El diputado Tomás Cruz Martínez: Muchas gracias, diputado Presidente: la iniciativa que quiero presentar el día de hoy a consideración de esta Legislatura tiene que ver con la reforma política de nuestras instituciones. En la agenda de la reforma de los estados, el tema de reformar las reglas del Pacto Federal es singular. Este tema ha dado paso a un sinnúmero de propuestas sobre la relación de los poderes gubernamentales: Federación, estados y municipios, lo que ha provocado múltiples reformas y proyectos, lo que sin duda evidencia la urgencia de una nueva normatividad en sus distintos niveles para el funcionamiento con justicia, equidad e igualdad de las instituciones del país y que, paralelamente, equilibre o satisfaga el principio federalista y la participación ciudadana. Sin duda, la repercusión sumamente centralizada del sistema federal en que vivimos incidió también en la organización política municipal. La función de los municipios en este sentido ha obedecido más a una forma de control social que a la legítima forma de concebir el municipio como ente del acuerdo gobernativo entre los ciudadanos de un municipio. La reforma municipal más significativa de los últimos años, en 1982, apenas si planteó la función de éstos, entre otras cosas, para ser prestadores de servicios y recaudadores, pero no así de la participación ciudadana. Sin embargo, el proceso de democratización de las instituciones del Estado ha dado paso al estudio, al análisis y a la elaboración de propuestas y proyectos de reforma en los diferentes niveles de la normatividad jurídica. En el caso de la agenda de la reforma municipal, han sido las nuevas formas de relación intergubernamental, la planificación del desarrollo, la gestación, implementación y evaluación de las políticas locales, la estructura del ayuntamiento y los procesos electorales de representación. En los dos últimos temas, la tendencia de la reforma municipal ha sido generar una nueva organización para la participación ciudadana, social y comunitaria; es decir, aquella por la cual se establezcan los vínculos de las necesidades de la sociedad con la dirección política y administrativa de los integrantes del ayuntamiento. Actualmente, y sobre todo en los municipios semiurbanos y urbanos, tal vínculo no existe entre ciudadanos y autoridades. La dimensión de la población hace imposible que ésta pueda involucrarse en los asuntos de la comunidad y, de la misma manera, la atención de los integrantes de los ayuntamientos a las comunidades resulta insuficiente y, en el peor de los casos, de absoluta indiferencia, desvaneciéndose por completo la definición idónea del municipio como gobierno de los ciudadanos. Adversamente, lo que prevalece son municipios desincorporados de su población, indiferentes a la problemática de las comunidades en torno de los problemas de los servicios públicos y administrativos, así como las demandas específicas de la sociedad y lo tocante al desarrollo comunitario. En este sentido, uno de los fundamentos de la representatividad estriba precisamente en que, por medio de los funcionarios o representantes públicos, la ciudadanía que los vote y elija a la vez quede representada en los espacios de gobierno y dirección político-administrativa. La contradicción y gravedad que resulta es que en los municipios no existe aún la figura de la representación de las regiones o comunidades dentro del municipio. En la actualidad sucede que la planilla ganadora a presidente municipal ocupa la mayoría de regidores síndicos, y la demás composición del resto del ayuntamiento se asigna mediante la representación proporcional al resto de los partidos que se obtienen por sus planillas. Tal composición de la planilla impide e inhibe la participación ciudadana, dejando a los partidos políticos el monopolio de la representación de los integrantes del ayuntamiento que contribuye a la formación de direcciones municipales centralizadas, y la participación ciudadana queda a merced de clientelas partidistas. Ante esta realidad, pensamos que es indispensable la descentralización política del órgano del gobierno municipal, en el sentido de ir generando mecanismos que contribuyan a dicho objetivo, por lo que creemos prioritario que el origen de la representación debe darse diferenciando la elección de los integrantes del ayuntamiento es decir, los regidores, sin dejar de considerar la representación proporcional y también constituir el ayuntamiento con la independencia del Poder Ejecutivo municipal. En tal virtud, la propuesta de iniciativa que impulsamos radica en dos direcciones: Primero, en el sentido electoral. Que la elección de regidores sea independiente de la elección del presidente municipal y que la elección de estos regidores se realice por medio de distritos municipales; es decir, regiones en los municipios, de acuerdo con la normatividad y el número que éstos establezcan y la reglamentación en cada Estado, cuidando la integración paritaria tanto de distritos de elección como de asignación de representación proporcional pura. La representación proporcional pura del ayuntamiento, es decir, de 50 por ciento de los regidores, correspondería a listas que presenten los partidos políticos. Segundo. Formular la normatividad a nivel constitucional para el funcionamiento del ayuntamiento como órgano colegiado y la del presidente municipal como autoridad ejecutiva del municipio, la constitución del ayuntamiento exclusivamente con la integración de regidores como asamblea deliberante y con autoridad para desempeñar e incidir en todas las facultades normativas para el régimen de gobierno de la administración municipal. Dicha asamblea funcionaría a través de una mesa directiva exclusivamente de regidores y sus correspondientes comisiones para tratar los asuntos a que haya lugar. Esta asamblea del ayuntamiento funcionará con independencia del presidente municipal, a quien se reservan absolutamente la ejecución y conducción de la administración municipal. El ayuntamiento integrará y velará por la autonomía de un órgano superior de fiscalización, ya que actualmente los síndicos, por ser gente cercana al presidente municipal electo, no cumplen funciones de fiscalización. El ayuntamiento garantizará en todo momento la autonomía de las tres funciones básicas que debería tener la asamblea municipal deliberante o ayuntamiento: emitir leyes o reglamentos en el ámbito municipal; aprobar el presupuesto anual, a propuesta del presidente municipal; y vigilar y fiscalizar el manejo de los recursos municipales a través del órgano superior de fiscalización municipal. El nombramiento de los titulares de direcciones y de la tesorería de la administración pública del municipio lo realizará exclusivamente y sin aprobación del ayuntamiento el presidente municipal, siendo éste en todo momento responsable absoluto de tales nombramientos. Aquí ocurre, como todos sabemos, que los directores son nombrados por el chantaje de los integrantes de la mayoría del ayuntamiento y normalmente no es gente que tenga la mayor capacidad para poder hacerlo. El presidente municipal estará facultado para promover iniciativas, programas, planes de trabajo, la normatividad y reglamentación, lo relacionado con las finanzas y todas las demás funciones que estén relacionadas con su cargo, las cuales deberán ser aprobadas por la mayoría simple que constituye la asamblea deliberante del ayuntamiento. Con la elección separada del ayuntamiento de la del presidente municipal se contribuirá a democratizar la vida de los ayuntamientos, pues al ser éstos electos y representantes de la población municipal de una región específica, se fortalecería significativamente la actividad del ayuntamiento como verdadera asamblea municipal, factor indiscutible de la agenda para la democratización de los municipios, pues estaría integrada por regidores provenientes de distritos municipales. Los presidentes como jefes sólo de la administración municipal dejarían de tener el peso aplastante en algunas decisiones, cuando controlan a la mayoría del ayuntamiento, los cuales proponen como órgano independiente y colegiado para formular básicamente la normatividad y reglamentación municipal aprobar el presupuesto anual municipal y ser un órgano de fiscalización interna. Lo anterior contribuiría a generar contrapesos para la descentralización del poder en el ámbito municipal, con lo cual se incrementaría el combate de la impunidad y de la corrupción, y a resolver los problemas de delincuencia, de seguridad y otros asuntos. Compañeros: someto a consideración de la Asamblea este planteamiento para reformar el artículo 115 constitucional en diferentes apartados, que proveerán de herramientas constitucionales para crear un municipio con autoridades municipales verdaderamente representativas, con capacidad de fiscalización y con la capacidad de esta representación para decidir temas fundamentales, como el presupuesto y la reglamentación municipal. Solicito a esta Mesa Directiva que se turne a las Comisiones de Federalismo, y de Puntos Constitucionales, para los efectos a que haya lugar. Muchas gracias.