EL C. DIP. NARCISO ALBERTO AMADOR LEAL: Muchas gracias, ciudadana Presidenta; compañeras y compañeros diputados: El suscrito integrante de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en representación de los diputados que suscriben esta propuesta y con fundamento en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Fracción II del Artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA con Proyecto de Decreto que adiciona los Artículos 73, Fracción 29-D y 115 Fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considero que los desafíos que enfrentamos reclaman... (Leyó la iniciativa, insértese) Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. El suscrito, diputado Alberto Amador Leal integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 73 fracción XXIX-D y 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPOSICION DE MOTIVOS Considero que los desafíos que enfrentamos reclaman una Reforma del Estado dirigida, tanto a su propia estructura y a sus relaciones entre los órganos y órdenes de Gobierno que lo componen, como a su papel en la economía y destacadamente, en el desarrollo social. Lo idóneo a mi juicio, sería partir de una Reforma integral de la Constitución General de la República. En la medida que no se ha dado el momento político para este hecho estamos obligados a presentar iniciativas parciales de reforma a nuestra Carta Magna que, por las propias razones que la sustentan, impulsarán seguramente los consensos y los acuerdos fundamentales para el cambio político y social a que todos aspiramos. El proyecto nacional contenido en la Constitución General de la República entraña un compromiso irrenunciable con la igualdad y la justicia social. Los derechos sociales, garantizados en los artículos 2o., 3o., 4o., 27 y 123, son conquistas que han marcado el perfil económico y social de la nación y que dan sentido al esfuerzo colectivo de muchas generaciones. La consecución de los derechos fundamentales en materia de educación, salud, trabajo, salario,. vivienda que se inscriben en una concepción universal, que al principio parecía irrealizable, se han venido concretando al amparo de las leyes reglamentarias que el Congreso de la Unión ha dispuesto, así como por la renovación permanente del pacto social; del Estado con la sociedad y del pacto federal; de la Federación con los estados y los municipios. El problema social tiene varias dimensiones, a saber: el de la desigualdad en la distribución del ingreso, del consumo o de la riqueza; el de la desigualdad entre los géneros o grupos de la población excluidos del desarrollo; el de los desequilibrios regionales; el de la pobreza moderada que se expresa como una situación relativa en los niveles de vida de las personas y las familias; y el de la pobreza extrema que se entiende como una situación económica absoluta de las personas y las familias que materialmente carecen de condiciones para superar los indicadores de bienestar que caracteriza su vida diaria. En todo caso, resolver cualesquiera de estas expresiones de injusticia entraña un verdadero compromiso de todos, un enfoque integral y una visión de Estado, capaz de armonizar las estrategias económicas y sociales, de tal manera que ambas contribuyan al bienestar y al equilibrio social. Ciertamente, el crecimiento económico es indispensable para crear las bases materiales del desarrollo social, pero no es suficiente para combatir las desigualdades y mitigar la pobreza extrema. Tampoco son suficientes los servicios y acciones del Gobierno de alcance general, para dar cauce a la satisfacción de los derechos sociales universales, dado que aún existiendo la disposición de tales servicios como la educación o la salud, hay grupos de familias que no pueden acceder a esos beneficios. Tal es la complejidad de los fenómenos de pobreza extrema, marginación y exclusión social, que estructuralmente enfrentan la economía y la sociedad mexicanas. La reforma de la economía promovida a inicios de los años ochenta o que un grupo importante de la sociedad, el evidencia que no ha tenido oportunidades de desarrollo, no estuvo en posibilidad de aprovechar los beneficios del crecimiento. Además, la presencia de crisis recurrentes hicieron que el costo de la crisis ampliara las brechas entre los niveles de ingreso, consumo y de riqueza y, por tanto extendiera el fenómeno de la pobreza. De ahí que en la última década, se ha propiciado un conjunto de modificaciones a las políticas públicas., en materia de desarrollo social y descentralización, que impactan significativa mente los instrumentos para atacar el fenómeno pernicioso de la pobreza. Al mismo tiempo, se ha avanzado en una concepción integral que reconoce que, para superar este obstáculo, es indispensable un enfoque multidimensional que aborde, al mismo tiempo, los problemas de alimentación., salud y educación; de productividad e ingreso; y de acceso a los servicios básicos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1996, por primera vez se estableció que el 65% de los recursos de¡ entonces denominado ramo 26 (Desarrollo Social y Regional) se distribuyera a través del Fondo de Desarrollo Social Municipal con base a una fórmula que contempló indicadores de pobreza de cada entidad federativa. A efecto de asegurar una distribución justa y equitativa y un mecanismo transparente y auditable, se aplicaron fórmulas similares de asignación de recursos de los estados a los propios municipios. En noviembre de ese mismo año, como parte del Programa Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, el Gobierno Federal sometió a consideración de esta Asamblea, en el proyecto de decreto del Presupuesto para el ejercicio de 1997, una estrategia de tres vertientes para superar la pobreza: A) El Programa de Educación, Salud y Alimentación, como un esfuerzo para romper el círculo de la pobreza extrema, caracterizado por la desnutrición, los altos índices de mortalidad infantil, el abandono escolar y, en general., condiciones de vida insalubres. B) La creación de oportunidades de empleo e ingreso que permitan aprovechar las capacidades personales y acrecentar el capital físico y social de las familias; y C) La construcción de infraestructura social para abatir de los rezagos en materia de servicios de agua potable, drenaje, salud, educación y vivienda. En los últimos meses de 1997 inició el Programa de Educación, Salud y Alimentación integrado por un conjunto de apoyos directos, as¡ como con una transferencia monetaria que incentiva la permanencia de !os niños y las niñas en las escuelas. En el decreto que autorizó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998 y en la Ley de Coordinación Fiscal, esta Asamblea aprobó una modificación decisiva en la descentralización de los recursos incorporando el ramo 33 denominado Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios por medio del cual se transfirieron a los estados, municipios y al D. F., significativos rubros del Gasto Social de Educación, Salud, Alimentación, Infraestructura Social, Desarrollo Regional y Seguridad. La transferencia de estos recursos fue a través de la figura de aportaciones federales que, a diferencia de las participaciones, tiene un destino específico para otorgar a la ciudadanía la provisión de los servicios ligados a estos recursos, así como una asignación más o menos clara de las responsabilidades para cada nivel de Gobierno en la ejecución, vigilancia y rendición de cuentas de dichas aportaciones, tal y como a partir de ese año se establece en la Ley de Coordinación Fiscal. En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Coordinación Fiscal de los años subsecuentes, se han ampliado y consolidado, tanto la estrategia de la superación de la pobreza, como la de descentralización de recursos a estados y municipios. A la vez, las reglas de operación para el conjunto de programas sociales implicados en el presupuesto, incluyendo los de alimentación, han avanzado en la definición de la población beneficiaria de las transferencias monetarias o en especie, en la transparencia y en las acciones coordinadas de los tres órdenes de Gobierno. Sin embargo, debemos reconocer que la multiplicidad de programas y el acelerado proceso de descentralización han dejado vacíos jurídicos e institucionales que pudieran constituirse en obstáculos para el propósito final de ampliar los horizontes de progreso y de oportunidades para todos los mexicanos. Por un lado, en la Ley de Coordinación Fiscal se han incluido criterios de asignación de recursos que son propios de la naturaleza de esta ley en el marco de un federalismo fiscal que aspira a consolidarse. A la vez, se han incluido criterios de carácter social que por el origen fiscal de ese ordenamiento secundario, han resultado francamente limitados. Se ha puesto, así, en evidencia la necesidad de una Ley de Coordinación en materia de Desarrollo Social más apropiada para establecer las normas, los criterios y las competencias institucionales que hagan posible la integridad y eficacia del conjunto de programas sociales aludidos. Así también, las disposiciones del decreto del Presupuesto de Egresos son insuficientes ya que las modificaciones anuales están sujetas a la percepción coyuntural de los responsables de construir la propuesta de presupuestos o de los actores con capacidad de negociación que promueven, como es natural, intereses sectoriales o regionales específicos. Por otro lado, las reglas de operación de los programas que siguen siendo responsabilidad de la Federación y las que son establecidas por los gobiernos de los estados, dejan espacios abiertos a la discrecionalidad, de tal manera que son comunes las diferencias entre gobiernos municipales y estatales, y de estos con la Federación, lo que finalmente deviene en ineficiencia e ineficacia en la aplicación del gasto que finalmente afecta a la población de bajos ingresos. En este marco, la diputada Clara M. Brugada Molina, del grupo parlamentario del PRD, presentó el 27 de abril del 2000 una iniciativa Ley General de Desarrollo Social que intenta ser una alternativa para el problema en comento. El dictamen sobre dicha Iniciativa, turnada a la Comisión de Desarrollo Social, ha tenido obstáculos, por la propia complejidad del tema, además de que se requiere delimitar su ámbito de aplicación, en la medida que existen ya ordenamientos reglamentarios respecto de los derechos de educación, vivienda y salud, lo que deviene en dudas fundadas respecto a la pertinencia del actual marco constitucional sobre la materia. Por otro lado, en este lapso se ha avanzado en las reformas constitucionales a los artículos 2o., que garantiza los derechos de las comunidades indígenas; 4o., que establece, entre otros, el derecho de las niñas y los niños a la alimentación, la educación y la salud, y se han presentado sendas iniciativas para ampliar el objeto de este artículo en materia de alimentación, así como del artículo 30 para hacer obligatoria la educación preescolar. Destacadamente, las reformas a la Constitución en materia de derechos y cultura indígena imponen un conjunto de obligaciones en torno a los programas sociales y a la urgencia de materializar la coordinación de los tres órdenes de Gobierno en las acciones concretas para construir una propuesta integral de desarrollo social en las comunidades indígenas. Considerando, además, que la mayoría de las fracciones parlamentarias tienen en su Agenda Legislativa, la intención de promover una Ley sobre el Desarrollo Social es pertinente promover adiciones a los artículos 73 y 115, en el afán de crear el marco constitucional pertinente del que derive una ley secundaria que establezca las bases de coordinación de las acciones de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en materia de Desarrollo Social para la superación de la pobreza y la marginación. En consecuencia de lo anterior, propongo a esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 73 fracción XXIX-D y 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo primero. Se adiciona el artículo 73 fracción XXIX-D, en los siguientes términos: Artículo 73. . . XXIX-D. Para expedir leyes, sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; así como para establecer las bases de coordinación de las acciones concurrentes de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en los programas de Desarrollo Social para la superación de la pobreza, la marginación y la exclusión social. Artículo segundo. Se adiciona el artículo 115 fracción V, en los siguientes términos: Artículo 115. V. . . j) Participar, conjuntamente con la Federación y los Estados, en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo social para la superación de la pobreza, la marginación y la exclusión social. ARTICULO TRANSITORIO Úico. Las presentes reformas entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La lucha contra la pobreza, la marginación y la exclusión social es un imperativo ético de la sociedad, es una obligación del Estado y una tarea que no admite demoras ni vacilaciones. Mucho agradeceré se dé turno a las comisiones de Puntos Constitucionales y, en lo conducente, a la Comisión de Desarrollo Social. Atentamente. Palacio Legislativo, San Lázaro, a 25 de octubre de 2001. Diputado Narcizo Alberto Amador Leal.