El diputado David Orihuela Nava: Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Justicia pongo a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal. Nuestro país cuenta con alrededor de 64 millones de hectáreas de bosque y selvas, que abarcan el 32 por ciento del territorio nacional, por lo que estos ecosistemas resultan de una gran relevancia ambiental, turística, cultural, económica y social. Desde 1976 al año 2000, hubo una reducción de más de 20 mil kilómetros cuadrados de superficie forestal. México ha bajado en la última década su tasa anual de pérdida neta hasta de 155 mil hectáreas de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que estima que cerca de 300 mil hectáreas de bosques fueron degradadas entre 2005 y 2010. La madera es una fuente de energía renovable, vital para el ser humano. Este recurso representa a nivel mundial más del nueve por ciento del abastecimiento total de energía primaria y con mayor centralización en las zonas rurales. La sobreexplotación del recurso, la tala ilegal, los incendios forestales, el pastoreo en los bosques, las enfermedades y plagas forestales, la recolección de leña, la presión demográfica y el cambio de cultivos son las principales causas directas de la degradación de los bosques. Los integrantes de la Comisión de Justicia consideramos que es necesario desincentivar las deforestaciones, así como sus recuperaciones, repercusiones sociales, ambientales e institucionales. Hoy en día, la producción y el comercio ilegal son favorecidos por regulación ineficiente y su aplicación es discrecional como consecuencia de la corrupción, la falta de supervisión en los canales comerciales y una pena no tan severa. Es de precisar que, incrementar las sanciones contribuirá a combatir de manera más eficaz el deterioro ambiental y el daño ecológico, el cual es, en su mayoría de veces, irreversible. En este orden de ideas resulta importante señalar que el aumento de las sanciones tiene como criterio rector el mandato constitucional de que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Además de que estamos convencidos que ésta será una medida que coadyuvará a desincentivar los delitos ambientales a efecto de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio sano para su pleno desarrollo, salud y bienestar. En México estamos enfrentando grandes retos en materia ambiental entre los que se destaca el promover medidas que contribuya a frenar las diversas reformas del perder y degradas nuestro hábitat. La destrucción de los ecosistemas forestales ponen en riesgo las funciones inherentes al hábitat y a la biodiversidad, lo que amenaza el desarrollo y calidad de vida de las personas. El sustento actual y futuro de la economía nacional depende en gran medida de los recursos naturales, además el medio en que habitamos y nos desarrollamos las y los mexicanos, particularmente en las zonas rurales, es elemental para nuestra subsistencia. De ahí que es imprescindible protegerlo de las acciones que lo afecten no solo por las desafortunadas consecuencias que produce para el ser humano, sino también por la importancia que tienen para todos los organismos vivos los cuales merecen protección. Evidentemente la concientización y la participación ciudadana son fundamentales para prevenir, vigilar, evitar la degradación del ambiente y el daño a la diversidad natural, sin embargo, es igualmente importante que las penas correspondan al daño causado. Para darnos una idea de la magnitud del problema basta señalar que la evaluación de los recursos forestales mundiales de la ONU, refiere que la tasa de la tala ilegal en México es de 60 mil hectáreas al año. De acuerdo con estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 70 por ciento de la madera que se comercializa en el país tiene un origen ilegal. El cálculo del producto interno bruto neto ajustado ambientalmente, permite conocer el costo económico que se tendrá que asumir por los daños ambientales. En 2027, de acuerdo al Inegi, este fue equivalente al 4.3 por ciento del PIB a precios de mercado. Dicho rubro se refiere a la suma de los costos por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental que llegaron a un monto de 947 mil 662 millones de pesos. Asimismo, informo que los gastos en protección ambiental realizados por el sector público en su conjunto y los hogares durante dicho año alcanzaron un monto de 124 mil 449 millones de pesos, lo que representó el 0.6 por ciento del producto interno bruto a precios básicos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Justicia estimamos procedente aprobar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal...