La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, compañeros legisladores. La presente iniciativa es entendida desde el contexto de una reforma que hemos impulsado como fracción parlamentaria de Encuentro Social. Una reforma que produzca un proyecto incluyente de nación en el que todos los ciudadanos, sin excepción de razas, sexo, condición social y credo religioso participen en la definición y en la resolución de los diferentes problemas de la agenda nacional. Por supuesto, lo anterior pasa, en primera instancia, por una reforma de las instituciones políticas en forma paulatina y responsable. Para lograr esto vemos necesaria una reforma profunda de los poderes del Estado mexicano, la cual debe de tocar tanto al Legislativo como al Ejecutivo y el Judicial. El Legislativo necesita nuevas formas de cogobernar, mejores mecanismos para alcanzar consensos. El Ejecutivo necesita modernizarse, aprender a ceder poder, ser eficaz en el ejercicio de gobierno. El Judicial necesita transparentarse, dar resultados al anhelo de justicia a los mexicanos. Entendemos que a cada uno de los que integramos los Poderes, sin importar la procedencia partidista, nos interesa transformar el régimen político y el sistema de gobierno, que siempre es perfectible en aras del bien común. Es tiempo de repensar cualquier tipo de centralismo unilateral, que impide un régimen con verdadero equilibrio de Poderes, donde el Poder Legislativo sea el vocero de las demandas ciudadanas y la instancia más importante en la toma de decisiones públicas. Es el Congreso el lugar ideal para alcanzar consensos, para definir un nuevo proyecto nacional. En ese sentido es que la presente iniciativa nace de la preocupación de la existencia de cierta laxitud de la regulación de una figura que, si bien es necesaria y sumamente positiva para el ágil flujo de la ejecución presupuestal y la articulación aceitada y eficaz de diversos programas interdependientemente presupuestados, es también mejorable en aras de la adecuada separación de Poderes, rendición de cuentas, transparencia y un mejor ejercicio en la función pública. Se trata, por supuesto, de las adecuaciones presupuestales. En efecto, son medidas prácticas reconocidas por el derecho a partir de la praxis flexible y de sentido común en el ejercicio de todo presupuesto, asumiendo que lo planificado y lo real jamás son necesariamente coincidentes; al tiempo que busca que los cambios presupuestales derivados de esa dicotomía puedan ser manejados y ejercidos de forma ágil y dinámica. Sin embargo, se corre el riesgo de vulnerar la transparencia y la rendición de cuentas de los actos jurídicos referentes a la ejecución del presupuesto. La ejecución de un presupuesto y sus adecuaciones debe ser flexible. Las adecuaciones pertenecen más al ámbito contable que al jurídico o constitucional en el caso público. Sin embargo, hay un problema subyacente, no tanto en la distribución de los egresos excedentes sino en el origen de dichos excedentes, así como en su aplicación y, por ende, en los resultados alcanzados en su aplicación y distribución. El tema de la presente iniciativa es la rendición de cuentas acerca del origen de los excedentes y su aplicación. Si además combinamos el factor monto de los excedentes con el comportamiento de ciertas dependencias en cuanto a la relación presupuesto aprobado-presupuesto modificado, encontraremos más razones para exigir una pronta rendición de cuentas en la materia. Actualmente, a pesar de la elaboración del presupuesto cada año por el Legislativo, los ajustes que el Ejecutivo hace durante el año en la Cuenta Pública, permiten que la realidad del presupuesto no sea respetado y se convierte en un asunto dispar entre y lo que se ha presupuestado y lo que termina gastándose finalmente. Para botón de muestra, podría comentar en el ejercicio presupuestal 2015, lo que ha sucedido en la Secretaría de Energía, se presupuestó, hubo un presupuesto aprobado, luego hubo una ampliación que genera una variación y quiero que le pongan atención a esta cifra de tres mil 505 por ciento, entre lo presupuestado y lo ampliado termina un presupuesto modificado con una variación de tres mil 505 por ciento. La intención y objeto de la presente iniciativa es pues, precisamente sin obstaculizar la fluidez y la eficiencia al ejercicio presupuestal, dotar de transparencia y operabilidad efectiva a las adecuaciones presupuestarias. Lo anterior permitirá alcanzar una mayor paridad real entre el presupuesto de egresos y el gasto público, colocar un candado suficiente y proporcionado a la opacidad en el origen de los excedentes presupuestales, librando al Ejecutivo de situaciones delicadas contablemente o incluso delictivas en el rediseño o recolocación de gasto público, colocando el control además en las dependencias más idóneas para la repartición de ampliaciones y reducciones. Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa esperando contar con su amable respaldo. Por tanto hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputado presidente.