La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón: Señor Presidente, la suscrita diputada de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo. La reciente explosión del buque tanque amarrado en el muelle de abastecimiento adyacente al complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, no ha sido una tragedia humana que ha sacudido a esa localidad generando un clima de tensión entre sus habitantes, también vuelve a sacudir la conciencia nacional sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores. Lejos de ser acontecimientos debido al infortunio, la seguridad de los trabajadores se mantiene en vilo. Las autoridades y los patrones son omisos ante sus atribuciones y obligaciones hacia la seguridad y la salud de los trabajadores. Tan solo en Pemex, el número de siniestros se ha incrementado en 37 por ciento durante el presente gobierno. El avance de la tecnología y de la previsión social debería reflejarse en la reducción de estos riesgos y en el cuidado de la integridad física del trabajador, por encima del principio de la obtención de la ganancia máxima. Así, procesos de flexibilización del trabajo hacen cada vez más peligroso el desempeño de ciertas actividades; por ejemplo, en Pemex, ascendió a 10 mil el número de trabajadores de la paraestatal que laboran en forma irregular, al tiempo que el crecimiento de la empresa se basa en contratos con empresas privadas, propiedad de prestanombres, de funcionarios y la nula intervención del sindicato en la supervisión de la seguridad de los operarios. Un factor que debe atenderse es el normativo. El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, vigente desde enero de 1997 buscó simplificar el contenido reglamentario para evitar regulaciones excesivas. El problema es que parte de esta desregulación, hizo que las empresas dejaran de realizar acciones obligatorias conforme a la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, en el artículo 130 del Reglamento establece que las empresas con menos de 100 trabajadores no tengan que elaborar un diagnóstico y un programa de seguridad e higiene, bastando sólo a hacer una relación de medidas preventivas en la materia, de acuerdo a la peligrosidad de las actividades que desarrollen. Esto constituye una excepción a lo establecido en el artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo y un riesgo para 38 millones de trabajadores que laboran en empresas grandes. Consideramos que la revisión de este Reglamento debe ser prioritaria, que ésta debe ser consensuada y ser objeto de una amplia consulta con los sectores de la producción, así como con académicos y especialistas en el menor plazo posible. Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada federal someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente Punto de acuerdo Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social convoque a una amplia consulta con los sectores de la producción, así como con académicos y especialistas para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Solicito atentamente a la Presidencia se turne esta proposición a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social. Gracias, señora Presidenta.