La diputada Jacqueline Argüelles Guzmán (PVEM): con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. La posición de los partidos Verdes alrededor del mundo, se ha manifestado siempre y decididamente en contra de la aplicación de la biotecnología en la producción alimentaria. Los criterios utilizados por la Unión Europa para dudar acerca de los beneficios de los cultivos genéticamente modificados, que han sido desarrollados hasta ahora, ha dado como resultado que en toda la Unión Europea, a excepción de España, incluidos los países más desarrollados en el ámbito intelectual, cultural, científico y tecnológico, se encuentren libres de los cultivos transgénicos actuales. La liberación de organismos geneticamente modificados, ha desatado en el mundo debates interminables, que han desencadenado un movimiento internacional de búsqueda y acopio de información, que permita demostrar, en uno u otro sentido, a quien asiste la razón. Este movimiento en que las opiniones de líderes en la materia, han dado el cimiento de lo que el Siglo XXI depara a la humanidad en materia de biotecnología y sus distintas aplicaciones, pone a México en el centro del debate, al iniciar una discusión, que permita la aprobación o no de una ley que regule a toda aquella actividad, que esté involucrada con organismos geneticamente modificados. México, país firmante del Protocolo de Cartagena, está obligado a observar el principio precautorio, que debe ser la base para el análisis de riesgo de organismos geneticamente modificados que puedan ser liberados al medio ambiente. Este principio señala que en caso de presunción de algún tipo de riesgo o efecto no deseado por el uso de OGNS y ante la insuficiencia de evidencias científicas, las decisiones acatarán invariablemente el principio de precaución. Además el haber firmado y ratificado el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad en la biotecnología para el movimiento transfronterizo de OGNS, que entró en vigor el 11 de septiembre de 2003, debió haber frenado la entrada a nuestro país de productos y semillas que contenían presumiblemente material transgénico. Sin embargo, la carencia de una legislación al respecto, la falta de claridad en materia de competencias, obligaciones y responsabilidades de los tres órdenes de gobierno, ha permitido que se den en nuestro país, casos como el de Oaxaca y Puebla, donde autoridades mexicanas informaron sobre la contaminación de variedades locales de maíz, consecuencias transgénicas. El Partido verde se pronuncia hoy por la discusión de la Minta enviada por el Senado de la República, con la salvedad de que debemos considerar, como un compromiso, la búsqueda de mejores alternativas, que impliquen mayores beneficios colectivos con métodos tradicionales, que puedan ser promovidos como una prioridad, para un país tan tradicional y tan diverso culturalmente. Además ser un país megadiverso, nos obliga doblemente al cuidado de nuestra riqueza natural, por ello, hemos participado activamente en las modificaciones realizadas de manera respetuosa a la Minuta enviada por el Senado de la República, participando dentro de la Subcomisión de Trabajo, pudimos trabajar y avanzar en temas de nuestro particular interés, como el Artículo 89 que prohibe la introducción de organismos geneticamente modificados en áreas naturales protegidas, salvo para fines de bioremediación, lo que pone en una categoría de protección especial adicional, al casi 7% del territorio nacional. México, además, es centro de origen no sólo del maíz sino de muchas otras variedades, lo que nos permitió introducir en las observaciones a la Minuta lo relativo a proteger y respetar las zonas de alta diversidad genética, extremando precauciones para minimizar los riesgos de la bioseguridad. Otro punto significativo, es el relativo al etiquetado, que no es otra cosa, más que cumplir con la garantía de dar a los ciudadanos mexicanos su derecho a la información y a la libre elección, siendo este punto quizás uno de los más polémicos, es de resaltarse la cantidad de tiempo invertido por los integrantes de la Subcomisión y su equipo técnico, para llegar a una propuesta de consenso. Otro aspecto que resaltar, es el relativo al informe elaborado por la Comisión de Cooperación Ambiental, que recoge y recomienda con el mejor criterio profesional del grupo asesor interdisciplinario y multisectorial que lo conforman, la protección especial del maíz y del biosimple, y la permanencia de la moratoria en la hacienda comercial del maíz transgénico en nuestro país. Sin embargo y no obstante todas estas implicaciones, coincidimos en que es fundamental para nuestro país contar con una ley que nos proteja y garantice la biotecnología como ciencia del futuro, trabajar en beneficio de todos los mexicanos y que no será esta ley promotora y garante de empresas comerciales con fuertes intereses económicos. Es cuanto señor Presidente.