El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Parece extraordinario este dictamen, porque dicen los que están a favor que no se construirán grandes embalses, hay menos impacto ambiental; se trata también del empleo de energía renovable, de energía que no tiene un impacto ecológico negativo, y todo parece ir muy bien en el dictamen. Cuando estaba oyendo a los oradores en pro me acordé, no sé por qué, seguramente por mi formación infantil, de una cita de la Biblia, de San Pablo, cuando San Pablo decía que la letra mata y el espíritu vivifica. Aquí la letra de este dictamen mata y el espíritu, la intención de este dictamen no es otra más que privatizar la energía hidroeléctrica en pequeña escala. Desde hace varios años en este país, señaladamente en el sexenio de Salinas y después en el de Zedillo, y no se diga en los sexenios panistas, se ha permitido la intervención de particulares en la cogeneración de energía eléctrica. Lo que no dice este dictamen es que estos proyectos de inversión, que nunca aclara por ejemplo el diputado Cantú, de qué proyectos de inversión son; si son inversiones públicas o son inversiones privadas, se tratará de abrir un espacio de negocios a los particulares, a los empresarios de este sector, para que puedan cogenerar energía eléctrica, y esta cogeneración de energía eléctrica sabemos todos que está prohibida en la Constitución. La Constitución con toda rotundidad indica en su párrafo VI del artículo 27, que la generación de energía eléctrica corresponde exclusivamente a la nación. El párrafo IV del artículo 28 constitucional indica que la producción y la generación y la industria eléctrica es una industria de carácter estratégico, es decir exclusiva para el sector público. Y desde luego también tenemos que tener en cuenta lo que establece el artículo 73 de la Constitución en su fracción X, que le da facultades al Congreso para que, respetando los principios constitucionales del artículo 27 y del artículo 28, se respete el principio de la exclusividad del Estado en la generación y en la industria eléctrica de este país. Pero aquí hay una perversidad además mayor, porque no solamente se está privatizando o se tiende a privatizar la energía eléctrica a partir de estas micro hidroeléctricas que se piensa fomentar con inversión privada; la perversión mayor es que no solamente se trata de la energía, sino también se trata del agua, y el agua, conforme al artículo 27 de la Constitución, es un recurso que pertenece a la nación y que también debe ser explotada por la nación. Hace algunos meses mi compañero diputado Gerardo Fernández Noroña y su servidor, presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución a los artículos 4o. y 27, para que este principio de que el agua es de la nación se maximizara, se llevara a sus últimas consecuencias. Creo que lo que tenemos que hacer es, sí, fomentar la transición energética hacia energías renovables, pero desde luego siempre que esta premisa, que este objetivo, este principio orientador, se realice siempre a través de la inversión pública y con el control público correspondiente. No abrir espacios en áreas estratégicas del Estado en los términos del artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, al sector privado. Y lo que hace esta iniciativa y lo que no se dice aquí con claridad es que se trata no de la transición energética, se trata -y estamos hablando de negocios- de abrir un nicho de negocios a la iniciativa privada, para que la iniciativa privada use el agua de la nación y participe en la generación de energía eléctrica que solamente puede ser explotada por la nación porque así lo determina el texto constitucional. Díganlo con claridad, compañeros, ustedes quieren abrir este espacio a los negocios particulares para seguir privatizando la energía de nuestro país, para seguir privatizando los recursos naturales que corresponden al pueblo de México. Por su atención, muchas gracias.