El diputado Juan Carlos Valladares Eichelmann: Hoy estamos aquí para dar un paso crucial en la transformación del sector energético de nuestro país. En esta ocasión nos corresponde discutir las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas. No es solo una reforma más, es una decisión estratégica que define el rumbo de nuestra soberanía, nuestra economía y nuestro compromiso con el futuro de México. Desde el Partido Verde respaldamos este dictamen porque representa una visión clara y fundamentada para consolidar un sistema energético robusto, justo y sustentable. Además, porque siempre hemos impulsado políticas que protejan el medio ambiente y fomenten el uso responsable de los recursos naturales. No es ideología, es pragmatismo. Es aprender de los errores del pasado y tomar decisiones con base en la realidad técnica y económica del sector. Con esta legislación México avanza hacia la independencia energética, priorizando fuentes nacionales y fortaleciendo a las empresas públicas, no por nostalgia, sino porque es lo que garantiza estabilidad y seguridad para millones de hogares. Esta reforma no solo protege a los consumidores, sino que establece reglas claras para el sector privado. En lo particular, la propuesta del dictamen va más allá en el ámbito medioambiental al promover la generación de electricidad a través de fuentes limpias, asumiendo nuestra responsabilidad como sociedad con el entorno y con las futuras generaciones. No solo impulsamos la energía limpia, sino que la hacemos de manera estratégica, sin comprometer la confiabilidad del sistema y si costos ocultos para el Estado. Se establece un esquema en el que las fuentes renovables intermitentes deberán contar con respaldo propio, asegurando la transición energética, sea sostenible y viable. No podemos hablar de desarrollo sin inclusión. Esta legislación fomenta la participación de pequeños generadores y promueve la diversificación de la matriz energética. Con la generación distribuida, más hogares y pequeñas empresas podrán acceder a tecnologías limpias, fortaleciendo la economía local y reduciendo la pobreza energética. Si bien el modelo está diseñado para recuperar la soberanía energética, también fomenta la colaboración con la iniciativa privada. De este modo, se permite la inyección de electricidad limpia al sistema de manera responsable, lo que incrementa la posibilidad de materializar una transición energética sostenible. Esto refleja la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum de transformar la realidad medioambiental del país de manera efectiva y duradera para beneficio de las generaciones presentes y futuras. El nuevo esquema permite que las empresas privadas generen energía para su consumo y vendan excedentes al Estado, pero bajo condiciones justas y dentro de un marco regulado. No se trata de excluir a la inversión privada, sino de garantizar un sistema equitativo sin privilegios ni simulaciones. Como empresario, tengo el conocimiento y la experiencia para entender los retos que enfrentan las empresas y lo que realmente necesitan para generar inversión y empleo en nuestro país. Conozco de primera mano lo que se requiere para que más inversiones lleguen a México y a San Luis Potosí, un estado al cual represento y que con orgullo puedo decir que tiene un enorme potencial energético. Por ello, trabajamos en fortalecer este sector, asegurando que las condiciones sean justas y competitivas para quienes apuestan por el crecimiento del estado. Es indispensable que el gobierno y el sector privado trabajen en conjunto con reglas claras y siempre en beneficio de la sociedad. En conclusión, estas modificaciones representan un camino claro para impulsar el sector energético de México sin descuidar nuestra responsabilidad de mitigar el daño ambiental derivado de las actividades económicas. Se trata de una realidad que nadie ha trabajado con mayor empeño por cambiar que el Partido Verde. Por estas razones y por las demás expuestas en la presente propuesta, votaremos a favor.