La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva: Diputadas y diputados, pueblo de México. La iniciativa que hoy someto a su consideración tiene por objeto garantizarle a la ciudadanía mexicana que las servidoras y los servidores públicos mantendrán un estricto apego en su quehacer con los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, libres de todo conflicto de interés. El combate a la corrupción es tarea primordial para fortalecer la democracia. Vivimos momentos de trascendencia en nuestro país, estamos en los tiempos en donde servir debe dignificarse. Es nuestra obligación reivindicar la actividad pública, con transparencia, rendición de cuentas y gobiernos abiertos. La sociedad al no ser un ente abstracto está compuesta por ciudadanos y ciudadanas que se organizan a través de distintos grupos de interés. Cada uno posee tendencias privadas que defiende y procura. De tal modo, las personas servidoras públicas forman parte de la totalidad de la sociedad y, por lo tanto, es comprensible que cuenten con inclinaciones personales. No obstante, existen escenarios en donde el funcionario público ha entrado en un conflicto de interés, es decir, cuando los intereses privados de quien ejerce el cargo interfieren con el interés general en el marco de su trabajo y de sus responsabilidades. Y aunque la problemática vinculada a la corrupción ha sido abordada por gobiernos actuales, desde dimensiones pedagógicas, éticas y sociales, las recomendaciones nacionales e internacionales apuestan por atender dicha situación a través de medidas preventivas. A nivel internacional es posible encontrar acuerdos en los que México está inscrito, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, todas estas convenciones han incidido en acuerdos sobre cómo afrontar y mitigar la corrupción. En ese sentido, habrá que mencionar que adicionar la tipología sobre conflictos de interés, que propone la OCDE, a una ley general mexicana, no significa ir en detrimento de la soberanía nacional, sino que responde al diálogo y fortalecimiento de cooperación internacional que México tiene ante otros 30 países. No hay que olvidar que precisamente uno de los objetivos de la organización es la de generar gobernanza en el marco de la globalización a partir de las experiencias compartidas que permiten aplicar instrumentos reconocidos a nivel internacional y mejorar las políticas internas de cada país. La sociedad mexicana ha sido testigo de numerosos casos de conflictos que han permeado a los gobiernos pasados, cimbrado a las instituciones y la gobernanza de México. No podremos olvidar el caso de la casa blanca de Enrique Peña Nieto, los contratos millonarios a los que accedieron los hermanos Sahagún durante el gobierno foxista o el desafortunado asunto de la guardería ABC en la gestión de Felipe Calderón, razones por las cuales es esencial generar nuevos mecanismos normativos que permiten garantizarle a la ciudadanía mexicana que las servidoras y los servidores públicos mantienen un estricto apego a la función pública, libre, totalmente libre de conflictos de interés. De modo que el objetivo que existe detrás de esta iniciativa de reforma tiene que ver con robustecer la Ley General de Responsabilidades Administrativas para generar una normativa más clara, precisa y puntual, que permita una aplicación de herramientas jurídicas fuertes para identificar y contrarrestar los posibles actos de conflicto de interés. Es cuanto, presidenta.