El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez: Compañeras diputadas y compañeros diputados. El lunes de la presente semana el Senado del estado de Arizona aprobó la versión final de la ley que consolida la reputación de ese estado, como el más duro de la Unión Americana contra los migrantes. Hasta el momento Jan Brewer, gobernadora de Arizona, no ha fijado su postura con relación a si firmará la entrada en vigor de esta ley. La ley SB-1070 es un proyecto de ley de las más rígidas que le da a la policía más autoridad para arrestar a personas sospechosas de ser inmigrantes ilegales y acusarles de un delito. El proyecto de ley hará que la presencia de un migrante en Estados Unidos sea ilegal y se creará la acusación de incumplimiento voluntario de completar o portar un documento de registro de extranjero. El proyecto también hace que sea un delito para los migrantes, sin documentos, el trabajar o solicitar empleo en Arizona. Ahora resulta que los trabajadores mexicanos serán criminalizados en la tierra de nuestros abuelos y en una nación que se ha forjado por diversas olas migratorias. La Ley SB-1070 exigirá que los agentes pregunten acerca del estado migratorio de cualquier persona que se les cruce en su camino durante sus actividades policiacas. Además, aquellos policías que a sabiendas esconden, ayuden o, sin importarles, ignoren a individuos que se sabe que son inmigrantes ilegales, también se enfrentarán a acusaciones penales. Tal iniciativa de ley faculta a las distintas policías del estado a verificar la condición migratoria de las personas únicamente con base en la sospecha razonada de que son ilegales. La iniciativa también penaliza a quienes transporten indocumentados a cualquier lugar o por cualquier motivo, así sean sus familiares. Y por si algo faltara, la iniciativa de ley establece que cualquier ciudadano estadounidense que resida en Arizona podrá demandar judicialmente a las agencias de policía que no cumplan con esta ley. Con esta ley el intelectual norteamericano Noam Chomsky hizo un símil y expresó: En Alemania el enemigo creado para explicar la crisis fueron los judíos; aquí en Estados Unidos serán los inmigrantes ilegales y los negros. Nos dirán que los hombres blancos son una minoría perseguida. Danny Ortega, presidente de la Junta del Consejo Nacional de la Raza, dijo que Arizona ha sido incubador de la legislación del odio y advirtió que su impacto violará derechos civiles, derechos humanos y tal vez la Constitución. El Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y de la Educación adelantó que retará la constitucionalidad de la ley ante los tribunales federales, si llega a ser promulgada. La actitud del gobierno federal norteamericano ha sido errática y fallida con relación al compromiso de emprender una reforma migratoria que legalice la residencia de millones de trabajadores indocumentados. Esta ley atentará contra los derechos humanos y civiles de miles de mexicanos que intentan diariamente cruzar la frontera norte para buscar oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida. Las autoridades mexicanas no pueden ser omisas a esta amenaza contra los derechos humanos y civiles de millones de compatriotas. Los Poderes de la Unión deberán ejercer sus mejores oficios para defender a los migrantes mexicanos. Para enfrentar esta situación México deberá actuar en lo siguiente: primero, en lo inmediato apoyar a organizaciones estadounidenses de migrantes para invalidar la ley de Arizona ante las Cortes de Justicia. Segundo. En lo estratégico, México debe actuar en áreas como fortalecer los recursos legales contra leyes similares en otros estados fronterizos y contra ordenanzas municipales de similar naturaleza. Tercero. Aumentar en los consulados los recursos financieros materiales y humanos para la atención y protección de los migrantes. Cuarto. Crear empleos bien remunerados y las oportunidades que cientos de miles de mexicanos buscan fuera del país. Para concluir, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática expresamos lo siguiente: condenamos y repudiamos las medidas xenofóbicas, racistas y discriminatorias del Poder Legislativo de Arizona en contra de los migrantes mexicanos y ratificamos el acuerdo de esta soberanía para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se exprese una nota diplomática en contra de la ley SB-1070, aprobada por los legisladores de Arizona. Además, le solicitamos al titular del Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se convoque a consulta al embajador de México en los Estados Unidos. Por su atención muchas gracias.