El diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Desde su inicio, los primeros grupos de protección civil en el mundo, tragahumo o bomberos, han estado ligados a complicaciones en su funcionamiento derivados de indefiniciones en materia legislativa con repercusiones para estos grupos, económicas, en perjuicio de su correcto funcionamiento. Las primeras máquinas contra incendios en el mundo, funcionaron en la antigua ciudad de Alejandría en el siglo I antes de Cristo y consistían en bromosas y pesadas jeringas, llenas de agua que bajo presión arrojaban chorros contra el fuego. En la misma era cristiana, los romanos contaban ya con un cuerpo de bomberos formados por 600 esclavos. Es en 1712, cuando se integra finalmente en Francia, el primer cuerpo de bomberos debidamente organizado. En los Estados Unidos, fue Benjamín Franklin quien organizó el primer cuerpo de bomberos en el año de 1736 en Philadelphia. Posteriormente, la moderna máquina contra incendios prosperó en el siglo XIX y fue construida en 1829 por George Brae Whites (?), de Londres, y arrojaba un chorro de agua a una distancia de 27 metros. En nuestro país, la historia de México registra el año de 1527 la existencia de los primeros grupos de bomberos conformados por naturales, comandados por soldados españoles que hacían las veces de los actuales grupos de protección civil y honorables bomberos, combatiendo los siniestros e incendios de la época. Ya en el México independiente, el 20 de marzo de 1871 se publica en el Diario Oficial de la Nación la formación de una compañía de bomberos, siendo integrada por la Guardia Civil Municipal, por lo que se adquieren, para su funcionamiento, dos motobombas. Más tarde, en 1880, el presidente Porfirio Díaz decide mejorar el equipo para combatir los incendios y crea provisionalmente el primer cuerpo de bomberos de la ciudad, en las calles de Humbold y Balderas. En la provincia mexicana, el 20 de diciembre de 1538, en Guadalajara se dicta la Real Cédula donde se prohibía la construcción de casas de paja o de madera por no contar con agua y por supuesto ni con un grupo especializado para combatir incendios. En la ciudad de Guadalajara, el portal Vicente Guerrero es la mejor muestra que indica la enorme utilidad que significa tener un cuerpo de bomberos. A lo largo de tres siglos y en diferentes fechas dicho portal se incendió y solamente pudo ser controlado de manera adecuada en el último siniestro, cuando la ciudad de Guadalajara ya contaba con un cuerpo de bomberos. Ahora bien, las reformas y adiciones propuestas en la presente iniciativa a la Ley General de Protección Civil pretenden impulsar la modernización y capacitación de instituciones de protección civil registradas, y particularmente del honorable cuerpo de bomberos de todo el país, a través de acceder a recursos frescos provenientes del Fondo de Prevención de Desastres para su capacitación y equipamiento. Hay que recordar que la legislación en materia de protección civil de acuerdo a nuestra Constitución es concurrente en los tres órdenes de gobierno. En este sentido, el Ejecutivo federal tiene a su cargo la coordinación ejecutiva entre el gobierno federal, local y municipal para realizar las acciones necesarias encaminadas a dicho fin, mientras que el Congreso de la Unión, de acuerdo a la fracción XXI del artículo 73 de la nuestra carta magna, tiene la facultad de legislar las bases para la coordinación federal, estatal y municipal respecto de dicha materia. En este orden de ideas es posible observar que, al no estar establecida la facultad de legislar directamente sobre la materia en discusión, de acuerdo al artículo 124 del ordenamiento antes mencionado queda reservada tal facultad a los congresos locales. Con esto dicho es posible afirmar que debido a la discrecionalidad en materia de legislación estatal cada entidad ha regulado de forma distinta la protección civil, encontrándose dentro de esta área las disposiciones relativas a la creación, funcionamiento, financiamiento y regulación de los cuerpos de bomberos. De esta forma, aun cuando existe un Sistema Nacional de Protección Civil, es necesario dar atribuciones para que realmente se revise la condición de estas instituciones, que en muchos casos carecen de recursos y, más aún, al no existir una obligatoriedad por parte del Estado a otorgarles los recursos económicos y humanos para su correcto desempeño. El Plan Nacional de Desarrollo, así como las leyes de protección civil locales, abarcan una red importante de medidas encaminadas a la previsión de desastres naturales y humanos y, aun cuando poseen un espíritu humano muy positivo, la extensión de la materia impide que se observe con la eficiencia necesaria el correcto desempeño y condición de estas instituciones. A la vez observamos que no existen en nuestro país censos o estadísticas relativas al funcionamiento y desempeño de tales instituciones. Debido a lo anterior encontramos deficiencias a nivel nacional en cuanto al entrenamiento de dichos cuerpos, así como en los equipos y materiales con que trabajan. De igual forma, encontramos que en algunos municipios no hay siquiera organización alguna destinada al combate de incendios. Asimismo, al no tener el reconocimiento necesario, los integrantes de los cuerpos de voluntarios y grupos voluntarios no cuentan, en general, con la protección debida respecto de sus derechos consagrados en los artículos 4 y 123 constitucionales, ya que actualmente no existe salario mínimo determinado para las personas que realizan la labor de bombero y en muchas ocasiones tampoco gozan de ningún tipo de cobertura de algún instituto de seguridad social. Lo anterior resulta incomprensible en trabajadores que corren tan altos riesgos y aportan tanto a la sociedad. Así, con el objeto de proteger a la ciudadanía y reconocer y apoyar a estas instituciones que realizan servicios tan importantes para la comunidad, consideramos necesario que el Ejecutivo Federal provea dentro de los recursos solicitados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para ser ejercidos con cargo al Fondo de Prevención de Desastres, el financiamiento y apoyo a proyectos y programas de equipamiento y modernización tecnológica de las instituciones de protección civil y de capacitación de sus miembros, muy particularmente de los cuerpos de bomberos que formen parte de las entidades federativas y de los municipios. De esta forma los criterios y procedimientos para acceder a los recursos, prioridad y elegibilidad de las solicitudes o participaciones en el financiamiento y apoyos de programas, así como control, evaluación, verificación y rendición de cuentas de los recursos entregados, se establecerán en las reglas de operación del Fondo de Prevención de Desastres y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. Asimismo se dan atribuciones en esta iniciativa a la Secretaría de Gobernación para elaborar y actualizar un censo nacional de instituciones de protección civil, dependientes de la Federación, entidades federativas y municipios. De igual forma se deberá integrar y llevar un registro público de las instituciones de protección civil de las entidades federativas y de los municipios que reciban recursos para capacitación, equipamiento con cargo al Fondo Preventivo de Desastres. Por lo antes expuesto y fundado someto a la soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil. Es cuanto, señor Presidente y por obviedad de tiempo le solicito que se incluya en el Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa. Muchas gracias.