El diputado Salvador Arellano Guzmán: Con su anuencia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, con las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de esta Honorable Cámara de Diputados, presento ante ustedes el siguiente proyecto de decreto que reforma, adiciona la Ley Agraria en materia de Comisariado Ejidal. El derecho se ha creado en México y en el mundo para regular la conducta de los seres humanos, sin embargo, la dinámica social es un reto para todos aquellos que pretenden dar a la sociedad un mejor sistema racional de normas sociales de conducta. Teniendo como base que una importante porción de tierra se encuentra en manos de ejidatarios es de vital importancia otorgar el apoyo normativo, mismo que se entiende como la facultad para defender los derechos reconocidos por el estado de manera optima. En el entendido que frente a un derecho se encuentra una obligación, es este caso, la obligación del comisariado ejidal frente al derecho del núcleo de población ejidal. En materia agraria la falta de regulación ha dado como consecuencia poderes facticos, mismos que solo deberían de existir en la medida en que busquen algún beneficio para la sociedad y no en perjuicio de la misma. En la realidad se presenta el hecho que los comisariados del ejido no representan adecuadamente los intereses del núcleo de población ejidal en algún procedimiento jurisdiccional, y no es por falta de conocimiento jurídico especializado o por desconocimiento de las leyes, sino por una falta de regulación; en consecuencia el ejido queda en un estado de indefensión. De igual forma ocurre, que la figura del comisariado ejidal comienza la protección de los derechos ejidales, pero no continúa con el impulso procesal necesario para hacer efectivos los derechos, argumentando la falta de recursos para hacer frente a sus obligaciones; sin embargo, nos encontramos en el entendido que el comisariado, al defender los derechos del ejido defiende los suyos, de modo que es necesario contar con una disposición de carácter general, el cual lo obligue de manera expresa a dar continuidad en algún procedimiento hasta la satisfacción de los intereses del núcleo ejidal, interponiendo todas las acciones necesarias para la eficaz protección de los derechos de los ejidatarios. En la adición que se propone a esta Ley Agraria, se estipula la prohibición del cobro de honorarios a los miembros del núcleo de población ejidal por los trabajos concernientes a la actividad del comisariado ejidal. Sin embargo, debe de entenderse que la institución del comisariado ejidal actúa no por obligación impuesta del ejido sino por voluntad propia, pues es por voluntad de la persona que se ocupa este cargo de comisariado ejidal. Como símil a los razonamientos planteados, podemos hablar del derecho con que cuenta una persona para promover una demanda por cuenta propia o realizar un trámite de cualquier índole, la persona no tiene derecho a cobrar honorarios pues se entiende que los actos realizados son en beneficio propio. De igual forma, la figura del comisariado ejidal actúa por los intereses del ejido del cual forma parte. Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 Bis de la Ley Agraria, quedado como sigue Artículo 33 Bis. Son obligaciones del presidente del comisariado ejidal dar seguimiento y continuidad a los casos en que así se requiera, debiendo prestar ante el núcleo de población ejidal un informe acerca de la situación que guardan aquellos asuntos en los cuales deba de intervenir según los intereses del ejido y conforme al reglamento interno del mismo. Segundo. El presidente del comisariado ejidal está obligado a ejercer las acciones necesarias para la defensa y el cumplimiento de los derechos del núcleo de población ejidal. Tercero. Presentar el informe a que se refiere la fracción IV del artículo 33, cada seis meses a petición de la asamblea y deberá de presentarlo en forma obligatoria cada año. El informe a que se refiere la fracción I de este artículo, deberá de presentarse cuando así se requiera en las asambleas o con mayor frecuencia, cuando así lo determine el reglamento de cada uno de los ejidos. Cuarto. Queda prohibido el cobro de honorarios a los ejidatarios en lo individual. Los honorarios que deba de recibir para la defensa de los derechos del núcleo de población, deberán contar con la autorización previa de la asamblea ejidal. Es cuanto, presidente, gracias.