LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. (VOTACIÓN) Muchas gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. (VOTACIÓN) Muchas gracias. Aprobado el punto de acuerdo, señor Presidente. EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su instrumentación. (aplausos) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Comisión de Equidad y Género ha entregado a esta Presidencia el dictamen relativo a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se instruye a la Secretaría a darle lectura. LA C. SECRETARIA, DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: A la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, el día 24 de octubre del ano 2000, fueron turnadas para su estudio y dictamen dos iniciativas de ley presentadas ante el pleno de la Cámara, para los efectos constitucionales a que haya lugar. A estas iniciativas se integró una más turnada en Septiembre del año 2000 para los mismos fines, y que fue presentada en la LVII Legislatura, el 27 de abril del mismo año. En primer término, las fracciones parlamentarias de los siguientes partidos: Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; del Trabajo; de la Sociedad Nacionalista; Convergencia por la Democracia; y Alianza Social, sometieron a la consideración del pleno la Iniciativa de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres el 24 de octubre de 2000. En segundo término, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentó la Iniciativa de Ley General del Instituto de la Mujer el 24 de octubre de 2000. En tercer lugar, la Comisión de Equidad y Género de la LVII Legislatura hizo llegar a la Comisión de Equidad y Género de la LVIII Legislatura una Iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática el 27 de abril del año 2000, denominada "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Hombres y Mujeres". Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 numeral 2, fracción X, 45 numeral 6, fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 56, 87 y 88 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se ab«ó al estudio y análisis de las tres iniciativas descritas, bajo los siguientes ANTECEDENTES 1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 24 de octubre del año 2000, la Presidencia de la Mesa Directiva, después de escuchar la presentación ante el pleno de la Cámara de sendas iniciativas de ley, la primera denominada "Ley del Instituto Nacional de las Mujeres" y la segunda denominada "Ley General del Instituto de la Mujer", dictó el siguiente trámite en ambos casos: "Túrnese a la Comisión de Equidad y Género". Por otra parte, el 27 de abril del año 2000, la Presidencia de la Mesa Directiva de la LVII Legislatura, en sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados, después de escuchar la presentación hecha por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática sobre una Iniciativa de "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Hombres y Mujeres" acordó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Equidad y Género". 2. El propio 24 de octubre del ano 2000 se dio cuenta a las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género, de la presentación de las iniciativas que se describen en el proemio de este dictamen. 3. El día 31 de octubre del año 2000, la Mesa Directiva de la Comisión de Equidad y Género sesionó y posteriormente, en sesión plenaria acordó efectuar el análisis y comentarios acerca de los asuntos turnados por el pleno de la Cámara de Diputados, emanados de su sesión ordinaria del 24 de octubre del 2000, en torno a dos iniciativas de ley y de manera extraoficial se dio a conocer la tercera iniciativa presentada el 27 abril del año 2000. 4. El 9 de noviembre, en sesión plenaria de Comisión, se analizaron las exposiciones de motivos de las tres iniciativas, su organización lógica y jurídica, así como su distribución capitular, su contenido y la estructura orgánica del organismo. Durante este proceso, la Comisión acordó tomar como base de la discusión la Iniciativa de "Ley del Instituto Nacional de las Mujeres", a la que se fueron sumando las diversas aportaciones contenidas en la Iniciativa de "Ley General del Instituto de la Mujer" y en la Iniciativa de "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Hombres y Mujeres". También se incorporaron las valiosas opiniones externadas por diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión, así como las de otros legisladores quienes, sin ser miembros de la Comisión, tuvieron voz para expresar con claridad sus puntos de vista. Se otorgó un voto de calidad a la Mesa Directiva a fin de presentar un anteproyecto de dictamen a la Comisión. Ejercicio que se realizó en varias sesiones. 5. El 22 de noviembre se señalaron las coincidencias y se acordó sostener bajo el procedimiento de reunión de trabajo permanente, las consultas necesarias hasta la elaboración final de proyecto de dictamen, mismo que se puso a consideración el 23 del mismo mes. 6. En virtud de las amplias coincidencias conceptuales y de propósitos de las Iniciativas de Ley referidas, la Comisión decidió examinarlas en conjunto y emitir un dictamen unitario, que recoge los diversos puntos de vista expresados por las y los legisladores. Por lo tanto, la Comisión de Equidad y Género, de conformidad con los antecedentes indicados formula las siguientes CONSIDERACIONES GENERALES En cuanto a la naturaleza jurídica del ordenamiento sometido a la consideración de la Comisión, éste se trata de una Ley Orgánica, por la cual se crea y define la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de un organismo o entidad pública descentralizada con autonomía técnica y de gestión. En cuanto a la naturaleza jurídica de la entidad pública propuesta, las Iniciativas de Ley presentadas coinciden en señalar que ésta debe crearse con personalidad jurídica y patrimonio propio, capaz de promover y apoyar el pleno desarrollo de las potencialidades humanas, políticas, económicas, sociales y culturales de las mujeres en todo el territorio nacional, impulsando una nueva cultura de la equidad de género en todo el quehacer de la sociedad. Las entidades paraestatales típicas de la Administración Pública Federal se encuentran reguladas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, si bien esta ley ha permitido normar la operación de dichas entidades, este esquema no es del todo compatible con la naturaleza del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo que por las funciones que tienen encomendadas debe ser objeto de un tratamiento específico y normar sus actividades con base en ordenamientos jurídicos propios. Consecuentemente, se someterá a la consideración del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 3° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para adicionar el Instituto Nacional de las Mujeres con el fin de normar sus actividades con base en ordenamientos jurídicos propios. En cuanto a su denominación, la Comisión determinó que el nombre de la entidad pública debe ser el de "Instituto Nacional de las Mujeres", que aparece en la primera Iniciativa, que en lo futuro denominaremos Iniciativa "A", en lugar de "Instituto de la Mujer" o de "Instituto Nacional de la Mujer", que aparece en la segunda Iniciativa, que en lo futuro denominaremos Iniciativa "B" o "Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Hombres y Mujeres" que propone la Iniciativa presentada en la LVII Legislatura, que en lo sucesivo será denominada Iniciativa "C". El primer concepto abarca a la amplia gama de mujeres que serán objeto de atención de la entidad, cuya pertenencia está referida a los distintos sectores, edades y condiciones socioeconómicas y culturales de las mismas. En cambio, la segunda denominación es de carácter general y abstracto, lo cual produce un efecto de distanciamiento entre la institución y sus potenciales destinatarias. En el caso de la tercer denominación se considera que el nombre propuesto es extremadamente extenso, a pesar de abonar a la claridad de su objeto. Las iniciativas "A" y "B" señalan que la Ley es "de orden público", lo que significa que el legislador impide que ciertos actos particulares afecten los intereses fundamentales de la sociedad. La Iniciativa "A" adiciona en su Artículo 1° que la Ley será "de observancia general en todo el territorio nacional en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Esta última precisión amplía el objeto y clarifica el ámbito de aplicación territorial y material de la Ley, por lo que debe prevalecer sobre la Iniciativa "B", que limita el objeto a la creación del Instituto. La Comisión determinó modificar el Artículo 2° de la Iniciativa "A" para retomar el texto propuesto en el Artículo 1° de la Iniciativa "B" para quedar como sigue: "Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como organismo público descentralizado,...". La Comisión modificó y adicionó el Artículo 3° de la Iniciativa "A" que resultaba limitativo en cuanto a los sujetos de la ley, para ampliarlo tanto a mujeres como a hombres, mexicanos y extranjeros. Se modifica en la Iniciativa "A" el objeto general y se amplían los objetos específicos, para incorporar las propuestas de las Iniciativas "B" y "C". Por acuerdo de la Comisión, se modifica la atribución contenida en el artículo 7, fracción sexta de la Iniciativa "A", a fin de que la denominación del programa rector de la institución sea el "Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres". La Comisión acordó modificar el artículo 13 de la Iniciativa "A" para incluir la propuesta contenida en la Iniciativa "B", para otorgar voz y voto a las y los vocales propietarios de la Junta de Gobierno. Al mismo, determinó ampliar dicha Junta de Gobierno con la incorporación de las personas que aparecen en la fracción segunda, incisos a), b), c), d) y e). Adicionalmente, acordó incluir a las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial (Economía), y de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación); independientemente de que también podrá invitarse, según lo requiera el orden del día, a otras dependencias del Ejecutivo Federal. Por acuerdo de la Comisión, se modifica el artículo 17, fracción XIV, a fin de garantizar que el informe anual se rinda ante la Junta de Gobierno y se envite a dicha sesión al Presidente de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y los Presidentes de las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras del H. Congreso de la Unión. La Comisión acordó modificar el artículo 18 de la Iniciativa "A", relativo al nombramiento de la Presidenta del Instituto, quedando como sigue: El Presidente de la República nombrará a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de una terna integrada por consenso que someta a su consideración la Junta de Gobierno. Con base en las anteriores consideraciones generales, la Comisión de Equidad y Género somete a la aprobación de esta Soberanía el presente dictamen, bajo la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS Las mujeres requieren, para el desarrollo pleno de sus potencialidades, tanto de condiciones favorables en su entorno familiar y comunitario, como de espacios públicos, para su plena participación activa en la vida económica, política, social y cultural del país. En los últimos anos, las mujeres han alcanzado avances más significativos que en los siglos anteriores, tanto en la posición que ocupan en los ámbitos social y familiar, como en su condición individual. Sin embargo, aún se mantienen injustas desigualdades de género en su nivel de vida, motivadas por la interpretación construida que la sociedad hace de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y los efectos negativos que las mismas generan en las relaciones, actitudes, comportamientos, en general, en la cultura de las personas y de las instituciones. La falta de una cultura de equidad de género explica las razones por las que no hemos encontrado soluciones al por qué entre las mujeres están los más de los pobres, por qué hay mayor grado de analfabetismo en las mujeres adultas y mayor abandono escolar entre las niñas y jóvenes. Por qué van a la primaria más niños que niñas. Por qué hay más desnutrición femenina que masculina, por qué a trabajo igual, a las mujeres se les da menor salario que a los hombres. Por qué son tan pocas las mujeres que ocupan cargos públicos y privados de alto nivel decisorio y tantos otros porqués, que nos están exigiendo respuestas. El reto social no solamente significa mejorar la situación de las mujeres, sino también crear las expectativas necesarias para superar esa amplia brecha de disparidades que aún persisten. Es evidente que la falta de equidad entre hombres y mujeres, sustentada en los atributos y valores que la sociedad asigna con base en diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas, sigue permeando la estructura de muchas de nuestras instituciones, lo que se traduce en prácticas e ideas que generan una clara situación de desventaja social que afecta a las mujeres. Las mujeres representan un poco más del cincuenta por ciento de los habitantes del territorio nacional y su tasa de participación en la actividad económica ha venido incrementándose significativamente en los últimos años, sin encontrarse suficiente y adecuadamente registrada. Al Estado Mexicano, como garante del respeto de los derechos y del cumplimiento de las obligaciones de hombres y mujeres consignados en su ley suprema, le corresponde asegurar la observancia del principio de igualdad jurídica, circunstancia legal que debe trascender a todos y cada uno de los sectores sociales, para que puedan convivir en armonía. En el caso de las mujeres, la búsqueda de la igualdad jurídica, social, económica y familiar, sólo se puede lograr con una distribución más equitativa entre hombres y mujeres de todas las tareas que la sociedad requiere: las tareas del hogar, las económicas, las sociales, las científicas, las culturales, las políticas. Todas éstas deberán ser distribuidas, no en función de una tradición ciega, sino con respeto a la persona humana, a la decisión individual, libre e informada, y a la necesaria responsabilidad y solidaridad que la sociedad requiere de todos y cada uno de sus miembros, para alcanzar el bienestar general. Se ha hecho manifiesta esta preocupación, en la permanente lucha de las organizaciones de mujeres, las que han logrado hacer visible, ante instituciones nacionales y organismos internacionales, la situación y ubicación de mujeres respecto de los hombres, a partir de relaciones de subordinación y de poder basadas en la construcción cultural de "lo femenino" y "lo masculino". Como resultado de estos movimientos y de la respuesta del Estado Mexicano, este principio fundamental de igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres se plasmó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1974, mediante la reforma de su artículo cuarto. La igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley, es un acto de justicia que se genera en la intención de eliminar la discriminación por motivos de sexo. A partir de esta reforma constitucional y, una vez más, como resultado de la persistente y justa demanda de las mujeres, de combatir la exclusión, la desigualdad y la discriminación de que son objeto, se han creado diversos mecanismos e instituciones públicas, con el fin de promover y apoyar el avance de las mujeres. También se ha logrado modificar diversos ordenamientos federales y estatales para superar, en campos específicos, algunas de las desigualdades legales que las afectan, así como para apoyar el proceso de mejoramiento de su condición de vida social y familiar. En 1974 se estableció el Programa Nacional del Ano Internacional de la Mujer, que preparó la participación de nuestro país en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en México, en 1975. En 1980, dentro del Consejo Nacional de Población se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo; en 1985, se instaló la Comisión Nacional de la Mujer, a la que correspondió la preparación de la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial sobre el tema, realizada ese mismo ano, en Nairobi, Kenia. En 1993 se instaló el Comité Nacional Coordinador, con el propósito de organizar las actividades preparatorias de la participación de México en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995. El 8 de marzo de 1996 el Presidente de la República aprobó el Programa Nacional de la Mujer 19952000. "Alianza para la Igualdad", en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. A este Programa se le dotó de dos órganos autónomos denominados Consejo Consultivo y Consejo Social; el primero con la finalidad prioritaria de impulsar y favorecer la participación de todos los sectores involucrados y, el segundo, para analizar, evaluar y dar seguimiento al impacto de las acciones en beneficio de las mujeres, desde la óptica de la sociedad civil. Para dar cumplimiento a la aspiración nacional de promover el adelanto de las mujeres y de atender los compromisos internacionales asumidos por México en distintos Foros, el Presidente de la República creó en 1998 la Comisión Nacional de la Mujer, integrada por dos órganos, uno desconcentrado, denominado Coordinación General y, otro, un Consejo Intersecretarial. El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, otorga a la Coordinación General amplias atribuciones en relación con la ejecución del Programa Nacional de la Mujer y, al segundo, lo define como un organismo de consulta en la materia y de seguimiento en la ejecución del propio Programa. En lo que corresponde al ámbito internacional, se han desarrollado diversas actividades en los foros multilaterales, internacionales y regionales, con el objeto de impulsar la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Tales actividades comprenden la concertación de instrumentos jurídicos vinculantes y la celebración de cuatro conferencias mundiales y varias regionales, de cuyas deliberaciones han emanado programas y planes de acción. Entre las convenciones y tratados de los que México es parte, relativos a la condición de las mujeres, destacan la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952, ratificada por México y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981. Dentro de este esquema encontramos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belem do Pará", ratificada por México en noviembre de 1998. En la Plataforma de Acción de la Conferencia de Pekín de 1995, se establece también que el éxito alcanzado en el reconocimiento internacional y nacional de la igualdad jurídica de la mujer, se enfrentó a la discriminación de hecho y a la desigual situación de la mujer con respecto del hombre. Esto fue como resultado de factores sociales, económicos, políticos y culturales más amplios, justificados hasta entonces sobre la base de diferencias fisiológicas, cuando en realidad derivan de las relaciones sociales dispares en función del sexo, lo que impide la plena y equitativa participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional e internacional. La Declaración Política y la Plataforma de Acción fueron aprobadas por los 189 Estados participantes, México entre ellos. La evaluación de su aplicación tuvo lugar en el XXIII Período Extraordinaria de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas "Las Mujeres en el año 2000: Equidad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo XXI" realizada en junio del presente ano en la ciudad de Nueva York. En el plano regional latinoamericano se han celebrado siete Conferencias en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), enfocadas a la integración de las mujeres al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe: La Habana, Cuba, 1977; Macuto, Venezuela, 1979; México, 1983; Guatemala, 1988; Curazao, 1991; Mar de Plata, Argentina, 1994 y Santiago de Chile, 1997 y, en febrero de este año, se realizó la Octava Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe, en la ciudad de Lima, Perú". Nuestro país, frente a los compromisos internacionales adquiridos y teniendo como marco de su acción el Plan Nacional de Desarrollo 1995 2000, reconoce que no obstante los innegables logros de los diversos programas e iniciativas, aún persisten grandes desafíos, lo que hace imperativo avanzar de manera decidida en la tarea de impulsar acciones positivas en pro de las mujeres. La presencia de la Comisión Nacional de la Mujer, particularmente, de su Coordinación General, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, resulta un importante avance en el camino de institucionalizar la gestión para la consecución de la equidad de género, entendida esta como el principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Sin embargo, para dar plena vigencia al compromiso nacional e internacional de fortalecer el mecanismo existente en nuestro país para el adelanto de las mujeres, ubicándolo "en las instancias más altas del gobierno" con atribuciones claramente definidas, con disponibilidad de recursos suficientes y con la capacidad y competencia para influir en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales, así como en la formulación y examen de la legislación, es necesario modificar las bases jurídicas de la Comisión Nacional de la Mujer. Una eficiente articulación de las acciones gubernamentales y de otros sectores, se puede lograr mediante la conformación de una Entidad pública descentralizada, con plena autonomía institucional, que pueda desarrollar sus funciones en planos de igualdad jurídica con el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales y, en otros ámbitos de la vida nacional. Cabe destacar que la perspectiva de género nos ofrece la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar sobre las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre factores de genero y crear las condiciones que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género. Con base en lo anterior, se formula la presente Iniciativa para la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que en el ejercicio de sus funciones gozará de la autonomía que se derive de esta Ley, denominado Instituto Nacional de las Mujeres. Dicho Instituto se ocupará de impulsar y fortalecer el avance de las políticas públicas, gubernamentales y de la sociedad, en favor de la igualdad jurídica y la equidad de género. Este organismo tendrá, asimismo, la obligación de promover, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones y programas destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, para asegurar en la ley y en la práctica lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "El varón y la mujer son iguales ante la ley". Como toda medida legal afirmativa destinada a corregir disparidades, ésta tendrá la duración que la sociedad requiera hasta garantizar la plena equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en nuestro país. La iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía, está compuesta por 39 artículos divididos en nueve capítulos que se denominan: Disposiciones Generales, De la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Nacional de las Mujeres, Del nombramiento y Facultades de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Del nombramiento y Facultades de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Del Consejo Consultivo y del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, De la colaboración de los Tres Poderes de la Unión, Del cumplimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación de las Mujeres, Del Patrimonio, Presupuesto y Control de los Recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, y Del Régimen Laboral respectivamente; así como contar con diez artículos transitorios. El Instituto Nacional de las Mujeres contará con un órgano de gobierno denominado Junta de Gobierno, que estará presidida por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, en la que participarán los y las titulares de las Dependencias de la Administración Pública Federal que pueden cumplir un rol trascendente en la modificación de las políticas públicas federales, para incorporar el enfoque de género. Participarán representantes gubernamentales; de la sociedad civil; como organizaciones no gubernamentales promotoras del avance de la equidad y género; y mujeres representativas del ámbito académico y de las organizaciones que se hayan distinguido por su labor en defensa de los derechos de las mujeres en la política, la economía y la sociedad. Participarán también representantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y del Poder Judicial de la Federación. Los y las integrantes de la Junta de Gobierno tendrán derecho a voz y voto. El Instituto Nacional de las Mujeres a que se refiere esta Iniciativa, tiene como fundamento jurídico constitucional el párrafo segundo del Artículo 4° que establece que: "El varón y la mujer serán iguales ante la ley", por lo que es preciso proveer las disposiciones necesarias para su debida observancia. A mayor abundamiento, el Gobierno de México, en cumplimiento a lo dispuesto por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981 que en su Artículo 3° establece "Los Estados Partes tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre". Por otra parte, el Artículo 4°, párrafo primero de la Convención señala que: "La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no se considerará discriminación, en los términos definidos por la presente Convención, y no deberán en manera alguna implicar, como una consecuencia, el mantenimiento de normas separadas de inequidad; estas medidas deberán interrumpirse cuando los objetivos de la igualdad de oportunidades y de trato hayan sido alcanzados...". Consecuentemente, con la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, se promueve la plena participación de las mujeres en el desarrollo económico y social de nuestro país, como lo han venido recomendando reiteradamente las Conferencias Mundiales de la Mujer, que recomiendan el establecimiento de "...un mecanismo apropiado, con recursos y autoridad suficiente, para asegurar que el más amplio rango de políticas y programas de desarrollo en todos los sectores reconozca la contribución de las mujeres...". Con base en lo anterior, la Comisión de Equidad y Género presenta al pleno de la Honorable Cámara de Diputados, para su aprobación, el siguiente texto de la Ley que quedaría como sigue LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 1. La disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos del Artículo Cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Artículo 2. Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. Artículo 3. Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las mujeres y hombres mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, y las los mexicanos en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, religión o discapacidad; quienes podrán participarán en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento. Artículo 4. El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. Bajo los criterios de: Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas. Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género en los estados y municipios. Fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal. Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por: Instituto: el Instituto Nacional de las Mujeres. Junta de Gobierno: la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. Presidenta: la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Secretaria Ejecutiva: la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Consejo Consultivo: el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres. Consejo Social: el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres. Consenso: la aprobación de las tres cuartas partes de los integrantes del órgano de Gobierno. Género: concepto que refiere los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Equidad de género: concepto que refiere el principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Perspectiva de género: concepto que refiere la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género. Artículo 6. El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes: I. La promoción, la protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por México, en particular los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres. La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y propiciar la participación de la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres; II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones, y la concertación social indispensable para su implementación. La ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en relación con las mujeres. La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y la equidad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias; III. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia. La representación del Gobierno Federal en materia de equidad de género y de las mujeres ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales; IV. La promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales: 1) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y 2) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia: "Convención de Belém do Pará". La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la equidad de género. Artículo 7. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, para alcanzar la equidad de género; II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación; III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. IV. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, así como de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos; V. Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin; VI. Elaborar el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, objeto de esta Ley, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Evaluar el Programa periódica y sistemáticamente, cuidando de su ejecución por parte de las dependencias y entidades de los tres poderes de la Unión. Promover su ejecución en los Estados y Municipios y entre los sectores de la sociedad en general, y proponer innovaciones; VII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres; VIII. Participar, en coordinación con la Dependencia competente del Gobierno Federal, en los programas y actividades internacionales relacionadas con el objeto del Instituto; IX. Promover, en coordinación con la Dependencia competente del Gobierno Federal, la cooperación, firma, ratificación y cumplimiento de los instrumentos en el ámbito internacional y regional relacionados con la equidad de género y las mujeres; X. Colaborar con el Ejecutivo Federal en la difusión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contraidas con gobiernos o entidades de otros países y/o con organismos internacionales, para fortalecer las acciones en favor de la equidad de género y las mujeres; XI. Promover ante los tres poderes del gobierno federal la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y colaborar en la definición de medidas que contribuyan a la erradicación de esta conducta en todos los ámbitos de la vida social, económica y política; XII. Establecer vinculación con el Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y con los ayuntamientos, para impulsar las reformas jurídicas necesarias que garanticen el accesos equitativo y no discriminatorio en el ejercicio de los derechos de las mujeres; XIII. Establecer vinculación con el Poder Judicial de la Federación y con los de las Entidades Federativas, para impulsar acciones que en materia de impartición y procuración de justicia, eliminen cualquier forma de discriminación contra las mujeres; XIV. Establecer vinculación con las instancias administrativas que se ocupen de los asuntos de las mujeres en las entidades federativas para promover y apoyar, en su caso, las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres; XV. Concertar y suscribir acuerdos y convenios de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y la banca multilateral para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres; XVI. Promover y desarrollar el uso de metodologías con perspectiva de género para la planeación, elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de políticas públicas; XVII. Propiciar las condiciones, competencias y sensibilización necesarias para legitimar ante las instituciones del Estado la relevancia de impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos; XVIII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado, cuando así lo requiera; XIX. Apoyar Iniciativas de Ley que mejoren la situación y condición económica, política, social y cultural de las mujeres; XX. Promover que los derechos humanos de las mujeres sean reconocidos plenamente en las leyes respectivas, tal como han sido definidos en el plan internacional, procurando su protección, respeto y cumplimiento; XXI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así como la difusión a nivel nacional e internacional de actividades que beneficien a las mujeres; XXI. Instrumentar el sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad; XXII. Realizar. promover o auspiciar estudios e investigaciones sobre la condición de las mujeres en los diversos campos de la realidad social; XXIV. Participar, impulsar o realizar reuniones y eventos de intercambio de experiencias y difusión de información, tanto de carácter nacional como internacional sobre los temas de las mujeres; XXV. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley; XXVI. Concertar acciones con instituciones federales, estatales y municipales, para la elaboración, análisis y difusión de estadísticas desagregadas con enfoque de género, que contribuyan a hacer visible la condición, posición y situación de las mujeres a nivel nacional, regional, estatal y municipal, así como su contribución al desarrollo nacional; XXVII. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas, organizaciones privadas y sociales, organismos internacionales, regionales, gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la equidad de género; XXVIII. Orientar la cooperación interna e internacional, financiera y técnica en materia de equidad de género, hacia la instrumentación de políticas públicas; XXIX. Emitir informes de evaluación periódica de las acciones ejecutadas para el cumplimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres; XXX. La actualización el diagnóstico sobre la situación de las mujeres y en relación con los avances en la equidad de género y la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres ante la ley y en la práctica, y XXXI. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto. Artículo 8. Las oficinas centrales del Instituto Nacional de las Mujeres tendrán su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal. Artículo 9. El Instituto Nacional de las Mujeres se integrará con una Junta de Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva y las estructuras administrativas que establezca su Estatuto Orgánico. Asimismo, contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, que serán: el Consejo Consultivo y el Consejo Social. Capítulo II De la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Nacional de las Mujeres Artículo 10. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración: I. La Junta de Gobierno, II. La Presidencia, III. La Secretaría Ejecutiva, IV. El Consejo Consultivo, V. El Consejo Social, y VI. Contraloría Interna. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva contarán con las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico del Instituto. Artículo II. El Instituto contará con un órgano de Control Interno que formará parte de su estructura. Artículo 12. En las situaciones de orden legal no previstas en el presente ordenamiento o en los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por el Gobierno mexicano en la materia y ratificados por el Senado de la República, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera supletoria la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles en lo conducente, así como los principios generales del derecho en lo que no se opongan a la presente Ley. Artículo 13. La Junta de Gobierno estará integrada por: I. La Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; II. Las y los Vocales Propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a continuación: a. Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Medio Ambiente y Recursos Naturales); Comercio y Fomento Industrial (Economía); Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación); Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria; Procuraduría General de la República; Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Instituto Nacional Indigenista; Instituto Nacional de la Juventud; Instituto Nacional de la Senectud; y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); b. Un integrante por cada grupo parlamentario mayoritario representado en la Cámara de Diputados y el mismo número en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que tengan más del 8% de la integración de las mismas, más un integrante de cada uno de los tres grupos parlamentarios del Senado de la República que alcancen el mismo porcentaje. c. Dos representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos representantes del Consejo de la Judicatura Federal; d. Cuatro integrantes del Consejo Consultivo y del Consejo Social, incluidas sus titulares; e. Diez mujeres representativas que provendrán de las siguientes organizaciones: dos sindicalistas; dos dirigentes campesinas; dos integrantes de organizaciones no gubernamentales, dos representantes de organizaciones empresariales, dos profesoras e investigadoras de entidades académicas especializadas en estudios de género: una de la UNAM y la otra del Colegio de México. En ambos casos, se tratará de mujeres representativas en la docencia, investigación y desarrollo de programas en favor de la equidad de género y de apoyo al conocimiento sobre la situación de las mujeres. La Junta de Gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, podrá invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas federales, estatales o municipales, así como a organizaciones privadas y sociales, no comprendidas en el artículo anterior, los que tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes. En la primera reunión, la Junta de Gobierno establecerán los lineamientos para designar por consenso, de las tres cuartas partes de los integrantes, a las mujeres vocales propietarias señaladas en la fracción II, inciso e) y definirá la duración de su encargo y los casos en que podrán ser reelectas. Los integrantes de la Junta de Gobierno, serán suplidos por los representantes que al efecto designen, los cuales deberán ser de nivel administrativo inmediato inferior al que ocupen las y los vocales titulares. En la segunda sesión de trabajo de la Junta de Gobierno, la Presidenta del Instituto designará una Secretaria Técnica y una Prosecretaria. Artículo 14. Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: I. Integrar por consenso. una tema que someterá a la consideración del Presidente de la República, a efecto de que designe a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; II. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto; III. Aprobar el presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del Instituto, y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos; IV. Autorizar la creación de comités de apoyo y grupos de trabajo temporales; V. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el Instituto; VI. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera; VII. Nombrar a las vocales propietarias a que se refiere el artículo 13, fracción II, inciso e de esta Ley; VIII. Designar y remover, a propuesta de la Presidenta, a las y los servidores públicos de los niveles administrativos inferiores al de aquélla, así como concederles permisos y licencias; IX. Designar y remover, a propuesta de la Presidenta, a la Secretaria Técnica y a la Prosecretaria; X. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los manuales de procedimientos; XI. Aprobar en términos de ley, el Estatuto Orgánico del Instituto y los apéndices administrativos que correspondan; XII. Fijar las condiciones generales de trabajo; XIII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la Presidenta, con la intervención que corresponda al Comisario; XIV. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás libertades; XV. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas; XVI. Expedir la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo y del Consejo Social, y XVII. Las demás que le atribuyan esta Ley y el Estatuto Orgánico del Instituto. Artículo 15. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos dos veces por año, y las extraordinarias que convoque su Presidenta o, cuando menos, una tercera parte de sus integrantes. La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles, para sesiones ordinarias, y de un día para las extraordinarias. La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la Dirección General con cuarenta y ocho horas antes de la celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias, y para las extraordinarias, doce horas antes. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de las y los vocales propietarios presentes y la Presidenta tendrá voto de calidad en caso de empate. Asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, la Secretaria Ejecutiva del Instituto; la Secretaria Técnica y la Prosecretaria de la Junta de Gobierno, así como la o el Comisario Público del Instituto Nacional de las Mujeres. Los acuerdos de la Junta de Gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo supuestos de urgencia que se darán a conocer a la Junta de Gobierno con ese carácter. Capítulo III Del Nombramiento y Facultades de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres Artículo 16. Para ser Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se requiere: I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; II. No haber sido condenada por delito intencional alguno, o inhabilitada por la Contraloría de la Federación; III. Haber destacado por su labor a nivel nacional o estatal, en favor de la equidad de género, o en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres y demás materias objeto de esta Ley, y IV. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con los miembros de la Junta de Gobierno. Artículo 17. La Presidenta del Instituto tendrá las siguientes facultades: I. Formar parte de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto; II. Administrar y representar legalmente al Instituto; III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Instituto; IV. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno; V. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del Instituto, así como los apéndices administrativos; VI. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos; VII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del Instituto, para someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno; VIII. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los proyectos de programas, informes y estados financieros del Instituto y los que específicamente le solicite aquélla; X. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la Secretaria Ejecutiva y los dos primeros niveles de servidores del Instituto, la fijación de sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano y nombrar al resto del personal administrativo del Instituto; XI. Suscribir en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores; XII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; XIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el Instituto y presentar a la Junta de Gobierno, una vez al año, la evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde por la propia Junta de Gobierno, escuchando al Comisario Público; XIV. Someter a la Junta de Gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto, invitando a dicha sesión al Presidente de la República, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Presidentes de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso de la Unión y darlo a conocer a la sociedad mediante su publicación; XV. Proporcionar la información que soliciten las o los Comisarios Públicos propietario y suplente; XVI. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del Instituto, para mejorar su desempeño, y XVII. Las demás que le confiera la presente Ley o las derivadas de los acuerdos de la Junta de Gobierno. Artículo 18. El Presidente de la República nombrará a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de una tema integrada por consenso que someta a su consideración la Junta de Gobierno. Artículo 19. La Presidenta durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo período de tres años. Capítulo IV Del nombramiento y Facultades de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres Artículo 20. La Presidenta del Instituto propondrá a al Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la Secretaría Ejecutiva, la cual debe reunir para su designación, los siguientes requisitos: I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; II. Haber recibido título de nivel licenciatura debidamente acreditado por las universidades y demás instituciones de educación superior; III. Haber desempeñado cargos de nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa; y IV. Contar con experiencia en materia de la equidad de género o de las causas de las mujeres, a nivel estatal, nacional o internacional, así como en actividades relacionadas con las materias objeto de esta ley. Artículo 21. La Secretaria Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Proponer a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres las políticas generales que en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres habrá de seguir el Instituto Nacional ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas o no gubernamentales, nacionales e internacionales; II. Someter a la consideración de la Presidenta del Instituto Nacional proyectos de informes anuales, así como los especiales que serán presentados a la Junta de Gobierno; y III. Auxiliar a la Presidenta en la administración, organización y operación del Instituto, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico. Capítulo V Del Consejo Consultivo y del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres Artículo 22. El Instituto contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, representativos de la sociedad civil: un Consejo Consultivo y un Consejo Social. Artículo 23. El Consejo Consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Estará integrado por un número no menor de diez ni mayor de veinte mujeres, cuyos participantes no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna y se seleccionarán entre las mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad, propuestas a la Junta de Gobierno a través de las organizaciones políticas y privadas, de asociaciones civiles, así como de instituciones académicas. El propio Consejo Consultivo determinará su estructura, organización y funciones, defiendo un Consejera Presidenta. Artículo 24. Las integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo un año, pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el período inmediato anterior. Al término de su encargo, el Consejo Consultivo presentará un informe anual a la Junta de Gobierno. Artículo 25. El Consejo Social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Esta se integrará por un número no menor de diez ni mayor de veinte mujeres representativas de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a la equidad de género, quienes serán designadas por las organizaciones representativas de defensa de los derechos de las mujeres y propuestas a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. El propio Consejo Social determinará su estructura, organización y funciones, debiendo ser dirigido por una Consejera Social Presidenta. Artículo 26. Las integrantes del Consejo Social durarán en su encargo un año, pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el período inmediato anterior. Al término de su encargo, el Consejo Social presentará un informe anual a la Junta de Gobierno. Artículo 27. El Consejo Consultivo colaborará con el Instituto en los casos siguientes: I. Impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las acciones relacionadas con el objeto de esta Ley; II. Promover la vinculación entre los responsables de las iniciativas a favor de la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en las tres instancias de gobierno federal, estatal y municipal, así como de los sectores y organizaciones de la sociedad en general; III. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las que trabajen a favor de las mujeres y IV. Las demás que determine el Estatuto Orgánico del Instituto. Artículo 28. El Consejo Social colaborará con el Instituto en los casos siguientes: I. Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres, en el marco de esta Ley; II. Cuidar del cumplimiento de los compromisos del Estado Mexicano a nivel nacional e internacional; III. Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno los informes de evaluación en las materias objeto de esta Ley. IV. Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones derivados de esta Ley; V. Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas de información desagregados por género de los distintos sectores de la sociedad. VI. Las demás que determine el Estatuto Orgánico del Instituto. Artículo 29. El Consejo Consultivo y el Consejo Social operarán en los términos que determinen sus respectivas normatividades internas. Los cargos de las integrantes de ambos órganos, incluidos los de la Consejera Consultiva Presidenta y de la Consejera Social Presidenta tendrán una duración de un año y serán honoríficos, con excepción de las Secretarias Técnicas que formarán parte del Instituto Nacional de las Mujeres. Capítulo VI De la Colaboración de los tres Poderes de la Unión. Artículo 30. Las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las y los titulares de los órganos de impartición de justicia federal, así como las y los titulares de la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión proporcionarán la información pertinente, en los términos de las peticiones que el Instituto les formule y colaborarán con el Instituto Nacional de las Mujeres dentro del área de su competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. Artículo 31. Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales proporcionarán al Instituto la información y datos que éste les solicite, en los términos de los acuerdos que al efecto se celebren. Artículo 32. En los términos previstos en la presente ley, las autoridades y servidores públicos, federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, colaborarán para el logro de los fines del Instituto Nacional de las Mujeres. Sin perjuicio de las atribuciones legales que correspondan a los Organismos Estatales de las Mujeres, el Instituto Nacional podrá celebrar convenios o acuerdos con dichas autoridades y servidores públicos para el apoyo, orientación y promoción de los programas de carácter nacional. Capítulo VII Del Cumplimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. Artículo 33. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos de impartición de justicia federal, así como las Cámaras del Congreso de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones incorporarán el enfoque de género en sus políticas, programas y acciones institucionales. Como resultado de la evaluación del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres podrá emitir recomendaciones para los legisladores, autoridades, y servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, apoyen la ejecución del citado Programa. Capítulo VIII Del patrimonio, Presupuesto y Control de los Recursos del Instituto Nacional de las Mujeres Artículo 34. El Instituto Nacional de las Mujeres contará con patrimonio propio y se integrará: I. Con los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público; las que les sean transmitidos por el sector privado y las aportaciones que se adquieran por cualquier título; II. Con los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos; III. Recursos que obtenga de las actividades a que se refiere el artículo 7, fracciones XV, XXV y XXVII, y IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales. Artículo 35. El gasto corriente para la operación del Instituto formará parte del Presupuesto de Egresos de la Federación. Artículo 36. La gestión del Instituto estará sometido al régimen del Presupuesto Anual de la Administración Pública Federal. Artículo 37. El Instituto Nacional de las Mujeres queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la Administración Pública Federal. Capítulo IX Del Régimen Laboral Artículo 38. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por el Apartado "A" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 39. Las y los trabajadores del Instituto quedan incorporados al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). TRANSITORIOS PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. En tanto se nombra a la Presidenta prevista en el artículo 18 y a las vocales propietarias señaladas en el artículo 13 fracción II, inciso e; las anteriores no se considerarán integrantes del órgano de Gobierno. TERCERO. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con los que actualmente cuenta la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte del organismo autónomo descentralizado denominado Instituto Nacional de las Mujeres, preservándose los derechos de los trabajadores de la Coordinación General. CUARTO. Las y los actuales funcionarios y servidores públicos de la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer permanecerán en sus cargos hasta que se haga la designación correspondiente de la Presidenta, conforme a lo dispuesto por esta Ley. QUINTO. La Junta de Gobierno del Instituto deberá quedar constituida en un plazo no mayor de sesenta días, contados a partir de la vigencia de este ordenamiento; SEXTO. Para el nombramiento de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la Junta de Gobierno hará la presentación de su propuesta en los términos del artículo 18 de esta Ley, dentro de los noventa días siguientes a aquel en que esta Ley entre en vigor. SÉPTIMO. El Consejo Consultivo y el Consejo Social creados mediante Decreto del Poder Ejecutivo Federal por el que se aprueba el Programa Nacional de Mujer 1995 2000, de fecha 8 de marzo de 1996, los que han venido operando en virtud de su representatividad social, continuarán desempeñando sus funciones. OCTAVO. La Junta de Gobierno aprobará y expedirá el Estatuto Orgánico del Instituto en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de su instalación. NOVENO. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley, así como el capítulo relativo a la Comisión Nacional de la Mujer, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de agosto de 1998. DÉCIMO. Se abroga el Decreto del Ejecutivo Federal por el que se aprueba el Programa Nacional de la Mujer 1995 2000. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1996. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Ciudad de México, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil. Suscriben el Presente Dictamen de Iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, por la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados, firman las y los Diputadas y Diputados Federales. Diputadas y diputados: Concepción González Molina, Presidenta (PRI) rúbrica; Olga Haydée Flores Velázquez, secretaria (PRI) rúbrica; Silvia Aménca López Escoffie, secretaria (PAN) rubrica; María del Rocío García Gaytán, secretaria (PAN) rúbrica; María de los Angeles Sánchez Lira. secretaria (PRD) rúbrica; Moisés Alcalde Virgen (PAN) rúbrica, Esveida Bravo Martínez (PVEM) rúbrica, Nelly Campos Quiroz (PAN) rúbrica, Pedro Pablo Cepeda Sierra (PAN) rúbrica. María Elena Chapa Hernández (PRI) rúbrica, Rosa Delia Cota Montaño (PT) rúbrica, Maricruz Cruz Morales (PRI) rúbrica, Genoveva Domínguez Rodríguez (PRD), María de las Nieves García Fernández (PRI) rúbrica. Josefina Hinojosa Herrera (PRI) rúbrica, Victoria Ruth Sonia López Macías (PAN) rúbrica, Martha Patricia Martínez Macías (PAN) rúbrica. Leonila Méndez Herrera Alba (PAN) rúbrica, Magdalena del Socorro Nuñez Monreal (PRD) rúbrica. Griselda Ramírez Guzmán (PAN) rúbrica, Silvia Romero Suárez (PRI) rúbrica, Maricela Sánchez Cortés (PRI) rúbrica, Martha Silvia Sánchez González (PRI) rúbrica. (Este documento se publica de acuerdo a la versión en disco proporcionada por la diputada Concepción González Molina, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género). Es todo, señor Presidente. EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias, señora Secretaría. Es de Primera Lectura y publíquese nuevamente en la Gaceta Parlamentaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta Presidencia informa a la asamblea que se encuentra una delegación de representantes de diversas organizaciones sociales que solicitan entrevistarse con diputados y diputados federales con motivo de la minuta sobre vehículos de procedencia extranjera. Se solicita a los grupos parlamentarios designar a dos representantes cada uno para atenderlos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el ciudadano diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la Fundidora de Monterrey y su objeto de desincorporación, hasta por diez minutos.