La diputada Adriana Dávila Fernández: Con su permiso señora presidenta. Las tareas de seguridad nacional que hoy prevalen en el mundo entero implican la colaboración de los países entre sí para dar batalla a problemas que traspasan las fronteras. Los riesgos de fenómenos trasnacionales como el crimen organizado, el terrorismo, el lavado de dinero, la proliferación de armas masivas y el tráfico de armas, ameritan la asistencia y la cooperación internacional a través de la firma de tratados que deben ser cumplidos. A los ojos del mundo no son aceptables las justificaciones políticas ni las lealtades ciegas y menos las simulaciones para el incumplimiento de los compromisos internacionales. En Acción Nacional aceptamos que los instrumentos de asistencia son perfectibles, pero la reforma que hoy discutimos quebranta la lógica a través de la cual se han desarrollado los tratados e instrumentos de asistencia multilateral e internacional. Los procesos de análisis, revisión y mejora de estos instrumentos de colaboración, deben ser permanentes entre los países firmantes. Nunca, por elemental cortesía diplomática y sentido común y además por seguridad, se deben desarrollar de forma unilateral porque eso es una imposición y menos se debe impulsar reformas de esta naturaleza sin considerar la opinión de la gente experta. La Cámara de Diputados no debe ser una vaporera legislativa que dictamine ordenamientos jurídicos a contentillo presidencial. Las leyes no son nada más hijos de retórica procesal judicial y si Morena y sus aliados han olvidado o de plano perdieron la responsabilidad legislativa por seguir la voz del patriarca, desde la oposición señalaremos los equívocos con argumentos. Existen convenios de cooperación internacional que no pueden ni deben ignorarse. En el año 2000 se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, uno de los instrumentos legales que han servido para la vinculación entre las naciones en la lucha de un problema común que ha trascendido las fronteras. Están equivocados los que piensan en la afectación de una relación bilateral, es falso, porque los convenios son impulsados y supervisados por la Organización de las Naciones Unidas. Consulto a la mayoría, háganse la pregunta: ¿se ha pedido la opinión de la ONU simplemente como un elemento más para valorar de mejor manera esta reforma? La respuesta es no, porque estamos en esta Cámara de Diputados en modo de vaporera. ¿Ya se analizaron las implicaciones que además de la seguridad, en materia de comercio, inversión, flujos económicos y migración? No lo duden, serán consecuencias muy negativas, porque las empresas extranjeras que impulsan la inversión, el comercio con México, consideran aspectos relacionados con la seguridad para gerentes, empleados e instalaciones, para todas las naciones que invierten en nuestro país. La seguridad es algo serio, es un pendiente que les ocupa y preocupa, ellos no aceptan como muchos mexicanos que hoy están presentes en esta Cámara de Diputados, la falsa estrategia de abrazos para detener los balazos de los delincuentes. Ellos buscan condiciones que garanticen seguridad, para que sus proyectos productivos generen fuentes de empleo para las y los mexicanos. Ellos saben que el gobierno morenista después de dos años está rebasado y aunque cuenta con todos los instrumentos legales, se niega a aplicar la ley y garantizar la seguridad pública, la seguridad nacional. La actitud con la que se está impulsando esta reforma, lastimará todavía más la confianza de inversionistas, flujos turísticos y el comercio. Los problemas de delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo y tráfico de armas son transnacionales y de impacto multilateral ante males internacionales no se puede proponer soluciones unilaterales, no es factible aplicar un concepto inoperante de la soberanía, cuando de lo que se trata es enfrentar problemas internacionales y de las regiones. México no puede aislarse, no somos una isla, de los esfuerzos internacionales para dar la batalla en esta materia, porque se compromete nuestra propia seguridad. Debe recordarse que es importante el objetivo, como el propio camino, pero lo es igual la ruta para conseguirlo. Diputadas y diputados, preocupa este nuevo intento que se hace para que los gobiernos estatales y municipales se subordinen al gobierno federal, al obligar a los responsables de la seguridad a que entreguen un informe por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre los datos que se tengan de los agentes extranjeros, mismos que, a su vez, tendrán que registrarse y estarán obligados a informar el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral, se le llama control presidencial. El planteamiento para que se anulen todos los convenios internacionales, se les quite inmunidad diplomática y se les juzgue en tribunales mexicanos, si alguno incurriera en cohecho, es el escenario dispuesto para un anunciado conflicto internacional con las graves consecuencias que, de darse, para el país y el gobierno, será un desprestigio monumental, a enfrentar en nombre de la falsa soberanía que por desgracia no sustentan las acciones gubernamentales. Solo en la ingenuidad se puede afirmar que los servicios de inteligencia extranjeros compartirán información de calidad de sus agentes. No debe olvidarse que se trata de información seria y delicada. Mejor invierta este gobierno, invierta en un auténtico servicio de inteligencia nacional. Como dijo Kofi Annan, fortaleciendo la cooperación internacional podremos socavar verdaderamente la capacidad de los delincuentes internacionales, para actuar con eficacia, y ayudaremos a las y los ciudadanos en su menuda ardua lucha por salvaguardar la seguridad y la dignidad de sus hogares y comunidades. Es cuanto, señora presidenta.