La diputada Karina Sánchez Ruiz: México es una nación pluricultural, lo que se refleja en los 68 pueblos indígenas que lo habitamos y que representa el sustento del origen de nuestra nación. Más de 15 millones de mexicanas somos indígenas. Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, fue una declaración de guerra al Estado mexicano lo que cimbró al país el 1 de enero de 1994: la declaración de la selva lacandona. No provenía del extranjero sino de las entrañas de nuestro pueblo mexicano, los indígenas y las indígenas hablamos. Con ella, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas para poner en el centro de la atención nacional y también internacional la precaria situación de los pueblos indígenas en México, y exigir la reivindicación de sus derechos. Por primera vez un ejército de indígenas lograba que el Estado volteara sus ojos y lo reconociera, reconocía la deuda histórica con los pueblos originarios y motivaba a todo el país a defender sus derechos humanos, sociales y políticos. Históricamente nuestros pueblos indígenas han sido objeto de múltiples formas de subordinación, desigualdad, discriminación, que nos han mantenido en una situación estructural de pobreza, explotación, marginación y exclusión. Atender el justo reclamo social era una obligación. Dialogar y alcanzar acuerdos es una necesidad. El 16 de febrero de 1996, a dos años del levantamiento se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que contenían los compromisos para que la Comisión de Concordia y Pacificación, elaborará una ley en la materia de derechos y cultura indígena que atendiera las demandas de justicia e igualdad y reconociera a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho público con capacidad para organizarse de manera autónoma. Con el levantamiento zapatista, México fue testigo del proceso del diálogo constructivo, horizontal y democrático más importante que se ha llevado a cabo en el último cuarto del siglo. Diálogos de San Andrés Larráinzar, donde los pueblos indígenas y el gobierno construyeron los acuerdos que presentarían la oportunidad de transformar la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. A 20 años de la firma de estos acuerdos y pese a que la Constitución consagra la igualdad de derechos y la promoción de un desarrollo integral de las comunidades originarias, la realidad es que no ha habido ningún cambio sustancial. Las leyes en materia de protección y derechos indígenas son insuficientes, lo que ha perpetuado las circunstancias legales que hacen posible la marginación, la explotación y la discriminación. Para Nueva Alianza, es claro que se requiere una transformación profunda para cambiar la situación que viven nuestras comunidades indígenas en el país y que siguen padeciendo problemas de salud, de hambre, de pobreza extrema, de discriminación, de marginación, pero sobre todo de injusticia. Al igual que hace 20 años, las y los indígenas mueren de enfermedades curables y no tienen acceso a una educación de calidad, continúan siendo víctimas de atropellos sistemáticos a sus derechos individuales y colectivos, y también son despojados y desterrados de sus territorios, costumbres y recursos naturales. No obstante a ello, hoy es tiempo de que sean plenamente reconocidos, valorados y respetados sus derecho. No hacerlo ahondará la brecha de desigualdad e injusticia social porque hoy, como hace 20 años, consolidar sus derechos económicos, políticos y sociales sigue siendo una deuda pendiente. Como juarista lo digo: ¿Estamos dispuestos a pagar esa deuda? Honremos a nuestros ancestros. Por su atención muchas gracias.