El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: En mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución General de la República; 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente: Exposición de Motivos El Gobierno de México sustenta sus actuaciones en el principio de soberanía popular, toda vez que el pueblo es quien elige a sus gobernantes, los cuales tienen la obligación de velar por sus intereses, postulado de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, recogido por el artículo 39 constitucional. El pueblo tiene el inalienable derecho de alterar y modificar su forma de gobierno, por ello, el ciudadano tiene la responsabilidad de controlar al poder público y exigir a sus representantes que cumplan sus obligaciones, en virtud de que no es suficiente emitir el sufragio cada período electoral para consumar la democracia. Una forma de control ciudadano es ejerciendo los derechos en materia de información y de petición ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal que el artículo 6 constitucional establece en el derecho a la información, que será garantizado por el estado, lo que significa que el Gobierno debe difundir la información generada a quien la solicite con arreglo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información gubernamental. Por otra parte, cuando un gobernado necesita información del estado o considera que la proporcionada es insuficiente, ejerce la facultad conferida en el artículo 8 de la Ley Fundamental mediante el derecho de petición, siendo importante señalar, que una vez recibida la solicitud, la autoridad debe dictar un acuerdo escrito en el que se atienda el estado del trámite de la respuesta o bien rendir su contestación en un término breve. Sin embargo, en la práctica existe un vacío legal en el artículo 8 constitucional, ya que se deja al libre albedrío de la autoridad la interpretación del término breve, porque no se señala un plazo preciso, un término perentorio, lo que propicia el abuso de las autoridades para retardar dolosamente su obligación de proporcionar los informes requeridos o bien, incumplen este deber de manera infundada e injustificada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversa jurisprudencia respecto al contexto del concepto término breve, y la mayoría de las tesis señalan que será por un máximo de 120 días hábiles. Lo anterior se justifica en que durante esos cuatro meses, la autoridad podrá localizar los archivos en donde se encuentra la información requerida y ese criterio se rescató por el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que la Constitución de ningún modo establece. Por otra parte es necesario valorar que una vez transcurrido el término breve, si el peticionario no recibe respuesta, el juicio de amparo o en su caso el recurso de revisión previsto en el artículo 49 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información gubernamental, son los medios para hacer valer esta garantía, pero no podemos alentar más la afluencia a estas instancias por este motivo, por las molestias que se causan al gobernado, habida cuenta que en la vida cotidiana las autoridades requeridas utilizan sus etapas procesales para retardar más el cumplimiento de su obligación de informar. Debemos ponderar que la Constitución, como Norma Suprema del Estado Mexicano, no debe sujetarse a interpretaciones basadas en resoluciones de contradicción de tesis jurisprudenciales que sólo alientan el abuso de las autoridades renuentes al respeto de esa garantía individual y mucho menos, a constreñirse al término de 120 días hábiles, por ser excesivo y atentatorio del espíritu de los artículos 6 y 17 de la Ley Fundamental. Por tal motivo, con la finalidad de cubrir este vacío legal que propicie injusticia, presento esta iniciativa de fijación de un plazo perentorio con esta adición al artículo 8 constitucional, que determine el periodo en que las autoridades deben cumplir con la obligación de dar información requerida con base al principio de legalidad, reforma que contribuirá a mejorar el ejercicio de los derechos ciudadanos con leyes más claras y expeditas en beneficio de los mexicanos. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo Único. Se reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa, pero en materia política, sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de darla a conocer al peticionario en un término no mayor a 40 días hábiles. Transitorio "Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los doce días del mes de abril del 2005. Solicito de manera atenta y respetuosa señor Presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias.