El diputado Jaime Cervantes Rivera: Con la venia de la Presidenta. Los suscritos diputados federales de la LX Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, integrantes de grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Asamblea, la presente iniciativa de reformas y adiciones al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente: Exposición de motivos. La teoría constitucional clasifica las constituciones según el procedimiento que se siga para reformarlas, en rígidas o flexibles, según sea la dificultad que entrañe su modificación por los requisitos que se exijan. Las constituciones rígidas establecen un procedimiento complejo para su reforma, en tanto que las constituciones flexibles basta que un solo órgano legislativo así lo apruebe. Inclusive, desde el Constituyente Francés en 1789, se hace la distinción entre lo que es el Poder Constituyente, la Constitución, los Poderes constituidos que en ella se establecen y el poder revisor, conforme las ideas plasmadas por Emmanuel Siellez en su obra "Qué es el Tercer Estado". Ahora bien, en tanto que el pueblo es el titular de la soberanía, se expresa a través de un Congreso Constituyente cuya razón de existir es justamente la de aprobar una Constitución. Una vez que el Congreso Constituyente cumple su tarea se extingue. En el caso de que fuera necesario hacer alguna reforma o adición a la norma fundamental, tendría que estarse convocando continuamente al titular de la soberanía para que dictare lo que corresponde. Como este procedimiento de consulta puede resultar complicado, se ha determinado establecer en el propio texto constitucional el denominado poder revisor o Constituyente Permanente, el cual tiene la tarea de hacer las reformas constitucionales. En el caso de nuestra Constitución Política vigente desde el año de 1917, se estableció en el artículo 135 dicho poder revisor, estableciendo dicho precepto. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas locales de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Conforme a este precepto constitucional, podría establecerse que nuestra Constitución entra en la clasificación de las constituciones rígidas en cuanto a su proceso de reformas, ya que intervienen los siguientes órganos: las Cámaras del Congreso de la Unión, en donde la reforma o adición deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los individuos presentes y las Legislaturas locales de los estados, las cuales deben aprobar las adiciones o reformas por mayoría absoluta. Sin embargo, en los hechos nuestra Constitución ha resultado ser una Constitución flexible en cuanto a su procedimiento de reformas. Lo fue durante la época de los gobiernos priístas, porque el Legislativo se subordinaba a los dictados del Presidente. Baste recordar que en la administración de Ernesto Zedillo, que inició el 1 de diciembre de 1994, se promovieron reformas constitucionales a diversos ordenamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de ese año. Esto es, en menos de un mes el Constituyente Permanente aprobó dichas reformas. Otro aspecto que nos obliga a establecer que nuestra Constitución es flexible en su procedimiento de reformas es el que se refiere a que éstas deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los individuos presentes. En la actualidad, la Cámara de Diputados se integra por 500 legisladores. Para que ésta pueda sancionar válidamente, se requiere que se cuente con el quórum de ley: la mitad más uno de los legisladores, esto es, al menos 251 diputados. Existiendo quórum legal con al menos el número de legisladores antes citados, puede impulsarse una reforma constitucional con una votación calificada de dos terceras partes, que equivale a 167 diputados. En el caso de las Legislaturas de los estados, se requiere sólo la aprobación de la mitad de ellas. Siendo 31 Legislaturas estatales, basta con la aprobación de 16 de ellas para que una reforma constitucional sea aprobada. Sin embargo, nada se señala en el texto del artículo 135 constitucional en relación a que en los Congresos estatales debe darse una votación calificada de dos terceras partes, al igual que en las Cámaras del Congreso de la Unión. O bien, si existieran, se tengan que atender las reglas de votación de reformas a la correspondiente Constitución del estado de que se trate. Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo de esta LX Legislatura somete a su consideración esta iniciativa de reformas y adiciones al artículo 135, que tiene el propósito fundamental de establecer un procedimiento dificultado de reformas en el accionar del poder revisor de la Constitución. Nos guía el ánimo de que haya una efectiva distinción entre lo que es el procedimiento legislativo ordinario respecto al procedimiento legislativo constitucional. Para ello proponemos que en el texto del artículo 135 constitucional se establezca que una reforma constitucional deba ser aprobada en el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes. Esto es, en la Cámara de Diputados, que se integra por 500 legisladores, deberán ser 333 diputados los que la aprueben. En la Cámara de Senadores, que se integra por 128 senadores, deberán aprobar las reformas 85 senadores, con lo cual se garantizaría un pleno consenso en la aprobación de dichas reformas o adiciones a nuestra norma suprema. También proponemos que se establezca que las adiciones o reformas a la Constitución deban ser aprobadas por las dos terceras partes de las Legislaturas de los estados, lo que equivale a un número de 31 Legislaturas, siendo las dos terceras partes de ellas 21 Legislaturas de los estados que aprueben las reformas. Asimismo, proponemos la adición de un segundo párrafo, en el cual se establece que las Legislaturas de los estados deban aprobar las adiciones o reformas a la Constitución mediante una votación calificada de las dos terceras partes de los integrantes de cada órgano legislativo. Compañeras y compañeros diputados, los tiempos que vive México obligan a garantizar la supremacía de la Constitución y que cada reforma o adición que se le haga sea expresión de acuerdos políticos nacionales y no de acuerdos coyunturales. Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción LVI y LXVII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas y adiciones al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por al menos las dos terceras partes de las Legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de la Legislatura y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones y reformas. En cada Legislatura se requerirá que las adiciones o reformas a esta Constitución sean aprobadas por al menos las dos terceras partes de los integrantes de cada Legislatura de los estados. Artículo transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de septiembre del año 2006. Atentamente, por el grupo parlamentario firma el diputado Ricardo Cantú Garza, Rubén Aguilar Jiménez, Abundio Peregrino García, Santiago Gustavo Pedro Cortés, Pablo Leopoldo Arreola, Anuario Luis Herrera Solís, Rodolfo Solís Parga, María Mercedes Maciel Ortiz, Félix Castellano Hernández, Joaquín Humberto Vela González, Rosa Elia Romero Guzmán, Silvano Garay Ulloa y un servidor, Jaime Cervantes Rivera. Es cuanto, muchas gracias.