La diputada Araceli Ocampo Manzanares: Con su venia, diputada presidenta. Legisladoras y legisladores, la libertad sindical es un elemento fundamental para la construcción de sociedades democráticas, toda vez que las organizaciones gremiales constituyen herramientas colectivas que permitan a la clase trabajadora la defensa de sus intereses comunes. Sin embargo, las limitaciones de este derecho han hecho históricamente la construcción de un aparato estatal basado en el corporativismo, que tenía por objeto controlar a los diferentes sectores sociales, entre ellos a la clase obrera. De esta manera, las organizaciones gremiales pasaron a ser aparatos de control y contención de los trabajadores, en lugar de ser herramienta de lucha por el mejoramiento de las condiciones laborales y la emancipación del proletariado. Derivado de ello, abundó la corrupción con el empoderamiento de líderes sindicales, pues desde los gobiernos de Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil, hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, promovieron y toleraron las prácticas políticas sustentadas en las relaciones personales, los compadrazgos y el cacicazgo, para el beneficio de unos cuantos y no de los intereses de las bases trabajadoras. Asimismo, se generó un monopolio en la representatividad laboral, siendo los líderes de los sindicatos hegemónicos quienes deciden las condiciones generales de las y los trabajadores mexicanos. Anteriormente, el tema de la libertad sindical ya había sido abordado por los órganos jurisdiccionales, sustentando precedentes en el que se reconoció la inconstitucionalidad de la sindicación única. En tanto, con la llegada de la cuarta transformación se han desarrollado diversas medidas para proteger y garantizar la libertad sindical de las personas trabajadoras en nuestro país. Al tenor de lo que establece, desde 1917, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el primero de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional. Esta reforma laboral tuvo como finalidad garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores pertenecientes al Apartado B del artículo 123 constitucional, proporcionando la pluralidad de las organizaciones sindicales de los trabajadores. Sin embargo, se requiere continuar impulsando políticas públicas como la presente iniciativa, para garantizar el desarrollo pleno de los sindicatos de nueva creación en la competitividad por la representación laboral. Con esta reforma daremos certeza a las organizaciones sindicales constituidas conforme a la ley sobre el derecho que tienen de formar parte en la comisión de escalafón de su dependencia, y con ello fortalecer la libertad sindical y los principios contenidos en los convenios de la OIT, evitando las categorías sospechosas de discriminación, las cuales deben ser atacadas y erradicadas conforme al artículo 1o. de nuestra ley federal. Finalmente, podemos observar que la libertad sindical ha sido un derecho que emergió del avance democrático laboral en el orden, y nuestro país ha suscrito dicho avance mediante la ratificación de los Convenios 87 y 98 de la OIT. Por ello, es deber de los legisladores proponer la adecuación de los instrumentos internacionales suscritos que contienen la protección de derechos humanos, y en este caso se propone incorporar el vocablo sindicatos, en el artículo 54 de la ley burocrática en comento, para suprimir la alusión de un solo sindicato, evitando así la transgresión a los derechos de todos los sindicatos constituidos y garantizando el derecho colectivo de las y los trabajadores del Estado. Que viva la libertad sindical. Que vivan las trabajadoras y trabajadores libres, independientes y democráticos. Es cuanto, diputada presidenta.