El diputado Luis Maldonado Venegas: Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: La discusión en torno a los problemas que más laceran a los mexicanos, ha encontrado una coincidencia con respecto al tema que debe ser atendido con mayor prontitud por los tres niveles de gobierno: Se trata del combate a la inseguridad pública, debido al incremento experimentado por éste, a partir de mediados de la década de los 90s, y los niveles intolerables que ha alcanzado en los años recientes. Sin duda alguna se trata de un fenómeno que debe de ser combatido para preservar la paz social y dar certidumbre a la vida en común que caracteriza a toda sociedad, pues desafortunadamente hemos arribado a niveles de inseguridad que acosan la vida cotidiana de prácticamente todos los mexicanos cualesquiera que sea su condición socioeconómica con manifestaciones muy graves en la mayor parte de muchas entidades del país, lastimando de manera inmisericorde a los habitantes de un gran número de ciudades y de ciudadanos. Esto puede considerarse como un desafío tanto de la delincuencia común, así como de la organizada en contra de las instituciones con que cuenta el Estado mexicano para proteger la integridad y el patrimonio de la ciudadanía, pues así de grave resulta el embate sufrido por las instituciones responsables de atender esos rubros. Conviene señalar que si no se adoptan las medidas conducentes para hacer frente a la ola delictiva, cuyas diversas manifestaciones que se han extendido por prácticamente todo el territorio nacional, estaríamos asistiendo a una gravísima omisión por parte del Estado mexicano, pues una de sus responsabilidades primigenias, es otorgar seguridad a los ciudadanos que conforman el conglomerado social en virtud de que ese es uno de los principales objetivos que hicieron posible el surgimiento del Estado. Las autoridades en sus tres niveles, así como los poderes de la Unión, deben propugnar por desarrollar una serie de actividades en el marco de una estrecha coordinación a fin de articular esfuerzos que den por resultado la puesta en marcha de verdaderas políticas en materia de seguridad pública, pues ante la gravedad de la situación que vive el país, no hay tiempo ni lugar para medidas aisladas que sólo propiciarían el retraso en la solución de un problema que requiere acciones que no por ser inmediatas carezcan de eficacia. Resulta indudable que el actual marco jurídico ha sido superado ante el avance de la delincuencia. Por ello se requieren su puesta a día para asegurar un eficaz combate a los orígenes de la inseguridad. Sin embargo este flagelo no puede ser abolido por decreto, sino que requiere del concurso de todas las instituciones que han sido creadas para contrarrestarlo a través de medidas que las fortalezcan y optimicen. En ese contexto destaca la reforma integral en materia de seguridad y justicia que a nombre de mi partido, Convergencia, presentara ante el pleno de esta Honorable Asamblea el 4 de noviembre del 2003 y en la que planteamos un conjunto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un código penal único para toda la República, un código de procedimientos penales único, una ley de ejecución de penas y readaptación de sentenciados y una ley para el tratamiento de menores infractores. "Nuestras propuestas son materia del más amplio consenso social, eliminan el monopolio de la acción penal a cargo del ministerio público para retribuirla a favor del ciudadano instaura juicios simplificados transparentes y orales, unifica las legislaciones locales y restaura la justicia cívica. "En ese contexto es imperativo someter al escrutinio de la ley a los transgresores de ésta con el auxilio ejemplar del Poder Judicial, evitando la proliferación de suspicacias por el presunto incurrimiento en prácticas de inobservancia ética por los responsables de la observancia de la norma. "Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó y avaló la constitucionalidad del artículo 27 del código penal de Chihuahua, en el que se establecieron penas acumuladas de hasta 105 años de prisión a quienes secuestren y asesinen a mujeres y a menores de edad. "Por mayoría de votos los ministros de la corte concluyeron que la pena de cadena perpetua no viola la constitución y que por tanto sí se puede aplicar en México. Esta determinación da pauta para que los legisladores podamos sin que se considere atentatorio a las garantías individuales de los gobernados, incrementar la penalidad de los delitos más graves como es el homicidio y la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. "Por tal motivo es que someto a la alta consideración de ustedes que modifiquemos diversos artículos del capítulo segundo del código penal federal referente al homicidio y del título vigésimo primero relativo a la privación de la libertad para incorporar la penalidad vitalicia. "El artículo 302 del código penal federal establece que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro y en su artículo 308 fija una penalidad de 4 a 12 años de prisión si éste se comete en riña y de 2 a 8 años si se comete en duelo o de 2 a 7 años al que en estado de emoción violenta causa homicidio de acuerdo con el artículo 310 y el 320 impone una penalidad al homicidio calificado de 30 a 60 años de prisión. "Para mi independientemente de que el homicidio se cometa en riña, duelo o sea calificado o por emoción violenta en cualquiera de los dos casos, se trata de privar de la vida a otro y por lo tanto no debería existir diferenciación en cuanto a la penalidad, puesto que además de la fijación de la pena debe contribuir a desalentar la comisión del delito en cualquier circunstancia. "En el mismo sentido me pronuncio para reformar el artículo 323 que sanciona el homicidio en razón de parentesco. "En cuanto al artículo 366 relativo a la privación de la libertad de un individuo por otro, en virtud del grave daño que causa a la víctima, a los familiares de ésta y a la sociedad en su conjunta y a la demanda existente en la nación de que se apliquen mayores penas a los delincuentes que incurran en el secuestro. "Estas reformas en caso de ser procedentes implicará necesariamente modificar el artículo 25 del código penal federal relativo a la pena de prisión, a fin de fijar su duración en un mínimo de tres días y hasta la prisión vitalicia. "Por lo expuesto es que someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el código penal federal, agradeciendo su inserción íntegra en el Diario de los Debates en obviedad del tiempo que ha dispuesto para su exposición". Es cuanto, señor Presidente.