El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Esta reserva que hacemos al artículo 5o., es una preocupación que tiene varios vicios de inconstitucionalidad, no obstante que toda la ley ya la aprobaron quienes paulatinamente se encargan de ser emisarios y actuar bajo las órdenes del presidente Peña Nieto y de ser unos agachones. El artículo 129, para que les quede claro, ¿cuál es la parte que tiene que ver con el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, es que: en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de la población, estableciere para la estación de las tropas. El dictamen también es inconvencional, es decir, contraviene convenios y tratados internacionales de los que el Estado mexicano ha firmado y por consiguiente es parte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que una de sus preocupaciones centrales, en relación con las acciones implementadas por los Estados miembros en el marco de su política sobre seguridad ciudadana, es la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas profesionales que por su naturaleza son exclusivamente de las fuerzas policiales. En reiteradas ocasiones la comisión ha señalado que, dado que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos para combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno. Cosa que ni con Calderón ni con Peña Nieto se han logrado, ha sido una política fallida. Para Morena lo que debe existir es una política pública sobre seguridad ciudadana, que se constituya en una herramienta eficiente para que los Estados miembros cumplan adecuadamente sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio. La distinción entre las funciones que le competen a las Fuerzas Armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales como responsabilidades exclusivas de la seguridad ciudadana resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esta política pública. La Corte Interamericana ha señalado en relación con este punto que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, a velar por la paz, la protección y control de nuestra soberanía, entrenamiento que no es propio del Ejército. La comisión se ha referido también a lo expresado, que este tipo de planteos corresponden a la confusión entre los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, lo cual muchos de ustedes aquí con pura verborrea han intentado engañar a la ciudadanía para aprobar esta lesiva ley, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria por muy grave que sea no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado. La comisión señala que en ciertos casos las Fuerzas Armadas continúan participando en la investigación de los delitos, en particular en los casos relacionados con el narcotráfico, crimen organizado, funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil.