EL C. DIP. JOSE ELIAS ROMERO APIS: Con su venia, señor Presidente; Honorable Asamblea: Vengo a someter a esta soberanía nacional una iniciativa de reformas a los artículos 107 y 116 de la Constitución Política para efecto de la creación de: "cortes estatales de justicia". "La confianza en la impartición de justicia a partir de la convicción de que juzgados y tribunales van a responder adecuadamente mediante una pronta y correcta aplicación de las leyes a las demandas de los ciudadanos, es un elemento esencial para asegurar el respeto del orden jurídico y para la plena vigencia del Estado de derecho. "En el ámbito de la impartición de justicia los Estados democráticos han experimentado en los últimos decenios el fenómeno de la explosión jurídica que se traduce en el enorme aumento de trabajo de los órganos jurisdiccionales. A ello abonado una creciente judicialización de la vida social en muchos de sus aspectos, que ha configurado un proceso a través del cual cada conflicto que se produce en la sociedad parece concretarse o canalizarse en una pretensión judicial. "En los tiempos en que vivimos se ha desarrollado una fuerte demanda de una tutela eficaz de los derechos tanto individuales como colectivos. Es decir, se han acrecentado entre los ciudadanos, las expectativas generales de justicia material. Tales expectativas no se basan en la nada o en un simple deseo de aspiración social, sino que responden en gran medida al aumento de los derechos tutelares. "Ese aumento de los procesos judiciales ha comportado un incremento de los costos de la impartición de justicia y una disminución de su efectividad, lo que ha propiciado en la ciudadanía una nociva percepción de ineficiencia de los órganos jurisdiccionales. "Por otra parte es innegable que la distribución territorial del poder político, es decir, el establecimiento de un Estado compuesto federal como lo es el nuestro, en que medie un reconocimiento constitucional de poder político a las entes territoriales que integran el Estado, debe tener consecuencias no sólo en la consiguiente configuración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, sino también en el Poder Judicial operante en dichos sistemas. "La trascendental reforma constitucional en materia judicial realizada por los mexicanos en 1994, introdujo cambios de indiscutible importancia en la llamada "macro justicia", entre las cuales se cuenta la creación del Consejo de la Judicatura como órgano de administración y gobierno del Poder Judicial Federal; una nueva integración que vuelve a su número original de 11 miembros; la redistribución de las facultades jurisdiccionales y no jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el establecimiento de nuevas atribuciones a cargo de la Suprema Corte para conocer de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. "La reforma constitucional en materia judicial de 1999, perfiló en esa línea histórica a la Suprema Corte con los rasgos característicos de un verdadero tribunal constitucional al sentar las bases para transferir ahora sí prácticamente y de manera exhaustiva, el control de la legalidad a los tribunales colegiados de circuito mediante la facultad otorgada al pleno para expedir acuerdos generales para remitirle los asuntos en los cuales se hubiere establecido ya jurisprudencia. "La agenda de una reforma judicial tiene ahora nuevas asignaturas. La consolidación de un federalismo real comprende ineludiblemente el tema de la impartición de justicia. La renovación del federalismo implica contar con una nueva cultura política administrativa, económica y jurídica. Este proceso de vigorización del federalismo es congruente con el perfeccionamiento de la democracia, con una mayor expresión de la división de poderes federales, con la reivindicación institucional de la autonomía política de los estados y con los nuevos ímpetus de participación de la sociedad mexicana. "No se trata de una idea exótica ni de inventar un federalismo, sino de llevar a su máxima expresión este principio fundamental para el mejor cumplimiento de los cometidos del Estado. "La centralización de la impartición de justicia obedeció a condiciones sociales, políticas e institucionales distintas y hasta opuestas a las que vivimos en el México de estos tiempos. "Por eso es que en el seno de los congresos realizados últimamente por los tribunales superiores de justicia, se ha llegado a la conclusión de que mediante el control de legalidad se ha desvirtuado ostensiblemente el propósito inicial del juicio de amparo, por lo que los tribunales locales se han convertido en tribunales de instrucción y los federales, en revisores de todo tipo se sentencias del fuero común. "Desde entonces los Tribunales Superiores de Justicia de los estados federados han coincidido y reiterado que el federalismo mexicano, en particular el federalismo judicial por su importancia en la vida nacional, exige una revisión profunda tendiente a lograr una renovación del pacto federal que establezca el equilibrio con una nueva distribución de competencias. "En efecto, los estados federados del país cuentan hoy con poderes judiciales con un alto grado de autonomía, profesionalismo e independencia y con reconocidos niveles de eficiencia y calidad. No existen pues razones que justifiquen que no sean las autoridades judiciales estatales las que pronuncien la última palabra en los asuntos de su competencia y sí muchas para que asuman cabal y plenamente el ejercicio de su soberanía. "A la par de cumplirse el desideratum constitucional de autonomía de los gobiernos estatales, con ellos se fortalecería la garantía de tutela judicial efectiva que preconiza el artículo 17 constitucional al presentar una reducción sustancial de los tiempos para que una causa sea definitivamente fenecida, lo cual constituye el problema más serio y urgente que enfrenta la impartición de justicia y el cuestionamiento más serio a la legitimidad del poder judicial. "Es por eso que me presento ante esta soberanía para someter a su consideración la iniciativa de reformas a los mencionados artículos constitucionales, a efecto de que la fracción V del artículo 107 constitucional rezara que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio procederá únicamente cuando exista violación directa a las disposiciones de la presente Constitución, mismo que se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. "Y el artículo 116 en su fracción III para que dijera: <<El poder judicial de los estados se ejercerá por las cortes y tribunales que establezcan las constituciones respectivas de dichos estados de la federación>". Es cuanto, señor Presidente. Es cuanto, honorable asamblea. (Aplausos) -