El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros, vengo a presentar una reserva al artículo 6o., al tenor de los siguientes argumentos. Primeramente decirles a ustedes que la corrupción gubernamental, lo saben, se ha constituido en un lastre que inhibe la participación y confianza ciudadana en temas gubernamentales para que conozcamos la dimensión les voy a presentar a ustedes algunos datos. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, en el año 2012 México se ubicó en el lugar 105 de 174 países evaluados, encontrándose por debajo de países como Senegal, Bolivia, El Salvador, Trinidad y Tobago y Liberia. Este índice se encuentra estrechamente ligado con la opacidad con la que se han manejado históricamente los tres niveles de gobierno que han hecho uso de cualquier esquema legal que les permita reservar todo tipo de información que no les favorece o que pone en riesgo corruptelas y pillajes hechos al amparo del poder. El espíritu de la reforma propuesta era incrementar el acceso social a la información y limitar al mismo tiempo, los pretextos para eludir el cumplimiento a un derecho reconocido por nuestra Constitución. La minuta que fue recibida de parte de la Cámara de Senadores contempla de manera lisa y llana la inatacabilidad por parte de los sujetos obligados de las resoluciones del IFAI. Es decir, ninguno de los sujetos obligados podría impugnar una resolución que le ordenara la entrega de información a los particulares dejando a salvo en todo momento, además, la posibilidad de impugnar las negativas de las dependencias del gobierno a hacer pública la información. Presidenta, cuando usted estime conveniente llamar la atención de los legisladores. Ésta es la fórmula que conviene al interés democrático de la nación. En su lugar se estableció por parte del PRI en el trabajo de las comisiones unidas, causales de atacabilidad y haciendo uso de un lenguaje vago e impreciso, encierran una trampa para la apertura en la información del gobierno. Se estableció que en los casos que a juicio del consejero jurídico del gobierno las resoluciones del IFAI pongan en riesgo la seguridad nacional, sí se podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior es un muro para evitar el cumplimiento por parte del gobierno al derecho ciudadano de estar en todo momento debidamente informado sobre el ejercicio gubernamental y el uso de los recursos públicos. La inclusión de la figura del consejero jurídico de gobierno, asesor del presidente de la república, significa una auténtica aduana por la que tendrían que pasar todas las resoluciones del IFAI. Evidentemente el objetivo de esta regresión es la protección de los intereses del Ejecutivo federal, no desde una perspectiva institucional, sino desde el ánimo faccioso y partidista que ha animado a todos los gobiernos de la república históricamente. Ahí es en donde el candado del PRI para cerrar el paso al acceso público a la información ubica a un funcionario que es en los hechos un empleado del presidente de la república. Será esa oficina la responsable, seguramente, de someter las resoluciones del IFAI a un filtro político que alegando restricciones vinculadas con la seguridad nacional, vulneren finalmente el derecho ciudadano a la información. En Movimiento Ciudadanos nos manifestamos por mantener el texto tal y como aparecía en a minuta del Senado de la república para que el artículo 6o., apartado A, fracción II, cuarto párrafo del dictamen a la minuta, quede como sigue. Leo textualmente: Las resoluciones de los organismos autónomos serán vinculatorias, definitivas e inatacables, para los sujetos obligados. Gracias por su atención.