El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el premiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, como miembro integrante de la Comisión dictaminadora, subo a esta tribuna para expresar mi apoyo al dictamen que reforma la Ley de Aguas Nacionales. Me consta, por el trabajo desarrollado, que para llegar a ese dictamen fue necesaria la construcción de consensos, en la que participaron los diferentes representantes de los grupos parlamentarios en la comisión. Fue importante también, en la construcción de este dictamen, el papel que jugó el Consejo Técnico Consultivo del Agua, en el que participan 30 expertos en áreas como la parte técnica, la jurídica y la financiera. Ello no significa que la ley no tenga ausencias y no sea perfectible. Quedan aún asuntos pendientes, como son el derecho humano al agua y que la Comisión Nacional del Agua se convierta en un organismo autónomo, entre otros. No obstante lo anterior, me permito hacer los siguientes comentarios: Como señalan diversos estudios sobre la problemática del agua, el abasto de ésta empieza a ser insuficiente e irreversible en el territorio nacional, debido al crecimiento demográfico y al deterioro ambiental. El desperdicio del líquido ha provocado la pérdida de fuentes de agua y la sobreexplotación o agotamiento de otras, de las cuales dependen numerosas poblaciones. Hay registros de organismos internacionales que señalan que en menos de 20 años la población del país requerirá 85 millones de metros cúbicos de agua potable. La Comisión Nacional del Agua señala que por el manejo inadecuado del agua en los distritos de riego, esto provoca la pérdida de 50 por ciento del líquido destinado a la agricultura, lo cual representa 50 millones de metros cúbicos, mientras que en las zonas urbanas se pierde 40 por ciento en la red de distribución. Además, la disponibilidad de agua en México presenta una desigual distribución regional y estacional, que dificulta su aprovechamiento sustentable. En el norte del país la disponibilidad de agua por habitante alcanza niveles de escasez críticos, mientras que en el centro y en el sur hay mayor disponibilidad. Entre los años 2000 y 2005 la disponibilidad por habitante disminuyó de 4 mil 841 metros cúbicos a 4 mil 573. Los escenarios estudiados por la Comisión Nacional del Agua, así como las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población, indican que para 2030 la disponibilidad media de agua por habitante se reducirá a 3 mil 705 metros cúbicos por año. Por todo lo anterior, es evidente que el abatimiento del rezago existente en materia de infraestructura para el suministro de agua potable, el establecimiento de los servicios de drenaje y alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales, constituyen uno de los grandes retos que enfrenta México en los próximos años. Es imprescindible invertir en tecnologías que permitan hacer un mejor uso de este recurso incluyendo el uso de plantas desaladoras, tecnologías avanzadas para riego y reciclaje de aguas residuales. En la actualidad nadie puede poner en duda la estrecha relación entre el desarrollo de la población y el acceso al agua, ya bien sea por el consumo doméstico de sus habitantes o para el cultivo de los productos de la tierra. Si reconocemos, como lo ha hecho el derecho internacional de los derechos humanos, el desarrollo es un proceso que debe atender al mejoramiento constante del bienestar de la población, y sólo se puede alcanzar sobre el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales. Resulta obvio que uno de los elementos indispensables para alcanzar dicho bien es el agua. Si no hay agua, no hay mejoramiento posible del bienestar. En el orden jurídico nacional no existe un diseño intencionado y sistemático capaz de orientar la creación de leyes para mejorar la relación entre agua y desarrollo. Ello se debe en importante medida a que dicho orden jurídico no toma en cuenta el agua como un bien común para el desarrollo. La falta del reconocimiento del agua como un derecho fundamental en nuestra Constitución es la primera prueba de ello, situación que debe ser revertida en la iniciativa de ley que estamos discutiendo en este momento. Por lo anterior, propongo que la legislación mexicana, en especial la Ley de Aguas Nacionales, establezca una visión de derechos fundamentales. Actualmente, en la normatividad sólo se establecen los derechos como líneas programáticas que orientan las políticas de Estado y no como derechos exigibles y justiciables para las personas, por ello es necesario que en la ley que nos ocupa se creen mecanismos de exigibilidad, lo que implica que las personas puedan acudir a las distintas instancias estatales para demandar su cumplimiento. En este sentido, es necesario que en las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales que estamos discutiendo se armonice con los tratados internacionales. Un primer paso indispensable será el reconocimiento constitucional al derecho al agua, de acuerdo a la observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por el Senado el 18 de diciembre de 1980 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 1981 y así hacer exigible lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, de establecer el acceso al agua como un derecho inalienable, así como garantizar la gestión de los recursos hídricos con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad. Por otra parte, también tenemos el reto de transformar la Comisión Nacional del Agua en un organismo autónomo que no esté sujeto a las vicisitudes de los tiempos de la política, con una visión continua a largo plazo. Es cuanto, señora Presidenta.