EL DIP. JOSE NARRO CESPEDES: Con su permiso diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: El Distrito Federal, capital del país y de todos los mexicanos, sede de los de los Poderes de la Unión e históricamente Centro Económico, Político y Social del país, ha mantenido por años características sui géneris que le han distinguido del resto de las entidades federativas, baste recordar que hasta hace aproximadamente 3 años la administración del Distrito Federal no era sino únicamente una dependencia del Ejecutivo Federal quien tenía la atribución de nombrar al entonces jefe del Departamento del Distrito Federal. Como centro económico, la ciudad de México, contribuye con aproximadamente el 22% del Producto Interno Bruto; cuenta con una población aproximada de 9 millones de habitantes y da servicio a un número igual, provenientes no sólo de los municipios conurbados del Estado de México, sino también de otras entidades del interior del país. Hoy, a pesar de que el Distrito Federal en un reclamo de sus habitantes cambió su estatus jurídico y cuenta con un Jefe de Gobierno así como jefes delegacionales electos por sus habitantes y cuenta también con un órgano legislativo y un órgano judicial, es considerado así es como una entidad federativa, de tal suerte que su trato en la Ley de Coordinación Fiscal es incongruente al dársele un trato diferenciado al del resto de las entidades federativas. En este contexto, para el ejercicio fiscal de 1999 el Distrito Federal fue excluido del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Fiscal y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios. El primero de los fondos antes mencionados, estuvo desde sus orígenes destinado al equipamiento y a la infraestructura física orientada a la atención de áreas prioritarias del desarrollo social, educación básica, servicios de salud a la población abierta, infraestructura social, entre los más importantes que podemos mencionar. Por lo que se refiere al segundo fondo conocido como FORTAMUN, los recursos de que se dispone están destinados al cumplimiento de los compromisos de carácter financiero y a otros relacionados con las Haciendas Públicas municipales, así como el financiamiento de la seguridad pública. Dentro de los argumentos esgrimidos para dejar al Distrito Federal fuera de este fondo, esta el que no era una entidad, un Estado en la república, ni cuenta con municipios, además de que las demarcaciones políticas en que esta dividido el Distrito Federal por sí solas no cuentan con una Hacienda propia; sin embargo, abría que recordar que la ciudad de México por razones propias del modelo económico, instrumentado desde hace casi dos décadas, ha tenido un crecimiento distorsionado y que actualmente observa un alto grado de marginalidad social que necesariamente conlleva a la atención de estos grupos para mejorar sus condiciones de vida. Hoy, en un acto de plena justicia, los legisladores de los diversos partidos Políticos que estamos aquí representados en las fracciones parlamentarias existentes en esta LVIII Legislatura, por consenso hemos acordado reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para incorporar al Distrito Federal a ese fondo IV, al FORTEMUN. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, estas reformas deben de considerarse un avance en la materia pero también consideramos que debemos de trabajar para contar con una nueva Ley de Coordinación de Fiscal acorde al nuevo orden democrático que día a día los mexicanos estamos construyendo; sin embargo, aún queda mucho por hacer. Es necesario establecer criterios más acordes a la realidad del país; sentimos que para lograr mayor equidad en las participaciones es necesario establecer criterios más acordes a la realidad del país. Sentimos que para lograr mayor equidad en las participaciones es necesario establecer índices de marginalidad y no únicamente por el número de habitantes, porque sólo así estaremos logrando una mejor redistribución de la riqueza nacional. Para el Partido del Trabajo es necesario contar con una nueva ley que fortalezca la coordinación fiscal, que contribuya a lograr un desarrollo equilibrado de todas las entidades federativas a través de mecanismos de participación más equitativos, de una nueva ley que permita a las entidades una mayor participación en la administración y recaudación de los impuestos, que permita a las entidades asumir mayores facultades fiscales. Asimismo, una ley que evite que en forma engañosa o por demás fraudulenta, se usen estos recursos para gasto corriente. Por lo antes señalado, y porque estamos seguros que las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal son el inicio de los cambios que en materia fiscal habrán de darse, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará en lo general a favor del dictamen. Por su atención, muchas gracias.