EL DIP. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados: Una función esencial del Poder Legislativo es la de autorizar los gastos del poder público. De hecho, el origen histórico de las asambleas parlamentarias se encuentra en la provisión de fondos para los antiguos monarcas medievales. La representación parlamentaria ha evolucionado a través de los siglos, pero mantiene la función de aprobar el presupuesto para atender a las necesidades colectivas. En nuestro país un largo periodo de predominancia de un solo partido generó un perceptible desequilibrio a favor del Poder Ejecutivo, a quien corresponde elaborar el proyecto de Presupuesto. Su preponderancia política y la infraestructura técnica de la cual dispone hacían que la Cámara de Diputados asumiera un papel principalmente ratificador de los lineamientos dispuestos por el Presidente de la República. En este escenario se incubó la práctica de autorizar al Ejecutivo para que ajustara dentro de ciertos márgenes el ejercicio del gasto en los casos en que los cambios en las condiciones económicas lo hicieran necesario. La dinámica de la democracia mexicana condujo a la alternancia partidista en la titularidad del Ejecutivo y determinó una composición congresional que otorga al Legislativo un papel de control y contrapeso efectivos a la discrecionalidad presidencial. En ese esquema, la voluntad de los legisladores adquiere una nueva dimensión; los acuerdos que se alcanzan en las Cámaras implican la conformación de una mayoría en la que convergen por lo menos dos fuerzas políticas y supone una decisión que refleja el sentir también mayoritario de la población. En esta situación es preciso preservar el escrupuloso cumplimiento de las medidas dictadas por el Congreso y para ello se requiere establecer disposiciones legales que garanticen ese cumplimiento. Pese a los cambios de condiciones políticas derivados de los resultados electorales de julio de 2000, se ha mantenido una inercia por virtud de la cual el Presidente de la República ha venido disponiendo alteraciones del contenido del presupuesto, que argumentando disminuciones de los ingresos disponibles se han traducido en reducciones de partidas que la Cámara de Diputados había configurado de manera especial para atender necesidades sentidas popularmente en áreas como la educativa, la de salud, la de apoyo al campo y la de asignación de recursos a las entidades federativas, para citar las más importantes. Por esos motivos resulta conveniente introducir cambios en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, para que erogaciones dispuestas por el Poder Legislativo en áreas tan sensibles como las señaladas, no puedan ser disminuidas de manera unilateral por el Ejecutivo, para ello, el legislador debe señalar cuál es el orden de los rubros que pueden afectarse por parte del Presidente cuando se presenten insuficiencias en los ingresos públicos. Las modificaciones y adiciones en esta materia deberán incluir en consecuencia los siguientes criterios: El proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo debe contener todos los gastos requeridos para el cumplimiento de cualesquiera obligaciones contraídas por el Gobierno Mexicano y para la realización de las actividades, obras y servicios y públicos previstos en los programas a su cargo. Deben establecerse, por ejemplo, los pagos que deban hacerse por concepto de deuda pública externa, interna o contingente. Las erogaciones que deba efectuar cada una de las entidades incluidas en el presupuesto, especificando detalladamente el programa a que corresponden, el objeto del gasto y las metas que deben alcanzarse en el mismo. La manera de asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos, determinando en detalle los programas, subprogramas, metas, etcétera, que deban alcanzarse. En caso de que los ingresos sean inferiores a los previstos, la determinación previa de programas, subprogramas y partidas que podrán ser objeto de reducción por parte del Ejecutivo Federal, señalando el orden sucesivo de afectación de las mismas, en ningún caso podrá autorizarse al Ejecutivo a disminuir el monto de partidas aprobadas para programas educativos, de salud, de apoyo al campo o las partidas destinadas a las entidades federativas. Si los recursos disponibles disminuyeran al extremo de que se hiciese necesario abatir el monto de las partidas que no pueden ser modificadas por el Ejecutivo, éste tendría que presentar una iniciativa ante la Cámara de Diputados con el propósito de que ésta determine lo que corresponda. Debe establecerse la noción de que las partidas presupuestas no significan solamente límites máximos ni que el ahorro en gastos, por definición, considerados como necesarios, desde el momento que se les asigna un presupuesto, sea una virtud pública. Es necesario disminuir la discrecionalidad del Ejecutivo para el otorgamiento de subsidios, indicando que cuando éstos se dirijan a particulares, deberá existir autorización expresa de la Cámara de Diputados en el presupuesto. Para corregir los desequilibrios que pudiera propiciar recortes en el gasto que contravengan los criterios enunciados, es indispensable incorporar un artículo transitorio que permita efectuar las reasignaciones correspondientes dentro de este mismo año; este transitorio sería fundamental poder hacer reasignaciones dentro de este mismo año a fin de evitar que asignaciones que la Cámara determinó con base en demandas reales de diversos grupos sociales, se disminuyan en perjuicio de los mismos y en todo caso, las erogaciones que se reduzcan, sean aquellas que tienen que ver con las actividades directas de la administración pública centraliza dependiente del Ejecutivo Federal. En atención a lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara el siguiente: Proyecto de Decreto. Artículo Primero.- Se reforman y adicionan los artículo 15, 16, 25 y 50 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para quedar como sigue: Artículo 15.- El Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para cubrir durante el período de un año a partir del 1° de enero, todos los gastos que debe efectuar el propio Ejecutivo para el cumplimiento de cualesquiera obligaciones contraídas por el gobierno mexicano y para la realización de las actividades, obras y servicios previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señalan. Artículo 16.- Se mantienen sus dos primero párrafos y se agrega: El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación debe contener lo siguiente: a) Los pagos que deben hacerse por concepto de deuda pública externa, interna o contingente; la referencia a la fuente de dichas obligaciones y los plazos previstos para la cobertura de las mismas. b) Las erogaciones que debe efectuar cada una de las entidades incluidas en el Presupuesto especificando detalladamente el programa a que corresponde; el objeto del gasto, las metas que deben alcanzarse con el mismo, la unidad responsable para ejercerlo, la partida presupuestal específica y su aplicación geográfica en la entidad federativa que corresponda". Todo esto debe formar parte del presupuesto en su conjunto y no necesariamente de anexos. c) La manera de asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos, determinando en detalle los programas, subprogramas, metas y unidades responsables y partidas presupuestales a las que deberán asignarse tales recursos. d) En caso de que los ingresos sean inferiores a los previstos, la determinación de los programas, subprogramas y partidas que podrán ser objeto de reducción por parte del Ejecutivo federal, señalando el orden sucesivo de afectación de las mismas. En ningún caso podrá autorizarse al Ejecutivo a disminuir el monto de partidas aprobadas para programas educativos de salud, de apoyo al campo o las partidas destinadas a las entidades federativas. En caso de que la disminución de recursos disponibles y se hiciese necesaria una afectación de las partidas correspondientes a estos rubros, el Ejecutivo deberá presentar una iniciativa de reformas al decreto de presupuesto de egresos de la federación, debidamente motivada para que la Cámara de Diputados disponga lo conducente. Artículo 25.- El gasto público federal deberá ajustarse al monto autorizado para los programas, subprogramas y partidas presupuestales. Los titulares de las unidades responsables, tendrán la obligación de ejercerlo en su totalidad y reportar a la Cámara de Diputados el avance del gasto en los términos y condiciones que lo determinen las Comisiones de dicha Cámara. El Ejecutivo federal determinará la forma en que deberán invertirse los subsidios que otorga a los estados, municipios o instituciones públicas, quienes proporcionarán a la dependencia que señala el propio Ejecutivo y a las Comisiones correspondiente de la Cámara de Diputados, la información que se les solicite. Se establecen también sanciones para aquellos servidores públicos que no cumplan con las disposiciones del presupuesto y que dejen de ejercer adecuadamente el gasto público. Dejo el resto del texto que comprende el Transitorio, al que ya aludí, en poder de la Secretaría, para no rebasar el tiempo previsto. Muchas gracias presidenta. -