La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Comparto con ustedes una frase célebre de un gran duranguense, el maestro José Revueltas, escrita en uno de los muros del palacio negro, Lecumberri: En este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castica la pobreza. De eso se trata esta iniciativa que quieren proponer. Y yo he escuchado que han venido aquí a hacer argumentos referentes a que este artículo, uno de estos dos artículos, el segundo, el 148, ese párrafo de la suspensión en leyes generales cuando afecta el interés público o el interés social, es inconstitucional. De verdad que no entendieron mi primera participación. Les hice un resumen de la arquitectura democrática constitucional que tenemos. Les hice un resumen de por qué la reforma de 2011, les hice un resumen de los principios y de la sustancia, les dije que los jueces en este país, federales y locales, son jueces de constitucionalidad, de convencionalidad, que son jueces interamericanos y que tienen la obligación de revisar el parámetro de regularidad constitucional, pero sin duda a ustedes les aplica eso que dijo Groucho Marx: estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Y efectivamente, ustedes los principios de la Constitución, cuando les gustan les aplica y cuando no, tienen otro. Es una lástima. Yo les quiero venir a hacer una reflexión muy concreta. Tampoco se trata que un juez o un colegiado o un juez de distrito se le ocurra interpretar o dar la suspensión. La ley es muy clara, les permito y les invito a que lean el 128, y te dice cuáles son los casos. El 129, sus primeras facciones, 13 fracciones te dicen cuánto no deberá dar la suspensión el juez de amparo, pero tiene el párrafo siguiente, que hace una excepción, y esa excepción es que el legislador, nosotros cuando se hizo la Ley de Amparo manifestó aquí un claro ejemplo de progresividad de los derechos. Siguen enfrascados en la fórmula Otero, que sigue prevaleciendo, pero les quiero decir que de 1857 o de 1840 en Yucatán, con Manuel Crescencio Rejón, a 1857 a ahorita, han pasado 167 años. Pasamos por la gran reforma de derechos humanos y eso cambió el diseño y la democracia constitucional. Si no hemos entendido eso no hemos entendido nada. Lo que se está proponiendo atenta contra un principio, el principio de progresividad en su vertiente de no regresión. No podemos regresar. Un juez de amparo, cuando alguien se siente agraviado y va y le presenta su demanda o siente que una ley le perjudica y le agravia su esfera de derechos va y presenta su demanda, el juez dicta un acuerdo de admisión, le da 48 horas para que presente su informe previo, le da 15 días para que presente su informe justificado, se presentan agravios, se le corre traslado a las partes agraviadas o perjudicadas o terceros perjudicados. Es todo un proceso. Fija después la audiencia constitucional donde hace un ejercicio lógico, jurídico y dónde hace un control convencional, hace un control de la Constitución y hace un control de los derechos humanos, tratados internacionales, de las convenciones en que somos parte. Este razonamiento lógico, jurídico es un gran ejercicio que además la reforma de derechos humanos del 1o. de junio le dio la facultad, le dijo, juez, Poder Judicial, le dijimos eres el protector y tú vas a garantizar que las personas puedan protegerse contra una violación de una ley o contra una violación a tus derechos de una autoridad. Por Dios, juzgar así el proceso del Poder Judicial no es conocer ni la división de Poderes ni lo que hace un juzgador y sobre todo lo que nosotros, el Poder Legislativo, le hemos dado como facultad y atribución exclusiva al Poder Judicial. Por favor, no sigamos haciendo atrocidades. Es cuanto, presidenta.