El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Compañeras y compañeros legisladores, debemos entender una cosa: la reforma al 4o. constitucional es el fundamento para lograr, para consolidar y sostener una economía próspera, para proteger a la población más vulnerable y para alcanzar una sociedad más justa. Con esta reforma se garantiza el papel protagónico que nunca debió perder el Estado, como garante de la protección de los derechos sociales. Las acciones concretas de esta modificación a la Carga Magna, como crear el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, que dé atención médica a quienes no cuentan con seguridad social, que se cuentan por miles o por millones de mexicanos. Apoyar económicamente a las personas con una discapacidad permanente. Otorgar una pensión a las personas que tienen más de 68 años de edad en lo general, y 65 aquellos que pertenecen a las comunidades indígenas. Incluir en un sistema de becas a los estudiantes en condición de pobreza de todos los niveles escolares. Con esta reforma también se alcanzaría un ideal largamente postergado: la construcción de una ciudadanía social en la cual se garantice el derecho a un desarrollo humano adecuado, el acceso a las oportunidades económicas, la inclusión de todas y todos al reparto equitativo de los esfuerzos y de los bienes de la nación, de los bienes sociales. Se trata de una reforma que hace visible a los que por muchas décadas no lo fueron, los más pobres, los indígenas y los desprotegidos de este país, que a pesar de ser ciudadanos mexicanos no se les contemplaba en el justo reparto de la riqueza, en los accesos a la salud y al bienestar en general. Se trata entonces de dar condiciones de vida digna a millones de mexicanos analfabetas, a los 52.4 millones que viven en la pobreza y a los 9.3 en pobreza extrema, los 19.1 millones sin acceso a servicios de salud. ¿Son pocos? Se trata entonces de dignificar a aquellos que nunca tuvieron expectativas para mejorar en otros tiempos. La justicia social sí se ha asumido como parte de esta cuarta transformación, y en ese sentido y con un enfoque de universalismo sensible a las diferencias que existen y que son naturales no solo entre todos los mexicanos, sino se ven reflejadas en esta tribuna, garantizar los derechos y elevar en medio de todas esas diferencias los niveles de bienestar de la población, y también por qué no esas gentes que tienen una discapacidad permanente y que para lograr la superación de las brechas de desigualdad que ya de por sí padecen por su condición física, bajo el principio de no dejar a nadie atrás y de no dejar a nadie afuera, esta cuarta transformación las estará apoyando. Elevar a rango constitucional el derecho a recibir una pensión tiene como objeto hacer efectivo el derecho que tiene cada ciudadano y cada ciudadana adulta mayor a percibir una cantidad periódica para cubrir sus necesidades mínimas materiales. La pensión no contributiva es posible. Se puede financiar cualquier obstáculo; es un problema de voluntad política, no de economía. Hasta el momento la contributiva es el mejor mecanismo ejercido para cualquier proyecto que se trate de hacer realidad. Los tres principios esenciales de los derechos universales: la justicia, la libertad y la dignidad humana, nos proporcionan una forma viable para lograrlo. Por lo tanto, compañeras y compañeros, la pregunta sería: ¿Nos importa lo suficiente para intentarlo? Al Partido del Trabajo sí. Muchas gracias.