El diputado César Camacho Quiroz: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, no hay que batallar mucho en términos argumentativos para decir de manera rotunda que el Estado mexicano está en deuda con la sociedad en el cumplimiento de un compromiso fundacional. La gente depositó parte de su libertad en las instituciones públicas, eventualmente hasta para ser restringidas y se comprometió a dar seguridad y justicia. La gente sigue en el ejercicio limitado de algunas libertades, y el Estado no ha podido satisfacer la demanda fundada de seguridad y justicia. Por ello, el Constituyente Permanente aprobó una reforma constitucional a 10 artículos de nuestra Carta Magna, que han entrado en vigor de manera sucesiva y muchas de cuyas disposiciones siguen pendientes de contar con la eficacia jurídica necesaria. Pero de manera sucesiva y apretando el paso, y sin dejar de considerar los planteamientos de fondo, ahora está a la consideración de todos nosotros la coloquialmente conocida como Miscelánea Penal, que toca ocho disposiciones del marco jurídico vigente, el Código Penal Federal, el de Procedimientos Penales, la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre otras Y es muy destacable que, manteniendo la filosofía jurídica de la reforma constitucional que se basa en el garantismo moderno, propio de las sociedades democráticas, que no es darle ventajas a nadie sino evitar el atropello de derechos, tratar con generosidad a las víctimas y con la severidad necesaria a los victimarios: Hoy hemos concretado un dictamen que mereció y vale la pena destacarlo, la votación unánime de los integrantes de la Comisión de Justicia. Expresión de confianza que tiene que ver con una revolución jurídica en materia penal. En sentido figurado bien podríamos decir que los conceptos de seguridad y justicia, por supuesto emparentados, constituyen una suerte de cadena, cuyos eslabones son la policía, el Ministerio Público, los jueces y el sistema penitenciario, por supuesto. Toca ahora construir, en sentido figurado, el segundo piso de un edificio jurídico sólido y robusto, pero sobre todo, eficaz. Con estas reformas, por sólo mencionar algunos asuntos, los policías, por ejemplo, deberán registrar toda detención que realicen, con el objeto de proteger los derechos de los imputados. Los agentes del Ministerio Público a su vez podrán solicitar por cualquier medio, porque ahora sólo se permite hacerlo por escrito, hasta oralmente, por supuesto, una orden de cateo para agilizar las investigaciones y evitar la pérdida de indicios. La autoridad judicial también podrá autorizar el arraigo, el arraigo a petición del Ministerio Público, es decir, no el arraigo ministerial, sino el arraigo judicial, cuando sea necesario para la investigación, por 40 días, para proteger a las personas o evitar la fuga del indiciado, que se pueden ampliar si se demuestra productividad investigativa por parte del Ministerio Público. Asimismo, se perfecciona aquella medida jurídica que discutimos cuando hablamos de la reforma constitucional que tiene que ver con la presentación como evidencia de una grabación telefónica en la que quien interviene en la propia conversación es el presentante de esta evidencia ante el juez. Se ajusta también a muy conocida figura de flagrancia, para evitar los abusos que hasta ahora la famosa flagrancia equiparada, permite detener gente hasta después de 48 y 72 horas. Evidentemente, eso no es flagrancia. Ahora la policía podrá detener a alguien instantes después de la comisión de este delito, del delito que se investiga. El último de los eslabones, el sistema penitenciario. Se podrán aplicar medidas especiales de seguridad para internos acusados de delincuencia organizada en centros especiales para su reclusión y así evitar que sigan delinquiendo desde la prisión. Éstas y muchas otras son las disposiciones que contiene esta Miscelánea Penal, esta serie de reformas. La de hace rato del 73, fracción XXI, la Ley del Sistema de Seguridad Pública y otras más, demuestran que el 2008 ha sido un año de productividad legislativa en materia de seguridad y justicia penal. No lo suficiente, no tanto como hubiéramos querido y mucho menos de lo que la sociedad justificadamente demanda. Pero si es cierto, como lo es, que el movimiento se demuestra andando, la exhortación atenta es que no dejemos de discutir los asuntos pendientes: la ley para la implementación del sistema acusatorio, la ley de extinción de dominio y un sinnúmero adicional de asuntos, todos importantes y al final lograr, como en este caso, que impere el consenso y, como en cualquier democracia que se precie de ser seria, si no hay consenso habrá mayoría. Pero lo importante es que haya argumentos, que haya ideas y que en el clima de respeto que ha imperado en esta LX Legislatura, de cara a la sociedad discutamos y seamos capaces de concretar acuerdos. Ahora, la diosa Temis, la diosa de la justicia, parece empezar a recuperar el rostro equilibrado, sereno, aunque severo. La justicia en México, amigas, amigos, está recuperando densidad, cauce y alcance y podemos decir que las instituciones y las leyes que les dan sustento están del lado de la gente. Gracias.