La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, el 14 de junio de 2016 se aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal, y ésta representa, sin duda, una más avanzada y estructurada que su antecesora que tenía tantos años sin ser reformada. Este instrumento constituye el piso mínimo de consenso internacional y el máximo para la organización de un sistema penitenciario que retome las necesidades específicas también, de las mujeres privadas de la libertad y las atienda con un enfoque de derechos. Reconoce que las mujeres tienen necesidades, las mujeres en prisión, y problemáticas específicas. Por ello, los centros de reclusión deben contar con todas las medidas necesarias para atenderlas y para resolverlas. Sin embargo, un tema que hoy en lo particular me ocupa y me preocupa, es el de la perspectiva de género y también la visión de sus hijos, ya que me parece que estamos dejando pasar una triste realidad de largo. Según cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en los 37 centros penitenciarios, objeto de la encuesta, solamente el 5 por ciento son mujeres, cerca de 10 mil 600. Las mujeres en prisión en general, y las mujeres encarceladas por delitos de drogas en lo particular, que han incrementado en los últimos años, suelen compartir las siguientes características, son pobres, procedentes de hogares y comunidades marginadas, con bajos niveles educativos, sin antecedentes penales también, la mayoría de ellas. También la mayoría ha trabajado en diversas y numerosas actividades informales como la limpieza de casas, lavado y planchado de ropa, elaboración de alimentos, etcétera. El aumento de mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud nos indica que cada vez más mujeres se apoyan en esta dinámica para subsistir o para llevar un recurso a su hogar. Las mujeres suelen ser reclutadas por la pareja o por el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir que por la cantidad y la rapidez de las mismas, les permiten cumplir su rol o les permiten seguir cumpliendo su rol de cuidadoras en una ambiente doméstico. Por supuesto esto no significa que se les excuse, pero sí que se entienda la problemática. Las mujeres al entrar en prisión prácticamente son abandonadas. En primer lugar por su pareja, que no las vuelve a visitar y que solamente las utilizó como un vehículo para las drogas, pero también incluso de sus familias. Las mujeres tienen una dinámica diferente a los hombres en la cárcel: a los hombres, sus parejas, sus familias los siguen visitando, a las mujeres prácticamente no. Por tanto, las mujeres, sus hijos e hijas sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento, del señalamiento público. Sin duda tiene que ver con la vulnerabilidad de la cual proceden y cómo se recrudece en el espacio penitenciario. En estos 37 Centros Penitenciarios que se estudiaron viven cerca de 506 niños con sus madres, sus hijos tienen enormes carencias: entre otros, carecen de ropa, de materiales escolares. Para una niña o un niño la separación de su madre o padre por la reclusión de estos en la cárcel puede tener un impacto desolador, pero particularmente el de una madre, ya que la madre es la única persona adulta de la que dependen y en términos emocionales lo principal para ellos. Cada vez hay más estudios que hablan de esta problemática, incluso a nivel internacional. Algunos se preguntan qué es mejor para los niños o las niñas. Creo que muchos de los que estamos aquí, como padres, como madres, podemos decir que lo más importante es proteger el entorno y los derechos humanos de los niños, pero que sin duda un niño cerca de su madre es fundamental. Por eso es que hoy vengo a esta tribuna a presentar esta iniciativa, para que hagamos una corrección a la plana y establezcamos desde la Ley Nacional de Ejecución Penal que las madres que ya están embarazadas al momento de ingresar o que tienen a sus hijos e hijas dentro de la cárcel puedan permanecer con ellos hasta los seis años. Y a lo que nos tenemos que enfocar es a mejorar las condiciones que se les dan a estos pequeños y a estas madres en reclusión. Eso es lo que tendríamos que mejorar y no intentar separar a pequeños de tres años, a veces de menos, de sus madres. Como antecedente tomo la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año pasado, donde concluye que las autoridades deben implementar una separación gradual, sensible y progresiva, así como garantizar que el menor mantenga un contacto cercano y frecuente con su madre, a partir de la evaluación de las necesidades y los intereses de los niños y niñas, esto cuando se evitó que un niño que querían que saliera inmediatamente por la nueva ley, se evitó que fuera así y se permitió por la Suprema Corte de Justicia que se mantuviera con su madre. Sé que hay otras propuestas y otras opiniones. Así es que es momento de entrar en el debate, de que digamos lo que pensamos en este tema y también darle a nuestros niños, sobre todo a estos que se encuentran en una condición de profunda y absoluta vulnerabilidad, una mejor atención. Hago un llamado también para que desde los espacios penitenciarios se les dé una atención prioritaria, de calidad y con perspectiva de derechos humanos, pero para que repensemos esto: Separar a un niño de su madre en un periodo de tiempo tan pequeño, es decir cuando tienen menos de seis años, puede ser todavía peor y más porque estas mujeres que están ahí son abandonadas por sus familias y sus parejas. Muchos de estos niños terminarán en la calle, terminarán prostituyéndose, terminarán abusados. Tenemos que pensar qué es lo mejor y empezar pronto el debate. Es cuanto, presidente, he aquí la iniciativa.