EL C. DIP. ARMANDO SALINAS TORRE: Con su venia diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Señor Secretario de Gobernación, licenciado Diodoro Carrasco Altamirano: Usted acude a esta tribuna cuando finaliza la administraci6n del Presidente Zedillo, quien no se caracterizó por su capacidad para atender y resolver los problemas políticos del país. Muestra de ello, es que la dependencia a su cargo ha sido ocupada hasta ahora por cuatro titulares, quienes no pudieron, no supieron o no quisieron controlar ha cacicazgos existentes en su propio partido, se dedicaron a combatir a sus enemigos considerando como tales a quienes no coincidían con su postura, menospreciaron y olvidaron el grave problema social que existía en Chiapas, incluso, hubo quien consideró una pantomima lo que ahora se califica como un asunto de seguridad nacional. Hicieron poco o nada por la política interior del país o se preocuparon más por su candidatura presidencial que de los problemas políticos de México. El actual gobierno ha establecido como estrategia hablar de la importancia de la democracia, pero ésta no siempre fue refrendada por los hechos. La sociedad mexicana ha demandado que platicar la democracia es mucho menos importante que llevarla a cabo y vivirla cotidianamente. Aceptar los acontecimientos importantes sólo por el mandato superior e ineludible, como fue el resultado del pasado 2 de julio, no es una actitud democrática. La transición en México, no es obra del doctor Zedillo, ésta no fue pactada, ésta fue a pesar, ésta fue votada y el mérito de ello es única y exclusivamente del pueblo de México. (aplausos) El Presidente inició su mandato con la promesa de una auténtica división de poderes, habiendo ofrecido gobernar dialogando con el Poder Legislativo, prometiendo fortalecer ese diálogo por medio del respeto y la verdad. Desde la instalación de la pasada legislatura, el Ejecutivo realizó un desdén permanente en cuanto perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, negó en forma sistemática y selectivamente, información al Congreso. El Ejecutivo Federal se rehuso a proporcionar la información solicitada por la Cámara de Diputados sobre el rescate bancario; fue necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se le ordenara al Presidente de la República que cumpliera con la solicitud antes mencionada. El Consejo General del Instituto Federal Electoral del cual ahora resalta el Ejecutivo en su Informe su carácter imparcial y democrático, solicitó al gobierno federal la suspensión de la difusión de las obras públicas realizadas por la administración zedillista, porque se trataba de promocionales electorales veladamente en favor del candidato oficial que vulneraban principios elementales de equidad y de democracia. Usted, señor Secretario, desdeñó tal solicitud y declaró más aún ante los medios de comunicación, que no se vislumbraba el triunfo de la oposición. No obstante que se ha destacado en forma reiterada que México vive en un estado social y democrático de derecho, existen algunos casos que cuestionan seriamente dicha afirmación, Titulares del Ejecutivo Local ahora se encuentra prófugos de la justicia o en vías de ser sometidos a un proceso penal por el desempeño de sus funciones. Tal es el caso de Mario Villanueva, Jorge Carrillo Olea y Oscar Espinosa Villarreal, quienes como muchos otros, han utilizado el fuero constitucional como escudo de impunidad. La ausencia de un estado de derecho se percibe por la violencia ocurrida en Aguas Blancas, Acteal e incluso Chimalhuacán, originada con motivo del conflicto entre los distintos grupos de poder. Podemos decir que estamos ante un gobierno que pretende minimizar los acontecimientos, de retirarse de la responsabilidad que el ejercicio democrático demanda y la ley impone. Al respecto, la sociedad condena el silencio que se guardó en todos y cada uno de los informes de gobierno respecto a los problemas de enorme relevancia para el país. Señor Secretario: Aún faltan dos meses y medio para que concluya la presente administración. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional le hace patente una inquietud importante: No queremos que se acentúe esa despreocupación con que siempre se actuó ni que se deje a su libre albedrío por vacío de autoridad, a las fuerzas de los diversos intereses que se niegan a aceptar la nueva realidad política por la que transita México. Se aproximan dos procesos electorales de carácter local y lo conminamos a vigilar que la actuación del gobierno federal sea con respeto a la ley y a los principios de la democracia; pero no sólo en el tema electoral sino en toda la esfera de atribuciones que la administración pública federal y en especial de la dependencia a su cargo. Uno de los temas que más agravia y preocupa a los habitantes de este país, que constituye una de las razones que legitiman la existencia del Estado, de los principales compromisos de Ernesto Zedillo cuando en este recinto tomó posesión como Presidente de la República, de las responsabilidades más importantes de la Secretaría de Gobernación, es la coordinaci6n de las acciones de seguridad nacional, seguridad pública, prevención y readaptación social, así como organizar y dirigir la Policía Federal Preventiva. Nunca antes, hay que reconocerlo, el Poder Ejecutivo Federal había contado con tantos recursos para combatir la inseguridad, pero también nunca antes la sociedad había manifestado tanto temor al delito como lo hace ahora, Ernesto Zedillo Ponce de León, como él mismo lo ha reconocido, fracasó en su tarea de garantizar la tranquilidad a las familias mexicanas. Desde 1996 al año 2000, los recursos con los que contaba el Sistema Nacional de Seguridad Pública, crecieron más de 470 veces. Al menos los recursos designados a las dependencias federales responsables de la seguridad pública, crecieron 10 veces más. No obstante ello, al parecer, no fueron suficientes de acuerdo con el Informe del Presidente de la República, ni siquiera, según los datos oficiales, para detener el incremento de los delitos federales denunciados. El Ejecutivo Federal insistió cuantas veces pudo que el 95 % de los delitos denunciados son responsabilidad de los gobiernos estatales. Este argumento no es legítimo por dos razones: Primero. Porque el gobierno federal no ha disminuido la delincuencia que le corresponde enfrentar y Segundo. Porque dispone a través de las dependencias federales, de casi el 50 % de los recursos totales asignados al Sistema Nacional de Seguridad Pública . ¿Cómo explicar a la sociedad que aun incrementando aceleradamente los recursos, aun habiendo creado una ley y un Sistema de Coordinación Nacional, la inseguridad haya aumentado? tanto en términos objetivos como en la percepción de todos los mexicanos? Si la ineficiencia no fue por recursos ni por falta de instrumentos jurídicos ni por falta de reformas administrativas, ¿entonces cuál es la causa del fracaso? Señor Secretario, la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública habla de que el Sistema Nacional opera desde 1996. Esto se desmiente, por el sólo reconocimiento de que recientemente el año pasado, se puso, se instaló y empezó a operar el Centro de Proceso Central requerido para administrar el Registro Nacional de Huellas Dactilares y Centro Nacional de Conversión, lo contempla el mismo Informe, que son nada menos que los registros de los responsables de los delitos de las personas de Seguridad Nacional. Más aun, no se informó si los elementos que fueron transferidos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CICEN a la Policía Federal Preventiva, cumplen con los requisitos y procesos de selección establecidos en la ley que aprobó este Congreso, insisto señor Secretario, de eso tampoco se informó. La ausencia de una policía civil que cumpla con los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, aunado a una deficiente estrategia del combate al narcotráfico, ha motivado que se coloque a nuestras Fuerzas Armadas en una situación delicada para el Estado mexicano. Desde hace algunos años se ha denunciado el grave riesgo y los inconvenientes de utilizar al Ejército y la Armada en el Combate a la Delincuencia y al Narcotráfico, y en general en las tareas que en principio no deben de ser de su competencia, toda vez que no están formados como policías sino como militares. Los casos de los generales Gutiérrez Rebollo, Acosta Chaparro y Quiros Hermosillo, constituyen una llamada más de atención para modificar dichas estrategias. Una más de muchas omisiones que encontramos en el Informe del Presidente de la República, es el número de mexicanos que han muerto en el combate a la delincuencia, desde aquí nuestro reconocimiento y gratitud. Señor Secretario, compañeras y compañeros legisladores. La democracia de la cual nos enorgullecemos en estos días, debe de ser refrendada en los hechos, de nuestra parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la disposición de hacerla efectiva y construirla cotidianamente. Lo mismo esperamos de nuestros interlocutores como de este gobierno, que junto con un sistema político termine. Muchas gracias.