La diputada Beatriz Rojas Martínez: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, presento en esta tribuna una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de sostenibilidad, seguridad hídrica y saneamiento. Se marca con el objetivo principal de garantizar y proteger el recurso más preciado, ya que la vida depende de ella. No obstante, es escasa, con disponibilidad reducida y distribuida de manera desigual. Como diputada de la LXV Legislatura considero que el Estado mexicano debe ser garante de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, leyes federales y tratados internacionales. Uno de ellos es el derecho humano al agua y al saneamiento, porque tiene una relación estrecha con los estándares para alcanzar una vida digna y para que nuestra población pueda desarrollar todas sus capacidades. En nuestro país contar con servicios adecuados y de calidad de agua potable y saneamiento siguen siendo un lujo para muchos de los habitantes más pobres, pues quienes viven en las zonas rurales y marginadas padecen en mayor medida la falta de acceso y calidad de este recurso donde las fuentes locales de suministro además de estar sobreexplotadas resultan insuficientes para cubrir la demanda. Aunque el acceso al agua potable se ha incrementado considerablemente en los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que uno de cada cinco países en vías de desarrollo, como en este caso lo es también México, tendrán problemas de escasez de agua antes del 2030. Por lo tanto, es urgente contar con una mejor planeación para su uso y reutilización que garantice el acceso de calidad al mismo y de manera sostenible, permitiendo que las generaciones futuras gocen del vital líquido sin distinciones ni problemas. La escasez del agua y el estrés hídrico han sido ocasionadas por el manejo del agua como un recurso ilimitado ocasionando sobre explotación y daños a los ecosistemas. No existe una legislación internacional o nacional para conservar el ciclo hidrológico aumentando la escasez del vital líquido y llevando en el más extremo de los casos a conflictos sociales. Por ello, el tema del saneamiento se vuelve fundamental y debe estar reconocido en la ley. El saneamiento permitirá que el Estado mexicano genere las políticas necesarias para el desarrollo de herramientas y técnicas que permitan recoger, transportar, tratar, alejar, descargar y eliminar de manera higiénica y segura los residuos sólidos y aguas residuales con el fin de generar un ambiente limpio y sano. Además del saneamiento en concordancia con las propuestas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en la presente iniciativa se busca que también se adopte el concepto de seguridad hídrica, propuesto por la Comisión Económica para América Latina y se adecúe a contexto nacional para preservar un clima de paz y estabilidad política para sostener y proteger el abasto de agua para todo ser viviente y toda actividad social económica y ambiental. Nuestras leyes deben de reconocer la importancia de la seguridad hídrica para asegurar la capacidad de mitigar y adaptarse a niveles aceptables y manejables ante los fenómenos naturales y causados por el hombre que ponen en riesgo a la población. La economía y el medio ambiente asociados a la cantidad y calidad del agua, asegurar la capacidad para acceder, explotar, usar y aprovechar las aguas de forma sostenible. Así como para gestionar, planificar, manejar y administrar de manera integrada las interrelaciones e intervenciones entre los diferentes sectores asociados a los recursos hídricos. En este sentido, urge que la Ley de Aguas Nacionales esté en concordancia con lo mandatado en la Constitución Política, si bien se necesita elaborar una nueva ley que contemple el derecho humano al agua y al saneamiento, garantice la participación y administración social y priorice las necesidades de la población sobre los intereses privados. Es necesario realizar estas modificaciones en la ley vigente, para garantizar los derechos de la población mexicana, especialmente del sector más pobre, y así puedan contar con agua potable limpia, saludable y a precios accesibles. El Estado mexicano debe ser garante de la seguridad hídrica, la sostenibilidad y el saneamiento para el mejor aprovechamiento del recurso para la población. Y debe respetar, proteger y garantizar el agua de manera accesible, suficiente, aceptable, asequible y sin discriminación para toda su población.