El diputado Jesús de León Tello: Gracias, diputado Presidente. En México debemos reforzar y mejorar en todo momento el cumplimiento de las prerrogativas legales y constitucionales en cualquier ámbito, en el sentido de que su cumplimiento no se vea más vulnerado en tratándose de las relaciones contractuales y sobre todo en las relaciones laborales en las cuales existen obligaciones correlativas por parte de los sujetos en cuestión, llámense trabajadores, llámense patrones. Al par del derecho laboral siempre irá el derecho mercantil, en el entendido de que es precisamente en las empresas en donde se da esta generación de empleos y en donde tienen origen los contratos laborales. Siendo así, que la mayoría de las veces la salud de la empresa se refleja en sus trabajadores y viceversa, formando vínculos que van más allá de lo laboral para entrar al ámbito de los negocios o el ámbito mercantilista. En este orden de ideas, la Ley General de Concursos Mercantiles, desde su creación, ha venido modernizando el sistema de quiebras y suspensión de pagos en México; haciendo así más eficiente y prácticas las relaciones jurídico-mercantiles, así como el crear un ambiente más justo tanto para comerciantes como para los acreedores de éste, los cuales muchas veces se encuentran en situaciones de indefensión, derivadas precisamente de una suspensión de pagos e incluso de una quiebra que a su vez trae consigo un déficit económico de los acreedores y un desgarramiento socioeconómico para las familias de los trabajadores y demás dependientes de las empresas que se ven forzadas a concluir con sus actividades, dejando a un enorme porcentaje de la población desempleada y sin oportunidades para vivir mejor. Aunado a lo anterior, existe la carga que establece el artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles y que hace referencia a la garantía de los honorarios del visitador que el demandante debe otorgar para la presentación de la demanda o solicitud de concurso mercantil, garantía que debe presentar cualquier actor de la demanda, excepto el Ministerio Público. En este orden de ideas, tomando en cuenta lo descrito en párrafos anteriores, es de resaltarse que el único actor que está exento de la garantía es el representante de la sociedad —esto es el Ministerio Público— dejando a un lado a los comerciantes, trabajadores y demás proveedores de servicios que, sin lugar a duda, ven vulnerados sus derechos y patrimonios desde el primer momento en el que ellos dejan de recibir sus remuneraciones correspondientes. Y peor aún es el caso de los trabajadores, en la inteligencia de que un gran número de éstos vive al día, con salarios que sirven para subsanar únicamente las necesidades del hogar, meramente indispensables. Por lo que, de encontrarse en una situación como la ya descrita, se le estaría en un doble estado de indefensión al encontrarse frente a un problema económico derivado de la posible quiebra de su empleador, además de que el dinero que le pueda quedar para subsistir lo destinará al otorgamiento de una garantía cuyo costo puede poner en peligro su estabilidad económica y por consiguiente familiar. También no escapa de la realidad cómo algunos empresarios, con el fin de no cumplir con sus obligaciones laborales con sus trabajadores, prefieren desaparecer la fuente de empleo, rentar algún otro local, cambiar de denominación comercial, constituir una nueva empresa con el mismo giro y dejar de cumplir con sus obligaciones. Con este tipo de acciones, en muchas ocasiones los trabajadores se colocan en una situación de indefensión, ya que la empresa se coloca en un estado para no contar con activos o de incumplimiento en sus obligaciones en forma generalizada, ocultamiento o ausencias, sin dejar al frente de la administración a alguna persona que pueda cumplir con sus obligaciones. En esta situación, la clase trabajadora no logra hacer efectivo un crédito que se encuentre fincado en un laudo, el cual es de imposible ejecución. Pero resulta que los socios de dicha empresa sí cuentan con bienes propios suficientes para garantizar dicho crédito. Por tal razón es necesaria la reforma que proponemos para que con el crédito que cuenta el trabajador pueda llamar a juicio, en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, a los socios de dicha persona moral, para que cumplan con sus obligaciones laborales. Dentro del proceso mismo del juicio, uno de los requisitos de admisión de la demanda es la de acompañar la garantía de honorarios del visitador, so pena de no tener por presentada la demanda. Esto lo dispone el artículo 24 de la ley en comento. No obstante, cuando la acción es interpuesta por el Ministerio Público queda exento de presentar dicha garantía. Esto por ser el representante de la sociedad. En la actualidad para la clase trabajadora, en muchas ocasiones después de litigar sus prestaciones laborales y después de ganar el juicio y no contar con bienes para poder otorgar la garantía en comento, sería difícil acceder a los tribunales federales para hacer valer su derecho por no contar con el equivalente de mil 500 días de salario mínimo; por lo que esta reforma va encaminada a que, al igual que al Ministerio Público, al trabajador se le exente de dicha obligación de consignar o de garantizar dichos honorarios. Toda vez que esta iniciativa fue publicada previamente en la Gaceta Parlamentaria, solicito, Presidente, la misma sea insertada tal cual en el Diario de los Debates. Es cuanto.