La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Con su permiso. El Instituto Nacional Electoral tiene por cometido esencial el vigilar que la equidad sea un principio toral en los procesos electorales. Todos los actores políticos estamos obligados a conducirnos bajo esa premisa. Y, desde luego, los tres poderes de la unión tienen quizás la mayor responsabilidad que ningún otro para adaptar el principio de neutralidad, especialmente durante las campañas electorales. Y esta disposición no surge de la noche a la mañana. México tiene una historia negra de intervenciones de parte del poder público a favor o en contra de determinada fuerza política. Y buena parte de estas intervenciones, hay que decirlo, pueden provenir del presidente de la República, como de hecho sucedió en muchos años pasados. Para ser justos, todos los partidos políticos aquí representados y buena parte de los liderazgos políticos del país han sufrido en distintos momentos de la historia contemporánea del país de este tipo de intervenciones ilegítimas, indebidas, pero, sobre todo, anticonstitucionales. El apartado C, fracción III del artículo 41 de la Constitución es claro y contundente al disponer que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral comicial, deberá de suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de cualquier otro ente público. Esta norma constitucional es precisa también en cuento a sus excepciones, precisando que solo podrán divulgarse las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas también a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de una emergencia. Las intervenciones de todos los días del presidente de la República han recibido el título eufemístico de conferencias. En realidad, todos los sabemos, que están conformadas por un 10 por ciento de información y un 90 por ciento de propaganda. De ahí la propuesta del consejero presidente del INE, en el sentido de que a partir del 3 de abril cese la difusión íntegra en medios. Si bien esto no significa, como lo ha precisado el propio consejero presidente, que deba suspenderse su celebración, y en cambio sí implica que debe permitirse en todo momento la divulgación amplia de aquella información que se ajuste a lo que la Constitución establece. De ahí es que la reacción del presidente de la República ante esta solicitud es un extremo preocupante. En primer lugar, lo es porque se desdice de su propia postura cuando fueron suspendidas, acción con la que él estuvo de acuerdo, las trasmisiones íntegras de sus conferencias en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, para no influir en las elecciones de esos estados en el 2019. Y lo mismo sucedió en Hidalgo y Coahuila en el 2020. En aquel momento dijo, incluso, que se trataba de una medida conveniente para fortalecer la democracia. En segundo término, es preocupante porque se da en el contexto de una campaña de descalificación montada desde la propia Presidencia de la República, para golpear a los órganos constitucionalmente autónomos y buscar su eliminación o, lo que es peor, su incorporación a la estructura gubernamental de la administración pública. Es más grave aún, sin embargo, golpear al árbitro electoral a meses de una jornada de las dimensiones y de la importancia del 6 de junio próximo. Finalmente, es preocupante porque disfraza la necesaria aplicación de la medida como censura, y cuando exige al INE que establezca la diferencia entre lo que es propaganda y lo que se supone garantizar el derecho a la información... El presidente senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar: Su tiempo, senadora.