El diputado Jacobo David Cheja Alfaro: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hay un dicho popular que dice que el buen juez por su casa empieza. Y si desde el gobierno federal se quieren combatir las prácticas ilegales en materia de hidrocarburos, entonces tendría que empezar por limpiar la casa. Es decir, combatir la corrupción estructural que se ha formado al interior de las empresas productivas del Estado, como Pemex. Y, en general, en todo el aparato gubernamental. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que con nuestro actual marco jurídico es más que suficiente para poner mano a la obra en el combate al huachicol y al tráfico ilegal de combustibles. Así que no le den más vueltas al asunto, señores de la mayoría, el gobierno ya tiene las herramientas necesarias para combatir dichas prácticas, dado que ha sido este mismo Poder Legislativo el que se ha encargado de aprobar la legislación en la materia, en los últimos años. El dictamen que aquí se discute es resultado de una iniciativa que, en primer momento, fue turnada a la Comisión de Energía sin previo conocimiento del pleno, violando así el artículo 66 de nuestro Reglamento. Y, además, para sorpresa de nadie, nuevamente se desestimó la opinión de los expertos que participan en la mesa de diálogo ante la negativa de un parlamento abierto, porque es evidente que no hay argumentos técnicos ni jurídicos que soporten el dictamen que aquí se discute. Y, por si fuera poco, el análisis de impacto presupuestario del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el impacto presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la recomendación de la Comisión Federal de Competencia Económica no fueron considerados en la dictaminación de esta iniciativa. ¿Alguien puede imaginar los daños a las finanzas públicas y la economía, que va a ocasionar si se aprueba el presente dictamen? En Movimiento Ciudadano nos negamos a ser parte del modus operandi de la fracción parlamentaria de la mayoría, en donde no se respetan las formas ni los fondos legales cuando de iniciativas presidenciales se trata. Digámoslo con todas sus letras, lo que busca este dictamen es que el Ejecutivo federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía tenga un mayor control de la cadena productiva de los hidrocarburos, incluyendo actividades como la refinación, el tratamiento, la importación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de los hidrocarburos. Actividades en las cuales debe de haber libre competencia, libre concurrencia y participación del sector privado, como lo establece el artículo 28 de la Constitución. Sin duda alguna, el combate al tráfico ilegal de combustibles genera certidumbre jurídica e incentiva las inversiones en el sector. Sin embargo, como lo hemos venido diciendo, este dictamen plantea todo lo contrario, dado que no se propone una reforma integral a los ordenamientos en la materia, como el Código Penal Federal y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que sería lo más lógico si en realidad la intención del gobierno federal fuera combatir con penas más severas dichas prácticas ilegales. Por todo lo anterior, los diputados ciudadanos le volvemos a reiterar al presidente de la República, que cuenta con todos nuestros votos para bajar el IEPS a las gasolinas y para prohibir la fractura hidráulica, que son compromisos de campaña en materia de hidrocarburos que el gobierno tiene con las y los mexicanos, que el gobierno prometió y que hoy son temas que deberían discutirse en esta Cámara, porque el aumento a los precios de las gasolinas está afectando severamente los bolsillos de las y los mexicanos en el contexto de la actual pandemia. Ya basta de pretextos y maromas políticos, compañeros de la oposición, para justificar un mayor control social, político y económico en la vida de los mexicanos ante la falta real de resultados y ante el miedo de perder mayoría en esta Cámara en el próximo proceso electoral. El peor peligro que se puede ocasionar a la seguridad nacional es el aumento de los precios a los combustibles, como resultado de la falta de competencia económica y por falta de la certeza jurídica, porque ello afectaría severamente y dañaría aún más los bolsillos de todas y todos los mexicanos. Porque la evolución mexicana, señoras y señores, será con certeza jurídica, será libre de competencia y libre de concurrencia. O no será. Es cuanto. Gracias, compañera presidenta.