El diputado Raúl José Mejía González: Con su permiso diputado Presidente en funciones. Compañeras Diputadas y Diputados: En cumplimiento de nuestra obligación constitucional de revisar el contenido de la Cuenta Pública el día de hoy hacemos una valoración del impacto de la aplicación de la Hacienda Pública Federal y la evolución de las políticas públicas durante el ejercicio fiscal 2001. Debe precisarse que este es el primer dictamen de revisión de Cuenta Pública que se presenta con base en el nuevo marco legal de la fiscalización superior en nuestro país. A partir de las modificaciones constitucionales y legales en la revisión del gasto público esta Cámara y la Auditoría Superior hemos de privilegiar las evaluaciones cualitativas sobre las cuantitativas, es decir, privilegiar la evaluación del impacto que las políticas públicas desplegadas por el gobierno federal tuvieron en nuestro país sobre aquellas relativas al cumplimiento de orden legal y contable. En ese sentido es deseable que en las revisiones de los próximos ejercicios fiscales el órgano técnico de fiscalización superior de esta Cámara ponga un mayor énfasis en las revisiones que le permitan a la sociedad mexicana contar con mayores elementos sobre el grado de cumplimiento de las metas programadas que nos permite evaluar la calidad y la eficacia en la aplicación de los recursos públicos federales. En cumplimiento al mandato constitucional el dictamen que se somete a su consideración desprende elementos que nos permiten detectar severas deficiencias durante el primer año de gestión del Presidente Vicente Fox. En materia de cumplimiento a los principios de contabilidad gubernamental destacan las excepciones al puntual cumplimiento en los registros contables. Diversas dependencias y entidades presentaron información incompleta, lo que evidentemente limitó los alcances de las funciones fiscalizadoras de la Auditoría Superior y además se detectaron operaciones no registradas o registradas erróneamente. Por lo que se refiere a la observancia de los preceptos jurídicos y normativos se puede constatar que persisten importantes inercias que marcan lamentables desvíos del legal actuar que debe caracterizar el comportamiento de los servidores públicos responsables de la aplicación directa de los recursos federales, inercias cuyos incumplimientos pudieran ser explicables a partir del grado de improvisación de quienes llegaron a la función pública apenas el año que se revisa. En el informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta 2001 la Auditoría Superior determina efectos económicos de las observaciones por un monto de 339 mil 456 millones de pesos. En la composición de esta cifra destacan las relativas al FOBAPROA e IPAB, las relativas a la falta de comprobación, autorización o justificación de las erogaciones, la falta de reintegros a la Tesorería de la Federación y la falta de comprobación de gasto. Este último rubro por 905 millones de pesos, cantidad que debe ser completamente reintegrada a la Hacienda Federal. De las cantidades referidas debe destacarse el que a la fecha, sin explicación alguna, aún permanecen sin solventar 36 mil millones de pesos. Del análisis de los principales resultados económicos y de finanzas públicas se observan desviaciones significativas respecto a las metas aprobadas y se advierten retrocesos en contraste a la gestión realizada durante el año inmediato anterior. Uno de los aspectos más lamentables de la gestión gubernamental durante el año 2001 tiene que ver con el incumplimiento generalizado de los programas que fueron aprobados, así como el estancamiento de la economía y la pérdida de empleos. Este resultado de retroceso para la economía nacional no encuentra justificación, toda vez que el Presidente de la República recibió un país con una economía sólida y en crecimiento y que además para el ejercicio fiscal 2001 le fueron aprobados los recursos presupuestales que solicito. Bajo la premisa declarada por el Presidente de la República de que el Presupuesto de Egresos de la Federación es el principal instrumento de la política económica con que cuenta el gobierno federal, solicitó al Congreso autorizara un Presupuesto de Ingresos para financiar el gasto neto total por 1 billón 362 mil millones de pesos, lo cual le fue aprobado. A cambio de ello se comprometió a que su administración alcanzaría una gran cantidad de metas programáticas, metas que tanto el informe de la revisión de la Cuenta Pública como el análisis de programas realizado por esta Cámara demuestran que no se alcanzaron. La evaluación de los resultados que se someten a su consideración deja entrever un saldo negativo en la gestión pública federal. Si bien se han mejorado aspectos administrativos al país y al pueblo mexicano de nada le sirven si estos no permiten solucionar los problemas de fondo que aún prevalecen como parte de una agenda inatendida de demandas sociales. El país no se puede dar el lujo de seguir implementando políticas gerenciales que en el mejor de los casos, mejoran los registros contables pero que en el fondo siguen sin solucionar los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad. A la vista de todos ustedes, los resultados del 2001. Muchas gracias.