EL C. DIPUTADO AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO: Con su autorización, Presidenta. Amigas y amigos legisladores: Por supuesto que nadie puede negarse a apoyar una iniciativa como la presentada por el Ejecutivo cuando significa un cambio, cuando significa modernización y cuando trata de expresar los esfuerzos y la exigencia de la sociedad de mejor procuración de justicia. Voy a votar a favor el dictamen, pero quiero señalar desde mi perspectiva tres elementos que considero deben señalarse: dos omisiones y una circunstancia que me parece que debe ser reflexionada por esta Cámara. La primera tiene que ver con el avance que significa crear un servicio civil al interior de la Procuraduría General de la República para agentes, para ministerios públicos; sin embargo este avance no es del todo completo, toda vez que solamente establecen los requisitos para el ingreso y para la remoción. El elemento central, que es el ascenso por aquel el que el individuo trabaja y lucha todos los días para mejorar su condición, no es tomado en consideración. Uno de los elementos que evita la corrupción es precisamente el hecho de que una persona cuando ingrese a un cuerpo, tenga la posibilidad de llegar a sur su titular o de llegar a ser uno de los funcionarios más importantes de esa institución. Cuando no aparece el proceso para poder superarse dentro de la institución, es un elemento que queda cojo en la ley y que evita perdón- y que permite y auspicia mucha de la corrupción que se da en la Procuraduría General de la República, porque el que entra sabe que va a estar ahí solamente un tiempo y que no va a poder ascender. Por eso, creo que ésta s una ausencia, aunque si bien es cierto que se remite al Reglamento, yo pregunto ¿por qué al Reglamento?, si estamos haciendo una nueva ley debería estar incorporado en la ley. Otro aspecto es el que tiene que ver también con la ineficiencia y con la corrupción. El hecho de que los agentes del Ministerio Público no sea el mismo el que inicie un caso y que lo lleve a su última instancia, sino uno es el que hace la averiguación, otro es el que lo lleva ante el juez, otro lo lleva a la revisión. Y esto produce que por falta de tiempo, por negligencia y por corrupción, muchos casos se pierdan en la Procuraduría General de la República, como es el caso Cabal, por sólo mencionar uno, y no se encuentre a quien hacerse responsable. Y esto evita que el agente del Ministerio Público también pueda ser evaluado en su función y pueda ser premiado cuando gana muchos casos. Finalmente un último aspecto que tiene que ver con un agregado que le hicieron las comisiones, en el cual estoy totalmente en desacuerdo, es el que tiene que ver con la imparcialidad. Miren, trajeron los principios rectores del IFE a la Procuraduría. El Ministerio Público no es imparcial; el Ministerio Público representa a la ciudadanía ofendida por la violación de la ley. Quiere que el criminal vaya a la cárcel; que se le dé la máxima sentencia. No puede ser imparcial. El agente del Ministerio Público es parcial a los intereses de la ciudadanía. Por eso, traer los principios del IFE sin dar una explicación mayor en el dictamen, si bien es cierto los de profesionalización, certeza, legalidad y objetividad, son adecuados; el que tiene que ser imparcial es el juez, las partes como su nombre lo dice, cada una representa una parte en un conflicto y el que resuelve a favor de ese conflicto es el juez. Muchas gracias. -PRESIDENTA: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Victor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del PT, hasta por 10 minutos. -DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: El cambio en México ya nadie lo para, la reversa también es cambio. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su posición acerca del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Seguridad Pública, que contiene el proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. El proyecto de ley que se contiene en el dictamen que hoy se discute y vota, tiene el propósito de sustituir a la vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de mayo de 1996. Esto es, que la vigente ley en caso de aprobarse el presente dictamen, tuvo tan solo una vigencia de 6 años. El titular del Ejecutivo Federal fue quien ejerció la facultad de iniciativa acerca del proyecto que hoy conocemos. El mismo, tiene la finalidad de hacer más ágil la función del Ministerio Público Federal y de eficientar su estructura, así como su estructura administrativa, con el propósito de que esté en aptitud de ejercer las funciones constitucionales que a la institución corresponde. Al Ministerio Público corresponde corresponde en términos de lo que se dispone en el artículo 21 constitucional, la investigación y persecución de los delitos. Sin duda tarea titánica en los tiempos actuales que vive la sociedad mexicana. La multitud de delitos del orden federal que se pueden cometer obligan a que en la estructura interna de la Procuraduría existan áreas especializadas que permitan el eficaz combate a la delincuencia. Tal es el caso de los delitos contra la salud, de evasión fiscal de los delitos contra la propiedad industrial o los delitos electorales. Aunado a lo anterior se debe tomar en consideración que la propia Constitución General de la República, amplía el ámbito de competencia de la Procuraduría. Tal es el caso de lo que se indica en el artículo 16, párrafo noveno o en el artículo 105 fracciones I y II en lo que se refiere a la legitimación para promover controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. O como se indica en la fracción III de ese mismo artículo, promover recursos de apelación en contra de los jueces de distrito, sin soslayar desde luego que el Ministerio Público de la Federación es parte permanente de los juicios de amparo que se promueven por los quejosos. Es razón justamente del cúmulo de atribuciones con que cuenta la Procuraduría, y para que la misma esté en condiciones de actuar de manera expedita en el combate a la delincuencia resulta pertinente dotarla de los instrumentos jurídicos que le permitan cumplir adecuadamente sus funciones. El proyecto que se contiene en el dictamen tiene algunas ventajas respecto a la ley vigente, entre las que se destaca la que se refiere al artículo 4º. del proyecto, en el que se establecen de manera precisa las facultades del Ministerio Público de la Federación en: a) la averiguación previa; b), ante los órganos jurisdiccionales, y c) las que le corresponden en materia de atención a la víctima o el ofendido por algún delito. Sobre esta última facultad es menester recordar que en virtud de la reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000, se crea un apartado b) en el que se establecen los derechos de la víctima o del ofendido y que ahora, en el contenido de este apartado C del artículo 4º. de la ley materia del presente dictamen, se establecen con claridad cuáles son los derechos en materia de atención a la víctima o el ofendido por algún delito. Durante mucho tiempo el sujeto pasivo en la comisión de algún delito quedaba satisfecho en el mejor de los casos con la condena del indiciado y con la reparación del daño. De conformidad con la reforma constitucional antes citada y en el inciso C del artículo 4º. del presente dictamen, ahora los derechos de las víctimas se amplían. En ese mismo artículo, en la fracción II, destaca lo referente al cumplimiento de la Procuraduría en cuanto a ser garante de la constitucionalidad y de la legalidad en el ámbito de su competencia. Otra de las ventajas del presente dictamen es el que propone un sistema de especialización en el conocimiento y combate de los diferentes tipos de delitos que se persiguen, así como el sistema de desconcentración territorial a través de la creación de diferentes delegaciones. Es de destacarse el cambio de denominación de los integrantes del cuerpo policial adscrito a la institución y que en lo sucesivo se denominará policía federal investigadora. Como resultado de la reforma constitucional, entre otras al artículo 123 publicada en el Diario Oficial el 8 de marzo de 1999, se dispuso en el apartado B, fracción VIII, párrafo 3, que los miembros de las instituciones policiales podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas corporaciones. En tal virtud se establece en el proyecto a discusión el servicio de carrera de procuración de justicia federal, señalando que el mismo se integra por las etapas siguientes: ingreso, desarrollo y terminación del servicio, y que la última puede ser ordinaria o extraordinaria, señalándose de ésta en el inciso a), fracción II, del artículo 46 que la separación del servicio se puede dar por el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en la institución y que dicha propuesta está en concordancia con la disposición constitucional del artículo 123. Destaca en el proyecto la propuesta de evaluación continua de los servidores públicos de la Procuraduría. Esto tiene a evitar en lo posible el que se generen actos de corrupción que no puedan ser sancionados, ya que los integrantes de la institución deberán someterse a los procesos de evaluación del control de confianza y desempeño. Este requisito de proceso de evaluación es considerado requisito de permanencia, por lo que quienes no los aprueben dejarán de prestar sus servicios en la institución. Desde luego que no se puede dejar de mencionar el contenido del párrafo segundo del artículo 1º. en cuanto a los principios que deben seguirse en el ejercicio de las funciones y acciones en materia de procuración de justicia. Compañeras y compañeros diputados: sin lugar a duda la responsabilidad de los legisladores es la de dotar a las instituciones públicas de los instrumentos jurídicos que les permitan el debido cumplimiento de sus funciones. En el caso del presente dictamen, tiene el objetivo de dotar a la Procuraduría General de la República de los elementos legales que le permitan cumplir con la función de combatir la delincuencia y de garantizar, en el ámbito que le corresponde, la seguridad a los mexicanos en su persona y en su patrimonio. En tal virtud, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará en lo general el dictamen que hoy se discute y se vota. Es cuanto.