El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Esta propuesta de reforma constitucional se entregó junto con el paquete de reforma hacendaria el pasado 8 de septiembre, en ceremonia que acudió el secretario de Hacienda a esta Cámara. Se hablaba entonces que, más que una reforma de carácter hacendario fiscal, era una reforma social y se decía que con los recursos que vendrían de los nuevos impuestos o el ajuste fiscal se podrían fondear dos políticas, con las cuales evidentemente no se puede estar en desacuerdo, que era la pensión universal para los adultos mayores y el seguro de desempleo. Sin embargo, al paso de las semanas esta propuesta fue bajando de intensidad por parte del gobierno federal y surgió la realidad, que más que una reforma social se trataba de una reforma recaudatoria, una reforma que generaba nuevos mecanismos de supervisión para el sistema de administración tributaria y además también que planteaba un déficit fiscal descomunal. Paralelamente en la Comisión de Puntos Constitucionales se empezó a revisar esta iniciativa y se nos pidió por parte del presidente de la comisión que cada grupo parlamentario planteara sus observaciones a la iniciativa presidencial. En Movimiento Ciudadano lo que planteamos en esa solicitud fue de entrada plantear este derecho de los adultos mayores como una garantía constitucional, es decir, apelar al garantismo constitucional para reconocer el derecho de los adultos mayores a una vida digna y a tener seguridad, es decir, a vivir con dignidad su etapa mayor de la vida y a que la sociedad le retribuya lo que le han aportado. Ahí coincidimos con otros partidos, por eso la iniciativa original hablaba de que el Estado protegerá y nosotros establecimos que el Estado garantizará. Y, por otro lado, planteamos nuestro descuerdo con el artículo segundo transitorio, que subordinaba todos estos derechos a una disponibilidad presupuestal, al regateo de los recursos. Y nosotros dijimos que, atendiendo a la teoría constitucional y al garantismo, una garantía constitucional no puede estar condicionada al ejercicio presupuestal, porque equivaldría a que señaláramos que el derecho a la educación que garantiza la Constitución en el artículo 3o. estuviera sujeto al número de escuelas y al dinero que hubiera para mesabancos o computadoras. Y ahí coincidimos particularmente con algunos diputados del Partido Acción Nacional. Sin embargo, lo que hoy se presenta como dictamen discrepa de la iniciativa original. Y lamentablemente discrepa para mal. Sí se estableció el garantismo, sí se modificó en parte el artículo segundo transitorio, pero la redacción propuesta en el artículo 4o. cambió sustancialmente. De establecer lo siguiente: El Estado protegerá los derechos de los adultos mayores; velará porque vivan con dignidad y seguridad y reciban servicios de salud; promoverá su integración social y participación en las actividades económicas, políticas, educativas y culturales de su comunidad y establecerá mecanismos de prevención y sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra. Ésta era la propuesta original que nosotros no objetamos; sin embargo, si leen ahora el dictamen se ha achicado. Y solamente dice: El Estado garantizará los derechos de los adultos mayores; velará porque reciban servicios de salud y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturas de su comunidad. Es decir, quedó fuera lo político, quedó fuera la dignidad, quedó fuera la seguridad, quedó fuera los mecanismos para protegerlos de la violencia o la discriminación en su contra; es decir, hubo un tijeretazo a la reforma que se planteó. A nosotros lo que nos extraña es que siempre cuando llega una iniciativa del Pacto o del presidente, que no se le mueva ni una coma, y aquí sufrió, fue trasquilada de manera mayor, en nuestra opinión desnaturaliza la propuesta original. Pero si nos vamos, además, al artículo 73, el proyecto original establecía una base constitucional para que el Congreso de la Unión legisle en materia de desempleo en los términos del artículo 123, último párrafo de la misma. Ya en esta propuesta de dictamen se está eliminando del artículo 73 esta última parte; es decir, ya no se da la base constitucional para legislar en materia de desempleo y únicamente se deja en el artículo 123. Pero volvemos a la iniciativa original que planteaba en el artículo 123: El Congreso de la Unión expedirá la Ley que Establezca un Seguro del Desempleo para los Trabajadores, a los que se refieren los apartados. Entiéndase apartado A y apartado B de la Constitución, en la que se preverán las condiciones de financiamiento y los requisitos para acceder al mismo. Ahora en este dictamen se modifica el 73, se elimina: La base para legislar en materia de desempleo. Y en el artículo 123 que plantea el dictamen se remite única y exclusivamente para la Ley del Seguro Social. Dice: Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de cesantía en edad avanzada y vejez, de vida, de enfermedades, de accidentes y de desempleo. ¿Qué es lo que pasa pues con esta propuesta? Que se desnaturalizó la iniciativa, se sacan a todos los trabajadores del apartado B, que son millones de trabajadores y se remite, no a una ley general, sino a una Ley del Seguro Social. Evidentemente que quienes sean o accedan a este seguro del desempleo, solamente serán los trabajadores del Seguro Social y evidentemente, como está aquí expresado, se va a financiar con las propias cuotas de los trabajadores. Es decir, dónde quedó aquello que toda la reforma hacendaria y fiscal, todos estos nuevos impuestos iban a irse para financiar un seguro del desempleo en una ley general. Por esta razón, compañeras y compañeros, nosotros no podemos avalar esta simulación. Quien quiere ayudar a los adultos mayores lo puede hacer, como lo ha hecho el Gobierno del Distrito Federal desde el 2000, como lo han hecho otros gobiernos progresistas y además son de carácter universal. Por esa razón nos parece que todo el garantismo y toda la espectacularidad que se le quiso dar a esta reforma, queda acotado a una reforma muy menor. Por eso la diputada Zuleyma Huidobro planteaba con muy buenos argumentos que se regresara a la comisión y que se tomara en cuenta el sentido original de la propuesta con los dos añadidos que nosotros planteamos. Quitar el segundo transitorio, elusiones presupuestales, porque es una garantía constitucional que no puede estar subordinado a una cuestión administrativa; y, por otro lado, establecer que el Estado garantizará. Para nosotros con esas dos correcciones la iniciativa estaba bien. Evidentemente que el debate se trasladaría a la legislación secundaria, pero nos parece que con estas adecuaciones no podemos acompañar este dictamen. Nos parece que es más un asunto de propaganda, un asunto de querer lavar la cara a los nuevos tributos, a la reforma hacendaria, pero no es una reforma social de fondo ni es un seguro de desempleo para todos los que caigan en esta situación. Concluyo, presidente. Por eso nosotros vamos a pedir, insistir en que se regrese a comisión y si subsiste en sus términos no lo vamos a acompañar, vamos a estar en contra porque es una simulación. Es cuanto.