La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, mejor conocido como SAE, fue creado en el año 2002 a partir de la publicación de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que como organismo descentralizado de la administración pública federal se ha buscado consolidar y operar las funciones de administración y enajenación de bienes a disposición del gobierno federal en un solo organismo y que ya no fuera a través de diversas instituciones como se hacía antes de la creación de esta ley. Sin embargo, el día de hoy en Encuentro Social consideramos que es necesaria la modificación del artículo 31 de dicha ley, en lo relativo a la reducción de los costos de administración, así como la custodia de los bienes. Es indispensable que en estos periodos de austeridad que necesita nuestro gobierno, puedan disminuirse los costos, tanto de administración, como proceder a la enajenación de los bienes para así dar cumplimiento a lo que establece el artículo 134 constitucional. Es por una cuestión de procedimiento, que existe un periodo prolongado entre el momento que los bienes son decomisados y estos pueden ser recibidos por las autoridades de parte del SAE, por lo que el proceso de resguardo y preservación de bienes en muchas ocasiones suele verse entorpecido. Sumado a ello, el SAE no cuenta con instalaciones especiales para resguardar aeronaves y embarcaciones, hangares, puertos, diques, etcétera por citar un ejemplo, lo que provoca una considerable aportación de recursos por parte del gobiero federal tanto para su preservación como para su mantenimiento y vigilancia. Actualmente el SAE cuenta con 12 oficinas regionales en el país, las cuales, si se requiere hacer un trámite, debe hacerse en la ciudad sede de la oficina regional, lo cual genera una mayor tardanza en la recepción del bien o bienes, sumado a los gastos que se generen de cada administración y resguardo, así como de estas oficinas regionales. Para dimensionar de manera más particular lo que hace el SAE, los bienes quedan almacenados en diversas ubicaciones y almacenes aproximadamente 340 en todo el país, lo cual compllica y nuevamente representa una erogación tanto la administración como la logística que se requiere para el destino final. Así, el artículo 31 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, establece que los procedimientos de enajenación previstos son de orden público y tienen por objeto enajenar de forma eficaz, imparcial y transparente los bienes que sean transferidos al SAE; asegurar las mejores condiciones en la enajenación de bienes, obtener el mayor valor de recuperación posible y las mejores condiciones de oportunidad, así como la reducción de los costos de administración y custodia a cargo de las entidades transferentes. Sin embargo pareciera que se contradice la misión del SAE, ya que actualmente se tienen en bodegas y patios muchos de los bienes con una antigüedad mayor a 14 años sin haber sido transferidos, sin que la autoridad se pronuncie sobre los mismos, por lo que estos bienes ya se encuentran en notable deterioro y se han convertido en bienes obsoletos por este tiempo transcurrido lo cual, además, generó un significativo gasto de recursos financieros lejos de aportar un beneficio a las finanzas del Estado. Es por ello y, conforme a lo que nos señala la Constitución en su artículo 134 en cuanto a que los recursos económicos de los que disponga el gobierno federal, debe regirse, entre otros principios, el de eficiencia y eficacia, por lo que resulta necesario plasmar e la ley reglamentaria la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público esas máximas constitucionales, de manera que la enajenación de los bienes asegurados sea una opción prioritaria y viable. Por lo anterior, es que les someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 31 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, lo cual permitiría que los bienes asegurados sean convertidos a numerario, efectivo o su equivalente, según su naturaleza mediante el procedimiento de enajenación o cobranza que corresponda, salvo disposición legal o resolución de autoridad competente que ordene su conservación, garantizando de esa manera al Estado que pueda dejar de erogar grandes cantidades en el resguardo de bienes, traduciéndose lo anterior en tener el valor de los bienes en dinero y coadyuvar al cuidado de las finanzas nacionales que tanto se requiere en estos tiempos. Muchas gracias. Es cuanto.