La diputada Sonia Mendoza Díaz: Compañeras y compañeros diputados, si bien es cierto que esta tribuna pues nos permite expresarnos en diversos temas y en diversas materias, lo cierto también, creo, de lo que escuché de mis antecesoras, es que nos debe unir precisamente el combatir lo que mucho nos ha costado a lo largo de muchos años, que es la violencia política, la violencia de género, que se revictimicen a las víctimas que sufren la comisión de un delito, y bueno, la falta de igualdad sustantiva que hasta ahorita no se ha logrado en ninguno de los rubros y hablemos de materia del que digan penal, en materia económica, en materia laboral, etcétera. Entonces eso creo que eso es lo que nos debería de unir. Y bueno, pues también entiendo que la diversidad política pues permite expresarse y aprovechar la tribuna en un tema tan importante, pues para exigir, también exigir lo que cada grupo parlamentario cree que es prudente. Uno de los esfuerzos de todo nuestro país ha sido asegurar el derecho de las víctimas a contar con mecanismos para la salvaguarda de su integridad física y emocional frente a la comisión de un delito, pues las condiciones de vulnerabilidad por las que atraviesa una víctima hacen necesaria la aplicación de medidas extraordinarias de protección. A partir de la reforma constitucional de 2008, en virtud de la cual se modificó la naturaleza de nuestro sistema penal, se incluyó a las víctimas como parte del proceso judicial y se les reconocieron un importante número de derechos, entre los cuales destacan: el derecho a una defensa adecuada y diversas garantías de protección por parte del Estado. Aunado a lo anterior, el 9 de enero de 2013, se promulgó la Ley General de Víctimas, con el objetivo de reconocer y garantizar de forma amplia los derechos de las víctimas y de quienes sufren violaciones a sus derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, entre otras. La promulgación de la referida ley y la implementación de diferentes mecanismos para garantizar los derechos humanos de las víctimas, representaron un paso muy significativo. Sin embargo, en la práctica no hemos logrado garantizar de forma efectiva la protección de los derechos de las víctimas, quienes se encuentran expuestos a sufrir ataques por sus agresores, o por algún tercero, como represalia por haberse atrevido inclusive a denunciar. La indefensión en la cual se encuentran algunas víctimas por las circunstancias de los delitos sufridos, a pesar de contar con medidas de protección por parte de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, hace necesario implementar acciones extraordinarias para garantizar su salvaguarda e inhibir que sean objeto de ataques directos e indirectos por parte de sus agresores. En este orden de ideas, consideramos que el dictamen de la Comisión de Justicia que hoy se somete a nuestra consideración, por el cual se reforma y adiciona el artículo 310 del Código Penal Federal, es necesario y oportuno, pues pretende aumentar la pena hasta en una tercera parte a quien cometa los delitos de feminicidio y homicidio a pesar de tener una medida cautelar. Si bien la inhibición de los delitos va de la mano de políticas públicas para prevenir de manera efectiva los mismos, lo cierto es que incrementar las sanciones pretende... y además establecer agravantes a la comisión de estos delitos que endurezcan las penas, contribuye a que los agresores se piensen dos veces en la comisión de un nuevo delito. Es por ello que votaremos a favor del presente dictamen. En el Partido Verde estamos convencidos de que los derechos de las víctimas deben ser garantizados de forma integral, y debemos asegurar que los mecanismos de protección sean eficientes, eficaces y atiendan las necesidades de cada caso particular. Por lo que seguiremos trabajando para que, con medidas como las que se discuten el día de hoy, se cumpla con esta finalidad. Las y los mexicanos, hoy más que nunca, necesitan de instituciones, mecanismos y leyes fuertes que sean capaces de garantizar su seguridad y preservar su vida. Es cuanto, presidente.