El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor Diputado. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el primer párrafo y deroga el párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado Federico Döring Casar. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: El reconocimiento de la dignidad de la persona humana y concretamente de su libertad religiosa, es el camino por el que se han construido las sociedades democráticas occidentales modernas, haciendo posible la convivencia en libertad de una pluralidad de credos religiosos o filosóficos, de tal suerte que la libertad religiosa es un fundamento básico de toda sociedad avanzada, no es de extrañarse que este es el principal derecho que protegieron las primeras declaraciones de derechos humanos. En efecto, sin duda la libertad religiosa y las luchas por imponer la tolerancia religiosa tuvieron un papel destacado en los albores y estabilidad del estado constitucional, al ser condición indispensable para asegurar la paz y evitar que las diferencias religiosas continuaran siendo las causas de las guerras que habían caracterizado la Edad Media, la tolerancia pues se instruye como un cimiento esencial de todo el edificio constitucional. En nuestro país el peso histórico de las relaciones del Estado con las Iglesias, es un factor que ha determinado el establecimiento de requisitos para las asociaciones religiosas ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones, pero ante un México dinámico y evolutivo se hace necesario autorizar nuestro marco jurídico constitucional en materia religiosa. En efecto, desde 1917 a 1992 teníamos en nuestro país un régimen identificado pro un eje colmado de restricciones y prohibiciones de diversa y muy variada índole, circunstancia que provocó un retraso grave en la vigencia del derecho humano de la libertad religiosa. La reforma a realizar en el año de 92 adecuó a las nuevas condiciones de las disposiciones jurídicas en la materia, dichas normas se relacionan con la situación jurídica de las Iglesias, de sus actuaciones religiosas y los ministros y las manifestaciones de culto. El mérito se puede valuar en general en tres vertientes: el reconocimiento de derechos y libertad en el ámbito religioso y por consiguiente las expresiones sociales que habían permanecido restringidas desde 1917. La regulación de la actuación de las Iglesias como sujeto activo de derechos, cerrando la brecha de interlocución entre la iglesia mayoritaria y el Estado mexicano que dio lugar a conflicto históricos, entre ellos, desde mediados del siglo pasado. Y, finalmente la configuración de la expresión normativa de la libertad religiosa del derecho inalienable del ser humano, con lo que se cubrió un vació jurídico en un asunto extraordinariamente sensible para la mayoría de los mexicanos. No obstante dicha reforma ha resultado insuficiente para tutelar de manera óptima la libertad religiosa, y por supuesto quedó rezagada desde su origen ante las normas y convenciones que rigen en este campo en el ámbito internacional de donde se destaca una falta de congruencia entre nuestro régimen interno en materia religiosa, con relación a lo dispuesto en los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito y los cuales son jurídicamente vinculatorios. Así tenemos que el Artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocido como el Pacto de San José, establece el derecho de toda persona para votar, conservar o cambiar sus creencias religiosas y para divulgarlas, tanto en el ámbito privado como público. Precisamente en esta última Convención Internacional creada en 1969 y suscita por México desde 1961 se consagra la libertad de conciencia y de religión en esos términos, los cuales me permito citar: Toda persona tiene derecho a libertad de conciencia y de religión, este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a la limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad del orden, la salud o la moral pública, los derechos y libertades de los demás. De lo anterior, sin demeritar en su gran magnitud los avances en materia religiosa que en su conjunto han traído muchos beneficios para la sociedad, puede afirmarse que en nuestro país algunos aspectos continúan inconclusos; por lo cual se presenta ante esta soberanía una iniciativa de reforma constitucional, a efecto de ensanchar y fortalecer el derecho de la libertad religiosa. Esta propuesta, que se basa en dos aspectos fundamentales, es resultado de un cuidadoso proceso de maduración incluyente, ya que cuenta con el concurso de voluntades, asociaciones religiosas de diferentes credos, para que cubra las expectativas en la materia y aporte nuevos elementos constitucionales y de valor a todos los individuos y grupos sociales, al ampliar los alcances y, por ende, las bondades de la libertad religiosa, teniendo sobre todo en cuenta el principio de responsabilidad. En efecto, la presente propuesta toma en cuenta nuestra historia y el avance democrático que se ha ido consolidando en nuestro país, así como los aspectos culturales. Estamos ciertos que avanzar en el reconocimiento de todas las dimensiones de la libertad religiosa es una necesidad y una exigencia de la dignidad humana. El primer aspecto fundamental de la propuesta tiene que ver con la necesidad de armonizar el contenido y alcance del artículo 24 de la Constitución General, con el artículo noveno de la misma norma máxima, en lo que se refiere al derecho de reunión, eliminando de esta manera la limitación constitucional para que las manifestaciones públicas de carácter religioso puedan realizarse de manera ordinaria, sin necesidad de solicitar un permiso o licencia a la autoridad, en el cual su expedición estaría sujeto al criterio de la misma. Así tenemos que al ser aprobada esta propuesta por el poder revisor de la Constitución, las manifestaciones públicas de carácter religioso deberán ajustase a los prescrito por los artículos 9º y 130 de nuestra norma máxima, constituyéndose, entonces, como una potestad del individuo para reunirse con sus semejantes a efecto de realizar de manera lícita expresiones públicas de carácter religioso y en forma pacífica. Es decir, se debe tratar de actos extrínsecamente de carácter pacífico y cuyo objeto sea lícito, lo que significa que no debe pugnar con las buenas costumbres o normas de orden público. En este tenor, se desprendería de manera correlativa la obligación del Estado y sus autoridades de no condicionar a ningún requisito las manifestaciones públicas religiosas, salvo los contenidos en los artículos constitucionales mencionados, cuya satisfacción quede al arbitrio y a la autoridad. Sin duda, la restricción para realizar de manera ordinaria manifestaciones públicas de carácter religioso no representa más que una reminiscencia del anterior marco jurídico constitucional, que acotaba las libertades públicas en materia religiosa; en tanto que hoy no se puede ir en contra de una libertad fundamental reconocida como derecho humano inalienable por la codificación internacional. El segundo aspecto de la presente iniciativa pretende la sustitución de la expresión de libertad de creencias por el de libertad religiosa, lo que no implica únicamente un cambio de conceptos, sino el empleo de una expresión cuyo alcance y contenido resulta ser la más adecuada respecto al derecho humano que se tutela. En efecto, el derecho humano a la libertad religiosa no se limita a la libertad de creencia, aunque la primera contempla la segunda; mientras que la creencia refiera convicciones radicadas en la conciencia, el derecho a la libertad religiosa es un término más amplio, el cual cuenta con variadas formas en que se ejerce y manifiesta en la vida cotidiana y social. Conforme a las fuentes de derecho positivo, la libertad religiosa posee ciertos elementos constitutivos reconocidos internacionalmente, los cuales son: la libertad de conciencia en materia religiosa, la libertad de culto, la libertad de difusión de los credos, ideas u opiniones religiosas, el derecho a la formación religiosa de los miembros de una iglesia, grupo o comunidad religiosa, el derecho a la educación religiosa, el derecho de asociación religiosa; elementos, éstos, que, si bien es cierto se desdoblan normativamente en el artículo segundo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, es pertinente que, como una decisión política fundamental del Estado mexicano, vayan implícitos en la expresión libertad religiosa en nuestro texto constitucional y no puedan ser cambiados o modificados por el órgano legislativo federal, sino únicamente por el Constituyente Permanente. De los aspectos anteriores se desprendió la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución Federal, para que tal derecho se reconozca de manera amplia en congruencia con las condiciones de diversidad y pluralidad de creencias, confesiones, prácticas y manifestaciones religiosas existentes en nuestro país y en el mundo. Estamos seguros de que nuestra sociedad ha alcanzado un aceptable nivel de madurez en este rubro, para ampliar la tutela a esta dimensión de la libertad religiosa. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: Único. Se reforma el primer párrafo y se deroga el párrafo tercero, ambos del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 24.- "...Toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, así como manifestar de forma individual o colectiva en público o privado las ceremonias, actividades o expresiones de la religión o culto profesado, siempre que no constituyan un delito o falta sancionada por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna". Es cuanto, señor Presidente.