El diputado Iván García Solís: Gracias ciudadana Presidenta. Ciudadanas y ciudadanos legisladores. A casi 200 años de existencia del Primer Congreso Mexicano, el honorable Congreso de la Unión se reivindica hoy como un órgano de poder verdadero, auténticamente representativo y en ejercicio de sus facultades y autonomía constitucionales, por primera vez, quizá desde la tercera década del siglo XX. Sin embargo, al mismo tiempo, ante los ojos del ciudadano se encuentra en problemas derivados de una normatividad constitucional e interna con muchos rasgos de obsolescencia e incluso de anacronismo. Esta situación se concreta en la ausencia de normas constitucionales claras y suficientes, en una serie de aspectos que van desde las facultades de control político, que representan una función contemporánea esencial de los parlamentos, hasta la falta de claridad constitucional, particularmente en cuestiones como el Presupuesto de Egresos de la Federación. Igualmente es notable la falta de mecanismos ágiles de producción legislativa. Al respecto y analizando las cifras, tenemos que de la confronta entre iniciativas presentadas contra las dictaminadas, los porcentajes han ido en decremento de manera alarmante. En la LV Legislatura se dictaminó el 62 por ciento de iniciativas. En la LVI el 47 por ciento. En la LVII el 30, en la LVIII el 27 y del 1 de septiembre del 2003 al 9 de noviembre del 2004 esta nuestra VIX Legislatura lleva sólo el 8.2 de iniciativas dictaminadas. Esto no es casual ni gratuito. Al mismo tiempo que la Cámara de Diputados reclama su lugar como poder, hay un notable incremento de los asuntos legislativos y simultáneamente una insuficiente asistencia de los diputados en comisiones y comités. De acuerdo a cifras del Centro de Investigación y Docencia Económica, durante el primer año del ejercicio de esta legislatura el promedio de asistencia de los diputados a comisiones fue de poco menos del 42 por ciento. Ante este diagnóstico, los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias resolvimos que la modificación a las reglas de producción legislativas insertas en nuestro marco jurídico es un paso urgente, necesario para afrontar y resolver esta situación. Sin embargo, advertimos que a ese umbral llegaron otras legislaturas que presentaron propuestas de reforma para modificar estos ordenamientos, sin éxito. Las iniciativas de Ricardo García Cervantes, Beatriz Paredes Rangel, Augusto Gómez Villanueva y Martí Batres Guadarrama, entre otros, dan cuenta de esta limitación. Conforme al análisis realizado por la Comisión, la dificultad está en que las cámaras distintas en materias, facultades, integración y procedimientos actualmente están sujetas a un ordenamiento que regula tanto las sesiones conjuntas de Congreso General como las disposiciones de cada cual por separado. En tal circunstancia fue preciso dilucidar si la legislación actual es vigente para las sesiones de cada cámara, actuando por separado, y la Comisión realizó un basto y prolijo examen histórico y político de la situación para poder concluir con este dictamen. Dentro de los resultados del trabajo de investigación queda claro, a la luz de dicho análisis, repito, que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General fue planteado como un ordenamiento muy ambicioso, que regulaba la estructuración de las cámaras, las sesiones conjuntas de las mismas, la Comisión Permanente y todo tipo de sesiones. El crecimiento del número de miembros de las cámaras, la complejidad y amplitud de los temas legislativos, la ampliación de sus facultades y la demanda pública ciudadana de una mayor y mejor intervención de este poder dentro del sistema presidencial mexicano han rebasado ampliamente a nuestro Reglamento y crearon la necesidad de establecer ordenamientos en dos niveles: en las materias comunes, Congreso General, Comisión Permanente, reuniones de Conferencia, cuyo procedimiento seguirá siendo bicamaral, así como en las materias de estructura y funcionamiento de cada una de las cámaras, cuyo procedimiento debe ser exclusivamente unicamaral. Así lo establecieron los legisladores en 1979 en la Ley Orgánica del 25 de mayo. Esta perspectiva, sin embargo, encaró el problema del principio de legalidad en un país en que es una exigencia la facultad expresa para la realización de estos actos. Hubo que resolver si está vía era la adecuada, toda vez que la Constitución no señala que cada Cámara pueda hacer su propio ordenamiento y más aún que este ordenamiento se sujete a un proceso distinto bicamaral señalado en la Constitución. El derecho de una asamblea a darse sus propias normas es una necesidad elemental de orden inherente a todo conglomerado, es parte intrínseca de la naturaleza de una voluntad colectiva que desea tomar acuerdo y este acto democrático ejercido por la mayoría rebasa cualquier afectación individual. El proceso de creación de estas normas, es único y especial por el carácter de las mismas y por tanto no se pueden regular por los ordenamientos generales establecidos, sino por los que son propios a su naturaleza e inherentes a su objeto. Finalmente, según una posición cada vez más extendida, no es en absoluto necesario confundir al Reglamento con la Ley para alcanzar consecuencias más allá del parlamento y obligar a otros poderes desde este ordenamiento. En el mundo pocos más de 40 países tienen sistemas bicamarales. De ellos sólo dos: Bolivia e Italia, cuentan con disposiciones constitucionales expresas para que cada una de sus cámaras realice con independencia de la otra, sus propios ordenamientos. En el resto, cada cámara realiza su reglamentación con autonomía de la otra sin facultad expresa y sin procedimiento bicamaral. Por ello esta Cámara, pensamos perfectamente, convenientemente, de manera útil, puede tener sus procedimientos internos sin facultad constitucional expresa. Esta es una parte fundamental del alegato que presentamos para tener el derecho pleno de construir nuestro propio Reglamento. Esta reforma entonces al artículo 3º., de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que faculta expresamente a las Cámaras para darse reglamentos internos, constituye un primer paso, así lo entendemos, en el indispensable proceso de actualización del marco normativo interno del congreso de la Unión para mejorar de inmediato los procedimientos legislativos tanto en comisiones como en los plenos de las cámaras; proceso que sabemos deberá continuar con el fortalecimiento de las facultades de control político del Congreso, a fin de poner al día, uno de los principios básicos de la democracia, que el poder controle al poder. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados: Al presentar a ustedes este dictamen y pedir de manera atenta y solidaria su voto, estamos en la convicción de que si esto es así, si esto se aprueba, tendremos condiciones par que en breve plazo nuestra Cámara, como también así el Senado, dispongan de ordenamientos propios que faciliten sus trabajos y por lo tanto mejoren no solamente su eficiencia, sino correspondan mejor al papel de representantes populares que les ha asignado la nación. Muchas gracias.