La diputada María del Pilar Lozano Mac Donald: Con su venia, señora presidenta. Señoras y señores legisladores, México es considerado como uno de los países más corruptos del mundo, así lo constata el Índice Global de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, que cada año mide la percepción de corrupción en 180 países. En este indicador México, y por ende su gobierno, ha empeorado significativamente, ha pasado de ocupar la posición 103 en el 2015, a la 135 en el 2017, una caída de más de 32 lugares en solo 3 años. La corrupción no constituye una característica de identidad cultural, al contrario, constituye un agravio que indigna, que avergüenza a la mayoría de los mexicanos, quienes cotidiana y directamente padecen los nocivos efectos de la corrupción. Para poner en perspectiva, México se ubica a más de 100 lugares por debajo de los 2 países latinoamericanos mejor evaluados: Uruguay y Chile, que ocupan la posición 23 y 26, respectivamente. México es el país peor evaluado de los 35 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Es claro que un gobierno incapaz de combatir la corrupción se convierte en cómplice de la misma. El 19 de julio del 2017 entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, derivado de un conjunto de nuevas leyes que contaron con el impulso y la participación de organismos de la sociedad civil para replantear y configurar un mejor andamiaje, y para prevenir y combatir la corrupción en nuestro país. Sin embargo, su implementación aún está incompleta. Desde el 2014 la Constitución Política prevé la figura de una Fiscalía Anticorrupción, instancia que desde entonces no ha contado con un titular y tampoco se ha nombrado a los 18 magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas, como lo establece la reforma anticorrupción del 2016. Todo ello ha impedido la debida implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, dejando en evidencia la distancia que existe entre las leyes publicadas y la falta de voluntad política para aplicarlas. De igual manera, desde 1995 se instauró el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, a 23 años de su origen, el Estado mexicano ha sido incapaz de articular una política de coordinación efectiva. De acuerdo a Consulta Mitofsky, en los seis años del gobierno del presidente Peña Nieto, el principal problema percibido fue la seguridad pública. De la misma manera, en 2017 México Unido contra la Delincuencia difundió que para el 81 por ciento de la ciudadanía la situación de inseguridad pública había empeorado, percepción que se corresponde con la realidad, pues 2017 fue el año más violento de los últimos 20 años, registrando 25 mil 339 homicidios dolosos, delito que en 2017 se incrementó en 26 de nuestras 32 entidades federativas. De acuerdo al reportaje Matar en México, impunidad garantizada, entre 2010 y 2016 fueron asesinadas 154 mil 557 personas en nuestro país, y en 95 por ciento de esos casos no hay un culpable sentenciado. También en los servicios médicos forenses y fosas comunes existen al menos 35 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, según lo informó el abril de 2018 el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Ante esta realidad yo pregunto: ¿podemos hablar de gobernabilidad, cuando en nuestro país los delitos no se investigan, cuando no se identifica a los delincuentes? ¿Podemos hablar de gobernabilidad en un país en el que las madres, los padres, los hermanos buscan el paradero de más de 30 mil desaparecidos? La incapacidad de lograr seguridad y justicia se ha propuesto subsanar con la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017, instrumento que busca decretar la subordinación de las entidades federativas y municipios al Ejecutivo federal, contraviniendo la soberanía de las entidades y autonomía municipales. Instrumento que, en lugar de corregir, incentiva la continuidad de una estrategia de seguridad pública fallida, pues pospone la implementación de una política de seguridad integral, de carácter civil y profesional, tal como lo establece nuestra Constitución. Dado lo anterior, en Movimiento Ciudadano esperamos con atención la resolución de diversas controversias constitucionales que sobre dicha ley analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que para nosotros la gobernabilidad sustentable es la que surge democrática y no autoritariamente. Continuamos en nuestra lucha porque la gobernabilidad se restituya a partir del combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos, la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y la autonomía de las fiscalías o Procuradurías de Justicia de todo el país. De no ser así, nos volveríamos cómplices de los grandes errores de este gobierno y, de igual forma, estaríamos fallando al mandato de los mexicanos. Es cuanto.