La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión quisiera referirme al dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. Lo anterior con la finalidad de facilitar aquellos mecanismos de impartición de justicia cotidiana. Una de las mayores demandas de la población es la necesidad de una verdadera y eficaz impartición de justicia principalmente cuando nos referimos a temas no penales, razón por la cual el Ejecutivo federal presentó diversas iniciativas en materia de lo que se denominó justicia cotidiana. Ante estas inquietudes y después de la realización de diversos foros de discusión sobre este tema, el Centro de Investigación y Docencia Económicas concluyó que era necesario fortalecer y fomentar la justicia alternativa en México, entendida como el conjunto de principios, procesos, disposiciones y medidas que se encaminan a resolver conflictos entre intereses distintos, por medio del arreglo extrajudicial. En nuestro país se ha incrementado el uso de nuevos mecanismos de solución de controversias. Sin embargo, aún se carece de un criterio uniforme o estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación que deben cumplir las personas que fungen como mediadores, facilitadores o conciliadores, o los efectos de los convenios que resultan de estos mecanismos alternativos. Eso es lo que se pretende, solucionar con este dictamen con el que coincidimos plenamente. Uno de los impedimentos que lleva a miles de personas a no recurrir a los diversos métodos de impartición de justicia en materia no penales, es el elevado costo que implica un proceso judicial, así como el tiempo que suelen demorar dichos procesos. Ello aunado a la enorme percepción de corrupción. En Nueva Alianza sabemos que para mejorar la impartición de justicia en el país es preciso innovar, es preciso unificar los mecanismos alternativos de solución de controversias. De hecho, como lo refiere el dictamen, el párrafo cuarto del artículo 17 constitucional ya menciona la obligación de regular esta materia, al señalar que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. A pesar de lo anterior, este Congreso carece actualmente de la facultad explícita para expedir una ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Por eso es necesaria esta reforma. De igual manera, se busca que el Congreso tenga facultades para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales, así como la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria y de justicia cívica e itinerante. En Nueva Alianza queremos contribuir a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Ese compromiso nuestro es impulso para aliarnos a propuestas como la que hoy se pone a consideración. Es cuanto, señor presidente.