La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros diputados, en nombre de la fracción ciudadana acudo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario, en relación con el dictamen por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Las y los diputados ciudadanos estamos convencidos de la necesidad de que toda la información que se genera en el gobierno debe estar al alcance de quienes con el pago de sus impuestos proveen el funcionamiento del aparato gubernamental de las y los ciudadanos. El acceso a la información pública gubernamental es una media de control ciudadano respecto del quehacer gubernamental, pero es solo una modalidad de la rendición de cuentas. Un sistema verdaderamente democrático es aquel en donde el gobierno tiene la convicción de que la ciudadanía es el eje de toda la política pública y es a quien se debe informar de su quehacer. En este orden de ideas, en el dictamen a través del cual se regula lo referente al procedimiento a través del cual se puede solicitar a las autoridades la información pública que está en su poder y que cualquier persona puede requerir. Se establece la forma de integración del órgano garante, el Inai, y las obligaciones de los sujetos obligados. Se dispone el mecanismo mediante el cual los particulares pueden interponer los recursos de revisión ante el instituto, cuando el sujeto obligado no proporcione la información que se requiere, y el recurso de inconformidad que procede cuando los órganos garantes de los estados no responden favorablemente la petición del particular. Hay que destacar que en materia de violación de los derechos humanos y actos de corrupción no procede la reserva. Es decir, esta conducta atenta contra la estabilidad y funcionamiento adecuado del gobierno y de la sociedad. Se establecen medidas de gobierno abierto para transparentar al máximo la acción gubernamental. Compañeras y compañeros, si bien es cierto, en la minuta se contienen avances, también hay que destacar que pudimos ir más lejos en el perfeccionamiento de una disposición legal. En el proceso de dictamen presentamos propuestas de mejoramiento de esta norma que no fueron atendidas ni en la Comisión de Transparencia ni en el grupo de trabajo. Es por ello que si bien votaremos en lo general a favor, presentaremos reformas en lo particular a este dictamen. Como es del conocimiento de todas y de todos, en el proceso legislativo una cámara funge como cámara de origen y la otra como cámara revisora. En esta soberanía no actuamos más que como oficialía de partes. Y quisiera rescatar de la intervención del PRI que hoy ha manifestado aquí, que ojalá lo pueda comentar con sus compañeros senadores. Tuvimos tiempo de procesar cambios que la colegisladora podía conocer, sin embargo, no lo hicimos. Este dictamen forma parte de un paquete de leyes en materia de anticorrupción que tendremos que aprobar en los próximos días. Tenemos la obligación de entregar a las mexicanas y a los mexicanos los mejores instrumentos jurídicos para que a partir del ejercicio del derecho a la información se pueda combatir y eliminar la corrupción. Y esa es una demanda ciudadana. La votación de esta Ley de Transparencia nos presenta un gran reto, porque los entes obligados pueden ser transparentes pero altamente corruptos. Sabemos que la opacidad favorece a la corrupción. Por ello, lo que ayuda a combatir la corrupción es, además de la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Muchas gracias.