El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba: Con su venia, señor presidente. En primer término quisiera agradecer la atención que los señores legisladores presten a esta iniciativa que el día de hoy presentamos. Quiero manifestar, en primer lugar, que la misma no tiene ni colores ni partidos. Lo que vamos a comentar con ustedes tiene como única prioridad la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las entidades federativas que conforman nuestra Federación mexicana. La iniciativa que hoy presentamos ante ustedes la diputada Vázquez Mota y un servidor, tiene un propósito claro, hacer que el financiamiento público subnacional pase de ser un problema a un adecuado instrumento financiero que promueva el desarrollo y la inversión productiva. Como ustedes saben, en la última década nuestro sistema federal ha adquirido una dinámica totalmente distinta a la que tuvo durante el transcurso de la mayor parte del siglo pasado. Hoy que México se encuentra inmerso en un proceso de consolidación democrática, las entidades federativas juegan un papel fundamental en nuestro sistema político. Es en este contexto donde las normas jurídicas que eran letra muerta, hoy cobran nuevos bríos. Lo anterior sucede con el marco regulatorio que norma la vida financiera y fiscal de los estados. Actualmente éste cobra una importancia primordial y gracias a ello se muestran sus deficiencias y anacronías. Como se señala en la exposición de motivos de la iniciativa que presentamos ante ustedes, las entidades federativas han venido incrementando su deuda pública de manera notable durante los últimos diez años y aunque se reconoce que comparado con otros países el nivel de endeudamiento de los estados con respecto al producto interno bruto de nuestro país no es preocupante, lo que sí es y merece nuestra atención, es la manera como las legislaturas estatales y los ayuntamientos aprueban la contratación de deuda pública. Me explico: gracias a una serie de subterfugios legales, los mencionados órdenes de gobierno han construido un concepto de deuda pública conforme a sus intereses y conveniencias. Como sabemos, son las agencias privadas las que califican la calidad crediticia de los estados y en principio todo debería de funcionar con normalidad. Sin embargo, lo que sucede es que a través de la manipulación del concepto de deuda pública, se subreportan los verdaderos niveles de endeudamiento y la calificación crediticia no corresponde a la realidad financiera estatal. Por ello, lo que encontramos es que se ha desnaturalizado el concepto de deuda pública y consecuentemente se ha distorsionado el correcto funcionamiento del mercado subnacional. Actualmente estados y municipios poseen y crecientemente contratan pasivos contingentes o implícitos a través de organismos descentralizados, empresas o fideicomisos públicos paraestatales y municipales. El riesgo es diáfano; al ser la deuda pública estatal garantizada principalmente con las participaciones federales, podrían darse dos tipos de crisis: la centrífuga o la centrípeta, o bien caemos en una crisis financiera nacional y se reducen las garantías y el Estado cae en insolvencia o, a la inversa, el Estado, debido al subreporte que hace de la deuda, se ve imposibilitado a cumplir con sus obligaciones financieras y consecuentemente el gobierno federal tiene que intervenir para su rescate. Mediante fraudes a la ley se ha encontrado la manera de utilizar los recursos que se obtienen a través de la contratación de deuda para destinarlos a gasto corriente y no a la inversión productiva, como lo mandata la Constitución. Lo anterior viola un principio de justicia, ya que se está endeudando a generaciones presentes y futuras, sin ellas obtener beneficio alguno. Así las cosas, para solucionar la problemática que he expuesto propongo las siguientes medidas constitucionales: en primer lugar, hay que reconceptualizar lo que entendemos por deuda pública para abarcar, dentro de un nuevo concepto, a todas las operaciones que comprometan recursos públicos estatales. Así, la iniciativa establece que será considerada como deuda pública cualquier operación constitutiva de un pasivo directo, indirecto o contingente de corto, mediano o largo plazo que se derive de un crédito, financiamiento, empréstito o préstamo, independientemente de su denominación, que sea asumida por los estados y municipios o inclusive por sus respectivas entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal. En segundo lugar, se propone que para afectar como fuente de pago o garantía cualquier ingreso o derecho estatal, sea éste presente o futuro, necesariamente deberá mediar una operación constitutiva de deuda pública. Asimismo, se propone plasmar expresamente en nuestro texto constitucional que el financiamiento público subnacional no podrá destinarse a gasto corriente. Así, garantizamos que los recursos se destinen únicamente a inversión pública productiva. Asimismo, dando cumplimiento a los principios constitucionales de publicidad y transparencia gubernamental, se propone que la constitución de un registro público estatal en el cual los ayuntamientos y estados estarán obligados a inscribir toda información relativa a las operaciones de financiamiento público subnacional que celebre. De esta forma, las agencias calificadoras tendrán entonces suficientes elementos para calificar correctamente la capacidad crediticia estatal. Este registro por disposición transitoria se deberá constituir dentro de los 60 días naturales siguientes al inicio de la vigencia del decreto que, en su caso, se apruebe, y deberá incluir todas las operaciones vigentes que conforme al concepto reformado de deuda pública sean consideradas como tales...