La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de las y los diputados. Antes de iniciar, señor presidente, señores diputados, quiero decirles que vengo a posicionar el dictamen por el que se expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, el cual contiene una fe de erratas en su artículo 42, enviada por el Senado, el cual este dictamen fue aprobado en sus términos con la fe de erratas enviada por el Senado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, misma que está formalmente entregada a la Cámara. Hecha esta aclaración, y con el permiso de las diputadas y los diputados quisiera recordar una frase de Octavio Paz: Quien ha visto la esperanza no la olvida; y a caso puede encontrar entre los frutos. Me parece que el símbolo más noble de esperanza lo representan nuestros jóvenes y nuestras niñas, y niños. Los infortunios acontecidos el 5 de junio de 2009 marcaron a la sociedad mexicana y nos señalaron un camino, que por ningún motivo el Estado mexicano puede permitir que se repitan. Quiero saludar con un profundo respeto a las y los padres de familia, más de 15, sonorenses, que se encuentran aquí y representan al Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio. A ustedes un aplauso por su valor y su valentía. Compañeros, para quienes hemos tenido el privilegio de ser padres no puede pasarnos algo más maravillosos en la vida que dar latido a un nuevo corazón, a las mujeres y a los padres. Para mí mi hija es la luz de mi vida, es la esperanza que alumbra cada día mi despertar, es el corazón que me hace latir. Cuando a veces estoy cansada sólo recuerdo a mi hija y puedo levantarme y decir: Señor, aquí estoy, cada día dando la lucha. Reconozco profundamente el valor que han tenido los padres. Nunca voy a olvidar a Estela cuando en la comisión, como madre, planteó todo lo vivido. A Julio y al señor Fraijo. Al señor Fraijo cuando nos dijo en la comisión: ¿Para qué estoy aquí luchando por una ley si mi hijo no está? A mí qué diablos me importa. Julio, si no hubiera y señor Fraijo hombres tan valientes y mujeres tan valientes este país nunca cambiaría. Lo respeto profundamente y me siento orgullosa de haber vivido esta oportunidad, pero sé que mucho tenemos que hacer para que nunca más se repita. Compañeras y compañeros, esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión se ha distinguido por su participación constitucional en el fortalecimiento y el capítulo de protección de los derechos humanos a favor de los mexicanos. Como nunca antes en esta legislatura el marco jurídico constitucional ha evolucionado a favor de la protección de los derechos humanos en su concepción más amplia. El pasado 10 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional más ambiciosa en materia de protección de los derechos humanos, ubicando al país a la vanguardia en esta materia y nivelando el marco jurídico interno al conjunto de compromisos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en la materia. A mayor abundamiento las reformas ya aprobadas por este honorable Congreso de la Unión, así como 17 legislaturas de los estados a los párrafos sexto y séptimo, del artículo 4o, y la adición a una fracción XXIX-P, al artículo 73, mediante el cual se eleva a rango constitucional el principio de interés superior de la infancia, facultando a esta soberanía para expedir leyes que establezca la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos. El cumplimiento de los tratados internacionales, mismos que ha firmado y que tiene que cumplir nuestro país, nos ponen a la vanguardia internacional en la protección de derechos de infancia y en concordancia con este espíritu protector de las dos Cámaras de este honorable Congreso de la Unión, se ha dado a la tarea de atender a quienes resultaron más directamente afectados por los lamentables acontecimientos del 5 de junio, no podríamos obrar de otra manera. No se pretendió nunca ignorar la justa demanda de revisar el fondo del marco jurídico de operación de las mal llamadas guarderías infantiles y mucho menos dar la espalda a quienes con toda justicia reclamaron la intervención del legislador federal. Es así como se planteó la necesidad de elaborar una Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, misma que después de haberse aprobado en la Cámara de Senadores, se turnó a nuestra Comisión de Atención a Grupos vulnerables. La analizamos, la estudiamos y vimos la oportunidad de platicar con padres de familia, con prestadores de servicio. Quiero decirles que fue un extraordinario trabajo y que las diputadas y los diputados de todos los grupos parlamentarios que están en la comisión hicieron un extraordinario trabajo. Públicamente los quiero felicitar por la capacidad de sumar, de construir. Resulta innegable que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad más amplia en fijar las condiciones y términos en que los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil deben operar. Se trata de un servicio que tiene sus orígenes en el derecho laboral que, como derecho social que es, tiene el propósito de poner a disposición de madres y padres trabajadoras un servicio originalmente denominado de guarderías, con el propósito de permitirles la atención y cuidado de sus hijos durante su edad inicial. Es antes de su ingreso a la escuela normal. El concepto de guarderías ha evolucionado felizmente hasta alcanzar una conceptualización de ofrecer a los niños un servicio integral que no solamente se ocupe de resguardarlo en ausencia de sus padres, sino de proveer los servicios de cuidado a la salud, de desarrollo de sus capacidades motoras y cognitivas, suministro de una alimentación balanceada y un ambiente de profesionalismo, calidez, calidad y seguridad física plena. De un servicio a los padres trabajadores se transforma, en los términos de la iniciativa a debate, en un derecho universal de niños y padres de familia al que deben tener acceso todos los mexicanos como lo prescribe el artículo 1o. de la Constitución Política; es decir, sin discriminación, sin distinción de razón de sexo, religión, clase social ni de ningún otro tipo. El esquema que propone la ley implica una reorganización radical en las condiciones del servicio que hasta ahora se presta. El servicio se deberá de operar bajo la supervisión y vigilancia de las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno: federación, estados, Distrito Federal y municipios. El servicio no deberá limitarse a las actividades de guarda y cuidado. Además se deberán atender las necesidades de atención a la salud, a la alimentación y desarrollo motriz y cognitivo, dando lugar a un servicio tendiente al desarrollo integral del infante. Al efecto, los centros de atención deberán elaborar y someter a la aprobación de la autoridad el Programa Anual de Actividades a que se compromete cada uno de ellos a dar cumplimiento, mismo que deberá garantizar las condiciones y avances que el infante deberá adquirir a lo largo de cada periodo de estancia. Especial atención pone la iniciativa a las condiciones de protección civil, estableciendo normas muy rigurosas en las condiciones de seguridad física de los inmuebles en los que preste el servicio, mismas que deberán ser sujetas a la supervisión y vigilancia de la autoridad competente con la mayor de las frecuencias y minuciosidad. Se prevé la creación de un registro nacional de centros de atención, así como de los respectivos registros estatales que deberán de recabar la información sobre dichos centros y de sus propietarios. Se dispone la creación de un sistema nacional de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil como instancia normativa de consulta y coordinación a través de la cual dará seguimiento continuo a las acciones que tengan por objetivo promover mecanismos interinstitucionales que permitan establecer políticas públicas y estrategias de atención en la materia. Finalmente quiero decirles que éste es un gran avance y por eso quiero pedirles su apoyo, su voto, delante de los padres que están aquí y del Movimiento 5 de Junio. Quiero decirles que cuando ciudadanos, sociedad, gobierno, cuando los legisladores sumamos esfuerzos y voluntades, este país puede cambiar. Yo sé que este país será mejor cada día. Finalmente la fe de erratas diría lo siguiente, señor diputados, señor Presidente. Artículo 42: Los centros de atención deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas, intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal. Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de las niñas y niños y demás personas que concurran a los centros de atención, podrán estar ubicadas en una distancia menor de 500 metros. Debe decir: Los centros de atención deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas, intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal. Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a centros de atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a 50 metros. Lo anterior para los efectos que corresponda Yo como cada uno de ustedes anhelo para los niños y las niñas horizontes plenos. Muchísimas gracias por su atención y por su voto favorable.