LA C. DIPUTADA BEATRIZ LORENZO JUAREZ: Con el permiso de la presidencia. Señoras y señores legisladores: la suscrita diputada, integrante de la representación política del Partido Alianza Social, y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta soberanía la presente excitativa, con base en los siguientes antecedentes. El pasado 9 de octubre del año en curso fue aplazada la comparecencia del titular de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ante esta soberanía, representada por las comisiones designadas para tal propósito. El 21 de marzo del año 2000 es publicado en el Diario Oficial de la Federación el estatuto orgánico de Luz y Fuerza del Centro, el cual es ilegal, inválido e ilegítimo por violar preceptos constitucionales. Con lo anterior se violan derechos laborales y colectivos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, afectando con ello a una plantilla de alrededor de 35 mil trabajadores activos y 14 mil 300 jubilados. El citado estatuto no sólo viola flagrantemente nuestra Carta Magna sino a leyes en la materia, con lo cual se impone la pérdida de alrededor de 20 mil puestos de trabajo y la pérdida de derechos y prestaciones para 14 mil 300 jubilados, repercutiendo en el servicio a 5 millones de usuarios. Se han interpuesto, por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, diversos amparos ante la autoridad correspondiente en contra del mencionado estatuto, al igual que el Congreso de la Unión interpuso en su momento el recurso de controversia constitucional por reformas al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica promovidas por el Ejecutivo federal. Si bien la iniciativa de apertura al sector energético, proyectos petroleros y electricidad aún no se discuten en el Congreso de la Unión, la imposición de medidas injustas a una sociedad por parte de un gobierno únicamente da lugar al retroceso de la primera y al desprecio del segundo. La desigualdad y la exclusión existente en las sociedades de hoy sólo da lugar a una heterogeneidad social aguda, en donde la distancia entre ricos y pobres es cada vez no sólo mayor sino más indignante. Así, para hablar de pactos sociales se debe impulsar primero la igualdad entre ciudadanos, pero una igualdad en todos sentidos y principalmente en lo relativo a que todos tengan la posibilidad real y tangible de mejorar sus condiciones de vida. La economía de bienestar supone una relación entre el progreso económico de la sociedades y el nivel ético y moral que representen los responsables del ejercicio político. Mientras el desarrollo social político y económico sea un privilegio de un porcentaje mínimo de la sociedad, el Estado estará nuevamente faltando a su principal propósito que es el de dar bienestar a todos los habitantes de la nación. Es innegable que únicamente cuando existe una auténtica democracia entendiendo a ésta como una constante movilización colectiva, se mejora el bienestar de la población a causa de una eficiencia económica. 6.1. El poder evaluarla a las políticas públicas para determinar si contribuyen o no al desarrollo económico de la nación, en base a si perjudica o beneficia la vida de las personas, es un derecho que debe darse toda sociedad dando así a cada ciudadano y entidad pública la oportunidad de asumir sus responsabilidades. El denunciar las injusticias es un derecho inalienable de toda sociedad en donde la libertad de pensamiento y expresión supone el derecho a escuchar y ser escuchado. La responsabilidad social de las empresas y de su administración, implica una humanización de la economía. Toda empresa debe ser sensible a las demandas tanto de la sociedad como de sus trabajadores, evitando la explotación económica en base a las prácticas del mercado libre y las leyes vigentes en la materia, y por el contrario buscar que sus servicios contribuyan al bienestar social, así como a dar lugar a la ética en su relación con la planta laboral. El derecho al trabajo es un derecho económico y social que debe sustentarse en el respeto a los derechos humanos y a las libertades políticas. Es deseable que toda empresa reintegre a la sociedad misma parte de los beneficios obtenidos por sus servicios, con lo cual el beneficio por el beneficio, es sustituido por la acción social. 6.2. Es innegable la importancia que tienen los sindicatos en cuanto a su participación tanto en los cambios a las leyes laborales como a las decisiones gubernamentales en el ámbito social y económico. La igualdad de oportunidades laborales para todas las personas implica crear las condiciones para dar lugar a una remuneración justa y un trabajo honesto. Cualquier persona que pretenda hablar de justicia a los demás, debe ser él mismo justo a los ojos de los demás. Por ello cuando las sociedades asumen como propios los valores que son realmente favorables para la impartición de justicia, a todos por igual, evitan con ello ser manipuladas por toda fuerza política y construir ellas mismas su futuro próximo. Las autoridades gubernamentales no deben y no pueden omitir su responsabilidad por la situación de inestabilidad que se manifiesta en el país. No es posible seguir fingiendo normalidad ante la actual situación social, política y económica, por ello es necesaria una coparticipación real entre Estado y sociedad en la búsqueda de un proyecto nacional de desarrollo. Los sindicatos, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, sin duda influyen en la sociedad y el poder, sea cual sea éste, al defender los derechos de las mayorías, con el fin de dar lugar un desarrollo económico nacional justo. Todo sindicato es garantía de orden nacional por su proximidad e identificación tanto material como espiritual con las masas al formar parte de estas. Al aspirar a la justicia, implica seguridad en nuestros actos, en nuestras metas, convencimiento de nuestros ideales y la voluntad de llevarlos de las ideas a la práctica concreta tal y como históricamente los sindicatos lo han demostrado. Ante un gobierno que no escucha razones, hace falta un colectivo crítico lo suficientemente firme para lograr que las políticas públicas sean concebidas con una tendencia al bien común. Tal colectivo es el sindicato. Por ello es sin duda una estructura básica en toda sociedad. A pesar de que los recursos restringidos a los que está sujeta la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, den como opción la apertura a la inversión extranjera para garantizar el abasto del fluido eléctrico en el país. Es un hecho que México no es libre de escoger a sus socios comerciales en este sector, debido a la gran cantidad de compromisos políticos que a pesar de la tan mencionada transición lo encadenan a la Unión Americana en donde al parecer los intereses norteamericanos están por encima de los intereses nacionales, lo cual lo manifiesta valerosamente el Sindicato Mexicano de Electricistas ante la oposición nacional a la privatización del sector eléctrico nacional. Toda decisión del gobierno debe ser producto de una autocrítica y convicción propia y no resultado de una situación perjudicial insostenible e incontrolable, pero es necesario tomar en cuenta que no es lo mismo cargo, autoridad y poder. Y cuando las dos últimas no existen, la primera de nada sirve. Fracasos, esperanzas perdidas, promesas postergadas, traiciones, el violar la ley. Todo esto es lo que prometió evitar el nuevo gobierno, lo cual no ha sido demostrado en los hechos y del cual somos testigos y víctimas. La voluntad de cambiar las cosas para bien y la vocación de poder sirven para tomar decisiones y el Sindicato Mexicano de Electricistas es un ejemplo de ello al tomar la decisión de defender sus derechos y los derechos de todos los mexicanos. El paquete de reformas del sector eléctrico implica cambios constitucionales y en leyes secundarias para dar lugar a una apertura a la inversión privada en la generación, distribución y comercialización de la electricidad, violando con ello el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un sector estratégico como el eléctrico no debe legislarse irresponsablemente. En este sentido el dar lugar a cambios en nuestra Carta Magna no es aceptado por un gran sector de la sociedad. La ley se cumple en todo momento y no es aceptable su modificación cuando ésta responda a intereses ajenos a los nacionales. Por lo anteriormente expuesto y fundado es formulada la presente excitativa para que: Único. La Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados solicite a las Comisiones correspondientes que procedan a dictaminar la proposición aludida y citen a comparecer a los titulares de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad para explicar el estado que guarda su administración, los planes futuros con relación a la misma y la situación legal de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, debido a la publicación del estatuto orgánico de Luz y Fuerza del Centro. Muchas gracias. LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias, señora diputada Lorenzo Juárez. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Energía para que emita el dictamen correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasando al apartado de proposiciones, el primer punto, agendado por el Partido Verde Ecologista, se retira del orden del día y se concede la palabra al diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el actual proceso electoral en el estado de Hidalgo, hasta por diez minutos.