La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. En un contexto de impunidad y tolerancia social por años se ha dado la trata de personas en México, esta situación exige una respuesta contundente que responda a la necesidad de garantizar la protección de quienes son víctimas de este delito. Éste es el significado de la actualización y la armonización del marco jurídico nacional a partir de estándares internacionales. Avanzar en la Constitución de mejores ámbitos de protección de los derechos humanos, para prevenir y combatir la trata de personas, delito que coloca a México como un país clave a nivel mundial en el tránsito, origen y destino de personas víctimas y que generan entre 3 mil y 6 mil millones de dólares anuales, representa sin duda un progreso importante a nivel legislativo e institucional. Por ello, quienes integramos el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincidimos que la aprobación de este dictamen es reflejo de la toma de conciencia de que la trata de personas es un problema grave en nuestro país, que necesita respuestas coherentes que contrarresten los resultados de diagnóstico, como el Informe 2010 del Departamento de los Estados Unidos de América, sobre trata de personas, en el que se asegura que nuestro país no sólo no está cumpliendo con las normas mínimas para eliminar ese delito, sino muy por el contrario el turismo sexual con menores continúa creciendo especialmente en zonas turísticas como Acapulco, y Cancún, así como en ciudades fronterizas del norte del país como Tijuana y Ciudad Juárez. El diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Acción Social, evidencia, al igual que el informe, que uno de los graves problemas a los que nos enfrentamos como país, es la carencia de un sistema de información y seguimiento que refiera con precisión las dimensiones y alcances del delito. La invisibilidad e impunidad del delito, imposibilita la determinación de las causas y formas del sometimiento, lo que se traduce automáticamente en aquellas características casi permanentes que nuestro país lleva consigo a la hora de hablar de este tema: falta de coordinación interinstitucional, carencia de una política de concertación entre los tres niveles de gobierno y la ausencia de presupuesto para el cumplimiento de las responsabilidades que devienen de la ley federal. Prevención, persecución criminal y protección a víctimas, es el paradigma que los organismos internacionales dan como respuesta para combatir la trata de personas. Si bien México fue el primer país de América Latina en aprobar la campaña Corazón Azul contra el tráfico de personas, de la oficina de Naciones Unidas, y el gobierno puso en marcha hace tan sólo una semana, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Los esfuerzos deben de ir dirigidos a proteger a las víctimas e investigar y perseguir los delitos que conduzcan al castigo de los ofensores. Por ello Nueva Alianza coincide con la comisión dictaminadora en el sentido de que debido a la gravedad que representa la ejecución de este ilícito para las víctimas y la sociedad en su conjunto y con el objetivo de cumplir con las medidas mínimas de seguridad es necesaria y casi obligatoria la incorporación de la trata de personas a la lista de delitos en los cuales se declara oficiosamente la prisión preventiva cuando el inculpado esté siendo procesado. El resguardo de la identidad y datos personales de las víctimas y la reforma que faculta al Congreso de la Unión, a expedir una ley general en esta materia. Por ello las y los integrantes de este grupo parlamentario apoyamos este dictamen que cumple con una de las condiciones básicas para seguir avanzando en la lucha contra este tipo de esclavitud moderna. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.