El diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo: Buenos días. Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, el día de hoy vengo con toda la convicción de ser apoyado por todos ustedes y por la responsabilidad que nos conlleva estar en este pleno. En la década de los 80s surgió el Programa de Acción Mundial de las Personas con Discapacidad en el cual se invitó a las Oficinas de Estadística de las Naciones Unidas, que junto con otras dependencias participarían con los países en desarrollo a fin de establecer un sistema realista y práctico respecto a las diversas discapacidades, y en particular para generar documentos y políticas públicas que servirían para la elaboración de programas de acción, con el fin de mejorar la situación de estas personas. La Organización Mundial de la Salud estima que el 98 por ciento de las personas discapacitadas que viven en países en desarrollo se encuentran en total desamparo, puesto que no son beneficiados con ningún programa de asistencia médica gratuita. En nuestro país no existe una claridad respecto del número de discapacitados, debido a que la utilización y clasificación de discapacidades no ha permitido contar con un programa que sea homogéneo y se estima que en el 2013 eran cerca de 10 millones de mexicanos. En ese orden de ideas tenemos un compromiso moral quienes nos encontramos aquí; un compromiso pendiente con este sector de la población de más de dos décadas, pues al no estar reconocidos en este censo, su población no es certero. Se vuelve muy difícil pretender y dirigir políticas públicas a su favor. Les pongo un simple, pero ilustrativo ejemplo: ustedes saben lo difícil que es acreditar la calidad de una persona discapacitada ante el sistema de desarrollo, el DIF. Les platico rápidamente cómo es este trámite: Las personas con discapacidad deben acudir a un médico del sector salud, quienes con suerte lo canalizarán con un especialista quien ojalá éste, esté de buenas y quiera ordenar las prácticas y estudios de rutina que le deben de corresponder. Con esos estudios deberá acudir nuevamente al DIF, a donde tendrá que hacer nuevamente fila. Esos estudios deberán volver a ser revisados, pero ahora ante un médico del DIF, quien decidirá si el solicitante amerita ser y se le acredite como persona con discapacidad, para lo cual deberá volver si bien le va dé un lapso de 15 días. Pero ahí no para la cosa, este engorroso trámite lo tiene que realizar año con año si quiere seguir conservando sus beneficios, entre los que se encuentra recibir descuentos o alguna ayuda económica, si es que existe. Entonces, deberíamos de preguntarnos: ¿dónde están las leyes y las políticas públicas que ayudan a este sector de la población, a este sector tan olvidado? ¿Por qué es tan difícil acreditar una discapacidad? No se supondría que por su condición de vulnerabilidad se le deberían de facilitar las cosas. Como vemos, seguimos con una tramitología absurda, además de continuar sin un registro nacional de personas con discapacidad. Por ello, el día de hoy vengo a proponer modificaciones a las leyes de inclusión de personas con discapacidad, a fin de que se incorpore una cédula única de discapacidad que acredite su calidad y que tenga el carácter definitivo para quienes padezcan una discapacidad permanente o, en su caso contrario, sean discapacidades transitorias con posibilidad de prórroga según sea el caso y así lo requieran. Adicionalmente dicha cédula nos permitirá ir registrando año con año a estas personas, y que en automático se vaya formando un registro nacional de personas con discapacidad, además de censar el nacimiento de niñas y niños que nazcan con algún tipo de discapacidad, con lo que estaríamos cumpliendo con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas, y que varias legislaturas anteriores no le dieron la importancia que esto requería. Lo dicho anteriormente queda expresa de las siguientes modificaciones: el artículo 10, el registro nacional de personas con discapacidad tendrán las siguientes funciones: I. Elaborar el padrón nacional de personas con discapacidad que contabilice la población perteneciente a este sector, con base a los informes del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia. II. Contar con un registro III. Contar con un registro de organizaciones civiles que desempeñen actividades de asistencia social a estas personas con discapacidad IV. Mantener actualizado los datos de registros de personas con discapacidad V. Canalizar a las personas con alguna discapacidad a los organismos especializados, ya sean públicos o privados, que contribuyan a la rehabilitación de este sector de la población en actividades laborales, actividades educativas, deportivas y culturales, de capacitación o de cualquier otra índole; y por último los Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia contará con 120 días a partir de la entrega en vigor del presente decreto para expedir la cédula única con discapacidades. Por ello les pido a todos ustedes que podamos firmar este acuerdo en favor y en beneficio de las personas con discapacidad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros, por su atención.