EL C. DIP. ROBERTO PRECIADO CUEVAS (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Tratando de no convertirme en el vocero de la Suprema Corte ni tampoco de un defensor de la misma, sin tratar de invadir competencias, quiero hacer comentarios relacionados a los ya vertidos por mis compañeros diputados de Colima, de Acción Nacional y del Partido de la Revoluci6n Democrática. Cuando el gobernador del Estado, licenciado Fernando Moreno Peña, tomó posesión de su cargo, nombró conforme a la ley a cinco magistrados para que fueran aprobados por el Congreso del Estado. En virtud de un empate en la correlación de fuerzas en el Congreso Local, en donde el PRI mantenga diez curules y la oposición en con junto otras diez, el asunto del nombramiento de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia quedó, con la propuesta del gobernador, de manera inicial. Ante tal situación los cinco magistrados acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y promueven un juicio de amparo en contra de actos del gobernador, es decir, se establece una controversia entre el Poder Ejecutivo Local y el Poder Legislativo Local. La Corte ordenó, primero, dejar insuficientes los actos reclamados por los cinco magistrados quejosos, Enrique de Jesús Ocon Heredia, José de Jesús Rentería Núñez, Carlos Alberto Macías Becerril, Jorge Magaña Tejeda y Yolanda Macías García. Segundo, se dio la reinstalación en el cargo de los quejosos, o sea, los magistrados ya quedaron instalados. Tercero, el pago se está requiriendo de las percepciones inherentes que dejaron de cubrírseles desde que fueron separados, Cuarto, emitir por el gobernador del Estado el dictamen de evaluación de desempeño en el puesto de los Magistrados Enrique de Jesús Ocon Heredia y José de Jesús Rentería Núñez, que concluya con la determinación de que sí procede ratificarlos o no en el cargo, tendiendo a los criterios contenidos en el párrafo tercero del artículo 116 de la Constitución Federal, todo lo cual deberá ser sometido para su aprobación al Congreso de la entidad. Debo de señalar que lo referente a la reinstalación se cumplió en tiempo y forma, lo cual acredita que el gobernador Moreno Peña no hizo un desacato ante el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Referente al pago está cumplido. Debo decirle a mis compañeros diputados que el gobernador del Estado acordó precisamente con el Tribunal del Estado otorgarle ese recurso y no andar diciendo, como se señaló hace un momento, de buscarle dónde se iba a integrar esa cantidad, sino por el contrario, el día de hoy se le entregó al Tribunal del Estado la cantidad para el pago y quiero decirles que ya cobraron los magistrados para información de mis compañeros, incluso se los puedo acreditar con recibo de conformidad de los propios magistrados que han estado acudiendo a poder recibir su cantidad. Referente a la separación de dos de los magistrados restantes, debo señalar que el pasado sábado en sesi6n del Congreso del Estado, efectivamente fueron nuevamente separados de sus cargos, pero hace falta hacer alusión que en el desempeño de sus atribuciones hicieron mal uso de recursos públicos, lo cual consta en un dictamen de la Contraloría; ese es el caso de Jesús Ocon Heredia y de Jesús Rentería Núñez. Y no nada más eso, sino que también se adjudicaron un bono de manera especial que no estaba autorizado, razón por lo cual el PRD en el estado de Colima votó en favor de que se reinstalaran los ya propuestos por el gobernador del Estado, lo cual contradice lo antes expuesto en esta tribuna, Los Poderes de Colima, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, han cumplido en todas sus etapas y en forma puntual lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Se dejaron insubsistentes los nombramientos de los magistrados que habían sido nombrados por el gobernador del Estado el día 7 de noviembre de 1997. La posición del Partido de la Revolución Democrática es subjetivo, toda vez que en el asunto en comento en esta tribuna es de plena competencia de los poderes locales, los cuales en estricto cumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han dirimido la controversia en las instancias correspondientes. El propio Juzgado de Distrito, representante de la Corte, ha expresado que el Ejecutivo del Estado ha cumplido con las resoluciones de la Corte. El asunto aquí expuesto compete a la soberanía de los poderes locales y la posición del Grupo Parlamentario del PRI es de que si alguien tiene la razón que se someta a la ley. Muchas gracias. (aplausos)