El diputado José Javier Osorio Salcido: Con su venia señor presidente: El suscrito José Javier Osorio Salcido, en mi carácter de diputado federal de la quincuagésima novena Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pone a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifican la fracción III y se adiciona una fracción V al artículo 19 del primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS: En la actualidad, la mayoría de las naciones del mundo buscan actualizar su legislación en materia de naturalización y nacionalidad; lo anterior por cuestiones de seguridad nacional, por lo que la mayoría de las naciones en la actualidad, exige un mayor número de requisitos a los extranjeros que pretenden adquirir la nacionalidad del país en el que residen. Si bien es cierto nuestra nación se ha distinguido por una política migratoria flexible que ha permitido en muchos de los casos que algunos extranjeros se hayan aprovechado de las lagunas legales que tiene nuestra legislación en esta materia para su beneficio. Actualmente los estados exigen una serie de requisitos mínimos a los extranjeros que desean adquirir la nacionalidad. La generalidad de los requisitos que se exigen, son muy razonables y necesarios para garantizar la plena integración a la sociedad previniendo de esta manera que el interesado pueda convertirse en un problema para el Estado y para la sociedad. Nuestra Ley de Nacionalidad no toma con seriedad esta serie de requisitos que son necesarios para la seguridad nacional, ya que si bien sí hace referencia a ellos, deja a la libre interpretación de los órganos gubernamentales su cumplimiento. Esto podría ser entendible si existiera un reglamento para esta ley. Pero el hecho es que nunca se ha elaborado dicho reglamento. Esta ley lleva ya casi siete años en vigor; fue publicada el 28 de enero de 1998 y entró en vigor desde el 20 de marzo del mismo año. Es urgente hacer modificaciones a la Ley de Nacionalidad, por lo que estos cambios no pueden ni deben esperar más. Es urgente la reforma de esta ley para dotarla de certeza jurídica en su aplicación a fin de hacerla más clara y segura en su aplicación, y de esta forma impedir las interpretaciones que actualmente se hacen. Al aprobarse esta iniciativa que reforma la Ley de Nacionalidad en su capítulo tercero de "La nacionalidad mexicana por naturalización", se especificará de manera clara y precisa los requisitos que deben de cumplir los extranjeros que desean adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización. Lo anterior, para acabar con las ambigüedades que presenta actualmente dicho ordenamiento. La Ley de Nacionalidad hasta el día de hoy, en su artículo 19 fracción III, sólo exige a los interesados que pretenden adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización, probar que habla español, que conoce la historia del país y que se encuentra integrado a la cultura nacional. Pero la ley no señala el medio por el que el interesado dará cumplimiento a este requisito y esto es utilizado por los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar entrevistas y exámenes a quienes ellos consideran, de forma discrecional y a algunos otros, les es dispensado extrañamente este requisito. Debido a esto, nos encontramos con una serie de personas provenientes en este caso- de países orientales que ya cuentan con su carta de naturalización y que en su gran mayoría no hablan español, menos conocen la historia y la cultura mexicana. Por lo anterior, se hace necesario reformar dicho artículo para señalar expresamente en la ley la obligación de presentar un examen elaborado y aplicado por una universidad pública de prestigio para dar cumplimiento a este requisito. De esta manera, se estará acabando con la discrecionalidad de los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que otorgan cartas de naturalización a personas que no satisfacen estos requisitos. El artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, es igualmente ambiguo en su primer párrafo, el cual le exige al extranjero que pretende naturalizarse mexicano, una residencia mínima de cinco años en territorio nacional. La ley, no especifica a qué tipo de residencia se refiere, no así la Ley de Población que en ella sí se especifica que la única calidad migratoria que tienen carácter de residencia es la calidad migratoria de inmigrante. Así la Ley General de Población, en su artículo 44, define qué se entiende por inmigrante y lo define de la siguiente manera: "Inmigrante es el extranjero que se interna legalmente en el país, con el propósito de radicarse en él en tanto adquiere la calidad de inmigrado". Esta calidad migratoria se otorga a extranjeros profesionistas, deportistas, inversionistas, artistas, y los demás que expresamente señala el artículo 48 de la Ley General de Población. Para que con posterioridad, quienes así lo deseen, puedan acceder a la naturalización. Por lo tanto, el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad debe señalar expresamente que por residencia legal se refiere a la calidad migratoria de inmigante, es decir, a la que se refieren los artículos 44 a 48 de la Ley General de Población. El requisito es razonable, ya que el sujeto se encuentra asimilado económica, social y culturalmente, además de que este tipo de extranjeros aportan al país cultura, conocimientos científicos y técnicos y capital económico que fomenta el desarrollo del país. Por último, es necesario adicionar una fracción V al artículo 19, a fin de que se exija al extranjero que desea adquirir la nacionalidad mexicana presentar carta de no contar con antecedentes penales en México ni en el extranjero, o documento donde se señale expresamente porqué delito fue sentenciado para que, a consideración del gobierno mexicano, se le otorgue o niegue la nacionalidad. Esta es una medida de seguridad necesaria para resguardar la seguridad del país. No podemos estar vulnerables a entregar cartas de naturalización a gente que ha delinquido y que muchas veces, como ya se mencionó, vienen huyendo de sus países, donde son vigilados por las autoridades policiacas. El requisito anterior es necesario para el Estado mexicano porque se debe asegurar que no naturalizará a un delincuente o a un futuro delincuente, que gozará de todos los derechos como un nacional. Por lo anterior, esta reforma, al aprobarse, exigirá al interesado allegarse su historial ministerial a las autoridades mexicanas de migración para que éstas decidan si se les otorga o no la nacionalidad, en el caso de contar con antecedentes penales. De esta forma, las autoridades podrán decidir con mayor claridad a quiénes consideren con las cualidades para otorgarles la nacionalidad de aquéllos que consideren peligrosos para la seguridad nacional. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones antes mencionadas, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción III y adiciona una fracción V al artículo 19 y modifica el primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad. Artículo único. Se modifica la fracción III y adiciona una fracción V al artículo 19 y modifica el primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad para quedar como sigue: Artículo 19. De la primera a la segunda queda igual. III fracción. Probar que se sabe hablar español, conocer la historia del país y estar integrado a la cultura nacional, lo cual deberá acreditar con la aprobación de un examen, cuya elaboración y aplicación estará a cargo de una universidad pública de reconocido prestigio. IV a final igual. El V. Acreditar fehacientemente, por medio de documentos oficiales, los antecedentes penales en México y en el extranjero. Artículo 20. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional con la calidad migratoria de inmigrante, según los artículos 44, 45 y 48 de la Ley General de Población, cuando menos durante los últimos 5 años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones de la I a la III. Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, abril del 2005. Muchas gracias por su atención.