La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (desde la curul): Presidenta, efectivamente sumarme a lo que se está solicitando por parte del compañero de Acción Nacional, que me antecede en la voz, en el siguiente punto que me parece fundamental. La Comisión de Justicia, en estos momentos, se encuentra debatiendo la Ley General, de la Fiscalía General de la República valga la redundancia y está citada en una sesión extraordinaria con el único punto del orden del día que tiene que ver con la discusión y aprobación del dictamen de esa legislación, que así se conoce, aunque abarque muchísimas más, 65 si mal no recuerdo, y que ayer se tuvo que regresar porque no logró la mayoría absoluta que se requiere en una votación de comisiones, para poder venir al pleno. Entonces, si ahorita se está por fin abriendo un espacio para escuchar a las víctimas que están siendo violentadas en sus derechos con en esta propuesta que se hace de legislación a la Fiscalía y, posteriormente se irá al debate dentro de la Comisión de Justicia si se aprueba o no ese dictamen, si logra la mayoría absoluta para venir aquí al pleno. Nos parece, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, pues sí verdaderamente un atropello que se quiera incluir en el orden del día, no únicamente este dictamen que todavía no está aprobado, sino el de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así conocido, porque ni siquiera se ha citado a la comisión para poder debatir. El tema que se verá, como es de todas y todos conocido, no es menor, es simple y sencillamente si se va a dar un golpe de Estado a través de una absoluta inconstitucionalidad de prorrogar un mandato al presidente, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, en contra de lo que expresamente dice la Constitución que debería de ser de cuatro años, para que sea de seis años, algo nunca antes visto en esta nación. Y se ha tenido noticia, no únicamente en la Comisión de Justicia, de la cual yo formaba parte hasta hace poco tiempo, sino también en Mesa Directiva, en lo personal, de la intención que tienen diversos colectivos, diversos especialistas, barras y colegios de abogados, en tener un parlamento abierto para poder debatir particularmente esta parte de la reforma que estoy yo mencionando, que es a todas luces inconstitucional. No únicamente porque va en contra como lo acabo de mencionar, sino también porque estamos invadiendo o tratando de invadir la esfera competencial de otro de los Poderes, como lo es el Poder Judicial y se pretende hacer por la puerta trasera a través de un transitorio. Entonces, para este dictamen que se está proponiendo aquí, que se enliste como previsión y que se estaría solicitando que no corra el curso parlamentario que debe correr cualquier dictamen, pero más aún uno de estas características, deberíamos de apegarnos al Reglamento que nos rige para poder dar el debate en perfecto orden, en perfecto apego a derecho. Y que ya cuando la mayoría decida votar, si es que lo van a hacer, yo todavía tengo mis esperanzas de que no lo hagan, solapar esta inconstitucionalidad, al menos se haya cumplido perfectamente con el proceso parlamentario que se requiere. Porque si no, no únicamente tendrá esa inconstitucionalidad, sino también tendrá vicios de haber violado nuestra legislación interna y por eso también podrá ser recurrida. No le vemos la necesidad de estas prisas. Démonos los tiempos del debate parlamentario. Démonos los tiempos que deben correr a través de nuestro Reglamento. Abramos a la ciudadanía, como lo hemos hecho en esta LXIV Legislatura, para escucharlos a través de parlamentos abiertos. Acerquémonos a la ciudadanía, como aquí siempre se ha dicho que se debe hacer, escuchemos, repito. Y una vez terminado el trámite, traigámoslo al pleno y que ya sea la mayoría la que decida, si efectivamente decide darle cauce legal a este atropello o no. Sería cuanto, diputada presidenta.