EL DIP. SALVADOR COSIO GAONA: Con la venia de la Presidencia. La certidumbre es una necesidad requerida en el proceso legislativo y por ello resulta muy importante la actualización de cualquier precepto legal de los que norman la actuación de este Poder Legislativo y es el objeto de esta iniciativa. Y es que no obstante que existen postulados muy claros en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica del Congreso General, su Reglamento Interior y que da marco a la actividad parlamentaria, en la práctica muchos procedimientos parlamentarios se desahogan en forma diversa a los términos que se encuentran normados, sea por la costumbre, por la intención de agilizar trámites mediante acuerdos de dudosa legalidad y hay que decirlo en muchas ocasiones, por la interpretación interesada o arbitraria que de las normas procesales parlamentarias realiza la Presidencia de la Mesa Directiva. Así las cosas, no es extraño observar quejas y reclamos de legisladores que solicitan mediante mociones la revisión o al menos la aclaración en cuanto a las disposiciones que emite el Presidente de la Mesa Directiva. Por tal motivo, es que propongo esta reforma a los artículos 20, 22, 23, 38 y 40 de la Ley Orgánica, así como el artículo 18 del Reglamento, para establecer con claridad las atribuciones y obligaciones del Presidente de la Mesa Directiva, así como su responsabilidad legal al respecto, buscando acotar la discrecionalidad y en ocasiones arbitrariedad crasa con la que se conduce dicha autoridad camaral, en perjuicio de los miembros de la legislatura y la sociedad misma. Solamente como ejemplo puede citarse la omisión recurrente para dar cuenta y curso de las comunicaciones de los individuos de la Cámaras, así como de dictámenes presentados por diversas comisiones camarales, así como para atender estrictamente lo que indican, tanto la Ley Orgánica, como el Reglamento en cuanto a la formación, aprobación del orden del día, como fue el día de hoy, especialmente los continuos desapegos legales al conducir las discusiones y las votaciones, además, de la constante ilegalidad al privar de derechos a los legisladores sin que exista posibilidad de recurso alguno para corregirlo, por citar invariablemente la determinación de la autoridad que en muchas ocasiones no se apega estricta y rigurosamente a la normativa procesal parlamentaria que nos rige. En lo personal, la Presidencia de la Mesa Directiva ha sido omisa para dar cuenta y curso de varias comunicaciones y en muchas ocasiones ha resultado imprecisos y erróneo el curso otorgado a otros que si han conseguido ser enlistados y dárseles cuenta al pleno sin que se haya logrado al respecto la corrección al turno o trámite oficial señalado, no obstante al haberse realizado la petición insistente al respecto. Igualmente la Presidencia de la Mesa Directiva ha incurrido en prácticas discrecional, en cuanto a enlistar el orden del día correspondiente, dictámenes debidamente aprobados por comisiones legislativas, que los han turnado en tiempo y forma para desahogar el trámite correspondiente y buscar su aprobación. Por lo anteriormente señalado, es que planteo las siguientes reformas: Al artículo 20 de la ley Orgánica para que diga: "que la Mesa Directiva debe conducir las decisiones de la Cámara garantizando que prevalezca estrictamente lo dispuesto en la Ley Orgánica y Reglamento Interior"; La derogación del inciso b) de la fracción II del artículo 20 de la Ley Orgánica, donde establece actualmente que es una interpretación que debe hacer la Mesa Directiva, para que no sea interpretación, sino que sea una observación puntual de la Ley Orgánica y del Reglamento; La reforma al inciso c) de la fracción II del artículo 20 que actualmente establece, que la conferencia para la dirección, programación de la Cámara establecerá el candado legislativo y el orden del día básico, para que quede derogado y sea estrictamente lo que se proponga por los legisladores, se formule y apruebe por el pleno de la Cámara. La derogación del inciso d) del artículo 20 que establece que la Presidencia tiene la facultad para determinar r durante las sesiones las formas de deliberación correspondientes para que no sea así, sino que sea lo que estrictamente marca la Ley Orgánica y el Reglamento. El inciso 4 del artículo 22, que establecerá la responsabilidad política, civil o penal cuando el Presidente de la Mesa Directiva no cumpla en rigor con lo que establece el Reglamento de Ley Orgánica, dado que actualmente establece que solamente responde ante el pleno. Y el artículo 38 del Reglamento, que debe decir que debe de cumplir estrictamente con lo que establece la normativa y que el voto estará subordinado siempre en su accionar. Solicito sea publicado íntegro en el Diario de los Debates, en la Gaceta Parlamentaria y se turne para su dictamen a la Comisión de Prácticas Parlamentarias.