El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias, diputado Presidente. El pasado 14 de diciembre la Cámara de Diputados tuvo un prolongado debate sobre las facultades del Presidente de la República y del Poder Legislativo Federal en materia presupuestal. No vamos a repetir hoy lo que en esa histórica sesión ya se dijo. No vamos a repetir lo que de manera nítida establece el artículo 72 constitucional en materia de veto a leyes y decretos, cuya resolución no es exclusiva de alguna de las Cámaras. No vamos a repetir lo que con toda contundencia dispone la fracción IV del artículo 74 de la Carta Magna en relación a la facultad del Poder Legislativo para modificar el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo. No vamos a repetir cuáles son los alcances legales de lo que estipula la fracción XX del artículo 89 constitucional, cuando señala que el Ejecutivo sólo cuenta con las facultades que expresamente le confiere la Constitución. En pocas palabras, no vamos a insistir en que la Cámara de Diputados actuó con estricto apego a nuestra Constitución Política cuando en la sesión del 15 de noviembre examinamos, discutimos, modificamos y aprobamos el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005. No vamos a insistir entonces en que la Cámara de Diputados actuó con estricto apego a nuestra Constitución Política cuando en la sesión del 14 de diciembre determinamos, por mayoría calificada, que no eran de admitirse las observaciones realizadas por el presidente de la república al presupuesto en virtud de no contar con facultades constitucionales expresas para vetar esta clase de actos. De la misma manera, tampoco vamos a cuestionar la facultad del presidente Fox de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del presupuesto aprobado por esta representación nacional porque, efectivamente, así se lo permite el artículo 105, fracción I, inciso c) de la Constitución General. Lo que definitivamente sí debemos cuestionar y reprobar es el trasfondo político de esta acción jurisdiccional interpuesta por el presidente en contra de la Cámara y la alteración que el presidente hizo del presupuesto al incorporarle un capítulo de consideraciones. Esta alteración, señor presidente, lo puede hacer acreedor al fincamiento de responsabilidad en términos de lo que establece el título cuarto de nuestra Constitución. El presidente Fox sabe perfectamente que no violentamos la Constitución ni las leyes cuando aprobamos el presupuesto. El presidente Fox sabe perfectamente que no violentamos la Constitución ni las leyes cuando no le admitimos sus observaciones. El presidente Fox sabe perfectamente que nos asiste la razón y el derecho y, a pesar de ello, opta por prolongar y profundizar sus diferendos con este poder público, en lugar de acercarse a nosotros, en lugar de dialogar, en lugar de construir acuerdos a través de la concertación política por el bien de México. Es obvio que el presidente está decidido a continuar con su pleito en contra del Congreso para seguir responsabilizándonos del fracaso de su gobierno, de las ineptitudes y corruptelas de sus funcionarios, de la ausencia de los cambios que prometió en su campaña y de los enormes rezagos que sufre nuestro país y que no ha sido capaz de resolver. No somos irreflexivos. No somos necios. No somos kafkianos ni estúpidos ni enanos, como usted nos considera, señor presidente. Somos mexicanos, que fuimos electos democráticamente para defender en esta asamblea nacional los derechos e intereses de una sociedad que está harta de las políticas neoliberales impuestas por organismos internacionales y que en los últimos 20 años sólo le han dejado al país desempleo, pobreza y migración. Los grupos parlamentarios del PRD tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, desde esta tribuna, con todo respeto, le decimos al ministro Mariano Azuela que a pesar de sus declaraciones confiamos en él, en su impecable trayectoria, en su sapiencia, en su justeza; confiamos en la imparcialidad y honorabilidad de una Corte que hoy por hoy debe convertirse en un auténtico fiel de la balanza. En este clima de confrontación que tanta desconfianza e inseguridad le ha generado a la sociedad respecto de las instituciones, la Corte tiene hoy la gran oportunidad histórica de alzarse como la gran garante del estado de derecho a que está obligado todo sistema político auténticamente democrático.