La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El pasado 10 de enero, el Ejecutivo federal situó en sus páginas oficiales una imagen que hace referencia a la estrategia contra el huachicoleo, implementada esta estrategia en los últimos días por el gobierno federal, en la que a la letra se leía: Apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta imagen fue retirada días después sin ninguna explicación. Lo anterior sin duda que violenta los principios constitucionales establecidos en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional y en la Ley General de Comunicación Social, y de lo que ya platicó también en un punto de acuerdo que estamos coincidiendo con la senadora Beltrones. Asimismo, el día 13 de enero de 2019, el titular del Ejecutivo anunció el inicio del reparto de la Cartilla Moral, que según se lee en sus páginas, es una reedición del texto de Alfonso Reyes, publicado en 1944 y sacada totalmente de contexto, sin tomar en consideración que se trate de un documento histórico y no una guía ética. El titular del Ejecutivo federal señaló, abro comillas, que es preferible dejar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Tenemos que moralizar la vida pública de México, por eso se va a empezar a distribuirse esta Cartilla Moral, porque tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales, no solo lograr el bienestar material, sino también el bienestar del alma, cierran comillas. Haciendo con esto una apología de la pobreza violando los principios del Estado laico y vulnerando la esfera privada de las y los ciudadanos. Si bien esta Cartilla tiene un carácter histórico, indudable, no puede ser aplicada en la época contemporánea, debido a que violenta los derechos de las mujeres y los distintos tipos de familia, ya que cuando fue escrito ni las mujeres habíamos logrado el derecho a votar, menos se hablaba de igualdad, ni estaban reconocidos los derechos de la comunidad LGBTTTI. Por lo anterior, es importante mencionar que en ambos casos el Ejecutivo federal trasgrede lo establecido en el párrafo octavo, del artículo 134 constitucional, el cual establece, leo: la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales las entidades de la administración pública, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Aún más, la Cartilla Moral contraviene a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 5, en la Ley General de Comunicación, el que establece que, en el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, se deberá atender el respeto a la libertad de expresión, al fomento del acceso ciudadano a la información que debe de contribuirse a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, respetando la diversidad social y cultural de la nación. En el propio ordenamiento se establece que toda la propaganda gubernamental deberá respetar los derechos constitucionalmente concedidos, situación que no se cumple dado el anacronismo del texto de la Cartilla Moral, de Alfonso Reyes y la adaptación repartida por el actual gobierno. Es por lo anterior que atentamente solicitamos a la oficina de la Presidencia, pues que nos informe respecto a los recursos erogados durante el mes de diciembre pasado, en comunicación social, así como también solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública para que se inicien las investigaciones correspondientes, y que en su caso, quien sea responsable de esta afrenta a los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTTI sea responsabilizado administrativa y penalmente. Exigimos que la actuación del gobierno federal respete los derechos de las mujeres, lo que hemos conquistado a fuerza de muchos años de lucha, desde la conquista del voto hasta la igualdad sustantiva, que poco a poco hemos ido arrebatando. No resulta congruente con el discurso oficial que en medio de la discusión de la militarización de la seguridad pública de la que las mujeres hemos sido botín de guerra y víctimas de la violencia institucional por parte de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo federal fomente un discurso anacrónico y que atenta contra nuestros triunfos, que han constado vidas y sufrimientos para muchas mexicanas. Es cuanto, presidenta. La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias, diputada Juárez. Túrnese a la Primera Comisión de trabajo. La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Beatriz Manrique Guevara para presentar proposición con punto de acuerdo para realizar las acciones pertinentes y determinar si derivado de los pasivos ambientales generados por la empresa Química Central en el estado de Guanajuato, se generaron riesgos a la salud de las poblaciones cercanas.