La diputada Leticia Zepeda Martínez: Comienzo resaltando que los derechos fundamentales son la base de cualquier sociedad democrática y justa. En este contexto, este dictamen modifica la Ley General de Salud de una manera que podría restringir gravemente el derecho de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Recordemos que la objeción de conciencia es un derecho fundamental que permite a los médicos y enfermeras negarse a participar en procedimientos médicos que van en contra de sus convicciones éticas, morales o religiosas. Sin embargo, este proyecto de dictamen plantea atentar sobre la libertad de conciencia y la autonomía de los profesionales de la salud. En un contrasentido que se quiere legislar sobre eutanasia de manera urgente, pero que no quiera reconocer a los profesionales de la salud el derecho para negarse a participar en estos procedimientos, violando con ello su derecho a la libertad de conciencia establecido en la Constitución. Además, el dictamen busca criminalizar y sancionar a quienes hagan valer este derecho en las instituciones de salud, puesto que se contemplan sanciones civiles, administrativas y hasta penales para los médicos y personal de enfermería que bajo la premisa de objeción de conciencia se lee en el dictamen, ocasionan retraso o entorpecimiento de los servicios de la salud. Ahora, se quiere sancionar a la comunidad médica por el retraso de los servicios de salud, cuando es a la autoridad sanitaria a quien corresponde que existan las condiciones para que los pacientes sean atendidos con calidad, que exista la infraestructura y los medicamentos necesarios. El dictamen que se aprobó en la Comisión de Salud, que había sido rechazado en diferentes ocasiones por su contenido violatorio a los derechos humanos, pero que insisten en retomar, pondrá barreras en la ley para que la objeción de conciencia sea irrealizable, limitando el derecho que tienen los profesionales de la salud para ejercer la medicina en libertad. En otro punto de su proyecto, se quiere contar con un registro de objetores de conciencia para tener identificados a quienes han manifestado su derecho a no participar en procedimientos médicos que vulneren sus convicciones personales, además se busca dar a la Secretaría de Salud la autoridad para determinar la procedencia de objeción de conciencia, lo que limitará gravemente la libertad individual de los profesionales de la salud. Es por eso, que no podemos permitir que se atente contra la objeción de conciencia, ya que es un derecho individual y personal donde ninguna autoridad debería tener el poder de condicionarlo o negarlo. Este dictamen busca criminalizar y sancionar a los médicos y enfermeras que hagan valer su derecho a la objeción de conciencia, lo cual va en contra de los principios fundamentales de un Estado democrático y de derecho. El derecho a la objeción de conciencia no debería convertirse en un motivo para penalizar a los profesionales de la salud. El ejercicio de objeción de conciencia es un acto de responsabilidad y conciencia individual, es una manifestación de convicciones morales, éticas o religiosas de cada profesional de la salud, no debe estar sujeto a la aprobación de una entidad externa. Este derecho es atemporal y debe ejercerse de manera libre y autónoma, de acuerdo a las circunstancias y las restricciones de cada caso. En cambio, el presente dictamen plantea la idea de que la falta del personal médico no objetor podría justificar la restricción del ejercicio de la objeción de conciencia. Esta idea pone una carga desproporcionada en los profesionales de la salud, limitará sus derechos fundamentales, pues la disponibilidad del personal no objetor es responsabilidad del Estado y no debe utilizarse como un argumento para restringir la objeción de conciencia. En Acción Nacional votaremos en contra, porque para nosotros es crucial proteger el derecho fundamental de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud en México. Este es un derecho pilar de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos. No aprobaremos este dictamen, atenta contra la autonomía de la libertad de conciencia de los médicos y del personal de enfermería. Debemos buscar un equilibrio que garantice el acceso a la atención médica para todos y, al mismo tiempo, respete el ejercicio de objeción de conciencia. Este dictamen, no cumple con este cometido. El Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa el pasado 19 de enero, para cumplir con el exhorto que el Poder Judicial realizó al Congreso de la Unión y actualizar la Ley General de Salud, a fin de hacer válido el derecho de objeción de conciencia con los límites que marca el respeto a los derechos humanos...