El diputado Jesús Fernando García Hernández: Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16 establece que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En la legislación de nuestro país la aprehensión es prácticamente sinónimo de detención, lo que consiste en la privación de la libertad de un individuo. En ese sentido, si bien es cierto que para el caso los estados involucrados se encuentran en reciprocidad jurídica, habría que contemplar si en nuestra legislación se están tomando en cuenta los avances que la doctrina nacional y extranjera ha alcanzado en el estudio y concepción de este tipo de actos y así como si dichos adelantos son compatibles con nuestro propio ordenamiento y con la legislación y la jurisprudencia de otros países. Por lo que observando en su momento histórico el contexto descrito en la actual Ley de Extradición Internacional la forma en que se concebían los derechos humanos en el mundo, era distinto al que actualmente existe. Nuestro país, a pesar de que ya formaba parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fue hasta el 2011, a través de las reformas constitucionales en esta materia, en que integraron estos principios y protección humana en todos los ámbitos de los operadores de la ley. La Ley de Extradición Internacional actual, desde la perspectiva de la ambiciosa reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, resulta insuficiente y violatoria de derechos fundamentales, por lo que se pretende adicionar las razones por las cuales no se debe conceder una extradición. Siendo esto un ejemplo de que conforme al paso del tiempo y a pesar de que son las diversas modificaciones a la ley, se ha logrado en gran avance para contemplarla y homologarla en el ámbito de los derechos humanos. La normatividad de México aún está lejos de alcanzar los estándares y buenas prácticas que nos brinda en la materia el derecho internacional, ratificado por nuestro país en los numerosos instrumentos internacionales. Por ello, en la presente iniciativa se propone adicionar diversas causas a la Ley de Extradición Internacional, para negar este procedimiento cuando ocurra algunas de las siguientes, esto es: Se haya sobreseído definitivamente a su favor por el mismo delito. Cuando el reclamado sea menor de 18 años, imputable o declarado en estado de interdicción y el Estado requirente pueda juzgarlo como adulto. Cuando el reclamado se encuentra en proceso o siendo juzgado por el mismo delito por el que se le reclama. En los casos en los que la pena que se pueda aplicar por el delito por el que está siendo reclamado no se ajuste al principio de proporcionalidad. Cuando el requerido tenga nacionalidad mexicana, para el caso se estará a lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley. En caso de que el extraditable padezca enfermedades terminales, incurables o crónico degenerativas procederá esta excepción y se estará a lo dispuesto en el artículo 32 de esta ley. Las tendencias actuales en materia de extradición contrastan con la estrecha cooperación entre Estados, para que además de ampliar el alcance de la extradición, establecer la importancia de salvaguardar los derechos del hombre. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Por su atención, gracias. Y sáquense un diez. Ánimo.