El diputado José Everardo Gómez Nava: Con su permiso, señor presidente. Agradezco a la Comisión de Reforma Agraria, a su presidenta, la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, así como a mis compañeros diputados integrantes de esta comisión por la aprobación de este dictamen de la iniciativa de reforma que presentó un servidor a la Ley Agraria y que no es más que un justo reconocimiento a nuestras mujeres del campo. Agradezco también la apertura de mi grupo parlamentario para fijar el posicionamiento del presente dictamen. Si una mujer no tiene la certeza de la propiedad del suelo que pisa, y le provee de sustento, difícilmente puede acceder a otras oportunidades de desarrollo. Cómo situarse en una posición que facilite el acceso a derechos esenciales como el de la salud y la educación cuando no se tienen resueltas condiciones mínimas de subsistencia, como son las que proveen la certeza jurídica sobre la propiedad del medio de subsistencia. El ejercicio de derechos económicos, entre los cuales, el de propiedad es piedra angular, es condición indispensable para el ejercicio de todos los demás. La iniciativa que hoy nos ocupa coloca el acento en un problema para cuya resolución evidentemente han sido insuficientes los esfuerzos emprendidos hasta ahora, tanto legislativos como de política pública. No es la primera vez que en esta tribuna hablamos de los derechos de las mujeres campesinas. No es la primera vez que hacemos un recuento de las situaciones de discriminación, desventaja y atraso en el que muchas de ellas viven, y tampoco es la primera vez que se emprende un proceso legislativo encaminado a corregir esta situación. No obstante, si es una ocasión singular la que plantea la aprobación de este dictamen, por varias razones: porque el primer paso para la solución de un problema es reconocerlo, y porque desde el proceso de promoción y hasta su aprobación la entrada en vigor y aplicación, la generación de instrumentos jurídicos recordemos- está destinada no solamente a crear o modificar las normas que nos rigen, sino también a informar, debatir y finalmente generar criterios orientativos de la conducta. En el dictamen que nos presenta la Comisión de Reforma Agraria, tenemos en primer lugar el reconocimiento del papel histórico de la mujer rural mexicana. Enseguida, una breve pero sustanciosa revisión de la evolución normativa de nuestro país sobre este tema, desde el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, hasta la reforma al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria de 1992 que significó el último eslabón, hasta ahora, de una cadena de reformas encaminadas al reconocimiento de los derechos de las mujeres como sujetos agrarios en igualdad de condiciones. En este recuento vemos la transformación sucesiva del paradigma que determina este reconocimiento jurídico y no lo de forma condicionada y después plena. Sin embargo, en el análisis vemos efectivamente que las cifras son contundentes, a revelar que a pesar de la evolución de la ley la realidad tenaz es que el reconocimiento de las mujeres campesinas como propietarias no es congruente con su proporción social ni con su participación en el campo. Por economía de tiempo obviaré los datos aportados por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la Confederación Nacional Campesina, referidos en el documento y que son suficientes para poner de relieve esta situación en toda su magnitud. Estamos ante un problema estructural que trasciende el ámbito de la ley y que hunde sus raíces en la cultura, ese ámbito donde son más difíciles y llevan más tiempo las transformaciones, sin embargo es útil la colocación del tema en la agenda legislativa y social, es útil reconocer el estancamiento para poder a partir de ahí generar acciones para un cambio efectivo, es útil perfeccionar la ley. En este sentido destacamos, como señala la comisión dictaminadora, que esta reforma representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres como sujetos agrarios. De esta manera respaldamos la intención que anima la propuesta de reforma, como las adecuaciones realizadas por la comisión, de las que resulta una reforma con la que se señala específicamente que son ejidatarios tanto hombres como mujeres, titulares de derechos ejidales en igualdad de condiciones y para otorgar certeza en la sucesión, señalándose asimismo de manera explícita que tanto los hijos o hijas del ejidatario pueden ser titulares de derechos de sucesión. Tomamos esta acción como un paso de arranque para reforzar las acciones tendientes a lograr la mejoría efectiva de las condiciones de vida de las mujeres de campo, a quienes tanto se debe y de qui4n tanto esfuerzo reconocemos. Muchas gracias.