El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, Presidente. Iniciativa de reformas al segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 97 del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció en su párrafo tercero la facultad de investigación de algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal. Es pertinente destacar que el ejercicio de esta facultad se realiza de manera excepcional y únicamente cuando el sistema de procuración e impartición de justicia ha demostrado su ineficiencia. El mecanismo de control constitucional creado para restituir al quejoso el goce de la garantía individual violada es el juicio de amparo, previsto en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución. En tal virtud el procedimiento normal de interposición del juicio de garantías se da por actos de molestia que causen perjuicio al quejoso o por actos de privación. En cualquiera de estos casos el particular inicia ante el juez del distrito competente o ante la misma autoridad responsable, en el caso de sentencias definitivas el procedimiento de amparo indirecto o directo, según sea el caso. Sin embargo han existido en la historia del país muchos casos donde las violaciones de garantías individuales no son susceptibles de ser reparadas a través del juicio de amparo, en virtud de que quienes han sido víctimas de estos actos, han sido privados de la vida. Ahora bien, surge la pregunta de que si el pleno de la Corte acepta integrar una comisión investigadora de oficio a petición de alguno de los sujetos legitimados para tal fin, qué efectos produce el informe que sea el resultado de la investigación de esta comisión. La propuesta específica del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que somete a su consideración, es en el siguiente sentido, de que dicho informe —cuando se acredite la existencia de violaciones a las garantías individuales de los gobernados— se presente ante el Ministerio Público de la federación o del fuero común, como una denuncia de hechos presuntamente constitutivos de delitos para que la representación social inicie la averiguación previa correspondiente, y en su caso, consigne al juez competente. Mucho se ha hablado de que el resultado final del informe presentado por comisiones de este tipo no sirve para nada. Sin embargo, es necesario reconocer que sí tiene un peso moral específico que debe ser traducido en efectos legales para que él o los responsables de estas violaciones de garantía sean sancionados en los términos que prevengan las leyes aplicables. No podemos pasar por alto el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido ejercer esta facultad de investigación en casos que han estremecido la conciencia nacional. En la solicitud 396, con motivo de la matanza de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, fueron ampliamente conocidas cuando a nivel nacional se difundieron estas imágenes. Se comprobó que no hubo enfrentamiento entre los campesinos o provocación por parte de ellos a los cuerpos policiacos. Lo que existió fue una matanza de campesinos inermes que no ofrecieron ninguna resistencia. En el caso de la solicitud de la investigación 2/2006, la sociedad mexicana se enteró a través de los medios de comunicación de la confabulación que desde los más altos niveles de gobierno del estado de Puebla, pasando por el gobernador, la Procuraduría General del estado de Puebla y el Poder Judicial de dicho estado, se orquestó una campaña para detener y desprestigiar a la periodista Lydia Cacho. Las grabaciones de la conversación entre el gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, así lo acreditan. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara la iniciativa de reforma al artículo 97 constitucional, que dice así: Artículo 97. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros, o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. El informe que resulte de dicha averiguación servirá de base para la denuncia ante el Ministerio Público que corresponda o los hechos presuntamente constitutivos de delito. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. Creemos nosotros que esto transformaría radicalmente las facultades que derivan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que los resultados de las investigaciones puedan dar inicio a procedimientos administrativos y judiciales. Solicito a usted, señor Presidente, que se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea. Es cuanto.