La diputada Elizabeth Pérez Valdez: La presente iniciativa tiene como objetivo el adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal de Revocación de Mandato y a la Ley Federal de Consulta Popular, en materia de presupuesto, para lo cual profundizaré un poco sobre el tema. El proceso revocación de mandato y de consulta popular son derechos de la ciudadanía plasmados en nuestra Constitución. La consulta popular es el instrumento de participación por el cual las y los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, director, personal e intransferible, tomamos parte de las decisiones de los poderes públicos, mientras que la revocación de mandato es el medio de participación solicitado por las y los ciudadanos para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza. Es decir, ambas son herramientas con las que la ciudadanía cuenta para ejercer de una manera real y efectiva sus derechos ciudadanos, por lo que estos deben ser garantizados por una autoridad imparcial y totalmente autónoma, sin sujeciones ni presiones de ningún otro Poder. El artículo 27 de la Ley Federal de Revocación de Mandato establece que el Instituto Nacional Electoral es el responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la votación de los procesos de revocación de mandato y llevar a cabo la promoción del voto, garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género en el ejercicio de la función de la participación ciudadana. Como todas y todos sabemos, el primer ejercicio de revocación de mandato se llevó a cabo el pasado 10 de abril de 2022, en medio de una serie de inconvenientes ante la reducción del presupuesto necesario para su implementación y desarrollo. Por lo tanto, aquí se dio una discusión sin mediar explicación alguna a donde solo se le otorgó al INE un poco más de 800 millones de pesos para llevar a cabo el proceso, nada que ver con la cifra que había solicitado este instituto de manera original. En el tenor de los pasados inconvenientes por el que se desarrolló la revocación de mandato y al mismo tiempo se desplegó una campaña desde el oficialismo para acusar a las y los consejeros del INE de pretender obstaculizar el proceso llegando al extremo de amenazar desde la Presidencia de la Cámara de las y los diputados con encarcelar a seis consejeros y consejeras, así como también al secretario ejecutivo del INE. Esa cadena de incongruencias destaca la controversia generada por la negativa de entregarle al INE los recursos para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato en los términos que establece la ley tanto por la mayoría de la Cámara de las y los diputados como por la Secretaría de Hacienda. Una situación que resulta realmente incomprensible. Por un lado, se aprueban leyes que maximizan los derechos de la ciudadanía, pero por otro se autorizan presupuestos insuficientes que minimizan las capacidades de la autoridad electoral. Es por ello que presento la presente iniciativa que propone en lo particular modificar diversas disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato y la Ley Federal de Consulta Popular para que se garantice sí o sí el presupuesto necesario para llevar a cabo las consultas populares y en su caso la revocación de mandato. No se dejen de ninguna forma desprovistas las obligaciones que por mandato constitucional también tiene el Instituto Nacional Electoral. Institución autónoma que trabaja profesional e imparcialmente y a la que ahora se le pretende debilitar desde el Poder Ejecutivo intentando tirar esas escaleras con las que se llegó al poder para perpetuarse en él. La democracia debe garantizarse y sobre todo debe defenderse. Este es un derecho de las y los ciudadanos quienes hemos construido las instituciones y luchado por derrocar a los regímenes que han querido arrebatarnos este derecho, sabemos perfectamente que el costo de defender la democracia puede ser, incluso, hasta con la vida y siempre defenderemos el derecho a disentir. Por ello, el grupo parlamentario decimos, la democracia no se toca. Por último, nos vemos el 8 de marzo en la marcha. Claro que sí, ahí llenaremos nuevamente el Zócalo. Tengan la certeza de que si quieren llenar nuestra ciudad de barricadas para que no lleguemos a la gran plaza las vamos a tirar todas y cada una de ellas.