El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes: Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social concebimos al desarrollo humano integral a partir de colocar a la persona humana con toda su dignidad en su dimensión personal y colectiva en su interrelación con el medio ambiente. No coincidimos con aquellas que anteponen una visión antropocéntrica utilitarista, en la que la naturaleza se encuentra disponible para la satisfacción de las necesidades de la humanidad. Por el contrario, pensamos que la relación del ser humano con la naturaleza debe partir del deber ético de cuidar el entorno para asegurar el futuro de la comunidad. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 2014, en México hay 55.3 millones de mexicanos en situación de pobreza; 2 millones más en comparación con el mismo estudio del año 2012. Destacan por su vínculo con el medio ambiente los 14.8 millones de mexicanos que tienen carencias por la calidad de espacios de la vivienda, y los 25.4 millones de mexicanos que no tienen acceso completo a los servicios básicos en las viviendas. En el Censo de Población y Vivienda 2010 se identificó que en poco más de 28 millones de viviendas en México, es decir, cerca del 15 por ciento se cocinaba con leña o carbón, ello se debe en gran medida a las profundas desigualdades de infraestructura y desarrollo de capacidades institucionales en los gobiernos locales. De acuerdo con el Inegi, en un total de dos mil 457 municipios y órganos político administrativos de la Ciudad de México, se desprende que 43 municipios de los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, México, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí, no disponen de servicios de agua potable para los habitantes, solo 827 municipios y delegaciones cuentan con los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Esto representa solo el 34 por ciento del total, mil 628 municipios, es decir, el 67 por ciento, no cuentan con servicios de tratamientos de aguas residuales municipales. Solo 680 municipios que representan el 27 por ciento implementan programas locales orientados a la gestión sustentable de servicios de agua potable y saneamiento. Asimismo, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, arrojó lo siguiente: solo en seis entidades federativas se aplican programas o acciones en materia de administración pública sostenible. Nada más nueve estados aplican programas de auditoría ambiental. En tal sentido, Encuentro Social apoya toda iniciativa que busque satisfacer las necesidades de las familias sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. Por otra parte, somos conscientes de la importancia que tiene la armonización de las leyes, ya que ello permite a los ciudadanos, sin importar su formación profesional o su carencia de ella, entender por igual de la manera más clara los conceptos vertidos en las normas jurídicas que nuestro honorable Congreso de la Union emite. Es por ello que las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Encuentro Social votaremos en favor de los dictámenes que ahora nos ocupan por los siguientes motivos. Primero. Se incorpora dentro de los objetivos de la política nacional de desarrollo social lo relacionado con la promoción del desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales. Segundo. Se armoniza la Ley General de Desarrollo Social a la reforma constitucional en materia de política de la Ciudad de México al eliminar la referencia puntual que hace a la Asamblea Legislativa, a modo de generar una referencia a nivel de Legislatura de las demás entidades federativas. Así, el Estado mexicano va a estar obligado a lo siguiente. Atender las necesidades materiales de la población más vulnerable por su condición socioeconómica, pero al mismo tiempo a cuidar el medio ambiente para no comprometer la viabilidad de desarrollo para las generaciones venideras. Asimismo, a cumplir cabalmente con los principios constitucionales de legalidad y de certeza, de tal manera que al actualizar el orden jurídico nacional se busca que la sociedad comprenda y tenga completa seguridad de los márgenes de actuación en el marco del estado de derecho de sus acciones y de sus omisiones. Un país con mejores leyes para todos es posible. Hagámoslo nosotros. Muchas gracias; es cuanto, señora presidenta.