EL DIP. LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea: Las diputadas y los diputados federales que integramos la Comisión de Turismo en esta LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispone la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se deroga el Inciso 4º del Inciso B de la fracción I del artículo 8º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2002, bajo la siguiente exposición de motivos. Si me permite la Presidencia, obviaré un poco la lectura pero solicito sea incluido el texto íntegro de la misma en el Diario de Debates. El pasado 14 y 16 de enero del 2002 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a la XXI y XXII resolución de modificaciones a la resolución Miscelánea para el 2000, en el que se adicionaron respectivamente por una parte las reglas 2.4.10, con un último párrafo. Lo anterior fue de suma importancia, ya que entre otras cosas reglamenta lo dispuesto en el artículo 8º transitorio de la Ley de Ingresos, incorporando las reglas 14.1 a 14.9, relacionado con el Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios, incorporando nuevas obligaciones a los contribuyentes de las exigidas en su momento por la propia Ley de Ingresos. Es decir, extralimitándose a lo aquí aprobado. Es preciso recordar que de manera notoria y a partir del año 1979, se han venido publicando periódicamente resoluciones que establecen reglas de interpretación o aplicación de las leyes. En la actualidad estas resoluciones que establecen tales reglas se identifican como resoluciones misceláneas que abarcan dos grandes sectores: La primera, la resolución Miscelánea Fiscal, que se refiere a los alcances, interpretación y aplicación del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales en lo particular. La segunda. Resolución Miscelánea del Comercio Exterior. Estas resoluciones tienen su fundamento en lo que dispone el artículo 33 fracción I, Inciso G, del Código Fiscal de la Federación que otorga a las autoridades fiscales las facultades para publicar anualmente las resoluciones dictadas por ellas que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por los contribuyentes y se puedan publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limiten a períodos inferiores de un año. Sin embargo en las recientes publicaciones del Diario Oficial de la Federación de los días 14 y 16 de enero pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de este medio, introduce obligaciones nos previstas en la ley y además incorpora procedimientos que no son para facilitar los actos administrativos, sino que por el contrario hacen los trámites más complejos y engorrosos, dejan en estado de indefensión e incertidumbre a todos los particulares, tanto comensales como del sector restaurantero nacional. El artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, es claro al señalar que los funcionarios fiscales facultados podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y derivaran en derechos únicamente cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, la resolución miscelánea fiscal no puede incorporar obligaciones a los contribuyentes que no estén contenidas en la ley, de hacerlo, son ilegales por ir más allá en lo señalado en el ordenamiento legal, por lo que no basta analizar lo publicado por la Secretaría de Hacienda para darnos cuenta de que han rebasado lo establecido originalmente en la Ley de Ingresos. De lo anterior, claramente se puede desprender que con las modificaciones hechas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se estará a lo siguiente: Que este impuesto se aplicará a todos los contribuyentes y como se planteó en la ley, en el sentido de que sería aplicable a las operaciones que se realizaran en público. Tener que conservar una copia de la cédula de identificación fiscal de la persona a cuyo favor se expide. Tener que recabar un escrito firmado por la persona que recibe el bien o el servicio, dirigido al Servicio de Administración Tributaria en la que dicha persona manifestará, bajo protesta de decir verdad, que el valor de la operación sería aplicado como deducción para los fines del Impuesto Sobre la Renta y el monto del Impuesto al Valor Agregado trasladado para ser acreditado por la persona a favor de quien se expide el comprobante. Que no sería necesario obtener el escrito de referencia cuando los pagos se realizaran por personas morales mediante transferencia electrónica de fondos de la cuenta electrónica a cuyo favor se expide el comprobante a la cuenta de la persona que lo extienda, ni cuando los pagos se realizaran mediante cheque nominativo de la cuenta de la persona que lo extienda y se encuentre impreso en el esqueleto del cheque la clave del Registro Federal de Contribuyentes del librador, debiendo conservar copia fotostática del mismo. Que debe conservar una copia de la credencial para votar o del pasaporte de las personas que reciban el bien o el servicio. Que la copia de la identificación mencionada no será exigible cuando los pagos se realicen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Que en el caso de que el comprobante se extienda a nombre de una persona física, la tarjeta deberá de corresponder a dicha persona, cuando la tarjeta se extienda a nombre de una persona moral deberá emplearse una tarjeta empresarial o corporativa de dicha persona. Como se puede apreciar, ninguna de estas obligaciones ni ninguno de estos procedimientos fueron con meridiana claridad plasmados en la ley, sino que son estrictamente requisitos que estableció la Secretaría de Hacienda a su discrecionalidad y que de ninguna forma facilitan al contribuyente su empleo. No obstante lo anterior, la Secretaría de Hacienda publicó en diversos periódicos de circulación nacional, el 20 de enero y actualmente visible en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria siguientes tratamientos al impuesto suntuario, deducciones del 50% en acreditamiento del impuesto del 5% en restaurantes. Como se puede apreciar, estas disposiciones van más allá de lo que se planteó en la ley, por lo que consideramos que no se respeta lo plasmado en la ley, que no se respetó a esta soberanía, por lo tanto, lo mejor es derogar dicha disposición. Por otra parte, el sector restaurantero, está siendo seriamente castigado por este impuesto, teniendo un impacto negativo en el comercio y en las actividades turísticas del país. Basta poner de ejemplo que en el mes de enero cayeron en un 15% las ventas por esta medida, por lo que se hace necesarísima una urgente solución, para resolver esta medida. Por un lado, los problemas de legalidad, que ha originado las modificaciones hechas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por el otro, la seria reducción en sus ventas del sector restaurantero que está teniendo en estos días. Por lo anterior, y para evitar equívocos de interpretación legal e impactos económicos negativos y por las consideraciones anteriormente esgrimidas, la Comisión de turismo exhorta, desde este momento, a la Secretaría de Hacienda, para que termine con la persecución a los restoranes a nivel nacional, y somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se deroga el inciso cuarto del inciso b) de la fracción I del artículo Octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002. ARTICULO UNICO. Decreto por el que se deroga el inciso cuarto del inciso b) de la fracción I del artículo Octavo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002. Artículos Transitorios 2002. Artículo Octavo fracción I inciso b), inciso cuarto) se deroga. T R A N S I T O R I O S UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro a los 11 días del mes de abril del 2002. Firman todos los integrantes de la Comisión de Turismo de esta Cámara de Diputados.