El diputado Gerardo Peña Flores: Compañeros y compañeras, la pandemia ha dejado profundas huellas en nuestra sociedad, de forma que a la fecha no sabemos cuándo podremos volver con plenitud al estilo de vida que teníamos, o si será posible algún día volver a tenerla. Cuando pensábamos que estábamos en la recta final de este terrible mal, se anuncia una cuarta ola, igual o más intensa que las anteriores. Mientras tanto, continuamos con la imperiosa necesidad y prioridad de cuidarnos, y sobre todo de respetar el derecho a la salud de terceros. Los efectos del Covid y sus secuelas son todavía de escalas desconocidas por los daños físicos, psicológicos, económicos y sociales que esta ha dejado en el mundo entero. Además de la afectación en la vida de todos, se generan graves afectaciones a la economía de nuestro país, impactando en los empleos y cierre de actividades, afectando sin distinguir el tipo o tamaño del negocio que ha tenido que cerrar o disminuir considerablemente sus operaciones. Además, insisto, mermando la vida de toda una sociedad en su conjunto. Por eso requerimos legislar de manera que se vele y garantice el derecho fundamental de la salud, con la responsabilidad de encontrar la claridad en la norma que lo asegure, y que además con ello permita el regreso a la vida cotidiana que todas, y todos, una vez tuvimos, y con ello además se potencie la recuperación económica nacional. Es menester que nuestras acciones desde esta Cámara de Diputados consideren que las decisiones que los trabajadores puedan tomar en torno a ser inmunizados o no, no afecten el derecho humano a la salud de terceros. Solo así podremos ayudar a la sociedad mexicana en su conjunto, incluidos los micro, pequemos y medianos empresarios mexicanos. Y, en general, a toda la clase trabajadora, para soportar los embates a la economía que cada ola genera e iniciar así un periodo de recuperación sostenida. Ahora bien, ante la actual posibilidad de disminuir los riesgos de gravidez mediante la inmunización con la vacuna, la clase trabajadora y empleadora en México se encuentran en la encrucijada de entre quienes no desean ser vacunados y todos aquellos que tienen derecho a laborar en un ambiente salubre y sano, ejerciendo su derecho a la salud. Por ello, atendiendo a que es obligación del Estado vigilar y garantizar el derecho a la salud, como lo mandata el artículo 4o. constitucional, propongo adecuar el marco legal para que, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles o situaciones de emergencia sanitaria respecto del trabajador de hacer o no válida su decisión sobre ser inmunizado o no, en su centro de trabajo podrá solicitársele demostrar mediante las pruebas correspondientes que no es portador de dicha enfermedad, sin que lo anterior genere ningún costo para los empleadores. Debemos tener en cuenta que la decisión de cualquier persona a ser inmunizado o no debe ser responsable con terceros y, por ello, la ley debe proteger el derecho a la salud de los demás. Compañeras y compañeros, los exhorto a valorar con absoluta seriedad y responsabilidad esta iniciativa de ley que, de aprobarse, podrá salvar vidas de mexicanas y mexicanos, de compañeras y compañeros, de familiares de los que aquí estamos y quizá de nosotros mismos. Es cuanto, presidente.