El diputado Jaime Espejel Lazcano: Con su permiso, diputada Presidenta. Señoras y señores legisladores. Lo que denominamos reforma del Estado es un proceso de adecuación permanente entre los órganos del mismo y las transformaciones propias que se dan al paso del tiempo en la sociedad. En México el pluralismo político y social ha impulsado los cambios que han logrado incidir en la transformación de las instituciones públicas, al grado de haber logrado la consolidación vigorosa y una representación pluripartidista en el Congreso de la Unión y la alternancia del poder en el Ejecutivo federal. No se trata en esta ley de alterar principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, como el federalismo, la división de poderes, ni mucho menos el orden republicano, sino de garantizar el equilibrio de las relaciones entre órganos de Poder, en la que se incentive la negociación y la toma de decisiones por consenso. En nuestro país las principales reformas se han dado en el contexto electoral y no podía ser de otro modo, pues todo país que se precie de ser democrático tiene que cumplir, antes que otra cosa, con las reglas mínimas que garanticen que el juego electoral se realice de manera limpia, transparente y equitativa. La sucesión de reformas electorales es la que finalmente dio pauta a la pluralidad política, a la redistribución del Poder y a la democratización de nuestras instituciones. Sin embargo, este gran avance se muestra hoy incipiente, si lo comparamos con los retos que tiene México como país. Simplemente pensemos en un hecho incuestionable, y me refiero al hecho de que la pasada elección federal dejó rastros de incertidumbre jurídica, una duda no resuelta a cabalidad y como resultado de ello una sociedad dividida. La duda y la incertidumbre han sido el fundamento de una crisis de legitimidad que envuelve al actual gobierno y a las instituciones claves para el desarrollo del país. Por ello se hizo indispensable abrir el debate para nuevas reformas. El senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Juan Guerra presentaron sendas iniciativas de Ley para la Reforma del Estado, cuyos motivos y fundamentos coinciden en que la elección federal de julio de 2006 fue profundamente inequitativa; y como consecuencia de ello se generó un debate post electoral, enconado con posturas encontradas de las principales fuerzas políticas y desafortunadamente con la polarización de la sociedad. El dictamen de la iniciativa de la Ley para la Reforma del Estado que hoy está a discusión en esta Asamblea atiende también el desencuentro que ha habido entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para la construcción de acuerdos. Mismo desencuentro del que se han beneficiado los poderes fácticos, para orientar al país a esquemas de vacío legal que han llenado con operaciones y negocios ventajosos, como lo son los monopolios informativos, por ejemplo. Con esta ley nos estamos dando un tiempo límite y un listado mínimo de temas de capital importancia, sobre los cuales se empezarán a tejer los acuerdos entre las representaciones políticas, en un espacio institucional y reconocido por todas las fuerzas políticas, como el único espacio legítimo del diálogo, como es el Congreso de la Unión, al que debemos poner en el centro del debate, de cara a la ciudadanía. Tenemos la oportunidad de construir una nueva realidad nacional en la que el sistema político se transforme de tal manera que se funde una nueva relación entre la ciudadanía y el Estado, en la que éste adopte una posición sensible frente a los reclamos de la sociedad y le permita a la ciudadanía una participación real en los asuntos públicos. Los legisladores del PRD plantearemos en las discusiones que vendrán la vigencia de los principios fundadores de nuestro sistema constitucional; tales como el pacto federal, los derechos sociales y fundamentales, la forma de gobierno republicano representativa, democrático federales y ahora participativas, la colaboración entre poderes, el ejercicio de la libertad, la justicia social y la rectoría económica del Estado. Respecto de los cambios sustantivos que presenta el dictamen a discusión, en mi grupo parlamentario creímos indispensable la participación del Poder Judicial en los debates. Sin embargo, objetamos desde el principio los argumentos que llevaron a la supresión del tema hacendario, de las prioridades que marca el artículo 12 de esta ley, ya que los razonamientos vertidos son falaces, ni se trata de una competencia exclusiva de esta Cámara, ya que la materia hacendaria es federalista por decisión y tiene todo que ver con la Ley de Ingresos, que como toda ley es competencia de las dos Cámaras —termino, ciudadana Presidenta. Hoy, al aprobar la Ley para la Reforma del Estado, daremos un gran paso al consenso, el primer gran paso para la construcción de los acuerdos que le urgen a México. Invito a todos los diputados y diputadas de esta soberanía, a los senadores y a todas las fuerzas políticas, a que nos despojemos del egoísmo e hipocresía, fingiendo reformas que se dicen benefician a los mexicanos y sólo conducen a privilegiar a los grupos de poderes fácticos. Ninguna reforma que es profunda y benéfica para la sociedad debe quedar marcada por la prisa y el atropello de leyes y de reglamentos de este Poder Legislativo. Contrario a la práctica del albazo es el espíritu consensual de la ley que estamos a punto de votar. Seamos honestos en nuestra labor legislativa y convoquemos desde aquí, de manera abierta y generosa, a los ciudadanos y a la sociedad organizada, a que en este proceso de reforma del Estado sean ellos los que conduzcan primordialmente las deliberaciones, que sean ellos los que defiendan sus derechos, sus aspiraciones, sus sueños para sí y para sus hijos. El voto a favor de este dictamen expresará la fuerza de la voluntad política que tienen los legisladores y las legisladoras de los diferentes grupos parlamentarios, para replantear nuestras instituciones pues no podemos postergar los cambios necesarios para recuperar la confianza de las y los mexicanos. La posibilidad de que la reforma del Estado se concrete significaría un gran avance en el proceso de consolidación de nuestra democracia para asegurar el ingreso de México a la modernidad democrática y el progreso. Muchas gracias.