La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Honorable Asamblea. En el año de 2005 salió a la luz pública el trabajo de la periodista y activista social Lydia Cacho quien, al publicar el libro "Los demonios del Edén", puso los reflectores sobre el caso de una red de pederastia y pornografía infantil. En el libro se señala como responsables de dichos actos a Jean Sukar Kuri, quien actualmente enfrenta un proceso penal. La ciudadanía ha sido testigo de la represión y hostigamiento que la periodista ha sufrido por hacer de éste un tema público. En este sentido queremos hacer un reconocimiento a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hoy se han pronunciado por respaldar una nueva investigación para llegar al fondo de la denuncia presentada por la periodista. El debate mismo que se dio en la Corte es sin duda una buena noticia en la lucha contra el abuso de autoridad y la impunidad. Es insostenible que aun y con todo lo leído —y sobre todo escuchado— siga habiendo personas que en ningún momento han sido objeto de una investigación por los hechos denunciados. Tal es el caso del empresario Kamel Nacif. De este empresario se han conocido públicamente grabaciones de conversaciones telefónicas sostenidas con gobernadores, empresarios y políticos de este país y de las cuales se puede inferir que existen elementos suficientes para considerar que éste tiene vínculos y/o intereses directos con redes de pornografía y prostitución infantil. El día de hoy hemos conocido un comunicado del señor Kamel Nacif, donde nos transmite su arrepentimiento por su lenguaje soez y se reconoce sólo como culpable de sus palabras. Sin embargo, no es un lenguaje agreste lo que merece nuestra atención, lo que queremos es que quede clara su vinculación o no con una red de pederastia y pornografía infantil y cuáles son sus vínculos con el poder. En Alternativa compartimos la preocupación de diversos actores sociales y políticos por garantizar el derecho a la privacidad. La protección de la vida privada y la protección de la intimidad —menciona Fernando Escalante— son necesarias como estructuras del orden jurídico y como garantía de respeto de la dignidad de la persona. También compartimos la visión del magistrado José Ramón Cossío, quien recientemente se pronunció por no tomar en cuenta las grabaciones obtenidas de manera ilícita como pruebas válidas para el desahogo de un proceso judicial. De acuerdo, estas grabaciones no pueden ser validadas, pero sí pueden y deben ser un punto de partida para que se inicien investigaciones judiciales y conocer la verdad, la verdad de estos hechos. Es nuestra obligación, como legisladores, tutelar un bien mayor, la integridad física, emocional y sexual de las niñas y los niños, que dada su situación de vulnerabilidad son presas de las redes de delincuencia organizada en nuestro país. Por todo lo anterior y dada la gravedad de los hechos denunciados y la persistencia de impunidad, es imperativo conocer cuáles son las acciones emprendidas por la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla. En tal virtud, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con. Punto de acuerdo. Primero. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, para que con base en el exhorto de fecha de 21 de diciembre de 2005, presentado por las diputadas federales de la LIX Legislatura, Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Beatriz Mójica Morga, informe a esta soberanía sobre las acciones implementadas para el cumplimiento del mismo. Segundo. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, para que en caso de no haberla iniciado y de acuerdo con el informe que al respecto presente, inicie investigación de oficio contra el empresario Kamel Nacif, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con pornografía y prostitución infantil. Solicito respetuosamente a la Mesa Directiva, se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias.