El diputado Higinio del Toro Pérez: Compañeras y compañeros diputados, vengo hoy a esta tribuna a fijar una postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Si me permiten antes hacer una reflexión sobre estos asuntos que hemos estado votando los últimos días. Yo celebro que cada vez más esta Cámara de Diputados sea sensible a los asuntos públicos, pero, sobre todo, a aquellos asuntos del día a día del ciudadano y para dar una muestra, recordar lo que hicimos la semana pasada. Nos pusimos de acuerdo todas las fracciones parlamentarias y prácticamente por unanimidad sacamos la Ley General del Registro Civil, que ahora les permitirá a los menores de edad, no necesariamente tener que registrar el estado civil de los padres o quitar esta palabra ahí medio facciosa de adulterinos. Nos pusimos de acuerdo también con la Ley del Seguro Social. Los padres, los varones hoy podrán solicitar el servicio de guardería cuando su situación jurídica así lo permita. Lo hicimos también con la Ley de Migración, endureciendo las penas para aquellos servidores públicos que denuesten el paso de migrantes por nuestro territorio. Y en ese sentido, el punto y dictamen que me antecedió en el uso de la voz va también en ese sentido, endurecer las penas para quienes cometan delitos electorales a través de la utilización de recursos públicos. Es un paso fundamental para esta transformación que algunos compañeros aquí han citado una y otra vez. Sin embargo, me gustaría hacer una reflexión, porque una cosa es el discurso combativo de oposición, y otra cosa también es el ejercicio conveniente del poder. De nada sirve hoy que aprobemos, y aprobamos ya está mencionada reforma de Ley de Procedimientos Electorales, si finalmente desde el día de hoy se incumple en que efectivamente se esté vigilando que los recursos públicos no se estén utilizando para este tipo de intereses personales. Contextualizo. Con lo que respecta a nuestro posicionamiento, el proyecto de decreto por el que se reforma esta fracción III, del artículo 113, y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación, por supuesto que para Movimiento Ciudadano será a favor. Señalando como punto de partida que desde el 4 de diciembre del 2018 el pleno del Senado de la República aprobó por mayoría de votos el dictamen correspondiente y ordenó el envío de la minuta a esta Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales. Afirmo, también, que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en la cual participo, realizó diversos trabajos a efecto de contar con mayores elementos que permitan analizar y valorar el contenido de la citada minuta, expresar consideraciones de orden general y específico sobre ella, e integrar el presente dictamen que en unos minutos más votaremos. Por lo anterior, nuestro posicionamiento será a favor, debido a que estamos de acuerdo en que se fortalezcan los mecanismos de vigilancia y de control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes. Por supuesto que estamos en contra de la emisión de facturas para simular operaciones inexistentes. Ya se dijo aquí, solo el mercado, el tamaño de ese negocio son 2 billones de pesos. Prácticamente un 40 por ciento del presupuesto anual de nuestra nación. Es una realidad que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismas que se han utilizado con el fin de obtener un beneficio totalmente ilegal. La evasión de impuestos es una práctica que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración. Además, estas prácticas pueden involucrar el lavado de dinero, por lo que este tipo de acciones deben tener consecuencias legales contundentes. Quienes integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano coincidimos en que se imponga una sanción de tres a seis años de prisión al que expida, enajene, comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Tenemos confianza en que consecuencias como esta contribuirán a que las malas prácticas se debiliten, se fortalezcan los ingresos públicos. Por supuesto lo que permitirá la sostenibilidad fiscal del gobierno mexicano. Es cuanto, señora presidenta.