La diputada Laura Elena Martínez Rivera (PRI): Con su permiso señor presidente. De conformidad a lo que establece los Artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados David Hernández, Claudia Ruiz Massieu, Emilio Badillo, Jaime Fernández, Heliodoro Díaz, Omar Basani y la suscrita Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI, presentamos a esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica diversos artículos y adiciona el Libro Sexto del Voto en el Extranjero al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para instrumentar el voto de los mexicanos en el extranjero. Exposición de Motivos. La reforma al Artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1996 específicamente la fracción III definió la obligación de los ciudadanos de la república a votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley. Hasta este momento no se han definido estos términos para los ciudadanos mexicanos que se encuentre en el extranjero. En la Exposición de Motivos se dice: "Se propone suprimir de la fracción III del Artículo 36 la obligación de que el voto del ciudadano mexicano sea emitido en el distrito electoral que le corresponda, a efecto de posibilitar a nuestros connacionales que se encuentran fuera del territorio nacional el ejercicio del sufragio Para entender el marco legal en el que sustentaremos la iniciativa, es necesario comprender quién, de acuerdo con la ley, es ciudadano mexicano, para entonces proponer la forma en que deberá cumplir con esta obligación. De conformidad con el Artículo 30 Constitucional la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización y así son mexicanos por nacimiento, los que nazcan en territorio mexicano; los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional; de padre mexicano o de madre mexicano nacido en territorio mexicano; y los que nazcan en el extranjero, hijos de padre o madre mexicano por naturalización. Son mexicanos por naturalización, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización; la mujer o varón extranjero que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan y establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señala la ley. El Artículo 34 Constitucional define quienes son ciudadanos: los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reunan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. El Artículo 37 Constitucional establece que los mexicanos por nacimiento, no podrán ser privados de su nacionalidad, esto no sucede con el mexicano por naturalización, quien si puede perder la nacionalidad. El inciso c) del mismo artículo establece las causales de pérdida de la ciudadanía. Durante el Siglo XIX se consideró que los conceptos de pueblo, ciudadanía y territorio, estaban indisolublemente ligados, Pablo Mijangos y González dice: La realidad cotidiana de principios del Siglo XXI no es la que imaginaban los republicanos del Siglo XIX sino la de un constante flujo de pueblos y personas que no respetan límites geográficos y por ello no debe extrañarnos que el concepto clásico de ciudadanía esté hoy siendo fuertemente debatido en todo el mundo. Más aun, ahora debemos entender el concepto del ciudadano transnacional, término acuñado en el concepto de la Gran Villa y la globalización de la sociológa Sasse, (?) un ejemplo de ello es la Unión Europea. Entre 1920 y 1929 más de 500 mil nacionales cruzaron la frontera norte en busca de refugio y de trabajo, como consecuencia de ello, se formaron grandes concentraciones de mexicanos en ciudades como Los Angeles, San Antonio, Houston y Chicago. El antropólogo Arturo Santamaría observó que las comunidades migrantes desarrollaron rápidamente organizaciones y medios de expresión independientes. En efecto, fue en el Diario La Opinión, en 1926, quien propuso la necesidad de que los migrantes mexicanos conservaran el derecho al voto y la protección de las leyes de su país de origen. Para su fundador, el intelectual vasconcelista Ignacio Lozano, era indispensable que los connacionales conservaran sus derechos políticos a fin de que influyeran en las transformaciones de la patria y poder así regresar a su ciudad de origen. Era indispensable entonces que los migrantes continuaran en el goce de sus derechos. Aunque notemos una influencia derechista y antigobiernista por razones obvias, es necesario que fijemos este hecho histórico. Pese al regreso forzado de miles de mexicanos debido a la gran depresión, el número de éstos en Estados Unidos siguió aumentando. Entre 1942 y 64 los programas de braceros facilitaron el ingreso de 4.65 millones de mexicanos, cerca del 30% se quedarían a residir en forma definitiva en los Estados Unidos. Es en esta etapa en que predominó la migración indocumentada que reprodujo en parte las características socio-demográficas y ocupacionales de los migrantes, así como la modalidad circular y recurrente de sus desplazamientos. Así lo citan los académicos Gastelum y Bustamante. Finalmente, en la década de 1980 a la fecha inicia una tercera etapa que se caracteriza por la incorporación de nuevos componentes al flujo migratorio, que contribuyen a modificar y a hacer más compleja tanto la dinámica y modalidades migratorias, como el perfil socio-demográfico y pautas de inserción laboral de los migrantes en los Estados Unidos, según también cita el académico Alejandro Ignacio Canales. Marchel y Cornelius encuentran evidencias concluyentes que en las últimas dos décadas ha aumentado la cantidad de migrantes que provienen de muchas entidades del centro y sur del país así como de áreas urbanas, especialmente del centro de la Ciudad de México y que tienen mayores niveles de escolaridad que en el pasado, a la vez que se ha incrementado la proporción de las mujeres como la tendencia de los migrantes a residir de manera permanente en los Estados Unidos. Durante el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari hubo un cambio notorio de la política hacia las comunidades mexicanas en el exterior, sin embargo no se avanzó en la discusión sobre el ejercicio de sus derechos políticos. En el año 88 y hasta 1994 se incrementaron los contactos con las asociaciones empresariales México-Norteamericanas, se fomentó la organización de clubes de oriundos y se crearon programas de apoyo al migrante en los consulados, pero toda estas iniciativas resultaron infructuosas, pues hubo quien creyó que sus verdaderos objetivos eran socavar el apoyo existente de los migrantes a los partidos mexicanos de oposición y con esto se contaminó lamentablemente y políticamente el debate sobre el voto en el extranjero. Aunque el PRI ganó la Presidencia en 1994, negoció con la oposición un gran acuerdo político a fin de garantizar una transición democrática ordenada y la gobernabilidad del país. Uno de los resultados fue la presentación de un paquete de reformas constitucionales en materia electoral y publicadas el 22 de agosto de 1996. Se modificó la estructura del Instituto Federal Electoral; se instauró por primera vez en nuestra historia reciente el control de la constitucionalidad de los actos en materia electoral y la reforma del artículo 36 constitucional, que hacía jurídicamente posible el voto de los mexicanos en el extranjero. En cumplimiento de las nuevas disposiciones constitucionales, se publicó un decreto de reformas al COFIPE, en cuyo artículo 8º transitorio se definieron los pasos a seguir para hacer efectivo el voto de los mexicanos en el extranjero. Según el analista Pablo Mijangos y González, revela que en el fondo los legisladores solamente removieron los obstáculos para votar fuera y exclusivamente en las elecciones presidenciales, pero dejaron en el aire la instrumentación práctica de este derecho. De acuerdo con Javier Patiño, esta disposición condiciona el ejercicio al sufragio en el extranjero, a la realización de tres condiciones fundamentales y complementarias: La creación del Registro Nacional Ciudadano y la expedición de las cédulas de identificación ciudadana, que de acuerdo con el 97 de la Ley General de Población son servicios de interés público que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación y lo que no se ha realizado. Dos. La designación de una comisión de especialistas del Consejo General del IFE, cuya función sería determinar las modalidades que hicieran posible el voto a distancia, lo que ya se ha llevado a cabo, y Tres. La reglamentación legislativa de dicho voto, que es atribución exclusiva del Congreso de la Unión. De esto último, compañeros y compañeras diputadas, nos ocuparemos y por lo tanto propongo realizarlo. Nos permitimos presentar esta iniciativa para hacer realidad el voto de los mexicanos en el extranjero, de la misma manera a la que se realiza por los mexicanos en nuestro país. Proponemos la instalación de una estructura en el extranjero del Instituto Federal Electoral, la credencialización, el voto a través de casillas y la posibilidad de hacer campaña en el extranjero. Con esto se asegura la fortaleza de la institución, al garantizar una sólida estructura electoral en el extranjero y la sustitución jurídica para asegurar la equidad de la contienda, la identidad de la ley, el voto secreto universal y directo y el derecho del votante a conocer la mejor oferta política. En espera de su apoyo, compañeros diputados y señor Presidente, solicito atentamente la inserción íntegra de esta iniciativa en el Diario de Debates y entrego en este momento el documento a la Mesa Directiva. Gracias. (aplausos)