El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Muchísimas gracias, presidente. Quiero referirme nada más a la iniciativa que he presentado, con el objeto de que se pueda modificar y adaptar este artículo 77 de la Ley de Amparo. No puedo dejar de pronunciarme con relación a los señalamientos que han recién sido expresados por parte de mi compañera diputada. El tema del interés legítimo en materia de amparo es algo sumamente técnico, que alude desde luego a la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a un colectivo determinado o determinable pueda promover el juicio de amparo, pero del juicio de amparo y de sus sentencias derivan toda una serie de consecuencias que dan lugar, desde luego, a la retrotracción de los efectos de cualquier acto de autoridad y esos actos de autoridad muchas veces benefician a las personas y puede ser terriblemente pernicioso en el ámbito de la impartición de justicia que cualquier persona, aun no habiendo sido parte en un juicio de amparo, después se apersone e intervenga con el objeto de que se impongan sanciones respecto de todas aquellas personas que participan en el procedimiento de ejecución. Pero siendo estos aspectos técnicos sumamente áridos y a los que no me quiero referir, no puedo dejar de hacer notar y expresarles a ustedes desde luego mi rechazo categórico al señalamiento de que el fundamento de la iniciativa pudiera haber sido o pudiera encontrarse en la reforma energética. No hay nada más ajeno a la verdad que ese señalamiento. Como también quiero participarles esta reflexión con relación a la posibilidad de que las comunidades agrarias o los ejidos pudieran verse afectados con la aprobación de la iniciativa que está sometida a su consideración. Es absolutamente falso. Aquí solamente quiero referirme a algo, la doctrina es muy amplia y se reconoce quiénes son sujetos activos de derechos humanos y de garantías. Y respecto de los núcleos de población ejidal y comunal, resulta que los núcleos de población como tal, gozarían de lo que es un interés jurídico, porque tienen una personalidad jurídica propia. De ahí que siendo los núcleos de población ejidal o comunal parte en el juicio de amparo, bastaría con que cualquiera que lo represente acuda para hacer cumplir sus sentencias, para que automáticamente por esto se vean resarcidos en el goce de sus derechos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que sería absolutamente imposible que si se llegara a afectar un derecho de algún ejido o de alguna comunidad agraria, gozando estas de interés jurídico se verían impedidas a través del juicio de amparo a poder lograr el cumplimiento de la sentencia que a ellas les beneficie. Esto es absolutamente falso y desde luego denotaría única y exclusivamente un desconocimiento con relación a lo que la jurisprudencia y la doctrina reconoce ya por cuanto a la titularidad de la legitimación para acudir al amparo a favor de los campesinos y de las comunidades agrarias. Entonces, sí quiero puntualizar nada más que la iniciativa que propongo a ustedes, que ya se encuentra actualmente en el dictamen aprobado en la Comisión, busca única y exclusivamente generar certidumbre. ¿Certidumbre, a favor de quién? De todos los que participan en el juicio de amparo, particularmente a favor de aquellos que se hubieran visto beneficiados por el acto de autoridad respecto del cual se hubiera promovido el juicio de amparo y que en el procedimiento de ejecución de la sentencia pudieran verse rebasados por la intervención de terceros extraños al juicio. Agradezco, desde luego, la consideración que han tomado en leer el dictamen y en tomarse el tiempo para entender estos aspectos tan técnicos y, desde luego, espero que se vote a favor. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.