La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, diputadas y diputados. Como ya se ha mencionado aquí, Chihuahua ocupa el primer lugar en denuncias por violación a los derechos humanos. Es un estado completamente militarizado. Pero a pesar de esto, los asesinatos violentos con armas reservadas para uso del Ejército, han aumentado entre un 500 y un 700 por ciento. No es aumentando el presupuesto para seguridad pública como se van a poder resolver los problemas que ahí aquejan. Los constantes abusos militares, cateos arbitrarios, torturas, secuestros, desapariciones forzadas y robos denunciados por la población a manos del Ejército y la Policía Federal, han motivado a que el Frente Nacional contra la Represión y el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular en Chihuahua; la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Políticos; la Asamblea Ciudadana Juarense contra la Militarización; el Movimiento Magisterial Resiste; Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, denuncien reiteradamente la inconstitucional militarización de la ciudad y del país; esto, en eventos públicos, en eventos pacíficos, frente a la indiferencia y la complicidad del gobierno espurio. Integrantes de organizaciones sociales de esta frontera, responsabilizaron al actual régimen encabezado por Felipe Calderón de la muerte y la violencia que se vive en ese estado y piden la renuncia de Felipe Calderón y del titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez. Sí, ese que fue impuesto aquí con el apoyo del PRI, con el impulso del PAN, para que en el Senado se aprobara su nombramiento a pesar de su trayectoria, a pesar de todo el origen que tiene y de toda la situación que nunca pudo resolver en el estado de Chihuahua y, sobre todo, durante el tiempo en que se iniciaron los feminicidios. Las organizaciones han denunciado que la presunta lucha contra el narcotráfico es aprovechada para exterminar a los luchadores sociales y las luchadoras sociales. Por eso, el que esté Chávez Chávez al frente de la Procuraduría, es como tener a la Iglesia en manos de Lutero. Y Juárez, como hemos dicho, no aguanta más. Y este año empezó con un asesinato, el de Josefina Reyes, quien fue alcanzada por un comando armado y asesinada en la carretera de Ciudad Juárez el 3 de enero de este 2010. Josefina se había destacado en la lucha contra los feminicidios, contra la militarización en el estado, y contra la violación a los derechos humanos. Fue una importante activista social. En los últimos meses se había destacado por sus críticas a la inconstitucional militarización en la zona fronteriza y por sus denuncias por las violaciones constantes a los derechos humanos por parte de los militares en el valle. Por sus actividades políticas y sociales Josefina había sido víctima de amenazas, constante acoso y vigilancia por parte de las fuerzas castrenses. Tras el asesinato de Josefina Reyes, el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera y el Centro Prodh solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger la vida y la integridad física de otra defensora de los derechos humanos: Cipriana Jurado, quien junto con Josefina Reyes denunciaron públicamente las graves violaciones de derechos humanos, en particular las desapariciones forzadas cometidas en Ciudad Juárez, en el marco de los operativos militarizados de Seguridad Pública. En el último año la señora Jurado, directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, se ha destacado por asumir la defensa de distintos casos de abusos cometidos por los militares que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua. Tiempo es lo que se necesita parar transformar este país y para discutir realmente las cosas importantes. A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, en Juárez persisten las violaciones a las garantías fundamentales, a las garantías individuales. Por todo ello, vengo a demandar aquí: Uno. El cumplimiento cabal de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos. Castigo a los responsables. Tres. En específico, medidas cautelares de protección para la señora Cipriana Jurado, defensora de los derechos humanos. Es cuanto.