El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT): Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros legisladores; ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto para crear el programa Seguro por Desempleo para Protección de los Empleados Públicos al Servicio del Estado, bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS La crisis histórica de 1981-1982, acabó con el modelo de sustitución de importaciones y con el creciente intervencionismo del Estado en la economía mexicana. Como se sabe desde principios de los años 60, el Estado Mexicano conformó un sistema de empresas públicas que producían bienes e insumos baratos, que subsidiaban a la empresa privada y servían para promocionar la industrialización del país. Esas empresas públicas empezaron a dotar de empleos a de profesionales que egresaban de las universidades públicas y privadas. Al terminar el periodo de López Portillo, se contabilizaba un total de 1 mil 155 entidades públicas que generaban casi el 50% del Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, al iniciarse el proceso de reestructuración que emprendió la economía mexicana desde el gobierno de Miguel de la Madrid, la suerte de las empresas paraestatales cambió radicalmente. Una parte de las acciones de la Banca nacionalizada en 1982 se restituyó a los banqueros expropiados. Las casas de bolsa y las empresas que estaban vinculadas por la vía accionaria a los bancos expropiados, retornaron a su propiedad. Otras entidades paraestatales que el Gobierno Federal definió como no prioritarias, fueron privatizadas y en el curso del proceso de reestructuración, cientos de miles de empleados públicos fueron lanzados al desempleo. Este despido masivo de los empleados al servicio del Estado, se dio en un contexto de una aguda crisis que se combinaba con inflación galopante y estancamiento económico. Los estudiosos caracterizaban a esta etapa como la década perdida. La reestructuración económica de México, implicó privatizar empresas públicas, despido de personal, modernización productiva de las empresas, restricción salarial sin que se establecieran programas sociales compensatorios que paliaran la agudeza de la crisis y sus efectos económicos y sociales. La crisis de 1994-1995, volvió a golpear a los sectores populares nuevamente, al tiempo que el Gobierno Federal continuó con la privatización de algunas empresas públicas, entre ellas: los ferrocarriles, los satélites, las aseguradoras y otras empresas. Ello implicaba despido de burócratas y crecimiento del desempleo que se acompañó con un mayor empobrecimiento de la población mexicana. El resultado final de la crisis estructural de 1981-1982, y la de 1994-1995, así como la recesión de 2001-2004, ha sido que el incremento del empleo estructural en la economía mexicana se ha agudizado y la reducción de los empleados públicos ha continuado como parte de la reestructuración del Gobierno Federal. Por ejemplo, en 1982, el total de empleados públicos federales ascendía a más de cuatro millones, y a finales de 2003 se redujo a poco más de dos millones. El Gobierno Federal ha continuado con su programa de retiro voluntario, y en el curso de 2003 se incorporaron a él más de 28 mil empleados públicos; y en el curso de 2004, continúa vigente. La reducción del personal al servicio del Estado se está dando en un contexto de crisis y recesión económica iniciada en 2000 y no ha concluido, y por el contrario, amenaza con profundizarse. Aunado a lo anterior, el crecimiento del empleo ha estado por debajo de las necesidades reales de absorción de la economía ya que anualmente se incorporan al mercado laboral más de un millón 300 mil jóvenes que arriban a la edad laboral. Como al Gobierno Federal no le interesa la suerte de los trabajadores de este país, el Congreso de la Unión tiene la facultad legal, política y moral de responder a las exigencias que demanda el pueblo de México. Por esa razón, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone la creación de un seguro por desempleo para los empleados al servicio del Estado que son despedidos de su centro de trabajo por razones no imputables a ellos. Proponemos que los recursos para financiar este programa del seguro por desempleo, sean aportados por la Federación y aprobados anualmente por la Cámara de Diputados e incorporados al presupuesto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Compañeras y compañeros diputados, por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un título séptimo y un capítulo único a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que crea el programa del seguro por desempleo para la protección de los empleados públicos al servicio del Estado. Solicito a la Presidencia instruya la publicación íntegra de la presente Iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.