El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con su permiso, compañera presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados. Como diputado y presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, distinción que desde luego me honra, he podido destacar vivamente la relevancia que tiene el concepto de la separación de Poderes como esencia misma de la República. La muy larga transición hacia la democracia en nuestro país, ha tratado en resumidas cuentas de restituir primero e ir consolidando después esos equilibrios entre los tres Poderes de la Unión, para lograr una convivencia sana y útil entre estos y con el conjunto de la sociedad. No ha sido fácil viniendo de una tradición presidencialista exacerbada y en alguna época podríamos decir hasta absoluta. La inyección de oxígeno que ha significado la lucha por la democracia impulsada por los partidos y por la sociedad civil, ha sintetizado la lucha entre el conservadurismo de antaño y el progresismo contemporáneo, pues más allá del debate acerca de las necesarias reformas profundas de nuestra Constitución Política hoy vigente, la iniciativa que pongo a su consideración tiene que ver con la afirmación soberana del Poder Legislativo que representamos nosotros frente a la posible tentación autoritaria de cualquiera que ocupe la titularidad del Ejecutivo en su momento. Se trata de acotar de manera razonable los plazos para que el titular del Ejecutivo federal ejerza su facultad para emitir los reglamentos que resultan indispensables para aplicar las leyes vigentes y también para dotar al Poder Legislativo de la facultad de revisar dichos reglamentos para garantizar que sus contenidos vayan acorde con la ley o artículo constitucional que pretenden regular, en aras de la correcta aplicación de las leyes y reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y de la sociedad en su conjunto. En las últimas dos décadas se ha observado que los titulares del Ejecutivo federal han abusado de su facultad constitucional para expedir los reglamentos que para su correcta aplicación requieren las leyes, ya que reiteradamente han rebasado los plazos o simplemente no han emitido los reglamentos requeridos, o han hecho reglas sumamente complicadas o, peor aun, han expedido reglamentos contrarios a la esencia de las leyes que deben regular. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Constituyente otorgó al Poder Legislativo la potestad para emitir lo actos materialmente legislativos de mayor jerarquía y, por tanto, tiene la autoridad para velar que ningún otro poder desvirtúe el contenido y el sentido de las leyes y decretos por la vía de la facultad reglamentaria o simplemente por la omisión de expedir el reglamento correspondiente. Por ello es indispensable realizar una reforma constitucional para atemperar la facultad que tiene el Ejecutivo federal para expedir los reglamentos de manera discrecional. Recordemos que el Congreso se ha visto, en no pocas ocasiones, en la penosa necesidad de exhortar al Ejecutivo federal para que acate la obligación de expedir los reglamentos necesarios en los términos del artículo 89 de nuestra Constitución. Compañeras y compañeros, la iniciativa que les propongo, prevé para el titular del Ejecutivo que, para la expedición y publicación de los reglamentos en el Diario Oficial de la Federación, tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles computados a partir de que cobre vigencia la ley o la reforma respectiva. En caso de no hacerlo, el Congreso citará a comparecer al secretario de Gobernación, o secretaria, en su caso, para que explique los motivos de tal incumplimiento. Los reglamentos que expida el Ejecutivo deberán ser congruentes con las disposiciones contenidas en las leyes o reformas. En caso contrario el Congreso podrá pronunciarse en queja ante el propio titular del Ejecutivo, para que subsane las incompatibilidades en un plazo no mayor a 30 días. Se mantiene la posibilidad, tal como lo establece la Carta Magna, de acudir a la controversia constitucional en caso de que las diferencias de interpretación entre ambos poderes, subsistieran sobre determinado marco jurídico y su reglamentación. También en esta iniciativa se dota al Congreso de las facultades para analizar y garantizar que los reglamentos expedidos por el titular del Ejecutivo sean compatibles con las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, así como para expedir los reglamentos de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión o por el constituyente permanente, una vez que haya expirado el plazo de 30 días conferido para este propósito al Ejecutivo federal. De eso se trata la iniciativa que hoy pongo a su consideración. Es cuanto, diputada presidenta; por su atención y en espera de su apoyo, muchas gracias, amigas y amigos diputados.