La diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un acto de reconocimiento por parte de la sociedad de este grave problema. Y hacemos votos porque en los próximos años se logre eliminar este día. Que no exista la violencia contra las mujeres, contra los niños. Los obstáculos para lograr la igualdad de género y alcanzar los objetivos de Desarrollo Humano del Milenio propuesto en el seno de la ONU pasan por desterrar la violencia contra las mujeres y las niñas, que sin duda representan un severo problema social, psicológico y de salud pública. Lo anterior significa un enorme avance para fortalecer el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, es preciso señalar que esta violencia tiene su origen histórico-estructural en la base misma de la naturaleza de las sociedades clasistas y de los Estados defensores de los intereses de unos cuantos; porque el predominio de un sector social sobre otro que reviste la forma de clase, etnia, género o grupos dominantes sólo puede ejercerse mediante el esquema de la represión y la violencia. Somos una sociedad violenta por naturaleza y eso nadie lo puede negar, porque es un hecho que se ha dado en todo el curso de las sociedades de clase a lo largo de la historia de la humanidad, donde las mujeres han sido también el flanco de ataque aunque no el único, pero sí el más persistente y cotidiano. La violencia es una acción que proviene de los Estados y se reproduce como cultura general al interior de las familias y de la sociedad. Por esa razón, la lucha de las mujeres en todo el mundo y en nuestra nación, es una lucha justa que ha pasado no sólo por la inconformidad y la protesta, sino también por el reconocimiento de derechos y la protección social de parte de los Estados. Por esa razón se ha buscado elevar a rango de leyes estos derechos, los cuales están hoy asentados en los marcos normativos que regulan la vida institucional de nuestro país. Sin embargo, a pesar de los grandes avances de regulación en materia de protección a las mujeres, los muestreos estadísticos señalan que las niñas y las mujeres en nuestro país continúan siendo objeto de una violencia con mayor saña por parte de los hombres que transgreden sus derechos. En este mismo nivel se encuentra la violencia sexual contra ellas. Estudios efectuados muestran que la impunidad por esos actos, sean del fuero común o del federal, es sumamente grave y preocupante, dado que el 100 por ciento del abuso hacia las mujeres solamente un 2 por ciento es debidamente perseguido y castigado; mientras que el 98 por ciento corresponde a casos que son negativos en materia de procuración y administración de la justicia. No debemos soslayar el hecho de que la primera parte de la impunidad está representada por la corrupción imperante en nuestro medio. La dominación que ha ejercido el sistema en la vida de las mujeres y niñas ha sido determinante para mantener un estado de cosas en el que las mujeres y niñas quedan desprotegidas y vulnerables a esos ataques. Tal es el caso, como ejemplo reciente, el que corresponde a la forma en que fue tratado el caso de la periodista Lydia Cacho por parte de autoridades del gobierno de Puebla; desde el titular, Mario Plutarco Marín Torres, hasta agentes judiciales, pasando por la procuradora de Justicia de ese estado. En todo el proceso relativo a este caso, de acuerdo con la información disponible en los medios, muestra que los derechos de la periodista fueron conculcados, trastocados por la vía de la corrupción y la impunidad, así como las leyes aplicables en la materia. La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el gobernador citado y funcionarios de Quintana Roo participaron en un concierto de autoridades para violar los derechos humanos de la periodista. Más aún, debe mencionarse que la violencia hacia las mujeres y niñas no distingue limitantes en cuanto a edad, condición social, religión o raza, lo que hace que el problema sea mucho más serio de lo que aparentemente se considera. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en nuestro país más de 30 millones de mexicanas, es decir, el 30 por ciento de la población total de México y el 60 por ciento de las mujeres, han padecido alguna forma de violencia y el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres ha ocurrido en sus hogares. Por tanto, las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo ven con beneplácito la promulgación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Nuestro grupo parlamentario se pronuncia de manera enérgica por conmemorar una fecha como la hoy en comento, para que de forma integral se fortalezcan y ejecuten las acciones legales correspondientes que inhiban y sancionen severamente la violación de las niñas y de las mujeres. Es cuanto. Por su atención, gracias.