LA C. DIP. CELITA TRINIDAD ALAMILLA PADRÓN: Con su permiso, señora Presidenta. "Señoras Diputadas, señores Diputados: De conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II de los artículos 55 del Reglamento para el Gobierno Interior ... (LECTURA DE INICIATIVA, INSERTESE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3o y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la educación preescolar, presentada por la diputada Celita Alamilla Padrón a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional Ciudadano presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión Señoras diputadas señores diputados: de conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del grupo parlamentario Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el primer párrafo del artículo 3o. y sus fracciones III y VI, así como la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS El propósito de la iniciativa que hoy presentamos es para establecer en el texto constitucional la obligatoriedad de la educación preescolar. Con esta propuesta Acción Nacional hace un llamado a los demás grupos parlamentarios para iniciar los trabajos de discusión, y a partir del diálogo abierto y respetuoso, construir una propuesta consensada. La educación preescolar es el primer nivel educativo de formación de la persona y entre sus objetivos hacia la niñez persigue lo siguiente: a) Propiciar y encauzar científicamente, la evolución armónica en esta etapa de su vida; b) Favorecer su maduración física, mental y emocional; c) Brindarles la oportunidad de su socialización, su creatividad y su disposición al trabajo intelectual y cognoscitivo; d) Vigilar, prevenir y atender oportunamente posibles detenciones o alteraciones en su proceso normal de desarrollo; e) Lograr la incorporación natural al siguiente nivel educativo, para un mejor aprovechamiento de sus destrezas físicas e intelectuales para la educación posterior; f) Fomentar su progresiva interacción con el medio circundante y proyectarlo a la comunidad de la que forma parte, como elemento activo; g) Coadyuvar a la maduración progresiva del pensamiento, de la prelectura y la preescritura, el análisis, el razonamiento; así como de la abstracción y la construcción de conceptos que, integrados, le hará fácil el manejo cotidiano de su vida, favoreciendo su desempeño escolar futuro. Asimismo, la educación preescolar es una oportunidad para que niñas y niños aprendan y razonen los fundamentos de los valores y los comportamientos sociales que los acompañarán a lo largo de su vida y comiencen a abrir sus mentes bajo la guía de educadores capacitados en el desarrollo infantil. Por medio de áreas recreativas, el arte, la música, la alfabetización y el comienzo de los estudios de matemáticas, los niños preescolares aprenden a cooperar, hacer amigos, hacer preguntas, usar la imaginación, construir el auto-respeto y usar sus cuerpos con confianza. La educación preescolar es el lugar crucial para enfatizar la equidad en un mundo diverso. Por medio de celebrar la existencia de todo tipo de gente, culturas y donde se aprende la aceptación y la inclusión. La educación preescolar tiene una importancia de primer orden dentro del sistema educativo, por los efectos multiplicadores que genera en otros ámbitos de la sociedad. De acuerdo con el estudio "La educación preescolar en América Latina", realizado por Robert Myers, se han hecho descubrimientos donde se demuestra que los programas orientados a la niñez pueden acarrearles grandes beneficios, no sólo en términos individuales e inmediatos, sino también en términos sociales y económicos, a lo largo de toda su vida en cuanto a sus habilidades para contribuir a la familia, la comunidad y el futuro de la nación. También se muestra que las niñas y niños que reciben atención pronta y constante tienen, generalmente, un mejor nivel de nutrición, contraen menos enfermedades y aprenden mejor que quienes no reciben ese tipo de atención. Y a la inversa, los párvulos que no reciben cuidados adecuados tienen mayor tendencia a las enfermedades y la desnutrición, y están menos motivados y peor equipados para el aprendizaje. En nuestro país la educación preescolar comenzó su expansión y a tener un gran reconocimiento social a partir de los compromisos pactados por el Gobierno Federal a finales de los años setenta, en el marco de acuerdos internacionales a favor de la niñez. Así, en un par de años la matrícula de preescolar para niños de 5 años pasó de alrededor de 30% a casi 70%; se mantuvo estable desde entonces y fue hasta mediados de los noventa cuando comenzó a crecer de nuevo y a expandirse hacia los niños de 3 y 4 años. Resulta interesante hacer notar que la inversión más grande en este rubro se dio precisamente en un momento en que la economía del país se estancó y los ingresos públicos tuvieron una fuerte contracción. Como característica particular, la educación preescolar en México es ofertada en alrededor de 90% por el estado y el resto por particulares, lo cual señala el gran compromiso y las obligaciones que se tienen para con este nivel educativo. Para el ciclo escolar 1999-2000 la matrícula de la educación preescolar se situó en 3.39 millones de alumnos, lo que representa 14.5% del total de alumnos de educación básica y 11.6% del sistema educativo nacional. En el presente la población del país está entrando a lo que se denomina la transición demográfica, fenómeno que básicamente consiste en una combinación de bajas tasas de mortalidad y de natalidad y un incremento en la esperanza de vida. Ello ha repercutido en la matrícula y la demanda de educación preescolar, la cual se encuentra en un proceso de crecimiento más ligero y de posible estabilización en el mediano plazo. La matrícula de educación preescolar de 1999-2000 creció en uno por ciento respecto de periodo anterior. Para el periodo 2000-2001 se inscribieron 29 mil 900 preescolares más que en el periodo previo, lo que representaría un incremento de 0.8%, para alcanzar a una matrícula de 3.42 millones de preescolares. Los esfuerzos por incorporar a un mayor número de educandos a este nivel, nos muestran que ésta es una de las áreas con mayor crecimiento en los índices de atención en los años noventa. Aunque la cobertura resulta diferenciada: para los niños de 3 años es de 14.2%, para los de cuatro de 57.4%, y para los de 5 de 82.6%. Cuando se observa la cobertura de preescolar para niños de entre 4 y 5 años en el ámbito estatal, tenemos situaciones contrastantes y preocupantes. Por un lado entidades con cobertura muy alta e incluso casi universal como Tabasco, Guerrero, Guanajuato, Baja California Sur y Colima, cuya cobertura va de 92.4% a 98.6%. Y por otro lado, entidades con cobertura baja y muy baja que oscila entre 70.5% y 55.8%, entre las que están Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Durango, Jalisco, Michoacán y México. Estas disparidades muestran los rezagos existentes, pero también los retos que se tienen por delante, lo que exige una respuesta gubernamental focalizada hacia los estados con mayor rezago. De acuerdo con los informes de labores de la Secretaría de Educación Pública, son varios los retos por los que atraviesa este nivel educativo: de cobertura, equidad y de calidad. La cobertura presenta un rezago significativo y requiere de un crecimiento sensible en los próximos años, especialmente en entidades con rezagos sociales como Chiapas o algunas que han invertido relativamente pocos recursos como el Estado de México, Jalisco, e incluso el Distrito Federal. En los rubros de accesibilidad, equidad, cobertura y calidad, existen diferencias importantes para el ingreso a este nivel de las niñas y niños provenientes de familias pobres e indígenas respecto a quienes viven en zonas urbanas y rurales. En tomo a la calidad, el nivel preescolar ha sido poco evaluado en nuestro país, pero varios estudios coinciden en que hay problemas de continuidad entre este nivel y la primaria, reflejándose en un alto coeficiente de repetición en el primer año, además de los problemas asociados con la capacitación de los profesores e instalaciones inadecuadas. Invertir en educación es invertir en el futuro de la nación, a favor de una sociedad más justa, democrática e igualitaria. Un estudio de la Cepal señala que los educandos que han recibido atención preescolar muestran una tasa mayor de escolarización secundaria y postsecundaria, de acceso a mejores empleos y una menor propensión a la marginalidad social. Los programas de atención preescolar benefician a los infantes de todos los grupos socioeconómicos, pero tienen efectos más apreciables para los niños provenientes de hogares de menores recursos, pues reducen sus desventajas relativas y facilitan su posterior inserción en la educación formal, entre otras ventajas, por ello debemos trabajar para reducir la brecha entre los menos favorecidos y los más favorecidos. En otro estudio sobre Latinoamérica, se apunta que existe evidencia de un posible aumento de productividad económica para la sociedad, generada por la inversión en programas de educación temprana, la cual va más allá de los beneficios que se observan directamente en el educando. Un ejemplo de ello es una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral, dado que les permite ocuparse productivamente mientras sus hijos reciben educación. Asimismo, muchos de estos programas dejan en libertad a los hermanos mayores -generalmente las hermanas- quienes se hacen cargo del cuidado de sus hermanos pequeños en ausencia de sus padres, para que se dediquen a estudiar y así poder obtener mayores remuneraciones. Igualmente y con base en una investigación realizada en Estados Unidos, se sugiere que la tasa de retomo de la inversión preescolar puede multiplicarse por siete. Para realizar este cálculo, se estimó una serie de gastos que se ahorran gracias a la menor incidencia de criminalidad, menor necesidad de programas de recuperación escolar y reducción de la demanda de otros programas sociales. Respecto a los beneficios para el sistema escolar en su conjunto, existen evidencias de que los programas de preescolar ayudan a reducir los costos del sistema educativo, puesto que a mayores tasas de cobertura preescolar le acompañan menores tasas de deserción en los años posteriores y al mismo tiempo un menor índice de reprobación, con lo cual no se truncan ni desperdician los recursos de niveles subsiguientes. Visto de esta manera, la educación preescolar no significa un gasto, sino una inversión de largo plazo. No obstante todos estos beneficios y el esfuerzo realizado para ampliar la cobertura de este nivel educativo, la pregunta principal no es si queremos invertir en educación preescolar, debe ser cuánto queremos invertir, cómo debe realizarse esa inversión y al mismo tiempo asegurar su eficiencia y eficacia. A partir de estudios realizados en México a mediados de los años noventa, se llegó a la conclusión de que el estado debe comprometerse a ampliar la cobertura, la calidad y la equidad, con base en una política de promoción en la creación de la demanda y en un marco de participación activa de los maestros y de los padres de familia. Si bien durante la administración anterior se destinaron recursos crecientes al subsistema de educación básica y la matrícula del preescolar creció significativamente, también es cierto que paralelamente provocó un proceso de deterioro de la infraestructura, de los ingresos de los docentes y de la situación social de las comunidades, lo cual repercutió negativamente en la calidad y la equidad del preescolar, al tiempo que remarcó desigualdades de antaño. Por esto mismo, la iniciativa que presentamos tiene como objetivo generar un cambio constitucional y posteriormente, en las disposiciones reglamentarias, propiciar una discusión sobre la importancia de la educación preescolar, del conjunto de la educación básica y obligatoria, de las políticas públicas orientadas hacia este rubro, y de los compromisos de la sociedad y el Estado con la educación en general. Esta reforma estipula además de la obligación del estado, la responsabilidad compartida de la familia y la sociedad en su conjunto para con este nivel educativo. La iniciativa propone la obligatoriedad de la educación preescolar, la cual se establece como prerrequisito para poder ingresar al nivel de educación primaria; asimismo se asienta la obligación de destinar los recursos necesarios con el fin de lograr la cobertura en la prestación de los servicios de educación preescolar, en un plazo acorde a la situación y capacidad de cada entidad federativa. Con el entronque obligatorio del preescolar, se espera un mejoramiento de este nivel y un impulso a los cambios que se están llevando a cabo en los subsiguientes ciclos educativos. Finalmente, queremos invitar a nuestros compañeros legisladores a que podamos construir un espacio de reflexión, diálogo y análisis sobre las adiciones que proponemos a los artículos 3o. y 31 constitucionales, para hacer obligatoria la educación preescolar y avanzar en la construcción de un esquema de educación básica obligatoria de 10 años. Esperamos que este impulso a la educación preescolar se consolide en beneficio de los infantes para que adquieran desde temprana edad, los conocimientos y herramientas que generen la sinergia necesaria y adecuada en su vida escolar como en la laboral posteriormente. Todo ello coadyuvará a que nuestro país concentre en sus mujeres y hombres, el más alto y mayor activo que puede tener un país, una sociedad educada y capacitada para hacer frente a los retos del futuro. Con base en lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el primer párrafo del artículo 3o. y sus fracciones III y VI, así como la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo primero. Se adiciona el artículo 3o. constitucional para quedar como sigue: Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado- Federación, estados y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, la primaria y la secundaria son obligatorias. I. . . . . . . . . . . III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. IV. . . . . . . . . . . VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: . . . . . . . . . . Artículo segundo. Se adiciona el artículo 31 constitucional para quedar como sigue artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley; Il. al IV. . . . . . . . . . ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Para poder ingresar al nivel de educación primaria será prerrequisito haber cursado un año de educación preescolar, la cual deberá iniciarse a los 5 años cumplidos del educando. Esta medida se aplicará cuando hayan transcurrido cuatro ciclos escolares, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto. Tercero. Los gobiernos Federal y estatales celebrarán los convenios que consideren pertinentes, de acuerdo a la situación y capacidad de cada entidad federativa, para cumplir con la obligatoriedad de la educación preescolar, de ser posible, antes del plazo establecido en el artículo transitorio anterior. Cuarto. Los gobiernos Federal y estatales implementarán programas de información y promoción dirigidos a los padres de familia para que inscriban a sus hijos a la educación preescolar. Quinto. Los gobiernos Federal y estatales destinarán a partir de la entrada en vigor de este decreto los recursos necesarios con el fin de lograr la cobertura suficiente para la prestación de los servicios de educación preescolar. Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F., a 25 de septiembre de 2001. Integrantes de la Comisión de Educación: los diputados: Celita Alamilla Padrón, Alfonso Vicente Díaz, Eduardo Rivera Pérez, Oscar Ochoa Patrón, José María Tejeda Vázquez, Maria Isabel Velasco Ramos, Luis Aldana Burgos, Silvia Alvarez Bruneliere, José Carlos Luna Salas, Héctor Méndez Alarcón, Fernando Ugalde Cardona y Rodolfo Ocampo Velásquez. LA C. VICEPRESIDENTA DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL. Gracias señora Diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación y Servicios Educativos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para presentar una Iniciativa sobre Ley de Iniciativa Popular, tiene la palabra el diputado Enrique Villa Preciado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. EL C. DPUTADO ENRIQUE VILLA PRECIADO. Con su permiso Diputada Presidenta. "Desde nuestra Carta Magna de 1824 hasta la fecha.." (Lectura completa de la Iniciativa. Insértese.) Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Enrique Adolfo Villa Preciado, diputado federal por el IV distrito federal del Estado Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del articulo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo ante esta honorable Asamblea, a presentar la siguiente INICIATIVA DE DECRETO Por el que se reforma el artículo 41 y se adicionan el artículo 71 con una fracción IV y el 99 con una fracción V-bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se crea la ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En los anales de la historia constitucional de nuestro país, encontramos que la constante lucha de nuestro pueblo por preservar sus instituciones democráticas y por mejorarlas en aras del progreso y del bienestar de todos y cada uno de los mexicanos, fundándose como causa común de los pueblos del mundo que se precian de ser democráticos, nunca ha cesado ni lo hará, porque de ello depende la búsqueda de progreso y bienestar social, encausado siempre por el camino del diálogo y del consenso. Desde nuestra Carta Magna de 1824 hasta la fecha, hemos pasado del, centralismo al federalismo; de la república a la monarquía y de ésta al estado liberal progresista; de la reelección indefinida del Poder Ejecutivo (que desató en varias ocasiones al monstruo de la tiranía y la dictadura), al sistema de partido hegemónico, terminando su periodo de desgaste y de cerrazón hasta las elecciones del 2 de julio del año 2000, cuando de manera responsable y democrática el pueblo mexicano escogió un nuevo gobierno y una distinta perspectiva de crecimiento y desarrollo social. Un aspecto importante de esa transición, es cuando la ciudadanía interviene en el juego democrático. Al suceder esto, se fomenta la participación política de los individuos, dando oxigeno al sistema político y certeza a nuestro sistema jurídico, ya que cada persona (física o jurídica) diría cómo y en qué sentido desea se regule su conducta social. Coincidimos con otros sectores políticos del país, que recientemente han expresado en esta alta tribuna su sentir, respecto de que no es nuestro fin la implementación de la democracia directa en nuestro sistema constitucional. Nuestro sistema representativo necesita que la sociedad coadyuve con quienes cumplimos una función decisoria y eso no significa nuestro debilitamiento, sino por el contrario, fortalece y dignifica la función representativa del Congreso, ya que lo hace realmente un órgano del pueblo y para beneficio de éste. Con la iniciativa popular se estimula el interés de la sociedad en temas que le atañen, y para dar cumplimiento a ello, se propone se organicen células de ciudadanos que, en coordinación con la autoridad electoral, eleven propuestas al Congreso de la Unión con normas jurídicas concretas, instrumentos jurídicos adecuados, con los cuales se regule la conducta de los individuos en relación con otros y con intereses más altos, como lo son el bien común y el interés general. La proposición de adición al artículo 71 constitucional otorga al pueblo la facultad de presentar iniciativas de ley y con ello transformar la vida de nuestro país. Recientemente el diputado, Amador Rodríguez Lozano presentó una interesante iniciativa de reforma del Estado y en ella insertó, entre otras figuras, a la iniciativa popular bajo el argumento de que "La iniciativa popular es un instrumento delicado que conviene ordenar de manera puntual, a efecto de evitar su utilización de una manera desordenada. No hacerlo así conllevaría el riesgo de que la institución llegase a ser utilizada como un instrumento de ataque al propio régimen democrático. Por ello es que, teniendo en mente los ejemplos proporcionados por el derecho comparado, en el presente proyecto de reforma, se propone acotar la iniciativa popular con base en los siguientes parámetros: a se establece un porcentaje de electores requeridos para subscribirla y b se señala un criterio de distribución geográfica adecuada de los subscribientes..." Es importante resaltar este argumento, ya que es donde coinciden la iniciativa presentada al pleno de esta soberanía el 27 de marzo pasado y la que hoy suscribimos. Coincidimos en que no se puede dejar abierto el derecho del ciudadano para presentar iniciativas de ley o decreto. Necesario es acotarlo para no violentar no sólo el principio democrático que nos distingue de otros países con regímenes totalitarios y verticales, sino que se salvaguarda también el respeto a las instituciones democráticamente elegidas y se conserva el orden y la seguridad pública. La propuesta del diputado Rodríguez Lozano nos parece muy valiosa. Sin embargo la nuestra consiste en tratar de un modo especial la iniciativa popular, tanto que se le crea una ley reglamentaria especial que no incluye otras formas de participación directa de la ciudadanía y además busca tener como requisito un número de ciudadanos apropiado, facilitando su propio cumplimiento. Nuestra propuesta está apegada al realismo político que vivimos (actualmente de intensa participación ciudadana) y como elemento de salvedad para impedir un mal uso de este derecho, proponemos el siguiente requisito: cada ciudadano que suscriba una iniciativa popular deberá de estar inscrito tanto en el Registro Federal Electoral como en el Registro Único de Población. Además, proponemos la integración de un órgano promotor para que éste elabore y presente a la autoridad electoral federal, el proyecto de ley o decreto. El imponer, desde el texto constitucional, las limitantes a la iniciativa ciudadana, es un punto importante de tratar: con ella que se sostendría el principio de certeza jurídica y además, se cumpliría con las reglas que dicta la seguridad jurídica dentro del proceso legislativo, en el entendido de que ciertos temas de seguridad nacional no podrían ser tocados por la presión social ni los intereses de unos cuantos. Nos parece esencial aclarar que la iniciativa de ley es un acto jurídico que tiene por objeto presentar a discusión un proyecto de ley o decreto, que busca la aprobación del órgano creado con anterioridad para tal fin, por lo que la iniciativa ciudadana debe de guardar formas determinadas para su presentación. Ésta es labor de la ley que se propone y que reglamentaría esta prerrogativa ciudadana. Efectivamente la presentación de una iniciativa popular no tendrá efectos vinculativos para su aprobación, siendo que para tal efecto, se deberá de seguir el procedimiento establecido en el numeral 72 de nuestra Carta Magna. Por lo tanto, queda entendido que aquellos que suscriban una iniciativa popular no están creando una ley que entre en vigor de manera inmediata, sino únicamente están celebrando un acto jurídico que da inicio al procedimiento ordinario de creación de leyes, y por lo tanto, el legislador podrá aprobarlo o rechazarlo. Para la composición del presente proyecto se atendió a la doctrina, a las propuestas y leyes relativas a la iniciativa popular adoptadas por otros países del continente y a la legislación local en cada una de las entidades federativas de la nación, como el caso del Estado de Jalisco, pionero en la creación y aplicación de figuras que permiten la participación directa de la ciudadanía, tales como la propia iniciativa ciudadana, el referéndum y el plebiscito. Una de las grandes ventajas que la iniciativa ciudadana tiene radica en que el destinatario de las normas jurídicas plasmadas en leyes o decretos emitidas por los órganos legislativos de un país determinado tiene la posibilidad de proponer proyectos adecuados a su realidad, buscando su desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos sociales, implicando, con ello, el arribo de la justicia, la equidad y el bienestar social. La iniciativa ciudadana estrecha la relación del legislador con el pueblo de una manera más natural. Enriquece el procedimiento parlamentario al proponer, en la arena de la discusión política, ideas emanadas directamente de la sociedad. Con la iniciativa ciudadana se abren las puertas de la participación a la población organizada, fomentando el desarrollo de una política más activa, repercutiendo directamente en la cultura cívica de la nación. Otra característica de la iniciativa ciudadana es la neutralidad de su origen, ya que no contiene intereses particularmente partidistas. La ciudadanía presenta a través de este medio, sus necesidades de ordenamiento y regulación socio-jurídica, radicando ahí su importancia social. La iniciativa genera el compromiso ciudadano de cumplir con la ley o decreto que él mismo propone. Esto se debe de tomar en cuenta por el dictaminador. Estamos convencidos de que el artículo 41 de nuestro Código Fundamental, que establece el principio de representatividad no se corrompe, ya que por su texto se interpreta que la soberanía es ejercida por tres órganos de poder: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El facultar al pueblo directamente para presentar iniciativas de ley o decreto se entendería como una forma de auxilio con esos órganos para que se implementen en el marco jurídico-constitucional de nuestro país, las normas jurídicas que el pueblo necesita. Lo anterior obliga al Constituyente Permanente a establecer las bases o puntos fundamentales bajo los cuales el legislador le dé vida a la forma estructurada y organizada de presentar proyectos de normas jurídicas concretas. Dichas bases se encontrarían una nueva fracción IV al articulo 71 de la Constitución General en vigor. Pero, como todo derecho que se otorga a los ciudadanos o a los individuos en general, es necesario poner limites para evitar su abuso. Y en este caso, la manera de limitar esta libertad social sería la de delimitar su campo de acción, por lo que la iniciativa popular no tendría incumbencia en las materias siguientes:  Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  Iniciativas de índole fiscal o económico financiera y presupuestal  Iniciativas referente a las fuerzas armadas o de seguridad nacional  Iniciativas que se refieran a tratados o convenios internacionales  Reformas en materia electoral Estos candados tienen como fin proteger ciertas áreas estratégicas del ámbito federal, así como de estricta jurisdicción estatal, además de que, como en su caso señalará la ley reglamentaria, debe presentarse de tal modo que cuide las relaciones de subordinación con la autoridad, siendo éstas el respeto a la investidura del funcionario y la preservación del orden público. La ley reglamentaria establecerá aquellos requisitos mínimos que hagan viable la iniciativa, como serían el registro mínimo de suscriptores, lo que deberá hacerse con apoyo de la autoridad electoral; el carácter de interés general de la misma, lo que la hará prevalecer sobre otros ordenamientos jurídicos que la complementen o se contrapongan con ella; el establecimiento de un órgano promotor quien finja como representante para los efectos de la impugnación y las reglas de procedimiento del recurso que ataque una resolución del órgano instructor que le dé viabilidad y forma jurídica a la iniciativa. Como el sistema de integración de la iniciativa se asimila a los métodos de votación, es necesario reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para que le dé coherencia y unidad a la reforma que se propone. Además, es necesario darle atribuciones al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo que a su competencia corresponda, por lo que se integran reformas a la normatividad electoral federal como seria, además del Cofipe, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, en su caso, a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Para la aplicación de las normas que encuentran la exposición de sus motivos aquí, así como para su interpretación, se entenderá a las mismas como un sistema integral y como parte de un todo, que es el ordenamiento jurídico de nuestro Estado y se estará a lo dispuesto en la letra de la ley y a falta de ésta, a los principios generales del derecho. La posible ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 constitucional establece los mínimos requisitos de estructura y de discurso para darle viabilidad a la reforma, pero, en caso de procedimiento ante el órgano legislativo es necesario que tanto el articulo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establezcan el o los procedimientos que se deben de seguir en el caso de la presentación de una iniciativa popular. Por lo anterior, honorable Asamblea, pongo a consideración la siguiente iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 41 y se adicionan el artículo 71 con una fracción IV y el 99, con una fracción V-bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se crea la ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Artículo primero. Se reforma el articulo 41 y se adicionan una fracción IV al artículo 71 y una fracción V-bis al artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fracciones I y II... III. La organización de las elecciones federales, así como de la integración de la iniciativa ciudadana a que se refiere la fracción IV del articulo 71 de esta constitución, son funciones estatales que se realizan a través de un organismo publico autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el poder legislativo de la unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. . . . . . . . . . El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, computo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales, y la integración del órgano promotor de la iniciativa ciudadana a que se refiere la fracción IV del articulo 71 de esta constitución. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán publicas en los términos que señale la ley. IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizara la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado, de asociación, en los términos del artículo 99 de esta constitución y de presentar de manera organizada y respetuosa la o las iniciativas ciudadanas que tengan un proyecto de ley o decreto según la fracción IV del artículo 71 de esta carta fundamental. . . . . . . . . . . Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: fracciones I a la III... IV. A los ciudadanos mexicanos, siempre y cuando reúnan los requisitos siguientes: 1. Quienes suscriban la iniciativa deben de estar inscritos en el Registro Nacional de Población y en el Registro Federal deje Electores y contar con su credencial de elector, además de organizarse en la forma y términos que disponga la ley correspondiente. 2. Que el número de suscriptores represente el 5% del total nacional, o el 1% total de al menos 10 de las entidades federativas de la unión de los registros mencionados en el numeral 1 de esta fracción. 3. La materia de la iniciativa deberá referirse al otorgamiento de derechos o a la imposición de obligaciones, mismas que deberán considerarse obligatorias para la población en general. Queda prohibida la proposición de toda ley privativa, o que establezca tribunales especiales, tal y como lo dispone el artículo 13 de esta constitución. 4. Las materias que no pueden ser materia de iniciativa popular son: A. La reforma, adición, derogación, o en su caso abrogación, de normas contenidas en esta constitución. B. La reforma, adición, derogación, o en su caso abrogación, que tengan como fin ordenamientos de índole fiscal, respecto de las finanzas públicas de la Federación y respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación. C. La reforma, adición, derogación, o en su caso abrogación, que tengan como objeto la regulación de las fuerzas armadas o que correspondan a problemas de seguridad nacional. D. La reforma, adición, derogación, o en su caso abrogación, que se refieran a tratados o convenios internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal y que ratifique el Senado de la República. E. La reforma, adición, derogación, o en su caso abrogación, en normas de carácter electoral . . . . . . . . . . El procedimiento de la iniciativa ciudadana se regirá conforme a lo que establece el artículo 72 de esta constitución, en la ley reglamentaria de la fracción IV de este artículo así como en la reglamentación interna del Congreso de la Unión, y demás ordenamientos aplicables. Articulo 99... . . . . . . . . . . Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta constitución y según lo disponga la ley, sobre: Fracciones I a la IV... V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacifica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta constitución y las leyes; V-bis. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los dispuesto por la fracción IV del artículo 71 de esta. constitución; Fracciones VI a la IX... ARITUCLOS TRANSITORIOS Artículo primero. El presente articulo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo. El Instituto Federal Electoral, así como el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación tendrán un plazo no menor de 90 ni mayor de 270 días naturales para expedir los ordenamientos correspondientes e implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo. Artículo tercero. Una vez aprobada la presente reforma según lo dispuesto por el artículo 135 de esta Constitución, las Entidades Federativas de la República que tengan en sus constituciones locales, estatutos de Gobierno ó legislación ordinaria, disposiciones que la contravengan, tendrán un plazo no menor de 90 ni mayor de 270 días naturales contados a partir de ese suceso para adecuarlas a la misma. En caso que de no cumplimentarse, prevalecerá la presente disposición sobre los ordenamientos locales no armonizados con ésta. Artículo segundo. Se expide la ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos LA C. VICEPRESIDENTA. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Participación Ciudadana, atendiendo el pedimento verbal del ciudadano Diputado Enrique Villa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el ciudadano Diputado Martí Batres Guadarrama del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Iniciativa de Reformas al Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA. Con su permiso señora Presidenta. "El suscrito, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71" ( leyó completa su Iniciativa. Insértese) INICIATIVA DE DECRETO Por el que se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Honorable Asamblea: El suscrito coordinador del grupo parlamentario de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción ll, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración, de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reformas y adiciones al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Fortalecer al poder legislativo es una de las necesidades de la transición democrática. Transición por cierto inconclusa, y sin embargo ya hay quien pide echar marcha atrás. Hacer del Congreso un verdadero contrapeso volviendo eficaces sus atributos que ahora en gran medida se quedan en lo declarativo, resulta parte sustancial de lo que esta, la LVIII, Legislatura debe legar al término de su ejercicio. Sin un eficaz sistema de rendición de cuentas, no habrá confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos, mismos que no se agotan en el ejercicio del sufragio, sino se actualizan en el cotidiano ejercicio de un verdadero estado de derecho. El equilibrio de poderes en México, sigue siendo una aspiración. Tenemos un Poder Ejecutivo muy fortalecido en detrimento de los otros poderes. En ese sentido tenemos mucho por hacer. Las estructuras de hoy, son las mismas para un tiempo que ha sido superado. En el grupo parlamentario del PRD, por eso planteamos una nueva constitucionalidad. La iniciativa que presento ante esta soberanía, planteamos adicionar y modificar el articulo 93 constitucional, por que es en dicho artículo, donde se establecen parte de las atribuciones de control político que le corresponden ejercer al poder legislativo. Se trata de una disposición angular relacionada con las comparecencias, de la que deben derivar facultades reales de vigilancia del legislativo hacia la administración pública federal y que sin embargo en gran medida se tornan ineficaces y eso se refleja en el desencanto que han generado las recientes comparecencias de servidores públicos. Que los secretarios de despacho acudan a realizar la glosa del informe que anualmente presenta el titular del Ejecutivo, es un acto republicano necesario en un esquema de división de poderes. Que aunado a ello las cámaras puedan citar a servidores públicos a comparecer, para explicar asuntos de su competencia, es en sí mismo un acto de vigilancia. Sin embargo, eso no ha sido suficiente, pues dichas atribuciones hasta ahora no han evitado que en los hechos muchas veces se vea entorpecida la labor del legislativo, principalmente por funcionarios al servicio del poder ejecutivo. Si quien acude a comparecer no informa o lo hace con falsedad y eso no genera ninguna consecuencia, entonces nuestra normatividad no está funcionando. Las comparecencias de los servidores públicos no están dando todo lo que se espera de ellas, porque los funcionarios acuden ya con la convicción de que se trata sólo de un mal rato, durante el cual creen que su tarea es eludir cuestionamientos, evadir respuestas precisas, ignorar críticas, esperar que termine y retirarse a sus oficinas. Por eso planteamos, con esta iniciativa, hacer de las comparecencias de servidores públicos, un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y no la simple conjunción de monólogos, donde cada quien se va con lo que vino, situación que en muchas ocasiones sucede con el actual esquema, así como dotar a esta soberanía del carácter de autoridad competente para citar a cualquier persona que cuente con información útil para los trabajos del Congreso. Aquellos particulares relacionados en asuntos públicos de la competencia del Congreso, no podrían, en caso de aprobarse esta reforma, negarse a comparecer ante este poder, so pena de incurrir en desacato. Obviamente, lo mismo operaría en el caso de los funcionarios. Proponemos también, que quien acuda a una cita con el Congreso a comparecer, lo haga bajo protesta de decir verdad, respecto a lo que va informar y a las respuestas que formule a las preguntas que le sean presentadas por los legisladores. Aquel que mienta o no informe, por virtud de la reforma propuesta, sería sujeto a proceso por las responsabilidades jurídicas derivadas de esa conducta. En esto días estamos llevando a cabo las comparecencias de secretarios de despacho y de titulares de organismos públicos descentralizados, con motivo de la glosa del I Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal; se trata de un ejercicio en donde en algunos casos hemos constatado la falta de respeto, por parte de quienes deben informar y no lo hacen o lo hacen sólo parcialmente, somos testigos de cómo, a cambio de respuestas a preguntas concretas se ofrecen citas en oficinas ajenas al legislativo para desahogar los cuestionamientos de los diputados. Situación a todas luces anómala, dado que las respuestas las estamos esperando en la máxima tribuna de la nación. El parlamentarismo y el constitucionalismo, son dos conceptos de una misma acepción: Límites al ejercicio omnimodo del poder público. Esa es la razón más trascendente de la división de poderes, del parlamento y de la constitucionalidad. Se trata de una reforma del Estado, que busca ampliar la fuerza de este Poder Legislativo, para convertirlo en un auténtico poder el Estado. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 93. . . . . . . . . . . . . El Congreso de la Unión a través de cualquiera de las cámaras podrá citar a cualquier persona, para que aporte información respecto a asuntos de la competencia del Poder Legislativo. Quienes comparezcan ante el Congreso, lo harán bajo protesta de decir verdad. Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tienen facultad de integrara comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. ARTICULOS TRANSITORIOS Unico. presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente Palacio legislativo de San Lázaro a 25 de 2001. Diputado Martí Batres Guadarrama rubricas. LA C. PRESIDENTA. Muchas gracias señor Diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una Iniciativa de Reformas y Adiciones a los Artículos 418 y 419 del Código Penal Federal y al Artículo 149 del Código Federal de Procedimientos Penales. LA C. DIPUTADA ERIKA SPEZIA MALDONADO. Con su permiso señora Presidenta. (LEYO LA INICIATIVA COMPLETA. INSERTESE) Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Partido Verde Ecologista de México Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Presente. La suscrita, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputada de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen y posterior discusión en el peno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley: EXPOSICION DE MOTIVOS Durante las últimas décadas se ha incrementado la llamada "crisis de la biodiversidad" por su acelerada pérdida en todo el mundo. La deforestación y la fragmentación de ecosistemas se han reconocido en muchos países como unas de las principales causas de pérdida de la biodiversidad y se ha alertado sobre las consecuencias que estos fenómenos pueden tener sobre el bienestar de la humanidad y la salud general del ambiente. México es un país excepcionalmente favorecido por la naturaleza. Cuenta con una gama impresionante de climas y suelos, que permiten que en su territorio se desarrolle una gran variedad de ecosistemas forestales. Ellos contribuyen a la base de recursos naturales con los que cuenta la nación. Las múltiples combinaciones de climas, suelos, altitudes y latitudes dan como resultado un numero de contrastes, productos, paisajes; los bosques y las selvas producen una gran variedad de plantas y animales, bosques y las selvas producen una gran variedad de plantas y animales comestibles que forman parte de la dieta de los hogares mexicanos en el medio rural y son abastecedores primordiales de materiales para la construcción de viviendas en estas zonas. La actividad de aprovechamiento de los recursos forestales son fuente permanente de empleos o ingresos para quienes aprovechan los productos maderables y no maderables a nivel comercial, o bien aquellos que por su extraordinaria belleza son usados como recreativos y de esparcimiento. Los bosques, las selvas y la vegetación de las zonas áridas proporcionan servicios ambientales básicos que incluyen la regulación del régimen hidrológico, la recarga de los acuíferos, mantenimiento de la biodiversidad , la retención del suelo y la protección de este contra la erosión, generación de alimentos, contribución a la agricultura y ganadería. Son el hábitat para la fauna silvestre, regulan el clima, capturan y almacenan eficientemente el carbono de la atmósfera, que en forma de bióxido de carbono constituye uno de los principales gases que produce el efecto invernadero, y con ello contribuyen a mitigar el calentamiento de¡ planeta. Los recursos forestales tienen un papel muy importante en la protección de¡ ambiente a nivel local y regional. En las cuencas hidrográficas con fuertes pendientes, las raíces de los árboles cumplen con una importante tarea de sujeción de¡ suelo y defensa contra la erosión y el deslizamiento de tierras. El desmonte sin control en las partes altas de las cuencas, además de sus efectos locales, tiene grandes consecuencias aguas abajo, donde la infraestructura hidroagrícola e hidroeléctrica se congestiona y reduce su capacidad por el deposito y la acumulación de partículas de suelo. Además de los productos maderables los bosques, las selvas y la vegetación de zonas áridas cuentan con recursos forestales no maderables que se traducen en bienes y servicios de la sociedad y que contribuyen a la economía de las familias campesinas. Se tienen identificados mas de 250 productos en los que se incluyen hojas, frutos, rizomas resinas, gomas, ceras, corteza y hongos de los cuales aproximadamente 70 de ellos son de aprovechamiento comercial. La fragmentación de la vegetación tiene como consecuencia inmediata la reducción de¡ hábitat para las especies, lo que puede ocasionar un proceso de defaunación o desaparición parcial o total de comunidades de algunos grupos como insectos, aves y mamíferos. Las relaciones bióticas y abióticas de las comunidades también se pueden alterar en función del tamaño y la forma de los fragmentos, ya que al modificarse la distribución espacial de los recursos también se modifica su disponibilidad. El grado de interrelación de los fragmentos determina entonces la viabilidad de estas especies en el mediano y largo plazos, ya que si ésta no existe pueden producirse procesos de aislamiento, favorecerse procesos endogámicos o bien llegar hasta la extinción local de algunas especies. La deforestación, por tanto, puede ocasionar la extinción local o regional de las especies, la pérdida de recursos genéticos, el aumento en la ocurrencia de plagas, la disminución en la polinización de cultivos comerciales, la alteración de los procesos de formación y mantenimiento de los suelos (erosión), evitar la recarga de los acuíferos, alterar los ciclos biogeoquímicos, entre otros procesos de deterioro ambiental. En síntesis, la deforestación es una causa de pérdida de la diversidad biológica a nivel genético, poblacional y ecosistémico. Nuestro país conserva solamente el 10% de sus recursos naturales originarios sin embargo, la riqueza forestal de México es todavía importante. Durante 1994 el Inventario Nacional Forestal Periódico Determinó que el 72% del territorio nacional, es decir 141.7 millones de hectáreas, esta cubierto por diferentes tipos de vegetación forestal. Décimo lugar del mundo con respecto a su extensión forestal. En total 28% de la superficie del territorio nacional es arbolada, ya que los bosques y selvas en conjunto cubren 55.3 millones de hectáreas. México también se distingue por sus altas tazas de deforestación según datos oficiales se han obtenido cifras que varían entre 400 mil a 1.5 millones de hectáreas anuales con distintos niveles de afectación. Este rango tan amplio en los valores se debe a la heterogeneidad de la información que se utiliza para estimar las tasas de deforestación, como son diferentes definiciones y enfoques, diversas metodologías, distintos tiempos y distintas escalas geográficas de análisis. Independientemente de la variabilidad, los valores reportados son muy altos y denotan una pérdida anual considerable de los ecosistemas naturales. Nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial con respecto al numero de hectáreas deforestadas anualmente. Las cifras son bastante alarmantes. En un periodo de 20 años crecieron 6 millones 281 mil hectáreas, las tierras dedicadas a las actividades agropecuarias. Las pérdidas de zonas maderables muestran que la deforestación no sólo ha afectado a los ecosistemas naturales, sino también a los cuerpos de agua superficiales y por tanto a los recursos hídricos del país. Las tasas de deforestación más altas se registraron para comunidades riparias o de freatofitas, como la vegetación de galería (3.6%), palmares (1.6%) y mezquitales (1.1%), registrándose también una disminución de los cuerpos de agua dulce epicontinentales (0.83%). Debemos considerar que existen muchos factores que causan la deforestación en nuestro país entre las que destacan podemos mencionar:  Los cambios de utilización de terrenos forestales para fines agropecuarios; que van desde el 45% en zonas templadas al 60% en zonas tropicales. En el ámbito local el crecimiento de la mancha urbana ha generado también un impacto negativo, como ejemplo, el Valle de México ha perdido el 95% de sus zonas boscosas originales.  Los incendios; sus principales causas son las actividades agropecuarias que representan un 54%, cambios intencionales de uso de suelo un 16% y actividades silvícolas un 2%  La tala legal y clandestina; si consideramos que la pérdida por tala legal es de¡ 10% en zonas tropicales , en cuanto a la tala clandestina es razonable suponer que el efecto es igual o mayor. Tan solo en el rubro de leña combustible se estima que en México se consumen anualmente 37 millones de metros cúbicos de madera, lo que significa casi cinco veces la producción forestal maderable autorizada.  Los ataques de plagas y enfermedades; estas afectan a las áreas forestales que no tienen ningún tipo de manejo, asimismo el clima y la orografía restan vigor al arbolado. El 80% de la superficie forestal nacional es propiedad de ejidos y comunidades, el 15% es propiedad privada y únicamente 5% son terrenos de la nación. La propiedad social integra una población estimada de 10 millones de habitantes, de los cuales mas de¡ 27% habla alguna lengua indígena, que es el 28% de las comunidades rurales del país, es decir 8 mil 417 son poseedores de recursos forestales. Ahora, es necesario considerar los factores culturales, económicos y legales:  Agricultura itinerante; situándonos en un contexto de presión demográfica y pobreza del sector rural, resulta literalmente imposible al menos minimizar la practica de roza-tumba-quema. Por el contrario la pulverización de la propiedad rural y la falta de créditos, maquinaria agrícola y fertilizantes, trae como consecuencia la extensión de la frontera agrícola.  Incentivos nocivos; los subsidios crediticios a la ganadería extensiva y los subsidios de Procampo parecen tener un vínculo con la destrucción de áreas boscosas. Además Procede programa para la parcelación y titulación de terrenos ejidales en propiedad privada, no incluye las zonas forestales incentivando aún mas el desmonte.  Problemas de propiedad y usufructo; La Ley Agraria determina que los bosques y selvas tropicales dentro de un ejido no son parcelables, es decir, todos los ejidatarios son dueños de las zonas boscosas pero no pueden reclamar su parte para aprovechamiento agregando que los bosques se consideran bien publico. Esto desincentiva a los ejidatarios para ver al bosque como una posible alternativa de generación de ingresos. El bosque se vuelve tierra de nadie, lo que propicia una tala clandestina y la explotación legal excesiva de personas o empresas ajenas al ejido. Este problema también se presenta en las áreas naturales protegidas.  Pobreza presupuestal; debido al mal manejo de los recursos asignados a este sector, resulta difícil el trabajo de protección y rehabilitación de los recursos forestales por lo cual no es de extrañarse que la autoridad se vea impedida de aplicar la normatividad vigente, que los expedientes se acumulen y que la corrupción sea constante. Para impulsar la producción silvícola garantizando un manejo sustentable del recurso, es necesario redefinir los términos y condiciones de los programas de aprovechamiento, protección, cuidado y conservación así como perfeccionar los sistemas de protección y vigilancia. México, siendo un país megadiverso, requiere conocer estos procesos de deterioro del ambiente para tratar de revertir el problema de pérdida de biodiversidad antes de que sea demasiado tarde. Los ecosistemas más amenazados de¡ país por su grado de fragmentación se encuentran distribuidos de manera diferencia¡. Los fragmentos de vegetación tropical se encuentran distribuidos más o menos homogéneamente en las regiones tropicales de México (costas del Pacífico desde Nayarit hasta Chiapas, costa del Golfo de México desde Veracruz hasta Tabasco y la península de Yucatán); en tanto que las regiones áridas más afectadas por fragmentación, en su mayoría, se encuentran en el noreste de México (Tamaulipas y Nuevo León), en algunos estados de la altiplanicie central del país (Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo) y en algunos estados de la costa este (Colima y Jalisco). Los fragmentos de regiones templados que presentan una mayor amenaza se ubican en su mayoría en la Sierra Madre del Sur, el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre de Chiapas. Asimismo, el problema de la fragmentación de ecosistemas es aún más severo. La mayoría de los fragmentos, incluidos dentro de las categorías comprendidas entre 21 y 100 m/ha, se perdieron durante un periodo de 20 años. Esta pérdida seguramente repercutirá negativamente en el manejo y conservación de hábitats, así como en la calidad y salud del ambiente. Es necesario adecuar la normatividad penal de nuestro país para que el delito ambiental que contempla actividades como la tala ilegal sea un efectivo desincentivizador de las actividades relacionadas con el saqueo de nuestros bosques. El delito ambiental del que estamos hablando no es considerado como grave, por lo que todos los que cometen un delito ambiental, gozan del beneficio de la libertad provisional, situación que debería de cambiar en virtud de la importancia del bien jurídico tutelado, ya que las afectaciones a los ecosistemas forestales, como se había mencionado anteriormente contribuyen a una gran cantidad de resultados nocivos para el ambiente. Por otro lado, en muchas ocasiones es habitual que la madera talada ilegalmente sea transportada en distintos vehículos por personas asociadas, dichos vehículos transportan menos de cuatro metros cúbicos de madera en rollo o su equivalente, evadiendo de este modo la acción de la justicia, por lo que proponemos que se disminuya la cantidad de madera de cuatro metros cúbicos a dos metros cúbicos. En mérito de lo anteriormente expuesto pongo a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente: DECRETO Por el que se reforma y adicionan los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal y el Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo primero. Se reforman y adicionan los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal para quedar como sigue: Artículo 418. Al que sin contar con la autorización que se requiera conforme a la Ley Forestal, desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale árboles, realice aprovechamientos de recursos forestales o cambios de uso del suelo, se le impondrá pena de tres a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a treinta mil días multa. La misma pena se aplicará a quien dolosamente ocasione incendios en bosques, selva, o vegetación natural o terrenos forestales que dañen recursos naturales, la flora o la fauna o al ambiente o los ecosistemas. Artículo 419. A quien transporte, comercie, acopie o transforme recursos forestales maderables en cantidades superiores a dos metros cúbicos rollo o su equivalente, para los cuales no se haya autorizado su aprovechamiento conforme a la Ley Forestal, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y de trescientos a treinta mil días multa, excepto en los casos de aprovechamientos de recursos forestales para uso doméstico, conforme a lo dispuesto en la Ley Forestal. Artículo segundo. Se reforma y adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue: Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: 1. Del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, los delitos siguientes: Del numeral 1, al 33, .... Numeral 34, Utilización de recursos forestales maderables, previsto en el articulo 418 y 419 del Código Penal Federal. Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 10 días de septiembre de 2001. Diputados: Erika Elizabeth Spezia Maldonado, Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González; de otras fracciones parlamentarias: Félix Salgado Macedonio, Irma Piñeiro, Adela Cerezo Bautista, Juan Carlos Saiz A., César H. Duarte, Angel Meixueiro, Alfonso Vicente Díaz y Víctor E. Díaz P.