La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre: Con permiso de la Presidencia. La legislación secundaria en materia de transparencia y protección de datos personales que hoy nos ocupa debió gestarse con la intervención directa de la ciudadanía y no desde la rectoría de la Presidencia. Ilusamente, esperábamos un parlamento abierto, procesos de discusión racional y construcción de consensos para intentar recomponer el daño a nuestra democracia, que se originó con la eliminación de los órganos constitucionales autónomos que le eran inconvenientes al Poder Ejecutivo. Eliminar el órgano autónomo de transparencia que construimos como contrapeso y freno al gobierno, bajo el argumento de generar ahorro de recursos, es una de las muchas falacias del grupo en el poder para justificar su destrucción total. Este hecho representa un atentado en contra de los derechos de la población y es una regresión al autoritarismo del partido hegemónico que tanto dijeron combatir. Con esta reforma legal se sustituye al Inai por un órgano desconcentrado, sectorizado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno denominado Transparencia para el Pueblo. Pero ese órgano desconcentrado que se encargará de arbitrar operará parcialmente, porque será parte del mismo Poder Ejecutivo. Con esta reforma se genera un problema central de conflicto de interés. El órgano de transparencia, al ser parte del Poder Ejecutivo, es evidente que no representa ningún tipo de garantía respecto a la independencia de sus acciones y decisiones. Es decir, si hubiese una inconformidad de un ciudadano que hizo una solicitud de información de alguna compra o de algún contrato multimillonario de su gobierno, en lugar de que un externo autónomo asegure que esa información se la entregue, sería su mismo gobierno quien tomaría esta decisión. Eso es sumamente desventajoso para un ciudadano frente al monstruo que representa el poder público, así funcionó en el pasado y las consecuencias fueron que la ciudadanía no recibía la información que requería porque se protegían los intereses del poder. Para ejemplificar la idea de concentración del poder mediante esta reforma, basta con revisar el artículo 38 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se establece que la persona titular de transparencia para el pueblo será nombrada por la Presidencia. Con esta reforma se elimina la participación que teníamos como Congreso en el proceso de designación y se establece como un órgano de control unipersonal. Trágicamente desaparece la autoridad garante conformada por un ente colegiado. En este momento el país experimenta hechos graves de inseguridad y violencia, la población requiere recuperar la confianza en sus instituciones de seguridad y justicia. Pensamos que uno de los instrumentos fundamentales para recuperar esa confianza es la transparencia, pero contradictoriamente el artículo 39 establece que diversas instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia no estarán bajo la supervisión de los comités de transparencia, que tendrán la función de garantizar el acceso a la información pública. Esto es gravísimo, porque son instituciones sensibles que se revisarán y controlarán a sí mismas sin contrapesos. Por otro lado, el artículo 112 en materia de clasificación de información reservada, es decir, aquella información que no se le va a dar a la gente, dice que se puede reservar cuando se comprometa la paz social. Bajo ese argumento, un gran escándalo de corrupción pudiera servir como excusa ya que causa intranquilidad y pudiera entrar en el argumento de que va contra la paz social. Y, además, en el artículo 161 de esa ley general, nos recuerda a la población que, si queremos inconformarnos, podemos acudir a los órganos jurisdiccionales para promover amparos y proteger nuestro derecho de acceso a la información. Y con esto concluyo. Vaya, vaya cinismo, cuando el gobierno nos niegue información de sus propios actos, quien resolverá nuestros juicios será el Poder Judicial, construido a modo para ocultar su falta de transparencia. Van a hacer gastar a la gente en abogados, en procesos judiciales para tener acceso a la información del gobierno que ya teníamos ganada, cuando saben lo costoso que es acceder a la justicia. En lugar de facilitarle la vida a la gente...