La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Gracias. Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, quiero agradecer a mi grupo parlamentario por darme la confianza de hacer este posicionamiento, a las compañeras de las comisiones: Marta Dekker, Maribel Martínez, Dionicia, Ana Ruth y todas las compañeras de la bancada del Partido del Trabajo. Acudo a esta tribuna, para fijar posicionamiento acerca del dictamen de Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Justicia, respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. La aparición de las redes sociales ha provocado un cambio en la interacción social de las personas. A medida que el ecosistema digital evoluciona, también lo ha hecho la vida, los usuarios dentro de las plataformas digitales. Por desgracia la violencia que se vive de manera física o tangente en espacios públicos, se ha trasladado a estos espacios digitales. Si bien toda persona puede ser sujeto de violencia, el grupo de mayor vulnerabilidad son mujeres, adolescentes, niñas y niños. Y, en la vida digital, sigue siendo una dolorosa realidad. En el espacio digital podemos observar una reproducción de comportamiento discriminatorios y violentos en contra de las mujeres que se encuentran normalizados y hasta incentivados por algunas instancias. Esta violencia es promovida significativamente desde el anonimato que las tecnologías de la información, la comunicación y el internet ofrecen. Según datos del Módulo de Ciberacoso del Inegi, en el 2019, el 23.9 por ciento de la población usuaria del internet vivió alguna situación de acoso cibernético en los últimos 12 meses. Esto equivale al 17.7 millones de personas de 12 años y más usuarias de internet, de la cuales 9.4 millones son mujeres que han experimentado violencia digital. Las situaciones experimentadas con mayor frecuencia por parte de la población de mujeres que ha vivido ciberacoso, fueron: recibir insinuaciones o propuestas sexuales, el 40.3 por ciento; contacto mediante identidades falsas, el 35.3 por ciento y recibir mensajes ofensivos, el 33.9 por ciento. Este tipo de violencia contra la mujer, niñas y adolescentes tienen fuertes impactos, tanto físicos como emocionales en sus vidas, impactos que, en muchas ocasiones son minimizados por las autoridades o por el círculo cercano de las víctimas que consideran que no son ataques reales al ser realizados en el ámbito virtual. Las víctimas y supervivientes experimentan depresión, ansiedad, impotencia, hasta tendencias suicidas. Así de grave. En algunos casos, la amenaza del daño físico se vuelve realidad, cuando lo utilizan de imagen o video sexual explícitos, que se publican en sitios especializados de prostitución junto con publicidad que revelan datos privados, como el domicilio particular de la víctima, lo que las hace propensas a sufrir agresiones. Cuando la imagen de una víctima se difunde en diversos medios, puede dificultar la obtención de un empleo o hasta le impide la búsqueda del mismo, debido a la vergüenza, al temor a que los potenciales empleadores encuentren las imágenes. Basta recordar el caso de Olimpia Coral Melo Cruz, originaria de Huauchinango, Puebla, quien después de la difusión en internet de un video sexual que ella no autorizó, conoció en carne propia los estragos de violencia a su intimidad sexual, la revictimización por parte de las autoridades y el nulo acceso a la justicia por la ausencia del delito. Ella redactó el primer proyecto para visibilizar, reconocer este tipo de violencia en México, la llamada Ley Olimpia. Con el presente dictamen se cubre la deuda con las mujeres, niñas y adolescentes que han sido víctimas de esta modalidad de violencia, cuyos casos no han prosperado por la falta adecuada de la tipificación del delito. Por ello, la relevancia de hoy de tipificar la violencia digital y la violencia mediática en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una modalidad de agresiones por razón de género. Además, a efecto de sancionar estas conductas que lesionan severamente la integridad y la dignidad de las mujeres que establece un tipo penal específico dentro del Código Penal Federal. Se reforma el Código Penal Federal para tipificar el delito violación a la intimidad sexual e imponer una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil unidades de medida y actualización a quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima, elabore, divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga a mayoría de edad. Además, el mínimo y el máximo de dicha sanción, se incrementará hasta a una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza. El supuesto anterior también se aplicará cuando el ilícito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo, o cuando la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida, como consecuencia de las agresiones. Las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo apoyamos el presente dictamen porque sabemos que el futuro de México será libre de violencia para las mujeres o no será. Unidad nacional. Todo el poder a las mujeres. Es cuanto.