El diputado Francisco Elizondo Garrido: Con la venia de esta Presidencia. Honorable asamblea. Las propuestas de reformas constitucionales que hoy se someten a nuestra consideración son un cambio histórico que va a propiciar el mejor funcionamiento de las instituciones encargadas en la administración de justicia, quienes son partícipes de la seguridad de nuestro país. Los grandes cambios que México necesita en materia de justicia deben construirse de forma firme, reconociendo nuestra realidad, fortalezas y debilidades. Sólo así se ha podido crear un marco jurídico que cumpla con los requerimientos y exigencias de nuestro país. Para ello es necesario hacer un recuento de nuestra historia y de la evolución de nuestro derecho recuperando las experiencias nacionales e internacionales, con el firme propósito de evolucionar hacia un estado de derecho comprometido con la justicia y con pleno respeto de los derechos humanos. En este sentido, considero oportuno señalar que México necesita más que nunca de unos procesos judiciales ágiles que proporcionen certeza jurídica a los gobernados. Es por ello que en estas reformas se implementan elementos vanguardistas como la oralidad en los juicios, así como el proceso penal acusatorio. El Partido Verde Ecologista de México apoya que la justicia sea pronta y expedita. Para que esto sea posible se debe sustentar la fortaleza de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, quienes deben cumplir con procesos más justos, con estricto apego a los derechos humanos y que permitan construir el México que nuestros jóvenes desean. Por ello es necesario construir un marco jurídico que proporcione certeza, imparcialidad y equidad en los procesos judiciales. Esta reforma constituye un avance en los mecanismos de persecución del delito, ya que de forma innovadora define acertadamente lo que se entiende por "delincuencia organizada"; proporciona mecanismos alternativos para la solución de controversias; asegura la reparación del daño con la posibilidad de que ésta sea supervisada judicialmente. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales tienen que ser explicadas en una audiencia pública; también se establece el sistema penal acusatorio y oral que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Ello se traduce en unos procesos más ágiles. Como podemos ver, dicha reforma revoluciona al sistema de justicia penal mexicano. De este modo y conscientes de ello, el Partido Verde Ecologista de México tiene un fuerte compromiso en esta materia. Compromiso que hasta ahora ha cumplido con importantes iniciativas de ley que procuran replantear los elementos con que el Estado cuenta para combatir la delincuencia, con la finalidad de reestablecer la seguridad y el respeto de los derechos de nuestros gobernados. Es así que las modificaciones propuestas en el Senado de la República garantizan procesos judiciales más justos, en donde los particulares cuentan con elementos regulatorios que evitan abusos por parte de las autoridades. Un claro ejemplo es la facultad otorgada al Procurador General de la República para acceder a información y documentos fiscales, financieros, fiduciarios, bursátiles, electorales y aquellos que por ley tenga carácter reservado o confidencial, siempre y cuando se encuentren relacionados con la investigación del delito; estará sujeta a la autorización judicial previa al hecho, con la finalidad de mantener la congruencia de esta disposición con el nuevo sistema acusatorio, garantizando con ello la confidencialidad de la información personal de los gobernados. Así, pues, este proceso de reformas constitucionales en materia de justicia penal constituyen un hecho inédito en la historia de nuestro país. En su proceso existieron diferencias, acuerdos y debates; todo ello con un solo propósito: la creación de un marco normativo que otorgue certeza jurídica a nuestros gobernados. El resultado: un marco constitucional que exige a las instituciones judiciales establecer mecanismos de profesionalización para que éstas cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para el combate de la delincuencia, tema que ha sido ya, desde hace mucho, prioritario en la agenda nacional. Compañeros legisladores, la reforma constitucional en materia de justicia penal es un exhorto a todas las fuerzas políticas a lograr un consenso en los temas prioritarios de la agenda nacional. En este sentido, dicha reforma debe ser congruente con las necesidades actuales de nuestro país. Por ello, nos sumamos al compromiso social que generan estas reformas. Muchas gracias.