La diputada Guadalupe Jannett Moreno Argüelles: Gracias. Con su venia. A nombre de la fracción parlamentaria del PRI, vengo a presentarles las reservas que consideramos de fundamental importancia sean admitidas, a favor de evitar mayores impactos sectoriales de inversión, como de credibilidad a nuestro país, que las reformas eléctricas generaron. Con la reforma al artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos se pretende suspender los permisos de los permisionarios, a fin de garantizar los intereses de la nación. Sin embargo, este concepto resulta totalmente vago y subjetivo, lo que significa que la suspensión de los permisos quedaría a discreción de las autoridades. La decisión de suspender un permiso se sujetaría a las condiciones meramente extraordinarias que las autoridades decidieron que ponen en riesgo los intereses o la seguridad nacional. Aunado a esto, no se establece un plazo límite para la suspensión ni el procedimiento por el cual serian compensados los propietarios legítimos por las pérdidas derivadas de la suspensión de permisos. Esta reforma estaría admitiendo y justificando una expropiación indirecta y arbitraria de la infraestructura propiedad de los permisionarios de hidrocarburos, lo que daría pie a serias violaciones a la Constitución y a los compromisos internacionales suscritos por México, así como la lluvia de controversias y amparos judiciales a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, se estaría incurriendo en posibles violaciones a los compromisos previstos en el T-MEC, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, a los Acuerdos para la Promoción y Protección de las Inversiones y otros tratados internacionales de los cuales forma parte el Estado mexicano. Lo anterior, por razón de que se están violentando los artículos 25 y 28 constitucionales, que consagran el principio de competencia económica y de libre concurrencia, con el objetivo de evitar la configuración de monopolios. Con ello se vulnera los principios constitucionales de competencia económica y libre concurrencia. El artículo 27 constitucional establece que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública o mediante indemnización. Esta reforma generaría incertidumbre económica y jurídica para los participantes del mercado, desincentivando la inversión nacional y extranjera, y afectando el mercado nacional de los hidrocarburos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, actualmente suspendida, ya había resuelto que hay principios constitucionales fundamentales que debe respetar al sector energético, tales como el de la competencia económica, libre concurrencia y la prevención de monopolios. En ese sentido, debemos ser sumamente responsables, pues las consecuencias al perturbar las condiciones de oferta sería un alza a los precios de los combustibles, afectando directamente la economía no solo de las empresas, sino de los mexicanos. La propuesta del Ejecutivo ya ha causado incertidumbre en las inversionistas, ya que las modificaciones podrían llevar nuevamente al monopolio del Estado sobre el sector de los hidrocarburos. Como legisladores, resulta fundamental que garanticemos el estricto apego al Estado de derecho y a los principios de legalidad, objetividad, transparencia y certeza jurídica, pero sobre todo la protección a los derechos de los particulares que se han constituido legalmente en el sector de los hidrocarburos. El verdadero objetivo de esta reforma, y que quede muy claro, de la reforma propuesta por el presidente y respaldada a ciegas por Morena, es darle nuevamente la preponderancia a Pemex, a costa de la estabilidad del país y del bolsillo de los mexicanos. Es cuanto, presidenta.