El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y con fundamento en los Artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo bajo las siguientes consideraciones: El período gubernamental 1998-2004 en el estado de Durango, presidido por el entonces gobernador Angel Sergio Guerrero Mier, estuvo plagado por innumerables actos de corrupción, incluso se actualizaron conductas que benefician de manera directa a los hijos de Angel Sergio Guerrero Mier, conforme a los hechos que a continuación describimos. Por ejemplo, de los recursos públicos del DIF estatal, provenientes del Programa Redondeo, implementado a través de un convenio celebrado por el DIF estatal de Durango con algunas empresas, el hoy diputado local al Congreso del estado de Durango, Rodolfo Benito García Guerrero, adquirió, según consta en la escritura pública pasada ante la fe del Notario Público No. 8 del estado de Durango con número 24377 de fecha 8 de julio del año 2002, un inmueble con una superficie de 2,713 metros cuadrados a un precio de 4 millones 890 mil pesos. Por ello resulta imprescindible que el órgano de fiscalización de esta Cámara e Diputados se aboque a auditar al DIF estatal, con el propósito primero de transparentar el ejercicio de los recursos públicos a cargo de este organismo; y segundo incluso del ejercicio adecuado de los recursos económicos aportados por particulares como es el caso del Programa Redondeo. Ahora bien, al confirmarse las irregularidades que se han señalado, es imprescindible también fincar responsabilidades a los CC: Juan Manuel Flores Alvarez, ex Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, a José Ramón Duarte Carranza, ex Secretario de Finanzas, por los actos y omisiones en que hayan incurrido al no supervisar adecuadamente las labores del DIF estatal. También se deberán fincar responsabilidades a César Franco Mariscal, ex Director del DIF estatal de Durango y participante directo en las irregularidades que aquí se describen. Otro hecho que comprueba la corrupción imperante en el gobierno de Durango en el período 1998-2004, lo es la venta que (¿) Torres San Martín, quien fungió como Director del Instituto de Vivienda del estado, hizo a favor de los hijos del ex Gobernador, Rodolfo Benito Guerrero García y Sergio Martín Guerrero García. En el primer caso, en el Instituto de la Vivienda se vende a Rodolfo Benito Guerrero García y a Sergio Martín Guerrero García los lotes 1 y 2 del Modulo 15, ubicado en la Ciudad Industrial de Durango, con una superficie de 3 mil 97 metros cuadrados, por un precio. Punto de Acuerdo. La Honorable Cámara de Diputados por medio de la Comisión de Vigilancia, instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría al DIF estatal de Durango, al Instituto de la Vivienda del estado de Durango y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado en el periodo 1998-2004, para determinar presuntas responsabilidades en las que se haya incurrido estos servidores públicos de dichas dependencias por actos u omisiones en el desempeño de sus funciones. Es cuanto Presidente y entrego.