El diputado Óscar Miguel Mohamar Dainitín: Buenas tardes. Con su permiso, presidenta. Solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Sufragio efectivo, no reelección. Si no, que la nación nos lo demande. Términos por demás mencionados y tal vez no ejercidos. Compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero ver, quiero sentir de qué están hechos mis compañeros los diputados, si representan sólo sus intereses personales o familiares o los intereses de la gente que votó por nosotros. Hoy la nación nos lo demanda. La gente que votó por nosotros lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque hay abusos en el poder en relación a algunos individuos que son gobernadores, que son alcaldes, y hasta ha existido, a través de la historia, la tentación de presidentes de la república para violentar el principio del sufragio efectivo no reelección, a través de algún familiar que quiera sucederlo. Hoy me presento ante este pleno, máxima tribuna del Congreso de la Unión, para poner sobre la mesa un tema que es de vital importancia para toda la sociedad, a la cual tenemos el honor y la responsabilidad de representar, me refiero a que tenemos todos los hombres el derecho para accesar a algún cargo público y, por lo tanto, a tener la posibilidad de participar en condiciones de igualdad en esas funciones públicas en este país. Por eso quisiera centrarme en algunos aspectos que considero fundamentales en el tema de equidad y el pleno respeto a los derechos de los ciudadanos durante su participación en las contiendas electorales. Para nadie es un secreto que en este país, en estos tiempos, en que día a día se trabaja arduamente para garantizar la justicia y la equidad a todos los mexicanos, aún se mantienen viejas prácticas feudales por parte de algunos gobernadores y alcaldes, en las que valiéndose de la influencia del poder económico, político, social o de algún otro recurso que su función les otorga, coacciona o induce el voto de sus representados, a favor de aquellos candidatos con los que mantiene cierto grado de parentesco, dejando en desventaja a los demás candidatos que buscan acceder a un cargo público. En este tenor, la iniciativa que vengo a someter a su consideración pretende establecer una condición de inelegibilidad de tiempo y no de derecho, en el artículo 125 constitucional, para todos aquellos ciudadanos que tienen una relación de parentesco con alguno de los titulares del Poder Ejecutivo, de cualquiera de los órdenes de gobierno, para que puedan ser candidatos a algún puesto de elección popular y únicamente dentro del área de responsabilidad del mismo, sino hasta después de seis meses, después de que su pariente haya dejado el cargo que desempeña. Es decir, que ni los padres, las esposas, los esposos, los hijos, los primos, los tíos y los hermanos, no podrán registrarse como candidatos a algún cargo de elección popular, dentro del ámbito territorial del presidente de la república, el gobernador, el jefe de gobierno, los delegados o los presidentes municipales, ejerciendo sus funciones. Elegimos el artículo 125 porque es donde se establece la causal de incompatibilidad para el desempeño de algún cargo público cuando exista conflicto de intereses. Y es que es justamente el conflicto de intereses el que pretendemos evitar con la presente propuesta: Aquel que se presenta cuando una persona accede a algún cargo de elección popular aprovechando la influencia que ejerce de su pariente desde el poder. El establecimiento de esta nueva condición de inegibilidad de tiempo en nuestro máximo ordenamiento no es nuevo; ya que actualmente el artículo 55 constitucional prevé algunas de ellas dentro, y aprobadas dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dice que dichos ordenamientos tienen la función de preservar la equidad en la contienda y en la libertad del sufragio. Es importante destacar que algunos países tales como Costa Rica y Colombia ya prevén dentro de sus textos constitucionales esta prohibición de tiempo y no de derecho. Se ha dicho y coincidimos al señalar que el derecho a ser votado no es absoluto, por lo que estamos convencidos que tratándose del acceso de cargos públicos deben establecerse ciertos límites orientados siempre y en todo momento a privilegiar el interés general sobre el interés particular familiar. No podemos considerarnos un país democrático si no tenemos un sistema de protección de aquellos derechos fundamentales que permitan contar con un nivel mínimo de seguridad jurídica y equidad. Pues la verdadera esencia de los derechos fundamentales radica en su aporte a la igualdad y equidad en la democracia. Pero sobre todo, en la protección a los más débiles. Al gobernador de Puebla, al gobernador de Chiapas, al alcalde de Acapulco, al señor feudal gobernador de Coahuila: ya es tiempo de comenzar a dejar atrás los intereses personales y familiares. Por ello, pido en este pleno que se apruebe la pena de muerte al nepotismo feudal en los estados, presentando la siguiente iniciativa de proyecto de decreto, para quedar como sigue: Se reforma el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos, para quedar: Artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos o más cargos de elección popular, pero el nombrado podrá elegir entre cualquiera de ellos que quiera desempeñar. Segundo párrafo adicional. No podrán ser candidatos a cargos de elección popular en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, el cónyuge o parientes consanguíneos por afinidad hasta el cuarto grado del presidente de la república; hasta el cuarto grado de los gobernadores, hasta el cuarto grado del jefe del Gobierno del Distrito Federal, hasta el cuarto grado de los jefes delegacionales y de los presidentes municipales, en el mismo ámbito territorial en que éstos ejerzan sus funciones, sino hasta después de seis meses de que dichos servidores públicos hayan dejado el cargo. Muchas gracias, presidenta. Solicito que se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales.