EL C. SENADOR JOSE ANTONIO AGUILAR BODEGAS (PRI): Gracias, señor Presidente. Antes de plantear el cuestionamiento, considero indispensable hacer una aclaración respecto a la intervención del senador Nordhausen. Como fracción parlamentaria del PRI queremos aclarar que no estamos de acuerdo, como fuerza política, ni en reducción de tarifas y menos en privatización del sector eléctrico. Mi pregunta va dirigida al señor Secretario de Hacienda y Crédito Público. Señor Secretario: Hace unos días, y usted lo respondió el día de ayer a través de un documento, la legislatura federal de Veracruz le solicitó un saldo neto de transferencia a 61 municipios de dicha entidad. Su respuesta a dicha petición fue en sentido obviamente negativo, pero se sustentó en el siguiente argumento que voy a leer textualmente: "No se puede disponer de recursos discrecionales puesto que el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto determinado en ley posterior. Además, la Ley de Coordinación Fiscal aprobada por el Congreso de la Unión ya determinó las fórmulas de distribución de los recursos". Yo le preguntaría: ¿por qué entonces no aplicó usted el mismo criterio constitucional para respetar la partida acordada en el Presupuesto de Egresos en materia de subsidios al sector eléctrico, así como el porcentaje de incremento a las tarifas del servicio. Por otra parte, señor Secretario, en el mismo sentido de la equidad que le estamos cuestionando, le pregunto a usted lo siguiente: ¿Por qué aplican un criterio diferenciado ante el derecho que ustedes sí se conceden como Poder Ejecutivo Federal para cargar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro un concepto de depreciaciones y aprovechamientos que significan aproximadamente 36,000 millones de pesos al año, que obviamente desequilibran lógicamente el presupuesto de dichas empresas, pero niegan a estados y municipios, como es el caso de Chiapas -entidad a la que pertenezco y represento en el Senado-, el derecho a cobrar el impuesto predial por las superficies que la empresa, principalmente Comisión Federal de Electricidad, dedican a la generación y conducción de la energía eléctrica para la nación, y niegan también la posible distribución equitativa a Chiapas mediante tarifas acordes al desarrollo que la entidad demanda y que la empobrecida economía de sus habitantes requiere? Yo me siento obligado a decirle, en conclusión, que la afectación de los subsidios que en sí son un incremento lesivo a las tarifas del servicio eléctrico, es una medida anticonstitucional e inmoral, por ello también le solicitaría nos dé sus fundamentos legales a través de los cuales usted ha esgrimido justificar esta acción que tomaran. Por último, y pido respetuosamente tolerancia del tiempo al señor Presidente, reiteradamente en su intervención mencionó el concepto "insuficiencia presupuestal". No estamos de acuerdo por dos razones. La primera. El presupuesto federal de este año comprende ingresos por ventas de Comisión Federal de Electricidad por 115 mil millones de pesos y se gastarán 86 mil millones de pesos para tener un remanente en operación de 29 mil millones de pesos. Con la eliminación de los subsidios se incrementarán los ingresos de Comisión Federal en 9 mil millones de pesos, para dar un remanente final de 38 mil millones de pesos. Hay una pregunta obligada: ¿Qué destino dará la Secretaría de Hacienda a esos 38 mil millones de pesos? Porque a la Comisión Federal sólo se le han asignado 7 mil millones de pesos para inversiones directas en el presupuesto federal y el resto serán inversiones diferidas a cargo de empresas extranjeras. La segunda razón por la que no estamos de acuerdo ... -PRESIDENTE: Le rogaría, señor senador, que concluyera. -SEN. JOSE ANTONIO AGUILAR BODEGAS: Concluyo. ... es la siguiente: Los subsidios son parte de una política social y no son parte de las finanzas de las empresas. ¿Por qué insisten en relacionarlas y por qué en el Presupuesto de Egresos del 2002 que presentaron a esta soberanía, no hicieron una transparente clasificación de los mismos? Muchas gracias. -PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Hacienda, Francisco Gil. -SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, FRANCISCO GIL DIAZ: Muchas gracias señor Presidente. La Secretaría no puede autorizar gastos que no estén acompañados de ingresos adicionales, esa es una disposición legal. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 31 dice que: "La Secretaría de Hacienda, con la participación de las Secretarías de Energía, la de Comercio y Fomento Industrial ahora Economía- y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación de servicio público y racional consumo de energía". Ahí está la facultad legal para poder aumentar los ingresos. El artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación dice: "El ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría se refiere a la de Hacienda- podrá autorizar a las dependencias y entidades que realicen erogaciones adicionales con cargo a los ingresos que obtengan en exceso a los previstos en el artículo 1º de la Ley de Ingresos". Habla de ingresos en exceso a los previstos en el artículo 1º de la Ley de Ingresos, luego puede haber ingresos en exceso y estos ingresos en exceso pueden provenir de un aumento a las tarifas que están previstos de acuerdo a las disposiciones legales en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Combinando las dos disposiciones se ve que, por un lado, se pueden obtener ingresos adicionales y que esos ingresos adicionales son lo único que puede justificar, de acuerdo al artículo 19, que se autoricen erogaciones adicionales. De manera que la razón por la que no se pueden autorizar erogaciones adicionales es porque el mismo Congreso fijó un presupuesto de gasto, fijó un presupuesto de ingreso. En el caso de los municipios ¿de dónde podrían salir los ingresos adicionales? No tenemos ingresos adicionales que nos permitan justificar una erogación relacionada con una finalidad como esa. Esa se la esencia de la explicación, señor Senador. Por lo que se refiere al Impuesto Predial, el Impuesto Predial puede afectar algunas propiedades o algunos inmuebles y entidades públicas, y no otras, pero eso no tiene que ver con la Secretaría de Hacienda, tiene que ver con disposiciones legales y si el Congreso quiere cambiar esas disposiciones legales lo puede hacer. También tendría que prever el Congreso los ingresos con los que deberían de contar las entidades cuyo patrimonio o cuyos egresos se verían afectados de ampliarse la cobertura de los prediales, para que puedan hacer frente a esos gastos. Finalmente el destino de las impresiones, yo le diría de esos recursos adicionales en general de los ingresos , tiene que ver con las propuestas que hacen las propias dependencias. Hemos venido trabajando el año pasado y también este, en eliminar una gran maraña de disposiciones tanto por parte de la Secretaría de Hacienda como de la Contraloría, hemos trabajado conjuntamente Contraloría y nosotros, para darles mayor autonomía y mayor libertad de acción a las entidades paraestatales porque estaban sujetas a autorización prácticamente de cualquier decisión por parte de Hacienda y de control por parte de la Contraloría. Estamos trabajando en liberalizar algo que se había acumulado a lo largo de los años y que había verdaderamente paralizado la Administración Pública y lo vamos a seguir haciendo. De manera que la decisión de cómo quieren utilizar estos recursos y donde lo van a aplicar, es de la propia Dependencia. -EL C PRESIDENTE. Para la segunda ronda de preguntas y respuestas se han inscrito, el diputado José Manuel del Río Virgen, el diputado Juan Carlos Regis Adame, la diputada María del Rosario Tapia Medina, el diputado Héctor González Reza y el diputado Rafael López Hernández. Se concede el uso de la palabra, para hacer su pregunta, al diputado José Manuel del Río Virgen. -EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN. Gracias, señro Presidente. Al señor Lic.Alfonso Caso Señor Licenciado ¿cuánto cuesta el contrato colectivo de trabajo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? Solamente le daré algunos datos, la Cláusula 54 Fracción I y II. La Fracción I dice: "que tienen 461 permisos permanentes con goce de sueldo", el total de los 37 mil trabajadores, el 1% es lo que sé, comisión. La Fracción II dice: "que tienen 750 permisos con goce de salario, del 1º de Diciembre al 30 de Marzo"; tan sólo para revisar el contrato colectivo de trabajo usted sabe que se les paga transporte, alimentación, hospedaje, se les dan algunos préstamos, aunque tengan préstamos que van entre 20 y 50 mil pesos, etc. etc. Y al señor Secretario de Hacienda respetuosamente le preguntaría, si el cálculo de lo que van a recaudar son 5 mil millones de pesos y lo que podríamos obtener por la reducción de pérdida de energía serían ingresos adicionales de al menos unos 5 mil millones de pesos anuales ¿por qué no combatir primero la pérdida de energía y luego, paulatinamente, retirar los subsidios. El pueblo está cansado y usted lo sabe, señor Secretario, el 60% de la población económicamente activa gana un salario mínimo y esa decisión va a lastimar a toda la población. Por eso no es el momento para retirar los subsidios a la energía eléctrica. Gracias. -EL C. PRESIDENTE. Tiene la palabra para contestar el señor Lic. Caso. Adelante señor Licenciado. -EL C. LIC. ALFONSO CASO. Bien, señor Diputado, yo le señalaría esto, hablar del costo del contrato sería muy difícil, es decir digamos un contrato colectivo no tiene un costo, nosotros podemos hablar de lo que representa el capítulo de Servicios Personales dentro de la Administración de la empresa que es el Capítulo 1000, el Capítulo 1000 representa para Luz y Fuerza alrededor de 9 mil millones de pesos, digamos eso es lo que destina la empresa para el pago de salarios, cuotas de jubilación y prestaciones. Y, buen, pues como toda empresa, pues es un rubro importante digamos dentro de la Administración, si usted considera que nosotros tuvimos ventas por 21 mil millones de pesos el año pasado, pues ahí podríamos sacar una proporción de lo que representa este capítulo dentro de la estructura financiera de la empresa. Efectivamente hay 451 personas, esta es la estructura que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas, son las personas que trabajan, que se dedican a la actividad sindical, y como usted lo señala por la estructura misma del Sindicato Mexicano de Electricistas, su estructura democrática hace que para la discusión del contrato colectivo de trabajo se crea una Comisión Legislativa, esta Comisión Legislativa efectivamente está integrada por alrededor de 750 miembros que durante el proceso de la revisión contractual son comisionados para discutir las cláusulas. De hecho en este momento nosotros nos encontramos en una revisión contractual y la Comisión Legislativa está en este momento formada para la discusión de las cláusulas del propio contrato. Esa sería mi respuesta. La Comisión Legislativa tiene un costo de alrededor de 356 millones de pesos, eso es lo que cuesta digamos- toda la estructura que se forma alrededor de la revisión contractual. Gracias.