La diputada Rocío Barrera Badillo: Estimadas diputadas y diputados: La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda: Eduardo Galeano. Estamos en los albores de discutir y, quizá, aprobar uno de los proyectos más emblemáticos de los últimos tiempos, no por quien lo impulsó ni por quienes lo avalan, sino porque estoy convencida que abona de manera trascendente a la recomposición de la relación entre la ciudadanía y el gobierno a partir del reconocimiento de que el Estado, en ocasiones, ha cometido violaciones al debido proceso y, en otras tantas, se ha victimizado a personas que se encuentran en vulnerabilidad, ya sea por situación de pobreza, por el grupo étnico al que pertenece o por su género, principalmente. La propuesta es de profunda y benéfica trascendencia social, ya que en el fondo plantea un acto de reconciliación en la búsqueda de esa paz justa y duradera de la que México urge, pues, aunque la primera instancia pareciera un asunto de seguridad pública de justicia, se trata más de un tema que tiene que ver primordialmente con el pacto social mismo y la manera en que se está procurando reconstruir el tejido social. Antes de entrar de lleno en la explicación de los pormenores del dictamen que en este acto les presento, quisiera exponer brevemente el trabajo que nos llevó a la construcción de este dictamen. Comienzo señalando que para esta legislatura los procesos legislativos no pueden entenderse sin escuchar las opiniones de aquellas y aquellos que en su actuar profesional han generado un claro liderazgo de opinión y son referentes en cada una de las materias que nos ha ido ocupando. La participación ciudadana hace nuestro Codex legal, cada vez más sólido y democrático. Por ello celebramos tres foros de Parlamento abierto, con una duración total de casi 14 horas efectivas, en los que se presentaron un total de 68 ponencias que abordaron diversos temas, destacando la necesidad de contemplar, no solo el delito de aborto, sino también el homicidio en razón de parentesco, cuando se relacione con la interrupción del embarazo; los alcances de la ley, y la necesidad de armonización; el establecimiento de normas para procurar la reinserción de los beneficios de la ley, y el establecimiento de garantías de debido proceso. Lo anterior nos condujo a considerar un total de 21 modificaciones a diversas porciones normativas, asimismo 11 de las propuestas particulares de redacción que nos fueron presentadas, fueron incorporadas al dictamen prácticamente en sus términos. Como puede verse, se garantizó el derecho ciudadano a una incidencia efectiva en este proceso de construcción normativa. Así pues, el estudio que llevamos a cabo se verificó en dos vertientes, la más sencilla corresponde a la mera técnica jurídica y legislativa, y la de considerable complejidad es la relativa a los alcances reales por los tipos de delitos que considera. En este último aspecto se asentó el centro de gravedad en nuestra discusión, en cuanto a los tipos penales cuya penalización deja de ser del interés del Estado. En este contexto asumimos la intención del Estado de abonar a una visión punitiva en temas que definen su arreglo con la ciudadanía y, en consecuencia, consideramos viable y trascendente adoptar un enfoque de reinserción en cuestiones que tienen que ver más con la vulnerabilidad que laceran nuestras comunidades con una intención delictiva dolosa. Además, el proyecto que hoy está a consideración reconoce que el Estado no asumió en el pasado su composición pluricultural, por lo que no garantizó que los juicios promovidos contra integrantes de pueblos y comunidades indígenas se respetaran las garantías esenciales de su debido proceso. En consecuencia, la propuesta que en comisiones estudiamos se construyó y enriqueció en varias virtudes: 1. Facilitar la procuración de justicia reducirá la carga de trabajo de los tribunales en lo que hace a delitos que no dañan gravemente a la sociedad, permitiendo enfocar los esfuerzos a los que sí generan un impacto profundo en nuestra seguridad. 2. Se constituirá como un instrumento de protección a grupos vulnerables, como eje principal será el respeto a los derechos humanos de las víctimas. 3. Se reinsertará al tejido social a personas que han sido arrancadas de la sociedad por su condición de vulnerabilidad, de exclusión o discriminación o por su situación de pobreza. 4. Puede convertirse en un instrumento de pacificación nacional, pues la Ley de Amnistía será también un modelo para las entidades federativas que decidan replicar este esfuerzo. Con todo esto, es evidente que la amnistía se debe considerar como parte de la estrategia de justicia y seguridad, abonando a que el combate al fenómeno delictivo se centre en la persecución y castigo de los delitos que mayor afectación generan a los bienes jurídicos que tutela el Estado. Pero más aún, esta propuesta pone el acento en las personas. Por ello apelo a la conciencia de cada uno de ustedes. Hoy está en nuestras manos aprobar un proyecto que reintegrará la sociedad a las personas que no merecían haber sido arrancadas de esta, que deben de estar en libertad. La justicia, como uno de los ideales del derecho, no puede ni debe reducirse a la estricta aplicación de la ley. Este concepto tiene alcances mucho más profundos. La justicia, sobre todo la justicia penal no equivale a castigo, sino a reparación y no repetición, por lo que no se debe de perder de vista el sentido final que tiene la imposición de una pena y que si esta no es el medio idóneo para reducir la criminalidad, no es efectiva y no tiene razón de ser. Por ello, lo insisto, aprobar este dictamen que no tiene por objeto liberar delincuentes, sino devolver su libertad a personas que no generaron daño a la sociedad. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.