LA DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Compañeras y compañeros legisladores. Con el permiso de la Presidencia. La suscrita diputada federal de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la actual Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente exposición de motivos: Si aceptamos que la participación del Estado en la economía nacional es importante como factor de equilibrio entre los diversos factores productivos y sociales, entonces necesitamos promover el apoyo de dichos sectores para alcanzar los objetivos de desarrollo económico. Es necesario por lo tanto que las metas gubernamentales de recaudación de impuestos involucren al universo de contribuyentes y los hagan solventar los gastos públicos, tal como está estipulado en el artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución, es decir, de una manera proporcional y equitativa. El Estado debe garantizar que el sistema tributario determine cargas impositivas que no se conviertan en un obstáculo para el desarrollo sostenido de las cadenas productivas y que, por tanto, no detengan o inhiban el desarrollo económico nacional. Antes de pensar en alcanzar las metas recaudatorias de otros países debemos analizar el impacto que genera establecer impuestos que no estén acordes con la capacidad de contribución de los causantes de nuestro país. No debemos implementar medidas para recaudar impuestos que lesionen la fuente de riqueza de los contribuyentes; necesitamos generar las condiciones propicias para que se incremente, para que a la vez se establezcan medidas administrativas y tasas impositivas de acuerdo con los niveles reales de las utilidades. Las altas tasas impositivas y la no proporcionalidad de las mismas produce un impacto importante en la planta productiva, como en la recaudación del ejercicio fiscal. La facultad que tiene el Estado de imponer un gravamen para solventar sus gastos no implica o no debe implicar que éste deba ser arbitrario, el Estado debe ejercer esta facultad con criterio constitucional y determinar la cuantía dependiendo de la capacidad económica del contribuyente, de tal suerte que los entes económicos con mayores ingresos deben ser los que más contribuyan. Este principio en la actualidad se practica tan solo parcialmente, porque con independencia de la capacidad económica de las personas que no tienen actividades empresariales, la tasa que se aplica a su base gravable es única, lo que hace que relativamente paguen más los que menos tienen. El país transita por una etapa muy difícil desde el punto de vista económico, por lo que se hace necesario aplicar un sistema de exenciones fiscales para estimular la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sustituir la tasa única del Impuesto Sobre la Renta por tasas progresivas tanto para personas físicas como morales; darle mayor progresividad a las tarifas que se aplican a los asalariados y sobre todo incorporar al padrón de contribuyentes a aquellos que tienen su actividad en la economía informal. La política fiscal en México está enfocada a gravar en forma similar a los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales con actividad empresarial. Sin embargo, tanto la capacidad de producción como la de comercialización son distintas por el tamaño de las industrias y de los comercios, éstos no son similares desde el punto de vista económico. Tenemos como consecuencia, que los ingresos obtenidos por estos sujetos de impuestos son totalmente distintos, por lo cual consideramos que esta política es injusta y significa una equivocación si se pretende desarrollar una estrategia de crecimiento para la economía. Debemos recordar que en 1982 padecimos una regresión fiscal financiera e incluso social, en virtud de que se eliminaron las tasas progresivas para las empresas y se impuso la tasa de 35% en las utilidades, en las que actualmente se paga el ISR. Este hecho ha perjudicado a las empresas pequeñas y ha beneficiado a las grandes, ya que entre menos capacidad de producción tengan, contribuyen en forma relativamente mayor que las de mayor ganancia. La base del Impuesto Sobre la Renta por tarifas progresivas, que estuvo vigente desde 1953 hasta 1982, permitía una mayor equidad en el pago del impuesto. En el caso de las personas físicas, la tarifa progresiva estuvo vigente desde 53 hasta 1991, ya que a partir de 1992 se impuso la misma tarifa fija que para las personas morales. Las empresas ubicadas en el rango más bajo de utilidades, al pasar a la tasa fija, incrementaron su gravamen a 1000%, mientras que las empresas con mayores ingresos vieron reducidos sus márgenes de ganancia fiscal. Por lo tanto, la reforma de ese año benefició solamente a las empresas con mayores ganancias. Si el objetivo es fortalecer las finanzas públicas sin que se deteriore el desarrollo económico de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el mayor número de empleos en este país, entonces concluimos que se hace necesario contar con un sistema fiscal más equitativo, que además pueda incrementar su eficiencia recaudatoria. El carácter regresivo e inequitativo de las cargas fiscales provocan evasión y elusión fiscal, causa fundamental de la poca capacidad que tiene nuestro sistema. En ese sentido proponemos las reformas a los artículos 10, 80 y 141, con la finalidad de redistribuir las cargas impositivas, considerando los niveles de ingreso de las empresas y estableciendo la base de tributación sobre sus utilidades, medida que podrá mejorar la recaudación tributaria en virtud de que las tasas que se proponen están contempladas para realizar las contribuciones de acuerdo a la capacidad de pago de las empresas y las personas físicas y de otros regímenes de tributación. Por otro lado y como una causa más de inequidad en el Sistema Tributario Nacional, podemos mencionar a los regímenes especiales, entre los cuales destaca el de la consolidación fiscal, el cual está dirigido casi en exclusivo a beneficiar a las empresas denominadas Holdings, ya que sólo éstas tienen acceso a las facilidades porque cumplen los requisitos de infraestructura y operación financiera, con los que no cuentan la mayoría de las empresas nacionales. La vigencia del régimen de consolidación fiscal genera una evasión y por lo tanto un pérdida para el fisco de más de 145 mil millones de pesos, lo que a todas luces resulta injusto para la sociedad mexicana. Este régimen les permite a unas pocas empresas compensar las utilidades de unas con las pérdidas de otras, lo cual genera una menor captación tributaria, que es contraria a la vigencia de este tratamiento fiscal, porque las utilidades que se obtienen por estas empresas, no se reflejan en el pago de los impuestos, es decir, el Estado estimula la concentración, reunión, la agrupación de recursos, tanto monetarios como humanos, con el propósito de ofrecer al grupo del que forman parte una mayor solidez, mayor rentabilidad de las inversiones, un crecimiento constante, y especialmente la seguridad legal, fiscal. Sin embargo, en contrapartida, al erario público no recibe una contribución calculada en 145 mil millones de pesos anuales.. Por lo tanto, se propone la derogación de este régimen, considerando que los estímulos a la inversión se deben de otorgar, sin menoscabo de la recaudación tributaria, sin embargo, consideramos que es necesario implementar medidas, para incentivar la inversión y la productividad de las empresas, aplicadas directamente al desarrollo tecnológico, que les permita un mayor desarrollo y una mayor penetración en el mercado. Por lo anteriormente expuesto, proponemos la derogación de este régimen, pero también proponemos la deducción completa de los gastos en desarrollo de tecnología y de la totalidad de los gastos relacionados con la participación de los trabajadores en las utilidades. Asimismo un estímulo importante para que las empresas se fortalezcan, es la deducción inmediata de inversiones, misma que está derogada en la ley vigente, por lo tanto, proponemos que se establezca para darle mayor fuerza a la economía de las empresas, que les permita obtener las utilidades y contribuir sin menoscabo de su capacidad productiva. Estamos seguros que estas medidas redundarán en una mejora de las condiciones de las empresas y por lo tanto de la recaudación en el país. Por lo que se refiere al régimen simplificado de personas físicas y morales, consideramos necesario que se limite su inclusión, con base a la obtención del ingreso de los contribuyentes, en virtud de que la actividad por si misma y que en la ley vigente se toma como criterio, para que pertenezcan al mismo, permiten que empresas de diversa capacidad económica se registren bajo este esquema, y rompan con el precepto de fomentar la inversión y el crecimiento de las personas físicas y morales, que tributan en los diferentes regímenes especiales, de los cuales se entiende que fueron diseñados para las micro, pequeñas y medianos contribuyentes, los cuales necesitaban una forma de tributación especial, que les permitiera en un momento dado, capitalizarse y por lo tanto crecer. No consideramos justo que bajo este esquema se proteja a las grandes empresas de los sectores mencionados, porque esta situación provoca evasión fiscal además de inequidad tributaria, en perjuicio del fisco y de las empresas, que por sus características es necesario apoyar. La propuesta del Partido de la Revolución Democrática, no se limita únicamente a establecer un monto para ingresar en este sistema de tributación, sino que se complementa con la propuesta que dimos a conocer en voz del diputado Rafael Hernández Estrada, en este mismo período ordinario de sesiones, para incluir en la Ley del Régimen del Contribuyente Social. Con la finalidad de no lesionar la liquidez de las empresas, personas físicas y morales, se propone que sólo determinen utilidad fiscal, para efecto de los pagos provisionales, sólo si en el último ejercicio su resultado fiscal fue positivo. En la presente iniciativa se entiende por dividendos la definición que hace de los mismos el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el Sistema de Cuentas Nacionales de México para 1999. De esta manera estarían ingresando al fisco cerca de 220 mil millones de pesos adicionales, cuando en la actualidad según la Secretaría de Hacienda, sólo llega a captar por este rubro 80 mil millones. Con nuestra propuesta alternativa de reformas, incluidas las del Impuesto Sobre la Renta e IVA, así como impuestos especiales a la producción y a los servicios, consideramos un monto cercano a los 400 mil millones de pesos, toda vez que estamos ampliando la base gravable y eliminando un régimen que desde nuestro punto de vista no se justifica en las condiciones actuales por las que atraviesan las finanzas públicas de nuestro país. Hasta aquí la exposición de motivos, sin embargo para tener una comprensión mayor a la iniciativa que el día de hoy presentamos, yo quisiera decirles que se divide en tres apartados nuestra iniciativa sobre la actual Ley de Impuesto Sobre la Renta: En el primer apartado se reforma el primer párrafo del artículo 10, la fracción I del artículo 12, el primer párrafo del artículo 67, el segundo párrafo del artículo 80, el primer párrafo del artículo 119-A y el primer párrafo del artículo 141 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En el segundo apartado de modificaciones a la estructura de la actual ley se adicionan las fracciones XXIV y XXV para el artículo 24, el artículo 51 también es modificado en este apartado. Por último, en la estructura de nuestra iniciativa se derogan las fracciones III del artículo 25, los artículos 57-A, 57-B, 57-C hasta 57-H bis, así como los artículos 80 fracciones A y B y el 141-A y 141B. Quisiera destacar también, compañeras y compañeros legisladores, que esta es la séptima iniciativa de carácter fiscal que la fracción parlamentaria del PRD presenta ante esta soberanía y que estamos seguros que son propuestas además de serias, viables técnicamente para ser implementadas en nuestra economía, entendiendo que la política fiscal de un país no sólo es una variable macroeconómica, sino ante todo es un instrumento al servicio de los mexicanos y que está en manos del Congreso y del Poder Ejecutivo hacerla instrumento de desarrollo para nuestra economía. Quisiera decirles también que en el ánimo de mi fracción parlamentaria tenemos tiempo suficiente y las formas necesarias para avanzar, por lo menos, en parte de la reforma fiscal en el actual período de sesiones para que esto tenga un impacto positivo en el Presupuesto de Egresos 2002. También quiero decirles que estas propuestas deben ser sometidas a análisis y consideración en la Comisión de Hacienda, que esperamos sean tomadas con la seriedad que se requiere dado la necesidad que tenemos de llegar a acuerdos, de llegar a consensos y de aportar nuestros mejores esfuerzos por una reforma fiscal y por un mejor Presupuesto de Egresos que esté a la altura de las circunstancias. Por último, quiero decirles que el PRD ha trabajado de manera consensada al interior como instituto político para presentar todas estas iniciativas. Y que de manera real estamos dispuestos a confrontarlas con el resto de iniciativas que las fracciones han presentado. Sin embargo, aquí hay material más que suficiente para construir una propuesta fiscal alternativa, dado que después de tantos meses ha sido imposible construir acuerdos y consensos que hagan avanzar la propuesta del Ejecutivo. Por su atención muchas gracias. Es cuanto señor presidente. -PRESIDENTE: Muchas gracias diputada Miroslava García Suárez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se pide a la secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instrúyase su cierre. -DIP. SRIO ADRIAN RIVERA: Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 441 diputados. Ciérrese el sistema electrónico. -PRESIDENTE: Para presentar una iniciativa de Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano. No encontrándose en el Recinto, se le concede la palabra al diputado David Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. -DIP.DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS: Muchas gracias ciudadano presidente; compañeros diputados: La iniciativa que hoy someto a la consideración del Pleno, probablemente va a provocar polémica o controversia. Se trata, para decirlo en un concepto general, de reivindicar y dar una mayor vigencia y fuerza a lo que en nuestro país fue el jurado popular. Aunque sigue vigente en la ley simplemente ha quedado en el texto sin tener real y efectivamente ninguna positividad. "Uno de los reclamos del pueblo de México ha sido y es el de la justicia, durante el ejercicio de las últimas cuatro legislaturas, la Cámara de Diputados ha realizado diversas (LEYO. INSERTESE) (Termina lectura) Por lo anteriormente expuesto ciudadanos diputados, ciudadano presidente, pido a esta mesa directiva, que se tenga por reproducida la iniciativa a la que no daré lectura, que se tenga por reproducida como si hubiese sido manifestada, en el Diario de los Debates y se turne a la Comisión de Justicia y también aparezca en la Gaceta Parlamentaria. Mucha gracias ciudadanos diputados. -PRESIDENTE: Gracias al diputado David Augusto Sotelo Rosas. Y se solicita a la secretaría se integre la iniciativa en su totalidad, en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria y túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El siguiente punto del Orden del Día es el referente a MINUTAS. -DIP.SRIO. ADRIAN RIVERA PEREZ: (Minuta proyecto de decreto que concede permiso al C. Vicente Fox Quesada, para usar condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Perú) -PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. -MISMO SECRETARIO: (Oficio de la Cámara de Senadores con Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al Presidente de la República Vicente Fox Quesada, para aceptar y usar condecoración del Gobierno de la República Argentina -PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. -MISMO SECRETARIO: (Oficio del Senado de la República con Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al C. Armando Sánchez Anavarreto, para prestar servicios en la Embajada de la República de Argentina)