La diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la violencia feminicida es mucho más que matar a una mujer, es producto de una violación sistemática de los derechos humanos. En esencia es un crimen en contra de las raíces sociales y la sana convivencia entre hombres y mujeres, y ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia. En nuestro país, lamentablemente las cifras son aterrantes. Para ponerlo en perspectiva, en promedio siete mujeres al día pierden la vida por feminicidio. Tan sólo en 2017 se contabilizaron más de 3 mil asesinatos. Este es un problema nacional que no reconoce fronteras entre estados. Los estados con mayor número de muertes violentas de mujeres son Veracruz y Oaxaca, además son los únicos con dos alertas declaradas. Veracruz y Oaxaca también son las entidades con mayor número de municipios que reportan feminicidios seguidos por la ciudad de México. En 2017 en Michoacán fueron asesinadas 139 mujeres, y en 2018 van más de 120. En Puebla el feminicidio se incrementó en un 300 por ciento, y en lo que va del año, en Guanajuato, van 200 mujeres asesinadas. En el extremo de la República y en el abandono total del tema se encuentra Quintana Roo, en donde no existen procesos de investigación especializada en desaparición de mujeres. De acuerdo con el grupo de trabajo que dio seguimiento a la Alerta de Género en dicha entidad, de 2014 a 2015 se registraron 269 mujeres no localizadas, quienes se presumen muertas o víctimas de trata de personas. Son lamentables los acontecimientos que recientemente nos hemos enterado por las noticias, sin embargo, debemos reconocer los alcances y los logros de una política que ha sido prioridad de la actual administración. Por primera vez se visibilizó esta terrible realidad, fue en este sexenio que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se consolidó como un mecanismo emergente que busca atender de manera especializada los feminicidios, la trata de personas, las desapariciones, el agravio comparado y otras formas de violaciones graves a los derechos humanos de la mujeres. Pero a la luz de los resultados que acabo de mencionar, debemos de reconocer que es un mecanismo que poco a poco se ha desgastado, que se ha desvirtuado y que no cuenta con el presupuesto en la mayoría de los estados, y que tenemos, todos los aquí presentes, que transformar hacia un mecanismo cada vez más efectivo. Sin duda, hay mucho por hacer. La coordinación entre Federación, estados y municipios es fundamental. La atención inmediata de los casos denunciados y la debida tipificación de los actos delictivos no debe esperar más. La violencia feminicida no es un fenómeno aislado, también el machismo, la discriminación, la violencia sexual y las muertes violentas forman parte de nuestra realidad diaria. Hoy, gracias al trabajo multidisciplinario e interinstitucional, se han declarado 15 alertas y existen 30 trámites de procedimientos abiertos. No podemos cerrar los ojos ni negar la terrible realidad que las mujeres mexicana vivimos. Pero tampoco podemos negar las acciones que se han realizado desde el gobierno federal para hacer frente a este problema que está fragmentando a nuestra sociedad. Por ello, quiero reconocer el trabajo por las autoridades del estado de México que lograron la detención de dos personas vinculadas, al menos con 20 feminicidios. Para el gobierno que encabeza el gobernador Del Mazo, las mujeres somos el centro de las políticas públicas. En el Grupo Parlamentario del PRI siempre acompañaremos propuestas para resolver los grandes y lacerantes problemas nacionales. Recalco, problemas nacionales, la violencia no se circunscribe a un municipio o a un estado. Acompañamos, sí, como grupo parlamentario, este punto de acuerdo. Sin embargo, recalcamos y demandamos que no sea objeto de bandera política porque el impacto del fenómeno de violencia hacia las mujeres tiene un alcance nacional, y en ese sentido debe de ser la perspectiva para su solución. Muchas gracias. Es cuanto.