La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. De la misma manera, pedir tolerancia por el número de artículos presentados en esta reserva. Compañeras y compañeros legisladores, el sistema de justicia penal, que derivó de las reformas constitucionales de 2008 y entró en pleno vigor en 2016, se caracteriza por tener como pilar principal el principio pro persona. Es decir, el respeto y la garantía irrestrictos a los derechos humanos. El artículo 20 constitucional señala que el proceso penal tiene como objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, garantizar la reparación del daño, que en la especie son derechos de las víctimas. Es cierto que hay una gran deuda del Estado mexicano en consignar efectivamente a los culpables de los delitos, como se refleja en los enormes índices de impunidad. Pero en lo que toca a la reparación del daño a las víctimas hay que decir que, gracias a la expedición de la Ley General de Víctimas y a la entrada en funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estas gradualmente empezaron a tener acceso a los derechos que le reconoce el artículo 20, sección C, de la Constitución. Accesos, sí, con insuficiencias, que por cierto se han profundizado en esta administración. Pero se ha contado con un mecanismo adecuado para apoyar a las víctimas, que son quienes de forma directa recienten los efectos del delito y de la violencia. Legislación que, como ya se ha dicho, ha sido producto de la lucha de las víctimas. Y es que lamentablemente, compañeras y compañeros, de acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Víctimas, en 2018 se reportaron 15 mil 525 víctimas y para el año 2019 esta cifra aumentó a poco más de 27 mil. Las víctimas que hasta ahora han venido siendo atendidas a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Pero, a diferencia de las mentiras que se han vertido en esta tribuna por el partido de la mayoría, las erogaciones relacionadas con las víctimas no son un lujo ni beneficios para aviadores. Los poco más de mil 300 millones de pesos que se habían erogado hasta marzo de 2019 fueron destinados a rubros como el pago de gastos funerarios, asistencia médica especializada, apoyos de alimentación y alojamiento, así como reparación integral. Se trata de los gastos mínimos indispensables para apoyar a las víctimas que siguen procesos judiciales a nivel federal en busca de justicia. Por ello no es exagerado decir que eliminar este fondo es un atentado directo contra el derecho de acceso a la justicia, tampoco lo es afirmar que esta medida es una muestra más de machismo legislativo. Sí, porque de acuerdo con la información de la CEAP las medidas de recursos de ayuda por conceptos de gastos funerarios, de alimentación, de alojamiento, peritajes, gastos médicos y traslados benefician a un 63 por ciento de mujeres frente a un 37 por ciento de hombres. Pero lo peor de esta historia es la poca vergüenza legislativa que ha demostrado la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, que pretende dejar en desamparo a miles de víctimas, porque si ustedes se toman la molestia de leer el dictamen podrán constatar que les tomó menos de una cuartilla de consideraciones el justificar lo injustificable, el justificar el desmantelamiento brutal de políticas públicas de atención a grupos prioritarios, que dejará en desamparo no sólo a las víctimas, sino a defensores de derechos humanos, a periodistas y a tantos y tantos mexicanos y mexicanas. Por ello, hoy me dirijo específicamente a las y los diputados de la mayoría. Ya sabemos que no tienen argumentos válidos para cometer esta atrocidad, pero tampoco hay que recurrir a la mentira. Están a tiempo de rectificar y salvar este fondo que proteger a las víctimas. No nos hagan confirmar con sus votos en contra de esta reserva que para ustedes las víctimas solo fueron una bandera política para llegar al poder. Es cuanto, presidenta.