La diputada María Mercedes Colín Guadarrama: Con su permiso, señor Presidente. La suscrita integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente Exposición de motivos En el imperio romano las personas formaban mutuales que consistían en crear un fondo para cubrir los gastos de entierro del socio que falleciera. Podemos ver cómo en esta época el individuo y la colectividad han tenido la necesidad de tomar previsiones ante distintas contingencias, ya que siempre se han visto expuestos a una serie continua de todo tipo de riegos desde su nacimiento hasta su muerte, que la mayor parte de las veces no es posible solventar personalmente. A lo largo del siglo XIX, como fruto de la lucha del movimiento obrero aparece una política estatal que ahora llamamos "política social", encargada de la preservación y la elevación del bienestar social, a fin de evitar las injustas consecuencias sociales de revolución industrial, acentuada hoy con la rapidez del cambio tecnológico, que modifica profundamente las formas de trabajo, desplaza a trabajadores y cambia las condiciones laborales, aunado con el crecimiento de la expectativa de vida. En México los antecedentes acerca de la legislación moderna sobre aseguramiento de los trabajadores, y de sus familiares, se encuentra en dos disposiciones. En primer término, la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, de 1904; y en segundo, la Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León, de 1906. Con esos precedentes, además del pacto social construido con la fuerza obrera organizada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, estableció en el artículo 123 que la seguridad social debe organizarse conforme a bases mínimas, las cuales consisten en cubrir los accidentes y las enfermedades profesionales y no profesionales, la maternidad, la jubilación, la invalidez, la vejez y la muerte. El sistema de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado tiene su origen en la reforma constitucional de 1959, en el artículo 123, con la incorporación del apartado B, la Ley del ISSSTE norma el funcionamiento del instituto encargado de ofrecer los diferentes seguros de salud, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez y vida, así como de riesgos de trabajo. De conformidad con el criterio constitucional, la pensión es considerada como la prestación social otorgada por el Estado mediante la asignación de una cantidad de dinero mensual o anual a un trabajador o a su familia, como remuneración otorgada en reciprocidad al derecho adquirido en el trabajo prestado en el servicio público, constituyendo un acuerdo solidario para que el esfuerzo brindado a la sociedad éste lo retribuya protegiendo al trabajador en su vejez y hasta su muerte. La ley vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado define a la pensión o jubilación como una renta o un retiro programado. Dicha renta es el beneficio periódico que recibe el trabajador o sus familiares derechohabientes, durante su retiro por virtud del contrato de seguro de pensión que se celebre con la aseguradora de su preferencia, y el retiro programado es la modalidad de obtener la pensión, fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual; para lo cual se toma en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos. En 2006 los datos registrales señalan que el ISSSTE cuenta con 2.4 millones de trabajadores cotizantes activos y 585 mil jubilados y pensionados. En el caso de los trabajadores jubilados y pensionados su situación presenta serios problemas económicos, ya que las cantidades que reciben son insuficientes para sus gastos básicos. Además, el incremento que se les aplica a las pensiones es relativamente bajo en relación a los aumentos en los precios de alimentos, medicinas, tarifas eléctricas, gas, entre otras erogaciones; lo que influye en el hecho de que su poder adquisitivo se deteriora día con día y se coloca a muchos, de hecho, en una verdadera condición de marginalidad y hasta de indigencia. Los jubilados son personas que necesitan de todo nuestro apoyo ya que fueron trabajadores al servicio del Estado y durante su labor dedicaron sus esfuerzos a la realización de las funciones públicas. Es necesario retribuirles con una cantidad que pueda satisfacer sus necesidades y que recuperen el sentido de la dignidad en su vida cotidiana. En comparación con otros países, la calidad de vida de los jubilados catalanes, suizos, de la Costa Oeste de los Estados Unidos y noruegos, según estudio de la Fundación Viwur, afirma que el estado de su salud, sus recursos económicos y sus relaciones sociales son buenos o muy buenos. Incluso ellos mismos se consideran estables en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, en nuestro país la mayoría de los jubilados se encuentran insatisfechos económicamente, afectados social, emocional y sicológicamente, ya que lo que se les otorga, en la mayoría de las ocasiones, no les alcanza ni para los productos básicos de su alimentación. El grueso de los pensionados y jubilados reciben 2 mil pesos mensuales y muchos de ellos tienen que vivir solos o su situación es muy precaria. Por ello, es necesario realizar reformas que permitan que los pensionados y jubilados reciban una cantidad similar a los salarios que perciben los trabajadores en activo en su misma categoría o similar, porque ellos también tienen los mismos gastos e incluso mayores, ya que necesitan más cuidados por ser personas de edad avanzada, como es el caso de los padecimientos crónico-degenerativos. También nos parece necesario que se incremente la pensión de acuerdo a los convenios y negociaciones que formulan los contratos colectivos, aplicándoles la misma proporción de beneficios tanto a sus pensiones como a las prestaciones que reciben. En tal virtud, esta iniciativa propone que a los pensionados y jubilados en el régimen previo a la ley vigente se les garantice un ingreso igual al que recibe un trabajador activo en la misma categoría de puestos. En segundo lugar, que también reciban los beneficios de las negociaciones contractuales. Aunque con estas acciones legislativas es menester reconocer que no elevarán totalmente sus condiciones de vida, nos parece que así se acercarán a niveles de mayor dignidad y justicia. Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Artículo único. Se reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: Décimo octavo. Los jubilados, pensionados o sus familiares derechohabientes que a la entrada en vigor de esta ley gocen de los beneficios que les otorga la ley que se abroga, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento. La cuantía de las pensiones y jubilaciones no será menor al monto salarial que recibe un trabajador en activo, cuyo puesto corresponda a la misma categoría o similar. La actualización de salarios y prestaciones contempladas en los contratos colectivos de trabajo, también serán aplicables a los trabajadores pensionados y jubilados. Artículo transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias. El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras Gracias, diputada María Mercedes Colín Guadarrama. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. La Cámara de Diputados saluda a los servidores públicos y representantes de diferentes municipios y comunidades del estado de Oaxaca, de San Antonio Putlán, Cacahuatepec, Jamiltepec, Amiltepec, Tejocotes, San Juan Mixtepec, Cosoltepec y Huajuapan de León, del estado de Oaxaca. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al diputado Carlos Torres Torres, iniciativa suscrita por él mismo y por el diputado Carlos Alberto Navarro Sugich, del Grupo Parlamentario del Acción Nacional.