El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. Quisiera presentar en un solo acto dos reservas al artículo 141 y al 146. El principio de presunción de inocencia es el pilar fundamental en el sistema penal acusatorio, a través de este principio se garantiza que los acusados sean considerados inocentes hasta que no exista una certeza respecto de la comisión del delito, respecto de la conducta antijurídica que el Ministerio Público le está imputando. Asimismo, este principio deber permear en cada actuación durante el procedimiento y debe regirse por los criterios de legalidad y administrativos aplicados por órganos relacionados con la procuración y la impartición de justicia. Este país padece una grave crisis en materia de estructuración y la impartición de justicia, tres características lo han acompañado en las últimas décadas. De manera invariable estas tres características que han acompañado a la procuración y a la administración de justicia, a saber, son: la complicidad, la impunidad y la corrupción. Éstas han provocado lo que ahora el país está padeciendo: los grupos de autodefensa, las policías comunitarias, el hartazgo de la población, que se siente atemorizada por la presencia de grupos criminales que azotan y que generan el clima de terror; por tanto, una convivencia no pacífica y menos civilizada. En este entendido, con este principio de presunción de inocencia, con este cambio de paradigma se ha buscado desde el 2008, un sistema penal garantista en que los derechos del acusado constituyan un elemento de observancia para las autoridades. Por lo tanto, al constituirse la detención como el primer acto que debe de garantizar la aplicación del principio de presunción de inocencia, no debe permear o permitir criterios que no se apeguen estrictamente al tipo o a la conducta descrita en el Código Penal. Hay un principio que ustedes recordarán, los que han estudiado derecho o los abogados que han litigado o que han recibido algunas clases o fundamentos del derecho, que tienen sentido común sin ser abogados en formación jurídica. El principio es: Nullum crimen, nulla poena sine lege. Es decir, que en materia jurídica-penal tiene que ser exactamente aplicable el tipo a la conducta que se describe. Si no se reúne un elemento del tipo penal, no es delito. Si un elemento faltara, no se puede aplicar ni analogía ni mayoría de razón para determinar que esa conducta encaja en el tipo penal. Por lo tanto, nosotros creemos que este principio de presunción de inocencia es el que sostiene todo el principio y el sistema garantista al permitir que se emitan órdenes de aprehensión aun y cuando no existen los elementos de prueba necesarios que vinculen la comisión de un ilícito penal con la participación de un sujeto en particular, es un contrasentido. Es decir, no se está atendiendo el principio de presunción de inocencia. Autorizar que los indicios se erijan como un criterio suficiente para la emisión de una orden de aprehensión, constituye un ataque a las garantías de los gobernados, más cuando existe repito- dentro de las características, la corrupción como un mal endémico en todos los cuerpos o en la mayoría persecutores del delito. Por ello, estoy proponiendo que se elimine la probable participación en un delito como elemento suficiente para la emisión de una orden de aprehensión, sustituyéndola con la probabilidad sustentada por medios de prueba que obligaría al ministerio público a sustentar la petición con los medios probatorios que vinculen al acusado. Miren, si hubiese un poquito de reflexión, dirían: tiene razón Monreal, no podemos sujetar una orden de aprehensión a una simple presunción. Es decir, lo que se está autorizando es que se aprehenda a una persona sólo por el hecho de que puede haber indicios, que puede haber probabilidades que está cometiendo un delito y esto termina con todo el sistema garantista. Yo sé que no voy a poder conmoverlos, porque no hay ni el ánimo ni la reflexión para mejorar este ordenamiento jurídico, este nuevo Código sustantivo, pero les puedo decir que se están equivocando. Algunos miembros de la Comisión de Justicia me han dicho; tienes razón pero no podemos regresar al Senado este ordenamiento jurídico, y te proponemos que en la Comisión de Justicia integremos una comisión para que pueda revisar todo este tipo de propuestas. No resuelve nada. Miren. La aplicación de este proceso penal, de las leyes o de la ley que contiene disposiciones en materia procesal penal va a tener aplicación, fíjense ustedes, diputadas y diputados, va a tener aplicación hasta junio de 2016. Entonces yo les digo, cuál es la prisa. Si va a tener aplicación posible hasta junio de 2016, qué importa que regresara al Senado, que se enmendara, que se corrigiera y que nosotros pudiésemos tener ordenamientos jurídicos realmente garantistas. Es como la propuesta que hacía Aida y tengo dos, voy a acumular tres de mis reservas, es como la propuesta que hacían las comunidades indígenas o los representantes de etnias, en donde se establece que para que pueda ser asistido un miembro de alguna etnia tiene que tener un intérprete, y luego lo echa a perder toda la disposición cuando dice; siempre y cuando lo solicite el inculpado. Es decir, el inculpado precisamente se le pone el intérprete porque no tiene la posibilidad de comunicación y no tiene el conocimiento de que tiene ese derecho. Esto no debería estar sujeto a que lo decidiera el inculpado; tendría que ser una potestad del Estado mexicano garantizarle a ese indígena que tenga un intérprete desde el momento de su aprehensión hasta la conclusión del proceso. Y no lo es así. Dicen, y yo no sé qué va a hacer Eufrosina o no sé qué van a hacer los que representan las comunidades indígenas, porque es grave. Qué van a decirle a sus compañeros, les dicen: No mira, hasta después nos podemos reunir y lo resolvemos. No, el momento procesal es éste. Qué les dirán los representantes de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Nayarit, a las comunidades indígenas, que no fueron capaces los diputados que los representan para eliminar esta restricción. Imagínense ustedes, hasta que lo solicite el inculpado tendrá intérprete. Si el inculpado nunca... o el acusado o el presunto responsable dentro del proceso no puede hablar español y no solicita el intérprete, entonces no se le violarán sus garantías. No es un sistema garantista éste del cual ustedes presumen. Por esa razón, les argumento jurídicamente, no políticamente, que políticamente podría hacerlo, pero me baso estrictamente en técnica jurídica, en el sistema garantista que ustedes presumen se está dando vida. No es así. Y por eso nos permitimos proponer estas reservas, que me temo no tienen, no los conmueven, a nadie. Me temo que es un simple monólogo, hay curules vacías, hay otros que están atentos, que agradezco, y me parece que todos deberíamos estar inmersos en el análisis serio de estas discusiones. Por su atención, a los que están atentos, muchas gracias, y a los que no, también gracias.