La diputada Maricela Contreras Julián: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso de la Presidencia. Una de las tareas prioritarias en materia de derechos humanos es hacer visible temas que están invisibilizados, y hacer que estos temas no se vean como normales en su exclusión. Esa tradición institucional de negar derechos y libertades es la causa de una serie de factores que lastiman a ciertos sectores e impiden el desarrollo pleno, además de acentuar las desigualdades sociales. Hoy presento a nombre de legisladores y legisladoras de diversos grupos parlamentarios, tres iniciativas que buscan romper con esa inercia cultural e institucional de continuar con esquemas de discriminación y negación de derechos. La primera de ellas es una reforma constitucional para que el Congreso de la Unión expida una ley general para prevenir y erradicar la discriminación. Surge la propuesta, pues las legislaciones específicas de entidades federativas tienen parámetros muy diversos para la tutela de derechos y en algunos casos se permiten prácticas discriminatorias. Es decir, necesitamos primero autorizar al Congreso, por eso la reforma constitucional, para que después podamos hacer esta ley. Por ejemplo, en la Ciudad de México se habla de no discriminación por razones de género o preferencia sexual y en la mayoría de los estados el tema es prácticamente un tabú o un prejuicio. Se propone una ley general para que fije los criterios para dar cumplimiento al principio constitucional de igualdad y no discriminación, además de fortalecer al Conapred como la instancia rectora de la materia a nivel nacional. Tendríamos así leyes armonizadas y tendríamos estándares comunes de protección, y sobre todo lineamientos específicos para prevenir y sancionar la discriminación sin que el Estado sea el propio quien la propicie. La segunda iniciativa busca la atención de un importante sector de la población, y nos estamos refiriendo a las mujeres migrantes. Atender su condición se vuelve una prioridad , más con la política amenazante y de nulo respeto a los derechos impulsada por el presidente electo Donald Trump. La realidad nos muestra que las mujeres migrantes que se encuentran en tránsito en México o que buscan mejores condiciones de vida en otro país, son víctimas de violencia, de abusos sexuales, intimidaciones o tratos denigrantes, sin que puedan ejercer sus derechos. Esta problemática se coloca en una situación vulnerable que afecta también a los integrantes de su familia, que muchas veces viajan con ellos. Su situación se agrava al considerarlas como un botín por parte de las autoridades migratorias y de grupos delincuenciales. La modificación que proponemos otorga facultades al Instituto Nacional de las Mujeres para promover, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, acciones de prevención y atención de cualquier tipo o modalidad de violencia contra las mujeres migrantes y, con ello, se podrán realizar acciones concretas que erradiquen los malos tratos, las agresiones físicas y sexuales, además de posibilitarles acceso a los servicios de salud y de impartición de justicia con una homologación de los servicios. La condición migratoria no debe ser causa de discriminación. Por eso es que proponemos esta reforma. Finalmente, la tercera propuesta busca incorporar como sujetos de derechos a niñas, niños y adolescentes en riesgo de vivir en la calle, o que integran las poblaciones callejeras. Hablar de este sector de la población es hablar de personas que han sido sistemáticamente ignoradas por las acciones del gobierno, a tal grado que en la Ley General para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son totalmente invisibles y se encuentran en un completo estado de indefensión. Derechos básicos, como la educación, la salud y hogar, están limitados por el abandono, la desigualdad, la pobreza y discriminación que padecen este grupo de la población. Esta situación de múltiples exclusiones en la que sobreviven, los hace vulnerables para convertirse en rehenes de la delincuencia organizada o víctimas de la trata de personas. Esta situación no puede ser ignorada. De ahí la urgencia de establecer la obligación de todas las autoridades para realizar acciones que les garanticen sus derechos y elaboren protocolos de restitución de sus derechos. De esa manera estamos velando por el interés superior de la niñez y no dejando fuera del reconocimiento de sus derechos a esta población que vive en la calle por la exclusión social. Como pueden observar, compañeras y compañeros, se trata de cumplir con nuestro papel legislativo y reconocer derechos, no ignorarlos, no negarlos o peor aún, no respetarlos. Es cuanto, diputado presidente.