El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso diputada presidenta; ciudadanos diputados; ciudadanas diputadas: Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución General de la República, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Nuestro sistema penitenciario tiene su origen en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que solo por delitos que merezcan pena corporal, habrá lugar a la prisión preventiva y conforme a la legislación penal las sanciones privativas de libertad ordenarán el aislamiento del delincuente de su núcleo social. Las penas de prisión son agotadas en los centros penitenciarios establecidos por la Federación, los estados de la República y los municipios, a través de convenios generales, con la finalidad de readaptar al delincuente atendiendo el delito cometido en agravio de las personas o la sociedad. El Sistema de Prevención y Readaptación Social Mexicano, en la actualidad se encuentra redefinido por las reformas hechas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del año 2000, la cual replanteó las facultades de la extinta Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social antes dependiente de la Secretaría de Gobernación. A partir de su creación la Secretaría de Seguridad Pública Federal pasó a ser la responsable del Sistema Penitenciario Federal, conforme a lo dispuesto en al artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En este contexto la prevención y readaptación social en México sufrió una transformación con el objeto de brindar mayor autonomía a las políticas de administración carcelaria a fin de erradicar la corrupción, la violencia, la gestación de motines al interior de los centros penales de una manera efectiva, transparente, en acciones coordinadas por un órgano administrativo desconcentrado denominado Coordinación General de Prevención y Readaptación Social. En tal sentido este órgano actúa dentro del marco de colaboración interinstitucional a través de la ejecución de penas, supervisión de los programas o campañas vigentes para la eficaz prevención del delito y la readaptación social, logrando crear un clima de mayor certidumbre al interior de los penales, como ocurrió el presente año en los centros penitenciarios federales inspeccionados, logrando desarticular posibles movimientos de internos, los cuales contaban con artefactos prohibidos en su poder. Sin embargo, las tareas de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social, de ningún modo podrán ser completamente exitosas sino reformamos la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, porque no ha sido actualizada para legitimar las atribuciones inherentes a sus funciones porque aún existen las facultades que literalmente la ley confiere a la desaparecida Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, antes dependiente de la Secretaría de Gobernación. Las generaciones de legisladores de los últimos 30 años, han ponderado el contenido de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos del Consejo de Europa, adoptadas desde 1955 lo cual ha trascendido en el criterio del sistema de prevención y readaptación social que administra la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Por tal motivo, debemos contribuir a perfeccionar los ordenamientos legales aplicables para garantizar no solo la igualdad jurídica sino también el respeto a la condición humana de los internos a través de estas reformas que contribuirán a fortalecer la justicia en la ejecución de penas. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, para quedar como aparecen publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 4 del presente mes y año. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los once días del mes de octubre del año 2005. Solicito de manera atenta y respetuosa, diputada presidenta, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.