El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Es menester para los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentar la presente moción suspensiva, puesto que el dictamen que ahora se somete a discusión de esta soberanía constituye un verdadero retroceso en materia de derecho laboral, una regresión en materia de derechos humanos y un intento cínico por golpear al sector de la sociedad más vapuleado en el marco de la política económica. En la parte expositiva de la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo se hace mención que con ésta se persigue recoger las nociones fundamentales. En este sentido, las bregas por el reconocimiento de los derechos laborales han constituido el principal hito para definir el constitucionalismo de los estados modernos y el sistema garantista que yace como corolario. Por otro lado, las instituciones creadas y sostenidas para reivindicar los derechos de los trabajadores llevan implícitos los principios fundamentales de justificación y de legitimación del Estado. En consecuencia, cabe hacer énfasis en que el dictamen que se somete a discusión ante esta instancia carece totalmente de legitimidad, y no sólo eso, sino que además adolece severamente de inconstitucionalidad. En primer lugar, porque su contenido no guarda conformidad con los principios de derecho laboral consagrados en el artículo 123 de nuestra Carta Magna y, en segundo lugar, porque se pretende echar mano de una figura incorporada en el segundo párrafo del artículo 71 constitucional, la llamada iniciativa para trámite preferente, sin mediar la legislación secundaria correspondiente para darle un carácter funcional como derecho subjetivo. Como se puede observar, por principio de reserva de ley, el cuestionable titular del Ejecutivo debió esperar a que el Congreso de la Unión expidiera la legislación correspondiente para hacer cumplir lo dispuesto por el artículo 71 constitucional antes de intentar echar mano de la figura de la iniciativa preferente contenida en este dispositivo, y tomar por su cuenta a la Carta Magna tanto como derecho objetivo, tanto como derecho subjetivo. Siendo la materia laboral de tal relevancia, en todo caso el cuestionable titular del Ejecutivo debió esperar a que los ciudadanos tomaran como derecho subjetivo lo dispuesto en la fracción IV del propio artículo 71 constitucional, por medio de la cual los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, podrá tener derecho de la iniciativa, así como al Congreso tendría que tener en la mesa para su constante análisis, estudio y discusión dos iniciativas cuando menos, una venida de la sociedad civil y la correspondiente al personaje espurio. En todo caso, ambas tendrían que estar procedidas de la realización de un sinnúmero de foros, coloquios, seminarios, mesas de diálogo y, sobre todo, consultas populares en la que se discutan los principales temas en lo que es indispensable avanzar y en lo que se identifican los beneficios que tendría la actualización del marco laboral. Esto sin contar los cientos de iniciativas que se han presentado y se deben presentar ante el Congreso de la Unión por parte de las diversas fuerzas políticas para tratar de reformar el régimen del derecho laboral, el cual no debe olvidar, fue en su momento y seguirán siendo, motivo de orgullo nacional y un producto de exportación para el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Compañeros legisladores, como se acaba de leer, reitero muy claro que esta reforma que presenta el Ejecutivo carece de toda legitimidad y derecho, lastimando el espíritu constitucional. Al presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa y a algunos de los compañeros diputados de esta legislatura, ya se les olvidó, ya se les olvidó que los trabajadores mexicanos son la base de la productividad y del progreso de esta nación. Al presidente de la república ya se le olvidó que el sudor, el esfuerzo, el trabajo y muchas de las veces la salud, han cambiado por un salario para subsistir con su familia, un salario que no es digno ni decoroso como tanto se pavonean. Nosotros como legisladores y representantes de la sociedad civil, principalmente de los mexicanos y mexicanas más vulnerables de la sociedad, debemos defender sus derechos laborales. No más humillaciones, no más golpes al bolsillo del mexicano, no más golpes al ánimo de seguir adelante. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.