El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: El poder público por su naturaleza debe de estar sometido al escrutinio de la sociedad. El poder público al final de cuentas es una representación de la sociedad, porque ésta es la que ha construido las instituciones públicas. En los últimos años se ha dado una lucha férrea por transparentar los actos del gobierno. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es una muestra palpable de ese esfuerzo que ha hecho la sociedad por contar con los mecanismos de carácter legal, que le permitan pedir información puntual sobre el ejercicio del gobierno. Este Poder Legislativo tiene dentro de sus facultades la de crear comisiones especiales para analizar un asunto relacionado con el desempeño del Poder Ejecutivo. Recordemos por ejemplo, la creación de la Comisión Especial, que ésta misma Cámara de Diputados creó para investigar las irregularidades en CONASUPO, u otras comisiones de carácter especial que se han encargado de vigilar que recursos públicos federales no sean desviados en campañas electorales. A través de la conformación de estas comisiones el Poder Legislativo puede revisar que los recursos públicos por un lado, y que las acciones de gobierno por el otro, sean apegados estrictamente al marco legal. En días pasados se presentó en el seno de la Comisión Permanente una propuesta con punto de acuerdo para que se conformará una Comisión Especial que revise la validez del otorgamiento de permisos por parte de la Secretaría de Gobernación a varias empresas para operar casas de juego con apuesta y sorteos. Dichos permisos fueron otorgados por el licenciado Santiago Creel Miranda, días antes de que dejará el cargo de Secretario de Gobernación. La mayoría de los permisos fueron otorgados a empresas vinculadas con una de las principales televisoras de nuestro país y sobre todo, en el marco del arranque de la pre campaña a la Presidencia del propio ex secretario Creel Miranda. Esta problemática se ha dado bajo el amparo del reglamento de la Ley de Juegos, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, instrumento jurídico impugnado por esta Cámara de Diputados, a través de la llamada "controversia constitucional" que está tramitándose y analizándose por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consideramos que es preciso aclarar la validez de dichos permisos, porque es sospechoso que el Gobierno Federal beneficie a un grupo vinculado a los medios electrónicos de comunicación, cuando estamos inmersos en una guerra mediática de los precandidatos de distintos partidos a la Presidencia de la República. Favorecer los compromisos para explotar actividades relacionadas con juegos y sorteos, puede abrir la puerta a que dicha empresa brinde un trato preferencial a la persona que otorgó dichos permisos y que además aspira a ser Presidente de la República. Nuestro compromiso debe ser con la legalidad y el respeto al estado constitucional de derecho, aspectos que el mismo precandidato Creel, dijo defender el tiempo que fue servidor público. Los mexicanos no podemos estar inmersos en un clima de opacidad y de poca transparencia; por eso, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nos sumamos a este esfuerzo que hace la Cámara de Diputados por clarificar las acciones de los servidores públicos. Es cuanto, diputado Presidente.