La diputada María del Rosario Rodríguez Rubio: Muy buenas tardes, diputados, diputadas, público en general, sociedad y medios de comunicación. En representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y en representación de diputados y diputadas, de senadores y senadoras, es que presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a fin de armonizar con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Quiero dar un reconocimiento muy importante a la Cámara de la Unión. Es un trabajo muy importante que hemos empezado y hemos realizado senadores y senadoras, diputados y diputadas de las Comisiones de Educación, de todas las fuerzas representadas, y es un honor estar aquí presentando este proyecto que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes de todo México. Señoras y señores legisladores, el contenido de nuestra Carta Magna en materia de promoción y salvaguarda de los derechos humanos, se ha inscrito como una prioridad en términos de asegurar la dignidad de todas las personas. Asimismo, la eficacia de nuestro marco jurídico debe asegurar el reconocimiento pleno de las garantías en favor de toda la población, por lo que la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes representa, en términos de eficacia y eficiencia, la vigencia del estado de derecho. Bajo tal afirmación, es menester fortalecer el diseño de nuestra arquitectura jurídica para que los menores y las menores de este país tengan asegurado su derecho a la vida, a la identidad, a vivir en familia, a la educación, entre otros muchos aspectos de importante relevancia que garanticen su seguridad, su bienestar. En estos términos, asegurar el derecho a la educación se inscribe como el mecanismo por excelencia a través del cual se logra el desarrollo pleno e integral del menor, que en consecuencia fortalece el capital social del Estado mexicano, ya que promueve la libertad y la autonomía personal. Estos principios rectores del ideal democrático que anhela nuestra nación y que se rescatan en lo dispuesto en el artículo 3o de nuestro ordenamiento constitucional. Actualmente enfrentamos desafíos de importante consideración, particularmente en materia de superación de pobreza, clima de violencia, inseguridad, que fomentan las desigualdades sociales y que requiere de la actualización del marco regulatorio en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto es para que favorezca la implementación de una política integral más acorde a la realidad de este grupo específico de mexicanos y mexicanas. Por tanto, resulta fundamental armonizar la Ley General de Educación con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con los tratados internacionales y los preceptos establecidos en la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Esto en congruencia con los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adquirido, de acuerdo a su propio ordenamiento constitucional y que es para la defensa irrestricta del interés superior del menor. Señoras y señores legisladores, este conjunto de reformas que estamos presentando ante ustedes tiene que ver con la actualización del lenguaje normativo, con la incorporación de nuevos criterios de acceso al sistema educativo, con las nuevas definiciones educativas en el ámbito de la niñez y la adolescencia, con la nueva obligación de las autoridades locales en materia de normatividad mínima, con las nuevas facultades concurrentes de los tres órdenes de gobierno en combate al bullying, con la ampliación de los alcances de la equidad en la educación y con la actualización de todos aquellos catálogos sobre la conducta. Por lo tanto, sometemos a consideración en nombre de este Congreso y de las Comisiones de Educación, tanto del Senado como de la Cámara, a su consideración esta propuesta de ley que es para armonizar la Ley General de Educación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es cuanto, señora presidenta, gracias diputados y diputadas.