La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputadas y diputados. El Poder Legislativo tiene una deuda con la Norma Suprema y con el pueblo de México desde el 11 de junio de 2012. Desde hace nueve años el Congreso de la Unión ha incumplido su obligación de expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías. Ley que es urgente expedir, sobre todo después de enfrentar situaciones imprevistas y extraordinarias como la emergencia ocasionada por la pandemia derivada del Covid-19, en donde para hacerle frente, el Ejecutivo facultó a la Secretaría de Salud a tomar decisiones por encima de los demás Poderes para establecer las medidas necesarias para su contención, lo cual incluyó limitaciones a derechos fundamentales, sin la intervención de los Poderes del Estado. De ahí que no podemos seguir postergando la responsabilidad de esta Cámara, para reglamentar la aplicación del artículo 29 constitucional. Es fundamental legislar respecto del estado de emergencia y la suspensión de derechos, con base en los más altos criterios y estándares internacionales, estableciendo mecanismos de control que aseguren la protección de la Constitución y, por supuesto, los derechos humanos. La propuesta que la bancada naranja pone a su consideración es oportuna, es vanguardista y es congruente con nuestra mejor tradición constitucional y republicana, así como el derecho internacional. El horizonte de movimiento ciudadano está más allá de la derecha y la izquierda, nuestro paraguas ideológico son los derechos humanos. Ese es nuestro punto de partida, defendemos una agenda por un país de iguales y por un nuevo trato por la libertad y por la democracia. En esta iniciativa, precisamente va en el sentido de construir esa agenda de derechos, por eso es que, entre otros aspectos, establece un catálogo de derechos que no pueden ser suspendidos, así como un tratamiento especial para el derecho a la libertad de expresión y prensa, por su importancia para la difusión y la información relacionada con el estado de emergencia. Prohíbe expresamente que la ley pueda ser reformada durante la emergencia para otorgar certeza jurídica y seguridad a la ciudadanía. Prevé protecciones en favor a la división de poderes, garantizando su independencia y equilibrio, lo que tiene su mejor expresión en el control, constitucionalidad y convencionalidad establecido por nuestro máximo tribunal. Además, contempla que el principio de publicidad previsto internacionalmente no solo se agote con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, sino que efectivamente se garantice su conocimiento por parte de toda la población. Señala la obligación de rendir cuentas del resultado de las acciones tomadas durante el estado de emergencia, así como la remisión del informe a la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, quienes podrán realizar recomendaciones. En suma, el objeto de la propuesta de Movimiento Ciudadano es proteger los derechos humanos, el principio pro persona en los términos que lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia. Hoy vivimos tiempos turbios en los que priva la opacidad sobre la transparencia, el autoritarismo sobre el diálogo y los insultos sobre los acuerdos. La bancada naranja no está en esa lógica, por eso ponemos a las personas al centro y sus derechos al frente. Esa es nuestra agenda y nuestro compromiso. Eso es lo que llegamos a defender y por lo que estamos aquí para luchar. Muchas gracias. Es cuanto.