La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León: Con su permiso, señora presidenta. Saludo con afecto desde aquí, desde esta tribuna, a los ciudadanos y ciudadanas de mi distrito 12 en Jalisco, que está constituido por los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque y El Salto. La iniciativa que suscribimos conjuntamente el diputado Marco Antonio Barba Mariscal y su servidora, de la Fracción Parlamentaria del PRI y que hoy sometemos a la consideración del pleno, tiene como propósito reformar y adicionar diversos artículos e incorporar un capítulo a la Ley General de Asentamientos Humanos, para la prevención del riesgo en este ámbito. El tema que nos anima es de atención crítica y prioritaria, afecta a más de 22 millones de mexicanos que hoy día están expuestos, en mayor medida, a los fenómenos hidrometeorológicos tales como huracanes, ciclones, lluvias extremas e inundaciones. Un alto porcentaje de esta población en riesgo vive. Además, en condiciones de pobreza urbana de alta y muy alta marginación. En igual sentido, los fenómenos geológicos tales como los sismos, las erupciones volcánicas y la inestabilidad de los suelos, que tienen todos como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre ponen en riesgo a millones de mexicanos y generan costos millonarios cada año. Ante la eventualidad de un desastre natural, la vida en los asentamientos humanos, tanto urbanos como rurales se ve seriamente trastocada por la secuencia de los efectos negativos en cadena. Las condiciones de habitación, transporte, abasto, educación, salud y servicios públicos se dislocan y generan situaciones de adversidad y emergencia. Sin embargo, la vulnerabilidad de los asentamientos humanos no está determinada por la ocurrencia de los fenómenos peligrosos, depende del grado de fortaleza o fragilidad de varios de sus elementos, como es el caso de la infraestructura de transporte eléctrica, hidráulica, del manejo de los residuos y de la localización y característica de los equipamientos y de sus zonas habitacionales. La vulnerabilidad social, por su parte, radica en gran medida en la forma en que la sociedad y el gobierno atienden y se preparan, se organizan para enfrentar dichas contingencias. No obstante, si bien el desarrollo urbano y el de los asentamientos humanos, en general, es determinante para el bienestar social, el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental de nuestro país y muchas ciudades no cuentan con un proyecto urbano definido. Y un importante número de asentamientos humanos carece de instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, como planes de desarrollo urbano, atlas de riesgo y esquemas normativos y eficaces para la protección de sus habitantes, sus bienes y sus servicios. Sus instrumentos de planeación carecen de una sanción estricta que impida la organización en asentamientos humanos en áreas y zonas de riesgo. Incluso, aunque hay avances sustantivos en la materia, faltan aún lineamientos normativos de una política nacional para el ordenamiento del territorio, especialmente dirigidos a zonas y poblaciones más vulnerables. De aquí la importancia de contar con normas jurídicas atingentes que regulen la existencia y características de ciertos elementos de los asentamientos humanos, previniendo impactos asociados con eventos catastróficos como los referidos. Por ello se deben reforzar la organización y capacidad de respuesta gubernamental frente a estas amenazas antes, durante y después de las contingencias, capacidades que permitan prever, resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en corto plazo y de manera eficiente a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales. Esta iniciativa se pronuncia por fortalecer los instrumentos de gestión, administración y ordenación del territorio que aborde la realidad en nuestros asentamientos humanos, orientados principalmente a salvaguardar a las personas y sus bienes. La seguridad de los mismos es y debe ser una prioridad y razón misma del quehacer gubernamental. Se propone establecer un marco legislativo mínimo que sirva de referencia a los tres órdenes de gobierno en sus procesos de gestión o de autorización del crecimiento urbano, reduciendo los impactos socioeconómicos y ambientales de los fenómenos descritos. Compañeras diputadas y compañeros diputados, mediante esta iniciativa es posible mejorar la protección futura y progresar en las medidas de reducción de riesgos de los asentamientos humanos. El asunto no es mínimo, los derechos al hábitat y a la seguridad de los mexicanos son de atención prioritaria. Por su atención muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.