El diputado Erasmo González Robledo: Diputadas, diputados, el escenario de inseguridad que vivimos en México es evidente, según Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, Envipe 2018, el Inegi, se estima en 25 millones el número de víctimas de 18 años y más, ocurrido en el país durante el 2017. El 35 por ciento de los hogares del país contó con al menos un integrante que fue víctima del delito y en 93 por ciento de los delitos no hubo ninguna denuncia, o bien, la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación. De ahí la necesidad de dotar a las instituciones de un marco legal que permita el combate integral a los delitos que más lastiman a la sociedad. Por ello, se pretende incluir dentro del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa a los delitos de, uno, uso de programas sociales con fines electorales. Dos, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Y tres, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Para el Grupo Parlamentario de Morena es claro que la prisión preventiva es una excepción a las garantías de libertad que establece nuestra Constitución y las medidas cautelares. A raíz de la reforma constitucional de 2018 se reconoce por primera vez la presunción de inocencia como un derecho humano, este derecho junto con el derecho a la libertad son garantizados por el nuevo sistema de justicia penal. El artículo 18 de la Constitución federal ordena que solo por el delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Es decir, el mandato sobre prisión preventiva ya se encuentra contenido en la Constitución. Lo anterior, aun cuando el sistema de justicia penal acusatorio privilegia el derecho a la libertad. Ahora bien, la propia Constitución determina limitantes y la aplicación de medidas cautelares, como la figura a discusión, cuando se trata de ciertos delitos y la prisión preventiva justificada para garantizar que la persona imputada esté presente en el desarrollo y se proteja a las víctimas. Las medidas cautelares no privilegian la prisión preventiva, puesto que existen delitos que no la ameritan, por lo que se aplica en otros tipos de medidas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es en los artículos 19 de nuestra Carta Magna y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales donde se establecen las condiciones por las que procede la prisión preventiva. Sin embargo, existe una excepción, la prisión preventiva oficiosa, en la que se han incluido los delitos de más alto impacto social. Adicionalmente, las leyes generales de Salud, para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, desarrollan tipos penales que ameritan prisión preventiva oficiosa, conforme con el segundo párrafo del artículo 19. Es claro que la prisión preventiva no es adelantar la pena, lo que se pretende es que la prisión preventiva sea una medida cautelar eficaz para que los indiciados por delitos especialmente graves no se sustraigan a la acción de la justicia. En síntesis, se pretende evitar que la puerta giratoria siga permitiendo la liberación casi inmediata de los delincuentes que más dañan a la ciudadanía. Por las razones expuestas, les solicito, por el bien del país y del pueblo de México, votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.