El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Gracias, señor presidente. La iniciativa en comento contiene reformas a los artículos 115 y 116 de la Constitución General de la República. El establecimiento del periodo constitucional de cuatro años para los ayuntamientos del país; la homogeneización del primero de enero como fecha de inicio de los periodos constitucionales de los ayuntamientos; la determinación de las bases para la integración de los ayuntamientos; y la creación de organismos representativos de los Ejecutivos locales, así como de los ayuntamientos de México, a efecto de que se puedan constituir en órganos de consulta de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales, cuando en la actuación de éstos últimos aborden asuntos que de manera general impacten al ámbito estatal de gobierno o al ámbito municipal de gobierno. Las tres primeras reformas responden a la necesidad de contribuir a la racionalidad política y administrativa en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos del país. Entre muchos más argumentos vertidos en la iniciativa con el establecimiento de un periodo de cuatro años, los ayuntamientos dispondrían de tiempo suficiente para la planeación, ejecución y evaluación de los programas y acciones bajo su responsabilidad, puesto que para nadie es un secreto que el periodo de tres años vigente en 29 de los 31 estados del país, resulta a todas luces insuficiente para los propósitos antes señalados. El establecimiento del primero de enero como fecha de inicio del periodo constitucional de los ayuntamientos con el objeto de posibilitarlos para participar con oportunidad entre otros aspectos, en los procesos de integración de los planes de desarrollo municipal, leyes de Ingresos, presupuestos de Egresos y en la indispensable coordinación que se debe dar entre los ámbitos federal, estatal y municipal en la operación de los programas de carácter regional y sectorial. Estaría también adicionándose la determinación de bases para la integración de los ayuntamientos como un factor que puede contribuir a la racionalidad política y administrativa, puesto que además de generarse importantes ahorros en la Hacienda municipal, se podría contribuir de manera importante a la gobernabilidad, ya que contribuiría a la construcción de consensos y por supuesto permitiría elevar el nivel de eficiencia y de eficacia del ámbito municipal de gobierno. Con lo anterior se evitaría lo que hoy sucede en 21 estados de los 31 que conforman la federación mexicana, puesto que teniendo fechas diferentes de inicio del periodo de gestión están, por lo tanto, imposibilitados en coordinarse con el ámbito estatal y con el ámbito federal y por supuesto no tienen posibilidades de opinar respecto de la integración de las leyes de ingresos, de los presupuestos de egresos y de algunas otras acciones que de manera coordinada se tiene que realizar con los ámbitos federal y estatal de gobierno. Por otro lado, la transición de la hegemonía del PRI, a las condiciones de pluralidad, de competencia, obligan a que el andamiaje jurídico institucional de nuestro país se modifique sin trastocar las bases fundamentales de organización que nos hemos dado para México, resulta indispensable que los ejecutivos de los estados, así como los ayuntamientos del país, puedan tener la oportunidad de opinar repito tratándose de decisiones, tanto del Ejecutivo federal como del Legislativo federal que afecten de manera general el ámbito de competencia de cada uno de los antes mencionados. Reitero mi agradecimiento por la oportunidad de presentar esta iniciativa y hago un exhorto a los compañeros, para que la puedan revisar, para que la puedan leer y de considerarlo conveniente, pudiesen apoyar su aprobación. Seguro estoy que será para bien de nuestro país. Muchas gracias.