La diputada Luzbeth Eugenia Rosas Montero (PRD): Con su permiso, ciudadano presidente. Las y los suscritos, legisladores integrantes de la 59 Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes consideraciones. El Juez Fernando Grande Marlasca, de la Audiencia Nacional Española, envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la segunda semana de diciembre, la solicitud de detención con fines de extradición del exministro del Interior de Guatemala Donaldo Alvarez Ruiz, quien residía en México desde hace varios años y, según informe la Fundación Alaide Foppa, bajo la protección migratoria de las autoridades mexicanas, quienes no le han cancelado el permiso de residencia vigente hasta el día de hoy. La Secretaría de Relaciones Exteriores notificó de inmediato a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República la solicitud de la detención para que se iniciara la causa penal de extradición ante un juez; sin embargo, el señor Alvarez Ruiz se escapó y el argumento de la PGR para eludir su responsabilidad es que una filtración periodística le dio ventaja e hizo su posible fuga, aunque no es la primera vez en que la PGR deja escapar a presuntos responsables de delitos en contra de la humanidad. El señor Alvarez es acusado internacionalmente de ser uno de los principales responsables de la desaparición forzada, tortura y genocidio en contra de miles de guatemaltecos y decenas de ciudadanos de otros países, inclusive mexicanos, durante su gestión como ministro en el gobierno de Romero Lucas García entre 1978 y 1983 y actualmente es requerido por la justicia española en razón de su presunta responsabilidad en el asalto en la Embajada de España en Guatemala en 1980, en el que murieron ciudadanos españoles, así como el asesinato de cuatro sacerdotes, también de origen español. Llama la atención la política desigual y selectiva en la procuración de justicia que se aplica por el gobierno federal mexicano, pues mientras detuvo con gran prontitud a seis ciudadanos vascos, por cierto todavía encarcelados, sin mediar pruebas fehacientes de su culpabilidad, con el objetivo de proceder a un juicio acelerado de extradición, no tuvo la misma diligencia para detener e impedir la fuga de un reconocido genocida y criminal de lesa humanidad, por lo que nuevamente se ve cuestionada en los hechos la retórica sobre los derechos humanos que divulgan plenamente las autoridades mexicanas federales en los foros internacionales. ¿O será acaso me pregunto, ciudadanos legisladoresque el gobierno mexicano ha decidido usar como moneda de cambio la no captura de este violador de derechos humanos para canjearla por el voto del gobierno guatemalteco a favor de la candidatura de la presidencia de la Organización de los Estados Americanos del ahora canciller Derbez? Más aún cuando el gobierno estadounidense está a favor de que sean los centroamericanos afines a sus intereses quienes lleven a la mano esta decisión. Queda en entredicho la posición de la Secretaría de Gobernación y de la PGR porque no era desconocida para ellos la trayectoria criminal de quien recibió protección migratoria, de la primera, y negligencia sospechosa para su fuga, en la segunda. En virtud de los antecedentes expuestos, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero. Expresa su solidaridad con las y los ciudadanos guatemaltecos, de otros países, así como sus familiares, particularmente con la familia mexicana Alaide Foppa, que fueron víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el señor Donaldo Alvarez Ruiz y el gobierno que representaba. Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y la Agencia Federal de Investigaciones para que procedan de inmediato a la aprehensión del exministro guatemalteco, se inicie el juicio de extradición y éste responsa ante los Tribunales que le requieren para ser juzgado por las graves acusaciones que le imputan. Tercero. Exhorta a la Secretaría de Gobernación para que informe a esta soberanía cuáles son los filtros para impedir el ingreso de responsables de crímenes graves contra la humanidad al territorio nacional y que como acto de dignificación de nuestro país ante el mundo, proceda a cancelar de inmediato al señor Alvarez Ruiz el permiso de residencia vigente. Por lo anterior, le solicito también, ciudadano Presidente, que pueda ser considerado como de urgente resolución.