La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, en la impartición de justicia es necesario que los conflictos entre las partes sean resueltos mediante la aplicación del derecho por órganos jurisdiccionales donde se desarrollen las formalidades esenciales, se otorgue seguridad jurídica, se observe la imparcialidad y se resuelvan los conflictos a través de sentencias definitivas que adquieran la calidad de cosa juzgada. Sin embargo, no en todas las materias o ramas del derecho los principios y procedimientos se aplican de igual manera. Justamente para el caso del derecho en materia agraria, como derecho social que protege a los hombres y mujeres del campo, rigen preceptos y principios especiales establecidos en nuestra Constitución y en la Ley Agraria, así como órganos jurisdiccionales especializados, como lo son los tribunales agrarios. Con la creación de los tribunales agrarios en 1992, se dio respuesta a una añeja demanda del Movimiento Indígena y Campesino, y al mismo tiempo el derecho agrario mexicano dio un paso relevante en la administración de justicia para ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, posesionarios y sus sucesores, avecindados, jornaleros, agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales, y campesinos en general. Como derecho social, los principios y procedimientos del derecho agrario están orientados a proteger a las personas, grupos y sectores de la sociedad rural, considerados como sujetos de derecho económicamente débiles, por lo que se requiere de la protección o tutela por parte de las leyes y del Estado al buscar la equidad y la justicia. Así, dentro de los principios especiales, considerados en los procedimientos agrarios, se encuentran precisamente, los usos y las costumbres para dirimir los juicios cuando las partes sean indígenas, la facultad de los tribunales agrarios para suplir las deficiencias de las partes en el juicio, cuando se trate de ejidos o de comunidades, la oralidad, la inmediatez, la publicidad y la amigable composición de los conflictos. Justamente, es el precepto jurídico de la amigable composición como mecanismo alternativo de solución de conflictos, lo que hoy se enriquece a favor de los sujetos agrarios con la reforma al artículo 185 de la Ley Agraria, en su fracción VI, que hoy nos ocupa, al proponerse incorporar la exhaustividad, congruencia y equidad como principios a considerar en el convenio que acuerdan las partes en la solución de sus controversias ante los tribunales agrarios. Termino, señor presidente. En la impartición de justicia por los tribunales agrarios, estos principios son esenciales en una amigable composición de las partes, para dar certeza jurídica y garantías en la seguridad de la tenencia de la tierra y en la solución de los conflictos que se dirimen entre sujetos agrarios por colindancias y otras controversias agrarias. Finalmente, como bien lo señala la propia propuesta de la reforma, el principio de exhaustividad corresponde a que la sentencia debe puntualizar cabalmente cada una de las pretensiones realizadas por las partes en el juicio, el principio de congruencia se refiere a que las resoluciones del órgano jurisdiccional no deben ser contradictorias, y en su emisión no debe omitir ni añadir nada a lo solicitado por las partes. Asimismo, respecto de la equidad, se refiere a que éste sirva para guiar el criterio del juez.