El diputado Miguel Sámano Peralta: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, la fiscalización superior de las cuentas públicas es una actividad de gran relevancia, porque contribuye a la revisión y el seguimiento de los recursos federales y, muy especialmente, porque permite identificar inconsistencias y áreas de oportunidad, así como formular recomendaciones para el mejoramiento institucional. Pero, siempre y cuando haya apertura y voluntad para hacerlo. En ese sentido, en el informe general ejecutivo de la cuenta pública del 2021 se señala que la Auditoría Superior de la Federación realizó más de dos mil auditorías, de las cuales el 82 % se focalizaron en el gasto federalizado. Por esta razón es que la mayoría de las recuperaciones pendientes se ubican en el ámbito local y, con ello, se pretenda minimizar lo detectado en el orden federal, porque es un hecho que diversas instancias, obras y programas federales recibieron importantes observaciones por parte del órgano auditor. Prueba de ello, es que Segalmex no acreditó la prestación de servicios profesionales de administración personal por más de 600 millones de pesos y otorgó 106 millones de pesos de incentivos a medianos productores de maíz, sin que se presentaran las facturas y los instrumentos administrativos de riesgo correspondiente. En cuanto a la gestión financiera de Pemex y, en específico la de la refinería de Dos Bocas a través de siete auditorías en materia de inversión físicas, se determinaron observaciones por 384 millones de pesos. A ello, se suma que, en la revisión de las aportaciones, adquisiciones de bienes y contratación de servicios, se detectó documentación incompleta en nueve procesos de adjudicación directa por 2 mil 240 millones de pesos. En lo que respecta a la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores, se evidenciaron pagos por más de 48 millones de pesos a personas fallecidas y el otorgamiento de recursos a personas cuyas edades eran inferiores a los 65 años, incumpliendo con ello las reglas de operación establecidas por el propio gobierno federal. Aunado a que se identificó que la Secretaría de Bienestar presentó una diferencia de casi medio millón de personas entre el padrón de beneficiarios y las reportadas en la Cuenta Pública, por otra parte es lamentable que la adquisición y distribución de vacunas en contra del Covid-19, se detectaron debilidades durante todo el proceso, al grado de que no se realizó el seguimiento a las notificaciones para la disposición final de 1.6 millones de dosis de vacunas caducadas, es decir, que se les echaron a perder. Compañeras, compañeros, como se puede constatar en el dictamen que hoy analizamos, las observaciones a la Cuenta Pública 2021 son variadas y muchas de ellas recurrentes, lo que constituye un fuerte llamado para poner más atención en el ejercicio de los recursos públicos con el fin de que estos verdaderamente se apliquen con responsabilidad, porque no basta con incrementar los montos destinados a las obras y programas federales, sino que se debe tener realmente la certeza de que se utilizarán con transparencia, eficacia, eficiencia y honradez para transformar la vida de los mexicanos en los hechos y no en los dichos. Una vez más, compañeras, compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRI, reiteramos nuestro rechazo a la opacidad, la simulación y la subordinación del interés general de los caprichos del Ejecutivo federal. Por ello, votaremos en contra. Es cuanto presidenta.