El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Reiniciamos el reloj, por favor. Gracias, presidente. Los mexicanos sabemos por experiencia propia que aunque los políticos son muy baratos, la corrupción en su conjunto nos es muy costosa a los mexicanos. Nuestra compañera diputada panista daba una cifra extraordinaria que tiene como fuente no Morena, sino el Banco Mundial, que estima que la corrupción del país asciende a 1.5 billones de pesos al año. Es decir, un tercio del Presupuesto. Podemos decir que están muy lejanos aquéllos paradisíacos tiempos en los que el moche llegaba al inocente 10 por ciento. Y la inseguridad, la impunidad y la parcialidad de las decisiones del gobierno a favor de los grupos empresariales o políticos, han crecido en forma proporcional a la corrupción. Esta iniciativa para crear el Sistema Anticorrupción es incuestionable en sus propósitos. Sin embargo la experiencia nos dice que de nada sirve crear nuevas leyes o estructuras administrativas, cuando el propio presidente de la República no tiene la disposición de gobernar con el ejemplo ni aplicar la ley a secas. ¿De qué sirve crear una comisión anticorrupción en lugar de la Secretaría de la Función Pública –por ejemplo–, si el gobierno está lleno de criminales prominentes, amparados por la impunidad que les da precisamente el ser funcionarios prominentes? ¿De qué sirven nuevas leyes si el moche tiene carta de naturalización en el sector público; si desde el presidente de la República hacia abajo –que con frecuencia el presidente resulta ser el gánster en jefe– se da por sentado que hay que cobrarlo y hay que recibirlo? Así es que no tiene ningún caso aprobar nuevas leyes si no se aplican las existentes. ¿De qué sirve contar con un tribunal autónomo, por ejemplo, si los mecanismos de designación de sus integrantes están copados o cooptados por el gobierno o por el PRI. Ahí están –por ejemplo– los consejeros autónomos del IFE que están tratando de proteger los excesos publicitarios del Partido Verde, que favorecen al PRI; ahí están los magistrados autónomos del Trife que sólo han servido como tapaderas de los intereses del PRI. El PAN ha hecho una alharaca de su campaña anticorrupción. Pero ¿Dónde está uno solo de los grandes corruptos panistas que llevaron al país del lugar número 53 al número 100 en el ranking mundial de corrupción en tan sólo 12 años en el poder? De qué sirve aumentar las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación si luego no se le asigna presupuesto suficiente para que las cumpla adecuadamente. De qué sirve establecer en la ley la obligatoriedad –fíjense ustedes– de la declaración patrimonial y de conflicto de interés, si las riquezas mal habidas de los grandes corruptos de nuestro país están en manos de prestanombres y no se investiga a nadie ni nada. ¿Ustedes creen que van a atrapar –porque contamos con esta nueva ley o con una nueva institución– a los verdaderos dueños de las grandes fortunas que amparan estos prestanombres que saturan el país ¿Ustedes creen que a partir de que quede aprobada esta iniciativa vamos a superar la impunidad y el olvido de aquellos casos que esperan justicia, llámese Guardería ABC, llámese Ayotzinapa o llámese Tlatlaya, entre un listado interminable de agravios nacionales que esperan justicia? ¿Ustedes creen que a partir de que se apruebe esta iniciativa –porque se va a aprobar– el día de mañana vamos a poder aprobar o vamos a poder abordar con libertad en esta tribuna el tema de la casa blanca? Por supuesto que no. ¿Ustedes creen que se le va a dar el curso que merece la petición de 192 legisladores de crear una comisión investigadora de operaciones de diversas empresas y organismos descentralizados con particulares, sólo porque contamos con este nuevo marco? ¿Ustedes creen que el PRI no va a ser uso abusivo de su mayoría con el respaldo de uno que otro partido palero para detener esta investigación? Por supuesto que no lo vamos a poder hacer, y si quisieran, si hubiera voluntad para compartir la corrupción, no necesitaríamos absolutamente nada de lo aquí se está proponiendo para poder avanzar en su combate. La realidad es que si el presidente de la República no gobierna con el ejemplo, será imposible mejorar los estándares de honestidad del gobierno, y después de gobernar con el ejemplo, la justicia a secas, sin misericordia ni concesiones, es la mejor política contra la corrupción. No puede haber combate a la corrupción sin aplicación de la justicia a quienes han hecho del enriquecimiento ilegítimo un sinónimo del quehacer público. Esa es la realidad, se diga en esta tribuna lo que se diga. Son de conocimiento público los casos de ex presidentes de la república, algunos de ellos aquí citados, gobernadores en ejercicio o fuera de él, y una amplia gama de otros altos funcionarios y ex funcionarios públicos y líderes sindicales que se han enriquecido al amparo del poder y que transitan hasta con cierta respetabilidad por la calle, como si fueran grandes personajes, cuando en realidad son grandes ladrones. Nunca, sin embargo, se han tomado acciones concretas en las que simple y sencillamente se les aplique la ley. Si el presidente Peña Nieto busca realmente desmantelar el sistema de corrupción del país, debe comenzar por investigar a los grandes corruptos que hoy ostentan responsabilidades oficiales, y para ello no necesita de ninguna de las atribuciones que aquí se le están asignando ni de las nuevas dependencias que se están creando. En realidad, el sector público –fíjense bien– necesita una operación purga, una operación como aquella que en los años noventa inició el gobierno italiano y que denominó “operación manos limpias” y que le permitió al gobierno italiano retomar el control de las instituciones. Y para eso, nuevamente, no necesitamos absolutamente nada de lo que aquí se está proponiendo. Lo único que se requiere es voluntad política, y ésa no se la va a otorgar al presidente de la república ninguna nueva ley ni ninguna nueva institución. Por ello, no tiene caso que vengan a dorarnos aquí la píldora con una nueva figura anticorrupción, no tiene caso venir con ese fingimiento, con este simulacro, con esta mascarada, para ello –como decía– sólo se requiere voluntad política. Perdónenme pues el escepticismo, pero la experiencia nos dice que si comenzamos por contarle al gobierno, otorgarle un nuevo instrumento administrativo sólo servirá para presumir a la sociedad que ya se están tomando cartas en el asunto, aunque en realidad no sea así, pues hay una gran distancia –como hemos podido ver históricamente– entre contar con una estructura responsable del combate a la corrupción y el combate real de la corrupción. Se me acaba el tiempo, me quedo con muchos otros elementos que compartir con ustedes. No los haré en aras de dinamizar y en atención a la cortesía del presidente, pero también quiero decirles a ustedes, presidente, que retiro todas las propuestas que había inscrito, en virtud de su inutilidad, no tiene sentido venir a hacer propuestas aquí ante un pleno que ni siquiera está interesado en que se debatan. Pueden no ser funcionales, pero creo que cuando menos deberíamos darnos la oportunidad de debatirlas y en el enriquecimiento colectivo concluir que proceden o que hay lugar a rechazarse, pero jamás sin antes dar lugar a debatirlas. Gracias, presidente. Gracias a todos.