La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Con el permiso de la Presidencia. El papel que la armada de México desempeña en la salvaguarda de nuestros mares y océanos, además de las tareas de seguridad que realiza en apoyo a la autoridad civil, es de vital importancia para preservar la estabilidad y garantizar la soberanía sobre nuestro territorio y sus recursos naturales. El dictamen con proyecto de decreto que ahora se discute pone al día el marco legal institucional de la Secretaría de Marina Armada de México para que desempeñe de forma clara y eficiente la parte de sus funciones correlativas a la protección y vigilancia de nuestras zonas marítimas. El dictamen sobre la ley de vertimientos en zonas marítimas mexicanas fue una iniciativa originalmente presentada por el Ejecutivo el pasado 25 de octubre de 2012, cuya finalidad es actualizar el marco normativo y cumplir con protocolos internacionales a los que México está suscrito con el objetivo de preservar el medio ambiente y regular de manera más eficaz la contaminación y alteración de los mares por concepto de vertimientos. La actual dictaminación que dicta las directrices sobre el vertimiento de desechos en zonas marítimas data de 1979, por lo que a la luz de los cambios sociales, económicos y tecnológicos, resulta una normatividad obsoleta y se encuentra desactualizada. De ahí la necesidad de poner al día las leyes referentes a este tema. Del mismo modo, la falta de un marco legal que faculte mejor a la Semar para garantizar la vigilancia y el control de la contaminación de las aguas mexicanas le da un carácter trascendental al dictamen en discusión. Ahora bien, sobre el contenido del dictamen se puede destacar el hecho de que a partir de ahora la Secretaría de Marina Armada de México podrá contar con una serie de facultades de verificación y vigilancia específicas, además de que estará en condiciones de imponer sanciones y fijar las cantidades que se deberán cubrir para garantizar la reparación de los daños ocasionados por los vertimientos en las aguas mexicanas. Asimismo, la Semar evaluará las solicitudes de permisos para los vertimientos considerando circunstancias y efectos, pudiendo ser negados en casos que se consideren negativos para los ecosistemas o bien en condiciones en que los desechos puedan ser reutilizados, al tiempo que la armada estará facultada para realizar inspecciones en buques, plataformas o aeronaves navales en donde se sospeche que haya desechos para ser vertidos en el mar, pudiendo conducirse a los infractores a fin de garantizar la reparación de los daños, perjuicios y multas que pudieran aplicar. Con el presente dictamen también se estará facultando a la Semar para que ésta pueda realizar investigaciones oceanográficas que respaldan la emisión de sus resoluciones, por lo que se contempla que los dictámenes emitidos por la Secretaría tengan todos los fundamentos científicos y racionales para acompañar sus decisiones. Es destacable el hecho de que en la discusión y análisis bicameral de este dictamen se han recogido buena parte de las observaciones que hicieron organizaciones como Greenpeace, sobre la iniciativa original. Por ejemplo, en el tema de inspecciones, en lugar de que personal acreditado por la Semar las pudiera llevar a cabo, se modificó el texto para que sólo fuera personal de la propia Secretaría de Marina el único autorizado para realizarlas. Del mismo modo se atendió la redacción para que las infracciones y sanciones tuvieran claridad al momento de su aplicación, evitando la discreción de las autoridades y privilegiando la transparencia. También resulta importante señalar que en la elaboración del presente dictamen se ha mantenido una comunicación y coordinación constante dentro del Congreso y sus comisiones, así como la propia Secretaría de Marina, por lo que este dictamen es un proyecto no sólo incluyente y que retoma las sugerencias hechas por el equipo técnico y jurídico de la Semar, sino que además ha generado consensos entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso, teniendo detrás de sí un trabajo de coordinación entre las Comisiones de Marina del Senado y la Cámara de Diputados. Sin duda, vigilar una superficie de 3 millones 140 mil 920 kilómetros cuadrados que comprenden el mar territorial sobre el cual México ejerce soberanía absoluta, y la zona económica exclusiva en la que se ejercen derechos soberanos en cuanto a la explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales contenidos en la masa de agua, lecho y subsuelo marino, es una tarea titánica y no sin dificultades tanto operativas como presupuestales que debe realizar la Secretaría de Marina Armada de México. Sin embargo, con este nuevo marco jurídico, así como del incremento presupuestal para el próximo año que recibió la Secretaría de Marina, la cual fue de 12.5 por ciento más con respecto al Presupuesto de Egresos 2013, las y los diputados estamos contribuyendo a dar certeza al accionar de la Armada de México, a fin de que cuente con las herramientas legales y presupuestales necesarias para garantizar su labor de protección y vigilancia del medio ambiente y las zonas marítimas mexicanas. Por todas estas razones es la que las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor el presente dictamen, ya que con ello cumplimos con la responsabilidad de dotar a fuerzas armadas que son nuestras, de todas y todos los mexicanos en todos los sentidos, de un marco legal acorde a las necesidades del siglo XXI al tiempo que dejamos claro el compromiso que en el PRD tenemos con la protección del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas. Es cuanto, diputado presidente.