El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados presentes y ausentes, donde quiera que estén. El Segundo Informe de Gobierno de esta administración dedica un capítulo a la confianza en las instituciones públicas. No sabemos si el objetivo es detallar las mínimas acciones que ha hecho o poner en evidencia su incapacidad. Todas las encuestas reflejan la poca confianza de la sociedad en las instituciones, concretamente las que se dedican a la procuración y a la administración de justicia. Según datos proporcionados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, las instituciones como la Presidencia, la Suprema Corte o la policía, tienen una calificación menor de 7 o 6, en una escala del uno al 10. En el tema de la corrupción nada dicen las 12 cuartillas sobre el hecho de que México ocupa el lugar número 72 en el Índice de Percepción de Corrupción que elabora Transparencia Internacional. ¿Cómo nos explicamos que no hayamos pasado de la media tabla a pesar de haber emprendido las acciones que se detallan en el informe? Pues porque la ciudadanía no cree en esas acciones o de plano su experiencia cotidiana le dice que la corrupción es un caso que lejos de desaparecer sufre de metástasis, porque quienes ahora ocupan la administración pública no han aprendido a gobernar, pero sí se enseñan rápidamente a hacer negocios al amparo del servicio público. No nos extraña esta situación: Por un lado, simulan querer eliminar la corrupción a golpes de decreto; y por el otro, este gobierno, como sus antecesores, la practican alegremente. Y no solamente nos referimos a esa corrupción que hace que los ciudadanos ya no distingan entre policías y delincuentes, sino a grandes negocios que se hacen al amparo del tráfico de influencias, de amiguismos o de la tranza ramplona. Estos negocios que permiten que en Pemex, tan necesitado de recursos, se pueda comprar un buque chatarra, construido en 1980, en varias veces su valor en el mercado. También que funcionarios públicos puedan actuar como proveedores o contratistas aprovechando sus cargos. Pero de esto nada dice el informe, como si la corrupción desapareciera cerrando los ojos ante su evidencia. A nosotros nos gustaría ver en este informe detallados casos de corrupción y cómo fueron castigados. Pero no existe en el mundo de calderonlandia. Todavía está ahí su inacción frente al asunto de Pasta de Conchos. Ninguna de las conclusiones a las que llegó la comisión se han atendido 65 cadáveres y las numerosas familias de los mismos, siguen esperando. Nada se ha hecho. La corrupción florece al amparo de la opacidad que tan cara es al Ejecutivo. Por más que el artículo 6o. de nuestra Constitución nos otorga el derecho a saber, y a que contamos con una entidad autónoma como el IFAI, los funcionarios de este gobierno como los anteriores dedican enormes esfuerzos a encontrar la manera de seguir ocultando la información que debiera ser patrimonio de la sociedad. Por supuesto que ello es así porque los negocios ilícitos requieren de la oscuridad. La luz, ya se sabe, es tradicional; siempre ha sido mortal para los vampiros que hoy chupan la sangre de nuestro pueblo. La Auditoría Superior de la Federación ha puesto en evidencia, en varios casos, la ineficiencia, la discrecionalidad, el burocratismo o, de plano, la corrupción presente en la administración pública. Existen aproximadamente 800 consignaciones ante la Secretaría de la Función Pública que están en el limbo de los trámites de esta dependencia. Por ello, como lo pregonaba el Partido Acción Nacional cuando era oposición, la autonomía de esa Secretaría es imprescindible. Inclusive, podría eliminarse si fortalecemos las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación. Finalmente, me parece que es necesario que los mandatos de esta soberanía, que da a sus comisiones de investigación, sean fortalecidos en la práctica. No es posible que el Ejecutivo pueda obstaculizar impunemente el trabajo de los representantes populares. Es cuanto, señor presidente.