El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como es de nuestro conocimiento la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de este país y cabeza además del Poder Judicial de la Federación. Tiene como máxima responsabilidad la salvaguarda del orden establecido por nuestra Carta Magna, no existiendo en nuestro país autoridad judicial alguna que se encuentre por encima de ella. En este sentido, y dada la enorme función que nuestra Carta Magna le ha encomendado a la Suprema Corte, es necesaria que los ministros que la integran, los mayores intérpretes y guardianes de la Constitución tengan una serie de cualidades y aptitudes que les permitan desempeñar con eficiencia, legalidad e imparcialidad la interpretación de los preceptos constitucionales. Los ministros han de contar con una preparación que les permita desentrañar el sentido de nuestra ley suprema, velar por su cumplimiento y prever el impacto de sus resoluciones, y esto en buena medida depende de su perfil profesional, académico, así como de la autonomía que habrán de conservar frente a los diversos factores de poder. En el artículo 95 constitucional se estipulan aquellas cualidades profesionales, personales, técnicas y humanas que se requieren para poder acceder al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos requisitos deben de ser compatibles con la altísima responsabilidad que la corte tiene encomendada. En lo que se refiere a los requisitos técnicos, el numeral mencionado exige al aspirante a ministro: contar con título profesional de licenciado en derecho, con una antigüedad mínima de 10 años al día de la designación. Se busca entonces que sea un profesional en leyes y se estima además que 10 años de experiencia son suficientes, sin embargo no se exige especialización alguna en materia jurídica; es decir, se presupone que basta el conocimiento adquirido en la licenciatura. El requisito del título de licenciado en derecho se estipuló desde la promulgación misma de nuestra Constitución, en una época en que el conocimiento, la profesionalización, el acceso a la enseñanza superior y las condiciones educativas en nuestro país eran muy diferentes a las que imperan ahora. Un servidor estima que hoy es dable y además necesario exigir que quienes aspiren a integrar el máximo tribunal del país, quienes buscan afrontar la responsabilidad de interpretar nuestra Constitución, cuenten con estudios que garanticen su especialización en materia jurídica. No sobra mencionar que de los 11 ministros que actualmente integran la Corte, nueve cuentan con estudios de postgrado por lo que se demuestra que esta propuesta, aunque exigente, también reconoce lo que en la realidad ya se viene dando. Tenemos sin embargo aquí que garantizar que sea la totalidad del cuerpo colegiado la que cuente con el perfil necesario. Por otro lado, junto a la preparación académica y a la experiencia con que deben contar los aspirantes a ministros, debemos garantizar que cuenten también con plena autonomía frente a los diversos factores de poder, tanto formales como fácticos, para asegurar que se desempeñen con absoluta imparcialidad. Entendiendo lo anterior y con la clara intención de impedir que quien aspirase ministro tuviera vínculos y, por tanto, compromisos de naturaleza política, el Constituyente estipuló la prohibición de que dicho aspirante hubiera ocupado cargos políticos, tanto de elección popular como de designación. Esos cargos, por su método de elección o designación, presuponen la clara cercanía del aspirante con los partidos políticos o al menos con los intereses que éstos persiguen. Por ello, el establecer estos supuestos se trata que la Suprema Corte se integre exclusivamente en virtud de los méritos profesionales y académicos de los aspirantes y se busca que dichos méritos se desarrollen dentro del margen de las exigencias de independencia e imparcialidad. A pesar de lo anterior, considero que si bien es loable la intención que motivó al Constituyente, no es suficiente el plazo mínimo de separación que hoy se exige. Este periodo de tiempo no es lo suficientemente largo para salvaguardar a cabalidad la exigencia de independencia del aspirante a ministro puesto que sólo ha transcurrido un año en que se separó de su cargo político, lo que puede derivar en inclinación, favoritismo parcialidad hacia el partido al que perteneció en el ejercicio de su anterior encargo. No podemos dejar de lado, diputados y diputadas, que la teoría constitucional considera al Poder Legislativo como un contrapeso frente al Ejecutivo. Eso en este recinto se ha interpretado hasta el cansancio. Sin embargo, también es necesario recordar que esa misma teoría constitucional estima como el balance entre aquéllos, precisamente al Poder Judicial. Tan es así, que en nuestro sistema jurídico existen instrumentos procesales de control como el amparo, la acción y la controversia constitucionales cuyas resoluciones son verdaderos mandatos del Poder Judicial que los otros órdenes están obligados a cumplir. La Constitución le ha encomendado a nuestro máximo tribunal la altísima tarea de interpretarla y defenderla incluso ante el actuar de los otros órganos a los que ella misma le ha dado vida. Dicha responsabilidad exige a los mejores, a los más preparados y a los más autónomos mexicanos. Hagamos pues nuestra parte para garantizar que sólo los mejores puedan realizar tan noble función. Es cuanto, diputada presidenta.