La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el tema que aquí se discute hoy, como en otras legislaturas, es un asunto de gran envergadura, la protección a nuestros adultos mayores es una máxima que por razones de salud y de dedicación debemos garantizar. Mucho se ha dicho desde esta tribuna que debemos respeto y veneración a quienes de una u otra manera forjaron nuestras generaciones presentes. Sin embargo, por difícil que parezca, las palabras y las propuestas dichas desde aquí sólo han quedado muchas de ellas en discurso y pocas veces tomadas en cuenta para ser incluidas en una ley. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos manifestado de manera reiterada que la modificación y la creación de leyes debe ser acorde a las necesidades más imperantes en la vida de los adultos mayores, nuestros seres queridos. En principio estamos en contra de que las modificaciones a la ley sean en términos de una graciosa confesión o en términos de medidas proteccionistas, está de por medio el cumplimiento satisfacción y efectiva protección de derechos humanos de los adultos mayores, los cuales merecen el respeto a todos sus derechos fundamentales contemplados en diversos tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana de San José de Costa Rica, el Pacto de San Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, igual que el Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y dentro de ellos está el tratamiento digno a los adultos mayores, el respeto a todos sus derechos: a la salud, el derecho a satisfacer todas las necesidades, en razón de su precisamente edad no puedan ellos satisfacer por sus propios medios adecuadamente. A nuestro parecer este asunto va más de fondo, pues como ya lo hemos comentado en diversas ocasiones los adultos mayores y todas las demás personas en general contamos con derechos, cuyos intereses deben ser protegidos y tutelados, y además garantizados por el Estado. En este sentido es necesario tomar en cuenta que las medidas, como el endurecimiento de sanciones para quienes trastoquen los derechos mencionados de los adultos mayores, no bastan si el Estado no tiene la capacidad de destinar políticas públicas que promuevan el respeto, la sana convivencia, la comprensión y estimación hacia ellos. No tiene sentido incluso integrar a los marcos legales sanciones punitivas si seguimos observando cómo es que la conducta de personas quienes conviven diariamente con ellos cada vez es más intransigente, lacerante, impulsiva y grosera al no comprender que estamos tratando con personas y no con objetos obsoletos. Compañeras y compañeros, hoy en día hemos sido parte de innumerables reformas que persiguen la estabilidad e imparcialidad entre todos, pero con gran insistencia en el Partido del Trabajo hemos y seguiremos buscando la integración de los valores en nuestro contexto social. Hablamos de rescate de los valores y principios a través de estrategias de integración familiar, de sana convivencia, del respeto para todos y del intercambio de experiencias. Debemos decirlo con toda claridad, el escenario socio-económico que hoy tenemos nos ha llevado a una época en la que nada es primero que la adquisición de un bien material y económico, para después pensar en el valor de las personas de carne y hueso y entre ellas los adultos mayores. El dictamen que se nos presenta para que las personas adultas mayores sean protegidos contra acto u omisiones que puedan afectar sus derechos, su salud física o mental goza de excelentes propósitos, pero la realidad exige la efectiva protección como ya puntualicé, de todos los derechos humanos de dichas personas establecidos en los instrumentos internacionales. En los hechos, a los adultos mayores se les relega aún más, no obstante que está prohibido por la ley, vemos con tristeza cómo son cautivos de las instancias públicas quienes administran los recursos para los programas sociales destinados para ellos. Son víctimas de terceros tan sólo por el hecho de buscar que se les entregue una ínfima ayuda económica. Las administraciones públicas locales y federales carecen de atención especializada para un trato digno y para resolver sus necesidades. Aun así las personas de la tercera edad tienen que soportar malos tratos y groserías. Por si no bastara lo señalado, ahora el tipo de conductas como la violencia psicológica y patrimonial, incluyendo el despojo de sus propiedades ya son reconocidas como más frecuentes cuando han existido por décadas, y ante ello apenas se busca conseguir un remedio. Sin importar que en nuestro criterio aún falta mucho por hacer, nos parece una alternativa viable para inhibir el maltrato a los adultos mayores, el dictamen que hoy se nos presenta. Esperamos contar en un futuro con mejores propuestas que verdaderamente enriquezcan esta ley y otorguen beneficios tangibles a los adultos mayores. Es cuanto, diputado presidente.