El diputado Enrique Serrano Escobar: El suscrito diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 330 Bis al Código Penal Federal de acuerdo con la siguiente Exposición de motivos El tema del aborto confronta a la sociedad mexicana. Existe una marcada polarización respecto de las posturas que se asumen, mismas que generan enfrentamiento, encono, oposiciones ideológicas y descalificación entre distintos sectores de la población. Por ende, lo que nos debe ocupar es legislar sobre políticas públicas de un Estado laico a fin de garantizar el ejercicio de derechos y libertades, contemplando como base fundamental la responsabilidad individual y social. En estricto sentido, el asunto del aborto es un tema muy sensible en México. Así, nos encontramos ante distintas voces que manifiestan diversos razonamientos. En contraposición, justificando al aborto por la obstrucción al proyecto de vida de la mujer, hay quienes defienden la libertad de las mujeres a decidir si interrumpen o no un embarazo claro observando las circunstancias específicas a que se refiere el Código Penal Federal en sus artículos 333 y 334, en los cuales se prescribe que el aborto no es punible ya sea porque el embarazo haya sido resultado de una violación, porque la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte o simplemente por imprudencia de la mujer embarazada. A lo anterior, es pertinente mencionar la que también se viene a sumar para el caso específico del Distrito Federal la reforma recién aprobada por su Asamblea Legislativa la cual permitirá que se interrumpa el embarazo por la simple voluntad de la madre durante las primeras 12 semanas, lo cual se traduce en la despenalización de dicha conducta. Estamos conscientes que realizar el aborto clandestinamente arroja cifras alarmantes. La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social revelan que entre el año 2000 y 2005 se hospitalizaron 55 mil mujeres por aborto. El debate está aquí. Provoca discusiones, confronta argumentos sociales, morales, partidistas, científicos, jurídicos, religiosos y políticos. No podemos postergarlo puesto que concentra razones de tipo psicológico, socioeconómico y ético. La posición que asumo es privilegiar la educación sexual. En estas fechas es absurdo contemplar al aborto como una solución a problemas de marginación o pobreza, más aún, con tantos avances en métodos anticonceptivos al alcance de toda la sociedad, así como de información en salud reproductiva, es inconcebible que se recurra al aborto aun dentro de las primeras 12 semanas de gestación para facilitar un mejor proyecto de vida. Los invito a que reflexionemos. Considero que la autorización legal del aborto no conduce a nuestra sociedad a solucionar un problema de salud pública. No es una alternativa que ofrezca la mejor solución a las mujeres que están embarazadas y que por alguna razón no deseen tener al hijo que esperan y mucho menos es una medida que como sociedad nos lleve a un mejor nivel de vida. ¿Cómo podemos justificar nuestros objetivos sociales de mejorar la expectativa de vida del ser humano, mejorar su salud, mejorar los servicios médicos para evitar la muerte por accidente o enfermedad, si planteamos una solución de muerte a un problema de embarazo no deseado? En los tres casos planteados, violación, malformación o embarazo no deseado y sobre todo en los dos primeros, el Estado mexicano como tal debe asumir en forma supletoria la responsabilidad de la madre y hacerse cargo de ese niño. Es aquí donde como sociedad estaremos ofreciendo una solución a la madre, pero dentro del respeto a la vida de quien no se puede defender y a quien sólo le queda como único recurso que el gobierno del país donde le tocó nacer lo reciba y lo proteja. Ahora bien, se preguntarán: ¿Por qué abordo el tema ante esta soberanía si el asunto propiamente es de competencia del fuero común? Pero, no debemos olvidar que el aborto se encuentra reglamentado en el Código Penal Federal en sus numerales 329 al 334. Podría señalarse que la aplicación del Código Penal Federal, en lo que se refiere al aborto, puede tener una aplicación muy acotada debido a que el ámbito de aplicación es limitado en virtud de la jurisdicción que ejercen las entidades federativas, pero el propósito fundamental de esta iniciativa consiste en que la misma sea aceptada e imitada por las legislaturas locales en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Si las entidades federativas promueven el mismo criterio dejarán evidencia que la sociedad mexicana valora el bien jurídico tutelado más importante: la vida. Esta iniciativa tiene como propósito impedir que se lucre y genere riqueza con la práctica del aborto. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito proponer y presentar a consideración, ante esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente Proyecto de decreto Artículo único. Se adiciona el artículo 330 Bis al Código Penal Federal para quedar como sigue: Artículo 330 Bis. Se aplicarán de uno a tres años de prisión a la persona, dirigente, gerente y/o representante legal de empresa, asociación o sociedad que promueva, anuncie o incite al aborto, así como cuando se obtenga una remuneración en dinero o en especie por efectuar un aborto en casos que no sean los que prevén los artículos 333 y 334 de este Código. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. Muchas gracias.