La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, presidente. Señoras y señores legisladores, en noviembre pasado, cuando esta asamblea aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, se expusieron argumentos con los cuales concordamos los 481 diputados que estuvimos presentes entonces. El serio problema de salud pública que enfrenta nuestro país, derivado de la emergencia de enfermedades relacionadas con el poco adecuado estilo de vida de los mexicanos, caracterizado fundamentalmente por una mala alimentación y por la falta de activación física, ha sido diagnosticado una y otra vez. Ante la magnitud del problema que enfrentamos en los últimos años, se han propuesto múltiples medidas encaminadas a transformar esta lamentable situación que está poniendo en riesgo la viabilidad de nuestro sistema de salud y que amenaza con colapsarlo en un futuro cada vez más cercano, si no somos capaces de generar cambios significativos al respecto. Ante tal situación, recientemente han sido aprobadas por esta asamblea medidas con el objeto de enfrentar de manera más efectiva la problemática de la obesidad en nuestro país. Un ejemplo de ello fue el establecimiento a partir de este 2014 del impuesto especial a los refrescos y bebidas azucaradas cuya finalidad esencial, además de allegarle mayores recursos al Estado, es desincentivar el consumo de los mismos, pues se ha comprobado que este es una de las principales causas de la obesidad y el sobrepeso, que aqueja a siete de cada 10 mexicanos. En este sentido, se hace necesario ofrecer una alternativa más saludable a quienes consumen bebidas con alto contenido calórico y grandes cantidades de azúcar. Esa es precisamente la intención de la iniciativa propuesta por los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional cuya aprobación garantizará en los planteles escolares el acceso gratuito al agua potable, a través de la instalación de bebederos. Sin embargo, la colegisladora, en virtud del proceso legislativo señalado en el artículo 72 constitucional, ha realizado observaciones pertinentes y ha dispuesto modificar el texto del artículo 19 y el Tercero transitorio. Con respecto al artículo 19, las comisiones dictaminadoras del Senado de la República estimaron la conveniencia de mantener el texto vigente del segundo párrafo de la fracción XII, a efecto de no legalizar mediante una excepción la transferencia de recursos públicos a particulares. Esta modificación pretende garantizar que los recursos públicos destinados por la Secretaría de Hacienda para cumplir con el propósito de la reforma, sean destinados única y exclusivamente a las escuelas públicas y no así a las particulares. Lo anterior tiene sentido, en cuanto al hecho de que son muchos los rezagos todavía existentes en el país, en lo que se refiere al acceso de agua potable, pues se estima que el 4 por ciento de los habitantes de las zonas urbanas carecen del líquido, mientras que en el ámbito rural la cifra crece hasta el 13 por ciento y casi siempre se trata de personas con alto nivel de marginación, los cuales asisten en el mejor de los casos a escuelas de carácter público. Además, cabe señalar que una estimación del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, de acuerdo a los datos de un estudio-diagnóstico realizado por la Secretaría de Educación Pública sobre los inmuebles escolares, estableció que sólo el 50.4 por ciento de los planteles educativos del Estado cuentan con bebederos. Ahora bien, en virtud de las reformas propuestas por el Senado al artículo 19, resulta pertinente ampliar el plazo para que los planteles educativos particulares instalen bebederos bajo una supervisión de las autoridades competentes. De este modo, la modificación al artículo Tercero transitorio tiene el propósito de establecer 18 meses en lugar de 12, como plazo para cumplir con lo establecido en las leyes a partir de su entrada en vigor, por lo cual se estarían eliminando los pretextos para que pudieran surgir por parte de los particulares. La bancada del Partido Verde apoya este tipo de propuestas y celebra que se dictaminen con prontitud, a fin de beneficiar siempre a nuestros niños. Es cuanto, presidente. Y a consideración de diputados y diputadas.