La diputada Lidia Pérez Barcenas: Honorable asamblea, desde la modificación constitucional en 2007 y reafirmada en 2009, México ha demostrado un compromiso sólido con la protección de la privacidad y una gestión adecuada de la información personal. Esta evolución normativa ha impulsado la adopción de políticas que confieren a los ciudadanos un control más estricto sobre sus datos personales, delineando con claridad los límites en el tratamiento y resguardo. A pesar de estos esfuerzos, nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, desde su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, ha permanecido sin modificaciones. Ahora, tras más de una década, se hace evidente la necesidad de reformar y actualizar esta ley para que esté en consecuencia con los desarrollos tecnológicos y sociales contemporáneos, tanto a nivel nacional, como global. Esta ausencia de reformas, no solo llama a la acción urgente para no solo sincronizar nuestra legislación con las tendencias tecnológicas y las buenas prácticas internacionales, sino también para reforzar la defensa de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos en el espacio digital. Por lo tanto, la tarea de revisar y modernizar nuestra ley, se presenta como una estrategia crucial, asegurando que México garantice la protección de datos personales y proporcione un ambiente seguro y equitativo para todas y todos en la era de la información digital. En los últimos años hemos sido testigos de una revolución digital sin precedentes, que ha redefinido nuestra existencia, trayendo consigo oportunidades ilimitadas para el progreso y la innovación. Esta transformación hacia la digitalización, junto con el crecimiento exponencial en el uso del internet ha reconfigurado completamente el escenario de la protección de datos personales. En nuestro país con una comunidad de más del 93.1 millones de usuarios de internet, se hace cada vez más evidente la expansión de la recopilación y el uso de la información personal. En este contexto, la economía digital que considera los datos como un nuevo insumo productivo y la competencia internacional, nos convocan a emprender una actualización legislativa que responda de manera efectiva a estos nuevos desafíos. Estos avances, aunque prometedores, implican también riesgos significativos, especialmente en la protección de nuestra información personal. El ritmo acelerado de la tecnología y las transformaciones en las prácticas globales de la protección de los datos, exige de nosotros una reflexión seria y una acción decidida para actualizar y fortalecer nuestro marco legal. La iniciativa que presento hoy, es una respuesta a esta indudable necesidad, alineando nuestra legislación no solo con los desafíos emergentes de la era digital, sino también con los estándares internacionales y las buenas prácticas globales, incorporando, incluyendo ajustes significativos a la ley vigente e incorporando referencias esenciales como en el marco de privacidad de la OCDE y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, reflejando así el compromiso con la protección de datos personales de manera global. La iniciativa que propongo a su consideración, se basa en principios fundamentales para el tratamiento de los datos personales, tales como la legalidad, el consentimiento, la transparencia y la seguridad de la información, salvaguardando de manera más efectiva los datos personales sensibles. Establece la obligación de notificar cualquier violación de datos y asegurar una transparencia reforzada en el procesamiento de estos y subrayando la necesidad de otorgar una protección especial a los menores de edad en el ámbito digital, verificando que su participación en los servicios de la sociedad de la información respete de manera integral su interés superior y sus derechos fundamentales. Al emprender la actualización de nuestra legislación no solamente estamos protegiendo a nuestros ciudadanos en el presente, sino que estamos cimentando las bases de un futuro donde la tecnología esté al servicio del bienestar humano, en esencia un pacto con la privacidad, la seguridad y buenas prácticas establecidas en los ejes fundamentales de esta cuarta transformación, en donde se ha trabajado incansablemente para cerrar las brechas de desigualdad y asegurar que todos los ciudadanos gocen de acceso pleno a los derechos fundamentales. Este compromiso con la justicia social y la equidad, junto con la implementación de tecnologías que respeten la privacidad de los usuarios, enfatiza la necesidad de que nuestra legislación refleje y priorice estos valores en la era digital. Con estas palabras y con el respaldo del pleno de este órgano legislativo busco no solamente el progreso legislativo, sino el progreso y el fortalecimiento de nuestra sociedad en su conjunto. Es cuanto, presidenta.