La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Toda la educación del Estado, que imparta el Estado, será gratuita. El decreto que reforma el artículo 3o. responde en parte a poner la educación en este país como una prioridad; digo en parte porque el plazo para garantizar lo expresado es largo, aunque algunas y algunos dirán que es a mediano plazo, pero eso significa no ver la realidad que vivimos en nuestro país, en nuestro querido México, en todo lo que representa la palabra realidad. La realidad es que la situación de la descomposición del tejido social es consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales implementadas en los últimos 25 años, que a todas luces han cumplido con su cometido que es alcanzar los objetivos de un sistema social y una construcción moral y cultural que económicamente es empobrecedora, que socialmente es excluyente, que políticamente es autoritario y que moralmente es anti-solidario. La realidad es que se ha aplicado una política errática para abatir la inseguridad, lo cual no le ha garantizado a la ciudadanía ni a la nación, la seguridad que tanto demanda, pero sí ha permitido que muchos jóvenes, hombres y mujeres, sean carne de cañón para los grandes delincuentes en este país. La realidad es que pretenden continuar con el mismo modelo de política económica social que tiene a nuestro México en los estándares muy por debajo de muchos otros países en diversos aspectos como educación, seguridad, crecimiento económico, cultura e investigación. Y dicen ser la panacea y que ahora sí las cosas van a cambiar. La realidad es que la educación es una prioridad y que el Estado es mandatado por nuestra Carta Magna a garantizar esa educación en sus términos expresados en el artículo 3o. La realidad es que las normas jurídicas son bilaterales, son imperativo-atributivas, atribuyen derechos y generan obligaciones. La realidad es que está ausente el debate parlamentario y que reduce a discusión y posicionamiento de los argumentos que permita convencer a los representantes, a las representantes populares responder como tales. El PRD resalta que la educación es un derecho, y es el Estado quien está obligado a impartir la educación de manera laica, científica, democrática, libre y gratuita. Creemos en la rectoría económica del Estado y en el compromiso social que tenemos de cara a la nación, y la responsabilidad histórica con el pueblo de México. Por lo que solicitamos a las y los diputados de esta LXII Legislatura, aprobar la proposición presentada por la diputada Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática como de obvia y urgente resolución, misma que conlleva a materializar el espíritu de la norma, de que todo individuo tiene el derecho y el Estado es el obligado, y traducirla en el presupuesto suficiente que permita crear las condiciones y atender de forma integral y continua la cobertura de una educación media superior de calidad; presupuesto suficiente para no dejar en letra muerta lo establecido en el decreto del pasado 9 de febrero del presente año, que atiende la demanda de que la educación, vuelvo a repetir termino presidente es prioridad nacional para el crecimiento y desarrollo integral de un país, y no una mercancía como han pretendido hacerla pasar. Nos indigna la mala imagen del país en el exterior, pero no nos atrevemos a admitir que muchas veces la realidad es peor. Por México, por una educación de calidad, obligatoria y gratuita para todos los niños y las niñas; para todas y todos los jóvenes, sin exclusión, sin discriminación, la educación es primero. Esta legislatura puede y debe demostrar que somos representantes populares, por el bien de México y de las y los jóvenes. Gracias, señor presidente. Y a ustedes por su atención.