La diputada Laura Barrera Fortoul: Compañeras y compañeros diputados, en México, en el país de primero los pobres, de acuerdo a cifras del Coneval, la actual administración, ha sumado a las filas de la pobreza a 3.8 millones de mexicanas y mexicanos más. Eso es equivalente a todo el estado de Chihuahua o Guerrero. Por si fuer poco, la pobreza extrema, aquella que impide a las personas tener lo básico para subsistir y los ata a trampas insuperables, como la desnutrición o la enfermedad, aumentó 1.5 por ciento, habiendo hoy casi 11 millones de personas más en esta condición. El otorgamiento de dinero por sí mismo no es una política social. La pobreza es un fenómeno multidimensional que va más allá de la sola carencia de ingresos y que tiene que ver con el grado de vulnerabilidad de las personas en su acceso a la educación, salud, seguridad social, servicios públicos y a una vivienda digna. Por eso todas las acciones en esta materia deben ser integrales, bien pensadas y mejor ejecutadas. Sin embargo, la falta de visión, optando por la dádiva económica, sin pensar en todas las demás dimensiones del bienestar ni detenerse a evaluar el contexto de las personas que necesitan los apoyos, pues son la marca de la casa. La política social de esta administración no ha logrado los requerimientos más básicos respecto de la salud pública. Hoy, la brecha entre quienes pueden acceder a servicios de salud y quienes no es inmensa: 15 millones de mexicanas y mexicanos carecen de un médico, de atención a emergencias, de tratamientos que salven su vida y más sobreviviendo a la peor crisis de salud desde la Segunda Guerra Mundial, que es esta pandemia. Este penoso cuarto lugar de muertes en el mundo es transferible también a los responsables del fracaso del Insabi. Las ocurrencias y descoordinación que pusieron fin al Seguro Popular representan miles de vidas truncadas y el sufrimiento de miles de mexicanos, entre ellos los adultos mayores, pues ahora sí pueden tener algunos recursos adicionales, pero los utilizan para el pago de medicamentos y estudios médicos, entonces, no hay pensión que alcance. La misma realidad la sufren nuestras hermanas y hermanos con discapacidad, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, lejos de que contribuya a disminuir una brecha histórica de desigualdad, se concentra en la entrega de 42 pesos diarios, dinero que no cubre lo mínimo indispensable para una inclusión digna. En nuestro país viven más de 20 millones de personas con discapacidad y, de acuerdo a lo anunciado en el informe, solo han recibido beneficios menos del 5 por ciento. Hay que tener tantita voluntad, el Conadis, la institución responsable, sigue sin titular desde el primer día. No les interesa ni nombrar un responsable que les den voz. Toda política pública, pero en especial la social, requiere ser evaluada en su impacto. Es decir, no se trata de medir cuántos apoyos económicos y de cuántos pesos se han otorgado, sino de los efectos que estos tengan en los objetivos planteados. Ninguno de los programas sociales cumple con este requerimiento. No sabemos con certeza si Jóvenes Construyendo el Futuro, a los cuales utilizan como servidores de la nación, lejos de apoyarlos y asegurar que se encuentren espacios laborales seguros, se les utiliza como medios de propaganda política, en lugar de abonar a su preparación y experiencia laboral, o Sembrando Vida, ¿ha sacado a un solo pobre de dicha condición? O solo ha devastado casi 73 mil hectáreas de cobertura forestal, tan solo en su primer año de operación, el cual se encuentra en directa contradicción con los compromisos internacionales en materia de mitigación de producción de carbón. Es decir, lo único que sabemos es cuántos beneficiarios hay en papel y de cuánto le ha tocado, convirtiéndolos en acciones ineficientes y, con toda franqueza, en un descaro clientelismo electoral. Por otra parte, los grandes olvidados de esta administración, la infancia mexicana, sector con el que se tiene un enorme pendiente y que ha visto vulnerado sus derechos, empezando por la desaparición del programa de Estancias Infantiles, el cual contribuía a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres y tutores, reconocidos por organismos internacionales, al mostrar avances en habilidades sociales, lingüísticas y motrices de la niñez, mismo que fue sustituido por un programa de entrega de dinero, en el cual es imposible asegurar que dichos recursos son destinados para atender las necesidades específicas de nuestros niños en la etapa más importante de su vida. Porque todos coincidimos que es la primera infancia de los 0 a los 5 años, el cual hasta el momento dicen, porque no hay claridad en las cifras, que apoyan a 193 mil niñas y niños, cuando anteriormente se prestaba atención a más de 300 mil. Y no hay una sola carpeta de investigación, justamente dándole seguimiento a una supuesta corrupción en este programa. Así, como el gravísimo error en la eliminación de más de cinco mil Comedores Comunitarios, de los cuales más del 50 por ciento de los usuarios eran niñas y niños y, para muchos de ellos, era su única comida del día. Nuestro país figura entre los diez primeros países del mundo con mayor riesgo de desastres naturales. Se tomó la lamentable decisión de hipotecar el futuro de México con la eliminación del Fonden, el cual existía para hacer menos profundas y duraderas las consecuencias de sufrir una emergencia, como las que estamos viviendo ahorita en nuestros estados, el Estado de México, el estado de Hidalgo y muchos más. Ahora, su improvisado Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social, deja a nuestros hermanos afectados sin respuestas ordenadas, rápidas y eficientes.