El diputado Rubén Cayetano García: Diputadas y diputados. A los catastrofistas y mezquinos que distorsionan. En septiembre de 2017, luego del huracán Max y el sismo del 19 de septiembre, a mi estado de Guerrero llegó un avión proveniente de Rusia, cargado de apoyo para los damnificados. El gobernador, Héctor Astudillo, dijo que la ayuda se daría ante notario público, dada la desconfianza de la gente en su propio gobierno. Públicamente le dije que sí, que eso estaba bien, que se hiciera ante notario, nada más que los fedatarios fueran rusos, porque no había ninguna certeza de que las toneladas de la generosa solidaridad de ese país se entregaran a los más necesitados. En los hechos ocurre exactamente lo mismo con los fideicomisos. El problema es la robadera. Estoy orgulloso de mi voto a favor de la extinción de fideicomisos, porque en el estado del que yo vengo, damnificados por inundaciones, huracanes, temblores, incendios, entre otros eventos fortuitos, así como periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas de delitos, ambientalistas, académicos e investigadores solo han servido de pretexto para la robadera. El Fonden, por ejemplo, ha sido un pretexto para lucrar con la desgracia en nuestro pueblo. La ventaja que tuvieron en la ley los fideicomisos para retener el presupuesto, no caer en subejercicios y manejar recursos sin fiscalización, en los hechos generó maniobras para usufructuar dinero público y tener más tentáculos para negociar ganancias al amparo de complicidades e intereses creados desde las burocracias cabezales de los fideicomisos. Les doy unos datos que refrescarán muchas memorias. En diciembre de 2019 el coordinador nacional de Protección Civil señaló que existían malos manejos a desvíos en la administración de al menos 200 mil millones de pesos, etiquetados para emergencias y desastres durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los principales espacios de corrupción fueron las declaratorias extraordinarias, así como las contrataciones y adquisiciones realizadas por los estados o las delegaciones federales. Para 2003 en el Fonden la Auditoría Superior de la Federación concluyó que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Gobernación y la de Comunicaciones y Transportes, también Conagua y los institutos de infraestructura de Chiapas, Oaxaca y Morelos, no cumplieron con las disposiciones aplicables en la materia al respecto. En 2018 el gobierno de Chihuahua tiene todavía observaciones por 4 millones de pesos en asignación de recursos del Fondo de Desastres Naturales Chihuahua. El gobierno de Nayarit tiene observaciones por 307 millones de pesos por aclarar, debido a la provisión presupuestal de recursos de un millón de pesos para el Fonden y a que no presentó la documentación comprobatoria del destino de los ingresos excedentes por 306 millones de pesos. El gobierno del estado de Morelos tiene observaciones por pagos en exceso de 380 millones de pesos, toda vez que los precios unitarios utilizados para el cobro de las estimaciones difieren de los autorizados en el catálogo de conceptos, que corresponden a diversos contratos. Nada más en el 2017, la Auditoría Superior identificó deficiencias en la ejecución y aplicación de los recursos que se destinaron al Fonden para atender los daños que se generaron por los sismos de septiembre de 2017. Los recursos autorizados mediante las declaratorias de desastres naturales fueron por un monto de 38 mil 486 millones de pesos. Sin embargo, en la revisión de las constancias y acuerdo del Comité Técnico de Fideicomisos se encontró un monto de 10 mil 600 millones de pesos, sin identificar las causas por las que se otorgó el recurso. Respecto al avance financiero se verificó que para el tercer trimestre del año se otorgó un total de 11 mil 600 millones de pesos al Fonden, de los cuales se autorizaron 5 mil 179 millones, por lo que se ejercieron 6 mil 427 millones de pesos más, sin que la Secretaría de Gobernación explicara las causas por las que se excedieron los recursos autorizados. La regulación y supervisión del proceso de entrega y ministración de apoyos del Fonden, realizada por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, presentó problemas de oportunidad, ya que previo a los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, no existía normativa que regulara la atribución de la banca de desarrollo, para la distribución de apoyos en caso de fenómenos naturales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no actúo oportunamente, ya que la investigación comenzó una vez que se identificaron irregularidades en el proceso de ministración de los recursos del Fonden. Esta acción provocó que el 20 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitiera 20 observaciones y 4 recomendaciones. La Auditoría Superior de la Federación señaló que no se contó con un mecanismo de control que permitiera comprobar que no existieron duplicidades en el otorgamiento de financiamientos para obras, con recursos del Fonden y los provenientes de otros programas o fondos presupuestarios, lo que pudo derivar de la doble asignación de recursos. El gobierno del estado de Tlaxcala, incumplió con la formalización de las arcas...