El diputado Mario Sánchez Ruiz: Con su venia, señor presidente. El día de hoy como presidente de la Comisión de Economía presento ante esta honorable asamblea el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal. Quisiera, antes que nada, reconocer el trabajo de los diputados que integran la Comisión de Economía por su compromiso, disposición y sobre todo, por las importantes aportaciones que se hicieron para enriquecer este dictamen, así como a quienes sin pertenecer a esta comisión contribuyeron con sus opiniones y con su tiempo. El objetivo que de manera conjunta trazamos al inicio de estos trabajos era muy claro. Perfilar una legislación de competencia económica moderna y efectiva en donde el órgano regulador autónomo resultare fortalecido, pero al mismo tiempo sus decisiones respeten el debido proceso para salvaguardar la seguridad jurídica de los agentes económicos. En otras palabras, hacer de la libre competencia condición indispensable para favorecer a los consumidores, además de impulsar el crecimiento económico, la multiplicación de las empresas y la generación de más y mejores empleos formales. Es importante subrayar que el dictamen que hoy presentamos contiene, no solo la visión de grupos parlamentarios, que con gran responsabilidad formularon diversas propuestas. Es resultado también de escuchar a los principales actores que de alguna u otra manera impactará esta ley. Con ese ánimo, el pasado 4 de marzo esta comisión realizó un foro de consulta con autoridades, académicos, especialistas y representantes del sector empresarial. Asimismo, con fecha 20 de marzo recibimos por parte de la Comisión de Competitividad la opinión que elaboró en materia y que se constituyó en un elemento adicional para robustecer el análisis que se realizó en el seno de esta comisión. Y es que el diagnóstico actual en materia de competencia en nuestro país precisaba, sin duda alguna, de cambios trascendentales, mismos que se reflejan en el espíritu de este dictamen. Partimos del hecho de que México es un país que ha crecido muy poco. En las últimas décadas México ha crecido a una tasa de apenas el 2 por ciento. Esto quiere decir que México no está logrando su condición de país emergente. Una de las conclusiones principales de la teoría económica es que el bienestar de cada uno de sus miembros, así como el de la sociedad en su conjunto, tiende a maximizarse cuando los mercados de bienes y servicios operan en un contexto de competencia. A poco más de 20 años de haberse aprobado la Ley Federal de Competencia Económica resulta evidente que no ha sido suficiente para garantizar una sana competencia en nuestra economía. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha señalado que los consumidores mexicanos gastan alrededor del 40 por ciento más en mercados con problemas de competencia. Asimismo, el reporte del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global 2013-2014, en el apartado titulado Efectividad de la Política de Competencia Económica ubica a México en el lugar 114 de 148; detrás de países como Panamá, India, Zambia, Brasil, China, El Salvador, Colombia y hasta de Honduras. Atendiendo este diagnóstico, la comisión que me honro en presidir se dio a la tarea de analizar la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal de esta Cámara de Diputados con la cual se expide la Ley Federal de Competencia Económica, misma que incluye 130 artículos y es Reglamentaria al Artículo 28 constitucional; así también reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal. La comisión aprobó modificar más de 35 de los 130 artículos ahí contenidos con la finalidad de clarificar los alcances del órgano autónomo, garantizar a los agentes económicos un debido proceso y fortalecer finalmente a la productividad de las pequeñas y medianas empresas, por supuesto al consumidor y a las familias mexicanas. Entre los cambios más significativos que se realizaron a esta iniciativa se encuentran los siguientes: 1. Se incluye una definición clara de barreras a la competencia y libre concurrencia que no venía en la iniciativa original. 2. En lo referente a la imposición por parte del Ejecutivo de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, la comisión tendrá que determinar mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva. 3. Se incrementa el plazo de 20 a 45 días para que los agentes económicos con interés jurídico manifiesten lo que a su derecho convenga. 4. Se incorpora la figura de un comisionado ponente de manera rotatoria, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de resolución al pleno para su aprobación o su modificación. 5. Se le otorga al probable responsable o denunciante el derecho de solicitar al pleno una audiencia oral dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expediente, esto con el objeto de realizar las manifestaciones que se estimen pertinentes. 6. Para determinar la existencia de insumo esencial, además de los criterios que contemplaba la iniciativa, la comisión deberá considerar si el insumo es controlado por uno o por varios agentes económicos con poder sustancial y las circunstancias bajo las cuales el agente económico llegó a controlar dicho insumo. 7. Se especifica que en las visitas de verificación la autoridad procurará no afectar la capacidad de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, a efecto de evitar daños al agente económico y en consecuencia a los consumidores. 8. En relación al mecanismo previsto en el artículo 94, conocido como procedimiento ex ante se determina que éste solo podrá iniciarse cuando existan elementos para suponer que no hay condiciones de competencia efectiva. Además, un extracto del acuerdo de inicio de la investigación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, modificación ésta, acorde a los tiempos de transparencia y de rendición de cuentas. 9. Se establece expresamente que los agentes económicos involucrados podrán proponer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en una sola ocasión, medidas idóneas y económicamente viables para eliminar los problemas de competencia identificados. La desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones del agente económico involucrado solo serán en proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos cuando, a juicio de la comisión, otras medidas competitivas no fueron suficientes para solucionar dicho problema. Décimo. Se determina que la Cofece podrá emitir disposiciones regulatorias exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones. Onceavo. La sanción por su incorporación sólo será aplicable cuando el infractor haya sancionado previamente y siempre que las resoluciones que impongan las sanciones hayan causado estado; y, al inicio del segundo o ulterior procedimiento, exista resolución firme previa y entre ambos no hayan transcurrido más de 10 años. Doceavo. Asimismo, el dictamen deja claro que cuando la Cofece ordene la desincorporación o la enajenación de activos sus resoluciones se ejecutarán hasta que resuelva el juicio de amparo, lo que es consistente con el artículo 28 constitucional que establece que todas las resoluciones definitivas de la comisión adoptadas bajo cualquiera de los procedimientos previstos en esta ley, deberán resolver las cuestiones efectivamente planteadas por la autoridad investigadora y por los agentes económicos. Todo esto por mencionar sólo algunos de los cambios realizados a la iniciativa original del Ejecutivo con el concurso de los grupos parlamentarios que participan en esta comisión. Diputadas y diputados, tengan la plena confianza y seguridad que el dictamen que hoy sometemos a su consideración, es por mucho superior al existente. Los ajustes que la Comisión de Economía ha realizado a la iniciativa del Ejecutivo federal reflejan el justo medio entre la necesidad de contar con una Cofece eficaz en su misión de combatir las prácticas monopólicas pero, a la vez, brinda a los agentes económicos mayor certeza y transparencia en sus procesos. La competencia económica es fundamental para que los consumidores tengan acceso a una gran variedad de bienes y servicios de calidad, mejores precios, pero también lo es para los pequeños y medianos empresarios que accedan a insumos competitivos e innovadores. Todo ello con un propósito central. Consolidar el crecimiento económico y al mismo tiempo perfilar la generación de más y mejores empleos formales. Este dictamen que a nombre de la Comisión de Economía propongo a consideración de esta honorable asamblea, responde a cabalidad con las exigencias de los nuevos tiempos democráticos y con el espíritu que ha caracterizado a las reformas estructurales que ha emprendido esta Legislatura, en un marco de respeto y de colaboración responsable entre los Poderes de la Unión. Es por ello y por el bien de la economía del país y de los mexicanos que pido su voto a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.