El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladores y compañeros legisladores, la democracia actual está sometida a presiones políticas, económicas, sociales y culturales, que obligan a los estados a crear los mecanismos jurídicos y de políticas públicas para enfrentarlos. Los temas que ejercen mayor presión, sobre todo en los países en vías de desarrollo, son los vinculados a la desigualdad y la exclusión social. El aumento de las brechas sociales y la marginación de bastos sectores de la sociedad atenta contra el propósito de lograr su propia cohesión, base de un régimen democrático. Ante esta situación, surge el modelo de Estado con visión social para garantizar y salvaguardar los derechos sociales de las personas, particularmente de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea permanente o transitoria. El empleo es uno de los derechos más vulnerados y que más afecta a la sociedad, ya que constituye un medio para obtener un ingreso digno que permite a las personas obtener los satisfactores mínimos indispensables para su bienestar. Además de ser una fuente de ingreso primaria, el empleo refleja la libertad de una persona o grupo para poder alcanzar una vida digna. Este aspecto es tan importante, que es una obligación del Estado velar por aquellas personas que por algún motivo o razón están desempleadas. Ante este escenario de precariedad e inestabilidad laboral, provocado por la falta de crecimiento económico, el Estado mexicano debe asumir con mayor compromiso su apoyo hacia la sociedad mexicana. Es una realidad que el mercado laboral, en nuestro país, impide que miles de personas obtengan un trabajo bien remunerado. La tasa de desocupación al mes de julio fue de 5 por ciento de la población económicamente activa, lo más preocupante es el número de subocupados que alcanzó una tasa del 8.9 por ciento y la población en el sector informal fue de 28 por ciento. La incapacidad de absorber a los miles de mexicanos y mexicanas que cada año se incorporan al mercado laboral y la calidad de empleos actuales, se han convertido en los principales retos para los tres niveles de gobierno. En el Congreso de la Unión no podemos estar ajenos a esta situación que aqueja a millones de familias mexicanas. Nuestra responsabilidad es atender, desde nuestra esfera de acción, la demanda de hombres, mujeres, jóvenes y personas de tercera edad, ante la incapacidad gubernamental de generar los incentivos para ampliar el mercado laboral. Hoy, ante la discusión de la propuesta de reforma laboral presentada con carácter de preferente, por parte del Ejecutivo federal, no podemos dejar de lado el tema del seguro de desempleo, como una forma de fortalecer el sistema de seguridad social de los trabajadores. Sí es verdad que urge la reforma. Sí es verdad que urge incentivar la inversión, la productividad, la competitividad en este escenario de la globalización que vivimos, pero -que quede claro- es inadmisible pretender cargar el costo de la flexibilización laboral únicamente hacia los trabajadores, sin establecer medidas para fortalecer sus derechos sociales. Es importante señalar que nuestro país es el único perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que no cuenta, hasta ahora, con un seguro de desempleo y fomento a la creación de empleos, medida que ha sido recomendada para incentivar una mejor estructura de los mercados laborales y fortalecer la red de protección social, principalmente a favor de la población en condiciones de vulnerabilidad. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que la iniciativa que hoy presentamos contribuye a expandir los derechos sociales para lograr una sociedad con equidad, así como otorgar una protección básica a las y los trabajadores asalariados, incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados de la economía que hayan perdido su empleo. Y al mismo tiempo, creando condiciones para su incorporación al mercado del trabajo y al goce del derecho constitucional del empleo. En este orden de ideas, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza propone implementar el seguro de desempleo a favor de quienes han sido desplazados del mercado laboral, con la aplicación de este modelo económico que ha demostrado su ineficiencia y fracaso en aras de lograr un estado de bienestar social. A continuación describo las principales características de esta iniciativa. Primero. Involucrar a los estados, considerando la aplicación de la ley, por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, así como a las secretarías homólogas en las entidades federativas. Segundo. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del seguro a un empleo en el sector formal de la economía de nuestro país. Tercero. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de las nuevas habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo. Cuarto. Crear un consejo consultivo para el otorgamiento del seguro de desempleo y fomento a la creación de empleos, que incentive la inversión, convoque a organismos empresariales, evalúe las políticas en esta materia, entre otros. Quinto. Ser responsables de las finanzas públicas, otorgando a los beneficiarios acceso al seguro, durante un plazo no mayor a seis meses en un tiempo establecido de cada dos años. Es cuanto, señor presidente y ratificamos, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, nuestro compromiso de contribuir a los esfuerzos de lograr un México con mayor nivel de desarrollo y en un escenario de equidad. Muchas gracias.