El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. Sólo le pido un poco de tolerancia al tiempo, pues hablamos de tres artículos. Pongo a consideración de este pleno la reserva a los artículos 8, 110 y 154, para homologar lo establecido en el artículo 112 de esta ley, con la finalidad de no dejar espacio alguno para que la información relacionada con actos de corrupción no sea reservada o confidencial. En México, los cambios en la legislación para defender el derecho de acceso a la información no han sido suficientes para ofrecerle a la población mecanismos efectivos de vigilancia. El principal problema que hoy enfrenta nuestro país es la corrupción, lo acaba de declarar hace unos días Ricardo Anaya, como si fuese algo nuevo. Instituciones de carácter internacional y nacional como el Banco Mundial y estudios realizados por Transparencia Internacional reprueban a México en materia de corrupción, colocándolo en el puesto 127 de 175 países, es decir, uno con los mayores índices de corrupción. México es percibido como el país con mayores índices de corrupción miembro de la OCDE y de acuerdo con el Barómetro de las Américas 2014, México es el cuarto país de América Latina donde proliferan los sobornos, los moches y demás prácticas condenables. En la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental realizada por el Inegi, arrojó que el 48.5 de los mexicanos consideran un grave problema los actos de corrupción y no es para alarmar. El Banco de México señaló que para 2015, la corrupción le costó al país el equivalente al 9 por ciento del producto interno bruto. El Banco Mundial coincidió con la cifra y agregó que la cantidad podía compararse con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional. La corrupción no sólo revela un mal desempeño institucional y la falta de ética por parte de los funcionarios públicos, sino que resulta demasiado caro para la sociedad, así como un obstáculo para la productividad, competitividad y la inversión tanto nacional como extranjera. Para sustentar por qué la minuta no puede quedar en sus términos cuando hablamos de actos de corrupción valdría la pena traer a cuenta algunos hechos que por su magnitud ha conocido la sociedad mexicana. Los sobornos que ha ofrecido la empresa OHL para ser beneficiada con múltiples contratos millonarios en los que se han involucrado el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; en su momento Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex; y Enrique Ochoa Reza, director general de la CFE. Morena tiene evidencias de que a través de diversos contratos OHL ha obtenido del erario público más de 80 mil millones de pesos. Otro caso de corrupción, que sabemos, incomoda, pero que marcó la historia de nuestro país, la Casa Blanca de la pareja presidencial con un valor de 7 millones de dólares, adquirida por el Grupo Higa, el empresario favorito de Peña Nieto. No solo este obtuvo beneficios del Grupo Higa, también el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; y adquirió una casa de descanso en Malinalco con valor de 7.5 millones de pesos. Estos hechos llevaron a revivir a la Secretaría de la Función Pública con el entrañable amigo de nuestro primer mandatario, Virgilio Andrade, que hasta le fecha lo único que ofrecieron a eta sociedad fue una exoneración por no haber encontrado evidencia de algún acto de corrupción, pero que costó la salida del aire de la periodista Carmen Aristegui. Y no solo ella perdió, se perdió el único espacio que dotaba a la población de información veraz. Por si esto no fuera suficiente, una investigación periodística profesional saca a relucir los papeles de Panamá, donde nuevamente sobresalen el ocultamiento, la corrupción, el tráfico de influencia por los 100 millones de dólares que fueron invertidos en paraísos fiscales por el tan nombrado empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa. Estoy por terminar, diputados.