El diputado Fernando Alvarez Monje: Con su venia, señor Presidente. Fernando Álvarez Monje, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y de los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa. Compañeros diputados: El voto de los mexicanos en el año 2000 hizo posible que de manera pacífica y ordenada transitáramos de un régimen a una democracia moderna. Los mexicanos entramos al nuevo siglo con ánimo optimista para solucionar los problemas que aquejan a nuestra nación. El cambio nos dio la posibilidad de incorporar nuevos temas en la agenda política nacional que había quedado relegados por décadas, la transparencia, la rendición de cuentas y la atención a los mexicanos en el extranjero, son algunos ejemplos de los temas que antes no se abordaban y que parecían que no existían. En efecto, por años los emigrantes mexicanos fueron condenados al olvido, sus demandas fueron ignoradas y se desatendieron sus peticiones para incorporarse a la vida de nuestro país. En el México de hoy, esta Legislatura ha logrado culminar un proceso arduo de análisis y debate, de reflexión y propuestas acerca del voto de los mexicanos en el extranjero, haciendo posible que los ciudadanos mexicanos puedan votar en las elecciones federales para Presidente, no importando el lugar donde se encuentre. Esta reforma electoral protege los derechos políticos de los inmigrantes, pero existen otros derechos que actualmente se encuentran desprotegidos, tal es el caso de las remesas que envían los emigrantes mexicanos, principalmente de Estados Unidos de América a nuestro país. Es evidente que el flujo de remesas que envían los emigrantes desde Estados Unidos a México, se ha convertido en la segunda fuente más importante de divisas, sobrepasando la inversión extranjera directa y el turismo y sólo atrás de las ventas por petróleo. El año pasado México ocupó el segundo lugar mundial entre los países receptores de remesas sólo superado por la India y ocupó el primer lugar en Latinoamérica con 17 mil millones de dólares recibidos. Las remesas que envían nuestros paisanos constituyen una expresión del vínculo entre estos y las comunidades de origen. Estos flujos monetarios pueden convertirse en un medio de desarrollo, ya que ofrecen una importante fuente de recursos de capital predecible, tanto para el gobierno, como para las familias, son inmunes a las crisis económicas e incluso pueden ir en contra de los ciclos, es decir, que pueden aumentar en situaciones de recesión. También es importante destacar que el envió de remesas a nuestro país, junto a la implementación de diversos programas sociales, ha contribuido a la disminución de la pobreza. Asimismo, las familias mexicanas receptoras de remesas, gastan la mayoría de los recursos que reciben de los gastos cotidianos y de consumo, 78% y en un segundo orden en educación. A pesar de la importancia que tienen las remesas en la economía de México, no existe disposición legal alguna que regule la actuación de las empresas intermediarias en el envió de dinero y tampoco existe una ley que proteja los derechos de los emigrantes, como usuarios del servicio el envío de remesas. Ante este vacío legal se presentan las problemáticas siguientes: Al momento del pago las empresas dedicadas al negocio de envió de remesas, aplican un tipo de cambio inferior al publicado por el Banco de México. Es una práctica común que al momento de cobrar las remesas, las cadenas comerciales tratan de inducir a los familiares receptores para adquirir sus productos como forma de pago o niegan el pago alegando falta de efecto No existe transparencia en la transferencia de dinero, por lo que es difícil conocer los costos reales del servicio, no existe registro de las empresas que se dedican a este servicio y por tanto, no existe control por parte de alguna autoridad para asegurar que funcionen, de acuerdo a las normas del mercado y respeten los derechos de los usuarios del servicio. Ante esta problemática es necesario expedir una ley que resuelva, para esto debemos situar el tema de remesas en el contexto jurídico adecuado. La vertiente dominante de la actividad económica estudia la forma en que se toman las decisiones de los consumidores y supone que éstos cuentan con información completa y perfecta para realizar sus decisiones en compra, por lo que los académicos hablan de la soberanía de los consumidores para hacer referencia de su capacidad de decisión, la cual repercute en mayor competencia entre los empresarios para ganar clientes. Sin embargo, estos supuestos son muy distintos a los que existen en el mundo real, pues los emigrantes mexicanos tienen limitantes: la barrera del idioma, la situación migratoria y las condiciones socioeconómicas de los familiares, genera desinformación respecto a las mejores opciones para la transferencia de dinero, por tanto, los usuarios deciden qué medio utilizar, sin tomar en cuenta, la velocidad, seguridad y costo del servicio a la ignorancia en la que se encuentran. En ese sentido nuestra propuesta no atiende a prácticas asistencialistas, por el contrario como representantes de la sociedad sabemos que son igualmente validos, tanto los intereses de las empresas que realizan estos servicios, como los intereses de los emigrantes y sus familias que los utilizan. No buscamos desconocer un interés válido, sino equilibrar las relaciones económicas, para que ambas partes sean igualmente beneficiadas y el modelo económico funcione adecuadamente en un mercado de remesas, donde el oferente y el demandante se encuentren en igualdad de condiciones de contratación. La iniciativa de Ley de Remesas que presentó ante esta soberanía, contiene 28 artículos, organizados en 7 capítulos, con una adecuada técnica legislativa que contempla disposiciones generales, normas que establecen las autoridades que participan en la ley, reglas que deben cumplir las empresas que participan en el mercado de remesas, así como procedimientos, sanciones y recursos. Es importante destacar que esta ley vendría a llenar un vació, pues no tiene antecedentes legislativos por la particularidad de la situación y la época en que vivimos. Respecto a la propuesta de creación de tres nuevos tipos penales que protejan a las familias destinatarias del envío de remesas, obedece a que éstas utilizan la mayor parte del dinero para cubrir sus necesidades básicas, por lo que considero que es necesario protegerlas, tutelando este bien jurídico. En este sentido, es adecuada la integración de estos tipos penales al artículo 253 del Código Penal Federal, debido que se insertan dentro de los delitos contra el consumo. En este caso serían delitos contra consumo del servicio de remesas y las disposiciones comunes a los delitos de este artículo, también serán aplicables a estos nuevos tipos penales propuestos, lo cual consideramos correcto. Es importante destacar que al aprobar esta iniciativa cumplimos con compromisos internacionales, ya que México ha suscrito la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, por lo que de acuerdo al artículo 84 de la misma, que establece que cada uno de los estados partes se compromete a adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para aplicar las disposiciones de la presente convención. Y siendo parte importante de la Convención lo dispuesto en los artículos 32 y 47, en los cuales se establece el derecho de los trabajadores migratorios para transferir sus ingresos y ahorros a su país de origen, de conformidad con la legislación aplicable, tenemos la obligación jurídica ante la comunidad de las Naciones Unidas, de legislar esta iniciativa de Ley de Remesas, para hacer efectivos los derechos de nuestros trabajadores migratorios en nuestro país y demostrar que el Poder Legislativo Federal, como parte del Gobierno Mexicano, cumple con sus responsabilidades internacionales y se coloca a la vanguardia de la defensa de nuestros mexicanos en el exterior. Al aprobar esta propuesta de ley no sólo aseguramos el correcto funcionamiento del mercado, sino que protegemos los derechos humanos de los emigrantes y de sus familiares e insertamos la legislación mexicana a la par de regulaciones jurídicas avanzadas y mejorando la protección que la ley da a los consumidores y a usuarios del servicio. Es nuestro deber como legisladores y representantes de los mexicanos, proteger a los trabajadores migratorios y a sus familias, regulando las remesas con el fin de eliminar prácticas abusivas que menoscaban el dinero que envían los mexicanos desde el exterior, pues así protegemos el esfuerzo del trabajador migratorio y la subsistencia de su familia. Por lo anterior, pido a la Mesa Directiva que se turne esta iniciativa a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Es cuanto, señor Presidente.