El diputado Alejandro Gertz Manero: Señoras y señores diputados. La nueva Ley General de Puertos crea las condiciones para fomentar el crecimiento, la calidad del servicio y el entorno social de los puertos y de ahí la necesidad de que las concesiones sean lo suficientemente claras y transparentes en su operación y en el servicio que prestan. Es importante subrayar que en todas partes del mundo, las inversiones portuarias son rentables y productivas por ellas mismas, de manera que si se estableciera un marco comparativo con otros países, se podría observar que en México cada día crece más la inversión pública y sin embargo no existe ningún tipo de mecanismo de transparencia que permita saber con certeza cuáles son los rendimientos de las concesiones y cuánto generan de impuestos, a pesar de que esta forma de subsidiaridad fue ideada para fomentar la inversión pública, desalentar la inversión que no sea productiva y promover el desarrollo. Uno de los objetivos esenciales de esta Ley General de Puertos, es promover la inversión privada en un marco de certidumbre que le facilite al capital emprender inversiones, manejar con absoluta transparencia las administraciones portuarias integrales, garantizar los derechos de los concesionarios y permisionarios y asegurar un servicio público de la más alta calidad y competitividad, redituando al erario público de la Federación lo que sea justo y competitivo en el marco internacional portuario. Las administraciones se tienen que dar dentro de un instrumento de equidad y productividad en las tareas portuarias y las sesiones parciales que de ellos nazcan, deben estar perfectamente bien delimitadas para que no se conviertan en franquicias, lo que podría llevar a la pérdida del control público de todo el sistema portuario. Por otra parte, se busca que todas las estructuras de conectividad estén perfectamente bien establecidas y que no se generen polos de crecimiento en medio de municipios donde la pobreza y la infraestructura coexisten en un mismo territorio municipal y que haya realmente una equidad y una participación social que garantice el apoyo a los puertos y a su infraestructura. Además, se busca preservar el equilibrio social para que las fuerzas económicas nacionales puedan convivir con las grandes estructuras internacionales y que no se impongan criterios de sanción o de cuestionamiento, para facilitar así que puedan crecer unos y otros en igualdad de circunstancias. Con esta nueva ley se busca que todas las empresas, independientemente de su tamaño, puedan crecer y desarrollarse. Otro aspecto que se corrige de la ley vigente es permitir la posibilidad que una concesión que se solicita para determinadas actividades luego no se cambie, lo que es injusto para la libre competencia y para la transparencia. Un aspecto de doctrina administrativa que se corrige es que cuando una persona física o moral tenga una querella o litigio contra las administraciones portuarias lo deba de hacer ante la autoridad y no ante la propia administración, porque éstas carecen de autoridad. En cuanto al crecimiento del 20 por ciento, sobre todo en las áreas de muelles y ámbitos de operación, que es válida, se debe de partir de un principio: que el puerto realmente lo amerite, porque no todos los puertos mexicanos lo admiten y es básico que las empresas nacionales puedan convivir con las estructuras internacionales. Otro aspecto que se incluye en el régimen de concesiones son los apoyos en especie a los concesionarios para que los municipios hagan obras en esas zonas portuarias y, en estos casos, que los comités de planeación realmente trabajen. Los puertos que están constituidos por bienes del dominio público de la nación son inalienables e imprescriptibles y solamente se puede otorgar su explotación a través de concesiones. Por ello es tan importante que todos los niveles de concesiones y cesiones se den a través de un sistema de licitación transparente que realmente rinda cuentas. No se considera aceptable dar concesiones hasta por 100 años sin que exista un sistema de rendición de cuentas, de control y de normatividad, por lo que en esta nueva ley se hacen más específicas y diversas las reglas sobre responsabilidades de los concesionarios y permisionarios, de tal forma que se asegure el bien público, así como las responsabilidades a que se hacen acreedores cuando se contrae un compromiso de manejar una administración portuaria integral. La iniciativa que se propone persigue varios objetivos: Primero. Asegurar al Estado mexicano un marco jurídico apegado a la Constitución para ejercer su pleno dominio sobre la soberanía nacional, la riqueza territorial y el aprovechamiento de los bienes del servicio público. Segundo. Garantizar que los puertos mexicanos constituyan enclaves de seguridad interior y exterior y sean al mismo tiempo palancas efectivas de desarrollo portuario regional y nacional. Muchas gracias.