El diputado José Ángel Córdova Villalobos: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: Como bien sabemos, el pasado 19 de febrero del presente año en nuestro país sucedió una gran tragedia para todos los mexicanos, 65 trabajadores quedaron atrapados en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, en el Municipio de San Juan de Sabinas, estado de Coahuila, debido a una explosión provocada por la acumulación de gas grisú. Es de nuestro saber que el derecho a la salud es uno de los más profundos valores y derechos de los individuos; esta dignifica al hombre y le es indispensable, ya que condiciona su desarrollo y su bienestar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, párrafo tercero, señala que toda persona tiene derecho a la protección a la salud y que para hacer efectiva esa prerrogativa, el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes. En este orden de ideas, menciono que los artículos 2° y 3° de la Ley General de Salud se encargan de definir los propósitos que se persiguen con la protección de este derecho fundamental, el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. En el mismo artículo 3° se menciona que son materia de salubridad general, la salud mental, la atención médica preferentemente en beneficio de los grupos más vulnerables. Por lo anterior, hago de su conocimiento que los efectos provocados por los siniestros y desastres y en particular éste, el cual ha dejado daños físicos y sicológicos y trae aparejados perjuicios que no se pueden dejar a un lado; es decir, que afectan a los familiares de las víctimas de este suceso. Estas víctimas sufren diferentes etapas de daños sicológico durante el periodo que abarca el siniestro desde su inicio, durante e incluso, después del mismo y dentro de estas fases, pueden llegar a presentar conductas que alteren su salud mental de manera parcial y/o permanente, no sólo es el daño físico, sino el daño mental que queda residual y que puede provocar o tener secuelas durante muchos años. Actualmente existen diversas acciones para atacar una gran cantidad de problemas de salud mental en nuestro país, como son aquellos específicos en relación a depresión, a déficit de atención y atención sicológica en casos de desastre. Dentro de las resoluciones de la OMS se encuentra específicamente la de asegurar que niños, mujeres, ancianos, refugiados y víctimas de desastre, tengan acceso a los servicios de salud mental. Por último, en nuestra Ley General de Protección Civil, así como a los comités consultivos académicos, se define un desastre como un estado en que la población de una o más entidades federativas sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora. Por todo lo anterior, es que se pide a la Secretaría de Salud ejerza las acciones necesarias en conjunto con la Secretaría correspondiente del Estado de Coahuila y se hace este punto de acuerdo. "Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal, para que en coordinación con las autoridades sanitarias, estatales, conformen un grupo de especialistas en salud mental para la atención sicológica de los familiares de las víctimas del siniestro ocurrido en la Mina de Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabinas en el Estado de Coahuila". Es cuanto, señor Presidente.