La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el delito de extorsión está considerado como de alto impacto para la sociedad por las lamentables consecuencias que tiene para las víctimas. La extorsión es definida como la acción mediante la cual un individuo obtiene dinero de otro mediante intimidación o amenaza de violencia. Es una de las prácticas delictivas más comunes y que con mayor frecuencia se realiza desde los centros penitenciarios. Según diversas organizaciones ciudadanas, la extorsión se ha convertido en un delito que ha sufrido la mayor parte de la población, principalmente cuando la acción del gobierno se ha centrado en el combate del tráfico de drogas, por lo que las asociaciones delincuenciales han recurrido a diversificar sus actividades para mantener sus niveles de ingresos. Lo cual ha generado un sistema en el que muchas personas viven de arrebatar bienes y dinero a otros a través de amenazas. La extorsión tiene múltiples modalidades, desde las llamadas telefónicas por secuestros simulados hasta el cobro de piso, que consiste en la exigencia de un pago periódico a quienes se dedican a cualquier actividad comercial para proporcionarles protección o simplemente para que no sean víctimas de la comisión de delitos. Se extorsiona tanto a grupos delictivos rivales para quienes pasar droga, inmigrantes por un punto controlado por otro cartel, como empresarios, productores agrícolas, dueños de pequeños negocios y comerciantes ambulantes. Entre enero de 2019 y febrero de 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realizaron alrededor de 111 mil llamadas a los números de emergencia para denunciar ser víctimas de extorsión, situándolo como el segundo delito del fuero común más recurrente a nivel nacional, solo después del asalto a mano armada a transeúnte o transporte público. Sin embargo, como sucede en la mayor parte de los delitos, la cifra de denuncias telefónicas no corresponde con el número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público que consigna mil 245 carpetas de investigación por el delito de secuestro para extorsionar. Adicionalmente, en el mismo periodo se iniciaron 10 mil 104 carpetas con lo que en total tendríamos 11 mil 349 carpetas de investigación. Es decir, únicamente el 10 por ciento de las personas que dijeron telefónicamente haber sufrido actos de extorsión llegan a interponer una denuncia. Es menester indicar que, en 2018, el monto recaudado por el delito de extorsión superó los 12 mil millones de pesos, equivalente a lo destinado por el gobierno federal, en 2019, a los estados en los dos fondos de seguridad: FASP y, el ahora en vías de extinción, el Fortaseg. Si bien, el Grupo Parlamentario del PRD estamos plenamente conscientes de que el populismo penal no conduce a la reducción de la incidencia delictiva, concordamos en que el Estado debe de tomar cartas en este asunto. Por el cual exhortamos a las autoridades de procuración de justicia y a las judiciales para redoblar los esfuerzos encaminados a disminuir los índices de impunidad en este delito, confiando en ello votaremos a favor del presidente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.