El diputado Adolfo Rojo Montoya: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, al reconocer la importancia de la ley que discutimos es que nos preocupa que el dictamen establezca atribuciones para el Instituto que crea la ley, para que asuma en materia de comisión y de conciliación y arbitraje para dirimir los conflictos que se presenten entre los organismos de este sector social de la economía. Más allá de otros cuestionamientos que algunos de los propios organismos del sector han señalado en diversos medios de comunicación respecto de temas tales como que mediante esta ley el gobierno federal pretende asumir el control total de los mismos que se pretende cooptar y controlar las actividades del sector para orientarlas a fines que no necesariamente son las de las organizaciones del sector social de la economía. Por supuesto que no es el objetivo de esta nueva ley, por el contrario, se busca que este sector pueda desarrollarse con plena autonomía, pero con un mayor apoyo por parte del gobierno para que pueda contribuir de mejor manera al desarrollo del país. Pero estas interpretaciones se derivan de que el dictamen que aprobamos plantea una indebida injerencia del gobierno en asuntos que solamente corresponde resolver a este sector. Consideramos que para evitar estas acciones indebidas del órgano público, la conciliación y el arbitraje deben estar en manos de las propias organizaciones del sector, para que sean ellas mismas las que coadyuven a la solución de los asuntos o conflictos que se generen entre ellas. Compañeras y compañeros, los invitamos a aprobar esta reserva para evitar cualquier viso en la ley que pudiera servir para que un órgano público se inmiscuya en la vida y relaciones de los organismos del sector social de la economía. Pero más allá de ésta, reconozcamos la falta de voluntad para perfeccionar una ley que es necesaria para el fomento y el apoyo de este sector de la economía social. Reconozcamos que nos faltó voluntad para revisar temas tales como la creación de un Instituto Nacional de la Economía Social como órgano desconcentrado en la Secretaría de Economía. Es incompatible con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, según el cual los órganos desconcentrados por su naturaleza de entes auxiliares de la administración pública federal no pueden tener autonomía técnica, operativa y de gestión, ya que dependen de manera centralizada de la Secretaría a la que están adscritos. Además, como órgano desconcentrado no cuentan con patrimonio propio y por tanto, con la capacidad jurídica para adquirir bienes muebles e inmuebles, ni para recibir directamente subsidios de naciones y legados. Dos, que la Secretaría de Economía no cuenta con las atribuciones a que se refiere el artículo 14 de la minuta. Y por tanto, no podrá ser la instancia competente para que el Instituto dependa de ésta, ya que las funciones que se asignan al mismo como órgano desconcentrado, corresponden a otras dependencias cuyas atribuciones se prevén en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Que el artículo 16 de la Ley de Planeación señala que la definición e instrumentación de políticas corresponde a las dependencias y no a una entidad de la administración pública federal como sería el Instituto; los organismos desconcentrados no pueden definir la política pública, únicamente operan, ejecutan y dan seguimiento a la política pública definida por la dependencia a la que se adscribe. Que la aprobación en sus términos provocará la duplicidad de atribuciones, de funciones y de facultades de regulación de apoyos y de registro, entre el nuevo instituto y la dependencia de la administración pública federal centralizada y descentralizada, tales como Sagarpa, Sedesol, Reforma Agraria y el Coneval, entre otras. Gracias, compañeros.