El diputado Agustín Torres Ibarrola: Estamos debatiendo la Cuenta Pública. Creo que el debate debe centrarse en la Cuenta Pública, y no solamente se refiere a los resultados tanto de la federación, los órganos autónomos y desconcentrados, también a los recursos que ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y las Delegaciones. Así es que bien vale anotar algunos datos útiles para la votación de este dictamen. En 2007 se transfirieron a las entidades federativas y municipios 8 mil millones de pesos, cifra superior en un 7.5 por ciento al presupuesto original y en un 2.2 por ciento real a lo ejercido el año anterior, este monto representó el 32 por ciento del gasto neto total del sector público; es decir, una tercera parte de cada peso que se ejerció en el presupuesto público, en la Cuenta Pública, que hoy estamos votando lo ejercieron los estados y los municipios de la federación. Las transferencias condicionadas tuvieron un monto de 470 mil millones de pesos, es decir, el 58 por ciento del total transferido. Y dentro de esos 356 mil millones de pesos asignados al Ramo 33, el 10 por ciento se concentró en el estado de México, el 7 por ciento en Oaxaca y el 5 por ciento en Veracruz. Entre estas entidades federativas se concentró casi una cuarta parte del ejercicio del Ramo 333. Y hay que revisar lo que revisó la Auditoría Superior de la Federación. Se practicaron 549 auditorías a entidades federativas y municipios, que derivaron en 6 mil 589 observaciones y se emitieron 6 mil 925 acciones, y el impacto de esas acusaciones, ¿dónde está el impacto económico de esas acusaciones? De acuerdo con la Auditoría Superior se determinaron recuperaciones por 18 mil millones de pesos, y escuchen esto, no está de más resaltar que las observaciones determinadas al estado de México, a Nuevo León, a Chihuahua y a Durango aparecen como las más representativas por su impacto monetario. Conjuntamente representan el 26 por ciento de la cuantificación monetaria de las observaciones en las entidades federativas y los municipios. Cuatro entidades explican gran parte de la problemática. Cuatro entidades que son gobernadas por el PRI, y no es posible que las entidades sigan derrochando un recurso escaso, un recurso que la sociedad mexicana demanda encarecidamente en épocas de crisis. Y vienen a decir a este pleno, a través de sus diputados, por cierto la mayoría priísta, que el voto del dictamen de la Cuenta Pública 2007 es a favor por las irregularidades cometidas por el gobierno federal, cuando con números demostramos aquí que son las entidades federativas y sus gobernantes los que incurren en desacato a la ley, aun cuando esto significa quedar mal con el pueblo de México. Abordar el tema de la fiscalización de recursos del Ramo 33 entregados por la Federación a las entidades federativas es un acto que requiere responsabilidad. No es novedad que desde el ámbito local el presupuesto se ha manejado a lo largo de los años con la mayor opacidad y discreción que pueda existir en el ejercicio de los recursos federalizados. La Auditoría Superior de la Federación ha realizado el trabajo que le corresponde, ha denunciado los reiterados y malos manejos de las aportaciones. Díganme, señores, han sido en entidades federativas gobernadas por el PRI. Díganme de qué presumen yo les diré de qué carecen. Reitero los argumentos de mis compañeros diputados del PAN, integrantes de la Comisión de Cuenta Pública. Ya basta de simulaciones y estrategias hipócritas que emplean algunos partidos políticos para desgastar la gestión de nuestro gobierno federal. Asumamos nuestra responsabilidad con valentía y madurez, porque finalmente es al pueblo de México al que le debemos cuentas. Es cuanto, señor presidente.