El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se encuentra entre nosotros el doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para presentar el informe de actividades correspondiente al año 2004. Tiene la palabra el doctor José Luis Soberanes Fernández, hasta por treinta minutos. Se le concede el uso de la palabra hasta por 30 minutos para que cumpla su cometido. El doctor José Luis Soberanes Fernández (Presidente de la Comisión de Derechos Humanos): Señor diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión; señoras y señores legisladores integrantes de la misma comisión. Antes de hacer la presentación del Informe, permítanme agradecer muy cordialmente la distinguida presencia de las señoras y señores miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de las presidentas y presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Comparezco ante esta Soberanía para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 102 de nuestra Constitución Política y presentar ante ustedes el Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si miramos hacia lo que ocurría en los años 90 del siglo pasado, cuando se fundó la CNDH y a lo que comparamos con el panorama actual, constataremos que a pesar de obstáculos e incomprensiones, hoy día registramos avances fundamentales en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, no podemos sentirnos satisfechos, pues en México no sólo persisten manifestaciones de aquel pasado, sino que enfrentamos fenómenos nuevos y potencialmente tan perniciosos y disolventes como aquéllos. Ahora, si bien las quejas por tortura y desapariciones no se encuentran en los parámetros de antaño, aún persisten y son más frecuentes las quejas por fallas en el debido proceso, por negligencia de autoridades como se ha evidenciado en Ciudad Juárez o por fallas en la debida prestación de los servicios públicos, en particular los de salud. Ahora, las quejas son por maltrato y extorsión a migrantes tanto mexicanos como extranjeros; por abusos y desatenciones a personas de sectores vulnerables de la población como son los niños, los indígenas, las mujeres, los seropositivos y las personas de la tercera edad. Hemos constatado la existencia de casos de discriminación en escuelas por motivos religiosos. Y son frecuentes las denuncias por la débil o nula vigencia de las leyes laborales en las llamadas zonas de frontera. Como sucede con los jornaleros en campos agrícolas del noreste. Las víctimas del delito nos exigen por su parte, que sus derechos se hagan valer como agraviados y como coadyuvantes en los procesos respectivos y se haga efectivo su derecho a la reparación del daño. La situación que señalo nos habla de un desplazamiento en el tipo de las violaciones y pone el dedo en la llaga sobre fenómenos que de mantener su actual tendencia, amenazan nuestra convivencia y la estabilidad política y social en su conjunto; como son la violencia creciente que asoma su rostro más ominoso y en la tendencia a hacerse justicia por su propia mano; en los ajustes de cuentas. Las instituciones de reclusos en penales de máxima seguridad y en el deterioro del sistema penal. El crecimiento del pandillerismo y en oros fenómenos regresivos que lanzan señales de alerta a la sociedad y al gobierno. En la actualidad observamos una suerte de multiplicación de las formas de violencia con el riesgo de acostumbrarnos a ella como si fuera un hecho cotidiano. Lo mismo cuando se expresa como violencia de género contra las mujeres que cuando se desata como crímenes de odio contra homosexuales, violencia ambiental, linchamientos, violencia delincuencial, violencia casi crónica contra los migrantes y un largo etc. La violencia en sus múltiples manifestaciones se ha vuelto un fenómeno cotidiano cuyos orígenes y causas no han sido suficientemente estudiados y cuyas consecuencias parecen afectarnos a todos. Es claro que hay que rechazar la violencia pues destruye el tejido social y anula el estado de derecho. Pero ello no basta, hay que analizarla y encontrar las formas sociales e institucionales mejores y más oportunas para neutralizarla y finalmente eliminarla. Es importante por ejemplo, ampliar y llevar esta discusión a aquellas entidades federativas donde se manifiesta con más frecuencia, incluso en las formas culturales que la ensalzan, es decir claramente que la violencia no puede ser el camino del desarrollo nacional y como sociedad civilizada no aceptamos que se apele a supuestos usos y costumbres cuando se violan los derechos humanos. En el año 2004, fue crítico en particular el problema de la seguridad pública, obligación fundamental del Estado que en muchos lugares del país sacó a la gente a la calle para protestar por las omisiones, la negligencia y para denunciar las probables complicidades y el crecimiento a veces imparable de la impunidad. Es lamentable que, problemas como la necesaria y franca coordinación y cooperación entre las distintas fuerzas de seguridad pública, sólo hayan empezado a ser advertidas cuando sucedieron los desafortunados hechos de San Juan Ixtayopan, Tlahuac, que hicieron evidente la ausencia de tal coordinación. A la violencia la acompaña mucha veces una reacción de indiferencia, que es el reverso de las solidaridad, de la preocupación personal, social e institucional, por la suerte del otro ser humano, del prójimo, del compatriota. Hoy en México la indiferencia se expresa en variadas y lamentables formas; en la falta de atención a migrantes en varios puntos de la frontera norte, en la falta de resultados para llegar a la justicia a las mujeres muertas en Ciudad Juárez y en el intento por descargar en la caridad y en la filantropía las obligaciones sociales propias del Estado. Los migrantes han tenido que enfrentar siempre, en todas partes, los riesgos de quien busca en tierra ajena lo que le niega la propia. Ahora su condición equivale a tener que llevar a cuestas no sólo el infortunio social y la desigualdad, sino también la indiferencia de los demás y el riesgo de ser tratados como delincuentes, tendencias que se acentúan con hechos ominosos como la propuesta, hoy Ley, 200 de Arizona en los Estados Unidos, ente los cuales la sociedad espera una reacción proporcional y enérgica de nuestras autoridades para evitar, entre otros efectos perniciosos, su imitación en otros estados del vecino del norte. Antes que pretender diagnósticos academicistas, necesitamos abrirnos todos a una discusión nacional y racional sobre la violencia y legalidad, sobre impunidad y seguridad pública, sobre qué hacer para no llegar, como sociedad y como Estado, al hecho consumado de una descomposición social irreversible. Necesitamos identificar y agrupar los fenómenos morbosos y repentinos, no para magnificar su importancia, pero sí para saber exactamente a qué nos enfrentamos, cómo y con qué instrumentos vamos a combatirlos. Afecta también a los derechos humanos indirectamente la sobrepolitización de los asuntos nacionales, pues así todo se vuelve objeto de sospecha y muchas de las posibles soluciones no se toman en cuenta porque se considera que corresponden al interés o a la lógica interna de tal o cual partido. La CNDH se manifiesta de nuevo inequívocamente, por el diálogo y los acuerdos políticos, entendida la política como el arte de lo posible y el reconocimiento del adversario. Debemos despartidizar la crítica a la violencia, mirar las cosas como son y asumir todos la verdadera magnitud de los problemas que obstaculizan o amenazan la marcha del país. Con relación a los feminicidios de Ciudad Juárez, tenemos que señalar que tras el Informe Especial que emitió la Comisión y cuyas propuestas se han cumplido sólo parcialmente, se han generado nuevas estructuras burocráticas, pro el patrón de los homicidios, no ha variado sustancialmente ni se ha dado respuesta a las preguntas fundamentales para que se abra paso a la justicia. ¿quién las mató y por qué las mataron? Respecto a esta Vergüenza nacional, se ha puesto sobre el tapete de la discusión, entre otras cosas, la gravedad del fenómeno de la violencia intrafamiliar. En otros países se han aprobador recientemente leyes que intentan combatir a fondo la violencia de género y que buscan con medidas y mecanismos de Estado, incrementar la protección y la ayuda a las víctimas, prevenir los malos tratos y castigar con más dureza a los agresores. En nuestro país donde casi la mitad de las mujeres mayores de 18 años han sufrido algún tipo de violencia, no hemos logrado llevar este debate a modificaciones legislativas con un sentido semejante. En lo que atañe a esa terrible enfermedad de nuestro tiempo, el SIDA, preocupa ala CNDH que no exista un marco regulatorio suficiente para preservar los derechos de los portadores del virus y hacer que sus datos personales sean considerados "información confidencial" ni tampoco cuando los seropositivos son miembros de las Fuerzas armadas y por ello sean dados de baja y con esto dejan de recibir atención médica. En general es evidente la necesidad de invertir más recursos públicos en atención a quienes viven con el VIH, pero también en la información de lo que implica esta pandemia y como prevenirla. Sabemos que en este problema se ha avanzado, pero no lo suficiente. Debo subrayar también la lamentable situación que existe en el sector salud en materia de violaciones a los derechos de las personas. En el 2004 se mantuvo constante el número de quejas originadas por casos de negligencia en la atención médica, agravada por la escasez de medicamentos, la insuficiencia de equipo y en general por la inadecuada prestación de los servicios. El Instituto Mexicano del Seguro Social ocupó el tercer lugar entre las autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violaciones. Ya en los dos años anteriores hicimos un llamado acerca de este particular y hoy señalamos, una vez más, que esta situación es angustiosa para el derechohabiente. Las condiciones de esa institución se agravan por la actitud inexplicable de la dirección de ese organismo al rechazar sistemáticamente nuestras recomendaciones, lo que repercute negativamente en la calidad de la atención médica prestada y envía un mensaje preocupante a la sociedad por la acumulación de deficiencias no atendidas. Señoras y señores Legisladores: Las recomendaciones generales que de acuerdo con su ley emite la CNDH buscan alertar a la sociedad y a las autoridades sobre situaciones violatorias de derechos humanos que trascienden la dimensión del caso individual, al tiempo que plantean a la autoridad propuestas de acción para superarlas. Durante el periodo que abarca este informe se emitieron cuatro recomendaciones generales orientadas a promover modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos. Se trata de que las autoridades competentes dentro de sus atribuciones subsanen las irregularidades señaladas. La recomendación general número 6 sobre la aplicación del examen del polígrafo o detector de mentiras solicitó a las autoridades dictar medidas a fin de proteger el derecho a los particulares y los servidores públicos con respecto a su dignidad y a su intimidad, evitando que en este examen se utilicen procedimientos administrativos de responsabilidad, procesos de selección de personal, evaluaciones a los servidores públicos y averiguaciones previas, así como cualquier otro caso no previsto expresamente en la ley. La número 7, relacionada con las violaciones a la libertad de expresión de periodistas y comunicadores, solicita garantizar el derecho de estos profesionales a realizar sus actividades con pleno respeto a la libertad de expresión y establecer los lineamientos para que los agentes del ministerio público desistan de citarlos para que divulguen sus fuentes de información. Si bien gozamos hoy de una mayor libertad de expresión que antes, el patrón de las violaciones a los derechos de los periodistas no ha variado sustancialmente y a los casos de intimidación y amenazas se suman ahora las que provienen de grupos de presión, sindicatos, iglesias y otras instancias sociales. La recomendación general número 8 sobre discriminación en las escuelas a menores que vienen con el VIH o que padecen SIDA está dirigida a las autoridades educativas a fin de que se abstengan de expulsar, separar de sus estudios, impedir la inscripción de alumnos que viven con el virus y establezcan los mecanismos para garantizarles el derecho a la educación, guarden confidencialidad respecto a su condición de salud y les brinden los apoyos necesarios para que puedan continuar con sus estudios. La recomendación general número relacionada con la situación que guardan los internos que padecen trastornos mentales en centros de reclusión recomendó, entre otras medidas, la formulación de una iniciativa de reformas a la legislación en materia penal federal que prevea que estas personas cuando no representen riesgo alguno para la víctima del delito o la sociedad en general puedan ser atendidos por autoridades de salud en hospitales siquiátricos, así como quienes han cometido infracciones penales y representan un riesgo para la víctima o la sociedad, sean recluidos y atendidos en establecimientos especiales o en pabellones siquiátricos anexos a los centros de reclusión que en cada entidad federativa se acondicionen para tal fin. De manera análoga las recomendaciones generales durante el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó a la opinión pública y a las autoridades tres informes especiales sobre situaciones de particular gravedad y trascendencia para la sociedad mexicana. En el Informe Especial sobre el Programa de Reforzamiento de las Medidas de Seguridad Establecidas en los Diferentes Aeropuertos Internacionales de la República se acreditó que servidores públicos cometieron actos y omisiones violatorios de disposiciones jurídicas nacionales e internacionales, lo cual implicó, en detrimento de los ciudadanos, el abandono de los principios que sustentan las condiciones mínimas de la dignidad humana: igualdad, y en el tránsito legalidad y seguridad jurídica, con que deben contar los usuarios de las instalaciones aerportuarias del país. El informe sobre los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara el 28 de mayo del 2004 con motivo de la Tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, permitió concluir que servidores públicos del municipio de Guadalajara y del estado de Jalisco, vulneraron diversas disposiciones de los órdenes jurídicos nacional e internacional, lo que implicó el abandono de los principios que dan sustento a las condiciones mínimas de dignidad humana, integridad física, legalidad y seguridad jurídica, pero de forma especial, los malos tratos, los tratos crueles y degradantes y posiblemente actos de tortura. Por último, el informe sobre la situación de los derechos humanos en los centros de reclusión de la república mexicana dependientes de gobiernos locales y municipales, puso en evidencia el incumplimiento de la existencia constitucional y organizar el sistema penitenciario, sobre la base de trabajo, la capacitación para él mismo y la educación, pues en la mayoría de dichos centros prevalecen irregularidades que se traducen en violaciones al derecho, a la seguridad pública de la sociedad mexicana, al tiempo que vulneran los derechos y la readaptación social a recibir un trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica así como a la protección de la salud de los internos. Durante el período que informo, sin considerar el Programa de Atención a Víctimas del Delito, la Comisión Nacional atendió 10,729 asuntos personalmente planteados y 24,787 consultas telefónicas. Se registró un total de 3,914 expedientes de quejas, que se sumaron a los 729 que se encuentran en trámite al 31 de diciembre del año anterior, de los cuales se concluyeron 3,800 y 843 quedaron en trámite. Los principales hechos presuntamente violatorios, señalados por los quejosos fueron: Prestación indebida de servicio público. Ejercicio indebido del cargo. Detención arbitraria. Negativa al derecho de petición. Trato cruel y/o degradante, así como, de, o la Inadecuada prestación del servicio público de Salud. Cabe señalar que cinco expedientes de queja se calificaron como tortura en tanto que se incrementaron las denuncias por violación del derecho de la integridad de los menores, violación a los derechos de emigrantes y por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de vivienda. Las autoridades señaladas con mayor frecuencia, como presuntas responsables de violación a los derechos fundamentales fueron: La Procuraduría General de la República. El Organo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. El Instituto Mexicano del Seguro Social. La Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de la Defensa Nacional, y El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Durante el 2004 fueron 93 las autoridades e instituciones a las cuales se hicieron las 92 recomendaciones emitidas, 39 corresponden a la competencia original de la CNDH y 53 a recursos de inconformidad. Entre los funcionarios federales a los que se dirigieron mayores recomendaciones se encuentra, en primer lugar: El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social con 16. El Secretario de Educación Pública con 5. El Secretario de Marina con 3. El Director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y El Procurador General de Justicia Militar, se hicieron acreedores a 2 cada uno de ellos. De las 92 recomendaciones emitidas, 25 autoridades no las aceptaron, de éstas últimas 120 pertenecen a la competencia original de la Comisión Nacional, entre las que se encuentran: El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social en 7 casos. El Secretario de Marina en 2 oportunidades, así como el Director General del Hospital General de México de la Secretaría de Salud en una ocasión. Como decía los derechos humanos ocupan ya un lugar preponderante en la agenda nacional, esta situación que el Estado mexicano ponga en marcha una política acorde con las expectativas y necesidades de la mayoría de la población, de ahí nuestra insistencia en señalar que, sin desarrollo social no podrá satisfacerse la plena vigencia de los derechos humanos, si queremos que nuestro régimen sea auténticamente democrático, es preciso que el Estado oriente su esfuerzo hacia los grupos sociales que requieran de mayor atención. Por otro lado, queremos destacar que una de las obligaciones esenciales del Estado, es la de propiciar las condiciones necesarias y adecuadas para que las sociedad en su conjunto aspire a un desarrollo social y económico sustentable. Existe un consenso generalizado en torno a los derechos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Las generaciones actuales tienen el deber de resguardar el medio ambiente para los futuros habitantes del planeta, en términos de conciliar el desarrollo económico con la protección a los ecosistemas. El derecho al desarrollo debe reconocerse como un proceso orientad a mejorar el bienestar de la población, basado en su participación activa, libre y significativa en la producción y distribución más equitativa de los beneficios que de él derivan, de ahí que la prestación de los servicios públicos, así como la protección del derecho a la propiedad, al trabajo, a la salud, a la educación, sean parte de una agenda que requiere ser orientada para garantizar que prevalezca el beneficio de la sociedad en su conjunto. Para hacer de este ideal una realidad, es preciso crear condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a los recursos básicos y eliminar obstáculos al desarrollo, mismos que resultan de la inobaservancia de los derechos fundamentales. Debemos enfatizar que los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles. La realización de los derechos civiles y políticos es precaria sin el goce de los derechos económicos y sociales y culturales. La consecución de un progreso duradero en la aplicación de los derechos humanos, depende de la puesta en práctica de políticas de desarrollo económico y social eficaces y adecuadas. Señoras y señores legisladores, como les señalaba anteriormente, el respeto a los derechos humanos es una condición indispensable para la realización efectiva del estado de derecho, en el que los mexicanos queremos vivir. Nuestro país no tiene por qué ser excepción en un mundo cada vez más resuelto a reconocer el valor social y la vigencia de las libertades fundamentales, así como su enorme potencial, como aspiración de vida común en la que todos tengamos derechos y cumplamos obligaciones. La vigencia de los derechos humanos es el corazón de la democracia, por ello sostenemos que para la cultura democrática es inaceptable el concepto de que hay tragedias inevitables, como se nos quiere hacer creer que fue la naturaleza de los hechos de Tláhuac o en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. En la vida social nada es fatal o inevitable; lo inevitable sólo ocurre cuando se está ante fuerzas desatadas de la naturaleza y aún en esos casos los daños son menores si existe intervención oportuna de las instituciones y de la propia sociedad. A lo largo de 2004, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo una apuesta diaria a favor del respeto a sus derechos, a favor del diálogo, de la vida civilizada, del entendimiento posible entre personas y la solución pacífica de sus diferencias. Nuestras acciones y resoluciones buscaron en todo momento restituir derechos a quienes, por actos indebidos o abusivos de la autoridad, les habían sido infringidos. El 16 de noviembre pasado, el Senado de la República decidió ratificarme para un segundo período al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La decisión ampliamente mayoritaria de los integrantes de las diferentes fracciones partidistas ahí representadas, fortalece a la Comisión Nacional, pues significa un voto de confianza en nuestro trabajo, para avanzar en la defensa y la protección, la promoción y la divulgación de los derechos y libertades fundamentales de los mexicanos, sin tintes partidistas y sin politizar los fenómenos. En el plano personal, esta decisión es un enorme compromiso que asumo con la mejor disposición de superar las debilidades y consolidar la fortaleza. Por ello ratifico ante ustedes el compromiso de contribuir con nuestra labor, a fortalecer el estado social y democrático de derecho e impulsar, en todos los medios posibles, el respeto a la legalidad como norma de vida de la sociedad. Al mismo tiempo y teniendo como soporte el carácter autónomo de esta Comisión Nacional, refrendo la disposición para trabajar de manera coordinada en todos aquellos proyectos que impulsen el conocimiento, la divulgación, la observancia y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. De cara al inicio de un nuevo período de sesión, el papel del onbudsman nacional, será primero que nada el de un defensor intransigente de los derechos y libertades esenciales. Asimismo, nos proponemos continuar denunciando y combatiendo la violencia ilegal e ilegítima en todas sus manifestaciones, combatiendo la indiferencia institucional o social, promoviendo los derechos de las mujeres, de los migrantes y de otros grupos vulnerables, impulsando los cambios legislativos que promuevan una eficaz defensa de las libertades y el reforzamiento de la seguridad pública. Al mismo tiempo, el Ombudsman será un promotor del dialogo conciliador, respetuoso, pero exigente ante la autoridad en beneficio de la ciudadanía, buscando que el ejercicio del poder público se base en el respeto irrestricto del los derechos humanos sobre las primicias no negociables de la legalidad, la ética y la responsabilidad pública. La sociedad mexicana exige que las instancias relacionadas con la defensa de los derechos fundamentales, las entidades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, realicen su mejor esfuerzo a favor de la cultura del respeto a estos derechos, exige también que, con consideración a la independencia de cada una ejecutemos acciones comunes para lograrlo, de manera que impulsemos que las autoridades cumplan con su deber de respetar y promover los derechos de las personas. Sin un compromiso claro y firme a favor de la legalidad y la justicia, la defensa de los derechos humanos será afán incompleto, débil, impreciso, ante los retos enormes que vive el país. Ratifico una vez más mi convicción de que la lucha por la defensa de las libertades de la persona, no puede ni debe ser librada en forma aislada, de que todos los actores sociales estamos obligados a vincularnos más con total apertura y en busca de acuerdos, así como a realizar proyectos que nos lleve a concretar coincidencias esenciales para fortalecer una cultura de los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantendrá invariable su voluntad de consolidar con todos los actores sociales, el dialogo que iniciamos hace 5 años; se trata de un dialogo sin reservas ni desconfianzas, orientado a hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos, la base de una sociedad más libre y más justa. Muchas gracias. (Aplausos)