LA DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Queremos también, a nombre del Partido del Trabajo, reconocer la excelente labor que realizo el Presidente de esta Mesa Directiva a lo largo de este periodo. (aplausos) El día de hoy, clausuramos el segundo período ordinario de sesiones del primer año de esta LVIII Legislatura, el cual ha resultado por demás controvertido: la Marcha Zapatista iniciada el pasado mes de marzo, fue el punto de partida de la creación de múltiples consensos y muestras de apoyo que recibían a su paso en particular los que habitamos en la ciudad de México; presenciamos la llegada de los zapatistas que convirtió a esta ciudad el 19 de marzo en un día de gran fiesta democrática. En este mes y medio de sesiones, hemos sido testigos del cambio social en nuestro país durante este período que hubo un hecho inédito en nuestra historia por primera vez: la tribuna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue el espacio para que los que no tenían voz fueran escuchados por millones de mexicanos. Gracias al consenso alcanzado por las fuerzas democráticas y progresistas de este país, se dijo un contundente "ya basta" a la sordera y a la cerrazón; se dijo no al olvido y a la marginación y se permitió que por primera vez la voz de los pueblos indios fuese escuchada a lo largo y a lo ancho de nuestra nación para plantear las razones por las que están demandando que sus derechos y sus tradiciones, así como el disfrute de los recursos naturales que se encuentran en sus comunidades sean elevados a rango constitucional. Sin embargo, el pasado 28 de abril en el pleno de esta Cámara, se discutió el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas, de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, en el cual se discutió y aprobó la minuta que envi6 el Senado de la República a esta representación popular, mediante la cual se reconocen parcialmente los derechos de los pueblos indios. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se esforz6 por detener la mutilación que se hizo al espíritu de los acuerdos de San Andrés, cuyo contenido fundamental planteaba el reconocimiento jurídico de las comunidades habitadas por las diversas etnias de nuestro país, como entidades de derecho público. Por esta razón, nos opusimos a que el dictamen de las reformas constitucionales, en comento, fuera aprobado con el simple reconocimiento de entidades de interés público, por ello creaba una reforma cuyo contenido fundamental era desde su origen una letra muerta y una ofensa para nuestros indígenas. Finalmente la Ley de Derechos y Culturas Indígenas fue aprobada, atentando con ello el esfuerzo que realizamos los legisladores, los grupos indígenas, el EZLN y amplísimos sectores de la sociedad y con ello se impuso la cerrazón de quienes siguen considerando a los indígenas de nuestro país como menores de edad en el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Por otra parte, gracias a los consensos públicos a los que hemos llegado algunos grupos parlamentarios de oposición, así como las múltiples movilizaciones ciudadanas, logramos detener de forma contundente la lesiva propuesta de reforma fiscal enviada al Honorable Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo Federal, Esta importante acción política constituye un claro mensaje de que el país ya ha cambiado y que el Poder Legislativo no es más la sombra del Presidente de la República. La propuesta de reforma fiscal no tiene consenso, ni en la bancada del Partido que lo postuló a la Presidencia de este país. La propuesta de eliminación de la tasa cero a los alimentos, a las medicinas y a la educación logro unir a amplios sectores de nuestra sociedad en una voz que al unísono dice "no", y advierte al Ejecutivo Federal que va a estar muy pendiente para defender sus derechos, siempre que se intenten lesionar y que ni las campañas mercadológicas para vender falsas ideas podrán manipular a los millones de pobres de este país que ya están cansados de las grandes mentiras que plantean como candidatos quienes llegan a la Presidencia y después se convierten en sus acérrimos verdugos que tratan de sumirnos más en la miseria. En este período también se aprobó casi en su totalidad el paquete financiero que envió el Ejecutivo Federal para efectos de modernizar el aparato jurídico sobre el cual se sustentan las operaciones financieras. El estado mexicano es hoy por hoy uno de los pocos estados que quedan en el mundo, que son garantes de los fraudes y megafraudes que cometen los delincuentes de cuello blanco al amparo de una legislación financiera que abiertamente fomenta el riesgo moral, tal como lo ilustra específicamente el artículo 28 de la Ley del IPAB. Por nuestra parte, no hemos cesado en nuestro propósito de contribuir al desarrollo de un marco jurídico más equitativo y justo para las clases más desposeídas de nuestro país y por esa razón hemos presentado diversas iniciativas que pretenden tal propósito, entre ellas se encuentran las siguientes: Sometimos a la consideración de esta soberanía, la iniciativa de decreto que modifica el artículo Octavo de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjero, que trate de proporcionar seguridad jurídica a quienes para el derecho público actualmente son simplemente poseedores y que con nuestra propuesta se pretende que se les reconozca como propietarios plenos de los vehículos que tienen. De Igual forma nuestro grupo parlamentario, con la intención y el ánimo republicano de establecer un sano equilibrio entre los poderes públicos, Legislativo y Ejecutivo, sometió a la consideración de esta asamblea una iniciativa de reformas constitucionales al artículo 72, con el propósito de modificar la votación califica da de dos terceras partes que actualmente se requieren para superar las observaciones formuladas por el Ejecutivo Federal a los proyectos de ley que el Congreso de la Unión le envía para efectos de su promulgación. Asimismo presentamos ante el Pleno de esta soberanía, una serie de re formas a la Ley Federal de Radio y Televisión, con el decidido propósito de transparentar la relación de los medios de comunicación masiva con el Estado y la sociedad, particularmente al ejercicio discresional que del tiempo oficial que el Estado corresponde y que se centraliza por el titular del Poder Ejecutivo Federal, También propusimos que se establecieran controles al 12,5% del tiempo de transmisión de estaciones de radio y televisión, que los concesionarios de estos medios ponen a disposición del titular del Ejecutivo como acreditamiento del pago del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación. Si nuestras compañeras y compañeros diputados y senadores aprobaran las reformas propuestas, se podrá hacer uso tanto del tiempo oficial que proponemos, aumente a una hora, como del 12.5% del impuesto antes señalado, todos los poderes públicos y el IFE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar que el Presidente de la República continúe en uso de este tiempo como en las mejores épocas del presidencialismo mexicano para denostar a quienes se oponen a continuar las políticas de empobrecimiento de los mexicanos, que desde hace 18 años se vienen instrumentando. Creemos que nuestra participación en el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura, ha sido con un propósito claro y contundente de contribuir al avance del debate político nacional y a la formulación de una marco jurídico democrático que esté al servicio de las grandes mayorías de esta país, Pero sobre todo, estamos seguros que nuestra participación legislativa tiene como objetivo fundamental construir consensos políticos con las demás fuerzas políticas progresistas representadas en esta soberanía para dejar a la presente y a las futuras generaciones, un país que rompa con la desigualdad, la marginación y la pobreza. Es cuanto, señor Presidente.