La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, en noviembre de 1999 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, declaro el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Esta fecha se eligió para conmemorar a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Lamentablemente el panorama internacional en esta materia no ha cambiado mucho. Según Naciones Unidas, hasta el 70 por ciento de las mujeres alrededor del mundo sufren violencia en su vida. La violencia contra las mujeres es de muchas formas. Física, sexual, sicológica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta su edad mayor y son consecuencia de la discriminación, de negación de acceso a la justicia y la persistencia de desigualdades por razón de género. Naciones Unidas reconoce que este tipo de violencia afecta e impide el avance en muchas áreas incluidas la erradicación de la pobreza, el derecho a la paz y a la seguridad. Lo anterior sucede a pesar de que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, entre otros, la Convención Americana de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, ratificada por cierto por México en 1981, igual que los demás instrumentos mencionados. En el ámbito doméstico nuestra Carta Magna y diversos ordenamientos como la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres; y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconocen la necesidad de combatir éste grave problema social. No obstante, la realidad está muy alejada de dicha normatividad. Según el estudio Violencia feminicida en México, características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010, en el periodo 2001-2010 solamente en el estado de México ocupó el primer lugar en feminicidios. Sucedieron dos mil 860 asesinatos violentos contra mujeres. El mismo estudio menciona que en 2010 se registraron en México dos mil 335 defunciones femeninas con presunción de homicidios; es decir, 6.4 mujeres cada día. Por otra parte, según la Encuesta Nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares 2011-Inegi, en México 46 de cada 100 mujeres mayores de 15 años sufre algún tipo de violencia. La encuesta reveló que 11.5 por ciento de los mexicanos, hombres y mujeres, justifica los golpes que se pueden propinar a una mujer. Peor aún. El Inegi destacó que 13 de cada 100 mujeres en México han sido golpeadas, amarradas, pateadas; han sido objeto de ahorcamiento u asfixia o agredidas con armas por sus parejas. Además, a siete de cada 100 les han exigido, forzado u obligado a tener relaciones sexuales. Estas cifras son alarmantes, pues reflejan profundos problemas que venimos arrastrando como sociedad, y lo más triste es que son muchos los que perciben esta realidad como aceptable. La pregunta que persiste es: ¿por qué no logra erradicarse la violación contra las mujeres? Existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a la fecha no se ha cumplido, que es el caso Campo Algodonero, el feminicidio de dos menores de edad, y de una joven mayor de 18 años, para extraerles órganos, para venta de órganos y la cantidad vienen involucrada toda la problemática de Chihuahua, Juárez, de las desaparecidas que a la fecha no se le ha dado cumplimiento a esta sentencia, desgraciadamente, por algo que se llama impunidad y esa es la respuesta por la cual no se logra erradicar la problemática de violencia contra las mujeres. Mientras las autoridades federales, locales y municipales y los órganos jurisdiccionales principalmente, no terminen con la impunidad que impera en este aspecto, seguirá siendo una quimera para la mayoría de las mujeres y especialmente para las que se encuentran en estado de pobreza, los derechos que deben de garantizarse de conformidad con nuestra Carta Magna y con los instrumentos internacionales a una vida precisamente en la que no exista violencia de ningún género. Los diputados y diputadas del Partido del Trabajo hacemos votos porque se dé un alto a esta violencia. No más feminicidios, no más golpes, no más azotes. Es cuanto, señor presidente.