El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, presidenta. Mucho daño hace tomar a la Constitución como mapa político y no hacer de su desarrollo lo que es o al menos debe ser: una norma exigible para garantizar derechos. Palabras del doctor Salvador Olimpo Nava Gomar, quien fuese magistrado en el Máximo Tribunal Constitucional Electoral de este país. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el texto constitucional hoy vigente nos convoca a una alta responsabilidad, no basta con que los derechos humanos sean reconocidos en nuestra Constitución y en el momento que las personas desean ejercerlos no cuenten con la oportunidad real y efectiva de poder gozar de ellos. El derecho a la vida, a la seguridad personal, a la salud pública y a la educación de calidad, a la libertad de expresión y de información; el derecho de participación política y el de la justicia, por citar los más básicos del ser humano, siguen sin ser protegidos y garantizados por el Estado mexicano. Un ejemplo de lo anterior, y aprovecho para decirlo frente a ustedes, es el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, reconocido desde el pasado 8 de febrero de 2012 en el artículo 4o de nuestra Carta Magna, y que sabemos no está siendo protegido ni garantizado a las personas en nuestro país. Para darles un ejemplo, el 14 por ciento de los hogares en nuestro país cuenta con continuidad en el servicio de agua potable por 24 horas, y el 86 por ciento restante cuenta con algún tipo de limitación en el suministro de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el Inegi en 232 municipios de nuestro país. Esto, mis amigos, es una bomba de tiempo que puede provocar caos social, sumado al llamado mal humor que señala nuestro presidente ya existe en la sociedad mexicana. Así también, dan cuenta los cientos de juicios interpuestos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por violaciones al derecho humano de participación política de ciudadanos que desean, tanto ejercer su derecho a ser votados a través de la postulación de un partido político, como aquellos que lo intentan por la vía independiente. Los requisitos irrazonables y desproporcionados, así como ciertas condiciones en materia electoral, generan violación a los principios de legalidad, certeza, equidad y progresividad, convirtiéndose en verdaderos obstáculos permanentes que están insertados en la Constitución y en las leyes de la materia, y que limitan el ejercicio de este derecho de participación política. Los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito no pueden ser moneda de cambio político en la coyuntura del momento. Ejemplo lamentable, compañeros, de esto, es precisamente el reciente rechazo a la iniciativa para modificar el artículo 4o de la Constitución, postergando el derecho a formar una familia sin discriminación a las personas de nuestro país. La protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de las mayorías. Es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de las mayorías en las instituciones democráticas. Así lo pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 24 de febrero de 2011, al resolver el caso Gelman contra Uruguay. Ojo, compañeros, no por ser mayoría se tiene derecho a violar los derechos humanos, porque de acuerdo al artículo 1o. de nuestra Constitución, todas las autoridades de nuestro país, sean estas administrativas, legislativas y judiciales, dentro del ámbito de nuestras competencias nos encontramos obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en este país. En el marco hoy del aniversario de los inicios de los trabajos del Constituyente de Querétaro, aprovechemos, mis amigos, para reflexionar nuevamente nuestra obligación como representantes de la nación, y si bien defendiendo ideales y agendas políticas, respondamos con seriedad, profesionalismo, ética y amor a la patria al creciente desprestigio y falta de credibilidad por el que atraviesa hoy la política y las instituciones democráticas ante la falta de resultados de justicia social y económica y por la insultante corrupción política que se vive en nuestro México. Fortalezcamos el Estado de derecho, rechazando la simulación en los trabajos legislativos y enfoquémonos en hacer de la estricta protección y garantía de los derechos humanos en un quehacer diario, así como de la rendición de cuentas y el rechazo a los privilegios de los cuales, mis amigos, la sociedad mexicana está harta desde hace mucho tiempo. Acatando, pues, la Constitución de 1917, cumplámosle al México de 2017. Es cuanto, señor presidente.