La diputada Rosario Ortiz Magallón: Con su venia, señor Presidente. Reservo el primer párrafo del artículo 2o. del dictamen con proyecto de decreto de Ley de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. La nueva Ley del ISSSTE ha demostrado en año y vigencia su inoperabilidad. Las autoridades responsables de cumplir con el procedimiento legal para la entrada en marcha del nuevo sistema de pensiones sigue demostrando las fallas intrínsecas de una ley pésimamente diseñada, sin competencia para administrar un proceso de transición y su nulo respeto por principios elementales del derecho. Un ejemplo claro lo estamos viviendo con un decreto publicado por el Ejecutivo el 27 de junio, en el que prorrogó el período para ejercer el derecho de elección al pasarlo del 30 de junio, como dice la actual Ley del ISSSTE, en el quinto artículo transitorio, al 14 de noviembre por el simple hecho de que el sistema de cuentas individuales que atracó los derechos y al patrimonio de los afiliados al Instituto, sólo resultó uno de cada 20 asegurados. El Ejecutivo se extralimitó, sobre las facultades del Congreso, al modificar el término establecido claramente en la ley, omitiendo el procedimiento previsto por la Constitución. El mismo traspié jurídico aparece en el dictamen que se discute. La Ley del ISSSTE autoriza al Ejecutivo federal a realizar los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a emitir títulos de deuda para el pago de los bonos de pensión. Según el artículo vigésimo primero transitorio de la ley, el monto de estas obligaciones se conocería el 30 de septiembre de 2008, lo que no ocurrió, porque durante el período de enero a junio del mismo año, las actuales trabajadoras y trabajadores podrán elegir si quieren permanecer bajo el sistema previsto en el artículo décimo transitorio de la ley o si de desean establecer una cuenta individual y por lo tanto acreditar bonos de pensión, y quienes no manifestaran su elección, pasaban al primero de estos sistemas, lo cual tampoco ocurrió. Si en el dictamen de la Ley de Ingresos se autoriza al Ejecutivo a contratar deuda pública, sin precisar su monto, se estará violando el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución, que faculta al Congreso de la Unión a aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos. El dictamen no establece montos, por lo que no se puede autorizar una deuda que no está cuantificada a riesgo de violar nuestra Constitución. La irresponsabilidad del gobierno federal en la imposición de la nueva Ley del ISSSTE queda de manifiesto una vez más, porque, para hacer viable el tránsito al nuevo sistema de pensiones, se pretende una vez más retorcer nuestro camino, nuestro marco normativo queriendo ser, además, cómplices de este despropósito a esta honorable asamblea. Los conminamos compañeras diputadas y diputados, a eliminar este precepto del dictamen para no seguir en el camino del desmantelamiento de nuestro sistema jurídico y de las garantías fundamentales del pueblo trabajador. Por lo anteriormente expuesto y fundado propongo se modifique el primer párrafo del artículo segundo del dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2009 y quedar como sigue: Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contratar y ejercer créditos empréstitos y otras formas de ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores en los términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para le Ejercicio 2009, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 380 mil millones de pesos, así como por el importe que resulte conforme a las disposiciones aplicables de reconocer como deuda pública directa los financiamientos asumidos por terceros y por vehículos financieros garantizados por Petróleos Mexicanos, para garantizar los proyectos de infraestructura productiva a largo plazo a que se refieren los artículos 18, tercer párrafo de la Ley General de Deuda Pública y el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria correspondientes a proyectos autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y que se encuentran en etapa de operación o en proceso de construcción. En este último caso sólo en la parte correspondiente a la inversión, efectivamente realizada. Asimismo el Ejecutivo federal y las entidades de control directo podrán contratar endeudamiento interno adicional autorizado siempre que se obtenga una disminución de la deuda pública extrema por un monto equivalente al del endeudamiento neto interno adicional asumido, establecido en el presente artículo en el presupuesto de las entidades federativas. Compañeros y compañeras, es importante que, nosotros y nosotras, podamos colocar un límite en el endeudamiento para cubrir el compromiso que tiene la institución del ISSSTE para cubrir los bonos de pensiones de los trabajadores. Y la propuesta que se establece está justificada en el número de trabajadores y trabajadoras que, hasta el momento, han optado por el Sistema de Cuentas Individuales. Agradezco su atención. Es cuanto, señor presidente.