LA C. DIP. DIANA ROSALÍA BERNAL LADRON DE GUEVARA: Gracias señor Presidente. Señores diputados y diputadas al Congreso de la Unión. A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito presentar a su consideración la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y por una nueva cultura tributaria. No venimos en esta ocasión a proponer a esta honorable Asamblea que adopte leyes que impongan nuevos tributos a los ciudadanos y ciudadanas mexicanos. Si bien nuestro grupo parlamentario reconoce la necesidad de alcanzar una reforma fiscal que fortalezca los ingresos públicos sin afectar a las clases populares, el caso es que consideramos que los graves problemas de recaudación que presenta el país, menos del 12% del Producto Interno Bruto y sólo poco más de 7 millones y medio de contribuyentes en un país de más de 100 millones, no pueden solucionarse por la vía simplista de más y más cargas fiscales que recaen siempre sobre un grupo cautivo de contribuyentes. Efectivamente, México ha sido un país que durante muchos años ha carecido de cultura tributaria. La persistencia de un sistema de gobierno en el que estuvo ausente el cambio democrático, originó un grave divorcio entre ése Gobierno y su pueblo. Los ciudadanos y ciudadanas mexicano no encontraron razones para contribuir a los gastos públicos pues la ineficiencia y la corrupción del sistema han desalentado crónicamente a los contribuyentes nacionales. Ante el cambio democrático que vive el país es indispensable que el Estado haga una gran convocatoria a la Nación para fomentar el nacimiento y fortalecimiento de una cultura contributiva que permita incrementar el universo de contribuyentes y el monto total de recaudación. Las importantes y numerosas facultades de que hoy está dotada la Secretaría de Hacienda y que incluyen entre otras la presunción de ingresos por erogaciones del contribuyente, la presuntiva de ingresos acumulables y de base gravable, la posibilidad de efectuar visitas domiciliarias hasta por 18 meses e incluso en algunos casos por tiempo indefinido, la intervención a la caja, la caducidad hasta por 10 años de las facultades de las autoridades fiscales, la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda regularice el procedimiento de determinación de créditos en perjuicio del contribuyente a partir de una sentencia obtenida en un medio de defensa promovido y ganado por el propio contribuyente, no han servido, sin embargo, para incrementar la recaudación. La solución simplista de dar mayores facultades a la Secretaría de Hacienda, no puede ser la respuesta legislativa adecuada a esta grave problemática, pues las experiencias obtenidas avalan precisamente lo contrario. Los nuevos contribuyentes se rehúsan a ingresar a un sistema que resulta cada vez más riguroso y literalmente asfixiante. Las experiencias internacionales presentan en cambio, una clara tendencia a fortalecer los derechos y garantías del contribuyente, como medio más idóneo de incrementar la recaudación, pues el marco de certeza jurídica y la consagración legal y sistemática de nuevos esquemas de defensa, han incidido de manera importante en un crecimiento real y efectivo de los ingresos tributarios. La eficacia del fisco federal depende de que su incapacidad administrativa sea efectivamente sancionada, mediante las nuevas garantías otorgadas a los sujetos pasivos de los tributos. El objetivo de la nueva ley, por ello es reconocer y enunciar de manera sencilla los principales derechos y garantías de los contribuyentes sin desconocer ni invalidar aquellos que actualmente ya tienen, en virtud de las diversas leyes fiscales, principalmente el Código Fiscal. Introduce la ley medidas novedosas en el sistema fiscal, principalmente con dos objetivos: permitir y promover la incorporación de los contribuyentes, personas físicas al padrón tributario, garantizándoles la impunidad por las actividades gravadas que al margen de la ley hubieran podido venir realizando hasta antes de su inscripción y garantizar a los contribuyentes que ya se encuentran inscritos y que son objeto de auditorías por parte de la Secretaría, la posibilidad de regularizarse, mediante un acuerdo previo con la autoridad fiscal, que los autorice para corregir su situación sin entorpecer y descapitalizar su actividad productiva, efecto que actualmente llegan a producir las visitas fiscales. Dentro de este marco se sanciona a la autoridad hacendaria, si en los nuevos plazos para hacer valer sus facultades no lo hace. Se estima también, que la duración prolongada y a veces indefinida de las visitas de auditoría o la repetición de varias visitas a un contribuyente, sobre un mismo periodo y contribución, práctica no ajena a las autoridades hacendarias, provoca la falta de certeza jurídica entre los contribuyente e interfieren en el desarrollo de sus actividades, por lo que se propone, sujetar las visitas a nuevos plazos. La ley garantiza a las personas físicas y morales que por primera vez incurren en una infracción a las leyes fiscales, que traiga aparejada la omisión de contribuciones, una multa mínima, en lugar de la establecida hoy por el Código Fiscal. Se considera que este tipo de medidas en lugar de afectar, los ya por ahora pobres parámetros de recaudación de la hacienda pública, coadyuvarían a incrementar de manera notoria la recaudación, ya que muchos contribuyentes están esperando una oportunidad accesible que les permita regularizarse sin tener que pagar los altísimos costos que hoy día representa omitir una contribución y que en muchos casos, son de tal magnitud que aumentan hasta en mil por ciento la contribución omitida y paralizan la actividad económica del contribuyente. Es necesario un nuevo pacto fiscal entre los mexicanos y su gobierno, por eso la nueva ley contiene diversas disposiciones sobre información y transparencia del actuar hacendario. Asimismo se preceptúa la instrumentación de una campaña nacional tributaria que vincule en la conciencia popular, el sacrificio económico que representa el pago de impuestos, con el crecimiento de México y la política inquebrantable de destinar esas contribuciones al desarrollo social y al servicio público de la nación. La ley que se propone a la consideración de esta Legislatura tiene, entre otras ventajas, no requerir la creación de nuevos órganos administrativos, a efecto de llevar a cabo su aplicación y observancia, lo que no es beneficio menor en un Estado que precisamente sufre por lo menguado de sus finanzas públicas. Los diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática estimamos que no podrá ser únicamente a través de la política fiscalizadora y sancionadora de la Secretaría de Hacienda, que tiene su peor expresión en el llamado terrorismo fiscal, como podrá lograrse la contribución efectiva del pueblo mexicano a soportar las cargas fiscales indispensables para los gastos públicos y que es de importancia política inaplazable la efectiva convocatoria de este Estado a su pueblo, para que al recomponer la relación jurídico-tributaria en un marco de confianza, buena fe y acogida al contribuyente, se finque un pilar indispensable del nuevo pacto social que permitirá la prevalencia de la justicia y la modernización de la sociedad mexicana. El Partido de la Revolución Democrática refrenda así su compromiso y confianza en el pueblo de México, en él está el verdadero motor del cambio. Pido por favor al señor Presidente que se publique íntegra en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa con su exposición de motivos. Muchas gracias.