La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío: Diputadas, diputados, cuando en mayo de 2020 se diseñó el derecho a la movilidad de la Constitución Mexicana se hizo con determinadas claras, las y los mexicanos tenemos derecho a ella en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. En respuesta, este pleno hace pocos meses votó en favor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual es una respuesta importante a la crisis de salud pública que hoy atraviesa México y el mundo en relación a los siniestros viales. Como todo marco normativo la ley general es mejorable y perfectible y la iniciativa presentada el día de hoy es un paso importante en favor de los derechos de una comunidad vulnerada y con la cual existe una enorme deuda histórica, la población con discapacidad, puntualmente la comunidad con personas sordas y con debilidad auditiva. En México más de 6 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 5 por ciento de la población total del país. Según los datos del Inegi, aproximadamente 2.3 millones de personas, por diversas razones presentan algún grado de discapacidad auditiva. En el mismo tenor, a pesar de no contar con datos absolutos, la Federación Mexicana de Sordos estima que alrededor de 300 mil personas han aprendido lenguas de señas mexicanas. Ahora bien, la redacción actual de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial hace alusión a una discapacidad en materia lingüística. El término no guarda relación conceptual ni normativa con la terminología usada ni en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Las personas hablantes de lenguas de señas no solo no tienen una discapacidad en materia lingüística, por el contrario, nutren nuestra identidad con la lengua de señas mexicanas y sus posibles variedades regionales. En México la lengua de señas mexicanas se reconoció como patrimonio de la comunidad de las personas sordas en el año 2005. Aunado a ello, el Informe del Relator Especial sobre Cuestiones de las Minorías reconoce que las personas sordas al ser usuarias de las lenguas de señas pertenecen a minorías lingüísticas, ya que están son lenguas de pleno derecho. Es por ello que la RGMSD debe reconocer la pluriculturalidad y el multilingüismo, celebrando y promoverlo, y a la vez hablar con otras mejores en el espacio público, como la accesibilidad cognitiva. Además, en temas de seguridad vial es clave diseñar vías accesibles, seguras e incluyentes, de manera que toda la población pueda gozar plenamente de su derecho a la movilidad, no solo unos cuantos. Deseamos que nuestro transporte público se convierta en una herramienta que facilite la independencia de todas las personas, que nuestro espacio público refleje y se enorgullezca de la pluralidad de sus usuarias y usuarios. Que recordemos que la movilidad es una agenda prioritaria, misma que contra toda expectativa ha logrado generar consensos en favor de las y los mexicanos. La movilidad es un derecho de derechos, hoy los invitamos a continuar trabajando en favor de ella. Finalmente, al igual que la gran mayoría de la agenda de movilidad que ha trabajado esa soberanía, la iniciativa propuesta fue creada en colaboración con la sociedad civil, particularmente con la coalición de personas sordas, a quienes agradecemos siempre el que nos brinden su gran conocimiento. Es un honor defender sus causas en equipo. Es cuanto, presidenta.