El diputado Raúl Piña Horta (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Prolongadas fueron las vicisitudes que tuvieron que sortear los héroes que nos dieron patria, desde Morelos, Hidalgo, Juárez, Zapata, Villa y Carranza, para darnos una patria libre que transite por los caminos de la democracia en aras de crear instituciones sólidas que normen la vida de los mexicanos. Implícitamente prevaleció, en la elaboración de la Constitución de 1917, la tesis de Emilio Rabasa, de que la dictadura de Díaz había tenido su origen en la inoperancia de la Constitución de 1857 al haber subordinado en exceso el Poder Legislativo al Ejecutivo, que se caracterizó por una considerable ampliación de las facultades presidenciales. Por ello, invocamos la tesis de Montesquieu, quien por primera vez realiza un modo programático el intento de explicar el Estado y la actividad política sobre una verdadera división de poderes; es decir, ningún poder por encima del otro. Por otro lado, quienes redactaron la Constitución crearon normas básicas del derecho social; le dieron la supremacía a la estructura nacional y le asignaron ciertas funciones específicas como la defensa, la regulación monetaria, y las relaciones exteriores, entre otras facultades. Sin embargo, reconocieron sabiamente la necesidad de tener niveles de gobierno que estuvieran más directamente en contacto con el pueblo y dejaron así muchas responsabilidades en manos de jurisdicciones estatales y locales. La Constitución creada en 1917, en la actualidad vigente, también ha sido reformada en innumerables ocasiones como reflejo de la rápida dinámica social que obliga a una continua adecuación de normas, estructuras e instituciones. No se ha podido cumplir plenamente alguno de los ideales normativos constitucionales, entre otros, vivienda, salud y educación. Cabe señalar que tal disfuncionalidad apunta a problemas estructurales e instituciones relacionados con la educación, la cultura legal y la política de la sociedad, que a su vez depende de las condiciones generales de nuestro desarrollo económico y social. El tiempo y el espacio que nos tocó vivir, obliga a continuar y fortalecer la ruta que nos enseñaron aquellos que ofrendaron sus vidas a cambio de la libertad, justicia e igualdad. Los tiempos actuales, imprimen un dinamismo a la vida de los pueblos y las naciones, por lo que nuestro país debe ir en la ruta democrática sin apartarse ni desviar el camino de la libertad de pensamiento, libertad de expresión, de ideología e imprenta, así como de la asociación política, porque el Estado de Derecho es aquél que respeta y consolida las instituciones que se han constituido a base de luchas legítimas que se fundamentaron en los reclamos y las exigencias sociales y, por lo mismo, no deben ser violentadas ni pervertidas, mucho menos corrompidas a partir de las personas que se encuentran al frente de ellas, porque el abuso del poder trastoca el derecho y ofende a la sociedad y a las instituciones. Corresponde a los ciudadanos el respeto a las leyes, pero más obligación y respeto irrestricto a la carta política. La tienen las autoridades porque todos sus actos deben estar fundados y motivados, ya que cuando se violentan sus principios se envía un mensaje funesto a la sociedad. Nadie debe de estar fuera de la realidad, mucho menos los organismos garantes y encargados de organizar las elecciones porque cualquier acto que deje lugar a dudas pone en tela de juicio los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad sobre los cuales fueron creados Porque de nada vale ser paliativo de intereses mezquinos impuestos desde cúpulas facciosas y partidistas, cuando deben atender al derecho y a la justicia. Por eso el grupo parlamentario del Verde Ecologista de México, en esta tribuna, hace un llamado a las autoridades electorales para que respeten el Estado de Derecho y se apeguen a la Constitución Política, a la legalidad y a la justicia en sus resoluciones, porque nos oponemos y estamos en contra de la arbitrariedad, la injusticia y de la doble moral. Es cuanto, señor Presidente.