La diputada María Macarena Chávez Flores: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en 2006 el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El objeto de esta ley es reglamentar diversos artículos de nuestra Constitución en materia de programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Esta responsabilidad recae actualmente en el Ejecutivo federal, a través de sus secretarias y en los gobiernos estatales. Una vez planteada la manera en la que se compone en lo constitucional y en lo general, la estructura básica de las facultades de las instancias atenientes al tema de los recursos, es pertinente hacer énfasis en la importancia que este andamiaje otorga al control de la aplicación de los recursos en referencia a los programas sociales. Esto en su aspecto comprobatorio y calificatorio, para asegurar que estos programas y sus recursos no sean presa de malos manejos por parte de las autoridades encargadas de la aplicación y, por otro lado, de individuos que se aprovechen del acceso sin supervisión a estos apoyos. En cuanto al control de los apoyos antes citados y su correspondiente fiscalización, es de destacar que las medidas adoptadas por la dependencia federal, en lo que va del presente sexenio, resultan exageradas, toda vez que los responsables de la aprobación del otorgamiento de dichos apoyos se han basado en tecnicismos derivados de documentos emitidos por dictaminadores al servicio de las distintas secretarías y de las entidades, las cuales niegan constantemente el acceso de los destinatarios a los programas, dándoles un uso clientelar y electoral de dichos programas. En virtud de lo anterior, esta honorable Cámara de Diputados tiene el deber de actuar en consecuencia y mandar a través de la presente reforma a esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para hacer posible un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo la cooperación en el diseño de las reglas de operación que permitan una eficiente y oportuna entrega de los recursos, siempre tomando en cuenta el enfoque de género y la lucha contra la discriminación, para así evitar que los programas sociales sean utilizados con fines electoreros, electorales, a favor del partido en el gobierno. Con esta reforma se pretende que las reglas de operación sean sujetas de observación y, en su caso, modificaciones por la Cámara de Diputados. Esto, para lograr armonía entre reglas y presupuesto, las cuales, además, se aprobarán por el pleno de esta Cámara en el momento procesal necesario. La Cámara de Diputados se reservará la facultad de supervisar el contenido de dichas reglas de operación, en cuanto las cuales contarán con el apoyo de sus centros de estudios para remitir observaciones y, en su caso, corregir el contenido y rigor de estas. Las reglas de operación deberán ser simples, precisas, con el objetivo de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas, buscando siempre garantizar la no discriminación por cualquiera de los motivos que representen una violación a los derechos y garantías que, para protección de las personas, se encuentran contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que México forma parte. Es por todo lo anterior, que tengo a bien presentar esta iniciativa, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de reglas de operación. Es cuanto, presidenta.