LA DIP. DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, señor Presidente. Diputadas y diputados: Vengo ante ustedes a proponer un asunto fundamental de enorme nobleza que unifica criterios más allá de ideologías, posicionamientos políticos, en mi calidad de diputada federal, pero sobre todo como maestra normalista con 18 años frente a grupo en escuelas públicas de esta ciudad. Vengo a poner a su consideración la propuesta de otorgar en forma gratuita paquetes de útiles escolares que marque la Secretaría de Educación Pública para toda la niñez que estudia primaria o secundaria en escuelas públicas de nuestro país, así como instaurar el libro de texto de gratuito en secundaria. Lo propongo amparada en el principio constitucional de gratuidad de la enseñanza y convencida que estas medidas evitaran la deserción escolar y será de alto beneficio social en la economía popular. Proyecto de iniciativa de decreto por el que se reforman diversos artículos a la Ley General de Educación. La que suscribe, diputada integrante del grupo parlamentario del PRD en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55 fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 fracción III, 12 fracción V, 19, 33 fracción VIII, 75 fracción IV y se adiciona la fracción VI al artículo 65 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos En el sistema jurídico mexicano, ya sea que se refiera a la norma constitucional y su legislación reglamentaria, la educación es una función propia del Estado. Los antecedentes históricos del marco constitucional actual son abundantes; pero es propiamente a partir de la vigencia de la Constitución de 1917, cuando la educación ha estado íntimamente vinculada a la autoridad del Estado, transitando el concepto de función educativa con orientación socialista, de acuerdo a la reforma al artículo 3° constitucional del 13 de diciembre de 1934. A la educación eminentemente democrática, nacionalista, según la reforma constitucional de 30 de diciembre de 1946 que persiste hasta nuestros días, hasta llegar a la reforma constitucional del 12 de noviembre de 2002, en donde el Constituyente Permanente dispuso como principio constitucional que la educación pre-escolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica obligatoria. A lo anterior, debe agregarse que el postulado fundamental de que la educación que imparta el Estado sea una función pública de carácter gratuito y obligatorio, implica derechos y obligaciones para quienes la reciben y desde luego para el Estado y debe ser incuestionable el derecho a la igualdad de oportunidades, de acceso al Sistema Educativo Nacional sin más limitaciones que satisfacer los requisitos expresados en las disposiciones aplicables. Es inobjetable que la educación contribuya a preparar y apoyar los grandes cambios y transformaciones en el país. Por ello, cada avance que se dé en el ámbito de las funciones y tareas educativas, debe procurar afianzarla y extender sus beneficios, pues de lo contrario el derecho a la educación será un mero ideal y no una necesaria realidad. México vive hoy una onda transformación que exige brindar cada vez más atención a la educación, que presenta graves rezagos y enormes retos, baste señalar algunos ejemplos: De acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el último lugar entre los países miembros en el gasto anual por estudiante como porcentaje del Producto Interno Bruto per cápita en Educación Primaria y Secundaria. México invierte anualmente por estudiante de primaria, mil 96 dólares, en tanto que la inversión promedio en los países miembros de la OCD, es de 4 mil 148 dólares. Nuestro país ocupa el penúltimo lugar entre los países miembros con el mayor número de mujeres fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo y sólo es superado por Turquía. De cada 100 niñas y niños que entran a primaria, sólo cuatro concluyen la universidad; 50% de los jóvenes entre 15 y 19 años no cursan ningún nivel educativo. Ante la situación económica que ha vivido el país en el último decenio, el 10% del gasto familiar se destina a la compra de útiles escolares, que para muchas familias es imposible pagar. Lo anterior obliga a tomar decisiones que trasciendan en el ámbito del Sistema Educativo Nacional, particularmente en los niveles primaria y secundaria. En este sentido los libros de texto gratuitos en el Sistema Nacional de Educación Primaria constituyen, sin lugar a dudas, un instrumento fundamental en la educación básica y un avance importante que ha quedado superado por la triste realidad económica de la mayoría de las familias mexicanas, que se ven en la angustia de proveer de útiles escolares a sus hijos que cursan los niveles educativos de primaria y secundaria, además de que los textos en secundaria tienen un alto impacto en la economía familiar y es una causa de la deserción escolar. El esfuerzo ahora debe concentrarse en medidas que beneficien a la educación primaria y secundaria, así como a las familias de los educandos. Esto es, debe establecerse la obligación del Estado de proporcionar los libros de texto gratuitos a nivel secundaria, como sucede ya en el Distrito Federal y los útiles escolares autorizados en los niveles primaria y secundaria; lo anterior busca, se insiste, afianzar los niveles de primaria y secundaria, apoyar la economía familiar, respaldar la educación básica, elevar los niveles educativos entre otros objetivos. Cabe precisar que la matrícula de alumnos de educación primaria asciende a 13 millones 666 mil 361 alumnos y los de secundaria suman 5 millones 211 mil 84, lo que hace un total de 18 millones 877 mil 445 alumnos de ambos niveles. El costo promedio de los útiles escolares por alumno de primaria estará en el 2004 en un costo de 106 pesos con 11 centavos y de 168 pesos con 17 centavos para secundaria, lo que implica que la inversión para útiles escolares que autorizara este Congreso sería de dos mil 326 millones 515 mil 630 pesos con 12 centavos, que bien pueden obtenerse por ejemplo de la reducción de vales de gasolina que se entregan a servidores públicos de mando superior. Considero además, que otro de los atributos del decreto de reformas a la Ley General de Educación, que someto a la consideración de ustedes, señoras y señores diputados, consiste en que precisa la responsabilidad que tiene el Estado de realizar una función compensatoria social y educativa, propiciando la equidad y la permanencia de los educandos en los niveles de primaria y secundaria. Por lo anteriormente expuesto y fundado; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 55, fracción II; el 56, 62 y 64, del Reglamento de este Congreso, me permito presentar el siguiente decreto de reformas a los artículos 10 fracción III; 12 fracción III y V; 19; 33 fracción VIII; 75 fracción IV de la Ley General de Educación, en los siguientes términos: Artículo Único. Se reforman los artículos 10, fracción III; 12, fracciones III y V; 19; 33, fracción VIII; 75, fracción IV y se adiciona la fracción VI al diverso artículo 65 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: Capítulo Primero de Disposiciones Generales.- Se reforma la fracción III en su artículo 10 para que diga: "Los planes, programas, métodos se agrega-, útiles escolares y materiales educativos". En el artículo 12 fracción III, se agrega: "elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos de nivel primaria se agrega- y secundaria, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores involucrados en la educación". En la fracción V quedaría redactada como sigue: "fijar lineamientos generales para el uso de útiles escolares gratuitos y material educativo para la educación primaria y secundaria". En el artículo 19: "Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto y útiles escolares gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación les proporcione". En el Capítulo Tres, de La Equidad en la Educación, el artículo 33. -