El diputado Emilio Suárez Licona: Compañeras, compañeros, ya lo hemos venido señalando con toda contundencia estas modificaciones en el marco de la mal llamada reforma de supremacía constitucional encarnan uno de los retrocesos más relevantes en la historia de México, traducido en el debilitamiento de la división de Poderes y el quebrantamiento de los pesos y contrapesos que dan forma a nuestro sistema político. Este dictamen enmarca, en efecto, un atentado contra la dignidad en el ejercicio de la responsabilidad legislativa de esta soberanía dando cauce a un ejercicio de simulación parlamentaria para seguir encaminando un capricho autocrático que pretende el aniquilamiento del Poder Judicial de la Federación. No es necesario darle muchas vueltas, con esta reforma el oficialismo pretende dar cauce a la desnaturalización de dos mecanismos de control diseñados para garantizar precisamente la supremacía de la Carta Magna ante la emisión de instrumentos jurídicos viciados de inconstitucionalidad y la verificación de conflictos competenciales entre instancias del Estado mexicano. En ese sentido, resulta un despropósito cancelar la posibilidad de que la Suprema Corte, en ejercicio de sus atribuciones en su carácter de tribunal constitucional, pueda revisar reformas constitucionales notoriamente regresivas, así como suspender la aplicación de normas generales en el marco de la interposición de los medios de control regulados en el artículo 105 de nuestra Constitución. No olvidemos que a partir de la reforma constitucional de 2011, el Estado mexicano está obligado a garantizar la vigencia del principio de progresividad, el cual implica que no puedan concretarse regresiones en materia de derechos humanos al tiempo de que las autoridades cumplan en el mandato de ampliar el alcance y la protección de tales derechos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad. Y, es justo ahí donde radica el retroceso enmarcado en esta reforma, de un plumazo ahora la corte estará impedida para poder decretar la suspensión de ordenamientos, reglamentos o decretos aún y cuando en su aplicación se verifiquen trasgresiones irreversibles de derechos humanos, así como para revisar reformas al marco constitucional que en el fondo vulneren el régimen de libertades y derechos fundamentales o la forma republicana y democrática de gobierno, incluso, en el marco de violaciones graves al procedimiento legislativo. Compañeras y compañeros, el pueblo, mediante la expresión del sufragio, en ningún momento concedió un mandato parta trastocar las bases de nuestro sistema republicano de límites, controles y equilibrios que se configuró para salvaguardar la permanencia de los principios democráticos ante la tentación del poder absoluto. En ese sentido y haciendo honor a nuestra historia en la construcción y consolidación de instituciones, no podemos acompañar el sentido de este dictamen, el cual deja de manifiesto la flagrante intención de derrumbar los cimientos articuladores del Estado constitucional y democrático de derecho, a cuya consolidación han dedicado su vida y obra innumerables generaciones de mexicanas y mexicanos valientes, en beneficio de la integridad de la República. Es cuanto, querida presidenta.