El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Con su permiso, presidenta. Diputadas, diputados, la defensa de los derechos humanos y las libertades hace la diferencia entre civilización y barbarie, entre democracia y dictadura. La reserva que presento a diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tiene por objeto evitar una decisión centralista que representa una regresión en la lucha por los derechos humanos y en contra de la libertad de expresión. Actualmente, el fondo brinda protección a mil 304 personas entre comunicadores comunitarios y defensores de los derechos humanos que trabajan en contextos criminales y de violencia, donde la protección de los derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos son fundamentales para alcanzar la paz. Muchos defensores de derechos humanos y periodistas han sido asesinados, otros han sufrido atentados o la desaparición de sus seres queridos. Quizá conozcamos a alguno de ellos. Es por esto que se creó el fondo, para garantizarles las condiciones mínimas para la protección de su persona, de sus familias y que puedan seguir ejerciendo su profesión. Lo que hoy se pretende con la desaparición de este fondo es injustificado, es un despropósito que atenta en contra de las garantías individuales y que únicamente beneficiará a criminales y abusadores, a que crezca la impunidad y la violencia. La propuesta carece de un análisis serio y de fundamento, cada fideicomiso es diferente, las generalizaciones estorban por inconsistentes. Dice el gobierno que lo hacen para garantizar la transparencia y la eficacia en el gasto público, mentira, esta cerrazón inaudita tiene que ver con tener acceso discrecional a recursos que hoy deben de estar destinados a proteger derechos humanos y libertades fundamentales, a proteger a víctimas. Afirman que los seguirán protegiendo, pero, proyecto sin presupuesto, lo sabemos, son palabras huecas. Detrás de la desaparición de este fideicomiso lo único que hay, insisto, es el deseo de hacerse de recursos, de ordeñarlos y de destinar los recursos de manera discrecional en medio de una gran opacidad y también de discrecionalidad que genera corrupción. De acuerdo con la Organización Internacional, artículo 19, en el primer semestre de 2020, los ataques a periodistas incrementaron en un 80 por ciento, comparado con el mismo periodo del año pasado. Y, según el último informe de Reporteros sin Fronteras, México es de los países en Latinoamérica más peligrosos para ejercer el periodismo, apenas superado por Venezuela y Honduras. Asimismo, el clima de violencia y los asesinatos, lo sabemos, va en aumento. El mismo presidente ha reconocido en su informe que este clima de violencia, según datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se contabilizan por mes en 2 mil 818 asesinatos, lo que equivale a 94 crímenes diarios, 4 por hora y 1 cada 15 minutos. En este clima todos corremos peligro, pero en especial quienes ejercen una profesión de riesgo. No es momento, pues, de dejar sin presupuesto a los defensores de periodistas y derechos humanos que ponen en riesgo su vida y las de sus familias con el solo objeto de cumplir con su trabajo. No podemos seguir actuando como si los derechos humanos fueran una prerrogativa del poder, tampoco considerando que los periodistas críticos del régimen son enemigos por el hecho de ejercer la libertad de expresión. El bien común del país exige rectificar, de otra forma la desaparición de este fideicomiso será una de las mayores incongruencias históricas de este régimen supuestamente liberal. Diputadas y diputados, aún es tiempo de recapacitar, aceptemos las modificaciones pensando en las víctimas, no en la decisión de un gobierno centralista que desea disponer discrecionalmente de estos recursos. Es cuanto, diputada presidenta.