La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, diputado presidente. La reserva que pongo a su consideración, bueno, de los que están presentes ¿verdad? busca compensar parcialmente la postura excesivamente condescendiente que se ha concretado en el dictamen que se encuentra a discusión. Es una propuesta que busca pellizcar algo de los ingresos extraordinarios que se están asignando a las grandes empresas del sector. Esta reserva retoma algunas de las preocupaciones analizadas durante la Convención Nacional Hacendaria del 2004, cuando la mayoría de las fracciones políticas representadas en el Congreso reconocían la necesidad de que los gobiernos locales contaran con la posibilidad de establecer derechos sobre el uso de su infraestructura. Había coincidencia en la necesidad de obligar a las empresas que ofrecen servicios públicos federales o locales que usan los espacios de infraestructura urbana, los bienes de los gobiernos estatales o locales a pagar a los municipios y a los estados un derecho por el uso de esos bienes. La redacción que se propone en los párrafos tercero y cuarto del artículo 5o., de este dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, podría inducir a las empresas beneficiarias a considerar que no tienen una obligación clara con los estados y los municipios. Por eso me parece que es muy importante puntualizar que los estados y municipios podrán establecer el cobro de derechos a estos consorcios a los que tanto se apapacha. Con respecto a la naturaleza de las contribuciones que se proponen que deben pagar estas empresas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversas tesis aisladas, derechos municipales por instalación de casetas telefónicas. Su cobro no invade la esfera competencial de la Federación. El derecho sobre casetas telefónicas establece un pago por los servicios municipales prestados por el concepto de uso u ocupación de la vía pública por la caseta telefónica y que con ello se involucre la actividad o naturaleza de los servicios prestados por quienes cuenten con una concesión para la explotación de una vía general de comunicaciones. En efecto, el objeto de ese derecho no versa sobre la caseta telefónica, el teléfono, la prestación del servicio telefónico, sino respecto del uso de un espacio público municipal para colocar la caseta. En este sentido, el cobro de derechos municipales por instalación de casetas telefónicas no invade la esfera competencial de la federación y por ende no viola el artículo 73, fracción XXIX, punto cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo que éste prohíbe es la imposición de contribuciones estatales sobre servicios públicos concesionados, lo cual no acontece en la especie ya que se trata de un derecho que grava la utilización que hacen los particulares de un servicio público municipal. Es por lo que propongo sustituir el tercer párrafo del artículo 5 para quedar como sigue: Además de las contraprestaciones económicas que el concesionario haya pactado cubrir con el propietario de un inmueble para instalar infraestructura, los estados, el Distrito Federal o municipios o delegaciones podrán establecer derechos locales por el uso o afectación de la infraestructura urbana. Asimismo, se propone reformar el cuarto párrafo en el siguiente sentido: Una vez cubiertos los derechos locales y garantizadas las disposiciones estatales, municipales y del Distrito Federal, no se podrá restringir la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para la prestación de los servicios públicos que regula esta ley. Esta propuesta dará recursos a nuestros estados y municipios. Señor presidente, tengo otra reserva en el artículo 6.