La diputada María de Fátima García León: Compañeras y compañeros diputados, apoyar a los sectores en situación de vulnerabilidad no solo es un imperativo legal, sino un paso necesario para la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva y justa para todos. Por eso, los legisladores de la bancada naranja, que ponemos a las personas al frente y sus causas al centro, votaremos a favor del presente dictamen que modifica el artículo 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar mayores beneficios para las personas con discapacidad. Con esta reforma también se atienden las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, que obliga a los Estados miembros a garantizar la igualdad de oportunidades y proteger a las personas con discapacidad en contra de la discriminación. Para la bancada naranja está claro que el Estado tiene la obligación de apoyar a las personas con discapacidad por razones éticas, sociales y legales. Por eso, desde bancadas anteriores fue Movimiento Ciudadano el primero en proponer estas acciones de bienestar para las personas en situación de vulnerabilidad. Si queremos una sociedad más igualitaria, tenemos que establecer un marco jurídico para que tengamos una sociedad más incluyente, en donde los grupos más vulnerables como las personas con discapacidad tengan garantizado el respeto a sus derechos humanos, así como su acceso a la educación, a la salud, al empleo y a una movilidad segura. Si bien, estamos de acuerdo en brindar apoyos económicos a las personas con discapacidad permanente a fin de mejorar sus condiciones de vida, consideramos que es necesario aportar medidas adicionales que les permitan enfrentar las barreras físicas, económicas y sociales que les impiden tener una participación plena en la sociedad. En nuestro país todavía hace falta mejorar la infraestructura urbana para hacerla accesible a las personas con discapacidad y también hacen falta apoyos públicos que atiendan sus necesidades específicas, porque la discapacidad se manifiesta en múltiples formas. En este dictamen también se propone modificar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar un apoyo económico a quienes se dedican a las actividades agrícolas sembrando árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, así como apoyar a los productores agrícolas y a los pescadores de pequeña escala. Como apoyo adicional a los productores agrícolas se establece como obligación del Estado establecer precios de garantía para la compraventa de maíz, frijol, leche, arroz y trigo a dinero. Estas medidas nos parecen adecuadas y necesarias, pero son insuficientes. Uno de los principales reclamos de los campesinos del sureste del país es la falta de agua y la falta de apoyo del gobierno federal para captar y retener el agua de lluvia a través de pequeñas obras de infraestructura como las represas, retenes y ollas de agua. Asimismo, es importante revisar las concesiones de agua de uso agrícola y sus mecanismos de renovación. Durante la pandemia muchos campesinos no pudieron renovar sus concesiones y por lo mismo se vieron afectados económicamente. Apoyar a los campesinos con fertilizante es una buena medida especialmente para quienes cultivan tierras de riego, pero debemos tomar en cuenta que la mayoría de los pequeños productores lo hacen en tierras de temporal. En este rubro, también es importante establecer buenos mecanismos de distribución del fertilizante para que este se entregue con oportunidad y sin complicados trámites burocráticos. En el ciclo agrícola de 2023, en Oaxaca, el fertilizante fue entregado de forma tardía. Por eso, desde la bancada naranja consideramos que las reformas que vamos a aprobar deben ser acompañadas de una revisión cuidadosa de las leyes secundarias y de la asignación de los presupuestos. Debemos tomar medidas para que los derechos que garantizan estas reformas no se queden en buenos deseos y realmente se traduzcan en beneficios concretos para quienes desde las zonas rurales e indígenas nos ayudan a producir los alimentos agrícolas y pesqueros que cotidianamente consumimos. En el caso de los programas de asistencia social, debemos garantizar que los apoyos, efectivamente, lleguen a los beneficiarios, para ello, es necesario contar con los órganos de supervisión de los mismos, además de instrumentar programas de difusión para que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan. Por ejemplo, en el caso de las pensiones de adultos mayores que viven en localidades apartadas, todavía existen personas que no lo reciben porque no saben de la existencia del programa, no saben cómo tramitarlo o por razones de movilidad no pueden acudir a las oficinas para gestionarlo. Como representantes populares, debemos también estar pendientes de que los recursos aprobados se apliquen correctamente y les sean entregados a los beneficiarios autorizados y de manera oportuna. No podemos permitir que personas con más de 70 años y en situación de pobreza, como la señora Rufina, después de dos años de haber sido censada, haya tenido que presentar su queja ante la Comisión de Derechos Humanos para recibir la pensión de adulto mayor. En el caso de los precios de garantía, es importante evitar la intervención de intemediarios y regular los mecanismos de compraventa para que no tengamos protestas, como la de los productores registradas en el estado de Sinaloa. Tomando en cuenta las consideraciones expresadas y con una actitud responsable y congruente con nuestros principios, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de estas reformas en lo general, porque queremos combatir la desigualdad social y siempre estaremos dispuestos a defender los derechos sociales de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo y con el propósito de mejorar el presente dictamen, haremos propuestas en lo particular, a través de las reservas que en su momento presentaremos. Es cuanto.