LA C. DIPUTADA YOLANDA GUADALUPE VALLADARES VALLE: Los que suscribimos Rogelio Flores Mejía, Yolanda Valladares, integrantes de la LIX Legislatura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Los ciudadanos que representamos y a los cuales nos debemos, tenemos el derecho de saber en qué se gasta cada peso de los impuestos que recauda el gobierno y qué beneficios públicos concretos trae consigo la inversión de dichos recursos. Esta es la convicción del Presidente Vicente Fox y así lo hemos asumido los legisladores no sólo de Acción Nacional, sino de todos los partidos representados en esta Honorable Asamblea. Este es el caso precisamente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una universidad pública que ofrece servicios a más de 52 mil estudiantes de nivel medio superior y superior y que recibe el 80% del subsidio del Gobierno Federal y el 20% del gobierno del estado. Preside esta institución el Rector Enrique Doger Guerrero, reconocido militante del PRI de la entidad poblana, quien aspira públicamente a una nominación a la candidatura del PRI por la Presidencia Municipal de Puebla. Recientemente, el rector asistió en calidad de miembro al Consejo Político Interno para elegir al dirigente municipal del PRI en el municipio de Puebla; este hecho ha provocado que diversos sectores de la sociedad civil y al interior de la misma institución, exigieran al rector su dimisión. La Ley Orgánica de la Universidad establece como causas de destitución del rector, la de ser dirigente de algún partido político en el momento de su elección o durante el ejercicio de su cargo. Esto ha traído como consecuencia una utilización desmesurada de los recursos económicos pertenecientes a la universidad para promover la imagen personal del rector, lo que incurre en una serie de faltas administrativas y estatutarias, toda vez que ésta actividad no es prioritaria y nada tiene que ver con la consecución de los objetivos académicos que dictan los estatutos de esta institución. Esta actividad proselitista va en detrimento del patrimonio de la universidad y de la calidad de los servicios educativos; es evidente, en contraste, el deterioro de las instalaciones universitarias y las malas condiciones salariales en las que laboran poco más de mil catedráticos contratados por horas clase a quienes no se les ha podido contratar, bajo el argumento de falta de recursos. El presupuesto que en su momento aprobó el consejo, no se ha aplicado en su forma autorizada, sumado a esto, el Estatuto Orgánico de la universidad obliga en su artículo 48 fracción I, a que el Consejo Universitario celebre sesiones ordinarias durante la segunda quincena de cada mes; no obstante, en seis años de administración de Enrique Doger, sólo se ha convocado a cuatro sesiones ordinarias violando abiertamente el Estatuto. Esta, de hecho también es una falta procedimental y estatutaria grave que es sancionable con la remoción de su cargo. La autonomía universitaria no es sinónimo de soberanía ni debe de haber islas de poder soberana cobijadas en la bandera de una falsa autonomía. El transparentar el uso de los recursos públicos y vigilar su correcto funcionamiento de las instituciones, son valores esenciales de la democracia. Es por ello que en el Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta con autonomía técnica y de gestión a la Cámara de Diputados para fiscalizar en forma posterior, los ingresos y egresos, el manejo y custodia y la aplicación de los fondos y recursos de los entes públicos federales así como los recursos federales que aceptan los particulares. Además la fracción I de dicho artículo constitucional y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, faculta a esta H. Asamblea para requerir a los sujetos de fiscalización, que procedan a la reducción de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- Que esta H. Asamblea ordene que la Auditoría Superior de la Federación audite los gastos realizados en promocionales, anuncios, spots en televisión y radio, desplegados en prensa, espectaculares y demás relativos a la promoción personal del Rector y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del período de enero. SEGUNDO.- Que esta H. Asamblea solicite a la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Puebla un informe detallado sobre sus gastos. TERCERO.- Que esta H. Cámara de Diputados ordene al Consejo Universitario tomar las medidas que considere pertinentes con el fin de valorar y en su caso sancionar las posibles faltas administrativas y procedentales en las que ha incurrido el Rector Enrique Dojer Guerrero. Es cuanto señor presidente. -