La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, diputado presidente, compañeros de Mesa Directiva, compañeros legisladores. La configuración de la identidad de toda persona humana se forja, por supuesto, desde la primera infancia en la familia. La anterior frase, aun a pesar de su brevedad, implica varias realidades sustantivas del orden público dentro del marco jurídico del Estado mexicano. Persona, personalidad, primera infancia, patria potestad, tutela, curatela, interés superior del niño, familia, etcétera. Estas realidades, por demás referenciadas como pilares del derecho público, constituyen también piedras clave y vigas principales en la construcción de esta sociedad. Su adecuada referencia y vinculación interpretativa entre los tratados internacionales y nuestro orden jurídico, así como su adecuada configuración constitucional y reglamentaria, no son temas menores. Con todo, varios doctrinistas y estudiosos del derecho han coincidido actualmente en que nuestro sistema jurídico ha sido superfluo e incluso quizás omiso en dicha vinculación y configuración. La salud, entendida como el derecho a la integridad física-psicológica, imponga como obligación al Estado, a la familia y a la sociedad, la correcta configuración de los elementos de la personalidad del niño, así como la protección de sus procesos, de una inadecuada configuración de la personalidad durante la infancia, se sigue en consecuencia la fragmentación y daño precisamente en los elementos físicos y psicológicos de su salud, así como en el estado mental y emocional. Por tanto, el aseguramiento del derecho a la salud del niño, así como su protección integral y en definitiva su interés superior, regulado en el artículo 3o. de la Convención Sobre los Derechos del Niño, requiere no un libre desarrollo de la personalidad, sino una adecuada protección de los procesos del desarrollo evolutivo y una correcta configuración de la personalidad como resultado de estos procesos. De hecho, conforme al principio sexto de la Declaración de los Derechos del Niño emitida por la Resolución 1386 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el término más adecuado sería derecho al pleno y armonioso desarrollo de la personalidad. Por ello reorientar el término en cuestión para dar fin a su carácter discriminatorio respecto de los niños, implicará reforzar el marco jurídico y la constitucionalidad del interés superior del niño, tal y como lo define la Convención Sobre los Derechos del Niño sin manipulaciones de ningún espectro político. Sobre este mismo interés superior del que se deriva el derecho del niño al pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, la Convención Sobre los Derechos del Niño ha sido muy clara y dice: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior del niño. Los Estados parte se comprometen a asegurar el niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar teniendo en cuenta los derechos y los deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. En la convención también podemos referenciar el derecho y el deber que tienen los padres a dirigir y orientar los procesos de desarrollo evolutivo del menor de edad hacia un más pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, pero también encontramos respaldado la obligación del Estado de proteger a la familia para que ésta a su vez pueda ejercer esa función natural de guiar a sus hijos. Conforme a esto, en ocasiones los padres en el ejercicio de su derecho y bajo una adecuada corresponsabilidad, depositan en instituciones educativas, públicas o privadas obligaciones derivadas y parciales respecto a la educación de sus hijos. No obstante, dichas instituciones deberán conducirse con responsabilidad y cumplir siempre lo establecido en la convención. No intentar suplir, no intentar hacer a un lado el trabajo que los padres hacen respecto a sus hijos. Como se puede ver, si bien de forma sumarísima en estos pocos segundos, estamos a un al inicio del camino de la configuración correcta de los pilares de orden público que deben regir el desarrollo armonioso de los niños. La respuesta modesta por parte de esta iniciativa se centra en la definición constitucional de los elementos que permitan seguir avanzando en ese camino, en la construcción de ese desarrollo armónico de los niños, de una manera responsable, no cediendo en otros, lo que como Estado, familia y sociedad, nos corresponde a cada uno. Es cuanto, diputado presidente.