LA C. DIPUTADA ROSALIA PEREDO AGUILAR: Muchas gracias, muy buenas tardes, a todas y todos. Nos encontramos hoy en una reunión muy importante que tendrá grandes efectos, así consideramos para la vida parlamentaria de nuestro país, donde estamos intercambiando puntos de vista y propuestas para fortalecer y mejorar el papel que como legisladores tenemos en los distintos ámbitos de la vida pública de México. En particular, en particular en el tema que se analiza la propuesta de los distintos grupos parlamentarios en el que participamos todos y cada uno de nosotros en esta presente Legislatura, junto con las Legislaturas aquí presentes de los estados, podemos discutir sobre la conveniencia de una agenda de interés para el conjunto del pueblo de México. Como todos sabemos, en los últimos años, para ser más precisos en la LVII Legislatura y en lo que va de la LVIII Legislatura, la actuación del Congreso ha sido fundamental en su función sobre todo para el equilibrio, para fortalecer el equilibrio entre Poderes. Quisiera por lo tanto comentar algunos aspectos que para el Partido del Trabajo nosotros consideramos de sumo interés. El tiempo es corto, tendremos en lo sucesivo, esperemos, más oportunidades sobre todo en lo que corresponde al federalismo, que hoy trastoca las fronteras del México mismo, que hoy el federalismo está en este momento ya en el ámbito internacional, ya el tema del federalismo tendrá que ser abordado en otros esquemas al igual que el tema de la reorganización de los trabajadores, por lo menos a nivel de las regiones del mundo, habría que considerar esos nuevos elementos; en algunos foros internacionales y sobre todo organismos parlamentarios internacionales, como es el caso del parlamento Centroamericano, ya se vislumbra una iniciativa y se analiza con mucho cuidado una iniciativa de ley para discutir la reorganización de la clase obrera en términos de la región. Entonces habrá elementos para fortalecer estos temas de federalismo de la organización de los trabajadores y de los problemas que más nos interesan a los conjuntos, tanto de los partidos políticos como de los Parlamentos y de las organizaciones sociales. Tocaría entonces de manera un tanto esquemática lo que sería el tema uno, primero, de la reforma hacendaria. Para lograr mayores recursos fiscales, consideramos que es necesario lograr una mayor eficiencia del Sistema Tributario Mexicano; asimismo se requiere de una transformación a fondo del actual Sistema de Coordinación Fiscal. En este contexto, los temas de interés para ser tratados en el posible foro de reforma hacendaria, serían trasladar mayores atribuciones fiscales a las entidades federativas para el registro, control, recaudación y administración de impuestos federales. Actualmente las entidades federativas cuentan con una amplia infraestructura recaudatoria desde luego, donde los Congresos Locales deberán recuperar, dependiendo el caso, o fortalecer a los órganos de fiscalización; todavía a nivel de los estados hay mucho que tratar sobre este aspecto. Dos. Disponer de la distribución de los ingresos fiscales federales entre los tres órdenes de gobierno; asimismo promover una distribución equitativa entre los mismos con respecto a su capacidad recaudatoria, sin pasar por alto el ejercicio directo de los recursos captados, a efecto de posibilitar la capacidad autónoma y libre en la toma de decisiones de dichos niveles de gobierno, desde luego sin romper con la armonía y la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Esto implicaría modificar el porcentaje de la recaudación federal participable. Tercero. Promover la descentralización total de los programas de combate a la pobreza y asistencia al campo, estableciendo criterios claros en el manejo de los recursos para dejarlos en las manos de instancias estatales y municipales conformadas con la participación de los gobiernos respectivos y de las organizaciones sociales. Sobre la cuestión indígena. En este punto ratificamos nuestro compromiso de seguir impulsando los acuerdos que se firmaron en San Andrés por el Gobierno federal y la organización líder que trató este tema. Estamos convencidos de que la reforma constitucional aprobada en abril del 2001 es notoriamente insuficiente y en nada a contribuido a la salvaguarda de los derechos de los grupos indígenas de nuestro país. Este tema representa una asignatura pendiente para el Poder Legislativo federal y de los estados. En cuanto a la problemática del campo nosotros planteamos que las políticas instrumentadas desde 1982 y profundizadas en1991 han llevado al campo a una situación de crisis estructural, en donde los campesinos no encuentran estímulos para la producción y comercialización. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio ha agudizado las contradicciones en el campo. Las condiciones de miseria de nuestros campesinos se dan en todo el país; de ahí que múltiples organizaciones enarbolen el tema de El campo no aguanta más. Para abatir esta situación de rezago histórico planteamos una revisión profunda del artículo 27 constitucional con el propósito de revertir los aspectos negativos que tuvo a cabo la reforma constitucional de 1991 y donde nosotros incluso hicimos un acotamiento en esos años para pedir que no se burocratizara el tema de la justicia en el campo. Y hoy lo vemos con el tema de ese conflicto que está sonando entre Zacatecas y Durango, donde hay controversias de carácter que van más allá de lo judicial y donde, para dar solución a esos conflictos, estamos entrampados porque hemos generado un sinnúmero de instituciones que atienden o que deciden sobre los conflictos de orden no solamente jurídico sino también social. Consideramos que ahí se cometió un gran error el abrir más ventanillas de carácter judicial para resolver los problemas agrarios y no de simplificar la administración de la justicia agraria. Pero también consideramos que dentro de los aspectos legales es necesario destinar recursos públicos para el financiamiento de las actividades agropecuarias. Es necesario fortalecer a la financiera rural, como organismo encargado de otorgar créditos a los productores. De nada sirve que nuestros campesinos produzcan si no cuentan con los mecanismos necesarios para comercializar y hacer llegar, de manera directa, al mercado sus productos. En cuanto a la reforma laboral coincidimos en la necesidad de impulsar una reforma laboral cuyo propósito sea reinsertar en el ámbito laboral a las condiciones técnico productivas de la economía nacional e internacional. Sin embargo, sin que las conquistas laborales plasmadas en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos se vean disminuidas, se vean afectadas, reconocemos que es imprescindible actualizar las condiciones laborales para mejorar, de manera sustancial, la productividad, pero que el resultado de este incremento se vea reflejado también, desde luego, en la clase trabajadora. En cuanto a la política exterior sostenemos el indeclinable respeto a los principios de la política exterior que se encuentran previstos en la fracción X del artículo 89 de nuestra norma fundamental. Es necesario recordar que cada uno de estos principios tiene una razón histórica que merecieron su incorporación en la Constitución. Hoy más que nunca se hace necesario recordarlos. Esperemos que todavía en estos momentos la decisión que se esté dando haga honor a estos principios porque en la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. 1.- La autodeterminación de los pueblos. 2.- La no intervención. 3.- La solución pacífica de controversias. 4.- La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. 5.- La igualdad jurídica de los estados. 6.- La cooperación internacional para el desarrollo, y 7.- La lucha por la paz y la seguridad internacional. En razón de que México forma parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, como miembro no permanente, y que en el conflicto derivado de la intención del Presidente Bush de agredir militarmente al pueblo de Irák, hoy más que nunca es imprescindible que el Presidente de México instruya a nuestros representantes ante dicho órgano, a que se vote categóricamente en contra de cualquier resolución promovida por los Estados Unidos de América, Inglaterra y España que pretenda legitimar el uso de la fuerza. En ese sentido exigiremos que el Presidente de México cumpla con su obligación de respetar la Constitución, como fue a lo que se comprometió el primero de diciembre del año 2000, cuando asumió ante todos nosotros el cargo. En cuanto a política energética, planteamos que continuaremos en la defensa nacionalista de los recursos energéticos que son de los mexicanos y por lo tanto deben de permanecer en poder del Estado. Nos mantendremos con firmeza en contra de que se privatice la explotación de los hidrocarburos, así como de las distintas etapas que incluyen proveer el servicio de energía eléctrica. Insistiremos en eliminar el uso de los contratos de servicios múltiples, utilizados por PEMEX, ya que éstos constituyen una violación flagrante del artículo 28 constitucional, ya que éste impide en materia de explotación de hidrocarburos, se otorguen concesiones y PEMEX pretende por medio de contratos entre particulares, darle la vuelta a la disposición constitucional. De igual forma rechazaremos categóricamente el fraccionamiento que se pretende hacer del servicio eléctrico a favor de inversionistas particulares, sobre todo extranjeros. Y concluiría diciendo que para nosotros el tema, y recalcaría que el tema del federalismo, para nosotros hoy, no solamente cobra mayor vigencia, sino que, repito, trasciende las fronteras de nuestro país y creo que ello debiera sumarse a esta agenda legislativa. No podemos estar postergando un tema como es el tema de la integración, debemos ya asumirlo como parte de nuestra agenda legislativa, el tema de la integración regional y desde luego, decimos, el discutir el tema que tiene que ver con las reformas laborales. Nosotros en particular, como Partido del Trabajo, presentamos una iniciativa de seguridad social al campo, en la que el Estado asuma como su responsabilidad esta iniciativa. No pretendemos entrar a una discusión del sistema de pensiones en México porque hay todo un debate muy amplio y hay toda una historia sobre el sistema de pensiones en América misma o en el mundo mismo. Estamos planteando este tema como una obligación del Estado a asumir la responsabilidad de la seguridad social. Y dejaría una reflexión sobre este tema. Cuando se finca el reparto agrario en nuestro país y se hacen las reformas sociales a nuestra Constitución, el único que queda desprotegido es la propiedad social. A todo lo demás se le da algo, a la mejor no lo suficiente, a la mejor lo posible en ese momento, pero a los únicos que no se les garantiza, que no se les atiende, que no se les da garantía social, son a los propietarios del bien social. En ese sentido va la iniciativa y vale la pena reflexionar sobre este tema. Pudiera darse a nivel de los estados, pudieran algunos estados empezar a hacer el ejercicio y buscar mecanismos para garantizar esa seguridad a los campesinos. Muchas gracias. (Aplausos) - EL C. PRESIDENTE, SENADOR CÉSAR JÁUREGUI ROBLES: Muchas gracias diputada Rosalía Peredo por sus reflexiones tan interesantes sobre temas tan variados como el federalismo, la cuestión indígena, la justicia agraria, la descentralización en el campo, la reforma laboral y otros temas que seguramente habrán de ser materia de liberación en el capítulo de preguntas y respuestas. Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Ernesto Gil Elorduy, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República. -