El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señora Presidenta. Las diferentes concepciones de los bienes propiedad de la nación y la protección de los bienes culturales han tenido un desarrollo histórico ligado a la construcción de la nación mexicana. Ya en el México virreinal, en siglo XVIII, registramos la primera querella sobre patrimonio cultural emprendida por el virrey Pedro de Cibrián y Agustín, en 1743 en contra de don Lorenzo Boturini y Benaduci, a quien le expropia su valiosa colección de códices y antigüedades mexicanas. El México liberal cuenta entre sus prioridades políticas el financiamiento de la Hacienda Pública y la identidad de la nación. En esta circunstancia, la Ley de Desamortización de Miguel Lerdo de Tejada, entonces primer ministro de Hacienda, atenderá a la creación de la Hacienda Pública que consecuentemente conducirá a la posterior expropiación de bienes del clero promovidas por el Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Estas iniciativas definirán el horizonte desde el cual se establece la propiedad de bienes nacionales y la legitimidad de las acciones de Estado en su custodia y administración. Cabe señalar que la intención de esta ley no era privar a la iglesia de su riqueza material sino tan sólo modificar el carácter de una parte de tal riqueza. Las razones eran económicas y financieras, no políticas ni antirreligiosas. He de señalar, que implícitamente los bienes culturales de culto religioso así como la mayoría de los inmuebles que ocupaban las iglesias han quedado, hasta la fecha, en custodia de los ministros de culto religioso. Sin embargo, es necesario que se promuevan políticas definidas para su protección debido al permanente riesgo del saqueo. Este complejo proceso histórico, lleva al establecimiento del marco en el que se desarrollan dos leyes: la Ley de Libertad de Cultos de diciembre de 1860 y la Ley Bienes Nacionales origen de la actual Ley General de Bienes Nacionales. Esta última contiene disposiciones relativas al destino de los bienes nacionalizados al clero y en poder de la nación, la cual prohíbe expresamente que estos sean cedidos de manera alguna por el Estado en su artículo 84. Sin embargo, aún no está asegurado el registro adecuado ni el resguardo de gran parte del patrimonio de los bienes culturales. La Ley Federal sobre Monumentos y Sitios Arqueológicos, Artísticos e Históricos, definirá hasta 1972 el marco normativo del resguardo e investigación de nuestro patrimonio cultural. Las diferentes leyes que preceden a la Ley Federal de Monumentos, son significativas para armar el complejo conjunto que han definido las políticas de patrimonio, resguardo e investigación de las culturas que componen la pluralidad de nuestra civilización. El 19 de enero de 1934, se promulga la Ley sobre Protección y conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural. Tiene el carácter de ley federal y dispone expresamente en su artículo 2o y en el 4o, el dominio de la nación de los bienes arqueológicos. "Son del dominio de la Nación —dice— todos los monumentos arqueológicos inmuebles. La presente ley tendrá aplicación federal en sus preceptos relativos a: Primero, monumentos arqueológicos". Es así que gran parte de estos preceptos productos de un proceso histórico, se integran en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas del año de 1972, definiendo por vez primera los lineamientos de protección y resguardo del patrimonio cultural. Esta ley asimismo establece los mecanismos fundamentales de la protección de bienes culturales, muebles e inmuebles y lo diferencia en el ámbito de políticas, acciones y competencia de instituciones específicas, como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, del concepto de monumentos en arqueológicos, artísticos e históricos y se derivan las facultades de ambos institutos. En el país existen 100 mil sitios arqueológicos, de los cuales se encuentran registrados poco más de 35 mil y 120 mil inmuebles considerados monumentos históricos, de los cuales 17 mil son de carácter religioso. Este catálogo es un instrumento fundamental por su precisión y certeza para identificar los bienes culturales, muebles e inmuebles que hayan sido robados o productos del saqueo o del tráfico ilícito. Los bienes muebles e inmuebles sobre los que se documenta un delito, se publicarán en las páginas de la Procuraduría General de la República, de las procuradurías locales, de agencias aduanales y de la página "E" Cultura. Todo galerista, subastador o negociante de bienes muebles e inmuebles estará obligado a investigar la no procedencia ilícita de los bienes culturales negociados, de la misma manera que los compradores. Por tal motivo, con esta iniciativa de ley queremos hacer expresa la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en financiar el catálogo de bienes nacionales, de manera armónica con las facultades que otorga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricos y Artísticos a los institutos federales. El resguardo del patrimonio cultural se encuentra plasmado jurídicamente en la Ley Federal de Monumentos, pero falta la consideración acerca del vínculo orgánico con la Ley General de Bienes Nacionales y con la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público. Por lo anterior someto a consideración de Pleno la siguiente iniciativa de proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley General de Bienes Nacionales en los siguientes términos: Articulo 1°. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 30, una fracción XI al artículo 81 y un segundo párrafo al artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá otorgar los recursos financieros necesarios al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en los términos previstos por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para consolidar y actualizar el catálogo de bienes inmuebles culturales, arqueológicos, artísticos e históricos". En el artículo 81 la fracción que se adiciona es la XI, quedando como sigue: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá otorgar los recursos financieros necesarios para la consolidación y actualización del catálogo de bienes culturales, muebles, utilizados para fines religiosos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional del Bellas Artes y Literatura llevarán a cabo todas las acciones de acuerdo a las facultades que les otorga la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos". En el artículo 150 se adiciona un segundo párrafo que a la letra dice: "Se aplicará esta misma pena a quien robe, saqueé o trafique ilícitamente con bienes muebles o inmuebles de la nación". El artículo 2°, se modifica el primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue. "Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública, a los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, propiedad de la nación. Las mismas estarán obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar de su salvaguarda y restauración en los términos previstos por las leyes. Para este efecto documentará todos los bienes recibidos y tendrá el compromiso de responder por su integridad mediante un acta de recepción y entrega a sus sucesores. La omisión o deliberada pérdida o sustracción, será sancionada según lo establece la Ley General de Bienes Nacionales". Se contempla la introducción de artículos transitorios. Es cuanto tenemos que informar. Gracias, señora Presidenta.