El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: En primer lugar, porque los dictámenes que nos presentan contienen más consideraciones políticas y hacen a un lado el análisis técnico. En segundo lugar, porque el ejercicio del Presupuesto no solo es responsabilidad del gobierno federal, sino también de los estados, de los municipios y todos los entes que ejercen recursos públicos. Debemos poner en su justa dimensión lo que es la fiscalización de los recursos públicos y el andamiaje institucional que compone este ejercicio de rendición de cuentas. En el ejercicio del gasto participan diversos actores de la administración pública, así como diferentes poderes y órdenes de gobierno. La transparencia en el ejercicio del gasto público es una premisa del Grupo Parlamentario del PRI. Hemos coadyuvado a construir un andamiaje jurídico robusto para conocer el destino de los recursos que deben de ser utilizados para impulsar el desarrollo y el bienestar del país. La Cuenta Pública debe contener más información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y de cada ente público del sector paraestatal. El sistema de fiscalización se ha construido precisamente para corregir fallas en el uso de los recursos, es un proceso que tiene diferentes etapas y que ha demostrado su eficacia. No pasemos por alto que la revisión de la aplicación de recursos públicos y programas comprueban que los montos lleguen al destino programado y que las acciones de gobierno se cumplan conforme a lo legalmente establecido. No hagamos del proceso de fiscalización un juicio político que busca poner en duda la capacidad de todo funcionario público. La Auditoría Superior de fiscalización realiza la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y a los municipios del país, así como a todo ente que ejerce recursos públicos federales incluyendo a los particulares. Basta esa lógica, el dictamen que hoy discutimos no solo es una llamada de atención para el gobierno federal, sino para todos los entes públicos y particulares que no atendieron el marco legal para su ejercicio. Para ponerlo en perspectiva, tenemos que el Ramo 33, el cual es ejercido por la federación, los estados y los municipios es una de las partidas presupuestales que más observaciones tiene del órgano de fiscalización. Ello confirma que no es un asunto exclusivo que debe atender el gobierno federal. De las mil 643 auditorías practicadas en la fiscalización superior de la Cuenta Pública del año 2015, el 28.1 por ciento de revisiones correspondió a entidades de la administración pública federal, y el 71.9 a los estados y a los municipios. En la Cuenta Pública del año 2017, de las mil 675 auditorías realizadas, el 67.4 por ciento corresponden a entidades federativas y a municipios. En el caso de las participaciones, las principales irregularidades que se detectaron fueron: participaciones no entregadas a los municipios, 14 entidades federativas presentaron esta irregularidad por un monto de 429.4 millones de pesos. Retrasos en la administración de las participaciones a los municipios. Se observó en 27 entidades federativas y generó rendimientos financieros por un total de 81 millones de pesos, los cuales no habían sido pagados a los municipios. En el caso de la Cámara de Diputados, la Auditoría señaló que persistía una limitada rendición de cuentas en la comprobación de partidas, asignaciones para el cumplimiento de la función legislativa y otros subsidios y subvenciones. Así nos podríamos ir con cada uno de los entes fiscalizados que fueron observados en las Cuentas Públicas del año 2015 y 2017. Y si somos objetivos, nuestra conclusión debería ser una recomendación para todos los que ejercen recursos públicos, porque las irregularidades no solo están en el gobierno federal. Compañeras y compañeros legisladores, qué bueno que cumplimos con un mandato legal para emitir el presente dictamen, pero hagámoslo con objetividad y sin un sesgo ideológico. El dictamen de la cuenta pública debe contar con un análisis pormenorizado del contenido del informe general de la Auditoría Superior de fiscalización y recuperar las discusiones técnicas realizadas en la comisión. La fiscalización es un tema primordial en cualquier democracia moderna, y en el país hoy adquiere una gran relevancia para nuestras instituciones. No hay que perder de vista la fiscalización, es un proceso dinámico, toda vez que las acciones emitidas por el órgano fiscalizador tienen un tiempo de aclaración. El objeto de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública es la evaluación del desempeño, eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados del presupuesto. Es cuanto, señora presidenta.