La diputada Paula Angélica Hernández Olmos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. México requiere de manera urgente establecer las disposiciones tributarias adecuadas a la realidad nacional. Es ineludible ser congruentes con las necesidades del país modificando la política fiscal y eliminando los gravámenes que impiden el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. La presente iniciativa tiene como objetivo modificar la política fiscal mediante la eliminación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, haciendo énfasis en que esta propuesta no se deriva de ningún interés político. Parte de la necesidad de promover disposiciones armónicas que eliminen la duplicidad de impuestos, ya que es inconcebible que se tengan dos impuestos directos como el IEU y el impuesto sobre la renta. No es sano ni permisible que esos gravámenes afecten a las micro, pequeñas y medianas empresas cuando éstas son las principales generadoras de empleo del país. En 2007 el Ejecutivo federal presentó una serie de reformas fiscales en las que se estableció como objetivo fundamental el incremento de los ingresos tributarios para hacer frente a la situación económica que vivía el país. Fue así como se aprobó la Ley del IETU y entró en vigor el primero de enero de 2008. Al ser creado el IETU se estableció que el efecto principal que este impuesto tendría en los ingresos de los trabajadores, consistiría en que los patrones podrían sustituir las prestaciones laborales exentas para el trabajador del ISR como vales de despensa, cajas de ahorro, ayudas de comedor, de transporte, becas, por sueldos gravados con la intención de que la empresa evite o, en su caso, disminuya el pago del IETU. De la misma forma, se argumentó que la aplicación de este impuesto sería en términos competitivos, efectivos, equitativos y proporcionales, estableciéndose como fundamento aprobatorio de la ley que este gravamen sería promotor de la inversión y la creación de empleos, lo cual ha sido completamente falso y lo vemos en el análisis sobre la situación económica que el país guarda actualmente. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados estableció las siguientes conclusiones con respecto a los efectos del IETU para las empresas, así como para los trabajadores. Para las empresas, tratándose del ISR, las erogaciones que realice la empresa a favor de los trabajadores como sueldos y prestaciones laborales no tienen consecuencias, pues la Ley del ISR no fue modificada en ese aspecto. Sin embargo, la Ley del IETU no permite la deducción ni acreditamiento de las prestaciones exentas del ISR del trabajador, por lo que indirectamente la empresa tiene que pagar el 16.5 por ciento del IETU por dichas prestaciones. Además de este efecto, al convertir la previsión social en sueldo gravable, se afecta directamente y financieramente a la empresa al aumentar en automático la base gravable para las cuotas del IMSS. Otro efecto es el financiero, ya que la Ley del IETU no le permite a la empresa hacer el acreditamiento de los pagos provisionales del ISR que hubieran sido pagados con subsidios al empleo o créditos al salario convirtiéndose en un doble pago que afecta gravemente a la empresa. Para el trabajador, si la empresa decidiera transformar las prestaciones de previsión social que entrega a sus trabajadores como sueldos éstos tendrían dos efectos: pagar ISR sobre las prestaciones de previsión social convertidas en sueldos. Al aumentar la base gravable se incrementa la tasa efectiva de ISR conforme la tarifa progresiva para determinar este impuesto. A mayor ingreso, mayor impuesto. De acuerdo con lo anterior, el ingreso del trabajador disminuye. Por otro lado, los fiscalistas han manifestado que los más afectados con este impuesto son las personas físicas con actividades empresariales y servicios profesionales, así como los arrendadores, empresas con crédito al salario, sólo por mencionar algunos. En base a cifras del Servicio de Administración Tributaria en lo concerniente al IETU, en el primer trimestre de 2010 las pequeñas y medianas empresas aportaron el 70 por ciento del total recaudado poco más de ocho mil millones de pesos, dinero que bien pudo ser utilizado en inversión, crecimiento y generación de nuevos empleos, evitando su reducción o quiebra de las empresas. Es hora de trabajar por este importante sector de la economía. Es momento de eliminar un impuesto que está llevando a la ruina a las micro, pequeña y mediana empresa, dejando sin empleo a miles de mexicanos. Dado que es competencia del Congreso de la Unión legislar en materia de contribuciones, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Artículo único. Se deroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.