La diputada María Eugenia Campos Galván: Con su venia, señora Presidenta. Solicito a la Secretaría que se inserte íntegro el presente texto. De acuerdo con Organización de las Naciones Unidas, la discapacidad es una alteración funcional de carácter físico, mental o sensorial que limita a la persona en sus actividades, con restricción de su participación social; lo que implica considerables desventajas para su integración en la sociedad, así como para ejercer sus más mínimos derechos políticos y ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud considera que aproximadamente 10 por ciento de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad permanente, es decir, unos 650 millones de personas; constituyéndose así como la mayor minoría del mundo. En México, de acuerdo con el duodécimo Censo General de Población y Vivienda 2000, se registraron un millón 795 mil personas con discapacidad, es decir, casi el 2 por ciento de la población mexicana. De acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 80 por ciento de las personas con discapacidad vive en países de desarrollo. Estas cifras reflejan la enorme tarea a la que estamos sujetos. La integración de las personas con discapacidad en el trabajo es una tarea que por principio tiene que trascender barreras incluso de tipo familiar. La discriminación de la que son objeto las personas con incapacidad impide su inclusión en los ámbitos laborales, por lo que pese a la existencia de importantes instrumentos jurídicos hoy en día su integración continúa siendo una importante deuda social. No se puede cumplir con la promesa democrática para nuestro país, sin la plena inclusión de las personas con discapacidad. Para el Grupo Parlamentario del PAN, la democracia sólo puede vislumbrarse si se promueven los valores como la igualdad, la inclusión y la participación democrática de las personas con discapacidad en todos los ámbitos incluyendo así, obviamente, el ámbito laboral. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: Las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. La armonización de las leyes tiene una implicación fundamental en beneficio de la sociedad al ser integrados los estándares internacionales en el derecho vigente y al ser derogadas las disposiciones que vayan en contra de dichos tratados internacionales. Armonizar las leyes comprende garantizar, de forma explícita y cercana a la sociedad, los derechos fundamentales. En virtud de la reciente ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el pasado 27 de agosto por el Senado de la República, sin reserva alguna, y considerando que la armonización de las leyes secundarias es una tarea ardua que habrá de dar inicio de inmediato, es necesario avanzar en tal sentido con los convenios que en el pasado han sido suscritos por nuestro país. Con la reforma y adición a la Ley Federal del Trabajo, objeto de la presente propuesta de decreto, con relación al Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo del 2 de junio de 1983, sobre la readaptación profesional y empleo de personas inválidas, ratificado por México el 11 de diciembre de 1999, estaremos accediendo a un cambio de perspectiva en cuanto a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Sólo así tendremos avances sustantivos en la construcción de una sociedad inclusiva, basada en la solidaridad, la igualdad de derechos y la participación democrática, en la que las personas con discapacidad sean valoradas en su potencial aporte a la comunidad. Por lo antes expuesto, someto a esta soberanía el siguiente Decreto con proyecto de decreto de ley, para quedar como sigue: Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 3o., la sección primera del artículo 25 y el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo. Es cuanto, señora Presidenta.