El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidenta. Compañeras, compañeros... Perdón, presidente, presidente. México, cuenta con una gran variedad de terrenos, zonas o áreas protegidas que lo distinguen de otros países en el mundo, por lo que el Ejecutivo federal debe considerar como un reto la creación de políticas para la protección de estas zonas y garantizar la sustentabilidad de desarrollo de las 176 áreas naturales protegidas, que en conjunto corresponde al 12.9 por ciento de la superficie nacional, según cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Uno de los objetivos constitucionales del Estado es el derecho al medio ambiente sano, sustentable e integral, que garantice condiciones de bienestar de las personas con la ecología. Asimismo, se debe imponer la prohibición de investigación sobre la existencia de hidrocarburos o el establecimiento de infraestructura eléctrica en las áreas naturales protegidas, con el objetivo de continuar con la cultura de la conservación. La disposición legal que contempla el artículo 33 del dictamen que discutimos, claramente elimina la figura de protección y conservación, que en la actualidad tienen los parques nacionales. Como ejemplo, el Cabo Pulmón, en el estado de Baja California Sur, el Pinacate, en Sonora; la Selva Lacandona, en Chiapas, así como la Isla de Holbox ubicada en la costa norte de la Península de Yucatán, por mencionar algunas. De la misma manera, este artículo trae consecuencias negativas respecto de lo que a derecho patrimonial se refiere, es decir, si existiera la autorización que recaiga en la exploración y extracción de hidrocarburos en una comunidad que sobrevive de la agricultura y se sustenta del campo, de hecho, significaría la pérdida de su patrimonio. Además, se pretende facultad al órgano de gobierno para que pueda declarar cualquier terreno como utilidad pública para poder expropiarlos, según lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y la Industria Eléctrica, sin especificar limitantes en cuanto a que sea un campo agrícola productivo, asentamiento humano o zonas arqueológicas o reservadas, o área natural protegida. Para tal situación, lo correcto sería buscar un sistema alternativo que tenga como objetivo primordial el beneficio a los dueños de los terrenos, y la conservación absoluta de las áreas naturales protegidas anteponiéndose a las actividades de exploración y extracción, las cuales sabemos pueden acabar con la riqueza natural, paisajística y natural de nuestro país. Por estos motivos someto a la consideración de la asamblea, la siguiente reserva al artículo 33 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para que en su último párrafo quede como sigue: Los órganos reguladores coordinados en materia energética promoverán los actos jurídicos que se requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública a la que se refiere el párrafo anterior, siendo siempre estas actividades de interés social, y orden público. En ningún caso, las actividades descritas en este artículo podrán realizarse dentro de las áreas naturales protegidas y predios destinados a la conservación. Es cuánto, señor presidente, y una disculpa. Gracias.