El diputado Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en nuestro país el Fondo de Desastres Naturales tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales impredecibles cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias federales, así como de las entidades federativas. Por lo tanto, es un complemento de las acciones que deben llevarse a cabo para la atención de desastres naturales. El Fonden pretende proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población generadas ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador. El marco regulatorio del Fonden se constituye básicamente por las disposiciones de la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, así como por las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, publicadas el 3 de diciembre de 2010 y el acuerdo que establece los lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias del 3 de julio de 2012. El principal objetivo del Fonden, es proveer de recursos a las entidades federativas y municipios, que con motivo de los fenómenos naturales hayan sido rebasados en su capacidad financiera. Sin embargo, para acceder a los recursos del Fonden, se requiere necesariamente la declaratoria de emergencia o de desastre natural, emitido por la Secretaría de Gobernación, para lo cual es obligatorio el dictamen previo favorable de las instancias técnicas facultadas, como son, entre otras, la Comisión Nacional del Agua, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres y la Comisión Nacional Forestal. De acuerdo con la legislación actual, la declaratoria de emergencia puede emitirse dentro de los cinco días siguientes a la solicitud, y la de desastre natural dentro de los cinco días naturales siguientes a la presentación de dicha solicitud. Sin embargo, en la práctica la declaratoria de emergencia o de desastre natural, se emite entre 10 y 20 días naturales posteriores a la presentación de la solicitud, a ello se suman los días necesarios para tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de los recursos para la implementación de las acciones necesarias. Por ello, las reglas de operación se revisan y cambian cada ejercicio y prevén formalismos y procedimientos burocráticos que contribuyen a retrasar el acceso a recursos, de tal manera, que se pierde tiempo para atender a la población afectada y reparar los daños causados por los fenómenos de desastres naturales. Un claro ejemplo de la necesidad que se modifiquen las disposiciones legales, es evitar lo que ha pasado en el estado de Guerrero, en donde los recursos, 18 mil millones de pesos que serían distribuidos a través del Fondo de Desastres Naturales para la reconstrucción de cercas, restitución de los cultivos dañados, el arreglo de las parcelas que fueron dañadas por las inundaciones, tenemos conocimiento que no se han entregado ni siquiera para la reparación de las cercas. Movimiento Ciudadano, en consecuencia, apoya firmemente este dictamen de reforma a la Ley General de Protección Civil, con el fin de que en la formulación y ejecución de las disposiciones administrativas, se atenderá a los principios establecidos en el artículo 5o. de dicha ley. Donde las autoridades de protección civil deberán actuar con base en la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad de las personas, con la inmediatez, eficacia y eficiencia que ello implica, procediendo a la prestación del auxilio y entrega de recursos a la población en caso de emergencia o desastre, con la inmediatez que el caso amerite. Por supuesto, felicitamos al promovente de dicha iniciativa, así como al presidente de la Comisión de Protección Civil, diputado Alfonso Durazo, y también a todas y todos los integrantes de dicha comisión. Es cuanto, presidente.