El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores diputados: Las tendencias actuales del desarrollo urbano y socio económico, indican que una fracción cada vez mayor de la población mundial, se concentrará en las grandes ciudades, dadas las ventajas y oportunidades de progreso económico, empleo, educación, cultura, comunicaciones y transportes. El transporte terrestre es la base de las operaciones a nivel nacional, esto por encima del ferrocarril, el avión o el barco. De acuerdo con las estimaciones del autotransporte federal, durante 2003 participó con el 84% de la carga y más del 98% de los pasajeros. Esto refleja la falta de visión de las autoridades responsables del transporte en el país, ya que no obstante que existen más de 26 mil kilómetros de vías de ferrocarril, éstas se encuentran abandonadas y sin la intención de reactivarlas. Dado el aumento en los niveles de contaminación a las diferentes zonas de la República, se instalaron redes de monitoreo en las ciudades de: México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Juárez, Mexicali, Tijuana y Rosarito, con el objeto de conocer a qué niveles de contaminación están expuestos sus habitantes, para advertir los riesgos derivados de la misma y tomar las medidas que el caso amerite. Vale la pena precisar que el sector transporte es responsable de la mayor parte de las emisiones de monóxido de carbono a la atmósfera con el 95%, de oxido de nitrógeno 70.5% y los hidrocarburos 43%, siendo los camiones y autobuses que utilizan diesel los que contribuyen en mayor medida en la emisión de partículas. Lo anterior, se potencializa si tomamos en consideración la antigüedad de la flota vehicular, pues los automotores cuyos modelos son anteriores a 1980, una de sus características era el carburador, los cuales contaminan 69 veces más que un modelo actual. De igual forma los modelos 1993 y anteriores, cuya tecnología más avanzada implica sistemas electrónicos integrales y convertidor catalítico, muestran niveles de emisión de contaminantes tres veces mayor que un modelo 2005. De ahí, que según la Encuesta 2002 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, existen en el país alrededor de 159 mil unidades anteriores a 1993, cuyos modelos datan desde 1960, lo que significa que aproximadamente el 63% de la flota censada, no cuenta con tecnología capaz de reducir los índices de contaminación que emiten al aire que respiramos; sin embargo, siguen circulando por toda la República, destacando que el promedio de explotación de las unidades destinadas al transporte de carga es superior a los 18 años, situación contrastante con nuestros vecinos del norte, quienes tienen una flota vehicular con cinco años promedio de uso. Con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, los valores preliminares estimados para bióxido de carbono en 1998 fueron de 37.5 millones de toneladas año y sus principales fuentes fueron la combustión de gas natural para la industria y la gasolina para vehículos automotores, debiendo precisar en este rubro que con la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, a partir de octubre del 2004 y en virtud de que el mismo adquirió el rango de ley nacional, como lo determina el artículo 133 de nuestra Carta Magna, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México, seguiremos insistiendo, para que disposiciones de esa naturaleza se apliquen al pie de la letra. De ahí que la iniciativa que hoy sometemos a la consideración de este Honorable Pleno, busca entre otros aspectos contribuir en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de apoyar los requerimientos del protocolo requerido. Por otra parte, de acuerdo con las cifras emanadas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los últimos trece años el sector de autotransporte público federal ha tenido un promedio de 58 mil accidentes anuales, los cuales han representado cuantiosas pérdidas económicas, así como importantes daños a la salud y a la vida de las personas; y sus causas, en la mayoría de los casos, se encuentran íntimamente relacionadas con las condiciones mecánicas y físicas de las unidades. Cualquier equipo que se encuentre sometido a una operación exhaustiva, requiere de programas de mantenimiento preventivo iguales; sin embargo, aún cuando eso fuera así, todos los componentes y las unidades mismas tienen un período de vida útil que admite utilizarlos con seguridad sin correr riesgos. Esta circunstancia no es ajena a los vehículos dedicados al autotransporte público federal, los cuales, como se ha señalado, se encuentran sobre-explotados y de ahí que su renovación hoy más que nunca es necesaria e indispensable. En mérito de lo expuesto, y ante la magnitud de los problemas que hoy enfrenta el sector, es ineludible plasmar esta disposición en la ley de la materia; ello obedece a que no obstante que el Gobierno Federal ha realizado algunos esfuerzos como el programa de estímulos fiscales para el sector autotransportes, éste ha tenido mínimos resultados, pues el mismo no es obligatorio, mucho menos coercitivo, lo que se traduce en que el problema se siga acrecentando de manera importante. De ahí que la adición que hoy proponemos permitirá al multicitado sector salir de su crisis y poder enfrentar los nuevos retos en mejores condiciones y con la solidez que el mercado exige. Lo anterior cobra mayor relevancia en virtud de que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, no contempla disposición alguna con respecto a los límites de operación de las unidades al servicio del autotransporte federal. De igual forma, es preciso señalar que si bien es cierto que el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares hace alguna referencia respecto del límite de operación de las unidades, ésta sólo se refiere al autotransporte de pasajeros, resultando dicha disposición limitada al tiempo que su cumplimiento está en entredicho, además no es vinculatoria para el resto de los servicios, quedando ello al libre albedrío de los concesionarios o permisionarios. De ahí que esta soberanía tiene ante sí la oportunidad de subsanar esta laguna jurídica para preservar el medio ambiente y proteger la salud y vida de la población. Por lo expuesto, pongo a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 34 bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Gracias.