El diputado José Eduardo Esquer Escobar: Con su venia, diputada presidenta. En 2014 Movimiento Ciudadano votó en contra de la reforma energética, impulsada por la mafia del poder y por el Pacto por México. Desde aquel entonces, les dijimos que dicha reforma no iba a contribuir al crecimiento ni al fortalecimiento de Pemex, mucho menos a su viabilidad financiera o a la disminución de los precios de la luz, el gas y las gasolinas, que cabe mencionar que cada día son más caras y escasas. También advertimos sobre el crimen ecológico, sanitario, social y de derechos humanos, que implica el uso de la técnica del fracking. Técnica que se sigue impulsando por el gobierno federal, gracias a esta reforma y a la reforma de la energía eléctrica. En Movimiento Ciudadano, desde hace siete años, hemos planteado que la única fórmula eficaz para fortalecer Pemex es que se le disminuyan las cargas fiscales y las limitaciones presupuestales, acciones que ni el gobierno actual ni el anterior quisieron y han querido llevar a cabo. Por otra parte, el espíritu del dictamen que hoy sometemos a discusión es sumamente loable, lo reconocemos, porque pretende combatir la corrupción, pretende combatir el huachicol. Sin embargo, cuando nos detenemos a revisar la parte técnica, nos damos cuenta que viene a ser más de lo mismo. Es decir, otra reforma populista que se anuncia con bombo y platillo, con una retórica de justicia social, pero que esconde su verdadero objetivo turbio, que no es otro más que el de fortalecer al Poder Ejecutivo. Entrando en materia, este dictamen incorpora la negativa ficta, práctica administrativa que propicia la incertidumbre regulatoria, porque no genera certeza jurídica, ya que le da oportunidad a la autoridad de no explicar ni justificar las razones técnicas para negar las solicitudes permisivas, incitando con ello la opacidad pública. Además, también predispone la expropiación indirecta, al permitir al Estado intervenir y ocupar las propiedades de la iniciativa privada, bajo diversos términos ambiguos, como lo son peligro inminente o seguridad nacional. Vamos a dar un ejemplo de ello. Existe tanta ambigüedad en estos términos, que llegaríamos a caer en supuestos tan irracionales, como la cancelación de permisos, por decir que no se cuentan con los inventarios suficientes de petrolíferos. Algo que caería en el supuesto de la seguridad energética. Por su parte, esta reforma generaría problemáticas a nivel internacional, ya que existen inversiones de privados que están bajo el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Ejemplo de ello es el que encontramos en el capítulo 22 del T-MEC, donde plantea que las actividades comerciales de las empresas propiedad del Estado no utilicen su posición monopólica, ya sea directa o indirectamente, para incurrir en prácticas anticompetitivas, en un mercado no monopolizado en su territorio, que afecta negativamente el comercio o la inversión entre las partes. En ese sentido, la reforma no está pensada en las familias, ya que se enfoca en eliminar la competencia en el sector de hidrocarburos, lo cual puede traducirse en un alza de los combustibles, afectando los bolsillos de los ciudadanos. Aunado a esto, la propuesta que hoy se nos presenta es por demás anticonstitucional ya que, por un lado, viola el artículo 28 de nuestra Carta Magna, relacionado con la libre competencia y, por otro lado, a través de un artículo transitorio, se viola el principio de la irretroactividad establecido en la Carta Magna, en el artículo 14. Por otro lado, al cierre del ejercicio del 2020, la Comisión Reguladora de Energía había otorgado 23 mil 569 permisos en materia de petrolíferos, petroquímicos e hidrocarburos, los cuales se verían afectados por la suspensión que se prevé en esta iniciativa, algo que podría tener un impacto presupuestario potencial de 177 mil 312 millones de pesos, de acuerdo al artículo tercero transitorio de esta iniciativa. Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra de esta propuesta. Pues si bien, entendemos que es necesario garantizar el fortalecimiento de nuestras empresas productivas, esto no se debe realizar a costa de la violación de los derechos a terceros y en contra de la inversión en nuestro país, algo que tendrá efectos a corto plazo en nuestra economía. Si me lo permite, presidenta, voy a terminar con el siguiente párrafo. Reitero una vez más, que Movimiento Ciudadano votó en 2014 en contra de la reforma energética y que ahora, en 2021, también vamos a votar en contra, porque no somos la mafia del poder que anteriormente gobernaba ni tampoco somos la mafia que actualmente gobierna en el poder, somos la tercera vía, un movimiento de mujeres y hombres libres que están creando una nueva forma de hacer política y de hacer ciudadanía. Es cuanto.