El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, presidente. El asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota, representa para el Estado mexicano una provocación para las fuerzas de seguridad pública del municipio y no solamente del municipio sino de todo el país, para la impartición de justicia, pero, sobre todo, es un ataque a la democracia ya que contrario a la voluntad popular, las organizaciones criminales a punta de pistola buscan imponer su ley y sus condiciones para gobernar. La acción de gobernar en los últimos años se ha convertido en una labor peligrosa, ya que lamentablemente, desde presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales, federales, funcionarios estatales, funcionarios federales y hasta ex gobernadores han sido víctimas de ataques por parte del crimen organizado. Además de ser lamentable, es preocupante que en los tres órdenes de gobiernos y funcionarios de todos los niveles se encuentren entre las víctimas, ya que es una muestra de la debilidad y la vulnerabilidad del Estado. Asimismo, son muestras de cómo el crimen organizado se ha infiltrado en todos los espacios del ámbito público y no conformes con eso buscan tomar un control más directo. Por todo esto, el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel, es condenable, en sí mismo el asesinato es indignante y sobremanera por la función pública que desempeñaba. Porque entonces significa que los grupos criminales quieren hacer valer su propia ley e imponer en las presidencias municipales a quien mejor les parezca y esto no se puede permitir. Por otro lado, estos hechos revelan una vez más, en la fallida estrategia de seguridad del gobierno federal, lo más afectado son los municipios, porque mientras las fuerzas federales combaten a sangre y fuego el crimen organizado, los municipios son víctimas de la extorsión y del narcotráfico, al ser el eslabón más endeble de los tres niveles de gobierno. Es decir, el hecho de que la estrategia de seguridad priorice más acciones armadas y menos acciones de inteligencia y de integración social generan que el crimen organizado busque protegerse en los municipios y por ello lo somete a sus intereses y de manera indirecta secuestra a toda una sociedad. Cuando esto sucede, hablar de democracia pierde todo sentido, ya que de nada sirve que el Congreso de la Unión desate extensos debates para construir instituciones electorales, instituciones de impartición de justicia, instituciones de derechos humanos que llegan a considerarse de clase mundial, si de los hechos la voluntad popular es segregada a un segundo punto y lo único que se respeta es la voluntad del crimen organizado. En ese sentido, además de condenar la muerte de Gisela Raquel, es necesario hacer un serio análisis introspectivo tanto desde este Congreso de la Unión, pero también desde el gobierno federal, ya que en la última década han sido asesinados casi 100 alcaldes, más de mil funcionarios municipales, lo que sustenta la idea de que la estrategia de seguridad no ha funcionado y sería mejor replantearla en nuevos términos y con menores daños colaterales para la ciudadanía. Como una medida a los hechos ocurridos en Temixco, el gobernador de Morelos decretó la implantación del mando único policiaco en 15 municipios de este estado. Independientemente del debate que esto ha generado entre la población morelense, es necesario garantizar que los mandos únicos no sean infiltrados por el crimen organizado, ya que hay muestra de sobra del poder que tienen para penetrar en la estructura del Estado mexicano. En el caso de Morelos, es urgente dar salida al problema de inseguridad, porque de acuerdo con el Índice de Paz en México de 2015, esta entidad federativa es la segunda menos pacífica de México, ya que entre los años 2007 y 2009 experimentó un gran aumento de violencia y desde entonces cuenta con la peor tasa de delitos con violencia en México. En este sentido, me uno a la condena del ataque contra la presidenta municipal de Temixco, todo acto de violencia debe ser rechazado y condenado, pero cuando se comete en contra de funcionario público para tratar de impedir su labor debe ser doble la condena, porque es una forma de atentar en contra de toda la ciudadanía y en este caso el de Gisela Raquel, representaba al pueblo de Temixco y por lo tanto es atentar en contra de un pueblo. Es cuanto, señor presidente.