La diputada Julieta Mejía Ibáñez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Proteger nuestro derecho a la privacidad y seguridad debe ser prioridad en cada una de nuestras agendas. En los últimos años se ha revelado una serie de casos de espionaje político en México. Durante las últimas tres administraciones, con el avance de uso de las tecnologías de información, se ha evidenciado a servidores públicos que han emprendido una campaña de espionaje hacia personas defensoras de los derechos humanos, hacia activistas y periodistas. El espionaje se hizo rutina para las personas en el poder, a pesar de que ha sido negado y ocultado. Es una lamentable realidad que deja indefensas a las víctimas. La legislación actual en manos de los gobiernos se ha utilizado en contra de los derechos humanos, han vulnerado a las personas, cayendo en intimidaciones y generando cada vez más violencia. En México el espionaje político ha tenido un impacto negativo en la libertad de expresión y en nuestra democracia, ha llevado a que decenas de periodistas y activistas se autocensuren, por temor a ser espiados. También se ha contribuido a crear un clima de miedo y represión. Los datos son alarmantes. Se hizo público el registro de la compra de un software intrusivo, conocido como Pegasus, que se usa para obtener ilegalmente información de mensajes, así como activar el micrófono o las cámaras de los celulares. Para el 2017, este mismo ya se ocupaba para el espionaje contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil detectaron 76 ataques para sustraer información de personas que estaban investigadas por el gobierno federal. Este año un reportaje de El País expuso espionaje y hace unos días el New York Times también dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ordenó un espionaje, a partir de 2021, de personas de la oposición. Esto supuestamente ordenado por la exjefa de Gobierno. Si bien la Fiscalía ha desmentido haber pedido la información a la empresa de telecomunicaciones, los oficios están ahí y existen y es importante conocer la verdad. Estos son solo ejemplos de cómo el poder se ha utilizado para intimidar y amedrentar a quienes piensan diferente. Por esa razón en la bancada naranja desde hace tiempo hemos insistido en la necesidad de que toda solicitud de intervención de comunicaciones debe de estar fundada y motivada, incluyendo el objetivo de la misma, y la necesidad de dicha intervención. La iniciativa que hoy presento, tiene como objetivo salvaguardar los derechos humanos y retomar el camino de la seguridad digital. Hoy buscamos impedir la intervención y el mal empleo de las tecnologías de la información que comprometen la seguridad e integridad de los sistemas de manera masiva y facultar al juez para desconocer o verificar que la solicitud cumpla con los requisitos legales. Es verdaderamente inadmisible que vivamos en un país en el que el poder se use para entrometerse en la vida privada de activistas y de ciudadanas y ciudadanos. Compañeras y compañeros diputados, respetemos y garanticemos los derechos humanos y condenemos enfáticamente los actos de espionaje que se usan con fines de intimidación. Desde esta tribuna pedimos un alto al hackeo, al espionaje, al abuso de poder por parte de las autoridades, que ningún mexicano debería vivir con miedo de ser activista, porque ningún mexicano debería ser violentado en su privacidad. Muchas gracias.