La diputada Guadalupe Hernández Correa: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, buenas noches. La presente intervención es para someter a consideración de este pleno la reserva a los artículos 7, 19, 29, 30, 33, 34, 38 y 41 del dictamen a discusión, con la única finalidad de homologar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 con la normatividad aprobada en esta Cámara en materia de transparencia y acceso a la información pública y el combate a la corrupción. La falta de confianza en la ciudadanía respecto de las instituciones es sumamente elevada en nuestro país. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), ha documentado a través de múltiples instrumentos que más de 60 por ciento de la ciudadanía desconfía de instituciones como la Policía, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial y, por supuesto, la Presidencia de la República. Las principales razones que esgrime la ciudadanía para tener tales niveles de confianza son, entre otras, que los políticos solo ven por sus intereses, que los políticos no trabajan a favor de la ciudadanía, la corrupción, la impunidad, la falta de acceso a la justicia, la desigualdad y la pobreza. En nuestro país este derecho está expresado en el artículo 6o. de la Constitución mexicana, con la alternancia en el poder y la presión de las organizaciones no gubernamentales. Generaron espacios para la participación ciudadana, lo que ha permitido exigir que las acciones gubernamentales se transparenten y que todo aquel que reciba recursos públicos rinda cuenta de sus acciones. Es un derecho de la ciudadanía conocer en qué gastan nuestros impuestos y, por consiguiente, el manejo de los recursos públicos. Para Morena es imprescindible que se transparente y se rindan cuentas respecto de los recursos públicos que son destinados a los programas sociales, toda vez que en diversos momentos se ha hecho del conocimiento público que el destino final de dichos recursos han sido para financiar las campañas políticas y, en el peor de los casos, en enriquecimiento ilícito de servidores públicos, como Enrique Ochoa Reza, Emilio Lozoya Austin, Luis Videgaray, el prófugo Duarte de Ochoa, Guillermo Padrés, César Duarte, Roberto Borge, Gerardo Ruiz Esparza, solo por mencionar los casos más emblemáticos de corrupción en la administración pública. Así lo hemos reclamado y lo seguiremos exigiendo. El buen juez, por su casa empieza. Por ello, no quitaremos el dedo del renglón de transparentar y rendir cuentas de todo recurso público. Seguiremos insistiendo a la Junta de Coordinación Política instruya en lo mediato la instalación de la comisión investigadora solicitada a iniciativa de Morena por 214 diputadas y diputados, para que se esclarezca el posible conflicto de intereses en que incurrió Peña Nieto al beneficiar con diversos contratos al Grupo Higa, que vendió a la esposa del presidente la Casa Blanca. Este escándalo y otros, aún no aclarados, ha llevado al descrédito del titular del Ejecutivo y al bajísimo nivel de aceptación popular de su gobierno, a pesar del perdón solicitado. Me permito leerles un anexo. México carece de una política energética soberana y que nos garantice nuestra seguridad energética en el largo plazo, con un sentido sustentable. Por el contrario, las modificaciones a la Constitución del año 2013 y las nuevas leyes secundarias del sector energético mexicano, garantizan un marco de saqueo de nuestros recursos estratégicos no renovables, esta errática política energética mantiene divorciado al mundo petrolero mexicano de su realidad eléctrica. Aún casi el 80 por ciento de nuestra energía eléctrica se produce con combustibles fósiles. Uno de los puntos críticos derivados de la reforma energética se refiere al comportamiento de las tarifas eléctricas. Se nos prometió que las tarifas bajarían gracias a la introducción de la competencia de un mercado eléctrico, posteriormente se mintió a la población y se le atribuyó una baja en las tarifas a la reforma energética y no a la baja de los precios de los combustibles, como la misma Comisión Federal de Electricidad lo reconoció, y todavía peor, para manipular a la opinión pública, se decidió bajar unos cuantos puntos a las tarifas del servicio básico, cuando ustedes y nosotros sabemos que son las que reciben subsidio, por lo que bajarlas significa simplemente aumentar el subsidio. Otro tema que le resta competitividad a la Comisión Federal de Electricidad, que es la nueva regla del juego en nuestro país, son las aportaciones que hace para electrificaciones de zonas rurales y colonias populares, que igualmente en el 2015 le presentó 625 millones de pesos. Finalmente, le debemos agregar en este primer paquete de Apoyamos a la Competitividad de Comisión Federal de Electricidad, los adeudos de municipios que enfrentan dificultades para regularizar sus pagos tanto de alumbrado público, principalmente de otros servicios que asciende a 2 mil 953 millones en el informe de 2015. Lo menos que se puede decir de los resultados y de la gestión en el sector energético mexicano, posterior a la reforma energética, es que se cumplen los peores augurios de quienes nos opusimos radicalmente a ella. Pemex y Comisión Federal de Electricidad van más rápido de lo previsto a su desaparición, con altos costos para los mexicanos, quienes estamos perdiendo con ello grandes masas de riqueza y décadas de ingeniería y capacidad productivas mexicanas. Es por todo esto urgente que le dotemos a la Comisión Federal de Electricidad de un mayor subsidio a las tarifas eléctricas, como lo propone Morena, y actuemos con responsabilidad con los usuarios más empobrecidos para la propia empresa, hoy inmersa en una competencia totalmente desventajosa. Es cuanto, presidente.