El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con su permiso, diputado presidente. El presente dictamen de la Comisión de Economía, que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio, fortalecerá sensiblemente la operación de los organismos sociales encargados de financiar programas de vivienda al resolver una problemática que se ha incrementado en los últimos años. En México, de acuerdo con cifras del Inegi, el 14 por ciento de 38 millones de viviendas de todo el país se encuentran deshabitadas; y, de ése, 5 millones de espacios habitacionales. Se calcula que el 35 al 40 por ciento están abandonadas, presentado morosidad por parte de sus propietarios. Lo anterior afecta gravemente el desarrollo nacional y las finanzas públicas, pues la insolvencia de la cartera vencida afecta la eficacia y recurso de los organismos nacionales de vivienda, asimismo limita la inversión en uno de los sectores más dinámicos del país, como el de la construcción. Pero más grave aún, vulnera una garantía constitucional de miles de familias mexicanas porque en contraste hay mucha gente en México que no tiene acceso a créditos para vivienda. Este decreto aborda con pertinencia el problema del abandono de vivienda y actualiza nuestro marco legal al establecer que los créditos con garantía real que otorgan los organismos encargados de financiar programas de vivienda son actos de comercio, y por ende están sujetos a legislación mercantil. Asimismo, incorpora la extensión para la retención de bienes dentro de las medidas cautelares o providencias precautorias, y define dentro de nuestro Código comercial el término de vivienda abandonada. Lo anterior, además de subsanar una necesidad jurídica en esta materia, permitirá a los organismos nacionales de vivienda emprender acciones alternas para la recuperación de créditos que presenten morosidad cuando éstos tengan una garantía real, y sin duda coadyuvará a disminuir los rezagos en materia de vivienda que aún subsisten particularmente entre la población con un mayor índice de vulnerabilidad y precariedad económica. De esta forma, organismos públicos como el Infonavit, que desde su creación en 1972 ha otorgado más de 7.7 millones de créditos hipotecarios, pero que también se ha visto afectado por este problema social, así como diversos fideicomisos de vivienda social constituidos con recursos públicos se verán fortalecidos en sus sistemas de cobranza social y actuaciones institucionales en cuanto a la recuperación de créditos destinados a la adquisición, mejoramiento y ampliación de vivienda, teniendo más opciones que ofrecer a miles de trabajadores y a sus familias, que con justicia reclaman el beneficio de una garantía constitucional. Compañeras, compañeros diputados, en Nueva Alianza estamos conscientes que diversos factores económicos, ambientales o sociales han orillado a millones de mexicanas y mexicanos a incurrir en mora en el pago de sus créditos hipotecarios, sin embargo, miles de ellos han actuado responsablemente al acercarse y exponer su situación ante los organismos nacionales de vivienda, encontrando diversas opciones que atienden su transitoria problemática. Sin embargo, existe aún un gran volumen de este tipo de viviendas abandonadas que no se encuentran en estos supuestos, y esa situación demanda soluciones legislativas pertinentes y eficaces, como las que se proponen en este dictamen. Es por ello que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor, reiterando nuestro compromiso de generar instrumentos legislativos que atiendan programas sociales de manera integral, adecuada y efectiva, como lo demanda y requiere el desarrollo de este país. Es cuanto, diputada presidenta.