El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: En esta ocasión, la Cámara de Diputados en el proceso de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, revisa las modificaciones realizadas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora. Sobre el particular, las modificaciones que se presentan no alteran las nuevas atribuciones que se pretenden para la Secretaría de Gobernación relativas a la seguridad interna de la nación, tema que la nueva administración federal considera sustancial para la gobernabilidad de nuestro país. Miren, aquí es importante compartir que sabemos de buenas fuentes las preocupaciones que tiene la nueva administración porque si al inicio de, bien pasada la elección federal, el cuarenta y tantos por ciento de los mexicanos consideraban que esto es producto de un proceso ilegal, ilegítimo en la elección; al día de hoy el 61 por ciento de ciudadanos consideran este hecho. Esto es inédito, no logran legitimar, y obviamente la gobernabilidad se pretende dificultar y no tienen más que hacer uso de su concepto de fuerza para mantener el gobierno. Por lo tanto vemos que el enfoque que se le da a la seguridad pública como parte de la gobernabilidad, es el de la criminalización del desorden social a través de la formulación de una supuesta política criminal de prevención del delito, la paz y el orden social para lo cual se precisa se podrá intervenir en cualquier momento contra los disturbios o las acciones que afecten la seguridad interior. Esto es, se establecen bases para operar desde el Poder Ejecutivo federal al Estado gendarme, lo que nos recuerda el tema de Porfirio Díaz, de paz, orden y progreso, puesto que la Secretaría de Gobernación, a partir de políticas de seguridad pública y de políticas contra el crimen, pretende cito textualmente: Coadyuvar en la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgo y salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Si bien la modificación que presenta el Senado a la fracción XII del artículo 27 en la minuta que remite, cambia el concepto de seguridad interior por el de seguridad pública, ello no modifica el nuevo perfil del responsable de la política interior; concentrar el uso de la fuerza pública federal como medio para garante del orden nacional. Exagerado como siempre y como ya lo vimos el 1 de diciembre, brutalmente reprimiendo a la población y dejando los saldos que posteriormente debatiremos en esta Cámara seguramente, en materia de responsabilidades. El hecho de haber modificado la fracción XII del artículo 27 para estas comparecencias que es harán cada seis meses ante el Senado, en comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, desde nuestro punto de vista disminuyen ya las atribuciones que el propio 93 constitucional determina, porque ahí textualmente los secretarios de despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. Por lo tanto, cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la república, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a titulares de órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos, actividades o para que respondan interpelaciones o preguntas. En consecuencia, la modificación propuesta disminuye atribuciones del Congreso de la Unión para revisar la actuación de los secretarios de despacho. Por otra parte, se pretende citar al secretario de Gobernación para que comparezca cada seis meses ante comisiones del Senado, para presentar la política criminal, concepto del cual no define sus alcances, porque esto ya en el 21 constitucional determina que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías que actuarán bajo el mando y conducción de aquél en el ejercicio de la función. En fin, nosotros vemos que estas reformas que se están planteando y los matices que hace el Senado, más allá de la que ya aquí enunciaba el diputado Monreal, que seguramente será sujeta a alguna acción de inconstitucionalidad y que seguramente van a tener razón desde nuestro punto de vista, nos hacen a nosotros en la voz del Grupo Parlamentario del PT, no estar de acuerdo, estar en contra de esta iniciativa de reformas que nos manda el Senado, y también aprovechamos nuestro tiempo para decir que estamos de acuerdo en que estos señalamientos sirven de ejemplo solamente para señalar que las prisas por adecuar leyes que atienden a una nueva visión de la administración pública arrastran a este Poder Legislativo en la aprobación de leyes que no sólo violentan el procedimiento legislativo, como aquí se ha dicho, sino también violentan los principios constitucionales relativos al federalismo, a la soberanía de los estados y a las competencias entre los Poderes de la Unión. Sentimos que no debería ser tan apresurado, tan violento todo este proceso legislativo que estamos viendo. Sabemos de las prisas que traen para reconfigurar políticamente al régimen político, diríamos en otras palabras, para lograr la resalinización de la administración pública; pero deberíamos estar más preocupados por legislar de cara los intereses de los ciudadanos que representamos y no para servir de oficialía de partes, de faramalla, a los intereses del Ejecutivo en turno. Éste es el punto de vista del Grupo Parlamentario del PT. Muchas gracias por su atención.