EL DIP. SALVADOR ROCHA DIAZ: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea: He reservado la reforma que contiene el dictamen a discusión a los artículos 164 en primer párrafo y en la fracción IV, así como la fracción III del artículo 184 por las razones que quiero compartir con ustedes, pidiendo que las escuchen con la mayor objetividad, vean las trascendencia que estas reformas pueden tener y que impere el buen juicio de dejar el texto de la ley vigente a reserva de que hagamos un estudio integral del régimen jurídico de los agentes aduanales. Voy a dividir mi intervención que procurara ser lo mas breve posible en el aspecto económico del problema y en el aspecto jurídico que tiene el mismo. El régimen aduanal y el específico de los agentes aduanales, tiene como una de sus finalidades primordiales el combatir el contrabando, en tanto que el contrabando desde el punto de vista económico, es uno de los fenómenos que más dañan a la economía nacional; dañan al sector productivo, dañan al sector comercial. En el sector productivo en tanto que bienes provenientes de otros países que tendrían que pagar los impuestos correspondientes o que tendrían que sujetarse a la normatividad aduanera, entran a competir con ventaja respecto de los artículos de producción nacional. Creo que todos los presentes hemos oído la queja de los industriales mexicanos tanto de la pequeña industria como de la mediana y de la grande, que están demandándonos que se dé una revisión integral para mejorar los servicios aduaneros y evitar el contrabando. Daña al sector comercial, en tanto que el contrabando es el que alimenta fundamentalmente todo el mercado informal que compite indebidamente, ilegalmente con el comercio formal. Este tema, creo que todos lo hemos venido analizando y estudiando en tanto que es un reclamo de la mayor importancia de todo el sector productivo y el sector comercial del país. El sistema aduanero es sin duda la columna vertebral de la defensa de la planta productiva mexicana y de su planta comercial. No soy economista, pero creo que los distinguidos economistas que están presentes en esta Cámara de Diputados, reconocerán lo que yo muy elementalmente les he planteado a ustedes. Ese es el compromiso que tenemos los legisladores con la economía nacional, máxime en estas épocas de globalización económica y de fuertes intercambios de mercancías entre los diversos países. Veamos ahora cuál es la problemática desde el punto de vista jurídico. El tema del contrabando y su regulación a través de normas aduaneras no es de ahora, tiene raigambres históricas en nuestros propios ordenamientos jurídicos, precisamente por la importancia económica que esto representa para la economía nacional. El primer antecedente histórico que tiene la regulación de la materia aduanal en el México independiente, es la Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas de Cabotajes y Secciones Aduanales del 25 de enero de 1885, En esta Ordenanza, se disponía que el importador debería personalmente suscribir toda la documentación que era necesaria para lograr la importación. No se permitía la intervención de terceros, precisamente para lograr el control indispensable de las mercancías que entrarían al territorio nacional. Vino después la Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas de 12 de junio de 1891, con el mismo principio. Y no es sino hasta el 15 de febrero de 1918, en el que don Venustiano Carranza en uso de facultades extraordinarias, emite un decreto por el cual regula por primera vez a los agentes aduanales. Que importancia no tendría para la economía nacional, que el propio 15 de febrero de 1918 apenas un año después de la emisión de nuestra Constitución vigente, el Presidente Carranza tuvo necesidad de emitir un decreto para regular la intervención de los agentes aduanales. Con este primer antecedente donde se permite que un tercero intervenga en el trámite de importación que antes debería de ser el interesado directamente, es que se empieza a regular una institución de innegable beneficio para el buen servicio de los trámites aduaneros, que es la intervención de un agente aduanal. Pero un agente aduanal autorizado por el propio gobierno, controlado y supervisado por el propio gobierno, y a quien se le exige en consecuencia, un nivel de preparación, de competencia, de honestidad superior a la de cualquier ciudadano. La Ley de Agentes Aduanales de 27 de agosto de 1927, revela que el agente aduanal requiere una normatividad específica, completa que permita controlar su actividad habida cuenta de la importancia que ésta tiene para los efectos de evitar fenómenos de contrabando. El Código Aduanero de 30 de diciembre de 1951, dedicó el titulo 18 a los agentes aduanales como lo hace el título séptimo de nuestra vigente Ley Aduanera. No es pues el agente aduanal un simple profesionista que decide por sí y ante sí dedicarse a una actividad abierta a la concurrencia de cualquier ciudadano. ¡No! es un auxiliar de la administración pública que presta su colaboración y servicios para controlar uno de los aspectos más sensibles de la economía nacional como es el contrabando. Es por ello que al agente aduanal no puede ejercer esta función sin una patente que le expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los agentes aduanales, en consecuencia, de acuerdo al propio título séptimo de nuestra ley vigente, deben satisfacer requisitos especiales de preparación, competencia y experiencia, deben tener antecedentes que acrediten su honestidad, deben realizar personalmente la función al punto que el 35% de los pedimentos aduanales deben ser firmados personalmente por el agente aduanal independientemente del tamaño de su agencia aduanal, precisamente para asegurar al estado que ese auxiliar le va a prestar una colaboración eficiente, eficaz con estricto apego a la ley. Ciertamente que así como tienen la exclusividad para hacer el trámite aduanal, tienen igualmente especiales responsabilidades, entre ellas precisamente las que señala el artículo 162 en cuya concordancia se establecen las causas de suspensión a que se refiere el 164 que fue introducido en este dictamen. Debo hacer mención que la iniciativa Presidencial no proponía la reforma del 164 ni de la fracción III del 184, no la proponía porque no era una propuesta del Poder Ejecutivo ni de la Secretaría de Hacienda; es una propuesta que tiende a relajar en forma altamente inconveniente los instrumentos con los que cuenta el gobierno para los efectos de controlar la importante función de los agentes aduanales. El artículo 164 vigente, nos dice: "el agente aduanal será suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta por 90 días o por el plazo que resulte en los términos de las fracciones I, IV, V y VIII de este artículo por las siguientes causas": Fracción IV. Estar sujeta a un procedimiento de cancelación y la suspensión durará hasta que se dicte resolución". ¿Qué nos propone el dictamen de la Comisión? Primero, que en el primer párrafo se elimine la fracción IV, con lo cual hay una contradicción, porque después se reforma la fracción IV. En el 164 propuesto por el dictamen nos dice: "el agente aduanal será suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta por 90 días o por el plazo que resulte en los términos de las fracciones I, V y VIII". Resulta que en ese supuesto, pues se elimina la fracción IV y no sé porqué la quieren reformar, pero bueno, es una contradicción resultado de la precipitación con la que se incorporó esta reforma al dictamen . Pero asumiendo que fuera una simple omisión mecanográfica dice la IV del dictamen: "estar sujeto a un procedimiento de cancelación, la suspensión durará hasta que se dicte resolución excepto en los casos en que se refieren las fracciones III y IV del artículo 165"; y al ver las fracciones III y IV del artículo 165 son de especial trascendencia. La III dice: "señalar en el pedimento nombre, domicilio fiscal o la clave del Registro Federal de Contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la operación a la agencia aduanal o cuando estos datos resulten falsos o inexistentes". Esta es la causal obviamente más importante, porque es precisamente lo que se hace para hacer el contrabando de gran dimensión, el contrabando documentado. Si ustedes ven las estadísticas que publica la Secretaría de Hacienda, nos encontramos con que la causal prevista en la fracción III, es el 44. 26% de todos los procedimientos de cancelación. ¿Qué indica esto? Pues indica que obviamente ahí la autoridad tiene que estar haciendo un esfuerzo para lograr que no se utilice esta técnica de variar el nombre, domicilio o Registro de los Contribuyentes para lograr la introducción ilegal de mercancías al país. La cuarta es retribuir en cualquier forma los servicios de un agente aduanal suspendido. No se trata simplemente de que un agente aduanal pueda tomar la clientela del agente aduanal suspendido, no; lo que sanciona este precepto es que el agente aduanal no suspendido, retribuya al agente aduanal suspendido, con lo cual lo único que se está haciendo es propiciar que haya una burla a las suspensiones dictadas por la propia autoridad. Yo quiero decir finalmente que esto es de tal importancia, que ha sido llevado a los tribunales federales con frecuencia, al punto de que tenemos una jurisprudencia establecida por contradicción de tesis. Ustedes saben que una jurisprudencia por contradicción de tesis se da cuanto tribunales colegiados resuelven en sentidos contradictorios; y en este supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la que debe resolver la contradicción de tesis y establecer jurisprudencia por contradicción. Y dice la tesis de jurisprudencia 21 de 93: "Agentes aduanales. Es improcedente la suspensión contra el acto en que acuerde suspenderlos en sus funciones..." No voy a leerles toda la jurisprudencia definida, pero esta jurisprudencia está basándose precisamente en que esa suspensión es indispensable para los efectos de evitar que se le cause un perjuicio al interés social, al seguir permitiendo que actúe como agente aduanal, una gente que ya tiene un indicio de estar actuando a favor del contrabando, ilícitamente y en contra de las disposiciones que lo rigen, establecidas en la Ley Aduanera. Por la importancia de este tema y sin perjuicio de que esta Honorable Cámara de Diputados haga un estudio integral del régimen legal previsto en el Título Séptimo de la Ley Aduanera y que se aplica a los agentes aduanales, es que pido su voto a efecto de que se eliminen del dictamen, la reforma del artículo 164 y la reforma de la fracción III del artículo 184. Muchas gracias. PRESIDENTE: Gracias diputado Salvador Rocha Díaz. En pro del dictamen en lo relativo a los artículos 164 y fracción III del 184, hará uso de la palabra el diputado César Alejando Monraz Sustai t, hasta por 15 minutos. DIP. CESAR ALEJANDRO MONRAZ SUSTAITA: Con su permiso señor presidente; señoras y señores diputados: Mi intervención, no obstante que la fijamos el día de ayer en la Comisión de Hacienda, va en el sentido de apoyar la reforma al artículo 164 en su fracción IV, en virtud de que es un elemento de justicia a los agentes aduanales que actualmente han sido violados en sus garantías. Así como lo decía el diputado, voy a hacer una referencia primeramente el espíritu de esta reforma. Nosotros dividimos las causales de suspensión provisional de la patente aduanal. Y otra cosa es la revocación de la patente del agente aduanal, que lo establece el artículo 165. Si un agente aduanal comete el delito de contrabando, inmediatamente se le suspende y se le sigue el juicio correspondiente, porque nosotros no defendemos esa causa. Sólo dividimos cuáles son las causales graves y cuáles son las causales no graves. Y sólo así damos garantías al agente aduanal, en virtud de que existe un daño patrimonial porque no existe una garantía de audiencia al suspendérsele y los juicios no duran o el procedimiento no dura dos o tres o hasta un año, sino dura hasta más años y ahí no hay una manera de restituirle su daño patrimonial. Me voy a permitir darle lectura a una jurisprudencia, ya que lo dijo el diputado, y en efecto existe jurisprudencia en la Corte, en la que le da la revocación de la suspensión a los agentes aduanales, en virtud de que se le viola su derecho de audiencia. Y toda vez que los tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación, han emitido diversas tesis y jurisprudencias al respecto del otorgamiento de la procedencia de la suspensión provisional contra la orden de suspensión que, con motivo de la cancelación de patente, está sujeta el agente aduanal. Lo anterior se observa en la siguiente tesis. Agentes aduanales procedencia de la suspensión provisional contra la orden de suspensión también provisional en sus funciones. Seminario Judicial de la Federación, parte 13, octubre, octava época. Suspensión agente aduanal, acuerdo que le impide continuar en el desempeño de sus funciones. Es un acto prohibitivo para efectos del Semanario Judicial de la Federación, parte 13, julio, octava época. Agente aduanal suspensión en el ejercicio de su patente en su acto de imposible reparación para la procedencia de juicio de garantías. Tribunales Colegiados de Circuito. Y en fin, siguen contando, y se lo dejo aquí a la disposición de los señores diputados. Como se puede apreciar, los tribunales del Honorable Organo Judicial de la Federación se han pronunciado reiteradamente en el sentido de conceder al agente aduanal la suspensión del acto reclamado en contra del acuerdo que ordena suspender al mismo, toda vez que la suspensión en el ejercicio de las actividades de este profesionista causa perjuicios por sí misma, ya que ni podrá ser reparado el daño a pesar de obtener la resolución favorable en las instancias legales o en el juicio de garantías correspondientes. Aunado a lo anterior es claro que los tribunales federales son los órganos competentes de conformidad con lo dispuesto por la Constitución de la República Mexicana para atemperar el sentido de una ley. En este caso, con la reforma propuesta al artículo 164 fracción IV de la Ley Aduanera, únicamente se busca atenuar en sólo dos casos, como lo son en el artículo 165 fracción III y fracción IV los daños y perjuicios que les son causados a los agentes aduanales con motivo de su intervención en operaciones de comercio exterior, toda vez que los procedimientos administrativos de cancelación de patente no duran, como lo dije anteriormente, ni 6 meses ni un año ni 3 meses, sino hasta 7 años, por lo que es más claro en el sentido de justicia que no se suspensa al agente aduanal en el caso de las causales de menor gravedad. Son los supuestos que se han señalado. En este mismo sentido, señoras y señores diputados, me permito recordar a esta soberanía la fracción IV del artículo 65 de la Ley Aduanera que establece una pena trascendental, la cual en el artículo 22 de nuestra Carta Magna se encuentra expresamente prohibida y que, para mayor exactitud, me permito darle lectura. "Artículo 22. Queda prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la maca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales". Como se puede apreciar, el hecho de que un agente aduanal en pleno ejercicio de sus funciones preste ayuda a un agente aduanal que está sujeto a un procedimiento de cancelación en cualquier forma no Justifica que también se le cancele a él por ese simple hecho. Por otra parte, comentaré que lo dispuesto por el artículo 165, fracción III de la Ley Aduanera establece la posibilidad de que un agente aduanal sea cancelado por el simple hecho de que un importador o exportador declare ante la autoridad que no solicitó una operación de comercio exterior, dándose el caso incluso en los que el contribuyentes, de manera dolosa y artificiosa, se hace pasar por la personalidad jurídica de otro contribuyente a efecto de colocar al agente aduanal en la hipótesis señalada en el procedimiento. El nombre, el domicilio fiscal, la clave del Registro Federal de Causantes o de alguna persona que no hubiere solicitado la operación. Y finalmente y ésta es información que puede ser consultada por esta soberanía a la autoridad fiscal se tiene conocimiento que en los 3 últimos años esta fracción III del artículo 165 ha causado no el 43% sino el 70% de los procedimientos en donde es invariablemente el importador denunciante extorsiona al agente aduanal so pena de denunciarlo para que procedan en su contra por no haberle encomendado la operación. No obstante todo lo anterior y explicadas que fueron de manera sobrada en la Comisión de Hacienda el día de ayer que existen justificaciones de elemental justicia y equidad como razones legales y constitucionales que apoyan esta propuesta, quiero manifestarles a esta soberanía si en este país primero se castiga y después se juzga, por qué en esa misma medida y en este caso, de no aprobar esta propuesta, se seguirla lesionando a este auxiliar de la función pública aduanera pero más aún, nuestra elemental garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Así que, señores y señoras Diputados, no dejémonos equivocar en la cuestión del artículo 164. Solamente es para que no se le suspenda, pero inicia el procedimiento. Y solamente es en causas no graves, porque el artículo 175 que establece las causales del retiro de la patente del agente aduanal no fueron modificadas, las causales siguen siendo las mismas. So lamente para cuestiones de suspensión provisional en tanto dura el juicio o el procedimiento, únicamente se excluyen las fracciones antes mencionadas. Así, señores Diputados, los exhorto a votar a favor del artículo 164 en sus respectivas fracciones. Es cuanto, señor Presidente. [Aplausos en el grupo parlamentario panista] EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Han hablado ya quienes estaban registrados, uno en contra y uno a favor. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría pregunte a la asamblea si se considera suficientemente...