El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia: Con el permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, la educación es un derecho humano cuya gratuidad está fuera de toda duda, máxime que esta cualidad se encuentra prevista de manera precisa en la fracción IV del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala a la letra que: Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. La iniciativa que ahora se pone a nuestra consideración va más allá de la simple proyección del texto constitucional hacia sus leyes reglamentarias, sino que establece una sanción dirigida a quien, en el ejercicio de sus funciones de autoridad escolar, impida el ingreso o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del Estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básicos o media superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie, estableciendo una sanción de tres días hasta tres años de prisión y multa hasta de 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien cometa dicho delito. Lo anterior cobra especial relevancia toda vez que, aunque reconocemos que existen muchos directores y profesores que acuden honestamente a los padres de familia a fin de solicitar su colaboración en el mantenimiento de los planteles escolares, rubro en el que el propio gobierno federal ha reconocido graves rezagos, también los hay que se han valido de esta necesidad apremiante para presionar de tal modo a los padres, llegando al exceso de prohibir o restringir la entrada de los alumnos a las escuelas, violentando con ello un principio básico sobre el que descansa el sistema educativo nacional. La conducta desplegada en este sentido por los directores y maestros violenta no sólo el espíritu de nuestra Carta Magna, sino que es contrario a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley General de Educación, el cual señala a la letra que es un derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, el colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos. Pero no sólo eso, también transgrede lo establecido en el artículo 67 de la propia ley de la materia, el cual dispone que las asociaciones de los padres de familia tendrán por objeto colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles; participar en la aplicación de las cooperaciones, numerarios, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar; y proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores. Nótese que la ley ve la participación de los padres de familia y las organizaciones que los representan en el mejoramiento de los planteles como una prerrogativa para no, como un imperativo que ante el incumplimiento traiga aparejada sanción alguna, por lo que es arbitrario tomar a los alumnos como rehenes frente a la imposibilidad o la negativa llana para cooperar con dinero o en especie en este rubro. Derivado de lo anterior, los diputados del PRI compartimos el razonamiento asentado en el dictamen, por medio del cual se establece que la adición propuesta al artículo 215 Bis al Código Penal Federal, tendiente de equiparar con el abuso de autoridad la negativa o el retardo en el otorgamiento de un servicio público como lo es la educación, ya que esto permitirá el ejercicio pleno del derecho a la educación, mayor equidad educativa e igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, sancionando a quienes soliciten contraprestaciones económicas en dinero o en especie por prestar este servicio. Elevar la conducta que motiva esta iniciativa a tipo penal traerá como consecuencia la reflexión de los posibles sujetos activos al existir una medida coercitiva para quien cometa este delito y se abstenga de llevarlo a cabo. Por su atención, muchas gracias.