La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Pocas veces se ha escuchado hablar tanto del fenómeno de la corrupción como en los últimos tiempos. Algunos procesos penales recientes, seguidos en contra de conocidos funcionarios públicos han convertido este problema en importante objeto de preocupación de la comunidad nacional, ya no decir de la corrupción de la que se habla en la Cámara de Diputados. La corrupción en el ámbito de las funciones públicas presenta un alto grado de impacto, no sólo porque conduce a una frustración de las expectativas de los ciudadanos, quienes esperan que los funcionarios públicos se desempeñen con probidad en el ejercicio de sus cargos, sino también porque posee una gran capacidad para socavar las bases del sistema político imperante. Sin embargo, no debe creerse que se trata de un fenómeno presente sólo en el ámbito público, también en el sector privado existe corrupción. Atendido el hecho de que esta conduce a infligir deberes que pueden tener su fuente tanto en disposiciones legales como contractuales. Con todo, no es difícil constatar que la corrupción en el ámbito privado no provoca tanta alarma como en el sector público. Es quizás esa la razón por la cual el legislador se ha preocupado más de la corrupción en el ámbito público. Dentro del complejo fenómeno de la corrupción en el sector público, el delito de cohecho aparece como una de sus manifestaciones más importantes. En efecto, cuando se habla de la corrupción tradicionalmente se piensa en el cohecho como uno de los delitos más paradigmáticos junto con el tráfico de influencias. La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo 8o., establece la obligación de prohibir y sancionar el soborno transnacional. Y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 16, dispone que cada Estado parte adopte las medidas necesarias para tipificar como delito el soborno de los funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionalmente públicas. Sin embargo, el artículo 222 Bis del Código Penal Federal no ha tenido los resultados esperados, que se traducen en un auténtico mecanismo, que disuada, y en su caso, sancione la competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales a servidores públicos extranjeros, razón por la cual se propone la modificación. El dictamen que está a discusión pretende establecer reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, con el objetivo de solventar los acuerdos internacionales con relación al delito de cohecho, el cual es una forma de corrupción establecida en dichos tratados, particularmente en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambas prevén disposiciones para que los Estados en parte tipifiquen como delito tanto el cohecho pasivo como el activo. Además, en la reforma del dictamen al artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal se propone reformar la ley especial que prevea aquellos mecanismos de protección a personas que están en peligro por su participación en procedimientos penales, extendiendo la protección a los casos en que los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, estableciendo la obligación en materia de corrupción, así como los correspondientes a delincuencia organizada, la trata de personas, tráfico ilícito de armas, los crímenes internacionales establecidos en la Corte Penal Internacional, entre otros. Lo anterior es esencial para garantizar la seguridad e integridad de las personas, como los denunciantes, testigos, víctimas y sus familias, impulsando a su vez la participación en dichos procedimientos para lograr la acreditación de los tipos delictivos y la identificación de los responsables. Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen, en razón de que se han firmado tratados internacionales y en congruencia con ellos es que apoyamos esta propuesta. Pero no se irá a fondo contra la corrupción en tanto no suceda una modificación interna del individuo, que hoy por hoy está inmerso en una dinámica de valores, presidida por el dinero en menoscabo y hasta el menosprecio de otro tipo de virtudes. Los diputados deberíamos empezar por nuestra casa para combatir la corrupción. Muchas gracias.