EL DIP. AULDARICO HERNANDEZ GERONIMO: Muchísimas gracias, ciudadano Presidente. Los que suscriben, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de su discusión y aprobación, someto a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, el que en términos en lo dispuesto por el artículo 58 del mismo ordenamiento legal, planteo. El artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es terminante: " La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación". La figura jurídica es clara: como el pueblo no puede ejercer de manera directa e inmediata el Poder Legislativo, ese poder es ejercido por mandato en el ámbito de su competencia, por los diputados. De esta manera, en el procedimiento de iniciativa y formación de las leyes, los ciudadanos participan en las decisiones estatales por medio de sus representantes ante el Congreso de la Unión, que son los diputados. Una consecuencia es que la legitimación de este órgano legislativo estará determinada en función y en la medida de que los legisladores reflejen en su actividad parlamentaria voluntad del cuerpo de electores. Otra: que la inviolabilidad de los diputados por sus opiniones, el fuero constitucional y la inviolabilidad del recinto que se consagran en el artículo 61 de la Constitución, tienen como razón legal y única justificación: dotar a los diputados de la suficiente libertad e independencia para representar los intereses de la nación, no para convertir al recinto parlamentario en exclusivo club de privilegiados con derecho de admisión. El dogmatismo y la cerrazón de algunos de los compañeros legisladores ante la marcha zapatista hace necesario recordar la extensión y justificación de estas características que dan fisonomía a nuestro sistema representativo. Nadie duda que el fortalecimiento del Poder Legislativo es condición primera para consolidar la transición democrática del país, como tampoco nadie podrá cuestionar que el reivindicar las facultades del Congreso de la Unión para que asuma el peso que le corresponde en la balanza entre los poderes del Estado, implica arrogar a las Cámaras la capacidad de convertirse en foros abiertos de los grandes temas nacionales y que los convierta en una verdadera representación nacional. El sentido de los millones de muestras de simpatía recibidos por la carabana zapatista demuestra que en este orden, es hoy el mandato de los mexicanos a sus representantes ante el Congreso. El conflicto armado que se inició el primero de enero de 1994 en Chiapas, ha producido en la sociedad mexicana el sentimiento de que es necesaria una nueva relación del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas del país. Siete años ya de conflicto han llevado también a la convicción a todos los sectores de la población, de que el diálogo y la conciliación son las únicas vías válidas para la solución pacífica del conflicto, y que en un marco de concordia y pacificación con justicia y dignidad, sólo una reforma constitucional constituye la vía idónea para alcanzar los cambios profundos que los pueblos indígenas demandan, ya que sólo por este medio dejarán de ser objeto de asistencia, para convertirse por fin en sujetos de derecho. Así planteada la cuestión, el reto político actual consiste en profundizar la democracia sobre la base del reconocimiento de la integración social y cultural de todos los mexicanos a la vida nacional; sobre la base de impulsar cambios jurídicos y legislativos que amplíen la participación representativa, políticas locales y nacional, particularmente de los pueblos indígenas para fortalecer un nuevo federalismo de la República Mexicana. Implicaría por ello, imperdonable error histórico que ahora que una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en una actitud inédita, privilegiando el diálogo, ha dejado las armas en busca de las instituciones para encauzar sus demandas mediante el mandato de las leyes, los diputados, que somos los representantes de la nación en el procedimiento de iniciativa y formación de leyes, arbitrariamente y atendiendo argumentos legaloides burocráticos, nos cerremos a escucharlos directamente. La nación vive una situación de excepción, se trata de dar solución a un conflicto armado que amenaza la paz y la estabilidad de todos los mexicanos. La respuesta de las instituciones y en particular de este 6rgano legislativo, también tiene que ser de excepción1 abramos, compañeras y compañeros sin cortapisas, la tribuna de esta soberanía que es la tribuna de la nación a las partes en conflicto, toda vez que con ello contribuiremos al avance del diálogo. La atención de la delegación del Ejército Zapatista para que uno de sus representantes hable ante el Congreso de la Unión, lejos de condicionar o constituirlo atentado al órgano legislativo conlleva sujeción y reconocimiento del grupo armado a esta soberanía y al poder institucional, La presencia de un representante de la delegación del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional para hacer oír la voz de los pueblos indígenas insurrectos en su seno, fortalecería el papel del Legislativo en la vida nacional; la voz de los indígenas desde la tribuna de esta soberanía seria un claro mensaje a la nación de que aquí son escuchadas las voces de todos los ciudadanos, y esto indudablemente que daría mayor legitimidad al sistema institucional democrático. Pero además, el sui generis status jurídico que le concedió el mismo Estado Mexicano da derecho y legitimación como una de las partes beligerantes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional para intervenir en el debate en relación a la iniciativa de reformas constitucionales sobre derechos ind7genas; recordemos que con la firma de los Acuerdos de San Andrés y la Promulgación de la Ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, el propio Estado Mexicano reconoció al Ejército Zapatista el status de interlocutor válido en la solución del conflicto; le brindó la posibilidad de participar en el ejercicio de la política dentro de los cauces específicos que ofrece el estado de derecho, Y como consecuencia le reconoció legitimación para expresar opinión ante las instancias de debate y decisión nacional y las instancias del estado de Chiapas en los procesos de formación de leyes que amplíen la participación y representaci6n política local y nacional de los pueblos indígenas. Sería muy lamentable que frente a la actitud del Ejercito Zapatista, demostraron una absoluta voluntad a la negociación, los diputados nos perdiéramos en discusiones frívolas y superficiales o interpretaciones seudolegaloides para santificar y dar patente de exclusividad a un recinto, aun a costa de convertirnos en obstáculo para el diálogo y poner en riesgo la paz y estabilidad de la nación entera. Sería atroz para la consolidación de la transición democrática, que por una actitud tímida y cerrada, el Poder Legislativo disminuyera su prestigio y credibilidad ante la opinión pública al presentársele como un obstáculo en la solución del conflicto armado en Chiapas. Se dijo, que la determinación del Congreso, de hacer valer su poderío respecto al conflicto en Chiapas ha generado un nuevo escenario en el que Marcos y el Presidente de la República, estamos unidos y somos aliados y así deberán seguir para lograr la aprobación de la Ley Sobre Derechos y Cultura Indígenas antes del 30 de abril. Afirmó, con desparpajo el Presidente Vicente Fox, en clara alusión despectiva contra la actitud de los legisladores, según publicación del diario Uno más Uno, del 17 de marzo pasado. Compañeras y compañeros legisladores: Respecto al conflicto armado en Chiapas, es tiempo ya de hacer a un lado frivolidades y superficialidades perversas, es tiempo de ir al fondo de la cuestión y el fondo de la cuestión exige que esta Cámara de Diputados asuma la oportunidad histórica de convertirse en el foro central de la construcción de la legitimidad del nuevo régimen en el órgano capaz para la toma de decisiones en relación con los grandes temas nacionales y en el espacio privilegiado para sentar las bases de un nuevo pacto político mediante la edificación de nuevas instituciones y prácticas democráticas. Es por ello, que para efectos de discusión y aprobación someto a la consideración del Pleno el siguiente Punto de Acuerdo, el que en términos de lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, planteo el siguiente PUNTO DE ACUERDO 1o. En relación al problema de Chiapas, el asunto fundamental que debe resolverse por el Congreso, es la aprobación de la Ley Indígena de la Iniciativa de la COCOPA. 2o. Si para lograrse este objetivo ayuda a escuchar a los actores del conflicto, debe abrirse la tribuna del Congreso a un representante del Ejecutivo Federal y a un representante ind7gena del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de marzo del año 2001. Muchísimas gracias, compañeros.