EL C. DIPUTADO FELIX CASTELLANOS HERNANDEZ: Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo solicitó hacer uso de esta tribuna para hacer algunos comentarios sobre la iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas. Creemos que hemos pasado ya una fase importante en el proceso legislativo de esta iniciativa, pero es menester reiterarles el interés de nuestra fracción, para que junto con todas las bancadas aquí presentes, podamos en su momento discutir, con intensidad y con responsabilidad, este importante tema de interés nacional. Queremos recordarles que el conflicto que estalló el primero de enero de 1994, obligó a toda la nación y en especial a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a atender esta asignatura pendiente de la agenda nacional. El Poder Legislativo se colocó a la altura de la situación, y elaboró la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna y justa en Chiapas en marzo de 1995. Fue precisamente en el ejercicio de las atribuciones que la ley otorgó a la Cocopa como instancia de coadyuvancia, como se llegó a la firma de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, que fueron suscritos el 16 de febrero de 1996. Además en la firma de las reglas generales de la agenda, formato y procedimiento del diálogo y la negociación del Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad, se estableció en el Numeral Uno, Inciso b) fracción I, el punto de Derechos y Cultura Indígena. Y es en virtud justamente del contenido de este tema como la Comisión de Concordia y Pacificación elaboró un proyecto de iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena. En el marco del inicio de la nueva administración y de la petición por el EZNL de señales claras para reiniciar el diálogo que lleve a la paz, con justicia y dignidad en Chiapas, el presidente Fox remitió al Senado de la república dicha iniciativa. Esta acción fue enormemente positiva. En correspondencia el EZNL emprendió una marcha hacia la ciudad de México, para establecer el diálogo directo con el Poder Legislativo, para que la iniciativa de la Cocopa, fuera aprobada en el espíritu y en los términos con que fue originalmente formulada. Esta postura del EZNL también fue altamente positiva y la respuesta otorgada por la Cámara de Diputados convirtió este diálogo en un hecho histórico sin precedentes en la historia de México. La sociedad mexicana, los partidos políticos, con excepción del PAN, y un amplio número de senadores y diputados, fuimos sensibles al hecho de que durante siglos la cuestión indígena, como parte de la agenda nacional fue asignatura pendiente de todos los gobiernos, de tal suerte que las soluciones pospuestas únicamente acrecentaban los problemas que vienen padeciendo las comunidades y los pueblos indios. Es muy significativo y alentador que el mensaje indígena en la más alta tribuna de la Nación el pasado 28 de marzo, no fue pronunciado para insultar ni para descalificar a nadie, sino para presentar respetuosamente la visión de la vida y los problemas que por siglos han llevado a cuestas los pueblos indios. La palabra indígena fue usada a la vez para verter los argumentos a favor de la insoslayable necesidad de aprobar la iniciativa de Reformas Constitucionales sobre Derechos y Cultura Indígena. Los tres asuntos cardinales de dicha iniciativa que han sido objeto tanto de las especulaciones interesadas, como por otra parte de debates bien sustentados fueron expuestos con claridad y con visión por parte de los representantes del EZLN y del Congreso Nacional Indígena. La autonomía, la autodeterminación y los sistemas normativos indígenas, fueron objeto de una clara y contundente defensa ante las comisiones legislativas y demás diputados y senadores que tuvieron el acierto de asistir a este diálogo histórico entre los pueblos indios y el Poder Legislativo. La autonomía no es independencia soberana ni separatismo, sino el reconocimiento constitucional de lo que desde hace siglos existe y que ahora reclama su inclusión de pleno derecho en el proyecto nacional y su marco legal. Es decir, que los pueblos indígenas tengan la potestad de decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, de conformidad con el México multiétnico y pluricultural que somos. La autodeterminación no es la imposición de leyes o fueros especiales de sectores específicos al resto de la sociedad, sino la inclusión legal de una realidad persistente que ha sido la causa de la miseria y la exclusión de los pueblos indios para encaminarse en una dirección distinta que los incorpore como una parte fundamental del desarrollo nacional, pero aceptando la diferencia que los hace parte de un México plural. Los sistemas normativos indígenas, de ninguna manera pretenden mantener el autoritarismo y la exclusión de las mujeres y de los niños de las decisiones en sus comunidades y pueblos; tampoco se quiere con ellos preservar los hechos de cacicazgos y dominios autoritarios de grupos o personajes sobre las comunidades y los pueblos indios; todo lo contrario, se trata de recoger y sancionar legalmente lo más valioso de los usos y costumbres indígenas, para construir una convivencia social, política y económica más rica y justa entre todos los mexicanos. Con base en lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, considera que el balance del diálogo entre los representantes del EZLN y del Congreso Nacional Indígena con el Poder Legislativo no sólo fue positivo, sino que para todos los actores de este asunto central de la agenda nacional ha sido muy promisorio. En primer lugar, para el propio EZLN y el Congreso Nacional Indígena, por que ha sembrado la esperanza de que se incluya a los pueblos indios en nuestro marco constitucional y que formen parte plenamente del proyecto nacional. En segundo lugar, para el Poder Legislativo que ahora tiene en sus manos la responsabilidad de hacer realidad esta esperanza por siglos acariciada. En tercer lugar, para el Gobierno Federal, porque en correspondencia a sus señales positivas del diálogo, el EZLN ha establecido su voluntad política de concurrir al diálogo que lleve a la paz con justicia y dignidad que todos los mexicanos queremos sobre el conflicto en Chiapas. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo celebra calurosamente que haya tenido lugar dicho diálogo y sobre todo en los términos en los que se llevó a cabo. Consideramos que el Poder Legislativo tiene ahora la alta responsabilidad de dictaminar la iniciativa de la COCOPA y que fuera plenamente respaldada por el Ejecutivo al enviarla al Senado. Su aprobación tendrá que responder al espíritu y al contenido esencial en que fue formulada por la COCOPA. El grupo parlamentario del PT, tiene claro que la simple aprobación de las normas jurídicas por sí mismas no resuelven ningún problema, la norma no transforma la realidad en tanto no vaya acompañada de una política integral de inversión pública que en conjunto resuelvan los problemas acumulados a lo largo de muchas generaciones. No obstante la aprobación de una legislación de esta naturaleza, representa un paso indispensable en el proceso de participación de los pueblos indios en el desarrollo de México y desde luego, en el camino para alcanzar la paz en Chiapas. Por lo tanto, el Partido del Trabajo reitera su plena disposición a apoyar la aprobación de la iniciativa de Reformas Constitucionales sobre Derechos y Cultura Indígena. Ello representará saldar la deuda histórica de siglos con los pueblos indígenas y contribuirá decididamente a la consecución de la paz con justicia y dignidad en el Estado de Chiapas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. PRESIDENTE: Gracias señor diputado Félix Castellanos Hernández. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El tercer punto del tema relativo a Agenda Política, Comentarios en torno a la Reforma Fiscal Propuesta por el Ejecutivo Federal, a petición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, pasa para la sesión del lunes próximo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regresamos a la segunda parte de Proposiciones. El primer punto es el relativo a Punto de Acuerdo sobre la propuesta financiera para el apoyo de los deudores de crédito bancario que han funcionado con eficiencia y éxito en el Estado de Chihuahua, para resolver el problema de la cartera vencida. Y ha solicitado el uso de la palabra el diputado Jorge Esteban Sandoval Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la tribuna hasta por 10 minutos el ciudadano diputado Jorge Esteban Sandoval Ochoa. DIP. JORGE ESTERAN SANDOVAL OCHGA: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Deseo comentarles que con fecha 29 de diciembre del ario próximo pasa do, la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, autorizó el Ejecutivo para que constituyera el fideicomiso público denominado "Fondo de Apoyo a los Deudores de la Banca", como un instrumento financiero creado para el apoyo de los deudores de créditos bancarios del Estado de Chihuahua. Los fines de este fideicomiso son los siguientes: Constituir un fondo revolvente para llevar a cabo las negociaciones, gestiones y trámites necesarios con personas morales, públicas y privadas, para formalizar la administración de la cartera vencida de deudores de créditos bancarios de la entidad. Establecer un instrumento jurídico y financiero que permita a los deudores liquidar sus pasivos provenientes de créditos que hayan contratado con instituciones bancarias, siempre y cuando se acredite ante el Comité Técnico, la incapacidad de pago del crédito, en los términos pactados originalmente. Llevar a cabo las negociaciones con las administradoras de cartera vencida y celebrar con las mismas los actos necesarios para el cumplimiento del objeto del fideicomiso conforme a la autorizaciones que al efecto otorgue el Comité Técnico. Crear los mecanismos e instrumentos alternos necesarios para el cabal cumplimiento de los fines del fideicomiso, de conformidad con lo que acuerde el Comité Técnico. Llevar a cabo las contrataciones de financiamiento con el gobierno del Estado de Chihuahua, hasta por la cantidad de 100 millones de pesos y con instituciones públicas o privadas como fondo revolvente, para cumplir con sus fines. Que la fiduciaria pueda contratar los servicios profesionales necesarios para el cumplimiento y operación de los acuerdos que tome el Comité Técnico, ya sean prestados por personas físicas o morales, que cuenten con la capacidad, experiencia y probada honestidad. En esta operación figuran como fideicomitentes y al mismo tiempo como fideicomisarios, el gobierno del Estado de Chihuahua y los deudores de créditos bancarios que participen con sus aportaciones, a este fondo. Para su naturaleza y fines este fideicomiso representa un esfuerzo loable del Ejecutivo del estado y de los deudores, a la par que una muy importante vía para tratar de resolver a fondo del problema de la cartera vencida. A la fecha, se han incorporado a este sistema alrededor de 6 mil chihuahuenses, cuya cartera vencida monta aproximadamente la cantidad de 600 millones de pesos. Hecho que evidencia la creciente confianza de los deudores en esta figura asociativa. Los diputados chihuahuenses que formamos parte de esta Honorable Cámara de Diputados, nos dimos a la tarea de analizar tanto la estructura como la mecánica operativa del citado fideicomiso y llegamos a la conclusión de que esta experiencia chihuahuense puede ser aprovechada en beneficio de los deudores de la banca a nivel nacional. Y estamos convencidos de que una operación como la que nos ocupa, puede ser viable en todos los órdenes tanto jurídico, como financiero y esta afirmación la sustentamos en las siguientes consideraciones de carácter legal: El Artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito que establece las diversas operaciones que puede realizar los bancos, concretamente las que dicho precepto califica como análogas y conexas en la fracción XXV del artículo invocado. De acuerdo con esta última hipótesis, los bancos podrían vender cartera al fideicomiso previa autorización del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establece una comisión que cuenta con las siguientes facultades, entre otras: Las señaladas en el artículo 11, en su fracción I, III, VI, XI y demás relativos, consistentes en atender y resolver las consultas que le presenten los usuarios sobre asuntos de su competencia. Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio, ya sea en forma individual o colectiva, entre los usuarios y en las instituciones financieras en los términos de esta ley. Prestar los servicios de orientación jurídica y asesoría legal a los usuarios en los casos de controversia, así como proporcionar a los usuarios los elementos necesarios para procurar una relación más segura y equitativa entre éstos y las instituciones financieras. Estimamos aconsejable y conveniente que los miembros de la Comisión de Hacienda de esta Honorable Cámara de Diputados ocurran, en vía de consulta, ante la mencionada Comisión de Protección a efecto de que emita su punto de vista sobre la viabilidad jurídica, técnica y financiera del fideicomiso en comento, haciéndole saber que el propósito es que tal experiencia chihuahuense pueda ser adoptada a nivel nacional. Pensamos que con el auxilio y la asesoría de la Comisión citada estaríamos en posibilidad de apoyar, en forma más efectiva y certera, a los deudores de la banca, tomando como modelo a seguir el citado fideicomiso chihuahuense. Anexo al presente documento el decreto número 757/00 de la LIX Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua, el cual define la estructura y forma de operación del fideicomiso de referencia, para mayor información. En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo. Unico. Que los integrantes de la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados ocurran, en vía de consulta, ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a efecto de que dicho órgano emite su opinión y preste sus servicios de asesoría jurídica, técnica y financiera en torno a la posibilidad de que el fideicomiso chihuahuense en comento pueda ser adoptado como un mecanismo operativo nacional que coadyuve en la solución de los problemas de los deudores de la banca. Este punto de acuerdo es apoyado por 25 diputados del PRI, del PRD y del PT. Es cuanto, Señor Presidente. Hago entrega del documento.