El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente. Someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa, que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a la siguiente Exposición de Motivos Primero. En nuestro sistema político-social, y en especial en el ejercicio de la administración pública, es de explorado derecho la utilización del derecho escrito, es decir, que tanto en los actos de autoridad como en los inherentes a las gestiones particulares ante las autoridades derecho de petición, en el artículo 8° de la Constitución debe constar por escrito y ser firmado por los directamente interesados o facultados en los términos de la ley para tener validez jurídica. Segundo. El artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, el cual a la letra dice: "En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas el de las armas y los jurados, así como al desempeño de los cargos concejiles y los de la elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio de la Constitución y de las leyes correspondientes, los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley, con las excepciones que ésta señale". Así también, los artículos 36 y 38 del citado cuerpo máximo de leyes establecen literalmente el artículo 36: son obligaciones de los ciudadanos de la República "inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el registro nacional de ciudadanos en los términos que determinen las leyes. La organización y funcionamiento permanente del registro nacional de ciudadanos, y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana, son servicios de interés público y, por tanto, de responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares en los términos que señala la ley, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados que en ningún caso serán gratuitos, y desempeñar los cargos concejiles del municipio donde residan las funciones electorales y las del jurado". El artículo 38: "Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: "I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo. "Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley. "II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; "III. Durante la extinción de una pena corporal; "IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; "V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y "VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión." La ley fijará los casos en que se pierden los demás y que se suspenden los derechos del ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación. De la interpretación sistemática y funcional de los anteriores artículos podemos concluir que los principios, los cargos de elección popular son de desempeño obligatorio y el incumplimiento de los mismos sin causa justificada es sancionable con la suspensión de los derechos y las prerrogativas ciudadanos. Tercero. Según la doctrina jurídica que se plasma en el Diccionario de derecho de los juristas Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, de la editorial Porrúa, en su página 440, al momento de definir el concepto renunciable, lo hace de la siguiente manera: "Renunciable: susceptible de renuncia de acuerdo con el Código Civil para el Distrito Federal. En el artículo 6o. y 7o. sólo puede renunciarse con los derechos privados que no afecten directamente el interés público cuando la renuncia no perjudique intereses de tercero. La renuncia no produce efecto alguno si no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho a que se renuncia". Para mayor soporte, el propio artículo 8° de la citada Constitución Política literalmente contempla: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República". A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a que se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, que invariablemente la petición debe hacerse por escrito y dicha garantía no excluye a los servidores públicos, ya que antes son funcionarios y son ciudadanos. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el siguiente criterio de interpretación del citado artículo, plasmado en la tesis relevante que a continuación se transcribe: "Toda vez que se han dado casos en los cuales tanto las solicitudes de licencia como las propias renuncias se han presentado de manera verbal y además sin que se argumente la causa grave o justificada por la cual dichos actos están viciados en su forma y evidentemente contravienen la ley, por lo que se hace necesario dejar muy claro en la Constitución el procedimiento y los requisitos básicos a seguir en caso de licencias o renuncias a los cargos de elección popular, dada su importancia relevante en el contexto de los intereses públicos de nuestra sociedad." Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a su elevada consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa de proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma: "Artículo Único. Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma: "Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. "Todo cargo de elección popular será obligatorio en los términos del artículo 5° de esta Constitución. Sin embargo, podrán ser renunciados sólo por causa grave, debiendo presentar por escrito la correspondiente renuncia firmada por el peticionario en la cual exponga la causa grave que debe ser valorada y, en su caso, aprobada por la autoridad competente. "Lo anterior, para no ser sujeto a la suspensión de los derechos políticos en los términos de los artículos 36 y 38. "Transitorios: "Artículo 1o. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Artículo 2o. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. "Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero. "Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo." Es cuanto diputado Presidente.