El diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el artículo 108 de nuestra Carta Magna señala que los gobernadores de los estados, los diputados a las Legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. De su lectura se observa con toda claridad que en su texto no considera sujetos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos de los ayuntamientos. Y ello es una laguna constitucional, ya que la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos en su artículo 2 señala como sujetos de la misma a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos federales, con lo cual estarían de alguna manera comprendidos. Sobre todo esto cabe aclarar desde nuestro punto de vista, a diferencia de lo que señala el propio dictamen de la comisión, que la naturaleza jurídica del municipio corresponde a la de un poder estatal junto con los tradicionales órganos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nosotros consideramos que es un verdadero orden de gobierno, el más cercano a la ciudadanía y que por lo tanto sus servidores públicos cumplen con una función de Estado, que siendo parte del Estado una de sus atribuciones es precisamente la de ejercer recursos presupuestales que le permitan financiar su ejercicio de gobierno y que, como bien se reconoce en el dictamen, desafortunadamente se ha generado en nuestro país una tendencia negativa derivada de la actuación de diversos servidores públicos en innumerables casos, que han buscado beneficiarse del manejo discrecional de recursos públicos y el abuso del poder, provocando actos de corrupción que vulneran a las instituciones y lesionan gravemente el interés púbico, todo ello en total impunidad. Que por ello es necesario establecer un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos acorde con la realidad actuante y cambiante del ejercicio de la función pública, que nos permita arribar a un verdadero estado de derecho cuya característica fundamental sea la de combatir el abuso del poder. En razón de ello consideramos necesaria esta reforma constitucional, que tiene como finalidad establecer como sujetos de responsabilidad a los servidores públicos municipales que administren y manejen indebidamente los recursos otorgados por el gobierno federal. Coincidimos con la colegisladora que el establecimiento de un eficaz régimen de responsabilidades de los servidores públicos constituye un imperativo fundamental de nuestro sistema democrático, en la lógica de que las personas que en ejercicio de su función pública manejan o apliquen fondos y recursos federales, que los utilicen como lo establece el artículo 134 constitucional, con eficiencia, economía, transparencia y honradez. Reiteramos que nuestro Grupo Parlamentario, el del Partido de la Revolución Democrática, coincide con la propuesta del dictamen para incluir a los presidentes municipales, los regidores y los síndicos de los ayuntamientos en el artículo 108, como parte de la construcción de un eficaz sistema de responsabilidades de los servidores púbicos. Por su atención, muchas gracias.