El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su venia, compañero presidente. Este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales fue motivo de debate y deliberación en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, no por la materia que pretende regular, que nos parece que tiene un sentido social, un sentido garantista y de derechos humanos, sino por la discusión de si era pertinente una reforma adicional a nuestra ley fundamental frente al cúmulo de reformas que se han venido haciendo a la ley fundamental. Hubo quien consideró que esto debía regularse en una ley general y que no tenía que ser motivo de modificar nuevamente nuestra Carta Magna. Sin embargo prevaleció el criterio que frente a una realidad innegable de problemas de carácter civil con las actas de nacimiento que no sólo afectan la vida de las personas, su identidad, sino que alimentan la falta de certeza en muchos actos jurídicos, se tomó la consideración en la mayoría de votar a favor. Pero no puedo dejar de manifestar los razonamientos válidos de muchas y muchos de mis compañeros. El dictamen que hoy se somete a discusión permite tener un reconocimiento constitucional al derecho de cualquier persona a la identidad, en concordancia con el interés superior de la niñez. El derecho a la identidad permite tener una patria y una filiación determinada que posibilite la protección no sólo familiar como nacional, sino que también potencializa identidad cultural, certeza jurídica y también facilita el reconocimiento de las personas. Este derecho es considerado primario y reconocido como uno internacional que es esencial para el goce y disfrute de los demás derechos. Sin identidad no existe el disfrute efectivo de las demás garantías constitucionales. El hecho de que se trate de constitucionalizar un derecho, lo vuelve programático y aplicable como principio rector de todas y cada una de las normas jurídicas nacionales, imponiendo obligaciones específicas a los órganos constituidos. En materia del dictamen, éste regula de forma activa la estandarización de un formato único que facilite la existencia de una homologación que permita el goce igualitario del derecho sin que exista un criterio dispar por cada una de las entidades federativas del país. Igualmente establece algo que nos parece muy relevante: el registro inmediato de los menores, de los niños, y con ello asegurar la identidad de los mismos sin dilaciones, sin burocratismos y sin trabas; sin que pueda existir ninguna limitante al desarrollo. De igual manera el dictamen regula la obligación de las entidades federativas para exentar el pago de derechos por el registro y la emisión de la primera acta de nacimiento, lo que en un país como el nuestro, con una realidad económica agobiante para millones de mexicanos, es determinante para la operación efectiva de este derecho constitucional. Además evaluamos, porque lo vivimos en muchas de nuestras realidades cotidianas, las tragedias familiares, las tragedias personales que viven muchos de nuestros compañeros ciudadanos por no contar con un acta del Registro Civil por estar extraviada, por haberse perdido en la burocracia de los registros civiles y por esta razón no solamente se ve menoscabada su identidad, sino que batallan en ocasiones para otros actos del registro civil como es el matrimonio o la adquisición de bienes o heredar propiedades. Esto se convierte en un vía crucis muchas veces para las operaciones más sencillas y hay gente lo vemos en la gestión cotidiana, en el trabajo político que se acerca para que se le ayude a arreglar un acta de nacimiento porque en su tiempo no se hizo de manera adecuada. Por eso consideramos que esto, que pudiera parecer algo menor, nos parece que resuelve muchos problemas para millones de habitantes del país. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que el papel del legislador no sólo son las reformas grandilocuentes, sino que son aquellas pequeñas grandes reformas que transforman la realidad cotidiana de la población. Esta reforma, por ejemplo, puede resultar más benéfica en los hechos para los ciudadanos que reformas que aquí se han aprobado, como la de telecomunicaciones, que al ciudadano común no le dice nada; sigue pagando altas tarifas de telefonía y sigue contando con un pésimo servicio de internet. Más allá de las disputas entre los grupos económicos oligopólicos, para el ciudadano común la reforma de telecomunicaciones en su vida cotidiana no le dice nada. En cambio, esta reforma creemos que va a permitir que haya certeza jurídica, haya identidad y se arreglen muchos problemas legales que se enfrentan a futuro. Por esa razón el posicionamiento es a favor, sin dejar de mencionar que respetamos, como lo hemos hecho siempre en Movimiento Ciudadano, opiniones divergentes no por el contenido de la iniciativa, sino por el acomodo en el edificio jurídico nacional. Es cuanto.