El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Compañeras diputadas y compañeros diputados, en casi 15 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, sus resultados son contundentes; no ameritan demostración alguna. La economía del pueblo de México ha empeorado. Todo ello era previsible desde antes de la firma de este tratado, porque nuestros socios comerciales nos llevaban una ventaja considerable en materia agropecuaria. Mientras en Estados Unidos el rendimiento físico de la tierra tuvo un crecimiento medio anual de 2.4 por ciento para el periodo 80-98, para México fue apenas de 0.4 por ciento; es decir, 6 veces más en Estados Unidos que en México. En cuanto a la magnitud de la superficie cosechada, en Estados Unidos para el 98 alcanzaba 177 millones de hectáreas; en cambio en México, en ese mismo año, únicamente fue de 25 millones de hectáreas. En síntesis, la asimetría era más que evidente. Nada teníamos que hacer en términos de competencia frente a un gigante en la agricultura como es Estados Unidos, y tampoco nada que hacer frente a Canadá. Mucho menos íbamos a competir con los oligopolios a nivel internacional de la agricultura, como Cargill o Nestlé, por citar algunos. En materia de subsidio y de financiamiento estábamos —y seguimos estando— en la calle, pues los productores de Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá poseen más ventajas absolutas, mientras que nuestros productores reciben marginalmente estos apoyos. En el caso específico del financiamiento al campo, éste cayó en un 90 por ciento durante la entrada en vigor de este tratado en nuestro país, provocando que se desintegrara la producción nacional de semillas, quedando cada vez más en manos de extranjeros estos procesos productivos. Entonces surge una pregunta obligada: ¿por qué, si era tan evidente nuestro fracaso ante Estados Unidos y Canadá, se incorporó nuestro campo en el tratado? La respuesta es categórica: se trataba de beneficiar exclusivamente a los grandes exportadores de frutas y hortalizas, que sí son los beneficiarios del Tratado del Libre Comercio. Mientras los pequeños propietarios, productores ejidales y comunales se han arruinado. Ése es el verdadero impacto del Tratado de Libre Comercio para la mayoría de los productores del campo mexicano. Las repercusiones del Tratado de Libre Comercio también se expresan en la creciente emigración del campo hacia las ciudades de nuestro país y a Estados Unidos, porque más de medio millón de compatriotas se van cada año a ese país. Qué decir de nuestra dependencia alimentaría. Ahora no sólo importamos maíz forrajero y transgénico del extranjero, sino que nos hemos convertido en importadores de casi todos los productos agropecuarios, cuando en el pasado fuimos grandes exportadores agrícolas. Al mismo tiempo se han conformado dos Méxicos: el México boyante y moderno de unos cuantos poderosos y el México de millones de desposeídos y sumidos en la miseria. Ése es el resultado del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio no es sólo una apertura total del sector agropecuario. Es también un instrumento muy poderoso que está empleando el Estado mexicano para despojar a los campesinos rurales de sus tierras y transferirlas a los inversionistas privados. Esta línea de despojo es complementaria con la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, que permite la transformación de la propiedad comunal y ejidal en propiedad privada, para que termine en manos del gran capital nacional e internacional. Es ésta la razón de la resistencia que están emprendiendo los hombres y mujeres del campo para revertir las repercusiones negativas del Tratado de Libre Comercio sobre la economía rural, que no sólo van contra la apertura del sector agropecuario, sino también para revertir los efectos de las políticas neoliberales sobre sus espaldas. En este contexto, esta soberanía tiene el deber legal, político y moral de apoyar a los campesinos de nuestro país con medidas que reviertan sus condiciones de vida; también para exigir a la administración federal su obligación de renegociar este Tratado, porque está demostrado que no ha sido benéfico para el sector rural de nuestra economía. Además, los propios campesinos afectados están exigiendo, con gigantescas movilizaciones, que este Tratado sea renegociado en su capítulo agropecuario, porque sus resultados han sido contrarios a los intereses de la mayoría de los productores de nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta.