La diputada Georgina Trujillo Zentella: Con su permiso, señor presidente. La suscrita diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Braceros Mexicanos, fundamentada en la siguiente Exposición de motivos En 1942, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de México y Estados Unidos crearon el Programa Bracero como consecuencia de la necesidad de mano de obra que requería dicho país en varios sectores económicos. Durante el periodo entre 42 y 64, a través de este programa social miles de mexicanos trabajaron de manera temporal y legal, en actividades relacionadas con la agricultura y la construcción. Los ex trabajadores migratorios mexicanos decidieron crear un fondo que tenía como objetivo retenerles el 10 por ciento de sus ingresos mensuales mientras trabajaran en los Estados Unidos. El dinero ahorrado por los trabajadores le sería posteriormente pagado a su regreso al país, a través del Banco de Crédito Agrícola. El 25 de mayo de 2005, el Congreso de la Unión aprobó la ley que crea el fideicomiso para administrar estos fondos. La ley tiene por objeto administrar estos fondos de ahorro de los ex trabajadores migratorios, con el fin de que éstos o sus familiares obtengan dichos recursos de forma expedita. Desafortunadamente, la ley dejó varios huecos que han propiciado que los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus familias no hayan podido cobrar el multicitado fondo, creando una situación de incertidumbre jurídica. Es por ello que se propone la reforma y adición de los artículos 1o, 2o y 6o de la ley mencionada, para cumplir con las peticiones de los ex trabajadores migratorios y eliminar los vacíos que tiene la ley. La iniciativa tiene dos vertientes; la primera busca reconocer a los concubinos como beneficiarios del Fondo de Ahorro Social; la segunda, tiene como finalidad adicionar a la ley la declaración de ausencia o la presunción de muerte del ex trabajador migratorio mexicano como medio probatorio para que los terceros beneficiarios puedan obtener el fondo social. Retomando el primer punto, podemos manifestar que el concubinato es una figura jurídica que nació como medio de protección a las parejas que no tuvieran una relación matrimonial, pero que viviesen juntas como si fueran cónyuges, en un mismo domicilio y que además cumplieran con cualquiera de las siguientes alternativas: vivir por un periodo de tiempo fijo establecido por ley o tener hijos en común y los efectos jurídicos que acarrea el concubinato, son derechos y obligaciones en materia de alimentos y sucesiones. En el caso en particular de ex trabajadores migratorios, el concubinato es un asunto relevante, esta figura jurídica protege las relaciones que existieron entre el ex trabajador y su pareja aunque no haya contraído una relación matrimonial. Dadas las características del trabajo que realizaron los braceros, éstos pudieron haber creado un vínculo conyugal con sus respectivas parejas sin haber estado casados, o bien, pudieron haber tenido un concubinato después de que su esposa haya fallecido. Tomando en consideración el segundo punto, el artículo 6o de la ley es limitativo y poco proteccionista, ya que sólo permite el acta de defunción del ex trabajador migratorio como documento probatorio para ser beneficiario distinto. Es muy importante que se reforme este artículo y se incluyan, como documentos probatorios, tanto el documento que acredita la declaración de ausencia, como el de presunción de muerte del ex trabajador. Estas dos figuras jurídicas son equiparables al acta de defunción, la única diferencia es que, para que se otorgue el acta es necesario que se presente el cuerpo del fallecido, y en las dos anteriores se cumple con el requisito por el mero transcurso del tiempo. Por lo tanto, resulta muy limitativo que únicamente que se contemple el acta de defunción como requisito necesario para obtener el recurso, cuando existen jurídicamente otras figuras que son equiparables a aquélla. En conclusión, se considera necesaria la urgente adecuación de los artículos 1o, 2o y 6o. en sus diversas fracciones, incluyendo las propuestas planteadas en la presente iniciativa con proyecto de decreto, pues todavía existen algunos espacios vacíos que deben ser colmados para otorgar certeza jurídica y justicia a los beneficiarios de estos recursos. Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa, y por economía procesal solicito al señor presidente que sea incorporada íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.