EL C. DIPUTADO RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA: Compañeras y compañeros, en esta sesión habrá de consumarse uno de los despropósitos que la política neoliberal ha producido en nuestro país, con la extinción de Ferrocarriles Nacionales de México y la abrogación de su ley orgánica, se formalizará el abandono al que el gobierno federal sometió a esta empresa estatal, a despecho de lo mandado por el Artículo 25 Constitucional, que considera a los ferrocarriles como una área prioritaria para el desarrollo nacional. Como ustedes saben, el procedimiento legislativo establece que la Cámara de Diputados, funciona como Cámara revisora de los decretos aprobados por el Senado de la república, esta mecánica nos da la oportunidad, en el caso que nos ocupa, de atender aspectos que los senadores no advirtieron y así perfeccionar la norma puesta a consideración. Hemos de reconocer que la colegisladora modificó de manera sustantiva el proyecto de decreto que presentó el Ejecutivo en muy diversos temas, como el derecho a la vivienda, la garantía al pago de la pensión vitalicia a los trabajadores jubilados. El Artículo 2 del propio decreto obliga al liquidador a informar semestralmente al Congreso de la Unión del estado que guarde el proceso de liquidación y otros que son materia de esta discusión. Queremos decir que es conocido que el Partido de la Revolución Democrático, es crítico de las privatizaciones de los sexenios pasados. Criticamos la política irresponsable, que consiste en descapitalizar a las empresas públicas, para presentarlas como ineficientes y luego malbaratarlas al mejor postor, y la denunciamos como un atentado al patrimonio nacional. En el caso que nos ocupa Ferrocarriles Nacionales de México no opera en estos momentos un sólo tren, y reconocemos también que este servicio es prestado ya por empresas privadas concesionarias. Tal situación hace necesaria la extinción de la paraestatal, para que no se sigan invadiendo sus bienes, inmuebles y terrenos, ni malvendiendo fraudulentamente sus equipos, que son patrimonio de todos los mexicanos. Al mismo tiempo que consideramos necesario aprobar el decreto de extinción de la paraestatal, queremos imprescindible modificar el texto presentado, pues la colegisladora dejó algunos problemas pendientes, que es preciso atender con la facultad que tenemos como Cámara revisora. Y al respecto queremos decir que el decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, no beneficia por igual a todos los extrabajadores respecto al otorgamiento de vivienda, y no incluye prevenciones para una posible invasión de los bienes de la empresa. Proponemos, en lo particular, que se incorpore a la figura de otorgamiento de la propiedad de las viviendas que ocupan, a los liquidados durante el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales. Proponemos que exista un mínimo de cinco años como requisito para acreditar la propiedad y obtener el titulo de propiedad. Queremos insistir en que es necesario el decreto de solución definitiva al problema de los ferrocarrileros jubilados antes de 1982, que no gozan de las pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada del Seguro Social, y que el Congreso ha tenido que resolver, esta Cámara de Diputados parcial mente, en ejercicios anteriores, mediante medidas especiales en el presupuesto de egresos de la federación. Queremos insistir también en que el proyecto de decreto, incorpore una precisión sobre quién puede ser nombrado liquidador de la paraestatal, de manera que la liquidación y el inventario que el liquidador debe recibir no sea elaborado por los propios administradores actuales o anteriores de Ferrocarriles Nacionales de México, para que quede transparencia de la utilización y destino de los bienes de esa empresa en extinción que son propiedad de la Nación y que están siendo puestos a la venta, puestos a la venta para el capital privado. Tenemos que decir, compañeras y compañeros para terminar, que el artículo 72 de la Constitución da atribuciones a la Cámara Revisora para modificar o adicionar los proyectos de ley o decreto remitidos por la colegisladora. Introduzcamos al proyecto de decreto las modificaciones que reconozcan el derecho a la vivienda de los trabajadores de la paraestatal que fueron liquidados, que garanticen las pensiones de los que fueron jubilados antes de 1982 y demos transparencia al proceso de liquidación. Así estaremos siendo sensibles a los reclamos de los trabajadores y estaremos respondiendo al interés de la Nación cuando obliguemos a que la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México arroje cuentas claras a todos los mexicanos. Muchas gracias. (aplausos) EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias al diputado Rafael Hernández Estrada. Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se le concede la palabra al diputado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, hasta por cinco minutos. EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO, (desde su curul). Señor Presidente. EL C. PRESIDENTE. Denle sonido a la curul del diputado. ¿Dígame, diputado Torres? EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO, (desde su curul). Pedirle, señor Presidente, para rectificación de hechos, registre la participación de un servidor al final de la lista de oradores. EL C. PRESIDENTE. Así será. Adelante, diputado. LA C. DIP. Petra Santos Ortiz, (desde su curul). Señor Presidente, para participar en la rectificación de hechos, pido la palabra. EL C. PRESIDENTE. Muy bien, diputada Santos; al término de después de su compañero, se le concederá a usted la palabra de conformidad con el artículo correspondiente. EL C. DIPUTADO ALEJANDRO ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Como es sabido, con fecha 9 de enero de 1995 el Ejecutivo Federal promovió la iniciativa de reformas al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional en materia de ferrocarriles y comunicaciones vía satélite. Dicha iniciativa fue aprobada en su momento por el Constituyente Permanente, es decir por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados. Asimismo, dicha reforma constitucional motivó a proceder a la elaboración de un marco normativo que rigiera el servicio ferroviario, dando origen a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Dichas propuestas de reforma constitucional y legal, respondieron en su momento a la necesidad de una reforma estructural en el Sector Comunicaciones y Transportes, la cual a su vez respondió a una estrategia que partía del reconocimiento de que la inversión en infraestructura básica, su fortalecimiento y ampliación son elementos determinantes en la velocidad del cambio estructural que se debe seguir promoviendo en todos los órdenes de la actividad económica y social. Se reconoció que la calidad de la infraestructura en este rubro, era un indicador crítico para medir la vitalidad de una nación; que mejorar el transporte y mejorar las comunicaciones eran elementos básicos de una economía productiva, ya que la ausencia o la deficiencia de ello significaba más obstáculos para el crecimiento y la competitividad. En 1995, cuando se promueve y aprueba la reforma para abrir la participación privada en materia de ferrocarriles, se hizo notar que la misma se hacía no por la poca importancia que la materia tenía, sino para que recuperara y contribuyera de la mejor manera posible al desarrollo. En este contexto, se afirmó la importancia del ferrocarril como el transporte más eficiente para cargas masivas y en distancias largas, seguro y no contaminante. Un eslabón fundamental en la cadena del transporte multimodal, un detonante del desarrollo regional y el desarrollo social. No obstante ello, el diagnóstico y la situación que enfrentaba entonces el transporte ferroviario en México, era el de una baja competitividad y una baja productividad. Por diversas razones estábamos perdiendo el ferrocarril en nuestro país: por falta de suficientes recursos para dar los mantenimientos mínimos necesarios, la ampliación de infraestructura y modernización re querida, la corrupción, dispendios, lo que originó que en los últimos años previos a su privatización, gozara de subsidios presupuestales del orden en promedio, de 4 mil millones de pesos anuales sólo para gastos de operación; lo cual provocó una reducción importante en la demanda y consecuentemente en los ingresos de la actividad, lo que se tradujo en el deterioro de la situación financiera del organismo. Así, con las reformas de 1995, se inició un proceso de privatización del sector ferroviario. Actualmente se han concluido las licitaciones de las tres vías troncales de diversas rutas cortas incluyendo la creación de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en base a la recomendación del Congreso de la Unión, al considerar que dicha zona era estratégica en muchos sentidos. Así podemos decir que el tráfico ferroviario se encuentra operado en su totalidad mediante el sistema de concesiones. Podemos afirmar que el organismo público descentralizado conocido como Ferrocarriles Nacionales de México, en la actualidad ha dejado de cumplir con el objetivo para el cual fue creado, consistente en la administración y operación de los Ferrocariles Mexicanos. Por lo tanto, el dictamen que contiene el proyecto de decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, representa un acto de congruencia en virtud de que no es sino la formalización jurídica de un hecho consumado en la práctica. Plantea la formalización de una situación de hecho y efectivamente, el organismo en cuestión ha dejado de dar cumplimiento a sus objetivos. Por tanto, y partiendo de que el gobierno al ser un instrumento al servicio de la sociedad y en tal virtud de que dicho organismo ya ha cumplido sus fines, los legisladores comprometidos con el orden jurídico, se encuentran atentos a reconocer que la ley y el acto, se transforman uno al otro. Para concluir y con permiso de la presidencia, así mismo, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, damos nuestro voto a favor porque el dictamen de referencia quedan claramente garantizados los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México. Por ello, resulta importante que en el dictamen del decreto que se propone, se menciona la constitución del Fondo de Jubilados, que garantiza el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México y con ello se crea certeza respecto al futuro de sus derechos laborales para los 56 mil 372 jubilados y pensionados, de acuerdo al convenio modificatorio del contrato de fideicomiso, el cual cuenta con una aportación inicial de 13 mil 529.75 millones de pesos en el Fondo de Pensiones, creado para tal fin en Nacional Financiera. Por lo tanto, como lo manifiesta el dictamen, en la actualidad Ferrocarriles Nacionales de México, ha dejado de administrar y operar las vías generales de comunicación ferroviaria y prestar el servicio público de transporte ferroviario. Por lo que resulta conveniente como lo sugiere el dictamen, que se someta a nuestra consideración el abrogar la Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México. Por el bien de los usuarios, por el bien de nuestro país, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, está a favor del dictamen. Muchas gracias. PRESIDENTE: Gracias diputado don Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Están pendientes en la lista de oradores, para fijar posición por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Javier García González e inmediatamente después, con fundamento en el artículo 102, el diputado Tomás Torres Mercado y la Diputada Petra Santos Ortíz. Se le concede el uso de la palabra para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al Diputado Javier García González, hasta por 5 minutos.