El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Por un lado venimos a proponer reservar con el tema de derechos de minería, de tal manera que se pueda incrementar la recaudación por este concepto y queremos en el artículo 268 que los titulares de concesiones y asignaciones mineras paguen anualmente el derecho especial sobre minería, aplicando la tasa de 10 por ciento sobre las utilidades brutas, considerando la totalidad de las concesiones o asignaciones del que sea titular. ¿Qué queremos? Que se garantice que quien tenga una serie de concesiones mineras, no vuelva a lo que también ahora quieren hacer en el tema del petróleo, compense pérdidas con ganancias, pérdidas de que va a explotar una mina con las ganancias de la anterior, sino que sea una utilidad sobre las ganancias brutas, sobre lo que se obtiene en un año del beneficio de un mineral y así el Estado pueda tener mayores recursos. México en general es un país que cobra menos de derechos mineros, de ingresos mineros de lo que otros países tienen. De hecho se incrementó hace algunos años, pero sin duda existe la posibilidad de que se recurra a este tipo de evasiones, de elusiones fiscales y que nunca se paguen impuestos porque la inversión de un año está compensada con las ganancias de otra minera. En ese sentido debemos cambiar el artículo 268 de la Ley General de Derechos y también el 275 para que los derechos mineros, lo que se obtenga, el 100 por ciento vaya a los municipios. Perdón, el 35 por ciento vaya a los municipios, el 35 por ciento a los estados y solamente el 30 por ciento a la federación, de tal manera que haya una mayor distribución de recursos en las propias comunidades en donde la mina está siendo utilizada. Creemos también que debe cambiarse el artículo 29-E y regresar a su redacción original para que también sea gravado, también sea considerado todas la sociedades de inversión, instituciones de crédito, casas de bolsa, etcétera. Nos parece importante que se describan cada una de ellas porque con la redacción actual pudiera ser que algunas de éstas no pagaran derechos o litigaran un derecho dado, que no solicitadas, y en ese sentido se pudiera exentar de manera innecesaria a una institución financiera de que no se diera su cobro. Nos parece que tanto en el tema financiero como en el tema minero sí existen oportunidades para que el Estado tenga mayores recursos. Son actividades de una alta rentabilidad que no son gravadas de manera adecuada por el Estado, que en otras naciones tienen regímenes fiscales que incrementan la recaudación pública más allá de las recaudaciones sobre la renta normales, y que en ambos casos sí pueden ser una fuente mayor de recaudación de ingresos. Y nos preocupa mucho el artículo 58-B porque de nuevo, y es el argumento que hicimos de manera reiterada en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se están eliminando pagos que se están haciendo por gasoductos. Como decíamos hace rato, como la reforma energética no funcionó sin el esquema que se estableció para que privados inviertan en la energía, no está funcionando, se está creando un régimen fiscal especial para ir exentando, dando facilidades fiscales y quitando obligaciones de pago a distintas empresas relacionadas con el sector energético. En este caso en el artículo 58-B se elimina el que las empresas que requieran usar ductos paguen al Estado por el uso de los mismos. Reiteramos entonces que la decisión que se tomó con la reforma energética fue una decisión equivocada porque pone en riesgo la soberanía del país. Pero también se dijo, y ahorita se está comprobando, que se iban a disminuir de manera muy importante los ingresos públicos del Estado. Hoy lo estamos viendo por la vía de los ingresos y lo vamos a ver por la vía del gasto, cómo la caída en la plataforma petrolera, resultado de la baja inversión estatal de los últimos años y de la nula inversión privada, porque la reforma tampoco fue capaz de hacerlo, va a tener menos ingresos públicos para el Estado mexicano, que aunado a la caída de los precios de petróleo nos va a obligar o así lo propone el Ejecutivo, a un incremento desmedido en el precio de las gasolinas, más o menos la mitad del precio de las gasolinas es un impuesto y que va a tener que darle enormes recursos públicos para el Estado porque como no invertimos en la actividad energética, pues cada vez tenemos menos recursos. Y la mala noticia es que en el futuro cada vez vamos a tener menos, porque también en la Ley de Derechos como en la de Hidrocarburos, estamos exentando a los particulares del uso de infraestructura pública especialmente en el tema de los ductos. Creo que le debemos al país una reflexión profunda de cómo podemos recaudar más en actividades como la minera, como la del sector financiero, y también una vez que se hizo la reforma energética, pues cuando menos garantizar que el uso de la infraestructura en materia energética sí tenga beneficios para el Estado, que es algo que hemos perdido, el Estado invirtió de manera importante en los últimos años en los ductos, y aquí lo que estamos haciendo es impidiendo que el Estado tenga recursos por este tema. Creo que lo que estamos haciendo es beneficiar a privados a costa del interés público y el resultado, así lo vamos a ver el próximo jueves, pues que las gasolinas van a seguir incrementando mes con mes durante todo el año siguiente, porque no somos capaces de gravar ni a la minería ni a la energía ni al sector financiero. Gracias.