El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Gracias, presidente. Además, dándole voz a quienes no quisieron escuchar ustedes, también añadiendo eso. Y como les decía, 7. Aclarar que la información veraz y oportuna es obligación de las entidades del Estado y no de los medios de comunicación, de no ser así, se abre la puerta a formas de censura. 8. Imponer a la inversión extranjera en telecomunicaciones y radiodifusión, cláusulas de reciprocidad, cobertura e inversión. 9. Garantizar el funcionamiento de los medios públicos con criterios de calidad, beneficio social, participación ciudadana y actualidad tecnológica, mediante una mayor claridad y definición legal planteada. Y finalmente, 10. Crear el Consejo Nacional de la Banda Ancha, a fin de garantizar el previsto derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Éste es el decálogo, que desde luego para ustedes no existió ni existirá y nos confirma, como lo dijo un compañero hace un momento, que los muchachos del 132, entre otros, deberían estar en muchas de las curules legislando –como vemos– a favor de la democracia, en los medios de comunicación, ¿verdad? Bueno. Finalmente me voy a remitir a las modificaciones en los artículos transitorios, que precisamente estamos proponiendo. Es una responsabilidad advertir sobre los riesgos y trampas que esconde la letra chiquita de esta reforma, y esto se vislumbra al revisar los artículos transitorios del proyecto de decreto en cuestión. Por ejemplo, el artículo quinto transitorio, en su primer párrafo, permite que empresas extranjeras puedan tener hasta 100 por ciento de la propiedad en telecomunicaciones, y no es que pensemos que vaya a haber una invasión, como alguien lo mencionó por ahí, de tropas extranjeras, sino que desde luego, los medios de comunicación son conceptos y una infraestructura estratégica que cualquier país lo defiende muy bien, como vemos en las restricciones que han colocado en sus leyes para la inversión extranjera en sus respectivos países. Ahora no sólo tendremos, por cierto, que lidiar con los poderes fácticos en México, sino que tendremos que enfrentarnos a un nuevo enemigo de la democracia, proveniente del exterior, gracias al entreguismo de esta reforma, igual de grave que la que se le quiere hacer próximamente a Pemex. A su vez, el artículo sexto transitorio sigue facultando al Ejecutivo federal a intervenir abiertamente en las decisiones, que deberían ser competencia exclusiva del nuevo organismo autónomo Ifetel, a lo que ya nos hemos referido y proponemos se revoque esa facultad. Por otra parte, en el décimo cuarto transitorio, planteamos que se establezca un sistema público de acceso a Internet a bajo costo, en virtud de que en dicho artículo de la reforma básicamente se excluye a la gente más vulnerable de la posibilidad de tener acceso a Internet. Este artículo establece que el Ejecutivo federal desarrollará una política de inclusión digital universal, pero su segundo párrafo establece que el acceso se cobrará en base a precios internacionales, de conformidad a la OCDE. ¿Y qué significa esto? Que se van a emular, precisamente, que no van a bajar las tarifas, van a ser a la paz de países europeos, Estados Unidos, pero allá los habitantes de esos países tienen ingresos mucho más elevados que el ciudadano común y corriente. Cómo van a pagar, por ejemplo, entre 500 y 800 al mes por servicios de Internet, que significan un duro golpe para su economía. Ahora bien, existe otro argumento irrefutable, que es el tema referente a lo establecido en el décimo quinto transitorio y es que para este acceso a Internet se usará la red de fibra óptica de la Comisión Federal, la cual es propiedad de la nación. Recordemos que Felipe Calderón en 2009 extinguió Luz y Fuerza del Centro y bueno, ya sabemos con qué fin. En este momento lo estamos viendo con claridad, simple, para que el SME no pudiera ofrecer el llamado triple play, que incluye televisión, teléfono e Internet a bajo costo, utilizando primordialmente la fibra óptica. Con esta extinción toda la infraestructura que operaba Luz y Fuerza pasó a manos de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué se pretende con la reforma de telecomunicaciones? Realmente no busca combatir los monopolios no ofertar a los ciudadanos dos nuevas cadenas de televisión. Se busca privatizar la red de telecomunicaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Y es que dicha intención no se vislumbra claramente en las reformas a los artículos constitucionales sino que lo hacen directamente en el artículo décimo quinto transitorio, lo que significa que las empresas privadas se beneficiarán del uso de la red de la Comisión Federal de Electricidad y seguirán cobrando igualmente caro por este servicio, mientras que el consumidor seguirá pagando demasiado mientras que no se establezcan controles sobre los precios de los servicios de telecomunicación, que es finalmente lo que le afecta a los consumidores. Es por ello que proponemos que se modifiquen los artículos referidos del proyecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Este será el momento decisivo para conocer las verdaderas intenciones detrás de esta reforma, que ya lo estamos viendo, seguir perpetuando a los poderes fácticos con su perversión mediática y la codicia que los caracteriza u optar por la creación de medios abiertos, plurales y con un sentido de responsabilidad hacia las grandes audiencias de las que dependen para cerrar el verdadero círculo que implica una auténtica y democrática comunicación. Gracias por su paciencia, compañeros. Es cuanto, presidente.