EL PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión el dictamen en lo general con las modificaciones presentadas a nombre de la Comisión, por la diputada Rosalinda López Hernández y aceptadas por la Asamblea. Se han registrado para la discusión en lo general los diputados Jaime Cervantes Rivera, diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, diputado Francisco Raúl Ramírez Avila y diputado Roberto Fuentes Domínguez. Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se concede el uso de la palabra hasta por diez minutos, al diputado Jaime Cervantes Rivera. EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acude a esta tribuna para fijar su postura sobre el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. El dictamen en comento plantea la incorporación de nuevos derechos sobre las fuentes contaminantes y sobre los servicios relacionados con actividades de la vida silvestre, para los que establece una serie de cuotas que se aplican a cuestiones que van desde la autorización para la colecta de material biológico de la vida silvestre, hasta el manejo de los efectos del impacto ambiental en sus diversas modalidades. Asimismo señala la inclusión de nuevos derechos por servicios que presta el Estado en sus funciones del derecho público para evitar el otorgamiento de subsidios injustificados. También actualiza las diversas cuotas aplicables para recuperar los costos reales en que incurran algunas dependencias de la administración pública federal por las prestaciones o servicios, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público que administran. Finalmente establece medidas para combatir la evasión y elusión fiscal en materia de derechos. Un aspecto que es muy importante comentar del dictamen a discusión, está vinculado con los derechos que pagan entidades financieras como son las instituciones de banca múltiple, las arrendadoras financieras, las empresas de factoraje financiero, las casas de bolsa y las sociedades de inversión, entre otras que están obligadas a pagar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuotas que resultan ser sumamente bajas en función de los grandes recursos que manejan, que les producen enormes utilidades por sus operaciones. Consideramos que esta situación limita sensiblemente la obtención de recursos públicos que podrían ser destinados a las tareas sociales del Estado prescritas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que estas empresas tienen la suficiente capacidad económica para pagar cantidades superiores por concepto de derechos, los cuales no impactan sobre el funcionamiento de estas empresas. Reiteramos que esta soberanía debe estar atenta a que la discusión de la reforma fiscal integral que ha sido planteada pro el Ejecutivo para los primeros meses del próximo año, se contemple la pertinencia de incrementar las cuotas que pagan actualmente esas empresas para adecuarlas a la nueva realidad del país. En este mismo tenor, debe orientarse la situación de las empresas que realizan trámites de inscripción para la emisión de valores y la emisión de títulos valores que representan pasivos u obligaciones en el mercado internacional. Otro tanto acontece con las tarifas que pagan las entidades financieras a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por concepto de inspección y vigilancia, las cuales resultan ser muy bajas en nuestros días, dada la naturaleza de estas empresas. No podemos dejar de mencionar el aspecto tarifario por concepto de inspección y vigilancia de las operaciones que realizan las emisoras de valores para inscribir en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios sus respectivos documentos que representan altas sumas de dinero y que por las actuales disposiciones pagan niveles muy bajos de derechos, por lo que sería conveniente que también se les incorpore en el marco de la reforma fiscal por venir. Es indispensable que el Honorable Congreso de la Unión, actualice los montos de los derechos que cobra el Gobierno Federal, por la prestación de servicios, así como por el uso o el aprovechamiento de los bienes de dominio público que administra. Por otra parte, debemos revisar las disposiciones en materia de derechos relacionados con la industria de hidrocarburos, que en este caso presenta la cara opuesta de los temas antes señalados. Porque mientras que las empresas antes mencionadas privada todas ellas, reciben un trato de privilegio, a la empresa pública Pemex, se le aplica una carga fiscal excesiva, sobre todo en lo tocante al pago de derechos, con lo que se ha impedido su modernización conforme las necesidades actuales de nuestro país y del mundo. Consideramos que también deberán analizarse las nuevas disposiciones sobre el consumo de agua, porque si bien es totalmente correcto actualizar las cuotas aplicables, no lo es en cambio hacerlo de manera abrupta, teniendo en cuenta que esto impacta sensiblemente a toda la población y sus sectores mayoritarios han sido sometidos a casi dos décadas de políticas económicas y sociales, que los han empobrecido persistentemente. Deberá insistirse en la aplicación de tarifas diferenciadas establecidas a través de un análisis más profundo y evitar en lo posible las disparidades existentes que afectan a la población más desprotegida. Para el Partido del Trabajo, es muy importante insistir en la necesidad de que en materia de derechos se deben contemplar los dos objetivos fundamentales: cumplir con la recaudación de los derechos y tratar de recuperar los costos en que se incurre con la prestación de los servicios de derecho público, estableciendo aquellas diferencias acordes con la distribución del ingreso, para evitar que los sectores más desfavorecidos de nuestra nación, sean afectados en sus condiciones económicas y que los sectores acomodados ya no sigan beneficiándose de privilegios fiscales. En síntesis, nuestra propuesta plantea la exigencia de incorporar en el marco de la reforma fiscal, propuesta por el Presidente de la República, de que se reconozca la importancia que tiene el cobro por los servicios derivados de la producción y usufructo de los bienes y servicios que son del dominio público. Por todas las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está a favor de que se apruebe el dictamen con proyecto de decreto, relativo a la Ley Federal de Derechos. Es cuanto, señor presidente. PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado Jaime Cervantes Rivera. Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, hasta por 10 minutos. DIP. JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: Con su permiso señor presidente: Posicionamiento acerca de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, por el Partido de la Revolución Democrática. Compañeras y compañeros legisladores: Los derechos constituyen instrumentos económicos del estado, para recuperar 105 recursos con que se financian los servicios públicos y para promover el uso y aprovechamiento racional de los bienes del dominio público de la nación, como se afirma en los considerandos de la iniciativa de decreto sobre el particular. En virtud de que el entorno económico se encuentra en permanente transformación, las regulaciones que norman las actividades económicas se ven obligadas a su adaptación con la idea de ser instrumentos eficaces y justos para facilitar el funcionamiento estable del sistema económico y social en que vivimos. En este sentido, el Ejecutivo nos ha propuesto, mediante la iniciativa que hoy se dirime adecuar, la Ley Federal de Derechos a las leyes sectoriales, propiciar la simplificación de sus normas y mayor seguridad jurídica a las personas. Para nosotros representa un logro importante la incorporación, de manera más clara y precisa, del conjunto de instituciones financieras, que son vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hacia una contribución con el erario nacional por concepto de servicios de inspección y vigilancia y, sobre todo, que se tenga en cuenta para las tarifas el peso económico de cada una de estas instituciones. Se actualizan la mayoría de las tarifas con el propósito de mantener los ingresos públicos en niveles similares al año anterior, se afinan los aspectos relacionados con los derechos por suministro y uso del agua, se mantiene el esquema de derechos relacionados con la producción y comercialización del petróleo. Sin embargo, es Importante integrar este ordenamiento a los trabajos próximos sobre la reforma fiscal integral tan pospuesta por ejecutivos anteriores. La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática durante los próximos meses buscará la reforma integral de todo el sistema, partiendo del hecho de que no sólo la modificación del régimen fiscal sino de la totalidad del sistema hacendario mexicano. Es cuanto, Señor Presidente.