La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Con el permiso de la Presidencia. Solicito a mis compañeras y compañeros presten atención al mensaje de nuestro compañero Miguel, interprete de lengua de señas. Muchas gracias, Miguel. Lo que Miguel acaba de decir es: Hola, mi nombre es Miguel González y estoy aquí para demostrar la importancia de garantizar el acceso al derecho a la información para todas las personas, particularmente las poblaciones vulnerables en equidad de condiciones. Sé que ninguno de nosotros lo entendió. Lo que pretendemos es hacer un ejercicio de empatía para que todos y todas nos sensibilicemos ante las necesidades de información de absolutamente todas las personas. Nuestra Constitución dispone que toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. Esto es, se reconoce el derecho humano que tenemos todas y todos de acceder a la información pública, lo cual, no solo genera la obligación para el Estado de disponer medios de acceso a la misma sino también a que dichos medios atiendan las particularidades de quienes solicitan la información. A pesar de ello, las personas indígenas se encuentran entre los grupos más discriminados, marginados y vulnerables de la sociedad, y no por causas atribuibles a ellas y ellos si no como consecuencia de la discriminación estructural y falta de oportunidades que enfrentar en todos los ámbitos de sus vidas, lo cual general condiciones sociales, políticas y económicas injustamente más complejas que las que enfrentan otros sectores de la población. En ese sentido, resulta indispensable que desde el Poder Legislativo impulsemos las reformas necesarias que efectivamente garanticen el acceso a los derechos para las poblaciones vulnerables en equidad de condiciones para finalmente reconocerles plenamente como sujetos de derecho. El dictamen que hoy discutimos, busca precisamente que en las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública los sujetos obligados conforme a dichos ordenamientos deban garantizar la accesibilidad y traducción de la información a lenguas indígenas, así como promover los ajustes razonables necesarios cuando se trate de personas con discapacidad, condiciones necesarias para cumplir a cabalidad con el mandato constitucional de acceso a la información pública. Esta reforma, también contribuirá para incentivar a las personas indígenas a emplear sus lenguas más allá del ámbito de sus comunidades y, con ello, dar un nuevo impulso a favor de su preservación. Además, con esta reforma estaremos también legislando con enfoque de Agenda 2030, pues ello, contribuirá a la consecución del objetivo 10, reducción de las desigualdades que entre sus metas contempla promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, así como garantizar la igualdad de oportunidades promoviendo legislaciones políticas y medidas adecuadas a este respecto. Si bien, tenemos aún mucho trabajo pendiente para acabar con las desigualdades que lamentablemente aquejan a millones de personas en nuestro país, estoy convencida de que con acciones legislativas como la que hoy analizamos estamos dando pasos concretos en la dirección correcta, por lo que también les invito a que continuemos trabajando hasta que realmente podamos afirmar que no se dejará a nadie atrás, a nadie fuera. Propuesta como la que hoy discutimos son representativas de la evolución mexicana que desde Movimiento Ciudadano proponemos. Un nuevo trato como alternativa para construir juntas y juntas el futuro de México, porque este futuro será incluyente y plural o no será. Es cuanto, muchas gracias.