El diputado Gustavo Macías Zambrano: El suscrito diputado Gustavo Macías Zambrano, a nombre propio y de los diputados Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Salazar Madera, Omar Antonio Borboa Becerra y Mario Eduardo Moreno Álvarez, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se deroga el párrafo tercero del artículo 46, se deroga la fracción XI del artículo 76 y se reforma la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cumplir y hacer cumplir la Constitución no es un acto arbitrario ni producto del capricho de los hombres, por el contrario, es la única forma práctica y legítima de conjugar los factores fundamentales que constituyen la esencia misma de la estabilidad jurídica y política de México. Por lo mismo, no basta que la Constitución exista, es necesario su acatamiento. Ésta es la tarea básica de un bueno gobierno. La Constitución contiene el proyecto nacional del pueblo de México. En ella la nación expresa su decisión fundamental y afirma su voluntad de conservar su identidad como comunidad, es catálogo ideológico, porque en sus preceptos están inscritos los principios rectores de la sociedad en la que vivimos. En la búsqueda de los órganos competentes y de los procedimientos idóneos para salvaguardar el orden constitucional, se pueden tomar decisiones incorrectas si se parte de supuestos equivocados, tal es el caso de la reforma constitucional del 8 de diciembre de 2005, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a los artículos 46, 73, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través de esta reforma constitucional el órgano reformador de la Constitución dispuso que el Senado de la República sea ahora el competente para conocer de los conflictos de límites entre las entidades federativas, quitando esa facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien conocía de esos asuntos en controversias constitucionales. La presente iniciativa tiene como objetivo devolver esa facultad a nuestro Tribunal Constitucional con base, entre otros, en los siguientes Argumentos El Senado es un ente eminentemente político, la resolución de los conflictos será al contentillo del consenso político, sin tomar en consideración los diversos factores que participan en el problema y los diversos actores que se ven involucrados. A contrario sensu el compartimiento que tendría un órgano del Poder Judicial de la Federación como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en el artículo 100 constitucional le estatuye los principios a los que deberá plegar su desempeño en su función que son: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Se afirma también que la reforma constitucional fue un retroceso, ya que se había avanzado mucho en el campo de la justicia constitucional en nuestro país, en la reforma de 1994 que otorgó facultades del Tribunal Constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para Acción Nacional la realización de la justicia es atribución primaria del Estado, la honesta, efectiva y fecunda actuación de este valor es la mejor garantía que puede otorgase a los derechos fundamentales de la persona humana y de las comunidades naturales. Es además, condición necesaria de armonía social y de bien común, por eso es que se presenta la siguiente iniciativa. Señor Presidente, en razón de la brevedad del tiempo, le solicito que el texto íntegro de la iniciativa que ahora presento a nombre de mis compañeros, sea insertado en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.