El diputado Fidel Rene Meza Cabrera: Diputadas y diputados: El suscrito diputado federal en ejercicio, presenta iniciativa con base en la siguiente exposición de motivos: El juicio de amparo, nombre que se da al mecanismo empleado en la solución de las controversias suscitadas entre los individuos y el Estado, previstas en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su ley reglamentaria denominada Ley de Amparo que es la reglamentación que dirige el procedimiento que inicia con la demanda y concluye con la sentencia debidamente ejecutada, es una institución típica del derecho mexicano de largo historial y que prestigia a la justicia de nuestro país. Sabemos que es característica fundamental y excepcional del juicio de amparo la probabilidad de obtener la suspensión de un acto de autoridad antes de que se ejecute o cuando se inicia y evitar la posibilidad de un daño de difícil o imposible reparación. Hecho característico de esta hipótesis, es la solicitud de amparo para evitar una detención o aprehensión en forma ilegal o algún daño en nuestro patrimonio o actividad lícita. Así, mediante un procedimiento sencillo y expedito, se pueden iniciar juicios de amparo en materia penal, civil, administrativa, mercantil, agraria, laboral. Las reformas y adiciones hechas a la Ley Agraria, han introducido normas de aplicación general que dan perfil al estado moderno y que tienden a acotar los poderes públicos a favor de los particulares con la revisión y adecuación de las garantías individuales, sociales y políticas. Reprobable es que se acuda abusivamente a este noble recurso para demandar la suspensión de un acto legal, aduciendo argucias y evitar o retardar la acción de la justicia en hechos criminales, proteger el funcionamiento de giros mercantiles irregulares, solapar antros de vicio y prostitución, conocidos como "giros negros" y lo que es peor aún, encubrir el tráfico, venta o posesión de estupefacientes; asimismo, toda la gama de falacias usadas en asuntos agrarios y laborales. Es necesario y urgente detener esta perversión del juicio de amparo que se utiliza por la facilidad con que se obtienen las suspensiones provisionales o definitivas, con lo cual se continuaría actuando en condiciones irregulares de clara ilicitud y a veces delictivas. Sin embargo, no podemos ni debemos obstaculizar la acción protectora del juicio de amparo en los casos en que sí procede la acotación de la autoridad y evitar la consumación de una arbitrariedad. Ante el dilema de restringir la protección de los particulares ante la autoridad injusta o propiciar la realización de actos ilegales por la amplitud de las normas jurídicas que facilitan su violación, sólo nos queda el recurso de perfeccionar los instrumentos legales con dispositivos que eviten su transgresión. Considerando que la solución es reformar y adicionar los artículos de la Ley de Amparo que reglamentan el procedimiento para otorgar la protección y amparo de la justicia federal, es que propongo lo siguiente: Primero. Adicionar un párrafo intercalado entre el primero y el segundo párrafo de la fracción XVIII del artículo 73 para que, previa a cualquier resolución que se compruebe que no se incurre en las causales previstas en la fracción III y IV, porque de ser así, se deseche la promoción. Segundo. Reformar el segundo párrafo de la fracción III del artículo 124 para que precautoriamente se compruebe la veracidad del acto reclamado y se precise la conservación de la materia del amparo, así como evitar la continuación de alguna función irregular. Tercero. Aunque ya el artículo 134 previene y sanciona la repetición de demandas de amparo por el mismo motivo, es aconsejable que se dé cuenta al Consejo de la Judicatura para que aplique la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación cuando se adviertan irregularidades en el procedimiento. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo para quedar como sigue: Artículo único. Se reforma y adicionan los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de amparo para quedar en los siguientes términos: Previo a cualquier resolución se comprobará que no se incurre en alguna de las causales de las fracciones III y IV, porque de ser el caso se desecharán. Artículo 124 fracción III. El juez de distrito al conceder la suspensión procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo. Asimismo, antes del otorgamiento de la suspensión comprobará la existencia y autenticidad del acto que se impugna y evitará continúe el funcionamiento de establecimientos en los términos de la fracción II anterior. Artículo 134. Cuando al celebrarse la audiencia a que se refieren los artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación ante otro juez de distrito contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión y se impondrá a dicho quejoso, a su representante o a ambos, una multa de 30 a 180 días de salario; se dará desde luego vista al consejo de la judicatura federal para los efectos que procedan, cuando se contravenga el último párrafo del artículo 73. TRANSITORIO: UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.