La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. Agradezco y felicito a los integrantes de la Comisión de Protección Civil y especialmente a su presidente, al diputado Alfonso Durazo Montaño, por la acertada modificación a la Ley General de Protección Civil, la cual no podría haber sido más oportuna. Como ustedes saben, el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, atiende los estragos ocasionados por los desastres naturales cuando la magnitud de éstos supere las capacidades económicas y logísticas de las entidades federativas. Sin embargo los plazos y procedimientos burocráticos entorpecen el proceso de liberación presupuestal. De conformidad con las reglas de operación del Fonden, los recursos otorgados a las entidades se realizan con el objetivo de designarlos a los mecanismos necesarios tendientes a reducir los riesgos, así como a evitar o disminuir los efectos de impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente. Actualmente, para que una entidad reciba los recursos provenientes del Fonden, el titular del Ejecutivo estatal debe hacer llegar a la Secretaría de Gobernación una solicitud la cual tendrá un plazo máximo de cuatro días para emitir la alerta de desastre natural correspondiente y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación; y, a partir de esta publicación, la Secretaría de Hacienda cuenta con un término de 10 días para la liberación de los recursos necesarios. La autorización de estos recursos depende en gran medida de las decisiones tomadas por los tres niveles de gobierno, además del estudio objetivo sobre comportamiento y severidad de los fenómenos, así como de la cuantificación de los daños ocasionados. No obstante, el manejo de estos recursos es poco claro y prevalecen las prácticas de opacidad y corrupción; y por el otro existe la dilación, la negligencia y la indolencia de las autoridades en la entrega de los recursos. En esta tesitura, dicha reforma busca establecer los principios sobre los que deben diseñarse las disposiciones administrativas y la manera en que se deben ejercer los fondos integrales de gestión de riesgo. Sostenemos que la premura por obtener una cuantificación efectiva de los daños puede llevar a los evaluadores a realizar un análisis sesgado y ligero de los desastres sufridos en las entidades federativas y municipios afectados por fenómenos naturales. Aprobamos plenamente que el ejercicio del patrimonio del Fonden se practique con el máximo grado de honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas, ya que es una demanda ciudadana que estamos obligados a impulsar y a defender. Ya no podemos seguir permitiendo que se lucre con las necesidades de la población afectada y que los programas sociales se usen como instrumento de botín político de los gobiernos estatales. Para ello se propone modificar la fracción III del artículo 58 y adicionar un párrafo a los artículos 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, con el propósito de establecer un mecanismo que de manera preventiva ponga a disposición de las entidades federativas afectadas los recursos del Fondo de Desastres Naturales necesarios para auxiliar en forma inmediata a la población damnificada e iniciar la reconstrucción de la infraestructura base. Por otra parte, considera necesario que se reduzcan al mínimo necesario los plazos para la tramitación de las declaratorias de emergencia y de desastre natural, por lo que se propone reducirlos a tres días naturales en ambos casos. Asimismo, propone eliminar el plazo de 10 días posteriores a la emisión de la declaratoria de desastre natural para que la Secretaría de Hacienda libere los recursos necesarios, proponiendo que una vez emitida la declaratoria se comunique a dicha dependencia en forma expedita y ésta proceda a poner los recursos respectivos a disposición de las entidades federativas afectadas, de inmediato. También propone modificar el párrafo primero del artículo 63 con el fin de que las reglas de operación se sujeten a los principios señalados en el artículo 5 de la misma ley y que se limiten a las formalidades indispensables para garantizar la honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos. Con lo anterior se pretende eliminar los formalismos innecesarios y la indebida burocratización de los procedimientos para el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, pues ello, en la opinión del proponente termina afectando el derecho de la población afectada a recibir los apoyos necesarios para hacer frente a la contingencia. Por las razones que les he comentado y porque estoy convencida de que estas reformas benefician a la población más vulnerable que es afectada por diferentes eventos que obligan al Estado a darle protección civil, solicitamos su voto solidario a favor. Muchas gracias.