El diputado Alejandro Canek Vázquez Góngora: Con su permiso, señor presidente. Todo Estado democrático y moderno debe contar con un sistema de identificación personal de todos sus habitantes; un sistema que sea confiable en su información, oportuno en su disposición y austero en su costo. De aquí la importancia de que nuestra nación cuente con un sistema de identificación personal que sea único, confiable y seguro, y que además proteja los derechos de los gobernados, inclusive frente a las autoridades públicas que lo generen, actualicen, resguarden y procesen. Todo lo que pretenda realizarse en este sentido debe contar con el beneplácito de esta soberanía y por lo mismo debemos mostrarnos sensatos frente a las ocurrencias que pretendan desconocer la experiencia acumulada por instituciones del Estado, queriendo además cargar gravosos costos económicos sobre los contribuyentes. Debemos recordar que en el marco de la reforma político-electoral de 1990, se logró realizar una verdadera revolución administrativa en materia de identidad personal. Esto, a través de la integración de una de las más grandes bases de datos personales de la población mexicana, el Registro Federal de Electores y de la institucionalización de la credencial para votar con fotografía, misma que se ha convertido en el documento de identificación personal con validez jurídica más empleado en todo el país, para personas mayores de edad. Por ello, cuando se crea el Registro Nacional de Población, el Instituto Federal Electoral (IFE) ya había concretado en los hechos y con reconocida eficacia, una de las obligaciones del Registro Nacional de Población (Renapo), a saber el registro de población de México en ejercicio de sus derechos ciudadanos. En los hechos, el Registro Federal de Electores hacía innecesario el registro nacional de ciudadanos, ya que el registro del IFE cumplía con lo mandatado por la Ley General de Población. Por tanto, es sumamente importante que el Ejecutivo federal no desconozca el capital institucional, ni la gran experiencia operativa con que cuenta el IFE; al contrario, en el marco de los esfuerzos por instrumentar la cédula de identidad ciudadana debiera hacerse imprescindible una convergencia institucional entre el IFE y la Secretaría de Gobernación, al menos en cuanto corresponde al manejo de la cédula de identidad ciudadana de los mayores de 18 años en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. Hay que resaltar el hecho de que, para efectos prácticos, el Registro Federal de Electores coincide con el Registro Nacional de Ciudadanos, por ello sería un gran error pretender comenzar todo de nuevo. Basta recordar que en función de las elecciones federales de 2009, el IFE contaba con un registro de 77.8 millones de empadronados y 77.4 millones de credencializados. La información y el esfuerzo que se hallan detrás de estos abultados números nos dan una idea de lo dañina que puede resultar una irresponsable transferencia de responsabilidades o una innecesaria duplicación de funciones. No se trata de entorpecer el ejercicio de las facultades que por ley le corresponden a la Secretaría de Gobernación; se trata de elevar la eficiencia del Estado y de evitar colapsos institucionales y elevados, costos económicos. Se trata, en suma, de aprovechar el bagaje institucional del IFE en provecho de un plan tardío, pero certero, del Ejecutivo federal. Sumando esfuerzos y evitando onerosas duplicidades, el IFE y la Secretaría de Gobernación pueden avanzar sobre una ruta segura para lograr que las mexicanas y los mexicanos contemos en el corto plazo con un documento de identidad personal, seguro y confiable, con un documento de identidad que incorpore los avances de la tecnología informática más vanguardista, sin desechar por ello los logros consolidados de los instrumentos de identidad que lo han antecedido, como es el caso de la credencial para votar con fotografía. Por todo lo anterior someto a consideración de esta soberanía una iniciativa, a través de la cual se propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Población, a fin de que el Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la cédula de identidad ciudadana sean servicios prestados por el Estado a través del Instituto Federal Electoral, en colaboración con la Secretaría de Gobernación. Es cuanto, señor presidente.