El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Quiero decirles, a las compañeras diputadas y compañeros diputados, que en principio, este dictamen parece muy positivo, porque el tipo anterior o la penalidad anterior era hasta de 10 años, tiempo en el que se podía suspender el ejercicio de una profesión, oficio, autorización, licencia. Y ahora, lo que propone este dictamen, la reforma del primer párrafo del artículo 60, es para que la sanción en la suspensión para ejercer profesión, oficio, sea, solamente, máximo de 3 años. Entonces, parece en principio, conveniente, razonable, una disminución de suspensión. Sin embargo, yo estaré en contra o estoy en contra del dictamen, por tres argumentos jurídicos que me parecen, por lo menos a mí, bastante claros. Creo que esta reforma no se compadece o no es congruente con el principio de exacta aplicación de la ley penal que prevé el artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución, en su tercer párrafo, indica claramente que toda conducta típica debe venir acompañada por la sanción correspondiente. El artículo 60, que estamos discutiendo aquí, del Código Penal Federal, no relaciona, no vincula una conducta típica con una sanción, sino que establece una penalidad genérica. Desde ese punto de vista considero que se está infringiendo el principio de exacta aplicación, previsto por el párrafo trece del artículo 14 de la Constitución. También me parece que no se debe fijar como penalidad la suspensión de la profesión por delito culposo, porque mi pregunta es: ¿Cómo vamos a lograr la reinserción de una persona, la plena reinserción a la sociedad, si se le impide hasta por tres años el derecho de trabajar? Esto implica una violación al párrafo segundo del artículo 18, de la Constitución. Es decir, no promueve esta reforma, este dictamen la reinserción social a través del trabajo a favor de una persona sentenciada por un delito culposo. Y, finalmente, un tercer argumento que tiene que ver con el principio de proporcionalidad de las penas, también previsto en el artículo 22 de la Constitución, es que toda pena debe tener por propósito salvaguardar un bien jurídico, un valor jurídico. Me pregunto: ¿Cuál es la finalidad axiológica de esta pena, de suspenderle a una persona hasta por tres años el ejercicio de su profesión? Y de verdad que no encuentro ninguna finalidad, ningún propósito ni ninguna tutela de un bien jurídico importante o de un principio o valor de carácter axiológico. Por esos motivos, por estos tres motivos, porque considero que se violenta el principio de exacta aplicación de la ley penal, porque no corresponde la conducta típica con una sanción; porque considero que se viola también el principio que establece, en el artículo 18, de la Constitución, la reinserción social. Me parece que al establecer esta sanción de impedírsele a una persona el trabajo no se facilita la reinserción social del sentenciado. Y, en tercer lugar, porque considero que se violenta el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 22 de la Constitución, porque la pena no salvaguarda ningún valor, ningún bien jurídico tutelado. Por los fines del derecho penal es que votaré en contra de este dictamen. Muchas gracias por su atención.