El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy finalmente estamos cumpliendo con el mandato legal de dictaminar las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2002 y 2003, tarea que la anterior legislatura nos endosó, eludiendo con ello la responsabilidad republicana de una de las funciones principales de esta honorable Cámara de Diputados. El camino tortuoso para este dictamen implicó un gran número de excitativas y reformas legales que hoy, después de cinco años, cumplen su objetivo. En las Cuentas Públicas podemos ver el sello de un sexenio. Un sexenio que se caracterizó por una administración pública que mostró un desconocimiento funcional e inercial, donde la transición se convirtió en continuidad. Una administración pública que con la bandera de la transparencia sólo limpió el cristal para ver correr las ratas, donde se utilizaron términos como gabinetazo para legitimar la corrupción sofisticada, donde se convirtió en institucional la elusión de las leyes. El caso más ejemplar fue el del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien se convirtió en el ideólogo de esta corrupción sofisticada. Ahí está ISOSA, el FARAC, la venta de Banamex a través de los fideicomisos, eludiendo la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas para no cumplir con las disposiciones que marca la ley, y en la aplicación de los recursos públicos. La quiebra de Fertinal y la creación prolífica de fideicomisos, aunque aquí nos vengan a decir lo contrario, y que con ello simulaban la constitución de empresas privadas para manejar de manera discrecional los recursos públicos y eludir la ley. Además, de tener gestores para solicitar dádivas a cambio de contratos, permisos y concesiones, como fue el caso, por cierto, de la señora Marta Sahagún o la triangulación de recursos a fundaciones como Vamos México para hacer acciones que en estricto sentido le correspondían al gobierno federal, generando con ello, corrupción e impunidad, con lo que se afianzó la vocación del gobierno federal en esa desatención programada de la política social. Atrás quedó la frase de atrapar a los peces gordos; la administración pública fue impregnada por la corrupción. Esa corrupción que si la tradujéramos en cuestiones penales sería una corrupción con alevosía, premeditación y ventaja; esa corrupción sofisticada y esa elusión legal. Y es cierto, hay cambios y hay formas de cómo tratar a los corruptos. Mientras que en un gobierno a las personas que cometieron actos de corrupción se les castiga y están llevando procesos penales y algunos están encarcelados, en otros gobiernos, como el de Acción Nacional, se les premia. Ahí está el caso de Carmen Segura que fue premiada yendo a la Asamblea Legislativa, y próximamente tendremos el premio del que era el titular del instituto de la Conade, que va a ser diputado federal por Acción Nacional. Ésa es la diferencia de tratar los problemas de fondo. Regresando a la Cuenta Pública, pudiéramos señalar un rosario de acciones que nos dan muestra de la corrupción. En el caso de Hacienda, el derecho de trámite aduanero, 10 mil millones de pesos que no sabemos finalmente si se regresaron o no, porque hay una simulación por parte de la Secretaría de Hacienda, y para eso se creó un fideicomiso. También el caso de la recaudación donde en 2001 hubo una mayor recaudación y en el 2002 por cada peso que se gastó el gobierno solamente se recaudaron 76 centavos. Y en 2003 esto fue todavía inferior. ¿Qué pasa entonces? ¿De dónde salieron esos recursos? Pues de los excedentes petroleros que se malgastaron y se comprometieron en cosas frívolas dañando el futuro de las generaciones venideras, pero está el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC); está también el manejo que se hizo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, el hospital de Texcoco, que significó un daño al erario de 473 millones. En la misma Presidencia de la República la canalización de los recursos de la Lotería Nacional a la Fundación Vamos México, que por cierto ahora está de moda, cuando se canceló un donativo de 3 millones de pesos que el Comité Técnico del Fideicomiso Transforma México ya había autorizado para esa fundación. La Comisión Federal de Comunicaciones (Cofetel), con todas las cuestiones que se consignan en la Cuenta Pública; la Cofemer, donde no se han cumplido los objetivos de revisar y evaluar el marco regulatorio. En fin, podemos tener cientos de señalamientos que dan cuenta clara de lo que aquí se quiere negar, de la corrupción. De esa corrupción que utilizó los recovecos de la ley para que no fueran sancionados los funcionarios, o los malos funcionarios que hay aquí. Por eso, compañeras, compañeros, existen motivos de sobra para no dictaminar esta Cuenta Pública. El dispendio, la corrupción sofisticada, la complicidad, la desatención programada, el uso irracional y frívolo de recursos estratégicos que deterioraron el futuro de las nuevas generaciones; esa característica fue la característica del sexenio de Vicente Fox. Por eso, el grupo parlamentario del PRD va a votar en contra el dictamen de esta Cuenta Pública. No podemos avalar este tipo de administración, que no beneficia al pueblo; pero sí beneficia a los amigos de quien gobierne. Es cuanto, presidenta.