El diputado Antonio Valladolid Rodríguez: Con su venia, señor Presidente. El suscrito diputado federal Antonio Valladolid Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción II, 78 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mismo que se fundamenta y motiva bajo los siguientes puntos. Quisiera empezar leyendo dicho artículo, el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades que dice a la letra: "La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos. En la fracción II, habla de la declaración de conclusión del encargo dentro de los 60 días naturales siguiente a la conclusión". Y me remito al párrafo sexto que habla de la sanción en caso de no llevarse a cabo esta situación y dice: "Para el caso de omisión sin causa justificada en la presentación de la declaración a que se refiere este artículo, la fracción II, se inhabilitará al infractor por un año". Quisiera exponer aquí a la Cámara la motivación que hemos vivido en donde me ha tocado ser, honrosamente, secretario en la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, donde tenemos un organismo que es la Unidad de Evaluación y Control y éste a su vez recibe las declaraciones de conclusión de encargo de la Auditoria Superior de la Federación y se nos presentan como parte del procedimiento cuando se pasan de estos 60 días para ser sancionados por un año a quien no cumpla con esta obligación. Pero nos deja con una situación que no podemos valorar. Por ejemplo, si es un asunto de reincidencia, qué nivel jerárquico tiene el funcionario, la antigüedad en el servicio o bien la gravedad que tiene el funcionario. No nos da elementos para poder tomar una sanción adecuada, sino más bien nos impone una sanción única de un año. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción, frente a lo antijurídico. En uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitativa del estado, entendida como la facultad que éste tiene de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de actos ilícitos. Dada la similitud y la unidad de la potestad punitativa en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos en la medida que resulta compatible con su naturaleza. Por lo tanto, es válido tomar de manera prudente las técnicas garanticistas del derecho penal. En lo que respecta al artículo 37 de esta ley, podemos concluir que resulta violatorio de las garantías de los gobernados, por un lado porque no da pauta a observar reglas normativas para la individualización de sanción según sea el caso. Es decir, obvia las exigencias a que se refiere al artículo 14 de la ley mencionada. Por lo tanto, la sanción siempre será igual a cualquiera que incurra en este supuesto y por el otro porque no establece un rango mínimo ni un rango máximo de la sanción a imponer sobre los cuales la autoridad sancionadora puede desplazarse para determinar la sanción que atienda de forma concaminante las características personales de los sujetos y particularidades del hecho, que haga congruente el grado de responsabilidad observad y la sanción impuesta. Por otro lado, también hay ya resoluciones del juzgado tercero de Distrito, donde en su sentencia manifiesta que es violatorio de las garantías individuales, porque no se toman en cuenta esos elementos de reincidencia, del nivel jerárquico, de la antigüedad en el servicio, la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió, Y esto, resultado en la violación de los derechos de las personas que están sujetas a esta situación. En todo lugar es nuestra responsabilidad, como legisladores, perfeccionar estas normas para tener un mejor funcionamiento de las instituciones, por lo que proponemos esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que dice: Único. Se reforma el párrafo sexto del artículo 37, para quedar como sigue: Artículo 37 Párrafo sexto. Para el caso de omisión sin causa justificada en la presentación de la declaración a la que se refiere la fracción II, se inhabilitará al infractor, de tres meses a un año. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Le pediría a la Presidencia que incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.