El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Gracias, presidenta. Yo quiero decir, en primer lugar, que nosotros no nos enojamos, que a nosotros no nos duele nada, que venimos aquí con todo el derecho que tiene cada uno de los 500 diputados que integramos y conformamos esta legislatura. No nos convenzan así de esta manera. Mejor convénzannos aquí con argumentos, y no voy a caer en la trampa del avión. Eso, eso lo está calificando la gente allá afuera. Y me voy a permitir darles un argumento, una encuesta, el día de hoy, que nos dice que está retrocediendo el combate a la corrupción. Hace un año, en el 2019, en esta fecha la gente calificaba la forma de cómo gobierna AMLO, y cómo está combatiendo la corrupción en un 70 por ciento, hace un año, en estos días y en estos meses. El día de hoy, en esta fecha, solamente el 43 por ciento. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Miren, el compromiso actual del presente gobierno fue precisamente la transparencia, la austeridad. Y hoy en día se han llevado a cabo diversas subastas, y no sabemos con qué criterios se han llevado a cabo, y mucho menos sabemos cuánto se ha recaudado. El dictamen que discutimos, que plantea reformar el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, y los artículos 31 y 38 de la Ley General para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a fin de añadir el sorteo como un mecanismo para la enajenación de bienes, que por sus características por las condiciones del mercado no han podido ser enajenados a través de las formas de enajenación, onerosas, previstas en la legislación vigente. Se aduce que en la actualidad existe una gran dificultad para que la federación enajene los bienes que han ingresado a su patrimonio, y que por sus características especiales o condiciones generales no son susceptibles de ser aprovechados o utilizados por las dependencias y entidades de la administración pública federal. Además, los bienes que se transfieren al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para su enajenación, caracterizan por tener una diferente problemática jurídica y por su diversa naturaleza, situación que obliga a la utilización de diversas formas y procedimientos jurídicos para transmitir la propiedad de estos. De la misma manera, se aduce que los procedimientos de venta que existen en la legislación vigente tardan demasiado tiempo en ser desahogados y poseen algunas formalidades que retrasan el aprovechamiento de los recursos derivados para los procedimientos en venta. Contrario a lo que marca la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, este gobierno ha impulsado diversas subastas de bienes públicos, cuyos montos y destinos no se encuentran claros. En la misma fecha en que se anunció la venta del avión presidencial, el entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, anunció que la flotilla aérea adscrita al gobierno federal, que constaba de 60 aviones y 70 helicópteros, sería sometida a un procedimiento similar, de acuerdo con la normatividad aplicable. Recientemente el presidente de México anunció que el gobierno federal pretende obtener ingresos por mil 500 millones de pesos, producto de los decomisos que realiza la Fiscalía General de la República a quienes cometen el delito. Sin embargo, el presidente señaló que los recursos serán destinados al nuevo Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Fue enfático al decir que todo lo que se confisca a la delincuencia y lo que se va a obtener por la corrupción: automóviles, ranchos, residencias, dinero en efectivo, todo se va a devolver a la gente. Compañeras y compañeros legisladores, el compromiso del actual gobierno fue la transparencia y la austeridad en el uso de los recursos públicos. Dicha transparencia también debe contemplar dar a conocer los criterios, los objetivos con los que serán utilizados dichos recursos. Falta transparencia para conocer el papel y objetivos del nuevo Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Es confusa la adscripción orgánica que tiene y, sobre todo, no se conocen los criterios y mecanismos institucionales que se están utilizando para repartir equitativamente los recursos públicos recuperados. Por todo lo anterior, por las dudas que nos genera toda esta situación y la lasitud de esta reforma, mi Grupo Parlamentario del PRI votará en contra. Es cuanto.