La diputada Ana Laura Sánchez Velázquez: Buenas tardes diputadas y diputados, con su venia diputado presidente. Sin duda alguna la lucha contra la corrupción es un tema de crucial relevancia para el mejoramiento y debido desempeño de las instituciones públicas de nuestro país, por lo que constante actualización y perfeccionamiento del marco jurídico aplicable como lo representa en este momento la Ley General de Responsabilidades Administrativas debe ser una tarea prioritaria y constante en las actividades que realizamos en esta Cámara. En este sentido, desde el desempeño de la actividad legislativa, este órgano parlamentario juega un papel preponderante en la batalla contra la corrupción pues a fin de lograr verdaderos resultados visibles a los ojos de la sociedad debemos comprender que esta lucha contra la corrupción no implica solamente establecer sanciones ejemplares a aquellos que lleguen a incurrir en alguna falta administrativa, sino también a la de otorgar certeza jurídica a los gobernados dentro de los procedimientos de responsabilidad salvaguardando en todo momento sus garantías de índole procesal y por ende garantizando el total apego a derecho de las resoluciones que las autoridades competentes emitan. La emisión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas trajo consigo algunas problemáticas en la aplicación de la misma, incluso para los propios órganos internos de control y demás autoridades encargadas de la sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad. Ejemplo de ello es la ambigüedad del artículo 214 de la ley en comento, con relación a la autoridad competente para resolver el recurso de reclamación, situación que llevó hasta el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación resolviera el conflicto competencial 37219, suscitado entre el órgano interno de control en el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde ambos entes públicos se excusaron de conocer el referido medio ordinario de defensa. En la resolución del conflicto competencial, el Tribunal Colegiado señaló que el artículo 214 asigna dos soluciones contrapuestas a un mismo supuesto, concluyendo finalmente que la resolución del recurso de reclamación corresponde a la autoridad sustanciadora o resolutora que emitió el auto recurrido. En ese sentido es necesario que este Congreso elimine toda ambigüedad procesal, estableciendo con toda claridad en la ley la autoridad competente para conocer del recurso de reclamación. Por lo anterior, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de precisar que la competencia para conocer del recurso de reclamación previsto en dicho artículo corresponde a la autoridad sustanciadora o resolutora que emitió el auto recurrido. Ello no es un tema de menor relevancia, por el contrario, la coherencia y claridad en las disposiciones procesales como la que nos atañe tiene una implicación sustancial en beneficio de los gobernados y de las instituciones, pues por un lado permite que las autoridades tengan plena certeza y claridad respecto de su ámbito competencial y, por otro lado, otorga certeza jurídica a las personas que están enfrentando un procedimiento disciplinario de carácter administrativo. Por lo anterior, los exhorto a apoyar la aprobación de esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.