El diputado Marcos Aguilar Vega: Compañeras y compañeros diputados, como es del conocimiento de todos ustedes, en el presente mes se llevaron a cabo foros de discusión acerca de la Guardia Nacional. Entre los participantes se contó con la participación del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien señaló, entre otras cosas, que no se garantiza que no habrá violaciones graves de los derechos humanos con la fusión de las Fuerzas Armadas. A su vez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificó de delicado y grave que el mando y adscripción de la Guardia Nacional esté en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunado a lo anterior, el pasado 20 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional por desaparición forzada, así como falta de investigación y esclarecimiento de los hechos ocurridos en 2009 en el ejido Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua, que involucran a militares que participaron en el operativo Conjunto Chihuahua. Los jueces del Tribunal Regional recuerdan que desde 2010 hay una manifiesta preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con México por el creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de elementos castrenses. Entre otros puntos torales de dicha sentencia, declaró por unanimidad que el Estado mexicano es responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes. Y, en consecuencia, por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica a la vida, a la integridad personal y a la libertad, entre otra serie de violaciones. La Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles y que cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad la participación de las Fuerzas Armadas debe ser, en primer lugar, extraordinaria. De manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. Segundo, debe ser subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial. Tercero. Regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad, y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia. Cuarto. Fiscalizada por órdenes civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. En Acción Nacional hacemos un reconocimiento y agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas en las labores que han desempeñado y para las que han sido creadas, pero no queremos que se encarguen de tareas que le corresponden a la autoridad civil. Los diputados del PAN dejaremos constancia de la advertencia que el día de hoy presentamos, no podemos tolerar que se engañe a nuestro pueblo, diciendo que se trata de un gobierno abierto cuando en realidad es sordo y ciego a las advertencias y recomendaciones, tanto de la sociedad civil, como de los organismos y sentencias de tribunales internacionales. Es por ello que respetuosamente invitamos a las diputadas y diputados presentes, a reflexionar y votar en favor de la presente reserva. Es cuanto, señora presidenta.