El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. El dictamen emitido por la Comisión de Juventud y Deportes de la Cámara de Diputados al respecto de esta iniciativa, jamás se ha puesto a consideración de los integrantes de la propia Comisión, no hubo una sesión donde se pudiera al escrutinio y análisis de los legisladores, sobre la conveniencia o no de aprobar dicha iniciativa. Y es que la iniciativa no tiene absolutamente ningún inconveniente en contra para ser aprobada, excepto por el interés de los particulares, para seguir controlando y manipulando la única instalación adecuada de alto rendimiento que tenemos en nuestro país y donde han sido forjados tantos atletas y los resultados están a la vista, la cosecha de medallas, por supuesto, en decremento, y una paupérrima actuación de nuestros atletas, se resisten al cambio como muchos años se registró al cambio este país. Y es que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano se ha convertido en la manzana de la discordia entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano, debido a que en este lugar se concentran y se preparan los atletas preseleccionados nacionales. Si los resultados de los representantes mexicanos en competencias internacionales, deben ser considerados de regulares a malos, ello implica un error en el diseño y la estructura de administración del deporte de alto rendimiento, por lo que debe de replantearse qué hacer con la administración de las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, que no pueden seguir estando secuestradas por una asociación civil, deben ser administradas por el gobierno y para los atletas. Y partiendo del supuesto lógico de que el gobierno debe participar en la formación y preparación de atletas de alto rendimiento, tendríamos hasta aquí dos opciones: la primera, es que el Ejecutivo Federal destine el Centro Deportivo Olímpico Mexicano a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; u otra, que se construyan nuevos centros de alto rendimiento administrados en conjunto por la Conade y el Comité Olímpico Mexicano, bajo la administración similar a como se da con el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Cualquiera de estas dos opciones son positivas, lo que planteamos nosotros en nuestra iniciativa y que no afecta a nadie, excepto a los intereses que controlan el deporte mexicano en la actualidad, es que exista una administración conjunta entre el gobierno, los atletas, los particulares y las federaciones deportivas, ¿qué tiene esto de malo?, ¿a quién puede afectarle?, simplemente a quien antepone los intereses económicos a los intereses del deporte mexicano. Y aun más, no solamente involucrar al gobierno a través de la Conade o una asociación civil a través del Comité Olímpico Mexicano, es lo que se debe hacer, sino también un representante, como mencionamos, de los deportistas, de la Confederación Deportiva Mexicana, a un representante de las asociaciones involucradas en el deporte a través del Sistema Nacional del Deporte incluso a la iniciativa privada, a los patrocinadores del deporte mexicano. Todos ellos deben ser considerados en esta toma de decisiones para la administración del alta rendimiento en nuestro país. El objeto pues de la iniciativa que abrupta e ilegítimamente fue "votada", entre comillas, en contra en la Comisión de Juventud y Deporte, es que las instalaciones deportivas que actualmente se encuentran sujetas al régimen de dominio público de la federación, y que estén destinados a la preparación y entrenamiento de atletas de alto rendimiento, sean administradas por un fideicomiso integrado, insisto, por particulares, por asociaciones civiles y por el gobierno mexicano. El Artículo 90 Constitucional consigna las bases de la administración pública federal, al señalar que ésta está centralizada y paraestatal, remitiendo a la Ley Orgánica que expida el Congreso de la Unión, la cual distribuirá los negocios del orden administrativa entre las Secretarías de Estado, departamentos administrativos y sentará los principios generales de la creación de entidades paraestatales. Por supuesto que existe la facultad jurídica, la facultad legal para aprobar la creación de este fideicomiso, que sea un fideicomiso y no sea la burocracia gubernamental o la burocracia de las asociaciones civiles que actualmente administran el deporte, quien se encargue de la ejecución de los programas de alto rendimiento en nuestro país. Esto tendría, y así funciona en otros países, una repercusión directa, un impacto directa, creciente en la cosecha de medallas y los resultados de nuestros deportistas de alto rendimiento. Ahí pues, pongo a la consideración de esta soberanía y solicito que se vote en contra el presente dictamen, porque simplemente vela por los intereses de los propietarios que se han encargado de ir en detrimento del deporte mexicano y por supuesto no ve por el crecimiento de nuestros atletas, que tanto nos hace falta que pongan en alto el nombre de nuestro país en el exterior. Es cuanto diputada Presidenta. Muchas gracias.