La diputada Hilda Ceballos Llerenas: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La Constitución General de la República desde su artículo 1o prohíbe cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y expresamente se refiere a la condición social de la discapacidad. El Plan Nacional de Desarrollo propone otorgar apoyos a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales con plenos derechos y con independencia. La filosofía y espíritu de estos instrumentos de atención a las personas con algún tipo de discapacidad física, intelectual, auditiva, motora, visual y otros problemas de comportamiento son, sin embargo, menoscabados por las autoridades de la burocracia. Parecería que a este sector vulnerable de nuestra sociedad se le quisiera mantener invisible. Hay en nuestro país una ausencia histórica de estrategias públicas que valoren adecuadamente la realidad de 10 millones de personas ?cifra estimada en la Organización Mundial de la Salud? que hoy más que nunca requieren de la solidaridad de la sociedad, de la atención de los programas de gobierno, de sus presupuestos y del interés de las políticas públicas. Es muy importante hacer conciencia de que estos compatriotas nuestros, mermados por complicaciones en su naturaleza humana, luchan con gran dignidad para hacer valer su derecho a la vida. No piden caridad ni pretenden ser una carga para nadie, sino demandan espacios de oportunidad que estimulen su integración laboral, social, educativa y cultural. Desafortunadamente en nuestro país se va imponiendo la cultura de la indiferencia a las personas con discapacidad. Esta afirmación se comprueba con un dato preocupante: los recursos etiquetados para su apoyo y su atención, que concentra el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Educación Pública, se redujeron para este 2010 hasta es un 55 por ciento. Esta situación se agrava en estados y municipios. Esas son las razones que me impulsaron para presentar este punto de acuerdo. Cuando en junio de 2003 se aprobó la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación que establece medidas que protegen a las personas con discapacidad. Este hecho fue el primer paso para concretar medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades. El avance se sintió más alentador cuando en 2006 se aprobó la Ley General para las Personas con Discapacidad, que establece la obligación del Estado de capacitar y procurar la inserción al empleo a personas con discapacidad y diseñar programas para ser incorporadas como servidores públicos. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente Punto de acuerdo Único. Que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, se solicite al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría de Educación Pública, un informe detallado del ejercicio del presupuesto de 2008 y de 2009; y por lo que respecta a 2010 que se dé un informe semestral, así como el impacto de los ajustes presupuestales en el cumplimiento de los objetivos institucionales de este programa. Solicito que se inserte el texto en el Diario de los Debates en forma íntegra como fue expuesto. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias.