El diputado Adán Pérez Utrera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Constitución nos confiere la responsabilidad de determinar cuánto, en qué y cómo se van a gastar los dineros del pueblo. No obstante, el Ejecutivo federal mediante las llamadas reglas de operación desvirtúa el mandato de esta soberanía. Se dice falazmente que tales reglas de operación son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, nada más alejado de la realidad. Estas reglamentaciones son instrumentos inflexibles y evitan que los beneficiarios puedan acceder de manera pronta y sin obstáculos a los recursos que les corresponden. No cuentan con los suficientes elementos que garanticen su viabilidad y los llamados criterios de focalización, cobertura, demanda y de población objetivo son tan rígidos que no permiten resolver las diferentes problemáticas regionales. Un ejemplo, el 16 de febrero del año en curso, esta Cámara aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua a respetar en forma íntegra los montos aprobados por esta soberanía para los programas federalizados de agua potable y saneamiento que ejecutan directamente las entidades federativas. Hubo necesidad de a un punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a cumplir y respetar lo establecido en esta Cámara, porque muy hábilmente pretendía modificar los montos asignados. Parece que las reglas de operación son un mecanismo inventado por la tecnocracia para modificar el resultado del debate de razones y posiciones frente a los problemas nacionales que fija esta soberanía, y convertir recursos cuantiosos en subejercicios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público posteriormente destina sin autorización a otros rubros. Así, la burocracia asigna los recursos discrecionalmente como si fueran de su propiedad y lo que fue destinado a subsanar desigualdades de los sectores más vulnerables o para alcanzar metas de crecimiento, desarrollo, pleno empleo se quedan en una suma de buenas intenciones. Las cosas no pueden seguir así, es necesario un marco jurídico en el que se establezcan los lineamientos que eviten tales despropósitos y permitan reglas de operación destinadas a facilitar el acceso de los recursos para sus beneficiarios, con enfoques que tomen en cuenta la diversidad regional a fin de integrar el desarrollo económico social y cultural del país. Por eso el propósito de esta iniciativa es que el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, tenga la facultad de expedir leyes generales en materia de reglas de operación de los programas gubernamentales. De esta manera las disposiciones jurídicas que emanen de estos ordenamientos jurídicos serán vinculatorias para todas las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Esta propuesta no tiene ningún trasfondo ideológico ni partidario. La idea es que si la Cámara de Diputados decide el destino de los recursos en el Presupuesto de Egresos entonces sea la que determine los instrumentos que permitan acceder a dichos recursos de manera pronta, fácil y con eficiencia, y que ello se vea reflejado en el bienestar de la población. La organización Gestión Social y Cooperación, que evalúa los programas gubernamentales, a través del Índice de Calidad, en el 2009 indicó que solo el 40 por ciento de los programas sujetos a reglas de operación aprobaba las evaluaciones del diseño. Es claro que las reglas de operación, tal como so diseñadas, conceden más importancia al estricto cumplimiento de normas y procedimientos sin importar los resultados que deben beneficiar a los ciudadanos. Solicito en consecuencia, compañeras y compañeros legisladores, su voto favorable a esta propuesta. Rescatemos la dignidad y autoridad de esta Cámara y cumplamos como representantes populares, garantizando que los recursos del pueblo sean para ellos y no queden a disposición de orientaciones tecnocráticas sin vocación total. Es cuanto, compañero presidente.