La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Gracias, presidenta. Quiero iniciar reconociendo el trabajo de la Comisión de Gobernación y Población y su presidenta, la diputada Rocío Badillo, y el empeño de mi compañera Martha Tagle, por concretar este dictamen con disposición para encontrar consensos y atender los pendientes en un ordenamiento fundamental, como lo es la consulta popular. Particularmente celebro la incorporación de la obligación de que la pregunta sea traducida a lenguas indígenas y sea planteada con accesibilidad para personas con discapacidad cuando así resulte necesario, Pues ello constituye un paso más en el camino de la inclusión, al generar las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer efectivamente su derecho de participación en condiciones de equidad y sin obstáculos. Nuestros pueblos indígenas y las personas con discapacidad, hoy tan olvidados y relegados en las prioridades presupuestarias, se encuentran entre los grupos que enfrentan una mayor vulnerabilidad en la sociedad, por lo que tenemos la responsabilidad de incorporar al marco jurídico las acciones informativas necesarias para acabar con las profundas inequidades que por décadas han minado su desarrollo en todos los ámbitos de su vida. Celebro también que estemos por aprobar reformas para la eventual incorporación de mecanismos de voto electrónico que Movimiento Ciudadano ha venido impulsando desde la anterior legislatura, mismos que permitirán efectuar los procesos de consulta popular con importantes ahorros en los recursos humanos, financieros y materiales que se requieren en una consulta nacional y, además, con la posibilidad de conocer los resultados preliminares en forma prácticamente inmediata a la conclusión de la jornada. La incorporación de consultas regionales también es un avance en el sentido correcto, pues ello permitirá fortalecer la participación ciudadana para propuestas que incidan en regiones específicas del país, lo cual incentivará a la ciudadanía a la participación al percibir que su ámbito de incidencia en las decisiones se amplía y se fortalece. Y es que no solamente resultaba necesario armonizar la Ley Federal de Consulta Popular con la reforma constitucional de 2019, con la cual se concretó el objetivo de que la consulta popular como instrumento de participación ciudadana no vea pervertida su naturaleza al ser mal empleada como mecanismo de simulación para incidir legalmente en los procesos electorales, circunstancia que se corrige con el cambio de fecha y a pesar de las presiones desde el Ejecutivo. El dictamen también elimina otro de los usos indebidos que la presente administración le dio a los procesos de consulta popular, al impedir que esta sea utilizada para validar las decisiones de interrumpir obras de infraestructura y en ejecución, como ha sucedido por ejemplo con el aeropuerto, a un altísimo costo para el erario y minando la confianza de inversionistas que ven con preocupación el nulo respecto al Estado de derecho y la certeza jurídica que se ha demostrado en los últimos dos años. Otro aspecto relevante es la posibilidad de valerse de mecanismos digitales para la recolección de firmas, lo cual además de facilitar a la ciudadanía su participación en las consultas, también ayudará a detectar con mayor certeza y celeridad los intentos por seguir empleando métodos corruptos en la obtención de firmas, como penosamente se hizo evidente en la revisión de las firmas presentadas para la consulta popular que se llevará a cabo en próximas fechas, en las que el INE encontró todo tipo de irregularidades e inconsistencias que van desde credenciales invalidas, 120 mil firmas repetidas, firmas de personas fallecidas, e incluso, firmas de personas que manifiestan no haber otorgado su apoyo. Si bien los avances son importantes, aún tenemos un importante pendiente que consiste en delimitar con mayor precisión los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe verificar en materia de constitucionalidad de la consulta, de forma tal que el Tribunal Constitucional cuente con mejores condiciones de certeza para cumplir con su tarea de analizar y resolver si la materia cumple con los mandatos de ley, descartando los intentos de someter a consulta materias estériles, como es el caso de la procuración de justicia, que es obligación de las autoridades y cuya consulta pone en riesgo derechos y constituye, como bien lo expresó el ministro Luis María Aguilar, un concierto de inconstitucionalidades. Por lo que además de votar a favor, en Movimiento Ciudadano seguiremos impulsando propuestas que fortalezcan la participación ciudadana, como parte del nuevo trato democrático que creemos es fundamental en la evolución mexicana que planteamos para México, porque el futuro será de la mano de la ciudadanía o no será. Gracias.