El diputado Silvio Lagos Galindo: Con su permiso, señor presidente. La presente reforma al artículo 31, fracción IV, tiene por objeto las siguientes Consideraciones El país requiere de una reestructuración en su política fiscal, consecuencia de la problemática que involucra la debilidad de los instrumentos de recaudación hacendaria, excesivo centralismo fiscal, inseguridad jurídica para el contribuyente, inequidad en el trato fiscal y por último, la gran dependencia de los ingresos fiscales del petróleo y sus productos. La transformación y modernización a la cual se ha sometido la estructura del Estado ha dejado ver que las modificaciones realizadas radican en construir un sistema totalmente centralizado y dependiente del Poder Ejecutivo. Dicha estructura no permite obtener los resultados requeridos en un sistema democrático y federal. El sistema tributario requiere de cambios profundos en su origen y estructura, los cuales estén orientados a la construcción sobre un eje independiente a otras instituciones de la administración pública del Estado, con el objeto de asegurar un aparato administrativo que opere con objetividad e imparcialidad. Por lo que se pretende la renovación del Servicio de Administración Tributaria, otorgándole autonomía de gestión y presupuestaria, eliminando así facultades discrecionales. Actualmente el Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de aplicar la legislación fiscal y aduanera, asimismo de proporcionar la información necesaria para el diseño y evaluación de la política tributaria. Con la presente reforma constitucional se busca que el Servicio de Administración Tributaria deje de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para otorgarle autonomía técnica y jurídica, con el fin de procurar un mejor desempeño de sus funciones, evitando así que se encuentre supeditado a otro órgano de la administración pública. La globalización en los sistemas tributarios ha seguido la tendencia de crear organismos autónomos desligados del proceso político de los estados, para lograr una aplicación equitativa de las leyes impositivas, orientada a una recaudación exitosa. Ante la obligación del Estado de garantizar el mejoramiento y fortalecimiento del sistema tributario es necesario considerar una nueva organización para obtener mayores resultados en un nuevo marco de legalidad que pretende convertir al Servicio de Administración Tributaria en un organismo público descentralizado, generando continuidad en las políticas tributarias. Asimismo cabe señalar que será un órgano sin orientación política, imparcial, ante la aplicación de la normatividad fiscal y de comercio exterior. La dirección de uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana debe construirse a través de un proceso democrático y no a discreción del Ejecutivo, como se ha hecho hasta el día de hoy. Lo correcto es que dicha administración sea conducida por un responsable, el cual será designado por la Cámara de Diputados. La persona que encabece el Servicio de Administración Tributaria será designada por el voto de las dos terceras partes de esta Cámara, de una terna propuesta por la misma y la duración de su encargo será de ocho años, pudiendo continuar por un periodo similar, lo cual daría la garantía de la efectividad de la política tributaria. En cuanto a la fuente de ingresos del órgano autónomo es importante señalar que éste contará con su patrimonio propio. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que adiciona el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se adicionan seis párrafos a la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: El Estado contará con un organismo autónomo en el ejercicio de sus funciones y su administración, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará Servicio de Administración Tributaria, cuyo objetivo será el encargarse de la aplicación de la legislación fiscal y aduanera. Este organismo se ocupará en calidad de autoridad administrativa de aplicar las leyes federales, fiscales y aduaneras, emitir disposiciones de carácter general para proveer la observancia de dichas leyes; establecer medidas tendentes a procurar su adecuado cumplimiento, y para ello tendrá, entre otras y en los términos que establezcan las leyes, facultades de inspección, económico coactivas y de imposición de sanciones en los términos que establezcan las leyes relativas. La conducción del Servicio de Administración Tributaria estará a cargo de un director, el cual durará en su encargo un periodo de ocho años, con la posibilidad de continuar por un periodo igual. Éste será nombrado a partir de una terna propuesta por la Cámara de Diputados, con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de ésta o, en caso de encontrarse en receso, de la Comisión Permanente. La administración de este organismo estará a cargo de un director, un secretario técnico designado por éste y con la colaboración del secretario de Hacienda. Las relaciones laborales entre el Servicio de Administración Tributaria y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución. Anexo, señor presidente, los transitorios correspondientes para el momento del análisis ante la comisión a la cual será turnada. Muchas gracias.