La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Honorable asamblea, el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la asamblea general ha declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A 13 años de la declaratoria en qué situación estamos con respecto a la violencia hacia nosotras las mujeres, de acuerdo con cifras del Inegi el rostro de la violencia hacia las mujeres es más que público y evidente, se estima que alrededor de 24 millones de mujeres de 15 años y más había experimentado al menos un acto de violencia a lo largo de su vida, cuatro de cada 10 mujeres que tienen o han tenido una pareja han sido agredidas por ella en algún momento de su vida marital. Más de la mitad de quienes han enfrentado violencia física corresponde a agresiones que directamente ponen en riesgo su vida, el 70 por ciento de los casos de mujeres con violencia física y/o sexual de pareja son de una severidad grave o muy grave. El estado de México presenta la prevalencia más alta de violencia física y/o sexual con un 33.3 por ciento, seguido por el estado de Tabasco con el 33.1 por ciento; y con prevalencias un poco más bajas Puebla con el 30.5, Jalisco con el 30.4 y Guerrero con el 29.2 por ciento. El mayor nivel de severidad de las agresiones físicas y sexuales de la pareja se ubica en los estados de Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila. Alrededor de la mitad de las mujeres que enfrentan violencia severa creen que provocan o provocaban el enojo o malestar de sus esposos o parejas porque opinan diferente o lo desmienten, no le obedecen, no le piden permiso, no le dedican suficiente tiempo o atención, o no muestran interés o deseos por tener relaciones sexuales. La tasa de muertes por violencia en 2009 fue del 23.2 muertes por cada 100 mil personas, cerca de 3 mil fueron de mujeres y 22 mil de hombres, lo que arroja una tasa de decesos intencionales por cada 100 mil de 5.3 para las mujeres y de 41.7 para los hombres. La tasa de homicidios más alta se registra en el estado de Chihuahua, que pasó de 3.6 en 2005 a 13.1 homicidios de mujeres por cada 100 mil en 2009, así como los estados de Baja California con 10.1; Guerrero, 10.1; Durango, 7.1; Sinaloa, 6.0; Sonora, 5.1 y Tamaulipas, 4.5. Diputadas y diputados, en nuestro Grupo Parlamentario vemos que las leyes que aprobamos aún no forman el eje rector de las políticas públicas del Estado mexicano. Vemos que las entidades federativas la evolución de la cultura de no violencia hacia las mujeres es lenta y en varios casos hasta en sentido contrario de la federal. Vemos que la calidad de los programas públicos aún se encuentran en la fase de asistencia social y que no han dado pasos para garantizar los derechos de las mujeres en los ámbitos laboral, escolar, de salud, políticos y de procuración de justicia. Hoy el feminicidio está tipificado como delito en nuestro Código Penal Federal. Al respecto el Código señala: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género continúa el Código cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando a la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima; haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso; acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. La pena a quien cometa el delito de feminicidio es de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Esperamos de la Procuraduría General de la República la persecución de este delito con todos los recursos de los que dispone y que sean elevadas a rango de prioridad. De los jueces esperamos que amplíen su criterio para calificar los delitos contra las mujeres como feminicidio y lleven justicia a las familias de las víctimas. Exigimos desde el Partido del Trabajo ni un caso más impune en el que se encuentre como víctima una mujer. Mi grupo parlamentario expresa su rechazo a la reforma que pretende sectorizar al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Secretaría de Desarrollo Social, y nos pronunciamos por el respeto a la personalidad jurídica del instituto. En este sentido no admitiremos la disminución del organismo en detrimento de nuestros derechos. Es todo, señor presidente. Gracias.