El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: Muchas gracias, compañero Presidente y solicito igualmente que se pueda anexar en el Registro de los Debates, el texto íntegro de la Exposición. Compañeras y compañeros Diputados. Iniciativa con proyecto de Decreto Interpretativo del 6º párrafo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deseamos reivindicar la Facultad Interpretativa de este Congreso hacia la Constitución, debido al conflicto que nos ha generado la dudosa procedencia de legalidad de los permisos de Generación de Electricidad a generadores privados de electricidad. La Ley Suprema actualmente señala en su Artículo 70, que 'toda resolución del Congreso tendrá carácter de Ley o Decreto y que la facultad prevista en el Artículo 72 Inciso F) de la Ley Fundamental, se erige como un mecanismo de control, incluso superior a la Jurisprudencia; ello en razón de que la obligatoriedad de esta última se encuentra limitada por la Ley. En cambio, la interpretación del Poder Legislativo, tendría formalmente el rango de Ley, ya que sus actos pueden adoptar la forma de Ley o Decreto y por ende, sería obligatoria para todos los órganos que le aplican, así como para los gobernados que deben cumplirla. El Congreso de la Unión, al ejercer la facultad referida, se convierte en el auténtico intérprete tanto de leyes federales como de la Constitución. En este último, comparte con las Asambleas Legislativas Locales, en sus respectivos ámbitos. El procedimiento contenido en el Inciso F) del Artículo 72 de la Carta Fundamental, es conocido como Duda de ley, mismo que sigue el procedimiento de formación legislativa y con el cual se caracteriza al Congreso de la Unión como intérprete auténtico. No obstante la facultad contenida en el citado Inciso, mediante el cual se erige al Legislador en intérprete vinculante, son nulas las veces que se recurre a ella. Que el motivo del presente Decreto es ejercer la facultad anteriormente expuesta, con el único propósito de interpretar la ultima parte del párrafo 6º del Artículo 27, del Código Político de 1917, que a la letra dice: Corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Que si bien es cierto que en el Congreso del 17 no contempló al Sector Eléctrico, este se fijó hasta el año de 60, estableciendo que corresponderá a la nación de manera exclusiva, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación del servicio público, donde quiera que se lesionara el interés de la sociedad, donde quiera que los intereses sociales demandaran la intervención del Estado, ahí debería actuar este por mutuo proprio o por exigencia del pueblo mexicano. Que todas las obras en beneficio colectivo que los servicios públicos debían orientarse al servicio de las colectividades y no al beneficio de unos pocos, ese fue el espíritu del Constituyente Permanente, en voz del Diputado José Guillermo Salas Armendáriz. Se agregaba a la Exposición de Motivos del Ejecutivo, que la prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica correspondiendo a la generación, la formación y distribución así como las demás operaciones o actividades industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto, requieren ser realizados directamente por el Estado a través de los órganos competentes, ya qsue México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básica, han de estar al servicio de la colectividad y de elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano. Las Comisiones de las Cámaras de Diputados dictaminaron la Adición Constitucional del 8 de Noviembre de 60, consideraron atendibles las razones de la reforma propuesta por la Cámara de Senadores, a efecto de agregar la palabra "conducir" antes de transformar, atendiendo razones de orden técnico, pues en su opinión, la industria eléctrica comprendía también las actividades de conducción del fluido eléctrico para su transformación y distribución. Concluyen en su dictamen los integrantes de las Comisiones, que establecido con claridad meridiana el derecho del Estado Mexicano sobre los recursos naturales de su territorio, es consecuencia ineludible que el aprovechamiento de ellos, cuando media el interés colectivo, debe ser hecho por el propio Estado, dejando a los particulares ese mismo aprovechamiento cuando solo quede en (?) estado individual sin trascender a un servicio público, esto es particularmente importante en e debate que hoy tenemos, o que vamos a tener, en el asunto de la Ley de Energía Renovable, ya que no hay, previsto en la Constitución, qué hacer por ejemplo con el viento como recurso natural. En el debate del 15 de noviembre de 60 hubo diputados como Eduardo Molina Castillo que mantuvieron una posición en cuanto a que la adición al sexto párrafo del 27 Constitucional, no había sido una nacionalización de la industria eléctrica, no obstante lo anterior, Francisco Pérez Ríos manifestó, entre otros aspectos, que la nación no el estado, había recuperado su soberanía, se había emancipado de un coloniaje eléctrico que durante 80 años hemos llevado a cuestas, se ha emancipado de pagar esos salarios fabulosos a los directivos de la Mexican Layan Power (?), que tenían sus grandes oficinas en Toronto. Y en otra parte de su discurso señaló: la nación no el estado ha recuperado su soberanía, se reserva el derecho de producir, de generar y de distribuir energía eléctrica. El acto de reivindicación de los bienes de la nación al servicio de la misma, es un acto que la historia juzgará como uno de los más positivos del presidente de la república Adolfo López Mateos. El diputado José Guillermo Salas Armendáriz, en uso de la voz, afirma que, era necesario una reforma constitucional que impidiera en lo futuro, pudiera nuevamente esas empresas volver a manos de los extranjeros, y por esto esta medida, inspirada en ese profundo sentido de justicia social, quiere poner únicamente al servicio de la nación, al servicio del pueblo de México, los recursos de su potencialidad. El gobierno de México lo quiere servir, las empresas eléctricas que adquirieron, no porque fuera una operación comercial favorable sino porque era una imperiosa, una urgente necesidad del país, poder controlar y administrar y dirigir, con un sentido de justicia social, ese potencial eléctrico en beneficio del pueblo que lo está solicitando. Finalmente, se vaticinaba, este triunfo nacional, debe ser acompañado por la fuerte y profunda meditación y funcionarios y técnicos de la industria eléctrica, para que en el momento de formular la Ley Reglamentaria no vaya a ser pronto motivo de lamentaciones, como lo es en toda nuestra legislación eléctrica anterior, o vayamos a cometer la imprudencia de convertir este rayo de luz en el relámpago de una tormenta de privaciones y agresividades, que vuelvan a frenar el desarrollo de México. El Artículo 27 señala de manera enfática, en la última parte de su párrafo sexto, que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación del servicio público en esta materia, nos otorgarán concesiones a los particulares, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto interpretativo de la última parte del párrafo sexto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ARTICULO UNICO.- Que la prohibición contenida en la última parte del párrafo sexto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es para no otorgar concesiones, autorizaciones, permisos, contratos ni cualquier otro acto jurídico similar o análogo, a los particulares en cuanto a generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación del servicio público. TRANSITORIO. ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de septiembre de 2005. Suscriben un servidor, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar; la diputada Rosa María Avilés. Queremos subrayar la importancia de asumir esta facultad interpretativa del Congreso ante la obviedad de que el país pueda perder rumbo en su política energética, y lo dejamos a su discusión. Muchas gracias señor presidente y dejo el texto íntegro.