La diputada Claudia Delgadillo González: Buenos días, diputados y diputadas de esta honorable Cámara. Me permito manifestar que la Comisión de Justicia que me honro en presidir, el pasado jueves aprobó el dictamen a la minuta con la que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II al Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y de la Procuraduría General de la República, proveniente de la Cámara de Senadores en donde los diversos grupos parlamentarios que integran esta comisión han vertido la gran preocupación e interés por esta ley, por lo que agradezco a todos los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Justicia el gran apoyo brindado a los trabajos realizados, obteniendo como resultado un consenso en cuanto al dictamen en lo general, con participación de todos los integrantes y de manera plural y democrática. Históricamente el juicio de amparo es el mecanismo de control de constitucionalidad más conocido por los gobernados, debido a su carácter protector de derechos y que constituye un eficaz mecanismo de los ciudadanos contra actos de abuso de autoridad de poder público. Este juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano que tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticos, los derechos humanos establecidos en la Constitución, buscando siempre proteger de los actos de autoridades sin distinción de rango. Esta minuta plantea una reforma integral al juicio de amparo derivado de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio del año 2011 y que entró en vigor el 4 de octubre de ese mismo año de conformidad con los artículos primero y segundo transitorios del citado decreto de reforma. Actualmente existe una gran necesidad de que se apruebe la nueva ley para dar mayores herramientas para la administración de justicia y con ello reducir el ámbito de discrecionalidad en la decisión de jueces y magistrados. Asimismo, reducir la carga de trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anteriormente, la forma en que estaba redactada esta Ley de Amparo no daba la certeza de que, tratándose de delitos graves o los previstos por el artículo 19 constitucional, se negara la suspensión. Actualmente ya se hace. La minuta de la Ley de Amparo, así como las adecuaciones a las demás leyes, permitirán que el juicio de amparo siga siendo el principal instrumento de defensa de los derechos que tienen las personas para protegerse contra actos de las autoridades. Esta nueva Ley de Amparo tiene dos grandes vertientes: la primera de ellas es modernizar y adecuar el juicio de amparo a los tiempos actuales para que la tramitación sea ágil, oportuna y fortalezca el interés público y la transparencia, así como para aumentar su producción, ampliando el ámbito de su tutela protegiendo los intereses legítimos de las personas, así como la posibilidad de que haya declaraciones generales de inconstitucionalidad para un beneficio más generalizado. Asimismo, esta ley fortalece las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la atención prioritaria de los asuntos que le competen, así como el otorgamiento y atribuciones más expeditos para la integración de jurisprudencia, y la resolución de contradicción de criterios, lo que abonará a una mayor seguridad jurídica en las decisiones del máximo tribunal. La nueva ley reconoce el derecho de la víctima del delito al intervenir como parte en todo el proceso, pudiendo presentar pruebas e interponiendo amparos directos contra las resoluciones; por lo que se reconoce y se garantiza plenamente el derecho de las víctimas y ofendidos para interponer la demanda de amparo en contra de actos y sentencias que afecten los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna. En esta minuta se faculta al Consejo de la Judicatura federal para establecer plenos de circuito, atendiendo el número y especialización de los tribunales colegiados que pertenezcan a cada circuito. Se amplía sustancialmente la esfera de protección al juicio de amparo, ya que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como los tratados internacionales de los Estados Unidos Mexicanos que sean parte. Se determina con precisión la incompetencia de origen del juicio de amparo para conocer controversias en materia electoral. Se incorpora, además, la procedencia del juicio de amparo por violaciones a un interés legítimo, precisando que tendrá el carácter de agraviado en el juicio de amparo quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue el que acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso podrá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y en forma directa. Por otra parte, esta nueva Ley de Amparo establece que procede el recurso de revisión de amparo directo en contra de las sentencias que resuelvan la constitucionalidad de normas generales establecidas en la interpretación directa del precepto, de la Constitución o ambas. En otro sentido, con esta nueva Ley las contradicciones de tesis entre tribunales colegiados del mismo circuito serán resueltas por el pleno de circuito correspondiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá la contradicción de tesis que pudiera surgir de los tribunales plenos de distintos circuitos, plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o de los tribunales colegiados de un mismo circuito con diferente especialización. Asimismo y en beneficio de los gobernados, se elimina el sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, y se hace más expedito y claro el procedimiento para el cumplimiento de ejecutorias de amparo. En la nueva Ley de Amparo se incluye la prevención para facultar al procurador general de la república para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ejercer la facultad de atracción en los casos que por su interés nacional así lo ameriten. Se incorpora la procedencia del juicio de amparo por violaciones a un interés legítimo, aduciendo una afectación real y actual con motivo de la norma general al acto u omisión de la autoridad. Se fortalecen las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención prioritaria de los asuntos que competen, así como el otorgamiento de atribuciones más expeditas para la integración de jurisprudencia y resoluciones de contradicción de criterios. Se establece el amparo adhesivo. Todas las anteriores modificaciones sustanciales implican que lo más adecuado es expedir un nuevo ordenamiento que armonice el conjunto de avances que habrán de hacerse a la Ley de Amparo, que será vigente a partir de la reforma constitucional antes referida. Es cuanto, señor presidente.