La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Con su permiso, señor presidente. Presento reservas a los artículos 486, 489 y 490. Las reservas que presento tienen por objeto reforzar las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el enfoque garantista de la Ley General de Víctimas. Ya otros legisladores han expresado la necesidad de que la definición de víctimas en este código reproduzca aquella de la ley específica en la materia. Considero que, además, es necesario que el Estado mantenga las opciones para que las víctimas directas e indirectas exijan el derecho a una reparación integral. Es sabido que este Código ya contempla la posibilidad de obtener una indemnización cuando se haya reconocido la inocencia de una persona sentenciada, ya sea cuando las pruebas indiquen que no existió el delito por el que se dictó la condena o que ésta no participó en su comisión, o bien una sentencia irrevocable desacredite las pruebas en las que se fundó la condena. Sin embargo, la indemnización económica no es la única manera de resarcir el fallo judicial o las fallas de cualquiera de los actores involucrados en un proceso. El espíritu de la Ley General de Víctimas es claro. La reparación integral implica la restitución de diversos derechos cuyo disfrute se impide o se reduce durante el hecho u omisión que hayan causado la condición victimal. Por ejemplo, medidas para restituir el derecho a la vivienda, al trabajo o a la educación. O, bien, las medidas de no repetición. Por ejemplo, limitar la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos. Por ello es esencial que la obtención de una indemnización no se reduzca a un tema monetario o pecuniario que finalmente se pagaría con nuestros impuestos y que no se cierre el acceso de una víctima a recurrir a los instrumentos legales a su alcance para obtener una reparación integral. De esta forma se generaría un estímulo para que las personas acudan al sistema de atención a víctimas y para que las autoridades estén impedidas de disuadir esta acción. Asimismo se generaría un círculo virtuoso para fomentar mejores prácticas en el sistema judicial. Las diversas formas de reparación deben tener un objetivo incremental y progresivo, de tal forma que la acción del Estado siempre apunte a la promoción, garantía y cumplimiento integral de los derechos y no sólo al respeto hacia éstos. Por otro lado, propongo que el reconocimiento de inocencia también pueda declararse cuando exista la resolución de un órgano jurisdiccional internacional de protección de derechos humanos reconocido por nuestro país. En ese caso el tribunal deberá solicitar de oficio la información oficial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de proceder a liberar a una persona sentenciada sin demora. Me parece esencial considerar la posibilidad de que los órganos de derechos humanos, cuya actuación ha señalado una ruta de justicia al Estado mexicano, tengan la posibilidad de coadyuvar en la actuación de nuestros jueces a fin de que nuestro sistema se acerque progresivamente a un régimen global de respeto a los derechos humanos. En concreto para el artículo 486, reconocimiento de inocencia, propongo agregar en el cuerpo de la redacción al final cuando dice: procederá cuando después de dictada la sentencia aparezcan pruebas de las que se desprenda en forma plena que no existió el delito por el que se dictó la condena o que, existiendo éste el sentenciado no participó en su comisión o, bien, cuando se desacrediten formalmente en sentencia irrevocable las pruebas en las que se fundó la condena, agregar: o, bien, cuando algunos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, emita una resolución firme acerca de la inocencia del sentenciado. En el caso del artículo 489, agregar un párrafo que diga: En caso de existir una resolución de un órgano jurisdiccional internacional de protección de derechos humanos, el tribunal solicitará de oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores la documentación oficial acerca de dicha resolución. Y finalmente en el artículo 490, agregar un párrafo que diga: La aplicación del presente artículo no menoscaba el derecho del beneficiario a solicitar adicionalmente las medidas de reparación integral aplicables en términos de lo establecido en la Ley General de Víctimas. Por su atención, muchas gracias.