El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con el permiso de la Presidencia. El mal llamado "gobierno de las manos limpias" está demostrando su verdadera cara, la de la corrupción y el abuso de poder al amparo de los cargos públicos. Esa es la verdadera cara del gobierno de las manos limpias. La situación de Juan Camilo Mouriño Terrazo debe verse bajo dos perspectivas: la que corresponde al entorno legal y la que se refiere al ámbito político. No es materia de debate que Mouriño Terrazo era y es servidor público, ya que a partir del año 2000 fue diputado de la LVIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; presidente de la Comisión de Energía de esa legislatura, cuando Calderón era coordinador de la fracción panista y posteriormente, subsecretario de la Secretaría de Energía, siendo titular el propio Calderón. Es decir, siempre ha sido subordinado de Felipe Calderón Hinojosa. Conforme a lo que se establece en el artículo 8, fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y de Servidores Públicos, Juan Camilo Mouriño Terrazo sí incurrió en tráfico de influencias en el ejercicio de sus funciones, cuando como diputado federal de la LVIII Legislatura firmó contratos de prestación de servicios de transporte terrestre de productos derivados del petróleo, como apoderado legal de la empresa Transportes Especializados Ivancar, sociedad anónima de capital variable, con Pemex-Refinación. En primer lugar, en el artículo citado se establece claramente que cualquier servidor público deberá excusarse de intervenir por motivo de su encargo, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que se tenga interés personal, familiar y de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos. De acuerdo con la escritura de fecha 25 de febrero de 97, otorgada ante la fe de la licenciada Lucila del Carmen Gamboa Rodríguez, aparece la constitución del Grupo Energético del Sureste, sociedad anónima de capital variable, donde Juan Camilo Mouriño Terrazo figura como accionista. En el caso del secretario de Gobernación, de acuerdo con la escritura del 7 de noviembre de 2000, en que se protocolizó una asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa Ivancar, los accionistas son Grupo Energético del Sureste, sociedad anónima de capital variable y Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del actual secretario. Se acredita con el instrumento público 67 del 2 de diciembre de 94, otorgado ante la fe del notario público 2 de Champotón, Campeche, licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes. La protocolización del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, con todas las facultades generales y especiales, otorgando a Juan Camilo Mouriño Terrazo, dichos poderes, fueron ratificados con fecha del 24 de mayo de 95, con la escritura 41. Con estos poderes queda claramente documentada la afirmación de la que esta persona en cuestión sí es apoderada legal de Transportes Especializados Ivancar. En otras palabras, con la documentación notarial expuesta, Juan Camilo Mouriño Terrazo tiene desde la perspectiva de la persona moral dos personalidades: la de accionista y la de apoderado legal de Ivancar y como tal estaba impedido para establecer una relación de negocios con Pemex-Refinación. En segundo lugar, también se establece que el servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación, resolución cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos. En estos términos Felipe Calderón Hinojosa, en su calidad de secretario de Energía y de jefe inmediato de Juan Camilo Muriño Terrazo, sí tuvo conocimiento del tráfico de influencias que realizó su subordinado. Compañeras y compañeros diputados. La circunstancia legal del señor Muriño es clara y precisa: realizó conductas presuntamente constitutivas de delitos federales previstos y sancionados por la legislación penal federal aplicable. Por esto, el gobernador de Nueva York, que no cometió ningún delito pero sí trastocó los principios que públicamente defendió, renunció sin reservas, pidiendo perdón al pueblo de Nueva York y a su partido. Por qué Juan Camilo Muriño Terrazo no renuncia, si su actuación ha quedado debidamente acreditada como delictuosa y en consecuencia debería ir a la cárcel, como lo establece claramente el Código Penal. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no se sumará a la farsa de la creación de la comisión investigadora que se ha acordado. Esta comisión no es la que propusimos ni tiene alcances para investigar nada; es una comisión a modo que nace atada de manos, sin capacidad real de investigación y cuyo resultado final sin lugar a dudas será exculpar al señor Muriño. Lo que se ha hecho es un atentado contra la Constitución en su artículo 93. La comisión amigos de Muriño no va a servir de nada y por estas razones el Partido del Trabajo no participará en ella. Hoy a quien es gobierno, al PAN, se le olvida el papel que desempeñó en la LVI Legislatura en la creación de la Comisión Investigadora de Conasupo. Hoy les toca encubrir y solapar a dos de sus miembros: Calderón y Muriño. Es cuanto, señora Presidenta.