El diputado Higinio del Toro Pérez: Gracias. El derecho a manifestarse está consagrado en la Constitución. Es muy claro lo que dice nuestra Carta Magna al respecto, pero también el derecho al libre tránsito está plasmado en el articulado de nuestra Constitución. Cómo encontrar este punto intermedio en donde los manifestantes puedan hacer uso de este derecho, y cómo permitirle a una mayoría poder liberar y poder transitar libremente por las carreteras del país. Es el problema que nos ocupa en este dictamen. Y que entendemos la preocupación que pueda haber de los diputados y las diputadas con respecto a que se pudieran violentar los derechos de los manifestantes a hacer uso de esto que les consagra la propia Constitución. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo y, sobre todo, en el último año. La toma de casetas con fines de lucro y alejado de las protestas se ha convertido, dicen los especialistas, en el nuevo huachicoleo con el que grupos delictivos todos los días obtienen grandes ganancias. Son 750 mil kilómetros de red de carreteras, en ellas se desplaza casi el 55 por ciento de la carga del país, así como el 97 por ciento de todos los pasajeros a nivel nacional lo hacen por las carreteras. Es preocupante que este grupo organizado ya haya convertido el bloqueo y la toma de casetas en la interrupción parcial o total de los servicios en las vías generales de comunicación como una práctica habitual. Eso no puede suceder, ya que en algunos casos es llevada a cabo mediante el uso de la violencia en contra no solo de quienes trabajan ahí en las casetas, sino también con la ciudadanía y con los operadores de las concesionarias, y también con los transportistas que pasan por el lugar. Esta problemática afecta directa e indirectamente la economía de nuestro país, no solo en relación a los recursos de la hacienda pública, sino también al impedir que miles de toneladas de productos no sean distribuidas en tiempo y forma, impactando finalmente tanto a consumidores como a empresas. Las pérdidas se traducen en menos recursos que deberían reinvertirse para el mantenimiento de las carreteras, y así garantizar un óptimo estado que brindara seguridad y comodidad a la ciudadanía que transita por estas vías generales de comunicación. Solo un dato, para saber de qué estamos hablando. Se documentan ya pérdidas, del año pasado y lo que va de 2020, de 7 mil millones de pesos. Ese es el monto de la toma de las casetas por estos grupos. Para entender en donde estamos situados, me permitiré mencionar tres puntos que son claves, para entender el problema. Primero, el Estado tiene la obligación de garantizar y castigar aquellas prácticas que afecten las finanzas públicas y los derechos de terceras personas. Eso está claro, por eso es necesario implementar acciones para evitar que se siga cometiendo este tipo de conductas. Pero también es preciso legislar a favor de garantizar la seguridad de la ciudadanía que transita en las vías generales de comunicación, al igual que proteger los recursos del erario público. La seguridad y la integridad de los usuarios de las carreteras de cuota se ven afectada también porque no se les permite cubrir la cuota de peaje, ya que aportan al famoso boteo. Pero eso no les brinda una póliza de cobertura y, por lo tanto, no se encuentran protegidos en accidentes viales ocurridos mientras se transita por las mismas. Que quede claro, en Movimiento Ciudadano siempre estaremos a favor de que la ciudadanía se manifieste libre y pacíficamente. De manera paralela, creemos también que ya es necesario que sean implementadas acciones que eviten las afectaciones económicas, logísticas y también de seguridad por las ya mencionadas prácticas ilegales en las vías generales de comunicación. Ante esta situación compleja, consideramos oportuno el robustecimiento del tipo penal establecido en la Ley de Vías Generales de Comunicación con el objetivo de que actos como los descritos sean calificados en el tipo penal agravado, para que así sea sancionada con mayor fuerza la toma de vías generales de comunicación con fines de lucro por parte de los grupos organizados. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano apoyaremos la aprobación de este dictamen, porque queremos ponerle un alto a aquellas organizaciones delincuenciales que se enriquecen ilícitamente y que ponen en riesgo la seguridad de la población. Ya es inaceptable permitir que prácticas como estas no tengan sanciones ejemplares. Con la seguridad de los usuarios de carreteras de este país no se juega. Es cuanto, presidente.