EL C. DIPUTADO HUGO CAMACHO GALVAN: Licenciado Carlos Abascal Carranza, Secretario de Trabajo y Previsión Social, compañeras y compañeros legisladores: en el desempeño de las actividades realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenemos que reconocer avances y rezagos. Respecto de los primeros reconocemos que desaparecieron de las acciones de gobierno los topes salariales, la requisa, la declaración de inexistencia de huelga y la firma de pactos que atentaban contra los derechos laborales. La reforma laboral, compromiso del actual gobierno federal, busca otorgarle a los factores de la producción las herramientas y la información necesaria para que sean ellos quienes decidan, bajo su responsabilidad y con base a la ley, las diversas negociaciones que permitan la continuidad de los procesos productivos. Ejemplo de ello son las negociaciones de los últimos meses que han determinado incrementos salariales en donde no se perdió de vista la situación financiera de las empresas, de tal manera que no se pusieron en riesgo estas fuentes de trabajo. Estamos ante una nueva forma de instrumentar la política laboral. En nuestro país, y además que pretende hacer más responsable y dinámica estos procesos de negociación, que deberá ser un sello distintivo de esta administración. Los diputados del Partido Acción Nacional reiteramos nuestro compromiso de que la reforma laboral que apruebe esta soberanía se traduzca en un ordenamiento que acabe con las dificultades que han sumido en un profundo deterioro a las relaciones laborales, bajo el principio de que el trabajo humano tiene un valor superior al capital, por lo que no puede ser considerada una mercancía. Las personas son superiores a las cosas, por lo que éste es el medio fundamental para la realización del ser humano. Así, nos pronunciamos por una nueva cultura laboral en la que el trabajo dé su naturaleza social, su cooperación al bien común y no admita condicionamientos ni abusos por razones políticas ni razones religiosas, raciales, ni mucho menos de explotación económica, especialmente tratándose de mujeres y de niños. Nuestro compromiso es buscar los cauces institucionales que corrijan el rumbo del desarrollo y a la vez faciliten la transición laboral, desde el viejo arreglo corporativista y autoritario hacia uno sustentado en la democracia, la transparencia y la autonomía de las organizaciones sociales frente al Estado. En otras palabras, se trata de crear formas democráticas de gobernabilidad laboral, así como satisfacer a los intereses legítimos de los actores, en un terreno de juego equilibrado, a través de las instituciones y la vigencia plena del estado de derecho. El Partido Acción Nacional está empeñado en luchar por un marco jurídico en el que los trabajadores tengan derechos laborales plenamente respetados y libertad sindical que fomente una nueva cultura laboral que permita la coparticipación y cogestión de las empresas, que proteja, efectivamente, los derechos laborales de las mujeres, los niños, los adultos mayores y haga compatible el crecimiento económico con la productividad, la remuneración justa y la promoción del empleo, que otorgue justicia laboral a través del Poder Judicial, dejando atrás las juntas de conciliación y arbitrajes, dependientes del Ejecutivo. Nuestra posición respecto a los sindicatos es que deberían buscar una redefinición del régimen sindical y los derechos colectivos, porque es necesario restaurar el papel de los sindicatos en tanto que representan los intereses de los trabajadores, garantizando su plena autonomía, como parte de un proceso más amplio de devolución de las organizaciones sindicales a la sociedad. Esto supone una creación de un contexto político y un marco jurídico que permita el desarrollo organizativo autónomo, con base en criterios libremente decididos por quienes forman las organizaciones. Garantías que aseguren la libre competencia entre las opciones dentro y entre los sindicatos, la libertad individual de los trabajadores e impidan la injerencia externa de cualquier tipo de gobierno, de empresarios y de partidos políticos. Acotar la discrecionalidad del Estado, especialmente del Poder Ejecutivo, no supone minimizar su papel como vigilante del respeto de la legalidad e impulsor y garante de los acuerdos sociales a los que lleguen los interlocutores, sino hacerlo más transparente y limitado por el orden jurídico. Igualmente deberá quedar claro que la tutela de los trabajadores deberá ser garantizada a través de la ley y el papel del Estado es el de asegurar que la ley se aplique y que no exista impunidad en caso de ser violada. Por ello, hemos insistido en la necesidad de un sistema de justicia laboral que sea independiente y se consolide un auténtico Estado de derecho, que ofrezca garantías de aplicar la ley de acuerdo a los principios de legalidad, reduciendo al máximo la discrecionalidad y la arbitrariedad. En el informe que se presenta otra base importante es la recuperación del salario real en lo que va de la presente administración. En las revisiones salariales se han logrado incrementos por arriba de la inflación. Si bien es cierto no podemos vanagloriarnos de este hecho, pues es mucho todavía lo que hay que hacer para que el trabajador recupere algo de lo mucho que ha perdido, creemos que el nuevo gobierno está haciendo las medidas necesarias y correctas para el caso. Habrá que apoyar esta recuperación en otras acciones que eleven el poder adquisitivo de los trabajadores. En este sentido creemos que debe abrirse la discusión sobre la problemática de los salarios mínimos y consecuentemente sobre la existencia de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. También sería importante conocer cual es la propuesta del Ejecutivo para vincular las retribuciones salariales con la productividad y la eficiencia del trabajo. Esto es, que la calidad, la productividad, beneficie también a los trabajadores. En cuanto a los rezagos que encontramos en el informe que se analiza, el tema del desempleo no es un problema nuevo. Hace un año el grupo parlamentario de Acción Nacional señalaba ya las condiciones adversas que el empleo tenía en nuestro país. Hoy condiciones extraordinarias de carácter externo golpean nuestra economía y consecuentemente la creación de nuevos empleos. Sin embargo, creemos que el gobierno federal debe instrumentar acciones necesarias para conservar los empleos actuales y generar los nuevos. Los rezagos en materia de justicia laboral siguen estando presentes. Por ello queremos señalar nuestra preocupación y demandar la atención a ese rezago. Si bien es cierto la propia ley en algunos casos obstruye la resolución de conflictos laborales, creemos que el Ejecutivo Federal puede construir los consensos necesarios para hacer más expedita la atención de dichos conflictos. Tal es el caso de los convenios de colaboración de la Secretaría con Imss, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Otra parte que no podemos dejar de señalar es el rezago heredado en que nos hemos visto, sobre todo en la Dirección General de Registro de Asociaciones. Sigue siendo un obstáculo para la libertad y la democracia sindical, manejada con discrecionalidad absoluta, propiciando una constante violación a los tratados internacionales, a nuestra Constitución y más grave a una violación flagrante y constante de la libertad de asociación como derecho fundamental del ser humano y su inminente dignidad. (Aplausos) Dentro de la plataforma política de Acción Nacional, nos hemos propugnado por este tema. Ya en el ´82 nuestra plataforma decía: "La asociación voluntaria y libre en el sindicato para la promoción y defensa de los intereses laborales es un derecho inherente a la protección del propio derecho del trabajo, en ese ámbito el trabajador debe ser respetado. Deberá participar en las decisiones de la asociación y no podrá ser usado para fines políticos partidistas o de otros intereses personales de los dirigentes. Es irrestricto su derecho a elegir y ser elegido en sus cuadros directivos". Finalmente, señor Secretario Abascal, hemos leído el informe, hemos leído también su informe dentro de lo que es el Programa Nacional de Desarrollo; compartimos la visión y la misión que se ha propuesto para el México en el que trabajamos; creemos que tiene las habilidades y la motivación necesaria para lograrlo. Su plan de acción que proyecta el Programa Nacional de Política Laboral, consideramos que es el adecuado para la construcción de los objetivos que se ha propuesto el gobierno del Presidente Fox. Sin embargo, queremos recordarle y como usted mismo lo anota en su informe, el 2 de julio del 2000, los ciudadanos mexicanos expresaron su voto comprometido con un nuevo rumbo de México; esto requiere la adecuación de nuevas leyes, de nuevas instituciones, de nueva cultura, en pocas palabras, una nueva forma de hacer política laboral. Esperamos que el cumplimiento de sus palabras en el informe se cumplan lo antes posible. Muchas gracias. (aplausos) -