La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD): Con su permiso, ciudadano Presidente. Compañeros y compañeras diputadas: Hoy estamos en un momento inédito en la historia política contemporánea de nuestro país, en un momento que marcará para el futuro el sentido de la verdad y la justicia. A nosotros como legisladores nos toca dignificar la tarea y el trabajo que realizamos: ennoblecer el oficio de la política en medio de un contexto marcado por la lucha entre dos concepciones de nación y la embestida no hacia una persona sino hacia un proyecto que se ha erigido como alternativo para miles de ciudadanos. En nuestra sociedad y en su ejercicio político sólo existe lo que se ve. Estamos ante la dictadura de la imagen, exponiendo nuestras relaciones en todos los niveles y la construcción que se hace del poder en los medios de comunicación. Este Jurado de Procedencia tiene como espíritu salvaguardar la independencia y dignidad del Poder Legislativo, no para determinar la existencia o no de un delito, sino para preservar a los diputados de revanchas políticas y pasiones partidistas. Estamos ante este acto administrativo y no jurisdiccional. No es de nuestra competencia juzgar. Somos un jurado para evaluar que el procedimiento por el que se intenta privar a un integrante del Poder Legislativo de la inmunidad procesal, no violente la presunción de la inocencia, el debido proceso, las garantías individuales y los derechos humanos. El proceso contra René Bejarano Martínez tiene un vicio de origen, se sustenta en una acusación a partir de un video, notas periodísticas y declaraciones en prensa, que de acuerdo al artículo 16 de nuestra Carta Magna, no hacen prueba plena, por el contrario, son una violación a la seguridad jurídica del indiciado y una trasgresión al estado de derecho. Ninguna comunicación privada puede ser utilizada en un proceso penal, si no se toma con la anuencia del Poder Judicial, las imágenes de vimos, además de no contar con autorización, son en sí mismas constitutivas de un delito. Por si fuera poco, se pretende darle valor probatorio a las declaraciones de prensa de Bejarano Martínez, éstas no pueden tener este carácter, pues no fueron hechas frente a autoridad competente, como lo establece el Artículo 20 de la Constitución. Existe una violación flagrante al Artículo 61 Constitucional, donde se establece que las opiniones de un legislador no podrán ser reconvenidas, puesto que la ley no determina cuáles son los asuntos de los que puede o no hablar en el desempeño de su cargo. Les pregunto entonces, siguiendo el argumento del dictamen, ¿cuáles son los temas o asuntos sobre los que un legislador no podría hablar?, o más allá, ¿un diputado deja de serlo cuando va a una entrevista? Estos elementos son muy claras, la ley no puede ser interpretada o parafaseada políticamente, aun menos se puede sostener la solicitud de acción penal con medios probatorios prohibidos por la ley, pues estaríamos vulnerando el principio de justicia e igualdad, que es la presunción de inocencia. Lo que ha ocurrido en este caso, es que tenemos un juicio y una sentencia por adelantado, aunado a esto, la Instructora le otorgó valor probatorio a las apreciaciones de los diputados, locales y federales, aun no constándoles los hechos de forma presencial, si acaso son de videos, testigos como todos nosotros. Habría que reconocer la riqueza doctrinal del dictamen que nos presentan, pero la doctrina no puede sustituir ni la ley ni las pruebas, pruebas que por cierto no se incluyeron en el dictamen ni conocemos ni muchos menos tenemos a la vista. No se puede desechar una prueba, argumentando que no se acredita el método y la técnica de la alteración, pero se acepta que está manipulado, de manera unilateral la Instructora no aceptó las pruebas presentadas por el diputado con licencia, sin mediar razonamiento jurídico real, fundamentación alguna que simplemente no las aceptó por considerarles irrelevantes. ¿Cuál es esta característica de relevancia para la Sección Instructora? La Sección Instructora se abroga el derecho de legislar y enmendar lo establecido claramente por la Ley Federal de Responsabilidades Públicas. Sabemos que todo proceso judicial lleva a una verdad, y ésta no es necesariamente la verdad de quien tiene el poder en este momento. Con esto, compañeras y compañeros diputados, los conmino a que en conciencia y en congruencia, votemos en contra de este dictamen. Por su atención gracias.