El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Con su permiso, señor presidente, señores integrantes de la mesa Directiva. El dictamen que nos ocupa implica reformas, adiciones y derogaciones a cinco ordenamientos: al Código Federal de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, a la Ley Federal de Prevención y Readaptación Social y a la Ley Federal de Seguridad Pública. Tiene dos propósitos fundamentalmente: uno, eliminar la figura del Renaut o Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y, por otro lado, tiene por objeto establecer medidas verdaderamente eficaces para contribuir a la inhibición y reducción de la comisión de delitos relacionados con amenaza, secuestro y extorsión, fundamentalmente. Con el primer propósito quiero subrayar que se termina con un período largo, tortuoso de simulación, de omisión y de burla al pueblo de México. A qué me refiero con lo anterior. Omisión porque desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, nunca cumplieron con lo que se estableció en la reforma original a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a través de la cual se llevó a cabo la creación precisamente del llamado Renaut. Porque como ustedes lo saben, nunca se concibió ni se integró dicho registro como la propia ley precisamente lo establecía, nunca se publicó por parte del Ejecutivo el reglamento que establece dicha reforma para integrar y para operar el Renaut, como tampoco nunca se llevó a cabo la reforma al Código Penal Federal que establecía precisamente ese decreto por el que se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía. Hoy con esta reforma se están incorporando cuatro disposiciones fundamentales, que vale la pena destacar la principal, la más importante y que constituye sin lugar a dudas una contribución fundamental para combatir la comisión de los delitos antes señalados y con ello, por supuesto, elevar los niveles de seguridad pública de nuestro país: es la obligación de los concesionarios de contribuir a la localización en tiempo real del teléfono móvil de donde se está llevando a cabo una llamada que implique la comisión de alguno de los delitos antes citados. Una segunda contribución que se realiza a la seguridad pública a través de esta reforma, la constituye el hecho de que los concesionarios están obligados a dar de baja de manera inmediata las líneas telefónicas de aquellos aparatos señalados como robados o como extraviados ante la autoridad competente. Un tercer elemento lo señalaba el diputado Benítez Treviño hace un momento, que es también fundamental el bloqueo de señales dentro y en el perímetro de los Centros de Prevención y Readaptación Social, con lo cual un factor que actualmente contribuye de manera significativa a la comisión de estos delitos, que es la comunicación por vía de teléfonos celulares, de personas que están recluidas con personas que constituyen bandas que se encuentran fuera de estos Centros de Prevención y Readaptación Social, finalmente también se elimina. Y una cuarta disposición importantísima que vale la pena resaltar es la obligación también de los concesionarios de incorporar dispositivos en los teléfonos móviles para que los usuarios que se encuentren en una situación de emergencia puedan llevar a cabo llamadas a las autoridades competentes y con ello puedan recibir su auxilio –repito- tratándose en casos de emergencia, en fin. Quiero solicitar a ustedes su voto favorable, porque estoy convencido que estas reformas verdaderamente van a contribuir a mejorar los niveles de seguridad pública de México y también vamos a concluir con un largo periodo, como lo decía al principio, de simulación, de ambición y de burla al pueblo de México con la existencia del supuesto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Muchas gracias a todos ustedes.