EL DIP. JOSE ELIAS ROMERO APIS: Con la venia del señor Presidente. Honorable Asamblea: Los mexicanos vamos a reconstituir nuestros sistemas de justicia, tenemos que hacerlo. No son éstos los mejores tiempos de la justicia mexicana. En México va muy mal la pobreza y va muy mal la justicia, ésta peor que aquella. No todos los mexicanos viven en el riesgo de la pobreza, pero todos viven en el riesgo de la injusticia. Lo distributivo ha ido sucumbiendo ante lo conmutativo. No sabemos y quizá nunca sabremos si así se dio o así se dispuso que sucediera, pero vamos a salvar nuestro sistema de justicia penal, esto quiere decir seguridad, libertad, igualdad, dignidad y al final de cuentas una vida mejor para todos. La pena ha tenido, a través del devenir de la humanidad, propósitos muy diversos y ha respondido a distintas finalidades; el asunto no es el tamaño de la pena sino la certeza de su aplicación; no es un problema de penalidad sino de impunidad. Por ello es necesario que el tiempo futuro corrija vicios y deficiencias que se traducen en conductas desvaloradas que hoy en día no se castigan, en otras que por el contrario, se castigan sin correspondencia, con una descalificación ética, en sanciones que no son congrunetes por su extrema dureza o extrema blandura, con los bienes jurídicos tutelados y agraviados, en agravantes y atenuantes mal relacionadas con los medios y circunstancias comitivas en penas sustitutivas que no se aplican y en una sobrepenalización de la vida jurídica muchas veces indebidamente supletoria de las deficiencias o incapacidades aplicativas a otras áreas normativas. En otro aspecto, la norma se ha extraviado en sus propósitos y se ha perturbado la protección de los valores a través del sistema penal, del tal suerte que hoy en día hay tipos delictivos que en algunas ocasiones van más allá de definir una conducta peligrosa lesiva para la sociedad, mientras que en otras ocasiones es omisa para proteger otras conductas que son inquietantes. Ejemplo de lo primero son los delitos patrimoniales y de lo segundo, los fraudes organizados. Las medidas tradicionales de prevención, investigación y castigo que quizá fueron útiles en otros tiempos y en sociedades pequeñas, modestas, simples e intimidables, hoy resultan obsoletas ante la complejidad del fenómeno. Las macrocifras de esta crisis dan cuenta de su magnitud agoviante. El asunto se mueve en varios círculos viciosos, uno de ellos es que no tenemos capacidad para prevenir todos los delitos; luego entonces se cometen muchos delitos y se rebasa nuestra capacidad de investigarlos; luego entonces al no investigarlos no podemos castigarlos; por último, al no castigarlos se vuelven a cometer otros delitos. Otro de los círculos es que las autoridades requieren de más facultades, pero como no se han hecho dignas de ellas y a diario caen en desprestigio, no se las conferimos. Nos movemos entre dos grandes temores: el miedo a la delincuencia y el miedo a la autoridad. Hemos enfrentado una gran dificultad histórica y temperamental para hacer coincidir el orden con la libertad y por ello nos hemos movido a través del tiempo en espacios de mucho orden y poca libertad, o de mucha libertad y poco orden. Estamos viviendo los mexicanos tiempos que constituyen un punto crucial en la evolución de nuestro sistema de enjuiciamiento penal; seguimos deliberando sobre las posibilidades de un proceso más ágil, más equilibrado y más certero. Proseguimos en nuestras preocupaciones sobre un sistema de protección al individuo y a sus derechos fundamentales que no devengan espacios de inseguridad frente a la violencia y al delito. Buscamos una mayor presencia de inculpados y ofendidos dentro del procedimiento. En fin, hemos reflexionado sobre el momento idóneo para asumir una posición frontal frente al crimen organizado y las consecuencias secundarias que ello entraña. Pero todo ello nos lleva al advenimiento de un enjuiciamiento penal que cada día sea más coincidente con la civilización y en ese propósito el proceso penal es históricamente un proceso más dependiente de los requerimientos probatorios. La evolución de la humanidad está ligada en este particular a la evolución del enjuiciamiento criminal que pasó de la mera suposición, de la intriga, de la calumnia y del rumor, a la ineludible necesidad de probar y comprobar las conductas y los resultados punibles. La prueba representa en el proceso penal un triunfo del hombre sobre su barbarie y sobre su decadencia. Es por ello que nosotros, los que suscribimos, todos ellos miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hemos decidido presentar esta iniciativa de Nuevo Código Penal Federal y de Nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. Estamos convencidos de que solamente una reforma mayor será la que permita a la sociedad mexicana por primera vez en muchos años, ponerse a la ofensiva en contra de los principales factores que la han tenido arrinconada y humillada. Con esta reforma se pretende sustituir integralmente todo el actual Código Penal que data de 1931 y que no obstante haber sido objeto de múltiples reformas, ha caído en un anacronismo inconveniente y perjudicial para la vida colectiva de los mexicanos. El nuevo catálogo de delitos se estructuró con fundamento en la jerarquización de los bienes jurídicos a proteger; se incorporó una ideología dirigida hacia el rescate del ser humano como un punto central de un sistema normativo protector de nuestra civilización. En este nuevo ordenamiento, el primer nivel de protección penal corresponde a las personas individualmente consideradas. En un segundo nivel, los de su inmediata relación tales como la familia. El tercer lugar lo ocupan los bienes jurídicos relativos a la sociedad. En un siguiente plano se protegen los vinculados con la soberanía. En el quinto se tutelan los bienes jurídicos de la Nación y del Estado. Para cerrar la estructura se encuentran los correspondientes a la humanidad y al orden internacional. En lo concerniente a los delitos contra las personas y contra la familia, se encuentran entre otros, aquéllos que atentan contra la vida y la salud personal, la seguridad y la libertad personal, la libertad y la seguridad sexual, la dignidad de las personas, la paz de las personas, la inviolabilidad del domicilio, de la intimidad personal y del secreto, la buena fama, el patrimonio y los derechos familiares. En lo que concierne a los delitos contra la sociedad, se encuentran aquéllos que atentan contra la seguridad de los bienes jurídicos, la salud, las garantías rectoras del procedimiento penal, la administración de justicia, el equilibrio vital de la naturaleza y la seguridad pública. Los bienes jurídicos protegidos y su ordenación obedece a su importancia, y las penas vinculadas a cada uno de ellos es acorde y proporcional a su valoración y a la magnitud del ataque a ellos a través de la conducta prohibida. En el homicidio y en las lesiones, se hace un reordenamiento de las calificativas. La premeditación queda incluida en el dolo y la ventaja en la alevosía. La traición se amplía al concepto de perfidia. Pero se incluyen dos muy importantes: la retribución y la crueldad, con ello se pretende castigar más severamente a quienes matan o lesionan por razones mercenarias o por complacencia de saña. Se le presta mayor atención al secuestro por ser una de las conductas más graves y más reprobadas y se incorpora la desaparición forzada de personas. Entre los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, se introduce la inseminación artificial realizada sin consentimiento y se agravan las penas en algunas formas comisivas, de abuso sexual. En los delitos contra la dignidad de las personas quedan claramente incorporadas todas aquellas actitudes que se consideran discriminatorias. El robo calificado queda sancionado con penas sumamente elevadas cuando se concurre en la violencia en la pluralidad de activos y las armas o instrumentos peligrosos. En los delitos contra la moralidad pública se incorpora la llamada pornografía infantil. En concordancia lógica con las reformas propuestas en el Código Procesal, se establecen delitos contra las garantías procesales fundamentales, tales como la orden ilegal de aprehensión o detención, la aprehensión o detención ilegales, la entrega retardada de detenidos, la detención y prisión preventiva ilegales, la formal prisión o libertad retardada, la negación de la función persecutoria y la función persecutoria indebida. Con la reforma propuesta que pretende corregir además en lo procesal además, un sistema de enjuiciamiento que contiene el Código Federal de Procedimientos Penales, de 1940 y que no pudo revertir ni aun con una profusa, difusa y confusa labor reformatoria. Las cuestiones que más han afectado al Sistema Procesal Mexicano, son: Primero, un fuerte y esencial desequilibrio entre la posición de cada una de las partes involucradas en el procedimiento penal. Segundo, una degradación valorativa y un creciente menosprecio de la función de la prueba y al propósito probatorio del proceso y tercero, una serie de procedimientos, criterios de omisiones irregulares y confusas que han permitido la entronización de prácticas y personajes que no corresponden a los propósitos constitucionales. Por ello, el primer segmento de las reformas dignas de mención se refieren a la revaloración equilibrada de tres personajes del proceso penal, sobre los que debe recaer la participación sustantiva: el juez, la víctima u ofendida y el inculpado. Para fortificar la presencia y participación procesal de la víctima, se establece su ineludible vinculación con el Ministerio Público desde la averiguación previa. Para ello se establecen derechos y obligaciones desde la indagatoria, tanto para incorporar pruebas como para precisar alegaciones. Entre otras cuestiones, se establece que el Ministerio Público durante la averiguación previa deberá incorporar y proveer todas las pruebas que ofrezcan y aporten el ofendido o el indiciado y además tendrá que usar sus facultades para obtener e incorporar aquéllas que los particulares no puedan por si mismas. Muy importante también es la relación con las víctimas, el catálogo de derechos procesales que adquieren desde la averiguación previa. En un sano equilibrio de la contienda también se revaloran los derechos procesales de los indiciados y los inculpados, no sólo en cuanto a lo que concierne a los imperativos constitucionales, sino en cuanto a aquellas cuestiones que la realidad ha deformado teniendo como concursos la indolencia de la ley y de los hombres. Entre otras cuestiones, a título de mero ejemplo se encuentra el caso de las audiencias en el proceso penal, donde sin que la ley así lo haya dispuesto los 3 principales participantes se encuentran en ausencia real o en ausencia técnica: el juez frecuentemente aislado en su privado, el inculpado enjaulado y apartado atrás de una reja de prácticas y la víctima u ofendido atrás de la barandilla o en el pasillo, por si se llegara a necesitar. En el centro de un escenario promiscuo en medio de escritorios, archiveros, basureros, ventiladores y vendedores, sólo participan el agente del ministerio público, el defensor y los auxiliares y mecanógrafos del juzgado. Para corregir ese desequilibrio y aun para restaurar la presencia y majestad de la justicia, se dispone en la iniciativa: Primero. Que el juez siempre esté presente o, de lo contrario, la audiencia será nula. Segundo. Que el inculpado comparezca igual que los demás, sin jaula, sin esposas, sin grilletes, sentado junto a su defensor en la mesa designada para ello. Tercero, que la víctima u ofendido no esté en el pasillo sino también dentro de la audiencia en la mesa designada y entre el ministerio público y su abogado personal, personaje de reciente incorporación o de nueva incorporación en el texto de la iniciativa. Se introducen y se proponen reformas para que los resultados procesales dependan esencialmente de que se hayan observado los principios generales de la prueba. En lo que concierne a la corrección de procedimientos irregulares o confusos, se establece todo un sistema para la impugnación, a través de dos recursos, uno ante el procurador y otro ante la justicia federal, contra el no ejercicio de la acción penal. Todas estas reformas y muchas más modifican radicalmente el proceso penal y la imposición de sanciones. Honorable Asamblea: sabemos que no solamente con reformas a la ley se podrá mejorar la situación del estado de derecho en México, aunque tampoco sería fácil lograr esto sin aquello. Este es el fondo del verdadero drama penal mexicano. Hay en la sociedad una profunda dolencia generada a través de derrotas, de incomprensiones y de sorderas. Fuera de unos cuantos afortunados, el resto ya no cree y ya no puede o, lo que sería peor, ya no quiere creer en la función de la justicia. Este es el verdadero aviso y la real advertencia para el futuro. Por ello se requiere de una renovación integral que propicie un mayor equilibrio entre las partes contendientes. No desde luego una supremacía de la víctima sobre el inculpado ni de éste sobre aquélla. No del ministerio público sobre la defensa ni de ésta sobre aquél. No desde luego un proceso penal sin pruebas. En términos simples, significa evitar lo único, lo único que es peor que la injusticia y que se llama justicia simulada. Es cuanto, Señor Presidente y hago entrega de las iniciativas correspondientes. (aplausos)