La diputada María Gloria Hernández Madrid: Con el permiso del presidente e integrantes de la Mesa Directiva, saludo a mis compañeras y compañeros diputados, así como a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través del Canal del Congreso. La justicia debe de ser certera, efectiva y accesible, pero además, en nuestro tiempo, es prioritario que sea pronta y expedita. Esta exigencia ciudadana debe de ser y ha sido prioridad para una gran parte de quienes integramos esta legislatura. Si bien, no es una atribución natural de un legislador la procuración de justicia, sí lo es dotar de los instrumentos necesarios al sistema jurídico mexicano para que esta sea una realidad cotidiana en la vida del país. El día de hoy buscaremos adicionar un engranaje fundamental a la maquinaria procesal de la justicia en México, con la convicción de que esta permitirá avanzar en la prontitud e inmediatez mencionadas. Es importante señalar que el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto ha señalado que en nuestro país la justicia debe de ser una realidad y de piso parejo para todos. Por eso, hace cuatro años se encomendó al CIDE la organización de un diálogo nacional por la justicia plural y transparente, que contó con la participación de cientos de expertos y de múltiples instituciones gubernamentales y académicas de la sociedad civil. El presidente atendió las propuestas que resultaron en la fundamentación de un decreto administrativo, la presentación de ocho iniciativas de reforma constitucional con una nueva ley general y tres de reforma legal sobre justicia cotidiana. Dispuestos a hacer de este ideal jurídico una realidad en la ley, las diputadas y los diputados aprobamos crear el sistema nacional de impartición de justicia, para facilitar la articulación entre instancias públicas, trasladar la impartición de la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales locales. Homologar criterios y procedimientos de los procesos civiles y familiares para hacerlos más expeditos y uniformes, y fortalecer el derecho de acceso a la justicia evitando formalismos y tecnicismos para resolver de fondo todo tipo de conflictos. Por otro lado, las relaciones diarias entre las personas de nuestra sociedad generaron durante el último trimestre de 2017, que el 40 por ciento de la población mayor de 18 años tuvo de manera directa algún conflicto cotidiano, sin embargo, menos de un cuarto de la población considera que sus gobiernos sean muy efectivos o algo efectivos en su capacidad para resolver esos problemas. Por si fuera poco, existe un grave problema de marginación jurídica en nuestro país. Casi 7 millones de personas viven en comunidades aisladas y ellos están imposibilitados de realizar trámites tan básicos como es obtener un acta de nacimiento, y carecen de acceso a un sistema que les permita resolver sus problemas de forma pacífica, pronta y oportuna. En el contexto planteado, resulta urgente establecer mecanismos que permitan resolver directamente los conflictos entre ciudadanos y eventualmente los que también se presenten con las autoridades, así como garantizar que todos tengan acceso a los trámites y servicios que requieran. Y se trata de infundirle vigor a la forma más común de justicia; la cotidiana. Derivado del fenómeno expuesto, consideramos que la Ley de Justicia Cívica e Itinerante es una nueva perspectiva de resolver los conflictos cotidianos, pero aún más, será una vía efectiva y ágil basada en fomentar la cultura cívica y generar un modelo que permita solucionar de manera amistosa, oportuna, rápida y eficaz, los conflictos individuales, vecinales o comunales. Disponer que cada municipio, demarcación territorial, cuente con juzgados cívicos para atender los conflictos en la materia, estableciendo además la estructura mínima para su adecuado funcionamiento. Promover la solución de conflictos mediante procedimientos de mediación y conciliación y crear un registro de infractores en materia de justicia cívica, cuya información será consultada obligatoriamente para que los jueces al momento de individualizar las sanciones puedan resolver, así como establecer que la federación y las entidades federativas de manera coordinada llevarán a cabo jornadas de justicia itinerante para acercar mecanismos de resolución de conflictos, trámites y servicios a poblaciones alejadas de difícil acceso a zonas marginadas. Es por ello que agradezco a nuestro coordinador, el diputado Carlos Iriarte, que a nombre del Grupo Parlamentario del PRI me permita pedirles, compañeras y compañeros, que votemos a favor de crear una justicia que construyamos todos y los invitemos a que en el mismo sentido acompañen este dictamen, que contribuye a hacer de la justicia que tenemos aquella que queremos, una más cercana y al alcance de todas las mexicanas y mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.