El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, en un país donde el 72 por ciento de sus ciudadanos, de sus ciudadanas están insatisfechos con el nivel de nuestra democracia, en un país que se encuentra ranqueado en el penúltimo lugar del índice de democracia entre los países latinoamericanos, parecería elemental y sería casi obligado recibir en los mejores términos cualquier espacio que se abra a la participación ciudadana. Sin embargo, nos vamos a oponer en Movimiento Ciudadano a esta iniciativa, en virtud de que en lugar de proponer una solución de fondo a la participación ciudadana, que viniera a modificar las relaciones entre gobierno y gobernados y no sólo a tratar de generar la percepción de que se está atendiendo el interés ciudadano. Por esta razón vamos a votar en contra, vamos a hacerlo también en virtud de que como en la reforma, en la Ley de Consulta Popular tiene una serie de trucos y limitaciones que diluyen en la práctica la utilización de este instrumento como posibilidad de participación ciudadana. Por supuesto, que estamos de acuerdo que frente a un Congreso que no representa en esencia el sentir ciudadano, es imprescindible incorporar sus puntos de vista. Pero quiero decirles, que lamentablemente no lo vamos a lograr por conducto de esta iniciativa y por ello nos oponemos. Les doy dos ejemplos. El primero de ellos, se requiere el 0.13 por ciento del padrón, alrededor de 118 mil ciudadanos, pero el Instituto Federal Electoral, posteriormente el INE, podrá descalificar a todos aquellos ciudadanos que no hayan puesto su nombre completo aun cuando hayan puesto adecuadamente sus datos de la CURP y de la credencial de elector. Es decir, si hay una letra mal escrita, no obstante, que el resto de los elementos informativos identifiquen plenamente al ciudadano signante, quedará descalificado. Y el segundo dato es, que si hay alguna deficiencia en el procedimiento, según el criterio de esta Cámara, los ciudadanos promotores de la iniciativa tendrán exclusivamente dos días para reponer el procedimiento. Queda claro que lo que se busca no es abrir un auténtico espacio a la participación ciudadana, sino generar la percepción política, mediática, propagandística de que ya cumplimos con el expediente. Otro dato, en el caso de la iniciativa ciudadana, es que no tiene fecha esta Cámara para dictaminar cualquier planteamiento ciudadano. En contrapartida, sí son muy escrupulosos para normar los tiempos que requiere la iniciativa presidencial preferente, mientras a ésta le asignan un plazo no mayor de 30 días, a la iniciativa ciudadana la dejan con un plazo abierto y al arbitrio del criterio, el ritmo y, debería decir, la sensibilidad, pero creo que cabe mejor decir la insensibilidad recurrente de este pleno. Por esas razones nos opondremos a la iniciativa ésta, de participación ciudadana, pero igualmente, a la iniciativa preferente, porque en lugar de pretender forzar la construcción de consensos, las iniciativas que envíe el presidente a este pleno, deberían ser más representativas del sentir ciudadano, de tal manera que se facilite la construcción de consensos para sacarlas adelante y no con la pretensión artificial de obligarnos a hacerlo en un periodo no mayor de 30 días. Por esas razones, ojalá las compartan y nos acompañen en este posicionamiento en contra de ambas iniciativas. Gracias, presidente, por su atención.