La diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta: Buenos días. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados; medios de comunicación; público en general, me permito presentar dos iniciativas: la primera, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 84 Bis a la Ley General de Población. La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. A lo largo de sus 54 artículos establece un marco jurídico inédito de protección integral, a favor de las personas menores de 18 años de edad, que obliga a los Estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de toda las personas menores de 18 años de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros, misma que fue ratificada por México. En los artículos 2, 3 y 8 de los citados derechos se establece: Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido, el interés superior del niño y el compromiso de respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Por su parte, el artículo 51 del Código Civil Federal señala: serán bastantes las constancias que los interesados presenten de los actos relativos para establecer el estado civil adquirido por los mexicanos fuera de la república, siempre que se registren en la oficina que corresponda del Distrito Federal o de los estados. Que han sido deportados de 2010 al 2015 casi 2 millones de adultos, que equivalen aproximadamente en el año 2015 a 420 mil niñas y niños deportados. Y, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración y del Registro Nacional de Población, todavía en Estados Unidos de América existen casi 11.5 millones de indocumentados, los cuales tienen hijos en una proporción de 713 mil niñas y niños sin documentos que podrían ser deportados. Que los niños que nacen en Estados Unidos de América regresan a México sólo con el acta de nacimiento de ese país, pero al llegar a México se enfrentan al problema de que son indocumentados, ya que tienen que contar con acta de nacimiento mexicana y, para poder conseguir que los oficiales del Registro del Estado Familiar en el país les otorguen dicha acta por ser hijos de padres mexicanos y para acreditar la doble nacionalidad, necesitan presentar un documento de su nacimiento en Estados Unidos de América apostillado, que consiste en una certificación de que la firma y el sello utilizados en ese documento público fueron impuestos por un funcionario facultado para hacerlo. Entones, lo que están realizando los oficiales del Registro del Estado Familiar en la república mexicana para que las niñas y niños puedan obtener su acta de nacimiento, es expedirlas como si fuera la primera acta, con lo que se logra no la doble nacionalidad sino la doble personalidad, ya que con este acto se trata de diferentes personas. Los actos realizados ante los consulados para acreditar la nacionalidad mexicana surten efecto jurídico pleno en territorio nacional sin necesidad de legalización o apostillamiento ni de inscripción alguna ante autoridad en la república mexicana. Existe el problema de que deportan a toda la familia, lo que dificulta conseguir el documento apostillado, ya que se tiene que nombrar a un apoderado conllevando tiempo y dinero que muchas veces no se tiene. Se hace necesario implementar estrategias en las que se vinculen los gobiernos federales, estatales y municipales, organismos no gubernamentales y sectores de la sociedad para realizar campañas mediáticas en pro del derecho a la identidad de los niños. Los gobiernos federal, estatales y municipales deberán generar condiciones para que los ciudadanos mexicanos se queden en México y tengan el reconocimiento jurídico de sus hijas e hijos, que puede ser un proceso tardío ni costoso. Llevar a efecto una campaña de concientización y orientación a las familias que se encuentren en calidad de ilegales en Estados Unidos de América, para que se acerquen a las autoridades consulares, por la importancia y necesidad de tener el acta de nacimiento de las niñas y niños nacidos en Estados Unidos de América con apostillamiento respectivo, y el acta de nacimiento que les acredite como mexicanos, para que en caso de una deportación ya no tengan ese problema. Con base en lo expuesto me permito proponer la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un artículo 84 Bis a la Ley de Población. Artículo único. Se adiciona un artículo 84 Bis a la Ley de Población para quedar como sigue. Artículo 84 Bis. La Secretaría de Gobernación federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, representantes consulares coordinados con el Instituto Nacional de Migración y organismos en la materia, organizarán campañas de concientización y orientación a las familias mexicanas que se encuentran en calidad de ilegales en Estados Unidos de América, para que se acerquen a las autoridades correspondientes a efecto de que les expidan el acta de nacimiento de ese país, de sus hijas e hijos, con el respectivo apostillamiento, así como para la expedición del acta de nacimiento mexicana. En el caso de que las familias sean deportadas, la Secretaría de Gobernación federal, a través de las dependencias correspondientes gestionará el apostillamiento de las actas de nacimiento para que las niñas y niños estén en condiciones de adquirir el acta de nacimiento en el lugar de origen de los padres en la República Mexicana y con esto se determine de manera pronta la doble nacionalidad en beneficio del interés superior del niño. Me permito presentar la siguiente iniciativa. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación. El Estado mexicano ratificó la convención sobre los derechos del niño el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole, para dar efectividad a esos derechos, estableciendo en el artículo 28: Los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Impulsar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas, tales como la implementación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera, en caso de necesidad; c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad por cuentos medios sean apropiados; d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educativas y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. México también llevó a cabo reformas constitucionales que le han permitido avanzar en el proceso de adecuación de su legislación interna a la Convención sobre los Derechos del Niño, entre las que destaca la reforma al artículo 4o., que incorpora la noción de sujetos de derecho, reconociendo que los niños y niñas son titulares de estos, entre otros, a la educación, y señala que quienes tienen el deber de preservarlos y en el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y en el ejercicio pleno de sus derechos. El artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala en lo conducente: Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y que fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. Con el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos de América, se llevó a efecto la deportación, entre los años de 2010 a 2015, de aproximadamente 2 millones de mexicanos con hijas e hijos, de los que de acuerdo con el reporte de Inegi en el 2014, se inscribieron en escuelas de México 420 mil niños. En algunos casos estas niñas y niños, aun cuando nacieron en México, fueron llevados a Estados Unidos cuando eran muy pequeños; y en otros, al haber nacido allá se sienten más cómodos con el idioma inglés, ya que el idioma español, en muchas ocasiones, no han tenido oportunidad de practicarlo, lo que conlleva a que en las escuelas de México donde son inscritos sean recibidos con reserva y son víctimas de discriminación y de bullying por parte de los maestros y alumnos. Además, al haber asistido a escuelas en Estados Unidos de América y ser diferentes los programas educativos, se les dificulta su integración a los programas impartidos en México. Con base a lo expuesto, me permito proponer la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación. Artículo único. Se adiciona la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: XII Sextus. Gestionar ante las instituciones educativas, donde estén matriculados niñas y niños que han sido repatriados, la impartición del idioma inglés y adoptar las medidas necesarias para su adaptación al sistema educativo, mediante programas de becas, para que los estudiantes de la licenciatura en lenguas, apoyen a estas niñas y niños. Es cuanto, diputado presidente.