La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Compañeras y compañeros diputados, estamos en la antesala de una nueva etapa histórica para el país, somos el eco de una ciudadanía que dijo basta a tanta impunidad y corrupción, a tanta mentira y trato indiferente, a ella le debemos respeto y, por tanto, somos consecuentes con el mandato del primero de julio pasado. Por primera vez en México se entrega un paquete económico de cara al pueblo, sin esconder nada, sin páginas nebulosas, solo la realidad. Partimos de la premisa de no crear ni subir impuestos como sí lo hicieron los gobiernos neoliberales del pasado en su primer año de gobierno. Del gobernar para todos, de Carlos Salinas de Gortari, en donde prometió estar junto al pueblo dialogando, escuchando y haciendo suyas sus angustias para hacer realidad sus aspiraciones, solo se tradujo en un bombardeo de reformas constitucionales que desdibujaron los logros de la Revolución Mexicana, traicionando al pueblo, profundizando la desgracia en el agro mexicano, institucionalizando la pobreza y la miseria, y preparando el camino de la apertura externa y las privatizaciones, haciendo de la economía nacional un bazar y propiciando una desregulación en favor del mercado y beneficiando a una élite oligopólica. Los gobiernos siguientes no fueron distintos, todos siguieron el curso de la venta de los bienes nacionales, con el apoyo de sus legisladores crearon un entramado jurídico que aún retumba en las paredes de este recinto a la par de modelar la composición de otros poderes y organismos autónomos constitucionales como si fueran de su propiedad y no del pueblo. Por eso la gente se expresó en las pasadas elecciones para autorizar al nuevo gobierno un cambio de rumbo en el destino de nuestra nación, en donde las personas estén en el centro del desarrollo y sus derechos humanos sean protegidos. La estructura de ingresos que estamos por aprobar traduce el mandato de la gente mediante el cual instruyó que fuera el licenciado Andrés Manuel López Obrador quien gobernara este país. Hoy discutimos la Ley de Ingresos para el próximo ejercicio fiscal, que si bien es propuesta del gobierno, la mayoría de esta soberanía coincide en sus postulados, dentro de sus beneficios están incentivar la autocorrección fiscal de los contribuyentes con la reducción de un 50 por ciento en multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, alentar estímulos fiscales, derogar las disposiciones que contienen exenciones totales o parciales de personas al pago de contribuciones federales, las personas físicas que habiten en zonas afectadas por los sismos y que reciben apoyos económicos no se considerarán ingresos acumulables a efecto del ISR, la posibilidad de organizaciones civiles y fideicomisos para poder recibir recursos de donatarias en apoyo en caso de emergencia, entre muchas otras. No puedo terminar sin mencionar el enorme beneficio que tendrán las familias que viven en la zona fronteriza norte del país, quienes siempre habíamos estado en segundo plano frente al resto de la nación. La política de ingresos, junto con la de egresos, es el instrumento más eficaz de un Estado para influir en la asignación de recursos y la distribución del ingreso y la riqueza. Refleja las prioridades del gobierno en la conducción de la economía. En consecuencia, la política de ingresos no es solo un asunto económico, sino también político. A través de ella el gobierno puede favorecer el crecimiento o la estabilidad, el ahorro o el consumo, la inversión productiva o la financiera, entre otras disyuntivas económicas. El dictamen a discusión recoge los principios rectores del paquete económico 2019, en él se conserva la tendencia al equilibrio presupuestario, con base en un gasto austero, eficiente y honesto, que no requiere crear nuevos impuestos ni incrementar las tasas de los existentes. Esto implica no aumentar la carga impositiva sobre las clases trabajadoras. La profunda reingeniería que promueve el Ejecutivo federal en la reorientación del gasto hacia el bienestar de los mexicanos y las mexicanas y hace a la creación de infraestructura para el desarrollo a largo plazo, tiene sus bases en una política de austeridad republicana que combate la corrupción y promueve una mayor eficiencia en el gasto. Con ingresos mayores a 6.3 por ciento en términos reales anuales se busca incidir de una manera certera en la prosperidad de la mayoría de las mexicanas y mexicanos y en poner las bases para que este bienestar sea creciente y sostenible. Derivado de estos razonamientos, el Grupo Parlamentario de Morena acompaña el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que refleja los cimientos de la cuarta transformación de este país. Es cuanto, presidente.