El diputado Juan Carlos Pérez Góngora (PRI): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En esta ocasión, vengo a poner a consideración de esta soberanía, una iniciativa que representa un esfuerzo más de esa necesidad de mejoría constante en el sistema tributario que nos rige, al procurar no afecte la intrínseca relación entre el capital y el trabajo, ni se perturbe el desarrollo económico de la Nación, ni la seguridad jurídica y la transparencia y claridad que deben contener los impuestos. Y todo ello repercute en la importante tarea indispensable en la actualidad que vivimos de la creación de nuevos empleos y que satisfagan debidamente las necesidades de los trabajadores. La iniciativa que nos ocupa tiene el objetivo de corregir un grave caso de duplicidad impositiva que afecta no sólo a las empresas o patrones en general, sino también directamente a todos y cada uno de los trabajadores que se ven beneficiados con la obtención del derecho constitucional del reparto de utilidades de las empresas. Con esta propuesta se logrará armonizar las disposiciones legales relativas con la recientes resoluciones de nuestro máximo tribunal sobre la materia permitiendo así hacer más justo el sistema impositivo al extender ventajas de tales resoluciones con la generalidad de la ley, no únicamente a los sujetos implicados en tales resoluciones, sino a todos los destinatarios de las normas. Para el que presenta esta iniciativa no pasa inadvertido que la modificación de la regulación impositiva del reparto a los trabajadores de las utilidades de las empresas, ha sido incluida en la denominada "miscelánea fiscal", que hace unos días nos presentó el Ejecutivo. Sin embargo dicho planteamiento a nuestro parecer, provocaría en la Ley cierta distorsión que es necesario evitar, muy al margen de que dicho pronunciamiento confirma la impostergable necesidad de modificar la regulación sobre el particular. Es de subrayarse que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas históricamente se le concibe como un producto de la lucha de clases y un logro del movimiento obrero que se concreta en la Constitución. En el artículo 123 de nuestra Carta Magna, se reflejan los derechos de carácter social, se prevén los reclamos del sector que impulsó el movimiento revolucionario, teniendo como principio rector la dignidad del trabajador como persona, para mejorar su nivel de vida y las condiciones de trabajo que trae consigo la exigencia de un trato igualitario y respetuoso. Por cuanto hace al reparto de utilidades de los trabajadores, logro que quedó plasmado en la Constitución desde 1962. Durante largo tiempo privó el criterio, afortunadamente superado de dar sólo importancia y protección al capital, dentro del desarrollo de la producción. Sin embargo fue a raíz de la lucha revolucionaria-obrera, que se levó a rango constitucional el pleno reconocimiento de participar en las utilidades de las empresas bajo la consideración de que las ganancias son producto-resultado de la combinación de dos factores: el trabajo y el capital, y no solamente el capital como erróneamente se creía anteriormente. Es claro que hoy en día con las disposiciones aún vigentes sobre la imposición del reparto a los trabajadores en las utilidades de las empresas se crea un problema de doble tributación, no en cuanto a dos entes incidan sobre un mismo objeto, sino que la misma riqueza, el mismo acto, cause impuesto en dos personas distintas, transgrediendo flagrantemente la capacidad contributiva, el principio de simetría de la imposición y la realidad económica, ya que por un lado se obliga a los empleadores a que el monto pagado por tal concepto forme parte de la riqueza gravada por el impuesto que no sea deducible, y por ende esté sujeto a imposición a su cargo y por otro al mismo tiempo que este mismo objeto de impuesto que es la misma riqueza, acarreé un impuesto para los propios trabajadores que reciben su participación en la utilidad de las empresas, es decir, se causa precisamente sobre el total e la utilidad empresarial, volviéndose a gravar la misma utilidad, en la parte que le corresponde a los trabajadores con el Impuesto Sobre la Renta en el Título de "Personas Físicas". La propuesta que presentó el Ejecutivo implicaría una distorsión al sistema, alterando la base del Impuesto Sobre la Renta, pues que dicha iniciativa señala que: "La prestación a considerarse en la utilidad fiscal, es la pagada y no la devengada..." como debería de ser en razón de que la base del Impuesto Sobre la Renta en general se determina de ingresos menos deducciones, esto es, por el método devengado, y si por otro lado en un año los trabajadores no cobran su participación de utilidades que les corresponde, esto no vuelve a la empresa, puesto que de conformidad con el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, tiene que acumularse dicha prestación a las del año siguiente para los trabajadores que tengan derecho. Se propone con esta iniciativa introducir elementos nuevos al concepto de "renta gravable", por dos razones: Primero.- Para hacerla acorde con la terminología de la Constitución, y Segundo. Porque el pago a los trabajadores de las utilidades de las empresas no es una deducción, precisamente porque no se trata de un gasto propio de la actividad de la empresa como determinan nuestros tribunales, sino que esa utilidad debe separarse para que sea repartida al sujeto que efectivamente la percibe. Con ello se determinará la utilidad conforme a las reglas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Así, el empresario debe separar de la renta gravable la parte que a los trabajadores les corresponde. De tal manera que las pérdidas fiscales que eventualmente sufra se amorticen únicamente conforme lo señala la Ley Federal del Trabajo, o sea, contra las utilidades fiscales, dejando intocable así el derecho de los trabajadores para que no les afecte en la amortización de las pérdidas. También es necesario modificar el procedimiento para efectuar el cálculo de la utilidad física neta del ejercicio con el objeto de no duplicar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Por todo esto, los exhorto compañeros diputados a que mejoremos el sistema fiscal, a que evitemos cualquier doble tributación que no se justifique en hechos que impliquen riqueza y menos que persistan gravámenes que no se funden en la realidad económica, así como fortalecer y garantizar la justicia a los que responde o debe de responder el sistema tributario y que eliminemos cualquier distorsión legal. Todo esto para tener un sistema más competitivo y que genere mayores empleos para nuestro país. Solicito, señor Presidente, se turne a la Comisión de Hacienda esta propuesta. Muchas gracias.