La diputada Sofía Castro Ríos: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, vengo hasta esta tribuna a plantear uno de los últimos reclamos de los últimos tiempos, cuando menos de 10 años para acá, ha sido de forma recurrente que las cajas de ahorro y crédito estén defraudando al 13 por ciento de la población nacional, que de acuerdo a la encuesta de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), el 16 por ciento de la población nacional genera ahorro en cajas de ahorro popular. De ese 16 por ciento que se convierte en el 100 por ciento a nivel nacional, el 13 por ciento acude a ahorrar el producto de su trabajo de 30 años, de 26 años, producto de las indemnizaciones, liquidaciones o jubilaciones a una caja de ahorro, y esto hace a que genere no sólo la especulación del dinero, sino la actitud perversa de mentes que están buscando cómo dañan a la sociedad mexicana. Es así como en los últimos 10 años se han tenido que generar disposiciones desde este Poder Legislativo, como fue la Ley del Fideicomiso de Pago (Fipago), que buscó en la ruta de la compensación resarcir en parte los recursos, los dineros perdidos por aquellos defraudadores. Y después de 10 años que lo hemos buscado en la vía del presupuesto, en la vía de la compensación, hoy no hay una ley penal, no hay una disposición normativa que sancione con mayor dureza el actuar de estos vivales. Es por eso que vengo a llamar la atención la atención de mis compañeras y mis compañeros legisladores, a efecto de que reformemos el artículo 86 y 87 del Código Penal Federal a efecto de evitar la laguna en la ley, el vacío en la ley o la interpretación incorrecta de la ley que los juzgadores han hecho, y que con ello los defraudadores han seguido incubando y han seguido acrecentando patrimonio a cuenta de cientos miles de mexicanos. En el caso de Puebla, más de 55 mil personas han sido defraudadas; en Oaxaca más de 35 mil personas han sido defraudas y el producto de 30 años de su vida de trabajo se está yendo a manos de vivales que no tienen una ley que los regule, que los sancione. Y por eso vengo a someter a consideración de ustedes penas más severas que reglamentará, si es de aprobarse, el artículo 386 del Código Penal Federal y, por supuesto, en el artículo 387 que prevemos la forma de cómo se sancionará el delito de fraude en su fracción XII que a la letra dice: “Al que efectuando cualquier tipo de operaciones o comercio con dinero se niegue a pagar capital e intereses pactados en el momento en que el cliente, socio o accionista lo requiera, se aumentará en un tercio la pena cuando el delito se cometa aprovechándose de la notoria ignorancia o de la falta de dominio, desconocimiento del idioma del ahorrador”. Éste será un artículo que coadyuve a que no sean más de los 100 mil, de los 200 mil hombres y mujeres que son captadores de recursos con el producto de sus familiares en Estados Unidos, en Canadá y que al llegar a sus comunidades, a sus regiones, se encuentran con este tipo de ciudadanos que no sólo están lesionando el presente y el futuro, que han ocasionado enfermedades que hoy algunos han fallecido, han perdido la vida por la desesperanza que no tiene cómo recuperar los cientos, los miles o los millones de pesos que fueron a ahorrar a una caja de ahorro popular que se abren en el día y se cierran en la noche. Quiero, pues, llamar la atención de mis compañeras y compañeras legisladores de la Comisión de Justicia para que en breve tiempo podamos darle una respuesta a la sociedad mexicana que ha sido defraudada por este tipo de vivales y podamos actuar en consecuencia como Estado, como nación, como autoridad y como Congreso mismo. Muchas gracias a todas y a todos por su comprensión y su solidaridad con el tema. Muchas gracias.