La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados federales. En su muy conocida obra La seducción de las palabras, el escritor y periodista español Alex Riquelme, señala con agudeza que aun cuando transparencia y democracia no son palabras sinónimas, ambas evocan recíproca y exactamente lo mismo: democracia y transparencia. Porque la transparencia en una democracia por incipiente que ésta sea, es la posibilidad de contar con un Estado en el que no hay secretos, en el que todo puede y debe hacerse a la luz pública y en el que el flujo de información sea tal que la distancia entre los poderes públicos y los ciudadanos sea cada vez más estrecha, porque si bien la democracia implica elección en libertad y participación ciudadana, no es plena si no se obtiene de los elegidos y de los órganos públicos que van a dirigir transparencia y compromiso. Es decir, lo deseable es un Estado más accesible y democrático, que todo poder público sea público, que nada de lo público sea secreto porque otro de los objetivos de la democracia ha sido erradicar para siempre de la sociedad humana, como dijera Norberto Bobbio, el poder invisible para dar vida a un gobierno cuya actuación debe ser analizada en público. Nada legitima más a un Estado ante la sociedad que la transparencia y la rendición de cuentas; nada favorece más a los paraísos de inmunidad y de impunidad que tanto agravian al pueblo que el incumplimiento de estos principios. El Partido del Trabajo ha estado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas desde su nacimiento como partido político nacional. Como legisladora, congruente con los principios y valores de mi partido, reitero que la rendición de cuentas y la transparencia deben ir más allá del discurso y de la sola intención, han de ser un ejercicio obligado y cotidiano de los poderes públicos. Siendo el Congreso el órgano que representa directamente al pueblo, considero que el principio de transparencia debe satisfacerse con mayor rigor. En un Estado de derecho nadie puede discutir la necesidad y conveniencia de que la actividad de los legisladores sea transparente, pues tan sólo de esa manera por parte del conocimiento de la ciudadanía de la actuación de los poderes públicos, se puede dotar de eficacia al ideal que encarna el citado modelo de Estado, al que se refiere la Constitución general de la república. Recientemente, en el pleno de esta soberanía se llevó a efecto un intenso debate relativo a una supuesta recepción de recursos públicos destinados a los grupos parlamentarios, cuya justificación aún no ha sido plenamente aclarada a la sociedad. Precisamente para efectos de que no se repitan en el corto plazo ese tipo de situaciones es que propongo la presente iniciativa para el efecto de que el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su inciso b) considere a los grupos parlamentarios como sujetos obligados. Ciertamente, la Cámara de Diputados ha propiciado avances importantes en materia de transparencia y acceso a la información pública al señalar, en el artículo 22 de su reglamento, la necesidad de que los grupos parlamentarios cumplan con las disposiciones legales reglamentarias de transparencia y administrativas vigentes de aplicación en la Cámara para la verificación de los recursos públicos. Pero resulta indispensable avanzar en transparentar los recursos asignados a los grupos parlamentarios por ser éstos, desde mi perspectiva jurídica, personas de derecho público. Por lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración del pleno la iniciativa referida. Es cuanto, diputado Presidente.