LA C. DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ: Con su permiso señora Presidenta. Propuesta de Punto de Acuerdo en relación a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Es por todos conocido que a finales de los años 70 y durante los 70s en México se realizaron crímenes de estado contra muchos mexicanos por disentir de un sistema político autoritario y cerrado para las libertades. ¡Cómo olvidar el crimen de estado que perpetró Gustavo Díaz Ordaz en contra del movimiento estudiantil que según información disponible, indica que la orden provino directamente de la Secretaría de Gobernación aquel 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco que quedó marcado en los anales de la Historia como el Día de la Infamia, la Prepotencia, la Impunidad, el Autoritarismo y la Irracionalidad de este Gobierno!, matanza ordenada desde el poder donde fueron masacrados sin misericordia jóvenes, niños, amas de casa y adultos inocentes siendo su última falta demandar mayores canales de participación en la solución de sus problemas, crimen que hasta la fecha todavía sigue impune. En este reencuentro de infamias no podemos pasar al alto el jueves 10 de Junio de 1971 cuando un grupo de choque denominado Los Alcones enviado desde el Gobierno léase Presidencia de la República, reprimió una manifestación pacífica de estudiantes y maestros con un saldo de muertos y desaparecidos que hasta la fecha se desconoce, y también sin castigo para los responsables directos de tan condenables hechos. Otro hecho que destaca de aquellos tiempos de represión es el ocurrido el 23 de Octubre de 1975, hace 26 años cuando un grupo de policías judiciales del estado de Sonora vió un número igual de efectivos del Ejército Mexicano se presentaron al ejido de San Ignacio Río Muerto en el Valle del Yaqui, estado de Sonora, el motivo de la presencia de dicho cuerpo de seguridad en aquella entidad se justificó para llevar a cabo un desalojo de alrededor de 400 campesinos que habían tomado dichas tierras por considerar que no eran los legítimos poseedores de los derechos ejidales, fue así que con ese pretexto se justificó la masacre y la represión de 400 campesinos quien al frente iba el General Francisco Arellano Noblecía, hoy, hoy Director de la Policía Federal Preventiva, situación que nos hace preguntarnos en manos de quien se encuentra depositada nuestra seguridad, señores diputados, el resultado final de dicho desalojo fue la muerte con tiros de gracia de 7 campesinos, un número indeterminado de heridos , detenidos y desaparecidos. La falta de voluntad política y la cerrazón del sistema político puesto de manifiesto en un presidencialismo de corte profundamente autoritario originó que algunos mexicanos optaran por la vía armada como una forma de lograr una sociedad más justa y equitativa, situación que fue combatida por medio de la llamada Guerra Sucia por el régimen de ese tiempo, a través de métodos deleznables no solo por su violencia e ilegalidad sino también por el carácter profundamente violatorio de los derechos humanos, de cientos de jóvenes que participaron de manera activa en esa lucha y que a través de la desaparición forzada fueron borrados de la escena política con tal desprecio del estado de derecho y a las garantías individuales, establecidos en la Constitución de la República por quien fuera electo precisamente para hacer respetar dicha ley fundamental, es decir, el Presidente de la República. La desaparición forzada resulta una de las acciones más representativas de este régimen de terror. En estos casos y en otros similares revestidos de la misma pluralidad e impunidad, el gobierno de Luis Echeverría Alvarez aplicó toda la violencia del Estado en contra de grupos sociales ajenos al régimen. La guerra sucia emprendida por y desde el gobierno de Luis Echeverría, se caracterizó por las graves violaciones a los derechos humanos y por la libre y total impunidad con que gozaron los responsables materiales e intelectuales de estos hechos. El país no puede cerrar la historia de los asesinados y desparecidos durante todo ese tiempo. Con el cambio, el pasado 2 de julio dl 2000, el nuevo régimen tiene la obligación, facultad y oportunidad de resolver las atrocidades y excesos cometidos durante los sexenios anteriores y castigar a los responsables, principalmente en lo que concierne al ex Presidente Luis Echeverría Alvarez, pues de lo contrario correrá el riesgo de convertirse en cómplice directo de las barbaridades cometidas bajo el cobijo de la razón del Estado. El ex Presidente Luis Echeverría Alvarez, como uno de los principales responsables de esta negra historia, no puede ni debe seguir siendo beneficiado más con las pensiones y prebendas de todo tipo de las que son objeto los ex presidentes. Urge justicia. No podemos hablar de transición mientras no haya castigo para los culpables. Compañeras y compañeros diputados, el país debe cerrar la historia de los asesinados y desparecidos durante todo este tiempo, enjuiciando y castigando a los responsables intelectuales que impulsaron y promovieron hecho. No hacerlo nos condena a seguir profundizando una herida que desune y enfrenta a la sociedad. Por ello, ante los desaparecidos del régimen echeverrista, nos unimos a doña Rosario Ibarra de Piedra cuando nos dice: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Hace dos años, un grupo de líderes del 68 y de los setentas interpusieron una demanda ante la PGR contra Luis Echeverría, sin embargo, la PGR argumentó que los supuestos ilícitos cometidos por el señor ex Presidente ya habían prescrito. No obstante, tal respuesta carece de fundamento, pues si el mismo ejemplo lo ponemos y lo llevamos al plano internacional, los crímenes cometidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial de igual manera ya hubieran prescrito, más sin embargo, a los responsables todavía son buscados y castigados. El señor Fox, en campaña dijo que se castigará a los culpables de los crímenes contra el pueblo de México, pero hasta la fecha no ha habido la suficiente voluntad política para cumplir con dicho compromiso. Las heridas se encuentran frescas, las heridas no han cerrado, por lo que hacer justicia histórica es una deuda que como sociedad tenemos con los familiares de las personas asesinadas y desparecidas; es una deuda con México. Comentando con unos diputados, me dijeron: "Deje en paz a Echeverría, ya es un viejo", pero también las madres y familiares de los desaparecidos han envejecido pidiendo justicia por sus familiares. Es por eso que queremos que se ha justicia. Es por lo anteriormente expuesto que los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58, proponemos el punto de acuerdo: Unico:- Esta Cámara de Diputados hace un exhorto a la Procuraduría General de la República para que inicie de inmediato las investigaciones necesarias, tendientes a dilucidar las presuntas responsabilidades del ex Presidente Luis Echeverría Alvarez en los asesinatos y desapariciones ocurridas durante su sexenio, así como su presunta participación en la masacre del 2 de octubre de l968, por ser delito de lesa humanidad, imprescriptibles e imborrables de la memoria de los mexicanos. Palacio Legislativo, a l 6 de octubre. Diputados Petra Santos, Miguel Bortolini, Martí Batres, Adela y todos nuestros compañeros del PRD. Muchas gracias.