El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente; con su permiso, compañeros legisladores. En México el fenómeno de la corrupción se ha enraizado en las prácticas políticas y en el ejercicio de gobierno en los diferentes niveles del país. Ayer precisamente durante la comparecencia del director general d Petróleos Mexicanos comentamos que el caso de Oceanografía no es un caso aislado, es la constante. Quizás hoy ante la coyuntura política y ante la magnitud del escándalo, el tema ha tenido que abordarse de manera obligada y ayer fue reconocido por el propio procurador general de la república, que no es un asunto entre particulares, es un asunto del más alto interés público porque Petróleos Mexicanos es una empresa patrimonio del país y hoy que se discuten las reformas energéticas, mal se haría en no abordar el tema de la corrupción que golpea despiadadamente a esta empresa. Pero este fenómeno de la corrupción se vive en diferentes niveles, desde la cúspide del poder que auspició estos manejos, desde el contratismo, el tráfico de influencias, el coyotaje en los moches como política de Estado, pasando desde luego por las entidades federativas y los ayuntamientos. Todavía espera en el Senado de la República la minuta que se envió desde septiembre pasado sobre la responsabilidad hacendaria de los estados y los municipios y es fecha que el Senado no dictamina esta minuta, a efecto de que queden claras las restricciones a los endeudamientos de los estados y los municipios. Hoy la deuda sub-nacional asciende a más de 480 mil millones de pesos, casi medio millón de pesos. Es una cifra escandalosa que sigue creciendo para perjuicio de los estados y los municipios. Además hay una total impunidad porque gobernadores y alcaldes que saquearon sus estados y sus municipios se pavonean con sus riquezas inmorales. Por eso creemos que es pertinente esta reforma al artículo 108 de la Constitución federal para que quede muy claro que también son responsables los ayuntamientos, las autoridades municipales de violaciones a la Constitución, a las leyes federales y a la aplicación y al manejo indebido de recursos federales, para que además la Auditoría Superior de la Federación tenga no sólo la atribución que ya ejerce para revisar los gastos federales en los ayuntamientos, sino para ir más a fondo en la corrupción en este nivel de gobierno. Los ayuntamientos son la célula básica de la organización política y territorial del país, pero son los más golpeados por la crisis y por la insuficiencia de recursos. A veces no tienen ni para las nóminas ni para los servicios primarios ni mucho menos para atender el flagelo de la inseguridad pública. Pero, además de otorgárseles mayores recursos como una prioridad, se debe también establecer con toda contundencia en nuestra ley fundamental la responsabilidad de los servidores públicos municipales. No debe haber ningún resquicio para que eludan su responsabilidad. Nos parece pertinente que se atienda este tema y que quede claramente asentado en el artículo 108 de nuestra Constitución Pero no podemos tampoco soslayar ni dejar de mencionar la gran paradoja que enfrenta el país. Mientras más se invierte en fiscalización, mientras más órganos de control internos y externos revisan las cuentas públicas y los gastos gubernamentales, más corrupción hay en nuestro país. Por eso urge también la comisión anticorrupción que se mencionó con bombo y platillo, con un gran despliegue propagandístico y que todavía aguarda el proceso legislativo para que finalmente se instaure. No se deben repetir más casos como el de Oceanografía, pero no solamente atenderse y revisarse, sino poner frenos reales al abuso del poder y a la corrupción en el país. ¿Cuántos dictámenes han pasado por este recinto, en esta legislatura, que atienden al tema de la transparencia y sin embargo, cada día aparecen nuevos casos de corrupción? Por esa razón, compañeras y compañeros legisladores, hacemos un llamado a que se combata a fondo, y que no solamente se revisen casos de coyuntura, sino que se haga todo un inventario de los expedientes abiertos de los casos de corrupción en el país, y no solamente federal, sino también estatales y municipales que todavía aguardan justicia y que son motivo de indignación de nuestra sociedad. Quiero, de igual manera, una vez que hablamos del tema del municipio, externar todo nuestro respaldo y solidaridad a la compañera Delfina Gómez, alcaldesa de Texcoco en el estado de México, por los actos arbitrarios, intolerantes y represivos de que ha sido objeto por parte del gobierno del estado de México en la realización de una actividad de alto contenido social y de entretenimiento, no solamente para el estado de México, sino para el país. Para Delfina Gómez nuestra solidaridad y el reclamo al gobernador Eruviel Ávila, que deje trabajar a los ayuntamientos más allá de los colores partidistas. El pueblo ya votó, hay autoridad municipal y que se le deje atender su mandato sin presiones ni restricciones. Es cuanto.