La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación. El Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, diputada presidenta. Diputado Esteva, en primer lugar reitero lo que aquí he afirmado: soy un convencido del diálogo y que el diálogo es la forma en la que se logran los acuerdos, y que con los acuerdos se da solución a los grandes problemas que enfrenta México. Esa es la premisa bajo la que trabaja la Secretaría de Gobernación y el gobierno federal, en su conjunto. Siempre hemos mostrado voluntad y disposición para atender los conflictos y ésta no ha sido la excepción. Lo que no podemos poner en la mesa del diálogo es el apego estricto a la ley y el actuar bajo el marco jurídico existente. En ese sentido, es la única limitante que pondríamos en la mesa para poder dialogar con amplitud respecto a este tema. ¿Quién se beneficia de que no exista un acuerdo? Claramente, no se beneficia México. El país requiere de la inversión en el sector minero y los trabajadores mineros requieren también de esta inversión y de contar con ello con más puestos de trabajo e ir avanzando en su propio proyecto de vida. No se beneficia a la gente ni en Cananea ni en Sombrerete ni en Taxco; por el contrario, no nada más son los mineros que están sin actividad productiva y de trabajo, sino las zonas económicamente afectadas por el paro de estas minas, como es el caso, más claro que los otros, de Cananea en el estado de Sonora. Estamos trabajando también, señor diputado, en poder suplir la actividad económica, por lo menos de manera temporal y en tanto el conflicto se resuelve en este municipio de Cananea, de tal suerte que tengan otras alternativas de economía y de derrama durante este paro que se ha prolongado en demasía. No podría yo coincidir en la aseveración de que el gobierno ha actuado con arbitrariedad, puesto que el gobierno lo ha hecho conforme a los mecanismos jurídicos con los que cuenta y, en todo caso, ha sido ya intermediario en el conflicto y no hemos escuchado solamente a una de las partes, sino a las dos, y hemos tratado de que lleguen a acuerdos sensatos, sin hasta la fecha haberlo logrado. El gobierno federal es absolutamente respetuoso de los trabajadores mineros y de sus derechos, al igual que de todos los trabajadores en el país, pero no podemos obligar a alguna de las partes a hacer algo más allá de lo que la propia ley le señala. Respecto a Pasta de Conchos, evidentemente el gobierno federal lamenta lo ocurrido, pero no puedo coincidir con su afirmación de que no se ha atendido a los familiares de las víctimas. Precisamente la comisión que se ha formado en esta Legislatura solicitó una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación y fue atendida personalmente para poder escuchar directamente a los familiares de las víctimas. El problema es que lo que se nos pide no es posible llevarlo a cabo, y no porque lo diga el gobierno federal, señor diputado, sino porque así lo dictaminaron varias instancias distintas técnicas, expertas, entre las que se incluyen la propia UNAM, el Poli y muchas otras que dicen que es imposible reabrir la mina para poder ir en búsqueda de los cuerpos que aún permanecen ahí, como usted lo ha señalado, y que sería de alto riesgo para los propios familiares o para los mineros que entraran a tratar de recuperar los cuerpos de sus compañeros de trabajo. Hemos actuado apegados a la ley y hemos actuado con el principio irrestricto de respeto a los derechos laborales y también hemos tratado de que sea el diálogo y la búsqueda de acuerdos lo que dé solución y seguiremos haciéndolo. No renunciamos a ésa que es nuestra convicción, señor diputado.