La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con el permiso de la Mesa Directiva. A nombre propio y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a esta tribuna para dar voz a uno de los problemas más agudos que enfrenta hoy la sociedad mexicana, la explotación de jornaleros indígenas en campos de cultivo agrícola de diversos estados del país. Este posicionamiento tiene su origen en los numerosos casos de explotación laboral en contra de las personas provenientes de pueblos y comunidades indígenas que han sido denunciados ante esta honorable Cámara. La fuerza de trabajo indígena migrante, la mayoría proveniente de los estados del sur de este país, constituye un componente fundamental en la producción agrícola, sobre todo de los estados del occidente y del norte del país. Existen dos causas esenciales de este fenómeno, la primera son las condiciones de alta y muy alta marginación en las que sobreviven prácticamente 7 de cada 10 indígenas, y la segunda, es la existencia de un mercado laboral desreglamentado, que demanda esta fuerza de trabajo barata y carente de conocimientos sobre sus derechos laborales más elementales. E, incluso, me atrevo a decir, ignorante de sus derechos humanos. Pero entre ambas condiciones existe un vacío aún mayor que es aprovechado por estas redes de tráfico de personas, porque hay que llamarlo por su nombre, que con el señuelo de oportunidades de trabajo bien remuneradas someten a la explotación y a la esclavitud a nuestras hermanas y hermanos indígenas, no sólo por hombres adultos, sino también y más aún grave por mujeres y niños que en lugar de que estén en las aulas. Este hueco es la falta de una acción institucional seria, ordenada, estructurada, responsable e integral, que salvaguarde los derechos laborales y las garantías sociales de los jornaleros indígenas migrantes. Por ello quiero hacer un llamado a las instituciones gubernamentales, a la Procuraduría General de la República, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría del Trabajo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a estos organismos autónomos y de la sociedad civil, encargados de la defensa de los derechos humanos, para que coadyuven en la preservación de la integración de este grupo de indígenas migrantes, a efecto de que verifiquen sus condiciones de salud en las que se encuentran, y que garanticen el respeto a sus garantías individuales en el regreso a sus comunidades de origen. Es paradójico, triste y hasta vergonzoso que en los casos más representativos de defensa de los derechos humanos, del debido proceso y de la preservación de las garantías individuales y los derechos humanos beneficien a personas extranjeras, narcotraficantes, homicidas confesos y delincuentes de cuello blanco, que han agraviado profundamente a la sociedad mexicana, en vez de proteger la dignidad y los derechos humanos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas indígenas. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se lucre con la pobreza? ¿Hasta cuándo vamos a cerrar los ojos frente a estas redes de explotación? ¿Hasta cuándo se realizará una investigación seria y profunda para castigar a todos los responsables de estas redes de tráfico? Y no solamente acuso a un nivel de gobierno, son responsables los tres niveles de gobierno. Los tres niveles de gobierno asumirán su responsabilidad. Ya basta de ocupar a los indígenas como botín político. Ya basta de ocupar a los indígenas bloqueando Reforma. Ya basta de ocupar a los indígenas para sus intereses personales. Basta de tanta impunidad. De verdad espero que el Instituto Mexicano del Seguro Social nos informe a esta honorable Cámara cuántos jornaleros agrícolas se han incorporado al régimen de seguridad social, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. De verdad, basta de discursos, sino que tenemos todos que asumir nuestras responsabilidades. No solamente son los indígenas que no conocen sus derechos, somos los que estamos aquí para defenderlos. No hay que gritar, hay que sumar esfuerzos. Muchas gracias.