El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, de nueva cuenta nos encontramos en este recinto, en otra modificación sustancial a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo o erradicando, más bien dicho, cualquier tipo de exclusión que pueda encontrarse en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de un tema trascendental, como lo es la responsabilidad administrativa. Incorporando a literalidad, para que no quede más duda en cualquier interpretación a todos los servidores públicos que se desempeñan como presidentes municipales, como regidores, como síndicos en los cabildos. Eso nos conlleva a que es un desafío imprescindible de todo sistema democrático, el que la ciudadanía esté en todo tiempo y en todo momento garantizada al ejercicio eficiente y transparente del manejo de los recursos públicos, a través de una clara e incesante rendición de cuentas, acompañada irrestrictamente del sentido de responsabilidad de los gobernantes. Con esta reforma constitucional se va cerrando toda la brecha a nivel constitucional en cuanto al manejo eficiente y transparente de los recursos, en cuanto a la rendición de cuentas, reforma no muy añeja. Y al día de hoy, al sentido de responsabilidad de los servidores públicos en relación a los manejos de los recursos federales, con eficiencia, con transparencia, con probidad. La rendición de cuentas cobra aquí un papel determinante, como elemento toral de la democracia supone la capacidad de cualquier institución pública para hacer responsable a los gobernantes, sean del nivel que sean, federales, estatales o municipales, de todos sus actos y decisiones en estos niveles de gobierno. De conformidad con el 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un servidor público siempre y en todo momento debe conducirse con probidad, con responsabilidad, con profesionalismo, con honestidad, y sobre todo, con lealtad al Estado. Todo régimen que procura ser democrático requiere la adecuación del orden jurídico para dar plena vigencia a principios constitucionales que robustece nuestro Estado de derecho, así como para prevenir y sancionar toda conducta de gobernantes que lo pudieran quebrantar. Cabe señalar que a nivel constitucional se encuentran inmersas disposiciones relativas a tipos de responsabilidades en los que puede incurrir cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones, mismas que pueden ser desde el carácter civil, administrativo, político, o en su caso, penal. La falta de responsabilidad deteriora el Estado de derecho y actúa contra la democracia cuando se genera ilegalidad, inmoralidad, inmoralidad social y corrupción. Como aquí se ha dicho, la función pública del gobierno como poseedor legítimo del poder público requiere de recursos económicos, bastantes, para la realización de sus funciones y el financiamiento de las necesidades del pueblo, y su éxito se sustenta en un esquema eficiente y eficaz de la responsabilidad de los servidores públicos, a eso nos convoca el decreto que se discute. En Nueva Alianza, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos la importancia de contar con un régimen adecuado de responsabilidad de los servidores públicos que involucre a todos, pues es una preocupación constante de todo sistema democrático constitucional el evitar cualquier abuso de poder. Ante lo anterior, es necesario reforzar los mecanismos de control que inhiban conductas perniciosas en la administración pública y responsabilice a quienes la cometen. Cabe referir que el municipio, el municipio tiene un lugar peculiar en el régimen de restricción de cuentas del Estado mexicano. Por ello, es de suma importancia que las personas que en su función pública manejen o apliquen fondos y recursos federales los utilicen tal y como lo establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, con esa eficiencia, con esa economía, con esa transparencia, con esa honradez y exclusivamente para los fines que le son propios. El artículo 108 de nuestro ordenamiento constitucional establece una amplia cobertura sobre los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad, por la violación a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos. No obstante, de este último elemento de responsabilidad que atiende la gestión de los recursos económicos, no se incorporan a los gobiernos municipales siendo que éstos también son receptores de recursos federales. En mi Partido Nueva Alianza consideramos que el proyecto de dictamen que hoy se nos presenta, en el sentido de incluir de forma expresa en la Constitución la responsabilidad que los servidores públicos municipales por el indebido manejo de los fondos y recursos federales es y debe de ser procedente, toda vez que en el momento en que el municipio fue reconocido como instancia de gobierno adquirió una responsabilidad social con sus gobernados, por ser éste la instancia de gobierno más cercana a la gente. Aunado a que esta reforma es consecuente con el marco legal vigente, no sólo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino también con la Ley de Coordinación Fiscal. Hemos de destacar que se ha venido buscando que los empleados públicos se encuentren sujetos a una regulación especial, en razón de su participación en el ejercicio de la función pública, debido a la particular situación que presentan. En este tenor, cuando en el ejercicio de sus funciones incumplen con la obligación que la ley les impone provocan responsabilidades a favor de los sujetos lesionados o del Estado, que van de acuerdo a los órganos que intervienen, al régimen legal aplicable, a los procedimientos para su aplicación y a la jurisdicción cuya competencia corresponde. La principal obligación del Estado es satisfacer las necesidades colectivas y esto solo se logra si a través de la función pública el Estado se organiza para dar fin y realizar de manera eficiente y transparente esa función. Dotar de todos y cada uno de los satisfactores a la ciudadanía, a la población, a todos y cada uno de los habitantes. Motivamos nuestra postura como Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en sentido afirmativo respecto a esta iniciativa que nos ocupa. De esta forma somos convencidos de coadyuvaremos a garantizar a la ciudadanía el ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno. Todo régimen que se precie de ser democrático debe tener como baluarte el control y la responsabilidad de sus servidores públicos. Es cuánto, señor presidente.