EL DIP. SALVADOR ROCHA DIAZ: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea: En nombre de diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a presentar iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los términos del texto que me permito entregar a la Secretaría y que pido a la Presidencia ordene se inserte integralmente en el Diario de Debates. Quiero, pretendo y espero lograrlo, hacer una breve explicación de cuál es el sentido de esta iniciativa. En el mes de diciembre de 1982, se inició el proceso de reforma del Título Cuarto de la Constitución que por primera vez en la historia de México ordeno con claridad las diversas causas de responsabilidad de los servidores públicos. Estableció la responsabilidad política, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la dejó reflejada en el título cuarto de la Constitución, En el siguiente período legislativo de la LVII Legislatura, se aprobó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que regula precisamente en su primera parte, el procedimiento del juicio político y de la declaratoria de procedencia y luego regula la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, Sin embargo, y es explicable, en función del avance que estos ordenamientos presentaban en su época, se le dio el mismo tratamiento procedimental a la declaratoria de procedencia y al juicio político, cuando son dos fenómenos de naturaleza completamente distinta. A través del procedimiento de declaratoria de procedencia, la Cámara de Diputados establece si el sujeto se encuentra protegido por la inmunidad constitucional y si se satisfacen los requisitos constitucionales para que se ejercite la acción penal en su contra, a efecto de levantar esa inmunidad. Es un simple presupuesto procesal, del inicio de un proceso penal. Por el contrario, el juicio político es el procedimiento para aplicar una sanción política a quien ha incurrido en falta que atenté contra los intereses públicos fundamentales. Se inicia en la Cámara de Diputados, como Cámara de acusación, y se continúa en la Cámara de Senadores, como Cámara de sentencia. Se trata en consecuencia, de un proceso parlamentario para determinar si existe responsabilidad política o se ha incurrido en responsabilidad política un servidor público protegido por la impunidad constitucional. Ambos procedimientos no tienen nada en común, salvo su inicio ante la Cámara de Diputados, No obstante estas claras diferencias, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos estableció fundamentalmente el mismo procedimiento para ambos fenómenos. Esta iniciativa pretende precisamente reconocer la diversa naturaleza de ambos procedimientos y darles a cada uno el trámite que corresponda. En ambos se busca una simplificación procesal a efecto de que no quede entorpecido el desarrollo de este procedimiento por causa alguna, dado que es de especial interés público, en el caso del juicio político, que no se dejen caducar las causas de responsabilidad política en que hubiesen podido incurrir los servidores públicos. Por otra parte, la Nueva Ley Orgánica del Congreso de la Unión y sus reformas, generaron una contradicci6n con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, toda vez que esta Ley en su artículo 10, establecía que la sección instructora se integraría por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. Cuando la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con motivo de la reforma de la nueva Ley Orgánica se dividió, quedamos en una contradicción entre un ordenamiento y el otro que nos tiene paralizados los juicios políticos y las declaratorias de procedencia. Es necesario, y ya se presentó una iniciativa por el Partido Acción Nacional al respecto, que se le de congruencia a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Esto igualmente se atiende en la iniciativa que sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados. Pero dada la distinta naturaleza de ambos procedimientos, proponemos que la declaratoria de procedencia, se lleve a cabo por una Sección Instructora Integral exclusivamente por las Comisiones de Justicia y la Comisión Jurisdiccional. En este tema no tiene interés específico la Comisión de Puntos Constitucionales, por el contrario, en la Sección Instructora del juicio político, deben participar tanto la Comisión de Puntos Constitucionales como la de Justicia como la Jurisdiccional, a efecto de que la Comisión de Puntos Constitucionales que se ocupa precisamente de estudiar las iniciativas de reformas constitucionales y de atender lo que atañe directamente al texto de nuestra Carta Magna, tenga la posibilidad de participar. En un caso es un procedimiento, insisto, simple, para lograr superar el obstáculo procesal y que pueda ejercerse la acción penal en contra de un servidor público que haya cometido un delito ordinario. Y en el otro caso se trata de un auténtico proceso, con términos muy específicos, para que pueda desahogarse dentro de los plazos señalados por nuestra Constitución, a efecto de que determine, inicialmente como Cámara de acusación, la Cámara de Diputados, si un servidor público ha cometido conductas que atenten contra los intereses jurídicos fundamentales, y que después así lo pueda juzgar la Cámara de Senadores. Creemos que la reforma que reconozca la diversa naturaleza de ambos procedimientos, es lo que permitirá efectivamente que podamos ejercer a plenitud las facultades que tenemos tanto en materia de declaratoria de procedencia como de juicio político. Muchas gracias. Pido a la Presidencia que esta iniciativa se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Justicia. Gracias. HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, DEL CONGRESO DE LA UNION. Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de Decreto que reforma los capítulos II y III del Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y deroga el capítulo IV del mismo Título, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS En los últimos años, se han tramitado en nuestro país diversos procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia, lo que ha permitido advertir algunas imprecisiones y lagunas que es necesario corregir, a fin de dar vigencia al mandato constitucional de sancionar con eficacia a los servidores que faltan a sus deberes fundamentales en el ejercicio del servicio público. Al someterse a procedimiento a los servidores públicos, es necesario que se acaten los imperativos de audiencia, legalidad, imparcialidad y prontitud que exige la propia Norma Suprema, pues es claro que no puede hacerse de esos instrumentos adjetivos, foros para dirimir reyertas personales o intereses de grupo, mediante la tramitación de procedimientos secretos, incluso para el interesado, que dejan al juzgador amplios márgenes de discresionalidad, más propios de los trámites inquisitoriales que de los modernos procesos y procedimientos a nivel mundial. Por principio, es necesario reconocer que el juicio político y la declaración de procedencia tienen naturaleza y características distintas, por lo que sus procedimientos deben reconocer y atender sus diferencias; en el primero se trata de enjuiciar al servidor público por haber atentado en contra de los intereses públicos fundamentales, hasta llegar a una sentencia que lo sanciona y su ejecución; en el segundo, el objetivo es establecer si se dan los requisitos formales para que válidamente pueda ejercerse acción penal contra un sujeto protegido por inmunidad constitucional. Así las cosas, es imprescindible separar claramente en capítulos relativos a cada uno de dichos procedimientos, porque en realidad sólo tienen en común que se inician ante la Cámara de Diputados. Por ello, es necesario replantear todo el tema, pues no se trata de meros cambios superficiales, sino de diseñar los procedimientos que deben satisfacer tan diversos objetivos. En esta iniciativa, en consecuencia, se propone reestructurar todo el capítulo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para dedicarlo al procedimiento de juicio político, y dedicar el capítulo tercero del propio ordenamiento, al procedimiento para la declaración de procedencia. El primero de los procedimientos, es decir, el de juicio político, se propone articularlo en dos etapas sucesivas denominadas de instrucción y de juicio, respectivamente, puesto que ello es lo que corresponde a su naturaleza y objetivo. La primera, sería tramitada ante la Subcomisión de Instrucción de la Cámara de Diputados, órgano que realizaría las tareas que hoy día corresponden a la Subcomisión de Examen Previo y a la Sección Instructora. La segunda etapa se llevaría a cabo ante la Subcomisión de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores. Tanto la Subcomisión de Instrucción como la Subcomisión de Enjuiciamiento estarían integradas por miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Comisión de Justicia y de la Comisión Jurisdiccional, por ser las comisiones que tienen como función cuidar, estudiar y resolver sobre los temas que son materia de un juicio político, y, como se verá más adelante, no tienen la competencia en las materias que se analizan en una declaración de procedencia. A fin de dar cumplimiento al mandato constitucional de que las sanciones se apliquen en un periodo no mayor de un año, a partir de que se haya iniciado el procedimiento, se prevé que las referidas Subcomisiones no interrumpan sus labores con motivo de la conclusión de los periodos de sesiones del Congreso de la Unión y, por tanto, se mantengan de legislatura a legislatura. Asimismo, por seguridad jurídica, se prevé que el trámite se realice sólo en días y horas hábiles. En cuanto al régimen de supletoriedad, aun cuando el procedimiento de juicio político inicia con una denuncia, en realidad, por sus propias características poco o nada tiene que ver con instituciones características del proceso penal, como son las relativas a las actas de averiguación previa, la declaración o la libertad preparatorias, el auto de formal prisión, el aseguramiento de los objetos de delito o la libertad por desvanecimiento de datos. Más bien, el citado procedimiento de juicio político, guarda mayor similitud con los trámites del contencioso establecidos en el libro segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles, por cuanto hace a un impulso procesal, seguido de la citación formal, de una audiencia de pruebas, de alegatos y de una sentencia que pone fin al contradictorio. Es por esta razón que se plantea la supletoriedad con éste y no con aquél ordenamiento legal. Asimismo, en la iniciativa de reformas que se somete a la consideración de esta Soberanía, se ha tomado la actual conformación y denominación de las Comisiones de las H. Cámaras que integran el Congreso de la Unión, establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 31 de agosto de 1999 y su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de octubre de 2000. Por otra parte, para la promoción de la denuncia de juicio político, se enuncian con mayor claridad los requisitos del caso, y el denunciante queda obligado a acreditar su calidad de ciudadano mexicano y a ratificar su denuncia enseguida de su presentación. Toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que es obligación de los juzgadores, judiciales o administrativos, procurar que se subsanen los defectos del escrito inicial, se establece la figura de la prevención. A diferencia de lo que ocurre con el actual trámite, en la presente iniciativa se prevé el emplazamiento del servidor público presunto responsable, incluso antes de dictar el auto admisorio, a fin de asegurar que será oído durante la etapa de depuración que supone el análisis que a la fecha se encuentra encomendado a la Subcomisión de Examen Previo. Una cuestión de primer orden, a nivel constitucional, es que el servidor público cuente con adecuados medios de defensa, pues es, a fin de cuentas, un procesado. Por ello, se plantea la existencia de un recurso administrativo de agotamiento no obligatorio para el servidor público, quien incluso podría recurrir al amparo indirecto, en los casos que se señalan expresamente en la propia iniciativa. El tema ha sido reiteradamente discutido. El artículo 110 de la Norma Suprema estatuye que las resoluciones y declaraciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables; sin embargo éstas se refieren de modo inequívoco sólo a las definitivas que dicten esos órganos y en forma alguna aluden a las que se produzcan en el curso del procedimiento y que causen perjuicio al gobernado. Más aún, el Proyecto de Ley de Amparo, dado a conocer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la procedencia del amparo en estos casos, por lo que podríamos afirmar que este es, hoy día, el criterio prevaleciente del máximo órgano de administración de justicia en nuestro país. Especial consideración merece la precisión de cuándo inicia el procedimiento de juicio político. Esta iniciativa se pronuncia con claridad en el sentido de que una vez que concluye la etapa de depuración del procedimiento (llamada también por la doctrina de saneamiento o bien, previa) habrá de iniciarse el procedimiento de juicio político. Con ello se pretende terminar con la gran confusión que han generado los artículos 10 y 12 de la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el ya citado artículo 114 constitucional, lo que se ha traducido, a fin de cuentas, en indefensión e inseguridad jurídica para el servidor público presunto responsable. off Por lo demás, el resto del trámite ante la Subcomisión de Instrucción, tiene como objetivo la aplicación pronta y eficaz de sanciones a los servidores públicos que incumplan con sus deberes fundamentales; pero teniendo siempre como marco de referencia el acatamiento estricto a las garantías constitucionales. Al tratarse, en esencia, de un procedimiento que puede concluir con un acto de carácter privativo, como lo es la destitución del puesto, en los términos del artículo 14 de la Norma Suprema, es necesario que esta Soberanía se pronuncie por un irrestricto respeto a las formalidades esenciales del procedimiento que deben regir a favor de todos los gobernados. En cuanto al trámite que habría de seguirse ante la Subcomisión de Enjuiciamiento, esta iniciativa contempla un procedimiento sucinto, que se reduce a la formulación de alegatos por parte del servidor público presunto responsable y al proyecto de sentencia de dicha Subcomisión, en razón de que en la instancia de instrucción ya fue fijado el contradictorio y se desahogaron las pruebas. Tanto en el caso de la instrucción, como en el período de juicio, se establece un breve plazo para citar al Pleno de las Cámaras de Diputados y de Senadores, a efecto de que funjan, respectivamente, como Jurado de Acusación y como Jurado de Sentencia, para cumplir con los fines que constitucionalmente les han sido encomendados, con independencia de que se encuentren sesionando o no en los periodos ordinarios. En otro orden, en cuanto hace al capítulo relativo a la declaración de procedencia, se prevé que una Subcomisión de Declaración, pueda recibir las peticiones que formule el Ministerio Público. La Subcomisión de Declaración estaría integrada por miembros de las Comisiones de Justicia y Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, pues en su integración no se requiere la participación de miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, en tanto que su función consiste en determinar si el sujeto goza de la inmunidad constitucional y si se satisfacen los requisitos para que se ejerza la acción penal en su contra, en caso de aprobarlo el Pleno de la Cámara de Diputados. El trámite se plantea simplificado, reduciéndose a la citación formal del servidor público presunto responsable, para el ofrecimiento y desahogo de pruebas en una sola audiencia, seguida de los alegatos y de la elaboración del dictamen para votación del Pleno de la Cámara de Diputados, actuando como Jurado de Procedencia. En el supuesto de las resoluciones de trámite, también se prevé la procedencia de un recurso administrativo, de agotamiento no obligatorio, a fin de asegurar las garantías de debida defensa. A fin de permitir la debida integración de los órganos que intervendrían en la aplicación de la normativa propuesta, se contempla en los transitorios de la iniciativa una vacatio legis de treinta días, plazo que además posibilitaría el mejor conocimiento del nuevo régimen. Por otra parte, se plantea la aplicación de la nueva normativa a aquellos actos procesales que tengan origen en procedimientos iniciados con anterioridad, pero que se desarrollen dentro de la vigencia de ésta, lo cual es congruente con los criterios del Poder Judicial de la Federación, en materia de retroactividad de normas procesales Finalmente, se propone un régimen transitorio de revisión de asuntos, en los que los órganos de nueva creación estarían imposibilitados para actuar, por actualizarse alguno de los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, que se pretenda iniciar el procedimiento cuando ha transcurrido más de un año, desde que el servidor público desempeñó el cargo por el que se le denunció, o bien que se le pretenda sancionar cuando ha transcurrido más de un ano desde que inició el procedimiento. Con todo lo anterior, estimamos, pueden agilizarse los procedimientos contemplados en el título segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con objeto de dar debido cumplimiento al mandato del título cuarto constitucional, en el que subyace el principio de una administración pública transparente, eficiente y honesta, que requerimos todos los mexicanos. También con la propuesta de reformas que se somete a consideración de esta Soberanía, se armoniza ese objetivo con el imperativo de que el Poder Legislativo sea, a través de la ley, el primer garante de los derechos fundamentales de los gobernados; los procesos civilizados no son, en los términos del jurista italiano Piero Calamandrei, relaciones entre un objeto inerte a merced de la violencia de un inquisidor, sino relaciones claras y justas entre el juzgador y el gobernado. Tanto afrenta a la sociedad la ausencia de castigo, como el castigo injusto. Estas son, en todo caso, las directrices de la presente Iniciativa. En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de: DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ARTICULO PRIMERO. Se reforman los capítulos II y III del Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como siguen TITULO SEGUNDO CAPITULO II Primera Parte Procedimiento de Juicio Político Sección I Reglas Generales Artículo 9. El procedimiento de juicio político consta de dos etapas sucesivas denominadas período de instrucción y período de juicio. Artículo 10. En el procedimiento de juicio político la Cámara de Diputados actuará como órgano instructor y de acusación. La Cámara de Senadores fungirá como Jurado de Sentencia. En su actuación, ambas cámaras deberán sujetarse a lo dispuesto por los artículos 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley. En ningún caso podrá dispensarse alguna de las formalidades establecidas en los ordenamientos antes señalados. A falta de disposición expresa, serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, y en su caso, la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la normativa de las Cámaras. Artículo 11. El período de instrucción será substanciado por la Cámara de Diputados, a través de una Subcomisión de Instrucción, que se mantendrá de legislatura a legislatura, y estará integrada por tres miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, tres miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y tres miembros de la Comisión Jurisdiccional. Asimismo, formarán parte de la Subcomisión de Instrucción los presidentes de las comisiones antes señaladas. El presidente de la Comisión Jurisdiccional lo será a su vez de la Subcomisión de Instrucción y tendrá voto de calidad para el caso de empate. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fungirá como secretario. Artículo 12. El periodo de juicio será substanciado por la Cámara de Senadores, a través de una Subcomisión de Enjuiciamiento que se mantendrá de legislatura a legislatura, y estará integrada por tres miembros de la Comisión Puntos Constitucionales, tres miembros de la Comisión de Justicia, y tres miembros de la Comisión Jurisdiccional. Asimismo, formarán parte de la Subcomisión de Enjuiciamiento los presidentes de las comisiones ordinarias antes señaladas. El presidente de la Comisión Jurisdiccional lo será a su vez de la Subcomisión de Enjuiciamiento y tendrá voto de calidad para el caso de empate. El presidente de la Comisión de Justicia fungirá como secretario. Artículo 13. En el procedimiento de juicio político las actuaciones deberán practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, excepto los sábados, domingos y aquellos que no sean laborables para los trabajadores del Poder Legislativo Federal. Se entienden horas hábiles las que medien desde las nueve hasta las diecinueve horas. Las sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, previstas en los artículos 34 y 40 de esta Ley, no quedarán sujetas a dicho horario. Sin perjuicio de lo anterior, las Subcomisiones de Instrucción y Enjuiciamiento, podrán habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija. En todo caso, deberán hacer constar cuál es la causa que motive la habilitación y las diligencias que hayan de practicarse. Artículo 14. Las actuaciones que se practiquen en el procedimiento de juicio político deberán ser autorizadas por el secretario de la Subcomisión que corresponda, o por alguno de los secretarios de las Comisiones o Cámaras cuando les competa actuar. Los ocursos y las actuaciones deberán escribirse en español. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse de la correspondiente traducción al español. Las fechas y cantidades se escribirán con letra. No se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose al fin con toda precisión el error cometido. Artículo 15. Todas las declaraciones, resoluciones, autos y demás proveídos que se emitan dentro del procedimiento de juicio político o a consecuencia del mismo, deberán estar debidamente fundadas y motivadas. Las excusas y recusaciones se substanciarán en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 16. Para hacer cumplir las determinaciones que dicten en términos de la presente Ley, las Subcomisiones, Comisiones y Cámaras, podrán imponer como medida de apremio, previo el apercibimiento correspondiente, multa hasta por el equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. El procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las multas que se impongan en términos del presente artículo, será aplicado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Sección II De la denuncia y el período de instrucción Artículo 1i7. El procedimiento de juicio político podrá ser promovido por cualquier ciudadano mexicano, bajo su más estricta responsabilidad, mediante la presentación de una denuncia por escrito que contenga los siguientes requisitos: I. Nombre completo y domicilio del denunciante. Las denuncias anónimas no producirán efecto alguno. II. Nombre del funcionario denunciado. III. Los hechos en que se funde la denuncia, debiendo narrarse, bajo protesta de decir verdad, sucintamente, con claridad y precisión. En todo caso, la denuncia deberá referirse a alguna de las conductas previstas en el artículo 7° de esta Ley, o bien a las que determina el segundo párrafo del artículo 5° de este mismo ordenamiento, por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales. IV. Firma del denunciante. V. Asimismo, en el escrito de denuncia deberán ofrecerse todas las pruebas con las que se pretendan acreditar los hechos en que se funde. Al efecto, serán admisibles todo tipo de pruebas, siempre que estén reconocidas por la ley. El denunciante deberá exhibir todos los documentos que ofrezca como prueba junto con la denuncia. Los que se presenten con posterioridad no serán admitidos, salvo aquellos supervenientes. En el caso de que el denunciante careciere de algún documento, deberá acreditar, al presentar su denuncia, que solicitó su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se le expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. En estos casos, a petición del denunciante, la Subcomisión de Instrucción, luego de que tenga por presentada la denuncia, podrá solicitar la expedición del documento correspondiente, a costa del denunciante. Si se ofreciere la testimonial, deberá proporcionarse el nombre y domicilio de los testigos y se exhibirán los interrogatorios al tenor de los cuales deberá desahogarse la prueba. En ningún caso se admitirán testimoniales de personas que no hayan sido mencionadas en el escrito de denuncia. Si el domicilio de los testigos resultare inexacto, se declarará desierta la prueba. De ofrecerse la pericial, deberá indicarse el nombre y domicilio de los peritos, así como la clase de pericial de que se trate. Asimismo, deberá anexarse el cuestionario que deban resolver los peritos. En ningún caso se tendrán por presentadas denuncias que no tengan sustento en prueba alguna. Artículo 18. En el evento de que la ,denuncia sea presentada por dos o más ciudadanos de manera conjunta, tan pronto la ratifiquen en lo individual, deberán designar un representante común. Luego de que se acuerde favorablemente su nombramiento, el representante común tendrá las mismas facultades que si actuara por propio derecho, y en lo sucesivo, el conjunto de denunciantes actuará únicamente por su conducto. Artículo 19. El escrito de denuncia deberá ser presentado ante la oficialía de partes de la Subcomisión de Instrucción, y en el mismo acto deberá ser ratificada por el denunciado, ante el personal de dicha oficialía, previa acreditación de su calidad de ciudadano mexicano. A tal efecto, bastará la exhibición de su credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral. De no ratificarse la denuncia en los términos señalados, se tendrá por no presentada. Artículo 20. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ratificación del escrito de denuncia, la Subcomisión de Instrucción procederá a efectuar su revisión. Si encontrare alguna irregularidad, o advirtiere la omisión de alguno de los requisitos previstos en el artículo 17 de esta Ley, prevendrá, mediante notificación personal, al denunciante para que dentro de un plazo improrrogable de tres días hábiles los subsane. Si transcurrido dicho plazo no se diera cumplimiento a la prevención, la Subcomisión de Instrucción desechará de plano la denuncia, ordenando su archivo como asunto concluido. Artículo 21. Presentada la denuncia con los requisitos correspondientes, o desahogada satisfactoriamente la prevención a que se refiere el artículo 20, la Subcomisión de Instrucción procederá a dictar un proveído en el que se tenga por presentada la denuncia. En el mismo se mandará emplazar al denunciado, corriéndole traslado con copia autorizada de la denuncia y los documentos anexos, a efecto de que dentro del plazo de diez días hábiles comparezca por escrito, ante dicha Subcomisión, a manifestar lo que a su derecho convenga. Al hacer sus manifestaciones, el denunciado deberá referirse, en capítulos separados, tanto a la procedencia de la denuncia, como a las imputaciones que se le hagan, señalando los hechos que sean ciertos, los que sean falsos y los que ignore por no ser propios. Asimismo, el denunciado deberá ofrecer todas las pruebas que considere pertinentes y que tengan relación con la procedencia de la denuncia y con las imputaciones de fondo, debiendo observar en lo conducente los requisitos previstos en la fracción V del artículo 17 de esta Ley. De igual forma, al hacer sus manifestaciones, el denunciado deberá adicionar los interrogatorios de testigos y peritos que, en su caso, haya exhibido el denunciante. Si el denunciado no comparece en el plazo antes señalado, se entenderán negados los hechos que se le imputen, y se tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas y adicionar los interrogatorios de testigos y peritos. Artículo 22. Dentro de los diez días hábiles siguientes a que reciba las manifestaciones del denunciante, o a que haya vencido el plazo para hacerlas, la Subcomisión de Instrucción procederá a resolver si ha lugar o no a iniciar el procedimiento. A tal efecto, la Subcomisión de Instrucción deberá analizar en su integridad tanto las manifestaciones del denunciante, como las que en su caso hubiere hecho el denunciado, junto con la documentación exhibida. Para resolver sobre la iniciación del procedimiento la Subcomisión de Instrucción deberá verificar escrupulosamente que se cumpla lo siguiente: I. Que el funcionario público denunciado continúe en su cargo, o bien que no haya transcurrido más de un año desde que cesó su ejercicio. II. Que el denunciado se encuentre entre los servidores públicos que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son sujetos del juicio político. III. Que en el escrito de denuncia se impute al funcionario público alguna conducta que claramente encuadre en las previstas en el artículo 7° de la presente Ley. IV. Que la denuncia esté apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer presuntivamente la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado. Artículo 23. La resolución por la que se decida que no ha lugar a iniciar el procedimiento no es recurrible. Contra la que resuelva iniciarlo será procedente el recurso de revisión o el juicio de amparo indirecto, que podrá promover el denunciado a su elección. Artículo 24. En la resolución por la que se decida iniciar el procedimiento, procederá la Subcomisión de Instrucción a proveer sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por el denunciante y el denunciado, y dictará las medidas que resulten necesarias para su preparación; fijando día y hora para la celebración de una audiencia, dentro de los treinta días hábiles siguientes, en la que tendrá lugar su desahogo. Dicha resolución deberá ser notificada personalmente al denunciante y al denunciado dentro de los tres días hábiles siguientes a que se dicte. De ser necesaria la práctica de diligencias fuera del lugar de residencia de las Cámaras, se encomendará su realización al Juez de Distrito competente, por medio de despacho que al efecto se remita. Artículo 25. Cuando sea estrictamente necesario para el conocimiento de los hechos denunciados, la Subcomisión de Instrucción podrá decretar, de oficio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria. En este caso, la diligencia probatoria deberá quedar, desahogada antes de que concluya la audiencia de pruebas. La subcomisión de instrucción ordenará la notificación personal al denunciado de todo proveído por el que ordene la práctica de alguna diligencia probatoria, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha en que la misma deba tenga lugar con la finalidad de permitir su participación. Artículo 26. De ofrecerse o considerarse necesaria la confesional del denunciado, dicha prueba deberá desahogarse por oficio, mientras el servidor público continúe en su encargo. La misma regla se observará para el reconocimiento de documentos. Artículo 27. Si en la audiencia prevista en el artículo 24 de esta ley no pudiere tener lugar el desahogo de todas las pruebas admitidas, incluyendo las que se determinen para mejor proveer, la Subcomisión de Instrucción la diferirá por única vez, fijando nueva fecha para su celebración dentro de los quince días hábiles siguientes. Las pruebas que por falta de preparación no queden desahogadas en dicha fecha serán declaradas desiertas. El denunciante podrá asistir al desahogo de las pruebas que hubiere ofrecido. Sin embargo, en ningún caso se le concederá el derecho de intervenir o alegar en dichas diligencias. Artículo 28. Concluida la audiencia pruebas, se pondrán los autos a la vista del denunciado a efecto de que dentro del plazo de diez días hábiles presente sus alegatos por escrito ante la Subcomisión de Instrucción. Artículo 29. Presentados los alegatos del denunciado, o vencido el plazo para ello, la Subcomisión de Instrucción contará con un plazo de diez días hábiles para formular su proyecto de declaración. Artículo 30. Si del análisis de lo alegado y probado en el procedimiento se acredita la responsabilidad del servidor público, la Subcomisión de Instrucción propondrá en su proyecto de declaración la aprobación de lo siguiente: I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia; II. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del denunciado; III. La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 8° de esta ley, y IV. Que en caso de ser aprobado el proyecto, se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los efectos legales respectivos. Si alguno o algunos de los miembros de la Subcomisión de Instrucción disintiesen del parecer de la mayoría, podrán presentar voto particular por escrito, el cual se someterá al Pleno de la Cámara de Diputados, en unión del dictamen de la mayoría, siempre que tales votos particulares se hayan presentado al menos un día antes de que se inicie la discusión del dictamen de la mayoría. Artículo 31. De no acreditarse la responsabilidad del servidor público, la Subcomisión de Instrucción propondrá en su proyecto, previa votación de sus integrantes, que no se formule acusación ante la Cámara de Senadores y se declare concluido el procedimiento. Si alguno o algunos de los miembros de la Subcomisión de Instrucción disintiesen del parecer de la mayoría, podrán presentar voto particular por escrito, el cual se someterá al Pleno de la Cámara de Diputados, en unión del dictamen de la mayoría, siempre que tales votos particulares se hayan presentado al menos un día antes de que se inicie la discusión del dictamen de la mayoría. Artículo 32. Con el proyecto a que se refieren los artículos 29, 30 y 31 de esta Ley, la Subcomisión de Instrucción remitirá las actuaciones al Presidente de la Cámara de Diputados, a efecto de que éste proceda a citar, por los conductos ordinarios, a una sesión del Pleno, que deberá tener lugar dentro de los cinco días hábiles siguientes, con el fin de resolver sobre la imputación. Artículo 33. El Presidente de la Cámara de Diputados mandará hacer del conocimiento del denunciado el día y hora en que tendrá lugar la sesión prevista en el artículo 32, a fin de que, si lo desea, pueda comparecer a hacer las manifestaciones que estime convenientes. En todo caso, el denunciado podrá hacer sus manifestaciones por escrito, sin que al efecto se requiera su comparecencia personal. Artículo 34. La sesión de la Cámara de Diputados, prevista en el artículo 32, será indivisible y una vez iniciada no concluirá hasta que se haya emitido la resolución respectiva. Comenzará con la declaración formal de su Presidente en el sentido de que dicha cámara se erige, a partir de ese momento, en órgano de acusación. Acto continuo, el secretario de la mesa directiva dará lectura al proyecto de la Subcomisión de Instrucción. Asimismo, el secretario dará lectura íntegra a las manifestaciones del denunciado, en el evento de que estas hubieran sido hechas por escrito. Si el denunciado o su representante asistieran a la sesión, tendrán derecho a hacer uso de la voz, en concepto de alegatos, a efecto de lo cual se les concederá un máximo de veinte minutos, antes del inicio de la discusión. Artículo 35. Efectuada la lectura de las manifestaciones del denunciado o escuchados sus alegatos, se procederá a discutir y a votar el proyecto de la Subcomisión de Instrucción. En caso de no aprobarse el proyecto presentado, la Subcomisión deberá elaborar otro, en el sentido indicado por el Presidente de la Cámara de Diputados, a fin de que sea discutido y votado dentro de los quince días siguientes. En ningún caso podrán votar los diputados que hayan tenido el carácter de denunciantes. Si el denunciado o su representante desearen presenciar la discusión y votación, lo manifestarán así al secretario de la mesa directiva, quien les asignará el sitio, dentro del salón de sesiones, en el que podrán permanecer, sin que puedan hacer uso de la voz. Artículo 36. Si la Cámara de Diputados decidiere que no ha lugar a formular acusación ante la Cámara de Senadores, en la misma resolución declarará concluido el procedimiento y ordenará el archivo del asunto como concluido. Si la decisión fuera en el sentido de formular acusación, se remitirá el original de la declaración, junto con las actuaciones completas, a la Cámara de Senadores para la substanciación del periodo de juicio y resolución definitiva. Sección III Del período de juicio Artículo 37. Recibida en la Cámara de Senadores la acusación junto con las actuaciones, se turnarán a la Subcomisión de Enjuiciamiento, la que acusará recibo a la Cámara de Diputados y ordenará notificar al denunciado de la llegada y radicación de los autos, concediéndole un plazo de diez días hábiles para que formule sus alegatos por escrito. Artículo 38. Formulados los alegatos del denunciado o vencido el plazo para ello, la Subcomisión de Enjuiciamiento procederá al análisis íntegro de las constancias de autos, y en un plazo no mayor a diez días hábiles, previa votación de sus integrantes, formulará su proyecto de sentencia, y lo entregará al Presidente de la Cámara de Senadores a efecto de que éste proceda a citar, por los conductos ordinarios, a una sesión del Pleno, que deberá tener lugar dentro de los cinco días hábiles siguientes, con el fin de resolver sobre la acusación Si alguno o algunos de los miembros de la Subcomisión de Instrucción disintiesen del parecer de la mayoría, podrán presentar voto particular por escrito, el cual se someterá al Pleno de la Cámara de Diputados, en unión del dictamen de la mayoría, siempre que tales votos particulares se hayan presentado al menos un día antes de que se inicie la discusión del dictamen de la mayoría. Artículo 39. El Presidente de la Cámara de Senadores mandará hacer del conocimiento del denunciado el día y hora en que tendrá lugar la sesión prevista en el artículo 38, a fin de que, si lo desea, pueda comparecer a hacer las manifestaciones que estime convenientes. En todo caso, el denunciado podrá hacer sus manifestaciones por escrito, sin que al efecto se requiera su comparecencia personal. Artículo 40. La sesión de la Cámara de Senadores, prevista en el artículo 38, será indivisible y una vez iniciada no concluirá hasta que se haya emitido la resolución respectiva. Comenzar con la declaración formal de su Presidente en el sentido de que dicha Cámara se erige, a partir de ese momento, en Jurado de Sentencia. Acto continuo, el secretario de la mesa directiva dará lectura al proyecto de sentencia. Asimismo, el secretario dará lectura íntegra a las manifestaciones del denunciado, en el evento de que estas hubieran sido hechas por escrito. Si el denunciado o su representante asistieran a la sesión, tendrán derecho a hacer uso de la voz, en concepto de alegatos, a efecto de lo cual se les concederá un máximo de veinte minutos, antes del inicio de la discusión. Artículo 41. Efectuada la lectura de las manifestaciones del denunciado o escuchados sus alegatos, se procederá a discutir y a votar el proyecto de la Subcomisión de Enjuiciamiento. En caso de no aprobarse el proyecto presentado, la Subcomisión deberá elaborar otro, en el sentido indicado por el Presidente de la Cámara de Senadores, a fin de que sea discutido y votado dentro de los quince días siguientes. En ningún caso podrán votar los Senadores que hayan tenido el carácter de denunciantes. Si el denunciado o su representado desearen presenciar la discusión y votación, lo manifestarán así al secretario de la mesa directiva, quien les asignará el sitio, dentro del salón de sesiones, en el que podrán permanecer, sin que puedan hacer uso de la voz. Artículo 42. Efectuada la votación, se emitirá la resolución correspondiente, en la cual deberá quedar determinado con claridad si el denunciado es o no responsable, y en su caso cuál es la sanción que le corresponde. Sección IV Del recurso de revisión Artículo 43. Las declaraciones y resoluciones definitivas de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. Contra los autos y demás proveídos de las Subcomisiones de Instrucción y Enjuiciamiento, dictados durante la secuela del procedimiento de juicio político, que afecten gravemente las defensas del denunciado, procede el recurso de revisión. Asimismo, será procedente dicho recurso en los casos expresamente señalados en la presente Ley. Artículo 44. La finalidad del recurso de revisión será modificar o revocar el auto o proveído impugnado, y su agotamiento será opcional. La interposición del recurso de revisión no suspenderá la ejecución de los autos y proveídos impugnados. Artículo 45. El recurso de revisión se promoverá mediante escrito en el que se expresen agravios, el cual deberá presentarse, dentro de los diez días hábiles siguientes a que haya surtido efectos la notificación de los autos o proveídos impugnados, ante la Subcomisión que los haya emitido. Artículo 46. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la Subcomisión reciba el escrito mediante el que se promueva el recurso, proveerá sobre su admisión y lo turnará a su Presidente para resolución, la que deberá ser dictada en un plazo máximo de diez días. Segunda Parte Procedimiento para la Declaración de Procedencia Artículo 47. El procedimiento de declaración será substanciado ante la Cámara de Diputados, a través de una Subcomisión de Declaración de Procedencia, que se mantendrá de legislatura a legislatura y estará integrada por seis miembros de la comisión de Justicia y Derechos Humanos y seis miembros de la Comisión Jurisdiccional. De entre ellos se designará un presidente y un secretario. En su actuación la Cámara deberá sujetarse a lo previsto en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la presente Ley. En ningún caso podrán dispensarse las formalidades establecidas en los ordenamientos antes señalados. A falta de disposición expresa, serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, y en su caso, la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la normativa de las Cámaras. Artículo 48. La petición de declaración de procedencia sólo podrá ser formulada por el Ministerio Público, cuando se encuentren debidamente cubiertos los requisitos para el ejercicio de la acción penal en contra de alguno de los servidores públicos a que se refiere el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 49. La petición a que se refiere el artículo anterior deberá ser presentada ante la oficialía de partes de la Subcomisión de Declaración de Procedencia, la cual, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes deberá proveer sobre su admisión. Si fuere notoriamente improcedente la desechará de plano sin ulterior recurso. Artículo 50. Dictado el auto admisorio, la Subcomisión de Declaración de Procedencia emplazará al servidor público presunto responsable, corriéndole traslado de la petición de declaración de procedencia y de sus anexos, a efecto de que dentro de diez días comparezca mediante escrito, por si o por conducto de su defensor, ante dicha Subcomisión, a manifestar lo que a su derecho convenga y para ofrecer pruebas. Si el servidor público no comparece en los plazos antes señalados, se entenderán negados los hechos que se le imputan y por perdido su derecho de ofrecer pruebas. Artículo 51. Ofrecidas las pruebas del servidor público presunto responsable, la Subcomisión de Declaración de Procedencia procederá a proveer sobre su admisión y dictará las medidas necesarias para su preparación, fijando día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos dentro de los treinta días siguientes. Dicha audiencia sólo podrá diferirse por una sola vez. El auto que admita pruebas es irrecurrible, el que las deseche puede ser combatido mediante el recurso previsto en el artículo 43, que se promoverá ante la Subcomisión de Declaración de Procedencia y será resuelto por su presidente. Artículo 52. Si del análisis de lo probado y alegado en el procedimiento de declaración de procedencia se acredita la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional, cuya remoción se solicita, la Subcomisión de Declaración de Procedencia dictaminará que ha lugar a proceder penalmente contra el inculpado y en ese sentido elaborará su proyecto de resolución dentro de los diez días siguientes a aquel en que se celebre la audiencia referida en el artículo precedente. Si alguno o algunos de los miembros de la Subcomisión de Instrucción disintiesen del parecer de la mayoría, podrán presentar voto particular por escrito, el cual se someterá al Pleno de la Cámara de Diputados, en unión del dictamen de la mayoría, siempre que tales votos particulares se hayan presentado al menos un día antes de que se inicie la discusión del dictamen de la mayoría. Artículo 53. Notificado el proyecto de resolución correspondiente, el Presidente de la Cámara anunciará a ésta que debe eregirse en Jurado de Procedencia dentro de los cinco días siguientes a esa notificación, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al Ministerio Público. Artículo 54. En el día y hora señalados la Cámara de Diputados se erigirá en Jurado de Procedencia, previa declaración de su Presidente. En seguida, la Secretaría hará lectura del proyecto de resolución de la Subcomisión de Declaración de Procedencia y de las alegaciones que por escrito hayan presentado el servidor público o su defensor. Acto seguido se procederá a discutir y votar el mencionado proyecto de resolución, en la misma sesión. En caso de no aprobarse el proyecto presentado, la Subcomisión de Declaración de Procedencia deberá elaborar otro en el sentido indicado por el Presidente de la Cámara de Diputados, a fin de que sea discutido y votado dentro de los quince días siguientes. Artículo 55. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. En todo caso, el servidor público presunto responsable tendrá derecho a libertad caucional en el proceso que se le siga. Artículo 56. Cuando se siga proceso penal a un servidor público de los mencionados en el artículo 111 Constitucional, sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los artículos anteriores, el Presidente de la Subcomisión de Procedencia notificará por oficio al Juez o Tribunal que conozca de la causa, a fin de que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder. Artículo 57. En lo conducente serán aplicables al trámite de declaración de procedencia las previsiones de los artículos 13, 14, 15 y 16 de la presente Ley. ARTICULO SEGUNDO. Se deroga el capítulo IV del Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ARTICULO TERCERO. Se recorren los actuales artículos del 46 al 90 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como artículos 58 al 102. TRANSITORIOS PRIMERO. Las disposiciones contenidas en el presente decreto entrarán en vigor treinta días después de su publicación. SEGUNDO. Los actos procesales que tengan lugar con motivo de procedimientos de juicio político o de declaración de procedencia iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se regirán por las disposiciones de éste. Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de diciembre de 2000