La diputada Laura Ximena Martel Cantú: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. Como lo dijo el rey Dominick: Hombre justo y honrado es aquél que mide sus derechos con la regla de sus deberes. Hoy vengo a presentar en nombre del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera y a nombre propio, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción X, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propuesta refrenda la vocación garantista del Estado al pretender fortalecer la garantía de seguridad jurídica para los gobernados, la cual busca proteger esencialmente la dignidad humana, el respeto a los derechos personales, patrimoniales y civiles, así como su interacción con la autoridad, garantía que hoy pretende extenderse también frente a los particulares, tomando en consideración la realidad actual y particularmente la paralela evolución que se debe dar en el derecho y la sociedad. El derecho humano de acceso a la justicia en materia penal puede ser ejercitado mediante denuncia o querella, por lo tanto hay delitos que se persiguen de oficio y otros que se persiguen a petición de parte, y es precisamente estos últimos los que son el objeto central de la presente iniciativa. La fracción I del apartado A, del citado artículo a la letra señala: El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Sin embargo este ideal de justicia no se cumple a cabalidad. No se cumple porque si bien el artículo 20 constitucional, en el apartado B enumera las garantías que toda persona imputada debe tener y en el apartado C establece las garantías de la víctima u ofendido, la ley fundamental no prevé la posibilidad de que el imputado que ha sido sujeto del proceso penal, una vez que se le determine sentencia absolutoria ejecutoriada se convierta en víctima u ofendido. Víctima u ofendido que no cuenta con los mismos derechos, perrogativas y garantías que los demás. Debemos ser conscientes que la victimización de aquella persona que se encuentra inmersa en el sistema penal como victimario, no culmina al demostrarse su inocencia, pues una vez dictada la sentencia absolutoria se enfrenta a una victimización, donde el factor más importante es la exteriorización del individuo frente a sí mismo y frente a la sociedad, además del menoscabo económico y el daño psicológico causado. Si bien es cierto que el Código Penal Federal en su artículo 49 y en el 96 señala que al emitirse una sentencia absolutoria el sentenciado podrá, a título de reparación, solicitar el reconocimiento de su inocencia mediante la publicación de la sentencia en uno o dos periódicos que circulen en la localidad, siendo éste el único medio por el cual la ley prevé que el sentenciado sea enmendado o resarcido, omite la indemnización económica o moral a la que tienen derecho dando paso a lo que los teóricos denominan como una victimización terciaria. Es decir, se omita resarcir el daño económico y moral al que fue sujeto como parte del procedimiento penal. A mayor abundamiento, es de señalarse que el procesado que se ubica en el hipotético planteado tiene como única opción de indemnización la de promover en materia civil un juicio ordinario civil, a efecto de que sea resarcido por el daño moral y material de que ha sido objeto. Sin embargo tiene la carga de la prueba para acreditarlo, lo cual implica erogar más recursos e invertir tiempo lo cual muchas veces no se está en condiciones de realizar. Señoras y señores legisladores, ¿qué pasa con el sentenciado cuando ha obtenido al final del proceso una sentencia absolutoria? ¿Qué garantía le otorga la Ley Suprema después de que ha sido dañado y violentado en sus derechos? De conformidad con datos del Consejo de la Judicatura Federal, en el 2013 el total de sentencias absolutorias pronunciadas a nivel nacional en las causas penales por los juzgados de distrito fue de dos mil 38, lo que equivale al 5.78 por ciento del total de sentencias emitidas. Aunque en términos porcentuales la cifra puede parecer pequeña, consideremos que aunque se tratase de una sola persona el hecho es de primordial trascendencia, porque en todo estado de derecho la legalidad y la equidad deben de ser principios rectores que respalden el actuar de los órganos jurisdiccionales, así como de los sujetos que solicitan su intervención. Nadie debe utilizar los medios legales sin que exista fundamento cierto y verdadero y su actuar quedara impune. Mientras exista la posibilidad de perfeccionar el andamiaje jurídico a efecto de garantizar a todos y cada uno de los mexicanos certeza sobre el respeto irrestricto a sus derechos, así como la debida protección jurídica y el acceso oportuno y expedito a la impartición de justicia, es nuestro deber actuar en consecuencia. Por ello la presente iniciativa pretende proteger a la persona falsamente acusada que al final del proceso resulta ser la víctima de su denunciante, asegurando su derecho al resarcimiento de daños y perjuicios evitando así el uso abusivo del derecho, inhibiendo la construcción y utilización de artilugios que pretendan usar al sistema de impartición de justicia para violentar derechos de terceros. En este sentido, se pretende que toda la fuerza de la ley recaiga por igual en el victimario y que la nobleza de la ley alcance también a todas las víctimas. En otras palabras, se pretende romper el desequilibrio existente facultando al juzgador para pronunciarse respecto de la reparación del daño en los mismos términos que lo hiciera con la víctima u ofendido. La evolución del sistema jurídico nos exige abrirnos a nuevos paradigmas, a nuevas y mejores posibilidades de justicia cuyo objeto central sea la persona humana. La justicia debe permear en cada rincón de país y en todos los actos y hechos jurídicos que impacten al derecho. De ahí que la obligación de la reparación de daños y perjuicios, tanto para las víctimas de los delitos como para quienes han sido sujetos de una sentencia absolutoria y se han convertido en víctimas de su querellante, debe ser una premisa fundamental de nuestro sistema jurídico mexicano siguiendo el principio de que es justo dar a cada quien lo que le corresponde. En este sentido, proponemos adicionar una fracción X al Apartado B del artículo 20 constitucional en los siguientes términos. Fracción X: Toda persona que haya sido sujeta a un proceso penal derivado de delitos presentados por querella, salvo aquellas que formulen las autoridades fiscales competentes en donde el juez emita una sentencia absolutoria ejecutoriada, ésta deberá contener la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios causados por el querellante durante el procedimiento penal, de conformidad con lo que establezcan las leyes en la materia. El juzgador no podrá absolver al querellante de dicha indemnización si ha emitido una sentencia absolutoria ejecutoriada. Compañeras y compañeros diputados, como escribió el novelista Paul Auster: si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario no sería justicia. De ahí que la garantía que hoy ponemos a su consideración pretender impedir que el sistema penal tienda a convertirse en un escenario propicio para las acusaciones falsas. La letra de la ley no puede ni debe tener resquicio alguno por el cual se filtre la injusticia. La ley contiene postulados éticos que deben de ser fortalecidos una y otra vez hasta dotar de total certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía. La ley y la justicia deben de estar al servicio de cada hombre y cada mujer. Para ello es necesario adecuarla a las necesidades y a la realidad social con una auténtica vocación jurídica pero también con un alto sentido humanista. Por un México más justo, por un México de más y mejores garantías es que hoy presentamos esta iniciativa. Estamos convencidos de que la ley debe infundir respeto a los miembros de la sociedad, temor a los culpables y aliento a los inocentes. Por su atención, muchas gracias.