El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia, misma a la cual pido se inserte de manera íntegra el texto de la presente iniciativa en virtud de estar ya inserta dentro de la Gaceta Parlamentaria, por lo cual solamente daré lectura a la parte sintética de la misma. Como es del dominio público, la Constitución General de la República puede ser reformada para lo que se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, acuerde las reformas y éstas a su vez sean aprobadas por las legislaturas de los estados. Justamente el Constituyente Permanente permite las reformas a la carta fundamental de los mexicanos mediante una instancia constituida por el Congreso de la Unión y por los congresos locales. Por lo que hace a las legislaturas de los estados, éstas tienen una doble función en los procesos de reforma constitucional, una potestativa y otra obligatoria. La primera es el derecho de provocar la acción reformadora mediante iniciativa. La segunda, la de aprobar o no los proyectos de modificación enviados por el Congreso de la Unión. Descrito lo anterior, a nadie escapa que los habitantes de la capital federal, al igual que en otras materias, tenemos una menguada intervención en la facultad de iniciar leyes o decretos, ya que necesariamente se reduce a que sean relativos al Distrito Federal y una nula participación por lo que hace al proceso reformador de la Constitución General. En efecto, y a pesar de los esfuerzos de la reforma electoral y política de 1994, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene facultad de iniciativa ante el Congreso de la Unión en materias de competencia federal, como la tienen las legislaturas de los estados. Asimismo, esa autonomía tampoco cuenta con una intervención parecida a la que corresponde a los congresos locales respecto de aprobar o no aprobar una reforma constitucional ni aun las relativas al Distrito Federal. Ante esta deuda histórica con los habitantes de la Ciudad de México es que el Partido Acción Nacional impulsa desde esta Cámara de Diputados que la Asamblea Legislativa de marras dé, de una vez por todas, la debida intervención en el análisis de las reformas constitucionales. Resulta digno que en el marco de la reforma del Estado y la del propio Distrito Federal se inserte este tema trascendente que, de aprobarse, permitirá fortalecer el federalismo y la toma de decisiones en nuestra ley fundamental. Lo anterior, en buena medida, podrá lograrse si se reconoce derecho de voz y voto a la legislatura local de la Ciudad de México respecto de iniciativas de reforma constitucional. Así se continuará con los esfuerzos para que esa entidad tenga una participación más activa en el comentado procedimiento de revisión y actualización de la Constitución. Es perfectamente lógico y natural que los diputados locales a la Asamblea Legislativa cuenten, dentro de su esfera de atribuciones con estas facultades, toda vez que son ellos los responsables del ejercicio de la función legislativa en dicha ciudad. Además, por el simple hecho de ser representantes populares electos bajo principios democráticos merecen la calidad institucional de integrantes del Constituyente Permanente, pues ante la legitimidad democrática que le dan los procesos electorales es inadmisible seguirles privando de ese derecho. Bajo un sistema jurídico-político de estructura federalista como es el nuestro, resulta imperativo que dicha Asamblea intervenga en las reformas y adiciones de carácter constitucional, y por extensión, tenga la facultad de iniciativa entratándose de leyes federales, suprimiendo la limitación de que sólo puede hacerlo en cuanto a leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal. De mi experiencia como diputado local a dicha Asamblea puedo compartirles que, ante las aún limitadas funciones otorgadas a ese órgano, es que se dificulta la solución de algunos problemas de fondo de la entidad federativa de marras, ya que si aquella fuera en realidad el órgano legislativo total, pleno, del Distrito Federal, podría legislar al igual que las demás legislaturas locales en todo aquello que no esté reservado al Congreso de la Unión. Las reformas que planteo para integrar a la Asamblea Legislativa como parte del Constituyente Permanente resultan viables, jurídica y políticamente, toda vez que el Distrito Federal queda asimilado en cuanto a su régimen interior a las entidades que integran la federación, constituyendo una entidad distinta de esta última. No existen argumentos sólidos ni históricos ni jurídicos que se opongan para restituir a los capitalinos sus derechos políticos plenos. Y qué mejor oportunidad de avanzar democráticamente que poder tener un Congreso local para el Distrito Federal ya sin esta discriminación que a la fecha existe en cuanto a sus facultades legislativas. En este orden de ideas, y en virtud de que tal potestad no se comprende dentro del régimen de facultades expresas que rige a la Asamblea indicada, es que solicito a los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados su apoyo para fortalecer el órgano legislativo del Distrito Federal que, a su vez, redundará en la consolidación democrática de dicha entidad. Es cuanto.