El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero: Se busca observar plenamente los derechos del imputado y de las víctimas, en el marco de un proceso garantista que incorpore y visibilice la justicia, la búsqueda de la verdad, la garantía de no repetición y la reparación del daño. A más de cuatro años de la publicación de la reforma constitucional, no ha sido posible constituir la fiscalía. Hoy se propone que esta Cámara de Diputados, en ejercicio de sus atribuciones, concluya con esta primera fase del proceso. En México la figura de la fiscalía como ente persecutor de delitos, prácticamente no ha cambiado desde 1857, donde se estableció la existencia de un fiscal competente en materia penal y de un procurador general con funciones de vigilancia para asegurar la legalidad en los procesos. En 1917 se recogió en la Constitución la figura del Ministerio Público encabezado por un procurador general, al que se le atribuyó el monopolio de la acción penal, con la Policía Judicial bajo su mando, consolidándose como representante de los intereses sociales y de la Federación, así como consejero jurídico del gobierno. Esta dualidad explica por qué el procurador no termina por resolver en favor de la población, ni ha podido cumplir sus funciones como procurador de Justicia y en la persecución penal. Más bien ha fungido como aparato coactivo, inadecuado, con grandes márgenes de discreción y manipulación. El diseño institucional de la nueva Fiscalía es completamente distinto, aquí se incorporan mecanismos diferentes para la rendición de cuentas, a través de los cuales se promueve la transparencia, la eficiencia, la integridad y se combata a la corrupción. Actualmente la estructura de la procuraduría responde un proceso penal inquisitivo, caracterizado por la burocratización y la ineficiente conducción de las investigaciones. En el sistema acusatorio, el papel de los fiscales es el litigio penal, situación para la que hoy en día no están preparados los ministerios públicos. En el dictamen que se presenta se destaca la importancia de incorporar al ámbito de atribuciones de la Fiscalía a través de una coordinación de métodos de investigación, la base nacional de información genética, que integre la información proporcionada por víctimas o por familiares respecto a las personas desaparecidas. Los principios rectores de la actuación de la Fiscalía serán: la autonomía, la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, la honradez, el respeto a los derechos humanos, accesibilidad, imparcialidad. Se plantea como estructura un fiscal general, una coordinación general, una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos. La Fiscalía Especializada en delitos electorales, la Fiscalía en combate a la corrupción y una fiscalía especializada en asuntos internos, justamente con el mismo propósito de combatir la corrupción a lo interior. Hay una coordinación de investigación y persecución penal, una coordinación de métodos de investigación, y una de planeación, administración, además del órgano de control. Muy importante el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera, el órgano de mecanismos alternativos de solución y las fiscalías, órganos, unidades que determine el titular. Habrá un consejo ciudadano que contará con diversas facultades establecidas en la ley, que es clave en materia de participación ciudadana. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos tendrá a su cargo fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada; desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura y todas aquellas fiscalías, órganos, unidades que determine el titular de la Fiscalía. El órgano de mecanismos alternativos será responsable de aplicar bases y principios, mecanismos alternativos de solución en materia penal con independencia técnica y de gestión; el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que contará con un consejo técnico. Las personas titulares de la Fiscalía establecerán los criterios para evitar la fragmentación de las investigaciones y en su caso la creación de unidades mixtas de investigación. La Fiscalía contará con fiscales, policía de investigación, analistas, auxiliares, peritos, todo el personal técnico y administrativo y profesional necesario para realizar sus funciones. Se establece que las reglas de atracción de casos están previstas en las leyes especiales. La implementación del sistema acusatorio que se ha dado en los últimos años ha sido un avance fundamental en materia del Estado de derecho y de derechos. Hoy en día, el Ministerio Público no ha sido una institución al servicio de la seguridad y de la justicia para las víctimas, la incapacidad, la corrupción y las malas prácticas han hecho que desde la óptica del ciudadano dicho Ministerio Público sea una de las instituciones con mayor descrédito y desconfianza. Nuestro país requiere con urgencia un nuevo modelo de investigación. Es imprescindible la creación de la Fiscalía que esté verdaderamente al servicio de los ciudadanos, con alta capacidad de investigación especializada, que genere certeza a todas y a todos de que la justicia llegará igual para todos, sin favoritismos ni influyentismo. Se establece claramente la obligación de rendición de cuentas del fiscal general, al presentar anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de actividades y, en su caso, la obligación de comparecer. En todo sistema democrático el sistema penal debe estar encabezado por una autoridad investigadora que pueda realizar sus funciones de manera imparcial y objetiva, alejada de influencias, dependencia o presión alguna, donde el fiscal es un verdadero órgano de acusación y conducción jurídica de la investigación, bajo los principios de objetividad, eficacia y autonomía del propio modelo penal acusatorio. Sin un verdadero cambio, no es posible contar con un aparato de justicia que realice sus funciones. La investigación eficiente de los delitos es invariablemente el primer paso para que exista el acceso a la justicia. Es importante señalar que el artículo decimotercero transitorio, establece la necesidad de que en un año, a partir del nombramiento de la persona titular de la fiscalía, se revisará el marco jurídico constitucional, que tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales a la legislación secundaria o de las reformas necesarias para la óptima operación del modelo y, en su caso, su mejoramiento. Por lo antes expuesto, solicitamos, ponemos a consideración esta propuesta de dictamen y pedimos su voto a favor del mismo. Es cuanto, presidente.