La diputada Evelyn Parra Álvarez: Con su venia, diputado presidente. Buenos días compañeras, compañeros y la gente del público que nos ve a través del Canal del Congreso, y por supuesto, los invitados. Es para mí un honor nuevamente estar en tribuna para hablar de un tema de interés de los mexicanos y mexicanas. Hablaremos hoy entonces de justicia. Su acceso es un derecho elemental reconocido ampliamente en el ámbito internacional. El artículo octavo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, tutela lo que se ha dado en llamar garantías judiciales. Por otro lado, existe la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su capítulo primero llamado derechos, en la fracción decima octava, define el derecho de justicia como aquel que debe gozar toda persona para acudir a los tribunales, para hacer valer sus derechos y que el procedimiento sea sencillo y breve. Por medio del cual, la justicia lo ampare contra los actos de autoridad que violan derechos fundamentales y que estén consagrados en la Constitución. Nuestra Carta Magna en su artículo 17, tutela y cuida esa garantía, recordándonos aquella máxima de nuestro caudillo José María Morelos y Pavón, que reza: que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Atentos a la reforma en materia de Derechos Humanos del año 2012, nos enfrenta a la obligación como Estado de proporcionar la más alta protección y satisfacción en la matrería. El Estado mexicano también ha suscrito el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Políticos y Culturales, por lo que está obligado a buscar la máxima satisfacción de los derechos contemplados en este pacto, en particular, en la vía legislativa, motivo por el cual se presenta la siguiente iniciativa. En México la idea generalizada es que no existe el suficiente impulso y trabajo de parte de las autoridades para lograr una procuración e impartición de justicia efectiva. La percepción de las mexicanas y los mexicanos nos señalan que solo confía un 46.2 por ciento de ellos en la labor que desempeñan los jueces. Para combatir la desconfianza ciudadana, esta legislatura tiene que tomar acciones y dotar de armas a los jueces para lograr el control de convencionalidad al que están obligados. Analizando el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se observa que en su fracción I, anterior a la reforma del 10 de diciembre de 2010 se indicaba la necesidad de notificar de manera personal al actor en un juicio contencioso-administrativo el auto donde se tenía por contestada la demanda por parte de las autoridades señaladas como responsables, para que a su vez el actor tuviera la posibilidad de ampliar su demanda si así fuese el caso y su deseo. Sin embargo, en la posterior reforma se determinó por el legislador eliminar esta obligación, ya que buscaba acelerar el sistema de notificaciones. No se debe olvidar que por el lado formal se debe asegurar que el actor tenga pleno conocimiento del auto que tiene por contestada la demanda, ya que con ello obtiene plena certeza jurídica para poder ampliar su demanda y así integrar de manera correcta el proceso contencioso administrativo, toda vez que el actor no cuenta, la mayoría de las veces, con los elementos suficientes para estar en posibilidad de conocer cuál fue la motivación y fundamentación en que la autoridad demandada apoya su acto administrativo, y así poder ofrecer las pruebas correlativas a demostrar la ilegalidad del mismo o estar en posibilidad de contrarrestar otros actos que desconocía hasta el momento de la contestación. Por ello, la presente iniciativa propone reformar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el artículo 67 en su fracción I para dar plena seguridad jurídica al gobernado y así cumplir el mandato del artículo 14 constitucional y corregir la violación que trajo la reforma al mismo, del 10 de diciembre del 2010. Y se ordena expresamente la obligación de la sala para notificar de manera personal al autor del auto que tenga por contestada la demanda por parte de la autoridad señalada como responsable y pueda, en su caso, ampliar su demanda. Es por ello que así debemos dar certeza y garantías al procedimiento contra actos de autoridad en ese tipo de materia administrativa. Es cuanto. Muchas gracias.