La diputada Nora Elena Yu Hernández: Honorable Asamblea: Los C. Diputados federales de las distintas fracciones parlamentarias, don fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 123, la fracción II y el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, bajo la siguiente Exposición de Motivos Nuestro país ha sido dañado por el contrabando, derivado en el pasado de la corrupción y complicidad de las autoridades y hoy sustentado en el abuso de esquemas legales que van acabando poco a poco con la economía nacional. Es tiempo que este Poder Legislativo Federal, reaccione y se ocupe en lugar de preocuparse de este gran problema nacional con modificaciones legislativas que pongan freno a estos abusos. De brindar mayores mecanismos a las autoridades y de acotar los alcances de las leyes que han sido indebidamente empleadas para perjudicar a la planta productiva del país. Por tal motivo, los diputados abajo firmantes hacemos un llamado a la unidad por la solución de uno de los más grandes problemas que aquejan a nuestro país, el contrabando y fraude aduanero. Lamentablemente, las cifras que enmarcan este tema altamente sensible para la economía nacional, son alarmantes ya que se calcula que el contrabando en su conjunto, genera poco más de 8 mil millones de dólares que van a parar a unas cuantas manos, sin el consecuente pago de impuestos, cierre de empleos, de empresas y desempleo. En este sentido, la información que hasta el momento se ha generado por el sector productivo nacional como lo es la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, de la Industria Textil, del Vestido, del Azúcar y Alcoholera, de la Cámara Nacional del Fríjol, de la Leche entre otras muchas tantas, han manifestado que las bandas que operan el contrabando técnico o documentado en México, han encontrado para nuestra desgracia, un esquema legal para hacer sus importaciones fraudulentas que van más allá de lesionar los intereses del fisco federal, un sin fin de efectos perniciosos para nuestra economía. En efecto, diversos sectores industriales del país manifiestan haber detectado el modus operandi de estas organizaciones criminales, como lo es el acudir a la tan noble figura del juicio del amparo, valuarte de nuestro control de legalidad y tutor del orden constitucional. El juicio de amparo, como todos ustedes saben, es una instancia que tiene por objeto respetar los imperativos constitucionales en beneficio del gobernado, es por tanto un medio de defensa que permite al gobernado a enfrentarse a esos abusos del poder público y obligarlo, a él también, que respete los mandatos que la ley fundamental dispone. Una de las consecuencias de tramitar un juicio de amparo, es la obtención de la suspensión del acto reclamado, el cual consiste en evitar que el quejoso sufra los efectos o molestias de un acto de autoridad o ley que estando en estudio del tribunal correspondiente, no se determina aún si el acto o disposición legal en cuestión es o no constitucional. En tal virtud, la suspensión para efectos del amparo, es la paralización o detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido no nazca y si ya inició no prosiga o continúe. En otras palabras, que se detenga temporalmente la ejecución de la afectación jurídica al gobernado, tal y como nos lo han denunciado diversas empresas dedicadas al contrabando y defraudación de la autoridad que han encontrado en la figura del juicio de amparo y la suspensión del acto reclamado, un esquema legal que les permite introducir mercancías sin pagar los impuestos al comercio exterior, las cuotas compensatorias o sin cumplir con los permisos o cupos que establece la autoridad competente, para protección de la economía nacional. En efecto, los contrabandistas han diseñado un esquema que consiste básicamente en constituir sociedades mercantiles, utilizando identificaciones falsas para encubrir su identidad ante el fedatario público con el que la constituyen, solicitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente solicitan su incorporación a los padrones generales de importación y sectores específicos que controla el Servicio de Administración Tributaria. Reunidos estos requisitos, se abocan a importar mercancías consistentes generalmente en bienes de consumo final como lo sería el azúcar, el frijol, maíz, telas, vestidos, calzado, juguetes, etcétera, sin el pago de impuestos ni cuotas compensatorias, en virtud de gozar con la suspensión de un juez federal, ya que diseñó su demanda de garantía a manera de que el juzgador no tenga otra opción que la de obsequiar la petición suspensoria del acto reclamado. Por tal motivo, es imperativo que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se reforme en lo concerniente a la suspensión del acto reclamado visto en los artículos 123 fracción II y 124 segundo párrafo, con el objeto de acotar los beneficios de la suspensión de oficio o la petición de parte y excluir toda posibilidad de que los beneficios de dicha figura sigan dañando paradójicamente la economía nacional. En esta tesitura, la seguridad nacional está siendo atentada con este esquema de abuso de importaciones que dañan a la economía nacional, de ahí que se apele a esta Cámara de Diputados, a fin de que comprendiendo las razones que imponen esta medida extraordinaria, se apruebe, en la conciencia que son su apoyo estaría abonando al perfeccionamiento de nuestras instituciones como lo es, indudablemente, el juicio de garantías. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de la Comisión de Economía y distintas fracciones parlamentarias, suscribimos esta iniciativa de decreto por el que reforman la fracción II del artículo 123, la fracción II y el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue: Artículo 1. Se reforma la fracción II del artículo123, la fracción II y el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo para quedar como siguen: Fracción II, artículo 123. "...cuando se trate de algún otro acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; no se otorgará la suspensión del acto reclamado, cuando con ello se persiga la importación de mercancías sin el pago que corresponda de las contribuciones o cuotas compensatorias o sin cumplir con las medidas, prohibiciones, restricciones o regulaciones no arancelarias que establezcan las leyes y acuerdos que emita el Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y siempre y cuando se trate de mercancías consideradas como sensibles. En este caso, el concepto sensible se define como aquella mercancía, que por su naturaleza sea susceptible de competir en el mercado nacional, bajo condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, su valuación, triangulación de países, afecten o puedan afectar la planta productiva nacional. Artículo 124 fracción II.- Que no se siga en perjuicio al interés social de la economía nacional ni se contravengan disposiciones de orden público. Segundo párrafo.- Se considerará, entre otros casos que se siguen, esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la comercialización y venta de mercancías extranjeras, sin acreditar la legal estancia en el territorio nacional. La producción y comercio de drogas enervantes, se permite la consumación de delitos o sus efectos o el alza de precios, con relación a artículos de primera necesidad, o bien, de consumo necesario. Se permite la importación de mercancías sin el pago que corresponda de las contribuciones o cuotas compensatorias o sin cumplir con las medidas, prohibiciones, restricciones o regulaciones no arancelarias, que establezcan las leyes y acuerdos que emita el Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 131 de la Constitución Federal, y siempre y cuando se trate de mercancías consideradas como sensibles. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la campaña de alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza o se permita el incumplimiento de las órdenes militares. A los 27 días de abril del año 2004. Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México. Muchas gracias. -