EL C. DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS: Con su venia, diputado presidente. Justicia y seguridad para todos es la primera y fundamental exigencia de la sociedad mexicana. Una sociedad agraviada cotidianamente por la amenaza del crimen y por actos delictivos que atentan en contra de su integridad personal y de su patrimonio. Pero sobre todo es el clamor recurrente de quienes, inmunes e impotentes, oponen la razón desnuda de su causa a un sistema de prepotencia y arbitrariedad, de influyentismo y corrupción, de impunidad e inmunidad que ofende a la ciudadanía y conspira contra el principio de justicia pronta y expedita. México no es un país de delincuentes. México es un país de víctimas. En nuestro país prevalece la incertidumbre y el descrédito generalizado a las instituciones y a las autoridades a quienes se ha confiada la delicada función de la persecución del delito, de la procuración y de la administración de justicia. "Las cifras estadísticas son contundentes y demoledoras. Actualmente se cometen 4.5 millones de delitos cada año en nuestro país; no obstante sólo se denuncian 1.5 millones ante la autoridad competente. "De las denuncias que se integran en averiguación previa, se consignan sólo el 19 % y exclusivamente el 6 % se consigna con detenido. Cuarenta y dos por ciento de estas causas se refieren a la reserva o se determina el no ejercicio de la acción penal. De ellas el 17 % se queda en trámite y se declaran cerradas por incompetencia un 22 %. Sólo el 4.5 % culmina el procedimiento con sentencia condenatoria, lo que equivale a que de cada 300 delitos reales sólo se sancione el 1.5 %, prevaleciendo como norma, la impunidad del 98.5 % restante. "La incertidumbre que genera esta situación, ha contribuido a identificar a la procuración y administración de justicia como un sistema represivo y a percibir a la justicia como un privilegio al que sólo tienen acceso quienes cuentan con poder y recursos económicos; no para solventar una defensa legítima, sino para corromper e influir indebidamente en las instituciones que debieran representar el interés de la sociedad, así como para interponer recursos metalegales para evadir la acción de la justicia o desviarla para castigar inocentes e incluso para conseguir prebendas y beneficios en contravención de la ley. "Todos coincidimos en que los esfuerzos legislativos que se han emprendido para contener el avance manifiesto de este fenómeno de desarticulación social, han sido parciales e insuficientes. Todos coincidimos en la necesidad inaplazable de una reforma que colme a profundidad las expectativas ciudadanas para el rediseño jurídico e institucional de un renovado sistema de justicia y seguridad. Coincidimos en la pertinencia y en la urgencia de esta reforma que empero ha sido postergada frente a la prelación que hemos conferido a otras reformas estructurales en materia política y económica. "Por ello hoy comparecemos ante esta soberanía, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia, para someter a la consideración de ustedes, señoras y señores diputados, una propuesta de dimensiones integrales a partir de la cual está LIX Legislatura se encuentra en oportunidad de impulsar con visión de Estado y con el múltiple potencial del trabajo parlamentario, los consensos necesarios para dar respuesta definitiva y definitoria a esta exigencia social. "Por su continente y por su contenido, por su integralidad, profundidad y amplitud, estas iniciativas de reforma constitucional y a la legislación secundaria, no tiene precedente con las que se han iniciado en materia penal durante los últimos 60 años. "Nuestra propuesta no es la resultante de un esfuerzo aislado; en ella convergen las aportaciones de mayor vanguardia sustentadas por expertos investigadores, miembros distinguidos del Foro Nacional, universidades, instituciones públicas, organizaciones civiles, académicas y sociales. "Se fundamenta asimismo en un cuidadoso estudio comparado de las legislaciones locales, recupera iniciativas precedentes del más diverso origen parlamentario y ha contado con el apoyo técnico de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria de esta Cámara de Diputados. "La reforma constitucional que fundamenta el proyecto, se establece a partir de un cambio profundo a la tradición legislativa en el ámbito penal, hasta hoy en razón de su competencia los estados y la Federación regulan esta rama del derecho, de tal forma que coexiste en un Código Penal Federal y 32 Códigos Penales Estatales. Con esta diversidad legislativa, la delincuencia ha encontrado un campo propicio para evadir la justicia amparada en la diferencia de tipos penales, sanciones y procedimientos. "Así, el objetivo fundamental de estas reformas es integrar en un solo cuerpo legislativo, armónico, sistemático y estructurado, los cambios que necesita el orden penal vigente con el propósito de servir a la comunidad mediante la transformación del sistema penal mexicano. "Dentro de los aspectos más relevantes de esta reforma integral destaca el de reconocerle a las víctimas del delito su calidad de parte en el proceso penal, confiriéndoles el derecho a defenderse directamente a través de un juicio oral, ejecutivo y compactado. En dicho juicio el ministerio público, dependiente de cada Procuraduría, deberá representar a la sociedad cumpliendo con las tareas de autoridad que no puede realizar un particular, pero ya sin el monopolio de la acción penal que ha sido tan infructuoso e injusto para las víctimas. "La ruptura del monopolio de la acción penal, hoy a cargo del ministerio público, ciudadaniza la justicia y permite integrar el procedimiento administrativo al proceso jurisdiccional, reduciéndose considerablemente los tiempos procesales. "Una de las novedades que introduce esta reforma es la relativa a la justicia de barandilla, representada por los jueces de paz de cada localidad. Este cambio se propone a partir de una reforma para atender delitos menores, el objetivo es que la impartición de la justicia inmediata por la comisión de faltas graves se sanciona a través de la reparación del daño y con la alternativa voluntaria en beneficio del sentenciado de optar por el trabajo a favor de la comunidad y como última sanción la privación de la libertad. "Como ya se ha expresado, esta reforma tiene un carácter integral, ya que junto con las innovaciones a otros ordenamientos se propone unificar en toda la República la justicia cívica y de paz, con lo cual se van a distinguir las conductas delictivas de aquellas que pueden ser sancionadas mediante la justicia administrativa. "Refrendamos nuestra más firme convicción de que este conjunto de iniciativas merecerá el análisis constructivo en la fase de discusión y debate de las comisiones legislativas competentes, a las que procederá formular el dictamen correspondiente. "Alentamos también, señoras y señores diputados, el optimismo fundado de que esta LIX Legislatura compartirá con la sociedad el afán de dignificar a la justicia como uno de los valores más altos de nuestra diaria convivencia y a las instituciones encargadas de impartirla como depositarias de su confianza, garantes de su seguridad y del ejercicio irrestricto de sus libertades. Y asimismo a las personas encargadas de su administración como un modelo de integridad". Procedo a entregar a la Secretaría, señor Presidente, el contenido y alcance de este paquete de iniciativas. -