LA C. DIPUTADA PATRICIA MARTINEZ MACIAS (PAN): Con su permiso. "Los diputados que suscriben, integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que adiciona algunos artículos de la nueva Ley del Seguro Social, así como de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que exista congruencia y concordancia entre los artículos de éstas y el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de equidad y género. "El Constituyente de 1916-1917, quien fuera precursor de los derechos sociales, los cuales fueron plasmados en nuestra Carta Magna, siempre previó la protección de la clase trabajadora por ser los trabajadores los más necesitados. Sin embargo, aún y cuando se ha tratado de conservar estos derechos la mujer al incorporarse a la actividad productiva del país se ha visto desprotegida e incluso ha estado en situaciones de desventaja. Tal es el caso del artículo 84 y 130 de la nueva Ley del Seguro Social, así como el artículo 75 de la Ley del Issste. "No debemos olvidar que el trabajo de las mujeres presenta características peculiares, que aunque se hable de la no discriminación de sexos existe la imposibilidad de igualarlos absolutamente, lo cual se refleja en el derecho del trabajo en el que se deben de establecer normas especiales para el trabajo femenino y en esta ocasión no se necesitaría la creación de una norma especial de trabajo para las mujeres, sino únicamente la reforma a una norma general para que esta se amplíe a las mujeres en relación a lo señalado en el artículo 4º constitucional. "La reforma pretende establecer un mecanismo mediante el cual las familias de los trabajadores gocen de igualdad de derechos entre sí, a efecto de brindar la protección de la seguridad social a todos los miembros de la misma familia, independientemente del sexo del trabajador beneficiado por la protección social, haciendo de lado antiguas concepciones sexistas mediante las cuales únicamente se permitía a los varones proteger a su familia, cónyuge o concubina e hijos, denotando una característica de dependencia de la mujer y los hijos de la familia a la protección social. Y por otro lado permitiendo que la mujer pudiese proteger a los cónyuges o concubinarios si así y solo si éste dependiera económicamente de aquélla. "Sin embargo, con la evolución social mexicana se aprecia que efectivamente cada día mayor número de mujeres se incorporar a la actividad productiva apoyando a la economía familiar, generando un mejor nivel de vida a su propio núcleo familiar. Esta evolución económica social se ve afectada por legislaciones que en lugar de generar un desarrollo armónico en la sociedad y la protección de los derechos de la clase trabajadora limita en uno de sus aspectos la protección al cónyuge varón, excluyéndolo de la protección de la seguridad social a que se ha hecho acreedora su cónyuge o concubina, limitándolo a su exclusiva dependencia económica. Situación por demás injusta ya que, como se ha dicho, al incorporarse a la vida productiva la mujer no implica la exclusión del varón en la vida productiva de ésta y limita en consecuencia la protección que se pudiera brindar a favor del padre de familia. "Es de considerar que actualmente esta situación se ve afectada por una doble protección a favor de la mujer o cónyuge trabajadora, ya que bajo el supuesto de encontrarse en régimen matrimonial o concubinario con un trabajador asegurado, ésta brinda la protección a su pareja, quien al estar sujeta a una relación laboral está beneficiada también por la protección social propia, generándose así una doble carga a la institución de protección social y considerando esta cuestión, este problema de duplicación de gasto dentro del Instituto podría resolverse con la reforma que se plantea en esta iniciativa. "Lo que se pretende por esta iniciativa no sólo es que se logre una igualdad para las mujeres, sino para los hombres también en lo que se refiere a la seguridad social. "En virtud de la consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adicionan los artículos 84 fracción III, párrafo segundo y 130 párrafo segundo de la nueva Ley del Seguro Social, y el artículo 75 fracciones III y IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con perspectiva de género. "ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 84 fracción III, segundo párrafo, de la nueva Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: "Artículo 84.- Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o a falta de éste el concubinario, reuniendo los requisitos del párrafo anterior y siempre y cuando no se encuentre ya asegurado. "ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 130 párrafo II de la nueva Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: "Artículo 130.- La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez, siempre y cuando no cuente con algún otro tipo de beneficio. "ARTICULO TERCERO.- Se reforma el artículo 75 fracciones III y IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. "Artículo 75, fracción III.- El esposo supérstite, sólo o en concurrencia con los hijos, si los hay, siempre y cuando éstos reúnan las condiciones a que se refiere la fracción I, siempre que aquél no cuente ya con este beneficio. "Fracción IV.- El concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción I, siempre que aquél reúna los requisitos señalados en las fracciones II y III": Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de marzo del 2002. Y suscribimos esta iniciativa varios diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. -PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Rafael Servín Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. -DIP. RAFAEL SERVIN MALDONADO: Con su permiso, señora Presidenta. "El suscrito, diputado Rafael Servín Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la siguiente Iniciativa de Decreto, en base al artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con Proyecto de Decreto que deroga la fracción IV del artículo 8º y reforma la fracción VIII del artículo 16 y tercer párrafo del artículo 43, todos ellos de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS "La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro es aprobada por el Congreso de la Unión en 1996, iniciando su vigencia desde es mismo año, con la finalidad de ajustarse a las nuevas disposiciones que de ella con otro nombre se hace a la Ley del Seguro Social. "La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro sustituye a la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, como una ley de orden público e interés social. "El orden público, pero sobre todo de interés social, no pasan de ser meras declaraciones en su artículo 1º, en el que se le concede el objetivo de regular el funcionamiento de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y sus participantes previstos en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La coordinación, regulación, supervisión vigilancia de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, la mencionada Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se les otorga a la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro dándole el carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas con competencia funcional propia. "La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro tiene su origen en la creación precisamente de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establecidos en las Leyes de Seguridad Social mediante reformas aprobadas en el año de 1993, en la Ley del Seguro Social de 1973 mediante una reforma que se establece en 1993 como un nuevo ramo del seguro de esta Ley del Seguro de Retiro le da lugar a la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro iniciando con la contribución obligatoria patronal del equivalente al 2% del salario base de cotización para el Seguro de Retiro como un mecanismo de estímulo económico al trabajador asegurado que cumpliera con los requisitos para tener acceso a una pensión de por vida. "Esta misma reforma da origen a la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro con la intención de regular concerniente a los depósitos, administración e inversión de los recursos de este nuevo ramo de seguro que también se incorpora a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio de los Trabajadores del Estado y en aquella se fijan las bases para la constitución de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. "¿Por qué entonces en una ley de esta naturaleza deriva de las leyes de Seguridad Social de orden público y, sobre todo, de interés social se determina que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Y, por qué entonces a esta Secretaría de Estado se le concede la facultad de nombrar directamente al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro quien es la máxima autoridad administrativa de esta? Son las preguntas cuyas respuestas señalan la prevalencia en esta ley del interés económico sobre el interés social. "La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro llama la atención, la Ley se refiere a los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional encargada de la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en qué se queda entonces, es un sistema de ahorro para el retiro con una Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o son varios sistemas de ahorro para el retiro con una Comisión de Sistemas de Ahorro para el Retiro, deriva de las Leyes de Seguridad Social, es sin duda alguna una ley secundaria a las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es la Ley del Seguro Social la que establece el derecho de los trabajadores para contar con una Cuenta individual en la que se depositen aportaciones patronales del mismo trabajador y del estado para sus pensiones cuando se reúnan los requisitos que esa misma ley establece para su otorgamiento "Es la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la Ley también de Seguridad Social la que establece el derecho de que la aportación patronal para la vivienda se registre en la cuenta de Vivienda, en la Cuenta Individual de los trabajadores, es la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de Estado la que establece .la obligación de aportar cuota patronal, en este caso patrón gobierno, del Seguro de Retiro en su depósito en Cuentas individuales en las entidades financieras. "Entonces no resulta lógico la dependencia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda ni que su Presidente lo designe el Secretario de Hacienda dependiente directo del Ejecutivo Federal cuando que, tratándose de seguridad social debería depender de los Institutos de Seguridad Social y cuy Presidente lo designarán estos institutos, a través de sus órganos de gobierno en cuya composición se integran en variedad los sectores que le dan forma los trabajadores, el estado y los patrones. "Eso que pudiera ser fundamento suficiente para revisar de fondo las disposiciones legales que crea la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que no es el propósito de esta iniciativa, cobra una importancia relevante; es decir, de una revisión pormenorizada se llega a la conclusión de que la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro es un ente al que el legislador le ha concedido la más numerosa, amplia y variable gama de facultades discrecionales. Como probablemente no haya ejemplo en la muy numerosa legislación mexicana, en 11 artículo dos de ellos hay 4 y 3 menciones respectivamente de un total de 118, 10% se establece como facultades de la CONSAR "regular mediante disposiciones de carácter general": artículo 5º fracción I: expedir las disposiciones de carácter general; artículo 5º fracción II: emitir la regulación prudencial; artículo 5º fracción III: emitir reglas de carácter general; artículo 5º fracción IV: expedir las reglas de carácter general; artículo 8º fracción IV: determinar mediante reglas de carácter general; artículo 8º fracción V: establecer mediante disposiciones de carácter general; artículo 8º fracción VI: autorización de la Comisión otorgada discrecionalmente; artículo 19: comisiones establecidas con reglas de carácter general que expida la Comisión; artículo 37: autorización de la Comisión que será otorgada discrecionalmente; artículo 40: se sujetará a lo dispuesto por las reglas de carácter general; artículo 43: y a las disposiciones de carácter general que expida la Comisión; artículo 53: a las disposiciones de carácter general; artículo 74: requisitos que se determinen mediante disposiciones de carácter general; artículo 82: y en las disposiciones de carácter general; artículo 84: disposiciones de carácter general que al respecto emita el artículo 87. Es válido cuestionarse en este momento si una ley que en el 10% de sus disposiciones remite a disposiciones generales emitidas discrecionalmente por un organismo que la misma ley crea. Si una ley aprobada por el Poder Legislativo pero en la que el Congreso entrega graciosa y gratuitamente su facultad legislativa a un órgano administrativo al otorgar el carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia directa del Poder Ejecutivo, y además faculta al titular de esa dependencia para nombrar al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro cuestionarse en este momento decía- si este instrumento no se ha desvirtuado totalmente de su carácter de ley. En el mes de abril del año pasado, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó a la consideración del Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro cuyo fondo principalmente se encuentra en los mecanismos de inversión que las sociedades de inversión de fondo para retiro pueden utilizar para invertir los recursos de los trabajadores que se depositan en las administradoras de fondos para el retiro. Hay en la ley actual disposiciones que regulan y limitan esta inversión, sobre todo lo que hace a la inversión en valores extranjeros y en valores nacionales de renta variable, estas disposiciones señaladas en la ley vigente ven perdida su capacidad normativa al establecer la posibilidad de que para ir a un extremo de una prohibición expresa se pueda, mediante disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, pasar a una autorización tácita. Ejemplo muy claro de lo que estamos sosteniendo: La ley vigente en su artículo 48 inicia con el siguiente enunciado, cita textual: "Artículo 48.- Las sociedades de inversión tendrán prohibido lo siguiente: fracción X.- Celebrar operaciones que de manera directa o indirecta tengan como resultado adquirir valores por más del 5% del valor de la cartera de la sociedad de inversión de que se trate, emitidos o avalados por personas físicas o morales con quienes tengan nexos patrimoniales o de control administrativo". Pero enseguida la fracción X dice: "La Comisión, en casos excepcionales y atendiendo a las consideraciones del caso concreto podrá autorizar la adquisición de los valores a que se refiere el párrafo anterior hasta por un 10%. Ejemplo, como se señaló, más claro el legislador prohíbe a las sociedades de inversión celebrar determinadas operaciones por más de un 5% de su cartera, pero inmediatamente después entrega graciosamente su facultad legislativa y faculta a un órgano la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para no tomar en cuenta la prohibición que el Poder Legislativo ordenó en ese artículo y le da la potestad de autorizar un 100% más de lo que el legislador había autorizado, del 5% al 10%. Un suceso reciente que motiva sin duda la presentación de esta iniciativa, ejemplifica también con claridad lo que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro puede hacer con base a las disposiciones de muy amplia discrecionalidad establecidas en la ley. La Comisión por acuerdo de su junta de gobierno y con fundamento en la ley estableció en 1997 que la compra de instrumentos de deuda estaría limitada a 35% del activo del total de la SIFORE y un 10% del mismo emisor. Con el sustento de lo que se busca ampliar el universo de instrumentos de deuda factibles de ser adquiridos para lograr una mejor diversificación y el de establecer límites en función de la calidad crediticia en lugar de los límites por tipo de emisor, el mes pasado se autorizaron modificaciones en el régimen de inversión de las SIFORES, que pueden eliminar totalmente el portafolio de estas sociedades a los valores emitidos por el gobierno federal, ya que se autoriza la inversión de hasta el 200% del activo en una sociedad de inversión en valores clasificados como triple A. Independientemente de la validez del acuerdo de modificación del régimen de inversiones tomados por la junta de gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la justificación plena que pudiera existir para variar los límites por el tipo de emisor, lo que importa en este asunto es hasta dónde se debe y puede llegar la participación de los trabajadores en las decisiones que se tomen para invertir los recursos de su propiedad. No debemos olvidar que los recursos que estas administradoras y sus sociedades de inversión manejan, son de los trabajadores y el riesgo que esos recursos corren es un riesgo para ellos y su seguridad futura, en el supuesto poco probable de que sirva para darle una pensión digna. Como se puede justificar entonces, que una junta de gobierno integrada por 15 personajes de los cuales sólo dos son representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores, con la agravante de ser designados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y no por los trabajadores o siquiera por sus representantes, sean las que tomen las decisiones de esta trascendencia. Reconocemos que la discrecionalidad que hay en la ley de los sistemas de ahorro para el retiro permite estos excesos, pero eso no quiere decir que no tengamos la obligación de buscar otras alternativas que permitan dar mejor cauce a las decisiones que involucren algo tan delicado como los recursos de los trabajadores y su inversión productiva para obtener mejoras en la cuantía de sus pensiones en el futuro... -