La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado Presidente. Los que suscribimos, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios de la LX Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo para la defensa de los derechos sociales del acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, con base en los siguientes Considerandos Primero. Que dada la importancia de la situación que impera en torno a la salvaguarda de los recursos hídricos y el acceso a los servicios hidráulicos de la población en general, resulta impostergable que el Legislativo acuda en la defensa de los derechos sociales que involucran la disponibilidad de agua necesaria tanto en calidad como cantidad, para el desarrollo de las actividades humanas y de la vida misma en todas las especies que habitamos este planeta. Segundo. Que el discurso que está permeando en los gobiernos del orbe, surge del enorme empuje que han tenido las compañías transnacionales del agua que aparentan con sus cumbres mundiales del Agua, por adueñarse de este recurso. Recordemos que la Organización Mundial del Agua no proviene de la sociedad civil ya que su inclusión es minoritaria y en múltiples casos creadas, subvencionadas con recursos de esas transnacionales. Que en México empresas como "Vivendi", "Times Water" y "Swest" se han aliado con grandes consorcios mexicanos como "Tribasa", "Peñoles" e "ICA" y están presionando al gobierno mexicano para que existan mayores concesiones para el manejo y gestión del agua. Que recientemente hemos escuchado las campañas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en las que señala la necesidad de ponerle un mayor valor al agua en términos monetarios; bajo el pretexto de que existe un gran rezago en términos de infraestructura hidráulica del gobierno federal está apostando a las concesiones en el manejo del agua. Que podemos confirmar que las concesiones que el actual gobierno ha otorgado a las empresas embotelladoras se ha triplicado en los últimos cinco años. Estas concesiones o privatizaciones, casualmente se han otorgado en un gran número a subsidiarias de las empresas "Femsa", "Coca-Cola" y la empresa "Nestlé". Nuestro país se ha convertido en el segundo consumidor de botellas de agua en el mundo, después de Italia. Aunado a la problemática anteriormente descrita, se torna impostergable analizar, diagnosticar y proponer medidas jurídicas más eficaces en torno a la protección de nuestros recursos hídricos, velando en todo momento por su protección y conservación, ya que el empecinamiento de los actuales funcionarios ha promovido el decremento de los humedales mexicanos, mucho de ellos considerados bajo la convención "Bransar" como de importancia mundial. La retrógrada modificación a la Norma Oficial Mexicana 22 sobre humedales, que permite su destrucción cuando impere la inversión privada, es una clara afrenta a la sociedad conservacionista mexicana y a la viabilidad misma de las comunidades que dependen de estos humedales para evitar desastres. En tal sentido y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno el siguiente Punto de acuerdo Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, se aboca a trabajar en defensa de los derechos sociales y en defensa del régimen constitucional vigente para proteger el uso social, su acceso, su subsidiariedad en el costo de los servicios públicos, se solicita a los ayuntamientos y al Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus respectivas competencias, proteger los derechos sociales de acceso al agua en calidad y cantidad suficientes, protegiendo la subsidiariedad en el costo de los servicios públicos hidráulicos encaminados a la protección de los grupos sociales menos favorecidos económicamente, protegiendo el valor cultural que se tiene del agua y a este recurso, antes de un valor mercantil como un recurso social y cultural. Conminamos a los empresarios del agua y servicios hidráulicos a contenerse de seguir buscando cambios constitucionales y jurídicos que le otorguen el manejo de este recurso de manera total, ya que contrariamente a sus acciones significarían una afrenta de lesa humanidad. La Cámara de Diputados se pronuncia por la creación de una comisión especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, mismos que se abocarán al estudio, análisis y recomendación en torno —entre otras– a las siguientes materias: Primero. Elaborar un diagnóstico sobre la situación de los recursos hídricos y servicios hidráulicos imperantes en la nación, para identificar las modificaciones necesarias a la legislación de aguas nacionales encaminadas siempre en la defensa del derecho social al acceso al agua en calidad y cantidad suficiente de acuerdo a los usos correspondientes, defendiendo la subsidiariedad al consumo humano y agrícola. Aplicar todas las medidas que tienen a su disposición para conminar a la Secretaría de Medio Ambiente para que regrese la disposición original de la Norma 22, que protege los humedales, en los que se evita su destrucción ante causas de inversión privada, así como instaurar a la brevedad una consulta nacional pública en dos sentidos: La primera, en función de la instauración de una garantía constitucional al acceso y disponibilidad de toda persona al agua y sus servicios; y la segunda, sobre la protección de humedales y demás recursos acuáticos, costeros y marinos. …