El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Con su permiso, señor presidente. Solicito amablemente que gire sus instrucciones a efecto de que se pueda incorporar el texto íntegro de la presente iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Exposición de motivos El proceso de desarrollo democrático en el que se encuentra inmerso nuestro país, sobre todo el tránsito de un sistema de partido hegemónico a un sistema plural y competitivo, ha implicado la necesidad de adecuar el marco legal electoral, particularmente en lo que se refiere a los recursos públicos que los partidos políticos reciben. Al igual que en otras naciones, en México los partidos políticos son considerados entidades de interés público, lo que conlleva que, para financiar sus actividades ordinarias y sus campañas políticas obtienen recursos públicos adicionales a los que puedan recibir de militantes y simpatizantes, así como de actividades diversas de financiamiento. Las reformas de 1987, 1990 y 1993 establecieron criterios para regular el financiamiento público a los partidos políticos, normas relativas al financiamiento privado y mecanismos para fijar topes a los gastos de campaña. En 1996 una nueva reforma estableció una suma anual para cada uno de los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias y otra suma igual en el año de la elección federal; asimismo, marcó límites para el financiamiento público y lo colocó por encima del privado. Sin embargo, la democracia mexicana hoy en día es una de las más onerosas, no sólo de América Latina, sino a nivel mundial, así lo demuestran diversos estudios que señalan que de 2000 a 2008 han existido 16 partidos políticos nacionales que le han costado a los mexicanos más de 25 mil millones de pesos. El informe de la auditoría de desempeño y evaluación del proceso electoral federal de 2006 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, señala que en las elecciones presidenciales de ese año, cada voto costó 35 dólares. Al comparar 21 países, este mismo organismo explica que el costo del voto en naciones con una experiencia electoral consolidada varía entre 1 y 3 dólares, como es el caso de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Los costos se elevan de 3.7 a 35.3 dólares en países con menos experiencia y donde hay múltiples partidos políticos; mientras que en países con conflictos poselectorales, el costo fluctúa entre 8 y 45.5 dólares. En este marco la reforma electoral de 2007, se realizó con el objetivo de garantizar la equidad y la disminución en los costos de campañas electorales. Sin embargo, el financiamiento ordinario para los partidos políticos no fue reducido sustancialmente, por lo que hoy en día nuestra democracia sigue siendo una de las más caras del mundo. La presente iniciativa tiene por objeto disminuir el financiamiento público que reciben los partidos políticos nacionales, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para el desarrollo de campañas políticas. Para tal efecto, se propone modificar la base de cálculo contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disminuyendo el porcentaje de 65 a 40 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, multiplicado por el padrón electoral. Asimismo, se propone aumentar del 10 al 40 por ciento el límite de aportaciones de simpatizantes y militantes, con el propósito de que los partidos políticos puedan tener ingresos similares a los que hoy reciben sin que esto represente costos adicionales al erario. Pero también, involucrar con mayor intensidad a la ciudadanía y a la sociedad en general, en el desarrollo democrático de México. Además, con el objeto de garantizar el desarrollo político de las mujeres, esta reforma propone elevar a rango constitucional el monto que cada partido político destina de su financiamiento público para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Adicionalmente se establece como obligación de los comités nacionales de los partidos políticos, participar a sus comités estatales, distritales y municipales, con criterios de proporcionalidad y equidad, del financiamiento público que reciben del órgano electoral federal, con lo que se contribuirá al fortalecimiento del federalismo, independientemente de los importantes ahorros que se registrarán en las finanzas públicas de las entidades federativas. De igual forma, la presente iniciativa propone la modificación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los partidos políticos que pretendan mantener su registro obtengan por lo menos el 3 por ciento de la votación en algunas de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de la república y no del 2 por ciento como actualmente lo establece el texto vigente. Esto con la finalidad de que los partidos políticos que logren su registro, cuenten con un mínimo de representatividad social que les permita acceder al financiamiento público y a las demás prerrogativas que la ley en la materia establece. Con base en lo anterior, esta propuesta se presenta con el objeto de contribuir no sólo al fortalecimiento de nuestro sistema democrático, sino que pretende lograr la optimización y federalización de los recursos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos, pero sobre todo canalizar una mayor cantidad de recursos públicos a la atención de necesidades sociales prioritarias y con ello impulsar el desarrollo social y económico que México reclama. Muchas gracias, muy amables por su atención.