El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en México los adolescentes representan el grupo de edad más vulnerable para el suicidio, las causas son problemas familiares y escolares, depresión, ansiedad, daño neurológico en etapas tempranas, así como el consumo de sustancias adictivas. Durante la última década, las defunciones por suicidio en la población mexicana entre 5 y 14 años de edad se incrementaron de 105 casos en el año 2000, a 150 casos en el año 2010. Estas cifras alarmantes indican que el suicidio es la cuarta causa de muerte en niños de entre 5 y 14 años de edad, la cuarta causa de muerte. Los pensamientos suicidas son trastornos mentales resultados de diversos factores ambientales, como la desintegración de las familias, la violencia y el desempleo. Aunque la Ley General de Salud ya considera algunos criterios de prevención, tratamiento y cuidado de los padecimientos relacionados al comportamiento humano y la salud mental, eso no basta pues se estima que casi 20 por ciento de la población tiene trastornos mentales y que eventualmente uno de cada seis lo desarrollará. Los niños, niñas y adolescentes siempre son los más desprotegidos, por lo que es necesario establecer que normas que permitan la detección temprana de los padecimientos eviten en lo posible su desarrollo. También debemos atender el tema de la información. ¿De qué servirá una legislación en la que los padres deban presentar atención inmediata a los problemas de conducta, si ellos no cuentan con la información suficiente al respecto, si no cuentan con elementos para detectar a tiempo esta problemática en sus propios hijos? El Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor del dictamen, debido a que es profundamente humano llevar a cabo acciones encaminadas a la atención de nuestras niñas y niños, y en este caso al acceso pleno de su salud mental. Solamente quisiera comentar que hablo de atención y no necesariamente de protección. Yo espero que las normas evolucionen tocando los términos con mayor precisión. Protección social es un concepto acuñado por el Banco Mundial en referencia a la necesidad de dar una protección básica y mínima a los pobres, y lo que nosotros debemos plantear para ser congruentes con los contenidos de nuestra Constitución es una claridad sobre el concepto de seguridad social como derecho humano. Yo por eso insisto que es necesaria una reforma en materia de salud, que resuelva su fragmentación y segmentación; los obstáculos económicos, geográficos, burocráticos y culturales; el acceso oportuno a los servicios de salud y medicamentos requeridos; la carencia de recursos físicos, humanos y financieros y su desigual distribución. Lo platicaba hace poco con una compañera diputada del PAN, de Ciudad Valles, cómo vamos a llegar a concretar el espíritu de este reforma, que se hace con la mejor de las intenciones, si en el ejido de Rancho Nuevo, en un ejido indígena de la zona tének, muy cercana a Ciudad Valles, no tienen médico. No podemos aspirar algo más cuando no hemos logrado incorporar lo básico. Cierro con una cita de Asa Cristina Laurell: El derecho a la salud es un valor ético de la sociedad y debe ser un derecho exigible de todas las personas, lo que significa que el Estado es el sujeto obligado de garantizarlo, de ahí nuestro voto a favor y la invitación a que nuestras comisiones en estos temas aborden lo que estoy planteando a propósito de esta reforma, que hoy seguramente se votará a favor. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.