El diputado Nazario Norberto Sánchez: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados presentes, en el marco de la modernización del sistema judicial mexicano, nos encontramos con instituciones procesales que han demostrado su efectividad durante su permanencia en la práctica judicial. Una de ellas es sin duda el juicio de amparo, que fue concebido en el siglo XIX como la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda oponerse y sea protegido contra actos arbitrarios o abusivos desplegados por el ejercicio del poder público. El principio de la relatividad de las sentencias consiste en que la resolución que otorga la protección constitucional contra actos y leyes, únicamente tiene efectos en el caso concreto en que se pronuncia la sentencia y beneficia tan sólo a la persona moral o física que la haya solicitado, prohíbe que en la sentencia se haga una declaración general del acto de ley a que se refiere la impugnación de inconstitucionalidad. En mi concepto, la incorporación de este principio al juicio de amparo ha traído la muy importante ventaja de impedir que el Poder Judicial se coloque en posición de superioridad a los otros dos poderes, y debo admitir que también ha producido desventajas. Una de ellas consiste en que no obstante que un órgano de alta especialidad, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al revisar la legislación y las disposiciones reglamentarias emanadas del Poder Ejecutivo, ya federal, ya estatal, declara que fueron emitidos en forma contraria a la Constitución. Esa resolución únicamente produce efectos en el caso concreto en que fue dictada, y al resto de los ciudadanos que se encuentren en las hipótesis de la ley o reglamento declarado inconstitucional, se les continúa aplicando sin más. En la iniciativa se destaca que existen opiniones a favor y en contra de la desaparición del principio de la relatividad de las sentencias, y se citan los argumentos que sustentan unas y otras, pero una reflexión cuidadosa de la situación que actualmente guarda permite concluir que no es posible que permanezca tal y como se encuentra formulado tanto el artículo 107, fracción II de la Constitución y el artículo 76 de la Ley de Amparo, ni tampoco es factible que desaparezca. La declaración de inconstitucionalidad hecha por los organismos de la Suprema Corte respecto de un acto legislativo o reglamentario, con efectos generales, traerá como consecuencia directa e inmediata la anulación de la ley o reglamento de que se trate. Lo que provocaría un vacío legal en cuanto atañe a la parte que trató de regularse o prevenirse. Pero igualmente, su permanencia en la forma en que se encuentra planteada desde el siglo XIX, causa la sensación de que quienes tienen la posibilidad económica de acudir a profesionistas especializados en el juicio de amparo, logran la protección contra leyes o reglamentos que pugnan con los principios constitucionales, que siguen aplicándose a quienes no acuden al juicio de garantías. Pienso que la solución se encuentra en lograr una posición ecléctica que permita al Poder Judicial de la Federación continuar con la labor equilibradora entre las funciones desempeñadas por los otros dos Poderes públicos, sin que ello signifique una injerencia indebida en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, de manera que no quede exclusivamente en sus manos la corrección de leyes o reglamentos que han sido declarados inconstitucionales, sino que tal función permanezca en quien la Constitución General de la República ha depositado la atribución correspondiente y se realicen los procedimientos establecidos al efecto de garantizar la certeza jurídica que la propia Carta Magna preconiza a favor de los ciudadanos. Dicho en otras palabras. En mi opinión, la solución se encuentra en que una vez declarada por jurisprudencia y no por tesis aislada la inconstitucionalidad de una ley o reglamento, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un comunicado al Poder Legislativo federal o estatal y al titular del Poder Ejecutivo federal o estatal, dándole a conocer los motivos por los cuales se realizó la declaratoria de inconstitucionalidad, para que estos a su vez inicien el proceso legislativo y lleven a cabo la adecuación de la ley a los postulados constitucionales que fueron transgredidos y se haga exactamente lo mismo con los reglamentos, para que el presidente de la república y los gobernadores ajusten los reglamentos a la Constitución. En este sentido, señoras diputadas y señores diputados, es que se ha planteado la reforma al artículo 107, fracción II constitucional y al 76 de la Ley de Amparo, para moderar el principio de la relatividad de las sentencias; y que para las declaraciones de inconstitucionalidad de leyes y reglamentos no queden únicamente en el ámbito de los intereses jurídicos de quien pidió el amparo. Pero tampoco que se permitan vacíos legales, sino que los órganos encargados de emitir las leyes y reglamentos, y en uso de sus atribuciones constitucionales y legales hagan las adecuaciones correspondientes. Diputado presidente, solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.