El diputado Manuel Velasco Coello: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras diputadas y diputados: El derecho a ser informado exige necesariamente la obligación de informar. El Estado debe garantizar el derecho a la información, y esta garantía debe traducirse en la imposición de la obligación informativa a cargo de los entes físicos, morales, privados, oficiales, paraestatales o de cualquier otra índole que determine la ley. Sin dicha obligación estatal, el correlativo derecho sería francamente irrealizable. Si esa obligación de informar se hace gravitar sobre los órganos de comunicación masiva no gubernamentales, radio, prensa y televisión, se provocaría el riesgo de vulnerar las garantías de libre expresión de las ideas que consagran los artículos 6º y 7º de la Constitución, al constreñírseles a proporcionar la información según los criterios que en el ordenamiento reglamentario se prevén, a pretexto de una veracidad tan relativa, que puede interpretarse tan diversa como contradictoriamente. Por otro lado, si el derecho a la información se contrajera a determinados sujetos físicos o morales o a cierta índole de agrupaciones políticas profesionales, académicas, sindicales o sociales, sin comprender a todos los gobernados, incluso a todos los extranjeros, se violarían los artículos 1º, 6º y 33 de la Constitución, según el principio que enseña que donde la ley no distingue, no se debe distinguir. El derecho a la información debe versar sobre cualquier materia conforme a la amplitud con que constitucionalmente se establece. Ahí nuevamente debemos estar alerta para evitar la añeja idea de restringir el acceso a la información gubernamental, ya que cómo podríamos hablar de transparencia y acceso a la información gubernamental si se contemplan puntos tan controversiales como sujetos obligados, costos de acceso y, todavía más grave, información reservada. El derecho a la información es eso y nada más. El artículo 6º constitucional reconoce y acepta ese derecho inalienable, que nos es propio. Debe ser obligación permanente de los gobiernos la entrega precisa, puntual y veraz de la información. El derecho a la información es garantía constitucional que asegura al pueblo su innegable e irrenunciable derecho a ser informado. Desde aquellos tiempos en que el derecho a la información se adicionó al 6º constitucional y desde que se dio a conocer el propósito de reglamentarlo, se produce un impacto en la sociedad; a tal grado, que el tema no sólo ha sido abordado por periodistas, escritores, académicos y políticos sino también por el hombre no versado en esta materia; y ha sido motivo de discusión en los hogares, en las oficinas, en los centros de enseñanza superior y, ¿por qué no decirlo?, hasta en las reuniones de café ¿Por qué ha sucedido este fenómeno social, por qué ha sucedido este fenómeno social? Simplemente, porque el pueblo intuye que está en juego algo que es inherente al hombre, la libertad, la libertad de expresión, la libertad de la palabra, la libertad por la que han luchado tanto hombres y mujeres, incluso ofrendando su existencia misma, porque la libertad es irrenunciable; es parte vital y básica del ser humano. Sin ella, la existencia no tiene razón de ser. De aquí la necesidad de conocer la información de interés público que provenga de los órganos de gobierno y de los organismos no gubernamentales. Sin embargo, la protección de la información reservada, protegida, secreta y clasificada otra vez implica una controversia sobre la subjetividad de estas determinaciones. Pero, en fin, es necesario tomar acciones para favorecer el derecho a la información, que los órganos de gobierno den respuesta veraz, documentada en tiempo y forma a las demandas sociales de información que sean requeridas por los sectores de la misma. Vale la pena realizar cualquier posible acción a favor de la transparencia y acceso a la información gubernamental. El citado derecho ha sido sumamente complejo de instrumentar normativamente, pues el equilibrio entre su ejercicio dentro de un marco de seguridad para México y la observancia de la Constitución es siempre difícil de lograr. La información disponible para la ciudadanía determina en forma muy importante el tipo de relación entre sociedad y gobierno. El acceso a la información bajo procedimientos claros, precisos y sistemáticos es un aspecto central y, por consiguiente, otorga la posibilidad de que toda persona participe en los asuntos públicos, impulsando así la cultura de transparencia en el servicio público. Siendo una materia tan delicada y compleja la información, el derecho ha tenido que intervenir para realizar la función que le otorga su razón de existir, procurar justicia. Sin el reconocimiento de este derecho, se puede limitar el tránsito hacia un Estado más democrático, ya que no puede haber un Estado de derecho sin una adecuada protección del derecho de acceso a la información. El reconocimiento y la protección del derecho a la información como garantía política y social de las personas es necesario; implica abrir espacios a los particulares y organizaciones para conocer el desarrollo de las actividades de la autoridad, para plantear sus puntos de vista y participar en la vida política y administrativa de un Estado. Asimismo, se busca reconocer la obligación de las autoridades para entregar la información requerida de una manera completa y oportuna, estableciendo sanciones para los que actúen de forma contraria. Acceder a la información, pero especialmente a la información generada por el gobierno y poderes públicos, incide en una mejora notable en las decisiones adoptadas por las personas, en las cosas cotidianas, cuyos efectos son visibles en diversos aspectos sociales. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue: Artículo 49. En su Sistema Nacional sobre la Vida Silvestre tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nacional y su hábitat, incluida la información relativa de la fracción I a la XI, que queda igual, toda persona tendrá derecho a que la Secretaría ponga a su disposición la información antes señalada, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con excepción de la que sea susceptible de generar derechos de propiedad intelectual. Es cuanto, diputada Presidenta.