El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada presidenta. Ciudadanos que nos siguen por el Canal del Congreso, diputadas, diputados, el informe que estamos analizando en esta glosa es demasiado optimista, describe a un país que sólo está en la imaginación del Ejecutivo federal, pero la realidad es distinta. No existe el crecimiento económico necesario, sigue el aumento del desempleo, nuestro sistema de procuración de justicia no funciona, las instituciones policiacas no han sido capaces de reducir la violencia y la delincuencia, los delitos de alto impacto van avanzando. Mientras el informe señala que disminuyó la delincuencia del fuero común en un 6.6 por ciento, en mayo de 2017 se alcanzó la cifra record de homicidios de más de 2 mil 186. En ningún país del mundo ni en Colombia con Pablo Escobar ni en Siria se ha llegado al actual índice de asesinatos en un solo mes. En el informe existe un derroche de cifras y número alegres que se vuelven un insulto para la ciudadanía. Según los homicidios dolosos disminuyeron 5.5 por ciento, los secuestros disminuyeron el 20 punto por ciento, la extorsión disminuyó 20 por ciento, y que los robos se hicieron en el 19.3 por ciento. Sin embargo, las cifras principales, ya que no demuestra una verdadera reducción en los niveles de inseguridad, más bien, la ciudadanía ya no tiene confianza en la procuración de justicia y por ende, no denuncia, ya que reina la impunidad. La disminución en los índices de la denuncia no significa que reduzca la delincuencia, existen casos de secuestro que desde 2008 no han sido resueltos, recientemente el padre de una víctima así lo denunció. De 2014 a 2016 se contabilizaron 70 mil 141 asesinatos en una guerra contra el narco que no está dando resultados y sólo está generando más violencia. Los ataques a las autoridades municipales no han cesado, el 1 de enero de 2016, arteramente en su domicilio fue asesinada la presidenta municipal, Gisela Mota. Y a la fecha no se han atrapado a los verdaderos responsables. El homicidio de líderes sociales, como Arturo Hernández Cardona, en el estado de Guerrero, sigue impune. Dan vergüenza las cifras en ceros respecto en materia de trata de personas. Respecto a la desaparición forzosa no habla de soluciones, sólo de cifras. La Comisión de Seguridad reporta 30 mil 942 desaparecidos. En la Cámara de Diputados existe una iniciativa en contra de la desaparición forzosa. En la Comisión de Justicia ni siquiera ha pre dictaminado. A estas cifras se agregan los 600 millones de pesos en seguridad que se han gastado de 2013 a 2016. ¿Vale la pena continuar invirtiendo más y más dinero en una estrategia de seguridad que ha resultado equivocada? Les pregunto. A esto agregamos los casos graves generados por el Estado, como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa o la masacre de Tlatlaya. Por eso decimos no a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y a la Ley de Suspensión de Garantías del Artículo 29 Constitucional. De ninguna manera vamos a permitir que mediante las leyes se legitimen las atrocidades. El actual gobierno y autoridades militares no han demostrado tener el mínimo de condiciones para hablar de una Ley de Seguridad Interior. Por ello, es imposible transitar ante tales negligencias. En materia de derechos humanos reconocemos el esfuerzo, pero una oficina no puede con el resto de las instituciones que sistemáticamente violan los derechos. En materia de política migratoria, las violaciones a los extranjeros que transitan por nuestro país están a la vista todos los días. El Instituto Nacional de Migración actúa como oficina privada. No se está generando una política integral para ampliar el nuevo número de visitantes a nuestro país. La agresión a ciudadanos de diversos países limita el acceso de divisas. Se restringe el turismo y por ello la desilusión y la decisión de circular. Compañeros, no hay invierno que dure cien años. La primavera y el cambio verdadero están por llegar en el 2018. Muchas gracias.