La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso presidenta. Uno de los datos que hemos escuchado insistentemente el día de hoy es que en México existen 30.7 millones de jóvenes que representan el 24.6 por ciento del total de la población. Sin embargo, para esta cuarta parte de mexicanas y mexicanos el Estado ha sido omiso en garantizar sus derechos, a pesar de los múltiples esfuerzos que hemos realizado para llevar a cabo las reformas que hoy nos encontramos aprobando. El Grupo Parlamentario del PRD, como promotor también de estas reformas, saluda este dictamen y hace votos para que a la brevedad nos encontremos discutiendo la ley general correspondiente, porque somos uno de los pocos países que no contamos con una ley que garantice los derechos de las juventudes. Y es indispensable hablar de juventudes en plural, porque es en este grupo poblacional en donde se refleja más claramente la diversidad de la sociedad mexicana. Debemos colocar la problemática que afecta el desarrollo integral de las y los jóvenes en el centro del debate gubernamental, legislativo y académico, pero no desde el punto de vista del paternalismo protector sino promoviendo su participación en los procesos de cambio. En este sentido es que resulta urgente el reconocimiento y garantía de las y los jóvenes mexicanos, ya que en términos poblacionales las y los jóvenes todavía representan un porcentaje importante del total de la población. Hace diez años dejamos pasar el bono poblacional que representó el que el 55 por ciento de la población tuviera menos de 30 años. Hoy debemos trabajar con ahínco para que las juventudes tengan acceso a las mejores condiciones de desarrollo. No obstante, los esfuerzos para lograr el reconocimiento de derechos a las juventudes han sido pocos. En el año de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, reformada en 2006. En esta se establece que el Instituto debe definir y aplicar una política nacional para la juventud, población comprendida en las edades de 12 a 29 años e incorporarlos plenamente al desarrollo del país. Política e Instituto que han quedado rebasados, dada la magnitud del problema que significa, una vez más, la grave crisis económica en la que nos encontramos. Lo anterior, ha colocado a este importantísimo grupo social como un grupo en situación de vulnerabilidad y sujeto a permanentes procesos de exclusión social. Falta de educación, de trabajo, de salud, de vivienda, del medio ambiente, así como la violencia directa e indirecta que constituyen dificultades que las y los jóvenes de nuestro país deban afrontar. En octubre de 2005, México firmó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en la ciudad de Badajoz, España. En la actualidad, dicho documento se encuentra en la Secretaría de Relaciones Exteriores y su debido trámite de ratificación turnado al Senado, dejando desprovista a la juventud en un marco de derechos que hagan efectiva una política integral de Estado. El deterioro de las instituciones en México, en el contexto de la violencia directa y las crisis sanitarias en las que nos encontramos, la categoría de las y los jóvenes es de las más afectadas. De cada 100 estudiantes, 48 por ciento no asisten a la escuela y únicamente 2 de cada 10 tienen la oportunidad de estudiar en la universidad. De cada 10 personas que perdieron su empleo durante la pandemia, 7 son jóvenes. Múltiples datos señalan que, debido a la estrategia nacional de seguridad, la tasa de homicidios ha aumentado considerablemente en adolescentes desde los 15 y 17 años y las posibilidades de niños y jóvenes para el desarrollo de una calidad de vida digna se ven disminuidas por las muertes de uno o ambos padres, además de que no existe un reconocimiento del resarcimiento del daño patrimonial, físico o psicológico causado. Debemos señalar que no debemos acceder al fortalecimiento democrático si no existe atención a las necesidades de todos los grupos poblacionales en nuestro país. Es por ello que México no debe de carecer de una política integral de juventudes con perspectiva de pluralidad y equidad. El problema de las y los jóvenes es un problema estructural. Ante tales circunstancias, resulta primordial que las y los legisladores, y las autoridades de los tres Poderes de la Unión y de los tres ámbitos de gobierno reconozcamos a las y los jóvenes como un actor social, estratégico, para la transformación y mejoramiento del país, que permita a este grupo poblacional diseñar, organizar y llevar a cabo los programas que repercutan en la calidad de vida de ellos mismos y sus demás iguales que conforman la sociedad. Este es el compromiso del Grupo Parlamentario del PRD y, consecuentemente, nuestro voto será a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.