El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente. Honorable asamblea, en la construcción, en la edificación de un sistema democrático y democrático electoral, como el que tenemos francamente avanzado nadie puede tener en tela de juicio la necesidad de contar con autoridades, tanto en el ámbito administrativo electoral como en el ámbito jurisdiccional electoral, que actúen con profesionalismo y con estricto apego a la legalidad. Reprobamos y consideramos incorrecto, abiertamente franco, abiertamente contrario a la ética que tenemos que seguir en nuestro proceso de discusión de las leyes que por virtud de la aprobación de un gran paquete electoral aprovechemos la tribuna para denostar a aquellas personas en quienes confiado y que han llevado a cabo una labor muy importante en la valoración de los procesos electorales que han venido consolidando a nuestra nación como lo que hoy es: una democracia ejemplar. Sí quiero decirles que si hay alguien que tenga conocimiento de acciones indebidas por parte de los magistrados o de los jueces que tienen la encomienda de llevar a cabo la valoración, el juicio de las leyes electorales y su aplicación concreta por parte de las autoridades administrativas que presenten la denuncia correspondiente, pero lo que no se vale en esta tribuna venir a ensuciar la labor que otros Poderes llevan a cabo para construir el mismo México que todos queremos. Qué tan importante es la función de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que así por mandato constitucional la hemos elevado inclusive prácticamente al mismo rango en esta materia de aquella que llevan por su parte los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral tienen la enorme función, la responsabilidad de valorar la Constitución y en ese sentido de juzgar si los procesos electorales se apegan a las normas fundamentales que todos nosotros nos hemos dado. Por la misma razón y con el objeto de elevar la función que ellos llevan a cabo, a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como a todos los magistrados que integran las salas regionales, les hemos puesto las mismas prohibiciones que tienen los jueces del Poder Judicial de la Federación; la prohibición para desempeñar las labores de la abogacía propias de su función y de sus conocimientos profesionales, con posterioridad al término de su ejercicio. Por la misma razón, desde luego que estamos a favor de que esto se prolongue en virtud de que constituye una piedra angular en la cual puede descansar la imparcialidad, la independencia del Tribunal en el cumplimiento de sus funciones, pero por lo mismo consiguientemente no consideramos descabellado que alguien pudiera haber pensado en incorporar dentro del texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación algo que sí contempla la Constitución a favor de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el haber de retiro. Estamos de acuerdo con la iniciativa que hoy estamos discutiendo y votaremos a favor de la derogación de la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero lo vamos a hacer porque la interpretación de la Constitución en este caso no puede ser extensiva. Es cierto que se revela haber de retiro para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no está previsto para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No podemos ir más allá de lo que la Constitución establece y por consiguiente no deberíamos de haber, en este momento en el que lo discutimos, quizá aprobado en puridad lo que estaba previsto en la Ley Orgánica, pero no podemos dejar de ver cómo fue que esa minuta llegó del Senado a esta Cámara y la firmeza del mandato constitucional que nos obligaba a discutirlo ya votarlo en ese preciso día. Qué bueno que se está sometiendo a consideración de nosotros esta nueva modificación a la Ley Orgánica y que sea congruente con el texto constitucional, sin embargo no por ello podemos dejar de ver que la sustancia de esa reforma que fue mal interpretada en la Ley Orgánica del Poder Judicial subsiste, y que la prohibición constitucional y el imperativo del 17, que nos obliga a pensar en la imparcialidad y en la independencia en nuestros tribunales, quizá podría llevarnos, no descabelladamente, a que discutamos con serenidad y con seriedad cómo sí garantizar también a favor de los magistrados que cumplen virtualmente la misma función de constitucional que los ministros, la forma de garantizar un haber de retiro que sea proporcional a los años en los les estamos pidiendo que no ejerzan la actividad profesional que ellos han venido llevando a cabo a lo largo de toda su vida. Vamos a votar a favor del dictamen porque estamos de acuerdo en que la interpretación de la Ley Orgánica pudo haber llevado a un desvío incorrecto de lo que tenía que haber sido un pulcro manejo del presupuesto a favor de ellos. Sin embargo, también una correcta interpretación pudo haber sido perfectamente equiparable a lo que sucede con relación a los ministros. No era la redacción correcta; sin embargo, también jamás aprobamos aquí una pensión vitalicia a favor de los magistrados. Que quede muy bien claro y que quede desde luego establecido el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Verde, porque haya un manejo pulcro del Presupuesto, porque haya transparencia, de la misma manera en que se emiten las resoluciones del tribunal, en el ejercicio de los recursos del Estado. Vamos a votar a favor de esto, pero no dejamos de hacer ver desde luego que en esta labor parlamentaria debemos ser respetuosos de las labores de los otros servidores públicos, que tienen el compromiso con México que tenemos nosotros mismos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.