La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega: Con su venia señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El mundo está lleno de paradojas y el hecho de que México sea un país megadiverso es una de ellas. De acuerdo con el estudio de país publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad, México es el país con mayor diversidad ecológica de América Latina y el Caribe, al estar presentes dentro de sus límites políticos, los cinco tipos de ecosistemas, nueve de los 11 tipos de hábitat, 51 de las 191 ecorregiones identificadas. Aunado a ello está la riqueza biológica que nos da la característica de mega diverso; ésta, además, registra un elevado número de endemismos. Por ejemplo, más de mil 200 especies fanerógamas y más de 900 especies de vertebrados. Sin embargo, como bien han documentado los expertos, el progreso de la humanidad ha colocado a un gran número de especies de flora y fauna silvestre al borde de la extinción. Las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad mexicana son directas e indirectas. En el primer caso, la sobreexplotación de las poblaciones silvestres y su aprovechamiento insustentable, son algunas de las principales causas de inquietud, mientras que la destrucción y modificación del hábitat, son consideradas como amenazas indirectas. La singular riqueza biológica de México es cada vez más apreciada y reconocida. Pero, como se señaló, paradójicamente nos posiciona como uno de los principales abastecedores de especies de vida silvestre en el mundo. Información publicada por organizaciones como "Tráfic", dedicada al estudio de la biodiversidad de especies a nivel mundial, particularmente de aquéllas catalogadas en peligro de extinción, refiere la proliferación de mercados y preferencias crecientes que tienen por objeto los elementos nacionales integrantes del formidable andamio biológico de flora y fauna silvestre, para su aprovechamiento comercial, como materias primas, mascotas o exhibición. A nivel internacional existen los mecanismos para evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres; concretamente nos referimos a la Convención sobre el Tráfico Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la excesiva demanda aunada a las supuestas oportunidades que ésta representa para las comunidades rurales, propietarios y organizaciones sociales, han tenido consecuencias negativas, pues se ha detectado que, aun en la venta permitida de productos y subproductos, se realizan transacciones irregulares que dejan efectos secundarios no sólo para las especies sino también para los ecosistemas, ya que han propiciado la introducción de enfermedades de especies invasoras, además de reducción del número de individuos en los ecosistemas. Como se aprecia, la relación que guarda esta especie con los diferentes ecosistemas, hábitat, eco regiones del país, es compleja y por ende, su gestión constituye uno de los principales retos para quienes tienen el encargo de preservar, restaurar, mejorar los componentes de la ecósfera, sobre todo, si de forma paralela ha de procurarse el desarrollo económico del país. A nivel interno la autoridad ambiental cuenta los mecanismos legales que le permiten tener un control determinado sobre el manejo de las especies de flora y fauna silvestre, particularmente aquéllas que se encuentran en alguna categoría de riesgo. No obstante, las personas que adquieren ejemplares de flora y fauna silvestre carecen de información necesaria para discriminar si los lugares donde adquieren dichas especies cuentan con las autorizaciones de ley. En estos últimos años hemos tenido conocimiento de la existencia de establecimientos clandestinos o de locales, que aun cuando están registrados, operan al margen de la ley. Si bien algunos de éstos ya han sido clausurados, existen muchos que son aún más difíciles de detectar; toda vez que se promocionan a través de páginas electrónicas y en los que las transacciones se realizan por este medio. En las memorias de gestión de la administración de la maestra Julia Carabias quedó plasmado uno de los aspectos a los que la Dirección General de Vida Silvestre tendría que dar oportunidad; no por capricho, sino por la experiencia adquirida a lo largo de ese sexenio. Así, lo habría demostrado era lo relacionado con la información, cito. "...En lo general el éxito de la toma de decisiones está fincado en una información clara, oportuna, veraz y accesible. Por lo tanto, faltas de información llevan a las faltas en las políticas o acciones de conservación y uso de biodiversidad". Fin de la cita. En ese sentido, llama nuestra atención que, aún cuando la Ley General de Vida Silvestre dispone, entre otras, el establecimiento de un subsistema nacional de información sobre la vida silvestre, que tiene a su cargo la difusión de información relacionada con la conservación y aprovechamiento sustentable de la misma, no contempla en la divulgación de información que brinde algún tipo de orientación al público en general, respecto de los lugares que se dedican al comercio; esto es, compra y venta de estos ejemplares. Sobre el particular, estimamos de la mayor conveniencia que, además de que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con el registro de los comercios, locales o establecimientos que se dedican a la compra-venta de ejemplares de vida silvestre, éste sea difundido a través del Subsistema Nacional de Información, aquí referido. Precisamente con este propósito es que se propone adicionar una fracción VIII al artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre; ello sin duda alguna contribuirá a evitar que las personas favorezcan la proliferación del tráfico ilícito de estas especies, muchas de ellas catalogadas bajo algunas categorías de riesgo. De igual forma, se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley en comento. El objeto de esta adición es establecer la obligación a la autoridad, no sólo de conformar el registro de comercios, locales o establecimientos que se dediquen a la compra-venta de ejemplares de vida silvestre, sino también de hacerlo público. Esta acción constituye el fundamento de la adición al artículo 49 antes señalado y da congruencia a lo dispuesto en el artículo 52, relativo a los comercios registrados. Asimismo, brinda claridad a la autoridad encargada de vigilar la aplicación de la ley, pues tal como se encuentra redactado, sólo se hace referencia a comercios registrados, pero no se especifica dónde se puede consultar cuáles son. Si las personas que gustan de adquirir ejemplares de flora y fauna silvestre tienen información detallada y fidedigna que les dé certeza de que los lugares que los comercian han demostrado llevar a cabo todas sus operaciones de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, se estará orientando la demanda hacia canales lícitos y también se estará fomentando el combate al tráfico ilícito de la riqueza natural mexicana. En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 49 y un párrafo tercero al artículo 51 de la ley General de Vida Silvestre. Señora Presidenta, hago entrega de la iniciativa y solicito sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.