La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Con la venia de la Presidencia. La incapacidad del gobierno federal y la ambición para acaparar todos los recursos públicos disponibles no tiene límites, han desmantelado instituciones, programas, fideicomisos y ahora, de manera criminal, también van por las organizaciones de la sociedad civil. Las instituciones de asistencia o de beneficencia, así como las instituciones sin fines de lucro tienen un papel importante dentro de nuestra sociedad, debido a que son creadas para satisfacer necesidades básicas, alimentación, salud, vivienda, educación y muchas más para personas de escasos recursos, o bien, que vivan en lugares marginados. El limitar sus actividades exclusivamente a los fines a los que fueron autorizados podría generar efectos negativos en la sociedad, principalmente en sus finanzas, toda vez que las actividades que estas desarrollan son muy amplias. Sin embargo, están enfocadas al cumplimiento de su objeto social. En ese sentido, resulta necesario otorgar mayor flexibilidad para que las instituciones mencionadas desarrollen su labor social, sin que esto signifique su revocación o pérdida de su autorización, es decir, que les quiten la oportunidad de continuar con su funcionamiento y de seguirle sirviendo a México. En el maco actual de la situación económica y sanitaria, las organizaciones de la sociedad civil son un actor fundamental, ya que, entre otras causas sociales, atienden las necesidades de la población más frágil de nuestro país. Además de atentar una y otra vez ante los medios de comunicación en contra de las organizaciones de la sociedad civil, tratando de desprestigiarla y reducirles, incluso, retirarles todos los recursos con los que operaban, ahora hay un afán centralista y con una política de recaudación más que agresiva pretenden lacerar los recursos de esas organizaciones. Los apoyos que gestionan estas organizaciones de la sociedad civil, en donde por su ubicación geográfica es muy complicado tener un comprobante fiscal por un gasto que, si bien es cierto, es indispensable y realizado en el desarrollo de su objeto social, la zona donde se realiza el gasto dificulta obtener los comprobantes fiscales, porque estas donatarias, en muchas de las ocasiones, operan en la sierra, en comunidades muy alejadas. Esta iniciativa de reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, lejos de impulsar a las organizaciones autorizadas para recibir donativos deducibles, donatarias autorizadas, repercute de manera negativa en su desarrollo y, por consiguiente, en la atención y en los servicios que brindan a favor de la población que más lo necesita. Esta propuesta de reforma restringe las actividades de las donatarias autorizadas, y atenta contra su derecho de financiamiento y contra su autonomía. Niñas y niños, estudiantes, migrantes, mujeres con cáncer, personas que viven con VIH, personas con discapacidad, alumnos con actitudes sobresalientes, rehabilitación física y para personas usuarias de drogas. En suma, personas de escasos recursos son solo algunos de los sectores que se verán afectados con esta medida. Las donatarias autorizadas dicen no, no a una fiscalización como si fueran empresas. No a una persecución y ataques para quienes llevan a cabo las actividades para las que el gobierno no se da abasto. Las y los diputados federales tenemos la obligación de defender el patrimonio de las organizaciones de la sociedad civil. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración del pleno esta reserva presentada para el artículo 80 en defensa de las organizaciones de la sociedad civil, que desde el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos que son un gran aliado para todos los gobiernos. Las organizaciones de la sociedad civil dicen no. Escuchémoslas. Y si el gobierno no quiere ver por la gente que más lo necesita, permitamos que la sociedad civil organizada haga su trabajo. Es cuanto, presidenta.