La diputada María del Pilar Torre Canales: Con su permiso, presidente. El pasado 17 de agosto la Junta de Coordinación Política recibió a los representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que acudieron a la Cámara de Diputados en el uso de su derecho para exigir que el Poder Legislativo hiciera su parte ante el escenario de incertidumbre, y ante el clima de inseguridad y violencia que golpea a nuestra sociedad. No han sido los únicos que han expresado esta demanda. Día a día escuchamos un justo reclamo: seguridad, justicia y cumplimiento de nuestra responsabilidad. En este tercer año de la LXI Legislatura es tiempo de que el Congreso actúe en concordancia con lo que la sociedad demanda. Es momento de que los que representamos a miles y miles de mexicanos que han sido agraviados, a los miles de mexicanos que han sido víctimas de la impunidad y de la complicidad de quienes deberían ser garantes de su seguridad. Los próximos meses serán decisivos para nuestro México, y en este primer periodo ordinario del tercer año de la LXI Legislatura, quienes la integramos, tendremos que demostrar que somos sensibles a las exigencias de los mexicanos y que tenemos la capacidad para dar soluciones, con hechos y acciones, más allá de palabras y compromisos que sólo se quedan en los discursos. Nada de lo que hagamos tendrá pleno sentido si no lo sienten las familias allá donde viven; en sus ciudades, en sus municipios, en sus calles y colonias. Que lo note el trabajador, que lo note el estudiante y la madre de familia. Que se note en las escuelas, en los espacios públicos, en el ministerio público y en los juzgados. Compañeros legisladores, debemos recuperar la confianza de nuestro México; que la gente que está indignada con los políticos —con justa razón—, sí, realmente entienda que queremos prestigiar la actividad política. Debemos de comenzar a honrar nuestros compromisos. Los grupos parlamentarios ya hemos discutido y aprobado nuestras agendas políticas y nuestras prioridades. Muchos son los desafíos que enfrenta nuestro país, muchos son los asuntos que deben de ser atendidos; sin embargo, hoy la seguridad pública debe estar en primer lugar, debe ser prioridad para el Poder Legislativo no parar para ganar simpatías ni aprovechar coyuntura, debe ser la prioridad porque así lo exigen quienes nos eligieron, porque es nuestra obligación atender el reclamo de los mexicanos. La seguridad comienza con lo más básico, que es la seguridad personal y familiar. No podemos tolerar colonias y calles vacías, queremos familias que puedan disfrutar de los parques y de las calles, queremos jóvenes que disfruten de su juventud en espacios seguros, libres de amenazas de secuestros y adicciones. La confianza en instituciones políticas centrales de la democracia, como los partidos y el Congreso, experimenta en nuestro país una creciente erosión. La reconstrucción de un espacio partidario y la revalorización del parlamento constituyen tareas pendientes para avanzar en la consolidación de la democracia. El fortalecimiento de nuestra democracia ha traído consigo una nueva valoración de las instituciones políticas, como pilares y esenciales del régimen democrático y un interés generalizado por su perfeccionamiento. La consolidación de la democracia implica el desarrollo de una cultura de responsabilidad mutua entre los ciudadanos y las autoridades; ésta es una de las tareas más inexploradas de nuestros esfuerzos políticos. Quienes desempeñamos cargos políticos debemos asumir plenamente la esencia del mandato que nos otorgó, como las correspondientes obligaciones de dar cuenta pública y periódica de nuestra gestión. Lo reiteramos, un estado de derecho fuerte y con la capacidad de aplicar y hacer respetar las leyes es a lo que aspiramos todos. Brindar seguridad a todos es una obligación que el Estado no puede eludir. Desde el Congreso estamos obligados a ser parte y vigilar las acciones que se emprendan en el combate a la delincuencia, así lo demanda una sociedad agraviada por el nivel de violencia que se vive en nuestras entidades del país. En Nueva Alianza apoyamos las acciones que emprende el Estado en el combate a la delincuencia siempre en el marco de la ley y con respeto a los derechos humanos; pero consideramos que prevenir el delito, contener la violencia, dar golpes significativos al crimen organizado, fortalecer y transparentar la procuración e impartición de justicia, mantener el orden y la seguridad en los penales, es una labor menos espectacular y de mediano plazo que debe emprenderse. Es imperativo que atendamos los problemas estructurales, empezar por la educación y una sólida cultura de la legalidad. Tenemos la certeza que con una educación de calidad, universal, laica y gratuita, podemos superar los niveles de pobreza en la que viven millones de mexicanos y se les estará dando el medio a través del cual podrán aspirar a un mejor empleo y oportunidades de vida, alejándolos de la delincuencia; qué mejor manera de combatir la inseguridad, que impulsando la educación para construir una sociedad más próspera y con más oportunidades para nuestros jóvenes. Con una sociedad más educada se promueve una cultura democrática más tolerante, crítica y participativa; una sociedad educada exigirá a sus gobiernos cuentas claras y resultados; una sociedad educada ejercerá un voto más informado; una sociedad educada fortalecerá a nuestras instituciones y fortalecerá a nuestra democracia. En Nueva Alianza ratificamos nuestro compromiso con la educación. Compañeros y compañeras legisladores, la sociedad organizada se manifiesta en las calles, los partidos y quienes representamos a la nación estamos obligados a dar una respuesta de la Cámara de Diputados. No hacerlo sería irresponsable. Muchísimas gracias.