La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Compañeros legisladores. Con su venia señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta H. Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica los Artículo 6, 119, 122 y 123 de la Ley General de Bienes Nacionales en Materia de Minería, a tenor de lo siguiente: La Ley Minera cuya reforma fue aprobada este año, como parte de todo sistema jurídico, hoy requiere del ajuste, la modernización y la actualización de otros marcos normativos con los que se relaciona, es así que también propuse la modificación a la Ley Federal de Derechos y este día, vengo a solicitar el apoyo de este pleno, para reformar y actualizar la Ley General de Bienes Nacionales en Materia Minera, para dar congruencia y actualidad a esta ley y que no se desvincule de las nuevas reformas. Es ahora necesario que la ley defina la competencia de bienes como los minerales y específicamente de las salinas y de las salinas artificiales, que no habían encontrado cabida en los marcos normativos. En México existe la salina más grande del mundo en Guerrero Negro, que produce aproximadamente 6 millones de toneladas anuales, adicionalmente, por lo menos, 14 salineras más, desarrollan sus actividades en las costas mexicanas, para una producción total de más de 7.5 millones de toneladas anuales. Anteriormente se definían esos y todos los minerales como propiedad de la federación, cuando en congruencia con el resto de los bienes nacionales, deberían ser propiedad de la nación, la reforma que hoy vengo a proporcionarles subsana este error ancestral. En esta misma exposición, debo dejar precedente de lo que un legislador entiende por una salina y por supuesto la distinción a las que la ley debe referirse al hablar de salinas artificiales. Las salinas artificiales son aquellas instalaciones industriales en las costas en donde a través del proceso de evaporación solar del agua de mar, se obtiene el cloruro de sodio, también conocido como "sal común". La sal común se obtiene mediante la concentración de agua de mar hasta obtener salmuera saturada en cloruro de sodio, mismo que se cristaliza y posteriormente se cosecha y se lava. Por lo anterior, es que las características naturales del sitio seleccionado para el desarrollo de la infraestructura de producción salinera, son determinantes para el éxito de la operación, requieren grandes áreas de terreno plano e impermeable, alta radiación solar, viento constante y baja precipitación pluvial para garantizar un alto índice de evaporación. Su cercanía a la costa simplifica el suministro del agua de mar, única materia prima del proceso. La inundación artificial de grandes extensiones de terreno adyacentes al mar, cambia el uso del terreno, lo cual requiere de un acuerdo entre el salinero y el dueño del terreno en caso de no ser el mismo, así como una compensación económica consecuente por el impedimento del uso tradicional del terreno inundado. La Ley de Bienes Nacionales, a la fecha no contempla el supuesto de la inundación artificial con agua de mar de terrenos colindantes a la costa para el uso como salinas. La existencia de este vacío en la ley, hace que las decisiones respecto a la propiedad de los terrenos inundados y su dimensión y delimitación con respecto a la zona federal marítimo-terrestre, esté sujeta a la interpretación de las autoridades. El artículo 122 del Título Cuarto de la ley mencionada especifica que, en el caso de que la zona federal marítimo terrestre sea invadida total o parcialmente por las aguas o de que éstas lleguen inclusive a invadir terrenos de propiedad particular colindantes con la zona federal marítimo terrestre, éstas se delimitará nuevamente en los términos de esta ley y sus reglamentos. Las áreas de los terrenos que pasen a formar parte de la nueva zona federal marítimo terrestre, perderán su carácter de propiedad privada, pero sus legítimos propietarios tendrán derecho de preferencia para que se les concesione, conforme a lo establecido por esta ley. El espíritu del legislador respecto al artículo 122, consideramos estaba orientada a la modificación de la Costa por fenómenos naturales, como huracanes y tsunamis y la definición de la SOFEMAT (?) en estos casos, pero no a la inundación artificial de terrenos privados o de carácter social para otros usos como lo demuestra el artículo 119 fracción IV del mismo Título Cuarto, que dice: "En el caso de marinas artificiales o esteros dedicados a la acuacultura, no se delimitará zona federal marítimo terrestre, cuando entre dichas marinas o esteros y el mar, medie una zona federal marítimo terrestre". El establecimiento y funcionamiento de salinas en terrenos privados se encuentra de esta manera amenazado ex lege (?) en el momento que se inundan los terrenos; por un lado, por la inseguridad que genera en el salinero dueño del terreno en cuanto al régimen de su propiedad, y por otro lado, en cuando a la inseguridad que genera para el dueño del terreno la enajenación del mismo al salinero para su inundación, pues pone en peligro su propiedad y el cobro de su compensación económica. Las salinas, como cualquier otra industria, son actividades de negocio que dependen de las condiciones económicas de mercado, tanto nacionales como internacionales, y por esto, la existencia de los terrenos inundados por el agua de mar son fenómenos temporales que dependen de la economía del negocio y que no afectan la delineación definitiva de la zona federal marítimo-terrestre y menos debería de afectar la propiedad del terreno. La temporalidad de las zonas inundadas está demostrada desde el momento en que su desaparición está sujeta simplemente a la suspensión de las actividades de bombeo del agua de mar hacia los vasos de inundación. La constitución de los Estados Unidos Mexicanos indica en su artículo 27 fracción VII, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley con respecto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. El párrafo anterior indica claramente el libre albedrío del propietario de la tierra, de dedicarla a la actividad económica que mejor satisfaga sus necesidades, sin que esto altere sus derechos de propiedad adquiridos; el uso de terrero privado para la construcción de salina y la producción de sal, no debe afectar la propiedad del mismo. Por lo anterior y consciente de mi responsabilidad como legisladora y de las bondades de este proyecto, presentó ante esta Honorable Asamblea la iniciativa en comento. En virtud de que ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y por respeto y en aras del aprovechamiento del tiempo para otros asuntos, omitiré la lectura del articulado. Es cuanto, señor Presidente.