EL DIP. LORENZO RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Conviene para el fortalecimiento del Poder Legislativo y para la consolidación del sistema de planeación democrática, que esta Cámara de Diputados tenga una mayor participación en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 20012006. Hoy, cuando el Presidente de la República insiste tanto en su reforma hacendaria, pregunto, ¿por qué no discutir en esta Cámara el proyecto y el rumbo de nuestra nación, por qué limitarnos a discutir de dónde sacarle más dinero a los mexicanos sin analizar y definir la estrategia del desarrollo del país? El cambio político y la posibilidad del cambio de régimen supone la transformación de la política y la actitud centralista y presidencialista. Un país de 100 millones de habitantes, con un Poder Ejecutivo que carece de mayoría en los gobiernos estatales y municipales, en muchos de los congresos estatales y en el propio Congreso de la Unión, debieran obligar al titular del Ejecutivo a definir bajo la figura del consenso los acuerdos básicos acerca del rumbo de la nación y de los recursos necesarios para ello. Por ello consideramos que una verdadera reforma fiscal integral debe ser resultado de un doble pacto: uno, el de los objetivos básicos del desarrollo nacional, y dos, el del fortalecimiento del herario público y el destino y la distribución de la riqueza. No basta asumir que es necesario incrementar el ingreso público, se requiere construir juntos el acuerdo de un nuevo pacto nacional. A esto y sólo a esto se le puede llamar un proceso de transición democrática a nuevos estadios de desarrollo. El plan sexenal del periodo 3440, emitido por el gobierno del general Lázaro Cárdenas, orientó la política económica y social del Estado durante ese sexenio y alcanzó sus principales objetivos en materia agraria, laboral, social, educativa y de aprovechamiento y de defensa de los recursos naturales del país. Con ese primer antecedente la planeación en México cuenta con una historia de 70 años, ello muestra una persistente conciencia de la necesidad de racionalizar a partir del Estado el uso de los recursos económicos para satisfacer las grandes necesidades sociales y regular la economía en función de los objetivos nacionales. La reforma a los artículos 25 y 26 de la Constitución y la expedición de la Ley de Planeación, realizadas en 1982, incorporaron el concepto de planeación democrática y establecieron la obligación del Ejecutivo de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo. Lamentablemente este sistema de planeación se ubicó en una profunda paradoja, pues precisamente a partir de 1982 se impuso una política económica contraria a la intervención del Estado en la economía, el neoliberalismo que considera que la economía alcanza la optima regulación cuando se deja en plena libertad a las fuerzas del mercado, es decir, cuando no hay regulación. Los planes nacionales de desarrollo decretados por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo en sus respectivos sexenios no se cumplieron, debido principalmente a la nueva concepción de la economía que implicó cambios sustantivos en los objetivos de la política económica y el abandono de las prioridades del desarrollo. Durante esos 18 años la política de reajuste desplomó el gasto y la inversión públicos; suprimió masivamente las empresas paraestatales, acabó con el fomento a la industria y a la producción agropecuaria y minera. Así, el Gobierno Federal abdicó de los fines del desarrollo nacional en aras de los intereses de los banqueros y grandes empresarios, los que fueron favorecidos una y otra vez con las privatizaciones y los rescates bancario y carretero, Como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el marco legal e institucional vigente en el país imposibilita en la practica la planeación democrática; el Plan Nacional de Desarrollo su expedición es una atribución reservada al Poder Ejecutivo que concentra en sus manos la realización de las consultas, el diseño de su mecánica y agenda, la síntesis y ponderación de las posiciones y propuestas expresadas, el diseño del plan mismo, así como su aplicación y vigilancia. Al Congreso de la Unión se le concede el limitado derecho de opinar sobre el contenido del plan y su posterior aplicación. Así, hoy, los diputados federales somos mudos testigos de la puesta en marcha de una consulta ciudadana a la que el Gobierno Federal convocó y organizó unilateralmente para recabar opiniones y sugerencias para el Plan Nacional de Desarrollo 2001 2006, Se anunció un proceso de consulta consistente en una pagina de internet, correo directo y reuniones de opinión ciudadana en las que se realizarán o se realizaron ya reuniones de ponencia, de validación y sesiones de planeación, Mucho nos tememos que tales eventos se hayan reducido a ejercicios pura mente burocráticos en los cuales la última palabra la tendrá siempre el Poder Ejecutivo. El régimen presidencialista que aún vivimos se ha caracterizado por una excesiva concentración de facultades en manos del Poder Ejecutivo Federal, tal concentración se encuentra apuntalada por un sistema de leyes que dota de capacidades y amplios márgenes de discresionalidad al Ejecutivo. Esta discresionalidad otorgada por un sistema de leyes secundarias que en ocasiones contravienen los ordenamientos constitucionales ha sido uno de los factores importantes que han permitido tanto los excesos como las carencias de la política económica. Una ejemplo de ello lo encontramos en la Ley de Planeación en la que destaca una grave contradicci6n con la Constitución. Como se sabe, los artículos 73 y 74 constitucionales, establecen la facultad del Congreso y de la Cámara de Diputados para aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Sin embargo la Ley de Planeaci6n no le otorga facultad para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, sino s61o para formular observaciones. El Ejecutivo Federal envi6 recientemente, el 31 de enero anterior, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un oficio en el que solicita a los Poderes de la Uni6n su contribución para enriquecer la consulta ciudadana sobre el Plan Nacional de Desarrollo y adelanta que pondrá a su disposici6n una versión preliminar del Plan Nacional de Desarrollo, con objeto de recoger en la versión definitiva su análisis y comentarios. Adicionalmente informa que el Secretario de Gobernación será el conducto para que se establezcan los mecanismos de participación de los legisladores. Debe señalarse que de acuerdo con el calendario de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo a mediados del presente mes el Presidente concluirá la segunda revisión del Plan para presentarlo formalmente a finales de mayo ante el Congreso. La importancia del tema nos lleva a sostener que es necesario que esta Cámara conozca el texto preliminar del Plan Nacional de Desarrollo 2001 2006, antes de que concluya el actual período de sesiones ordinarias. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 93 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 53, 58 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. Que con base en los ofrecimientos hechos por el Presidente de la República en comunicación dirigida a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 31 de enero del presente, la Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo Federal que a la brevedad le dé a conocer la versión preliminar del Plan Nacional de Desarrollo 2001 2006. Segundo. Con objeto de asegurar una participación más amplia de los legisladores en la definici6n del Plan Nacional de Desarrollo, y cumplir a cabalidad con lo dispuesto por el Artículo 26 constitucional y en la Ley de Planeación vigentes, se cita a comparecer ante el pleno al Secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel Miranda. Es cuanto, señor Presidente.