El diputado Rafael Hernández Soriano: Muchas gracias. Con la venia de la Mesa y de la Presidencia. Aprovecho la intervención para recordar que el Estado mexicano está en deuda con nuestra juventud. Se le han reconocido derechos de primera generación, de segunda, de tercera y de cuarta generación; sin embargo, se ha hecho muy poco para ejercer el cumplimiento de los mismos. Por eso es necesario que esta Cámara resuelva de una vez y por todas, en este período, la minuta que está en la Comisión de Puntos Constitucionales para que permita a esta plenaria legislar en materia de juventudes, y le reconozcamos en primer lugar el principio de participación a los jóvenes, y también se le reconozca la posibilidad de proponer alternativas de políticas públicas a los diferentes órdenes de gobierno, y con ello materializar un derecho que es de los más importantes para la juventud, su derecho de inclusión, de desarrollo integral y también el derecho de participación. Esta propuesta de ley integral que hemos elaborado, la hemos consultado con diversas escuelas, diversas universidades, agradecemos a la Facultad de Derecho de la UNAM, a la FES, a organizaciones e institutos como el Mexicano de la Juventud, el de la Ciudad de México; y organizaciones ciudadanas de jóvenes, como las JIS, del PRD; y también como Motiva, que es una organización juvenil, que han sido activos promotores porque en este país se le reconozcan los derechos integrales a los jóvenes y, algo muy importante, que las leyes que hablan de juventud, que los programas que existen en diversas dependencias respecto a la atención a la juventud sean exigibles, porque es muy loable que se le reconozcan estos derechos, pero sería importante que también les demos el derecho a las y los jóvenes para que los hagan exigibles, y no se quede solamente en retórica. La segunda iniciativa, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, la presentamos para atender una situación que está pasando todos los migrantes, las personas migrantes dentro de nuestra frontera. Es cierto, hemos atendido en esta Cámara propuestas del Ejecutivo y se han elaborado más para atender a nuestros connacionales que están en Estados Unidos y aquellos que están siendo deportados: niñas, niños, jóvenes y las familias que están siendo divididas. Pero hemos tenido una ausencia, no nos hemos referido legislativamente a las personas migrantes de diversas nacionalidades, como: los haitianos, que están en la frontera norte; como los africanos y los cubanos, que están en Tapachula; y que viven las mismas circunstancias de división familiar, de desatención, de vulnerabilidad respecto a su defensa. Y esta reforma pretende atender esta situación, atendiendo los principios de reciprocidad, de humanismo, de congruencia a nuestra reforma histórica del artículo 1o. del 2011, que reconoce todos los instrumentos que ha firmado el Estado mexicano, fundamental y particularmente me refiero a los de materia migratoria. Por ello, con esta reforma pretendemos que el Estado mexicano garantice el derecho a la defensa adecuada a toda persona que se encuentre dentro de su jurisdicción. Y, repito, pretendemos que atienda en un ambiente de humanidad, de reciprocidad la atención inmediata mediante la defensoría que da el Estado en forma gratuita a todas las personas, también a las personas que habitan el mundo, independientemente de su nacionalidad, pero que estén bajo la jurisdicción del Estado mexicano. Es importante, es apremiante y solicitamos el respaldo de ustedes para ambas propuestas. Gracias, presidenta.