El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados. Mexicanas y mexicanos, a ustedes nos estamos dirigiendo. De no haber querido dar este debate simplemente no se presenta la Mesa Directiva, simplemente se pide diferir. Aquí estamos precisamente para demostrar las razones que tiene esta propuesta histórica de reforma energética. Esta iniciativa, desde luego que propone algo muy diferente a lo que existe en este momento a partir del 2013, recobrar para el país la conducción de toda la industria eléctrica de México, organizando de nuevo, como ente público, a la Comisión Federal de Electricidad. Transfiriendo facultades de los órganos reguladores a otras áreas. Mandando desaparecer los certificados de energía limpia. Propone crear un régimen excepcional el artículo 134, para que la CFE pueda disponer de una manera más libre sus negociaciones administrativas y económicas. Nueve modificaciones se han hecho a la iniciativa del Ejecutivo, que es la que se dictamina. En un primer momento se ratificó la generación distribuida para que cualquier mexicano pueda, arriba de su casa o en su pequeño o mediano negocio, generar la energía de manera libre y sin permiso y el rango se subió para el efecto. Nadie ha impugnado la propuesta de nacionalizar el litio. Los certificados de energía limpia se sustituyen con otros mecanismos. El artículo 134 prevalece de manera general encolumne. Se eleva a rango constitucional el acceso de cualquier mexicano al uso y al suministro de la electricidad como una condición previa para disfrutar de los derechos humanos. Ahí está inscrito en el decreto artículo 4o., y más todavía, una propuesta importantísima, recogida de las ideas de todos los grupos parlamentarios, algunos con énfasis y en público de manera informal la hicieron llegar a las comisiones, que la tomaron y aquí, bajo reservas especiales se volvió proyecto de decreto, que es lo que estamos discutiendo y que es un mandamiento de la Constitución, para que la Comisión Federal de Electricidad, enseguida que entrara en vigor ese decreto, procediera a diseñar un esquema tarifario con sentido de servicio público. Que vuelva a la electricidad un bien social y que le quite su carácter de simple mercancía comercial financiera especulativa. Que baje tarifas para el bombeo de agua potable, para el saneamiento de los pueblos y de las ciudades, para el consumo doméstico en todo lo que abarca. Que revise otras tarifas que beneficiarían a escuelas y hospitales públicos, esto es algo muy importante. Lo que más, lo que más destaca en la iniciativa y en el proyecto de decreto y en el dictamen que estamos sometiendo a la consideración de esta asamblea y al conocimiento de todo el pueblo mexicano, es la afirmación, desde la iniciativa, de que permisos y contratos simplemente dejan de surtir efecto. Eso es algo importantísimo, eso es algo prácticamente inusitado, porque viene acompañado de algo que no contiene la Constitución en ninguno de sus precedentes, porque al mandar eso manda a inscribir en el texto constitucional que en un área estratégica se comparta, como una prioridad, el mercado eléctrico del país. En ningún otro caso habría mayor garantía para la invasión privada, que la Constitución dijera cuál es el porciento que le corresponde de manera exclusiva. Eso no está en ninguna otra parte de la Constitución y en ningún otro país, por más liberal que sea. Mayor garantía no puede haber. ¿Por qué pide la iniciativa y consciente el dictamen y el proyecto de decreto que se cancelen permisos y contratos? Porque son parte de un esquema viciado de legitimidad. Miren, en el año 2002, la Suprema Corte de Justicia, resolviendo la acción de inconstitucionalidad y esto es un punto importante del que me voy a ocupar, enseguida viene mi compañero presidente de la Comisión de Energía, que dará explicaciones más amplias sobre todos los aspectos, alcances y contenidos del dictamen. Pero este aspecto es fundamental, porque esa resolución, que es la única, la única en donde la Suprema Corte se ha metido a escudriñar y a resolver qué es autoabastecimiento ilegítimo y que es excedencias también indebidas en la generación que queda la CFE obligados a comprar, ha sido ratificada también una vez con una resolución de la Corte en el año 14, que le negó a una autoabastecedora que pedía la devolución del IVA, le negó la Corte su petición de amparo, con un argumento fundamental: no tenías derecho a vender energía. Por lo tanto, no tienes derecho ni a cobrar el IVA y mucho menos a pedir que te lo devuelvan. Aquella resolución del año 2002, que repito, es el único precedente donde la Corte se ha atrevido a entrar al fondo, siguió después una inspección, una verificación de la Auditoría Superior y fiscalización respecto de la Cuenta Pública del año 2004, que relató exactamente lo que estaba sucediendo y confirmó las razones que tuvo aquella Corte en tiempos del señor Fox. Aquella Corte dijo y la Auditoría la siguió, dijo: No puede ser autoabastecimiento auténtico, cuando no siendo una empresa la que quiere autogenerarse y manda a poner una planta al alcance de sus necesidades y se autoabastece, no puede ser eso, si lo que sucedió es exactamente lo contrario de lo permitido por la Ley de 1975, reformada en 1992, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica introdujo esta figura al mundo jurídico de México. ¿Qué es lo que hacían esas empresas? Aquí traigo, señor presidente, un documento que me gustaría que leyera enseguida la Secretaría, son las facturas de Iberdrola respecto de varios clientes. ¿Qué es lo que hicieron esas empresas? Que primero se instalaron con una gran capacidad de generación, paralelamente anduvieron propalando, con modelo de mercado, clientes a los que sumaron como socios. De esa manera se apoderaron hasta el día de hoy de cerca de 80 mil grandes consumidores de México. Hicieron exactamente lo contrario de lo que se les permitía. La Corte lo dice, es acción de inconstitucionalidad número 24/2001. Y sobre los excedentes, también se pronunció de una manera muy sencilla. No es exactamente lo que les sobra después de una actividad ordinaria normal, en donde autogenerándose le queda un remanente que le vende a la Comisión Federal, no, fueron plantas que se instalaron con hasta 80 veces más capacidad de generación. ¿Para qué? Para venderle obligadamente a la Comisión Federal de Electricidad. Dice la iniciativa, que este diseño fue deliberadamente implantado para ir entregando de manera paulatina al mercado privado extranjero, por desgracia, toda la industria eléctrica de México. Miren ustedes, esto, acompañando a lo que acaba de resolver la Suprema Corte hace, la semana pasada, es prácticamente un segundo dictamen. No está aquí, no se circuló, pero lo es, porque lo que acaba de decir la Corte es, no solamente que se pueden introducir razones, elementos de factibilidad técnica para despachar energía a la red, lo dice exactamente la Corte. El jueves de la semana pasada, no solamente eso dijo, sino confirmó al artículo cuarto y el quinto transitorio, que autorizan a la CRE y en parte a la CFE y en parte a la Sener, a revisar todos los contratos y los permisos, a renegociarlos, a terminarlos o a revocarlos por vicio de nulidad. Este segundo dictamen es más beneficioso a las empresas que están hoy a la vista de todos, detrás del voto opositor a esta iniciativa y a este dictamen. Les convendría más quedarse con el primer dictamen, el que estamos discutiendo ahora. Ya verán cómo les van a reclamar cuando cambien de abogado, esas empresas, a esa consigna de voto opositor. Señor presidente, permítame, permítame que la secretaria lea, traigo tres facturas, pero con una sola que es de Iberdrola, a una empresa que se llama Holcim México Operaciones SA de CV. En una factura por 484 mil pesos y en la otra por 48 mil dólares, si no estoy equivocado de memoria en la cifra. Por favor, le doy la primera a la secretaria que usted me indique. A Brenda.