El diputado Raúl Chavarría Salas: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante esta Soberanía la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de crear el fideicomiso para la reparación del daño en las víctimas del delito. Las víctimas del delito son una realidad de la cual de ninguna manera podemos ignorar ni cerrar los ojos. Tanto el derecho penal como la criminología han tratado tangencialmente a la víctima, careciendo éstos de un interés real por el problema de la misma. A pesar de que el movimiento mundial a favor de los Derechos de las Víctimas no es reciente en nuestro país, fue hasta 1993 cuando se reforma el Artículo 20 Constitucional para que la víctima tuviera una presencia en el ámbito del Derecho. A partir de entonces, surgen una serie de reformas a leyes secundarias así como a os primeros esbozos de un genuino interés por la víctima del delito. Las reformas del 21 de Septiembre del 2000 del artículo mencionado, deroga el último párrafo de la Adición del 93 formando dos Apartados, el de las Garantías del Inculpado y el de las garantías del ofendido. A diferencia del inculpado delincuente quien tiene la garantía constitucional de una defensa adecuada e incluso gratuita, mediante la Defensoría de Oficio, la víctima o el ofendido sólo tiene garantía de recibir asesoría jurídica y a que se le satisfaga la reparación del daño, cuando proceda, así como coadyuvar con el Ministerio Público y a la Atención Médica de Urgencia, cuando lo requiera. No obstante lo anterior, el Estado ha olvidado que por disposición expresa del Artículo 21 constitucional, es a él a quien corresponde proveer lo necesario , proporcionar seguridad pública a los particulares gobernados. De igual forma, debe resaltarse que en la práctica el Ministerio Público no realiza acciones deficientes para tutelar realmente al ofendido o a la víctima del delito. Ejemplo de ello, es que tampoco trata de obtener para ellos la reparación del daño físico, moral o patrimonial y los perjuicios que le fueran causados por el delito. Dentro del proceso, extrañamente el Ministerio Pública se preocupa por seguir recabando y ofreciendo pruebas que vengan a fortalecer la acusación, menos aún se preocupa de aportar las pruebas necesarias para demostrar la existencia del daño y los perjuicios ocasionados por el delito y su cuantificación, pues a esta acción le otorgan el Ministerio Público un carácter secundario abocando con prelación a la persecución del delito y del delincuente. La situación actual que presentan las víctimas y ofendidas es del dominio público pues no se necesita ser Jurista, Victimólogo o Criminólogo para apreciar una realidad latente que nos atañe y afecta día a día. Ejemplo de ello, son los múltiples casos de privación legal de la libertad, en la modalidad de secuestro, cuyo producto del delito deja a una familia entera en total insolvencia económica, pues no le importan los bienes materiales, su único objetivo es la salvaguarda de la víctima o del familiar. El robo de vehículos, fraudes entre otros ilícitos de orden patrimonial, afectan notablemente la economía de las personas; las víctimas de violación, homicidio, abuso de autoridad, tortura, entre otros en los cuales el daño moral suele ser más grave que el económico. Todas estas víctimas, compañeros Diputados y ofendidos, reclaman válidamente la reparación del daños sufrido a manera de compensación, que desafortunadamente, en la mayoría de los casos resulta materialmente difícil en cuanto a su reparación, toda vez que la víctima se ve expuesta a una Viacrucis legal que en la mayoría de las veces se convierte en otra forma de criminalización. No debemos olvidar que los derechos de las víctimas, son parte de los derechos humanos y este sector está demandando un hacer por parte del Estado para que no tenga como único fin lograr la paz social y eliminar la inseguridad olvidándose de la atención a las víctimas. Debemos lograr que el Derecho Penal presente nuevas respuestas para las víctimas, rescatando la relación funcional que debe tener el Estado, no sólo reprimiendo al delincuente, sino obligando a que en forma preferente responda, frente a la víctima u ofendido, satisfaciendo la reparación del año. Es por ello que, atentos a este marco social, los Legisladores de Acción Nacional consideramos que el diseño institucional para el combate al delito, no debe únicamente centrarse en el delincuente sino en la posibilidad de encontrar formas de resarcimiento del daño que efectivamente beneficie a las víctimas. Asimismo, creemos que es indispensable que el Estado no sólo desarrolle las instituciones procesales relativas sino que instrumente medidas administrativas para hacer posible el resarcimiento del daño, aún en los casos donde por diversas circunstancias el sentenciado ha quedado en un estado de insolvencia tal, que no puede hacer frente a sus obligaciones para con la víctima en el caso de la reparación del daño. Con esta propuesta se pretende adecuar los mecanismos legales encargados de regular la reparación del daño, a efecto de lograr que las víctimas del delito no queden desamparadas en cuanto al pago de la reparación del daño, ante la posible insolvencia del sentenciado, creando para tal efecto un fideicomiso para la reparación del daño de las víctimas del delito, constituido por el importe de las multas accesorias a la pena de prisión, así como de ingresos producto de la venta de bienes decomisados y abandonados en procesos penales federales. De este modo se logrará revertir la lamentable situación prevaleciente en la actualidad, en el sentido de que lograr una efectiva reparación del daño a favor de la víctima, constituye un logro heroico, logro que muchas de las veces no se consigue ante las situaciones adversas que lamentablemente tiene que sortear la víctima. Con esta iniciativa se pretende concretar en el ámbito federal experiencias arrojadas por legislaciones vanguardistas en diversas entidades, por lo que se propone reformar el primer y tercer párrafo del Artículo 35, el primer párrafo del Artículo 38 y adicionar un párrafo al Artículo 32 y un segundo párrafo al 38, todos del Código Penal, ello con la finalidad de crear el fideicomiso para la reparación del daño a las víctimas del delito. Se establece como obligado, de manera subsidiaria, a la reparación del daño al fideicomiso para la reparación del daño a las víctimas del delito. La intervención de este fideicomiso, procederá cuando el imputado declare, bajo protesta de decir verdad, que no tiene bienes o que éstos no son suficientes para garantizar la reparación del daño. De esta manera se asegurará que el imputado sea insolvente para que opere este fideicomiso, y en caso contrario éste incurrirá en un delito por declarar falsamente ante una autoridad. Por otra parte, se prevé que el importe de la sanción pecuniaria impuesta se destinará a la reparación del daño, y si es el caso se entregará al fideicomiso para la reparación del daño a las víctimas del delito. Asimismo si la parte ofendida renunciere a la reparación del daño, el importe se aplicará a éste. Finalmente, con el objeto de dotar recursos económicos al fideicomiso, se propone reformar el Artículo 182R del Código Federal de Procedimientos Penales para establecer que los recursos que se obtengan para la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados al fideicomiso para la reparación del daño a las víctimas del delito, para que éste cumpla con su función. Por las consideraciones anteriores, expuestas los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupados por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia de protección de las víctimas del delito, presentamos con todo respeto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa. Es cuanto diputada presidenta.