El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Mesa Directiva. El día de hoy pretendemos un parche legislativo, porque el problema es muy fuerte, es fuerte para los migrantes y con esta reforma no les garantizamos el derecho que deriva de la Constitución a acceder a educación gratuita, de calidad y en forma abierta. Se pretende una simulación para revalidar estudios, pero no garantizamos el derecho a la educación de los niños, jóvenes que van a ser deportados o están siendo deportados con la política antiinmigrante del Trump. En 2016, el propio subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación, de la Secretaría de Educación Pública, señala el regreso de 21 mil 113 jóvenes y 25 mil 248 jóvenes en nivel secundario, y él señala que el reto de esta política antiinmigrante es tener espacio y profesores suficientes para atender esta demanda derivada de la deportación de migrantes, niños, jóvenes que se encontraban amparados por un acto administrativo de Obama, respecto al poder estar recibiendo, en Estados Unidos, únicamente aquellos jóvenes entre 15 y 31 años que estuvieran estudiando, que estuvieran cursando el bachillerato. El gobierno federal se equivoca al proponer esta reforma, lo que tenía que haber propuesta es una política pública de reinserción y de garantía a la educación gratuita que establece el artículo 3o. constitucional. La revalidación o reconocimiento de estudios no suple la omisión social, económica a la que se van a enfrentar niños y jóvenes deportados, no la suple, pero sí crea un nicho de oportunidades para las escuelas privadas, puesto que se les autoriza con esta reforma otorgar reconocimiento y validez de estudios oficiales sin mayores trámites y con un proceso sumario. Esta ley violenta diversas disposiciones constitucionales. Artículo 3o. establece el respeto a los derechos humanos y la independencia en la justicia, que toda educación que imparta el Estado será gratuita. Todo estudiante que acceda a revalidar sus estudios en una escuela particular no tendrá la gratuidad, tendrá que ajustarse a las tarifas que impongan las escuelas particulares. El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas y establece la obligación para los particulares, que podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares con condiciones, el reconocimiento no es abierto. Y el inciso b) de la fracción VI, párrafo tercero de la Constitución determina obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley. Este mandato constitucional se ve derogado con la autorización que van a tener las escuelas privadas de revalidar y reconocer estudios. No hay un cumplimiento expreso a que en cada caso se solicite el reconocimiento y validez oficial de la autoridad educativa. Esta ley violenta y excluye a una reforma que acompañó a la reforma general de educación de 2013. Se excluye al sistema nacional de evaluación educativa. Estamos omitiendo la evaluación de los jóvenes que se van a insertar a este sistema educativo. Estamos omitiendo la calidad con la que estos jóvenes se van a insertar. Las escuelas raramente cumplen los estándares de calidad. Difícilmente con la demanda que se genere se van a cubrir estos dos criterios. Una evaluación objetiva que nos determine a qué grado se insertan estos niños y jóvenes. Y segundo. Cuál es la calidad de la enseñanza que se les imparte. El artículo 3 constitucional establece la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y dentro de sus tareas está evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar primaria, secundaria y media superior. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden. En el texto del dictamen que se presenta se diluye esta calidad, se diluye esta evaluación. Se pretende con esto engañar a la población. Con esta ley no abonamos recursos, puesto que en el transitorio se determina que no hay recursos adicionales y tampoco garantizamos a niños y jóvenes su acceso a la educación gratuita. Estamos haciendo una simulación legislativa. Una simulación legislativa en demerito de garantías constitucionales que tienen los niños y jóvenes migrantes deportados por una política antimigrante de Donald Trump. Muchas gracias, señora presidenta.