LA DIP. MARCELA LAGARDE DE LOS RIOS: Diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Proposición con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades del Estado de Baja California, cumplan con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al caso de Paulina Ramírez Jacinto. En julio de 1999, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto de trece años de edad, fue violada en presencia de su familia, quedando embarazada. Junto con su madre, María Elena Jacinto, solicitó la interrupción del embarazo permitido por la Ley en caso de violación, de acuerdo con el artículo 136 del Código Penal del Estado de Baja California. El aborto por violación es legal en 32 entidades federativas. Resultado de esta maternidad forzada, en abril de 2000 nació Isaac de Jesús. Cuando Paulina denunció el delito, ante las autoridades locales éstas emitieron una autorización para que se le practicara el aborto en un hospital del Sistema Público de Salud; sin embargo, los médicos del nosocomio se negaron a hacer la operación aduciendo problemas de conciencia. Como Paulina y su madre insistieron, el Procurador de Justicia del Estado de Baja California trató de convencerlas llevándolas a hablar con un sacerdote católico. Paulina y su mamá son católicas. El sacerdote les advirtió que la iglesia castiga en todos los casos el aborto inducido, con al pena de excomunión. La madre de Paulina refería, semanas más tarde, que ella y su hija confiaban en Dios y sabían que las había perdonado de antemano puesto que Paulina no había sido culpable en modo alguno de su embarazo. Después de insistir, ya cerca de los tres meses de embarazo Paulina fue admitida de nuevo en el hospital, donde la tuvieron en ayuno durante una semana con el pretexto de practicarle análisis clínicos. En esos días dos mujeres representantes de PRÓVIDA, visitaron a Paulina y trataron de persuadirla de no abortar, para ello le mostraron videos de abortos tardíos e intentaron aplicar a la niña una técnica de hipnosis que no dio resultado. Paulina y su madre se mantenían firmes en su decisión. Al final. el director del hospital en una conversación privada con la madre de Paulina, advirtió que de practicarse el aborto la niña podría morir o quedar estéril para siempre. La madre de Paulina interpretó está advertencia como una amenaza y sacó a su hija del hospital. Las autoridades judiciales y de salud en Baja California impidieron que Paulina abortará anteponiendo sus creencias religiosas, a las obligaciones legales de sus cargos. De esta manera Paulina fue victima de una doble violencia; la ocurrida en la noche del 31 de julio de 1999 durante el asalto a su casa y la otra, sucedida en los meses siguientes cuando la menor y su familia acudieron a las autoridades bajacalifornianas en busca de justicia, pero entonces la ley también fue violada. Una vez que nació Isaac y debido a la presión que ejercieron grupos civiles y los propios familiares, la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Baja California, recomendó la destitución del director del Hospital General de Mexicali, por su comportamiento poco profesional. Respecto de este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 18/2000, que envió al gobernador de Baja California, Alejandro González Alcocer, a fin de que Paulina recibiera una indemnización, misma que fue rechazada por el Ejecutivo Estatal. En dicho documento la Comisión emitió recomendaciones en los siguientes términos: 1.- La familia debe recibir una indemnización por daño moral. 2.- Los gastos realizados por la familia deben ser liquidados, salud, educación, vestido, vivienda y demás, a la madre y al hijo. 3.- Debe iniciarse un proceso penal contra los funcionarios implicados. 4.- El sistema de salud debe organizar cursos de Ética Médica, Derechos Humanos y Derecho Sanitario. El documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene el carácter de recomendación pública y ha sido emitido, tanto para hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de servidores públicos, como para que se apliquen las sanciones que corresponda y se subsane la irregularidad cometida. En un primer momento trascendió que dos de las recomendaciones serían aceptadas por el gobierno del estado, la indemnización por el daño moral a las víctimas y la impartición de cursos de capacitación Genética-Médica. Sin embargo, a decir de los propios afectados, nunca se les ha hablado de algún apoyo económico. El Secretario General de Gobierno, Jorge Ramos, argumentó que el personal de la Procuraduría de Justicia y del Instituto de Salud actuó conforme a derecho y que fueron las victimas las que decidieron que no se realizara el aborto. Pero el desistimiento de continuar el embarazo de Paulina, fue producto de una serie de actos que viciaron la libre voluntad de ella, su madre, su hermano, como el derecho a la información de la paciente y de su familia, pues sólo se les proporcionaron datos parciales y fatalistas. A la fecha ningún funcionario estatal ha sido sancionado por violentar los derechos humanos de la menor, a quien obligaron a la maternidad y sólo uno de los dos violadores se encuentra en la prisión. Los delitos cometidos por el director del hospital, van desde la negación de un servicio público al incumplimiento de la orden judicial pasando por abuso de autoridad, violación de confidencialidad médica, afectación de la libertad, la intimidad y la dignidad de la menor, hasta finalmente, el delito de tortura en su acepción amplia, la sicológica. En días recientes Paulina Ramírez informó que el Gobierno estatal suspendió desde el año pasado toda ayuda médica y apoyo para cursar la educación media superior, por lo que se vio obligada a suspender sus estudios para mantener a su hijo, así, ninguno de los requerimientos que ordenó la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California y el Gobierno del estado en 2000 avalados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha cumplido. Paulina Ramírez ha señalado que durante más de un año tuvo que trabajar jornadas de hasta 14 horas por las que ganaba $600 mensuales para la manutención de su hijo Isaac. Tuvo que suspender su actividad laboral por fatiga y otros padecimientos, como colitis y una hernia que se le formó tras la cesárea a la que fue sometida en abril de 2000. Estamos en presencia de un claro ejemplo de la supremacía de las costumbres por encima de las leyes. El caso de Paulina evidencia un problema de la impartición de la justicia en nuestro país, pero también gracias a este caso se debatió el derecho de las mujeres a decidir y se sentó el precedente al impedir que en Guanajuato las mujeres violadas fueran castigadas. Por lo antes expuesto la que suscribe, diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo: Uno. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno del estado de Baja California y a la Procuraduría de Justicia de la entidad, cumplan con la recomendación 18/2000 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dos. Que se restituyan integralmente los apoyos económicos y en especie que venía recibiendo Paulina Ramírez Jacinto hasta hace un año y que ahora la víctima reclama. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 8 días del mes de septiembre de 2003. Está firmada por un conjunto de diputadas y de diputados. Voy a leer las firmas para que vean: Jazmín Rosas Montero, Rosa María Avilés, Salvador Martínez de la Roca, María del Carmen Izaguirre, Gilberto Ensastiga, Sergio Magaña, Miguel Alonso Raya, Susana Manzanares, Francisco Saucedo, Alfonso Ramírez Cuellar, Angélica de la Peña, Irma Figueroa Román, Diana Bernal, Emilio Zebadúa, René Arce, Dolores Gutiérrez Zurita, Martha Lucía Micher, Marcela González Salas, Minerva Hernández, Socorro Díaz, Nancy Cárdenas, Inti Muñoz, Dolores Padierna, Pablo Gómez, Edgar Torres, María Guadalupe Morales, Eduardo Espinoza, Daniel Ordóñez, Juan José García Ortega y supongo que también lo firmará la diputada Amalia García. Muchas gracias.