La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me dirijo a ustedes para presentar la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de corregir contradicciones jurídicas que presentan ambas leyes para hacerlas acordes con el texto constitucional. Para Nueva Alianza la transparencia y la rendición de cuentas constituyen un eje transversal de nuestra agenda legislativa. Estamos convencidos de que el buen gobierno es sinónimo de una administración honesta, transparente y respetuosa del Estado de derecho. Esta convicción nos ha llevado a estudiar y a analizar las leyes dedicadas a la transparencia y acceso a la información pública, para contribuir a que estas nos conduzcan a un verdadero y eficaz combate a la opacidad, y con ello de la corrupción. Todos conocemos los lamentables casos de gobernadores que convirtieron su gestión en ejemplos de corrupción y desvío de recursos públicos para su enriquecimiento personal, personajes como estos aprovechan cualquier resquicio de la redacción de la ley para actuar en arrogante impunidad y evadir la acción de la justicia. México no puede tolerar este tipo de conductas, no sólo son deshonestas, sino que constituyen una traición a la sociedad que ha puesto en sus manos el ejercicio de los recursos de todos los mexicanos. Precisamente por esta razón, se estableció en el artículo 6o. de la Constitución, que el derecho a la información será garantizado por el Estado, que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir la información e ideas de toda índole de cualquier medio de expresión. Del mismo modo, el texto constitucional señala en la fracción I, del apartado A, del mismo artículo, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de impunidad en el ámbito federal, estatal o municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, subrayando que para la interpretación de este precepto deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Ahora bien, en las leyes objeto de esta iniciativa se establecen actualmente preceptos contrarios a lo que establece la Constitución. Lo anterior se hace evidente cuando revisamos el artículo 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala que los organismos garantes dentro de sus respectivas competencias determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información. Dicha situación ocurre en el artículo 75 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuando establece que el Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos federales o realicen actos de autoridad cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información. Lo anterior es innegable contradicción a lo que se ha establecido como un derecho a nivel constitucional. Esta antinomia y ausencia de control constitucional no es solo una falla a nivel jurídico, las consecuencias prácticas pueden conducir a la falta de aplicación de la norma, lo que eventualmente ocasionará mayor impunidad por parte de quienes ejerzan indebidamente recursos públicos. En Nueva Alianza estamos convencidos de que la transparencia es y siempre debe ser un principio fundamental de administración pública y de los sujetos obligados por nuestra Constitución. Nuestra Carta Magna impone la obligación de transparentar la información en posesión de personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos, pero en las leyes secundarias se le permite al órgano garante de la transparencia la discrecionalidad de terminar a su libre albedrio que las organizaciones de la sociedad civil o de las personas físicas o morales deberán cumplir con esa obligación de trasparentar la información. La redacción actual de las leyes generales de transparencia violenta no solo el espíritu de su creación, sino que es además grave y va en contra de lo establecido en nuestra Carta Magna. Compañeras y compañeros, hemos avanzado mucho en materia del combate a la corrupción. No podemos dejar que estas contradicciones en la ley impidan el efectivo cumplimiento de las mismas. La trasparencia es para Nueva Alianza una condición necesaria para el ejercicio del gobierno. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.