EL C. PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos para hablar sobre el mismo tema. -DIP. EMILIO ZEBADUA GONZALEZ: Con su permiso señor presidente; señoras y señores diputados: El pasado domingo 6 de julio el Instituto Federal Electoral y su Consejo General, organizaron con éxito las elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Se trató del tercer proceso electoral organizado por el actual Consejo General bajo el marco legal producto de las reformas constitucionales de 1996. Al concluir su mandato el próximo 31 de octubre, los ocho consejeros electorales y el consejero presidente, habrán contribuido a una de las etapas históricas más importantes en la construcción de un nuevo sistema político-democrático del país. En sólo siete años el IFE se consolidó como una institución confiable y eficaz en la organización de las elecciones federales. La confianza y la credibilidad de que goza el IFE ante la ciudadanía no son resultado de hechos fortuitos ni del simple paso de la historia; tampoco se derivan solamente de factores externos. En realidad, están sustentados en varios hechos objetivos producto de las acciones y decisiones del propio IFE y de sus consejeros; se trata de un proceso que básicamente se generó de adentro hacia fuera y que giró en gran medida en torno a lo que los consejeros consideraron o interpretaron en la ley. Era su función política y sus atribuciones administrativas. En los próximos días tendremos que elegir, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución y a los artículos 74 y 76 del COFIPE, a los nuevos miembros del Consejo General del IFE para el período 2003-2010. Se trata de una decisión de gran trascendencia para el proceso democrático del país y en particular para el de la construcción de instituciones para un México moderno. El consejero presidente y los ocho consejeros electorales, junto con un secretario ejecutivo y los miembros de la Junta General Ejecutiva, serán los responsables de organizar la elección presidencial del 2006, además de desahogar un número de procedimientos de fiscalización y recursos administrativos interpuestos por los partidos políticos y sus miembros, bajo el marco de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los criterios y la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, deberán llevar a cabo el proceso de actualización del padrón electoral, listado nominal de electores y la expedición de millones de nuevas credenciales de elector, con un grado de mayor complejidad. Además, tendrán la responsabilidad de realizar el proceso de redistritación, combinando información geográfica, demográfica y social. En resumen, tendrán una serie de tareas que requieren de un grado variable de conocimiento técnico, jurídico y administrativo, además de sensibilidad y prudencia política. Los grupos parlamentarios de los partidos representados en esta LIX Legislatura, actuarían con ligereza política si en la selección y en la designación de los integrantes del próximo consejo general se dejaran guiar por razones partidistas, políticas o personales. La integración del órgano máximo de dirección del IFE, no puede ser el resultado de política de cuotas en las que los partidos designen no a funcionarios independientes y profesionales, sino a representantes partidistas. Más allá de los requisitos establecidos en el artículo 76 del COFIPE, los futuros consejeros electorales deben ser ciudadanos que compartan la nueva cultura democrática y comprobada experiencia profesional. Deben contar con conocimientos que requiere la organización de las elecciones y más ampliamente el marco técnico-jurídico que guía la actuación de una institución de las dimensiones y la complejidad administrativa y política que tiene el IFE. De igual manera y como lo ha venido impulsando el PRD a través de iniciativas de reformas al propio Código Electoral, deberá considerarse la equidad de género para la designación de las y los integrantes del próximo Consejo General. Si antes resultó necesario ir afuera del IFE para buscar a quien lo dirigiese fuese un ciudadano sin ligas con los partidos e independientes del gobierno porque se desconfiaba de este instituto, ahora ese instituto se ha ganado la credibilidad y la confianza de ciudadanos y de partidos; ahora se ha demostrado su independencia e imparcialidad, por lo que el lugar para buscar a los nuevos consejeros electorales es dentro del universo amplio de experimentados ciudadanos y funcionarios que se han formado en las estructuras y órganos de dirección de la comunidad electoral. Ante los avances alcanzados en materia electoral en el país y la posición y reconocimiento que goza el IFE entre los principales actores políticos y la mayoría de la ciudadanía, la pregunta fundamental es si los partidos políticos y sus grupos parlamentarios desean volver a empezar designando un consejo general sin experiencia o conocimiento probado en las materias técnicas y electorales o en cambio vamos a contribuir a la continuidad del IFE, tomando una decisión apegada a los criterios de la Ley. Es por lo anterior, que nos sumamos a lo expresado y propuesto por el grupo parlamentario de Convergencia; es necesario establecer de manera objetiva y transparente los procedimientos y criterios para llevar a cabo las negociaciones y más adelante, la votación y elección de los próximos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias. EL DIPUTADO PRESIDENTE: Gracias, Diputado. En otro Punto de Acuerdo, se le concede el uso de la palabra a la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo, instruya al Secretario de Hacienda ante el escenario que la misma Secretaría proyecta, de una reducción al presupuesto al gasto del Sector Salud y se atienda con responsabilidad social sin reducción alguna. LA DIPUTADA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Con permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea una Proposición con Punto de Acuerdo. Es del saber de todos, que el Estado es responsable de la prestación social establecida en el artículo 4º, párrafo tercero de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, cito: "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". También es cierto que falta mucho por hacer en el Sistema de Salud para que tengamos lo que México requiere: promover un presupuesto en el cual se precisen los términos y características conforme a los cuales deben canalizarse a los recursos aprobados para el Sector Salud. Para este propósito tenemos que partir de la base de una política que no se limite al sentido asistencialista, sino que se creen derechos sociales exigibles para la sociedad mexicana, que está obligada a potencializar las capacidades productivas de grupos, así como de regiones, que induzcan condiciones de igualdad efectiva y que atienda las profundas diferencias que prevalecen entre las regiones, entre géneros y personas. A los legisladores nos corresponde la tarea de vigilar que las fórmulas de la distribución de los recursos obedezcan a los criterios de índices de pobreza y no al volumen de la población; buscar la suma y coordinación de todos los programas federales, evaluando y reasignando éstos para asegurar una mayor efectividad. El propio Secretario de Salud ha manifestado en múltiples foros, que la salud y la educación son la base para el desarrollo económico, para el bienestar social, la estabilidad política y la seguridad nacional de nuestro país. En la protección de la salud estamos todos inmersos; es un valor que debe ser compartido por todas las sociedades, por todas las ideologías y por todas las organizaciones políticas. La salud pública en México ha tenido importantes avances, lo que ha llevado a enfrentar nuevos reto. La población sigue aumentando, recordemos que cada año tenemos alrededor de 2 millones de nacimientos, de igual manera, anualmente tenemos alrededor de 450 mil defunciones. Esto nos señala que el promedio de años de vida está en aumento. El perfil epidemiológico ha cambiado, los padecimientos que ahora ocupan los primeros lugares y que llevan a la muerte, son de mayor costo: enfermedades cardiovasculares, cáncer, SIDA, diabetes, entre otras, que de inicio se presentaron en las zonas urbanas, pero que día a día son más frecuentes en las zonas rurales y en las poblaciones más marginadas. En la salud no podemos vivir al día buscando recursos y mucho menos cuando son fondos que deben ir destinados para contingencias y catástrofes naturales y más grave y preocupante, es que cuando esto se presenta se diga ni más ni menos, que no hay efectivo. Pregunto: ¿es ésta una respuesta a aquellos ciudadanos mexicanos que están en condiciones desesperadas y vulnerables, por la desgracia en la que viven?, ¿merecen una respuesta como ésta? Es vergonzoso que nuestro país sea el que menos invierte en la salud de toda América Latina. Ocupamos el último lugar. El promedio del PIB es de 5.7. Es importante mencionar que de 1995 a 1999 hubo un aumento real acumulado superior al 71.2. Cabe señalar que el presupuesto destinado a la salud para el año actual no presenta ningún crecimiento en términos reales respecto al año anterior; es más, a la función concreta de salud los recursos decrecieron en 1.5 por ciento. Es insuficiente el poco presupuesto con el que cuenta en el sector salud y más aún lo que queda a la Secretaría de Salud, que es ésta la responsable de atender a todos aquéllos que son desempleados, marginados, pobres del campo, en pocas palabras, los que carecen de oportunidades. Además no olvidemos que ellos son los que no pueden acceder a pertenecer a una institución de seguridad social. Concretamente es la población no asegurada, que hoy es un número considerable de la población y, siendo realistas, cada día crece más. Aproximadamente 45 millones. La salud no tiene precio. No puede estar sometida a números fríos. Los resultados se miden por la calidad de vida y no por el número de muertes de los mexicanos y más lamentable es cuando éstos son los niños de nuestro México. Es por esta razón que hacemos un enérgico llamado al Gobierno federal a que reconozca que la salud es un derecho, que debe de reconocerse la responsabilidad de impulsarla y mejorarla, que ésta es una causa que debe ser decisiva en la reducción de desigualdades, que a pesar de que la Secretaría de Hacienda proyecta recortar el gasto para el ejercicio del año 2004 en un inferior de 700 millones de pesos al de 2003, el reducir éste en el sector salud sería un alejamiento al reclamo social y reflejaría indudablemente que el Estado no es capaz ni justo. Nosotros, los legisladores, no lo podemos permitir. Frente a este escenario sólo exige que en la salud exista para el 2004 la garantía de que no será más afectado de lo que hoy es. Ante este problema que nos podemos anticipar, se exhorta al Ejecutivo a actuar con prudencia y sentido de equidad, pero fundamentalmente le recordamos que es también el responsable de elevar el bienestar de vida de los mexicanos, que ésta debe de ser una de las prioridades fundamentales. Punto de acuerdo único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que instruya al secretario de Hacienda para que ante el escenario que la misma Secretaría de Hacienda proyecta de una reducción del presupuesto, el gasto del sector salud sea atendido con responsabilidad social, sin reducción alguna y sin recortes posteriores a lo aprobado. La de la voz firma. Gracias.