El diputado Enrique Ariel Escalante Arceo: Con la autorización de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: la pretensión de esta iniciativa es reformar y adicionar la fracción IV del artículo 115 y adicionar una fracción IX al mismo numeral. En diversos foros relacionados con la problemática que enfrenta el municipio libre ha quedado de manifiesto que el financiamiento de las funciones y los servicios públicos inherentes a esta esfera de gobierno es uno de los retos cotidianos. La consecuencia de este fenómeno generalizado es la demanda de mayores participaciones, transferencias desde los niveles superiores de responsabilidad gubernativa. Los municipios de México enfrentan una deuda pública de grandes proporciones, que es trasladable a los ciudadanos que habitan en sus jurisdicciones. Este fenómeno repercute sensiblemente en las decisiones de este nivel de gobierno, ya que los ingresos municipales están comprometidos en pagar una deuda contratada con instituciones crediticias, que se presenta poco manejable para estas administraciones, el pasivo con proveedores, del que no se tiene información fidedigna, así como el pago de dietas, sueldos y salarios de la administración municipal y el financiamiento de la obra pública. La crisis financiera que enfrentan los gobiernos municipales pone en riesgo su capacidad operativa en la provisión de bienes y servicios públicos que la sociedad está demandando y restringen la autonomía municipal. El compromiso popular para cumplir las funciones y los servicios públicos que la fracción III del artículo 115 consigna a esta esfera municipal requiere un gasto sustancial de los ingresos propios, y de las participaciones federales y transferencias. El acceso a los créditos para financiar la obra, la obra pública municipal, se restringe por la insolvencia y por el histórico acumulado. De acuerdo con los datos proporcionados por el Indetec en septiembre de 2004, el total de la deuda registrada por los municipios fue de 7 mil 652.5 millones de pesos. A esto debemos añadir que nuestra fuente de información también reporta un monto de 17 mil 179.6 millones de pesos correspondiente a la deuda de organismos estatales y municipales, entre los que se encuentran Comisiones Estatales de Agua, principalmente. Asimismo, los gobiernos municipales enfrentan adeudos en materia de aportaciones de seguridad social, adeudos a la Comisión Federal de Electricidad, adeudos fiscales por derecho de uso de agua en bloque, derechos de descarga y uso de bienes nacionales como cuerpos receptores de aguas residuales, así como el histórico problema de adeudos por retenciones omitidas del Impuesto sobre la Renta de los trabajadores municipales y de sus organismos. Por otra parte, debemos tener presente que la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 2-A, fracción III, en su fórmula de cálculo de las participaciones, pondera el esfuerzo recaudatorio de las administraciones municipales en materia de impuesto predial y derechos de agua en los dos años próximos anteriores al año en que se realice el cálculo. Partiendo de este precepto, debemos analizar la posición de los ayuntamientos desde la perspectiva política ya que, por ser una instancia de gobierno, éstas son electas democráticamente por la ciudadanía. Teniendo presente lo anterior, debemos imaginar la gravedad de los compromisos políticos que contrae una administración municipal y por los cuales se inhibe o deja de ejercer la facultad coercitiva de exigencia de impuestos, derechos y aprovechamientos a determinados contribuyentes. Esta actitud se basa en la premisa política de que "cobrar impuestos es impopular". Las reformas constitucionales en materia de hacienda pública municipal, desde 1917 hasta la gran reforma del artículo 115 impulsada por el Presidente de la Madrid en 1983, se basaron en especificar cuáles eran las fuentes tributarias de competencia de esta esfera de gobierno. La otra gran reforma, impulsada por la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, reforzó la base tributaria y otorgó el estatus de gobierno al municipio libre. A pesar de este gran avance en materia municipal, observamos un rezago sustancial en la eficiencia de las haciendas públicas municipales dado que, según los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la recaudación nacional del impuesto predial no es mayor de 0.23 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que países con economías similares a la nuestra rebasan 1 por ciento de su producto doméstico y los países miembros de la OCDE rebasan 1.5 por ciento de su PIB en materia de recaudación de impuestos prediales. Existen municipios que ingresan menos de 5 por ciento de su gasto total por concepto de ingresos propios. La media nacional de ingresos propios frente al gasto total de las ciudades grandes del país, en las que se concentra 75 por ciento de la población nacional, no rebasa 36 por ciento de ingresos propios con relación a su gasto total. De lo anterior se deduce que los ayuntamientos dependen en gran medida de las transferencias del Gobierno Federal y de los estatales. En resumen, a pesar de los avances en materia municipal a nivel constitucional, es evidente la baja capacidad recaudatoria de los municipios de México. Con la presente iniciativa queremos complementar las capacidades administrativas, técnicas y operativas de las haciendas municipales, dotándolas de una alternativa jurídica que les permita mejorar la eficiencia en la recaudación y el control de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a través de un mecanismo de colaboración que impulse la acción compartida de las responsabilidades de administración tributaria de los municipios. Con este marco jurídico alternativo, que propone la asociación entre municipios en materia fiscal, los ayuntamientos recaudarían mejor sus impuestos propios y, como consecuencia, incrementarían sus ingresos, lo cual se vería reflejado en sus participaciones federales, que crecerían proporcionalmente. Aunado a ello, los organismos que se creen como producto de esta reforma podrían concentrar los recursos humanos más especializados y establecerían programas de fiscalización más eficientes. Asimismo, podrían desarrollar bases de datos más amplias para ubicar mejor a los contribuyentes con el soporte de tecnologías de la información más avanzadas. Promoverían un mejor uso y manejo de la información tributaria, así como una mayor presencia fiscal de la autoridad tributaria. En suma, los contribuyentes tendrían mayores riesgos en la evasión y, por tanto, se fomentaría el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos. Entre las ventajas que ofrecería este mecanismo jurídico alternativo estarían la reducción de los costos de administración para la hacienda pública municipal que participen en estos convenios, lo cual generaría una economía de escala; sería políticamente menos cooptable; se daría asesoría en la elaboración de tablas de valores unitarios de suelo y construcción, y asesoría en la elaboración de sus leyes de ingresos; traslación del ejercicio coercitivo en el requerimiento de pago; y acceso a mejores sistemas informáticos. Los beneficios de esta propuesta no sólo se reflejarían en las haciendas municipales, sino que también facilitarían al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones, la homologación y simplificación de los procedimientos de pago mediante formatos únicos de declaración, asesoría al contribuyente y certeza jurídica. Partiendo de estas ventajas en ambas partes, el mecanismo de coordinación administrativa en materia fiscal municipal que esta iniciativa propone también otorgaría un margen para que los gobiernos municipales puedan sustraerse de sus compromisos políticos adquiridos, que finalmente se pueden traducir en la reducción de sus ingresos. Los antecedentes de mecanismos de colaboración en materia fiscal no son ajenos a la realidad nacional, pues existen experiencias probadas, como los convenios de colaboración administrativa, los convenios de colaboración fiscal, los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la propia ley de la materia, por medio de los cuales la Federación delega y comparte la fiscalización, recaudación, comprobación, determinación, imposiciones de resoluciones administrativas y desarrollo de procedimientos administrativos de ejecución de créditos fiscales. Y concluyo, diputada Presidenta, diciéndole que lo que ocupa a esta propuesta, para adicionar una fracción IX al artículo 115, pretende que tanto los servicios públicos como la administración de los ingresos fiscales municipales cumplan determinadas condiciones contenidas en los convenios de delegación y coordinación donde se propicie la eficiencia y se respete la autonomía municipal. Es cuanto, diputada Presidenta.