La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. No quiero dejar pasar, dejar de mencionar, que hoy estamos discutiendo un dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que fue aprobado desde el 6 de marzo de este año, a partir de una iniciativa de los diputados Ricardo Mejía y Ricardo Monreal. Y solamente hago este comentario no sólo por las fechas, sino para dar a conocer a la sociedad la intención que tienen ustedes, diputadas y diputados, para decir que están cumpliendo con los temas que han manifestado serán su prioridad en este periodo, la transparencia y anticorrupción, pero que de todos modos siguen sin estar en el pleno. Claro que celebramos que una de las 378 iniciativas que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha presentado, se esté discutiendo, el primer día de este periodo y en este pleno. Pero no por eso dejaremos de ser críticos porque la transparencia y anticorrupción ha sido la prioridad del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Hoy se discute esta iniciativa que en esta materia se presentó desde el 2013 y como se puede ver no sólo criticamos, también hay propuestas viables. Es sólo cuestión que la mayoría en esta Cámara tenga la voluntad de analizarla. Tenemos que el derecho administrativo sancionador corresponde a la capacidad punitiva del Estado y de la mención de los tipos de sanciones. Observamos que se trata de penas que pueden vulnerar tanto la esfera de derechos de los gobernados como su esfera patrimonial, según sea el caso. Es evidente que el ejercicio de esta potestad sancionadora debe de contar con límites y principios que garanticen al gobernado la salvaguarda de su esfera de derecho. Ante esta disyuntiva en la construcción de esta rama de derecho administrativo, los doctrinarios han recurrido a arreglar los procedimientos desde una perspectiva garantista para los gobernados. Y cuestionamos que el ciudadano se encuentre sujeto a la tramitación de un procedimiento administrativo por un periodo indeterminado que vulnera desde toda perspectiva sus derechos. Es decir, la naturaleza de cada procedimiento legal debe tener un inicio claro y un final, permitiendo que ante la inactividad de las partes, en especial de la autoridad, se sancione con la caducidad del proceso, entendiendo la caducidad como la pérdida de un derecho o una potestad debido a la omisión de ejercerlo durante un período determinado. En el caso concreto de las autoridades administrativas, la sanción por no concluir el proceso administrativo de la emisión de un acto debe ser la caducidad del mismo; de lo contrario, el gobernado se verá afectado profundamente pues se le sujetará a un estado de indeterminación frente al proceso. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo no establece la existencia de la caducidad para el proceso omiso, salvo cuando se violente el plazo para la emisión de la resolución, es decir, únicamente cuando se hayan sustanciado todas las etapas del proceso, quedando únicamente pendiente la emisión de la resolución y, en caso que no se emita en el tiempo correspondiente, se considerará que el proceso de concluirá por la caducidad del mismo. Lo anterior habilita que existan casos en que se notifique a la parte de la autoridad el inicio de un procedimiento de verificación administrativa y que posteriormente no existan actuaciones por parte de ella en un período considerable, como pudiera ser un año, pudiendo en todo momento reanudar el procedimiento sin que el particular pueda apelar a la caducidad de éste. El problema planteado encierra una profunda violación a la garantía de seguridad jurídica del gobernado pues le impide conocer la previsibilidad de sus actos. Por eso también celebramos que en el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción coincidan en que la iniciativa será la figura de caducidad, sin causar ningún perjuicio al gobernado y sin violar el orden público o interés social perseguido por el Estado, ya que la autoridad contará con el tiempo suficiente para el estudio del asunto y resolverá conforme a derecho y que con esta propuesta, de ser aprobada, brindará mayor seguridad y certeza jurídica, así como cumplirá con el derecho fundamental de una justicia pronta y expedita. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor. Muchas gracias.