El diputado Alberto Díaz Trujillo: Con su permiso, señor presidente; señoras y señores legisladores, México es un país en constante transformación y como legisladores tenemos el imperativo de dotar a las instituciones de la certeza y de los medios para que sean sólidas y eficientes. El caso que nos ocupa no es menor, porque consiste precisamente en la modificación del nombre de una de las comisiones contenidas en el marco jurídico que rige nuestra Cámara de Diputados dentro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto comprende la posibilidad de que podamos trabajar de manera eficaz hacia el interior de este órgano para cumplir con el mandato que los electores nos otorgaron, nos referimos a la Comisión de la Reforma Agraria, cuya denominación se modifica con esta propuesta, a comisión de desarrollo agrario. A pesar de que parece una simple metamorfosis, en el fondo esta iniciativa contiene un cambio de modelo sobre el régimen agrario. En primer término consiste en la homologación del nombre de la comisión con el de la secretaría de Estado correlativa, toda vez que en diciembre del 2012 se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para nombrar a la Secretaría de la Reforma Agraria como Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En ambos casos se ha pretendido superar la concepción de la reforma agraria, porque se considera que ese término corresponde a una época histórica determinada que concluyó con la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de 1992, en la cual el reparto de las tierras dejó de ser una facultad extraordinaria del presidente de la república y por lo tanto el titular del Ejecutivo perdió también la posibilidad de intervenir directamente en las decisiones internas de los ejidos. Con ello la nación no fue más la propietaria jurídica de las tierras sociales y este derecho se trasladó a los ejidos, que como sociedades propietarias de las tierras dejaron de estar subordinadas a las autoridades gubernamentales, rompiéndose con ello el vínculo tutelar entre el Estado y los campesinos, quienes en su calidad de productores rurales dotados de un capital territorial, fueron libres de manejar su propio desarrollo. De ahí que se pueda concluir que si bien es cierto que la desigualdad social y jurídica de los campesinos que dio lugar a la Revolución Mexicana y en particular a la redacción del artículo 27 pretendió mitigarse a través del reparto de tierras que instauró el presidente Lázaro Cárdenas por medio de la Secretaría de la Reforma Agraria. También a partir de 1992 este reparto de tierras dejó de ser el objeto principal de las acciones para explotar el campo y desde esa época se ha pretendido propiciar su desarrollo por medio de otro tipo de acciones y apoyos económicos, es decir, de una política de Estado acorde a nuestro tiempo. Vivimos retos distintos a los que se enfrentaron hace casi 100 años y por lo mismo debemos de dar respuestas diferentes que conlleven a la eliminación de la desigualdad social a través de propuestas que incluyan a los campesinos y a todos los actores involucrados en el tema del desarrollo agrícola, ganadero forestal, así como la conversión de tierras de este tipo en terrenos urbanos, problema que afecta al desarrollo de la vida diaria de las ciudades y sus áreas conurbadas. El Partido Acción Nacional tiene una visión de Estado democrática e incluyente. Por ello apoya una reforma como la que se plantea debido a que la conciencia ciudadana comienza en el contexto donde las personas se desenvuelven y se liga necesariamente al espacio geográfico y al desarrollo social y económico que se pueden alcanzar si se establecen condiciones jurídicas necesarias para tal efecto. Por lo tanto, el voto de nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional será a favor. Muchas gracias, señor Presidente.