El diputado Luis Antonio González Roldán: Compañeras y compañeros diputados, nuestra nación se ha caracterizado por la salvaguarda, el respeto y la vigilancia irrestricta del ejercicio de los derechos humanos, reconocidos tanto en nuestra Constitución Política como en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. El goce pleno de estos derechos es efectivo para todas las personas incluyendo a las extranjeras. Es dar cabal vigencia al artículo 1o. de la Constitución, donde todos los individuos en estas tierras somos iguales ante la ley. Esta innegable vocación es también uno de los irrenunciables pilares de la actividad legislativa del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Por ello es que en congruencia y, en coherencia con nuestro ideario, votaremos a favor de esta reforma constitucional en materia de propiedad para extranjeros en relación al dominio directo de inmuebles en las fronteras y costas nacionales para su vivienda. Es erradicar un vicio y una práctica que al día de hoy acontece en esta nación. Es erradicar los simulacros permanentes a través de fideicomisos para tener la posesión y la propiedad de tierras por parte de los extranjeros en zonas prohibidas. La reforma que hoy discutimos no es otra cosa más que el reflejar una sensibilidad legislativa de actualizar a la realidad social imperante una de las facetas del régimen de propiedad vigente en México. Régimen que tiene sus raíces en el México Colonial que encontró, sí, en su momento, una razón de ser en los albores de la reforma y cuyo propósito era el impedir a los extranjeros la adquisición de tierras históricamente vedadas. Fue inalterable y transferido por el Constituyente de 1917 a nuestra Carta Magna. En la práctica esta prohibición fue salvada desde el año de 1971 al otorgarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores la autorización para conceder a las instituciones nacionales de crédito permisos para adquirir como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles destinados a la realización de actividades industriales o turísticas en fronteras y costas, captando de esta manera inversiones extranjeras en esas zonas. Hoy, en esta tribuna, tal vez se escuchen voces argumentando que esta reforma es una violación a la soberanía nacional y no es una cuestión más errada que el desconocimiento que nuestra propia historia refleja. Una manifestación de la soberanía de los estados es la inmunidad de jurisdicción, la cual consiste en que las autoridades extranjeras carecen, en el territorio del Estado de que se trate, poder de coacción. Este principio de inmunidad de jurisdicción lo expresó en referencia un famoso caso internacional que data del año de 1927, el ilustre mexicano, abogado, doctor en derecho y secretario de Relaciones Exteriores, don Manuel J. Sierra, diciendo cito textual: El derecho de jurisdicción es la facultad del Estado de someter a la acción de sus tribunales y leyes a las personas y cosas que se encuentran dentro de su territorio nacional. Fin de la cita. Lo anterior sigue manteniendo vigencia. Es vigente pues la reforma a la fracción I del noveno párrafo del artículo 27 constitucional seguirá regulando la propiedad privada en el país, prevaleciendo las diversas prevenciones, limitaciones y aún prohibiciones a los extranjeros, quienes podrán adquirir la propiedad de tierras ubicadas en el territorio nacional, antes vedadas, únicamente para casa habitación, sin fines comerciales y haciéndolo bajo la prevención de la llamada Cláusula Calvo. Esta reforma, sin alterar el sentido de la soberanía nacional, actualiza el propósito normativo otorgándole vigencia en la necesaria certeza jurídica a una realidad que ha superado la norma. Además la presente reforma beneficiará al federalismo, el federalismo fiscal, mediante el fortalecimiento de las finanzas municipales a través de la recaudación de las contribuciones a que se refiere el artículo 115, fracción IV de nuestra Constitución Política. Por otro lado la reforma tiene sustento e impacto en los derechos humanos, pues al permitir a los extranjeros adquirir el dominio de tierras en las fronteras y costas mexicanas, va en concordancia con el derecho al uso y goce de sus bienes, como lo establece el artículo 21 relativo al derecho a la propiedad privada, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominado Pacto de San José de Costa Rica, del que México es parte signante por la aprobación del Senado, desde diciembre del año 1980. Señoras y señores legisladores, votar a favor de la reforma a la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es porque hacemos patente nuestra voluntad legislativa de integrar la realidad social, económica y de vigencia de los derechos humanos en nuestra Carta Magna y en toda aquella normatividad que vaya a favor de la ciudadanía y de los habitantes de nuestro territorio. El votar a favor es también por tratar de erradicar de una vez y para siempre, prácticas de simulación que se dan en los hechos con relación a este tema. Es cuanto, señor presidente.