LA C. DIPUTADA MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ LIRA (PRD): Proposición de punto de acuerdo para requerir al Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría del Ramo envíe, a la mayor brevedad, el protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer en el Senado de la República. Con su permiso, Diputado Presidente. Señoras Diputadas; Compañeros Diputados: Con motivo del XX aniversario de la ratificación por nuestro país de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAU, el pasado 23 de marzo y tomando en cuenta que las mujeres mexicanas han jugado un papel fundamental en la construcción de nuestro país y la democracia. Que no se puede hablar de desarrollo social ni de desarrollo sustentable cuando se excluye del desarrollo a un poco más de la población y se perpetúan estereotipos de subordinación y violencia contra las mujeres. Que no se puede hablar de progreso ni de democracia cuando no se pueden garantizar los satisfactores mínimos a más de 60 millones de mexicanas y mexicanos y se profundiza a pasos acelerados el fenómeno de la feminización de la pobreza. Que en la actual coyuntura Política del país los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluyendo el derecho a la salud y a la educación, son todavía una meta por alcanzar. Que la discriminación por razones de género, edad, estado civil, color, raza o etnia, discapacidad, etcétera, y la falta de igualdad no solo jurídica sino real y no solo la que tiene por objeto sino la que da por resultado la discriminación de las mujeres y las niñas es un mal endémico de nuestra sociedad que requiere transformaciones profundas. Que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer representó un mito en la historia de los derechos humanos de las mujeres a partir de su aprobación en 1979, ya que en ellas se incorpora la norma contra la discriminación, basada en el género, así como principios particularmente importantes para las mujeres que habían sido consagrados en el pasado en otros instrumentos. En el preámbulo de la Convención se reconoce que a pesar de los di versos instrumentos aprobados por las Naciones Unidas para promover los derechos humanos y la igualdad de las mujeres, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones. Asimismo se declara que esa discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, dificulta la participación de las mujeres en las mismas condiciones que el hombre en la vi da política, social, económica y cultural de su país. Constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia, y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar ser vicios a su país y a la humanidad. La Convención avanza más respecto de las garantías de igualdad ante la ley e igualdad protección ante ésta, establecidas en los instrumentos anteriores y plantea medidas encaminadas a lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, sea cual sea su estado civil en todas las esferas de la vida política, social y cultural. A diferencia de anteriores instrumentos internacionales relativos a la condición de las mujeres, la Convención posibilita la aplicación transitoria de medidas de acción afirmativas, obliga a los Estados parte a tratar de modificar las pautas culturales de comportamiento y aptitudes relativas a los hechos y trata de imponer normas de igualdad y no discriminación en la vida tanto privada como pública. El marco normativo creado por la Convención fue reforzado posteriormente por la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Convención de Belén para, en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Pese a estos sustanciales adelantos jurídicos y de procedimiento la mayoría de las mujeres y las niñas mexicanas siguen excluidas de los principios de derechos humanos generalmente aceptados, hay para ello razones complejas que operan tanto a escala regional y nacional. Un factor influyente es el marco internacional jurídico existente y de procedimientos relativos a los derechos humanos. No se ha aplicado con suficiente energía o coherencia como para corregir las desventajas e injusticias que padecemos las mujeres por razones de género. A diferencia de otros tratados de derechos humanos, la Convención obliga específicamente a los Estados que la ratificaron a adoptar todas las medidas apropiadas, a fin de eliminar todas las formas de la discriminación contra las mujeres por parte de cualquier persona, organización o empresa. La mayor parte de las violaciones de los derechos de las mujeres se producen en otras esferas de la vida, de índole más privados y son cometidas por particulares. En consecuencia, es más difícil probar la responsabilidad del Estado. "La violencia doméstica, los malos tratos sexuales de las mujeres en el lugar de trabajo y en otros lugares, la trata de mujeres y los despidos por embarazo y el examen de ingravidez como requisito para el ingreso al trabajo, son ejemplos de violaciones que padecen comúnmente las mujeres, Si bien esos actos no pueden atribuirse directamente al Estado, los estados pueden mantener y a menudo mantienen un sistema cultural, social o jurídico que tolera esas violaciones u omite adoptar medidas positivas para prevenirlas. " La discriminación dentro de la familia no es técnicamente una discriminación cometida por el Estado o sus agentes, pero también en este caso mantienen un contexto cultural que legitima el sometimiento de las mujeres en lo que debería de ser la más pequeña democracia en el seno de la sociedad. "México firmó la CEDCM (?), el 17 de julio de 1980 y depositó la ratificación en la Secretaría General de las Naciones Unidas el 23 de marzo de 1981, sin reservas, pero con una declaración interpretativa que establece que la Convención se aplicará en la medida que lo permitan los presupuestos federales y locales. "Más recientemente, el 10 de diciembre de 1999, México firmó el Protocolo Opcional de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, mismo que hasta el momento no ha sido ratificado por nuestro país y que establece dos procedimientos para prestar casos de violación a la Convención, ya sea por comunicación individual o por investigación in situ, cuando se trate de violaciones sistemáticas o extendidas al propio instrumento. "De conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna, la Convención es desde hace veinte años Ley Suprema de la Unión, un grado por debajo de la propia Constituci6n y representa en esencia la Declaración Internacional de Derechos de las Mujeres, al establecer que el mero reconocimiento de la condici6n humana de las mujeres no ha bastado para garantizarle la protecci6n de sus derechos por las normas y los mecanismos de derechos humanos existentes. Reúne un único Tratado Internacional de Derechos Humanos, las disposiciones de instrumentos anteriores de las Naciones Unidas, relativas a la discriminaci6n sobre la base del sexo y las amplía más creando un nuevo instrumento para la eliminaci6n de la discriminación contra las mujeres. "La Convenci6n exige que los estados eliminen la discriminación contra las mujeres en el goce de todos los derechos civiles, políticos, sociales, econ6micos y culturales. También estipula medidas programáticas para los estados parte, encaminadas al logro de la igualdad entre mujeres y hombres. " Los estados parte de la Convención tienen la obligaci6n no sólo de trabajar para lograr la igualdad en la vida pública, por ejemplo en materia de condición jurídica y participación política, sino también en la vida privada y en particular en la familia. "Al tratar de alcanzar las metas de la Convención, los estados tienen derecho a introducir medidas de acción afirmativa hasta que se logre la igualdad entre mujeres y hombres. "Por todo lo anterior, propongo a esta soberanía que nos pronunciemos porque el Ejecutivo Federal en turno retire la Declaración Interpretativa que le hiciera a dicho instrumento internacional, en el sentido de que la Convención se aplicará en la medida que los presupuestos federales y locales lo permitan. "Que se cumplan las observaciones y recomendaciones que se le hicieran al Gobierno de México en enero de 1998 por el Comité de Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento de la Convención y se constituya una comisión que de seguimiento a las mismas y de cuenta de su cumplimiento. "Que se respete y cumpla la Convención en todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y por los tres Poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. "Que se combata la discriminación de género, no sólo aquella que tenga por objeto, sino que tenga por resultado la discriminación contra las mujeres y las niñas mexicanas. "Que se ratifique a la mayor brevedad el Protocolo Facultativo de la Convención, firmado por el Gobierno de México, que aún no ha sido enviado al Senado, autorizando los dos procedimientos que establece: comunicación e investigación. "Este Punto de Acuerdo es por el bien de todas las mujeres y las niñas mexicanas, segura de que contaré con su voto y las mujeres y las niñas con el propósito de esta representación popular. " El presente Punto de Acuerdo es presentado por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, avalado por la Comisión de Equidad y Género y suscrito por Diputados y Diputadas del Partido de Alianza Social, Partido de la Sociedad Nacionalista, Convergencia por la Democracia y en la Comisión de Equidad y Genero estamos representados los demás partidos. Muchas gracias. (aplausos) EL C. Presidente; Gracias Diputada María de los Angeles Sánchez Lira. Esta Presidencia no omite frente a la Asamblea decir de las dudas que tiene sobre el turno a esta proposición, la propia Diputada Ponente, Diputada Ma. de los Angeles Sánchez Lira, establece que está avala do por la Comisión de Equidad y Género. La materia que contiene es necesariamente un tema que hay que revisar a la luz de las facultades constitucionales de esta Cámara, del Senado y del Ejecutivo Federal. Por lo tanto esta Presidencia turna la proposición planteada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Equidad y Género. La diputada Ma. Elena Chapa quiere hacer uso de la palabra, se le concede diputada hasta por 5 minutos.