El diputado Lázaro Arias Martínez: Compañeras y compañeros diputados: De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados Lázaro Arias Martínez, del PRI; Rafael Sánchez Pérez, de Acción Nacional y Javier Salinas Narváez, del PRD; además con las firmas de las fracciones parlamentarias del PRI de todos los diputados de Jalisco y de Acción Nacional y muchas firmas también de diputados que se adhieren a esta propuesta, del PRD, someten a su consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de proyecto de decreto, del cual se adiciona un artículo noveno transitorio de la Ley de crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus ahorradores, con base en la siguiente exposición de motivos: Durante la década de los 90´s, particularmente a partir de la crisis de diciembre del 94, el sistema bancario del país se vio contraído en su oferta para captar ahorros y otorgar créditos al consumo en beneficio de la población en general. Esta contracción del mercado de las bajas tasas de interés afectaron en particular a los pensionados y jubilados y trabajadores que hayan recibido indemnizaciones por retiros que cubrían parte de sus necesidades básicas de los intereses ganados, difícilmente podían mantener sus ahorros en instituciones bancarias que no los premiaban. Ante la nula oferta de servicios financieros, la demanda de los sectores de menores ingresos propició el surgimiento de diversas organizaciones y sistemas que ofrecían servicios de ahorro y crédito, cuyas operaciones se realizaron al margen de las leyes que regulaban las entidades financieras y sin la necesaria vigilancia gubernamental. La falta de un marco institucional que imprimiera mayor transparencia a estos intermediarios, tuvo como resultado que ahorradores y usuarios hayan sido víctimas de fraudes que provocaron su quebranto patrimonial a causa de actos fraudulentos y malos manejos de administradores, consejeros o socios, principalmente, a las diferentes entidades jurídicas o económicas o personas físicas que se ostentaron como tales entidades que operaban sistemas de ahorro y préstamo, para lo cual las acciones de Estado sólo han resuelto parcialmente este problema. Cierto es que ello dio la pauta a la expedición de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas y de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del año 2000, pero cierto es también que esa disposición abarcó el conjunto de los afectados habida cuenta que estableció condiciones y mecanismos que no todos pueden cumplir, como dejar la carga de la comprobación de los requisitos formales de la ley a los ahorradores, cuando ello era responsabilidad de los administradores de las mismas excluir a las figuras jurídicas que no contemplaban operaciones de inversión como las cajas populares constituidas en asociaciones o sociedades civiles. La ley en comento (¿) ha sido objeto de diversas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2002, 28 de enero de 2004, 29 de junio del 2004 y el 27 de mayo del 2005. En dichas reformas se salvan (¿) algunos aspectos relativos a la aceptación de las sociedades de ahorro y préstamo, a los trabajos de auditoría contable, a los montos a pagar, a la identificación (¿) de los ahorradores, a la revisión de los casos de sociedad que están en procedimiento de quiebra o en concurso mercantil, beneficiándose algunas cajas de ahorro y sociedades mercantiles. No obstante, estas reformas son insuficientes para resolver el quebranto patrimonial que todos los pequeños ahorradores, dado que los requisitos establecidos no resuelven condiciones de equidad y justicia, el quebranto patrimonial de miles de ahorradores, por lo que es necesario revisarlas y profundizarlas a fin de que permitan contribuir a la solución integral de este problema. Cabe destacar que hoy en día no ha quedado totalmente resuelto el problema sobre el quebranto de las cajas de ahorro y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, menos aún el de aquellos ahorradores que desafortunadamente no se encuentren previstos en los supuestos señalados en la propia Ley del Fideicomiso y sin embargo se han visto aún más afectados no sólo en lo económico, también en lo social y en lo moral, porque además de haber perdido sus ahorros, fueron víctimas de defraudadores que mediante engaños, apreciaciones erróneas y promesas no cumplidas, dispusieron de sus recursos económicos dejando a la gran mayoría sin medios para subsistir. Deducimos que el objetivo del legislador al elaborar la iniciativa correspondiente para la creación del fideicomiso administrador, así como la adecuación de reformas necesarias para el mismo ordenamiento legal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, tuvieron como premisas la justicia social, el humanismo, la igualdad y la solidaridad, dando lugar con ello a modificaciones al artículo de la ley del fideicomiso, así como la adición de los artículos séptimo y octavo transitorios, con lo cual salvaguardaron los derechos legales de los ahorradores, independientemente de las consecuencias jurídicas que conlleva la problemática. A partir de esta premisa resulta imperante de acuerdo a nueva cuenta las disposiciones plasmadas en la multicitada ley a efecto de responder a todas y cada una de las demandas de los ahorradores de las cajas populares. No podemos ni debemos ser excluyentes, menos aún si existen los medios y la disposición para resolver el problema de parte de todos los actores involucrados en el proceso de pago correspondiente. El permanecer inertes ante este escenario resultado irresponsable de nuestra parte y probablemente injusto para los ahorradores y contrapuesto al espíritu de la Ley de Fideicomiso, ya que derivado del mal manejo de irregularidades cometidas por el supuesto administrador o directivo de una supuesta sociedad, sufren la pérdida de sus ahorros que en muchas ocasiones representan todo su patrimonio familiar. Además se enfrentan a lo complejo que resulta satisfacer los requisitos y subsanar los impedimentos necesarios para verse beneficiados por la bondad del fideicomiso-pago al igual que otros ahorradores. Resulta positivo que el artículo octavo transitorio emanado de la reforma del año 2002 a la ley que crea el fideicomiso, señale que el fideicomiso previa instrucción del comité, facilitará la recuperación de los depósitos efectuados de los ahorradores de las sociedades mercantiles no sujetas al apoyo conforme a la misma ley, siempre y cuando cumplan con un serie de requisitos enlistados en el mismo precepto. Sin embargo, se vuelve a complicar el mecanismo para el otorgamiento del beneficio plasmado en esta ley, ya que automáticamente se deja fuera a muchos otros ahorradores al carecer de uno de los requisitos referidos. Por ello es que se propone como medida de refuerzo adicional un artículo (no se entiende) transitorio multicitado en el ordenamiento legal a efecto de contemplar otras hipótesis que permitan generar mayor flexibilidad y facilidad en beneficio no sólo de los ahorradores afectados sino de las mismas instancias involucradas en el proceso correspondiente para el mejor cumplimiento de su objetivo. Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: PROYECTO DE DECRETO por el cual se adiciona un artículo noveno transitorio a la ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores para quedar como sigue: ARTICULO NOVENO. Con objeto de facilitar la recuperación de los depósitos de los ahorradores defraudados por personas físicas que se ostentaron como sociedad no sujetas al apoyo de los términos de esta ley que hayan estado en un procedimiento judicial de carácter penal, el fideicomiso procederá previa instrucción del comité, al pago de los depósitos correspondientes, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: a) Que para la comisión del delito por parte de una o más personas físicas, éstas hayan actuado al amparo de una razón social o nombre comercial. b) Que la captación de recursos públicos se haya efectuado en forma pública y notoria mediante anuncios, volantes o cualquier tipo de publicidad, en las cuales se haya usado precisamente la razón social o nombre comercial a que alude el inciso anterior. c) Que la captación de recursos haya dejado de hacerse con antelación al 30 de noviembre del año 2000. d) Que los ahorradores hubiesen formulado denuncia penal en contra de los supuestos representantes con antelación al 31 de diciembre de 2001 y como consecuencia de ello, los supuestos representantes hayan sido sujetos a proceso judicial. e) Que los documentos en los que constan los depósitos de los ahorradores hayan sido emitidos a título personal, precisamente por la persona o personas físicas sujetas a proceso judicial o hayan sido contempladas dentro del proceso correspondiente. f) Que exista una declaración de procedencia del delito emitida por la Procuraduría Fiscal de la Federación antes del 31 de diciembre de 1999. g) La calidad de los ahorradores se reconocerá de acuerdo a los resultados de las auditorías y/o en el procedimiento de carácter penal a efecto de que se inderalicen los pagos correspondientes a los beneficiados por la presente ley. h) Que se haya obtenido el reconocimiento del beneficio y la reparación del daño por parte de la autoridad competente mediante sentencia judicial. Para tal caso de que existe imposibilidad jurídica de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las disposiciones contenidas en los artículos 8o. y 8o. bis y bases generales de la presente ley. Los pagos correspondientes no estarán sujetos a los mismos, bastando para que proceda el pago que el ahorrador cubra los requisitos establecidos en el artículo transitorio. Artículos transitorios Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento". Es cuanto diputado Presidente. Muchas gracias.