El diputado Jesús Ramírez Rangel: Con su venia, diputado presidente. Estimadas, diputadas y estimados diputados, las más recientes reformas en los diversos ordenamientos de carácter mercantil que conforman nuestro derecho positivo, tales como el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles e, inclusive, la Ley de Instituciones de Crédito se han orientado por los principios de desregulación, eliminando trámites y cargas adicionales innecesarias para los particulares, sin perder de vista la certidumbre jurídica de quienes intervienen en los actos jurídicos. En tales reformas, los legisladores que nos precedieron han coincidido en el hecho de que la concepción de mejora regulatoria no puede limitarse a los procesos administrativos, sino requiere el análisis y actualización del marco jurídico. Un ejemplo de lo anterior es. la aprobación del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de junio. En tal sentido, el contenido de esta reforma establece que los actos trascendentales de las sociedades mercantiles tales como la constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación deberán ser inscritos en el Registro Público del Comercio, eliminando la inscripción de otros actos que no producen efectos ante terceros, logrando así una aportación significativa a la desregulación y al otorgamiento de un tratamiento jurídico homogéneo respecto de la publicidad de los actos previstos en ambos ordenamientos. La iniciativa de mérito tiene como propósito reformar la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), para permitir que la representación en el otorgamiento o suscripción de títulos de crédito pueda realizarse mediante poder otorgado en escritura pública, sin que dicho poder, para efectos de su validez, tenga que inscribirse en el Registro Público del Comercio. Lo anterior, a efecto de mantener un criterio homogéneo en la normatividad mercantil y eliminar trámites innecesarios. Cabe destacar que esta propuesta de reforma legislativa no solamente es congruente con los criterios legislativos recientes en materia de desregulación, sino de igual manera coadyuva a la consideración efectuada por el Poder Judicial de la Federación respecto de los requisitos legales del otorgamiento de poderes, que ha sido enunciada en diversas tesis jurisprudenciales. Es así que nuestra propuesta se encuentra encaminada a que el otorgamiento de poderes para el otorgamiento y suscripción de títulos de crédito se lleve a cabo en escritura pública ante fedatario público, pero sin que exista una condición de inscripción en el Registro Público del Comercio. Dicho instrumento, logrando mantener la unidad normativa respecto del Código de Comercio y aportando un elemento adicional de desregulación que permitirá una mejor dinámica en las relaciones comerciales. Es decir, subsisten dos hipótesis el artículo 9o. de la ley en mención (LGSM) en mención. En la primera se elimina el trámite de la inscripción en el registro y en el segundo caso, no se propone reforma alguna, ya que el poder señalado se encuentra acotado a la persona a la que se haya dirigida la declaración escrita y el poder para la emisión de títulos de crédito solamente producirá efectos respecto de tales sujetos. Sin embargo, ya que en el supuesto de la primera hipótesis de la fracción IX, la representación se entenderá conferida respecto de cualquier persona, es menester tutelar el derecho de los terceros, del otorgante del poder y de quien llevará a cabo la representación, mediante una medida de fortalecimiento de la certeza jurídica, a través de la constancia de las facultades que se transmiten en una escritura pública, es decir, un poder otorgado ante fedatario público. En tal sentido, la propuesta de otorgamiento de poderes ante fedatario aporta un elemento absoluto de certidumbre jurídica en el desarrollo de las relaciones comerciales, al tiempo que sustituye el trámite de la inscripción en el Registro Público. En este orden de ideas, y a fin de hacer congruente la reforma al artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se propone derogar la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio, que actualmente señala que existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad en el que se anotarán, para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones. De esta forma, se eliminará el requisito de anotar en el Registro Público del Comercio los poderes y nombramientos de los funcionarios de una sociedad. Como se ha dicho, el poder otorgado ante fedatario contiene los elementos necesarios para brindar seguridad y certeza jurídica tanto a los poderdantes, los apoderados y quienes intervienen en actos jurídicos. Además de que permitirá eliminar trámites y cargas innecesarias para los particulares, pues al considerarse de manera optativa su inscripción, ésta deja de ser eficaz cuando sólo algunos poderes y nombramientos son inscritos y otros no. Es importante señalar que la reforma al Código de Comercio coadyuvará a simplificar trámites lo cual redunda en una desregulación en las actividades mercantiles. Por las razones expuestas someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y deroga la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio. Por encontrase publicada dicha iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se integre en el Diario de los Debates. Gracias, presidente.