El diputado Felipe Arturo Camarena García: Me da gusto que al iniciar hay un poquito más de los compañeros diputados para una reforma constitucional, y no solamente a la hora de la votación que se necesitarán las dos terceras partes. Los felicito a los que están presentes. Si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo, Albert Einstein. Con su venia, diputado presidente. Nuestra tarea como legisladores implica sin duda una muy alta responsabilidad y rendir cuentas ante nuestros representados, legislando en base a las imperiosas necesidades de todos y cada uno de los mexicanos. A la luz de la decisión del año 2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad del arraigo penal y su categorización como una detención ilegal por el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Comité de los Derechos Humanos, es inminente adoptar todas las medidas necesarias para eliminar el arraigo La medida cautelar del arraigo fue considerado por el grupo de trabajo en comento, en su visita a nuestro país, como el resultado del mal funcionamiento del sistema de investigación y procuración de justicia, pues coloca los incentivos en dirección contraria al fortalecimiento de la capacidad investigativa de la autoridad, además de que puede propiciar otras violaciones a los derechos humanos. Es de explorado derecho que el arraigo es de suyo inconstitucional, en razón de que priva al individuo de su libertad antes de que exista una sentencia definitiva de la autoridad judicial, con lo cual transgrede evidentemente el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Estamos frente a importantes retos y desafíos esenciales como Poder Legislativos. Acciones, deberemos emprender sin duda los tres Poderes de la Unión, sin mayor demora, la sociedad exige resultados en materia de justicia y no puede esperar más. La Constitución federal en su artículo 1o. dispone que todas las personas gocen de los derechos humanos, establecidos en los convenios internacionales, por lo cual han alcanzado ya rango constitución, derivado de la reforma que en el año 2011 se realizó en importante materia, razonamiento que robustece su protección y tutela. En este orden de ideas el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los delitos y perseguir a los delincuentes, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de nuestra Carta Magna. Es de explorado derecho que la finalidad intrínseca del Ministerio Público deberá de garantizar a los ciudadanos la seguridad de justicia, sin transgredir los derechos establecidos en los tratados internacionales que México ha suscrito y que contempla nuestra Carta Magna, haciendo una correcta investigación de los delitos y después en base a ello realizar el ejercicio de la acción penal y la consignación de los probables responsables ante la autoridad judicial. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 28, de 2010, en sesión de fecha 23 de noviembre de ese año, estableció que en materia de derechos fundamentales el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias. Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte. Bajo tales premisas, si tomamos en consideración los tratados internacionales, suscritos por México y cuyos derechos han alcanzado rango constitucional, nos daremos cuenta que el arraigo es contrario a lo establecido en aquellos. Si bien es cierto, se han cometido arbitrariedades e injusticias en su instrumentación, se reconoce que dicha figura tuvo justificación en las instituciones de procuración de justicia, por el entorno del crecimiento a la delincuencia organizada. Sin embargo, no justifica la violación a los derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales. Como Poder Legislativo tenemos la obligación de dotar de las herramientas necesarias en la ley al Ministerio Público, para que cumpla con la obligación de investigar y perseguir delitos y delincuentes, siempre en apego a la legalidad. Por el contrario, si lo dotamos de esas herramientas que permitan la violación a los derechos fundamentales del ser humano seguiremos otorgándole facultades contrarias al Estado de derecho, cuando debemos ser los primeros en garantizar la legalidad de todas las autoridades implicadas en la procuración, como en la investigación y en la administración de justicia. Si bien es cierto que la iniciativa en comento implica un acotamiento a la figura del arraigo y que una vez implementados los juicios orales tienda a su desaparición implica la misma figura la violación a los derechos fundamentales que el reducirla en tiempos, en ningún momento conlleva a su legalidad. Por el contrario, debemos no solo como Poder Legislativo sino la misma Procuraduría General de la República, de buscar las herramientas para el fortalecimiento de dicha institución, capacitando y profesionalizando a los servidores públicos en la investigación científica, apoyándose en la ciencia forense y en la tecnología. Y aun ser más estrictos en la selección y reclutamiento de personal ministerial, policial y pericial y con ello combatir la impunidad. Término, presidente. No debemos dejar de considerar que de la mano de la figura del arraigo se encuentra el programa de testigos protegidos o colaboradores que contribuyen y contribuyeron en el pasado a la fabricación de delitos y de delincuentes por parte de la autoridad ministerial. Como ya ha quedado de manifiesto muy claramente con el desistimiento que de la acción hiciera el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam en contra del general Ángeles y que reconozco el valor del procurador general en la decisión tomada para hacer justicia desde su encomienda constitucional. Compañeros diputados, el fin no justifica los medios. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.