El diputado Homero Ríos Murrieta: Con su venia, señor Presidente. Su servidor, Homero Ríos Murrieta, diputado federal, en nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía para estudio, análisis y, en su oportunidad, la aprobación correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes de México, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos Sin duda, uno de los temas de mayor sensibilidad y de impacto en la sociedad son los problemas que afectan a las niñas, a los niños y a los adolescentes de México, ya que por su característica propia de la edad y en otras como el sexo, el origen étnico, el nivel educativo, la situación de riesgo, las condiciones especialmente difíciles o desigualdad que viven muchos de ellos, requieren un esfuerzo adicional para incorporarse a la dinámica del desarrollo y la convivencia. La problemática que afecta a este grupo vulnerable es multidimensional. Hablemos, por ejemplo, del abuso, la explotación, la discriminación, la desobligación de los ascendientes, tutores y custodios, sus particulares problemas de salud, de alimentación, educación y trabajo, sólo por mencionar algunos de los problemas que ellos tienen de sus derechos, su sano desarrollo y, sobre todo, su integración a la sociedad. La Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son ejemplos de sendos esfuerzos tendentes precisamente a garantizar y preservar los derechos fundamentales de la infancia. La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es sin duda un importante avance para garantizar a éstos la tutela y el respeto de los derechos fundamentales, reconocidos por nuestra Constitución mexicana. En ella se establece que la protección de los derechos de los niños tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Los principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes plasmados en la ley son de interés superior de la infancia de México. La no discriminación, el de desigualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política de cualquier otra índole, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales, vivir en familia como espacio primordial de desarrollo, tener una vida libre sin violencia, de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad y el de la tutela plena igualatoria de los derechos humanos y las garantías constitucionales. No obstante, no basta sólo sensibilizarnos, no es suficiente dar a conocer a los niños sus derechos: para avanzar en el ejercicio pleno de los derechos de la niñez, es necesario contar con instrumentos jurídicos eficaces para hacerlos realidad. La Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes es el marco de referencia para que los distintos poderes y órdenes de gobierno trabajen en favor de la niñez y, si bien constituye un adelanto importante, aún queda por perfeccionar sus normas y actualizarlas de acuerdo con las dinámicas de la sociedad y jurídicas que han traído consigo reformas al marco jurídico nacional y la expedición de nuevas leyes, como son las reformas de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Podemos destacar dentro de los principales cambios propuestos los siguientes: Primero. Se amplía el principio de no discriminación y se hace congruente con lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Segundo. Se propone como obligación de las madres, padres y de todas las personas que tienen a su cuidado niñas y niños la protección contra el tráfico de éstos, ya que esta conducta no está actualmente contemplada en la ley, únicamente el maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso y explotación. Y nos queda claro que quienes tienen a su cuidado niñas y niños pueden llevar a cabo por sí mismos el tráfico o colaborar con él. Tercero. Se anuncia que el hecho de que alguno o ambos padres no vivan en el mismo hogar del menor no los exime de la obligación de cumplir la obligación que les impone esta ley. Esto, con el fin de dar mayor claridad al objeto de este enunciado jurídico y no dar pie a interpretaciones erróneas sobre el alcance de la norma jurídica. Cuarto. En el apartado referido a las niñas, niños y adolescentes que pertenecen a un grupo indígena, en el cual se reconoce el derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, religión, recursos y formas específicas de organización social, se adiciona que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios implementarán los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la lengua de los niños, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Quinto. En el Capítulo Trece se puede establecer que las autoridades electorales federales y las locales realizarán de manera simultánea a las elecciones ejercicios de participación cívica infantil y juvenil orientados a la formación de valores y prácticas de la democracia, derechos de la niñez y participación de la resolución de problemas locales y nacionales. Esto, con el fin de dar cumplimiento al derecho de la niñez a la participación y para incentivar a los gobiernos locales para que realicen ejercicios de participación infantil y juvenil similares a los que actualmente lleva a cabo el Instituto Federal Electoral. Sexto. Finalmente, por lo que corresponde a la justicia para menores y particularmente lo relacionado con los menores infractores indígenas, se busca actualizar esta ley con la que se establecen las recientes reformas de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 25 de junio de 2003, para que se tomen en cuenta los usos y costumbres de los pueblos o comunidades a que pertenezcan y sean asistidos por sus intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y de su cultura. Las propuestas que se vierten en esta iniciativa tienen como objeto perfeccionar el marco normativo para garantizar a los niños de México y adolescentes los derechos plasmados en la Constitución y en los ordenamientos secundarios desde la perspectiva de la transversalidad, lo cual permitirá dar coherencia y orden al entramado jurídico en esta materia. Con esta reforma, estamos seguros, se estarán fortaleciendo los instrumentos ya existentes en esta ley y se estarían plasmando otros mecanismos para el efectivo cumplimiento de los principios enmarcados en el ordenamiento en cuestión mediante el combate de las distintas formas de discriminación, estableciendo los canales para la participación infantil, remarcando la sanción para el trabajo infantil, buscando la protección contra el tráfico, fomentando la paternidad responsable y una defensa adecuada de los procedimientos judiciales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. Presento el articulado correspondiente y, por último, el artículo transitorio: Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de 2005. Es cuanto, señor Presidente.