La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta Cámara constituye, sin duda, un primer gran paso para la atención de uno de los fenómenos más graves que se han producido en nuestro país, debido al incremento de los índices delictivos y, consecuentemente, de la violencia. Este es sin duda un movimiento en la dirección correcta. Sin embargo, y a pesar de que existe una preocupación real por este fenómeno, no existe una política eficaz destinada a la atención de quienes, orillados por la violencia que experimentan en su vida diaria, abandonan sus hogares y pertenencias para salvaguardar su vida y la de su familia. Es por ello que resulta urgente la realización de un diagnóstico pormenorizado que nos indique no solo el número de personas que han sido desplazadas, sino también las causas, los lugares de origen y de llegada, el tiempo por el que fueron víctimas, así como las condiciones en las que viven en los lugares de arribo. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a nivel mundial la cifra de personas víctimas de desplazamiento forzado era, en 2019, de 79.5 millones de personas desplazadas, 45.7 millones huyeron a otras zonas dentro de sus propios países, 4.2 millones esperaban el resultado de las solicitudes de asilo, mientras que 29.6 millones eran refugiados u otras personas que se vieron obligadas a desplazarse fuera de su país, lo que representa una crisis humanitaria a la que los Estados no le han dado la importancia ni la atención que merece. En México, durante 2019 hubo más de 8 mil personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, la mayoría de ellas por actos de violencia de grupos armados, lo que da una cifra histórica acumulada de aproximadamente 346 mil personas afectadas. Esta es una situación que obliga a huir y abandonar el lugar de residencia y no solo genera necesidades en términos de vivienda y seguridad, sino que busca restablecer un proyecto de vida y el pleno ejercicio de sus derechos. Las personas desplazadas internamente pueden necesitar apoyo económico, ayuda humanitaria, asistencia médica y psicológica, reposición de documentos, apoyo para la realización de trámites administrativos, restitución de tierras y propiedades, así como acceso a mecanismos de justicia y reparación. Lo anterior, sin duda alguna, se ve agravado por la situación de México como país de tránsito hacia los Estados Unidos, fenómeno que se ha visto incrementado en los últimos meses y que se ha manifestado en forma de caravanas de migrantes en búsqueda de un permiso para laborar en el país vecino y que en muchas ocasiones terminan quedándose en México, con las consecuencias humanitarias que esto significa. La desintegración familiar, la pérdida patrimonial, la falta de oportunidades laborales, la pérdida de una educación sistemática, la afectación de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la alimentación, la vivienda y la salud, así como la ruptura de lazos sociales con sus comunidades de origen y la pérdida del arraigo cultural son algunas de las consecuencias que tiene el desplazamiento forzado interno. Es en este acto que el Estado mexicano atiende las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de emitir a la brevedad una ley que atienda de manera integral el fenómeno que hoy nos ocupa. No hacerlo significaría la revictimización constante de quienes hoy son víctimas de este delito. Es por ello que celebramos el amplio consenso del que goza el dictamen que hoy nos ocupa, dado que se trata de una construcción colectiva de todos los grupos parlamentarios. Esta nueva ley obliga a la integralidad de la atención del fenómeno. Establece los principios respecto a la asistencia humanitaria, la prevención y la atención prioritaria de la que deben gozar las personas en situación de desplazamiento forzado, sus derechos y las instancias encargadas de la implementación de estas políticas. Es por todo lo anterior que, ampliamente comprometidos con los derechos humanos, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresa su voto a favor del presente dictamen y empeña sus mayores esfuerzos para que la construcción de una política que nos permita la atención integral de este gravísimo fenómeno se plasme en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Es cuanto, diputada presidenta.