La diputada María Eloísa Talavera Hernández: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el acceso a internet ha adquirido el estatus de derecho humano fundamental al ser reconocido como tal por el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ya que se considera que es un medio por el cual las personas ejercen sus derechos a la libertad de opinión y de expresión, así como el de la información que están establecidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El internet también es un medio imprescindible a través del cual los individuos tienen información asequible, y les permite hacer valer sus derechos y participar en debates públicos sobre temas económicos, políticos y sociales. También es una herramienta educativa muy necesaria al representar una fuente de conocimientos vasta, y al permitir la ampliación del conocimiento y el fomento a la investigación. Hoy en día las tecnologías de información deben estar vinculadas al desarrollo económico, social, intelectual, político y humano de los mexicanos. Debe ser una política de Estado para favorecer la inclusión y abatir la desigualdad. El desarrollo de la sociedad de la información trae consigo una serie de beneficios para los ciudadanos en cuanto a la calidad de vida y el desarrollo de sus actividades cotidianas, a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, y el establecimiento de una infraestructura de acceso universal en todo el país. En México, a pesar de que el gobierno federal ha puesto la inclusión digital y el acceso a internet como ejes de la Estrategia Digital Nacional, es un hecho que el número de internautas en el país registre una disminución considerable. Más aún, la mitad de nuestra población sigue sin acceso a internet, y el mercado de las telecomunicaciones no ha logrado llevar aún la conectividad a los lugares más aislados de los centros urbanos. De acuerdo con el resultado del módulo sobre disponibilidad y usos de las tecnologías de información en hogares de 2014 que elaboró Inegi, en abril de 2014 el número de usuarios de Internet en el país alcanzó 47.4 millones, lo que significó apenas un crecimiento de 3.1 por ciento respecto al mismo periodo en 2013. Este panorama nacional e internacional permite vislumbrar la imperiosa necesidad de que nuestro país debe hacer más para lograr ampliar el uso de las tecnologías de información y de las comunicaciones. En ese sentido, la ONU recomienda que los estados deben establecer políticas públicas para permitir el acceso universal a Internet. La Ley para la Inclusión Digital Universal representa un paso en este sentido al brindar un marco normativo que sirva de base para las acciones del Estado en esta materia. Y cabe destacar que existen leyes similares en Colombia, en Costa Rica, Finlandia, Francia, Grecia y Estonia. Hoy en México tenemos la oportunidad, a través de esta soberanía, de establecer los mecanismos que por ley le den a todos los mexicanos la oportunidad, los elementos y las herramientas necesarias para incrementar sus niveles de vida a través del uso de las tecnologías de información, como sucede en múltiples países del mundo. Es importante resaltar que esta iniciativa retoma parte de la iniciativa de un proyecto de decreto que expide la Ley para Inclusión Digital que se presentó en la legislatura anterior por el diputado Juan Pablo Adame, en 2013. Toda vez que esta estrategia digital nacional no plantea con claridad, perdón, con la apuesta que se presenta se enriquece y actualiza la iniciativa del ex legislador. También se fortalecen algunos aspectos que se consideran torales, considerando el contexto actual, toda vez que en la estrategia digital no plantea con claridad cuál será la instancia institucional de la administración pública federal encargada de coordinar la digitalización del país. Una de las aportaciones de esta Ley para la Inclusión Digital Universal es definir la instancia responsable de coordinar esta acción de política digital, aprovechando la infraestructura y capacidad actual y existente, no solo con redes de telecomunicaciones sino también con instalaciones públicas. Es así que con esta iniciativa se propone crear el sistema nacional para la inclusión digital universal, a través del cual se conjunta e integra a la administración pública federal, a los estados, a los municipios, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la industria, a la academia y a los promotores de las tecnologías de información para el desarrollo del país. Encausar a México en el uso intensivo de las tecnologías de información y las comunicaciones es una responsabilidad enmarcada en un mundo globalizado que literalmente deja atrás a países que han retrasado la decisión de empoderarse en el uso adecuado de las mismas, de no hacerlo así sería tanto como darle la espalda al desarrollo de los mexicanos ante el claro crecimiento de decenas de naciones que día a día invierten y fortalecen en sus sistemas de inclusión digital. Esta ley pretende democratizar el acceso a las tecnologías y convertirse en una herramienta base para fortalecer el ejercicio de derechos, el combate a la pobreza y mejorar los servicios de educación y salud, así como el acceso a empleo y otros. Con la presente iniciativa de expedición de la Ley para la Inclusión Digital Universal, contribuiremos a que existan condiciones para la igualdad en el desarrollo para muchos mexicanos. Es cuanto, señor presidente.