El diputado Federico José González Luna Bueno: Con su venia, señor presidente. La creatividad es una cualidad presente en los seres humanos que se entiende como la capacidad del hombre para expresar y transformar el entorno que le rodea. La creatividad se funde en nuestra habilidad para observar, analizar, abstraer y comunicar, así como en la destreza innovadora y la sensibilidad artística que nos lleva a la producción constante de cosas nuevas y originales. Si bien es cierto que la creatividad es inherente a la condición humana, también lo es el hecho de que las habilidades que acabamos de enlistar no necesariamente se encuentran distribuidas equitativa y uniformemente entre todos los miembros de la especie, sino que algunos individuos desarrollan más una habilidad que otros y existe quien en base al esfuerzo y a la acumulación de experiencias y conocimientos, tanto de índole científica como técnica, llegan a cumplir adecuadamente las carencias derivadas del reparto desigual que la naturaleza hace de ciertas capacidades. En virtud de lo anterior es que existe el derecho a la propiedad intelectual que protege aquello que desarrolla el hombre con base en su capacidad, inventiva y talento. Sin la posibilidad de registrar patentes o creaciones artísticas que el derecho a la propiedad intelectual y sus instituciones han garantizado en muchos países desde el siglo XVIII, a fin de que los creadores puedan obtener beneficios de ello, seguramente la producción artística y cultura, pero sobre todo la innovación tecnológica e industrial no habrían llegado hasta el punto en el que se encuentran hoy en día. Las regalías que se pagan a los creadores son el incentivo que estos tienen para seguir innovando, sin embargo la cantidad de recursos que llegan a manos de estos depende directamente del volumen de ventas lícitas de un producto que llegue a concretarse. El problema es que las ventas legales de determinados productos se ven afectadas seriamente por el fenómeno de la piratería, es decir, o la reproducción no autorizada de alguna creación para su posterior venta de modo ilícito. La piratería se ha convertido en nuestros días en la principal amenaza para la innovación tecnológica y la creación artística. El espíritu creativo de un buen número de autores e inventores se ve inhibido cuando se percibe una recompensa al esfuerzo realizado. El fruto del trabajo de los creadores va a parar a manos del crimen organizado que ha encontrado en la piratería una de las actividades que más ganancias le generan tan solo por detrás del tráfico de drogas. Para enfrentar panoramas tan complicados como éste que describimos, las industrias protegidas por el derecho de autor requieren que el Estado las apoye con el impulso de legislaciones que faciliten la protección de la propiedad intelectual, sin embargo en virtud de que la educación, la ciencia y el arte son fundamentales para la construcción de una sociedad democrática y se requiere que éstos sean socializados, el Estado tiene la responsabilidad de encontrar mecanismos de difusión a través de los cuales pueda garantizarse el acceso de toda la población al conocimiento y la cultura, incluidos aquellos segmentos de la sociedad más vulnerable. Por este motivo la ley prevé ciertos casos en los cuales las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización de titular del derecho patrimonial sin remuneración. No obstante, en estos supuestos hasta ahora no se hallaba contemplada la posibilidad de reproducir o adaptar obras literarias o artísticas de manera total o parcial sin fines de lucro, con la finalidad de hacerlas accesibles en lenguajes y temas y otros modos, medios y formatos especiales para una persona con discapacidad auditiva, visual o ambas. Es decir, la ley no contaba con una disposición que garantizara el acceso a la cultura y el conocimiento a un grupo tan importante como lo son las personas que tienen alguna discapacidad auditiva o visual. No se puede soslayar que de acuerdo a datos del Censo 2010 del INEGI, en México existen 5.7 millones de personas con algún nivel de discapacidad de los cuales el 30 por ciento tiene discapacidad visual, mientras que el 12 por ciento padece discapacidad auditiva. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se pronuncia a favor del proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 128 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.