El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. A raíz de la privatización bancaria, se estableció el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa. Las autoridades financieras decidieron utilizar al Fobaproa como el instrumento para iniciar el rescate bancario, argumentando que esto cumplía con su objetivo de respaldar los ahorros del público. El Fobaproa puso en marcha programas de apoyo a los deudores y a los bancos, como algunos que se explicaban en ese momento con precisión. Así, en menos de cuatro años, después de su privatización, seis bancos habían recibido para 1995 apoyos directos del Fobaproa por un monto de 45 mil 350 millones de pesos. A partir de entonces el gobierno federal se dedicó a rescatar constantemente a los banqueros, pasando sus deudas al erario público, adjudicando los mexicanos con dicha carga económica, y cuando hay crisis, obviamente, el gobierno y menos este gobierno de derecha, jamás voltea a ver quién va a rescatar al pueblo. Además, actualmente el problema del rescate bancario es de índole legal, sobre todo con la creación del IPAB y de su marco regulatorio, que es la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En dicha ley existen varias disposiciones que acotan el rescate y lo vuelven lesivo a los intereses de los mexicanos, sobre todo por el contenido de los artículos transitorios de la mencionada Ley del IPAB, entre los cuales se destacan los siguientes: Uno. Un mecanismo específico para que las instituciones participantes en los programas de capitalización y compra de cartera, sin detrimento de los contribuyentes y a opción de ellas. Este mecanismo quedó plasmado en el artículo quinto transitorio de la ley, en donde se permite que las instituciones pudieran acceder a un nuevo programa que sería establecido en sustitución de este programa por el IPAB. Dos. El rechazo del Congreso a reconocer como deuda pública las obligaciones o avales otorgadas por los representantes del Ejecutivo en los programas de capitalización y compra de cartera, lo cual quedó concretado en el artículo octavo transitorio. Tres. De esta manera, el hecho de aprobar la Ley del IPAB implicó sólo el reconocimiento como deuda pública de una parte de los pasivos derivados del rescate bancario, es decir de las operaciones del Procapte y los programas de saneamiento, pero rechazando los correspondientes a los otros programas, según el artículo séptimo transitorio. Cuatro. Actualmente el ordenamiento más importante de la Ley del IPAB, el artículo quinto transitorio sigue sin cumplirse y no se observa el deseo de hacerlo por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo o del IPAB mismo, ni de los órganos reguladores. Por parte del Congreso se ha mantenido la posición de exigir una mínima transparencia en el proceso de rescate, por lo que se vuelve necesario tomar medidas al respecto y en lo que a este proyecto de Presupuesto de Egresos corresponde, existe la necesidad de disminuir esos recursos contenidos en el Anexo 1, apartado C, Ramos generales, en el rubro de gasto no programable, Ramo 34, "Erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca", del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, en lo que se refiere a una disminución en el monto de la deuda para el rescate de banqueros. El dinero que se propone eliminar, y que asciende a la cantidad de un mil millones de pesos, proponemos se reasigne al Ramo administrativo 14, "Secretaría del Trabajo y Previsión Social", destinado al incremento del Programa de Apoyo al Empleo. Ya es necesario que se entienda que no podemos seguir con esta lógica perversa de tener un pueblo pobre y un gobierno rico. De no regresar y no mantener el estado de bancos quebrados con banqueros ricos, y que en esta crisis económica como ya se denunció aquí en esta tribuna por mi compañero Armando Barreiro, resulta que estamos utilizando programas del gobierno para rescatar a empresas quebradas, pero con empresarios multimillonarios. No podemos permitir, ni podemos avalar, los representantes populares, ese tipo de conductas. Es cuanto, diputado presidente.