La diputada Verónica García Reyes: Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Vengo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a fijar la posición sobre el dictamen con proyecto de decreto que emitió la Comisión de Economía y que se presenta al pleno de esta soberanía para su votación. La reforma constitucional en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013 ha sido un paso acertado para mejorar las condiciones de competencia en sectores claves de la economía mexicana. Dicha reforma considera gran parte de las propuestas presentadas por la izquierda democrática frente a los problemas derivados de la insuficiencia e insuficiente competencia, la elevada concentración y los abusos de la dominancia que nuestro país padece en diversos mercados de bienes y servicios, particularmente en las industrias de telecomunicación, radiodifusión y en algunos mercados de bienes de consumo básicos, como alimentos, bebidas y medicamentos, distorsiones que afectan a la mayoría de la población. El dictamen aprobado en lo general en la Comisión de Economía el 20 de marzo de 2014 y que se nos presenta el día de hoy, crea un nuevo marco jurídico que permitirá combatir a las prácticas anticompetitivas, los acuerdos entre agentes económicos para subir precios, reducir el abasto y eliminar los abusos de empresas dominantes que siguen generando daños en la economía nacional y al bienestar de las y los mexicanos, en especial a las familias de menor ingreso. Para nuestro Grupo Parlamentario es muy importante que se incluyan varias propuestas que consideramos centrales, entre ellas la incorporación de la definición de barreras a la competencia y libre concurrencia, con el objeto de impedir que los actos de los agentes económicos inhiban el acceso de otros competidores o eliminen la capacidad de competir en los mercados. Asimismo, la facultad de que el Ejecutivo federal determine el precio de los productos y de los servicios que se consideran necesarios para la economía nacional o el consumo popular. Con esta propuesta los consumidores tendrán acceso a una gran variedad de bienes y servicios de calidad y a mejores precios, y los pequeños y medianos empresarios a insumos competitivos e innovadores. En el PRD creemos que esta facultad es fundamental para evitar distorsiones económicas que afecten a las grandes mayorías, esto es, a los ciudadanos y sus familias que emitieron su voto para los 500 diputados que hoy estamos en esta Cámara. Otros elementos del dictamen que consideramos importantes son que se faculte al pleno de la comisión deliberar por mayoría de votos los casos de las barreras a la competencia. En abono a la transparencia, se establece que la comisión deberá publicar la versión estenográfica de sus sesiones. Igualmente en materia de rendición de cuentas el comisionado presidente deberá comparecer anualmente ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, deberá presentar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión el programa anual de trabajo y un informe trimestral de los avances de las actividades de la comisión. La comisión proveerá en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos y así prevendrá o eliminará las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica. La comisión podrá incorporar en la existencia de los insumos esenciales las circunstancias bajo las cuales el agente económico llegue a controlar el insumo, como es la delegación, restricción de accesos en condiciones discriminatorios de un insumo esencial por parte de uno o varios agentes económicos. Significativa es también la construcción de la autoridad investigadora como un ente administrativo interno, facultada para recibir, dar trámite o desechar las denuncias que se presenten ante la comisión por probables violaciones a la ley. Se autoriza a la autoridad investigadora a que en las visitas de verificación no se afecte la capacidad de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios de los agentes económicos. Sin embargo, va una acotación en el artículo 66 del dictamen que otorga a las denuncias de la Secretaría y el Ejecutivo el carácter de preferencia y las exime de la obligación de cumplir con los requisitos de las denuncias. Esto va en contra de la autonomía de la Cofece, ya que puede ser usada como un medio de control a la comisión y puede politizar el inicio de investigaciones que libera estas denuncias del acreditamiento de la existencia de indicios suficientes, como tendría que hacerlo cualquier agente. Se incrementa de 35 a 45 días el término para que los agentes económicos presenten el desahogo de las pruebas correspondientes. Se obliga a la autoridad investigadora a publicar en el Diario Oficial de la Federación un extracto del inicio de la investigación, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar elementos durante el proceso de investigación y que se faculte a la comisión interponer controversia constitucional termino, señor presidente como órganos autónomos, en el caso de que el Congreso de la Unión o el Poder Ejecutivo federal, en el ejercicio de sus facultares. En lo que respecta a la modificación del Código Penal federal, se reforma el artículo 254 Bis, con el objeto de incrementar la sanción mínima de tres a cinco años e incrementar el máximo de multa de tres mil a 10 mil días. Así también se adiciona como autoridad competente para seguir este delito al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para nadie es nuevo que la actual situación de nuestro país está marcada por una desmedida concentración de riqueza y con eso una sociedad abismalmente desigual. México necesita del crecimiento económico, de desarrollo empresarial, de inversiones productivas que se traduzcan en mejores precios y calidades de mercancías y servicios. Avanzar hacia una consistente regulación antimonopólica es el objetivo. Y es por estas razones, entre otras, que los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática votaremos en lo general a favor de este dictamen. Por su atención, muchas gracias.