La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su venia, presidente. Compañeros diputados y diputadas, pueblo de México, en México cada vez es más evidente la preferencia que se brinda a sociedades de inversionistas extranjeros, observando con ello de nueva cuenta el tema de vulnerabilidad a los derechos de los ciudadanos mexicanos. El tema que nos ocupa es el relativo a los estímulos fiscales, los cuales se plasman en el artículo 16 del presente dictamen. Específicamente me refiero a la fracción VII, en la cual se establece el apoyo mediante dichos estímulos a los contribuyentes que sean titulares de concesiones y asignaciones mineras. Si bien es cierto que no establece de manera directa en este dictamen el apoyo a los contribuyentes extranjeros, sí lo establece en el artículo 11 de la Ley Minera, en su fracción III, en la cual se establece entre otras cosas que se consideran legalmente capacitadas para ser titulares de concesiones mineras, las sociedades en las que la participación de inversionistas extranjeros se ajuste a las disposiciones de la Ley de la materia. Con lo anterior de ninguna manera se pretende establecer una oposición a la inversión extranjera, sin embargo lo que sí es importante es dejar claro que el Grupo Parlamentario de Morena es partidario del respeto irrestricto del marco jurídico que nos rige. Me refiero al artículo 73 de nuestra Carta Magna, en el cual se contienen las facultades del Congreso de la Unión, y en su fracción XXIX-F, establece entre otras cosas, que tiene facultad para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana y a la regulación de la inversión extranjera. ¿Pero qué vemos en este dictamen? Vemos un estímulo a la inversión extranjera, sin que exista una promoción de la inversión nacional, como mandata la disposición en comento. Gran parte de las reformas que se han propuesto y aprobado en este recinto han perjudicado al país, y en este caso no es la excepción, ya que lo anterior resulta en beneficio de extranjeros, más que de los propios mexicanos, para la explotación de los recursos nacionales del país. Con lo establecido en el artículo 16, apartado A, fracción VII de este dictamen, nuevamente se abre la puerta a la corrupción, ya que se insiste, se está dando prioridad a compañías extranjeras al otorgárseles estímulos fiscales como contribuyentes, ello por encima de empresas o contribuyentes nacionales. Lo cual evidentemente es contrario al fomento de la actividad económica local del país. Finalmente, para Morena esto representa de nueva cuenta, contrario al respeto de los derechos colectivos de los mexicanos, ya que cada vez nuestro país y sus recursos están en manos de extranjeros, a quienes se les abre la puerta para extraer recursos nacionales de manera libre y con incentivos fiscales, que afectan la estabilidad de las empresas nacionales. La reserva a la fracción X. Un Estado incluyente que piense en promover más y mejores medidas de gobierno, que permitan la satisfacción de las necesidades de la población, es el que esperamos las y los ciudadanos de nuestro México. El artículo 1o. de nuestra Constitución establece las condiciones en las que el Estado deberá otras cosas promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Asimismo en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la fracción V de su artículo 5o. prevé lo relacionado con los derechos de que deben gozar este sector de la población con respecto a las oportunidades de trabajo. En ese sentido, es muy importante que se estimule a los contribuyentes que dentro de su planilla laboral cuenten con los servicios de personas que padezcan de alguna discapacidad y/o cumplan con la edad de 65 o más años, tal y como lo estipula en esa materia el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El dictamen que hoy nos ocupa establece en la X fracción del artículo 16, un estímulo fiscal adicional para los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto sobre la renta que empleen a personas que padezcan algún grado de discapacidad, por lo que se puede advertir, en el mismo dictamen, que se deja afuera de estas medidas de estímulo adicional a los contribuyentes que contraten a personas adultas mayores, situación que desincentiva la contratación de personas de 65 años o más, circunstancia que puede promover la vulnerabilidad multidimensional por carencia de ingresos por falta de empleo, según conceptos del Coneval. Asimismo, el último párrafo de la fracción X del artículo 16 del dictamen, se establece que el estímulo fiscal adicional que se pretende aprobar, no se podrá aplicar en el mismo ejercicio fiscal cuando se haya aplicado el estímulo previsto en el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, texto que crea cierta confusión para su interpretación, ya que se percibe como un obstáculo más para hacer efectivo los estímulos que nos ocupan. Debemos dejar claro que para el Grupo Parlamentario Morena siempre serán bien vistas todas las acciones que permitan reconocer a las personas con discapacidad, así como a las personas adultas mayores, sus derechos humanos y el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su bienestar. Sin embargo, cuando dichas acciones no son claras o cuentan con ciertos candados que complican su eficiencia y aplicación en beneficio de la población de nuestro país, lo señalamos y, por supuesto, que no estaremos de acuerdo por obvias razones, mismas que hemos expuesto en esta reserva. Es necesario que en todas las reformas que se lleven a cabo se les adicione la forma obligatoria de un alto grado de sensibilidad, de tal manera que evitemos, en todo momento, la afectación de la clase que menos recursos tiene y cuidando cumplir con el principio de imparcialidad que debe observarse en beneficio del bien común de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.