La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su permiso, presidenta. En el debate público se ha reconocido que la transparencia es un componente fundamental en el combate a la corrupción. Esta última se ha convertido en uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país. La corrupción ha generado la movilización y el repudio de todos los sectores de la sociedad, ya que no solamente afecta las inversiones en el mercado nacional, sino que impide el sano desarrollo del país y es una amenaza para nuestra incipiente democracia. Como lo hemos sostenido en Morena, la presión de la sociedad obligó al Congreso de la Unión a legislar en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Podríamos decir que a partir de las reformas constitucionales en la materia, nuestro país cuenta con el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, sistemas que conforman un entramado institucional, sin embargo si al día de hoy se les preguntar a los mexicanos ¿Qué pasó con la licitación fallida del tren México-Querétaro? ¿Qué pasó con la Casa Blanca, la casa de Malinalco, la casa de Osorio Chong? ¿Dónde están los ex gobernadores del PRI y del PAN? ¿Qué pasará con los endeudamientos que dejaron bajo sus administraciones en las entidades federativas? ¿Qué ha pasado con las empresas privilegiadas de esta administración Oceanografía OHL, Infra? ¿Quién será el responsable de la mala administración en las empresas productivas del Estado? Con plena seguridad podríamos afirmar que la respuesta en la mayoría de los casos sería que no pasó nada y que siguen en la impunidad. Entonces es necesario preguntar ¿qué le hace falta a México para erradicar la corrupción? Y la pregunta es erradicar primero la indiferencia e ineficiencia, más bien la respuesta es erradicar primero la indiferencia e ineficiencia de las autoridades responsables. El problema de México no es la falta de leyes, sino la aplicación correcta de las mismas, o como el caso que hoy discutimos, la homologación, la transversalidad y la coordinación entre estas. La minuta que estamos discutiendo en materia de protección de datos personales, no es un tema aislado, es una de las leyes que quedaron pendientes del Sistema Nacional de Transparencia, pero en opinión de Morena, tiene limitaciones, por ejemplo, no sólo cumple con el principio de seguridad, sino que contradice su contenido. Como parte de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de transparencia, se aprobaron la Ley General y la Ley Federal de Acceso a la Información Pública desde su publicación. Una de las premisas de estas leyes es que se aumentó el número de sujetos obligados, entre ellos los sindicatos, las personas físicas y morales y los fideicomisos. Sin embargo, la minuta que discutimos separa a éstos dejando a uno en lo público y a otros les da el privilegio de regularse por la normatividad de lo privado. Respecto de la Ley de Datos Personales, las prácticas internacionales apuntan directrices que no se acogen en la presente minuta. Por otra parte, si bien el proyecto de ley que nos ofrece la comisión dictaminadora representa un avance en esta materia, desde nuestro punto de vista no cumple con el objetivo principal, proteger los datos de carácter personal en posesión de los sujetos obligados. El derecho a la protección de los datos personales permite a los individuos tener control sobre su información personal, para ello, como en todo derecho, son necesarias herramientas concretas para su ejercicio. Sobre el principio de la protección de datos personales en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se estableció como confidencial aquella información que se otorga a sujetos obligados, así como los datos de carácter personal entregados con el pleno consentimiento del titular para su distribución, difusión y comercialización, sólo que no se estableció plazo de vencimiento. La ley que se discute omite el establecimiento de mecanismos eficaces para evitar una divulgación indiscriminada o que el uso de los datos personales se utilice con un fin distinto para el que fueron recabados. En pocas palabras, el principio de seguridad para el tratamiento de los datos personales no se incluye en la ley de los mecanismos necesarios para salvaguardar los datos de las personas que quedan en situación vulnerable. Es claro que al Estado mexicano le corresponde proteger la individualidad, la intimidad, pero trazando líneas claras para que el interés general de acceder a la información no se vea menguado o choque con el derecho a la intimidad, pero seguir legislando de la misma manera que hasta el momento, hemos hecho confusa e insuficiente, con objetivos e interese diferentes no permitirá que el Sistema Nacional de Transparencia garantice el derecho a la información en la protección efectiva de los datos personales. Así, el vínculo entre este sistema y el de combate a la corrupción irá en detrimento de un modelo que, según sus autores, busca que los mexicanos ejerzan a plenitud sus derechos humanos a informar...