El diputado Higinio del Toro Pérez: Buenas tardes compañeros legisladores. A la gente que nos ve por el Canal del Congreso, y también a través de las redes sociales, subo a la tribuna a fijar la postura sobre este importante dictamen, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y quisiera empezar entendiendo cuál es el contexto, porque creo que se ha malentendido lo que aquí se va a votar. Y este dictamen, quisiera explicar acerca del Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque es un organismo que es fundamental para que esto que se está proponiendo finalmente suceda. Y entender que este Instituto es un órgano autónomo, que entre otras cosas, se encarga de regular el espectro radioeléctrico, las redes, la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y también de Telecomunicaciones. Pero también es responsable de garantizar el acceso equitativo y de otros insumos esenciales para las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos la banda ancha de internet. Y menciono lo anterior, porque el dictamen que hoy nos ocupa contiene la propuesta de crear un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil que sería regulado por este instituto. Pero, qué se va a registrar. Bueno, vamos a registrar la línea telefónica móvil, el número de serie, el identificador de la tarjeta SIM, la fecha y la hora de activación, el nombre completo o razón social de la empresa, el número de identificación oficial con fotografía, la clave única de población, el domicilio del concesionario, el código de identidad de fabricación y características del teléfono, si es prepago o postpago, vigencia y todas las actualizaciones que pudieran ocurrirse, pero dejo para el final lo siguiente. Este dato es importante, el registro contempla la recolección y el almacenamiento de los datos biométricos con la justificación de evitar la usurpación de identidad y por tanto también, la comisión de delitos. ¿Servirá o no tener un registro de usuarios de telefonía móvil? Aquí hay gente que sube a tribuna y siempre hablan del pasado y señalan una y otra vez. Recordemos que este registro ya se había utilizado en el gobierno de Felipe Calderón y estaba de secretario de Seguridad Pública el propio Genaro García Luna, que fue quien promovió el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, el Renaut. Se acuerdan. Un registro que para nada sirvió y que al término de la aplicación del programa, fíjense bien, el delito de extorsión aumentó 40 por ciento y el de secuestro 8 por ciento. No sirve registrar a los usuarios de telefonía móvil, si no va acompañada de una estrategia y una política de seguridad. Cuál fue el final del Renaut. En el 2011, el Senado derogó este mecanismo de registro porque evidentemente no funcionó. Y en junio del 2012, fíjense bien lo que pasó, la Secretaría de Gobernación destruyó la base de datos que previamente todo mundo lo conocemos pudo adquirirse en el mercado negro. La propuesta que hoy se discute integra como uno de sus principales argumentos el hecho que en las prisiones del país no existe un control efectivo sobre el acceso de dispositivos móviles, y se tiene la creencia que así se reducirá la incidencia delictiva dentro de las cárceles. Este sistema de registro ya existe en otros países; sin embargo, ninguno que se precie de garantizar los derechos humanos. El registro, por ejemplo, de telefonía, fue cancelado en los propios Estados Unidos, en el Reino Unido y también en Canadá, porque se consideran que atentan contra los principios de presunción de inocencia y porque se ha demostrado que su aplicación no ha disminuido el tema de las extorsiones. Pensar que con el registro de los usuarios de telefonía móvil acaba la extorsión es no entender lo que sucede en este país. Existen muchos mecanismos para clonar la tarjeta así, y que evidentemente quienes intentan usurpar esta medida lo van a poder hacer. Y eso pues no necesariamente va a llevar a la disminución de los delitos. Pensar que solo con eso acabaremos con la extorsión es francamente una falacia. Pero no es lo único. Necesitamos pensar que esto no se hace con legislaciones. La forma de evitar la extorsión telefónica es a través del uso de la tecnología. Y el dictamen no contempla un solo apartado para entender cómo es que se va a hacer ese bloqueo. Y vamos más allá. Al hacer un registro específico de todas las personas con estos datos que ya mencioné, eventualmente se les estará considerando como potenciales cometedores de un delito, cuando en la propia Constitución está consagrado el principio de inocencia. Con esto no podemos llegar a ningún lado. Por eso desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano proponemos que este dictamen, en su momento, que debió haber sido revisado a punto, no contempla la conservación o los principios de inocencia ni preserva también la defensa de los derechos humanos. Por lo que en su votación, en lo general y en lo particular, nuestro grupo parlamentario irá en contra. Es cuanto, presidenta.