EL DIP. JOSE ANTONIO HERNANDEZ FRAGUAS: Con permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: La ley es la única fuente legítima de la administración pública. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hoy conoce esta asamblea es resultado de un intenso y respetuoso debate en la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Para el grupo parlamentario del PRI servir a la gente es lo más importante, servirla con lealtad, con probidad y con absoluto respeto a los derechos de las personas. Por ello, a lo largo de muchos años hemos impulsado un sistema de instituciones que cada día más y cada día mejor sirven a los mexicanos. Con la representación del grupo parlamentario del PRI, acudo a esta tribuna para explicar las razones que animan a nuestro grupo a respaldar en lo general el presente dictamen. Deseamos destacar que en función de informaciones en los medios de comunicación, se preveía la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, situación inadmisible para los compañeros diputados del sector campesino y para todos aquellos que son representantes de distritos rurales. De ahí que la permanencia de la Secretaría de la Reforma Agraria sea un asunto de la mayor relevancia para el Partido Revolucionario Institucional, y estaremos atentos para la vigorización de una política de desarrollo agrario en favor de ejidos y comunidades. Por otra parte, recogimos con interés la decisión de incorporar las actividades pesqueras con una visión productora, no ambientalista. Los diputados del PRI propondremos próximamente una política integral para el desarrollo pesquero, y creemos que el compromiso adquirido de establecer una entidad pública dedicada exclusivamente a esta materia, puede ser un avance para impulsar la actividad. Deseamos subrayar que en la plataforma electoral del PRI se propuso la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, tema en el que es evidente, hubo la convergencia de diversas fuerzas políticas, lo que resulta claro es que las fuerzas políticas del país no estamos escatimando nada para que el nuevo titular del Ejecutivo Federal cumpla con su responsabilidad de combatir eficazmente la delincuencia y logremos superar el clima de inseguridad que afecta a diversas zonas del país. En el análisis de esta iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional, los priístas hemos actuado con responsabilidad y espíritu constructivo, planteando con firmeza las cuestiones que resultaban inaceptables para nuestra corriente histórica. De ahí que era condición esencial para valorar la iniciativa el que se respetara la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social, porque no solo es una denominación, sino un concepto y una visión del papel del sector público. Como grupo parlamentario, hemos planteado que la esencia de nuestro sistema constitucional estatuido en 1917 es la de fijar las bases de un desarrollo social conjunto que haga posible el desenvolvimiento de los individuos. Estos no se conciben como unidades aisladas, sino como miembros de una sociedad y es el mejoramiento del entorno social lo que hace posible el desarrollo individual. La concepción teórica del Estado Mexicano corresponde a un enfoque dirigido a mejorar las condiciones de desenvolvimiento de la sociedad y ahí ponemos énfasis. Por eso, reconocemos el hecho de que la Secretaría de Desarrollo Social siga conservando su nombre, pero no sólo eso, sino que desde esa instancia permanezca intocado el principio social que ha regido a las instituciones de nuestro país. El intenso debate que se dio en el seno de la Comisión, permitió conocer posicionamientos claros y concretos en cuanto a la idea original de los iniciadores y también de una manera seria y responsable se consiguieron acuerdos, consensos y propuestas que la Comisión presenta hoy ante el Pleno de esta Cámara, El PRI ha decidido comportarse de una manera responsable en cuanto a esta materia. Al análisis de las propuestas contenidas en el dictamen que hoy se somete a consideración, se hicieron las observaciones puntuales al articulado de la iniciativa, mismas que a partir de argumentaciones sólidas fueron incorporadas. Pero hay una reforma en la que debe profundizarse, es decir, la redimensión, el redimensionamiento de la administración pública federal, en su vertiente de descentralización de recursos y facultades para fortalecer al federalismo, se trata de un imperativo político y además de eficiencia y eficacia administrativa. Tenemos una enorme dispersión de programas sociales que como el FONAES, están asignados a distintas dependencias que prácticamente se adjudican la atribución de ejercer en su totalidad estos programas con dos consecuencias negativas, son caros ejecutores de programas al nivel de la comunidad y pasan por encima de la soberanía de los estados. Es pues, oportunidad de plantear este tema como pendiente al momento de discutirse el paquete económico. El PRI realizará lo necesario para que estos fondos lleguen a los grupos más necesitados en las entidades federativas sin descuidar a las comunidades del ámbito rural. Estamos también de acuerdo en el sentido de respetar el nombre de Desarrollo Rural en la Secretaría correspondiente. Ha sido y es posición del PRI preservar, mantener y mejorar las condiciones del desarrollo rural en el territorio mexicano. Los trabajadores que se dedican a esta actividad cuentan con el respaldo para que tengan garantizados los apoyos y perfeccionados los mecanismos que les permitan desarrollar sus actividades de una manera cada vez más digna. En cuanto a las facultades de la nueva Secretaría de Seguridad Pública propusimos que se definiera claramente la misión fundamental de esta tarea de gobierno. La creación de esta Secretaría obedece a un interés planteado en la plataforma Política de mi partido. Por eso propusimos que sea en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que se tomen las principales decisiones para garantizar la integridad y el patrimonio de las personas. Es justamente reconociendo los avances en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde se incorpora la participación de las autoridades de los estados de la Federación en donde debe diseñarse y practicarse la Política contra el crimen y la inseguridad. Todo cambio a la organización de la administración pública que resulte en beneficio concreto a los mexicanos, es legítimo, y en particular cuando esas modificaciones sirven para hacer un uso más eficiente de los fondos públicos: da más transparencia, establece mejor las responsabilidades y facilita la rendición de cuentas. Asimismo el Poder Legislativo en congruencia con el respeto a la división de poderes, busca que el Poder Ejecutivo Federal no tenga los pretexto para justificar un incumplimiento de sus obligaciones. En particular, el cambio de nombre propuesto a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por el de Secretaría de Economía, nos parece que no se justifica al no darse cambios sustantivos en sus responsabilidades y funciones como para dar un nombre que implica más que el comercio y el fomento a la micro, pequeña y mediana empresa. No obstante, con el ánimo de que la nueva administración del Poder Ejecutivo Federal pueda iniciar sus trabajos y que no pueda mal interpretarse como obstáculo, damos el beneficio de la duda a ese nombre. Llega esta reforma hasta donde sus proponentes, hasta donde quienes tendrán la responsabilidad de conducir la administración pública en México han solicitado. No ha escatimado nuestro voto, nuestra participación en ningún momento, el derecho de quienes tendrán la conducción del Ejecutivo de contar con las herramientas acordes a su proyecto. Nosotros no hemos objetado métodos ni herramientas, hemos definido principios, hemos defendido que se venza la idea de inventar un país que en su voto ha decidido precisamente demostrar que es un sólido país con un estado de derecho vigente y con instituciones emanadas de él en plena acción. No se inventa México, se cambia el gobierno, se cambia constitucionalmente y se cambia en paz. Es nuestro deber asegurar que estos cambios sean para seguir prosperando. Muchas gracias.