La diputada Alma Griselda Valencia Medina: Con su permiso, presidenta. Diputadas y diputados, pueblo de México, a todos los ciudadanos que nos siguen a través del Canal del Congreso y a las redes sociales. Actualmente México se ha transmutado de ser un país de origen de la migración para ser un lugar de tránsito, destino y retorno para miles de migrantes. Y como tal, el Estado mexicano afronta nuevos retos y desafíos para garantizar sus derechos humanos. Solo en el año 2021, más de 131 mil 400 extranjeros iniciaron el proceso para resguardarse en territorio mexicano, es decir, el triple del año 2020, lo que representa un récord histórico para México. Estas cifras ponen a México como tercer país prácticamente como solicitantes en el mundo entero en este periodo de 2021, solo por detrás de los Estados Unidos y de Alemania, que también cuentan con un alto número de solicitudes. Uno de los retos que tenemos como nación es dotar a los migrantes de instancias jurisdiccionales especializadas y accesibles, a fin de permitirles el debido acceso a la justicia. Por ello, resulta indispensable la construcción de un nuevo modelo de atención a la migración, siendo necesario considerar mejorar tales acciones para la protección de los derechos humanos. En este sentido, la detención administrativa migratoria debe ser una excepción, la cual en todo momento debe tener la garantía de acceso a la justicia tal y como se plantean los objetivos del pacto mundial sobre una migración segura, ordenada y regular. En razón a ello, el Poder Judicial de la Federación debe garantizar el acceso a la justicia de las personas presentadas o detenidas, en todas aquellas instancias migratorias y además en los centros habilitados para tal efecto, donde se encuentren migrantes o sus familias. Actualmente la Judicatura Federal no cuenta con jueces especializados en materia de migración, sino que son jueces exclusivamente en materia administrativa, por lo que consideramos fundamental empezar a generar esta parte de la justicia respecto a los migrantes con jueces fundamentalmente especializados en materia de migrantes, en materia migracional. Es decir, a pesar del evidente aumento exponencial de los flujos migratorios hacia nuestro país, ya sea como lugar de tránsito o de llegada y la evidente necesidad de permitir a los migrantes un recurso efectivo para acceder a la justicia y a la defensa de sus derechos, no contamos con una instancia judicial especializada. Me queda claro, no puede ser el mismo juez quien se dedica a cuestiones administrativas, sobre permisos o cosas, el que lleve la defensa de los derechos humanos de los migrantes que están presentados ante estas instancias. Esta omisión legislativa impide que el Poder Judicial Federal cumpla a cabalidad los compromisos internacionales que por voluntad propia han asignado el estado de México en materia de protección a los migrantes y a sus derechos humanos. La interpretación e implementación de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos por parte de los órganos jurisdiccionales, tanto del sistema internacional como del interamericano, es una labor especializada que debe entenderse de esta manera, posibilitar el derecho de la defensa de las personas migrantes a través del acceso a la justicia y el debido proceso, es la piedra basal para poder garantizar y hacer efectivos todos los derechos que reconocen las normas nacionales e internacionales. Y por ello es que presento el día de hoy, en este acto, iniciativa con proyecto de decreto por lo que se adiciona un artículo 57 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de jueces de distrito de migración. Nadie es ilegal, todos somos migrantes. Es cuanto, presidenta.