La diputada María de Fátima García León: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, con las presentes reformas los legisladores del oficialismo concluyen su tarea de militarizar la seguridad pública, a pesar de que la Constitución federal en su artículo 21 señala que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil, el gobierno federal renunció a tener una fuerza policial de carácter y con mando civil y de proximidad ciudadana. El oficialismo decidió pasar de su proclama pública de regresar el Ejército a los cuarteles a depender del Ejército para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad pública y la protección ciudadana aún cuando se niegue en el discurso, en la práctica y en la legislación se están consolidando la militarización de la seguridad pública y con ello militarizando la vida nacional. Con la nueva legislación se provocan tensiones entre los mandos civiles y militares, porque la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública le da mayores facultades y responsabilidades al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pero no le da una fuerza policial propia para desempeñar su trabajo. Simple y sencillamente porque la Guardia Nacional depende del Ejército. Como Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos votado en contra de la militarización de la Guardia Nacional, pero hemos estado de acuerdo en todo aquello que contribuya a darle mayores facultades a los mandos civiles responsables de la seguridad pública y protección ciudadana. Con las recientes reformas, la Guardia Nacional adquiere un carácter ambiguo porque se convierte en una institución militar con funciones de policía. Debido a esta ambigüedad se está pretendiendo darle un trato especial al crear una licencia especial para la Guardia Nacional, para que pueda desempeñar cargos de elección popular o de carácter administrativo. Como integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propongo que se retire la fracción III del artículo 44 de la Ley de la Guardia Nacional, porque ya existen ordenamientos que regulan las licencias de los militares y los policías. De igual manera, propongo que se modifique el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional y no se le permita solicitar información sobre la ubicación de lo equipos de comunicación móvil sin contar con la autorización judicial correspondiente. Para concluir mi participación, quiero hacer un llamado a todos los grupos parlamentarios para que asumamos con seriedad nuestra responsabilidad de legisladores y legisladoras y no cometamos el error de aprobar leyes al vapor sin analizar sus alcances y consecuencias. Lo que todas y todos observamos en la pasada elección judicial debería hacernos reflexionar sobre nuestra responsabilidad legislativa. En dicha elección se cometieron grandes irregularidades como la participación abierta de autoridades estatales y municipales en la inducción del voto. El haber tenido una participación del 13 % del listado nominal y que solo el 9 % haya decidido la composición del nuevo Poder Judicial no es algo que se pueda presumir. No hagamos leyes que violenten o sesguen la voluntad popular. No defraudemos al pueblo. Es cuanto.