El diputado Juan Armando Ruiz Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Bienestar es una palabra de grandes alcances, es el producto de diferentes factores que concurren en la vida de las personas. En esta ocasión nos encontramos analizando un dictamen que beneficia a ciertos sectores de la población, entre ellos a las personas con discapacidad, menores de 60 años, claro está, en cuestión de un apoyo económico que ya se viene manejando desde la administración anterior. Igualmente, se establece la obligación de dar rehabilitación y habilitación a personas con discapacidad, preferentemente menores de 18 años. Estas reformas en particular, sin duda constituyen y contribuyen al bienestar de las personas con discapacidad. Y de igual manera, beneficiarán a los adultos mayores y a los jornaleros. Por tal motivo, este dictamen será votado a favor por nuestra bancada naranja. Así es. Estamos seguros que este dictamen será aprobado por mayoría. Pero las acciones en favor de la población en condición de vulnerabilidad no pueden relegarse únicamente a brindar estímulos económicos o transferencias directas. Esta reforma es parte de las políticas públicas que contribuyen al bienestar de las personas con discapacidad, pero para lograr un verdadero estado de bienestar para las personas con discapacidad, es necesario dar inicio al proceso de armonización legislativa que requiere la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha Convención trata de romper la visión médico-asistencialista para crear una nueva visión que nos ubique como sujetos de derechos y obligaciones. Igualmente, considera crear oportunidades reales para las personas con discapacidad a través del libre ejercicio de todos nuestros derechos. Y eso solo será posible si esta Cámara y la colegisladora llevamos a cabo los cambios y los ajustes a la legislación vigente, para lograr la creación de los ajustes razonables y las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades que le permitan a cualquier persona con discapacidad aspirar a mejorar su calidad de vida, a través del libre ejercicio de todos sus derechos. Pues, si bien es cierto que los derechos que consagra la Constitución en el tema de apoyos económicos para diferentes sectores de la población son bienvenidos y ayudan a quien los reciben, también es cierto que, en el caso de las personas con discapacidad, se requieren políticas públicas de carácter integral. Es decir, para hablar de bienestar de las personas con discapacidad es también necesario hablar de educación inclusiva, de trabajo incluyente, de transporte público accesible, de comunicación accesible, de diseño universal, de vivienda accesible, de fondos de retiro dignos y muchas políticas más que en sí no son políticas públicas especiales, son políticas públicas incluyentes. Es pensar en que los que sirven a las personas con discapacidad también le sirven al resto de la población, pero esto no es fácil de entender para la mayoría de los servidores públicos, ya que se requiere de un organismo público especializado en el diseño, coordinación y seguimiento de las políticas públicas. Desde aquí hacemos un llamado a la Presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que se solidarice con la creación de un organismo público especializado en el diseño, coordinación y seguimiento a las políticas públicas que se llevan a cabo durante su administración. Para que se den una idea el costo de los apoyos económicos, si esta fuera la única política pública, hablaríamos que de los 2 mil 800 pesos que reciben en 6 ocasiones las personas con discapacidad, no da una cantidad de 16 mil 800 pesos al año. Y estos 16 mil 800 pesos al año, calculado por los 21 millones de personas con discapacidad que calcula el Inegi, nos daría la cantidad de 352 mil 800 millones de pesos al año. Lo que, durante el sexenio de nuestra presidenta actual, arrojaría la cantidad de 2 billones 116 mil 800 millones de pesos. Como pueden ver, con esta cantidad se podrían crear universidades, centros de investigación, fábricas, cooperativas y podría haber una gran cantidad de políticas que realmente estuvieran dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, más allá de este apoyo económico, que, si bien es bien recibido, no va a resolver la calidad de vida de las personas con discapacidad. Compañeras y compañeros, los invito a que, en su momento, puedan apoyar esta reforma integral que requiere la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, y que creemos juntos las condiciones de igualdad que requieren y reclaman en este país más de 21 millones de mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidenta.