El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, las víctimas son tan antiguas como los delitos, que durante siglos sus derechos fueron ignorados y durante siglos la víctima fue despreciada por la ley y sus derechos simple y sencillamente fueron negados. En el siglo XX los grandes precursores de la victimología, como Benjamín Mendelsohn, Hans Von Hentig, Frederick Wertham o Israel Drapkin, abrieron el sendero para que el estudio y tratamiento de la víctima se hiciera desde otra perspectiva. Paulatinamente evolucionamos de la visión de la víctima como un mero elemento del iter criminis, a reconocerla como una persona humana que sufre un daño y a quien hay que brindarle atención adecuada que asegure su dignidad de autonomía y derechos. El sistema jurídico en el siglo XXI, le ha reconocido a la víctima, una serie de derechos que son indispensables para garantizar que puede recuperar su proyecto de vida, que pueda acceder a la justicia y que pueda obtener reparación integral del daño. En México estos derechos empezaron a ser reconocidos en la Constitución, apenas en 1993, y desde entonces, afortunadamente ha habido varias reformas constitucionales, que han ampliado esas libertades y prerrogativas y que en ese entonces, incipientemente, trataban de mostrar que las víctimas estaban completamente desprotegidas. Pero es hasta un año muy reciente, en 2013, cuando se expide la Ley General de Víctimas, que conforme el marco normativo nacional en materia de derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos y, sobre la atención que debe garantizar el Estado, a todas las personas que se encuentran en situación de víctimas. La Ley General de Víctimas, como su naturaleza jurídica lo indica, establece un marco general mínimo de derechos, instituciones y procedimientos, que debe armonizarse en cada entidad federativa. El diseño constitucional de esta materia parte de la idea que existen víctimas de dos fueros, el federal y el fuero común, y por ello deja que las entidades federativas legislen para armonizar su ley local con las disposiciones de la ley federal. En caso de incumplimiento por parte de las entidades federativas, en la dedicada labor de garantizar estos derechos, las víctimas pueden acudir a la instancia federal para que se les brinde la atención, pero esta es limitada. Es decir, se prevé un principio de atención subsidiaria con ciertas restricciones, lo que termina por no solucionar el problema y muchas veces hasta lo agrava. Esto ha generado que las víctimas sufran un eterno peregrinar para recibir la atención que merecen, creando víctimas de primera y de segunda clase, pues no todas pueden gozar del respeto de sus derechos por parte de autoridad. Es cierto que en los últimos años se ha dado una mayor actividad legislativa tendiente a expedir leyes de víctimas locales, pero muchas de ellas no están armonizadas con la ley general y otras tantas no adoptan los derechos y el esquema institucional necesario para garantizar dichos derechos y, muchas más, ni siquiera tienen apoyo presupuestal para ser efectivamente implementadas. Así, el panorama de las víctimas en México es preocupante, porque a este desorden normativo e institucional y a esta disparidad en la implementación, se suma que en los últimos años la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal, la CEAV, ha caído en una crisis institucional y presupuestal que la ha llevado a enfrentamientos graves con las propias víctimas. Ante este panorama, bien puede afirmarse que los derechos de las víctimas están pasando por una seria crisis, que debe ser atendida por una política de Estado para las víctimas y con leyes armonizadas, sistematizadas y coordinadas. Esta grave situación se aprecia aún más cruda cuando constatamos que la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (Envipe), levantada por el Inegi, muestra que en el año 2019 hubo 22.3 millones de víctimas del delito, lo que implica una tasa de 24 mil 849 víctimas por cada 100 mil habitantes. La gran mayoría de esas víctimas son del fuero común. Pero un panorama aún más desolador se nos revela cuando sumamos a las personas que en las diferentes ediciones de la Envipe declararon haber sido víctimas de un delito desde el año 2012, pues encontramos que son 186.8 millones de personas que se han declarado como víctimas en solo 8 años. Esto es más que la población total del país en la actualidad. Quién garantiza los derechos de todas estas víctimas, quién las atiende. ¿No es suficiente tener más de 23 millones de víctimas del delito cada año en todo el país, en promedio, para considerar a esta población como una prioridad para las políticas públicas y para el derecho? Para ayudar a resolver esta situación crítica estoy presentando esta iniciativa para otorgar al Congreso de la Unión la facultad para emitir la legislación única en materia de atención a víctimas. Además, reconociendo que no solo existen las víctimas de delitos, sino también de violaciones a derechos humanos, se propone que la Constitución las contemple formalmente, pues hoy en día solo existe este reconocimiento para las víctimas de delitos en el artículo 20, apartado C, de dicha Constitución, a pesar de que las víctimas de violaciones a derechos humanos también detentan estos derechos. Concluyo, presidenta. Con esto, diputadas y diputados, estaríamos aprobando una reforma constitucional que tiene un profundo sentido de justicia y que daría un paso muy grade hacia la consolidación de un régimen de derechos para todas las víctimas, eliminando las diferencias injustificadas e irrazonables que existen actualmente. Es cuanto, diputada presidenta.