LA DIP. MA. TERESA CAOY RUY SANCHEZ: Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: La propiedad industrial no es solo un asunto que concierne a los aboga dos, el punto crucial es dar crédito donde y cuando es debido..... LEYO INSÉRTESE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION. P R E S E N T E. BERNARDO DE LA GARZA HERRERA FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZALEZ, ESVEIDA BRAVO MARTINEZ, MARIA TERESA CAMPOY RUY SANCHEZ, OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS, DIEGO COBO TERRAZAS, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO, NICASIA GARCIA DOMINGUEZ, ALEJANDRO RAFAEL GARCIA SAINZ ARENA, MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, JULIETA PRIETO FUHRKEN, CONCEPCION SALAZAR GONZALEZ, ERIKA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, con fundamento en los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley: EXPOSICION DE MOTIVOS La Propiedad Industrial no es solo un asunto que concierne a los abogados. El punto crucial es dar crédito donde y cuando es debido. Cada día adquiere mayor importancia en el mundo actual altamente comunicado y en el ambiente profesional en que vivimos, el conservar las ventajas competitivas que se desarrollan en una empresa y al mismo tiempo el evitar que los competidores impidan la práctica de estas prerrogativas y el acceso a mercados atractivos. Las empresas deben aprovechar los derechos que otorgan las leyes de propiedad industrial para facilitar el logro de sus objetivos utilizando las diversas figuras legales que otorgan derechos a los inventores, autores y a sus causahabientes, tales como: Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños y Modelos Industriales, Secretos Industriales, Marcas Registradas, Nombres y Avisos Comerciales, Denominaciones de Origen y Derechos de Autor. Ante la alta competitividad de estos tiempos, muchas veces se descuida la protección legal de los derechos, por la falta de interpretación adecuada de las leyes, y esto puede tener importantes efectos para los que lo quieren ejercer. Los resultados de proporcionar una rigurosa protección a quienes crean y comercializan son obvios, ya que los beneficios más importantes de un vigoroso amparo de los derechos de la propiedad industrial incluyen mayores incentivos para los inventores y propietarios individuales o empresariales, se fortalece la cultura empresarial, se da un mejor acceso a la tecnología por parte de los países en desarrollo, una mayor inversión nacional y extranjera en el crítico esfuerzo de investigación y desarrollo; una vez que un país otorga una clara garantía a la Ley de la Propiedad Industrial, las patentes, las marcas y demás derechos; se convierten en significativos activos económicos. En resumen, existen convincentes razones comerciales, sociales y políticas, para una vigorosa protección de los derechos. La experiencia de otros países postindustriales, demuestra claramente que puede llegarse a un equilibrio a través de la aplicación precisa de derechos de la propiedad industrial claramente delimitados. En la revisión de sus leyes sobre propiedad industrial, los gobiernos de los países en desarrollo pueden aprender de la experiencia de otros países industrializados que claramente se ven afectados cuando se da una mala interpretación de la ley. Un buen sistema de protección debe proveer suficiente sostén como para proporcionar verdaderos incentivos para la inversión y el desarrollo, y debe ser lo suficientemente flexible y precisa como para poder responder a cambios en las necesidades, a la vez que fomentan la competencia lo más posible. Los conceptos de la propiedad industrial, deben adaptarse al cambio, sin flexibilidad y adaptación, un sistema de propiedad industrial fácilmente podría volverse inadecuado en muy pocos años. La Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 221, 221Bis, 226, 227 y 228, establecen literalmente que: Art. 221. Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. Art. 221 Bis. La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación a alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley. Art. 226. Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos por el artículo 221 Bis de esta Ley. Art. 227. Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley. Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje. Art. 228. En los procedimientos judiciales a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte. De la lectura anterior, se desprende que la Ley de la Propiedad Industrial expresamente otorga facultad y competencia al Poder Judicial para resolver las controversias que se susciten con motivo de la comisión de delitos, así como de la indemnización por daños y perjuicios causados con motivo de la violación a dicha Ley. Por lo que se refiere a las acciones de carácter civil o mercantil, tanto los jueces del fuero Federal como los del fuero común, están facultados por la propia Ley de Propiedad Industrial, para conocer de las violaciones hechas a la misma; sin embargo, a pesar de lo anteriormente establecido, se ha creado una polémica en el foro y en la judicatura respecto a la independencia y procedibilidad que pudiera tener dicha acción ante el órgano jurisdiccional, ya que algunas personas erróneamente creen que para poder ejercitar la acción de pago de daños y perjuicios ante un órgano jurisdiccional. antes debería ejercitarse la acción de carácter administrativo, mediante un procedimiento administrativo de infracción seguido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa competente en lo que se refiere al otorgamiento de registros marcarios, así como la tramitación de los diversos procedimientos administrativos de nulidad, caducidad o infracción. La anterior suposición es incorrecta, pues haciendo una profunda y armónica interpretación de los preceptos citados se puede concluir que para solicitar el pago de daños y perjuicios no es necesario que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial haya declarado previamente que se ha cometido una infracción dado que no es un requisito de procedibilidad. Por el contrario, los jueces de lo civil son plenamente competentes para conocer del juicio en donde se reclame el pago de acuerdo con las diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, lo anterior si se toma en cuenta la naturaleza civil de dicha acción. Con el fin de atajar el error en que han incurrido algunos jueces, magistrados y litigantes, proponemos modificar el artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial, estableciendo la independencia de ambos procedimientos, administrativo y judicial, para de una buena vez marcar en camino por el que deben seguir las personas cuyos Derechos de Propiedad Industrial fueron violados. Por lo tanto, los beneficios de la protección de estos derechos tienen mayor peso que las desventajas percibidas. Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de DECRETO. Por el que se reforma el artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial. ARTICULO UNICO. Se reforma el artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue: Art. 226. Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos por el artículo 221 Bis de esta Ley, acción que podrá ejercitarse, sin tener que agotar previamente las de la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. TRANSITORIOS Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de abril del 2001. LA VICE PRESIDENTA: Gracias a usted señora diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez. La iniciativa que acaba de presentar será turnada a Comisión de Comercio y Fomento Industrial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El grupo parlamentario del Partido del Trabajo había incluido en el orden del día la presentaci6n de una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos y ha pedido retirarla para presentarla en próxima sesión. El mismo partido había incluido una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y en los mismos términos se ha pedido retirarla para otra ocasión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.