La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Buenas tardes. Con el permiso de la presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados, derivado de la lectura acuciosa y el estudio detenido que he realizado al dictamen de la Comisión de Energía por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, considero necesario interponer el recurso legislativo de la moción suspensiva, ya que es evidente que su contenido es contrario a nuestro Estado social de derecho. Se somete a consideración de este órgano legislativo un dictamen que en sí mismo es contradictorio porque en su artículo 1o., se hace alusión a que es una ley reglamentaria de interés público, y al señalar esa característica necesariamente constituye un principio vinculado al derecho administrativo y por lo tanto sujeto a las situaciones y relaciones jurídicas reguladas por esta disciplina jurídica que el dictamen pretende omitir. Por lo tanto es evidente que la iniciativa, de origen, tiene un vicio de inconstitucionalidad que no podrá superar el análisis de nuestro máximo tribunal, pues el ejercicio de iniciativa de leyes y decretos es susceptible de control constitucional por formar parte inicial y esencial del proceso legislativo. Hubiera sido muy conveniente que el presidente Enrique Peña Nieto, antes de enviar al Poder Legislativo el proyecto de decreto que nos ocupa, se lo diera a leer a un estudiante de derecho, ya que cualquier pasante le hubiera podido explicar que cuando en la construcción de una ley se invoca el interés público, se hace referencia a un principio que se formuló conceptualmente en el siglo XVIII, al triunfo de la revolución francesa y que puede considerarse como el sustituto de la noción de bien común, lo que implica articularlo con la misión o los fines encomendados al Estado; fines que deben imponerse a los intereses de los individuos y que representan la expresión de la voluntad general. El interés público está más allá de la voluntad de los particulares está inmerso en el patrimonio teleológico del Estado, y no puede desvincularse de la competencia de los tres órganos de gobierno. El acta de nacimiento del derecho administrativo lo es la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano, de 1789 aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, que en su artículo 3o. señala: ...la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación, ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna, que no emane expresamente de ella. Por lo tanto, conceptos como el de administración pública, organización administrativa, función pública, servicios públicos, acto administrativo, contratos administrativos, actividad de fomento y coacción; el dominio público y las limitaciones a la propiedad privada, la responsabilidad del Estado, y el principio de legalidad integran un sistema cuyo fundamento es el interés público. ¿Qué implica lo anterior para efectos de rechazar el dictamen? A fin de que quede perfectamente claro vale la pena hacer referencia a una cita de un estudioso del derecho administrativo, que hoy se desempeña como secretario de Educación Pública, el licenciado Emilio Chuayffet, en la introducción de su obra menciona, y cito: ...que el derecho administrativo es la expresión jurídica de la actividad de la administración pública..., y si lo relacionamos con la Constitución General de la República, concretamente con el artículo 90 que señala que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, ello implica que la administración pública federal cuyo titular lo es el Presidente de la República debe observar el interés público al que me he referido, tal y como lo consigna el dictamen materia de esta moción suspensiva, y no puede renunciar a su consecución. Por lo tanto, las empresas productivas del Estado que se pretenden crear a partir de estos dictámenes deben sujetar su actuación al interés público y no a un marco jurídico flexible, como lo pretenden, sino que necesariamente se tiene que observar el derecho administrativo. El dictamen se sustenta en diversos supuestos, entre ellos los siguientes. El propósito de llevar a efecto una profunda reforma a la forma de administrar y operar a nuestras empresas estatales. Pretende garantizar que el Ejecutivo federal no pueda crear y desaparecer estas empresas bajo argumentos políticos coyunturales; Se busca que el gobierno no pueda, mediante la emisión dispositivos de carácter administrativo o secundario, mermar el régimen especial que requieren las empresas para funcionar y desarrollar sus actividades con verdadera autonomía; Plantea que el gobierno federal pase a ser propietario y no administrador de las empresas productivas del Estado, y Confiesan su ánimo de alejar a Pemex y Comisión Federal de Electricidad en lo máximo posible del sector público y acercarlas al sector privado, para lo cual habrán de otorgar a sus respectivos consejos de administración facultades de emitir normas. Pues bien, si eso es lo que se desea, entonces habrá que eliminar del dictamen el concepto de interés público, porque si lo sostienen no podrán desligarlo del derecho administrativo, ya que ése es el verdadero fundamento del interés público, y por lo tanto, las empresas que pretendan crear tendrán que respetarlo. En conclusión y para terminar, presidente, el dictamen que hoy se somete a consideración de esta soberanía, está deficientemente fundado y motivado porque el propósito del propio Estado lo es el interés público, y disponer de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad de la manera en que lo plantea el dictamen, lesiona los intereses de la nación. Lo que hoy se pretende aprobar es una aberración jurídica, es una contradicción constitucional y afecta a derechos humanos que el poder público no puede restringir. El Partido del Trabajo se pronuncia en estas circunstancias a favor del respeto al moderno estado social de derecho, interventor de bienestar a la luz del orden constitucional que nos rige y en estricto respeto al interés público. Y se manifiesta en contra de este dictamen que responde, no al interés público del pueblo de México, sino a los intereses de los países más ricos del mundo y a los dueños del dinero. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su tolerancia.