El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: Muchas gracias compañero Presidente. Compañeros diputados: Actualmente en la sociedad mexicana está presente un malestar social producido por las tarifas del servicio público de energía eléctrica. México registra en su población a un gran sector con débiles ingresos, se trata de un sector en general sensible a los niveles de precios de los energéticos y más aún el precio de la energía eléctrica, por tratarse de un satisfactor indispensable en la vida doméstica por sus múltiples aplicaciones para los cuales no se tienen sustitutos en la mayoría de los casos. Por esa razón, históricamente y a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, el Estado Mexicano, aplicando una política de solidaridad social, instrumentó una Estructura de tarifas eléctrica con bajos cargos para los usuarios pertenecientes a dicho sector. Esta política de solidaridad social se pretende descontinuar con la actual administración pública, de lo cual la evidencia más nítida la constituye el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en uso de las facultades que le confiere la legislación vigente publicó el 7 de febrero del 2002, mediante el cual se reduce el subsidio y por ende aumentan las tarifas principalmente al sector de la población de consumo medio de energía eléctrica. Dicho acuerdo afectó severamente a un segmento de la población, con incrementos en la facturación del orden del 100%. La situación anterior es particularmente grave para los usuarios que habitan localidades con climas extremosos que obligan a un mayor consumo de energía eléctrica. En estos casos las tarifas estacionales establecidas en el acuerdo de febrero de 2002, además de presentar cargos elevados, los incrementos respecto a los cargos anteriores fueron mayores en temporada de verano que en temporada fuera de verano, apartándose del criterio aplicado en acuerdos anteriores referentes a tarifas estacionales. Este malestar que forzosamente habría de recogerse por las representaciones sociales que constituye en el Congreso General y los Congresos Estatales, quienes a partir de la fecha del mencionado acuerdo hasta el momento, hemos promovido las siguientes acciones legislativas: 13 iniciativas de ley, 3 por legislaturas estatales, 45 proposiciones con punto de acuerdo en Cámara de Diputados, 21 proposiciones con punto de acuerdo en Cámara de Senadores y 21 acuerdos de los Congresos Estatales. De estas 87 proposiciones encauzadas por el Congreso General y los Estatales, 17 explícitamente demandan al Ejecutivo Federal la abrogación del acuerdo publicado el 7 de febrero y la restitución de los subsidios de las tarifas al servicio doméstico. Otra respuesta social a la grave afectación de las economías familiares, ha sido la formación de organismos de resistencia civil contra el alza en las tarifas eléctricas, prácticamente en todo el territorio nacional y en algunos casos esto ha adquirido particular agudeza, como el apagón masivo voluntario en el Estado de Yucatán o las agresiones físicas de que han sido objeto trabajadores electricistas, particularmente en Veracruz, Tabasco y Chiapas. En lo que se refiere a la abrogación del Acuerdo, la negativa ha sido absolutamente implícita y contundente. El acuerdo del 7 de febrero incluye como considerando para justificar la reducción de subsidios que las empresas cuenten con recursos suficientes; el mejoramiento de la eficiencia operativa de estas empresas sí sería efectivamente una fuente de recursos, aunque al respecto debemos anotar que las políticas de la administración pública actual, no apuntan hacia estimular dicha eficiencia ya que en el presupuesto del 2005, los ingresos esperados por venta de energía, son de 162 mil 805 millones de pesos y sin embargo, el presupuesto autorizado ha sido de 136 mil 243 millones; hay un diferencial de 26 mil 652 millones a favor de la CFE, que la Secretaría de Hacienda le destina objetos distintos. En cuanto a los subsidios, con la información de acceso público, no es posible determinar los conceptos considerados ni de dónde proviene su cobertura. Sin embargo, con ciertos elementos, permiten juzgar que existen inconsistencias en el tratamiento de algunos conceptos. En este tema se precisa de total transparencia. Es importante consignar que no sólo el servicio doméstico es objeto de subsidio. De acuerdo a todos los informes presidenciales, todas las tarifas perciben subsidios en diferentes proporciones, así es la doméstica, la industrial y la agrícola. Compartimos el criterio de que la base del establecimiento de las tarifas deben ser los costos en que se incurre para proporcionar el servicio eléctrica, tanto los de operación, los de inversión y los recaudatorios. También estamos conscientes de que el cálculo de esos parámetros, es una tarea compleja que requiere de un conocimiento profundo de los procesos que tienen lugar para proporcionar dicho servicio en sus distintas aplicaciones, de los patrones de consumo para cada clasificación y de una basta recopilación de información. Los recursos para bonificar los apoyos referidos, pueden provenir de la propia recaudación a que está sujeto el sector eléctrico o también de otras fuentes de recaudación. Un tema recurrente dentro de las iniciativas de ley y puntos de acuerdo presentados, es el relativo a considerar el efecto de la humedad relativa del aire, debido a que aún con la misma temperatura, en los ambientes con mayor humedad, se requiere de mayor consumo de energía eléctrica para obtener condiciones climáticas de confort; sin embargo, esta consideración no existe en el tratamiento de las tarifas. Y si bien las estaciones de la Comisión Nacional del Agua en que se basa la CFE para su Registro Nacional de Temperaturas, no cuentan con la instrumentación para registrar la humedad relativa del aire, al igual que para el caso de las temperaturas, las partes involucradas en la fijación de tarifas, pueden acudir a otros recursos de información de que puedan disponer otras instancias, como institutos de investigación o universidades regionales u otras. Aunado a unas tarifas que agobian la economía de usuarios domésticos, de segmentos mayoritarios, éstos deben soportar la aplicación de severas y despóticas medidas administrativas en el suministro del servicio, como es, la suspensión establecida en la fracción I del artículo 26, por falta de pago durante el período normal de facturación, sin atender las consecuencias que en ciertos casos pueda acarrear dicha suspensión, particularmente a la salud, respecto a lo cual nuestra legislación va a la zaga de otras legislaciones, como por ejemplo la de Estados Unidos de Norteamérica, que prohíbe la suspensión del servicio cuando se daña la salud o hay condiciones de precariedad del usuario, o la contenida en el artículo 31 del Reglamento, en la que por errores en el equipo de medición por los organismos suministradores del servicio, el usuario debe de pagar ajustes retroactivos hasta por dos años y en concordancia entonces con la motivación expuesta, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone una iniciativa de ley, consistente en reformas a diversas disposiciones relacionadas con las tarifas en el suministro del servicio de energía eléctrica que se describen a continuación: Modificar la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el objeto de acotar la facultad exclusiva de la Secretaría de Hacienda, para que en materia de tarifas eléctricas aplique lo que disponga las leyes especificas, en las que se propone incorporar la participación de la Cámara de Diputados en el proceso de aprobación de las tarifas. Modificar y adicionar el artículo 26 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, con el propósito de evitar la suspensión del suministro a aquellos usuarios que tienen voluntad de cubrir rezagos y cuando su situación económica lo impide, para la cual la CFE y Luz y Fuerza, deben tener opciones que faciliten el cumplimiento de los adeudos; esto ya lo hemos discutido en esta Cámara, en los casos de los estados de Chihuahua, Hidalgo y Estado de México. También proponemos la incorporación de un postulado de justicia, ya que en otros países se ha considerado el grave estado de salud de los afectados, en caso de suspensión del suministro. Se propone modificar el artículo 30 de la Ley de Servicio Público de energía eléctrica para que la Cámara de Diputados, se incorpore al proceso de aprobación de los subsidios de tarifas eléctricas, con lo cual estará en condiciones de introducir los elementos de sensibilidad social a que se refiere la exposición de motivos. Cabe aclarar que se sigue confiando a la Secretaría de Hacienda, a la CFE y a Luz y Fuerza del Centro, la estructuración y fijación de las tarifas, por reconocer que se trata de una tarea compleja y especializada y con incidencias en las finanzas públicas. La Cámara de Diputados intervendrá para establecer los subsidios, para verificar la correspondencia de los mismos con la realidad social y para prever los equilibrios presupuestales que constitucionalmente se le han conferido. El artículo 31 incluye a Luz y Fuerza como organismo participante en la formulación de las propuestas, en consideración de su naturaleza de organismo descentralizado, al igual que CFE que tiene a su cargo la prestación del servicio público, conforme a su decreto de creación del 9 de febrero del 94. Dentro de la información requerida se incluyen los índices principales de productividad, a fin de juzgar la eficiencia operativa de los organismos encargados del servicio. La modificación al artículo 40, persigue el objeto de resguardar a los usuarios contra decisiones arbitrarias de parte de los organismos y contra los errores de medición en los parámetros de consumos de energía eléctrica. Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del PRD, somete a la consideración de esta Cámara, la siguiente iniciativa de decreto mediante el cual se modifica la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona el artículo 26, se modifica el artículo 30 y se adiciona el artículo 31 y se adiciona el artículo 40 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Por lo cual solicito, compañero Presidente, se pueda incluir el texto íntegro en el Diario de Debates, más un anexo donde resumimos todas las acciones legislativas de parte del Congreso General y los congresos estatales, en materia de tarifas eléctricas. Muchas gracias.