El diputado José Ricardo Delsol Estrada: Con su venia, presidenta. A nombre de la Comisión del Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático, Recursos Naturales, con fundamento en el artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados ponemos a consideración del pleno el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de participación y acceso a la información ambiental, presentada por el diputado y amigo, Ernesto Palacios Cordero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Compañeras y compañeros diputados, crear y mantener condiciones medioambientales adecuadas para el libre desarrollo de la personalidad de los seres humanos, es una de las acciones reales que fundamentan el sostenimiento del planeta y de condiciones de vida digna para toda la población. Es por ello que, desde hace más de 20 años, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano a un medioambiente sano para el desarrollo y bienestar. Su protección ha sido desde entonces una asignatura fundamental, con la cual se ha logrado la construcción de un marco constitucional y normativo más eficaz en la salvaguarda de este derecho, en conjunto con su conexión con otros derechos. Sin embargo, derivado de las diversas condiciones adversas sociales que se han presentado en las últimas tres décadas, como lo representó la pobreza, el desempleo, la injusticia, la corrupción y otras más, aun existen limitaciones que impiden el pleno gozo y ejercicio de los derechos humanos, incluidos entre ellos el derecho a un medioambiente sano. Es por ello que, hoy más que nunca, el derecho humano a un medioambiente sano requiere de una nueva conceptualización, a la luz de la democracia participativa, que le permita vincular los instrumentos del derecho ambiental con las figuras de la participación ciudadana y de acceso a la información para aspirar a la sustentabilidad y a la protección de los derechos de las personas y, obviamente, futuras generaciones. La participación y el acceso a la información en materia ambiental es una oportunidad para ejercer la corresponsabilidad de la sociedad, por lo que el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad y de las instancias gubernamentales legislativas y de administración pública para ejercerla, son reto que debemos afrontar. Estos retos deben de verse traducidos en la obligación del Estado para informar, consultar, rendir cuentas, así como el propio derecho de la sociedad para asumir una posición activa en su papel de corresponsabilidad en la toma de decisiones ambientales, es decir, la adquisición de una consciencia plena sobre el deber ambiental. Es imperativo que el ciudadano tome conciencia de su deber ambiental ante las problemáticas ambientales que el accionar del ser humano ha proporcionado en el medio ambiente. Comprender la información y tener acceso a ella son los primeros pasos para poder participar en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales, puesto que deben ser los ciudadanos directa o indirectamente afectados en su derecho al medio ambiente los que tengan la última palabra cuando exista un riesgo real e inminente de una afectación irreparable, ya que son los primeros conocedores de cualquier riesgo. El acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones son indispensables para consolidar la democracia participativa y otorgar gobernabilidad, ya que enriquecen el contenido de la discusión y brindan legitimidad a la decisión que toman las autoridades. Al lograr la pretensión de socializar la información ambiental, estaremos en posibilidad de brindar las herramientas necesarias para que todos podamos contribuir de manera responsable a la instrumentación de soluciones y alternativas que contribuyan efectivamente a una sociedad más participativa, más consciente, sobre todo de la protección ambiental. En este sentido es importante destacar que el contenido del dictamen hoy puesto a consideración, además de aportar un gran avance en materia ambiental y de derechos humanos, su contenido está alineado a los objetivos plasmados en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, adoptado y firmado por México el 4 de marzo de 2018. El Acuerdo Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y afectiva en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo cobró validez y obligatoriedad en México, el pasado 9 de diciembre del 2020, toda vez que en dicha fecha fue publicada en el Diario Oficial de la Federación tras sido ratificado en el Senado de la República. Desde dicha fecha, el Estado mexicano está comprometido a redoblar esfuerzos para lograr y garantizar los acuerdos adquiridos en materia de acceso a la información ambiental.