El diputado Emilio Manzanilla Téllez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para fijar posición a favor del dictamen, por el que se adiciona a la fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada. La seguridad privada es la prestación de un servicio con el fin de proteger los bienes o derechos de una empresa o persona. La seguridad privada tiene su auge a partir de la década de los ochentas y se buscaba cubrir los espacios que no cubrían las fuerzas policiales tradicionales, lo que se tradujo en un entorno cada vez más complejo, más inseguro y más violento. Las circunstancias de pobreza y las amenazas crecientes provocadas por la inseguridad han afectado a casi toda la población, pero particularmente a sectores productivos los cuales se han visto afectados por las pérdidas económicas generadas por la delincuencia, así como las irreparables pérdidas de vidas humanas. El ambiente que se empezó a vivir y que ha ido agudizando a través de las décadas, obligó a las empresas y a ciudadanos a buscar una protección para compensar lo que el Estado por sus limitaciones y/o por sus complicidades no pudo ofrecer. El crecimiento de las empresas de seguridad fue un principio de forma lenta, pero el ritmo de crecimiento de esas empresas se ha vuelto vertiginoso y ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, 2017. Las cifras en México nos dicen que 7 de cada 10 grandes empresas se vieron en la necesidad de contratar servicios de seguridad privada. En el caso de las empresas medianas, 1 de cada 2 se vio obligada a enfrentar la inseguridad del país y tuvo que pagar, para resguardar sus bienes o para resguardar el transporte de valores o mercancías. Datos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) indican que en el año 2017 la inseguridad y los casos de impunidad que enfrentaron las compañías les costó 1.7 billones de pesos. Es decir, casi 10 puntos del PIB. La American Chamber México, en el informe del año 2016 calculó que las firmas destinaron entre 1 y un 10 por ciento de sus presupuestos anuales de operaciones en la contratación de personal y en la contratación de diversos dispositivos de seguridad privada. Datos de la Coparmex de la Ciudad de México demuestran que la inseguridad les cuesta aproximadamente un 20 por ciento de sus ingresos. Otro dato importante es que en los años de 2017 el robo de autotransporte creció un 85 por ciento respecto a 2016. Por lo es importante destacar que la seguridad privada ha ido creciendo desmesuradamente, a la par que la delincuencia lo hizo. Sin embargo, la corrupción y la impunidad generada por décadas de políticas corruptas neoliberales hicieron que la seguridad estatal y la falta de resultados haya generado un lucrativo negocio de la seguridad privada, donde distintas empresas se encargan de ofrecer custodia, vigilantes y distintos dispositivos para cualquier ciudadano que pueda pagarlos. Por los datos anteriores, es que los diputados y las diputadas del Partido del Trabajo votaremos en favor del dictamen. Además, es necesario mencionar que el Partido del Trabajo impulsa una iniciativa similar, ya que sabemos que hay que regular la seguridad privada. Lo he dicho antes y lo sostengo ahora. Es necesario poner orden en las instituciones de seguridad, tanto de las privadas como de las públicas de los estados. Ya ven las penurias que pasan los transportistas y los automovilistas en el estado de México. Si no son asaltados por delincuentes son atracados por alguna autoridad corrupta que, mediante mentiras, los infraccionan y los llevan a los corralones privados, donde les cobran unas cifras muy altas y, si no pagan, les dañan sus vehículos. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Viva el Partido del Trabajo. Es cuanto, presidenta.