La diputada Susana Monreal Ávila: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Los elementos anteriormente señalados hacen de esta ley, un instrumento que auxilia a los productores rurales de manera parcial. Porque los problemas que enfrenta el campo mexicano y de hecho la nación en su conjunto, demandan una política de Estado de carácter integral que articule lo económico, lo social, lo ambiental, lo científico y lo tecnológico. La aprobación de esta ley no significa que avalamos las políticas del gobierno federal. Señaló, a nombre de nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la coincidencia de brindar un mecanismo o alternativa para el campo. Pero es necesario dejar en claro que, con la aprobación de la referida ley no se resuelve el problema agrícola que enfrentamos, en virtud de que el Ejecutivo federal no hace un esfuerzo para dejar en claro sus políticas en materia agrícola. Es decir, no existen acciones y programas concurrentes para apoyar a los productores rurales. De tal suerte que los apoyos no sean para una parte de la cadena productiva. Me refiero al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que de concurrente sólo tiene el nombre. El PEC es sólo un catálogo de programas que en muchas ocasiones tiene duplicidades. Que hasta la fecha no se han advertido mecanismos de coordinación interinstitucional para la operación de los programas y en general sus resultados se han visto disminuidos por los subejercicios del gasto y no omitimos decir la inaccesibilidad de las reglas de operación en sus programas. La política de Estado que demandan los ciudadanos, especialmente nuestros campesinos, debe tener una visión de largo plazo y debe ser de tal naturaleza que sea capaz de establecer objetivos y metas con presupuestos multianuales. Nuestro Grupo Parlamentario siempre ha buscado acabar con la marginación, especialmente de los pequeños y medianos productores y el problema que enfrenta el campo mexicano se expresa en una enorme desigualdad en la distribución del ingreso. Necesitamos un pacto nacional de la nación del sector rural que verdaderamente fortalezca y favorezca la inclusión, la justicia y el bienestar de la gente del campo, a cambio de la paz nacional, a cambio de la producción de alimentos y de materia prima, para el desarrollo urbano e industrial del país. Que no sean ajustes o cambios secundarios en el contexto del actual modelo de dependencia, exclusión y deterioro ambiental. No regresemos al pasado. Se requiere revalorizar el papel de la agricultura y, en particular, de las agriculturas campesinas e indígena y el reconocimiento de sus derechos y capacidad de desarrollo productivo y social en el marco de un nuevo proyecto de nación, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación, vida digna para la población rural, principios de paridad urbano-rural. Que debemos acabar con el clientelismo y corporativismo del viejo régimen. Exigimos que se pongan en marcha acciones que disminuyan y eviten los negativos efectos de la total desgravación de los productos agropecuarios en los próximos años. La situación actual es de crisis, si no hacemos nada para resolverla, llegaremos más temprano que tarde a una situación social insostenible, donde estaremos absolutamente sujetos a las decisiones que tomen nuestros socios del TLCAN, a quienes por cierto para nada les importa el bien de la población mexicana y menos el interés nacional. Para concluir, deseo subrayar la urgente necesidad de establecer una política de Estado con visión de largo plazo, que tenga como objetivo principal la consecución de la soberanía y seguridad alimentaria, en los términos que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es decir, basados en la producción nacional de los productos básicos y estratégicos. Al aprobar el dictamen de la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos lo hacemos porque, aunque de manera parcial, podrá beneficiarse a los productores y se estarán estableciendo restricciones para el uso de los productos básicos y estratégicos, en particular del maíz para la producción de bioenergéticos. Reitero, esto de ninguna manera significa que nosotros avalamos la política económica en curso del gobierno federal hacia el campo; al contrario, como se ha expresado insistentemente, es indispensable construir, de manera consensuada, una política de Estado que verdaderamente esté de acuerdo con los intereses nacionales. Es cuanto, señora Presidenta.