La diputada Verónica Delgadillo García: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, en un país en el que el crimen organizado se ha enquistado en la vida pública resulta imprescindible, no solo fortalecer los esquemas policiales y nuestras propias instituciones de seguridad, sino también reconocer que necesitamos reorientar los instrumentos jurídicos con los que ya contamos, mediante los que combatimos las estructuras financieras de las organizaciones criminales. En los Estados Unidos y en Italia, países que en décadas pasadas enfrentaron a poderosas organizaciones criminales que estuvieron a punto de colapsar sus sistemas judiciales y policiacos, diseñaron en los años 70 y 80 legislaciones más estrictas para combatir, tanto el poder criminal y de fuego, como las estructuras financieras de las organizaciones criminales. En 1970, en Estados Unidos entró en vigor la conocida Ley ROCO, que sirvió para desmantelar entre otras la red mafiosa de John Gotti, que era en ese momento la mayor organización criminal de Nueva York. Esta legislación entró y vio sus esfuerzos centrados en incluir hasta 27 delitos en el tipo penal del crimen organizado. Italia, en 1982 aprobó la llamada Ley Rognoni-La Torre, que centró sus objetivos en desmantelar las organizaciones mafiosas a través del control y vigilancia de sus actividades económicas y de sus vínculos con la clase política, lo que logró el encarcelamiento de los principales líderes mafiosos de Italia. Hoy México atraviesa un momento crítico en materia de corrupción y de impunidad, en donde vemos un connubio entre el crimen organizado y sectores de la clase política, afectando en términos reales la viabilidad y continuidad de las instituciones democráticas de nuestro país. Así pues, en medio de discusiones sobre seguridad interior, debemos traer a la mesa instrumentos que permitan combatir de fondo las estructuras que ha generado el propio crimen organizado, así como sus redes de corrupción que están enquistadas en la vida política de México. México se encuentra en un momento en que no solo los capos del crimen organizado, sino un creciente número de ex gobernadores y políticos pasan a formar parte de los delincuentes más buscados: Javier Duarte, Tomás Yarrington, César Duarte, Roberto Borge, Andrés Granier, son ejemplos vergonzosos de auténticas estructuras criminales, que explican sin duda la necesidad de que el tipo penal sobre delincuencia organizada sea ampliado e incluya los delitos relacionados con la clase política, como el peculado, el enriquecimiento ilícito, el fraude, el soborno, el tráfico de influencias, la extorción, la usurpación de funciones, entre otros. La inclusión de estos delitos en el tipo penal sobre la delincuencia organizada permitirá sin duda seguir con mayor eficacia los activos financieros que tienen las organizaciones criminales y su poder corruptor en la clase política. Como señala Edgardo Buscaglia, en su libro Vacíos del poder en México, cómo combatir el crimen organizado, las estructuras financieras y patrimoniales que tiene el crimen es la parte más importante de su actividad operativa y es necesario analizarlas para tener investigaciones serias y con ello desactivar todas las redes de corrupción que ellos generan. Mediante la presente reforma de la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se podrá reforzar la vigilancia sobre los activos financieros del crimen organizado y, con ello, identificar todas las redes y el complejo andamiaje de corrupción que está vinculado a la clase política de nuestro país. En Movimiento Ciudadano estamos seguros de que para construir una sociedad más segura y en paz, no basta con incrementar el poder del fuego de nuestras policías, si no se trata de militarizar los esquemas actuales... Ni se trata de militarizar los esquemas actuales de seguridad, sino que debemos construir mejores herramientas de combate al crimen organizado que ataquen su razón de existir desde su raíz, acabando así con la impunidad de quienes desde el servicio público se corrompen y corrompen al servicio del crimen organizado. Es cuanto, señora presidenta.