La diputada Blanca Jiménez Castillo: Con su venia, diputado presidente. El dictamen de la minuta que hoy se somete a nuestra consideración y que contiene reformas al artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, contempla medidas que favorecen las oportunidades de acceso laboral para las mujeres y se inscribe también como una medida dentro de las llamadas acciones afirmativas. Cabe precisar que las acciones afirmativas son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que compensen o corrijan la discriminación, resultantes de las prácticas o sistemas sociales. Tienen carácter temporal, están justificadas por la existencia de la discriminación contra grupos de personas y se suscriben justamente como muestra de voluntad política para superarlas. Si hablamos de discriminación no podemos negar que en nuestro país existe una profunda brecha de desigualdad en el acceso de oportunidades laborales y elevados niveles de exclusión contra las mujeres. Si bien la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) nos muestra que en la producción de bienes y servicios el 42.9 millones son mujeres, es decir el 53.5 por ciento, y el 37.3 millones son hombres, es decir el 46 por ciento, esto sólo representa cuantitativamente una mayor participación. Las mujeres siguen padeciendo desigualdad que se refleja en los trabajos de menor jerarquía y menores salarios, además de enfrentar violencia en el ámbito laboral, acoso, hostigamiento sexual, restricciones de contratación por su situación conyugal, gravidez, entre otros. La exclusión laboral es una forma de discriminación contra las mujeres que no solamente impacta negativamente en su desarrollo integral, sino que en su conjunto impide que México se acerque a las metas establecidas en los objetivos del milenio, particularmente cuando se habla de promover la igualdad entre hombres y mujeres, así como el empoderamiento de las mujeres. Por ello tengo la certeza de que el dictamen que se somete a nuestra consideración es una oportunidad para que todas y todos los legisladores podamos combatir y generar un cambio de comportamientos a través de la incorporación de igualdad entre mujeres; asimismo para las contrataciones de personal y de esta manera avanzar en torno a la erradicación de las prácticas excluyentes para visibilizar el potencial laboral de las mujeres. Por ello considero un acierto la propuesta de modificar la Ley General de Igualdad Entre Mujeres y Hombres para especificar los términos en los que se podrá expedir el certificado de igualdad a las empresas, ya que con estas adecuaciones se brindará mayor claridad y certeza al procedimiento de certificación, lo que sin duda alentará para que las empresas opten por buscar esta certificación. Asimismo estimo oportuna la medida que se inserta en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público para otorgar puntos en el contexto de las licitaciones públicas a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. En conjunto ambas modificaciones tienden a favorecer la igualdad sustantiva y son congruentes con los planteamientos y recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos de las mujeres, así como en nuestra Constitución federal y legislación nacional. Particularmente destaco que también hace eco del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, el cual por primera vez incluyó la igualdad entre mujeres y hombres como eje transversal de la política nacional. Enhorabuena con esta propuesta a favor de las mujeres. Estoy segura que contará con el aval de todas y todos los legisladores que apostamos siempre por la igualdad entre mujeres y hombres. Gracias.