El diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza: Gracias, señor presidente. Amigas diputadas y amigos diputados, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Comercio y del Código Civil Federal, para combatir la usura. A continuación presentaré una glosa de esta iniciativa, la cual estará publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria. Cada día son más las personas que hacen uso de préstamos usurarios, avalando su pago con las prendas o hipotecas que les exigen los prestamistas como garantía y que, finalmente, ocasionan que el deudor pierda su patrimonio en beneficio del usurero por los desorbitantes intereses pactados y la capitalización de los mismos. Lamentablemente, esta práctica injusta se incrementa aceleradamente por la falta de una regulación adecuada tanto en la materia civil como mercantil y penal. El tema de la usura no debe de ser una cuestión menor para el Poder Legislativo ni para el Estado mexicano y no debe es un asunto pequeño, porque en 1981 México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se comprometió a prohibir la usura. Esa convención, en su artículo 21 manda: "Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley". De acuerdo con este tratado internacional, el Estado mexicano tiene la obligación de impedir la usura. De lo anterior debe observarse que la usura tiene su mecanismo de ejercicio fincado en la idea de la autonomía privada que se expresa en los contratos. Es de observar que esa autonomía no es absoluta, pues ha de ejercerse de acuerdo con las normas establecidas por el derecho; reglas de cuya observancia depende la convivencia social. Un efecto del individualismo liberal fue que el contrato hubiese sido considerado como instrumento de lucha económica en las relaciones humanas. Sin embargo, este concepto ha variado en la actualidad. Ahora el contrato se explica como un instrumento de cooperación y equidad de intereses. Es por eso que incluso en el ámbito de los contratos mercantiles internacionales se han emitido reglas generales para combatir la usura. En este marco de razonamientos es urgente que el Poder Legislativo federal establezca las normas pertinentes, incluyendo las limitaciones o prohibiciones específicas a efecto de combatir la usura. Modificaciones al Código Penal Federal: el Código Penal Federal de 1931 carece de un capítulo específico que tipifique la usura. Inadecuadamente, la legislación penal regula la usura como una especie de fraude, siendo que ésta no tiene como elemento indispensable la existencia del engaño o el error, que sí es propio del fraude. En ese tenor proponemos tipificar la usura como delito autónomo. Se establece que el delito se persiga de oficio porque la usura es un ilícito que conlleva la explotación del hombre por el hombre, situación que el Estado mexicano no debe ignorar y sí debe combatir enérgicamente. Modificaciones al Código de Comercio: en lo que se refiere al Código de Comercio, es de observar que se trata de un ordenamiento promulgado en 1889, reflejo de la tradición individualista imperante en el siglo antepasado. Dicha corriente discrepa con el pensamiento del Constituyente de Querétaro de 1917, que recoge las demandas populares que, por insatisfechas, dieron causa a la Revolución de 1910 y les otorga concreción en normas que se apartaron en diversos casos de la ortodoxia jurídica imperante y de la añeja concepción liberal individualista. El jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, declaró la urgencia de iniciar un procedimiento de expedición de nuevos ordenamientos civiles, penales y mercantiles. En ese tenor se expidió el Código Civil de 1928. No sucedió lo mismo con el Código de Comercio, el cual, no obstante que ha tenido reformas, ha llegado a ser una legislación estructurada en torno a antiguos principios. La decrepitud del Código de Comercio dio fundamento a los criterios jurisprudenciales emitidos en 1998 por la Suprema Corte de Justicia en materia de anatocismo ?capitalización de intereses? que originaron la ruina económica de muchas familias. Por ello proponemos realizar las reformas necesarias al Código de Comercio para prohibir el anatocismo por ser una típica forma de usura, así como otras formas que, basadas en ese anacrónico documento, propician la injusticia, especialmente hacia los más necesitados. Modificaciones al Código Civil Federal: en materia civil la usura tiene el nombre de lesión de los contratos. El artículo 17 del Código Civil Federal se refiere a ella; sin embargo, tal numeral exige que el perjudicado por la lesión deba ser sumamente ignorante o notoriamente inexperto o extremadamente miserable para recibir protección legal. No les es suficiente la ignorancia, la inexperiencia y la miseria del lesionado. Tales exigencias extremas han hecho nugatorio el combate a la usura o lesión en los contratos. Además, el precepto omite considerar otras circunstancias susceptibles de abuso como el estado de necesidad. Por lo demás, el contenido actual del artículo 17 conlleva que el perjudicado, además de probar su situación de grave inferioridad, tenga la obligación de demostrar que el usurero actuó como explotador, elemento subjetivo que implica hurgar en el ámbito interno del usurero para demostrar su propósito de explotación, probanza perversa para el perjudicado por la usura. Por si fuera poco, el citado artículo limita a un año el plazo para ejercitar acción de nulidad o de reducción, lapso muy breve si consideramos que en el ámbito extranjero los lineamientos civiles prevén un período mayor. Por lo mencionado, proponemos reformar el artículo 17 del Código Civil, entre otros, de ese ordenamiento. El Grupo Parlamentario del PRI se solidariza con los ciudadanos y se ocupa de los temas que tienen que ver con la calidad de vida de la mayoría. El partido trabaja para transformar un sistema que regatea oportunidades a los más pobres, ignorantes, inexpertos o necesitados y deja claro que no tolera el abuso hacia ellos. La regulación que se propone para combatir la usura evitará que los contratos se constituyan en instrumentos de explotación patrimonial, alejándose de su finalidad de herramienta idónea en el intercambio de bienes y servicios. Asimismo, permitirá cumplir el compromiso internacional que México asumió en 1981 para prohibir la usura. En esa tesitura se pone a la alta consideración de esta soberanía popular el proyecto de decreto propuesto para que, de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos. Es cuanto, señor presidente.