El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece al autofinanciamiento como una modalidad de financiamiento para la adquisición de bienes sin recurrir a los financiamientos tradicionales. Lo que pretende afianzar a la participación de sector social de la economía a través de grupos organizados de consumidores que al aportar periódicamente sus recursos permitan fondear la adquisición de bienes, evitando los altos intereses. Complementa la regulación en la materia el reglamento de sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que facultan el artículo 2 a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría General del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación, vigilancia e interpretación del presente reglamento, lo que se limita de manera especial a los procedimientos de creación y funcionamiento de dichos sistemas. La débil regulación que prevalece sobre el funcionamiento de estos sistemas y la falta de garantías institucionales que protejan adecuadamente el interés de los usuarios de los sistemas ha propiciado el desequilibrio en la relación comercial y la propia desnaturalización de la perspectiva social que debería regir en esta modalidad de financiamiento, llegando a extremos en los que las tasas de interés se sitúan por encima de las existentes en el mercado de créditos, propiciando así en algunos casos la aplicación de prácticas deshonestas, abusos y acciones que tienden a afectar el patrimonio de las personas. Aún con el limitado marco de regulación que existe, durante 2012 la Profeco recibió 2 mil 911 quejas presentadas contra 20 de estos sistemas, la que mayor incidencia fue Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, con mil 442 denuncias. Entre las causas de mayor incidencia se encuentran la negativa de recisión de contrato, la negativa a la entrega de producto o servicio, además de producto o servicio no solicitado o autorizado; daños durante el proceso de entrega; negativa a corregir errores de cobro y la negativa a la devolución del depósito. Además de las causadas señaladas por la Profeco existen otros aspectos contenciosos que propician que las diferencias entre los sistemas y los usuarios terminen en los tribunales, entre éstos encontramos situaciones de fraude por el uso de convenios de adhesión distintos a los oficialmente registrados en la Procuraduría Federal del Consumidor; el incremento injustificado del costo de los bienes a adquirir como resultado de la aplicación de tasas de actualización distintas a las notificadas a la autoridad, así como la aplicación de tasas de interés que cuadriplican incluso las más altas tasas de las tarjetas de crédito comerciales y que propician dicha conducta, constituyen acciones claras judicialmente sancionadas, como usura, tal y como al respecto se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, en su sentencia del 9 de mayo de 2012. Así pues, advertimos que las condiciones que actualmente privan en la relación entre el sistema y los usuarios resultan desventajosas para los segundos, afectando el equilibrio de voluntades que deben prevalecer en este tipo de contratos, vulnerando visiblemente los derechos a los usuarios y su patrimonio, aspectos que constituyen derechos plenamente reconocidos por el Estado mexicano en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 21, numerales 1, 2 y 3. Siendo deber de las autoridades adoptar disposiciones de derecho interno para asegurar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en dichos tratados, según el artículo 2o. de la Convención y que además se correlaciona con las disposiciones del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo correspondiente a la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, es que resulta indispensable que la representación popular promueva acciones para fortalecer la protección de los usuarios. En nuestro país se han documentado ya que como resultado de los plazos, cargos, accesorios y penalizaciones se integran cobros con un sobreprecio inicial de hasta 76 por ciento. Por tal motivo y luego de considerar la necesidad de aportar una regulación que contribuya a otorgar mayor certeza jurídica a las partes en este tipo de operaciones estableciendo garantías adecuadas para evitar la comisión de prácticas abusivas que afecten el patrimonio de las familias, considero necesario presentar a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que plantea reformas y adiciones a las leyes de protección y defensa al usuario de servicios financieros, de protección al consumidor y del Código de Comercio, para que si así lo estiman se apruebe en sus términos. Muchas gracias, presidente.