EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: conmemoramos hoy el 15 aniversario de la mayor tragedia en la historia contemporánea de México: la muerte de miles de personas por el sismo de 1985. Oficialmente se reconoció que el número de decesos fue un poco más de 10 mil, pero posteriormente se supo que la cifra fue muy superior. La tragedia tomó desprevenido al país en más de un sentido. Evidenció, por ejemplo, la red de complicidades y corruptelas seguidas en la construcción de edificios habitacionales para uso como oficinas públicas y privadas y hasta como escuelas y hospitales. Puso de relieve el grave atraso de México en relación a contar con un sistema nacional para la prevención de desastres nacionales, lo cual en todos los casos, no nada más en nuestro país, provoca la magnificación de los mismos. También exhibió los rezagos en materia de programas amplios y efectivos de construcción de vivienda de interés social, así como de recuperación y mantenimiento a la vivienda ya existente, pero que con los años presentaban severos deterioros que ponían en riesgo a miles de familias. Esto último fue lamentablemente cierto en el caso de las edificaciones del centro histórico de la Ciudad de México. Adicionalmente cabe decir que los acontecimientos del 19 de septiembre de 1985 sobrevinieron en los momentos en que comenzaban a resentirse los efectos de la crisis económica desatada en 1982. Como consecuencia de ella el Gobierno Federal había impuesto desde ese año restringir sustancialmente el presupuesto para el gasto social. Los hechos de entonces dejaron en claro que México no contaba con un sistema de salud que tuviera la capacidad suficiente para atender una demanda masiva y en especial una situación contingente de enormes dimensiones. A esa situación de rezago estructural se sumó la restricción presupuestal de 19821984, lo cual resultó en limitaciones adicionales para atender la emergencia. La secuela puso de manifiesto en los años inmediatamente posteriores la naturaleza del proyecto económico y social de la tecnocracia neoliberal que precisamente en 1982 había accedido al poder. En primer lugar, se planteó administrar la crisis, dando prioridad al abatimiento del desequilibrio fiscal y a la generación de condiciones para lo que concebían como la modernización económica, la reconversión industrial con un claro perfil de beneficio al gran capital y a los inversionistas extranjeros. El gasto social en general y aquel que tenía que ver con los efectos inmediatos de los sismos del 19 y 20 de septiembre fueron relegados, sobre todo en materia de vivienda y de servicios básicos. Los campamentos de decenas de miles de damnificados permanecieron durante varios años en espera de recibir atención, en espera de recibir vivienda y en condiciones que permanentemente mantuvieron en riesgo la salud de las familias por falta de agua, de red sanitaria privada apropiada y agua potable. Los sismos de septiembre de 1985 mostraron lo que venía para el país y que se ha mantenido férreamente en materia social: el abandono y la simple aplicación de paliativos poco significativos para contener el descontento social. Fue una situación trascendente en ese sentido porque exhibió las políticas públicas en vigor y la incompetencia gubernamental para afrontar circunstancias delicadas de gran impacto social. Pero también generó la conciencia de la participación social autónoma, independiente del gobierno: la verdadera solidaridad humana y, derivado de ello, la voluntad de ensayar nuevas formas de organización para enfrentar los mismos problemas y perseguir las mismas causas, por encima de la modorra burocrática proverbial del gobierno. 15 años después, las demandas sociales de vivienda, salud y servicios que inevitablemente multiplicaron el desastre natural, siguen sin atenderse plenamente. Durante el año de 19981999 se han disminuido hasta en un 80 por ciento los recursos destinados a vivienda. Incluso en este último año se ha disminuido además en un 15 por ciento. Existen muchos programas de vivienda entre ellos el de Vivac, que tienen reglas de operación muy engorrosas, que para nada funcionan. En gran parte de las entidades estos programas no se han aplicado. La sociedad no el gobierno, se encargó de desarrollar las acciones que permitieron ir superando los efectos materiales y el trauma colectivo de la tragedia. Fue un efecto inusitado y esperanzador en el camino de acabar con el régimen que gradualmente se fue alejando del contacto con los problemas de la sociedad y de su responsabilidad de darles solución. De ese modo, los días 19 y 20 de septiembre de 1985 fueron un momento de dolor, pero también de esperanza. El Partido del Trabajo hace un llamado a todos mexicanos y a todos los trabajadores para convertir esta fecha en un acto luctuoso por todos los muertos, pero también en un día de lucha por vivienda digna y por erradicar para siempre la corrupción administrativa que mucho daño ha hecho a todos los mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos de la fracción petista)