La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, les saludo con afecto y con respeto. En esta ocasión discutimos una reforma que es fundamental para acabar con una conducta que se ha vuelto sumamente común y que afecta a miles de personas, me refiero por supuesto al robo o usurpación de identidad. Nueva Alianza considera que para la existencia de seguridad jurídica en nuestro país es necesario adaptar a nuestro tiempo las leyes, reglas y normas que rigen a la sociedad. Esto se hace más necesario cuando la norma penal ha sido rebasada por la tecnología. De acuerdo con lo que establece el artículo 4o. de la Constitución, en su párrafo octavo, toda persona tiene derecho a la identidad y le corresponde al Estado garantizar dicho derecho. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la identidad es el reconocimiento jurídico-social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia es decir, es una condición necesaria para preservar tanto la dignidad individual como la colectiva de las personas. De ahí la necesidad de proteger y salvaguardar con toda la fuerza del Estado este derecho. Ahora bien. La usurpación de identidad es una conducta que afecta a todos los países, precisamente por este motivo la Organización de las Naciones Unidas a través de su Oficina contra la Droga y el Delito, elaboró el Manual sobre los Delitos relacionados con la Identidad, en el cual se incluyen estudios y una guía práctica para la cooperación internacional para combatir el delito relacionado con la identidad. Dicho documento menciona que en la actualidad sólo se establecen marcos jurídicos nacionales para tipificar el hurto de identidad. Hasta el momento ninguna de las organizaciones internacionales que se ocupan de temas relacionados con el derecho penal ha preparado instrumentos legislativos especiales sobre el hurto de identidad, que contengan disposiciones para tipificar los actos pertinentes. Si bien, por un lado no existen normas penales de alcance mundial, por otro las organizaciones internacionales y regionales han intensificado sus actividades en este ámbito. Ante esta situación, hay países que ya cuentan con un marco jurídico preciso para combatir este tipo de delitos, entre ellos dos de nuestros socios más importantes; Estados Unidos y Canadá, circunstancia que nos coloca en la imperiosa necesidad de adecuar nuestro Código Penal para abatir estas acciones. En Nueva Alianza coincidimos con la postura de la comisión dictaminadora, ya que resulta urgente tipificar la usurpación de identidad claramente en el Código Penal Federal. Coincidimos también con la redacción del decreto al establecer que: comete el delito de usurpación de identidad, al que por sí o por interpósita persona, usando cualquier medio lícito o ilícito se apodere, apropie, transfiere, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular, o bien suplante la identidad de una persona con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión. La certidumbre jurídica es una circunstancia indispensable para el respeto del Estado de derecho, y es fundamental para combatir el robo de identidad. Con esta adición en Nueva Alianza estamos cumpliendo con México y pensando, como siempre, en el bienestar de las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.