El diputado José Juan Barcenas González: El 29 de mayo del 2000, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dicha ley es reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente establece: "Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral". El objeto de la ley reglamentaria es garantizar a niñas, niños y adolescentes, la tutela y es respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La Declaración sobre los Derechos de los Niños, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, fue el primer instrumento internacional en que se establece que la vulnerabilidad de los niños es razón suficiente para que se justifique una protección particular en todos los ámbitos de su vida, con el fin de lograr mejores sociedades, mejores seres humanos y comenzar a crear una conciencia universal sobre el respeto y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Mediante reformas al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 18 de marzo de 1980, se elevo a rango constitucional el derecho de los niños a la satisfacción de sus necesidades, incluida, la alimentación, salud, educación y el sano esparcimiento para su desarrollo integral. La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, vino a desarrollar los principios y disposiciones consagradas en la Constitución y en las convenciones internacionales. A ella le corresponde garantizar el detalle y en cualquier circunstancia los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y es este el ordenamiento que debe perfeccionarse y evolucionar para que podamos responder a las exigencias y requerimientos que presenta la realidad social de la infancia mexicana. El dictamen que aprobó la iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se destacó que para que una ley efectivamente promueva un cambio radical en el ejercicio de niñas, niños y adolescentes hagan de sus derechos humanos, debe de proteger ese ejercicio tomando en cuenta las especificidades y circunstancias de todos ellos. Así, cuando esas especificidades han estado siendo mal atendidas y los han puesto en situación de desigualdad real o bien, sometidos al abuso de poder, en la ley se les da el tratamiento adecuado para que en adelante no sean razón de tal desigualdad ni de tal abuso. Es este el propósito fundamental de la iniciativa: fortalecer la protección de aquellos niños que se encuentran en estado grave de vulnerabilidad resultado del abandono, maltrato, explotación y abuso en cualquiera de sus modalidades. Por lo anterior, la propuesta materia de esta iniciativa tiene por objeto, en primer lugar, reformar el texto del párrafo primero del artículo 5 de la ley, a efecto de prever que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, implementen los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia; para construir una obligación directa, imperativa e insoslayable, a cargo de dichos ámbitos de gobierno, suprimiendo la expresión "procurarán implementar" que carece evidentemente de fuerza obligatoria y poniendo en su lugar "implementarán". En segundo lugar, nuestra propuesta incluye reformar el primer párrafo del artículo 7 de esa misma ley, con el objetivo de explicitar el derecho de los niños de ser protegidos por el Estado contra cualquier forma de abandono, maltrato, explotación y abuso intencional o negligente. La intención de la propuesta es enfatizar la importancia y gravedad de las hipótesis mencionadas que, de realizarse, negarían definitivamente y harían nulos los derechos de la infancia; se trata de evidenciar que las circunstancias señaladas constituyen la situación extrema de vulnerabilidad en que pueden situarse los niños y las niñas y de allí la necesidad de establecer una obligación especial del Estado para protegerlos de esas situaciones críticas. Pensemos en los "niños de la calle" y en "situación de calle", que son quienes menos oportunidades tienen de integrarse a la sociedad y hacer efectivos muchos de sus derechos como el de vivir en familia, el de la no discriminación, el de la educación, el de vivir en condiciones de bienestar, el de un sano desarrollo psicofísico. Por lo anterior y basado en el principio del interés superior de la infancia, en tercer lugar proponemos que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, destinen presupuestos y partidas específicas para el desarrollo social y humano integral de la infancia, especialmente la más vulnerable. Finalmente y no menos importante, es el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales dentro de los programas nacionales para la atención de los derechos de la infancia y adolescencia, estableciendo en la Ley para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan a su cumplimiento y garanticen el mejoramiento de la condición social de todas las niñas, niños y adolescentes. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 y reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 5. "La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, implementarán los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección a los derechos de la infancia, basados en el contenido de la convención sobre los derechos de los niños y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República. Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos, especialmente el derecho de ser protegidos contra cualquier forma de abandono, maltrato, explotación y abuso intencional o negligente. Así como la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores y custodios u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, definirán presupuestos y partidas específicas para el desarrollo social y humano integral de la infancia, especialmente la más vulnerable. El gobierno federal promoverá la adopción de un programa nacional para la atención de los derechos de la infancia y adolescencia, que fortalezca las relaciones interinstitucionales y se involucre la participación de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garanticen el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes. Es cuanto diputado presidente. Muchas gracias.