El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones entre los particulares y el gobierno es una práctica que ofrece un sin número de ventajas: mejora y fomenta la transparencia gubernamental, promueve la rendición de cuentas, simplifica la realización de trámites, combate la corrupción, y en pocas palabras, mejora la vida de las personas y hace más eficiente el trabajo de la gestión pública. Todas estas ventajas hacen evidente la conveniencia de que los gobiernos establezcan una agenda digital que dé sustento y una base estratégica a la digitalización de las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, y dependencias del sector público en ámbitos como la economía, la educación, la cultura, el comercio y otros. Este proceso ya ha dado inicio, pero hacen falta mayores acciones. Según datos de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), este año en nuestro país existen alrededor de 25.6 millones de usuarios en zonas urbanas y 5 millones en zonas no urbanas. La tasa de penetración nacional de Internet es de 32.5 por ciento muy por debajo de otros países miembros de la OCDE, y a su vez, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el número de personas que en 2009 realizaron pagos a través de Internet fue de 1.2 millones de personas. No obstante los avances antes mencionados, los resultados aún son insuficientes y poco alentadores, principalmente por la inexistencia de un programa de políticas públicas consensuado con la industria, gobierno, academia y sociedad civil destinada al desarrollo de una política nacional para el desarrollo digital. Por ello, en la Comisión Especial de Acceso Digital, nos planteamos la necesidad de exponer una serie de reformas al marco jurídico nacional, comenzando por la Ley de Planeación para incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial del desarrollo nacional. En ese sentido, la Declaración de Santo Domingo: Gobernabilidad y Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en 2006, estableció la necesidad de apoyar a los estados miembros en la incorporación a las tecnologías de la información en sus planes nacionales de desarrollo, particularmente en los procesos de modernización de las instituciones públicas. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece unas estrategias relacionadas con el impulso de las tecnologías de la información y comunicación en áreas como el impulso a las telecomunicaciones. No obstante, se trata de políticas desintegradas en diversas instancias de la administración pública y que no tienen una trascendencia más allá del gobierno federal en turno. Por ello, resulta fundamental que el desarrollo digital se vea como una perspectiva estratégica de largo plazo para que forme parte del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional al que se refiere el artículo 26 constitucional. Ante esto, después de un análisis concienzudo y un ejercicio democrático, los integrantes de la Comisión Especial de Acceso Digital determinamos que la introducción de un programa o agenda digital al sistema de planeación del desarrollo nacional contribuirá a lograr el objetivo planteado en el texto constitucional de imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. En ese sentido, cabe señalar que los esfuerzos que se han hecho en este sentido a nivel internacional, por ejemplo, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 2003, fueron reconocidas como un elemento crucial para abatir la pobreza de los países en desarrollo, y por ello, varios países han incursionado en la implementación y ejecución de una agenda digital. En el Continente Americano destacan los casos de Estados Unidos de América, Chile, Argentina y Uruguay. De igual importancia resulta la denominada agenda digital de Europa 2015. Estos documentos destacan la importancia del uso de estas tecnologías como instrumento para modernizar al estado, acotar la brecha digital, hacer más productivas a las empresas, elevar la competitividad de los países y crear ciudadanos más informados y educados. Sin duda, la creación y adopción de un programa o agenda digital llevará a México a transitar de manera ordenada a una sociedad de la información y el conocimiento con los beneficios citados. Consecuentemente la presente propuesta propone adicionar la Ley de Planeación, a efecto de que el Plan Nacional de Desarrollo contemple un programa especial en materia digital, que contribuya a alcanzar los objetivos planteados en nuestra Carta Magna y en la misma ley. Se sugiere la figura de un Programa Especial en materia digital, pues nuestro marco jurídico no contempla el término agenda, aunque coloquialmente se le conoce así. Por ello, solicito a esta Presidencia, se establezcan acciones transversales en materia de TIC, dentro de los programas sectoriales que la misma ley contempla y, señor presidente, en virtud de que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, le solicito se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, y asimismo solicito sea turnada a las Comisiones de Función Pública y Presupuesto y Cuenta Pública. Es cuanto, señor presidente.