La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, compañeras y compañeros. Les voy a solicitar que por favor me acompañen en una reflexión. En esta legislatura se está dando una práctica que nosotros consideramos riesgosa. Se ha estado endureciendo el derecho penal, lo hemos estado platicando en las Comisiones de Justicia en las que participo. Y me explico. Se han estado incrementando penas, se pretende hacer más delitos imprescriptibles, se amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y ahora se estará aprobando el procedimiento por el que nada menos que 245 delitos, ya una vez desdoblados todos los tipos que tenemos enlistados, serán susceptibles a dar inicio a procesos de extinción de dominio. Yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de los delitos de prisión preventiva oficiosa, citemos el feminicidio, ¿ha disminuido la comisión del mismo desde que se incluyó en este catálogo? Porque aquí se dijo que así sería, que iba a disminuir la comisión de esos delitos y ha ocurrido lo contrario en el caso que platicamos, lamentablemente ha ido al alza. Lo que quiero transmitir es que las leyes por sí mismas no solucionan los problemas de la realidad y serán tan eficaces y eficientes como el uso que se haga de ellos y como claros y concisos sean los procedimientos que se enuncien en las mismas. El populismo penal, compañeras y compañeros, no nos va a servir de nada. Por supuesto, el objetivo de esta ley es loable, todos aquí estamos a favor de fortalecer el combate al crimen organizado y a los criminales, el combate a la corrupción y en debilitar la estructura patrimonial y financiera, repito, del crimen organizado y los criminales, nunca a terceros de buena fe y nunca por encima de sus derechos humanos. Los tiempos que vivimos con el alza incontrolable en la inseguridad y el justo reclamo de la sociedad por vivir en paz nos está llevando a aprobar medidas cada vez más coercitivas aun en contra de los tratados de los que México es parte y porque se consideran políticamente correctas. Estamos normalizando, compañeras y compañeros, lo que debería ser excepcional. Por supuesto que como ya se dijo esta ley y su espíritu es loable, por lo que en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la extinción de dominio y votaremos así en lo general, particularmente en estos días que son los más violentos en la historia de nuestro país. Pero queremos asegurar que esta herramienta sea utilizada con responsabilidad para los fines enunciados y no con fines políticos o para causar daños al patrimonio de las personas inocentes o para la instauración de un Estado policial. Hoy, la minuta que se nos propone tiene lagunas y aspectos poco claros que se han denunciado no únicamente por el grupo que yo represento, sino por las y los diputados que me han antecedido en la voz, por lo que nosotros estaremos presentando las reservas correspondientes. Tenemos gran preocupación por los alcances y la utilización de esta figura jurídica como instrumento de censura a las voces opositoras al gobierno y se tiene que decir con todas sus letras. Nos preocupa salvaguardar los derechos de terceros involucrados de buena fe en el proceso, la relevancia de la concurrencia de los procedimientos de extinción y el penal y sobre todo el destino de los bienes que se logren con este mecanismo. Nos preocupa que sirvan de caja chica al Ejecutivo de la República. Nos preocupa que el Ministerio Público podrá realizar aseguramiento de propiedades o cuentas bancarias de forma preventiva incluso cuando no se haya planteado aún la petición de inicio del juicio de extinción. Nos preocupa la carga de la prueba sobre el ciudadano para probar su buena fe y no cuando estamos hablando de criminales, sino de terceros venidos a estos juicios cuando no han tenido nada que ver en la comisión de ilícitos. Y nos preocupa también que muchos de los preceptos que están en la Ley Modelo de la ONU fueron cambiados o no fueron contemplados para este proyecto. Esta nueva ley establece claramente que durante su aplicación se respetarán y protegerán los derechos fundamentales y las garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales aplicables. Veamos que esto se cumpla a cabalidad particularmente con el mecanismo que tenemos del informe que tendrán que venir a rendir a este Congreso y a los Congresos estatales quienes están aplicando la ley. Nos alienta el pensar que esta ley será utilizada contra los criminales y que ayudará a la lucha por pacificar el país y por supuesto estaremos atentos para presentar las reformas que sean necesarias, particularmente la reforma que será necesaria al 22 constitucional porque consideramos que varios de los puntos que vienen en esta minuta se están extralimitando en el texto constitucional. Les agradezco mucho su atención. Es cuanto, diputada presidenta.