La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: La creación del sistema nacional de combate a la corrupción debe ser el inicio de una transformación en el ejercicio del gobierno. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, este es probablemente el tema más trascendente que hemos discutido en la presente legislatura. La creación y la aprobación del marco normativo que dará forma al sistema nacional anticorrupción son una demanda y una deuda que tenemos con el pueblo de México. En Nueva Alianza estamos comprometidos con el combate a la corrupción. Así lo hemos manifestado en nuestra agenda y en nuestros principios doctrinarios. El sistema nacional anticorrupción se construye con base en el artículo 113 constitucional que lo instituye como la instancia de coordinación entre las autoridades de los diversos órdenes de gobierno para la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. La corrupción cuesta demasiado a México. De acuerdo con el estudio México, Anatomía de la Corrupción, realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad y el Centro de Investigación y Docencia Económica, la inversión se reduce hasta en un cinco por ciento, el mismo porcentaje de ventas se pierden anualmente sin contar con 480 mil empleos caídos por causa de la piratería. La corrupción nos cuesta, compañeras y compañeros, entre el dos y el 10 por ciento del producto interno bruto de nuestro país. El dictamen que nos ocupa es el resultado de un trabajo conjunto de la sociedad civil participativa y propositiva, es una sociedad en particular a esa sociedad, a los 634 mil personas que firmaron la Iniciativa Ciudadana, conocida como la Ley Tres de Tres y a las instituciones que ayudaron a construir este esfuerzo a quienes debemos reconocer que estas acciones son contundentes y en favor de la patria. Para Nueva Alianza éste es un inicio, no podemos caer en el triunfalismo, mucho menos en la ingenuidad, aún falta mucho para consolidar este sistema nacional anticorrupción, pero hemos dado el primero paso para resarcir nuestra deuda con la sociedad. De acuerdo con lo estipulado por la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, éste se integrará por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales de las entidades federativas a través de sus representantes. El Comité Coordinador establecerá los mecanismos de coordinación y tendrá bajo su encargo el diseño, la promoción y la evaluación de las políticas públicas de combate a la corrupción. Mención especial merece la creación del Comité de Participación Ciudadana, que se constituye como una pieza fundamental del nuevo sistema, ya que contribuirá al cumplimiento de sus objetivos y fungirá como el vínculo entre las organizaciones sociales y académicas. El Comité Coordinador será presidido por un integrante del Comité de Participación Ciudadana, lo que significa que en el centro del sistema está presente la ciudadanía. En cuanto al sistema nacional de fiscalización, éste establecerá acciones y mecanismos de colaboración para promover el intercambio de conocimientos, ideas, experiencias para una mejor fiscalización de recursos públicos. Quiero destacar la creación de la plataforma digital nacional, que contará con la información sobre los diversos sistemas que se crean con la ley tales como la evolución patrimonial, la declaración de intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal o el sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, entre otros. Por lo que se refiere a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que se pretende es distribuir las competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran incluyendo a los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Establece también los mecanismos, los procedimientos para su aplicación y la prevención de los actos de corrupción. Esta ley se ha visto en el centro del debate debido a que se incluye la obligación de los servidores públicos para hacer precisamente públicas las declaraciones patrimonial y de interés. En este sentido el artículo 29 señala que las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas, salvo los casos cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por nuestra Constitución. De este modo se busca privilegiar el principio de máxima publicidad y fomentar la transparencia en la actuación del servicio público. Finalmente, compañeras y compañeros, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determina la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del tribunal y formará parte importante del sistema nacional anticorrupción. Se amplían las competencias del tribunal y se incorpora una sala que será competente en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y se crean algo muy importante salas especializadas en materia de responsabilidades. En Nueva Alianza estamos convencidos que estos ordenamientos para crear el sistema nacional anticorrupción nos pondrán en el camino correcto para lograr y México más confiable, más libre y más transparente. Muchas gracias.