El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Compañeras y compañeros diputados: En 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente y el desarrollo, la comunidad internacional acordó adoptar un enfoque para el progreso de los pueblos que protegieran el medio ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo económico y social. Desde entonces, México se comprometió a legislar en materia de responsabilidad por daños ocasionados al ambiente, indemnización y compensación de las víctimas de la contaminación y para hacer posible el acceso efectivo de la ciudadanía a los tribunales que imparten justicia en materia ambiental. En congruencia con lo anterior, nuestros legisladores establecieron como principio de política ambiental de México, que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a reparar los daños que se causen, así como asumir los costos que dicha afectación implique, apuntando con ello a la necesidad de desarrollar la legislación sustantiva y procesal, relativa a la responsabilidad ambiental. A pesar de esta declaración, la normatividad mexicana no responde aún a las expectativas de justicia de las comunidades, de la sociedad, no garantiza en los hechos los principios reconocidos por el derecho ambiental. Es necesario legitimar a los ciudadanos para posibilitar su acceso a los tribunales, es indispensable propiciar la intervención del Poder Judicial en la solución de los conflictos ambientales. Es impostergable construir un sistema de justicia que posibilite la acción corresponsable del gobierno y la sociedad civil en la protección del medio ambiente, que garantice la efectiva reparación de los daños, la atención a las víctimas de contaminación, al mismo tiempo, que desincentive económicamente a quienes no han adoptado por el cumplimiento de la normativa que tutela el ambiente. En los últimos años se han registrado en nuestro país, un sin número de acontecimientos que han tenido como resultado la contaminación de cuerpos de agua, suelos, subsuelos, manto freático y acuíferos. Se han hecho públicos casos de emisiones puntuales de contaminante que han impactado a sectores amplios de la sociedad, descargas ilícitas de aguas residuales, desechos clandestinos de residuos peligrosos, encañamiento de embarcaciones en bancos de coral en áreas naturales protegidas, así como de construcción ilegal de proyectos sobre manglares y en zonas en las que se ocasiona ilegítimamente la deforestación y el cambio de uso de suelo en nuestros bosques y selvas. Estos precedentes son elementos determinantes que justifican la necesidad de crear un régimen especial de responsabilidad ambiental, fuera del Código Civil y de Procedimientos Civiles Federales. De lo anterior, puede concluirse la necesidad de una reforma sistemática en materia, que a la vez, permita llevar a la vida de nuestros tribunales los reclamos de solución de controversias ambientales, por daños ocasionados al entorno de garantías y seguridad, a los agentes económicos de que este proceso se llevará a cabo con seguridad, transparencia y equidad. Los prejuicios sociales y ambientales se derivan de la indefinición de las responsabilidad, obligaciones y medios efectivos para defender ante los tribunales el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la persona. Ponen de relieve la necesidad de disponer de una normatividad sustantiva y procesal, capaz de prevenir, controlar y sancionar los daños y afectaciones a estos bienes. El proyecto propuesto regula la responsabilidad respecto a dos hipótesis dañosas: la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente y la correspondiente a los daños y afectaciones ocasionados a la salud e integridad de las personas como resultado de materias y residuos no peligrosos que han sido liberados al entorno. Como hemos dicho el bien a protegerse por las normas positivas ambientales, es la calidad del ambiente y derecho del hombre a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. El propio artículo 4° constitucional, evidencia el binomio ambiente-salud, al señalar que toda persona tiene derecho a un ambiente sano, para su desarrollo y bienestar. La regulación de responsabilidad ambiental, se propone en consecuencia a ello. En ese sentido, se proponen normas sustantivas y procesales no para dotar a la SEMARNAT con facultades administrativas que competen a la Secretaría de Salud, sino para dar acceso a la ciudadanía a un procedimiento judicial que permita abordar los efectos negativos que los daños ocasionados al ambiente, tienen a su vez sobre las personas. A través de la definición de afectación a la integridad de las personas por materiales y residuos no peligrosos liberados al ambiente, se reconoce por primera vez en nuestro sistema jurídico un adeudo a la dignidad de la persona: la introducción ilícita y no consentida de contaminantes en el organismo humano, es un hecho reprochable que requiere de una compensación. Así, los capítulos dos y tres de la iniciativa propuesta, se dirigen a regular tanto la responsabilidad directamente relacionada con el daño ambiente, como aquella derivada de los efectos negativos ocasionados a la persona al generar contaminación ambiental con materias o residuos peligrosos. El capítulo cuarto regula la acción y el procedimiento especial, a través de los cuales podrán atenderse los daños y pretensiones, previstos en los dos títulos referidos. El nuevo sistema se ajusta a las estrictas garantías procesales y permite la efectiva intervención del Poder Judicial, pero no por ello excluye la intervención de otros procedimientos. La necesidad de crear un sistema de responsabilidad ambiental, no sólo obedece al reclamo de reparación de daños ocasionados al entorno, sino fundamentalmente a la demanda social de participación directa en la tutela del ambiente que requiere el acceso efectivo y sin intermediación a los Tribunales del Poder Judicial, así como la participación activa de éste en la resolución de los conflictos ambientales. A la fecha, las únicas vías de satisfacción de los reclamos de la justicia ambiental al alcance de los miembros de las comunidades afectadas por una obra o actividad, son el procedimiento administrativo y el penal, que no permite el acceso directo de los ciudadanos a los tribunales. En ambos casos, la legislación interpone a una institución pública entre la ciudadanía y el órgano resolutor del conflicto, que no siempre puede o quiere atender a las demandas ciudadanas. Lo que se plantea en este propuesta es la actuación ciudadana, independiente de las autoridades administrativas, pero como un fin común que no sólo es el de procurar la reparación de los daños ecológicos, sino también el de abatir, inhibir y prevenir, de manera eficiente, los actos violatorios a la normativa ambiental. La iniciativa proviene de la conjunción de los esfuerzos y recursos del gobierno con los de la ciudadanía que sufre el daño ecológico. En suma, se busca la corresponsabilidad social efectiva en el ambientamiento de la impunidad ambiental. Finalmente, es fundamental mencionar que el 13 de abril del presente año, los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, así como en el Senado de la República, realizamos un foro en materia de responsabilidad ambiental en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al cual asistieron especialistas tales como el Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el Director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, el Subprocurador de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría Ambiental del D.F., el Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, el Director General Adjunto Jurídico de SEMARNAT, entre otros, cuyas aportaciones, propuestas e ideas, fueron incorporadas en la presente iniciativa que hoy les presentamos para su consideración. Asimismo, se organizó un grupo de trabajo que contó con la participación de académicos expertos en la materia, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Anáhuac, de la Universidad Nacional (¿) Autónoma Metropolitana, del SEMDA (¿), Greenpace México, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del D.F., y asesores del Partido Verde y diversos abogados ambientalistas. Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y Código Penal Federal. Por obviedad de tiempo omitiré la lectura del articulado. Sin embargo, le pido se inserte el texto íntegro de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria en el Diario de los Debates. Es cuanto señor presidente.