EL C. DIPUTADO GUSTAVO BUENROSTRO DIAZ: Con su permiso, señora Presidenta. Sería injusto el no agradecer a mis compañeros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el apoyo recibido para que esta iniciativa sea una realidad. Y es que en la actualidad nuestro país, lo sabemos, atraviesa por una severa crisis en materia de seguridad pública, lo que produce hondas consecuencias que irritan y ofenden a la sociedad en su conjunto. La víctima y/o el ofendido del delito son quienes resienten con mayor severidad la común impunidad de que goza el infractor y la carencia de estructuras jurídicas y materiales que posibiliten el apoyo estatal que la calidad de víctima reclama. "Para Acción Nacional es de vital importancia lograr el establecimiento de un auténtico Estado de derecho, fundado en el reconocimiento de los derechos esenciales de la persona y que también el Estado sea promotor del bien común. "Es un hecho incontrovertible el que los mexicanos con frecuencia padecemos ataques a nuestras libertades y derechos fundamentales, ofensas a la dignidad humana, afectaciones en el nivel de vida e injusticias de toda índole. Todo esto generado por la carencia de estructuras jurídicas eficientes o políticas eficaces que puedan resolver dichas situaciones. "Debemos atenuar el dolor de las víctimas, porque el dolor es la única cosa objetiva, clara, evidente, constante, que resulta del daño que unos hombres causamos a otros hombres. Daño que en ocasiones es voluntario y en otras es involuntario. "La plataforma política del Partido Acción Nacional 1997-2000 dentro de su programa de iniciativas incluyó y a su vez impulsó, a través de los legisladores del Partido Acción Nacional de la pasada legislatura federal, que se modificara el contenido del artículo 20 constitucional. Esta iniciativa logró que quedaran establecidos los derechos mínimos de las víctimas del delito, creando para ello un apartado "B" en donde se especifican tales prerrogativas dentro del marco dogmático de la Carta Magna. Sin que ello implique en modo alguno en menoscabo de las garantías del inculpado. "Observamos así como el trabajo del Constituyente Permanente ha avanzado hacia la creación de un marco que garantice la dignidad humana y garantice los derechos mínimos de las víctimas del delito. Sabemos que los derechos humanos prevalecen, independientemente de la gravedad del delito o de la identidad del presunto responsable. También reconocemos que no hay casos particulares o circunstancias especiales que ameriten o justifiquen la restricción de esos derechos. Pero lo anterior en ningún caso nos debe conducir a perjudicar, aún más, a las víctimas del delito. "Desde el punto de vista superficial es común que se afirme que son frecuentes las violaciones de derechos humanos contra los procesados que contra las víctimas. Esto es un error. Lo cierto es que prácticamente el 75 por ciento de la quejas presentadas ante los órganos defensores de derechos humanos, tienen que ver con la violación de derechos de las víctimas del delito. "Considerando estas cifras, podemos afirmar que las víctimas y los ofendidos del delito necesitan con urgencia un marco legal que reglamente el artículo 20 de la Constitución, que las proteja a las víctimas, a los ofendidos del delito, de la lentitud en la procuración y en la administración de justicia, de la falta de asistencia médica y jurídica, no sólo dentro del proceso sino también dentro de la fase de averiguación previa, de la no reparación del daño causado, entre otras violaciones. "El concepto de derechos humanos implica integralidad, tal y como se plasmó en la declaración universal de los derechos humanos, es decir, el respeto a estas esenciales prerrogativas debe abarcar todos los derechos del hombre, los cuales el Estado ha de respetar y promover y de entre ellos los que destacan, los que hoy nos debe interesar, son los derechos de las víctimas y los ofendidos del delito. "Nuestro marco legal debe ampliar las garantías del afectado por el drama penal, éste tiene que asegurar la complexión legal a no ser victimizados o, en su caso, a ser tratados de manera justa cuando somos víctimas, respetando así nuestra dignidad como personas. "Afortunadamente en nuestro país, en nuestra nación, en México, ya hemos dado los pasos consistentes en evitar que las víctimas queden en el desamparo, pues ahora ya gozan de garantías constitucionales de manera más clara que con anterioridad. "La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, está consciente de que han quedado atrás las instituciones en que la víctima tenía el derecho de vengar la ofensa por su propia mano. Por ello ahora corresponde al Estado Mexicano democrático, la procuración e impartición de justicia, en la que deben incluirse los derechos de las víctimas y de los ofendidos del delito. "Para avanzar en la estructuración jurídico legislativa de protección a la víctima y ofendido del delito, es necesario romper con la idea exagerada que se ha venido adoptando, en el sentido de que el crimen atenta contra el Estado, para retomar un principio elemental en el que el delito atenta directa y primeramente contra las personas en lo individual y contra los grupos sociales, para que en torno a este principio se continúe otorgando a la víctima y al ofendido del delito el reconocimiento legal que merece. "Sus derechos, los derechos de las víctimas y de los ofendidos del delito, deben ser atendidos por el Estado, previniéndose la reparación por parte del sujeto activo del delito o siendo el mismo Estado el responsable de evitar que queden en desamparo quienes son víctimas de la conducta delictuosa. "Actualmente podemos apreciar el fracaso por parte del Estado en materia de protección y atención a las víctimas y ofendidos del delito, ya que éstas han optado en muchas ocasiones por la autodefensa, convirtiéndose en muchas ocasiones en vigilantes de su propia seguridad y en jueces de sus propias controversias. "Por ello, la transformación legal, institucional y política a favor de la víctima, que ya se comenzó recientemente con la creación del Apartado B del artículo 20 constitucional, requiere de un auténtico derecho de víctimas y ofendidos del delito, que con una gran precisión genere confianza cívica de que se respetarán los derechos de quienes son víctimas del delito. "Lo cierto es que la víctima es aquella gran olvidada del sistema jurídico mexicano y hoy la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, propone la reglamentación del artículo 20 constitucional, inciso b), en el que se establecen las garantías mínimas de todo mexicano que es víctima de un delito. Este hecho debe generar un reconocimiento a este esfuerzo que hace el Congreso de la Unión para que los mexicanos vean con mayor precisión, con mayor interés el trabajo legislativo y ¿por qué no? tener como una realidad el que las víctimas de hoy en adelante tendrán derechos en la realidad, no sólo enunciados sino derechos. México ha cambiado, México debe ser un verdadero estado de derecho en donde se respeten los derechos mínimos de las víctimas del delito. Solicito señora Presidenta se inserte el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto -LA C. PRESIDENTA. Con mucho gusto señor Diputado. Muchas gracias. PUBLIQUESE INTEGRO EL TEXTO DE LA INICIATIVA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES Y EN LA GACETA Y TURNESE LA INICIATIVA A LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. -Tiene la palabra la Diputada Petra Santos Ortíz del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Iniciativa de Reformas a la Ley de PROCAMPO. Sonido en la curul del Diputado. -EL C. DIPUTADO (desde su curul) Gracias ciudadana Presidenta. Para solicitarle me sea incluido entre los firmantes de la Iniciativa de Ley de Atención a Víctimas del Delito, leída por el diputado Buenrostro, por favor. -LA C. PRESIDENTA. Con mucho gusto señor Diputado. Se le ruega acuda a la Secretaría para que firme el texto que entregó el diputado y conste ahí su firma. Adelante, señora diputada. -