La diputada Sayonara Vargas Rodríguez: Compañeras y compañeros diputados. A nombre de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo y el diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, vengo a hablar de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de violencia escolar. Y cómo no hacerlo, si en ocasiones las diferencias son el blanco de la violencia o también del acoso escolar, y sobre todo en los lugares educativos que son un problema que con el paso de los años sigue empeorando, los factores que la impulsan son diversos y preocupantes, pero la misión sabemos todos radica en suprimir cualquier conducta que promueva el odio, y esta, esta misión, esta es tarea de todos los sectores de la sociedad. La educación, como todos sabemos constituye un derecho fundamental de la población, que impulsa el desarrollo, contribuye al crecimiento económico y al progreso de la sociedad en su conjunto, además de ser uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Asimismo representa la vía para construir una sociedad más justa, democrática e incluyente, por lo que estos valores deben permear en la actividad de los planteles educativos y hacerse realidad cotidiana en cada aula. No obstante, los alumnos enfrentan diversas problemáticas que limitan su pleno desarrollo y atentan contra su propia integridad, entre las que destacan la violencia escolar, fenómeno que se ha agudizado durante los últimos años a nivel mundial. La violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso, son actos que atentan la estabilidad emocional y física de las niñas, niños y adolescentes que la sufren, acciones que pueden impulsar a los menores a terminar con su vida o atentar con la integridad de sus agresores. La violencia escolar es un fenómeno que puede provocar cuadros depresivos o estados de ansiedad en los alumnos, lo cual podría dificultar su integración en el medio escolar y en la adquisición de los aprendizajes. Además, son problemas multifactoriales que promueven muchas veces la humillación, la descalificación, la burla, la negligencia y el abandono emocional, afectando así el aprendizaje, el crecimiento, el pleno desarrollo de nuestras niñas y niños. También es una realidad y debemos de aceptarlo, es un problema con el cual se enfrentan miles de niñas y niños y tienen consecuencias en su desarrollo profesional, personal y rendimiento escolar. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, ha señalado que las agresiones o el bullying, que sufren las niñas, niños y jóvenes en las escuelas de educación básica en el país, se han incrementado en casi un 13 % de 2019 al 2022, cifra que verdaderamente resulta alarmante y sumamente preocupante. Pese a los avances en la materia, el Estado mexicano aún cuenta con grandes retos, por lo que resulta indispensable fortalecer las políticas públicas para combatir y erradicar la violencia y el acoso escolar en todas las escuelas de educación básica, media superior y superior. La iniciativa que venimos a poner en discusión tiene por objeto el impulsar políticas públicas orientadas a la mejora de la convivencia social y escolar, la prevención y atención a la violencia que contribuya en el desarrollo pleno e integral de los alumnos. Es necesario por este método que las autoridades educativas de todos los órganos de gobierno diseñen y establezcan una estrategia para la prevención, detección y atención de la violencia o maltrato en las escuelas públicas o privadas de educación básica, media superior y superior. Por lo anterior, y en pro de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es que los invito a votar en favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.