La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, a pesar de que en el párrafo quinto del artículo 4o de nuestra Carta Magna establece claramente que el Estado garantizará el respeto al derecho a un medio ambiente sano. La realidad es que en nuestro país existe una laxitud en materia de protección al ambiente que conduce a un deterioro ecológico irreparable. En Nueva Alianza nos hemos manifestado constantemente por robustecer el marco jurídico vigente, a fin de evitar el menoscabo y la destrucción de nuestros recursos naturales. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece en su artículo 28 las obras o actividades que para su realización requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para obtener la autorización requerida es necesario presentar una manifestación de impacto ambiental que deberá contener una descripción de los posibles efectos en los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de la que se trate, así como las medidas preventivas de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el medio ambiente. La manifestación de impacto ambiental es –según la ley– el documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo, en el caso que sea negativo. De una simple lectura nos damos cuenta que el marco jurídico no es suficientemente claro y da lugar a interpretaciones que pueden afectar gravemente el medio ambiente. A mayor abundamiento en el artículo 35 del mismo ordenamiento se establecen las causas por las cuales la autoridad, es decir, la Semarnat, puede negar la autorización solicitada, sin embargo solo estipula tres circunstancias para que esto ocurra. La iniciativa que ponemos a su consideración busca subsanar esa debilidad. Para Nueva Alianza no basta reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, no hay daño al medio ambiente que se pueda atenuar, la ley vigente no es suficientemente rigurosa para exigir que los grandes consorcios garanticen la protección del medio ambiente o de las comunidades afectas por sus obras. Aun con esa falta de rigor existen muchas violaciones al marco jurídico en materia. Esa perspectiva nos ha conducido a un terrible e irreparable deterioro a nuestros recursos naturales. Es imperativo robustecer la ley para evitar casos que no solo ponen en riesgo el equilibro ecológico, sino que vulneran la estabilidad social de las comunidades enteras. Basta recordar casos como ya los suscitados por el megaproyecto hidroeléctrico de La Parota, el conflicto minero de Wirikuta, el megaproyecto turístico en Cabo Pulmo, los conflictos en los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, el conflicto agrario de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, el caso del desordenado desarrollo de la Riviera Nayarit, las minas a cielo abierto de Baja California y el megaproyecto comercial de Dragon Mart en Cancún, entre otros muchos. Por ello, la presente iniciativa, proponemos: nuevas causales para la negativa de la manifestación de impacto ambiental, como el hecho de que exista riesgo evidente y demostrable para la seguridad y la salud de la población del territorio donde se solicita realizar la obra o actividad de la que se trate, para salvaguardar los recursos naturales estratégicos. También se negará la mía cuando no exista consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas de los territorios en donde se solicite la autorización en materia de impacto ambiental; o que existan alternativas de ubicación de la obra o actividad de la que se trate; o tecnologías que minimicen el impacto ambiental y los costos de construcción, operación y que maximicen el beneficio público. Señoras legisladoras y señores legisladores, nuestro compromiso es con nuestros representados, con las mexicanas y con los mexicanos que votaron para que estuviésemos aquí protegiendo sus intereses. Eso es lo que queremos demostrar en Nueva Alianza. Consideramos por ello que de ninguna manera es viable seguir con una política de medio ambiente al servicio del dinero, sin pensar en las consecuencias a futuro. El resultado lo sabemos bien; siempre será más costoso. ¿Cuándo vamos a entender que no hay dinero suficiente para limpiar un río o para rehacer un manglar? Los daños al medio ambiente no se pueden solucionar con dinero. Por esta razón los invito, compañeras y compañeros, a ser audaces, a unirse a Nueva Alianza en esta propuesta. Incluyamos nuevos y más severos controles para proteger nuestros recursos naturales, pero que no se repitan los casos que ya referí anteriormente. En nuestras manos está poner un alto a esta situación. Es cuanto. Gracias.