El diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, lo que hoy se debate en esta Cámara no es solo la asignación de la Guardia Nacional a la Sedena, es un atentado a nuestra democracia, un intento deliberado de transformar la estructura constitucional de México. Nos quieren vender la idea de que esto es una solución a la inseguridad, cuando en realidad es un asalto a las libertades civiles y consolidación del poder en manos del oficialismo. Quieren transformar a la Guardia Nacional en una fuerza permanente, con formación castrense, bajo el mando del Ejército, cuando la Constitución claramente establece que su carácter debe de ser civil. Por ello, desde esta tribuna quiero expresar mi profunda preocupación por la dirección que está tomando nuestro país. La militarización de la seguridad pública no es la solución a nuestros problemas. Este dictamen es una afrenta a la Constitución, a los tratados internacionales de derechos humanos y a la propia esencia de la democracia. La Guardia Nacional puede convertirse en una herramienta de represión y violación de los derechos humanos. ¿Qué pasará con las comunidades vulnerables que ya sufren la falta de accesos a la justicia y la protección del Estado? ¿Qué pasará con los migrantes y los pueblos indígenas y afromexicanos que ya son estigmatizados y marginados? La Constitución es clara, la seguridad pública es responsabilidad de las autoridades civiles. Al pretender este cambio a la Guardia Nacional representa un atentado a estos principios fundamentales. Es un paso hacia la militarización de nuestra sociedad y la erosión de nuestros derechos. Además, la falta de transparencia y rendición de cuentas en la operación de la Guardia Nacional es alarmante. Es algo que en este dictamen no se menciona. ¿Quién será el responsable de sus acciones? ¿Quién va a garantizar que no se cometan abusos de poder? La ineficacia en la lucha contra la delincuencia organizada es un tema que desde la oposición hemos señalado con preocupación. La Guardia Nacional no tiene la capacitación ni los recursos necesarios para enfrentar este problema complejo. No permitamos que la seguridad pública se convierta en un pretexto para la represión y la violación de los derechos humanos y que, como dato, la Guardia Nacional acumula, hasta julio de este año, más de mil 772 quejas, que según datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos de la CNDH, por ello, no podemos admitir que la Guardia Nacional se convierta en una herramienta de control político y de represión contra aquellas personas que no quieren un gobierno autoritario y violento. Este dictamen es un golpe de Estado disfrazado, una maniobra cínica para implantar un régimen autoritario y militarizado que pisotea los derechos y libertades de los ciudadanos. La Guardia Nacional es una fuerza de ocupación, no de protección, que pretende ser diseñada para reprimir y silenciar a cualquier voz disidente. Por estos motivos hoy me presento en esta tribuna y en representación de la gente morelense y de todo el país, que busca un México de paz y justicia, con voz fuerte y clara digo: no a la aprobación de estas modificaciones constitucionales que buscan la militarización de la Guardia Nacional. No a que el personal militar participe en temas de seguridad pública, porque no son sus funciones. No permitamos que la democracia y el respeto a los derechos humanos sean sacrificados. No seamos partícipes que la Guardia Nacional se convierta en un símbolo de represión y falta de libertad. Y sí, sí a la búsqueda de alternativas que prioricen una mayor participación civil en los temas de la seguridad y el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos. Desde Acción Nacional exigimos que se garantice que la Guardia Nacional se conserve en el ramo de seguridad pública, con transparencia y rendición de cuentas, pero no nada más la Guardia, sino cualquier fuerza de seguridad que opera en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la militarización de la seguridad pública es incompatible con los principios democráticos y los derechos humanos, sin embargo, este dictamen ignora este precedente, como este gobierno ha ignorado a todos aquellos que le hacen ver sus errores y se enfoca a implantar un régimen de terror y represión. Ya fuimos testigos del ataque fatal por parte del oficialismo al Poder Judicial, para convertirlo en un brazo más del gobierno, amoldando sus resoluciones a los caprichos del Palacio Nacional. No es casualidad que la Suprema Corte ya haya declarado inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional y aun así insisten en esta reforma inconstitucional. Si no respetan hoy a la Corte, ¿qué podemos esperar para el futuro de nuestro país? Por eso nuestra postura no cambia y aseguramos que este dictamen es ilegal y es inmoral, es un ataque frontal a la democracia y a la justicia. El oficialismo pretende darnos lecciones de seguridad, cuando las cifras de Morena son certeras, son el sexenio más violento en la historia reciente de México, casi 140 mil homicidios dolosos en lo que va del gobierno de López Obrador, 140 mil y lo único que tienen que ofrecer es más militarización. No han sido capaces de generar una estrategia de prevención efectiva, han fracasado en el fortalecimiento de las policías locales, que ahora recurren a lo más fácil, mandar soldados a la calle. Las Fuerzas Armadas no están para tareas de seguridad ciudadana, por ello una mayor militarización no representará mayor...