La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. Los legisladores de Movimiento Ciudadano celebramos la aprobación de este dictamen, cuyo principal objetivo es el fortalecimiento e institucionalización de los esfuerzos para prevenir el embarazo en adolescentes. La inclusión en la Ley General de Desarrollo Social, de las campañas de control de planificación familiar y anticoncepción enfocadas a prevenir este tipo de embarazos como un asunto prioritario y de interés público, es un paso en la dirección correcta. El hecho de que tanto la minuta del Senado como el dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara involucre a legisladores de diversos partidos políticos es una señal alentadora de que la educación sexual y la planificación familiar están tomando la importancia que requieren en la concepción de las políticas públicas, más allá de las diferentes ideologías partidistas. Lo que alguna vez fue motivo de división y de disputas partidistas ahora es ocasión para el consenso. Tanto las causas como las consecuencias del embarazo en adolescentes son, como la mayoría de los grandes problemas sociales, multifacéticas. Detrás de este problema hay desinformación, así como dinámicas familiares, sociales y culturales complicadas. Las consecuencias del embarazo adolescente son, entre muchas otras, deserción escolar; aceptación de condiciones laborales por debajo de las que establece la ley; discriminación y la perpetuación de la pobreza. Según datos de UNICEF, la paternidad y la maternidad tempranas conducen a las niñas de manera abrupta a un mundo adulto para el cual no están preparadas, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos, sin olvidar que el embarazo prematuro, además conlleva a un alto riesgo de la vida y la salud de la madre y del bebé. Investigadores del Colegio de México con más de 20 años trabajando en temas de salud sexual y reproductiva, apuntan a una dimensión más compleja del problema al decir que las restricciones en el uso de anticoncepción entre los adolescentes revela no sólo insuficiencias económicas, sino también barreras culturales. Los adolescentes no acuden a los servicios de planificación familiar para consultar sobre su sexualidad y las adolescentes no previenen embarazos no deseados. Los programas de gobierno destinados a la planificación familiar no sólo tienen que abordar la reducción de la pobreza y la falta de acceso a la información, sino la realidad social ineludible de un incremento de la exposición a la sexualidad premarital en general, lo cual nos debe de llevar a la amplia y polémica, pero igualmente inevitable discusión de la educación sexual temprana en la educación pública, así como el acceso universal a los métodos de anticoncepción. Sin duda no será fácil, pero deberán ser los próximos temas en la agenda si realmente queremos lograr un impacto en la reducción de los embarazos adolescentes. Por ello, esta modificación legal no es la meta sino un paso más dentro de los muchos otro que habrá que dar en esta batalla. Tendremos que velar porque el apoyo institucional y económico a los programas existentes, como el Programa Becas de Apoyo a la Educación de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, de ser posible se incremente. Será nuestra responsabilidad como legisladores velar porque estos principios no sólo queden plasmados en disposiciones legales, sino que se traduzcan en recursos económicos que lleven al terreno de las acciones concretas el carácter prioritario y de interés público que ahora estamos otorgando a las campañas de control de planificación familiar. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que sólo con educación y cultura México podrá salir adelante, no me cansaré de repetirlo. Por ello, el Grupo Parlamentario votará a favor. Muchas gracias.