El diputado Carlos Rojas Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros. Las democracias modernas están en constante evolución y deben desarrollar la capacidad de adaptarse a las condiciones siempre cambiantes de las nuevas realidades, preservando el objetivo de garantizar y salvaguardar el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y la soberanía popular. Existe coincidencia entre amplios sectores de la sociedad, partidos políticos y en general en la opinión pública, de que en México se requiere revisar y renovar el marco jurídico en materia electoral, en especial después de las elecciones del pasado 2 de julio. En este sentido, es indispensable dar mayor certidumbre, asegurar la imparcialidad y sobre todo establecer condiciones de equidad que permitan contiendas electorales verdaderamente democráticas, transparentes y en las que puedan participar en igualdad de circunstancias, quienes aspiran a un cargo público de elección popular. Como da cuenta en sus consideraciones preliminares, la resolución definitiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las recientes elecciones federales se suscitaron un conjunto de incidentes que pusieron en evidencia algunos vacíos jurídicos que no obstante la validez y legalidad de la elección, se constituyeron en hechos evidentes de inequidad. De igual forma, del dominio público y motivo de cuestionamientos de los diversos representantes sociales, políticos, económicos y culturales, la intervención que hubo de los poderes públicos, en especial de la Presidencia de la República y de algunas organizaciones sociales y empresariales, con el propósito de inducir el voto del electorado, provocaron la deslegitimación de la elección. Cabe señalar que en algunos casos esa situación ameritó el extrañamiento y llamados de atención de las autoridades electorales que lamentablemente no fueron atendidos con oportunidad y que al carecer de facultades legales no hubo posibilidad de sancionar una situación que evidentemente vulnera nuestro sistema democrático. Por eso es que el día de hoy, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y con el ánimo de contribuir al perfeccionamiento de nuestra vida democrática, nos permitimos poner a su consideración la presente iniciativa. Se trata de reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para responder a las nuevas condiciones de pluralidad política del país; pero sobre todo para darle mayor certidumbre a los partidos, a los candidatos y a la ciudadanía para el ejercicio pleno de sus derechos políticos. La iniciativa busca evitar que el Presidente de la República, cualquier dependencia pública federal, los gobiernos estatales o la jefatura de gobierno del Distrito Federal, los municipios o las jefaturas delegacionales y los organismos de la sociedad civil, en particular las cámaras empresariales, se extralimiten de sus funciones públicas y sociales y contribuyan con sus acciones a crear condiciones inequitativas o de ilegalidad en la renovación de los poderes. Se propone también que la promoción de las acciones, obras y programas de gobierno se suspendan, ya sea que involucren el uso de los tiempos oficiales, el pago directo a los medios de comunicación o cualquier otra forma de acuerdo administrativo o fiscal, a partir de la fecha en que concluya el periodo de registro de los candidatos presidenciales. Asimismo, durante el proceso electoral federal sólo podrán transmitirse por los medios de comunicación electrónicos y escritos, aquellos mensajes gubernamentales relacionados con campañas de carácter cívico, de prevención y promoción de la salud, los relacionados con la seguridad nacional y ciudadana, con la protección civil, con la educación y la cultura y con el cuidado del medio ambiente. El tiempo oficial que el gobierno federal deje de usar para promover la obra pública en el periodo mencionado, redistribuirá entre los partidos políticos conforme a los criterios establecidos por el Instituto Federal Electoral, y con ello se podrá disminuir el exorbitante gasto que los mexicanos destinamos a las elecciones. La iniciativa también señala que ninguna persona física o moral u organización de la sociedad civil podrá realizar propaganda o financiarla a favor o en contra de candidato alguno durante el proceso electoral. La violación de los anteriores ordenamientos, dará incluso lugar a que el Tribunal Electoral pudiera declarar la nulidad de las elecciones. Compañeras y compañeros diputados. Estamos conscientes de que esta iniciativa forma parte de un conjunto más amplio de reformas que en su momento deberemos de discutir para avanzar en la transformación del Estado mexicano y del régimen político. Hay temas, como la segunda vuelta de la elección presidencial, la forma de organización del Poder Ejecutivo, las dimensiones del Congreso, la homologación de los calendarios electorales, la reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales, la renovación de las instituciones y las autoridades electorales o la regulación de las precampañas, entre otros. Pero me parece que esta iniciativa que sólo aborda algunas de esas cuestiones, puede ser un buen comienzo para emprender las reformas que son necesarias para mejorar nuestro régimen democrático. Los invito por ello, respetuosamente, a sumarse a esta iniciativa, porque estoy seguro que será en beneficio de todos los mexicanos. Señor Presidente, le solicito que al turnar esta iniciativa a las comisiones dictaminadoras que estime usted conveniente, también se haga un exhorto para que se proceda con la mayor prontitud y con apego a nuestra vida estatutaria, para emitir el dictamen correspondiente en un plazo no mayor a 30 días. También le solicito se sirva ordenar la inserción íntegra de la iniciativa en el Diario de los Debates, y si no hubiera inconveniente en que se incluya un par de correcciones que realicé en el último momento. Muchas gracias por su atención.