El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, antes de iniciar la exposición de motivos sobre la pertinencia de la iniciativa que hoy presento es indispensable mencionar que la misma alude a una reforma al artículo 20 constitucional, el cual fue modificado en el proyecto de reforma aprobado por esta Cámara y por el Senado en diciembre del año próximo pasado, en la llamada reforma judicial. Sin embargo, en ésta última, se conserva el mismo texto que propongo, por lo que una vez que entre en vigor sólo tendría que adecuarse el orden del apartado y número del párrafo de la iniciativa de reformas a las que haré referencia. Hecha esta aclaración, quiero referirles que en el marco jurídico de nuestro país, en las últimas décadas se han establecido verdaderas garantías legales para los inculpados, creando toda una estructura burocrática y jurídica para garantizar el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas en un asunto penal y se han realizado grandes esfuerzos por atender y garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos de un hecho delictuoso, empezando por evitar la doble victimización, participar como coadyuvantes del Ministerio Público y el pago de la reparación del daño. Es en éste último punto donde me interesa abundar y es este rubro hacia donde va dirigido el presente proyecto de iniciativa legal. El derecho penal no sólo se ha caracterizado por contar con procedimientos ágiles que protejan a las víctimas u ofendidos de los ilícitos penales y menos aun que garanticen adecuadamente la restitución del bien jurídico afectado en un delito; entendiendo por ello: la restitución de derechos, bienes materiales, proporcionar tratamiento médico o psicológico a la víctima, entre otros más. Esta problemática tiene diferentes causas, algunas obedecen a la propia naturaleza del bien jurídico tutelado, a lo subjetivo que puede resultar su valoración o bien, a diferentes resquicios legales. La propuesta legislativa que hoy presento se compone de dos grandes rubros: por una parte busca garantizar que la autoridad judicial cuente con elementos objetivos para condenar y cuantificar la reparación del daño, siempre que proceda y, por otra parte, que ante cualquier beneficio de libertad anticipada, sea un requisito sine qua non el pago de la reparación del daño. Primero. Como ya he señalado, en los últimos años se han hecho esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos de los delitos y sus logros se han consagrado en las diversas reformas legales al apartado B del numeral 20 de nuestra Carta Magna. En este loable esfuerzo se ha llegado a extremos contrarios a la razón y a la lógica jurídica. Tal es el caso, que la ley contempla que siempre que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria, se sancione al inculpado a la reparación del daño; dejando fuera diversas consideraciones de hecho y de derecho, que debería tomar en consideración el juez, al individualizar la pena en lo concerniente a la reparación del daño. Segundo. En la práctica, a la mayoría de los inculpados se les sanciona con la reparación del daño. Sin embargo, es una minoría quienes cumplen con esta obligación legal, pues la ley contempla la figura de la prescripción, donde el simple transcurso del tiempo —que por cierto es de dos años— exime su cumplimiento. Asimismo, nuestro sistema de justicia penal contempla diversos beneficios de libertad anticipada para los sentenciados, como el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria o la remisión parcial de la pena. Estos beneficios de libertad que son positivos para los internos, sin embargo, no es lo mismo para las víctimas u ofendidos de los delitos y que son del todo injustos. Y más aún si valoramos que la inmensa mayoría de las personas que obtienen estos beneficios no pagan la reparación del daño y que sólo esperan el transcurso del tiempo para solicitar su prescripción y su no exigibilidad. Por tal razón, considero que si una persona que cometió un delito y con el tiempo se le otorga un beneficio de libertad anticipada, lo menos que se debe esperar es que pague la reparación del daño, como una muestra de equidad procesal para la victima u ofendido, por lo que propongo una adición al artículo 113 del Código Penal Federal y que el tiempo para que prescriba la reparación del daño sea el mismo que se necesita para que prescriba la pena privativa de libertad. Tercero. Nuestra Carta Magna y el Código Procesal de la materia establecen el pago de daños y perjuicios para quien comete un delito. Sin embargo, estimo que en tratándose de materia penal, la legislación solamente debería sancionar la reparación del daño y no así los perjuicios, que son una figura de naturaleza civil toda vez que debe entenderse como perjuicios la ganancia o utilidad licita que dejó de percibirse por responsabilidad de un tercero o la indemnización por un tratamiento, por un detrimento patrimonial. En cambio la reparación del daño, en sentido penal, tiene otro fondo, de una justicia restaurativa para el daño físico y moral. En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto en el que se reforma el artículo 20, apartado A, fracción I, párrafo segundo, y apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma y adiciona los artículos 30, 31 Bis y 113 del Código Penal Federal y reforma los artículos 135, 149, 293 y 365 del Código Federal de Procedimientos Penales. Por razones de tiempo no es posible enunciar todo el proyecto de reformas de la iniciativa. Sin embargo, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito se dispense su lectura y se tenga por reproducida íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.