La diputada Lidia García Anaya: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, faltan pocos días para que se cumplan 26 años de la reforma establecida el 31 de diciembre de 1994, que determinó la estructura actual y delimitó las competencias de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Con ella se le otorgó reconocimiento como un poder independiente, garante y protector de los derechos humanos, de la exacta aplicación y cumplimiento de la ley. Fue así como se decidió que, para lograr un adecuado ejercicio de la función judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no debía realizar tareas administrativas relacionadas con los órganos jurisdiccionales federales. Por lo que, con la intención de fortalecer como el máximo tribunal, encargado de mantener el orden constitucional, el equilibrio de poderes y ámbitos de gobierno, así como de la emisión de resoluciones de asuntos de trascendencia social, dicha tarea administrativa fue trasladada al Consejo de la Judicatura federal, a la cual se le encomendó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales federales, la conformación de los plenos de circuito, así como la adscripción, ratificación, movilidad y disciplina del personal del Poder Judicial de la Federación, lo que aplicaba para juezas, jueces, magistradas y magistrados por igual. Por su parte, los juzgados y tribunales siguieron conservando la tarea encomendada para impartir justicia en los procesos ordinarios de orden federal y ser garantes del juicio de amparo. Sin embargo, a 26 años de la reforma no se ha logrado consolidar como poder independiente que permita instaurar una mejor impartición de justicia. Luego entonces, para lograr una eficiente administración de la justicia en beneficio de la sociedad, necesitamos cambiar y renovar el ejercicio de la función judicial. Por ello, concordamos con la colegisladora en establecer un marco jurídico a corto plazo, que permita el acceso a órganos jurisdiccionales profesionales que emitan resoluciones para salvaguardar los derechos humanos. Estas acciones coadyuvarán a que se garantice el principio de seguridad jurídica de los gobernados. Por otra parte, estimamos urgente instaurar plenos regionales que agrupen circuitos, con la intención de unificar criterios interpretativos a situaciones litigiosas, análogas, que compartan elementos fácticos. Con ello se logrará que los juzgados y tribunales pertenecientes a un mismo pleno regional sostengan de común acuerdo razonamientos idénticos, para resolver un mismo problema jurídico, a fin de evitar criterios discrepantes sobre un mismo punto del derecho, toda vez que esto causa inseguridad jurídica. Aunado a lo anterior, concordamos en que no es suficiente con el reforzamiento plateado para lograr una efectiva impartición y administración de justicia. Esto no está terminado, debemos continuar trabajando. Sin embargo, es un gran avance, no podemos denostar estos avances. Por lo expuesto, aceptamos la modificación al texto constitucional, para establecer un esquema de jurisprudencia obligatoria por precedentes. Apoyamos lo antes mencionado, ya que mantener el texto actual implica que para ser obligatorio un criterio interpretativo sobre un tema novedoso, la Corte tendría que realizar una reiterada y constante de argumentos en resoluciones diferentes, de ahí que se propone que basta como la emisión de un solo pronunciamiento del máximo tribunal del país sobre un tema de derecho, para que se vincule a todos los órganos impartidores de justicia. En efecto, las reformas plasmadas en el dictamen hacen más palpable la administración e impartición de justicia, pero dichas modificaciones son incompletas si no se cuenta con un mecanismo que las haga posible. Por otra parte, apoyamos el dictamen porque representa una apertura al principio de paridad de género, el cual garantizará una participación y representación equilibrada de hombres y mujeres en la conformación de los órganos jurisdiccionales en todos los niveles. Además, estimamos que la reforma hace un reconocimiento y honra la labor judicial de todo el personal puesto que garantice la carrera judicial. Por todo lo mencionado, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen, en aras de fortalecer la función judicial y con miras a lograr una mejor justicia para todos. No neguemos el Poder Judicial en el que imperan los principios de legalidad, constitucionalidad, excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, paridad de género, certeza y seguridad jurídica, en beneficio del pueblo mexicano. Es cuanto, presidenta.