La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (PRD): Con su venia, señor Presidente. La suscrita, diputada federal Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 Fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los párrafos primero y noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de lo siguiente: Exposición de Motivos Durante años, el régimen político mexicano se sostuvo a partir de prácticas perversas que dañaban la convivencia política, la persecución contra los opositores al régimen se realizaba de diversas maneras, una de ellas, la práctica del espionaje telefónico, de las grabaciones privadas para ser utilizadas posteriormente con fines políticos, para hostigar, para chantajear y corromper a los adversarios. La práctica del espionaje telefónico es una práctica propia de regímenes totalitarios, autoritarios y antidemocráticos que dañan a la sociedad política y civil en su conjunto, que dañan a las sociedades que desean transitar a una democracia en la que los derechos elementales sean respetados. En el país, ya se habían superado las prácticas del espionaje político presentes durante el tiempo de la guerra sucia en México y del combate a la guerrilla en la década de la mayor represión política contra dirigentes y luchadores sociales de los 60 y 70´s. De ahí, que diversos estudiosos del derecho señalen que el espionaje telefónico y la difusión pública de grabaciones y videos de conversaciones privadas imposibilitan una convivencia pacífica y el desarrollo de la democracia, además de que representan una grave inseguridad jurídica no solamente para los políticos, funcionarios del sector público privado, periodistas, sino para los ciudadanos en general que están sujetos de ser grabados en sus conversaciones telefónicas y sujetos a ser expuestos ante la opinión pública sin una aclaración de por medio, sobre todo porque fueron conversaciones privadas entre particulares. El espionaje representa una grave trasgresión a los derechos constitucionales, es decir, a los derechos básicos de todo gobernado, ya que la Carta Magna establece en su capítulo de garantías individuales, la protección del individuo con relación a su privacidad y libertad, por lo que nada puede estar por encima del derecho a la vida privada, a las conversaciones privadas de los ciudadanos, salvo aquellas excepciones propias que marca la ley. Esta iniciativa recoge precisamente la preocupación de los ciudadanos de que el Estado proteja sus derechos a la privacidad. En 1996, el entonces Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, envió al Senado de la República una iniciativa que adicionaba dos párrafos al artículo 16 por el que se regulaba expresamente las intervenciones de los medios de comunicación privada como la telefónica y la telegráfica, estableciendo que las comunicaciones privadas son inviolables, pero al mismo tiempo estableciendo que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. A este párrafo faltó señalar en su momento, que en virtud de que las comunicaciones privadas sólo pueden intervenirse por mandato de la autoridad judicial o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, era importante establecer que dichas comunicaciones privadas, no deberían ser difundidas a través de cualquier medio, a sabiendas de haber sido obtenidas sin la autorización correspondiente. Esta adición no contraviene ningún derecho a la libertad de expresión, porque lo que se pretende con esta adición es respetar las comunicaciones privadas, respetar la vida privada de los y las mexicanas, independientemente de su condición o situación, de cualquier interés manifiesto de lastimar o denigrar su condición humana. Con esta adición se busca proteger el derecho de las personas a su privacidad. En 1928, el juez de origen norteamericano Brandeis(¿), en la discrepancia contra Estados Unidos, señaló que siempre que una línea telefónica está intervenida, la privacidad de las personas que hablan en ambos extremos de ella, es invadida y todas sus conversaciones sobre cualquier tema, por muy íntima, confidenciales o privilegiadas que sean, pueden ser escuchadas por otros. De ahí que el derecho de las personas a su privacidad, no puede ser rota o intervenida por nadie, salvo en aquellos caos en los que la autoridad así lo requiera. Se ha señalado que el propósito original y permanente de casi todos los derechos y garantías individuales, es proteger al individuo contra el gobierno. La libertad de expresión garantiza que el gobierno no acallará las declaraciones impopulares ni castigará a quién las exprese. La libertad religiosa asegura que el gobierno no establecerá una iglesia oficial ni restringirá de modo alguno el libre ejercicio de la gente cuya fe sea diferente de los demás. La prensa está protegida contra la censura del gobierno y los derechos del acusado, exigen que el gobierno sea sujeto a procedimientos imparciales en un juicio penal. Ni la Constitución ni la Carta de Derechos, abordan la posibilidad de que actores no gubernamentales, empresas privadas o medios de comunicación, infrinjan las libertades individuales. Por ello, con los nuevos y modernos aparatos tecnológicos, la privacidad de los individuos, de las personas, está cada vez más sujeta al escrutinio, pero no por ello se debe permitir que se divulguen de manera abierta, sin responsabilidad alguna, conversaciones que pertenecen al ámbito privado de las personas, porque ningún derecho puede estar por encima de los derechos de las personas a disfrutar de su legitimo derecho a la privacidad. En los últimos meses, hemos constatado como se atenta contra el honor de las personas, a través de imágenes que denigran a los ciudadanos. Sobre la posibilidad del gobierno del pueblo en la época del homo videns, Sartori cita a Llonesco. El hecho de que la información y la educación política estén en manos de la televisión, representa serios problemas para la democracia, en lugar de disfrutar de una democracia directa, el demus está dirigido por los medios de comunicación, éstos no son el espejo de la opinión pública, sino la pantalla que recoge el eco que viene de regreso. De acuerdo con Sartory, no refleja en los cambios que ocurren, sino las transformaciones que a la larga promueve. La abundancia de información no garantiza precisamente la comprensión de los fenómenos, se puede estar informadísimo de muchas cuestiones y a pesar de ello no comprenderlas. La televisión produce un demus cuyo criterio somete a sí misma, no es una multitud que cree opinión, es un público que la demanda y así, se genera un grave problema de auto consistencia. La referencia del público es la opinión que los medios transmiten, de manera que el productor produce a sus consumidores y éstos a su vez, se vuelven adictos al producto. Un homo videns que ha perdido la capacidad de disentir, se vuelve entonces un elector teledirigido. Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto: Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, comunicaciones privadas o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Las comunicaciones privadas son inviolables; la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, así como a quienes, conociendo que dicha comunicación es privada, la difundan a través de cualquier medio a sabiendas de que fueron obtenidas sin la autorización correspondiente. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada". Artículos transitorios: Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de Noviembre del 2004. Suscribe su servidora. Es cuanto, señora Presidenta.