El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Muchas gracias, compañera Presidenta. Decía yo en una intervención, a propósito del Presupuesto de 2007, que había necesidad —como se ha estado haciendo— de corregir, de precisar algunos temas que producto de la inmediatez en que se dio el proceso legislativo que analizó y dictaminó las iniciativas de ley y de decreto de Presupuesto del titular del Poder Ejecutivo. Proceso que afortunadamente se ha venido dando con la pertinente y oportuna intervención de los señores coordinadores y la actitud receptiva del ciudadano secretario de Hacienda y Crédito Público. Pero hay temas que no se pueden subsanar si no es modificando la propia redacción del decreto. De modo que acudo yo a este recurso parlamentario para tocar uno de estos temas. El tema de la distribución de los tiempos oficiales de radio y televisión a que alude el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. Veo también con satisfacción que esta preocupación se ha extendido al observar un punto de acuerdo sobre el mismo tema, apuntado por el compañero senador Ricardo Monreal, que si bien diferimos en cuanto a las proporciones que estamos proponiendo uno y otro, me parece, senador Monreal, que más que un punto de acuerdo como usted lo propone, en este momento lo que procede si queremos avanzar en ese tema, si hay decisión política de la mayoría de los diputados federales, en este caso que es materia exclusiva de los diputados tendría que ser una reforma al decreto de Presupuesto, tal y como lo estoy presentando en este caso. ¿Por qué razón? Me parece que la cultura parlamentaria tiende hacia el concepto clásico de observar únicamente la función legislativa de los representantes populares, y la representación popular tiene una jerarquía superior a la función propiamente legislativa. La función legislativa parlamentaria es parte de la representación popular. Hay dos temas, los he presentado yo en una iniciativa anterior de reformas a la Ley Orgánica del Congreso, de reformas a la Ley de Radio y Televisión, hay dos funciones que son justamente el derecho de opinión en los legisladores, consagrado constitucionalmente en el artículo 61, para eso existe el fuero constitucional; se redactó en su momento en la Constitución cuando no estaba la presencia dinámica, la presencia generalizada de los medios electrónicos, pero en última instancia, el artículo 61 de la Constitución alude al fuero constitucional que garantiza el derecho de opinión de los legisladores. El otro tema que no tocaré hoy, sino en otra iniciativa, es el de la mediación social, abordado ya en varios de los congresos locales de la República, pero que ha sido soslayado en diversas o casi en todas las Legislaturas del Congreso de la Unión, ha sido una especie de tema tabú, quizá porque no hemos entrado al fondo de este tema que es la representación popular que entraña esa representación que nos da la Constitución como representantes populares y cómo desplegarla a plenitud. De modo que toco yo en esta iniciativa muy rápidamente, quiero comentarlo, este tema del derecho de opinión. Decía el emblemático parlamentario inglés, Edmundo Burck, que la gloria de un representante debe consistir —de un representante popular—, debe consistir en vivir en la unión más estrecha, la correspondencia más íntima y en una comunicación sin reservas con sus electores. Sus deseos deben de tener para él el gran peso; su opinión máxima respecto a los asuntos de atención incesante; dar una opinión es derecho de todos los hombres, la de los electores es una opinión de peso y respetable. Que un representante debe siempre alegrarse de escuchar y que debe estudiar siempre con la máxima atención. ¿Cuántos de los legisladores que formamos esta Comisión Permanente tenemos esas condiciones institucionales, materiales, para poder recrear la comunicación con nuestros electores? Dejo la pregunta para cada uno de los que somos parte de esta Asamblea. Lo cierto es que no existen las condiciones ni jurídicas ni institucionales y habría que realizar una reforma de fondo. Por lo pronto, la reforma que presento al día de hoy al artículo 18 del decreto de Presupuesto tiene que ver con lo siguiente: El decreto establece que el tiempo oficial corresponderá en 40 por ciento al Ejecutivo federal, en 30 al Poder Legislativo, en 10 por ciento al Poder Judicial y en 20 por ciento a los entes autónomos. Yo propongo un avance gradual, siendo como es, que los Poderes de la Unión tienen en el ejercicio de la representación soberana una mayor jerarquía que los entes autónomos —es otro debate, por cierto, que hay que dar— avanzamos en mayor competencia de los órganos y entes autónomos, pero también en demérito de las funciones del Congreso. Propongo entonces que ese tiempo oficial para los entes autónomos se reduzca de 20 a 10 por ciento y que en condiciones de igualdad se asigne 40 por ciento al Poder Ejecutivo y 40 por ciento al Poder Legislativo. La otra parte de la reforma considera —si bien esta es una decisión que pueden tomar los coordinadores parlamentarios y los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y Senadores— yo he querido apuntarla en esta propuesta de reforma para llamar la atención y dejarlo anotado como un tema de agenda, que ese 40 por ciento que corresponda al Congreso de la Unión, que a su vez es dividido en la mitad para la Cámara de Diputados y la mitad para la Cámara de Senadores, sea repartido por partes iguales entre la difusión de las actividades y la información genérica del Congreso de ambas cámaras y el otro 50 por ciento sea asignado a los legisladores para que puedan tener acceso sistemático a la radio, a la televisión de sus distritos o de sus estados, según sea el caso de los senadores. Quiero decirles además que en un muestreo que hemos realizado, el Congreso tampoco está usando plenamente el tiempo oficial. Hay radiodifusoras, televisoras locales donde no llega directamente la información del Congreso, aún sea ésta de carácter genérica, de carácter general. Por lo tanto le pido, diputada Presidenta, se inscriba esta propuesta en sus términos y pido la solidaridad de los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para reconsiderar este tema en el decreto de Presupuesto de Egresos que aprobamos recientemente y que, como he expuesto, por estas razones estimo, juzgo imperativo, que sufra algunas modificaciones como este importante caso que me he permitido proponer. Muchas gracias.