La diputada Holly Matus Toledo: Gracias, señor Presidente. Honorable asamblea. La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V, en el inciso b), del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Diversas han sido las políticas que han permeado en los últimos 20 años en nuestro país para abatir la pobreza de las mujeres. La política integracionista de desarrollo ha visibilizado a las mujeres como insumos para el desarrollo y ha privilegiado las funciones reproductivas de la mujer y sus funciones productivas como agentes sociales y comunitarios. Es así que la mujer ha sido vista como un producto de inversión, como un objeto del desarrollo y no como un sujeto de desarrollo. En México, hay un quiebre histórico: los pueblos indígenas siguen esperando una reforma profunda del Estado, ya que en los hechos no se respeta la diversidad étnica. A pesar de los recientes cambios constitucionales fallidos se siguen aplicando políticas públicas centralistas y discrecionales, recursos exiguos e intrascendentes que no atacan de forma profunda la pobreza y la marginación. En nuestro país la lucha que se ha dado por lograr el reconocimiento de la igualdad para las mujeres ha sido y es todavía muy larga. Hasta hoy continúa siendo una meta para lograr la igualdad de derechos, la equidad, el respeto, la paridad, la aceptación del resto de la sociedad sobre sus justas demandas, pero la lucha que deben enfrentar las mujeres indígenas, es aún mucho más dura debido a la gran marginación, exclusión, sometimiento, analfabetismo, desnutrición y pobreza extrema que se vive en el país. Los aportes de las mujeres indígenas en la producción, administración y comercialización de los productos de la actividad agrícola o pecuaria familiar no son reconocidos ni valorados, también están excluidas de los espacios de poder político en todos los niveles: el nacional, estatal, local y comunitario. En nuestro país, de manera implícita se han manejado cuatro supuestos: que el desarrollo es neutral y único; que las mujeres son receptoras pasivas del desarrollo; que la maternidad es la función más importante de las mujeres y que la crianza y socialización de los hijos, así como el cuidado de los miembros de la familia son la participación más efectiva en todos los aspectos del desarrollo. Esta visión se refleja en nuestra Constitución pues en la fracción V del inciso b) del artículo 2o., en donde se establece el acceso de las mujeres indígenas a un desarrollo neutro, a través de medidas asitencialistas, el acceso a la salud y la educación. Pese a lo anterior las mujeres indígenas siguen tomando decisiones específicas, demandando ser sujetas plenas de derechos, ser consideradas humanas, autónomas, merecedoras del respeto de sus grupos étnicos, de la sociedad nacional, de su familia, así como vivir sin violencia y tener las condiciones para trabajar y también tener una distribución equitativa de poder. Proponemos que estas medidas asistencialistas que sólo administran pobreza sean sustituidas con proyectos económicos que potencialicen la economía, se favorezca la salud integral y la educación, pero se incluya el acceso a la justicia. Dado que no existe desarrollo sin democracia y sin participación, proponemos el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas mediante el reconocimiento de los procesos de autonomía y autodeterminación. Generar las condiciones adecuadas para un mayor equilibrio, justicia, equidad, así como la preservación de los derechos sociales de las mujeres indígenas es parte de nuestra tarea legislativa. Por ello someto a este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del inciso b) del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2o…. Inciso b): La federación, los estados y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, los cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellas. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de, Fracción V. Garantizar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo sustentable mediante el apoyo de los proyectos económicos, la protección de su salud, el acceso a la justicia, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y sus procesos de autonomía y autodeterminación que generen su participación en la toma de decisiones individuales y las relacionadas con la vida comunitaria, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Pido a la Presidencia se inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.