El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Vengo a proponer iniciativa de decreto que reforma a los artículos 46, fracción VII, de la Ley de Instituciones de Crédito y 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito al tenor, compañeras y compañeros diputados y diputadas, de la siguiente exposición de motivos: De acuerdo con información oficial del Banco de México, operan en nuestro país 9 millones 430 mil tarjetas de crédito bancarias con 7 millones 397 mil titulares. No obstante y pese a la importancia cuantitativa de las operaciones realizadas con las tarjetas de crédito y su trascendencia económica, en el 2003 produjeron flujos de capital del orden de los 140 mil millones de pesos aproximadamente, pero su regulación legal es precaria y coyuntural. Salvo lo dispuesto en la fracción VII del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, que constituye la única mención legal sobre la existencia de las tarjetas de crédito bancarias y a lo preceptuado respecto al contrato de apertura de crédito en cuenta corriente por el Título II, Capítulo IV de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que no menciona expresamente ni a esta clase de tarjetas ni a la relación de éstas, generan entre bancos y establecimientos afiliados, no existen normas jurídicas que regulen su operación. Ello ha dado lugar a que sea un órgano administrativo, el Banco de México, quien norme su emisión y operación a través de reglas que emite periódicamente, ya que sólo por medio de los contratos que los acreditados celebran con los bancos y los que éstos a su vez suscriben con los establecimientos mercantiles afiliados, se puedan determinar las obligaciones recíprocas relativas. Esta situación en la que, por una parte, la función legislativa es ejercida por un órgano público autónomo y no por el Poder Legislativo y en la que por otra, existe una exacerbada liberalidad normativa en beneficio de la banca múltiple, así como de los negocios afiliados en donde se presenta la tarjeta para el pago de bienes y servicios, ha dado lugar, como es del dominio público, a una serie interminable de abusos, de interpretaciones sesgadas de los contratos y de perjuicios al patrimonio de los usuarios de las instituciones financieras que son a la vez, consumidores de los afiliados. El blindaje que se ha estado construyendo para las tarjetas de crédito, no abarca todo el espectro de riesgos que para el titular de una tarjeta de crédito o para el tenedor de una adicional, representa su uso. El cliente de la institución financiera emisora, no está integralmente protegido, puesto que alguna de las partes que intervienen en el proceso de disposición de la suma comprendida en la cuenta corriente, no siempre actúa conforme a sus obligaciones contractuales y de acuerdo a los principios de la ética mercantil. Un ejemplo cotidiano y extendido de prácticas mercantiles atentatorias de los derechos de los tarjetahabientes, está en el cobro que contra las disposiciones administrativas o contractuales establecidas, le hacen diversos establecimientos, proveedores, empresas o afiliados de los bancos, de la cantidad equivalente a la comisión que en virtud del contrato de afiliación, estas últimas tendrían que cubrir a la emisora a la que se hayan afiliado: cadenas de supermercados, hoteles, talleres, restaurantes, agencias de viajes, hospitales, laboratorios y en general, cualquier tipo de negociación mercantil tiene un precio de contado por los productos o servicios que ofertan y otro para el caso del pago de tarjetas de crédito. El usuario involucrado, ya sea advertido previamente o lo que es peor, al momento de pasar a la caja a liquidar la operación, debe cubrir el sobreprecio exigido y de negarse a ser sujeto de la estafa, debe devolver lo adquirido. Por supuesto que el usuario, a posteriori, podrá quejarse si tiene el tiempo y los medios necesarios, ante la Procuraduría Federal del Consumidor y tal vez, lograr la devolución de la cantidad injustamente cobrada. No obstante, como es obvio en este tipo de asuntos existe una gran cifra negra, por ello, si en vez de dejarse al arbitrio de la autoridad financiera o a la interpretación o cumplimiento voluntario de los contratos por las partes involucradas, la operación de las tarjetas de crédito bancarias o más bien financieras, la ley regulara adecuadamente las operaciones mercantiles relacionadas con ellas y estableciera prohibiciones en los procesos de utilización de los servicios derivados de la apertura de crédito en cuenta corriente, sin duda, el índice de desviaciones y abusos cometidos contra el acreditado disminuiría sensiblemente. Evidentemente no sería lo mismo que las obligaciones principales del afiliado constará en la ley, que en los contratos celebrados entre bancos y establecimientos, que el tarjetahabiente desconoce y a los que nunca puede tener acceso. La relación jurídica que deriva de la tarjeta de crédito es triangular, se da entre el banco emisor, el acreditado y la empresa afiliada, todas estas partes o sujetos interactúan en la operación de la tarjeta. La celebración del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente y su instrumento, la tarjeta de crédito, reporta a los involucrados ventajas claras e inobjetables, para el banco significan ganancias mediante el cobro de comisiones y en su caso de intereses, para el cliente o acreditado la posibilidad de disponer de recursos, para el afiliado mayores ventajas, disposición inmediata de dinero, a través del abono a su cuenta de cheques del importe de su mercancía o servicios. Sin embargo, esta serie de ventajas se pervierten cuando las partes que deberían actuar bajo principios de equidad contractual, desvirtúan los términos de los contratos que los vinculan e incumplen sus obligaciones en perjuicio de alguna de ellas y esto ocurre cuando el afiliado cobra al acreditado la comisión que contractualmente debería pagar con sus propios recursos por las ventajas que la aceptación de tarjetas de crédito le ofrecen al banco emisor. Práctica viciosa ésta, contra la que no existe blindaje y que puede atemperarse e incluso eliminarse, si se regulara expresamente en la ley la obligación del proveedor o afiliado de cobrar al acreditado o tarjetahabiente los precios establecidos para su venta al contado, cuando se paguen bienes o servicios con tarjeta de crédito bancaria, así como las sanciones relativas a su incumplimiento. Asimismo, es conveniente establecer en la ley la mención al contrato atípico de afiliación hasta ahora omitida en toda la legislación. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulo iniciativa de decreto que reforma los artículos 46, fracción VII, de la Ley de Instituciones de Crédito; y 291, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual, por razones de tiempo, solicito, señor Presidente, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señoras y señores diputados. Muchas gracias.