La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, señor presidente, compañeros diputados y diputadas, la situación del campo y la política del gobierno hacia ese sector, ha sido un tema recurrente en esta tribuna. Año con año se aprueban recursos a los programas dirigidos al desarrollo de la agricultura, ganadería y en general la producción de alimentos. Lo hemos hecho con responsabilidad, porque consideramos que la seguridad alimentaria constituye o debe de ser una prioridad para el Estado. Sin embargo la exigencia de productores y campesinos continúa siendo la misma. El campo sufre de abandono y descuido. A este problema estructural e histórico se agregan factores de carácter coyuntural entre los factores que convergen en la crisis que hoy enfrentamos como el aumento al precio de la tortilla que es el alimento de carácter nacional y que se elevó el precio hasta 11 pesos. Asimismo el aumento del precio del petróleo y su impacto en los insumos de transporte y producción; precios bajos de algunos granos, lo que desvió la siembra hacia otros más lucrativos para el uso industrial. La ausencia de inversión en infraestructura, por ende, falta de expansión en la producción agrícola. El bajo nivel de almacenamiento de estos granos y las condiciones climáticas extremas de las últimas semanas. Pese a que la Secretaría de Agricultura expresa que México no enfrenta un problema de abasto en maíz, pues en el 2010 hubo una producción de 38 millones de toneladas de granos. La misma dependencia nos informa que las importaciones de algunos productos fueron respecto del consumo nacional, 42 por ciento en trigo, 24.6 en maíz, 94.5 en soya y el 74.1 por ciento en arroz. Esa situación ha agravado la difícil economía de la población más pobre que se ve obligada a destinar hasta el 55 por ciento de su presupuesto al rubro de la alimentación. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, consideramos que ante los daños causados por los fenómenos naturales, el gobierno federal tiene que tomar medidas inmediatas, claras y generosas, para contener la escalada de precios de los productos básicos y evitar que los que menos tienen paguen las consecuencias. Asimismo es preciso que se diseñen las políticas necesarias para recuperar la actividad agrícola en las regiones afectadas y rescatar a los productores, a los campesinos y a los jornaleros agrícolas que se quedaron sin trabajo. Pero no podemos esperar a que otros fenómenos naturales nos vuelvan a poner en la misma situación. Como grupo parlamentario hacemos un llamado al Ejecutivo federal, a las organizaciones de campesinos y productores, a los gobiernos de los estados y a todos los actores involucrados para elaborar un diagnóstico de la situación del campo y, en general, de la economía nacional desde la perspectiva de la seguridad alimentaria. Tenemos que asegurar la alimentación de la población mexicana, modernizar el campo, dignificar la vida de quienes viven en él con una política de Estado que considere la producción de alimentos y el desarrollo rural sustentable como una prioridad más allá de criterios puramente mercantiles. Una política de Estado que reconozca que la soberanía alimentaria de México está por encima de los intereses de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales que obtienen enormes ganancias en el campo mexicano, pero cuyo funcionamiento destruye nuestra capacidad como país para alimentarnos. Gracias, señor presidente.