La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para apoyar la adición de una fracción XXIX-R, al artículo 73 de nuestra Norma Fundamental, el propósito de esta adición de dotar al Congreso de la Unión para legislar en materia de los derechos de las víctimas. Este tema de los derechos de las víctimas ha sido motivo de una gran polémica en nuestro país, en virtud de que en la pasada Legislatura se aprobó la Ley General de Víctimas, mismas que fue motivo de observaciones por el Ejecutivo federal y al inicio de la presente administración se retiraron dichas observaciones, por lo que el Presidente de la Cámara de Diputados ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez publicada la ley y ya en vigor, en el Senado de la República se propusieron una serie de modificaciones turnándose la minuta a esta soberanía, y en la sesión del pasado martes 16 de abril se aprobó el dictamen correspondiente. Lo anterior nos muestras las visiones encontradas que sobre la garantía del derecho de las víctimas se tuvo desde la Presidencia de la República en la pasada administración y de la que se ha tenido en la presente y pasada legislatura en el Poder Legislativo. No sobra decir que en el artículo 20, apartado C, de nuestra Constitución se establecen los derechos de la víctima o del ofendido, mismos principios que se desarrollan de manera puntual en la Ley de la materia. El Poder Legislativo en México, en la pasada y presente legislatura ha sido sumamente sensible al tema de la adopción de los tratados internacionales como fuente de derecho interno, no obstante que así ya lo preveía el artículo 133 constitucional. Debemos recordar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos establece expresamente el principio pro persona, al indicar en el artículo 1o, párrafo segundo, que: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En el cuerpo del dictamen se establecen como ejes básicos de los derechos de la víctima el acceso a la justicia; trato justo; resarcimiento; indemnización; asistencia a las víctimas del abuso del poder, entre otros derechos. Éste es el mínimo indispensable que en la Ley correspondiente se debe atender. El mérito del dictamen que aprobaremos es establecer la facultad concurrente de los niveles de gobierno federal, de los estados, Distrito Federal y municipios, en el ámbito del derecho de las víctimas A lo largo y ancho del país, infinidad de personas recienten en su perjuicio la comisión de diferentes delitos, sin que la autoridad correspondiente haga nada para brindar justicia a los afectados. Esta situación ha llevado a la conclusión, de que en México reina una absoluta impunidad a favor de la delincuencia, porque el Ministerio Público no investiga, en consecuencia no consigna y los jueces no pueden dictar sentencias. O bien, cuando éstas se llegan a dar son absolutorias y las víctimas del delito nunca encontraron respuesta oportuna por parte del Estado. En consecuencia, esta reforma constitucional pretende que los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal expidan leyes para adecuar su legislación a lo que se prevé en la Ley General de Víctimas. Es de destacar que en la ley que recién aprobamos, en los artículos 118 y 119 se establecen las obligaciones de las entidades federativas y los municipios en el marco de la protección a las víctimas de los delitos. Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación de esta reforma constitucional y también con lo que hemos hecho en la Ley General de Víctimas, mandamos una señal positiva a la sociedad, de que los legisladores somos sensibles a sus justas demandas y a la preocupación que se tiene por el combate a la impunidad, procuramos proveer un adecuado acceso a la justicia y eliminar de una vez y para siempre el concepto de que justicia tardía no es justicia. Por estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor el presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.