El diputado José Alberto Aguilar Iñarritu (PRI): Con su venia diputada Presidenta. La Constitución señala que el territorio nacional es la suma de territorios de las entidades federativas y que éstas son las partes integrantes de la Federación, que se encuentran enlistadas en su artículo 44. Sin embargo, en dicho precepto no se establece la extensión y límites de los territorios de los estados, por lo que es necesario consultar las Constituciones locales para saber cuál es el territorio que le corresponde a cada uno de ellos. En este contexto, el artículo 48 constitucional, haciendo referencia al territorio insular de la nación, establece que las islas dependerán directamente del Gobierno de la Federación con excepción de aquellas sobre las cuales hubiesen ejercido jurisdicción los estados desde antes de 1917. Es claro que el Constituyente no consideró a los entonces dos territorios de la Federación, Baja California y Quintana Roo, primero para que pudieran erigirse en estados y segundo para que en su momento pudieran ejercer una auténtica jurisdicción sobre sus islas. Como ya se ha expuesto, algunas de las constituciones locales no precisa la extensión y límites que les corresponden sobre sus islas, por lo que resulta claro la necesidad de establecer expresamente su extensión y límites. No es el caso de Baja California Sur, pues en su artículo 34 establece las coordenadas geográficas de su territorio y enuncia las islas que se encuentran comprendidas bajo su jurisdicción. Sin embargo, esa declaración de soberanía surcaliforniana, se ve afectada negativamente por lo dispuesto en la parte conducente del referido artículo 48 constitucional. Este es un asunto de suma importancia tanto para nuestro estado como para todas aquellas entidades que se encuentran bajo dicha hipótesis, no sólo respecto de la salvaguarda de su autodeterminación para garantizar la eficacia del derecho sobre todo su territorio, sino también de la perspectiva de poder impulsar el desarrollo sustentable en sus localidades para elevar el bienestar de su población y proteger los recursos con que cuentan sus respectivas islas. Finalmente, es un asunto fundamental de gobernabilidad. El resultado práctico de esta contradicción constitucional entre los ámbitos federal y estatal es, salvo muy contadas excepciones, el abandono inadmisible en que se encuentran las islas que el Gobierno de la Federación dice administrar y proteger y que estimula, además de infinitos debates entre posturas conservacionistas, las que propone su desarrollo sustentable y el desempeño de conductas contrarias a su equilibrio ecológico y en general al imperio de la ley. Basta señalar que en estas áreas se ha detectado pastoreo ilegal, incendio, guarida de malhechores, narcotráfico, grave saqueo de riquezas naturales, en una entidad insular que nadie sabe realmente qué tamaño tiene porque hay múltiples cifras. Nosotros consideramos que en el Mar de Cortés, existen 926 islas que presentan todos o alguno de estos problemas. Los tiempos actuales sugieren la conveniencia de plantear una reforma jurídica que permita la debida participación de las entidades costeras en el gobierno de las islas y se pueda modificar un régimen obsoleto que las concentra actualmente casi en su totalidad. Los estados de la República en la actualidad presentan un panorama contrastante al de hace 87 años y consideramos que los que cuentan con litoral, bien pueden tener bajo su jurisdicción las islas que se encuentren hasta 12 millas náuticas, es decir, 22.23 kilómetros, o sea la extensión del mar territorial, independientemente de que hubieran ejercido la jurisdicción antes de 1917 como hasta ahora lo exige el referido artículo 48 constitucional. Es el momento de reconocer las debilidades y avanzar en la conveniente administración del territorio insular en congruencia con los principios de nuestra República, del derecho internacional, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, firmada en Montego Bay, Jamaica, en 1982, que regula todo lo relacionado sobre los espacios marítimos, incluyendo el régimen de las islas. Por eso, en nuestra fracción, el tema tomado ha tomado un interés renovado no sólo en el cumplimiento del programa de acción del Partido Revolucionario Institucional que señala al territorio insular como una prioridad nacional, sino también en la voluntad de sumarse a todas las iniciativas plurales de transformación que sobre el tema existen en diferentes instancias, así como en distintas manifestaciones ciudadanas destacando a los coautores jurídicos de este esfuerzo, los especialistas, doctor Alejandro Sobar Soloaiza (?) y el Maestro Alfonso Muñoz de Cote, al que mucho agradecemos su participación. Es de señalarse que el territorio insular nos ha permitido ampliar la zona económica exclusiva, captar recursos monetarios por cuestiones de distintas actividades económicas y su ubicación estratégica en la organización de países pertenecientes a la cuenca del pacífico, nos otorga grandes ventajas. Hay que tener presente que el territorio marino e insular es una razón de seguridad nacional y eje articulador del desarrollo. En tal virtud, todas estas islas que se encuentren dentro de 12 millas, quedarían bajo jurisdicción de los estados. Por lo que respecta a las demás islas que por razón de distancia no queden bajo esta jurisdicción, seguirán dependiendo del Gobierno de la Federación, siempre y cuando no se encuentren dentro de la hipótesis que el propio artículo 48 establece de haber pertenecido al estado antes del 17. Una reforma al Código fundamental en este aspecto contribuirá a descentralizar la jurisdicción y a dar eficacia a la gobernabilidad que necesitan estas áreas. Por lo anterior, a nombre de los 121 diputados del Partido Revolucionario Institucional, que pertenecen a estados con litoral y que tuvieron a bien firmar la presente iniciativa, me permito proponer a esta soberanía, la reforma al artículo 48 constitucional, con el objeto de que los estados puedan ejercer jurisdicción sobre sus islas y promuevan el adecuado aprovechamiento de su territorio con un plan de manejo que salvaguarde todas nuestras riquezas. Esta iniciativa que ha sido bien acogida entre los legisladores y especialistas académicos que asistieron al Primer Foro de Reflexión sobre Derecho Insular que realizó la fracción del grupo parlamentario del PRI en Baja California Sur, sin duda fortalecerá el pacto federal, contribuirá al proceso de descentralización en marcha, al aprovechamiento de un recurso para muchas fuentes de trabajo, mayor bienestar para gran número de mexicanos, la seguridad nacional se verá fortalecida, así como la economía nacional. Por este motivo solicito a la Presidencia respetuosamente, se sirva insertar el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de Debates de esta Honorable Cámara y en su oportunidad se sirva enviarla a comisiones para su discusión y en su caso aprobación. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias.