LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Se emitieron 471 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Aprobado en lo general y en lo particular por 473 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Corrijo por 471 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto del Orden del Día es la primera lectura al Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, publicado en La Gaceta Parlamentaria. COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO HONORABLE ASAMBLEA El pasado 14 diciembre fue turnada a esta Colegisladora la Minuta de la H. Cámara de Senadores con proyecto de "Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia", presentada por el C. Senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el día 31 de octubre de 2001, la cual a su vez fue remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis, discusión y dictamen. Por otro lado, también fue turnada a esta Comisión la Iniciativa de "Decreto por el que se adicionan al artículo 33-A, tres párrafos y se adiciona un nuevo artículo 33C a la Ley para Regulár- las Agrupaciones Financieras", presentada él 27 de noviembre de 2001, por el C. Diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere. Ambas, presentadas con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto de la Minuta y la fe de erratas al artículo 23 de la propia Minuta recibida el 20 de diciembre, ambas elaboradas por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Colegisladora, así como de la Iniciativa antes referida, se procedió a su análisis y estudio correspondiente, de conformidad en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que esta Comisión presenta a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente DESCRIPCION A partir de 1993, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras creó la figura de las Sociedades de Información Crediticia, mejor conocidas como Burós de Crédito, con el propósito de integrar y manejar un banco de datos con, el registro de las operaciones activas de aquellas entidades financieras y empresas comerciales que otorgan financiamientos, a fin de contar con un historial del comportamiento crediticio de los usuarios de tales servicios. De esta manera se estableció en la ley antes mencionada la obligación por parte de estas sociedades de contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el desarrollo de sus actividades, contando con la opinión del Banco de México y, desde luego, bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La iniciativa de Ley señala de manera específica las operaciones de las Sociedades de Información .Crediticia, tendientes a proteger los derechos e intereses de los diversos agentes que intervienen en el proceso de otorgamiento de créditos, así como definir las condiciones que rijan sus actividades, subsanando las lagunas que existen en las disposiciones legales vigentes, entre otros las relativas a la constitución de la base de datos y la debida protección de los intereses del público usuario de sus servicios. Las Dictaminadoras del H. Senado coinciden en que la ley que actualmente regula a las sociedades de información crediticia, otorgó una exorbitante facultad discrecional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México, para que mediante reglas de carácter general determinen diferentes cuestiones a que deberán sujetarse las actividades de dichas sociedades, las cuales a este momento no han podido establecer de manera clara y completa las directrices que deben regir todos y cada uno de los aspectos que tienen injerencia en el desarrollo de las actividades de dichas sociedades. . La legislación actual en la materia, otorga una excesiva facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México para determinar los diferentes condiciones a que deben sujetarse dichas sociedades, por lo que se considera necesario evitar injusticias en contra de los usuarios de los servicios financieros por el uso injustificado que pudiera darse a la información con que cuentan estos buros de crédito. De otra parte, la Iniciativa del C. Diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, que en lo sustantivo aborda el tema de la Minuta antes descrita, propone que cuando exista un litigio entre una entidad financiera o empresa o una persona física o moral, por cuestiones derivadas del otorgamiento de un crédito, la entidad financiera o empresa acreedora, en caso de perder el juicio, se obligue a ordenar a la o a las sociedades de información crediticia, se borre el antecedente negativo a fa mayor brevedad posible, así como de que no se mencione en lo futuro dicho antecedente, a reserva de ser sancionada por la autoridad competente. Para tal propósito propone la adición de tres nuevos párrafos al artículo 33-A de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Asimismo, la iniciativa en comento establece que en caso de que la entidad financiera o empresa acreedora omita ordenar a la sociedad de información crediticia la corrección de los datos en el historial crediticio de una persona, ésta podrá solicitar al juez de la causa girar un oficio a la sociedad responsable a que elimine la información negativa relacionada con el crédito motivo de litigio. Esta propuesta se contempla en un segundo párrafo del artículo 33-C de la citada Ley. Finalmente, propone que en todo caso cuando los afectados con motivo de la emisión de informes que proporcione el buró de crédito, detecten información no actualizada, falsa o inexacta, podrán acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros --CONDUSEF  para la aclaración correspondiente. CONSIDERACIONES DE LA COMISION Cabe señalar que la que Dictamina coincide con la Colegisladora en el propósito de lograr una mayor facilidad en el manejo de las definiciones que contiene la Ley en comento, principalmente la relativa al concepto de "base primaria de datos", misma que se integraría con la información proporcionada por los usuarios de las sociedades de información crediticia, respecto de créditos motivo de registro, así como adecuar los textos donde se definan los términos relativos a: empresa comercial, usuario y reporte de crédito especial. (artículo 2°-) Por lo que corresponde a la supletoriedad en materia de notificaciones, se está de acuerdo en eliminar la referencia que se hace en el proyecto original del Código Fiscal de la Federación y, en sustitución, mencionar a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (artículo 4°-) En materia de violación del secreto financiero en operaciones activas, se coincide en señalar como excepción la información que proporcione de acuerdo con la Ley a los usuarios, así como aquella que solicite alguna autoridad competente en el uso de sus atribuciones. (artículo 5) En lo relativo a los requisitos que deben cumplir aquellas sociedades o burós, se coincide en señalar como requisito indispensable el de presentar un proyecto de estatutos sociales, así como proporcionar la información que solicita la Secretaría de Hacienda, y que deberá ser la suficiente para su evaluación y la cual será requerida por escrito. (artículo 7) En otro orden de ideas, esta Dictaminadora está de acuerdo con los requisitos que deberán cumplir los directos generales y consejeros de estas sociedades de información credicticia que menciona la iniciativa. Por cuanto a la facultad de inhabilitación que señala la nueva Ley, ésta podrá aplicarse en los- casos en que se cometan infracciones graves o reiteradas. Y, en el mismo sentido, se coincide en precisar en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá contar con una base de datos que indique el historial de todo el personal que participe en el sector financiero. (artículo 9) Por cuanto a la modificación de los estatutos sociales de las Sociedades de Información de Crédito, se coincide en que estos tienen una connotación más precisa a la de escritura constitutiva. (artículo 11) Esta Dictaminadora considera de particular importancia el artículo 12 en el que se precisa el orden jurídico al que se someterán las sociedades de información crediticia. De esta manera, se sujetarán, además de la Ley como elemento fundamental de regulación, éstas se sujetarán a la norma secundaria, que en su momento deberá establecer el Banco de México en disposiciones de carácter general, respecto de las operaciones y actividades de dichos burós de crédito. Estas disposiciones constituyen un elemento normativo necesario para precisar algunas situaciones que, por el grado de detalle técnico -tal y como es el caso de los manuales operativos y formatos--, no es adecuado especificarlo en Ley. Asimismo, se coincide con la adición que hace la Colegisladora al artículo 13, para señalar el objeto de las sociedades de información crediticia que es incluyendo el servicio de calificación de créditos o de riesgos, y en cuanto a su disolución también se coincide en que este acto, para efectos de su regulación, deberá ser notificado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (artículos 13 y 16) Cabe señalar que a Colegisladora consideró oportuno la inclusión del acto de la disolución como acto corporativo que deberá ser notificado a la Secretaría de Hacienda, en virtud de la importancia que reviste para efectos de regulación por parte de la citada autoridad, con lo cual coincide esta Dictaminadora. (artículo 16) Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público está de acuerdo con la Colegisladora en que deberá ser causal de revocación la negativa reiterada por parte de las sociedades de información crediticia a proporcionar la información en los términos en que la Ley establece a las autoridades financieras. (artículo 19) De igual manera se coincide en establecer en el texto de la Ley en comento, la facultad a los usuarios para que la información sobre personas morales que se proporcione, pueda incluir a los funcionarios de la dirección general y de las áreas de finanzas, y de los accionistas de la persona moral de que se trate. También se estima pertinente la adición que hace la Colegisladora, para facultar al Banco de México a emitir disposiciones de carácter general, que señalen las bases conforme a las cuales los burós deberán proporcionar la información solicitada. (artículo 20) Por otro lado, se establece en el artículo 21 la obligación de las sociedades de información crediticia de contar con manuales operativos estandarizados, con el fin de que los usuarios lleven a cabo el registro de su base de datos, así como para la remisión, rectificación e interpretación de los Reportes de Crédito y de los Reportes de Crédito Especiales que emitan los burós. Al respecto, esta Comisión Dictaminadora considera fundamental el propósito de estandarizar los manuales, para que las sociedades que surjan con posterioridad puedan utilizarlos y con ello adaptarse rápidamente al mercado de información crediticia, en beneficio de los usuarios y clientes y, por ende, en protección del interés público. Por otro lado, esta Comisión recoge la fe de erratas al artículo 23 enviado por la Colegisladora, respecto al plazo en el cual los burós de crédito están obligados a conservar la información proporcionada por los usuarios relativa a personas físicas, en el sentido de que en vez de este periodo sea de 184 meses como señala la Minuta turnada el 14 de diciembre, deberá ser de 84 meses de acuerdo al plazo aprobado por su Pleno. Por cuanto a los delitos patrimoniales que contempla la iniciativa, se está de acuerdo en incluir la intencionalidad en la Comisión de los citados delitos, estableciéndose por otro lado, las obligaciones de proporcionar información a las autoridades judiciales al igual .que a las autoridades hacendarias tratándose de delitos fiscales y aquellos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. (artículos 24 y 26) Por otro lado, esta Dictaminadora está de acuerdo en establecer la posibilidad de que los burós de crédito puedan pactar con los usuarios la sustitución de la firma autógrafa del Cliente, con la autorización del Banco de México, así como- ampliar la vigencia de esta autorización de seis meses a un año, contemplando la posibilidad de que este lapso se amplíe hasta dos años si se cuenta con autorización expresa del cliente. Además, se coincide con la precisión que hace la Colegisladora respecto a los "Reportes de Crédito Especiales", en el sentido de que éstos contengan la identidad de los usuarios que hayan tenido acceso a la información de los clientes. que soliciten dichos reportes durante los 24 meses anteriores a la expedición del propio registro. (artículo 28Y Con relación a la regulación de las relaciones entre los burós de crédito y los usuarios que tengan el carácter de empresas comerciales, las cuales han incrementado sus operaciones crediticias, se esta de acuerdo en la necesidad de precisar las responsabilidades que tendrán ambas partes, asimismo se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para solicitar al buró de que se trate, suspender el servicio a aquella empresa comercial que viole el secreto financiero y, en su caso, se tomen las acciones legales que procedan. (artículo 29) Para efectos de control y seguimiento de los asuntos, se considera necesario que los usuarios mantengan en sus archivos la autorización de los clientes por un periodo no menor a 12 meses, a diferencia de los 18 que contemplaba el proyecto original y la obligación de conservar las autorizaciones de los clientes durante 12 en vez de los 18 meses planteados en un principio. Adicionalmente, se considera procedente facultar a los burós a verificar la existencia de las autorizaciones de los clientes, con el objetó de que, en caso de haber incumplimiento, este se comunique a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (artículos 30 y 31) Por otra parte, respecto al uso que se dé a la base de datos con que cuentan estos burós de crédito, se coincide en el otorgamiento del permiso o autorización para que todas las sociedades que participen en el sistema de información crediticia, lo hagan en igualdad de condiciones, evitando con ello las prácticas monopólicas y competencia desleal entre las mismas, lo cual redundará en un mejor servicio a los usuarios del sistema. (artículo 36) Con el propósito de que el Reporte de Crédito Especial permita al cliente saber de manera clara y precisa la situación en que se encuentre su historial crediticio, se considera procedente señalar que el mencionado reporte, deberá ser claro, completo y accesible, de tal forma que se explique por si mismo o con el apoyo del instructivo que al efecto proporcione el Buró de Crédito que lo emita. (Artículo 40) En relación con el procedimiento que se establece en la ley para impugnar el contenido de los registros que deriven de las bases de datos, esta Comisión estima adecuado que se establezca que, en el caso de que los usuarios envíen a los burós de crédito los elementos que sustenten la inclusión en la base de datos, de la información que se haya modificado o eliminado, el buró de que se trate deberá eliminar la leyenda de "registro impugnado", e informará de esta situación al cliente, obligando al propio buró a enviar, junto con la notificación, un nuevo Reporte de Crédito Especial, que incluya la información impugnada. (artículo 46) A fin de contribuir a la solución de los conflictos que surjan con los clientes derivados de la inconformidad sobre la información contenida en los registros que aparecen en las bases de datos de las sociedades de información, se juzga conveniente establecer un procedimiento arbitral ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros -CONDUSEF--, el cual será de carácter optativo. En este mismo sentido, la que Dictamina estima procedente que la información que se ponga a disposición de la CONDUSEF, deberá tener una duración de tres meses en vez del mes que establece el proyecto original. (artículos 48 y 50) Tratándose de la violación del secreto financiero que lleven a cabo los funcionarios o empleados de los buroes de crédito o de las Entidades Financieras, se estima acertado que, además de la inhabilitación para desempeñar un cargo, empleo o comisión en el sistema financiero mexicano por un periodo de 6 meses a 10 años, estas acciones se complementen con las penas que contemple la propia Ley que se dictamina y otros ordenamientos legales. (artículo 53) Sobre este mismo tema, se considera pertinente establecer los supuestos en los cuales la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá sancionar a las sociedades de información crediticia. (artículo 54 y 55) Asimismo, se coincide con la Colegisladora en señalar en un artículo transitorio el que aquellos usuarios que a la fecha de entrar en vigor la presente Ley, realizan consultas periódicas acerca de las relaciones crediticias con sus clientes, éstas podrán continuar hasta su culminación cualquiera que sea la causa (artículo CUARTO transitorio) La que Dictamina considera oportuno señalar que en la Minuta analizada se recogen y atienden los propósitos buscados por la Iniciativa que propone reformar la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. No obstante, considerando conjuntamente factores relativos a los derechos de los clientes, así como a la necesidad de establecer condiciones adecuadas de certidumbre para el otorgamiento de créditos, de acuerdo con la evolución de los propios historiales crediticios de cada cliente, esta Comisión considera adecuado sustentar el presente dictamen sobre la Minuta enviada por la Colegisladora, más aún cuando se trata del proyecto de una nueva Ley que derogaría; en todo caso, mediante .su artículo quinto transitorio, los artículos 33, 33-A y 33-B de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Finalmente, la que Dictamina coincide con la Colegisladora en las adecuaciones realizadas a diversos artículos así como las precisiones de carácter gramatical con objeto de mejorar el texto y contenido de la iniciativa que se Dictamina. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA TITULO PRIMERO CAPITULO UNICO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 o.- La presente ley tiene por objeto regular la constitución y operación de las sociedades de información crediticia. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: I. Base Primaria de Datos, a aquella que se conforme con la información que proporcionen directamente los Usuarios a las Sociedades, en la forma y términos en que se reciba de aquellos, considerando para cada tipo de créditos los plazos siguientes: a) Para créditos do amortización única de principal e intereses al vencimiento, a los treinta o más días naturales de que ocurra el vencimiento; b) Para créditos con amortización única de principal al vencimiento, pero que tengan estipulado el pago de intereses periódicos, a los noventa o más días naturales de vencido el pago de intereses respectivos; c) Para créditos cuya amortización de principal e intereses haya sido pactada en pagos periódicos parciales, salvo los créditos hipotecarios para la vivienda y adquisición de bienes de consumo duradero, a los noventa o más días naturales posteriores a la fecha de vencimiento de la primera amortización vencida y no liquidada por el acreditado; d) Para créditos revolventes, como tarjetas de créditos y adquisición de bienes de consumo duradero, entre otros, cuando el cliente no haya realizado el pago requerido durante ciento veinte o más días naturales, y e) Para créditos de vivienda, a los ciento ochenta días o seis mensualidades posteriores a la fecha del vencimiento de la primera amortización no cubierta por el acreditado, lo que resulte menor. La Base Primaria de Datos también se integrará con la información crediticia de personas morales con ingresos o ventas anuales superiores a diecisiete millones de Udis, así como la relacionada con clientes con operaciones fraudulentas. Para efectos de lo anterior, deberán considerarse los ingresos o ventas registradas al cierre del ejercicio inmediato anterior al de aquel en que se formule la solicitud. II. Cliente, en singular o plural, cualquier persona física o moral que solicite o sobre la cual se solicite información a una Sociedad; III. Comisión, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; IV. Empresa Comercial, en singular o plural, aquella persona moral distinta de la Entidad Financiera, que de manera profesional y habitual realice operaciones de crédito u otras de naturaleza análoga, así como aquella que adquiera o administre cartera crediticia; V. Entidad Financiera, en singular o plural, aquella autorizada para operar en territorio nacional y que las leyes reconozcan como tal, incluyendo a las que se refiere el artículo 7o. de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la banca de desarrollo y los fideicomisos de fomento económico constituidos por el Gobierno Federal, las uniones de crédito, las sociedades de ahorro y préstamo y las entidades de ahorro y crédito popular; VI. Reporte de Crédito, en singular o plural, la información formulada documental o electrónicamente por una Sociedad para ser proporcionada al Usuario que lo haya solicitado en términos de esta ley, que contiene el historial crediticio de un Cliente, sin hacer mención de la denominación de las Entidades Financieras o Empresas Comerciales acreedoras; Vil. Reporte de Crédito Especial, en singular o plural, la información formulada documental o electrónicamente por una Sociedad que contiene el historial crediticio de un Cliente que lo solicita, en términos de esta ley y que incluye la denominación de las Entidades Financieras o Empresas Comerciales acreedoras; VIII. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; IX. Secreto Financiero, al que se refieren los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, 25 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Sociedades de Inversión y 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como los análogos contenidos en las demás disposiciones legales aplicables; X. Sociedad, en singular o plural, la sociedad de información crediticia; XI. UDIS, las unidades de inversión, y XII. Usuario, en singular o plural, las Entidades Financieras o las Empresas Comerciales que proporcionen información o realicen consultas a la Sociedad; Artículo 3o.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, podrá interpretar los preceptos de esta ley para efectos administrativos. Artículo 4o.- En lo no previsto por esta ley, se aplicará supletoriamente, para efectos de las notificaciones, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta disposición no será aplicable al procedimiento de reclamación de los Clientes previsto en la presente ley. TITULO SEGUNDO CAPITULO I DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA Artículo 5o.- La prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades Financieras y Empresas Comerciales, sólo podrá llevarse a cabo por Sociedades que obtengan la autorización a que se refiere el artículo 6o. de la presente ley. No se considerará que existe violación al Secreto Financiero cuando los Usuarios proporcionen información sobre operaciones crediticias u otras de naturaleza análoga a las Sociedades, así como cuando éstas compartan entre sí información contenida en sus bases de datos o proporcionen dicha información a la Comisión. Tampoco se considerará que existe violación al Secreto Financiero cuando las Sociedades proporcionen dicha información a sus Usuarios, en términos del Capítulo III de este Título Segundo, o cuando sea solicitada por autoridad competente, en el marco de sus atribuciones. Artículo 6o.- Para constituirse y operar como Sociedad de Información Crediticia se requerirá autorización del Gobierno Federal, misma que compete otorgar a la Secretaría, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles. Artículo 7o.- La solicitud para constituirse y operar como Sociedad deberá contener lo siguiente: I. Relación de accionistas indicando el capital que cada uno de ellos suscribirá y pagará así como, en su caso, sus currícula vitarum; II. Relación de los consejeros y principales funcionarios de la Sociedad, incluyendo a aquellos que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la del director general, así como su currícula vitarum; III. Proyecto de estatutos sociales; IV. Acreditar que se cuenta con los recursos para aportar el capital a que se refiere el artículo 8o de la presente ley. V. Programa general de funcionamiento, que comprenda por lo menos: 1. La descripción de los sistemas de cómputo y procesos de recopilación y manejo de información; 2. Las características de los productos y servicios que prestarán a los Usuarios y a los Clientes; 3. Las políticas de prestación de servicios con que pretenden operar; 4. Las medidas de seguridad y control a fin de evitar el manejo indebido de la información; 5. Las bases de organización; 6. El programa detallado de inversión a tres años; y 7. El calendario de apertura de oficinas y plazas en que se ubicarán. VI. La demás información y documentación conexa que la Secretaría le solicite por escrito a efecto de evaluar la solicitud respectiva. Artículo 8o.- Las Sociedades deberán contar con un capital mínimo, íntegramente suscrito y pagado, el cual será determinado por la Comisión mediante disposiciones de carácter general. Las acciones representativas del capital social de las Sociedades serán de libre suscripción; sin embargo, no podrán participar en forma alguna en el capital social de las Sociedades, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. Artículo 9o.- El nombramiento de los consejeros y del director general de las Sociedades deberá recaer en personas de reconocida calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como de amplios conocimientos y experiencia en materia financiera o administrativa. En ningún caso podrán ocupar los cargos a que alude el párrafo anterior: I. Las personas condenadas por sentencia definitiva por delitos intencionales, las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano, durante el tiempo que dure su inhabilitación; II. Los quebrados y concursados que no hayan sido rehabilitados; y III. Quienes realicen funciones de regulación, inspección o vigilancia respecto de las Sociedades. No podrán ser funcionarios de las Sociedades quienes presten sus servicios en cualquier Usuario, Entidad Financiera o Empresa Comercial, cuando tal circunstancia genere un conflicto de intereses, a juicio de la Comisión. La Sociedad deberá verificar que las personas que sean designadas como consejeros y director general cumplan, con anterioridad al inicio de sus gestiones, con los requisitos señalados en este artículo. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, los criterios mediante los cuales se deberán integrar los expedientes que acrediten el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo. Las Sociedades deberán informar a la Comisión los nombramientos de consejeros y del director general dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación, manifestando expresamente que los mismos cumplen con los requisitos aplicables. La Comisión, oyendo previamente al interesado y a la Sociedad afectada, podrá determinar qué se proceda a la suspensión de uno o más de los miembros del consejo de administración y del director general de la Sociedad, cuando no cuenten con la suficiente calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio para el desempeño de sus funciones, o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente ley o a las disposiciones de carácter general que de ella deriven. En los casos de las infracciones graves o reiteradas a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá además inhabilitar a las citadas personas para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero mexicano, por un periodo de seis meses hasta cinco años, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables. Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere este artículo, la Comisión deberá contar con una base de datos sobre el historial de las personas que participen en el sector financiero. Las resoluciones a que se refiere este artículo podrán ser recurridas ante la Secretaría dentro de los quince días siguientes a la fecha en .que se hubieren notificado. La propia Secretaría podrá revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida, previa audiencia de las partes. Artículo 10.- Se requerirá autorización de la Secretaría, quien oirá la opinión de la Comisión y del Banco de México, para que cualquier persona o grupo de personas adquiera, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones, simultáneas o sucesivas, el control de una Sociedad. Para los efectos señalados en el presente artículo, se entenderá que una persona o grupo de personas adquiere el control de una Sociedad cuando sea propietario del cincuenta y uno por ciento o más de las acciones con derecho a voto representativas del capital pagado de la Sociedad, tenga el control de la asamblea general de accionistas, esté en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración o por cualquier otro medio controle a la Sociedad de que se trate. Artículo 11.- Cualquier modificación a los estatutos sociales de las Sociedades deberá ser sometida a la aprobación previa de la Secretaría, para su posterior inscripción en el Registro Público de Comercio. II. Explotar por su cuenta o de terceros establecimientos mercantiles o industriales o fincas rústicas y, en general, invertir en sociedades de cualquier clase distintas a las señaladas en la presente ley; y III. Realizar actividades no contempladas en esta ley y demás disposiciones aplicables: Artículo 19.- La Secretaría, escuchando a la Sociedad afectada y oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión, podrá revocar la autorización otorgada en los casos en que la Sociedad: I. Se niegue reiteradamente a proporcionar información y documentos al Banco de México o a cualquiera de las comisiones encargadas de la inspección y vigilancia de las Entidades que solicite dicha información en los términos dispuestos por esta ley; II. Cometa de manera grave o reiterada violaciones al Secreto Financiero. III. No inicie actividades dentro de los seis meses posteriores a la fecha en que la autorización haya `sido otorgada; IV. Infrinja reiteradamente lo dispuesto por el artículo 35 de la presente ley; V. Altere, modifique o elimine reiteradamente algún registro de su base de datos, salvo los supuestos previstos en esta ley; y VI. Infrinja de manera grave o reiterada esta ley o cualquier otra disposición aplicable. CAPITULO II DE LA BASE DE DATOS Artículo 20.- La base de datos de las Sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los Usuarios. En caso de que la información proporcionada por el Usuario sea relativa a una persona moral, el Usuario podrá incluir a los funcionarios responsables de la dirección general y de las finanzas, así como a los accionistas principales. Cuando el Banco de México lo determine, considerando el comportamiento del mercado, el tamaño del sector financiero y las tarifas de aquellas Sociedades que se encuentren operando al amparo de esta ley, podrá emitir disposiciones de carácter general para que las Entidades Financieras proporcionen información relativa a sus operaciones crediticias a las Sociedades organizadas conforme a esta ley. Artículo 21.- Las Sociedades establecerán manuales operativos estandarizados que deberán ser observados por los diferentes tipos de Usuarios, para llevar a cabo el registro de información en su base de datos, así como para la emisión, rectificación e interpretación de los Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales que la Sociedad emita. . Los manuales operativos citados en el párrafo anterior, deberán ser aprobados por el consejo de administración de la Sociedad. Artículo 22.- La Sociedad deberá adoptar las medidas de seguridad y control que resulten necesarias para evitar el manejo indebido de la información. Para efectos de esta ley, se entenderá por uso o manejo indebido de la información cualquier acto u omisión que cause daño en su patrimonio, al sujetó del que se posea información, así como cualquier acción que se traduzca en un beneficio patrimonial a favor de los funcionarios y empleados de la Sociedad o de esta última, siempre y cuando no se derive de la realización propia de su objeto. Artículo 23.- Las Sociedades están obligadas a conservar la información que les sea proporcionada por los Usuarios, relativa a personas físicas, durante un plazo de ochenta y cuatro meses, contados a partir de la fecha en que: I. El Usuario cobre el crédito otorgado; II. Se ejecute la sentencia ejecutoriada que haya condenado al Cliente al pago de las obligaciones derivadas del crédito correspondiente; III. Se extinga el derecho del actor para pedir la ejecución de dicha sentencia; IV. Prescriba la acción del Usuario para cobrar el crédito a cargo del Cliente. Tratándose de personas físicas, las Sociedades deberán eliminar de su base de datos la información relativa a las operaciones respecto de las cuales el plazo antes mencionado haya transcurrido, una vez que el Usuario correspondiente le haya notificado dicha circunstancia, así como en aquellos casos en que el Banco de México, mediante disposiciones de carácter general determine sobre la eliminación de créditos menores a mil Udis. Las Sociedades no podrán eliminar de su base de datos, información que les haya sido proporcionada por los Usuarios, relativa a personas morales. Los Reportes de Crédito deberán contener historiales crediticios por los periodos que los Usuarios soliciten. Artículo 24. La eliminación de información prevista en el artículo anterior no será aplicable: I. Tratándose de uno o más créditos cuyo saldo insoluto por concepto de principal al momento de la falta de pago de alguna cantidad adeudada a un acreedor sea igual o mayor que el equivalente a trescientas mil Udis, de conformidad con el valor de dicha unidad aplicable en la o las fechas en que se presenten las faltas de pago respectivas, independientemente de la moneda en que estén denominados, o II. En los casos en que exista una sentencia firme en la que se condene al Cliente por la comisión de un delito patrimonial intencional relacionado con algún crédito y que se haya hecho del conocimiento de la Sociedad por alguno de sus Usuarios. CAPITULO III DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CREDITICIA Artículo 25.- Sólo las Entidades Financieras y las Empresas Comerciales podrán ser Usuarios de la información que proporcionen las Sociedades. Artículo 26.- Las Sociedades deberán proporcionar información a los Usuarios, a las autoridades judiciales en virtud de providencia dictada en juicio en el que el, Cliente sea parte o acusado, así como a las autoridades hacendarias federales, a través de la Comisión, para efectos fiscales, de combate al blanqueo de capitales o de acciones tendientes a prevenir y castigar el financiamiento del terrorismo. Las Sociedades podrán negar la prestación de sus servicios a aquellas personas que no les proporcionen información para la realización de su objeto. Para esos efectos, se considerará que una persona no proporciona información, cuando realice en forma habitual y profesional operaciones de crédito u otras de naturaleza análoga y no proporcione información sobre las mismas.- Artículo 27.- Las Sociedades, al proporcionar información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga, deberán guardar secreto respecto de la identidad de los acreedores, salvo en el supuesto a que se refiere el artículo 39 de la presente ley, en cuyo caso, informarán directamente a los Clientes el nombre de los acreedores que correspondan. Artículo 28.- Las Sociedades sólo podrán. proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente, mediante su firma autógrafa, en donde conste de manera fehaciente que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcando de la información que la Sociedad proporcionará al Usuario que así la solicite, del uso que dicho Usuario hará de tal información y del hecho de que éste podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio, durante el tiempo que mantenga relación jurídica con el Cliente. Asimismo, el Banco de México podrá autorizar a las Sociedades los términos y condiciones bajo los cuales podrán pactar con los Usuarios la sustitución de la firma autógrafa del Cliente, con alguna de-las formas de manifestación de la voluntad señaladas en el artículo 1803 del Código Civil Federal. La autorización expresa a que se refiere este artículo será necesaria tratándose de: I. Personas físicas, y II. Personas morales con créditos totales inferiores a cuatrocientas mil UDIS, de conformidad con el valor de dicha unidad publicado por el Banco de México a la fecha en que se presente la solicitud de información. Los Usuarios que realicen consultas relacionadas con personas morales con créditos totales superiores a cuatrocientas mil UDIS, no requerirán de la autorización expresa a que se refiere el presente artículo. La obligación de obtener las autorizaciones a que se refiere este artículo, no aplicará a la información solicitada por la Comisión, por las autoridades judiciales en virtud de providencia dictada en juicio en que el Cliente sea parte o acusado y por las autoridades hacendarias federales, cuando la soliciten a través de la Comisión, para fines fiscales, de combate al blanqueo de capitales o de acciones tendientes a prevenir y castigar el financiamiento del terrorismo. La vigencia de la autorización prevista en el primer párrafo de este artículo será de un año contado a partir de su otorgamiento, o hasta dos años adicionales a ese año si el Cliente así lo autoriza expresamente. En todo caso, la vigencia permanecerá mientras exista relación jurídica entre el Usuario y el Cliente. Los Reportes de Crédito Especiales que sean entregados a los Clientes en términos de esta ley deberán contener la identidad de los Usuarios que hayan consultado su información en los veinticuatro meses anteriores. Cuando el texto que contenga la autorización del Cliente forme parte de la documentación que deba firmar el mismo para gestionar un servicio ante algún Usuario, dicho texto deberá incluirse en una sección especial dentro de la documentación citada y la firma autógrafa del Cliente relativa al texto de su autorización deberá ser urca firma adicional a la normalmente requerida por el Usuario para el trámite del servicio solicitado. En caso de que alguna Sociedad proporcione información sin que se haya recabado la autorización a que se refiere este artículo, en los términos de los artículos 29 y 30 siguientes, se entenderá como violación de dicha Sociedad a las disposiciones relativas al Secreto Financiero de que se trate. Artículo 29.- Los Usuarios que sean Empresas Comerciales podrán realizar consultas. a las Sociedades a través de funcionarios o empleados previamente autorizados que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que se cuenta con la autorización a que se refiere el primer párrafo del artículo 28 de esta ley. Dichos Usuarios deberán enviar los originales de tales autorizaciones a la Sociedad de que se trate en un plazo que no podrá exceder de treinta días posteriores a la fecha en que se realizó la consulta. Cuando los Usuarios que sean Empresas Comerciales no proporcionen la autorización a la Sociedad de que se trate en el plazo señalado en el párrafo anterior, ésta no incurrirá en violación al Secreto Financiero, siempre y cuando notifique tal hecho a la Comisión dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que debió haberla recibido. Una vez que la Comisión reciba la notificación a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar a la Sociedad de que se trate que presente una denuncia en contra de quien resulte responsable por la violación al Secreto Financiero; adicionalmente, la Comisión podrá solicitar a las Sociedades que suspendan el servicio a la Empresa Comercial en cuestión. Los Usuarios que sean Empresas Comerciales deberán guardar absoluta confidencialidad respecto al contenido de los Reportes de Crédito que les sean proporcionados por las Sociedades. Las Sociedades deberán verificar que los Usuarios que sean Empresas Comerciales cuenten con las autorizaciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 28. Las Sociedades estarán legitimadas para ejercer las acciones legales que sean necesarias en contra de Empresas Comerciales y/o empleados de éstas, por violación al Secreto Financiero, cuando de tales verificaciones resulte que no existían las autorizaciones mencionadas. Artículo 30.- Los Usuarios que sean Entidades Financieras - podrán realizar consultas a las Sociedades a través de funcionarios o empleados previamente autorizados ante las Sociedades que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con la autorizáción mencionada. Dichos Usuarios deberán mantener en sus archivos la autorización del Cliente, en la forma y términos que señale la Comisión, por un periodo de cuando menos doce meses contados a partir de la fecha en que se haya realizado la consulta sobre el comportamiento crediticio de un Cliente a una Sociedad. Asimismo, dichos Usuarios serán responsables de la violación de las disposiciones relativas al Secreto Financiero en los términos del artículo 38 de esta ley, cuando no cuenten oportunamente con la autorización referida. La Comisión podrá solicitar a las Entidades Financieras que le exhiban las autorizaciones de los Clientes respecto de los cuales hayan solicitado información a las Sociedades y, de no contar con ella, imponer a la Entidad Financiera de que se trate, las sanciones que correspondan, sin perjuicio de que las Sociedades puedan también verificar la existencia de dichas autorizaciones. y comuniquen a la Comisión los incumplimientos que detecten. Tratándose de Usuarios que sean Entidades Financieras, las Sociedades sólo serán responsables de violar el Secreto Financiero cuando no obtengan la manifestación bajo protesta de decir verdad a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Artículo 31.- La Comisión podrá autorizar que los envíos a las Sociedades de las autorizaciones a que se refiere el artículo 28 de esta ley, se realicen a través de medios electrónicos o medios digitalizados, en cuyo caso los Usuarios deberán conservar en sus archivos la autorización del Cliente por el plazo que se mantenga vigente el crédito que en su caso se otorgue o bien por un periodo de cuando menos doce meses contados a partir de la fecha en que se haya realizado la consulta sobre el comportamiento crediticio de un Cliente a una Sociedad. Las Sociedades estarán obligadas a verificar, a solicitud de la Comisión, la existencia de dicha autorización. Artículo 32.- Las Sociedades podrán pactar la prestación de sus servicios, mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamientos de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente: I. Los servicios cuya prestación se pacte; II. Los medios de identificación de los Usuarios y de los Clientes; y lII. Los medios por los que se haga constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a los servicios de que se trate. El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de, la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en su caso, tendrán el mismo valor probatorio. Artículo 33.- La Sociedad deberá contar con sistemas y procesos para verificar la identidad del Usuario o del Cliente mediante el proceso de autenticación que ésta determine, el cual deberá ser aprobado previamente por el propio consejo de administración de la Sociedad, a fin de salvaguardar la confidencialidad de la información en los términos de las disposiciones legales aplicables. Artículo 34.- Los Reportes de Crédito y los Reportes de Crédito Especiales no tendrán valor probatorio en juicio, y deberán contener una leyenda que así lo indique. Artículo 35.- Las Sociedades no podrán establecer políticas o criterios de operación que restrinjan, obstaculicen o impongan requisitos excesivos para proporcionar o recibir información, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 26 de la presente ley. Las Sociedades no podrán impedir a sus Usuarios que proporcionen o soliciten información a otras .Sociedades. Las Sociedades tampoco podrán establecer límites cuantitativos al número de consultas que puedan realizar los Usuarios. Artículo 36. Las Sociedades que por primera vez proporcionen su Base Primaria de Datos a otras Sociedades deberán transmitírselas en su totalidad, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que éstas se lo soliciten. A fin de mantener actualizada la información, en adición a lo señalado en el párrafo anterior, las Sociedades deberán proporcionar la información capturada cada mes en su Base Primaria de Datos a todas aquellas Sociedades que así lo hubieren solicitado. La citada información deberá ser proporcionada dentro de los quince días naturales siguientes al mes en que hayan realizado la citada captura de información. Cada Sociedad, al proporcionar información a otras Sociedades, deberá evitar distorsiones en la información transmitida respecto de la que originalmente fue recibida de los Usuarios. Las Sociedades deberán establecer de común acuerdo los estándares que utilizarán entre sí para proporcionarse sus Bases Primarias de Datos. En caso de no alcanzarse el acuerdo mencionado, el Banco de México deberá fijar en reglas de carácter general dichos estándares. El Banco de México determinará mediante reglas de carácter general las cantidades que podrán cobrar las Sociedades que suministran a otras sus Bases Primarias de Datos, tomando en cuenta los gastos e inversiones en que las primeras hayan incurrido para la integración y actualización de dichas bases, así como por fa transmisión de la información respectiva. Asimismo, toda Sociedad deberá enviar reportes con la misma información de los Reportes de Crédito Especiales, a otras Sociedades que así lo soliciten, siempre y cuando éstas cuenten, directamente o a través del Usuario que haya solicitado dicha información originalmente, con la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta ley. Las tarifas de los referidos reportes entre Sociedades, deberán ser menores o iguales a las tarifas vigentes que cada Sociedad ofrezca a cualquiera de sus Usuarios por los Reportes de Crédito Especiales, tomando en cuenta la cantidad de consultas realizadas o la cantidad de información aportada a la Sociedad. Asimismo, . los plazos y condiciones en que se realice tal envío, deberán ajustarse a las disposiciones de carácter general que establezca el Banco de México. Artículo 37.- Las Sociedades deberán presentar a la Comisión manuales que establezcan las medidas mínimas de seguridad, mismas que incluirán el transporte de la información, así como la seguridad física, logística y en las comunicaciones. Dichos manuales deberán contener, en su caso, las medidas necesarias para la seguridad del procesamiento. externo de datos. Los Usuarios podrán verificar, con el consentimiento de las Sociedades, que existan las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la información que los Usuarios les proporcionen. . CAPITULO IV DE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL CLIENTE Artículo 38.- Con excepción de la información que las Sociedades proporcionen en los términos de esta ley y de las disposiciones generales que se deriven de ella serán aplicables a las Sociedades, a sus funcionarios y a sus empleados las disposiciones legales relativas al Secreto Financiero, aún cuando los mencionados funcionarios o empleados dejen dé prestar sus servicios en dichas Sociedades. Los Usuarios de los servicios proporcionados por las Sociedades, sus funcionarios, empleados y prestadores de servicios, deberán guardar confidencialidad sobre la información contenida en los Reportes de Crédito a los que tengan acceso. Artículo 39.- Los Clientes que gestionen algún servicio ante algún Usuario, podrán solicitar a éste los datos que hubiere obtenido de la Sociedad, a efecto de aclarar cualquier situación respecto de la información contenida en el Reporte de Crédito. Artículo 40.- Los Clientes tendrán el derecho de solicitar a la Sociedad su Reporte de Crédito Especial, a través de las unidades especializadas de la Sociedad, de las Entidades Financieras o, en el caso de Empresas Comerciales, de quienes designen como responsables para esos efectos. Dichas unidades estarán obligadas a tramitar las solicitudes presentadas por los Clientes. La Sociedad deberá formular el Reporte de Crédito Especial solicitado en forma clara, completa y accesible, de tal manera que se explique por sí mismo o con..la ayuda de un instructivo anexo, y enviarlo o ponerlo a disposición del Cliente en un. plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que la Sociedad hubiera recibido la solicitud correspondiente. El Reporte de Crédito Especial deberá permitir al Cliente conocer de manera clara y precisa la condición en que se encuentra su historial crediticio. Para efectos de la entrega del. Reporte de Crédito Especial, las Sociedades deberán, a elección del Cliente: I. Ponerlo a su disposición en la unidad especializada de la Sociedad; II. Enviarlo a la dirección de correo electrónico que haya señalado en la solicitud correspondiente; 111. Enviarlo en sobre cerrado con acuse de recibo a la dirección que haya señalado en la solicitud correspondiente. La Sociedades estarán obligadas a enviar o a poner a disposición de los Clientes, junto con cada Reporte de Crédito Especial, un resumen de sus derechos y de los procedimientos para acceder y, en su caso, rectificar los errores de la información contenida en dicho documento. Adicionalmente, estarán obligadas a mantener a disposición del público en general el contenido del resumen mencionado. Artículo 41.- Los Clientes y tendrán derecho a solicitar a las Sociedades el envío gratuito de su Reporte de Crédito. Especial cada vez que transcurran doce meses. Lo anterior, siempre que soliciten que el envío respectivo se lleve a cabo por correo electrónico o que acudan a recogerlo a la unidad especializada de la Sociedad. En caso de que los Clientes que sean personas físicas soliciten que su Reporte de Crédito Especial les sea enviado por el medio señalado por el artículo 40 fracción III de esta ley, o tratándose de una solicitud adicional del Reporte de Crédito Especial, la Sociedad deberá ajustarse a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 12 de la presente ley. Artículo 42.- Cuando los Clientes no estén conformes con la información contenida en su Reporte de Crédito o Reporte de Crédito Especial, podrán presentar una reclamación. Las Sociedades no estarán obligadas a tramitar reclamaciones sobre la información contenida en los registros que hayan sido objeto de una reclamación previa, respecto de la cual se haya seguido el procedimiento previsto en el presente artículo y en los artículos 43 y 45. Dicha reclamación deberá presentarse por escrito o por medios electrónicos ante la unidad especializada de la Sociedad, adjuntando copia del Reporte de Crédito o Reporte de Crédito Especial en el que se señale con claridad los registros en que conste la información impugnada, así como copias de la documentación en que funden su inconformidad. En caso de no contar con la documentación correspondiente, deberán explicar esta situación en el escrito o medio electrónico que utilicen para presentar su reclamación. Los términos en los que la Sociedad deberá atender la reclamación señalada en el párrafo anterior, serán determinados por el Banco de México, mediante las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 12 de la presente ley. Artículo 43.- La Sociedad deberá entregar a la unidad especializada de las Entidades Financieras o, en el caso de Empresas Comerciales, a quienes designen como responsables para esos efectos, la reclamación presentada por el Cliente, dentro de un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que la Sociedad la hubiere recibido. Los Usuarios de que se trate deberán responder por escrito a .la reclamación presentada por el Cliente, dentro del plazo previste en el artículo 44 de esta ley. Una vez que la Sociedad notifique por escrito la reclamación al Usuario respectivo, deberá incluir en el registro de que se trate la leyenda "registro impugnado", misma que se eliminará hasta que concluya el trámite contenido en los artículos 44, 45 y 46 del presente Capítulo. Artículo 44:- Si las unidades especializadas de las Entidades Financieras, o en el caso de Empresas Comerciales, de quienes designen como responsables para esos efectos, no hacen llegar a la Sociedad su respuesta a la reclamación presentada por el Cliente dentro de un plazo de treinta días naturales contado a partir de que hayan recibido la notificación de la reclamación, la Sociedad deberá modificar o eliminar de su base de datos la información que conste, en el registro de que se trate, según lo haya solicitado el Cliente, así como la leyenda "registro impugnado". Artículo 45.- Si el Usuario acepta total o parcialmente lo señalado en la reclamación presentada por el Cliente, deberá realizar de inmediato las modificaciones conducentes en su base de datos y notificar de lo anterior a la Sociedad que le haya enviado la reclamación, remitiéndole la corrección efectuada a su base de datos. En caso de que, el Usuario acepte parcialmente lo señalado en la reclamación o señale la improcedencia de ésta, deberá expresar en su respuesta los elementos que consideró respecto de la reclamación, misma que la Sociedad deberá remitir al Cliente que haya presentado la reclamación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que reciba la respuesta del Usuario. El Cliente podrá manifestar en un texto de no más de cien palabras los argumentos por los que a su juicio la información proporcionada por el Usuario es incorrecta y solicitar a la Sociedad que incluya dicho texto en sus futuros Reportes de Crédito. En caso de que los errores objeto de la reclamación presentada por el Cliente sean imputables a la Sociedad, ésta deberá corregirlos de manera inmediata. Artículo 46.- Las Sociedades sólo podrán incluir nuevamente dentro de su base de datos la información previamente contenida en los registros que haya modificado 0 eliminado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de esta ley, cuando el Usuario le envíe los elementos que sustenten, a juicio de éste, la inclusión, nuevamente, de la información impugnada. En tal supuesto, la Sociedad eliminará la leyenda "registro impugnado" e informará de dicha situación al Cliente, remitiéndole la respuesta del Usuario junto con un nuevo Reporte de Crédito Especial, en un plazo de cinco días hábiles, contado a partir de que la Sociedad haya incluido nuevamente la información impugnada por el Cliente. El costo del Reporte de Crédito Especial referido y el de su envío será con cargo al Usuario. Las Sociedades no tendrán responsabilidad alguna con motivo de las modificaciones, inclusiones o eliminaciones de información o de registros que realicen como parte del procedimiento de reclamación previsto en este Capítulo. En el desahogo de dicho procedimiento las Sociedades se limitarán a entregar a los Usuarios y a los Clientes la documentación que a cada uno corresponda en términos de los artículos anteriores, y no tendrán a su cargo resolver, dirimir o actuar como amigable componedor de las diferencias que surjan entre unos y otros. Artículo 47.- En los casos en que la reclamación resulte en una modificación a la información del Cliente contenida en la base de datos de la Sociedad, ésta deberá poner a disposición del Cliente un nuevo Reporte de Crédito Especial en, la dirección establecida al efecto. Adicionalmente, deberá enviar un Reporte de Crédito actualizado a los Usuarios que hubieran recibido información sobre el Cliente en los últimos seis meses y a las demás Sociedades. El costo de los Reportes anteriores y su envío será cubierto por el Usuario o la Sociedad, dependiendo de a quien sea imputable el error en la información contenida en la referida base de datos. Artículo 48.- Las Sociedades podrán establecer en los contratos de prestación de servicios que celebren con los Usuarios, que ambos se comprometen a dirimir los conflictos que tengan con los Clientes con motivo de la inconformidad sobre la información contenida en los registros que aparecen en la base de datos, a través del proceso arbitral ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la instancia de información, protección y defensa de las personas, según sea el caso, siempre y cuando el Cliente solicite suscribir el modelo de compromiso arbitral en amigable composición que se anexe a dichos contratos, mismo que deberá prever plazos máximos. Las unidades especializadas de las Entidades Financieras o, en el caso de Empresas Comerciales, quienes designen como responsables para esos efectos, deberán informar a la Sociedad el laudo respectivo. Artículo 49.- Una vez que la Sociedad haya actualizado la información contenida en su base de datos, deberá poner a disposición de la Comisión un listado de los registros que por cualquier causa hubiesen sido eliminados, incluidos o modificados como resultado de la reclamación presentada por el Cliente. Artículo 50.- La Sociedad, trimestralmente, deberá poner a disposición de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y de la instancia de información, protección y defensa de las personas, según corresponda, el número de reclamaciones y errores respecto de la información contenida en su base de datos, relacionando dicha información con los Usuarios o Sociedad de que se trate, y los modelos de convenios arbitrales que, en su caso, se comprometan a adoptar junto con los Usuarios, en términos del artículo 47 de esta ley. Lo anterior podrá ser dado a conocer al público por la autoridad correspondiente. CAPITULO V DE LAS SANCIONES Artículo 51.- Las Sociedades responderán por los daños que causen a los Clientes al proporcionar información cuando exista culpa grave, dolo o mala fe en el manejo de la base de datos. Los Usuarios que proporcionen información a las Sociedades igualmente responderán por los daños que causen al proporcionar dicha información, cuando exista culpa grave, dolo o mala fe. Artículo 52.- Aquellos Usuarios que obtengan información de una Sociedad sin contar con la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta ley, o que de cualquier otra forma cometan alguna violación al Secreto Financiero, estarán obligados a reparar los daños que se causen, sin menoscabo de las demás sanciones, incluyendo las penales, que procedan. Adicionalmente, la Comisión podrá prohibir a las Sociedades que proporcionen información a los Usuarios que no obtengan la autorización a que se refiere el artículo 28 de la presente ley. Artículo 53.- La Comisión, oyendo previamente al interesado, podrá inhabilitar para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero mexicano, por un período de seis meses a diez años, a aquellos funcionarios o empleados de las Sociedades o de las Entidades Financieras que, de cualquier forma, cometan alguna violación a las disposiciones relativas al Secreto Financiero. Dichas personas estarán obligadas, además, a reparar los daños que se hubieran causado. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones a que los Usuarios se hagan acreedores conforme a esta ley u otros ordenamientos legales. Artículo 54.- La Comisión sancionará a las Sociedades con multa de 20 a 100 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando: I. No se envíe el Reporte de Crédito Especial al Cliente dentro de los plazos previstos en esta ley; II. No se envíen los informes y los Reportes de Crédito en los plazos previstos en el Capítulo IV del Título Segundo de la presente ley; III. Alteren, eliminen o modifiquen algún registro de la base de datos de las Sociedades, sin algún motivo que así lo justifique. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad deberá proceder a efectuar la corrección respectiva . Artículo 55.- La Comisión sancionará a las Sociedades con multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando. Proporcionen el nombre, domicilio y cualquier otro dato del Cliente contenido en su base de datos a un Usuario o a un tercero, sin contar con la autorización del Cliente, sin perjuicio de las demás sanciones a que se hagan acreedores, incluso de naturaleza penal, conforme a esta ley u otros ordenamientos legales; y II. Hagan uso o manejo indebido de la información, en los términos del artículo 22 de esta ley. Artículo 56.- Las comisiones encargadas de la inspección y vigilancia de las Entidades Financieras de que se trate, podrán sancionar a las mismas con una multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando soliciten información sin contar con la autorización prevista en el artículo 28, sin perjuicio de las demás sanciones a que se hagan acreedoras incluso de naturaleza penal, conforme a esta ley u otros ordenamientos legales. CAPITULO SEGUNDO QUITAS Y REESTRUCTURAS Artículo 57.- Si un Cliente y un Usuario, con motivo del atraso en el cumplimiento de las obligaciones del primero, celebran un convenio en virtud del cual se reduzca, modifique o altere la obligación inicial, el Usuario deberá hacerlo del conocimiento de la Sociedad, a fin de que se haga la anotación respectiva con la leyenda "reestructurado" en la base de datos y en consecuencia en los Reportes de Crédito que emita. Artículo 58.- En caso de que la reestructuración obedezca a una oferta por parte del Usuario, esta situación deberá ser reflejada en el Reporte de Crédito que se emita. ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero siguientes. SEGUNDO.- Las Sociedades y las Entidades Financieras tendrán un plazo de seis meses para ajustar sus sistemas y estructuras a lo previsto en el presente decreto. TERCERO.- El plazo de treinta días naturales a que se refiere el artículo 44 de la presente ley, entrará en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2004. En ningún caso podrá exceder de 60 días a partir de entrada en vigor la presente ley. El Banco de México, mediante disposiciones de carácter general, emitirá un programa en el que se dé a conocer el mecanismo gradual para reducir el plazo de respuesta de los Usuarios, a fin de que éstos efectúen las adecuaciones a sus sistemas y se cumpla con lo señalado en el citado precepto legal. CUARTO.- Los Usuarios que a la fecha de entrada en vigor de este decreto mantengan relaciones jurídicas con sus Clientes, podrán continuar realizando consultas periódicas a las Sociedades sobre el comportamiento crediticio de tales Clientes, hasta que dichas relaciones jurídicas terminen por cualquier causa. QUINTO.- Se derogan los artículos 33, 33-A y 33-B de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, las Reglas generales a las que deberán sujetarse las sociedades de información crediticia a que se refiere el artículo 33 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, así como las demás disposiciones que se opongan a lo dispuesto por esta ley. SALÓN DE SESIONES DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, México, D. F., a los veintidós días del mes de diciembre del dos mil uno. Es de primera lectura. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN. Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al Dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (votación) Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (votación) LA C. PRESIDENTA. Se le dispensa la segunda lectura. Por la Comisión para fundamentar el Dictamen en los términos del Artículo 108º del Reglamento Interior, se concede el uso de la palabra al diputado Enrique de la Madrid Cordero hasta por 15 minutos.