El diputado Daniel Torres García: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto, con el objeto de que los trabajadores acreditados por el Fovissste y el Infonavit no sean defraudados con la aplicación de sus créditos en viviendas inexistentes, a medio construir, sin servicios públicos, sin urbanización o con vicios ocultos, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las personas que viven de su trabajo, de la venta de su fuerza de trabajo, y sus familias no son mexicanos de segunda, tienen el mismo derecho a gozar de las garantías individuales y sociales consagradas en nuestra Constitución, sin exclusión alguna. Por otra parte, las instituciones públicas no deben servir de celada para defraudar los derechos de los trabajadores; por el contrario, deben ser instancias de tutela y legalidad a favor del pueblo de México, con mayor razón tratándose del ISSSTE, que como su nombre lo indica, tiene como esencia brindar seguridad a los trabajadores en materias fundamentales como los servicios de salud, pensión y vivienda, entre otros. Así, los trabajadores acuden al ISSSTE y, concretamente al Fovissste, porque tienen la necesidad de un crédito para vivienda, y porque entienden que acuden a una instancia de la administración pública, regida por el estado de derecho y la buena fe. En tal virtud, cuando tramitan el otorgamiento de un crédito, en ningún momento piensan que el instituto se va a prestar para que su nombre y carácter institucional sirvan a empresarios sin escrúpulos y funcionarios corruptos para violentar la confianza y los más elementales derechos de los trabajadores, transformándose este instituto en máquina de fraudes masivos. Desafortunadamente a medida que el ISSSTE va siendo privado de su rostro como institución para la justicia social y se maltransforma en una empresa de lucro, en la misma medida sirve de cubierta para que los trabajadores sean víctimas de los más crueles delitos en materia de vivienda. Un número creciente de derechohabientes del ISSSTE de todo el país viene denunciando, entre otros: a) Que el otorgamiento del crédito se les condiciona a que los apliquen en los fraccionamientos que les indica el Fovissste o el sindicato de la dependencia o entidad relativa, en colusión con las empresas constructoras, Sofoles o bancos involucrados; y de no acatar las disposiciones les son negados dichos créditos. Es decir, se les obliga a hacer uso del crédito donde conviene a los intereses del lucro, privándoles del derecho de adquirir la vivienda que más les conviene, como si el acceso a créditos fuera una caridad pública y no un derecho de los trabajadores, que se obtiene después de años de cotización, de sacrificios económicos, después de llenar una serie de requisitos señalados en la Ley del ISSSTE, y las disposiciones reglamentarias. b) Adicionalmente, los trabajadores acreditados son sujetos al sistema conocido como "preventa", proyectos de construcción en terrenos ?o en terrenos en construcción? de manera que a la fecha en que se contrató la entrega de la casa o departamentos, éstos no se encuentran construidos en lo absoluto o están a medio construir, sin servicios públicos, sin urbanización y con vicios ocultos. c) No obstante lo anterior ?cual tienda de raya? se da el abuso de que el Fovissste realiza los descuentos con toda puntualidad, por viviendas que los trabajadores jamás recibieron o recibieron a medias, y llenos de conflictos legales. Todo esto en abierta oposición al artículo 123 constitucional, y a los artículos 169, 178 de la Ley del ISSSTE; 1o., 2o., 3o. y 41 de la Ley del Infonavit, que establecen como un derecho del trabajador la libre elección de la vivienda a la que aplicará su crédito. Además de establecerse que el crédito debe aplicarse para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, no de simples terrenos o de habitaciones o viviendas a medio construir, o que tengan vicios ocultos, humedades, cuarteaduras, etcétera. Todo lo cual además se agrega al patrimonio familiar constituido por la respectiva vivienda, mismo que debe ser objeto de especial protección por parte del Estado, según lo ordenado por la fracción XXVIII del apartado A, del propio artículo 123 constitucional. No obstante lo condenable de estos hechos, nada se ha hecho por el ISSSTE, la PGR y el Poder Judicial, nada han hecho para remediar estos abusos, poner alto a estos crímenes y castigar a los culpables, todo entra en la lógica del neoliberalismo, que ve como algo legalizado el desmantelamiento de las instituciones sociales en la guillotina de la privatización, el despojo de los bienes y derechos a los que menos tienen para su entrega a una minoría de ricos insaciables. Desde luego, estos abusos no sólo son sufridos por los trabajadores al servicio del Estado, sino por los trabajadores que obtienen sus créditos del Infonavit, razón por la cual nuestras propuestas serán extensivas a la ley de este último instituto. En complemento, las autoridades jurisdiccionales también deberán asumir un papel fundamental para corregir estos abusos, entendiendo con justicia y prontitud las demandas que ante él mismo se interpongan. Con base en todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma a las leyes del ISSSTE e Infonavit en los siguientes Términos Artículo 1°. Se reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículo 178. El importe del crédito no se podrá aplicar en casas y departamentos, incluidos los que forman parte de fraccionamientos, unidades habitacionales y demás análogos, que no estén totalmente concluidos con los mínimos de calidad, contando con todos los servicios públicos, urbanización y accesos. Esto, previo dictamen que deberá realizar el Instituto bajo su responsabilidad. Queda por tanto, prohibida, la aplicación de los créditos a preventas o proyectos de construcción o a cuales quiera otra forma jurídica análoga. Título Sexto. De la responsabilidad, sanciones y delitos. Artículo 254 Bis. Se impondrá sanción de 2 a 10 años de prisión a los servidores públicos del Instituto y demás personas que condicionen el otorgamiento de un crédito de vivienda; inciso d) a que el trabajador aplique su importe en la casa o apartamento que aquellos le impongan, lo aplique en un terreno sin construcción, lo aplique en un departamento, casa o fraccionamiento, unidades habitacionales o demás análogos no construidos al 100 por ciento, sin servicios públicos, sin urbanización o con vicios ocultos. Por último: Artículo 1°. Se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Artículo 41. El importe del crédito no se podrá aplicar en casas, departamentos, incluidos los que forman parte de fraccionamientos, unidades habitacionales y demás análogos, que no estén totalmente concluidos con los mínimos de calidad, contando con todos los servicios públicos, urbanización y accesos. Esto previo dictamen que deberá realizar el Instituto bajo su responsabilidad. Queda por tanto, prohibida la aplicación de los créditos a preventas o proyectos de construcción o cualquier otra forma jurídica análoga. Artículo 58 Bis. Se impondrá sanción de 2 a 10 años de prisión a los servidores públicos del Instituto y demás personas que condicionen el otorgamiento de un crédito de vivienda. a) A que el trabajador aplique su importe en la casa o departamento que aquellos le impongan. b) Lo apliquen a un terreno sin construcción. c) Lo aplique en un departamento, casa o fraccionamiento, unidades habitacionales o demás análogos, no construidos al 100 por ciento, sin servicios públicos?