El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente. Desde hace una década las inversiones públicas en el sector energético se realizan mediante la modalidad conocida como proyectos de inversión con registro diferido en el gasto, comúnmente conocida como "Pidiregas". Este mecanismo de inversión fue diseñado a raíz de la crisis financiera de 1994-1995, cuando se cerró a México el acceso al mercado de capitales y el gobierno federal contrajo una serie de compromisos con organismos internacionales, tendientes a reducir los números rojos en el sector público y estabilizar la macroeconomía. Bajo este esquema, la ejecución de las obras se encomienda a empresas privadas, las cuales llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas; con frecuencia, pero no siempre, obtienen el financiamiento con el cual se cubre el costo de los proyectos durante el periodo de construcción. El monto total de la inversión Pidiregas asciende a más de 1.7 billones de pesos. Esta cifra representa el 18 por ciento del producto interno bruto y más del doble de la deuda pública externa. El 79 por ciento se concentra en Pemex y el restante en la Comisión Federal de Electricidad. Los Pidiregas hoy en día ya no representan ninguna ventaja en términos presupuestarios, dado que la amortización y pago de intereses han llegado a ser tan importantes como la nueva inversión, por haber sido utilizados en exceso. Ahora bien, una de las variantes del mecanismo Pidiregas, el esquema denominado como de "inversión condicionada", representa para la Comisión Federal de Electricidad quien es la única empresa energética que los utiliza un mayor costo unitario de generación de electricidad que es la conocida como de "inversión directa". En el esquema de inversión condicionada, las instalaciones siempre pertenecerán a los permisionarios a pesar de que recuperan su inversión a través del pago por el concepto "cargo fijo de capacidad", a diferencia de los esquemas de financiamiento de inversión directa, en los que en algún momento la propiedad se transfiere a la Comisión Federal de Electricidad. Por otra parte y este es el centro de esta propuesta de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en ningún lugar de la ley se establecen los montos comprometidos en obras de infraestructura, donde la obligación de adquirir activos se deriva de eventualidades establecidas en los contratos de los proyectos de inversión condicionada. Este artículo no consigna explícitamente la obligación de incluir, en el Presupuesto, la información sobre los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo relativa a los proyectos en la que, la obligación de adquirir los bienes, se presenta como consecuencia de alguna eventualidad contemplada en un contrato de suministro de bienes y servicios. De aquí que nos parezca necesario que dichas previsiones aparezcan con toda nitidez en abono de la transparencia de las finanzas públicas. Por lo expuesto le solicito, señor Presidente, que se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates de esta Honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es cuanto, señor Presidente.