La diputada Josefina García Hernández: Muchas gracias, Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados: hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Agraria. En 1992 se reformaron el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria con el objetivo de dar por terminada la distribución de tierras por la vía de la reforma agraria. La reforma se propuso generar una mayor flexibilidad en la tenencia de la tierra, para lo cual se ampliaron los derechos de los ejidatarios y de los comuneros para tomar decisiones sobre la forma de propiedad de sus terrenos y la libertad para asignar al sucesor de sus derechos agrarios. Se trataba de promover un mercado de tierras que permitiera una reasignación más eficiente de la tierra, lo cual debiera dar incentivos a la inversión y, en el caso de la agricultura, permitiría unidades de producción más viables y por tanto incrementaría la productividad. En este tenor, una vez terminada la distribución de tierras por la reforma agraria, en 1993 el gobierno federal inició un programa de certificación y regularización de ejidos y comunidades agrarias, conocido como Procede, con la finalidad de otorgar a los ejidatarios seguridad en la tenencia al hacer valer las tierras ejidales y comunales y los derechos de cada sujeto agrario, al tiempo de promover la elaboración del reglamento interno de cada ejido, a fin de que se afianzara la autonomía y participación de cada núcleo en la organización interna y en la autonomía de decisiones, lo que en muchos casos dio como resultado un mejor manejo de los recursos de las tierras de uso común. En noviembre del 2006 se cerró el programa con una cobertura de certificación de más del 90 por ciento de los núcleos agrarios del país y 63 por ciento de la superficie rústica total. Se consideró que todos los núcleos agrarios habían sido informados sobre el programa, y aquéllos que no certificaron fue porque rechazaron el programa o porque tenían problemas jurídicos sin resolver. Como seguimiento al programa Procede, en 2006 se establecieron otros como Formar, programa de fomento a la organización agraria que destina fondos para asistir en conflictos agrarios y en dado caso solventar acuerdos negociados entre las partes, y FANAR, Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularización, que utiliza fondos para asistencia técnica a ejidos y comunidades no certificados que desean llevar a cabo la regularización posterior al Procede. En este contexto, el pasado 6 de enero el Presidente de la República, en el marco del 98 aniversario de la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria, refirió la modificación de la que fue objeto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual la Secretaría de la Reforma Agraria se transformó en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu. De acuerdo con los antecedentes y la actualidad del ordenamiento agrario, resulta evidente que sólo un porcentaje mínimo es objeto de regularización. Hoy, el crecimiento de los centros urbanos genera una nueva dinámica con respecto a los predios de propiedad social, que hacen totalmente oportuna la nueva denominación de la anterior Secretaría de la Reforma Agraria y provocan áreas de oportunidad en pro de los municipios. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y otorga facultades a los municipios en materia de planeación y de desarrollo urbano en el artículo 115. De igual forma es importante subrayar que quien se encarga de la prestación de los servicios públicos son los municipios a través de los ayuntamientos, y que éstos en un gran porcentaje a nivel nacional cuentan con un sistema registral y catastral que necesita ser fortalecido. Desde esta perspectiva, esta reforma tiene diversas repercusiones que pueden ser observadas como aprovechables, para lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios rurales, cuyo desarrollo urbano se ha llevado a cabo sobre tierras de propiedad social, y que debido a esta situación han perdido su vocación productiva y son destinadas a la vivienda. Esta realidad amerita la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y del Registro Agrario Nacional, ya que en algunos casos puede presentarse la terminación del régimen ejidal, con el correspondiente proceso legal que conlleva y que se traduce también en un cambio de uso de suelo, facultad de los ayuntamientos en conjunción con los estados, lo que puede traducirse en el aumento de recursos al incrementarse la base contribuyente por concepto del impuesto predial, y en suma, puede entenderse como el incremento de la capacidad recaudadora de los municipios, con los beneficios que esto implica. Lo anterior es así ya que al contar con el apoyo de la infraestructura, de la información actual y la que producirá la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, puede establecerse como un obligación de ésta, y del Registro Agrario Nacional al vincularse con los municipios para la transferencia de información registral y catastral, así como para coadyuvar con éstos para incorporar al desarrollo urbano las tierras que han perdido su vocación productiva, y que de esta forma, con el trabajo de los ayuntamientos se aumente su base contributiva y se multipliquen sus recursos. En este entendido y aprovechando que la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo la perspectiva sistemática de nuestro orden jurídico precisa de reformas a otros ordenamientos. Mediante la presente iniciativa propongo la modificación a la Ley Agraria para incorporar como obligación de la citada Secretaría y del Registro Agrario Nacional, transferir la información catastral de las tierras de propiedad social que se hayan incorporado al desarrollo urbano de los municipios, para que éstos actualicen y fortalezcan su información catastral y registral, lo que permitirá mediante las acciones correspondientes generar mayores recursos para los municipios que puedan ser destinados en los términos de la legislación vigente, a la prestación de más y mejores servicios. Es cuanto, señora presidenta.