El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la acción del Estado se instrumenta con la función pública de gobierno. La función pública del gobierno como tenedor legítimo del poder público requiere de recursos económicos suficientes para el ejercicio de sus funciones y el éxito para el control del ejercicio de dicha función se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos. El fenómeno de la corrupción se presente específicamente en el ejercicio de la función pública y en la ampliación de los recursos económicos, porque en ambos se relacionan directa o indirectamente los gobernantes con los gobernados. Es por ello que la sociedad demanda mecanismos de control eficaces, pues en la actualidad esta sociedad está más atenta y participativa en los asuntos públicos, por lo que exige mayor transparencia y rendición de cuentas de la gestión de los gobiernos. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado, prevista por el artículo 108 de la Constitución, establece una amplia cobertura sobre los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad por infringir a la ley fundamental y las leyes federales, así como por el manejo indebido de los fondos y recursos federales. Sin embargo, tratándose de este último caso relativo a la gestión de recursos económicos no se contempla a las y a los servidores públicos que integran los gobiernos municipales, siendo que estos también reciben recursos de la federación. En este sentido, el artículo 108 constitucional vigente no considera sujeto de responsabilidad administrativa a los miembros de los ayuntamientos, no obstante que el artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos señala como sujetos de la misma a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos y federales. De acuerdo con datos estadísticos, en sólo 16 por ciento de los municipios cuentan con información clara y completa sobre sus trámites y servicios, además que en el 50 por ciento de estos municipios la información fue limitada o inexistente. Asimismo, como lo reflejan los informes de la Auditoría Superior de la Federación, la gestión de los fondos federales operados por los municipios presenta problemas e insuficiencias e irregularidades recurrentes que inciden directamente en los resultados del ejercicio gubernamental, destacando los siguientes aspectos. En el Fondo de Infraestructura Municipal una tercera parte se concentra en pavimentos, en detrimento de servicios básicos prioritarios, como agua, drenaje, salud e infraestructura educativa, además de que dicho gasto se concentra en las cabeceras municipales, dejando en el abandono a las localidades con alto y muy alto rezago social. Este mismo fondo presenta un recurrente 15 por ciento en el no ejercicio de los recursos. Con dificultades financieras, los municipios realizan transferencias de recursos a otras cuentas y en el mejor de los casos en que se devuelve posteriormente, retrasan el ejercicio de estos recursos y en el peor de los casos no se devuelven los recursos. La falta de documentación comprobatoria es un problema estructural. Otros problemas registrados son conceptos de obra que se paga pero no se ejecuta, obras de mala calidad, pagos en exceso en la adquisición, así como irregularidades de la adjudicación de contratos, entre otros. En el caso del Fortamun, el destino de sus recursos es para el gasto corriente y pago de deuda y es mínimo lo que se asigna par proyectos de acto impacto para el desarrollo y finanzas municipales y delegacional. Es por ello que la propuesta contenida en el dictamen de la minuta con este proyecto de decreto a discusión tiene dos directrices. La primera consiste en que el marco de un Estado de derecho, la rendición de cuentas se instituya para todas las instancias de gobierno, particularmente en lo que toca al manejo de recursos económicos. La segunda, que siendo la Carta Magna el referente inmediato de los derechos y obligaciones de los mexicanos, así como de los gobernantes, se consagre en ésta la responsabilidad en que incurren los tres órdenes de gobierno por el manejo indebido de los fondos y recursos federales. En consecuencia, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales estiman conveniente reformar el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución, para señalar que los integrantes de los ayuntamientos serán responsables por la aplicación indebida de fondos y recursos federales, ya que cada vez más el referido orden de gobierno, derivado del proceso de descentralización de la administración púbica manejan y administran fondos federales, por lo que no podía quedar este vacío en nuestra ley fundamental. Avancemos con esta legislación de nuestro marco normativo, buscando que se puedan consignar a personas que en el ejercicio de sus funciones abusen de los recursos púbicos. Evitemos que existan casos graves de corrupción en donde los presupuestos de municipios o de estados estén siendo utilizados como botín. Recordemos que la corrupción es un reflejo de las fallas en el sistema mexicano. Finalmente, es preciso señalar que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales no pasamos por inadvertido el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 2014, mediante la cual se reformó el párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Fundamental. Razón por la cual se realizaron las adecuaciones pertinentes, con la finalidad de integrar al precepto constitucional vigente la propuesta contenida en el dictamen que ahora se discute. Como lo dijo el economista Andrés Roemer: la corrupción no distingue filiación partidista ni posición ideológica, es un problema para todos los partidos, para el gobierno. Pero es, ante todo, una grave ofensa contra la ciudadanía mexicana. Por ello, compañeras y compañeros diputados, es que los invito a votar a favor del dictamen. Muchas gracias.