El diputado Felipe Solís Acero: Con su autorización, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que la Comisión de Puntos Constitucionales nos somete hoy a consideración es de la mayor relevancia constitucional e histórica en nuestro país y amerita, en consecuencia, una definición de los grupos parlamentarios; al respecto, hago lo propio en nombre del Grupo Parlamentario del PRI. Desde el acta constitutiva de la Federación Mexicana en 1824, el pensamiento liberal y el federalismo que permearon en la vida política nacional confirmaron mecanismos y facultades constitucionales para que los estados fueran conformando sus límites territoriales a partir de las demarcaciones que existían bajo el régimen colonial anterior; esto causó a lo largo de muchos años que surgieran conflictos entre las entidades federativas sobre sus límites territoriales, al erigirse estados que en algunos casos se derivaron de otros preexistentes. No obstante lo anterior, estos conflictos tampoco han sido un fenómeno solo del pasado, ya que actualmente como se han referido aquí algunos ejemplos, también se han suscitado discrepancias limítrofes, nacidas del reparto agrario y de los núcleos ejidales que comprenden territorios de diversas entidades federativas y de otros supuestos que la realidad ha planteado. En todo caso, el verdadero impacto de estos conflictos trascienden mucho más que lo que puedan alegar los actores políticos agraviados y quienes verdaderamente recienten los efectos de la incertidumbre jurídica que generan estos conflictos, como lo dijo aquí el diputado Gustavo González, son los destinatarios de los servicios públicos, los contrayentes en actos del estado civil quienes se someten a un régimen de propiedad privada, los usuarios de las instancias de procuración e impartición de justicia; en suma, la gente real y común que por motivos ajenos a su voluntad viven en esos territorios limítrofes en situación de conflicto territorial. La histórica reforma al Poder Judicial de 94 consideró idóneo establecer el mecanismo jurisdiccional para conflictos limítrofes entre las entidades por la vía de la controversia constitucional, entre otras razones para consolidar a la corte como máximo tribunal constitucional. Sin embargo, por reforma de diciembre de 2005, el constituyente permanente consideró trasladar y separar en dos mecanismos de solución a estos conflictos bajo la función representativa de las entidades federativas en el Senado de la República. Uno, de composición amistosa por la vía de los convenios celebrados entre las entidades y sancionados por el Senado y otro de carácter contencioso y jurisdiccional que concluyera con la emisión de una resolución definitiva e inatacable, pero no de la corte, sino proveniente del propio Senado de la República, es decir, de la Cámara alta. Durante estas dos últimas legislaturas los senadores de diversos partidos, en reiteradas ocasiones han manifestado su desacuerdo con este mecanismo, y en diversas iniciativas, una de ellas impulsadas por senadores de todos los grupos parlamentarios, se propuso regresar la facultad de resolver por la vía litigiosa estos conflictos a la controversia constitucional de la Suprema Corte por diversas razones. Por una parte, se busca seguir la congruencia que ha tenido el Congreso de la Unión en los últimos años por consolidar a la Corte como máximo tribunal constitucional, empeño en el que el PRI ha, en reiteradas ocasiones, señalado su posición de manera sistemática. Éste ha sido un poderoso argumento que movió las paradigmáticas reformas de amparo y en materia de derechos humanos, y ha sido parte de un largo proceso para lograr la profesionalización e independencia del Poder Judicial Federal. Por otra parte, el perfil de carrera y función judicial de los integrantes de nuestro máximo tribunal, hace idónea esta vía para lograr una mejor resolución jurídica definitiva para las partes interesadas en el caso de los conflictos de límites. Por todas estas razones, en el grupo parlamentario del PRI, anunciamos nuestro voto a favor de este dictamen que nos propone la Comisión de Puntos Constitucionales, con el propósito de regresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta competencia que, efectivamente, como lo señaló el diputado Cárdenas y coincido con él, siempre debió haber permanecido en su nicho competencial. Queremos, y por eso votaremos a favor de este dictamen, que los conflictos de límites entre las entidades federativas sean resueltos mediante una sentencia, mediante una resolución que sea jurisdiccional, formal y materialmente, y no como ocurre hoy en el planteamiento que está establecido en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esa razón, en el PRI votaremos a favor de este dictamen, que resuelve un problema constitucional y que será enhorabuena para los estados que enfrentan conflictos de esta naturaleza.