La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Muy buenas tardes. Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la desaparición forzada de personas nos lastima a todos, nos duele e indigna por las circunstancias en que se comete y, más aún, por las terribles consecuencias que tiene para la sociedad. Y esto es así porque la comisión del ilícito implica que a una persona se le prive ilegalmente de la libertad, se le sustraiga de la protección de la justicia y se nieguen a dar a conocer su paradero. Pero, lo más importante, en este delito subyace la acción criminal de las autoridades que participan en su comisión o en muchos casos la aquiescencia, tolerancia o consentimiento de las mismas. Entonces, si nos referimos a las desapariciones forzadas nos encontramos frente a delitos en los que se quebranta por las autoridades no sólo la ley, sino la confianza que ha sido depositada en las mismas por la ciudadanía, porque quien debe protegernos se convierte en verdugo. Y esto, señoras y señores, no puede tolerarse en alguna forma en un Estado que se precie de ser un Estado de derecho. En México las cifras oficiales de personas desaparecidas ya las han escuchado ustedes, de acuerdo con la Procuraduría General de la República en el país se cuenta con 22 mil 322 personas desaparecidas. Los números que refiere el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas nos indica que a la fecha han sido denunciadas 52 mil 941 casos de personas en esta situación. De este gran total nos refieren que han sido ubicados 30 mil 619, la mayoría con vida y lamentablemente se tienen documentados mil 524 fallecimientos. Estas cifras no distinguen de la desaparición forzada con aquellas que en la comunidad internacional se conoce como desaparición involuntaria y en la que no intervienen agentes del Estado. Pese a ello, se trata de una cantidad que dimensiona sobre la gravedad del problema. Ya el gobierno de la República ha dado un primer gran paso; reconocer la problemática y sus consecuencias, es por este motivo que el Ejecutivo federal ha emprendido diversas acciones para contrarrestar este hecho, de las cuales sólo he de mencionar algunas. A través de la secretaría técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la PGR acordó el establecimiento de la red de búsqueda de personas desaparecidas. Se han suscrito acuerdos de colaboración entre diversas instituciones de seguridad del país, con la finalidad de mantener actualizada la base de datos de personas extraviadas o desaparecidas, así como la implementación de un sistema de información institucional único, que permita la integración de diferentes bases de datos ya existentes. Es importante señalar que en el ámbito de protección a los menores desaparecidos también se está trabajando, y de esto da fe la suscripción de un convenio de colaboración y concertación de acciones, dentro del marco del Programa Alerta Ámber México, firmado por la PGR y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión con el propósito de implementar, promover y difundir entre la población la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en un riesgo inminente. Asimismo, se firmó un acuerdo entre la PGR y el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la licencia del uso del software ante mortem y post mortem, para poder conseguir ubicar a las personas con vida, pero también para avanzar en el análisis forense para su plena identificación, el cual servirá en la construcción del Plan Nacional de Búsqueda Sistematizado. Es oportuno señalar todo lo antes mencionado porque también esta Cámara de Diputados se ha trabajado. Durante la actual legislatura la suscrita ha presentado una iniciativa que busca precisamente adecuar el tratamiento de la desaparición de personas con los estándares internacionales en la materia. En este mismo tenor presenté un punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales, a que armonicen su legislación penal con los estándares internacionales. El mismo punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno de esta soberanía en abril de 2013. En la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados hemos sostenido reuniones de trabajo con familiares de personas desaparecidas y hemos externado nuestro compromiso y apoyo ante la grave problemática a que hacen frente todas estas personas. En mi calidad de presidenta de esta Comisión he participado de manera periódica en las reuniones en donde se reúnen familiares de personas desaparecidas y distintas autoridades del orden local y federal, así como también organismos internacionales. Compañeras y compañeros legisladores, cuando hablamos de desaparición forzada, el Grupo Parlamentario del PRI se pronunciará a favor de este punto de acuerdo, con las precisiones que se han marcado. Muchas gracias.