La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Compañeras y compañeros diputados. A lo largo de esta Legislatura hemos podido constatar que uno de los problemas sociales que más ocupan y preocupan a todos los grupos parlamentarios es la seguridad pública. En este sentido, a pesar de las diferencias de apreciación que generalmente han originado divergencias de fondo y debates prolongados, en el dictamen que hoy se presenta y votaremos primordialmente hay coincidencias. Estas nos permitieron enriquecer, reconocer y complementar las ideas para mejorar la propuesta desde nuestras distintas trincheras, sin extender innecesariamente la reflexión y en beneficio de México. Así, con el dictamen que hoy se somete a esta soberanía, integrado por la iniciativa presentada por una servidora y propuestas de colegas del Grupo Parlamentario de Morena, encontramos la ruta más fácil para llegar al objetivo común. La defensa de nuestra sociedad. En ambas propuestas reconocemos que las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados transformando las formas, modos, usos y costumbres de los seres humanos en todas sus facetas legales e ilegales. Asimismo, observamos que el desarrollo de las telecomunicaciones en México refleja que grandes sectores poblacionales tienen acceso a una gran cantidad de servicios y medios para interactuar mediante las telecomunicaciones y van transformando la manera de comunicarse e interactuar, impactando también en los ámbitos de seguridad e inseguridad. Tan solo en el 2018 el 45 por ciento de los hogares tenían acceso a una computadora y el 53 por ciento tenía acceso a Internet. El 66 por ciento de la población era usuaria de Internet y el 74 por ciento contaba con un servicio de telefonía celular. Todo esto tiende a expandir nuestras oportunidades de desarrollo, pero también abre nuevas vulnerabilidades. En este contexto, una gran cantidad de mexicanas y mexicanos impulsan la economía y el comercio legal de modos inimaginables, a través de las llamadas nuevas tecnologías de la comunicación, acercando a productores, intermediarios y consumidores a la distancia que les permita su ordenador o celular. Asimismo, esa misma tecnología nos permite generar posibilidades de protección como llamar a la policía desde alguna aplicación, ubicar por la señal del dispositivo a una persona extraviada o secuestrada o determinar la frecuencia de uso no autorizado de nuestros aparatos electrónicos a distancia. Desafortunadamente, la delincuencia también va replanteando sus objetivos y se va adaptando tecnológicamente a los retos que le representan los dispositivos de seguridad de sus víctimas. De esta manera, ahora que ya es conocida la posibilidad de rastrear los dispositivos electrónicos por medio de señales que se difunden mediante la interconexión de las telecomunicaciones y con ello poder ubicar delincuentes y artefactos robados. Las organizaciones delictivas han incorporado entre sus herramientas dispositivos de bloqueo o desvío de señal para anular esa línea de defensa de los usuarios de tecnología, convirtiéndolos en víctimas potenciales. Esta situación ha sido consignada por medios de comunicación como Televisa, Milenio, La Razón y Excélsior en nuestro país, o La Nación, en Argentina. No obstante el uso de bloqueadores de señales para delinquir, hoy no hay control de su comercialización o uso y el único empleo legal que se les conoce desde el 2012 es en los penales para intentar disminuir la posibilidad de comunicaciones ilegales de los reclusos, quienes llegan a cometer extorsiones o continúan dirigiendo organizaciones delictivas mediante el uso de dispositivos electrónicos ilegalmente introducidos en sus centros de reclusión. En este sentido, el dictamen que se presenta considera necesario prohibir el comercio, uso y portación de bloqueadores de señales. Esta prohibición se debe a que en los últimos meses se ha encontrado un nuevo constante en los usos de la delincuencia, consistente en el empleo de dispositivos de manera local o focalizada, desvían o bloquean las señales de celulares o mecanismos de detección instalados en vehículos o en la indumentaria de las víctimas. De este modo la delincuencia evita que la víctima y la propiedad pueda ser rastreada o georreferenciada por las autoridades o las empresas de seguridad dedicadas a la industria de la seguridad privada. Este modus operandi, replicado de países como Argentina, ahora ha dificultado a las autoridades mexicanas el rastreo de dispositivos tecnológicos hurtados, como celulares y ordenadores, la ubicación de vehículos robados, y lo más lamentable, la detección de casas de seguridad de delincuentes dedicados al secuestro. Asimismo, en la actualidad se pueden encontrar en mercados, comercio electrónico y tiendas de todo tipo una gran cantidad de bloqueadores portátiles de señal cuyos precios pueden variar desde 300 pesos hasta varios miles de pesos y en todo tipo de tamaños. En consecuencia, vengo a solicitar su voto para que actuemos contra este tipo de modo de operar de la delincuencia.