La diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, presidenta. Con el permiso de todos y de todas ustedes. México es reconocido como uno de los países más ricos en biodiversidad, con la presencia de gran variedad de ecosistemas que van desde selvas tropicales hasta desiertos, arrecifes coralinos y selvas extensas, así como una gran diversidad de planas y animales. En virtud de ello, ocupamos el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. A pesar de que esta riqueza natural forma parte integral de la cultura de nuestro país, hoy en día prevalece el desconocimiento sobre el estatus de protección que viven diferentes especies y que están amenazadas, el marco legal al que están sujetas y los beneficios ecológicos y socioeconómicos que pueden proveer si se conservan y se manejan de manera sustentable. Uno de los mayores problemas en este rubro es el acelerado crecimiento en el tráfico ilegal de especies de vida silvestre a nivel internacional. Este negocio representa ganancias, este ilegal negocio representa ganancias que asciende a 20 mil millones de dólares, en donde nuestro país juega un papel trascendente en la extracción y comercio ilícito, debido primordialmente a la diversidad biológica mexicana y a la vecindad y fácil comunicación con los Estados Unidos, que es uno de los principales importadores de ejemplares extraídos de manera ilícita de sus ecosistemas. México forma parte de la Convención de Comercio Internacional de Especies (CITES), cuya función es la protección de especies de fauna y flora silvestres, y que a través de esa convención se combate el comercio ilegal internacional, a través de un sistema de permisos para la importación, exportación y reexportación de estas especies. Por lo que hace a las políticas interiores, el gobierno federal, a través de la Semarnat, otorga autorizaciones para el aprovechamiento extractivo y no extractivo de la vida silvestre, mientras que la Profepa se encarga de la verificación de las mismas. Para la revisión de documentos, y aquí es en donde está el punto importante de esta iniciativa, se deben acreditar la legal procedencia de las especies de vida silvestre y se debe cumplir con lo enumerado en el artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre, entre los cuales se señala que debe especificarse la especie o el género de que se trata de cada sujeto y esto queda a libertad del inspeccionado de mostrar uno u otro elemento. Ante esta situación, es necesario hacer referencia a lo que se conoce como nombre científico, el cual se encuentra conformado por dos elementos, el género y la especie, por lo que en conjunto ambos nos permiten identificar a cada ejemplar como si tuviera nombre y apellido. En este sentido, resulta fundamental insistir en la necesidad de hacer cambios que parecen mínimos, pero que son fundamentales e indispensables para fortalecer nuestro marco jurídico. Cambiar una letra, la o por una i pareciera que es algo mínimo o que es insignificante, pero no lo es, ya que esto nos permitirá evitar cualquier posibilidad de evadir el cumplimiento a la regulación nacional en la materia, para la protección de la vida silvestre, permitiendo la puntual y más específica identificación del ejemplar del que se trate. Por lo anterior, a nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista presento, ante esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre, con la finalidad de precisar con el nombre científico, la especie y el género como requisito para acreditar la legal procedencia de los ejemplares de vida silvestre. Las especies son como ladrillos en la construcción de un edificio, podemos perder uno o dos o tres de estos ladrillos sin que la casa se tambalee, pero si desaparece el 20 por ciento de las especies la estructura entera se nos va a desestabilizar, como ya lo estamos viendo, con el riesgo de que ecosistemas completos se derrumben, así es como funcionan los ecosistemas. Esto lo explicaba Donald Falk, ecólogo de la Universidad de Arizona.