La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: La iniciativa que hoy les presento pretende impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, a partir de modificar los requisitos para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello atiende preocupaciones de académicos y organizaciones de la sociedad civil en materia de fortalecimiento de la autonomía entre Poderes y reforzamiento del servicio de carrera judicial. Actualmente podemos apreciar que en el artículo 95 de la Constitución se establecen los requisitos que permiten que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se nutra de personas poco preparadas en la labor jurisdiccional, ajenas a la misma o vinculadas a grupos de poder político electoral. Esta situación dice a la correlación de fuerzas al interior del máximo tribunal del país, plantea costos innecesarios de las curvas de aprendizaje en quienes no han sido juzgadores e impacta la calidad técnica de las sentencias. Consecuentemente, con más frecuencia vemos que el lugar del juzgador experimentado que culmina una carrera ejemplar en el Poder Judicial y estimula la continuidad de las carreras de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, el cargo de ministros lo disputan integrantes de ternas llenas de amigos, litigantes o políticos profesionales cuya trayectoria exigirá unos meses o años para que se acoplen a las exigencias jurídicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1995 se planteaba la necesidad de fortalecer al órgano jurisdiccional federal con perspectivas diversas en la integración del pleno. Por ello, se hizo un diseño constitucional más accesible al ingreso de personas ajenas al servicio de carrera judicial. Sin embargo, hoy se requiere privilegiar la experiencia que el juzgador adquiere en los juzgados y tribunales federales, misma que no se consigue en el litigio corporativo, tampoco en algunos Poderes Judiciales locales, dóciles a los gobernantes de las entidades federativas. Y menos los esquemas de ex Ministerios Públicos o fiscalías administrativas, que históricamente se han sujetado al humor del Ejecutivo federal, que en este orden ideas resalta que los funcionarios de carrera que han sido designados como ministros, bajaron de 9, en 1994, a 8 en el 2003. En el 2006 se incorporaron 2 ministros cuyas carreras habían transcurrido fuera de los juzgados, disminuyendo a 6 el número de ministros con carrera judicial, tendencia que siguió en el 2010, cuando este tipo de perfiles bajó a 5 espacios. La dinámica continuó hasta el 2015, año en que se estableció el punto más bajo de perfiles con carrera judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener únicamente 4 ministros con dicha característica. Esto representó un descenso de juzgadores profesionales, del 81.80 por ciento del pleno, a solo el 36 por ciento en los últimos 20 años. Esta dinámica encuentra una probable correlación en una disminución considerable en la percepción internacional sobre la independencia del Poder Judicial en México. Como ejemplo tenemos que en 2006, cuando la proporción entre externos y funcionarios de carrera en la Corte era de 45.5 por ciento a 54.5, respectivamente, el Foro Económico Mundial ubicaba a nuestro país en el lugar número 67, correspondiendo el primer lugar al país con mayor independencia de su órgano judicial. Por todo lo anterior, propongo que para integrar el alto tribunal se tenga como mínimo 7 años de experiencia en juzgados o tribunales federales, sin importar si esa experiencia es inmediata o se registró años atrás al día del nombramiento. Con ello se busca disminuir la curva de aprendizaje y las posibilidades de conflictos de interés. Asimismo, se plantea establecer un periodo para quien hubiese tenido responsabilidades judiciales en materia electoral, no genere elementos para asumir que su ascenso al pleno de la Corte se deba a favores político-electorales y no a su conocimiento. Como complemento a esta iniciativa, en materia de paridad he presentado también una propuesta que busca dar el siguiente paso en la conquista de derechos para las mujeres y aportar un avance en la construcción de una sociedad más equitativa. Ello, proponiendo que se reformen los artículos 89, 95 y 96 de la Constitución, para hacer que el titular del Ejecutivo federal favorezca la paridad de género en sus propuestas para la integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se plantean cambios en el artículo 116, para que las constituciones locales contemplen mecanismos orientados a la paridad de género en la integración de los tribunales de Justicia locales. Debemos transformar nuestras instituciones. El Poder Legislativo ya puso el ejemplo. El Poder Ejecutivo federal y algunos locales han impulsado la incorporación de más mujeres en los espacios de decisión. Ahora toca al Poder Judicial. Las dos iniciativas que les presento son complementarias. No implican impactos presupuestales, propician condiciones para favorecer la independencia del Poder Judicial de la Federación...