El diputado Marco Antonio González Valdez: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados. En los últimos años México ha asumido el reto de acordar y aprobar diferentes reformas jurídicas que han permitido a la sociedad avanzar en su proceso de crecimiento económico y satisfacción en necesidades básicas. De esta manera se presentaron iniciativas y se avanzó en temas como la reforma del Estado, la reforma energética, en el 2008, la reforma fiscal en el 2009, la reforma política en el 2010, principalmente Actualmente se está trabajando para sacar adelante la reforma laboral en el 2012 y están pendientes otras reformas importantes como la energética y la fiscal. En el 2010 esta soberanía aprobó un punto de acuerdo sobre la reforma rural estructural, planteada por el grupo parlamentario del PRI y el pleno de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que a la letra consideraba: A pesar de haber diseñado y establecido una gran variedad de leyes, políticas y programas para diversos aspectos del campo, su situación no mejora. Su participación en el crecimiento económico de la nación no es lo que podría ser; su interacción virtuosa con el medio ambiente no es la más adecuada y lo más preocupante de todo, su pobreza endémica y aguda en vez de disminuir, ha seguido aumentando. A dos años y medio de aquella propuesta la situación en el campo ha empeorado; la pobreza sigue en aumento, la dependencia de productos básicos con el exterior se ha incrementado; mantenemos un déficit crónico en nuestra balanza agroalimentaria; los empleos e ingresos han diminuido, lo que ha orillado a la migración del campo. Finalmente el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, conocido como el PEC, no ha sido bien interpretado ni bien aplicado en sus años de ejecución del 2003 a la fecha, como lo señalan los estudios de la FAO y la misma OCDE, pues no hay concurrencia de programas sino es una simple lista de programas que cada secretaría realiza, independientemente de otras secretarías de Estado involucradas. El Senado de la República durante la LX y la LXI Legislaturas abordó también el tema de una reforma integral del campo, realizó diversas reuniones y foros, sin embargo quedó inconclusa. En la pasada legislatura esta Cámara hizo suyo el punto de acuerdo y solicitó a las siete comisiones rurales que son: la de Agricultura y Ganadería, la de Desarrollo Rural, la de Recursos Hidráulicos, la de Pesca, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Reforma Agraria, la de Asuntos Indígenas, así como el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, a trabajar en conjunto para generar la reforma rural estructural basada en cinco ejes fundamentales. Primer eje: armonización del marco legal rural. Los avances a la fecha es que hay evidencia de lagunas, duplicidades y contradicciones entre las leyes secundarias y con la propia Constitución. Se plantea la elaboración de un código de desarrollo rural sustentable, la unificación de obligaciones y cargas y de manera general del marco jurídico a que se encuentran sometidos los productores y el Ejecutivo, es una alternativa que facilitaría y estimularía las actividades económicas del campo. En el eje dos, en lo que concierne a la reingeniería institucional pública, los resultados a la fecha señalan que existen deficiencias e inconsistencias importantes en el marco funcional y programático de la administración pública federal. Existe una visión sectorial más no integral. En el apartado del eje tres, sobre la planeación participativa rural, si bien hay una Ley General de Planeación, ésta no tiene reglamento y cada administración realiza su muy particular interpretación. No hay una ley de planeación agropecuaria y no hay mecanismos formales de participación de la base de la sociedad rural en la elaboración de los programas y presupuestos. En el eje cuatro, el de la política de Estado de corto, mediano y largos plazos, se puede señalar que a la fecha no existen programas de este tipo y que falta un enfoque territorial transversal y concurrente. En el último eje sobre el presupuesto integral multianual, se revisan aspectos sobre el marco legal vigente que señala que existen diversos mecanismos, mandatos que fortalecen la multianualidad y que sí es factible ajustar reformando la fracción IV de la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el decreto de presupuesto de egresos de la federación para que se considere la multianualidad. Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo: incorporar en la agenda legislativa de esta Cámara la reforma rural estructural. Que las siete comisiones ya mencionadas, junto con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, continúen con los trabajos de la reforma rural estructural y que los incorporen en sus programas de trabajo en esta Legislatura. Que las comisiones del sector rural reporten en sus informes los resultados de las actividades realizadas en el marco de esta reforma y que en la reforma rural estructural participen también aquellas comisiones legislativas con competencias en aspectos sociales, económicos, ambientales y de seguridad relacionadas con el sector rural, como son entre otras la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de Salud, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, las comisiones de Economía, Energía, Ciencia y Tecnología y sobre todo Seguridad Pública. Muchas gracias, diputadas y diputados.