El diputado Miguel Agustín Alonso Raya: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea: Para el Partido de la Revolución Democrática, la aprobación del proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, debiera constituir una aprobación de esta LIX Legislatura al marco jurídico laboral. Convertir al que hasta hoy es fideicomiso del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores en un organismo descentralizado, debiera reconocerse como un avance ahora que la figura jurídica de fideicomiso es el modus operandi de un gobierno federal de poderes autónomos como el Poder Judicial de la Federación y hasta la familia política del Presidente, para evadir la fiscalización del uso de los recursos públicos. Institucionalizar al FONACOT para que cumpla con transparencia y eficacia la población establecida en el artículo 103 bis de la Ley Federal del Trabajo, de conceder y garantizar créditos baratos y oportunos para la adquisición de bienes y pagos de servicios por parte de los trabajadores, debiera recibir la aprobación unánime de esta soberanía, es especial cuando las administraciones de fondos ha operado sin rendir cuentas a nadie con una normatividad autoimpuesta, con un manejo patrimonial de recursos que debiera beneficiar a los trabajadores y no como un auténtico botín que llevó a que FONACOT acumulara un adeudo con el Banco de México de más de 1,157 millones de pesos. En suma, nadie podría rechazar la iniciativa que dotaría de institucionalidad, certidumbre, estabilidad y transparencia para el financiamiento al consumo de los trabajadores. Sin embargo, el dictamen que hoy está a debate ante esta honorable asamblea no es congruente con estos objetivos. En primer lugar, el propio dictamen contiene preceptos que deben ser modificados para que el Instituto pueda eficazmente, conforme a su objeto y para no entrar en contradicción con otros instrumentos normativos. El artículo 2 establece como objeto del Instituto promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos para la adquisición de bienes y pagos de servicios. Sin embargo, el proyecto de decreto no especifica qué operaciones serán efectuadas para cumplir este objetivo, a pesar de que la promoción del ahorro es un propósito que viene plasmado desde el decreto que creó Fonacot el 5 de febrero del ´74. No existen políticas específicas destinadas al ahorro sino más bien al consumo y al crédito de los trabajadores. ¡Mientras que no exista una propuesta concreta establecida en la ley para malversar este objeto no debiera figurar en el cuerpo normativo! 2. Los derechos y obligaciones de los trabajadores acreditados al nuevo organismo descentralizado no se especifican, en consecuencia estos derechos y obligaciones serán fijados por el Instituto en contratos que se manejarán unilateralmente sin criterios específicos en la ley. En caso de que el Instituto requiera, por ejemplo, cobrar a un trabajador que haya perdido su empleo no hay un recurso ni se considera en la estructura del Instituto una instancia de atención a las quejas o inconformidades de los acreditados. El dictamen objeto de esta discusión reduce a Fonacot a un organismo bancario y no como debiera ser una instancia de política social. 3. Por eso mismo al querer integrar el sector financiero al Instituto de Fonacot se cae en incongruencias, la más grave la integración de comités de apoyo que no están sujetos al principio de tripartismo. Las funciones de los comités son de trascendencia y debieran ser objeto de la intervención de los sectores patronal y de trabajadores. Funciones como el control y la vigilancia estarían depositadas en comités de expertos y no en representantes de los sectores. Debe recordarse que el objeto del fondo es la protección del consumo de los trabajadores y no la obtención de rentabilidad de cualquier institución financiera o bancaria. 4. Por otra parte, el proyecto de decreto no contiene medidas de información pública, transparencia y rendición de cuentas. Tampoco se prevén mecanismos para que se presente al Congreso de la Unión un informe anual sobre la situación financiera y los riesgos del Fonacot como se obliga al Imss o al Infonavit. En quinto lugar, en un régimen interno debe señalarse que los trabajadores del fideicomiso deben conservar además de la remuneración y prestaciones de que gozan, los derechos adquiridos por el desempeño laboral y las condiciones de trabajo fijadas mediante la contratación colectiva. Esto no se encuentra establecido de manera clara y precisa en el proyecto de decreto. Finalmente, la iniciativa contiene errores y ambigüedades en su formulación que contradicen los principios de claridad y presión que recomienda la técnica legislativa. Por estas razones, pese a que debiera ser positivo darle la forma de organismo público descentralizado al fideicomiso que ha operado a lo largo de 30 años, el Fonacot, y que en teoría debiera garantizar transparencia y certidumbre, el dictamen con proyecto de decreto no lo alcanza e incluso desnaturaliza a un organismo que debiera tener un interés social pues su objeto está relacionado con la necesidad de la clase trabajadora, con la protección del salario y que el estado debiera garantizar. Por estas razones, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática emitirá un voto en sentido negativo respecto al dictamen que hoy se discute. Por su atención muchas gracias.