La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es innegable que la victimización, que la inseguridad derivada de las operaciones del crimen organizado en la población debe combatirse. Es irrebatible que un estado de derecho no puede permitir que las garantías y libertades fundamentales de las personas sean afectadas y en su lugar se yerga la ley del crimen y del más violento. No es admisible que la política para combatir y erradicar estos males se base en estrategias ciegas, centradas en el uso de la violencia y no de la inteligencia, que terminan haciéndose parte de la victimización a la población y que afrentan los derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad. Y esto es justamente lo que está ocurriendo con el uso intensivo y abusivo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Quiero ser clara. No creo en el falso dilema de que decir no a la militarización de la seguridad pública sea aceptar la debilidad del Estado ante este tipo de agentes antisistémicos. Lo que pasa es que no creemos que para combatir al crimen organizado haya que pasar por encima de la ley y de los derechos, que para generar la seguridad que demanda la ciudadanía se tenga que poner en riesgo lo que tenemos ganado en las libertades democráticas. No creo tampoco que la sustitución de autoridades civiles por militares sea el camino para fortalecer y generar organismos policiales capaces, profesionales, eficientes, respetuosos de la ley y los derechos, y que estén ocupados en procurar seguridad dentro del orden democrático. Por eso me preocupan mucho, declaraciones como las que se publican hoy en muchos medios. Señalando que se planea una presencia prolongada, transexenal de las Fuerzas Armadas en las calles y que, en consecuencia, se esté buscando una legislación ad hoc que otorgue atribuciones metaconstitucionales al Ejército, para hacer las labores de Ministerio Público, de jueces, incluso de las que corresponden a las instituciones penitenciarias. Porque ensanchar la base legal para que los uniformados puedan ingresar en domicilios sin orden judicial, apresar a personas, incluso antes de que cometan delitos, por el sólo hecho de ser sospechosos, mientras se pretende mantener la actuación del personal militar al margen de las leyes civiles y del escrutinio público, no es un camino para producir seguridad, sino todo lo contrario. Como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha indicado, las denuncias por violación de domicilio, despojos, asesinato, desapariciones, vejaciones, etcétera, en contra de miembros de las Fuerzas Armadas, ha crecido en un 500 por ciento en los últimos cinco años, ya que del 2006 a la fecha se han dado más de 2 mil 500 denuncias, aunque se sabe que hay más, porque por el temor mucha gente prefiere no denunciar. Es decir, que esta estrategia ciega al combate al crimen organizado se está convirtiendo ya en parte del problema de la inseguridad y de la debilidad de derechos que padece la ciudadanía en México. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos someterá a dos juicios más al Estado mexicano por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas del municipio de Ayutla de los Libres en Guerrero, violadas durante el primer trimestre de 2002 por personal militar. Están también los estudiantes muertos en la refriega del Tec. Los niños de Tamaulipas, de que ya se hablaba hace rato. De una pareja que también quedó en Nuevo León, en medio del fuego cruzado, que eran trabajadores de una empresa, que estaban uniformados con el uniforme de la empresa y que aparecieron muertos, asesinados, con chalecos antibalas y armas, y otros casos como estos?