La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Saludo a la distinguida Mesa Directiva y a los legisladores de esta Honorable Cámara. Para Encuentro Social, la justicia es no sólo uno de los pilares de la esencia y supervivencia de la sociedad y la política, sino que es además una condición suspensiva de todo gobierno democrático. Los principios de legalidad y de constitucionalidad de nuestro derecho mexicano, no tienen otro sentido sino dar certeza a la justicia, que si bien los antiguos romanos definían como dar a cada quien lo que le corresponde, no se da en tanto no haya criterios generales, no sólo democráticos sino inderogables protegidos por el orden público para hacer concreta en las decisiones de un juez esta justicia. Tal justicia descansada principalmente en el derecho formal y cuyas columnas son el principio de legalidad y por la arbitrariedad de este el principio de constitucionalidad, se da en la medida en que se respeta la Constitución y se hace cumplir en cada una de las leyes y reglamentos. Pues bien es de particular interés analizar a fondo la constitucionalidad de las normas oficiales mexicanas, conocidas como NOM, así como su naturaleza jurídica y la manera en que a modo de comuna se ha dejado en manos de particulares y de autoridades de mando medio, facultades que sólo corresponderían al Ejecutivo, como una excepción del principio de división de poderes. Según este principio de división de poderes cuya antigüedad va más allá de Francia, remontándose a Cicerón y Aristóteles, el poder legislativo tiene como función a través del Congreso General de la República, plasmar la voluntad del pueblo en leyes generales y obligatorias a través de un proceso formal y materialmente legislativo. Al Poder Ejecutivo le corresponde a través del presidente, la administración del gobierno, siempre conforme a la Constitución y a las leyes emanadas por el Poder Legislativo. Y finalmente al Poder Judicial se le asigna la tarea de aplicar las normas emanadas por el Poder Legislativo. De la definición de norma oficial mexicana y de los elementos de su naturaleza jurídica se puede deducir también su correcta disposición en la escala del principio de legalidad y del principio de constitucionalidad. La definición de la norma oficial mexicana no es capaz de desentrañar o siquiera asomar su naturaleza. Aun siendo legal, esta definición es anticonstitucional, pues vulnera el artículo 89 fracción I de nuestra Constitución, que otorga al presidente de la República la facultad reglamentaria, a fin de proveer en la esfera administrativa, la exacta observancia de la ley. Es por ello, que al definir la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de la NOM, como una regulación técnica obligatoria, provoca lo que se ha venido dando en los últimos años: El uso y abuso de las NOM configurándolas como herramientas o vehículos de disposición que por su materia, contenido y disposición en relación con otras normas, son una clara violación al principio de legalidad. Si nosotros revisamos esta norma y le damos el sentido constitucional que requiere, podríamos ayudar a evitar conflictos de interés en donde una norma oficial en materia de salud podría obligar a hospitales de forma arbitraria a contar con equipo cuya intromisión en el sector debiera ser materia de ley y, lo anterior por el voto de actores que directamente lucran con la distribución y venta de dicho equipo médico, se ha venido dando como una práctica totalmente equivocada. Por eso es que por lo anteriormente expuesto, es que pongo a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos y fracciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y finalmente de la Ley General de Salud. Es cuanto, diputada presidenta.