La presidenta María del Rosario Piedra Ibarra (vía telemática): Gracias, muy amable. Buen día, ciudadana diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudadanos y ciudadanas secretarios, ciudadanas y ciudadanos diputados y senadores, de todos los partidos, acudo ante esta soberanía a efecto de dar debido cumplimiento al artículo 102, apartado B de la Constitución, así como a los artículos 15 y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y rendir cuentas de mi gestión durante el año 2020, cuyo texto íntegro ha sido entregado a la Secretaría Técnica de la Mesa directiva, en su versión escrita y electrónica, pero además, se encuentra ya disponible en nuestra página institucional. Cuando asumí este encargo me comprometí a reformar la Comisión para entablar con ella una mejor y más eficaz defensa de los derechos humanos en México, colocando en el centro el interés de las víctimas. No ha sido fácil porque ha implicado romper inercias y prácticas arraigadas, pero también falta de entendimiento y de compromiso de algunos con quienes iniciamos en este empeño. Por eso, hemos corregido lo que tuvimos que corregir y hemos procurado construir y estimular una mística de servicio. Hemos hecho ajustes diversos en el gasto e iniciamos un redimensionamiento de la estructura de la Comisión para ser más eficaces y menos costosos para el pueblo. Agradezco, en primer término, a todo el personal de la Comisión, desde el personal operativo, analistas y visitadores adjuntos, hasta a las directoras y directores generales por su apoyo y compromiso. Hemos ido conformando un gran equipo en el que cada quien cumple con sus funciones y tareas. Este es un trabajo de equipo sin el cual no sería explicable lo que hoy doy cuenta. Estamos inmersos en un profundo proceso de reforma interna, para lo cual, entre otras acciones, se ha impulsado la revisión de los procesos y procedimientos, pero además, también para que el costo burocrático no ahogue el presupuesto que el pueblo otorga a la Comisión, priorizando el funcionamiento de las áreas sustantivas y reduciendo el gasto de operación en un 36 por ciento, de tal suerte que sea un organismo menos costoso y más eficiente. Esto se ha tenido que hacer en circunstancias difíciles, tomando en cuenta la pérdida de documentos de quejas y expedientes, debido a la toma de una de nuestras oficinas y, sobre todo, a la contingencia provocada por el Covid 19, a pesar de lo cual se han logrado avances en las transformaciones institucionales, sin dejar de trabajar ni un solo día. Mientras en otros países muchas comisiones y defensorías de derechos humanos cerraban sus puertas, nosotros las mantuvimos abiertas, privilegiando nuestra misión constitucional, pero a la vez, preservando la salud de empleados y funcionarios, trabajando con 30 por ciento menos del personal normal y a veces con 50 por ciento menos por las restricciones sanitarias. A pesar de estas restricciones hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Para ese efecto establecimos un control de guardias del trabajo remoto en resguardo domiciliado, de manera que se garanticen los servicios de las áreas sustantivas. Además, iniciamos la modalidad del seguimiento en línea de las quejas presentadas, de manera que los quejosos puedan acceder al seguimiento de las mismas y saber si son o no atendidas en tiempo y forma. Y la implementación de las oficinas móviles. Brindando, la primera, sus servicios en Doctor Mora y Avenida Juárez. Y otra, en Plaza Tlaxcoaque o adonde se requiera el servicio dentro de esta Ciudad. Y el año próximo estaremos operando otras dos unidades en el interior de la República. Implementamos un sistema de atención, seguimiento y control, que nos ha permitido laborar las 24 horas de todos los días, respetando los protocolos de salud aconsejados por la autoridad, asegurando las condiciones de seguridad indispensables para la salud del personal, y a la vez atendiendo las quejas y denuncias de las víctimas mediante la compaginación de trabajo presencial y trabajo remoto. Gracias a lo cual afortunadamente no hemos rebasado el 10 por ciento de contagios en nuestro personal. Y algo muy importante, que en el año 2020 el trabajo no menguo a pesar de la pandemia, con todo y el cuidado que se ha tenido en el gasto y la austeridad con que se manejan los recursos. Hoy se emiten más acciones de inconstitucionalidad y más recomendaciones que en el pasado, privilegiando, sobre todo, el interés de las víctimas, dándoles el seguimiento puntual y riguroso que estas nos demandan. Asimismo, se fortaleció la plataforma Educa CNDH, para ampliar los alcances del programa de capacitación de la comisión y particularmente en esta etapa hemos dado respuesta a la creciente demanda que recibimos de manera virtual. Desde el primer día que asumí la conducción de la CNDH decidí varias cosas. Una de ellas, abrir las puertas de la comisión a todas y a todos. Y otra, dar la dirección de las visitadurías a activistas sociales o a víctimas de violaciones de derechos, que llevan la visión de las víctimas al corazón mismo donde se debe hacer su defensa. He querido que la comisión sea la casa de las víctimas y que sus funcionarios principales sean su voz y sus manos. Esto es lo que explica, en buena medida, lo que pasó el 4 de septiembre de 2020 y mantiene retenidas nuestras oficinas de la calle de Cuba. Desde luego, también hubo una parte de descuido y omisiones de años frente a las demandas de las víctimas y, por lo que toca a nosotros, lo asumimos como una oportunidad de acercarnos aún más a las víctimas y mejorar nuestro trabajo. Lo que sí quiero decir es que no queda ya en esas oficinas ninguna de las víctimas cuyas demandas motivaron la toma. A todas se les ha atendido y se les sigue acompañando. Son casos complejos, porque requieren de la participación de otras autoridades locales y federales, pero cuando ha sido necesario hemos atraído los casos y en todos estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para resolver todas, para resolver. Hoy todas ellas saben que cuentan con nosotros. Ya era parte de mi programa, pero los hechos nos permitieron poner a prueba el replanteamiento que propuse del Programa de Atención a Víctimas, con énfasis en la atención a las mujeres violentadas en sus derechos, derivado de lo cual hoy la Comisión ofrece apoyos directos a las víctimas en sus esfuerzos de gestión y seguimiento de sus casos. Y mantenemos la propuesta de que las oficinas de Cuba 60 se conviertan en un centro de atención a las víctimas, en donde podamos seguir atendiendo los cientos de quejas ciudadanas de todo el país y a la vez concurran múltiples esfuerzos institucionales de organizaciones y colectivas, por lo que exhorto una vez más a quienes hoy ocupan nuestras oficinas para que se sumen a este esfuerzo. Además, de aquellas derivadas de la pandemia del Covid-19 son muchas y variadas las demandas por la violación de derechos humanos en el país, pero tres grandes destacan, porque reclaman el trabajo no solo de la CNDH, sino de los tres poderes de la unión, de los gobiernos de los estados, de los ayuntamientos, de jueces y fiscales, y desde luego de los organismos defensores de derechos humanos de los estados y las instancias de atención a las víctimas para que, entre todos, formulemos las soluciones y respuestas que nos exige el pueblo, me refiero: a la violencia contra las mujeres, la atención a las familias de los desaparecidos y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y a los tres hemos dedicado la mayor atención. Sobre el apremiante tema de la violencia contra las mujeres, que es una pandemia tanto o más lacerante que la del Covid, hemos sido claros en nuestro reconocimiento de que la violencia de género y la violencia feminicida son realidades que ameritan soluciones urgentes y contundentes. Hemos actuado y seguiremos actuando, tan es así, que hemos emitido ya varios pronunciamientos y exhortos a todas las autoridades, pero además hemos emprendido diversas acciones para que se atienda como asunto prioritario. El 7 de mayo emitimos un exhorto a los gobiernos federal, estatales y municipales a reconocer y emprender planes emergentes para combatir el problema contra las mujeres agravado por la contingencia sanitaria por el Covid-19, y el 8 de junio reiteramos este llamado ante la ausencia de respuestas adquiriendo el compromiso de elaborar una recomendación general para toda las instituciones federales y locales que en efecto fue emitida el pasado 30 de noviembre, incorporando además las demandas de los colectivos que habían ocupado en nuestras oficinas y que se sumaron a nuestro trabajo. Quiero agradecer aquí la participación y al apoyo decisivo de nuestra consejera Rosy Laura Castellanos Mariano. Algo que no podemos dejar de mencionar, fue el extrañamiento enérgico que el 3 de junio de 2020, emitimos respecto a la campaña Cuenta hasta 10, porque tuvo inmediata respuesta por parte del titular del Poder Ejecutivo federal, quien anunció el 8 de junio, en su conferencia matutina, que lo acataría estando aún a la espera que idénticas respuestas se tenga de las autoridades estatales y municipales. Además, la CNDH se sumó el 7 de julio a la campaña Nadie nace macho, de la Fundación Pozo de Vida A.C., con la finalidad de reforzar la necesidad imperante de generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres a través de la concientización especializada hacia los hombres. Hemos participado en los grupos de trabajo para dar seguimiento a los procedimientos de alerta de violencia de género. Se realizaron seis estudios, entre otros, la violencia contra las mujeres en el contexto del Covid-19. Rutas para que las mujeres accedan a las órdenes de protección y retos legislativos en materia de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres en México, y se elaboró el Informe alterno de medio término de la CNDH respecto a las observaciones finales, el Noveno Informe Periódico de México del Comité para la Eliminación de la Discriminación, CEDAW. Cabe destacar que además de la recomendación general 43/20, se han emitido varias recomendaciones al respecto, la 2/2020 dirigida al rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, debido a que se acreditaron violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La 10/2020 y la 11/2020 dirigidas a los gobernadores de los estados de Tabasco y Quintana Roo sobre las deficiencias que vulneran derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios de dichas entidades. La recomendación 15/2020 dirigida al titular del ISSSTE con motivo de la inadecuada atención médica otorgada a una mujer durante el parto y a su recién nacido, lo que derivó en el fallecimiento de este último. La 26/2020 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, con motivo de la dilación en la atención médica de una mujer durante el trabajo de parto, situación que derivó en secuelas de salud para su recién nacida. Y la recomendación 40/2020 autoridades del estado de Chiapas y del municipio de San Cristóbal de las Casas, por haberse acreditado violaciones relacionadas con la impunidad en el feminicidio de una menor y la criminalización de tensión arbitraria y tortura en agravio de tres mujeres. Además de eso, la CNDH ha estado activa promoviendo y apoyando la ampliación de los recursos del Anexo 13, Erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres, en especial para las casas refugio y es este un buen momento para hacer un respetuoso llamado a las autoridades hacendarias para que a la brevedad se emitan los lineamientos que garanticen la continuidad de los recursos de apoyo a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, además de la urgente atención que reclaman las víctimas, la mayoría de las cuales son mujeres y familiares de desaparecidos. En 2020 iniciamos la implementación de unidades especiales en atención a las mujeres en las oficinas regionales de Morelia y Nogales, que en este año habrán de extenderse al resto de nuestras oficinas regionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la existencia de una debilidad institucional heredara para atender la crisis de desapariciones. Por tal motivo, este organismo nacional reconoce los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y personas que con su lucha perseverante han logrado que el tema de las desapariciones forme parte de la agenda nacional, y que las voces de la sociedad se concreten en exigencias al Estado mexicano para esclarecer sus casos y frenar la violencia que se presenta en varias regiones del país y, por ende, la desaparición de personas. Dentro de las actividades realizadas para dar seguimiento a los expedientes de queja iniciados en esta comisión, y para colaborar con los órganos de procuración de justicia en la búsqueda y localización de personas a través del Programa de Personas Desaparecidas, se llevaron a cabo mil 578 diligencias en diferentes entidades federativas, entre las que se encuentran 515 seguimientos a casos registrados en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (Sinpef), 229 asesorías jurídicas, así como 58 consultas de investigaciones ministeriales. Por otra parte, con la finalidad de colaborar en la búsqueda con vida de personas desaparecidas, personal de la CNDH realizó acompañamientos a centros de readaptación social, centros integrales de justicia, comisarías de policía preventiva, cárceles, centros de salud mental y servicios médicos forenses a personas quejosas y a familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos en todo el país. En cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas en fosas clandestinas, se realizaron 244 acompañamientos individualizados y a través del Progama de Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos (Províctima) realizó otros 50 acompañamientos, igual en distintos estados del país. Quiero destacar que, dado que ambos programas, el de Personas Desaparecidas y Províctima duplicaban funciones y se favorecía a ciertos grupos de búsqueda, marginando a otros, se está trabajando en la reorganización de ambos, actuando en la función que les corresponde, siempre en favor de la víctima, agilizando la búsqueda en cuanto a las solicitudes de víctimas directas e indirectas, grupos de búsqueda y coadyuvando con las autoridades federales de una manera coordinada y más eficaz. Respecto al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tomé la decisión de desaparecer la Oficina Especial del Caso Iguala, por demanda expresa de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos. Eran evidentes las deficiencias, no solo en el seguimiento de la recomendación emitida en 2019, sino en la formulación misma de la investigación que siguió la queja. El seguimiento del caso se asignó a la Primera Visitaduría General y a la Coordinación General de Seguimiento a Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, bajo la idea de revisar el expediente integrado en la Comisión y hacer una valoración, tanto de las denuncias y su seguimiento, como de los alcances de la propia recomendación de las madres y padres de los 43 normalistas para coadyuvar con ellos en su demanda de una nueva investigación. Pero lo cierto es que hasta el primero de septiembre prácticamente no se había logrado avanzar. Fue a partir de esa fecha que se retomaron los trabajos del caso Iguala, procurando una estrecha comunicación con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, a la cual se le remitió un informe de análisis sobre el expediente de queja y sobre el seguimiento de la recomendación. Se reanudó, asimismo, la relación y comunicación directa con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIE, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo sus requerimientos y otorgándoles todas las facilidades para sus nuevas investigaciones. Igual se dio atención a los requerimientos de la Fiscalía General de la República, los cuales se dejaron de atender desde noviembre de 2019, y se reanudaron los trabajos de digitalización del expediente de queja del caso Iguala, para fines de sistematización, transparencia y protección de datos personales, los cuales se dejaron de trabajar en febrero de 2020. Nuestro mensaje a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos es que estamos con ellos en esta lucha, que es de toda la sociedad. Queremos caminar a su lado y no descansaremos hasta alcanzar la verdad y la justicia. Quiero referirme ahora a la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado, en el pasado reciente una respuesta a un clamor de años de diversos grupos de víctimas del Estado y de familiares de desaparecidos, que siguen esperando repuesta. El gasto de oficina es mínimo y el esfuerzo que implica es gigantesco. Hacer justicia a cientos de ciudadanas y ciudadanos reprimidos por el Estado, que siguen esperando el cumplimiento de la recomendación que se emitió en 2001 y muchos más que ni siquiera fueron tomados en cuenta, una deuda con la verdad, con la memoria y con la justicia. Como ustedes saben, la CNDH cuenta con varios instrumentos para apoyar a las víctimas. Pronunciamientos, exhortos, recomendaciones, acciones de inconstitucionalidad, medidas precautorias, acuerdos de atracción y todos los hemos ejercido con estricta observancia a la ley, siempre privilegiando la atención de quien se acerca a nosotros en busca de respuestas. También destaco que lo hemos hecho sin quebrantar nuestro sistema de defensa de los derechos humanos, en el que son partícipes en primera instancia las comisiones estatales, con quienes en lo particular y mediante la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos hemos procurado una relación de colaboración y coadyuvancia, y solo cuando se agota su acción intervenir desde el ámbito nacional. En los casos de atracción de quejas cabe mencionar el caso de una mujer saxofonista agredida con ácido en el estado de Oaxaca, el caso del desalojo violento de mujeres activistas en las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de México, en Ecatapec, el caso derivado del probable homicidio de Giovanni López, en el estado de Jalisco y más recientemente el caso de las manifestantes feministas reprimidas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. En 2020, fueron solicitadas a diversas autoridades 228 medidas cautelares o precautorias. Entre las más destacadas están las víctimas de Nochixtlán, Oaxaca, las de amenazas contra estudiantes de la Universidad Rural de Chiapas y para estudiantes de la Normal Rural de Morelos, entre otras, así como las de las víctimas de la comunidad de Arantepacua, en Michoacán y las de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde el pasado 21 de junio se produjo la muerte de 17 personas, entre ellas 2 mujeres. En el caso del seguimiento de las quejas y la emisión de recomendaciones, hasta el mes de agosto teníamos un rezago particularmente en las Visitadurías Primera y Sexta, desatención de colectivos y víctimas y hasta deficiencias serias en su integración que ponían en riesgo nuestra meta. Hasta ese mes, se había emitido 34 recomendaciones, pero desde el primero de septiembre, redoblamos nuestro trabajo, gracias a lo cual se emitieron en solo tres meses 69 recomendaciones más, haciendo un total al cierre de 103 recomendaciones, de las cuales 8 son por violaciones graves. En comparación con 2019, el último de la gestión que me antecedió, se tuvieron 99 recomendaciones, 4 menos de las que tenemos ahora, pero la intención no solo es sumar números y dar cuenta de muchas recomendaciones, sino que estas reflejen lo que las víctimas realmente quieren y que se cumpla cabalmente. A la fecha, tenemos 550 recomendaciones que están pendientes de conclusión, la mayoría desde hace varios años, entre otras, una de la guerra sucia que data del año 2000, una más del año 2004, respecto a crímenes cometidos en el estado de Veracruz por controversias agrarias y otra, un caso de desaparición forzada en el estado de Morelos del año 2005. Además, estamos revisando el seguimiento de algunas otras recomendaciones emitidas en el pasado, pero consideradas insuficientes por las víctimas, como la de Nochitlán, como la de los hechos acaecidos en la sierra de Zongolica, Veracruz en 2007 y, desde luego, la del caso Iguala y estamos trabajando recomendaciones a las autoridades actuales con un criterio de inmediatez, de manera que las víctimas no tengan que esperar meses y a veces hasta años para ser atendidas y reparadas sus violaciones. Es así, que hemos emitido recomendaciones para atender denuncias derivadas de la pandemia del Covid, entre otras, la 14/2020 sobre el caso del personal del Hospital General Aquiles Calles Ramírez del ISSSTE, pero además, hemos emitido diversos pronunciamientos con el objetivo de dar seguimiento para que los acuerdos y medidas de seguridad sanitaria anunciados por el Consejo de Salubridad General para atender la emergencia en nuestro país, se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos. El primero de abril de 2020, dictamos las medidas para atender de manera prioritaria las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con la contingencia sanitaria, generada por el Covid-19. El 23 de abril anuncié que para ayudar a la atención de la emergencia la CNDH aportaría 100 millones de pesos resultado de los ahorros que ya se tenían en nuestro plan de austeridad y reorganización. Y, el 24 de abril, emitimos un exhorto al Estado a adoptar medidas urgentes y complementarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la contingencia y lo mismo hicimos con respecto a las mujeres, las niñas y niños, personas en reclusión, población LGBTTTI, pueblos indígenas y afrodescendientes migrantes, entre otros. El pasado 6 de enero, emitimos un pronunciamiento para recordar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno su responsabilidad de garantizar el acceso universal a las medidas de protección y prevención en el contexto de la pandemia, incluida la vacuna para la prevención de la Covid-19. Hemos tomado medidas para velar porque las leyes dejen de afectar los derechos de las personas, por ello hemos presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un total de 113 demandas de acciones de inconstitucionalidad. Estas cifras son históricas para la comisión, pues en toda su historia no se habían impugnado tantas leyes ni se habían presentado tantas demandas. Sin embargo, estos números también reflejan que la tarea legislativa no se está elaborando con el cuidado y la atención debida necesaria para la vulneración de los derechos humanos por lo que estamos implementando una reingeniería de la secretaría ejecutiva, a efecto de atender con más énfasis y cuidado esta realidad. Entre las demandas que se presentaron en 2020, destacan las relativas a las reformas de la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal por una posible vulneración a la libertad de expresión. A los Códigos Civiles de Puebla y Veracruz para exigir que se permita el matrimonio igualitario en dichos estados. Al Código Penal de Querétaro que criminalizan el derecho a la protesta y a la legislación de Aguascalientes sobre el tema del pin parental y garantizar el interés superior de los menores de edad y su derecho a la educación. También impugnamos el delito de peligro de contagio del Código Civil de Nuevo León, ya que consideramos que no debe hacerse frente a la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid 19, con sanciones que vulneran los derechos de las personas. Particular atención nos ha merecido algunos temas, en particular la seguridad pública del país y el papel de nuestras Fuerzas Armadas en el contexto actual. La situación en los centros de reclusión, así como el fenómeno de la migración. Derivado de ello, el 12 de mayo pasado, públicamente expresó la CNDH su preocupación por la emisión del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo. Aclaro una vez más que no pudimos emitir acción de inconstitucionalidad, sencillamente porque la ley no nos faculta para ello. Como ustedes saben, los artículos 105 constitucional, apartado 2, inciso g) y 15, fracción XI de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el contenido de la ley reglamentaria y las fracciones I y II del artículo 105 de nuestra Constitución, nos señalan nuestros alcances y nuestros límites en este aspecto. Para no emitir una acción de constitucionalidad no significa que no tengamos estos instrumentos y los ejercemos. La CNDH ha estado dando seguimiento puntual y riguroso a la participación de la Fuerza Armada permanente en funciones de seguridad pública, listo para actuar en caso de violaciones a los derechos humanos. Por lo que recuerdo que el 21 de junio de 2020 emitimos un respetuoso exhorto a este honorable Congreso de la Unión para que a la brevedad posible defina en la legislación secundaria correspondiente los términos de extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria a que hace referencia el transitorio quinto del decreto, que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional y la manera en cómo deberá disponerse de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, a efecto de garantizar los derechos humanos. El exhorto fue inmediatamente aceptado y estamos en espera de que se cumpla. En el caso de los hechos acaecidos en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, en septiembre de 2020, hecho que cobró gran visibilidad mediática a partir de la difusión de un video, se emitió la recomendación 37-2020 sobre el caso de uso excesivo de la fuerza, que derivó en la violación al derecho de la vida, cometido por militares e indebida procuración de justicia por la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas. Y otra recomendación, la 50-2020 a la Guardia Nacional, que incluye también al Instituto Nacional de Migración respecto a hechos acaecidos en el mes de enero del año pasado, al acreditarse que elementos de ambas instituciones cometieron actos que violentaron los derechos de los extranjeros, quienes primero fueron golpeados y posteriormente trasladados a una estación migratoria en Chiapas. Como parte de nuestras funciones supervisamos el respeto de los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario de la República Mexicana, por lo que se implementó una estrategia en los centros federales de readaptación social, para llevar a cabo in situ, acciones de atención y fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. He de destacar también, que el 15 de abril se emitió el pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las personas privadas de la libertad en la República Mexicana frente a la pandemia por Covid-19. Y el informe especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-Cov-2, Covid-19. Como parte de la lucha por erradicar la tortura en México realizamos diversas acciones el año pasado, destacando el seguimiento a 78 casos que pudiesen constituir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Concluyo, por el tiempo. La verdad es que hemos hecho un esfuerzo sin precedentes para cuidar el gasto y evitar dispendios del presupuesto original por mil 800, un millón 874.2 millones. Se logró un ahorro de 308 millones de pesos. Comparado con el gasto de operación del ejercicio 2019, en el ejercicio 2020 se gastaron 157.3 millones de pesos menos, que es ese 36 por ciento como parte de las medidas de austeridad implementadas. Los gastos relacionados con papelería y material de administración generaron ahorros por aproximadamente del 50 por ciento, que incluye aquellos relacionados con el comedor de la CNDH, que además hoy da servicio al personal de las oficinas de la sede de la Presidencia.