EL C. DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias Presidenta. Efectivamente presento una proposición que contiene un punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados acuerde crear una comisión especial con dos puntos de competencia: 1.- Para que dé seguimiento a las investigaciones que se encuentran en marcha en relación a la campaña presidencial del año 2000, y 2.- Dé seguimiento al financiamiento de los partidos políticos en el proceso electoral ya en marcha. Lo hago al tenor de las siguientes consideraciones: Sucede que en la vida política del México posrevolucionario no ha existido una sola elección equitativa; de recuerdo relevante, la de José Vasconcelos con Pascual Ortiz Rubio, la de Juan Andreu Almazán con Manuel Avila Camacho y desde luego la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Carlos Salinas de Gortari. Nuestro modelo de partidos hasta entonces, incluyendo la elección de 1994, se había caracterizado por un régimen electoral diseñado desde el poder para la conservación del mismo, cuyos rasgos fundamentales fueron el control gubernamental sobre la contienda electoral y las condiciones absolutamente inequitativas de competencia entre los partidos, fenómenos que influyeron decisivamente en los resultados electorales, la desigualdad en las contiendas estaba determinada por la existencia del partido oficial. El empuje de la sociedad y de los principales actores políticos en los últimos años así como la necesidad de legitimar un régimen que agotaba sus posibilidades de sobrevivencia, condujo a sucesivas reformas constitucionales que permitieron dar paso a una mayor pluralidad en el Congreso de la Unión, a genera condiciones para que los partidos políticos accedieran en forma creciente al financiamiento público, a los medios electrónicos y a conseguir que la conducción del proceso electoral estuviera a cargo de un órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal Electoral. Todo ello no ha sido suficiente, la elección presidencial del año 2000 también fue inequitativa. En ella, el PRI y el PAN además de las prerrogativas asignadas por el Estado utilizaron financiamiento privado nacional y extranjero y desviaron recursos públicos. A más de dos años de celebrados los comicios, el IFE tiene en marcha dos investigaciones cuyo resultado podría arrojar la imposición de severas sanciones a estos partidos políticos y la determinación de que importantes actores políticos hayan cometido delitos electorales. La indagatoria que atañe a la campaña de Vicente Fox y que involucra a dos de sus hermanos, a Lino Corrodi y a Carlos Robinson entre otros, salió a la luz pública a través de una filtración del propio gobierno, sólo así se entiende el acceso al detalle, el instrumento: la tribuna de la Comisión Permanente en el año 2000 y la voz del entonces diputado Enrique Jackson, hoy Presidente de la Mesa Directiva del Senado. La referente a la campaña de Francisco Labastida, que se ventila ante la opinión pública como el caso "PEMEX Gate", también se inició como producto de una filtración de información en posesión del Estado, hoy en manos de gobernantes que reproducen los vicios que en el pasado tanto combatían al percatarse que la información es poder y que el poder para ellos es simple disposición. Sin duda, el proceso electoral ya iniciado está afectado por el nada limpio proceso electoral del año 2000; el tema del financiamiento electoral de los partidos políticos seguirá dominando el escenario de la agenda nacional por lo que resta del año y el transcurso del siguiente. Dos son las razones...