EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: El Estado en cualquier economía del mundo, debe garantizar estabilidad y crecimiento económico sustentable mediante el uso adecuado de instrumentos fiscales, monetarios y financieros. Las funciones básicas del Estado en el ámbito económico son asignación de recursos, distribución, estabilidad, crecimiento y vigilancia y un perfil de desarrollo sustentable. En este sentido, la intervención que el Estado tiene en la economía, debe ser con fines compensatorios o correctivos, pero ante la evidente pérdida de actividad económica y constante deterioro del desarrollo y el ambiente rural, el Estado también debe ser promotor y vigilante del perfil de desarrollo económico, sobre todo ante el bajo nivel de crecimiento del sector y el creciente deterioro social y ambiental en el campo. En este sentido, preocupados por el bajo nivel de desarrollo rural, debemos retomar y fortalecer la responsabilidad constitucional que el Estado tiene para conducir el desarrollo nacional mediante la planeación, promoción, coordinación y orientación de la actividad económica. El campo y todo lo que representa para nuestro país desde el punto de vista social, productivo y ambiental, debe seguir siendo considerado como estratégico y prioritario, sobre todo si queremos alcanzar mejores niveles de desarrollo rural sustentable. El deterioro productivo y ambiental en el campo es evidente, paralelamente a este proceso se observan grandes debilidades productivas como el poco crecimiento del sector, derivado del débil apoyo gubernamental para el fomento de las actividades agrícolas y el desarrollo del Sector Agropecuario. Esta situación es paradójica, ya que a pesar de las reformas constitucionales al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, así como su legislación reglamentaria que entre otros objetivos perseguía incrementar la inversión y la eficiencia en el campo, éstos realmente no han dado de ninguna manera los resultados esperados para el desarrollo del campo ni en lo productivo ni mucho menos desde la perspectiva de la protección al medio ambiente. Por ello necesitamos nuevos esquemas de asociación, con el fin de compartir riesgos con el sector productivo y disminuir los costos para la protección ambiental, de tal manera que los proyectos que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable apoye, deben ser técnica y financieramente viables, pero también ambientalmente sustentables. La Ley de Desarrollo Sustentable debe tener muy en cuenta las actuales tendencias de la agricultura y el desarrollo campesino en el mundo, encaminadas a lograr la sustentabilidad mediante esquemas productivos que no sólo sean técnica y financieramente viables, sino también ambientalmente sustentables, con el fin de asegurar la producción de alimentos de calidad en forma sostenible y así lograr la autosuficiencia alimentaria, sin dejar de facilitar la conversión de aquellas superficies en las que sea posible establecer actividades sustentables que no sólo verifiquen mayor rentabilidad, dando con ello certidumbre y sustentabilidad económica a los productos agrícolas y mayores capacidades para su adaptación al cambio, que demanda la nueva política de desarrollo agropecuario y la aplicación de la política agraria contenida en la citada reforma al artículo 27 constitucional. Es necesario que los apoyos directos contribuyan sobre todo a la recuperación y conservación de bosques y selvas y a la reducción de la erosión de los suelos y la contaminación de las aguas, favoreciendo así el impulso de una cultura de conservación de los recursos naturales. Por ser del más alto interés nacional apoyar el desarrollo sustentable de los productores del campo mediante un programa que eleve las condiciones de vida, conserve los recursos naturales y fomento el desarrollo del Sector Agropecuario, bajo criterios no sólo de rentabilidad sino de sustentabilidad, proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción al Artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, recorriéndose en su orden la actual fracción VII para pasar a ser la fracción VIII para quedar en los siguientes términos: Artículo 71, de la fracción I a la VI se queda igual. fracción VII) Compartir riesgos de mercado con el sector privado y social, con el fin de que los proyectos productivos se apoyen, no sólo sean técnicamente y financieramente viables sino también ambientalmente sustentables. Es cuanto diputado presidente. -