EL DIP. DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS: Ciudadanos diputados. Con el permiso de la Presidencia. A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, al Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su discusión y resolución constitucional, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se derogan el párrafo primero del artículo 115 y el artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se derogan los párrafos cuarto y quinto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal y se reforma la fracción VIII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha considerado que es un hecho público y por demás notorio, que funcionarios y empleados de bancos y organizaciones auxiliares del crédito, cometieron serias irregularidades con el patrimonio que a su cargo tenían con la ilícita finalidad de propiciarse ventajas económicas y pese a lo anterior, es público también, que lo que se ha hecho en contra de esas personas es muy poco o casi nada. Esto es lo que tiene que explicarse de alguna manera y no podríamos explicarlo, sino partiendo de la base que nuestro marco jurídico actual ofrece grandes ventajas para que funcionarios desleales, omitan presentar en tiempo las querellas correspondientes, también porque existen dificultades para descubrir y sancionar al delito de cuello blanco. La sociedad mexicana ha sido vulnerada por las conductas indebidas en el sector financiero, originadas por el desvío ilícito del patrimonio de las instituciones y con ellos los recursos que el pueblo usuario les ha confiado, al mismo tiempo han minado la confianza pública que es la base y fundamento de su operación, afectando gravemente la dignidad de los miles de funcionarios y trabajadores de estas instituciones que cotidianamente manejan con honradez y transparencia, los recursos que el público deposita e invierte en estas instituciones, además de que lastima sensiblemente la credibilidad de este importantísimo agente activo del desarrollo económico, no solamente en el ámbito nacional sino internacional. Cuántas veces la sociedad mexicana se ha enterado que prominentes banqueros o financieros obtienen rápidamente su libertad ante los tribunales federales bajo el argumento de que la Procuraduría Fiscal de la Federación no se creyó oportunamente ante el Ministerio Público Federal para la debida persecución de estos delitos, razón por la cual los juzgadores dictan auto de libertad. Por ello, los diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos planamente con la propuesta para derogar el párrafo primero del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que establece actualmente el requisito de procedebilidad a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ésta se querelle ante el Ministerio Público; derogando también el artículo 116 bis, que contiene reglas de prescripción de los delitos bancarios que son diferentes, y por supuesto menores a las que se establecen el Título Quinto, Capítulo Sexto, de los artículos 100 al 103 del Código Penal Federal. Asimismo, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, derogar los párrafos cuarto y quinto, reformando el artículo 400 bis, que establece el requisito de denuncia previa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para poder investigar, tratándose de delitos, con recursos de procedencia ilícita. Además proponemos reformas al Artículo 194 en su fracción VIII del Código Federal de Procedimientos Penales, para incluir todos los delitos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito, y que son los Artículos 111, 112, 112 Bis, 113, 113 Bis, 113 Bis L, 113 Bis 2, 103 Bis 3 y 114. Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sometemos a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen. Muchas gracias ciudadano presidente. -