La diputada Guadalupe Hernández Correa: Con su permiso, presidenta. En relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, diputadas, diputados, ante la situación por la que atraviesa nuestro país y en consideración a las reformas votadas en este recinto para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, es necesario diseñar e implementar herramientas y mecanismos del control, necesarios para poder vigilar la administración de los recursos en las inversiones públicas, sobre todo aquellas que generan grandes impactos en la economía nacional. Para el Grupo Parlamentario de Morena, la propuesta a discusión considera un avance y votará a favor del mismo. Sin embargo, queremos dejar constancia que la incorporación de la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de alguna manera obliga a las empresas licitantes a establecer dentro de los requisitos de participación el porcentaje mínimo de la mano de obra, que deberán incorporar a las obras a servicio a realizarse. Pero esta medida no da plena certeza para que la empresa ganadora emplee la mano de obra local. Es decir, se le obliga a que establezca el porcentaje con un requisito pero es ambiguo, puesto que el rango puede ser de cero a cien, permitiendo justificar a la empresa que el municipio, el estado o lugar donde se ejecuten los trabajos no cuentan con la mano de obra calificada. Es importante aclarar que el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Relacionadas con las Mismas establece que el carácter de las licitaciones públicas puede ser nacional, internacional, abierto en este sentido. La incorporación de esta fracción solo se aplicaría a la licitación pública nacional, dejando a libre albedrío a las empresas trasnacionales a establecerlo o no. La ausencia de control, vigilancia y seguimiento al desarrollo de inversión pública ha impedido la generación de empleos bien remunerados, el crecimiento de la economía y el desarrollo de nuestro país. El dictamen a discusión fortalecería el objetivo del promovente si la cámara de origen lejos de rechazar la propuesta de establecer como obligatorio que las empresas contrataran el 70 por ciento de la mano de obra local, éste se hubiera homologado al último párrafo del artículo 30 de la misma ley, el cual establece que en las licitaciones públicas podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente nacional por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos por 30 por ciento de mano de obra nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. Para Morena votar a favor del presente dictamen representa fortalecer mecanismos de control, vigilancia y rendición de cuentas en lo que respecta a obras públicas y desarrollo del país. Pero más que eso es poner en marcha dichos mecanismos, pues como es de conocimiento de esta asamblea, la propuesta se presentó desde noviembre del 2012. Aprobar este pequeño cambio le tomó al Congreso tres años. Es cuanto, presidenta.