El diputado Jacinto Gómez Pasillas: Con el permiso de la Presidencia. En el balance con la reforma constitucional en materia electoral, aprobada en días pasados, se establecieron las directrices para la elección de los candidatos a consejero presidente y consejeros electorales, haciendo una remisión expresa a la ley para establecer las reglas y procedimientos a seguirse. Sin embargo, inexplicablemente este procedimiento no fue previsto en la ley especial de la materia en el Cofipe y sólo se insertó en una ley orgánica y ni siquiera en el cuerpo normativo de la misma, sino en un artículo transitorio con la cláusula de "por única ocasión". Cómo se pretende darle seguridad jurídica a la sociedad y afirmar que la integración del órgano máximo del IFE responde a una auténtica ciudadanización, si se proponen procedimientos diferenciados en la integración de sus consejeros. Mucho se ha divulgado sobre la convocatoria y la importancia de una supuestamente amplia consulta ciudadana para integrar el Consejo General del IFE, pero poco se admite que de facto y atendiendo a acuerdos políticos, es una cúpula legislativa la que en realidad decide quiénes serán los seleccionados para elegir a los nueve consejeros y sobre todo al presidente del Consejo del IFE. Por ello, como integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en su momento presenté una proposición con punto de acuerdo y ahora una reserva, a fin de complementar el procedimiento y convocatoria para la integración del Consejo General, a través de la figura de insaculación y con absoluto apego a los principios de legalidad y transparencia. No perdamos de vista que nos encontramos en un proceso toral en el rediseño de la institución electoral. De ahí que resulte más que evidente la eficiencia del proceso de insaculación para la renovación escalonada del Consejo General del IFE, tanto en la presente como en futuras renovaciones que se den. Este procedimiento ya se acreditó en la selección de personal para casillas y sería el más indicado para la integración y renovación del Consejo Directivo del IFE. Por ello, los diputados de Nueva Alianza hacemos hincapié en que este nuevo código debe ajustarse plenamente a los principios fundamentales plasmados en nuestra Constitución, no sólo por el respeto a los ciudadanos, sino porque de ello depende la viabilidad jurídica y política del Instituto Federal Electoral y de las instituciones democráticas, todas, de nuestro país. Por otro lado, el balance entre Poderes no sólo tiene sentido sino es preciso, a fin de establecer un sistema de contrapesos que limite el actuar de los órganos públicos que se encuentran en un mismo nivel jerárquico por mandato constitucional. Encontrar el equilibrio entre responsabilidad y libertad es preciso, al igual que conjugarlo con los principios de equidad y transparencia que deben rodear a todo proceso electoral. Si bien se pretende dar seguridad jurídica a los ciudadanos y promover la transparencia, se pierde de vista que para el cumplimiento efectivo de estas disposiciones es indispensable garantizar la autonomía e imparcialidad en el actuar de la Contraloría, que está sujeto a reforma en esta minuta. Cómo podemos asegurar que se dará debida vigilancia al cumplimiento de las disposiciones electorales y se impondrán de manera eficaz las sanciones respectivas si no es posible confiar en la independencia e imparcialidad, si el titular de la Contraloría es por mucho una extensión de las decisiones de esta Cámara de Diputados. Sencillamente no es posible asegurar ésta si la designación y la remoción del contralor general depende directamente