La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una consciencia honrada y pura. El dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal y se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal está plagado de irregularidades que se transformarán en perjuicios para la clase trabajadora. Cómo podríamos argumentar que la propuesta favorece a los empleados cuando los recursos necesarios para financiar el pago del seguro de desempleo provendrán de la cuota a cargo de los patrones, equivalente al 3 por ciento del salario base de cotización del trabajador, cuando esto significa restar dos terceras partes de lo ahorrado en la cuenta destinada a la vivienda y cuando se deberá cumplir con el requisito absurdo de contar con por lo menos 104 cotizaciones semanales en un periodo no mayor a 36 meses para poder gozar de la prestación. El problema se agrava al relacionarlo con la reforma laboral, ya que no podemos analizar las leyes de manera aislada, es necesario insertarlas en el marco jurídico vigente. ¿Qué pasará con los trabajadores contratados a prueba o por medio del outsourcing que pueden ser despedidos a los seis meses sin derecho a ninguna prestación? Yo les pregunto a quienes me supongo que votarán a favor de este dictamen, ¿cómo podrán estos acceder al Seguro de Desempleo? ¿Se han preguntado siquiera? Estoy segura que no se han preguntado. Ha pasado ya un año y medio desde la aprobación de la reforma laboral, ¿dónde está la inversión que prometieron con esta reforma? No nos engañemos, la reforma laboral no trajo beneficios para la clase trabajadora, sólo aporta un régimen por demás incompatible con los requisitos que el dictamen que discutimos hoy pretende imponer para que los empleados tengan acceso a seguros que ellos mismos financiarán. Pero la propuesta no se limita a ofrecer migajas y fijar obstáculos, también distorsiona las pocas cosas buenas que la Ley vigente ofrece, deslindando de responsabilidades al gobierno federal. Lo que se requiere en este gobierno federal es un plan de austeridad y eliminar el despilfarro. En el caso de la reforma al artículo 291 de la Ley del Seguro Social, la cual estipula que los recargos y actualizaciones en caso de que las cantidades obtenidas del Seguro de Retiro, de Cesantía en Edad Avanzada y de Desempleo no sean puestas a disposición del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de la Administradora de Fondos para el Retiro, en los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su cobro efectivo, correrán a cargo del Instituto únicamente y no de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como está establecido actualmente. Lo que nosotros proponemos es que en caso de no hacerse este pago dentro de los 10 días mencionados, se causarán recargos no sólo al Instituto sino también a la Secretaría de Hacienda, según corresponda, y con beneficios a favor del trabajador, como les repito, como ya está establecido. Ya basta de reformas que otorgan facultades extralimitadas a la Secretaría de Hacienda y que eliminan las responsabilidades que ésta tiene con sus conciudadanos. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea dichas reservas. Es cuanto.