El diputado Victor Gilberto Aguilar Espinosa: Con su permiso, diputada presidenta. El dictamen sujeto a discusión en este momento establece un conjunto de sanciones a las personas físicas o morales que se dediquen a actividades que resultan prohibidas o que realizan actividades que, aunque están permitidas, no cuentan con la autorización para efectuarlas. También penalizan a las personas físicas o morales que contraten a los primeros. Nuestro grupo parlamentario coincide con la propuesta de prohibir la subcontratación de personal, pues esta modalidad ha representado por años el mantener a los trabajadores en condiciones laborales precarias, en la incertidumbre sobre sus derechos y coartándoles toda posibilidad de acceso a un mejor nivel de vida. También coincidimos en que no se puede prohibir toda forma de contratación entre empresas, pues estas pueden ser auxiliares entre sí, mediante la prestación de servicios u obras especializadas. Sin embargo, cuando esa relación se establezca, es obligación de la empresa contratante el vigilar y dar puntual seguimiento para que, a través del registro público de empresas subcontratistas, se observe el adecuado respeto de los derechos de seguridad social y condiciones adecuadas del trabajo en beneficio de los trabajadores, así como estamos ciertos que empresas que así no lo hicieren deberán ser sancionadas. No obstante, y esta es la razón de la presente reserva, consideramos que es excesivo fijar con el mismo parámetro de sanciones a una persona física o moral que realiza clandestinamente una actividad que la ley prohíbe, que para una persona física o moral que realiza una actividad legal como la subcontratación de servicios u obras especializadas, pero que por su falta de indagación no se encuentre al corriente del estado de sus servicios, así como tampoco es equitativo fijar esta misma multa para empresa que es contratante de alguna de las anteriores. En consecuencia, la reserva que proponemos a su consideración separa las actividades de la ley, que la ley considera ilegales, en cuanto a la subcontratación de aquellas que, sin serlo, incumplen un requisito administrativo o de aquellas que se benefician de las mismas. En este sentido, se propone que el artículo 1004-C de la Ley Federal del Trabajo prescriba una multa de entre 2 mil y 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización para las empresas que realicen subcontratación de personal. Y una multa de entre 250 y 5 mil veces la UMA para las empresas que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, sin la autorización correspondiente, así como quienes se beneficien de estas. En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que, sin tener que criminalizar y proponiendo los lineamientos oportunos que hagan más eficaz la actuación de las autoridades, se podrá eliminar la subcontratación, mejor conocida como el outsourcing, que es una lamentable práctica que evade derechos de los trabajadores, que debilita la seguridad social y la hacienda pública. Por una clase trabajadora en pleno gozo y certidumbre de sus derechos sociales y laborales. Es cuanto, diputada.