La diputada Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. Una de las principales funciones del Estado es velar por el funcionamiento armónico de la sociedad, preservando y fomentando sus valores fundamentales, entre los cuales encontramos el respeto a la vida humana y a los derechos de la propia existencia, que derivan ,es decir, los derechos humanos y constituyen y deben de constituir el objetivo primordial de la organización jurídico política de las sociedades modernas. Conforme nuestra Ley Fundamental, el Sistema Penal se organiza sobre la base de la sanción punitiva, a conductas antisociales, la cual constituye casi sin excepción, especie de castigo con que culmina el Derecho Penal Mexicano Es pertinente reconocer que en este país, la prevención del delito es una de las herramientas usadas con mayor efectividad por las autoridades de nuestro país, así como el objetivo readaptatorio de los delincuentes de las cárceles mexicanas, prácticamente no se realiza. En nuestro país debemos de entender, como fin primario de la pena del restablecimiento del orden externo de la sociedad, además debemos agregar las siguientes características fundamentales, que son: el deber ser ejemplar intimidatoria y justa, es realizar estos principios que la acumulación de penas en nuestro país debe de ser procedente. Debemos de entender como ejemplar, una situación positiva que muestra una virtud o el castigo a un crimen, la acumulación de penas produce un efecto intimidatorio para las personas con planes delictuosos y por ello debe aplicarse a diversas conductas que deben de ser evitadas Además debemos agregar que es justa porque no hay violación en lo absoluto, a la igualdad y tampoco se produce una discriminación Todos los destinatarios de la imposición de las penas, serán tratados de la misma manera si incurren en estos delitos. Uno de los objetivos es la (?) efectiva de la proliferación de las conductas antisociales; otro, el de los fines del Estado, que es el de terminar con la impunidad de quienes cometiendo diferentes delitos, al final sólo son sujetos de castigo y penalidad de uno de ellos, por lo que resulta necesario que conductas criminales queden impunes, por lo cual es necesario hacer un replanteamiento del marco jurídico vigente en nuestra Carta Magna y establecer un endurecimiento de las penas como mecanismo, que tienda a la conservación del orden social y de la punibilidad de las conductas que se alteran. Sobre este particular el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha discutido los alcances de la cadena perpetua en México, por primera vez en la historia reciente el máximo tribunal el pleno de los Ministros analizó los principios básicos del sistema y aplicación de penas privativas de la libertad, considerando que el sistema de acumulación de penas no es violatorio de la Constitución, es decir, no es considerada como pena inusitada o trascendental, como establece el párrafo primero vigente del Artículo 22 de la Constitución Política de nuestro país. Francesco Carrara, refiriéndose a la necesidad de que las penas deben de contener principios humanistas puntualizaba, cito: "El principio fundamental del derecho punitivo lo encuentro en la necesidad de defender los derechos del hombre y en la justicia encuentro el límite de su ejercicio así como en la opinión pública hay hoy instrumento moderador de sus formas, el momento de tener firmeza en la aplicación de las leyes justas y proporcionadas al delito cometido". Esta situación ha tratado demasiado en llegar a nuestro país, el sistema de acumulación de penas es totalmente justo, proporcional para los delincuentes que cometen atrocidades a la sociedad de nuestro país, como son los delincuentes que cometen delitos contra la salud, secuestradores, la delincuencia organizada, homicidios dolosos de mujeres y niños. Compañeras y compañeros legisladores, el que ha atentado contra la sociedad que representa dejar criminales en las calles por la falta de adecuación a nuestro marco legal supremo, es hoy un problema que debemos de entender y atacar en su hondo, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre el particular, es decir, si el máximo tribunal de nuestro país ha considerado que la acumulación de penas en delitos específicos no debe considerarse como una pena trascendental e inusitada, es nuestra obligación entonces, como legisladores, establecer la procedencia de esta figura para delitos graves, de manera clara y precisa en nuestra Carta Magna. Se trata de un ejercicio de actualización y de congruencia con las tesis jurisprudenciales y con los reclamos de nuestra sociedad en el momento presente, con base en lo anterior la presente iniciativa pretende dar respuesta a las innumerables inquietudes de los diferentes actores de la sociedad preocupados por la seguridad pública y dar castigo a quien la transgrede. Son inquietudes y preocupaciones que los legisladores no podemos ignorar y que a partir de los últimos tiempos violentos de inseguridad e impunidad por la que atraviesa nuestro sistema de procuración de justicia, debe considerarse como un tema obligatorio, de analizar y resolver en el Poder Legislativo Federal. Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo al Artículo 22 Constitucional, recorriéndose los subsecuentes en el orden correspondiente. ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 22.- No se considerará pena inusitada y trascendental la acumulación de penas por la Comisión de dos o más de los siguientes delitos contra la salud, delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y homicidio doloso cometido en contra de mujeres o menores, corrupción de menores e incapaces, pornografía infantil y prostitución sexual de menores, así como cuando la comisión de cualquiera de los anteriores haya concurso de cualquier otro tipo de delito. ARTICULO TRANSITORIO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuento señor presidente.