El diputado Iván García Solís: Ciudadana presidenta; ciudadanas y ciudadanos legisladores: Quien suscribe diputado federal a la quincuagésima novena Legislatura de la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión, por mi propio derecho y con fundamento en las normas que nos rigen, presento ante ustedes la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican y adicionan algunos numerales del artículo 9 de la Ley Orgánica del Congreso General, en función de las siguientes: EXPOSICIONES Mi propuesta busca cubrir los vacíos legales que pudieran presentarse en el caso de una renuncia al cargo de Presidente de la República. El artículo 86 de nuestra Constitución Política dice: Que será el Congreso de la Unión, este Congreso, quien calificará la causa grave por la que puede renunciar el presidente. El mismo precepto se consigna dentro del Apartado de las facultades del Congreso, en la fracción vigesimoséptima del artículo 73 de nuestra Constitución. Sin embargo, diputadas y diputados, señalo que la ley es omisa en señalar cuáles son esas causas y cuál será el procedimiento para calificarlas. Hay que decir que nuestro antecedente legislativo en la materia es el artículo 172 base tercera de nuestra primigenia Constitución de Cádiz. Pero de entonces hacia acá, esa norma no se ha modificado y hay que decir para situarnos en una época más reciente, que en nuestra historia se han presentado renuncias en las que el Poder Legislativo ha tenido un papel pasivo, solamente un papel pasivo y no edificante. Tales fueron las de Francisco I. Madero, Pino Suárez y Pedro Lascuráin, las que por su naturaleza forzada, no olvidemos que los dos primeros estaban secuestrados y el tercero era un partidario de Huerta, convirtieron indirectamente a este Congreso en un cómplice de la usurpación. Se trata entonces de que el Congreso juegue un papel activo y justo cuando haya causales de renuncia. Hay que decir que necesitamos entonces la previsión normativa para decidir en qué casos y bajo qué circunstancias se puede renunciar a este cargo tan importante. Algunos dirán: ¿Y qué caso tiene si durante la época de la posrevolución, durante décadas enteras no se produjo este fenómeno sino por excepción?, el caso de Pascual Ortiz Rubio, y no se produjo, decimos y recordamos, porque el esquema presidencialista abusivo que todavía padecemos, si bien está erosionado y gastado, impidió que el Congreso jugara un papel, puesto que esto hechos no se daban, eran presidentes prácticamente inamovibles. Pero la situación de México ha cambiado y por ello propongo como causas para la renuncia las siguientes: Primera. Cuando se compruebe enfermedad física o mental que le impida ejercer el cargo. Esto no está dicho en ningún orden legal y es muy conveniente incluirlo. Segundo, y esto tiene una enorme actualidad en estos días, tiene una enorme actualidad para la sesión que tendremos el día de pasado mañana. Y menciono: también propongo que el Presidente renuncie cuando sea incapaz de contener, si se produce, la perturbación grave de la paz pública o de cualquier otra situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Tal cosa podría ocurrir, por ejemplo, si desde el poder como ahora ocurre- se auspiciara un golpe de Estado; un virtual golpe de Estado para inhabilitar a un posible candidato que a la vez es alto funcionario electo por la población. Saben a qué me estoy refiriendo; me estoy refiriendo a la abusiva, a la abusiva acción que conduce, que conduciría al desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. A eso me estoy refiriendo. Y esto se hace, como lo sabemos todos, a partir de una persecución judicial amañada. Si esto ocurriera, si esto se consumara, anularía el carácter auténtico de la próxima elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos provocándose así un conflicto social de consecuencias tan graves, que la propia sociedad podría y con razón, exigir la renuncia del titular del Poder Ejecutivo Federal, quien es el primer responsable de mantener un adecuado clima político en el país. Por eso estoy proponiendo esta reforma. Es pertinente reiterar que es potestad de este Congreso califica la renuncia, lo cual exige no solo prever las hipótesis de la misma sino también un procedimiento para procesarla. Al respecto, propongo que en caso de solicitud de renuncia, las Cámaras integren una comisión especial bicamaral para el análisis de las causas de la renuncia y presentación en consecuencia, del dictamen relativo. Una novedad de esta propuesta es señalar también en qué caso se considera que haya ausencia del Ejecutivo Federal; lo es desde luego cuando se dé la muerte del titular, pero también cuando éste se encuentre en estado de interdicción, que en términos legales constituye una limitación de la capacidad jurídica, dado que la persona no es capaz de ser responsable de sus actos. Recuérdese el caso de Ecuador. Otra hipótesis nos remite también a la posibilidad de que el Presidente puede ser destituido en términos del Título Cuarto de la Constitución. Como una aportación adicional, propongo se trasladen las disposiciones actuales del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que señala que "ante la ausencia total y definitiva del Presidente, los diputados y senadores se congreguen a las nueve de la mañana del día siguiente en la Cámara de Diputados y bajo la Mesa Directiva que ésta, y ahí acuerden lo que proceda". Por lo anterior expuesto y el texto que entregaré a la Secretaría y que pido a la Presidencia se integre de manera cabal en el Diario de los Debates, hago esa propuesta, ciudadanas y ciudadanos diputados, insistiendo insistiendo en que las consecuencias de una nefasta decisión política que pudiera darse en la próxima sesión, que tiene que ver el tema del desafuero, podrían conducir a provocar un clima de incalculables consecuencias negativas para la vida del país y de cuya responsabilidad no puede ni debe de estar eximido quien provoca esa situación que en este caso es el propio titular del Poder Ejecutivo Federal. Gracias por su atención.