El diputado Heliodoro Díaz Escárraga (PRI): Con su permiso señor Presidente. A través de la radio y la televisión, nos enteramos en el mismo momento en que ocurrían los hechos de los actos de barbarie cometidos la noche del 23 de noviembre, por habitantes de San Juan Ixtlayoapan, Delegación Tláhuac. El corazón de la república fue herido por la sin razón, la brutalidad y la profunda pérdida de valores de sus ciudadanos, así como por la incapacidad, la negligencia y la ilegalidad de las autoridades tanto federales como locales que pudiendo evitar la tragedia no lo hicieron. La muerte del os policías y las lesiones causadas, son responsabilidad directa e inexcusable de los secretarios de Seguridad Pública del Gobierno Federal, de su homologo del Distrito Federal, del Comisionado de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, del Jefe Delegacional en Tláhuac, y de otras autoridades como la Procuraduría General de la República, que han permitido que el narcotráfico crezca y los rebase. Ante los abominables hechos, surgen las preguntas obvias: ¿Quién ordenó a los agentes masacrados, que realizaran una actividad que conforme al artículo 4 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, no les competía? ¿Quién se hará responsable de haber mandado al matadero, sin ningún apoyo logístico, sin prever vías de retirada, sin coordinación operativa interinstitucional, a tres modestos servidores públicos? ¿Cuál es la capacidad de reacción de los cuerpos policiales en pleno Distrito Federal, para acudir en auxilio de sus compañeros caídos? ¿Por qué no se rescató a los linchados cuando desde su detención por civiles hasta su muerte, transcurrieron al menos dos horas? Debe, aunque sea después del niño ahogado, restituirse el estado de derecho. No bastará con indemnizar a los familiares de los policías victimados, o rendir honores a los caídos. Tiene que investigarse y sancionarse a los mandos co-responsables; tiene que corregirse esto a fondo. En razón de ello, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que integre una comisión conformada por la Secretaría de la Función Pública y especialistas en procuración de justicia y seguridad pública, que sin la participación de las entidades federales involucradas en los acontecimientos ocurridos en la Delegación Tláhuac del Distrito Federal el día 23 de noviembre del 2004, investigue rigurosa, profunda y detalladamente, y en su caso sancione a quienes resulten responsables de haber ordenado a los agredidos la realización de tareas que no eran de su competencia y de la respuesta tardía al llamado de auxilio a sus elementos. Concluyo, señor Presidente. Segundo.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, considera necesaria la comparecencia de los ciudadanos secretarios de seguridad pública del Poder Ejecutivo Federal y Comisionado de la Policía Federal Preventiva, así como reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal ante comisiones, a fin de que expliquen detalladamente los fundamentos legales en que se apoyaron para ordenar a los policías agredidos la ejecución de tareas que conforme a la Ley Federal de la Policía Preventiva no eran de su competencia, así como las funciones que realiza la llamada "área de inteligencia" de la corporación indicada y la falta de coordinación policíaca entre ambas instituciones. Es cuanto, señor Presidente.