EL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias Presidente. El presente dictamen, que fue discutido y votado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por los diputados del grupo parlamentario del PRD, efectivamente tiene el aval de todos los diputados de nuestro partido. No obstante, considero necesario establecer una posición jurídica en relación al mismo, y lo hago de manera personal y como legislador. Según se desprende de la exposición de motivos, con el presente proyecto de decreto se pretende reglamentar la reforma constitucional a la fracción XVI del artículo 107 de nuestra Ley Fundamental, que el Constituyente Permanente efectuó en diciembre de 1994, a efecto de normar dentro de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dos figuras jurídicas: A) El cumplimiento sustituto de oficio de las sentencias de amparo. B) La caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo por la inactividad procesal o la falta de promoción de la parte interesada. En la regulación de ésta segunda figura, la caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo por la inactividad procesal o la falta de promoción de la parte interesada, es en la que quiero llamar la atención de esta soberanía. En la vigente Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, se encuentra ya regulada la figura del sobreseguimiento o caducidad de los amparos directos o indirectos que se encuentren en trámite por la inactividad procesal del quejoso. En relación, sustentado en lo ordenado por la fracción XIV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 74, fracción V de la Ley de Amparo, previene: "Procede el sobreseguimiento en los amparos directos y en los indirectos que se encuentran en trámite ante los jueces de distrito, cuando el acto reclamado proceda de autoridades civiles o administrativas y siempre que no esté reclamada la inconstitucionalidad de una ley, si cualquiera que sea el estado del juicio no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de 300 días, incluyendo los inhábiles. Ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso, en los amparos en materia de trabajo, operará el sobreseguimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso recurrente, según sea el caso, es el patrón". Y el diverso artículo 231 de la misma Ley de Amparo, en sus fracciones II y III precisa que: "En los juicios de amparo promovidos por las entidades o individuos que especifique el artículo 212 o que en los mismos sean terceros perjuidicados, no se sobreseguirá o inactividad procesal de los mismos; no se decretará en su perjuicio la caducidad de la instancia, pero sí podrá decretarse en su beneficio". Como consecuencia, de acuerdo con nuestra legislación vigente, el presupuesto primero para que proceda el sobreseguimiento o caducidad por inactividad procesal, es que el amparo de que se trate tenga como materia actos de naturaleza civil o administrativa. La protección y tutela de los derechos de grupos e individuos socialmente vulnerables y la importancia de determinados derechos transgredidos por las autoridades en perjuicio de los gobernados, orientaron el espíritu del legislador para considerar inoperante el sobreseguimiento o la caducidad por inactividad procesal cuando se trate de amparos en materia agraria, laboral, penal o cuando se reclame la inconstitucionalidad de una ley en los términos que se estipula en los artículos 74, fracción IV y 231, de la Ley de Amparo, Y al existir la misma razón legal, indudablemente que este mismo espíritu debe ser el que oriente la reforma que ahora se discute, y por tanto, en el presupuesto nuevo del texto del artículo 113 para la Ley de Amparo, deberá circunscribirse la caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo por la inactividad procesal o la falta de promoción de la parte interesada, única y exclusivamente a las materias civil o administrativa, siempre que no esté reclamada la inconstitucionalidad de una ley, Y hacerse, desde luego, la salvedad de que por lo que se refiere a amparos en materia laboral o agraria, sólo operará en beneficio de los trabajadores de los núcleos de población girado comunal de los ejidatarios o comuneros, Señor Presidente, solicito se amplíe el tiempo que pueda concederme para terminar mi exposición.