El diputado José César Nava Vázquez: Con su permiso, señor presidente. Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En materia electoral, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se llevaron a cabo una serie de reformas que en su momento tuvieron como objetivo responder a los cambios que vivía el sistema político mexicano. En este tenor, las modificaciones buscaron generar paulatinamente un sistema de partidos competitivo, abierto y democrático; la última de ellas en 1996. Al paso del tiempo fue necesario hacer una valoración sobre los alcances de esa reforma, la de 96, como resultado de la reciente alternancia política y la apertura del sistema de partidos. En ese tenor, y después de una serie de debates y discusiones, el Congreso de la Unión aprobó en 2007 una nueva reforma constitucional. De esa reforma se desprendió que en cuanto al recurso asignado para actividades de campañas electorales, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirán un 30 por ciento del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año. En el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder Ejecutivo federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, esto equivaldrá al 50 por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. La nueva fórmula para determinar dicho financiamiento representó una dinámica mucho más simple y revestida de certeza jurídica. Como método para el cálculo se contemplaron dos factores en específico: el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, y el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Sin embargo, en estos momentos la situación económica del país, afectada primordialmente por la crisis alimentaria mundial de 2007 y la crisis financiera global de 2008-2009, requiere el esfuerzo de todos para retomar el camino del desarrollo y para evitar que millones de mexicanos permanezcan en niveles de pobreza alimentaria, patrimonial, de capacidades, o que peor aún, caigan en ella. Si bien todos los mexicanos estamos obligados a contribuir en la medida de nuestra capacidad de ingreso y de gasto para el sostenimiento de los programas de combate a la pobreza, son los partidos políticos y las autoridades electorales los primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos con apego a los principios de austeridad y eficiencia, así como establecer medidas de ahorro y de eliminación de privilegios. Es por ello que hoy el Partido Acción Nacional propone disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y regular el salario de los consejeros electorales para lograr ahorros considerables, mismos que podrán destinarse al apoyo de las familias más necesitadas en materia de salud, educación, alimentación, y en general, en el combate a la pobreza. Para lograr esta reducción se propone modificar la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos disminuyendo el porcentaje del 65 al 35 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De igual forma se propone eliminar el financiamiento local a los partidos políticos nacionales. Con ello se lograría la disminución de aproximadamente 50 por ciento del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos nacionales. Es importante señalar que el objeto de esta iniciativa se centra en las actividades ordinarias que los partidos realizan, independientemente de los procesos electorales. Como parte de las modificaciones planteadas se propone modificar el esquema de retribuciones de los consejeros electorales. El planteamiento busca modificar la fracción que establece que su salario será similar al de los ministros de la Corte para establecer que la base para su determinación será lo estipulado en la fracción II del artículo 127 constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el presidente de la república. La suma de los conceptos que los partidos políticos reciben por ambas partidas, tanto la local como la federal, y que buscaríamos reducir a la mitad, equivale a 4 mil 700 millones de pesos anuales. Por otra parte, la difícil situación económica por la que atraviesan millones de mexicanos nos exige demostrar que es posible buscar otras fuentes de financiamiento alternas a la pública, siempre apegadas a la transparencia y fiscalización. En esta lógica se propone reducir la carga que soportan los contribuyentes mexicanos para el sostenimiento de las actividades de los partidos y aumentar las posibilidades de recibir aportaciones de simpatizantes y militantes. En esta lógica se propone retomar la fórmula en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos, basado en un 70 por ciento del financiamiento público y un 30 por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes. Los mexicanos esperan que dejemos de lado nuestras diferencias y que pongamos por encima de cualquier consideración partidista el bien de todos, especialmente de quienes menos tienen. Confiamos en que encontraremos en este honorable Congreso de la Unión el espacio propicio para el diálogo y el acuerdo que propicien la reducción de la carga fiscal que representa para todos los mexicanos el sostenimiento de las actividades de los partidos. De aprobarse esta iniciativa, los partidos estaríamos respondiendo a una clara demanda ciudadana. Es justo reconocer que los mexicanos esperan y exigen de sus representados acciones concretas para hacer de nuestra democracia un sistema en el que los privilegios y los costos excesivos no tengan cabida. Señor presidente, solicito a usted se inscriba en el Diario de los Debates la versión de la iniciativa en los términos leídos y se haga la corrección correspondiente en la Gaceta Parlamentaria.