El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Señoras y señores de la Cámara de Diputados, soy el presidente de la Sección Instructora ordenada por esta soberanía, y nada más lejana a mi intención faltarle el respeto a nadie. Hemos hecho un esfuerzo al límite de nuestras capacidades y posibilidades intelectuales, para presentar, los cuatro miembros de la Sección Instructora, un procedimiento pulcro, porque creo que cualquier acto en donde se pretende eliminar o mantener el fuero de uno de quienes gozamos de este privilegio no es una cosa menor. Por disposición de la ley el dictamen se entregó a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, como dice la ley, y se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Es decir, el documento está desde el día de ayer, para el conocimiento de quien tenga la curiosidad y el deseo de hacerlo. En segundo lugar, debo decir que la propia ley autoriza a que la Sección Instructora envíe el dictamen y una síntesis de las conclusiones que obra en poder también de esta soberanía. No tenía la intención de intervenir en este procedimiento, porque estimo que en las condiciones de lo que se ha discutido en la Sección Instructora, y el dictamen, hay elementos ahí suficientes para que todos ustedes en conciencia puedan tomar en absoluta libertad la determinación que mejor satisfaga a su individualidad. Pero dada la motivación de nuestro amigo el diputado Fernández Noroña, con toda precisión voy a cuidar mis palabras al límite, para hacer una exposición muy sucinta del trabajo de la Sección Instructora. Les ruego que me permitan un comentario por lo que toca a la forma y uno por lo que toca al fondo. Por lo que toca a la forma, ésta es una asamblea de naturaleza deliberativa. La ley es sabia y entiende la naturaleza de una asamblea deliberativa de 500 miembros, que hace imposible la valoración de las pruebas en un procedimiento penal en los términos que dice el Código Federal de Procedimientos Penales. Más aún, en mi opinión ni siquiera la Sección Instructora tendría o pudiera tener esa responsabilidad, porque hay que decirlo desde el inicio, el procedimiento constitucional de esta asamblea, es ejecutar un acto de naturaleza administrativo. Es muy importante precisar esto desde el inicio. La función constitucional es para constituir un acto administrativo, no de naturaleza judicial. ¿En qué consiste el acto administrativo? Si esta soberanía decide que ha lugar o no a proceder penalmente en contra del ciudadano Julio César Godoy Toscano. Es un acto administrativo. Se trata de decidir si hay elementos para que pueda el Poder Judicial, eso sí, proceder el juicio que tiene instaurado en su contra, nada más y nada menos. Naturalmente que esto obliga a varias conclusiones. La determinación que tome esta asamblea, no prejuzga ni sobre la culpabilidad ni sobre la inocencia del inculpado. No hay juicio alguno en ese respecto. No pueden tomarse las constancias de este juicio, lo digo abiertamente, como prueba en el proceso ni en pro ni en contra, porque sólo son elementos que esta sección aporta para que la asamblea tenga elementos sobre los cuales va a emitir su juicio. Este procedimiento en la forma, debo decirlo que está compuesto de dos cuestiones, una de ellas inédita. La primera es la existencia de una orden de aprehensión emitida por un juez en materia penal del Poder Judicial de la Federación. Los procedimientos de desafuero, así llamados, que esta soberanía en otras instancias ha conocido, nunca tuvieron el antecedente de sustentarse en una orden de aprehensión; ésta es la primera vez. En las otras ocasiones fue una promoción de la autoridad investigadora para poder proceder a dictar una orden de aprehensión a uno de los servidores públicos a que alude el artículo 111 de la Constitución. Ésta es la primera vez, y no es un argumento menor, en que estamos analizando un asunto donde hay de por medio una orden de aprehensión emitida por una autoridad competente. La segunda causa ésa sí es un procedimiento, una promoción de la PGR para que pueda proceder en la investigación y eventualmente solicitar una orden de aprehensión por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero. Quiero decirles, amigas y amigos, que sobre la base de estos preceptos la Sección Instructora ha trabajado por más de 70 días en el asunto. Se trata de dos denuncias que tienen un compendio de cerca de 40 mil hojas, en donde van a encontrar ustedes, como está redactado en el dictamen, que existen testimoniales, documentales públicas y documentales privadas, fe de hechos de la autoridad investigadora, peritajes, grabaciones y un sinnúmero de pruebas que están contenidas en el dictamen y que esto que está aquí para la confianza de todos ustedes es el índice elaborado en la sección instructora para conocer puntualmente todas y cada una de las pruebas que se han presentado. Éste es el índice; voy a dejarlo aquí por si alguien lo quiere consultar en detalle. Para el trabajo de la Sección Instructora nos apoyamos en despachos profesionales que, con el conocimiento de la Junta de Coordinación Política, ayudaron a procesar el volumen de operación a efecto de que la Secretaría Técnica pudiese presentar el proyecto de dictamen que discutimos al interior de la Sección Instructora. En cuanto a la forma, creo que hemos satisfecho en la sección todos los requisitos que la ley ha establecido. Hemos tenido más de 14 sesiones y hemos mantenido –de verdad lo digo– una gran responsabilidad, un sentido de búsqueda de lectura exhaustiva de los expedientes que nos parecen importantes para llegar a la convicción de nuestra determinación final. En cuanto al fondo quiero decirles que yo pensaba que en la primera de las causas, la que tiene una orden de aprehensión, hay un argumento constitucional impecable, que desde mi punto de vista es suficiente para que me atreva a proponerles este juicio de procedencia. Un solo elemento que estimo es suficiente: la tesis de nuestra Constitución establece el principio de la división de poderes. Vean ustedes que en la parte inicial del dictamen elaboramos sobre los principios constitucionales sobre los que construimos nuestro trabajo. El principio de la división de poderes obliga a que cada poder ejerza su soberanía en la materia propia de su competencia y que mientras no haya una declaración de inconstitucionalidad por ninguno de los actos de ese poder, los actos son plenamente vigentes. En el caso que nos ocupa, dije al principio que estamos ante la hipótesis única en la historia de las legislaturas, de que estamos juzgando sobre una orden de aprehensión dictada por un juez competente que tiene plena capacidad constitucional para emitir este tipo de mandamientos. Mientras ese mandamiento constitucional no sea atacado de inconstitucionalidad es planamente vigente y, en consecuencia, ningún poder, otro, puede pasar sobre la determinación soberana del Poder Judicial. La orden de aprehensión entonces es un elemento formidable para analizar esta causa y decir que constitucionalmente yo no me atrevería a sugerir que la Cámara de Diputados pasara por una determinación constitucional que actualmente está en plenitud de vigencia. Aclaro. El diputado Godoy Toscano atacó la orden de aprehensión. Obtuvo un amparo del Juez de Distrito Primero de la ciudad de Morelia, Michoacán; el juez primero de Michoacán, con residencia en Morelia. La justicia de la Unión amparó y protegió a Godoy Toscano en contra de la orden de aprehensión para efectos --dice la resolución-- de que el mismo juez que dictó la orden inicial pueda dictar una nueva, considerando los argumentos que en ese amparo argumentó el diputado Godoy Toscano. Entonces, la vigencia constitucional de la orden es plena. A mayor abundamiento, la Procuraduría General de la República objetó de inmediato ese mandamiento y está en proceso de revisión. Para los abogados esto quiere decir que la determinación no ha causado ejecutoria; en consecuencia, no es una verdad juzgada y sabida. Yo pensé que bastaría este argumento constitucional para sugerirles a ustedes que procediera el procedimiento de declaración de procedencia. Pero luego, en la revisión, con la aportación de los compañeros de la Sección Instructora decidimos ir en la línea de lo que han hecho otras legislaturas cuando han tenido temas delicados como éste. Y nos apresuramos a hacer un análisis de, si en efecto los elementos que proporciona la averiguación previa, tanto en la orden de aprehensión como en la otra pueden ser constitutivos de los delitos que se señalan y el licenciado Godoy Toscano puede tener ahí alguna presunta responsabilidad. Quiero decir que aquí hay un problema constitucional que algún día se resolverá. Porque, en efecto, si nosotros sólo tenemos la facultad para definir, si en efecto puede o no procederse judicialmente en contra de cualquier individuo, parece haber una contradicción en la exigencia de que se evidencie si hay o no elementos para probar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, que son actos de esencia y de naturaleza plenamente judicial; pero no está resuelto este problema en la Constitución. Y entonces en apoyo de la tradición y de los precedentes de la Cámara formulamos nuestras consideraciones, donde a juicio nuestro, sí hay elementos suficientes para sustentar las observaciones de la Procuraduría General de la República. Quiero decirles, que el relato que hemos hecho de las evidencias demuestran la hipótesis del delito de delincuencia organizada y se ponen de manifiesto: los encuentros, las reuniones, los vínculos necesarios para que este delito se dé, y las documentales, las testimoniales y las grabaciones apuntan en ese sentido. Son pruebas, que yo les digo con toda franqueza, deben permanecer en el estado que están, en los tribunales, para no prejuiciar ni la acusación ni la defensa del diputado Godoy. No podemos prejuiciarlo. Es una cuestión de sentido republicano. No podemos por incidir en un coloquio que yo considero innecesario, evidenciar aquí y desfilar las pruebas que ya la Sección Instructora analizó puntual, exhaustiva, totalmente. Porque esto, en mi opinión, en vez de contribuir a que la autoridad judicial ejerza su responsabilidad a plenitud, complicaría con prejuicios. Si estos elementos fuesen discutidos en esta asamblea puntualmente; de ahí la sabiduría de la Constitución. No es menor la resolución, yo tengo esa impresión que los legisladores de antes eran muy buenos, por eso desde 1917 está ese diseño. La Cámara de Diputados deposita en cuatro elementos de su cuerpo para que puedan realizar estas investigaciones, para que puedan detenerse a éste análisis exhaustivo de las pruebas y venir ante la soberanía y decirles: ésta es nuestra recomendación, discutámosla en el pleno. Nuestras resoluciones atienden a este asunto. Quiero decirles a ustedes que en este proceso no estamos analizando un asunto de naturaleza política. Quiero decirles a ustedes que se trata de una valoración de hechos definidos en el Código Penal como delitos. No conviene que insistamos en el tema porque yo mismo no hubiese aceptado, lo digo con plena convicción, que hubiese intento, siquiera, de que esto se resolviera por presión política. No ha habido sesgos ni filtraciones en los miembros en la Sección Instructora. Hemos mantenido en estos setenta y tantos días, la pulcritud para ver las pruebas, enterarnos de lo que pasa y mantenernos en la estricta reserva y discrecionalidad del evento. No es un asunto político, insisto, es un acto administrativo, y por lo mismo, aún siéndolo, la propia Constitución impida que sea trascendente. Es un acto, señoras y señores diputados, personalísimo del licenciado Julio César Godoy Toscano, sólo a su persona se refiere, exclusivamente. No trasciende ni a sus amigos, ni a sus familiares, ni a su partido, ni a esta Cámara de Diputados, es un asunto estrictamente personal, la mejor manera de pervertir este asunto es arreglarlo en un debate con asuntos que nos aluden, estricta y exclusivamente al asunto individual que estamos discutiendo. Ésa es mi convicción. Y quiero finalmente decirles, que por ello me siento muy satisfecho como miembro de esta Legislatura, no quiero decir con plena responsabilidad, porque uno solo de las señoras diputadas o diputados ha pretendido influir de alguna manera en la Sección Instructora ni en pro ni en contra. Habla muy bien de todas y todos ustedes. Han sido muy pulcros y les agradezco mucho ése comportamiento ejemplar. Quiero decirles a los amigos de la Sección Instructora que me siento muy orgulloso de su desempeño profesional dedicado, exhaustivo, de Mary Telma Guajardo, muchas gracias; del compañero César Octavio Madrigal y por supuesto de Arturo Zamora. No ha sido una tarea fácil, hemos discutido por horas, cada uno con su visión, con respeto. No hemos entrado en la polémica de partidos ni hemos intentando siquiera, mistificar nuestro trabajo para obtener ninguna ventaja de ningún tipo. A los coordinadores de grupo parlamentario también les agradezco su respeto para la Sección Instructora de esta Cámara de Diputados. Amigas y amigos diputados, yo sé que no es una cosa grata, yo sé que no debo pedirles que apoyen el dictamen. Pero sí les debo pedir que en honor a la responsabilidad penal –que es lo único que distingue qué tan cruel o qué tan civilizado es un país frente a otro– discutamos este asunto en el ámbito personal de Julio César Godoy Toscano, en función de las constancias que obran en los autos y con mérito al modesto esfuerzo de sus compañeros que hemos querido hacer de este asunto la mejor, aunque modesta, aportación a esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.