El diputado Gerardo Vargas Landeros: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros de partido; diputados de los diferentes grupos parlamentarios. La figura del testigo protegido es la facultad a cargo del procurador general de la República de otorgar apoyo y protección suficiente a las personas, cuando su intervención en un procedimiento penal sobre los delitos a que se refiere la ley antes mencionada, así se requiere. El artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala que la Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta ley así se requiera. En este orden de ideas y con la finalidad de terminar con las organizaciones criminales el legislador instauró la figura del colaborador, que consiste en otorgarles diversos beneficios legales a los miembros de la delincuencia organizada para que presten ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma. Con el fin de lograr un verdadero desmembramiento de las organizaciones criminales, a partir del conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación se ha estimado conveniente favorecer la colaboración de los miembros de la delincuencia organizada en la investigación y persecución de los mismos. En este sentido, la colaboración y protección de testigos son medidas legales de enorme trascendencia, porque de su éxito depende la continuidad o fracaso en la lucha contra el crimen. Sin embargo, de 1996 a la fecha, estas figuras han permitido que algunos delincuentes relacionados con el crimen organizado se conviertan en colaboradores o testigos protegidos, a cambio de los beneficios que les otorga la ley, pero hasta la fecha se tienen resultados insuficientes. En México, más del 80 por ciento de las investigaciones relacionadas con delincuencia organizada se sustentan en testimonios de colaboradores que se acogen a este beneficio. Sin embargo, la mayoría de los dichos aportados por estos presuntos delincuentes resultan falaces. El perdón jurídico y el subsidio económico compelen al testigo protegido a ofrecer de manera cobarde y deshonesta imputaciones o deposados falsos. Aunado a lo anterior, existen circunstancias en que hay inculpados que se convierten en falsos testigos protegidos, debido a la inducción dolosa que ejercen sobre ellos algunos funcionarios policíacos o ministeriales que, con el fin de resolver un caso de manera manipulada, los instigan a deponer contra determinadas personas sin elementos que correspondan a la realidad. Por tal motivo, el génesis de la iniciativa que nos ocupa es el de reformar el contenido de los artículos 35, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y adicionar los artículos 248 Ter, Quater y Quintus, al Código Penal Federal, agravando así el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad cuando el perjurio sea efectuado por testigo protegido o colaborador, extendiendo las penas a las autoridades policiales que instiguen a formular declaraciones inverosímiles. Por lo antes expuesto, y con fundamento en la fracción II, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y se adicionan los artículos 248 Ter, Quater y Quintus al Código Penal Federal quedando de la siguiente manera Artículo 35. "Al testigo protegido que señala el capítulo anterior o al colaborador que incurra en falsedad en declaraciones, así como a los servidores públicos que instiguen a la comisión de este delito, se les impondrán las penas de prisión que señalan los artículos 248 Ter, Quater y Quintus del Código Penal Federal. "Para efectos de la reparación del daño, se atenderá lo establecido en los artículos 1915 y 1916 del Código Civil Federal, cuando el testigo protegido y el colaborador incurran en falsedad de declaraciones, así como lo relativo en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos". Segundo. Artículo 248 Ter. "Se impondrán de cinco a 12 años de prisión y de 300 a 500 días de multa al testigo protegido o colaborador que, interrogado por autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, faltare a la verdad". Artículo 248 Quater. "Se impondrán de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 500 días de multa al que, examinado por alguna autoridad judicial teniendo la calidad de colaborador o testigo protegido, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar". Artículo 248 Quintus. "Si quien propicie la comisión de estos delitos previstos en los artículos 248 Ter y Quater fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas, según corresponda. Además, será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a 12 años". Atentamente. Diputado Emilio Gamboa Patrón, Senador Jesús Murillo Karma, senador Francisco Labastida Ochoa; senador Mario López Valdez, diputado César Camacho, diputado Francisco Rivera Bedoya, diputado Gilberto Ojeda Camacho, diputado Raúl Cervantes, y un servidor, diputado Gerardo Vargas Landeros. Señor presidente, solicito que se incorpore mi participación en el Diario de los Debates. Es cuanto.