El diputado Marco Antonio González Reyes: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Justicia, fue el grito que se escuchó hace unos días afuera del jardín de niños Marcelino de Champagnat, en San Juan de Aragón, Ciudad de México, donde entre voces de indignación y furia se denunciaba el abuso sexual de 37 niños, asumiendo como presunto responsable a un trabajador de ese centro escolar, y que afirmaron los padres de familia ya habían presentado las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, sin que se hiciera absolutamente nada. Es necesario recalcar la impotencia que siente una madre o un padre ante lamentable caso, en el que la omisión y el silencio por parte de algunas autoridades ocasionan una revictimización, una situación que nos debe poner a reflexionar ¿qué hubiésemos hecho si se tratase de alguno de nuestros propios hijos? También es necesario traer a este instante el video publicado y divulgado en las redes sociales en julio del 2013, donde se observó a un empleado del ayuntamiento de Villahermosa, obligando a un niño vendedor ambulante a tirar sus dulces al suelo mientras este último estaba aterrorizado y envuelto en un llanto de temor. Acto que fue denunciado en primer momento por los usuarios de las redes sociales quienes se sintieron indignados y comenzaron a pedir justicia para el pequeño, reprobando la acción que hizo el servidor público de humillar y espantar al menor. Estos y otros tantos casos son los que enfrenta la niñez y la adolescencia en nuestro país. A pesar de que el 4 de diciembre del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en donde en su artículo 121 se señala la designación de una Procuraduría de protección, la cual fue un grave avance en el tema de la niñez, puesto que dicha Procuraduría garantiza que las niñas, niños y adolescentes cuenten con una protección en donde se realicen acciones específicas para garantizar el cumplimiento de sus derechos al momento de recibir protección especial y restitución integral de los mismos. Sin embargo, es de señalar que la actual Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, depende inmediatamente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF, el cual se limita únicamente a conocer de los asuntos que llegan ante tal órgano descentralizado, confundiendo en muchas ocasiones su función de asistencialista con la de órganos restitutorio de derechos. Asimismo, la lleva a estar subordinada y obligada a reportar en primer momento, a lo que dicho órgano descentralizado señale y acuerde. A su vez, este último debe reportar a las autoridades administrativas competentes, haciendo cada vez más lejana la convicción de garantizar a la niñez y adolescencia una defensa y protección adecuada. Es de advertir que dicha Procuraduría ha realizado un gran esfuerzo en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, al ser dependiente de una autoridad administrativa, se ve limitada a proteger los derechos de los menores en contra de actos violatorios ejercidos por las mismas autoridades. Por lo expuesto anteriormente, resulta necesario modificar el artículo 121 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se propone una Procuraduría de Protección que sea especializada y autónoma del DIF, toda vez que ampliaría la esfera jurídica de protección de los menores y ayudaría a definir como las demás instituciones, tanto públicas como privadas, puedan acudir en su apoyo estableciendo mecanismos específicos y considerando la opinión de las instituciones civiles, quienes son las que constantemente enfrentan gran cantidad de problemas con referencia a algún grupo vulnerable que nos ocupa el día de hoy. Requerimos una Procuraduría que tenga la autoridad y competencia para resolver medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas y adolescentes, que cuente con capacidad de respuesta, con el presupuesto adecuado y con personal suficiente y especializado para la atención y supervisión de centros de asistencia social, de manera que se convierta en una procuraduría fortalecida y competente en todo sentido. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.