La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, actualmente nos encontramos ante la problemática de sobrepoblación en todos los centros penitenciarios, lugares en los que además no existe la clasificación correcta de las personas que se encuentran ahí recluidas, los procesados están mezclados con los sentenciados con diferentes niveles de peligrosidad; esto es porque el espacio es insuficiente para llevar a cabo su selección y tratamiento, lo cual trae consigo la contaminación criminal, el perfeccionamiento del modus operandi y la integración de organizaciones nuevas para delinquir. El número de internos en el país ha tenido un crecimiento importante en los últimos 10 años, que prácticamente ha rebasado cualquier medida de ampliación o modificación carcelaria, crecimiento que se debe a problemas como la inseguridad, la corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada, tráfico de armas, aumento en el consumo de drogas, desintegración familiar, economía nacional, entre otros factores. Pero también se deben mucho a políticas reformistas que focalizan las soluciones en actitudes que obedecen más a una conducta retributiva que a la prevención general de las conductas delictivas. Según el informe del Consejo Nacional de Seguridad Pública respecto de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la población carcelaria en toda la República Mexicana es de más de 226 mil 976 internos, 50 mil 467 reos son del fuero federal y 176 mil 509 son del fuero común. Lo anterior es alarmante y es prueba de que el Sistema Federal Penitenciario es un fracaso. La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 plantea importantes cambios en la incorporación de nuevos institutos y prácticas a nuestro sistema de justicia, en cuanto a la prevención social del delito, seguridad pública, procuración y administración de justicia, ejecución de sanciones y justicia de adolescentes. En cuanto a la ejecución de sanciones y específicamente de la pena privativa de libertad, la reforma constitucional al artículo 18 sustituye el término de readaptación social por el de reinserción social. Se enfatiza el trato humano a todo prisionero valorándolo como sujeto y no como objeto de derecho. Se establece cómo debe realizarse el proceso de la reinserción social del sentenciado que será a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y las actividades deportivas. Por lo anterior, se hace necesario impulsar un marco jurídico que conlleve a la creación de una ley federal que comprenda un nuevo sistema de ejecución de penas y medidas de seguridad que incluya no sólo el régimen individualizado, progresivo y técnico como parte del sistema penitenciario, sino que también se redistribuyan las atribuciones entre autoridades judiciales y administrativas en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad. Es así que la administración penitenciaria sería la responsable materia de la ejecución penal y al juez de ejecución de penas le corresponderá asegurar a través de sus resoluciones el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad, lo cual va a permitir que se eliminen las discrecionalidades de la autoridad administrativa como hoy sucede, sin reglas claras de seguridad jurídica, de defensa y de debido proceso. Por tanto, la iniciativa de Ley Federal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que propongo ante esta soberanía viene a sustituir a la primera ley que se promulgó a nivel federal en esta materia, la Ley Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados del año de 1971. La presente ley es reglamentaria del artículo 18 constitucional y consagra el principio de especialidad mediante la cual el Sistema Federal Penitenciario está encargado de jueces de ejecuciones especializados en la materia de ejecución de sanciones penales quienes cumplirán con la aplicación del derecho y tendrán facultades de ejecutar las penas y medidas de seguridad y de resolver lo concerniente a su extinción, sustitución, modificación y duración para que el sentenciado pueda alcanzar su libertad anticipada y la remisión parcial de la pena como un beneficio. Asimismo la iniciativa propuesta contempla el procedimiento de ejecución de la pena el cual se resuelve en base a una audiencia oral del sentenciado, en donde se reconocen todos sus derechos fundamentales que consagra la Constitución General de la República y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En dicho procedimiento participará el defensor de oficio o el defensor particular del sentenciado para ofrecer pruebas, intervenir en su desahogo y combatir jurídicamente las pruebas del Ministerio Público y los acuerdos y resoluciones del juez de penas. Por lo anterior, propongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, así como reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diputado presidente, dada la brevedad del tiempo para la exposición de esta iniciativa, le solicito que su texto íntegro se incluya en el Diario de los Debates. Gracias.