EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL SEPULVEDA FAYAD: Con su permiso, señora presidenta. Ciudadanas y ciudadanos diputados: a nombre de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, someto a su consideración las razones y fundamentos que sustentan el dictamen que en relación a la minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 51 y la fracción V del artículo 52, ambos del Código Penal Federal, el párrafo segundo del artículo 6º. y la fracción IV del artículo 128, adiciona un párrafo segundo al artículo 15, un párrafo tercero al artículo 18, un párrafo tercero al artículo 124 bis, un párrafo segundo al artículo 154, un párrafo tercero al artículo 159 y un párrafo segundo al artículo 220 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, remitida a esta representación por la Honorable Cámara de Senadores. El dictamen que hoy se somete a su consideración persigue esencialmente que los principios fundamentales en materia de derechos y cultura indígena contenida en nuestra Constitución a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, se hagan tangibles en la legislación secundaria para garantizar y ampliar las posibilidades de acceso a la justicia de los mexicanos pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas en un ámbito tan importante no solamente para el bienestar individual sino incluso para el desarrollo nacional, como lo es el ámbito de la justicia penal, bajo la premisa de que resulta injusto, desde cualquier punto de vista, dar un trato de igualdad formal a quienes evidentemente y por múltiples razones son desiguales. Bajo ninguna circunstancia se puede pensar que estamos aplicando justicia cuando quienes son sujetos de la misma no alcanzan a comprender no solamente sus derechos fundamentales en relación a estos procesos, sino incluso el alcance y consecuencia de sus acciones. Por ello es muy importante la propuesta de adicionar en el Código Penal Federal la obligación específica para el juzgador de que al momento de individualizar la sanción se tome en consideración, además de la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, sus usos y costumbres, cuando éste perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, que en el caso de que en un conflicto se involucre como partes a indígenas y a no indígenas, la competencia se surta a favor de aquel tribunal que ejerza jurisdicción en el domicilio en el que radique la parte indígena, el que las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas deban de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimientos no solamente de su lengua sino también de su cultura y, en el caso de los intérpretes, de los usos y costumbres, debiéndose destacar además que esta propuesta legislativa incluye disposiciones que tienden a asegurar que las prevenciones ya señaladas tengan una efectiva aplicación práctica, previniendo que la calidad de indígena no requiere prueba alguna y haciendo obligatorio el que se hagan saber, por parte del tribunal y a través del traductor, todos estos derechos y que de ello quede constancia en el acta respectiva. Por todo lo anterior, consideramos que el dictamen que hoy se somete a la consideración de este pleno es un paso importante para garantizar en mayor medida el acceso a la justicia por parte de uno de los sectores sociales más desprotegidos, como lo son los indígenas, y por ello solicitamos el voto aprobatorio de esta asamblea. Por su atención gracias. Es cuanto, señora presidenta.