El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con su permiso, diputada presidenta. Señora secretaria María Luisa Albores González, sea usted bienvenida a este recinto. Compañeras y compañeros diputados, el paradigma de la política social del actual gobierno se ha presentado en el discurso como la superación de las políticas asistenciales y clientelares que fueron sustentadas durante los gobiernos pasados. Se ha dicho que esta política está basada en un enfoque de derechos. Lo anterior implica entonces que estos son justiciables y demandables, y que el gobierno es quien garantiza su ejercicio. Sin embargo, lo que se ha venido haciendo en este gobierno en materia de planeación, de presupuestación y de instrumentación, dista mucho de ser guiada por este enfoque, y la política resultante es la continuación de las anteriores. El paradigma de estas políticas no es la garantía de derechos, sino aquello que agencia como el Banco Mundial ha definido como una protección social. La protección social en nuestro país se ha traducido en crecientes recursos destinados al combate a la pobreza, sin lograrlo, pues esta no se ha reducido en décadas. Y, fundamentalmente, no está asociada a derechos sino a programas compensatorios. Quienes reciben un programa lo hacen por la decisión de una estructura burocrática, por la disponibilidad presupuestal y por un diseño programático, que no necesariamente corresponde a las necesidades de la población que se pretende atender. Aunque permite aliviar el ingreso y el consumo, si la transferencia no se completa con acciones productivas, con la generación de oportunidades y capacidades y, sobre todo, con un compromiso del Estado que permitan al individuo y a la comunidad generar su propio bienestar, el efecto real para mejorar las condiciones de vida es limitado o tiene otro fin muy claro, como construir una clientela electoral. Sobra decir que el bienestar no es alcanzable sin un crecimiento económico, sin un desarrollo sustentable, sin la generación de empleos estables y bien remunerados o, además, la reconstrucción de instituciones que sustenten las acciones del estado en materia de política social. Señora secretaria, usted sabe que hay una gran diferencia entre inclusión y asistencia, entre derechos y ayuda, entre ciudadanos y clientela. ¿Usted cree de verdad que la pobreza se resuelve repartiendo el dinero? Teniendo como base ese planteamiento, quiero preguntarle, con todo respeto: ¿la reducción o desaparición de alguno de los programas sociales provoca serios problemas a quienes son sus beneficiarios, como lo sucedido con el Programa de Estancias Infantiles, por citar un ejemplo? La estancia infantil, además de favorecer el desarrollo integral de niños y niñas, es el espacio natural donde pueden ejercer sus derechos, aprendiendo la solidaridad, el respeto, la autonomía y la aceptación del otro. Ante este panorama dígame, señora secretaria, ¿en dónde y con qué seguridad dejamos a las niñas y a los niños? ¿Qué acciones impulsará el gobierno para coadyuvar en el desarrollo de un sistema universal de acceso a la primera infancia para las niñas y los niños de México? ¿Cuál será el destino que se le dará a la Recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y en otro orden, el Programa de Pensiones de Adultos Mayores. Hay una gran desilusión generada de los beneficiarios por las irregularidades en la entrega de los recursos. Señora secretaria, ¿es muy difícil dedicar una mayor atención a los beneficiarios? ¿Qué hacer ante la desilusión de un adulto mayor, que tiene una tarjeta en sus manos, pero que no tiene fondos? Finalmente, vemos con preocupación el Programa de Atención para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Ese también destaca por el incumplimiento en la entrega de los recursos, ya que no han llegado a los beneficiarios, o se han demorado por negligencias de los servidores públicos que trabajan a su mando. Por si fuera poco, con la ilegal promoción del licenciado López Obrador ligada al censo de beneficiarios y a la entrega de programas, le pregunto respetuosamente, ¿qué garantías tenemos de transparencia y de control de que no tendremos un uso electoral de los recursos públicos? Por sus respuestas, muchas gracias, señora secretaria. Es cuanto, presidenta.