El diputado Antonio Ortega Martínez: Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRD está en contra de la adición al segundo párrafo al artículo 13 del dictamen, el cual propone una extensión extraordinaria del fuero militar, jurisdicción especial que debe limitarse según las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, las faltas y delitos contra la disciplina militar serán conocidos por las autoridades y tribunales militares que correspondan. Este Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados tiene la posibilidad de adecuar la redacción del dictamen y de acotar el margen del fuero militar y del régimen de sanciones para evitar una interpretación flexible, e incluso una interpretación que pudiera acentuar la impunidad de las violaciones de los derechos humanos. Lo contenido en el dictamen contraviene lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el pasado 9 de agosto del 2012, este alto tribunal determinó que cualquier delito cometido por un militar contra un civil, sea juzgado por un tribunal civil. En relación con el caso de una impugnación interpuesta por civiles, contra un coronel acusado de encubrir el homicidio de un joven en el 2011, resolviendo que, si los militares no están uniformados, pero están en activo, deberán ser considerados como miembros del Ejército y sancionados, según las funciones que realicen, y los delitos o faltas cometidos, lo cual es justamente lo contrario de lo que señala el dictamen. Asimismo, dicho artículo va en contra de lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el Tribunal Interamericano advierte que los sistemas de administración de justicia militar presentan retos en la protección al derecho al debido proceso y en materia de protección judicial y del deber de investigar y juzgar a los responsables de violaciones a derechos humanos. Es por ello que este órgano internacional desarrolló una serie de estándares aun cuando estos no se encuentran expresamente establecidos en la Convención, ya que los mismos reflejan una interpretación pro persona de las garantías del debido proceso, estableciendo en esencia que el alcance de la jurisdicción militar al tener un carácter especial o excepcional, tiene igualmente un alcance restrictivo por lo que esto debe ser excluido del ámbito de la jurisdicción militar, el juzgamiento de civiles y solo debe juzgar militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Es por ello que consideramos que esta adición constituye una extensión indebida del fuero militar que trasgrede los mínimos estándares internacionales en materia de derechos humanos. De la redacción del artículo que proponemos reformar se desprende un sistema dual de sanción para las y los integrantes de la Guardia Nacional; la vía civil y la vía militar. Y conociendo la resistencia histórica de los militares a someterse al fuero civil y dado que la disciplina, régimen de servicio y estructura estarán bajo el mandato de la Sedena, en realidad estamos ante una realidad; el régimen que se privilegiará será el castrense. Adicionalmente, el artículo 14 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea señala: Queda estrictamente prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya un delito. El militar que las expida y el subalterno que las cumpla serán responsables conforme al Código de Justicia Militar. Es decir, se establece claramente que la comisión de los delitos ordenados por un militar serán juzgados por el ámbito militar. Es decir, independientemente de lo que se dispone en el dictamen, en el artículo 13 sobre los delitos cometidos por un integrante de la Guardia Nacional, serán conocidos por autoridades civiles. También en el Código Miliar de Procedimientos Penales se señala: Los militares condenados o absueltos o cuyo proceso ya haya sido sobreseído no podrán ser sometidos a otro proceso penal por los mismos hechos. Es decir, establece lo que en derecho se denomina Non bis in ídem, que no es más que la imposibilidad jurídica para juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos, con lo que se abre la puerta para que los militares y efectivos castrenses pudieran ser juzgados y sentenciados en un proceso militar por una conducta que constituye una violación de los derechos humanos, pero que en la jurisdicción militar pudiera ser calificada por ejemplo como desobediencia solamente, por lo que casos de tortura pueden ser sancionados en la vía militar por desobediencia, y no en la vía civil como tortura. Acotemos el fuero militar, impidamos violaciones a los derechos humanos. Gracias por su atención.