EL C. DIPUTADO VICTOR HUGO ISLAS HERNANDEZ: Con permiso de la presidencia. Honorable asamblea: la situación del campo mexicano continúa siendo de auténtica emergencia nacional. Las condiciones de improductividad y de pauperización de los millones de personas que en él habitan constituyen una de las más graves y lacerantes realidades de nuestra patria. La falta de recursos económicos, de oportunidades de empleo, la degradación de suelos, bosques y selvas, enfermedades y hambre que se padecen en la mayoría de las zonas rurales se enfrentan con una política agropecuaria insuficiente, lenta y autoritaria y que está enfocada sobre todo a los cultivos que tienen rentabilidad en el comercio con el exterior. La desgravación arancelaria que está teniendo lugar con motivo de la implementación de las diversas etapas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como la liberalización comercial con prácticamente todas las regiones del mundo ha puesto en jaque a la agricultura nacional, que compite con desventajas tecnológicas y bajo un esquema en el cual se han ido eliminando los subsidios a los precios agropecuarios y ante la fragilidad de los programas de compensación social en el campo, que resultan vanos para mitigar el hambre y la pobreza. Frente a esta situación se erige el proteccionismo de los países desarrollados, como en el caso de Estados Unidos, que a través de la Farm Bill han previsto subsidios directos a la producción agropecuaria por cerca de 120 mil millones de dólares en los próximos 10 años. También es el caso de la producción europea, en donde se paga incluso por no producir para mantener el control de los precios internacionales y cuya reglamentación sanitaria de presentación y envasado para los productores que ingresan a sus mercados es muy difícil de cumplir con nuestros productores. De ahí su resistencia a reducir los subsidios o a permitirlos en nuestras economías, originando el fracaso de la Ronda de Uruguay y sus secuelas, como ha sido el caso de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, recientemente realizada en Cancún. En ese contexto, el gobierno federal mantiene en marcha la operación del Procampo, que en sus orígenes se planteó como un programa creado para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, así como para contrarrestar los efectos de los desequilibrios del mercado internacional sobre los productores mexicanos. Procampo se concibió, pues, para el sector de la producción rural que vive en extrema pobreza. Con este programa y en el marco de la actual estrategia de apertura externa se pretende apoyar directamente a más de 3.3 millones de productores, de los cuales 2.2 millones permanecen al margen de cualquier apoyo. La reconversión hacia cultivos de mayor rentabilidad, compensar los subsidios que en los países desarrollados se otorga a los productores agrícolas, fomentar la organización de los productores a fin de modernizar la comercialización de sus productos, incrementar la competitividad de las cadenas productivas, favorecer la producción bajo condiciones ecológicas aceptables y abatir los precios en beneficio del consumidor final. La instrumentación del programa está proyectada a 15 años, con apoyos constantes en términos reales durante los primeros 10 años y gradualmente decrecientes a partir del décimo primero. Se pretende, por tanto, que en ese período los productores cuenten con nueva tecnología, se asocien y que se modernicen con el objeto de enfrentar la competencia externa en el mercado abierto. No obstante, tomando en consideración que el del campo constituye un problema estructural agravado por la política económica que ha seguido el actual gobierno, es necesario evaluar sus alcances. Para ello basta con mirar la situación del sector social, es decir, de los ejidatarios y comuneros que conforman los 3.2 millones de productores a los que se dirige PROCAMPO. Las metas del Programa no se han cumplido ya que abarca sólo a una parte de los productores. El Programa ha representado sólo un auxilio económico lleno de burocratismos y controles sobre los productores, más no ha podido ser un medio para incidir en un incremento de la producción y pasar a otras etapas de desarrollo. PROCAMPO ha sido utilizado para comer, para la subsistencia de un sector de las familias rurales pobres, pero no para producir y construir la generación de empleo e ingresos suficientes como fue su principal objetivo cuando se puso en marcha en 1993. Este es el caso de las regiones agrícolas de mi estado, Puebla, como son las de todo el país. La economía está basada más en las remesas que envían los trabajadores radicados en los Estados Unidos que en la producción de las regiones. El envío de los dólares del norte se observa en la vida de las comunidades; la insuficiencia de oportunidades de empleos es compensada con los recursos que envían los paisanos desde diferentes punto de la Unión Americana. Las comunidades subsisten gracias a los dólares del norte. Los acontecimientos actuales de nuestro país indican que la solución a los graves problemas que entre muchos otros vive el campo, deberán resolverse necesariamente con u nuevo contexto nacional de justicia y democracia que desborda los alcances del PROCAMPO y de cualquier otro programa que no contemple las propuestas más profundas. Por lo anterior, compañeros legisladores y conscientes de que más allá de las diferentes ideologías que postulamos, la situación del campo debe de motivar una posición común a favor de nuestros productores rurales en la Mixteca, en la Sierra de Durango, en la Sierra Negra, en la Sierra Norte de Puebla, en el Bajío, en la Costa Chica de Guerrero, en el Valle del Mezquital y en todo el campo mexicano, someto a la consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO UNICO.- Que el Gobierno Federal, con la participación de los productores rurales y de los legisladores federales, inicie un proceso de revisión profunda de PROCAMPO para que este Programa retome sus objetivos iniciales de impulsar la productividad y la superación de la pobreza de muchos mexicanos, proveyéndolo de frente al proceso de revisión presupuestal para que en el año 2004 se obtengan mayores recursos, además de fortalecer con decisión su capitalización compensando las desventajas de los productores del campo frente a la mayor parte de nuestros socios comerciales. Palacio Legislativo, octubre 9 del 2003. Firmado por el de la voz, por el diputado Alberto Jiménez Merino, diputado Gilberto Aréchiga, diputado Julián Nazar, Arturo Robles Aguilar, Emilio Chuayffet, Jorge Uzcanga, Antonio Mejía, Gonzalo Ruiz, Luis Felipe Madrigal, Heliodoro Díaz, Francisco Herrera León, Jorge Romero, Alfredo Villegas, Manlio Fabio Beltrones, Sami David, Manuel Velasco, Concepción Castañeda, Jesús Morales, Martha Palafox, Angel Romero, José Rangel, Jaime Fernández, Mario Ernesto Dávila, María del Carmen Izaguirre, José Luis Flores, Eduardo Bailey, Alejandro Saldaña, Gonzalo Alemán, Fernando García Cuevas, Raúl Mejía González, Angel Buendía, Leticia Gutiérrez, Roberto Marrufo, Rogelio Rueda,, Humberto Cervantes, Juan Manuel Vega,, Miguel Angel Núñez, Florentino Domínguez, Francisco Arroyo, José Alberto Aguilar, José Alarcón Hernández, Cruz López, Genaro Montenegro, Jorge Ortiz Alvarado, Wintilo Vega, Sonia Rincón, Rafael Moreno Valle, Omar Bazán y Carlos Flores Rincón. Es cuanto, y se pueden sumar algunos otros compañeros a dicho acuerdo. -