El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Con su venia, presidente. Muy buenas tardes, diputadas, diputados. El día de hoy, si bien es cierto tiene a bien fusionar dos propuestas de dictamen. Yo quisiera un poco recapitular la fundamentación y origen del mismo. En México el 0.4 por ciento al 10 por ciento de temas de corrupción es lo que constituye la parte proporcional del PIB, no es menor en el país. En este sentido fortalecer todo lo que tiene que ver con los órganos de vigilancia de auditoría que puedan dar cuenta de la rendición de cuentas de los entes fiscalizables a nivel superior, bueno pues es una tarea indispensable que no podemos dejar de lado. Desde la creación en el 2015 del Sistema Nacional Anticorrupción, una de las tareas más importantes era que en las siete sillas que conformaban este sistema, pudieran tener una especie de coordinación tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación. Este asunto ha ido muy endeble, pero la fortaleza que hubiéramos tenido desde entonces, hubiera sido información o resultados de evaluación y seguimiento, no solamente a los órganos internos de control del gobierno federal, sino también a aquellos órganos internos de control que tienen los organismos autónomos, es el caso particular el Tribunal de Justicia Administrativa. Cuál es, qué es lo que tenemos en el contexto general. Los órganos internos de control que se nombran en las dependencias federales los norman, los va a nombrar, de alguna manera tiene esa injerencia, la Función Pública. Los órganos autónomos tienen nombramientos que son derivados de una decisión que tomamos aquí en la Cámara de Diputados y que, en forma, digamos, de un cabildeo que se hace con convocatorias de cada uno de estos órganos autónomos, se eligen aquí en el pleno los titulares de los mismos. La misma Auditoría Superior de la Federación tiene su órgano interno de control dentro de la Cámara de Diputados, que es la Unidad de Evaluación y Control, y que también la nombra la Cámara de Diputados. Entonces una de las cosas que puede darles legitimidad a los órganos internos de control, sin duda es la forma en que se nombra el mecanismo que evalúa o que vigila los recursos y que va a establecer mecanismos de auditoría para la rendición de cuentas. Esta propuesta versaba en ese sentido, que pudiéramos nosotros, y en este caso reconozco que es un asunto de autonomía técnica y de gestión, que además hay decirlo, no estaba escrito y que parte de las mejoras... o lo que trae el dictamen, es establecer en el papel esas características que no tenía el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero sí valdría la pena que en un futuro no muy lejano pudiéramos pensar que este órgano autónomo, que es el único que nombra a su titular del organismo técnico... de organismo interno de control, pudiera tener un nombramiento externo, porque estamos en un terreno, digamos, endogámico administrativo, que no le da suficiente legitimidad. Habría que pensar la forma de cómo caminar en ese trayecto, porque eso le da legitimidad a los órganos autónomo, que son entre muchos los que tienen en su haber los nombramientos de quien nos fiscaliza, quien nos evalúa, quien nos vigila, nombramientos de la Cámara de Diputados. Ahora bien, qué tiene en materia este documento. Bueno, pues tiene a bien homologar criterios, que esa es una terea indispensable, por eso traía yo a colación el Sistema Nacional Anticorrupción, porque si tuviéramos en la mesa, como deberían de estar trabajando las siete sillas del Sistema Nacional Anticorrupción, pero principalmente dos: la Función Pública y la Auditoría, pudiéramos tener evidencias de evaluación en los órganos internos de control y hacer mejoras en los mismos para vigilar la transparencia y la rendición de cuentas de todos y cada uno de ellos, cosa que todavía no tenemos y no hemos podido materializar. Estamos en este dictamen diciendo algo muy sencillo, que debería haber estado desde hace mucho tiempo, es dejar en el papel las características que otros órganos autónomos ya tienen y que no tenía el Tribunal de Justicia Administrativa, que es tan sencillo como decir que tiene autonomía técnica y de gestión, que es que tiene atribuciones para corregir, prevenir, sancionar y hacer las denuncias, y que no estaban en el papel. Entonces, lo que tenemos en esta reforma, si bien es cierto es un avance en la homologación de criterios de trabajo de los órganos internos de control, pero aún hace falta dotar de mayor legitimidad a estos órganos, que podrían darnos mayor evidencia acerca del combate a la corrupción. Y habría que entrar también a discutir aquellos que forman parte de las dependencias del gobierno federal, porque si tenemos criterios homologados en la evaluación, en las auditorías, estaríamos avanzando sustantivamente. Recordemos que ellos hacen solamente una parte de la tarea de fiscalización, la otra parte lo hacen en una muestra la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Es cuanto, presidente. Y muchas gracias por su voto, compañeros.