La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, Presidente. En el documento Igualdad de trato en el gasto público federal mexicano, elaborado por Conapred, en donde colaboró Mauricio Merino y otras expertas y expertos, mencionan que los principios establecidos en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se establece con toda claridad la obligación del Estado mexicano de planear y ejercer políticas públicas y entre ellas el gasto público para producir condiciones de igualdad entre las personas. Pero lamentablemente el diseño y la ejecución de programas no es muy fácil, nada fácil distinguir los recursos destinados a las políticas públicas que estén dirigidos a grupos específicos. Hay una imposibilidad para poder saber hacia quién y cómo están destinados esos recursos. Sólo los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes. Debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles políticos, económicos, sociales y culturales. Es decir, este principio de interdependencia y de indivisibilidad no está presente en la política social del gobierno de Peña Nieto. Pero tampoco hay progresividad, la progresividad es el compromiso que se tiene para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional. Tampoco la hay. Entonces, la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia la más completa realización de los derechos es inviable en este proyecto. Así, este principio exige que a medida que mejora el nivel del desarrollo de un estado, mejora el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Esto no se visibiliza en el informe que ha dado el señor Peña Nieto. En términos llanos, el texto constitucional ordena a las autoridades del país que dirijan su actuación hacia la protección igualitaria de los derechos de todas las personas, sin ninguna discriminación. Pero, lamentablemente, no ha sido así. A la desigualdad de trato se le considera como cualquier diferencia injustificada en el tratamiento que se ofrece mediante políticas, programas y acciones públicas hacia el conjunto de las personas que son titulares de los derechos que el Estado ha de garantizar. Eso lo propone el estudio de Conapred. Sin embargo, el proyecto y las acciones de Peña Nieto están basadas en la inequidad, en la invisibilidad y en la exclusión. ¿Por qué en la inequidad? Porque otorga recursos en forma diferenciada a un grupo de personas en situaciones vulnerables similares, sin que exista una explicación suficiente y razonable que consiga justificar tales privilegios. También es invisible. ¿Por qué? Porque cuando es imposible ver quiénes son los destinatarios potenciales del gasto público o cuáles son los objetivos específicos que se persiguen, hay una igualación de esos programas en el resultado. Y por último, la exclusión. ¿Por qué hay exclusión en este informe? Porque en los programas cuya población y cuyos objetivos son claramente identificables, lamentablemente en la práctica no están en este documento. Por ello, consideramos que es una ironía que la política social y económica de la comunidad indígena en México siga siendo el grupo discriminado, con el mayor número de programas específicamente dirigidos y que posee el conjunto de programas con los mayores niveles de desigualdad de trato, como lo manifiesta el estudio de Conapred. Por tanto, no hay criterios de equidad; los objetivos y los resultados de los programas no fueron plenamente identificados, así lo dice el estudio. En la mayoría de los programas presupuestar a la población destinataria es invisible, no es cuantificable, no hay una serie de indicadores que nos permitan saber si una mujer pasó en el empoderamiento para frenar la violencia o no, si el crédito le dio mayor nivel de vida, si aquel estudio de salud le permitió un empoderamiento para frenar la situación de salud que tenía o si el pequeño crédito al que fue beneficiaria le permitió cambiar su nivel de vida. Esto no lo sabemos ni viene indicado en el informe del señor Peña Nieto. Compañeras y compañeros, necesitamos mencionar que el México incluyente, del que habla el segundo informe presidencial, dice que el gobierno ha impulsado importantes reformas estructurales con el fin de obtener mayores recursos para atender la demanda social, dice que es el tiempo de implementar un cambio en el enfoque de atención para generar una política social de nueva generación. ¿Qué es eso? Quién sabe. Pero lo define, como a los individuos, como sujetos de derecho y no como receptores pasivos de las políticas públicas. Qué pena que definan esto en el informe y que sigan actuando precisamente a como que la gente es un receptor pasivo de la política pública. No hay ningún cambio, este informe lo pudo haber hecho Salinas, lo pudo haber hecho Fox, lo pudo haber hecho Zedillo, porque no se ven las diferencias claras y concisas en un informe de un nuevo gobierno como lo han predicado. Dice Margaret Thatcher, ¿qué no han entendido que el 80 por ciento de la población tiene que vivir mal para que el 20 por ciento viva bien? Eso es exactamente lo que estamos viendo en el informe del señor Peña Nieto. En los últimos 30 años no ha habido un cambio o una variación significativa, por lo que vemos que es pan con lo mismo. ¿Qué es de diferente la política social planteada? ¿En qué radica la nueva política social de nueva generación? No hay nada de diferencia, porque la matriz intelectual que le ha dado origen es la misma, y no se pueden esperar resultados diferentes si se siguen repitiendo los ejes fundamentales que se encuentran ampliamente limitados. Ahora tenemos el Prospera. El Prospera se supone que va a avanzar en términos educativos para que un chavo o una chava no solamente terminen la escuela primaria, secundaria, preparatoria, sino que ahora estén endrogados toda su vida para pagar esa cuota educativa, como las becas préstamo de las universidades. Los chavos y las chavas piden una beca préstamo y cuando salen le deben al mundo entero, y su ingreso no le da para pagar, y la beca préstamo tarda 15 años para poderla pagar. Es exactamente lo que va a pasar. Pero lo más lamentable es que nunca había habido en este mundo un país que presuma la pobreza, como lo ha presumido el gobierno de Peña Nieto. Qué no les da vergüenza estar diciendo que han incrementado más los pobres, que las mujeres siguen siendo las pobres entre los pobres, que las niñas y los niños se siguen muriendo por enfermedades que son perfectamente prevenibles. Es increíble que Peña Nieto nos haya informado que hay pobres y que lo presuma. Eso es realmente lamentable en este país. Pero además, como dijo Carlos Fuentes, el mercado le ha ganado la batalla al Estado. Y ahora la política le dice a todo mundo, como dice Adam Smith, nadie necesita planear, ningún soberano necesita gobernar y el mercado resuelve todo el problema. Por eso lo que necesitamos es una nueva generación de política de desarrollo social, no sólo de la política social. En México no se ha recuperado la nación del Estado como aquel que garantiza los derechos universales, no se ha reconstituido el Estado social, no se ha prohibido la privatización de la salud, de la educación, del agua, no se han frenado los feminicidios en este país, pero eso no importa, nosotras somos ciudadanas de segunda generación o de segundo plano y no importa si nos seguimos muriendo. Por eso necesitamos que a pesar del Seguro Popular, de las becas a madres solteras, del Oportunidades o del Prospera, de las ollas comunitarias, de las empresas productivas que truenan al año de su inauguración, tenemos un bienestar mercantilizado. ¿Quiere usted estar bien?, entonces adquiera sus bienes en el mercado. Por eso, compañeras, compañeros, preguntamos, ¿qué mecanismo del Estado han diseñado para estabilizar los precios de los alimentos? ¿Alguien nos puede decir cuál es y cómo le hacen para diseñar el alza de estos alimentos? Señoras y señores, nos van a decir ustedes que con las reformas estructurales todo va a cambiar, y lo volvemos a decir desde esta tribuna; dejamos ir la posibilidad de construir un Estado soberano, que antes que satisfacer las apetencias desorbitadas del capital trasnacional hubiese satisfecho el apetito de los más de 50 millones de pobres que tanto cacarea el gobierno federal. Ésa es la principal obligación y se ha rendido ante ella. Por eso tratemos con mayor enfoque, con mayor respeto el enfoque de derechos humanos en la política pública, para que los derechos sociales vayan tomando carta de ciudadanía en la vida cotidiana de las y los mexicanos. Sigue siendo un Estado fallido, lo ratificamos. No hay menos violencia; no hay una mejor educación para las mujeres; no hay una interrupción legal del embarazo en este país, y en el Presupuesto federal que hemos analizado durante seis años ha sido un largo y tortuoso camino que una mujer acceda a un pinchurriento crédito de 5 mil pesos, donde la Sedatu le pone a una micro financiadora par que venga desde no sé dónde a tomar un taller y regrésate por el documento y vuelve a venir. Por pinchurrientos 5 mil pesos hace un relajo para que esa mujer, en lugar de cocinar unas tortillas en la esquina de una colonia pueda tener un techito. Ha sido un fraude el programa social de Peña Nieto. No es cierto que las madres jefas de hogar han mejorado su calidad de vida; no es cierto que el transporte es mejor; no es cierto que las carreteras son lo máximo y no es cierto que la pobreza se ha disminuido en este país. Somos un Estado fallido porque le ha fallado a su gente y le ha fallado a las personas que tienen mayor situación de vulnerabilidad, las y los pobres siguen siendo más y ahora se presume eso en un informe de gobierno. Gracias.