La diputada Diana María Teresa Lara Carreón: Tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario. El 11 de febrero de 1998 la ONU definió al desplazamiento forzado como la situación que viven las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar, huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual para evitar los efectos de un conflicto armado, las situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Todas y todos aquí conocemos una situación así, hemos escuchado miles de historias desgarradoras de separaciones familiares, casos en los que los adultos mayores se niegan a abandonar sus hogares por arraigo, poco tiempo después su vida lamentablemente termina abruptamente. El medio ambiente, el cambio climático y, por consecuencia, los desastres naturales son de las causas más comunes en nuestro país. Lamentablemente no existen cifras oficiales, pero en el 2020 se habla de más de 350 mil mexicanas y mexicanos que tuvieron que abandonar sus patrimonios para buscar una mejor vida en el país. Historias como la de don Fabricio, un vecino de mi distrito, en la Magdalena Contreras, quien hace algunos años se vio forzado a abandonar la tierra donde tenía la materia prima que sostiene a su familia, son muy comunes en nuestro país. Lo anterior, debido a la inseguridad delictiva que, por cierto, es la principal causa de este fenómeno. El desplazamiento forzado interno genera condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas: provoca la ruptura familiar, corta lazos sociales y culturales, pone término a relaciones de empleo sólidas, perturba las oportunidades educativas, niega el acceso a necesidades vitales, como la alimentación, la vivienda, la medicina, y expone a personas inocentes a actos de violencia en forma de ataques. La reunificación familiar también debe de ser un tema de atención por parte de las instituciones gubernamentales correspondientes, para procurar el respeto al principio del interés superior de la niñez. Tanta sociedad como sea posible, porque el respeto a los derechos de los desplazados internos no sólo es trabajo del gobierno, sino también de cada uno de nosotros los mexicanos. Decretar un Día Nacional de las Víctimas del Desplazamiento Forzado Interno no solo sería un esfuerzo por parte del Poder Legislativo para recordar y visibilizar a quienes han padecido los estragos de este problema, sino también un recordatorio para que todas las instancias de gobierno tomemos la responsabilidad correspondiente en el tema y mejoremos, a la brevedad posible, la normatividad que debe proteger y garantizar una vida digna a todas y todos los mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, presento ante esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que declara el 11 de febrero de cada año como el Día Nacional de las Víctimas del Desplazamiento Forzado Interno. Espero contar con su noble apoyo para trabajar en conjunto y promover la legislación que proteja a todas y todos los mexicanos que son víctimas de esa crisis silenciosa llamada desplazamiento forzado interno. Es cuanto, diputada presidenta.