La diputada Eliana García Laguna: Gracias, señor Presidente. La iniciativa que el día de hoy se presenta se enmarca en el contexto de la reforma en materia de justicia que requiere urgentemente nuestro país. En momentos en que surge esta imperiosa necesidad de modificar y fortalecer el trabajo que realiza el Poder Judicial, la propuesta cumple con el objetivo de consolidar una de las instituciones necesarias para alcanzar un estado de derecho democrático, social, imparcial y justo. El objetivo central es consolidar la función de la administración del Consejo de la Judicatura a fin de permitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral, enfocarse de manera exclusiva a la función jurisdiccional. Pretende garantizar la independencia del Consejo de la Judicatura Federal respecto de la Suprema Corte, con lo que a su vez se pretende apuntalar el objetivo de que el Consejo sea un órgano que permita la participación ciudadana. Lo anterior a través de la propuesta de que el presidente de la Suprema Corte y el del Consejo de la Judicatura no recaigan en la misma persona y que los consejeros en su mayoría sean miembros de la sociedad nombrados por la Cámara de Senadores, excluyendo la posibilidad de que sean miembros del Poder Judicial y los tres restantes sean magistrados de circuito nombrados por insaculación. De esta manera habría una mayoría de miembros de la sociedad civil; pero también se evitaría que los consejeros provenientes del Poder Judicial sean nombrados de acuerdo a criterios exclusivos de la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, se pretende evitar la participación de la Suprema Corte en actividades propias del Consejo, como es la posibilidad de revocación de los acuerdos generales que emita el propio Consejo. En este sentido se formulan las propuestas de reforma al párrafo noveno para excluir o en su caso limitar la intervención de la Suprema Corte en las decisiones administrativas que tome el Consejo, dejando a salvo la posibilidad de que los jueces y/o magistrados destituidos puedan impugnar esta decisión ya sea en la Corte o ante el Senado. Esta propuesta pretende fortalecer la autonomía e independencia interna del Consejo de la Judicatura, evitando que sus decisiones administrativas sean nulificadas por la Corte. Es evidente que la facultad de la Suprema Corte y en su caso de los tribunales superiores de justicia de los estados de revisar prácticamente cualquier acto del Consejo de la Judicatura Federal o Local, no sólo mina la autonomía y la independencia que dicho órgano debiera tener para realizar su labor de manera eficiente y sin intervención de la Suprema Corte, sino que además distorsiona la esencia misma que motivó la creación del Consejo de la Judicatura, puesto que al revisar las acciones de este órgano, la Suprema Corte y los tribunales de justicia en realidad lo que están haciendo es involucrarse nuevamente en una labor administrativa que fue lo que justamente se pretendió evitar al crearse el Consejo de la Judicatura. Debe existir una división entre la función de juzgar y la de administrar, objeto y fin de creación del Consejo, que se ha visto rota al otorgar facultades de revisión de actos administrativos a la Suprema Corte y a los tribunales superiores de justicia. Luego entonces la impartición de justicia no puede ser eficaz si el órgano que administra y vigila se encuentra subordinado al órgano que preside, a quienes deben ser vigilados. En virtud de lo anterior se sugiere que para evitar que el Consejo de la Judicatura realice su trabajo bajo la supervisión y subordinación de la Suprema Corte, se propone que sea el Senado a través de su Comisión Jurisdiccional, quien revise las decisiones del Consejo de la Judicatura, únicamente por lo que respecta a la remoción de jueces y magistrados, con lo que se garantizaría que el Consejo no actúe subordinado a la Corte. Cabe resaltar que las deficiencias que imperan en la conformación del Consejo, no han pasado desapercibidas para los organismos internacionales que en materia de derechos humanos han emitido recomendaciones al Estado Mexicano, sobre la necesidad de realizar reformas que doten de mayor autonomía al Consejo de la Judicatura en el ámbito local. Esta iniciativa que presentamos el día de hoy, adquiere mayor importancia dada la resolución que acaba de ser conocida a través de los medios de comunicación en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia revocó una resolución del Consejo de la Judicatura Federal y desde esta tribuna queremos hacer una denuncia del hecho que sucedió, en donde el Consejo resolvía destituir al magistrado de circuito Héctor Gálvez Sánchez, acusado de acoso sexual por dos de sus subordinadas. Sin embargo, la resolución del máximo tribunal del país resolvió que sólo procedía contra este magistrado una sanción administrativa. El Consejo de la Judicatura había dictaminado que el delito de acoso sexual que se le imputó al magistrado Gálvez Sánchez, era por faltas que como servidor público denunciado eran de gran gravedad y trascendencia, y que perjudicaban la imagen del Poder Judicial de la Federación y que deterioraba la función jurisdiccional. Se estableció además que el juzgador faltó al profesionalismo y a la excelencia propios de su actuación al no cumplir de manera ejemplar sus deberes y por actuar de manera irrespetuosa, indecorosa, falta de sencillez y de honestidad. Pese a los argumentos y evidencias expresados por los consejeros de la Judicatura Federal en relación con el caso del magistrado, los ministros Juan Díaz Romero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitía, Sergio Aguirre Anguiano y desafortunadamente dos de las ministros mujeres, resolvieron que la conducta de hostigamiento sexual del magistrado Héctor Gálvez, no era causa suficiente para destituirlo y por lo tanto resolvieron que se hacia la revisión administrativa y dejaba sin efectos la sanción del Consejo de la Judicatura. Esta determinación que tomó la Suprema Corte es jurídica, ética y políticamente inaceptable pues quienes realizan la función judicial en el máximo tribunal del país, deberían aplicar en su justa dimensión la legislación penal vigente que establece en el Código Penal Federal, en la parte final del artículo 257, que si un hostigador fuese servidor público y utilizase medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su encargo. Es de destacarse que el ministro Genaro Góngora Pimentel fue la única voz disidente a esta determinación de la Suprema Corte y refirió que "qué otro tipo de consideraciones podrían exponerse por parte del Consejo para sustentar su decisión si no es precisamente aquello que se señaló como la afectación a la imagen de la institución, el deterioro a la función jurisdiccional". Y agregó el ministro Góngora: "que el licenciado Gálvez Sánchez no es un magistrado bromista y besucón, es un acosador sexual", y que ahí radicaba la gravedad de su conducta. Después de esta oprobiosa resolución de la Suprema Corte de Justicia, nos preguntamos: ¿Quién vigila a los que se supone que deben impartir la justicia en el máximo tribunal del país? En ése sentido la sociedad requiere mecanismos realmente eficientes para el control de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Es reprobable que los ministros no se hayan conducido de conformidad con la lealtad, legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su función como ministros. Reprobamos la resolución de la Suprema Corte de Justicia que brinda un manto de impunidad a un magistrado acusado de hostigamiento sexual por dos de sus subordinadas. Nuestro país requiere hoy más que nunca un Poder Judicial Federal fuerte, sólido y eficaz, y con seguridad lo tendrá limitando a los juzgados y tribunales de funcionarios que no asumen su compromiso. La propuesta de reforma la dejamos a la mesa y solicitamos su inserción en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.