El diputado Alejandro Avilés Álvarez: En el noble sendero de la democracia cada paso dado por la coalición juntos hacemos historia nos ha acercado progresivamente a una justicia genuina, fundada en la auténtica representación popular que da la voz al pueblo. La reforma a la Ley de Amparo que hoy se nos presenta no es simplemente una modificación técnica del marco normativo, sino la continuación de una de las reformas más trascendentales en el último siglo. Una verdadera manifestación palpable del firme compromiso con la evolución y el fortalecimiento de nuestra estructura política y judicial. Esta reforma refleja la capacidad del sistema jurídico para adaptarse sin perder su norte, garantizar nueva justicia popular, fortalecer el Estado de derecho y salvaguardar la igualdad de todos los ciudadanos. La propuesta de esta reforma la cual establece que las sentencias de amparo no fijarán efectos generales en los juicios que resuelva la inconstitucionalidad de normas generales, es un paso hacia la consolidación de un sistema judicial más equilibrado y eficiente. La Suprema Corte no debe convertirse en el legislador implícito de un sistema con claro equilibrio entre Poderes, sino que debe garantizar que las normas se ajusten a la Constitución sin imponer su propia visión sobre las decisiones colectivas y populares del Congreso. Aquí no se trata de restar poder al Poder Judicial, sino de reconocer sus límites, de entender que en la democracia las instituciones tienen roles claramente definidos para preservar el equilibrio entre los Poderes del Estado. En una analogía política clara si la democracia es una danza armónica entre los tres Poderes, el Judicial debe de ser el que guíe con rectitud y no el que imponga su paso a la coreografía del Poder Legislativo o Ejecutivo. La reforma también introduce un cambio significativo de la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reduciendo su número a 9 integrantes, como lo señala la reforma constitucional. La modificación en la mayoría para aprobar sentencias y resoluciones refleja un compromiso con la racionalización de nuestras instituciones y valores, menos burocracia y más austeridad. La reducción de miembros en la Corte es una medida que fortalecerá la calidad de las deliberaciones, permitiendo decisiones más claras, menos polarizadas y con una visión más integral de los problemas que enfrenta nuestro país. En cuanto a la modificación del lenguaje en las disposiciones normativas, este ajuste es un acto de inclusión y modernización. El derecho es vivo y, al igual que los seres humanos, necesita adaptarse a los tiempos, cambiar la terminología para utilizar el lenguaje incluyente refleja la apertura y entendimiento de que la ley debe ser accesible para todas y para todos. Debe abrazar la diversidad que nos caracteriza como sociedad. La ley no puede ser ni ajena ni opaca, debe hablar en el idioma de quienes la vivimos y la sometemos a la interpretación. Así, la reforma también se convierte en un acto de equidad, de garantía de que la justicia no discrimina. Finalmente, esta reforma es un llamado a consolidar el derecho en su máxima expresión, un derecho que se fundamenta en el respeto, en el control de sus propias decisiones y en la fuerza de la democracia. Los medios de control constitucional, como el Juicio de Amparo y el mismo ejercicio de la justicia, no solo sirven para sanar las heridas del pasado, sino para prever las del futuro. La reforma no es un hecho aislado, es la manifestación de la madurez de un sistema que se reinventa para seguir siendo fiel a los principios que lo vieron nacer, el interés popular y el anhelo colectivo de justicia. Que no se nos olvide nunca que, en la política como en la vida, la justicia no es una meta, sino un camino. Es cuanto. Muchas gracias.