El diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Con su permiso, señor presidente. Los habitantes de Cananea, que por más de un siglo han contribuido al desarrollo de la industria minera del país, viven una crisis económica generada por un conflicto laboral que pudo haber sido, en sus inicios, de relativa fácil solución y que por hoy se ha convertido en mucho más que un problema jurídico. Ya es un gravísimo conflicto social, económico y político. Si no se resuelve a la mayor brevedad puede llevar a un estallido social. Estamos obligados a percibirlo y clasificarlo como tal: como un Estado de emergencia y como un conflicto social a gran escala. Ésta no es una afirmación exagerada. Se equivocaría quien piense que se trata de un problema local sin repercusiones en la vida nacional. Hay suficiente evidencia histórica que muestra lo contrario. Cananea es un asunto de interés nacional y así debe de ser abordado. Ningún interés particular o de grupo puede estar por encima del interés nacional. Por Cananea es tiempo de definiciones, de acciones concretas, de posturas, que representen una modificación al estatus de inmovilidad que hoy prevalece. El municipio y su población ya no aguantan más. Es urgente que pasemos de los interminables jurídicos a las soluciones. Ya se ha gastado mucho tiempo en litigios y estudios al respecto. No más. Lo que se requiere es una decisión ejecutiva y quien puede accionarla es el titular de ese Poder de la Unión. A 32 meses de paro de labores de huelga y de un círculo vicioso de ataduras procedimentales, no existe avance ni solución en puerta que mitigue el problema social. Lo que hoy tenemos es un resolutivo que ha modificado más a la población. El presidente debe dar muestra de su capacidad de negociación para resolver este ya gravísimo conflicto social y que está muy cerca de enterrar a la ciudad de Cananea, entre los tajos a cielo abierto de la mina. No es tiempo tampoco de posturas protagónicas ni de oportunismo. Muchos estamos preocupados por Cananea y su gente. Nadie tiene el ánimo de lucrar con este conflicto. Tanto de parte del gobernador como del alcalde, los legisladores locales, mis compañeros diputados federales y los señores senadores, además de diversas personas que en diferente ámbito han alzado la voz, sólo he visto muestras de solidaridad hacia quienes más lo necesitan hoy, los cananenses. A todos ellos invito respetuosamente a conformar una mesa de diálogo, una vía institucional pero muy ejecutiva, con el ahora impostergable propósito de salvaguardar los derechos de los trabajadores mineros de Cananea. Mi referencia incluye no sólo los que son trabajadores activos, sino a quienes con su esfuerzo lo antecedieron, los mineros retirados, que se ubican en el grave peligro de perder sus legítimos derechos, fundamentalmente de atención a la salud, derechos que se ven amenazados ante lo que parece ser un inminente manotazo del Ejecutivo, de socavar el contrato colectivo de trabajo. No podemos ni debemos dejarlos solos. Me sumo con mucha energía a la exigencia de justicia social y al reclamo legítimo que todos vienen formulando para que este problema termine y estoy dispuesto a trabajar en conjunto por alcanzar un resolutivo final que favorezca a la comunidad que se encuentra como rehén de litigios interminables. Necesitamos el apoyo del presidente, quien con una decisión ejecutiva puede solventar de manera categórica este conflicto. En un contexto donde la Secretaria del Trabajo y Previsión Social anunció la inexistencia de la huelga horas antes de que lo hiciera la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 7 de agosto de 2007; en un contexto donde el Poder Judicial de la Federación concediera el amparo a los trabajadores y determinara la legalidad de la huelga; en un contexto en donde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha resuelto la terminación de las relaciones de trabajo por causas de fuerza mayor. Es imposible seguir bajo la lógica de una política laboral en la que la solución de los conflictos colectivos de trabajo se base en la terminación de las relaciones laborales sin importar que ello implique la conculcación del derecho de huelga, conquista de los trabajadores del país, consagrada en el artículo 123 constitucional. Sobre todo porque en un escenario de recesión económica el país requiere de fuentes de empleo. Por tanto es aquí donde las obligaciones del titular del Ejecutivo federal cobran mayor relevancia; por una parte, por las facultades conciliatorias que la ley otorga y por otra, que es el encargo de proyectar planes para impulsar los empleos en el país. Por ello es urgente que pasemos de las argumentaciones jurídicas a las soluciones. El municipio ya no aguanta más. No tengo ningún reparo en señalar como culpable de la dramática y trágica situación que priva en Cananea al Grupo México, por la crudeza e insensibilidad de abandonar a su suerte a toda una población, guiado únicamente por intereses económicos, dejando de lado su responsabilidad social con una población cuyas circunstancias le han dejado millonarias ganancias a la familia Larrea. Señalo con mucha claridad también la insensibilidad de Napoleón Gómez Urrutia, líder minero que, desde la comodidad de un departamento en Canadá, deja a sus representados en las condiciones más miserables. La negligencia, permisividad y falta de capacidad de la Secretaría del Trabajo al no poder ?o no querer? asumir su rol conciliador y usar las facultades que la ley le otorga, le hacen también culpable de que la población se encuentre al borde de un estallido social. Las salidas de este conflicto deben adoptarse con pleno respeto a nuestra Carta Magna y a la Ley Federal del Trabajo. La intervención del presidente de la república en la solución de conflictos laborales debe siempre atender a la conciliación entre las partes, con pleno respeto a los derechos de los trabajadores. Otra situación lamentable, originada por el mismo conflicto, ha sido la presencia policial como medio para resolver un conflicto laboral y social. En ese sentido, la presencia de la fuerza policiaca no tiene razón jurídica. Es totalmente inaceptable la participación del aparato coercitivo en un problema que debe ser atendido en un ámbito de mediación. No se puede castigar más a Cananea y a sus habitantes. No lo vamos a permitir. Muy grave también es la represión que se ejerció y se sigue ejerciendo por parte de Felipe Calderón en contra del pueblo de Cananea. Durante el pasado desalojo de las instalaciones de la mina se utilizaron gases lacrimógenos y varios mineros resultaron gravemente golpeados. Lo repito y lo señalo muy puntual: no lo vamos a permitir. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social por su parte, en una franca manifestación de incapacidad conciliatoria o negligencia por omisión al no poder dar solución al conflicto laboral, en un periodo ya de 32 meses, con las consecuencias trágicas y lamentables, ha incurrido en violación de los derechos humanos relativos al trabajo digno, tutelado universalmente. El gobierno federal no puede dejar pasar más tiempo para ofrecer una solución de fondo al problema de Cananea, pues el deterioro al que ha llegado la situación está erosionando aceleradamente el tejido social, amenazando la convivencia armónica de los sonorenses, así como la cohesión social del país en momentos de crisis económica. Todos estos factores han llevado a una ciudad al caos económico, al desánimo y ?por qué no decirlo? a la tristeza. Tal parece que hemos subido el escalón hacia la incertidumbre de la paz social. Elevo la más atenta petición para la implementación de medidas emergentes que brinden solución final al conflicto en la región, teniendo muy claro que si lo anterior no se cumplimenta pueden venirse hechos que todos vamos a lamentar. Es cuanto, señor presidente.