El diputado Sergio Penagos García: Gracias, diputado Presidente. La iniciativa gira alrededor de la siguiente Exposición de Motivos Es indiscutible que, desde hace varios años, se ha venido acrecentando el reclamo de la ciudadanía para vivir en un país más justo y alejado de la corrupción. No hay duda de que algunas de las instituciones gubernamentales adolecen de poco prestigio frente a la sociedad, e incluso hay ocasiones en que la fundada sospecha tiene lugar. Sin embargo, es preciso reconocer que la corrupción no depende en forma exclusiva de la voluntad del servidor público desleal y deshonesto: mientras no se asuma como verdad, la alta incidencia de participación de personajes ajenos al servicio público que se involucran en actos de corrupción como una forma de hacer negocio, afectando el erario de la nación, nos encontraremos varios pasos distantes de lograr la solución deseada. Con el propósito de avanzar hacia el objetivo de transparentar el ejercicio de los recursos públicos, es necesario generar los mecanismos que hagan posible cerrar la puerta y los caminos a la corrupción, permitiendo a la autoridad contar con mejores herramientas para sancionar a quienes incurren en conductas tales, pero además brindándole dispositivos que pudieran inhibir la participación de estos personajes en acciones futuras. Se dice lo anterior en razón de que es común encontrar contubernios entre servidores públicos y contratistas o prestadores de servicios, que realizan maniobras conjuntas, generando graves daños al erario, ya construyendo obras de mala calidad o de calidad deficiente; o bien, cobrando servicios en forma desmesurada e incluso algunos que ni siquiera se hayan prestado. Con base en esta realidad, es debido reconocer que las sanciones en muchas ocasiones se dirigen sólo al servidor público desleal, pero dejan a salvo al particular, quien con igual intención participó en las acciones encaminadas a dañar el interés de la colectividad. Si bien es cierto que eventualmente la persona ajena al servicio público también es perseguida penalmente para castigar su indebido proceder, también es cierto que no se toman medidas preventivas destinadas a evitar que esa persona participe en otros contratos con posterioridad de manera indirecta o directa. Desde nuestra perspectiva, el hecho de que al particular se deje a salvo el derecho de continuar participando en nuevas contrataciones cuando al servidor público se aplican sanciones administrativas, muy merecidas, como la inhabilitación para ocupar otros cargos públicos, implica cerrar los ojos a la realidad de que se deja el camino para que el ciudadano deshonesto busque nuevas vías para desarrollar iguales acciones con idénticas consecuencias. Es obvio que la sanción consistente en la inhabilitación para ocupar cargos públicos con posterioridad al daño causado al erario tiene como finalidad la prevención. Separado del puesto, se prohíbe a quien fuera servidor público volver a ocupar un cargo de esa naturaleza, con el único propósito de impedirle buscar, en forma inmediata, su reincorporación a la función pública para repetir su conducta reprobable. De tal forma, resulta pertinente la propuesta de adoptar mecanismos que obstaculicen al particular iniciar la reconstrucción de una red de complicidades con el objetivo de repetir los actos lesivos al interés general. Esto se logrará en la medida en que se apliquen iguales sanciones de carácter administrativo a los infractores, tal como es la inhabilitación. En este caso, la inhabilitación se dirigirá a la prohibición de celebrar nuevos contratos con la administración pública. La solución estará en la medida en que se reforme el sistema y no solamente el hecho de poner al descubierto al corrupto. Es preciso contar con nuevas formas que inhiban estas prácticas en la administración pública. No es posible admitir que no existe conciencia del ilícito por parte de quien, sin ser servidor público, actúa en perjuicio del erario. Tampoco puede alegarse en su beneficio la necesidad de obtener el contrato o la coerción impuesta por el servidor público corrupto. Ningún argumento atenuante es válido cuanto existe una inmensa mayoría de ciudadanos que a diario se ganan la vida desarrollando su trabajo con honestidad y sin depender de la administración pública para solventar sus necesidades económicas. Si bien para algunos podría resultar excesiva la idea formulada, es de poner en relieve que en materia penal se encuentra prevista la posibilidad de hacer iguales consideraciones para quien, sin ser servidor público, tenga a su cargo la administración de recursos del erario federal y les dé aplicación distinta de aquella para la cual tuvieron destino originalmente. En esos casos es considerado servidor público, a efecto de aplicarle las mismas sanciones existentes para que quien, siéndolo, infringe la ley. La lógica de este precepto resulta evidente. Lo importante está en la protección del interés de la sociedad: el fin último al cual debe dirigirse el ejercicio del dinero público es la generación del bien común. Por tanto, cualquier persona encargada de aplicar ese recurso tiene sobre los hombros la responsabilidad de crear bienestar a favor de la comunidad. El carácter o investidura con que cumpla esa encomienda pasa a segundo término. A partir de las consideraciones contenidas en la ley penal, es claro que la obligación a cargo del ciudadano común de conducirse bajo las mismas normas que el servidor público deriva del manejo de recursos públicos y del destino para el beneficio comunitario. Así las cosas, es fácil admitir la viabilidad de ampliar las sanciones al ámbito administrativo para los casos en que el ciudadano común infrinja la ley en perjuicio del colectivo a partir de la realización de obras, acciones o prestación de servicios que se sufragan con recursos del erario y su finalidad beneficiosa es desviada. De aceptarse la medida, además, se estará lanzando un serio preventivo para los que hoy se encuentren en la disyuntiva de realizar de un mal negocio y además ver cancelada la posibilidad futura de continuar desarrollando sus actividades en concordancia con la administración pública. Por ello presentamos el siguiente Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando los párrafos segundo, tercero y cuarto a quedar como tercero, cuarto y quinto, respectivamente, así como se reforma el consecuente párrafo quinto, quedando en la siguiente forma: Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando los párrafos segundo, tercero y cuarto a quedar como tercero, cuarto y quinto, respectivamente, así como se reforma el consecuente párrafo quinto, para quedar como sigue: Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Asimismo, en lo conducente serán sujetos de las responsabilidades previstas en este título los particulares que manejen o apliquen recursos públicos en los términos previstos por las leyes correspondientes. Las Constituciones de los estados de la República precisarán en los mismos términos del primer párrafo de este artículo, y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios, o de los particulares que manejen o apliquen recursos públicos. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Las Legislaturas de los estados deberán, en su caso, adecuar las disposiciones constitucionales y legales aplicables en la materia, en los términos de la presente reforma, a más tardar dentro de los 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2005. Es cuanto, diputado Presidente.