El diputado Salvador Márquez Lozornio (PAN): Con su venia, señor Presidente. En la actualidad el entorno económico que vive la sociedad nacional ha generado que diversos sectores del país tengan la necesidad de adquirir algún tipo de crédito, mismo que tiene como finalidad el solventar las necesidades de tipo económico que generen una vida personal o laboral. Por lo cual, es necesario plantear nuevas disposiciones legales que permitan que las empresas de información crediticia, brinde mayor apertura al otorgamiento de créditos a sus clientes, manteniendo una administración sana de su negocio y garantizando la fuente de trabajo. En razón de lo anterior, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIII al artículo 60 y una fracción VII al artículo 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión. Presente. El suscrito, diputado federal Salvador Márquez Lozornio de esta Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XXIII al artículo 60 y una fracción VII al artículo 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia con base en la siguiente exposición de motivos: Buró de Crédito no es una instancia judicial, sino solamente una sociedad de información crediticia creada en 1996 y orientada a recopilar información sobre el comportamiento crediticio de personas y empresas. Uno de los motivos principales de su creación es apoyar la actividad económica del país, facilitando a las empresas información que les permita una mayor certeza y apertura al otorgamiento de crédito a sus clientes, manteniendo una administración sana de su negocio y garantizando la fuente de trabajo. En la actualidad funciona como un marco de referencia para la autorización de créditos, ya que cuenta con expedientes crediticios de personas físicas, empresas, personas físicas con actividades empresariales. Es decir, el Buró de Crédito no registra únicamente créditos con problemas de pago, de igual manera recaba información sobre créditos que se pagan en forma puntual y adecuada. Es importante señalar que el Buró de Crédito no decide si un crédito debe o no aprobarse, tampoco emite juicios sobre si una persona es o no sujeta de dicho crédito; exclusivamente crea un historial crediticio y se limita a suministrar información sobre dichos créditos y comportamiento de pago de una persona o empresa. Por ningún motivo se convierte en instancia. Su única función es proveer, por medio de un pago, información sobre el historial crediticio sin importar que éste resulte positivo o negativo. La base de datos de Buró de Crédito se integra con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sean proporcionadas por los otorgantes de crédito que tienen contratado su servicio. Existen ocasiones en las cuales esa información, por razones diversas, no se actualiza, específicamente en el caso de que el adeudo ya sea cubierto y no se ha señalado dentro del historial crediticio. En ese caso se ocasiona un perjuicio al titular del historial. Este supuesto puede ser por dos causas: La primera. Que el Buró de Crédito omita actualizar la base de datos a pesar de que yaya sido notificada en tiempo de las modificaciones y a contrario sensu, que el usuario omita enviar los datos de actualización al Buró de Crédito. Este supuesto es más común de lo que creemos. Generalmente las personas no se percatan de que la información que contiene su historial crediticio sigue vigente el adeudo y puede originar la negativa de alguna operación al solicitar otro crédito y en consecuencia, un perjuicio para el solicitante del mismo. Si bien la ley en mención señala diversas sanciones para acciones y omisiones, tanto de la sociedad como de los usuarios, en ninguna establece sanción para el supuesto que se señala. Por esta razón, se presenta la siguiente iniciativa que pretende adicionar dos fracciones con el objeto de establecer sanciones para el caso en el cual el usuario, quien es el otorgante del crédito, omita notificar al Buró de Crédito cuando un adeudo ha sido saldado y en sentido contrario, cuando el Buró de Crédito, aún habiendo sido notificado, ha omitido modificar la información dentro del historial crediticio. Por lo anteriormente expuesto, consideramos apremiante establecer medidas apropiadas que salvaguarden los intereses de las personas que han mostrado responsabilidad y disposición en el pago de sus adeudos. En vista de los anteriores argumentos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XXIII al artículo 60 y una fracción VII al artículo 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Capítulo Quinto. De las sanciones, Sección Segunda. Sanciones que podrá imponer la Comisión, para quedar de la siguiente manera: Artículo 60 La comisión sancionará con multa de 100 a mil veces el salario mínimo generado diario que sea vigente en el Distrito Federal, cuando -omito la lectura de 22 incisos- se adiciona inciso vigesimotercero, cuando la sociedad haya sido notificada por el usuario de la liquidación de un adeudo y omita actualizar el historial crediticio del cliente en un término de 5 días hábiles. Sección IV. Sanciones que podrá imponer la Procuraduría Federal del Consumidor. Artículo 68. La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa de 100 a mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a los funcionarios o empleados de las empresas comerciales o a estas últimas que sean responsables de la infracción, cuando -omito del I al VI incisos- se adiciona un VII, omitan notificar a la sociedad en un término de 5 días hábiles que el cliente haya cubierto su adeudo. Para la imposición de las multas previstas en este artículo, la Procuraduría Federal del Consumidor deberá observar lo señalado en la sección I de este capítulo. Contra dichas sanciones procederá el recurso administrativo contemplado en la Ley Federal de Protección al consumidor. Artículos transitorios. UNICO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre del 2004. Por su fina atención muchas gracias. Es cuanto diputado presidente.