La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Gracias, señor presidente, con su permiso. Este tema para nosotros, y nosotros en el Grupo Parlamentario del PRD es de suma importancia. Es de celebrarse. Es de celebrar el hecho de que el Poder Legislativo dé hoy un paso fundamental para cumplir con las obligaciones del Estado hacia los derechos humanos. Después de cuatro años, como ya se ha dicho aquí, de la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia por el caso Rosendo Radilla, hoy concretamos un avance sustantivo para su cumplimiento. El Código de Justicia Militar expedido en 1934, estableció y mantuvo durante décadas un fuero personal que excedió el legítimo objetivo de la disciplina militar para imponer reglas y prácticas discrecionales ante las faltas y delitos cometidos por tropa y oficiales contra personas civiles. Por lo tanto, lo que vamos a aprobar hoy es de suma importancia. Esta propuesta avanza en el acceso a la justicia. Los delitos cometidos por elementos militares contra civiles, invariablemente serán del conocimiento de las autoridades civiles incluso en situaciones de excepción. Los órganos de justicia militar se dedicarán exclusivamente a la conservación de la disciplina castrense. Las autoridades civiles tienen un gran reto para saldar las deudas del Estado y comenzar el camino de la paz, de la justicia y el derecho a la verdad. Queremos reconocer a las comisiones y grupos parlamentarios del Senado que realizaron un trabajo minucioso y cumplieron con su deber como representantes popular, al escuchar todas las voces en el proceso, todas las voces en este proceso de elaboración del dictamen aprobado por unanimidad. También hay que reconocer el profesionalismo de las Fuerzas Armadas que participaron en las audiencias públicas y en la elaboración del dictamen en el Senado. En el PRD estamos convencidos de que en la implementación de esta reforma se fortalecerá la institucionalidad de las secretarías de Defensa y de Marina. La colaboración de este Poder Legislativo con el Poder Judicial, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con las dependencias del Poder Ejecutivo dedicadas a justicia y defensa, será fundamental para concretar las demandas de justicia ante las cuales esta reforma constituye un paso significativo. También es obligado reconocer a las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a las víctimas que han planteado reiteradamente la necesidad de esta reforma y que fueron indispensables en la construcción de acuerdos en el Senado, en especial quiero mencionar a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, al Centro de Derechos Humanos Lachinolan, a Amnistía internacional, al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. A todos ellos nuestro agradecimiento por su empeño y constancia. Con el voto a favor de este dictamen externamos finalmente nuestro compromiso para atender los pendientes en la materia, para dar seguimiento a la adecuada resolución de los casos de violaciones a derechos humanos y para hacer lo que sea necesario para escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país sin impunidad, sin abusos, sin privilegios. Por su atención, muchas gracias.