La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Vengo aquí a hablar en esta reserva a nombre de la diputada Juana Carrillo, del Diputado Ricardo Exsome, del diputado Fernández Noroña, de la diputada Tania Cruz y de una servidora. Antes que nada, debo decir y llamar a las cosas por su nombre y recalcar que no estoy de acuerdo en que se diga que la reforma que estamos aprobando es anticonstitucional. Y, segundo, quiero agradecer a las Fuerzas Armadas y a la Marina por su labor en el Plan DN-III y en todas las tareas que cotidianamente realizan. Sin embargo, el ser humano es ser humano y no es infalible y menos por utilizar el uniforme. Las pruebas están ahí, una y otra vez a lo largo de la historia del país. Dicho lo anterior, reconozco que por la lucha anticorrupción encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos encontramos en una situación excepcional. Sin embargo, con estas reformas estamos haciendo cambios permanentes que podrían tener consecuencias sociales y económicas a largo plazo. Es cierto que existe corrupción e ineficiencia en las tareas de puertos y en los transportes marítimos, no obstante, no creo que la solución sea entregar una institución civil para su administración a la Marina que, a final de cuentas, es parte de las Fuerzas Armadas de esta nación. Una cosa es cooperar con las autoridades civiles en el tema de seguridad y freno al contrabando y otra es entregar completamente el sistema de puertos a la Secretaría de la Marina. Las reformas propuestas dan a la Marina, no solamente facultades de vigilar y de garantizar la seguridad de los puertos, sino le dan atribuciones administrativas, de dragado, de control sobre la construcción y mantenimiento de infraestructura, entre otras. Y yo me pregunto si estas son realmente las tareas para las cuales la Marina fue creada. Además, cuando hablamos del tema de transparencia, siempre que está metido el Ejército o las Fuerzas Armadas, se nos dice que tiene que ver con un tema de seguridad nacional. Esto es, de hoy en adelante no tendremos acceso a estos números y a esta situación. La experiencia económica y logística de la operación de lo puertos para el comercio no se genera en un solo día. Estamos por aprobar una reforma que podría afectar de manera importante al comercio nacional y que nos hará perder competitividad en el contexto económico mundial, por no decir lo menos adverso. Los puertos son infraestructura de comercio y de negocios que, si no tienen garantizada la competitividad para realizar sus actividades, estas se irán del país. Aunado a lo anterior, hoy en día la marina mercante y el transporte marítimo generan alrededor de 16 mil empleos. La entrada en vigor de esta reforma pondrá en riesgo muchos de los empleos y la situación que vivimos, post Covid, no está como para estarle quitando más empleos. Para conocer los efectos económicos de la militarización de los puertos de forma permanente, basta ver lo que sucedió con los ingresos del comercio marítimo, desde que esto comenzó, e el 2016. De ese año a 2019, estos ingresos han presentado una pérdida acumulada del 1.7 por ciento. Otro ejemplo es el flujo de la inversión extranjera directa, que el año pasado representó solo el 2 por ciento del flujo que se obtuvo en 2016, antes de la entrada de la Semar. La recuperación económica de nuestro país está cuesta arriba y esto ayudaría a que fuera todavía más complicado. Además de las consideraciones económicas hay funciones que son y deben mantenerse en manos de los civiles. Es mejor buscar siempre una vinculación eficaz entre la Secretaría. Lo vemos, cómo Sedatu se vincula con Economía y con Bienestar y puede sacar el trabajo adelante. Cuando de diferentes áreas se tiene que trabajar por un bien común, siempre se debe buscar el trabajo en equipo, poniendo a México primero y dejando ver quién es el que manda. Hacemos un llamado a compañero y compañeras, para buscar la temporalidad de esta reforma. Es decir, hacer que solamente la militarización de los puertos tenga fecha de caducidad. Nuestra propuesta es darle tres años para lograr las metas que se proponen en el dictamen y en tres años regresar o evaluar las funciones para la SCT. Y esto evaluarlo con evidencia clara y no como hoy, con algunos supuestos. Si en verdad hay algunos que afirman que la reforma planteada no cambiará nada, entonces, ¿para qué cambiarla? Los invito a reflexionar. No podemos entregar todo lo que no funciona o que tiene un desempeño deficiente a los uniformados. Los pesos y contrapesos deben existir en este país. Así lo obliga la Constitución. De hecho, acabamos de vivir un acto inédito, la Suprema Corte de Justicia, en una separación de Poderes, acaba de declarar constitucional una de las consultas populares más importantes en la historia del país. De esto venimos hablando. Cuando llegué a este Congreso dije que venía a ayudar a...