El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputada Presidenta: pongo a consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa, que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, atento a la siguiente Exposición de Motivos Primero. Del análisis sistemático de los artículos 13, 126 y 124 de nuestra Constitución Política, en relación con los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, podemos concluir funcional y sistemáticamente que está prevista de manera lógica la protección del patrimonio público, que comprende el erario. Sin embargo, nuestra realidad nos evidencia otra cosa ya que, por ejemplo, en el caso de los despidos injustificados y el consecuente pago de las indemnizaciones, se realizan a cada momento y con mayor incidencia, en cuanto se dan los cambios de administración para dejar más. Esto se analiza a continuación. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 13: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar de más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y las faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. En el artículo 126: no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior. El artículo 134: los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como las respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados. Las adquisiciones, los arrendamientos y las enajenaciones de todo tipo, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de las licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas y requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia y parcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos económicos federales se sujetará a las bases de este artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases, en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo 8o.: todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: cumplir el servicio que se le ha encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; formular y ejecutar los planes y programas y presupuestos correspondientes a su competencia; y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. En el 3o.: utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión exclusivamente para los fines a que están hechos; abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado que no asista sin causa justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones, con goce parcial o total de sueldo u otras percepciones. Decimocuarto. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, recesión del contrato o sanción de cualquier servidor público cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a que se refiere la fracción XXI; abstenerse de cualquier acto u omisión que implique el incumplimiento de cualquier disposición legal reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respeto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas. El artículo 13 es muy claro: las sanciones por falta administrativa consistirán en una amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor de un año, destitución del puesto, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos o cargos o comisiones en el servicio público. Por lo expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar de la siguiente forma: Artículo Único. Se reforman los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, para quedar de la siguiente forma: Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI bienes inmuebles que pudieran incrementar su valor o en general que mejoren sus condiciones como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión. Fracción XXIV. Cuidar con la mayor eficacia y ética de los recursos públicos en el desempeño de sus funciones y evitar realizar cualquier despido injustificado con cargo al erario público por concepto de indemnizaciones. En todo caso, la erogación que se realice por concepto de indemnizaciones y salarios caídos que sean cubiertos subsidiariamente por la dependencia deberán ser cobrada por el servidor público responsable del despido injustificado en un término máximo de dos meses, sin perjuicio de aplicarse lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. En el artículo 13: Las sanciones por falta administrativa consistirán cuando no se causen daños; cuando la inhabilitación se imponga como en el caso de infracciones graves, se impondrá además la sanción de destitución. En todo caso se considerará infracción grave el incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X, IV, V, VI, XXIII y XXIV, para que una persona inhabilitada en contravención de lo dispuesto. En cuanto a los transitorios, el artículo primero: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Dado en el Palacio de San Lázaro, a los 14 días del mes de marzo de 2005. Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputada Presidenta.