La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. La presente reserva tiene como motivo fundamental garantizar el equilibrio de poderes, que no descansen de manera discrecional la facultad de suspender las garantías solo en la figura del presidente y su partido. Recordemos, ahora gobierna el PRI; posteriormente puede ser cualquier otro partido y tenemos que pensar a futuro. Es reserva al artículo 29 en su párrafo primero, para que haya el agregado siguiente: Se agregue la palabra del Fiscal General de la República. Y algo muy importante. Para que lleve el soporte necesario, que ésta sea con la aprobación calificada. Es una decisión de Estado, no es cualquier cosa. Por lo tanto, la mayoría calificada, consideramos que debe ser obligada. La minuta que se pone a consideración de este pleno contiene modificaciones al texto constitucional que ameritan una reflexión mayor, como lo que expresé anteriormente. No obstante que en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna previene el cumplimiento de los tratados internacionales en todo aquello que beneficie y proteja los derechos humanos en nuestro régimen interior, se promueven modificaciones que adelgazan y ponen en riesgo la tutela de estos derechos. Éste es el caso del artículo presente en cuestión, el 29, que establece la medida excepcional de lo que se conoce como la suspensión de garantías en un lugar y momento en el que se ponga en peligro a la población. El actual texto constitucional dispone que para aplicar esta medida es necesario que el Ejecutivo federal tome el acuerdo con las secretarías de Despacho y la Procuraduría General de la República, mismo que requiere la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente. Sin embargo, la reforma que hoy se prende imponer plantea diluir el trámite; y lo que es más preocupante, concentra de manera unipersonal en el titular del Ejecutivo federal la decisión de aplicar esta medida haciendo a un lado a las secretarías de gobierno y a la representación social a través de la Fiscalía General de la República. Con esta medida nos acercamos paso a paso a un Estado centralista que agrupa las decisiones fundamentales del país. Por eso esta reforma política no abona al desarrollo de la democracia ni beneficia a la población. La reforma al artículo 29 constitucional también debe considerar que no sólo basta con que el Congreso de la Unión o, en su caso la Comisión Permanente, apruebe la restricción y suspensión de derechos y garantías constitucionales por las razones que le envíe el presidente de la República. Es indispensable la participación de la Fiscalía General de la República que es la representación de la sociedad y de los intereses de ésta. Sin la representación de esta fiscalía en las decisiones del presidente, se estarían vulnerando los derechos que tenemos las y los ciudadanos dejando a la sociedad en un estado de indefensión. De igual manera, nuestro país forma parte del concierto de las naciones termino, presidente-, por lo que este procedimiento debe considerar los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de derechos humanos. Concluyo haciendo un llamado a la sensibilidad de las y los legisladores de esta Cámara para apoyar la presente reserva en beneficio de la población y para expiar los fantasmas del autoritarismo y la cerrazón. Gracias, señor presidente.