La diputada María del Carmen Bautista Peláez: Buen día, compañeras y compañeros diputados, y a todos aquellos que nos ven por medio del Canal del Congreso. Me encuentro ante ustedes para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. ¿Cuántas veces no te han llamado tratando de convencerte de votar por algún candidato o partido político? Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe de ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. En nuestro país las campañas políticas, sin duda, son un tema de mucha relevancia. Sin embargo, en algunas ocasiones, antes o durante dichas campañas surgen eventos políticos proselitistas, entendidos como prácticas dedicadas al reclutamiento y convencimiento de seguidores para alguna causa política, sea el caso de una elección, una rebelión o cualquier otro tipo de movimiento de corte político. En México vivimos en una democracia donde todos los ciudadanos somos libres de votar por el candidato o partido de nuestra elección. No obstante, este proceso electoral puede verse manchado por la compra de votos, la destrucción de material electoral o cuando se utiliza de forma indebida los programas sociales para favorecer a un candidato o a un partido político. Con frecuencia algunos candidatos en proceso de campaña llegan a cometer actos ilícitos al ofrecer dinero, al prometer beneficios o incluso al regalar objetos de primera necesidad, con el propósito de obtener la aceptación de sus simpatizantes y recibir más votos al momento de la elección. Los ciudadanos suelen creer que se les dará un beneficio, ya sea económico o de cualquier otra especie a cambio de su voto. Sin embargo, como ya sabemos, es un delito tratar de convencer a los ciudadanos de que voten por alguien a través del engaño, confundiéndolos con falsos discursos de campaña. No obstante, en la actualidad se ha presentado un acto que pone en riesgo que los ciudadanos emitan su voto de manera libre, tranquila y efectiva, ya que no solo es el convencimiento de manera presencial a través de engaños o por terceras personas, sino que además han llegado a irrumpir con llamadas vía telefónica para obtener votos o tratar de convencerlos a que asistan y apoyen los eventos de proselitismo, para que de esa manera puedan garantizar su elección. La mejor manera de que cada ciudadano decida por quien votar es por medio de la transparencia en las propuestas que cada uno de los candidatos tiene para ofrecer, pero sin confundir a la gente. Por ende, los ciudadanos están cansados de que durante el periodo de campaña se lleve a cabo este tipo de actos, donde insisten a votar por ellos abstenerse de votar por un candidato. Por lo cual es necesario que estos actos sean considerados como delitos electorales. En este caso propongo reformar el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el objetivo de aumentar una fracción XII al artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el objetivo de que sea considerado un delito electoral y que se castigue con 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien realice llamadas telefónicas que tengan la intención de convencer al ciudadano de votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante una campaña electoral. Es importante que trabajemos por hacer valer la democracia de nuestro país, por ello, compañeras y compañeros diputados, los invito a que se unan a esta iniciativa de ley. Por una democracia libre y soberana. Es cuanto.