EL DIP. FRANCISCO CUAUHTEMOC FRIAS CASTRO: Compañeras y compañeros diputados: La construcción de nuestra democracia es resultado del gran esfuerzo de muchos mexicanos a lo largo del tiempo, desde los liberales del siglo pasado, hasta la situación institucional de nuestros días, pasando por Madero y el Constituyente del 17. Es en estos años, sin embargo, cuando tales esfuerzos han adquirido un matiz culminante. Legalidad y legitimidad, se expresan ahora a través de un sólido entramado institucional que tiene como cimiento a la Constitución y la irreversibilidad democrática que los mexicanos decidimos. El cambio político e institucional en nuestra democracia no podría ser más evidente en éstas décadas recientes. Mencionemos algunas de las reformas que cristalizan ese cambio; la de 1963 que introduce la figura de diputados de partido que posibilitó la expresión legal de voces políticas, hasta ese entonces no escuchadas; la de 1970 que amplía el derecho de sufragio a partir de los 18 años; la de 1973 que incrementa el número de diputados y reduce el umbral mínimo para conservar el registro; la de 1977 con la expedición de la LOPE que introduce el sistema de representación proporcional y fortalece las atribuciones de la entonces Comisión Federal Electoral; la expedición del Código respectivo en 1987 y la ampliación de la representación proporcional; la promulgación del Cofipe en 1990 y la creación del Instituto Federal Electoral, como organismo público encargado de organizar las elecciones; la instauración de un Tribunal Federal Electoral en 1993, así como la ampliación del Senado, hasta llegar a la reforma de 1996. Como se puede ver, el avance democrático es un logro de muchos, pero me enorgullece de sobremanera la destacada, por no decir esencial participación en el mismo, de mi partido y de quienes lo han representado en este Congreso de la Unión. Hay incluso ahora, en nuestra fracción, honrándola, protagonistas distinguidísimos de las reformas, que hoy le dan solidez y certidumbre a nuestra vida democrática. El orden jurídico se moldea y se adapta a las nuevas realidades, a nuevos reclamos ciudadanos; el pasado proceso electoral federal dejó en claro la insatisfacción social, respecto a características diversas de las expresiones representativas y electorales. En términos concretos, se palpó la inconformidad con la profusión de expresiones político-electorales, con escasa raigambre en las preferencias ciudadanas y en la idiosincrasia nacional. También se percibió la insatisfacción evidente de la ciudadanía con lo que consideraron gastos excesivos en materia electoral y concretamente en las campañas. Más aún, cuando ello se contrasta con el cúmulo de necesidades sociales insuficientemente satisfechas por la carencia de recursos para atenderlas. Tan solo baste considerar que en este año que está por finalizar, se asignaron por financiamiento público más de 680 millones de pesos a partidos que no obtuvieron los mínimos legales de votación y que, por tanto, carecen de representación en el Congreso de la Unión; no está de más observar que en esta cifra no se incluye el financiamiento a las 76 agrupaciones políticas nacionales por más de 48 millones de pesos. Tales montos bien pudieran destinarse a la satisfacción de necesidades por atender, como lo han constatado las comisiones competentes, que en largas jornadas realizan importantes esfuerzos para poder distribuir los ingresos del pueblo de México. Por ello hoy acudo a esta tribuna, para razonar y defender el dictamen que está a consideración de este Honorable Pleno, dictamen que aspira a recoger algunas de esas demandas de la ciudadanía sobre el costo y permisividad de nuestro sistema electoral. El dictamen comprende la reforma de nueve artículos del Cofipe, siete de ellos previstos en la minuta que nos envió el Senado y dos más, agregados por las dictaminadoras para efectos de uniformidad y congruencia del cuerpo legal. En él se acentúan los requisitos necesarios para que una agrupación política pueda convertirse en partido político nacional, ello al aumentar los requisitos de presencia nacional en términos de afiliados, distritos electorales y entidades federativas. Asimismo, se prevé que la verificación que de los primeros haga el IFE sea sobre la base de un padrón actualizado, dado el engrosamiento de éste por parte de jóvenes, que entre los diversos procesos electorales se van incorporando a la vida política nacional. Por último y con el fin de permitir verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en materia de representación legítima por nuestro orden jurídico, se establece, a efecto de evitar fraudes a la ley, el que tan sólo para la primera elección inmediata posterior a su registro, los nuevos partidos no podrán celebrar coaliciones, fusiones o frentes. No sobra mencionar que en el caso de las agrupaciones políticas se facilita su constitución, se facilita su tránsito a partidos políticos. El derecho de asociación como garantía individual, es en todo momento respetado y armonizado con el uso republicano de los recursos públicos destinados a generar nuestro sistema representativo. Lo que siempre ha existido, no sólo ahora, es la necesidad de establecer modalidades a las distintas formas de asociación ciudadanas, cuando éstas tienen consecuencias públicas en términos de representación política. La renovación constante de las instituciones nacionales, es un proceso en movimiento. Siempre serán necesarias adecuaciones a condiciones y requerimientos sociales diversos y cambiantes. Sin embargo, posponer reformas necesarias, posibles y viables en aras de conseguir una gran reforma integral, concebida como momento fundacional, es renunciar a servir necesidades sociales; hay que entender momentos y circunstancias; es nuestra convicción que el presente dictamen entiende los actuales y atiendes a reclamos ciudadanos de sobra justificados. Compañeras y compañeros diputados, los invito a escuchar la voz del pueblo y a hacer la ley para el bien de México. Muchas gracias.