La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, diputado. Muchas gracias. Estimados colegas, señoras y señores legisladores, el día de hoy vengo a esta tribuna con una satisfacción muy especial que se las comparto y es la de haber formado parte del equipo de trabajo que analizó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Este equipo de trabajo revisó de manera pormenorizada, puntual y responsable la minuta en comento, concluyendo en un instrumento que sin lugar a duda es perfectible, pero se aportan elementos fundamentales que requiere la autoridad investigadora, así como la juzgadora, para que garanticen a las víctimas de trata que sus victimarios serán castigados conforme a derecho, después de que estos violentaron de manera infame su dignidad. La trata de personas es una versión moderna de la esclavitud que violenta de manera severa y directa lo más íntimo de una persona. Es relevante destacar, que durante el proceso de análisis –y ahora sí que antes también– se escucharon a diversos actores involucrados en este proceso, especialistas en materia de trata y sin duda alguna las más importantes, las organizaciones civiles, que brindan servicios a las víctimas de este deleznable delito, por lo que lo plasmado en este dictamen reúne ese compendio de aportaciones relevantes. El equipo de trabajo modificó aspectos sustantivos de la minuta de dictamen enviado por el Senado y ameritan ser mencionados en esta tribuna a fin de legitimar su aprobación por el pleno de este órgano legislativo. Uno de ellos es la modificación a la fracción II, del artículo 2o. de la ley en comento, sobre este particular se modificó el orden en que se mencionan los bienes tutelados consignando en primer término la dignidad humana y en segundo al libre desarrollo de la personalidad. Otro aspecto importante es darle el carácter de imprescriptibilidad al delito de trata. Se modificó entonces el artículo 8o. de la minuta a fin de hacerlo concordante con lo establecido en el artículo 106 de la recién aprobada Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que le da carácter a los delitos cometidos en contra de menores de edad e incapacitados. También existe un escenario en la Comisión del Delito de Trata de Personas que pudiera definirse como un crimen de lesa humanidad, por lo que se incorpora al artículo 8o. la frase: Se trate de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, en cuyo caso serán imprescriptibles los delitos cometidos bajo esta circunstancia en términos del artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mismo que es derecho positivo vigente en nuestro país. Las modificaciones se retomaron de planteamientos de la sociedad civil que fueron expresadas en dos audiencias públicas que se celebraron en esta Cámara de Diputados con la finalidad de escuchar a quienes tienen contacto directo con las víctimas. Por ello se determinó que eran necesarias las modificaciones a la minuta, sin embargo el artículo medular de esta reforma sin duda es el artículo 10 en el que se establece el tipo delictivo de la trata. Es necesario acotar que dicho artículo, conforme a la ley vigente, impide la punibilidad de la tentativa del delito de trata de personas contraviniendo así el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el artículo 39 de la propia ley, por lo que la modificación que realizó a este artículo la Cámara de Senadores fue acertada y correcta, y la Cámara de Diputados, en nuestro carácter de revisora, abonó a la redacción antes efectuada. La modificación propuesta cumple con el requisito establecido en el numeral 1 del artículo 5o. del Protocolo de Palermo que establece: Uno. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente protocolo cuando se cometan intencionalmente, por lo que existe el cumplimiento de los instrumentos internacionales de la materia. La nueva redacción fue pensada para que ninguna de las personas que interviene en este delito infame pueda quedar impune de tal crimen que es cometido en contra de la dignidad humana. Es decir, se va a castigar con pena de 10 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días multa a aquella persona que consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación. Con esta redacción, lo digo con toda claridad, ningún hijo de la mañana que se dedique a este tipo de delitos, va a quedar libre. Le estamos dando al Ministerio Público todos los instrumentos para que a este delito le piensen dos veces antes de cometerlo. Otra modificación propuesta a la minuta enviada por el Senado de la República es la reinserción del artículo 19 –que se pretendía derogar en un inicio– por considerar que el mismo proviene de una naturaleza exclusivamente laboral. Argumenta la minuta que no es constitutivo de un delito en materia de tratas de personas, y por tanto no es susceptible de regulación por la Ley General en materia de Trata de Personas, sin embargo las comisiones dictaminadoras considerador prudente retomar el tema en virtud de diversos acontecimientos que se dieron posteriores a la aprobación del Senado del dictamen correspondiente. Es por ello que se determinó incluir en términos muy precisos una de las más habituales manifestaciones en las que se realiza la trata de personas con fines de explotación sexual. Se trata de la forma en que opera comúnmente el crimen organizado, ya que la víctima es engañada con promesas de trabajo bien remunerado o bien, amenazada o coaccionada y se le somete para desarrollar actividades como trabajo sexual, doméstico u otros, que permitan su explotación. Para terminar mi exposición debo reafirmarles, compañeros diputados, que el dictamen que hoy presentamos ante este honorable pleno es la culminación de un estudio, análisis y revisión sistematizada y armonizada con los diversos ordenamientos jurídicos tanto nacionales como internacionales, por lo que expreso en esta tribuna mi convicción y la de mi grupo parlamentario, de aprobar dicho instrumento a favor. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.