La diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, la Comisión de Derechos Humanos presenta ante ustedes el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, del Código de Justicia Militar y de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. La desaparición forzada es un crimen complejo, se trata de la privación de la libertad de una persona a manos de agentes del Estado o por un particular, y de la cual no se tiene conocimiento de su paradero. Por lo tanto, quien es privado de su libertad no cuenta con algún recurso para que sus derechos y obligaciones sean salvaguardados, ya que la víctima es sustraída de la protección de la ley, situación que trae como resultado, entre otras cosas, la suspensión de la personalidad jurídica. Esta situación se da de facto, toda vez que al estar desaparecida la víctima no puede disfrutar de sus derechos. Es, además, un delito que viola todo tipo de derechos, no solo de la persona desaparecida, sino también de sus familiares y seres queridos, que a menudo esperan años para conocer la verdad, generándoles graves afectaciones al violarles su derecho a la integridad psíquica y moral. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, de la Secretaria de Gobernación, al día de hoy permanecen desaparecidas y no localizadas más de 105 mil 805 personas en nuestro país. Dado el grave contexto que se vive, no solo en nuestro país sino en toda la región latinoamericana, es que en 2010 se creó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el fin de erradicar esta conducta. Desde aquella fecha, el Estado mexicano no había reconocido la aceptación para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas. Hasta que el 2 de octubre de 2020 la Secretaría de Relaciones Exteriores envió un escrito firmado por el Ejecutivo federal a la sección de tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU, en el que se reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones individuales. Tal reconocimiento permite que familiares de personas víctimas de desaparición forzada puedan acceder a vías adicionales de la justicia internacional para que sus casos puedan ser analizados. Aunado a lo anterior, en un hecho histórico, el Comité programó su primera visita a una nación desde su creación, eligió a México. Así la visita del Comité tendría como principal objetivo supervisar la correcta aplicación de la convención. La iniciativa de la diputada Karla Almazán Burgos surge a partir de la misma necesidad del Comité de fortalecer el ordenamiento jurídico mexicano para mejorar las estrategias de combate y mitigación de las desapariciones forzadas. El dictamen que presenta la Comisión de Derechos Humanos tiene los siguientes seis objetivos. 1. Considerar de lesa humanidad los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares. 2. Señalar los casos en que los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas. 3. Imponer la pena de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 días de multa a quien omita entregar a la autoridad o familiares al niño o niña nacido durante la privación ilegal de la libertad de la madre sometida a desaparición forzada, a quien sustraiga o se apropie del niño o niña sometido a desaparición forzada, cuyo padre, madre o tutor hayan sido sometidos a desaparición forzada y a quien oculte, destruya o falsifique aquellos documentos que prueben la identidad de un menor. 4. Establecer que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares la persona o grupo de personas que prive de la libertad a una persona, se niegue a reconocer dicha privación, oculte la suerte o paradero de la persona desaparecida para sustraerla de la protección de la ley. 5. Contemplar que la investigación, persecución, procesamiento y sanción de las conductas relacionadas con el delito de desaparición forzada de personas solo será competencia de las autoridades federales o estatales del orden civil, aún cuando dichas conductas sean realizadas por un militar en contra de otro militar. 6. Definir al Registro Nacional de Detenciones como una base de datos que concentra la información del estatus de las personas detenidas, no solo en su localización física, sino también la información sobre la etapa en el proceso penal y el procedimiento administrativo sancionador. Diputadas y diputados, hoy a través de la aprobación de este dictamen tenemos en nuestras manos la posibilidad de incidir en la protección y fortalecimiento de los derechos de tantas personas desaparecidas y de sus familias. Esta comisión solicita su voto a favor del dictamen. Estamos convencidos de que tanto las víctimas como sus familiares tienen derecho al acceso a la justicia y a la reparación integral del daño. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.