El diputado Arturo Cruz Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, hoy por la madrugada, en la Comisión de Trabajo, se dio un golpe más a la clase trabajadora. De manera impositiva y autoritaria la dirección de este órgano manipuló de manera descarada el procedimiento de la dictaminación de la minuta enviada por el Senado. No cumplieron con lo que se establece en la Ley Orgánica y el Reglamento Interno de esta Cámara. La presidencia de la comisión no se conformó con vender los derechos de los trabajadores, hoy se encarga de dar un traspié a la democracia y a la transparencia sindical. La línea que traían ya estaba marcada, la suerte ya estaba echada; a como dé lugar tenían y tienen que proteger el corporativismo sindical que representan. No les importa proteger los derechos laborales de los trabajadores, no se podían quedar atrás, ya habían votado y aprobado una reforma en la que los más beneficiados son los empresarios. Tienen que dar el platillo completo, tienen que cumplir con los compromisos entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La sociedad ya está cansada. Está cansada de que se vendan sus derechos como si fueran mercancías. Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados presento reserva al artículo 373, considerando que en la minuta aprobada en la Colegisladora, se retomaron las propuestas contenidas en la iniciativa preferente, enviada por el Ejecutivo, para establecer un mecanismo obligatorio para la rendición de cuentas de parte de las dirigencias sindicales. Con modificaciones a la propuesta original el Senado estableció una serie de requisitos que debía contener este mecanismo de transparencia: que estos informes deberían estar contenidos en los estatutos, que deben ser periódicos, cada seis meses, y que incluya la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, y como una garantía de transparencia que obligaba a entregar un resumen de esta información a cada uno de los trabajadores sindicalizados dentro de los 10 días siguientes de cada periodo. Esta última disposición fue eliminada del dictamen aprobado en la Comisión del Trabajo y Previsión Social, sin mayor explicación. Al hablar de transparencia sindical se infiere que hay prácticas de corrupción sindical. Y cuando hablamos de la corrupción sindical nos referimos a todas las prácticas que realizan las dirigentes y los dirigentes sindicales a espaldas de las y los trabajadores. La corrupción sindical no sólo lesiona los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y debilita el poder de la negación colectiva para lograr mejoras en las condiciones de trabajo; también influye negativamente en la percepción de los propios afiliados o afiliadas y en la opinión pública. Los sindicatos carecen de credibilidad y de confianza. La mayoría de las dirigencias sindicales nacionales y locales han convertido a los sindicatos en un verdadero negocio de lucro personal, familiar y para personas cercanas. También han utilizado los cargos sindicales como trampolín político para ocupar puestos de representación popular y además no renuncian a sus cargos sindicales con honrosas excepciones. Es evidente que sin rendición de cuentas de los recursos sindicales, las trabajadoras y los trabajadores no son dueños del patrimonio de sus organizaciones; la acumulación de riquezas de líderes seguirá siendo una afrenta a quienes aportan parte de sus salarios para mantener a los sindicatos. Sin transparencia en el ejercicio de los recursos sindicales no se puede aspirar a organizaciones autónomas, responsables y respetables. Consideramos que debe de retomarse la disposición en sus términos presentada por la colegisladora para garantizar que los afiliados a un organismo sindical tengan alcance los elementos necesarios para conocer su patrimonio; lo contrario, desnaturaliza la disposición que hemos señalado. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente modificación al dictamen para quedar como sigue: Artículo 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. Para tales efectos se deberá entregar un resumen de esta información a cada uno de los trabajadores sindicalizados, dentro de los 10 días siguientes de cada periodo. La obligación a que se refiere el párrafo anterior no es dispensable. En todo momento cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva sobre la administración del patrimonio del sindicato. En caso de que los trabajadores no hubiesen recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical o estimen la existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales, podrán acudir a las instancias y procedimientos internos previstos en los respectivos estatutos en términos del artículo 371, fracción VIII de esta ley. En ejercicio de las acciones a que se refiere el párrafo anterior, por ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales, ni será causa para la expulsión o separación del trabajador inconforme. Muchas gracias, por su atención.