La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. El propósito fundamental de la presente moción suspensiva es en razón de muchos motivos, como los siguientes: El 20 de diciembre de 2012 el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen que hoy se pretende discutir. La minuta del Senado de la República relacionada con la reforma y adición de diversos artículos de la Carta Magna, incluido en el artículo 6o en materia de transparencia, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales desde el 21 de diciembre y, sin embargo, no fue objeto de dictamen. El 11 de marzo se presentó ante esta Cámara de Diputados, una iniciativa en materia de Telecomunicaciones que también incluía cambios al artículo 6o de la Constitución Política. El 24 de abril se aprobó un dictamen en lo general y en lo particular que reformaba el artículo 6o constitucional en materia de Telecomunicaciones. Aun y cuando a todas luces le correspondía el trámite de dictaminación a la minuta que hoy se discutirá, de por encima de la iniciativa en materia de Telecomunicaciones. El 11 de junio el Ejecutivo federal promulgó las reformas constitucionales en materia de Telecomunicaciones, lo que implica que la minuta enviada por el Senado de la República a la Cámara de Diputados en materia de transparencia, pierda materia; es decir, quedara sin efecto. La modificación al texto constitucional del artículo 6o, implica que la minuta que aún no era dictaminada pretende reformar el contenido de un artículo constitucional que ya no existe; sin embargo, no fue así. El 19 de agosto en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en un ejercicio irregular por decir lo menos incorporó un documento de trabajo al dictamen que supuestamente armonizaba el texto de conformidad con la reforma de Telecomunicaciones previamente promulgada. Sin embargo, el texto incluye a una serie de modificaciones que trastoca el contenido y los alcances de la minuta del Senado. Entre estas modificaciones se encuentra la limitación al órgano garante en cuanto a la limitación para proponer su presupuesto, siendo que la minuta enviada por el Senado contemplaba este punto. Los partidos políticos ven limitada su calidad de sujetos obligados, pues someten la competencia para conocer del tema de transparencia a las autoridades electorales, generando un régimen de aplicación diferenciado que no abona un escenario de seguridad jurídica. Se matizó la definitividad e inacatabilidad de las relaciones del órgano autónomo, pues en uso de un lenguaje vago, se abrió la posibilidad que funcionarios de la administración pública y algunos órganos constitucionalmente autónomos, puedan apelar las resoluciones emitidas por el mismo, aludiendo a cuestiones tan vagas como seguridad y estabilidad económica. Se retiró la facultad del órgano autónomo para recurrir a las acciones de inconstitucionalidad, siendo que la minuta del Senado contenía la facultad expresa, lo que provocaría la pérdida de fuerza del órgano, pues no podrá recurrir a leyes y normas generales que afecten la materia por esta vía. Lo anterior ha tenido como consecuencia que el dictamen de la minuta enviada por el Senado desvirtúe el contenido de la misma, modificando gravemente los alcances y las facultades del órgano que por esta reforma se crea. Una mera adecuación ha transformado el sentido completo del dictamen, constituyendo la voluntad de hacer una ficción de esta reforma. No existe una progresión en la transparencia, por el contrario, existe una regresión grave. Recordemos que el derecho de acceso a la información está reconocido en la Constitución y en la naturaleza de estos derechos, es la progresión en sus ámbitos de protección y sus garantías otorgadas por los estados, cuestión que no ocurre en esta reforma. Tristemente volvemos a ver las consecuencias de la irresponsabilidad institucionalizada al preparar un proyecto que terminó por modificar el sentido de la minuta enviada por el Senado, teniendo como consecuencia la regresión en materia de transparencia. Pareciera que los diputados insisten en volver a tiempos de opacidad en el gobierno, tiempos que no tuvieron más que resaltar la corrupción generalizada en el sistema político nacional. Pero lo más grave, una vez más, se ha violentado el Reglamento de la Cámara de Diputados. Estos puntos que hoy comento y que en el dictamen publicado y difundido se había suprimido en una reunión privada, lo vuelven a incorporar. Mentira que hayan sido los integrantes de las comisiones unidas, porque solamente fueron los presidentes de estas comisiones, y tal vez no les gusta, pero Movimiento Ciudadano también está representado en esta Cámara, y simplemente no se toma en cuenta; siempre es una falta de respeto para Movimiento Ciudadano, y a eso es a lo que nos suponemos, porque esta Cámara está integrada por 500 diputados, no solamente por tres. Entendemos la exigencia social de transparencia y por eso mismo, todos los ciudadanos deben saber que los diputados son los primeros en violentar las leyes. Por lo anterior, sometemos a la consideración de la asamblea esta moción suspensiva. Muchas gracias.