EL C. DIPUTADO ALEJANDRO GOMEZ OLVERA: Con su venia, señora Presidenta. La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada en el mes de abril del 2001, no incorporó muchas de las observaciones y puntos de vista de los directamente afectados, entre los que se encuentran los representantes y presidentes del consejo directivo de las cajas y sociedades de ahorro e inversión. En este sentido, es que en las diversas reuniones posteriores a la aprobación de dicha ley, los representantes de las cajas de ahorro de todo el país, han manifestado su descontento e inconformidad con la actual ley, las causas son diversas y no sin razón. En general, sus posiciones eran coincidentes con la necesidad de regular, sancionar, supervisar, fiscalizar a las cajas de ahorro a fin de evitar, en la medida de lo posible, el manejo discrecional, arbitrario y en ocasiones fraudulento de los recursos por parte de alguno de los socios y ahorradores de dichas instituciones. Al respecto, vale la pena mencionar que si bien la quiebra de alguna de las cajas de ahorro se debió a algunas de estas situaciones irregulares, la gran mayoría quebró debido a las crisis devaluatorias de 1994 por medidas de políticas monetarias y fiscales contra accionistas y regresivas de las anteriores y actuales administraciones. La crisis de ese año aceleró la fuga de capitales y presionó el incremento en los precios, cuyo freno se hizo ajustando las medidas de la política monetaria, lo que a su vez elevó las tasas de interés. El incremento en las tasas de interés contrajo el mercado interno y la inversión, propiciando que una gran cantidad de prestatarios, socios e inversionistas, pequeños y medianos empresarios cayesen en insolvencia y en cartera vencida, no pudiendo hacer frente a sus compromisos financieros contraídos con la banca comercial y social, las cajas de ahorro. La crisis financiera recorrió toda la columna vertebral del sistema de ahorro y crédito, hasta llegar a las cajas de ahorro y/o cooperativas. El sistema enteró, colapsó ante las crisis de liquidez, la banca quebró no pudiendo hacer frente a los retiros de los ahorradores. Fue así como el Estado intervino, inyectando liquidez a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBAPROA, ahora Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB, rescatando no sólo a quienes se encontraban en un verdadero problema financiero, sino a una gran cantidad de deudores que contaban con solvencia suficiente, pero para honrar sus compromisos financieros, del mismo modo se rescataron todos los proyectos fallidos concedidos a la iniciativa privada como el carretero, por el cual se rescató a las grandes empresas constructoras como ICA, TRIVASA y GMD. Para el caso de la banca social, debido a las presiones de muchos ahorradores y socios, se decidió implementar un programa de rescate asignando por única vez mil 785 millones de pesos, para el ejercicio presupuestal de 2001 a través del fondo de apoyo para el fortalecimiento de sociedades cooperativas y ahorro y préstamo de apoyo a sus ahorradores. En otras palabras, el gran problema de las cajas de ahorro, incluso de la banca comercial, más que un problema de regulación y supervisión fue un problema endógeno derivado de la política fiscal y monetaria del gobierno en turno. Por otra parte, debemos decir que la gran importancia de las cajas de ahorro se centra en su impacto regional, al activa y dinamizar el desarrollo de las zonas marginadas. Su lógica ex función es distinta a la de la banca comercial, la cual funciona y opera a través de la ganancia fácil y rápida a través del agio de los recursos de los ahorradores y en función del margen de la intermediación financiera. En la actualidad, la inversión bancaria se orienta a la compra del papel gubernamental, de la cual los banqueros obtienen buenos dividendos sin riesgo. Las sociedades de ahorro y crédito popular, más que un objetivo puramente mercantilista, tienen un objeto social, por lo cual el método y la forma de regulación y supervisión no deberá interferir con su funcionalidad y dinámica interior de dichas entidades. El decreto de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que ahora se presenta, retoma en gran parte las propuestas hechas por este sector, sobre todo en el sentido de ampliar al número de socios de 200 a 250 y del capital de 300 mil a 350 mil UDIS, necesarios para ser considerados como asociaciones que realicen operaciones de ahorro y crédito popular, dentro de la regulación de la ley mencionada; ampliándose así las posibilidades de desarrollo para un gran número de micro asociaciones y cooperativas, las cuales por su misma naturaleza no podían hacer frente a los requerimientos para la regulación, fiscalización y supervisión establecidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Señoras y señores diputados: Dada la grave problemática por la que atraviesan las diversas asociaciones y agrupaciones de crédito popular, todavía queda mucho por hacer para esta ley. Por nuestra parte reconocemos un gran avance al actual proyecto de decreto que ahora se presenta. Yo le pido a mi bancada, el Partido de la Revolución Democrática, que vote a favor, dejando en claro que tendremos necesidad de seguir avanzando en otros periodos, en otros momentos, para integrar mejor esta ley. -PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Para fijar la posición del Partido Acción Nacional, tiene la palabra el diputado Alfonso Sánchez Rodríguez, hasta por 10minutos. -DIP. ALFONSO SANCHEZ RODRIGUEZ: Con su venia señora presidenta; Honorable Asamblea: En relación con el dictamen que hoy se presenta porque se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el grupo parlamentario de Acción Nacional, expresa su apoyo a las reformas propuestas bajo las consideraciones que explico a continuación. El año pasado se cumplieron 50 años de la presencia de movimientos de cajas populares en México. En 1951 un hombre visionario preocupado por las cajas populares en México, vio los grandes problemas, en particular la situación de las clases de los menos favorecidos. En ese entonces el sociólogo Pedro Velázquez, defendía que sólo con la unión de las personas se podía hacer frente a estos problemas. Por lo que propuso la cultura del ahorro como la forma de hacer frente a estos mismos. En pocos años el movimiento cajista se extendió por gran parte del territorio nacional, construyendo una verdadera opción para el ahorro y el crédito popular y sus consignas fueron: crédito, ahorro, educación. Crédito, ahorro, cooperación. Por un capital en manos del pueblo. Estas cajas se fueron integrando en federaciones regionales y en una gran confederación nacional. Sin embargo, con el paso de los años diversas situaciones provocaron la fragmentación de esta gran confederación. Hoy, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aprobada el año pasado por esta misma Soberanía, reconoce la naturaleza y tradición cajista, que con sus formas propias de organización en federaciones y confederaciones, buscando la integración como un gran reto a alcanzar; esta Legislatura reconoció que existe un retraso en nuestro país en la regulación propia de los organismos dedicados a la intermediación financiera popular. Con la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, quedó satisfecha la necesidad de un marco normativo propio y adecuado para estas instituciones. Reconocemos la labor llevada por las diferentes organizaciones y entidades de ahorro y crédito popular, para sujetarse a las nuevas disposiciones y obligaciones de este nuevo ordenamiento demanda. Pero también reconocemos que es necesario un plazo mayor para cumplir a cabalidad con toda normatividad a la que nos referimos. Por lo tanto, el grupo parlamentario de Acción Nacional reserva y celebra el consenso logrado en las comisiones unidas para ampliar el plazo concedido a las organizaciones dedicadas al ahorro y el préstamo entre las clases populares con la finalidad de ajustarse a la nueva ley enviando, al término del mismo, hasta junio del año 2005, por lo que invito a todos los compañeros diputados a que se sumen a esta propuesta. Por otro lado, tras la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la preocupación de nuestro partido ha sido, en todo momento, el futuro de los numerosos grupos de personas físicas en todo el país que unen sus esfuerzos para ahorrar su dinero en forma conjunta y concederse préstamos mutualistas a que no reúnen los términos técnicos y materiales para realizar una actividad dentro del marco de la nueva ley. Si bien es cierto que la intención primaria es que, mediante la unión de esfuerzos y alianzas estratégicas las entidades de crédito y ahorro logren sumarse a la disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico, también es cierto que estos pequeños grupos solidarios o mutualidades a los que nos referimos, en la mayoría de las ocasiones se encuentran ubicados en lugares geográficos de difícil acceso, en donde no existe ventanilla alguna en la que puedan depositar sus ahorros y mucho menos una opción para tener un crédito. Además es de todos conocida la organización y práctica de las denominadas tandas, en las que un grupo de personas que se conocen juntan su dinero para satisfacer las necesidades económicas más precarias. La proposición que hoy se plantea es la de eliminar los obstáculos a que esos pequeños grupos para seguir operando, siempre que cumplan con los requerimientos establecidos por el propio texto de la ley. La fracción parlamentaria de Acción Nacional comparte estos valores y principios que por más de 50 años se han enarbolado en el movimiento cajista nacional, como son la autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y en especial la solidaridad, por lo que en aras de impulsar y fomentar estas instituciones nos pronunciamos a favor y a la aprobación del dictamen que hoy se somete a consideración de esta sobernía. Es cuanto. Muchas gracias.