El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, no le he concedido la palabra. Respete usted la decisión del Presidente de la Comisión, por favor, por favor respete la decisión del Presidente, se lo ruego. Usted preside una comisión y usted está obligado a respetar las normas y los reglamentos. Hemos aprobado un orden del día, no tiene fundamento su participación en este momento. Al concluir la intervención del informe que estamos en este momento desahogando este punto, escucharemos su planteamiento y su fundamento. Señor diputado le ruego, le ruego, señor diputado, nos permita continuar con el desahogo del orden del día que hemos aprobado. Le ruego. Tiene la palabra el doctor José Luis Soberanes Fernández, hasta por treinta minutos. El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández: Señor diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión; señoras y señores legisladores integrantes de la Mesa Directiva; señoras y señores legisladores integrantes de la Comisión Permanente; señoras y señores integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que me honran con su presencia; señoras y señores: Me es particularmente satisfactorio comparecer hoy ante ustedes después de haberlo hecho durante cinco años consecutivos y tras haber sido reelecto de manera legítima, legal y amplia, por el pleno del Senado de la República. En el último lustro hemos logrado, como país, un avance considerable en la vigencia de los derechos humanos, sin embargo el número de acciones y situaciones que los vulneran es todavía muy elevado. Es una realidad lamentable la existencia de áreas del ejercicio del poder público, tanto del ámbito federal como del local, que presentan alarmantes tendencias contrarias a los derechos fundamentales de las personas. La sociedad mexicana está tomando conciencia de sus más urgentes problemas y busca los caminos para su solución. Temas como los derechos de los indígenas, de los migrantes, de las mujeres, de las víctimas del delito, de los derechohabientes de las instituciones de seguridad social, son aspectos torales de la agenda nacional. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos apoyado e impulsado estas luchas cívicas y sociales como lo ha hecho también con sus propios medios, esta soberanía ante la cual hoy rindo el informe anual de labores. A pesar de los avances, el 2005 fue un año marcado por la violencia. Las autoridades y la sociedad enfrentamos un grave lastre que afecta a todas las áreas de la vida nacional. El Estado está fallando en una de sus labores más esenciales: la seguridad pública. Las más de 1,500 ejecuciones de la guerra que libran entre sí los carteles del narcotráfico, o se explica de otro modo. El entrenamiento policiaco, las armas y la información d inteligencia, pagados con los impuestos de los mexicanos, en ocasiones han sido usados para lastimar a quienes deberían de proteger. Sin acciones frontales y permanentes para combatir el frecuente involucramiento de agentes policiacos en el delito, se envía a la sociedad el mensaje de que las corporaciones de seguridad muchas veces son parte del problema, no de la solución. Por otra parte la estridencia con la cual algunos miembros de la clase política dirimen sus diferencias, contribuye a reforzar en la sociedad la percepción de inseguridad. Los ataques verbales, los insultos y las descalificaciones son, también, una forma de violencia. Somos una sociedad amenazada, nos sentimos intimidados en las calles, en los parques, en nuestras propias casas. Mientras persista la inseguridad no habrá democracia plena. La inseguridad mina los cimientos del Estado de derecho; la inseguridad es enemiga del desarrollo económico y social y sin éste nunca superaremos la pobreza que flagela a la mitad de los mexicanos. Por ello durante el 2005 la CNDH exigió, con las atribuciones que le otorga la ley, que las autoridades cumplan con su obligación de hacer efectivo el derecho de cada individuo y de la sociedad como un todo, a la seguridad pública. Hemos realizado investigaciones relacionadas con fenómenos sociales que representan un serio obstáculo para hacer realidad el derecho a la seguridad. Tal es el caso de una evaluación integral de las acciones realizadas por los tres ámbitos del gobierno en relación con los feminicidios en el municipio de Juárez, Chiahuahua. Señoras y señores Legisladores: Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2005 atendimos 6 mil 317 expedientes de queja. 843 de los cuales se encontraban en trámite desde 2004. De este total 4 mil 717 han sido resueltos y mil 420 siguen en proceso de investigación, Así, las autoridades señaladas con mayor frecuencia como presuntas responsables de violación a los derechos fundamentales fueron: 2 mil 682 casos autoridades federales, de concurrencia federal y local 214, y 13 estatales. En el 2005 los principales motivos presuntamente violatorios de derechos humanos señalados por los quejosos, fueron en este orden: Ejercicio indebido de la función pública; prestación indebida del servicio público; negativa al derecho de petición; negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud; violación a los derechos de los migrantes. Las autoridades más señaladas fueron: el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República, el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. En el 2005 se hicieron 51 recomendaciones. Los servidores públicos acreedores de más recomendaciones fueron: El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el Secretario de Educación Pública; el Comisionado del Instituto Nacional de Migración; el Gobernador del estado de Morelos; el Gobernador del estado de Oaxaca y el ayuntamiento de Carmen, Campeche. Siguiendo con nuestra política de hacer de la CNDH un espacio abierto que trabaja para y con la sociedad, celebramos más de 120 convenios de colaboración con autoridades, organizaciones civiles e instituciones educativas. Queremos que el trabajo interinstitucional sea nuestro distintivo. Nuestra décima recomendación general puso sobre la mesa de la discusión pública las consecuencias de la tortura y su impacto en el sistema de procuración de justicia. A pesar de que recibimos duras críticas por ello, seguimos adelante en la convicción de que es inaceptable que en nuestro país no se haya erradicado aún la tortura. A fin de responder a una nueva realidad de nuestra sociedad, pusimos en marcha la quinta Visitaduría General de la CNDH, abocada a proteger a los migrantes tanto nacionales como extranjeros. Además hemos exhortado y damos argumentos al gobierno federal para que dé respuesta más enérgica a las políticas antiinmigrantes de otros países. Por nuestra parte llevaremos ante la ONU los casos de los migrantes mexicanos asesinados en territorio extranjero, así como el infame muro fronterizo. Señoras y señores Legisladores: El proceso electoral y el relevo de los poderes federales presenta la oportunidad de marcar un hito en nuestra vida republicana, consolidando nuestra democracia y comprobando, de una por todas, el arraigo y el vigor institucional de nuestro sistema electoral. En medio de la efervescencia política nacional por las elecciones de julio próximo, el papel del ombudsman nacional es y seguirá siendo el de promotor del diálogo. A los candidatos les pediremos, en todo caso, definiciones más precisas de sus compromisos en materia de derechos humanos. Nos conduciremos de manera conciliadora y respetuosa pero exigente y ante la autoridad sobre la premisa insoslayable de la legalidad y de la ética de la responsabilidad pública. A lo largo del 2005 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo una apuesta diaria en favor de la convivencia civilizada, del entendimiento entre las personas y la solución pacífica de las inevitables diferencias. Nuestras acciones y resoluciones buscaron en todo momento restituir derechos a quienes por actos indebidos, abusivos u omisos de la autoridad les habían sido vulnerados. Asimismo quisimos detectar zonas o aspectos de la realidad donde se generan mayores amenazas a la convivencia civilizada de los mexicanos. A la par de lo anterior hemos visto surgir los robustos brotes de un nuevo ciudadano: el que no se resigna, el que no se calla, el que se moviliza contra los abusos y las injusticias, el que exige al Estado que cumpla con su deber de proteger la vida, la seguridad y el patrimonio de las personas. Cuando cada ataque a la libertad de expresión es rápidamente detectado y repelido por numerosas voces y actores en todo el país, sentimos que nace una nueva sensibilidad ciudadana entre los mexicanos. Más allá de la especificidad de los tiempos políticos la labor de la CNDH no se detiene. Para seguir avanzando, estamos en seguros de contar con la venía de esta soberanía que tan acertadamente apoyó el fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con su trabajo legislativo. Ratifico una vez más ante ustedes, mi convicción de que la lucha por los derechos humanos, las libertades y la seguridad no puede ni debe ser librada en forma aislada. Todos los actores sociales estamos obligados a vincularnos más y con total apertura y en búsqueda de acuerdos, con unión y sólo con unión, podemos crear una sociedad más libre, más justa, con dignidad, igualdad y seguridad para todos. Muchas gracias.