El diputado Alejandro Martínez Hernández: Honorable asamblea, el suscrito, diputado federal Alejandro Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta soberanía a fin de presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con base en la siguiente Exposición de motivos Las organizaciones campesinas de productores del sector social y privado, año con año enfrentan una aguda y muy grave situación con la problemática que resulta de la aplicación de las reglas de operación del Programa Especial Concurrente. De ahí que es de gran relevancia el que se encuentre una solución a esta problemática de las reglas de operación de los programas del Programa Especial Concurrente (PEC). Los programas y sus reglas de operación, tal y como han sido instrumentadas en los últimos años en el marco de las reformas estructurales, como la del artículo 27 y la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han profundizado más la desigualdad y la pobreza, y han favorecido la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Como una solución general, el contenido de esta iniciativa parte de que el Legislativo tenga responsabilidad en la elaboración y seguimiento de los programas y sus reglas de operación. Es conocido que una vez aprobado el PEC es el Ejecutivo el que diseña las reglas, metodologías, procedimientos, formatos y convocatorias, lo que elimina la participación del Legislativo en el desarrollo de lo que aprueba y excluye la participación de los beneficiarios en el mejoramiento de aquellos instrumentos que deberían mejorar en condiciones de equidad y democracia al sector social y privado del medio rural. Producto de esta situación, año con año los productores se enfrentan con problemas derivados de las reglas de operación, ya que los programas agropecuarios, y sobre todo sus reglas de operación para el medio rural, se han mantenido en lo esencial sobre los siguientes ejes: Son programas y reglas que están orientados hacia el mercado externo; presentan el sesgo de que estas reglas canalizan recursos hacia grupos que están compitiendo en los mercados externos preferentemente; favorecen el individualismo; están construidos para provocar la desorganización de los campesinos; desmotivan procesos de participación en el desarrollo regional y territorial; paradójicamente, favorecen la concentración en regiones y grupos de productores. Están orientados a apoyar el ingreso de los productores, pero no a los costos de producción; promueven el asistencialismo; se generan sobre políticas restrictivas, individualizadas, burocráticas y excluyentes, y favorecen grupos de interés; y como es conocido, han dado motivo a escandalosas prácticas de corrupción y ventas desleales. Es por eso que desde la perspectiva de las organizaciones nacionales sería recomendable establecer una reingeniería de los programas del sector sobre la base de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que vaya acompañada de una reasignación de los recursos disponibles para lograr una mayor incidencia de las políticas públicas en las transformaciones económicas, culturales y sociales que requiere el país. Orientada a fortalecer la inversión, capitalización y rentabilidad de las unidades de producción en el campo, con un enfoque de sustentabilidad y territorialidad, y reducir de esta manera los esquemas de apoyos compensatorios. Es sobre esa base que se podrían elaborar las reglas de operación que faciliten el acceso a los recursos a todas las organizaciones y productores a través de criterios y procedimientos que simplifiquen su operación, sin llegar a esquemas de comparación que bajo las condiciones actuales pueden llevar a más de lo mismo, como son los subejercicios del Presupuesto, entre otros. Ése sería parte del marco que facilitaría que las dependencias se sujeten a lo previsto en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en la materia, de tal suerte que no se reduzcan los montos presupuestales asignados al sector rural; que haya entrega oportuna y transparente de los montos autorizados, que se respeten los calendarios acordados y el ejercicio total y puntual de los presupuestos del PEC autorizados. De igual manera, que los recursos públicos sean entregados con criterios institucionales sin vinculación con las dinámicas y preferencias partidarias de los servidores públicos federales, estatales o municipales. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para garantizar que los proyectos de reglas de operación que las dependencias y entidades presenten tengan la aprobación de la Cámara de Diputados. Artículo Único. Se reforma la fracción I, primer párrafo del artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector, o en su caso, las entidades no coordinadas, deberán previo análisis, dictamen y aprobación de la Cámara de Diputados, presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de noviembre, sus proyectos de reglas de operación tanto de los programas que inciden en su operación en el registro fiscal siguiente, como las modificaciones a aquellas que continúen vigentes. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Es cuanto, señor Presidente.