La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Gracias, ciudadano presidente. Apreciables diputadas y diputados, ruego de ustedes unos minutos de su atención para someter a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, 29 G y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el desarrollo legislativo e institucional que ha tenido la materia ambiental y ecológica en México, durante poco más de tres décadas, podemos apreciar la existencia de principios y reglas valiosos en un constante proceso de evolución y perfeccionamiento. No obstante lo anterior, la aplicación de las normas jurídicas y el funcionamiento de las instituciones se advierte francamente deficiente e insuficiente en la práctica. Sería abundar en lo notorio y conocido por todos, mencionar los numerosos casos de violación de las leyes ecológicas, de falta de respeto por diversas autoridades sobre los principios y normas constitucionales y sus leyes secundarias que prevén el dominio, uso y explotación de las tierras, aguas, aire, incluyendo las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y el desprecio con el que las diversas autoridades reaccionan ante el reclamo de particulares y organizaciones por el respeto de sus derechos. El sistema jurídico en materia de medio ambiente y ecología mexicano carece de instituciones con atribuciones suficientes, de mecanismos y procedimientos para atender y garantizar la satisfacción de las demandas de particulares, organizaciones, comunidades y desarrollos urbanos. Formamos parte de una fuerte corriente de opinión que estima que debemos seguir avanzando en el proceso legislativo de protección efectiva al ambiente. Reconocemos que contamos con un marco legal adecuado, conformado por normas nacionales e internacionales que nos permiten conocer con precisión y certeza la materia ambiental y ecológica, los bienes jurídicos a tutelar y los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en las leyes secundarias. Sin embargo, compartimos la convicción generalizada de que las dependencias y organismos que tienen la atribución de cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental no han sabido o no han podido responder adecuada y eficientemente al cumplimiento de su responsabilidad. En la actualidad, la Semarnat, la Profepa y el INE tienen las atribuciones que corresponden a la autoridad ambiental del Poder Ejecutivo de la federación. El esquema anterior se ha mostrado francamente ineficiente. Quien presenta una denuncia popular en contra de hechos, actos u omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o a los recursos naturales entra a un laberinto de trámites, en ocasiones sin salida y sin esperanza, en el que interviene la Profepa y la Semarnat a nivel federal y los gobiernos de los estados y de los municipios, sin que existan reglas claras de juego, ni siquiera en cuestión de distribución de competencias, de tal manera que las competencias se invaden, se traslapan y hasta se contradicen, formando una telaraña densa de intereses personales, regionales y de grupo, propiciando la irresponsabilidad, la corrupción y la impunidad. Se impone contar con mecanismos procesales que permitan plantear las controversias en materia de medio ambiente y ecología. Se plantea como indispensable establecer una jurisdicción ambiental, basada en la estrecha colaboración entre los poderes judiciales, federal y locales, de tal manera que los juicios en materia ambiental y ecológica quedarían exclusivamente sujetos al conocimiento de los jueces y tribunales ambientales. Compañeras y compañeros diputados: el proyecto legislativo que presento a la consideración de ustedes no es el resultado de un esfuerzo personal o particular de un equipo o grupo, sino que tiene la intención de ser la respuesta a un reclamo reiterado y generalizado de amplios sectores de la población mexicana, comunidades rurales y centros urbanos, productores agropecuarios, organizaciones no gubernamentales y simples ciudadanos que, con sensibilidad y preocupación hemos sido testigos del deterioro progresivo e incontrolable del medio ambiente y la ecología, que hemos padecido los interminables e infructuosos trámites ante las autoridades administrativas o que simplemente nos hemos visto impedidos o limitados en el acceso y goce de tierras, playas u otras áreas del dominio público en donde ejerce directamente su soberanía la nación. Es también un proyecto que recoge las ideas y opiniones de investigadores, institutos especializados y líderes de opinión con sensibilidad y orientación social y nacionalista. Estas inquietudes, ideas y reflexiones han sido igualmente recibidas con interés por la Suprema Coste de Justicia de la Nación que, para darles cauce, impulso y viabilidad, ha organizado el Primer Encuentro Internacional sobre Jurisdicción Ambiental, que tendrá lugar en Puerto Vallarta, Jalisco, del 15 al 18 de octubre de este año. Apelo a la conciencia y pido el apoyo de los numerosos compañeros legisladores que han subido a esta tribuna a plantear iniciativas y proposiciones que tienen por objetivo mejorar nuestro sistema legal en materia ambiental y proveer a su aplicación efectiva y justa, a todos aquéllos que han presenciado con tristeza la degradación feroz de nuestros bosques, tierras, aguas, playas, mares y de la atmósfera que nos rodea, particularmente de aquéllos que han sufrido la frustración de realizar gestiones interminables ante autoridades irresponsables, sordas e insensibles. De todos aquellos que coinciden conmigo, y con otras muchas voces, en que debemos seguir avanzando en el desarrollo y perfeccionamiento de la legislación ambiental, ahora con la creación de un sistema jurisdiccional que dé un cauce renovado y fortalecido a las denuncias y demandas que tienen por objetivo preservar nuestro medio ambiente, patrimonio de la nación y herencia de nuestros hijos. Concluyo, señor presidente. A continuación se incluye a la propuesta de proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción XIX-G, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Omito su lectura por razones de tiempo y le suplico instruya lo conducente para que se incorpore íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates, por su atención, muchas gracias.