El diputado Asael Hernández Cerón: Con el permiso de la Presidencia. Saludo con mucho respeto al señor Everardo Cedro González, delegado de la comunidad de Puerto de Piedra, del municipio de Nicolás Flores, una comunidad hñähñü, de la Sierra Gorda del estado de Hidalgo. Honorable asamblea, para Acción Nacional la persona humana es y debe ser el centro de nuestros esfuerzos, para crear un país donde todos quepamos, donde nadie se quede fuera. Un país donde todas y todos gocemos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en nuestro marco jurídico integral, esta premisa incluye, por supuesto, a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos. En México se reconocen 68 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. Alrededor de 12 millones de personas viven en hogares indígenas y 1.3 millones de personas se consideran afromexicanas. Sin embargo, 25.7 millones de personas se autodescriben como indígenas, lo que representa el 21.5 % de la población total del país. Según datos oficiales, se registran 7.4 millones de hablantes de lenguas indígenas, quienes representan el 6.5 % de los habitantes del país mayores a tres años. Según el Coneval, en 2022, dos terceras partes de la población indígena está en condición de pobreza y más de la cuarta parte en pobreza extrema. Una de las mayores carencias se da en la salud, pasó del 15 % en 2018 al 57 % en 2022. Pero estamos mejor que en Dinamarca, sin duda. Estos datos nos permiten visualizar las condiciones reales en que viven los pueblos indígenas y afromexicanos. Por ello, estamos convencidos de que deben ser considerados como un grupo de atención prioritaria, pero respetando su dignidad y su esencia, que conserve y promueva su lengua, su cultura, con todo lo que esta abarca, la medicina tradicional y, sobre todo, que se respete y se protejan sus derechos humanos. Debemos entender que la diversidad cultural es un patrimonio que pocos países tienen, que nos hacen sentir orgullosos y, sobre todo, que nos da identidad. La multiculturalidad es la fortaleza que impulsa nuestro desarrollo económico y social. La finalidad de la iniciativa es que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y se contribuya al mejoramiento de sus condiciones de vida. Dentro de los aspectos positivos de la iniciativa destaco las siguientes. Que se reconozca como sujetos de derecho público; es decir, titulares de derecho, con derechos y obligaciones. Que antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, estas comunidades deben ser consultadas en términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Que las niñas y niños y adolescentes de estas comunidades reciban atención especializada. Esto es sumamente importante, si consideramos que más del 25 % de la población de estas comunidades tienen una edad que representa este sector etario. Que se garantice la diversidad cultural de la nación y se haga uso de las lenguas en medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información, así como garantizar la red de comunicaciones de las comunidades. Sin embargo, hay aspectos preocupantes que quiero señalar. La primera tiene que ver con la garantía de acceso a la justicia y la posibilidad de que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas puedan ser asistidas por personas intérpretes, defensoras y peritas especializadas. Esta situación es sumamente compleja, si consideramos que ahora debemos buscar la manera de armonizar su normatividad con nuestra legislación. En segundo lugar, es inevitable referirnos al tema presupuestal. Si bien la Secretaría de Hacienda afirmó que no habría impacto presupuestal para los ejecutores del gasto, por el contrario, que el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados cuestionó la viabilidad financiera de la iniciativa. En lo personal, me preocupa que el impacto presupuestal se resienta más a nivel municipal. Y que quede claro, no estoy en contra de que se legisle en todo lo que pueda ser favorable para las personas indígenas o afromexicanas, todo lo contrario; pero a todos nos debe preocupar encontrar el balance favorable para que los municipios que en los últimos años han sido tan golpeados presupuestariamente, puedan cumplir adecuadamente con todas sus obligaciones constitucionales, incluyendo estas últimas, vaya, política pública sin presupuesto es pura demagogia. Algo que me parece gravísimo es que la iniciativa contemple la eliminación del financiamiento público, privado para la vivienda y cobertura de servicios básicos para estos grupos sociales. Además de la suspensión de los estímulos fiscales para la capacitación de las mujeres indígenas, la cancelación de estímulos para las inversiones públicas y privadas para generar empleo y tecnología que mejoren su capacidad productiva. No logro entender cómo la 4T le arrebata hasta lo más elemental a los más desprotegidos, a los más vulnerables, a los desplazados, dónde quedó la consigna: Por el bien de México, primero los pobres. Al final, quedó en lo que siempre fue, un eslogan de campaña. Finalmente, considero que por lo menos se debieron analizar la opinión de las y los integrantes de la alianza por la libre determinación y la autonomía, con representación en 19 entidades de la República, quienes el 13 de marzo de este año enviaron a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Comisión de Pueblos Indígenas de esta Cámara, un documento que contiene consideraciones y propuestas jurídicas que no fueron tomadas en cuenta. En el México del siglo XXI, en donde la sociedad exige más y mejores espacios de participación, todas y todos debemos ser escuchados e incluidos. Por supuesto, en aras de tener una legislación más completa e inclusiva. Es cuanto.