La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD): Gracias, Presidente. El senador Raúl Ojeda, integrante del grupo parlamentario en el Senado, del PRD, somete su consideración el punto de acuerdo de urgente resolución, bajo las siguientes CONSIDERACIONES El viernes 14 del presente mes y año, el Ejecutivo Federal por conducto de los Secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, publicó en el Diario Oficial de la Federación, previa filtración a la prensa aparecida un día antes un decreto mediante el cual deroga el vigente desde 1991, modificado en 1977, por medio del cual se declaraba de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar y se establecían una serie de reglas entre ellas el mecanismo de planeación de la producción de caña y su procesamiento; la fórmula para determinar el precio que se pagaba a los productores de caña por su producto. El mecanismo de planeación establecido y la aplicación de la mencionada fórmula desde 1991, habían venido beneficiando a los 440 mil productores de la caña que hay en el país, quienes vieron incrementar su ingreso real en los últimos doce años con mejoras importantes en los niveles de vida de las familias cañeras y un efecto multiplicador positivo en las 2.5 millones de personas que indirectamente están relacionadas con la actividad productiva de la caña de azúcar. A partir de entonces la producción de azúcar se había venido convirtiendo en el eje fundamental de la vida económica de un buen número de pueblos y comunidades en el país. Como lo señala el decreto, la actividad azucarera reviste una gran importancia en los ámbitos económico y social del país, ya que actualmente participa con el 0.5 % del producto interno bruto (PIB) y proporciona sustento a más de 440 mil familias, entre empleos permanente y temporales, asentadas en 227 municipios pertenecientes a 15 estados de la República, en los que habitan alrededor de 12 millones de mexicanos de los cuales más de 2.5 millones dependen directamente de la agroindustria de la caña de azúcar. Con la derogación del decreto cañero los productores y sus familias, además de quienes dependen directamente de la agroindustria y los dueños de los ingenios, se verán afectadas las consecuencias de un mercado desordenado y anárquico que con seguridad se traducirá en precios cada vez más deprimidos del azúcar que podrían poner en riesgo la actividad productiva y agroindustrial en su conjunto, mucho más si se hace efectiva la menaza latente que pende sobre el sector de abrir la frontera a la importación de azúcar y otros edulcorantes como la fructosa. Esta última posibilidad es particularmente crítica y muy posiblemente ocurrirá una vez que la OMC se pronuncia en el panel de controversias, estableciendo para analizar la demanda de los fructoseros de Estados Unidos que interpusieron en contra de la medida adoptada por el Congreso de la República en 2001, de aplicar un arancel del 20 % al uso de otros edulcorantes distintos del azúcar en la fabricación de refrescos. El decreto que deroga al de 1991, deja muchas interrogantes sin responder y plantea profundos cuestionamientos a la política gubernamental en materia del sistema de producto caña de azúcar. Como nadie ha aclarado hasta el momento cuál es la estrategia global en relación con el sector cañero, y si es que hay una y en qué consiste el hecho de que el azúcar esté incluida entre los productos básicos y estratégicos que cita la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Medias de esta naturaleza aisladas e inconexas, como son la impresión de que no hay una política definida y coherente, que tiende a estimular y a eficientar la producción de la caña de azúcar y la del azúcar misma, de la cual derivan respuestas adecuadas de las distintas amenazas que se ciernen sobre el sector como la apertura de la frontera a las importaciones del dulce. Por cuestiones de tiempo, solicitaría la publicación íntegra en el Diario de los Debates y para quedar como sigue PUNTO DE ACUERDO Primero.- Solicitar la comparecencia del señor Javier Usabiaga Arroyo, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que exponga los motivos, las razones y los hechos para que la derogación del decreto que declaraba de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar de mayo de 1991 y su modificación de julio de 1993, y proporcione información suficiente y veraz sobre las políticas y medidas complementarias que habrán de adoptarse para abordar de manera global el problema del azúcar en el país. Es cuanto.