La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (vía telemática): Gracias, presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, el sistema penal acusatorio, que se comenzó a implementar en México a partir de la reforma constitucional de 2008, y que entró en pleno vigor en 2016 en todo el territorio nacional, ha significado un cambio de paradigma en materia del sistema de justicia penal. Basado en el viejo modelo institucional, en el cual la institución del Ministerio Público era un elemento angular del sistema, pero no solo eso, sino que tenía concentrada una serie de funciones, que inclusive algunas de ellas correspondían más al ámbito del Poder Judicial, denotaba el poder tan fuerte que tenía el órgano acusador. Pasar de este modelo institucional a una institución que investigue y persiga de manera eficaz los fenómenos delictivos ha sido uno de los principales objetivos de aquella reforma, que, hay que decirlo, estamos en proceso de que ese cambio suceda. Aunado a aquel cambio de paradigma institucional, se han incorporado objetivos que tienen como fin colocar a la persona humana en el centro de la procuración de la impartición de justicia mediante la garantía de los derechos reconocidos dentro del proceso penal, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso, el esclarecimiento de los hechos, la reparación del daño, en contar con una defensa o asesorías jurídicas adecuadas. Estos, sin duda, son parte de los ejes transversales en el que descansa nuestro nuevo sistema penal acusatorio. Este último derecho, el derecho a la defensa adecuada resulta crucial para salvaguardar los principios del proceso penal. En la especie es un derecho que implica garantizar que las personas que concurran al proceso puedan contar con la defensa o asesoría profesionales que comprenden las reglas del proceso y que permitan materializar que las partes sean escuchadas, en el sentido de que puedan alegar y demostrar para conformar la resolución judicial y también que conozcan y puedan refutar los materiales de hecho y el derecho que puedan influir en la resolución judicial. La importancia de este derecho es que en todo proceso puede resultar impugnable si, por ejemplo, la persona imputada al rendir su declaración la realizó solo o en presencia del Ministerio Público sin un defensor. En diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales se reconoce la importancia del derecho a la defensa y asesoría jurídicas, por ejemplo, en el artículo 17 que establece que se trata de un derecho fundamental e irrenunciable y que la persona defensora deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. El mismo criterio se reitera en el artículo 115 del mismo Código, relativo a la designación de defensor por parte del imputado, así como en el artículo 121 relativo a la garantía de defensa técnica del imputado. La responsabilidad que recae en la persona del defensor y asesor jurídico del imputado es de gran magnitud, nada menos que la libertad de una persona en la mayoría de los casos. Por ello, la defensa adecuada se garantiza cuando proporciona una persona con conocimientos técnicos en Derecho. Al respecto, también la Convención Americana sobre de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contemplan de manera expresa que la defensa no sea efectuada por un tercero que no sea especialista en dicha materia y, por el contrario, permiten inferir que la defensa, que el estado deba garantizarse a lo más adecuada y efectiva posible, lo que implica un elemento formal relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del imputado y evite que sus derechos sean menoscabados, a partir del principio de igualdad procesal. Por estas razones estimamos necesario que se modifique el artículo 28 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, a fin de armonizar esta disposición que contempla que el imputado ejerza su derecho a la defensa exclusivamente a través de licenciados en Derecho o abogados titulados, estableciendo como un nuevo requisito contar con cédula profesional. Con esta disposición, se garantizará que las personas que concurran al proceso penal puedan contar con una defensa adecuada y con ello se garantice el debido proceso como principio rector del sistema penal acusatorio. Agradezco y reconozco el esfuerzo de la Comisión de Educación en aprobar en sentido positivo esta propuesta y aprovecho la oportunidad para exhortar a las y los integrantes de esta Cámara a que voten a favor de la misma. Con esto, daremos un paso importante en la homologación de normas a efecto de consolidar de manera adecuada el sistema penal acusatorio, pero, sobre todo, de garantizar en los hechos una adecuada defensa para quienes acuden a un proceso penal porque es obligación del Estado mexicano garantizar que esta defensa se dé, que en el juicio exista igualdad entre las partes y que, finalmente, al tener todas las piezas completas, una investigación adecuada y una defensa adecuada, el juez pueda tomar la decisión que sea más justa para el caso concreto. Es cuanto, presidenta.