La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: De la Junta de Coordinación Política. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su total repudio a las acciones de violencia contra los defensores de derechos humanos, en particular hacia Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catálán, Guerrero, así como contra la activista Norma Andrade. Acuerdos Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su total repudio a las acciones de violencia contra la ciudadana Eva Alarcón Ortiz y el ciudadano Marcial Bautista Valle, coordinadora y presidente respectivamente, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y ofrece a los familiares de las víctimas todas las gestiones a su alcance, a fin de coadyuvar a una solución pronta, expedita y justa del caso. Se compromete a llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para garantizar los derechos humanos, la protección de los defensores y la adopción de normas específicas para la atención a las víctimas de la violencia. Asimismo, manifiesta su preocupación por la situación de hostilidad y riesgo en la que llevan a cabo su labor las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y se pronuncia por el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento a las víctimas, deudos y defensores, es el caso de la ciudadana Norma Andrade, defensora de derechos humanos quien recientemente fue víctima de un atentado. Segundo. Exhorta al Ejecutivo federal para que se instruya a las instituciones de seguridad pública, inteligencia, procuración de justicia y protección al medio ambiente para que en el marco de las atribuciones que les brindan la Constitución y las leyes, conjunten esfuerzos e intensifiquen las labores de búsqueda e investigación para presentar con vida a ciudadana Eva Alarcón Ortiz y al ciudadano Marcial Bautista Valle, así como para detener a los responsables directos y a los implicados en la comisión de la privación ilegal de la libertad de que fueron objeto y en los delitos que resulten, con imparcialidad y estricto apego a derecho. Tercero. Demanda al Ejecutivo federal dicte las medidas cautelares de protección específica hacia los miembros de la OCESP, a fin de salvaguardar su integridad y la viabilidad de sus acciones. Cuarto. Exhorta al gobierno del estado de Guerrero, a que instruya a las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y protección al medio ambiente, para que en el marco del orden jurídico nacional y estatal, emprendan las acciones necesarias que permitan encontrar a la ciudadana Eva Alarcón Ortiz y al ciudadano Marcial Bautista en integridad física. Asimismo, para que detengan a los responsables de este artero delito y los sometan a proceso judicial. Quinto. Considerando las grandes y recientes agresiones en contra de defensores de derechos humanos, activistas y representantes campesinos e indígenas entre otros actores sociales, se exhorta al gobierno federal a que implemente de manera urgente en acuerdo con la sociedad civil, un mecanismo de medidas cautelares de protección permanente, responsable y oportuna a los ciudadanos que realizan este tipo de labor social y que están sujetos a condiciones de riesgo, o sean objeto de amenazas. Lo anterior para honrar el compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 13 de diciembre de 2011. Rúbrica del presidente y coordinador del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, diputado Armando Ríos Piter, y los demás integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente.