El diputado Jorge Kahwagi Macari (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. CompaÃ±eros y compaÃ±eras legisladores: La historia del rescate bancario en nuestro paÃ­s no es nueva; estos mecanismos vienen desde la Ã©poca de los aÃ±os 80, sus costos han sido altÃ­simos desde el punto de vista fiscal afectando seriamente nuestras finanzas pÃºblicas y sobre todo, nuestro entorno de estabilidad econÃ³mica y social, ya que se han destinado cantidades inmensas de recursos al saneamiento financiero y paralelamente se ha restringido sistemÃ¡ticamente el presupuesto en otras Ã¡reas importantÃ­simas para el desarrollo de nuestro paÃ­s, como son inversiÃ³n pÃºblica, infraestructura, educaciÃ³n, salud, entre otros. Los antecedentes del rescate bancario son los siguientes: Con motivo de la nacionalizaciÃ³n de la Banca en 1983, se establece el Programa Inmediato de Reordenamiento EconÃ³mico PIRE. Con este Programa se pretendÃ­a alcanzar finanzas pÃºblicas sanas mediante el mecanismo de incrementar los precios y tarifas del sector pÃºblico. TambiÃ©n en 1983 se crea el Fideicomiso para Cobertura de Riesgos Cambiarios, FICORCA, el cual fue administrado por el Banco de MÃ©xico, cuyo objeto era restaurar los crÃ©ditos en moneda extranjera contraÃ­dos por empresarios mexicanos con el exterior, absorbiendo el riesgo cambiario. Posteriormente, con el fin de fortalecer una polÃ­tica de protecciÃ³n al ahorro interno, en MÃ©xico se desarrolla y pone en marcha todo un sustento de protecciÃ³n al Ahorro Bancario que inicia operaciones desde 1986, con la puesta en marcha del Fondo de Apoyo Preventivo a las Instituciones de Banco MÃºltiple, FONAPRE, el cual instrumentÃ³ operaciones preventivas de insolvencia en entidades crediticias. Posteriormente, en 1990 se pone en marcha el Fondo Bancario de ProtecciÃ³n al Ahorro, FOBAPROA, cuyo fin era evitar la insolvencia de los bancos y garantizar las obligaciones de las instituciones de forma ilimitad. Y finalmente, en 1999 se crea el Instituto para la ProtecciÃ³n del Ahorro Bancario, IPAB, cuya funciÃ³n es crear un sistema de cobertura explÃ­cita ilimitada que respondiera por las obligaciones de las instituciones bancarias. A pesar de todos estos mecanismos el problema persiste, con el antecedente de sucesivas crisis econÃ³micas y falta de liquidez del Sistema Financiero Mexicano para enfrentar problemas extraordinarios ante las crisis econÃ³micas generÃ¡ndola insolvencia de los bancos por incumplimiento de los deudores de la banca y retiro masivos de depÃ³sitos. Estas instituciones, en especial el FOBAPROA, se utilizÃ³ para asumir carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras. Pero a finales de 1994 tuvo lugar tuvo lugar la crisis econÃ³mica mÃ¡s grave de la historia contemporÃ¡nea de nuestro paÃ­s, entre otros fenÃ³menos provocÃ³ sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pago por parte de los deudores. Una eventual quiebra de bancos habrÃ­a hecho imposible el acceso a crÃ©ditos y los ahorradores no hubieran podido disponer de sus depÃ³sitos, lo que habrÃ­a colapsado la infraestructura productiva, por lo que el Gobierno Federal aplicÃ³ el FOBAPROA para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de sus ahorradores. Ante la magnitud de la crisis bancaria el Gobierno Federal a travÃ©s del FOBAPROA y sin aprobaciÃ³n de la CÃ¡mara de Diputados, le cambiÃ³ a los bancos las cartas vencidas por pagarÃ©s, que se vencerÃ­an en 10 aÃ±os, tiempo en el cual no se podÃ­an vender ni intercambiar, a cambio, les garantizÃ³ que generarÃ­an intereses capitalizables cada tres meses. De acuerdo a la cifra proporcionada por el Centro de Estudios de Finanzas PÃºblicas de esta H. CÃ¡mara de Diputados, los pasivos del Instituto para la ProtecciÃ³n del Ahorro Bancario sigue creciendo en monto y en su impacto econÃ³mico, pasaron de 699 mil 300 millones de pesos en 1998 a 821 mil 305 millones en el 2003. Esta Ãºltima cifra representa el 12.2 por ciento del Producto Interno Bruto. A la fecha, el problema no sÃ³lo sigue sin resolverse, a pesar de la aplicaciÃ³n de los diferentes programas, el costo financiero fiscal del rescate sigue creciendo en importancia en tÃ©rminos econÃ³micos, polÃ­ticos y sociales. El mecanismo de sustituciÃ³n de los pagarÃ©s estÃ¡ en pleno debate, al grado que recientemente se ha creado una ComisiÃ³n de InvestigaciÃ³n Sobre el IPAB en esta H. CÃ¡mara de Diputados. Recientemente las autoridades del Poder Judicial y de algunos bancos han vuelto a retomar el punto sobre la legalidad y conveniencia de que se realicen nuevas auditorÃ­as o revisen a los crÃ©ditos de instituciones como BBVA-Bancomer, Banamex o Bital, hoy HSBC y Banorte, para determinar la cuantÃ­a de los recursos que entrarÃ­an en la categorÃ­a de crÃ©ditos reportables. Esta revisiÃ³n estarÃ­a enmarcada en el prÃ³ximo proceso de canje de los pagarÃ©s FOBRAPOA por los nuevos instrumentos del IPAB. La revisiÃ³n de los crÃ©ditos que respaldan los pagarÃ©s del FOBAPROA fue ordenada por la AuditorÃ­a Superior de la FederaciÃ³n de la CÃ¡mara de Diputados para hacer el canje antes citado. El asunto a la fecha sigue sin resolverse. Las autoridades del IPAB han sugerido a las instituciones que se sometan a nuevas revisiones, pero los bancos han interpuesto recursos legales para negarse a ello. El problema sigue sin soluciÃ³n y lo que tenemos en nuestro paÃ­s actualmente, es una banca mÃºltiple que ya no es fundamentalmente nacional, que no otorga crÃ©ditos suficientes ni mucho menos a tasas competitivas. Tenemos una banca comisionista que fundamentalmente otorga crÃ©ditos al Estado con riesgo nulo, altas ganancias y que se niega a dar informaciÃ³n. En este contexto y con el fin de posibilitar el crecimiento y fortalecimiento de una banca sana, que detone el crecimiento econÃ³mico y cÃ­rculos virtuosos en la economÃ­a, promoviendo el crÃ©dito, la inversiÃ³n, el empleo, el ingreso, el consumo y el ahorro, pero sobre todo, con el fin de evitar que siga creciendo el costo fiscal del rescate bancario, los diputados que integran la fracciÃ³n parlamentaria del Partido Verde Ecologista de MÃ©xico, proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artÃ­culo 1 y la fracciÃ³n I del artÃ­culo 67 de la Ley de ProtecciÃ³n al Ahorro Bancario, para quedar como sigue: ArtÃ­culo 1. Se reforma el artÃ­culo 1 de la Ley de ProtecciÃ³n al Ahorro Bancario para quedar en los siguientes tÃ©rminos: ArtÃ­culo 1. La presente ley tiene por objeto establecer un Sistema de ProtecciÃ³n al Ahorro Bancario, a favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas en los tÃ©rminos y con las limitaciones que la misma determine, regular y reducir el costo fiscal de los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca mÃºltiple para protecciÃ³n de los intereses del pÃºblico ahorrador. AsÃ­ como, establecer las bases para la organizaciÃ³n y funcionamiento de las entidades pÃºblicas encargadas de estas funciones. ArtÃ­culo 2. Se reforma la fracciÃ³n I del artÃ­culo 67 de la Ley de ProtecciÃ³n al Ahorro Bancario para quedar como sigue: ArtÃ­culo 67. El instituto tiene por objeto: 1.Proporcionar a las instituciones en beneficio de los intereses de las personas a que se refiere el artÃ­culo 1 de esta ley, un sistema para protecciÃ³n al ahorro bancario que garantice el pago a travÃ©s de la absorciÃ³n por parte del instituto, en forma subsidiaria y limitada, de las obligaciones establecidas en la presente ley a cargo de dicha instituciÃ³n, reduciendo el costo fiscal y 2, queda igual. Por su atenciÃ³n, muchas gracias. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Gracias diputado. TÃºrnese a la ComisiÃ³n de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico. Ahora tiene la palabra el diputado Pedro VÃ¡zquez GonzÃ¡lez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar una iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social para crear el Seguro por Desempleo. El diputado Pedro VÃ¡zquez GonzÃ¡lez (PT): Con la venia de la Presidencia. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Adelante diputado. El diputado Pedro VÃ¡zquez GonzÃ¡lez: CompaÃ±eras y compaÃ±eros legisladores: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete al pleno de esta soberanÃ­a, la presente iniciativa con proyecto de decreto para crear el Programa Seguro por Desempleo para protecciÃ³n del trabajador mexicano bajo el tenor de la siguiente: ExposiciÃ³n de Motivos El desempleo alude a la situaciÃ³n en la que una persona no encuentra oportunidad de ser ocupada de manera formal en una actividad remunerativa. El desempleo es un fenÃ³meno que deriva del comportamiento estructural de la economÃ­a y puede explicarse por varias razones. La primera es de carÃ¡cter histÃ³rico, pues se vincula al despojo de las tierras de los campesinos y la transformaciÃ³n de Ã©stos en obreros asalariados que para poder subsistir tienen que vender su fuerza de trabajo. Las tierras despojadas son convertidas en propiedad privada y utilizadas para producir bienes que son lanzados al mercado en forma generalizada. Muchos de los campesinos despojados vuelven a ser ocupados en la propia agricultura en calidad de asalariados, pero la gran mayorÃ­a tiene que emigrar a la Ciudad donde son absorbidos parcialmente en la industria, el comercio y los servicios, pero otra gran parte no encuentran ocupaciÃ³n y pasan a formar parte de los desempleados o bien se ocupan de actividades informales. La segunda razÃ³n tiene que ver con el comportamiento de una parte del capital que es invertido en el proceso productivo; nos referimos al conjunto de medios de producciÃ³n representados por el capital fÃ­sico invertido en relaciÃ³n a la cantidad de obreros ocupados para movilizar la inversiÃ³n. Esta inversiÃ³n fÃ­sica crece como tendencia histÃ³rica de forma mÃ¡s rÃ¡pida que la cantidad de obreros ocupados en una rama productiva o en una empresa. Esto provoca con el paso del tiempo que los obreros sean sustituidos por el mayor uso de mÃ¡quinas. Una tercera razÃ³n tiene relaciÃ³n con la tendencia del propio desarrollo capitalista que va intensificando la competencia entre los mismos empresarios, donde muchos desaparecen y en su lugar es ocupado por el que es mÃ¡s competitivo. La competencia entre empresarios por el control de los mercados, se convierte en otra fuente adicional de desempleo por la quiebra de empresas o la fusiÃ³n o absorciÃ³n de algunas de ellas que se ven sometidas a rÃ­gidos procesos de reestructuraciÃ³n que al final termina con el despido del personal. Por Ãºltimo, habrÃ¡ que agregar el comportamiento cÃ­clico de la economÃ­a capitalista, pues en etapas de expansiÃ³n el crecimiento de las inversiones y la prosperidad de los negocios, hace que el desempleo disminuya y repercuta favorablemente en el aumento de ingreso de los trabajadores. En Ã©pocas de crisis recesivas o depresivas, la tendencia es totalmente opuesta, porque en estas fases el desempleo tiende a crecer como resultado del despido de cientos de miles de trabajadores de las actividades productivas. El desempleo es un fenÃ³meno estructural exclusivo del sistema capitalista, porque no depende de la voluntad de los individuos permanecer ociosos, sino de los factores estructurales ya aludidos. En la sociedad capitalista, el desempleo es un fenÃ³meno que estÃ¡ presente en todo momento, incluso en etapas de prosperidad, ya que la poblaciÃ³n sobrante o que no estÃ¡ incorporada a las actividades productivas, es un poderoso instrumento para regular los salarios y mantenerlos a la baja y con ello favorecer el establecimiento de menores costos en las empresas y en consecuencia un aumento en las ganancias de Ã©stas. En el caso especÃ­fico de MÃ©xico, el desempleo empezÃ³ a convertirse en un fenÃ³meno permanente del sistema econÃ³mico desde los aÃ±os 40ÃÂ´s del siglo pasado, debido al rÃ¡pido proceso de industrializaciÃ³n que emprendiÃ³ el paÃ­s desde esa dÃ©cada. Este fenÃ³meno se acrecentÃ³ y tomÃ³ dimensiones insospechadas en los aÃ±os 70ÃÂ´s y 80ÃÂ´, cuando MÃ©xico experimentÃ³ una crisis estructural que fue producto del agotamiento del modelo de industrializaciÃ³n basado en la sustituciÃ³n de importaciones y en el intervensionismo "keynesiano". Actualmente, el INEGI estima que el desempleo abierto en la economÃ­a mexicana, representa cerca del 4% con respecto al total de la poblaciÃ³n econÃ³micamente activa que estÃ¡ conformada por mÃ¡s de 42 millones de mexicanos; sin embargo, esta cifra de desempleo abierto es totalmente engaÃ±osa, porque la metodologÃ­a que se utiliza para estimar el cÃ¡lculo es insuficiente y no representa la realidad del mercado laboral, en relaciÃ³n al desempleo que aqueja actualmente la poblaciÃ³n mexicana. Por otra parte, mÃ¡s de 25 millones de nuestros compatriotas que representan mÃ¡s de la mitad de la poblaciÃ³n econÃ³micamente activa, no tiene prestaciones laborales; asimismo, casi tres millones y medio de trabajadores agrupados en la poblaciÃ³n econÃ³micamente activa, tiene algÃºn tipo de trabajo en donde sÃ³lo sobreviven con las propinas que reciben. Las desigualdades de oportunidades laborales se conjunta con la aguda concentraciÃ³n del ingreso, pues el 54% del ingreso nacional se encuentra en manos de tan solo el 20% de los hogares mexicanos es decir, de los mÃ¡s ricos, mientras el resto de la poblaciÃ³n se hunde en la miseria. Esto nos lleva a concluir que el problema de MÃ©xico no es la falta de riqueza, sino la injusta distribuciÃ³n de Ã©sta. Por esa razÃ³n el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estÃ¡ convencido de que los problemas de desempleo que enfrentan millones de nuestros compatriotas, deben de tener una soluciÃ³n inmediata. Nuestra propuesta va en el sentido de crear un seguro por desempleo para los trabajadores mexicanos. En muchas otras partes del mundo el seguro por desempleo existe como una medida de compensaciÃ³n social ante la desigualdad econÃ³mica y social que provoca el sistema capitalista. Por ejemplo en AmÃ©rica Latina, en Argentina, Chile y Brasil, marchan a la vanguardia en esta materia. El caso de las naciones escandinavas resulta ejemplar ya que el Estado es el responsable de los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren. Las naciones desarrolladas como Estados Unidos y otros miembros de la OCDE tienen implantada esta protecciÃ³n social para el trabajador. Creemos que ha llegado la hora de cumplir con el pueblo de MÃ©xico. El Partido del Trabajo apuesta por la soluciÃ³n de este flagelo social que hoy por hoy ha excluido de las oportunidades de progreso y de desarrollo social, a millones de mexicanos. Proponemos que los recursos financieros para sostener el programa Seguro por Desempleo, deben de ser aprobados por la CÃ¡mara de Diputados y transferidos para su cometido al Instituto Mexicano del Seguro Social. CompaÃ±eras y compaÃ±eros legisladores: Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artÃ­culos 71 fracciÃ³n II de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos, asÃ­ como por los artÃ­culos 55 fracciÃ³n II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideraciÃ³n del Pleno de la CÃ¡mara de Diputados del Honorable Congreso de la UniÃ³n, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tÃ­tulo sÃ©ptimo y un capÃ­tulo Ãºnico a la Ley del Seguro Social, para crear el Programa Seguro por Desempleo, para protecciÃ³n del trabajador mexicano. Solicito a la presidencia instruya la publicaciÃ³n Ã­ntegra de la presente iniciativa, en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de la CÃ¡mara de Diputados. Entrego a la secretarÃ­a la presente iniciativa. Es cuanto diputada presidente. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Gracias diputado VÃ¡zquez GonzÃ¡lez. A solicitud del proponente, solicito se inserte el texto Ã­ntegro en el Diario de los Debates, se publique en la Gaceta Parlamentaria y se turne a las Comisiones Unidas de Trabajo y PrevisiÃ³n Social y de Seguridad Social. Damos la mÃ¡s cordial bienvenida a los y las presidentes y presidentas municipales del Estado de Guerrero, que hoy nos acompaÃ±an aquÃ­ en la CÃ¡mara de Diputados. Bienvenidos sean ustedes. Tiene la palabra el diputado Alejo LÃ³pez NÃºÃ±ez, del grupo parlamentario del Partido AcciÃ³n Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el segundo pÃ¡rrafo del artÃ­culo 239 del CÃ³digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El diputado Alejo LÃ³pez NÃºÃ±ez (PAN): Con su venia diputada presidenta: El suscrito diputado Alejo LÃ³pez NÃºÃ±ez, integrante del grupo parlamentario de AcciÃ³n Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracciÃ³n II del artÃ­culo 71 de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer ante esta SoberanÃ­a, la reforma al artÃ­culo 239 del CÃ³digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de modificar la disposiciÃ³n electoral que establece la llamada "Ley Seca" el dÃ­a de la elecciÃ³n y el precedente. Nuestra democracia electoral ha pasado una lenta etapa de gestaciÃ³n, comparable con un escueto voteo, producto de la cerrazÃ³n autoritaria, hacia una cautelosa cotidianeidad cristalina, consecuencia del esfuerzo generacional de millones de mexicanos. Hoy, hablar de elecciones federales, confiables y transparentes a lo largo y ancho del paÃ­s ya no es una quimera, por el contrario, se trata de una realidad tangible que se encuentra en marcha perpetua de edificaciÃ³n constante. Los grandes esfuerzos nacionales como los de 1877, 91, 94 y 96, han rendido frutos. Hoy la lucha es por consolidar, depurar y eficientizar la credibilidad ya existente. Sin embargo, resulta anacrÃ³nico que continuemos reproduciendo los viejos resabios de una visiÃ³n hoy superada. Nuestra realidad del siglo XXI resulta incompatible con algunas normas jurÃ­dicas que presuponen una minorÃ­a de edad por parte del ciudadano. El leviatÃ¡n del que hablaba Fox, parece negarse a morir y se enquista en vetustas prÃ¡cticas de un estado paternalista, tal es el caso de la norma jurÃ­dica contenida en el segundo numeral del artÃ­culo 239 del CÃ³digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Definitivamente no existe ningÃºn argumento de tipo econÃ³mico o jurÃ­dico lo suficientemente contundente como para justificar la existencia de una norma que prohiba, durante el dÃ­a de la jornada electoral y el anterior a este, el funcionamiento de todos los establecimientos en cualquiera de sus giros que expendan bebidas con graduaciÃ³n alcohÃ³lica. Vender este tipo de bebidas nada tiene que ver con el desarrollo tranquilo y sin percances de los procesos electorales que las personas que asÃ­ lo deseen, puedan comprar vino o cerveza que en nada atenta contra los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, los cuales establece el artÃ­culo 41 de nuestra Carta Magna como rectores de nuestros procesos electorales. Por supuesto que no resulta inadvertido el hecho de que para garantizar una buena jornada electoral es condiciÃ³n necesaria preservar el orden, asegurar el libre acceso a la casilla electoral y garantizar en todo tiempo el secreto al voto. Lo que no se comparte es que para lograr lo anterior sea necesario impedir el libre comercio de bebidas embriagantes, mÃ¡s aÃºn cuando el propio COFIPE en su artÃ­culo 122 ya prevÃ© algunas atribuciones al presidente de la mesa directiva para conservar el orden durante la jornada electoral. ÃÂ¿CuÃ¡l es la ratio legis del segundo pÃ¡rrafo del artÃ­culo 239 del COFIPE? ÃÂ¿Acaso se piensa que en el supuesto de que se vendan bebidas embriagantes el dÃ­a de elecciÃ³n, acudirÃ¡n a las casillas electorales hordas de ciudadanos alcoholizados, los cuales impedirÃ¡n el correcto desarrollo y la jornada electoral? El citado pÃ¡rrafo del artÃ­culo 239 del COFIPE, es un claro ejemplo de cÃ³mo legislar con buenas intenciones pero sin sustento tÃ©cnico puede acarrear una serie de consecuencias negativas a la sociedad. Por ejemplo, en el tema que nos ocupa se pudieran mencionar infinidad de acasos, pero en tÃ©rminos generales se generan pÃ©rdidas econÃ³micas enormes que conservadoramente pudieran llegar hasta los 85 millones de pesos en tan sÃ³lo un dÃ­a, las cuales tienen que absorber el sector turÃ­stico del paÃ­s ya que durante dos dÃ­as se dejan de obtener importantes recursos producto de la venta de los productos legales el resto del aÃ±o. AdemÃ¡s de que dicha prohibiciÃ³n, en el contexto del sector turÃ­stico, se le aplica por igual a ciudadanos mexicanos y extranjeros de visita en nuestro paÃ­s provisional, lo cual resulta absurdo ya que los nacionales de otros paÃ­ses no participan de ninguna forma en los procesos electorales. No debe de pasar por alto que la actividad turÃ­stica que se desarrolla en el paÃ­s y en los estados cuya economÃ­a depende en mayor o menor medida de dicha actividad, es importante ya que entre los beneficios que aportados a cada entidad estÃ¡ el de generar fuentes de empleo y la derrama de recursos econÃ³micos. Hoy en dÃ­a, algunos de estos estados han modificado su legislaciÃ³n para evitar el significativo daÃ±o, que causa la economÃ­a con las medidas por demÃ¡s proteccionistas. Sabedores de la importancia de proteger el desarrollo y crecimiento econÃ³mico de sus entidades que en concurrencia con fechas importantes para la recepciÃ³n de turismo y visitantes internacionales tienden a duplicar o triplicar los efectos nocivos de las medidas como Ã©sta, se causan tanto al comercio organizado como a los prestadores de servicios turÃ­sticos del paÃ­s en sus respectivos estados. Ante ello, buscar una modificaciÃ³n a la legislaciÃ³n federal que concretamente establece la prohibiciÃ³n de expender bebidas con graduaciÃ³n alcohÃ³lica, se vuelve un imperativo. Sobre todo para los lugares cuya economÃ­a se pone en riesgo por una medida que poco aporta al desarrollo de los procesos electorales, sobre todo en los lugares que por dÃ©cadas se desarrollan con alto grado de civilidad. Ahora bien, la norma aunque deben conllevar un sentido de observancia general, dado la conformaciÃ³n de nuestro paÃ­s, es importante dejar a salvo la posibilidad de que cuando en alguna zona o regiÃ³n del paÃ­s se requiera para preservar el orden y la paz sociales durante la realizaciÃ³n de los comicios, las autoridades locales puedan contar con el marco legal para definitivamente prohibir la venta de alcohol durante el dÃ­a de la jornada electoral, sÃ³lo cuando estrictamente resulte indispensable. Por supuesto es sensato estar a favor de que si durante la jornada electoral alguna persona, independientemente de su estado violenta la tranquilidad y el orden de una casilla electoral, las autoridades competentes dispongan de esa persona en los tÃ©rminos de la Ley. Con lo que no se puede estar de acuerdo es que desde un cÃ³digo electoral se atente contra el libre comercio de un producto legal, el cual genera millones de pesos, por lo tanto de empleos, por el simple hecho de que la autoridad competente, no entiende que la sociedad es lo suficientemente madura y capaz de comportarse a la altura de nuestra democracia electoral con o sin prohibiciones anacrÃ³nicas. No desconocemos que este pudiera ser un factor capaz de producir en la persona que lo consume, diversos cambios de actitud, como por ejemplo, hacerla mÃ¡s violenta o agresiva. Sin embargo nos resulta totalmente inadecuado combatir un problema de salud pÃºblica a travÃ©s de normas jurÃ­dicas de carÃ¡cter electoral. Por lo anteriormente expuesto ante esta Honorable Asamblea me permito proponer el siguiente DECRETO Decreto por el que se reforma el pÃ¡rrafo segundo del artÃ­culo 239 del CÃ³digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de modificar la disposiciÃ³n electoral que establece la llamada "ley seca" el dÃ­a de la elecciÃ³n y el precedente para quedar de la siguiente manera: ArtÃ­culo 239 numeral dos. "El dÃ­a de la elecciÃ³n y el precedente, a juicio de las autoridades competentes y de acuerdo a la normatividad que existe en cada entidad, ordenarÃ¡n cuando sea indispensable para preservar el orden de la jornada, el cierre de los establecimientos que expendan bebidas embriagantes". Transitorio.- El presente decreto entrarÃ¡ en vigor al dÃ­a siguiente de su publicaciÃ³n en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n. Es cuanto, diputada Presidenta. Por su atenciÃ³n, muchas gracias. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado LÃ³pez NÃºÃ±ez. TÃºrnese a la ComisiÃ³n de GobernaciÃ³n. En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesiÃ³n, como seÃ±ala el Acuerdo Parlamentario aprobado por el pleno, proceda la SecretarÃ­a a dar lectura al orden del dÃ­a de la prÃ³xima sesiÃ³n.