La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Con su venia, señor presidente. El dictamen que hoy se somete a discusión en esta soberanía está poniendo a prueba nuestra capacidad de gestión, vocación democrática, responsabilidad política y apertura ante una nación agobiada por 12 años de crisis de violencia. En medio de esta crisis, nuestras Fuerzas Armadas han representado el último bastión del Estado mexicano en muchas partes del territorio nacional, y sin su apoyo los gobiernos electos democráticamente en varias entidades federativas colapsarían irremediablemente. Por ello, desde esta tribuna con claridad y sin regateos reconocemos y agradecemos el sacrificio y la invaluable labor que desempeñan nuestras Fuerzas Armadas al servicio de la seguridad pública de las mexicanas y mexicanos. No obstante estas realidades, los resultados de la estrategia de seguridad pública basada en el despliegue de las Fuerzas Armadas para combate a la delincuencia han derivado en más violencia, ello al convertir la emergencia momentánea en una constante, y la intervención de corto plazo en una estrategia transexenal que hoy se desea perpetuar en una reforma constitucional. Por eso hoy la mayoría de los estudios y análisis señala que se ha corroborado la experiencia internacional, que indica que en emergencias momentáneas de seguridad pública la participación de las Fuerzas Armadas puede atajar el crecimiento abrupto de la violencia en el corto plazo. Pero en el largo plazo termina por aumentar tendencialmente esa violencia. ¿Y de dónde sacan ese juicio los expertos?, preguntarán los menos sumidos del oficialismo, a quienes les regalo siete puntos, adicionales a la experiencia internacional que nos han brindado los elementos más profesionales y estudiosos que comparecieron en esta Cámara durante las audiencias, durante el ejercicio de conferencias que hizo la comisión y en el foro que organizó el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 1. La experiencia internacional demuestra que las Fuerzas Armadas son efectivas para contener la violencia delincuencial en momentos de emergencia y en el corto plazo, pues en el mediano y largo plazo terminan siendo un incentivo para elevar la violencia. Ello al propiciar el aumento de capacidad de fuego de las organizaciones delictivas y, consecuentemente, el incremento en las reacciones desproporcionalmente violentas por parte de delincuentes y por parte de autoridades. 2. Los elementos de extracción militar están entrenados para eliminar la amenaza y sus capacidades para modular sus respuestas. Ante variantes y amenazas, es más limitada que la policía civil, pues este último está entrenado para presentar a la amenaza, ente, o inhibirla, no para eliminarla. En consecuencia, la letalidad de los ejércitos en México y el mundo al participar en las acciones de seguridad pública, es superior a la de los civiles. 3. Cuando los cuerpos castrenses son infiltrados, pues aunque no lo crean se llegan a infiltrar en todo el mundo. Las consecuencias son peores en cuanto a la capacidad de despliegue de violencia, debido al entrenamiento que tienen. Un ejemplo Zetas de México. Organizaciones transformaron los modos de desplegar violencia por parte del crimen organizado en México y Centroamérica. 4. Cuando llegan a ser infiltradas en contextos de corrupción, las posibilidades de abastecer organizaciones delictivas con armamento de guerra convencional son mayores. Por ejemplo, una buena parte de las armas que tiene la delincuencia probablemente proviene de arsenales de guerra centroamericanos y sudamericanos, en cuyo tráfico posiblemente participaron instituciones armadas de países de esas regiones. 5. La naturaleza de su rol social, que es la defensa nacional se pierde o debilita, en virtud de debilitar su imagen ante la sociedad y esto invariablemente sucede entre más roses tenga con la sociedad. 6. Sus mecanismos de abordaje de problemas sociales son contraproducentes al no tolerar zonas grises, naturales a cualquier sociedad, ejemplo de ello fue la crisis de violencia que se potenció en Ciudad Juárez, con el despliegue al inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. 7. Las jerarquías y obediencias priorizan una línea de mando militar informal, que en ciertos contextos puede llevar a situaciones de vulneración, de jurisdicciones de autoridades democráticamente electas o designadas. Ejemplo de ello lo experimentó el hoy encargado de la PGR, cuando rompió con su comisionado de la Policía Federal, que en ese momento era vicealmirante. En este sentido, es casi unánime al reconocimiento de las necesidades de incentivos y nuevos diseños institucionales que permitan al Ejército mexicano y a la Marina Armada volver a sus cuarteles de manera gradual y dejar las labores de seguridad pública en manos de las instituciones de policías civiles. Por ello, unánime se aprecia como un error la decisión tomada hace dos sexenios, en el sentido de aumentar el despliegue de efectos militares para temas de seguridad pública. Sin embargo, sin importar todo lo anterior, en noviembre se presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a perpetrar la estrategia militar en labores de seguridad pública, ello al pretender crear una nueva institución con disciplina militar, con formación militar, presupuestalmente integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional, con un número de elementos preponderantemente de extracción militar, con perspectivas de reclutamiento militar y con un mando mixto que dejaba en plano operativo de la seguridad pública en manos de militares. Ante tal despropósito, contraindicando la experiencia internacional, las fuerzas políticas de la oposición exigimos tiempo suficiente para una discusión responsable. En respuesta, el oficialismo manifestó una irracional intención de acelerar los procesos legislativos. Ante ello, las fuerzas de oposición exigimos escuchar a la sociedad y forzamos la participación de expertos para un debate informado. Como consecuencia, la Comisión de Puntos Constitucionales presenció ponencias de 16 expertos y expertas, entre ellos, solo el secretario Alfonso Durazo manifestó que el proyecto no requería cambios. Los demás opositores recomendaron modificaciones de gran alcance. Sin importar esas opiniones ni las posturas de quienes formamos parte de la oposición, la mayoría en la comisión decidió procesar un dictamen que no incluyó las observaciones y se limitó a cambiar la forma para mantener el fondo. Ello propició la falta de consenso y esa falta de consenso forzó a la Junta de Coordinación Política a abrir un periodo extraordinario y calendarizar audiencias públicas. Las audiencias se celebraron y nuevamente se evidenció que el dictamen era francamente militarista. Dañaba el pacto federal, erosionaba el control civil sobre instituciones policiales y perpetraba en la Constitución la estrategia fallida. En este contexto, la mayoría de las voces manifestaron la necesidad de no suspender súbitamente la participación de las Fuerzas Armadas en actitudes de seguridad pública y recomendaron que la nueva institución tenga un solo mando y que sea civil. Que la restructura en seguridad pública no implique transgredir el pacto federal. Que se clarifiquen los ámbitos de intervención de la jurisdicción civil. Que se generen mecanismos técnicos de fiscalización y evaluación de las políticas, acciones, programas y resultados con características de mayor independencia y transparencia. Que se garantice el respeto a los derechos humanos y planteen mecanismos más transparentes para la desmovilización gradual, ordenada y razonada de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Que fortalezcan los mecanismos civiles de reclutamiento, adiestramiento, profesionalización, equipamiento, condiciones laborales, control interno y rendición de cuentas. Que establezca mecanismos de comunicación con las víctimas de la violencia y que delimiten mejor las facultades de investigación de la Guardia Nacional. Volvieron a venir los cambios, se generó una adenda y nuevamente el oficialismo se quedó corto de miras. Su flexibilidad fue insuficiente en el fondo, pues nuestras Fuerzas Armadas siguen sin tener un marco jurídico que les aporte certidumbre en las labores de seguridad pública. Además, volvieron a plantear un esquema militarista que perpetrará la estrategia fallida a través de las perspectivas de reclutamiento, preparación, profesionalización e incentivos. Mantiene una concentración de poder sin suficientes mecanismos del control legislativo y se encubre en el mando operativo militar en una junta de estados mayores. Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no avalará este dictamen, porque no consideramos que se hayan integrado las observaciones de las audiencias públicas. Porque votar a favor del dictamen y su adenda implica perpetrar en la Constitución una estrategia fallida. Porque esta reforma no aporta una ruta real para el fortalecimiento de los policías civiles y porque se mantienen las condiciones de vulnerabilidad jurídica para nuestras Fuerzas Armadas. En consecuencia, les invito a reflexionar su voto y a atender lo que parece ser la última llamada a esta soberanía para asumir su responsabilidad política, y legislar para desmilitarizar la seguridad pública y brindar un marco jurídico que dé certidumbre a las Fuerzas Armadas. Es la última llamada a mostrar que estamos dispuestos a abrir nuestros debates a la sociedad, integrar sus perspectivas de nuestro trabajo y aprovechar el capital humano que tiene nuestro país. Es la última llamada para que el juicio de la historia no sentencie la docilidad irracional de una mayoría legislativa ante el poder presidencial, como una característica de la oposición mexicana cuando se convierte en un gobierno. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, señor presidente.