EL C. DIPUTADO AUDARICO HERNANDEZ JERONIMO: Muchísimas gracias, ciudadana presidenta. Aclaro, voy a omitir algunos párrafos de mi texto por obviedad en el tiempo; sin embargo, solicito sea integrado y publicado íntegramente el documento que ampara esta excitativa. Con su permiso, señoras diputadas, diputados. Excitativa a la Junta de Coordinación Política para integre a la brevedad la Subcomisión de Examen Previo y desahoguen los procedimientos de juicio político. En México vivimos tiempos de cambio y muchos de los representantes populares aquí presentes estamos empeñados en contribuir a la transformación del país. El asunto que nos ocupa es de importancia extrema porque entraña, ni más ni menos, que el combate a la impunidad y a la corrupción. Resulta paradójico que una herramienta legal para combatir los abusos de quienes detentan poder, como es el juicio político, no se haya utilizado en nuestro país. Gran parte de nuestros pendientes democráticos se encuentran en terminar con la impunidad de quienes transgreden nuestras normas fundamentales y utilizan como chantaje la gobernabilidad a cambio de que no se les juzgue por sus delitos. Creo que todos aquí celebramos la celeridad con la que actuó la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública al dictaminar en tres meses la iniciativa de decreto que adecuaba el marco normativo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y también estoy cierto que la aprobación en el pleno de este dictamen por 447 votos, es decir, prácticamente por unanimidad, refleja la convicción que hay en esta Cámara de Diputados de no dejar pasar más impunidades. En la Cámara de Diputados se han presentado denuncias de juicio político en contra de personajes como: Madrazo, y sin embargo no se han concluido los mismos por una pasividad que en estos tiempos resulta ofensiva. Está mostrado y demostrado que Madrazo Pintado utilizó recursos públicos que de manera ilegal fueron canalizados por el PRI para financiar su campaña y la del propio Zedillo en 1994, gastando más de 70 millones de dólares para tal fin. Aunque se logró la alternancia, el viejo régimen aún conserva las estructuras y cacicazgos que se oponen a desaparecer y a abrir el camino a una verdadera transición democrática. Estamos convencidos de que si no se retoman y se toman a tiempo las medidas necesarias para sancionar a personajes como Madrazo Pintado, han transgredido las leyes y se colocan con su actuar como auténticos obstáculos a los procesos políticos de apertura democrática que se están viviendo; estarán atentando más temprano que tarde contra la gobernabilidad del país. Yo les pregunto a los legisladores del PRI si ¿no es ésta una magnífica oportunidad que conforme lo mandato su reciente Asamblea, puedan regresar a los principios que le dieron origen a su formación política y castigar a quienes por sus prácticas dañaron la imagen de sus partido y qué no es ésta la oportunidad para dejar los mecanismos legislativos ajustados para que ya no vuelva a quedar impunes hechos que han lastimado a la nación y al pueblo? La sociedad tiene expectativa respecto a la viabilidad del cambio democrático dentro del PRI. Es ahora la oportunidad de dar una muestra contundente. En días recientes hemos sabido que la SECODAM lo investiga por el desvío de 132 millones de pesos y también como es del dominio público, se tienen las pruebas de que el exgobernador recibió de manera ilegal 5 millones de dólares de empresas mercantiles que ahora están en el Sistema de Rescate Financiero y que serán pagaderos por el grueso del pueblo de México. Es por ello que reconociendo que en la colegisladores no hubieron las condiciones para sacar a tiempo la enmienda a la ley que adecuaba el marco para agilizar estos juicios políticos, también nos parece evidente que una pretendida laguna legal no puede entorpecer el accionar de la justicia, sobre todo en casos que atentan contra el Estado de Derecho. Tenemos la convicción que el exhorto del senado que ahora hacemos nuestro está legalmente fundado, ya que en un acuerdo de gobierno interno de la Cámara de Diputados, se puede dejar perfectamente en claro cómo va a ser la composición de la subcomisión de Examen Previo para que se instale y proceda con este gran pendiente de desahogar el juicio político que hemos comentado, entre otros, porque hoy la lucha contra la corrupción y la impunidad ocupa el lugar principal dentro de los mandatos populares que todos nosotros decidimos el 2 de julio del 2000. Considerando que de acuerdo al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las competencias de las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados encuentran sus competencias en relación con el efecto que el marco jurídico otorga a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Así, pues, debe observarse que la competencia que la ley y el estudio otorga a la Subcomisión de Examen Previo se encuentran orientadas a desarrollar parte del procedimiento de juicio político, por lo que al ser éste de naturaleza materialmente jurisdiccional, en ellas encuentra competencia para intervenir la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, haciendo congruentes, por tanto, las leyes de la aplicación del Congreso de la Unión, específicamente de la Orgánica del Congreso General de la Responsabilidad de los Servidores Públicos. En efecto, de una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico se observa que es la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la que debe contar con competencia legal ara intervenir en el procedimiento del juicio político, toda vez que sus funciones se encuentran en relación con las que son materia del procedimiento en estudio a saber es la encargada de la dirección de la política Interior del país y de dirimir las controversias que surjan entre las diversas secretarías de Estado. El procedimiento de juicio político es un asunto de política interior en la medida en que su finalidad es la de analizar si los servidores públicos indicados en el artículo 110 constitucional son aptos para desarrollar las funciones que el ordenamiento jurídico les encomienda en un Estado de Derecho como el nuestro, es decir, en un control constitucional de tipo político. Además de que la resolución que en su momento se emita, podrán generar una afectación directa en el sistema político interno del Estado. Es la encargada de llevar la relación del Ejecutivo con los otros poderes de la unión, entidades federativas u otros órganos de gobierno. El juicio político conlleva el sometimiento jurisdiccional que el Congreso de la Unión hace de diversos servidores públicos, bien sean de los otros poderes de la unión, del propio congreso, de órganos constitucionales autónomos, de entidades federativas, entre otros. Ante lo anterior, con las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados que tengan a su cargo competencia en las áreas de Gobernación y de Justicia, aquellas que deben intervenir en el procedimiento de juicio político y por lo tanto integrar la Subcomisión de Examen Previo consignada en la ley que se revisa. Por último, consideramos que ha transcurrido un plazo excesivo para que se instale la comisión previa y desahogue y resuelva las pendientes, sobre todos aquellos que tienen riesgo de prescribir. Por lo expuesto y fundado, el suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45 párrafo sexto inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso solicitamos a la Presidenta de la Mesa Directiva, diputada Beatriz Paredes Rangel, se sirva emitir una excitativa a la Junta de Coordinación Política para que integre, a la brevedad, la Subcomisión de Examen Previo con integrantes de las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y de Derechos Humanos y se aboque a dictaminar las solicitudes de juicio político, particularmente aquellas que corran riesgo de prescripción. Muchísimas gracias. LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Turno a la Junta de Coordinación Política. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deseo informar a este pleno que no obstante que el orden del día tenía enlistado como siguiente punto la efemérides en torno al Día Mundial de la No Violencia Contra las Mujeres, hemos recibido solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios que constituyen mayoría en la Junta de Coordinación Política instando a la mesa directiva a que podamos pasar al capítulo de proposiciones. En ese sentido, le ruego a quienes se habían registrado como oradores para el capítulo de efemérides, pudiesen considerar que la efemérides se traslada al término del capítulo de proposiciones. En tal virtud iniciamos el capítulo de proposiciones. Con ese propósito se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Galán, a efecto de presentar una proposición a nombre de los integrantes de la Comisión. EL C. DIPUTADO MANUEL GALAN JIMÉNEZ (PRI Desde su curul y sin micrófono) Va a ser el diputado Narro, por acuerdo de la Comisión. LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Declina el diputado Galán y por acuerdo de la Comisión es el diputado José Narro, a nombre de los integrantes de la Comisión de Vigilancia. Diputado José Narro tiene el uso de la palabra.