La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresa su firme rechazo al dictamen que hoy se nos presenta por las siguientes consideraciones: El dictamen que nos ocupa, en términos generales, bajo el argumento falaz de generar mayor turismo y un incremento en la derrama económica de disminución de costos aduanales y de mejoramiento de los tiempos de tránsito internacional, nos presenta una serie de modificaciones que ponen en grave riesgo a nuestra seguridad y a la vida y la integridad de los habitantes del territorio mexicano. Debemos señalar que uno de los principales problemas en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en las últimas décadas, ha sido precisamente el control del tráfico de armas, cuyo crecimiento ha exponenciado los niveles de la violencia del crimen organizado en territorio mexicano y que hasta la fecha no ha encontrado una fórmula que los disminuya, incrementándose debido a los altos niveles de corrupción de los servidores públicos encargados de las aduanas y la migración, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos. Estamos plenamente convencidos, México no necesita agentes extranjeros armados en nuestro territorio. Es importante mencionar el doble discurso del gobierno mexicano en este tema, les voy a decir por qué. A nivel internacional México preside los trabajos de la Conferencia de estados parte del Tratado sobre el Comercio de Armas, que se convertiría en el primer acuerdo global jurídicamente vinculante, que regule la compra-venta de armas convencionales entre los países al establecer un marco jurídico de responsabilidad y transparencia en las transferencias internacionales de estas armas. De este tratado es importante mencionar el artículo 7, que señala que aquellos Estados que participen en una transferencia, ya sea de armas, municiones o complementos de los incluidos en el acuerdo, deberán aportar información y/o supervisar si esas armas o municiones podrían ayudar para y cito textualmente: Cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos. Esta imposición es de suma importancia, porque representa una limitación expresa para evitar que las armas que ingresan a un país puedan ser usadas para cometer violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en los años recientes en nuestro país, donde se han introducido armas provenientes de Estados Unidos y éstas han sido utilizadas por la delincuencia organizada para cometer masacres, desapariciones y un sinfín de delitos en contra de la población civil. Es importante mencionar que México ha sido uno de los principales impulsores para que otras naciones adopten este tratado. Ésta es la contradicción de la que hablaba al principio: por un lado México pugna a nivel internacional por establecer mayores controles para el tráfico de armas y, por el otro, a nivel nacional flexibiliza los controles, omite la creación de un registro claro y colabora para la entrega controlada de miles de armas que fueron a parar a manos de la delincuencia organizada. Desde nuestro punto de vista las modificaciones que se examinan el día de hoy presentan tres graves problemas: El primero que tiende hacia la ampliación de la posibilidad de la obtención de licencias de portación de armas para cualquier extranjero que acredite su residencia permanente en territorio nacional, con los mismos laxos y cuestionables requisitos que se establecen para los ciudadanos mexicanos. Espero que podamos acompañar una reserva que implica que estos requisitos sean mejor estudiados. El segundo problema que observa nuestro grupo es que agentes aduanales y migratorios puedan portar armas mediante un permiso temporal, con una vigencia de seis meses, se trata en esencia de permitir que los agentes estadounidenses más cuestionados por la ilegalidad en el uso de la fuerza, incluso letal y las constantes violaciones a los derechos humanos de los migrantes, puedan portar armas a lo largo del territorio nacional. Tengo varios ejemplos, varios asesinatos de guardias migratorios que han quedado lamentablemente en la impunidad. El caso del 7 de junio en 2010, donde a un niño, a Sergio Adrián Hernández Huereca, de 14 años, recibió un disparo en la cabeza por haber aventado piedras a un agente y esto quedó lamentablemente en la impunidad, o citemos otro ejemplo. También se pretende el otorgamiento de estos permisos a través de acuerdos interinstitucionales, la mayor parte de ellos de carácter reservado y que en el pasado han constituido experiencias desastrosas para nuestro país, como el operativo Rápido y Furioso, que introdujo al territorio nacional miles de armas que al final únicamente sirvieron para generar más violencia. Adicionalmente debemos señalar que acuerdos interinstitucionales como los que se pretende implementar han permitido la operación de agencias de seguridad norteamericanas en todo el territorio mexicano, y que tiene su base de operaciones en la llamada Oficina Binacional, aquí en el corazón del país, en la Ciudad de México. El tercer problema de estas reformas es que los agentes de seguridad de mandatarios extranjeros puedan ingresar armados al territorio nacional para garantizar la protección de estos jefes de Estado durante las visitas que éstos realicen a nuestro país. Éste es sin duda alguna un asunto de seguridad nacional, así consignado por la propia ley en la materia y consideramos que es obligación del Estado mexicano atender estas necesidades y brindar la seguridad indispensable para aquellos mandatarios que nos visiten. Adicionalmente debemos señalar que como hemos sostenido en ocasiones anteriores y en el contexto de las reformas que nos ocupan, la subrogación de servicios de seguridad en algunos países, como en el caso de Estados Unidos, en donde la operación de compañías militares privadas prácticamente ha sustituido la operación de los cuerpos de seguridad del Estado, resulta sumamente preocupante que elementos de estas compañías, catalogadas por la Organización de las Naciones Unidas como mercenarios y señalados por las constantes violaciones a los derechos humanos, puedan llegar a operar a México amparados bajo el manto de la impunidad de un acuerdo interinstitucional, dado que el propio dictamen mañosamente se señala que también los elementos paramilitares son considerados por la ONU como funcionarios encargados para hacer cumplir la ley. Es por todo esto concluyo, diputado presidente que desde la perspectiva del Grupo Parlamentario del PRD no vemos cómo incentivar el turismo e incrementar el número de visitantes internacionales a nuestro país derivado de la disminución de costos y el establecimiento de nuevas rutas, tenga que ver con la modificación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. México no necesita más armas legales o ilegales, México necesita y anhela paz y el libre goce de los derechos humanos. Y para esto hay otras reformas que los grupos parlamentarios se niegan a discutir y exigimos, antes de que cierre el periodo, se incluyan en esta agenda parlamentaria, como es el caso de la Ley General de Alimentación y la Ley de Salud para resguardar los derechos de los jóvenes a tener información sobre su sexualidad y su salud. Es cuanto, diputado presidente.