El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias Diputado Presidente. La presente Proposición con Punto de Acuerdo la suscribe un grupo de Diputados Federales del Grupo Parlamentario del PRD, la Diputada María Sara Rocha Medina, Secretaria de esta Comisión Permanente del Grupo Parlamentario del PRI, así como el Diputado Leonardo Alvarez Romo del Partido Verde Ecologista. La Minera San Javier, del Municipio de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, ha generado el rechazo de ejidatarios y pobladores de los Municipios de Cerro de San Pedro y Soledad; de Graciano Sánchez así como de organizaciones y habitantes de la capital potosina y de amplios sectores de la sociedad mexicana fundamentalmente por el inminente riesgo a la salud al que se exponen millón y medio de habitantes del Valle de San Luis, así como por los irreversibles daños al pastrimonio histórico, ambiental y cultural en ese estado y de la nación. Todo esto por el método de extracción que pretende llevar a cabo dicha Minera y el cual combina dos métodos; el primero conocido como Tajo a cielo abierto y en el que se utilizan al menos 25 toneladas de explosivos para desaparecer kilómetro y medio de montañas, entre ellas, el emblemático Cerro de San Pedro y su Villa histórica. El segundo conocido como Lixibiación por montones, que implica la utilización diaria de 16 toneladas de cianuro combinadas con 32 millones de litros de agua en pleno desierto para separar metales justo en la zona de recarga del acuífero que surte agua potable a los habitantes de la capital potosina y a la Cuenca Lechera de Soledad de Graciano Sánchez. El caso de Minera San Javier ha sido materia de una reiterada dicusión en el Poder Legislativo Federal. En la pasada Comisión Permanente, fueron presentados tres Puntos de Acuerdo, incluso el pleno de la Comisión Permanente se pronunció a favor de exhortar al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ingeniero Alberto Cárdenas, a presentar un informe pormenorizado en función de las flagrantes violaciones a la Ley Federal de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente que fueron documentadas ante este órgano legislativo. Durante el último período ordinario de sesiones, el Diputado Omar Ortega Alvarez presentó un Punto de Acuerdo relativo al tema en la Cámara de Diputados. A su vez, los senadores Jesús Ortega y la senadora Yolanda Eugenia González, presentaron distintos puntos de acuerdo en sesión ordinaria correspondiente al 30 de noviembre en el Senado de la República. El primero de septiembre de 2004 la Sala Superior del Tribunal de Justicia y Administrativa emitió la sentencia ejecutoria por la cual se cancela el permiso de operación que la autoridad ambiental otorgó a Minera San Javier en 1999. Además, el primero de diciembre de 2004 el Tribunal Unitario Agrario emitió la sentencia ejecutoria por la cual se cancelan los contratos de arrendamiento que Minera San Javier firmó con falsos ejidatarios del municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Esto quiere decir que la base legal que fundamenta el establecimiento y operación de Minera San Javier ha sido cancelada; sin embargo, Minera San Javier continua operando normalmente. Ante el empecinamiento de las autoridades estatales y federales por impulsar el proyecto, los opositores promovieron y obtuvieron a su favor diversos amparos y suspensiones, a efecto de que no se emitieran los permisos y licencias de construcción y funcionamiento, de consumo y uso de explosivos y de ocupación temporal como consta en los juicios de amparo 564, 909 y 1394/2004 en el Juzgado Segundo de Distrito de San Luis. No obstante, las autoridades e instituciones responsables de emitir actos de autoridad, no respetaron las suspensiones e incurrieron en desacato judicial. No obstante, el pasado fin de semana la Secretaría de la Defensa Nacional determinó suspender el permiso de compra y consumo de explosivos otorgado a Minera San Javier, en un gesto que debe ser interpretado como la determinación de acatar y respetar la legalidad y mantenerse al margen de intereses económicos particulares. Cabe decir que con la sentencia ejecutoria emitida el primero de septiembre de 2004 por la Sala Superior del Tribunal de Justicia y Administrativa, se anulan todas y cada una de las licencias y permisos emitidos por las autoridades, ya que son parte de la condicionante número 10 del permiso de operación condicionada, que la autoridad ambiental emitió a favor de la minera y que fue cancelada por el Tribunal. Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, para que acate sin demora la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de fecha primero de septiembre de 2004, que cancela el permiso de operación condicionada a Minera San Javier, Sociedad Anónima de Capital Variable. Es cuanto.