EL C. DIPUTADO ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea; compañeros y compañeras legisladores: A nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional y en calidad de diputado por Nuevo León, me dirijo a esta Honorable Asamblea para denunciar hechos de la mayor gravedad que atentan contra el espíritu mismo de nuestra democracia. Se trata de hechos que de no resolverse con apego a la ley, pondrán en grave entredicho la actuación de este gobierno que en forma reiterada se ha pronunciado por un estado de derecho. Compañeras y compañeros legisladores, permítanme relatarles la vergonzosa crónica de un fraude anunciado. Para ello, recapitulemos sobre la manera en que Acción Nacional decidió conferirle una ficticia legalidad al proceso de selección de los Magistrados que hoy conforman ilegítimamente el Tribunal Estatal Electoral en Nuevo León: El 12 de julio pasado se emitió la convocatoria para la designación de cinco Magistrados con vistas a integrar el Tribunal Estatal Electoral, se recibieron 32 propuestas; tres meses después, el 26 de octubre, la Presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara Legislativa de la entidad emitió la convocatoria para reunirse con el propósito de revisar los expedientes, dos días después se realizó dicha reunión en calidad de permanente, pero no se realizó ningún análisis a los expedientes; de hecho un día después el Presidente de la Comisión de Gobernación informó que él ya había analizado los expedientes y que únicamente 5 de 32 cumplían con los requisitos. Los partidos de oposición demandaron en el Congreso local saber qué expedientes se habían rechazado, con el fin de analizar lo que establece la ley para su efecto. Ilustrando una conducta ilegal y antidemocrática, los legisladores panistas rechazaron la petición. Aprovechando que suman la mayoría simple, Acción Nacional votó por incluir solamente en el dictamen a los ciudadanos Arturo Salinas Salinas, Guillermo Guzmán de la Garza, Guillermo Campuzano Zambrano, Graciela Buchanan Ortega y Pedro Treviño García. En forma amañada el dictamen fue presentado para su firma únicamente a los miembros panistas de la Comisión de Gobernación, es decir el dictamen no se hizo circular entre los integrantes de la Legislatura con las 24 horas necesarias que obliga como anticipación el artículo 49 del Reglamento para el Interior del Congreso Estatal. El orden del día de la sesión en que fue votado el dictamen se modificó ilegalmente con la inclusión de un punto de acuerdo con el cual se agotó el procedimiento de selección de los Magistrados. Se procedió a un remendo de insaculación al impedirse que los diputados de oposición incluyeran entre los candidatos a Magistrado a 23 ciudadanos que cumplieron con los requisitos de la convocatoria, así el sorteo se realizó sólo con 5 para seleccionar 5. De estos ciudadanos ninguno acreditó, de los 5, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las fracciones A, B, C, y E de la fracción IV del artículo 230 de la Ley Estatal Electoral. Estas son sólo algunas de anomalías y atropellos cometidos por los diputados locales panistas en Nuevo León. Es evidente que en estas condiciones no es posible esperar que las elecciones del próximo año sean limpias, legales y transparentes. ¿Dónde está, pues, entonces la supuesta vocación democrática de Acción Nacional y de sus gobiernos? De los Magistrados que hoy integran el Tribunal Estatal Electoral figura Arturo Salinas Salinas, quien hoy enfrenta una denuncia penal por posible violación a la autonomía del órgano electoral en 1999; además Arturo Salinas es padre del diputado y Secretario de Acción Nacional Arturo Salinas Garza. Para agravar las cosas, el pasado lunes, los presidentes de todos los partidos políticos de oposición en el estado fueron agredidos cuando intentaban hacer manifiesta su protesta al gobernador del estado, por las fuerzas de seguridad estatales y sólo este lunes pasado, el Congreso local se vio sitiado por las fuerzas públicas. Esto evidentemente nos demuestra que hay una verdadera y flagrante violación a los principios democráticos en el estado. Por tal razón, al incurrir en los graves atropellos irregulares a los que nos hemos referido, el gobierno de Fernando Canales está vulnerando la democracia con la que todos debemos de estar comprometidos, más allá de filiaciones o intereses partidistas. En consideración a los referidos antecedentes, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el PRI presenta el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte a la Cámara Legislativa de Nuevo León para que en el marco de la preparación de las próximas elecciones y particularmente en sus procedimientos para integrar los órganos electorales, sin ninguna duda garantice las condiciones de equidad, legalidad y transparencia que deben caracterizar dichos procedimientos. Segundo. Se exhorta al secretario de Gobernación, Santiago Creel, a que atienda la demanda de audiencia de los partidos políticos de oposición de Nuevo León, a fin de coadyuvar al restablecimiento del clima democrático en el estado. Este punto de acuerdo es respaldado por compañeros legisladores federales de mi partido, el Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, de la Sociedad Nacionalista, de Convergencia Democrática y de diputados federales independientes. Muchas gracias, señora presidenta y dejo esto en consideración de la secretaría.