El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, señor presidente. El federalismo mexicano es en buena medida, gracias a la independencia política ganada por esta Cámara hace 12 años, vigoroso, y otorga responsabilidades fundamentales de política pública a estados y a municipios. La pluralidad política de la Cámara de Diputados es responsable de que las autoridades locales cuenten ahora con nuevas y mayores fuentes de financiamiento para pagar por los servicios que prestan e invertir en infraestructura en el desarrollo. Anteriormente, debido al control extralegal del presidente, el país, a pesar de que la Constitución dictara lo contrario, era central y toda iniciativa local era eclipsada por el poder nacional que se imponía como la única opción legítima para administrar lo público en México. A las entidades se les expropiaron sus facultades tributarias a favor de una supuesta coordinación fiscal dirigida siempre por la Secretaría de Hacienda; se les impusieron nuevas responsabilidad en materia de educación y salud, sin contar ni con los recursos suficientes ni con facultades reales para decidir el rumbo de ambos servicios. A partir de 1997, cuando por fin una mayoría de diputados hizo valer el poder de bolsillo del Congreso, se establecieron nuevos fondos federales en el Ramo 33, y por medio de asignaciones específicas para compensar el serio desequilibrio de recursos que existe entre el gobierno nacional y los locales. Eso permitió reactivar la capacidad de inversión de las entidades, financiar los servicios municipales y reducir parte de las deficiencias de los procesos de centralización del gasto desarrollado hace dos décadas. En 2009 las entidades y los municipios propusieron a sus Congresos presupuestos acordes con las previsiones elaboradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por desgracia, el punto y medio de crecimiento pronosticado por la Secretaría de Hacienda se convirtió en una caída superior al 7 por ciento y la recaudación federal participable cayó en más de 25 por ciento. Lo anterior en un contexto en el que las entidades cuentan con muy pocas facultades tributarias y los municipios enfrentan obstáculos enormes para ejercerlas. Eso nos llevó a un escenario en el que no solamente se está recortando el gasto y cancelando la inversión, sino a qué servicios básicos comienzan a no proveerse y las nóminas a no pagarse. No es retórico decir que los gobiernos locales enfrentan una situación de gravedad crónica. Eso además pone en riesgo la estabilidad financiera y la percepción del riesgo país, ya que no es lejano el escenario en que alguna entidad o municipio declare una moratoria en el pago de sus deudas. La reacción de la Secretaría de Hacienda ha sido de indiferencia. Primero decidió clasificar los ingresos por las coberturas petroleras, de tal forma que no fueran participables a estados y a municipios. Después simplemente rechazó hacer uso de recursos excedentes de derechos petroleros de las entidades para compensar esta caída de recursos. Por supuesto que en el ámbito local persisten problemas serios de transparencia y de rendición de cuentas, temas que tampoco hemos superado, por cierto, en la esfera nacional. Es verdad que estados y municipios deben realizar un mejor trabajo de recaudación basado en facultades tributarias más sólidas. Es cierto que debemos pensar mejor las facultades y las atribuciones de gasto en cada nivel de gobierno. Todo eso debe ser un tema central de la presente legislatura. Pero en este momento lo que propone la fracción del PRD es simplemente llamar a la cordura y exigir al gobierno federal que haga uso de distintos instrumentos para evitar la quiebra en este año de estados y de municipios. Se trata, insisto, de un asunto relativamente fácil de resolver, pero que ante la parálisis se está volviendo mayúsculo. Es por eso que proponemos un punto de acuerdo que exhorte al Ejecutivo a tomar medidas en cinco rubros, lo que implica simplemente utilizar recursos excedentes, es decir, sin presionar a las finanzas públicas para solucionar los problemas de estados y de municipios. Se trata de medidas como utilizar fondos que fueron generados para ser utilizados en caso de emergencia y que se encuentran ociosos debido a la normatividad absurda. Es el caso, por ejemplo, del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas que debería ser utilizado en su totalidad en una situación de emergencia, o el Fondo para los Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Hacendaria, debe ser usado para apoyar a estados y municipios, o el Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin, que increíblemente el gobierno federal no ejerce en medio de la peor crisis económica de la historia. Además proponemos que se flexibilicen las reglas de operación de los programas federales para eliminar las contrapartes a las que están obligados estados y municipios. Nos encontramos en una situación de emergencia muy grave. La enorme caída de los ingresos de estados y municipios lejos de ayudar a reactivar la economía se convierte en una acción que incrementa la profundidad de la recesión económica. En este sentido proponemos el siguiente punto de acuerdo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, debido a que ya están cubiertos los 40 mil 700 millones de pesos a que hace referencia la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se participe a las entidades federativas de los recursos adicionales que generan el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización y que tenga como objetivo compensar parcial o totalmente los ingresos del gobierno federal durante el ejercicio fiscal 2009, a través de la mecánica establecida en los lineamientos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, Fies. Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las entidades federativas dispongan de la totalidad de los recursos de la reserva del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas para hacer frente a la caída en las participaciones vinculadas con la recaudación federal participable, esto es, los 28 mil 084 millones de pesos que actualmente conforman la reserva, para lo cual también se solicita una modificación a las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las entidades federativas dispongan del saldo de los recursos del Fondo para los Programas y Proyectos de Inversión en infraestructura al 31 de julio de 2009, que asciende a 16 mil 191 millones de pesos, distribuyéndose y aplicándose de acuerdo con los lineamientos del FIES, para la estructura de los estados. Cuarto. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se reasignen a las entidades federativas 20 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y que sean distribuidos y aplicados para financiar proyectos de inversión en infraestructura en las entidades federativas, de acuerdo con los lineamientos del FIES. Quinto. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que flexibilice las reglas de operación de los programas federales, cuya implementación requiere recursos de la propia federación, pero condicionados a las aportaciones por parte de las entidades federativas y los municipios, con la finalidad de que se inicie de inmediato la ejecución de dichos programas aplicando, en primera instancia, los recursos federales sin condiciones de pari passo. Es cuanto, señor presidente.