El diputado Alberto Urcino Méndez Gálvez: Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: el dictamen que se pone a consideración en esta Asamblea tiene por objeto crear un ordenamiento legal para regular la actividad del sector cafetalero, lo cual representa un punto delicado en el desempeño que la Cámara de Diputados ha venido realizando a favor del campo mexicano. En primer lugar, es necesario señalar que este dictamen resulta violatorio del artículo 13 constitucional, por ser una ley privativa. Lo anterior implica desconocer la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como ley marco para regular las actividades del campo mexicano que contempla todas las acciones de la cadena productiva del café. En efecto, es fundamental tomar como referencia el antecedente legislativo realizado por la LVIII Legislatura, donde todos los grupos parlamentarios trabajaron de manera coordinada, respetuosa y responsable para aprobar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que fue publicada el 7 de diciembre de 2001. En esta ley se obliga al Estado a establecer las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, a través de los sistemas producto mediante la intervención de la Comisión Intersecretarial y del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. En cumplimiento de este ordenamiento, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha constituido el sistema producto café, en el que se incorporan nueve programas para atender las diversas necesidades de los productores registrados en el Padrón Nacional Cafetalero. A pesar de ello, se pone a consideración de esta Asamblea un dictamen que pretende desconocer lo establecido en este ordenamiento, ya que considera que la política de desarrollo del sector cafetalero debe ser responsabilidad del Consejo Mexicano del Café, el cual se pretende que sea un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y responsable de operar el Fondo de Estabilización, Fortalecimiento, Reordenamiento de la Cafeticultura, así como de supervisar la aplicación del Programa Integral para el Desarrollo de la Cafeticultura. Lo anterior también violenta el esquema jurídico de querer convertir un subsidio en una ley. Esta propuesta de ley demuestra un desconocimiento de las acciones y de los programas federales dirigidos a apoyar el desarrollo del sector y una irresponsabilidad presupuestaria, toda vez que su operación implicaría destinar recursos públicos que derivan en presiones sobre las finanzas públicas. Esto resulta inaceptable, cuando el país requiere una disciplina presupuestaria que permita que el gasto público se utilice de manera eficiente. Prueba de ello son las diversas disposiciones que la Cámara de Diputados ha incorporado a los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo envía para su análisis, discusión y aprobación. Resulta preocupante e inexplicable que los grupos parlamentarios del PRI y del PRD pretendan aprobar este dictamen, que representa un retroceso en materia presupuestaria y en la actividad comercial de toda la cadena productiva. Por lo anterior, Acción Nacional quiere dejar en claro que estamos convencidos de que debe fortalecerse el sector cafetalero nacional. Sin embargo, el dictamen puesto a discusión no es el reflejo de los intereses de los actores involucrados y preocupados por su desarrollo, Este dictamen representa una propuesta parcial, cuya finalidad es garantizar recursos públicos para los supuestos líderes de las organizaciones de productores. Basta revisar los Títulos Segundo y Cuarto para verificar que en la Junta de Gobierno del Consejo Mexicano del Café que se pretende instalar en esta ley tendrán mayoría los representantes de las organizaciones nacionales de productores. Quiero decir que en México hay más de 480 mil productores y estas organizaciones sólo representan 10 por ciento, el 90 por ciento es libre. Si a ello se suma que el Consejo es responsable del manejo del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, es claro que estos recursos públicos tendrán un manejo discrecional, como anteriormente lo hacía el ya desaparecido Inmecafé. Compañeros legisladores: tenemos la obligación de atender los diversos problemas que abruman el país, con responsabilidad. Ello requiere evaluar con toda objetividad la viabilidad de las propuestas legislativas que se ponen a nuestra consideración. Los instrumentos legales vigentes dejan en claro, de manera contundente, que el café se considera un producto básico y estratégico. Si el interés de los legisladores que apoyan este dictamen es que las organizaciones que representan intervengan en el diseño de las políticas públicas dirigidas al desarrollo del sector cafetalero, esta inquietud se encuentra plenamente recogida con la existencia del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, en el que se encuentran representadas las organizaciones nacionales del sector social y privado rural, las organizaciones nacionales de agroindustriales y de comercialización y por rama de producción agropecuaria, así como los comités de los sistemas producto e instituciones educativas y de investigación. De esta manera, es claro que el sector café cuenta con una estructura normativa para regular su desempeño e incorporarlo en el Programa Especial Concurrente, dado su carácter de producto estratégico, y con ello canalizar los recursos presupuestarios necesarios para el cumplimiento de las metas definidas. Compañeros legisladores: el campo mexicano y el sector cafetalero en particular no requieren esfuerzos aislados, protagónicos y efímeros. En la medida en que sumemos esfuerzos y logremos una adecuada coordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo, estaremos en posibilidades de permitir el desarrollo de este sector, tan importante para los mexicanos. Por estas razones, hoy Acción Nacional no se suma a este proyecto. Es todo. Gracias.