El diputado José Juan Bárcenas González (PAN): Con su permiso. El 4 de junio del año 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual se derivó de un proceso de consulta y consenso con las organizaciones representativas del sector de las finanzas populares en México. Este ordenamiento legal tuvo como propósitos fundamentales los siguientes: Disminuir los riesgos sistémicos del sector, los cuales habían evidenciado con las experiencias de fraude que afectaron a miles de ahorradores, los cuales en su mayoría se perpetraron sobre la base de la laxitud y obsolescencia de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Promover mecanismos efectivos de protección y seguridad de los ahorradores, mediante la autorización expresa para operar como entidades de ahorro y crédito popular, la supervisión auxiliar a través de las Federaciones y el establecimiento del fondo de protección de los ahorros y depósitos. Profesionalizar las finanzas populares, mediante una regulación adecuada para intermediarios financieros con características especiales y enfoque social. Extender servicios financieros a grandes segmentos de la población mediante el crecimiento ordenado y habilidad institucional y competitividad del sistema financiero popular. La generalidad de los intermediarios financieros del sector popular, así como sus Federaciones de representación y servicios especializados, de inmediato se sometieron a procesos de saneamiento y estabilización financiera, fortalecimiento de esquemas de gobernabilidad y ampliación de ventajas competitivas, sin menoscabo de su vocación social y especificidad operacional. De esta manera adoptaron como guía de conducta valores universales como la transparencia, honestidad y responsabilidad social. El 27 de enero de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Las principales reformas de este decreto fueron las siguientes: 1°. La incorporación de un régimen de excepción para "las asociaciones y sociedades civiles, así como los grupos de personas físicas que tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos", bajo ciertas condiciones de tamaño y circunstancia. 2°. La ampliación del plazo para que las sociedades sujetas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular presenten una solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo limite se fijó para el 4 de junio del año 2005. Consciente de que la legislación aplicable siempre será susceptible de mejora y adecuación y contando con el apoyo de 18 organización que representan a más del 90 por ciento del sector financiero popular, se ha venido apoyando el desarrollo de un proceso de análisis, discusión y emisión de propuestas alternativas para modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Las 18 organizaciones que participaron en este proceso y que representan a más de 3 millones de socios en más de 500 entidades a nivel nacional y cuyo activo total supera los 17 mil millones de pesos, son las siguientes: Consejo Mexicano de Ahorro y Préstamo Confederación de Cooperativas Financieras de la República Mexicana Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias Federación Mexicana de Ahorro y Crédito Federación Integradora Nacional de Entidades Federación Nacional de Cooperativas Financieras Federación de Cajas Populares Alianza Federación Sistema Coopera Federación Centro-Sur Federación Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo Noreste Red de Finanzas Sociales AMACREP AMUC-FERRURAL Federación Atlántico-Pacífico Federación de Cooperativas de Occidente Federación Alianza Mexicana de Cooperativas de Occidente, Federación Alianza Mexicana de Cooperativas, Federación Victoria Popular y Fortaleza Social. Me queda la convicción de que las organizaciones involucradas en este proceso de mejora demostraron su madurez y responsabilidad, ya que evadieron posiciones acomodaticias o de oposición sistemática a la ley. Igualmente se evitó ampliar el régimen de excepción determinado en el artículo 4 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como el plazo concedido para la formación de entidades y organismos de integración. Por lo tanto, esta propuesta contiene reformas de fondo y forma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. El espíritu que me anima a este proyecto de reformas es, sin duda alguna, crear las condiciones necesarias que faciliten a las entidades y Federaciones su tránsito a la formalidad, manteniendo incólume la seguridad de los ahorradores que participan en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular. La parte sustancial de esta iniciativa puede explicarse de la siguiente manera: Uno. Ampliación de plazos para entidades y organismos de integración. Mediante la creación y la modificación de algunos artículos transitorios, se define la ampliación de los plazos para la autorización de entidades que hasta el 4 de junio de 2005 no cumplan íntegramente los requisitos legales y regulatorios aplicables, mediante el cumplimiento de una serie de requisitos que garanticen, entre otros aspectos, la certificación de su viabilidad financiera, el compromiso de la sociedad de mejorar ostensiblemente su problemática, en particular la de carácter estructural y la sujeción a un régimen especial que será verificado estrictamente por una federación, quien se hará también responsable de que el plan general de operaciones correspondiente, derive en resultados positivos. El proceso propuesto posibilita que de manera ordenada y observando los requisitos legales, se garantice el cumplimiento de los objetivos que persigue la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aparte de disminuir los riesgos sistémicos y evitar que la Comisión Nacional Bancaria extienda autorizaciones a sociedades sin viabilidad financiera presente ni futura. De manera específica el mecanismo legal propuesto tiene las siguientes particularidades: a) Enfatizar que el factor fundamental para determinar la viabilidad de las entidades serán sus condiciones financieras; en este sentido, las que carezcan de esta condición deberán fusionarse o liquidarse, según sea el caso. b) Permite que se amplíe de manera general el periodo de transición para la autorización de entidades por un periodo de 6 meses, cuyo límite actual es el 4 de junio de 2005. A su vez, esto deriva en señales claras de seriedad, responsabilidad y credibilidad de todos los actores involucrados en este proceso; instituciones promotoras del sector, legisladores y organismos internacionales, así como de los propios dirigentes del sector. c) Evitar la ampliación de régimen de excepción que se indica en el artículo 4 Bis, delimitándolo a las condiciones establecidas en la ley a partir de las reformas publicadas del 27 de enero de 2003. d) Evita cualquier posibilidad de competencias desleales y la tentación de escisiones artificiales para preservar intereses innobles en los regímenes de excepción que ya considera la ley. e) Se evita la generación de nuevas figuras que operen al margen de la ley. f) Fortalece el proceso de integración, facultando a las Federaciones para el acompañamiento a las entidades hasta lograr su plena viabilidad financiera, administrativas y competitiva sin menoscabo de la aplicación de penas convencionales y medidas correctivas que en la propia ley se contemplan. g) Se incorporan requisitos rigurosos para asegurar que la entidad mejorará sus condiciones financieras y organizacionales no sólo a través de buenos propósitos, sino mediante el cumplimiento estricto de contratos con Federaciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria. h) Se establecen reglas precisas para que sin menoscabo del propósito superior que inspire esta modificación, oportunamente se puedan tomar las decisiones preventivas o correctivas que corresponden. i) En general, se otorgan nuevos plazos para obtener su autorización a aquellas entidades y Federaciones que han demostrado un serio interés para cumplir con los requisitos de la ley y su reglamentación secundaria y prudencial. Dos. Modificaciones formales y complementarias. Mediante la modificación del artículo 4 Bis, se pretende resolver un problema de fondo para la creación de las sociedades cooperativas que reúnen los requisitos del artículo 4 de la ley. Asimismo, se pretende modificar el artículo 53 con el propósito de facilitar la conformación de las Federaciones en términos de la ley, disminuyendo el número de entidades que deberán estar integradas a cada Federación. Por otra parte y con la modificación al artículo 81, se busca facilitarle a la Federación la publicación del listado diferenciado de las entidades afiliadas de aquellas que son solamente usufructuarias de un servicio auxiliar. Con la incorporación de los artículos 124 Bis, 124 Bis 1, 124 Bis 2, se pretende facilitar todos los trámites de tipo administrativo que tenga que llevar las entidades con las Federaciones y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Artículo uno. Se reforman los artículos 4 Bis; primero y cuarto párrafo de la fracción I del artículo 53 concluyo. Segundo párrafo del artículo 81; segundo transitorio; tercero transitorio; quinto transitorio; primero y segundo párrafo del sexto transitorio, y demás artículos como el 124, 124 Bis, todos ellos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Por su atención, muchas gracias.