El diputado Carlos Augusto Pérez Hernández: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, como podrán advertir, en la minuta que nos remite la colegisladora, coincide en esencia con el dictamen que se aprobó en esta Cámara el 6 de diciembre del 2019, de manera conjunta. Concuerda en que es de suma importancia la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, pues abona al combate de los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Básicamente, lo que propone es armonizar la Ley de Instituciones de Crédito con los criterios jurisdiccionales. Actualmente, el bloqueo de cuentas es una medida cautelar para detectar y prevenir los delitos mencionados. Sin embargo, de acuerdo con el máximo tribunal si el bloqueo tiene origen estrictamente nacional, esto es que no se determine el cumplimiento de un compromiso internacional es inconstitucional. Ello, en virtud de que no existe un procedimiento administrativo o jurisdiccional específico en la ley que dé certeza jurídica a las personas que pudieran ser bloqueadas. Luego entonces, ambas cámaras concordamos en que no debemos permitir que los delincuentes escapen de la justicia por falta de un procedimiento en la ley que respete su garantía de audiencia. Diputadas y diputados, está en nuestras manos el cerrar el paso a la impunidad en la comisión de delitos que lastiman a la sociedad, como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Aprobemos la reforma propuesta para que, con pleno respeto a los derechos fundamentales, de resultar culpables las personas investigadas, puedan ser sancionadas con todo el peso de la ley. El Senado solo propone que la Unidad de Inteligencia Financiera no sea la encargada de notificar a los interesados los fundamentos y motivos de la inclusión en la lista de personas bloqueadas, sino que sea la institución de crédito. Los argumentos de la propuesta de la Colegisladora son, se trasgrediría la condición de inmediatez con la que las entidades financieras deben suspender operaciones con las personas listadas. La UIF no cuenta con los recursos materiales y humanos para realizar las notificaciones por escrito. La institución de crédito es quien posee la información y contacto directo con su cliente para efectuar la notificación a través de medios digitales, dado el tipo de delincuentes con los que se estaría tratando se pondría en riesgo la integridad física del personal de la UIF que efectúe la notificación. Tomando esto en consideración y derivado de la necesidad de aprobar ya esta reforma para continuar combatiendo a la delincuencia, las y los diputados de Morena votaremos a favor del dictamen, de esta manera contribuimos con la Unidad de Inteligencia Financiera para que cumpla con su misión de impedir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera señala que son tres los mecanismos de desbloqueo que se aplican, garantía de audiencia desahogada ante la propia UIF, resolución judicial de jueces de amparo en las que se conceda la suspensión provisional o definitiva del bloqueo, y el amparo y protección de la justicia federal. Sin embargo, con la aprobación de este dictamen ya no habrá amparo o suspensión que evite el congelamiento de recursos de delincuentes y terroristas que afectan al sistema financiero, el desarrollo de México y el bienestar de las y los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.