El diputado Pedro Vázquez González: Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy se presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen en sentido positivo con las modificaciones a la iniciativa en materia de reducción de montos de descuentos por infracciones cometidas por los partidos políticos nacionales y que fue presentada por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Antes que nada, quiero agradecer a la diputada presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Graciela Sánchez Ortiz, permitirme hacer la presentación de este dictamen a nombre de la comisión ante el pleno de la Cámara de las y los diputados, el cual tiene como objetivo reformar el primer párrafo de la fracción III, del inciso a), del numeral 1, del artículo 456, y adicionar un tercer párrafo al mismo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como adicionar un párrafo segundo al inciso b) del numeral 1 del artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, esto con la finalidad de que la autoridad electoral pueda reducir o retener hasta el 25 % de la ministración mensual del financiamiento público ordinario a los partidos políticos, derivados de multas, descuentos, remanentes u otros conceptos, con la excepción de las infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir y atender y erradicar la violencia política contra las mujeres. Después de revisar la iniciativa, motivo del presente dictamen, al interior de la comisión se vio la necesidad de desarrollar dos ejes centrales en el quehacer legislativo y en el trabajo de la autoridad administrativa electoral. El primero de ellos es establecer de manera clara el principio de reserva de ley a este órgano colegiado, consagrado en el artículo 71 de nuestra Carta Magna. En segundo lugar, dotar al árbitro de elementos claros y precisos en la aplicación de la ley, sin que con ello se violenten los derechos humanos y políticos consagrados en los artículos 1º. y 41 de nuestra Carta Magna. No podemos ni debemos de dejar a interpretaciones parcializadas o con algún grado de subjetividad, la imposición de sanciones a los actores políticos y que por otra parte pongan en riesgo su deber constitucional de ser promotores de la participación del pueblo en la vida democrática. Por ello, en la Comisión de Reforma Político-electoral se analizó a profundidad la propuesta de mérito, por lo que como garantes del orden constitucional le debemos de dar herramientas a la autoridad administrativa electoral, que le den certeza y legalidad en el desempeño de sus funciones. Por otra parte, no podemos dejar pasar por alto la necesidad de maximizar lo que el Estado mexicano tiene que hacer para garantizar el derecho humano y constitucional que poseemos las personas y el pueblo, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de ellos. Básicamente, la iniciativa nos hace una exposición de motivos muy concreta de las razones que motivaron para hacer la propuesta de reforma y adición a los artículos mencionados. Las y los diputados debemos de tener claro que los partidos políticos somos entidades de interés público y que son precisamente ellos los que resguardan el derecho constitucional y convencional que tienen los ciudadanos de participar en la vida democrática del país. En la Comisión de Reforma Política-electoral se puso énfasis en tres aspectos fundamentales de la iniciativa que hoy se dictamina y que seguramente se votará. El primero, es que en ningún momento se está tratando de eliminar, quitar o dejar sin efecto las multas o sanciones que la autoridad administrativa electoral ha impuesto a los partidos políticos, derivado del incumplimiento de las normas y reglas electorales y con ello garantizar una participación equitativa y al mismo tiempo inhibir las conductas de repetición contrarias al llamado piso parejo. El segundo aspecto que consideramos debemos enfocarnos, es que la participación ciudadana en los procesos democráticos como derechos humanos y políticos, establecidos en el artículo 41 y 1o.de nuestra Carta Magna, no deben ser menoscabados por el estrangulamiento de las finanzas de los partidos políticos. Por ello, se pretende maximizar un principio constitucional y convencional pro persona, de no repetición y de progresividad que debe tener nuestro marco jurídico y en especial atendiendo de manera clara y precisa a este sector de la sociedad históricamente ignorado, como son las mujeres mexicanas. Es por lo que la comisión y el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo solicita votar a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.