El diputado Luis Manuel Arias Pallares: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea. La iniciativa de dictamen que hoy nos ocupa para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tiene como finalidad solucionar la problemática que representa la acumulación de vehículos automotores que se encuentran retenidos por la Procuraduría General de la República o por mandato judicial en los depósitos de guarda y custodia en sitios permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los cuales son denominados popularmente corralones. El abandono de los vehículos incautados en dichos depósitos genera focos de contaminación ambiental que se agravan en la presencia de fauna nociva con afectación al suelo, al subsuelo y a mantos freáticos y atrae a la delincuencia por el robo de autopartes. En el año 2005 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del gobierno federal, estimó en más de un millón de vehículos localizados en estos depósitos. A la fecha se estima el volumen en una cifra que supera el millón 250 mil los vehículos ubicados en los depósitos permisionarios federales. El dictamen plantea facilitar los procedimientos para que la autoridad pueda disponer de los vehículos que no sean reclamados por quienes pudieran tener derecho sobre los mismos, generando una situación jurídica de abandono. Se pretende facilitar su enajenación o destrucción sin limitar los derechos de los particulares para su recuperación. En las reformas de la ley que hoy discutimos se establecen procedimientos precisos de notificación a los interesados o a sus representantes legales, para que una vez que sean notificados de la existencia de una declaratoria de abandono del vehículo, cuenten con un plazo de 90 días naturales para manifestar lo que a su derecho convenga, como lo estipula el artículo 55 Bis-1 de esta ley, precisando que de no ser así, los bienes se declararán en abandono en favor del gobierno federal y con ello sea posible su subasta. La iniciativa es exhaustiva en cuanto al procedimiento de notificación que será personal y en el domicilio de los interesados. De no encontrarse a la persona por notificar en la primera búsqueda, se le dejará citatorio en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente. Y, si no espera o se niega a recibir la notificación, se fijará un instructivo en un lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos públicos que deberán contener un resumen de la resolución a notificar. En todo caso los particulares cuando se subaste un vehículo que esté en interdicción judicial podrán acudir a tribunales manifestando sus derechos a salvo. El proporcionar datos faltos por parte del permisionario lo hará responsable de las acciones penales, civiles o administrativas que pudieran surgir y esto será causal de revocación del permiso. El dictamen incluye seis artículos transitorios para que los permisionarios se informen de acuerdo al reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de causar abandono a favor del gobierno federal. El dictamen plantea a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes automatice los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses. Asimismo dentro de los 30 días siguientes emitirá los lineamientos planteados por el artículo 55 Bis 2 para la elaboración del listado de los vehículos susceptibles de ser declarados en abandono, en tanto se expide el reglamento de los servicios de arrastre y salvamiento y depósito de vehículos auxiliares del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses. Por otra parte la comisión que dictamina propone un quinto transitorio con el objeto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del programa de Reordenamiento General del Autotransporte Federal. Por último en un sexto transitorio se establece que los ingresos provenientes de la venta de los vehículos que actualmente existen en los depósitos de guardia y custodia, sean estimados en la hipótesis de abandono después de haber permanecido menos de cinco años en los patios del permisionario. Se estará a lo dispuesto al artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, resarciendo con un 30 por ciento de los ingresos que se obtengan por este concepto, los gastos de arrastre y pensión de los permisionarios y el 70 por ciento restante se destinará al programa de Modernización del Autotransporte Federal de Carga. Para los vehículos que hayan permanecido por más de cinco años en custodia, los recursos se destinarán conforme al artículo 89 recién señalado a cubrir los gastos del permisionario federal, destinando un porcentaje al desarrollo de un sistema automatizado de control e información de permisionarios de autotransporte. La aprobación de este dictamen contribuirá en buena medida a poner orden y regularizar con certeza jurídica el funcionamiento de los depósitos de vehículos, abatiendo el desorden, contaminación ambiental y la delincuencia en torno a estos sitios, planteando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un estricto control de la operación de estos depósitos permisionarios, así como el padrón de los vehículos que se encuentran retenidos, como pasos que contribuyan a la mejora y modernización del autotransporte federal. Por ello la fracción parlamentaria del PRD votará a favor del siguiente dictamen. No omitimos hacer el exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que deberá mejorar el sistema de control en los corralones. Es cuanto, señor presidente.