La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy estamos discutiendo ejemplifica a la perfección uno de los enormes defectos a los que incurrimos al tratar de convocar al voto unánime de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara. Cierto es que generar consensos es quizá una de las labores legislativas que mayor oficio y esfuerzo político requiere, sin embargo, en aras de privilegiar el consenso muchas veces se sacrifica la precisión, la claridad y el buen empleo de la técnica legislativa. Resulta por demás cuestionable que detrás de las posiciones divergentes que dificultan los consensos se oculta la defensa de intereses económicos particulares. En el caso que nos ocupa resulta inadmisible que en el ánimo de defender las ganancias de los concesionarios carreteros, la ley tenga que escatimar, tenga que aplazar las acciones urgentes e inmediatas para facilitar evacuaciones de las personas que se encuentran atrapadas en una zona de riesgo. Resulta inadmisible que después de subsidiar las ganancias de estos particulares con los impuestos que pagamos todos los mexicanos y que se han canalizado a través de Fondo de Rescate Carretero, que después de que a costa del Presupuesto público se paguen sobrecostos de construcción y operación en las autopistas, por ejemplo, a la española OHL, todavía tengamos que solicitar la consideración de empresas para ver si están dispuestos a exentar el peaje cuando se presente una situación que amerite la pronta evacuación de los ciudadanos, resultado de una situación de emergencia. El dictamen a discusión se modificó y trastocó el sentido de la iniciativa presentada por la diputada integrante de la coalición Por México al Frente, Rosalba Ramírez Nachis, misma que ubica con precisión el sentido de emergencia de una situación que amerite instruir o solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinar la exención del peaje en aquellas autopistas en las que se requiere evacuar a personas en situación de riesgo en forma inmediata. Nada más imperioso es una situación de emergencia que emitir un acto de autoridad ágil a cargo de la autoridad específica, en este caso la SCT. El dictamen le da vuelta al sentido de emergencia para que la emisión de un acto de autoridad y reduce este vital asunto a una ambigua expresión en voz pasiva, que tibiamente expresa: se gestionará la exención de peaje. Es menester entonces preguntarnos: ¿Ante quién o quiénes se va a gestionar? ¿Cómo se va a gestionar, a través de una llamada telefónica, de un correo electrónico, o mediante un oficio con tres copias? ¿Cuál será el plazo para llevar a cabo esta gestión? Una lectura entre líneas que puede desprenderse del texto del dictamen resulta por demás inquietante, ya que puede concluirse que quienes verdaderamente mandan el subsector carretero no es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino los concesionarios privados. Nuestro grupo parlamentario votará a favor. Sin embargo, consideramos importante mejorar esta reforma, por lo que presentamos reservas para reintegrar el sentido y alcance original de la propuesta legislativa, misma que mandata un mecanismo específico para garantizar la pronta e inmediata salvaguarda, la seguridad y la protección de la población que se encuentre en zona de riesgo ante una situación de desastre o emergencia. Solicitamos su voto favorable para dicha reserva, por lo que votaremos a favor en lo general y en lo particular la reserva. Gracias por su atención. Gracias, presidente.