El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, voy a presentar un posicionamiento en contra con una propuesta de modificación. Antes de entrar en las reflexiones comentaría que será interesante ver la posición de los diputados miembros de la fracción parlamentaria del PRI después de escuchar la muy atinada disertación del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Asistimos por segunda vez al regreso desde la Cámara de Senadores, de una iniciativa previamente aprobada aquí por la mayoría conformada por el PRI, el PAN, el Verde y el Panal. En la primera ocasión se trató de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, hoy se trata de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ambos casos la colegisladora actuó con mayor atención a la responsabilidad que el Legislativo tiene en la generación de las leyes. Acá en cambio, se optó por la velocidad supersónica en la aprobación de ambas iniciativas. Creo firmemente que acciones recurrentes como éstas explican en buena medida la reputación, lastimosa reputación política de esta Cámara. Qué ocurrió también en el Senado, que la mayoría priista tomó la tribuna. Veamos entonces que setas acciones no son cuestión de ideología; son una acción reactiva cuando una fuerza política, la que fuere, ve desde su perspectiva cerrados los caminos del procedimiento normativo, tal y como ha sucedido una y otra vez en esta Cámara. No puedo dejar de señalar que no basta, como pretenden algunos, con asumirse publicitariamente como reformadores, es imprescindible actuar bajo esa convicción ética. Es cuestión de altura de miras, de patriotismo y sobre todo de no olvidar que lo que aquí se lleva a cabo no es un simple juego político, sino una tarea cuyos resultados impactan para bien y para mal en la vida cotidiana de la nación. Nuestra propuesta concreta se basa en los siguientes argumentos. La Cámara de Diputados tiene entre sus más importantes responsabilidades representar a la ciudadanía. Gracias a ella se da voz al pueblo de México. Es decir, a los 112 millones de mexicanos con los que cuenta el país. Las atribuciones de la Cámara de Senadores, en cambio, son aquellas que involucran al Pacto Federal. Con base en esa lógica, el Senado tiene entre sus facultades ratificar puestos de política exterior y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la reserva que nos compete el día de hoy, en el artículo 27, propone que la Cámara alta sea quien ratifique el nombramiento del comisionado nacional de Seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dado que estos cargos representan temas de política interior, debido a que involucran directamente la seguridad del ciudadano, consideramos que la ratificación debe ser atribución de la Cámara de Diputados. Es nuestra responsabilidad crear pesos y contrapesos entre los órganos de gobierno, pero también el designar de manera correcta las atribuciones que pertenecen a esta Cámara. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de la asamblea, la siguiente reserva. El comisionado nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo federal, con la ratificación de esta honorable Cámara de Diputados. Me quedan unos segundos y no puedo dejar de señalar la contradicción que representa que estemos fortaleciendo, por un lado, la capacidad policiaca de la Secretaría de Gobernación, aún cuando todavía no se aclaran los hechos de represión cometidos por este gobierno el día 1 de diciembre. Me parece que debemos de reflexionar antes de dar luz verde a esta iniciativa. Deberíamos también citar al secretario de Gobernación, para que explique la acción policiaca represora de esa fecha. Muchas gracias, por su atención.