El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas. Somos una república representativa, democrática y federal, de carácter popular, con la definición de que el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nuestra estructura jurídica y nuestra visión como país tiene como fin irreductible el bienestar de la sociedad. El artículo 28 de nuestra Constitución señala claramente: la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento, en una o pocas manos, de artículos de consumo necesarios y que tenga por objeto obtener el alza de los precios. El mismo texto subraya: las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular. Nuestra experiencia histórica muestra que la justicia social es una de las principales aspiraciones de nuestro pueblo. Los grandes movimientos sociales de nuestra historia fueron motivados, en buena medida, por la existencia de profundas desigualdades sociales que a la postre derivaron en la construcción del entramado legal e institucional vigente hasta nuestros días. Debemos recordar que en tiempos de la Revolución Mexicana el general Francisco Villa, en Chihuahua, en Zacatecas, en Durango y en Coahuila colgaba a los hambreadores del pueblo del palo más alto de la plaza pública. Eso se debería hacer en la actualidad con todos aquéllos que, olvidándose que son servidores públicos, cada mes o cada dos meses aumentan los precios a los artículos de primera necesidad. La pobreza se ha agravado, la padecen dos terceras partes de la población y un tercio de ellos, alrededor de 30 millones de mexicanos, vive prácticamente en la indigencia. Además, el 40 por ciento de la población percibe apenas dos salarios mínimos y en las zonas rurales e indígenas un jefe de familia no puede ganar al menos 12 pesos diarios. En México hablar de desarrollo social es hablar de una asignatura fracasada, aunque los representantes de la derecha digan lo contrario. En el actual esquema del gobierno federal la pobreza sigue siendo el vivir cotidiano de más de 50 millones de mexicanos. Es una vergüenza que México aporte más nuevos pobres en toda América Latina. Al pueblo se le ha subido la canasta básica. Los pobres, los obreros, los campesinos ya no pueden comprar nada porque no tienen dinero para ello porque el gobierno federal, sin conciencia, ha subido los artículos de primera necesidad, al pueblo humilde de México. Estamos al borde de un estallamiento social, y los señores de la derecha que dirigen el gobierno federal no lo entenderán hasta que, a un siglo de la Revolución, vean que el pueblo pulula por las montañas y los valles de México con el 30-30 vengador para contener algo de justicia para ellos y para su pueblo. Por ello esta iniciativa propone recuperar el espíritu del Constituyente de proteger a los que menos tienen, de impedir el crecimiento acelerado de los precios y de que el Estado deje de ser rehén de los intereses económicos al amparo del argumento de fugas de capital o de la creación de inestabilidad económica, porque no reconocen que mientras en México sus inversiones las recuperan en tres o cinco años, en otros países tardan más de 10 años, y esto es así por el abuso contra los trabajadores, contra los consumidores y contra los pobres. Por estas consideraciones y atendiendo a la representación popular depositada en esta Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea este proyecto de decreto. Finalmente, quiero pedirle, señor presidente, que esta iniciativa, que va en beneficio de nuestra gente más humilde del pueblo de México, se publique en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Compañeros diputados, les ruego que aprobemos esta iniciativa, porque es en beneficio del pueblo de México. Viva Villa.