La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el objeto de establecer como agravante del delito robo, cuando este se cometa en contra de una institución educativa pública. Es importante castigar con mayor severidad esta conducta delictiva en aras de salvaguardar los bienes jurídicamente tutelados, e inhibir su comisión, ya que como ha quedado claro, este delito ha ido en aumento, lo cual ocasiona un grave daño a la sociedad toda vez que trasgrede sus valores fundamentales. Como ustedes saben, hasta julio de este año entre 40 y 50 por ciento de los planteles fueron vandalizados o registraron robos durante los 16 meses de la contingencia sanitaria, lo que representa entre 86 mil y 108 mil escuelas públicas en dicha situación de las 216 mil 130 que existen en el país. La infraestructura educativa está irremediablemente asociada a la escuela en su concepto más amplio e integral y está a la educación como valor supremo y derecho humano. En suma, la educación no puede concebirse sin infraestructura, el robo a las escuelas públicas debe constituir una agravante en razón del daño causado en lo individual a cada estudiante y docente, así como en lo general a toda la comunidad educativa y desde luego a la sociedad mexicana con independencia del monto económico de este. El robo a las escuelas públicas constituye una conducta altamente antisocial y en consecuencia la tipificación de su antijuridicidad debe verse reflejada en la proporcionalidad de la pena. El robo a las escuelas públicas es un impedimento para mejorar la condición, capacidad, gestión y sostenibilidad de la infraestructura educativa que permita avanzar hacia una educación de excelencia para todas y todos, así como detonar el desarrollo social y económico del país y sus regiones. La infraestructura educativa es fundamental por su impacto en la seguridad y bienestar de estudiantes y cuerpo docente, así como para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje posibilitándole a las presentes y futuras generaciones su realización personal. El robo a las escuelas públicas es un atentado contra el derecho humano, a la educación de la comunidad estudiantil y al derecho humano al trabajo de las maestras y maestros. Además, por sus consecuencias es una conducta repudiable que atenta contra la dignidad humana y contra los bienes públicos. En este sentido debe ser agravado para salvaguardar los derechos humanos el patrimonio público y el desarrollo nacional. Por ello, es importante que constituya una agravante, para que además de la pena que corresponda, conforme a las modalidades del Código Penal Federal, se agreguen 2 a 7 años de prisión, en la idea de inhibir su comisión, al ser tipificada con la conducta en el Código Penal Federal, se convierta en un delito de naturaleza federal, asegurando con ello que se castigue de la misma manera en todo el país. Proteger a la escuela pública es indispensable para el paso de la justicia social y al proteger de todas las mexicanas y mexicanos, particularmente de los más vulnerables. Proteger a la escuela pública es fundamental...