EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO GLORIA MORALES (PAN): Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores; Amigos todos: En nuestro país el movimiento cajista surge en el medio popular tanto a través de los mecanismos previstos en la Ley Federal del Trabajo de 1931, así como a partir de 1951 cuando se inici6 un movimiento cajista moderno en nuestro país. A partir de ese momento, el movimiento se extendió rápidamente y sin embargo la legislación no contemplaba una figura jurídica para realizar este tipo de actividades, por lo que la mayoría de las cajas se constituyeron como asociaciones y sociedades civiles. A pesar de ese vacío legal el sector logró subsistir y filtrarse en los segmentos de la población más desprotegida. Con el objeto de subsanar esa ausencia legal, en 1991 el gobierno realizó un primer esfuerzo por regular y ordenar a los intermediarios participantes en el ahorro popular, Desafortunadamente esos esfuerzos no llenaron las expectativas de crear un marco regulatorio conveniente que fomentara el sector, este desorden jurídico provocó situaciones fraudulentas en aquellas organizaciones manejadas por personas ajenas al movimiento cajista, situaciones que provocaron un grave deterioro tanto a miles de personas de escasos recursos, como al buen nombre del movimiento. Ante esta realidad, la reacci6n inmediata del movimiento cajista fue pedir a las autoridades crear una legislación adecuada para evitar que las malas experiencias se repitieran y lograr que los depósitos de los pequeños ahorradores estuvieran protegidos. A partir de ese momento, el sector comenzó a aportar propuestas y construir un proyecto para desarrollar su propio marco jurídico, el cual más tarde se consultó con autoridades financieras a fin de recoger sus observaciones y sugerencias. Posteriormente este proyecto se convertiría en la iniciativa de ley, de ahorro y crédito popular, es decir, estamos hablando de una ley que surge del propio sector tal y como deben hacer los buenos procesos. Una vez que la iniciativa de ley se presentó a la Cámara de Diputados, legisladores integrantes de las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras iniciaron una ardua tarea para continuar dialogando con el sector de ahorro y crédito popular, a fin de obtener una iniciativa que contemplara significativamente el consenso de la mayor parte de ellos. Dicho consenso es el que contempla el proyecto de decreto de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, cuyo espíritu se puede resumir a partir de sus principales elementos. La ley tiene por objeto crear un ordenamiento jurídico que regule, promueva y facilite el servicio y las actividades de captación de recursos, la colocación de crédito y el otorgamiento de servicios mediante su integración al sistema de entidades de ahorro y crédito popular. En este sentido la ley regula la función de ahorro y crédito popular independientemente de quien la realice, por lo que todas las entidades que tradicionalmente han realizado dicha función quedarán integradas a través de dos figuras: sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y sociedades financieras populares. Los sujetos de esta ley serán las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares que estén autorizadas para operar como entidades de ahorro y crédito popular, así como las federaciones y confederaciones que estén autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ejercer las funciones de supervisión auxiliar de las entidades, y para administrar los fondos de operación respectivamente. El proyecto reconoce que el sector de ahorro y crédito popular estará integrado por entidades con diferentes niveles de desarrollo. Esta ley protege al pequeño ahorrador y otorga seguridad y confianza a la población que tradicionalmente hace uso de los servicios financieros populares...