El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con el permiso de la Presidencia. Seguimos en este periodo extraordinario de sesiones en donde intentamos con argumentos y propuestas hacer entrar en razón a la mayoría, pero resulta inadmisible que con el pretexto de la seguridad Morena se quiera apoderar de los datos personales de las mexicanas y de los mexicanos para vigilar y para ejercer un control sobre la sociedad mexicana. El dictamen que presenta hoy el oficialismo es una simulación, no atiende las inquietudes reales de las madres buscadoras y familiares de las víctimas, quienes buscan de manera permanente el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, una reparación del daño integral, las garantías de no repetición, que son las que se deben establecer para que la violación a derechos humanos o actos que atenten contra ellos no vuelvan a darse. En el sexenio anterior, sí. En el sexenio del presidente de la República -que fue pésimo. Sí, el papá de Andy-, México enfrentó una crisis de desapariciones. De acuerdo con las cifras oficiales, sin tomar en cuenta los datos no registrados, cada hora desapareció una persona, 25 Desapariciones diarias. En total, se contabilizaron 53 mil 261 personas desaparecidas y más de tres mil fosas clandestinas localizadas en diversas regiones del país. Para dimensionar esta tragedia que existe, bajo ese gobierno se registraron hasta 20 veces más desapariciones que las ocurridas durante la dictadura de Pinochet, en Chile, que dejó un saldo de alrededor de tres mil 200 desaparecidos y que, durante los siete años de la dictadura militar en Argentina, donde se estiman más de 30 mil víctimas. Los horrores no sólo se reflejan en las cifras, sino en miles de historias de dolor que están enterradas en fosas clandestinas. Veracruz encabeza esta tragedia con 344 fosas, seguido por Colima con 308, Sinaloa con 283, Guerrero con 238 y Michoacán con 228. Estos lugares no deberían existir, pero ahí están, testigos mudos de un Estado que no supo o no quiso proteger a su gente. Hoy en México desaparecen más de 40 personas al día, el doble que al cierre del 2018. Son familias que, de un momento a otro, quedan atrapadas en la angustia, buscando a alguien que ya no volvió. En los primeros 100 días del actual gobierno desaparecieron cuatro mil 120 personas. No es un dato, esto es una tragedia constante. Y lo más alarmante, el 90 % de estos casos siguen impunes. Vivimos en una crisis del dolor, donde el dolor crece y el Estado guarda silencio. En el discurso ustedes, los del oficialismo, supuestamente existe la voluntad para atender este problema. Pero los hechos dejan claro que no es cierto, porque no hay presupuesto para fortalecer a las policías, no hay presupuesto para fortalecer a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda locales y federales. Al cierre del 2024 existían más de 70 mil cuerpos en la morgue sin ser identificados porque no hay dinero para hacer las pruebas de ADN. La propuesta que se discute deja fuera las exigencias fundamentales de los colectivos de búsqueda, quienes conocen de primera mano la tragedia y el abandono institucional. Ellos buscan que se modifique el tipo penal, desaparición cometida por particulares, armonizar a los estándares establecidos por la Convención Internacional de Protección de todas las Personas que son desaparecidas de manera forzada. Además, insisten en dotar a las Fiscalías de facultades para la búsqueda, establecer mecanismos reales de coordinación. Eso es lo que buscan los grupos de familiares de personas desaparecidas. Compañeros, no le mientan a la gente, para esta ley lo importante no es cuidarnos, sino saber todo sobre nosotros. El INE va a tener que compartir a la Guardia Nacional, a policías estatales y federales, la consulta de los datos biométricos de los datos que tienen. Cualquier particular, empresa o persona física que cuente con bases de datos que incluyan la identificación de personas y datos biométricos de su personal, proveedores o clientes, estarán obligados, sin control judicial, a compartir esa información. Los hospitales públicos, privados, consultorios médicos y clínicas que tengan los expedientes, estarán obligados a entregar a la autoridad esa información, incluyendo los datos médicos, personal de enfermería, pacientes, diagnósticos, análisis clínicos, cualquier otro dato relacionado con la salud de las personas. Convierten la CURP biométrica como un dato de identidad nacional, como un dato para tener a las personas que están desaparecidas y buscarlas. Compañeras y compañeros, Morena con este dictamen no quiere atender el problema de las desapariciones, solo lo usa como pretexto para establecer una plataforma única de identidad y una CURP biométrica para la acumulación masiva de datos, de vigilancia y control de las personas. Morena lucra con las personas desaparecidas, las víctimas y sus familiares. Morena lo que quiere es establecer mecanismos para invadir la privacidad de las personas y controlar la vida de todos. Queda claro que ustedes y que lo de ustedes es la necedad. Se conocen muchas clases de necios, pero lo más deplorable es aquella clase de necios que está compuesta por habladores que están empeñados en demostrar el talento que no tienen. Eso son ustedes. El PRI está a favor de un Estado con libertades, pero estamos en contra de un Estado vigilante, de un Estado opresor. El PRI está en contra de que el Estado este con el control de las personas. En el PRI le estamos apostando a que se proteja y se respete la privacidad de los datos. Por eso hicimos propuestas...