El diputado Manuel Rodríguez González: Muy buenas tardes a todas y a todos. Compañeras y compañeros diputados, hoy nos toca escribir un capítulo fundamental en la historia de nuestro país. Estamos aquí para cristalizar uno de los sueños más anhelados de millones de familias mexicanas en lo que va del siglo XXI: tener tarifas eléctricas justas y baratas. La reforma que hoy discutimos nos va a permitir preservar y recuperar los elementos mínimos para defender nuestra soberanía y decidir el destino de nuestra patria. A algunos se les olvida, pero la historia de esta gran nación es de lucha y ha sido escrita con el sacrificio y la sangre de grandes patriotas. Hemos tenido cuatro poderosos movimientos sociales que tuvieron que suceder para sacudir la forma de gobierno. Como resultado, se sentaron las bases del cambio para hacer realidad la frase de Morelos, que se declare que lo nuestro es nuestro y de nuestros hijos. A principios del siglo pasado, a la victoria del tercer movimiento social, en el intento de aplicar los cambios que el país requería y la que la gente exigía, los grandes capitales se esgrimieron que primero se debían de respetar las inversiones que ellos habían hecho. Consideraron que primero era el derecho a la propiedad frente a los derechos sociales de millones de personas. Ante una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez más México se armó de valor y nacionalizó el petróleo, como una decisión jurídica apegada a derecho. Fue un acierto económico, pero, sobre todo, fue una decisión patriótica del general Lázaro Cárdenas, que permitió a las siguientes generaciones disfrutar de un país próspero. Los incontables beneficios que tuvo la expropiación petrolera fue lo que animó al presidente López Mateos a industrializar la industria eléctrica. En la última década el avance de la ideología neoliberal se vio reflejada hasta en el nombre de las leyes, de llamarse Ley del Servicio Público de Energía, pasó a llamarse la Ley de la Industria Eléctrica. Quedó muy claro que no les interesaba brindar un servicio público en beneficio del pueblo de México, lo importante eran las ganancias económicas. Para ello, los malos mexicanos de los cuales nos advirtió el gran presidente progresista Adolfo López Mateos, modificaron la ley para crear en contra de la Constitución una figura llamada productores independientes de energía, a efecto de permitir tal violación a la Constitución argumentaron que para traer inversionistas privados porque el gobierno no tenía recursos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Los hechos nos han demostrado que no fue cierto, a la luz de los resultados quedó en evidencia que nos mintieron ayer y que nos siguen mintiendo hoy. Modificaron la ley para que el gobierno fuera el aval de las deudas de esos llamados inversionistas, al tiempo que la banca de desarrollo les otorgó créditos con tasas de interés muy bajas. CFE se obligó a comprarles toda su producción por 25 años, cuando hoy incluso legisladores de una fracción parlamentaria de oposición han reconocido en sus propuestas que 10 años son más que suficientes para recuperar su inversión. Con el Pacto por México se consumó el modelo neoliberal eléctrico al modificarse la Constitución y establecer que la energía eléctrica se guiaría por criterios 100% económicos, pero lo más grave es que bajo ese criterio se desarrolló una legislación que ni siquiera respetó el espíritu de la libre competencia entre todos los generadores de energía. CFE fue transformada en una empresa, sí, pero con las nuevas reglas se convirtió en una empresa muy limitada para competir en esas condiciones con los privados. Por ejemplo, los llamados productores independientes de energía se les paga el 100% de su producción sin que sea necesario que entreguen la totalidad de esta a la CFE. En cambio, a la Comisión no se le paga el respaldo de electricidad que ofrece a todo el sistema eléctrico nacional. La figura del autoabasto se distorsionó tanto que en la actualidad se usa para que algunas empresas particulares hagan su propio negocio de la venta de electricidad. Generan la electricidad y simulan que necesitan llevarla a supuestos socios en otras partes de la república, sin pagar el costo total de la trasmisión a la CFE. Este fraude a la ley permite que sus costos de producción sean más baratos y con eso ponen en desventaja a millones de empresarios honestos que sí pagan el total de la electricidad. También crearon un mercado eléctrico donde se oferta la energía a un precio, pero al final del día se paga mucho más caro. Por ejemplo, los generadores eólicos y solares ofertan diariamente el kilowatt en unos cuantos centavos, pero con el mecanismo tramposo establecido desde 2014 se orilla a que la CFE se los pague al precio más alto de entre todos los vendedores de energía, es decir, al precio marginal de la jornada. > Para ser didácticos, por ejemplo, si estuviésemos hablando de limones, lo anterior significa que nos ofertan el kilo a 10 pesos sabiendo que al final lo van a cobrar a 100 pesos, ese es el modelo que hoy se resisten a cambiar. Usaron de pretexto la genuina preocupación de millones de mexicanos por el medio ambiente para crear los certificados de energía limpia, mismos que solo reconocen el esfuerzo de los privados más no el de la comisión a pesar de que esta genera el 55 por ciento de la electricidad con fuentes de energía limpia que se producen en México.> > Resumiendo lo anteriormente expuesto, todo este diseño normativo permitió que los costos de los recibos de luz siguieran aumentando año tras año en perjuicio de los hogares mexicanos y de los empresarios honestos. En la legislatura anterior modificamos la Ley de la Industria Eléctrica a efecto de hacer del mercado eléctrico algo más justo y equitativo para que esto se tradujera realmente en beneficios directos para las familias mexicanas.> > Como todos sabemos nos enfrentamos a una violenta reacción no por la defensa de los derechos, sino para conservar los privilegios y ganancias indebidas. El tiempo nos dio la razón y recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la energía eléctrica es un requisito previo e indispensable para el goce de varios derechos fundamentales como el derecho al agua, a la salud, a la educación, a una vivienda digna y a la información.> > La Corte sentenció que en sus partes sustantivas la reforma que hicimos, en la legislatura anterior, está apegada a la Constitución y reconoce que es justo, legal y equitativo cambiar la forma en la cual se compra y se paga a las empresas la electricidad. Ahora bien, la reforma constitucional que hoy discutimos establece que nunca más se considerarán criterios económicos para normar la energía eléctrica.> > La historia no deja de enseñarnos qué pasa cuando los intereses económicos de unos cuantos prevalecen sobre el interés común. Revisemos el caso de países llamados del primer mundo. Hoy, en Europa, las familias no pueden pagar los carísimos recibos de luz, hay huelgas y desabasto. Ahora mismo, Francia está planteando cambiar la forma en cómo se gestiona la energía eléctrica, construyendo el Estado francés sus propias plantas generadoras para que, en palabras del propio presidente Emmanuel Macron, cito: si queremos seguir pagando nuestra energía a tarifas razonables y no depender del extranjero, debemos construir nuestras plantas. Fin de la cita.> Con el dolor y el hambre de sus pueblos, estos países europeos han aprendido que es una mentira que la mano invisible del mercado todo lo arregla. Para evitar que situaciones de ese tipo nos alcancen, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante la reforma constitucional eléctrica, busca devolverle la independencia y soberanía energética al pueblo de México. Esta iniciativa es la más estudiada, analizada y comentada en toda la historia legislativa de México. Este dictamen que hoy venimos a votar es el más puro fruto de la voluntad y clamor popular, pero, además, contiene las propuestas que la propia oposición planteó. Ahí está el acceso y uso de la energía eléctrica consagrada en el artículo 4o. constitucional como una precondición para garantizar los derechos sociales. Se crearán mecanismos, los cuales no podrán bursatilizarse, para certificar el uso de energía limpia en los procesos industriales y comerciales. Pero ahora sí, como un instrumento que atiende la protección al medio ambiente. Quedan vigentes los organismos reguladores de energía. Se mantiene el modelo de generación distribuida con paneles solares para casa habitación y establecimientos comerciales y se duplica, a través de este modelo, el nivel de electricidad que los ayuntamientos y el sector social pueden producir. Se establecen tarifas sociales preferentes para uso doméstico, alumbrado público, agua potable y saneamiento, así como uso agrícola y de acuacultura. Se mantiene abierta la participación del sector privado en la generación de electricidad con un 46 por ciento del mercado nacional. Todo aquello que favorece al pueblo de México se ha incluido, como legisladores es hora de honrar nuestro compromiso con el pueblo. Proteger los intereses de la gente no es un cheque en blanco, es un mandato que todos estamos obligados a cumplir. Hoy votaremos por México, no por nuestras fracciones parlamentarias. No podemos coartar el sueño de millones de mexicanos a tener luz limpia y barata. Votaremos hoy a favor de este dictamen por y para la grandeza del país. Con esa civilidad política que ya hemos demostrado en ocasiones anteriores, invito a todas mis compañeras y compañeros diputados a sumarse a la construcción de una patria más soberana, más fuerte. Hoy, como hace 200 años, sigue vigente la máxima de Vicente Guerrero, la patria es primero. Ese espíritu nacionalista es el que hoy nos debe inspirar a todas y todos los diputados. Es cuanto, presidente.