El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el secuestro es uno de los delitos que más impacta y lastima a las personas, a las familias y sin duda deja daños irreparables a las víctimas de este lacerante delito. De acuerdo al CIDAC, se identifica esta conducta como la que eleva la percepción de la inseguridad, con tan solo dos secuestros por cada 100 mil habitantes. El dictamen que vengo a posicionar es sensible respecto a esta cuestión, dado que pretende fortalecer las capacidades del estado para compartir el delito del secuestro, inclusive mientras este se está llevando a cabo. La iniciativa que se dictamina fue presentada por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, miembros de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Pública que presido. El respaldo a la iniciativa no es casualidad, ya que respondemos al reclamo sentido de las asociaciones de la sociedad civil, que desde su trinchera han sido actores fundamentales y voces sumamente autorizadas en la creación de la ley a reformar, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro. El avance tecnológico en materia de telecomunicaciones sin lugar a dudas ha transformado nuestro mundo. De 25 años al día de hoy, el desarrollo de herramientas ha transformado nuestra vida cotidiana de manera exponencial, accediendo a medios que nos permiten comunicarnos en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, este avance impacta tanto en las actividades más nobles como en las más funestas. No solamente los agentes del orden cuentan con magníficas herramientas el día de hoy, como Plataforma México o el Centro Nacional de Información, sino que también la delincuencia organizada ha tomado ventaja de los medios más modernos para cometer estos crímenes que hoy combatimos. Por ello, tanto en la ley en comento como en la Ley Federal de Telecomunicaciones se han incorporado artículos acorde a nuestros tiempos y a nuestros medios disponibles, dotando de herramientas a la autoridad para nulificar los esfuerzos nefastos. Localizar una víctima de este terrible delito es fundamental para proteger su vida, integridad física y psicológica. Para ello es necesario que los concesionarios de telecomunicaciones proporcionen en forma inmediata y sin demora la información relativa a la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea cuando sea necesaria para atender un riesgo inminente a la vida de una persona. En el caso de la Ley Federal de Telecomunicaciones, prevé la colaboración entre las empresas prestadoras de servicios y el Ministerio Público, para determinar la localización de los equipos que se usan y acudir de inmediato al lugar, lo que puede significar no sólo la recuperación de la libertad de una persona, sino en ocasiones la defensa en su integridad y la conservación de su vida. Esta iniciativa busca lograr eficacia en las investigaciones y desde luego que todas ellas estén sujetas al respeto de los derechos humanos. Geolocalizar un teléfono móvil en tiempo real, es una medida que debe tener un carácter excepcional y sujeto a los requisitos establecidos por la Constitución, particularmente los señalados para los actos de molestia. En concordancia y con esto termino, presidente con lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a la interpretación del artículo 16 y 1o. constitucional, esta iniciativa, compañeras y compañeros diputados, reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, establece el requisito de un mandamiento escrito con requisitos de fundamentación y motivación y el establecimiento de sanciones para el mal uso de esta herramienta. Asimismo, se ajusta la redacción para incluir el requisito de fundar la legalidad de la solicitud, motivación, racionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, como bien lo señalaron votos concurrentes a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Termino, presidente...