La diputada María Fernando Romero Lozano: Compañeras diputadas y compañeros diputados, resulta importante considerar que en el dictamen que hoy se nos presenta para su aprobación se violan diversas disposiciones constitucionales y legales. Me ocuparé únicamente lo relativo a los asentamientos humanos y desarrollo urbano. En materia de asentamientos humanos el artículo 41, tal y como se encuentra planteado en el dictamen, viola lo dispuesto en la fracción XXIX, inciso c), del artículo 73 constitucional, el cual faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos. De igual forma viola las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, cuyo objeto se centra en establecer la concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, para fijar sus normas básicas, definir lo relativo a provisiones y reservas que regulen la propiedad en los centros de población y establecer las bases en la participación social en la materia, entre otros. El artículo 6 de la propia ley establece que: Las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población tiene el Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adicionalmente el artículo 8 del mismo ordenamiento indica que las entidades federativas deberán coordinarse con la federación, con otras entidades federativas y con sus municipios para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población. Por todo lo anterior consideramos que las fracciones X, XIII y XIX del artículo 41 de la reforma que hoy nos ocupa viola los principios fundamentales que han regido en la relación corresponsable de los tres ámbitos de gobierno en la materia. Es por lo anterior que proponemos que en todas esas fracciones se especifique que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de nueva creación debe coordinarse con las entidades federativas y los municipios con el fin último de preservar el pacto federal y la integridad, autonomía e independencia de los estados y municipios que componen nuestra nación. Para mantener vigente una república federal y democrática que respete decisiones y necesidades de las comunidades y municipios, debe dejarse de lado prácticas, medidas o acciones de carácter centralista o autoritarias para dar paso a la reivindicación de los ayuntamientos, los cuales deben dejar de ser un gremio de burócratas que defienden mayormente sus propios intereses o los de sus partidos políticos para convertirse en una institución en la que los ciudadanos participen directamente de las decisiones y se conviertan en la base de la vida política de las entidades federativas. De ahí que lo relacionado con el ordenamiento territorial, rural o urbano, con la regulación de los asentamientos o poblaciones debe ser competencia de entidades federativas y ayuntamientos. Necesariamente debe contarse con la participación de estos órdenes de gobierno y de los ciudadanos que conviven en estos espacios. Resulta indispensable que la secretaría que hoy se propone crear asuma el carácter de coordinadora de las políticas públicas, principalmente en materia de asentamientos humanos. Pretender dictar desde la federación estos lineamientos equivale a querer establecer desde la capital de la República, el lugar y las condiciones en que van a desarrollarse los centros de población, sin tomar en cuenta las características específicas de cada uno de ellos. Hoy propongo la modificación de estas tres fracciones, con el objetivo único de preservar las facultades que las entidades federativas y los municipios tienen, principalmente en materia de distribución y ordenamiento territorial de los centros de población, de los programas para el suelo urbano y la preservación de las reservas territoriales, de los programas de vivienda y desarrollo urbano y metropolitano y de los programas especiales de desarrollo regional e inversiones. Es cuanto.