LA DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente. Agradezco a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el que hoy esta iniciativa nuestra, de las primeras que hace dos años tuvimos la oportunidad de presentar en esta tribuna, reciba el apoyo abierto del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde, de Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista y de Alianza Social. En la Constitución de 1917 se plasmó la demanda de millones de mexicanos y mexicanos que en la gesta revolucionaria lucharon por mejores condiciones de vida. Así, en los artículos tercer, 27 y 123, se expresó la conquista del derecho social al trabajo, a la tierra y a la educación. Desde entonces la construcción del estado de bienestar en su dimensión educativa significó que a lo largo del siglo pasado se tuviera como encomienda principal alcanzar la cobertura universal, llevando la escuela a todos los rincones del país. No obstante el esfuerzo desarrollado ese mandato constitucional no se cumplió, fundamentalmente por la falta de recursos que se dirigen a esa función prioritaria. La educación pocas veces llegó con oportunidad, sobre todo a todos los sectores marginados que son la amplia mayoría y mucho menos llegó con la pertinencia debida, pues una realidad que es hoy en día la poca calidad que caracteriza a nuestro sistema educativo. A pesar de promesas, compromisos y programas de gobierno alrededor de un millón de niños entre 6 y 14 años, en su mayoría indígenas y pobres, no asisten a la primaria en una inmensa mayoría por una sencilla razón: no hay servicio educativo que se les ofrezca. Esta situación ha generado que entre los mexicanos de 8 a 14 años no sepan leer ni escribir el 4.8 por ciento de los varones y el 4.2 por ciento de las niñas. Quienes aseguran que no hay bases para legislar un monto especifico de recursos en la ley para destinarlos a educación, muestran su desconocimiento de nuestra ley suprema. La educación tiene tal importancia y valor en la historia de la nación mexicana que es la única actividad fundamental para la cual la Constitución, en su artículo 3º constitucional fracción VIII, establece de manera clara que se le debe destinar los recursos necesarios para garantizar ese derecho. Pero más aún, la Constitución establece de manera precisa que uno de sus poderes, el Legislativo, le asigne los recursos necesarios. Artículo 73, fracción XXV. En efecto, el mandato de hacer de la educación el medio fundamental para alcanzar el desarrollo pleno de las capacidades humanas no solo es un derecho establecido en el artículo 3º de la Constitución Política, sino que a fin de que ella sea una realidad en toda la República el Constituyente le ha establecido al Poder Legislativo en nuestra Carta Magna la facultad de establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas de todo tipo. En particular la fracción señalada del artículo 73 mandata con precisión y exactitud a este Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus facultades exclusivas dicte las leyes encaminadas a distribuir, cito: <<convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República>> Así de imperativo es el mandato exclusivo para hacer de este Poder Legislativo en cuanto a la función educativa y con tal determinación que este Congreso deberá proceder. Claro que existen otros instrumentos legales para garantizar un financiamiento que corresponda a las necesidades de este servicio público. Por mencionar bastaría con solo el 10 por ciento de ahorro en el gasto corriente para obtener en este presupuesto 40 mil millones de pesos. Por supuesto que la problemática que enfrenta la educación en México se deriva de múltiples factores. Reducirla a un asunto de pesos y centavos sería un error, como un enorme error sería no reconocer que hoy en día no se cumple con el derecho a la educación, en buena medida porque los recursos que el Estado está obligado a invertir son insuficientes. Se dice que ningún país invierte el 8 por ciento del producto interno bruto en la educación y para ello se ponen como referencia las estadísticas de la OCDE. Esta es una verdad a medias, pues si bien dicha estadística da cuenta de una inversión pública a la educación, cercana al 5 por ciento y superior en algunos casos del Producto Interno Bruto de algunos de estos países como España y Corea, tramposamente se omite que el presupuesto para educación en México incluye lo que se tiene que invertir en cultura y lo que se tiene que invertir también en ciencia y tecnología, y sumados en estos países por supuesto que rebasa con muchísimo más lo que las cifras de la OCDE se han estado distribuyendo por ahí en algunas bancadas. (aplausos) En adición a esto es necesario abogar por la memoria histórica. Estas naciones son hoy lo que son porque en su momento invirtieron más de lo que nosotros hoy pretendemos invertir. Por ello, para abatir todos nuestros rezagos, empecemos con lo que nos corresponde en este periodo de sesiones, hablar de los dineros para educación. Hay también argumentos totalmente contradictorios, como los expresados en una opinión que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entrega a la mesa directiva y en la que reconoce, cito: "Son loables y significan un legítimo anhelo para alcanzar el desarrollo y la prosperidad a la que los mexicanos aspiramos con una mejor educación en todos los niveles". Se refiere a la propuesta del 8 por ciento. Y en lugar de decir cómo si se puede alcanzar ese desarrollo que deviene de la educación, porque así lo reconoce, simplemente dice la Mesa Directiva, que recogió firmas y que no citó a pleno de Presupuesto, que no se puede. Hoy no quieren establecer un compromiso en los términos que se señala en el dictamen de la Comisión de Educación, porque en realidad las prioridades nacionales establecidas por quienes hoy detentan el poder no consideran a la educación como una verdadera prioridad, pues sujetan sus recursos a los remanentes de los compromisos financieros con los grandes poderes económicos, tanto nacionales como transnacionales, cuyos recursos, esos sí, no se recortan e incluso se entregan por anticipado. A quienes quieren que el servicio educativo deje de ser responsabilidad del Estado y se vuelva una obligación de los particulares, como en los hechos lo pretende hacer el gobierno y como también lo pretende el Partido Acción Nacional, los invitamos a que presenten sus iniciativas de reforma al artículo 3º y 73 de la Constitución, porque hoy, de acuerdo con el marco legal que los rige, su pretensión está fuera de lugar. (aplausos) Por ello, para el PRD es muy claro que la reforma de ley no debe contemplar dentro de los montos del 8 por ciento del Producto Interno Bruto, al gasto privado, escondido bajo las fórmulas de gasto nacional o bajo el novedoso concepto de sociedad civil, ni debe quedar una redacción ambigua que abra la posibilidad de eludir la responsabilidad del estado en esta materia. Es preciso recordar que el llamado Compromiso Social por la Calidad de la Educación recientemente aprobado, dejó asentado en términos claros el compromiso de muchos diputados que aquí están presentes, de hacer de la inversión en la educación, al menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto, una realidad. Como partido, como diputados, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas, cada una de nosotras y nosotros tenemos un compromiso de conciencia personal y nacional, tenemos el reto de darle a la educación el lugar que hasta hoy se le ha otorgado sólo en el discurso. Reconocemos que este esfuerzo tiene su origen en el amplio movimiento democrático magisterial de todo el país; para ellos nuestro más amplio reconocimiento. Termino señores. Como proponente de la reforma de ley que hoy nos ocupa y segura de coincidir con millones de mexicanos y mexicanas de todas las edades, clases sociales y etnias, les solicito votar a favor del dictamen de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, a fin de asegurar que los recursos públicos destinados a la educación sean los necesarios para que esta prioridad social realmente cumpla con el anhelo de construir una nación libre y justa. Muchísimas gracias por su paciencia. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Vicente Díaz, para fijar la posición de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos. -ELC. DIPUTADO ALFONSO VICENTE DIAZ.- Con su permiso señor Presidente. Compañeros y compañeras Diputados. Saludo desde esta tribuna a todos los maestros de la República Mexicana, con respeto y admiración y yo diría que en Acción Nacional estamos conscientes de que México enfrenta el reto más importante de su historia, promover y proveer una continua educación de alta calidad y que esta sea la principal fuente de desarrollo económico de nuestra población y nosotros como sus representantes, debemos ante todo tomar las decisiones de forma responsable que se encaucen no sólo a fijar un monto sino a dirigir todos los esfuerzos hacia la eficiencia en el gasto educativo. Acción Nacional está convencido de que una educación integral y de calidad es el medio idóneo para edificar una sociedad más próspera, justa, democrática, tolerante, armónica, solidaria y respetuosa de la Ley; por ello, apoyamos cualquier medida que busque mejorar el Sistema Educativo Nacional como el movilizar mayores recursos hasta alcanzar por lo menos el 8% del Producto Interno Bruto, en concurrencia con otros sectores que garanticen el acceso a la educación para todos los niños y jóvenes del país. Nuestra propuesta, a diferencia de las otras, no establece el 8% del PIB como una obligación sino como un objetivo, porque no tenemos la certeza de que habrá los ingresos suficientes pero sí estamos seguros de que haremos los esfuerzos necesarios, Estado y Sociedad para cumplir gradualmente con dicha meta, cuidando siempre el equilibrio presupuestal y aparejando el gasto con una planeación estratégica para aprovecharlo eficazmente en bien de nuestro Sistema Educativo. Para conceptualizar daré algunas cifras, para este año 2002 el gasto programado en el Gobierno será equivalente al 16.6% del Producto Interno Bruto, para el próximo año se estima que alcanzará el 16.4, si destináramos el 8% tan sólo a Educación, el margen de maniobra y recursos de que dispondría el Gobierno, se verían reducidos dramáticamente. Hoy por hoy, el gasto público en Educación alcanza el 5.51% del Producto Interno Bruto es decir, más de una tercera parte del gasto programable del Gobierno, eso nos deja una brecha de 2.49 puntos porcentuales para alcanzar el 8% en caso de ser solo responsabilidad del Estado. Esta brecha significa 153 mil 300 millones de pesos lo cual equivale al monto que el próximo año se pretende destinar a Salud o a Seguridad Social, es dos veces lo que destinarán el 2003 a Vivienda ó casi 9 veces lo presupuestado para los indígenas, implica un 20% más en lo que se pretende que el Gobierno invierta en infraestructura el próximo año ó casi dos veces el monto que se destinaría el próximo año a la superación de la pobreza. Equivale al 60% de las aportaciones de los Estados previstos para el 2003 o el 66% de las Participaciones a los Estados previstas en el mismo Presupuesto, y significa más de diez veces lo que este año se transfirió a los Estados como el PAFEV. Todo esto lo menciono porque sin modificaciones integrales en materia fiscal no recaudaríamos los montos necesarios y les preguntaría, ¿qué rubros de los anteriores proponen reducir para reasignarlos a educación. Además, resulta muy oportuno señalar que el artículo 25 de la ley vigente es claro en señalar que tanto el Gobierno Federal como las entidades federativas, y dice el artículo "con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos". Al respecto es importante resaltar que dicha inversión en educación no debe circunscribirse sólo a los recursos públicos sino también a la participación de la sociedad y de las organizaciones civiles y no gubernamentales tal como lo recomiendan los diversos organismos internacionales como la UNESCO, como la CEPAL, como la OEA o el Parlatino recientemente, que pugnan por aumentar la disponibilidad de recursos para la educación mediante consensos sociales y acuerdos. Nos parece importante recalcar que las recomendaciones de estas organizaciones indican no sólo la pertinencia de que el gasto público se complemente con el financiamiento de la sociedad civil y que los fondos sean destinados de manera prioritaria a la inversión, a la innovación, a la equidad y a la calidad de la educación. Cabe destacar que hasta el día de hoy ningún país miembro de la OCDE alcanza, con el gasto nacional, el 8% de su correspondiente Producto Interno Bruto no obstante la mayor capacidad recaudatoria que dichos países tienen. Por otra parte, nos preocupa que aún cuando coincidamos completamente en la necesidad de apoyar y fortalecer la educación no respetemos el marco jurídico al cual nos debemos y que con la aprobación de este dictamen sentemos un precedente dañino para la tarea legislativa en tanto que estamos acotando nuestra propia facultad como Cámara de Diputados para determinar la asignación presupuestal anual de nuestro país pues aunque se nos presentara un proyecto de Presupuesto, éste de alguna manera vendría atado y aún más, sin el marco de referencia económica a partir del cual se estimen los ingresos para que disponga el Estado. No olvidemos que la educación es un derecho y que al Estado le corresponde impartir la educación básica así como promover y atender los demás niveles, tipos y modalidades educativas, razón por la cual se auxilia del apoyo de la sociedad; difícilmente podremos avanzar como país si no contamos con la participación y corresponsabilidad de la sociedad. Atrás quedó el paternalismo, hoy la sociedad quiere, puede y debe contribuir en las áreas prioritarias de la acción gubernamental. Las acciones que el PAN ha promovido en esta Cámara demuestran sin duda su interés por hacer que la educación sea el pilar que tanto nos urge como nación. Por ejemplo, cuando por primera vez se conformó el PAFEF, Acción Nacional propuso que como criterio de asignación de dicho fondo se premiara a aquellos Estados que proporcionalmente asignaban mayores recursos a la función educativa; la razón detrás de ello es que siempre hemos pugnado por invertir en la educación y nos pareció una forma de refrendar nuestra preocupación además de incentivar a los Estados a destinar más recursos a este rubro. Por ello nos preocupa que obviando cualquier análisis de la situación y condiciones económicas que imperan en el país se pretenda establecer metas presupuestales en una norma que jurídicamente no es la apropiada pues para eso está el Presupuesto de Egresos y que además el dictamen que hoy estamos discutiendo no incluya las iniciativas del PAN y el PRI que presentaron ante el Pleno no obstante que la práctica parlamentaria dicta que si dos o más iniciativas versan sobre el mismo tema, se elaborará un dictamen sobre ésta, el cual se incorpora a las diversas. Creemos que la aprobación de este dictamen sentaría un mal precedente para la tarea legislativa pues la norma jurídica adecuada sería el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el cual sólo la Cámara de Diputados posee la facultad de aprobarlo y si pasara como minuta al Senado en su calidad de Cámara revisora, al aprobarla éste estaría decidiendo sobre un asunto que de acuerdo con la Constitución compete exclusivamente a nuestra Cámara. Por todo lo anterior, nuestra insistencia en que en el artículo 25 se considere tanto al gasto público como a la participación de la sociedad civil. Exhortamos a nuestros compañeros legisladores de los demás partidos para que asumamos una actitud responsable en aras de construir una verdadera política de financiamiento a la educación que privilegie la equidad, la calidad de su impartición y que asegure el uso eficiente de los recursos que se le destinan. Demostremos al pueblo de México nuestra capacidad para tomar decisiones consensadas, responsables, realistas y creativas para mejorar de manera integral todas las áreas del quehacer ciudadano. Que en las reformas que este Congreso impulsa y aprueba no se conviertan en letra muerta o rompan con el equilibrio presupuestal que a la postre perjudique a la nación entera. Estimados compañeros legisladores, ojalá impere la cordura, la sensatez y la inteligencia en esta discusión que en el fondo me parece no tenemos diferencias sino es en el cómo en lo que deberíamos ponernos de acuerdo. ¡Vayamos por la educación! ¡Vayamos por México! Muchas gracias.