El diputado Francisco Antonio Fraile García: Gracias, señora Presidenta. A nombre de mi grupo parlamentario y en atención fundamentalmente a organizaciones de la sociedad civil, en especial la de Libre Acceso y Rehabilitación Internacional, quienes nos hicieron el favor de darnos sus puntos de vista con respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Senado de la República el 27 de septiembre del 2007, nos proponemos presentar a todos ustedes una serie de modificaciones precisamente sobre la Ley General para las Personas con Discapacidad. Esta ley, que nace de la propia sociedad, para reflexión de los señores diputados y señoras diputadas, contiene en especial reformas al artículo 1o. de la ley en comento para asegurar la participación e inclusión de las personas con discapacidad y asignar presupuestos que permitan a las diversas dependencias de la administración pública, en sus tres niveles de gobierno, poner en marcha políticas, programas o acciones contundentes y continuas en la materia. Se propone incluir la definición de comunicación, acepción indispensable ya que a lo largo de esta ley se ocupa en disposiciones que versan en el uso de la lengua de señas mexicanas, las tecnologías, entre otras, por lo que se sugiere adoptar la misma definición contenida en la Convención. Se propone incluir también la definición de ajustes razonables, que es una definición que no existe en la normatividad, mientras que las normas mexicanas en materia de accesibilidad, recientemente elaboradas y puestas en vigor, consideran el precepto. En cuanto al término educación especial se modifica por el de educación inclusiva, que se adecua más a la nueva visión en materia de discapacidad que propugna la Convención. Adicionalmente, se propone agregar la definición de principio de progresividad de protección a los derechos de las personas con discapacidad establecido en el artículo 5o. de la presente ley. Con relación a la definición de persona con discapacidad se adiciona la palabra cognitiva, que incluye la demencia y otras enfermedades que afectan la esfera neuropsiquiátrica de los individuos. Se propone agregar una fracción XVIII al artículo 2o. a efecto de establecer la definición de progresividad, la cual consiste en la obligación de aquellas autoridades y particulares obligados en términos de la presente ley a realizar todas aquellas acciones y celebrar todos aquellos actos que sean necesarios o convenientes para cumplir paulatinamente con las obligaciones establecidas a su cargo en la presente ley. Se hace una adición al artículo 2o. para definir a las autoridades competentes con todas aquellas dependencias, órganos, organismos, direcciones, municipios, delegaciones, consejos y demás entidades que, dentro del ámbito de su competencia, tengan poder de decisión o de cualquier otra forma influyan en la decisión o trato frente a las personas con discapacidad, incluyendo el diseño y/o ejecución de políticas públicas o la atención, trato o resolución de las solicitudes o quejas presentadas o relacionadas con las personas con discapacidad. El artículo 4o. de la ley se propone adicionar la distinción de los derechos de las mujeres con discapacidad, establecidas en el artículo 6o. de la Convención, así como establecer expresamente que las distinciones para alcanzar la igualdad de las personas con discapacidad no constituyen discriminación. Se reforma el artículo 5o. de la ley para establecer, a mi juicio, una de las cosas más importantes que se logró a nivel internacional: 1. El principio de respeto a la vida de las personas con discapacidad. 2. El principio de progresividad de la protección a los derechos de las personas con discapacidad. 3. El principio de que la discapacidad es un problema de derechos humanos y no de salud pública, de conformidad con la nueva visión que brinda la Convención. Éste es el centro de esta ley. Ya no es un asunto de salud pública, es un asunto de derechos humanos. Y como tales deben quedar plasmados, incluso constitucionalmente, y así sucesivamente, hasta tratar asuntos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros porque aquí se presentan muchos abusos con las personas con discapacidad. Se propone reformar el Título Tercero de la ley denominado del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, debido a que uno de los principales problemas operativos para la defensa del adecuado ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad es la falta de personalidad jurídica y patrimonio propio del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, (Conadis). En ese sentido, se propone crear un consejo independiente, con una estructura y naturaleza jurídica similar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (Conapred). De esta manera, el primer cambio versa sobre desincorporar el Conadis de la Secretaría de Salud. Uno de los principales rectores de la Convención es la evolución del concepto de discapacidad, siendo que hoy en día es un claro retraso considerar a la discapacidad como una enfermedad, siendo que en realidad es una situación y cuestión de protección a los derechos humanos. Hagamos justicia. Estamos retrasados. Muchas gracias.