EL C. DIPUTADO JESÚS LOPEZ SANDOVAL: Con su permiso, diputada Presidente. Agradezco la oportunidad de manifestar mi beneplácito ante el pleno de esta LVIII Legislatura, la dictaminación de la iniciativa de ley que fue presentada el 13 de noviembre del año 2001 y de la cual el pueblo de México en un futuro lo agradecerá. El objetivo de toda iniciativa de ley, debe ser de intervenir en el mejor desarrollo de la sociedad en su conjunto. El día de hoy, el legislador debe vincular sus preocupaciones, enriquecer sus actividades legislativas en torno al ámbito político con el más amplio de los sentidos de transformación de nuestros códigos, adjetivos y sustantivos. Como misión de legislador, cada día me exijo más en cultivarme en la sensibilidad de los derechos humanos con un criterio más fino que penetre en la sensibilidad y en la ética, la ciencia y el humanismo político. El derecho representa un sistema de expresión y preservación con orientación cívica, a través de la función legislativa y administración de justicia. Actualmente la sociedad reclama el custodio implícito y explícito de los objetivos a que se sujeta la comunidad y el Estado. De esta reflexión se explica la naturaleza del orden jurídico, el contacto estrecho y permanente con la historia, su articulación en el tiempo y lugar en el cual las modificaciones, ya sean válidas o de un golpe, las iniciativas más apegadas a la realidad pudieran ser incuestionables y permanentes. El derecho, desde su vertiente penal, pudiera considerarse como un método de control social en el cual late la entraña, la sensación de conflicto en el cual aparece la contradicción de intereses, en la cual trabajara la excelencia de la pluma de Francisco Carmelutti (¿) y del célebre maestro de Pizza, Francisco Carrara. Esta contradicción que tal vez pueda ser el único dato medular inderogable y permanente del derecho, el que le da nacimiento por primera vez, entra en contacto y potencialmente en conflicto. Dos personajes son Robinson Crusoe y Viernes en la Isla de Juan Fernández, donde se ha de resolver este hipotético conflicto mediante la convención o de la represión. Se dice que la convención, es, por citarlo de algún modo, el horizonte mayor y consuetudinario, el normal el fisiológico, el aparato normativo que puede desplazarse perfectamente en los órdenes constitucional, internacional y del derecho punitivo que integran el supremo pacto político interno y externo. La represión es el otro método de resolver conflictos; supone el fracaso de la llamada "convención" y su objetivo primordial consiste en restaurar el orden por la restitución de las cosas y la reincorporación o eliminación de los individuos, propósitos que a veces resultan más un fenómeno ideal que natural. Es este el ámbito en el que aparece y prospera el derecho sancionador, dicho en su más lato sentido y a la cabeza del mismo por su condición abrumadora, los sistemas del método para agotar el conflicto, mismo que da causa al derecho procesal y de la pena para restablecer el orden, zona que pertenece al derecho penal y al régimen ejecutivo. Todo estado de derecho se funda en principios de respeto y las leyes, las cuales por su parte deben tener como característica intrínseca el ser justas, equitativas, imparciales y objetivas, logrando con esto responder el interés de los gobernados y que éstas hayan sido creadas conforme al proceso establecido en la norma fundante. De ello deriva la validez de la norma y la eficacia de la misma. Hoy el Poder Legislativo cada vez más consciente de la función que le corresponde desarrollar, legisla correspondiendo al interés de la sociedad que representa, evitando la creación de normas improvisadas, obsoletas e ineficaces que no tienen razón de existir. Estas LVIII Legislatura estudia, analiza y perfecciona el ámbito del Código Penal Federal y está consciente y cada vez más se interesa en que la política criminal fije su atención en todo aquello que sea garante de una excelente convivencia de los individuos que conforman la sociedad y que vulneren los derechos elementales del hombre. La presente iniciativa que deroga el párrafo quinto del artículo 93 del Código Penal Federal, se refiere al perdón del ofendido, entendido éste como la manifestación unilateral de la voluntad del ofendido, cuyo efecto es evitar que se persiga o se sancione al autor del delito del que ha sido víctima. No tiene cabida en el ámbito penal toda vez que a los particulares no les es permitido determinar a su voluntad el ejercicio de la acción penal y la ejecución de las penas. No obstante este señalamiento del Código Penal Federal en su artículo 93, alude al perdón del ofendido como una causa de extinción de la acción penal e inclusive en su último párrafo incorpora el perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, como una causa de extinción de la ejecución de la pena. Resulta muy criticable ya que al permitirse que el perdón del ofendido como supuesto de la extinción de la ejecución de la pena, no lleva necesariamente a la conclusión de que el ofendido tiene la facultad de poder disponer a su voluntad de la ejecución de la pena. Es lo que hace suponer que la actividad jurisdiccional desarrollada por el Estado, establecida en la propia Constitución, es rebasada por la propia voluntad individual del ser humano. Este artículo hace referencia a los delitos: adulterio, en el artículo 273; amenazas, 282; lesiones, 289; abandono de cónyuge, injurias o difamación y calumnias, daño en propiedad ajena, en el artículo 399 bis. ¿Y qué es la conclusión a que llegamos? se llega a la conclusión de que el perdón del ofendido no opere en los delitos que son perseguidos por querella, porque en los puntos que se basa la crítica son los siguientes: El perdón como supuesto de extinción de la acción penal sólo puede ser procedente mientras dure el proceso. Una vez dictada por el proceso penal la sentencia definitiva y habiendo adquirido ésta el carácter de ejecutoria ya no puede ser modificada o cambiada, salvo en los casos que el mismo código contempla como causa de extinción y que se refieren concretamente a la amnistía o el indulto. El perdón como supuesto de extinción de la ejecución de la pena en el nivel constitucional, resulta inadecuado por los problemas que representa el poder político jurisdiccional, ya pone en entredicho la soberanía que representa un fallo ejecutoriado. Admite la posibilidad de extinción de la ejecución de la pena impuesta por la autoridad jurisdiccional, reduce a la nada el poder soberano consagrado en nuestra Carta Magna y de ninguna manera estar a expensas de la voluntad de los particulares aun y cuando se trate de delitos perseguidos por querella, como son aquéllos que mencioné anteriormente. La permisibilidad otorgada a los particulares, de poder perdonar la ejecución de la pena, hace obsoleta e innecesaria la sujeción del probable responsable a un procedimiento penal cuya sentencia finalmente puede ser o resultar ineficaz. Atenta contra la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica. Por eso es compañeros diputados, y por otros puntos que se establecen en la iniciativa de ley presentada ante esta soberanía, que agradeceré la confianza y solidaridad de su voto a favor de esta iniciativa de ley. Es cuanto, ciudadana Presidenta. -