LA C. DIP. MARIA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Muy buenos días. Señoras y señores diputados: Las suscritas, Diputadas de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el derecho conferido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente iniciativa de Decreto por el que se abroga la Ley del Registro Nacional de Vehículos, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS A partir de la implementación del modelo económico actual, se aceleró un proceso tendiente a delegar en particulares la prestación de servicios públicos, por medio de la figura jurídica de la concesión. Para ello se reformaron cuerpos normativos que permitieron la consecución de dicho fin. Leyes que buscan asimilar los objetivos del gobierno con los objetivos de la iniciativa privada con un mismo criterio. No obstante, sabemos que los fines de uno y de otro no son los mismos. Los particulares que participan en actividades económicas, lo hacen buscando plusvalía o ganancias. El Estado tiene objetivos más elevados. No es el lucro, sino el mismo servicio, lo que constituye el objeto de la actuación del gobierno. Por eso, no creemos que todos los servicios públicos puedan ser delegados. Asuntos que tienen que ver con los actos de autoridad, con la seguridad pública, con la seguridad social, etc., no pueden encomendarse a la iniciativa privada. Bajo el dogma neoliberal se piensa que el Estado es ineficiente, entonces, lo mejor es que otros hagan la tarea que le corresponde al gobierno, aunque cueste dinero a la gente. El balance histórico de las privatizaciones, tanto de bienes como de servicios, nos muestra no obstante, que no toda privatización ha significado mejoras al país y a la población. En México se han creado estructuras donde puede quebrar una empresa, pero no el empresario o incluso ninguno de los dos; ahí está el rescate carretero y los bancos. En el esquema anterior y de conformidad con el dictamen que se aprobó por el pleno en junio de 1998, se creó la Ley del Registro Nacional del Vehículos (RENAVE); argumentando que esa Ley responde a la necesidad de consolidar un régimen de seguridad jurídica para el patrimonio de las personas, lo que permitirá ayudar al Estado a prevenir eficazmente la delincuencia. Se afirma además, que aún y cuando cada entidad cuenta con registros locales de vehículos, estos sirven para propósitos fiscales y no se encuentran concentrados a nivel nacional para su consulta. Además, se dice que el objetivo más importante al respecto es brindar total seguridad jurídica al consumidor. La concesión de la operación del Registro, se justifica con la afirmación de que permitirá el uso de tecnología de punta en su operación, y la elasticidad de su organización administrativa. Como un mecanismo de control, se establecen figuras como la requisa, la ocupación temporal y la revocación de la concesión por causas de utilidad e interés públicos. El dictamen fue aprobado por el pleno, con el voto en contra en lo que respecta a la concesión de la operación del mismo, del Partido de la Revolución Democrática. No obstante la Ley del Registro Nacional de Vehículos, padece de graves deficiencias en la forma y contenido de la misma: 1° Es inconstitucional que el Estado delegue funciones y facultades a particulares, dándole jerarquía equiparable a si mismo. La ley del RENAVE contraviene lo dispuesto en el artículo 4, del Código Fiscal de la Federación, ya que la única entidad que puede cobrar impuestos es la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y no una empresa privada. Lo que supone la abdicación de la soberanía estatal en materia tributaria. En tal sentido, otorga al concesionario facultades coercitivas en materia de multas o sanciones económicas, lo cual también contraviene al artículo 39 constitucional. La fijación del monto de derechos por particulares rompe con el principio de exactitud y estricto derecho en materia fiscal por lo que, al violentarse leyes vigentes en esta materia, es claro que se vulnera la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional. El RENAVE crea una limitación inconstitucional al derecho de propiedad de vehículos, ya que obliga a los consumidores a pagar derechos y a proporcionar a un privado, información confidencial en cuanto a sus propiedades, lo cual viola flagrantemente el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en sus propiedades. Además, al incluir disposiciones como la que establece la presunción de propiedad por el sólo hecho de registrar el vehículo, puede propiciarse "el lavado" de autos robados. 2° La Ley del RENAVE establece como obligación a cargo de los propietarios registrar la adquisición y transmisión de la propiedad de vehículos. Al adquirir un vehículo, antes de la iniciación de la vigencia de la ley RENAVE, el consumidor cumplió con todas las cargas fiscales, por lo que imponer el pago de un nuevo derecho, implica gravar dos veces el mismo acto generador del crédito fiscal, lo cual rompe con el principio universal en derecho tributario, de que un mismo acto no puede ser gravado más de una vez, aunque se cambie la denominación del gravamen, toda vez que ello resulta inequitativo y desproporcionado, y contrario a lo ordenado por el articulo 31 constitucional, y leyes secundarias en materia fiscal. Además de que violenta el articulo 14 constitucional, ya que dicha ley conlleva a una aplicación retroactiva, dado que el propietario adquirió un vehículo y cumplió con los requisitos legales en su oportunidad. 3° Se impone una doble tributación al ciudadano, por ser dueño de un vehículo automotor el pago de la tenencia, el derecho de uso del vehículo y el pago por concepto del RENAVE. 4° Queda al arbitrio del concesionario o de las personas que laboran en el registro, el manejo de la información personal del ciudadano, sin contarse con medidas y controles estrictos del Estado. 5° Se plantea la suscripción de convenios de coordinación con las entidades, cuando ninguna forma parte del Comité Consultivo del RENAVE. 6° La forma de coordinación entre el RENAVE y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, genera incertidumbre jurídica, pues se plantea un intercambio de información para investigación de delitos, con la intervención de la concesionaria, lo cual significa una usurpación de funciones públicas, filtración de información e impunidad por falta de control en la misma. 7° De conformidad con el articulo 124 constitucional, la facultad de llevar tal registro es del Estado y las entidades del país, por lo que la Ley del Registro Nacional de Vehículos atenta contra la federación. Aunado a estas consideraciones de carácter jurídico y económico, no podemos soslayar la negligencia que se tuvo para concesionar el servicio a una empresa dirigida por una persona sin activos morales, un genocida, secuestrador y ladrón. Aunque Herminio Blanco diga que "sólo es un genocida". Confiar a concesionarios el registro de aproximadamente14 millones de autos, constituye una audacia suicida para la seguridad publica de la población. Por ello, proponemos abrogar la absurda Ley del Registro Nacional de Vehículos, con lo que también quedaría abrogado el Reglamento. Consideramos que con los mecanismos actuales cada entidad federativa cuenta con registro de los automóviles que circulan en su territorio, y por los cuales se pagan diversas cargas impositivas. Lo procedente es que la autoridad federal suscriba convenios con los 32 gobiernos locales, a fin de proporcionar y cruzar los datos, lo cual no requiere de una Ley ex profeso. El RENAVE es un monopolio que se deriva de la concesión que le otorgó el gobierno por un periodo de 10 años con derecho a prorroga. Con esto se viola el articulo 28 constitucional en lo relativo a la existencia de monopolios, por lo que el RENAVE realiza una función que puede cubrirse con los registros vehículares de cada entidad federativa sin tener que concesionarse a particulares. Con ello la obligación de contar con un registro nacional es de la autoridad, no del gobernado y por lo tanto, debe ser gratuito. Por lo que respecta a la concesión otorgada, planteamos en un transitorio, que la autoridad federal debe dar por terminada la concesión, con fundamento en la Ley vigente en el momento de otorgarla, concretamente en su articulo 21 fracción III: Revocación. Igualmente, con fundamento en el artículo 23, segundo párrafo de dicho ordenamiento y dado el escándalo en que se vio inmersa la concesionaria en las semanas anteriores, no procederá indemnización alguna a su favor. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de Decreto, para abrogar la Ley del Registro Nacional de Vehículos, para quedar en los siguientes términos: Artículo Unico: Se abroga la Ley del Registro Nacional de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 1998, con todas sus reformas y adiciones hasta esta fecha. Artículos Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el ámbito de las atribuciones conferidas en la Ley que se abroga, a la entrada en vigor de este Decreto llevará a cabo los procedimientos necesarios para la revocación de la concesión, otorgada para la prestación del servicio público del Registro Nacional de Vehículos, con fundamento en el artículo 21 fracción III de dicha normatividad, y segundo párrafo del artículo 23 Tercero. La información que se haya dado hasta ahora a la concesionaria de la prestación del servicio público, denominado Registro Nacional de Vehículos, quedará bajo la más estricta responsabilidad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Quienes hayan pagado por motivo de la inscripción de sus automóviles al Registro Nacional de Vehículos, tienen derecho a que se les devuelva tal cantidad, como pago de lo indebido, a través de la Secretaría de hacienda y Crédito público. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de septiembre del año 2000. Le hago entrega al Presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, esta iniciativa de ley para que sea analizada en la Comisión correspondiente y se le pueda hacer justicia al pueblo de México. Gracias.