La diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, la agenda política de esta mañana aborda uno de los incidentes diplomáticos más desafortunados en la política exterior mexicana de los últimos tiempos. Para algunos, la resolución del Parlamento Europeo es irritante e injerencista, para otros la respuesta del gobierno federal es delirante. Para muchos, como es el caso del Grupo Parlamentario del PRI, es muy preocupante. Preocupante que una vez más se pierda forma y fondo sobre el problema que se enuncia: la inseguridad que se vive en nuestro país, cuyo saldo es de centenas de muertos en Colima, en Zacatecas, en Michoacán, en Puebla, y el asesinato en los primeros dos meses del año de seis periodistas. Realidad que duele pero que existe. Los errores en materia de política internacional se repiten una y otra vez en este gobierno. El descuido en el abordaje cotidiano de los problemas nacionales e internacionales son constantes. La incapacidad de entender el contexto actual y la responsabilidad global es recurrente. Desde pedir una pausa en las relaciones diplomáticas con España, hasta las recientes declaraciones donde se ha llamado a nuestros pares, los parlamentarios europeos, borregos que no leen. La omisión en el seguimiento de reglas que nos hemos dado, de acciones de reciprocidad cuando decidimos participar como actores globales que nos otorgan derechos y, al mismo tiempo, nos demanda responsabilidades es precisamente el incidente que ocupa el acuerdo global suscrito con la Unión Europea y ratificado por su parlamento. Es una tentación común a muchos países sentirse que son ajenos al mundo y que el mundo le es ajeno. Ha sido el caso de México en diversas ocasiones, pero se trata de una ilusión, de un engaño. Cualquier visión, mínimamente inteligente e informada de nuestra historia, nos muestra que los principales acontecimientos nacionales están estrechamente vinculados a lo que pasa en otros países y en otros continentes. La importancia que nuestras leyes y en particular nuestra Carta Magna tienen los tratados internacionales y los derechos humanos que suscribimos con otros países, tienen jerarquía jurídica y política, compañeros legisladores. Es un reconocimiento tácito e importante del lugar del mundo en nuestro país y del lugar de nuestro país en el mundo. Los derechos humanos son una expresión de este reconocimiento, de que nuestras responsabilidades van más allá de nuestras fronteras. Los derechos humanos no tienen nacionalidad. Ningún país puede argumentar su autonomía o autodeterminación para violarlos o no resguardarlos. Por eso nuestra Constitución señala como una de las facultades y obligaciones del presidente de la República el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos como parte de la política exterior del Estado mexicano. Los señalamientos recientes del Parlamento Europeo sobre la situación de lo derechos humanos en nuestro país pueden resultar incómodos, pero no inválidos. Más que rechazarlos con adjetivos ajenos al sentido común, diplomático y político, convendría tomar nota de ellos y actuar en consecuencia. Cabe recordar que el Parlamento Europeo representa a los ciudadanos, no a los gobiernos. Tampoco a las empresas. Está integrado por 705 miembros electos por el sufragio universal desde 1979. Tiene entre sus facultades la aprobación de tratados y el impulso de acciones políticas y diplomáticas para el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y la vigilancia en el cumplimiento de los tratados firmados por la Unión Europea. El acuerdo multicitado ya aquí por varios quienes me han antecedido en el uso de la voz se trata del primer acuerdo de cuarta generación signado por nuestro país que incorpora la llamada cláusula democrática, en el que se establece el respeto a los principios democráticos, así como el respeto a los derechos humanos. Es en este contexto que habría que preguntarnos si a la 4T no le gusta este tipo de acuerdo y lo considera injerencista puede derogarlo.