La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señorita presidenta. Me da mucho gusto tener esta intervención mientras usted preside esta sesión. Con la venia de la asamblea, en efecto, esta iniciativa viene, o al menos dice que viene a resolver el problema de la vivienda abandonada en este país. Sin embargo, esta iniciativa propuesta por un diputado al que respeto y aprecio, el diputado Pacheco, me parece que no estructura de manera adecuada cómo resolverá este problema. Y explicaré porqué. En México hay 5.2 millones de viviendas abandonadas. Esto representa 4.5 veces más de la demanda de vivienda que hay en el país. Es decir, de 35 millones de viviendas construidas disponibles para crédito, 5.2 millones están abandonadas. Pero la gran pregunta es, ¿por qué estas viviendas están abandonadas? Primero, porque las familias mexicanas no pueden pagar estos créditos. Porque cuando aparentemente la función social de los organismos, como el Fovissste o como el Infonavit deben de hacer accesible los créditos a los mexicanos, la gente se queda en estado de indefensión y no puede pagar. Es decir, la crisis los lleva a un estado de insolvencia real y para los trabajadores, compañeros diputados, no hay Fobaproa, no hay rescate. Y entonces, aparentemente el Estado debe de construir instituciones con carácter social que les permita cuando menos tener una vivienda digna. ¿Qué es lo que ahora se viene a argumentar? Que de estas 5.2 millones de viviendas, casi 300 mil de ellas abandonadas en el Distrito Federal pueda el Infonavit, el Fovissste y otros organismos poder recuperar estas viviendas. Pero leamos la reforma, compañeros diputados. La reforma, que además inicialmente no incluía el artículo 75, que es el eje toral de la misma, que dice que la Ley de Comercio Mercantil reputa como actos de comercio las garantías reales derivadas de los créditos otorgados por organismos públicos encargados de financiar programas de vivienda. Fíjense bien, una de las grandes prohibiciones que tiene el Estado, por ser el Estado mismo es especular, especular de cualquier manera, sea con la vivienda, con la salud o con cualquier servicio que le preste a los mexicanos. Desde el momento en que nosotros, en el artículo 75, de manera oficiosa la Comisión de Economía, sin pasar por Comisión hay que decirlo agrega el artículo 75 y dice que considerará actos de comercio aquellas garantías reales que tienen que ver con los otorgamientos de crédito para la vivienda que otorgan estos organismos públicos, les da un carácter mercantil y comercial a las garantías de estos organismos que tienen un carácter social. Les diré solamente el carácter social que tiene el Fovissste, dice: establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente mediante préstamos con garantía hipotecaria. Ahora resulta que estos créditos y estas garantías tendrán un carácter mercantil. Pero más allá, fíjense bien, el 1055 Bis dice: cuando el crédito otorgado por cualquier persona física o moral u organismo público encargado de financiar programas de vivienda, tenga garantía real, el acreedor, a su elección, podrá ejercitar sus acciones en juicio. Estamos equiparando, compañeros diputados, a las sociedades mercantiles, a las personas físicas que construyen las estamos equiparando, a los organismos públicos encargados de otorgar vivienda barata a los mexicanos. El artículo 1055 se los estoy leyendo, no es una interpretación. Es clarísimo. Estamos diciendo que igualarán el mismo derecho de ir a juicio y además de ejercer y conservar la garantía real que se presentó para este crédito con carácter social. Y déjenme terminar. Aunque la exposición de motivos dice que se considerará como vivienda abandonada aquella que se deje de pagar, el dictamen, en concreto en su artículo 1168, solamente dice: se entenderá por vivienda abandonada la que se encuentre deshabitada y el propietario no pueda ser localizado. Es decir, una cosa se dice en la exposición de motivos y otra cosa se dice en el dictamen. Más aún, compañeros diputados, se dice que esta iniciativa tiene la intención de recuperar estas viviendas abandonadas que crean vandalismo. En ningún momento, de ninguna manera, el dictamen y se los acabo de leer- dice que estos organismos públicos deberán de recuperar esta vivienda abandonada. Les da carácter de mercantil a las garantías, pero nunca dice que deberá de recuperar las viviendas abandonadas. Déjenme ir un poco más allá. La exposición de motivos habla de cobranza social y dice que esta iniciativa fortalece la cobranza social. Yo les voy a dar la definición de cobranza social, dice que es el modelo de acciones, productos y servicios, con el objeto de apoyar a los trabajadores que se encuentran imposibilitados para realizar los pagos de hipotecas. Cómo el quitarles sus viviendas. Cómo, compañeros diputados, una vivienda que está deshabitada y que no vamos a encontrar a su dueño, se va a determinar que está abandonada y entonces, digamos, que la van a recuperar en un juicio mercantil o civil, según marca la misma reforma, y entonces termino, señorita presidenta- en lugar de fortalecer la cobranza social, sin importar lo que yo haya aportado como trabajadora, esa vivienda me la van a quitar. No, no dice. No dice cómo voy a recuperar al trabajador. No dice cómo voy a mantener el carácter social del IMSS, del Infonavit ni del Fovissste. Esta iniciativa, es una iniciativa que deja más dudas que certezas, pero, además, y con esto termino, para que ustedes sepan cómo se aprobó esta iniciativa. Se citó el día de ayer a las 6:00 de la tarde, por correo electrónico, a la Mesa Directiva de Economía para una reunión. Hoy a las 9:00 de la mañana se aprobó en la Mesa Directiva de la Comisión de Economía y no se pasó por comisión. Esto es lo que hoy les traen a pleno. Yo acabaré, sí, es tiempo, pero me parece responsabilidad de su servidora informarles que ni siquiera esta iniciativa pasó por comisión y que probablemente estamos dañando trabajadores que todos aquí representamos y a los que les debemos respeto y protección. Muchas gracias.