La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros. Lo primero que quiero hacer al hacer uso de esta tribuna es manifestarme a favor de la propuesta de mis compañeras diputadas: Ni una más. Alto ya a los feminicidios en México. Jaime Torres Bodet afirmaba que solo el desarrollo armónico y congruente de un grupo humano constituye un progreso cierto. Yo agregaría que cuando ese grupo humano es heterogéneo el progreso cierto se funde en la armonía, la inclusión y el respeto a la diferencia. Así, aunque la nación, en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se defina como una composición pluricultural reflejada en más de 89 lenguas incluyendo el español y una gran diversidad de etnias como las indígenas, mestizas, afroamericana, tenemos una realidad culturalmente depredatoria. El INEGI marca en sus estadísticas que en el 2010 habían seis millones 695 mil 228 hablantes de lenguas indígenas. Ello refleja un crecimiento de 1.3 millones desde la década del 90. Sin embargo considerando el aumento demográfico de México en ese mismo periodo, al contrarrestar el crecimiento de otras expresiones lingüísticas, hay una reducción porcentual que ha bajado del 7.5 en el 90 a 6.5 en el 2010. Adicionalmente a pesar del impulso que se pretendió dar a la educación indígena, cuya matrícula encontró su máximo histórico en el 2003, hoy se ha debilitado hasta llegar a una matrícula equivalente a niveles de 96, ello probablemente debido al tipo de globalización que vivimos, a la migración de educandos a programas educativos distintos, a la educación para indígenas y a nuestra concepción del impulso educativo se acerca más a una integración colonialista que a una inclusión democrática de cara al siglo XXI. Las cifras de las década del 90 son mejores que el aniquilamiento cultural de otros siglos o la perspectiva pedagógica del siglo XX en la que la meta explícita e implícita era una sociedad culturalmente homogénea, y la diversidad cultural era una barrera para el desarrollo. No obstante ello los programas de becas y los esfuerzos para un entorno bilingüe son hasta hoy insuficientes. Y los datos señalados no se alinean con los compromisos internacionales firmados por nuestro país ni con el sentido pluricultural del artículo 2o., de nuestra Constitución. En esta realidad advertida esta Cámara desde el año 97 ha intentado impulsar constitucionalmente un desarrollo incluyente con varias iniciativas que no se han materializado. Por ello esta propuesta se distingue al explorar la posibilidad planteada por los tratados internacionales y su consideración jurisprudencial de frente a nuestro texto fundamental. Adicionalmente podemos recordar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 1989, ratificado por nuestro país el 5 de septiembre del año de 1990, que en el artículo 27 establecía que los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados, deberán desarrollarse, aplicarse en cooperación con estos, a fin de poder responder a las necesidades particulares y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y sus técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales, siendo las clases pluriétnicas de este país, la gran riqueza de nuestra historia y de nuestra cultura. Asimismo la declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 10 de septiembre del año 2007. Los indígenas en particular, los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado, sin discriminación alguna. Ambos documentos denotan el valor estratégico de la educación. Cabe señalar que con esta modificación buscamos los siguientes objetivos: facilitar la inclusión de la perspectiva de los pueblos originarios en los planes y programas de estudios; fortalecer la diversidad, la participación ciudadana y el sistema educativo nacional, y evitar que continúe la disminución de hablantes de lenguas indígenas. Esta iniciativa permitirá hacer viable la participación de las comunidades indígenas en el diseño de planes y programas de estudios, poniendo en sus manos el destino de sus rasgos culturales y de la herencia que dejen las futuras generaciones. Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 7o., y del artículo 48 de la Ley General de Educación. Muchas gracias, presidente.