La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, presidente. Ni modo, pero la calidad de la indicación del diputado Emilio generará consecuencias allá, yo espero que el resto atendamos a la argumentación que presentaré. Hay modificaciones como bien lo ha señalado, presidente, en estricto a todo el artículo 24, básicamente porque ha quedado fuera uno de los elementos fundamentales de la laicidad y es el que se refiere al de la libertad de convicciones éticas. La posibilidad de que acompañado del Estado laico quede establecido, que la moral de cada uno de los pobladores de este país no le pertenece a ninguna fe, a ninguna religión, que los principios éticos son los que se fundan a partir de las propias convicciones individuales y no a partir de los decretos de ninguna verdad absoluta, venga de donde venga. La laicidad, que no el laicismo, es mucho más que un modelo institucional que trata de un proyecto intelectual y político ligado al principio de la igualdad. La neutralidad frente a las ideas o expresiones del Estado nos obliga a cuidar que la República, toda la República y las creencias y dogmas que en ella se viven sean garantizadas para todos y cada uno de los ciudadanos, pero subrayadamente, que el Estado cuide que quienes son los representantes de la Iglesia y las religiones cumplan con sus obligaciones. Las resistencias que hoy planteamos nada tienen qué ver con respetar o no el derecho a creer de las personas. El tema aquí son los poderes fácticos que en este siglo como en el siglo XVI no sólo reclaman el poder espiritual sino que buscan, y así lo ha dejado claro la jerarquía Católica que ha llamado jalada a nuestro Estado laico, con la complicidad de Gobernación, buscan sojuzgar el poder político de los gobiernos. La convivencia pacífica entre mujeres y hombres, entre los diversos, en la pluralidad que somos, se sostiene en el Estado laico que posibilita la distancia entre la norma general, la norma ética y la norma religiosa. Lo otro es traicionar, efectivamente, a Juárez, a la reforma liberal que nos enorgullece y ser la Legislatura que regrese a la voraz jerarquía Católica los viejos privilegios cuyos efectos aún pagan con la privación del conocimiento científico y la ignorancia amplios sectores de la población. La Suprema Corte ya ha aportado que pretender que los actos religiosos se celebren fuera de los templos, aún cuando estos estén cerrados, sería tanto como imponer una obligación correctiva por parte del Estado para proporcionar elementos para el ejercicio del culto, lo que es absolutamente contradictorio con la ideología de nuestra Constitución, pues la misión del Estado se limita a permitir, no a fomentar religión alguna. En estos tiempos implicaría, incluso, no sólo tolerar al cura del canal, significaría legitimar el canal de los curas y la jerarquía política de la Iglesia. No atender a las modificaciones mínimas que se están planteando a este apresurado dictamen significaría mandar al Estado laico a bailar a Chalma. Por ello les pido a todas y todos que en tanto el espíritu que hoy se manifiesta es de reformar el artículo 24, al menos lo hagamos atendiendo a estas modificaciones que leo, presidente. Artículo 24. Todo individuo tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. La libertad incluye el derecho a participar individual y colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos de proselitismo o de propaganda política. El no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Y, como ya lo había señalado el diputado Solís Acero, se plantea la reincorporación del tercer párrafo de la Constitución vigente, que dirá como lo dice actualmente: Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a ley reglamentaria. Es cuanto, presidente.