La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito que la presente iniciativa será insertada íntegra en el Diario de los Debates. La desigualdad es el principal problema que azota a México. Su rostro más cruel está representado por la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que vive casi la mitad del pueblo mexicano. La desigualdad social tiene múltiples manifestaciones en el ingreso, en el acceso a servicios públicos de salud, educación, en las oportunidades de empleo digno y bien remunerado, en el disfrute de un medio ambiente sano, la condición de género, edad, el lugar de residencia, entre otros, que la agravan y profundizan. Uno de sus rasgos más relevantes es la desigualdad que se da entre regiones del país. Abarca distintos aspectos de la vida económica y social de los diversos estados. No es lo mismo nacer en la Ciudad de México, en Nuevo León que Oaxaca o Guerrero, pues la esperanza de vida entre unos y otros registra diferencias de tres años o más. Esta desigualdad también se presenta en el ritmo del crecimiento económico. Es sabido que varias entidades del país han logrado tasas de crecimiento sostenido semejantes al mejor desempeño de los países asiáticos, en tanto que otras regiones han sufrido el deterioro de su base productiva y presentan serios rezagos en materia de infraestructura, producción y como consecuencia, de oportunidades laborales para la mayoría. El federalismo fiscal ha permitido compensar en parte la menor capacidad de las regiones más rezagadas que reciben más que los montos de los distintos gravámenes que logran recaudar. Sus haciendas públicas son más débiles y sus autoridades carecen de suficientes medios para responder a las legítimas demandas de la ciudadanía. A lo largo de más de medio siglo se han aplicado diversos programas tendientes a promover el desarrollo regional. Destaca la Comisión del Balsas, el Programa de la región Sur-Sureste, el Plan Puebla-Panamá y recientemente, las Zonas Económicas Especiales en ocho entidades. Todos estos esfuerzos aún no rinden frutos, la tabla de la pobreza no ha registrado, desgraciadamente, movimiento ascendente. A pesar de su disminución en términos relativos, incluso absolutos, siguen Chiapas, Oaxaca y Guerrero como las entidades con menores índices de desarrollo del país, muy lejos de las otras regiones de México, en especial del norte y el Bajío. Hay un evidente círculo vicioso, la marginación crea falta de condiciones adecuadas para la inversión en las entidades más rezagadas. No cabe duda, el desarrollo justo y armónico que requiere México pasa por cerrar la brecha entre regiones del país. En su discurso de toma de posesión ante el Congreso General el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció lo siguiente, cito: Desde el primero de enero próximo entrará en vigor la zona libre a lo largo de los 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Esta franja de 25 kilómetros de ancho se convertirá en la zona libre más grande del mundo. Allá se cobrará lo mismo de impuestos y costarán igual los energéticos que en California, en Arizona, Nuevo México y Texas, de la Unión Americana. En otras palabras, en esta franja se reducirá el IVA, del 16 al 8 por ciento. El impuesto sobre la renta bajará al 20 por ciento. La gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo. Fin de la cita. Esto significa que una parte de una de las regiones del país con mayor dinamismo económico, como es la frontera norte de México, recibirá un trato preferencial en materia de impuestos. Allá sí bajarán los precios de la gasolina, el gas y la electricidad, tanto doméstica como de uso industrial. Bueno, por las ciudades de los seis estados que tienen colindancia geográfica con Estados Unidos. Malo para el resto del país, para las y los mexicanos que vivimos a más de 25 kilómetros de la frontera. Peor para los 10 estados más rezagados de México, que verían cómo la brecha entre regiones no se cierra sino se amplía considerablemente. No podemos ignorar que una zona especial en la frontera norte en estas condiciones y con los estímulos fiscales y de precios y tarifas de combustibles sería con contrasentido. Esa iniciativa pretende que las entidades federativas con Zonas Económicas Especiales, las más pobres y rezagadas del país, cuenten con los mismos incentivos fiscales y de precios a los energéticos que la franja de 25 kilómetros de la frontera norte. Que Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán, Tabasco y Veracruz sean territorios donde se establezca la tasa del 8 por ciento de IVA en vez de 16. Que se pague solo el 20 por ciento del impuesto sobre la renta. Que la gasolina cueste la mitad por la eliminación del impuesto sobre producción y servicios. Que lo mismo pase con la electricidad y, desde luego, con los salarios mínimos al doble para las y los trabajadores de estos estados. Muchas gracias.