EL C. DIPUTADO CUTBERTO CANTORAL ESPINOSA: Gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, honorable asamblea: la educación es un factor estratégico para el desarrollo de las naciones. El financiamiento gubernamental a la educación refleja directamente la importancia que un país le otorga. Sólo con educación podemos dar a la soberanía sustento económico, político y cultural, al tiempo que se promueve la eliminación de las condiciones de pobreza, insalubridad, analfabetismo y el logro de la dignidad del hombre. Lo recursos financieros integran la base indispensable para desarrollar los programas y servicios educativos orientados a una población creciente y diversificada y deben ser suficientes, de conformidad a las necesidades del país. Una educación de buena calidad no es solamente una legítima demanda social; constituye también una condición para un desarrollo nacional justo y equilibrado. Una educación de buena calidad requiere de escuelas y aulas en buenas condiciones materiales, bien equipadas, con el mayor de los servicios posibles, con alumnos que gocen de atención médica y con maestros bien remunerados. En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 el gobierno de la República expresa su convicción del papel central que debe tener la educación en las políticas públicas, señalando que no podemos aspirar a construir un país en el que todos cuenten con la oportunidad de tener un alto nivel de vida si nuestra población no posee la educación que le permita, dentro de un entorno de competitividad, planear su destino y actuar en consecuencia. El rezago educativo en nuestro país es considerable y por el bien de México es necesario abatir sus cifras. En los planteles de educación indígena los de cursos comunitarios y las telesecundarias no se cuenta en ocasiones ni siquiera con los elementales servicios e instrumentos inherentes a su función. Por otro lado, el 18 de mayo del 92 fue firmado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ANMEB, documento en el que se establecieron compromisos y orientaciones importantes para la política educativa nacional. La medición actualizada del crecimiento del gasto educativo de origen estatal o federal rebela por lo menos un incumplimiento que hasta la fecha subsiste. En el pliego de demandas que el SNTE presentó a la SEP el 20 de marzo del 2002 queda expresado el replanteamiento del imperativo de asignar recursos presupuestales crecientes y en términos reales, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Educación. En el mismo se insistió en avanzar al cumplimiento del compromiso presidencial de alcanzar el 8% del producto interno bruto destinado a la educación pública. Un mes más tarde el propio SNTE, mediante desplegado del día 30 de abril, señala su postura frente a la aplicación del recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto de 10 mil 100 millones de pesos, de los cuales un mil 816 millones corresponderían al gasto educativo, y al tiempo que expresa su más enérgico rechazo a la reducción del mismo. Asegura además que el recorte generará muchos más problemas y costos sociales que los que se pretende evitar. En el mismo se recuerda una vez más al ciudadano presidente de la República el compromiso que asumiera ante la nación de que antes del término de su administración el presupuesto que el gobierno destinará a la educación pública equivaldrá al 8% del producto interno bruto. Hay referentes internacionales en la demanda de destinar el 8% del PIB a la educación que el SNTE reivindica. Primera: del 4 al 13 de diciembre del 79, a convocatoria de la UNESCO, se celebró en la ciudad de México la Quinta Conferencia Regional de Ministros de Educación y de Ministros encargados de la Planificación Económica de los Estados Miembros de América Latina y del Caribe. Segunda. Convocados por la UNESCO, los ministros de educación de América Latina y el Caribe, reunidos en Cochabamba, Bolivia del 5 al 7 de marzo del año 2001, al celebrar la 7ª. Reunión del Comité Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación, emiten la recomendación 40 que dice: "el uso de recursos en educación ha de ser visto como una inversión y no simplemente como un gasto". De lo anterior se desprenden dos necesidades: la primera, de mejorar la asignación del gasto público, así como la de legislar al respecto, asegurando montos suficientes y permanentes a la educación que permitan el cumplimiento para su cabal desarrollo. El 15 de mayo del 2001, en el marco de la celebración del Día del Maestro, el SNTE sugirió al presidente de la República dos iniciativas: Primero la de decidir, como sociedad y gobierno, a colocar a la educación como la más alta de las prioridades, lo cual requeriría destinarle al menos el 8% del PIB para su financiamiento, y Segunda, la de asignarle a la educación el rengo de política de Estado, lo que requeriría convocar a los factores sociales, a los integrantes de los poderes públicos, a todas las organizaciones políticas y no políticas a firmar un acuerdo que a todos comprometiera con la finalidad de situar a la educación mexicana en el nivel de calidad que todos deseamos. Como consecuencia de lo anterior, el Ejecutivo comparte ese sentir y el 8 de agosto del 2002, con la presencia del Ejecutivo Federal, de los gobernadores de los estados, de los integrantes de los tres poderes de la Unión, de rectores de distintas universidades, del SNTE y de diversas organizaciones a este efecto convocadas, se firma el compromiso social por la calidad de la educación. "Compañeras y compañeros diputados: Me permito citar textualmente la respuesta que con fecha 15 de mayo del 2002 la Secretaría de Educación Pública da al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que a la letra dice: "La educación es política del Estado Mexicano que debe disponer los recursos suficientes administrados con eficiencia. El gobierno de la República ha definido que la inversión en la educación al término de la presente administración alcance el 8 % del producto Interno bruto (PIB) Para ello ha propuesto las adecuaciones pertinentes al Sistema de Finanzas Públicas". "Compañeras y compañeros: De conformidad con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, el Presupuesto Federal a la Educación Pública en relación al PIB, alcanzó en el 2001, el 4.2 %, y en el 2002, es del 4.47 % del PIB. Solamente queremos que el compromiso presidencial se cumpla cabalmente y de conformidad a una propuesta federal de egresos destinados a la educación de carácter público provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación que actualmente abarca, como he dicho, el 4.47 % del PIB, sin que sea tomado en cuenta para ello la inversión que realizan los particulares, dado que lo que ellos le invierten les reditúa en ganancias económicas por concepto de colegiaturas, entre otros, que nada tienen que ver con recursos públicos para el ramo educativo. "El gobierno Federal insiste en que se aplica el 6.6 % del PIB cuando en realidad la inversión a Educación Pública fue en el presente año, que quede claro, del 4.47 %. Por tal razón el faltante para alcanzar el 8 % del PIB debe ser el 4.63 % cuando menos. "Compañeras y compañeros: Debe destacarse que la inversión del sector privado creció del 1.2 % al 2.1 % solamente en un año. "Por lo tanto su servidor, con la facultad que le confiere el Reglamento para las condiciones del procedimiento interno de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente Iniciativa: "La reforma del artículo 25 de la Ley General de Educación en el artículo primero, refiriéndose expresamente a lo siguiente: "El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa con sujeción a las correspondientes disposiciones de egresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento con recursos federales de los servicios educativos públicos, el Presupuesto anual que la Federación destine al gasto en Educación Pública partirá de un mínimo del 8 % del producto Interno bruto (PIB) y no podrán recortarse estos montos. "Transitorios: "Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Segundo.- Para efectos de cómputo del 8 % del PIB en la Educación Pública, no contabilizará la inversión que a este respecto hagan los particulares. "Tercero.- Las autoridades educativas del país deberán a la entrada en vigor del presente decreto: Instalar comisiones técnicas y de consulta que resulten pertinentes para iniciar un proceso tendiente a la formulación del proyecto presupuestario que esta nueva realidad exige. "Cuarto.- Partiendo de que en el año 2002 el Presupuesto Federal para la Educación Pública fue del 4.47 % del producto interno bruto y con la finalidad de cumplir el presente decreto, el Presupuesto de Egresos en el año 2003 no será inferior al 7 % del PIB y en el año 200 no será inferior al 8 % del mismo. "Quinto.- Los gobiernos estatales celebrarán con el Gobierno Federal convenios de colaboración que les permita cumplir con la concurrencia en la educación que dimana de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, al tiempo que se les transfieran funciones de seguimiento operativo y de administración, apegándose a los requerimientos de su población y grado de desarrollo. "Por tal motivo solicito a la Presidencia sea publicado el presente documento de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria. "Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados el día 22 de octubre del 2002. Y firma su servidor y los demás diputados a nombre de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional. "Muchas gracias". -