La diputada Beatriz Rojas Martínez: Con su permiso diputada presienta. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. El proyecto de decreto hoy puesto a su consideración hace evidente la necesidad de atender urgentemente la problemática sobre la violencia de género contra las mujeres. Estas reformas y adiciones son pertinentes y en respuesta a un panorama de violencia de género que alcanza a las instituciones públicas. La Secretaría de la Función Pública señala que el 48 por ciento de los presuntos culpables se encuentran laborando actualmente, hay carpetas abiertas contra 358 funcionarios públicos. El Estado mexicano tiene el reto de reforzar su estrategia de seguridad pública en cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las derivadas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y combatir los altos niveles de inseguridad y violencia que siguen afectando a las mujeres y niñas. Y en concordancia con el artículo 1º de nuestra Constitución, que establece todas las disposiciones fundamentales que las autoridades del Estado mexicano deben asumir para garantizar la protección y respeto de los derechos humanos en condiciones de igualdad y sin discriminación. El párrafo tercero de este artículo 1º, se menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos de lo que establece la ley. Este dictamen producto de las iniciativas presentadas por las diputadas María Ester Alonzo, Merary Villegas Sánchez, Bertha Espinoza Segura y la presentada por el Congreso del estado de Durango, refleja el sentir de millones de mexicanas quienes exigen plena igualdad de oportunidades y a una vida libre de violencia. El dictamen que hoy ponemos a consideración de esta honorable asamblea, adiciona a la fracción XIV, del artículo 7o, los artículos 64 Ter y 64 Quater de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuanto a la conducta que deben servir los servidores públicos, que establece que deben promover, respetar, proteger, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta comisión concluye que es imperante adicionar el régimen de responsabilidades administrativas las conductas de hostigamiento y acoso sexual, por ser una ofensa a la dignidad humana, y una manifestación de violencia que aqueja a las mujeres. Por lo cual debe ser visible y objeto de sanciones administrativas y, con ello, armonizarlo con el contenido de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al ser incorporadas dentro de la descripción de responsabilidad administrativa, que busca sancionar las faltas administrativas graves de los servidores públicos. En este dictamen se incluye un a directriz que debe observar todo servidor público para prevenir, sancionar y erradicar cualquier acción que propicie la violencia de género. Como diputadas de esta LXIV Legislatura de la paridad de género, debemos garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres en los tres niveles de gobierno, los tres poderes de la federación y sus distintas instituciones, pero también la erradicación de violencia en contra de estos espacios. Con este dictamen ahondamos en la erradicación de la violencia por razón de género y, de esta manera, generar un ambiente social, político y cultural digno para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos, humanos y sin discriminación ni violencia en su contra. Solicito a esta honorable asamblea el voto a favor del presente dictamen, que será beneficio para todas las mujeres y en general para toda la sociedad mexicana. Muchas gracias por su atención. Y pido el voto a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.