El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. En materia de delitos electorales el punto fundamental es la voluntad para atacar de fondo el problema de la impunidad. No es un asunto de acomodo legislativo ni debe haber un capítulo en el Código Penal Federal o debe crearse, como es el caso, una Ley General en Materia de Delitos Electorales. El tema de fondo es combatir estas prácticas nocivas que adulteran, prostituyen y golpean a nuestra democracia nacional. Hasta ahora el tema de los delitos electorales ha sido una norma incumplida. Se viola la ley y se cometen ilícitos y no pasa absolutamente nada. Es nula la efectividad de la materia penal electoral. Se ha carecido de eficacia para inhibir conductas delictivas, para aplicar sanciones ejemplares y para evitar que se siga haciendo uso de prácticas como la compra de votos, el acarreo de votantes, la falsificación de documentos, el financiamiento ilegal la adquisición de propaganda fuera de lo que dice la ley. Todo eso se sigue cometiendo. Los datos por ejemplo- de la existencia de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, confirman que esa institución no es sino un elefante blanco. Un elefante blanco que cuesta millonarios recursos y que no sirve absolutamente para nada. Ya lo decía el diputado Durazo, pero vale la pena repetir algunas cifras. La Fepade ha iniciado 18 mil 235 averiguaciones previas en 17 años de existencia, de los cuales 3 mil 762 corresponden a los delitos señalados en el todavía vigente artículo 403, que pueden ser cometidos por cualquier ciudadano. En 1916, por lo que dice el 407 que son delitos cometidos por servidores públicos ye l grueso es por delitos que tienen que ver con el Registro Federal de Electores. De todos los casos que pudieran considerarse relevantes no hay absolutamente ninguno que se haya sancionado. Si acaso algunos chivos expiatorios pero sigue la impunidad electoral en el país. Creemos que esta ley no va a hacer nada para combatir la impunidad. Quiero concluyo, presidente- comentar un caso particular que nos tocó vivir a varios diputados, que desde el 9 de mayo del 2013 presentamos una denuncia penal en materia electoral y por diferentes delitos cometidos en el ejercicio de la función pública por el todavía gobernador Rubén Moreira, en el caso de Coahuila, y queremos decirles que a casi un año, es nula la actuación de la Fiscalía Especializada y de su titular el licenciado Alfredo Orellana, no obstante que se aportaron pruebas del caso conocido por los Compas, que fueron los Comités de Acción Popular, que fue un caso de escándalo nacional, porque se utilizó todo un tinglado para promocionar abiertamente por el gobernador de esa entidad los programas sociales y es fecha que no hay una sola actuación de la Fepade. Quiero comentarles que el litigio primero fue que le dieran carácter de averiguación previa porque ni siquiera el titular de la Fepade le quería dar el carácter concluyo, presidente de averiguación previa, sino solamente de acta circunstanciada. Ese es el caso de la atención de los delitos electorales en nuestro país. Por eso nos parece que esta ley no ataca de fondo a la impunidad, son penas risibles y la fiscalía que se está creando no es sino un remedo de la inútil, inservible y onerosa Fepade. Es cuanto, compañeros diputados.