EL C. DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ: Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados: Vengo a presentar una iniciativa en relación con el llamado: "fuero constitucional". Esa es una institución diseñada para proteger el funcionamiento de los poderes públicos. Y es a pesar de ello, una institución completamente desprestigiada en nuestro país. Gran parte del pueblo, por no decir que todo él, ve al fuero como una especie de "patente de impunidad". Se trata sin embargo, de una institución tendiente a conceder inmunidad a los titulares e integrantes de los poderes públicos y a los entes autónomos como el IFE, a efecto de que ninguna autoridad pueda impedir su normal funcionamiento. ¿Qué hacer entonces frente a esta situación en la que se ha desprestigiado la inmunidad? Porque cuando se persigue a algún individuo aforado, normalmente la Cámara de Diputados hace como que no ve. Se ha llegado al extremo de que el propio pleno de la Cámara ha suspendido la convocatoria a un Jurado de Procedencia en un lance de completo desacato a la Constitución. El Jurado de Procedencia debe instalarse, ¡no es una opción que la Cámara tenga! ¡Debe resolver la Cámara si obsequia o no obsequia el llamado desafuero! No es algo opcional. Las facultades de los poderes públicos entrañan una obligación. Cuando se le da al Ministerio Público la facultad de ejercer acción penal no se le está dando la prerrogativa de ejercerla cuando quiere y no ejercerla cuando no quiere, cuando se le da al Congreso la facultad de emitir leyes éstas leyes deben ser emitidas. El Congreso no puede, digamos, derogar el Código Penal por decir algo y no expedir un Código Penal, puesto que si no lo hace no habría delitos y por lo tanto cualquier conducta sería lícita. Es obligatorio hacerlo. Todo lo que dice el artículo 73, lo que dice el artículo 74, son obligaciones del Congreso y de la Cámara respectivamente. No puede la Cámara no hacerlo. Sin embargo, la Cámara no lo hace. Propongo entonces reformar el artículo 111 de la Constitución para que todas las personas aforadas, los que tienen inmunidad constitucional, cuando cometan un delito, cuando sean presuntos responsables de un delito, puedan ser sometidos a un proceso penal, manteniendo su inmunidad. Es decir, que la inmunidad no les otorgue la suspensión o no inicio del proceso penal, sino que les mantenga en libertad. Que la inmunidad sirva para mantener al aforado en libertad y que los tribunales conozcan de la acusación del Ministerio Público y resuelvan conforme a las leyes. En el fondo también hay algo injusto en relación con el procedimiento este del desafuero. Porque una persona aforada puede ser desaforada presentado a un tribunal y el tribunal lo puede exonerar. Y todo el procedimiento del desafuero pues no fue más que un desgaste. En realidad cualquiera de nosotros que sea acusado de la comisión de algún delito puede ser presentado ante un juez, se puede abrir el proceso si el juez considera que hay elementos o méritos para poder abrirlo o puede ser directamente declarado libre. Esta institución de la inmunidad, en la que el que tiene tal inmunidad es sometido a un proceso, fue la solución encontrada en Italia frente a la resistencia del Parlamento a quitarle a los parlamentarios la inmunidad para que se abrieran los procesos. Hoy día en Italia los procesos se pueden abrir y cuando el juez solicita al parlamento, por cualquier motivo, la procedencia, el Parlamento la da normalmente y la persona deja de ocupar su cargo y lo meten a la cárcel . Y además sería mucho mejor que fuera el juez el que solicitara el desafuero, la eliminación de la inmunidad y que este mismo sistema operara para el Presidente de la República, sólo que a través de resoluciones sucesivas de ambas Cámaras, como es el esquema del juicio político, por tratarse del Presidente, exclusivamente. También es necesario precisar que una persona que está separada del cargo carece de inmunidad, puesto que lo que la inmunidad protege es el funcionamiento del órgano del Estado, para lo que se debe garantizar la libertad del individuo; si no está ejerciendo sus funciones, su encarcelamiento no afecta el funcionamiento del órgano del Estado de que se trate. Esta es una reforma que hay que hacer rápidamente, sin titubeo. Yo creo que el sistema tortuoso de la Sección Instructora, como está en la ley, es algo verdaderamente inaceptable, es convertir a la Cámara en una especie de juzgado, que en 60 días va a dictar una resolución, pero esa no es una función parlamentaria. La decisión de remover la inmunidad de una persona con fuero es una decisión política, no es una decisión estrictamente jurisdiccional, por lo tanto quien debe tener la facultad de remover o de eliminar la inmunidad, debe tomar esa decisión política sobre la base de un expediente de carácter judicial, de una resolución de un juez. Debe también el órgano jurisdiccional, partir de la presunción de inocencia, no puede convertirse en un tribunal la Cámara, no debe hacerlo. Los tribunales de justicia son los tribunales de justicia y los órganos legislativos son otra cosa completamente diferente. Claro, en el momento en que se produzca la sentencia y el juez no haya solicitado antes el revocamiento de la inmunidad, el juez estará obligado a pedirle a la Cámara que lo remueva, con el propósito de que se cumpla la sentencia judicial. Todos aquellos que no fueran desaforados, termino señor Presidente, todos aquellos que no fueran desaforados hasta que no viniera la sentencia, estarían como los que ahora están bajo fianza, exactamente igual, en libertad bajo fianza hasta que se produzca la sentencia. Hay que darle trato igual entonces a todo mundo, partir de la presunción de inocencia y quitar el fuero constitucional como elemento de impunidad, cosa que desprestigia totalmente al Congreso. Esta es en síntesis la iniciativa que presento, que implica termino señor Presidente- reformas al artículo 111, al artículo 112 y al artículo 108 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también la fracción II del artículo 38 para eliminar que se quiten los derechos políticos de los que están sujetos a proceso en el caso de que tengan inmunidad constitucional. Es cuanto señor Presidente, muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Transcríbase íntegro el documento de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema. -ELC. PRESIDENTE. Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del ismo. -LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS. ¿Falta algún Diputado o Diputada para registrar asistencia? Ciérrese el sistema electrónico, quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula. Señor Presidente, se informa a esta Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 406 Diputadas y Diputados que han registrado su asistencia. -EL C. PRESIDENTE. Gracias Secretaria. Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Grupo Parlamentario dek Partido Verde Ecologista de México, para presentar Iniciativa que Reforma la Fracción Octava del Artículo 32 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. -