El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal: Compañeros y compañeras, legisladores, vengo a hablar en pro del dictamen que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción emitió en base de la ley, que expide la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos y la Corrupción. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. En un contexto de competencia global, como en el que vivimos, actualmente quienes adopten mejores prácticas tecnológicas y administrativas estarán mejor posicionados para fomentar el desarrollo, la inversión y la innovación. El mundo en el que vivimos, cada vez más dinámico e interconectado, donde los procesos burocráticos, engorrosos y tardados, y la falta de digitalización, representan obstáculos innecesarios para la ciudadanía y el sector productivo. Estos trámites excesivos, la duplicidad de requisitos y la opacidad en los procedimientos generan pérdidas económicas y también afectan la confianza en las instituciones, dificultando el acceso a servicios públicos y derechos fundamentales. Por ello, impulsar la simplificación administrativa y la digitalización de los trámites no sólo es una necesidad, sino una responsabilidad que no puede ni debe eludir el Estado. Al adoptar tecnologías innovadoras y mejorar los procesos regulatorios podremos garantizar un gobierno más eficiente, rápido, accesible y cercano a las personas, sectores sociales y económicos que lo necesitan. La digitalización de los servicios públicos será un catalizador del crecimiento económico, reducirá los costos operativos, facilitará la inversión y permitirá que las pequeñas y medianas empresas accedan a mercados más amplios y con mayor facilidad. Se estima que un mexicano realiza en promedio 486 trámites a lo largo de su vida, de los cuales el 85 % son trámites estatales o municipales. A nivel nacional existen miles de trámites federales, 523 trámites estatales en promedio por entidad federativa y 143 trámites municipales. Uno de los problemas más graves derivados de la burocracia existente es la corrupción. Según datos de la Encuesta Nacional e Impacto Gubernamental del Inegi, el 83 % de las personas en México considera que existe corrupción en los trámites gubernamentales. Por ello, no podemos olvidar que la simplificación administrativa que propone el presente dictamen también es un sinónimo de transparencia y combate a la corrupción, reduciendo el contacto discrecional entre ciudadanos y funcionarios, cerrando espacios para prácticas indebidas y promoviendo la rendición de cuentas. Otro beneficio inmediato es la certeza jurídica. Actualmente, la falta de claridad en los requisitos y tiempos de resolución, con la digitalización los ciudadanos podrán conocer con precisión el estado de sus trámites, los plazos de respuesta, los requisitos necesarios sin depender de la interpretación de algún servidor público. El dictamen que hoy discutimos tiene por objeto establecer el deber de las autoridades de todos los órdenes de gobierno de implementar políticas públicas de simplificación administrativas, digitalización de trámites y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de todos ellos. Y es la ley secundaria a los artículos 25 y 73 constitucionales, que aprobamos hace días y que constituyen la norma secundaria que regula la actividad de la simplificación administrativa. La digitalización de trámites ha mostrado grandes resultados. Durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México, la Agencia Digital de Innovación de Pública dio excelentes resultados. Estamos ante una nueva ley que permitirá mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer nuestras instituciones y garantizar que el desarrollo tecnológico se traduzca en beneficios tangibles para toda la sociedad. El modelo nacional propuesto a través del uso de herramientas con el portal ciudadano único y la Llave MX garantizan un acceso más transparente, más seguro y accesible a los servicios, eliminando intermediarios innecesarios y espacios de discrecionalidad. La reforma es profunda, innovadora, necesaria. Va más allá de eliminar trámites, pues redefine el papel del Estado como un facilitador de bienestar y no como un obstáculo. No se trata solo de adoptar tecnología, sino de rediseñar la relación entre gobierno y ciudadanía. Es momento de consolidar un modelo de gobierno basado en la eficiencia, la inclusión digital y la mejora continua de los procesos administrativos. La ciudadanía merece un gobierno moderno, que responda con agilidad y eficacia a sus necesidades. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen. Gracias por su atención y muy buenas tardes.