La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro país, ante una fuerte e incuestionable situación que lastima la seguridad de todas y todos los mexicanos, y ante un alarmante 99 por ciento de impunidad, la exigencia mayor de la sociedad mexicana es la de justicia. Esta declaratoria de reforma constitucional sobre la reforma judicial es una ocasión, es una oportunidad para referirnos justamente a la situación que hoy enfrenta nuestro país, y a la situación y a la deuda que tenemos como Estado mexicano en materia de justicia. Como lo sostuvimos en su momento, una reforma al Poder Judicial, a nivel constitucional, donde, más que fortalecer al Poder Judicial se fortalece la figura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se analiza esta reforma en el entorno de un gobierno autoritario, que no nada más acompaña a esta reforma sino que fue quien promovió la misma, y que ese mismo gobierno se ha expresado también en el sentido de generar nuevas iniciativas para eliminar contrapesos a la integración de poderes, como lo es a través de la eliminación de los órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y que en caso de reformas como estas se consoliden y finalmente se voten, implicarán por sí mismas un paso hacia atrás, un paso hacia un país republicano, más autoritario y sin una efectiva división de Poderes. En el entorno de un gobierno de esta naturaleza se dio esta reforma constitucional, que a su vez representa una serie de preocupaciones que nuestro grupo parlamentario expresó en esta tribuna, porque implicaba por sí misma el debilitamiento y la limitación de las controversias constitucionales, el acotamiento de los recursos de revisión para los amparos directos, el establecimiento de un sistema de precedentes que debilita el federalismo y la reafirmación de mayor discrecionalidad para el Consejo de la Judicatura Federal. Razones estas por las que del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votó esta reforma en contra. Y ante las circunstancias que ya he señalado en el entorno político que vive nuestro país, es importante que hoy, aprovechando este momento, donde se dará esta declaratoria de reforma constitucional, que hacemos votos porque la reforma que sigue, es decir, la reforma secundaria, se dé en las condiciones de mucha mayor apertura y discusión. El Poder Legislativo, ante este panorama, tiene una tarea aún mayor, no solo la de comportarse como un verdadero contrapeso frente al Poder Ejecutivo, sino también no perder la oportunidad de reformar, de reafirmar su propia autonomía a través de un proceso legislativo de las respectivas leyes secundarias que habrán de discutirse como resultado de esta reforma constitucional. Hay temas que deberán abordarse con gran cuidado y con la máxima participación posible de la sociedad civil organizada, de especialistas y académicos. No podemos dejar que una reforma que trazará parte importante del sistema de impartición de justicia se lleve a cabo de forma opaca y construida en la sociedad de cuatro paredes, sin consultar ampliamente a la sociedad, más cuando esta reforma afectará en toda la sociedad. En particular resultará de suma importancia discutir una Ley de Carrera Judicial que contemple las mejores prácticas y experiencias retomadas de otros sistemas de servicio profesional de carrera y de ejemplos internacionales, y que permita que en el Poder Judicial de la Federación estén presentes los perfiles con mayor capacidad profesional, pero también con mayor ética. Otro tema que también deberá cuidarse es la efectiva incorporación del principio de paridad de género. Las mujeres legisladoras somos conscientes que el lenguaje incluyente no es sinónimo de una garantía de que las mujeres estemos realmente presentes en la toma de decisiones, y por ello daremos puntual seguimiento a las propuestas que se presenten para incorporar este principio de forma efectiva en la ley correspondiente. Por esto, esta oportunidad también resulta indispensable para reiterar que hoy más que nunca necesitamos transitar a una reforma del Poder Judicial que sí atienda los temas que le urgen a la impartición de justicia en México. Asuntos como una mejor planificación del proceso de selección de ministros y ministras, el fortalecimiento del juicio de amparo para poder hacerlo más accesible a las y los ciudadanos, y sobre todo la gran deuda pendiente; la reforma a los Poderes Judiciales locales. Por ello, desde Acción Nacional hacemos esta petición. Primero que nada, buscaremos un proceso amplio, abierto de discusión plural, con participación ciudadana en la reforma secundaria. Y segundo, esperamos que pronto podamos iniciar una discusión amplia sobre un complemento a la reforma judicial, que atienda los temas que tanto espera el país en provecho del acceso a la justicia de las y los mexicanos. Es cuanto, presidenta.