La diputada Roxana Luna Porquillo: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Pues en la propuesta, como lo planteó mi compañera, coincidimos en la general. Y la idea de hacer uso de la tribuna es para ampliar sus alcances y fortalecer su aplicación de ésta. Lo que nos preocupa es que la tortura no se investiga y no se sanciona a pesar de su gravedad. Como ya se dijo, en el sexenio de Felipe Calderón no hubo una sola condena por tortura. El objetivo de modificar el párrafo final del artículo 3o. que es la propuesta que hago es para obligar a que la tortura se investigue de oficio, incluso cuando se ocurra en conjunto con otros delitos, incluyendo la figura de concurso contemplada en la legislación. El artículo 18 del Código Penal Federal define que existe concurso ideal cuando una sola conducta se comete en varios delitos. Existe concurso real cuando la pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Así se aplicaría el supuesto del artículo 64 del mismo Código para que el concurso ideal se imponga en la pena mayor, y en el caso del concurso real se impongan las penas previstas por cada uno de los delitos cometidos. Tenemos que recordar los múltiples casos de tortura contra los integrantes de los movimientos sociales o partidos opositores. Se ha acreditado una inmensa cantidad de casos de tortura durante la guerra sucia: en interrogatorios, en actos de intimidación o para que las personas se autoculparan. A pesar de que la tortura no se erradicó después de este periodo en este sexenio; su práctica ha aumentado como se reconoce en las observaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, sobre todo en las secciones contra el crimen organizado y en las prácticas para anular los movimientos sociales. Tenemos que recordar el caso de Jethro Ramses, un joven inocente secuestrado por los policías de Cuernavaca, Morelos, y entregado por elementos del Ejército, caso sobre el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha adoptado decisiones trascendentes. Jethro fue torturado no solo con golpes, le rociaron ácido en distintas partes del cuerpo. Después del suplicio lo llevaron a los alrededores de Atlixco, Puebla, donde fue enterrado vivo y se comprobó que murió por asfixia. Resalta que en este caso no se alega la tortura, sino la desaparición y el homicidio por parte de los elementos militares. El mayor problema es que al investigarse, no se da claridad al tema de la tortura, como si no existiera. Es necesario que se vea como un fenómeno particular, con consecuencias graves, a veces permanentes para las personas que lo sufren. Un ejemplo reciente es el caso de cuatro civiles torturados por elementos del Ejército en junio de 2009, en la ciudad de Tijuana. Uno de ellos vio severamente deteriorado su sentido del oído; dos de ellos sufren daños incurables en la mandíbula; otro de ellos tiene una grave lesión cervical debido a los golpes propinados con las culatas de las armas; ninguno de ellos ha recibido atención médica, porque no se ha reconocido y se ha atendido la tortura como tal. A menudo los golpes del cráneo, los choques eléctricos o los ahorcamientos provocados por daños neurológicos irreversibles, y qué decir de las consecuencias psicológicas; muchas víctimas viven en el recuerdo del sufrimiento, además del miedo a padecer un gran daño por sí mismas. La tortura fácilmente involucra a círculos viciosos. ¿Por qué tener que sufrir represalias? Porque a veces se prefiere callar antes de repetir esta trágica experiencia. Por todo lo anterior, si queremos erradicar la tortura es necesario erradicar el encumbramiento que realizan Ministerios Públicos, agentes investigadores, jueces y demás funcionarios. Sólo así se podrá someter a proceso y castigar a quienes cometan ese aberrante delito. Esperamos que este pleno de la Cámara pueda aprobar esta adición para dar un firme compromiso a erradicar la tortura. Hago en este momento entrega de la propuesta al artículo 3o. de esta reforma. Muchas gracias.