La diputada Alma Laura Ruiz López: Distinguidas y distinguidos legisladores, el día de hoy comparezco ante esta tribuna para presentar iniciativa de reforma del artículo 50 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en beneficio de los pueblos indígenas y campesinos. Nos encontramos hoy para analizar una iniciativa de reforma que responde a una problemática urgente en nuestro país, la regulación de la fundación de nuevos centros urbanos bajo principios de legalidad, sustentabilidad y respeto a los derechos humanos. La propuesta de reforma del artículo 50 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, busca cerrar vacíos normativos y establecer mecanismos vinculantes que armonicen el desarrollo urbano con la protección del medioambiente y de salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 2o. y 27, establece el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la posesión y aprovechamiento de sus tierras, así como la obligación del Estado de garantizar el acceso equitativo al uso y conservación de los recursos naturales. Recordemos que hicimos una reforma al artículo 2o. de la Constitución Mexicana que reconoce las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho garantizando su derecho a una consulta libre, previa, informada en cualquier decisión que afecte sus territorios y sus recursos. En el pasado han ocurrido casos como el de San Salvador Atenco, donde se intentó llevar a cabo el fallido proyecto de presupuesto, donde se hicieron graves violaciones a los derechos humanos, hubo huelgas y se sabe que los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto utilizaron todo el poder del Estado en contra de los ejidatarios. Este es uno de muchos casos similares en todo México, que resalta la importancia de esta reforma. La falta de regulación ha permitido que muchos proyectos se realicen sin evaluaciones adecuadas generando daños irreversibles en el tejido social y ambiental del país. La iniciativa de reforma del artículo 50 propone incorporar un marco normativo más robusto que garantice un desarrollo urbano planificado con base en los siguientes ejes fundamentales: 1. Criterios estrictos de evaluación y autorización. Se establece la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, social y territorial avalados por la Secretaría de Medio Ambiente y la de Recursos Naturales, Semarnat y organismos internacionales. Se incorpora el principio de capacidad de carga sectorial que implica evaluar viabilidad de nuevos asentamientos en términos de infraestructura, recursos naturales y servicios básicos. 2. Consulta previa, libre e informada. Se hace obligatorio la consulta a comunidades indígenas y campesinas. Se establece que la consulta deberá realizarse en criterios de transparencia, inclusión y vinculación, de manera que su resultado tenga efectos jurídicos en la toma de decisiones. 3. Protección a áreas naturales y territorios indígenas. Se prohíbe la fundación de centros de población en áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento ecológico. Se impide la fragmentación territorial de comunidades indígenas y campesinas mediante la imposición de restricciones de uso de suelo y la protección de corredores bioculturales. 4. Sanciones y responsabilidades. Se establece la revocación inmediata de autorizaciones en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos. Se aplicarán multas equivalentes al 5 % del valor del proyecto para responsables de asentamientos irregulares. Se contempla la responsabilidad penal para quienes afecten de manera intencional a comunidades indígenas y ecosistemas protegidos. 5. Mecanismo de transparencia y seguimiento. Se obliga a las autoridades publicar información detallada sobre los proyectos en un portal electrónico, de acceso público. Se implementa un esquema de auditorías periódicas, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, cuyos resultados serán entregados al Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Concluyo, esta reforma no solo busca fortalecer el marco jurídico en materia de asentamientos humanos, sino que representa un paso crucial hacia un modelo de desarrollo urbano, basado en justicia social, la equidad territorial y la sustentabilidad ambiental. La planeación adecuada de crecimiento urbano es un factor determinante para la reducción de conflictos agrarios. La protección de los ecosistemas a la consolidación de un país más equitativo y resiliente. En este contexto, tenemos la responsabilidad de aprobar regulaciones que no solo promuevan el desarrollo económico, sino que también garanticen el respeto de los derechos humanos, de los recursos naturales para las futuras generaciones. Por ello, hago un llamado a todas y todos ustedes a respaldar esta reforma y asumir un compromiso firme con el desarrollo ordenado, sostenible y justo en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias.