La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante. El fiscal Juan Gabriel Morales Hernández: Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados federales, se solicita a esta honorable Cámara de Diputados emita la declaración de procedencia contra el ciudadano Uriel Carmona Gándara, con la finalidad de que esta Fiscalía de la federación esté en la posibilidad de ejercer la acción penal ante el juez de distrito en turno. Esta Fiscalía de la federación cuenta, da cuenta a ustedes de que el 7 de mayo de 2020 se recibió una denuncia anónima en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Esa denuncia anónima generó que el 8 de mayo de 2020 se generara la carpeta de investigación con nomenclatura FED/SEIDO/UEITA-MOR/0000286/2020. Específicamente en esa denuncia anónima lo que se señalaba era que el señor Uriel Carmona Gándara, fiscal del estado de Morelos, estaba cometiendo hechos posiblemente constitutivos de los delitos de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas contra la salud y en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con esa denuncia anónima esta Fiscalía de la Federación inició la carpeta, de las que le he dado cuenta, y desde luego con las facultades que tiene la gente del Ministerio Público de la Federación inició la investigación correspondiente. El 1o. de octubre del año 2020, hay una denuncia suscrita por una persona de nombre Óscar Daniel Álvarez Roja, en la que hacía del conocimiento diversos hechos constitutivos atribuibles al señor Uriel Carmona Gándara, en su carácter de fiscal general del estado de Morelos. Señalaba específicamente que el 15 de agosto de 2018, el fiscal general, perdón, que el 15 de febrero de 2018 había sido nombrado fiscal general del estado de Morelos sin satisfacer los requisitos legales que para tal efecto se requieren para el ejercicio de su cargo, esto es específicamente no había cumplido con los exámenes de control de confianza. Asimismo, también señalaba que el 15 de agosto de 2018, el fiscal general del estado de Morelos había nombrado a diversos servidores públicos entre ellos a Juan Jesús Salazar Núñez, Pérez Avilés Héctor David, Chávez Carmona José Alejandro, Lulo Juan Zaida Janeth, Toledo Camacho Norma, fiscal especializada en representación para grupos vulnerables y asistencia social, y a Velázquez Luna Angélica Danaé, exsecretaria ejecutiva de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Con esos nombramientos los había realizado sin que estas personas hubiesen cumplido específicamente sus exámenes de control de confianza. Bajo esa tesitura la Fiscalía General de la República realizó diversos actos de investigación, entre ellos solicitó a la Fiscalía General de la República, específicamente al Centro de Evaluación y Control de Confianza que nos especificara si había cumplido con sus exámenes de control de confianza el señor Uriel Carmona Gándara, situación que refirió que solamente había cumplido hasta el año 2018, diciembre de 2018. Es decir, al momento de su nombramiento el servidor público no había sido certificado en cuanto a sus exámenes de control de confianza. También en esa investigación se solicitó a la Unidad de Inteligencia Naval, de la Secretaría de Marina, que informara si el señor Uriel Carmona Gándara tenía exámenes de control de confianza. Dicha dependencia, mediante oficio 9301/2020, del 24 del 2020 informó que Uriel Carmona Gándara y los servidores públicos de nombre Juan Jesús Salazar Núñez, Héctor Dávila Pérez Avilés, José Alejandro Chávez Carmona, Zaida Yanin Tulu Juan, Norma Angélica Toledo Camacho y Angélica Daene Velázquez Luna no contaban con evaluaciones de control de confianza aplicadas por esa institución. También se solicitó información al titular del Centro de Evaluación y Confianza del estado de Morelos, de la Secretaría de Seguridad Pública, quien informó que tampoco tenían exámenes de control de confianza vigentes estas personas. También se solicitó información de diversos servidores públicos al director general jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Y también nos informó que tanto Uriel como Juan Jesús Salazar no tenían exámenes de control de confianza vigentes en esa institución. Derivado de eso, también tuvimos información relacionada con que el 15 de febrero de 2018, el señor Uriel Carmona Gándara había sido nombrado fiscal general del estado de Morelos, y en ese nombramiento no había cumplido con los requisitos de tener actualizados sus exámenes de control de confianza. Bajo esta tesitura ha quedado claro y específicamente después de toda la información que se recopiló, que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su décimo párrafo, establece la obligación de que todo servidor público que pertenezca a las instituciones de seguridad pública deben tener aprobados sus exámenes de control de confianza y vigentes a partir del momento en el que son nombrados como tal. El artículo 70 de la Constitución Política del estado de Morelos también establece los requisitos para el nombramiento del fiscal general del estado de Morelos. El artículo 40 establece que la legislatura local será la facultada para aprobar dicha designación. Haciendo una relación sucinta de la normatividad, específicamente de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece la obligación de que todos los servidores públicos encargados de las instituciones de procuración de justicia tienen que tener los exámenes de control de confianza vigentes, para el ejercicio de sus funciones, desde luego, este es un requisito que no puede ser dispensado a ningún servidor público. Bajo esa temática es claro que Uriel Carmona Gándara, probablemente ejerció el cargo de fiscal general del estado de Morelos a partir del 15 de febrero de 2018 sin tener cubiertos todos los requisitos que la legislación exige para ocuparlo. Esto es, no contaba con la certificación para desempeñarlo. Asimismo, el señor Uriel Carmona Gándara, como fiscal general del estado de Morelos, nombró a Juan Jesús Salazar Núñez como fiscal especializado en combate a la corrupción del estado de Morelos a partir del 16 de agosto de 2018. Al ciudadano Héctor David Pérez Avilés como fiscal regional zona sur poniente. A José Alejandro Chávez Carmona, fiscal regional zona oriente. A Zaira Canet Lugo Juan, fiscal especial en desaparición forzada de personas. A Nora Angélica Toledo Camacho, fiscal especializado en representación para grupos vulnerables y asistencia social. Y a Angélica Danae Velázquez Luna, secretaria ejecutiva de la Fiscalía General. Ello, sin que contaran con los exámenes de control de confianza, esto es, sin que hubieran estado certificados y registrados en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos hechos, señores y señoras diputados, son constitutivos del delito de ejercicio ilícito del servicio público previsto y sancionado en el artículo 214 en relación con el último párrafo del 212, ambos del Código Penal Federal. Y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 139, fracción IV y último párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Señoras y señores diputados federales, es claro que debe retirarse la inmunidad procesal con la que cuenta el señor Uriel Carmona Gándara, con la finalidad de que se pueda ejercitar la acción penal correspondiente. Señores diputados, nadie por encima de la ley. Sería cuanto, ciudadana presidenta.