El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señora presidenta, y con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores. Me permito presentar a ustedes iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, en los términos siguientes. El Estado tiene como principales funciones velar por el bienestar, la justicia y la seguridad de sus ciudadanos derivado del llamado pacto social. Para cumplir con esta misión cuenta con las fuerzas armadas y las corporaciones policiales. A pesar de ello, nuestro país enfrenta problemáticas profundas en materia de seguridad, la violencia en nuestro país ha llegado a niveles alarmantes. El problema del crimen organizado es muy serio; el grado de infiltración del crimen organizado en corporaciones policiacas es grande, lo que en su momento justificó una limpieza del sistema policiaco, para ello se realizaron múltiples operativos aplicando pruebas de control de confianza, cuyos procedimientos son de dudosa rigurosidad científica, como particularmente el polígrafo, igualmente de dudoso apego a los derechos humanos. Sin duda, una policía confiable debe ser pilar de la seguridad. La confiabilidad de quienes procuran la seguridad de los mexicanos es vital, sin embargo, lo cierto es que las condiciones en que tienen que desarrollar su trabajo los policías mexicanos no son gratificantes, teniendo un bajo salario, y lo cierto es que las condiciones de trabajo de los cuerpos policiales son en muchos sentidos muy desfavorables, ya que se desenvuelven en situaciones de alto riesgo y sin embargo tienen pocas garantías laborales respecto de otros sectores de trabajadores, y dista mucho de estar acorde con las condiciones de trabajo reconocidas para la clase trabajadora prevista en el artículo 123 constitucional. Por ello, sabiendo de antemano que las labores de seguridad conllevan un alto riesgo, se deben garantizar todos y cada uno de los derechos laborales de los miembros de las corporaciones policiales. Lamentablemente el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos laborales, entre otros, lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que expresa que los Estados parte tienen la irremisible obligación, no sólo de respetar, proteger y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de los gobernados, sino de evitar que entre los mismos particulares se violen estos derechos. Por ello, está previsto que cuando de manera injustificada se cesa de sus funciones a algún trabajador, sin importar que se desarrolle en el sector público o privado, éste tenga derecho a optar por su reinstalación laboral, o bien, el reclamar la indemnización correspondiente, lo que en el caso de los miembros de seguridad pública no se cumple, dado que si éste es cesado de sus funciones no tiene permitido exigir la reinstalación en su puesto de trabajo. Entonces, tenemos que la no reinstalación del trabajador al servicio de la seguridad pública puede ser un aliciente para procurar el establecimiento de redes de tráfico, de influencias y de lealtades absolutas al líder de la corporación, que a la postre podrían significar encubrimiento y complicidad. Privar o negar el acceso al trabajo o su reinstalación a cualquier persona, constituye una violación a sus derechos humanos más elementales, esto mismo acontece cuando la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de determinación del servicio fue injustificada, el Estados sólo está obligado a pagar la indemnización de las prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reinstalación a su servicio. Cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido, boletinándose además a nivel nacional, como actualmente lo señala el artículo 123, fracción XIII, del Apartado B, de la propia Constitución federal. Por ello no debe darse fuera del marco del respeto irrestricto a los derechos humanos laborales. Los elementos de los cuerpos de seguridad deben de gozar de todos los derechos humanos laborales y sus garantías como cualquier persona. Por otro lado, la denegación a su reinstalación, cuando derivado de un procedimiento jurisdiccional es declarado inocente, podría estar fomentando el aumento exponencial de los despidos injustificados de los miembros de los cuerpos policiacos de las Fuerzas Armadas y de los órganos de procuración de justicia, lo cual resulta flagrantemente violatorio a su derecho fundamental al trabajo. En ese orden de ideas, la propuesta que se somete a su consideración consiste en reformar el segundo párrafo de la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 constitucional, con el objeto de hacer patente la obligación del Estado mexicano de hacer justicia y reinstalar en sus funciones a los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales que hayan sido separados, removidos, dados de baja o cesados de cualquier otra forma, cuando lo anterior haya sido declarado como despido injustificado, declarado por la autoridad correspondiente. Éste, sin duda, es uno de los pendientes en materia de los derechos humanos en cuanto a los verdaderos servidores públicos que converjan en el derecho humano a la seguridad pública. Es cuanto, presidente.