El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: El proyecto de ley que se presenta no atiende a las necesidades del desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país con miras a garantizar la información plural y oportuna como derecho fundamental. Se legisla sin la visión e intereses de un Estado social responsable con la mayoría de la población sin posibilidades para garantizar el acceso a la información plural y oportuna. Se imponen políticas neoliberales en perjuicio de la nación. Diputados, diputadas, con la propuesta que sin lugar a dudas aprobarán, desconocen a simulan desconocer a la Constitución mexicana. El artículo 2o., apartado b) de la Constitución mandata a la Federación, estados y municipios, a establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, eliminando cualquier práctica discriminadora. Aunado a ello en la fracción VI del apartado señalado, se determina que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades tienen la obligación, entre otros, de extender la red de comunicación que permita la integración de las comunidades mediante construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicaciones, además de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que establezcan las leyes. A pesar de los derechos y garantías constitucionales que se mencionan, se legisla con un criterio que discrimina y violenta los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. He señalado ya que la subordinación extrema al Poder Ejecutivo y de éste a los intereses de las empresas en telecomunicaciones se observa en el artículo 147 que convierte en operador de las empresas al secretario de hacienda, a través de quien el Ejecutivo federal emitirá recomendaciones a los gobiernos estatales, al gobierno del Distrito Federal y a los municipales para que desarrollen infraestructura, obra pública, desarrollo territorial y bienes inmuebles que fomenten la competencia, libre concurrencia y cobertura del servicio de telecomunicaciones a través de una política inmobiliaria que garantice el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Esto es, el Estado facilitará el desarrollo de la infraestructura que necesitan las empresas para explotar el mercado de telecomunicaciones, política que favorece al sector privado y acota la participación del sector público y social. Por lo tanto, el contenido de los artículos 87, 88, 89 y 90 es discriminatorio y violatorio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Se desincentiva la comunicación de entidades públicas y se acota la participación de pueblos y comunidades indígenas al prohibir ingresos adicionales por venta de publicidad a particulares y entes públicos, sin que dicha actividad constituya una finalidad preponderante en este sector, pero que sin lugar a dudas contribuiría para un mejor desarrollo de los mismos. Además, existe un exceso en el control de los medios de comunicación de uso social al establecer, en la fracción VII del artículo 89, que para la venta de publicidad los entes públicos federales destinarán el 1 por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizados en sus respectivos presupuestos. Esto es, se asegura a los medios privados el 99 por ciento del gasto gubernamental en comunicación social y publicidad. Hay discriminación y violación de derechos de los pueblos y comunidades indígenas que se agravan en el artículo 90 al determinar inconstitucionalmente que el instituto únicamente podrá otorgar concesiones para estaciones de radio FM con un rango de operaciones de 20 watts y a una altura del centro de radiación de la antena sobre el terreno promedio de 30 metros a concesionarias comunitarias e indígenas, reservando a dicho segmento el 10 por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM que va del 88 a 1os 108 megahertz, acotamiento que también se da en la radio AM. Diputados, diputadas, la legislación que aprobarán es violatoria de derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, discriminatoria y excluyente para las comunidades y pueblos indígenas, servil y utilitaria para las empresas monopólicas ante quienes ustedes se inclinan. Por otra parte, las reservas que presento al artículo 145 es una propuesta de la agrupación, artículo 19. Las reservas de los artículos 189 y 190, corresponden a propuestas de la Asociación Mexicana de Usuarios de Internet, organizaciones de la sociedad civil que han cuestionado el contenido y alcances de la reforma en telecomunicaciones que hoy se presenta. En el artículo 145 se proponen adiciones a la fracción I, II y V que garanticen a los usuarios de los servicios de internet el utilizar, enviar o recibir cualquier contenido sin que los concesionarios autorizados puedan bloquear o entorpecer el acceso a los mismos. Esta propuesta atiende al principio de neutralidad de la red, principio que garantiza la libre elección de los usuarios, la no discriminación, capacidad de concesionarios y libre competencia. Con la reforma constitucional en telecomunicaciones, la fracción VII del apartado A del 6o constitucional, determina que la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. En el ámbito del derecho internacional se regula el internet, se ha considerado que la criminalización de la expresión en línea, el bloqueo, control y manipulación de contenidos de internet, la interferencia con la privacidad y la protección de datos, las restricciones y vigilancia ilegal y las limitaciones de acceso a internet, constituyen una violación a los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas establecidas en la declaración universal de derechos humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De acuerdo al artículo 1 de la Constitución, misma que todos y cada uno de ustedes protestaron guardar y cumplir, establece que toda autoridad en el ámbito de su competencia se encuentra obligada a promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, obligación que alcanza al Poder Legislativo, mismo que debe emitir leyes que observen, garanticen a dichos derechos aplicando los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el artículo 189 del proyecto que discuten, es violatorio de derechos humanos, por lo que esta Cámara de Diputados en aras de cumplir con la obligación establecida en el 1 constitucional, debe optar por modificar el contenido del mismo. El derecho a la vida privada está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como ya dije, el 12 de la Declaración Universal; el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otra parte, el 6o constitucional de la misma Constitución dispone que la información a que se refiere la vida privada y datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Es de considerar que los organismos internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con otros derechos como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos. Por ello se debe modificar el artículo 189 y 190, para efectos de evitar una ley que contravenga disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos y sus garantías. Un poco de pudor y congruencia ética obliga en consciencia a votar a favor de las reservas que presento, características que la subordinación al poder inhibe en ustedes. Su negativa muestra la irracionalidad y la consigna de cambiar leyes para simular un Estado de derecho y la consigna de cambiar leyes en beneficio de empresas que lucran con bienes nacionales y las necesidades de la población que menos tiene. Reitero, difícilmente la nueva ley que aprobarán garantizará una competencia real entre las empresas monopólicas en el mercado de telecomunicaciones, al igual que en materia fiscal. Las grandes empresas juegan con la ley para lograr mayores ganancias a través de la elusión fiscal, ahora juegan con sus esquemas de inversión y organización para evitar la preponderancia. Se equivoca quien ha querido pregonar un triunfo de esta ley. Insisto en que no es necesario acudir a la demagogia legislativa para atender a intereses de empresas privadas nacionales y extranjeras, con la subordinación de la clase política al poder de las televisoras y de las empresas en telecomunicaciones, pues que de atentar en contra de sus intereses éstas cuentan con los recursos judiciales, económicos y políticos para la inaplicación de las leyes. Muestra de ello es la desincorporación de activos anunciada por América Móvil para evitar la preponderancia, la cual no puede considerarse un triunfo de una ley que aún no es vigente, sino simplemente una maniobra financiera ilegal para impedir la preponderancia y consecuente aplicación de la ley, desincorporación de activos que no tiene otra finalidad que la de dar vuelta a la ley. Esto no es nuevo, hay que recordar que a pesar del discurso a favor de la competencia y los deseos de entrada de nuevos jugadores desde el 2000 al sector de las telecomunicaciones en México éste se ha ido concentrando. En el 2002 la Cofetel autorizó la concentración entre Telefónica y Pegaso por mil 300 millones de dólares, 65 por ciento de las acciones de Pegaso. Alejandro Burillo Azcárraga, presidente de Pegaso, declaró entonces: no vemos más allá de tres o cuatro compañías, en el momento en que comencemos a operar de forma conjunta y a crecer junto a Telmex las demás operadoras no van a tener más remedio que fusionarse o bien entre ellas o con nosotros, aunque por el momento sólo estamos casados con Telefónica. La fuerza económica y el poder fático de los monopolios se impone más allá de los buenos deseos del diputado triunfalista y sus amigos, que por cierto sabemos que se han desempeñado en la defensa de los intereses de empresas televisoras y de comunicaciones. Miren, finalmente, he estado reflexionando sobre quién manda a quién. Aquí hemos sostenido que el poder fáctico de los oligopolios manda al poder político, que en pocas palabras a Peña Nieto lo puso Televisa, cosa que real. Pero por otro lado también vemos que a veces el poder político parece que quiere apretar a los monopolios. La gran pregunta, el qwit diría quién manda a quién. Obviamente si uno lee las leyes sobre la contradicción, pueden leer, les recomiendo a Mao Tsé Tun, cinco tesis filosóficas, y ahí van a ver que en este caso las contradicciones entre el poder político y los oligopolios no son tantas, la verdad. La verdad es que la respuesta es que son cómplices y la complicidad en la que ustedes andan ahí bordeando alrededor de ella, la complicidad entre la oligarquía, entre los oligopolios, entre algunos que ustedes ni conocen, porque no conocen quiénes forman parte de esos consejos, otros sí, otros son capataces de esas empresas. Aquí los hemos visto que hasta se suben a la tribuna a argumentar, a posicionar una ley y demás. Ya sabemos de quiénes hablamos. Esos oligopolios y ese poder político hacen complicidad con un pegamento que se llama corrupción. Eso es lo que ustedes están fomentando con estas leyes, es lo que permite este régimen, están basados y fundados en ellos desde su origen, y decirles con la novedad, para que vean bien este periódico que ya llegó el veneno para las ratas. Ya mañana el pueblo estará celebrando la construcción de este nuevo partido político, el Morena, que va a imponer una nueva correlación de fuerzas con Andrés Manuel López Obrador al frente, y acabaremos con este veneno para las ratas. Vamos a barrer la corrupción de este país les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre. Es cuanto y voten en conciencia, que la verdad parece estar muy escasa. Es cuanto, señor presidente.