La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidente. Presentaré estas reservas e iniciaré primero con la del artículo 2o., que tiene que ver con el objeto de la Ley de Competencia. El objeto de la Ley de Competencia, como ya habíamos dicho en estricto sentido académico, tiene que ver con la entrega de valor a los usuarios del mercado, en este caso a los ciudadanos. Sin embargo, la competencia tiene finalmente, a nivel país y para nosotros como legisladores, un objetivo más grande y este objetivo tiene que ver con que ni tanto Estado, ni tanta iniciativa privada para poder manejar y controlar un mercado. ¿Y a qué nos referimos? Ni la mano invisible de Smith, ni la excesiva intervención del Estado a través, aparentemente de órganos que ahora son metagubernamentales como es la Cofece, no permitan el crecimiento del mercado interno de este país. Cuando nosotros damos atribuciones sobre regulatorias para que una empresa pueda ser disuelta a petición del Ejecutivo, sin prueba dada, como lo contempla el artículo 66, entonces estamos enfrentándonos a dos problemas: primero la intervención de un órgano, que como he dicho, no es parte estructural de los tres Poderes de la Nación, sino que puede ser considerado metagubernamental, pero además de la capacidad de procedimiento digamos preferente que se le dará al Ejecutivo. Nosotros que el artículo 2o. debe de incluir que el objeto de la ley no solamente es el de promover y garantizar la libre concurrencia, sino también el crecimiento productivo, industrial y económico de este país. ¿Por qué? Porque al contrario que con la nueva Ley de Competencia nosotros creemos que el problema de la falta de crecimiento en México viene desde hace más de 30 años como ya lo ha dicho el diputado Orive en esta tribuna; pues solamente de 2011 ahora en 1980 México es menos productivo. Necesitamos acabar con la poca productividad de las empresas, específicamente de las Pymes y de las Mipymes. Si no hacemos objetivo de esta ley específicamente no solamente que regule mercados o que regule bienes y servicios, sino que tenga una visión más allá y que esa visión más allá sea la del crecimiento interno de este mercado, no la de disolver empresas, entonces nosotros estaríamos hablando de una ley completa. Ésa, compañeras y compañeros diputados, es la primera reserva que nosotros estamos presentando. Es muy sencilla. Modificar el objetivo de esta ley para incluir no solamente el crecimiento económico sino también el crecimiento industrial y sectorial de este país como objetivo de la Ley de competencia, porque si no lo hacemos así entonces esta ley quedaría incompleta. La segunda reserva que estoy presentando tiene que ver con el artículo 66 que da una atribución preferente al titular del Ejecutivo para iniciar procedimientos. Permítanme leerles para que ustedes sepan qué es lo que estamos discutiendo. Dice el artículo 66: La investigación de la comisión iniciará de oficio a solicitud del Ejecutivo federal por sí o por conducto de la secretaría, de la procuraduría o a petición de parte y ésta estará a cargo de la autoridad investigadora. Ésta es la parte interesante, compañeros diputados, para aquéllos que evidentemente nos están escuchando, y sobre todo para los mexicanos que están interesados en esta ley. Dice el artículo 66 actualmente: No será necesario que la solicitud de investigación presentada por el Ejecutivo federal o la procuraduría cumplan con los requisitos señalados por esta ley. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dándole no solamente un procedimiento preferente al titular del Ejecutivo y al titular de la Procuraduría de la Nación, sino que además estamos diciendo que pueden iniciar procedimientos sin aportar pruebas. Hablemos de un Estado que no es que exista en este país, pero de un Estado autoritario; un Estado que quiera vengarse de una empresa o de un sector que no le apoyó en su campaña; o vayamos un poco más allá. Digamos que el titular de un gobierno quiere de alguna manera acabar con una empresa de una u otra manera. ¿Qué es lo que sucede? Se iniciará un procedimiento como dice este artículo 66 de oficio, y no tendrá que aportar definitivamente ninguna prueba el titular del Ejecutivo o el titular de la procuraduría. Nosotros creemos que en un estado de derecho, el estado de derecho debe de guardar las formas y debe de garantizar los derechos para absolutamente todos. No pueden ser tratados diferente aquéllos que sean perseguidos o investigados por la Cofece voy a utilizar investigados más que perseguidos, solamente porque la solicitud haya venido por el titular del Ejecutivo o no haya venido por el titular del Ejecutivo. Estamos hablando de los mercados de este país. Estamos hablando de los bienes y servicios que todos consumimos. No solamente estamos hablando de telecomunicaciones, que hoy está tan presente y tan de moda en esta Cámara de Diputados, estamos hablando de bienes y servicios estratégicos que son alimentos, que pueden ser inclusive insumos agrícolas y que estarán a la libre disposición de esta iniciativa presidencial. Esa, compañeras y compañeros, es la siguiente reserva que he presentado. La final tiene que ver con el artículo 94, que considero uno de los artículos más debatibles y debatidos de esta iniciativa. Primero, hablar de la iniciativa ex ante. No se trata aquí de venir a defender específicamente a empresarios o a decir que las prácticas monopólicas u oligopólicas necesariamente no son atacadas por esta ley. Esta ley debería de atacar evidentemente los monopolios y los oligopolios; la iniciativa ex ante ha preocupado mucho y creo que con justa razón al sector productivo de este país y proponemos, en el artículo 94, que tenga un fundamento, que no sea solamente porque haya, con una investigación de mercado, solamente una investigación de mercado, una presuposición de que una empresa o un sector pueda estar cayendo en prácticas anticompetitivas o sea un actor preponderante, cuando la Cofese pueda actuar. Esto finalmente, en términos prácticos, es venir a decir que vamos a poner penas para poder prevenir los actos o los delitos que se puedan cometer. Esta es la reforma que estamos presentando en el artículo 94. Creemos que la forma en que está estructurada esta iniciativa y lo hemos dicho no solamente en esta tribuna, sino se lo dijimos frente a los comisionados, a la presidenta de la Cofese creemos que hay atribuciones excesivas a un órgano regulador porque este órgano regulador puede definir no solamente si el gobierno puede o no ir a fijar precios o a controlar precios, porque la Cofese puede determinar el tipo de barreras e inclusive insumos estratégicos, porque la Cofese puede definitivamente desincorporar empresas qué quiere decir esto, entrar y dividir accionariamente a estas empresas, que es lo que causa el debilitamiento de un mercado interno que si bien necesita regularse, también necesita dejar que pueda crecer y llegar a ser productivo. Si no lo permitimos, nos estaríamos convirtiendo en un Estado que tiene un organismo meta-gubernamental que definitivamente estará al servicio del titular del Ejecutivo y que tomará decisiones sobre la economía del mercado de todos los mexicanos y donde las empresas, en muchos casos, no tendrán seguridad jurídica. He escuchado del líder de la mayoría que el nombre del juego, cuando se afectan las instituciones, es precisamente éste: seguridad jurídica. Me parece que sobre todo las reformas al artículo 94 deben darnos esta seguridad jurídica para que el mercado interno pueda no solamente solidificarse con reglas claras y con la debida intervención de Estado para que podamos competir como debe de ser en el mercado global. Muchas gracias.