La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su anuencia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el diálogo entre los Poderes de la Unión es un principio que engrandece a la República. Es una lástima, compañeras y compañeros legisladores, que en este análisis del VI Informe de Gobierno faltemos a este principio, tal como lo marca el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. Estamos por iniciar un monologo donde las respuestas quedarán sin respuestas y sin destinatarios. Lo que debería ser un ejercicio de diálogo y de liberación para encontrar las soluciones a los grandes problemas nacionales, como es un informe de gobierno, se ha convertido en un acto vanidoso, grandilocuente y sentimentalista, un asunto tan importante como la política económica no puede reducirse a unos cuantos posicionamientos, discursos y proclamas. Es necesario que los responsables de la conducción de la economía nacional respondan a las dudas que aquí surgen, dudas que necesitan respuestas ante la imagen de país que nos quieren vender con datos y estadísticas, pero que chocan bruscamente con una realidad lacerante para muchos compatriotas. Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, quienes caminamos durante la campaña electoral por barrios, colonias populares, rancherías, pueblos, ciudades, constatamos que esa imagen construida por estadísticas y datos, son un castillo de naipes. Durante los últimos años la erradicación de la pobreza se ha convertido en un reiterado discurso que tiene poco sustento en los hechos. De ahí la importancia que adquieren los esfuerzos para erradicarla aunque los resultados alcanzados resulten desiguales y en algunos casos frustrantes. En México no se ha logrado estabilizar el ritmo de crecimiento sostenido que suele asociarse con la disminución de la pobreza y la desigualdad. Por el contrario, hoy en México la pobreza representa un mal endémico. Para dimensionar la magnitud del problema, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hay 50 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza patrimonial. Esto quiere decir que no alcanzan a cubrir aspectos primordiales de vivienda, transporte, vestido y calzado. Diputadas y diputados, dejemos de privilegiar aquellas acciones que continúan incentivando el círculo vicioso de la pobreza y centremos nuestros esfuerzos en dotar de oportunidades de desarrollo económico y social a los distintos sectores de la población, acotando de manera gradual la dependencia económica de factores externos como las remesas o los precios internacionales del petróleo. Hace apenas unos días, la representante en México de las Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), Nuria Urquía Fernández, señaló que la pobreza alimentaria en el país tuvo un incremento importante al pasar del 2006 al 2012, de un 13.6 por ciento a un 18.2 por ciento. Asimismo, la FAO destacó que la situación alimentaria en México ha sufrido un deterioro importante con este aumento porcentual e los últimos seis años. De acuerdo con datos del Coneval, en marzo de 2008 la canasta básica alimentaria por persona en el ámbito rural, costaba 588.80 pesos al mes, mientras que en zonas urbanas, era de 843 pesos. Sin embargo en marzo de 2012, la canasta alimentaria en zonas rurales ya costaba 765.10 pesos mensuales y en zonas urbanas, mil 81 pesos al mes, cuando el ingreso laboral promedio por persona, es de apenas mil 470 pesos mensuales en términos reales. Lo anterior es reflejo de la implementación de estrategias económicas desarticuladas, en lugar de un programa nacional que conjugue armoniosamente las estrategias de desarrollo económico y social en beneficio de la población. Los datos divulgados en el VI Informe de esta gestión, revelan importantes deterioros salariales. Es evidente que la generación de trabajos dignos en los últimos años fue precaria y de retroceso para los mexicanos. El universo de trabajadores que perciben un ingreso mayor a cinco salarios mínimos, se redujo en 1.3 millones de asalariados, mientras que los peor pagados que perciben hasta un salario mínimo de 60 pesos, aumentaron en 1.4 millones de personas en lo que va de la administración. Asimismo, alrededor de 14 millones de trabajadores se encuentran en actividades informales, mientras que aproximadamente 6 millones de personas trabajan en situaciones críticas, es decir, la tasa de condiciones adversas de ocupación pasó de 11.15 por ciento a 12.21 por ciento tan solo en el último año. En cuanto a los temas de salud, la secretaría del ramo señala que el Seguro Popular cuenta con casi 53 millones de mexicanos afiliados. Podemos reconocer que el Seguro Popular ha representado para muchas familias mexicanas una alternativa emergente de acceso a servicios básicos de salud. Sin embargo, no existe evidencia clara aún que compruebe el impacto del programa en la salud de los mexicanos. El reto principal es asegurar que el potencial financiero del programa se traduzca en avances medibles y significativos en el acceso a servicios de calidad en los estados de la República. Para ello es necesario contar con mayor información sobre la operación de los sistemas estatales y el uso de esos recursos por parte del Seguro Popular. En Nueva Alianza coincidimos que es indispensable construir mecanismos eficientes y transparentes para la programación, el seguimiento, evaluación y retroalimentación de las actividades del Seguro Popular. El Seguro Popular debe tener capacidad para conocer con precisión y sistemáticamente su impacto en términos de atención efectiva y de salud a la población, dado que los recursos son escasos, una parte fundamental de las finanzas publicas de calidad es que el gasto público sea ejercido de manera eficiente. Es importante contar con una composición del gasto adecuado que funcione como un motor de crecimiento sostenido. El ejercicio del gasto debe ser transparente, de manera que los ciudadanos sepan cuánto, en qué y cómo se gastan los recursos. Más que indicadores de gestión, debemos asegurar que el gobierno entregue indicadores de resultados de la aplicación del presupuesto público en sus diferentes dependencias. En materia de gasto, la Secretaría de Hacienda indica que en el periodo de enero a julio del presente año, con relación al periodo de 2011, hubo un incremento del gasto corriente de 9.1 por ciento, para alcanzar los mil millones de pesos tan solo en un semestre. Resulta contradictorio entonces, que en el último informe presentado por este gobierno destaque un aumento en la asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, cuando en los hechos ha sido un gobierno que privilegia e incrementa el gasto corriente por encima de la inversión productiva, incrementa plazas, salarios y privilegios de los niveles gubernamentales de alta dirección, al tiempo que subejerce para proyectos claves con infraestructura, salud y empleo. Nueva Alianza, en su declaración de principios, destaca como pilar fundamental establecer las bases que incidan en un mejor nivel de vida para todos los mexicanos. En esto estamos comprometidos y trabajaremos día con día para que nuestros compatriotas tengan una vida digna y decorosa. Es cuanto, diputado presidente.