El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el paso de la humanidad ha dejado en el planeta una huella de explotación y degradación ecológica. Aproximadamente entre un tercio y la mitad de la superficie de la tierra ha sido transformada por la acción humana. La mala calidad del aire que está asociada directamente al cambio del uso del suelo es un claro ejemplo de la degradación ambiental que las acciones humanas han propiciado. En México, la carta de uso de suelo y vegetación serie cuatro del Inegi, indica que alrededor del 10.3 por ciento de las emisiones totales de bióxido de carbono, fueron causadas por cambios en el uso del suelo. Por otra parte, la Semarnat, que en el 2005 se emitieron alrededor de 71.2 millones de toneladas de contaminantes, de los cuales el 22 por ciento fueron por fuentes naturales, y el 78 por ciento por fuentes antropogénicas, es decir, resultado de la actividad humana. El medio ambiente es el patrimonio natural más importante con que cuenta una nación, su cuidado y la utilización de sus componentes tienen implicaciones de carácter económico, político social, pero además ético y moral. Desafortunadamente todos los días nos enfrentamos a daños al ambiente resultantes de actividades humanas que no se sancionan de manera oportuna y eficaz. Si bien la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental tiene como objetivo regular la responsabilidad ambiental, las acciones emprendidas no han sido suficientes para contener y reparar el daño ocasionado al ambiente, principalmente por la laxitud y ambigüedad de la legislación. La realidad es que la ley no responde a las expectativas que la sociedad demanda en las aplicaciones de sanciones ejemplares que garanticen que las empresas que han ocasionado algún daño, paguen montos económicos acordes con la afectación generada. Las multas actuales son irrisorias, lo que permite a las empresas violar normas legales de cuidado y desempeñe adecuado en instalaciones o actividades industriales que pueden perjudicar al medio ambiente, ya que resulta más fácil y económico pagar por contaminar que acatar medidas de seguridad ambientales. El derecho a un medio ambiente sano es una garantía constitucional y este vacío legal provoca corrupción e impunidad, lo que obstruye la obligación de garantizar ese derecho. En Nueva Alianza tenemos la convicción de que las políticas ambientales deben ser lo suficientemente fuertes para castigar conductas que dañen el medio ambiente, pero también preventivas para atender el reto de protegerlo y salvaguardarlo a fin de alcanzar mejores niveles de bienestar. En este sentido pongo a consideración de esta soberanía la iniciativa que reforma los artículos 6, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 22 y 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con el objetivo de fortalecer la legislación a fin de que nos resulte más benéfico el hecho de tener un medio ambiente más sustentable y no, como las empresas actualmente, que resulte más benéfico contaminar que prevenir y evita los daños ambientales. Tal como se encuentra redactada actualmente la ley no castiga como corresponde a los responsables de los daños ambientales, pues incluso los solapa al permitir atenuantes que permitan reducir el monto de la sanción económica y regularizar conductas irregulares en su origen. No es posible hablar hoy de la situación y deterioro del medio ambiente sin hablar de los daños ocasionados por la contaminación derivada de los desastres industriales, situación que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de personas y poblaciones. Si tomamos en cuenta que casi todos estos desastres ecológicos no solamente destruyen la flora y fauna de los ecosistemas, sino que también afectan la vida y salud de sus pobladores, de nuestros connacionales, y causan pérdidas millonarias por la afectación de sus actividades económicas, como la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo, entonces qué estamos haciendo, compañeras y compañeros. La industria genera el 42 por ciento de la contaminación en el aire y las descargas de agua industriales generan 340 por ciento más contaminación que las aguas municipales. Por desgracia estas conductas no son sancionadas adecuadamente debido a la laxitud de la ley, de ahí la imperiosidad y la imperiosa necesidad de fortalecerla para que las empresas cumplan con la obligación de reparar el daño y se ocupen del cuidado de sus procesos a fin de evitar ocasionar nuevos daños ambientales. Me despido, ya me llegó la tarjeta. Me despido diciéndoles nada más, compañeras y compañeros, si estamos dispuestos a crear las condiciones para proteger ese patrimonio de nuestros mexicanos, que ésa es nuestra responsabilidad y creo que no es nada mas de Nueva Alianza, sino los grupos parlamentarios también coincidimos en todo esto, ¿nos ayudan a cambiar las cosas? Por su atención y apoyo, muchas gracias, y hagamos que a este mundo le pinte mejor. Gracias, presidente.