El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su permiso, compañero Presidente: México es un país diverso, diverso en el ámbito de las personas, en el ámbito de sus recursos. Su riqueza cultural se ha construido a lo largo de muchos siglos de historia, de esplendores, de guerras y de encuentros. En 1994, los pueblos indios de México despertaron la conciencia mundial respecto de las demandas de justicia, dignidad y reconocimiento cultural. Ese despertar se dio en el marco del debate sobre la globalización y la apertura de mercados a lo largo y ancho del planeta. Dejó una interrogante que hoy está en el centro del debate político y humanístico de las transformaciones sociales: la viabilidad de la comunidad en el mundo globalizado. La respuesta a esa pregunta puede darse desde diferentes concepciones de globalización, desde la que incluye las necesidades y los derechos de las personas y de las comunidades, y desde las que establecen sólo derechos individuales. Si bien el sistema político mexicano no ha sido capaz de responder a las demandas de sus pueblos originarios, éstos han colocado en el debate nacional temas de beneficio para la sociedad en su conjunto. La demanda de autonomía de las comunidades indígenas no fue entendida por la mayoría del Congreso de la Unión, que argumentó una necesidad de integración que anula la consideración de la diversidad. Esa demanda de autonomía era y es una propuesta de integración de los pueblos indios que sí parte del reconocimiento de la diversidad de los derechos plenos de sus habitantes y del diálogo intercultural, fundamento esencial de México. En el país existen 2 mil 510 comunidades indígenas, herederas directas de culturas ancestrales, territorios, monumentos, ciudades, recursos naturales, tradiciones, 62 lenguas originales, conocimientos y creaciones que perduran al paso de los siglos y que constituyen parte determinante del patrimonio cultural tangible e intangible de México. Ese espacio vital que es la comunidad asume la vida de manera colectiva. La comunidad es anterior al individuo, y los derechos colectivos adquieren preponderancia de valores. Los conocimientos de los pueblos indios, su cultura y su cosmovisión son la herencia de siglos de existencia e inalienable propiedad colectiva e histórica. La apertura de las fronteras en el mundo a partir de la caída del Muro de Berlín fundó la expectativa de multiplicar y enriquecer las relaciones entre las sociedades y entre los individuos, ampliando los espacios de interacción en todos los ámbitos de la vida. La misma apertura originó la necesidad de establecer formas de reconocimiento que fueran aceptadas más allá de las fronteras. Así, se redimensionó el concepto de patente como un mecanismo para reconocer al creador de las ideas como expresión de un derecho individual aceptado por todos. México tiene en esta construcción social la necesidad urgente de reflejar en su participación la riqueza de su diversidad, bajo la premisa de que el interés común debe prevalecer sin menoscabo de los derechos individuales e intelectuales. Los pueblos indios poseen un patrimonio, que es propiedad y herencia colectiva. El reconocimiento de su existencia y su derecho pasa por establecer mecanismos legales que les permitan conservar su patrimonio. La diversidad cultural de la especie humana está estrechamente vinculada con las principales concentraciones de biodiversidad existente. En esa biodiversidad están sustentados muchos de los conocimientos más notables de los pueblos indígenas. Como ejemplo pueden señalarse la existencia y la solidez de los sistemas de salud tradicionales que, al paso del tiempo, incrementan su demanda de servicio y su legitimidad dentro y fuera de nuestro país. Destacan los conocimientos botánicos asociados a la medicina, que han creado una sólida tradición herbolaria como parte de estas técnicas curativas ancestrales. En los últimos años, países de América Latina como Brasil, Venezuela y México han tenido que enfrentar la búsqueda de apropiación por parte de grandes industrias trasnacionales, sobre todo en los ramos farmacéutico y alimentario, de recursos genéticos rentables asociados a las culturas y los conocimientos de pueblos originales. A través de proyectos de bioprotección se recolectan, clasifican y, en ocasiones, alteran y aprovechan principios activos o derivados de especies vegetales, animales y minerales para elaborar productos comerciales que reportan importantes ganancias a la industria, sin que se reconozcan en este proceso el estudio y la utilización de las mismas especies por los sistemas del conocimiento indígena. Los países miembros del Pacto Andino han normado desde 1996 el acceso y uso de la diversidad y, en particular, de los recursos genéticos, anteponiendo los derechos de propiedad de las comunidades indígenas, andinas y amazónicas y reconociendo sus conocimientos más allá de su valor antropológico. En otras latitudes, en 1998 el Consejo de Investigaciones Científicas Industriales de la India obligó a la cancelación de una patente relativa al uso de cumura en el tratamiento de heridas, ante la evidencia de su utilización tradicional y por generaciones en ese país. El reconocimiento de la diversidad de las culturas es también determinante en la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad si su sentido último es el interés común. Las reglas de mercado deben considerar los derechos de todos los seres humanos y debemos, por tanto, crear instrumentos que protejan esos derechos. El artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece que los ciudadanos de cada uno de los países signatarios gozarán de los mismos derechos en todos los territorios, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. El artículo 8 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio faculta a los miembros para formular o modificar leyes y reglamentos para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico. Y el artículo 27, en el párrafo tercero, establece que los países miembros podrán excluir de la patentabilidad los métodos de diagnóstico terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales y los faculta para la protección de todas las obtenciones legales mediante mecanismos jurídicos nacionales. En la reunión ministerial de países megadiversos afines realizada en México en 2002, los expertos coincidieron en la necesidad de considerar medidas dirigidas a la protección del conocimiento, a la promoción de los sistemas tradicionales de innovación y a mantener la viabilidad de los marcos culturales que sustentan el conocimiento tradicional, incluyendo la lengua, las tecnologías y la cosmovisión de los distintos grupos. Se destacó la importancia de promover acciones de propiedad intelectual, construcción de capacidad y fortalecimiento de los sistemas tradicionales de innovación. Las formas de adquirir y transmitir el conocimiento son diversas y complejas, tanto como los seres humanos. No proponemos que se desconozcan los derechos de los individuos sobre sus creaciones; buscamos que se reconozca la existencia de conocimientos ancestrales, cuyos orígenes se pierden en la memoria de los siglos. Dichos conocimientos han sido atesorados, enriquecidos y transmitidos de generación en generación y forman parte del patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos, de modo que es necesario preservarlos y salvaguardarlos de la enajenación y del saqueo de intereses particulares ajenos a su legítima autora: la comunidad. No se trata de ninguna concesión; se trata de defender el derecho a la propiedad intelectual, de manera que sea reconocida no solamente cuando es obra de un individuo, sino también cuando es una creación colectiva. Permitir que se presenten como propios conocimientos de otros debe ser, además de ilegítimo, ilegal. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto para que se adicione un párrafo a la fracción IV del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para... I. a III. ... IV. Preservar y enriquecer sus lenguas y conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Los procesos, productos e insumos derivados de las innovaciones y las tecnologías de las comunidades y los pueblos indios son propiedad intelectual colectiva de los mismos. Se prohíbe el registro de patentes sobre los recursos genéticos y biológicos asociados a sus conocimientos. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. En un plazo no mayor de 90 días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto, el Congreso de la Unión adecuará la legislación federal para hacerla congruente con esta reforma. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de marzo de 2005. Diputados: Rafael García Tinajero Pérez, Inti Muñoz Santini. Muchas gracias.