El diputado Jaime del Conde Ugarte: Con su venia señor presidente. Durante los últimos años hemos observado una constante evolución en algunos contratos. En cuestión a aquél viejo principio contractual de que la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos. En efecto, algunos contratos han dejado de ser libres acuerdos de las partes, en el que la voluntad de ellas no va a producir el contenido obligaciones del mismo ya que se ha dejado de negociar su contenido, para convertirlos en actos de simple adhesión a la voluntad de uno de los contratantes, generalmente el más poderoso económicamente hablando. Así en materia de contratos de créditos con garantía que celebran las entidades o instituciones financieras, encontramos que el prestamista elabora el clausurado del contrato y el solicitante de crédito debe de adherirse al contenido del mismo sin ninguna modificación, pues en caso de no estar de acuerdo con los pactos previamente estipulados, el crédito le sería negado. Es así como el notario se limita a transcribir en su protocolo el formato de contrato que le proporciona la entidad o institución financiera, quedando imposibilitado de cambiar sus términos aunque contengan cláusulas o disposiciones que pudieran resultar contrarias a los intereses del acreditado, lo que limita de manera drástica la función del notario como asesor de las partes y convierte su actuación en la de un revisor de los antecedentes de los inmuebles dados en garantía y tramitado de la documentación necesaria para la elaboración de la escritura de crédito y garantía y su posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad, correspondiente. El menester señalar que las entidades financieras para la formulación de los contratos de crédito, los realizan en formatos ex profeso, sin que se dé intervención al contratante o acreditado, en la formulación del mismo, lo que repercute en la transparencia a la que están obligadas las instituciones financieras en el otorgamiento de los créditos objeto de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. Desde luego que la falta de una correcta regulación protectora de los intereses de los acreditados, ha dado lugar a numerosas controversias judiciales entre las instituciones certificas y éstos; las cuales en su mayoría versan precisamente sobre el contenido de los contratos que habiéndose elaborado por las instituciones y sin una posibilidad real de negociar su contenido, frecuentemente acaban por generar obligaciones excesivas para los acreditados y quienes utilizan como argumento de defensa ante los tribunales precisamente, la redacción leonina de los mismos o la falta de claridad en el contenido de las cláusulas, o bien la supuesta simulación que existe en los contratos crediticios. El avance en esta materia se dio con la publicación de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. En dicha ley se busca que la transparencia en las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. Con dicho ordenamiento se buscó resolver uno de los problemas que se presentaban más constantemente y que era atacar la desconfianza de los deudores hacia las entidades financieras; obligando a éstas últimas a informar oportuna y suficientemente las condiciones que tendrán los créditos que otorguen, así como las cláusulas que contendrán las escrituras que formalizarán dicho contratos. Asimismo en el mencionado ordenamiento al fomentar la competencia entre entidades financieras de manera más ordenada, se logró una reducción de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, con lo que se incentivó la inversión de las familias y un fuerte impulso a la economía mexicana; empleando como detonante a la industria de la construcción, industria que se caracteriza por demandar hoy por hoy, en un 97% del total de sus insumos y bienes que son producidos en el país y con lo cual se contribuyó a reducir los niveles de desempleo en México. En el aspecto de la transparencia logró la obligación a cargo de las instituciones financieras, de proporcionar información clara, expedita, sencilla, los términos y condiciones que tienen que incluirse en los contratos de crédito integrando de esta forma un esquema innovador y seguro para la protección y certidumbre de quienes demanden un tan deseado crédito hipotecario. Sin embargo, debemos reconocer que en dicha ley quedaron muchos aspectos a la deriva, por lo que el presente iniciativa tiene por objeto establecer una mayor transparencia de las entidades financieras en sus relaciones con sus posibles clientes, ya que las entidades redactan de forma unilateral los clausurados que serán utilizados a efecto de formalizar las escrituras públicas que contiene los elementos del crédito autorizado, toda vez que el posible cliente o acreditado no interviene en la elaboración del mismo, es decir adhiriéndose a las condiciones establecidas por las entidades financieras. Asimismo, la ley establece obligaciones para los notarios ante quienes se tramitan créditos garantizados que consisten primeramente en verificar que las cláusulas financieras del contrato coincidan con los términos y condiciones que se les ofrecieron al deudor en la oferta vinculante y además debe de verificar la no existencia de algún otro gasto o comisión que debiera haberse incluido en las cláusulas financieras. De la misma forma respecto a las nuevas obligaciones para los notarios contenidas en las reglas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público visualizando en el notario a una institución imparcial que debe de servir de auxiliar y asesora para las partes del contrato y pidiendo con esto que las entidades incluyan pactos distintos a los ofrecidos en la oferta vinculante. Y si esto llega a suceder deberá de explicar al deudor las razones por las que no se respetó dicha oferta, aunque como ya se dijo, en nuestro país no se le brindan al notario las armas necesarias para cumplir totalmente su cometido ya que el contenido de las cláusulas financieras sigue quedando al arbitrio de la entidad financiera. Con la presente iniciativa se logrará que toda persona al firmar un crédito de los regulados por la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia del Crédito Garantizado, no tenga ningún temor de que los pactos contenidos en su contrato sean de alguna manera contrarios a sus intereses, ya que las cláusulas financieras han sido revisadas y su contenido es imparcial logrando con ello que las partes del contrato tengan un equilibrio entre ellas. Por lo que la presente iniciativa busca establecer que las entidades financieras den la oportunidad a los solicitantes de intervenir en la redacción de las cláusulas financieras y asimismo se establece la obligación de la entidad financiera de explicar los alcances y consecuencias jurídicas por la formalización del contrato respectivo, asimismo la facultad del acreditado de proponer por escrito modificaciones al contrato. Se propone establecer en la presente iniciativa que la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia del Crédito Garantizado, que la oferta vinculante prevista por el ordenamiento y que sirve de detonante para la mayoría de sus disposiciones sea obligatoria expedirla para las entidades financieras ya que solamente la expide cuando lo solicita el acreditado. El ordenamiento no contiene tampoco un clausulado debidamente redactado y con la opinión de fedatario público que permita suponer a los acreditados que no existen pactos leoninos o cláusulas dolosas en los contratos de crédito que regula la ley, asegurando con esto que la intervención que tiene el Notariado verdaderamente sirva para lograr el equilibrio de las partes que intervienen en los contratos que la ley regula. Por lo que en la presente iniciativa se busca incluir los siguientes aspectos: Primero.- Que las entidades financieras se obliguen a entregar la oferta vinculante a sus posibles clientes, aunque ellos no los soliciten para así otorgar al acreditado la posibilidad de comparar las condiciones que ofrecen cada una de las instituciones. Segundo.- El contenido de las cláusulas financieras se deberá poner a disposición de los solicitantes del crédito por parte de las entidades financieras para informarlos oportunamente de los pactos que tendrán que aceptar al momento de formalizarlo, transparentando con ello las condiciones del otorgamiento del mismo. Tercero.- La facultad del notario de no formalizar aquellos contratos de crédito que no contengan el clausulado financiero aprobado por el posible acreditado en la entidad financiera o bien impongan obligaciones pecuniarias en contra del acreditado en las demás cláusulas del referido contrato. La presente iniciativa coadyuvará al desarrollo económico del país, toda vez que la fomentar el crédito hipotecario el posible acreditado o cliente en las entidades financieras tendrá mayor seguridad de involucrarse con un crédito seguro y adecuado a sus posibilidades económicas, así como que éstas se obligarán a mejorar los servicios proporcionados que dando mayor competencia entre ellas. Por todo lo anterior nace la necesidad de incorporar de manera clara y precisa dentro del texto de la ley mayores garantías a los posibles acreditados al contratar un crédito hipotecario, por lo que el suscrito, Jaime del Conde, somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: PROYECTO DE DECRETO que reforma y adiciona los artículos 6, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. Es cuanto, diputado presidente. El