La diputada Clementina Marta Dekker Gómez: Diputadas y diputados, muy buenas tardes. Según el VI Informe del presidente, la más alta prioridad del gobierno de la República es la defensa de los derechos y la promoción del bienestar de los mexicanos que residen en el exterior. Sin embargo, lo logros que informa en este tenor, tienen que ver con la reducción del tiempo de espera en los consulados. Y no con la protección que el Estado provee a los mexicanos. En el marco de la crisis de derechos humanos que viven nuestros hermanos y hermanas connacionales en Estados Unidos, donde están siendo arbitrariamente deportadas y deportados, separados de sus familias, es una burla y un destino, no solo en la elección de palabras, sino en el desarrollo de la política de México. Así como los mexicanos en el exterior merecen mucha mejor atención y protección de nuestro gobierno, nuestros hermanos migrantes centroamericanos merecen el mejor de los tratos. Así como el desarrollo y la implementación de políticas migratorias que no los criminalicen ni deporten con lujo de violencia. En términos de la protección y la responsabilidad que nuestro gobierno tendría que tener con nuestros hermanos migrantes centroamericanos, lo único de lo que se puede preciar el actual gobierno es de intentar impulsar un programa piloto de prevención social de la violencia y delincuencia para población migrante. Sin embargo, simultáneamente se expresa como un logro de Enrique Peña Nieto el haber deportado a 81 mil 231 personas en 9 meses, un logro, así lo manifiesta, de los cuales se les garantizó el retorno asistido solo a 78 mil 355. De estas personas deportadas, únicamente 899 tenían razones legales, es decir órdenes de aprehensión en sus países para ser regresados. Entonces diríamos, ¿cuál es el papel que querría y debería jugar México en el mundo? ¿Cuál es su responsabilidad global de la que presume el documento presentado, el VI Informe? Preciarse, como lo hace el gobierno de la República, de las visitas y presencia del presidente en varios países y del número de llamadas telefónicas que intercambió con Donald Trump, mientras que toda su familia presidencial y un gran número de invitados aprovechaban el avión presidencial para darle la vuelta al mundo, rodeado de lujos, en lugar de posicionarse ante las políticas arbitrarias de nuestro vecino del norte no refleja precisamente una responsabilidad global del actual presidente. Bajo esta dinámica, estamos ante una gestión marcada por la omisión y la negligencia. Constancia de lo anterior son diversos episodios ajenos al espíritu de la diplomacia mexicana. Baste recordar la crisis diplomática con el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que comentó el señor Juan Méndez. En esa ocasión el mencionado funcionario del organismo internacional afirmó en su informe final de su misión a México, que la tortura es una práctica sistemática y generalizada en los distintos cuerpos policiacos y castrenses. En lugar de aceptar las recomendaciones y trabajar para erradicar esta práctica, el gobierno lanzó una campaña en contra de la persona del Relator. Sin embargo, lo que más preocupa del actual gobierno que está por concluir fue la falta de compromiso ante las obligaciones internacionales que México suscribe, como la del cambio climático y es promotor de iniciativas tan importantes como la Agenda 2030, o los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, México no cumple y no da seguimiento a las recomendaciones que emanan de estos organismos internacionales. México a lo largo de su historia ha demostrado liderazgo en la región, muestra de esto es que nuestro país ha firmado los convenios y tratados internacionales que le ponen en la mesa. Por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT, donde se compromete a reconocer y proteger a los pueblos indígenas, documento firmado que no ha cumplido a cabalidad. Otro más es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, el cual tampoco ha cumplido, ya que en las pasadas legislaturas no ha existido voluntad política para armonizar las leyes, con dichos instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades originarias. México también es reconocido por la comunidad internacional por la iniciativa privada, como un paraíso fiscal, donde se le condonan...