El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Diputada Presidenta, informo a usted y a la Asamblea que en intercambio de opiniones con los miembros de la Comisión, retiraré la propuesta de adición que formulé a la fracción IV del proyecto de dictamen que está a discusión. Quisiera, no obstante, pedir su autorización para comentar las razones que me llevan —o me llevaron— a hacer esta propuesta, sin dejar de reconocer, desde luego, el esfuerzo de diálogo, de consenso que antecede al dictamen que nos ocupa y al respaldo social y académico que esta iniciativa tiene. Y también por respeto a ese proceso es que he decidido retirar esta iniciativa y dejarla para una posterior presentación en el marco de una revisión más detallada. La cuestión de fondo es el debate que, por cierto, habrá de darse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito del recurso interpuesto por el Instituto Federal Electoral respecto de la aprobación del Presupuesto de Egresos para ese órgano autónomo; y el tema es respecto de la naturaleza y los alcances de los entes autónomos. A mí me parece que el desarrollo de diversas instituciones, órganos administrativos, han llevado en un momento dado, a no distinguir o a no dejar claramente establecido cuál es el control legislativo respecto de dichos órganos y es el caso del IFAI. El tema, insisto, es de fondo, porque lo primero que tiene que hacer un Estado que aspira a ser soberano, que aspira a contar con las bases sociales, materiales, jurídicas para atender los grandes reclamos nacionales, es fortalecer las instituciones básicas del Estado. De otra forma, compañeras, compañeros diputados, corremos el riesgo de dispersar el poder y no sabemos a quién convenga la dispersión del poder. ¿Cuál es el control Legislativo sobre el Instituto Federal de Acceso a la Información? Bueno, está el control administrativo de los recursos fiscales en términos del artículo 79 constitucional, fracción I; y dice el artículo 34 del IFAI —otro control legislativo muy tenue— que la Cámara de Senadores podrá objetar, o la Comisión Permanente, en su caso, podrá objetar el nombramiento de alguno de los comisionados que haga el Presidente de la República. ¿Hasta dónde, entonces, está la autonomía respecto del Ejecutivo, hasta dónde del Legislativo? Quiero destacar que ya en un breve periodo de vida de este Instituto ha habido por lo menos situaciones polémicas en relación con el nombramiento de los comisionados, si procedía o no procedía la extensión del período —en un minuto termino, señora Presidenta— respecto de la calidad moral de alguno de los comisionados que nombró el Presidente de la República o su vínculo con algunos representantes emblemáticos del gobierno federal. También ha habido algunas cuestiones no claras respecto del nombramiento de los funcionarios de la propia institución que deben obedecer a un claro procedimiento, más aún en esa institución transparente de servicio público de carrera. De modo que queda pendiente este tema, es una reforma que avanza, es cierto, pero reconozcamos también que es incompleta. Habrá necesidad de dar nuevos pasos y esperamos que esta disposición al diálogo y a los acuerdos permanezca, de modo que fortalezcamos las instituciones básicas del Estado y a la vez extendamos los criterios sobre los cuales los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal actúen en términos del espíritu constitucional del artículo 6o. de nuestra Carta Magna. Muchas gracias, señora Presidenta.