El diputado José Antonio Almazán González: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. En razón del tiempo no daré lectura completa a esta iniciativa, por lo que de antemano solicito que todo el texto de la misma se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. Como todos estamos enterados, la actual escalada inflacionaria en artículos de consumo popular está profundizando la pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados en México. Asimismo, el reciente aumento a las gasolinas va a generar un alto impacto inflacionario que se va a reflejar, en primer lugar, en el transporte que utilizan estos combustibles, y en cadena se va a reflejar en el alza de los precios de las mercancías que son transportadas, y en general, el incremento en el precio de los bienes y servicios cuyos precios no son controlados, desatando una grave espiral inflacionaria. Al respecto hay que señalar que el artículo 28, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses". Está muy claro que este párrafo establece la facultad del Estado para no permitir el disparo de los precios de consumo popular, y por tanto, establecer el control de precios como una protección al poder adquisitivo de los trabajadores asalariados. Sin embargo, el gobierno federal, aplicando una ley secundaria, en este caso la Ley Federal de Competencia Económica, le da una negativa a los sindicatos planteando que solamente podrán sujetarse los precios siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva; es decir, cuando existan monopolios que dicten los precios de estos artículos básicos. Asimismo, en términos económicos es urgente que el Ejecutivo establezca un control de precios para artículos de consumo popular, en virtud de la escalada inflacionaria que se ha venido dando en lo que va de este año, que de acuerdo al seguimiento que hemos dado a 20 artículos básicos, éstos han tenido un incremento de más de 20 por ciento en el periodo comprendido del 1 de diciembre del año pasado al 4 de septiembre de éste. Si comparamos este incremento desmedido a los precios con el aumento que se le otorgó a los salarios mínimos generales, de 3.9 a partir del 1 de enero, así como 4.28, en promedio, otorgado a los salarios contractuales, todo ello de acuerdo a datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a julio de este año, se hace evidente la insuficiencia de los salarios frente a los desmedidos precios de los artículos básicos. Incluso este proceso inflacionario se hace más severo, como se ha dado a conocer por los medios de difusión, a raíz del aumento reciente tanto a las gasolinas como al diesel, los cuales entrarán en vigor en el mes de octubre próximo y que se han visto reflejados ya en el alza a diversos artículos como el pan blanco, en la carne de res, etcétera, lo que de acuerdo a cifras oficiales encareció en más de un 34 por ciento los productos básicos. Es decir, en nueve meses los productos que integran la canasta básica registraron un aumento de 7.5 veces con respecto a los salarios concedidos a los trabajadores. Precisamente por ello es que presento esta iniciativa de ley que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica, para que en términos de congruencia jurídica se ajuste esta ley secundaria a la norma constitucional que fija el artículo 28, para establecer un control de precios a productos básicos. Asimismo, esta iniciativa busca eliminar un obstáculo jurídico que ha hecho posible que un puñado de hipermillonarios se beneficie de la liberalización de los precios de artículos de consumo popular, profundizando los niveles de pobreza de millones de trabajadores asalariados. Por su atención, muchas gracias.