El diputado Teofilo Manuel García Corpus: Con su permiso diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: El suscrito diputado Manuel García Corpus, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a consideración de esta honorable asamblea la fundamentación del dictamen de decreto que crea la Ley Federal Agraria, en términos de lo previsto por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En sesión del pleno de la Cámara de Diputados del día 30 de marzo del 2005, el suscrito presentó a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Agraria. La Mesa Directiva de esta Cámara turnó a la Comisión de Reforma Agraria la iniciativa mencionada para su dictamen. De igual forma, presenté en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del día 21 de abril del 2005, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria que contiene propuestas de reforma en lo que se refiere al juicio agrario. Esta iniciativa fue de igual manera enviada a la Comisión de Reforma Agraria para su dictamen. Por otra parte, la Comisión de Reforma Agraria determinó tomar en cuenta para el análisis y enriquecimiento del presente dictamen, a la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, elaborada por el Consejo Nacional Consultivo del sector agrario, la que fue presentada por la diputada federal Hilaria Domínguez Arvizú, a esta Honorable Asamblea el pasado 14 de abril del 2005, toda vez que su contenido y propuestas redundan en la mejoría de las dos iniciativas que se han dictaminado por la Comisión. Para el análisis de estas dos iniciativas, la Comisión acordó como procedimiento, la integración de un grupo técnico mixto de análisis, revisión e integración de propuestas, el que quedó conformado por parte de la Comisión de tres personas del PRI, dos del PAN, una del PRD, tres del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, así como por nueve personas representantes de CONCOSA, bajo la Dirección General de la Presidencia de la Comisión, a través de la Secretaría Técnica. Este grupo técnico, en el que participaron representantes del sector público, agrario, de los tribunales agrarios, de las organizaciones campesinas sociales y privadas e investigadores, especialistas y técnicos en la materia, emprendió un intenso programa de trabajo del 12 de mayo al 6 de agosto de 2005, y llevó a cabo un total de 44 reuniones. El día 8 de septiembre del 2005, la Comisión acordó crear una subcomisión plural encargada de elaborar el presente dictamen para someterlo posteriormente al pleno de dicha Comisión. La subcomisión quedó integrada por 7 miembros, 3 del grupo parlamentario del PRI, dos del Partido Acción Nacional, uno del Partido de la Revolución Democrática y uno del Partido Verde Ecologista de México. Una vez concluido el dictamen, fue sometido al pleno de la Comisión, la que después de desahogar las reservas que plantearon algunos de los diputados integrantes, la aprobó. No he de referirme a aquí a la génesis de las iniciativas que se han dictaminado y la del CONACOSA, en razón del tiempo de que dispongo, pero sí he de decir que ambas provienen de procesos largos, con arduas jornadas de discusión y debate, con los actores del campo mexicano y que tienen consigo procesos de consulta legítimos a lo largo y al ancho del país, por medio de diversos foros de consultas y análisis. Así pues, el dictamen que la Comisión aprobó priorizó un espíritu de consenso, incluyendo las fundamentales propuestas de la Cámara de Senadores expresada a través de las minutas de reformas a la Ley Agraria turnadas y de un paquete de observaciones al documento de predictamen. Por lo tanto, el presente dictamen es el resultado de un ejercicio inédito para la vida legislativa agraria del país. En el proceso de consulta para la integración se ha privilegiado la participación democrática de los grupos representativos de las organizaciones sociales, de campesinos, de productores privados, de especialistas, de instituciones públicas y académicas, del Poder Ejecutivo, de los tribunales agrarios, del Poder Legislativo, todas las voces han sido escuchadas, todos los planteamientos han sido discutidos, analizados e incluidos en el consenso. Pero para comprender a cabalidad la necesidad de modificar el marco jurídico agrario, es necesario al menos apuntar los grandes problemas que enfrenta la agro nacional y asimismo al desvirtuarse paulatinamente el genuino sentido del agrarismo en México, el campo fue objeto de abandono creciente. En 1992, bajo una visión parcial de la dimensión de la crisis que atravesaba nuestro campo, el Estado promovió la ya famosa reforma constitucional, a través de la cual canceló el reparto agrario y prometió en compensación, un paquete de nuevos derechos para los campesinos, fundado en procurar dar mayor seguridad jurídica mediante la regularización de la propiedad de la tierra y a partir de ello, pretendió, con la concurrencia de otras medidas, atraer inversiones, créditos, capitalización, empleo, asociación productiva, ingreso, desarrollo, bienestar y justicia social para el sector. Sin embargo, a 13 años de vigencia de estas reformas los resultados obtenidos son muy diferentes a los esperados. Existe una gran variedad de inseguridad en la tenencia de la tierra, falta de regularizar más de 20 millones de hectáreas de propiedad social y en la mayor parte de la propiedad privada subsiste una gran cantidad de conflictos y problemas derivados de resoluciones presidenciales ejecutadas incorrectamente. Dotaciones empalmadas y pulverización de la propiedad, la regulación que tanto se habla, por sí sola no garantiza la seguridad jurídica, pues la crisis del campo y la pobreza de los ejidatarios y comuneros, no les permite asegurar libremente el uso y destino de su precario patrimonio. Por otra parte, subsiste la necesidad de crear opciones de empleo para al menos 12 millones de personas jóvenes que habitan en el campo, porque ya no hay tierra que repartir. El crédito y la inversión no llegaron jamás, en los últimos 20 años, la inversión en fomento agropecuario se redujo en un 95%, el gasto público en 73%, el crédito agropecuario en un 64%, la liberación indiscriminada de los mercados agrícolas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el desmantelamiento del aparato estatal que eliminó la mayor parte de los programas, estructuras y recursos de apoyo, además de haber provocado una mayor agudización de la pobreza, incrementaron nuestra inseguridad y dependencia alimentaria. Larga sería la enumeración de todas las consecuencias negativas que padecen hoy nuestros campesinos. Ante este panorama corresponde a esta Legislatura aportar un nuevo instrumento que contribuya a revertir el abandono del campo. En este sentido, el dictamen que proponemos se orienta a: 1°. Refrendar, consolidar y proteger la propiedad social que representan los ejidos y comunidades, sin afectar sus derechos para que si así lo desean, transitar a otras formas de propiedad o asociación. 2°. Propiciar mecanismos para que la circulación de parcelas de los ejidos agrarios permitida por la ley, sea a favor de los integrantes de los mismos, contribuya a la reconversión productiva, la compactación de parcelas y facilite el relevo generacional mediante el acceso a la tierra con apoyo de programas institucionales. 3°. Rescatar y fomentar la organización interna de los núcleos agrarios, fortaleciendo sus órganos de autoridad y decisión, así como representación y control. 4°. Fomentar y ampliar y profundizar las alternativas de organización agraria para la producción, transformación y comercialización de bienes y servicios en el medio rural, dentro de lo cual se dota de persona jurídica a la histórica figura de genero conocida comunidad agrícola e industrial de la mujer. 5°. Definir y regular los diversos tipos de contratos agrarios con base en los cuales pueden los sujetos agrarios comprometer bienes y derechos entre ellos y terceros, para fomentar la inversión y actividad productivas en el marco de mayor seguridad jurídica. Compañeros y compañeras diputados, el campo reclama atención con urgencia, ésta es la oportunidad histórica de esta Legislatura para cumplir en el marco de nuestra competencia constitucional, aunque sea modestamente con nuestros campesinos, aprobando una ley que establece nuevos beneficios, derechos a favor de todos los sectores del campo, sin perjudicar a nadie. Por ello la Comisión que encabezo, hace un llamado a esta Honorable Asamblea para que apruebe el decreto que respetuosamente sometemos a su consideración. Muchas gracias, compañeros diputados.