La diputada Beatriz Dominga Pérez López: Diputadas y diputados, devolverle al pueblo lo robado no solo es cuestión de nombre, sino es cuestión de justicia. Nos hayamos en una nueva etapa de la vida de nuestra nación, en la que asumimos con responsabilidad la tarea de ilustrar, en beneficio de todos, nuestras instituciones, de renovar no solo en nombre, sino verdaderamente a fondo el supremo poder de la federación. Es por eso que recientemente creamos el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Esperamos la pluralidad de opiniones, las alentamos para el enriquecimiento de nuestra labor de legislar como poder soberano y queremos decirles que sí. Sí estamos haciendo una nueva manera de ver y de realizar los actos públicos, sobre todo, aquellos que surjan de la administración de los bienes comunes de la nación. En nuestro artículo 134 de la Constitución, dispone la obligación del Estado de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos económicos disponibles, pero también se impone una eficaz administración de los bienes, el mejor aprovechamiento o beneficio para el país de sus recursos los naturales, los producidos y los recuperados. Que quede claro, se ha depositado en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado la tarea de buscar, en la última decisión sobre cualquier bien patrimonial de la Federación, el máximo aprovechamiento en su valor y en su utilidad. Está claro que la administración pública federal busca constantemente formas óptimas en el uso y rendimiento de los bienes muebles e inmuebles, que conforman el patrimonio de la nación y su actual uso racional, mesurado y correcto, acata lo dispuesto por el artículo 90 constitucional. A fin de cumplir con las metas establecidas con el Plan Nacional de Desarrollo y de producir un ejercicio cristalino en la aplicación de los recursos públicos de los programas de gobierno y estrategias y planes sectoriales, el Estado actuará por conducto de los entes públicos. Por eso, compañeros y compañeras diputadas, pongo como ejemplo que este recurso para devolverle al pueblo lo robado benefició en el distrito 06 de Tlaxiaco, Oaxaca, a dos de los municipios más pobres, no de nuestra entidad, sino de nuestro país, y estos municipios fueron el Santo Reyes Yucuná y Santa María Zaniza. De estos dos municipios quiero decirles, que Santos Reyes Yucuná es el municipio más pobre del país, en él se le dieron 12 millones 836 mil 697 pesos. Ahí se construyó un telebachillerato, 350 cisternas con 5 mil litros, depósito de agua de 50 mil litros y la carretera. Esos beneficios nunca habrían llegado en administraciones pasadas. Queremos decirles también que este próximo viernes 20 se inaugurará el Hospital Regional de Especialidades en Tlaxiaco. Ahí en Tlaxiaco también fue un hospital hecho, fue una construcción de cascarón. Por eso, es muy importante para nosotros que le demos continuidad a esta iniciativa, con el fin de que, quede claro, este traspaso de dominio, para hacerlo lo más cristalino posible, se realiza a través de licitaciones, por convocatoria pública, en las que el público interesado en la adquisición de dichos bienes participa en igualdad de circunstancias. Queremos decirles que en nuestro estado de Oaxaca fueron beneficiados los pueblos indígenas y los más pobres. El dictamen que se presenta ante esta soberanía busca la aprobación mediante la promoción y un sano debate que se ha incorporado en su literalidad, como procedimiento para lograr el mejor traslado de dominio de los bienes nacionales, la utilización del sorteo, mecanismo transparente que correctamente instrumentado generará óptimos procesos de recuperación en el último valor económico del bien a su traspaso comercial. El sorteo es un procedimiento abierto en el que todos participan en igualdad de condiciones, mediante la adquisición de una participación única, con transparencia y cuyo resultado determinado será al azar. Lo anterior condujo a concluir en la Comisión de Gobernación y Población, que la propuesta de reforma procura la administración eficiente, eficaz, transparente y honrada de recursos públicos y un leal y noble sistema para la desincorporación de bienes públicos. En consecuencia, el presente dictamen no está haciendo más que corregir la ley que impide hacer justicia a quienes por tantos años han sido saqueados, me refiero a nosotros los mexicanos. Es cuanto, señora diputada.