La diputada Minerva Hernández Ramos: Compañeras y compañeros legisladores; con su permiso, señor Presidente. La exactitud y claridad de las leyes determina en gran medida el rigor y la eficacia de la actividad económica de un Estado. La creación de una nueva ley, supone necesariamente algunas modificaciones de derecho vigente. En este sentido el dictamen de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que hoy se somete a su consideración, presenta pocas innovaciones, pues la mayoría de estas disposiciones están contenidas en el Reglamento de la Ley, pretendiendo conservar y legitimar las amplias facultades discrecionales del Ejecutivo Federal. En la Exposición de Motivos se dice que la actual Ley de Presupuesto presenta discrecionalidad y mecanismos poco transparentes. Sin embargo algunas disposiciones como la facultad interpretativa otorgada al Ejecutivo para que la Secretaría de Hacienda dé continuidad a la promulgación de normas y disposiciones generales, es un claro ejemplo de algunas de las contradicciones del dictamen. La iniciativa pretende imponer mecanismos al Congreso de la Unión al establecer que la Ley de Ingresos y el Presupuesto se elaborarán con base en los principios y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, presentando asimismo contradicciones con la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el caso de la Ley de Ingresos el Congreso impone las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto y en el caso del decreto la Cámara de Diputados lo aprueba, discute y, en su caso, lo modifica; no lo elabora porque estaría transgrediendo las facultades conferidas al Ejecutivo, mismas que hizo valer y argumentó en la controversia constitucional. En el dictamen se establece que el precio del petróleo deberá ser determinado por una fórmula mágica que dará certidumbre en la estimación y establecimiento de un precio razonable, cuya base será el promedio aritmético del precio internacional mensual que se observa en la mezcla mexicana de los 10 años anteriores a la fecha de estimación. El dictamen establece una serie de lineamientos donde se pretende reglamentar la participación de los legisladores que no pertenezcan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pues es precisamente esta última la que establecerá los mecanismos de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto de Egresos. Esta disposición jurídicamente no es vía idónea cuando en el marco jurídico vigente del Congreso de la Unión no existen disposiciones que regulen a las comisiones ordinarias, por lo que bajo ningún argumento fundado podremos hacer la excepción en materia presupuestaria. Que quede claro que el PRD no avala ni avalará ningún proyecto basado en incongruencias en beneficio de solo algunas clases privilegiadas. En materia de federalismo las disposiciones contenidas para regular el programa de apoyo para el fortalecimiento de las entidades en nada abona a garantizar su presupuestación en el Presupuesto Federal. Ese es el blindaje que se le prometió a las entidades federatias con la finalidad de darle certidumbre jurídica para que año con año no dubiten sobre su existencia. Estamos ante la oportunidad de definir el papel que juega nuestra participación en el cambio. La definición de este marco jurídico es una de las aportaciones más valiosas de esta legislatura, no debemos dejar escapar este momento, debemos replantear la introducción de mecanismos legales en la materia. No se trata de una cuestión de posturas políticas ni de ideologías partidistas, sino más bien es un elemento esencial en la rendición de cuentas y en el eficaz y eficiente ejercicio gubernamental de nuestro México. Es necesario señalar que quienes son los principales impulsores de esta iniciativa, el PRI y el PAN, en noviembre pasado elaboraron un presupuesto a escondidas y que el PRD manifestó su total desacuerdo a las prácticas excluyentes y electoreras de estos dos partidos. Los partidos del intercambio presupuestal y ahora los paladines de la planificación del presupuesto a través de esta nueva ley enviaron al Ejecutivo el Presupuesto de Egresos del año 2006 para su publicación, solamente que después de más de 10 días de seguir negociando a espaldas de esta soberanía. El Presupuesto da cuenta de un desequilibrio del gasto del orden de 26 mil millones de pesos. En palabras sencillas a los supuestos expertos en presupuestos no les cuadró el gasto público para el 2006. Yo me pregunto ¿qué autoridad moral tienen para dar clases de finanzas públicas y pretender impulsar tan rápido esta Ley de Presupuesto? Esta ley se circunscribe en la lógica de defender el régimen de los privilegios para el PRI y para el PAN. Muchas gracias, señor Presidente.