El diputado Alan Jesús Falomir Saenz: Gracias, presidenta. Digo, no soy inocente, sé que hay un dedito ahí en Palacio Nacional, que les hace así o así, y ustedes tienen que seguirlo a ciegas, tienen que seguirlo sin poderle siquiera, señalar si están de acuerdo o no están de acuerdo con la instrucción que les da. Así que, bueno, no soy inocente, sé que lo van a votar en contra. Pero mi obligación sí es decir cuáles son las modificaciones que pretendo hacer a algunos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y no va dirigido para ustedes, porque ya sé cuál es su voto. La verdad es que va dirigido al pueblo, va dirigido a los ciudadanos para que sepan qué modificaciones o qué estamos reservando, precisamente de esta Miscelánea Fiscal, en este caso de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Solicito una modificación al artículo 79, en su fracción XI, que es agregar la posibilidad para que estas organizaciones de la sociedad civil sean donatarias autorizadas que cuenten ya sea con la preinscripción al Registro Nacional del Conacyt, o bien con el reconocimiento de otra entidad estatal o federal competente en la materia, ya que el Registro Nacional del Conacyt está restringido para aquellas organizaciones que reciben fondos públicos. Esa es la modificación en el 79. En el 80, las donatarias autorizadas cuentan con mecanismos legales internos para que eviten obtener algún lucro, como la obligatoriedad de contar con estatutos con la cláusula irrevocable de alguna transmisión de patrimonio y de cambio de residencia. Entendiéndose por lucro el no reparto de remanente entre sus integrantes de la misma asociación. Las OSC, que desafortunadamente no cuentan con los donativos suficientes para autosustentarse, ya que la cultura de donación aún es mínima en el país, se ven obligadas a realizar actividades no relacionadas con su objeto social para obtener ingresos de acuerdo a la disposición vigente. Esto no significa de ninguna manera que se trate de actividades simuladas, como lo señala la exposición de motivos de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Y, por tanto, esta nueva disposición, lejos de combatir irregularidades por parte de las organizaciones, pues por un lado afecta a la reducción de recursos que son destinados a las causas de las organizaciones y a atender, por supuesto, a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. En el artículo 82, pues con el texto actual, la donataria, al perder la autorización, automáticamente pasa a ser considerado bajo el título segundo y debe pagar impuestos, pero continuar aplicando sus recursos hasta que se concluya el proceso para transmitirlo a otra donataria autorizada. En ese sentido, pues no hay cambio en cuanto a la consecuencia que se quiere asegurar de que los recursos pasen a otra organización. El hecho que inmediatamente después de perder la DA se tribute en título segundo, no da derecho de audiencia a quienes podrían defender la decisión de la autoridad. Esto les causará un costo económico excesivamente alto y no podrán destinar esos recursos a su objeto esencial, a su objeto social, como inicialmente se estableció. Si los donativos que se entregan son sujetos del impuesto sobre la renta, dicho impuesto debe destinar al objeto social de las DA, puesto que proviene de donativos o ingresos que deben dedicarse al bien común y no al pago de impuestos. Y, por último, en el artículo 82 Quater, que es la revocación de la donataria autorizada, las causales de revocación precisamente debieran incorporarse al Código Fiscal de la Federación y no en este artículo, siendo parte del artículo 82, en su primer párrafo, el cual se refiere precisamente a los requisitos para ser donataria autorizada. Una organización tiene en común algún socio, asociado, representante legal, integrante del consejo directivo o del consejo de administración con otra donataria. O sea, se pueden empalmar, a la que fue revocada su autorización por cualquier incumplimiento de sus obligaciones fiscales dentro de los últimos cinco años. Es decir, si a la organización A le revocaron la donataria por cualquier motivo y coincide que uno de sus consejeras o consejeros también participa en la organización B, pues este simple hecho bastaría para que a la organización B le revocaran la autorización, siendo algo totalmente ilógico. La fracción V es inconstitucional, violatorio de los artículos 1 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El hecho de que coincidan algún socio, asociado, representante legal, integrante del consejo directivo o integrante del consejo de administración de una donataria autorizada, no debe ser causa, por supuesto de su revocación. En tanto, que una persona moral es una persona jurídica que tiene capacidad independiente de la de sus miembros para ser la titular de los derechos y de las obligaciones de dicho organismo o de dicha sociedad. Sería cuanto, presidenta. Vamos a pasar a la votación. Le pido de favor, sabemos cuál va a ser el resultado, pero bueno, pues vamos a seguirle el juego aquí a los compañeros de Morena. Muchas gracias, presidenta.