EL C. DIPUTADO AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO: Amigas y amigos legisladores: Yo no soy deudor de ninguna institución de crédito ni tampoco soy abogado de ningún deudor. Se dijo aquí que solamente quien tenía esos atributos podría hablar en contra de la aprobación de esta ley. No, amigas y amigos, tenemos que venir a esta tribuna a levantar nuestra voz para evitar que se apruebe una ley contraria a los principios constitucionales de certeza jurídica y de debido proceso de la ley. He oído en muchas ocasiones discursos tan bellos y elocuentes como los de hoy, de que se va a reactivar el crédito y la economía; hace cinco años nos pidieron que reformáramos el Código de Comercio, el Código de Procedimientos Civiles para que las hipotecas pudieran ser llevadas a la bolsa; nos dijeron: si ustedes bursatilizan la cartera vencida van a fluir los créditos por el país, de tal manera que todos los mexicanos van a tener una vivienda digna. No sucedió así. Después nos dijeron que les ayudáramos porque habían caído en una situación de insolvencia y necesitaban recursos fiscales para poder enfrentar la falta de pago y ahí les estamos dando 55 mil millones de pesos; después nos dijeron que los banqueros mexicanos habían comprado muy caros los bancos y que no tenían experiencia, que tenían que venir los extranjeros a salvarlos y que se permitiera la inversión de banqueros extranjeros en la Banca Mexicana. Hoy prácticamente todas las bancas están en manos de extranjeros. Ahora nos vienen a decir que le digamos al pueblo de México que básicamente se baje los pantalones, para que puedan hacer lo que ellos quieran. Para poder cobrarse por su propia mano. Nos están pidiendo una jurisdicción exclusiva, nos están pidiendo la Ley del Talión; nos están pidiendo no tener que recurrir a los tribunales porque dicen que son corruptos. Y éstas amigas y amigos, son consideraciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que nuestros poderes judiciales no funcionan. Por eso están buscando un procedimiento donde ellos se hagan justicia con su propia mano. No es cierto que la voluntad de las partes sea lo que prive en un contrato. Primero, porque no estamos en el Derecho Romano. Segundo porque ustedes saben muy bien, que en un contrato que se firma ante una institución de crédito, es un contrato que tiene letritas chiquitas, que se llama contrato de adhesión y que la Corte ha considerado que no expresa plenamente la voluntad de las partes, se llama contrato de adhesión y tercero, porque quien va a solicitar un crédito porque en ese momento tiene a su hija enferma que necesita una operación de corazón; porque tiene a su hijo en la cárcel o porque tiene necesidades humanas perfectamente explicables, son capaces de firmar cualquier cosa. ¿Vamos a permitir que el Sistema Bancario Nacional sea el que aplique la justicia? ¿Vamos a permitir que sean los banqueros los que determinen los procedimientos? Eso es lo que vamos a aprobar el día de hoy. No estoy en contra de que haya créditos; no estoy en contra de que se reduzca el interés que se cobra; no estoy en contra de garantías que se les puedan dar a los banqueros para que puedan liberar el crédito. Pero les estamos entregando una jurisdicción para que ellos hagan lo que quieran. Amigas y amigos: a sus conciencias llamo, no aprueben esta reforma. -PRESIDENTE: Para hablar en pro tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Salvador Rocha Díaz. -DIP. SALVADOR ROCHA DIAZ: Con su permiso señor presidente. Honorable Asamblea: Quiero expresar el mayor de mis respetos a los señores diputados que han hecho uso de la tribuna para hablar en contra de esta Minuta que tenemos sometida a nuestra aprobación. Quiero decir que sus preocupaciones no son ni superficiales; no son infundadas; son legítimas preocupaciones que todos los mexicanos compartimos. Quiero sin embargo hacer algunas precisiones y quiero pedir el voto de ustedes a favor del dictamen que estamos discutiendo. Se nos ha dicho que el dictamen contiene una verdad a medias y que los intereses no tienen relación alguna con la eficiencia del sistema que permita la recuperación de los créditos. Esto económicamente no es cierto. No es el único de los factores pero es uno de los factores más importantes. Aquél, aquella persona que genera riqueza suficiente para atender sus necesidades y le queda un sobrante y la entrega a su administración a un banco, recibe como contraprestación un interés. El banco que es un intermediario financiero, toma ese dinero y lo coloca con el sector productivo, el que general auténticamente la riqueza, una tasa más alta que aquélla que recibió porque de lo contrario quebraría de inmediato. Esto los financieros le llaman spred. Ese spred está compuesto por un conjunto de factores, uno de los cuales, el más importante, es el factor de riesgo. Si el riesgo de no recuperar el crédito es muy alto, el spred tiene que crecer y empuja en consecuencia las tasas hacia arriba. Quiere decir que sí hay una importancia económica en que aprobemos este dictamen, en tanto que propicia o facilita el otorgamiento de crédito y su abaratamiento. Son dignos de la mayor preocupación los cuestionamientos de constitucionalidad de estos preceptos. Efectivamente, el artículo 14 constitucional establece una garantía para todos los mexicanos en el sentido de que no podemos ser privados de nuestras propiedades sin juicio previo ante autoridad competente y por virtud de sentencia. Sin embargo, este tema hoy está claramente resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano competente para juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes federales y locales. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy por hoy sostiene este criterio y, en consecuencia, cualquier preocupación de constitucionalidad en este momento no debemos tenerla en tanto que ese es el criterio de nuestro máximo tribunal, encargado precisamente de la interpretación de nuestra Constitución. En el futuro podrá cambiar el criterio de la Suprema Corte, podremos y tenemos los instrumentos para seguir llevando nuestros argumentos de constitucionalidad ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por si cambiase de criterio. Es cierto, como dijo el diputado Rodríguez Lozano, que hemos dado todo el apoyo legislativo que nuestro sistema bancario ha requerido para reactivar el crédito y para abaratarlo y no hemos sido suficientemente eficaces. Pero como bien dijo el diputado Minjares, aprobar este dictamen nos da la autoridad moral para que el Ejecutivo le exija a los bancos que cumplan con su deber de proporcionar crédito a todos los mexicanos y de ir abaratando el costo del mismo, a través de la reducción de las tasas de interés. Esa es una tarea en la que esta Cámara debe estar puntualmente atenta a efecto de que el esfuerzo que nosotros hacemos para mejorar el marco normativo del crédito redunde en beneficio de los mexicanos, a través de que el Poder Ejecutivo, encargado de la administración pública y de la aplicación de estas normas, exija al sistema bancario que facilite el crédito. Y finalmente termino diciéndoles que no es, como se dice por los acreedores, deficiencia de nuestro sistema judicial muchas de las dificultades que tienen para recuperar sus créditos. Que hay razones económicas como las que aquí se han expresado y que nuestro sistema judicial es un buen sistema judicial y compite decorosamente con cualquier sistema judicial de cualquier otro país moderno y civilizado del mundo. Muchas gracias.