El diputado Luis Antonio González Roldán: Compañeras y compañeros diputados: El servidor público en México, es un funcionario del Estado designado por disposición y mandato de la ley, para ocupar grados superiores de la estructura orgánica de aquél y para asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando. El artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los servidores públicos pueden ser sujetos de juicio políticos por violaciones graves a esa norma fundamental y a las disposiciones y leyes federales, así como, por manejo indebido de fondos y recursos federales. Por su parte, el artículo 109 primer párrafo de nuestra Carta Magna, dispone que corresponde a los congresos locales y al Congreso de la Unión, expedir las leyes conducentes a sancionar a quienes, teniendo el carácter de servidores públicos, incurran en responsabilidad, siendo procedente el juicio político, según lo establecido en la fracción I del propio numeral; respecto de los sujetos enumerados en el artículo 110, cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. La interpretación conjunta de los aludidos preceptos, induce a las Legislaturas Estatales y a las Cámaras de Diputados y Senadores a emitir las normas reguladoras para la aplicación de las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, para el caso de comisión de conductas de esa índole por los mencionados funcionarios o servidores públicos. Los delitos de los funcionarios al Servicio del Estado son aquellos delitos que son cometidos por las personas que la ley denomina "servidores públicos" y que en particular comprende a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a cualesquiera otras personas que manejen o apliquen recursos económicamente federales. Además se comprende igualmente a los gobernadores de los estados, a los diputados de las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales. El Congreso de la Unión debe fortalecer la capacidad del sistema político para desarrollar equilibrios estables entre las funciones que pudiera desarrollar un individuo que se ha desarrollado en su vida profesional en los ámbitos comercial, económico, cultural, político, que permita a su vez conducir con relativa armonía los asuntos públicos. Con las reformas que se proponen, más que una forma de castigar o de limitar la libertad de cualquier servidor público a realizar un trabajo, es una legitimidad del poder público y del ejercicio del mismo. Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a esta Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo Unico. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: "... ningún servidor público podrá realizar trabajo alguno en asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte que por su condición de servidor público se pudiera facilitar cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de licencia, permiso, dictamen o cualquier otro acto ejecutivo, judicial, legislativo o administrativo. Es cuanto, señora Presidenta.