La diputada Roxana Luna Porquillo: Con su venia, señor Presidente. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Está culminando el proceso deliberativo en el Congreso de la Unión sobre la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica. La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal establecía, en términos generales, aspectos medulares de la reforma desde un punto de vista institucional, con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica y el Organismo Público de Radiodifusión sin fines de lucro, los tribunales especializados y otros. Sin embargo, la propuesta presidencial requería del aporte del Constituyente Permanente para incorporar diversas demandas sociales siempre postergadas por el poder político. Diversos diputados, diputadas y senadores del Partido de la Revolución Democrática hicimos énfasis en la importancia de incluir dichas demandas sociales en la reforma constitucional y no postergarlas a una eventual adición en la legislación secundaria. Dentro de dichas demandas sociales que hoy están en la minuta para su aprobación en este dictamen, están las siguientes: primero, el que los medios de uso social incluyan expresamente a los medios comunitarios e indígenas. Esto debido a que al día de hoy los medios de comunicación comunitarios tales como radios comunitarias o no existían o estaban por desaparecer. Por su parte, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a tener sus medios propios de comunicación había sido una ilusión constitucional por no existir una figura jurídica que les diera vida. Esta reforma obligará a que al elaborar la ley secundaria se prevea un proceso simplificado para la existencia de los medios sociales para permitir la viabilidad financiera, y todo esto pueda contribuir a la pluralidad. 2o. El reconocimiento del derecho de las audiencias y de los usuarios de telecomunicaciones. Las audiencias en México hemos carecido de los derechos elementales como radioescuchas y televidentes. Las audiencias hemos estado a merced de los buenos o malos contenidos que los concesionarios y permisionarios difunden a través de las frecuencias del espectro radioeléctrico, que es patrimonio de la nación. Por otro parte, los usuarios de las telecomunicaciones hemos tenido derecho como cualquier consumidor, sin importar la experiencia comparada desde que diversos derechos se adicionan, y los específicos para los usuarios de telecomunicaciones. Por lo cual, esta reforma constitucional, además del reconocimiento de los derechos de las audiencias y de los usuarios en telecomunicaciones, busca materializarlos y hacerlos realidad al ordenar al Congreso de la Unión a legislar lo necesario para incluso, establecer los mecanismos de protección efectiva. 3o. El derecho de los gobernados a tener un acceso a las telecomunicaciones libre y sin injerencias de arbitrajes fue incorporado. Esta precisión es importante, toda vez que en otros países el acceso especialmente de internet, se había visto por razones de índole político o comercial, con una notoria afectación a los derechos humanos de los gobernados. En este sentido, incluir la obligación del Estado de garantizar el acceso libre y sin injerencias arbitrarias se rige como un reconocimiento más pleno de la evolución de los derechos humanos en la era digital. 4o. La necesaria rendición de cuentas de los órganos reguladores de telecomunicaciones y de competencia económica fue un hecho explícito en la minuta derivada de la Cámara de Senadores, con lo cual se obliga a los titulares de dicho órgano que comparezcan ante la Cámara del Congreso de la Unión, amén de las obligaciones que se incluyan en las leyes reglamentarias para asegurar la transparencia y una efectiva rendición de cuentas. La reforma constitucional que está aprobándose finalmente en este Congreso de la Unión pasará a las legislaturas locales, quienes lo tendrán que aprobar o, en su caso, ratificar. Esto es solo el principio porque en la tarea del Congreso de la Unión en materia de telecomunicaciones y competencia económica continuará a marchas forzadas, siempre con el compromiso de velar por el interés público, con lo cual los legisladores del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor y reiteramos nuestro compromiso irrestricto por incluir todas las disposiciones legales para la igualdad en el acceso de telecomunicaciones, radiodifusión e internet, para reflejar las necesidades de las minerías y los grupos vulnerables, y lograr que no sólo estén las demandas legítimas del sector privado, sino que también y en primer lugar esté el ciudadano de a pie, considerado como el beneficiario principal y directo de esta legislación a emitirse. Es cuanto, señor presidente.