El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias. 10 minutos, compañeros del reloj, me concedió el señor presidente. 10 minutos para exponer mis objeciones y mis propuestas sobre cada uno de estos artículos. Respecto al primer artículo, lo mencionaba al final de mi intervención en lo general, debe quedar muy claro que este dictamen, esta iniciativa solamente tiene que ver con protección de datos personales en posesión de particulares. Es decir, no se refiere a la posesión de datos personales en manos o administrados por las autoridades. Hay que decir y hay que aclararlo, las violaciones al derecho a la intimidad y las violaciones en esta materia de datos personales pueden ser provocadas, tanto por actos de particulares como por actos de autoridades. Alguien lo decía en el debate en lo general con el asunto del registro de los teléfonos celulares, muchos observamos cómo en los medios de comunicación, personas ajenas a la CURP de muchos ciudadanos y políticos, accedieron a esa información de la CURP del propio diputado presidente Ramírez Acuña, de Manlio Fabio Beltrones, en fin. Y con esos datos que no les pertenecían, registraron sus teléfonos celulares. Es fundamental que protejamos también los datos personales de parte de decisiones o de la administración de esos datos por parte de las autoridades. Por lo tanto, considero que para salvaguardar de manera integral el derecho a la intimidad, esta ley, el artículo 1, debería referirse también a datos personales en posesión de autoridades. Mencioné que actualmente en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el artículo 37, fracción IX de esa ley remite a lineamientos del IFAI para proteger datos personales en posesión de autoridades. Eso, desde mi punto de vista, puede implicar una violación al principio de reserva de ley, porque tanto el artículo 6o., de la Constitución como el 16, aluden a la ley para regular la materia de datos personales. Por lo que se refiere al artículo 10, señor presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, se trata de las excepciones al principio de consentimiento. En esta materia no se pueden transmitir datos personales sin el consentimiento del titular; y aparentemente el dictamen señala pocas excepciones a ese principio del consentimiento. Sin embargo hay excepciones, como en el artículo 10 que dice lo siguiente: Artículo 10. No será necesario el consentimiento para el tratamiento de datos personales cuando? V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes. Es una excepción tan genérica que puede convertirse en una regla general. Yo no estoy de acuerdo con esta excepción tan vaga, tan genérica que puede implicar una vulneración al derecho a la intimidad. Por otro lado, está el artículo 37, fracciones III y IV. Este artículo 37 permite que existan transferencias nacionales o internacionales de datos, fracción III: Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz, o a cualquier sociedad del mismo grupo responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas. Fracción IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar, en interés del titular, por el responsable y un tercero. Es decir, estas fracciones, todas las del artículo 37, pero en particular la III y la IV permiten la aplicación extraterritorial de esta ley. Las leyes se hacen, las normas se aprueban por el Congreso para regir en el territorio de un Estado en principio, no para regir extraterritorialmente. Aquí estamos violando ese principio de territorialidad y permitiendo un principio de extraterritorialidad en la aplicación de esta ley, que me parece muy preocupante. Sigo al siguiente artículo, el artículo 39, que se refiere a las atribuciones del IFAI. Como bien lo señaló nuestro compañero diputado del PRD, desgraciadamente esta ley ?claro, no es el objetivo de la ley? no fortalece las competencias ni la autonomía del IFAI. Sí enumera una serie de materias y atribuciones respecto a la protección de datos personales en posesión de particulares, pero no implica este dictamen un reforzamiento a la autonomía, a la independencia del IFAI. Lo que es más grave, en el artículo 43 se establecen, se conceden competencias a la Secretaría de Economía. Estoy pidiendo concretamente que estas competencias que se le conceden a la Secretaría de Economía sean competencias que tengan el IFAI y no la Secretaría de Economía. Si vamos a darle al IFAI la característica de órgano garante en protección de datos personales, debe ser el IFAI el que tenga a su cargo toda la competencia en la materia y no compartirla con la Secretaría de Economía, tal como lo propone el artículo 43 del dictamen. Finalmente, hay algo que me preocupa mucho ?sé que está aquí o estuvo aquí la presidenta del IFAI, la doctora Peschard?, que tiene que ver con una competencia que de contrabando se incorpora en el dictamen. Se le concede competencia al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de juicios de nulidad que promuevan los particulares. No aclara el artículo 56 si se trata de los titulares o se trata de los responsables; es decir, de las empresas que manejan datos, o administran datos, personales. Esto es muy importante, porque el IFAI ha mantenido un diferendo con la Secretaría de Gobernación para que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa no tenga atribuciones o competencia en materia de transparencia y acceso a la información pública. Aquí se le está dando competencia al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que como todos sabemos es un tribunal que está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, que no es un tribunal que se caracterice precisamente por su independencia, que no forma parte del Poder Judicial y en donde las últimas designaciones de magistrados de ese tribunal responden al cuoteo PAN-PRI. Por este motivo considero que sería o que es inaceptable que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa tenga competencia en esta materia. La competencia, en caso de inconformidad con las decisiones del IFAI o de la Secretaría de Economía ?que también me parecen inaceptables?, debe ser competencia del Poder Judicial de la federación y no del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para concluir, señor presidente, propongo las siguientes modificaciones que envié oportunamente por escrito. Al artículo 1o, para que se diga que además que la ley es de orden público y de observancia general y tiene por objeto la protección de datos personales en posesión de particulares, que se agregue también ahí "y de autoridades". También propongo la supresión en el artículo 37 de las fracciones III y IV, porque me parece que conceden atribuciones o establecen la extraterritorialidad en la aplicación de esta norma. Pido, por tanto, la supresión de estas dos fracciones, la III y la IV. Respecto al artículo 43 que se refiere a las atribuciones de la Secretaría de Economía, solicito muy atentamente que estas atribuciones sean también del IFAI y que se contemplen en el artículo 39 del dictamen. Y respecto al procedimiento de protección de datos personales, en el artículo 56 propongo que en lugar de la redacción que conserva el dictamen, diga lo siguiente: "Contra las resoluciones del instituto, los titulares solamente, y no los responsables, podrán promover juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no tenga competencia en la materia". Éstas son mis propuestas y mis objeciones, compañeras diputadas y compañeros diputados, creo que son objeciones razonables. Espero, sobre todo, que los diputados y las diputadas que son miembros de esta comisión acepten mis objeciones y podamos transitar en una ley que respete íntegramente nuestra Carta Magna. Muchas gracias, por su atención.