El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el avance del crimen organizado y el clima de violencia que atraviesa nuestro país ha generado que la población se sienta amenazada, insegura ante el aumento de los asaltos a mano armada, asesinatos y secuestros. De acuerdo con la sexta encuesta nacional sobre inseguridad el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad durante 2009 se denunciaron mil 128 secuestros en las agencias de Ministerio Público de las entidades federativas. El informe señala que esta sólo representa el 2 por ciento de los secuestros que se comenten en el país y los cuales podrían ascender a 50 mil en sus diferentes modalidades, incluyendo los de tipo exprés. Es una realidad que los ciudadanos ante la inseguridad pública están adoptando medidas para obtener mayor seguridad y emprendiendo acciones, para salvaguardar su integridad física, la de su familia y sus bienes materiales. Ante la percepción generalizada de la ineficacia de las instituciones de procuración de justicia, un reducido sector de la población contrata servicios de las empresas dedicadas a la seguridad privada. Es un hecho indiscutible el aumento de la demanda y la oferta de automóviles blindados, así como el incremento de empresas que se publicitan como especializadas, para proporcionar estos servicios. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores la actividad del blindaje cobra mayor importancia en nuestro país y aunque en la actualidad se calcula que el parque vehicular oscila entre los 13 y los 15 mil automóviles blindados, en los próximos años podría aumentar el mercado a 50 mil unidades. Tan sólo el año pasado la industria tuvo un crecimiento de 20 por ciento, es decir, se produjeron en el mercado nacional alrededor de 2 mil 500 autos y se importaran un promedio de 500. En este sentido, la demanda del mercado de automóviles blindados, usados también está creciendo pues en 2009 este sector aumentó en un 40 por ciento sus ventas. La razón es que muchas personas dada su capacidad económica no pueden adquirir un auto nuevo, de ahí que recurran a automóviles blindados seminuevos, los cuales están siendo cada vez más accesibles y vendidos con mayor frecuencia por los lotes de autos usados. El 80 por ciento de los autos blindados que circulan en el país son comprados por particulares para protegerse de la delincuencia callejera o contra secuestros, mientras que el 20 por ciento de este mercado es adquirido por las autoridades gubernamentales, para protegerse de potenciales atentados de la delincuencia organizada y específicamente del narcotráfico. El crecimiento explosivo de los automóviles blindados es un fenómeno novedoso, lo preocupante es que éste no ha ido de la mano de una regulación eficiente por parte del Estado; por el contrario, en la mayoría de los casos nos encontramos normatividades gubernamentales endebles para monitorear la adecuada compra-venta de los vehículos, sea por parte de las empresas o por los particulares. Peor aún, tenemos que un importante porcentaje de los vehículos que diariamente circulan en el país son de procedencia ilícita o se fabrican de manera ilegal en talleres clandestinos, de los cuales no se tiene ningún registro o control alguno. Blindar un auto debe ser un acto de responsabilidad de las personas que asumen su autoprotección y bajo ningún motivo debe ser una actividad ilegal. Es necesario impulsar acciones para combatir la oferta del blindaje clandestino y la importación ilegal de automóviles, y evitar la sustracción de los mismos de las plantas ensambladoras, de las instalaciones de aseguramiento de los gobiernos federales y de los gobiernos estatales. Asimismo, resulta fundamental que las empresas dedicadas al blindaje asuman la responsabilidad de transparentar sus servicios y cumplan con una serie de requisitos para la venta de automóviles. El objetivo es evitar que éstos puedan ser adquiridos por el crimen organizado. Estamos plenamente convencidos que es necesario que contemos con un Registro Nacional de Autos Blindados, a efecto de cumplir con una serie de requisitos para poder comprarlos y venderlos. El objetivo se enmarca en una política que considera clave el crear y actualizar permanentemente una base de datos sobre los vehículos blindados que existen en nuestro país. Por ello sometemos a esta honorable asamblea cambios al artículo 30 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de que la Secretaría de Seguridad Pública constituya el Registro Nacional de Usuarios de Automóviles Blindados. Como usted lo decía, diputado presidente, con su venia presentamos esta segunda iniciativa, que tiene que ver con las licencias de conducir, que no solamente deben de considerarse como un derecho, sino también como un acto de responsabilidad mediante el cual se pueden salvar vidas, evitar riesgos innecesarios y disminuir los accidentes catastróficos.