EL C. DIPUTADO MANUEL DUARTE RAMIREZ: Con el permiso de la presidencia. Señor Procurador: ha señalado usted aquí en una intervención anterior que perder la batalla contra la delincuencia significaría que ya no hubiera delincuentas o que ya no se estuviera generando el crimen. El Presidente Ernesto Zedillo, en su toma de posesión, afirmó que iba a resolver y que se comprometía a resolver los casos Colosio, Ruíz Massieau y Juan Jesús Posadas Ocampo. Yo le preguntaría a usted, Señor Procurador, ¿en este caso ha perdido la batalla la Procuraduría y el Señor Presidente ya cumplió o cumplirá en los meses que le restan de aquí al 10. de diciembre? También ha señalado usted que la causa de la delincuencia se debe al desorden urbano, a la falta de empleo, en otras palabras, al modelo económico que se ha venido desarrollando en nuestro país. ¿Estaría usted de acuerdo con nosotros que hay que revisar ese modelo económico que se ha venido desarrollando y que ha generado millones de pobres y que redundan en la delincuencia en nuestro país o qué papel ha jugado la Procuraduría en este asunto del modelo económico? Una tercera pregunta. Señala usted que ha habido significativos avances en el combate a la delincuencia, sobre todo en el combate a las bandas de delincuentes y al narcotráfico. Yo le preguntaría a usted, Señor Procurador, por qué ha crecido el aumento en el consumo de las drogas y para tal efecto le señalo que en sexenio del Presidente Ernesto Zedillo el consumo ocasional de las drogas ilegales de la población urbana entre 12 y 65 años creció de 3.9% a 5.3%. El número de adictos a enervantes pasó de 200 mil a casi 400 mil. Se estima que en algunas ciudades fronterizas casi se triplica el promedio nacional. Según las cifras, el consumo de cocaína, casi se triplicó durante el presente sexenio al pasar de 0.5 a 1.4%, convirtiéndose en la sustancia más usada después de la marihuana. Por último, quisiera tocar un asunto que mis compañeros diputados no han tocado en esta tribuna y que es de suma importancia. Considero, pues, que la dependencia a su cargo ha sido ineficaz en el combate a la delincuencia organizada, principalmente, como un asunto de su competencia. Pero también ha habido ineficacia, ciudadano procurador, en la atención a las denuncias presentadas por la Comisión de Delitos Electorales. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales informa que del 1o. de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1999 han atendido 1 mil 341 averiguaciones previas, que en su mayoría derivan de denuncias presentadas por el IFE y por los partidos políticos. Pero no nos informa cuántas averiguaciones han sido consignadas ante los juzgados competentes ni tampoco cuántas personas han sido sujetas a proceso y sentenciadas por delitos electorales en los periodos antes mencionados. Asimismo se nos da a conocer en el informe que hoy nos entregó y en su primera intervención, que en el periodo comprendido del lo. de julio al 3 de julio se habían recibido 125 denuncias electorales por distintos delitos de esa índole y que se integraron 67 averiguaciones. Le agradecería ahonde más sobre las características de las averiguaciones y de las personas consignadas por dichos delitos. Por sus respuestas, muchas gracias; gracias señoras y señores diputados. El Presidente: Gracias, diputado Duarte Martínez. Ahora podrá hacer uso de la palabra hasta por ocho minutos para dar respuesta, el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, Procurador General de la República. El procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a tratar de responder de manera muy concreta a las inquietudes y observaciones del diputado Duarte. Primero, me pregunta sobre tres de los casos de mayor importancia que ha tenido la Procuraduría General de la República en este sexenio, la investigación sobre el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, a lo que intenté referirme en mi presentación original. Por primera vez en la historia de la procuración de justicia de este país formamos un grupo interinstitucional para revisar todas las actuaciones que el Ministerio Público había tenido en la investigación de estos terribles hechos. Ahí estuvieron como representantes del gobierno del Estado de Jalisco, representantes a título personal de la Conferencia del Episcopado Mexicano y personal de la Procuraduría General de la República. Trabajamos por más de un año con toda intensidad y los resultados los he puesto a la consulta de cualquier mexicano. Todo el trabajo del grupo interinstitucional, pero toda la averiguación previa que se generó para llegar a la verdad histórica de estos hechos, es consultable en la biblioteca de la Procuraduría General de la República. Ahí está todo lo que hicimos. No dejamos de desarrollar absolutamente una so la de la diligencias que el mismo trámite del expediente aconsejaba. Tomamos múltiples declaraciones ministeriales, ampliaciones de declaraciones, pruebas periciales, hicimos una nueva reconstrucción de los hechos, nuevos exámenes de balística. Y para el obispo de Cuernavaca y el arzobispo de Chihuahua y para la Procuraduría General de la República no hay elementos de prueba jurídicamente valorables que nos permitan sostener una tesis del complot, es decir, que un tercer grupo dentro de ese tiroteo tenía el objetivo específico y premeditado, alevoso, de asesinar al cardenal Posadas Ocampo. Pero más allá de lo que yo diga, ahí están las pruebas para ustedes, señoras y señores diputados. Del caso del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Está con una sentencia condenatoria de segunda instancia de 27 años y medio el autor intelectual: señor Raúl Salinas de Gortari. El autor material Daniel Aguilar Treviño está también consignado a 50 años de prisión y tres de los coacusados están condenados a 37 años de prisión. Ahí está ese asunto jurisdiccionalmente resuelto. Queda una línea, una línea de investigación abierta y es el paradero del señor Manuel Muñoz Rocha. A Manuel Muñoz Rocha no lo hemos dejado de buscar vivo o muerto. Esa es la única parte de esta investigación que aún no concluye al 100%. Y respecto al caso Colosio lo único que les puedo pedir es paciencia de unos cuantos días. Mencioné en mi intervención que quedaba una diligencia por practicar, es una declaración. Yo espero que esa línea de investigación se agote con esa diligencia, pero aún no agotándose, antes de que termine el mes de octubre el subprocurador especial del caso Colosio de PGR y un servidor, de cara a la sociedad informaremos sobre las 27 líneas de investigación que se exploraron con toda profundidad, de manera exhaustiva, de septiembre de 1996 hasta la fecha. Yo no he incursionado en la revisión de los modelos económicos, señor diputado, yo espero que cada día pueda crecer más la economía nacional y que ese crecimiento de la economía sirva para que el reparto del ingreso y la riqueza sea mucho más justo y equitativo. Esto no se lo digo como procurador, se lo digo como persona. ¿Ha crecido el consumo? Indudablemente que sí. Ahora por lo me nos tenemos ya unas primeras estadísticas, unos primeros estudios de como sobre cuales son los niveles de consumo. Todavía tendrían que verse algunas especificaciones más importantes o más extensas, pero sí nos debe de preocupar el incremento en el consumo y sobre todo en la zona fronteriza norte y en la zona fronteriza sur como en la ciudad de México. Esto es indudable. ¿Y ahí hay que trabajar más decididamente en el combate a la distribución de drogas? Indudablemente que sí. Pero creo que también más en el tratamiento de los adictos, en la rehabilitación, en la prevención, en la educación y en los valores morales y en el trabajo dentro de la familia. No es tampoco problema que pueda resolver una so la persona y a través de una sola función. Y de los delitos electorales le puedo comentar que en 1997 de las 453 averiguaciones previas radicadas, se resolvieron ese año 191 y quedaron en trámite 262. Y en el año de 1998 de las 339 con las que se inició se resolvieron 367, además de las que ingresaron quedaron 234. En el año 2000 no solamente respecto del proceso comicial del 2 de julio sino en general, se radicaron 753, se resolvieron 400 y quedaron en trámite 687. Los porcentajes de consignación en relación con el no ejercicio de la acción penal o reserva, son extraordinariamente parecidos de lo que sucede en el ámbito global de toda la Procuraduría General de la República. Igualmente, el 95% de las sentencias que se han dictado a partir de las consignaciones de la Fiscalía para Delitos Electorales, han sido condenatorias. El Presidente: Muchas gracias, señor procurador. Para ejercer el derecho de réplica por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra hasta por cuatro minutos el diputado Manuel Duarte Ramírez. El diputado Manuel Duarte Ramírez: Con el permiso de la Presidencia. Primero quisiera aclarar que el reflejo que la sociedad tiene respecto a los homicidios políticos cometidos en este país, no es por cierto el que el señor procurador nos da en esta su intervención, aunque no debemos de culparlo de todo, la investigación, y de todo el proceso que ha llevado la investigación de esos asuntos, porque acordémonos que en buena medida estuvo al frente de esa institución un procurador que por cierto pertenecía a un partido diferente, al PAN, el procurador Lozano Gracia, que utilizo los servicios de aquella famosa vidente para hacer la investigación. Por otro lado, yo quisiera agregar algo respecto a los delitos electorales. Me parece a mí que no se han destinado los recursos necesarios para atender los delitos electorales y que es una cuestión de mucha importancia para el país, porque tiene que ver con la democracia. Con base en los tres últimos años, se han atendido y tramitado 1 mil 341 averiguaciones previas de delitos electorales y que de ellas 453 se erradicaron en 1997, 339 en 1998 y 549 en 1999. Y en 1997 se resolvieron 191 averiguaciones, en 1998 se resolvieron 367 y en el año de 1999 se resolvieron 449, las que sumadas arrojan un total de 1 mil 107. Fuera de lógica y falto de verdad informa que tan sólo en 1999 se efectuaron 825 comisiones con un monto aproximado de 1 millón 600 mil pesos en pasajes, viáticos, lo que significa que en promedio en cada diligencia gastaron 1 mil 939.39 pesos, monto insuficiente para hacer una diligencia a Yucatán o a Baja California Sur; que la Fiscalía cuenta nominalmente con 17 agentes del Ministerio Público, lo que significa que cada gente atendió 59.23 asuntos en tres años y que cada resolución nos costó 1 mil 588 pesos. Con estos costos la justicia electoral se constituye en la justicia más barata de la nación. Las anteriores cifras nos confirman la poca credibilidad de la Procuraduría en este ramo. Yo le preguntaría al señor procurador: ¿Qué tan poco merece la democracia en este país? Tal vez no le recomendaría que fuera candidato de la oposición en el régimen que terminó el 2 de julio. Muchas gracias. El Presidente: Gracias, al diputado Manuel Duarte Ramírez. Para formular las preguntas en nombre del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, tiene la palabra hasta por cuatro minutos, el diputado Tomás Coronado Olmos. El diputado Tomás Coronado Olmos: Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor procurador: Al asumir en 1996 su encargo al frente de la Procuraduría, se comprometió a limpiar la casa en este sentido, le decimos que a unos días de concluir su gestión no limpió la casa sino la deja más sucia, ojalá que no tenga el atrevimiento de negarlo. En el último informe de gobierno de usted, se dice como excusa que el total de los delitos cometidos, en 1994, 9% son del fuero común y el 5.1% son del fuero federal. Una vez más, el gobierno se cura en salud y como todo fracasado busca culpables, pasándole la factura a los gobiernos locales. Habla de delitos del fuero común y el rezago de la Procuraduría General de la República es impresionante en varias decenas de miles de expedientes y órdenes de aprehensión sin cumplir. Esta evaluación es numérica y no cualitativa ya que no son aceptables ni comparables los daños en la sociedad que provoca el crimen organizado y particularmente el narcotráfico al que ocasionan los delitos del fuero común. Por tanto, si estos costos y a cuestas vamos en la inseguridad, el mayor porcentaje de responsabilidad es de usted y del Ejecutivo Federal. ¿Por qué alego su responsabilidad señor procurador? También se nos informa que parte del presupuesto que se asignó a la capacitación de nuevos ingresos para profesionar la dependencia a su cargo, no obstante ello fue ineficaz. Permítame un ejemplo sencillo; si usted mezcla dos gotas de cloro a un río el resultado es que ni purifica el río y se le diluye en las aguas el efecto del cloro. Le preguntamos ¿fue eso exactamente lo que pasó con los nuevos ingresos que se contaminaron con los ríos de corrupción que corren por la Procuraduría? Reconocemos la labor del Ejército en la erradicación e intercepción de la droga así como su esfuerzo en la salvagaurda de la soberanía nacional. Señor procurador, su error, haberlos convertido en policías. Le preguntamos señor procurador: en casi cuatro años que lleva al frente de la Procuraduría ¿todavía no ha encontrado los perfiles civiles para combatir el narcotráfico? Se tiene conocimiento que la cifra del personal operativo en su Procuraduría es de aproximadamente 1 mil 620 agentes de Ministerio Público y de 3 mil 180 agentes judiciales federales y que el personal directivo y administrativo es de aproximadamente 11 mil 300 personas, por lo que en su gestión creció hasta en un 40% en este rubro administrativo. Le preguntamos, ¿Porqué el mayor personal está en el área administrativa y no en la operativa? El Ejecutivo y usted a partir de 1997 plantearon como eje fundamental en el combate contra el crimen un marco jurídico, y se le otorgó; un incremento hasta un 300% en su presupuesto, y se le otorgó; apoyo de las fuerzas armadas y de la Policía Federal Preventiva, y se le otorgó. Luego entonces ¿cómo explica el fracaso de la Procuraduría General de la República? ¿Será que se le olvidó al Presidente y a usted solicitar un procurador y que no le temblara la mano para aplicar la ley?. En otro caso señor procurador, en relación al asunto de Mario Villanueva, usted comenta de que no procedió en contra de él porque no podía iniciar un juicio de procedencia, yo le pregunto a usted: ¿por qué no lo inició?. Por sus respuestas, muchas gracias. Es tanto señor Presidente. El Presidente: Gracias, diputado Tomás Coronado Olmos. Tiene la palabra el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar hasta por ocho minutos. El procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar: Muchas gracias, señor Presidente. He comentado ya en repetidas ocasiones durante esta comparecencia, que una de las estrategias para avanzar en la Procuraduría General de la República fue precisamente buscar y limpiar la casa y creamos los instrumentos técnicos y objetivos para limpiarla. No puede perderse de vista que antes de diciembre de 1996 se había hecho el mismo esfuerzo de depuración en la Procuraduría General de la República y habían sido removidos más de 850 policías de su encargo; el resultado de esa estrategia fue que prácticamente 500 ganaron el amparo y tuvieron que ser reinstalados e incluso se les pagaron salarios caídos por falta de motivaci6n, de fundamentación y de debido procedimiento legal. Teníamos que buscar un procedimiento distinto para no enfrentarnos judicialmente con el mismo problema, y se creó el Centro de Control de Confianza y han pasado por ahí muchos de los servidores públicos que laboran actualmente en la PGR, En total, hemos separado de sus responsabilidades, por el Centro de Control de Confianza y mediante el trabajo de la Contraloría Interna, a 3 mil 620 elementos del personal sustantivo de la Procuraduría y si ahora se ven menos Agentes del Ministerio Público y menos policías judiciales, es precisamente por el número de remociones que se han dado. Nuestra política fue no mandar a trabajar sobre el terreno, ni a las mesas del Ministerio Público, a nadie que antes no hubiera acreditado satisfactoriamente los exámenes de confianza y los exámenes de conocimientos. En todo caso preferimos ser menos pero más confiables, que muchos absolutamente corrompidos. De manera que ese ha sido nuestro esfuerzo, y ahí están los números y ahí están las estrategias, nuevamente más allá de las especulaciones políticas. Hemos tenido históricamente en la Procuraduría, problemas con el cumplimiento de órdenes de aprehensión y de órdenes de reaprehensión. Esto es un hecho y esto habla de la necesidad de eficientar aún mas a la Policía Judicial Federal; pero no solo eso, sino de que participen otras instancias como auxiliares del Ministerio Público en buscar esas aprehensiones. Sí resulta de preocupación tener 32 mil órdenes de aprehensión pendientes, pero mas tener 15 mil órdenes de reaprehensión, es decir de personas que ya por lo menos una vez estuvieron delante del juez, que fueron liberadas, que a la mejor violaron su libertad caucional y que hoy es necesario buscar nuevamente emplear recursos técnicos, humanos y financieros para lo que ya habían sido utilizados a fin de ponerlos nuevamente a disposición de los jueces. Mire diputado, de los egresados del Instituto de Capacitación tanto en la versión de policía judicial federal como investigadores en delitos federales, sí ha habido algunos que han incurrido en conductas ilícitas, en actos de corrupción, en violaciones a derechos humanos, en protección a organizaciones criminales. En todos esos casos hemos, respecto de ellos, ejercitado la acción penal; afortunadamente es un porcentaje mucho menos que lo que históricamente había venido sucediendo en la Procuraduría General de la República, pero aún así esto no es garantía de que un proceso de contaminación no se vaya a dar en el futuro, eso nadie lo puede garantizar, se tiene que trabajar en la parte de la reforma estructural aún más a fondo. Ustedes tienen una forma de medir el fracaso y yo otra y no me vengo aquí a dar golpes de pecho ni a decir que todo estuvo perfecto, pero me parece que hay avances y que hay retos, pero allá ustedes si siguen buscando calificar de esa manera una administración. Nunca me tembló la mano, ni me tiembla ni me temblará. Cuando tuve los elementos para ejercitar la acción penal, cuando tuve el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, ejercité la acción penal y no importaron consideraciones políticas ni poderío económico ni relaciones con la prensa ni situaciones sociales, siempre lo ejercité. Cuando no tuve pruebas, cuando no se integró el cuerpo del delito ni la presunta responsabilidad, no ejercitamos la consignación. Ese fue el único criterio y el único principio que rigió en mis actuaciones Respecto de la averiguación previa que se integró contra el señor Mario Villanueva, es público y notorio que muy cerca de terminar su periodo, aún se le estaba brindando la garantía de audiencia y compareció ante el Ministerio Público y ofreció pruebas; y estaban desahogándose pruebas de descargo en esa averiguación previa cuando el señor Villanueva decidió evadir la acción de la justicia, quedaban 5 días para que terminara su periodo como gobernador y por tanto no era un momento ese, creo que políticamente se me puede entender, de ejercitar el juicio de procedibilidad.