El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, a lo largo de varios años el sistema electoral mexicano ha demostrado importantes fortalezas y avances, pero también hay que decirlo, limitaciones. Limitaciones, producto de los nuevos retos que los procesos y las competencias electorales plurales nos han planteado en distintos momentos de la historia político electoral de nuestro país. Una de las más importantes lo constituye sin duda alguna la utilización de la radio y televisión en las contiendas electorales, solventada en un pasado por los recursos públicos de los partidos a los cuales tenían acceso por mandato de ley, así como por los privados, cuya procedencia no siempre se ajustó a las normas legales. El objetivo fundamental de la reforma constitucional electoral del año 2007 y 2008, versó en que la contienda electoral respetara los principios rectores del proceso comicial, en específico el principio de equidad en la contienda, en el sentido de que todos los participantes accedieran en igualdad de circunstancias a los medios masivos de comunicación, en específico a radio y televisión, con el fin de que las campañas electorales no se redujeran a una simple lucha de compra y venta de espacios. En ese sentido, se estableció que los partidos políticos en ningún momento podrían contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, así como que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, pudiese contratar o adquirir propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni a favor o en contra de los partidos políticos o de los candidatos a cargos de elección popular. La reciente reforma constitucional en materia político electoral, promulgada el 31 de enero y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del año en curso, constituyó, sin lugar a dudas, un avance en el sistema democrático del país. Fue producto de un amplio consenso entre los diversos actores políticos. Acertadamente incluyó, en el artículo 41 de nuestra Constitución General un sistema de nulidades de las elecciones, en el cual se estableció, como una de sus causales, la compra de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos por la ley. Al respecto, el titular del Ejecutivo federal ante la preocupación apremiante de que el término comprar resultara limitado e insuficiente en relación con el espíritu de la reforma constitucional, ya que la experiencia al interior del organismo público autónomo en materia electoral había demostrado que el acceso a la cobertura informativa o a los tiempos de radio y televisión no siempre se lleva a cabo mediante una relación contractual con un monto económico establecido, promovió una puntual y acertada iniciativa de ley que motivó la aprobación en el senado de la minuta que el día de hoy estamos discutiendo. Dicha iniciativa tuvo como objetivo primordial reformar el inciso b) del tercer párrafo de la Base Cuarta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir el supuesto de adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión como una causal de nulidad en una elección. El esquema propuesto propicia que los partidos políticos y sus candidatos continúen realizando su acceso a tiempos en radio y televisión por la única vía de la administración exclusiva que sobre los mismos realiza el Instituto Nacional Electoral hoy y ayer el Instituto Federal Electoral, con pleno conocimiento de que la contratación o adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fueran los supuestos previstos en la ley, también sancionará con la nulidad de una elección. Eliminar por completo el esquema de competencia electoral basado en el poder del dinero y en su empleo para patrocinar campañas electorales costosas, sustentadas en la ofensa, en la calumnia, en el ataque al adversario, debe constituir uno de los objetivos fundamentales sobre los cuales debemos trabajar de forma conjunta las instituciones, los partidos políticos, los ciudadanos y los legisladores. Con esta modificación ser armoniza el contenido del artículo 41 de la Carta Magna, ya que la contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión por parte de los actores políticos que intervienen en los procesos electorales podrá ser sancionado desde dos ámbitos: El primero, a través del procedimiento administrativo sancionador. Y el segundo, mediante la declaración de la nulidad de la elección, en caso de acreditarse plenamente los hechos denunciados. Señoras y señores legisladores, la aprobación de la minuta sometida a nuestra consideración, sin duda alguna consolidará un sistema plural y competitivo de partidos políticos y la equidad de las condiciones de la contienda político-electoral, impidiendo que el poder del dinero influya en los procesos electorales a través de la compra o adquisición bajo cualquier supuesto de propaganda en radio y televisión; con esto perfeccionaremos nuestro sistema democrático propiciando con nuevos elementos que la legalidad y transparencia continúen siendo los firmes cimientos de la confianza ciudadana en el Instituto Nacional Electoral. Con base en lo anterior, en Nueva Alianza consideramos pertinente la reforma propuesta en la minuta sujeta a análisis, en virtud de que es nuestra visión que robustece nuestro sistema democrático y fortalece los principios rectores de la materia electoral. Es cuanto, señor presidente.