El diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, señor presidente. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Los suscritos diputados José Luis Ovando Patrón y el de la voz, miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos ante esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito; se reforma el artículo 10 de la Ley de Amparo; se adiciona una fracción II al artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del sector Público; se reforma asimismo y se derogan varios artículos de la Ley Federal de Extinción de Dominio; así como del Código Federal de Procedimientos Penales; se adiciona un capítulo tercero al Título Undécimo del Código Penal Federal. El delito es una actividad que resquebraja y mina la vida de las personas y de todo un pueblo. Su comisión produce de forma sustancial cambios en la vida de la víctima relacionados con sus costumbres, sus hábitos; mina su confianza, su seguridad familiar, social y cultural. Por ello es indispensable que nuestro sistema de procuración y administración evolucione y prospere día a día hasta convertirse en un sistema capaz de proporcionar a los mexicanos la justicia que todos demandan. Es preciso reconocer que lamentablemente la falta de protección de la víctima u ofendido del delito no es únicamente producto de la ineficiencia en la conducción de las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia, sino que, se encuentra también asociada a un sistema normativo penal caracterizado tradicionalmente por ser un derecho centrado en la protección de los procesados, dejando a un lado la protección de la víctima. Efectivamente, el sistema de procuración y administración de justicia penal en México, junto con sus instituciones respectivas, no fueron creados para la víctima ni se apoyan en un derecho victimal. No fue sino hasta 1993 cuando se incorporaron nociones derivadas de los derechos de las víctimas obligando a la asesoría jurídica, la reparación del daño, la coadyuvancia en el Ministerio Público y la atención médica. Ante la falta de normas que reconozcan y garanticen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, es de suma importancia lograr en el corto plazo una transformación radical del sistema de justicia en donde se plantee la visión que la sociedad mexicana tiene sobre el delito, el proceso penal, la seguridad pública del delincuente y las víctimas. En suma, la víctima del delito debe quedar tutelada por el derecho victimal, entendido éste como el conjunto de principios, valores, normas y procedimientos jurídicos locales, nacionales e internacionales tendientes a requerir, posibilitar y contratar las prerrogativas y pretensiones de las víctimas de los delitos. No podemos dejar de apuntar que el reconocimiento de los citados derechos ha sido paulatino, tan es así que el texto original de la Constitución de 1917 contenía en su artículo 20 sólo los derechos reconocidos a favor del acusado. Posteriormente en 1993, a través de una modificación constitucional, se introdujeron algunos de los múltiples derechos que deben tener las víctimas y ofendidos del delito como antecedente importante, derivado de la reforma en materia de seguridad y justicia, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008. Nuestra Constitución Política regula en su artículo 20, Apartado C, una serie de derechos durante el proceso penal de asistencia médica y psicológica. Asimismo, es necesario tomar en cuenta la Miscelánea Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 23 de enero de 2009, en ésta se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Federal de Procedimiento Penales, entre tales modificaciones el artículo 141 de dicho ordenamiento legal ahora establece una serie de derechos para la víctima, tanto en la averiguación previa como en el proceso penal y en la ejecución de la sentencia. La necesidad de legislar en materia de protección y atención a las víctimas u ofendidos del delito, corresponde también a la necesidad de encontrar correspondencia en los instrumentos internacionales susceptibles de ser aplicados en esta materia. Por lo anterior, hay que tomar en consideración la declaración sobre los principios fundamentales para las víctimas y delitos y abusos del poder, aprobada por la Asamblea General de la ONU, el 29 de noviembre de 1985 y que a su vez fue adoptada por nuestro país. En dicha declaración se establece que las víctimas son las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de los estados miembros. Asimismo, se expresa que podrá considerarse víctima a una persona, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador, e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión víctima se incluyen además, en su caso, a los familiares o personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Entre los principios consagrados en el citado instrumento internacional, se encuentran el que señala que las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia y a la pronta reparación del daño que hayan sufrido. Según lo dispuesto en la legislación nacional. En virtud de lo anterior, agrega la declaración, se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales y oficiosos que sean expeditos, justos, pocos costosos y accesibles. De igual forma, se refiere que se utilizarán mecanismos oficiosos para la solución de las controversias, incluidas la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicias consuetudinarias o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación de controversias y la reparación a favor de la víctima. También se considera el caso de que la indemnización por concepto de reparación del daño a favor de la víctima sea suficiente. Los estados procurarán indemnizar financieramente, incluyendo a la familia, en particular a la persona a cargo de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización, razón por la que se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la aplicación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas. En consecuencia, resulta impostergable proponer la expedición de una ley como ahora se propone, que tenga por objeto regular lo relativo al acceso de las víctimas u ofendidos, al proceso penal. Es indudable que México ha logrado avances importantes en la protección y atención de quienes resultan afectados por la comisión de un delito. Sin embargo ante la necesidad de concretar el contenido del artículo 20, apartado c) constitucional, se desprende la necesidad de contar primordialmente con una ley de atención y protección a víctimas y ofendidos del delito que proteja los derechos inherentes a las víctimas u ofendidos, a causa de la comisión de un delito. La ley que ahora se propone ofrece lo siguiente: 1. Concretiza el contenido del artículo 20, apartado b) de la Constitución. 2. Brinda certidumbre al ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados para las víctimas y ofendidos del delito por la norma suprema. 3. Posibilita a las estructuras jurídicas y materiales para apoyar a las víctimas y ofendidos por el delito, proveyendo de la creación a nivel federal del derecho a obtener asesoría jurídica, representación legal, así como contar con la atención médica, psicológica y psiquiátrica y apoyo económico en tanto se hace la reparación del daño. 4. Permite lograr de hecho y de derecho un equilibrio entre las garantías del delincuente y los derechos de su víctima, a través del establecimiento claro de los derechos de ésta durante el procedimiento. Establece, por último, establece un fondo para la atención y protección de víctimas u ofendidos del delito, a través de la cual la Federación disponga de los recursos económicos que posibiliten la ejecución y acciones de otorgamiento de beneficios a quienes sufrieron la vulneración de sus derechos. Termino, señor presidente. Los promoventes de la presente estamos seguros que en las diputadas y diputados miembros de las comisiones dictaminadoras respectivas, así como los integrantes de este pleno, las víctimas y ofendidos del delito en nuestro país encontrarán en ustedes a sus mejores aliados, por lo que no tenemos la menor duda de que esta iniciativa habrá de aprobarse. Muchas gracias, señor presidente.