El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadano presidente. Efectivamente, el 19 de abril de 2005, el grupo parlamentario de Convergencia presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 62-bis a la Ley del Instituto de Protección del Ahorro Bancario. Y considerando que el objetivo de esta iniciativa era el de adecuar el marco jurídico de este instituto a fin de que se encuentre la posibilidad de ofrecer a los pequeños y medianos deudores que hubo de la banca, la posibilidad de recomprar sus deudas sin la intermediación de las administradoras de cartera otorgándoles por lo tanto a estos pequeños deudores el derecho al tanto para recuperar sus bienes. Es importante señalar que el propio 15 de diciembre, el Senado de la República aprobó una serie de modificaciones tanto a la Ley del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, al SAE, como a la Ley del IPAB, que coinciden ampliamente con el contenido de esta iniciativa presentada por Convergencia en el mes de abril del año pasado y que sin lugar a dudas servirá para apoyar y restaurar o rescatar a muchos deudores para que recuperen sus bienes y evitar así el grave costo social y económico que le supuso la creación del IPAB. Esta iniciativa aprobada por el Senado de la República, establece una serie de modificaciones al marco jurídico existente… ( sigue turno 43 ) ..esta iniciativa aprobada por el Senado de la República establece una serie de modificaciones al marco jurídico existente que deberá permitir que se lleven a cabo las siguientes acciones, tanto por el IPAB como por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y que dichos organismos administran los créditos para que se sujeten a los montos mencionados en el primer párrafo del artículo que contiene dicha reforma. El Instituto, entonces, en coordinación con el SAE, publicaría una convocatoria en donde se informa a los deudores en general, la posibilidad de adherirse al Programa de Recuperación contemplado en este artículo. El SAE, además servirá como ventanilla de gestión para la celebración de contratos de adhesión de los pequeños y medianos deudores que cumplan con las condiciones de entrada al Programa y recibirá el pago respectivo por la enajenación de los créditos liquidados por los deudores que se adhieran a este Programa. Los deudores que se adhieran al Programa de Enajenación de Créditos Menores, deberán pagar, en un plazo no mayor de doce meses, el importe de los recursos recibidos por parte de la institución respectiva, mismo que no podrá exceder del 50% del monto originalmente recibido por el deudor cuando se trate de créditos agropecuarios. Cuando se trate de créditos comerciales, empresariales y refaccionarios, este monto no podrá ser superior al 60% y en los créditos hipotecarios y de vivienda no puede ser superior al 70%. En adición a los montos establecidos en el inciso anterior, los deudores que se adhieran al Programa, deberán pagar un 2% adicional por concepto de gastos y administración al SAE. Los deudores que se adhieran al Programa, deberá cubrir todos los gastos derivados de la cancelación de gravámenes, escrituración, liberación de hipotecas y honorarios notariales. El Programa deberá establecer condiciones especiales para adultos de la tercera edad y para discapacitados. Todos los créditos que el Instituto cedió en la administración a empresas especializadas o compradoras de carteras, deberán ser transferidos otra vez al SAE. Cuando la cartera haya sido vendida por el Instituto a alguna administradora de cartera, el Instituto la recomprará a las administradoras, para lo cual pagará el mismo precio al que la vendió, más un porcentaje que compense los gastos de administración en que se hubiere incurrido o en que hubiere incurrido la empresa especializada o compradora de cartera. Las instituciones de crédito deberán extender una carta de sesión de derechos de los créditos que transfieran al Instituto, nombrando al SAE como el nuevo titular de los derechos litigiosos y de administración de los créditos respectivos. Durante el periodo contemplado en el punto anterior y para dar certidumbre a los deudores que se adhieran al Programa, los bancos y las administradoras se abstendrán de promover las ventas judiciales y desalojo de viviendas. Por lo consiguiente, solicitamos se apruebe el siguiente punto de acuerdo, que la Comisión Permanente del Congreso exhorte a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a que dictamine las reformas a la Ley del Servicio de Administración de Bienes y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al artículo 62 de la Ley del IPAB, a fin de apoyar a los pequeños deudores de la Banca para que puedan recuperar los bienes perdidos por una crisis a la que fueron totalmente ajenos. Muchas gracias señor Presidente.