El diputado Luis Maldonado Venegas: Honorables integrantes de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión: Desde 1814 el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana confirió tres atribuciones a la soberanía popular: La facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los particulares. Se consagra así la división de poderes concebida con fidelidad a su definición constitucional, esto es, como Poderes de la Unión no como ámbitos aislados e inconexos, mucho menos confrontados y en permanente controversia. En efecto, en nuestra actual circunstancia ya no tiene cabida la concentración exacerbada del poder público, empero, la sociedad ve con recelo la práctica perniciosa que pulveriza o fractura a la acción del Estado, situándolo en vilo del voluntarismo partidista o del protagonismo presidencia. Esta sesión que hoy nos convoca constituye uno de los espacios de mayor arraigo y tradición republicana y es una oportunidad privilegiada para que los tres Poderes de la Unión cimentemos puentes de entendimiento en lo que es esencial al mandato que nos ha conferido la voluntad popular. Tanto más relevante es este propósito, cuanto con la instalación del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso se inicia el último tramo de la LIX Legislatura, cuya conclusión coincidirá prácticamente con el término del mandato constitucional conferido al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada. No es prematuro afirmar que arribamos a la hora del balance de nuestro desempeño como representantes populares. ¿Qué veredicto podemos esperar de nuestra actuación, de nuestros aciertos y deficiencias? Justo es reconocer que la sociedad se siente profundamente agraviada por los magros resultados de la actuación de sus protagonistas políticas. Sin excepción de emblemas o jerarquías, la ciudadanía percibe que la disputa por el poder ha concentrado nuestra atención y no hemos estado a la altura de sus expectativas legítimas de cambio y de progreso. Por una parte, la alternancia del Poder Presidencial no ha concretado los cambios que anticipó al inicio de su mandato. En otro orden, del Poder Legislativo transita por una severa crisis de credibilidad y de confianza, en tanto, el Poder Judicial ha trastocado su imagen de imparcialidad al alinear criterios y resoluciones que se perciben motivadas por razones de cuño político. Inútil emprender costosas campañas de comunicación, efímeras como su contenido, que no lograrán relevar al Presidente de la República de su responsabilidad constitucional y política ni revertirán el grave deterioro de la imagen pública de jueces y legisladores. Todos habremos de confrontar el juicio de la historia, porque todos compartimos el peso de las esperanzas fallidas que hemos sembrado en el ánimo de nuestra sociedad. Recordemos que en el año 2000 y después en el 2003, el mensaje del electorado nacional fue contundente: optó por la pluralidad democrática, por un régimen de alternancia y de contrapesos políticos que es ya una realidad inobjetable. Esta nueva realidad se tradujo en lo que se denomina como "Gobierno Dividido", Gobierno en el que el titular del Poder Ejecutivo no dispone de mayoría calificada en el Congreso, pero esta circunstancia no es razón para justificar la inoperancia en la acción del Gobierno, por el contrario, un Gobierno dividido le impone al titular del Poder Presidencial mayores cargas de responsabilidad para garantizar la gobernabilidad democrática exigible y deseable. Por ello no es ni un merito personal, ni mucho menos una graciosa concesión el renunciar a todo acto de sometimiento o sujeción autoritaria de los legisladores a la voluntad presidencial, mucho menos veraz es esta afirmación frente al sistemático empeño de interponer disensos, vetos y controversias a los actos del Poder Legislativo. El saldo de esta confrontación ha sido igualmente infértil y gravosa para nuestra sociedad, pues permanecemos entrampados en el círculo vicioso que intenta explicar el bajo nivel de desempeño del Gobierno de la República como resultado de un bloqueo del Congreso; en tanto la precaria productividad legislativa se atribuye a la falta de oficio del Ejecutivo para construir acuerdos políticos, confiables y perdurables. Estas ideas, por más que se difunden e intente calar en la opinión pública, no resolverá nuestros males ni acrecentará nuestros bienes, son el reducto de un estéril debate que frena el desarrollo, desalienta a la sociedad y descalifica a los actores políticos. En efecto, hemos perdido la capacidad para conciliar lo posible frente a lo necesario; el costo es nuestra incapacidad para transformar la realidad y remover obstáculos, la derrota de la política que aquí y ahora no ha sabido sortear los intereses coyunturales o facciosos, supeditando el contenido, el rumbo, los objetivos y el ritmo de la agenda nacional. Lo hechos hablan por sí mismos, constatémoslos con ánimo objetivo y autocrítico. La alternancia constituyó un avance histórico sin precedente, pero a cambio obstruyó la transición democrática. Se ha perseverado en el equilibrio de los indicadores macroeconómicos, pero no hemos alcanzado las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto que el país requiere y en el contexto mundial hemos pasado del décimo al decimocuarto lugar, rebasados por otras economías que asumieron el reto de la competitividad global. Se ha emprendido el Programa de Vivienda Popular de mayores dimensiones y cobertura de que se tenga registro, pero en contraste hemos escalado los más altos índices de desempleo que acumulados al rezago histórico, son actualmente la principal causa de la migración y de economía informal. Se han profundizado nuestras libertades y el respeto a su pleno ejercicio pero la inseguridad, el crimen organizado, los cárteles de la droga y la industria del secuestro, tienden sus redes de impunidad y de violencia. El rango de nuestros problemas se ha sofisticado y se han vuelto más intricado, frente a esa realidad confrontamos la crisis más profunda del Sistema Educativo Nacional de las últimas décadas con los más altos niveles de deserción escolar y los más bajos índices de aprovechamiento. En el trabajo legislativo se acredita más de un centenar de reformas puntuales en las que destacan iniciativas innovadoras y avanzadas, pero en contraste hemos renunciado prácticamente a concretar las grandes reformas estructurales en materia hacendaria, energética, electoral, laboral y desde luego en materia de la Reforma del Estado. En síntesis, ni grandes ni pequeños consensos, todos los intentos han estrellado contra el muro de la incomprensión política, porque ninguna de las fuerzas predominantes quiere pagar el costo electoral que implicaría hacer lo que es pertinente al interés nacional. Peligrosamente se piensa ahora que hemos aprendido a descifrar el código de la incertidumbre, que podemos flotar ya impunemente en la marea de las indefiniciones, que aprendimos a administrar nuestra falta de determinación sin costo aparente. Quienes así piensan, han olvidado que sólo dos factores providenciales han evitado que se descarrile nuestra economía y con ello la estabilidad política y social: los niveles alcanzados por el precio internacional del petróleo y la cifra récord de divisas aportadas por los mexicanos radicados en el exterior. No podemos esperar pasivamente a que una nueva crisis global nos avasalle, mientras las expectativas de cambio son rebasadas por el desencanto social. Recientemente un movimiento ciudadano formulaba un pronunciamiento en el que se hacia las siguientes preguntas: ¿por qué no aquí?, ¿por qué no ahora?, ¿por qué nosotros no?, ¿por qué no en México seguridad oportunidad y prosperidad.?Estos cuestionamientos se los plantea a diario la ciudadanía, si la política ha renunciado a abrazar objetivos de grandeza, la sociedad no. Por eso la convocatoria a los mexicanos que todavía creemos en la lucha a través de la razón y del dialogo con resultados, sin ingenuidad, precavidos de que el año electoral estará preñado de ingentes riesgos y desafíos, aún podemos, pero sobre todo, aún debemos acometer objetivos de gran envergadura. Uno de esos propósitos, puntuales y trascendentes, es la reforma integral al sistema de seguridad y justicia, hoy México es un país de víctimas del delito y de víctimas de la impunidad. Baste recordar que anualmente se comenten 4 y medio millones de delitos y que más del 95% permanecen impunes sin sanción para los responsables y sin reparación para las víctimas. Es esta una materia concurrente, actuemos en consecuencia, tomemos ésta como una causa de todos, sin egoísmo político y sin ánimo de lucro electoral. Por ello, desde esta tribuna con la voz de mi partido Convergencia, hago un respetuoso, pero firme llamado al ciudadano Presidente de la República, a las Cámaras de Senadores y Diputados, a la Suprema Corte de Justicia, a los gobernadores y a las legislaturas locales, a los ayuntamientos y los partidos políticos para construir un acuerdo nacional que potencie e impulse el trabajo a favor de la justicia y la seguridad. Convergencia deja constancia de su convicción de hacer de esta reforma uno de los sustentos de la nueva gobernabilidad democrática. En su oportunidad nuestro grupo parlamentario aportó un proyecto integral ante la Cámara de Diputados y cuyas premisas fundamentales son materia del más amplio consenso social. Señoras y señores legisladores: Los gobernantes están obligados a saber cuando ha llegado a la línea divisoria, entre lo que para ellos será el éxito o el fracaso y para sus pueblos el progreso o el desastre. Por más que lo parezca nunca será tardío recuperar los sueños que por ahora hemos dejado de concretar. Antes del relevo constitucional se perfila un horizonte de posibilidad para corregir el rumbo y el método de nuestro trabajo. Ciertamente un año es un periodo muy reducido en la larga vida de la nación, pero es un término crucial para emprender el cambio progresivo que hemos postergado inutilmente. Escuchemos hoy con atención y respeto el 5° Informe de Gobierno del ciudadano Presidente de la República, pero también escuchemos con atención la voz del México desheredado que espera aún la redención de su pobreza ancestral, la voz de sus regiones que nos hablan de potencial, de su gente, de las riquezas naturales y del enorme acervo cultural de que somos depositarios; laa voz de nuestra juventud que quiere recuperar la fe en nuestras instituciones y en un destino de posibilidades y de progreso. Escuchemos la voz de nuestros adultos mayores y de todos los ciudadanos que han sido agraviados en su integridad o en su patrimonio. Escuchemos todas estas voces y hagamos de ellas un mandato, el hilo conductor de nuestra convicción, el único posible en el ejercicio digno de nuestra representación, confirmemos con nuestros actos que la medida para servir a México, es servirlo sin medida. (Aplausos)