La diputada Raquel Bonilla Herrera: Compañeras y compañeros diputados, las metrópolis en nuestro país enfrentan problemas urbanos de gran complejidad, ya que al compartir sus territorios los municipios que la componen y su administración, está fragmentada en diferentes gobiernos, las cuales poseen escasos recursos para enfrentarlos, además de que cuentan con una limitada coordinación en materia de planeación, inversión y gestión en conjunto. Esta situación se agrava cuando la zona metropolitana abarca diversos municipios pertenecientes a diferentes entidades federativas, representando un gran reto para la gestión urbana en lo que concierne a enfrentar las necesidades y problemas de planeación, políticas urbanas, acción pública y participación tanto privada como social. El crecimiento metropolitano está cobrando cada vez más e intensidad, debido a la formación desordenada de grandes ciudades, en donde existe un importante flujo de personas de producción prestación de servicios, y que origina encontrar nuevas formas de organización que consideren de manera prioritaria una planeación, evaluación y control de la misma bajo condiciones óptimas, de forma ordenada y sistemática. Este fenómeno genera cambios significativos en los territorios y en la forma para entender los hechos sociales y económicos. En materia económica se observa un conjunto de efectos sinérgicos en el espacio que benefician las actividades y explican el crecimiento, el cambio estructural y los procesos de innovación que estén asociados con los espacios de zonas metropolitanas. Un dato trascendental que tenemos que conocer es que las zonas metropolitanas generan el 77.1 por ciento del producto interno bruto del país. Asimismo, inciden en el desarrollo económico y social de diferentes regiones, donde la participación de los diferentes sectores y órdenes de gobierno constituyen un paso fundamental para lograr el desarrollo sustentable del país. Los instrumentos e instituciones de coordinación metropolitana contenidos en las leyes aún son restringidos e insuficientes. Y su operación no garantiza el avance hacia las soluciones eficaces para la problemática metropolitana. No responden integral ni eficientemente al conjunto de problemas comunes que enfrentan estas zonas. Por tal motivo, se requiere que el eje rector de la planeación metropolitana esté plasmado en nuestra Carta Magna. La premisa principal es eliminar las deficiencias para la constante improvisación y desinterés cometidos en el pasado. Pero también rescatemos los aciertos y adelantos alcanzados por algunas zonas metropolitanas de nuestro país y la experiencia internacional, buscando mecanismos alternos de acción para mejorar a las metrópolis, proyectándolas hacia un futuro a través de adecuada planeación y regulación acorde con la nueva realidad mexicana. Por tal motivo, la presente propuesta plasma el derecho de toda persona a disfrutar de una sociedad, de una ciudad sustentable, inclusiva y asequible. Para ello, el Estado promoverá la coordinación y la planeación estratégica para el desarrollo sustentable de las zonas metropolitanas. Para tal efecto, se definirá un Sistema Nacional de Planeación de las Zonas Metropolitanas, como política de carácter sectorial y regional que coadyuvará con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de los programas federales, planes estatales y municipales en materia de desarrollo urbano. El Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir la Ley General en Materia de Planeación, Desarrollo y Coordinación de las Zonas Metropolitanas, a fin de regular las acciones concurrentes que se ejecuten entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Las relaciones intergubernamentales entre los ayuntamientos, la federación y los gobiernos, así como los Congresos estatales en materia de zonas metropolitanas deben concentrarse en la gestión y gobernabilidad. Para ello, es oportuno delinear y considerar el marco constitucional, así como sus implicaciones derivadas del federalismo mexicano y sus alcances y limitaciones, ofreciendo la imperiosa necesidad de gobernar y gestionar estos territorios. El fenómeno metropolitano implica interacciones sociales y económicas que impactan a millones de personas, quienes cotidianamente experimentan los costos y los beneficios de una buena o mala coordinación entre las autoridades. Por ello, resulta trascendental garantizar a nivel constitucional la planeación y la gestión del desarrollo metropolitano. Es cuanto, presidenta.