La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, una ciudadanía participativa es el mejor instrumento para la protección de nuestros recursos naturales. Compañeras y compañeros diputados, me dirijo a ustedes en esta ocasión para poner a consideración de la asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 34 y 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Dicha propuesta tiene la finalidad de promover y hacer efectiva la participación ciudadana cuando se afecta el medio ambiente. El artículo 4 de nuestra Carta Magna establece en su párrafo quinto que el Estado garantizará el respeto al derecho de contar con un medio ambiente sano. De igual forma señala el daño y deterioro ambiental que generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley. A pesar de lo anterior somos testigos de manera cotidiana de violaciones a dicho precepto que tienen consecuencias devastadoras e irreparables para nuestro medio ambiente. En Nueva Alianza estamos comprometidos con el desarrollo sustentable del país. Por este motivo es uno de los principales ejes de nuestra agenda legislativa. Esto es indispensable para mantener la viabilidad de nuestro país. No es en modo alguno un tema pasajero o de mera coyuntura, es algo fundamental. La preservación de nuestro medio ambiente, la diversidad ecológica y la explotación racional de los recursos naturales son una responsabilidad global, y por ello es imperativo abordar con seriedad dicha problemática. Queremos enfocar nuestro trabajo legislativo en fortalecer el marco jurídico para que el desarrollo sustentable sea una política de Estado que articule el trabajo de los tres órdenes de gobierno, para preservar nuestros recursos naturales y que se contribuya a mantener nuestra biodiversidad. En Nueva Alianza queremos darle voz a la ciudadanía y que su opinión tenga validez cuando existan obras o actividades que impacten su entorno ambiental. Fue a través de las denuncias ciudadanas que nos enteramos, muy tarde, de lo que ocurrió en el manglar de Tajamar. La historia de la autorización para realizar obras de urbanización en el manglar empieza en 2003, sin embargo, los ciudadanos se enteraron de esta situación a mediados de 2015, y fue cuando comenzó la defensa de ese importante espacio. Retomamos el caso como ejemplo para resaltar la importancia que tiene la participación de los ciudadanos en la defensa de su entorno y medio ambiente. El artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente señala que, una vez que la secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental, se integre al expediente a que se refiere el artículo 35. Pondrá esa disposición al público con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. Dicho precepto señala en su fracción III que cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, la secretaría podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de la que se trate. Lo que pretendemos con la presente iniciativa es darles a los ciudadanos una herramienta de participación que les permita formar parte en la toma de decisiones referente al impacto al medio ambiente de su comunidad. Eso significa que la participación de la ciudadanía será potestativa, si no imperativa, para el desarrollo de proyectos que puedan afectar al medio ambiente. Nuestro país ha sufrido diversos acuerdos internacionales en materia de protección ambiental que derivan de compromisos a observar por parte del Estado. Por ejemplo, en la Convención de Ramsar de 1971 se señala en el artículo 4o., numeral 1: Cada parte contratante fomentará la conservación de las zonas húmedas y atenderá de manera adecuada su manejo y cuidado. En el caso específico de Tajamar se destinaron 57 hectáreas de mangle para la construcción de un desarrollo inmobiliario, lo cual es una clara violación al precepto referido. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, tan solo en 2014 el costo económico de daños ambientales fue de 910 mil 906 millones de pesos. En Nueva Alianza estamos decididos a detener el daño ambiental que todos los días se incrementa, y que sabemos que la mejor forma de hacerlo es incorporar la participación de la sociedad en la protección de su entorno natural. Nos corresponde tomar las medidas para impedir que continúe la devastación de nuestro país. En Nueva Alianza no desistiremos en nuestro intento, sabemos que las y los ciudadanos serán nuestros aliados. Ustedes, compañeros diputados y diputadas, nos ayudarán a cambiar las cosas y a garantizar que tengamos un ambiente sano y sobre todo que no tenga alteraciones. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.