La diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro: Compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que hoy presento ante ustedes tiene como propósito establecer en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como una obligación de la Secretaría de Salud, elaborar un registro mensual del número de solicitudes de atención médica y de asistencia social por parte de la población con discapacidad y de los casos atendidos por cada entidad y por cada institución, así como la implementación de acciones para la reducción del rezago en la materia. Lamentablemente en México al día de hoy las personas con discapacidad tienen menso acceso a los servicios de asistencia social, por lo que en muchas ocasiones sus necesidades asistenciales quedan desatendidas, y cuando acceden a la atención de su salud a menudo son objeto de estigmatización y discriminación, o reciben servicios de calidad deficiente. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Inegi, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 por ciento de la población total del país. De ellas el 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento son hombres. Además, se debe advertir que el número de personas con discapacidad va en aumento, debido al envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades crónicas. Es importante señalar que la asistencia social se entiende como toda acción dirigida a la población. En diversos momentos de la historia ha sido marginada y/o excluida de las condiciones materiales necesarias para su reproducción. Se trata del conjunto de disposiciones legales y acciones llevadas a cabo por las instancias gubernamentales en un plano federal, estatal y municipal, dirigidas a atender las necesidades básicas, pero también urgentes de individuos y grupos de individuos que no están en condiciones de satisfacerlas por ellos mismos. Esas disposiciones legales son parte de nuestro marco normativo, donde existe la obligación de Estado mexicano de prestar asistencia social a las personas que más lo necesitan. Cabe destacar que la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desafortunadamente, aun existiendo mecanismos en los niveles municipales y estatales, así como federales, para la prestación de servicios de asistencias social y existiendo leyes que amparan el derecho de acceder a la misma por parte de quienes pertenecen a este grupo vulnerable. Como ya se señaló, en la práctica muchos de ellos no pueden ejercer ese derecho plenamente y no reciben la atención que merecen. En ese sentido, las disposiciones aplicables son insuficientes para tutelar de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad. Por lo cual, se deben encontrar mecanismos que permitan hacerlo valer, como puede ser el registro de los casos realmente atendidos en materia de atención a la salud y de asistencia social, a fin de tener un diálogo certero del rezago existente, y proponer acciones específicas para revertirlo. En consecuencia, es evidente la necesidad de garantizar el acceso de la población con discapacidad a la prestación gratuita de los servicios de salud y demás insumos asociados prestados por el Instituto de Salud para el Bienestar. Lo anterior, en virtud de que la salud representa un eje fundamental para la inclusión de las personas con discapacidad, quienes son uno de los grupos poblacionales que buscan con mayor frecuencia atención en este rubro, pues tienen más necesidades no satisfechas. Para lograr lo anterior, propongo que se reforme la fracción XI y se adicione una nueva fracción XII, recorriéndose la actual en el orden subsecuente del artículo 7o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Diputadas y diputados, agradezco su atención, esperando contar con su respaldo para eliminar la paradoja que hoy está presente en nuestro sistema de salud. Las personas con discapacidad son las personas que más nos necesitan y necesitan de los servicios de salud, pero también son aquellas que menos se benefician de esto. Es cuanto, señor presidente.