El diputado Francisco Javier Bravo Carvajal: Con su permiso diputado presidente. Compañeros diputados. El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción III del Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos. Uno de los valores fundamentales del Estado moderno, es necesariamente el de la justicia, este valor engloba diversos aspectos en sí mismo, pues va desde la certeza de las personas ded tener a su favor diversas garantías y derechos, expresamente consagradas en las leyes, pero además es necesario que cuenten a la vez con la certeza en que el Estado les proporcionará en todo momento los medios y las instituciones adecuadas para salvaguardar esos derechos. En el Estado mexicano se ha desarrollado un sistema de impartición de justicia extenso y en general provechoso para el ciudadano mexicano, en nuestra Constitución se establece de conformidad con las teorías clásicas que contamos con una división de poderes, en donde destaca para esta materia el Poder Judicial. De igual forma, en la misma Constitución en su parte orgánica se han plasmado las características de organización de dicho Poder, las garantías propias de quienes los integran, los requisitos a que se debe sujetar a quienes pretenden desempeñar tan importante función pública y los periodos y condiciones en que ejercerán dicho cargo, pero nuestra Constitución Federal no sólo se ocupa de constituir y organizar propiamente al Poder Judicial Federal, sino que además establece ciertas normas esenciales a efecto de que las entidades federativas constituyan, organicen y garanticen en sus respectivos ámbitos de competencia, a los Poderes Judiciales de los estados, esto en los términos del artículo 116 Fracción III, en relación con el propio artículo 41 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encontramos pues que se deja a las entidades federativas en plenitud de facultades para constituir estos Poderes con atención a los principios que se establecen a través del Pacto Federal, sin embargo, encontramos que en la redacción de la Fracción III del artículo 116, en sus párrafos 3º y 4º se establecen precisamente normas mínimas respecto a los requisitos que deben reunir quienes aspiren al cargo de Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales locales, sujetándolos a que reúnan los mismo requisitos señalados para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se establece como condición el que los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales locales sean hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con probidad y eficiencia y en la administración de justicia o que merezcan, por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Debe señalarse que existe plena coincidencia en el establecimiento de dichos requisitos para la elección de quienes tendrán a su cargo tan importante función, sin embargo, en el caso concreto las legislaturas han optado por adoptar íntegramente la redacción de los párrafos 3º y 4º de la Fracción III del artículo 116 constitucional, sin adicionar o aterrizar el procedimiento de elección por temor a incurrir en alguna contradicción con el texto de la Carta Magna. Al respecto, cabe señalar que la referencia al artículo 95 se sujeta a señalar los requisitos de elegibilidad de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, no establece el procedimiento concreto de elección. De esta forma, la mayoría de las legislaturas locales se han limitado a establecer un procedimiento similar al de la elección de los Ministros, sin intentar otros sistemas o procedimientos de elección que garanticen la certeza en cuanto a las cualidades de los ciudadanos propuestos a dichos cargos. Es de señalarse que para otras elecciones de integrantes del Poder Judicial, la misma Carta Magna contempla procedimientos muy completos en los que se posibilita esa comprobación fehaciente de los requisitos de elegibilidad, así como de las cualidades de los candidatos, es decir, a través de establecimiento de parámetros objetivos establecidos previamente en leyes especiales, como es el caso del nombramiento de Magistrados de Circuito por el Consejo de la Judicatura Federal. Consideramos que en atención al sistema federal en el que se sustenta el Estado Mexicano, es válido proponer que sean las legislaturas de los estados las que propongan en sus propias Constituciones o en las leyes especiales, los procedimientos para la comprobación de los requisitos de elegibilidad de los Magistrados de los Poderes Judiciales de los estados, pudiendo ser la investigación y comprobación de sus antecedentes, la implementación de exámenes de oposición o cualquier otro medio o criterio objetivo que garantice la elección de las personas más adecuadas para el cargo. Considero que es necesario adicionar la redacción del párrafo 4º de la Fracción III del artículo 116 constitucional, para el efecto de que el establecimiento de estos procedimientos de comprobación o criterios objetivos de elección de Magistrados de los Tribunales locales, no sea confundido indebidamente con la implementación de nuevos requisitos de elegibilidad no contemplados en el artículo 95 de nuestra Carta Magna. Lo que busca la presente iniciativa es otorgar a las legislaturas locales, las herramientas necesarias para que ellos a su vez puedan garantizar a la sociedad de que los integrantes de los tribunales locales electos cumplen objetivamente con los requisitos de elegibilidad señalados en la Constitución y pueden responder a las exigencias sociales de una excelente impartición de justicia. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único.- Se reforma el párrafo cuarto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 116.... "Fracción III.- El Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas; la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los estados. "Los magistrados integrantes de los Poderes Judiciales locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local en sus respectivos estados durante el año previo al día de su designación. "Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales, serán hechos preferentemente entre aquellas personas que haya prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Las legislaturas de las entidades federativas establecerán los procedimientos con criterios objetivos para la comprobación de los requisitos de elegibilidad y elección de magistrados y jueces. "Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las constituciones locales, podrán ser reelectos y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinan las constituciones y las leyes de responsabilidad de los servicios públicos de los estados. Todo lo demás queda en los mismos términos. Transitorios Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto.