La diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra: El día que aceptemos que en 2018 hubo un cambio de régimen sobre la visión del papel del Estado, evitaremos muchos debates, donde se insiste en juzgar a las empresas públicas, desde el punto de vista de su rentabilidad económica, que no social. Desde hace 100 años la dicotomía entre el énfasis del control de la economía, con o sin preponderancia del Estado, ha marcado las historias económicas de los países, entre la visión keynesiana y la liberal. El pensamiento de Morena se traslapa con el keynesianismo, coincidiendo en varias vertientes. Creemos que el Estado puede participar en el estímulo de la demanda, como exitosamente ha sucedido durante estos seis años. Además, consideramos los efectos económicos, una redistribución del ingreso como creadora de demanda, al mejorar la capacidad del consumo de la mayoría de la población, así como facilitar el acceso universal a bienes públicos, como es la energía eléctrica y el internet, que mejoran la productividad y el ingreso de las personas. La cuarta transformación de la vida pública de México ha sido un exitoso ejemplo ya por seis años de este enfoque, con las premisas que acabo de mencionar, donde creamos, entre otras cosas, un pleno empleo y la estabilidad financiera que el país necesita para seguir creciendo. La definición de bien público, operado con la prevalencia de empresas públicas, marca la diferencia entre los objetivos públicos y privados, uno de proveer acceso a bienes públicos sin ánimo de lucro, mientras el otro es la maximización de utilidades monetarias. Es por eso que la reforma aquí presentada sustituye el concepto de empresas productivas del Estado al de empresas públicas del Estado. Ejemplos de la confusión anterior, donde las empresas del Estado eran llamadas productivas, abundan en la tendencia monopólica del quehacer privado al irle comiendo mercado a la CFE con el apoyo de gobiernos neoliberales que creían en la participación mínima del Estado, con tal rapacidad que eliminaron como producciones limpias a las de las hidroeléctricas de nuestro país, obstruyendo su despacho. Las consecuencias de haber seguido esta política pudieron haber sido desastrosas, como nos enseña el invierno aquel donde el Estado logró intervenir para que las tarifas de luz no se hubieran ido por los cielos, asegurando la oferta con apagones mínimos. Así de fuerte pudo haber sido la consecuencia de permitir la inminente desaparición de la CFE de no haberse corregido el rumbo. El enfoque redistributivo se ha caracterizado por la identificación de sectores estratégicos, cuya prevalencia del Estado debe imperar como reza nuestra propuesta de cambios al artículo 28 de nuestra Constitución. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas, incluida la del control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca. Esto acompañado con los compromisos del Estado de transitar lo antes posible la producción de energías limpias, sin tampoco impedirlo contratar servicios de empresas privadas. Compañeras y compañeros, la aceptación de esta distinción de un bien público con la prevalencia del Estado en su aprovisionamiento, no disminuye de ninguna manera el campo de acción para la participación privada y tiene el exclusivo fin de controlar la estabilidad de precios. Esta aceptación creará verdaderamente un ganar-ganar, donde el quehacer público creará mercado para las empresas privadas. Por el contrario, votar en contra es, compañeras y compañeros, atentar contra el bienestar de todos y todas las mexicanas. Muchas gracias.