La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con su permiso, diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados, una vez más el fracaso del sistema penitenciario en nuestro país es tema de discusión en esta Cámara de Diputados. Ciertamente las consecuencias y la ineficacia de este sistema son muy notorios, porque hasta ahora no se ha logrado la reducción del delito por la ausencia de una adecuada política criminal que cumpla con los principios constitucionales y los instrumentos internacionales para lograr la reinserción social del sentenciado. Con esta convicción no podemos desconocer que las cárceles y reclusorios del país son verdaderas escuelas del crimen, porque en la actualidad los procesados están mezclados con los sentenciados con diferentes niveles de peligrosidad, lo que trae consigo la contaminación criminal, el perfeccionamiento del modus operandi y la integración de nuevas organizaciones para delinquir. Estos problemas se viven a diario; no son un fenómeno exclusivo de las cárceles y reclusorios de la ciudad de México ni mucho menos de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional y estatal, por el contrario, es un problema que se comparte con el mayor número de países y en especial con los de América Latina. En todos ellos se vive la corrupción administrativa, el tráfico de armas y drogas, extorsiones a la población civil, el abuso de poder, el otorgamiento de privilegios, el cobro de pase de lista, la violencia y los motines, elementos que además contribuyen a la violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Reconocemos que lamentablemente el número de internos en México ha tenido un crecimiento importante en los últimos 10 años y que prácticamente ha rebasado cualquier medida de ampliación y/o modificación carcelaria, crecimiento que se debe a la violencia, la inseguridad, la delincuencia organizada, la falta de empleo y oportunidades, así como a la existencia de un sistema ineficiente de prevención del delito y procuración de justicia, entre otros factores. Otro aspecto importante que no puedo dejar de mencionar de la política penitenciaria, es que a prisión llegan casi siempre los más pobres, los que no tienen influencias, los que desconocen sus derechos fundamentales, aquellos que no pudieron arreglarse a tiempo con la justicia y quienes no tienen recursos para una buena defensa, o lo que es peor, aquellos que no pueden pagar la fianza para alcanzar su libertad a diferencia de quienes tienen recursos o fueron servidores públicos de alto nivel que pueden mover el engranaje del sistema de justicia penal a su favor con total impunidad. De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática tiene el presente dictamen de votar a favor de la iniciativa de adicionar un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, a efecto de incluir la facultad del Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de Administración Penitenciaria y Centros de Reclusión, con la finalidad de homologar los principios constitucionales y los compromisos contraídos en tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte en materia de reinserción social, garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales de los internos. Sin duda, se trata de una adición que dispone la existencia de un modelo legislativo nacional para la ejecución de penas y la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en la materia. Por ello, compañeras y compañeros diputados, estamos convencidos de que esta adición contribuye de manera significativa a que contemos con una ley general que establezca las bases y principios generales en materia de administración de centros penitenciarios. Por lo anterior, el sentido de nuestro voto es a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.