El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente, por su generosidad. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Voy a tratar de ser muy sintético en los argumentos. Repito que me parece una reforma importante, que se avanza en algunos puntos, pero que es una reforma insuficiente que no está a la altura de las circunstancias que el sistema judicial y los derechos de los ciudadanos demandan del Poder Judicial de la Federación. Respecto al artículo 94 constitucional, presidente, mis tres objeciones al artículo 94 que se sometió a votación en lo general y que fue votado en lo general por este pleno a favor, tengo tres comentarios. Hay que decirles a los compañeros que en este artículo 94 se establece una substanciación prioritaria en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Es decir, el Congreso de la Unión o el Ejecutivo federal tendrán trato privilegiado respecto de las otras autoridades previstas en el artículo 105 de la Constitución, para que la Suprema Corte atienda de manera preferente controversias y acciones de inconstitucionalidad promovidas por estos dos poderes. Me parece que es un trato injustificado que viola el principio de acceso igualitario a la justicia respecto a las otras autoridades que pueden promover acciones y controversias y que no tienen este trato privilegiado. El segundo punto de rechazo a este dictamen del artículo 94 tiene que ver con el principio tradicional del derecho mexicano en materia de amparo, que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia y que obliga tanto al Poder Judicial Federal como a poderes judiciales locales. Estimo, como lo ha señalado la doctrina nacional y extranjera, que la obligatoriedad de la jurisprudencia implica una camisa de fuerza, presidente, que impide ejercer la independencia judicial plenamente. La jurisprudencia debiera ser en nuestro país meramente indicativa y no obligatoria, para promover y maximizar la independencia judicial. Sin embargo, el dictamen contiene, sigue conteniendo este criterio tradicional y obliga a los tribunales inferiores a acatar jurisprudencia obligatoria, limitando su independencia y su libertad de criterio, la flexibilidad interpretativa de los tribunales. En tercer lugar, presidente, esta reforma pudo haber modificado sustancialmente la Constitución, para que los ministros de la Corte no reciban emolumentos superiores al presidente de la república y mantiene el criterio tradicional. En la actualidad los ministros de la Corte pueden percibir emolumentos superiores al presidente de la república y además perciben un haber de retiro vitalicio, no solamente ellos, sino sus viudas o sus viudos, una vez que fallecen los ministros. Esto es un privilegio excesivo del derecho mexicano y se está garantizando en este dictamen. Por lo que ve al artículo 100, en donde me da mucho gusto que varios grupos parlamentarios ya se han sumado a la reserva, hay que decir que este dictamen está planteando la limitación de los poderes de las facultades del Consejo de la Judicatura. Se permite que cualquier decisión del Consejo de la Judicatura que tenga que ver con derechos de terceros o asuntos laborales, pueda ser conocida en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se aprueba en sus términos, como se pretende, este artículo 100 de la Constitución, hará totalmente nugatorio el papel del Consejo de la Judicatura. Si ya es un órgano subordinado a la Corte, de aprobarse en sus términos el artículo 100, hará de este Consejo de la Judicatura un órgano totalmente subordinado a las decisiones del pleno de la Suprema Corte, y en los hechos el Consejo de la Judicatura será un órgano administrativo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no el órgano constitucional que se estableció en el artículo 100 para vigilar, disciplinar y administrar al Poder Judicial de la Federación. Respecto al artículo 103, la reforma contiene importantes avances, es verdad; se van a poder impugnar no solamente preceptos de la Constitución, sino también preceptos previstos en tratados internacionales. Sin embargo la reforma no contempla el amparo social. En México urge que los derechos colectivos estén tutelados por el amparo. En la actualidad los derechos colectivos no están tutelados debidamente por el amparo ni los derechos sociales. Me parecería que era una oportunidad importante regular el amparo social en México y no se está regulando. También sería fundamental que el amparo no solamente procediese contra decisiones de autoridades, sino contra decisiones de algunos particulares que desempeñan un papel importante en la sociedad mexicana, me refiero, en concreto, a los poderes fácticos, que el amparo, como en el derecho comparado, como en Argentina, como en Alemania, también procediese, no solamente contra actos de autoridad, sino también contra actos de particulares y la reforma no está proponiendo eso en el artículo 103. Respecto al artículo 107, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas pudieron ser las reformas y se queda la reforma a medias. El interés jurídico, voy brevemente a explicar la importancia de la reforma y por qué es insuficiente. En la actualidad en materia de amparo, para que el amparo sea procedente y el juez de distrito entre al fondo, se debe acreditar que el acto de autoridad implica una afectación a la propiedad, a la libertad, a la posesión de una persona. Si no se acredita el agravio personal y directo, que eso es lo que significa interés jurídico, el amparo es improcedente y no se entra al fondo del asunto. Según estadísticas de la propia Suprema Corte, de 100 amparos que se presentan todos los días en este país, del 100 por ciento, casi el 70 por ciento de los amparos son desechados porque no se acredita el interés jurídico. Esta reforma da un paso adelante, permite que en algunos casos el amparo pueda ser procedente si se acredita un interés legítimo. Sin embargo la reforma se queda a medias. Debería establecerse el interés legítimo en todo el derecho público, el derecho social y el derecho familiar. Permite la reforma el interés legítimo en unos cuantos casos, no lo abre a todo el derecho público ni lo abre al derecho social ni lo abre al derecho familiar. Aquí desde luego hay una limitación importante en el dictamen. La reforma al artículo 107, permite que en algunos casos se puedan invalidar normas generales. Esto me parece correcto, que pongamos fin a la Cláusula Otero que establece que el amparo solamente procede contra el acto que está promoviendo el particular o el quejoso en un amparo, pero es muy curiosa esta reforma; dice: Sí, puede ponerse fin a la cláusula Otero y el amparo puede tener efectos generales, pero no en materia de amparo en materia tributaria. Yo me pregunto por qué en materia tributaria o fiscal el amparo no tiene efectos generales, cuando debe tenerlos. Me parece una deficiencia muy importante de esta reforma. Ocurre lo mismo en materia de suplencia de la queja. Se amplía la suplencia de la queja; sin embargo, en derecho público, en derecho social y de nuevo en derecho familiar la suplencia de la queja en materia de amparo para beneficiar la protección a los sectores colectivos, al interés general, a los que promueven amparo en materia familiar debiera ser extensiva la suplencia de la queja en todos los casos. Pues no es así, no se hace extensiva en todos los casos. Por otra parte, presidente, se establece que los tribunales superiores de justicia en los estados van a tener, a partir de este momento, en materia de amparo directo, un tratamiento privilegiado. En materia de amparo directo, no en todos los casos procederá el amparo directo ante un tribunal colegiado, sino solamente en algunos de los casos. Tal como están hoy en día muchos tribunales superiores de justicia en los estados, me parece que es darles un inmenso poder a los gobernadores. Los gobernadores controlan muchos tribunales superiores de justicia. Sería importante que el amparo directo fuese procedente en la mayor parte de los casos y que no se limitara. Con esto no estamos fortaleciendo el federalismo judicial; estamos fortaleciendo a los tribunales superiores de justicia de este país, presidente. Por otro lado, en contradicción de tesis, que es este mecanismo que tiene la corte para determinar qué tesis de qué tribunal colegiado debe prevalecer, se establece legitimación procesal sobre todo a las autoridades para promover contradicción de tesis. Pero oh enorme fallo. Nunca hay en esta reforma legitimación procesal abierta a los ciudadanos. Es decir, cuando los ciudadanos observemos de manera abierta, no cuando tengamos un interés jurídico, y que veamos que un tribunal colegiado decidió en una materia equis y el otro tribunal colegiado en esa misma materia decidió ye, que cualquier ciudadano de la república le diga al órgano competente para el conocimiento de la contradicción de tesis: aquí hay una contradicción de tesis, resuélvela. Pues no es el caso. Los ciudadanos no tenemos legitimación procesal abierta para promover una contradicción de tesis ante los tribunales competentes, en este caso la contradicción de tesis está conferida exclusivamente también a las personas que según el dictamen están legitimadas. Algo más, presidente. Esta reforma está proponiendo, en la fracción XVI del 107 de la Constitución, algo que me parece grave: no está distinguiendo entre servidores públicos que repiten el acto reclamado y los servidores públicos que tienen origen en una elección democrática. De acuerdo a esta propuesta constitucional cuando exista repetición del acto reclamado cualquier servidor público podrá ser retirado de su cargo. Fíjese lo grave, no solamente en aquellos casos de servidores públicos que no tienen origen en una elección democrática. En esta propuesta de reforma se está diciendo que cuando hay repetición del acto reclamado cualquier servidor público, incluyendo los que hemos sido elegidos democráticamente por el voto popular podemos ser retirados de nuestra función. La reforma desde mi punto de vista debiera hacer la distinción y establecer que sí se puede retirar del cargo a un servidor que repite el acto reclamado en una sentencia de amparo, pero no respecto a aquellos que han sido elegidos democráticamente. En estos casos, cuando hay repetición del acto reclamado ese tema debiera someterse a la consideración de la correspondiente asamblea legislativa para que un diputado o un senador pudiese ser retirado del cargo. Pues esta reforma no hace distinción alguna y si algún legislador o el Congreso de la Unión o esta Cámara de Diputados repite el acto reclamado vamos a poder ser suspendidos, retirados de nuestro cargo, sin que se haga distinción alguna. Concluyo, presidente, para decir que aunque la reforma contiene, desde luego, avances importantes, es una reforma insuficiente que no está previendo cuestiones importantes para nuestro país. Desde mi punto de vista debiera existir en México un tribunal constitucional; que la Suprema Corte debiera ser un máximo tribunal de legalidad; que la Suprema Corte no debiera conocer, como hasta ahora, de cuestiones de legalidad de las que sigue conociendo; que los ministros de la Suprema Corte, ya que les estamos dando facultades para invalidar normas generales, debieran ser elegidos democráticamente por los ciudadanos; que los ministros de la Suprema Corte no debieran tener los privilegios salariales que hoy tienen ni de haber de retiro, que además el Consejo de la Judicatura debiera tener más poderes de los que actualmente tiene para administrar, vigilar y disciplinar al Poder Judicial de la Federación, que esos consejeros de la Judicatura debieran ser elegidos democráticamente por los ciudadanos. Todos estos temas pues no están recogidos en esta reforma a los artículos 94, 100, 103 y 107 de la Constitución. Yo echo en falta presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas, una reforma que ampliara los mecanismos de defensa de la Constitución, que actualmente no prevé nuestra Constitución. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando el Congreso incurre en inconstitucionalidad por omisión? Cuando el propio Congreso establece o el Poder constituyente permanente que debemos legislar y no legislamos. ¿Qué mecanismo constitucional de defensa a la Constitución existe para exigir que el Congreso legisle? Pues ninguno. Y esta reforma debiendo hacerse cargo de esos importantes asuntos no se hace cargo. Es una reforma insuficiente, es una reforma mediocre. Por su atención, compañeros, muchas gracias y espero que voten en lo particular en contra de esta reforma constitucional. Gracias.