La diputada Carmen Victoria Capa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para referirme al dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación con la finalidad de facultar a quien ocupe la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, para emitir y suscribir resoluciones, así como para establecer medidas administrativas y de reparación. También se busca la continuidad de las y los asambleístas del consejo, para así incentivar la consecución de los proyectos. En Nueva Alianza tenemos como principio fundamental la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas, razón por la cual nos manifestamos en contra de cualquier forma de discriminación y nos sumamos a las medidas que se adopten para combatirla y para erradicarla. Nuestra Carta Magna establece en el último párrafo del artículo 1o., la prohibición de todo tipo de discriminación. En congruencia con este precepto se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo objetivo es precisamente prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo referido, así como de promover la igualdad de oportunidades y el mismo trato a las personas. A pesar de que la ley fue reformada en el 2014, a fin de armonizarla con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, algunas de las disposiciones perdieron funcionalidad. La intención de la reforma consiste en que este ordenamiento siga siendo un instrumento de vanguardia para garantizar el pleno goce de ejercicio del derecho a la igualdad y no a la discriminación. La ley crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es la institución rectora encargada de promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, así como de avanzar en la inclusión y garantizar el derecho de la igualdad. No obstante, alguna de sus funciones han quedado ilimitadas ante las exigencias de las prácticas cotidianas, es por ello que se pretende dar mayor vigor a la presidencia de la Conapred. En tal sentido, se faculta a la persona que ocupa la presidencia del consejo, para emitir y suscribir resoluciones por disposición de informes oficiales, así como de establecer las medidas administrativas y de reparación, derivadas de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias que sean atribuidas a particulares, a personas físicas o morales, a personas servidores públicas federales y a los poderes públicos federales, teniendo la facultad de delegar dichas atribuciones a la persona titular de la Dirección General Adjunta de Quejas. De este modo se complementaría el artículo 20 de la ley, que en su fracción XLVI establece dicha atribución del Consejo, pero que no precisa sobre qué funcionario recae dicha facultad. Otro de los objetivos de esta reforma consiste en promover la continuidad de los miembros de la Asamblea Consultiva, que es el órgano de opinión y asesoría ante las políticas públicas, programas y proyectos que desarrolla el Consejo en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Así se pretende que la rotación de los integrantes de la misma no se vea reflejada en el cumplimiento de dichos proyectos. Estamos convencidos de las ventajas que esta reforma traerá para el ejercicio de las labores de la Conapred. Por esa razón, en nueva alianza votaremos a favor de este dictamen. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.