El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el reto de la política en todo momento y en todo Estado democrático es el de alcanzar permanentemente una convivencia armónica plena y auténtica de todas las libertades, derechos y garantías de los ciudadanos al fin de alcanzar el crecimiento, la seguridad, la protección, el bienestar y la paz social. La política debe ser promotora del diálogo civilizado, dirigido a construir acuerdos entre los actores políticos y sociales, como vía para encontrar soluciones a los conflictos y para promover el bien común. En mi grupo parlamentario reconocemos la preponderancia del diálogo respetuoso y el uso de la política para construir acuerdos que permitan sacar adelante las reformas que se espera transformen de fondo la realidad de nuestro país. En el marco del Pacto por México, en el que si bien no estuvimos incluidos, Nueva Alianza actuó de manera responsable en esta Legislatura, haciendo un trabajo de análisis, proponiendo y participando activamente en la aprobación de las reformas. No debe sorprender dicha actitud de mi partido si consideramos que nuestra génesis es reformista, y entendemos la necesidad e importancia de la inclusión y diversidad de opiniones para construir una gobernabilidad democrática. Consolidar esquemas de corresponsabilidad en la toma de decisiones frente a los desafíos nacionales permitió a esta Legislatura concretar 11 reformas sustantivas que sientan las bases para un nuevo México. Con la reforma político electoral y promulgación de diversas leyes se ha permitido establecer la figura de gobierno de coalición, que transformó al IFE en el Instituto Nacional Electoral con nuevas atribuciones. Se obliga a que el 50 por ciento de las candidaturas de los partidos sean para las mujeres, fomentando la paridad de género. Tema que mi Grupo Parlamentario Nueva Alianza y de manera preponderante mis correligionarias han impulsado permanentemente. De igual modo se regulan las candidaturas independientes para presidente, diputados y senadores. Se crean además nuevas normas en materia de fiscalización para regular el uso y destino de los recursos de los partidos políticos, lo que permitirá se generen condiciones de transparencia y rendición de cuentas, asimismo determinándose nuevas sanciones a diversos delitos electorales. Sin duda estas reformas constituyen un avance en el sistema democrático del país, pero también han tenido desaciertos, como el artículo 87, numeral 13, de la Ley General de Partidos Políticos, que limitaba el derecho ciudadano a votar, viciaba los efectos del voto emitido para decidir la conformación de los poderes públicos, protegía el monopolio partidista y cerraba espacios a las minorías, y que hace tres días fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cierto que la democracia debe tener una representatividad real, pero también se debe defender la inclusión, la pluralidad política y el respeto a los derechos políticos de las minorías. Mediante la reforma en materia de transparencia se fortalece la protección del derecho de acceso a la información, se amplía el catálogo de sujetos obligados directos y se obliga a las autoridades a documentar la información derivada de su actuar. Asimismo, dota de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, factor determinante para garantizar una completa transparencia. Para mi grupo parlamentario de Nueva Alianza la rendición de cuentas es y debe ser una forma de vida institucional. Hoy México transita hacia una nueva era en el ámbito de seguridad. Es innegable que desde el Estado se han implementado acciones tendientes a proporcionar una mayor tranquilidad y seguridad en la población. El informe enviado por el Ejecutivo federal nos dice que se ha neutralizado a 84 de los 122 objetivos prioritarios, de los cuales 71 ya se encuentran ante las autoridades correspondientes. Un indicador lo que es el que los homicidios dolosos disminuyeron un 27.8 por ciento respecto al año 2012. Sin duda esto representa un gran esfuerzo, pero desde la visión de Nueva Alianza hay que ir más allá de las cifras y estadísticas del informe. Es nuestra obligación hacer un profundo análisis de los beneficios reales. En este sentido, Nueva Alianza tiene la firme convicción de que para lograr una seguridad pública plena se requiere una estrategia que privilegie la prevención social del delito bajo un esquema integral que atienda de fondo las causas que generan el fenómeno de la inseguridad. Entendemos que para cumplir con la obligación que tiene el Estado de proteger y salvaguardar la integridad física de la población es necesario tomar acciones precisas y hacer uso de todos los recursos que las fuerzas públicas tienen para castigar a quienes lastiman y laceran el tejido social. Resulta imperativo generar y restablecer las condiciones de seguridad y estabilidad social, las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia deben tener como su más alta prioridad combatir la impunidad, las prácticas corruptas y garantizar el estado de derecho. Nuestro país requiere instituciones fuertes, acordes con sus circunstancias históricas y congruentes con su realidad. En este marco, la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales es una de las principales herramientas jurídicas que abona a mejorar la impartición de justicia al establecer reglas claras en la aplicación de la ley para los presuntos delincuentes, y sobre todo apegada al respeto de los derechos humanos. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza el respeto y salvaguarda de los derechos humanos es una convicción plena que se encuentra en el centro de nuestro trabajo legislativo. Sabemos que es necesario entender los derechos humanos desde una visión de política de Estado, reconocemos que se haya fortalecido la implementación de mecanismos regionales e internacionales en esta materia, lo que ha dado como resultado que de enero a julio de 2014 el número de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigidas a las dependencias integrantes del gabinete de seguridad, fuera 41.6 por ciento menor al del mismo periodo de 2012. Sin embargo, y pese a estos esfuerzos, México sufre importantes déficit en la defensa y protección de los derechos humanos, las violaciones de los derechos a la vida, a la integridad y a las libertades personales, así como también a la no discriminación son motivo de preocupación. Incluso organismos como Amnistía Internacional así lo han manifestado. Las mujeres, los niños, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren constantemente violaciones a sus derechos fundamentales y, peor aún, con escasas o nulas posibilidades de obtener alguna reparación. Si bien el Estado ha implementado el Programa Nacional de Derechos Humanos, el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación para hacer frente a este problema, los reportes sobre abusos y violaciones a los derechos humanos el día de hoy existe. De acuerdo con el reporte de trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México es fuente, tránsito y destino para la trata de personas, para los propósitos de explotación sexual comercial y de trabajo forzado, siendo las mujeres, las niñas, niños y adolescentes las principales víctimas. Datos de la Organización de las Naciones Unidas muestran que cinco de cada 10 mujeres mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Los derechos humanos son tema pendiente también para los migrantes que transitan por el país en busca de llegar a los Estados Unidos y que en su travesía enfrentan discriminación, abuso, inseguridad, incluso la muerte a manos de bandas del crimen organizado. Es necesario implementar acciones decisivas para asegurar avances reales a nivel nacional en materia de protección de derechos humanos de las personas y de la sociedad en su conjunto. En Nueva Alianza reconocemos el interés del gobierno federal por enfrentar los diferentes problemas. Estamos convencidos que el trabajo coordinado entre los Poderes de la Unión y la sociedad, en general, servirá para que nuestro país afronte los retos de alcanzar el bienestar social, que tanto anhela y que tanto merece. Es cuanto, señor presidente.