La diputada Liliana Ortiz Pérez: Con su permiso, presidente. ¿Cuántas familias en México han visto una y otra vez echarse a perder sus alimentos del refrigerador por los apagones? ¿Cuántos pacientes internados en hospitales han sufrido los efectos de la energía intermitente? ¿Cuántas niñas y niños se han quedado sin la oportunidad de hacer sus tareas por no contar con luz? Las y los mexicanos hemos sido testigos de apagones masivos los últimos meses. Tan solo en mayo, 11 entidades federativas como la Ciudad de México, el estado de México, Hidalgo, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca y Querétaro, se quedaron sin suministro por más de 5 horas. Lo anterior, obligó a que el Centro Nacional del Control de Energía, Cenace, declarara un estado operativo de emergencia, interrumpiendo el suministro eléctrico para estabilizar la demanda. Este evento destacó la fragilidad de la infraestructura energética del país y la necesidad urgente de soluciones sostenibles y resilientes, ya que estos eventos generan pérdidas significativas para sectores clave, afectando la economía del país. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación de México, Index, por cada hora sin electricidad se estima que se pierden alrededor de 200 millones de dólares. Tan solo los apagones del 2021 generaron pérdidas de 2 mil 700 millones de dólares en este sector. Lo anterior, a pesar que en julio del 2019 el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría problemas de energía eléctrica porque, según sus datos, había abasto suficiente, así que descartó la posibilidad de que hubiera apagones, negando así la oportunidad de apostar por nuevos esquemas de participación para el suministro de energía. En este sentido, la propuesta de centralizar nuevamente el control del sistema eléctrico en una empresa pública del Estado es un claro retroceso, que nos devuelve a modelos obsoletos y poco competitivos. Limitar la participación privada en la transición y distribución de electricidad, elimina los incentivos para la inversión extranjera y nacional en infraestructura energética. México se volvería menos atractivo para los inversionistas, afectando el crecimiento económico, la creación de empleos y la modernización del sector energético. En un mundo globalizado es vital permitir la competencia y la colaboración entre sectores público y privado para mantener la competitividad del país. Al restringir la participación privada en el mercado eléctrico y modificar los derechos que los inversionistas adquirieron gracias a las reformas de 2013, México se expone a conflictos legales con sus socios comerciales del T-MEC. La violación de estos compromisos internacionales podría derivar en demandas y sanciones económicas que afectarán al sector energético y a toda nuestra economía, justo cuando deberíamos trabajar para posicionar a nuestro país y para aprovechar los beneficios del nearshoring. México no puede darse el lujo de enfrentar represalias comerciales en un momento tan crucial para nuestra recuperación y crecimiento económico. Asimismo, es necesario mencionar que la reforma propuesta no contempla un marco claro para fomentar el uso de energías limpias y renovables, lo que podría estancar el progreso en esta área. Las empresas privadas que han invertido en energía solar y eólica perderían incentivos y México podría alejarse de sus compromisos ambientales internacionales. El monopolio estatal en la generación de energía con un enfoque de combustibles fósiles contraviene el esfuerzo global hacia la transición energética y agrava los problemas ambientales que enfrentamos como nación. Necesitamos avanzar, no retroceder en la diversificación de nuestras fuentes de energía. Este cambio que promueve en la Constitución no considera que nuestros recursos como país son finitos y que además nos tienen ya bastante endeudados. Al consolidar estas empresas ineficientes aumentarán los costos para todas las familias mexicanas. La electricidad, el gas y el combustible se volverán más caros y la carga financiera va a recaer sobre los hogares más humildes, los que ya sufren para llegar a fin de mes.