La diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Gracias, con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, el presidente Enrique Peña Nieto envió, en 2012, la iniciativa de reforma constitucional para crear el sistema nacional anticorrupción, siendo ésta parte de la agenda transformadora que su gobierno ha impulsado para combatir frontalmente a la corrupción. Desde el año 2000, hace 16 años, no se había presentado una iniciativa similar. Se ha sumado la sociedad civil. Se han sumado los partidos políticos, y en mayo de 2015 se promulgó con el voto a favor de los integrantes de todos los partidos políticos. El sistema nacional anticorrupción establece que los servidores públicos y los particulares que incurran en actos de corrupción no solamente sean sancionados sino obligados a resarcir los daños. Cuenta con facultades de fiscalización y control de recursos públicos, y vela porque el desempeño de los funcionarios se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad y parcialidad y eficiencia. La reforma es respuesta a una sentida demanda social que concreta no una ley, no es solo una ley sino todo un sistema, el sistema nacional anticorrupción. Éste se edifica a partir de siete pilares, no es nada más la Ley Tres de Tres. La Ley General de Responsabilidades Administrativas que algunos quieren votar en contra. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que algunos minimizan. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que algunos señalan que no sirve. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Adecuaciones al Código Penal, sí, Penal. Y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Estamos frente a un auténtico cambio de paradigma. Es cierto, es un momento histórico; no lo habían hecho antes. Esto va a cambiar todo el sistema para la consecución de dos importantes objetivos: el primero, obligar a todos los Poderes y órdenes del Estado mexicano a ser más transparentes en su diario actuar. Y dos, crear mecanismos que establezcan el control sobre el ejercicio del gasto público. Asimismo, las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República permitirán la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Corrupción. Una moneda siempre tiene dos lados: lo mismo sucede en actos de corrupción, siempre hay dos partes. No podemos combatir la corrupción con leyes que influyan solamente a una parte. Dentro del sistema nacional anticorrupción no solo se podrá fiscalizar a los funcionarios públicos sino a cualquier persona física o moral que reciba, ejerza o celebre contratos con alguna entidad pública en donde se utilicen recursos públicos. A partir de la promulgación que haga el Ejecutivo de este conjunto de leyes, todos, no solo los funcionarios públicos, podemos ser fiscalizados y en un mal uso de recursos, sancionados también. Esto nos incluye a todos, difiriendo de las voces críticas que han tratado de minimizar este avance para nuestro país. Enfatizo que el objetivo de este paquete de reformas es garantizar la legalidad y justicia que a diario reclama la sociedad. Hoy en este gobierno por fin estamos por aprobar en los próximos momentos la conformación del sistema nacional anticorrupción. Es un avance firme hacia la construcción de la confianza ciudadana, que es la columna de cualquier sistema democrático. Compañeras, compañeros, no demos pasos atrás durante este debate. Es todo, señor presidente. Gracias.