La diputada Lilia Aguilar Gil: Voy a presentar una sola, señor presidente. Primero voy a contestar al diputado, con mucho respeto, que me hacía alusión sin hacer alusión a mi nombre. Simplemente y con mucho respeto de verdad lo hago, diputado decirle que garantizar el estado de derecho es garantizar los derechos constitucionales, y definitivamente los derechos constitucionales y los derechos humanos fueron violentados en Puebla, no es una opinión subjetiva, sino es un hecho que inclusive recogió la prensa internacional. No tengamos la piel sensible y reconozcamos que es lo que sucede en este país. Hay un dicho que versa que una sola chispa puede incendiar la pradera, ya se ha hablado aquí de la pertinencia, de la presentación de esta iniciativa. Por decir, el tiempo que se está utilizando es poco atinado porque ¿Qué mensaje estamos mandando a la gente que ya se ha manifestado en las calles en diversas ocasiones cuando se pone aparentemente un derecho inofensivo a nivel constitucional? ¿Y qué es lo que va suceder en la práctica? Y aquí agradezco algunos diputados que son expertos en derecho constitucional y que me han dicho que una cosa es lo que está en las leyes y otra cosa es lo que sucederá en la práctica. Y es ahí donde está el riesgo. No olvidemos que la desaparición de los 43, el secuestro que se dio de 2 jóvenes, incluidos Sandino Bucio, el día viernes pasado, la detención de 11 jóvenes que tuvieron que ser liberados después de la marchas del 20 de noviembre, y la incursión del ejército a la Universidad de Coahuila, han hecho que en este país haya un sentimiento en contra de las instituciones y el gobierno. Como consecuencia, una iniciativa como está nos hace pensar mal, nos hace pensar que hay una iniciativa del gobierno con algunos otros que tienen un sentimiento autoritario para poder reprimir las marchas y el derecho a la libre manifestación de las ideas. El ejemplo claro, y lo digo con mucha claridad, lo vivimos el 20 de noviembre en el Zócalo, donde no solamente la Policía del Distrito Federal, sino también la Policía Federal hicieron un barrido para limpiar el Zócalo, en una idea de pertenencia absurda y argumentando la violencia de unos pocos. He hecho aquí un reto, que sé que no será tomado, porque afirmo que el derecho a la movilidad que tiene esta iniciativa no es claro. Y para ello leeré muy rápidamente lo que dice la iniciativa y a lo que se refiere este derecho a la movilidad. Dice: El Estado garantizará el derecho a toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Esto en efecto puede ser confundido con el libre tránsito, pero no hay derecho ni ley ahora que evite que este derecho pueda ser cumplido. Nosotros lo que hemos observado es que no hay una claridad en la definición de la movilidad, porque como ya lo dijimos, el derecho universal no solamente versa sobre el derecho a migrar, sino en efecto, el derecho a la movilidad y accesibilidad versa en el tema de que toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso al medio ambiente, a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona con discapacidad tiene además derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas. ¿Por qué estamos presentando esta reserva? Porque ya hay prácticas en el mundo que hablan de esta accesibilidad, pero que no lo han elevado a un derecho constitucional, precisamente porque lo consideran ya incluido en otros. El ejemplo claro que se utilizó en las discusiones en esta Cámara de Diputados es el caso de Bogotá y Medellín, en Colombia, donde el derecho a la movilidad no está reconocido, repito, no está reconocido de manera literal en la Constitución Política de Colombia; sin embargo, se considera relacionado en otros derechos, como el de la libre circulación, la planeación, la autonomía territorial, la finalidad social del Estado y los servicios públicos. Insistimos, incluir el derecho a la movilidad abrirá muchos frentes de discusión e interpretación y a lo que nos enfrentamos es a que luego se diga que la gente no se puede manifestar libremente en las calles, cuando podemos solucionar esta problemática que nadie ha querido venir a describir a esta tribuna, simplemente con planes y leyes secundarias que permitan la libre organización arquitectónica y de planeación en las ciudades. No es necesario aplicar este derecho constitucional que nos meterá en muchos problemas y que definitivamente abrirá la caja de pandora. Termino diciendo: cada vez que se encuentre usted en la mayoría es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Compañeros diputados, reflexionemos en el Estado que guarda hoy el país y qué es los demonios que este derecho habla. Muchas gracias.