El diputado Israel Tentory García: Compañeras y compañeros diputados: En México como en el mundo entero, el agua es considerada como un recurso estratégico, vital, vulnerable, finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad, es tarea fundamental del Estado Mexicano y de la sociedad. En este contexto, el 29 de abril de 2004 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, con el objeto de obtener una administración más eficiente y descentralizada de este recurso hídrico, al crearse una nueva estructura tendiente a optimizar la ejecución de procesos, incluyéndose conceptos relacionados con la utilidad e interés público del agua, la modernización de los servicios hidráulicos, implantación de sistemas de recirculación, rehuso y tratamiento de las aguas residuales, al tiempo de descentralizar y mejorar la gestión del recurso con la participación de los estados, municipios, Distrito Federal. Un punto a resaltarse en estas reformas es el relativo a las sanciones por violaciones a disposiciones de la ley, toda vez que se aumentaron significativamente, previéndose penas pecuniarias que van desde los mil a 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en el momento en que se cometa la infracción, independientemente de las sanciones establecidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección al Ambiente, la Ley de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Metrología y Normalización, así como sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el Código Federal y demás disposiciones aplicables en la materia. Sin duda, la nueva Ley de Aguas Nacionales tiene como finalidad garantizar que exista suficiente agua para los mexicanos, lo cual ha significado un período de transición en cuanto a gestión de agua en México. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua con las nuevas facultades que tiene, ha instrumentado numerosos procedimientos administrativos que tienen como fin sancionar con multas excesivas y de esta manera lesionar la economía de los campesinos, los agricultores y de todas aquellas personas de bajos recursos que por cuestiones de pobreza, escasez de agua o por la orografía, se han tenido que asentar en las orillas de las aguas nacionales. Por ejemplo, en el estado de Michoacán, se han notificado 37 inicios de determinación de imposición de sanciones derivadas de visitas de inspección realizadas a partir del 30 de abril del 2004, para verificar las infracciones consideradas en el artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales. De concluirse con la imposición de multas y sanciones en estos 37 casos, se impondrán multas por el orden de 365 mil salarios mínimos que equivalen casi a 15 millones de pesos. Es de destacarse que algunas de estas personas a las que se les inició el procedimiento administrativo, viven en la población de Carácuaro de Morelos, Michoacán, municipio clasificado como muy alta marginación y donde los terrenos aptos para asentamientos humanos son muy escasos y la mayoría de la población, como ya lo expresaba, es gente muy pobre que ha construido sus viviendas al margen del Río Carácuaro o por haber conectado una manguera de 2.5 pulgadas a un yacimiento natural del agua, sin la concesión debidamente autorizada por la autoridad correspondiente. En estos casos, la Comisión Nacional del Agua impondrá las sanciones pecuniarias antes descrita, la cual a todas luces es excesiva y aun más: la sanción incluye la demolición de sus viviendas, lo cual implica que estas personas perderán su patrimonio y aun con muchos años de trabajo, les será imposible cubrir la multa de aproximadamente 400 mil pesos cada uno. En tal orden de ideas, si el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales autoriza la imposición de multas que van de mil a 20 mil días de salario mínimo, debe concluirse entonces que dicho precepto resulta violatorio a las garantías establecidas en los artículos 21 y 22 constitucionales, tratándose de aquellos infractores jornaleros, obreros o trabajadores o bien de aquellas personas en estado de pobreza, quienes, por desconocimiento de la ley, han infringido la misma y que se les imponen multa excesivas que no pueden pagar. Si bien esta no es una causa excluyente, sí debe de ser una atenuante para que las sanciones que se les impongan no sean excesivas. En este sentido, la iniciativa que hoy pongo a su consideración propone disminuir el monto mínimo de las sanciones establecidas en la fracción I del artículo 120 de la Ley de Aguas para pasar de mil a 200 salarios mínimos. Asimismo, propone que la autoridad del agua, tratándose de infractores indígenas, jornaleros, obreros, trabajadores, pequeños y medianos productores agropecuarios y de todas aquellas personas que se encuentren en situaciones de pobreza por cualquiera de las infracciones del artículo 119 de la ley, imponga la sanción mínima establecida en la fracción I del artículo 120. En este mismo tenor, se plantea que la autoridad del agua, fundamentando y motivando plenamente su decisión, pueda otorgar al infractor la opción de pagar la multa o realizar trabajos o inversiones a favor de la comunidad equivalentes en materia de conservación, protección, restauración de los recursos hídricos, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor; éste no sea reincidente y no se trate de irregularidades que impliquen la existencia de riesgo inminente de daño o deterioro grave. La única forma de evitar la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas y por lo tanto excesivas, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para calificar la gravedad de la infracción, tomando como base no solamente los elementos establecidos en el artículo 121 de la Ley de Aguas, sino también las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor, el beneficio económico directamente obtenido por el infractor por los actos u omisiones que motive la sanción y el carácter intencional o no, de la acción u omisión. Elementos que se proponen adicionar a dicho precepto. Por lo anterior compañeras diputadas y compañeros diputados, les solicito su apoyo para este tan importante evento. Hoy es momento que comencemos a proporcionar a los mexicanos los instrumentos legales que les otorguen certeza jurídica, equidad, proporcionalidad y justicia. En atención del tiempo le solicito ciudadano presidente, inscriba el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.