La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Compañeras y compañeros diputados. El sistema de procuración de justicia en nuestro país es una estructura burocrática creada por el antiguo régimen, la cual continuó funcionando en este sexenio bajo la misma lógica de su surgimiento hace más de 70 años. Con la alternancia en el 2000 creció la expectativa sobre la realización de investigaciones serias, a fin de procurar una justicia integral en los casos más representativos. Sin embargo, vemos que no ha sido así. La expectativa simplemente no se cumplió. Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la transformación de las instituciones es una condición irrenunciable, la cual atraviesa por una administración y procuración de la justicia, ajena a criterios de oportunidad política. Una de las características de la actual administración fue el uso de la Procuraduría General de la República para eliminar a sus adversarios políticos, desviándose de su naturaleza constitucional. El caso del desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, el compañero Andrés Manuel López Obrador, puso en evidencia desde entonces la falsedad de un régimen que se llama "democrático" y que se refrendó al final con la resolución del Tribunal Federal Electoral sobre la elección del 2 de julio. Es decir, que el poder se empleó para evitar el arribo de un proyecto alternativo de nación. En materia de delitos del pasado, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado presenta como uno de sus principales logros las investigaciones en contra de dos exdirectores de la policía política mexicana; sin embargo, omite señalar que fracasó en integrar de manera acertada las investigaciones correspondientes contra exfuncionarios de primer nivel, debido a su incapacidad de argumentación jurídica. En relación con los ataques y agresiones a periodistas la situación no es distinta; tan solo en el año 2005 nuestro país se colocó, por segundo año consecutivo, como el país latinoamericano donde se cometió el mayor número de homicidios contra periodistas. En 2004, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 43 quejas sobre este tema y en el 2005 la cifra aumentó 60 por ciento al recibir 72 denuncias. Un caso emblemático es el de la periodista Lydia Cacho, quien vio vulneradas sus garantías constitucionales de manera grave por denunciar una red de pederastas que alcanza a figuras prominentes del ámbito político y empresarial. Las mujeres y los menores de edad son ahora más vulnerables. El poder fáctico de la Iglesia, como en la época colonial, permite que jueces y procuradores dejen en la impunidad delitos cometidos por sus representantes, como la pederastia. En el caso de las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y otras partes del país, refleja también la falta de compromiso de la actual administración por combatir la impunidad. Es una nueva muestra de la negligencia, de la frialdad y hasta de la indiferencia con la que las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia en nuestro país actuaron en torno a este tema. El aumento de la criminalidad en el fracaso que percibe la sociedad para que el Estado brinde protección a los ciudadanos, salvaguarde su integridad, derechos y patrimonio, así como preservar las libertades y la paz, se ha convertido en uno de los temas torales de la PGR. Es lamentable que en el VI Informe no se presente un diagnóstico serio y preciso sobre la ola de ejecuciones que se ha venido desatando a todo lo largo y ancho del país y que suman más ya de mil 500 casos en lo que va de este año. En todo lo que va del sexenio también se han denunciado 22 millones 168 mil 602 delitos, tanto del fuero federal como del común. Esa cifra palidece ante el nivel de ineficacia del sistema de justicia, ya que sólo se denuncia un 30 por ciento de ellos porque no existe confianza suficiente en el sistema de procuración y administración de justicia. Más grave aún es que sólo cinco por ciento termine en consignación y sentencia. Para nuestro grupo parlamentario es prioridad la modificación de las instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar la seguridad pública; por ello, promoveremos la autonomía del Ministerio Público, la implementación de los juicios orales…