La diputada Claudia Delgadillo González: Buenas tardes, días-tardes. Compañeras y compañeros diputados, la violencia contra las mujeres ha movilizado múltiples esfuerzos con el objetivo de exigir a los gobiernos la implementación de más y mejores mecanismos de prevención, promoción y protección a los derechos de las mujeres y niñas. Con estos cambios promovidos en la legislatura, es porque hay organismos especializados que se han preocupado para que esta realidad se busque en las evidencias de las distintas formas de violencia de género que traspasan nuestros hogares, espacios de trabajo y comunidades, en donde las mujeres somos violentadas, discriminadas, y en el peor de los casos asesinadas. En este orden de ideas, los medios de comunicación representan un canal importante para transmitir la información y por ende, tienen la capacidad de alterar o fortalecer las costumbres y comportamientos sociales, teniendo con esto una fuerte responsabilidad en la reproducción de modelos de violencia y discriminación que refuerzan una cultura de violencia no solo en contra de las mujeres, sino de grupos vulnerables o población en general. México, nuestro país, donde un medio de comunicación puede darle cobertura a una marcha feminista y al día siguiente mostrar sin mayor censura imágenes de víctimas de feminicidio, generando con esto que se normalice la revictimización, criminalización y sexualización de las mujeres, perjudicando con ello a todas nuestras familias. Derivado de lo anterior, los medios de comunicación deberían de tener entre sus principales objetivos convertirse en una herramienta de uso cotidiano, en donde se realicen y difundan contenidos con perspectiva de género y de derechos humanos. Lo anterior, implica no difundir contenidos que revictimicen, estereotipen, discriminen a las víctimas de homicidios, de feminicidios, como las imágenes que muestran cuerpos violentados que vulneran la privacidad y dignidad humana. Un ejemplo de lo anterior, fue la indignación causada en nuestro país en febrero de 2020, no solo por el brutal asesinato de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años que murió a manos de su pareja al norte de esta ciudad, sino por la difusión de fotos de su cadáver. Lamentablemente esta es la situación recurrente de las primeras planas de diversos medios de comunicación. Diariamente, en puestos de periódicos se exhiben portadas donde se encuentran personas descabezadas, víctimas de brutales asesinatos o accidentes, sin ningún tipo de censura, exponiendo estas imágenes a cualquier persona, y peor aún, a nuestros hijos menores de edad. Afortunadamente, ante esta normalización de violencia, ya se han emprendido esfuerzos orientados a contar con mejores herramientas que permiten el tratamiento apropiado a las víctimas desde el acompañamiento hasta una correcta procuración de justicia con respecto apego a los derechos humanos. Como muestra de lo anterior, esta Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en sesión del 23 de marzo del año 2022, modificaciones al Código Penal Federal, a fin de castigar a los servidores públicos que filtren cualquier tipo de información concerniente con crímenes en contra de las mujeres. La presente propuesta de modificación busca coadyuvar, complementar, la reforma antes señalada a fin de garantizar un adecuado tratamiento respecto a los derechos humanos, dignidad y privacidad de cualquier víctima de homicidio de sus familias. Para esto, y sin atentar contra la libertad de expresión, se busca sancionar aquellas personas que difundan y publiquen contenido gráfico relacionado con asesinatos cometidos en contra de cualquier persona, sobre todo de aquellos pertenecientes a grupos vulnerables, como somos las mujeres, niñas, protegiendo en todo momento la intimidad, dignidad de las víctimas, evitando futuras publicaciones como lamentablemente ocurrió en el caso de Ingrid Escamilla. Reconocemos que en nuestra Carta Magna señala en su artículo 6o. que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o derechos de terceros. En este sentido, la libertad de expresión es un derecho garantizado y una herramienta a través de la cual se manifiestan libremente ideas, opiniones, y en el caso de los medios de comunicación, información. Sin embargo, no podemos disfrazar ni por medio de un ejercicio permitir que se cometan actos que vulneren y atenten contra el derecho a la dignidad humana de las víctimas de homicidio. Es por ello, que se presenta esta modificación...