EL C. DIPUTADO FRANCISCO EZEQUIEL JURADO CONTRERAS: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que el poder público dimana de éste y se instituye para su beneficio, así como que la soberanía del pueblo será ejercida por los Poderes de la Unión en los casos de competencia de éstos y por los estados en su régimen interior; asimismo, estipula quiénes son ciudadanos y reconoce los derechos y obligaciones conferidos a éstos. Dentro de los derechos se encuentra el de votar y ser votado en elecciones populares, el de asociarse libre y pacíficamente y tomar parte en los asuntos políticos del país y dentro de las obligaciones, la de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, votar en la elecciones populares en los términos que establecen las leyes, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, entre otras. De estas disposiciones deriva la necesidad de que en los términos que señala la ley, se realicen distintos procesos electorales a nivel federal, estatal o municipal con el fin de que el pueblo exprese su voluntad mediante el sufragio libre y secreto, asegurando la representación de sus intereses por conducto de aquellos que han sido electos para dicho fin. Como bien sabemos, por mandato constitucional, la realización de estos procesos electorales, está conferida a un órgano autónomo especializado, cuya función fundamental es organizar las elecciones federales con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; asimismo, tratándose de elecciones locales, existen órganos de la misma naturaleza con las mismas funciones y atribuciones, pero adscritos únicamente a la competencia local. Ahora bien, tanto los derechos políticos electorales como la función electoral federal y local, deben ser protegidos de cualquier atropello o acciones de ilegalidad, ya que por exigencia de su propia naturaleza, deben de ser garantizados por los ordenamientos jurídicos y por las instituciones políticas de nuestro país, por lo que el Estado ha establecido figuras delictivas tutelando la adecuada función electoral. De lo anterior se desprende que el bien jurídico protegido en el sentido amplio y general para los delitos electorales sean la imparcialidad, seguridad y exactitud del ejercicio de los derechos electorales de todo ciudadano mexicano, garantizando así la soberanía y la democracia que constituyen principios básicos de nuestra organización como República dentro de un sistema representativo y federal. Todo ciudadano debe estar consciente de sus derechos pero también de sus obligaciones frente al Estado y de la responsabilidad que de éstos dimana. Si bien es cierto que conocemos el principio general de derecho que consigna el artículo 21 del Código Civil Federal en el sentido de que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, no es menos cierto que en el ánimo de alcanzar un verdadero estado de derechos, los órganos del Estado deben coadyuvar en la difusión y conocimiento de los mismos. Es importante que toda persona que se encuentre en territorio nacional y particularmente durante un proceso electoral, conozca los delitos electorales y las consecuencias que deriven de la realización de la hipótesis establecidas en los mismos. Es innegable y alarmante el desconocimiento en materia político-electoral de la mayoría de los mexicanos, que si bien es cierto que a partir de las elecciones del 2000 la mayoría de los ciudadanos considera que vivimos en una democracia, no es menos cierto que en materia electoral y sobre todo tratándose de delitos y responsabilidades electorales existe un desconocimiento generalizado, situación que de no atenderse y corregirse, puede agravarse, obstaculizando en el futuro el correcto y transparente ejercicio democrático. Ahora bien, dentro de las funciones del Instituto Federal Electoral se encuentra la de contribuir al desarrollo de la vida democrática y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática, por lo que se considera que bien podría ser un conducto, en coordinación con institutos electorales de los estados y demás dependencias públicas como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, para hacer del conocimiento de la sociedad en general de los delitos electorales y de las consecuencias de los mismos. La democracia no sólo implica los derechos político-electorales que los ciudadanos pueden ejercer, sino el asumir obligaciones que se tienen frente al Estado y la sociedad. Lamentablemente el desconocimiento general de estas obligaciones y conductas de hacer o no hacer que pueden derivar en la consecución de un delito en materia electoral son en realidad poco conocidas. Por todo lo anterior se somete a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo. Unico. Se proceda a exhortar al Instituto Federal Electoral, como máxima autoridad en materia electoral, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, inicien a la brevedad una campaña de difusión continua y permanente de los delitos electorales tipificados en nuestro ordenamiento jurídico, a efecto de generar y fortalecer una cultura de respeto a la legalidad democrática. Es cuanto.