El diputado Roberto Mendoza Flores: Con su permiso, señor Presidente. Diputados y diputadas. El suscrito, diputado Roberto Mendoza Flores, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General presento a la consideración de la Honorable Asamblea la presente iniciativa que reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base a la siguiente Exposición de motivos El mandato ciudadano expresado en las urnas el 2 de julio pasado obliga a los legisladores a impugnar con modificaciones a la legislación que tengan como fin el bien común de la sociedad mexicana. El día de hoy acudo a esta soberanía a efecto de impulsar el reconocimiento de derechos políticos plenos de los hombres y mujeres que, por diversas razones, forman parte de la migración interna que existe en nuestra patria. Uno de los grandes problemas que existen en las políticas que impulsamos a diario los actores que formamos parte del Estado mexicano, es el doble lenguaje que utilizamos ante el fenómeno migratorio, es decir, mientras por un lado nos hacemos eco de las protestas de nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos, aislados de la participación de procesos políticos, legales y derechos fundamentales, so pretexto de la seguridad nacional; del otro extremo de la frontera visualizamos en las legislaciones locales normas, reglamentos y principios de interpretación jurídica e inclusive usos y costumbres que distan mucho de nuestra posición de pronunciarnos a favor de los derechos de los migrantes internos. En el marco de los temas de exclusión del reconocimiento pleno de los derechos de los migrantes internos encontramos la censura e imposibilidad de la participación de los ciudadanos que no siendo nativos de las entidades federativas en donde radican desean acceder a la titularidad del Poder Ejecutivo local. Inclusive existen constituciones locales que disfrazan su xenofobia jurídica permitiendo este derecho pero considerándolo a márgenes de residencia, fuera de cualquier estudio serio de arraigo del estado. Yo preguntaría a los gobernadores y legisladores promotores de normas de las anteriores características: ¿es necesario vivir más de 15 años en un estado para conocer sus problemas? Ejemplo de la falta de un criterio en el informe en el país lo constituyen las Constituciones locales en materia que a continuación los enuncio. La Constitución de Morelos no admite que ningún mexicano, fuera de los nacidos en el estado, pueda ser gobernador. Dicho sea de paso, esta entidad es una de las que más ciudadanos originarios de otras partes del país eligen para vivir. En tanto, las Cartas Magnas de Campeche y Chiapas exigen a los no originarios de estos estados, lazos de consanguinidad familiar para poder aspirar al cargo antes descrito. De igual manera existe un grupo de legislaciones locales que esconden su trato desigual, otorgando la posibilidad de participar a los avecindados con residencias que van de un rango de 10 a 15 años. En este grupo de normas se encuentran los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango, Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo. Cabe decir que el resto de los estados del país establecen un criterio apegado a la Constitución Política e inclusive algunos definen criterios más amplios y progresistas. Caso aparte merecen los que determina la Constitución de Zacatecas ya que mientras por un lado se apega al criterio antes mencionado, sujeta a los aspirantes a la primera magistratura estatal, a un proceso de creación de calidad de ciudadanos, a través del Congreso estatal, que justo es decir escapa a toda lógica jurídica. Compañeros legisladores. Es parte de nuestro trabajo consolidar el Estado mexicano como nación, fortaleciendo el funcionamiento de las instituciones y otorgando los mismos derechos al hombre del sur como a la mujer del norte, sin importar raza, origen étnico y mucho menos territorial. Ante la nueva realidad de la democracia en el país, surge la necesidad de construir consensos que permitan la mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones fundamentales para el desarrollo de la República. Acudo a esta tribuna a invitarlos a que juntos realicemos un ejercicio de reflexión sobre las demandas de abrir las candidaturas a los espacios de tutelaridad del Poder Ejecutivo estatal, siguiendo exclusivamente como requisitos los enumerados que para el Poder Ejecutivo federal dispone la Constitución Política de nuestro país. Todas y cada una de las fases de reforma electoral en México coinciden en el fin de garantizar la participación de los ciudadanos en los mecanismos de transformación de poder político nacional. Ante la solicitud por parte de muchos ciudadanos, a nivel estatal, de participar en los procesos selectivos como candidatos al Poder Ejecutivo en sus entidades, es conveniente establecer márgenes jurídicos de certeza para garantizar la expresión de ejercicio pleno de los ciudadanos de sus derechos de votar y ser votados. Todos los mexicanos merecemos ser tratados como iguales por la ley. Con una reforma de estas características se daría confianza y aumentaría la participación de electores. Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente proyecto de decreto que modifica el párrafo segundo de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el párrafo segundo de la misma fracción en su inciso b) para quedar como sigue. "Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. "Los gobernadores de los estados no podrán durar en su cargo más de seis años. "La elección de los gobernadores de los estados y de las Legislaturas locales será directa en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los requisitos de elegibilidad en los casos de los gobernadores de los estados serán los que para este efecto prevé el artículo 82 de la Constitución en sus fracciones de la I a la VII". a) y b) se derogan. Es cuanto, señor Presidente.