El diputado Ricardo Mejía Berdeja: La reforma energética privatizadora se puede resumir en dos palabras: más corrupción. Con Enrique Peña Nieto y sus aliados la mentira se ha convertido en una política de Estado. La mentira de la reducción de tarifas de la luz y del gas, que nadie en esta Cámara de los que aprobarán estas reformas ha querido avalar estas mentiras de Peña Nieto. La mentira en las inversiones que no llegan, en los anuncios sin sustento, en las cifras de crecimiento económico que siguen ajustándose cada día ante la incapacidad manifiesta del gabinete económico del Ejecutivo federal. La mentira en los contratos que siguen beneficiando a empresas privilegiadas y favoritas del régimen, como la empresa OHL, que en el periodo de Enrique Peña Nieto ha ganado contratos por más de 42 mil millones de pesos, incluyendo contratos de Petróleos Mexicanos. Para nosotros hay 10, cuando menos 10 razones para oponernos a este atraco: Primero, y aunque no les gusta a muchos, es un acto de traición a la patria en términos del artículo 123, fracción I, del Código Penal, que señala que realiza actos de traición a la patria quien atente contra la independencia, la soberanía o la integridad de la nación, con el fin de someterlo a persona, grupo o gobierno extranjero. La segunda razón es porque supone el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. No solamente se les mantiene las cargas fiscales altísimas y las limitaciones presupuestales, sino que tendrán que esperar en el caso de Pemex al mes de septiembre para ver los despojos que le van a dejar a Pemex después de la ronda cero. Otro caso que apunta a la liquidación de Petróleos Mexicanos es el Pemex-Proa, la asunción de pasivos como el laboral de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad por parte de todos los mexicanos. No es un tema de salvaguarda de derechos laborales, es ir limpiando a la empresa para fragmentarla, pulverizarla, que muera de inanición o que simplemente se le liquide. La tercera razón es la entrega de la renta petrolera a las transnacionales. Hoy sabemos que por cada 100 dólares de barril de petróleo 80 ingresan a las arcas del país. De lo que entrarán de cada contrato que se le asigne a las transnacionales no sabemos cuántos dólares entrarán, se van a despachar con la cuchara grande y más aún cuando hacienda no tiene la capacidad para fiscalizar. Otro robo a la nación es la entrega de la información estratégica de nuestras reservas, la información geológica, petroquímica, que por décadas se ha acumulado a través de Petróleos Mexicanos, que ahora se entregará a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que ésta a su vez la entregue a las trasnacionales. La cuarta razón es porque esta reforma implica mayor corrupción. Aquí se aprobó en la Comisión de contratos que compareciera Jesús Murillo Karam, el procurador, y no solamente no compareció sino que ahora nos enteramos que Amado Yáñez es asesor del SAE para negociar con los acreedores. Es la total impunidad y va a haber más corrupción, sobre todo cuando en tres leyes; la de Ingresos sobre Hidrocarburos, la del Fondo Mexicano del Petróleo y las de Pemex y Comisión Federal de Electricidad se están estableciendo cláusulas de impunidad para que todos los servidores públicos que den contratos que asignen estos negocios jugosos, estén cubiertos de sus robos y latrocinios. Es un pasaporte a la impunidad lo que dispone el artículo 73 de la Ley de Hidrocarburos, de Ingresos de Hidrocarburos, el artículo 25 de la Ley del Fondo del Petróleo y los artículos 92 y 93 de la de Pemex. Es el virtual saqueo tolerado y auspiciado desde esta reforma privatizadora. La quinta razón es porque consideramos un crimen ecológico, sanitario, social y de derechos humanos la fractura hidráulica, al fracking que se va a auspiciar y tolerar por gobernadores corruptos que están ofreciendo sus estados para la devastación de sus territorios. Ejemplo de ello los gobernadores de Coahuila, de Nuevo León, de Chihuahua y de Tamaulipas. La sexta razón es por el tema de la ocupación temporal, que es una auténtica expropiación de facto y es un despojo a la tierra de las comunidades y de los ejidos. Sobre ese tema hablaremos ampliamente. El séptimo tema es la afectación a las finanzas de los estados. Yo quiero ver a los caciques, al sindicato de gobernadores que así como se desgarran las vestiduras cuando fue los del Instituto Nacional Electoral, ahora al menos defiendan las finanzas de sus estados que van a ser severamente deterioradas por esta reforma energética privatizadora. La octava razón es que no van a bajar las tarifas ni de la luz ni del gas ni de la gasolina, con Enrique Peña Nieto ha habido 20 gasolinazos y los recibos de la luz siguen subiendo y nadie ha querido reivindicar que estas tarifas van a bajar. Esa es la peor mentira de la propaganda gubernamental. El noveno tema es la falta de contenido nacional para la industria regional y nacional del país. En 10 años, hasta 2025, solamente el 35 por ciento de toda la actividad va a tener contenido mexicano. En Brasil, que tanto les gusta señalar, cuando menos es el 60 por ciento del contenido nacional. No solamente están entregando nuestra riqueza, despojando a la gente de su tierra, sino ni siquiera va a haber proveedores mexicanos que abastezcan a las trasnacionales. Además de ello, está el despojo a los trabajadores concluyo presidente de las utilidades. En el artículo 62 de la Ley de Ingresos de Hidrocarburos se dice que ningún trabajador va a tener derecho a las utilidades que produzcan las trasnacionales, eso, compañeras y compañeros diputados, es un atraco a la nación. La décima razón es que Hacienda no solamente sacó la mano, sino metió el cuerpo completo. Luis Videgaray va a ser zar de la energía en este país y va a distribuir contratos para la corrupción para financiar sus aspiraciones con el beneplácito de Enrique Peña Nieto. Por eso decimos: reforma energética es más corrupción y votaremos en contra. Que carguen en su consciencia el despojo a los mexicanos.