La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado Presidente. Se los dijimos nosotros y no nos escucharon, se los dijeron dos políticos estadounidenses y tampoco escucharon. El resultado, una reforma hecha a la medida de estos intereses inexplicables y no del interés nacional. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: esta reforma es el peor despojo a los mexicanos de que se tenga memoria. Es la culminación de una política neoliberal que ha sumido en la pobreza a nuestro país y que terminará por despojar a los más pobres entre los pobres de lo poco que tienen. Hemos convocado al debate, pero ha habido poca respuesta. Apenas unos cuantos que se atreven a subir a tribuna para tratar de explicar lo inexplicable. Los otros, la mayoría, se esconden en sus curules, quizás por un atisbo de vergüenza de lo que están haciendo a la nación. Los diputados del PRD insistiremos una y otra vez en la necesidad de fortalecer la autonomía de las instituciones encargadas de regular la apertura del sector a los hidrocarburos. Los órganos reguladores del sector energético requieren de autonomía y de un blindaje para resistir los embates de los actores económicos y políticos. Entiendan, en la Ley de Órganos Reguladores Coordinadores en materia Energética no hay autonomía ni independencia de los entes reguladores. De acuerdo con los artículos 6 y 3, la ley en comento, la responsabilidad de regular al sector recaerá en el Ejecutivo federal, lo que rompe su autonomía y lo subordina a los caprichos del jefe del Ejecutivo. Basta ver el contenido de los artículos 3, 4, 6, 7 y 20 del proyecto de Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética, porque no dota de las herramientas necesarias a los órganos reguladores para resistir las presiones de grupos de interés económico, político o burocrático, a los que seguramente se estarán enfrentando. Esta ley sepulta la autonomía, transparencia, estabilidad y capacidad de los órganos, y establece una insultante subordinación a otros intereses ajenos a México. El dictamen es un claro manejo de las facultades en favor de un proyecto político que gobierna, no existe una clara línea de división de poderes ni autonomía de gestión de las secretarías de Estado y los órganos reguladores en la materia. De ahí se desprende la necesidad de que los reguladores sean robustecidos institucionalmente. Se otorgan facultades inconcebibles a la Secretaría de Hacienda y la de Energía, que pretenderán la supremacía jerárquica. Aunado a lo anterior, se suma el control del Ejecutivo, toda vez que los comisionados de los reguladores serán designados por el Ejecutivo federal. Esa pantalla que traen de elección en el Senado es eso, una pantalla, y si no quítenle la palabra designados y pónganle propuestos. Por otra parte la iniciativa propone que quienes aspiren a ocupar el cargo, con sólo tener cinco años de experiencia los puedan nombrar. Esto levanta muchas sospechas, pero es precisamente lo que decimos, no podemos aquí dejar de lado sin debatirlo, sin corregir esas palabras que mandan y notan la diferencia entre ser o no subordinados del Poder Ejecutivo federal, y hacemos valer que la verdadera autonomía está correlacionada con la toma de decisiones rápidas y de calidad, con políticas ciertas y previsibles, tanto para los consumidores como para los inversionistas. Para que esto no colapse por los constantes cambios entre grupos o coaliciones que se apoyan entre sí. Sostenemos nuestra denuncia de que en el artículo 33 de esta ley, cada contrato, permiso o autorización de los órganos reguladores implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada; es decir, otorgan todas las facilidades para que las empresas privadas puedan disponer de los predios que requieran para hacer sus negocios. En concreto, la propuesta del PRD es garantizar la autonomía de estos órganos, del Ejecutivo federal, y privilegiar perfiles con amplia experiencia para ocupar los cargos de consejeros vigilando que haya controles confianza, honestidad y compromiso. También proponemos que en el Consejo de Coordinación del Sector Energético, se haga a partir de bases técnicas y especializadas la designación de contraprestaciones económicas de los contratos. No está de más recordarles que es nuestra responsabilidad como Cámara, construir leyes reglamentarias con mecanismos de rendición de cuentas que permitan el ejercicio de los órganos reguladores con plena autonomía, en sus procesos de tomas de decisiones. Si de verdad queremos lograr esto, regresemos el dictamen a comisiones.