La diputada Flora Tania Cruz Santos: Compañeras y compañeros diputados, a nombre de las diputadas y diputados de las Comisiones Unidas de Educación y de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, pongo a su consideración el dictamen que fue un trabajo en conjunto y que logró el consenso en ambas comisiones, siendo aprobado por unanimidad. Este dictamen tiene como objetivo reformar los artículos 74, 115 y 128 de la Ley General de Educación, con la intención de fortalecer la prevención, detección y erradicación de la violencia escolar, así como la atención de manera oportuna por parte de las autoridades educativas. No puedo dejar de reconocer a la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo, quien además es la promovente de la iniciativa y con quien trabajamos en todo momento de forma plural y abierta con la intención de que en ambas comisiones se lograron los consensos para sacar adelante este proyecto en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros, en la que uno o varios alumnos agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad y puede causar daños físicos, sociales o emocionales en quienes lo sufren. El problema de la violencia y el acoso en los centros escolares es multifactorial y su combate se debe abordar desde distintas aristas. Sin embargo, a nadie puede escapar que este fenómeno ha permeado en la mayoría de los tipos y niveles educativos, generando graves consecuencias tanto en el comportamiento de las y los estudiantes como en su desarrollo físico y emocional. De acuerdo con los datos de la Unesco, aproximadamente un tercio de las y los adolescentes del mundo han sufrido acoso escolar en algún momento de su vida, lo cual habla de que esto no ocurre solamente en nuestro país, sino que es un fenómeno a nivel mundial que refleja el grado de descomposición de las sociedades en recientes años. Por otro lado, de acuerdo con datos del Conapred, en nuestro país 4 de cada 10 niñas y niños en nuestro país reportan haber experimentado violencia asociada a la discriminación. Asimismo, el 71 % de las y los adolescentes reportan haber recibido insultos y burlas en los últimos cinco años. Aunado a ello, cuando las y los jóvenes que sufren violencia se encuentran en el estrato socioeconómico bajo, se duplica la propensión a sufrir acoso respecto de quienes se encuentran en el estrato alto. Y lo más grave, entre los años 2000 y 2012, la tasa de mortalidad por homicidio en la población de niñas y niños entre 0 y 17 años fue de 4 muertes por cada 100 mil habitantes. Por todo lo anterior y para atender este grave problema que lastima a nuestra sociedad, la propuesta que está a su consideración busca reformar el artículo 74 de la Ley General de Educación y tiene como objetivo establecer la obligación de las autoridades para promover la cultura de la paz y no violencia y desarrollar las siguientes acciones: Proporcionar atención psicosocial y orientación legal a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas. Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños y adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato escolar. Hacer del conocimiento de las autoridades las conductas que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes, así como promover su defensa en las instancias correspondientes. Realizar campañas mediante el uso de las tecnologías de la información, que concienticen sobre la importancia de una convivencia libre de violencia o maltrato. Asimismo, se modifica el artículo 115 de la Ley General de Educación, para incluir que la detección, prevención, atención y seguimiento de cualquier expresión de violencia o maltrato escolar es una responsabilidad que debe ser atendida de forma integral y transversal entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Por último, se contempla la adición del artículo 128 de la ley, para incorporar como derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, de participar en la formación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar en las instituciones educativas y colaborar en la detección, prevención, atención y seguimiento de cualquier expresión de violencia o maltrato escolar. Compañeras y compañeros, las y los invito a seguir el ejemplo que pusimos en la Comisión de Educación y de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, al acompañar esta iniciativa y aprobar el dictamen de forma unánime, demostrando que cuando se trata de defender los derechos de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes no hay colores, sino que hay un conjunto de voluntades encaminadas a lograr este objetivo. Muchísimas gracias.