El diputado Antonio Ortega Martínez: Sí. Efectivamente. La idea es suprimir el párrafo 8, que dice: El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Eso es lo que propongo que se suprima. El lunes 5 de abril se hizo público el acuerdo tomado entre el gobierno federal, representantes patronales y dirigentes del sector obrero. Este acuerdo representó la culminación de un proceso de diálogo social y político iniciado en noviembre del año pasado, cuando el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Diputados su iniciativa en materia de eliminación del outsourcing. En realidad, el dictamen final solo lo regula. Y se anunció que con los trabajos se lograron atender las preocupaciones de los sectores. El acuerdo implica un paquete de modificaciones a la iniciativa presentada por el presidente el 12 de noviembre. Frente a la iniciativa, los acuerdos tomados por el gobierno y los representantes de los sectores básicamente consisten en prohibir la subcontratación de personal, regular la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, estableciendo como requisito un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas. Sin embargo, al lado de estas modificaciones se incorpora la limitación en la participación de los trabajadores en las utilidades o el conocido PTU. Al respecto se establecieron dos modalidades para el cálculo del reparto, que será con un tope de tres meses de salario o el promedio de participación recibida en los últimos tres años, lo que resulte mayor será la base para el PTU. El reparto de utilidades contribuye a la redistribución de la riqueza y a la justicia social, estimula la productividad y retribuye el esfuerzo productivo de los asalariados. Todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario tienen derecho conforme a la ley y a la Constitución ha participar en las utilidades de las empresas donde laboran. Para que los trabajadores puedan saber si su patrón declaró utilidades, este debe de entregar a los representantes de los trabajadores copia de la declaración anual. Los trabajadores pueden formular objeciones a dicha declaración. Los trabajadores reciben utilidades de acuerdo con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Actualmente representa el 10 por ciento de las utilidades netas. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Población y Vivienda 2020, la PTU es la prestación laboral que menos cobertura tiene, solo el 38.7 de los trabajadores asalariados reciben utilidades y en promedio equivale a 22 días de salario, o sea, 7 mil 301 pesos. No todos los patrones están obligados a entregar utilidades. Se excluye a las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento; las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los dos primeros años de funcionamiento; las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración; las instituciones de asistencia privada, el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. Actualmente, el tope es de 300 mil pesos. Del mismo modo, no todos los trabajadores de una empresa entran en el reparto. Se excluyen a los directores, administradores y gerentes generales de las empresas, trabajadores del hogar, trabajadores eventuales con una antigüedad menor a 60 día durante el año. La normatividad vigente no establece un límite, tope o cuantía promedio para el reparto de utilidades, solo las normas mencionadas y el porcentaje que establece la comisión nacional. Lo que se está ofreciendo, según la versión de las autoridades laborales, es que con los límites establecidos se elevaría el promedio a 57 días pagados y a 18 mil 557 pesos, lo cual no tiene una base más allá de la promesa. ¿Cómo aumentar un promedio y monto estableciendo topes? ¿Cómo sostener lo anterior si el dictamen no contiene una sola medida que garantice el reparto puntual y exacto de las utilidades? La propuesta de acotar la PTU no fue para mejorar una prestación, sino para convencer al sector empresarial de aceptar la regulación de la subcontratación. Fue un, toma y daca, sin pena, sin duda, sin embargo, nosotros pensamos que esta propuesta es improcedente constitucionalmente. Limitar un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, resulta contrario a los principios de progresividad e interdependencia que deben de tener los derechos humanos. Los derechos laborales lo son. La reforma propuesta limita un derecho que no tenía limitaciones antes, por lo que es contrario a normas fundamentales en derechos humanos. También es contrario al principio de interpretación de normas del trabajo que deben ajustarse a los principios del trabajo digno y decente, y que en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Termino. Por estas razones sometemos a consideración de esta soberanía la presente reserva, esperando de cada uno de los integrantes de esta asamblea la honra a la protesta rendida en nuestra toma de posesión: guardar y hacer guardar la Constitución. Compañeros, de no suprimir este artículo un mar de recursos de inconstitucionalidad y de amparos veremos en los próximos días cuando se publique y tenga efectos esta iniciativa. Gracias, presidenta.