El diputado Rafael Candelas Salinas (PRD): Con su permiso diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La representación política en nuestro país, atraviesa por una situación crítica. Ha sido deslegitimada con actitudes y acciones que lastiman a la sociedad. De acuerdo a un estudio realizado en el mes de septiembre por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara de Diputados, la representación política de los diputados y senadores mantienen una credibilidad y aceptación muy baja entre los ciudadanos, incluso por debajo de los cuerpos de seguridad pública. Lo anterior se debe, entre otras cosas, a que muchos de quienes nos dedicamos a esta noble tarea de la política, frecuentemente se ve denigrada por nuestras acciones, nuestra función, representación y responsabilidad. De hecho, uno de los temas centrales de discusión en la opinión pública, lo es el asunto de los representantes del Estado que sin renunciar a esta personalidad jurídica, representan a particulares en litigios, negocios o actos contra diversos órganos del poder público aprovechándose de su cargo para la obtención de beneficios a favor de sus representados. Esta conducta desleal, por donde se le quiera ver, carente de toda ética y responsabilidad pública y política, de todo reconocimiento y respeto que se le debería guardar a la decisión de los ciudadanos de elegir a sus representantes populares para servir a la nación, antes que aprovecharse de sus cargos para servirse a sí mismos, es un viejo debate jurídico y político sobre las facultades y atribuciones de los legisladores sobre la decisión de representar dignamente a quienes nos eligieron y no continuar con pretensiones particulares para aprovecharse de las oportunidades y beneficios que brinda el ocupar de manera transitoria un cargo político público. Es hora de dignificar la política, de limpiarla de todo acto de corrupción que lastima a los ciudadanos pero que finalmente denigra a quienes ostentándose como representantes de la Nación, creen tener una llave que les permite abrir las puertas de la corrupción, la impunidad o el nepotismo. Muchas veces la ciudadanía ha mostrado su profundo rechazo a las prácticas políticas de legisladores federales que trafican con sus cargos, que buscan influir sobre el ámbito de competencia de otras autoridades; que pretenden decidir de una manera u otra en qué personas debe recaer un nombramiento, en qué empresarios la responsabilidad de ejecutar una obra, qué despachos pueden litigar contra el Estado para que en colusión con las autoridades administrativas o judiciales, obtener resoluciones a favor de sus clientes. No es propósito de esta iniciativa hacer una larga lista de legisladores federales, funcionarios públicos que se han visto involucrados en actos de corrupción al inmerecer, ante los representantes del Poder Ejecutivo y Judicial a favor de sus clientes. Pero los nombres sobran. En todos los partidos políticos de diverso signo, color o principios. El bien común se lastima con actos como los que llevan a cabo despachos como los del senador Fernández de Cevallos o de Fauzi Hamdan, que en esta misma tribuna algún legislador federal reconoció que este senador llevaba algún litigio en contra de un organismo del Estado. Muchos, muchos más que al amparo de sus relaciones con el poder, sean de un gobierno de su mismo partido o distinto al suyo, han dedicado sus vidas a aprovecharse de los cargos públicos para obtener beneficios económicos que superan por mucho a los de cualquier ciudadano mexicano promedio. De hecho, estas conductas podrían encuadrarse en la definición del tipo penal de tráfico de influencias al valerse de su condición o por interpósita persona para obtener ventajas a favor de quienes representan. De ahí que es urgente reformar nuestra carta magna para que queden plasmadas, de manera clara, precisa, rotunda, explícita, las conductas anómalas de los legisladores que sean contrarias a los principios éticos de honradez, lealtad e imparcialidad, sobre todo para que se prohíba que los legisladores reciban beneficios por cabildeo de empresarios, cámaras o despachos, recibir bienes o servicios a precios menores y mantener relación económica y laboral en sus despachos. Cualquier violación a lo anterior implica la imposición de sanciones, incluso hasta la pérdida del cargo. Nuestra Constitución Política establece, en su artículo 55, los requisitos para ser diputado federal o senador de la República que, en concordancia con los requisitos establecidos por nuestras primeras constituciones, han variado sólo para establecer restricciones que permitan mejorar la función legislativa. Con esta reforma pretendemos dejar en claro que se hace urgente enaltecer la actividad política, devolverle el sentido ético de responsabilidad, de servicio al ciudadano, que busca el beneficio de la colectividad. Esta iniciativa que sometemos a consideración de esta honorable asamblea adiciona una fracción al artículo 55 constitucional y reforma el artículo 62 del mismo texto a fin de establecer una concordancia entre ambas. Por ello proponemos que para ser diputado o senador y en el caso de los ministros de la Corte se requiere se separen del cargo por lo menos con 5 años de antelación y no los dos previstos en esta misma disposición,. Se pretende que no sea la Corte un espacio para desde ahí buscar futuras representaciones populares. De igual manera proponemos adicionar una fracción que refiera de manera particular que quien aspire al cargo de diputado o senador deba separarse de su comisión, empleo o actividad en las empresas privadas, particulares o familiares que tengan relación con su desempeño profesional y por los cuales se disfrute sueldo o se obtenga un ingreso. Es decir, que aquellos ciudadanos que por decisión propia o a petición de partidos políticos deseen aspirar a un cargo de representación popular se separen de sus actividades o empresas para que, posterior a la elección y en caso de ser electos, no presenten de manera directa un posible conflicto de intereses. Es importante destacar que el artículo 25, desde la expedición del Código Político del 17, ha sufrido 5 modificaciones y todas relacionadas con la ampliación de requisitos para aspirar a un cargo de representación popular. El 62 no ha sufrido reforma alguna. Se propone señalar con claridad que los diputados y senadores no podrán desempeñar, durante el período de su encargo, ninguna comisión, empleo o actividad en los gobiernos federal, de los estados o municipios, pero tampoco podrán desempeñar actividad, empleo o comisión en despachos o empresas privadas, particulares o familiares que tengan relación con su desempeño profesional y por los cuales se disfrute sueldo o se obtenga un ingreso. Ahora bien, nuestra propuesta es adicionar los requisitos para ser diputado o senador a fin de evitar conflictos de intereses en la función pública que con su actuación pudieran realizar compañeras y compañeros legisladores. Particularmente la propuesta incide en que las y los legisladores deben atender en todo momento a los intereses públicos y no de manera conjunta los intereses particulares. No cabe la invocación de la libertad del trabajo; debe imponerse el señalamiento juarista de que los servidores públicos deben conformarse a vivir en la honrosa medianía que proporciona el servicio público. De ahí que se proponga reformar el artículo 62 constitucional con la finalidad de señalar con precisión que ya en el ejercicio del cargo de diputado o senador en su calidad de representantes populares, de servidores públicos, no podrán desempeñar otra actividad, cargo o comisión por el que se obtenga una remuneración, pues al elegir ser representantes de la nación, representantes populares con un salario decoroso y digno deberán optar por dejar de dedicarse a una actividad que reditúe otros ingresos o beneficios. Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, me permito someter a la consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción V del artículo 55, el artículo 62 y se adiciona una fracción VII al artículo 55. La actual fracción VII pasa a ser la fracción VIII del citado artículo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En obvio de tiempo, diputado Presidente, solicito respetuosamente se inserte de manera íntegra esta iniciativa de reforma en el Diario de los Debates. Y solicito asimismo a los compañeros y compañeras diputadas su apoyo y su respaldo para la viabilidad de esta iniciativa constitucional que creo será de mucho beneficio y también de mucho respaldo para la actividad que nos honramos en representar en estos momentos. Es cuanto, diputado Presidente. (Aplausos)