EL C. DIP. RAUL MARTINEZ GONZALEZ: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros Legisladores: El suscrito, Raúl Martínez González, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, en el cual se propone que el Auditor Superior de la Federación realice una auditoría inmediata a la Universidad Autónoma de Querétaro en relación a los recursos públicos federales que le son otorgados a través del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, de conformidad con las siguientes CONSIDERACIONES "El principio de autonomía universitaria contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido recientemente definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este máximo tribunal constitucional de nuestro país, ha considerado que esta cualidad que la Carta Magna le otorga, no debe ser considerado como una excepción al imperio de la ley o de su aplicación. "La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mencionó: "La autonomía universitaria no significa inmunidad ni extra territorialidad en excepción del orden jurídico, pues como se señaló en el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Educación Pública, de la Cámara de Diputados, respecto a la iniciativa que propuso la reforma aludida, la reforma jamás podrá ser interpretada o concebida como fórmula de enfeudamiento que implique un derecho territorial por encima de las facultades primigenias del Estado." Confirma el principio constitucional de igualdad de los mexicanos ante la ley: "contra el pueblo y contra México no caben fueros ni privilegios." Tiene aplicación el precepto de que no hay libertad sin ley y que es el Estado en uso pleno de la soberanía popular, el que otorga y en su caso limita o restringe, el uso de tales facultades. No cabe otro Estado dentro del Estado Mexicano. No existe en el orden jurídico nada sobre ni más allá del régimen constitucional. El ser universitario no implica una prerrogativa superior a los derechos del común de los ciudadanos, ni le excluye de los ordenamientos jurídicos que considera a todo hombre igual frente a sus semejantes, frente a las autoridades y frente a la ley. De lo que deriva que la autonomía de las universidades no las exime de sujetarse a la ley y al orden jurídico mexicano, dentro del cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye la Ley Suprema, por lo que como se señala en el artículo 78, la libertad de administración de su patrimonio es por sujeción a la Constitución Federal y al régimen legal aplicable. Por otra parte, y en cuanto ve a los recursos públicos, la misma autoridad jurisdiccional señala: " es incontrovertible por tanto, que los subsidios federales que reciben las universidades públicas, se otorguen con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y forma parte por tanto, de la Cuenta Pública, cuya remisión se encomienda en el artículo 74, fracción IV de la Carta Magna de la Cámara de Diputados, que se auxilia a través del órgano especializado que para ello es la Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente Auditoría Superior de la Federación." Sin que obste a lo anterior el que la Secretaría de Educación Pública sea responsable de que los subsidios que reciben las universidades públicas, se utilicen para los fines conducentes y que con base en ello la universidad quejosa haya celebrado el convenio relativo con la Secretaría de Educación Pública, a quien rinde informes sobre el uso de los recursos económicos relativos, pues es con independencia y sin detrimento en la facultad que constitucionalmente se otorga a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, para revisar la Cuenta Pública. Definida la autonomía universitaria y establecida la obligatoriedad de las universidades públicas, de rendir cuentas y ser fiscalizadas, resulta ineludible la obligación de supervisar que efectivamente se hayan destinado los recursos públicos al fin para el cual fueron otorgados y no se haya hecho un uso inadecuado o se haya incurrido en desvío de los fondos relativos. A partir de las declaraciones públicas de las autoridades del estado de Querétaro de haber entregado a la Universidad Autónoma de Querétaro una cantidad de recursos superiores a la que ésta reconoce también de manera pública, resulta imperante que la autoridad competente revise la entrega efectiva de los recursos públicos, así como la aplicación adecuada de los mismos, y realice con carácter de urgente e inmediato la revisión exhaustiva de los fondos que maneja dicha Universidad. Lo anterior toda vez que la Universidad Autónoma de Querétaro reporta en sus informes aportaciones menores a las otorgadas por la federación, a través del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, cuando los montos reales recibidos por ésta son superiores en más de dos veces a lo reclamado por la Universidad para dar cumplimiento a lo que aduce no completar. Este argumento está sirviendo a la Universidad para amenazar con entrar en un proceso de huelga de maestros por el mencionado faltante de presupuesto, cuando ésta no es la realidad y siendo ésta la razón por la que se investigue dónde quedaron esos recursos que le han sido asignados en su oportunidad. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero. Se solicite al auditor superior de la federación a que practique una auditoría urgente e inmediata a la Universidad Autónoma de Querétaro de los recursos públicos federales que le son otorgados a través del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, así como de la aplicación de las disposiciones relativas a los mismos para que, en su caso, se finquen las responsabilidades legales a que haya lugar. Segundo. De igual forma, solicítese a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como a la Contaduría Mayor de Hacienda de la legislatura del Estado de Querétaro para que, en el marco de sus respectivas atribuciones legales, investiguen esta situación y que se haya cumplido con el ordenamiento y la normatividad vigente aplicable para que, en su caso, se finquen las responsabilidades legales a que haya lugar. El presente punto de acuerdo se solicita sea turnado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para que ésta, a su vez, haga la petición formal a la Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias.