La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con su permiso, ciudadana presidenta. A mí me da mucho gusto que en esta tribuna reconozcan que las comunidades y los pueblos originarios somos dueños de México. Entonces, ahí les encargo que ya no nos traigan ahí en los bloqueos de Reforma. Más allá de juicios sumarios o afanes tremendistas, de criterios políticos o banderas ideológicas, es preciso recordar que en ésta, como en muchas otras tareas, el compromiso es de todos, de la sociedad y el gobierno. Y como gobierno no solo le compete al Poder Ejecutivo federal, sino que también al estatal y a los municipales. Qué grave e irresponsable es juzgar una gestión pública sólo por aquello que ha quedado pendiente por realizar y no por aquello, por lo mucho que se ha logrado y que a final de cuentas es fruto del esfuerzo de todos los mexicanos. La política social no puede ser una política pública de corto plazo sino que debe pensarse, planificarse y ejecutarse con una visión de largo aliento. México hoy cuenta con una política social de Estado, los dos sexenios de gobiernos panistas han colocado los cimientos de una cultura política de transparencia y rendición de cuentas que nunca existió en el pasado, se dio paso a una alternativa subsidiaria que impulsa acciones corresponsables en los procesos permanentes de desarrollo y se impulsaron las de capacidades y oportunidades de las personas, las familias y sus comunidades. Los avances son innegables, en estos seis años el presidente de la República promovió una política social promotora del bien común en el respeto a la dignidad de la persona. Diputadas y diputados de este Congreso, tenemos mucho que hacer y mucho que aportar para asegurar que los frutos de este trabajo sigan beneficiando a un mayor número de familias mexicanas. Es preciso garantizar la continuidad de los programas sociales, como Oportunidades, que han demostrado su eficacia en todos los rincones del territorio y en todos los ámbitos de la acción social, así como la atención médica para todos en un esquema de portabilidad entre las instituciones de seguridad social. Hoy contamos con una política social que rinde cuentas con reglas de operación y padrones de beneficiarios públicos abiertos al escrutinio ciudadano, con mecanismos de contraloría social, con procesos de evaluación realizados por un órgano ajeno a la entidad o la dependencia pública que los opera. Otro de los grandes avances institucionales de la política social fue la creación del Coneval en 2006, cuya labor garantiza la transparencia de las acciones, indicadores técnicos, precisos acerca de la pobreza y con objetividad sobre los resultados de las políticas públicas. Y hace 12 años eso no existía. Actualmente 12 por ciento de los programas sociales federales son evaluados y se avanza para alcanzar al 100 por ciento. Sin embargo, los resultados en el ámbito de los gobiernos estatales y municipales dejan mucho que desear, ya que a nivel local apenas la mitad de los programas sociales son evaluados. No olvidemos que 9 de cada 10 pesos de los recursos que invierten en el combate a la pobreza son ejercidos por los gobiernos estatales y municipales, por ello deberían ser corresponsables de las estadísticas. Y curiosamente quienes más critican son quienes más afán han demostrado en ocultar las cifras de su manejo discrecional y arbitrario del presupuesto, pero además han sido señalados como responsables de graves quebrantos al erario público y de heredar deudas millonarias a las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos, el caso Cuahuilazo que no se nos olvide. Primero son las fugas del dinero público y después las fugas de los políticos con dinero que no aparecen para rendir cuentas a las autoridades. Por ello, antes de voltear la mirada a la casa ajena, compañeras y compañeros: el buen juez empieza por su casa, así como venimos a esta tribuna a exigir cuentas al presidente de la República hagámoslo también con los gobernadores de los estados. En este sexenio, aunque muchos no quieren reconocerlo, se fortaleció como nunca la infraestructura escolar, a pesar de los obstáculos impuestos por gobiernos cómplices del sindicalismo magisterial. La salud es primordial para las familias y por eso también ha sido primordial para los gobiernos emanados de Acción Nacional. Hoy este Congreso tiene dos iniciativas enviadas por el presidente de la República, resurge la esperanza de generar mayores oportunidades, mejorar las condiciones de vida de millones de familias. Esta Legislatura tiene la responsabilidad histórica de dictaminar o, en su caso, aprobar una de las reformas estructurales de mayor jerarquía y visión de desarrollo en la historia reciente del país, la reforma laboral, que se ha convertido en una de las principales deudas de este Congreso hacia los mexicanos. Millones de jóvenes esperan que se generen condiciones propicias para incorporarse a la actividad productiva; más de 20 millones de mujeres claman para erradicar la discriminación, el hostigamiento, el acoso; miles más aguardan que se dignifique el trabajo domestico; y las personas con discapacidad; nuestros jornaleros migrantes indígenas exigen un marco legal que facilite su incorporación a la vida productiva; millones de trabajadores, literalmente secuestrados por los intereses gremiales esperan para ejercer a cabalidad y con libertad sus derechos. Más allá de los cálculos y miras políticas de corto plazo, esta Legislatura tiene que superar los perjuicios que impidieron a otros aprobar la reforma laboral que México necesita. Eventualmente también discutiremos y aprobaremos la Ley de Contabilidad Gubernamental; basta ya de ver el presupuesto como una caja negra en favor de unos cuantos y empecemos a mirarlo como una caja de cristal, en vista y al escrutinio de todos los mexicanos. El combate a la pobreza no es un camino más hacia el desarrollo con justicia y dignidad de los mexicanos, sino que es el único camino por el que se puede transitar. Estamos convencidos de que todavía queda mucho por hacer. Pongamos todos nuestro mayor esfuerzo por alcanzar los acuerdos políticos necesarios: por nuestras mujeres, por nuestras comunidades, por nuestros jóvenes, por nuestros discapacitados, que ya no queden simplemente en discursos. La pobreza no entiende de alternancias, ni de ideologías políticas o de retornos autoritarios. Y cito las palabras de Castillo Peraza: La libertad sin justicia es privación de aquella por los miserables y monopolio de bienestar para los acomodados. Que quede claro. Si uno falla, fallamos todos. Y si todos fallamos, que sea la historia la que nos juzgue. Es cuanto, presidenta.