El diputado Francisco Martínez Neri: Muchas gracias, presidente. Señores diputados, señoras diputadas. La Carta Magna establece como obligación de los mexicanos en su fracción IV contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La proporcionalidad es un principio que se traduce en que quienes reciben mayores ingresos deben contribuir con mayores impuestos. Es un principio fundamental, es un principio también universal. Es fundamental reivindicar este principio para que el financiamiento de las necesidades nacionales no se cargue de manera indiscriminada e injusta, sino en función de los ingresos. En este momento el país está en crisis. Aun cuando se incrementaron los ingresos no petroleros, la tendencia negativa de los ingresos petroleros es mayúscula y se tiene que hacer frente a grandes presiones como por ejemplo las aportaciones a los sistemas de pensiones. El hecho real es que ya no existen estos precios del petróleo de 100 dólares por barril, que fueron la referencia en pasadas legislaturas. Al mismo tiempo es indispensable proteger el gasto social y la inversión productiva. Todas las fuerzas políticas coincidimos en criticar los recortes al campo, la educación, la salud y la ciencia, por mencionar algunos rubros solamente, donde el consenso es no afectar a la población. También hay coincidencia en no cancelar la inversión productiva porque recortar dinero a Pemex o a la construcción de obras por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, equivale a la parálisis económica. Es suicida y lejano a las necesidades nacionales, tratar de recortar aún más el Presupuesto. No tiene sentido reducir el gasto social ni la inversión, como propone el gobierno. En este contexto hay que reabrir la discusión sobre la concentración del ingreso. En nuestro país el 1 por ciento de la población concentra la mayor parte del ingreso. En México están algunos de los millonarios más acaudalados del mundo, pero más de la mitad de la población es trágicamente pobre. Eso no puede seguir, por razones económicas, y sobre todo por razones éticas. De acuerdo con los estudios de la CEPAL y de la OCDE, México es uno de los países con menor carga fiscal a la renta en el mundo. Eso significa que las personas ricas pagan más impuestos en otros países de lo que en México, donde tenemos esta caída de los ingresos, resulta que son los que pagan menos. Nuestra tasa nominal está topada a 35 por ciento mientras el promedio de la OCDE es del 42. Hoy proponemos aquí que la tasa de 35 suba al 40 por ciento. La iniciativa propone que el crecimiento se financie con impuestos de los privilegiados y se avance en la progresividad fiscal. La iniciativa sólo afectaría a personas con ingresos mensuales superiores a 145 mil pesos, quiero subrayar la cifra, superiores a 145 mil pesos. Es decir, no afecta a la mayor parte de la población que por supuesto no obtiene esos ingresos mayúsculos. El debate respecto de los gravámenes en los sectores de más ingresos es promovido por la izquierda en el mundo como alternativa y diferenciación de quienes quieren reducir la progresividad fiscal y proteger a los más ricos. Las fuerzas democráticas y progresistas están promoviendo impuestos a las herencias millonarias, los impuestos a las ganancias bursátiles, cancelar las devoluciones injustificadas, y elevar, desde luego, el impuesto sobre la renta como aquí lo estoy haciendo. Sólo el señor Trump y los grupos de derecha sostienen que debe eliminarse la progresividad y proponen insistir en la receta neoliberal de menos impuestos y reducir a los gastos que busquen el beneficio social. Por lo anterior los invito a abrir el debate. No recortemos el gasto para no condenar el país a la pobreza y estancamiento. No incrementemos aún más el déficit y hagamos valer el principio de proporcionalidad y equidad que mandatar nuestra ConstituMoción. Muchas gracias.