LA C. DIP. LORENA MARTINEZ RODRÍGUEZ: Con el permiso de la ciudadana Presidenta. "La suscrita diputada federal de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre de los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los artículos 56 y 64 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa de decreto por la que se modifica la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS "Para la actual Legislatura la atención a la población adulta de nuestro país que actualmente es de aproximadamente de siete millones, ha sido un tema fundamental, prueba de ello es la aprobación en el anterior periodo de sesiones ordinarias de un proyecto encaminado a atender las necesidades de este segmento de la población. Dicho decreto fue publicado el 25 de junio del 2002 en el Diario Oficial de la Federación. "Esta Ley fue el resultado de un intenso trabajo de análisis de diversas propuestas presentadas por diputados y senadores en sus respectivas Cámaras. "Basta señalar que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta Cámara de Diputados dispuso la organización de nueve mesas de trabajo, en donde se tomó nota de las propuestas y puntos de vista de dirigentes de organizaciones de adultos mayores, académicos, especialistas en el tema, entre otros, que se incorporaron al proyecto que la Comisión plasmó en el dictamen correspondiente. "La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene como propósito fundamental propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico y mental en los adultos mayores y que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el seno de la familia, la sociedad y el conjunto. Para ello contempla la creación de un organismo denominado Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se derivan de la propia ley. "Ahora bien, en el artículo 41 se establece que las relaciones de trabajo entre el instituto y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, también en la actual legislatura se aprobó la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, como un organismo público descentralizado, similar al del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Este instituto, que tiene por objeto promover y fomentar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social de nuestro país, establece en esta ley que las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores se regirán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Es por ello y con la finalidad de concordar las normas legales que regulan institutos encaminados a la atención de sectores específicos de la población y ante el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis jurisprudencial de la novena época del Seminario Judicial de la Federación, tomo II, agosto de 1995, página 60, jurisprudencia al respecto que a la letra dice: <<Se desprende que un organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal o con el ayuntamiento a nivel municipal. De tal suerte, que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal para atender con sus propios recursos una necesidad colectiva". "Por ello se propone reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: "Iniciativa de decreto que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. "Artículo Primero. Se reforma el artículo 41 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: "Artículo 41. Las relaciones de trabajo entre el instituto y sus trabajadores se regirán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo segundo. Se deroga el artículo 42 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: "Artículo 42. Se deroga. "Transitorios. "Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Segundo. Los derechos de carácter individual y colectivo de los trabajadores del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se conservará sin afectación alguno" "Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro -la Cámara de Diputados- a los cuatro días del mes de noviembre de 2002. "Atentamente, "Diputada Lorena Martínez Rodríguez". Suscriben la presente iniciativa integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables: diputado Enrique Villa Preciado, diputada Raquel Cortés López, diputada Alba Leonila Herrera, diputado Librado Treviño Gutiérrez, diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, diputada Esveida Bravo Martínez, diputado Pedro Pablo Cepeda Sierra, diputado José Abraham Cisneros Gómez, diputada María Elena Lourdes Chávez Palacios, diputado Nemesio Domínguez Domínguez, diputado Jorge Luis García Vera, diputado Julio César Lizárraga López, diputado José Bañales Castro, diputado Sergio Maldonado Aguilar, diputado Gregorio Arturo Meza, diputada Silvia Romero Suárez, diputada Patricia Aguilar Garcia, diputada Teodora Elba Arrieta Pérez, diputado Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez. Solicitando a esta Presidencia se turne a la Comisión de Grupos Vulnerables. Muchas gracias. (aplausos) PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señora diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Tiene la palabra el diputado Rafael Orozco Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud. -DIP. RAFAEL OROZCO MARTINEZ: Con su permiso, señora Presidenta. "Compañeras y compañeros Diputados: Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 constitucional y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica la Ley General de Salud, adicionando el artículo 51 bis, sobre voluntades anticipadas al tenor de la siguiente: "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS "Los sorprendentes avances de la ciencia, la técnica y la tecnología aplicadas a la medicina, han provocado significativos y benéficos efectos sobre la salud del ser humano. Así por ejemplo, tenemos que en menos de un siglo prácticamente se ha logrado triplicar la esperanza de vida al nacer, se han erradicado del planeta enfermedades virales que en otros tiempos provocaban millones de muertes, se combaten efectivamente los de índole bacteriana y micótica, el arsenal terapéutico es cada vez más efectivo en todos los padecimientos y se avanza en todas las áreas de la biomedicina. "Asimismo se ha logrado descifrar la herencia genética de la humanidad en el proyecto Genoma Humano, se logran espectaculares logros en la biología de la reproducción y en la salud reproductiva, se avanza en la curación y erradicación de las enfermedades degenerativas y muchos otros logros. Sin embargo, paralelamente a los avances de la ciencia médica, el sentir general de los usuarios es sobre el hecho de que para ellos se han alterado los vínculos del paciente con su médico, con las instituciones de salud y que no necesariamente se avanza en la misma velocidad en los derechos de cada paciente y las aspiraciones de los miembros de la sociedad. "Un claro ejemplo de lo anterior se puede observar en el caso de las personas con enfermedades crónicas y terminales, en las cuales los pacientes y sus familiares se quejan por diversos motivos, entre los que resaltan la fragmentación en el cuidado de la salud por la alta especialización de la medicina y la poca información de los recursos y tecnologías que eventualmente se les aplican. "El momento y forma de la muerte se han modificado de una manera dramática en unas cuantas décadas. Hoy se fallece en camas de hospitales, rodeado del personal de la salud y con un alto arsenal tecnológico, elementos que para muchos han sustituido la cama y el hogar del paciente, a sus familiares y seres queridos y al afecto de éstos, a lo que habría que sumar la utilización de recursos terapéuticos y biotecnológicos que no necesariamente son acordes a los deseos, creencias e ideología del paciente y que incluso le resultan agresivos e innecesarios así como deshumanizadores. "En el momento actual los derechos de toda persona a la vida bien superior, son consagrados en nuestra Carta Magna; es el primer derecho y el más fundamental, de éste emanan todos los demás. En el caso de los derechos de cada persona como paciente, no se trata tan sólo de los derechos consagrados a la salud, sino que se deben entender como derechos a una mejor calidad de vida, lo que en el caso del paciente terminal sólo se comprende si se evitan sufrimientos a la persona; los médicos entonces deben actuar en armonía con este precepto, de conformidad no tan sólo con el imperativo social y sanitario, sino a los mandatos de orden deontológico. "Es imprescindible determinar y conocer los personalísimos derechos de los pacientes, especialmente del paciente en etapa terminal, es decir, de aquella persona que se encuentra en una situación próxima e inevitable de muerte, por la presencia de una enfermedad de carácter progresivo e irreversible y ante la cual no existen posibilidades de respuesta a ningún tratamiento, pero que además está el hecho de que el paciente en la mayoría de las ocasiones no está en condiciones de expresar su voluntad. "Asimismo es preciso comprender que el proceso más agobiante al que se enfrenta el paciente terminal es el dolor, por lo cual la medida más importante es el tratamiento de éste, incluso que se debe utilizar cualquier medicamento y tratamiento para aliviar el sufrimiento, aclarando que de ninguna manera la personal decisión puede confundirse con la eutanasia, donde se participa activamente en la muerte del paciente y que además esta no es conciliable con los derechos que consagra la Constitución, la Ley General de Salud ni ningún precepto legal en nuestro país. La piedad suscitada por el sufrimiento y el dolor de los pacientes terminales no autoriza ningún tipo de intervención para acabar con su vida y es un acto de homicidio intencional, hoy en día la mayoría de las personas entienden que se tiene un derecho individual para otorgar o denegar el consentimiento para someterse a cualquier procedimiento clínico, quirúrgico e imbativo pero que además en el caso del paciente en etapa terminal, que no existe ningún tratamiento efectivo tan solo es paliativo. En la actualidad el enorme y arrollador avance científico, técnico y tecnológico en Medicina ha logrado en ocasiones superiores logros de los que se estimaba, sin embargo su aplicación en ocasiones carece de regulacíón sobre todo en la utilizada en el paciente próximo a morir, lo que nos obliga a la necesaria legislación y emisión de normas para asegurar sobre todo que no se violen los derechos de las personas. Este nuevo enfoque de las aplicaciones técnico científicas es lo que algunos denominan la nueva juricidad en una sociedad donde la Medicina es altamente tecnificada debe estar atenta no tan solo al bienestar de los ciudadanos sino al respeto de los derechos de la tercera generación referente a la dignidad de la persona. La dignidad de la persona, valor invulnerable, debe dotar al individuo de la capacidad de optar o negarse a recursos extraordinarios, desproporcionados y agresivos, toda vez que en el caso del paciente terminal son además paliativos e inconducentes y que ha sido referido por muchos de los pacientes y sus familiares como vejatorios o que vulneran sus creencias de cualquier tipo no tan solo religiosas. La sociedad tecnificada al aplicar todos los recursos, tiende a sobrevalorar aspectos de eficiencia y eficacia de los recursos, restringiendo la autonomía de la persona y produciendo una coacción de los médicos sobre los pacientes Por todo lo anterior es que proponemos que la opción de la individual decisión y determinación de las voluntades anticipadas también conocida como Testamonio Vital o Living Will, debe ser aceptada tanto por el Sistema de Salud como por los Médicos con la única condición de haberse elaborado con pleno consentimiento en forma libre, con conocimiento de la situación, de haberse elaborado en forma previa a la condición de enfermo terminal, de manera voluntaria y fehaciente lo que algunos autores aducen y argumentan como garantía del conocimiento informado. El derecho personal de autonomía le confiere su capacidad de libre elección y la propia responsabilidad al ejercicio al derecho de optar o no con los recursos que le ofrecen los Servicios de Salud. Asimismo es preciso establecer que lo que se procura al dotar de un instrumento legal para la determinación de voluntad anticipada, es en último caso el de evitar el ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, el uso de recursos tecno científicos desproporcionados e innecesarios y la prolongación de la agonía, cuando se sabe con certeza que ya no hay posibilidad de curación ni mejoría. Cuando la muerte se prevé como inminente e inevitable, se puede en conciencia renunciar a tratamientos que cuando más prolongan una vida precaria y penosa, esta decisión , aclaramos, no equivale al suicidio, expresa más bien la condición humana personal ante la muerte. En esta Legislación que proponemos sea incluida en la Ley General de Salud, no se incluye al Médico en la decisión de suspender un tratamiento, ya que él tiene como obligación profesional atender al paciente hasta el último momento, procurar evitar el sufrimiento y garantizar cuidados paliativos. Esta Iniciativa pretende favorecer a las personas que por algún motivo no puedan expresar por situaciones precarias de salud sean respetadas en sus propios valores y decisiones enunciadas con antelación, por la que la formalización de la voluntad anticipada supone la mayor responsabilidad de los ciudadanos sobre su propia y su salud, aunque vale al pena señalar que el declarante puede pedir que no se le prolongue la vida de manera innecesaria ni por medios artificiales pero nunca puede solicitar que se le acelere la muerte. El documento que contenga las voluntades anticipadas, debe contar con los deseos expresos y explícitos del paciente; la formalización de este documento debe contar con las mejoras garantías de autenticidad, es decir voluntad, identidad, capacidad y conocimiento del mismo. Del mismo modo se debe regular su substitución, revocación, modificación y se debe asegurar que sea elaborado ante fedatario público con la presencia de tres testigos. Se termino el tiempo, pido a la Presidencia se incluya el resto y el articulado de la iniciativa en el Diario. Gracias señora Presidenta. -