EL C. DIPUTADO DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS: Muchas gracias ciudadano Presidente. compañeros Diputados. Esta Iniciativa junto con la que presentó el Diputado Fernando Pérez Noriega a nombre de la Comisión de Justicia, son iniciativas que por ser de carácter eminentemente jurídico, no llaman la atención o no calan en el ánimo de la mayoría de las personas por ser altamente técnicas. Sin embargo, redundan , quiero subrayarlo, en lo que es la impartición y la procuración de la justicia. Obvio el epígrafe de la Iniciativa y hago la Exposición de los Motivos. Muchos son los reclamos de la ciudadanía por cuanto hace a la violación de garantías y los denominados derechos humanos por parte de los agentes de la Policía Judicial en todas y cada una de las etapas del proceso penal. Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos versan sobre tortura y violencia, física o moral y de lesiones a los inculpados o indiciados. La valoración que de las pruebas se prescribe actualmente en el Código, no contempla aquellas que provienen de los nuevos avances y/o descubrimientos de la Ciencia y la Tecnología. En el mejor de los casos, deja a la interpretación y criterio del Juez o del Tribunal, lo que da como resultado un juicio injusto, inequitativo y deficiente en perjuicio del ciudadano o inculpado así como de la sociedad en general pues lo que ella exige es el esclarecimiento pleno de los hechos que la agravian con la comisión de los delitos. Así resulta que en muchas ocasiones se condena a quien no ha cometido un crimen o se absuelve al sujeto activo de la acción antípica, antijurídica y culpable. A pesar de los esfuerzos del Estado Mexicano todavía se practica por parte de agentes policiacos como medio de investigación, el señalamiento , la delación, el pitazo, la venganza, la tortura como instrumentos para detener y de la confesión para consignar a ciudadanos, confesión que muchas veces alegan que está viciada ya sea por la tortura o la violencia física o moral. Por ello se hace necesario que la Ley establezca mecanismos que evigen en lo posible que estos medios inquisitoriales desaparezcan y al mismo tiempo estos instrumentos jurídicos sean idóneos para esclarecer los hechos y llegar a la verdad, no sólo jurídica sino real y efectiva. Se requiere dotar de una mayor claridad, transparencia y certeza al proceso penal, de allí que la prueba sea la piedra angular de este, el diccionario jurídico mexicano nos dice que en sentido estricto la prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. En este sentido la prueba es la verificación o confirmación de las afirmaciones de hechos expresadas por las partes. En sentido amplio se designa como prueba a todos el conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador con el objeto de lograr la obtención del cercioramiento judicial sobre los hechos discutidos y discutibles. Si desde el principio el inicio del proceso penal se garantiza por parte del estado, los medios y medidas que operen a favor del indiciado o inculpado, el principio jurídico de que es inocente hasta en tanto la autoridad no demuestre lo contrario y paralelo a ello se le asegura el respeto a sus garantías y derechos humanos con la objetividad, transparencia, imparcialidad de las actuaciones en todo momento, las sentencias entonces de los jueces en un sentido o en otro tendrían un marco de solidez y objetividad a toda prueba. Sí se está en desacuerdo con lo anteriormente aseverado, bastaría que recordásemos los informes que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha rendido sobre los casos de linchamiento habidos en el país, práctica que alarmantemente se va haciendo más común debido a que la sociedad ha ido perdiendo confianza en las autoridades procuradoras e impartidoras de justicia, prefiriendo hacerla por propia mano. Si la norma autoriza y obliga al juzgador para aceptar o allegarse de todas aquellas pruebas que proporcionen los nuevos avances en la ciencia o la tecnología, su juicio estaría basado en un auténtico trabajo de investigación de esclarecimiento de los hechos. Por ello la presente reforma al artículo 206, atiende tanto a garantizar y preservar un justo juicio a la persona que se ve indiciada o inculpada y por otro lado asegura al juzgador más y mejores elementos de valoración de los hechos, a través de la prueba en el procedimiento judicial, lo que redundaría en una sentencia apegada a la realidad, el derecho y por ende se haría justicia. La adición que se postula al artículo 128 bis, establece el deber del representante social, es decir, del Ministerio Público de poner desde luego a disposición del indiciado o inculpado, según el caso; la comunicación expedita y comparecencia de un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que se encuentre presente en todas las actuaciones que se diligencien especialmente en los interrogatorios, de esa forma se asegura que el detenido no será objeto ni de violencia física o moral, lesiones o desaparición forzada. De la misma forma, al ser también obligatorio para el Ministerio Público el grabar a través de videocinta todas las actuaciones, no sólo se aporta al procedimiento jurídico una prueba más a justipreciar por el juzgador, sino que se protege la integridad física y moral del indiciado o inculpado, según el caso, además haría prueba plena tanto a favor del estado como del indiciado o inculpado de que se siguieron estrictamente las formalidades que establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma que se presenta amplía la prueba a elementos técnicos, científicos y tecnológicos, in genere que no han sido considerados hasta ahora o que en algunos casos no han sido valorados por el juzgador por no estar expresamente mencionados en la norma. Es el caso por ejemplo de los impresionantes avances que ha tenido la biotecnología, la antropología, la arqueología, los estudios o exámenes del ADN y los descubrimientos que del genoma humano la ciencia ha conseguido. De esa forma se obliga al Poder Ejecutivo a capacitar a los elementos policíacos no sólo en materia de garantías y derechos humanos, sino también en técnicas y procedimientos de investigación, frenando las conductas que violan y transgreden el orden jurídico, pues no podrá haber culpable sin las pruebas correspondientes. Se cambiaría la práctica de detener para investigar, como actualmente se hace. La adición y propuestas de ser aprobadas vendrían a vigorizar la impartición de justicia, el derecho al debido proceso y a un juicio justo, tanto para el individuo como para la sociedad en general y por lo anteriormente expuesto y fundado y aquí expongo los artículos que se adicionan y el que se reforma y que le solicito muy atenta y respetuosamente al ciudadano Presidente, se incluyan en el procedimiento y tracto legislativo que considere y se turne a la honorable Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el dictamen correspondiente. Muchas gracias.