LA C. DIPUTADA LORENA MARTINEZ RODRÍGUEZ (PRI): Muy buenas tardes compañeras diputadas y diputados. Con el permiso de la Presidencia quiero, en primer término, dejar en claro y hacer un reconocimiento a la comunidad nacional de sordos y a su comité de representantes de esta comunidad, que hace más de un año se presentaron ante esta soberanía para plantear la necesidad de impulsar una iniciativa de Ley sobre la Cultura de los Sordos. Y en especial también una mención al diputado Salvador Rocha Díaz por su solidaridad con este grupo y haber instrumentado un mecanismo de trabajo con profesionales de la materia, abogados y diputados de esta soberanía. "Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario del Partido..." (DA LECTURA A LA INICIATIVA. INSERTESE) Iniciativa de Ley Federal de la Cultura del Sordo. Con su permiso, señora Presidenta, diputadas y diputados: Con fundamento en lo dispuesto ¡por la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en esta LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta Asamblea la iniciativa de Ley Federal de la Cultura del Sordo, misma que se fundamenta bajo la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS La presente iniciativa de decreto de ley tiene el propósito de defender los derechos culturales y lingüísticos de todas las personas sordas, todas aquellas que no pueden dialogar naturalmente por medio de su oído. Una persona puede tener más o menos oído, usar o no usar un auxiliar auditivo, pero, para los propósitos de la ley aquí propuesta solamente se le considerará sorda cuando no pueda comprender lo que se le dice por medio del oído. La sordera es una barrera que la naturaleza impone al ser humano en la constitución de sus redes sociales. La mayoría de las redes sociales humanas se entretejen con lenguas orales. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales, al quedar parcial o totalmente excluida de estas redes mayoritariamente orales, los sordos mexicanos han creado y recreado sus propias redes sociales, con lenguas de señas que les son accesibles, con culturas centradas en la vista, con su propia identidad histórica. Las lenguas de señas han sido el objeto de investigación científica internacional desde la década de los sesentas, en el siglo pasado. Dicha investigación ha demostrado que toda lengua de señas de una comunidad de sordos tiene el mismo potencia¡ que cualquier lengua oral, tanto para la comunicación, como para el pensamiento abstracto, así como para compartir una identidad social y recrear un patrimonio cultural. Por lo mismo, no nos debería sorprender que cerca del 90% de quienes nacen sordos o quedan sordos durante su infancia o su adolescencia se integran a una comunidad de sordos, aprehenden su identidad e interiorizan su lengua de señas; que alrededor del 80% de los sordos se casan con sordos; ni que alrededor del 5% de los miembros de la comunidad de sordos pertenecen a familias orgullosamente sordas, generación tras generación, portadoras umbilicales del patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad de sordos.1 Los hablantes nativos de las lenguas de señas mexicanas se pueden es-timar de manera conservadora entre 0.05% y 0.2% de la población total, esto es, entre 49mil y 195 mil personas.2 Además, muchos oyentes están en contacto regular con lenguas de señas, en la familia, en el trabajo, en la escuela, etc. (más del 95% de las personas con sordera tienen familiares oyentes). Dado que en el último censo se estima que el tamaño promedio de la familia mexicana es de 4.3 miembros, entre 156 mil y 593 mil oyentes tienen hermanos o padres que se comunican en una lengua de señas. Si además de considerar a los miembros de la comunidad de sordos y sus familiares directos, también se considera que existen de 105 mil a 251 mil sordos que no hablan lenguas de señas,3 los cuales tienen entre 346 mil y 828 mil familiares oyentes directos, resulta entonces que la población beneficiada por la ley aquí propuesta sería de alrededor de 1 millón de personas. En diversos foros y manifestaciones, asociaciones de sordos, padres de sordos y profesores de sordos de distintas partes de la República han demandado que se reconozcan la lengua de señas mexicana, la cultura de la comunidad de sordos mexicana, así como los derechos culturales y lingüísticos de todos los sordos, sean o no miembros de dicha comunidad. Con esos mismos propósitos, el 18 de marzo de 1999 se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de comunidades de sordos". 1Jerome D. Schein, "the Demography of Deafness". En Paul C. Higgins y Jeffrey E. Nash, Understanding Deafness Sociafty. Capítulo I, Charles C. Thomas Publisher, SpringfÍeld, 1987. 2Estimaciones (redondeadas a miles) elaboradas con base en los datos del Censo Nacional del año 2000 y la investigación internacional de Schein (1987) antes citada. Por su parte, Thomas C. Stark estima que en 1980 había alrededor de 87 mil hablantes de la Lengua de Señas Mexicana (La Lengua Manual Mexicana, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, El Colegio de México, 1986). 3De acuerdo con el Censo Nacional del año 2000 hay 281 mil 793 mexicanos con "discapacidad auditiva" y 87 mil 448 con "discapacidad del lenguaje." Dado que algunas personas sordas se pueden haber contabilizado corno sordas, otras como mudas y otras tantas por ambos conceptos, resulta imposible hacer una estimación precisa del total de personas efectivamente sordas. Aunque conservadora y no certera, una cantidad global de 300 mil personas sordas sirve de base para nuestros cálculos. Aquella iniciativa es el antecedente inmediato de la presente y, con el mismo espíritu de aquella, la ley aquí propuesta declara que toda comunidad de sordos: "Conforme al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene una cultura propia y posee una lengua de señas que dan sustento al carácter pluricultural de nuestra nación y que, en tal sentido, son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas." (Artículo 2o., inciso b.) No se sabe desde cuando han estado entre nosotros las comunidades de sordos. Tampoco se sabe desde cuando han sido objeto de discriminación, marginación y explotación. Por su parte, las comunidades de sordos siempre han buscado integrarse a la cultura mayoritaria oyente y, a la vez, han demandado respeto para su cultura, su lengua de señas y sus sistemas normativos. Esta iniciativa responde a su demanda. Los sordos han tenido que enfrentarse al prejuicio de quienes, ignorando los avances científicos pertinentes de la lingüística y la antropología, han pregonado que las "señas", "signos", "gestos" o "mímica" de los sordos constituyen una forma de lenguaje inferior, el cual no permite el pensamiento abstracto; que a los niños sordos se les debe prohibir todo contacto con dicho lenguaje porque denigraría su condición humana; que retrasaría el desarrollo de su lengua oral. A pesar de que estas opiniones son falsas, siguen siendo moneda corriente en la mayoría de las instituciones de salud y educación que atienden a las personas con sordera. Por ello es que la presente iniciativa declara que toda lengua de señas autóctona: "Es la lengua nativa de una comunidad de sordos, forma parte del patrimonio cultural de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua ora." (Artículo 2o., inciso c) Estos reconocimientos buscan sentar principios más certeros, justos y explícitos para la relación entre Estado y las comunidades de sordos mexicanas, por medio de la convalidación de una percepción positiva de las lenguas y las culturas de las comunidades de sordos. La comunidad de sordos mexicana y su lengua de señas mexicana se encuentra extendida por todas las ciudades del territorio nacional. En consecuencia, la presente iniciativa propone que la lengua de señas mexicana cumpla un papel central en la política del estado para con todos los sordos mexicanos. Aún así, es necesario considerar que en México también existen otras lenguas de señas autóctonas, como la lengua de señas maya, en la península de Yucatán. De aprobarse el presente decreto, nunca deberá ser interpretado en prejuicio de los derechos de otras comunidades de sordos y sus lenguas de señas minoritarias. A cada una habrá que darle su lugar, como parte del patrimonio cultural de la nación (Titulo segundo). Aunque el 90% de quienes nacen sordos o quedan sordos durante la infancia o la adolescencia se integran a una comunidad de sordos, es indispensable considerar lo que sucede con las demás personas con sordera: el 10% de bebés, niños y adolescentes sordos que nunca se integran a una comunidad de sordos, así como las personas que quedan sordas siendo mayores de edad. El primer grupo, los sordos semilingües, consta de personas que a partir de algún momento en su infancia o su adolescencia no han tenido acceso pleno a lengua alguna, ni oral ni de señas. Se trata de personas cuyo desarrollo lingüístico, social y humano queda truncado, mutilado en mayor o menor grado. La ley aquí propuesta los define como sujetos de derecho (artículo 2o., inciso f.) y si bien propone una política cultural capaz de reducir la presencia de sordos; semilingües, también propone una política cultural que responda a sus necesidades. La investigación científica demuestra que los niños sordos que aprenden una lengua de señas en sus primeros años de vida tienen un desarrollo lingüístico que sigue los mismos tiempos y etapas que un niño oyente con una lengua oral. Asimismo, las investigaciones científicas comprueban que los niños que tienen mejor desarrollo lingüístico global y mejor rendimiento escolar son aquellos que crecen dentro de la cultura sorda y que adquieren una lengua de señas. Por lo tanto, para prevenir y mitigar la sordera semilingüe, los artículos 4o. y 5o. del decreto establecen el derecho inalienable de todo menor de edad sordo y de todo sordo semilingüe a apropiarse de una lengua de señas como su primera lengua. Asimismo, se declaran tres programas para hacer efectivo este derecho: un programa de detección de la sordera (artículo 29o., inciso a), otro de monitoreo del desarrollo del lenguaje en menores sordos (artículo 29o., inciso b) y un tercero abocado a la atención de, menores sordos que se encuentren aislados en zonas rurales (artículo 6o.). El segundo grupo, los sordos hablantes, está constituido por personas mayores de edad que ya poseen una primera lengua oral, pero cuya comunicación oral se ha vuelto problemática. Se trata de sordos que ya han desarrollado una identidad sociocultural propia y no han podido, o no han deseado, aprender una nueva lengua de señas (artículo 2o., inciso e). Aún así, aquellos que opten por integrarse a la comunidad de sordos mexicana y aprender la lengua de señas mexicana deben recibir el respaldo del Estado. El artículo 7o. se los otorga. Asimismo, el artículo 8o. declara el derecho de todos los sordos a acceder y usar la forma escrita de la lengua mayoritaria oral, en todos los espacios que sea posible. Ello reducirá el aislamiento de los sordos hablantes, y permitirá a los señantes y semilingües tener un contacto más frecuente y útil con la lengua mayoritaria. En última instancia, el objetivo es que el mayor número de sordos llegue a ser bilingüe, interactúe con la mayoría oyente y, a la vez, desarrolle a plenitud su propia identidad. En la actualidad, las lenguas de señas se prohíben sistemáticamente en espacios públicos, tales como escuelas y clínicas, a todo lo largo y ancho del país. En muchos foros se abordan las prácticas y políticas institucionales de educación y salud abocadas a la atención de las personas con algún grado de sordera. Sin embargo, rara vez se invita a los sordos y sus comunidades a participar activamente en dichos foros; cuando se les invita rara vez se les proporcionan intérpretes y, cuando los hay, rara vez se trata de intérpretes debidamente calificados. Estas prácticas discriminatorias han vulnerado sistemáticamente el derecho de las comunidades de sordos a ejercer su libertad de expresión y organización, impidiendo incluso la participación de los sordos en los procesos de debate y decisión que más directamente afectan sus derechos individuales y colectivos. A ello se debe que la presente iniciativa de ley de manera explícita señale (artículos 9o. y 10) que la libertad de expresión y la libertad de organización de los sordos señantes no se puede separar de la debida aceptación del uso de su lengua de señas en espacios públicos y privados, ni del debido trato a su participación colectiva en la vida pública de nuestra nación, muy en particular cuando estén en juego sus propios intereses. Ahora bien, aún cuando los sordos hicieren efectivo el ejercicio de sus propios derechos, ello no sería suficiente para evitar la desintegración de sus familias. Es indispensable que los familiares oyentes acepten como opciones propias las de sus miembros sordos. Cuando ello no ocurre, cuando la estigmatización de la cultura y la lengua de las comunidades de los sordos se introduce al interior de la familia, las consecuencias no se hacen esperar: -Las parejas de padres sordos señantes son vistas con ambivalencia o desdén por sus propios hijos oyentes. -Los padres oyentes y sus hijos sordos suelen tener una comunicación muy limitada, pues carecen de una lengua de señas accesible para ambos. -Los hijos sordos son reprendidos por sus padres oyentes cuando se expresan en una lengua de señas, e incluso cuando manifiestan interés por aprenderla. En consecuencia, el artículo 29 de la ley aquí propuesta promulga el establecimiento de programas para facilitar la aproximación de todos los mexicanos a la lengua y la cultura de las comunidades de sordos (inciso d) y, en particular, para facilitar la aproximación de los oyentes a la lengua y la cultura de sus familiares sordos (inciso c). En México, hasta ahora la educación pública y privada de las personas con sordera se ha centrado en el español oral. En consecuencia, a las personas sordas cuyo dominio del español oral es limitado o nulo se les ha negado el acceso a la educación regular, constriñéndolas al marco de la educación especial. Incluso a los sordos que hablan el español se les ha puesto en desventaja, pues; aunque puedan expresarse vocalmente, no pueden escuchar lo que se les dice en el contexto del aula y la convivencia escolar. Con la fundación de la Escuela Nacional de Sordomudos como escuela normal para personas con sordera -por un decreto presidencial de Benito Juárez del 28 de noviembre de 1867, el cual no ha sido derogado- , el Estado mexicano reconoció de facto el papel de la lengua y la cultura de la comunidad de sordos en el sistema educativo Federal y en la cultura nacional. Aquella escuela era normal, formaba profesores sordos para alumnos sordos y, en consecuencia, hasta principios del siglo XX, contaba con docentes sordos. Cabe hacer notar que todos sus profesores dominaban la lengua de señas mexicana. Sin embargo, la Escuela Nacional de Sordomudos fue indebidamente clausurada y sustituida por clínicas y centros de educación especial que no ofrecen al niño y al joven sordos mas que un acceso muy rudimentario al español, pocos o nulos conocimientos generales y, en algunos casos, algún oficio manual. Los programas de las escuelas normales y de especialización para la atención de niños sordos han excluido a los profesores sordos; no han contemplado la enseñanza obligatoria de la lengua de señas mexicana; ni han exigido el estudio de la comunidad de sordos mexicana. Todo ello a pesar de que el 90% de los niños y jóvenes sordos que habrán de atender están o acabarán integrados a dicha comunidad, y hablarán la lengua de señas mexicana. A nivel internacional, la educación bilingüe para sordos está en un franco proceso de expansión. Se han fundado sistemas de educación bilingüe para sordos en Suecia, Dinamarca, Tailandia, Uganda, Sudáfrica, Uniguay, Venezuela, Costa Rica y Colombia, Canadá (Alberta), Estados Unidos (Indiana) y muchos lugares más. Cada dos años se lleva a cabo el Congreso Latinoamericano de Educación Bilingüe. En una docena de instituciones educativas del país se llevan a cabo prácticas de educación bilingüe, las más de las veces a contracorriente de las autoridades educativas. Por todas estas razones, el presente decreto de ley contempla en el Titulo cuarto (artículo 12) la constitución formal de un Sistema Nacional de Educación Bilingüe del Sordo. Los miembros de la comunidad de sordos mexicana, como los miembros de cualquier comunidad, realizan toda clase de transacciones entre sí. Mediante acuerdos verbales señados se compran y se venden bienes diversos; por medio de sus asociaciones organizan diversos eventos locales o nacionales y resuelven toda clase de conflictos internos; entablan uniones libres y matrimonios -en la lengua de señas mexicana una sola seña corresponde por igual a "matrimonio" y "unión libre"-; acuerdan las separaciones y los divorcios que por costumbre tienen que ser de mutuo acuerdo... La comunidad de sordos mexicana tiene, pues, una compleja estructura social e institucional propia. Sin embargo, cuando los sistemas normativos de la comunidad de sordos no tienen la capacidad de acotar conflictos mayores, cuando intervienen familiares oyentes, o cuando simplemente se involucran terceros que no son miembros de la comunidad, dichos conflictos se dirimen en juicios y procedimientos regidos por el derecho positivo. Asimismo, cuando los sordos requieren de servicios de salud, o cuando participan de espacios sociales mayoritariamente oyentes (en su trabajo, en su vecindario o asociación gremial), su acceso efectivo a la jurisdicción del Estado requiere de una comunicación satisfactoria que solamente se puede lograr por medio de intérpretes calificados. El artículo 13 del presente proyecto de ley pretende regular la práctica de la interpretación y obliga a la sociedad, en su conjunto, a contemplar su pertinencia y necesidad. A diferencia de los sordos señantes, los sordos hablantes alfabetizados pueden acceder a mucha información que les es vital en español, pero solamente lo pueden hacer con certeza si se les presenta de manera escrita. Es por ello que el artículo 14 impulsa el uso y la regulación de la taquigrafía computarizada o estenografía proyectada en todos aquellos contextos en que la participación informada del sordo hablante es esencial para el respeto y ejercicio de sus derechos: en juicios, servicios de salud, asambleas de diversos tipos, etc... Por su parte, el artículo 15 se aboca a la protección de los derechos correspondientes de los sordos hablantes analfabetas, o de aquellos que por opción propia deseen comunicarse por medio de la lectura labiofacial. Sus necesidades comunicativas son diferentes, por cuanto no requieren de interpretación ni de estenografía, Pero sí de un trabajador social que negocie circunstancias comunicativas menos desfavorables con los interlocutores relevantes: que los pueda ver a la cara; que las sesiones de lectura labiofacial no se prolonguen excesivamente; que los temas de conversación no se cambien con demasiada frecuencia y sin indicación apropiada, etc. En general, los sordos tiene derecho al trato equitativo que demandamos todos los mexicanos. No se deben tolerar las prácticas discriminatorias contra las personas sordas. Lamentablemente, tanto en ámbitos laborales, como productivos, así como en diversos ámbitos de la vida cotidiana, los sordos y las sordas de todo el país son frecuentemente discriminados y discriminadas. El artículo 17 pretende poner un coto a la impunidad con que se suele efectuar esta discriminación. En general, el Titulo quinto esta concebido para brindar a sordos y sordas una mejor defensa ante la inequidad a las que se les suele someter. Los sordos tienen derecho a acceder a la información que es accesible para la mayoría de los mexicanos. Para la interacción social por medio de la telecomunicación, así como para el acceso a la información que circula en los medios masivos de telecomunicación, los sordos requieren de adecuaciones y ampliaciones que. hasta la fecha no han sido contempladas por las leyes del ramo. En particular, los sordos requieren que, siempre que sea posible, la información se transmita en dos modalidades: lengua de señas mexicana y español escrito. Esta presentación visual de la información permitirá un acceso más equitativo de los sordos a los beneficios de la telefonía, los medios masivos de comunicación, el cine, el teatro, los eventos públicos, la información en espacios públicos, así como cualquier otra forma de comunicación que para la mayoría oyente se basa en el oído. El Titulo sexto del decreto declara las normas mínimas de acceso de los sordos a telecomunicaciones y eventos públicos que el Estado impondrá a la sociedad y a los proveedores de dichos servicios. Los sordociegos merecen una consideración específica (Título Séptimo). En tanto que son personas sordas, todos los derechos de la ley aquí propuesta les serán otorgados, con la salvedad de que deberán ser ejercidos de acuerdo con su necesidades. En particular, los sordociegos dependen de su tacto para interactuar con el medio y, por lo tanto, para comunicarse en una lengua de señas los sordociegos necesitan tocar a sus interlocutores y, en particular, a sus intérpretes. Y para comunicarse en español, los sordociegos necesitan representaciones táctiles del español: texto Braille, estenografía con proyección Braille o algún otro método de representación táctil convencional del español. En las instituciones culturales y científicas del país priva la ignorancia y el desdén hacia las comunidades de sordos, sus lenguas y sus culturas. En los catálogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia no se incluye ninguna lengua de señas. Tampoco en los análisis del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Algunas organizaciones no gubernamentales han abierto el camino para el desarrollo de la cultura de los sordos, por su propia cuenta. Pero el Estado y sus instituciones no han ofrecido ningún apoyo sistemático al desarrollo y difusión de dicha cultura. ¿Cuántos mexicanos saben que existe la Comunidad de Sordos Mexicana y su Lengua de Señas Mexicana? ¿Cuántas veces se le menciona en los medios masivos de comunicación? En todo el país, no hay una sola biblioteca o videoteca cuyo acervo incluya información especializada sobre las lenguas y las culturas de las comunidades de sordos de México y del mundo. El Gobierno mexicano debe subsanar estos vacíos. Por último, para llevar a efecto todo lo que la Ley Federal de la Cultura del Sordo estipula es necesario crear una institución especializada, con recursos y poderes suficientes para implementar los programas y lineamientos gubernamentales pertinentes, en coordinación con todos los poderes del Estado y los ámbitos gubernamentales pertinentes. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos y hechos señalados, pongo a consideración de esta Cámara de Diputados, la Iniciativa de Ley Federal de Cultura del Sordo, misma que solicito sea turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio, análisis y dictamen respectivo. Ley Federal de La Cultura del Sordo TITULO PRIMERO Disposiciones generales Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de interés social, sus principios se fundamentan en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular a nivel nacional, las medidas tendientes a lograr la equiparación de oportunidades para las personas con sordera en nuestro país. Artículo 20. Para los efectos de esta ley se entenderá por: a) "Sordo" es aquella persona que no posee el oído suficiente para sostener una comunicación y socialización natural y fluida en lengua oral alguna. b) "Comunidad de sordos" a todo aquella persona que forma parte de un grupo social que como característica fundamental no posee el oído suficiente para sostener una comunicación y socialización natural y fluida en lengua oral alguna, y que conforme al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene una cultura propia y posee una lengua de señas que dan sustento al carácter pluricultural de nuestra nación y que, en tal sentido, son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas. c) "Lengua de señas" es la lengua nativa de una comunidad de sordos, forma parte del patrimonio cultura¡ de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. d) "Sordo señante" es toda aquella persona cuya forma prioritaria de comunicación e identidad social se define en tomo de la cultura de una comunidad de sordos y su lengua de señas. e) "Sordo hablante" es toda aquella persona que creció hablando una lengua oral pero que en algún momento quedó sorda. Puede seguir hablando y, sin embargo, ya no puede comunicarse satisfactoriamente de esta manera. f) "Sordo semilingüe" es toda aquella persona que no ha desarrollado a plenitud ninguna lengua, debido a que quedó sordo antes de desarrollar una primera lengua oral y a que tampoco tuvo acceso a una lengua de señas. g) "Sordociego" es toda aquella persona sorda que se encuentre parcial o totalmente privado de la vista. h) "Estenografía proyectada" es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento, y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales. TITULO SEGUNDO De la lengua de señas mexicana, el español y otras lenguas. Artículo 3o. Las lenguas que se utilizarán en el Sistema Nacional de Educación Pública Bilingüe para Sordos, así como en los servicios de interpretación y traducción certificados por el Estado, serán la Lengua de Señas Mexicana y el español. Sin embargo, el uso suplementario de otra lengua de señas, lecto-escrita u oral se promoverá cuando las circunstancias regionales así lo requieran . TITULO TERCERO De los derechos humanos del sordo Artículo 4o. Todo sordo menor de edad tendrá el derecho inalienable de acceder a la Lengua de Señas Mexicana como su primera lengua. El Estado velará que nadie lo prive de este derecho. Artículo 5o. Todo sordo semilingüe tendrá el derecho inalienable de acceder a la lengua de señas mexicana como su primera lengua. El Estado velará que nadie lo prive de este derecho. Artículo 6o. Los bebés y niños sordos que se encuentren en zonas rurales donde no existe una comunidad de sordos o una escuela bilingüe para sordos, se les brindarán las condiciones para acceder a la educación bilingüe desde sus comunidades, o se les trasladará a zonas urbanas que cuenten con una escuela bilingüe para sordos, acompañados de su familia o con el consentimiento de sus padres. Para que esto se lleve a efecto el Estado apoyará con programas para tal efecto. Artículo 7o. Todo sordo hablante tendrá el derecho de acceder a la lengua de señas mexicana como segunda lengua. El Estado implementará programas que faciliten el ejercicio de este derecho, sin perjuicio alguno del derecho que todo sordo hablante tiene de preservar su primera lengua oral e identidad cultura¡. Artículo 8o. El Estado impulsará toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante el uso de su lengua nativa, y al sordo señante o semilingüe el desarrollo y uso de la lengua oral de su entorno en forma escrita. Artículo 9o. Toda forma de represión al uso de una lengua de señas así como la ausencia de intérpretes calificados en los eventos públicos en que participen sordos, serán consideradas como violación al derecho de libre expresión consagrado en la Constitución, incurriéndose además el delito de discriminación, de conformidad con lo establecido en el Código Penal Federal. Artículo 10. Toda forma de represión a la congregación y organización pacífica de los sordos señantes, en espacios públicos, así como toda forma de exclusión de las asociaciones de sordos de eventos públicos en los que se ventilen sus derechos, serán consideradas como violación al derecho de libre asociación consagrado en la Constitución, incurriéndose además el delito de discriminación, de conformidad con lo establecido en el Código Pena¡ Federal. Artículo 11. El Estado debe garantizar los derechos anteriormente señalados sin menoscabo del respeto a todos sus derechos humanos como señala las leyes y tratados internacionales en la materia. TITULO CUARTO De la educación bilingüe del sordo Artículo 12. El Estado creará un Sistema Nacional de Educación Pública Bilingüe para Sordos, que garantice el acceso a la educación y a una identidad social plena que tenga las siguientes características: a) Se prevenga que los sordos menores de edad se conviertan en sordos semilingües, las escuelas bilingües les proveerá acceso inmediato a la lengua de señas mexicana. b) Se proporcione en las escuelas bilingües el mismo trato a todos los sordos, independientemente de su grado de pérdida auditiva, o de su capacidad para la lectura labiofacial o la vocalización del español. c) Que sea la lengua de señas mexicana en el espacio escolar, la lengua de comunicación cara a cara. d) La enseñanza del español se hará por medio de su forma lecto-escrita. e) Se vigile que todo el personal docente domine tanto la lengua de señas mexicana como el español lecto-escrito, desde la educación materna¡ hasta la educación media superior. f) Se implante un programa de formación y certificación de personal docente para la educación bilingüe del sordo, el cual dará acceso equitativo a la formación de profesores sordos. g) Se provea de intérpretes de lengua de señas mexicana-español, o estenografía proyectada, para la comunicación cara a cara en la educación superior. h) Se hagan las adecuaciones necesarias para no excluir al sordo de las instituciones de educación superior donde opte por cursar sus estudios. i) Se establecerá cuando menos una escuela bilingüe, en cada Estado de la República. j) Se establecerá una red de internados para los sordos menores de edad que provengan de las zonas rurales, o cuyas familias no se hagan cargo de ellos. TITULO QUINTO Del derecho a la equidad, la justicia y los servicios de salud Artículo 13. El sordo señante dispondrá de intérpretes y traductores para conocer y ejercer plenamente sus derechos y obligaciones, ante todas las instituciones de Gobierno Federal, estatal y municipal; ante los juzgados y tribunales tanto de los poderes judiciales de los respectivos estados, como del Distrito Federal, así como del federal; así como para acceder plenamente a las instituciones públicas de salud. Todas las instituciones antes enumeradas tendrán la obligación de cubrir el costo de dichos servicios de interpretación, en particular cuando su ausencia pueda vulnerar los derechos del sordo señante. Cuando la interpretación se de en un contexto de conflicto, todas las partes interesadas tendrán derecho a pedir un intérprete debidamente acreditado y de su confianza o, en su defecto, tendrán derecho a registrar la interpretación en video y demandar el peritaje correspondiente. Artículo 14. El sordo hablante alfabetizado dispondrá de estenografía proyectada para conocer y ejercer plenamente sus derechos y obligaciones, ante todas las instituciones de Gobierno Federal, estatal y municipal; ante los juzgados y tribunales tanto de los poderes judiciales de los respectivos estados, como del Distrito Federal, así como del Federal; así como para acceder plenamente a las instituciones públicas de salud. Todas las instituciones antes enumeradas tendrán la obligación de cubrir el costo de dichos servicios de estenografía proyectada, en particular cuando su ausencia pueda vulnerar los derechos del sordo hablante. Cuando la estenografía proyectada se de en un contexto de conflicto, todas las partes interesadas tendrán derecho a pedir un estenógrafo debidamente acreditado y de su confianza o, en su defecto, tendrán derecho a registrar la sesión en cinta magnetofónica, conservar una copia impresa del texto estenográfico y demandar el peritaje correspondiente. Artículo 15. El sordo hablante que no haga uso de la lecto-escritura o que sea semilingüe dispondrá de un trabajador social calificado que le ayude a conocer y ejercer sus derechos y obligaciones, ante todas las instituciones de Gobierno Federal, estatal y municipal; ante los juzgados y tribunales tanto de los poderes judiciales de los respectivos estados, como del Distrito Federal, así como del Federal; así como para acceder plenamente a las instituciones públicas de salud. Todas las instituciones antes enumeradas tendrán la obligación de cubrir el costo de los servicios de dicho trabajador social, en particular cuando su ausencia pueda vulnerar los derechos del sordo hablante. Artículo 16. Todas la oficinas de gobierno, ministerios públicos, juzgados, centros de reclusión y hospitales tendrán un teléfono de teclas para sordos o computadora conectada a los servicios de enlace, los cuales estarán disponibles para ser usados por un sordo en situaciones de emergencia. Artículo 17. Al sordo no se le podrá negar, condicionar o restringir el acceso a un trabajo argumentando su falta de oído, a menos que para el desarrollo de dicho trabajo sea indispensable el sentido del oído, razón que se deberá justificar estableciendo las razones y circunstancias del hecho. De lo contrario, se incurrirá el delito de discriminación, de conformidad con lo establecido en el Código Penal Federal. No se le podrá negar, condicionar o restringir una licencia para ejercer actividad u oficio alguno argumentando su falta de oído, a menos que para ejercer la actividad o el oficio en cuestión sea indispensable el sentido del oído, razón que se deberá justificar estableciendo las razones y circunstancias del hecho. De lo contrario, se incurrirá el delito de discriminación, de conformidad con lo establecido en el Código Penal Federal. A los sordos se les darán las mismas oportunidades para ascender en su trabajo, de acuerdo con su capacidad y antigüedad, sin importar que sean sordos. De lo contrario, se incurrirá el delito de discriminación, de conformidad con lo establecido en el Código Penal Federal. Al sordo no se le podrá pagar menos que al oyente argumentando su falta de oído. De lo contrario, se incurrirá el delito de discriminación, de conformidad con lo establecido en el Código Penal Federal. TITULO SEXTO Del derecho a la información Artículo 18. Las televisoras deberán transmitir toda su programación cultura¡ e informativa con interpretación a la lengua de señas mexicana en un recuadro. Artículo 19. Las televisoras deberán transmitir el 100% de su programación con estenografía proyectada, la cual podrá ser vista haciendo uso de los decodificadores integrados a las televisiones existentes en el mercado. Artículo 20. Se creará un sistema de enlace telefónico para que los sordos señantes o hablantes puedan comunicarse a cualquier lugar por medio de la red telefónica, ya sea por medio de teléfonos de teclas para sordos, o por medio de computadoras conectadas a Internet. Artículo 21. Las compañías de telefonía deberán ofrecer teléfonos con timbres lumínicos, teléfonos públicos de teclas para sordos o Internet para sordos, a un costo bajo. Artículo 22. En todas las ciudades de la República, cuando menos un 50% por ciento de la cartelera cinematográfica se exhibirá con subtítulaje en español, estén o no dobladas al español hablado. También las películas habladas en español se exhibirán con subtitulaje en funciones programadas y publicitadas para el público sordo. Artículo 23. Se programarán funciones de cine, teatro, conferencias, congresos u otros eventos públicos con interpretación del español a la Lengua de Señas Mexicana y viceversa, cuando un grupo de 10 ó más sordos lo soliciten. Artículo 24. Obras de teatro, conferencias, congresos u otros eventos públicos se llevarán a cabo con estenografía proyectada cuando un grupo de 10 ó más sordos lo soliciten. Artículo 25. En todos los casos en que por ley se instalan alarmas sonoras en espacios públicos, siempre deberán ser acompañadas por alarmas estroboscópicas capaces de cubrir con su señal lumínica dicho espacio público y alertar a cualquier sordo. Artículo 26. En todos los casos en que se utilizan altoparlantes para dar avisos a los usuarios de un espacio público, también se utilizarán pantallas con texto escrito que proporcionen la misma información de modo claramente visible para los sordos. Artículo 27. La instalación eléctrica de casas de interés social destinadas a sordos se deberán entregar con timbres lumínicos. TITULO SEPTIMO De los sordociegos Artículo 28. Todos los derechos humanos, los derechos a la educación, los derechos de equidad, justicia y salud, así como los derechos a la información referidos a los sordos señantes, hablantes o semilingües se extenderán a los sordociegos señantes, hablantes o semilingües, quienes además tendrán derecho a exigir intérpretes individuales, sistemas de representación táctil del español, o trabajadores sociales, todos los cuales, puedan tocar para comunicarse. TITULO OCTAVO Del Instituto Nacional de Cultura del Sordo Artículo 29. Se crea el Instituto Nacional de la Cultura del sordo como organismo público descentralizado, federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal. El Estado por medio del instituto ejecutará los siguientes programas: a) De detección de sordera en menores, para garantizar que se les proporcione acceso a la Lengua de Señas Mexicana como primera lengua en, los primeros años de vida o en cuanto la sordera se presente. Este programa tendrá la prioridad que amerita la defensa de los derecho de los sordos a una identidad sociocultural y lingüística plena. b) De monitoreo del desarrollo social y lingüístico de aquellos bebes o niños que se sospecha que son sordos, o cuyos padres o tutores no desean que ingresen al Sistema Nacional de Educación Pública Bilingüe para Sordos. El Estado asumirá la obligación de evaluar semestralmente que estos bebés o niños: I. Desarrollen el español o la lengua oral de su familia en los tiempos y ritmos normales; II. Socialicen y se comuniquen oralmente en el medio escolar, de un modo natural y satisfactorio para su desempeño escolar. En cada ocasión el Estado evaluará con los padres o tutores las mejores opciones educativas existentes para sus hijos con pérdidas auditivas. c) Para que padres, hermanos, cónyuges e hijos oyentes de sordos accedan a la Lengua de Señas Mexicana y convivan con la Comunidad de Sordos Mexicana. d) De promoción, investigación, preservación y desarrollo de las culturas y lenguas de señas de las comunidades mexicanas de sordos. e) De formación, certificación y referencia de intérpretes de español-Lengua de Señas Mexicana y Lengua de Señas Mexicana-español. f) De formación, certificación, equipamiento y referencia de estenógrafos del español. g) De formación, certificación y referencia de trabajadores sociales especializados en las necesidades comunicativas y de lectura labiofacial de los sordos hablantes que no hagan uso de la lecto-escritura. h) De proporcionar o hacer las gestiones necesarias para que se proporcione al sordo señante de intérpretes y traductores para conocer y ejercer plenamente sus derechos y obligaciones ante instituciones públicas o asociaciones privadas así como acceder plenamente a las instituciones privadas de salud, en particular cuando su ausencia pueda vulnerar los derechos del sordo señante. i) De proporcionar o hacer las gestiones necesarias para que se proporcione al sordo hablante de estenografía proyectada para conocer y ejercer plenamente sus derechos y obligaciones ante instituciones públicas o asociaciones privadas así como para acceder plenamente a las instituciones privadas de salud, en particular cuando su ausencia pueda vulnerar los derechos del sordo señante. j) De proporcionar o hacer las gestiones necesarias para que se proporcione al sordo semilingüe, o al hablante que no haga uso de la lecto-escritura, un trabajador social que le ayude a conocer y ejercer sus derechos y obligaciones ante instituciones públicas o asociaciones privadas así como para acceder más plenamente a las instituciones privadas de salud, en particular cuando su ausencia pueda vulnerar los derechos del sordo, sea semilingüe o sea hablante que no haga uso de la lecto-escritura. k) De vigilancia del respeto a todos los derechos humanos de los sordos y del cumplimento de todo lo establecido en la presente ley así como de litigio para la sanción cuando se presente casos de violación. Artículo 30. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones. I. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de los sordos; II. Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones en favor de los sordos; III. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a los sordos; IV. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y características de los sordos; V. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de los sordos; VI. Auxiliar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y municipios en la difusión y promoción de los servicios que presten a los sordos cuando así lo requieran; VII. Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el Instituto en aplicación de esta ley; VIII. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de los sordos mexicanos en distintos ámbitos del acontecer nacional; IX. Elaborar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, programas y cursos de capacitación y desarrollo destinados a los sordos, y X. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios. Artículo 31. El patrimonio del instituto se integrará con: I. Los recursos que se loa asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación; II. Los bienes muebles, inmuebles y demás recursos que adquiera con base en cualquier título legal, y III. Los subsidios, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la ley. Artículo 32. La canalización de fondos por parte del instituto para proyectos, estudios, programas e investigaciones relacionadas con su objeto, estará sujeta a la celebración de un contrato o convenio, que asegure su debido cumplimiento. Artículo 33. El instituto contará con los siguientes órganos de administración: I. Junta Directiva; II. Dirección General y III. Las estructuras administrativas que se establezcan en el estatuto orgánico. Artículo 34. La junta directiva se integrará con: I. Cinco miembros propietarios que corresponderán a los titulares o representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación Pública Salud, Hacienda y Crédito Público, DIF. El Presidente de la Junta Directiva se elegirá de entre ellos mismos. Por cada titular se nombrará un suplente. II. Siete miembros nombrados por el Congreso de la Unión de los candidatos que propongan los grupos civiles y asociaciones de sordos en el país. Por cada titular se elegirá a un suplente. Artículo 35. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades indelegables: I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y prioridades a las que deberá sujetarse el instituto, relativas a la productividad, comercialización de servicios, investigación y administración general; II. Autorizar los programas y presupuestos de¡ Instituto, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable; III. Fijar las bases así como los montos mínimos, máximos y actualizaciones de las cuotas de recuperación por los servicios que preste el instituto; IV. Expedir las normas generales para que el director general pueda disponer, cuando fuere necesario, de los activos fijos de¡ instituto que no correspondan al objeto del mismo; V. Aprobar cada año los estados financieros del Instituto y autorizar su publicación, previo informe de los comisarios y el dictamen de los auditores externos; VI. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones legales, la elaboración de las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el instituto con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; VII. Establecer, con sujeción. a las disposiciones legales, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera, con excepción de aquellos de su propiedad que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la Federación; VIII. Constituir comités de apoyo y determinar sus bases de funcionamiento; IX. Designar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de los dos niveles administrativos inferiores al de aquél, así como concederles licencias; X. Designar y remover, a propuesta de su presidente, al secretario y al prosecretario; XI. Aprobar el estatuto orgánico del instituto y el proyecto de estructura orgánica previa opinión de las dependencias competentes; así como el Manual de Organización General y los correspondientes de Procedimientos y Servicios al Público del Instituto; XII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el director general, con la intervención que corresponda al comisario; XIII. Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudos a favor del instituto y con cargo a terceros, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando lo conducente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Secretaría de Educación Pública, y XIV. Las demás que, con el carácter de indelegables, se le atribuyan en los términos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otras disposiciones legales aplicables. Artículo 36. La junta directiva celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que convoque su presidente o el 50% más uno de sus miembros. La junta directiva sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Asistirán a las sesiones de la junta directiva con voz pero sin voto: el director general del instituto, el secretario, el prosecretario y el comisario. Artículo 37. El director general del instituto será nombrado por el Congreso de la Unión a propuesta del Presidente de la República. El nombramiento deberá recaer en persona que reúna los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Artículo 38. El director general del instituto, además de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes: I. Administrar y representar legalmente al instituto; II. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la junta directiva; IV. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la junta directiva el estatuto orgánico del instituto, así como el manual de organización general y los manuales correspondientes de procedimientos y servicios al público del instituto; V. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos; VI. Formular anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto, para someterlo a la aprobación de la junta directiva; VII. Nombrar al personal del instituto; VII. Someter a la junta directiva y publicar el informe anual sobre el desempeño de las funciones del instituto; VIII. Recabar información y elementos estadísticos sobre, las funciones del instituto, para mejorar su desempeño y IX. Las que le confieran las demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 39. El instituto contará con un órgano de control interno que formará parte de su estructura. El titular de dicho órgano, así como los responsables de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades dependerán y serán nombrados y removidos por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior ejercerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en las demás disposiciones legales y administrativas aplicables. El instituto proporcionará al titular del órgano de control interno los recursos humanos y materiales que requieran para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos del Instituto estarán obligados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de dicho órgano para el desempeño de sus facultades. Artículo 40. El órgano de vigilancia del instituto estará integrado por un comisario público propietario y un suplente, quienes serán designados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, quienes ejercerán las facultades que les confiere el Título Sexto de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F., a 13 de noviembre de 2001. Diputados: Lorena Martínez Rodríguez, Alejandro Cruz Gutiérrez, Roberto Domínguez Castellanos, María de las Nieves García, Hortensia Enríquez y Librado Treviño Gutiérrez, Laura Pavón. LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Túrnese a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura y de Atención a Grupos Vulnerables. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 61 y 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 4º, 28, 46, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.