El diputado Cuautémoc Velasco Oliva: Compañeros y compañeros, una de las más representativas libertades de los sistemas democráticos es precisamente el derecho del individuo a exponer sus pensamientos y opiniones, por medio de la palabra, por escrito o cualquier otro medio de reproducción, sin autorizaciones previas o censura de la autoridad y sin más limitación que lo que la ley establece. Esos límites son los derechos de los demás a ser respetados en su honor, intimidad y fama, así como el respeto al orden público. Lo anterior viene al caso, porque recientemente hemos visto con profunda preocupación, que una de las manifestaciones de esta libertad, la de expresión, tutelada en el artículo 7o. de la Constitución, se ha visto vulnerada en la persona de dos periodistas: Miguel Badillo, director, y Ana Lilia Pérez, reportera, ambos de la revista Contralínea. ¿Cuál es el delito que han cometido para ser perseguidos y acosados? Ninguno. El verdadero motivo parece ser un mal entendido o sentimiento de revancha, y por qué no decirlo con todas sus letras "parece ser un acto de autoritarismo", con el uso faccioso de las instituciones del estado de derecho para castigar a quien en ejercicio de un derecho informó a sus lectores en febrero de 2008 que Juan Camilo Mouriño Terrazo, como funcionario público, organizaba negocios privados, beneficiando a compañías de su familia. Hace unos días Miguel Badillo fue detenido unas horas, como consecuencia de las denuncias que ha realizado como parte de su trabajo. La periodista Ana Lilia Pérez por su parte investigó y divulgó asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel. Hoy se encuentra oculta como medida de seguridad ante las amenazas de muerte que ha recibido y para evitar su detención, derivada de una denuncia por daño moral, entre comillado, interpuesta por empresarios gaseros, por una orden de aprehensión que un juez de Guadalajara giró en su contra por un supuesto desacato de un requerimiento judicial del cual nunca tuvo conocimiento. La revista publicó que Jesús Alfonso Zaragoza López, socio mayoritario del presidente del Consejo de Administración del poderoso consorcio Z Gas, integrado por 80 empresas, había comentado que en el sexenio de Fox, el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa lo recibió en sus oficinas para ayudarle en sus negocios y que a cambio él lo apoyó económicamente para su campaña a la Presidencia de la República. La periodista realizó una serie de relevaciones que incomodaron al empresario Jesús Alfonso Zaragoza López, pese a existir grabación de ellas, así la reportera señaló que dicho empresario le reveló como los directivos de Pemex le ofrecieron el negocio de los ductos mucho antes de que se hablara de una reforma energética. Cómo el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerizola le ayudó a instalar su planta de gas de Manzanillo, la cual le renta Pemex Gas para almacenar el gas que luego Pemex le vende a él, y él a su vez distribuye a millones de consumidores. Detalló como soborna a alcaldes y autoridades locales y federales para que le permitan instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas, aún contra de las protestas ciudadanas, como lo hizo en el pueblo de Campos, según documento de los pobladores. Lo anterior da lugar a que en agosto de 2007 el empresario presentara la primera demanda en contra de la revista Contralínea, del subdirector Miguel Badillo y la reportera Ana Lilia Pérez. Los mismos reporteros han denunciado públicamente una serie de irregularidades en el juicio, pese a que durante el juicio Zaragoza reconoció como suya la voz de las grabaciones que los periodistas exhibieron como prueba que éstas no fueron debidamente valoradas. El empresario no aportó una sola prueba que sostuviera sus acusaciones. Los reporteros presentaron, además de las grabaciones, cientos de documentos que respaldaban las investigaciones periodísticas publicadas, incluidas los que el denunciante les proporcionó, algunos de ellos emitidos por Calderón Hinojosa. Al denunciante se le permitió entrar al juzgado con guardaespaldas armados, y a Ana Lilia Pérez no se le permitió declarar. El juez la declaró confesa. Compañeras y compañeros ¿hasta cuándo vamos a permitir que la sola expresión de las ideas y el ejercicio de una profesión dé paso al acoso y a las amenazas? Ana Lilia Pérez es contundente cuando afirma: "No maté, no robé, no violenté ley alguna, mi única arma es la palabra y con ella hice lo único que sé hacer: periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente, sin pretensiones de enriquecimiento, como me han ofrecido los empresarios y funcionarios a quienes he investigado". Por tales motivos consideramos extremadamente grave que se presenten este tipo de hechos, pues lo que está de por medio es la defensa de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a estar informado. Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, y se manifiesta por el respeto irrestricto a la libertad de expresión tutelada en el artículo 7o., constitucional. Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que resuelva la queja presentada, relacionada con los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, respecto del acoso del que son objeto en el ejercicio de su profesión. Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República para que integre debidamente la averiguación previa correspondiente por la denuncia existente por las amenazas que han recibido dichos periodistas. Quisiera agregar una cuarta, derivada de un hecho que hoy se dio a conocer a la opinión pública, que está planteada en los siguientes términos y que someto a la consideración de este pleno. Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su rechazo a los actos de intimidación mediante supuestas acciones legales que han sufrido varios medios de comunicación, como es el caso del amago de embargo al Diario Monitor y que igualmente constituyen un atentado contra la libertad de expresión. Es cuanto, señor presidente. Entrego a usted el agregado del punto número cuatro y le ruego someter a votación para que se determine si es de aceptarse que sea de urgente u obvia resolución.