toca ahora a los legisladores obligados por una reforma constitucional, desarrollar las leyes que posibiliten iniciar el camino de la rendición de cuentas a través de una adecuada y eficiente coordinación de las autoridades en los tres órganos de gobierno, dando un papel preponderante a la participación ciudadana, pero nos corresponde ir más allá para enfrentar y derrotar la corrupción estructural que ha capturado al Estado. Es cuando, diputados.