El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Luego están de chillones. Reserva al artículo 233, una de las principales. Es una chulada, ¿eh? Una de las principales atribuciones que tiene el Estado es la potestad disciplinaria que ejerce sobre los servidores públicos. Esta potestad se materializa en la instrumentación del procedimiento de responsabilidades administrativas. La conducta de los servidores públicos está ampliamente regulada en diversas disposiciones jurídicas, que tienen como finalidad el adecuado cumplimiento de la función pública. Su comportamiento debe ser orientado a observar los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen al servicio público. En este sentido, se le imponen obligaciones y ante su incumplimiento el Estado hará uso de su derecho a sancionar. Una modalidad de ese derecho del Estado es el procedimiento de responsabilidades administrativas, a través del cual se investigan conductas infractoras y se sanciona administrativamente a un servidor público que realice conductas contrarias a dichos principios, determinando la existencia de una responsabilidad administrativa. Los principios de este sistema, reitero, de responsabilidades administrativas consisten en legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, mismos que rigen al servicio público. En cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley y que violentan los principios del servicio público, dan origen a la responsabilidad administrativa, la cual se determinará mediante el procedimiento de responsabilidades de investigación disciplinario o sanción que deberá instrumentar el órgano interno de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Actualmente la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que el titular de la dependencia correspondiente será el encargado de ejecutar la suspensión y destitución del cargo a servidores públicos de base conforme a las causales de suspensión, cesación del cargo o rescisión de la relación del trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación aplicable. Esta reserva al artículo 223, establece que en caso de cese, suspensión o rescisión del contrato de servidores públicos de base, el titular del ente público debe de tomar en cuenta todos los procedimientos previstos en la legislación aplicable y no como se está haciendo actualmente, como en el caso del magisterio, que están siendo despedidos por el sargento de la SEP e incluso ahora hasta encarcelados sin tomar en cuenta su derecho al debido proceso que tiene que contemplar las formalidades que garantizan una defensa adecuada. O díganme ustedes, diputadas, diputados, ¿a qué maestro se le ha otorgado el derecho formal de poder ser escuchado y de poder ofrecer pruebas para su legítima defensa? Tenemos el caso también de miles de servidores públicos que fueron amenazados con el despido en periodo de elecciones por no votar por el partido del gobierno en turno, fueran del PRI, PAN o PRD, o de cualquier otro partido, e incluso varios de ellos fueron despedidos por negarse a ello y por su militancia en Morena. No queremos que esta laguna legal que se deja sea la forma jurídica a modo para que sin más ni más se continúe con el despido masivo de los trabajadores, ya sea de Pemex, del magisterio, de la salud o de cualquier otro instituto u órgano federal. La siguiente que presento es la reserva a las fracciones III y VII del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para dar un adecuado cumplimiento a las funciones públicas. Es indispensable que cada uno de los servidores públicos se comporte bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Dentro de estas funciones se les imponen obligaciones que tienen que ser cumplidas. En caso contrario el Estado puede hacer uso de su derecho a sancionar. Algunas de las más importantes obligaciones de los servidores públicos son el cumplimiento del servicio por el cual fue encomendado de la mejor forma posible con apego a las leyes y formas que determinan el manejo de recursos económicos públicos, desempeñar su cargo sin cobro de beneficios adicionales y proporcionar en tiempo y forma la comprobación de la aplicación de los recursos financieros a su cargo. Esta reserva define la obligación de los servidores públicos de anteponer el interés colectivo al personal, siempre con apego a las funciones encomendadas de acuerdo con el manual de organización de la dependencia a la que está adscrito. En la fracción VII del mismo artículo se establece la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos establecidos en la Constitución, a lo que agregamos también los derechos humanos que se contemplan en los acuerdos internacionales suscritos por México. Queremos que esto quede establecido en esta ley, pues es muy común que cuando se habla de violación de derechos humanos y laborales no se toman en cuenta estos acuerdos internacionales. Voy a referir un caso del ámbito sindical donde el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo se amparó ante la Suprema Corte de Justicia, pues el artículo 68 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado establece que en cada dependencia solo habrá un sindicato y esto va en contra del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al derecho de sindicalización. La sentencia de la Corte fue a favor del sindicato y es muy trascendente, pues rompió con el cor5porativismo sindical de este sector. La lucha por defender este derecho en el país a través del Convenio 87 dio también como resultado que la Federación Democrática de Sindicatos y Servidores Públicos fuera registrada y reconocida en el mismo plano de igualdad jurídica que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), a pesar de que la Ley de los Trabajadores establecía que exigía de una sola federación reconocida por el Estado. Concluyo. Les recuerdo también que los tratados son un compromiso del Estado Mexicano. De lo anteriormente está lo pactado que obliga en el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969 que claramente establece que un Estado no puede invocar los preceptos de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Un principio toral universal del derecho internacional es que todas las normas y obligaciones internacionales deben cumplirse de buena fe. Morena hace esta reserva para contribuir precisamente a cumplir el objetivo de nuestras obligaciones en esta Cámara. Ver, escuchar y legislar a favor del pueblo. Muchas gracias.