El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Diputadas, diputados, de nueva cuenta hacemos mal la tarea. Tengo en mis manos el Diálogo por la Justicia Cotidiana, Diagnósticos Conjuntos y Soluciones que elaboró el CIDE. Y en este estudio no viene la argumentación que han dado varios diputados; se dejan llevar por la inercia, por las recomendaciones, que justifican esta mala ley, esta mala reforma. El CIDE es un Centro de Investigación y de Estudios Especializado, pero faltaron otros centros: la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, la Escuela Superior de Economía del Politécnico; hay asociaciones o agrupaciones de contadores públicos que debieron haber valorado esta iniciativa que se propone con un nuevo juicio que se va a abocar al fondo que pretende resolver la mala actuación y el mal desempeño de la autoridad tributaria. ¿Cuál es el objeto de este juicio que se está proponiendo? El objeto es el artículo 42 donde se establecen las atribuciones de la autoridad fiscal, concretamente fracción III, fracción II, III y IX. Estas fracciones refieren atribuciones concretas de la autoridad fiscal en el cumplimiento y en la vigilancia de las obligaciones fiscales de los ciudadanos, personas físicas o morales. Fracción II del 42, es requerir a los contribuyentes la contabilidad para su verificación. Fracción III. Practicar visitas a los contribuyentes y revisar la contabilidad de bienes y mercancías. Fracción IX. Practicar revisiones electrónicas con la información que aporta el propio contribuyente y con la atribución que tiene la autoridad de recopilar la información en sus sistemas electrónicos. Ése es el objeto de esta reforma que se propone. No es justicia general, es una justicia enfocada al rezago que tienen los tribunales, en particular el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pero el problema no está en el juicio, no está en procedimiento, el problema está en el diseño institucional. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, hay rezago en la justicia fiscal y administrativa por la ausencia de salas regionales. Hay ausencia por la falta de personal en los procedimientos, hay ausencia de justicia porque se hace engorroso el trámite ante cualquier tribunal, la sobrecarga de trabajo, la falta de condiciones adecuadas para los trabajadores, secretarios de acuerdo, notificadores, eso impacto y pega al acceso a la justicia. Se está leyendo mal el problema, hay que leer, hay que leer la Constitución y ver si efectivamente y con esta reforma se garantiza una justicia pronta para el supuesto previsto en el artículo 42, fracción II, III y IX. No se garantiza. Es una mala reforma que los propios contadores o abogados fiscalistas se estarán cuestionando en los próximos días. Es una mala reforma que no resuelve el rezago en la impartición de justicia. Pese a ello, hemos presentado algunas reservas, mismas que solicito se publiquen en el Diario de Debates para que se vea el sentido de las mismas, y se pueda apreciar que se puede mejorar lo que está mal hecho. El artículo 58-17, está reservado señala que el tribunal determinará las salas regionales. Si el rezago que tenemos en la justicia administrativa y fiscal es porque no hay salas regionales en todos los estados, ahora se proponen, y en los transitorios se establecen tres salas regionales para atender estos juicios de fondo. De nueva cuenta, con una disposición legislativa restringimos el acceso a la justicia, puesto que funcionarán a partir de 2017 tres salas regionales, ya no podrán acudir a las diferentes salas regionales, que si no mal recuerdo son 54. Se restringe de 54 a 3 con este nuevo juicio. En la misma disposición existe una contradicción procesal que es importante y que hace improcedente esta propuesta. El mismo artículo 58, numeral 17, determina que las controversias deberán sujetarse a los siguientes supuestos: I. Los hechos u omisiones calificados en la resolución impugnada, II. La aplicación o interpretación de las normas sustantivas involucradas, y III. Los efectos que haya atribuido la autoridad emisora al incumplimiento total o parcial de requisitos formales o de procedimiento que impacten o trasciendan al fondo de la controversia. El requisito para que proceda este juicio nos señala que deben señalarse violaciones procesales, no obstante que en el articulado que se desarrolla nos dice que esas violaciones procesales no se van a tomar en cuenta. Existe una inconsistencia en los requisitos para presentar este juicio y el desahogo del procedimiento, puesto que se le da atribución amplia al magistrado al que le sea turnado el asunto para determinar si es un asunto de fondo o es un asunto de forma. Eso nos genera una incertidumbre jurídica. Reserva al artículo 58, numeral 19, fracción II. Una vez que se hayan cumplido los requisitos señalados en el artículo anterior, si se advierte que los conceptos de impugnación planteados en la demanda incluyen argumentos de forma o de procedimiento estos se tendrán por no formulados y solo se atenderá a los argumentos que versen sobre el fondo de la controversia. Si hay argumentos de forma, no se retomarán en cuenta. Artículo que contraviene la fracción III del artículo citado con anterioridad. ¿O podemos o no podemos presentar alegados de violaciones procesales que afectan el fondo de la actividad de la autoridad hacendaria? Es una inconsistencia que está ahí y que no se revisó. De nueva cuenta les pido que lean la ley, lean los principios constitucionales. Artículo 58-22, cuando algunas de las partes no acuda a la Audiencia de fijación de la litis se entenderá que consiente el término que fija el magistrado y precluye su derecho para presentar alegato. Una situación es fijar la litis y otra es coartarle el derecho de alegato de las partes, en esta cuestión el contribuyente, porque el contribuyente no va a estar en la misma función, en el mismo nivel que la autoridad administrativa fiscal. La autoridad administrativa fiscal tiene el control de la información, tiene funciones de persecución y de investigación, no el contribuyente. Colocamos en un mismo plano a dos actores en un proceso que no puede ser igual, no se atiende a la simetría. El litigio en estos asuntos es del contribuyente con la autoridad tributaria, no es con otro ciudadano, es con la autoridad y la autoridad tiene un control, un monopolio de la información que puede imponer sobre la actividad del contribuyente. Hay otras reservas que quedan para el Diario de Debates. Es una mala ley, no pasa el filtro de los expertos fiscales, no pasa el filtro de retrasar o atacar el rezago judicial que tenemos en el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa. Por eso votamos en contra de esta mala ley, que ustedes lo han dicho, será a petición de parte. Ningún fiscalista en su sano juicio va a acudir a este juicio. Es cuanto, señora presidenta.