La diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda: Con su venia, señor presidente. Acercándonos al 8 de marzo, la violencia feminicida es un grave problema en nuestro país. Cada día mueren asesinadas por lo menos 11 mujeres, de las cuales 1 es menor de 14 años, y la violencia institucional ejercida por quienes detentan el poder público es reflejo de una sociedad en la que se valora poco la vida y la integridad de las mujeres. Es por ello que resulta absolutamente indispensable que toda funcionaria y todo funcionario sea capacitado en materia de violencia de género, paridad y derechos humanos antes de ejercer su cargo, independientemente si el cargo es por nombramiento o por elección popular. La situación de visualización de las mujeres ha sido un producto de una larga lucha en contra de los estigmas y señalamientos que han sido combatidos por las organizaciones feministas desde todas las trincheras. La reforma constitucional en materia de paridad publicada en 2019 ha implicado un gran cambio en las relaciones políticas y en la participación de las mujeres, cuya presencia en el espacio público debe ser revalorada a la luz de las nuevas circunstancias. Como complemento indispensable, el Congreso de la Unión acompañó esta reforma constitucional con las reformas legales en materia de violencia política de género, por lo cual garantizó el derecho a la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. Debemos dejar claro que la violencia en contra de las mujeres es un asunto de políticas públicas. No es una violencia que se ejerce en la impunidad del hogar, sino que incumbe a toda la sociedad y en este sentido que, además de sancionarla, debemos prevenirla, principalmente en los espacios de autoridad pública, que es en donde las mujeres frecuentemente sufren prácticas discriminatorias y estigmatizantes que imputan y la invitan a no presentar las denuncias o a resistir estas prácticas de manera cotidiana. Desde nuestra perspectiva, todas las personas que ejerzan un cargo de autoridad pública, independientemente de que este sea por nombramiento o por elección popular, deben tener capacitación en materia de paridad, perspectiva de género y derechos humanos, lo cual ayudará en la correcta implementación de políticas públicas y, sin duda alguna, impactará en la discriminación de los índices y disminución en los índices de victimización de las mujeres. La obligación del Estado mexicano para la implementación de esta capacitación es indiscutible. Obligatoriedad. El mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará en el informe final de 2012 recomienda el desarrollo de planes de formación continúa sobre violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres. Adicionalmente, el segundo informe de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Comité de Expertas de este mecanismo en 2014 insistió a los Estados parte a implementar capacitación permanente con contenidos educativos de violencia contra las mujeres dentro de los planes de formación continua de servidores públicos. Es por ello que resulta imprescindible que esta capacitación no se limite a talleres o actividades esporádicas que no responden a un programa permanente o que sean proyecto cuya vigencia es temporal o parcial. Por otro lado, debemos señalar que la sentencia internacional, las varias para nuestro país, han dejado clara la necesidad de esta capacitación, como en el caso González y en otras así llamados entre ellos el Campo Algodonero contra México o el caso Fernández versus México, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado que nuestro país realice capacitaciones de obligatoriedad sobre perspectiva de género a personas de diferentes sectores del Estado. Es por ello que consideramos que esta formación debiera ser obligatoria, no limitada a lo normativo y lograr un aprendizaje que produzca cambios culturales que impacten en la vida de las mujeres. Para ello, los organismos especializados recomiendan la capacitación sostenible y el seguimiento de sus resultados. Un primer paso en nuestro país sería la introducción de un curso básico de derechos humanos, violencia contra las mujeres e igualdad entre los géneros como proponemos, como un requisito previo para quienes quieran asumir un cargo en la administración pública de los tres niveles de gobierno. Con esta iniciativa refrendamos nuestro compromiso no solo para sancionar la violencia feminicida, sino para prevenirla de manera efectiva desde todas las instancias de la administración pública de nuestro país. Obligatoriedad en la capacitación para la protección de las mujeres. Fuerza, 8 de marzo. Gracias, presidente.