El diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos: Con la venia de la Mesa Directiva. A nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de su presidente, el diputado Jorge Estefan Chidiac, me permito poner a consideración del pleno de esta honorable asamblea el dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, correspondiente a la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre del año en curso. La Ley de Planeación es un ordenamiento fundamental para que el Estado dé cumplimiento al mandato constitucional previsto en el artículo 25 de nuestra Carta Magna y garantizar que el desarrollo de nuestro país sea integral, sustentable y que permita, entre otros fines, fortalecer nuestro régimen democrático, así como fomentar el crecimiento económico. Sin embargo, esta ley fue expedida el 5 de enero de 1983 y han transcurrido casi 35 años sin que se haya hecho una reforma de fondo, lo que la ha convertido en un instrumento jurídico anacrónico en relación con los retos que México tiene que afrontar, en un mundo tan dinámico y que vivimos el día de hoy. Sin embargo, el dictamen que hoy se somete a su consideración y aprobación tiene por objeto dotar al Estado mexicano de herramientas necesarias para implementar los elementos estratégicos que permitan una planeación nacional de desarrollo, con un enfoque orientado a los resultados y una perspectiva de largo plazo, que permita consolidar un gobierno productivo y eficaz en el logro de sus fines y que además sea acorde con la visión y los principios plasmados en nuestra Constitución Política, así como aquellos adoptados mediante los tratados internacionales a los que México forma parte. Ejemplo de lo anterior es la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para lo cual los estados miembros, entre los cuales se encuentra nuestro país, se han comprometido a realizar acciones para el logro de un desarrollo universal sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental y permitir que los seres humanos convivan en un mundo sin pobreza, hambre, enfermedad ni privaciones, un mundo sin violencia, en el que la alfabetización sea universal y el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación sean lo común y lo cotidiano para todos. La aprobación de este dictamen que hoy sometemos a la consideración suma esfuerzos a los ya realizados por nuestro país, ya que prevé la potestad para que las siguientes dos administraciones consideren en los planes nacionales de desarrollo, que habrán de aprobar esta honorable Cámara de Diputados, las estrategias necesarias para el logro de objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la agenda y con ello se institucionaliza, a través de esta ley, que el desarrollo de nuestro país pueda alinearse con los objetivos de la comunidad internacional, comprometidos a alcanzar los logros de sus fines. Por otra parte, se ha detectado una laguna jurídica en la Ley de Planeación que ha obstaculizado la uniformidad, congruencia y seguimiento en la planeación nacional del desarrollo a lo largo de cinco sexenios desde su entrada en vigor, y es la falta de regulación respecto a los elementos de criterios mínimos que debe contener el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, especiales, regionales e instrumentos, situación que además de lo anterior genera una gran discrecionalidad por parte del Ejecutivo federal, para determinar el contenido de cada uno de estos instrumentos e incluso cómo deben ejecutarse y darles seguimiento. Por ello se considera necesario establecer la Ley de Planeación, los elementos mínimos que el plan de desarrollo y sus programas deben contener, para brindar certidumbre jurídica y estabilidad en los criterios que cada administración deberá cumplir en la elaboración, ejecución y seguimiento de los instrumentos de la planeación nacional del desarrollo. Finalmente y no menos importante, se destacan las reformas relacionadas a la atribución exclusiva conferida en el artículo 74, fracción VII, de la Constitución Política de nuestra República, a esta honorable Cámara de Diputados, para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública propuso precisar el alcance de la atribución de la Cámara de Diputados en relación a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que envía el Ejecutivo federal, lo cual deberá enfocarse en la verificación de que dichos instrumentos incluyan los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de nuestro país. Compañeras y compañeros, quiero reconocer ante el pleno de esta Cámara la voluntad y el consenso de las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para aprobar el dictamen conforme a lo antes expuesto, pues se logró sumar esfuerzos viendo más allá de los principios y posturas de nuestras afiliaciones políticas, con gran visión para legislar por y para beneficio de México, por y para el desarrollo de nuestro país, por y para el bienestar de todos los mexicanos. Y de manera muy respetuosa, los invito para que el ejercicio de democracia y unidad que logramos realizar en el seno de la comisión se replique en este salón, aprobando el presente dictamen que se somete a su consideración, anteponiendo y pensando siempre en el beneficio de México. Muchas gracias.