El senador Antonio García Torres: Gracias, señor Presidente. En nombre de la senadora veracruzana Noemí Guzmán Lagunes y el mío propio, quisiera recordar con ustedes que la Ley de Asistencia Social vigente, es resultado del esfuerzo plural y democrático de legisladores, de expertos en la materia, de académicos, de asociaciones civiles y miembros de la sociedad civil, para regular las acciones que en materia de asistencia social, deberían emprender tanto el gobierno como los particulares. Históricamente México ha acumulado una basta experiencia en materia de asistencia social, cuyas primeras instituciones si bien se remontan a la época de la Colonia, como las conocemos hoy es decir, como instituciones públicas, datan de la propia consumación de la Independencia. La creación de la Lotería Nacional para destinar recursos a la beneficencia, como la Dirección General del Fondo de Beneficencia, que es el antecedente de la actual administración del patrimonio la beneficencia pública, fueron decisiones que acompañaron a la reforma impulsada por el Presidente Juárez. De hecho han transcurrido más de 6 décadas desde que la asistencia social fue incorporada como una de las áreas de la política de salud y por lo mismo, como responsabilidad del Estado. El desarrollo y fortalecimiento de la política de asistencia social ha debido remontar las visiones caritativas, compasivas y puramente voluntaristas, hasta llegar a la formalización de política estructurales y programas. La nueva ley a ello responde. Precisamente para hacer que el Estado Mexicano asuma la responsabilidad política y ética de garantizar a las personas y familias vulnerables, el derecho de recibir servicios especializados de asistencia social, a fin de mejorar su calidad de vida y promover su plena integración al bienestar y el desarrollo, independientemente de su origen partidista o convicción ideológica. Y que para atender puntualmente lo establecido en esta ley, es necesario definir a través de su reglamento, los lineamientos y responsabilidades que deberá de tener tanto la Secretaría de Salud, por ser la entidad rectora de los programas de asistencia social, así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por ser el organismo coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Pública y Privada. Cabe señalar que se está violando el artículo tercero transitorio que establece que: En un periodo no mayor de 6 meses, el Ejecutivo deberá definir a través de su Reglamento, los términos en que funcionará el sistema de información de la asistencia social y las condiciones sobre las que deberá de conformar el directorio nacional de asistencia social. Estoy seguro que el reglamento de la ley es indispensable para la coordinación y distribución de competencias entre las diferentes entidades públicas y privadas que participan para sumar esfuerzos y estar a la altura de la necesidad de atención de los grupos más vulnerables y frágiles de la sociedad. Parecería pues que el Ejecutivo presta poca atención a la facultad constitucional de reglamentar las leyes. Quisiera recordar con ustedes también, que tenemos pendiente el reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, el reglamento de esta propia Ley de Asistencia Social y el reglamento de la Ley de Transparencia. Por lo tanto señor presidente, propongo como punto de acuerdo UNICO. Que se exhorte al Ejecutivo elaborar y publicar a la brevedad el reglamento de la Ley de Asistencia Social que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de septiembre del año 2004. Es cuanto señor presidente.