La diputada Verónica Velasco Rodríguez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de secuestros denunciados en todo el país llegó a 438 durante 2007, cifra que representa un aumento de 35 por ciento respecto de los 325 casos registrados en 2006. Esto en el entendido que solamente son los casos denunciados, que según las encuestas no son ni 30 por ciento de lo que realmente sucede en México. Por su parte, la Procuraduría General de la República informó que hasta mayo del presente año, tienen registrados 326 secuestros cometidos en el país, lo que equivale a 2 por día, y un aumento del 9.1 respecto al mismo periodo en el año pasado. Conscientes de esta realidad, el pasado 20 de agosto el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos ordenamientos secundarios que tiene por objeto, entre otras cosas, reinstaurar la pena de muerte en nuestro país para sancionar a, primeramente, los secuestradores que mutilen o priven de la vida a sus víctimas y segundo, a los militares, marinos, policías y ministerios públicos que participen en alguno de estos actos. En el mismo tenor el pasado 2 de diciembre del año en curso, en esta LVII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, se aprobó presentar ante el honorable Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reinstaurar la pena de muerte en nuestro país para sancionar a los secuestradores que priven de la vida a sus víctimas. Es importante señalar que estas iniciativas recogen un reclamo actual de la sociedad mexicana. Diversas encuestas ciudadanas demuestran que los mexicanos están a favor de incrementar las penas como medidas para inhibir o disuadir la comisión de delitos. Inclusive, algunas de ellas evidencian el alto índice de aprobación que la pena de muerte tiene entre muchos de la población. Como ejemplo de lo anterior tenemos las encuestas tituladas Incremento de penas a delitos graves en el 2007, elaboradas por Consultas Mitofsky, en donde el 74.8 de los mexicanos encuestados estuvieron de acuerdo en aplicar la pena de muerte para sancionar los delitos graves y consideraron que al mayor de los delitos el mayor de los castigos. Esta acción, como una de las tres medidas que con mayor urgencia debía tomar el gobierno mexicano para combatir el crimen. En este mismo sentido se encuentra la encuesta Atitude to the Death Penalty, en el 2007, elaborada por la empresa Ipsos Mori, a partir de mil encuestas realizadas en Corea del Sur, México, Estados Unidos del Norte, Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania, Italia y España, en las cuales el 60 por ciento de los mexicanos encuestados consideraron que si la pena de muerte fuera instaurada en nuestro país, el número de asesinatos se reduciría, y el 46 consideró a la pena de muerte como un castigo apropiado para ciertas conductas. Compañeros legisladores, nuestro país vive una etapa de crisis en materia de seguridad y eso, sin duda, nos lastima a todos. La población reclama, desde hace tiempo, acciones firmes y decididas para enfrentarlas y no podemos ignorar que un importante sector de ella se ha pronunciado a favor de la reimplantación de la pena de muerte en nuestro país. Sin duda, los tiempos son distintos al año 2005. Las diputadas y diputados que integramos esta Cámara, somos depositarios de la representación popular y una de nuestras obligaciones es precisamente canalizar los reclamos de los mexicanos a este Congreso que es la institución encargada de analizarlos y discutirlos. Sin duda, la propuesta que formulamos es polémica, es controvertida; pero no por ello debe ser desacreditada sin ni siquiera discutirla. No olvidemos que el debate, la discusión, el intercambio de ideas constituye precisamente la esencia de este trabajo parlamentario. El día de hoy hago uso de esta tribuna para sumarme a la postura de los coordinadores de la Junta de Coordinación Política y fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en esta Cámara de Diputados, respecto de la urgente necesidad de que el Congreso de la Unión convoque a la celebración de foros de debate sobre la aplicación de pena de muerte en nuestro país. A estos foros se deberá de convocar a especialistas y a todos los sectores interesados en el tema. A la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Nacional de Ciencias Penales, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como a reconocidos juristas expertos en la materia, investigadores independientes, organizaciones civiles, quienes se podrán dirigir a la nación y exponerle las posiciones a favor y en contra de la pena de muerte. Sin duda alguna, el Congreso de la Unión es el espacio idóneo para llevar a cabo el análisis y discusión de éste tan controvertido tema, ya que en él se encuentran representados los diversos sectores que integran la sociedad mexicana. Un claro ejemplo de los beneficios que se pueden obtener de estos foros son los debates que el Senado de la República organizó en torno a la reforma energética. En ellos se escucharon diversos puntos de vista respecto del tema energético, lo que sirvió para acercar posiciones que de inicio parecían irreconciliables y para que la población y los propios legisladores fijaran una postura informada respecto del tema. En resumen, consideramos que el debate que proponemos contribuirá de manera definitiva a dar claridad sobre la conveniencia de la aplicación o no de la pena de muerte y con ello contribuirá a las transformaciones que en materia de seguridad demanda el pueblo de México. Compañeras y compañeros diputados, la construcción del México moderno que todos queremos demanda la participación directa de la sociedad. No basta que las decisiones se tomen dentro del viejo concepto de la democracia representativa. Los mexicanos deben opinar y participar en la adopción de las decisiones trascendentales de nuestro país. Abramos entonces el tema al debate, conozcamos los diversos puntos de vista, discutámoslos y con respeto fijemos una postura informada respecto de este polémico tema. Sin duda, los legisladores tenemos derecho a disentir, pero no podemos negarnos a debatir. Les agradezco mucho su atención. La Presidenta, diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Sí, diputado Cuauhtémoc Sandoval. Sonido a la curul del diputado Sandoval, por favor