La diputada Guadalupe González Suástegui: Gracias, presidente. Saludo con gusto a quienes nos ven a través del Canal del Congreso. También a mis compañeras y compañeros diputados que hoy nos acompañan en este recinto. Angélica de 12 años y Marisol de 10 son dos hermanas que hace unos días perdieron a su padre a consecuencia de la violencia que se vive en Acapulco, Guerrero. Hoy, que es el Día Internacional de la Niña, ellas no tienen nada que festejar. Ellas no tienen motivos para ser felices porque no solo perdieron a su padre, perdieron a la única persona que vendiendo aguas en un semáforo era el sostén de la casa. Y no solo en Guerrero, en todo México niñas y niños tienen que padecer el desamparo, tiene que padecer la orfandad debido a la violencia que vivimos. El día de hoy en este honorable recinto parlamentario presento una iniciativa que ha marcado mi trayectoria en la obra social, en mi vida profesional y política. Con esta iniciativa quiero hacer un llamado a la consciencia y a la reflexión para reestablecer la paz y la seguridad en nuestro hermoso México. Es el momento de reestablecer el orden, sí, pero reconciliándonos para vivir en armonía, porque en nuestro país la ciudadanía reclama justicia social, empleo, bienestar, seguridad y paz. Es la hora de revertir la violencia en sus diversas manifestaciones, y el clima de inseguridad en el que vivimos. Debemos hacerlo porque cada vez más niñas, niños, adolescentes y jóvenes sufren la muerte, la desaparición forzada o el secuestro de su padre o madre, o de ambos, en actos de violencia, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la violencia política, el homicidio y el feminicidio. Esta situación coloca a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en una doble vulnerabilidad. Primero el padecer a lo largo de su vida los efectos de ver morir a uno de sus progenitores o a ambos o el haberlos perdido de manera súbita, o a las personas que los cuidan, como pueden ser sus abuelos, tíos o personas cercanas. Segundo, la tragedia de la soledad a lo largo de toda su vida, los estigmas, los efectos económicos y sociales de la orfandad. Pese a la grave problemática de la orfandad actualmente existen pocos datos al respecto. Lo que sí sabemos de acuerdo a los datos de la UNICEF de 2014, es que de 40 millones de niños, 20 millones viven en pobreza y carencias alimentarias. Que 4.7 millones padecen pobreza extrema principalmente indígena. Que 6.1 millones entre tres y 17 años no asisten a la escuela. Estos datos duros explican por qué los albergues están saturados mientras que en las calles vemos cómo aumentan las poblaciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes deambulando, buscando desesperadamente la manera de sobrevivir. Estimadas diputadas y diputados, es urgente resolver la situación de orfandad y de vulnerabilidad económica de las niñas, niños y adolescentes, a fin de evitar su doble victimización. Aun estamos a tiempo de fortalecer el marco normativo y elaborar políticas públicas para proteger de manera integral la esfera jurídica de la niñez, mediante la reparación inmediata del daño conforme a los estándares internacionales, para que no estén desamparados, puedan alimentarse, continuar sus estudios y acceder a los servicios de salud. En este sentido es necesario que los recursos producto de la reparación del daño se dirijan directamente a las niñas, niños y adolescentes con el fin de que los adultos o personas que ejerzan su custodia o patria potestad puedan solventar sus necesidades. Con esta reforma los ascendientes, tutores y custodios o terceros interesados están obligados a exigir al Estado mexicano el cumplimiento de los derechos de los niños, quedando obligado el Estado a otorgar todas las facilidades y derechos contenidos principalmente en los artículos 1, 3 y 4 constitucionales. Precisamente el artículo 4 mandata lo siguiente. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. El artículo anterior busca la visión humanista de Acción Nacional, en el sentido de garantizar el derecho a disfrutar de una familia, bienestar y una vida libre de violencia. Respecto a los tratados internacionales y el principio pro persona, se catalogan una serie de derechos especiales para proteger a la infancia de vulnerabilidades concretas, como es la reparación del daño de las víctimas directas e indirectas que no pueden valerse por sí mismas. En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la vulnerabilidad de los niños que pierden a sus padres en situaciones de violencia, obligan a la familia y al Estado a protegerlos para evitar que sean marginados y estigmatizados. Es la hora de que el Poder Legislativo actualice el marco jurídico para incorporar la reparación del daño en materia de niñas, niños y adolescentes. Nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes nos necesitan, hagámoslo por ellos. Muchas gracias.