La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Sí, gracias, presidente, con la venia suya. A raíz de los acontecimientos cometidos en Tlatlaya, pero no es a raíz, fue la gota que derramó el vaso, y también los de Iguala, Ayotzinapa, quedó al descubierto que en nuestra legislación la persecución de crímenes tan serios y que se realizan de manera sistemática y calificados por muchos de nosotros y por distintos académicos como crímenes de lesa humanidad, nuestra legislación no está, precisamente, acorde con la persecución de estos crímenes. Tanto la desaparición forzada, la tipificación no es adecuada, como en el caso de la ejecución sumaria o arbitraria que no está tipificada en nuestro Código Penal, y que no solamente no está tipificada, sino que en el caso de los elementos de la defensa, los que están detenidos únicamente se les ha iniciado el proceso por homicidio calificado. No es lo mismo el que se han muerto unas personas o asesinadas por cualquier persona, a que sean precisamente por las personas encargadas de la seguridad en nuestro país, y eso es precisamente lo que tendría que tipificarse en la ejecución arbitraria. La ejecución arbitraría, debidamente la desaparición forzada, aunado a los crímenes de lesa humanidad, también a tipificar correctamente, aunque ya está el genocidio, a tipificar los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Todos éstos vinculados con el Estatuto de Roma, dígase la Corte Penal Internacional que México ratificó, este Estatuto de Roma. Incluso en el artículo 21 constitucional se establece, se contempla una regulación específica en cuanto al Estatuto de Roma. Desgraciadamente, México no ha cumplido con su obligación de implementar o dar aplicación a este Estatuto de Roma, y en caso de que no fueran juzgadas las personas que cometieran estos delitos, díganse crímenes de lesa humanidad, por cometerse de manera reiterada, estos no podrían ser entregados, más que no pudieran ser entregados, no habría un procedimiento para que se entregaran a la justicia internacional, es decir, a la Corte Penal Internacional. Ésa es la razón de las reservas que estoy presentando y en las que literalmente se establece, en el artículo 5, fracción XV Bis, desahogar lo que en su caso instruya el fiscal, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a la Corte Penal Internacional y su Fiscalía, incluyendo las solicitudes de colaboración, cooperación, asistencia, así como ejecutar las diligencias de detención, medidas precautorias, entrega, identificación, localización, aseguramiento, traslado, cateo y notificación. Y promover su ejecución ante las autoridades competentes, además de transmitir la información al fiscal sobre toda actuación, así como ejecutar sentencias definitivas que ordenen multas, el decomiso de bienes u objetos o reparaciones en los términos de la ley reglamentaria en la materia. Por su parte, el artículo 14, fracción XIII Bis, establecer en coordinación necesaria con la Secretaría de Relaciones Exteriores para cualquier actuación o comunicación con la Corte Penal Internacional en lo relativo a hechos probablemente delictivos, según lo dispuesto en el Estatuto de Roma, a aplicar el principio de complementariedad del mismo y a instruir cualquier diligencia, ejecución o promoción respectiva al Ministerio Público en términos de la ley reglamentaria en la materia. El transitorio, para los efectos de lo dispuesto en la fracción XIX Bis, artículo 5, y XIII Bis del artículo 14 y del artículo 1 del presente decreto el Congreso de la Unión deberá expedir en un máximo de 180 días naturales una ley reglamentaria, el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cooperación con la Corte Penal Internacional. Cabe apuntar que en el mecanismo universal de derechos humanos se responsabilizó México, precisamente por no legislar en lo relativo al Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Con eso nada más se confirma que en México lo que impera es la impunidad y que no hay la voluntad política, incluyendo la de esta Cámara, de regular lo relativo a los crímenes de lesa humanidad. Es cuánto, diputado presidente.