El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señora Presidenta. Esta iniciativa le da continuidad a la que presenté anteriormente, en donde se modificaba el artículo 41 y 116 de la Constitución, como se propone modificar. Aquí ya me refiero a modificaciones específicas al Código Federal Electoral, que lo sugirieron —como repito— los consejeros del IFE. No pretendo —que quede muy claro— arrogarme la autoría de estas iniciativas. Corresponde a un trabajo de equipo en donde participamos muchísimos senadores por varios meses y que —repito—, desafortunadamente ya cuando se iba a concretar en el dictamen quedó trunco en la pasada LVIII Legislatura. Me voy a permitir leer algunos puntos de la exposición de motivos. Solicito desde luego como lo hago también con la reforma constitucional, que se pueda reproducir en forma íntegra en el Diario de Debates mi intervención. La presente iniciativa busca fortalecer las atribuciones de las autoridades, de tal suerte que se propone reformar el Cofipe, la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Fiscal de la Federación. De esta forma al ampliar las excepciones al denominado secreto bancario para los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, se busca brindar elementos para una investigación eficiente por parte de las autoridades correspondientes en caso de ser necesario. La reforma al Cofipe está encaminada a fortalecer las facultades del Instituto Federal Electoral, extendiendo su actividad con la cooperación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para efecto de verificar operaciones mercantiles realizadas por los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales. En muchos casos ya mediante acuerdos el Consejo, se ha concedido estas atribuciones; pero me parece que debe estar consignado en el Código Electoral, éstas deberán rendir cuentas mediante inventarios de los bienes que adquieren con los recursos públicos. En el caso de pérdida de registro se contempla un mecanismo de reincorporación de los bienes adquiridos por aquellos, reforzando el principio de pertenencia patrimonial de los bienes adquiridos con recursos provenientes del Estado. Asimismo, al establecer la coordinación entre el Instituto Federal Electoral en los institutos electorales locales se permitirá una fiscalización de los recursos públicos en cada ámbito de competencia sin menoscabo de la soberanía de los estados. Hemos partido de la reflexión de que para poder alcanzar un sistema electoral eficiente es necesario que los partidos políticos rindan cuenta a la ciudadanía en las urnas. Es por ello que planteamos en la reforma al Cofipe una reestructuración en materia de coaliciones, de forma que los votos de los partidos que decidan participar coaligados se contabilicen de manera separada; esto permitirá que sólo los partidos con un respaldo electoral, de al menos el dos por ciento de los votos válidos, conserven su registro partidista. Los cambios legales que aquí se proponen tiene la finalidad de introducir una serie de mecanismos que permitan identificar con precisión las preferencias electorales de todos los partidos que participen en una elección y en ese sentido poder identificar el peso real que cada partido político tenga entre los electores, aún cuando participe en una coalición. Se trata esencialmente de permitir que los partidos coaligados reciban su votación de manera separada y que los cómputos en las casillas se hagan de manera diferenciada para identificar con claridad la votación de cada uno de los partidos que integran las coaliciones. Con el objeto de facilitar a los electores que se encuentran transitoriamente fuera de su domicilio el ejercicio de su derecho constitucional al sufragio, se propone aumentar el número de casillas especiales que se instalarán en cada proceso electoral federal. Otros de los temas que trata la reforma al Cofipe están relacionados con la reducción y financiamiento público que les es otorgado a partidos políticos del nuevo registro y las agrupaciones políticas nacionales que actualmente establece el dos por ciento del presupuesto destinado a todos los partidos políticos con registro. Se plantea una disminución al uno por ciento, con lo cual consideramos que se garantizan recursos importantes para que acrediten su presencia y respaldo ciudadano. Los diputados que suscribimos la presente iniciativa consideramos que estas reformas son de la mayor importancia ya que contribuirá al fortalecimiento de nuestro sistema federal electoral y por ende, a la consolidación de la democracia representativa en nuestro país. De los anteriores considerandos se desprende, ya viene el proyecto de decreto, los artículos, que son muchos, que se modifican del Cofipe, de lo que es el Código Fiscal, reformas al Código Fiscal y el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Son diversos artículos, es muy amplia la iniciativa, por eso insisto en su publicación total. La suscribimos, al igual que la anterior, el diputado Héctor Larios, el diputado Cristián Castaño, Carlos Navarro Sugich, el diputado Diódoro Carrasco, Rogelio Carbajal y me permito una apretada síntesis —y en esto doy el crédito a la fundación Miguel Estrada Iturbide, que coadyuvó con este trabajo— de cuál es el contenido de amplias iniciativas, que son fundamentalmente 13 puntos: Uno. Cambio en la distribución de financiamiento público de los partidos políticos nacionales para actividades ordinarias. Dos. Reducción del financiamiento público a los partidos políticos para campañas electorales, hasta en un 50 por ciento en elecciones intermedias. Tres. Coordinación ante el IFE y las autoridades electorales locales para la fiscalización de recursos de los partidos políticos en sus respectivos ámbitos de competencia. Cuatro. Autentificación adecuada del IFE para la constitución de nuevos partidos políticos nacionales. Cinco. Obligación de las agrupaciones políticas nacionales de acreditar cada tres años el requisito de número mínimo de afiliados. Seis. Disminución de financiamiento público a agrupaciones políticas nacionales. Siete. Obligación a las agrupaciones y partidos políticos nacionales de presentar cada año un inventario de los bienes muebles e inmuebles que adquirieron con el financiamiento público otorgado por las autoridades electorales. Ocho. Perfeccionar la facultad de control y vigilancia de la autoridad electoral, a efecto de optimizar la fiscalización que lleva a cabo el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas. Nueve. Comprobación de la auténtica representatividad de los partidos políticos que acuerden coaliciones. Diez. La obligación de reintegrar al Estado los bienes adquiridos con financiamiento público, cuando un partido político pierda el registro. Once. Aumentar el número de casillas especiales que los consejos distritales del IFE puedan instalar por distrito. Doce. Disminuir los tiempos para la campaña presidencial, campaña de aproximadamente tres meses y medio, y Trece. Acotar un tiempo determinado a las precampañas para la elección presidencial. Como ustedes pueden ver, es una reforma muy ambiciosa, fue un trabajo de varios meses. Tampoco podemos presumir que ésta sea la reforma definitiva, habrá que discutir temas como la relación con los medios; las precampañas; el tema de la transparencia; la compactación del aparato electoral —en este sentido el señor diputado Rogelio Carbajal me asesoró para ver estos temas—, las quejas genéricas; la democracia partidista; la justicia electoral; las salas regionales para darles más trabajo en virtud de que prácticamente están pasivas durante tres años; el contenido de las campañas; los derechos personales de autoridades; los programas de gobierno y los delitos electorales. Yo creo que debemos esmerarnos en simplificar nuestro proceso electoral. Hemos hecho de nuestro proceso electoral un mazacote, debemos tratar de transparentarlo, de simplificarlo, de hacer un proceso que ya venga de retorno en la desregularización. Hago una reflexión final. Al igual que en mi propuesta de la reforma constitucional, tenemos que demostrar al pueblo de México que hay voluntad política de cambio y de reformas. De nada vale que aprobemos la Ley de Reforma del Estado, de nada vale que cacareemos ante la opinión pública que éste es un Congreso maduro y sensible, si no estamos emitiendo mensajes claros de que hay voluntad política, que hay anhelo de consenso; que sobre nuestras diferencias partidistas está la preeminencia del interés nacional. Ojalá y con todas estas consideraciones logremos hacer las modificaciones que en materia electoral me he permitido proponer y también a nombre de mi grupo parlamentario, del Partido Acción Nacional. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, señora Presidenta.