El diputado Carlos Iriarte Mercado: Muchas gracias, presidenta; con su venia. Compañeras y compañeros diputados. Una cualidad de la justicia es hacerla pronta y sin dilaciones. Hacerla esperar es injusticia. Reconociendo la veracidad de esta idea, nos corresponde a las y los legisladores perfeccionar el marco jurídico para establecer un sistema de justicia eficaz que beneficie a las personas. En el programa de acción del PRI, reconocemos y estamos convencidos de que la necesidad de eliminar tecnicismos y formalismos excesivos que dificulten el acceso de los ciudadanos a la justicia es una tarea permanente, impulsar reformas que aseguren el acceso de todas las personas a una justicia pronta y expedita. En base a estos principios durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hemos sido testigos de importantes avances en materia de justicia con el objetivo de acelerar y eficientar su impartición. Un ejemplo evidente es que el 100 por ciento del país está operando bajo el sistema de justicia penal acusatorio, lo que implica una mejora sustantiva de los principios y procedimientos con los que se aplica la justicia en México. En este sentido y particularmente aquí desde la Cámara de Diputados, aprobamos la reforma al Código de Comercio como parte de las iniciativas de justicia cotidiana con el fin de implementar la justica oral en materia mercantil, agilizando los procedimientos judiciales liados al comercio. Hoy y con el interés de complementar este paquete legislativo, en el PRI votaremos a favor del presente dictamen para crear dos nuevos procedimientos administrativos que se regirán bajo los principios de celeridad y oralidad, los cuales expongo a continuación. Primero, se propone crear el juicio de resolución exclusiva de fondo en el cual, como su nombre lo dice, únicamente se analizarán aspectos de fondo de algunas de las determinaciones de las autoridades fiscales. Este nuevo procedimiento seguirá los elementos esenciales del actual juicio contencioso administrativo con las siguientes particularidades: sólo se podrán hacer valer cuestiones relativas al fondo del asunto, excluyendo cualquier argumento formal o de procedimiento. Las pruebas tanto del actor como de las autoridades demandadas, deberán ser exhibidas en su totalidad en la presentación de la demanda o en la contestación; no exigirá al contribuyente que garantice el crédito fiscal, y por último, será opcional y sólo procederá cuando se controviertan resoluciones definitivas de la autoridad en las que se establezcan determinaciones fiscales a cargo del contribuyente cuyo monto exceda 200 veces la unidad de medida de autorización elevada al año. Segundo, se crea un nuevo medio de impugnación denominado Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo, mismo que permitirá a la autoridad fiscal se pronuncie sobre la legalidad de sus resoluciones así con respecto al fondo de las mismas. Dicho procedimiento seguirá los elementos esenciales del recurso de revocación tradicional con las siguientes particularidades: la primera, el contribuyente deberá establecer únicamente los agravios de fondo y deberá exhibir las pruebas que considere pertinentes. Segundo, el contribuyente podrá solicitar por escrito la celebración de una audiencia. Tercero, en el supuesto de que el recurrente exhiba un dictamen pericial, la autoridad podrá requerir al perito correspondiente para una audiencia exclusiva a fin de aclarar dudas y ampliar el cuestionario, y Cuarto, si el recurso es resuelto de fondo por la propia autoridad, esta podrá modificar en la resolución el acto a debate, evitando así la existencia de juicios contenciosos interminables y con sus consecuencias implícitas. La oralidad de los juicios, así como la promoción del uso de alegatos de fondo, han demostrado ser efectivos, pues garantizan tanto la agilidad en favor de las partes, así como que se respeten los principios del debido proceso, en beneficio particularmente de los implicados. Estas iniciativas que forman parte del paquete de justicia cotidiana, fueron elaboradas con el insumo y participación de mesas plurales, que incorporaron la adición de expertos, académicos, funcionarios y usuarios, de esta forma estamos a la vanguardia en procesos legislativos que construyen respuestas desde la práctica y la acción conjunta. Es nuestra responsabilidad aprobar lo que las y los mexicanos exigen y merecen, que la justicia sea expedita, eficaz y accesible. En la justicia no cabe demora, pues quien dilata su cumplimiento la entorpece. Por eso, como lo dijo nuestro presidente, debemos consolidar un México donde haya justicia eficaz, donde sea una realidad cotidiana y donde jale parejo para todos. Muchas gracias. Es cuanto.