El diputado Manuel López Castillo: No concibo la idea de que en mi país los derechos de los jubilados sean pisoteados debido a engañosas y perjudiciales políticas públicas. El punto de acuerdo que hoy expongo ante esta tribuna es de suma importancia para cumplir con los derechos sociales de nuestros jubilados mexicanos. La entrada de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, dentro del marco jurídico nacional en el año 2016 vino a cambiar el esquema económico de los ciudadanos y de las finanzas públicas del país. Esta UMA tiene por objeto el dejar a un lado a la figura de un desactualizado salario mínimo, hecho por el cual se facultó al Inegi a determinar el valor de dicho estándar o referencia económica en cada año fiscal. El valor de la UMA en 2018 se calculó en 80.60 pesos, mientras que el salario mínimo vigente creció para posicionarse en 88.36, siendo una diferencia de 7.76. Esta diferencia parece poco significativa, no lo es en absoluto, pues permea de manera muy notable, ocasionando una disminución en los ingresos de este grupo vulnerable en una suma que asciende a 2 mil 328 pesos cada mes y anualmente la diferencia sería estratosférica. Soy la voz de un clamor social por parte de los jubilados de la educación. Ello debido a que el ISSSTE comenzó a tomar a la UMA como el índice para el pago de pensiones a jubilados, hecho que en años anteriores a la entrada en vigor de las reformas sobre la UMA se realizaba por veces salarios mínimos. Diversas secciones del Sindicato de Trabajadores de la Educación, como Jalisco, Yucatán, estado de México, Sonora, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México han levantado la voz en contra de dicha política perjudicial a los bolsillos y a las familias de los docentes jubilados. Sin embargo, el ISSSTE, a través de comunicados oficiales indicó que la UMA no afecta el pago de los actuales pensionados y jubilados. Afirmación sumamente incorrecta si analizamos con claridad las cifras antes mencionadas, puesto que la UMA hace que las percepciones de los jubilados sean hasta de un 15 por ciento menos si las comparamos, si ese pago fuera en salarios mínimos. El tomar a la UMA como estándar para el pago de pensiones es sin duda alguna una transgresión a diversos derechos humanos laborales y sociales, puesto que a los docentes jubilados del régimen anterior al entrada en vigor de la UMA se les deberán aplicar las disposiciones de hecho y de derecho que en su caso resultaron vigentes para darle vida al pago de sus pensiones. Es decir, si atendemos a la interpretación jurisprudencial realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el artículo 14 constitucional, se refiere a lo siguiente: Cuando la ley establezca algún beneficio a la persona, sí es aplicable de forma retroactiva. Sin embargo, cuando dicha exposición resultaré negativa, el principio pro persona, que es uno de los principales principios del derecho, tendría que aplicarse. De manera ideológica la UMA no fue creada para lacerar los ingresos de los ciudadanos y mucho menos al sector de pensionados y jubilados, que es uno de los más vulnerables en cuanto a derechos. Empero, de manera fáctica, el resultado dista por mucho de su génesis, dado que esto no se creó para resolver problemas de salarios mínimos, se creó para cuestiones de multas y esas cosas, y sin embargo mañosamente se está aplicando supliendo los salarios mínimos. Por todo lo anterior expuesto con anterioridad, someto a consideración de esta asamblea legislativa el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, y suplico su apoyo. Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al ISSSTE, al Inegi y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a que atiendan de manera pronta, eficaz y expedita...