El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta Tribuna para fijar su posición acerca de la controversia constitucional interpuesta el día de ayer por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República. En primer lugar, queremos destacar que nos llama la atención el que el Gobierno Federal afirme que estima que no existen terceros interesados. Con dolo hacen esta afirmación, ya que ellos saben que los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y todas aquellas entidades que se vieron beneficiadas con el incremento de recursos públicos, aprobados en su favor por la Cámara de Diputados, tienen el carácter de terceros interesados. Por lo que si la Suprema Corte acuerda admitir la controversia constitucional, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo solicita a los gobiernos de los estados, a los gobiernos municipales y a todos aquellos que tengan interés jurídico, a que comparezcan en esta controversia constitucional y a que argumenten la validez de los incrementos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados. Por otro lado, el Ejecutivo Federal basa la procedencia de la controversia constitucional en que la Cámara de Diputados se negó a admitir las observaciones hechas por el propio Ejecutivo al decreto de Presupuesto aprobado en la sesión del 15 de noviembre por la Cámara de Diputados. En nuestra opinión, la Cámara actuó de manera correcta y apegada estrictamente a lo que dispone el artículo 72 constitucional, de donde se desprende con claridad que el Ejecutivo Federal carece de atribución constitucional para formular observaciones. El primer párrafo del artículo 72 constitucional señala, cito textualmente: "Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones". Fin del texto. A su vez, el artículo 72 constitucional establece las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, entre otras se señala en la fracción IV la de, cito textualmente: "Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación previo a examen, discusión y en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior". Fin de la cita. En consecuencia, la Cámara de Diputados no tenía por qué admitir ni turnar a comisiones las observaciones del Ejecutivo Federal. En su promoción de controversia constitucional, el Consejero Jurídico erróneamente argumenta que la Cámara no superó, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, las observaciones formuladas y que incluso no contó con los votos necesarios para superar dichas observaciones. De lo anterior, se desprende que el Gobierno Federal tiene una profunda ignorancia del procedimiento seguido en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados nunca entró al fondo de las observaciones del Ejecutivo porque nunca la turnó a Comisiones, en consecuencia no era necesaria la votación de las dos terceras partes del número total de votos, conforme a lo que señala el artículo 72 constitucional en su inciso c). Lo que la Cámara hizo fue no reconocerle al Presidente de la República el derecho para formular observaciones, para lo cual era necesario tan solo una votación por mayoría absoluta, esto es, la mitad más uno de los votos a favor de los diputados presentes y esa mayoría fue ampliamente superada por 332 votos a favor. Por otra parte, el Presidente de la República afirma que la Cámara de Diputados viola diversas disposiciones legales por la vía de la modificación del Presupuesto, sustituirlo en la función administrativa y con ello invadir el ámbito de facultades propias del Ejecutivo. Esta aseveración es falsa, la Cámara de Diputados ejerció su facultad constitucional de modificar el Presupuesto para dotar a los gobiernos de los Estados, ayuntamientos y universidades públicas, de recursos suficientes que les permita la inversión productiva y la generación de empleos que tanto demandan los mexicanos. Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de la validez constitucional del presupuesto aprobado para 2005 y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dará la razón a la Cámara de Diputados. Es cuanto. (aplausos)