El diputado Waldo Fernández González: Con su venia, señor presidente. Agradecer a la diputada Lluvia por el espacio para posicionar esta iniciativa. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática queremos hacer patente nuestro apoyo al dictamen de la Comisión de Economía que el día de hoy votaremos, porque ataca una de las cuestiones más graves que afectan a la economía nacional; la corrupción dentro de vida económica del país. Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, en el estudio México. Anatomía de la Corrupción, el 44 por ciento de las empresas en México reconoció haber pagado al menos alguna vez un soborno, lo que en el sector de los bricks nos ubica sólo por arriba de Rusia y muy por debajo de India, Brasil y China, además los encuestados respondieron que el 75 por ciento de los pagos extraoficiales que hacen las empresas mexicanas se utiliza para agilizar trámites y obtener licencias y permisos. Una tercera parte de estos pagos se entregan a dependencias municipales. Según Transparencia Internacional, los niveles de percepción de la corrupción de México son alarmantes y no son pocos los intentos para reducirla, sin embargo se ha fracasado. Tan solo en 2014, nuestro país obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 103 de 175 países evaluados. De acuerdo con la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la corrupción se ubicó en el segundo lugar entre los problemas que más preocupan a los mexicanos, con 50.9 por ciento, solamente por detrás de la inseguridad y la delincuencia, que alcanzó el 66.4 por ciento. Además, esta encuesta arrojó que la tasa de prevalencia de la corrupción fue de 12 mil 590 víctimas por cada 100 mil habitantes, mientras que la incidencia fue de 30 mil 97 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Transparencia, objetividad y competencia en las contrataciones de la Oficina para el Control de Drogas y el Delito, de la ONU, reporta que las conductas más frecuentes que se dan entre el sector privado y el gobierno, son la emisión de ofertas ficticias para aparentar competencia, sabiendo de antemano quién de ellos ganará. La supresión de ofertas que consiste en la no presentación o el retiro de ofertas presentadas, con el fin de que la licitación quede adjudicada al proveedor pre acordado. La rotación de ofertas que supone el pacto entre empresas para ganar escalonadamente en el tiempo el contrato público, y la asignación de mercado, en la que a la manera de las líneas aéreas o ciertas cadenas de supermercados se dividen el territorio y respetan zonas en las que cada proveedor, contratista o licitante pueden presentar ofertas. De acuerdo con ello, las empresas son una pieza clave en el combate al fenómeno de la corrupción, particularmente en un país como el nuestro, donde el motor de la economía es el gasto público. Por lo que nos sumamos a la propuesta para establecer la obligación de las cámaras empresariales y sus confederaciones, para que promuevan entre sus afiliados principios éticos que prevengan la corrupción. Hacer ciudadanía, cultura de legalidad. Pero, sobre todo, hacer patria, es responsabilidad de todos. Muchas gracias, señor presidente.