La diputada Irene Aragón Castillo: La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, en uso de las facultades que se me confieren presento al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto La Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, ratificada por el Estado mexicano en 1990, constituyó un instrumento fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia y, por ende, para establecer compromisos y lineamientos que garanticen los derechos señalados en la misma. En este sentido, los estados partes han adoptado todas la medidas administrativas, legislativas y de otra índole, para dar efectividad a los derechos establecidos en la misma. Este compromiso sirve para que diversos organismos, como el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, insistan en la necesidad de armonizar las leyes para que garanticen su aplicación en el corto y en el largo plazo. En México durante los 10 años de vigencia de la Convención han ocurrido diversas reformas legislativas con los derechos de la niñez, en temas tales como la violencia intrafamiliar, las adopciones, la tipificación de delitos cometidos contra niñas y niños, entre las principales. Estas medidas introducen por primera vez, en la historia del país el concepto de niña, niño y de sus derechos, aspectos que resultan fundamentales para un trato diferente hacia esta población. Lo anterior ha llevado a reflexionar en torno a la necesidad de contar con un marco legal amplio que garantice los derechos de la niñez y las condiciones que son básicas para hacerlos valer. La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes define, en su artículo 2o., que son niñas y niños aquellas personas hasta los 12 años de edad incompletos, y como adolescentes, a las personas desde los 12 años cumplidos a los 18 años cumplidos o los 18 años incompletos. En este sentido, es indispensable el reconocimiento del Estado mexicano de que todo niño o niña o adolescente tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar y la obligación a que todas las medidas que se adopten deban atender a su interés superior. Tal es el caso de la Ley del Seguro Social, ya que su distinción etaria está hecha hasta los 16 años, dejando a las personas en el rango de edades de 16 años cumplidos hasta los 18 años incompletos conculcados en sus derechos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone armonizar esta ley, homologándola a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, en lo que respecta al rango de edad antes mencionado y someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Artículo Único. Se reforman las fracciones IV y VI del artículo 64; V y VII del artículo 84; 134, 136, fracciones I y II y antepenúltimo y último del artículo 138, para quedar como sigue: Fracción IV, del artículo 64. "A cada uno de los huérfanos, que lo sean de padre o madre, menores de dieciocho años, se les otorgará una pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado, tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano cumpla dieciocho años. "Deberá otorgarse o extenderse el goce de esta pensión, en los términos del reglamento respectivo, a los huérfanos mayores de dieciocho años, hasta una edad máxima de veinticinco años, cuando se encuentren estudiando en planteles del sistema educativo nacional, tomando en consideración, las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario y siempre y cuando sea sujeto del régimen obligatorio". Fracción VI. "A cada uno de los huérfanos cuando lo sean de padre y madre, menores de 18 años o hasta 25 años si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, o en tanto se encuentre totalmente incapacitado debido a una enfermedad crónica de efecto físico o psíquico, se les otorgará una pensión equivalente al 30 por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado, tratándose de incapacidad permanente total. Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de 18 años, cuando muera el padre o la madre si alguno de éstos hubiera tenido el carácter de asegurado y acrediten tener ante el instituto un mínimo de 50 cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez. El huérfano mayor de 18 años que desempeñe un trabajo remunerado no tiene derecho a percibir esta pensión, salvo que no puede mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica de efecto físico o psíquico, para cada uno de los hijos menores de 18 años del pensionado, el 10 por ciento de la cuantía de la pensión. El instituto concederá en los términos de este artículo las asignaciones familiares a los hijos del pensionado mayores de 18 años, si cumplen con las condiciones mencionadas. Transitorio Único. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de los Debates. Solicito se inserte en forma íntegra este decreto en el Diario de los Debates. Gracias, señora Presidenta.