LA C. DIPUTADA ROSALIA PEREDO AGUILAR (PT): Con su permiso, señor Presidente. Señor Secretario: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene particular interés en que usted explique las determinaciones aplicadas respecto de algunos temas adicionales, no tratados por razones de tiempo en nuestra intervención inicial. La similar situación estructural de Chiapas, Oaxaca y Guerrero que en el discurso oficial se toma para explicar buena parte de los problemas sociales y económicos, de marginación y pobreza extrema en esas entidades estaría en la base para comprender el surgimiento y las acciones de grupos armados. En un caso el EZLN, en los otros dos el EPR, el ERPI y otros grupos. En los hechos específicos de El Charco, municipio de Ayutla, Guerrero, el Ejército Mexicano llevó a cabo una operación de exterminio en contra de integrantes del ERPI y civiles que se encontraban en la escuela de esa localidad. Esta acción mostró la negativa del gobierno federal para encontrar por la vía de la negociación política soluciones a los problemas sociales. La acción del Ejército Mexicano se tradujo en flagrantes violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos de estos mexicanos que se rebelaron frente a causas sociales que el propio gobierno reconoce en otros lugares del territorio nacional. Señor Secretario: ¿No le parece que existe un divorcio entre el discurso de la pro puesta de la supuesta tolerancia que formulara el Ejecutivo y la de cisión represiva aplicada por los cuerpos de seguridad? ¿Cuántos hechos más como los de El Charco, Aguas Blancas, Acteal, la Unam y otros tendrán que ocurrir para cambiar en un genuino sentido social las políticas públicas? Señor Secretario: Todos sabemos que cerca de un millón de mexicanos indocumentados se dirigen anualmente hacia los Estados Unidos para cruzar la frontera en busca de oportunidades económicas que no encuentran en nuestro país. En este intento frecuentemente son víctimas de enganchadores, polleros y cuerpos policiacos, quienes impunemente los roban, agreden físicamente y eventualmente los matan. Nada al parecer se ha hecho por parte de las autoridades para acabar con esta situación y para aquellos que por fortuna logran sortear estos problemas, les aguarda el riesgo de morir en algunas de las múltiples vías que rigen para cruzar la frontera. Señor Secretario: Más allá del limitado paliativo que representa la acción del grupo Beta, ¿de qué manera las políticas implementadas por la dependencia a su cargo han contribuido a atender debidamente esta problemática? Señor Secretario: Refiriéndome a otro asunto, le solicito atentamente que explique ante esta soberanía ¿qué ha hecho la Secretaría de Gobernación en contra de las graves atrocidades cometidas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal Preventiva y la Judicial Federal y otros cuerpos policiacos sobre los migrantes centroamericanos que diariamente se internan en nuestro país en busca de las oportunidades de mejoramiento para ellos y sus familias que no tienen en sus lugares de origen? Hablamos de detenciones violentas, maltratos, violaciones sexuales contra mujeres, vejaciones de todo tipo y retención en lugares clandestinos en condiciones infrahumanas, tal como ha sido ampliamente documentado por una empresa televisiva en días recientes. Señor Secretario, ¿qué nos puede decir al respecto? Finalmente le pedimos una explicación respecto de la expulsión apresurada de supuestos miembros del ETA a España, sin la previa solicitud de extradición por el gobierno de ese país. El procedimiento así seguido hace suponer que se ha pasado por alto garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna y los derechos humanos más elementales. Gracias.