El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Gracias, espero que sea un buen llamado y en las mismas circunstancias con piso parejo. Lo que está en juego hoy no es una simple reforma legal, es un modelo de país o el modelo de país que queremos construir. La minuta que hoy discutimos no es una ley moderna, no es una ley técnica ni democrática. Es una auténtica simulación, es decir, es un retroceso y es también una amenaza a las libertades. Nos han querido vender este proyecto como una herramienta para la simplificación orgánica, para la digitalización nacional y la inclusión social. Son palabras bonitas, pero son palabras huecas, son palabras traicioneras, porque cuando escarbamos en la letra pequeña lo que encontramos no es progreso, es centralismo, es vigilancia, es censura, es control político del espacio digital. Nos quieren hacer creer que para lograr estos objetivos era necesario abrogar por completo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Una ley que con todas y sus imperfecciones había permitido avances reales en competencia, en cobertura y en derecho de las audiencias. ¿Era necesaria una nueva ley desde cero? No, no lo era, pero esta no es una discusión técnica. Esto que estamos viendo hoy es una jugada política, una jugada para concentrar el control, para desaparecer los contrapesos, para borrar lo que funcionaba y construir desde el Palacio Nacional, desde donde le llegan las órdenes a la gente de Morena, un modelo de telecomunicaciones a modo, y un modelo que es una traición para los ciudadanos. Y no es casualidad que esta nueva ley se parezca tanto, tanto, tanto, a lo que se aprobó en 1995. Sí, hace casi 30 años, misma estructura, la misma lógica vertical, la misma tentación de control de poder. ¿Ese es un modelo de transformación? Es pregunta. ¿Copiar el pasado? Esto no es innovación, señores, no es innovación legislativa, es necropolítica institucional. Están desenterrando un cadáver para vestirlo con discursos bonitos, discursos nuevos. Además, el contenido de esta ley es profundamente preocupante, veamos algunos puntos concretos. El primero, permite que el Estado sea juez y parte, que el propio gobierno federal, a través de las entidades públicas, sea concesionario de redes. ¿Qué significa esto? Que el mismo poder que regula, opera. El que pone las reglas juega y también cobra y va a cobrar muchos moches. Eso rompe el principio de la neutralidad en la red porque cuando el Estado compite, pero también decide quién compite y cómo, el resultado es predecible, los ciudadanos pierden y se da la corrupción. A eso van precisamente. Otro punto más, desaparece a los organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones para sustituirlo por una agencia sin contrapesos, sin independencia, sin pluralidad. ¿Quién nombra a sus comisionados? El Ejecutivo, la presidenta, la que los manda. ¿Quién define sus criterios? El Ejecutivo. ¿A quién responden? Al Ejecutivo, señores. Entonces, esto es un Frankenstein burocrático, con un solo cerebro, el del poder. También faculta a las autoridades a intervenir comunicaciones bajo criterios difusos, bajo criterios ambiguos, bajo criterios peligrosos. El espionaje digital ya es una realidad en México, pero ahora lo van a legalizar, lo van a institucionalizar y hasta lo van a normalizar, meterse en la vida privada de todos los ciudadanos. Lo llaman pomposamente cooperación tecnológica. Vaya, nosotros lo llamamos como es: es una ley de espionaje, es meterse en lo que no les importa. Cuarto. Abre la puerta a la censura de contenidos, al condicionar el acceso a redes, al permitir políticas de transmisión que podrán interpretarse como herramientas para silenciar las voces críticas, las que no les gustan. Porque no se trata solo de telecomunicaciones, también se trata de la libertad de expresión, del acceso a la información, de la privacidad de los datos personales, derechos que esta ley, con su redacción ambigua y sus márgenes de discrecionalidad pone en serio riesgo. Lo más preocupante: esta ley no es un hecho aislado, forma parte de un proyecto de poder más amplio, es una pieza más en el rompecabezas de su dictadura. Lo vimos con la militarización de la seguridad pública, con la subordinación de la Guardia Nacional a la Sedena...