El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Por mi experiencia ya en varias legislaturas, uno cuando concluye, cada tres años, siempre hace uno la reflexión de qué sucedió en esa legislatura, cuáles fueron las mayores aportaciones, cuáles fueron los puntos relevantes, cómo calificamos nuestra actuación, cómo podemos explicarles a nuestros representados las distintas decisiones que en esta asamblea se tomaron. Yo tengo la certeza, señores legisladores, que dentro de los aspectos, dentro de los asuntos de los que nos vamos a sentir profundamente orgullosos es de esta reforma, agregando una fracción al artículo 107. No es tan sólo una reforma constitucional, es una reforma sustancial a nuestro sistema jurídico. Por eso quiero agradecer muy emocionadamente a los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales el que me hayan permitido posicionar y señalar cuáles son los argumentos para depositar nuestro voto a favor. Felicito a los tres señores coordinadores de los tres partidos mayoritarios, a Emilio Gamboa, a Javier González Garza, a Héctor Larios, y desde luego exhorto a los demás grupos parlamentarios para que se sumen a esta iniciativa porque corresponde a un viejísimo reclamo. Este debate, yo diría que es un debate que data de hace más de 100 años, prácticamente desde que Manuel Crescencio Rejón, en la Constitución de Yucatán en 1841, siguiendo las experiencias del habeas corpus inglés, de la judicial rediu de los norteamericanos, de la profunda y democrática aportación de Alexis de Tocqueville que insistía en que no bastaba que en la constitución se señalara un derecho, si no había la forma de instrumentarlo, de cumplirlo y de que se observe rigurosamente. Hoy, y dentro de esa corriente que ya se denomina derecho procesal constitucional, los juristas mexicanos han hecho enormes aportaciones. Fernando MacGregor, y sobre todo el gran maestro Héctor Fix Zamudio, desde su tesis profesional en 1956, ya hablaba del derecho procesal constitucional. Vino la corriente de los países europeos al formar los tribunales constitucionales, vinieron una serie de mecanismos como la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, que se incorporaron en México, en 1994-1995, las modificaciones a todo el Poder Judicial. Se ha avanzado mucho en este tema sustancial, pero desde que estábamos estudiando derecho, ya hace algunos años, se señalaba la Cláusula Otero y siempre se nos decía que era injusta, inclusive hay quienes creen ?Ferrer MacGregor, por ejemplo? que se le atribuye este error a Mariano Otero sin verdadero sustento. ¿Cuál era el error?, un amparo, que como ustedes saben procede en contra de leyes, de sentencias y de actos administrativos; en un amparo contra leyes no podía hacer el Poder Judicial consideraciones de la ley, que es general y abstracta, sino solamente abocarse al asunto individualizado y solamente para esos efectos se debía pronunciar la sentencia. Y siempre dijimos: esto es una aberración. Rompe con lo general o ingeneralidad, y que la ley sea abstracta rompe con el principio de equidad, rompe con el principio de justicia. El derecho prevalece para todos. Después vino Ignacio Luis Vallarta, de los grandes juristas; esta etapa duró hasta 1925, siempre discutiéndose si los amparos deberían proceder contra las leyes fiscales que ya pasaron por un Congreso, que ya fueron aprobados por la representación popular y que el contribuyente tuviera este tipo de acciones. Hoy, señores, esta reforma tiene fundamentalmente cinco efectos de enorme trascendencia: El primero, la sentencia que dicte la Suprema Corte en estos juicios tendrá efectos generales. Ésta es una medida justiciera; ya no se va a beneficiar... en la escasa porción de contribuyentes estamos hablando de 2 por ciento que pueden acudir a un bufete profesional, especialista en la materia, y pagar enormes cantidades para poder evitar el pago del impuesto. Hoy el efecto, que en esto se equipara con la acción de inconstitucionalidad, es general. Hoy si una ley la Suprema Corte de Justicia dice "tiene inconstitucionalidades", beneficia a toda la ciudadanía. Esto es un acto elemental de justicia. Esto un acto elemental de los contribuyentes que, evidentemente, no tienen los recursos para acceder a estas instancias. Es un acto democrático. La democracia siempre se sostuvo y todavía hay fundamentalmente ideólogos de izquierda que señalan que su elemento fundamental es el criterio de igualdad, y hoy estamos poniendo a los contribuyentes en una situación de igualdad con relación a los efectos de una ley, que el máximo tribunal de justicia ha declarado inconstitucional, pero además, es un acto de racionalidad jurídica. Por algo los romanos que construyeron el sistema jurídico, tal vez de mayor repercusión y de mayor trascendencia en la historia del derecho, definían al derecho en una forma muy sencilla: "el derecho es la razón escrita", y precisamente a eso corresponde esta reforma, a un criterio de igualdad. Segundo asunto. Serán resueltos en única instancia por la Suprema Corte de Justicia. Como sabemos, en el pasado un juez de distrito, a veces en forma heterogénea, a veces sin coordinación emitía una sentencia, protegía a un contribuyente y creaba un gran desorden. Yo diría que reñía con los criterios de competitividad de la economía. ¿Por qué? Porque un contribuyente, y esto ha sucedido, al dejar de pagar impuestos estaba en ventaja frente al resto de los contribuyentes. Esto distorsionaba el mercado, iba en contra de las reglas de competitividad. Ahora, y esto también nos lleva a un gran criterio de economía procesal, solamente entra a la Suprema Corte de Justicia y ya no habrá esa estructura que se instala cuando vienen miles de amparos y provoca una erogación enorme de parte del Poder Judicial. Tercera cuestión que ha sido, por algunos, cuestionada. Votación de al menos ocho ministros para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Aquí lo estamos haciendo coincidir con acción de inconstitucionalidad, y muchos dicen: va a ser muy difícil alcanzar la cifra de ocho ministros. Sí, porque aquí también está el equilibrio entre los Poderes. La Suprema Corte de Justicia mediante una decisión de inconstitucionalidad de la ley está corrigiendo a la asamblea parlamentaria, a las dos Cámaras que ya aprobaron ése impuesto, y al Poder Ejecutivo, porque evidentemente si se trata de una iniciativa fiscal debe venir del Poder Ejecutivo. Entonces está corrigiendo a dos Poderes. Por eso, frente a la anterior práctica de las cinco ejecutorias en un mismo sentido, sin que se pronuncie una en contrario, ahora hay este requisito de ocho ministros como mayoría. Pero aún después de decidir la Suprema Corte de Justicia puede revisar, pero también esta reforma contribuye a dar certidumbre jurídica, porque ya no podrán proceder amparos en el futuro y ya no podrán los abogados que son, por cierto, muy especializados y muy señalados, seguir deteniendo la acción de la justicia. La declaratoria de inconstitucionalidad no tendrá efectos retroactivos. Ciertamente se equipara y en esto coincide con el artículo 14 constitucional. Y habrá una mayor estabilidad al criterio sustentado por la Corte. Se ha venido sosteniendo, hoy en la mañana escuchamos muchas declaraciones, que se deja al causante indefenso. No es cierto, el amparo fiscal sigue prevaleciendo en actos administrativos. Si hay una auditoría, si hay una revisión a un contribuyente puede acudir al amparo y desde luego, éste tiene efectos de devolución de lo cobrado indebidamente. Si se trata de una ley, si va a beneficiar a toda la comunidad y va a ser un trámite muy ágil, lo cual nos garantizaría que la vigencia de la ley es por demás corta, evidentemente ya no podría devolver a todos los causantes, por eso pierde sus efectos restitutorios. Esto es en el ánimo de hacer justicia. Por otra parte, cuando se dice que se queda en estado de indefensión en la ley, hay algo que debemos señalar: En ningún país del mundo existen mecanismos de defensa en contra de leyes que señalen contribuciones, somos el único país que tiene este recurso. Yo creo, señores, que en el momento en que el país está, cuando hablamos de ir a una serie de mecanismos, mejorar nuestro marco jurídico y permitir que el Estado pueda actuar. Quiero decirles que el sexenio pasado el Estado devolvió 47 mil millones de pesos, más de dos veces el presupuesto de la UNAM. Asimismo, quiero decirles que el presupuesto en Sedesol es de 68 mil millones de pesos. Miren ustedes la cantidad de recursos que en una alta proporción fue hacia los distintos despachos que se dedican a esto, y que han utilizado mecanismos muy sofisticados, muchas veces recovecos y rendijas para abusar del juicio de amparo. El juicio de amparo nos enorgullece mucho, se propaló en todo el mundo y aquí es donde se reconoce su origen, pero, también hay que reconocer que es ya una institución que ha caminado mucho y que tenemos que actualizar. Yo consulté con juristas, consulté con abogados, y hasta muchos de ellos me señalaban que debería de ser para todo tipo de leyes, no para leyes fiscales. Correcto. Avancemos hoy en materia de leyes fiscales, porque además esto implica un enorme compromiso para el Estado, quien tendrá que cuidar con enorme celo cuáles son las iniciativas que envía al Congreso, y también el Congreso tendrá que cuidar con enorme celo cuáles son los impuestos, las contribuciones, los derechos que aprueba para que puedan ser pagados por los mexicanos. Eso corresponde a nuestra función primigenia, darle sentido a dónde se recaudan los ingresos, a dónde se recaudan los recursos del Estado y en qué forma se destinan. Yo creo que hoy que se critica a los partidos políticos, al Congreso, que no llega a acuerdos, me parece pertinente leerles un párrafo que encontré en algún libro, que dice: "Profesión: político. Domicilio principal: la complejidad. Programa: convivir con aquellos con los que convivir resulta difícil. Moral: trabajo de filigrana en retos pretensiosos. Pasión: tener una relación con lo irrelacionable. Historial: autoreclutamiento por convicción, que se transforma en iniciativa." Tales políticos tienen que entenderse a sí mismos, primeramente, como atletas de un nuevo tipo; atletas del mundo sincronizado, almas de alta capacidad en el tema de la coexistencia. Hoy, mediante el voto de todas las fracciones parlamentarias, estaremos correspondiendo a esta definición y dándole un mensaje al pueblo de México, que, en los momentos difíciles, estamos tomando decisiones que habrán de repercutir en la práctica; normas que habrán de observarse, que habrán de definir esquemas, que habrán de romper con la mentalidad de los emperadores del derecho, que muchas veces detienen la acción de la justicia. Hoy estamos tomando una decisión de reforma constitucional que implica un gran avance para fortalecer el auténtico estado de derecho. Quiero decirles que la comisión también encontró que hay problemas de términos. Por ejemplo, no se habló o se siguió sosteniendo, cuando ya uno de los miembros de la comisión había pedido la eliminación de la fracción 7ª Bis. Yo creo que con razón había dicho que no debe hablar la Constitución de un 7º Bis. Tenemos que quitar esto, en otro caso hablar de los incisos, y en otro caso hablar del inciso a). O sea, son reformas muy sencillas, modificaciones muy sencillas que yo le pido a la Presidencia que las incorpore en el texto y se sometan a votación. Por último, no me queda más que manifestarles mi inmensa emoción, mi enorme gratitud por haberme permitido subir a esta tribuna en una reforma que, repito, será de las que podamos presumir ante nuestros hijos, ante nuestros partidos, ante nuestros correligionarios por la inmensa trascendencia que tendrá en beneficio de los más. Muchas gracias, señor presidente.