El diputado David Hernández Pérez: Gracias. Con su permiso, presidente. Los gobiernos autodenominados del cambio han perdido la oportunidad histórica de trascender como una administración eficiente y con buenos resultados. Por el contrario, a la fecha los estragos ocasionados por los manejos discrecionales de los recursos públicos son más que evidentes, lastimando al conjunto de la sociedad. Es por todos conocida la problemática que viven nuestros hermanos de la Sierra Tarahumara, sin embargo es importante recordar que dicha situación es la consecuencia natural del abuso de poder, de la corrupción que se ha gestado al interior de las instituciones del gobierno federal. Es fundamental traer a la memoria que en los años 2005 y 2006 la Secretaría de Desarrollo Social contaba con recursos por mil 800 millones de pesos, los cuales serían aplicados a la región Tarahumara a través del Programa de Vivienda Rural. Sin embargo fueron ejercidos de manera discrecional. Nos tocó en la LIX Legislatura aprobar esos recursos para poder hacer menos pesada la vida de nuestros compañeros tarahumaras, sin embargo diversas publicaciones periodísticas y de investigación han señalado y hecho evidente esta desviación de recursos públicos, entre las que destacan las realizadas por el galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2001, José Reveles. A pesar de las evidencias contundentes de lo señalado, el gobierno federal ha guardado silencio. No ha realizado comentarios al respecto haciendo a un lado el interés colectivo y sobreponiendo su ambición de poder. La investigación de Reveles da cuenta de un desvío aproximado de 55 millones de pesos, sin embargo otras publicaciones dan cuenta de que fueron los mil 800 millones de pesos los que fueron malversados. En su libro Las Manos sucias del PAN, se dice que fueron usados los padrones de los programas institucionales de Sedesol para allegarse de votos a favor de ese partido y aun el relevo en dicha secretaría al cambio del sexenio, sólo sirvió para ocultar los malos manejos de la administración previa. Fueron muchas las denuncias que en su momento se hicieron de diversos grupos, el que se utilizó ese padrón de Sedesol para presionar a la gente para que votara por Acción Nacional en aquel tiempo. Fueron muchas las denuncias, en muchas comunidades, que se hicieron precisamente de que esos mil 800 millones de pesos se utilizaron de manera discrecional y aprovechando esas listas de Sedesol para el proceso electoral. En los años 2005 y 2006, los padrones de Sedesol y en particular del Programa de Vivienda Rural, fueron entregados a la empresa Gidelbrando, Sociedad Anónima de Capita Variable, la cual se encargó de distribuir dichos documentos, entre los encargados de llevar la campaña presidencial en el 2006. Con dicha información las personas llegaban con los beneficiarios diciéndoles que sus apoyos estaban condicionados a cambio de su voto a favor de su candidato, de no aceptar esto, saldrían del programa social. Se hicieron una serie de denuncias; se da a partir de que Arnulfo Montes Cuén, presidente de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, sostuvo que desde la Sedesol y con la ayuda de los ex diputados Jorge Luis Preciado Rodríguez y José Isabel Trejo Reyes, desviaron 55 millones de pesos del Programa de Vivienda, aprobados en 2004, para beneficio de 5 mil 437 familias de dicha organización, hacia la campaña del PAN. Hay una acusación interpuesta ante la PGR el 7 de abril de 2006. Montes Cuen afirmó que el 2 de febrero del 2005 los diputados señalados le exigieron transfiriera 27.5 millones a las cuentas bancarias de Bancomer, a nombre de Preciado Rodríguez, y al Banco HSBC, de la Asociación Consejo Nacional Agropecuario. Es por eso que los diputados, desde el grupo parlamentario del PRI en esta Legislatura, vamos a continuar impulsando acciones encaminadas a poder vigilar que el ejercicio público se realice con total apego a las normas de transparencia y rendición de cuentas, anteponiendo el compromiso social que tenemos como representantes de la sociedad mexicana. Presentamos el siguiente punto de acuerdo: Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, para que informe a esta soberanía sobre las irregularidades detectadas, derivadas de la denuncia por desvío de recursos del Programa de Vivienda Rural, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social en los años 2005 y 2006. Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Función Pública, para que a la brevedad realice una investigación que dé cuenta del desvío de recursos del Programa de Vivienda Rural, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Asimismo envíe un informe detallado de los pormenores de la misma. De igual forma se finquen responsabilidades por delitos imputables cometidos por funcionarios públicos y legisladores. Es cuanto.