El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez: Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Cuando el Constituyente reformó el texto de nuestra Ley Fundamental para establecer en México el sistema penal acusatorio, en junio de 2008, una de las determinaciones que tomó a efecto de generar un contexto normativo armónico en el desarrollo del nuevo esquema, fue el mandato para actualizar el régimen de prevención y combate al fenómeno conocido como delincuencia organizada. Dicha decisión fue necesaria para garantizar que el nuevo contexto acusatorio y adversarial fuese compatible con el régimen especial, obligado tanto por el marco convencional como por la propia Constitución, en materia de combate al crimen organizado. Recordemos que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de hace 20 años, y que ha sido un instrumento indispensable para buscar lo que hoy por hoy es uno de los principales desafíos del Estado mexicano; la seguridad pública y la tranquilidad de nuestras comunidades, y que como hemos visto se ha mermado en un importante número de ellas. Hay que decirlo, las fallas y debilidades en esta materia se deben precisamente al conjunto de instituciones dispuestas por la ley, tanto por deficiencias técnicas como por un lamentable entorno de corrupción. En 2003 México ratificó la Convención de Palermo para el Combate a la Delincuencia Organizada Trasnacional. Esta Convención ordena a los Estados firmantes a desarrollar legislación pertinente y las instituciones para poder conjugar el enorme peligro que significa para las naciones el crimen organizado. En ese orden de ideas, tanto la Constitución mexicana, la legislación y la normativa secundaria se han desarrollado para acreditar el cumplimiento de las directrices de Palermo, y poder así combatir este fenómeno que nos roba la tranquilidad y ciega miles de vidas cada año. Al conjugarse la creación de un nuevo sistema con las disposiciones de la antes citada Convención de Palermo, se ha hecho evidente la necesidad de una actualización normativa. Tanto el Poder Ejecutivo como la colegisladora han optado por el camino, no de emitir una nueva ley, sino de proponer reformas a esta creada en 1996. A los legisladores del PAN nos parecen correctas y consecuentes las reformas propuestas, tanto en lo que debe contener la legislación en la materia sustantiva, es decir nuevos tipos penales, así como con la acreditación de los nuevos estándares procesales del sistema acusatorio, nuevas técnicas de investigación indispensables para la policía y el Ministerio Público, el cumplimiento y salvaguarda de los derechos fundamentales de todas las partes y, desde luego, la creación de nuevas facultades en el plano orgánico. Si dotamos a nuestras autoridades investigadoras de las herramientas que hoy se han de aprobar, debemos exigirle resultados en corto y mediano plazo. Estaremos esperando atestiguar a la brevedad posible investigaciones y procedimientos jurisdiccionales en la publicidad de las salas de oralidad, en las que se constate que es posible cumplir con los altos estándares del debido proceso y, a la vez, llevar ante la justicia las graves conductas antisociales que estamos obligados a desterrar. Exigiremos y vigilaremos por una correcta aplicación de las nuevas técnicas de investigación conjuntamente con el respeto al principio de presunción de inocencia y, desde luego, el debido proceso. Exigiremos y evaluaremos la política de recuperación de activos del crimen organizado, el combate al lavado de dinero, así como las investigaciones de todos aquellos servidores públicos de cualquier orden que en franca traición a la patria se coludan con el crimen organizado. Exigiremos una mayor y mejor cooperación internacional en la materia, a sabiendas de que la delincuencia organizada, como se ha afirmado en la multicitada Convención de Palermo, es trasnacional por naturaleza. Vigilaremos que estas nuevas técnicas no sean objeto de abuso o finalidades políticas y se apliquen para poner un alto a secuestradores, a tratantes, a extorsionadores, a traficantes de armas, a narcotraficantes, a traficantes de migrantes, a prestanombres y lavadores de dinero. A los legisladores del Partido Acción Nacional nos interesa velar por la paz y la tranquilidad de toda la sociedad mexicana, hoy estamos dando un paso importante para conseguir este objetivo. Sin embargo, advertimos que la perfectibilidad del proyecto será ocasión para ulteriores trabajos. En el PAN estamos a favor de mejorar los instrumentos que permitan un mejor combate a la delincuencia organizada y aquellos que pretendan desestabilizar al Estado. Por esta razón y a la par de impulsar la aprobación de esta minuta, queremos reiterar nuestra exigencia para que, también en los procesos de extradición, las autoridades mexicanas nos aporten la seguridad de que los procedimientos de aseguramiento y decomiso de los caudales financieros que se sigan en los Estados Unidos y en cualquier otro estado soberano, nuestro país no sólo será tomado en cuenta, sino que se tomarán las medidas de acuerdo a la normatividad correspondiente, para que la parte económica correspondiente al trabajo de inteligencia, detención y procesamiento hecha por México sea reembolsada vía recuperación de activos al erario mexicano. En Acción Nacional estamos a favor de los ciudadanos, estamos a favor de México. Es cuanto, señor presidente.