El diputado José Antonio Almazán González: Muchas gracias, compañera diputada presidenta. El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y en ejercicio de la facultad que me conceden los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Emergencia para la Protección del Empleo ante la Actual Crisis Económica, al tenor de la siguiente Exposición de motivos La recesión económica mundial y sus efectos en la economía y la vida social de México no es, como los voceros calderonistas pretenden hacer creer a la opinión pública, un problema que desde afuera viene a descomponer la sólida economía mexicana. Por el contrario, la quiebra y fracaso del modelo económico neoliberal a escala planetaria, de la cual los gobiernos del PRI y del PAN son alumnos predilectos, forma parte de los diversos epicentros de la actual hecatombe económica global. En el caso de nuestro país la recesión está impactando de manera mucho más aguda, en virtud de la enorme dependencia de nuestra economía respecto de su similar estadounidense; y se está agravando terriblemente en virtud de la profunda crisis social provocada por las políticas neoliberales aplicadas desde 1982. Por lo mismo, la depresión crónica del mercado interno, que el neoliberalismo ha provocado, se está sincronizando con el desarrollo de la recesión económica mundial y se va a agravar aún más con los problemas del empleo y de la carestía de la vida. De acuerdo a reportes del INEGI, para el cuarto trimestre del año pasado, la economía del país entró en lo que se conoce como su etapa recesiva. También, partiendo de las cifras de este instituto, para el mismo período se dibuja un horizonte aún más grave sobre el desempleo de los mexicanos en el 2009, por lo menos, habrá 12 millones de desempleados: 1 millón 992 mil en desempleo abierto, más de 5 millones en calidad de personas disponibles, más de 3 millones que laboran, pero no reciben ingresos, además del millón 200 mil jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa. A lo anterior hay que sumarle los 200 mil migrantes mexicanos que están retornando de los Estados Unidos de Norteamérica. Ante este gris panorama que amenaza con agravarse, y al cual no se le ve una solución a corto plazo, el Estado debe hacer uso de todo su poder para evitar que más mexicanos carezcan de los recursos necesarios para su sobrevivencia y la de sus familias en lugar de los raquíticos 2 mil millones de pesos que ofrece el Ejecutivo federal en el marco del llamado Programa para la Preservación del Empleo, y únicamente para las empresas que tengan una orientación de comercio exterior, es decir, automotriz, autopartes, maquinaria y equipo electrónico. En la presente iniciativa se propone la creación de un fondo de emergencia para la protección del empleo con recursos por 30 mil millones de pesos, que se obtendrían de la aplicación de los ahorros por más de 200 mil millones, derivados de un programa de austeridad en el gobierno federal, fondo del que saldrían beneficiadas especialmente las llamadas Pyme, con dificultades financieras, a lo que deberá sumarse un programa de estímulos fiscales y una reducción del 50 por ciento en el precio de los energéticos. Los apoyos otorgados por este fondo tendrían el carácter de préstamos, los cuales no causarán intereses y se devolverán en forma de mensualidades a partir del año 2011. El monto de estas mensualidades se determinará previo estudio socioeconómico y bajo la directriz de preservar el centro de trabajo. Si pese a estas medidas se cierran centros de trabajo, éstos podrán ser reabiertos y operados por los propios trabajadores, como medida de última instancia para preservar el empleo. Para poner en marcha estos centros de trabajo, los trabajadores recibirán el apoyo necesario del fondo ya señalado. De manera adicional, en la presente iniciativa queda prohibido que cualquier patrón despida a sus trabajadores, sobre todo cuando se trate de mujeres embarazadas. Si el rescate y fomento del empleo lo requiriera, se procederá a reestatizar las empresas que fueron privatizadas de 1982 a la fecha. Finalmente, se consagra una prohibición urgente: Que mientras perdure la crisis económica, no deberá procederse a reformar la Ley Federal del Trabajo o su abrogación. La preservación de la actual Ley Federal del Trabajo es un medio de tutela indispensable del empleo y de los derechos mínimos de los trabajadores. En razón de los anterior, someto a consideración de esta soberanía el decreto por el que se crea la ley de emergencia para la protección del empleo, ante la actual crisis económica. Diputada presidenta, en razón de tiempo solicito que se integre de manera íntegra la presente, en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.