La diputada Cristina Ruiz Sandoval: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hemos sido llamados a celebrar un periodo extraordinario que resuelva diversos temas derivados de la reforma constitucional político-electoral, cuya vigencia dio inicio el pasado mes de febrero, siendo uno de ellos el relativo a la expedición de una Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual establezca los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas. Entendemos la aprobación de un ordenamiento de esta naturaleza como parte de un proceso de enmiendas mucho más amplio, destinado a transformar en manera importantísima las reglas de la competencia política y así garantizar procesos electorales equitativos y apegados a la legalidad. La ley que el día de hoy vamos a aprobar responde no solo a un imperativo constitucional sino a la necesidad de adecuar nuestro sistema punitivo a la realidad y así sancionar aquellas conductas dirigidas a violentar la voluntad popular. Es cierto que actualmente contamos con una estructura normativa diseñada para tal fin, pero no lo es menos que la misma ha estado lejos de cumplir con los objetivos para la cual fue establecida. Baste señalar, para ilustrar lo anterior, un dato revelador. De acuerdo con algunos expertos, la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales solo registra consignaciones en el punto dos de las denuncias que son puestas a su consideración. Si lo anterior no fuera suficiente para obrar como ahora lo hacemos, entonces debemos traer a la memoria que desde 1996 no se reforma el Catálogo de Delitos Electorales contenido en el Código Penal Federal. Y debemos reconocer que de entonces a la fecha nuestra democracia enfrenta nuevos retos como la intromisión de diversos poderes fácticos en el desarrollo de los procesos electorales, entre muchos otros. La ley que ahora se sujeta a nuestra consideración es fruto de un trabajo generoso por parte de las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso y muestra de esto lo es que el dictamen aprobado en la colegisladora contó con la aprobación unánime en el pleno, por lo que es necesario reconocer el trabajo técnico y de naturaleza política desarrollado en el Senado de la República. La ley que ahora se nos presenta resulta valiosa, pues recoge la experiencia derivada de los últimos procesos electorales, lo que permite que se establezcan nuevas conductas delictivas y se modifiquen y adecúen las ya existentes en el ordenamiento punitivo federal, lo que permitirá sancionar aquellas conductas antijurídicas desplegadas por servidores públicos y funcionarios partidistas; pero no solo eso, también contribuirá al uniformar la normativa y a delimitar con claridad la competencia y la coordinación entre la federación y los estados de la República. Los resultados de un dictamen, como el que es motivo de la presente discusión, deben ser tales que inhiban a través de la imposición de sanciones la comisión de diversas conductas que han venido afectando la calidad de nuestra democracia; a saber, el uso de los programas sociales con fines electorales; el financiamiento ilícito de las campañas políticas; la utilización indebida de los datos contenidos en el Registro Federal de Electores; la negativa injustificada a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección; el ejercicio de cargos de dirigencia partidista o la postulación indebida a puestos de elección popular de quienes hubieran fungido como funcionarios electorales; la realización de actos que impidan el normal desarrollo de la jornada electoral; la coacción a los subordinados o la negativa a prestar servicios públicos; el uso de fondos públicos para apoyar a determinados candidatos o partidos y la compra de votos. Mención especial merece la actualización del marco normativo penal al entrar en vigor de una forma novedosa de participación política, como lo es la consulta popular, lo que permitirá que dicho ejercicio democrático se realice en cumplimiento a las normas que lo rigen. Debe destacarse que gracias a la presente reforma, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales contará con autonomía para el ejercicio de sus funciones, lo que significa un primer paso hacia la independencia del Ministerio Público prevista en el artículo 102 constitucional, pero también una garantía de que las indagatorias que se realicen estarán protegidas contra toda influencia perniciosa que pretenda desviar sus propósitos. Compañeras y compañeros diputados, en el Partido Revolucionario Institucional creemos que la democracia no se resuelve en las barandillas, pero ello no significa que los hechos que atenten en su contra deban quedar impunes. El establecimiento de penas debe ser último recurso por parte del Estado en contra de quienes se nieguen a ejercer la política de conformidad con las reglas establecidas para tal efecto, pero esta facultad no es renunciable, ni debe estar sujeta a ninguna negociación. El derecho, en tanto construcción humana, es siempre perfectible y por ello dinámico, debe responder a la realidad y resolver necesidades sociales. Consciente de lo anterior, el PRI ha decidido desde 1977 encabezar la transformación de nuestro régimen político y esta ocasión no será la excepción. Nuestro voto a favor del presente dictamen significa un voto a favor de la institucionalidad y de la ley. Es muestra de nuestra vocación por la construcción de instituciones y un claro repudio hacia la impunidad, la anarquía y la justicia por propia mano. Es cuanto, señor presidente.