La diputada María del Carmen Izaguirre Francos (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: La que suscribe, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, también de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa en la que se adicionan los artículos 182 bis, 211 bis, 211 ter y se derogan los artículos 212 y 213, todos del código Civil Federal en materia del régimen de separación de bienes, al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La unión de dos personas para formar una familia es, sin lugar a duda, una forma de asociación que debe, como lo está, ser regulada mediante el contrato de matrimonio que es, a la vez, un acto de voluntad de los contrayentes, y por otro, el reconocimiento de la sociedad y de las autoridades a esa familia que forman de manera legal. En nuestro país la forma de organización predominante, es que en las familias sólo el esposo trabaja en el mercado laboral y la mujer se encarga del trabajo doméstico. El motivo de nuestra propuesta para la modificación en el matrimonio civil del régimen económico de separación de bienes, es la búsqueda de equidad en los derechos que nacen con dicha unión. La labor de diversa índole que realiza cada individuo bajo ese estado civil, no siempre es retribuida. Es común que en nuestra era modernizada y globalizada, aún conviven hombres, pero sobre todo mujeres que dedican su esfuerzo y labor al buen desarrollo del matrimonio que conforman, sin obtener para la sociedad civil o para sí, ingreso económico que no sean recibidos mas que por el otro cónyuge, quien dedica su tiempo a la consecución de los ingresos económicos, familiares y sobre todo individuales. Un claro ejemplo de la búsqueda de la equidad y justicia que conforma un fundamento de modernidad es que la igualdad no provoque la acentuación de las desigualdades, motivo por el cual nuestro país ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. La consecuencia de la ruptura de la unión matrimonial o simplemente la separación de ésta, no implica una desigualdad o falta de equidad en el contrato civil de matrimonio. Lo que resulta verdaderamente inequitativo es una ruptura o separación bajo el régimen de separación de bienes, ya que esto implica el desamparo y la desigual liquidación de bienes de la sociedad conyugal, ya que el cónyuge que dedicó mayor tiempo y esfuerzo al desarrollo propio de la familia no puede reclamar de esa unión de sociedad civil más que lo que no se hubiese gastado de sus bienes propios que administre lógicamente el cónyuge económicamente activo o casi siempre no puede reclamar nada. El contenido legal del régimen de separación de bienes contiene aspectos que tienden a favorecer la discriminación respecto del cónyuge que no se desarrolla económicamente dentro del matrimonio y coloca en un lugar privilegiado al que por las circunstancias o por acuerdo es el que se beneficia económicamente del crecimiento, casi siempre en su exclusivo patrimonio. El argumento de propiedad exclusiva bajo el régimen de separación de bienes no solo es obsoleto, es contrario a la equidad y a la igualdad entre quienes forman el matrimonio, ya que las reglas de conducta convencionales o legales no pueden producir riqueza en uno de sus miembros y en contrario pobreza económica en el otro. Por lo que proponemos modificar el régimen de separación de bienes. Así el cónyuge no propietario tendrá derecho a una indemnización de un máximo del 50 por ciento únicamente de los beneficios que por cualquier título obtenga el cónyuge propietario. Un aspecto más, los hijos que de algún modo han participado para la obtención de ganancias económicas en bienes, derechos y acciones que solo pertenecen a uno de los cónyuges, también tendrán derecho sobre esos beneficios, sin que de ningún modo sobrepasen el 50 por ciento de las ganancias obtenidas. Por lo tanto, el juez para calcular la indemnización sobre los frutos gananciales de bienes propios del cónyuge propietario deberá tomar en cuenta el número de años de la convivencia familiar, otorgando de dos años de convivencia si no han llegado a 2 años el 10 por ciento. Cuando hayan llegado a 4 años el 20 por ciento. Cuando pasen de esos 4 años el 30 por ciento y cuando llegue a 6 años el 40 por ciento. Cuando rebasen los 8 años el 50 por ciento. Aclaro: de las ganancias. Compañeras y compañeros Diputados: En la actualidad no podemos permitir que las leyes no vayan en la búsqueda de lo justo y mucho menos que intervengan como factores que produzcan inequidad. Es por ello que presentamos a esta honorable asamblea la presente iniciativa. Señor Presidente: Hago entrega a la Secretaría del texto de la iniciativa, la cual solicito se publique íntegramente en el Diario de los Debates. Compañeros: Gracias por su atención. (Aplausos)