El diputado Jorge Martínez Ramos: Buenas tardes. Con su venia diputada Presidenta. Desde los 23 puntos constitucionales dadas a la Nación por Morelos en la Ciudad de Chilpancingo en 1813, ya existía el interés en México por construir una nación en donde se moderara la opulencia y la indigencia y de tal suerte aumentar el jornal del pobre, mejorar sus costumbres, alejar la ignorancia, la rapiña y el hurto, es decir, se planteaba desde entonces un proyecto de justicia social para nuestro país. En 1847, Ponciano Arriaga impulsó una Ley de Procuraduría de los Pobres, que tenía entre sus objetivos ocuparse exclusivamente de la defensa de las personas desvalidas, denunciando ante las autoridades respectivas y pidiendo pronta e inmediata reparación sobre cualquier exceso, agravio, vejación, maltrato o tropelía que contra aquella se cometieren, ya sea en el orden judicial, político o militar del Estado, bien tenga su origen de parte de alguna autoridad o bien de cualquier otro funcionario o agente público. Nuestra Constitución de 1917, ha sido reconocida como el primer texto fundamental de carácter social a nivel internacional. Los derechos sociales abundan en nuestra Carta Magna, sin embargo, su alcance efectivo ha resultado limitado, deformado o simplemente cancelado por la realidad política. Cabe señalar que en nuestro país los derechos sociales fueron capturados por la lógica de un sistema político, que se basó en buena parte en su legitimidad en esquemas paternalistas que más que hacer efectivos esos derechos, creó mecanismos asistencialistas, aunque estos mecanismos durante un tiempo propiciaron resultados que pueden calificarse como no manifiestamente injustos, eso fue logrado al precio de desactivar cualquier contenido de los derechos sociales. Como es de observarse, el pueblo de México, históricamente ha luchado por conquistar un destino acorde con los principios de un estado social y democrático de derecho y aunque actualmente contamos con la figura constitucional del ombudsman, consideramos que a pesar de que su papel y el de las comisiones de las entidades federativas se ha fortalecido y generado confianza entre la ciudadanía durante la última década, entendemos que un sistema democrático y social de derecho debe apuntar hacia sistemas de atribuciones más amplios, autónomos e independientes. Asuntos tan importantes como los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos y los llamados intereses difusos, constituyen uno de los pendientes en materia de justicia social que no se han atendido eficazmente por parte de las instancias responsables de brindarles cumplimiento. En ese sentido, la CNDH ha cumplido un papel limitado que en nada genera un estadío superior de realización concreta de los derechos sociales del pueblo mexicano. El marco constitucional vigente de la CNDH tiene serias limitaciones al no contar con la competencia en asuntos de orden laboral, electoral y jurisdiccional. México debe transitar hacia un modelo de defensoría en el que existan instituciones que garanticen jurisdiccional y no jurisdiccional, como garantías para que puedan ejercerse y sean plenamente vigentes los derechos humanos de naturaleza social. Con la iniciativa que se propone se pretende crear un órgano constitucional denominado: "Defensor del Pueblo", mismo que sustituiría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuya atribución será proteger las garantías individuales que reconoce la Constitución Política desde 1917, los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, así como los intereses difusos. Cabe señalar que por intereses difusos debemos entender, aquellos bienes que atañen a una comunidad, que es asumida por los ciudadanos que no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, entre los cuales no existe un vínculo jurídico, pero representan a un segmento importante de la sociedad, como por ejemplo, los derechos del consumidor o el derecho de los usuarios de algún transporte colectivo, entre otros. Por otra parte, los derechos colectivos trascienden en lo individual y es en el que se encuentran una serie de personas unidas por un vinculo jurídico como sería el caso de las asociaciones de profesionistas, los sindicatos, los habitantes de un área determinada o un grupo de vecinos. Proponemos además, la creación de la figura del amparo social en el cual el Defensor del Pueblo será el titular de esta acción por la violación de los derechos de esta naturaleza, a través de su intervención mediante queja o de oficio; desde luego, el Estatuto Constitucional de nuestro defensor, tendrá autonomía de gestión y presupuestaria personalidad jurídica y patrimonio propios. Proponemos además dotar de legitimación al Defensor del Pueblo para acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interponer la acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, que lesionen los intereses nacionales y colectivos. En la propuesta se establece que cuando la Suprema Corte de Justicia establezca jurisprudencia en la que se resuelva que una norma general es inconstitucional o determine una interpretación conforme a la Constitución, emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad o la de interpretación, conforme a la cual se fijarán sus alcances y condiciones. En la presente iniciativa de reforma constitucional también se propone incluir un apartado "B" al artículo 107 que fundamentalmente establecerá las reglas y criterios del amparo social que se promoverá y sustanciará, a petición del Defensor del Pueblo, o bien de cualquier persona a nombre de toda la sociedad o grupo afectado por la violación de sus derechos sociales. Otra innovación importante de este propuesta es que rompe con el principio de relatividad de las sentencias o formula Otero que, rige actualmente el juicio de amparo que protege únicamente al afectado en su esfera individual y carece de efectos generales. Se establece que las sentencias que otorgue la protección constitucional solicitada por el Defensor del Pueblo, o por cualquier persona a nombre de la sociedad, tendrá efectos de generales. El amparo social se funda en la garantía que otorga el orden social e internacional de los derechos de seguridad social, económicos, sociales y culturales y sobre éste particular conviene destacar los textos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyos artículos 22 y 28, que aparecen en texto –y dejó para que forme parte de él y no leo por economía procesal-. México atraviesa por un momento en que las instituciones del Estado no han dado respuestas eficaces a la sociedad mexicana, para salvaguardar sus derechos tanto individuales, como sociales y colectivos. La sociedad demanda de este Congreso de la Unión, respuestas que atiendan las graves carencias que tiene el pueblo de México en cuanto a la eficacia y la protección de sus derechos. El Defensor del Pueblo y las reformas que se proponen para incluir la novedosa figura del amparo social, pretenden satisfacer un fuerte anhelo de justicia que ahora se ha venido a concentrar en amplias capas de la sociedad. Sin duda alguna, la propuesta de reforma constitucional para crear El Defensor del Pueblo y para sentar las bases jurídicas del amparo social, constituye una propuesta trascendental para la construcción de instituciones republicanas al servicio del pueblo de México. Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de las figuras de: Defensor del Pueblo y el Amparo Social. Artículo Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 17, la fracción VI del artículo 95, el apartado "B" del artículo 102, el artículo 103, el inciso c) de la fracción II del artículo 105 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 14 y un apartado "B" del artículo 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Por economía me voy al 95. Articulo 95. Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia se necesita: 6°. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Defensor del Pueblo, Senador, etcétera. Artículo 102 apartado "B". "El Congreso de la Unión establecerá un órgano de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos humanos, de los intereses difusos y los derechos colectivos que reconoce esta Constitución para la protección del orden jurídico mexicano. Este órgano será titular de la acción de amparo contra la violación de los derechos sociales a los cuales se refiere la fracción II del artículo 103 de esta Constitución y actuará ya sea por queja o que ante él se presente o bien discrecionalmente o de oficio. El órgano se denominará "Defensor del Pueblo" y tendrá autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Su titular será elegido de una terna por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente. Una ley reglamentaria determinará los mecanismos de elección y la forma procesal de gestionar judicialmente a los órganos del Poder Judicial de la Federación o los procedimientos administrativos a cumplir ante los tres Poderes de la Unión a las situaciones distintas a la acción de amparo por violaciones a los derechos sociales". Me voy al 103. "Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de autoridad: a). Que violen las garantías individuales y los derechos humanos garantizados en el capítulo primero, título primero de esta Constitución; b). Que lesionen esos derechos en forma indirecta con motivo de la invasión de esferas competentes de la Federación o por parte de los estados o el Distrito Federal o de éstos, respecto de las esferas federales o; c). Que afecten los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales suscritos por nuestro país y ratificados por el Congreso". 2º. "Por leyes o actos de autoridad en violación o desconocimiento de los derechos sociales que otorga esta Constitución, los cuales igualmente incluyen los derechos económicos, sociales y culturales, así como los intereses difusos y los derechos colectivos y los de protección al medio ambiente, siempre que estas leyes o actos se ejecuten o traten de ejecutarse en perjuicio de todo el cuerpo social o de un género, un gremio, un grupo o una comunidad en particular". Por economía procesal, solamente leeré ya el 107 en el apartado "A": "Tratándose del juicio de amparo por violación de los derechos humanos a que se refiere la fracción I de dicho artículo 103, el mismo se ajustará a los siguientes requisitos: Cuando la Suprema Corte de Justicia Establezca jurisprudencia en la que se resuelva que una norma general es inconstitucional o determine una interpretación conforme con la Constitución, emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad o la de interpretación conforme en la cual fijará sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria". Se me ha terminado el tiempo, Presidenta, dejo el documento para que obre en los anales con los artículos transitorios y le suplico su turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como a la de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias.