La diputada Lorena Torres Ramos: Gracias, señor Presidente. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita diputada Lorena Torres Ramos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° y la fracción II del artículo 71, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 42, el párrafo tercero del artículo 44, el inciso g) del artículo 69 y el inciso d) del artículo 96, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En los inicios de este nuevo siglo, vemos con cierto agrado, pero no con total satisfacción, que estamos avanzando hacia una sociedad más incluyente y democrática, para que la coexistencia de los diferentes sujetos nacionales, individuales y colectivos se dé en un ambiente de respeto y de convivencia. Prueba de ello es la ratificación por parte de nuestro país de diversos tratados internacionales, los cambios en la legislación, la creación de nuevas leyes, así como las políticas públicas instrumentadas. Nuestra Carta Magna en su artículo primero, deja asentado que en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Asimismo prohíbe todo tipo de discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La diversidad de pueblos, culturas, lenguas, costumbres, religiones, condiciones y capacidades existentes en nuestro país, nos obliga a pensar y a ejercer la inclusión y el disfrute real de los derechos constitucionales, de acuerdo a las condiciones particulares de los sujetos sociales que conforman nuestra diversidad nacional. Conscientes de nuestro país, que es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes en donde la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás, sino que debe ser el resultado de la colaboración, la convivencia y la inter relación fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integra nuestra nación, el Constituyente Permanente estableció el artículo segundo de nuestra Ley Fundamental, disposiciones especificas para salvaguardar los derechos de los pueblos y las comunidades que de su entidad plena gozan, como son: la educación y tener más oportunidades de desarrollo y demás actos de naturaleza discriminatoria que sufren los pueblos y comunidades indígenas. Eso representa, aunque todavía con muchas limitaciones, un gran avance en el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, así como el afianzamiento del principio de igualdad por la ley y ante la ley y el principio de garantizar la equidad en la diversidad que debe existir entre todas las personas y entre todos los pueblos y comunidades que integran una Nación pluricultural como la nuestra. El sufragio es en nuestro país y se ha consolidado como un derecho y una obligación para cada ciudadano, quien, con ello, debe elegir a sus representantes libremente. Los indígenas se han visto limitados en el ejercicio de esta prerrogativa o, en su caso, requieren de la ayuda de otra persona afectando su derecho de elegir a sus representantes, de acuerdo a lo establecido con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en términos de las características del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Muchas veces los indígenas, particularmente los monolingües, no conocen las plataformas de los partidos por lo cual no se garantiza la obligación de los partidos políticos de dar a conocer su oferta, responsabilidad establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales; de ahí la necesidad de comunicar las ideas y los planteamientos de cada agrupación política de acuerdo a la cosmovisión de estos grupos sociales. La lengua indígena no debe constituir un obstáculo para el ejercicio pleno del voto, menos aún cuando nuestra Propia Constitución Política reconoce y busca garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas, para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Así pues, si bien es cierto que México ha modernizado su marco constitucional en materia de igualdad de derechos como es el establecimiento del principio de la no discriminación, la igualdad del hombre y de la mujer, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el derecho del ciudadano a votar en elecciones, no debemos soslayar, como ya se dijo, que determinadas circunstancias impiden la realización plena de dichos enunciados constitucionales. De ello se deduce que hay esferas que debemos fortalecer para hacer efectivo uno de los presupuestos básicos que define a la democracia: la extensión del sufragio popular a todos los ciudadanos con independencia de sus condiciones culturales, sociales, políticas y económicas. En estos tiempos se requiere el establecimiento de mecanismos que permitan lograr el conocimiento, la promoción, la difusión de la cultura electoral para los ciudadanos indígenas. Dado lo anterior, proponemos que desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su carácter de norma electoral, tanto el Instituto Federal Electoral como los partidos políticos, den a conocer las campañas de participación ciudadana y de información partidista, así como las plataformas políticas y las campañas para la orientación del voto en las lenguas propias de cada pueblo indígena en forma escrita, pero también oral, ya que muchas lenguas aún están en proceso de configurar su escritura y también debido a que gran parte de la población indígena adulta, sobre todo mujeres, no saben leer. El reconocimiento jurídico para participar en la política mexicana por parte de los ciudadanos mexicanos indígenas, requiere que los partidos políticos y las autoridades en materia electoral, implementen los instrumentos que les permita participar de manera informada y en igualdad de condiciones en las elecciones. Es así que como consecuencia de estos argumentos, en uso de las atribuciones a las que he hecho referencia, someto a esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 42, el párrafo tercero del artículo 44, el inciso g) del artículo 69 y el incido d) del artículo 96, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como lo dice el cuerpo de la presente iniciativa y cuya lectura completa omito. Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto. Gracias.