La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Buenas tardes. Este posicionamiento tiene como motivo llamar la atención de ustedes sobre la reserva de medidas cautelares. Con esta reserva presentamos y retomamos el punto de vista de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como de la posición del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se ha solicitado por ambos, por estas organizaciones y por el alto comisionado, se ha solicitado a esta Cámara que las reformas constitucionales en materia de arraigo apunten a su eliminación, sin embargo proponemos ya que estamos en ese proceso incorporar al presente dictamen las disposiciones de la iniciativa presentada y signada por diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, el 18 de abril a la Comisión de Puntos Constitucionales. El arraigo, a pesar de que se ha dicho aquí de manera reiterada por algunas legisladoras y legisladores hay que volverlo a decir-, es un abuso en sí mismo que permite detener a una persona sin contar con elementos en su contra. Por ello mismo propicia la práctica de la tortura para forzar una declaración o que la persona se autoinculpe, en el intento de la autoridad para obtener cualquier tipo de evidencia y con ello someter a la persona en proceso. Esto fue comprobado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas que en su visita a México encontró que el 50 por ciento de las personas detenidas en el Centro Nacional de Arraigo, presentaban lesiones recientes. Extender el periodo de investigación para sujetar a proceso a una persona de la que no se tienen evidencias suficientes, es un método que destruye el núcleo de la presunción de inocencia. Se ha dicho reiteradamente por muchas organizaciones civiles, no se justifica de ningún modo detener para investigar mientras no se cumpla la tarea de investigar para detener. La medida del arraigo ha tenido finalidades explícitas de acuerdo con el artículo 16: para el éxito de la investigación dice- la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. El arraigo no es ni puede constituir la única forma en que se pueden cumplo estos objetivos. Es por ello que esta propuesta de reserva se centra en sustituir la medida extrema del arraigo por medidas alternativas, a fin de que se pueda contar con opciones para estos fines. Las medidas cautelares son utilizadas en muchos lugares del mundo e incluso en varias entidades federativas. Por ejemplo, para evitar que la persona inculpada se sustraiga de la acción de la justicia, el juez puede imponerle la prohibición de salir de una demarcación geográfica mediante un sistema periódico de firmas ante la autoridad; la prohibición de acercarse a un sitio donde se encuentren pruebas o personas que estén en riesgo, es otra alternativa. Esto respeta plenamente los objetivos planteados y además se circunscribe al sistema penal acusatorio. O bien se ha instituido en Campeche que se puede colocar a la persona inculpada un sistema de geolocalización en una tobillera a fin de causarle la menor molestia a alguien que no puede ser considerado ni siquiera sujeto a proceso. Cada persona arraigada tiene un costo para el Estado de alrededor de 300 pesos diariamente. Con la tecnología disponible esta medida sin duda resultaría más económica. Con estas medidas evitaríamos que las personas para quienes se buscan indicios, enfrenten el grave riesgo que supone el arraigo. Como ha demostrado la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 41 por ciento de las quejas presentadas para casos de arraigo, alegan que las personas han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. De esta manera respetaríamos la disposición de la Convención Americana que establece el derecho a que la autoridad judicial revise que la detención es el medio de control idóneo. Asimismo podríamos garantizar la libertad de circulación y el derecho a la honra, que hoy es gravemente afectado por una pena impuesta en una fase preprocesal. Por lo tanto, propongo, en el artículo 16, la siguiente redacción: La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar las medidas cautelares establecidas y reguladas por la legislación secundaria, mismas que deberán ser en todo momento compatibles con las normas que reconocen derechos humanos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y aplicarse solamente cuando se acredite la existencia de indicios suficientes para vincularla con esos delitos, siempre que durante la subsistencia de esta medida puedan allegarse mayores elementos en la investigación y se proteja la vida, la integridad de las personas, bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia, cuando exista riesgo fundado de ello. Las medidas cautelares que emita la autoridad judicial deberán ser proporcionales y justificadas en su duración temporal, modalidad, lugar y fines específicos que persiguen en el marco de las investigaciones. La autoridad judicial competente y los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 102, apartado B de esta Constitución, revisarán la aplicación de estas medidas de manera oficiosa, garantizando la prevención de violaciones de derechos humanos en su ejecución, así como favoreciendo a la investigación, sanción y reparación de las mismas, cuando se llegaran a consumar. En el artículo 2o se propone en esta reserva derogar el décimo primero. En los transitorios, en el artículo segundo se propone la redacción como sigue: El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar la legislación secundaria al presente decreto en un término de seis meses contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En el mismo plazo, las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar la normatividad correspondiente para establecer las medidas cautelares alternativas al arraigo a las que se refiere el artículo 16 Constitución, reformado por virtud de este decreto. Finalmente, en los transitorios, el artículo tercero propongo que sea eliminado. Hago un llamado a favor del conjunto de reservas que acabo de leer porque el respeto a los derechos humanos no admite medias tintas ni gradualidades. Es necesario extraer el arraigo de nuestra Constitución, donde nunca debió haber estado. Muchas gracias por su atención.