El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. El tema que hoy nos ocupa es de vital importancia para el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, estamos hablando de la mejor conocida miscelánea penal, la cual se estableció que este próximo 18 de junio, de acuerdo a los transitorios de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, aprobada en el 2008, entrará en vigor este nuevo sistema de justicia penal en todo el país, sin lugar a dudas, un hito histórico en la historia de esta nación. Resulta evidente que con estas reformas a diversos ordenamientos del derecho penal tendrán nuevas reglas. En ese tenor fue que se dio un plazo de ocho años para su implementación y conocimiento por parte de las autoridades y de la población. El dictamen que está a discusión se integra por 10 leyes, a saber: el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito. Cabe recordar que la Cámara de Diputados lo aprobó el pasado jueves 28 de abril en lo general y en lo particular, con modificaciones, con 422 votos a favor, 0 en contra y 24 abstenciones, pasando así al Senado para sus efectos constitucionales. Sin embargo y de acuerdo a la colegisladora, los cambios que realizó a la minuta son para contar con mejores herramientas para el combate de la delincuencia; por lo tanto, coincidimos y apoyamos los mismos. Dentro de los cambios sugeridos por la colegisladora, que realizó en el Código Nacional de Procedimientos Penales destacan: en el artículo 122 se reforma la disposición relativa a que en el caso de que el imputado no pueda o se niegue a designar un defensor particular, le solicitan a la Defensoría Pública se le designe un defensor al imputado, en virtud de no ser atribución ni del Ministerio Público ni del juez, pues no son las autoridades competentes para ello. En el artículo 256, se estableció el supuesto de que el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que en su caso se hayan reparado o garantizado los daños. En el artículo 291, se precisó que esta clase de intervención de las comunicaciones privadas abarca todo sistema de comunicación o programas, producto de la evolución tecnológica, así como por regla general para esta clase de intervención se requerirá la autorización judicial. Por cuanto hace al segundo párrafo del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se eliminó la última porción normativa relativa a la solicitud de aclaración del Ministerio Público sobre los datos de prueba, ello en razón de que alargaría las audiencias. Es por lo anterior, que el dictamen en discusión realiza un ajuste a este andamiaje jurídico, con la finalidad de avanzar en la construcción de un régimen jurídico que garantice, en el ámbito de procuración y administración de justicia, mejores herramientas para la operación del nuevo sistema de justicia penal. Cabe resaltar que durante la discusión de este paquete de leyes, en el Grupo Parlamentario del PRD hemos escuchado atentamente a diversas organizaciones de la sociedad civil, buscando siempre consensos en los diversos puntos de vista para generar con ello lo que tenemos hoy, una legislación incluyente. Como legisladores, en este periodo extraordinario, estamos armonizando los ordenamientos jurídicos antes de su entrada en vigor, es por ello, compañeros diputados, que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.