La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Sordo, ciego, retrasado mental, incapaz, discapacitado, inválido, disminuido, impedido, deficiente. Las palabras importan, pueden herir de forma indeleble o conducir a realizar acciones positivas. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que hoy someto a la consideración de este honorable pleno, busca adecuar la legislación de 19 ordenamientos jurídicos, a fin de establecer un lenguaje propicio e inclusivo para las personas con alguna discapacidad. Nuestra Constitución Política establece en el último párrafo del artículo 1, que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana. A pesar de lo anterior y de que nuestro país es parte de un gran número de tratados internacionales en materia de derechos humanos, aun nos falta tomar medidas en materia de discriminación. Particularmente, en cuanto al lenguaje que se utiliza para referirnos a las personas con alguna discapacidad en la legislación nacional. En Nueva Alianza somos defensores de la igualdad, exigimos un respeto absoluto a la dignidad de las personas. Y por tal motivo, para nosotros es fundamental que las leyes que nos rigen contengan un lenguaje acorde con el respeto a los derechos humanos, que sea congruente con la Constitución y con los compromisos internacionales de los que México es parte, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La propuesta que someto a su consideración no es de carácter cosmético. No lo digo yo, lo afirma la Organización Mundial de la Salud que señala que el nombre que le damos a las cosas se relaciona íntimamente con nuestro modo de afrontarlas, sobre todo cuando el nombre repercute en nuestra felicidad o infelicidad cotidiana y en la forma de organizar lo social y abordar igualdades o desigualdades entre los humanos. Referirnos a las personas como discapacitados y otros de los términos que señalé al inicio de mi intervención, le restan, por sí mismo, humanidad e individualidad a las personas, las reducen a circunstancia o a padecimientos. Las palabras sí importan, compañeras y compañeros, las palabras marcan, las palabras dejan una huella indeleble en las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud discapacidad es un término genérico que engloba diversos componentes, deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Sin embargo, y como lo refiere la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Lamentablemente, compañeras diputadas, compañeros diputados, muchos textos jurídicos del derecho mexicano no han evolucionado y conservan percepciones y conceptos que están muy superados y que estamos obligados a modificar. De acuerdo con el Inegi, la cifra para 2015 reportó que las personas con alguna discapacidad en nuestro país se incrementó y que 6.6 por ciento de la población mexicana reportó tener alguna discapacidad. Para nosotros en Nueva Alianza es imperativo y sustancial adecuar las normas jurídicas para ser más inclusivos con las personas. De las palabras deber surgir acciones. En el marco de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora el 21 de marzo, quiero invitarlas, compañeras y compañeros, a que se sumen a este esfuerzo; un esfuerzo que no es aislado y forma parte de un trabajo legislativo enfocado a visibilizar un tema de suma importancia en la agenda nacional como es la inclusión de las personas con discapacidad. Pido su apoyo, pido su respaldo. Tenemos deuda con esas personas y estamos obligados a legislar también para ellos. Muchas gracias.