La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Para el Partido de la Revolución Democrática es muy significativo presentar esta iniciativa el día de hoy en el marco del Día Internacional de la Niña, porque estaos convencidas y convencidos que significará sin lugar a dudas mucho más para las niñas y adolescentes de México. Con la propuesta de iniciativa de proyecto de decreto que adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pretende garantizar de manera efectiva y eficaz la prohibición del matrimonio entre personas menores de 18 años. Sabemos que el matrimonio infantil es la unión legal en el que al menos uno de los contrayentes, generalmente la mujer, es menor de 18 años, lo cual se considera una violación de los derechos humanos que pone en peligro el desarrollo de las niñas y que a menudo tiene como consecuencia el embarazo prematuro y el aislamiento social, a lo que se suma la imposibilidad de acceder a una educación o formación profesional y por tanto es un refuerzo más de la asociación directa entre género y pobreza. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el matrimonio infantil es una violación de todos los derechos de las niñas y niños. Los obliga a asumir responsabilidades para las cuales no están ni física ni sicológicamente preparados. Las niñas que son obligadas a casarse se ven atrapadas para el resto de sus vidas en una realidad que equivale a la esclavitud. Sin duda se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas debido a que el matrimonio crea vínculos y establece una serie de obligaciones, derechos y mandatos respecto a los roles de género, y desde luego en las mujeres se traduce en relaciones de poder desiguales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del censo 2010, un total de 434 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran casados o en unión libre. Más de 32 mil tenían entre 12 y 14 años, en tanto que alrededor de 402 mil fluctuaban en edades de 15 a 17 años. Cada año más de 113 mil niñas entre los 15 y 18 años se casan en México, según datos también del Inegi, mientras que datos de la Organización de las Naciones Unidas indican que, en los países en desarrollo, el 90 por ciento de las madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad están casadas y que las complicaciones propias del embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes en ese rango de edad. En México la atención de partos es la sexta causa de muerte entre la población de 10 a 14 años, lo que permite identificar otro importante problema de salud pública como lo es el embarazo adolescente. Sin duda, el matrimonio a una edad temprana les niega a las niñas su infancia, interrumpe su educación, limita sus oportunidades, aumenta el riesgo de violencia y abuso, pone en peligro su salud y, por lo tanto, constituye un obstáculo para la consecución de casi todos sus objetivos de desarrollo personal y colectivo de las comunidades. Por eso esta situación va en contra de lo planteado en la Convención Sobre los Derechos del Niño, y con lo que determinó también el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, quien en sus observaciones finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, exhortó al Estado mexicano para que aumente a 18 años la edad mínima para casarse. Asimismo va contra los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 aprobados por la Asamblea General de la ONU que establece en su meta 5.3 la erradicación de las prácticas perjudiciales para niñas y adolescentes como el matrimonio infantil temprano y forzado. Así también contraviene el artículo 45 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establece que las leyes federales y de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán como edad mínima para contraer matrimonio, los 18 años. Con lo anterior se muestra que a la fecha nuestro país ha hecho caso omiso a estos planteamientos pese a lo que establece nuestra Constitución en su artículo 1o. señalando que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, son de observancia obligatoria. Por lo tanto, las y los legisladores no podemos pasar por alto estos cambios ni el compromiso de mejorar las condiciones...