El senador Esteban Albarrán Mendoza: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el pasado 7 y 19 de septiembre se registraron dos fuertes sismos con una magnitud de 8.1 y 7.1 grados respectivamente, que registraron efectos devastadores en diversas entidades, y que dañaron la vivienda de miles de personas y lamentablemente también la pérdida de vidas humanas. Esta emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado mexicano. Y una vez más destaco la solidaridad de la sociedad para apoyar a la población que resultó afectada. Gracias a los avances en materia de protección civil, a la consolidación de una cultura de la prevención y la instrumentación de mecanismos de reacción, se pudieron reducir las afectaciones y salvar el mayor número de vidas. De manera oportuna el gobierno federal, en coordinación con las entidades federativas, instrumentó diversas acciones que atendieron la situación de emergencia y realizaron el censo de los inmuebles dañados. También se inició la fase de reconstrucción y los esquemas diseñados para reconstruir viviendas, apoyar a los comercios y rehabilitar la infraestructura pública. Por ejemplo, el gobierno federal, junto con los gobiernos de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca, destinó recursos para la reconstrucción de viviendas en estas tres entidades por más de 7 mil millones de pesos. Se entregaron también apoyos a los damnificados en monederos electrónicos. En el caso de daño parcial, se proporcionó una tarjeta bancaria por 15 mil pesos para usarlos en la reparación de sus viviendas. En los casos de daños totales, es decir, quienes perdieron sus viviendas, el apoyo fue de 120 mil pesos por vivienda. En estos casos, se entregaron dos tarjetas: una exclusivamente para adquisición de materiales y otra para cubrir otros gastos de reparación. La atención del gobierno federal fue oportuna. Y, a través de un esfuerzo coordinado con las distintas Secretarías de la administración pública, se está trabajando para atender a los damnificados y los trabajos de reconstrucción en las zonas más afectadas, a fin de reestablecer la normalidad lo más pronto posible. Sin embargo, una de las principales problemáticas que enfrentan los beneficiarios son los aumentos injustificados en los precios de los materiales de construcción, así como el acaparamiento en su venta. Diversas familias damnificadas han denunciado el abuso de los distribuidores, señalando que el material de construcción se ha incrementado hasta en un 100 por ciento, hecho que hace más difícil reconstruir o construir sus viviendas. Compañeras y compañeros legisladores, ante este panorama se deben reforzar las acciones institucionales que contribuyan a salvaguardar la economía familiar y evitar que la población sea objeto de abusos y aumentos injustificados. Debemos continuar implementando acciones permanentes en las entidades federativas afectadas, con el propósito de proteger los intereses de la población damnificada. Con este propósito sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofece, para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan los operativos para prevenir e inhibir los incrementos indebidos en los precios de los materiales en las entidades que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos de septiembre del año pasado. Asimismo, para que investiguen, y en su caso sancionen, posibles prácticas de acaparamiento de tales productos. El objetivo es garantizar que no se registren actos de especulación, actos de corrupción que afecten los precios de los materiales de construcción. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.