EL C. DIPUTADO NARCISO ALBERTO AMADOR LEAL: Muchas gracias, señor Presidente. Le pediría, si fuera tan gentil, de incorporar esta iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates y me permitiré, compañeras, compañeros diputados, una breve reflexión sobre el contenido de la misma. Entre las facultades legislativas del Presidente de la República, el veto presidencial es una de carácter reactivo que le permite al Jefe del Ejecutivo defender el statu quo respecto de las tentativas de cambio de las mayorías legislativas. En las democracias presidencialistas contemporáneas, el veto desempeña un papel central para que opere el sistema de pesos y contrapesos y por ende de equilibrio entre dos Poderes, teóricamente el veto es el vínculo más consistente y directo del Presidente con el proceso legislativo, así como el principal contrapeso del Ejecutivo Federal sobre el Poder Legislativo. No obstante en nuestra Constitución hay algunas lagunas, existen algunas disposiciones que se oponen a que tal equilibrio de Poderes, resulte en beneficio del propio proceso legislativo y del desempeño de la República, de ahí que recientemente dos compañeros diputados, los dos coterráneos míos poblanos, uno del PRD el diputado Luis Miguel Barbosa del Partido de la Revolución Democrática, haya propuesto el 5 de abril una iniciativa de reformas al artículo 72, entre otras cosas para que no sea una condición, la mayoría calificada, en el propósito de superar el veto presidencial. A este respecto cabe mencionar que la Constitución de 1857 estableció al igual que el actual ordenamiento constitucional, la mayoría calificada para superar dicho veto del Ejecutivo. Posteriormente y dadas las tensiones suscitadas entre el Ejecutivo y el Legislativo en las reformas al artículo 71 de la Constitución se modificó la forma de votación para superar dicho veto presidencial, quedando establecido que las iniciativas vetadas por el Presidente de la República, una vez regresadas al Congreso, podrían ser aprobadas sin el consentimiento presidencial únicamente con la mayoría absoluta de los votos. Estos significa que ya existe el antecedente histórico y que de nueva cuenta en reformas posteriores incluyendo la Constitución de 1917, esta condición de la mayoría calificada, fue restablecida. También el compañero diputado Eduardo Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, propuso una iniciativa de reformas a este artículo, a efecto de estipular los plazos en los cuales el Ejecutivo Federal tiene la posibilidad y la obligación, de hacer esta publicación. El veto presidencial ha sido escasamente utilizado en México durante las últimas décadas dado el arreglo institucional que imperaba en nuestro régimen político. Hay que recordar que entre 1917 y el 2002 el presidente Ejecutivo Federal, recurrió al veto sólo en 225 ocasiones. En Estados Unidos por ejemplo, tan solo en la administración del Presidente Roosevelt, el veto fue ejercido en 631 ocasione, de las cuales sólo en 10 casos fue superado en el Congreso de ese país. A nuestro juicio hay dos cuestiones centrales compañeras, compañeros diputados, que tendríamos que revisar: por un lado el que de mantenerse la votación calificada no existen incentivos de la fracción parlamentaria del partido en el gobierno o no existen suficientes incentivos para una legislación dinámica, una legislación que responda al mandato popular y a los intereses nacionales. Tal es el caso de las dos iniciativas recientemente vetadas por el Presidente de la República, una del más alto interés para el bienestar familiar de los miembros de las fuerzas armadas que inexplicablemente ha sido vetado supuestamente por falta de presupuesto, cuando sabemos que hay otras partidas presupuestales que pueden ser disminuidas y que no recogió con sensibilidad el Ejecutivo esta propuesta, esta iniciativa por cierto construida en la propia Comisión de Marina de esta Cámara. No existen incentivos porque si la fracción parlamentaria que está en el gobierno evidentemente en consonancia con el Ejecutivo, tiene el derecho de veto y para superarlo se requiere la mayoría calificada, necesariamente va a ser necesario el voto de esa fracción parlamentaria. Habría situaciones hipotéticas en que esto no sería necesario bajo la idea de que o el supuesto de que esa fracción parlamentaria en el gobierno no asista a una sesión o asistan muy pocos, y que las fracciones opositoras hicieran mayoría. De tal suerte que a mi juicio uno de los problemas que tiene hoy el Congreso Mexicano y que se ha reflejado en esta parálisis de la que somos objeto permanente, es justamente que para romper ese veto presidencial se requiere un acuerdo político que no es posible superar por las oposiciones a la fracción que está en el gobierno. Y el otro tema tiene que ver, compañeras, compañeros diputados, con que de hecho, en los términos que está publicado, está redactado el artículo 72, no hay posibilidad de un veto parcial, lo que sí se da en otras constituciones. En nuestro caso, el presidente tiene que regresar la iniciativa observada en su conjunto, con lo cual aspectos ya aprobados por el Congreso, que pueden ser de enorme beneficio social y de interés nacional, quedan igualmente sin efecto, como es el caso de las reformas al SAT, que fueron igualmente vetadas por el presidente de la República. En consecuencia, me he permitido proponer en esta iniciativa una modificación al inciso b) del artículo 72 para establecer la posibilidad de que el veto pueda ser parcial y una reforma al inciso c) del propio artículo 72 para establecer que en el supuesto de que un proyecto de ley, una iniciativa, una reforma sea regresada por el Ejecutivo a la Cámara de origen, éste deberá ser discutido de nuevo, y si fuese confirmado por la mayoría de los votos de los miembros que integran dicha Cámara, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, es decir, 50% más uno de los miembros que integren esa Cámara, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Es decir, se deja una mayor flexibilidad en la contabilización de los votos, en el número de votos para superar el veto presidencial, pero no una mayoría simple o una mayoría absoluta de los presentes en ese momento en la sesión, sino una mayoría absoluta de los miembros integrantes de cada una de las cámaras, con lo cual de alguna forma igualmente se preserva el principio de rigidez para modificar nuestra máxima norma constitucional. Muchas gracias, compañeras y compañeros.