La diputada Susana Monreal Ávila: Gracias, señor Presidente. Sin esperar a que la Cámara de Diputados formalizara la desaparición de Pronase, el gobierno foxista inició desde el 2002 la venta, donación y entrega ilegal de plantas, almacenes, campos de cultivo y de producción y bancos de semillas. En algunos de estos bancos de semillas se incluyen aquellas mejoradas y progenitoras del maíz. Las consideraciones esenciales que se esgrimieron en el decreto para la extinción de Pronase se referían a que este organismo había cumplido con el objetivo para el cual fue creado. Se argumentó su obsoleto funcionamiento, su incapacidad para alcanzar la autosuficiencia financiera y la baja en sus ventas. En la búsqueda de una alternativa al abastecimiento de semillas, el 30 de noviembre de 2004 el diputado Julián Nazar Morales, del PRI presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General para la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Economía. El 9 de diciembre de 2004, el diputado Víctor Suárez Carrera, del PRD, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Protección y Fomento de las Semillas Mejoradas y Variedades Nativas Mexicanas. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Estas iniciativas se integraron en un dictamen que fue sancionado en comisiones para ser presentado en el Pleno de la Cámara de Diputados el jueves 28 de abril del 2005. El dictamen fue aprobado con 346 votos en pro y 6 abstenciones, con lo cual pasó como minuta de Ley de Protección y Fomento de Semillas al Senado para los efectos constitucionales. La minuta que pasó al Senado consta de 10 capítulos y 57 artículos. Retoma el desafío de recuperar, reivindicar y valorar activamente la función irrenunciable del Estado y su obligación constitucional en lo referente al fomento y protección de las semillas mexicanas indispensables para la soberanía y la seguridad alimentaria; la conservación de nuestro patrimonio fitogenético y la defensa y valorización de las culturas agrícolas tradicionales. Se trata de reposicionar la función del Estado en materia de semillas en las nuevas condiciones políticas-económicas y sociales del país. Así como en el contexto internacional donde se disputa el control de los mercados agroalimentarios e internacionales. Aun cuando el mismo dictamen reconoce que la minuta y las iniciativas mencionadas mantienen diferentes enfoques, se elaboró un dictamen que partió de la iniciativa presentada por el senador Campuzano, buscando la integración de una ley específica en materia de producción y certificación y comercio de semillas, dictamen aprobado en el Senado, modificando por completo la minuta que habían enviado los diputados. Redujo sustancialmente el objetivo de la ley, eliminando la protección y fomento de semillas nativas y se centró en la producción, certificación y comercialización de semillas, lejos de buscar un mayor ámbito de protección a la riqueza con que cuenta en el sector rural. La minuta que envió el Senado a esta soberanía abre las posibilidades para responder al contexto de incorporación del país en el concierto internacional comercial. Con este propósito se fomenta la participación privada en la investigación y producción de semillas, con lo que se propició el incremento paulatino del número de empresas productoras de semillas y la productividad agrícola en general. Se centran únicamente en la certificación de semillas, dándoles mayores facultades al servicio nacional de certificación de semillas, dejando de lado la importancia que tienen las variedades criollas de semillas. Además, abre la posibilidad de enajenación del material genético, como claramente lo muestra el artículo 19, que a la letra dice: "Las variedades formadas por las instituciones públicas podrán ser enajenadas mediante contrato-convenio que les garantice retribución a aquellas personas físicas o morales que estén interesadas en adquirir semillas en categoría original, básica o registrada para su reproducción y comercialización". Termino, señor Presidente. Es por ello que los y las legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática les pedimos votar en contra de este dictamen. Necesitamos generarle condiciones al campo, pero no de esta manera; generando modificaciones inmediatas, sin tomar en cuenta a una fracción que está representada aquí en esta Cámara, como es el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.