El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los suscritos diputados federales de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de este pleno la presente Iniciativa El sistema financiero mexicano debe ayudar a que los proyectos productivos reciban los recursos necesarios para llevarse a cabo y debe propiciar que todos los sectores sociales participen en el desarrollo económico. Sin embargo, este sistema presenta muchas debilidades, como es que el 70 por ciento de la población de nuestro país no participe en las operaciones del sistema por lo caro de sus servicios. Además, hay muy pocos productos y servicios que satisfagan las necesidades de las personas de acuerdo al nivel de sus ingresos. Así el problema aumenta con las repetidas prácticas de las entidades financieras que no informan adecuadamente las condiciones que afectan principalmente las operaciones de crédito y ahorro. Todas las causas mencionadas han provocado que el sistema financiero mexicano evolucione de forma lenta en comparación con el de otros países. Por ejemplo, el crédito que se entrega al sector privado como porcentaje del producto interno bruto, pasó del 16.9 por ciento del PIB en el año 2000, al 23.3 por ciento en marzo de 2008. Sin embargo, en Chile esta variable se localiza en un 75 por ciento del producto interno bruto y en países como España alcanza el 151 por ciento de producto interno bruto. Con la finalidad de combatir estos problemas, desde el Congreso de la Unión se han presentado e impulsado, diversos proyectos que favorecen la transparencia y competencia de los servicios financieros, generando la publicación, en junio de 2007, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que se enfoca en propiciar que los usuarios tengan información clara y precisa para la toma de decisiones. Por ejemplo, que les informen de forma transparente cuánto será el pago total que realizarán por sus créditos, incluyendo los conceptos de intereses y comisiones. Sin embargo, los intereses y las comisiones no son los únicos costos que se cargan en los servicios que prestan las entidades financieras, y aunque la mayoría están incluidos en el costo anual total, desgraciadamente existen algunos costos y cargos que por su naturaleza no están incluidos en el costo anual total. Por ejemplo, hay costos y cargos que se introducen en las cláusulas de los contratos y que se refieren a condiciones particulares de los productos y servicios, por lo cual únicamente se aplican cuando el usuario no cumple alguna de las condiciones del contrato, así surgen las penalizaciones como resultado de un presunto incumplimiento del usuario que genera una supuesta afectación a los planes financieros en las instituciones. Bajo esta justificación las instituciones financieras establecen, sin acuerdo o autorización del cliente, este tipo de penalizaciones de las cuales el cliente no se percata porque normalmente están escritas en las famosas letras chiquitas. Como ejemplo de este tipo de penalizaciones encontramos los cobros que realizan las financieras de las agencias de automóviles que sus contratos para créditos automotrices contienen penalizaciones por pagos anticipados. Es decir, si el deudor desea abonar una cantidad mayor a la estipulada como pago mensual con la finalidad de liquidar la deuda de su auto antes del plazo fijado en el contrato, la financiera le cobra un porcentaje extra al costo total del vehículo por el pago. Aun cuando la aplicación de una penalización en estos casos es muy absurda porque evita que los deudores paguen sus deudas rápidamente, es una práctica común que realizan las entidades financieras. Por lo anterior, esta iniciativa busca transparentar este tipo de condiciones crediticias impidiendo que las entidades financieras cobren penalizaciones por pronto pago, salvo los casos en que este pago sea reconocido por acreedor y deudor, de común acuerdo, identificando esta condición con letra clara y sobresaliente, tanto en las cláusulas de los contratos como en su carátula. Así, el cliente identificará este tipo de penalización de forma rápida y podrá tener la información completa para decidir firmar o no un contrato que contenga este tipo de costos que le impidan liquidar rápidamente sus créditos. Que no se cobre esta penalización salvo cuando esté estipulado de común acuerdo entre las partes. Por lo expuesto y fundado, y a fin de fortalecer la transparencia de los servicios financieros y dar mayor certeza a los usuarios de los mismos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 Bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Diputado presidente, dado que el texto íntegro de la iniciativa está publicado en la Gaceta Parlamentaria, le solicito respetuosamente su inserción en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.