LA C. DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con la venia de la Presidencia. Honorable Asamblea. El decreto que crea el sistema de protección social a la salud es el intento de la Administración Pública encabezada por Vicente Fox para ir deshaciéndose de la obligación del Gobierno de otorgar salud gratuitamente a la población que por razones de trabajo, de falta de recursos económicos o de ubicación geográfica no tiene acceso a ellos a través de instituciones de seguridad social. La reforma que hoy se está discutiendo en esta Cámara de Diputados a la Ley General de Salud, se presenta precisamente como una reforma financiera a dicha ley ya que lo que se pretende es otorgar los servicios de salud a los que está obligado el Estado mediante un pre-pago que convierte en obligación las cuotas de recuperación a que la misma Ley de Salud vigente se refiere en el artículo 36. Lo que la reforma financiera de la Ley General de Salud pretende es precisamente modificar los criterios de universalidad y gratuidad agregando la frase en el momento de usar los servicios, supuestamente buscando con esto que las cuotas de recuperación que en algunos casos se cobran se substituyan con el pre-pago obligatorio. En los Estados de la República en lo que este programa piloto de salud se está ya implementando, se ha puesto de manifiesto la inequidad en la prestación del servicio ya que en los mismos centros de salud y hospitales de los servicios estatales de salud se atiende por igual a quien está inscrito por haber hecho un pago previo y a quien no lo ha hecho, dando prioridad a quien ha podido pagar su inscripción al seguro popular, sobre aquel que no tiene recursos para ello, causando molestias e irritación por la falta de equidad que representa el quedar relegado para recibir un servicio. Habría que puntualizar que también, que no se trata de que los recursos para salud que se distribuyen presupuestariamente a los estados se vayan a incrementar para otorgar las acciones de salud que comprende este seguro o los medicamentos que se requieran. Son los mismos recursos que la Federación traslada actualmente para la atención desconcentrada en los servicios de salud. Por otra parte, esas acciones de salud tienen bastantes limitaciones y no incluyen aquellas que en verdad representan lo que han dado llamar "gasto catastrófico en salud", son en realidad una ampliación de las acciones básicas de salud que se promocionaron durante la administración federal pasada como gratuitas y que sólo eran en su mayoría de carácter preventivo. En el mismo artículo 35 de la citada Ley General de Salud, se propone agregar "que los derechohabientes de las Instituciones de Seguridad Social podrán acceder a los servicios públicos de salud, en los términos de los convenios que se establezcan con esas instituciones",lo que representaría también, la posibilidad de que esas instituciones puedan atender a población abierta. El criterio de universalidad tiene que ser el fin último para la prestación de los servicios de salud, para lo cual hay que contar con un presupuesto que prevea estas circunstancias, ya que de otra manera se distraería el que actualmente tienen y que difícilmente soluciona los problemas de cumplir con sus obligaciones de ley. Mientras no se destinen los recursos suficientes para la atención de la salud y se optimice su uso, dando preferencia a los sitios en los que la pobreza y la marginación son la constante, el problema de salud, junto con el de la educación, seguirán siendo uno de los más graves que impiden el desarrollo del país. Por su atención, muchas gracias. -