EL C. DIPUTADO FRANCISCO CARDENAS ELIZONDO: Muchas gracias, señor Presidente. Fundamentalmente, por supuesto, coincidimos con la propuesta que hace el Secretario de nuestra Comisión, el Diputado Buenrostro, en cuanto a cómo debe quedar redactada la modificación de la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica, que es objeto de este dictamen. Sin embargo, esta modificación también se hace para tener precisiones en cuanto a las consideraciones que rigen esta modificación y dentro de esas consideraciones se decía en el dictamen que ahora modificamos en su contenido, que injustificadamente la competencia de aprobarse esta reforma, la anterior injustificadamente la competencia del Tribunal Fiscal era notoria para conocer de asuntos administrativos. Y decía en la exposición de motivos del Ejecutivo Federal que el procedimiento contencioso previsto en el Código Fiscal de la Federación fue ideado originalmente para resolver controversias del orden fiscal, más no para el conocimiento de asuntos administrativos. Esto evidentemente es falso, es inexacto. ¿Por qué? Veamos. El primer Código Fiscal de la Federación que se expidió es el del 31 de diciembre de 1938 y en ese Código ya se establecían facultades para el antiguo Tribunal Fiscal de la Federación para conocer asuntos en materia administrativa. Así, en el artículo 160 de ese ordenamiento legal, en sus fracciones VIII y IX, se establecía que procedía el juicio en contra de resoluciones que negaran o redujeran las pensiones y demás prestaciones sociales que establecieran las leyes a favor de los miembros del Ejército y la Armada Nacionales y de sus familiares y derechohabientes y de las controversias que se suscitaran sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebradas por el Ejecutivo Federal, evidentemente en materia de carácter estrictamente administrativo y no fiscal. Pero no nada más eso. Posteriormente en el Código Fiscal siguiente, el del '66 y en la primera Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, del 24 de diciembre del '66, se adicionan otras materias de competencia de ese Tribunal Fiscal en materia administrativa, como fue lo dispuesto en el artículo 22 de esa Ley Orgánica en sus fracciones IV, V y VIII, en donde se dispuso que sus salas conocerían de los juicios de nulidad promovidos en contra de las resoluciones que impusieran multas por infracciones a normas administrativas federales o del Distrito Federal respecto de las que se dictaran en materia de pensiones civiles con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en cuanto a las diversas que constituyeran responsabilidades en contra de funcionarios y empleados de la Federación o del Departamento del Distrito Federal, por actos que no fueran delictuosos. Posteriormente, en la Ley Orgánica actual, que es la del 15 de diciembre del '95, se amplió la competencia y de ahí viene luego la fracción XIII que ahora estamos analizando en su redacción, en donde se establecía que el Tribunal Fiscal, como ahora se propone, tendría competencia para conocer de las resoluciones que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo, inclusive aquellas a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, Bueno, pues con motivo de esta fracción XIII se originaron controversias que llegaron al Poder Judicial de la Federación y originaron criterios distintos en los diversos Colegiados para llegar el asunto al conocimiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que es la que conoce del área administrativa, y así, en el mes de noviembre de 1999, al resolverse la contradicción de tesis a la que nos hemos referido, se sustentó la jurisprudencia 139 del '99, en donde se dijo que el Tribunal Fiscal sí era la autoridad competente para conocer de los asuntos administrativos a que nos hemos referido. Luego, es obvio que no es inexacto que el Tribunal, su correcta denominación desde antes sea "Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque desde prácticamente el inicio no se concretó a la materia estricta mente fiscal, sino también a asuntos de carácter administrativo. Por otra parte es obvio que el Tribunal Fiscal de la Federación es uno de los Tribunales que goza de mayor prestigio en nuestro país, incluso de reconocimiento en el extranjero, por su calidad en las resoluciones y por el manejo en los propios asuntos, en la celeridad con la que resuelve. Lo digo esto porque yo fui integrante de esa institución, fui Magistrado del Tribunal Fiscal en dos ocasiones y puedo asegurarles que en esa institución no hay rezago como para preocuparse del conocimiento de asuntos administrativos, como aquí se plantea y se acota que sea del conocimiento del Tribunal, sin interferir en lo que pueda ser del conocimiento de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Por ello, como miembro de la Comisión, como diputado, me da mucho gusto venir a apoyar los argumentos de mi compañero Buenrostro, Secretario de la Comisión, a efecto de que no se derogue esa fracción y que en todo caso quede con su redacción original vigente hasta el año anterior, en diciembre del año pasado, y que con la jurisprudencia a la que ya nos hemos referido, queda clarificada la competencia del Tribunal a que nos hemos referido. Por su atención, muchas gracias. Muy amables. EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Muchas gracias diputado don Francisco Cárdenas Elizondo. El presente dictamen, como lo hemos escuchado por parte de los diputados que han hecho uso de la palabra a nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se propone una modificación al propio dictamen y particularmente al texto del decreto. Esta proposición de modificación será procesada inmediatamente después de que desahoguemos la lista de oradores, que en este momento sólo se encuentra registrado el diputado don José Manuel Del Río Virgen, de Convergencia, a quien se le ofrece el uso de la palabra hasta por diez minutos.