El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Muchas gracias, presidente. La primera parte que sometemos para el conocimiento del pleno tiene que ver con algunas preocupaciones de algunos legisladores en el tema de la redacción, que aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria del día jueves 15 de diciembre de 2011. Las correcciones que pondríamos en un primer inicio es, en el rubro, a partir de donde dice: para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto, el diputado Ricardo López Pescador, propuso. Y ahí quedaría la redacción en el mismo sentido. Se propone que en la página 19 de esta propia Gaceta, en el tercer apartado que se refiere a las consideraciones de la comisión en el punto primero que pueda quedar suprimido el párrafo segundo, que dice lo siguiente: esta disposición trastoca la jerarquía normativa de los tratados internacionales, considerando que en materia de derechos humanos sí contienen una protección más amplia, deberá prevalecer su contenido sobre cualquier limitación que pudiera exigir en el derecho interno. La propuesta es que ese párrafo pueda ser suprimido. A partir de esa misma página 19, en todo el cuerpo de este documento donde aparezca libertad religiosa, la propuesta es que conforme al texto de la reforma del 24 constitucional pueda decir libertad de religión. Por esta razón debe reconocerse expresamente en el texto del artículo 24 constitucional la libertad de religión, y en todos los apartados donde aparezca libertad religiosa tendrá que decir libertad de religión. En el caso de la página 20, en el punto tercero, donde habla de la libertad de conciencia en materia religiosa, se pediría quedara suprimido el apartado que dice conciencia en materia religiosa, sólo quedando libertad de conciencia. Estamos hablando sólo sobre el cuerpo argumentativo del dictamen, sobre el concepto específico de la reforma al precepto constitucional número 24, ése lo vamos a abordar en un momento más. Y hay propuestas que tendrán que abordarse mediante las respectivas reservas que en su momento el pleno avale y pueda discutir. En el caso donde establece libertad de difusión de los credos, ideas u opciones religiosas, se pediría que se retire del siguiente apartado. La comunicación de las convicciones religiosas puede asumir formas diversas. Quedaría hasta ahí, se retiraría, a donde las realizadas, hasta las que utilizan medios de comunicación social, pasando por la escuela, los centros de formación religiosa, etcétera. Esos tres párrafos quedarían suprimidos. En el caso de derecho a la educación religiosa, todo ese apartado completo que dice: es decir, el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas, aún dentro de la escuela pública... Este polémico tema a la luz del derecho internacional no tiene vuelta de hoja. México ha firmado tratados que lo compromete explícitamente a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter, que fuesen necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. El derecho de libertad religiosa en materia educativa corresponde a los padres de familia o tutores y no a las iglesias o grupos religiosos. La imposición de la educación religiosa por parte de una iglesia o la educación antirreligiosa formal o material por parte del Estado, son, ambas, injusticias en contra del derecho de los padres de familia. La propuesta es que ese apartado completo, de derecho a la educación religiosa pueda ser suprimido de la argumentación. En el caso de derecho de asociación religiosa, se propone de ese apartado quede suprimido: los grupos religiosos e iglesias son instituciones sub iúdice de derecho propio, por lo cual existen con anterioridad a su reconocimiento jurídico. Esto está establecido ya en el cuerpo de la Constitución, por tanto, se solicita puede quedar suprimido. Y ya de los apartados directos, sobre lo que contempla el artículo constitucional, estaría prácticamente a merced de las reservas. Haría el planteamiento para que pudiese, si el pleno así lo dispone, bajo esta solicitud de retirar esos párrafos, pudiésemos continuar. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy se somete a su consideración representa un importante avance en la armonización de nuestra Constitución con los tratados internacionales, así como con el respeto a las libertades y a los derechos humanos de los individuos. Dicha reforma permitirá reconocer en la Constitución lo dispuesto por los tratados internacional es al adecuar el texto constitucional con los derechos de los individuos, en cuanto a su religión o convicciones, aspectos que deben ser reconocidos y aceptados por el Estado. Dicha situación no se enfoca a ninguna religión en particular, judíos, cristianos, religiones indígenas, sintoístas, budistas, espiritistas, católicos, libres pensadores, islamistas e hinduistas por solo citar algunas expresiones. Así como aquellos que no profesan religión alguna se verán beneficiados con este derecho de creer o no creer, de ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima de opresión y discriminación siempre y cuando no constituyan en un delito o falta penados por la ley. A este respeto es importante mencionar que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos la cual en su artículo 18 con toda precisión reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de religión. Es importante considerar que a través de la Declaración Universal la comunidad internacional deja de manifiesto que a la libertad de religión abarca diversos aspectos a los cuales el individuo tiene derecho. Bajo esta tesitura el 25 de noviembre de 1981 la Asamblea a General de las Naciones Unidas proclamó la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Es clara al reconocer que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, la cual es acorde con lo expresado por dicho organismo a través de la Declaración Universal de los derechos Humanos. El 20 de mayo de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, que en su artículo 18 de ese instrumento considera a la libertad de religión como un derecho fundamental que los estados no pueden suspender en ningún momento ni siquiera en circunstancias críticas. Ahora bien, no debe pasar desapercibido que el pacto en cita establece con toda precisión en su artículo 2, numeral 1, la obligación de los Estados parte por respetar y garantizar todos los derechos reconocidos en dicho instrumento. Ya a través del numeral 2 se determina el compromiso de los países suscriptores de establecer las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos a través de dicho pacto. Por su parte, la Convección Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, en su artículo 12 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de consciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religación o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privadito. Por lo anterior es fundamental que nuestra Constitución esté acorde con los tratados internacionales, y particularmente con los que tienen que ver con derechos fundamentales y derechos humanos. Por lo cual proponemos que se vote a favor el dictamen que aquí se presenta con las modificaciones que se han presentado en este momento al pleno, asegurando así el respeto, la tolerancia y la no discriminación de aquellos individuos que profesan o no alguna religión, culto, credo o pensamiento o convicción. Por lo antes expuesto, señor presidente, pediría pueda ser sometido al pleno de la Cámara de los Diputados.