La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Bien se dice que cuando se trata de reformas demasiado técnicas los diputados y diputadas no ponemos atención. Sin embargo, en movimiento ciudadano consideramos que las mexicanas y los mexicanos merecen información clara y precisa sobre los efectos que tendrá sobre su vida cotidiana, sobre su patrimonio y su ahorro el dictamen que en materia financiera se discute el día de hoy. Sobre todo porque pasarán varios años antes que los mexicanos veamos que el crédito se abre para los pequeños empresarios o que los ciudadanos pagamos menos intereses por el uso de tarjetas y otros instrumentos crediticios. Queremos decirles que Movimiento Ciudadano presentó, en su momento, propuestas de modificación a la iniciativa original debido al compromiso legislativo, para que esta reforma no dañara más la dignidad, la economía familiar y el bienestar de los mexicanos. En sentido estricto la reforma propuesta constituye más de una miscelánea bancaria que una reforma financiera integral progresista pensada a favor de México, como se le pretende presentar. La reforma ignora el alto interés nacional de que se consolide un sistema financiero incluyente con actores mexicanos. En cambio privilegia una visión de trato de iguales entre desiguales, sin tomar en cuenta las asimetrías existentes en el mercado. La reforma parece diseñada para favorecer sólo a un grupo de bancos a expensas del desarrollo y crecimiento de instituciones financieras mexicanas y de los usuarios del sistema. En nuestra nación cuatro bancos extranjeros y uno nacional se valen de la colusión de precios y del oligopolio financiero para establecer las tasas y comisiones más altas del mundo, los servicios bancarios de más baja calidad y la menor cantidad de créditos a la esfera productiva. Pero la historia reciente en nuestro sistema financiero de carácter oligopólico es larga y compleja, llena de episodios de ilegalidades y complicidades. Ilegalidades y complicidades que van desde la privatización de la banca de 1991, pasando por el terrible trance financiero de diciembre de 1994, hasta la fraudulenta aplicación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en un escenario de pánico y especulación. El resultado de estos acontecimientos fue un daño irreparable para las finanzas públicas y una notable reducción de las pérdidas de los grandes accionistas y deudores de las instituciones financieras. Y con ello costos indebidos para la población menos favorecida del país, que pagó las deudas y corruptelas de un reducido grupo de millonarios. No obstante, advertimos en el proyecto de dictamen una orientación más a otorgar prerrogativas hacia los bancos extranjeros que la consolidación de un sistema financiero nacional comprometido con México y los mexicanos. Cinco instituciones financieras concentran el 74 por ciento del otorgamiento de créditos, de las cuales tan sólo una es mexicana, lo cual limita el acceso y cobertura. Debido a la falta de una adecuada competencia las filiales de los bancos extranjeros en territorio mexicano son de las más atractivas en el mundo, ya que reciben el dinero muy barato y lo prestan muy caro con diferenciales que van del 40 al 70 por ciento. Para las cuatro instituciones foráneas nuestro país representa una de las naciones más rentables dentro de sus consorcios. Durante la crisis financiera de 2009 obtuvieron utilidades por 39 mil 150 millones de pesos dentro de México, lo cual representó el 10 por ciento de sus ganancias globales. ¿Qué les permite a las instituciones de crédito extranjeras obtener en México márgenes de ganancia muy por encima de lo que reciben en el resto del mundo? La respuesta radica en las tasas de interés que imponen y en las comisiones asociadas a los créditos, todo ello a consecuencia de la falta de competencia y verdadera regulación del Estado mexicano. El artículo 26 de la Ley del Banco de México, por ejemplo, expone que este organismo constitucionalmente autónomo cuenta con la facultad para regular las comisiones y tasas de interés entre las instituciones de crédito y los ciudadanos. En los hechos esta facultad nunca se ejerce. Aun cuando la Asociación de Bancos de México asegura que el alto cobro de las tasas corresponde a factores como el riesgo país, la falta de seguridad jurídica para recuperar las garantías, el crecimiento de la cartera vencida, estudios del CIDE han demostrado que la principal causa por la que estas prácticas ocurren se debe al control monopólico. Como consecuencia de lo descrito podemos argumentar que la situación financiera en México se caracteriza por montos ineficientes, poco competitivos, y que incluso caen en prácticas de colusión en las comisiones que aplican a sus clientes. Pero las anteriores aseveraciones pueden corroborarse puntualmente hoy en la reforma importante que salta a la vista. La reforma financiera no está diseñada para fermentar la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Muy pocas empresas en realidad tienen la posibilidad de financiarse en el mercado de valores. De igual forma no prevé la inclusión financiera de ciudadanos, a quien los servicios crediticios son inalcanzables. Por otro lado, el gobierno compite deslealmente con los particulares, cuando para financiar su déficit acude a los recursos disponibles en el mercado. En lo que respecta al mercado de valores, la reforma divide a los inversionistas en función al monto y margina de los instrumentos más rentables a los de menores recursos; se limita a lo sumo a que los inversionistas menores inviertan solo en papeles gubernamentales e instrumentos bancarios y encarecer los costos de financiamiento de las empresas, al obligarlas a la participación de por lo menos tres agentes colocadores para las emisiones de deuda. La Banca de Desarrollo no se encuentra alejada de esta distorsión que le impide participar eficazmente en el mercado financiero, ya que mantiene trato discriminatorio a los intermediarios financieros medianos y pequeños. Por otro lado, y de manera relevante, la reforma se centra en el tratamiento de garantías para facilitar los cobros, en vez de promover el desarrollo de una banca profesional que evalúe el negocio antes que las garantías. El resultado de esta política es doblemente falaz, ya que por un lado el asegurar las garantías no necesariamente promueve el crédito y por el otro impide el crecimiento de concesiones de instituciones crediticias. Mientras no se promueva el fortalecimiento de las actividades productivas y se fomente la existencia de una industria, hoy totalmente desdibujada, no se contará con una producción competitiva que otorgue un flujo de reembolso que permita al grueso de la población convertirse en un sujeto de crédito. El financiamiento sí existe; lo que no existe es demanda. Un aspecto importante de la reforma, y que repercute en una deficiente protección de los usuarios, consiste en no incluir la advertencia de que todo crédito otorgado debe ser reportado con el emisor de las sociedades de información crediticia con la finalidad de evitar el sobreendeudamiento. En este sentido, la reforma no prevé la educación financiera como un mecanismo de protección al usuario de los servicios. En lo que se refiere a las tasas de interés, la reforma no fomenta la competencia equilibrada en el sector financiero para reducir las mismas; por el contrario, al no considerar las asimetrías del mercado facilita una mayor concentración del oligopolio en casi todos los productos financieros. Por lo mismo, resulta indispensable establecer una regulación que atienda las asimetrías del mercado y permita a las instituciones financieras competir en igualdad de circunstancias. Por último, el texto propone la creación de un buro para entidades financieras, con el cual los usuarios podrán acceder fácilmente a información relevante de dichas instituciones, pero no establece ningún cambio al buro de crédito, el cual obliga a los deudores a esperar 72 meses para poder acceder a una nueva cuenta de crédito, aun cuando hayan liquidado el monto de pasivos contraídos, orillándolos a recurrir a prestamistas informales. El establecer el mismo tiempo, cinco años, para que los deudores puedan ser nuevamente sujetos de préstamos, sin diferenciar entre las personas que han pagado el monto de la deuda contraída y para aquellas que no lo han hecho, la rivalidad es que los ciudadanos no encuentran ningún beneficio adicional al liquidar sus pasivos y, pese a todo esto, la reforma financiera no propone ninguna medida para eliminar todo esto. La reforma debió realizar cambios que permitieran equilibrar los derechos de las instituciones financieras con los derechos de los ciudadanos, regular la especulación bancaria y bursátil y apoyar a la clase media y de bajos ingresos que hoy tiene ante sí crédito caro y escaso; se refuerzan figuras penales que garantizan a los bancos la recuperación del valor de crédito; y, como ya se dijo aquí, un cambio en la denominación no cambia la evaluación a derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que mientras no se regule a la banca mediante el gobierno seguiremos en crisis. No se puede dejar al sector financiero al libre mercado. Es momento de repensar el modelo económico, sólo así se podrán implementar acciones concretas que impulsen el desarrollo del país. Es por ello, que más allá de las virtudes que se requieran plantear aquí con esta reforma sobre el nuevo régimen de vigilancia y control de las instituciones, de la ampliación y fortalecimiento de los procedimientos de garantías, de los protocolos de transparencia y quiebra; del buró y las audiencias de conciliación de los programas de autocorrección de los acuerdos de reciprocidad con autoridades extranjeras y del supuesto impulso de la Banca de Desarrollo, lo cierto es que en el fondo sólo un sistema financiado integral y comprometido con el desarrollo del país podría contribuir a la protección de los usuarios y ciudadanos y fomentar el crédito para que florezcan las empresas, en particular las pequeñas y medianas que son grandes empleadores de los mexicanos y para que se dé una justa distribución de la riqueza. Todo esto no puede corregirse por más que se quiera con el presente dictamen. Pensarlo así sólo es una ilusión reconfortante. Con la aprobación de este dictamen se pondrá en peligro la prosperidad, los ahorros y el patrimonio de millones de mexicanos, por lo que está en juego el bienestar y futuro de México. Por eso, el voto de Movimiento Ciudadano será en contra. Muchas gracias.