La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, la pandemia ocasionada por el SarsCovid-19 ha impactado notablemente en la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Ha sido reiterado cómo hemos venido analizando los diversos impactos de esta pandemia en materia de salud con ya la cifra que supera el millón de contagios y las más de 100 mil defunciones. Pero, sin duda, esta pandemia nos ha traído también afectaciones graves en materia económica. Este fenómeno ha alterado las condiciones normales de oferta y demanda de bienes a las que se enfrentan los consumidores, que se traduce en altos precios que por supuesto dañan, lastiman la economía familiar y generan sobredemanda que, a su vez, provoca una escasez de productos que son indispensables para enfrentar la contingencia, sobre todo en materia de salud. Se trata de una situación que afecta de manera considerable a las y a los ciudadanos pero, especialmente, a aquellos que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Es menester recordar que, de acuerdo a cifras del Inegi, al menos 4 de 10 personas en México se encuentran en esta condición. Y es que, pese a los llamados de atención de las autoridades en los distintos niveles de gobierno y las advertencias para que en la regulación de precios de estos insumos y productos de primera necesidad no se generara una distorsión, es importante señalar que esto se ha dado. Además, también pese a que ya hay un marco regulatorio en materia administrativa, en materia de sanciones, ha sido frecuente observar y lo hemos visto quienes somos legisladoras, legisladores en nuestros propios distritos, cómo es frecuente que estos insumos, fundamentalmente los relativos a medicamentos, a cubrebocas, a tanques de oxígeno, a productos de aseo y limpieza sean ofrecidos al público por el doble, el triple o mucho más de su valor normal o de su valor real. Lo que es mucho peor es que han sido acaparados por los mismos que los ponen a su venta, para generar escasez y que esto les permita elevar los precios de manera premeditada. Es por ello que consideramos que los derechos fundamentales relacionados con la salud y protección económica de las y los ciudadanos que son afectados en forma extraordinaria, en situaciones como la que estamos viviendo de pandemia, en desastres naturales, en contingencias sanitarias, pues, deban ser una prioridad del Estado mexicano. En estos escenarios ha sido frecuente observar estas distorsiones del mercado, ocasionadas por esta forma deliberada de quienes ponen a la venta los productos a través del alza de precios, del ocultamiento, de acaparamiento de productos indispensables, a fin de obtener un lucro, un beneficio. Estas prácticas también vulneran el derecho a la salud, ya que la adquisición de medicinas, de insumos médicos a altos costos se encuentra sujeta al ingreso de cada persona, quien en caso de no contar con ellos no puede acceder a estos productos y está en peligro su propia vida. Reconocemos la importancia de los derechos de las y los consumidores, sin embargo, en el marco legal que actualmente se tiene están indebidamente protegidos. Por esto saludamos y en la Comisión de Justicia aprobamos la iniciativa del diputado José Elías Lixa, para establecer dentro del Código Penal una calificativa para prever estos supuestos como la inminencia de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica que altere de forma grave el orden público. Bajo esta tesitura, consideramos que esta reforma al Código Penal Federal debe llevarse a cabo a través de esta calificativa que prevé justamente este contexto de amenaza, de inminencia, ocurrencia de una situación de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica que altere de forma grave el orden público durante un tiempo determinado. De tal manera que lo que estamos poniendo hoy a su consideración justamente es esta adición de un artículo 254 Quáter para establecer sanciones a aquellas personas que cometan alguna de estas conductas, que hoy ya están previstas en distintas fracciones del propio Código Penal Federal, respecto de artículos de consumo necesario, productos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos, bienes destinados a la prevención de propagación o contagio de enfermedades, o cualquier artículo de primera necesidad y los que tengan esta inminencia u ocurrencia en una situación de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica que altere de forma grave el orden público durante un tiempo determinado. En este caso se aumentará hasta una mitad más en su mínimo y máximo la pena que corresponda, respecto de las propias previsiones que hace el Código Penal Federal. Es pues, compañeros, compañeras, una propuesta muy atinada y, sobre todo, dada la naturaleza del contexto que se pretende proteger, es indispensable que esta calificativa sea incorporada a nuestro marco penal federal y por eso desde la Comisión de Justicia, a nombre de sus integrantes les pedimos el voto a favor de esta importante propuesta. Es cuanto, presidenta.