El diputado Jaime Flores Castañeda: Con su venia, diputado presidente. El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente Exposición de motivos El objetivo esencial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la protección, promoción, estudio, observancia y divulgación de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano. Cabe mencionar que las quejas y denuncias, las resoluciones y recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no afectan el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, por tanto, no suspenden ni interrumpen sus plazos preclusivos. No obstante, se ha detectado que la gama de reacciones físicas o emocionales de las víctimas es muy amplio, pero se les brinda un trato similar, sin que importe que hubiera menoscabo de su patrimonio, la pérdida de un ser querido o cualquier otro evento que altere su percepción de seguridad y bienestar. El primer punto de contacto de la víctima son los servicios de urgencias, ya sean médicos, de seguridad pública o de procuración de justicia, generalmente se lleva a cabo a través de la atención telefónica, pero la falta de información sobre los servicios profesionales e instituciones que atienden a las víctimas ocasiona que éstas se vean insertas en un laberinto de dependencias, trámites y esperas, que tienen como consecuencia una victimización secundaria que genera desconfianza y a su vez ocasiona que opten por no dar parte a las autoridades. Resulta de suma importancia que en el desarrollo de la averiguación previa o a través del proceso penal, a la víctima no se le da el trato de un tercero ajeno al problema, o que se le considere como un impertinente, por parte de los servidores públicos, por lo que resulta, como es común, que se les niegue la información o que no se les permita intervenir en el desarrollo del procedimiento, y en consecuencia termina por convertirse en un simple espectador, lo cual deriva de la falta de coordinación de las autoridades, así como la ausencia de un marco jurídico suficiente en la materia, a lo que debe sumarse que la tutela de las víctimas no sea regular y, por tanto, resulte ineficaz. De igual manera, se debe propiciar en las autoridades una conciencia activa y compromiso gubernamental en la promoción de los derechos de las víctimas, así como brindar la atención necesaria a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la abstención de conductas que anulen sus derechos o generen una nueva victimización. Resulta de suma importancia precisar que es necesario la adición de este tercer párrafo al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la única finalidad de que sean llamados ante las Cámaras del honorable Congreso de la Unión o, en su defecto, ante las legislaturas de las diversas entidades federativas, según corresponda, con la finalidad de que sean expuestas las razones que fundamenten la negativa correspondiente a los funcionarios que no acepten una recomendación de los organismos de protección a los derechos humanos. Es necesario que si la autoridad opta por no acatar la recomendación deberá tener razones congruentes y convincentes para hacerlo, así como ser capaz de defenderlas ante el Poder Legislativo. No obstante, la pretensión de esta propuesta es acentuar que el Poder Legislativo debe dar un seguimiento más delimitado a aquellas y a aquellos funcionarios que se han negado a aceptar las recomendaciones por parte de los organismos dedicados a la protección de los derechos humanos, que si bien no son vinculantes, no significa que se puedan dejar de atender. En mérito de lo expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente Decreto, que reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único. Se reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 102, apartado B, para quedar como sigue: Artículo 102. ... A... B... ... El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán hacer el llamado a acudir ante las Cámaras del Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas, según sea el caso, a aquellas funcionarias o funcionarios que no acepten una recomendación de los organismos de protección de los derechos humanos para exponer las razones que fundamentan su negativa. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solicito a la Presidencia se inserte de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.