El diputado Higinio del Toro Pérez: Con su venia, presidenta. En relación a este dictamen, la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a diferencia del anterior, siempre hemos dicho que a los diputados ciudadanos nos gusta contrastar lo que aquí se discute. Si bien es cierto que dimos un voto de confianza en el anterior dictamen, al asegurar que lo votamos a favor, toda vez que sí encontramos en estas modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera argumentos suficientes que pudieran servir a nuestros estados y a nuestros municipios, particularmente he hecho posicionamientos al respecto, en el caso particular de esta Ley Federal de Derechos tenemos que señalar varias cosas: La actualización en materia de derechos debe estar encaminada a fortalecer los ingresos federales. En eso estamos completamente de acuerdo. Y tiene sentido procurar que la prestación de servicios públicos facilite mejores condiciones para su uso, goce o también el aprovechamiento. Los costos por la prestación de los servicios y también por los aprovechamientos de los bienes del dominio público de la nación, deben reflejar el costo al representar al Estado la prestación de los mismos, teniendo en cuenta que los beneficiarios últimos son las y los ciudadanos. Por eso, este dictamen a discusión, que propone establecer reformas para actualizar los cobros por la prestación de servicios que proporcionan las distintas dependencias de la administración pública federal, como son: la expedición de pasaportes, los trámites consulares, los aduaneros, las normas oficiales mexicanas y de control de calidad, se propone también, en este mismo dictamen, que se actualicen los derechos en el caso de uso, aprovechamiento o explotación de bienes de la nación vinculados a áreas naturales protegidas, las telecomunicaciones, la minería y los cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. En este sentido, el rubro de derechos de prestación de servicios, que es el que mayor disminución proyecta, sus ingresos previstos tienen una disminución nominal de poco más de 9 mil 404 millones de pesos, equivalente, más o menos, a una variación del 20.9 en términos reales. En particular, en el subrubro de derechos por uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, destaca también la reducción de los ingresos por derechos de todas las secretarías que forman parte de este rubro. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, prevé una disminución del 42.8 real, respecto a esta misma ley del año pasado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuye del 16.3 al 8.2, y la SEP, por ejemplo, pierde el 100 por ciento de sus ingresos, solo por mencionar algunas. Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no comprendemos por qué el rubro de derechos cae 21 por ciento en términos reales en una ley, que respecto a la del 2020 sí tiene variaciones. Si dentro de las reformas a la Ley General de Derechos presentada dentro de este paquete económico 2021 se presentan incrementos a los derechos por aprovechamiento del espectro radioeléctrico a distintas bandas de frecuencia hasta por el 56 por ciento. Es decir, las reformas a la Ley General de Derechos no se ven reflejadas en el artículo 1o. de esta propia ley en el año 2021. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por supuesto que se pronuncia en contra del incremento de los derechos, en contra del incremento de los derechos por uso del espectro radioeléctrico, ya que esto afectará directamente a los usuarios de telefonía móvil y también de internet. También se afectará a pequeños oferentes de estos servicios, reduciendo la competencia económica e incrementando el poder de mercado de los agentes preponderantes. El espectro radioeléctrico es el insumo indispensable para la provisión de cualquier servicio inalámbrico, por lo que su costo se vuelve un factor determinante en la posibilidad de incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de telefonía y también del acceso a Internet de los dispositivos móviles. Entre el 2013 y 2019 el Instituto Federal de Telecomunicaciones triplicó la cantidad asignada de espectro radioeléctrico para servicios móviles, mientras que las tarifas de este servicio se redujeron en un 6 por ciento, lo anterior contraviene los principios de libre competencia establecidos en el capítulo de telecomunicaciones T-MEC. Por lo anterior, se prevé que la reforma propuesta incrementa en más del 50 por ciento los derechos por el espectro para servicios y existentes. Orillará entonces a los pequeños proveedores a arrendar la infraestructura de los operadores preponderantes resultando en un efecto contrario al que se persigue, menos recaudaciones y menor competitividad. Es cuanto, presidenta.