El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. De acuerdo a la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalía establecida por la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad se define como toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La discapacidad refleja la consecuencia de la deficiencia desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo. Según cifras del Inegi, hasta 2010 había alrededor de 5 millones 739 mil 270 mexicanas y mexicanos con algún tipo de discapacidad, es decir, más del 5.1 por ciento de nuestra población se encuentra en situación de vulnerabilidad por esta causa. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas señala que representa el 10 por ciento de la población mundial. En los últimos años se han creado diversos programas de atención y de impulso al desarrollo de aquellas personas que padecen alguna discapacidad. A través de programas gubernamentales y de luchas sociales se ha logrado colocar el tema de los discapacitados como un asunto colectivo, en el que es necesario la intervención gubernamental y social, quedando lamentablemente en las más de las veces en el simple papel, en una norma jurídica muerta e incluso en sólo buenas intenciones. Como consecuencia, el gobierno mexicano no ha logrado garantizar la atención a la población mexicana con discapacidad, y por ende, garantizar el respeto y tutela a sus derechos fundamentales. Pero aún, no hemos logrado socialmente siquiera darles un trato digno igualitario que les permita acceder a una vida normal, con oportunidades de desarrollo y en un ambiente armónico, como en justicia y en derecho les corresponde. En los últimos años se ha dado un debate amplio y extenso sobre el término adecuado para referirse a las personas con alguna discapacidad. Después de un consenso en más de 70 países, como aquí se ha señalado, el pleno de la Organización de las Naciones Unidas decidió que la forma correcta era la palabra discapacidad. Esto ocurrió en 1990, en México, como consecuencia, tenemos 23 años de atraso al respecto, ya que ni siquiera ese término había sido acuñado. Hasta el día de hoy es común utilizar la expresión personas con capacidades diferentes, como aquí se ha señalado, para referirse a este grupo, por demás, vulnerable de nuestra sociedad. Con la modificación propuesta, armonizamos la Ley General de Salud con nuestra norma suprema y eliminamos expresiones peyorativas para referirse a quienes sufren una discapacidad, sea física, intelectual o sensorial. Una de las más importantes funciones de esta Cámara, sin duda, es actualizar el marco jurídico de nuestro país, para mantenerlo acorde a la realidad y en este caso congruentemente con la internacional, siempre con miras de lograr el beneficio de las y los mexicanos, atendiendo el principio de progresividad de los derechos humanos. Este dictamen de reforma, sin duda, es un avance pero no es suficiente. En este país necesitamos impulsar más y mejores programas de atención para las personas con discapacidad, hagámoslo y dejemos las palabras y pasemos verdaderamente a las acciones. Son millones de mexicanas y mexicanos que lo merecen, y sin duda, lo necesitan. Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, la fracción de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen, porque las personas con discapacidad merecen un trato digno, igualitario y justo, sin discriminación, sin maltrato de ninguna especie. Es cuanto.