La diputada Miroslava Sánchez Galván: Compañeras, compañeros legisladores, durante el tiempo transcurrido de la cuarta transformación hemos consolidado importantes avances para el bienestar y una mejor calidad de vida para el pueblo de México. En esta LXIV Legislatura trabajamos para sentar las bases jurídicas a través de reformas, adiciones y nuevas leyes para alcanzar la justicia social y el desarrollo tan largamente anhelado. En coordinación con el Poder Ejecutivo federal construimos una nueva política que destierre para siempre a la burocracia dorada, que ponga un alto total a los despilfarros y privilegios, que permita que los recursos de los programas sociales lleguen directamente a las manos de las y los beneficiarios y que ponga fin a la corrupción. En la cuarta transformación de la República no hay ni habrá un gobierno rico con un pueblo pobre. El mal uso de los recursos públicos se acabó y se acabó también la injusticia distributiva. Llegó la hora de la transparencia y la correcta aplicación de los recursos en favor de quienes más lo necesitan para superar la brecha de la desigualdad. El poder del Estado hoy se ejerce para el pueblo y por el pueblo, las decisiones de la administración pública federal descansan sobre dos principios fundamentales: la austeridad republicana y el bienestar de todas y todos los mexicanos. Tenemos una visión y una firma convicción garantista de los derechos humanos, es decir no basta con que estos sean reconocidos, sino que se debe de garantizar su ejercicio. Para ello las oportunidades no pueden derivarse del azar, sino de la seguridad y la certeza de que su ejercicio y goce son un derecho para todas y todos. Los derechos sociales han sido, desde el inicio de esta legislatura y del nuevo gobierno, una prioridad, eso está en el centro de nuestras agendas, decisiones y acciones. Los resultados son tangibles en millones de hogares mexicanos que habían sido olvidados por décadas. Nuestro compromiso de trabajar todos los días y sin descanso para asegurar el conjunto de derechos que les corresponden a todas las personas, y en particular a los más humildes y desfavorecidos, está a la vista. De ahí que proponemos establecer los medios e instrumentos para garantizar estos derechos en el texto fundamental, a fin de evitar regresionismos. Para garantizar el goce y ejercicio de los derechos sociales es necesario elevar a rango constitucional las acciones positivas que sean necesarias. Como lo hemos señalado reiteradamente en esta tribuna, derecho que no se ejerce, no es derecho. Garantizar el ejercicio de los derechos sociales implica el reconocimiento de estos, así como de las personas que los detentan, pero, sobre todo, implica que el Estado no limita su obligación de garantizarlos. Hoy ante este pleno, ante esta representación popular, se presenta para su discusión y eventual aprobación el dictamen relativo a la reforma al artículo 4o. constitucional, para incorporar en nuestra Carta Magna el garantizar la prestación de los servicios de salud para la población más necesitada, aquella que por años ha sido intencionalmente olvidada e ignorada, la que se encuentra privada de los servicios de la seguridad social y con ello se les han negado los servicios de salud de calidad. Una reforma que plantea, además, otorgar un apoyo económico a otro importante y también abandonado sector de la población, el de las personas con discapacidad permanente, a quienes tienen que enfrentar ellos y sus familias los contratiempos propios de una situación de vulnerabilidad económica, generada al padecer condiciones desfavorables que impiden a sus entornos, sus familiares y a sus personas, el desarrollo económico mínimo necesario, para atender debidamente su condición. Un proyecto de reforma constitucional que también busca cubrir una deuda histórica con nuestros adultos mayores, en especial los indígenas y los afromexicanos, que se han encontrado ajenos a la seguridad social y ello les ha impedido contar con el beneficio de una pensión o jubilación que les permita contar con recursos económicos, para llevar dignamente su vejez. Se trata de un acto de justicia social para con nuestros adultos mayores, mujeres y hombres que, en su oportunidad, en su juventud, dieron todo en el campo y en algunas ciudades de nuestro país y ayudaron al desarrollo económico de la nación. Retribuirles con un apoyo económico para que lleven con dignidad la etapa de la vida a la que llegaron después de años de trabajo y sacrificio. Por último, esta reforma busca garantizar, dotar a los jóvenes de un piso mínimo de desarrollo, mientras se encuentren estudiando, darles garantías económicas básicas que les ayuden a no abandonar sus estudios por razones monetarias o materiales. Un piso que les ayude a ellas y ellos y a sus familias acceder a las condiciones de preparación y capacitación necesarias para enfrentar un entorno económico y social cada vez más demandante y que cierra espacios a aquellos que no cuentan con los estudios y preparación que el mercado laboral y profesional demandan. Con el otorgamiento de un apoyo económico a las y los estudiantes, hijas e hijos de familias en condiciones de pobreza, se les darán las herramientas que necesitan para desenvolverse profesionalmente, lo que redundará en el desarrollo económico integral de amplios sectores de la población que hoy por hoy se ven limitados por verse obligados a abandonar sus estudios y preparación profesional. De esta forma, hoy tendrán acceso a la educación y a los servicios de salud y a la seguridad. Se sumarán a nuevos paradigmas. La desigualdad, la pobreza y la exclusión social no deben seguir siendo normalizadas. El dictamen a discusión busca establecer, en la Constitución, la forma en que el Estado garantizará los derechos sociales. Para ello prevé el derecho a la protección de la salud, estableciendo que el Estado deberá garantizar la prestación de servicios, particularmente para las mexicanas y mexicanos que no cuenten con seguridad social. Mandata que el gobierno de México deberá entregar un apoyo económico a favor de las personas con discapacidad, por ser este un sector altamente vulnerable. La entrega de este apoyo priorizará a las personas menores de edad, indígenas y a las que se encuentran en situación de pobreza. Proponen que las personas mayores de 68 años y personas indígenas mayores de 65, reciban como un derecho del Estado una pensión no contributiva. Incluye a las y los jóvenes estudiantes, a través de un sistema de becas en todos los niveles educativos, con especial énfasis en quienes se encuentran en condición de pobreza. Asegurando así que tengan acceso a la educación, la cual mejorará significativamente su calidad de vida y posibilitará de manera efectiva su desarrollo para romper el círculo de exclusión y pobreza que tanto lastima a nuestra sociedad. Estos apoyos serán entregados sin intermediarios, sin moches, sin corrupción. Señoras y señores legisladores, con esta reforma evitaremos la discrecionalidad de la política social y haremos efectiva la progresividad de los derechos sociales. Aseguraremos que no dejamos a nadie atrás ni dejamos a nadie fuera, como lo señaló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La austeridad republicana es precisamente para asegurar el bienestar del pueblo. La cuarta transformación no entiende el desarrollo económico sin bienestar social. La cuarta transformación no entiende la democracia donde hay pobreza. La cuarta transformación no entiende la justicia si existe desigualdad. En tal virtud, las reformas propuestas ordenan un piso mínimo para instrumentar la política social y señalan una ruta clara para la política económica. La realidad evidencia que nunca más pueden transitar por vías divergentes. El Grupo Parlamentario de Morena reafirma, una vez más, que la cuarta transformación de la República establecerá un nuevo régimen, el cual a través de un nuevo marco jurídico y normativo fortalecerá una economía de Estado para el bienestar. Exhorto a las y los legisladores de las distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, a votar a favor del dictamen que nos ocupa. Es claro que el neoliberalismo no es el camino a seguir. El desamparo, la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, la discriminación, el rezago, la exclusión, la desigualdad y la migración, no deben ser el destino de nuestro pueblo. Las propuestas de reformas que hoy nos presentan las comisiones dictaminadoras van mucho más allá de argumentos teóricos e ideológicos. Es una reforma centrada en las personas, en la dignidad humana, en el bienestar de cada niña, de cada niño, de cada joven, de cada mujer y de cada hombre, así como en el desarrollo de la sociedad. Diputadas y diputados, por el bien de todo, primero los pobres. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Vamos con todo. Vamos por todo. Y vamos todos. Gracias.