La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa. Hoy Morena quiere instaurar una dictadura y destruir la democracia con el dictamen que pretende aprobar y expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional, pero más allá de una simple adecuación legal, lo que está ocurriendo es algo muy serio, se está militarizando de forma permanente la seguridad pública en nuestro país. En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconocemos la labor de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Guardia Nacional, pero no por eso dejaremos de defender el principio fundamental de la seguridad pública, el cual debe estar en manos de autoridades civiles. Este principio se está abandonando hoy, ya que esta nueva ley establece que la Guardia Nacional no dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino que quedará completamente bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el mando civil desaparece totalmente. El dictamen también menciona que será el Ejército quién controle los nombramientos, la estructura, los manuales, los programas, los convenios con los Estados, incluso el personal que forme parte de la Guardia Nacional será militar. La única participación civil que contempla esta ley es la de personal de confianza, destinado a tareas técnicas o administrativas. Este personal no podrá hacer carrera policial ni formar parte del escalafón ni aspirar a ningún grado; es decir, los civiles no tendrán futuro dentro de la Guardia Nacional. Además, se elimina el servicio profesional de carrera policial, de carrera civil y se sustituyen los grados policiales por grados estrictamente militares, como generales, coroneles o sargentos. Este cambio borra el modelo civil que debería fortalecer la seguridad pública. Lo más preocupante es que esta ley da a la Guardia Nacional facultades para hacer labores de inteligencia y realizar operaciones encubiertas, algo que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. También se permite intervenir comunicaciones privadas con solo presunciones de delito y bajo el mando del Ministerio Público. Esto, compañeras y compañeros, es una amenaza directa a los derechos humanos y al debido proceso. En el PRI advertimos con claridad que no estamos en contra de que nuestras fuerzas de seguridad actúen con eficacia, pero sí estamos en contra de que se le quite a la ciudadanía el control civil sobre ellas. Una Guardia Nacional totalmente militarizada rompe con el modelo democrático de seguridad pública, rompe con los principios constitucionales que garantizan el equilibrio entre Poderes y abre la puerta a la opacidad y al autoritarismo. México necesita fortalecerse en materia de seguridad, pero sin someter la legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos. Por eso, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no podemos acompañar este dictamen que deja entrever las ambiciones de este régimen de militarizar al país, sobre todo cuando estas reformas dejan entrever los malsanos intereses de ir hacia una dictadura absoluta. Lo decimos con claridad: La seguridad pública debe ser eficaz, transparente, con apego a los derechos de carácter civil. Muchas gracias.