LA C. PRESIDENTA: Gracias a usted señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene la palabra el diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que -el diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 250 de la Ley General de Salud, con respecto a los sicotrópicos enunciados en la fracción II del artículo 245 de la misma ley EL C. DIPUTADO NEFTALI SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO.- Buenos días. Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Los sicotrópicos son un tipo de medicamentos que son una acción terapéutica efectiva y de gran utilidad en el campo de la neuropsiquiatría, pero su efecto en la conducta del ser humano, reacciones secundarias, el control y seguimiento de las mismas, deben ser evaluadas por un profesional especialista médico, toda vez que puede correrse el riesgo de que se desvirtúe su empleo, quedando susceptibles a un uso indebido o abuso de esas sustancias y considerando los efectos adictivos que puede provocar, los principales perjudicados serían los jóvenes como el grupo más vulnerable en estos problemas. De acuerdo al artículo 44 del Reglamento de Insumos para la Salud en su capítulo segundo, para la obtención, elaboración, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, comercialización, importación, exportación, prescripción médica, suministro, posesión, transporte, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con estupefacientes y sicotrópicos con excepción de los que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, sólo podrá realizarse con fines médicos y científicos previa autorización de la Secretaría. En el artículo 45 del referido Reglamento, señala que la guarda-custodia de materia prima que sea o contenga estupefacientes o sicotrópicos, es responsabilidad de quien los posea, mismos que deberá contar con los documentos oficiales que comprueben su tenencia legítima, los que deberá conservar durante un plazo de tres años. En la Ley General de Salud y el en Reglamento de Insumos para la Salud, se deben precisar y establecer claramente los requisitos para la venta al público de los estupefacientes y sicotrópicos, toda vez que hay imprecisiones con la redacción vigente, específicamente en el artículo 250 de la Ley General de Salud, cuya ambigüedad radica en que se remite al capítulo quinto, en donde sólo se hace referencia a la prescripción de estupefacientes; sin embargo no se hacen especificaciones para la prescripción de sustancias sicotrópicas que se establecen en la fracción II del artículo 245 de la misma ley, tal y como lo indica el artículo 250. Por ello, el objetivo de esta iniciativa, es eliminar esta ambigüedad de la derivación actual y así coadyuvar a combatir el problema de consumo, tráfico y comercio de estupefacientes, así como de sustancias sicotrópicas a través de un mejor control del manejo de las sustancias, enfáticamente en lo referente a la prescripción médica, situación que si bien no resuelve el problema, será un gran apoyo para nuestras autoridades. Asimismo reconocemos que es responsabilidad de las autoridades de la Secretaría de Salud revisar la clasificación de los medicamentos en cuestión, así como de la clasificación de los grupos establecidos en la Ley General de Salud; no obstante, es responsabilidad de todos nosotros, como legisladores, actualizar el marco jurídico a efecto de establecer las bases que permitan actuar de manera adecuada a la propia Secretaría de Salud en el ámbito de su competencia, así como a los especialistas que permitan un mayor control de flujo comercial de medicamentos para tratamientos tan específicos como son los sicotrópicos y estupefacientes. El uso y abuso de estas sustancias, representa una preocupación creciente para el Gobierno Federal, las entidades federales y la sociedad en general. Esta problemática exige contar con procedimientos, criterios, normatividad y legislación clara, de tal modo que sean de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de la Secretaría de Salud, del Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos del sector público, social y privado que realicen actividades preventivas de tratamiento, de control y de prescripción de los referidos medicamentos. Por ello, compañeras y compañeros diputados, reitero el propósito de esta iniciativa para brindar, tanto a las autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud como a los especialistas médicos, los elementos necesarios para el mejor ejercicio de sus actividades, eliminando las ambigüedades vigentes en el artículo 250 de la Ley General de Salud, a efecto de que se regule más estrictamente el manejo de los sicotrópicos y de los estupefacientes. Por los beneficios que trae consigo esta iniciativa espero que depositen en ella su confianza y apoyo. Por lo que someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 250 de la Ley General de Salud, referente al manejo de los sicotrópicos de la fracción II del artículo 245. "ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 250 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: "Artículo 250.- Las sustancias sicotrópicas incluidas en la fracción II del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevén en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, quedarán sujetas en lo conducente -y ahí viene la modificación- a las mismas disposiciones que se establecen para los estupefacientes en el Capítulo Quinto de este Título". "TRANSITORIOS: "UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Como ven, esta iniciativa lo único que busca es aclarar en el artículo 250 en donde especifica cómo deben ser tratados los sicotrópicos del tipo II o de la fracción II del artículo 246, en el sentido de que no los remite exclusivamente al Capítulo Quinto de la Ley General de Salud, en donde se establece exclusivamente, cómo deben ser manejados los estupefacientes. En la actualidad lo remite, y lo que queremos manifestar nosotros con esta aclaración, es que esa remisión vaya conjunta con el hecho de que los sicotrópicos de tipo II deben de seguir con las mismas limitaciones y características para su expedición, uso, manejo, a los que se estipulan para los estupefacientes. Muchas gracias por su atención y le solicito a nuestra diputada presidenta, sea incluido el texto íntegro en el Diario de los Debates, en la Gaceta Parlamentaria y que sea turnada para su dictamen y estudio, a la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. -PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud. Tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una iniciativa que reforma los artículos 30 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. A petición del señor diputado se pasa al final del capítulo. Tiene la palabra el diputado Eduardo Andrade Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. -DIP. EDUARDO ANDRADE SANCHEZ: Muchas gracias señor presidenta. Distraigo nuevamente su atención para traer a esta tribuna la voz de ciudadanos que habitan en distintas unidades del INFONAVIT, en Veracruz; que me han planteado en mi carácter de dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la necesidad de presentar una iniciativa que corrija una ancestral injusticia que se ha venido cometiendo con ellos. Y entiendo que así como ocurre en mi Estado, también sucede en otras entidades. A partir de una circular que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) giró el 30 de julio de 1987. Hasta antes de esa fecha, los créditos que otorgaba el INFONAVIT se daban en pesos y así se registraba tanto el monto del crédito como los intereses que habrían de cobrarse hasta la conclusión de los pagos. Pero con motivo del disparo del fenómeno inflacionario en los años 80, la circular a la que me refiero introdujo el concepto de múltiplos de salario mínimo vigente en el Distrito Federal como base para el otorgamiento de los créditos y se produjo entonces una aplicación de ese concepto a los préstamos que dio el Infonavit en aquella época. El 24 de febrero de 1992 se modificó el artículo 44 de la Ley del Infonavit para establecer legalmente la determinación de los créditos en múltiplos de salario mínimo. Pero entre 1987 y 1992 en realidad la determinación de estos créditos, su pago, su actualización, los intereses que generaban se realizaron sin un verdadero fundamento legal e incluso podría decirse que la reforma de 92 vino a aplicarse retroactivamente a quienes habían obtenido créditos con anterioridad, que debieron haber estado denominados en pesos. Ese motivo dio lugar a algunos convenios que han existido, en los cuales el Infonavit ha reconocido la necesidad de replantear al monto de los créditos porque el acreditado ha visto aumentar el precio de su vivienda en múltiplos de salarios mínimos, actualizar los montos de su saldo y aplicársele intereses sobre esas actualizaciones, en contra de lo que originalmente estaba pactado en sus contratos y que derivaba de la ley anterior. En consecuencia, hay muchos derechohabientes del Infonavit acreditados que nunca han podido consumar la propiedad de su vivienda porque han pagado el monto inicial que habían contratado varias veces y aun así siguen teniendo un saldo deudor. Esta injusticia debe corregirse. Cuando la ley que estableció ya el sistema de múltiplos de salario mínimo, y así se contrató, tiene que respetarse esa situación, pero los casos entre 1987 y 1992 sí pueden ser modificados con una determinación nuestra a partir de la aprobación de un decreto que adicione un artículo transitorio a la Ley del Infonavit. En esa razón y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución, me permito presentar esta iniciativa para que se adicione un artículo transitorio a la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores para decir lo siguiente: "Artículo transitorio. todos los créditos otorgados entre el 30 de julio de 1987 y el 24 de febrero de 1992 deberán considerarse otorgados en pesos, en los términos de la Ley vigente en ese momento. "El Infonavit deberá hacer un nuevo cálculo de los montos pagados por los trabajadores acreditados que hubiesen recibido créditos durante el mencionado período y determinar la cantidad por virtud de la cual tales créditos hubieran quedado saldados, aplicando los términos de la ley vigente en esa época. "Si la suma pagada por el trabajador acreditado al momento de entrar en vigor el presente decreto fuese igual o superior a la cantidad resultante de aplicar lo preceptuado en el párrafo anterior, el crédito deberá considerarse totalmente cubierto por el trabajador acreditado y el Instituto quedará obligado a emitir la escritura correspondiente que acredite la propiedad de la vivienda adquirida por el trabajador". Este sería un artículo transitorio que forma parte sustantiva del decreto que propongo, y a su vez tendría un capítulo transitorio único, un artículo transitorio único señalando que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Muchas gracias.