La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Para nadie es noticia que el dictamen que se nos presenta fue rechazado por diversos grupos parlamentarios en el seno de la Comisión de Salud. Sabemos que, por igual, el tortuoso camino que pasaron diferentes organizaciones de derechos humanos, de atención de adicciones, así como especialistas en la materia que, ya inscritos en el parlamento abierto que se propuso y se llevó a cabo, no pudieron participar ni brindar sus valiosos puntos de vista a esta iniciativa, de varias organizaciones y de la diputada Martha Tagle, de nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hubo un margen para que en un espacio paralelo se escucharan estas voces, para que, en un inicio, pretendieran ser acalladas y para que se adviertan los riesgos de la reforma que hoy estamos discutiendo. Aunque desde la propia Organización Mundial de la Salud se han integrado esfuerzos en la atención de salud mental de una manera integral, existen, en los hechos, tentaciones por abordar en un mismo espacio de salud mental a las adicciones también. Por si esto no fuera poco, es claro el sesgo que existe en las definiciones de este dictamen. En él está plasmado un enfoque psiquiátrico y no un enfoque de derechos humanos, el mejor ejemplo de ello son los riesgos que se advierten con el tema de los consentimientos en los casos de internamientos. Se está tergiversando la conceptualización de autonomía disminuida o incapacidad transitoria o permanente. Parte del consentimiento informado implica, también, que él o la paciente puede elegir el tratamiento que quiere recibir y esa decisión no está exclusivamente en manos del médico tratante. Sin embargo, en muchos casos las primeras resistencias son del personal de salud, desde los trabajadores sociales hasta los médicos que ejercen en función de soluciones prácticas para sus jornadas laborales, y no privilegian la rehabilitación. El médico tratante debe facilitar al paciente toda la información relacionada con el tratamiento terapéutico indicado, que le permita conocer los riesgos y beneficios de la participación. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica, solo podrá llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada en la información adecuada. Cuando proceda el consentimiento deberá ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin incurrir por ello en desventaja perjuicio alguno. No predomina un enfoque en el que se vea a las personas como sujetos de derechos con capacidad de decidir, porque la psiquiatría ha definido que estos pacientes no pueden decidir. Lo que viola sus derechos humanos desde el primer momento. Este es el problema que repite este dictamen, en lugar de poner por delante los derechos de las personas, ha dado un peso significativo a un enfoque psiquiátrico en el que las conductas constituyen un trastorno mental. El problema es de fondo. La política de salud en México ha dilatado la integración de otros enfoques a los principales programas de atención a la salud mental, así como aquellos que atienden a las adicciones. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el promedio del gasto en servicios de salud mental mundial se ubicó, en el 2018, en tan solo un 2.8 por ciento de los correspondientes gastos destinados a la salud. En México, por ejemplo, para el caso del Presupuesto 2021 se asignaron mil 515 millones de pesos a unidades responsables vinculadas a la salud mental, lo que solo representa el 0.2 por ciento del gasto destinado a salud. Los problemas vinculados con padecimientos de salud mental han ido en aumento en nuestro país. Sin embargo, aunque los suicidios son mayormente cometidos por hombres, las tasas de depresión, anorexia y/o bulimia, presentadas por mujeres son 174 por ciento y 106 por ciento mayores que las presentadas por los hombres. Esta reforma, compañeras y compañeros, para terminar, consideramos ofrece más riesgos que certidumbre. Las organizaciones han hecho énfasis en que es urgente una atención integral, que ponga por delante los derechos de las personas. En el caso de la atención a la salud, este límite se vuelve por demás necesario, aunque reconocemos en ocasiones, complejo de materializar. Hemos presentado una serie de reservas que esperemos mejoren el espíritu de este dictamen y sean aprobados por la mayoría de este pleno, para que realmente haya una verdadera atención en la salud mental, en nuestro México, y más hoy, dentro de este contexto que estamos viviendo, como el Covid. Es cuanto, diputada presidenta.