La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Gracias, presidente. Con la venia. El sentido de la reserva es muy sencillo, dejar el texto como lo ponen en la propuesta de dictamen y simplemente adicionar todo lo anterior mientras no se violenten los derechos humanos, que es el sentido del posicionamiento. Y es claro que tendremos que decir que el dictamen que hoy se presenta no fue aprobado por unanimidad. El pasado jueves 24 de febrero solo 27 votos a favor, pero 11 votos en contra nos dan que es un dictamen que se tiene que discutir en este pleno. Este dictamen surgió a partir de la inquietud que le provocó el criterio que adoptó la Sala Superior del Tribunal Electoral mediante la sentencia correspondiente al expediente SUP-REC-281/2021 y sus acumulados. Esta controversia mandata al Congreso de la Unión para que en el próximo periodo de receso se proponga las diputaciones que integrarán la Comisión Permanente con base en el principio de máxima representación efectiva, sustentando en los criterios de proporcionalidad y pluralidad. Esto significa que ninguna fuerza política quedaría excluida de las propuestas para integrar la Comisión Permanente con independencia del porcentaje de representación que tengan en las Cámaras. Recientemente el amparo en revisión 27/2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una serie de parámetros a partir de los cuales se reconoce la posibilidad de controlar en sede jurisdiccional los actos intralegislativos o sin valor de ley cuando estos son susceptibles de vulnerar derechos fundamentales, concluyendo que, por regla, cualquier acto u omisión de autoridad del Poder Legislativo, incluso a aquellos de naturaleza intralegislativa o sin valor de ley son judiciales cuando se afecte algún derecho humano. Entendemos que el derecho político-electoral o el derecho de las mujeres al ejercicio de la igualdad sustantiva son derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. La Constitución no excluye del control constitucional los actos y omisiones del Poder Legislativo simplemente por ser el órgano representativo. Por el contrario, entiende que es un órgano constituido por la propia Constitución y por ende debe cumplir con las normas que lo rigen. Para el Tribunal Electoral la implicación lógica de ese razonamiento exige que reconozcamos que, si bien el Poder Legislativo debe contar con garantías que salvaguarden la función encomendada de forma autónoma e independiente, encuentre con los demás Poderes constituidos una limitante, ajustar su actuación al orden constitucional y la demás normativa que le es total y absolutamente aplicable, en las cuales se debe considerar sus propias disposiciones orgánicas y los principios en los que se sustentan estas últimas, de manera que, si en su actuar vulnera algún derecho humano, como es el derecho político-electoral, este se puede someter a escrutinio constitucional. Actualmente se tiene un nuevo escenario de progresividad que impone interpretar los derechos humanos de manera que otorgue una mayor protección conforme evoluciona su interpretación y su aplicación. Precisamente el primer fundamento de esta interpretación progresiva es la propia reforma constitucional al artículo 1o., porque a partir de ella se han abordado facultades a favor de los tribunales constitucionales, tendientes a maximizar la protección de los derechos humanos. Nuestra principal tarea es salvaguardar los derechos humanos y sobre de ello tendríamos que legislar. Ese es el sentido de la reserva, enaltecer la progresividad de los derechos y hacer todo porque el ejercicio de la democracia se nos haga cada vez más costumbre a todos y a todas. Es cuanto, presidente.