La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: el sistema jurídico mexicano en materia de responsabilidades de los servidores públicos ha tenido en los últimos años importantes avances. Sin embargo, es justo decir que aún quedan vacíos, lagunas e interpretaciones que poco contribuyen a fortalecer el estado de derecho, al cual aspiramos los mexicanos. En este sentido es que presento ante esta soberanía la presente iniciativa que tiene por objeto fortalecer el espíritu con que está investida la responsabilidad resarcitoria, mandatada en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en sus capítulos II y III del título quinto. Como sabemos, la responsabilidad resarcitoria es exigible a los servidores públicos y a los particulares, personas físicas o morales que por actos u omisiones causen un daño o perjuicio o ambos, estimable en dinero, a la hacienda pública federal o en su caso al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales. Cabe apuntar que el hecho mismo de que la Auditoría Superior de la Federación esté facultada para determinar y hacer efectiva esta responsabilidad mediante el ejercicio directo de sus facultades, sin tener que recurrir a la autorización adicional de ninguna otra jurisdicción, la convierte en autoridad fiscal o en instancia coadyuvante de una autoridad de naturaleza fiscal. Esta alta encomienda conferida a la entidad superior de fiscalización, la cual de acuerdo a la ley es la entidad en la cual se apoya la Cámara de Diputados para que pueda ejercer su facultad exclusiva de vigilar y controlar el ejercicio de los recursos públicos, así como fortalecer la rendición de cuentas, ser objetiva en la posibilidad de exigir la responsabilidades en comento. De ahí, que resulte de primordial interés realizar las reformas necesarias a efecto no sólo de clarificar el mandato legal, sino de posibilitar que prevalezca el espíritu del mismo. Como corolario de lo antes planteado, podemos señalar que la responsabilidad resarcitoria puede entenderse como la obligación a cargo de los servidores públicos y los particulares, de reparar a la hacienda pública los daños y perjuicios ocasionados, cuantificables monetariamente, como consecuencia de una conducta u omisión que incumpla los ordenamientos jurídicos vigentes. Sin embargo, actualmente, por la manera en que está planteada la indemnización resarcitoria, da lugar erróneamente a entender que constituye un filtro del análisis de la conducta ilícita de los servidores públicos o quienes se repuntan como tales. Es decir, en los hechos el procedimiento resarcitorio pareciera que exime del resto de las responsabilidades, y por tanto, de las sanciones conducentes. En pocas palabras devuelve el menoscabo y un tanto más y no pasa nada. Entendimiento cínico, que por supuesto no hace sino perpetrar el círculo de corrupción que tanto ha lastimado al país y a sus instituciones. Por ello, no es ajeno que existan funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones con sentencia firme en materia resarcitoria, que no han solventado sus obligaciones, y sin embargo siguen detentando la función pública. No es extraño saber y conocer que existen empresas que continúan ganando licitaciones mientras tienen un resarcitorio pendiente. Con una mano cobran recursos del erario público y con la otra fingen resarcir a cuenta gotas el daño causado al patrimonio público. Por ello, es necesario evitar que tanto los servidores públicos como los particulares, ya sean personas físicas o morales, en tanto tienen un daño pendiente por resarcir, puedan ejercer cualquier tipo de empleo, cargo o comisión dentro de la Federación, de otra manera no tendría ningún sentido la exigencia de esta responsabilidad y los valores éticos estarían sujetos a una devolución económica. En suma, esta reforma plantea dar solución a un problema existente: evitar que quienes dañen el erario público continúen en funciones como si nada pasara, así como evitar también que el resarcimiento del daño extinga el resto de las responsabilidades que se deben enfrentar, ya sea administrativas, penales o políticas. La sociedad mexicana reclama y merece mejores gobiernos y mejores funcionarios públicos, cuyas actividades estén dotadas de altos contenidos éticos, apunten al bien común y posibiliten la transparencia y la sana rendición de cuentas. Es cuanto, señora presidenta.