El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Con su permiso, señor presidente. El Sistema Nacional Anticorrupción es de los ciudadanos y para los ciudadanos. Como legisladores hemos sido capaces de crear un modelo de vanguardia, el Sistema Nacional Anticorrupción que nos permitirá transitar hacia un estado más transparente, responsable y honesto. Con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción logramos establecer el andamiaje jurídico necesario para contar con mecanismos efectivos de coordinación entre autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar hechos de corrupción. Las siete leyes, que en realidad son ocho, sí consideramos la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción aprobada anteriormente, que tienen más de 700 artículos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción constituyen a su vez reformas de la más alta envergadura, pues su aprobación fue el resultado de un Parlamento abierto donde la sociedad, por medio de la iniciativa ciudadana, la academia, el sector privado y las distintas fuerzas políticas tuvimos la posibilidad de realizar propuestas, e incluso, participar en discusiones durante todo el proceso legislativo. Es necesario destacar que en el centro de este sistema se encuentra la sociedad civil, pues corresponderá al Comité de Participación Ciudadana presidir el sistema, así como su comité coordinador. El presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la facultad constitucional de realizar observaciones a leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, conocido como la facultad de veto, de acuerdo al artículo 72 constitucional, recientemente devolvió al Senado de la República para su análisis el artículo 32, incisos b) y c), de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y otros relacionados. Esto con el objetivo fundamental de colaborar con el Poder Legislativo para el fortalecimiento de las instituciones y al aseguramiento de su apego a normas constitucionales y legales aplicables, mismas que fueron aprobadas el día de ayer en el Senado y que el día de hoy votaremos en esta Cámara. Es importante resaltar que nuestro presidente ha sido responsable con su facultad de veto y respetuoso de nuestras decisiones. Enrique Peña Nieto ha marcado distancia del uso desmedido de esta facultad que años anteriores se gestó. Recordemos que del 2000 al 2012 se formularon 26 vetos y en el actual gobierno, a casi 4 años de trabajos legislativos, sólo se ha formulado uno y es el que el día de hoy nos ocupa. Las observaciones remitidas por el Ejecutivo se refieren exclusivamente, exclusivamente, a las normas que regulan la obligación de los particulares, personas físicas y morales de presenta declaraciones de situación patrimonial y de intereses, la forma de dar cumplimiento a dicha obligación y las sanciones correspondientes. La forma en la que fueron aprobados los artículos observados por el Ejecutivo pondría en riesgo la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y resultaría contraria a los derechos humanos previstos en la Constitución general de la república, al afectar d manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de los extranjeros que no viven en el país, pero trabajan en una empresa transnacional. Coincidimos con el Ejecutivo en que la obligación establecida para que los particulares presenten declaración patrimonial y de intereses constituye una intromisión indebida a la esfera jurídica de las personas físicas y morales. Pero es muy importante puntualizar que la eliminación de los incisos b) y c) de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado, ya que la propia Ley de Responsabilidades Administrativas prevé herramientas novedosas y útiles para dicho propósito, como por ejemplo la manifestación caso por caso y contratación por contratación, de no estar el particular y servidor público frente a un conflicto de interés, así como las penas en que incurrirían por actos de corrupción, que van desde sanciones económicas hasta la disolución de empresas y en su caso penas de prisión. Por otra parte, el artículo 44 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a contempla la obligación de particulares que participen en contrataciones públicas, de formular un manifiesto de relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de intereses, bajo el principio de máxima publicidad. No sólo eso, recordemos que el Tribunal de Justicia Administrativa podrá sancionar a particulares que cometan faltas administrativas graves y también es importante que resaltemos, que en estricto apego a la legalidad y a los derechos humanos que constituyen el centro, finalidad y límite de nuestro sistema jurídico, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respalda las observaciones enviadas por el Ejecutivo y aprobadas en la Cámara de Senadores, las cuales perfeccionan y brindan el sistema nacional anticorrupción. Es cuanto, diputado.