La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Presentamos el dictamen de la iniciativa de proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 55 y 56 del Código Civil Federal, a nombre de la Comisión de Justicia que preside la diputada Pilar Ortega y todos y todas sus integrantes. Certidumbre jurídica para los recién nacidos, es uno de los derechos que se adquiere al momento de nacer. Ese derecho a la identidad la Unicef lo reconoce como un acto jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, y a su vez de pertenencia a un Estado, a la sociedad y a una familia, condición necesaria para garantizar el respeto, ejercicio y protección de sus derechos. Diversos instrumentos internacionales reconocen el derecho a la identidad, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el ámbito nacional, la Carta Magna y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, reconocen el derecho a ser registrado de una manera gratuita e inmediata en el Registro Civil, así como la obligación del Estado a expedir gratuitamente la primera copia del acta de nacimiento. La ausencia de este documento es una barrera legal para el ejercicio de los derechos, tales como el derecho de la salud, a la educación, al desarrollo social, incluso al voto. No contar con acta de nacimiento es un factor de exclusión social. La diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, promovente de esta iniciativa, señala que el primer documento de identidad en nuestro país es el acta de nacimiento y que, si no se garantiza con ella el derecho a la identidad, las y los mexicanos no podrán tener ejercicio libre y desarrollo pleno de su personalidad. Cifras presentadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, plantea que entre el 7 y el 13 por ciento de las y los mexicanos no cuentan con un acta de nacimiento, esto también impide contar con un registro exacto de la población y de las defunciones. A partir de 1981, la Secretaría de Gobernación dio inicio a un proceso de modernización del Registro Civil para atender cada necesidad, según cada territorio y población, e incentivó el registro oportuno sin importar las barreras territoriales y económicas, sin embargo, no se ha alcanzado este objetivo. Por lo antes expuesto, la Comisión de Justicia, presidida por la diputada Pilar Ortega Martínez, con opinión favorable del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, coincide con el planteamiento de reformar el Código Civil Federal, para: Que en primer lugar los médicos, parteras, hospitales públicos o privados que hubieren asistido un parto, cuenten con 48 horas para dar aviso al Registro Civil del nacimiento. Segundo, que la autoridad competente expida gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. Tercero, que toda institución educativa, pública o privada que tenga conocimiento de que un menor no cuenta con acta de nacimiento, deberá dar aviso al Registro Civil en las 24 horas siguientes para que este levante el acta de nacimiento correspondiente. Y cuarto, que quienes incumplan esta obligación de dar aviso del nacimiento al Registro Civil, se hagan acreedores a una sanción administrativa. Por lo antes expuesto, les solicitamos compañeras y compañeros, diputadas, diputados, su voto a favor de este dictamen ya que con ello daremos certidumbre a muchos y muchas que hoy no tienen un acta de nacimiento. Es cuanto, diputada presidenta.