La diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Buenos días, compañeros y compañeras diputadas y diputados. Hoy vengo a presentar a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática la iniciativa de ley del artículo 134 en materia de propaganda gubernamental. Como ustedes saben, el Congreso de la Unión se encuentra en falta, ya que derivado de la reforma electoral de 2007 se incluyó a nivel constitucional tanto en el artículo 134 como en sus artículos transitorios, el mandato para que se emitiera la ley reglamentaria, en las modalidades de comunicación social y la propaganda gubernamental, una obligación que reiteró en las reformas electorales posteriores. Sin embargo esto no se ha dado, el Congreso de la Unión sigue ausente en esa discusión de la agenda legislativa frente a esta omisión que la misma Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión, que regule la propaganda del gobierno. Con mayoría de cuatro votos a uno se resolvió a favor de la organización, artículo 19, que interpuso una solicitud de amparo por esta omisión. En consecuencia tal resolución deberá ser acatada por esta soberanía antes de que finalice el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de este último año de la Legislatura. Es decir, antes del 30 de abril de 2018. Reconocemos los avances que en los últimos 10 años se han registrado con varias reformas electorales, y en los temas adyacentes que tienen que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Sin embargo la regulación de la propaganda gubernamental, que es un tema tan sensible para poder avanzar, se ha mantenido prácticamente ignorado. Por ello es que el Grupo Parlamentario del PRD considera imprescindible que en este periodo de sesiones se ponga a la brevedad en la mesa de debate este tema, con la expectativa de que ahora sí se pueda discutir y en su caso aprobarse un instrumento legal que sirva para darle condiciones de equidad, no solamente a las contiendas electorales, sino al posicionamiento político de los partidos, que se respete el derecho a la información de los ciudadanos y se transforme la comunicación gubernamental en un verdadero instrumento social y no partidista. Tres problemas son fundamentales para entender la resistencia de cambiar las prácticas gubernamentales frente al gasto excesivo de publicidad oficial: En primer lugar la publicidad oficial al enfocarse en imagen del gobernante y a los logros de los programas públicos utilizados para fines político electorales y como parte de una estrategia clientelar, una estrategia que le ha permitido a los gobiernos en turno ejercer una suerte de censura indirecta utilizando a la comunicación social como un mecanismo de presión a la prensa, limitando la libertad de expresión en un clima hostil para periodistas y comunicadores y medios independientes del país, y el gasto excesivo en publicidad oficial como práctica de coacción política y mercantil. Creemos que uno de los mayores incentivos para que se cometan estas conductas negativas, es la ausencia de la ley. Por ello es que estamos presentando ante esta soberanía la presente iniciativa que propone una ley general en la materia para avanzar en el desarrollo general de las leyes secundarias del Sistema Nacional de Anticorrupción que involucre a los tres órdenes de gobierno como un órgano de control y de fiscalización que contribuya a revertir las distorsiones, el desorden y los abusos que se cometen cotidianamente en la materia. Y, por otro lado, podamos avanzar en la construcción de una verdadera política de comunicación social de Estado. Necesitamos reglas claras para el ejercicio de los recursos públicos que se ejercen en este rubro. Año con año se aprueban en los Congresos federal y locales millonarias cantidades de recursos fiscales destinada supuestamente para este fin, tanto para la Federación como para los estados, sin que existan los controles apropiados sobre el ejercicio real y la evaluación del cumplimiento de metas y objetivos. En esta ley, definimos tanto los objetivos, la asignación, la contratación, así como el control de las pautas estales que permitan la utilización legal de los recursos en acatamiento de los principios constitucionales. Nuestra iniciativa toma en cuenta que la Constitución fue reformada para introducir el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en el que de manera destacada se pretende consolidar como verdaderas instituciones de Estado, la Auditoría Superior de la Federación, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción. Por ello consideramos que la Ley de Propaganda Gubernamental debe ser parte de un segundo paquete de reformas anticorrupción que esté vinculada a todo este entramado institucional. Por ello consideramos que la Auditoría Superior de la Federación debe fiscalizar los recursos públicos que se hayan otorgado en materia de propaganda gubernamental, verificando su aplicación al objeto autorizado y comprobando el apego a los principios de ley, que rinda cuenta la Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la propaganda gubernamental. Esa es la propuesta del Grupo Parlamentario del PRD, y aprovecho esta tribuna para agradecerle a mis compañeros diputados Francisco Martínez Neri, nuestro coordinador; por supuesto a Guadalupe Acosta Naranjo y a Omar Ortega, que me apoyaron con esta iniciativa, y que hoy estamos aquí presentándola como una propuesta del Grupo Parlamentario del PRD. Para ello los convoco a que lleguemos a los consensos necesarios en el presente periodo de sesiones, para contar a la brevedad con esta ley y cumplir de igual modo con el mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De no hacerlo así la bancada del PRI y sus aliados conducirán esta Cámara al desacato que en su oportunidad denunciamos y seguimos denunciando, y hacemos votos para que ahora sí logremos aprobarla. Es cuanto, diputada presidenta.