EL C. DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: Acudimos a esta tribuna para referirnos a un problema que está cobrando cada vez mayor importancia y gravedad. Nos referimos al grave daño ecológico que la empresa minera carbonífera Río Escondido MICARE, está ocasionando en el municipio de Piedras Negras Coahuila. A N T E C E D E N T E S: Desde hace años, la empresa MICARE dio a conocer su intención de explotar un yacimiento de carbón ubicado en el municipio de Piedras Negras Coahuila, colindante con los límites de la zona urbana. Desde siempre, los vecinos de la localidad cercana se opusieron a la instalación de dicha mina, por los enormes daños ecológicos que implica dicha explotación al contaminar los mantos acuíferos, afectar la salud de los habitantes y el medio ambiente en general. La población de esta zona fronteriza no quitará el dedo del renglón y mantendrá el rechazo unánime a dicha planta, porque a lo ya mencionado, se afectará también el crecimiento urbano de la Ciudad de Piedras Negras y se pondrá en riesgo el suministro de agua potable proveniente del Río Bravo. No obstante todos esos daños que hemos mencionado, en agosto de 2002, la SEMARNAT emitió su dictamen en sentido favorable para la empresa MICARE, con lo que dio inicio la explotación del yacimiento carbonífero en el predio denominado "las sacatotas" por el método de mina cielo abierto o tajo. No obstante que las autoridades municipales de Piedras Negras y el gobierno estatal conocen perfectamente las consecuencias negativas de la puesta en marcha de la mina, autorizaron el cambio de uso del suelo en más de 700 hectáreas situadas en una zona en la que están asentadas industria maquiladoras, escuelas y áreas habitacionales. Los efectos perniciosos de la empresa MICARE, además, se han extendido a los municipios que colindan con dicho complejo industrial al utilizar sus mantos freáticos, con los que se pone en riesgo el vital líquido. Por todo lo antes señalado, demandamos que el Congreso del estado intervenga y tome las medidas necesarias para detener este crimen brutal en contra de la población y de su entorno natural. Demandamos a la administración municipal y al gobierno del estado para que cumpla con la obligación de proteger a la población afectada y por supuesto, conminamos a que la SEMARNAT reconsidere de manera seria y responsable el dictamen emitido. "Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometes a su consideración el siguiente: PUNTO DE ACUERDO "UNICO. Para que esta Honorable Comisión Permanente demande al titular de la SEMARNAT se revise y rectifique el dictamen emitido por esa Dependencia en el mes de agosto del 2002, con base en los elementos que hemos vertido en el presente Punto de Acuerdo y con ello se ajuste la operación de la empresa Mycare o en su caso se clausure si persisten los daños a la población y a la ecología de la región. "Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los cinco días del mes de marzo del 2003." -PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Para presentar otro punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Victor Antonio García Dávila. El punto de acuerdo relacionado con los trabajadores despedidos del programa nacional con jornaleros agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social. -DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con el permiso de la presidencia: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acude a esta tribuna con objeto de exponer la problemática por la que pasan los hoy ex trabajadores del Programa de Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz. Los hechos son los siguientes: Con fecha 12 de diciembre de 2002 trabajadores del mencionado programa interpusieron una demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el amparo del artículo 123 de nuestra Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, solicitaron su reconocimiento como trabajadores de la SEDESOL, así como de todos los derechos otorgados por la legislación vigente. Por ese motivo, el 9 de abril del 2002 el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, citó a los demandantes a fin de realizar la audiencia confesional en la ciudad de Jalapa, Veracruz, reunión a la cual asistieron los 58 trabajadores. Como resultado de lo anterior la SEDESOL a través del licenciado Pérez San Luis, de las oficinas centrales en el Distrito Federal y el representante del Programa de Jornaleros Agrícolas de Veracruz, Ramón Zamudio Navarrete, les notificaron: Que a partir de esa fecha, estaban despedidos, sin que mediara otra justificación más que el haber asistido a la audiencia confesional. Además, se les notificó que quien quisiera continuar laborando podría hacerlo previa renuncia a todo derecho que como trabajadores otorgan las leyes mexicanas. Pero sobre todo, de desistir en la demanda interpuesta en contra de SEDESOL. Obviamente, las amenazas surtieron efecto provocando que algunos trabajadores asumieran las demandas de las autoridades de la Secretaría. A la fecha continúan en la lucha 31 personas, la mayoría de ellas trabajadoras que son jefas de familia que en la actualidad se encuentran desempleadas. Como respuesta de los 31 trabajadores que siguen en lucha, el 11 de julio del 2002 presentaron una segunda demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, misma que a la fecha no han tenido respuesta. La situación por la que pasan miles de trabajadores al servicio del Estado en distintas dependencias del Ejecutivo Federal o estatal es muy incierta, debido a que tienen que aceptar laborar al margen de la ley, sin las prestaciones a que tienen derecho. Como ejemplo de conflictos laborales en las distintas dependencias gubernamentales, tenemos el caso del INEGI, la Secretaría de Salud, Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural, Reforma Agraria y del propio Congreso de la Unión. Es importante mencionar que hasta ahora las autoridades responsables de emitir resoluciones de carácter laboral, actúan con mucha tardanza. No sabemos si lo hacen premeditadamente para provocar que los demandantes desistan de sus peticiones o simplemente abandonen su lucha por falta de apoyo en los tribunales. Por las consideraciones expuestas el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al Pleno de esta Honorable Comisión Permanente, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO "UNICO. Que esta Honorable Comisión Permanente exija al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la pronta solución a la demanda antes mencionada y que además el Resolutivo esté apegado a derecho." "Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los cinco días del mes de marzo de 2003." Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diptuados. Para presentar un Punto de Acuerdo sobre la Defensa del Estado de Derecho, tiene la palabra el Senador César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional.