El diputado José Antonio Almazán González: Compañeras diputadas, compañeros diputados, la presente iniciativa que hoy se pone a nuestra consideración, de reformas a esta fracción XVI del artículo 132, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la juzga como un dictamen y una iniciativa que es de justicia y que es jurídicamente procedente. En efecto, como lo hemos razonado, se trata de reconocer un derecho que otorgue condiciones de igualdad a los trabajadores discapacitados que laboran en diferentes centros de trabajo. Jurídicamente es procedente porque atiende a una serie de obligaciones y normas vinculatorias establecidas y ya reconocidas en el ámbito internacional y en esta reciente Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas, que tengo entendido que ya entró en vigor. Asimismo es de subrayarse que esto que hoy se está planteando adicionar en la fracción XVI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo ya se reconoce en la Norma Oficial Mexicana, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 1999. El universo de beneficiados no es un asunto menor. Se está reconociendo, en principio, una cifra cercana a los 2 millones de mexicanos, de personas que se encuentran en condiciones de discapacidad con diferentes grados. Lo que me parece encomiable y lo quiero subrayar es que en el criterio y en el razonamiento que establece este dictamen se pongan por delante los criterios que hacen a la justicia, a lo justo y, por supuesto, a lo que jurídicamente es procedente y no al asunto de los costos financieros, reconociendo que en materia de derecho laboral estamos ante una materia que siempre será inconclusa; reconociendo la condición de clase subalterna para el total de mexicanos que venden su fuerza de trabajo. En lo que hace al transitorio, diputado Fraile, si me escucha, quiero decirle, atendiendo a todo el razonamiento, que no me parece necesario adicionar un plazo de nueve meses porque los tiempos, como se plantean en la propia adición que tengo a la vista, señalan, en la fracción VI, en verbo infinitivo, instalar, etcétera, etcétera, y realizar es decir, viene en tiempo infinitivo realizar en los lugares donde se ejecuten las labores, las adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias que aseguren el libre acceso y desplazamiento de las personas y trabajadores con discapacidad en condiciones de igualdad. Ese tiempo infinitivo del verbo, desde el punto de vista jurídico, guarda la reserva y otorga garantía, como lo establece el propio transitorio que se presenta como único, que dice: "El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación ", es decir, al día siguiente estaríamos en la hipótesis de este verbo infinitivo que dice "y realizar en los lugares las adecuaciones ", es decir, a partir de esa fecha se establece la obligación por parte de los patrones de otorgar condiciones de igualdad en lo referente a los trabajadores discapacitados, como se está planteando. Entiendo la preocupación de los nueve meses, pero me parece que la obligación debe establecerse y será la autoridad la que en la relación de los sujetos y de la materia competente en este tema otorgue esa garantía, pero la obligación se establece a partir de que esto aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo que estoy recomendando es que se deje como está, que no es necesaria la adición de los nueve meses porque la obligación entra a partir del carácter de esa obligación como se está planteando. Finalmente, quiero subrayar que el Grupo Parlamentario del PRD va a votar a favor de esta iniciativa porque reconoce que hay un carácter de justicia, que la propuesta en la iniciativa es justa y que jurídicamente es procedente, por lo que recoge de la norma internacional y por lo que reconoce en una norma menor, como es la Norma Oficial Mexicana. Diputado Fraile, diputados del PAN, pero también diputados del PRI, quiero llamar la atención y al razonamiento de todos ustedes por lo siguiente. Más adelante vamos a votar otra iniciativa en donde, con los mismos criterios que favorecen a esta iniciativa, con esos mismos criterios se desechan porque se pone por delante el asunto de los costos financieros, cuando por delante debe ir el aspecto de la justicia y de lo que sea jurídicamente procedente en protección y tutela de los derechos de los trabajadores mexicanos. Con este razonamiento, el voto del Partido de la Revolución Democrática es a favor de la iniciativa que se ha presentado.