LA C. DIPUTADA ROSALIA PEDRERO AGUILAR: Con su permiso, Señor Presidente, Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna a manifestar su posición en torno al gigantesco fraude cometido en contra de miles de pequeños ahorradores, quienes vieron perdido su patrimonio de un plumazo ante la voracidad de rufianes amparados por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este quebranto financiero viene a sumarse a otros tantos que han ocurrido en México de forma reciente. Cuando todavía la Cámara de Diputados continúa discutiendo el tema del Fobaproa, que representa uno de los grandes fraudes bancarios en la historia de nuestro país, aparecen al lado de éste otros fraudes financieros que cometen particulares sin el menor recato en contra de ciudadanos que a duras penas acumulan un pequeño patrimonio que de la noche a la mañana pierden ante supuestos inversionistas sin escrúpulos. Ante esta situación nos preguntamos cuál es el papel que desempeñan las autoridades financieras de este país para hacer cumplir la ley y proteger a los pequeños ahorradores. La respuesta ha sido la misma: luego de salir a flote cualquier irregularidad o ilícito que se comete en nuestro sistema financiero, las autoridades siempre aparecen como responsables directos y cómplices de los defraudadores del pueblo y en muchos casos de los malversadores de los recursos de la nación. En la pasada Legislatura diversos grupos parlamentarios tuvieron que intervenir para hacer ver a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su responsabilidad directa en este fraude porque llevaron a cabo medidas que los ubican como sospechosas de estar coludidas con los defraudadores. Como ejemplo está la Secretaría de Hacienda que siempre actúa de forma irresponsable y tardía para vigilar y hacer cumplir la ley con relación a la forma de operar de las cajas populares de ahorro. la Comisión Nacional Bancaria y de Valores actúa de la misma manera. Además, se carece de medidas cautelares para impedir fraudes de este tipo y salvaguardar el patrimonio de miles de pequeños y medianos ahorradores que son sorprendidos por delincuentes de cuello blanco. Ante estos problemas recurrentes en nuestro sistema financiero, queda claro que los agentes que se mueven en este ámbito actúan al amparo de leyes y autoridades que protegen sus maniobras fraudulentes porque promueven el riesgo moral consistente en proteger a los grandes accionistas al rescatarlos de posibles quiebras que pudieran sufrir sus inversiones, como ocurre en el caso del sistema bancario. Al mismo tiempo, estas leyes financieras que regulan la actividad de la banca establecen la obligatoriedad del Gobierno Federal de crear fondos de provisiones a través del erario público para rescatar o sanear a los bancos que se encuentren en problemas de insolvencia financiera, como está estipulado en el artículo 28 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Sin embargo, cuando los pequeños ahorradores que arriesgan su patrimonio a través de las organizaciones auxiliares de crédito, lo pierden. El Gobierno Federal no hace nada por ellos, por e! contrario, lo hemos visto, es incluso la represión contra ellos por manifestarse en la defensa de sus intereses. Para el Partido del Trabajo es evidente que las entidades financieras, sea cual sea su nivel o rango, no cumplen con su objetivo de canalizar recursos financieros a los medianos y pequeños productores que no cuentan con la suficiente solvencia económica. En cambio, los grandes beneficiarios de estas instituciones han sido los negocios de los mismos accionistas de la banca y de otras instituciones financieras, tal como ocurrió en el caso de la Sociedad de Crédito y Ahorro del Noroesta, denominada El Arbolito. Y la más reciente, la Unión de Crédito Regional que defraudó a miles de pequeños ahorradores de los estados de Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Los fraudes que han cometido los delincuentes de cuello blanco, en contubernio con las autoridades financieras de este país, están amplia y profundamente documentados en la historia reciente del país. Se suman varios casos, pero los más difundidos en la prensa nacional han sido los que aquí hemos señalado. Aunque existen otros 60 casos de cajas de ahorro cuya autorización se encuentra en proceso de revocación conforme lo reconocen las propias autoridades, lo que salta a la vista de todo este proceso de fraude es que los beneficiarios directos del actual modelo de desarrollo han sido los grandes empresarios, entre los que se encuentran los accionistas de las instituciones financieras, que pareciera ser que lo único que saben hacer es acumular grandes sumas de riquezas que no generan con su propio es fuerzo, sino que provienen en su gran mayoría del erario público y en contubernio con los funcionarios gubernamentales y en detrimento de pequeños ahorradores y del pueblo en general. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo queda evidenciado tanto el Secretario de Hacienda, José Angel Gurría Treviño, y Eduardo Fernández García, quienes continúan al frente de instituciones públicas y no cumplen con su función de hacer prevalecer la ley y de desarrollar un sistema de crédito sano en nuestro país, por lo que deberá aplicarse, en este caso, la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. Compañeras y compañeros Legisladores: Creemos que un acto de justicia social para proteger el patrimonio de los pequeños y medianos ahorradores que fueron defraudados por los principales accionistas de la Unión de Crédito Regional, consiste en que el fideicomiso creado para este fin debe acelerar su actuación para resarcir el patrimonio de los más de 400 mil ahorradores que depositaron su dinero en manos de rufianes amparados por el poder público. Asimismo, consideramos que debe profundizarse la investigación en torno a todas las cajas de ahorro que han cometido fraude, para fincar responsabilidades a los culpables del quebranto financiero. También se debe investigar la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyos titulares han sido impugnados por un amplio sector de la sociedad, y por tal motivo consideramos deben ser separados de su cargo a efecto de evitar que este tipo de ilícitos, comunes ya en el sistema financiero de nuestro país, se repitan nuevamente. Desde luego que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia a favor de la creación de una Comisión Especial para vigilar el cumplimiento de los compromisos referidos en el punto de acuerdo propuesto para este efecto, así como todas y cada una de las atribuciones en el mismo planteado. Es cuanto. (Aplausos)