El diputado Eduardo Sánchez Hernández: Con su permiso diputado Presidente. El proceso democrático de México ha tenido como propósito fundamental la construcción de un sistema electoral capaz de otorgar confianza a la sociedad, a los partidos políticos y a sus candidatos, como resultado de este largo proceso en 1990 surgió el Instituto Federal Electoral, en sus más de tres lustros de existencia el IFE ha experimentado profundas transformaciones que lo han convertido en una institución sólida y confiable. Sin embargo, después del proceso electoral de 1997 se dieron una serie de cambios que no correspondieron con los objetivos del proceso. Sin pretender ser exhaustivo en el análisis, vale la pena mencionar algunos de ellos. En primer lugar, es de señalarse el crecimiento excesivo en la cantidad de personal durante los años no electorales. Baste recordar que en septiembre de 2005 el IFE había llegado a más de 14 mil plazas; su gasto operativo tuvo un crecimiento desmedido, producto del exceso de personal y las elevadas remuneraciones para los mandos superiores y medios que superan con mucho a las autorizadas para cargos iguales en la Administración Pública Federal y en el Poder Legislativo. Por otro lado, es de mencionarse que la autonomía operativa de los órganos ejecutivos se ha visto reducida o negada por la creación de comisiones permanentes integradas exclusivamente por consejeros electorales que invaden la esfera de competencia de los servidores de mando ejecutivo y de las juntas ejecutivas. Otro tema que no podemos dejar de observar es el hecho que ante la falta de acuerdos de las tres fracciones parlamentarias de mayor peso numérico en la pasada Legislatura, la elección de los actuales consejeros electorales se realizó sin la participación del Partido de la Revolución Democrática. Este hecho devino en la debilidad de origen de los consejeros aquí electos. Además, es necesario decirlo, varios de los consejeros electos, que a decir de los conocimientos y experiencia en la materia... y es que en el 2003 se privilegió el acuerdo por cuotas partidistas sin reparar en el análisis de los perfiles y la capacidad profesionales de los candidatos designados. El costo de aquellos errores, hoy sigue vigente. En el curso del proceso electoral del año pasado, el IFE se vio desbordado, retado por la injerencia directa del entonces titular del Ejecutivo federal, quien utilizó impunemente los recursos públicos y el privilegio de su acceso a los medios de comunicación para afectar a los candidatos de los partidos opositores al suyo. Fue así que la propaganda de las campañas adquirió tintes de difamación e injuria. El debate de ideas y proyectos quedó de lado y se impuso una guerra mediática de lodo y piedras. Es probable que la abstención observada por casi la mitad de los ciudadanos el año pasado, tenga una explicación —o buena parte de ella— en esta guerra de injurias entre candidatos y partidos. Ante tan lamentables hechos, los consejeros electorales desestimaron los reclamos que les pedían intervenir para frenar los excesos del Presidente y reencauzar las campañas electorales. Fue entonces necesaria la intervención del Tribunal Electoral para que estos funcionarios asumieran su responsabilidad, y aún así, lo hicieron mal y tarde. De ahí que resulta necesario realizar y agilizar propuestas para mejorar al máximo órgano electoral federal. Se trata de un ejercicio en positivo, no de un ajuste de cuentas y mucho menos de revancha. No se trata de volver la mirada al pasado sino de mirar al futuro. En materia de democracia hay mucho qué avanzar y debemos de reconocerlo. Hoy tenemos la oportunidad histórica de avanzar con serenidad hacia la tercera generación de reformas que corrijan lo que no funcionó, consoliden los progresos alcanzados y proyecten a las instituciones electorales hacia una etapa en que la confianza sea producto de un mejor diseño institucional. Es por ello que someto a la consideración de ustedes, las siguientes propuestas: En materia constitucional propongo implantar la renovación escalonada de los consejeros electorales como método necesario para permitir que el cambio se dé con continuidad y se aprovechen al máximo los conocimientos acumulados; la renovación en un solo momento de todos los consejeros electorales es una de las causas de improvisación y pérdida de capital humano que tanto ha afectado al IFE. Para alcanzar este objetivo y hacerlo compatible con la celebración de los procesos electorales que tienen lugar cada tres años, propongo aumentar el plazo del mandato de los consejeros electorales de siete a nueve años; propongo asimismo eliminar el cargo de consejeros electorales suplentes. Estas suplencias quizá fueron justificadas cuando la Cámara de Diputados sesionaba sólo durante un período ordinario, lo que ya no es el caso hoy en día que esta soberanía sesiona durante siete de los 12 meses del año. Esta iniciativa propone modificar la representación del Poder Legislativo ante el IFE. La actual forma, un consejero por cada grupo parlamentario sin importar su origen por Cámara, ha conducido a que los consejeros del Poder Legislativo actúen como parte de la representación partidista, duplicando así la representación de los partidos en forma tan innecesaria como contraproducente. Es por ello que propongo que la representación del Poder Legislativo se realice a través de un legislador por cada Cámara del Congreso electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de ellas y a propuesta de su Mesa Directiva. Por lo que hace al Cofipe, propongo que la elección del consejero presidente la lleve a cabo la Cámara de Diputados, a partir de una amplia consulta pública de la que surjan las propuestas que presente cada grupo parlamentario. Se propone también el procedimiento a seguir para el caso de ausencia definitiva del consejero presidente o de los consejeros electorales, especificando que será la Cámara de Diputados la única facultada para cubrir la vacante. Asimismo, se establece que tanto los consejeros representantes del Poder Legislativo como los de los partidos políticos no podrán percibir remuneración o prestación alguna de parte del instituto, en virtud que esas erogaciones ya son cubiertas con financiamiento público de diversa índole. Propongo definir reglas que normen la asignación de espacios y equipo a los representantes de los partidos políticos y a los representantes del Poder Legislativo. En especial, la propuesta postula la aplicación de criterios de proporcionalidad a tales asignaciones hoy regida por una ilógica política de igualdad entre partidos políticos. En lo relativo al requisito de título profesional para los consejeros electorales, se propone eliminar la referencia al confuso concepto de formación equivalente y en su lugar establecer que el título profesional haya sido obtenido al menos cinco años antes de su designación. De igual forma se propone una proposición que no es semántica sino de fondo; que en lugar de establecer que el consejero "tenga conocimientos en materia electoral", se establezca la obligación de acreditar dichos conocimientos. Experiencias anteriores explican la necesidad de tal precisión. Respecto de los impedimentos que la ley establece para ser consejero electoral, hago una propuesta respecto de aquélla que inhibe a quien hubiese ocupado cargo partidista. En este caso sugiero precisar que el impedimento sólo opera respecto de partidos políticos que cuentan con registro legal, dado que perdieron su registro han extinguido su existencia jurídica y por lo tanto, ello no puede ser fuente de restricciones en el ejercicio de derechos ciudadanos. En lo que hace a la restricción para quienes hayan sido registrados como candidatos a cargos de elección popular, la iniciativa propone reducir el período de cinco años. Lo anterior en virtud que la propia ley señala que "tratándose de otros servidores públicos, éstos pueden ser designados siempre y cuando se hayan separado del cargo con cuando menos un año de anticipación a la fecha de su designación como consejeros electorales". En lo que hace a las reglas para determinar la remuneración del consejero presidente y los demás consejeros, la iniciativa propone criterios que permiten la homologación y dan fin al exceso. Se propone concretamente, que la remuneración del primero sea igual a la del secretario de Estado y que la de los segundos, así como la del secretario ejecutivo, se iguale a la de subsecretario de despacho en la administración pública federal. Se propone asimismo que esta Cámara acuerde de forma anual el tabulador de sueldos del IFE, estableciendo las prestaciones de los servidores públicos que se homologuen a la administración pública. Propongo también establecer que los consejeros electorales, durante los tres años siguientes al término de su cargo, no podrán ser registrados como candidatos, ni ocupar cargos directivos en el propio IFE. La iniciativa introduce reglas que ponen fin a la indebida confusión y obstaculización que existe entre los órganos de dirección y los ejecutivos del IFE. La existencia de comisiones permanentes de todo tipo ha derivado en la superposición de instancias y en el ejercicio confuso de responsabilidades. En un artículo transitorio se establece el procedimiento y las reglas que por única vez aplicaría la Cámara de Diputados para la inmediata renovación del Consejo General del IFE, así como las normas para su regraduación escalonada. Esta soberanía debe dar respuesta a los problemas ya vividos, con soluciones que merezcan el más amplio consenso de la sociedad. Tenemos el alto mandato. O lo asumimos con responsabilidad o pagaremos las consecuencias de la cobarde omisión. Por su atención, muchas gracias.