EL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Iniciativa de decreto que agrega una fracción VI al artículo 73, reforma y adiciona los artículos 73 fracción I, artículo 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exposición de motivos: México ha celebrado tratados internacionales desde el inicio de su vida como nación independiente y éstos han desempeñado siempre un papel importante en las relaciones del país con el exterior, sin embargo, su aplicación como derecho interno durante décadas fue muy limitada a pesar que conforme al texto del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre han sido ley suprema de la Unión. La de nuestro país era una economía mucho más cerrada, su sistema legal también era cerrado y las relaciones jurídicas se establecían fundamentalmente entre los agentes internos, es decir, los intercambios con el exterior eran limitados y la necesidad de aplicar normas internacionales relativamente pequeñas. Nuevas condiciones, tanto internas como internacionales, han modificado radicalmente esta situación; los tratados, que en principio se concedían como cartas de buenas intenciones, han evolucionado de forma sorprendente. En algunas materias incluso con contenidos más amplios que las legislaciones nacionales, verbigracia la materia de los derechos humanos. Los tratados internacionales regulan ya varias materias que tienen un impacto directo en el derecho nacional. Todos somos partícipes de la infinita red de relaciones que se teje en el ámbito internacional, de los inusitados problemas de aplicación que generan los tratados multilaterales, de la ingerencia de estos problemas tienen el derecho patrio, además ciertos agentes externos tienen interés directo en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de nuestro país, generándose así un mayor escrutinio, incluso presión para lograr tal fin. Ejemplo paradigmático de esta situación ha sido la discusión alrededor de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus acuerdos complementarios en materia de medio ambiente y trabajo. Como resultado natural de la proliferación de convenios internacionales, el derecho de los tratados es una de las disciplinas que más se han desarrollado en los últimos años en la ciencia del derecho. El internacional ha pasado de ser mero derecho consuetudinario a ser derecho codificado a partir de la celebración de las convenciones de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados y la de 1986 sobre tratados celebrados entre organismos internacionales o entre organismos internacionales y Estados. Tanto la Convención de Viena como nuestra Ley sobre la Celebración de Tratados, establecen que éstos son un acuerdo celebrado por escrito, regido por el derecho internacional, cualquiera que sea su denominación particular, terminando de esta manera las viejas discusiones doctrinales referentes a si existe diferencia entre tratado, convenio, convención, pacto, etc. Empero, en este proceso de evolución subsisten tres cuestiones esenciales en la materia que es necesario definir para dar certidumbre a nuestro sistema jurídico: Uno. Qué grado de armonía y congruencia deben guardar los tratados internacionales frente a las leyes expedidas por el Congreso y emanadas del Pacto Federal. Dos. La amplitud de la facultad negociadora que la Constitución concede el titular del Poder Ejecutivo, y Tres. Si el Presidente y el Senado tienen competencia ilimitada para celebrar tratados. Indudablemente que como lo sostiene el distinguido jurista Ruberto Patiño Manfer, la duda para la solución de estas interrogantes surge a partir del momento en que se reforma la Constitución para modificar la redacción del artículo 133 y sustituir el término Congreso por el término Senado, encomendando a éste último órgano legislativo la facultad de aprobar los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República para convertirse en la ley suprema de toda la Unión. El texto original del artículo 133 tiene su antecedente inmediato en el artículo 126 de la Constitución Política de 1857 y a su vez se inspiró en el artículo sexto, inciso 2) de la Constitución de los Estados Unidos de América. El proyecto que Carranza envió al Constituyente de Querétaro omitió este precepto, pero la Segunda Comisión de Constitución lo presentó al Congreso Constituyente en la LIV Sesión Ordinaria celebra el 25 de enero de 1917, fue aprobado por unanimidad el texto del artículo 132 que en el cuerpo final de la Constitución Mexicana quedó incorporado como artículo 133. En 1934 fue reformado el artículo 133 sin modificar en esencia su sentido ni su alcances originales, se hicieron en su texto tres precisiones con relación a los tratados internacionales; se cambió la terminología hechos y que se hicieren, por los vocablos celebrados y que se celebren; se adicionó el mandato que estén con acuerdo con la misma y por último se sustituyó al Congreso de la Unión por el Senado en la importante responsabilidad de aprobarlos. Al sustituir Congreso de la Unión por el Senado, los iniciadores de la reforma consideraron corregir una errata, que según ellos, el Constituyente del 17 había arrastrado desde la Constitución de 1857, te mencionaba al Congreso y no al Senado sin que dicha mención se hubiera modificado al reestablecerse el Senado de la República en 1874. La decisión del Constituyente del 17 no fue ni un error ni omisión, fue según lo observa con acuciosidad Ruperto Patiño Manfer, el conocimiento preciso de que la única forma de asegurar que los tratados internacionales resultaran congruentes y armónicos no sólo con el texto constitucional sino incluso con las leyes emanadas de la propia Constitución y quedarán elevados a la categoría de Ley Suprema de la Unión, sin que se violentara el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49, consistía en encomendarle al Congreso la aprobación de dichos compromisos internacionales. Cumplido este requisito el Presidente de la República podría ejercer su facultad negociadora en el ámbito internacional con absoluta amplitud, inclusive en aquellas materias cuya regulación jurídica la propia Constitución encomienda al Congreso de la Unión o a cada una de las Cámaras que lo integran en lo particular. Como consecuencia, al sustituir Congreso de la Unión por Senado en el texto del artículo 133, se introduce una incongruencia que formalmente se ha convertido en una importante limitación al Presidente de la República en su facultad de adquirir compromisos con otras potencias extranjeras ya que en todo caso para respetar el texto constitucional deberá evitar contraer compromisos internacionales en materias cuya regulación jurídica está encomendada por la Constitución al Congreso de la Unión. Es decir, el mandato que estén de acuerdo con la misma, aunado a la aprobación del Senado y no del Congreso obliga al titular del Ejecutivo Federal a no asumir ningún compromiso internacional que pudiera reñir con la legislación ordinaria expedida por el Congreso de la Unión en ejercicio de las facultades exclusivas previstas en el artículo 73 del Pacto Federal y en todas las otras materias que expresamente la Constitución encomienda a dicho cuerpo legislativo. Los tratados no son únicamente pactos de carácter internacional, entre México y las demás naciones, sino que conforme al artículo 133 de la Constitución, son al mismo tiempo leyes federales; este precepto categóricamente dispone que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos y que se hicieren por el Presidente de la República con aprobación del Senado serán la Ley Suprema del país, ordenando además que los jueces de cada estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puede haber en las constituciones o leyes de los estados. Por tanto, tratándose de una ley nacional es obvio que la aprobación de los tratados debe de emanar del Congreso de la Unión. En estas condiciones reformar en este punto nuevamente la Constitución para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de aprobar los tratados internacionales, reservando para el Senado solo el análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, constituye la única solución viable para asegurar la congruencia y armonía de aquellos frente a las leyes ordinarias expedidas por el propio órgano legislativo, que es a quien nuestra Carta Magna encomienda la elaboración de los leyes, además de que ésta sería la única manera de que la aprobación de un tratado internacional, aun en el caso de que contuviera disposiciones inconsistentes con las leyes del Congreso expedidas con anterioridad, si tendría efectos derogatorios o modificatorios de la misma, por haber intervenido en su formación el mismo cuerpo legislativo que expidió la ley que resultara inconsistente. En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que agrega una fracción VI al artículo 73, reforma y adiciona los artículos 73 fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como UNICO, se agrega esa fracción VI y las modificaciones mencionadas para quedar como sigue: Artículo 73.El Congreso tiene la facultad: fracción IV) (Nueva) Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. Artículo 76.Son fracciones exclusivas del Senado: 1º.Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario de Despacho correspondiente rindan al Congreso. Artículo 89.Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: fracción X) Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Congreso. En la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y las seguridades internacionales. Artículo 133.Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Congreso, será la ley suprema de toda la Unión, los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes. Entrego copia suscrita por el de la voz a la Secretaría, para el trámite del proceso legislativo correspondiente. Muchas gracias a todos ustedes. -