El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Con su permiso, presidente. Compañeras, compañeros diputados, el día de hoy nos toca por primera vez en la historia de nuestro país calificar de aprobado o desaprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Sin Estado no hay desarrollo, pero paradójicamente decía un eminente Premio Nobel de Economía, el Estado puede constituirse en el peor obstáculo del desarrollo. En esta sentencia simple, pero a la vez profunda, se resume el espíritu que anima el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, una guía para navegar en las aguas turbulentas que han dejado la lógica neoliberal de la economía de libre mercado y el pasado más remoto del estatismo, que sin los matices necesarios contra la corrupción y la burocracia excesiva, raya a menudo en una estratolatría, que como en las religiones más obsecuentes, está dispuesta a voltear la mirada y soslayar los abusos del poder. Por eso, el Plan apunta a cimentar los dos pilares de un nuevo pacto social: devolver al Estado su papel como promotor del desarrollo y hacer del mismo un agente que actúe en nombre y beneficio de la sociedad y no de sus administradores. 30 millones de votos así lo reclaman y el Plan Nacional de Desarrollo, en consecuencia, responde. La política neoliberal apostó por una dinámica económica y social guiada por el mercado y exenta de las contaminaciones de la injerencia estatal. La meritocracia se volvió en el único criterio de justicia distributiva, sin reparar en las desventajas que para la inmensa mayoría de los mexicanos imponía la desigualdad de origen. Al amparo de esta visión se incitaba a que cada quien fuera responsable de su propio bienestar y a que los individuos nos comportáramos como seres aislados, sin responsabilidades políticas y, sobre todo, morales con los demás. La justicia distributiva solidaria fue vista como una forma no racional de promover el bienestar, a pesar de ser un referente tan cercano a nuestro ser histórico y nacional. Las consecuencias están a la vista, altos niveles de pobreza y desigualdad, crecimiento mediocre, insatisfacción de la dependencia externa, acentuando los desequilibrios regionales, un sector financiero que no cumple con la función primordial de intermediar el ahorro, pérdida de la soberanía energética y alimentaria, desmantelamiento de los lazos y valores comunitarios que se encuentran en la base de la pérdida de seguridad pública y de la confianza que solíamos dispensar a los demás. Por tal razón, el Plan Nacional de Desarrollo insiste tanto en la crítica al neoliberalismo y se trata de reparar los daños que prácticamente en todos los frentes ha asestado a la nación y uno de ellos fue el aparato estatal, que fue expropiado a favor de los poderes fácticos, que lo convirtieron en un espacio de corrupción e impunidad. Lo público devino en privado ante los ojos de todos nosotros. Todo se mercantilizó y se vendió al mejor postor y, al hacerlo, las instituciones se vaciaron de contenido, pasaron a ser víctimas del descrédito y un instrumento al servicio del poder y del dinero. No solo se marginó al Estado como agente central del dinamismo económico y social, sino que también se inyectaron las sustancias tóxicas que lo inhabilitaron para tal propósito y lo convirtieron en un obstáculo para el desarrollo. Si se quiere recuperar al Estado como guía y coordinador de los esfuerzos que desplegamos todos los mexicanos a favor del desarrollo, la primera tarea debe ser reformarlo en tres sentidos: moral, política y jurídicamente. En el Plan Nacional de Desarrollo la transformación moral consiste en erradicar la corrupción y el dispendio y la frivolidad del quehacer cotidiano de la administración pública. En el Partido del Trabajo coincidimos con este propósito general, apoya la estrategia encaminada a atajar, en todos los rincones, la desviación de recursos y clausurar las oportunidades que eventualmente propician la tentación de beneficiarse de los puestos públicos. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo apuesta a la honestidad de los funcionarios, pero no descuida propiciar cambios institucionales que estructuren los incentivos que estos encaran, premiar la probidad con el reconocimiento y castigar la deshonestidad con el peso de la ley y con la vergüenza pública. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ni los sueldos desorbitantes altos ni la ostentación faraónica son necesarios para ejercer con dignidad los cargos públicos ni para representar a México. Por eso, la austeridad republicana aspira a utilizar, con el máximo cuidado y con la mayor prudencia, el dinero que el pueblo ha depositado en sus representantes y la premisa inicial es no dilapidarlo en banalidades, a fin de canalizarlo donde el beneficio social registra mayor impacto. La renovación de la política es otra de las grandes líneas estratégicas que dibuja el Plan Nacional de Desarrollo, a la que el proyecto del Partido del Trabajo otorga su beneplácito. Transcurre por dos grandes avenidas: la separación del poder público del económico y el reencuentro del vocablo democracia, con su significado más profundo. El Plan compara este acto con el que ocurrió en el siglo XIX, con la separación de la Iglesia y el Estado. En la visión de nuestro partido ambas rutas se asemejan más a una época más reciente, la del general Lázaro Cárdenas, que configuró una alianza entre masas y Estado, que le imprimieron a este un carácter eminentemente popular y lo ubicaron por encima de las clases sociales, así adquirió y pudo desplegar capacidades arbitrales que le posibilitaron actuar siempre en pro del bienestar nacional, evitar la captura de los intereses particulares, dirimir conflictos entre actores sociales y preservar el equilibrio entre los factores de la producción. La observación no pretende ser una corrección erudita de la historia nacional, sino un llamado a recuperar el significado de las dos rutas trazadas previamente por el cardenismo, la reconfiguración de un pacto social incluyente que trascienda de una vez por todas el carácter elitista del contrato neoliberal. El propósito es doble: no dejar a nadie fuera ni dejar a nadie atrás, como lo plantea el propio Plan Nacional de Desarrollo. Y, en segundo término, convenir entre todos que la democracia es y debe ser el poder del pueblo, aunque el PT profesa una admiración profunda por Juárez y los liberales del siglo XIX, siente que esta transformación política, necesaria para el desarrollo, debe encontrar y recordar siempre sus orígenes si no se quiere, como sucedió varias veces en nuestra historia, extraviar el rumbo. En cambio, la tradición liberal de Juárez y su generación nos heredaron el valor del Estado de derecho y el plan lo recoge al amparo de una frase elocuente: Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Recuperar este principio no es un asunto retórico sino una deuda pendiente que la historia y especialmente los gobiernos le deben a la sociedad mexicana. Al amparo de la laxitud con la que se ha vulnerado el Estado de derecho, la impunidad ha brindado las oportunidades que necesitaba la delincuencia común y organizada para salirse de control. Transgredir la ley no tiene costos y ofrece múltiples y continuos beneficios. Se ha convertido en un negocio sumamente rentable y con menos riesgos que los padecidos por la gran mayoría de actividades que contribuyen al crecimiento económico. Ninguna empresa, micro, pequeña y mediana, principales generadores de empleo, y en general, cualquier ciudadano que se aventura a emprender y empeñar su capital y trabajo en la tarea de ganarse la vida, se sienten exentos de caer en manos de extorsionadores. Y todavía más, de encontrar en las autoridades judiciales el alivio a los abusos potenciales y pactuales de la delincuencia organizada. La política social del Plan Nacional de Desarrollo especifica cuál es el propósito central, el objetivo último de todas las vertientes por las que deberá transcurrir el gobierno del presidente López Obrador: hacer de México un entorno de bienestar para el final de la administración. Centrar la mirada en esta meta es una novedad del Plan Nacional de Desarrollo, que debe ser valorada más allá de la diatriba contra la ausencia de técnicas de planificación que se plantea, por primera vez, un núcleo articulador del conjunto del quehacer fundamental. Y eso es, precisamente, para darle sentido...