La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con un reporte de Petróleos Mexicanos, en los últimos 37 meses se han detectado en todo el país 32 mil 604 tomas clandestinas de combustible. De las cuales, el 80 por ciento de las tomas clandestinas detectadas se concentran en siete estados del país: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, estado de México y muy querido Tamaulipas. El huachicol implica una fuga de dinero público, es un robo a bienes nacionales y de recursos públicos, o sea, que en una palabra es un robo al dinero de todos los mexicanos. Tan solo el año pasado Pemex perdió alrededor de 60 mil millones de pesos. En el 2018 se robaban diariamente más de 600 pipas, cada pipa contenía 15 mil litros de combustible, se habla de 200 millones de pesos diarios. Las pérdidas de Pemex han sido tan grandes que con lo que se han robado en el 2018 alcanzaría para financiar el 40 por ciento de una refinería, o con el robo de tres años se podría construir una refinería nueva. Ante esta grave realidad resulta urgente modificar los tipos penales de los delitos de hidrocarburos, a efecto de que el Ministerio Público pueda investigar y perseguir delitos a fin de que estos no queden impunes. En razón de lo anterior, resulta de gran relevancia el dictamen que hoy discutimos, pues tiene por objeto establecer una presunción que admite, prueba en contrario, y que no resulta violatoria de principio de inocencia. Al disponerse que para los efectos de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de esta ley, se presumirá que no se cuenta con derecho ni consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de los hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos cuando el involucrado no cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Asimismo, el dictamen que se analiza resulta fundamental, pues que la Comisión Reguladora de Energía, deberá publicar en su página oficial el listado de aquellas personas físicas o morales cuyo permiso o procedimiento se hubiere suspendido definitivamente con un motivo de una sentencia ejecutoriada. Esta medida permitirá que no se viole el principio de presunción de inocencia y que no se contrate con delincuentes. En este momento cabe destacar, y encuentro propicia la ocasión para mencionar, que hace unos meses presenté una iniciativa en donde la Profeco no solo emitiera una lista de quiénes han cometido estos ilícitos en las bombas expendedoras quienes no nos dan litros de a litro y que se sancionará penalmente a quienes nos roban también a los ciudadanos, puesto que también es un robo de hidrocarburos. Lamentablemente no fue dictaminada en tiempo y forma, y tuve que bajarla para poder volver a presentar. Como legisladores, tenemos la obligación de llenar los vacíos legales que ocasionan altos niveles de impunidad, es necesario contar con los tipos penales que permitan perseguir y enjuiciar a delincuentes, dado el alto robo de combustibles no podemos quedarnos atrás. Por ello, en Encuentro Social votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.