El diputado Francisco Antonio Fraile García: Compañeros diputados y compañeras diputadas, el dictamen que ahora se pone a consideración de esta honorable soberanía, retoma uno de los aspectos más relevantes de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la cual fue ratificada por el Senado de la República este 27 de septiembre del año pasado. Me refiero al derecho que las personas con discapacidad tienen para acceder a un empleo digno y bajo condiciones que les permitan acceder a los centros de trabajo con libre acceso y desplazamiento. Se trata de la armonización de nuestra legislación federal con los preceptos de la convención en materia de libre acceso, para la cual se prevé la adaptación de los inmuebles para dar acceso y libertad de movimiento independiente a las personas que sufren algún tipo de discapacidad, ya sea visual, física, mental o auditiva. En este sentido, es necesario asegurar una inclusión social y fortalecer la legislación laboral para que se construya una nueva ética moral y ética social y laboral a favor de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. El presente dictamen también se fundamenta en otros instrumentos internacionales que México ha suscrito, de entre los que destaca el Convenio número 159 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual entró en vigor el 20 de junio de 1985, y que establece la obligación que los Estados suscritos tienen de aplicar una política nacional sobre readaptación profesional y empleo de personas discapacitadas. De acuerdo con los datos del INEGI, de los 1.8 millones de personas en nuestro país con algún tipo de discapacidad, el 43 por ciento sufre de discapacidad motriz frente a un 26 de discapacidad visual, 15.7 auditiva, 16.1 mental y 4.9 del lenguaje. En este sentido, es necesario asegurar su inclusión social y fortalecer la legislación laboral para que se construya una nueva forma de trato entre nosotros. La inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades, en algunos casos los empleadores tal vez tengan que efectuar uno o varios cambios en los centros de trabajo, para que la persona pueda realizar el trabajo de manera eficaz. Muchos de los obstáculos a los que los discapacitados se enfrentan en la búsqueda de puestos de trabajo y en el propio trabajo provienen, más bien, del modo en que el empleo y los lugares de trabajo están estructurados y organizados que de la propia discapacidad. Pueden precisarse ajustes o acondicionamientos para garantizar que el trabajador discapacitado pueda trabajar satisfactoriamente y con colegas sin discapacidad. Para facilitar la contratación de personas con discapacidades y la conservación de los puestos de trabajo de los trabajadores que adquieren una discapacidad, es necesario mejorar la accesibilidad al lugar de trabajo de las personas con distintos tipos de discapacidades. La accesibilidad incluye también la señalización, sobre todo cuando se trate de personas con deficiencias visuales y con discapacidades intelectuales. Realizar las adaptaciones en el lugar de trabajo para que el trabajador discapacitado pueda realizar su trabajo de forma eficaz obedece en buena medida al derecho de que toda persona tiene a desempeñar un empleo remunerador, pero también es un medio para lograr el rendimiento laboral óptimo del trabajador discapacitado. De la misma manera que la mayoría de las empresas diseñan e implementan mecanismos para mejorar el desempeño laboral de sus trabajadores que no sufren discapacidad. A este respecto, cabe mencionar que en nuestro país ya se ofrecen incentivos fiscales a los empleadores que contraten a personas con discapacidad. El 10 de marzo de 2007 el Ejecutivo de la nación firmó un decreto cuyo objetivo es otorgar incentivos fiscales hasta en 25 por ciento de deducibilidad del propio salario a las empresas que contraten a personas con discapacidad. Con esto, los costos de las adaptaciones en los centros de trabajo disminuyen considerablemente. En cuanto a la propuesta concreta, la presente iniciativa toma en cuenta que algunos países han encontrado viabilidad en su legislación al exigir a los empleadores realizar acondicionamientos razonables para dar facilidades a los trabajadores con discapacidades. Este concepto se retoma en la presente iniciativa, toda vez que incluye la presunción de que los empleadores deben hacer todo aquello que se necesite si los costos implicados no son exorbitantes. Es de destacar que la Norma Oficial Mexicana referente a los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene, señala como obligación del patrón, en el numeral 5.4, que "las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio para los trabajadores y puestos de trabajo, deben facilitar las actividades y el desplazamiento de los trabajadores discapacitados cuando éstos laboren en centros de trabajo". Cabe mencionar también que han sido diversos los intentos para reformar la legislación laboral con relación al libre acceso de las personas con discapacidad a los centros de trabajo. Quizá uno de los más notables esfuerzos es el que se da dentro de la llamada "iniciativa de los sectores", presentada el 12 de diciembre de 2002, el cual se propone reformar la fracción XVI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Como puede advertirse, satisface el objetivo de considerar el libre acceso para las personas con discapacidad en los centros de trabajo. No obstante el alcance de la "iniciativa de los sectores" es corto con relación al tema, si consideramos que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas, celebrada en 2007, plantea una serie de objetivos que en su momento los artífices de la "iniciativa de los sectores" no alcanzaron a conocer, como por ejemplo la inclusión del principio de igualdad, la distinción entre libre acceso y desplazamiento y la señalización en Braille, entre otros. Señor Presidente, quisiera proponer a esta asamblea que se adicione al dictamen un único artículo transitorio a efecto de que una vez aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, se otorgue un plazo de nueve meses para que el presente ordenamiento entre en vigor, a efecto de que los patrones puedan realizar las adaptaciones necesarias para la accesibilidad y libre acceso de las personas con discapacidad en los centros de trabajo. Por lo anteriormente expuesto, pido su voto a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.