El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, los diputados ciudadanos presentamos una iniciativa que reforma los artículos 57 y 584 del Código de Justicia Militar. El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, y especifica que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército, y pese a este fundamento, en nuestra Carta Magna el llamado fuero de guerra o fuero militar ha servido de pretexto para que diversas violaciones a derechos humanos, en las que están involucrados elementos del Ejército queden impunes. El 17 de octubre del presente año, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que las adecuaciones legislativas que México había hecho al Código de Justicia Militar eran insuficientes. No cumplían en cabalidad las resoluciones, señalando que debido a que el artículo 57 del Código de Justicia Militar reformado aun autoriza la intervención del fuero militar en los delitos en que el imputado y la víctima sean militares y en los delitos que el imputado sea militar y no sea un civil, el sujeto pasivo del delito, titular del bien jurídico, por ejemplo, los delitos contra la salud y la seguridad nacional entre otros, la Corte estima que la actual legislación continúa sin adaptarse parcialmente. Dictando lo siguiente, en esta sentencia resuelve: punto uno. Declarar que el Estado da un cumplimiento parcial a su obligación de adoptar las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Punto tres. Disponer que el Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 5 de octubre de 2015, informes en los cuales indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte en las sentencias de los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y Rosendo Cantú. Que de igual manera la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que el fuero militar solo debe ser para casos estrictamente contra la disciplina militar. Por tanto, cualquier delito que no sea relativo a dicha disciplina no debe investigarse en jurisdicción castrense. Y que no debe dividirse la investigación cuando en un mismo hecho delictivo se generen tanto conductas de disciplina militar como conductas del fuero común. Deberán integrarse en una misma investigación y bajo las reglas civiles. De lo contrario, se corre el riesgo de impunidad, de que se pierda alguna prueba o que no se valore en conjunto con otros medios de convicción. Además de que se lleven dos juicios sobre una misma cosa, generando irregularidades en los procesos, como juzgar la misma causa dos veces o dictar resoluciones contrarias sobre el mismo hecho. Sobre la importancia de restringir el fuero militar atendiendo a los bienes jurídicos lesionados, organizaciones señalaron en su momento que si bien el estándar internacional enfatiza la restricción de la jurisdicción militar cuando se trata de violaciones a derechos humanos, es sin duda relevante acotar el alcance de éste tratándose de delitos que vulneran bienes jurídicos exclusivamente castrenses, cuya persecución interesa a la sociedad en su conjunto. Además, si se toma en cuenta que las instancias castrenses de procuración y administración de justicia no otorgan garantías orgánicas de independencia e imparcialidad, es posible que las acusaciones dirigidas contra militares por este tipo de delitos en dichas instancias atenten contra el debido proceso. En un comunicado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos publicó que la Corte Interamericana ha ordenado al Estado mexicano entregar a más tardar el 3 de agosto y el 5 de octubre, un informe sobre todas las acciones adoptadas para cumplir con las siguientes reparaciones pendientes: Una, adecuar de forma completa en un plazo razonable el derecho interno en materia de jurisdicción militar; Dos, investigar, juzgar y sancionar los actos de tortura enunciados por los casos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, la desaparición forzada en el caso Radilla, y las violaciones cometidas en contra de Valentina Rosendo e Inés Fernández; Tres, tomar medidas para fortalecer el registro de personas detenidas en el país, así como reformar el Código Penal Federal para tipificar adecuadamente la desaparición forzada de las personas. Por otro lado, la figura del arraigo en el procedimiento de tribunales militares abre la puerta a posibles violaciones a derechos humanos y con carácter de grave como es la tortura. En este caso debo dejarlo claro, actualmente el Código Militar establece que el arraigo puede darse, incluso, para testigos, algo que nos parece sumamente grave y que lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta resolución que debo dejarlo también muy claro, no se ha cumplido por el Estado mexicano y el Estado mexicano, señoras y señores diputados, también es el Congreso de la Unión. La confianza de la ciudadanía ante las instituciones que deben brindarnos seguridad es prácticamente nula, nuestros gobiernos no han respondido a quienes representan, por lo que desde esta tribuna empecemos realizando las adecuaciones a nuestra legislación, que frenen las violaciones a los derechos humanos. Si bien es cierto hay que reconocer que hay un avance en materia de las reformas al tema de justicia militar, también es cierto que esas son insuficientes como hemos dejado claro. Por lo anterior, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 57 y 584 del Código de Justicia Militar para quedar como siguen: Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar... El inciso a) se deroga, Y quedaría: En todos los casos, cuando concurran militares y civiles como sujetos activos o pasivos o se violen derechos humanos, deberán ser juzgados por tribunales del Poder Judicial y o por la Justicia Militar. El artículo 584 se propone que sea derogado. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros diputados.