La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Gracias, presidente. Con la venia de la asamblea. Las tres reservas que vamos a presentar en este momento se refieren al anexo 10 del Programa Especial Concurrente. La primera de ellas consiste en el Programa de Garantías Líquidas que he estado mencionando con algunos de ustedes. Esto consiste en adicionar el componente garantías líquidas y subsidios a la tasa de interés para el sector agrario a través del Fifonafe con un monto de mil 500 millones de pesos. Proponemos que esto sea tomado del rubro general de Seguros de gastos Médicos Mayores que disfrutan los funcionarios de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación y del Poder Legislativo. En esta reserva proponemos que todos los servidores públicos que disfrutamos de un seguro médico de gastos mayores, reduzcamos en apenas un 10 por ciento este monto destinado y con esto podamos cubrir estas garantías líquidas. Es una propuesta que sería de elemental justicia. Y quizás si no contáramos con dicha prestación estaríamos obligados a revisar la calidad del servicio que ofrecen las instituciones del sector salud. Esta propuesta aspira a instituir las garantías líquidas necesarias para detonar créditos contratados por los sujetos agrarios, quienes no cuentan hoy con la posibilidad de líneas de crédito por ser propiedad social inembargable e imprescriptible. De esta manera, el Ficonafe podría constituirse como garante con capital líquido de los créditos que contraten los sujetos agrarios. No se trata de préstamos impagables, no se trata de fomentar la cultura de no pago. Sí se trata de crear condiciones para volver productiva a la mitad de la superficie cultivable el país. Se trata de crear condiciones para recuperar, tal y como lo dice el presidente Enrique Peña Nieto, la autosuficiencia alimentaria produciendo el 75 por ciento de los alimentos que consumimos los mexicanos. Por otro lado, el sector primario tiene ciclos de recuperación de capital muy largos comparados con otros segmentos de la economía, por lo que subsidiar una parte de la tasa de intereses es necesario para que los créditos contratados puedan ser pagados. El esquema que proponemos es a todas luces justo. Se trata de que el Fifonafe subsidie el diferencial de la tasa de interés que resulta de restar el costo del dinero. Es decir, que si un productor contrata un crédito de un millón de pesos a una tasa del 10 por ciento y la inflación es de 4 por ciento, Fifonafe puede subsidiar 6 por ciento del interés si y sólo si el productor paga oportunamente su crédito diferencial, que puede ser descontado de los pagos finales que liquidan dicho crédito. La segunda reserva se llama Banco Nacional de Alimentos. Éste consiste en su componente de desarrollo social para adicionar el componente reserva de alimentos Diconsa, con un monto de cuatro mil millones de pesos. Este monto proponemos que sea tomado del anexo 10 de su vertiente competitividad, de su componente incentivos a la comercialización. La pobreza alimentaria sigue siendo el problema socioeconómico más importante de México. Una de las mayores preocupaciones del Estado mexicano debe ser atender con responsabilidad este problema. Como resultado de la ausencia de una política adecuada en los últimos años, se ha presentado una tendencia a la alta. Según datos del Coneval, durante el período comprendido del 2008 al 2012 el porcentaje de mexicanos con problemas de acceso a la alimentación creció de 21.7 a 23.3, y según datos de la FAO, en México existe un grave problema de desnutrición en por lo menos el 14 por ciento de niños menores de cinco años. México debe garantizar la existencia de alimentos básicos de su población. Nuestro país, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, no cuenta con una reserva de alimentos básicos que le permita asegurar la alimentación de la población vulnerable. Estados Unidos tiene reservas de trigo equivalentes al 72 por ciento de su consumo nacional y China una reserva de arroz del 32 por ciento, de maíz del 37 ciento y de trigo el 56 por ciento de su consumo anual respectivamente. En este contexto proponemos la creación de una reserva de alimentos básicos que asegure la alimentación de la población más vulnerable en condiciones extraordinarias. Se propone que sea administrada por Sedesol, a través de Diconsa, y que inicie sus operaciones con 800 mil toneladas de maíz blanco y 150 mil toneladas de frijol. El programa de incentivos a la comercialización, que es de donde proponemos que se tomen estos recursos, se ha caracterizado sólo por beneficiar en el campo a quienes menos necesitan estos recursos. Estos recursos que se ejercen van a parar a la construcción de infraestructura comercial que requieren los grandes concentradores privados de alimentos. La reserva nacional de alimentos básicos nos permitirá acopiar los excedentes cuando las buenas cosechas se presenten y permitirá amortiguar la caída de los precios que perjudican directamente al productor, además de constituirse como un mecanismo regulador también que permitirá al país contar con un mecanismo de prevención ante cualquier contingencia ambiental, desastre natural y/o cualquier situación que comprometa el derecho humano de los mexicanos a la alimentación. Y bueno, la última reserva, es la del FAPPA, que si bien muchos han dicho que se incrementa el monto del FAPPA. No es verdad, porque el año pasado traía un monto mayor que solamente se podría reajustar si incrementáramos 236 millones 900 mil pesos. Este monto proponemos que sea tomado del rubro de coinversión social ramo 20, que está en el mismo componente. Una preocupación manifiesta del Ejecutivo ha sido el que el gasto orientado al sector social deje de ser asistencial y se convierta en inversión productiva con el propósito de crear las condiciones para que los mexicanos más pobres puedan entrar en una ruta de crecimiento para salir de esta condición. Resulta contradictorio, entonces, que los programas destinados a la competitividad del sector agrario se mantengan prácticamente iguales como el Promusag y aunque la Comisión de Presupuesto atendió el reclamo de las propuestas de ampliación de la Comisión de Reforma Agraria y de la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, y de la Comisión de Desarrollo Rural, de recuperar el programa FAPPA y corrige de una propuesta inicial de cero pesos a 700 millones de pesos, resulta insuficiente. De todo el PEF, los programas dirigidos al sector agrario son los más afectados como el Joven Emprendedor, el FAPPA y el Promusag. Considero que siendo una pretensión del Ejecutivo la inversión productiva, en lugar de los apoyos asistenciales, y siendo un anhelo manifestado apenas la semana pasada por el presidente Enrique Peña Nieto, de incrementar la producción de alimentos, por esta razón propongo que se redirijan el presupuesto establecido en el rubro de coinversión social que no estaba prevista hacia el programa FAPPA. Es un acto de elemental justicia para los núcleos agrarios, para las organizaciones del sector y se corresponde con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. FAPPA es un programa de inversión productiva, debe mejorarse su ejercicio y su aplicación. Vale la pena fortalecerlo y espero contar con su apoyo. Señor presidente, solicito, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento de la Cámara, numeral 2, que se dé una votación por separado de estas tres reservas. Muchas gracias por su atención.