La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el actuar de las autoridades debe constreñirse a la realización de todos aquellos actos que las propias normas jurídicas le permiten, sin trazarlas y sin dejar a libre capricho de gobernantes la realización de determinadas actuaciones, pues de no ser de esa manera, se generaría un estado de incertidumbre jurídica y social. Y es precisamente en esta situación en la que se encuentra la figura jurídica de la extradición dentro del sistema jurídico mexicano. Aunado a lo anterior se observa que han surgido diversos tratados en materia de extradición y las leyes especializadas en dicha materia. En México, desde el año de 1974 se cuenta con la Ley de Extradición Internacional, misma que ha regulado el procedimiento que deben seguir los Estados recurrentes, a efecto de obtener la extradición de determinada persona. Si bien es cierto que en el derecho internacional se ha establecido la obligación de otorgar la extradición, si es que existe la correspondiente de trato, menos verdadero resulta el hecho de que cuando se trata de nacionales del Estado requerido, la entrega se torna, efectivamente, queda a juicio del Estado. Pero con la obligación subsidiaria que en el caso no se entregue, se enjuicie al nacional delincuente y comunicar el fallo al Estado que requiere. En ese sentido, es válido expresar que la extradición en la mayor parte de los tratados en vigor experimenta ciertas limitaciones. Una de ellas y tal vez la de mayor relevancia, es la de la nacionalidad de la persona requerida. Por regla general, la mayoría de los Estados niegan la extradición de sus propios nacionales. Solamente hay siete Estados que se han mostrado dispuestos a acordar la extradición de sus propios nacionales, a saber México, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Colombia. Los demás niegan la extradición de sus nacionales e incluso tienen disposiciones constitucionales por las que se prohíbe. Por lo que, en ese sentido, en nuestro país tanto la teoría como la práctica han abordado el tema de la posibilidad de extraditar a un ciudadano mexicano, lo que ha sido incorporado al sistema normativo dentro de la Ley de Extradición Internacional en su artículo 14, al establecer: que ningún mexicano podrá ser entregado a un estado extranjero, sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo. Lo que ha permitido la extradición de varios mexicanos a otros países, principalmente a Estados Unidos de América. De este precepto se advierte que el legislador mexicano estableció una excepción al principio de extradición internacional, tratándose de nacionales, en cuyo caso la regla general es que no procede su entrega a un Estado extranjero, pero también instauró la regla específica, el expresar que corresponde al Ejecutivo federal conceder la extradición en casos excepcionales y su juicio. Debemos comentar que el Ejecutivo federal tiene la facultad discrecional de otorgar la extradición de un mexicano a un Estado extranjero, en casos excepcionales debidamente justificados, por tratarse de una excepción a la regla general que encuentra sustento en el principio de reciprocidad internacional, lo que puede caer en el uso arbitrario o caprichoso de la misma, ya que la procedencia de la extradición. A efecto, de que el Poder Ejecutivo federal cumpla con el principio de seguridad jurídica para con todos los ciudadanos mexicanos, es por ello que proponemos que la presente iniciativa reformar y adicione el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, con la finalidad de sentar las hipótesis jurídicas mediantes las cuales, la extradición de un connacional podrá ser otorgada al país extranjero solicitante. Lo anterior con la finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica, a través de la Ley de Extradición Internacional, es por ello que se propone adicionar diez fracciones al artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, en las que se incluyan aquellos delitos considerados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de aquellos delitos que se han considerado graves por la comunidad internacional, y los cuales serán los únicos casos en que la extradición de ciudadanos mexicanos es procedente. Lo anterior se realiza con el propósito de que los ciudadanos mexicanos tengan la certeza y seguridad de que sólo en las hipótesis planteadas concedan su extradición sin que la misma quede a discrecionalidad del Ejecutivo federal, evitando así conductas arbitrarias y totalitarias que lleven a un estado de incertidumbre jurídica, que es lo que se pretende evitar desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente.