EL C. DIP. FRANCISCO DE JESUS DE SILVA RUIZ: Con su venia señor Presidente. Señor Secretario don Alejandro Gertz Manero. Compañeras y compañeros diputados: La Constitución, en su artículo 21, ha dispuesto la obligación del Estado de velar por la seguridad pública señalándose el mandato para que todas las instituciones policiales del país se organicen bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Como se sabe, el escenario social de inseguridad pública es generalizado; el temor a la criminalidad es una realidad, por ello debe ser una prioridad nacional la función de seguridad pública. Es innegable que durante las últimas dos décadas del siglo XX, vivimos un acelerado incremento de la violencia y la delincuencia; tenemos que decirlo, la protección y la seguridad de la sociedad es un elemento imprescindible para la realización plena de las actividades productivas, el fortalecimiento de la vida democrática y la defensa de una convivencia civilizada de nuestra sociedad. Acción Nacional parte del convencimiento de que no hay desarrollo sin seguridad, que no hay progreso sin orden social y sin paz, que el delito es una amenaza grave a la tranquilidad de las personas, de su familia y su patrimonio; el delito es una amenaza a la unidad del tejido social. Desde hace mucho tiempo el PAN manifestó la necesidad de una política criminológica en la seguridad pública, es decir una política que parte de una óptica integral que considere todos los aspectos que en ella concurren como son el social, económico, político, cultural y educativo. Aquí y ahora sostenemos nuevamente que debe ser a través de una política criminal del Estado que comprenda un conjunto de previsiones, decisiones y acciones concatenadas, coherentes y permanentes como debe combatirse la inseguridad en el país. Sólo mediante la observación, el estudio y el conocimiento integral de la conducta delictiva, se le puede combatir eficazmente. El Estado debe combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollar políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad. Son precisamente estas razones las que motivaron que el grupo parlamentario de Acción Nacional replanteara e impulsara ante esta soberanía nacional la necesidad de crear la Secretaría de Seguridad Pública que usted, señor Secretario, encabeza. En efecto, dicha Secretaría se creó para asegurar a las mexicanas y mexicanos la debida protección de su integridad física y patrimonial, así como un ambiente propicio para su desarrollo, objetivo fundamental a que debe aspirar todo gobierno democrático, garantizar el goce de las libertades fundamentales de todos los habitantes del país. No obstante, habría que reconocer que a pesar de estos esfuerzos legislativos y los que la Secretaría de Seguridad Pública ha realizado, no se ha generado el impacto que los mexicanos esperan. Sin embargo, esperamos que usted, señor Secretario, así como los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública rindan buenos frutos a la sociedad, conscientes de que sólo hay credibilidad si hay resultados, concreción y satisfacción a la demanda de seguridad pública. No cabe duda que requerimos de una mayor profesionalización de los cuerpos policíacos, esto difícilmente podrá lograrse si no hay un cambio cualitativo que implique una atención adecuada de las corporaciones policiales, actualmente tan disímbolas en cuanto a su formación profesional, capacitación, sistemas de información y comunicación, debemos entonces partir de su renovación. Señor Secretario: Es indispensable acelerar y concretar un auténtico servicio civil de carrera. Se ha dicho ya que la función de seguridad pública corresponde a la federación, estados y municipios del país. En tal sentido, es necesario que la Secretaría a su cargo intensifique la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consideramos que la responsabilidad de dicha dependencia para apoyar y fortalecer la adecuada operación y funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública resultan fundamentales para la solución de esta grave problemática nacional. Hay que decirlo, el saldo en este sentido no responde a las expectativas que se plantearon cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nosotros no aceptamos que dicho sistema sea sólo un intermediario para hacer llegar recursos a los estados, apostamos por un consejo que sea un auténtico laboratorio de propuestas y acciones en política criminal, eso queremos, señor Secretario, el país entero así lo reclama. Es de todos conocido, que derivado del Sistema Nacional de Seguridad Pública creado en 1995 se destinaron fondos federales para la seguridad pública, impartición y procuración de justicia. No cuestionamos la inversión, sin embargo con firmeza nos pronunciamos a favor de un diagnóstico de los resultados auditables, de las inversiones y su productividad, con el objeto de que se valore si las acciones emprendidas por la administración anterior fueron las que deberían ser, porque a los ojos de los mexicanos pareciera no ser así. Decidamos entonces si continuamos el mismo camino o reorientamos las decisiones. En mi grupo parlamentario, afirmamos que si no nos ocupamos de la modificación de estructuras sociales, familiares, culturales e institucionales en las que se dan las conductas antisociales, no estaremos resolviendo en realidad el problema y la Secretaría a su cargo sólo estaría realizando una lucha parcial y superficialmente inútil. La prevención del delito debe ser entendida como la tarea de aparejar y disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin. Por lo que hace en materia criminológica, prevenir es el conocer con anticipación la probabilidad de una conducta criminal, disponiendo los medios necesarios para evitarla. Debemos entonces prevenir antes que castigar. En este contexto, señor Secretario, compartimos con usted el que la seguridad pública debe ser un logro a priori y no a posteriori. No debe ser la mera consecuencia de una intervención represiva, sino un fin policial al que se tiende a través de medidas preventivas. Conocemos las acciones positivas que la Policía Federal Preventiva ha realizado, sin embargo, consideramos que la prevención del delito no debe ser encasillada o entendida como la mera acción operativa o de gendarmería de dicho cuerpo policial preventivo. Saludamos las acciones que se han venido realizando en materia de prevención por parte de la Secretaría, más aún cuando se ha emprendido una tarea gubernamental de visión planificada mediante una acción de Estado, integral, encaminada a las investigaciones para tener un diagnóstico global sobre las actitudes personales y los hechos sociales concurrentes en la génesis del delito. Sin duda, con ello la Secretaría avanza en la concreción de la política criminal encomendada. Por otra parte nos han informado que la Secretaría a su cargo modifica el paradigma respecto de la planeación de objetivos, por una planeación de resultados que se mida en el impacto y la percepción de la ciudadanía. Esto debe ser tangible en los índices delictivos, y por ello han decidido usted, señor Secretario, trazar una meta que reduzca la incidencia delincuencial del fuero federal.