El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Contra la corrupción estamos todos juntos en un solo partido, el Partido de México. Me dirijo a ustedes en nombre de la Comisión de Justicia para fundamentar dos dictámenes y subrayar el apoyo a estas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y al Código Penal Federal. Quiero agradecer a los integrantes de la comisión porque hemos dado un claro ejemplo de que los asuntos que nos convocan hoy, no son un tema de colores, y muestra de ello, es la aprobación por unanimidad. Las reformas a ambas legislaciones son un pendiente que tenemos con la nación, para inhibir actos de corrupción, porque si bien los actos de corrupción no son inherentes al ser humano podría decirse que son inherentes a la situación de poder. Hoy en día el éxito de las acciones de gobierno depende de la transparencia y honestidad con que se realicen. De ahí debemos resolver uno de los mayores problemas que enfrenta México, la impunidad. El primer dictamen corresponde a las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tiene por objeto dotar a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados por hechos de corrupción de un andamiaje consolidado para el combate a este tipo de delitos. La propuesta parte de una premisa, las instituciones débiles dejan espacios a las prácticas corruptas. Por lo anterior, para que el Estado cumpla correctamente sus funciones, es necesario una reestructuración que garantice un servicio público de calidad y castigue las expresiones de la corrupción, como el clientelismo y las compras gubernamentales constatadas fuera de la ley, pues estas debilitan la capacidad y legitimidad de las instituciones. La responsabilidad de construir instituciones sólidas y fortalecer capacidades para que la ciudadanía tenga la plena certeza de que los actos de corrupción serán investigados y perseguidos, debe ser un compromiso compartido por los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, siguiendo en este orden de ideas de aprobarse este dictamen. La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción tendrá autonomía técnica y operativa, lo que significa que las investigaciones que lleve a cabo no estarán sujetas a revisión de la Procuraduría General de la República, lo que dará certeza a las investigaciones en materia de corrupción. Además, con el propósito de generar una dinámica de rendición de cuentas, la Fiscalía Especializada rendirá un informe anual tanto al Senado de la República como al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es importante mencionar que el dictamen establece la atribución a favor de la Fiscalía Especializada, para generar mecanismos de colaboración con las instancias de los tres órdenes de gobierno, con el fin de establecer programas y estrategias en materia del combate a la corrupción. El segundo dictamen tiene por objeto reformar el Código Penal para impulsar de manera significativa la lucha contra la corrupción, pues contempla innovaciones importantes en los tipos penales y en la elevación de sus penas. Me permito mencionar solo algunas: Primeramente ayudará a endurecer las sanciones a servidores públicos, pues establece la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas, así como participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un plazo de 1 a 20 años en su duración. En segundo lugar establece los supuestos en los cuales se considera responsable al particular, cuando realice un delito de corrupción. En tercer lugar se incluye como hipótesis del delito de abuso de autoridad cuando se obtenga, exija o solicite sin derecho o causa legítima de parte del sueldo de uno o más de sus subalternos, los denominados moches. En cuarto lugar se adiciona un tipo penal al uso ilícito de atribuciones y facultades para sancionar al particular que en su carácter de contratista, permisionario o asignatario titular de una concesión de prestación de servicios públicos de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, con el fin de obtener un beneficio para sí o para un tercero. Por todo esto hoy nos damos cita en este recinto, para refrendar nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción que impacta directamente en la vida diaria de la sociedad y en la desconfianza de la ciudadanía a sus servidores públicos y hacia sus instituciones. Compañeras y compañeros diputados, hoy tenemos en nuestras manos una gran oportunidad de entregar a los mexicanos una fiscalía fuerte y normas más severas para los servidores públicos, para enfrentar uno de los problemas más arraigados en este país. México necesita combatir el fenómeno de la corrupción de manera eficaz para fortalecer su desarrollo económico y social, y esto se logrará en la medida en que se refuerce la procuración de justicia y se reduzcan los índices de impunidad. Lo que hoy queremos es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y quienes se desempeñen en el servicio público, aquellas personas que todos los días entregan sus esfuerzos para ofrecer al pueblo de México sus mejores resultados. Por lo antes expuesto exhorto a los integrantes de esta honorable Cámara a pronunciarse a favor de estas reformas, para entregar los mejores instrumentos jurídicos al Estado mexicano para que la ciudadanía tenga la confianza de que todo delito, todo hecho de corrupción, toda falla en sentido por un servidor público será sancionada con todo el rigor de la ley. Cohesionados por una causa, sociedad y gobierno vamos juntos a favor de la transparencia. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.