El diputado Félix Castellanos Hernández: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, por respeto a su tiempo no vamos a dar lectura al texto completo de esta iniciativa. En ese sentido le pido a la Presidencia pueda ser incorporado el texto íntegro al Diario de los Debates y pueda ser turnada a la Comisión de Gobernación, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Reforma Agraria. Compañeras y compañeros, ustedes recordarán que hace algunos años el principal proyecto económico del entonces presidente Fox —me refiero a la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Atenco— fue cancelado debido a la inconformidad de un conjunto de ejidatarios porque el proceso de expropiación fue de manera irregular. Recientemente nos hemos enterado que, debido a la movilización y a los recursos legales que interpusieron comuneros y ejidatarios del estado de Guerrero, la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota ha sido suspendida por una juez. Miles de hectáreas, sobre todo las que se encuentran en los hermosos litorales de nuestro país, que pertenecen a ejidos y comunidades, han estado ahora en manos de empresas privadas nacionales y extranjeras y no hay ninguna ley que garantice y proteja el patrimonio de las familias campesinas. Es más, compañeras diputadas y compañeros diputados, las vías de comunicación, la infraestructura carretera, las vías férreas, las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, las bodegas de almacenamiento del Estado, las instalaciones y los ductos de Pemex han desposeído de sus bienes a los ejidos, comunidades y a los pueblos indígenas. Los propios particulares han sufrido en sus bienes procesos de expropiación irregulares. Ustedes recordarán que también hace cuatro años, cuando aquí, en la Ciudad de México, en Santa Úrsula Coapa, algunos particulares debieron recibir mil 214 millones de pesos por una indemnización, una cantidad superior al presupuesto de la Secretaría de la Reforma Agraria en ese año. Todo esto se ha presentado porque no tenemos una clara y precisa ley de expropiación. La Ley de Expropiación vigente data y fue creada en 1936 y en ella no se establece, de manera clara y puntual, el procedimiento bajo el cual el Estado ejerce el acto unilateral de expropiación. No obstante que señala principios rectores, existen diversas lagunas que han motivado que, en la práctica, se presenten problemas en la ejecución de los decretos de expropiación. Entre los diversos problemas, que en la práctica se han presentado en materia de expropiación de bienes, destacan los siguientes. La ley vigente no define de manera clara los distintos tipos de restricción al derecho sobre los bienes; precisa el procedimiento expropiatorio y la ocupación temporal, más no así la limitación al dominio. La utilidad pública se entiende como lo que satisface a una necesidad pública y redunda en beneficio de la colectividad. Sin embargo, en la práctica, son diversos los casos en los cuales, bajo el argumento de una causa de utilidad pública, se han expropiado bienes, sobre todo ejidales, para el beneficio de unos cuantos. Actualmente, en el acto expropiatorio no rige el principio de audiencia previa. El argumento es que es un acto unilateral del Estado en beneficio de la colectividad. En este sentido toma capital importancia el conocimiento que tengan los afectados de la declaratoria de expropiación. Existen diversos casos en los cuales, sobre todo en el medio rural, los afectados desconocen que sus tierras son objeto de expropiación hasta la ejecución del decreto, en contravención clara al dispositivo constitucional. En diversos casos se ha realizado la ocupación temporal de tierras sin que haya mediado trámite legal y sin que se haya resarcido el daño ocasionado por la afectación. El pago de la indemnización es otro aspecto que ha causado el agravio de los afectados en el proceso indemnizatorio. En primer término porque no se realiza el pago de la indemnización, bajo el argumento de la insuficiencia de recursos presupuéstales. Y en segundo porque el pago no se realiza dentro del plazo de un año establecido en la ley, existiendo indefinición sobre la forma en que habrá de actualizarse el monto del pago indemnizatorio. En la ley vigente no se precisa de manera clara el procedimiento a seguir para la reversión, lo que propicia incertidumbre jurídica respecto al bien objeto de la expropiación y preeminencia en el incumplimiento del fin social que motivó la expropiación. Son miles los problemas que se han presentado por estos vacíos jurídicos en la Ley de Expropiación. Sin embargo, es en el medio rural, con las tierras sujetas al régimen agrario y las pertenecientes a los pueblos indígenas, en donde se presentan diversos casos en los cuales los sujetos afectados permanecen en la incertidumbre respecto del ejercicio de sus derechos frente al Estado. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la propuesta de reforma y adición que propongo se refiere fundamentalmente a lo siguiente: Uno. A considerar las restricciones al derecho de la propiedad, concibiendo a la expropiación, la ocupación temporal y la limitación al dominio de los bienes. Dos. Se señala que cuando el objeto de expropiación tenga como finalidad la especulación y genere lucro o utilidades para terceros, que no sea proporcional a la indemnización, se considera esta circunstancia en la fijación del monto. Tres. Se regula la ocupación temporal y la limitación al dominio de las tierras afectadas. Cuatro. Se realizan modificaciones encaminadas a fortalecer los derechos de los sujetos afectados ante la expropiación de sus bienes. Cinco. Se establecen disposiciones encaminadas a fortalecer los derechos de las tierras sujetas al régimen agrario y las pertenecientes a los pueblos indígenas. Seis. El decreto expropiatorio sólo podrá ser ejecutado previo el pago o depósito del importe total de la indemnización. Siete. Se regula el proceso de reversión de los bienes expropiados. Ocho. Se actualiza el texto de los artículos relativos al procedimiento de expropiación, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales. Nueve. Se realizan adecuaciones a las causas de utilidad pública en materia de medio ambiente y de protección civil ante desastres naturales. El proyecto de decreto, que se pone a consideración, establece un capítulo de disposiciones generales relativas a la forma de aplicación y alcance de la ley, señalando que es reglamentaria del artículo 27 constitucional. Por todo lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, ponemos a su disposición y a su consideración esta iniciativa para que pueda ser aprobada a la mayor brevedad. Sabemos que hay temas de mucho interés en esta agenda legislativa y en este periodo ordinario de sesiones. Pero sabemos también que debemos ser garantes de proteger el patrimonio de las familias de todos los mexicanos. Por ello, ponemos a consideración esta iniciativa, de conformidad y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello sometemos a su consideración esta iniciativa. Finalmente queremos llamar su atención y decirles que dedicamos esta modesta intervención fundamentalmente a mi madre, a mi compañera, a mi hija y a todas las mujeres de este país, que desafortunadamente —con la contrarreforma electoral aprobada la semana pasada por este Congreso— desafortunadamente el talento, la honestidad y la inteligencia de las mujeres mexicanas no van a aportar, como debieran, al desarrollo y al crecimiento de este país. Por su atención, muchas gracias.