El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes. Sin duda alguna el sistema financiero resulta uno de los factores que requieren mayor atención dentro del desarrollo económico de un país, ya que si éste es débil el crecimiento para el país es muy bajo; en contraste, un sector bancario eficiente permite reducir los costos de transacción de la economía mediante una intermediación financiera oportuna y de bajo costo, lo que estimula la capacidad de crecimiento económico. Del mismo modo, la diversificación de oferta en los productos financieros ofrece las actividades productivas y comerciales elevando la cantidad de proyectos de inversión viables y sólidos del país, e incrementando el acceso de la población a los servicios de la institución de crédito aumentando así su patrimonio. México, lejos de contar con un mercado bursátil sólido y estable, que otorgue instrumentos de contribución para el crecimiento de la economía, se ha caracterizado por colocar barreras de entrada para inhibir posibles competidores e implementar mecanismos de colusión de precios. La escasez de recursos y el mínimo poder adquisitivo con el que cuenta la mayoría de la población en nuestro país han ocasionado que los ciudadanos utilicen el crédito como un sustituto y no como un complemento del ingreso. La corrupción e irresponsabilidad con que los bancos operan, desde la culminación de la reprivatización de la Banca en 1991, tuvo como consecuencia la crisis económica de 1994, la cual se generó por la devaluación del peso y el alza de las tasas de interés a nivel superior al 100 por ciento. Si bien es cierto que la política fiscal y monetaria se orientaron a crear condiciones favorables para abatir las presiones inflacionarias y a futuro obtener una reducción sostenible de las tasas de interés, también es cierto que la implementación del Fobaproa se caracterizó por la falta de un mecanismo eficaz que dividiera a las personas que necesitaban un rescate por el aumento excesivo de precios y de aquellos que se valieron de la situación para realizar compras millonarias a expensas del erario público. Como consecuencia, dicho programa resultó ser más peligroso para las finanzas públicas, pues durante la operación del rescate bancario se compró a los bancos todo tipo de crédito incobrable que se tradujeron en un fuerte incremento en el costo fiscal del rescate; y, en cambio, se redujo las pérdidas de accionistas o grandes deudores que podrían pagar sus créditos, mismos que los transfirieron al Fobaproa. Las experiencias vividas en materia económica deben servirnos como lección para evitar que los errores presentados preliminarmente vuelvan a cometerse, por lo que es nuestro deber como legisladores la implementación de controles que garanticen el sano desarrollo y desempeño de los bancos. Por lo que previamente he expuesto, proponemos sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quien evalúe si las instituciones de Banca Múltiple cuentan con el capital suficiente para cubrir pérdidas derivadas de los riesgos que dichas instituciones representan. No podemos permitir que la opacidad y el mal manejo sean el común denominador de los bancos. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente reserva al primer párrafo del artículo 50 Bis del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.