La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. El Grupo Parlamentario de Morena condena enérgicamente el asesinato de Gisela Mota Ocampo, ex diputada federal y alcaldesa en funciones de Temixco, Morelos, hecho terrible que nos llena de indignación y profundo pesar. Para nosotros sí se trata de un feminicidio. México vive la crisis de inseguridad y derechos humanos más grande de su historia, lo que ha incrementado dramáticamente los índices delictivos y las tasas de homicidios. La ausencia de una estrategia pública integral del combate al narcotráfico y el crimen organizado en la administración actual ha provocado un incremento de asesinatos, producto de la violencia y la inseguridad en el país. Solo en lo que va de este sexenio la cifra ronda los 57 mil 410 homicidios dolosos, mientras en el sexenio anterior el Semanario Zeta documentó 83 mil 191 ejecuciones. En los números se refleja que la estrategia de la aprehensión de las cabezas criminales no disminuye la inseguridad y la violencia en el país. Lo que ha variado en este sexenio es la movilidad de la violencia. Si en la pasada administración la sangrienta guerra de carteles y delincuencia organizada estaba en el norte del país, actualmente la inseguridad se mudó al centro y al sureste. Salieron de los primeros cincos sitios del estado con mayor violencia, Sinaloa, Baja California, pero entro Jalisco y Michoacán. La impunidad en México es el primer factor que permite a los sicarios de los carteles de la droga y de las organizaciones criminales continuar su estrategia. El gobierno no ha logrado disminuir la incidencia delictiva relacionada con los homicidios dolosos, tal como se prometió en la campaña y en los primeros meses de la administración. Lamentablemente la estrategia durante estos 36 meses ha sido decretar a través de discursos repetidos en 2013, 14 y 15, una incidencia delictiva a la baja que se ha reducido en sus máxima expresión. En el foro de Davos, el Ejecutivo expreso: Ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente el 30 por ciento de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador. Luego en el 2014, el secretario de gobernación declaro el 29 de julio: La violencia se ha reducido a su mínima expresión. Y en el 2015 continuamos con la misma perorata: Sin duda, los niveles de violencia que se están registrando están disminuyendo, sobre todo, los homicidios y secuestros. La administración llegó a su tercer informe ignorando el verdadero problema de la violencia que se evidencia todos los días en el país con homicidios dolosos. En el gobierno se continúa en su afán de ocultar la cantidad real de asesinatos. Por su lado, los gobiernos estatales hacen lo mismo, todos insisten en dejar de lado al único dato que es consiente y consistente, la falta de denuncias por parte de la ciudadanía en un 90 por ciento de los delitos. El resultado es la inseguridad, porque la seguridad nunca llega a los ciudadanos. Lo que tenemos no es seguridad coproducida entre gobierno y gobernados, como orienta el paradigma democrático, es la seguridad impuesta mediante un formato que hace del abuso una rutina. En 2016 comenzó de manera trágica para la vida política de México la violencia sistemática que ha sufrido nuestro país en las últimas décadas, ha dejado decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados. En la actualidad resulta evidente que en Morelos y otros estados del país existe un mando único. El crimen organizado ha conquistado espacios de poder y la toma de decisiones. Se puede decir que el narco poder, donde se ha implantado, cumple las funciones del Estado, legisla, gobierna y ejecuta. Gisela Mota ganó la presidencia municipal de Temixco, Morelos en las elecciones del 2015 y asumió el puesto el 1 de enero de este año. Duró apenas un día, pues a la mañana siguiente fue asesinada a balazos en la sala de su casa. En su discurso enfatizó que el combate a la delincuencia sería frontal. Probablemente este discurso designó, desafortunadamente, su sentencia de muerte. El asesinato de la alcaldesa ocurre en un contexto de deterioro en las condiciones de seguridad de Morelos. En 7 años el nivel de homicidios se triplicó y la entidad pasó de estar por debajo de promedio nacional de asesinatos, a ocupar el cuarto lugar. Según datos de la asociación de autoridades locales de México, durante el gobierno actual se han cometido 41 asesinatos de alcaldes, lo que implica que no estamos ante un hecho aislado sino ante una emergencia nacional en materia de seguridad. Y en México tampoco existen protocolos de protección para alcaldes o integrantes de los cabildos, no obstante la larga lista de autoridades municipales asesinadas. El gobernador de Morelos no ha entendido ni el reclamo de la sociedad ni el rol que desempeña como jefe del Ejecutivo en aquella entidad. Ante la inseguridad que priva en el estado responde a un autoritarismo al imponer una medida de dudosa constitucionalidad. Incluso se han presentado controversias constitucionales para poner en entredicho su manotazo autoritario, con el que intenta eludir toda responsabilidad política ante el fracaso de su administración. Solo es una distracción y mal hace al confrontarse con las autoridades municipales, esto en nada beneficia a los ciudadanos, la política es el arte de convencer, no vencer. Por último, el Grupo Parlamentario de Morena, expresa su más sincera condolencia a los familiares de Gisela Mota Ocampo, al mismo tiempo que ofrece su apoyo y solidaridad. Ni una más, ni uno más. Es cuanto, señor presidente.