El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: Sobre este dictamen, se han señalado muchas falsedades. Se ha dicho que se vulnera el juicio de amparo, que se violan los derechos humanos, que se debilita el sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes y muchas otras cosas más. Sin embargo, esto forma parte de la falsa narrativa que han construido quienes se oponen a la reforma del Poder Judicial y pretenden hacerle creer a la ciudadanía que se le dejará sin ningún medio de defensa frente a las arbitrariedades que pudieran cometerse desde el poder, y eso, como ya lo dije, es total y completamente falso. En primer lugar, se debe aclarar que el amparo nunca ha procedido contra las reformas constitucionales, así lo señala el artículo 61 de la Ley de Amparo. En este sentido, es importante subrayar que el presente dictamen no propone modificaciones a esta ley, lo que significa que seguimos operando dentro del marco normativo que ha regido hasta ahora. Basta con aclarar que la controversia constitucional es por definición, un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre instancias del poder público por invasión de competencias. Esto significa que no es algo que los ciudadanos puedan usar como el amparo, que es un recurso que sí pueden presentar. Y como ya se ha repetido muchas veces, el amparo sigue igual que siempre, absolutamente sin ningún cambio. En el mismo sentido, si se revisa la definición de las acciones de inconstitucionalidad, tal y como lo señala el artículo 105, nos damos cuenta que estas tienen por objeto resolver una posible contradicción entre normas generales y la Constitución, de manera tal que las primeras no contradigan lo establecido en nuestra Carta Magna. Esto hace evidente que no podría haber una acción de inconstitucionalidad en contra de la Constitución. En otras palabras, la reforma a la Carta Magna, no pueden ser revisadas por el Poder Judicial, salvo que sean impugnadas por violaciones al procedimiento legislativo para su aprobación. No obstante lo anterior, quienes se oponen al avance de la implementación de la reforma judicial, que ya es constitución vigente, hoy pretenden hacerle creer a los ciudadanos que tanto las controversias constitucionales como las acciones de inconstitucionalidad, pueden ser utilizadas para controvertir una reforma constitucional, para cuya aprobación no hay otro requisito que cumplir con lo establecido en el artículo 135. En este sentido, es fundamental destacar que reformas como esta, tienen el objetivo primordial de generar certidumbre. Lo que el pueblo demanda hoy es confianza en sus instituciones y en los marcos normativos que rigen nuestra vida cotidiana. Ante los desafíos que enfrentamos y los cambios al orden jurídico que la realidad nos exige realizar, para abordarlos con éxito, es imperativo contar con un marco constitucional que precise aún, más lo que ya está implícito en él. Se trata de dejar claro que el poder reformador de la Constitución es soberano y no puede ser revisado judicialmente, para que no quepan dudas y para evitar interpretaciones que afecten la certeza jurídica. El dictamen que hoy tenemos a nuestra consideración propone dar claridad y certeza al texto constitucional evitando que intereses particulares utilicen las vías judiciales para entorpecer o revertir reformas aprobadas democráticamente, en estricto apego al procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional. Compañeras y compañeros, esta reforma es necesaria para asegurar que las decisiones soberanas de este Congreso, no puedan ser frenadas por mecanismos judiciales interpuestos por quienes lo que pretenden no es salvaguardar los derechos humanos y los principios constitucionales a través de la revisión de una reforma al texto de nuestra Carta Magna, sino que lo que buscan y buscan con mucho ahínco es contravenir la voluntad popular. Es cuanto, compañeras y compañeros.