EL DIP. MIGUEL ALONSO RAYA: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas: Los suscritos diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones: A lo largo del Siglo XX, por mandato constitucional el Estado Mexicano realizó esfuerzos para mejorar la educación básica a través de políticas como la ampliación de la oferta, la actualización y flexibilización de los contenidos, el enriquecimiento de la práctica pedagógica y la mejora de la infraestructura escolar, entre otros. Desgraciadamente mucho de ese esfuerzo se quedó a la mitad del camino en virtud de que no se ha contado con un sistema de gestión honesto y eficiente, lo que, junto a una baja inversión en el rubro, impidió que se construyera una política de Estado en materia educativa. Justamente uno de los ejes estratégicos para el desarrollo educativo que ha sido profundamente descuidado es el de la educación de los futuros maestros. Según la información oficial, durante la última década se reformaron los planes y programas para la formación de nuevos maestros, orientándola más a la práctica y a la aplicación de los avances didácticos y fortaleciendo la organización e infraestructura educativa de las escuelas normales. Según se ha podido ver, esas acciones no cumplieron con su cometido, pues además de que privó un enorme desorden institucional, hubo poca inversión y se privilegió la educación privada orientada a la formación de los futuros docentes en detrimento de la educación pública. Los efectos de este avance avasallador de la formación privada de los maestros hoy es evidente, como sucede en otros niveles educativos; en la última década el crecimiento indiscriminado de la educación normalista privada, ha significado que hoy en día atienda el 40% de los estudiantes contra 60% de los que estudian en la pública. Esto no sería algo negativo por sí mismo, si esa educación privada fuera complementaria y no sustitutiva de la que imparte el Estado, como se impulsó desde el antiguo régimen y como se impulsa más decididamente desde el Gobierno actual. Tampoco sería negativo, si esa educación privada se dirigiera a la formación de los nuevos docentes en aquellas regiones y estados del país en donde la educación básica es todavía una promesa para más de un millón y medio de niños y niñas, como reconoce el propio Programa Nacional en la materia. Pero eso no ha sido así, ni lo será, pues la inversión privada no va dirigida a los sectores en marginación social, que son los que justamente presentan el mayor atrasado educativo. Si tomamos en cuenta que el subsistema de educación normal enfrenta rezagos y carencias históricas que le han impedido cumplir plenamente con su cometido a partir de la reforma constitucional que en materia de educación pre-escolar aprobó el Constituyente Permanente, la educación normalista enfrentará retos sin precedentes. La reforma constitucional que hace obligatoria la educación pre-escolar para los menores de 3, 4 y 5 años, implica que en los próximos años, en los plazos de aplicación de la obligatoriedad que señalan los transitorios de la reforma, se necesitan nuevas escuelas y nuevos maestros para más de 2 millones 400 mil niños y niñas, esto es, casi el 80 por ciento de la matrícula actual. ¿Cómo vamos a enfrentar este reto si se está dejando en el olvido el sistema de educación normal? El propio programa sexenal contempla el fortalecimiento de las instituciones de formación inicial para maestro de educación básica, mediante la consolidación de la reforma de planes y programas de estudio, el mejoramiento de la gestión institucional, la regulación del trabajo académico y la elevación sistemática de las escuelas normales; la realidad es que poco se ha hecho al respecto. Los mismos informes del gobierno omiten mención al cumplimiento del avance en las metas para el 2002 y 2003 de ese objetivo, entre los que destacan: crear mecanismos para la evaluación objetiva y sistemática, efectuar la evaluación institucional externa de las escuelas normales, así como actualizar en procesos para mejorar la organización académica y la gestión institucional. Lo único cierto, es que el sistema de educación normal sigue padeciendo una crisis estructural, que de manera recurrente repercute en el Subsistema de Normales Rurales e incluso en la propia Escuela Normal Superior. Hoy nuevamente es el Mexe, una de las aristas del problema del sistema educación nacional, que también se expresa en Matumatzá, Chiapas; Atequiza, Jalisco y en Ayozinapa, Guerrero, o como sucedió el año pasado, en Amisingo, Morelos o en la Escuela Normal Ricardo Flores Magón, de Saucillo, Chihuahua. Año tras año, los alumnos de la Normales rurales elevan demandas que buscar preservar el modelo educativo que ha mostrado diversos resultados cuando hay apoyo real y no sólo respuestas policíacas. En lugar de apostar a una salida de fondo que atiende las causas que tienen en una situación de zozobra a ese modelo educativo, que es pieza clave del subsistema de educación normal, las autoridades locales y federales sólo han atinado a dar respuestas parciales que aplazan peligrosamente la solución de un problema que todavía se encuentra en los linderos de la educación y que amenaza con desbordarse en violencia social y política. Los suscritos queremos que se fortalezca el perfil social y educativo de avanzada que significan las normales rurales, para que sean maestros normalistas y no alumnos de bachillerato los que cumplan con la educación de calidad que todos los niños del país, no sólo de las escuelas urbanas, merecen. Creemos que con ello, las escuelas rurales, unitarias y videocentes resultarán benéficamente transformadas, no estamos por cerrar escuelas sino por fortalecerlas y transformarlas. Por ello concordamos con el llamamiento que están realizando gobernadores de diverso signo político y de los distintos estados de donde se asientan las normales rurales, en el sentido de que se debe transformar integralmente este modelo de educación normalista, siempre y cuando esto redunde en su fortalecimiento y en la creación de escuelas para hijos de campesinos con internado y con perspectiva de futuro. Igualmente coincidimos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en defensa del carácter público y nacional que debe tener este Subsistema Educativo de Calidad, que forme auténticamente a los futuros docentes para enfrentar los retos educativos que nos demanda nuestro país. Hacemos un llamado a esta Cámara de Diputados para dar seguimiento a la actuación de las autoridades educativas, que tiene la obligación de transformar este importante nivel educativo, y al mismo tiempo, proponemos acompañar este necesario proceso de transformación mediante el diálogo y la aprobación de reformas a los ordenamientos legales que deriven de aquel proceso. Con base en estas consideraciones, me permito proponer a esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a las autoridades educativas federales y estatales, para que instrumenten un plan de desarrollo estratégico de la educación normalista en nuestro país, a fin de que se fortalezcan los programas de formación de docentes, en particular el subsistema de normales rurales. Segundo. De la misma manera, se convoca a dichas autoridades a que junto con el Legislativo Federal se conforme una comisión para que de inmediato coordine las acciones necesarias y en el marco de sus atribuciones atienda las causas de los conflictos que se suceden año tras año en las escuelas normales rurales del país. Compañeras y compañeros, no es posible tener docentes que forman las futuras generaciones, improvisando maestro o comisionando maestros de educación básica, a que vayan a dar clases a las escuelas; no es posible tener maestros de calidad, cuando no se ha sido capaz de integrar un verdadero sistema nacional de formación y actualización de docentes; no es posible que enfrentemos el rezago educativo en las comunidades rurales improvisando docentes y cancelando expectativas de plazas a los maestros que egresan de las normales rurales; no es posible que miles de escuelas unitarias cividocentes sigan sin tener los maestros que requieren para una educación de calidad. Por ello la exhortación, y este punto de acuerdo lo firman: por el Partido de la Revolución Democrática, un servidor; por el Partido Revolucionario Institucional el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría; por el Partido del Trabajo el diputado Amadeo Espinosa Ramos, y por el Partido de Convergencia, Luis Maldonado. Gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, señor Presidente. -