La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: La demanda que se presenta el día de hoy aborda uno de los episodios que será referente histórico respecto al actuar de los tres poderes. Aunque también será un desafortunado episodio más para el Legislativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló lo que Movimiento Ciudadano advertimos: el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa al no desarrollar las bases y parámetros constitucionales que permitan fijar, sin incurrir en arbitrariedades o discrecionalidades, la remuneración de los trabajadores al servicio del Estado en los términos del artículo 127 constitucional. No olvidemos, además, que el artículo 41 constitucional establece, con claridad, la naturaleza jurídica del INE como un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en el mismo sentido que para los demás organismos constitucionalmente autónomos, como el Banco de México o el Inegi, que por la relevancia de sus responsabilidades requieren un marco jurídico que garantice su imparcialidad y los blinde de intromisiones a su vida interna. Porque también el artículo 127 constitucional establece un régimen de excepción cuando se trata de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, siempre y cuando no se exceda la mitad de la remuneración establecida por el presidente. Este razonamiento jurídico ha sido argumentado mediante controversias constitucionales, no solo por el INE, también por el Inegi, Banxico, el IFT y la Cofece, pues todos han considerado vulnerada su autonomía por los tabuladores impuestos en los presupuestos de egresos 2019 y 2020. Hoy se pretende argumentar que el INE está vulnerando la facultad exclusiva de esta Cámara sobre la aprobación del Presupuesto. Sin embargo, la controversia presentada por el INE versa únicamente contra el tope de remuneraciones y no contra el presupuesto total aprobado para el Instituto, que sufrió, recordemos, una reducción de mil 71 millones de pesos. Es decir, el argumento de Morena es improcedente. No podemos perder de vista los errores en el procedimiento legislativo y por haber sido omisos en desarrollar bases y parámetros para fijar la remuneración de los funcionarios, omisiones que son responsabilidad del Congreso y que señalamos oportunamente cuando advertimos las muchas deficiencias del dictamen de Ley Federal de Remuneraciones y en la discusión del Presupuesto. Hoy se pretende exigir al INE que dé marcha atrás con una determinación que se dio en el marco de una falta de la mayoría en el Poder Legislativo, y ante ello no podemos más que hacernos responsables. Es entonces evidente que la lógica de Morena al proponer el acuerdo a discusión obedece razones políticas y no jurídicas, con la intención específica de continuar en su capricho de vulnerar la autonomía del Instituto. Resulta preocupante que durante los últimos meses numerosos actores del partido de Estado han orquestado una campaña de ataque y desprestigio al órgano electoral que organizó impecablemente las elecciones de 2018 y validó los resultados obtenidos en dichos comicios. ¿Será porque el Instituto que hoy pretenden controlar fue imparcial en 2018 y temen que siga siendo imparcial cuando los resultados no les favorezcan? Porque el órgano al que pretenden cooptar y controlar nació como respuesta a la demanda impostergable de contar con una institución capaz de resistir las presiones políticas y otorgar certidumbre y confianza a los resultados electorales, tras uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia, en el que no podemos olvidar la actuación central y determinante de un integrante de primer nivel en la actual administración, a quien se han empeñado en proteger, a pesar de las numerosas pruebas de enriquecimiento ilícito, que son de conocimiento público. Esta pretensión no es un asunto aislado, pues todos hemos sido testigos de cómo se han orquestado golpes de precisión para tomar el control de otros organismos autónomos como la CNDH o la CRE, para imponer incondicionales que se subordinan al Ejecutivo. En Movimiento Ciudadano consideramos que la remuneración debe responder a criterios objetivos y de grado de responsabilidad; y la intención expresada en la controversia constitucional que se presenta el día de hoy, no abona en lo absoluto, por decir lo menos, en el fondo del asunto. Por ello, nuestro voto será en abstención. Gracias, presidenta.