El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Los diputados Raúl Cervantes Andrade y Gerardo Vargas Landeros, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y pertenecientes a esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 37, inciso c) del Reglamento Interno del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y por acuerdo del Pleno del grupo parlamentario del PRI, como da fe uno de los secretarios de la mesa directiva del mismo. Sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto, por la que se adiciona un párrafo segundo y el actual se recorre en su orden del artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, de conformidad con la siguiente Exposición de motivos En días recientes los medios de comunicación nacionales dieron cuenta del robo que sufrieron 155 personas que habían contratado cajas de seguridad en el banco Banamex, sucursal 482 de Tecamachalco, en el Estado de México. Tanto las declaraciones de los expertos en el tema como el comunicado oficial de la institución bancaria, coincidieron en señalar que el banco no podía responder o indemnizar a los afectados, en virtud de que, por un lado, no cuentan con seguro que cubra dicho daño y, por el otro, tampoco la institución bancaria contaba con una relación de bienes y su valuación correspondiente, en virtud de lo cual no se podía cuantificar el monto de lo robado y por ende no existía forma legal para determinar el daño patrimonial ocasionado y la indemnización que en su caso corresponda. El hecho en sí revela una problemática generalizada en las instituciones bancarias, pues la legislación en la materia no prevé ninguna obligación ni responsabilidad de las mismas y también pone de manifiesto la vulnerabilidad de los usuarios de los servicios financieros, quienes no tienen ningún instrumento legal que los proteja ante las instituciones bancarias, quienes tienen en resguardo sus bienes más preciados, sin ninguna garantía en caso de cualquier daño, como lo ocurrido en días recientes. Por ello, la presente iniciativa propone adicionar un párrafo segundo al artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de precisar la obligación que adquiere la institución bancaria de responder a los ciudadanos o empresarios que han contratado cajas de seguridad con los bancos, para responder y, en su caso, indemnizar al tomador de la caja en caso de robo o de daño. Asimismo y con el fin de crear certeza y seguridad jurídica para las instituciones bancarias, la iniciativa propone que la indemnización se limite a proteger los bienes depositados en el banco, mediante declaración de bienes y su avalúo correspondiente. Así, será responsabilidad del usuario declarar o hacer una manifestación previa a través de una declaración de valor al momento de contratar ante la institución bancaria los bienes depositados en las cajas de seguridad y presentar el avalúo correspondiente, que permitan estimar la cuantía de los bienes existentes en esa misma caja. Consideramos que la presente iniciativa atiende una problemática existente en el uso de las cajas de seguridad, pues con ella se protegen los derechos de quienes contratan dicho servicio y también se proporciona a la institución bancaria un instrumento para llevar un control de los bienes que tiene bajo su resguardo y que en la actualidad son depositados por los usuarios sin ningún control por parte de las instituciones bancarias. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, preocupados por atender los problemas de la ciudadanía que nos eligió y a quienes les debemos nuestro mayor respeto y compromiso por seguir impulsando los temas legislativos que les brinden soluciones y seguridad jurídica en sus bienes, posesiones y derechos consideramos que es necesario proponer la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo segundo y el actual se recorre en su orden del artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito. De conformidad con lo anteriormente expuesto y a nombre de nuestros compañeros integrantes del grupo parlamentario del PRI, nos permitimos someter a la consideración de este honorable Pleno, el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo primero. Se adiciona un párrafo segundo y el actual se recorre en su orden del artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: Artículo 78. El servicio de cajas de seguridad obliga a la institución que lo presta a responder de la integridad de las cajas, mediante el pago de la contraprestación correspondiente, mantener el libre acceso a ellas en los días y horas hábiles. El tomador de la caja es responsable por todos los gastos, daños y perjuicios que origine la institución con motivo de su uso. Asimismo, la institución estará obligada a responder y, en su caso, indemnizar al tomador de la caja en caso de robo o daño, por el monto de los bienes depositados mediante declaración de bienes y su avalúo correspondiente. Las condiciones generales y el contrato que para la prestación de este servicio celebren las instituciones de crédito deberán estipular, con claridad, las causas, formalidades y requisitos que se observarán para que la institución pueda proceder ante notario público, a la apertura y desocupación de la caja, así como lo relativo a la custodia de los bienes extraídos. Transitorio. Único. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación. Dado en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los días 31 del mes de octubre de 2006. A nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: diputado Raúl Cervantes Andrade, diputado Gerardo Vargas Landeros. Da fe para constancia del acuerdo del pleno del grupo parlamentario, diputado Eduardo Sánchez Hernández, secretario de la mesa directiva del grupo parlamentario. Es cuanto, señor Presidente.