La diputada Leticia Gutiérrez Corona: Muchas gracias, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: Nada es más valioso que la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal. Y nada es más despreciable para una sociedad democrática que sus instituciones, aquellas a que se otorga la responsabilidad de proteger y respetar estos derechos humanos, los violenten, colocando a las personas en un estado de indefensión y de ausencia de protección de la ley. Eso ha motivado a la comunidad internacional y regional a reflexionar para construir un marco legislativo que responda al reclamo de justicia en el que se reconozca la existencia de un nuevo delito, conocido hoy como desaparición forzada de personas. Por ello, en la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992, se estableció que las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la supremacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad. Conmovida por la angustia y el pesar causadas por esas desapariciones, pidió a los gobiernos que garantizaran que las autoridades u organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y de la seguridad tuvieran responsabilidad jurídica por los excesos que condujeran a desapariciones forzadas o involuntarias. De la misma manera, en la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, aprobada en 1994 y ratificada por México en abril de 2002, se considera que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter irrenunciable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con ello, nuestro país mostró su voluntad por elevar los estándares de protección contra este delito, comprometiéndose a promover acciones de colaboración para impulsar y apoyar la armonización legislativa nacional en esta materia. A través de estos instrumentos se ha ido construyendo una definición que establece que la desaparición forzada de personas consiste en la privación de la libertad de una persona por parte de una autoridad del Estado o de personas que actúan con la complicidad, apoyo o aquiescencia de dicha autoridad. Esto, sin importar que la privación de libertad se origine en una detención legal o ilegal, implica que la autoridad o quien actúa con su conocimiento propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento de la persona y se niegue a proporcionar información sobre su paradero. La consecuencia de este delito es sustraer a la persona de la protección de la ley y de la posibilidad de ejercer cualquier recurso legal y garantía procesal que la proteja. Por tanto, la comisión de ese delito viola de manera continuada numerosos derechos fundamentales, como son los derechos a la seguridad personal y a la protección de la ley, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la libertad, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano y al debido proceso, el derecho a la integridad física y psicológica de la víctima e incluso el derecho a la vida. Dada la complejidad de este delito y la estructura federal de nuestro país para un combate efectivo del mismo, se considera indispensable regular la desaparición forzada mediante una ley de aplicación general en todo el territorio nacional. De esta forma se evitará la disparidad de criterios en las distintas tipificaciones de las legislaciones estatales. México no es ajeno al delito de desaparición forzada, por lo que en respuesta a las demandas de diversos grupos sociales de nuestro país y de los compromisos internacionales adquiridos este delito ha sido tipificado en el Código Penal Federal, así como en los Códigos Penales del Distrito Federal, de Oaxaca y del estado de Chiapas. Sin embargo, se observa que, de continuar reformándose los Códigos Penales estatales, podría llevarnos a una disparidad de criterios que se expresen en la práctica en diversas tipificaciones de este delito, lo cual podría no solamente no ser abordado en su complejidad, dejando la posibilidad de que en algunos casos este delito se mantenga impune. La existencia de una sola normatividad para todo el territorio nacional facilitará el combate del delito por ser perseguible únicamente por una autoridad, que se limitará al tipo penal previsto en esta legislación evitando con ello la persecución de una misma conducta bajo tipos penales diversos en cada caso particular. Siendo la desaparición forzada un delito que presenta elementos complejos que dificultan su adecuada persecución, se requiere una autoridad que cuente con mayor capacidad técnica y científica que permita que la investigación de este delito reúna elementos suficientes para perseguir y sancionar a los responsables del mismo. Cabe destacar que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece: "Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán... 1) De los delitos del orden federal. Son delitos del orden federal: a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales...", lo cual nos permite considerar que, siendo éste un delito establecido en un tratado, podemos considerarlo del orden federal. Por ello, se hace necesario contar con una ley especializada en materia de desaparición forzada de personas cuya problemática no sólo se reduciría a una investigación y sanción en el ámbito penal sino que nos permitiría enfrentar de manera integral las consecuencias y la reparación del daño, no sólo para la víctima sino también para sus familiares, muchas de ellas con repercusiones en el ámbito civil y algunas otras de carácter administrativo. Señoras diputadas y señores diputados: éste es el objeto de la ley que pongo a su consideración, la que permitirá regular y establecer las condiciones normativas que regirán el tipo penal de desaparición forzada de personas, sus modalidades y las conductas vinculantes, así como las normas procedimentales y de ejecución penal. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. Esta ley enfrenta el delito de desaparición forzada de manera integral, al establecer disposiciones relativas a su prevención, sanción y la reparación del daño a las víctimas. Combatir la impunidad es también el objetivo de esta ley. Sólo en la medida en que garanticemos que ningún servidor público permanezca sin sanción cuando ha participado en la comisión de este delito y se garantice efectivamente la debida protección de la ley y la reparación del daño a la víctima o sus familiares, podremos entonces decir que estaremos construyendo los valores del Estado democrático de derecho a que aspiramos las mujeres y los hombres de México. Por todo ello y con fundamento en el artículo 73, fracciones XXI y XXX de la Constitución Política, así como en lo dispuesto en el artículo 71 de nuestra Carta Magna y en los artículos reglamentarios de nuestro Reglamento Interior del Congreso General, someto a su consideración esta iniciativa, esperando en su momento pase a la Comisión... sea turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su dictamen. Muchas gracias, ciudadanos diputados y diputadas. Gracias, Presidente.