La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Con el permiso de la Presidencia. Buenas noches compañeras y compañeros diputados. Voy a hacer en un solo acto la intervención de tres artículos, 86, 87 y 89. Compañeras y compañeros diputados, es lamentable ver cómo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene que dar marcha atrás a la reforma constitucional sobre las telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país. Que tuvieron como base combatir a los monopolios de la comunicación y lograr, por fin, en nuestro país la democratización de las comunicaciones. La Presidencia de la República se rindió por la imposición del duopolio Televisa y TV Azteca, que hoy le cobra la factura política por haberlo llevado a ocupar la Gavio presidencia y no la Presidencia de la República. El Poder Ejecutivo a través del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejo Cervantes, se sobrepuso al Poder Legislativo, en virtud de que en este espacio de la administración pública federal se realizó el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y no mediante el proceso legislativo que debió elaborar la Cámara de Senadores. Por todo esto, la presente minuta que se impuso en el Senado de la República, por los intereses de la tele bancada Prian-Verde, tiene un sinnúmero de vicios de inconstitucionalidad y de falta de técnica legislativa. En consecuencia, esta Legislatura pasará a la historia como la que más vicios de inconstitucionalidad tiene en las reformas a las leyes secundarias que se han aprobado. Valdría la pena preguntarnos si efectivamente son reformas o contrarreformas. Con respecto a los artículos que me ocupan, básicamente en el artículo 86 propongo que las solicitudes para obtener una concesión sobre el espectro radiofónico para uso público, para prestar el servicio de radiodifusión hechas por parte de comunidades y organizaciones indígenas, sean resueltas preferentemente por parte del instituto. Asimismo en el artículo 87, propongo que en caso de que los interesados no cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 85 de esta ley; el instituto, y atendiendo caso por caso, podrá conceder una prórroga razonable para que logren su cumplimiento. Asimismo el reglamento de esta ley que establezca un procedimiento simplificado y expedito para la autorización de la concesión de uso social tratándose de comunidades y organizaciones indígenas. Asimismo para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 85, los interesados en obtener concesiones de uso social contarán con asistencia técnica y de un traductor de ser necesario. En el artículo 89 de la minuta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quiero señalar que éste contraviene al artículo 1o. y 2o. de nuestra Constitución y del Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles del cual el Estado mexicano forma parte. El artículo 89 es violatorio de los derechos humanos, porque discrimina a los pueblos indígenas y a la comunicación social por no tener los recursos suficientes para desarrollar las telecomunicaciones y la radiodifusión. En este sector de población vive un gran número de ciudadanos mexicanos en la marginación, en la pobreza, incluso en la violencia del crimen organizado. Los medios sociales y públicos deberían ser la parte central de estas reformas y de la presente minuta, sin embargo el argumento principal parta que los medios sociales y de manera particular el de los pueblos indígenas, no extiendan la red de sus telecomunicaciones proviene de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión denominado o dominado por el duopolio televisivo; su principal argumento es de no otorgarles más del uno por ciento de la publicidad de los recursos federal, estatal o municipales es, porque entregarles mayor recurso podrían ser la competencia desleal. Esta argumentación confirma la inconstitucionalidad del artículo 89 como fue redactado y aprobado por la colegisladora, porque las leyes que expide el Congreso de la Unión son generales, no se deben aplicar las normas para beneficiar a un sector en detrimento de otros, para sacrificar a otros, cuyas condiciones de desarrollo en las telecomunicaciones y radiodifusiones presentan limitaciones y desventajas. Los verdaderos intereses del duopolio televisivo que impusieron a los senadores que aprobaron el dictamen que se discute en el pleno de esta soberanía son de carácter económico, porque el gobierno federal financia los medios electrónicos privados con cerca de 5 mil millones de pesos al año, además otros 14 mil millones son de los estados y municipios que entregan anualmente a las televisoras y radiodifusoras comerciales. ¿Para qué hechos? Ustedes, compañeras y compañeros diputados, seguramente lo saben. Por tal motivo, el beneficiar al duopolio televisivo con estas cantidades multimillonarias con el objetivo de sacrificar a los medios sociales, principalmente a los pueblos indígenas, es inconstitucional lo aprobado por el Senado y la presente minuta que se discute para la aprobación respectiva contraviene el artículo 2o. de nuestra Carta Magna, concretamente en el Apartado B, fracción VII y que a la letra señala lo siguiente. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. El uno por ciento de los recursos aprobados de los gobiernos federal de los estados y municipios que se les otorgan en el artículo 89 a los medios sociales, no les permitirá jamás extender las redes de comunicación, telecomunicación y radiodifusión. Ese artículo 89 no crea las condiciones para que los pueblos indígenas adquieran, operen, administren medios de comunicación, porque la norma en cuestión y que es parte de mi reserva limita estos principios constitucionales y por tal motivo se tienen que modificar los porcentajes otorgados a los medios de comunicación y en consecuencia propongo a esta soberanía se les asigne el 10 por ciento de los recursos en cuestión. Diputado presidente, le solicito insertar el texto íntegro de las propuestas de reformas que he hecho a los artículos 86, 87 y 89. Por su atención, gracias.