La diputada Carolina Monroy del Mazo: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Con su permiso señor presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, el verdadero honor de un gobernante resulta de ejercicio de la virtud y del cumplimiento de los deberes que sus gobernados les han confiado. En un Estado democrático no puede ni debe imperar nunca la voluntad caprichosa de nadie sino la ley. Y para los servidores públicos conducirnos con honestidad, cumplirla es un imperativo no solamente impostergable, es un deber. Debo decir que esa voluntad caprichosa ha venido encontrando límites en nuestro marco jurídico, desde la promulgación de nuestra ley fundamental en 1917, con el señalamiento de las responsabilidades imputables a los servidores públicos que hasta hace algunas décadas se limitaba a la falta oficial de uno que otro hecho menor y delitos comunes de legislación federal. Magistrados de la Suprema Corte y secretarios de Estado y procurador general de la República. En 1982 el régimen constitucional de responsabilidades se amplió a las de carácter administrativo, es decir, los actos de corrupción e incluyó a todos los servidores públicos dando respuesta a la demanda creciente de diferentes sectores de la sociedad para prevenir y combatirla. La reglamentación específica para sancionar actos de corrupción, especialmente en la administración pública y la administración de justicia, motivó que las dependencias del Ejecutivo emitieran en 2012 sus propios códigos de ética. Dos años más tarde, el Poder Judicial hizo lo propio. Mientras tanto, el Legislativo dejaba en suspenso la tarea de dotarse de un código de ética y de normar específicamente las sanciones y aquellos actos de corrupción de sus servidores públicos. Las demandas sociales para combatir con mayor eficiencia la corrupción no perdieron su vigencia en los años siguientes, hasta verse plasmadas en las reformas constitucionales del 15 de mayo de 2015, con las que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y se incluyó como sujetos sancionables a todas las personas físicas o morales o jurídicas que ejerzan recursos públicos. Hoy nos encontramos ante una nueva oportunidad de subsanar una ausencia verdaderamente inexplicable en el conjunto de normas que rigen este Poder soberano. Comencemos por darnos un código de ética que norme nuestra conducta en las funciones parlamentarias, legislativas y de representación que tenemos a cargo, y que inclusive normas nuestra conducta cotidiana. Aprobado nuestro código de ética, tendremos que avanzar sin demoras hacia el establecimiento de las bases constitucionales para que nosotros, servidores públicos de elección popular del Poder Legislativo federal y local, podamos ser sancionados por actos de corrupción como cualquier otro servidor público. Esa es la ruta que debemos recorrer en el Poder Legislativo, pues no es de otra forma como podremos sumarnos a la lucha que debe ser de todos, la de prevenir y combatir los actos de corrupción. En la elaboración del código de ética que aprobaremos con el apoyo de todos ustedes, el día de hoy hemos tomado en cuenta los principios constitucionales que rigen el desempeño de todo servidor público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Y hemos definido puntualmente las conductas que los traducen en casos específicos de esta Cámara de Diputados. Además, hemos incorporado una serie de normas de conducta que nos comprometemos a observar: respeto, ejemplo público, transparencia, independencia, cordialidad, profesionalismo y tolerancia, responsabilidad, integridad y objetividad y todas aquellas que abonen al cumplimiento adecuado de nuestro deber. Compañeras y compañeros diputados, la corrupción no solo tiene que ver con el ejercicio indebido de los recursos públicos, la corrupción es sinónimo de degradación, de descomposición en el ejercicio o cargo con el que los ciudadanos nos honraron y que nosotros protestamos honrar. Un código de ética como el que hoy aprobaremos es sin duda un paso adelante, aunque insuficiente. Consciente de ello, el pasado 7 de abril presenté ante esta soberanía, la iniciativa de reforma a los artículos 109, 116 y 122 de nuestra Carta Magna, que tiene como propósito establecer las bases constitucionales para que también nosotros, servidores públicos por elección popular del Poder Legislativo, podamos ser sancionados por actos de corrupción como cualquier otro servidor público. Las mexicanas y los mexicanos han depositado en sus 500 representantes el cuidado de sus bienes jurídicos más preciados, su vida, su libertad, su patrimonio y su integridad física. Confío en que la aprobación de nuestro código de ética, enviará a la sociedad una clara señal de que pronto aprobaremos también la reforma constitucional, que servirá para que nosotros legisladores federales y locales, podamos ser sancionados por actos de corrupción. Donde hay transparencia, honradez y decencia, no se incuba la corrupción, que ofende e indigna a la sociedad y que mucho ha contribuido a descomponer nuestro tejido social. Por todo esto, hoy más que nunca, es preciso que nos demos a la tarea de reestablecer la confianza de los mexicanos en sus instituciones públicas, en los hombres y las mujeres que lo integramos. Rogando a cada una de ustedes y de ustedes queridos compañeros, con su permiso, señor presidente, quisiera ofrecer primero una disculpa, ciertamente me he excedido en el tiempo, les ruego su comprensión. Me parece que estamos en la circunstancia precisamente de revisar muy bien el futuro de la Cámara.