La diputada Idalia Reyes Miguel: La privatización de las pensiones alrededor del mundo ocurrida entre 1981 y 2014, ha tenido resultados insatisfactorios o dicho más directamente, fracasó rotundamente. El experimento neoliberal desembocó en la baja cobertura y reducir los beneficios para los trabajadores, mayores costos fiscales y administrativos, desigualdades de género se agravaron y se generaron altos costos de transmisión recargados sobre las finanzas públicas, además de que se debilitó la gobernanza del sistema de pensiones y las instituciones encargadas de regularlo y supervisarlo fueron capturadas por los mismos consorcios responsables de la administración de fondos. Finalmente, la capitalización individual reprodujo las desigualdades por nivel de ingreso que el mercado laboral genera, 84 por ciento de los hombres y 89 por ciento de las mujeres que ganan solamente hasta tres salarios mínimos no son candidatos a recibir una pensión, salvo la mínima garantizada si alcanzan a cubrir las mil 250 semanas de cotización que se les exige, lo que es prácticamente imposible dada la dinámica laboral existente en el país. Más preocupante aún es que el esquema de capitalización individual ofrece una tasa de reemplazo del 26 por ciento del salario promedio, lo que constituye una verdadera bomba de tiempo que estallará en 2022, cuando se jubile la primera generación de trabajadores regidos por la actual Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que constituirán una generación con pensiones notablemente insuficientes. No hay que olvidar que la tasa de reemplazo recomendada internacionalmente se sitúa entre el 50 por ciento y el 70 por ciento. Por otra parte, en el sistema privatizado el acceso tiene una brecha de género, mientras el 49 por ciento de los hombres tiene una cuenta de ahorro para el retiro, en el caso de las mujeres la cifra se reduce al 31 por ciento. Además, las mujeres tienen una densidad de cotización menor que en el caso de los hombres y mayores dificultades para obtener una pensión digna, dada la brecha salarial. Por el lado, de los actores encargados de administrar los fondos de pensiones, en primer lugar, hay que advertir su monopolización, 51 por ciento de las cuentas están concentradas en 4 de las 10 Afores existentes en México. Y como lo dijimos anteriormente, las comisiones que cobran son de las más altas del mundo y reducen en 21 por ciento el ahorro de los trabajadores. Debemos recordar que el desmantelamiento del sistema público de pensiones en México se realizó con un rechazo bastante amplio por parte de los trabajadores y el esquema de capitalización individual no contempló nunca su inclusión en las instancias de administración o supervisión de los fondos. El esquema solo se siguió en 30 países alrededor del mundo, todos ellos en desarrollo, de los cuales 18 ya lo revirtieron. Hay una necesidad urgente de enfrentar el reto mediante una serie de medidas, que va desde la reforma de la reforma, hasta la reversión completa de la privatización. En ese sentido, dos premisas son indispensables: en primer lugar, es necesario recuperar la idea de la Organización Internacional del Trabajo, de que los sistemas de pensiones deben guiarse en su esencia por el objetivo de proporcionar seguridad e ingresos en la vejez, al contrario del objetivo predominante del Banco Mundial, de fomentar el crecimiento económico y reducir las presiones fiscales. En segundo lugar, hay que reconocer que el simple retorno al esquema anterior no es la panacea, por lo que será indispensable un extenso diálogo que tenga por objeto la construcción de un sistema nacional de pensiones que se oriente a superar la exclusión, la desigualdad y la fragmentación que hoy tenemos. Algunas medidas proponen reformas al sistema vigente de capitalización individual, mientras que otras se encaminan a construir una alternativa por fuera de este paradigma. En este sentido, incluso algunas opiniones enfatizan la necesidad de eliminar los sistemas de pensiones, de beneficios definidos que todavía existen en el país, con la idea de profundizar o completar el esquema establecido en 1997 y 2007, copiando el carácter problemático e insuficiente de dicho sistema de pensiones. También es necesario tomar en cuenta que algunas recomendaciones recargan los costos sobre la espalda de los trabajadores, teniendo un carácter socialmente regresivo, como es el caso del incremento en la edad de la jubilación, medida recientemente rechazada por el titular del Poder Ejecutivo de la federación. Por todo lo anterior, propongo que se retome el esquema de 500 semanas para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de la vejez. Es cuanto, diputada presidenta.