La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Compañeras y compañeros legisladores. Como ya todos sabemos, el pasado 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman diversas disposiciones normativas, estableciendo con ello una modificación trascendental al diseño estructural de nuestro sistema institucional. Esta transformación nos hubiera permitido regular la administración y destino de los bienes y activos que son propiedad pública por su propia naturaleza como los bienes sujetos a procesos de extinción de dominio u otras formas de incautación derivadas de actividades ilícitas, buscando con ello contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, las finanzas públicas y los sistemas económico y financiero. Sin embargo, es importante mencionar que en administraciones pasadas el sistema de gestión de bienes de la federación se ha conducido sin sentido social y el destino de los recursos que se han logrado recaudar en favor del Estado ha carecido de transparencia, eficiencia y su uso ha sido cuestionable porque no se observa el beneficio directo a la sociedad. Por ello, resulta necesario un cambio sustantivo que no corresponde con lo que hoy se nos propone, porque el cambio de nombre del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por el de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, tiene indudablemente un reflejo populista. Es menester recordar que desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia el primero de diciembre pasado, se han organizado 5 subastas de bienes asegurados al crimen organizado o que pertenecían al gobierno federal, en los que se anunció una recaudación alrededor de mil 200 millones de pesos. Con un desparpajo inusitado, el presidente decidió unidireccionalmente el destino de estos recursos y lo anunció de manera inaudita en las conferencias mañaneras o en los mitines propagandísticos que lleva a cabo cada fin de semana. No existe certeza respecto a los criterios para definir el destino de los recursos del Estado, quiénes deben ser los beneficiados o las obras en las que se invertirán. En este sentido es importante recordar que el presidente eligió a diferentes estados del suroeste del país como principales beneficiarios de las primeras cuatro subastas, distribuyendo la quinta como becas para los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima del 2019, sin que a la fecha algunos de estos recursos hayan sido entregados a sus beneficiarios. Y aunque el destino es loable, las personas en situación de pobreza o los atletas de alto rendimiento no pueden encontrarse sujetos a la incertidumbre de la venta de algún bien o algún inmueble, porque tienen necesidades diarias que atender, que van más allá de los intereses clientelares del presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que la Comisión de Gobernación y Población presenta hoy a consideración de este pleno adolece de un defecto fundamental y este no responde a una necesidad nacional, sino a un capricho propagandístico del presidente. López Obrador; dio la orden y el Congreso obedeció. Esta reforma no tiene una razón causal de ser ni tiene ninguna consecuencia, más que el que el nombre de la institución que administra los bienes de la nación responda a una dogmática decimonónica y al discurso trasnochado de la cuarta transformación. En el Grupo Parlamentario del PRD legislamos para todas y para todos los mexicanos, y es por ello que expresamos nuestro voto en contra del presente dictamen, porque creemos en la separación de poderes, en la independencia del Poder Legislativo y en la autonomía de la Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente.