La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Vengo ante esta tribuna, primero a exigir el respeto por una servidora. El conteo de un reloj no puede estar por encima de mi legítimo derecho de argumentar una reforma constitucional, y más aún, en un tema tan importante para nuestra sociedad y para todos los maestros del país. La reforma al artículo 3o constitucional, reitero, parece inofensiva, porque no toca las garantías clásicas como el carácter público de la educación, su definición democrática y su sentido laico. Además, deja también sin tocar la más reciente garantía de libre examen y discusión de las ideas y libertad de cátedra e investigación de la fracción VII. Pero en realidad, se trata de una reforma profundamente autoritaria, que despoja al magisterio de toda participación de las decisiones educativas. El agregado a la fracción III impone el sistema de ingreso y promoción y declara la nulidad anticipada de cualquier otra forma. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria de este artículo fijará los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Este párrafo citado actualiza todas las reclamaciones que se hicieron valer en los amparos de febrero de este año contra los acuerdos para la evaluación y otros. En relación a los interpuestos en 2009 contra la Alianza por la Calidad Educativa y aun cuando suene reiterativo es un desplante autoritario. El Ejecutivo Federal eleva el golpe hasta la Constitución para derogar de facto la bilateralidad contractual para el ingreso, la permanencia y la promoción en el trabajo. De igual forma, el párrafo citado y toda la reforma derogan de facto la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Atropella el estatuto laboral completo que regula la contratación colectiva como la fuente de obligaciones y derechos de los trabajadores del apartado B del 123 constitucional. Por tanto, se concluye que esta derogación de facto es un abuso mayúsculo que del mero autoritarismo circunstancial pasa a perfilar un régimen dictatorial educativo que impone al magisterio nacional un estatus de excepción y de un plumazo constitucional borra sus derechos magisteriales adquiridos y los somete por la fuerza. Les advierto que los 91 puntos considerados en el Pacto por México requieren 63 reformas constitucionales. Y pregunto de nuevo: ¿Vamos a legislar al contentillo del titular del Ejecutivo? Esto es un golpe de Estado, no sólo a la educación, sino a la integridad y soberanía de este poder, pues con el voto de esta aplanadora autoritaria estamos negando el carácter legítimo de nuestra representación nacional y hacemos del Congreso una oficialía de partes del Ejecutivo. Señoras y señores, me niego rotundamente a someterme a los caprichos de un pacto que no está avalado por todos los mexicanos; me niego a ceder el carácter de la división de poderes que nuestro Constituyente nos ha dado; me niego a ser sumisa a esta reforma autoritaria, que busca el contubernio y control político de un tema sensible para los mexicanos. La verdadera reforma educativa es dotar de más del 8 por ciento del producto interno bruto a la educación, como lo establece la Unesco y con una reforma autoritaria como ésta no se da. Les propongo que se quede el texto constitucional como está y se deseche lo establecido en el dictamen. Es cuanto, señor presidente.