El diputado Benjamín Robles Montoya: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros. Este dictamen de verdad sin duda es relevante para la democracia mexicana, que debo insistir logró una etapa fundamental de consolidación el pasado primero de julio. Este dictamen, compañeras y compañeros, lo entendemos en un nuevo consenso que obliga a quienes buscamos el respaldo popular a hacer bien las cosas, y lo digo porque la cuarta transformación con pasos como estos está dando por finalizada la impunidad que protegía a gobernantes para incidir en los resultados electorales. Sí, adiós al pasado corrupto. Adiós al robo de elecciones. Adiós al uso de servidores públicos para favorecer candidaturas de Estado. La Comisión de Gobernación y Población nos propone una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que viene a complementar el régimen de responsabilidades administrativas con medidas especializadas para la materia electoral. Se establecen, como aquí se ha señalado, con pleno respeto al principio de taxatividad sanciones administrativas para los servidores públicos que indebidamente participen en el proceso electoral, sin menoscabo de las sanciones penales que pudiesen originarse. Como lo refiere también el dictamen, así se sanciona la participación indebida del aparato burocrático que pone en grave riesgo la equidad que debe caracterizar a cualquier elección. Compañeras, compañeros, creemos en el PT que los recursos con los que cuentan los gobiernos pueden superar significativamente las capacidades de las candidaturas y mucho más, mucho más, si se generan coacciones a la ciudadanía a través de la entrega de recursos o en condicionamiento de programas y apoyos. Por eso reiteramos que en el Partido del Trabajo anunciamos nuestro voto a favor del presente dictamen porque abona precisamente a la integridad del servicio público. Lo anterior significa, compañeras y compañeros, que también respaldamos medidas complementarias porque entendemos que esta reforma se inscribe en un contexto integral del combate a la corrupción y de la protección a la equidad electoral. Asumimos que el servicio público debe ser imparcial, neutral y objetivo, porque la función más relevante de los gobiernos debe ser la garantía de derechos y servicios públicos. Cada alteración de la normatividad administrativa conlleva a costos arbitrarios para los ciudadanos. Cada servidor público distraído en actividades electorales indebidas cuesta en términos presupuestales y democráticos o burocráticos enormes cantidades. Una silla vacía representa que miles de ciudadanos encuentren oídos sordos frente a sus necesidades pero no sólo eso. También representa la máxima corrupción que puede haber del gobierno. Así han sido años de lucha por elecciones limpias por parte de nuestro movimiento, encabezado desde siempre por el hoy presidente de la República, y nuestra coalición sabe que la intervención gubernamental genera fraudes electorales. Nuestro compromiso está, por lo tanto, con las elecciones limpias, con que cualquier opción pueda ganar en las urnas, pero mediante el voto libre y secreto de la gente. La razón es sencilla: la democracia es de la gente y los gobiernos se deben a la ciudadanía. Por lo tanto, reconocemos el esfuerzo de la comisión, y nuestro voto en favor será para mantener la democracia que hemos alcanzado. No permitiremos regresiones. La cuarta transformación llegó para quedarse. Es cuanto, diputado presidente.