El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, iniciamos un nuevo periodo legislativo en un 2010 cargado de enormes simbolismos históricos, sociales, económicos, políticos y culturales. Lamentablemente lo hacemos en un México profundamente lastimado y desesperanzado. La mayoría de la gente no ve motivos para celebrar nada o casi nada, ya que el 70 por ciento de la población padece algún tipo de pobreza de acuerdo con cifras oficiales. Tan sólo en los dos últimos años ha crecido en un 4 por ciento la cifra de pobres en las ciudades, que son uno de los destinos de quienes emigran de las zonas rurales en búsqueda de nuevas oportunidades. Ello va de la mano con el aumento del desempleo, aunado a la creciente inseguridad, la guerra fallida del Estado contra la delincuencia organizada, los atropellos contra los derechos humanos, en general y el propio de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo; el crecimiento de la corrupción, el fortalecimiento del autoritarismo, del caciquismo, del corporativismo y de los poderes fácticos, así como del deterioro de nuestro sistema educativo, la casi nula inversión en ciencia y tecnología y la falta de controles reales de la sociedad sobre los gobernantes. Después de 10 años de alternancia política en la Presidencia de la república no ha habido cambio de régimen político, tampoco ha habido alternativa económica. Hace unos días el investigador Diego Valadés decía que tenemos una sociedad moderna, regida por un Estado arcaico y puntualizaba que las consecuencias de esa contradicción se pagan con pobreza, injusticia y violencia. La semana pasada, los dirigentes nacionales y senadores de los partidos políticos reconocían esta disfuncionalidad institucional; admitían el deterioro del viejo régimen presidencialista y el desprestigio de la política y de los políticos, así como el desprestigio de los legisladores, precisamente por la falta de resultados ante las expectativas de la gente. Para salir de ese círculo vicioso y lograr canalizar por vías institucionales las potencialidades y las demandas de nuestra sociedad plural es necesaria la construcción de acuerdos, sin dejar de reconocernos en nuestra diversidad política e ideológica. Al México de 2010 le urge un cambio verdadero en la economía y una profunda reforma del régimen político. Los parches ya no sirven, mucho menos el retorno al pasado autoritario, que hasta los mismos priístas por cierto, señalaron en ese seminario del Senado. Tampoco nos ayudan los chantajes producto de sectarismos partidistas. Viraje económico y reforma política van de la mano para lograr el objetivo de mejorar la vida de la gente. El rector de la UNAM, José Narro, ha dicho que urge refundar la república. ¿Cómo se traducen estos preceptos en nuestro trabajo legislativo inmediato aquí, en la Cámara de Diputados? En opinión nuestra, en los siguientes rubros: Uno. Generar las condiciones para propiciar la inversión privada y con ello la creación de empleo y el crecimiento de la economía con una visión social orientada a atemperar la insultante desigualdad y lograr la equidad entre todas las mexicanas y los mexicanos. La oportunidad la tenemos aquí en la Cámara de Diputados, a través del grupo especial que ya creamos para buscar un nuevo pacto fiscal y hacendario durante los próximos tres meses, a efecto de que terminemos con los regímenes de privilegios y paraísos fiscales. Que paguen los que no pagan como deben pagar, como una concepción de progresividad y con principios federalistas. El IVA a alimentos y medicinas, hay que decirlo, sería un atentado contra las grandes mayorías e incluso un golpe contra importantes sectores productivos como lo ha reconocido el Consejo Nacional Agropecuario, el cual forma parte del Consejo Coordinador Empresarial. Dos. Como parte de la reforma del Estado establecer expresamente en la Constitución el carácter laico del Estado mexicano, con todas sus consecuencias, sobre todo ahora que enfrentamos un embate de las fuerzas más conservadoras de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, avanzar en el equilibrio de poderes, especialmente otorgando mayores facultades al Legislativo para participar mediante el Plan Nacional de Desarrollo en la planeación de la política económica y social con visión de Estado, así como en la política exterior. Lograr el reconocimiento constitucional, la exigibilidad y universalización de los derechos sociales para las clases medias y para el grueso de la sociedad. Al igual que el reconocimiento constitucional de los derechos humanos dentro del marco de un Estado incluyente, sin discriminación de ninguna índole y en la que se consolide la visión de género como eje transversal del desarrollo igualitario. Hacer posible la participación directa de la sociedad en los asuntos fundamentales de la vida pública, a través del referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato. Impulsar la autonomía del Distrito Federal para restituirles los derechos plenos a sus habitantes. Lograr el reconocimiento de nuestros pueblos originarios como sujetos de derechos individuales y colectivos, y ampliar sus espacios de participación en la toma de decisiones. Mejorar la legislación para defender y preservar el medio ambiente y llevar a la Constitución el derecho al agua. Mantener la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos y la energía eléctrica al mismo tiempo que impulsamos energías alternativas y limpias. Dentro de ello también un tema de primordial importancia es la autonomía del Ministerio Público y especialmente la revisión de las figuras del arraigo y los testigos protegidos, de las cuales se ha abusado brutalmente, como lo vimos recientemente en Michoacán. Tres. De manera especial requerimos aumentar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y promover la transparencia y rendición de cuentas de los Poderes de la Unión y de todos los niveles de gobierno; lograr un régimen de sanciones severas para quienes incurran en actos de corrupción; esforzarnos por crear órganos de contraloría ciudadana; y revisar, de acuerdo con nuestras facultades como legisladores y nuestras obligaciones, todas las cuentas públicas pendientes, incluida la de 2008. Cuatro. En materia electoral nos pronunciamos por las candidaturas independientes, sujetas a reglas que impidan incursiones ilícitas en las contiendas electorales. Al mismo tiempo, por dar un nuevo impulso a los temas que quedaron pendientes en la reforma de 2007 y 2008, entre otras muchas, crear la Ley de Partidos Políticos y la Reglamentación de la Propaganda Gubernamental. Todo lo anterior exige, de nosotros, una profunda reforma interna del funcionamiento y estructura de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, para que seamos más eficaces y verdaderamente productivos, que es lo que nos reclama la sociedad. Ya hemos dicho que el mérito de la propuesta de reforma política presentada por el Ejecutivo federal es haber autorizado el debate, aunque no retoma ni las conclusiones de la CENCA ni siquiera su propio decálogo planteado el pasado 2 de diciembre de 2009 en Palacio Nacional. Reiteramos que no compartimos en lo esencial su contenido, porque el objetivo de su propuesta es consolidar el viejo régimen presidencialista y eliminar la pluralidad política. Hay que recordar que ha sido la actuación de esta pluralidad, por vías institucionales, factor indiscutible de estabilidad, por lo menos desde finales de los años 70. La Revolución del bicentenario y del centenario, que sería la mejor forma de conmemorarlo, será pacífica y democrática si construimos acuerdos con responsabilidad. El PRD está listo para avanzar en esta perspectiva. Si cerramos este camino de los acuerdos, entonces se abrirán las puertas a otras formas de canalización extrainstitucional y antisistémica de los reclamos legítimos de la gente. Con ellos, con los reclamos, refrendamos nuestro compromiso indeclinable como grupo parlamentario. Ya no hay opciones, amigas y amigos diputados, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias.