El diputado Jorge Herrera Delgado: Con su permio, señora presidenta. Hay buenas noticias para la sociedad cuando en este Congreso los legisladores coinciden y construyen normas que protegen y favorecen a los mexicanos. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos ocupa sobre la minuta que expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas es de gran relevancia, pues pretende garantizar que tanto las aseguradoras como las afianzadoras cuenten con la solvencia, la estabilidad y la seguridad financiera para cumplir cabalmente con sus obligaciones y dar un paso adelante en materia de regulación de seguros, lo que sin duda alguna será bueno para el país y para los usuarios. Es momento de que las instituciones de seguros y fianzas se expresen con transparencia hacia usuarios para evitar abusos y confusiones que únicamente perjudican a la población, favoreciendo simultáneamente a la cultura del seguro, ya que se trata de un elemento auxiliar para garantizar el patrimonio de las familias mexicanas y coadyuvantes de los gobiernos, ya que los seguros funcionan como una red de seguridad en los casos de contingencias financieras, por lo que es menester avanzar en la materia fortaleciendo y regulando el sistema de seguros y fianzas con el objeto de beneficiar a los usuarios y siempre velar por sus intereses. Esta nueva ley que se pone a su consideración abroga la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, asimismo la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por lo que sistematiza, integra y facilita el ordenamiento en esta materia. Las diputadas y los diputados de mi grupo parlamentario nos pronunciamos a favor de este dictamen, ya que significa robustecer el marco jurídico de los sectores de seguros y de finanzas; y asegura una mayor solvencia, estabilidad y seguridad conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales, siempre bajo el principio de lograr un desarrollo sano y ordenado de las instituciones, protegiendo y salvaguardando los intereses de los consumidores. Una modificación de especial importancia es la que aborda el nuevo marco legal, son las normas prudenciales en matera de solvencia. La nueva ley considera que mediante una fórmula general o modelos internos las instituciones determinarán el capital necesario para cumplir con sus obligaciones de acuerdo con sus riesgos, ya no será la autoridad la que establezca la regla única aplicable a todas las instituciones para calcular el monto de capital que requieren, como sucede actualmente, la cual en ocasiones no considera necesariamente las particularidades que tiene cada una de las instituciones. En otro aspecto se dispone que las instituciones deberán de contar con un sistema eficaz de gobierno corporativo que garantice una gestión sana y prudente de su actividad cuya instrumentación y seguimiento será responsabilidad de su consejo de administración. De igual forma plantea una redistribución de las facultades que tienen asignadas las autoridades financieras, básicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues de esta forma se delimitan sus ámbitos de acción de manera precisa y clara armonizando la regulación aplicable a las aseguradoras y afianzadoras con las reformas que se efectuaron a la Ley de Instituciones de Crédito de 2008 y a la Ley de Mercados de Valores de 2005. Respecto a la reforma a la Ley sobre el Contrato de Seguro tiene como propósito incorporar las reglas específicas relativas al contrato de seguro de caución que permitirá ampliar la gama de instrumentos financieros disponibles en el mercado y perfeccionar el régimen de los seguros obligatorios, regular la concurrencia de seguros en el caso de seguros contra la responsabilidad y algunas otras precisiones que buscan dar certidumbre a los asegurados y beneficiarios en la contratación de estos seguros. Estas modificaciones en las regulaciones de seguros y fianzas se traducen en el fortalecimiento de la primera red de protección de los usuarios y se logran mayores beneficios para los usuarios, a saber: 1. Los usuarios tendrán mayor información para decidir con qué instituciones podrán realizar sus operaciones de seguros y fianzas, estimulando una mejor atención de las empresas. 2. Se logra estimular la competencia e innovación en el mercado, ya que se crearán tipos de productos más acordes a las necesidades de los usuarios y éstas serán más accesibles para la población. 3. Otra de las bondades de la reforma es que fortalece la confianza de los usuarios, ya que se propicia una mayor transparencia. Sin embargo para terminar, dos son los principales beneficios para nuestro país. En primer lugar con estas reformas legales México estará a la altura de los máximos estándares internacionales en la materia, al nivel de Alemania y Holanda y por arriba de Reino Unido y Estados Unidos de América hecho que provocará con una mayor estabilidad, requisito indispensable para el financiamiento de las actividades productivas y generar mejores condiciones para el empleo. Y en segundo lugar estas reformas legales buscan una inclusión financiera que logrará que un mayor número de mexicanos puedan protegerse de riesgos personales y patrimoniales. Porque es bueno para el país y bueno para la sociedad y para la protección de los mexicanos; es por esto que los diputados del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.