La diputada Merilyn Gómez Pozos: Gracias, presidente. Contar con un instrumento que permita una verdadera representación de la sociedad, erradicar los actos de corrupción y tener un control estricto sobre las actividades de los cabilderos, fueron mis motivaciones para presentar la iniciativa que hoy nos ocupa. Nos encontramos ante un dictamen que recoge varias de mis propuestas pero que deja espacios para que persistan algunas malas prácticas que anteponen los intereses económicos sobre la representación ciudadana. La motivación de mi iniciativa era permitir que todas las voces sean escuchadas y que encuentren en esta Cámara solución a sus demandas. Desde la LVII Legislatura a la fecha se han hecho importantes esfuerzos para regular las actividades del cabildeo sin consolidar una norma que de fondo regule democráticamente esta actividad. Actualmente es considerado cabildero sólo aquellos individuos ajenos a esta Cámara que representen a una persona física o moral, con el afán de conseguir un interés económico. Si bien es cierto que la actividad de los cabilderos tiene algunas ventajas como otorgar una mejor información a los legisladores, acceso al conocimiento especializado y un fortalecimiento de las vías de comunicación, lamentablemente la regulación en México sobre el tema sigue siendo insuficiente para conseguir que ese instrumento verdaderamente sirva como un motor de democratización de las decisiones públicas. Entre los cabilderos finalmente acreditados destacan intereses sólo de grandes corporaciones y no del ciudadano común. Aun cuando existe la restricción al número de cabilderos por comisión, el Reglamento carece de un apartado que fije el límite de estos actores por el concepto de persona moral. Ante esta omisión es posible que un solo consorcio, empresa o transnacional, cuente con una gran cantidad de representantes dentro de esta Cámara. Derivado de lo anterior aplaudimos el respaldo de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Reglamentarias al retomar en el dictamen la propuesta de incluir dentro del Reglamento de la Cámara de Diputados, la restricción de que no podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. Asimismo, el establecer un número máximo de 20 individuos por comisión y dos por persona moral inscrita para realizar actividades de cabildeo dentro de la Cámara resulta de suma importancia. Sin embargo, insistimos que en el numeral 2 del artículo 263 se debe eliminar que el cabildero es aquella persona que realice acciones por las que obtenga un beneficio material o económico, ya que esto vicia el comportamiento de un mecanismo que tiene como propósito la representación e inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones. No dejaremos de insistir. Si nuestro país desea transitar a una verdadera agenda colectiva donde la toma de decisiones de los poderes públicos cuente con la mayor pluralidad posible, donde todos los ciudadanos tengan la posibilidad de ser cabilderos, donde existan mejores condiciones para transparentar la toma de decisiones y donde las organizaciones y grupos representativos de la sociedad encuentre una plataforma para ser escuchados, es necesario establecer mejores lineamientos para el funcionamiento del cabildeo. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen, con las reservas que merece. Gracias, Presidente.