EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Al grupo parlamentario del Partido del Trabajo le parece de suma gravedad la actitud facciosa que la Legislatura Local del Estado de Yucatán ha estado asumiendo en la conformación del Consejo Electoral Estatal de dicha entidad federativa. La Legislatura del Estado de Yucatán aprob6 el 31 de agosto de este año el decreto 278 por medio del cual ratifica en sus cargos a los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán . Esta aprobación en clara contravención a lo que dispone el Código Estatal Electoral en una muestra de la antidemocracia que en dicho estado se padece y que es auspiciada desde el Palacio de Gobierno en la oficina de Cervera Pacheco. En contra es de resolución fue promovido juicio de revisi6n constitucional ante la sala del Tribunal Electoral de la Federación, cuya sentencia dictada el 12 de octubre en el resolutivo primero establece la revocaci6n del Decreto 278 y deja sin efecto todos los actos o resoluciones emanados del Consejo Electoral. No obstante que la sentencia obligo a la Legislatura del Estado a reponer el procedimiento, al hacerlo volvieron a incurrir en severos vicios de procedimiento en la designación de dichos consejeros. Sobre eta designación volvió a promoverse juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y de nueva cuenta la Legislatura ha hecho caso omiso de los resolutivos de la sentencia. El problema que se vive en el Estado es de índole jurídico político con graves actitudes de violación directa a la norma fundamental. Es jurídico porque la Legislatura del Estado no quiere dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral de la Federación y debemos recordar que en términos del párrafo primero del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Tribunal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, agregando al párrafo cuarto de dicho artículo que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley sobre la Fracción IV las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las contorversias que surjan durante los mismos. Con lo anterior se demuestra fehacientemente que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia y en consecuencia sus resoluciones deben ser acatadas tanto por los órganos electorales y los tribunales electorales locales de la materia, como por los partidos políticos y sus candidatos. Es político porque la Legislatura del Estado al no integrar en cumplimiento la sentencia de la Corte, el Consejo Electoral pone en riesgo la realización del proceso electoral del año 2001 para la renovación del Ejecutivo Estatal, la Legislatura y los ayuntamientos del estado, de carácter constitucional, toda vez que el artículo 116, Fracción IV en su Inciso B) establece que en el ejercicio a la funci6n electoral a cargo de 12s autoridades electorales sean principios rectores de la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia. En el Estado de Yucatán, el órgano electoral es espurio, toda vez que los resolutivos del Tribunal Electoral ordenan que se dé un nuevo proceso de designación de los integrantes de dicho órgano. En consecuencia, todos los actos que emanen del mismo son nulos de pleno derecho y por lo tanto no son válidos para la organización del proceso electoral del 2001, tampoco es imparcial en virtud de que todos sus integrantes tienen clara filiación y simpatía por el Partido Revolucionario Institucional. Estas situaciones ponen en grave riesgo la confianza, la imparcialidad que debe tener todo órgano electoral emanado, encargado de organizar los procesos de elección de los titulares del Poder Público y de los ayuntamientos; en nada se abona a la transformación política que el país se vive en situaciones como la comentada. Tal pareciera que el PRI en Yucatán se quiere convertir en una ínsula en donde las leyes federales no tienen aplicación, soslayando con ello las disposiciones del artículo 41 Constitucional, en que se establece que las constituciones de los Estados en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo no han pasado desapercibidas las sistemáticas violaciones que a la norma fundamental se han dado, por ello, con fecha 12 de marzo de 1997 militantes de nuestro partido promovieron demanda de juicio político en contra del Gobernador Cervera Pacheco y de los integrantes de la LIX legislatura del estado, ya que no realizaron oportunamente las reformas a la Constitución local para ponerlas en concordancia con la Constitución Federal, según el decreto del 21 de agosto de 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto del mismo año, en cuyo penúltimo y último párrafo del artículo 2° transitorio se establecía la obligación para realizar esas adecuaciones en un plazo no mayor de seis meses. Además, con fecha 8 de octubre de 1997 se promovió otra demanda de juicio político en contra del Gobernador Cervera, ya que ha rebasado con mucho el tiempo de duración en el encargo, y en un hecho inédito será gobernador por diez años o más, si toma como pretexto lo que los diputados del PRI de la legislatura local consideran una invasión a la seguridad local por parte del Tribunal Electoral de la Federación. Compañeros y compañeras legisladores: debemos exigir que en el estado de Yucatán se restaure la legalidad y que el Consejo Estatal Electoral quede debidamente integrado, en términos de los resolutivos de la sentencia del Tribunal Electoral de la Federación, para que el proceso electoral del próximo año se dé en las condiciones posibles. Es cuanto señor Presidente.