La secretaria Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Señoras y señores diputados, amigas y amigos, comparezco ante esta soberanía en cumplimiento del mandato constitucional y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para la información a detalle de las políticas y acciones realizadas por la Secretaría de Gobernación en el periodo que rindo cuenta, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del señor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Remito a los interesados a ese informe y al que entregó la Secretaría a mi cargo al honorable Congreso de la Unión en tiempo y forma. Han sido meses de intenso aprendizaje en lo que hemos realizado en la Secretaría de Gobernación, múltiples acciones, conforme nos lo ha instruido el presidente de México y en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por esta honorable Cámara. En este periodo, la Secretaría de Gobernación concluyó exitosamente los procesos para la transferencia de recursos humanos, materiales y presupuestales a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por tanto, cualquier comparación del gasto programado para el año 2020 con años anteriores, deberá considerar esta situación. Una vez concluida la transferencia antes referida puedo afirmar, de manera categórica, que la Secretaría a mi cargo conserva y ejerce a plenitud las facultades sustantivas de cada una de las materias que la ley le confiere, incluso, sus facultades hoy son mayores, ya que en materia de derechos humanos hubo una importante ampliación. Quiero, con la venia de las y los diputados, en esta primera intervención, hacer un breve recuento de las líneas principales de la política interior que desde la Secretaría de Gobernación hemos instrumentado a partir del primero de diciembre de 2018. Antes de iniciar mi exposición, permítanme expresar mi reconocimiento al trabajo de cada uno, de cada una de las y los diputados y especialmente de los coordinadores parlamentarios en esta Cámara. Señoras y señores diputados, la formulación y desarrollo de la política interior del gobierno de México ha transcurrido por dos ejes principales: la gobernabilidad democrática y la defensa y promoción de los derechos humanos. Son líneas que se entrecruzan en varios ámbitos, tanto territoriales como en su instrumentación práctica, así como la interacción que mantengo como coordinadora del gabinete presidencial, con mis colegas de otras secretarías, con los legisladores federales y locales, con la gobernadora, con la jefa de Gobierno y con los 30 gobernadores de los estados y los presidentes municipales. Con las dos Cámaras del honorable Congreso de la Unión hemos mantenido una relación de colaboración y respeto que se expresa en múltiples leyes reformadas, otras nuevas leyes y en importantes reformas constitucionales de las que destaco la que dio lugar a la creación de la Guardia Nacional, aprobada por unanimidad en el órgano reformador de la Constitución. La Guardia Nacional está dando los pasos indispensables para su integración y despliegue. Cuenta para ello con un sólido marco legal, aprobado también por casi la unanimidad del Congreso de la Unión y los resultados habrán de verse muy pronto. Sin embargo, en el gobierno federal tenemos claro que sin la depuración, reestructuración y fortalecimiento de las policías estatales y de las municipales, no habrá Guardia Nacional que alcance para atender la demanda social, el reclamo ciudadano de seguridad en las calles y plazas, en los caminos y carreteras, en las ciudades y en el campo. Considero de particular importancia que, en el Presupuesto de Egresos federal del 2020 y en los de cada entidad federativa, se dé puntual cumplimiento al mandato del artículo séptimo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, para que las policías estatales y las municipales dispongan de los recursos indispensables para su fortalecimiento. Ese es un compromiso que hicimos desde el gobierno federal, el Congreso de la Unión y las 32 entidades federativas. Tenemos que cumplirlo. La relación del gobierno federal con los Ejecutivos estatales y la jefa de gobierno de la capital, se desarrolla sobre la base de los mandos y sobre la base del mandato del federalismo que consagra nuestra Carta Magna. Es una relación de diálogo constante, de colaboración permanente y, sobre todo, de mucho respeto. Es también cordial y, en muchas ocasiones, de mutua confianza, sin distinción de partidos. Las acciones que la Secretaría de Gobernación realiza en cada estado y en la Ciudad de México tienen base en nuestras facultades legales y son informadas previamente a los ejecutivos de cada entidad federativa. Mantengo con cada uno de ellos, sin distinción de partido, una relación por encima de las diferentes visiones e ideologías. Todos colocamos por delante los intereses de México. Así lo seguiré haciendo, al igual que cada uno de mis colaboradores. Desde la Subsecretaría de Gobierno y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el Inafed, mantenemos una relación de colaboración con los municipios de México y con sus autoridades, que se expresa en numerosas acciones de capacitación y asesoría que han sido proporcionados a cientos de municipios y ayuntamientos y de presidencias municipales. La relación con los medios de comunicación impresos y electrónicos se conduce bajo la guía del compromiso presidencial, que comparto sin reserva, de respeto irrestricto a la libertad de expresión. El gasto del gobierno de la República en publicidad en esos medios se ha reducido de manera significativa, se asigna conforme a criterios transparentes e imparciales. Se concluyó la depuración del Padrón Nacional de Medios Impresos con reglas de absoluta imparcialidad y apego a las normas legales. La gobernabilidad democrática se fortalece con las políticas y acciones desarrolladas para la promoción y defensa de los derechos humanos. En ese ámbito, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, atiende asignaturas pendientes, algunas de ellas heredadas de episodios ocurridos en gobiernos anteriores, y despliega sus mayores esfuerzos para que nunca más se repitan violaciones graves a derechos humanos que han empañado la vida nacional. Nos queda claro que la violencia del crimen organizado es la causante y principal responsable de la inseguridad, que por desgracia seguimos padeciendo. Pero también tenemos claro, que al combatir al crimen organizado o desorganizado, se cometieron atropellos y violaciones de derechos humanos por autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las acciones hasta hoy desarrolladas por la comisión del caso Ayotzinapa abren alentadoras posibilidades de que, en un plazo razonable, será posible conocer lo que sucedió con los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de hace cinco años. Hace pocos días el subsecretario Alejandro Encinas informó de las actuaciones realizadas y de las que se realizarán en las semanas siguientes. En materia poblacional y de identidad personal, hemos dado pasos firmes para la consolidación y validación de la información que sustenta la Clave Única de Registro Nacional de Población, por sus siglas CURP. Y estamos por iniciar, una vez que se asignen los recursos presupuestales necesarios, el equipamiento tecnológico y las acciones operativas para hacer realidad el derecho a la identidad de toda persona mayor o menor de 18 años. En el periodo del que rindo cuentas, la política migratoria atravesó por una situación inédita, la que requirió por parte del gobierno de México y de la Secretaría de Gobernación, de medidas igualmente inéditas. El súbito y significativo incremento de migrantes provenientes de tres países de Centroamérica, todos ellos con el propósito de llegar a los Estados Unidos, así como el cambio demográfico de ese flujo, por la presencia de familias, de mujeres y de menores de edad, a veces muchas de ellas no acompañados, nos planteó enormes retos que han sido atendidos gracias a la estrecha coordinación entre diversas dependencias del gobierno federal, singularmente, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Habré de referirme al tema a lo largo de esta comparecencia que preocupa a diputadas y a diputados de todos los grupos parlamentarios y a múltiples organizaciones de la sociedad civil. Lo que desde ahora dejo claro y establecido, es que la Secretaría de Gobernación tiene bajo su responsabilidad directa la formulación y aplicación de la política migratoria, que la misma es y seguirá siendo componente indisoluble de la política interior, cuya instrumentación está confiada por mandato de ley al Instituto Nacional de Migración, organismo sectorizado en la secretaría a mi cargo. Coordinar no es declinar facultades ni renunciar a ejercerlas. Ya nos coordinábamos antes de la coyuntura crítica y ahora con mayor razón. Que las secretarías de Salud, Bienestar o del Trabajo, que ocho secretarías de Estado y ocho organismos federales se coordinen para que la política migratoria y la atención a los migrantes sean más eficientes con respecto a sus derechos humanos y compromisos internacionales, no requiere decir que esas secretarías y organismos fueren despojados de sus facultades, quien sostenga tal cosa, incurrirá en una exageración por decir lo menos. Por el respeto al tiempo que me fue otorgado termino esta primera intervención con dos referencias a las tareas desarrolladas en el terreno de la apertura a nuevos instrumentos de democracia participativa y a la relación con las iglesias y los ministros de culto. En lo primero, hemos realizado consultas a comunidades urbanas y rurales, así como a pueblos originarios respecto de la realización de obras de infraestructura que pasan por sus territorios. Lo hacemos en un ejercicio democrático en el que se hacen oír su voz y ejercen sus votos quienes históricamente han estado marginados, olvidados, o quienes fueron atropellados por décadas. La democracia participativa. La promoción y uso de instrumentos está fortalecida y está fortaleciendo a la democracia, no solamente a la democracia representativa, sino a la participación. Las consultas no son en lugar de las instituciones, son con ellas y para que a través de ellas se exprese y cumpla la voluntad popular. Por último, las relaciones con las iglesias se han desarrollado bajo el marco de las normas constitucionales que establecen el Estado laico, la separación del Estado y las iglesias y la no injerencia de estas en asuntos políticos o electorales. Esos principios y normas constitucionales son uno de los más valiosos legados del mejor presidente que ha tenido México, Benito Juárez. Reitero lo que manifesté en el Senado de la República. En esta materia el gobierno de México no contempla reforma constitucional o legal. El carácter laico del Estado mexicano y la separación entre este y las iglesias con pilares de la República y así seguirán siendo. Estoy aquí para atender sus opiniones y sus preguntas. Muchas gracias.