EL DIP. ADOLFO ZAMORA CRUZ: Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores: Tomo la palabra a nombre de las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, para presentar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, mismas que incluye las iniciativas que presentaron el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática y el titular del Poder Ejecutivo Federal, así como las aportaciones de otros legisladores de las diversas fracciones parlamentarias presentadas al interior de esta unidad legislativa. De esta manera, es de destacar que el dictamen fue aprobado por unanimidad de todos los integrantes de la comisión. El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión en sus respectivos ámbitos de competencia, tenemos la responsabilidad de crear y modificar leyes que sean de aplicación general, pero también actualizarlas, mejorarlas y reforzarlas para que no se conviertan en letra muerta o que la propia ley se convierta en un instrumento en contra de los consumidores. Del análisis que realizó la comisión y cuyos aspectos fundamentales constan en el dictamen que tienen en sus manos, se detectó que actualmente la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene imprecisiones en los procedimientos que establece, lo que disminuye la eficiencia de la actuación de la Procuraduría Federal del Consumidor en su tarea de defensa del consumidor, lo que provoca que éste deba acudir a defenderse a los tribunales. La ley provoca confusión sobre la competencia sobre la Procuraduría Federal del Consumidor en algunos aspectos de las relaciones de consumo, monto obsoleto de sus sanciones, falta de criterios transparentes para la aplicación de las sanciones, normatividad laxa de algunas actividades, falta de protección a cierto tipo de consumidores, falta de criterios para la presentación de consumidores por PROFECO ante tribunales y falta de mecanismos para dotar de más información al consumidor, así como para capacitar al proveedor que no cumpla con la ley. El objetivo de la reforma a la Ley Federal del Consumidor es: favorecer el buen funcionamiento de los mercados, mejorar la protección al consumidor y el comportamiento de los proveedores de bienes y servicios, lo que ayuda a reducir costos de transacción. Además, es importante subrayar el papel de PROFECO como una institución fundamental de protección al consumidor y como un agente indispensable para corregir las distorsiones que se presentan en los mercados. Lo más relevante de la iniciativa presentada es lo siguientes: Primero.- Ampliar la protección al consumidor y extenderla a nuevos sujetos. Protección al consumidor intermedio. La ley sólo protege a consumidores finales, el objetivo es ampliar la protección al consumidor intermedio que sea persona física cuya reclamación no sea mayor de 300 mil pesos, que al no ser consumidor final, no tiene acceso a la justicia administrativa y que por el monto de las reclamaciones les resultad incosteable acudir a los tribunales como es el caso de pequeños comerciantes o de los productores del campo que pueden resultar beneficiados con esta medida. Privacidad de la información. La reforma a la ley pretende evitar que los proveedores hagan mal uso de los datos personales de los consumidores, prohibiendo su utilización para fines diferentes a los mercadotécnicos o publicitarios. Asimismo, PROFECO podrá llevar un registro público de consumidores que no deseen que su información sea utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios. No discriminación. La ley es poco precisa ante la discriminación, por lo que se hacen explícitos los motivos por los que se sanciona la discriminación y se precisan las facultades para que PROFECO actúa por quejas, denuncias o verificación en los casos de discriminación por género, nacionalidad, etnia, creencia o preferencia sexual. Segundo.- Dotar de mayor información al consumidor y al proveedor, enfoque preventivo, información y publicidad. Se amplía el alcance de la Ley Federal de Protección al Consumidor para incluir la información o publicidad relativa a marcas y denominaciones de origen, a efecto de que la misma se ajuste a los criterios de veracidad a que se refiere dicho precepto. Asimismo, se define la publicidad engañosa o abusiva. Las operaciones a crédito. La ley no impone al proveedor la obligación de informar al consumidor sobre los detalles de la operación contratada, quien debería proporcionarle al consumidor información detallada para que evalúe adecuadamente los alcances de una operación crediticia. De este modo, el proveedor deberá proporcionar al consumidor el monto total a pagar por el bien, incluidos los intereses, comisiones, cargos, por cargos anticipados o cancelaciones de contratos y el número y monto de los pagos individuales. Asimismo, el proveedor deberá enviar al consumidor un estado de cuenta de forma periódica en la modalidad que elija el consumidor. Tercero.- Reforzar la normatividad de distintas actividades. Operaciones con inmuebles. La protección de la ley es insuficiente en operaciones con inmuebles, se busca reforzar la regulación de operación en la que el consumidor compromete buena parte de su patrimonio y dotarlo de la información suficiente para realizar este tipo de operaciones, así como de la documentación que acredite todo lo relativo a la operación. La propuesta es ampliar la cobertura de la ley para regular los actos relacionados con la promoción y venta de bienes inmuebles destinados a casa-habitación; los contratos deberán registrarse en PROFECO y el proveedor deberá entregar al consumidor toda la información necesaria de la operación, también se establecen los requisitos mínimos de los contratos a registrarse ante PROFECO. Quinto.- Actualización de monto de sanciones y precisiones de otras medidas. La actualización de las sanciones, en los artículos relativos a las sanciones, se modifica el criterio para la cuantificación de multas, estableciéndose que las mismas habrán de referirse en cantidades fijas, y Profeco actualizará cada año las referidas multas en concordancia con la inflación, mediante el empleo del Indice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México. Así se incrementan sustancialmente los montos de las multas: 1º.- De 150 a 600 mil. 2º.- De 300 a 1 millón 200 mil y de 450 a 2 millones 200 mil. En los casos particularmente graves, la sanción oscilará de 900 mil a 3 millones 150 mil. Las anteriores sanciones se duplicarán en caso de reincidencia. De igual modo, se estimó conveniente también incrementar el monto de las medidas de apremio, cuyo monto máximo es de 200 veces el salario mínimo en la actual ley y hasta un máximo de 15 mil pesos que ahora se proponen. De forma adicional quiero comentar, que por acuerdo de la Mesa de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, se realizaron modificaciones a la iniciativa en comento, posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria en sus Artículos 63 y 73 Bis, las cuales quedan de la siguiente manera: Artículo 63.- Los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero, para ser administradas por un tercero, únicamente podrán operar para efectos de adquisición de bienes  y ahí es donde se tacha la palabra nuevos queda únicamente- bienes determinados o determinables, sean muebles- se añade la palabra- nuevos o inmuebles destinados a la habitación en los términos que señale el reglamento respectivo, y sólo podrán ponerse en práctica previa autorización de la Secretaría. Artículo 63.- Que el solicitante sea una persona moral mexicana constituida como sociedad anónima, de conformidad con la legislación aplicable, y que tenga por objeto social únicamente la operación y administración de sistemas de comercialización a que se refiere el presente artículo  se añade- así como las actividades necesarias para su adecuado desempeño Artículo 73 Bis.- En la operación de los sistemas de comercialización a que se refiere el artículo anterior, queda prohibida la comercialización de bienes que no estén determinados o no sean determinables, la constitución de grupos cuyos contratos de adhesión no venzan en la misma fecha se añade- considerando como fecha de vencimiento a la de liquidación del grupo de que se trate. y prosigue- La transferencia de recursos o financiamientos de cualquier tipo, ya sea de un grupo de consumidores a otro o a terceros, la fusión de grupos de consumidores y la reubicación de consumidores de un grupo a otro, así como cualquier otro acto que contravenga lo dispuesto de esta ley y el reglamento respectivo, a lo que pretenda eludir su cumplimiento. En razón de lo anterior, para nosotros es importante trabajar por el mejoramiento de nuestra legislación y de lograr beneficios para los consumidores, puesto que todos los somos. Por ello, los diputados que integramos la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, aprobamos este dictamen y los invitamos a sumarse a este proyecto. Muchas gracias. -