El diputado Javier Orozco Gómez: Con su permiso, ciudadano presidente. Creo que es muy importante esta reforma que el día de hoy se somete a la consideración de esta honorable asamblea, en virtud de una iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en la pasada legislatura, en el Senado de la República. Sin lugar a dudas, como lo ha manifestado la diputada que me ha antecedido en el uso de la palabra, en ningún momento se ha buscado con esta iniciativa una invasión en las funciones que tiene cada uno de los Poderes de la Unión. Por el contrario, el objeto de esta división en el ejercicio del poder es establecer un equilibrio que evite los abusos entre ellos, su importancia radica en que es la manera legal de impedir, limitar, un autoritarismo. Por ello, sólo una nación que vive dentro de este equilibrio puede decirse que vive realmente en un Estado de derecho. De igual forma tenemos que el Poder Judicial, por su parte, participa dentro de las funciones legislativas cuando declara la inconstitucionalidad de alguna ley del Congreso o decreto del Poder Ejecutivo; y, en funciones ejecutivas, cuando nombra y remueve a los funcionarios que se desempeñan en los tribunales. En esa tesitura entendemos que la teoría de la división de poderes ha venido evolucionando, desarrollándose y estableciendo la mutua colaboración de los órganos públicos, pues esto redunda en una adecuada interrelación y equilibrio entre los mismos. Sin embargo, una facultad que se le reconoce al Poder Ejecutivo, y no así al Poder Judicial, es el hecho de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión. En esa medida, diversas son las propuestas que se han venido presentando en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para lograr una adecuación constitucional que permita dotar de tal atribución, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Partiendo de ese día precisamente, se consideró presentar esa iniciativa para el caso del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. La propuesta va encaminada a establecer en el Estatuto de Gobierno la facultad de incoativa del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, la cual no implica como lo señalé ninguna invasión de facultades o competencias entre los dos órganos de gobierno constituidos dentro del territorio de la sociedad. Lo que se busca es consolidar el principio de la colaboración de poderes en la vida legislativa del Distrito Federal, generando corresponsabilidad en el proceso de creación de las normas jurídicas que han de regir a los habitantes de la capital. En este sentido se propone una reforma al artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para reconocerle al Tribunal Superior de Justicia dicha facultad de iniciativa, ya que creemos que la transformación estructural de la actividad ejercida por la autoridad judicial es parte de los retos que tiene la Ciudad de México hoy en día. En este contexto, el fortalecimiento del órgano judicial contribuye a que esta institución tenga un mejor desempeño en sus responsabilidades de representar y salvaguardar los intereses de la sociedad y hacer que la ley sea la norma central de la vida social. No podemos negar que esa autoridad como responsable de la administración de justicia requiere de condiciones de legitimización mucho más exigentes. Creemos con ello que, en los casos en que se ejerciera esta facultad, se permitiría dar mayor legitimidad al origen, formulación y vigencia de la ley, pues participarían los tres órganos de gobierno: el Judicial mediante la iniciativa; el Legislativo mediante el análisis, discusión, modificación y, en su caso, aprobación de la misma; y el Ejecutivo mediante la promulgación y publicación. Con esta participación tripartita se pueden obtener mejores resultados en las legislaciones para esta ciudad. Por ello creemos que es de suma importancia para el desarrollo democrático del DF la aprobación del dictamen que se somete hoy a votación, ya que con esto se logrará que se otorgue la facultad formalmente jurisdiccional y materialmente legislativa al Tribunal de Justicia para presentar iniciativas ante la Asamblea del Distrito Federal. El fortalecimiento de este órgano local de gobierno es esencial para el adecuado funcionamiento del régimen democrático y de todo el sistema de justicia. Por su atención, muchas gracias.