El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la fracción del Partido Verde expresa su solidaridad con el dolor que enluta a decenas de miles de familias mexicanas por la pérdida de la vida de un ser querido con motivo de la lucha contra la delincuencia organizada. Son ellas, estas familias y sus víctimas los primeros que tenemos en la mente cuando cumplimos nuestra función política. Condenamos enérgicamente y repudiamos en forma categórica el programa que a espaldas del pueblo de Estados Unidos de América han conducido miembros de su gobierno con el objeto de construir en nuestro país un laboratorio, un terreno de experimentación bajo el nombre de Rápido y Furioso para que en la identificación de los caminos del crimen se dote de armas a la delincuencia para matarse entre sí, para combatir a las fuerzas del Estado o para atentar contra la vida de los ciudadanos. No concebimos la perversidad y la inmoralidad de la idea, mucho menos la vergüenza de mantenerlo en el sigilo. El ejercicio de cualquier liderazgo mundial y la conservación del prestigio para ostentarlo, no pueden comprenderse sino cuando se forjan sobre bases apegadas a la ética y a la moral. Rápido y furioso atenta contra los principios más elementales del derecho internacional y evidencia una política inhumana que se viene haciendo sentir a lo largo de la frontera. El programa constituye un franco retroceso en la construcción de confianza mutua en la relación de dos gobiernos vecinos. El poderío bélico y económico se ha ubicado en la jerarquía de sus prioridades por encima de los derechos humanos. Una decisión inconcebible en nuestros tiempos. Reprobamos de manera absoluta la conducción del problema por parte del gobierno mexicano; la reacción diplomática ha sido totalmente insuficiente con relación a la magnitud del agravio que ha sufrido nuestro pueblo. La opacidad en la revelación de información generada resulta inexplicable y hasta cierto punto ofensiva. Más allá del exhorto a que se refiere el punto de acuerdo que nos ocupa, demandamos y exigimos del Poder Ejecutivo que cumpla con el deber que la Constitución y las leyes le imponen de salvaguardar la soberanía nacional comenzando por el mantenimiento de la seguridad territorial a través de nuestros puertos y fronteras. El hostigamiento aduanal del que somos presas en los aeropuertos, no es una muestra fiable de que las autoridades competentes estén haciendo lo necesario para proteger los intereses de los mexicanos. Sería imposible que se termine con la ola de violencia que mantiene a los mexicanos en la zozobra si por el abandono de la responsabilidad legal se sigue permitiendo el ingreso impune de drogas, armamento y criminales, insumos esenciales del fenómeno que ansiamos erradicar. El descuido que ha cobrado la vida de mexicanos, arroja una responsabilidad histórica que debemos subrayar. Compartimos plenamente la intención que consigna el primer punto resolutivo del proyecto de acuerdo que se ha presentado ante la asamblea por parte del Partido del Trabajo. Debe exhortarse al Ejecutivo para que cumpla el mandato inequívoco del artículo 1o. constitucional. Que se investigue, que se finquen responsabilidades y que se sancione a los responsables que han tenido que ver con la instrumentación de Rápido y furioso. Expresamos nuestro reconocimiento al diputado por haber suprimido de su punto de acuerdo el segundo resolutivo. Desde luego que tratándose del fincamiento de responsabilidades patrimoniales no podemos soslayar el hecho de que hay otros elementos jurídicos que se tienen que cumplir, los cuales pudieran ser dudosos en el caso concreto. Por lo mismo, apoyaremos la firma del punto de acuerdo exclusivamente con el primer punto resolutivo. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.