El diputado José Ángel Córdova Villalobos: Con su venia, ciudadano Presidente. Compañeras diputadas; compañeros diputados: Una de las principales razones que más influyeron en mi decisión para convertirme en diputado federal, fue sin duda representar a mi gremio en la más alta tribuna de la nación; éste ha sido uno de mis objetivos en mi ejercicio desde entonces. Soy médico, precisamente por este motivo es que como médico considero indispensable que se otorgue a nuestra práctica la protección jurídica necesaria para que realicemos nuestra labor con la tranquilidad de que las acciones que tomemos para salvaguardar la salud de nuestros pacientes, se encuentren protegidas por la ley. Al hacer mi juramento hipocrático, prometí siempre velar por el bienestar de mis pacientes y así lo he hecho durante toda mi vida profesional. Esta convicción es la regla general de la práctica médica y puedo afirmar orgullosamente que no he conocido a un solo profesional de la medicina que a sabiendas o intencionalmente ocasione un daño a un paciente. A pesar de lo anterior, es un hecho de que como médicos tenemos que tomar decisiones que con la ayuda de nuestros conocimientos nos lleven a proteger la salud de nuestros pacientes, aunque en algunos casos dichas decisiones no redunden en una mejoría, sino por el contrario, originen un daño o lesión involuntarios. Para solucionar algunas de estas controversias contamos con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, institución que busca que los conflictos entre los pacientes y los profesionales de la salud se resuelvan mediante el diálogo y la conciliación. A pesar de lo anterior, hay circunstancias cuando los pacientes o en otros casos los familiares de éstos, pueden iniciar haciendo uso de un derecho incuestionable, acciones penales en contra de los profesionales de la medicina, que a su modo de ver causaron un daño o lesión. Cuando se presentan estas situaciones, los profesionales de la salud no contamos con una defensa legal adecuada, ya que las decisiones que tomamos durante una intervención son analizadas por peritos que no cuentan con la especialidad médica específica del profesional que presuntamente cometió el daño. Es decir, que los llamados peritos médicos son generalmente médicos generales que carecen de los conocimientos de un especialista y es de acuerdo a sus dictámenes que se toma la decisión de la probable responsabilidad de un profesional de la salud. En estas circunstancias, los médicos especialistas se encuentran en una desventaja durante el proceso judicial, ya que sus acciones no están siendo valoradas por uno de sus pares, sino por una persona con una formación distinta y en algunos casos más limitada. El Código Penal tipifica en su artículo 288 el delito de lesiones, que a la letra dice: "Bajo el nombre de lesión se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano si esos efectos son producidos por una causa externa". Como todos sabemos, el Código Penal Federal, tipifica las acciones que serán consideradas como delitos, las cuales tienen la particularidad de no ser interpretadas por analogía e inclusive por mayoría de razón, lo cual quiere decir, en términos prácticos, que las acciones que ahí se describen, tienen que ser sumamente claras para su aplicación. Debido a lo anterior, propongo que se adicione un segundo párrafo, para que los daños que sean consecuencia directa de actos con justificación científica médica, la cual sea reconocida por los Colegios y Consejos correspondientes, no sean considerados como lesiones. Del mismo modo, propongo que se adicione un segundo párrafo al artículo 223 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de que en las lesiones que sean ocasionados por un tratamiento médico, la prueba pericial se lleve a cabo por un profesional o especialista de la misma rama en que se encuentre certificado por el Consejo correspondiente. Con estas reformas se otorga al profesional de la salud, una garantía de que en caso de ser parte de un proceso penal, sus acciones serán valoradas por expertos que cuenten con una preparación similar, valorando sus acciones con una mayor precisión. Esta certeza también se verá refleja en la atención a los pacientes, ya que las decisiones que tomen en cuanto a un tratamiento o intervención se refiere, estarán protegidas por la legislación penal, de modo que se actuará con mayor confianza en beneficio del paciente y evitaremos la medicina defensiva que origina mayores gastos, tanto en medicina privada como en medicina pública. Sabemos que la medicina es una ciencia que está en constante evolución y quienes nos dedicamos a esta noble profesión, lo hacemos por perseguir un bien mayor más que a la vanagloria personal. Nuestro motor fundamental es la ayuda al prójimo, es salvaguardar la vida y la salud de aquellos que en nosotros confían, no sólo su salud sino en muchas ocasiones su vida. Por esta razón, requerimos una protección jurídica, que facilite nuestra labor, en beneficio de lo que más nos interesa, que es la vida y la salud de nuestros pacientes. Por lo anteriormente expuesto, pongo a la disposición de esta H. Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 288 del Código Penal Federal y un segundo párrafo al artículo 223 del Código Federal de Procedimientos Penales, para decir como sigue: Artículo 288.- En caso de aquellos daños a la salud que sean considerados como reacciones colaterales o complicaciones propias de los tratamientos realizados por médicos con títulos, especialidades o grados académicos legalmente expedidos por instituciones autorizadas para impartir dichos conocimientos, si las señaladas complicaciones o reacciones colaterales son consecuencia directa de actos con justificación, basada en evidencia científica médica reconocida por los Colegios, Consejos de Especialidad o Academias nacionales de Medicina, Pediatría y/o Cirugía, no serán consideradas como lesiones, según lo que establece el párrafo anterior. Y el artículo 223, el segundo párrafo diría: En caso de que el punto sobre el que deba dictaminarse corresponda a las ciencias médicas, los peritos deberán ser profesionales certificados por el Consejo de Medicina o general de la especialidad que corresponda. TRANSITORIO El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Gracias por su atención. Es cuanto señor Presidente.