La diputada María del Rosario Brindis Álvarez: Con su venia, señor presidente. Diputados y diputadas, el Congreso mexicano ha sido invariablemente, a lo largo de la historia de México, referente formal de legitimidad. En términos reales representa a todos los ciudadanos que viven en nuestro país, salvaguarda la soberanía popular y el control del poder político. Desde la Constitución de 1824 se adopta el sistema bicameral estableciendo que la Cámara de Diputados estaría conformada por representación popular, y el Senado por las estructuras federales de los estados, constituyendo así el Congreso General de la nación. Después de varios cambios, la Constitución de 1917 consolida al sistema bicameral mexicano al considerar que la necesidad de la representación federativa, simbolizada por el Senado, es consustancial a la representación popular de la Cámara de Diputados. A partir de este momento se empiezan a instrumentar una serie de funciones interdependientes establecidas en la Ley Orgánica. En la actualidad, además de la creación de leyes, existen otras funciones concretas del Poder Legislativo como lo son la facultad de control, de control del presupuesto, el establecimiento de comisiones investigadoras; sobre juicios de responsabilidad; nombramiento y/o ratificación de altos funcionarios; y política internacional. En este orden de ideas, la función de control político establece los mecanismos de pesos y contrapesos conocida como la división de poderes. En este marco, no hay duda de que uno de los principales componentes de control político del Congreso tiene que ver con la ratificación y/o nombramiento de diversos altos funcionarios integrantes del Estado mexicano. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es el órgano que tiene competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a autoridades y a servidores públicos federales. Es por esto que las tareas del representante legal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son de suma importancia para el fortalecimiento de los esquemas democráticos y de búsqueda de la igualdad de nuestro país. En el ejercicio del control político que le compete al Congreso, el artículo décimo de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos otorga la facultad al Senado de la República de elegir al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto a través de un exhaustivo proceso de auscultación dirigido por la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara, considerando organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos. En este orden de ideas resulta claro que el proceso de selección es altamente inclusivo y democrático, por ello con base en los argumentos de interdependencia y considerando la fundamental importancia que representa la elección del representante de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, es que se propone que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se incorpore al proceso de auscultación de los aspirantes al cargo, a través de la formulación de una propuesta propia, misma que evidentemente será decantada, primero, durante las discusiones en el pleno de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y después durante la votación del pleno. Esta inclusión permitirá reconocer dos aspectos fundamentales: por un lado la facultad del Senado de la República para la elección del referido funcionario y, por otro, el derecho legitimo de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para formar parte del proceso de auscultación. Es por ello que proponemos la modificación del artículo décimo de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que la Cámara de Diputados se integre al proceso de auscultación del titular de este organismo. Por su atención, muchas gracias.