El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, decíamos ayer como Unamuno, al retornar a la tribuna para denunciar el secuestro a la pluralidad y al debate legislativo, y para afirmar nuestra convicción de proteger el interés nacional, el crecimiento y desarrollo del país y la economía familiar. Vengo, a nombre de los legisladores del Partido Acción Nacional y en nombre propio, a posicionarme en contra de una iniciativa que generará incertidumbre jurídica, monopolios estatales, aumento de precios y que ahuyentará las inversiones en el sector energético. Parece ser que los legisladores de Morena y sus aliados, sumidos en la petroadicción no comprenden que enfrentamos una crisis económica sin precedentes, y que con estas acciones lo único que se está logrando es profundizarla. La iniciativa presidencial del 26 de marzo a la Ley de Hidrocarburos dice que busca combatir ilícitos y ordenar al sector energético. Si ese fuera el propósito, si así fuera lo aplaudiríamos. Sin embargo, el dictamen contradice el propósito, pues al ser eminentemente concentradora, la iniciativa afectará a quienes han invertido o desean invertir en el sector. Y envía señales negativas al mundo de que en México las reglas cambian, los acuerdos no se cumplen y que no existe certeza jurídica, por lo que no es un lugar seguro para invertir. Por supuesto que es necesario combatir ilícitos, el contrabando de energéticos, la corrupción. Pero ya existen disposiciones legales que, a fuerza de no aplicarlas, agravan el problema. Es cierto, hay que ordenar el sector energético, pero sin violentar la Constitución, hay que hacerlo productivo y sustentable para que fuera ser palanca del desarrollo. Sin embargo, con esta propuesta se pretende dotar a la autoridad reguladora de mecanismos para concretar una expropiación de facto, vía la discrecionalidad, al no definir lo que se entiende por peligro para la seguridad nacional, seguridad energética o riesgo para la economía, conceptos que podrán ser usados a discreción, como pretexto para afectar la integridad jurídica de las inversiones. Estas medidas son altamente concentradoras y generadoras de un monopolio que ya había sido reprobado por la historia, el monopolio estatal de los energéticos. Al no establecer un tiempo definido para el fallo sobre las suspensiones, se deja a los ciudadanos, a los inversionistas en estado de indefensión. Se les niega el derecho a la información y se daña centralmente la confianza, generando incertidumbre. Se dice que no tendrá impacto presupuestal, como si se ignorara que el resultado de las demandas por cancelación de contratos implicará destinar importantes recursos para responder a las querellas. Finalmente, se olvida un principio fundamental, para ordenar el sector energético, para ahorrar energía y para usarla como palanca del desarrollo, la condición elemental es que se produzca la energía y con estas definiciones y determinaciones que se están tomando se afecta la confianza, se ahuyentan las inversiones y se pone en riesgo la producción de energía al no haber reglas claras ni respeto a al concurrencia y competencia en las inversiones, se desalienta la inversión, se perjudica el empleo y, lo más importante, se afecta la economía de los precios de la energía y se daña a la economía familiar, todo por seguir impulsando medidas facciosas, visiones ideológicas que lo único que buscan es la concentración del poder. Por todo lo anterior, los legisladores de Acción Nacional votaremos en contra. No permitiremos que se siga violentando el Estado de derecho ahuyentando las inversiones y afectando la economía de las familias mexicanas. Es cuanto, presidenta.