El diputado Jaime Bueno Zertuche: Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Las niñas, los niños y los adolescentes son las bases fundamentales de toda sociedad, como la mexicana. Ellos son nuestro presente y son nuestro futuro. Todos debemos respaldar nuestra niñez y debemos garantizar cada uno de sus derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Además, debemos trabajar día a día para establecer mejores mecanismos para que puedan desarrollarse libremente. A pesar de las obligaciones que el Estado ha adquirido para garantizar el bienestar de nuestra niñez, México enfrenta una grave crisis alimentaria que debe mitigarse. De acuerdo con datos del Coneval, el 23.5 por ciento de la población vive en pobreza alimentaria. Por si fuera poco, en México existen más de 880 mil infantes en situación de desnutrición crónica. Según la Encuesta Nacional de Salud, el 55.5 por ciento en los hogares en México se clasificaron en alguna de las 3 categorías de inseguridad alimentaria. Y, de acuerdo con la UNICEF, uno de cada 8 niños y niñas menores de 5 años presenta tallas menores. Hay que ser claros, en nuestro país las niñas, los niños y los adolescentes mueren de hambre. Y, en contraste, además de los altos índices de desnutrición por inseguridad alimentaria, nuestro país también se encuentra en los primeros lugares de obesidad infantil. De hecho, 1 de cada 20 niños menores de 5 años padece obesidad. Todos estos datos revelan graves problemas en la alimentación de calidad. En México no se garantiza la seguridad alimentaria ni la alimentación de calidad. Por ello, como legisladores, tenemos la obligación de construir normas que permitan atender los graves problemas del país y conformar los mecanismos que permitan hacerle frente. Es precisamente por lo anterior que el dictamen que discutimos cobra suma relevancia. Con esta reforma se busca modificar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de garantizar la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado tiene la obligación de consolidar la seguridad alimentaria, pero también la obligación de fomentar buenos hábitos alimenticios. De esta forma, la iniciativa también prevé que tanto la federación, como los estados y los municipios en el ámbito de sus competencias deberán de fomentar políticas públicas que garanticen una sana alimentación, estableciendo, además, una educación efectiva en materia nutrimental. Así, los Congresos de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días contados a partir de la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones normativas a fin de crear un sistema que permita atender el derecho a una alimentación nutritiva. Mi reconocimiento a las y los promoventes de los diversos grupos parlamentarios que enriquecieron esta iniciativa. Dan muestra, compañeras y compañeros, de que con las mejores causas no existen colores partidistas o posturas ideológicas, sino el compromiso de hacer lo correcto. Particularmente reconozco a mi paisano y amigo, el diputado de la pasada legislatura, Sergio Sisbeles, como uno de estos promoventes. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen porque nuestras niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de crecer sanamente. Por México primero está la niñez, primero debemos garantizar su salud a través del alimento suficiente y nutritivo. Por su atención, muchas gracias.