El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina: Con el permiso de mis compañeras y mis compañeros, de la Mesa Directiva. Como ya sé cuál es el resultado de la propuesta de modificación que voy a hacer o que propongo al artículo 29, mejor aprovecho mi tiempo para hacer algunas reflexiones en torno a la minuta que el día de hoy se nos presenta. Son varios los preceptos constitucionales que a la iniciativa de la reforma electoral se adicionan, modifican o suprimen, pero como punto de partida de este planteamiento cabe hacer referencia a las modificaciones al artículo 41, fracción V, que en su párrafo inicial ahora establece que la organización de las elecciones se realizará a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos autónomos locales. Y el nuevo apartado A define a este instituto como un organismo público, autónomo, dotado de personal jurídico y patrimonio propio que sustituirá al Instituto Federal Electoral, al cual se le dota de atribuciones para centralizar el proceso electoral en detrimento de lo que muchas veces se ha denominado pacto federal. Esta propuesta nos lleva a poner en la mesa los fundamentos del Estado mexicano que establece el artículo 40 constitucional que es voluntad soberana del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la propia ley fundamental. Recordemos la reforma política de 1996 por la cual se dota de autonomía constitucional al IFE y a los órganos electorales estatales con el propósito de ciudadanizar su integración y garantizar la limpieza del proceso electoral en cada una de sus etapas, fortaleciendo con ello a las entidades soberanas de nuestro país. Ahora se pretende, bajo el argumento de la manipulación política de los gobernadores de los estados, centralizar la realización del proceso electoral en un nuevo órgano, pero quién vigila al vigilante, quién garantiza que un nuevo órgano electoral actuará con independencia política en su ejercicio. Lo que es claro es que se quiere volver al pasado; es una reforma que se ubica en el más tradicional paternalismo y centralismo que por muchos años ha dejado en letra muerta el carácter federal de nuestra república. La reforma que se pretende aprobar es contraria al principio del federalismo y por ello incorrecta e indebida propone que la organización de las elecciones se realice en los estados a través de los organismos denominados organismos públicos locales en sustitución de los diversos organismos electorales autónomos que existen en ellos. Pero además, el presidente del INE tendrá la facultad de designar y remover libremente a los consejeros integrantes de dichos órganos. En otro punto de la iniciativa de la reforma electoral, artículo 116, fracción IV, inciso c), quinto párrafo dispone: las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta interna de cada legislatura local por la misma mayoría. Del estudio de tal disposición se advierte otra vulneración por parte de la Federación a las facultades reservadas exclusivamente a los estados de la Unión, y que por lo mismo, no han sido cedidas expresamente a la Federación. En efecto, la designación de los magistrados de los tribunales electorales de las entidades federativas son facultades reservadas porque están incorporadas en sus constituciones particulares y en los estados nunca las han cedido expresamente a la Federación, por lo que de llevarse a cabo el traslado de los nombramientos de los magistrados electorales locales al Senado de la República, equivale igualmente derogar o abrogar normas de las constituciones particulares de los estados por parte de una autoridad incompetente y sin observarse el proceso legislativo normal de derogar o abrogar la vigencia de una disposición constitucional por la única autoridad legislativa competente para ello, como son las legislaturas de las entidades federativas. Termino con esto. Ahora bien, con relación al artículo décimo transitorio en el que se propone prácticamente la remoción de los magistrados electorales locales, es importante precisar que la Federación carece de facultades para dejar sin efecto nombramientos realizados en plenitud de su soberanía, respecto de las legislaturas locales. Asimismo, se pasa por alto que existen varios tribunales electorales locales que tiene asignados dentro del Poder Judicial local otras funciones como es de Sala Constitucional o la materia contenciosa administrativa en donde se podría señalar, como ejemplo, los estados de Nayarit, Tlaxcala y Chihuahua. En este sentido, se estima que es una clara intromisión de la Federación a los estados, por lo que se propone que en todo caso, dejar que los magistrados locales actuales terminen su periodo por el que fueron designados. No al centralismo contra el federalismo. Ojala, compañeras y compañeros, en los gobiernos de coalición no encontremos actores fundamentales del Pacto por México, en su integración. Y lo digo también, por actores de la izquierda. Gracias.