El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Buenas tardes, diputadas, diputados. Una de las demandas más sentidas de los trabajadores en las últimas tres décadas ha sido el acceso a una justicia laboral objetiva, imparcial y expedita, tanto en los juicios individuales como en los colectivos. La estructura y proceso de la justicia laboral mexicana se ha mantenido intacta desde su fundación hasta fines de 1920, en consecuencia, el ritmo de la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades de la sociedad. En un contexto de cambios en el modelo de crecimiento y en el mercado del trabajo, el rezago en la actualización de la ley respectiva tuvo como consecuencia una expansión indiscriminada de la simulación y la corrupción en los sindicatos para sostener este modelo de relaciones laborales, que hizo posible combinar salarios indignos, trabajos precarios, múltiples violaciones a los derechos de los trabajadores y hasta fraudes millonarios, como en el caso de Pemex. Desde mediados de los años noventa era evidente que la reforma al sistema de justicia laboral y la creación de un órgano autónomo para hacerse cargo del registro de los sindicatos y, por consiguiente, de los contratos colectivos, era una necesidad imperiosa. Sin embargo, la reforma laboral del 2012 no tocó este tema. En respuesta a la inconformidad social que pone en tela de juicio el corporativismo y sus vicios, las exigencias internacionales nos demandan el compromiso del país con la democracia y el Estado de derecho. El Ejecutivo realiza estudios, consultas, mesas de análisis que ponen de manifiesto la urgente necesidad de actualizar el sistema de impartición de justicia. Es bajo esta presión de las organizaciones sindicales democráticas que el Ejecutivo elaboró una iniciativa que presentó el 28 de abril de 2016 a la Cámara de Senadores, con el objeto de consolidar la autonomía y eficiencia en la impartición de justicia, ya que con esto se atiende un reclamo social de primer orden frente a la innegable necesidad de modernización del sistema vigente. Esta reforma propone tres premisas fundamentales: 1. La impartición de la justicia laboral por órganos del Poder Judicial federal local (Sic.), o según corresponda; 2. Replantear la función conciliatoria y centra este cometido en los Centros de Conciliación, donde se propone una sola etapa procesal en una sola audiencia obligatoria, de manera que resulte eficaz y satisfactoria para las partes; 3. Revisar el sistema de distribución de competencias entre autoridades federales y locales para fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación. Por lo que se propone crear un organismo descentralizado de la administración pública federal. Ahora que concluyó este proceso de aprobación en las entidades federativas y se promulgue, el siguiente paso será elaborar y discutir las leyes reglamentarias de la misma. Es aquí donde tenemos que estar alertas, es aquí donde tenemos que estar atentos a lo que se vaya a legislar, a reglamentar. Ya que se dio a conocer que hay una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que promueve la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el apoyo de un sector de empresarios, que va en contra de todos los buenos propósitos que supone traería la reforma constitucional recién aprobada. Morena alerta a los trabajadores y a los sindicatos, que con esta propuesta vuelven a revivir la discusión supuestamente ya salvada de reformas que trataron de imponer cuando la analizó la iniciativa que presentó Felipe Calderón, de reforma laboral. Dentro de los temas que se replantean y que sería un retroceso a lo aprobado, está la promoción de nueva cuenta de contratos colectivos de protección personal, al hacer una reglamentación inequitativa entre los sindicatos que emplacen a huelga y los que no tratarán de impedir que los trabajadores puedan cambiar al sindicato impuesto por la empresa, con todos los obstáculos que les están imponiendo en la práctica e incluso se les impone un doble recuento. Se va a imposibilitar la contratación colectiva en las pequeñas y medianas empresas que presentan la mayoría en este país y en las que con mayor frecuencia se violan derecho laborales de los trabajadores, al incluir requisitos que no se pueden cumplir debido a las mismas condiciones que tienen en ellas, como lo es la subcontratación, el no estar inscritos en el Seguro Social o donde ni siquiera se les da recibo de pago por su trabajo. De nuevo se protege a las empresas de subcontratación outsourcing cuando se señala que deben de considerarse improcedentes las solicitudes de contrato colectivo y emplazamiento a huelga en el caso, cuando las personas morales no tengan empleados, cuando aún esto la ley vigente no debiera de existir. Repetidamente vuelven a la propuesta de impedir que los sindicatos gremiales puedan actuar en su profesión. Lo más grave, de nueva cuenta, para los trabajadores y la ciudadanía en general, es que han sido excluidos de esta propuesta conforme a los convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo. Antes de establecerse nuevas políticas que afecten a la clase trabajadora, se debe consultar a los actores o destinatarios afectados, máxime cuando esta reforma es esencial para el futuro del mundo laboral colectivo. Concluyo. Es por esto que en Morena demandamos que este proyecto sea transparentado y se conozca públicamente y se debata de frente con las organizaciones sindicales, al igual que todas las propuestas que se tengan al respecto, y que se analicen y se discutan con un amplio sector del ramo laboral. Exigimos que en esta Cámara asumamos la responsabilidad de llevar la legalidad, transparencia e imparcialidad, como la rendición de cuentas y en general la justicia al mundo del trabajo. Hacer lo contrario, es caer en simulación y por consiguiente, de nueva cuenta, traicionar a los trabajadores. Muchas gracias.