El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados, el pasado 8 de septiembre, el ciudadano presidente Enrique Peña Nieto presentó un paquete de 20 iniciativas, con el propósito de crear la Secretaría de Cultura. Dentro de las iniciativas se incluyen tres ordenamientos: 1. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en la que señalan las obligaciones de las asociaciones a las que se refiere ese ordenamiento para que la Secretaría de Cultura registre los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, propiedad de la nación. 2. La Ley General de Bienes Nacionales en donde se señala que la Secretaría de Cultura es competente para realizar acciones a través de los institutos nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes, relacionadas con los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Y, en tercer lugar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se establecen las competencias de la nueva dependencia entre las que podemos mencionar: conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, patrimonio cultural de la nación, y de manera muy específica se señala ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos establecen respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Llama la atención que en el paquete de iniciativas que se presentaron para crear la Secretaría de Cultura, no se haya contemplado la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, sobre todo porque en las tres iniciativas antes mencionadas, se señalan competencias que en la Ley de Monumentos le confieren a la Secretaría de Educación Pública, a través de los institutos de Antropología e Historia y Bellas Artes. La Fracción Parlamentaria de Morena cuestionó en un principio de la creación de la Secretaría por la falta de una ley en la materia. Sin embargo, un criterio que modificó esta postura inicial fue la opinión de la comunidad artística y cultural que se manifestó en esta Cámara de Diputados en pro de la Secretaría. También nos pronunciamos a favor al tomar el conocimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política el 15 de diciembre, por el que se estipulan las tareas para la elaboración de la legislación en materia de derechos culturales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o constitucional, y que establece la creación de un consejo técnico integrado por diputados y representantes de diversos organismos con el propósito de crear los instrumentos jurídicos, técnicos y administrativos, necesarios para que la Secretaría de Cultura cumpla con sus objetivos, sin embargo detectamos que hay inconsistencias entre las reformas que dieron pie a la creación de la Secretaría y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sobre todo con relación a las declaratorias de monumentos artísticos, que no son por monumentos nacionales por determinación de la ley. Con el ánimo de evitar confusiones y lagunas que provoquen un vacío legal presentamos esta iniciativa que alinea este ordenamiento con las leyes ya mencionadas, en donde se le otorgan las facultades en materia de monumentos nacionales a la Secretaría de Cultura por conducto de los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y Bellas Artes, instituciones reconocidas en el mundo por el cumplimiento de sus objetivos para la conservación y preservación del patrimonio cultural de México. Es cuanto.