El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, buenos días. Me queda claro, muy claro que ninguna de las reservas que hemos presentado va a ser admitida; sin embargo, no quiero perder la oportunidad al estar en la máxima tribuna de la nación para solicitarles atenta y respetuosamente que la reserva que presento en este momento sea escuchada, sea analizada, sea atendida, toda vez que en ella va implícita la salud y la seguridad de la población en general. Recordarles, compañeras y compañeros, que es nuestra obligación como legisladores velar por la salud y la seguridad de nuestros representados. Lo servicios de telecomunicación y radiodifusión han revolucionado la manera en que nos informamos, comunicamos, intercambiamos un sinfín de bienes, valores y mercancías con otras personas, convirtiéndose esto en un mercado que genera anualmente cantidades millonarias, haciendo multimillonarios a los que ya son millonarios por estas concesiones. Si bien es cierto que estos servicios han representado una verdadera transformación en nuestra vida cotidiana, también es cierto que sabemos que la realidad con la que se ha llevado a cabo esta comercialización y expansión a nivel mundial ha traído como consecuencia que esto no se realice adecuadamente, provocando efectos nocivos en la operación necesaria para su funcionamiento. Este inigualable aumento en la demanda de diferentes redes de información a nivel mundial ha generado una multiplicación de antenas receptoras en las ciudades, situación que no debe pasar inadvertida si tomamos en consideración que la constante expansión a las ondas electromagnéticas que emanan de las mismas, pueden generar considerables riesgos a la salud. Diversos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud sostienen que las ondas electromagnéticas emitidas por antenas celulares pueden romper las cadenas del ADN, favoreciendo la propagación del cáncer. Las empresas prestadoras de estos servicios de comunicación, en una afán de maximizar sus utilidades y captar un número mayor de clientes, frecuentemente incurren en prácticas que ponen en peligro la salud y la seguridad de la población al ser colocadas estas antenas en zonas habitacionales, parques, escuelas, hospitales, etcétera. Las grandes empresas de telecomunicación en su voracidad de buscar más, más y más beneficios económicos, son más y más indiferentes ante la preservación de la salud y seguridad de las personas en las localidades donde operan, fomentando el desmedido aumento de este tipo de infraestructuras. Como siempre, y como ya sabemos sin duda alguna, la falta de capacidad, la falta de conciencia y casi al 100 por ciento, el interés corrupto por parte de las autoridades que regulan y vigilan las telecomunicaciones permiten que estas empresas abusen de la concesión que les otorga el Estado sin tener la más mínima conciencia de prevención para la población. Culmino, señor presidente. La reserva que hoy sometemos a consideración de esta honorable asamblea, encuentra su fundamento en la propuesta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que se plantea en su artículo 149, que a fin de promover la compartición de infraestructura entre los diferentes concesionarios y de la expansión de las redes públicas de telecomunicaciones y la radiodifusión, éstas podrán ser instaladas en bienes del Estado, situación que considero por demás aventurada., ya que el Estado es garante tanto de la salud como de la seguridad de la población, y el que debe establecer las óptimas medidas de seguridad que permitan el desarrollo de las telecomunicaciones. Termino, señor. Es por lo anterior que vemos importantísima la necesidad de que los empresarios cuenten con una estricta restricción en cuanto a los lugares en las que se podrán instalar la infraestructura para las redes de transportación de esta información. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañeros. Buenos días.