El diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos: Gracias a la Presidencia. Con su venia de mis amigos y amigas diputadas y diputados federales. Ante las presiones que la estrategia de combate al fenómeno delictivo emprendido por el Ejecutivo federal, las organizaciones delincuenciales han diversificado su margen de acción, recurriendo en su búsqueda de recursos mal habidos a la ordeña de ductos y al robo de petróleo y sus derivados. El robo de hidrocarburos ha ido constituyéndose cada vez más en una situación de riesgo, tanto para el patrimonio de todos los mexicanos, así como para la seguridad nacional. En este sentido, es que en el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos con la comisión dictaminadora sobre la relevancia y la necesidad de que se actualice el marco legal vigente para que apliquen sanciones más severas a este delito cada vez más complejo. Los robos de combustible representan pérdidas para la nación de entre 14 mil y 15 mil millones de pesos al año, cifra que se estimaba, en la Secretaría de Energía, en pérdidas por un total de 4 mil 700 millones de dólares, en el periodo comprendido del 2008 al 2013. Tanto las autoridades judiciales como los representantes de Petróleos Mexicanos han actuado de manera eficiente, correcta, con más vigilancia y clausurando las tomas clandestinas detectadas, también se actúa en la empresa paraestatal de forma correctiva, es decir, cuando el delito se ha consumado, y sin embargo la actual configuración de las normas aplicables al combate de esta situación no le son favorables a este sector ni logran abatir la impunidad asociada a este tipo de ilícitos. En el ordenamiento jurídico que se pretende modificar se aborda el fenómeno de la sustracción, transporte, venta y comercialización ilícita de hidrocarburos, como debe de ser, desde los diversos frentes, desde la tipificación como grave del propio delito, la consideración de tal como delincuencia organizada, el combate frontal a éste y como forma de financiamiento y, sobre todo, la extinción de dominio de los medios empleados para llevarlo a cabo y blanquear los capitales asociados. Se traduce todo esto en el combate integral y frontal a la sustracción ilegal del petróleo y sus derivados, ya que el robo de combustible que enfrenta Pemex, empresa productiva del Estado, pone en riesgo la vida de personas y afecta el patrimonio de nuestra institución. Es necesario que el sector energético nacional proteja y se garantice su normal desarrollo, por lo que nos sumamos al llamado que este dictamen nos ocupa y que se ha trabajado con tanta intensidad tanto por legisladores y fuerzas políticas, acompañándolo tanto con elementos de información, traduciéndose en nuevas disposiciones eficaces, oportunas y nuevas disposiciones para que el Estado cuente con los nuevos elementos que requiere para acompañar a Pemex en el combate del robo de combustibles, así como la impunidad en su alrededor para afrontarlas, resolverlas, pero sobre todo, que sea de manera contundente para que el Ministerio Público esté dotado ante la autoridad jurídica de nuevas herramientas, y a fin de que se pueda investigar, perseguir, sancionar respectivamente con mayor eficacia y oportunidad a la delincuencia. Compañeros diputados, la reforma energética ha sido un paso en la dirección correcta para impulsar la economía mexicana y maximizar el aprovechamiento de los recursos de la nación. No permitamos que los delincuentes menoscaben el patrimonio de la ciudadanía y acompañar a este presente dictamen es un imperativo moral para que aquellos que creemos en la protección de la riqueza de nuestro subsuelo y el combate a la delincuencia en todas sus formas. Muchas gracias, señor presidente.