El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (Convergencia): Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Me complace a nombre del diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, presentar esta iniciativa sobre los siguientes: Antecedentes La ley que dio origen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue el producto de una negociación extremadamente complicada, pues pretendía, por un lado, convertir en deuda pública a los pasivos adquiridos por el Ejecutivo Federal, como consecuencia del rescate bancario, y por el otro sentar las bases de una entidad que sirviera como seguro de deposito para eventos futuros. En virtud de que hubo graves dudas respecto a la legalidad de las operaciones del rescate bancario en el seno de la sociedad y en el Congreso, se ordenó una investigación sobre el desempeño del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la legalidad de sus operaciones, en particular las referentes a los llamados Programas de Capitalización y Compra de Cartera. Esta investigación fue encargada al auditor canadiense Miguel Mackey y reforzada con un mandato que el Congreso le otorgó al IPAB a través del artículo 5º transitorio de la ley de este instituto, en donde se estableció un procedimiento especial como un requisito previo para el canje de pagarés de Fobaproa por pagarés del IPAB. El mandato que el Congreso le otorgó al IPAB en el artículo referido, obliga tanto a este instituto como a su Junta de Gobierno, a investigar las operaciones que llevó a cabo el fondo, en especial las pertenecientes al llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera, que fue calificado por algunos legisladores de diversos partidos políticos como inconstitucional. El propio Congreso, al aprobar la Ley del IPAB, decidió que la administración y el gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, estarían a cargo de una Junta de Gobierno representada por 7 vocales de igual jerarquía. Tres vocales: uno, el secretario de Hacienda y Crédito Público; otro, el gobernador del Banco de México y uno más, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión, los cuales fungirían como los representantes del Congreso en la toma de decisiones del instituto. La importancia que el Congreso le otorgó al IPAB fue tal que quedó asentado en el dictamen que aprobó la creación del mismo y textualmente se señaló lo siguiente: "...vital significado tiene para los integrantes de la Comisión que dictamina, resaltar la activa participación del Poder Legislativo en el proceso de evaluación y control de este organismo, dada su importancia social". De hecho, la participación activa del Congreso en el IPAB, se da a través de 4 vocales que forman parte de la Junta de Gobierno del mismo y que paradójicamente son propuestos por el Ejecutivo Federal, aprobados por las 2 terceras partes del Senado o bien por la Comisión Permanente. En suma, estos 4 vocales son los ojos del Poder Legislativo en el órgano de gobierno del IPAB. Sobre esto hay consideraciones que esgrimir: Primera. El mandato que el Congreso le da a IPAB a través del artículo 5º transitorio de la ley que le dio origen al instituto, lo obliga a investigar las operaciones llevadas a cabo por el Fobaproa, y en especial las referentes a los Programas de Capitalización y Compra de Cartera. Segunda consideración. El mandato dado al Congreso y dada la composición de la Junta de Gobierno del IPAB, origina virtualmente un conflicto de intereses, primeramente a nivel de instituciones gubernamentales y después hasta de individuos, ya que paradójicamente las mismas instituciones que participaron en el rescate bancario a través del Comité Técnico del Fobaproa, son las que están representadas actualmente en la Junta de Gobierno del IPAB. Una tercera consideración implica que la inclusión de los 4 vocales se debió en gran medida a este conflicto de intereses que se vislumbraba en la Junta de Gobierno del IPAB, como consecuencia del mandato otorgado por el Congreso en el artículo 5º transitorio de la citada ley, y por la importancia que el Poder Legislativo le otorgó a la evaluación y control del organismo encargado de asegurar los ahorros de los mexicanos y de administrar e investigar el costoso rescate bancario. Una consideración adicional es que por ello mismo y de acuerdo al espíritu jurídico de la Ley del IPAB, los 4 vocales que actualmente son designados por el Ejecutivo Federal, son y deben ser los ojos del Congreso en la Junta de Gobierno del instituto y que además deben ser ajenos a cualquier vestigio de conflicto de intereses. Resulta además incongruente que los representantes del Congreso en la Junta de Gobierno del IPAB sean designados por el Ejecutivo Federal; esto sin perjuicio de que la administración y esclarecimiento del rescate bancario. En ello, el IPAB tiene una función esencial, ya que es el seguro de depósito de la economía y por lo tanto tenemos que estar completamente seguros de que no deben existir conflictos de intereses en su Junta de Gobierno. Amén de todo ello resulta absurdo que la figura de "consejero independiente" se haya incluido en los órganos de gobierno en, prácticamente, la totalidad de la banca de desarrollo y en la mayoría de las instituciones financieras y en el caso del IPAB, persista en tener vocales o consejeros más bien dependientes y con ese ya citado conflicto de intereses. Por todo lo anterior, el diputado Jesús Martínez Alvarez, con la fundamentación constitucional y legal procedente, señala en la iniciativa la propuesta de reforma a los artículos 75, 76 y 77 de la ley multicitada para quedar como sigue: Artículo 75. La Junta de Gobierno estará representada por 7 vocales: el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el presidente de la comisión y 4 vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes. Esta es la versión actual y la propuesta es en el sentido de que se señale: y 4 vocales independientes propuestos por la Cámara de Diputados y aprobados por las 2 terceras partes de lo miembros de la Cámara de Senadores, y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Los 3 vocales ex oficio, señala el artículo propuesto como reforma, proponen las juntas de gobierno en ausencia de los titulares correspondientes, y a su vez, en los artículos 76 y 77, se propone simplemente a hacer alusión al término vocal independiente en sus respectivos casos. Este es el planteamiento de la iniciativa. Compañeras y compañeros: señor presidente muchas gracias por autorizar que se inserte tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta, la iniciativa presentada.