La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: El exceso de burocracia en nuestro país representa de manera silenciosa los principales obstáculos a los que se enfrenta la ciudadanía día con día. no tan solo en su relación con el Estado, sino también en el desarrollo de la actividad propia que se ven entorpecidas por el mar de trámites y la ineficiencia de dichos procesos. Y es que los altos niveles de burocracia y el rezago de la adopción de nuevas tecnologías y digitalización, como manera de relación entre el Estado y la ciudadanía, ha derivado que en México y en general toda la zona de Latinoamérica tenga uno de los mayores sobrecostos y atrasos respecto a la realización de trámites, especialmente si lo comparamos con otras regiones del mundo, como la zona de Europa y nuestros vecinos de Norteamérica. Por ejemplo, según uno de los estudios de Mercator, la operación de una multinacional en Latinoamérica es de un 31 % más costoso que en Europa y un 65 % más lenta en comparación del resto de Norteamérica. El estudio detalla que esto se debe esencialmente a la complejidad de requisitos formales, la segmentación de autoridades locales, entre otros procesos burocráticos. Esto nos habla de una necesidad y, como legisladores, de una responsabilidad de modernizar y eficientar dichos procesos. La realidad es que nuestro país actualmente ocupa el tercer lugar en Latinoamérica con mayores niveles de burocracia, siendo hasta un 102 % más costoso realizar procedimientos burocráticos que en otros países de Latinoamérica, como Ecuador. Esto, debido a que para realizar un solo trámite se requieren procedimientos diferentes, y en muchas de las ocasiones con autoridades distintas, y que normalmente no están digitalizados. Y es que en nuestro país los altos niveles de burocracia y los tediosos y lentos procedimientos han derivado en altas tasas de ciudadanos que desisten de hacer un trámite gubernamental. Una persona promedio durante su vida realiza cerca de 486 trámites, de los cuales el 25 % de ellos requiere de 3 o más visitas a una entidad pública, y sólo la mitad se resuelven en un solo día. Esto necesariamente representa un desincentivo total en muchos aspectos desde el gobierno hacia la ciudadanía, ya que al desistir de realizar un trámite puede, al mismo tiempo, estar desistiendo de formalizar una empresa, declarar impuestos o contar con documentación fundamental para los ciudadanos. En un mundo interconectado, económicamente dinámico y que exige cada día más de la eficiencia e innovación como parte de nuestro desarrollo y competitividad como sociedad, nuestro país requiere de una mayor libertad económica, así como un marco jurídico que simplifique la burocracia y exponga procesos más claros, simples y accesibles mediante la digitalización. Esto, con la profunda convicción de que es el camino que incentiva a los jóvenes, hombres y mujeres, de nuestro país a ver su relación con las instituciones gubernamentales como algo accesible y no como algo tortuoso e, inclusive, tener mayores facilidades para el emprendimiento. Aunque si bien esta reforma es el primer paso para expedir una ley en esta materia, desde la bancada naranja queremos ser muy claros en que el éxito o el fracaso de la misma estará en la medida en que se implementen reglas claras. Esto, para no dar paso a la corrupción, fracturas de nuestra democracia o pérdida de contrapesos. Tener reglas realmente claras, que la idea de esta reforma de provecho a la ciudadanía y no termine como una fachada de lo que pudo haber sido. Es esencial que existan plataformas amigables, pero siempre contando con seguridad y confiabilidad. Desde Movimiento Ciudadano, no quitaremos el dedo del renglón para que esta reforma vea sus potenciales beneficiosos en la realidad de la ciudadanía y no queden solo en un papel. A nivel internacional podemos encontrar diferentes ejemplos sobre una eficiente simplificación y digitalización de trámites del gobierno, haciendo más eficiente fortalecer la confianza del ciudadano hacia sus instituciones y otras bondades más. Inclusive, podemos encontrar ejemplos como Estonia, donde más de 95 % de los trámites de gobierno se pueden realizar de manera digital y de manera sencilla. Esto inclusive ha resultado que este país se convierta en el centro a nivel europeo como la empresa tecnológica y digital, convirtiendo a Estonia en el país con mayor índice de empresas unicornio per cápita en Europa. O sea, aquellas compañías creadas hace menos de 10 años que, sin cotizar en la bolsa ni haber sido adquiridas por un tercero, logran el valor de mil millones de dólares. México tiene potencial, sin duda alguna. Tiene todas las posibilidades para que de esto podamos tener y dar especial seguimiento a una reforma que, en materia, en lugar de evitar una oportunidad, se vuelva esta una herramienta politizada. En la bancada naranja respaldaremos esta reforma y celebraremos el avance hacia la digitalización. Hemos promovido múltiples iniciativas para garantizar el derecho de la ciudadanía a la información y el acceso a las tecnologías. Creemos firmemente que la transparencia y la atención ciudadana son pilares esenciales para el desarrollo económico, político, social de nuestro país y de su fortalecimiento para que nuestro país pueda tener las herramientas en una estrategia de tecnología. Sin embargo, es necesario señalar nuestras preocupaciones. La falta de recurso suficiente puede comprometer la implementación de esta reforma, por lo que exigimos que se pueda garantizar un presupuesto adecuado. No se debe escatimar en la protección de datos personales ni en la plataforma que impulse la transparencia y el combate a la corrupción. Asimismo, alertamos sobre el riesgo de centralizar la regulación a través de una ley nacional, en lugar de una ley general, lo que podría limitar la capacidad de las entidades federativas para desarrollar sus propios sistemas. Más que subordinación, se requiere coordinación con el gobierno federal para que la digitación sea un proceso eficiente, descentralizado y acorde a las necesidades locales. Respaldamos el avance, pero pedimos que se haga de manera responsable, con los recursos adecuados, sin vulnerar la autonomía de los estados, así como un profundo llamado de responsabilidad. Y subrayo, responsabilidad hacía la transparencia en el uso de los datos de la ciudadanía. Es cuanto.