La diputada Gloria Bautista Cuevas: Gracias. Lo que ocurre con la interconexión a través de este lamentable dictamen debe dividirse en dos apartados: por un lado, se pierde una oportunidad histórica de dotar al regulador de facultades conforme a las mejores prácticas internacionales y opiniones de la OCDE al mantener un absurdo esquema de diferendos y regulación ex post, por el otro, pero coincidente con la óptica de todo el dictamen se aplasta la facultad del mismo regulador para, de manera dinámica y eficiente, a los actores preponderantes o dominantes, al establecer en la ley la rigidez de una tarifa gratuita. Esta soberanía se convierte en regulador, desarrolla un modelo de costos y establece la tarifa de interconexión en un texto legislativo increíble. Respecto del primer punto es evidente que los aquí presentes jamás se han asomado al funcionamiento del mercado de la interconexión y la enrome problemática generada al impedir que la Cofetel, en su momento, y hoy Ifetel puedan determinar las tarifas de interconexión ex ante, sin estar sujeto a los acuerdos que tengan dos concesionarios, muchas de las veces atentando en contra del usuario. ¿Quieren realmente apoyar al consumidor, señores diputados, señoras diputadas? Pues ésta es la forma, dotando al regulador de la facultad que, con base en modelos de costo, establezca las tarifas de interconexión antes de que inicie cada año, no a mitad del mismo y después de un diferendo entre particulares. Lo anterior no sólo es lo que más conviene al consumidor, sino que ordena al mercado, da certidumbre y permite diseñar mejores estrategias comerciales. Basta recordar que el esquema actual en el que el regulador se sienta a esperar que sean los concesionarios quienes dicten las tarifas quién sabe con qué criterios nos tiene con tarifas de interconexión pendientes desde el año 2007. Es decir, es un esquema que ha probado su absoluta ineficiencia y que hoy pretendemos mantener en contra de mejores prácticas internacionales y recomendaciones de la OCDE. Se propone por lo tanto que sea el Ifetel quien establezca todas las tarifas de interconexión del mercado mexicano, y que lo haga con la oportunidad suficiente para dar certidumbre a los operadores, como sucede en todo país desarrollado. La libertad tarifaria queda intacta, pues las tarifas al usuario final son establecidas con toda libertad por el concesionario, lo que se regula en un insumo esencial de interés público reconocido así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En segundo término, ya adelantaba, México podría convertirse en el único país del mundo que incluye una tarifa de interconexión en su legislación. En el resto de los países, incluso en varios con concentraciones similares al nuestro, la tarifa de interconexión se entiende siempre como una decisión que corresponde al regulador, a nadie más. La ley, si acaso, incluye directrices, lineamientos o criterios generales que debe cumplir el modelo de costos que arroje dicha tarifa. Pero nosotros somos distintos, el Senado de la República cuenta con los especialistas suficientes para asegurarnos que la mejor tarifa de interconexión para el preponderante o dominante es cero, y hay que ponerlo en la Ley. Por cierto, para todos aquellos que argumentan que debemos respetar las decisiones del regulador, les tengo una noticia. Desde marzo pasado el Ifetel ya estableció una tarifa para el preponderante, y no es cero. En este baile de argumentos que se acomodan conforme a los intereses que les dictan, aquí sí vamos a dejar sin efectos dichas resoluciones que colocaban la tarifa en 0.20 centavos para el mercado móvil y 0.02 centavos para el fijo. Y si por alguna razón nos equivocamos y lastimamos al mercado, no se preocupen, basta con volver a reformar la Ley. Valdría la pena que el Senado fuera ya contratando los modelos de costos que nos permitan regular el mercado. Paso al artículo 158. Ante la preocupante concentración en el servicio de televisión abierta, el regulador mexicano tiene pocos elementos de regulación tan efectivos como la multiprogramación. El dictamen deja pasar una oportunidad histórica para regular este excedente de capacidad a favor de la pluralidad y la competencia como mandata el artículo 6 constitucional, de paso limita las facultades del regulador que en otros temas varios de ustedes supuestamente defienden, al convertir a la multiprogramación en un esquema casi de autorregulación, autorregulación pura en la que los concesionarios deciden la forma en la que explotarán esta ventaja. Créanme, lo harán a su favor, de nadie más, y menos de los mexicanos. El artículo 158 del dictamen es una burla y a mi juicio abiertamente inconstitucional, pues viola el artículo tercero transitorio del decreto, tanto en sus fracciones VI y VIII, tanto al abdicar en la promoción de la producción nacional independiente. La multiprogramación es una de las principales herramientas para promoverla, como al no dotar al regulador de facultades amplias y extensas, bajo principios de competencia y calidad, atendiendo de manera particular la concentración de frecuencias. Especial atención merece la segunda fracción del artículo 158, donde rigurosamente se impone un límite a la multiprogramación que podrá autorizársele al agente preponderante en radiodifusión. Casualmente y fíjense en la coincidencia el límite, 50 por ciento, se ubica exactamente en el porcentaje de señales que tendrá Televisa, después de la licitación de nuevas cadenas. Como quien dice: el tope jamás morderá. De verdad, ¿alguien de ustedes tuvo el descaro de sentarse a hacer las cuentas y encontrar la fórmula exacta que beneficia al operador de televisión abierta más grande del país? Esta soberanía no puede solapar descaros de este tamaño, por favor. Artículo 159. La retransmisión de contenidos radiodifundidos, artículo 159, es una medida que nosotros mismos aprobamos en la reforma constitucional apenas el año pasado, como una forma de promover mayor competencia en todos los sistemas de paga. Pero, sobre todo, reconocer el derecho de las audiencias a recibir toda señal radiodifundida, en un derecho que en la práctica debiera favorecer a todo suscriptor de televisión de paga, independientemente de la tecnología que usa. De nueva cuenta, el argumento de la convergencia telefónica se utiliza a modo y se olvida, también a modo. Hoy el decreto encuentra la manera de incluir limitantes a un derecho de la audiencia y a esa convergencia, al poder multiprogramar un canal de transmisión, Canal Dos, por ejemplo, e incluir distintas señales: dos-uno-dos, dos-tres-uno. Esperaría que, de contar con la capacidad, los sistemas de televisión de paga pudieran llevar de manera gratuita esas señales a sus suscriptores indistintamente de la tecnología utilizada. Pues no es así, producto de otra casualidad de último momento. A alguien se le ocurrió incluir el candado exclusivamente en la plaza que corresponde, eliminando con ello la posibilidad técnica para que el principal competidor de Sky pueda llevar dicha señal. Gana Grupo Televisa, pierden tres millones de suscriptores al sistema satelital Dish. Otro de esos artículos en los que ya lo sé, con producto del Espíritu Santo, pues nadie tiene los pantalones de subirse a esta tribuna y explicar el sustento para ello, salvo un correo electrónico dictado desde Los Pinos. Paso al 173 y 174. Como en muchos otros aspectos, el dictamen nos presenta una visión obsoleta del sector, en este caso inexplicablemente se hereda de la antigua Ley de Telecomunicaciones la noción de comercializador, en lugar de adoptar un término más moderno e internacionalmente reconocido, como es el de operador móvil virtual. Desde nuestro punto de vista, adoptar el término no es secundario, pues la comercialización de servicios presenta a los operadores móviles virtuales como meros revendedores de los concesionarios, utilizando los límites preconcebidos que el término viene cargando desde 1995. No hay razón para no modernizar el tema y adaptarlo al que se usa en el resto del mundo. No hay razón para que esta ley no los fomente y los proteja en muchos de los aspectos básicos de su operación, que comúnmente terminan sujetos a la voluntad de concesionarios de mucho mayor tamaño. Los operadores móviles virtuales no deben entenderse como un añadido a la fuerza de ventas de las empresas móviles, sino como una verdadera alternativa de servicios para el consumidor, para ello requieren de un regulador con facultades amplias para intervenir en la resolución de disputas entre ellos y los concesionarios. En un aspecto positivo se reconoce un avance del dictamen en términos de la posibilidad de acceder a numeración propia, pero se dejan fuera otros elementos fundamentales, si verdaderamente se quiere impulsar esta figura en el mercado mexicano para beneficio del consumidor. Los ataques mediáticos sobre este modelo de negocio no es nada casual, en varios mercados han llegado a ostentar hasta 8 por ciento del mercado, eso es el doble de lo que hoy tiene Iusacell o Nextel. Responde precisamente a que pueden convertirse en una alternativa real ante concesionarios anquilosados, poco eficientes o que brinden mal servicio al usuario. De las variables que el dictamen no considera, la más importante, sin duda, es la posibilidad de que estos operadores puedan presentar ante el regulador diferendos en materia de interconexión, en lugar de dejarlos a expensas de los operadores en una relación profundamente asimétrica. No se trata de una invasión a la libertad, a la libertad tarifaria, sino a la simple regulación de un insumo que el propio dictamen reconoce como insumo esencial y de interés público. Las tarifas al usuario final quedan intactas. Pero si la ley no protege el acceso a ese insumo esencial, la interconexión, nos estamos matando de inicio. En resumen, se propone adoptar el término de operador móvil virtual, que el Ifetel tenga facultades para regular su acceso a la interconexión, y en contrapartida, también se le establecen obligaciones en términos de cooperación con la justicia. ¿Acaso no les ha bastado no estar aquí, que no pueden ni un ratito poner atención? ¿O seguir riéndose? No importa. No me van a callar.