EL DIP. JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ: Muchas gracias diputada Presidente de la Cámara. Antes de empezar mi exposición solicito muy atentamente a esta mesa directiva acuerde que se publique el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates, la cual entrego a esta Secretaría. Compañeras y compañeros diputados: El Estado Mexicano desde su independencia arrastra un déficit fiscal crónico, que ha sido acompañado de una serie de reformas en las que de manera creciente el Gobierno adquirió nuevas funciones y obligaciones respecto de la sociedad, que generan fuertes presiones al gasto en virtud de los limitados ingresos públicos. Este proceso en paralelo, se ha correspondido con una concentración de atribuciones y recursos en el Gobierno Federal, con un proceso centralizador que en la actualidad es inoperante ya que el mismo no responde a las condiciones de pluralidad política y apertura al desarrollo regional que demanda el país. La Constitución establece potestades exclusivas para la Federación y los municipios, sin embargo, a los estados les asigna poderes residuales amplios, pero sin definir con precisión sus derechos y responsabilidades en materia de Hacienda Pública. Así, esta regla, que pretende establecer una distribución de competencias clara y excluyente, se ve exceptuada por la indefinición en los derechos y responsabilidades en materia tributaria para los estados, y ha devenido en una distribución inequitativa de los recursos fiscales. Durante el Siglo XXIX México se caracterizó por la existencia de un Gobierno Federal hacendariamente débil, dependiente exclusivamente de los ingresos de las aduanas y las participaciones de recursos que los estados daban a la Federación bajo el nombre de contingentes. En esa época los estados tenían el control hacendario de las recaudaciones, las cuales eran copiosas pues tenían bajo su hacienda los impuestos directos al consumo y a la venta de mercancías, que recibieron el nombre de alcabalas. Con el restablecimiento del sistema federal, se comenzaron a diferenciar ámbitos impositivos de manera exclusiva para la Federación y los estados, con una creciente preeminencia de la primera, derivada del impulso de concentrar facultades tributarias en el ámbito federal. Además, este proceso de manera inexorable se extendió a otros ámbitos distintos del hacendario. La federalización de atribuciones originó el proceso de fortalecimiento económico del Gobierno Federal, en detrimento de los estados. Comenzó en 1883, cuando se federalizó el comercio y la minería, y ha continuado con reformas constitucionales cada vez más amplias y detalladas sobre nuevas facultades exclusivas a cargo de la Federación. De este modo, a partir del Siglo XX se llegó a un esquema opuesto al del Siglo XXIX, donde las finanzas estatales y municipales son débiles, mientras que la Federación, con el virtual monopolio de la función recaudatoria, acumula la inmensa mayoría de los ingresos públicos. Hoy, el Gobierno Federal recauda el 80 por ciento de los recursos fiscales del país, mientras que los estados se ven reducidos a recaudar tan solo un 20 por ciento del total de los recursos públicos. Además, mediante el sistema de participaciones y aportaciones federales a los estados y municipios, las mismas representan increíblemente más del 90 por ciento de los ingresos estatales y municipales, y sólo el resto es cubierto con recursos impositivos locales propios. Lo anterior no es sino la muestra de una Hacienda Pública insatisfactoria, donde una Federación cargada de facultades recauda y distribuye los recursos, mientras que los estados y municipios se ven reducidos a esperar las variables participaciones y aportaciones de la Federación, creándose así una gran dependencia y destruyendo cualquier posibilidad de desarrollo planificado desde la óptica local. Si bien en los últimos años ha existido la intención federal de transferir responsabilidades de gasto a los estados y a los municipios, es preciso señalar que las medidas establecidas para dicho fin tienen varios defectos, entre los que destacan que el monto de los recursos que se transfieren son decididos exclusivamente por el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal al aprobarse el Presupuesto de Egresos de cada año. Es decir, sin ninguna participación de los poderes locales, y que además dicha transferencia de recursos se hace de manera etiquetada en cuanto al destino de los mismos, convirtiendo a los gobiernos locales en meros agentes de gasto, con lo que los márgenes de acción política de éstos siguen afectados de dependencia e insuficiencia, lo cual es contrario a la idea de una unión basada en estados libres y soberanos. Como podemos observar, la evolución en la recaudación y el gasto de los recursos entre la Federación y los estados, a través de nuestra historia ha sido un tema que casi siempre ha degenerado en adversidad y confrontación entre ambos niveles de gobierno. Por ello debemos de transformar las premisas de nuestro federalismo hacendario. Ni las entidades federativas ni la Federación deben hacerse rehenes uno del otro en lo que parece una lucha irreconciliable de contrarios por los recursos públicos. Esta iniciativa de reforma propone establecer constitucionalmente las premisas de un federalismo cooperativo, donde los tres niveles de gobierno sean auténticas partes integrantes de un Pacto Federal entre iguales y no enemigos excluyentes entre sí, con pretensiones de supra o subordinación. Este es un tema que no puede quedar ausente, bajo ninguna circunstancia al analizar una Reforma Fiscal Integral. Sin duda, constituye una gran omisión en el planteamiento que hizo al Congreso de la Unión el Presidente de la República en abril de este año. Que quede claro, no puede haber discusión de tasas y bases impositivas sin considerar un acuerdo político federalista en esta materia, pero además éste no puede quedar reducido, como ha sucedido en otras ocasiones, a la simple gestión coyuntural de recursos adicionales para las instancias locales o a la graciosa concesión de los mismos por la Federación, bajo el principio de mal menor, en cuanto a que continúan las mismas premisas que le permiten controlar la recaudación y el gasto de la inmensa mayoría de los recursos públicos del país. Por todo ello consideramos que el Pacto Federal requiere transformarse en el ámbito hacendario mediante tres modificaciones sustanciales: el establecimiento de principios constitucionales que impliquen un nuevo método de discusión y distribución de competencias hacendarías entre los estados y la Federación; la creación de un órgano autónomo constitucional que sea el encargado de la recaudación de los impuestos federales, y en su caso locales, y la determinación de obligaciones en materia presupuestal y de gasto público tanto para la Federación como para los gobiernos locales que promuevan mayor transparencia, eficiencia y mejores posibilidades de control y evaluación del ejercicio de los recursos fiscales. Nueva distribución de competencias hacendarías. Proponemos que sea en el artículo124 de la Constitución, en el que se refiere la regla básica de distribución de competencias del sistema federal, donde se establezca en un segundo párrafo un nuevo principio que adecué dicha regla a una apropiada dimensión hacendaría federalista integrada por tres elementos. Primero. Establecer el principio político de que los estados deben contar con recursos suficientes para el ejercicio de las atribuciones que le sean determinadas. Así, se plasmaría con nuestra Norma Fundamental un principio de suficiencia presupuestaria para los estados, equivalente al que existe para la Federación en el artículo 73 fracción VII, que faculta al Congreso para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Con ello, se determinaría constitucionalmente una equidad hacendaría entre los niveles de gobierno federal y estatal, que se corresponde además con la existente para los municipios en el artículo 115 de la Constitución. De este modo se estaría dando el primer paso para revertir el actual desequilibrio hacendario que opera en contra de los estados. Segundo. Precisar que la suficiencia presupuestaria de los estados tendría dos fuentes de ingreso, tanto las contribuciones e impuestos propios que cada entidad determine, como la participación que le sea atribuida en el rendimiento de todas las contribuciones e impuestos federales. Participación que deberá hacerse evitando la doble tributación y de manera proporcional, equitativa y solidaria, no sólo respecto a la Federación, sino también respecto del conjunto de los estados. Tercero. Revisar y adecuar anualmente el diseño del Sistema Fiscal Federal a través de una nueva Ley de Coordinación Fiscal que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales mencionados y que por lo tanto esté despojada de criterios que favorezcan de manera inequitativa a un nivel de gobierno. Por otra parte, como esta adición al artículo124 contempla la extensión a todos los impuestos federales, no sólo los especiales, del principio de participación en el rendimiento de las contribuciones federales para los estados, se plantea también en la iniciativa la derogación del numeral V de la fracción XXIX del artículo 73, para que se derogue esta regla de participaciones que sólo aparta a ciertos impuestos, para llevarla a nivel de principio válido para todas las contribuciones federales. Se establecería sí, un cambio radical, una nueva metodología regida por los principios constitucionales de este segundo párrafo del artículo 124, para la determinación anual de contribuciones, tasas impositivas, monto de las participaciones de los impuestos federales hacia los estados y con ello la definición de cuáles impuestos corresponden en exclusiva a cada orden de gobierno y en cuáles hay concurrencia y en qué proporción, con lo cual además los congresos y los ejecutivos locales empezarían a tener una creciente participación en la definición del monto y destino de los recursos que les corresponderán a cada entidad federativa. Además se reconocería también una realidad política ineludible; por la naturaleza del federalismo que es una estructura y un proceso, no es conveniente para la unidad nacional considerar que las soluciones políticas que sobre este tema se adoptan en una época determinada, sean inamovibles. Esto es aún más cierto cuando la evidencia histórica y los reclamos sociales y políticos muestran que las condiciones de reparto de facultades entre los ámbitos federal, estatal y municipal no son satisfactorias. Por ello las relaciones entre la Federación y los estados en nuestro nuevo marco de pluralidad política no es algo que se pueda solucionar mediante una fórmula de una vez y para siempre, se trata de una relación compleja que está y lo seguirá en el futuro, constantemente en tensión y evolución. Por eso esta reforma no plantea una distribución específica de competencias ni fiscales ni de otro orden, sino más bien el principio constitucional de revisión obligatoria de esta relación anualmente bajo bases equitativas. De este modo cada año ambos niveles de gobierno, el local y el federal, irán construyendo el nuevo federalismo que necesita el país a través de una ordenada y pertinente distribución de facultades fiscales y en paralelo con ellas, inevitablemente también de otras materias. Con ello haremos posible un mejor esquema de redistribución de facultades basado en los recursos con que cuenta cada parte, que la prestación de servicios, la construcción de obras de infraestructura y la promoción de proyectos productivos de alcance regional, sea competencia de las instancias locales y que las excepciones a este principio sean sólo con motivo de una economía de escala significativa o la existencia de una necesidad territorial nacional. Creación del Instituto Nacional de Recaudación. En los orígenes de nuestro constitucionalismo, la administración de los impuestos y contribuciones estuvo diferenciada de la recaudación para evitar la corrupción y el manejo indebido de los mismos. Es decir, históricamente se ha considerado conveniente la separación entre la recaudación y la administración de las rentas públicas por razones de contraloría, transparencia y facilidad en su control. Sin embargo la reorganización del Poder Ejecutivo comenzó a centralizar esta función autónoma a través de circulares y decretos emitidos a partir de 1867, hasta llegar al momento presente donde el Sistema de Administración Tributaria, que recauda más del 80 % de los recursos públicos del país, depende totalmente en lo administrativo y económico, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, que es un funcionario nombrado y removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo. La coordinación fiscal actual descansa entonces también en la aniquilación de las facultades recaudatorias de los estados, las elimina para después hacerlos partícipes de recursos que no son del todo claros, pues el Sistema de Administración Tributaria no ofrece ni transparencia en su administración ni opciones para medir sus resultados en términos del costo beneficio que obtiene en el desempeño de la función recaudatoria. De esta manera sometemos la presente Iniciativa para que ninguna de las esferas de gobierno tenga el monopolio recaudatorio de los ingresos públicos, sino que se efectúe a través de un órgano autónomo y técnico que sin consideraciones políticas lleve a cabo la recaudación de los impuestos federales y en su caso estatales y municipales bajo bases de honestidad, eficiencia y simplificación, en justa correspondencia de la obligación que tenemos todos los mexicanos conforme al Artículo 31 Fracción IV constitucional de contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos del país. Así mediante la adición de dos párrafos iniciales al Artículo 126 constitucional, el Sistema de Administración Tributaria, autoridad federal desconcentrada de la Secretaría de Hacienda, se transformaría en el Instituto Nacional de Recaudación, integrado por funcionarios federales y estatales a la vez, con lo cual se evitaría que un solo nivel de gobierno sea quien reciba los ingresos, los reparta y además los administre en su mayoría. Tomando en consideración que los órganos autónomos han dado certeza y prestigio a funciones vitales del Estado mexicano, se propone la creación con tal calidad de este órgano para la recaudación tributaria. Y así aportar un elemento indispensable para la existencia de un federalismo cooperativo, basado en el transparente y eficiente manejo de los ingresos. Ello, porque este Instituto no sólo estaría facultado para realizar la recaudación de los impuestos federales sino que también podría recaudar los impuestos y contribuciones, estatales y municipales, de los estados y municipios que así lo acordaran, con lo cual se estaría estableciendo la posibilidad de conformar una especie de ventanilla única recaudatoria que, sin duda, facilitaría en muchos sentidos el pago de impuestos para los contribuyentes, los procesos de simplificación tributaria y la detección oportuna de duplicidades impositivas. La importante función de esta nueva institución trascendería así al Poder Ejecutivo Federal y se convertiría en un organismo del estado, en donde los estados y la propia federación, participan en la designación de sus funcionarios, conforme al procedimiento que se propone en el cuerpo de esta iniciativa, para conservar el equilibrio y la transparencia, que deben caracterizar esta función. Además, en dicho Instituto, funcionaría un órgano colegiado denominado, Consejo de Gobierno,. integrado por representantes de las entidades federativas del gobierno federal y del mismo Instituto, que tendría la facultad de emitir recomendaciones en materia de recaudación fiscal, tanto al Congreso de la Unión como a las Legislaturas Locales y la Asamblea del Distrito Federal, con el fin de que exista siempre una política tributaria que sea fácil de contribuir por el contribuyente, que genere una adecuada estructura federalista, que evite la duplicidad contributiva y combata la evasión. Por otra parte, tomando en consideración que el proceso de recaudación tributaria, es algo que no se puede suspender o interrumpir, se plantea en el Artículo Transitorio de esta Iniciativa, que las modificaciones constitucionales correspondientes a la creación de este Instituto, no entren en vigor sino hasta el día primero de enero del 2003, tiempo suficiente para que se expidan las leyes reglamentarias necesarias y se tomen las medidas administrativas respectivas para una puesta en marcha, ordenada y eficaz, del nuevo esquema recaudatorio. Así con la creación de este Instituto autónomo se daría un gran paso en la consecución de dos grandes objetivos, por una parte, complementar adecuadamente la propuesta de reforma de los Artículos 73 y 124 Constitucionales ya citados, introduciendo un elemento neutral y eficaz en la relación hacendaría, federación, estados, municipios, que sin duda hará que ésta transite por caminos de mayor certidumbre y eficiencia para las partes, abandonando toda posibilidad de subordinación de una respecto de la otra en esta materia, tal y como ha ocurrido en nuestra historia. Asimismo y por otra parte, se estarían poniendo las bases para lograr, que nuestro proceso de recaudación tributaria, tanto en el nivel federal como en el local, se desarrolle por la vía de la eficacia, simplificación y modernización de la relación contribuyente gobierno, como punto de partida del combate al principal elemento de inequidad recaudatoria entre los ciudadanos: la evasión, la cual en nuestro país se estima alcanza actualmente proporciones muy elevadas. Principios propresupuestales. Por otra parte, también es necesario que este nuevo esquema de ingresos fiscales, se vea correspondido con nuevas obligaciones para los tres niveles de gobierno en materia de gasto público, buscando que se imprima mayor trasparencia, responsabilidad y control al ejercicio del mismo. Por ello, mediante la edición de un tercer párrafo al Artículo 126 Constitucional, que así se transformaría en un artículo fundamental de la función ingreso gasto, se propone integrar a la Constitución los siguientes principios en materia presupuestaria: 1º. Equilibrio, que es una garantía de estabilidad económica y de una participación adecuada del estado en la economía. 2º. Transparencia, que significa la identificación precisa en el presupuesto de los grupos y regiones beneficiados, las razones por las que el gasto se destina a determinados fines y el diseño de medidas para la revisión periódica del gasto público, y que la misma no se realice sólo anualmente. Y, 3º. Eficiencia, para asegurar que los recursos públicos tengan el mayor beneficio social y el mejor impacto en el desarrollo regional sustentable. Con estos principios se establecerían las bases constitucionales, para que el control del gasto público, por parte de los Poderes Legislativos, que se ha concentrado preponderamente en el nivel de flujo de efectivo, puede evolucionar a medida y controlar multianualmente, los costos de las políticas públicas, además de contar con elementos para vigilar que efectivamente se logren los resultados propuestos en los respectivos presupuestos. De este modo, con las reformas propuestas se estarían integrando todos los elementos para una nueva cultura de fortalecimiento y corresponsabilidad fiscal de los tres niveles de gobierno, acorde con nuestro desarrollo democrático actual. La instancia de gobierno que desee gastar más de lo autorizado originalmente, lo podrá hacer si pide más recursos no a la federación como sucede actualmente en un esquema económico y políticamente agotado, sino a su selectores, a su respectivo Congreso y se responsabiliza por ello a través de proyectos de desarrollo específicos y verificables. Por lo anterior, someto a consideración de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto que deroga el último párrafo del numeral quinto de la fracción XXIX del artículo 73 y por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 124 y tres párrafos al artículo 126 de nuestra Constitución. Artículo 1º. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: "Las entidades federativas deberán contar con recursos suficientes para el ejercicio de sus atribuciones; su hacienda se compondrá de contribuciones e impuestos propios y de la participación en el rendimiento de las contribuciones e impuestos federales de la manera proporcional, equitativa y solidaria que la ley determine, la cual será aprobada anualmente por el Congreso de la Unión. Las Legislaturas Locales fijarán el porcentaje de dichas participaciones que corresponda a los municipios". Artículo 2º. Se deroga el último párrafo del numeral quinto de la fracción 29 del artículo 73 constitucional. Artículo 3º. Se adicionan tres párrafos al inicio del artículo 126 constitucional para quedar como sigue: "Artículo 126. La recaudación de las contribuciones federales y de las estatales y municipales que así se convengan, es una función que se efectuará sobre bases de honestidad, eficiencia y simplificación a través del Instituto Nacional de Recaudación, cuya ley lo organizará como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. El nombramiento de los funcionarios de dicho Instituto se hará con la participación de la federación y de las entidades federativas, a través de sus Poderes Ejecutivo y Legislativo correspondientes. El Presidente del Instituto será nombrado por el Congreso de la Unión de una terna propuesta por el Presidente de la República y en cada entidad federativa habrá un director estatal designado por el respectivo Congreso de la entidad, que tendrá las calificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Recaudación y que será seleccionado de una terna presentada por el gobernador de la entidad. Este Instituto contará con un Consejo de Gobierno que será la máxima autoridad del Instituto Nacional de Recaudación y que se formará con representantes de las entidades federativas, la federación y directivos del propio Instituto, el cual tendrá la facultad de emitir opiniones técnicas en materia de política tributaria. En la formulación y el ejercicio de los presupuestos federales, estatales y municipales se deberán observar los principios de equilibrio, transparencia y eficiencia; al aprobarse los mismos se valorará la pertinencia de las políticas de gobierno propuestas a fin de lograr un desarrollo sustentable y una distribución equitativa de los recursos públicos. Los poderes de gobierno que los ejerzan deberán presentar la información que les sea requerida con la periodicidad que la ley determine para el adecuado seguimiento del desarrollo de las políticas públicas". Transitorios: UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los dos primeros párrafos del artículo 126 que entrarán en vigor el primero de enero del 2003. Muchísimas gracias. Iniciativa de decreto que deroga el ultimo párrafo del numeral 50 de la fracción XXIX del artículo 73, y por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 124 y tres párrafos al artículo 126 de la constitución política de los estados Unidos Mexicanos, para el establecimiento de principios relativos a un nuevo federalismo en materia de hacienda pública, que presenta el diputado federal Juan Manuel Carreras López. Escudo Nacional de los estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Ciudadana Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.  Presente. El suscrito, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el articulo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable pleno del Congreso de la Unión la presente INICIATIVA De decreto que deroga el último párrafo del numeral 50 de la fracción XXIX del artículo 73, y por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 124 y tres párrafos al artículo 126 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, para el establecimiento de principios relativos a un nuevo federalismo en materia de Hacienda Pública, de conformidad con la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS I. Nuevo federalismo fiscal. El Estado mexicano desde su independencia arrastra un déficit fiscal crónico, que ha sido acompañado de una serie de reformas en las que de manera creciente el gobierno adquirió nuevas funciones y obligaciones respecto de la sociedad, que generan fuertes presiones al gasto en virtud de los limitados ingresos públicos. Este proceso, en paralelo, se ha correspondido con una concentración de atribuciones y recursos en el Gobierno Federal, con un proceso centralizador, que en la actualidad es inoperante ya que el mismo no responde a las condiciones de pluralidad política y apertura al desarrollo regional que demanda el país. La Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos establece potestades exclusivas para la Federación y los municipios. Sin embargo, a los estados les asigna poderes residuales amplios, acompañados de prohibiciones absolutas y relativas, según se desprende de los artículos, 115, 117, 118, 122 y 124-, pero sin definir con precisión sus derechos y responsabilidades en materia de hacienda pública. Así, esta regla,, que pretende establecer una distribución de competencias clara y excluyente, se ve exceptuada por la indefinición en los derechos y responsabilidades en materia tributaria para los estados y ha devenido en una distribución inequitativa de los recursos fiscales, lo cual hace que no todas las regiones de¡ país puedan alcanzar un nivel de desarrollo competitivo y cuenten con la infraestructura básica para la debida atención de las zonas marginadas. En consecuencia, la reforma constitucional que proponemos pretende evitar el empobrecimiento de los erarios locales a costa de su dependencia hacia las participaciones y aportaciones federales,, tal y como sucede en la actualidad. Durante el Siglo XIX, México se caracterizó por la existencia de un gobierno federal hacendariamente débil,. dependiente exclusivamente de los ingresos de las aduanas y las participaciones de recursos que los estados daban a la Federación, bajo el nombre de contingentes. En esa época, los estados tenían el control hacendario de las recaudaciones, las cuales eran copiosas pues tenían bajo su hacienda los impuestos indirectos al consumo y a la venta de mercancías, que recibieron el nombre de alcabalas. Dicho sistema generó estados con recursos y una Federación carente de ellos, con lo cual se provocó un desequilibrio que evitó contar con un proyecto nacional. Este modelo de recaudación fue constante, pues aún bajo los regímenes centralistas, las tesorerías departamentales eran las encargadas de recibir la recaudación de los impuestos y las contribuciones. Sin embargo, con el restablecimiento del sistema federal se comenzaron a diferenciar ámbitos impositivos de manera exclusiva para la Federación y los estados, con una creciente preeminencia de la primera, derivada de¡ impulso de concentrar facultades tributarias en el ámbito Federal. Además, este proceso de manera inexorable se extendió a otros ámbitos distintos del hacendario. La "federalización" de atribuciones originó el proceso de fortalecimiento económico del gobierno nacional en detrimento de los estados. Comenzó en 1883 cuando se federalizó el comercio y la minería, y ha continuado con reformas constitucionales cada vez más amplias y detalladas sobre nuevas facultades exclusivas a cargo de la Federación, despojando a los estados de su correspondiente participación. Cada materia nueva a cargo de la legislación federal se ha traducido en una fuente impositiva más de exclusiva competencia federal, as¡ ocurrió por ejemplo al "federalizar" la energía eléctrica, donde por primera vez se previó una participación de los rendimientos derivados de la actividad eléctrica a las entidades federativas, el 18 de enero de 1934; al implantarse el sistema de participaciones en 1942 solo para los denominados impuestos especiales, según quedan establecidos en el actual articulo 73,, fracción XXIX constitucional; y al eliminarse en 1953 importantes impuestos que eran recaudados por los estados por considerarlos alcabalatorios y unificar diversas fuentes impositivas a favor de la Federación. De este modo, a partir de¡ siglo XX se llegó a un esquema opuesto al del Siglo XIX, donde las finanzas estatales y municipales son débiles, mientras que la Federación, con el virtual monopolio de la función recaudatoria, acumula la inmensa mayoría de los ingresos públicos. Hoy el Gobierno Federal recauda el 80% de los recursos fiscales del país, mientras que los estados se ven reducidos a recaudar tan sólo un 20% del total de los recursos públicos. Además,, mediante el sistema de participaciones y aportaciones federales a los estados y municipios, las mismas representan increíblemente más del 90% de los ingresos estatales y municipales y solo el resto es cubierto con recursos impositivos locales propios. Lo anterior no es sino la muestra de una hacienda pública insatisfactoria, donde una Federación cargada de facultades recauda y distribuye los recursos,, mientras que los estados y municipios se ven reducidos a esperar las variables participaciones y aportaciones de la Federación, creándose así una gran dependencia y destruyendo cualquier posibilidad de desarrollo planificado desde la óptica local. Es pues claro que para consolidar al gobierno federal se tuvo que sacrificar a los estados bajo la falsa disyuntiva de que el bienestar fiscal de la Federación es contrario al de las entidades federativas. Si bien en los últimos años ha existido la intención federal de transferir responsabilidades de gasto a las entidades federativas y a los municipios, es preciso señalar que las medidas establecidas para dicho fin tienen varios defectos, entre los que destacan que el monto de los recursos que se transfieren son decididos exclusivamente por el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal al aprobarse el presupuesto de egresos de cada año, es decir sin ninguna participación de los poderes locales, y que además dicha transferencia de recursos se hace de manera etiquetada en cuanto al destino de los mismos, convirtiendo a los gobiernos locales en meros agentes de gasto, con lo que los márgenes de acción política de éstos siguen afectados de dependencia e insuficiencia, lo cual es contrario a la idea de una unión basada en estados libres y soberanos. Como podemos observar, la evolución en la recaudación y el gasto de los recursos entre la Federación y los estados a través de nuestra historia ha sido un tema que casi siempre ha degenerado en adversidad y confrontación entre ambos niveles de gobierno. Por ello, debemos transformar las premisas de nuestro federalismo hacendario. Ni las entidades federativas ni la Federación deben hacerse rehenes uno del otro, en lo que parece una lucha irreconciliable de contrarios por los recursos públicos. Sostenemos la convicción de que la verdadera reestructuración del pacto federal debe fundarse en los principios que dieron origen al federalismo, es decir, en la cooperación entre los dos órdenes de gobierno para conseguir el desarrollo de la sociedad. En este sentido, la autosuficiencia de los gobiernos locales debe ser la garantía del bienestar federal. Nuestra actual conformación democrática del poder público nos ofrece la oportunidad de plantear las modificaciones que reclaman las necesidades del país y repensar las condiciones del federalismo hacendario que permitan establecer las bases para el desarrollo favorable de todas las instancias de gobierno, sin ninguna exclusión. Esta iniciativa de reforma propone establecer constitucionalmente las premisas de un federalismo cooperativo,. donde los tres niveles de gobierno sean auténticas partes integrantes de un Pacto Federal entre iguales y no enemigos excluyentes entre si, con pretensiones de supra o subordinación. Este es un tema que no puede quedar ausente, bajo ninguna circunstancia, al analizar una reforma fiscal integral. Sin duda, constituye una omisión en el planteamiento que hizo al Congreso de la Unión el Presidente de la República en abril de este año. Que quede claro, no puede haber discusión de tasas y bases impositivas, sin considerar un acuerdo político federalista en esta materia. Pero además, este no puede quedar reducido, como ha sucedido en otras ocasiones, a la simple gestión coyuntural de recursos adicionales para las instancias locales o a la graciosa concesión de los mismos por la Federación bajo el principio de "'mal menor" en cuanto que continúan las mismas premisas que le permiten controlar la recaudación y el gasto de la inmensa mayoría de los recursos públicos del país. Por todo ello, consideramos que el Pacto Federal requiere transformarse en el ámbito hacendario mediante tres modificaciones sustanciales: a) El establecimiento de principios constitucionales que impliquen un nuevo método de discusión y distribución de competencias hacendarias entre los Estados y la Federación; b) La creación de un órgano autónomo constitucional que sea el encargado de la recaudación de los impuestos federales y en su caso, locales y c) La determinación de obligaciones en materia presupuestal y de gasto público tanto para la Federación como para los gobiernos locales, que promuevan mayor transparencia,, eficiencia y mejores posibilidades de control y evaluación del ejercicio de los recursos fiscales. II. Nueva Distribución de Competencias Hacendarias. Como ya se señaló, nuestro federalismo actual no responde a las necesidades de desarrollo y a las exigencias de una sociedad más participativa y comprometida. De la misma manera, la centralización de ciertas facultades, especialmente las tributarias, no responde al objetivo de la planeación democrática que México ha adoptado, donde el desarrollo regional es prioritario y el Estado mexicano debe adecuar su funcionamiento para lograrlo, ya que las obras públicas y los servicios requeridos por los Estados no pueden seguir sujetos a la autorización y voluntad de la Federación. De ahí la necesidad de buscar modelos de organización tributaria equitativos, ágiles y efectivos, en los que impere la descentralización, que beneficien simultáneamente a la unidad y desarrollen a las partes. Para ello proponemos que sea en el articulo 124 de la Constitución, en el que se refiere la regla básica de distribución de competencias del sistema federal, donde se establezca en un segundo párrafo un nuevo principio que adecue dicha regla a una apropiada dimensión hacendaria federalista integrada por tres elementos fundamentales: Primero, establecer el principio político de que los Estados deben contar con recursos suficientes para el ejercicio de las atribuciones que les sean determinadas de conformidad con el propio artículo 124 constitucional. Así, se plasmaria en nuestra norma fundamental un principio de suficiencia presupuestaria para los Estados equivalente al que existe para la Federación en la fracción VII del artículo 73, que faculta al Congreso para "'imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto". Con ello, se determinaría constitucionalmente una equidad hacendaria entre los niveles de Gobierno Federal y estatal, que se corresponde además con las disposiciones en materia de hacienda pública ya existentes para los municipios en el articulo 115 de la Constitución. De este modo se estaría dando el primer paso para revertir el actual desequilibro hacendario que opera en contra de las entidades federativas; Segundo, precisar que la suficiencia presupuestaria de los estados tendría dos fuentes de ingreso, tanto las contribuciones e impuestos propios que cada entidad determine, como la participación que les sea atribuida en el rendimiento de todas las contribuciones e impuestos federales. Participación que deberá hacerse evitando la doble tributación y de manera proporcional, equitativa y solidaria, no solo respecto a la Federación,, sino también respecto M conjunto de los Estados y Tercero, revisar y adecuar anualmente el diseño del Sistema Fiscal Federal, a través de una nueva ley de coordinación fiscal que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales mencionados, y que por lo tanto esté despojada de criterios que favorezcan de manera iniquitativa a un nivel de Gobierno. Por otra parte, como esta adición al artículo 124 contempla la extensión a todos los impuestos federales - no sólo los especiales - del principio de participación en el rendimiento de las contribuciones federales para los Estados que se encuentra previsto en el último párrafo del numeral 50 de la fracción XXIX del articulo 73 constitucional, se plantea también en la iniciativa la derogación de esta regla de participaciones que solo abarca ciertos impuestos, para llevarla a nivel de principio válido para todas las contribuciones federales. Se establecería así un cambio radical, una nueva metodología regida por los principios constitucionales del segundo párrafo del artículo 124 para la determinación anual de contribuciones, tasas impositivas, monto de las participaciones de los impuestos federales hacia los estados y con ello, la definición de cuáles impuestos corresponden en exclusividad a cada orden de Gobierno y en cuáles hay concurrencia y en qué proporción. Con lo cual, además, los congresos y los ejecutivos locales empezarían a tener una creciente participación en la definición del monto y destino de los recursos que les corresponderán a cada entidad federativa. Además, se reconocería también una realidad política ineludible. Por la naturaleza del federalismo, que es una estructura y un proceso, no es conveniente para la unidad nacional considerar que las soluciones políticas que sobre este tema se adoptaron en una época determinada sean inamovibles. Esto es aun más cierto cuando la evidencia histórica y los reclamos sociales y políticos muestran que las condiciones de reparto de facultades entre los ámbitos federal, estatal y municipal no son satisfactorias. Por ello, las relaciones entre la Federación y los estados en nuestro nuevo marco de pluralidad política no es algo que se pueda solucionar mediante una fórmula de una vez y para siempre. Se trata de una relación compleja que está, y lo seguirá en el futuro, constantemente en tensión y evolución. Por eso esta reforma no plantea una distribución específica de competencias - fiscales o de otro orden - sino más bien el principio constitucional de revisión obligatoria de esta relación anualmente bajo bases equitativas. De este modo cada año, ambos niveles de Gobierno - el local y el federal -irán construyendo el nuevo federalismo que necesita el país a través de una ordenada y pertinente distribución de facultades fiscales, y en paralelo con ellas, inevitablemente también de otras materias. Con ello haremos posible que el federalismo mexicano de este siglo sea congruente con los principios de igualdad política, económica y social para cada una de sus partes, propiciando no solo una nueva hacienda pública, sino también un mejor esquema de federalismo cooperativo a través de la redistribución de facultades basadas en los recursos con que cuenta cada parte; que la prestación de servicios., la construcción de obras de infraestructura y la promoción de proyectos productivos de alcance regional sea competencia de las instancias locales; y que las excepciones a este principio sean solo con motivo de una economía de escala significativa o la existencia de una necesidad territorial nacional. III. Creación del Instituto Nacional de Recaudación. En los orígenes de nuestro constitucionalismo, la administración de los impuestos y contribuciones estuvo diferenciada de la recaudación para evitar la corrupción y el manejo indebido de los mismos. Desde el acta constitutiva de la Federación de 1824 hasta la actualidad, se han previsto constitucionalmente los empleados superiores de Hacienda encargados de las oficinas generales de Hacienda en cada Estado y en la Federación, cuya función de recaudación y administración de recursos federales se debería desempeñar fuera del ámbito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico con el objeto de efectuar dicha función de manera independiente del Poder Ejecutivo. En el Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-1857 se explicó por iniciativa de Francisco Zarco e Ignacio Ramírez en la sesión del 13 de octubre de 1856, la necesidad de reservar para el Congreso de la Unión, que en la actualidad la conserva el Senado de la República en el articulo 76, fracción II de la Constitución, la facultad de ratificar los nombramientos que el Ejecutivo haga de los empleados superiores de Hacienda, que debieran ser los funcionarios que manejan el tesoro público, ya que los propios constituyentes detallaron que tales empleados superiores son precisamente los que efectúan funciones de recaudación, inversión y dirección de los caudales públicos. Es decir, históricamente se había considerado conveniente la separación entre la recaudación y la administración de las rentas públicas por razones de contraloría,, transparencia y facilidad en su control. Sin embargo, la reorganización del Poder Ejecutivo comenzó a centralizar esta función autónoma - según el pensamiento del constituyente - a través de circulares y decretos emitidos a partir de 1867. hasta llegar al momento presente donde el Sistema de Administración Tributaria que recauda aproximadamente el 80% de todos los recursos públicos del país, depende totalmente en lo administrativo y económico del Secretario de Hacienda y Crédito Público, que es un funcionario nombrado y removido libremente por el titular del Poder Ejecutivo de acuerdo al articulo 89, fracción II, constitucional. Según hemos expresado en el cuerpo de la presente iniciativa, la coordinación fiscal actual descansa en la aniquilación de las facultades impositivas, pero también recaudatorias, de los estados. Elimina ambas para después hacerlos participes de recursos que no son del todo claros, pues el Sistema de Administración Tributaria no ofrece transparencia en su administración, ni opciones para medir sus resultados en términos del costo-beneficio que se obtiene en el desempeño de la función recaudatoria. De esta manera, sometemos la presente iniciativa para que ninguna de las esferas de Gobierno tenga el monopolio recaudatorio de los ingresos públicos, sino que se efectúe a través de un órgano autónomo y técnico que, sin consideraciones políticas, lleve a cabo la recaudación de los impuestos federales y,, en su caso, estatales y municipales, bajo bases de honestidad, eficiencia y simplificación, en justa correspondencia de la obligación que tenemos todos los mexicanos,, conforme al articulo 31 fracción IV constitucional, de contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos del país. Así, mediante la adición de dos párrafos iniciales al articulo 126 constitucional, el Sistema de Administración Tributaria, autoridad federal desconcentrada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se transformaría en el Instituto Nacional de Recaudación, integrado por funcionarios federales y estatales a la vez, con lo cual se evitaría que un solo nivel de Gobierno sea quien reciba los ingresos, los reparta y además los administre en su mayoría. Tomando en consideración que los órganos autónomos han dado certeza y prestigio a funciones vitales del Estado mexicano, se propone la creación con tal calidad de este órgano para la recaudación tributaria y así aportar un elemento indispensable para la existencia de un federalismo cooperativo basado en el transparente y eficiente manejo de los ingresos. Ello porque este instituto no solo estaría facultado para realizar la recaudación de los impuestos federales., sino que también podrá recaudar los impuestos y contribuciones estatales y municipales de los estados y municipios que así lo acuerden, con lo cual se estaría estableciendo la posibilidad de conformar una especie de "ventanilla única recaudatoria" que sin duda facilitaria en muchos sentidos el pago de impuestos para los contribuyentes, los procesos de simplificación tributaria y la detección oportuna de duplicidades impositivas. La importante función de esta nueva institución trasciende así al Poder Ejecutivo Federal y se convierte en un organismo del Estado, donde las entidades federativas y la propia Federación participan en la designación de sus funcionarios, para conservar el equilibrio y la transparencia que deben caracterizar esta función. El Instituto Nacional de Recaudación permitirá la profesionalización de la función recaudatoria y además introducirá certidumbre en el proceso, ya que será un órgano con capacidad regulatoria y con facultades para emitir recomendaciones técnicas en materia tributaria. En la iniciativa se pretende plena autonomía para el Instituto Nacional de Recaudación, lograda a través del nombramiento de sus principales funcionarios. El Presidente del instituto sería designado por el Congreso de la Unión a propuesta en terna del Poder Ejecutivo Federal. Sus cualificaciones, que estarían detalladas en la ley secundaria, contarían con una certificación de sus conocimientos y experiencia, así como de su probidad. En cada entidad federativa habría un director estatal, designado a propuesta en terna por el gobernador del Estado y ratificado por la respectiva legislatura, aprobando las certificaciones correspondientes. Además, en dicho instituto funcionaría un órgano colegiado, denominado Consejo de Gobierno, integrado por representantes de las entidades federativas, del Gobierno Federal y del mismo instituto, que tendría la facultad de emitir recomendaciones en materia de recaudación fiscal tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas locales y la Asamblea del Distrito Federal, con el fin de buscar que exista siempre una política tributaria que sea fácil de cumplir por el contribuyente; que genere una adecuada estructura federalista; que evite la duplicidad contributiva y combata la evasión. Por otra parte, tomando en consideración que el proceso de recaudación tributaria es algo que no se puede suspender o interrumpir, se plantea en el articulo transitorio de esta iniciativa que las modificaciones constitucionales correspondientes a la creación de este instituto no entren en vigor sino hasta el día 1o.de enero de 2003, tiempo suficiente para que se expidan las leyes reglamentarias necesarias y se tomen las medidas administrativas respectivas para una puesta en marcha ordenada y eficaz del nuevo esquema recaudatorio. De este modo, con la creación de este instituto autónomo se daría un gran paso en la consecución de dos grandes objetivos. Por una parte complementar adecuadamente la propuesta de reforma de los artículos 73 fracción XXIX y 124 constitucionales citada en esta misma iniciativa, introduciendo un elemento neutral y eficaz en la relación hacendaria Federación-Estados-Municipios, que sin duda hará que ésta transite por caminos de mayor certidumbre y eficiencia para las partes abandonando toda posibilidad de subordinación de una respecto de la otra en esta materia, tal y como ha ocurrido en nuestra historia y sucede actualmente. Asimismo, y por otra parte se estarían poniendo las bases para lograr que nuestro proceso de recaudación tributaria, tanto en el nivel federal como en el local, se desarrolle por la vía de la eficacia, simplificación y modernización de la relación contribuyente-Gobierno, como punto de partida del combate al principal elemento de inequidad recaudatoria entre los ciudadanos, la evasión, la cual en nuestro país se estima alcanza actualmente proporciones muy elevadas. Principios Presupuestales Si bien es muy importante el establecer normas constitucionales que busquen dotar de mayores recursos a la Hacienda pública nacional y que establezcan un método para que estos sean distribuidos adecuadamente entre los tres niveles de Gobierno, también es necesario que este nuevo esquema de ingresos fiscales se vea correspondido con nuevas obligaciones para los tres niveles de Gobierno en materia de gasto público, buscando que se imprima mayor transparencia, responsabilidad y control al ejercicio del mismo. Un manejo responsable de los presupuestos de gasto de los tres niveles de Gobierno, además de contribuir a evitar el dispendio y los saldos deficitarios crónicos que frenan el desarrollo integral y regional del país, permitirá lograr el ideal de generar condiciones para una homogeneidad del desarrollo en todas las áreas geográficas, creando polos de desarrollo en múltiples puntos y evitando la concentración en unas cuantas zonas conurbadas, comúnmente la de las ciudades de México,. Guadalajara y Monterrey. De este modo, mediante la adición de un tercer párrafo al articulo 126 constitucional que así se transformaría en un artículo fundamental de la función ingreso-gasto,, se propone integrar a la Constitución los siguientes principios en materia presupuestaria: 1. Equilibrio. Que es una garantía de estabilidad económica y de una participación adecuada del Estado en la economía; 2. Transparencia. Que significa la identificación precisa en el presupuesto de los grupos y regiones beneficiados, las razones por las que el gasto se destina a determinados fines y el diseño de medidas para la revisión periódica de¡ gasto público y que la misma no se realice sólo anualmente y 3. Eficiencia. Para asegurar que los recursos públicos tengan el mayor beneficio social y el mejor impacto en el desarrollo regional sustentable. Con estos principios, se establecerían las bases constitucionales para que el control del gasto público por parte de los poderes legislativos, que se ha concentrado preponderantemente en el nivel del flujo de efectivo, pueda evolucionar a medir y controlar multianualmente los costos de las políticas públicas, además de contar con elementos para vigilar que efectivamente se logren los resultados propuestos en los respectivos presupuestos. Así, con fundamento en esta adición constitucional, se tendrían que crear los instrumentos legislativos-presupuestales que concreticen una mayor eficiencia, eficacia y calidad en la aplicación de los recursos públicos ante la demanda creciente de la sociedad por mejores bienes y servicios públicos; mejoren la transparencia en la aplicación del gasto público respecto de las prioridades nacionales y/o locales; permitan el rendir cuentas de los resultados obtenidos y establezcan un mayor compromiso político para las instancias encargadas del gasto público al acercar la facultad de revisión a niveles de Gobierno más próximos de la población. De este modo, con la reforma propuesta se estarían integrando todos los elementos para una nueva cultura de fortalecimiento y corresponsabilidad fiscal de los tres niveles de Gobierno, acorde con nuestro desarrollo democrático actual. La instancia que desee gastar más de lo autorizado originalmente lo podrá hacer si pide más recursos, no a la Federación como sucede actualmente, en un esquema económica y políticamente agotado, sino a sus electores, a su respectivo Congreso, y se responsabiliza por ello a través de proyectos de desarrollo específicos y verificables. Todas las razones antes expuestas me han llevado a la convicción de que esta iniciativa de reformas constitucionales contribuye a avanzar en la solución de tres retos del Estado mexicano actual: Propone para el sistema federal un método de discusión y análisis permanente, ordenado y democrático que permita encontrar, para el presente y el porvenir, una adecuada distribución de facultades y obligaciones entre los distintos órdenes de Gobierno, buscando con ello una mayor equidad federalista, la estimulación de las actividades económicas regionales y la precisión del nivel de Gobierno que proporcione servicios públicos al menor costo y con la mayor oportunidad; Fortalece el sistema de recaudación de impuestos del país, combatiendo la evasión y elevando los recursos públicos disponibles; y Aproxima a la población con el Gobierno, para que pueda exigirle cuentas respecto del gasto de sus aportaciones y se mejore así la confianza ciudadana en el pago de las mismas. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del articulo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente PROYECTO DE DECRETO Que deroga el último párrafo del numeral 5, de la fracción XXIX del artículo 73, y por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 124 y tres párrafos al artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el estabecimiento de principios relativos a un nuevo federalismo en materia de Hacienda Pública: Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo al articulo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 124... Las entidades federativas deberán contar con recursos suficientes para el ejercicio de sus atribuciones. Su hacienda se compondrá de contribuciones e- impuestos propios y de la participación en el rendimiento de las contribuciones e impuestos federales de la manera proporcional, equitativa y solidaria que la ley determine, la cual será aprobada anualmente por el Congreso de la Unión. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje de dichas participaciones que corresponda a los municipios. Artículo segundo. Se deroga el último párrafo del numeral 5 de la fracción XXIX del artículo 73 constitucional. Artículo tercero. Se adicionan tres párrafos al inicio del artículo 126 constitucional, pasando el original párrafo en cuarto lugar, para quedar como sigue: Artículo 126. La recaudación de las contribuciones federales y de las estatales y municipales que así se convengan, es una función que se efectuará sobre bases de honestidad, eficiencia y simplificación a través del Instituto Nacional de Recaudación, cuya ley lo organizará como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El nombramiento de los funcionarios de dicho Instituto se hará con la participación de la Federación y de las entidades federativas, a través de sus poderes Ejecutivo y Legislativo correspondientes. El presidente del instituto será nombrado por el Congreso de la Unión, de una terna propuesta por el Presidente de la República y en cada entidad federativa habrá un director estatal designado por el respectivo Congreso de la entidad, que tendrá las calificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Recaudación y que será seleccionado de una terna presentada por el gobernador de la entidad. Este instituto contará con un Consejo de Gobierno, que será la máxima autoridad del Instituto Nacional de Recaudación y que se formará con representantes de las entidades federativas, la Federación y directivos del propio instituto, el cual tendrá la facultad de emitir opiniones técnicas en materia de política tributaría. En la formulación y el ejercicio de los presupuestos federales, estatales y municipales se deberán observar los principios de equilibrio, transparencia y eficiencia. Al aprobarse los mismos se valorará la pertinencia de las políticas de gobierno propuestas,, a fin de lograr un desarrollo sustentable y una distribución equitativa de los recursos públicos. Los poderes de Gobierno que los ejerzan deberán presentar la información que les sea requerida con la periodicidad que la ley determine, para el adecuado seguimiento del desarrollo de las políticas públicas. . . . . . . . . . . . . ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los dos primeros párrafos del artículo 126 que entrarán en vigor el 1o. de enero de 2003. México, D.F., a 9 de octubre de 2001. Diputado Juan Manuel Carreras López. EL C. PRESIDENTE. Gracias, a usted, diputado Juan Manuel Carrera López. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Martí Batres Guadarrama del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política Exterior. DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: Con su permiso señor presidente: La desgracia ocurrida en Estados Unidos, ha desatado procesos de muy diversa índole. Ha convocado a la solidaridad y generado un gran debate sobre las políticas internacionales. Desde un principio demandamos todo el apoyo humanitario a las familias de las víctimas y respaldamos todas las medidas diplomáticas para cerrarle el paso a nuevas acciones terroristas. Condenamos el terrorismo contra el pueblo de Estados Unidos, como hemos condenado el terrorismo contra los pueblos de Cuba, Palestina o Nicaragua. Por ello mismo también, manifestamos todo nuestro rechazo a la guerra. México es pacifista; no queremos más terror y guerra. Si no queremos guerras propias, tampoco queremos asumir guerras ajenas. México quiere la paz. Pero gobierno mexicano no lo dice. No tenemos hoy en día una política exterior de estado, la que promueve el gobierno no es la política exterior de México; no la que reclama la representación nacional; no la que dice la Constitución. Desde la cancillería mexicana, se reproduce la política exterior de otro país, de nuestro vecino del norte. La visión del Gobierno Federal no es nacional ni tampoco mundial, es una visión norteamericana, no se mira desde México sino desde Estados Unidos. No mira a las grandes franjas de países y de poblaciones; su visión se agota en Estados Unidos porque cree que ahí se agotan las posibilidades de su gobierno. El gobierno mexicano recorre el mundo para promover la política internacional de Estados Unidos. Por eso, para la cancillería mexicana, la disyuntiva es clara: o estás con Estados Unidos o estás contra él. Es la misma disyuntiva de George Bush. Es una disyuntiva que México no había asumido ni quiere asumir. Vivimos junto a Estados Unidos, no queremos conflicto con nuestro vecino, al contrario, deseamos una buena relación de colaboración, ayuda mutua, comercio,. comunicación, solidaridad. Estamos juntos y a pesar de que Estados Unidos nos quitó la mitad de nuestro territorio, nos invadió en más de una ocasión, México nunca ha pensado en venganzas finitas o infinitas. Nos interesa como país, lo que pasa en el territorio de Estados Unidos, porque allá vive una parte de la Nación Mexicana y vive allá sin derechos políticos, civiles y sociales. Pero somos otro país; somos México y sobrevivimos junto a la superpotencia por el valor de tomar nuestras propias decisiones. El poderío de Estados Unidos no es nuevo, pero la reiterada afirmación de la independencia política del Estado Nacional Mexicano, le ha permitido tener mayor margen de movimiento en el mundo. México ha sido extraordinariamente generoso con Estados Unidos y queremos sin embargo, que la relación con ese país sea fructífera y positiva también para México. La reciente crisis económica que estamos viviendo, producto de la recesión en Estados Unidos, nos indica que no nos conviene atar nuestro destino a nadie. Hoy sufrimos una crisis ajena, es la consecuencia de no mirar hacia el mundo entero. Ciertamente existe una nueva situación mundial, se acabó la bipolaridad este oeste. Pero se ha recrudecido la polarización norte sur. En la globalización actual un pequeño puñado de trasnacionales de países del norte, se enriquece y la miseria se extiende a un universo gigantesco de países del sur. La concentración de riqueza en el norte genera grandes flujos migratorios hacia las metrópolis, que son continuamente rechazados y combatidos. El poderío económico del norte con sus redes, normas, fuerza, presiones, ha derrumbado los esfuerzos iniciales de muchos países por construir un Estado de bienestar social. Ningún país puede solo reconstruir su Estado social frente a poderes mundiales y que deciden políticas monetarias, fiscales, comerciales, crediticias y de inversiones. La pobreza es un problema mundial y requiere soluciones mundiales. Para los países del sur alcanzar la equidad social dentro de sus fronteras supone avanzar en la equidad internacional entre los Estados. Por eso México no puede atarse a la política exterior de Estados Unidos, porque México requiere de un marco de equidad internacional para desarrollarse y esa equidad internacional supone contrapesos mundiales al enorme poder de Estados Unidos y de los países del norte, redes institucionales, económicas, financieras, culturales, mediáticas, de los países del sur. Trabajar para fortalecer Estados Unidos como la cumbre de un mundo unipolar en lo político, militar y económico, significa trabajar en contra de los intereses de México. No es cierto que a México le conviene apoyar incondicionalmente a Estados Unidos, pero el gobierno mexicano ha hecho suya la filosofía de la política exterior de nuestro vecino y pretende presentarla como una novedosa política. Se habla entonces de dejar atrás la política de la autodeterminación y la no intervención. Se dice que México debe intervenir para promover los derechos humanos en otras naciones. Es el viejo discurso del gobierno de Estados Unidos y de las naciones del norte, que se han convertido en los jueces de los derechos humanos de las naciones del sur. ¿Y quién vigila que se respeten los derechos humanos en los países del norte? Ahí se violan derechos humanos de minorías étnicas y de migrantes todos los días. Y también de religiosos, de escolares, de ciudadanos o mujeres. Ahora el gobierno de Estados Unidos se preocupa mucho por la violación a los derechos humanos de las mujeres de Afganistán, pero nada dice de la misma violación de sus derechos a las mujeres de Arabia Saudita, porque este país es su aliado. Estados Unidos antes apoyó al Talibán en contra de la Unión Soviética, ahora lo combate. El discurso de los derechos humanos ha sido un discurso clave en el gobierno de Estados Unidos para intervenir en los asuntos de sus adversarios, sin que necesariamente sea su interés genuino promoverlos. En territorio de Estados Unidos se han entrenado en diversos momentos históricos terroristas y se han financiado escuadrones de la muerte. En su territorio se han planeado atentados en contra de políticos de otros países del mundo. La solución es el derecho internacional y Estados Unidos apela a la venganza contra países que albergan terroristas. Pero si esa fuera una norma aplicable para todos, universalmente aceptada, países como Cuba podrían reclamar su derecho a bombardear a Estados Unidos, porque allí se entrenaron terroristas que estallaron un avión cubano, con pasajeros civiles, en 1976. Eso sería tan irracional y absurdo como imposible, por la gran diferencia de los poderes militares reales entre un país y otro. Por eso debe imponerse el derecho. La vida de un habitante de Afganistán vale tanto como la vida de un habitante de Estados Unidos, pero más allá de que esta guerra sea tan reprobable como el terrorismo es además ineficaz, muchos afganistanos pueden morir sin que exista garantía alguna de que las redes del terrorismo hayan desaparecido y dejen de actuar. México debe promover en el mundo la equidad entre los Estados y el desarrollo económico, la igualdad social y el bienestar de los pueblos. La equidad económica y social mundial. La globalización es un espacio de disputa, diversidad cultural y nacional, étnica y religiosa, multipolaridad política, democratización de los organismos internacionales, operación para el desarrollo, promoción de la paz y, sobre todo, equidad entre los Estados. Parecen ser los elementos de una política exterior que debe impulsar el Estado Mexicano apoyándose en su Constitución. Nuestra responsabilidad es impulsar una globalización desde los estados, no desde las empresas multinacionales. El tema internacional es tan importante que ya no puede ser esfera exclusiva de las decisiones del Ejecutivo , aquí se expresa también el carácter obsoleto del presidencialismo, necesitamos una política exterior de Estado no del Gobierno, es parte de la Reforma del Estado en el ámbito internacional y el tema es tan importante, que incluso ha sido objeto de un acuerdo nacional que refrenda textualmente la lucha por la paz. Pero ese acuerdo, por cierto, no ha tenido la fuerza suficiente para impedir que el Presidente lo haya violentado el mismo día que se suscribió. Efectivamente, el pasado domingo se firmó un acuerdo por la paz y el mismo día domingo el Presidente de nuestro país declaró a favor de la guerra; por eso la Política Exterior ya no puede ser asunto solo del Ejecutivo sino del Estado, en las actuales condiciones cabe la pregunta: ¿a quién sirve la presencia del Gobierno Mexicano en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿A México o al Gobierno de Estados Unidos?. Esta Iniciativa que presentamos el día de hoy tiene 3 conceptos de cambio; el primero plantea la eliminación de la atribución exclusiva del Senado de la República para ratificar los tratados internacionales, y traslada ese imperativo al Congreso de la Unión en su conjunto, es decir, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Con esta modificación proponemos salvar una discusión fundamental que tiene que ver con visiones que tienden a colocar aún por encima de las leyes federales, a los tratados internacionales, siendo que los primeros son aprobados por el Congreso de la Unión; y los segundos, por el actual esquema solo por el Senado de la República pero ambos se consideran parte de la Ley Suprema del país. Con esto volvemos a los tratados, los convertimos en un acto legislativo pleno, la aprobación de los tratados mismos se convertirían en una legislación que generaría normas para nuestro país aprobadas por ambas Cámaras. El segundo tema de cambios se refiere a la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo, atribución hoy del Senado; planteamos trasladar la facultad al Congreso de la Unión en su conjunto y darle atribuciones de definición en materia internacional previamente a la toma de cualquier decisión que implique obligaciones a nuestro país. El tercer elemento de cambio resulta igual de trascendental, establecemos el requisito de la aprobación del Congreso de la Unión de los tratados internacionales previamente a su suscripción por parte del Ejecutivo Federal, con esto obligamos a ser partícipe al Congreso de la Unión en los procesos de negociación de los tratados para que no solo ratifique lo acordado por el Ejecutivo porque su intervención se da generalmente sobre hechos consumados. Ahí está por ejemplo el asunto de los presuntos convenios secretos sobre energéticos con Estados Unidos y Canadá y que se nos quieren presentar como un hecho consumado. Trasladar al Congreso de la Unión en su conjunto la definición de la Política Exterior del país, permite compartir responsabilidades en un tema que en estos tiempos se torna como un asunto de Estado y de seguridad nacional. En otros países la Política Exterior es un asunto que involucra no solo al Ejecutivo sino al conjunto de sus Parlamentos y mientras tanto en nuestro país se protegió al Canciller mexicano para impedir que viniera a comparecer ante el pleno de esta soberanía. El gran reto que tenemos ante la globalización y la unipolaridad es tener capacidad como país de trabajar por nuestras propias prioridades a partir de re plantear los instrumentos de la globalización, dándoles un sentido público para la solución de los grandes problemas de contaminación, pobreza, étnicos, nacionales que no van a ser resueltos con la globalización de las transnacionales. No una globalización desde el entorno privado, como actualmente se identifica, y que responde más a interese de las grandes empresas multinacionales, las cuales recurren incluso a los políticos, y a veces, por cierto, sus gerentes se convierten en políticos. El reto entonces no puede ser aplazado, requerimos de una política exterior nacional, soberana y decidida por el conjunto del Estado Mexicano. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como siguen: Artículo Único. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 73, 76, 89 y l33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 73, fracción vigésimo novena K: Analizar y decidir exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. Artículo 76, fracción primera: Derogada. Artículo 89, fracción décima: Dirigir la política exterior y celebrar, previa aprobación del Congreso, tratados internacionales. En la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo se sujetará a los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Artículo l33: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, previa aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. TRANSITORIO. Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de octubre del año 200l. Muchas gracias por su atención. Iniciativa de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS La desgracia ocurrida en EU ha desatado procesos de muy diversa índole. Convoca a la solidaridad y genera un gran debate sobre las políticas internacionales. Desde un principio, demandamos todo el apoyo social y humanitario a las familias de las víctimas y respaldamos todas las medidas diplomáticas para cerrarle el paso a nuevas acciones terroristas. Condenamos el terrorismo contra el pueblo de los EU, como hemos condenado el terrorismo contra los pueblos de Cuba, Palestina o Nicaragua. Por ello mismo también, manifestamos nuestro rechazo a la guerra. México es pacifista. No queremos más temor y guerra. Si no queremos guerras propias, menos aún queremos guerras ajenas. Queremos la paz en Chiapas, también en el mundo. México quiere paz, pero el Gbierno mexicano no lo dice. No tenemos hoy en día una política exterior de Estado. Lo que promueve el Gobierno no es la política exterior de México. No la que reclama la representación popular, no la que dice la Constitución. Desde la cancillería mexicana se reproduce la política exterior de otro país, de nuestro vecino del norte. La visión del Gobierno Federal no es nacional, ni tampoco mundial. Es una visión norteamericana. No se mira desde México, sino desde Estados Unidos. No mira las grandes franjas de países y de poblaciones. Su visión se agota en Estados Unidos, porque cree que ahí se agotan las posibilidades de su Gobierno. Por eso, para la cancillería la disyuntiva es clara: o estás con EU, o estás contra él. Es la misma disyuntiva de George Bush. Es una disyuntiva que México no había asumido ni quiere asumir. Es una disyuntiva que se le impone a México por su propio gobierno. Vivimos junto a Estados Unidos. No queremos un conflicto con nuestro vecino, al contrario deseamos una buena relación de colaboración, de ayuda mutua, comercio, comunicación, solidaridad. Estamos juntos, a pesar de que Estados Unidos nos quitó la mitad de nuestro territorio, nos invadió en más de una ocasión y México nunca ha pensado en venganzas finitas o infinitas, sino en una buena vecindad. Nos interesa, como país, lo que pase en territorio de EU, porque allá vive una parte de la nación mexicana y vive allá sin derechos políticos, civiles y sociales. Pero somos otro país. Somos México y sobrevivimos junto a la superpotencia por el valor de tomar nuestras propias, posiciones. El poderío de Estados Unidos no es nuevo. Pero la reiterada afirmación de la independencia política de¡ Estado nacional mexicano, le ha permitido- tener mayor margen de movimiento en el mundo que otros países geográficamente más lejanos. México ha sido extraordinariamente generoso con Estados Unidos. Y queremos, sin embargo, que la relación con ese país sea fructífera y positiva también para México. La reciente crisis económica de México que estamos viviendo, producto de la recesión en Estados Unidos, nos indica que no nos conviene atar nuestro destino a nadie. Hoy sufrimos una crisis ajena, es la consecuencia de no mirar hacia el mundo. Ciertamente existe una nueva situación mundial. Se acabó la bipolaridad este-oeste, socialismo-capitalismo. Pero se ha recrudecido la polarización norte-sur. En la globalización actual, un pequeño puñado de trasnacionales de países del norte se enriquece y la miseria se extiende en un universo gigantesco de países. La concentración de riqueza en el norte, genera grandes flujos migratorios hacia las metrópolis, que son continuamente rechazados y combatidos por éstas. El poderío económico del norte, con sus redes, normas, fuerza, presiones, ha derrumbado los esfuerzos iniciales de muchos países por construir un Estado de bienestar social. Ningún país puede sólo reconstruir su Estado social frente a poderes mundiales que deciden las políticas monetarias y fiscales, las inversiones, el comercio, el crédito. La pobreza es un problema mundial, y requiere soluciones mundiales. Para los países del sur alcanzar la equidad social dentro de sus fronteras supone avanzar en la equidad internacional entre los estados. Por eso México no puede atarse a la política exterior de EU, porque México requiere de un marco de equidad internacional para desarrollarse económicamente. Y esa equidad internacional supone contrapesos mundiales al enorme poder de EU y de los países del norte, redes institucionales, económicas-financieras, culturales, mediáticas de los países del sur. Trabajar para fortalecer a EU como la cumbre del mundo unipolar en lo político, lo militar y lo económico significa trabajar en contra de los intereses de México. No es cierto que a México le conviene apoyar incondicionalmente a EU. Pero el Gobierno mexicano ha hecho suya la filosofía de la política exterior de EU y pretende presentarla como una nueva política. Se habla entonces de dejar atrás la política de la autodeterminación y la no intervención. Se dice que México debe intervenir para promover los derechos humanos. Es la vieja política de los gobiernos de EU y las naciones del norte, quienes se convierten en los jueces de los derechos humanos de las naciones del sur. ¿Y quién vigila que se respeten los derechos humanos en los países del norte? Ahí se violan derechos humanos de minorías étnicas y de migrantes, de religiosos y escolares, de ciudadanos y mujeres. Ahora el gobierno de EU se preocupa mucho por la violación de los derechos humanos de las mujeres de Afganistán, pero nada dice de la misma violación de sus derechos a las mujeres en Arabia Saudita, porque este país es su aliado. EU antes apoyo al Talibán en contra de la Unión Soviética. Ahora lo combate. El discurso de los derechos humanos ha sido un discurso clave en el gobierno de EU para intervenir en los asuntos de sus adversarios, sin que necesariamente sea su interés promoverlos. En territorio de EU se entrenaron terroristas y se financiaron escuadrones de la muerte. En su territorio se plantearon atentados y magnicidios. La soluciones el derecho internacional y EU apela a la venganza contra países que albergan terroristas. Pero si esa fuera una norma aplicable para todos, Cuba podría reclamar su derecho a bombardear EU porque ahí se entrenaron terroristas que estallaron un avión cubano con pasajeros civiles en 1975. Eso seria tan irracional y absurdo como imposible, por la gran diferencia en los poderes militares reales entre un país y otro. Por eso debe imponerse el derecho. Pero más allá de que esta guerra sea tan deplorable como el terrorismo, es además ineficaz. Muchos afganistanos pueden morir sin garantía alguna de que las redes del terrorismo hayan desaparecido y dejen de actuar. México debe promover en el mundo la equidad entre los Estados y el desarrollo económico; la igualdad social y el bienestar de los pueblos. La globalización es un espacio de disputa. Diversidad cultural, nacional, étnica, religiosa. Multipolaridad política, cooperación para el desarrollo, promoción de la paz y sobre todo equidad entre los estados, parecen ser los elementos de una política exterior que debe impulsar el Estado mexicano, apoyándose en la constitución. Nuestra responsabilidad es impulsar una globalización desde los estados, no desde las empresas transnacionales. El tema internacional es tan importante que ya no puede ser esfera exclusiva de las decisiones del Ejecutivo. Aquí se expresa también el carácter obsoleto del presidencialismo. Necesitamos una política exterior de Estado, no sólo de gobierno. Es parte de la reforma del Estado. El tema internacional es tan importante que incluso ha sido objeto de un acuerdo nacional que refrenda "la lucha por la paz". Pero ese acuerdo no ha tenido la fuerza suficiente para impedir que el Presidente lo haya violentado el mismo día que lo suscribió. Se firma un acuerdo por la paz y se apoya la guerra. Por eso la política exterior ya no puede ser asunto sólo del Ejecutivo, sino del Estado. En las actuales condiciones, cabe la pregunta ¿a quién le sirve la presencia del Gobierno mexicano en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿A México o al gobierno de EU?. La Reforma del Estado debe tener como uno de sus ejes fundamentales la redistribución del poder y la colegiación de las decisiones públicas. Esta iniciativa tiene tres conceptos de cambio: El primero plantea la eliminación como atribución exclusiva del Senado de la República de la ratificación de los tratados internacionales, para trasladar ese imperativo al Congreso de la Unión en su conjunto,, es decir Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Con esta modificación, salvamos una discusión importante, que tiene que ver con visiones que tienden a colocar aún por encima de las leyes federales a los tratados internacionales, siendo que los primeros son aprobados por el Congreso de la Unión y los segundos con el actual esquema, sólo por el Senado de la República. Con esto volvemos un acto legislativo pleno, la aprobación de los tratados., mismos que generan normas para nuestro país. El segundo se refiere a la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo, atribución hoy del Senado; planteamos trasladar la facultad al Congreso de la Unión en su conjunto y darle atribuciones de definición en materia internacional previo a la toma de cualquier decisión que implique obligaciones a nuestro país. El tercer elemento de cambio resulta igual de trascendental: establecemos el requisito de aprobación del Congreso de la Unión de los tratados internacionales previo a su celebración o suscripción por parte del Ejecutivo Federal, con esto obligamos a ser participe al Congreso de la Unión en los procesos de negociación de los tratados, para que no sólo ratifique lo acordado por el Ejecutivo, porque su intervención actual se da sobre hechos consumados. Ahí está el asunto de los presuntos convenios secretos sobre energéticos entre EU, Canadá y México, que nos quieren presentar como hecho consumado. Trasladar al Congreso de la Unión en su conjunto la definición de la política exterior del país, permite compartir responsabilidades en un tema que en estos tiempos se torna como un asunto de Estado y de seguridad nacional. En otros países con regímenes democráticos consolidados, la política exterior es un asunto que involucra al Ejecutivo, pero también a sus congresos o parlamentos. Mientras en esta soberanía a raíz de la crisis generada por los lamentables acontecimientos del 11 de septiembre, hubo quienes insistimos en la comparecencia del canciller mexicano - dándose una sistemática oposición principalmente por parte del partido que ahora gobierna a nivel federal - en otros países, presidentes o primeros ministros, acudieron sin cita ante sus representaciones a fin de definir la posición del país. El gran reto que tenemos ante la globalización y la unipolaridad, es tener capacidad como país de trabajar por nuestras prioridades, a partir de replantear los instrumentos de la globalización, dándole sentido público. No una globalización desde el entorno privado, como actualmente se identifica y que responde más a los intereses de las transnacionales, las cuales recurren a los políticos, o incluso sus gerentes se convierten en políticos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo único. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 73, 761 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 73. . . . I a la XXIX J. . . . XXIX K. Analizar y decidir la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión; XXX. . . . Artículo 76. . . . I. Derogada. II a la X. . . . Artículo 89. . . . I a la IX. . . . X. Dirigir la política exterior y celebrar previa aprobación del Congreso, tratados internacionales. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo se sujetará a los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención, la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; XI a la XX. . . . Artículo 133. Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, previa aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2001. Diputado Martí Batres Guadarrama EL PRESIDENTE: Gracias a usted, diputado Martí Batres Guadarrama. Túrnese a la Comisión de puntos Constitucionales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya su cierre. LA SECRETARIA, MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 449 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------