El diputado Raymundo García Gutiérrez: El dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía, propone establecer diversos mecanismos para mejorar la recaudación fiscal. Para el caso del arrendamiento inmobiliario, en los artículos 118, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 33 del IVA, se propone que en el caso de juicio de arrendamiento en los que se condena al arrendatario el pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor, que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes y en el caso de que este no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial deberá informar al Servicio de Administración Tributaria la omisión mencionada en un plazo máximo de cinco días contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al acreedor para cumplir el requerimiento. Sin embargo, la redacción en ambos casos resulta poco clara respecto de los efectos de las sentencias que dicten los jueces competentes. De la lectura del dictamen se podría asumir que, si el acreedor no acredita ante la autoridad judicial en tiempo y forma el haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes, ello se pondría como consecuencia, además de la obligación del juez de informar al Servicio de Administración Tributaria la omisión por parte del acreedor, la modificación o suspensión de los efectos de la sentencia que condena el pago de las rentas vencidas. Lo anterior deriva en una grave violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual está previsto en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos. La tutela jurisdiccional es el derecho público subjetivo, que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el cual se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. De ahí que esta prerrogativa comprenda tres etapas previas al juicio judicial y una posterior al juicio. Esta última etapa se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 3646/2013 del que derivó la tesis titulada Derecho de Acceso Efectivo a la Justicia. Etapas y derechos que les corresponden. Con el objetivo de inhibir interpretaciones distintas el espíritu de esta reforma, resulta necesario puntualizar la redacción y agregar un párrafo que se refiera de manera específica a los efectos de la sentencia y salvaguarde el derecho del acreedor. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, agregar un cuarto párrafo a los artículos de referencia en los términos siguientes: Lo anteriormente dispuesto, en ningún momento supondrá la modificación con suspensión de los efectos de la sentencia que condena el pago de las rentas vencidas. Es cuanto, diputado presidente.