El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. El pasado 23 de noviembre las y los legisladores que integramos la Comisión de Justicia, aprobamos por unanimidad una serie de dictámenes en beneficio de la sociedad mexicana. Dichos documentos giran en torno a la protección y garantías de derechos en materia civil, penal y derechos humanos. El día de hoy tengo el honor de presentar a consideración de este honorable pleno cuatro de ellos para su fundamentación y votación. El primero corresponde al dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y un párrafo cuarto a la fracción VII del artículo 6o., de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En dicho dictamen se busca elaborar un programa de seguimiento y atención al diagnóstico anual de supervisión penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la finalidad de darle continuidad a la implementación de políticas públicas que atienden las evaluaciones de dichos diagnósticos. Además se tiene la intención de realizar la evaluación de manera anual por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al programa de Seguimiento y Atención de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que elaboran anualmente las dependencias federales y locales. La intención de este dictamen es responder al contexto actual de los centros penitenciarios en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha detectado importantes áreas de oportunidad que podrían ser atendidos gracias a las reformas planteadas. El segundo dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 417, 444, del Código Civil Federal, y 323 del Código Penal Federal, este dictamen busca impedir el derecho de convivencia a través de las pérdidas de la patria potestad cuando el padre, madre o quien goce de dichos derechos obtenga sentencia condenatoria por algún delito de los catalogados como de alto impacto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por medio de este dictamen también se pretende establecer en el Código Penal Federal que quienes cometan homicidio en contra de su cónyuge, además será sancionado con la pérdida de los derechos de la patria potestad. El dictamen tiene su génesis en el interés superior de la infancia y en la necesidad de proteger el desarrollo integral de las niñas y niños y adolescentes sobre conductas que pudieran ser nocivas para su integridad personal, principalmente si estas pudieran provenir de sus padres o tutores. El tercero, es el que corresponde al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 323 Ter del Código Civil Federal en materia de violencia familiar. Con este proyecto se busca reformar el concepto de violencia familiar que se encuentra establecido en el Código Civil Federal agregándole elementos que permitan que dicho término se entienda de una manera más integral tomando en cuenta de los estándares internacionales y nacionales respectivos. En tal sentido, las Naciones Unidas han señalado que la mayoría de los hechos relacionados con la violencia familiar no se denuncian, y en su mayoría, son causados en contra de las mujeres, niñas y niños que sufren castigos corporales en el contexto familiar. Como consecuencia de lo anterior, UNICEF reconoce la necesidad de que en los parlamentos impulsemos configuraciones legislativas que ayuden a dar certeza jurídica a personas que sufren de este lamentable fenómeno. El cuarto y último dictamen contiene el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en materia de armonización legislativa sobre la facultad de atracción para conocer delitos contra periodistas. En este dictamen proponemos reformar el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en razón que dicho artículo aún contienen reminiscencias del sistema de justicia penal inquisitivo, y hace referencia al abrogado Código Federal de Procedimientos Penales. Por lo tanto, lo que buscamos reformar es que se haga mención expresa a la disposición correspondiente del Código Nacional de Procedimientos Penales que habla sobre la facultad de atracción que tiene la Federación respecto de los delitos cometidos en contra de periodistas. Esta reforma es vital para brindar certeza jurídica en los casos de los delitos contra algún periodista, persona o instalación que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o libertades de expresión o imprenta. Compañeras y compañeros legisladores, estos cuatro dictámenes son muestra de interés profundo que tenemos en esta legislatura por atender los problemas de nuestro país, con la finalidad de garantizar una mayor protección de derechos a favor de las personas. Es por todo lo anterior, que les insto a votar en favor de los dictámenes puestos a su consideración este día, ya que con ellos impulsaremos las reformas necesarias para México. Es cuanto, señor presidente.