EL DIP. JUAN PAREDES GLORIA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: En mi calidad de diputado federal a la LVIII Legislatura del Congreso General y con fundamento en el artículo 71 fracción 2ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 55 fracción 2ª, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Agraria en materia de Restitución de Tierras, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos: La restitución por definición, consiste en la reintegración de un bien o un derecho a su legítimo propietario o titular; la restitución de tierras como institución jurídica, se funda en la necesidad de realizar un acto de justicia con el objeto de reintegrarle a sus legítimos y originales dueños, los pueblos, las tierras de las que injusta y arbitrariamente fueron despojados eventualmente, con la participación desde luego de autoridades de distintos niveles de gobierno, de modo que a través de la restitución se concilien los intereses y los derechos de los pueblos con el Estado. La base jurídica de la restitución de tierras se encuentra en el artículo 27 fracción 8ª, incisos A, B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo 27. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones: Fracción 8ª: Se declaran nulas A) todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías y congregaciones o comunidades hechas por los jefes políticos, gobernadores de los estados o cualquier otra autoridad local, en contravención a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas". En su inciso B: "Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda o cualquier otra autoridad federal desde el primero de diciembre de 1876 hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquier otra clase perteneciente a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y núcleos de población". Asimismo, en el inciso C: "Todas las diligencias de apeo y deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de los estados o de la Federación, con los cuales se han invadido u ocupado ilegalmente, tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento o de cualquier otra clase pertenecientes a los núcleos de población". Quedan exceptuadas de la nulidad anterior únicamente las tierras que hubieran sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley del 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de 10 años, cuando la superficie no exceda de 50 hectáreas. El hecho de que la disposición constitucional transcrita exprese que se declaran nulos los actos que con toda puntualidad señala en sus tres incisos, de ninguna manera implica que el imperio de esa determinación es absoluto y automático, sin necesidad de desahogar procedimiento alguno. Es por ello que se requiere el desarrollo de un proceso que conduzca a la decisión que corresponda, vertida por parte de un órgano jurisdiccional competente y conforme a normas de derecho sustantivo y adjetivamente, previamente establecidos. La Ley Agraria vigente como la ley secundaria y reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria, omite hacer mención de la figura jurídica de la restitución de tierras en el concepto dispuesto por la Ley Fundamental y en cambio regula en su artículo 49, la restitución de tierras para los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas en el actual concepto de la expresión. Núcleos de población ejidal o comunales. El vigente artículo 49 de la Ley Agraria dice: Artículo 49.- "Los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir directamente o a través de la Procuraduría Agraria ante el Tribunal Agrario para solicitar la restitución de sus bienes". Lo anterior se refiere a los núcleos de población favorecidos por las resoluciones presidenciales o de los tribunales agrarios que les hayan otorgado la categoría de ejido o comunidad. Esta última idea se ratifica por el texto de la fracción I del artículo 98 de la Ley Agraria en tanto determina: Artículo 98.- "El reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios deriva de los siguientes procedimientos: I. "Una acción agraria de restitución para las comunidades despojadas de su propiedad". Es claramente inadecuado que una disposición constitucional no se encuentre regulada por la legislación secundaria y, más que ello, jurídicamente delicado hacer nugatorio el derecho de los pueblos para intentar que a su favor se restituyan las tierras que legalmente les pertenecen, como autonomía o de que no disfruten de su posesión o usufructo. Si bien es verdad que ese derecho se encuentra tutelado por el artículo 27 de la Constitución Política, también es cierto que la Ley Agraria carece de normas de derecho sustantivo al respecto y más que eso, de disposiciones adjetivas para el ejercicio de la acción; su inclusión en la Ley Agraria es indispensable. En efecto, esa condición de carencia requiere de modificar la legislación secundaria para incluir en su cuerpo normas de derecho sustantivo y procesal que respondan al sólido e incuestionable derecho que a los pueblos, ilegalmente despojados de sus tierras, les asiste y que con precisión tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La oportunidad para subsanar el hierro que en esta materia existe, está presente, y para ello, compañeras y compañeros diputados, es indispensable nuestra participación en calidad de representantes populares. Por ello, de conformidad con los motivos expuestos y en estricta concordancia con la fracción VIII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto titula el derecho de los pueblos a solicitar la restitución de las tierras de las que fueron ilegalmente despojados, se elabora el siguiente proyecto de reformas al artículo 49 de la Ley Agraria. Decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Agraria. Artículo Unico.- Se reforma el artículo 49 de la Ley Agraria para quedar como sigue: Artículo 49.- "En los términos dispuestos por la fracción VIII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los núcleos de población que hayan sido o sean privado ilegalmente de sus tierras, bosques o aguas, tendrán derecho a que se les restituyan cuando se compruebe que son propietarios de las tierras, bosque o aguas, cuya restitución demanden y que fueron ilegalmente despojados de sus bienes. La demanda de restitución de tierras se presentará en el Tribunal Unitario Agrario competente por razón del territorio y se acompañará de los títulos de propiedad de los documentos necesarios para comprobar la fecha y la forma del despojo de las tierras, bosques o aguas reclamados y de un plano que represente a estos. En la demanda de restitución, se proporcionará la identidad de los predios objeto de la demanda y la de quienes aparecen como sus propietarios en el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa de que se trate. E. Tribunal Agrario, una vez presentado ese acervo radicará el juicio y enviará los títulos de propiedad y los documentos probatorios del despojo al Archivo General de la Nación, para que éste realice un análisis acerca de su autenticidad, y emita el dictamen paliográfico respectivo. Si los títulos de propiedad son auténticos y además documentalmente se acredita la fecha y forma del despojo, se continuará el juicio agrario, de conformidad con lo previsto establecido en el Título Décimo de esta ley. De probarse la falta de autenticidad de los títulos exhibidos o de la documentación a partir de la que se pretendieron comprobar la fecha y forma del despojo, se interoperal al juicio y de ello se notificara el núcleo de población demandante. Lo mismo sucederá si esa documentación, a pesar de ser auténtica no comprueba la forma y la fecha del despojo. T R A N S I T O R I O S Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solicito a la presidencia, túrnese a la Comisión de Reforma Agraria. Asimismo hago mención que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 49 de la Ley Agraria, lo acompañan las firmas de diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PT, del PRD y del PRI, en el cual anexamos la relación de dichas firmas. Muchas gracias. -