El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Con el permiso del diputado presidente. Pues un día que deberíamos olvidar en este Poder Legislativo, donde de manera tan servil y tan triste se obliga a esta Cámara a discutir solamente un asunto y no en general, muchos más que tendrán que ser discutidos en materia de corrupción, valga decir además, de una pieza de legislación que no discutimos más que un día en esta Cámara de Diputados. Si de verdad se quisiera poder regular cómo conocer el patrimonio de quien sí hace negocios claramente con el Estado. Y lo correcto no es lo que hizo el presidente de la República, de eliminar por completo el artículo 32. Ese artículo que apareció ahí en una noche en el Senado, no sabemos bien a santo de qué. Pero lo que tendríamos que hacer, y ésa es nuestra propuesta de modificación, es utilizar este artículo 32 para así poder solicitar la declaración patrimonial a ciertos empresarios que sí toman decisiones importantes cuando hacen negocios con el gobierno. Ahí proponemos que estén obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo orden interno. Los servidores públicos, esto, como sabemos, no va a ser público como se prometió a tantos ciudadanos, pero además cualquier persona física o moral que celebre actos jurídicos con entes públicos de la federación, de las entidades federativas y los municipios cuyo monto en efectivo o en especie sea igual o superior a las 375 unidades de medida de actualización vigentes, celebrados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Anticorrupción en Contrataciones Públicas y en la Ley de Obras Públicas. Así como en la de Asociaciones Público-privadas. Los apoderados legales y miembros de los consejos directivos y de administración de las personas morales referidas en el inciso anterior, así como aquellos que participen directamente y por cuenta o en interés de las personas morales en los procesos de contratación. Es decir, no le tenemos que pedir la declaración patrimonial a todos sino a los que pertenezcan al Consejo de Administración de las empresas que tengan un contrato por alrededor de 10 millones de pesos en adelante. Creo que esto sería un avance importante en materia de transparencia, conoceríamos las fortunas de estas personas, conoceríamos con precisión si están haciendo o no un negocio legítimo. Y yo supongo que ésa era la intención que tuvo el Senado de la República cuando aprobó algo de esta naturaleza. Por el momento estamos renunciando a esta posibilidad, así como se renunció a la posibilidad de que se conociera el patrimonio de los funcionarios públicos, hoy se está renunciando a la posibilidad de tener un mecanismo de control real contra los que de veras toman las decisiones y podrían beneficiarse de los recursos públicos. Aquí no estamos oyendo a la ciudadanía que en las elecciones pasadas expresó su voluntad de actuar en contra de la corrupción. El PRI no quiere que se hable de corrupción hoy, pero permite que gobernadores como los señores Duarte y el señor Borge estén utilizando figuras como esta para proteger sus intereses. Hablemos de corrupción y actuemos con responsabilidad y encontremos, sí, una manera de poder controlar a quien hace negocios con el Estado. Gracias.