El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Acudo a esta tribuna para hacer una propuesta de una iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para garantizar que las propuestas de las organizaciones de productores puedan ser incorporadas al Programa Especial Concurrente. La motivación de la presente iniciativa se deriva de considerar la importancia que reviste para la nación en general y el desarrollo rural sustentable en particular, el papel de las organizaciones de productores organizados del sector social y privado que se define en el propio texto constitucional y en las leyes secundarias en la materia. En el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, en su primer párrafo, que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía alimentaria y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, de una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. De acuerdo con este mandato constitucional: "el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades que otorga la propia Constitución". Es en este párrafo en el cual se ubica la importancia de las organizaciones de productores del sector social y privado. De manera complementaria, en el artículo 27 constitucional, en la fracción XX, se establece la relevancia que tiene para la nación el desarrollo rural y el carácter de interés público de las organizaciones del sector social y privado al señalarse de manera muy precisa que "el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. "Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización considerándolas de interés público". Desde el punto de vista de la legislación secundaria, en el artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece que en el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural, que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos, entre otros: "Primero. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y en general de los agentes de la sociedad rural mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo en el medio rural, el incremento del ingreso de los productores. "Segundo. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada de las regiones de mayor rezago mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable. "Tercero. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso a la producción agropecuaria del país". El espíritu de la presente iniciativa es garantizar que en los procesos de planeación se mantenga, se fortalezca y se amplíe la planeación democrática y participativa prevista por la propia Constitución y las leyes secundarias en la materia y que efectivamente estén representadas y sean reconocidas todas las organizaciones y actores sociales y privados del medio rural sin discriminación por motivo de afiliación política o de intereses de cualquier otro tipo. En este mismo sentido se considera también de gran relevancia que las propuestas de dichas organizaciones previo proceso amplio de análisis y argumentación social, económica y ambiental, no sólo sean consideradas como lo prevé actualmente el texto del propio artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural vigente, sino que se establezcan los mecanismos para que éstas sean realmente incorporadas al Programa Especial Concurrente. Por lo anteriormente expuesto, con la presente iniciativa de reforma del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se garantiza que las organizaciones campesinas nacionales cuenten con elementos para llevar a cabo sus actividades, a través de su participación y en los procesos de planeación del medio rural, y en particular que sus propuestas sean realmente incorporadas en el proceso de elaboración del Programa Especial Concurrente. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para garantizar que las propuestas de las organizaciones del sector social y privado sean incorporadas en el Programa Especial Concurrente. Artículo único. Reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue: La Comisión Intersecretarial, en los términos del artículo 13 de este ordenamiento, promoverá la participación de las organizaciones del sector social y privado, y creará con el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, los mecanismos para garantizar que las propuestas de las organizaciones que concurren a las actividades del sector sean incorporadas en el Programa Especial Concurrente. Igualmente, incorporará los compromisos que conforme a los convenios respectivos asumen los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como establecerán las normas y mecanismos de evaluación y seguimiento a su aplicación. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señor Presidente, solicito que se publique íntegro el texto en el Diario Oficial. Gracias.