La diputada Daniela Nadal Riquelme: Honorable asamblea. A nombre de quienes formamos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, atendiendo a la siguiente Exposición de motivos Esta iniciativa tiene como objeto hacer realidad una reforma urgente y necesaria que ha sido postergada por este Congreso. Las personas con discapacidad enfrentan en nuestro país el más alto nivel de discriminación, manteniéndolos limitados, marginados del desarrollo y las actividades productivas. Jurídicamente, las personas con discapacidad nos encontramos con una legislación a medias, ya que el Ejecutivo federal aún no ha publicado el reglamento de la ley, lo que hace difícil el reclamo de los diversos derechos a los cuales se pretende garantizar. La ONU estima que en México el 10 por ciento de la población total vive con una discapacidad; y más del 95 por ciento vive en condiciones de pobreza y marginación. Cada año se producen en México 265 mil nuevos casos de discapacidad, lo cual de acuerdo en el Plan Nacional de Salud 2000-2006 de la Secretaría de Salud. El 94 por ciento de la población con discapacidad es segregado. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación elaborada por el Consejo Nacional de la Prevención de la Discriminación en el 2005, las personas con discapacidad y sus familias enfrentan carencias institucionales que afectan sus derechos humanos, sociales, políticos y económicos. Esta iniciativa propone una serie de reformas que el PRI pretende hacer realidad a través de un acuerdo y del consejo con todos los grupos parlamentarios, porque implica una profunda reforma social al marco jurídico, beneficiando a más de 10 millones de personas con discapacidad y a sus familias. Las necesidades que padecen las personas con discapacidad deben ser revisadas a fondo. Esta iniciativa tiene como fin ratificar los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por el Estado mexicano en 2007, para que la sociedad y el gobierno reconozcan los derechos de las personas discapacitadas y luchar contra las condiciones de marginación y discriminación. Esta iniciativa tiene como propósito responder a las exigencias y necesidades de la población con discapacidad y cumplir con las disposiciones de la convención. Debemos sensibilizarnos para una necesidad que está siendo superada. Necesitamos tomar conciencia y decisiones para evitar caer en la incertidumbre del futuro de nivel de vida de las personas con discapacidad. Ante ello, esta iniciativa propone en esencia promover, proteger y asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y, a su vez, armonizar los derechos existentes que establece la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se propone que la Conadis se constituya como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios. Establece lineamientos para la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. Con ello se garantiza la participación, opinión y propuesta de las personas con discapacidad, tal y como lo establece la convención. Otorga garantías para que las personas con discapacidad puedan denunciar cualquier acto de discriminación o violación a sus derechos en los órganos de control que disponga la legislación vigente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y/o la Comisión de Derechos Humanos locales. Las personas con discapacidad no pedimos dádivas ni pensiones. Queremos integrarnos a un entorno social y productivo, y no ser objeto de aberración, rechazo y corrupción. Es urgente llevar garantías concretas que protejan a las personas con discapacidad en México, situación que se ha visto agravada por los rezagos, la pobreza, la falta de oportunidades y el desinterés de actores públicos fundamentales, para asumir el compromiso social, político y económico para que la población con discapacidad y sus familiares tengan un mejor presente y un próspero futuro. El gobierno en sus tres niveles y las entidades públicas, necesitan de un marco jurídico adecuado y detallado que les permita actuar con voluntad, compromiso y justicia ante las demandas que exigen las personas con discapacidad. A cuatro años de que esta ley fuese publicada, no existe un reglamento del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad; no hay una clara definición para la participación plural de entes sociales o privados en la Constitución de dichos organismos. Esto conlleva a no darle la importancia política y presupuestal a esta institución. Por lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Señor presidente, la iniciativa que presento tuvo algunos ajustes en su texto, por lo que solicito atentamente que el documento que entrego a la Secretaría en este momento, se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Gracias.