LA C. DIP. AMALÍN YABUR ELÍAS: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: El día de hoy, que allá afuera en las calles de nuestra ciudad y en el país entero el pueblo se exalta para reclamar una vez más su legítimo derecho a la autodeterminación, a la definición de su destino y a la defensa de su patrimonio, vengo ante ustedes, que representan la máxima voz de las mexicanas y mexicanos, a llamar su atención sobre el delicado asunto de las tarifas eléctricas para uso doméstico Hace casi ya dos años, el Ejecutivo Federal se propuso y lo logró, cancelar un esquema generalizado de subsidios a las tarifas eléctricas de consumo doméstico, que venía funcionando desde hacía muchos años y que verdaderamente ayudaba a la precaria condición económica de las familias mexicanas, particularmente de las familias asentadas en los núcleos de población de climas extremosos en este país. Hoy, quiero una vez más denunciar en mi punto de acuerdo y que propongo a ustedes bajo el tenor de las siguientes consideraciones: Que las empresas, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, son depositarias del mandato del pueblo de México, establecido en el artículo séptimo de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el sentido que este servicio público se preste con carácter social y que en este momento las autoridades que las dirigen, así como la autoridad del Poder Ejecutivo, han desviado la función de éstas al tratar de convertir un derecho social otorgado a través del servicio público en una mercancía, considero que es necesario hace las siguientes observaciones: La nacionalización de la energía eléctrica se llevó a cabo por varias razones, principalmente porque las empresas privadas en México no querían invertir en infraestructura en las zonas rurales y en los nuevos asentamientos que iban creando alrededor de las grandes ciudades del país, privándoles del derecho a la electricidad. Los problemas sociales se iniciaron por la inconformidad de la población, debido a los altos costos de las tarifas eléctricas desde el período del presidente Plutarco Elías Calles, en los años de 1926 y 28, y posteriormente con Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, continuaron con Ruiz Cortines, y se agudizaron de nuevo en una forma peligrosa en el período del presidente Adolfo López Mateos. Este último, tomó la determinación de nacionalizar el sector, recibiendo fuertes presiones del extranjero, para evitar tomar esta decisión y, sin embargo, consolidó la lucha social histórica del pueblo. El presidente Adolfo López Mateos sabía que mientras él, mujeres y hombres revolucionarios estuvieran al frente del país, el desarrollo de la industria eléctrica crecería con seguridad, pero también observaba que un grupo internacional de poder estaba al acecho esperando la oportunidad de apoderarse de esta industria. Con fina inteligencia, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, modificaron el 27 y 28 Constitucional, con el objeto de que no se conculcara la industria eléctrica, y quedó perfectamente plasmado que en materia de generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, no se otorgarían concesiones a particulares. Se han autorizado y se siguen autorizando concesiones ilegalmente a particulares en generación de energía eléctrica, con el objeto de privatizar el sector, esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha calificado de contrarios a la Constitución General las modificaciones que se hicieron a la Ley de Servicio de Energía Eléctrica en el año de 1992. El proceso privatizador ha sido continuo por el Ejecutivo federal, de que firmó un documento en Quebec, Canadá, en marzo del 2001, conocido como American Energetica, en el cual comprometió, entre otras cosas, a disminuir los subsidios en tarifas de energía eléctrica, sin tener ni siquiera conocimiento al Congreso de la Unión. Debido a lo anterior, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, emitió un decreto el 6 de febrero y lo publicaron el 7 de febrero del mismo año, el acuerdo que autorice el ajuste, modificación, reestructuración a las tarifas eléctricas, para que el suministro y venta de energía y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas, en el cual se le invade la esfera la competencia el Poder Legislativo, en especial, la Cámara de Diputados, toda vez que los subsidios establecen en la Ley de Presupuestos, y se está así haciendo que se haya aumentado más del 187% la tarifa de energía en la diferencia de la comercial, afectando al 100% de los usuarios. Por lo expuesto y con fundamento en el Artículo 71 de la Constitución y 58 del Reglamento, pongo a su consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO UNICO,- Se exhorta al Ejecutivo federal así como a las autoridades de Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que deroguen el decreto publicado el 7 de febrero, donde se establece acuerdo que autorice el ajuste, modificación, reestructuración a las tarifas, para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas, por ser anticonstitucional, y por haberse tomado atribuciones que son exclusivas de esta Cámara, regresando al carácter social que deben tener, para el pronto desarrollo del país, fijando en el caso de las tarifas domésticas una sola tarifa para todo el país, y reconociendo para climas extremos, un subsidio mayor, retomando a la tabla de pasos para la venta de energía eléctrica ya que hasta el momento no se ha modificado el mandato constitucional. Le doy las gracias a mis compañeros de todos los partidos que apoyaron esta propuesta y así esperamos que esto retome los canales correspondientes que tenemos que tener pendiente. Muchísimas gracias a todos ustedes. -PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Durán Reveles, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal informe los motivos por los que se considera pertinente la disolución del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. -DIP. PATRICIA DURAN REVELES: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: En el campo mexicano viven millones de ejidatarios y pequeños propietarios que requieren de apoyos importantes y eficientes tales como capacitación, acceso a tecnología, variedades mejoradas de cultivos básicos, entre otros, que les permitan enfrentar en condiciones adecuadas los retos de la productividad que caracterizan a la globalización y con ello, obtener niveles de ingreso suficientes para brindar a sus familias los bienes y servicios necesarios para vivir de manera decorosa. México tiene un compromiso con ellos, y nosotros los legisladores como representantes populares, hoy más que nunca debemos dirigir nuestros esfuerzos para alcanzar un campo vigoroso y digno. En Acción Nacional estamos convencidos de que los nuevos tiempos requieren revalorar el papel de los hombres y mujeres del campo, así como de las instituciones vinculadas a este sector y que tienen como objetivo primordial proporcionar a nuestros productores acceso tecnológico que se requiere para fomentar la productividad y rentabilidad de estas actividades productivas. En este sentido el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAV, realiza una labor muy importante al generar tecnologías de bajo costo dirigidas al incremento de la producción de alimentos con mayor calidad y bajo un manejo sustentable de recursos naturales. Es así que el INIFAV es reconocido como la principal institución de investigación agropecuaria y forestal de México, tiene presencia en todas las condiciones agroecológicas y en los principales sistemas de producción del país a través de 81 campos experimentales y 6 centros nacionales de investigación disciplinaria, en donde laboran 1096 investigadores, de los cuales el 82% cuentan con maestría y doctorado. En los últimos 60 años el INIFAV ha contribuido con numerosas aportaciones científicas y tecnológicas, al desarrollo del sector agropecuario y forestal de México, entre las que se encuentran las siguientes: Control y erradicación de la fiebre aftosa en nuestro país, cuya última epidemia en el Reino Unido en los años pasados, provocó la exterminación de más de 6 millones de cabezas de ganado entre ovinos y bovinos. Desarrollo y liberación de más de 1050 variedades mejoradas de 36 cultivos básicos para todas las áreas agroecológicas del país, que presentan alto rendimiento tolerancia a sequía y con resistencia a plagas y enfermedades. Liberación de 24 híbridos y 6 variedades de maíz de alta calidad proteínica que permitirán mejorar la calidad de la nutrición de la población marginal urbana y rural. Obtención de variedades mejoradas que representan una proporción importante del maíz y del frijol producido en México. Desarrollo de la mayoría de las variedades de trigo, arroz, avena, cebada, que se siembran actualmente en el país, entre otras. Las aportaciones anteriores demuestran con claridad que este instituto desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las innovaciones tecnológicas requeridas por los productores nacionales. Sin embargo, vemos con preocupación que dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, se propone un artículo segundo transitorio en el que se plantea la desincorporación del INIFAV y de otras instituciones de investigación y docencia del sector agropecuario, lo cual consideramos poco oportuno dada la importancia que éstas representan para el sector. Asimismo dicha medida no presenta argumentación que exponga las causas que la motivan. En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, requerimos mayor información porque consideramos que la aprobación de la propuesta del Ejecutivo, podría afectar de manera importante el desarrollo del sector agropecuario ya que se impediría la aportación de soluciones a problemas que limitan la producción de alimentos, el desarrollo de tecnologías para la prevención de enfermedades en plantas y animales, la generación de alternativas para el manejo sustentable de los recursos naturales, las opciones para el control sanitario, alimenticio, reproductivo y de mejoramiento genético de las especies de mayor importancia para el país y se pondría, sobre todo, en riesgo la conservación de recursos genéticos, animales y vegetales del país al perderse inventarios y colecciones en resguardo del Instituto. Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo. Unico. Que esta honorable Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo federal le informe a la brevedad, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los motivos por los que se considera necesaria la disolución del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Con su permiso.