La diputada Mónica Bautista Rodríguez: El Partido de la Revolución Democrática ha sostenido desde su fundación la demanda de democracia y libertad sindical como legado de las grandes luchas obreras del siglo XX, para que los sindicatos sean representes legítimos de los derechos y aspiraciones de la clase trabajadora. Efectivamente, en su programa nuestro partido postula. En la construcción de una sociedad democrática resulta fundamental garantizar la libertad de organización de las y los trabajadores para luchar por mejorar sus ingresos, sus condiciones de trabajo y su nivel de vida. La Organización Internacional del Trabajo sostiene que sin libertad sindical no puede haber diálogo social ni progreso hacia la justicia. Esta libertad garantiza de los trabajadores la posibilidad de expresar sus aspiraciones, fortalecer su postura en la negoción colectiva y participar en la elaboración y aplicación de la política económica y social. La lucha de los trabajadores por el derecho a defender sus intereses mediante sindicatos autónomos se inició en el siglo XIX y prosigue hasta nuestros días, siendo aún muchos los trabajadores que actualmente se ven privados de este derecho fundamental y por eso son objeto de persecución, despido y encarcelamiento. Muchos, incluso, han entregado su vida en esta lucha. Si bien se acaba de enviar al Ejecutivo federal para su promulgación la reforma laboral en materia de democracia sindical, lo que representa un avance histórico para los trabajadores organizados de México, estos avances no alcanzan a los trabajadores del sector público. Esto contraviene el propio artículo 123 y el Convenio 87 de la OIT. En efecto, la fracción X del artículo 123, en su apartado B), establece de manera clara y sencilla que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Por otra parte, el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, obliga al poder público a respetar la decisión de los trabajadores de constituir las asociaciones sindicales que consideren pertinentes, y lo obliga a abstenerse de intervenir en la limitación de esta libertad o menoscabar su ejercicio legal. Sin embargo, la ley reglamentaria del apartado va a imponer rígidas condiciones que conculcan en la práctica ese derecho. Para los servidores públicos sus derechos colectivos fundamentales: libre asociación, el derecho de huelga y la bilateralidad de la negociación y administración de las condiciones generales del trabajo son impracticables. La lucha legal de los trabajadores del apartado B) ha tenido efectos positivos en nuestro marco legal. Ejemplo de lo anterior es la jurisprudencia 1/96, que abrió la posibilidad a un sector importante de los trabajadores al servicio del Estado, a que lograrán su reconocimiento como trabajadores del apartado A). La jurisprudencia estableció que los organismos descentralizados del gobierno federal no son parte directa de la administración pública, y como tales no se encuentran enmarcados en la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Algunos contingentes como el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, lograron su contratación colectiva en el marco de la Ley Federal del Trabajo. La jurisprudencia 43/99 es parte de este proceso. La Suprema Corte reconoció el derecho de los trabajadores al servicio del Estado a constituir libremente sindicatos. En consecuencia, en una dependencia de los Poderes de la Unión pueden coexistir dos o más sindicatos, si así lo decide la base trabajadora, contra lo establecido en el artículo 68 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Finalmente, en 2004 se reconoció que los servidores públicos pueden coaligar si una federación diferente a la oficial, que por decreto de ley es la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Las anteriores resoluciones han constituido pasos importantes en el marco de la democratización de los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado, sin embargo, mientras no se modifique la ley, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje seguirá negando el registro a sindicatos ajenos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, aun cuando la jurisprudencia citadas te obligan. El dictamen de la minuta que está en discusión erradica las trabas que desde la ley habían impedido la libre democratización de los trabajadores al servicio del Estado en el tema de la libre sindicalización. Se elimina la prohibición de constituir más de un sindicato en cada dependencia del poder público y se elimina el monopolio sindical de FSTSE como federación única reconocida por la ley para que los sindicatos de los trabajadores públicos se coaliguen. Esperamos que estas modificaciones legislativas allanen el camino de los trabajadores al servicio del Estado en el rescate de su dignidad y su autonomía, para que las fuerzas sindicales auténticamente representativas no sean mediatizadas con instrumentos legales cuya inconstitucionalidad está más que probada. Congruente a sus principios y sus propuestas, el PRD votará a favor de este importante dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.