La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Compañeras y compañeros, con el permiso de la Presidencia. Pueblo de México, legislar en materia de seguridad pública no solo es una responsabilidad técnica, es sobre todo un acto profundamente político y ético. Hoy discutimos un dictamen de gran calado, que transforma el marco legal de nuestra Guardia Nacional y redefine la arquitectura institucional de la seguridad en nuestro país. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos que esta propuesta representa un gran esfuerzo integral para armonizar el marco jurídico con la reforma constitucional del 30 de septiembre del 2024, y por dotar a la Guardia Nacional de un marco normativo sólido, profesional y funcional. La expedición de una nueva Ley de la Guardia Nacional y las reformas asociadas a siete leyes y dos códigos no son modificaciones menores, se trata de una restructuración profunda, que busca otorgar certeza jurídica, disciplina interna y control institucional a una de las fuerzas más relevantes del Estado mexicano. La Guardia Nacional, como lo establece esta ley en su artículo cuarto, se consolida como una fuerza de seguridad pública con carácter permanente, profesional, integrada por personal militar con formación policial. Esta decisión otorga solidez operativa y coordinación institucional, pero también nos obliga a reflexionar sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública y a mantener los mecanismos de control democrático activos y eficaces. A favor del dictamen hay que reconocer avances, como la integración plena de la Guardia Nacional al sistema educativo militar, lo cual garantiza su profesionalización bajo estándares de derechos humanos. Además, la eliminación de figuras discriminatorias, como el militar auxiliar, abriendo paso a una carrera equitativa y meritocrática y la introducción de controles parlamentarios, como el informe anual al Senado, y jurisdiccionales, como la necesidad de autorización judicial para la intervención de comunicaciones, que fortalecen el estado de derecho. Asimismo, la centralización de funciones operativas en la Sedena debe de ir acompañada de mayor transparencia y acceso a la información pública, para que la ciudadanía pueda evaluar de manera clara los resultados y las acciones de esta fuerza. Por otro lado, es pertinente mencionar que el dictamen conserva mecanismos de control interno, como la Unidad de Asuntos Internos, que ahora contará con autonomía de gestión y atribuciones claras en materia de vigilancia y supervisión. Esto es un avance importante, compañeras y compañeros, pero su eficacia dependerá de que su funcionamiento no se vea limitado por jerarquías internas ni presiones externas. En suma, esta propuesta tiene fortalezas evidentes: armoniza el marco constitucional, dota de legalidad a una fuerza vital para el Estado mexicano y establece mecanismos de formación, educación, disciplina y control. Pero como legisladores responsables, debemos mantenernos vigilantes. No basta con legislar, también debemos evaluar, fiscalizar y corregir cuando sea necesario. Porque proteger a la nación no es solo construir instituciones fuertes, sino también asegurarnos de que actúen con ética, legalidad y bajo el escrutinio democrático. Desde esta tribuna manifestamos una postura de respaldo, acompañada de una reflexión crítica y un llamado al seguimiento permanente. Apostamos por un país en paz, con instituciones legítimas, eficaces y sujetas al orden constitucional. Es cuanto, presidente. Retiro mi reserva.