El diputado Esteban Albarrán Mendoza: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el suscrito diputado Esteban Albarrán Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 5o. de la Ley General de Desarrollo Social para estudio y dictamen, al tener de la siguiente Exposición de motivos La necesidad de precisar los conceptos se vuelve indispensable ante las transformaciones generales que estamos viviendo, como producto de procesos políticos acelerados que requieren ajustarse a las circunstancias sociales en los ordenamientos jurídicos vigentes, tal es el objetivo de esta presente iniciativa. En este momento es imprescindible conceptualizar con precisión qué se entiende por política nacional de desarrollo social, ante la diversidad de interpretaciones que al respecto existen. En tal sentido y al evaluar los efectos generados por los ajustes económicos que ha vivido nuestro país, en un capitalismo poco desarrollado se ha generado la regulación de los efectos de las denominadas políticas de ajuste. Fue así que la transformación económica produjo un nuevo rostro a la naturaleza del Estado mexicano al haber propiciado como centro de regulación social la vigencia del mercado como instrumento cotidiano de las relaciones sociales. Sin embargo las consecuencias generadas por este ente en la vida cotidiana del pueblo propiciaron el surgimiento de políticas que atendieran de manera general los efectos socioeconómicos directos, como el crecimiento desmedido e incontrolado de la pobreza, tanto patrimonial como alimentaria. Al respecto, hace unos días la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, en su informe Panorama social de América Latina 2009, estableció que la pobreza alcanzó a 34.8 de la población, alrededor de unos 37 millones de mexicanos, superior al 31.7 de connacionales en situación de pobreza registrados en 2006. Esta realidad ha repercutido con profundidad en las aspiraciones auténticas de mejoramiento en la vida de la población. En este sentido es indispensable revisar integralmente el marco jurídico vigente que regula y limita la aplicación de la política de desarrollo social. Es decir, se tiene que pasar de la definición de los principios y de los objetivos de la política de desarrollo social, a definir conceptualmente la política de desarrollo social del Estado mexicano, que cruce las fronteras de la alternancia en el ejercicio del gobierno e impacte y remonte gradual y definitivamente la condición estructural de pobreza y marginación social que pende en el país. También existen elementos que a nivel global repercuten en las políticas y en las definiciones de su contenido. En este orden de ideas los ordenamientos jurídicos deben de adoptar con puntualidad los objetos que regulan para producir certidumbre en los actos de gobierno, pues como es conocido por todos, desde la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, a mitad de los años 90 del siglo pasado y posteriormente en la realizada en el año 2000, se han perfilado criterios generales para atender los contenidos del desarrollo social. Es importante destacar que como efecto de esta última reunión, se asumieron entre los estados miembros de la ONU, los ocho denominados "Compromisos del Milenio", que entre otras cosas resalta, por primera vez, el objetivo mundial de disminuir la pobreza. Asimismo en esta cumbre internacional de estableció erradicar el hambre y reducir su impacto antes del año 2015. La propuesta de adición pretende que el intérprete o destinatario de la norma y que tiene la obligación de ejecutar el mando propuesto, no se vea obligado a desentrañar el significado de la misma en una interpretación de los objetivos y principios que se encuentran imperativamente ya señalados en ésta, pues el fin social de la adición a la ley es definir la existencia de la política de desarrollo social del Estado mexicano, que no quede condicionada a las diversas interpretaciones de quien administra el tema social. La propuesta surge al reconocer que la evolución jurídica no es inamovible y que el desarrollo social tiene elementos de acción y ejecución prospectiva. En este sentido la política social del Estado debe conciliar el desarrollo económico como el bienestar social y establecer como prioridad que justifique su existencia. En tal sentido y en mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 5o. de la Ley General de Desarrollo Social. Artículo único. Se adiciona la fracción XI al artículo 5o. de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: XI: La política nacional de desarrollo social, por el conjunto de acciones directas emprendidas por el Estado mexicano, para establecer el equilibrio entre el crecimiento económico y el mejoramiento social, económico y cultural del pueblo que permitan reducir las desigualdades producidas por la generación de riqueza material en la sociedad, estableciendo políticas de oportunidades y movilidad social fundada en el esfuerzo colectivo e individual, permitiendo con ello una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico garantizando el acceso pleno a la justicia social, mejorando progresiva y plenamente la calidad de vida de los mexicanos, cuyos contenidos mínimos son la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el acceso al trabajo, el bienestar común, la equidad entre los géneros y el acceso a la economía del conocimiento, la garantía de la existencia de la diversidad cultural, el respeto a las minorías y a la dignidad humana, al equilibrio sustentable del aprovechamiento de los recursos naturales, a la convivencia humana basada en los valores intrínsecos del Estado democrático, a la integralidad de las acciones y el rechazo de la exclusión y marginación social. Transitorio Único. El presente decreto entrará en entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente.