EL DIP. JOSE ALBERTO AGUILAR IÑARRITU: Con su venia, señor Presidente. El sistema de financiamiento predominantemente público a los partidos políticos y campañas, que se adoptó a partir de las reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 1996, ha contribuido a mejorar la organización, competitividad y transparencia de las elecciones. La mejor prueba de ello, es la aceptación de los resultados por los partidos políticos, los ciudadanos y la opinión pública. No obstante los avances registrados y reconocidos en estos tres procesos electorales que bajo su amparo se han realizado, se ha podido comprobar que hay deficiencias que corregir con urgencia para legitimar a la política y aumentar la participación de los ciudadanos. Es necesaria una nueva reforma electoral que contribuya a consolidar una democracia con altos niveles de participación, legitimidad y efectividad. En los últimos procesos electorales se ha podido observar que aún con los avances por vía de las precampañas, se hicieron gastos enormes que condicionaron todo el proceso y expusieron la autonomía de las decisiones políticas; que los procesos de selección de candidatos, se prestaron a la utilización de métodos arcaicos y resultaron a tal punto inequitativos y onerosos que debilitaron a los partidos al momento de la competencia electoral; que el dinero se volvió un factor determinante de los resultados y que la competencia pasó a descansar crecientemente en la publicidad comercial, dejando de lado el debate político y el reconocimiento de los posicionamientos de los candidatos; que como ha quedado establecido con posterioridad en lo que toca al financiamiento de las campañas, se utilizaron recursos fuera de lo que estable la ley. Pero aún sin considerar los casos de violaciones a la ley, en lo que toca al financiamiento de las campañas, la competencia para la selección de los candidatos, los márgenes estrechos entre la primera y segunda fuerza en prácticamente todas las elecciones federales y locales, la duración de las campañas y el alto costo de la publicidad comercial en televisión y la radio, han llevado a un verdadero círculo vicioso; no hay dinero que alcance, se acude a financiamientos privados que comprometen la futura autonomía de los gobernantes, donde al final la capacidad y el contenido de las decisiones públicas queda en mano de intereses privados que, incluso, pudieran llegar a ser ilegales o contarios al interés nacional. Y se cae entonces en una paradoja, lo que la norma prohíbe para las campañas, es precisamente lo que se viola en las precampañas, como el financiamiento privado por encima de los límites, la utilización de dinero ilícito o la compra literal de candidatos. Existe un marco de anarquía para las precampañas que alienta las peores prácticas. El alto costo de la política y aún los insuficientes controles al financiamiento requieren de una nueva reforma electoral que se guíe bajo los principios de austeridad, equidad, protección del interés público, transparencia y prevención de la corrupción y fortalecimiento de las prácticas democráticas y la rendición de cuentas en la vida de los partidos políticos. Como parte de la nueva reforma electoral que reduzca el costo de la competencia y mejore sus condiciones de competencia, es indispensable revisar la fórmula de financiamiento a los partidos políticos, en particular la fórmula para la asignación del financiamiento público de los partidos políticos para que se considere únicamente el número de diputados de mayoría y de los senadores de mayoría y primera minoría a elegir. Este cambio representaría por sí mismo, una reducción por este concepto del 40% del financiamiento en el primer caso y del 25% en el segundo caso. Se trata de reducciones significativas que obligarían a rediseñar las campañas porque forman parte de una reforma electoral amplia, contenido en el decreto porque el que se reforman varios incisos y fracciones que daré a conocer a la Secretaría. Como parte de esta reforma electoral que busca contar el dinero que cuenta y reducir el costo de la política, se hace necesario distinguir el costo de una elección para Presidente de la República, senadores y diputados federales de una elección intermedia donde sólo se elige a los diputados federales. Se considera que para una elección intermedia, el financiamiento público para las actividades mediante las cuales se obtiene el voto, debe reducirse en un 50% correspondiente al monto del financiamiento público que recibe cada partido por actividades ordinarias ese año. Ambas reformas constitucionales para reducir el monto del financiamiento público y distinguir entre una elección donde se elige Presidente de la República, a los senadores y a los diputados de la elección intermedia que sólo compete a la Cámara de Diputados, son indispensables para dar pleno sustento a la reforma electoral que reducirá el costo de la política, protegerá el interés público y transparentará la vida de los partidos y las actividades que realizan antes y durante las elecciones. Estas reformas han sido reclamadas por los ciudadanos que exigen una mayor austeridad y transparencia en la utilización de los recursos públicos en la política. Asimismo, para considerar las tareas de fiscalización de la autoridad electoral, se propone adicionar un párrafo tercero al inciso C) de la fracción II del artículo 41 constitucional, para que el Instituto Federal Electoral acuerde con las autoridades locales mecanismos de coordinación, para fiscalizar los recursos de partidos políticos nacionales. Esta reforma se complementa con la adición de un inciso J) a la fracción IV del artículo 116 constitucional, para que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garanticen que las autoridades electorales locales puedan acordar con el IFE los mecanismos de coordinación correspondientes. Si las reformas anteriores lograran el objetivo de aumentar la confianza de los ciudadanos en las elecciones, la reforma actual debe legitimar la vida pública de asegurar la independencia de la autoridad de los intereses económicos. Esta reforma es parte central de la necesaria reforma del Estado. En tal sentido, se propone reformar el inciso A) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que en la fórmula de asignación del financiamiento público de los partidos, se considere únicamente el número de diputados de mayoría y los senadores de mayoría y primera minoría a elegir, es decir, se sustituyen los candidatos de representación proporcional. Asimismo, se reforma el inciso B) de la fracción II del artículo 41 constitucional y se adiciona un segundo párrafo al mismo, para que se reduzca en un 50% el financiamiento público de los procesos electorales intermedios, es decir, cuando sean sólo para renovar únicamente la Cámara de Diputados. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Unico. Se reforman los incisos A) y B) de la fracción II del artículo 41, se adiciona un segundo párrafo en el inciso B) y un párrafo tercero al inciso C) de la fracción II del artículo 41 y un inciso J) a la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue, en el documento que entrego a la Secretaría. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.