La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. “Me habían robado mi libertad, me habían robado mis sueños, me engañaron; me dijeron que iba a trabajar como edecán pero no tenía comunicación con mis familiares. Me sentía secuestrada y cada día más me sentía muerta, sutilmente rodeada de personas que estaban acostumbradas a vivir en este mundo tan vil, tan inhumano”. Éstas son las palabras de una víctima de trata durante la promulgación de la reforma en la materia en 2012. Como ya se ha dicho aquí, de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas, existen personas de 152 países que están siendo explotadas en 124 países distintos en este mundo. En éste, entre 27 y 35.8 millones de personas viven sometidas a algún tipo de esclavitud. Eso, compañeras y compañeros, es la trata de personas. Hay, efectivamente, una mala interpretación y se considera que la trata de personas tiene que ver solamente con la explotación sexual. Sin embargo la trata de personas tiene que ver con la esclavitud ciertamente. Es la captación, traslado, entrega o recepción de una persona con fines de explotación, no solamente sexual sino también para la explotación laboral e inclusive para el tráfico de órganos. Las modalidades tienen, como ya lo he dicho, el fin laboral, sexual, de extracción de órganos y, según la ONU, se calcula que por cada víctima de trata de personas existen más de otras 20 víctimas sin identificar. De acuerdo a la OCDE, cada año alrededor del mundo se generan ganancias –porque éste es un gran negocio– cercanas a los 32 mil millones de dólares por la trata de personas en sus diferentes modalidades, y estas ganancias son superadas a nivel mundial solamente –y repito– estas ganancias son superadas solamente por el tráfico de armas y de drogas. Nos encontramos ante un problema global y ante un crimen global, donde el crimen está verdaderamente organizado más allá de las fronteras y sobre el cual el Estado mexicano tiene que actuar y responder a los tratados internacionales. Según la oficina de las Naciones Unidas, específicamente su unidad de control de drogas y prevención del delito, México está catalogado en la trata de personas como un país de origen, tránsito y destino para la trata. En México, los principales propósitos de la trata son la explotación sexual y los trabajos forzados. Quiénes, compañeras y compañeros diputados, quiénes se benefician de la trata de personas: los falsificadores de documentos y los servidores públicos, las autoridades municipales, la policía ministerial que congela las denuncias u operativos, empresarios hoteleros y todos aquéllos que hacen un negocio de los trabajos forzados, de la explotación sexual y sobre todo de la venta de órganos. Podemos concluir que éste, al igual que muchos otros problemas en México, son problemas estructurales, lo que no solamente tiene que ver con delincuentes, con empresarios –y lo digo entre comillas– que han hecho un negocio de la trata de personas, sino que también tiene que ver con la complicidad de las autoridades, con todos aquéllos que ayudan a que extranjeros vengan a México para que sean tratados ya sea como modelos, como edecanes y para que presten servicios sexuales, para todas aquellas autoridades que se hacen del ojo chiquito y que no denuncian y no tratan de ninguna manera el delito de la trata. Las víctimas de trata de personas se destacan por ser, en su mayoría, mujeres, con bajos niveles de escolaridad, en situación de pobreza, con empleos precarios y antecedentes de violencia. Existen en México 363 municipios donde la población, en especial las mujeres, viven en condiciones de alta vulnerabilidad para la trata de personas. Los grupos considerados más vulnerables son las mujeres, las niñas, los indígenas y los migrantes, y las entidades con mayor riesgo de incidencia de la trata son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo. En ambas fronteras de nuestro país existen zonas llamadas de tolerancia, pero yo llamaría de impunidad, en donde se desarrolla el comercio sexual, que es conocido no solamente por la población en general, sino por las autoridades y donde el delito de trata es el rey. La frontera sur tiene dos polos de atracción de trata de personas: Tapachula con fines de explotación sexual y el corredor turístico de la Riviera Maya como gran imán del turismo sexual más allá del atractivo de las playas mexicanas. El proceso de tipificación del delito es reciente. Apenas en 1993 en la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena, se recopiló información en el caso de trata de mujeres y se determinó que ésta constituía una violación a los derechos fundamentales. Luego vino el protocolo de Palermo y un total de 134 países y territorios en todo el mundo han penalizado la trata como un delito específico. Lo que esta ley hace –y con esto cierro– no solamente es adaptar al protocolo de Palermo el delito que ya existía en nuestro país, como trata, sino que además adiciona nuevas modalidades como el tema de la trata de personas para la extracción de órganos y concatena un delito con otro. Establece las bases para la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y señala para todo el país los tipos penales en materia de trata; amplía la competencia de la Federación para perseguir el delito y, sobre todo, prevé la obligación de establecer fondos para la protección y asistencia de las víctimas de los delitos previstos en la ley. Sí, hay algunas inconsistencias de forma, y sobre ellas presentaremos reservas, dos en específico, pero creemos y felicitamos a quienes trabajaron en esta ley de trata, y avisamos que el voto del Partido del Trabajo en este tema será a favor. Muchas gracias, presidente.