El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias, Presidente. Estamos presentando, ciudadanos y ciudadanas legisladores, una iniciativa para reformar el artículo 103 de nuestra Constitución, que me permito porque además es un texto breve darle lectura en sus términos. Artículo único. Se reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 103. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen las garantías que consagra esta Constitución, con independencia de su carácter individual o social, o los derechos humanos que protegen los instrumentos internacionales en la materia que estén de acuerdo con la propia Constitución, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con la aprobación del Senado. Para la resolución de las controversias previstas en este artículo, los tribunales de amparo tomarán en consideración los criterios emitidos por los órganos de los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos a los que México está integrado, siempre que ello no contradiga las disposiciones de esta Constitución y redunde en una ampliación de su ámbito protector. Los tribunales deberán dar plena efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales en las dimensiones que sean directamente aplicables y deberán fijar los efectos del amparo, de modo que permitan maximizar su efectividad jurídica respecto del quejoso, no obstante el margen de libertad regulativa que el legislador retiene respecto de los mismos. Como ustedes ven, esta iniciativa llevaría también o iría de la mano de una reforma a nuestra Ley de Amparo. Se trata de lo siguiente: nosotros hemos avanzado en establecer en nuestra Constitución derechos y garantías no sólo individuales, sino sociales, grupales. Pero, ¿qué es lo que tenemos por citar un caso? Lo que tenemos, por ejemplo ahorita con la reforma fiscal, es que hay 20 mil amparos, y entonces nuestro juzgado se satura porque el que no busca ampararse, aunque algunos ganaran el amparo, no va a tener efectos generales, o sea, va a ser sólo válido para el que presentó el amparo. De lo que se trata es de incorporar esta forma jurídica, ya en nuestra Constitución, en nuestra Ley de Amparo, y de tutelar el interés social y no tutelar sólo el interés individual. Por eso se podría tutelar tanto el interés individual como social. No hay, para quienes son partidarios del libre mercado, no hay libre mercado ni sociedad libre si no hay ciudadanos con derechos. Y si los grupos sociales no tienen derechos ni instrumentos jurídicos para hacer valer las garantías que les otorgue la Constitución o tratados internacionales o derechos humanos. Es simple y sencillamente adecuar nuestra Constitución, nuestra Ley de Amparo, para que tengamos ciudadanos con derechos que se puedan ejercer, ciudadanos que se puedan defender frente a abusos, omisiones, violaciones de sus derechos humanos, de sus garantías sociales, de sus garantías de equidad, y por supuesto, derechos que estén consagrados en nuestra Constitución o establecidos en tratados que estén de acuerdo con nuestro propia Carta Magna. De eso es de lo que se trata. Es una iniciativa ésta que aspira a que sea apoyada por todos los grupos parlamentarios; de que no solamente nos preocupemos, que es correcto, por reformas económicas, que también esta legislatura se signifique por darles derechos a nuestros ciudadanos. Forma parte también de un paquete otra iniciativa que ya presentamos, constitucional, donde establecemos los derechos como consumidor y hoy los derechos frente a los atropellos de entidades gubernamentales por actos u omisiones o de particulares que asumen esta característica. Vamos a esperar contar estamos discutiendo con todos los grupos parlamentarios contar con todo el apoyo y significarnos, reitero, por restituirles derechos a los mexicanos, por restituirles derechos a los ciudadanos. Muchas gracias por su atención.