El diputado Héctor Franco López: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el escenario de un federalismo que pretendía fomentar la descentralización y el desarrollo regional, en el año de 1998 con la inclusión del capítulo V en la Ley de Coordinación Fiscal, se estableció el marco normativo de los fondos de aportaciones federales para las entidades federativas y los municipios. Este marco jurídico define no sólo los montos de estas aportaciones, sino el destino de las mismas. El artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal considera ocho fondos de aportaciones. El denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social concentra los recursos federales transferidos a estados y municipios para la construcción de obras de infraestructura básica, acciones sociales e inversiones destinadas a la población que se encuentra en condiciones de rezago social. En el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social está integrado por dos subfondos. El Fondo para la Infraestructura Social Estatal, que se orienta a la realización de obras y acciones de alcance regional o intermunicipal; y su equivalente municipal, que se enfoca a cubrir el financimiento de obras de infraestructura en agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización municipal, electrificación rural, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. La iniciativa que presento tiene como objetivo incluir la posibilidad de utilizar recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en la construcción de rellenos sanitarios y de plantas de tratamiento de aguas residuales. De esta manera, los municipios estarán en posibilidad de prevenir los diversos problemas que se presentan por una mala disposición de los residuos sólidos y por la falta de tratamiento de las aguas residuales; problemas que trascienden los límites territoriales de sus municipios y que afectan sus arcas, así como la salud y el bienestar de la población más vulnerable en nuestro país. La mala disposición de los residuos sólidos urbanos incide directamente en la salud, en el bienestar y en el medio ambiente. Hoy en día aunque los rellenos sanitarios constituyen la mejor solución para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, en nuestro país, de acuerdo con el Inegi, sólo 130 municipios de los 2 mil 440 cuentan con una disposición adecuada de residuos sólidos. Caso similar es el de las aguas residuales, donde por falta de recursos para su tratamiento, comúnmente éstas son dispuestas de manera irregular a ríos o cuerpos de agua sin ningún tratamiento, lo que ocasiona contaminación y múltiples problemas de salud pública. El problema de la mala disposición de residuos y la falta de tratamiento de aguas residuales rebasa la capacidad económica de los municipios y nos afecta a todos, principalmente a la población que vive en condiciones de rezago social y de pobreza extrema. Nuestro deber como legisladores es garantizar a la población el derecho consagrado en nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Por lo anterior, en la fracción parlamentaria del PRI, Coahuila, proponemos reformar la fracción A, del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, adicionando al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal los conceptos de construcción de rellenos sanitarios y de plantas de tratamiento de aguas residuales. De esta manera un monto de la recaudación fiscal federal participable, pudiera ser destinada a la construcción de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales y así los municipios podrían estar en posibilidad de cumplir con el marco jurídico nacional en la materia y resolver un problema común a los tres órdenes de gobierno. Solicito, señor presidente, que se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.