La diputada Olga Lidia Herrera Natividad: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy se discute, es el resultado de un trabajo arduo para combatir con mayor efectividad los delitos que han presentado una alta incidencia en los últimos años y que ponen en severo peligro el bienestar de nuestra sociedad. Es el parteaguas para brindarle a las autoridades una herramienta procesal penal a fin de asegurar la debida investigación y, en su caso, la sanción de las conductas delictivas que lesionan gravemente a la sociedad mexicana; porque si bien es imperativo proteger los derechos de las y los presuntos responsables, también es fundamental garantizar la seguridad de las víctimas, los testigos y la sociedad en general. Desde la Constitución de Cádiz, de 1812, se establecieron las bases para regular la prisión preventiva, buscando garantizar ciertos derechos al detenido, como un proceso rápido y la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza. De ahí, se han realizado diversas reformas para la aplicación de la prisión preventiva, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la necesidad de seguridad. En este sentido, con la reforma constitucional del 2008 y el nuevo sistema de justicia penal, se estableció la prisión preventiva oficiosa; y hoy, con el dictamen que se discute y votaremos a favor, se incluirán en el catálogo de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa, los delitos de extorsión y de actividades ilícitas relacionada con el fentanilo, delitos que causan grandes daños a la sociedad y la salud pública porque la delincuencia, en sus diversas manifestaciones, socava la paz social, genera miedo, incertidumbre e impide el pleno desarrollo de las personas y las comunidades. Por ello, es necesario sentar nuevas bases para mejorar las políticas públicas en materias de seguridad. La extorsión, con 4.9 millones de casos, se ha convertido en una de las actividades delictivas más comunes. Las drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, representan un peligro creciente para la salud pública, especialmente para nuestros jóvenes. De ahí la necesidad de incluirlas en el catálogo de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa como una herramienta necesaria para prevenir la fuga de los acusados, asegurando su presencia en el juicio y, en caso de ser declarados culpables, el cumplimiento de su condena. Esta función es crucial para la integridad del sistema judicial. Sin ella, los juicios se retrasarían, se perdería evidencia y se socavaría la confianza pública en la justicia. Asimismo, es necesario proteger a la víctima, los testigos y la comunidad, evitando represalias, intimidación o nuevos delitos y con ello prevenir la obstrucción del procedimiento judicial porque un presunto responsable en libertad podría intentar influir en los testigos, manipular la evidencia e incluso amenazar a los funcionarios judiciales. La inclusión de estos delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa no significa dejar de lado el debido proceso ni la presunción de inocencia. Los jueces seguirán teniendo la obligación de analizar cada caso de manera individualizada y de garantizar el respeto a los derechos de los imputados. La aprobación de este dictamen es un paso firme hacia la construcción de un país más seguro y justo hasta lograr que todas y todos los mexicanos podamos alcanzar la tranquilidad que tanto anhelamos. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidenta.