La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Con su venia, presidenta. La vivienda es el pilar sobre el cual se construye el bienestar de las familias mexicanas, el espacio donde termina la formación y el futuro de nuestro país. Sin embargo, en México millones de personas aún enfrentan un gran obstáculo para acceder a una vivienda adecuada. La urbanización acelerada, la sobrerregularización, la falta de políticas claras y eficientes han hecho de este derecho que sea cada vez más difícil alcanzar. El pasado mes de octubre, de manera unánime, se aprobó en esta Cámara de Diputados el dictamen que reforma el artículo 123 constitucional en materia de vivienda social. Desde la bancada naranja apoyamos esta reforma con la convicción puesta en los y las trabajadoras, en la justicia social, en un entendimiento sobre la profunda problemática que representa la vivienda en nuestro país para las mejores y los mejores trabajadores, los trabajadores y las trabajadoras mexicanas. Esquemas como la aportación al capital mediante la renta para finalmente poder adquirir la propiedad de manera definitiva lo vemos como un avance. Es derivado de esta reforma que discutimos estas leyes secundarias, mismas a las que les debemos tener mayor cuidado, porque muchas ocasiones son esos pequeños detalles en donde vienen las trampas o en lo que no estamos de acuerdo. En Movimiento Ciudadano fuimos puntuales en señalar la sobrerrepresentación sobre los trabajadores y patrones en la toma de decisiones en los órganos de gobierno del fondo, como transparencia o auditorías. Además, que se intentaba otorgar un control discrecional sobre las condiciones de inversión de los recursos de la propiedad de las y los trabajadores. Sin embargo, fue gracias al impulso del diálogo de la sociedad civil, el sector laboral, empresarial, los grupos parlamentarios, que se obtuvieron modificaciones en el dictamen, incluyendo nuevamente la representación igualitaria de los trabajadores y los patrones, lo cual el día de hoy celebramos y, por ello, vamos a votar a favor. Un hecho sin precedente en la actual legislatura. Por cierto, un paso adelante ante la negación y la falta de discusión en los cambios tan radicales que vimos pasar en meses en este recinto legislativo. El día de hoy, y como resultado de estas modificaciones, acompañamos el dictamen. Sin embargo, seguimos observando numerosas cuestiones que necesitan de una mejora para ser una reforma verdaderamente social, verdaderamente con miras a un auténtico cambio en la realidad del trabajador. Insistiremos en que es necesario que la empresa filial también cuente con una composición tripartita, dando pluralidad y democracia en la toma de decisiones. Es también necesario hacer énfasis en que, si el espíritu de esos cambios es verdaderamente justicia social, se incluyan también esquemas viables para las personas trabajadoras eventuales o independientes, que puedan ejercer efectivamente su derecho a la vivienda. Es una cuestión de dignidad, de seguridad y de prosperidad. Construir vivienda social es un avance, pero no es suficiente. Es indispensable garantizar que este derecho sea accesible para mujeres, para jóvenes y trabajadores en la informalidad, pues no podemos permitir que solo 3 de cada 10 mujeres tengan acceso a una vivienda digna. Asimismo, es fundamental que las y los trabajadores informales tengan la posibilidad de pagar su cuota y ejercer plenamente este derecho. La vivienda es una deuda histórica con la clase trabajadora, y si bien el regreso del Infonavit a la construcción es un paso adelante, no es suficiente. Las viviendas deben edificarse en lugares estratégicos, cercanos al trabajo o acercarnos a los hospitales, a la escuela, para realizar una mejor calidad de vida de las personas. Además, cualquier acción en este sentido debe ejercerse con una total transparencia, asegurándose que las decisiones de la nueva constructora del Infonavit reflejen las necesidades de los trabajadores. No debemos olvidar que los 2.4 billones de pesos del fondo de Infonavit provienen del esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, por lo que su administración debe estar en manos de un consejo equitativo con representación de trabajadoras, trabajadores, empresarios y gobierno, garantizando así el uso justo y transparente de estos recursos. Desde Movimiento Ciudadano siempre lucharemos por un modelo que impulse el desarrollo inmobiliario de manera sostenible, garantizando financiamiento accesible y condiciones que beneficien a las y los trabajadores. Esta reforma no quedará sin seguimiento. Nuestro voto a favor estará acompañado de numerosas reservas sobre cambios necesarios, esperando nuevamente el diálogo...