El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. El Artículo 71 de la Constitución hace referencia al procedimiento legislativo, en específico, a uno de sus actos, la Iniciativa, a través de la cual da comienzo el procedimiento de formación, operación de leyes o decretos, así como su trámite, al tiempo que se determina, quienes cuentan con la facultad de representación de iniciativas, el Presidente de la República, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados. Es así como los Legisladores Federales y Locales, encuentran en la Iniciativa Legislativa una de las razones más importantes atribuibles a su cargo, pues al ser Representantes Populares, son conocedores tanto del miedo como de las necesidades del pueblo e incluso sería inconcebible que aquellos que aprueban la creación y modificación de marco jurídico, estuviesen impedidos de la facultad de iniciativa. Pero en el caso del Presidente, las razones por las cuales también cuenta con tal facultad, son histórica y políticamente distintas de los Legisladores. La facultad de Iniciativa con la que cuenta el Ejecutivo, se fundamenta en el antecedente histórico que data de los orígenes del mismo Parlamento, cuando, a menos, hasta el Siglo XIII, era el Rey quien detentaba el Poder Legislativo y sólo cuando este lo consideraba necesario, solicitaba el respaldo del Parlamento. Progresivamente y sin embargo, el Parlamento fue estableciendo la costumbre de desarrollar una especie de negociación con el Monarca, cuando este lo solicitaba, para votar nuevos impuestos. al acordar un cierto número de medidas legislativas que el Rey debía acatar. Así, el régimen representativo adquirió la forma de aquél en cuyo seno una o dos asambleas selectas representan al pueblo frente al Poder central y participan en el Gobierno, primero, por el voto de los impuestos y luego, por el voto de las leyes El modelo presidencial importó del Parlamentarismo Inglés la facultad de Iniciativa del Ejecutivo, misma que fue pieza clave en la conformación del régimen presidencialista autoritario, que predominó en el Sistema Político Mexicano durante gran parte del Siglo XX., ya que el Presidente de la República, el gran Legislador, presentaba la gran mayoría de las Iniciativas de Ley o Decreto y el Congreso, supeditado al Ejecutivo, las aprobaba sin mayor discusión. Pero tal condición de sometimiento del Legislativo al Ejecutivo, concluyó en la medida en que la oposición fue ganando espacios en las Cámaras, haciendo cada vez más fácil la aprobación al vapor de las iniciativas presidenciales y generando, cada vez más, un importante producción de iniciativas por parte de los legisladores que no tenían con anterioridad. Hoy, que el presidente no cuenta con una mayoría absoluta de legisladores de su propio partido en el Congreso, sus iniciativas han dejado de tener el dato preferencial que tuvieron durante la época del autoritarismo. Hoy, las iniciativas del presidente deben esperar el tiempo que cada Comisión parlamentaria considere necesario, para ser votadas en el pleno de la respectiva Cámara. Actualmente en la Cámara de Diputados hay iniciativas del presidente que llevan más de un año en Comisiones, sin haber sido aun dictaminadas. El presidente indiscutiblemente ha dejado de ser el gran legislador, y este título lo ostenta ahora como siempre debió hacer sido el propio Congreso. Pero el hecho de que las iniciativas tengan que esperar un tiempo excesivo para su votación en el pleno, no necesariamente nos ilustra un acto benéfico para el funcionamiento del Estado. El presidente de la república, como responsable de la acción del gobierno, a través de la administración pública, requiere hacer sus facultades, presentar iniciativas, pero si éstas no son siquiera discutidas en el Congreso, el resultado de la acción de gobierno pudiera verse afectado. El Congreso tiene todo el derecho de aprobar o rechazar las iniciativas del Ejecutivo, pero desde nuestra perspectiva lo que no debe hacer, es dejar de analizar sus iniciativas, dejar de correr tanto tiempo para ser dictaminadas. Ahora no todas las iniciativas que presenta el Ejecutivo tienen el mismo peso específico y tendrán la misma trascendencia para el mejoramiento de la acción pública, ¿entonces cómo determinar cuáles iniciativas del presidente tendrán más repercusión que otras y quién lo determinará?, esto es lo que pretende resolver la presente iniciativa, la aplicación del trámite legislativo preferente para las iniciativas que presente el Ejecutivo pero no para todas sus iniciativas. La propuesta aquí planteada pretende crear la figura de trámite legislativo preferente, que existe ya en algunos países de América Latina de hecho, la cual consiste en eficientar los tiempos para la votación de una iniciativa presentada por el Ejecutivo a partir del establecimiento de fechas fatales. Se propone que a partir del día en que la iniciativa es presentada por el Ejecutivo a la Cámara de origen, éste cuente con un tiempo máximo de siete días naturales para su votación, y que si concluido este tiempo la Cámara de origen aun no lo hubiese votado, la iniciativa se tendría por aprobada por esa Cámara, en los mismos términos en que hubiese sido presentada por el presidente. Luego de que se tenga por aprobada la iniciativa en la Cámara de origen, sería enviada a la Cámara revisora a más tardar el siguiente día natural. La Cámara revisora enviaría la iniciativa a comisión, pero tendría que ser votada por su pleno en un término máximo de siete días naturales contados a partir del siguiente día en que hubiese sido recibida. Y de igual forma, si concluido este tiempo la Cámara revisora aun no la hubiese votado, la iniciativa se tendría por aprobada en los términos en que hubiese presentada por la Cámara de origen. Si la Cámara revisora desechara en lo general o en lo particular la iniciativa, ésta tendría que volver a la Cámara de origen a más tardar al día siguiente de su votación, con las observaciones correspondientes y en un plazo máximo de siete días naturales, tendría que ser nuevamente examinada y votada por el pleno de la Cámara de origen, quien regresaría a la Cámara revisora a más tardar el siguiente día natural la misma iniciativa. Para darle mayor certidumbre al trámite preferente, se propone que para que la iniciativa sea rechazada en lo general o modificada en lo particular, se requiera del voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara que corresponde presentes al momento de la votación. Evidentemente no se le podía dar el carácter de preferente a iniciativas de cualquier naturaleza, ya que en algunos casos la propia Constitución establece el trámite a seguir para la aprobación de determinados asuntos, además con el objetivo de que el presidente no pretenda abusar de este trámite en perjuicio de los actores políticos, se pretende exceptuar del carácter de preferente las iniciativas del presidente que presente en materia presupuestal al sistema electoral y de partidos o de modificaciones constitucionales. Finalmente, y con el objeto de que el trámite preferente, no se convierta en práctica común y herramienta del Ejecutivo para obligar al Legislativo a que le aprueben todas sus iniciativas, como sucedía en el pasado, se propone que el Ejecutivo solamente pueda presentar hasta una iniciativa preferente por cada período ordinario de sesiones, de este modo sería el propio Ejecutivo quien evaluaría qué iniciativa habría de merecer por su relevancia, el carácter de preferente. En virtud de lo expresado y con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II del artículo 71 de la Constitución y del artículo 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento a esta honorable asamblea esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución y adiciona un artículo 57 Bis al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Es cuanto diputado Presidente, muchas gracias.