El diputado Abraham Correa Acevedo: En la presente Legislatura, de la que somos parte, se reformó la Ley Federal del Trabajo con el objeto de modernizar las relaciones laborales a los tiempos del siglo XXI. Se dio flexibilidad a las relaciones laborales, se buscó combatir el empleo informal. En fin, fue una reforma que benefició a los empleadores y se les restaron derechos a los trabajadores. Sin embargo lo que ha ocurrido recientemente en Comondú, Baja California Sur; lo que ha surgido en Colima y, sobre todo, el levantamiento de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín que, si es cierto, tiene su origen en ser jornaleros agrícolas migrantes, pero en este caso los que están levantados en San Quintín y que tienen en paro a la producción agrícola desde el 187 de marzo hasta esta fecha, en su mayoría son jornaleros que residen permanentemente y que viven en el municipio de Ensenada. Esto que ha ocurrido y de lo que han venido a señalar aquí los diputados que me antecedieron y en lo que coincidimos todos, debiera ser un acicate, debiera sentar un precedente de que éste tipo de situaciones no se presenten más en nuestro país y que no vengamos aquí a denunciar, a señalar lo que ocurre si no ponemos cartas en el asunto. Agradezco a la Junta de Coordinación Política que haya retomado este tema. Para mí es importante. Presenté un punto de acuerdo en este sentido y qué bueno que lo estamos tocando. El exhorto que hoy hace este Congreso para mí es muy importante y debiera de como ya lo dije sentar un precedente y que los tres niveles de gobierno se aboquen de inmediato a atender este importante tema. Hay muchas aristas en esta situación, sobre todo lo de San Quintín, que es el municipio del que yo provengo, y de que me consta la situación que viven los jornaleros agrícolas y de los términos de cómo son empleados. Y advierto que el asunto es mucho más complejo. En el caso particular de Baja California, quiero señalar que debiéramos revisar si no existe conflicto de interés, puesto que quienes son hoy empleadores de los jornaleros agrícolas, y de quienes se quejan los trabajadores, de que son empleados en condiciones no apropiadas, son aparte de empleadores los encargados de diseñar y de establecer las políticas en materia de respeto a los derechos de los trabajadores y de impulso a las relaciones laborales. Particularmente en Baja California el secretario de Fomento Agropecuario del gobierno anterior, es del Valle de San Quintín, es empresario de una de las principales empresas productoras de hortalizas. En el caso de este gobierno, el secretario de Planeación y Finanzas, es también de una de las principales empresas que hoy están paradas. Y el secretario de Fomento Agropecuario, que es de la misma familia del secretario de Planeación y Finanzas, también es de otras de las empresas señaladas. Así es que tenemos que actuar en consecuencia. Seguramente esto ocurre en otros estados, seguramente ocurre en otros niveles de gobierno. También me refiero por ejemplo al delegado municipal de Camalú, una de las zonas que están paradas, que también es parte de las familias de una de las principales empresas de ese municipio. Enhorabuena Junta de Coordinación Política y esperemos que esto no se vuelva a presentar, y que este llamado que estamos haciendo aquí todos los partidos políticos, todos los diputados, tengan resultados inmediatos. El día de hoy, en este momento, están reiniciando la mesa de diálogo en San Quintín, esperemos que la concertación, el diálogo, que el sentido común, que los derechos de los trabajadores en este momento sean respetados, y que el día de mañana ya estemos laborando en condiciones normales y bajo otras circunstancias, el caso de los jornaleros agrícolas de Valle San Quintín. Muchas gracias, señor presidente.