EL C. DIPUTADO ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL (PRI): Así lo haré, señor Presidente, y quedará claro en mi exposición. Con el permiso de los Legisladores. Decía yo que este argumento o artificio legal, supuestamente legal, está mal fundamentado. En este sentido el espíritu y el sentido jurídico del 39 del Código Fiscal de la Federación claramente apela a una facultad del Ejecutivo que ha de ser ejercida en beneficio de los mexicanos, de manera que se aplique porque se han afectado algún lugar o región dela República, alguna rama de producción o algún sector comercial o bien en razón de alguna catástrofe natural. Esto es en los casos que marca la ley como un medio para salvaguardar los intereses de la población nacional. Por ello, en forma absolutamente enérgica afirmamos que el gobierno de México no puede anteponer ningún otro interés al interés de los mexicanos. El Ejecutivo intenta argumentar que el sentido del veto que de facto impuso la decisión que asumió esta soberanía con el fin de proteger al sector azucarero en realidad es una defensa del empleo. Ante este argumento la pregunta es obligada: ¿A qué empleo se refiere el señor Presidente? ¿Cuáles son esos miles o cientos de miles de empleo que dice defender con su decisión? ¿Se refiere acaso a los empleos vinculados a la industria de jarabe de alta fructuosa de maiz en los estados de Iow y Dakota de los Estados Unidos? ¿Se trata de los empleos a los que hizo referencia el senador Charles Greesly (?), miembro de la Comisión de Finanzas del Senado Estadounidense en declaraciones que con desagrado y sorpresa este Congreso conoció sólo a través de la prensa nacional, por medio de los cuales nos enteramos que el Secretario de Economía se comprometió con el Ejecutivo estadounidense a resolver para mediados de febrero la controversia entre ambos países en términos de fructuosa, comprometiendo así una decisión soberana de este Congreso? Es decir, ¿acaso se trata de los empleos que digamos que involuntariamente y en razón del acuerdo asumido por el Secretario Derbez serían protegidos allende nuestras fronteras en los Estados Unidos? ¿Por medio del veto de facto impuesto por el Presidente, se trata de proteger a los refinadores de maíz y a los productores de alta fructuosa, que en su conjunto -según el senador Greesly- perderían este año más de 310 millones de dólares? ¿Con qué clase de asesores cuenta el Presidente cuando a todas luces está provocando exactamente aquello que dice evitar, es decir, el desempleo de miles de mexicanos? Como representantes del pueblo de México para nosotros no hay confusión posible y en ese sentido nuestro compromiso es claro y del mayor interés nacional. El compromiso de esta soberanía y de los partidos que por consenso formularon y aprobaron el gravamen a las bebidas producidas con alta fructuosa es con el pueblo de México. Lo afirmamos de manera enérgica, nuestro compromiso es con el medio millón de familias mexicanas que dependen directamente de la industria de la azúcar, con los 2 y medio millones más que dependen para su supervivencia diaria en forma indirecta de esta industria. Justamente en este mismo sentido y con un criterio de equidad y justicia, nuestro compromiso es con los 15 estados de la República y los 227 municipios cañeros que concentran más de 12 millones de habitantes, entidades entre las cuales se encuentran las más grandes expulsoras de flujo migratorio, que al no encontrar opciones en esos estados se ven obligados a emigrar por las condiciones de pobreza. En pocas palabras, nuestro compromiso es con la industria nacional de la azúcar de caña, con sus trabajadores, con los productores cañeros, mayoritariamente ejidatarios y comuneros, industria que en términos de su importancia económica representa 2 mil millones de dólares de inversión, si es que solamente de dinero se tratara, pero no, en el fondo se trata del bienestar de millones de mexicanos, de sus familias y del desarrollo de regiones enteras del país. Así, la medida que asumió este Congreso en forma consensuada con todas las fuerzas políticas, tiene un carácter fundamentalmente social, vinculado a una realidad económica innegable. Justamente por ello resulta incomprensible desde la perspectiva de una lógica de gobierno de sensibilidad social e incluso de gobernabilidad, la actitud del Secretario Derbez, quien a espaldas de este Congreso se compromete con los negociadores estadounidenses, incluso señalando fechas para arreglar el problema en torno a la fructuosa. Previsiblemente asumió este compromiso, según sus palabras, con el supuesto fin de evitar un deterioro de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Al Secretario Derbez queremos decirle que el papel fundamental que su cargo implica es la defensa de los intereses de la industria nacional y de los mexicanos, mediante una política comercial, inteligente y firme, pero sobre todo digna, firmeza y dignidad que no se pueden construir otorgando concesiones anticipadas literalmente a cambio de nada. Por desgracia no han entendido que el gravamen aprobado por esta Soberanía, además de proteger a la industria nacional de la azúcar, es o pudo ser un valioso instrumento de negociación efectiva frente al vecino país del norte. Con esta decisión no se conculcan los acuerdos del Tratado de Libre Comercio que el país tiene signados. Parece ser que en materia del impuesto a la fructuosa, el Ejecutivo propone, el Legislativo dispone y el gobierno de Bush impone. En este sentido y por el contrario, hay que recordar la actitud del gobierno de los Estados Unidos, que en caso del acceso de la transportación mexicana a ese mercado por parte de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, siguen sin cumplir la resolución del panel de controversia que falló a favor de México, de eso hace más de un año. A este propósito sobra señalar que para el caso de los Estados Unidos, Ejecutivo y Legislativo actúan en forma consistente por el mayor interés nacional de ese país. Por ello, consideramos que en el marco de la división y colaboración de poderes es imperativo que el Ejecutivo Federal y esta Soberanía orienten sus esfuerzos para asumir los acuerdos necesarios en defensa de los altos y legítimos intereses del país en una palabra, que juntos asumamos una actitud y una conducta que respondan a o que millones de mexicanos y sus familias están esperando de nosotros; que quede claro, a la acción que emprendió el Ejecutivo corresponderá la respuesta del Legislativo en el sentido de defender férreamente nuestro derecho a legislar en materia fiscal. Sin embargo, independientemente del desarrollo de una controversia constitucional o de un acotamiento al Artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, existe una realidad incuestionable, la de millones de familias cañeras y de trabajadores de la industria a quienes la decisión presidencial daña severamente sus condiciones de vida, son mexicanos que no pueden esperar la resolución de la disputa entre Poderes porque en cambio deben ya encontrar una solución a sus problemas. Gracias señor Presidente. (aplausos) -EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Para el mismo tema tiene la palabra el Senador Fauzi Hamdan Amad. -EL C. SENADOR FAUZI HAMDAN AMAD. Con su venia señor Presidente. En primer lugar creo que debe quedar muy claro que el Presidente de la República tiene las plenas y totales facultades para emitir un Decreto de esta naturaleza. No es un decreto, como lo afirma el Diputado, que pueda adolecer de una inconstitucionalidad, deriva de una Ley del Congreso de la Unión que le ha conferido desde el primer Código Fiscal de la Federación de 1967. El Ejecutivo Federal a lo largo de estos casi 40 años ha ejercido su facultad regularmente en las hipótesis y en las situaciones extraordinarias en que ha dado lugar a que tome la decisión de eximir total o parcialmente o condonar contribuciones, de manera que no es el primer acto que realiza el Presidente de la República ejerciendo esta facultad legal, ni se irroga ninguna facultad propia del Congreso de la Unión, que quede claro. En segundo término, la debacle de la relación en que se inserta la limitación y reducción de la cota cupo de exportación de caña de azúcar deriva de cartas paralelas al margen del Tratado de Libre Comercio instrumentadas en el Gobierno anterior y que usted por cierto, formó parte de la Secretaría de Comercio que ahora precisamente lo que se quiere es corregir, enmendar esta condición en perjuicio del país. En tercer lugar la acción propia del Gobierno Federal ha sido no socavar o lesionar a la industria azucarera sino por el contrario, en esta dinámica de la suspensión temporal de este tributo, está enderezada precisamente para lograr un acuerdo con nuestra contraparte que es Estados Unidos y permitir , inducir el aumento de la cuota de exportación de excedente de la caña de azúcar, amén de otras medidas que a usted le consta, y que estuvo en las reuniones previas estas dos últimas semanas en la Secretaría de Economía, para generar un auténtico programa de apoyo, de incentivo a la industria azucarera en tanto en reconversión industrial, en financiamiento como en la canalización de la exportación de este excedente de caña de azúcar. De manera que, esta resolución del Ejecutivo Federal está acorde con las nuevas condiciones que se generaron respecto de la industria de caña de azúcar y que finalmente, para su tranquilidad de todos, fueron condiciones diferentes a las que imperaron cuando este Congreso de la Unión estableció este tributo como un mecanismo de subsidio y estímulo a la industria azucarera. Muchas gracias. (aplausos) -