La diputada Margarita Licea González: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Existen muchos casos de inequidad donde uno de los problemas para el debido proceso de mexicanas y mexicanos hablantes de lenguas maternas, se debe a la diferencia de idiomas en los juicios. Hay al menos 250 casos documentados de mujeres indígenas que fueron encarceladas bajo circunstancias similares, tan solo en el estado de Chiapas. Otro tanto ocurre en Oaxaca, y en el mismo panorama se encuentran presentes entidades con alta concentración de población indígena monolingüe. Además, según el Instituto Nacional de las Mujeres, solo el 14.3 por ciento de las indígenas en prisión han recibido los servicios de un intérprete durante sus procesos penales. México ha sido uno de los países que ha actuado con mayor celeridad en este tema. En comparación con otras naciones del continente y del mundo, con altos índices de población indígena. Nuestro país fue el primero en inscribir el derecho a la cultura dentro de su Constitución política, como marco para la construcción de un andamiaje legal que diera sustento a la diversidad de derechos y garantías de la población indígena de lenguas maternas. Junto con el reconocimiento de la cultura nuestro país ha ratificado e impulsado diversos mecanismos y convenciones internacionales que garanticen el derecho de las mexicanas y de los mexicanos a la construcción de su propia cosmogonía, lo que significa el respeto irrestricto, por parte del Estado a su lengua, a su vestido, a su folclore, costumbres, religión y formas de trabajo y organización política. En el 2001 fue reformado el artículo 2 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma reconoció la composición multicultural de la nación mexicana, pero también las responsabilidades del gobierno en la determinación y el establecimiento de políticas públicas necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Esta reforma, que reconoce la diversidad cultural y lingüística, ha sido en gran parte el resultado de múltiples voces que se han movilizado desde el México profundo ante la injusticia y la discriminación por razones de pertenencia a un grupo indígena. Fue necesario el triunfo de un proyecto democrático de un gobierno emanado de nuestro Partido Acción Nacional para hacer realidad una demanda largamente anhelada por nuestros pueblos y comunidades indígenas. Hace 10 años el PAN promovió y logró la aprobación de un instrumento que hoy auspicia de manera certera esta garantía de todos los pueblos y comunidades indígenas de México. El 13 de marzo de 2013 fue promulgada la Ley General de Derechos Lingüísticos, que establece un marco de protección al patrimonio intangible depositado en más de 60 pueblos indígenas en donde habitan casi 16 millones de personas hablantes de la lengua materna. Por eso, en el Partido Acción Nacional celebramos la presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Indígenas, que preside nuestro partido, para poner a discusión y, en su caso, aprobación el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, mediante el cual establece la obligación del Estado de crear la figura de defensores de oficio hablantes de lenguas indígenas. Con esta iniciativa se cierra la brecha jurídica en nuestra legislación secundaria, mediante la cual muchas mexicanas y muchos mexicanos monolingües, hablantes de una lengua materna, habían sido discriminados por un régimen de justicia que no reconocía la importancia de los intérpretes y de los defensores de oficio hablantes de lenguas indígenas, y conocedores del contexto cultural de nuestros pueblos. No hace falta muchos indicadores para demostrar la importancia de esta reforma, basta decir que según datos oficiales entre un 10 y un 15 por ciento de los mexicanos son originarios de comunidades y pueblos indígenas, los cuales tendrán derecho a recibir asistencia jurídica especializada en su propia lengua, pues no hay que olvidar que además del español existen 35 lenguas indígenas y 55 dialectos adicionales. Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo este día para manifestar mi beneplácito ante el dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, mediante el cual se presenta para su deliberación y, en su caso, aprobación la iniciativa elaborada por otro legislador de nuestro grupo parlamentario de la LXI Legislatura, que fue el diputado Edgardo Chaire Chavero, que había permanecido en el cajón en esta comisión hasta la llegada de esta nueva legislatura. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.