La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a unos meses para concluir con el año internacional dedicado a la agricultura familiar y a un año de conocer los resultado de los objetivos del milenio de Naciones Unidas, pero especialmente en el marco del Día Mundial de la Alimentación, vengo a presentar a este pleno la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada. Agradezco infinitamente el apoyo de los diputados integrantes de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, sus valiosas aportaciones que enriquecieron esta propuesta de ley. A todos los legisladores, que sin ser parte de la Comisión también decidieron suscribirla. Todas las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho a tener acceso a alimentos sanos, nutritivos, suficientes y de calidad, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada. Esta ley busca establecer los mecanismos legales y garantizar un derecho humano, esencial e imprescindible, que apenas hace unos años se elevó a rango constitucional. La ley en comento, busca dar respuesta al grave problema de carencia alimentaria que afecta a cerca de 28 millones de mexicanos que sufren la crisis financiera, el desempleo, el aumento de los precios internacionales en los alimentos, el estancamiento del salario bajo el crecimiento económico y la ineficiencia de los programas sociales. Esta ley tiene cuatro premisas básicas. Primero, la disponibilidad de alimentos y agua para el consumo diario. Segundo. El acceso físico y económico a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, de acuerdo con el contexto cultural y necesidades específicas de la población. Tercero. La protección de toda persona a no padecer hambre. Cuarto. El mínimo vital de alimentos cuyo consumo requiere cada persona para una vida digna y libre. Es una ley que insta a las autoridades aplicarla, instrumentando acciones afirmativas o de compensación para quienes estén en mayor exposición social, al mismo tiempo que se abordan derechos y métodos relativos a la producción, consumo y distribución de los alimentos. Es importante destacar que en cuanto a las competencias y coordinación, esta ley no busca crear más instituciones, sino aprovechar las plataformas ya existentes con la idea central de no aumentar los gastos administrativos, sino para hacer eficiente el uso de los recursos públicos existentes. Estas plataformas son precisamente la Secretaría de Desarrollo Social, quien coordinará la Comisión Intersecretarial del ámbito federal y las entidades federativas harán lo propio en sus respectivas jurisdicciones. Mención especial requiere la implantación de la política alimentaria nacional a partir de diversos instrumentos, como son el Programa Alimentario Nacional, las canastas alimentarias, las emergencias alimentarias y los mecanismos de participación social desde el ámbito de localidad, a manera de comités, así como el ámbito municipal y delegación, estatal y nacional, por medio de consejos alimentarios. La ley aspira a la creación de un ramo general presupuestal para la política alimentaria, que deberá de instaurarse una vez que sea aprobada esta iniciativa. Vale la pena crear y compactar los recursos destinados al derecho a la alimentación, donde se reflejen la participación, no solo de Sagarpa y Sedesol, sino también el resto de las dependencias que conformarían la Comisión Intersecretarial propuesta. Esta iniciativa puede transitar, si se le otorga la voluntad política que se requiere, porque vale observar que actualmente el Presupuesto 2015 tiene una asignación específica sobre el tema por 34 mil 930 millones de pesos del programa alimentario, así como 4 mil 663 millones para atención de adolescentes, niñas y niños. Ahora falta definir una partida específica en el Ramo 33 para destinar recursos a las entidades federativas, entre otras asignaciones. Es triste reconocer que estos montos apenas representan el 0 punto 85 por ciento del gasto total para 2015, que es a todas luces ineficiente para atender a un cuarto de la población total del país en situación de carencia alimentaria. Diputadas y diputados, les hago un llamado fraternal para que sumemos voluntades y en estos momentos propicios de la discusión del Presupuesto de Egresos incrementemos el monto destinado a robustecer nuestra política alimentaria. En nuestros tiempos es intolerable que millones de mexicanas y mexicanos padezcan hambre. La seguridad alimentaria es un asunto de soberanía nacional y debe ser una causa común. Realicemos un potente y constante esfuerzo para erradicar el hambre en todos los rincones del país. Aseguremos medidas progresivas nacionales, como lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas, pues en efecto, un hombre en la miseria alimentaria no es un hombre libre. Los hombres necesitados no son hombres libres. Con gente hambrienta y sin trabajo se construyen las dictaduras. Por último, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que tenga a bien turnarles a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios. Diputados y diputadas, es una pena que no estén todos los que debiéramos estar. Pero la invitación a que suscriban esta iniciativa está. Muchas gracias por su atención.