La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, no es el PRD quien ha dado un uso político a la desgracia de Iguala y ha quedado claro que la verdad se manifestará. No evadimos las responsabilidades, Abarca está en la cárcel, el gobernador renunció y yo les diría, diputadas y diputados, ¿quién es el alcalde que está en su casa, el alcalde de Cocula y que pertenece al PRI? Lo que esperan los padres, las madres, los hermanos es justicia y verdad. Sin duda algo impensable para un partido político violador sistemático de la ley, como el Partido Verde. Vamos a recordar, claro, pero vamos a recordar 1968, vamos a recordar el halconazo, vamos a recordar Aguas Blancas, vamos a recordar el ABC. Compañeras y compañeros, a esos crímenes ni perdón ni olvido. Los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre representan para las y los mexicanos no sólo un episodio doloroso que nos llena de indignación, sino que pone al descubierto la descomposición del tejido social, y lo más grave, la crisis ética y de justicia que este país enfrenta. Estos hechos conmocionaron las conciencias de propios y extraños y constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometida en suelo mexicano, que marcará a este régimen. Pero no seamos ilusos, compañeras y compañeros, no se trata de un hecho aislado, sino de un conjunto de circunstancias que derivó en tan terribles hechos. Estos hechos son producto de más de 30 años de erráticas políticas de seguridad, agravadas por la masiva presencia militar en las calles de nuestro país. Es menester decirlo con claridad, no estamos solamente frente a una crisis de seguridad pública, nos encontramos ante una grave crisis humanitaria, en la que se han registrado miles de desaparecidos y muchos más muertos y una cantidad innumerable de casos de tortura y desplazamiento, en la cual el papel del Estado, como garante de los derechos fundamentales, ha sido prácticamente nulo y sus agentes, los garantes de nuestros derechos han actuado como cómplices de la criminalidad organizada. Esta crisis de credibilidad y confianza llevó a diversos organismos y organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otros, a sumarse a la búsqueda de los 43 y obligó al mismo gobierno a firmar un acuerdo de asistencia técnica para solicitar investigadores especializados en derechos humanos y, particularmente, en casos de desaparición forzada, reconociendo al propio tiempo la incapacidad institucional de las autoridades, la cual ha quedado demostrada de manera fehaciente con el contenido del informe del grupo interdisciplinario. En el mes de enero, Jesús Murillo Karam, procurador general de la república, el procurador del emblemático ya me cansé, dio a conocer en conferencia de prensa que los 43 estudiantes habrían sido incinerados en un basurero en Cocula, Guerrero, sin mayores pruebas que los dichos de dos de los detenidos por el caso. Sin embargo y a pesar de las declaraciones públicas del gobierno, el grupo interdisciplinario de expertos independientes no ha gozado de las garantías necesarias para el desarrollo de sus labores. Tan es así, que no ha podido interrogar directamente a los militares del 27 Batallón de Infantería. La PGR tampoco ha aclarado la supuesta presencia de militares entre los 43 estudiantes desaparecidos. Resulta inaceptable que la institución encargada de procurar el derecho a la justicia de todas y todos los habitantes del territorio nacional haya incumplido con sus obligaciones constitucionales y legales, provocando con ello no solamente el descrédito de México ante la comunidad internacional, sino principalmente la violación sistemática de los derechos de las víctimas directas e indirectas del crimen. Exigimos la inmediata renuncia de la procuradora general de la República, Arely Gómez. Exigimos que se inicien los procedimientos de juicio político en contra de Jesús Murillo Karam, por encubrimiento, asociación delictuosa, abuso de autoridad, delitos contra la dignidad de las personas, sin menoscabo de los procedimientos en materia penal, administrativa y civil que correspondan. Cuarenta y tres estudiantes fueron desaparecidos y hasta hace unos días todas y todos nos preguntábamos, ¿qué llevó a los responsables de la desaparición a actuar en contra de los muchachos? ¿Por qué un acto común para los movimientos estudiantes, como la toma de camiones desató reacciones de tal nivel de violencia? El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos nos revela parte de esa verdad que pretendieron mantener oculta y abre una nueva línea de investigación que nos llevará a conocer la verdad. Resulta preocupante que los chicos hayan tomado el camión equivocado, al haber de por medio la existencia de drogas o dinero ilícitos en uno de los autobuses. Si esta realidad por sí misma resulta dura e indigna, lo son aún más las conclusiones que señalan claramente el condenable actuar de las autoridades encargadas de investigar y esclarecer los hechos, autoridades encargadas de garantizar el derecho de acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos, especialmente de garantizar los derechos que, como víctimas directas e indirectas, tienen los estudiantes y sus padres, sus madres, sus hermanos, sus amigos, su familia. En el informe de sus actividades, el grupo precisa que la PGR ha sido omisa durante el desarrollo de la investigación, entre otras cosas debido a que se han ejecutado actos y se ha incurrido en omisiones que han producido un daño. Se ha retardado y entorpecido maliciosamente o por negligencia la administración de la justicia. Se han alterado, destruido, perdido, perturbado, modificado ilícitamente el lugar de los hechos. Se ha desviado y obstaculizado la investigación. En concreto, no se realizaron correctamente los peritajes, se ocultaron pruebas y se rompió la cadena de custodia, derivando esto en el deterioro irreparable de las evidencias. A pocos días de cumplirse un año de los acontecimientos, la procuradora únicamente atina a pedir la reposición de los peritajes. La construcción de su verdad histórica mostró el verdadero rostro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Nos mostró su gran mentira histórica, la irresponsabilidad, la insensibilidad de ignorar el dolor de las familias. El informe presentado coloca a la Procuraduría no solo como responsable de obstaculizar las investigaciones y actuar con ineptitud, sino que la coloca a los ojos de la opinión pública nacional e internacional como encubridores y cómplices de los delincuentes responsables de que nos falten 43. Es indispensable un proceso de reconciliación nacional, cuyo inicio será el nombramiento de un nuevo procurador o procuradora general de la República, que tendrá como primera encomienda la designación de una fiscalía especial para atender el caso. Es por eso que a nombre propio y del Partido de la Revolución Democrática me presento en la máxima tribuna de esta nación a exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto, primero, acatar de manera inmediata las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes, a fin de determinar la verdad sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre, y que condujeron a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Segundo. La urgente necesidad de, como lo ha señalado Amnistía Internacional, reencaminar las investigaciones abriendo las líneas omitidas por la PGR, que incluyen el quinto camión y el posible uso de hornos de cremación públicos y privados. Tercero. Llevar ante la justicia a aquellos que cometieron fallas e inconsistencias durante las investigaciones, lo que ha impedido hacer justicia. Específicamente que esta Cámara inicie los procedimientos de juicio político en contra de Jesús Murillo Karam por delitos en contra de la administración de justicia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 110 constitucionales, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Código Penal Federal. Cuarto. Exigimos que se cree de manera inmediata la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, cuyo titular debe ser nombrado tomando en consideración la opinión de las familias de las víctimas, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado la investigación. Y de manera urgente, necesaria e impostergable destinar todos los recursos con los que cuenta el Estado mexicano para mantener activos los procesos de búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que somos semilla. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.