El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Agradezco la oportunidad de poner a la consideración de este pleno la iniciativa que adiciona los artículos 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales y 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para abordar un tema sumamente relevante para la ciudadanía, el combate a la delincuencia. Si una tarea justifica la razón de ser de las autoridades públicas, sin duda es la de garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, tanto en su persona como en su patrimonio. La seguridad pública, sin lugar a dudas, es una de las funciones que legitima y le da sentido a la acción del Estado. No obstante, aun cuando en los últimos años se han registrado avances importantes en materia de seguridad pública, hoy en día existen retos considerables que nos deben ocupar tanto a los tres Poderes de la Unión como a los tres niveles de gobierno. Derivado de la evolución delictiva y de su naturaleza dinámica resulta fundamental que las instituciones encargadas de investigar y combatir los delitos, cuenten con tecnologías e instrumentos modernos acordes y expeditos para hacer frente a los criminales. Cabe mencionar que vivimos en un mundo donde las tecnologías de la información forman parte de la vida cotidiana, situación por la cual las autoridades encargadas de investigación y persecución del delito igual deben de modernizarse y potenciar los alcances en sus funciones, a través de tecnologías de punta y mecanismos inteligentes de coordinación interinstitucional. Bajo este esquema, esta iniciativa que el día de hoy presento ante ustedes, compañeros diputados, tiene como objetivo principal dotar a las autoridades de procuración y administración de justicia, de mejores elementos para determinar responsabilidades penales. En el caso de la adición propuesta al Código Federal de Procedimientos Penales, se pretende otorgar de valor probatorio pleno a las videofilmaciones sobre hechos delictivos en flagrancia, siempre y cuando estén relacionadas con un dictamen pericial que acredite su inalteración y manipulación, a fin de asegurar a los presuntos responsables de un delito que las pruebas son fehacientes y que además existen elementos e indicios técnicos sobre la veracidad del contenido de las videofilmaciones. En el caso de la adición propuesta a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se busca crear mecanismos de cooperación en el ámbito de la seguridad para que las videofilmaciones sobre delitos cometidos en flagrancia que se obtengan a través de los sistemas de las instituciones encargadas de este tema, sean inmediatamente puestas a disposición y conocimiento del Ministerio Público que corresponda. La presente iniciativa es un esfuerzo para ir acotando la acción de la delincuencia, que muchas veces las autoridades se ven impedidas para determinar penas o sanciones porque no cuentan con pruebas fehacientes, fidedignas, y qué mejor instrumento que la tecnología para demostrar la responsabilidad de quien se atreve a transgredir la ley. Por tanto, esta iniciativa tiene por objeto contribuir al valor de la prevención y atención oportuna del delito, ya que las cámaras de seguridad pública no sólo sirven como un disuasivo para la comisión de delitos, sino también como un medio de prueba idóneo para acreditar la responsabilidad penal. Es por ello que no omito recordar que la seguridad pública no es tarea exclusiva de un partido político, de un gobierno o de un poder en específico, sino una responsabilidad de todos los que estamos involucrados en la vida pública. Por tanto, como servidores públicos debemos encarar el fenómeno delictivo de una manera integral, haciendo uso de las plataformas tecnológicas y de manera coordinada, además de programas complementarios que contribuyan a resolver la problemática, particularmente en materia de educación, empleo, rescate de espacios públicos entre otras, en las zonas metropolitanas y principales ciudades del país. En este sentido propongo esta iniciativa porque tenemos un compromiso con los mexicanos, con su seguridad, pero sobre todo para que logremos que todas las familias vivan tranquilas, seguras y con certidumbre en todos los ámbitos; una de las razones primordiales que justifican nuestro trabajo como legisladores. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona Primero. Un artículo 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, de acuerdo a lo siguiente. Las videofilmaciones harán prueba plena siempre que estén relacionadas con un dictamen pericial que acredite su inalteración o manipulación, y Segundo. Un artículo 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo a lo siguiente: Las videofilmaciones sobre delitos cometidos en flagrancia que se obtengan a través de los sistemas de vigilancia de las instituciones de seguridad pública, inmediatamente deberán ser puestas a disposición y conocimiento del Ministerio Público que corresponda a efecto de que se investigue. El envió de las videofilmaciones para la autoridad respectiva se hará previa certificación, que hará constar las garantías de su inalteración o manipulación, y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen. Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, que el texto íntegro de la iniciativa presentada se incorpore al Diario de los Debates. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.