La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Muchas gracias, diputado presidente. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, Justiniano. En primer término, nos parece fundamental garantizar la autonomía e independencia de las y los fiscales en las investigaciones. En el Sistema Penal Acusatorio el Ministerio Público adquiere un rol protagónico al convertirse en el querellante público, es quien lleva a cabo las investigaciones y quien tiene la voz de las víctimas. Es por ello que, de acuerdo con la normatividad internacional en la materia, los Estados están obligados a proteger la independencia e imparcialidad de la función judicial. En el marco de la reorganización institucional de la fiscalía que estamos llevando a cabo, las garantías de independencia e imparcialidad adquieren una mayor importancia. En la procuración de justicia la independencia incluye la falta de condicionamientos que puedan interferir en la actuación de fiscales, mientras que la imparcialidad se refiere a la actuación objetiva apegada a lo que la ley y la jurisprudencia prescriben, ausente de preferencias o sesgos personales, organizacionales o políticos. Ninguna de estas condiciones está garantizada en el proyecto que se nos presenta y al contrario existen disposiciones que operan en contrario. Es por ello, que presentamos la reserva al artículo 18 del proyecto. En relación con los derechos de las víctimas debemos señalar que nos parecen muy preocupantes las omisiones del proyecto que hoy discutimos, particularmente las que no incorporan al texto la obligación que tienen los fiscales para atender las demandas de las víctimas para la presentación de peritajes independientes, derecho que deriva directamente de la vergonzosa actuación de la Procuraduría General de la República, entonces comandada por Murillo Karam, el cansado, en el caso Ayotzinapa. Así como la de garantizar a las víctimas su participación en los procedimientos administrativos en contra de las y los funcionarios de la Fiscalía. Es indispensable recordar que derivado de las reformas constitucionales de 2008 y 2011 se creó un sistema de atención a víctimas de la delincuencia y de violaciones a sus derechos humanos, a través de la cual se ha brindado atención legal, psicológica, médica a los afectados de forma inmediata. Sin embargo, a pesar de todas las reformas y acciones que hasta ahora se han llevado a cabo, la Fiscalía General de la República ha sido reacia a garantizar los derechos de las víctimas, sin tomar en consideración que en los hechos son personas a las cuales se les ha negado la oportunidad de ejercer un derecho o les sea menoscabado su ejercicio por circunstancias ajenas a su voluntad y que constituyen un sector en situación de vulnerabilidad para quienes el Estado debe proveer todas las medidas que le permitan regresar a la situación previa, en la medida de lo posible. Es por lo anterior que las víctimas deben tener total y absoluto acceso a la justicia y un trato justo, por lo que proponemos la modificación de los artículos 12 y 77. Debemos señalar que para el Grupo Parlamentario del PRD resulta sumamente importante la creación en el proyecto, de una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y de otra Fiscalía Especializada en Trata de Personas, porque consideramos que constituye un desatino el asignar estas dos grandes tareas a una sola área, sin entender la dinámica particular de ambos fenómenos. Y, de esta forma, menoscabar la importancia que los dos tienen como violaciones graves a los derechos humanos. México ha firmado diversos acuerdos y convenciones internacionales en las que se ha comprometido a llevar a cabo acciones concretas para abatir la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus expresiones. Considerando que la violencia de género en contra de las mujeres se ha visto en el acontecer histórico como algo normal y cotidiano, en lugar de considerarlas como acciones claramente violatorias de los derechos humanos. Por ello, resulta indispensable hacer visible que la violencia contra las mujeres constituya un delito y especializar a quienes llevarán a cabo las investigaciones con perspectiva de género, como uno de los pasos indispensables para combatir la impunidad que priva en nuestro país, por lo que proponemos la modificación del artículo 11. Por último, es importante señalar que en la minuta se hace una reforma a la Ley sobre Delitos de Imprenta que esta Cámara votó por abrogar y que, en congruencia, no deberíamos modificar sino insistir en su abrogación, como lo hicimos en 2020, en cumplimiento de diversos llamados de las instancias nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, por lo que proponemos la modificación del artículo sexagésimo cuarto del decreto. En el Grupo Parlamentario del PRD nos encontramos plenamente convencidas y convencidos de que la procuración de justicia constituye una de las tareas pendientes en nuestro país y expresamos nuestro más alto compromiso para generar las sinergias necesarias que nos permitan construir una Fiscalía al servicio de la sociedad y no sometida a los designios de Palacio Nacional. Es cuanto, diputado presidente.