El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Con su permiso, diputado presidente, y con el permiso de la asamblea. El artículo 4o. constitucional establece el derecho fundamental a la salud, imponiendo al Estado mexicano la obligación de otorgarla. La Constitución determina que será la ley quien definirá las bases y modalidades para acceso a los servicios de salud. En la práctica, la regulación legislativa resulta insuficiente para garantizar la efectiva protección de los derechos de todos aquellos ciudadanos que acuden a clínicas y hospitales públicos. Es necesaria la creación de medidas idóneas que garanticen el libre y pleno derecho a través de mecanismos adecuados y oportunos que permitan presentar quejas, investigarlas y resolverlas, con el objetivo de inhibir conductas antiprofesionales, técnicas indebidas o aquellas que violen los derechos de los usuarios de los servicios de salud. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al presentar el informe de actividades del año 2015, manifestó que el sector salud es quien más quejas tuvo respecto a presuntas violaciones de derechos humanos con un total de 3 mil 70 quejas, equivalente al 30.7 por ciento del total de quejas recibidas por este organismo. Ante esta grave problemática el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la protección a la salud, y tal y como se establece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en similares términos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los estados deben crear mecanismos adecuados para presentar, investigar, resolver quejas y esclarecer procedimientos disciplinarios apropiados para casos de conducta profesional indebida o de violación de derechos de los pacientes. Es por ello que propongo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 393 de la Ley General de Salud, y la fracción XV Bis al artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la cual se determina que en los hospitales que presten servicios públicos, servicios a derechohabientes de instituciones públicas, de seguridad social y en los que se presten servicios sociales se establezcan oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, según corresponda por razones de competencia para dar atención adecuada, permanente e inmediata en la recepción y trámite de quejas que los usuarios interpongan en relación con los servicios de salud que ahí se prestan, así como para realizar la supervisión de la adecuada prestación de dichos servicios. En lo referente a la segunda iniciativa que hoy presento es importante señalar que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, el 30 por ciento del total de muertes por accidentes de tránsito se debe al consumo excesivo de alcohol. Es evidente entonces que el consumo nocivo del alcohol es un problema de salud pública. Por ello, la Organización Mundial de Salud ha manifestado que compete a los países la responsabilidad principal de formular, aplicar, vigilar y evaluar políticas públicas para disminuir el consumo nocivo de alcohol. Entre esas prácticas y políticas se recomienda promulgar normas apropiadas sobre la conducción de vehículos en estado de ebriedad. Hoy, a quienes conducen vehículos de motor con un alto consumo de alcohol, solo se le sanciona administrativamente o con multas, con arrestos por un espacio temporal o breve. Por lo que es pertinente responder a esa problemática con normas jurídicas que inhiban el consumo excesivo del alcohol combinado con la conducción de vehículos automotores. La mejor manera de hacerlo es empleando la norma penal por contener sanciones más severas y tener entre sus fines la prevención general, prevención que en este tema resulta de suma utilidad, pues se trata de salvar vidas, evitar graves traumatismos físicos y psicológicos, y otros padecimientos, no solo de las personas directamente involucradas, sino también de sus familiares, de sus seres queridos o de terceros afectados. Con base en lo anterior presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo octavo, artículos 483 y 484 al título décimo octavo de la Ley General de Salud, con la cual se considera delito el conducir vehículos automotores teniendo un elevado consumo de alcohol; es decir, no a cualquier grado de consumo, sino solo aquel que evidentemente represente un grave riesgo para la salud pública por estar íntimamente relacionado con muertes y serios traumatismos ocasionados en los percances automovilísticos, un grado tal de intoxicación que física y mentalmente hace muy difícil o imposible conservar el control adecuado de un vehículo sin riesgos para el conductor o para otros. Si no actuamos en este sentido seguirán aconteciendo con desgracia, sobre todo para nuestra juventud, más hechos que lamentar y que incluso podrían incrementarse en los años venideros. Por lo antes expuesto, no tengo duda que las dos iniciativas presentadas tendrán el invaluable respaldo de esta honorable asamblea. Es cuanto. Muchas gracias.