La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, es una pena que debamos destinar parte de nuestro tiempo y de nuestros trabajos legislativos a discutir una situación por demás lamentable, producto de la negligencia del cinismo y de la corrupción de un servidor público de Morelos, tal parece que hay personas que, o no entienden la capacidad de honrar el juramento o no tienen la capacidad que se requiere en un cargo público o, peor aún, que no están conscientes de lo importante y relevante del cargo en el que se desempeñan. Optan por privilegiar intereses personales y frívolos, y no lo digo porque sea motivo de indiferencia o displicencia de nuestra parte como legisladores, sino todo lo contrario. Esta soberanía tendría que estar legislando y dedicando nuestros trabajos a generar leyes y reformar las normas que se requieran para construir un mejor país. No obstante, aquí estamos, discutiendo si esta Cámara será o no comparsa del juicio político en contra del fiscal general del estado de Morelos. Este señor ha hecho mal uso del encargo en el que fue designado, no en balde está relacionado con delitos de ejercicio ilícito del servicio público, delincuencia organizada y actos contra el funcionamiento del sistema nacional de seguridad pública. Desafortunadamente era algo que podíamos esperar de una persona que, en su tiempo, fue comparsa de uno de los gobiernos más corruptos en la historia del estado de Morelos, el gobierno de Graco Ramírez. Su mal obrar bien pudo ser por ignorancia o con dolo, situación que lo agrava. Pero, no obstante, el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento. Este tema no es relevante solo para el gobierno del estado, lo es sobre todo para el pueblo de Morelos, porque proceder en contra de este personaje significa hacer justicia, combatir la corrupción y acabar con la impunidad y, sobre todo, hacer lo socialmente correcto para nuestro país. Compañeras y compañeros, tengamos muy presente algo que es básico para la decisión que tome esta Cámara. No se puede imposibilitar que el órgano jurisdiccional, en cualquier ámbito, ya sea federal o local, desarrolle sus funciones en contra de servidores públicos que han infringido la ley. La ley nos hace iguales a todos y la justicia se debe aplicar de igual forma. Dejemos esas viejas prácticas. No nos prestemos para hacer patiños de actos simulados de aparente justicia. Porque si bien la Cámara de Diputados no es legalmente parte del Poder Judicial, sí formamos parte de este proceso. En nuestras manos está la decisión que, para un ciudadano, protegido por una figura jurídica, pueda ser juzgado como cualquier ciudadano. Compañeras y compañeros legisladores, si el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió renunciar a cualquier tipo de protección legal en contra de procedimientos judiciales, ¿por qué un fiscal corrupto, abusivo y negligente, tendría que ser la excepción? Digamos las cosas como son, Uriel Carmona fue impuesto en la Fiscalía por Graco Ramírez, para cubrirle las espaldas durante un sexenio de terror en Morelos. Contribuyamos en la impartición de justicia haciendo lo que nos compete. Esa soberanía no debe ni será parte de simulaciones que permitan a personas o grupos específicos actuar con dolo y sin consecuencias. En el Grupo Parlamentario del PES nos pronunciamos a favor de la legalidad y de la justicia, de esto se trata la cuarta transformación, de eliminar la corrupción, de hacer las cosas diferentes y de hacer lo socialmente correcto. Muchas gracias, diputada presidenta.