La diputada Carmen Medel Palma: Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, a las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud de esta Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso, les fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, remitida por el Senado de la República. En consecuencia, quienes integramos estas comisiones, procedimos al estudio de la minuta en referencia y analizamos todas y cada una de las consideraciones que sustentaron las reformas y adiciones que se proponen, con la finalidad de conocer las posturas y opiniones de expertos funcionarios públicos, investigadores, académicos, miembros de organizaciones de sociedad civil, así como de la población en general que estuviera interesada en este tema. Esas Comisiones Unidas acordaron realizar audiencias de parlamento abierto para el análisis de dicha minuta, materia del presente dictamen. Asimismo fueron tomadas en consideraciones las opiniones de la Comisión de Derechos Humanos, de Presupuesto y Cuenta Pública, ambas de esta Cámara de Diputados. Así las legisladoras y los legisladores integrantes de ambas comisiones coincidimos en reconocer la necesidad de establecer un nuevo paradigma en la política de drogas que, hasta el día de hoy, se ha basado fundamentalmente en una visión prohibicionista, misma que ha quedado demostrado que ha sido rotundo fracaso y por el contrario, ha generado que el acceso a las drogas como problema de salud pública haya aumentado. Los índices de violencia y criminalidad se han incrementado y se han perdido numerosas vidas en un conflicto derivado de la prohibición. Así lo reflejan datos de Encuesta Nacional de Consumo a las Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, realizadas por el Inegi, que refiere que entre los años 2011 y 2016 en la población total, el consumo de cualquier droga, de drogas ilegales y de marihuana alguna vez en la vida, aumentó el 7.8 por ciento, 7.2 por ciento, 6 por ciento, a 10.3 por ciento, 9.9 por ciento y 8.6 por ciento, respectivamente. Los datos antes expuestos tienen un factor que justifican la preocupación de las autoridades, demuestran una irreversible tendencia al alza, visto en perspectiva el problema de narcotráfico. En el ámbito de salud, es evidente la necesidad de un cambio de rumbo para modificar estas tendencias crecientes. Por ello, en la elaboración de este dictamen, se consideraron diversas recomendaciones internacionales, entre ellas la de la Comisión Global de Políticas de Drogas, creada en 2011 e integrada por el exmandatario de diversos países del mundo, que en su informe Regulación, el control responsable de las drogas propone siete recomendaciones a seguir a nivel internacional, para poder llevar a cabo una regulación eficaz del mercado de las drogas. A saber, las drogas actualmente prohibidas deben ser reguladas. Quienes formulan las políticas deben buscar evidencias sobre la regulación legal de las drogas y deben abrir procesos participativos locales y nacionales, para determinar las reformas. Los Estados deberían considerar experimentar con la reculación incremental de drogas de menor potencia. Las regulaciones no deben dejar atrás a las personas y de las comunidades más afectadas, por la prohibición cuánto regulan legalmente los mercados drogas. Los Estados deben maximizar las oportunidades de desarrollo que ofrece la regulación de los mercados de drogas, eso significa redistribuir los recursos para mitigar los cambios previstos en la actividad del crimen organizado. Los Estados miembros de las Naciones Unidas deberán considerar urgentemente las diferentes opiniones para modernizar el régimen internacional de fiscalización de drogas, a fin de satisfacer las necesidades actuales de todas las partes interesadas y afectadas en la política de las drogas, y el secretario general de las Naciones Unidas debería encabezar la reforma de gobernanza del régimen internacional de fiscalización de drogas. No podemos cerrar los ojos a esta realidad, en nuestro territorio han tenido lugar más muertes por la lucha contra el narcotráfico, que los decesos a causa del consumo problemático de drogas, que ha fomentado un comercio ilegal con su trasiego, empoderando a la delincuencia organizada y con ello, además, se ha arrastrado a diversos sectores de campesinos y comunidades marginadas a optar por emplearse en actividades productivas y laborales ilícitas. Lo anterior también ha apartado a sectores productivos de la oportunidad de incorporarse a sistema económico que coadyuve con el país a impulsar su desarrollo sostenible.