El diputado Guillermo Huízar Carranza: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea: Con fundamento en lo previsto por el artículo 74 Fracción IV, constitucional, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados presenta a la consideración de esta asamblea el dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2001. El precepto constitucional invocado otorga a la Cámara de Diputados, de manera exclusiva, la facultad y la obligación de revisar la Cuenta Pública y tiene por objeto hacer posible que esta asamblea, en quien descansa la representación popular, conozca de los resultados de la gestión financiera, compruebe si se han ajustado los criterios señalados por el Presupuesto y si se ha cumplido con los objetivos contenidos en los programas. El mandato constitucional de revisar la Cuenta Pública representa el instrumento más eficaz para que el pueblo se entere de la eficiencia, honradez y economía con que fueron administrados los recursos públicos confiados a sus gobernantes y este dictamen, así como el informe de resultados de la revisión, son el mecanismo de publicidad que cumple con ese objetivo. Luego entonces, se trata este dictamen de informar con objetividad y realismo a la sociedad, de los resultados obtenidos en el año de referencia, del respeto que s haya hecho a la norma general y obligatoria y de las acciones enderezadas por la autoridad competente para castigar a los presuntos responsables. Desde la conclusión del ejercicio fiscal que se dictamina han tenido que transcurrir tres años, tres meses y 20 días para estar en condiciones de cumplir con nuestra obligación de vigilar el estricto cumplimiento de la norma en lo que a manejo de recursos públicos y cumplimiento de metas económicas se refiere, para llegar a este momento hubo que superar muchas resistencias, una de ellas la postura sospechosa de algunos diputados del Partido Acción Nacional, que afirmaban era improcedente dictaminar la cuenta pública, sugiriendo que el mandato de la Constitución se satisfacía con la presentación de resultados del Auditor Superior. Por fortuna ese debate, por insostenible pronto terminó. Hoy estamos todos los mexicanos, en condiciones de hacer una evaluación seria, objetiva, responsable de lo ocurrido en el año 2001, año que representa el primero del ejercicio constitucional de la presente administración, cuando le queda solamente uno para concluirla. De esta administración no hay todavía una sola cuenta pública dictaminada. Esta evaluación es útil también, sobre todo ahora, ahora que está de moda la construcción de un templo a la legalidad; ahora que nos sentimos muy cómodos postrados ante el imperio del derecho; ahora que nos hemos propuesto juzgar y castigar; ahora que, como alguien dijo, seamos bienvenidos a la inauguración del respeto irrestricto a la ley. Este dictamen nos da esa oportunidad de mirar por la ventana de la congruencia, de asomarnos al mundo real, de alejarnos de la retórica y de la demagogia, de hacer justicia, justicia real, no justicia selectiva. El dictamen que se presenta a su consideración hace un relato cronológico a detalle, del trabajo desarrollado por la Auditoría Superior de la Federación, con la participación destacada de la Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados. Reporta también, los principales resultados obtenidos en las 355 revisiones practicas, a 134 de un total de 335 entes públicos, con una cobertura de apenas el 40 por ciento, lo que significa que el 60 por ciento restante, es decir, 201 entes públicos, no fueron objeto de revisión alguna. El resultado de este trabajo concluyó con la emisión de 3 mil 23 observaciones, de las que se derivaron 4 mil 113 acciones correctivas y preventivas. Tales observaciones tienen que ver con claras deficiencias en la operación de los sistemas o mecanismos de control interno, con el incumplimiento de objetivos y metas de algunos programas institucionales, con la presunción de daño al erario federal o al patrimonio de las dependencias o entidades, con la falta de comprobación o justificación de diversas operaciones. Muchas de las anteriores, motivaron la solicitud de intervención del órgano interno de control. Efectivamente, compañeros y compañeras diputadas y diputados, a la Administración Pública Federal en el 2001 se le detectaron operaciones al margen de la norma en 3 mil 23 ocasiones, 14 veces por día, lo que equivale a una acción sistemática y cotidiana, a un modus operandi, a un evidente desprecio por respetar la reglamentación aplicable. Para muestra, el informe de resultados de la Auditoría Superior, relativo al capítulo de obras públicas, se determinaron situaciones concretas que deberán ser plenamente justificadas, como son, que no se hayan presentado el soporte documental de pagos realizados, la diferencia de volúmenes de obra pagados contra lo realmente ejecutado, los anticipos fuera de norma, los trabajos pagados que no cumplen con las especificaciones de construcción, en fin, sólo de este rubro la Auditoría formuló 65 observaciones. Se registran como pasivos contingentes obligaciones tales como FOBAPROA y Pidiregas, que por su naturaleza son compromisos reales para el sector público presupuestario, y en cambio se omiten en el Registro de Contingentes, pasivos que deberían ser clasificados en ese rubro, tales como el IPAB y las pensiones a cargo del Gobierno Federal. El caso más significativo sigue siendo el Programa de Capitalización y Compra de Cartera en poder del FOBAPROA-IPAB. En este particular, la Auditoría Superior ha detectado múltiples operaciones al margen de la norma, por lo que se han generado 32 observaciones con un efecto económico de casi 60 mil millones de pesos a pesos de diciembre del 2002. En resumen, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la Administración Pública Federal en el 2001, violó la norma en 309 ocasiones, 18 veces la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4 veces la Ley de Ingresos, 37 veces el Presupuesto de Egresos de la Federación, 32 veces violó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 66 veces su Reglamento, 43 veces las Ley de Adquisiciones y así sucesivamente. Todo lo anterior con un efecto económico de poco más de 339 mil millones de pesos, que a la fecha, como lo dice el dictamen, a más de 3 años de distancia, todavía no se logran aclarar 34 mil 400 millones de pesos. En materia económica las cosas fueron mucho peor, en el 2001 la Administración Pública no cumplió con la meta de crecimiento, en lugar de crecer al 4 y medio, como lo ofrecieron, la economía se contrajo, con ello perdidos sólo en ese año más de 350 mil empleos formales, nos quedamos por debajo de la meta de ingresos públicos en poco más de 30 mil y se tuvo que recurrir a la dolorosa medida del recorte a los programas institucionales. Diputadas y diputados: estos son los resultados del 2001, que aunque ya lejano, no deja de mostrar sus efectos negativos hasta ahora. Un 2001 que desnuda a una administración pública ineficaz y retadora del imperio del derecho, porque por el estilo están los resultados del 2002 y del 2003, que ojalá esta Legislatura tenga tiempo y voluntad de dictaminar. Es aquí y ahora donde se muestra en su dimensión real la congruencia, el compromiso por respetar el estado de derecho que tanto se pregona; es aquí donde se evidencian los bocones, los apóstoles ficticios del derecho, los acusadores sistemáticos que se enredan con su propia historia, ninguna democracia tiene posibilidades de sostenerse con semejantes resultados. En el terreno de la revisión de cuentas, en el terreno de la transparencia y de la eficacia gubernamental, más bien, con estos resultados se arriesga. Honorable Asamblea, no tengo duda que con su voto a favor del dictamen, estaremos cumpliendo con nuestro deber. Es cuando, señor Presidente.