La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, con base en este proyecto de reforma, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza somete a la consideración de esta soberanía la adición de cinco párrafos a la fracción III del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que el diseño y coordinación de la evaluación del sistema educativo nacional sea competencia del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Asimismo, proponemos modificar las fracciones VII y XII del artículo 12 de la Ley General de Educación, permitiendo que los procesos de evaluación, los resultados, los estudios que el Instituto genere sean diferentes y vinculatorios para el diseño de políticas públicas en materia de educación. Adicionalmente y considerando que la misma ley cuenta con un apartado específico referido a la evaluación del sistema educativo, proponemos que los artículos 29 y 31 señalen el papel del Instituto en dicho proceso. De igual forma, sometemos a su consideración la Ley del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, con el objeto de reglamentar las bases del nuevo organismo que se crea, a través de las adiciones del citado artículo 3o de nuestra Carta Magna. Con estas modificaciones propuestas por Nueva Alianza cimentaremos el andamiaje jurídico necesario para otorgarle autonomía constitucional al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. De esta manera se le da fortaleza orgánica e institucional para que a través del mecanismo de transparencia, en un marco estrictamente técnico desarrolle los procesos de evaluación y su posterior difusión de resultados y recomendaciones. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de la evaluación del sistema educativo, en todos sus componentes, considerando, entre otros, al Magisterio, a estudiantes, directores, supervisores y autoridades educativas federales y estatales. Estamos conscientes de que es necesario fortalecerla en aras de la mejor calidad educativa. Debemos promover la calidad educativa no solo en términos económicos, de indicadores o cumplimiento de metas, que desde luego son importantes y necesarios. Pero en nuestra gran nación es fundamental que lo hagamos también con miras en lograr una verdadera justicia social con base en esta evaluación educativa integral. Obtengamos precisamente eso, una mejora sustancial en la calidad de la educación. Para ello debemos ampliar los alcances del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y cumplir con la demanda de la sociedad, que sea el órgano responsable de evaluar en forma transparente, periódica y sistemática por los elementos que integran el sistema educativo nacional. Las limitaciones que sujetan al instituto, derivadas principalmente por el diseño de su actual estructura, hacen explícita la existencia de una instancia cuyo estatus jurídico sea la base de la legitimidad, imparcialidad e independencia de las evaluaciones y la difusión objetiva de sus resultados, así como de asumir la responsabilidad de promover y ejecutar estrategias de formación y comunicación que den impulso al desarrollo de una cultura de la evaluación educativa. En estos últimos años, en el ámbito legislativo, hemos sido testigos del consenso entre las diversas fracciones parlamentarias respecto a la necesidad de que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación cuente con personalidad jurídica, de organismo autónomo, con patrimonio propio, pero sobre todo que sus resultados sean vinculantes con la planeación de políticas educativas dirigidas a elevar la calidad de la educación. Así lo demuestran las iniciativas que se han presentado en el seno de la honorable Cámara de Diputados por las diversas fuerzas políticas que la conforman. Es importante señalar que en ningún momento pretende privar a la Secretaría de Educación Pública de la facultad que tiene de realizar evaluaciones respecto al estado que guarda el sistema educativo nacional. Lo que se busca es consolidar una cultura en la evaluación que, desde una figura de autonomía y transparencia, aporte a nuestro sistema educativo mejoras para la toma de decisiones. Estamos seguros que esto se logrará mediante el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es preciso señalar que, en cuanto a los órganos de gobierno, la ley que proponemos establece que para garantizar la autonomía del instituto los miembros de éste no deberán formar parte de ningún órgano de Estado o partido político, y serán presentados por el presidente de la República y votados por el Congreso de la Unión. Además se plantea que se conforme de 11 miembros, con la finalidad de disminuir la probabilidad de empates en las votaciones que le correspondan para la toma de decisiones dentro del instituto y la designación del presidente de la junta. Asimismo, los miembros de la junta de gobierno tendrán una duración de seis años, tomando posesión de su encargo a la mitad del sexenio en curso con el fin de garantizar su autonomía y disminuir la probabilidad de que las decisiones de ésta se vinculen al ciclo político sexenal. El presidente o presidenta del instituto tendrá el cargo por un tiempo de tres años. Todos los miembros de la junta de gobierno se sujetarán a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otra fortaleza que estamos proponiendo para el instituto consiste en la conformación del consejo consultivo que, se plantea en la iniciativa de ley, considera la participación de los responsables de las áreas de evaluación educativa en las 32 entidades federativas, así como a un representante del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, de la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, de la Unión Nacional de Padres de Familia, y de la Comisión de Educación del Sector Empresarial. Lo anterior con el fin de contar con la opinión de aquellos actores que se vinculan directamente con el tema de la evaluación y la calidad del sistema educativo. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la educación es estratégica en el desarrollo económico, sociocultural y político de nuestro país. Tenemos claro que la ruta de México hacia el éxito transita principalmente por garantizar a todas las niñas, los niños y jóvenes el acceso a una educación de calidad. Una educación de calidad que forje la existencia de las niñas, los niños y los adolescentes, de los jóvenes, de las mujeres y los varones, considerándolos a todos siempre como personas dotadas de dignidad, de ser libres y de las cualidades más distinguidas, tales como la virtud, la excelencia, para que conformen parte del auténtico sello de la humanidad que es diversa, tolerante e inclusiva. Sin duda esto podemos llevarlo a cabo por medio de evaluar a los alumnos, a los docentes, a estos últimos tanto en el inicio de su formación como en el ejercicio profesional, y por supuesto en los espacios de procesos que los albergan. El nuevo estatus del jurídico del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, permitirá generar acciones públicas, estratégicas visibles para el cambio de rumbo y la consolidación de la política educativa como una política de estado; con esta reforma se le está dotando de herramientas técnicas, administrativas y jurídicas para que cumpla con el objeto que se dio origen. Compañeras y compañeros diputados, evaluar implica identificar oportunidades para progresar con calidad, pertinencia y equidad, por ello es importante destacar que el objetivo es que la evaluación sea un instrumento que permita detectar qué programas o elementos del sistema educativo son sujeto de diseño o rediseño o en qué áreas de la enseñanza, regiones o instituciones educativas se deberá poner mayor atención, compromiso y esfuerzos públicos. Por lo antes expuesto el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan cinco párrafos a la fracción III, del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se modifican las fracciones VII y XII del artículo 12, se reforman los artículos 29 y 31 de la Ley General de Educación y se expide la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.