EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Economía En el siguiente apartado del Orden del Día, iniciativas de ciudadanos diputados, se le concede el uso de la palabra al diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción acional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (SIGUE TURNO 4) -DIP. FEDERICO DORING CASAR: Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros diputados: La iniciativa que someto a su consideración comprende medidas impostergables para mejorar la función legislativa en México en la elaboración de las leyes. Más allá de ese propósito se dirige a adecuar y mejorar el curso de la toma de decisiones respecto de iniciativas de ley o decreto que se dirigen a orientar políticas públicas, programas y acciones de gobierno; a modificar o establecer nuevas funciones y responsabilidades y que por tanto suponen la asignación de recursos públicos. Las propuestas contenidas en esta iniciativa son pertinentes en el contexto actual del país cuando ya no se gobierna al margen o por encima de las asambleas legislativas del país. Ningún partido político tiene por si mismo mayoría para decidir sin la participación de los otros. En suma, en condiciones en que son indispensables las alianzas legislativas y la toma de decisiones acerca de los asuntos públicos en corresponsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La premias en que se sostiene la propuesta consiste en que todas las instituciones públicas que conforman el Estado Mexicano, son responsables conjuntamente en la conducción de la vida democrática, representativa y republicana del país. Por eso, la ley debe garantizar que el desempeño de las instituciones se oriente en todo momento y circunstancia a promover y proveer el bien común, el interés general y el beneficio de la población a la que sirven. La tarea de gobernar es el resultado de lo que proponen y hace tanto el Ejecutivo como el Legislativo, únicos poderes públicos facultados para iniciar leyes o decretos y en consecuencia para determinar qué asuntos son pertinentes para conducir el desarrollo nacional. La iniciación de leyes es una función que tiene impacto en los derechos y las obligaciones de los mexicanos, de las organizaciones privadas y sociales, así como en la acción de las instituciones públicas, en aquello que el Estado debe o no debe hacer por el bienestar colectivo y el desarrollo de la nación. Este proceso es resultado de la agenda legislativa que se conforma con la participación del Presidente de la República, de los diputados federales y senadores de la República y de las legislaturas de los estados de la Federación. Las iniciativas presentadas dan cuenta a la sociedad en consecuencia, acerca de las maneras de atender demandas y de resolver problemas que le conciernen y afectan tal y como son diseñadas y propuestas por quienes las representan y gobiernan. Como resultado del sistema democrático de contrapesos políticos entre el Ejecutivo y el Legislativo, el proceso legislativo de formación de leyes se caracteriza para la mayor parte de ellas, por la doble revisión y aprobación en ambas Cámaras del Congreso, de las observaciones que haga el Ejecutivo Federal. Ese hecho tiene consecuencias en el proceso decisorio para aprobar una ley cuando se combina con una mayor fragmentación de la representación política, así como con una mayor polarización de las posturas partidistas respecto a las decisiones en juego. Esas son las condiciones en que actualmente tiene lugar el trabajo legislativo y ahora como nunca antes influyen en sus resultados. En ese ámbito se sitúa el problema que esta iniciativa pretende contribuir a resolver. Se trata de ofrecer una alternativa sustentada jurídica y políticamente para contribuir a que el proceso decisorio sobre la formación de leyes en nuestro país en contextos de creciente pluralismo y alternancia política de los órganos de representación y gobierno puedan tener lugar sobre la base de iniciativas de ley o decretos sustentados en criterios técnicos y con visión de Estado. La mayor parte de las iniciativas presentadas en el Congreso suelen responder a compromisos electorales que aunque legítimos no suponen viabilidad técnica y financiera o bien cuya promoción compromete recursos públicos no disponibles al no preverse la fuente de ingreso y el impacto que conlleva en las finanzas públicas. Tanto en la presentación de una iniciativa de ley o decreto como su deliberación y aprobación, deben prever necesariamente la capacidad del Estado para proveer los recursos públicos en que sustente su opinión o intervención, así como que hagan posible su aplicación y cumplimiento. Toda función pública entraña una disponibilidad de recursos para desempeñarla. La propuesta para modificarla o ampliar su alcance, conlleva la consideración de las fuentes de provisión y las maneras de aplicación de los recursos requeridos. Esa decisión corresponde conjuntamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo en el nivel federal y estatal de gobierno. A partir de esa premisa cada vez que se expide una ley o se reforma o adiciona una vigente, es ineludible prever el impacto y las repercusiones que puede tener respecto de las fuentes de ingreso y las asignaciones de gasto público, siempre atendiendo al criterio de mantener el equilibrio y las finanzas públicas. De esa manera se puede considerar la viabilidad técnica y financiera de las iniciativas y de los proyectos de ley o decreto. Cuando se legisla para imponer a cualquier nivel de gobierno la función, tarea o responsabilidad de adicionar una nueva o bien cuando el resultado de establecer derechos y obligaciones a particulares se hace vinculante la intervención del gobierno, es imperativo prever junto con las disposiciones de establecer la provisión de recursos que permitirán al gobierno cumplir su responsabilidad o la intervención comprometida. Expedir o modificar la ley no puede ser en las condiciones actuales de nuestro país, un acto motivado por la exigencia de cumplir compromisos electorales, mientras como gobernantes y representantes de la nación no seamos capaces de proveer y prever los recursos necesarios para asegurar la aplicación y el cumplimiento de la ley. Esta es una exigencia de primer orden, de cuyo cumplimiento debe darse cuenta a la nación, no sólo al electorado que representamos los legisladores. La experiencia legislativa en nuestro país, especialmente en los últimos seis años, ilustra la atención política a que se somete la aprobación de leyes que desde su formación incurren en graves deficiencias técnicas respecto a la sustentación financiera para su aplicación y cumplimiento. El desempeño de los diputados federales y los senadores y los diputados locales no debe ser evaluado por la cantidad de iniciativas de ley o decretos que elaboran y producen, sino por la pertinencia, la congruencia y la coherencia necesarias para que prosperen y sean aprobadas, lo cual es resultado de una acción colegiada que se sustenta en criterios técnicos, no sólo políticos o partidistas. El proceso decisorio se obstaculiza en buena medida porque no se hicieron las previsiones sobre los recursos comprometidos en acciones públicas establecidas o modificadas en una ley o bien porque aun cuando se hayan hecho tales previsiones no están fundamentadas en una evaluación técnica rigurosa acerca del impacto y los efectos que pueda tener la acción pública creada o modificada sobre la administración del erario y la conducción de las finanzas públicas. Esa grave insuficiencia en la iniciación de leyes, de la que poco o nada se ha ocupado el Poder Legislativo, ha llevado con frecuencia, por una parte, a producir leyes injustas, inoperantes e ineficientes y, por otra parte, a la parálisis sobre la improductividad legislativa que se manifiesta en la evasión del dictamen de iniciativas, la postergación de la aprobación de proyectos de ley o decreto y, en el peor de los casos, en el rechazo de la mayor parte de las iniciativas presentadas en cada período de sesiones y en cada legislatura. Por consiguiente, adoptar un criterio básico para la presentación de iniciativas de ley o decreto y elevarlo a rango constitucional constituye una medida que corrige desde el origen las deficiencias que obstaculizan la discusión, dictaminación, deliberación y aprobación de las mismas. Con ello el Congreso de la Unión contribuye a elevar la calidad del trabajo que realiza en beneficio de la nación, mismo que comprende proponer, elaborar y aprobar leyes pertinentes, justas, eficaces que se cumplan y que se hagan cumplir. Podemos prevenir y convenir que las previsiones respecto al impacto fiscal y presupuestario y los efectos sobre las finanzas públicas pueden y deben ser un requisito, exigirle a la presentación de toda iniciativa de ley o decreto y en su discusión, deliberación y aprobación En esta iniciativa se propone que ese requisito se satisfaga mediante la presentación de un estudio de evaluación técnica financiera. Su elaboración correspondería al órgano especializado en el análisis de las finanzas públicas con que actualmente cuenta el Congreso de la Unión y que es competente para realizar esta tarea. No se requiere crear entidades u órganos ni destinar recursos adicionales, como tampoco alterar el proceso legislativo. La Cámara de Diputados y el Senado de la República han experimentado un proceso de modernización en su organización y funcionamiento interno, mismo que ha incluido la creación de órganos de apoyo técnico y la profesionalización del personal que presta sus servicios con carácter de imparcialidad partidista y política. La tarea de hacer las previsiones señaladas al presentar una iniciativa no conculca el derecho del iniciador de las leyes; por el contrario, fortalece el ejercicio de ese derecho al proveerle de una opinión técnica que contribuye a sustentar sus propuestas y a promoverlas con mayores posibilidades de éxito en el proceso de discusión, deliberación y aprobación de las mismas. El criterio básico de congruencia y consistencia de una iniciativa de ley o decreto consiste en que las propuestas que contenga no alteren el objetivo de equilibrio presupuestario aprobado por la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo Federal para cada ejercicio anual correspondiente. Ese objetivo es resultado de un esfuerzo conjunto de los poderes Ejecutivo y Legislativo para conducir las finanzas públicas con la disciplina y responsabilidad requeridas para garantizar que el Estado cumpla con sus funciones constitucionales, que brinde servicios públicos de calidad con suficiente cobertura, que promueva la inversión privada, el crecimiento económico y la generación de empleo, que garantice libertades y derechos individuales y sociales fundamentales, que asegure el desarrollo democrático y la convivencia armónica, que fomente el bienestar social y la calidad de vida de la población y contribuya a corregir disparidades regionales, abatir rezagos y pobreza y brindar oportunidades a todos los mexicanos. Ante demandas sociales más diversificadas, intereses más heterogéneos y recursos públicos sistemáticamente insuficientes ese criterio de evaluación de una iniciativa de ley o decreto resulta insoslayable y puede contribuir a la fluidez con que se produzcan los acuerdos y se adopten las decisiones respecto de las iniciativas presentadas. La presentación de una iniciativa de ley o decreto entraña una alta responsabilidad política y pública, lo que exige de los servidores públicos facultades, solvencia técnica y probidad ética, no sólo el legítimo compromiso político con el electorado y el partido político que les permitió acceder al desempeño de la función público. Señor presidente, por lo acotado del tiempo, no me da para leer la parte toral de la exposición de motivos, por lo cual le pido, para no violentar el acuerdo, que se sirva integrar el texto de la iniciativa de manera íntegra valga la redundanciaen el Diario de los Debates y por tanto podamos respetar el acuerdo parlamentario. Gracias, señor presidente. Hago entrega de la iniciativa.