El diputado Sergio Vázquez García: Gracias, señor presidente. Por obvio de tiempo leeré solamente el resumen de la iniciativa, por lo que le solicito que inscriba el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates para los efectos correspondientes. El que suscribe, Sergio Vázquez García, diputado federal del estado de Jalisco e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura y con las facultades que me otorga la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento propio de este Congreso, me presento ante ustedes, ciudadanos diputados, para presentar la siguiente iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. En el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que el Estado, organizado según sus normas e instituciones, postula un poder como elemento indispensable para la eficacia de la regulación en aras de la obtención de un fin con el debido orden. Al respecto señala el maestro Efraín González Luna, en la obra denominada Humanismo político que el Estado es tan necesario a la vida humana como la sociedad misma y la integración del Estado, la fijación de límites de la acción del Estado, la formulación de los deberes del Estado y la afirmación de los derechos del hombre frente a las posibilidades de afirmación y depotismo del Estado, es decir, que la federación tiene que cumplir con su compromiso trascendente, debiendo de apoyar más a los estados en cualquiera de sus compromisos que impliquen la captación de recursos para ejercerlos y distribuirlos. Es el caso que los recursos que la federación reparte en las áreas de seguridad pública a los estados y municipios, específicamente en lo que se refiere a la readaptación social y la prevención del delito, mismos que ahora, en esta iniciativa que presento abordo con la finalidad de poder otorgarle un giro de optimización y eficientización tanto de recursos como de resultados a los reclusorios de México y de las propias entidades, así como la aplicación de los programas en materia de prevención del delito, ya que ambos temas van de la mano que, de no ser tomado en cuenta así, sería ignorar de fondo el problema de la seguridad pública, pues al no haber readaptación social en la reclusión del delincuente, subsiste el delito y viceversa, convirtiéndose así en un circulo vicioso que denosta la poca o nula aplicación de programas propios de una tarea de Estado. Así las cosas, la prevención del delito constituye un elemento firme apoyado en el artículo 10 de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados y sobre todo en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobada por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. No obstante que no constituyen un imperativo jurídico, son reconocidas como fundamento de principios de justicia penitenciaria de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas, conforma una fuente de derecho para los estados miembros. En dicho instrumento, en particular se sostiene de lo que señala el articulo 65, que el tratamiento de las personas sentenciadas a una pena privativa de libertad, debe tener por objeto inculcarles la voluntad de vivir conforme a la Ley, mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la actitud para hacerlo, debiendo estar encaminado a fomentarles el respeto de sí mismos y a desarrollar el sentido de la responsabilidad en vías de no volver a delinquir. Actualmente la Secretaría de Seguridad Pública Federal al respecto establece un criterio de distribución de fondos de apoyo para la seguridad pública de los estados, mismos que se aplican de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta lo siguiente: índice delictivo que registra el estado, es decir, a mayor índice poblacional, más dinero; índice de ocupación penitenciaria; avance de logros en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública y Proyectos, sólo por cuanto respecta a los fondos que establece el anexo 33 denominado, Apoyo a Entidades Federativas y Municipios. De tal suerte que al distribuir el recurso éste afecta más a los que actualmente sí cumplen con los requerimientos y acciones en pro de los reos contra aquellos centros que no cumplen o tienen alto índice delictivo y no como en algunas entidades federativas en las que el número de reos va en aumento y su readaptación social es nula, dando como resultado que el índice de criminalidad rebasa la capacidad de las instituciones, por lo cual en aras de optimiza la cooperación entre las entidades federativas, gobierno del Distrito Federal y el propio gobierno federal para el logro del objetivo común del Plan Nacional de Seguridad Pública, con esta iniciativa se pretende incentivarlos a través del otorgamiento de una mayor cantidad de recursos federales tanto a los centros de readaptación social que den eficaz cumplimiento al objetivo del mismo así como también el otorgar incentivos que los motiven a adherirse a la tarea conjunta de cumplir con el Plan Nacional de Seguridad Pública, destacando los programas de prevención del delito. Dichos recursos federales serán utilizados para el mejoramiento de las funciones que compete a los centros de readaptación social y a las propias procuradurías de justicia para establecer programas funcionales con resultados positivos en el ámbito de la prevención, con lo cual se cierra el círculo de la seguridad pública, y sus políticas públicas se verán reflejadas en sus evaluaciones, debiendo de tomar en cuenta la nueva formula constituida, ya que de las reformas pronunciadas se desprende que ésta debe contener el avance en la aplicación de Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica, infraestructura, la prevención del delito y la readaptación social. Entretanto también se propone que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades, se destinarán exclusivamente a la implementación de programas preventivos. Por otra parte y por lo que respecta a las dependencias que señalo en el artículo 46 y en atención a las reformas das en las leyes correspondientes, se propone el adecuarlas para que lleven la denominación que corresponde como lo es, en lugar de Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, por Secretaría de la Función Pública; a la Contaduría Mayor de Hacienda, por Auditoria Superior de la Federación. Por lo tanto presento la iniciativa para quedar como sigue Único.- Se adiciona el párrafo tercero del artículo 44 y párrafo primero del artículo 45, en tanto que el artículo 46, las fracciones I, III y IV de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar redactadas de la siguiente manera: Artículo 44: "El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y al Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Educación Pública utilizando para distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal, el índice de ocupación penitenciaria, la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados, así como el avance de la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización, tecnología e infraestructura y la prevención del delito y la readaptación social". "Artículo 45.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades, se destinarán exclusivamente a la implementación de programas preventivos del delito. Y posteriormente queda el artículo como se encuentra actualmente. "Artículo 46, fracción I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las entidades federativas, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública. "En la fracción III también se cambia a Auditoría Superior de la Federación. "La fracción IV se actualiza con el nombre de Auditoría Superior de la Federación. "En el segundo párrafo: Secretaría de la Función Pública. "Y por su parte, cuando la autoridad Contaduría Mayor de Hacienda en un Congreso Local detecte que los recursos-fondos, no han sido destinados a los fines establecidos en esta ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso e la Unión. "Transitorios. "Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. "México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2006. Servidor: "Sergio Vázquez García".