La diputada Arely Madrid Tovilla: Muchas gracias, compañero Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales. La suscrita, Arely Madrid Tovilla, diputada a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformas el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. En el México de actualidad los derechos humanos constituyen el paradigma de legitimidad y justicia de las relaciones entre el gobierno y el pueblo como elemento del Estado. Representan uno de los pocos signos positivos de esta época caracterizada por alarmantes problemas sociales como la delincuencia organizada, el narcotráfico, el terrorismo, la tortura, la desaparición forzosa de personas, el abuso de autoridad y la detención en arraigo domiciliario por más tiempo del autorizado en el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, a pesar de los cuales sobresale la creciente importancia otorgada al tema del reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Ciertamente, México debe pugnar contra estos males. Debe prevenir el delito aunque debiendo establecer, en congruencia, una definición de política criminal con acatamiento de los derechos humanos. De nada sirve combatir el delito, otorgar seguridad pública, si a cambio de ello se violan los derechos, se conculcan las libertades del gobernado y se toma el rumbo ventajoso y egoísta de un gobierno. Es decir, sin importar la clase de intereses nacionales o supranacionales que se pudieran tener, el gobierno no debe caer en autoritarismo ni valerse del ius puniendi para controlar al pueblo y someter al individuo, so pretexto de luchar contra el delito. Bajo ninguna circunstancia debe tolerarse que la autoridad pase por encima de la Constitución y viole ilícitamente la libertad de la persona, sin obstar el subterfugio que esgrima para justificar la mala actuación. Por necesidad, por política criminal, la Constitución del país autoriza la detención de un individuo por breves horas por parte de las autoridades competentes en los casos siguientes: Mediante orden de aprehensión dictada por autoridad judicial, quedando obligada la autoridad ejecutora a poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. Por virtud de auto de formal prisión dictado por el juez de la causa, dentro del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición. En hipótesis de delito flagrante, donde se obliga a quien realice la detención a poner sin demora al indiciado a disposición de la autoridad inmediata y es el Ministerio Público quien realiza la consignación o decretará la libertad del indiciado, en un plazo no mayor de 28 horas. En casos urgentes, tratándose de delitos graves ante el riesgo fundado de que el indiciado se sustraiga a la justicia y no se pueda acudir a un juez, el Ministerio Público puede realizar la detención bajo su responsabilidad, supuesto en que tendrá ordinariamente un plazo de 48 horas para poner al detenido a disposición de la autoridad judicial, la que de inmediato ratificará la detención o decretará la libertad. Esto es, en los precitados casos de privación de libertad personal se prevén plazos momentáneos establecidos en horas para que el inculpado sea puesto a disposición inmediata del órgano jurisdiccional de la causa y ésta determine su situación jurídica. Sin embargo, existe en nuestra legislación un precepto legal, el 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que expresamente transgrede nuestra Constitución, que abiertamente viola el párrafo séptimo del 16 constitucional al establecer una detención espuria de más de 48 horas; una privación de libertad en arraigo domiciliario hasta por 30 días. Tal violación constitucional deriva de que cuando fue creado el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, en ese tiempo —o sea, en 1983— el artículo 16 constitucional no establecía plazo alguno para la detención de inculpados durante la averiguación previa. Esto es, no existía el citado párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, que fue adicionado hasta el año de 1993, estableciendo un plazo máximo de 48 horas para la retención. Es decir, este párrafo séptimo se añadió 10 años después de haber entrado en vigor el artículo 133-Bis. Es imperioso actualizar la legislación que versa sobre la materia penal federal, para ajustarla a las reformas aprobadas al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar eficaz soporte a la lucha contra las actuales tendencias de la delincuencia y aún al abuso del poder político, que por la magnitud de sus efectos dañosos y sus alcances está conformando un nuevo fenómeno de criminalidad. El texto actual del artículo 133-Bis del Código Federal de Procedimientos Penales establece lo siguiente: Artículo 133-Bis. La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario o imponer la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización, a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga la acción de la justicia. Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. El arraigo domiciliario o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica se prolongarán por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de 30 días naturales en el caso del arraigo, y de 60 días naturales en el de la prohibición de abandonar una demarcación geográfica. Cuando el afectado pida que el arraigo o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica quede sin efecto, la autoridad judicial decidirá, escuchando al Ministerio Público y al afectado, si deben o no mantenerse. El texto vigente del párrafo séptimo del artículo 16 constitucional señala: Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público, por más de 48 horas, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Ese plazo podrá duplicarse en aquellos tiempos en que la ley prevea como delincuencia organizada todo el abuso a lo anteriormente dispuesto, que será sancionado por la Ley Penal. Claramente puede verse que este citado artículo 133 expresamente viola el párrafo séptimo del 16 constitucional y sin duda alguna que esta incongruencia entre los precitados artículos 133 y párrafo séptimo del 16 constitucional, ha convertido el arraigo en un abuso de autoridad que vulnera flagrantemente la garantía individual y que en tal sentido otorga el artículo 16 constitucional. El arraigo domiciliario es una medida cautelar, por lo que sólo se autoriza para asegurar a una persona con el fin de que quede a disposición de la averiguación previa, sometido a vigilancia del Ministerio Público. Me permite, Presidente por el tiempo, concluir. Asimismo, estos atropellos a la Constitución de parte del Ministerio Público Federal, sobre el plazo de hasta 30 días de arraigo, impunemente se han pretendido justificar en el antiguo artículo del 133-Bis del Código Federal de Procedimientos Penales de 1983, que vulneran también, a la vista de todos, las garantías individuales contenidas en la fracción II del Apartado A del artículo 20 constitucional. Luego entonces, lo que procede es someter a un riguroso análisis la legalidad del arraigo domiciliario, subordinándolo, como corresponde en derecho, a las aludidas disposiciones constitucionales, con el único objeto de que se sirva a la lucha contra el delito y a la justicia, y no como hasta ahora se ha hecho, para utilizarlo con fines aviesos y represivos propios de algunos gobiernos y que no nos acomodan, y que no son propios de México que está constituido democrática y republicanamente. Termino concluyendo. El proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133-Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, debe quedar. Artículo único. Se reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue Artículo 133 Bis: Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del indiciado o imponer la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquel, recurrirá al órgano jurisdiccional fundando y motivando su petición para que éste oyendo al indiciado resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares. Estas medidas se prolongarán por el tiempo estrictamente indispensable y no deberán exceder los plazos establecidos en el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, dentro de los cuales al indiciado se le consignará al juez y se le pondrá en libertad. Transitorio Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Autora: Arely Madrid Tovilla y firman los diputados Carlos Chaurand, diputado Carlos Rojas, Antonio Díaz Athié, Jorge Mario Lescieur, Héctor Hugo Olivares, Yary Gebhardt, Arnulfo Cordero y Beatriz Pagés Llergo. Muchas gracias por su atención.