El diputado Guillermo Sánchez Torres: El presente dictamen propone una rectoría con base en el diálogo y en la creación de consensos al interior del Comité Nacional de Productividad entre los servidores públicos, los empresarios, los trabajadores y los investigadores, una política industrial incluyente. La concurrencia, la participación activa y la capacitación de los actores sociales y económicos en el Comité Nacional de Productividad nos deben asegurar que los beneficios logrados por los incrementos en la productividad se distribuyan de manera equitativa mejorando la capacidad adquisitiva del salario y recuperando el mercado interno. Para ello, debemos esforzarnos en el fortalecimiento de la organización de los trabajadores haciéndolos conscientes de la necesidad e importancia de su participación, capacitación y movilización social, política y productiva, esta es una tarea a la cual nos convoca esta ley, especialmente a los militantes de izquierda. El desempeño económico de México no es satisfactorio o no alcanza los niveles necesarios para hacer frente a los problemas de bajo ingreso y pobreza que todavía caracteriza a la sociedad mexicana. El raquítico crecimiento de la economía ha ocasionado que un importante número de trabajadores se incorporen a la informalidad o al empleo precario y a la búsqueda de empleos fuera de las fronteras nacionales, el ritmo de generación de empleos es lento y los empleos temporales son mucho más que los permanentes. La presente administración se sumó a tres décadas en que el poder adquisitivo ha caído en aproximadamente el 75 por ciento, esta situación representa el retraso del desarrollo y una reducción real y al bienestar de las personas. La competitividad de las manufacturas ha estado basado en una estrategia de bajos costos de la mano de obra, sin embargo este criterio no es sostenible cuando la demanda se ha contraído en los mercados internacionales y frente al aumento de la competencia de otras economías emergentes. Durante muchos años ha sido una constante el lento crecimiento de la banca comercial al sector privado, también se puede afirmar que ha resultado un fracaso la eficiencia del sistema financiero para promover el crédito productivo, movilizar el ahorro y canalizar créditos hacia los sectores productivos. La experiencia que se ha vivido con la banca extranjera es negativa, no llegaron a modernizar el mercado ni hacerlo más competitivo, al contrario, llegaron a sacar enormes beneficios de la falta de regulación, de la permisividad de las entidades reguladoras y de los vacíos legales que les permiten obtener jugosas ganancias con el cobro de comisiones y el enorme margen de intermediación financiera. Así, en el artículo 12, fracción II, se establece que la Secretaría de Hacienda presidirá el Comité de Productividad, cuando su ámbito de competencia es en materia de política fiscal, tributaria, de crédito, es quien ejerce el gasto, etcétera. También en el artículo 18 previene que la Secretaría de Hacienda es quien dé seguimiento de la evaluación al avance anual de los indicadores de productividad total de los factores de la productividad laboral, informalidad, incremento al valor agregado nacional, en las exportaciones, así como en aquellos que determina el comité. ¿Acaso estas funciones y competencias no son parte ya de la responsabilidad de cada una de las secretarías, pero especialmente de la Secretaría de Economía? ¿Para qué seguir centralizando? El PRD, mi partido, considera que la centralización y concentración de funciones no es una acción que abona al fortalecimiento institucional y la especialización de acuerdos con su ámbito de competencia, y menos aún contribuye a la democratización de la toma de decisiones, menos aún se acomete a revertir la falta de política industrial en México. ¿Qué proponemos en el artículo 12? Se propone que sea el secretario de Economía quien presida dicho comité, en lugar del secretario de Hacienda. Por su atención, muchas gracias.