La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, presidenta. Los terribles casos de las ejecuciones en Tlatlaya y los asesinatos de Iguala, de desaparición forzada de los normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, han servido, compañeros y compañeras diputadas, como dos vitrinas que claramente exponen la grave situación generalizada de corrupción, impunidad y violencia que azota a México. Ésta es una verdad. Esto es un hecho contundente que el Estado no puede negar y si lo negamos, diputadas, estamos mal. Es tan crítico este momento, que la sola exigencia de los padres y los familiares de las víctimas es: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es evidente que la cifra de asesinatos que nos ha venido diciendo la Secretaría de Gobernación, en donde dice que había disminuido, es totalmente falsa, ya que estamos viendo que con la aparición todos los días de una fosa nueva es claro que ahí están esos asesinatos, en calidad de desaparecidos en todo el territorio nacional. Ante esto enuncio las siguientes consideraciones. Estamos ante un evidente caso de ausencia y conducción del Estado en materia de seguridad pública, luego de conocer las contradicciones, vacíos y desinformación de parte de las instituciones federales directamente encargadas de la conducción de las investigaciones. La ampliación de la inconformidad de las propuestas, las movilizaciones son un indicador directo, a propósito de la solidez con que hasta ahora se han desarrollado las pesquisas para encontrar a los responsables y los argumentos que tuvieron para actuar y cómo lo hicieron. Hasta el momento el móvil del crimen colectivo sigue siendo motivo de rumores y especulaciones. La extraordinaria violencia con la que se desarrollaron los hechos denota no solo la inutilidad de una serie de medidas para contener la criminalidad en México, sino también la mala aplicación de las sanciones por parte de las procuradurías de los más de 50 policías municipales de Iguala y Cocula detenidos, que hasta el momento no sabemos ni cuál es su nivel de participación y responsabilidad penal. En los gastos extraordinarios reportados a la Auditoría Superior de la Federación, los que correspondan a las actividades de inteligencia y seguridad en el país rebasan el 50 por ciento del autorizado, sin que se perciban claramente resultados proporcionales a este gasto asignado. Es indispensable que conforme haya ampliaciones presupuestales se tengan claros resultados en el trabajo que están haciendo, en particular, sobre la conducción en las investigaciones resalta la clara improvisación, inconexión y sobre todo, la ausencia de profesionalismo, capacidad técnica para recuperar la valiosa información en el terreno de los hechos. No obstante, contar con la calidad apropiada de los recursos humanos, así como la asistencia del personal profesional que han tenido que venir a hacernos peritos extranjeros ante la incapacidad de los peritos que están trabajando en la PGR. A más de un mes y una semana de los acontecimientos, lo único que ha ido en aumento es la comprensible indignación de las familias y comunidades afectadas, así como las muestras de apoyo y solidaridad en todo el país y en el extranjero a nuestros estudiantes desaparecidos. La cantidad de intereses que se entremezclan en la realidad del estado de Guerrero, en el municipio, incluso con la clara complicidad de las áreas de inteligencia del gobierno federal, llevan a pensar respecto a en qué otras entidades de la República está pasando lo mismo y se están haciendo de la vista gorda. Debemos, precisamente, no dejar de lado que buena parte de esta crisis que vive el país se debe al modelo económico que por años empobrece a millones de mexicanos, tal y como lo constatan las cifras del Coneval y del INEGI. La ausencia de una auténtica política social que promueva el desarrollo de las comunidades no ha dado resultado, hasta ahora, la aplicación de los modelos del gobierno federal. La respuesta de amplios sectores sociales, de medios de comunicación convencionales supone también que esta crisis no es coyuntural sino que se va a ir agravando con el tiempo. Como nunca, la legitimidad del gobierno, sus instituciones, procedimientos y leyes se encuentran sometidas a la supervisión de la sociedad, queda claro que mientras más tiempo pase sin que se ofrezcan resultados esto será proporcional al desgaste de esa imagen falsa que han querido construir de un presidente de la República eficiente. Dicha posibilidad es sin duda el principal problema y desafío con el que hoy el gobierno de la República se enfrenta; dar explicaciones técnicas, retóricas o legales no puede satisfacer la necesidad imperiosa de informar con la verdad. La falta de información y agilidad para informar es lo que ha provocado de forma gradual y persistente que el foco de atención se haya desplazado obviamente hacia el gobierno de la República. Para el bienestar de la nación debe recuperarse el terreno perdido mediante acciones creíbles, no discursos. Compañeros y compañeras diputadas, debemos de dar respuestas, hechos. La pesadilla está muy lejos de terminar. No queremos que se insista en la tesis ahora creada y maquillada de la pareja solitaria. Sabemos que existen responsables arriba de ese presidente municipal y complicidades de autoridades de inteligencia del gobierno federal, tanto en el ámbito formal como en el de las estructuras delincuenciales. Esta pareja no se manda ni se mandaba sola, actúa en contubernio con otras autoridades y se debe de investigar y se debe de castigar. Asimismo, compartirles que el Cisen la verdad ha dejado mucho que desear, no ha habido un serio seguimiento de investigación de los hechos. Cómo es posible que después de tanto tiempo no hubiera ninguna línea de investigación acerca de las actividades de este presidente municipal. Y qué decir de las averiguaciones pendientes que tenía y que el propio procurador General de la República tenía conocimiento. Y qué decir de las fallas de inteligencia militar estando un batallón en el lugar de los hechos, ya que en Iguala se encuentra precisamente esta actividad en donde sabemos que se desarrollan mecanismos de inteligencia. Y qué decir también de la inteligencia de la policía federal, cómo es posible que el C4 nada más funcionaban cuatro cámaras, que también no tendrían que haber sido responsables de la prevención de estos hechos tan lamentables. Ya hubo capturas en el ámbito municipal, ya hay ceses y renuncias en el ámbito estatal y estamos esperando y exigimos que a la brevedad también haya responsables del gobierno federal. Creemos que la impunidad se ha empezado a combatir cuando haya responsables materiales intelectuales por acción y también por omisión compañeros diputados, en los tres niveles de gobierno. Queremos llamar la atención de ustedes, diputadas y diputados, en razón de que a la fecha las víctimas y sus familiares no se han querido reunir de manera formal con los integrantes de esta Cámara debido a que pese los discursos de algunos legisladores, no hay confianza. La ciudadanía, con este tipo de hechos, cada vez más pierde la confianza en sus instituciones y sobre todo en sus representantes populares, pues el informe que hoy se entrega no contiene dicha información, de voz propia de las víctimas, así como de las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que las han acompañado en este tiempo, por lo cual el informe que hoy se presenta, si es bien un avance de control parlamentario, no es suficiente compañeros, ya que es un informe que al momento carece de la parte fundamental de todo proceso de investigación: darles voz a las víctimas. Por eso desde esta tribuna exhorto a las víctimas y familiares de las víctimas a que se acerquen a la Cámara, acercarnos nosotros con ellos y darles las garantías de que serán escuchados, atendidos y acompañados en todas sus justas demandas sin pretender, como algunos lo quieren hacer, lucrar, comprar o intimidar, a fin de querer cambiar versiones de un plumazo de lo que verdaderamente pasó ese día. Por ello, compañeras y compañeros, no podemos permitir nunca más un servidor público pagado con el dinero de todos los mexicanos realizando actos delictivos en el país y peor aún, de lesa humanidad. No más. Que caigan todos los responsables. Que encontremos vivos a los 43 normalistas, caiga quien caiga de los tres niveles de gobierno. Es cuanto, diputada presidenta.