La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputado presidente. El tema de justicia penal para adolescentes en nuestro país ha venido evolucionando desde hace varias décadas, transitando de un sistema tutelar que replicaba las prácticas de la justicia para adultos a uno garantista que pone en el centro el interés superior del menor. Esta ley que hoy discutimos armoniza nuestro marco normativo con los principios y derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. En ella se prevé un sistema de justicia integral para adolescentes que tengan entre los 12 años y antes de cumplir los 18 años de edad, a quienes se les imputa la comisión de alguna conducta tipificada como delito en la legislación penal. Los fines de este sistema son de manera general, fomentar la dignidad personal de los adolescentes. Hacer efectiva su responsabilidad y propiciar su reinserción social y reconocer adicionalmente los derechos propios de su condición de sujetos en desarrollo. De la ley que hoy discutimos destacan diversos aspectos que son de enorme importancia. Estoy convencida de que esta legislación, además de ser una legislación de avanzada en términos comparados con las leyes de otros países, es una legislación armónica con nuestro marco normativo en materia de derechos humanos. Primero. Se considera al adolescente como un sujeto de responsabilidad y se establece un rango de edades para diferenciar la aplicación del sistema. Así, entre menor es la edad, mayor es la especial protección; cuidando que básicamente los menores entre 12 y 14 años sea solo una excepción que puedan ser privados de su libertad. Se adopta un régimen garantista y algunos de los principios rectores son: el respeto a los derechos del adolescente, el interés superior de la infancia, de la niñez, la protección integral del adolescente y la reinserción de este a su familia y a su comunidad como principio fundamental. Se establece una perspectiva de equidad y género y se definen regulaciones especiales para la efectiva protección de los derechos de los adolescentes y de las adolescentes, particularmente de aquellas que sean madres y que estén privadas de su libertad. Se adopta un procedimiento acusatorio y oral, con los justes razonables y congruentes propicios para los adolescentes, acordes con el nuevo sistema de justicia penal. Se privilegia el principio de mínima intervención, de manera que la medida privativa de la libertad como sanción o preventiva solo está reservada para las conductas antisociales más graves, por el menor tiempo posible, estableciendo con claridad el tiempo máximo en que operaran dichas medidas y solo para los adolescentes mayores de 14 años. También se exige un régimen de especialización para los operadores del sistema: policías, Ministerios Públicos, jueces y desde luego para los defensores que estén involucrados, a fin de que estos sean capaces de implementar este sistema de justicia para adolescentes, acorde con lo establecido en la ley. Se desarrollan las etapas del procedimiento y, además, las bases para la operación de la justicia alternativa como un mecanismo preferente al juicio para la solución del conflicto penal. Se desarrollan también algunas pautas para la prevención social de la violencia y la delincuencia, a través de un conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo y a combatir las distintas causas. Se reconoce de manera muy importante la función preventiva de las familias y el ámbito escolar y se involucra a las autoridades directivas de los planteles de educación quienes deberán promover valores y respeto y coadyuvar en el desarrollo de las aptitudes de los menores. Por estas razones y por considerar que esta legislación además de ser de avanzada, es una legislación que nos hace falta, que llevaba su discusión rezagada mucho tiempo y que puede hacer la diferencia en lograr la reinserción de los jóvenes en la sociedad y que justamente los jóvenes son quienes están en el mejor momento para ser reinsertados en la sociedad de manera adecuada, es que el Partido Verde votaremos a favor de esta ley, pues constituye un enorme esfuerzo institucional para implementar el desarrollo de este sistema sobre las bases principalmente de protección a sus derechos humanos. Es cuanto.