El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor presidente. Las constituciones influyen en la democracia de un país de diversas maneras, generando estabilidad para las instituciones políticas, protegiendo los derechos de todos, manteniendo la neutralidad en los procesos de creación de las leyes, proporcionando a los ciudadanos los instrumentos para exigir la responsabilidad de los funcionarios públicos y principalmente, creando un gobierno eficaz en la prestación de los servicios públicos. Expresa nuestra Constitución Política que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicios públicos, por lo que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Estas máximas constitucionales se desarrollaron de manera explícita en la ley que creó a la Comisión Federal de Electricidad el 24 de agosto de 1937, que en su artículo 5 establece que la Comisión Federal de Electricidad tendrá entre sus funciones principales la de organizar y dirigir un sistema nacional de generación y distribución de energía eléctrica basada en los principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro, y con la finalidad de obtener un costo mínimo y un mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. Contrario a los principios plasmados en este marco jurídico y olvidando la concepción que guarda nuestra ley fundamental en torno a la democracia, entendida como el constante mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos, pudimos observar que durante el sexenio pasado el gobierno federal aumentó las tarifas eléctricas en un 77 por ciento en lo que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad y 61 por ciento en Luz y Fuerza del Centro. De la actual administración observamos también que a principios de noviembre las tarifas de Luz y Fuerza subieron hasta 200 por ciento en tan solo un bimestre, por lo que en la Procuraduría Federal del Consumidor se han presentado más de mil 300 quejas anuales contra la paraestatal por esa causa. Estos incrementos estratosféricos de uno de los servicios, que son prioridad para la subsistencia y desarrollo de las personas y del país, como lo es el de la energía eléctrica, representan un grave deterioro a la, de por sí, lastimada economía de las familias mexicanas, principalmente de aquéllas que se encuentran en las regiones más marginadas del sur-sureste del país. Las entidades del sur-sureste mexicano se han caracterizado de manera histórica por encontrarse rezagadas en el ámbito económico y social; sin embargo, esto no ha sido razón suficiente para considerar al factor de marginación como un determinante de las tarifas eléctricas, siendo que se ha privilegiado a otros sectores de la población, olvidando, como siempre, a los que menos tienen. La Encuesta Nacional de Ingreso Gasto 2006 determina que el primer decil de ingreso más bajo en las 10 entidades federativas con un índice de marginación más elevado gasta en promedio 5.3 por ciento de su ingreso en energía eléctrica, lo cual implica que de un salario mínimo de mil 644 pesos mensuales se destina al pago de energía eléctrica mil 045.5 pesos al año, lo que limita su consumo en alimentos, salud y educación por un servicio que, además de caro, carece de eficiencia. Parte de este problema que subsiste en el incremento tarifario se debe a que el 6 de febrero del año 2002 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió un acuerdo mediante el cual ajusta, modifica y reestructura las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico, eliminando casi totalmente el subsidio con que contaban hasta antes de esa fecha. En un comunicado de prensa de fecha 7 de febrero de ese año la Secretaría de Energía informaba sobre la disminución en los subsidios a tarifas eléctricas, por lo que se tuvo que la medida no afecta al 75 por ciento de la población. Los subsidios sólo se harán canalizados a familias de bajos recursos. Los ingresos se destinarán para asegurar el suministro de electricidad. Se establecerá un programa de financiamiento para los usuarios de zonas cálidas. Se informaba además que, a causa del rezago de las tarifas eléctricas y con el propósito de evitar un mayor deterioro financiero en las empresas de ese sector, el gobierno federal tomaba la decisión de reducir el subsidio a las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico. La finalidad de esta medida se decía que era la de permitir a las empresas obtener recursos adicionales que serían utilizados para su inversión en los procesos de generación, transmisión y distribución de electricidad, así cómo para el mantenimiento de las plantas, la ampliación y modernización del sistema eléctrico nacional. Todo ello, para enfrentar con eficiencia los retos que impone el dinámico crecimiento de la demanda, así cómo mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios. Desafortunadamente para México, después de 7 años vemos que el cumplimiento de estos propósitos sigue estando muy distante de alcanzar. Por otra parte, el pasado 26 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo, con el que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, el cual tiene impacto únicamente en la industria. De esta forma, habría que preguntar, hasta cuándo se va a beneficiar a los consumidores de energía eléctrica de uso doméstico, sobre todo, aquellos que habitan en los estados más afectados por las catástrofes naturales y golpeados por la crisis económica, cómo Chiapas, Veracruz y Tabasco. Con todas estas acciones gubernamentales, sólo podemos corroborar que la política de tarifas eléctricas, seguida por la pasada y presente administración, no dio ni está dando los resultados esperados, ya que el esquema tarifario sigue rezagado frente a sus costos. Se ha demostrado que los precios de la energía eléctrica cubren un menor porcentaje de los costos que representa generar un kilowatt-hora que en los años noventa, a pesar de los subsidios y de los aumentos tarifarios. Al respecto, la propia dirección de finanzas de ambas paraestatales han reconocido ante la opinión pública que las tarifas eléctricas, en sexenios pasados cubrían 80 y 76 por ciento de los costos de producción. Cabe señalar, que al cierre del año pasado, se esperaba que la relación precio-costo, alcanzara 69 por ciento y 54 por ciento, es decir, en lugar de avanzar para reducir el rezago tarifario, por el contrario éste aumentó. Compañeras diputadas y compañeros diputados, este panorama que priva al sector eléctrico y, particularmente en materia de tarifas, requiere de medidas urgentes. No bastan los acuerdos de modificación y reestructuración de tarifas para devolverle a este servicio público su verdadero carácter social, a favor de los intereses generales. Así como su efectiva y eficiente prestación por parte del Estado mexicano, sin menoscabo de quienes hoy día se encuentran inmersos en la desesperación por la difícil situación económica y social en que nos encontramos: o se come o se paga la luz, así de claro. Precisemos y refrendamos con estas reformas los objetivos de la política energética nacional; recuperaremos y renovemos los tres grandes efectivos que dieron origen al sistema eléctrico nacional, como lo es que todos los mexicanos sin distinción de clase, nivel socioeconómico, nivel educativo, cultural y ubicación geográfica, dispongan en su vida diaria del fluido eléctrico, con máxima calidad y mínimo costo. Asimismo, que el aparato productivo disponga de un abasto en electricidad continuo, estable y a precio competitivo para aumentar su productividad y, por ese medio, aumentar al máximo desarrollo económico. Que la nación controle ese proceso y los recursos utilizados para ello para que su usufructo, como la introducción de nuevas tecnologías a lo largo de la cadena eléctrica, se traduzca en beneficios para toda la sociedad y no sólo para unos cuantos. No perdamos más tiempo, para poder unificar esfuerzos en mejorar la calidad de servicio, para fortalecer la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización; mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica y ampliar los mecanismos de comunicación y atención a los usuarios del servicio sobre tarifas, facturaciones y cobranzas, fallas de suministros y mecanismos de apoyo para el ahorro de energía. Pido de nueva a cuenta su respaldo a este conjunto de propuestas, para que la determinación de las tarifas de energía eléctrica que se realice en función de criterios de proporcionalidad y de equidad, sustentadas en criterios técnicos y económicos para favorecer y no discriminar y afectar a los consumidores, tanto por su actividad, como por su nivel económico, por su situación geográfica. Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de la asamblea el siguiente Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Primero. Se reforman los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue: Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que aprueben la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de su Consejo Consultivo; la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía, y del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, podrán también omitir su opinión. Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos serán aprobados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o yendo a la de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 31. La Comisión Reguladora de Energía, con la participación de la Secretarías de Energías, Minas e Industrias Paraestatal, y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, previa opinión del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía. Asimismo, a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas. El servicio de uso o consumo doméstico de energía eléctrica se considera de interés social. En la fijación de las tarifas correspondientes se considerarán los principios de proporcionalidad y equidad, además de los siguientes criterios o factores: la temperatura y la humedad relativa de cada región o zona con termómetros actuales. La Conagua tiene termómetros de hace 30 años, de 1960 o 1970, caducos, que ni funcionan. Segundo. Las condiciones salariales de cada región o zona, los índices de marginación de cada región o zona de acuerdo al Consejo Nacional de Población. La Comisión Reguladora de Energía podrá realizar una reclasificación a la baja de las tarifas eléctricas a propuesta de su Consejo Consultivo cuando así lo exijan las urgencias o necesidad de las condiciones económicas y sociales de la región o zona. Artículo 2o. Se reforman los artículos 1o., 2o. y 3o., y se adiciona un Capítulo III denominado "Del Consejo Consultivo", recorriéndose los artículos vigentes de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para quedar como sigue: Artículo 1o. La Comisión Reguladora de Energía, órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, gozará de autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión en los términos de esta ley. Su objeto será mejorar el acceso, la calidad y los precios de los bienes y servicios públicos de energía impulsando el crecimiento económico nacional, y garantizar el suministro suficiente con calidad y a precios competitivos de la energía eléctrica e insumos producidos por las empresas públicas. Artículo 2o. La comisión tendrá por objeto promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades... Para los efectos de esta ley se entenderá por actividad regulada las mencionadas en las fracciones anteriores. En el cumplimiento de su objetivo, la comisión contribuirá a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentará una sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios generando en ellos la cultura del ahorro y el uso eficiente en el consumo de energía; proporcionará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Artículo 3o. Para el cumplimiento de su objetivo, la comisión tendrá las atribuciones siguientes: 1. Determinar las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Capítulo III, "Del Consejo Consultivo para la determinación de las tarifas de energía eléctrica". Artículo 9o. La comisión contará con un Consejo Consultivo que tiene por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, acciones y metas establecidas por dicha comisión con relación a la determinación de las tarifas del servicio de energía eléctrica. Se integrará por: 1. El titular de la comisión, 2. Un representante de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, y del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y de la Comisión Federal de la Competencia. 3. Un representante de cada una de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión. Cuatro. Seis investigadores académicos que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en las instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes participarán de manera honorífica, sin remuneración alguna. El titular de la comisión fungirá como secretario ejecutivo del consejo. El consejo, cuando así lo considere conveniente, podría invitar a sus sesiones a los titulares de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, a representantes de las entidades federativas, de los municipios, de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado; de instituciones académicas y de la población en general, los cuales podrán intervenir con voz, pero sin voto. Artículo 10. El reglamento establecerá la forma mediante la cual se elegirán los investigadores a que hace referencia el artículo inmediato anterior. Artículo 11. Son facultades del consejo: 1. Proponer los ajustes o las reestructuraciones del sistema tarifario con base en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2. Revisar el proyecto de trabajo de la comisión y emitir observaciones al respecto. 3. Elaborar un informe sobre el cumplimiento de las metas y objetivos de la comisión, así como del proyecto de trabajo de la comisión, y emitir recomendaciones al respecto. 4. Aprobar la creación de grupos de trabajo para la atención de temas específicos. 5. Proponer mecanismos para el establecimiento de las tarifas del servicio de energía eléctrica, y 6. Elaborar y aprobar el reglamento interno para su organización y su funcionamiento. Artículo 12. El consejo sesionará de manera ordinaria cuando menos semestralmente, y de manera extraordinaria las veces que resulte necesario. Las convocatorias a las sesiones del consejo se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno a que se hace referencia en la fracción VI del artículo anterior. Artículo 13. El consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad?