La diputada Patricia Mercado Castro: Gracias, presidente. En representación de las 19 diputadas y diputados que integramos la Comisión de Movilidad de esta Cámara y en mi calidad de presidenta, acudo a la tribuna a presentar el dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XVII del artículo 68 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, presentada por el diputado Diego Angel Rodríguez Barroso, y suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se busca mejorar la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad y con movilidad limitada en los espacios públicos. Quisiera recordar que en noviembre de 2021 en la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado convocamos audiencias públicas para contar con propuestas y opiniones de las personas con discapacidad en la construcción de la ley general. Gracias a este ejercicio de participación incorporamos en el texto de la ley temas como la movilidad del cuidado, la accesibilidad del transporte público, estacionamientos gratuitos, entre otros. En la ley general el principio de accesibilidad implica identificar y eliminar obstáculos y barreras en la movilidad con énfasis en las personas con discapacidad, movilidad limitada y grupos en situación vulnerable a fin de garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones con dignidad y autonomía al espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y a los sistemas de movilidad. De acuerdo con el Inegi para 2023, la población de 5 años y más con discapacidad fue de 8.8 millones de personas, 46.5 hombres y 53.5 mujeres, la mitad de ellas son personas adultas mayores. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación de 2022 la principal problemática a la que se enfrentan las personas con discapacidad tiene que ver, cito, con calles, instalaciones y transportes inadecuados a sus condiciones, con un 32 % de las respuestas. Lo más importante es que se refleja a qué grado la movilidad es crucial para que las personas con discapacidad o con movilidad limitada ejerzan otros derechos como el trabajo, la alimentación, el cuidado, la salud, la educación o simplemente actividades de ocio y esparcimiento. También es importante considerar que las personas con movilidad limitada son aquellas cuya movilidad se ha reducido por motivos de edad, embarazo y alguna otra situación que sin ser una discapacidad requiere una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares en el servicio. De acuerdo con datos del Inegi, para 2020 había casi 14 millones de personas con alguna limitación en la actividad cotidiana, por lo que, en suma, en México habitan más de 20 millones de personas con alguna discapacidad o limitación, y entre las principales dificultades que reportan en sus actividades diarias se encuentran caminar, subir o bajar usando las piernas en un 40.3 %, donde las mujeres presentan mayores dificultades que los hombres. El derecho a la movilidad reconocido en nuestra Constitución debe asegurarse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Por ello, el presente dictamen contribuye al fortalecimiento de estas condiciones. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destaca, entre sus principios, el de accesibilidad, por el cual debe asegurarse el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, al transporte y a servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público tanto en zonas urbanas como rurales. La Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad también reconoce la accesibilidad universal como un derecho por el que debe asegurarse progresivamente en la infraestructura básica, equipamiento en el entorno urbano y los espacios públicos. La plena accesibilidad es una responsabilidad compartida entre sociedad, sector privado y autoridades para eliminar las barreras y obstáculos que puedan restringir la movilidad de las personas con discapacidad o con movilidad limitada. En este sentido, en 2022 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano promulgar leyes vinculantes que garanticen la accesibilidad en todos los ámbitos. Además, el mismo comité en la observación general número 2, relativa al artículo 9 de la Convención, señaló que la accesibilidad, cito, es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico, al transporte y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades. Como comisión dictaminadora, estudiamos y analizamos los planteamientos contenidos en la iniciativa, se propusieron algunas modificaciones al proyecto original, a fin de precisar algunos conceptos dentro del artículo 68 de la Ley General. Dado que existen diversos lugares y espacios públicos ya construidos que no cuentan con características de accesibilidad, propusimos diferenciar los contextos presentes y futuros, a fin de salvaguardar el derecho de las personas con discapacidad y con movilidad limitada. En el contexto presente, las autoridades municipales deberán procurar que todas las entradas a lugares y espacios públicos que cuenten con estacionamiento, dispongan de cajones ubicados lo más cerca posible a las entradas principales, con un acceso fácil y rápido para las personas con discapacidad o con movilidad limitada de forma progresiva. Respecto al contexto futuro, es decir, para la autorización de nuevas construcciones, las autoridades municipales deberán garantizar la existencia de estos cajones de estacionamiento en el ejercicio de su facultad para, cito, otorgar licencias y permisos para construcciones. Además, se propone que estos espacios deben señalarse con el pictograma que corresponda, a fin de garantizar un ejercicio pleno del derecho a la accesibilidad. Por lo antes expuesto, consideramos que la accesibilidad es un principio rector de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, para proteger, respetar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, que además es reconocida por nuestra Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad y es un principio de aplicación transversal en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. De esta manera, quienes integramos la Comisión de Movilidad de esta Cámara, hemos estimado que establecer esta obligación representa un ajuste razonable para contribuir a la progresividad en la adecuación de los espacios públicos, para avanzar en la construcción de una movilidad más accesible e inclusiva y mejorar la calidad de vida de todas las personas. Por estas razones les invitamos a votar a favor de este dictamen y reconocemos a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva por tomar este dictamen y poder ponerlo a consideración de esta asamblea. Muchas gracias.