La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Compañeras y compañeros, el día de hoy las y los legisladores de esta Cámara de Diputados estamos dando un paso muy importante en favor de miles de personas que han sido víctimas del delito de desaparición forzada. Agradezco a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a la diputada y amiga Nelly Minerva Carrasco, a las y los integrantes de dicha comisión por su sensibilidad, y desde luego por haber aprobado de manera casi unánime el presente dictamen. Durante décadas, en México se asentó un Estado represor que recurría a la desaparición forzada de personas que le resultaban incómodas por sus posturas políticas y por su activismo disidente al régimen como un mecanismo cotidiano de control político, como un instrumento de propagación del miedo e inhibidor de la organización social y del ejercicio de los derechos políticos básicos, como la libertad de reunión, asociación, imprenta, de expresión y de difusión de las ideas. Desde los años 60 del siglo pasado existe registro de más de 100 mil casos de desaparición forzada. Dentro de los casos más emblemáticos se encuentran las desapariciones perpetradas durante la llamada Guerra Sucia, que formó parte de la represión del movimiento estudiantil de 68. Posteriormente, el régimen autoritario nuevamente atacó a los estudiantes en 1971, con el llamado Halconazo y desde luego que no podemos obviar el caso Ayotzinapa y la brutal desaparición de los 43 estudiantes normalistas, hoy abierta investigación por la Fiscalía General de la República. Las familias de las víctimas de desaparición forzada han luchado incansablemente para poder contar con mecanismos jurídicos que les permitieran buscar y localizar a sus familiares. Sin embargo, los gobiernos de los dos sexenios anteriores postergaron de manera sistemática la creación de instrumentos legales que sirvieran para disuadir esta cruel práctica y castigar a los responsables, no olvidemos que las víctimas de desaparición forzada fueron en su momento privadas de su libertad de manera violenta e injusta, asesinadas arteramente o mantenidas en cautiverio de manera clandestina para no ser liberadas jamás, padeciendo tortura física y psicológica y terror constante a ser ultimadas por sus captores. Las familias de las víctimas sufren un tormento similar devoradas por la angustia y por la incertidumbre al no saber nada de su ser querido. Aquellas víctimas que lograron ser puestas en libertad o que fueron rescatadas siguen padeciendo la imborrable cicatriz de sus lesiones físicas y psicológicas. La historia no relata esa tristeza de las que les hago mención, la angustia, el dolor de las personas que han sufrido y sufren por una desaparición no da cuenta de cómo se altera la vida en ocasiones de cómo se pierde el sentido y cómo para algunos es como estar muertos en vida sin su ser amado. El dolor de una desaparición nos aleja del sentido humano y nos coloca en medio de la desolación y la barbarie. Si bien en 2008, con la ratificación que hizo nuestro país con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se dio el primer paso para mitigar los efectos de esta lacerante actividad. Lamentablemente, no se avanzó más allá de este punto durante los siguientes 12 años. Incluso, a partir de esa ratificación el gobierno mexicano recibió varias observaciones por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, entre las que destacan la solicitud para realizar una visita a nuestro país y evaluar la problemática de las desapariciones forzadas. Y, el segundo, la recomendación para que nuestro país reconozca la competencia del comité para conocer todos los casos de desapariciones forzadas ocurridas en México. Es por ello, que la importancia de la aprobación de este dictamen consiste en que se recojan varias propuestas de reforma de Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas, Desaparición Cometida contra Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, al Código de Justicia Militar, a la Ley Nacional del Registro de Detenciones para armonizar nuestro derecho vigente con lo establecido en los tratados internacionales en materia de desapariciones forzadas. Este proyecto se enmarca en dos importantes acontecimientos: en primer lugar, la aceptación de la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, así como el reconocimiento de su competencia para conocer casos sobre desapariciones forzadas como producto de estos dos actos es que surge esta iniciativa que motiva la presente discusión. Asimismo, la aprobación de este dictamen se suma a los esfuerzos realizados desde la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el cual fue uno de los compromisos más importantes que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña. Sin duda alguna, nosotros no podemos entender la lucha de la democracia si no va acompañada por la lucha de la libertad, por la lucha de la verdad y de los derechos humanos. En resumen, este dictamen contempla muchas reformas para tipificar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, especificar los supuestos en los que el superior jerárquico que quien cometa desaparición forzada puede ser considerado como responsable, ampliar la protección de los menores ante las desapariciones forzadas, ya sea de ellos o de sus padres, perfeccionar la tipificación de la desaparición forzada cometida por particulares y en cuanto a la legislación militar destacan las reformas como eliminar la posibilidad de los tribunales militares conozcan de asuntos en materia de desaparición forzada. Concluyo, señora presidenta. Estoy segura que al aprobar el presente dictamen continuaremos en la dirección correcta, para edificar un marco jurídico que le dé mayores instrumentos legales y garantías humanitarias a las familias y víctimas de este cruel delito. Es cuanto, señora presidenta. Los invito a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias a todos.