El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buenos días. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy tomo la tribuna para impulsar esta iniciativa tan necesaria en nuestro sistema de justicia penal, buscando darle el impulso adecuado para contar con su apoyo y con su aprobación. Compañeras y compañeros diputados, la justicia es algo a lo que todos deberíamos tener derecho, pero en la práctica no todos la tienen. Resulta urgente reformar el numeral 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para dotar de seguridad jurídica a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, pues actualmente muchos de nuestros indígenas que se encuentran privados de su libertad fueron criminalizados desde el momento de su detención por no contar con un intérprete, y hacerlos firmar declaraciones que no se encontraban en su idioma o dialecto. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay 8 mil 50 personas privadas de la libertad que provienen de algún pueblo indígena, siendo muchos de ellos víctimas de procesos llenos de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. Y es que en México, compañeros, hablar alguna lengua indígena es sinónimo de discriminación, vejaciones, impunidad y criminalización. A pesar de que en la República Mexicana se hablan 68 lenguas indígenas que tienen alrededor de 364 variantes lingüísticas. El artículo 17 constitucional en su segundo párrafo, establece el derecho de toda persona a la administración de justicia por medio de tribunales que le impartan de acuerdo a lo que es la ley. Sin embargo, en la práctica las deficiencias son enormes para la población en general y tristemente aumentan para la población indígena, pues los encargados de la impartición de justicia en México carecen de una preparación adecuada y falta de sensibilidad para poder garantizar a los indígenas el acceso a la justicia. Contamos con múltiples leyes que reconocen el derecho a los pueblos y comunidades indígenas y el acceso a la jurisdicción del estado en la lengua indígena nacional del que sean hablantes. Es tiempo de tomar acciones para que estas leyes se reconozcan y se apliquen sobre todo. Tenemos una deuda pendiente con nuestros pueblos indígenas y creo, es tiempo de saldarla. Apenas, compañeros y compañeras, esta semana la PGR otorgó un: disculpe usted, a las indígenas Hñähñu, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Las cuales fueron encarceladas por tres años, por el supuesto secuestro de seis policías federales y que mediante un acto protocolario se pretende reivindicar su identidad de las mujeres indígenas, pero quién les devolverá esos tres años tras las rejas, esos tres años de no estar con sus familias. Por lo anteriormente expuesto es que hoy propongo, que se otorgue como derecho al imputado a que los escritos de su declaración preparatoria y cualquier otro documento que requiera rúbrica durante el proceso esté escrito en la lengua que habla el imputado, cuando éste pertenezca a un pueblo indígena o comunidad. Esto para que el imputado pueda tener la certeza de lo que firma y no se sigan cometiendo las injusticias que hoy se generan. Reconozcamos sus derechos y respetemos las libertades que nuestra Carta Magna les otorga, en nuestros reclusorios existen indígenas purgando condenas excesivas por delitos menores o por delitos, incluso, que ni siquiera cometieron. Es tiempo de detener esas injusticias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros.