La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente. Respecto a lo que señalaba un diputado aquí en la tribuna, solamente decir que la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, compareció el 7 de junio de este año precisamente para aclarar estos temas y que volverá a comparecer por acuerdo de los grupos parlamentarios. Lamento que el diputado no esté informado de esto. También decir que las declaraciones, suposiciones, chismes y demás no hacen prueba en los juicios. Ahora sabemos por qué luego pierden los juicios. Y si de testimonios hablamos, mencionaría yo aquí al jefe delegacional de Coyoacán, Miguel Bartolí, quien fue pillado haciendo lucro de programas sociales. "El león cree que todos son de su condición". Falta a la verdad quien dice que el gobierno del Presidente Vicente Fox condicionó la entrega de programas sociales a cambio de votos a favor de Acción Nacional, tampoco tiene pruebas para afirmarlo y la propia realidad lo desmiente con hechos tales como: la creación de un padrón único de beneficiarios de los programas sociales por entidad federativa que está en poder de los gobernadores que mayoritariamente no son del PAN. Por cierto, el único gobierno local que no proporcionó la información para generar este padrón, es el Gobierno del Distrito Federal. Conforme a la Ley de Transparencia, son públicos los padrones de los beneficiarios de programas sociales, se acabó con la discrecionalidad. Se crea la Ley de Desarrollo Social aprobada unánimemente en la LIX Legislatura de este Poder Legislativo, que etiqueta el gasto social y establece que las partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos para este rubro, no podrán reasignarse a fines distintos. Los resultados electorales del PAN no se reflejan o vinculan con los beneficios de los programas sociales, dado que en los 200 municipios con mayor índice de pobreza, 95 fueron ganados por el PRD y su coalición; 80 por el PRI y sólo 25 por Acción Nacional. Se dio publicidad al blindaje de los programas sociales para eliminar la discrecionalidad en el uso proselitista de los recursos públicos y contribuir a que las personas beneficiadas asuman dichos programas como un derecho, independientemente del gobierno en turno. En el blindaje participa la sociedad civil y diversas instituciones a través de convenios con organizaciones como la ONU, donde se hicieron estudios en las zonas más moderables para medir la manipulación electoral y se acataron las recomendaciones para evitarla —con la Fepade—, para orientar a los beneficiarios a denunciar a cualquier persona que entregue programas a cambio del voto. La creación la Contraloría Social es donde participan los ciudadanos en el uso y la vigilancia de los recursos públicos y reciben quejas. Todos los programas sociales tienen reglas de operación claras y partidas presupuestales definidas, con lo cual este gobierno tiene por regla su vigilancia, evaluación y monitoreo. Se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. Todas estas acciones son prueba clara de que el gobierno del Presidente Vicente Fox ha llevado una política social transparente, honesta y eficaz, fundada en la solidaridad y subsidiaridad, alejada del clientelismo que por muchos años fue el motor de la política social. Más bien, hay que reconocer que el gobierno del Presidente Vicente Fox ha tenido muchos aciertos en los programas sociales implementados. Uno de los grandes rubros es la vertiente en el tema de desarrollo de capacidades, en donde ya se ha mencionado ampliamente el tema de Oportunidades, Diconsa y Lincosa sólo por mencionar algunos. Queda claro que a ninguna persona en este sexenio se le condicionó la entrega de apoyos del gobierno federal a cambio de su voto. Quien lo afirme, miente. Sí, miente y sólo atiende a intereses partidistas, no a la realidad. Que le pregunten a los beneficiarios. Es cuanto, diputado Presidente.