El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich: Con su permiso, señor Presidente. Quiero iniciar mi intervención narrando un par de anécdotas que me ocurrieron o de las que fui testigo en mi estado natal, Sonora. Cuando se estaba en la dinámica de elegir al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un reconocidísimo abogado, querido por todos, aceptado por todos, se encontró con la limitante de que tenía más de 65 años, que era el tope que le ponía en ese momento la ley a los aspirantes a ocupar el cargo de ombudsman, de manera que por una disposición legal este señor no pudo entrar a competir. Luego, cuando tuve el honor de ser diputado local, el gobernador de mi estado envió una propuesta para que un funcionario entrara a su gabinete, pero se equivocó el señor gobernador y envió a una persona que no cumplía el requisito de edad, que era de 30 años, cuando esta persona en ese momento tenía 29 y hubo un alud de críticas, una verdadera marejada de opiniones criticando la actitud del gobernador, criticando el nombramiento, pero sobre todo —y esto es lo más revelador—, criticando la edad de la propuesta. Ni uno solo de aquellos que elevaron la voz criticaron la incapacidad de la persona propuesta, y ciertamente eso generó —al menos en un servidor— la convicción de que algo se tenía que hacer al respecto. Presentamos una iniciativa en ese entonces, en el Congreso de Sonora, a efecto de que cualquier persona pudiera ocupar cualquier cargo público por designación o por elección, con el solo hecho de haber alcanzado la mayoría de edad y de ahí para adelante. Es decir, se fijó como piso los 18 años y se eliminó el techo. ¿Qué fue lo que intentamos hacer en ese momento y que fue lo que de hecho hicimos, porque fue una constitución de avanzada? Evitar prácticas discriminatorias consignadas en ley y permitir que sea el superior jerárquico o la persona facultada para hacer nombramientos quien efectivamente los hiciera o, en todo caso, que fuera el electorado quien decidera si una persona era o no apta para ocupar un cargo público. Habiéndoles relatado ese ejemplo, esa experiencia, caigo al asunto que nos trae a esta discusión. Yo estoy convencido —como lo expresaron quienes me antecedieron en el uso de la voz con excepción del maestro Rodríguez Prats— que aquí no hay ningún problema de inconstitucionalidad; que estamos ceñidos perfectamente a lo que señala la Constitución General de la República. Sólo quisiera añadir —porque el diputado Carbajal lo hizo muy bien— un argumento más. Suponer que hay un avasallamiento a los estados o suponer que estamos pisoteando la soberanía de los estados es negar un hecho evidente, una ficción que vivimos todos los días en esta Cámara. En esta Cámara están representados los 32 estados de esta república. En esta Cámara tienen voz todos los estados de la república y todos los ciudadanos de la república. Formamos parte del pacto federal y por tanto, no podemos avasallarlo ni aunque quisiéramos. Esto lo debo decir con toda claridad para que se despeje cualquier duda que pudiésemos tener respecto a las dificultades técnicas que esta minuta pudiera encontrar. Por lo que toca al fondo del asunto, suponer que algún caso particular generó esta iniciativa o generó la aprobación de la minuta en el Senado es algo que pudiese escapar de mi conocimiento. Reconozco, sin embargo, que presentar iniciativas, aprobar minutas con base en una experiencia particular que haya vivido algún legislador, no es algo nuevo. Yo estoy seguro que todas y todos ustedes alguna iniciativa han presentado con base en alguna experiencia particular que tuvieron; con base en algo que conocieron de manera empírica. Eso a mí no me asusta. Yo niego rotunda y categóricamente que esta reforma tenga alguna dedicatoria especial a algún ciudadano., porque yo no veo ni en el contenido de la reforma ni en el contenido de los transitorios…