El diputado Sergio Fernando Ascencio Barba: Una vez más discutimos el dictamen de una ley que viola la división de Poderes, la independencia de los órganos autónomos y que sin duda afecta a los servidores públicos. El dictamen que se encuentra a discusión y votación en este pleno, es de una legislación hecha al gusto y capricho del presidente, pero no es de la pluralidad de quienes integramos este Congreso y de quienes tenemos la responsabilidad de legislar a favor de los mexicanos. Imponer por mayoría reformas y cumplir los caprichos del presidente se ha vuelto una práctica común de Morena y sus aliados, aunque ello implique ser desleal con quienes les otorgaron el voto de confianza en las pasadas elecciones. Muchos de ustedes vienen y se plantan en esta tribuna para presumir la mayoría del voto ciudadano y que tienen autoridad moral para decidir por representación de todos. Les recuerdo que 67 millones de mexicanos no votaron por Morena y que existen ya miles de ciudadanos desencantados por las acciones erráticas del presidente López Obrador. Señoras y señores, desde esta tribuna dejamos claro que coincidimos en que el dispendio y el exceso de privilegios afectan el ejercicio del gasto público. Coincidimos también en que hay una necesidad de reformar la ley para el gasto público, en un ejercicio eficaz y transparente en el marco de los tiempos actuales, pero las consideraciones expuestas en el dictamen están viciadas de origen. No podemos aceptar una reforma con una visión contaminada, que peca la falta de los elementos técnicos y argumentos sólidos para poderla votar a favor. Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos en contra de este dictamen, porque se ha construido una visión parcial y tendenciosa que afecta a ex servidores públicos, impidiéndoles su servicio profesional en la iniciativa privada por un plazo de diez años de haber ejercido un cargo público, dicho de otra manera, se les coarta su derecho al trabajo libre. A los diputados de Acción Nacional les preocupa mucho esta situación, porque bajo el criterio de austeridad se ha reducido la administración pública, motivo por el cual se desempleó a muchos servidores públicos de la carrera, lo que significa una afectación a miles de familias mexicanas. Durante los primeros meses de la aplicación del programa de austeridad hubo un despido de más de 7 mil trabajadores que hoy engrosan las filas del desempleo. Pero ahora, también les quieren quitar sus posibilidades de contratación y generación de ingresos en los temas que conocen. También el dictamen deja claro que será el presidente quien determine en qué momento se crearán los fideicomisos, o lo que es, asimismo, en qué momento se crearán las partidas secretas para manejar a discreción la aplicación de los recursos para sus programas con tintes electoreros y clientelares. No se explica cómo será la administración de los recursos que se obtengan por los ahorros generados en el ejercicio fiscal, lo que deja ver que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará condicionada a un mandato presidencial. Este gobierno ha hecho un uso excesivo de la restricción del gasto y la inversión como mecanismo de ahorro. Han confundido lamentablemente austeridad y restricción de gasto con subejercicios. Al día de hoy, el monto de subejercicios es de 198 mil millones de pesos. La austeridad republicana está empobreciendo a las dependencias a reducir los costos de forma drástica y ha puesto en aprietos su operatividad. Con este dictamen, nos queda claro que la prioridad para este gobierno no es el bienestar de las familias mexicanas ni tampoco generar crecimiento económico, inversión y empleos. Una vez más decimos que los diputados de Acción Nacional no estamos en contra de la austeridad, pero sí estamos en contra de las medidas emprendidas por este gobierno, que nos condenan al estancamiento económico y el empobrecimiento de las instituciones. En Acción Nacional consideramos que se tienen que replantear las políticas de gasto público, con la finalidad de que se gaste mejor y de manera racional. De que se presten mejores servicios públicos, de mayor calidad y más oportunos. Y de que a través del gasto público se impulse y se promueva el crecimiento económico equilibrado con desarrollo social y finanzas públicas sanas. Es cuanto, señora presidenta.