La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: Buenos días, colegas. Deseo aprovechar esta tribuna para hacer una denuncia en contra del presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por haber presentado sin que el pleno de la comisión haya votado ni tampoco haya recibido los documentos, la opinión de esta comisión ante la Comisión de Presupuesto. Hasta el momento, a pesar de haberlo solicitado por escrito, no hemos recibido el anexo que acompañaba esta opinión, que contiene las reasignaciones que se están solicitando en este documento. Co su venia, señor presidente, la casa clandestina es considerada como uno de los negocios ilícitos más lucrativos después del tráfico de drogas, personas y armas. Difícilmente encontraremos una actividad ilegal que deje mayores dividendos. Pero esta actividad atenta contra la biodiversidad, desequilibra los los sistemas, disminuye el capital natural y menoscaba nuestros derechos a un medio ambiente sano. Es una práctica que debemos combatir, sobre todo cuando se lleva a cabo con fines de lucro. La Ley General de Vida Silvestre permite la cacería como parte del aprovechamiento extractivo de las especies o poblaciones tuteladas por este ordenamiento jurídico, ya sea por medio de la caza deportiva de manera acertada o la casa que practican las comunidades rurales para su consumo directo o para su venta en cantidades que satisfagan sus necesidades básicas. Por efectos de la misma ley, estas modalidades de la cacería están reguladas y son compatibles con la capacidad natural de las poblaciones, para reponer los individuos que mueren de esta manera. Y si bien, desde el punto de vista moral la práctica de la cacería deportiva es controversial, también es de reconocerse que el verdadero cazador deportivo suele ser respetuoso de esta normatividad. En contraparte, la caza ilegal es una de las prácticas más nocivas para el medio ambiente, en varias ocasiones practicada por medio de mafias que obtienen grandes dividendos, ya que actúan en contra de especies con alto valor comercial, por ejemplo, una piel de jaguar en el mercado negro aproximadamente llega a costar 150 mil pesos, pero como una triste paradoja, las especies con alto valor comercial que más codician los cazadores cultivos suelen ser las que presentan bajas tasas de natalidad, con lenta madurez sexual y por lo mismo tienen escasa capacidad para reponerse al impacto causado por la cacería. De lo anterior, no es de extrañar que estudios internacionales hayan puesto en evidencia que la cacería incontrolada es la segunda causa por la que se pierden especies, antecedida tan sólo por la destrucción del hábitat. Por ello, señores y señoras, diputados y diputadas, las sanciones que se apliquen por llevar a cabo la cacería ilegal deben ser tales que la inhiban, en efecto deben de sobrepasar por mucho los beneficios económicos que se obtienen por quebrantar las normas jurídicas que protegen las especies. Es decir, estamos pidiendo que se aumenten estas sanciones económicas para así desalentar la codicia de los infractores. Actualmente, las multas señaladas en la Ley General de Vida Silvestre no cumplen con lo anterior, e incluso, en varios casos son menores que los beneficios obtenidos por delinquir y esto debe cambiar. Por lo anterior, Morena votará a favor del presente dictamen. Es cuanto. Gracias.