La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, el dictamen que hoy nos presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la iniciativa que propuso Enrique Peña Nieto a través de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es el resultado de una visión compartida en lo fundamental por las fuerzas políticas del PAN y el PRI y que, a través de sucesivas votaciones mecánicas y sin discusión ni debate, ha dado fondo a temas torales violando el Reglamento de manera flagrante de la Cámara de Diputados, sin escuchar los planteamientos de descalificación sobre la serie de propuestas que hicieron los diversos grupos de izquierda representados en este Congreso, violando el irrestricto orden constitucional de las leyes que nos representan. Ese dictamen no solamente tiene el propósito formal de reorganizar la estructura del gobierno federal, que encabezará a partir del primero de diciembre, sino también y éste me parece el punto central de la discusión que hemos dado al interior de las comisiones y grupos parlamentarios- es una concentración excesiva de las facultades que tan solo en tres secretarías de Estado quedan conferidas. Pero las facultades de la Secretaría de Gobernación la convierten en una supersecretaría, equiparándola a una jefatura de Gabinete propia de un sistema semipresidencial con la gran diferencia, compañeros diputados, de que en otros países donde existe esta misma figura, ésta es electa y ratificada por la mayoría de su Congreso. Sin embargo, nuestro sistema jurídico y político no prevé la figura de quien pueda asumir las funciones para las que fue electo nuestro titular del Ejecutivo. En los hechos con esta reforma se configurará una renuncia de las facultades para las que fue electo Enrique Peña Nieto. Si no quería gobernar, ¿para qué fue la elección entonces? El uso de la fuerza pública queda sumando, pero puede intervenir en estados, municipios y en el Distrito Federal ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente, es decir, la tentación de invadir, compañeros, facultades de estados y municipios en materia de seguridad, esto ha sido obra también de esta propuesta. Se da más facultad en la parte coercitiva que la parte de la verdadera reconstrucción de nuestro tejido social, atendiendo los diferentes problemas sociales que nos ocupan. Nos preocupa que al restaurarse la Oficina de la Presidencia, se pretenda eximir al mismo presidente de encabezar la propia administración pública federal, como está el texto vigente. El PRD ha sido una posición de plantear diálogo en cuanto a nuestros desempeños y por eso hacemos una crítica muy fuerte al desempeño actual de la Secretaría de Seguridad Pública federal, debido a su total fracaso en relación a la disminución del índice delictivo y a la propia ética y actuación de su titular y de sus elementos, lo cual ha redundado en una inversión gigantesca de recursos financieros del Estado, sin que hasta ahorita hayamos tenido un solo beneficio para la sociedad. Expresamos nuestra preocupación en relación a las funciones eminentemente políticas de a Secretaría de Gobernación y las funciones que ahora como ejecutor de la política de la seguridad encabeza. Asimismo no consideramos conveniente que un solo órgano de la administración sea quien posea el sistema de bases sobre datos criminales. Por otro lado queremos reconocer que la fuerza social de la participación organizada de las mujeres, pudo parar la intentona de subsumir instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión de Pueblos Indígenas, al sector del desarrollo social, ya que resultaba un fuerte retroceso en materia de transversalidad y equidad del diseño de las políticas públicas, privilegiando la adición asistencialista y clientelar contra la izquierda; pero tenemos un serio pendiente, los niños y niñas y los adolescentes. Creemos que éste es un paso pero es importante que tengan su propio órgano de participación. Compañeras y compañeros, esta propuesta de reforma es una reforma que marcará al menos a una generación entera de mexicanas y mexicanos, por eso en el grupo parlamentario del PRD no avalaremos controles policíacos ni la represión como medida de una simulada gobernabilidad, más y en aras de dejar patente de que entendemos el propio principio de derecho que les asiste de organizarse como mejor lo crean y con el ánimo de avanzar, votaremos no a favor ni en contra, votaremos como una vigilante y escéptica abstención. En el ejercicio de gobierno habremos de forzar como si fuera necesario, una corrección y en su caso, expresaremos lo que funcione de su gobierno y denunciaremos lo ilegal que no cumpla los principios básicos de una administración pública y buen gobierno. En el grupo parlamentario del PRD demostramos una capacidad de diálogo y siempre siendo críticos y propositivos, pugnaremos siempre por ser punta de lanza de mejores prácticas de gobierno. Este mejor ejercicio de gobierno exigiremos, sobre todo con la calidad moral que nos asiste y los hechos, con el ejemplo de nuestros gobiernos como es el caso del Distrito Federal, siendo fieles contrapesos a los autoritarismo o tentaciones que puedan ser. Y avalaremos y pugnaremos por fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación como el órgano eficiente, profesional y confiable, verdadero evaluador de las políticas públicas de nuestro país, que sobre todo a los que van dirigidos y por los que nosotros tenemos que representar. Es por el bien de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Es cuanto, diputado Presidente.