EL DIP. SERGIO ACOSTA SALARZAR: Diputado Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: El Partido de la Revolución Democrática se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción. La pena capital es la negación más extrema de los derechos humanos, consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del estado, y en nombre de la justicia viola el derecho a la vida que proclama la declaración universal de los derechos humanos, es el castigo más cruel e inhumano y degradante. Nunca puede haber justificación para la tortura ni para el trato cruel, al igual que la tortura una ejecución constituye una forma extrema de agresión física y mental a una persona. Si la mayoría de la gente se indigna cuando oye relatar casos de individuos a quienes se les han aplicado 100 voltios de electricidad en zonas sensibles del cuerpo para torturarlos, no debería sentir aún más indignación por la aplicación de 2 mil voltios a una persona para matarlos. El dolor física que provoca la acción de matar a un ser humano no puede ser cuantificado ni tampoco el sufrimiento mental de saber de ante mano que se va a morir a manos del estado. La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se usa de forma desproporcionada contra los económicamente desfavorecidos, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas se impone y se ejecuta arbitrariamente. La pena capital legitima un acto de violencia llevado a cabo por el estado y es inevitable que se cobre víctimas inocentes, mientras la justicia humana siga siendo falible, no se podrá eliminar el riesgo de ejecutar a un inocente. Por ello, seguiremos pidiendo incondicionalmente la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Al oponernos a la pena de muerte no intentamos en modo alguno restar importancia ni dar nuestra aprobación a los delitos de los que fueron declarados culpables los condenados a muerte. Como partido político nos preocupamos por las víctimas de abuso contra los derechos humanos y no tratamos de menospreciar el sufrimiento de los familiares de la víctimas del asesinato, cuyo dolor compartimos plenamente. Sin embargo, la finalidad y la cruel inaherente a la pena capital hacen que este resulte incompatible con las actuales normas de conducta civilizada y que sea una respuesta inadecuada e inaceptable a los delitos violentos. La pena de muerte ha sido y continúa siendo utilizada como instrumento de discriminación racial y en la mayoría de estos casos las víctimas son condenadas a muerte tras juicios sin garantías. La declaración universal de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 48, en repuesto al asombroso grado de brutalidad y terror estatal de la Segunda Guerra Mundial reconoce el derecho del individuo a la vida. El protocolo número seis al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte adoptado por el Consejo de Europa en 1982 dispone claramente la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz. Es por eso que el día de hoy solicitamos que nos unamos a los esfuerzos y exijamos la conmutación de la pena de ejecución de Miguel Angel Flores Rangel prevista para el próximo 9 de noviembre. Miguel Angel Flores es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua y será asesinado con una inyección letal. En su detención se vio flagrante el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares que obliga al gobierno que detiene a un extranjero, a informarle al momento de su detención, de su derecho a contactar a las autoridades de su país y en el caso de Miguel Angel Flores, la violación a este derecho fue tan flagrante que el consulado mexicano conoció del caso hasta en un año después de habérsele dictado sentencia de muerte. Es por eso que el Partido de la Revolución Democrática se une a este Punto de Acuerdo y que obviamente paremos tantas muertes que estamos lo único haciendo, retrocediendo a una vida medieval.