El diputado Jaime Baltierra García: Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. La desaparición forzada en México es una herida abierta que ha lastimado a nuestro país, a nuestra sociedad y a nuestras familias a lo largo de muchos años. El primer paso para avanzar en contra de este mal es, sin duda, el reconocimiento de este gran problema. Por ello, el gobierno de la cuarta transformación ha dado muestras sólidas para enfrentar este flagelo. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos que muchos de esos avances no serían posibles sin la participación activa de los colectivos de búsqueda y de los familiares de las víctimas. Ellos son los que han estado al frente de la construcción de protocolos, de mecanismos y normatividad para la búsqueda de los seres queridos. Desde esta máxima tribuna, les brindamos un alto reconocimiento y solidaridad antes esta incansable labor. Muchas gracias. En la década de los años sesenta, setenta y ochenta las desapariciones forzadas fueron cometidas en su gran mayoría por el Estado, en la llamada guerra sucia, la cual cobró miles de víctimas, donde la constante era el ocultamiento de información de la extinta Dirección Federal de Seguridad, en colusión con las Fiscalías de los estados. Por ello, este gobierno ordenó la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia por Violaciones Graves a los Derechos Humanos, durante esta guerra sucia el 6 de octubre del año 2021. A partir de 2006, se dio un incremento exponencial de desapariciones forzadas, año en que el Estado inició la política militarizada de la guerra contra las drogas. Esa práctica se extendió por la delincuencia organizada, tolerada y solapada de corrupción, complicidad de distintas autoridades de gobierno. Esa terrible inercia la seguimos arrastrando hoy día, lo que ha tenido graves consecuencias en todo el territorio nacional. Día a día se registran fosas clandestinas, cuerpos sin identificar y fosas comunes, y cientos de personas sin localizar. Ya dijeron nuestros compañeros, las cifras de desaparecidos existen, más de 95 mil personas desaparecidas no localizadas. Los estados con mayor índice de registro son: Jalisco, Tamaulipas y el estado de México. Otro dato preocupante son las de las niñas y los niños adolescentes. Cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, existen cerca de 15 mil 575 personas menores de 18 años desaparecidas o no localizadas, de las cuales el 55 % son niñas y mujeres adolescentes. Estas cifras solo se basan en casos formalmente denunciados. Este problema se sigue agravando, por lo que se le llama la crisis forense, ya que a la fecha existen más de 53 mil cuerpos sin identificar, depositados en anfiteatros, fosas comunes, cementerios públicos a cargo de las Fiscalías. Simplemente la Comisión de Búsqueda ha reportado desde su creación 4 mil 800 fosas clandestinas a lo largo del territorio nacional. Sumado a esto también, existe una crisis administrativa de parte de las Fiscalías, con poco personal, mal capacitado, sobrecarga laboral, falta de especialistas forenses, falta de recursos técnicos y tecnológicos, así como problemas presupuestarios. Quedan asignaturas pendientes, pero con la iniciativa que presenta el Ejecutivo federal se busca llenar un espacio por años vacío y demandado. Con la propuesta de la creación del Centro Nacional de Identificación Humana se pretende romper la indolencia y las inercias institucionales estatales y municipales, para fortalecer la identidad humana y el regreso a casa de todas las personas que lamentablemente han sido localizadas sin vida, restituyendo un derecho humano a dotarlos de identidad y, con ello, de su derecho a reencontrarse con sus seres queridos. La búsqueda de las y los mexicanos desaparecidos es tarea y responsabilidad de todos los niveles de gobierno, cada uno de acuerdo a sus facultades y competencias. En esta tarea no debe de haber espacio para las complacencias. A cinco años de promulgada la Ley de Desaparición Forzada aún existen incumplimientos de parte de las entidades del país, falta la creación de 18 de los 33 consejos que establece la ley general. Los consejos existentes son: Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y el consejo nacional. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo seguimos trabajando para que en el centro de la política pública de esta materia sean las familias de las víctimas, los colectivos de búsqueda para terminar con ese flagelo. Por eso votaremos a favor a favor del dictamen, para lograr que las personas desaparecidas tengan una identificación y un retorno digno a sus familiares. Ahora cito a los colectivos de búsqueda: El miedo más grande que tenía era perder a mi hija o a mi hijo. Ahora ya no lo tengo, ahora ya no tengo más que perder. Muchas gracias. Es cuanto, diputado.