El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su permiso, presidente; diputadas y diputados, antes de iniciar quiero saludar al grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho del Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, que nos visitan del Campus de Puerto Vallarta, invitados por un servidor. Bienvenidos a este recinto. Educa a los niños y no castigarás a los hombres. Pitágoras. Las reformas que se van a aprobar hoy en materia de ejecución penal, en materia de adolescentes y de delincuencia organizada, son reformas que se debieron haber hecho hace muchos años. La de justicia para adolescentes tiene su origen desde el año 2006, en reformas que se hicieron desde ese año. Sin embargo en todos estos años ha tenido gravísimos problemas de implementación. Por su parte la Ley de Ejecución de Penas, también tiene su origen en la gran reforma constitucional del 2008, en donde se dio un plazo de tres años para que se implementara en los estados, y finalmente ante la pasividad de las entidades federativas se hizo la reforma del año 2003, para que el Congreso de la Unión tuviera facultades y se creara esta ley que hoy discutimos. Las tres reformas que hoy discutimos se engloban en las adecuaciones para implementar el nuevo modelo de justicia penal que surgió, como ya decía en la reforma de 2008, y que estamos a menos de una semana de que se cumpla el plazo constitucional, por ello se insiste en el rezago en la lentitud que ha tenido su implementación. La implementación al nuevo sistema de justicia penal enfrenta rezago, ausencias y fallas que impactarán de manera negativa en la operación del modelo de juicios orales y retrasaran la consolidación de una justicia eficaz y adecuada, según lo señala el CIDAC. La Secretaría de Gobernación, por su parte, señala que los estados más rezagados son Guerrero, Colima, Coahuila, Campeche, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California Sur, el Distrito Federal, Jalisco y Nayarit. Es evidente que aún falta mucho para lograr el objetivo que se trazó desde 2008. Hoy sólo cuatro estados están preparados para de manera completa implementar el nuevo modelo de justicia penal. Lo que sí tenemos que reconocer es que de alguna u otra forma se han logrado avances en la impartición de justicia, pero no suficiente sobre todo en la materia de reinserción social. Por lo tanto, la ley nacional de ejecución penal, que tiene su antecedente en Brasil, en el año de 1924, es una ley que permite la intervención judicial en la ejecución de penas, con lo cual se vigilará el respeto a los derechos humanos. Sin duda enfrentará graves problemas para su implementación, ya que existe, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las prisiones, una alarmante sobrepoblación de aproximadamente el 25 por ciento, esto significa algo así como más de 51 mil personas que están en prisiones de manera que no hay lugar de manera digna para que estén en prisiones preventivas. Además, somos el séptimo país con mayor sobrepoblación y con personas en prisiones; es decir, sólo por debajo de Estados Unidos y China. Aunado a ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que en el 65 por ciento de la prisiones existe autogobierno, esto significa que lograr los fines que señala el artículo 18 constitucional, va a ser muy complicado. Esto es, que haya reinserción social de acuerdo a lo que es el respeto a los derechos humanos, al trabajo, la educación, la salud y el deporte. Coincidimos en que el sistema de justicia ha imperado la corrupción y la impunidad, que se ha permitido en todos los niveles de gobierno. Insisto, compañeros, vamos tarde en estas reformas. Y, para eso, necesitamos señalar, por ejemplo, en el análisis que hace el Inegi, que en el 2014 13 mil 960 menores fueron procesados; de los cuales 539 relacionados con un homicidio, 2 mil están vinculados con el narcomenudeo, 192 relacionados con delitos de secuestro, 71 por extorsión y 7 por evasión de precios. Es importante que esta reforma lleve a una dirección correcta, por eso hay dos grandes ejes en la misma: la judicialización del procedimiento de ejecución de las sanciones penales y el establecimiento de un nuevo paradigma del sistema penitenciario, relativo a la reinserción social del sentenciado. No podemos esperar más, se lo debemos a México, se lo debemos sobre todo a nuestros jóvenes. Es cuanto, presidente.