El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza: Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, saludo a quienes nos escuchan por el Canal del Congreso y las redes sociales, el pasado 3 de octubre de 2023, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador envió a esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. Esta propuesta de ley responde a la necesidad de implementar políticas que coordinen los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil y gestión del riesgo, generando mecanismos eficaces, acordes a los principios de honestidad, honradez y austeridad. Asimismo, aporta en el fortalecimiento de la política de protección civil, a través de un marco normativo sólido que reconozca la necesidad de transitar de una atención reactiva hacia una atención y enfoque predominantemente preventivo en materia de protección civil, enmarcándola en la gestión de riesgos de desastres. También pone por delate la salvaguarda de la vida humana, explícitamente construye su marco de actuación a través de la gestión de riesgos de desastre. La ley vigente provocó la formación de grandes vicios, que a través de este dictamen que hoy se somete a consideración, busca erradicar por completo. El mayor de los vicios de la ley vigente es la dependencia que generó entre las entidades federativas de los recursos provenientes del Ejecutivo federal. Esta nueva ley establece que serán las entidades federativas quienes prevean los recursos para atender una situación de emergencia, tal como lo señala la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que les precisa a disponer de un fondo de recursos para atender, de manera inmediata, a la población que hubiera resultado afectada y a reconstruir su infraestructura pública. Esta ley obliga a las entidades federativas a aplicar recursos cuando ocurra una emergencia o un desastre. Y solo se emitirá un acuerdo cuando dada la magnitud del evento el Ejecutivo federal considere que, en efecto, amerita la intervención del gobierno federal, como ocurrió recientemente en Acapulco. Es muy importante señalar que esta reingeniería permitiría una mejor comunicación y trabajo coordinado entre las entidades federativas y la federación, a través de un mecanismo de transferencia de recursos. Compañeras y compañeros diputados, es muy importante señalar que esta nueva ley está pensada para que los recursos sean ejecutados de manera coherente, evitando así el desvío de los mismos, privilegiando la actuación en materia de protección civil y gestión de riesgo de desastres, con honestidad, pero sobre todo con eficiencia. El pueblo de México debe estar tranquilo y seguro de que existen los recursos suficientes para atender cualquier eventualidad en materia de protección civil. Al interior de esta comisión se analizó esta propuesta con la participación de diversas organizaciones, académicos, organismos públicos y privados, así como la ciudadanía en general, a través de un parlamento abierto, a fin de fortalecer este dictamen que hoy presentamos, el cual viene a ser parte de una política en favor de los mexicanos. El trabajo realizado en esta comisión fue arduo y de debate, por supuesto escuchamos a todas las voces. Como resultado se obtuvo la elaboración de este dictamen, que contiene los mecanismos de coordinación, adecuados para reducir el riesgo existente, evitar los riesgos futuros, pero sobre todo la salvaguarda de las personas y sus bienes. En suma, esta nueva ley es clara, transparente y eficiente en el uso de los recursos, responde a las necesidades inmediatas de la previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción en casos de emergencias o desastres, para lograr resguardar la vida, la salud, la seguridad y la integridad de las personas. Esta ley pretende ser también más ciudadana, concentra su atención en describir las etapas que conforman la gestión del riesgo de desastres, además está alineada directamente al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgos de Desastres 2015-2030 y robustece el papel del Sistema Nacional de Protección Civil. Asimismo, se robustece la relevancia de la Escuela Nacional de Protección Civil como vía de transmisión de conocimientos. Con la creación y operación del Comité Nacional de Prevención se coordinarán acciones, que las dependencias y entidades paraestatales deberán ejecutar en materia de prevención y reducción de riesgo de desastres. Esta propuesta de dictamen también pone de relieve la regulación de los donativos, que serán en todo momento verificables, aplicándose específicamente a la población afectada por la emergencia o desastre.