El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. En base a las facultades que me confieren tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar iniciativa por la que se expide la Ley de Contratos sobre Prestación de Servicios. El Estado asume, entre otras atribuciones, la de prestar servicios públicos con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas de inversión pública. Es un instrumento idóneo para que el Estado pueda prestar dichos servicios, así como para impulsar el desarrollo nacional, crecimiento económico y fomento a la producción. Son del conocimiento público los grandes rezagos que nuestro país tiene en materia de infraestructura pública en diversos rubros tales como educación, salud, vías de comunicación, cultura, recreación, deporte, instalaciones portuarias, aeroportuarias, transporte agropecuario, turísticas, entre otras. Todo ello incide en los niveles de pobreza en nuestro país, así como la falta de empleo y nos otorga bajos niveles de competitividad en el ámbito internacional que nos hacen buscar esquemas que nos permitan financiar dicha ausencia de infraestructura pública. Ante la falta de recursos financieros ordinarios, la deuda pública se convierte en un recurso para financiar la ejecución de obras públicas productivas. Sin embargo, la contratación de empréstitos al final produce un detrimento al erario estatal; por ello, han surgido otro tipo de esquemas en los que se asocian el sector público y el privado. Esquemas en los que comparten riesgos y beneficios mediante el desarrollo de infraestructura pública para la provisión eficiente de servicios públicos. Este tipo de esquemas se conocen como asociaciones público-privadas, las cuales tienen su origen en el derecho anglosajón. Las modalidades de las asociaciones público-privadas que se han empleado en México, son las siguientes: concesiones (proyectos como carreteras, proyectos de agua potable y tratamiento de disposiciones de aguas residuales; proveedores externos; proyectos de inversión con efecto diferido en el registro del gasto público —los llamados Pidiriegas, empleados por Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos; arrendamiento financiero y, proyectos para la prestación de servicios a largo plazo. El objeto de la presente ley es regular los PPS, por lo que resulta imprescindible profundizar en dicha materia. Los PPS tienen su origen en el Reino Unido. A partir de 1992 se empezaron a desarrollar bajo el nombre de iniciativas de financiamiento privado. La Organización de las Naciones Unidas ha recomendado instrumentar como un mecanismo jurídico-financiero viable los llamados PPS. En este sentido, ya son más de 50 países en todos los continentes que están aplicando los PPS y muchos de ellos ya cuentan con una ley que regula los mismos; entre los que destacan diversos países con los que México tiene afinidad tanto en el sistema jurídico, como por sus relaciones de carácter comercial. Tales países son como Italia, Chile, España, Francia, Brasil, Polonia, República Checa, entre otros. Nuestro país ha previsto los PPS tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. A nivel federal, mediante el Acuerdo por el que se establece las reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública en marzo de 2003 y actualizado en abril de 2004. Asimismo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria hacen referencia a los PPS. En el ámbito local los estados han optado por reformar su marco jurídico de manera integral para regular también los PPS. Estados en los que se ha avanzado en esta materia son los siguientes: Oaxaca—que es el estado, la entidad federativa pionera en esta materia—, Baja California Sur, Guerrero y el Estado de México. Entidades como Durango, Nayarit y Sonora ya tienen nuevas disposiciones que permiten esta asociación del sector público con el sector privado. Los PPS se materializan a través de los contratos de servicios, los cuales involucran recursos de varios ejercicios fiscales y son celebrados entre una dependencia o entidad de la administración pública federal y un inversionista proveedor. Mediante esto se establece la obligación a cargo del inversionista proveedor, de prestar servicios a largo plazo, uno o más servicios con los activos que éste construya ahí. Por la otra, la obligación del pago por parte de la dependencia o entidad, por los servicios que le sean proporcionados. Lo que es importante destacar es que una vez que se proporcionaron los servicios de construcción y/o equipamiento de la infraestructura, la dependencia o entidad contratante pagará al inversionista proveedor de acuerdo al desempeño de los mismos, y éstos se registrarán como gasto corriente. De tal forma que no constituyen deuda pública y éste es uno de los instrumentos más importantes para que ahora en día el gobierno pueda fomentar realmente el desarrollo a través de este tipo de esquemas que nos permitan generar los empleos que la sociedad está demandando. Sólo de esa manera podremos hacer realidad esa exigencia de muchos jóvenes que no encuentran trabajo. Sólo con este tipo de inversiones donde se asocia el capital público y el capital privado podremos dar respuestas a estas inquietudes. A través de los PPS los riesgos que le corresponden al Estado en el cumplimiento del diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento de los esquemas tradicionales como obra pública, son transferidos al sector público. Así las cosas, los beneficios que otorgan los PPS son múltiples; entre ellos se encuentran los siguientes: El mejoramiento en la prestación de los servicios públicos al intervenir inversionistas con experiencia en la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura, así como generar condiciones favorables de competencia. Se generan también oportunidades de inversión para los empresarios. Las dependencias y entidades podrán cumplir de manera más eficientes las funciones y responsabilidades que le tienen asignadas. Incremento en el empleo con el que se fortalecerá la fuerza laboral. Se alienta también la inversión y un uso más eficiente de los recursos. Se reducen o eliminan los retrasos y sobrecostos que comúnmente aquejan al desarrollo de proyectos públicos. Se modera el impacto presupuestario de proyectos públicos. Por lo anterior, es necesario expedir una ley que regule los proyectos de producción ya que si bien es cierto que estos proyectos están previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, únicamente tales ordenamientos hacen referencia a los PPS, pero no los regulan. Importante es que podamos regular los mismos. Al regularse los PPS en una ley, se garantiza el cumplimiento de las obligaciones de las partes involucradas. Los riesgos se disminuyen y se fomenta la transparencia contractual, entre otras razones, por la participación conjunta del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el sector privado. Asimismo, al preverse legalmente los PPS se consigue aprovechar la eficiencia, experiencia, diseño y medios de infraestructura y financiamiento del sector privado que hasta ahora no se ha explotado. El objetivo de la presente ley, compañeras y compañeros, que proponemos al Congreso, es regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, formalización, ejecución y control de los contratos sobre proyectos de prestación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal y los órganos constitucionalmente autónomos en los que no se contraponga a los ordenamientos legales que rigen. Asimismo la citada ley excluye de su aplicación las áreas estratégicas como el petróleo, el gas y la electricidad. De esta manera compañeras y compañeros diputados, creo que podríamos contribuir de manera muy importante al problema que enfrenta hoy en día nuestro país que es la falta de inversión pública para poder generar la infraestructura y los empleos que la sociedad está demandando. Por su atención, muchas gracias y pido a la Presidencia que se inserte en el Diario de los Debates la presente iniciativa que hemos dado a conocer a los miembros de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.