La diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Con la venia de la presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el desarrollo económico de México ha requerido esquemas financieros estratégicos para las diversas industrias. La globalización de sus operaciones convierte al derecho laboral y fiscal en un complejo entramado. En la subcontratación conocida también como outsourcing existen vacíos legales que son materia de la presente iniciativa, cuyo fin es dotar de bases sólidas y características particulares para su regulación y con ello evitar sus ambigüedades. La prioridad de esta reforma es el respeto a los derechos de los trabajadores y el impedimento de la simulación fiscal a través de prácticas indebidas. Por ello, se propone alinear los procesos legales para el registro, inspección y certificación de las empresas que se dedican a esta actividad y de quienes contratan estos servicios. No podemos soslayar que de 2008 a 2014 el Servicio de Administración Tributaria detectó 512 empresas con prácticas de outsourcing indebido, que habían realizado operaciones por un valor de más de 198 mil millones de pesos, con más de 29 mil clientes o compañías que les trasladaron sus nóminas. La Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria estimó hasta este momento que las firmas de outsourcing indebido evadieron impuestos por más de 79 mil millones de pesos, equivalentes al 40 por ciento del valor de los contratos y que se afectaron a más de 230 mil empleados. En aquel momento se anunció la conformación de un grupo integrado por representantes del SAT, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores y de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores, para intercambiar información y determinar acciones que permitieran combatir el problema. Lo cierto es que no se cuenta con datos públicos al respecto. La importancia en cuanto a la realización de actos de fiscalización y auditorías del Servicio de Administración Tributaria en materia de outsourcing deriva de la utilización de esta figura prácticamente en todos los giros de la actividad laboral, así como su vinculación con operaciones simuladas y defraudación, sancionadas por el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. A pesar de que en los últimos 3 años la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realizó más de 394 mil visitas a empresas dedicadas a esta función, las inspecciones para subcontratistas no están contempladas en la legislación, por lo que actúan libremente. En consecuencia, lo que hoy vengo a proponer es la elaboración del padrón de empresas dedicadas a la prestación de servicios de subcontratación y sus beneficiarias, la realización de inspecciones que debe contener el Reglamento General de Inspección del Trabajo y la aplicación de sanciones; así como la certificación y el cumplimiento de requisitos que establezca la norma oficial mexicana. Y ante presuntas irregularidades, la aplicación de la normatividad correspondiente por los delitos a que se refieren el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. Ello contribuirá para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores contratados bajo esta figura jurídica: impedir la evasión fiscal y la simulación de actividades, propiciar un mercado de empresas serias y profesionales y comprometidas en otorgar estos servicios legalmente, orientar las diligencias de inspección sobre la base de una normatividad específica al crearse la norma oficial mexicana y prever sanciones disuasivas para empresas que incumplan la legislación en materia laboral y fiscal. Finalmente, si uno de los primeros derechos del ser humano es el trabajo digno, así como el acceso a la seguridad social, garanticemos con estas reformas un estado de bienestar mínimo para el trabajo y su familia y el desarrollo económico y social que requiere nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.