LA C. DIPUTADA MAGDALENA DEL SOCORRO NUÑEZ MONREAL: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Todo país que aspire a un desarrollo económico sustentable, con perspectiva de ofrecer un futuro mejor para sus habitantes, debe diseñar una estrategia energética que lo haga viable. El desenvolvimiento mismo de la actividad productiva, sería impensable sin la energía generado por distintos medios. La electricidad constituye así un energético fundamental para el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad moderna, sin la electricidad muchas actividades de la ayuda cotidiana, dejarían de realizarse o se perderían oportunidades de empleo, educación, salud, comunicación y entretenimiento. Ello explica porqué el diseño de esa estrategia, está en el centro de las políticas públicas de muchos gobiernos del mundo. También da cuenta de la enorme importancia que adquiere para la seguridad nacional de un país, sobre todo si éste se ubica en un área estratégica de la región. La disputa global por los mercados energéticos encuentra aquí su verdadero sustento. Diversos países han emprendido reformas al sector eléctrico, para enfrentar los desafíos del desarrollo económico, algunos han tenido éxito en los objetivos esperados, otros no; sin embargo, la experiencia internacional, nos enseña que no existe un derrotero único para encarar la modernización eléctrica y la demanda creciente de la población. La alternativa depende de la historia misma de cada país, de las particularidades de su sector energético y de las fuentes sociales y políticas, que se ponen en tensión al momento de la reforma. Hoy, que el neoliberalismo cuestiona lo público, las privatizaciones no han proporcionado mejores resultados y bienestar general de la población en las naciones que las han emprendido. En nuestro país el diseño de esa estrategia energética está a debate, como está a debate el curso que debe tomar el desarrollo económico y social de un país en transición a la democracia, cuya reforma del Estado aun está pendiente. Constituimos una nación con reservas y recursos naturales, hemos desarrollado capacidad tecnológica frente a vecinos como los Estados Unidos, que han tenido una estrategia energética continental, que ha gravitado sobre las grandes decisiones que los distintos gobiernos han tomado en materia económica y de política internacional. Sin embargo, a pesar de los vendavales y a contracorriente, nuestra industria eléctrica ha permanecido en manos exclusivas del Estado desde hace casi medio siglo. Cubre el 96% de la demanda total y contribuye con el 1.2% del PIB nacional. Su aportación al desarrollo soberano del país es innegable. El terreno de la discusión sobre el futuro de nuestra industria eléctrica es un campo muy sensible, en donde la historia de la nacionalización y las fuerzas que se aglutinen alrededor de la opción pública serán decisivas en su desenlace, sin intromisiones. Lo anterior debido a que el viraje económico y social en la conducción del Estado Mexicano operado a partir de 1982, condujo a reformas estructurales que llevaron a la apertura indiscriminada de nuestras fronteras a capitales extranjeros y a su participación en áreas estratégicas como las telecomunicaciones, el transporte ferroviario o los servicios financieros. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en condiciones de desventaja frente a los que serían nuestros socios comerciales, no hizo más que confirmar esa política de integración subordinada a los intereses geoeconómicos y geopolíticos del capital transnacional. El país evidencia un proceso de desnacionalización en las áreas estratégicas y prioritarias, antes bajo el control del Estado. Junto con el cambio estructural se destruyeron las bases jurídicas del Estado Social Mexicano y de su rectoría económica. La toma de decisiones financieras, económicas y sociales, antes que estar orientadas por una defensa de la soberanía, se plegaron a las directrices de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La administración del actual Presidente de la República mantiene esta tendencia de integración subordinada a los Estados Unidos y al gran capital financiero, sólo así se explica el intento irreflexivo e irresponsable de ceder lo poco que nos queda a la iniciativa privada extranjera: el control de los recursos naturales estratégicos como son petróleo, el gas natural y los minerales. Sólo así podemos comprender las torpes concesiones en la infraestructura carretera, ferroviaria, marítima y satelital promovidas desde el anterior sexenio. Esta subordinación, en consecuencia, ha llevado a descuidar a la mayoría de la sociedad; los procesos de privatización de la planta productiva, agrícola, comercial, industrial y financiera a favor de los intereses extranjeros, han dejado de lado las demandas populares o las han supeditado a estos intereses. Con la firma del TELECAN que no incluyó una carta social, como en su momento se propuso, no se ha abatido la pobreza, sino que ha aumentado; no se han generado los empleos esperados ni el salario de los mexicanos ha recuperado sus niveles históricos; tampoco se ha fortalecido nuestra planta productiva y el campo sufre una crisis estructural que lo tiene al borde del colapso. Estas reflexiones vienen al caso debido a la visita de Estado que realizó a México el Canciller Alemán Gerhard Schroeder, en lo que puede constituir un nuevo episodio en contra de nuestra soberanía nacional y contrario a todas las normas de la diplomacia internacional, sobresalen las declaraciones del Embajador de aquel país hermano, Wolf (¿) Ruther (¿) Boon (¿) reproducidas por la prensa el viernes 8 de febrero. Cito: "Interesados en invertir cifras millonarias en el país, empresarios alemanes pedirán al Presidente Vicente Fox que emprenda las reformas necesarias a la Constitución, para abrir el Sector Energético a la iniciativa privada. Los alemanes dejarán en claro al gobierno que de no llevar a cabo las modificaciones requeridas, podrían llevar sus capitales a Europa Oriental". Termina la cita. Las desafortunadas declaraciones del Embajador Alemán, caen en el terreno fértil de un debate abierto en México y abonan a favor de la visión privatizadora y desnacionalizadora de los gobiernos neoliberales. Son un ejemplo más de la exigencia del gran capital internacional que enfoca la mira en el petróleo, el gas y la electricidad no sólo de México, sino del resto del planeta. Para nuestro grupo parlamentario, las declaraciones del embajador Alemán, contienen una carga política innecesaria y pueden enrarecer el ambiente de discusión sobre el futuro del Sector Eléctrico en nuestro país. Son inoportunas. Si de lo que se trata es alentar la inversión privada alemana en México y son inapropiadas cuando esta soberanía no ha decidido el tipo de reforma que se quiere. Bienvenida la inversión extranjera en nuestro país, pero no a condición de reformar nuestro marco constitucional a gusto de los inversores. Bienvenida la inversión productiva, generadora de empleos y oportunidades, pero sobre la base de respetar las decisiones soberanas de los poderes constitucionales del Estado mexicano. El rumbo del sector eléctrico es asunto de los mexicanos. Por ello, señoras y señores legisladores, sería oportuno hacerle saber al diplomático alemán, a través de la instancia correspondiente, el sentir del Congreso sobre este importante tema. Lo procedente en estos casos es respetar el clima político interno y favorecer un ambiente de respeto en lo que se declare. En lo que concierne a nuestra política exterior, los mexicanos tenemos un especial aprecio por los países europeos, mantenemos el principio de respeto al derecho de las naciones a decidir sobre el futuro de sus sectores estratégicos, pero exigimos el mismo respeto. Es cuanto. Por su atención, gracias.