El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con su autorización, señor presidente. Señoras y señores legisladores, iniciamos el actual periodo de sesiones en medio de una profunda contradicción en un régimen republicano, en el que de acuerdo a la Constitución debería imperar el principio de separación de poderes, al convertir en un solo trámite el acto de rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo. Del Día del Presidente en que se había convertido el informe del Ejecutivo durante el presidencialismo autoritario, pasamos --gracias al avance del pluralismo y la derrota del partido de Estado-- al reconocimiento a la facultad de fiscalización de la representación popular; y más adelante, resultado de la profunda debilidad del Ejecutivo, el deber de informar devino en un espectáculo mediático en el que el Poder Legislativo se ha convertido en una oficialía de partes; el secretario de Gobernación en mensajero y el informe en un acto intrascendente para la vida nacional. Por ello, es necesario restablecer la dignidad republicana de este Congreso y volver a la esencia constitucional, en la que el Ejecutivo rinda cuentas a esta soberanía. De igual manera, no es posible que mientras el país se desmorona, en esta Cámara distraigamos nuestra labor fundamentalmente en la revancha política por agravios electorales y a la disputa por los órganos de gobierno. Lo que conocimos como informe a través de los medios de comunicación es una farsa. El optimismo desbordado sobre la recuperación económica, la estabilidad política y los avances en la lucha contra el narcotráfico contrastan con la vida cotidiana de los mexicanos. Basta revisar las cifras oficiales para acreditar la debilidad de la economía mexicana y la enorme desigualdad que una inhumana política económica ha generado. El desempleo y la miseria contrastan con la opulencia y los privilegios de unos cuantos; el desmantelamiento de las instituciones públicas, así como con las profundas heridas que en diversas regiones del país ha abierto la estrategia de lucha contra el narcotráfico. La derrota del PRI en el 2000 levantó una amplia expectativa para alcanzar una transformación democrática. Quedaban atrás siete décadas de un régimen autoritario marcado por las prácticas corporativas, la corrupción y el freno --cuando no la represión-- a toda disidencia política o social. Diez años han transcurrido y las expectativas se difuminaron entre las pesquisas de los headhunters, la frustración del voto útil, la continuidad del pasado priista, la frivolidad, el tráfico de influencias y los negocios al amparo del poder público. En estos años, estos 10 años, no ha habido recato alguno. Desde las esferas del poder lo mismo se entregó la infraestructura pública a los medios de comunicación y todo tipo de concesiones a los poderes fácticos, y se extinguieron empresas públicas, despidiendo a miles de trabajadores para promover su privatización, como sucedió con la compañía Luz y Fuerza del Centro, donde ahora refrendamos nuestra solidaridad con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Una década después, México no sólo transitó hacia la democracia, sino que, por el contrario, registró una regresión en todos los órdenes. La economía se estancó al mantener una tasa promedio de crecimiento real de 2.5 por ciento en la última década, mientras que la población creció en 11 por ciento, lo que impactó el incremento en la tasa de ocupación parcial y de subocupación abierta hasta 11 puntos, lo que representa que más de 5 millones de mexicanos no tiene trabajo o trabajan menos de 15 horas a la semana. Menos de la mitad de los mexicanos en edad de trabajar tiene un empleo formal. El salario se paga por debajo del valor del trabajo. En estos 10 años el salario mínimo aumentó apenas 17 pesos con 11 centavos; 9 millones de mexicanos viven con un salario mínimo o menos; y aunque las autoridades se niegan a reconocerlo, en el último año, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, se han perdido cerca de 1 millón de empleos. Ello se ha traducido en una mayor expulsión de mexicanos al extranjero y en el crecimiento de la pobreza, a lo que se suma la persecución y deportación de más de medio millón de inmigrantes mexicanos cada año. De acuerdo con el Banco Mundial la crisis de 2009 dejó un saldo de 4 millones de mexicanos incorporados al circuito de la pobreza. La violencia alcanza niveles insospechados. Durante la presente administración se han registrado alrededor de 28 mil 500 ejecuciones. Se aduce que la violencia obedece al ajuste de cuentas entre las bandas del crimen organizado, sin embargo el grueso de los delitos va en aumento. El secuestro se incrementó entre 2000 y 2010 en 129 por ciento y la extorsión en 419 puntos. Los 72 cobardes asesinatos de inmigrantes latinoamericanos en Tamaulipas tiran por la borda esta tesis y evidencia el clima de barbarie contra grupos vulnerables, inmigrantes, indocumentados, pobres, mujeres, indígenas, y dan cuenta de la incompetencia de la autoridad. La exclusión social afecta a varias generaciones. Siete millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Se trata de jóvenes que por su condición económica han sido excluidos del sistema educativo y del mercado laboral y que encuentran salidas falsas. Basta conocer el dato del Instituto de la Juventud durante 2008 que da cuenta de cómo 350 mil jóvenes entre 12 y 29 años de edad intentaron suicidarse. De éstos, 7 de cada 10 estaban si trabajo. En este año de conmemoración patria México cierra una década trágica, una nueva temporada de zopilotes en la que, pese a sus resultados, se insiste en la política económica impuesta desde los años del priismo que empobrece a los mexicanos; y en una estrategia contra el crimen cimentada en el principio de autoridad y no en la seguridad y bienestar de los ciudadanos. A ello se suma la complicidad con los sectores más conservadores del país que debilitan la laicidad del Estado, anidando de nueva cuenta el huevo de la serpiente en algunos sectores de la sociedad y aumentando la crispación política y la violación de los derechos humanos, provocada por una visión que criminaliza los conflictos sociales. Resulta paradójico que en la conmemoración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, se ofrezca a los mexicanos una parafernalia similar a la que ofreció Porfirio Díaz meses antes del inicio de la Revolución, mientras muchas de las causas que motivaron la insurrección están presentes. En el México de 1910 una profunda segmentación social y una concentración del ingreso prevalecían. Once mil haciendas concentraban el 57 por ciento del territorio nacional, mientras 15 millones de mexicanos, es decir 95 por ciento de las familias rurales, carecían de tierra. Los hacendados mexicanos partían del principio del derecho natural a la propiedad privada e imponían condiciones de servidumbre. 100 años después no han cambiado en lo sustancial las condiciones de vida de la mayor parte de los mexicanos. La concentración del ingreso es hoy descomunal: 60 por ciento de la población con menores ingresos percibe el 28 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 10 por ciento de la población con mayores recursos concentra más del 40 por ciento de los ingresos totales. Cabe recordar lo señalado por Edward Thompson al analizar las revoluciones en Europa, cito: La miseria, el hambre misma, no es suficiente para explicar la reacción violenta y destructiva de los grupos populares; para que esa violencia social estallase se necesitaba además otro elemento: la convicción de que los de arriba habían decidido romper el pacto de solidaridad mínima existente con los de abajo. Esa es la situación que estamos viviendo hoy en nuestro país. Es necesario un viraje profundo en la conducción de México, un golpe de timón en la política económico-social para frenar, ante el fracaso del panismo, el intento restaurador del viejo régimen, que cobijado bajo el manto de una campaña mediática pretende crear una imagen amable, en mangas de camisa, disfrazando su verdadero rostro autoritario. Se debe entender que los cambios que ha vivido nuestro país son resultado de una activa resistencia de la sociedad, que mediante el voto ha propiciado la alternancia y ha abierto espacios a la pluralidad política y que esa resistencia, además, ha elevado el nivel de organización y participación de la sociedad y sus movimientos. Lo que impedirá, estoy convencido, el regreso al pasado autoritario. Esa es la principal responsabilidad de la izquierda en este Congreso y en ello reside al mismo tiempo nuestra fortaleza. Nuestra fuerza no radica en los 68 diputados que hoy estamos aquí presentes del PRD, reside en los estados y municipios que gobernamos y reside en la defensa de los intereses genuinos de nuestra sociedad. Por ello, quiero dejar claramente establecido que ante las señales que pretenden una restauración autoritaria defenderemos las reivindicaciones de los mexicanos que han sido excluidos del desarrollo del bienestar. Para ello, concentraremos nuestro trabajo legislativo en tres líneas fundamentales: la primera, la reforma política, con el propósito de fortalecer los procesos electorales garantizando el respeto al voto; crear una nueva ley de organizaciones y partidos políticos que regulen la vida de éstos y los obligue a rendir cuentas; regular las concesiones públicas que detentan los medios de comunicación, pero fundamentalmente buscaremos empoderar a los ciudadanos. Queremos un Estado fuerte, pero también queremos una sociedad fuerte. Fortalecer el poder de los ciudadanos a través del ejercicio directo de derechos, como figuras como el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, la iniciativa popular y la rendición de cuentas, asumiendo que es momento de dotar de atribuciones a la ciudadanía para participar en los asuntos públicos. Promoveremos también una profunda reforma económica y fiscal, que ponga en el centro la creación de empleos. Los problemas de la violencia e inseguridad del país no se van a resolver si no se resuelven los problemas del empleo y la posibilidad de integración de los jóvenes al estudio y al desarrollo de sus capacidades laborales. Se requiere de un sistema fiscal federalista que fortalezca las finanzas de estados y municipios y establezca para los ciudadanos medidas de equidad y progresividad fiscal que elimine privilegios, para que cada quien pague los impuestos de acuerdo a su nivel de ingreso, eliminando la carga fiscal de las pequeñas y medianas empresas que representa el IETU, al tiempo de establecer medidas para fortalecer la capacidad adquisitiva del ingreso de las familias trabajadoras, como la disminución del impuesto al valor agregado en tanto se graven los dividendos de las empresas y la especulación financiera. Propondremos revertir el escenario de violencia que existe en el país. No será con más recursos para armas o policías. En los últimos cuatro años se han incrementado hasta en 600 por ciento los recursos destinados a seguridad pública, lo que demuestra que ésa no es la ruta a seguir, como tampoco lo es conculcar voluntades y derechos con reformas por las que se ha medrado políticamente como el arraigo, el testigo protegido, la denuncia anónima, la intervención telefónica, que han significado la pérdida de derechos constitucionales, sin lograr resultados sustanciales. Compañeras y compañeros legisladores, éstas son nuestras propuestas y queremos discutirlas para construir acuerdos. El día de hoy hemos hecho un esfuerzo particular por dotar de gobernabilidad a esta Cámara. Hemos dejado a un lado nuestros legítimos derechos como grupo parlamentario para no distraer la atención de la Cámara y crear condiciones, para ocuparnos de los verdaderos problemas nacionales. Esperemos que todos tengamos la capacidad de honrar los compromisos asumidos. Muchas gracias.