El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, el dictamen que se aprobó ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales tiene un fundamento y tiene motivos, pero significa algo más por sí mismo. Desde luego, el fundamento es el mismo que utilizó el Congreso de la Unión en marzo del año 19 para darles permiso a las Fuerzas Armadas a que, por mando del presidente, pudieran participar coadyuvando en materias, tareas de seguridad pública. Los motivos es que el estado de cosas en una situación tan difícil, que venía caminando con un potencial expansivo, terrible, casi indetenible, continúa pese a los grandes esfuerzos institucionales y de gestión del Estado en toda su dimensión. El problema ahí está y el planteamiento es que requiere de más tiempo la Guardia Nacional, institución diseñada y creada para encargarse a nivel nacional de la seguridad pública, requiere aún del apoyo tan grande y tan importante de la Marina y del Ejército Mexicano. Ese es el planteamiento, esa es la razón por la que se trae aquí. ¿Qué se hizo? Se agregaron dos o tres conceptos. Uno, para darle un enfoque empático, de visión de respeto a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas y de descendencia afromexicana. Y otro, la necesidad de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública también se impulse al paralelo de todo este nuevo periodo de apoyo extraordinario, a la seguridad pública por parte del Ejército y la Marina, y que rinda informes cada periodo ordinario al Congreso de la Unión sobre a evolución, fortalecimiento y avance de las policías locales y municipales. Eso es el agregado. Ayer hubo una votación en la Comisión de Puntos Constitucionales más allá de los dos tercios de los miembros presentes, que era la totalidad prácticamente de la membresía de la comisión. La recomendación desde luego de toda la comisión, por mi voz, es que la consideren, que la mediten, que la aprecien en sus méritos y que la voten a favor para que siga su proceso hacia la otra Cámara. Pero este dictamen y lo que contiene es un llamado para el Congreso y para el país muy importante. Miren, me puse a recabar datos de cómo ha evolucionado el concepto de la seguridad en México y todos los documentos constitucionales se habla de seguridad interior y de seguridad exterior hasta el final. Hasta hace unos pocos años se empezó a hablar de seguridad pública y ahí empezaron las discusiones entre nosotros. Miren ustedes, desde la Constitución de Cádiz que nos atañía, la Constitución de Apatzingán, el acta constitutiva de la federación independiente, la Constitución del 24, las leyes centralistas del 35, el 36, las leyes orgánicas del año 43, de 1800, la Constitución sobredotada de liberalismo, de individualidad, progresismo y positivismo del año 57 y la del 17 hablan de que es facultad del presidente disponer de las Fuerzas Armadas de mar y tierra, lo fraseen de una manera o de otra, para la seguridad interior, lo fraseen de una manera o de otra, y para la seguridad exterior igual, siempre se habla de tranquilidad interna o de defensa exterior. ¿Qué sucede? Bueno, el país evolucionó. Los bienes y los males crecen socialmente, así sucedió y a la altura de los 90, en el año 95 se inscribió el concepto de seguridad pública, diciembre 94 en la Constitución, en el artículo 21 mandando que los tres órdenes de gobierno crearan el sistema nacional de seguridad pública. Hasta ahí, pues. Luego vino la ley reglamentaría que establecía las bases de coordinación para aquello y se definió el concepto de seguridad pública de una manera muy amplia. En aquel entonces se incluía a los tribunales y a la Corte como instituciones de seguridad pública, ¿por qué? Porque ayudan a conseguir los fines de la seguridad pública que son preservar los derechos, la persona, la familia, los bienes de las personas, el orden público y la tranquilidad social y vaya sino que con las sentencias, vaya sino que con la labor del Poder Judicial se contribuya a conseguir todo eso. Después se depuró el concepto, se limitó el concepto y se hizo qué, bueno una modificación al artículo 21 en donde se constriñó la seguridad pública, algo que parecer ser distinto a la seguridad interior y se limitó a las instituciones policiales nada más. De ahí la discusión en la que no acabamos de acomodar y de atinar y de ordenar los conceptos. Miren ustedes, contra aquella ley que estableció por primera vez en el Consejo Nacional de Seguridad Pública como miembros de ese consejo a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, hubo la primera acción de inconstitucionalidad del año 96, la interpuso el PRD y el Partido Acción Nacional entonces hicieron argumentaciones muy atendibles. La Corte finalmente dijo: El Consejo Nacional de Seguridad Pública no es una autoridad ejecutiva, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina tienen muchas funciones aparte de la disciplina militar y apoyan en otras tareas administrativas y de protección civil al país, siempre por orden del presidente. De tal suerte que bien pueden pertenecer en un esquema en donde el concepto de seguridad corresponde a todo el Estado mexicano a apoyar esa franja tan importante que es la del orden público, los derechos de las personas. Eso se resolvió en el año de 96 y hasta ahí estaban las cosas en orden. ¿Qué pasó después? Que el concepto de seguridad pública prácticamente expulsó la labor de las Fuerzas Armadas de las tareas de la seguridad pública y parece que divorció la idea de seguridad pública con la de seguridad interior. ¿Qué sucedió ahí más? Bueno, nos puso a discutir mucho en la calle, en los foros, en la academia y en el Congreso. Este Congreso, en el año 17 intentó hacer un esfuerzo importante, muy importante, para tratar de legislar en materia de seguridad interior y de definir qué significa la seguridad interior y de delimitar si fuera posible, de la seguridad nacional y de la seguridad pública, y lo hizo con toda la buena fe e invocó su facultad en el artículo 73, de legislar en materia de seguridad pública para derivar de ahí su fundamentación y legislar en materia de seguridad nacional y derivar de ahí su fundamentación para legislar en materia de seguridad pública. La Suprema Corte, en tres acciones de inconstitucionalidad resolvió que esa ley estaba más allá de las facultades del Congreso, porque no había disposición ni la hay, dice, valdría el mismo comentario, en todo el artículo 73 ni en ninguna otra disposición de la Constitución para que el Congreso pueda legislar en materia de seguridad interior. A mí me parece excedido y equivocado ese criterio, pero así lo resolvió y dijo, y dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación algo muy importante que debemos anotar con tinta no con lápiz, porque es el punto de partida para una discusión que nos debemos aquí en el Congreso y frente al país, un debate muy racional para bien de México es lo que nos falta dar en el tema. Dijo, la inconstitucionalidad de la competencia del Congreso para legislar en materia de seguridad interior no significa que las Fuerzas Armadas no puedan participar de manera condicionada excepcional en tareas de seguridad pública, bajo leyes civiles y al mando de una autoridad civil, por mandato, desde luego, del presidente de la República e invocó un criterio ya muy famoso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para quienes tienen la tendencia y la visión para estar a favor de toda esta corriente como un parangón por encima de toda norma jurídica, pues es una resolución que será muy conocida. Dijo, las Fuerzas Armadas pueden participar como última ratio, como la última razón de Estado pueden participar si ya no hay otra manera mejor de afrontar el problema de la seguridad interior o pública de un país y debe hacerlo de manera extraordinaria, de manera regulada, de manera fiscalizada, de manera subordinada a la autoridad civil y estas condiciones las indicó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 18 para invalidar toda la Ley de Seguridad Interior. Bueno, pues esas condiciones, esas precisas circunstancias que deben supervisar la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas extraordinarias de seguridad pública son las que se inscribieron, se anotaron de manera textual en el decreto que creó la Guardia Nacional en marzo del año 19 y que autorizó de manera excepcional y temporal hasta por cinco años a que el presidente de la República pudiera utilizar a la Marina y al Ejército Nacional en esas tareas bajo esas condicionantes, ahí están. De tal suerte que prolongar la vigencia de ese lapso de permiso constitucional obedece a las mismas razones y motivos justificados, fundamentados entonces, miren ustedes, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando a todos aclarar los conceptos. Debe haber un solo concepto de seguridad, como una razón principal del Estado mexicano para brindarle certidumbre, tranquilidad y orden y con ello desarrollo y todo lo que significa al país, a la población. La manera en que se fraseó la definición de seguridad interna, perdón, interior, es prácticamente la misma definición de la seguridad pública. Es una condición que tiene al lograr la supervivencia de manera permanente, dice, de los órdenes y de las instituciones de gobierno, eso dice el artículo 2 o 3 de esa Ley de Seguridad que se anuló. El Estado de derecho, el desarrollo del país y las instituciones sobre la función democrática. Pues la vedad, está dicho de otra manera, pero lo que trata ahí es de proporcionar las condiciones de lograr una definición que proporcione las condiciones necesarias para que el país avance en todos sentido, para que desarrolle el perfil y el trabajo de cada persona, para que le proteja, para que dé tranquilidad total, para que la seguridad interior, empatada prácticamente con la seguridad pública sean la razón superior del Estado mexicano al servicio de la nación. Miren ustedes, en este momento, en estos tiempos la defensa nacional o la seguridad nacional o la seguridad exterior, como han dicho todos los textos constitucionales desde 1800 hasta acá, ya no están fuera del país. Esto se ha repetido muchas veces, no estamos en posibilidad de ir a la guerra ni al norte ni al sur, en unos porque no podemos y en otros porque no podría significarnos una amenaza a la seguridad nacional. La amenaza a la seguridad nacional es adentro del potencial tan fuerte de esas organizaciones con una capacidad tremenda del juego de corrupción, de desplazamiento, que son las organizaciones criminales que siguen, por desgracia, ahí vivas. En otras palabras, la seguridad nacional voltea hacia adentro del país. Finalmente, todo debe ser considerado como un solo concepto de seguridad, nos falta poner el orden, las ideas e inscribirlo con buena razón en el centro de nuestra Constitución. ¿Qué necesitamos para ello? Ayer escuché a compañeros panistas decir cosas afinadas al respecto. Incluso, hasta provocaban la invitación para ponernos a discutir este tema. Creo que debemos tomarnos la palabra todos aquí, formar algún grupo de trabajo plural en donde empecemos a restaurar las buenas premisas constitucionales jurídicas de esa Ley de Seguridad Interior y quizá debamos hablar de una sola Ley de Seguridad y apartar sus diferentes tareas y funciones de acuerdo a las autoridades que las pueden desempeñar y de ahí, yo creo que podemos lograr mucho que se desdoble, que se desglose en una buena actualización del orden jurídico nacional. Escuché a los compañeros panistas hablar de la seguridad pública interior, quizás yo difiero un poco en que haya otro apartado de la seguridad interior. Creo que a estas alturas de la seguridad interior es lo que llamamos la seguridad pública, lo digamos de una manera o lo digamos de otra. ¿Qué tenemos? Un estado de cosas en donde es necesario prolongar esa situación transitoria en donde las Fuerzas Armadas, con permiso constitucional, deben seguir apoyando a la seguridad pública bajo las órdenes de su comandante civil que es el presidente de la República, y atenidas a las leyes civiles, al orden civil y a las condiciones de respeto absoluto a los derechos de las personas, a los derechos humanos. ¿Qué tenemos? Una gran provocación, en muy buen sentido de la palabra, para ponernos a trabajar en bien de México, como legisladores que estamos aquí por una razón: legislar, volver normas que les sirvan a toda la nación mexicana. Ojalá lo podamos conseguir. Muchas gracias.