La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de este pleno una iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a las siguientes Consideraciones. La Ley de Amparo es un instrumento jurídico básico que permite hacer respetar las garantías constitucionales de libertad, igualdad, patrimonio y seguridad jurídica de los habitantes del país cuando éstos acuden ante los juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones que consideran fundamentales a su integridad física, su libertad personal, que esté amenazada su vida, el patrimonio, su honor y dignidad. Es importante señalar que nuestro sistema judicial mexicano establece tres instancias para resolver, en definitiva, cualquier controversia judicial en que los ciudadanos y las propias autoridades sean parte. Esto es resultado del sistema jurídico de la república, lo que permite resaltar que la última instancia es la jurisdicción federal que funda su fallo en el respeto a las garantías constitucionales o sirve de control constitucional. Es una realidad dentro de los problemas de salud pública de los mexicanos, que muchos sufren una afectación a su integridad corporal provocada por agentes externos, que bajo la acción u omisión cometen delitos que lesionan, denigran su condición física temporal o permanente y privan de la vida a las personas. La Ley Penal del fuero común o federal, según la competencia, determina los procedimientos y sanciones a los infractores de la ley, pero la posibilidad de acudir ante los tribunales federales en amparo indirecto o directo, puede ser durante el juicio o en el último caso para concluir éste por supuestas violaciones a los derechos fundamentales. Ante esto, existe el beneficio procesal de amparo de auxiliar por materia y persona a ciertos grupos o individuos por posibles deficiencias procesales, tanto en los conceptos de violación de las demandas como de los agravios formulados en los recursos propios que establece la misma Ley de Amparo, que de no ser atendidas o suplidas por el juez o magistrado, originan un estado vulnerable a la buena administración de la justicia y un estado de indefensión de las personas, en su mayoría de escasos recursos, por errores o deficiencias jurídicas de sus escritos. Es sabido por los juristas que el artículo 76 Bis de la ley en comento permite que de forma oficiosa en materia penal a favor del reo, en materia agraria a campesinos, en materia laboral en beneficio del trabajador, siempre en ayuda a los menores de edad o incapaces y en cualquier otra materia, por una recurrente violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, se suplen los conceptos de violación y agravios formulados. La presente iniciativa intenta garantizar la suplencia procesal da amparo a las víctimas de un delito exclusivamente cuando sea ésta afectada en su salud o integridad corporal, resultado de la comisión de éste, que por su daño físico personal lo equipara en una mayoría de casos a dependencia física por discapacidad, tratamientos médicos largos y permanentes, e incluso se puede llegar hasta la muerte dentro de desarrollo de los tardados juicios ante los tribunales. En la actualidad, se puede provocar alteraciones graves a la salud que pueden venir desde los propios hospitales por negligencias médicas, accidentes, agresiones físicas y cualquier otra alteración a la salud, resultado de una conducta considerada delito, y la suplencia procesal de amparo es un acto de justicia a la víctima, que le permite ayuda jurídica del juzgador ante su daño físico personal y directo, que lo limita en su capacidad motriz, intelectual, económica y de defensa jurídica. La iniciativa jamás prejuzga o en su origen crea una injusticia o preferencia, por el contrario; es un acto de elemental justicia que cumple las garantías de seguridad jurídica de valorar los hechos, fundamentar bien en la ley y juzgar con plena imparcialidad. Puede haber muchas víctimas por delitos todas importantes. Pero cuando la salud personal es dañada intencionalmente, debe tener un trato procesal especial que le permita acceder a una buena justicia federal, que es la autoridad jurisdiccional máxima del Estado mexicano. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente forma. Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo, deberán suplir las deficiencias de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece conforme a lo siguiente Segundo párrafo. En materia penal la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, en el caso de las víctimas que sean dañadas en su salud por la comisión de delito. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.