El diputado Armando Luna Canales: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con la Encuesta de Percepción sobre la Práctica de Tortura, elaborada en 2015 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 30 por ciento de los encuestados coinciden en que la tortura es aceptable y necesaria para obtener información oportuna que permita proteger a la población en riesgo inminente. Quiero repetir lo anterior: la tortura es aceptable y necesaria para obtener información oportuna que permita proteger a la población de un riesgo inminente, para el 30 por ciento de los mexicanos. Otro 31 por ciento de los encuestados señaló que la tortura ni le va ni le viene, no están ni a favor ni en contra. Y el 29 por ciento restante señala no estar de acuerdo, pero dentro de este grupo solamente un 5 por ciento señala estar completamente en desacuerdo con la tortura. Similar resultado arroja el estudio de Amnistía Internacional, donde el 36 por ciento de los encuestados considera que la tortura en ocasiones es aceptable y necesaria para proteger a la ciudadanía. Estos datos son alarmantes y por sí mismos justificarían tomar una medida legislativa al respecto. Es por eso que hoy se presenta a su aprobación este dictamen y su adenda por parte de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia. Un significativo porcentaje de la población mexicana justifica la utilización de la tortura, y con ello, de la violencia. Pero este no es el país que queremos, no queremos un país de violencia, queremos un país de paz. Por eso tenemos que aprobar la ley que se propone el día de hoy. Resulta igualmente alarmante que un porcentaje de la población considere indispensable, para hacer frente a la delincuencia organizada, el violar los derechos de las personas y la utilización de medios violentos para combatir la propia violencia. Si lo anterior no fuera suficiente, es impostergable también atender los múltiples señalamientos y compromisos que el Estado mexicano tiene frente a la comunidad internacional, distintos organismos internacionales en materia de protección de derechos humanos nos han señalado esta necesidad. Como es de su conocimiento durante los últimos años nuestro país ha mantenido una postura apertura al escrutinio de la comunidad internacional respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, de ello dan cuenta múltiples visitas, reportes y evaluaciones que han realizado relatores especiales tanto del sistema universal como del sistema interamericano. Entre estas recomendaciones formuladas por estos sistemas, se encuentra la relativa a una emisión de una nueva legislación en materia de tortura, a fin de homologar la tipificación de este delito y sus sanciones en todo el país. Nos piden en el mundo una nueva ley con arreglo a los más altos estándares internacionales y que contemple controles necesarios y suficientes para prevenir, eliminar y sancionar este delito. Sobre el particular, se ha pronunciado también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su pasado informe el presidente de este organismo señaló en forma clara la imperiosa necesidad de emitir una nueva ley en la materia. El dictamen que hoy se pone a consideración y su adenda, son producto de un año de trabajo, son e incluyen las conclusiones y recomendaciones formuladas por diversos organismos especialistas en la materia. En su construcción participaron la oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos de la ONU, a quienes agradecemos muy sinceramente sus aportaciones y el esfuerzo realizado, así como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes con su participación y sus recomendaciones hacen de éste un proyecto sólido, pero sobre todo refrendan el compromiso que tienen para la eliminación y la prevención de la tortura. La iniciativa del presidente de la República ha sido enriquecida aportando importantes avances entre los cuales destaco la prohibición absoluta de la validez de las pruebas obtenidas mediante tortura. Nadie, bajo ninguna circunstancia, podrá estar exento de responsabilidad, porque se sanciona a los superiores jerárquicos, a los cómplices y a los colaboradores. Basta de decir que la pena es mucho más grave cuando se comete por servidores públicos o por funcionarios del Estado; además, se hace imprescriptible el delito para garantizar la justicia a las víctimas y a sus familiares. En el nuevo ordenamiento se dispone que las penas previstas para el delito de tortura aumenten hasta una mitad cuando la víctima sea un niño, una niña, un adolescente, una mujer, un migrante, un adulto mayor, una persona indígena, una persona con discapacidad o haya sido sometido a algún tipo de abuso sexual. De igual manera, mediante la creación del mecanismo nacional de prevención y la puesta en marcha del programa nacional de trabajo interinstitucional, se pondrán mayores candados y controles a la eventual comisión de este delito. La fórmula de esta política nacional es muy sencilla. Todos los poderes, todos los órganos de gobierno y organismos de protección de derechos humanos con un solo objetivo, que es combatir, erradicar la deleznable práctica de la tortura en nuestro país. Es indispensable cumplir con nuestra obligación de legislar en la materia y hoy ejercemos responsablemente nuestra función como Cámara revisora. El día de hoy sometemos a su consideración tanto este dictamen que se aprobó en el mes de diciembre por las comisiones unidas, así como la propuesta de adenda suscrita por las juntas directivas de ambas comisiones. Esta es, sin lugar a dudas y no exagero, una de las leyes más importantes que votaremos en la actual Legislatura, pero ante todo es un compromiso serio y responsable del Poder Legislativo ante la comunidad internacional. Les pido su voto a favor porque la ley que se pone a su consideración no solo son normas jurídicas, es ante todo un claro mensaje de ya no más. No más violencia, no más tortura. Es un mensaje que dibuja el país que queremos en el futuro. Una ruta para dejar atrás lo que ya no queremos. Les pido su voto a favor porque es un mensaje a la comunidad internacional de que México está en el camino del respeto de los derechos humanos. Les pido su voto a favor porque las autoridades necesitan un mensaje claro de que el México del futuro es un país donde no habrá cabida para la tortura. Les pido su voto a favor porque las víctimas de este delito exigen justicia y la solidaridad de toda la nación. Les pido su voto a favor porque ese 30 por ciento de mexicanos que estamos en contra tenemos que convencer al 30 por ciento de mexicanos que no están ni en contra ni a favor, para poder hacer un trabajo y convencer y que cambie de mentalidad el 30 por ciento de mexicanos que están a favor de que existan prácticas de tortura. Les pido su voto a favor porque esta ley que se pone a su consideración es lo que México y los mexicanos necesitamos. Es cuanto, diputada presidenta.