El diputado Felipe González Ruiz: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro país la criminalidad sigue causando daño. Erosiona los fundamentos mismos de la convivencia civilizada y aunque aparentemente no nos afecta en lo personal, el solo temor que provoca influye desfavorablemente en nuestra calidad de vida. Según encuestas de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, una mayor proporción de individuos han dejado de realizar alguna actividad por temor a ser víctimas del delito. Lo anterior es así a pesar de los grandes esfuerzos que en materia de seguridad pública vienen realizando los gobiernos federal, estatales y municipales para combatir y contrarrestar el fenómeno delictivo. Tenemos como ejemplo de estos esfuerzos, el que ha realizado el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien desde el principio de su gestión inició una fuerte ofensiva en contra de grupos del crimen organizado, esfuerzo que ha tenido resultados inmediatos favorables para la sociedad mexicana. Por otro lado, a nosotros como Poder Legislativo nos corresponde realizar las reformas legales necesarias para poder contar con una normatividad más eficiente, que ayude al mantenimiento de la paz y el orden sin afectar los derechos y las libertades de los individuos, procurando que las instituciones encargadas de la seguridad pública logren un equilibrio entre la fuerza coercitiva del Estado y el respeto a las garantías individuales tuteladas por el derecho. Como todos sabemos, en la legislación mexicana la seguridad pública se ha elevado ya a rango constitucional. Esta se establece en el artículo 21 como una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios en sus respectivas competencias. Asimismo, también señala que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. De igual forma, este mismo ordenamiento que conceptualiza la seguridad pública como la función a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, tiene por finalidad también desarrollar los principios constitucionales conforme a los cuales la Federación, los estados y los municipios deben coordinar sus recursos, sus esfuerzos y sus acciones en el campo de la seguridad pública. Sin embargo, al margen de los programas preventivos que son fundamentales y que buscan controlar los índices delictivos, es innegable que también hay que atender el problema de la reincidencia y de los que habitualmente delinquen, aquellos que lejos de readaptarse conforme al ideal de la norma, persisten en cometer hechos delictivos y algunos de ellos incluso se especializan en cierto género de delitos Por ello es importante sentar las bases que permitan al Estado vigilar a aquellos de quienes se tienen fundados indicios sobre su proclividad a la delincuencia y que, por la gravedad del ilícito que cometieron, necesitan seguir siendo observados a fin de que el Estado pueda tener la certeza de que no volverán a cometerlo; y con ello salvaguardar la seguridad de las víctimas y de la sociedad en general. En este sentido, debe recordarse que existen diversos tipos de medidas de seguridad entre las que destacan las curativas, las de internación y las de vigilancia. Éstas últimas pueden ser impuestas a una persona por disposición expresa de la ley y se pueden imponer discrecionalmente a cierto grupo de personas que cometen determinados delitos y que, por las características especiales de éstos, es conveniente que estén bajo observación. Podemos encontrar ejemplos de estas medidas de seguridad en las legislaciones sustantivas penales de los estados de Chiapas, Durango, Estado de México y Nayarit. Es necesario insistir que la imposición de estas medidas de vigilancia será únicamente para reincidentes o habituales que hubieran sido sentenciados por la comisión de un delito grave, en los términos previstos por las disposiciones penales correspondientes, en virtud de que se consideran sujetos con mayor proclividad a reincidir en la comisión de conductas delictuosas. Como esta medida de vigilancia, posterior a la etapa penitenciara, entraña un acto privativo, es menester que se encuentre regulada constitucionalmente a fin de asegurar, desde esta normatividad, que la autoridad judicial, al resolver sobre la petición que se le formule, respete al máximo las garantías individuales que la Constitución consagra a favor de todo gobernado, amén de que esa petición debe estar debidamente fundada y motivada. Aunado a lo anterior, a fin de salvaguardar las garantías de los sentenciados, será necesaria la observancia de un procedimiento previo a la imposición de la medida de vigilancia y posterior a la etapa penitenciaria. Este procedimiento consistirá en una solicitud por escrito a la autoridad judicial competente para que imponga a una persona la medida de referencia, la cual, se propone en esta iniciativa no exceda de una tercera parte de la pena de prisión que anteriormente le haya sido impuesta, siempre y cuando se justifique que es necesaria para salvaguardar la integridad o los derechos de otras personas, particularmente de la víctima y ofendido o bien, para preservar las libertades y el orden público. Tomando como base lo anteriormente expuesto y retomando la legítima preocupación de la sociedad por lograr condiciones reales de seguridad y en congruencia con la plataforma del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan dos párrafos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como artículo único. Señor Presidente, le solicito la inscripción íntegra del texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchísimas gracias.