La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI apoyaremos con nuestro voto a favor en lo general este dictamen por las siguientes razones. Hemos insistido en reconocer, por un lado, el valor de todas y todos los elementos que conforman en nuestro país los cuerpos de seguridad privada, así como también la valía de su función público-social coadyuvante en materia de vigilancia, protección y seguridad. Es necesario redignificarlos, pero también señalamos y reconocemos que hemos llegado a un punto en el cual es urgente y necesario para darle viabilidad a su función la correcta regulación, tanto de la operación como del funcionamiento de más de 8 mil empresas de seguridad privada que se tiene registro operan en nuestro país. Más de 8 mil empresas, de las cuales se sabe que solamente el 10 por ciento de estas cuentan con un registro oficial ante las autoridades correspondientes para prestar sus servicios y, por ende, tienen las certificaciones obligadas en su operación. Cuentan con protocolos, registros de elementos, entrenamientos y capacitación, entre otros factores que son sumamente imprescindibles para su correcto actuar. Por eso apoyaremos todo esfuerzo legislativo que regule a estas empresas, que abone para que todas en nuestro país asuman sus funciones de protección, seguridad y vigilancia, siempre en el marco de la ley, el respeto y la garantía de los derechos humanos y también los derechos laborales. Sin embargo, señalamos y hacemos hincapié en lo particular en que no deseamos que esta reforma, en la práctica y ante la realidad, quede desenmascarada de intereses oscuros, quizá hasta preelectoreros, o bien que se quede corta o sea parcial e insuficiente por simular atender los problemas de fondo que actualmente privan en el sector de la seguridad privada, para otorgar un control indirecto de estos elementos para otros fines. Esperamos y seremos coadyuvantes y a la vez guardianes de que se trabaje en función a esta reforma para evitar que las compañías de seguridad privada sean rehenes o fachadas ilícitas de militares, funcionarios o policías en funciones o inactivos, de eliminar cuerpos de seguridad privada con elementos sin capacitación y formación en materia de protocolos de actuación y derechos humanos. Compañías sin prestaciones sociales de ley, con salarios ofensivos y que no corresponden ni a la función y al riesgo asumido, con derechos laborales cancelados y con condiciones de sobreexplotación laboral. También vigilaremos que la armonización y coordinación propuesta en esta reforma respecto a la autorización, regulación y operación de este sector no sea una suerte de subordinación a lo federal o una usurpación o despojo de facultades estatales en la materia. Asimismo, estaremos vigilantes de que esta reforma no dé pauta a un uso y disposición ilícito o faccioso de todos los cuerpos de seguridad privada en nuestro país, sujeto a urgencias o desastres de contentillo, ocurrencias o caprichos desde lo federal, y mucho menos para la pretensiosa conformación cuando el interés del particular lo requiera, de ejércitos o brigadas privadas pero electoreras, al servicio y disposición de ya saben quién. Mientras no suceda esto y hasta hoy, cuentan con el voto en lo general a favor de parte del Grupo Parlamentario del PRI. A las empresas de seguridad privada de nuestro país y a todas y todos sus elementos que las conforman, les decimos que tienen nuestro apoyo total, nuestro reconocimiento y nuestro compromiso para mejorar sus salarios y condiciones laborales que tanto demandan, y sobre todo que merecen. Es cuanto, presidenta.