La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Buenos días, diputada, diputados. Con su permiso, señor presidente. Vengo a presentar a nombre de la Comisión de Derechos Humanos el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal, a nombre de la comisión. Presentamos a consideración del pleno este dictamen que se suma a la serie de esfuerzos del Poder Legislativo para enfrentar la grave situación de riesgo que vive y que existe en el ejercicio del periodismo en México. Las y los periodistas enfrentan una gran inseguridad con motivo de su profesión. Los graves eventos de secuestro, desaparición, amenazas, asesinatos y agresiones a sus instalaciones, permanecen en gran parte en la impunidad. Las investigaciones penales permanecen estancadas y hay un déficit de sanciones a los responsables. Lo han señalado las organizaciones nacionales e internacionales: la libertad de expresión en México está en peligro. Porque en los últimos años nos hemos convertido en uno de los países del mundo con más asesinatos de periodistas. Desde tiempo atrás el periodismo independiente y veraz ha sido limitado por la acción de poderes fácticos, caciques y elites locales. Hoy son los grupos del crimen organizado y mafias compenetradas con las instituciones las que ejercen un cerco sobre los medios de comunicación, que en ocasiones han optado por la autocensura con tal de poner a salvo su vida y la subsistencia de su actividad. Las modificaciones legales que hoy presentamos han sido objeto de la atención de un sinnúmero de actores del gremio y de activistas desde hace al menos una década. El fundamento constitucional de esta reforma se encuentra en el decreto publicado el 25 de junio de 2012, por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, el cual faculta a las autoridades federales para atraer los delitos del fuero común que afecten la integridad de los periodistas y medios de comunicación. Con este proyecto el Congreso reglamenta la norma constitucional y detalla comprensivamente los casos en que la Federación puede ejercer la facultad de atracción, incluyendo la presencia de circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta y también en caso de que la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo. Se modifican los tipos penales aplicables a los ataques contra periodistas o instalaciones para los que se aumenta la pena hasta en un tercio cuando se presuma el dolo de acuerdo a los supuestos normativos y se acrecienta la pena en presencia de violencia de género, de acuerdo con el marco legal establecido. Destacamos que la propuesta atiende un problema de la distribución de competencias, ya que la regulación de estos delitos continúa en los códigos penales locales, pero el Congreso asume la facultad de reglamentar la atracción de estos casos considerados de naturaleza dolosa y que cuentan con el agravante de vulnerar el derecho de información y las libertades de expresión o imprenta. Asimismo, los tribunales federales tendrán competencia para conocer de este tipo de delitos del fuero común cuando la procuraduría los investigue y presente los elementos correspondientes. Resalta que en esta ley se obliga a la autoridad federal a dar respuesta en 48 horas a la solicitud de atracción y se otorga a la víctima un recurso de reconsideración si la autoridad investigadora niega la solicitud. Se dispone la permanencia de la Unidad Administrativa Especializada dentro del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y dicha unidad tendrá pleno acceso a datos, registros y actuaciones y las investigaciones, con lo que comienza el proceso de fortalecimiento institucional, de acuerdo a las principales recomendaciones internacionales a las que debemos dar pleno cumplimiento con una fiscalía capaz y fortalecida para un mejor desempeño de sus nuevas atribuciones. Finalmente, queremos hacer un reconocimiento al trabajo legislativo en conjunto con las organizaciones Freedom House, Artículo 19, el Comité para la Protección de los periodistas, el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, la oficina del abogado general de la UNAM y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, con el compromiso de trabajar por una implementación plena de la ley para la protección de personas defensoras y periodistas. Solicitamos al pleno considere votar a favor de esta propuesta y así cumplir con nuestro deber de proteger y defender la actividad periodística. Muchas gracias.