La diputada Ruth Salinas Reyes: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, uno de los sectores que más aporta a la sociedad es el llamado tercer sector, el cual lo conforman aquellas organizaciones de la sociedad civil que realizan un trabajo por satisfacer diversas necesidades que nos afectan a todas y todos los mexicanos. De tal suerte, la sociedad civil se ha venido organizando desde hace años y es ahora protagonista en los temas centrales del país: derechos humanos, preservación del medio ambiente, educación, asistencia social, salud, entre otros, realizando actividades que, por su propia naturaleza, el gobierno o el mercado no pueden atender o dejaron de hacerlo, como ha sido el caso en este gobierno. Además de la labor tan importante en materia social que realizan estas organizaciones, de acuerdo al Inegi, el PIB ampliado en las organizaciones del tercer sector, respecto a la valoración económica del trabajo de sus voluntarios, alcanzó un monto de 312 mil 924 millones, durante 2018. Cifra que representó el 1.4 por ciento del PIB del país en ese año. Como podemos ver, el aporte tanto social como económico de estas organizaciones que conforman el tercer sector es muy significativo para nuestro país. Por ello, como representantes ciudadanos, debe ser nuestro deber promover la participación activa de todos aquellos que buscan mejorar la calidad de vida en México. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los temas que más ha ocupado a las autoridades, referente a los recursos con los que las organizaciones sociales realizan estas actividades, es tan fundamental y tan importante. En este sentido, dentro del universo de organizaciones de la sociedad civil encontramos las llamadas donatarias autorizadas, las cuales, de acuerdo a su labor tienen posibilidad de recibir recursos privados, los cuales pueden ser deducibles. Sin embargo, vemos con preocupación el trato que se les da a estas organizaciones en el dictamen que hoy nos ocupa. En la exposición de motivos de la iniciativa de Miscelánea Fiscal, se explica que del Reporte de Donatarias Autorizadas 2019, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, se advierte que la mayor parte de los ingresos que las donatarias autorizadas obtienen no están relacionadas con el objeto por el cual obtuvieron su autorización. Esta afirmación parte de una premisa errónea, el cálculo de los ingresos no relacionados con el objeto social se basa en formato del SAT, por lo que las donatarias informan sobre sus ingresos, el cual favorece la arbitrariedad y la discrecionalidad, ya que únicamente los donatarios pueden reportar los ingresos como donativo y otros ingresos. No tiene otra opción. De tal suerte, las mismas donatarias no pueden especificar el tipo de ingresos que obtienen y se deja a la interpretación del SAT. Esta, si considera o no como parte del objeto social de las organizaciones. Es por lo anterior que en Movimiento Ciudadano proponemos no incluir el párrafo octavo del artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que las donatarias no cuentan con los mecanismos que les permitan transparentar de tal forma los recursos que obtienen no provenientes de los donativos. Y ahí está nuestra labor, ahí está nuestro trabajo, mejorar la forma y ejercicio de su rendición de cuentas. No es porque no lo quieran declarar, es simple y sencillamente porque no está la opción. Estamos convencidos de que el SAT, antes de establecer la sanción que se propone, debe primeo establecer los mecanismos que permitan que las organizaciones puedan reportar sus ingresos y que estos no queden a la interpretación de la autoridad, recordando, en palabras de Jorge Villalobos, director del Centro Mexicano para la Filantropía, que estos recursos son recursos privados adicionales a los impuestos para el bien público y debemos de favorecer su actuar antes de castigarlos y eliminarlos, porque lo que no hemos hecho como legisladores no esperemos que alguien más lo venga a arreglar. Es cuanto, señora presidenta.