La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La pluralidad de nuestra vida democrática ha traído consigo una evaluación más rigurosa del desempeño de nuestras instituciones y de quienes las representamos o formamos parte de éstas. Sectores representativos de la sociedad organizados y preocupados por la situación en la que se encuentra nuestro país en materia de seguridad han exigido al Estado el cumplimiento de una de sus funciones fundamentales: garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos. Es preocupante que los mexicanos y mexicanas vivamos con temor, que existan entidades federativas, municipios y regiones del país en las que el Estado sea superado por poderes fácticos. Ante la incapacidad del gobierno, el desaliento e inquietud social es evidente. El incremento de la violencia e inseguridad en nuestras calles, los severos daños producto de las inundaciones afecta a millones de mexicanos. Y la política económica restrictiva generadora de desempleo constituye factores que dañan la cuestión social. Garantizar seguridad, empleo, educación, vivienda y salud es para todos es una obligación que el Estado no puede eludir. Para Nueva Alianza, los esfuerzos del gobierno federal deben orientarse a impulsar políticas que generen empleo, a fortalecer las instituciones e impulsar el desarrollo regional. La gobernabilidad pasa por el bienestar y la creación de oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. La desigualdad y la pobreza amenazan la cohesión de nuestra sociedad. Qué mejor manera de combatir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, que impulsando la educación para construir una cultura de la legalidad en una sociedad más próspera y con más oportunidades para nuestros jóvenes. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que un gobierno eficaz se caracteriza por la existencia real de un Estado de derecho, solidez institucional y democracia participativa. En este marco, el apartado Estado de derecho y seguridad, del Cuarto Informe de Gobierno, destaca que el Ejecutivo federal se ha empeñado en fortalecer el Estado de derecho por ser un elemento sustancial para garantizar la seguridad y el patrimonio de las familias, la convivencia social ordenada y el desarrollo. Sin embargo, no apreciamos que el eje rector sea un Estado constitucional de derecho, sobre todo, cuando en este Cuarto Informe se da cuenta de manera prioritaria de las opciones orientadas al combate del crimen organizado. Hoy, la prioridad es avanzar en la definición de una política de Estado en materia de seguridad pública que involucre y articule los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. Reconocemos la labor y el heroísmo de nuestras Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado; sin embargo, es imprescindible promover un cambio en las estrategias y tácticas empleadas hasta el momento. El accionar de los grupos delictivos no tiene límites. En los últimos meses hemos sido testigos de reiterados atentados contra periodistas. La libertad de expresión y de pensamiento son elementos que mantienen y dan sustento a la vida democrática del país. Hoy, México ha sido señalado como una de las regiones donde el ejercicio del periodismo se ha convertido en una de las que implica mayores riesgos. En el Cuarto Informe se alude la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiendo de la Procuraduría General de la República, lo lamentable es que omite señalar cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos. Ahora bien, de acuerdo a la Constitución el petróleo es de los mexicanos, pero la realidad es que la delincuencia también se ha infiltrado en Petróleos Mexicanos. El personal que labora ahí ha sido víctima de amenazas, incluso, hasta el día de hoy, nada se sabe sobre el paradero de 38 trabajadores reportados como desaparecidos. La impunidad es una característica que define el sistema penitenciario, si partimos que el sistema de seguridad pública comprende las fases de prevención e investigación del delito, la procuración y administración de justicia y por último, la ejecución de sanciones penales. Es evidente que si alguna de ellas no cumple con su objetivo, el sistema se vuelve ineficaz. Asimismo el informe es omiso en dar cuenta sobre el uso y destino que guardan los bienes confiscados. Tampoco se menciona sobre el estado procesal de los juicios derivados de la aplicación de la Ley Federal de Extensión de Dominio, rubro que es importante que esta Cámara de Diputados y la sociedad tengan conocimiento. El asunto debe de ser desarticular las redes financieras del crimen, con ello se cooptaría de manera importante la capacidad de operación de la delincuencia. Lo cierto es que los problemas del país parecen no tener fin. La nación atraviesa por una de las peores etapas económicas con incrementos desmedidos en todos los productos de consumo básico, aunado en que en la población persiste un sentimiento de indefinición, desesperación y angustia por la impunidad con que actúan los delincuentes. En Nueva Alianza sostenemos que el delito en todas sus modalidades debe de ser combatido con energía. Consideramos que el uso de la fuerza debe darse bajo protocolos que eviten nuevos incidentes como los ocurridos en Nuevo León y Tamaulipas, sobre todo, con respeto a los derechos humanos. Es responsabilidad del Estado garantizar seguridad a los y las mexicanas y fomentar en la sociedad una cultura de respeto y confianza en las instituciones y autoridades. Queremos que vean en las leyes un instrumento útil para organizar la vida en sociedad y para la armonía en las comunidades. Fomentar en nuestra juventud la cultura de la legalidad es un proyecto con visión de largo plazo y más allá de acciones de coyuntura; es una apuesta en la que ganará México. Es cuanto, señor presidente.