La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Compañeras y compañeros legisladores, actualmente el artículo 4o. constitucional reconoce los derechos a la protección de la salud, la educación y la seguridad social, y la obligación del Estado de garantizarlos, sin embargo, no establece un mecanismo para salvaguardarlo, lo cual ha derivado en una lacerante desigualdad social y discriminación. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como principal objetivo reducir, hasta erradicar las desigualdades y desventajas sociales que afectan la calidad de vida e impiden el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos de acuerdo en que tenemos que cerrar la brecha de la desigualdad para transformarnos en un país más justo. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación, la política de desarrollo social, Coneval, en el 2018, la población adulta mayor que se encontraba en situación de pobreza, fue de un 41 punto por ciento, lo que representa un total de 4.3 millones de personas. En caso de pobreza extrema y el porcentaje fue de 6.8 por ciento, y la población adulta mayor vulnerable por carencias sociales fue de 26.9 por ciento. Tenemos un 9 punto por ciento de la población adulta mayor con carencias por acceso a los servicios de salud, mientras que la carencia de acceso a la seguridad social fue del 17.7 por ciento. La población de 65 años o más, con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos aumentó entre el 2008 y el 2018 a pasar del 18.6 por ciento al 19.1 por ciento, mientras que la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso, en este grupo de población pasó del 49.2 por ciento al 49.4 por ciento en el mismo período de 10 años. El envejecimiento de la población presenta desafíos a los gobiernos y a las sociedades. La condición física y los problemas de salud, son los principales factores de vulnerabilidad en los adultos mayores, el desgaste físico, propio de las personas adultas mayores propicia que requieran atención médica tanto de manera más recurrente como de carácter especializado. Esto nos arroja la necesidad de establecer un sistema de protección social que cubra un paquete de beneficios iguales entre instituciones, utilizados en los servicios de salud, pensiones de vejez y pisos mínimos que disminuyan los constantes riesgos que enfrenta este grupo de población. Es alarmante conocer que el 41 por ciento de la población en edad de retiro se encuentran aun trabajando, principalmente en la informalidad. Una realidad que solo puede ser el preludio de una crisis que empieza a mostrar la gravedad de no haber atendido a quienes menos tienen durante más de tres décadas. Además, hoy alrededor de 50 por ciento de quienes en edad de retiro siguen trabajando no van a ser nunca beneficiarios de seguridad social, porque aun cuando se haya laborado en la informalidad, no hay garantía de acceder a una pensión. Así destaca el 34 por ciento de adultos mayores que algún momento cotizaron para su pensión, no van a tener derecho a ella, derivado de una baja densidad de cotización, como producto de interrupción a lo largo de su trayectoria laboral. En México las pensiones no contributivas se implementaron por primera vez a nivel estatal en el Distrito Federal en el 2001, por el ahora presidente de la República. A partir de ahí se expandieron tanto a nivel estatal y federal hasta el presente. La más reciente evidencia al respecto muestra que en México a los adultos mayores las pensiones contributivas les permiten retirarse del mercado laboral, sobre todo a los que residen en las localidades rurales. Asimismo, aumentan el consumo y disminuyen la vulnerabilidad alimentaria y la incidencia de cuadros depresivos en los más vulnerables. Además, las pensiones no contributivas también generan beneficios indirectos a los familiares más jóvenes de los adultos mayores a través de varios mecanismos, entre ellos una menor necesidad de realizar transferencias, un menor riesgo de longevidad, una mayor asistencia a la escuela por parte de los niños que residen con los adultos mayores elegibles y en casos selectos, una menor oferta laboral de adultos en edad productiva que también residen con ellos. Por ello, a pesar de las dificultades que se reconocen en su financiamiento, es preciso que ante el cambio de régimen político que experimentamos, materialicemos en nuestro ordenamiento jurídico, el cambio de prioridades al que estamos llamados a atender. Las dificultades de su financiamiento el día de hoy no tienen que ser el pretexto para que, como Estado, rechacemos la vigencia de un derecho fundamental, como lo es el de vivir con dignidad en la vejez. Todo lo contrario, ello debe ser lo que nos impulse a buscar las fuentes de financiamiento a fin de mejorar el bienestar de nuestra población. Esta no es solo una genuina aspiración de la sociedad mexicana, esta también se encuentra en la Agenda 2030, donde insta a lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables y a crear regímenes de protección social, integral y universal. Si bien es cierto que se tiene una gran deuda con los adultos mayores, lo mismo sucede con las personas con discapacidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, a través de las Encuestas Nacionales de la Dinámica Demográfica, estimó que para 2018 habitan 7.9 millones de personas con discapacidad en México, de las cuales 4.3 por ciento millones son mujeres y 3.6 millones son hombres, representando el 6.7 y 5.9 por ciento de la población total de cada género respectivamente, por grupos poblacionales en el 7.2 por ciento son niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años. El 9.2 por ciento son jóvenes de 15 a 29 años. El 33.6 por ciento son personas adultas de 30 a 59 años de edad. El 49.9 por ciento son personas adultas mayores de 60 años o más de edad. Con respecto a su concentración, el 51.5 por ciento de la población con discapacidad reside en 8 entidades de la República. La situación económica, social, cultural y de salud en la que se encuentran las personas con discapacidad constituye un fenómeno concreto y complejo que en muchos casos limita su desarrollo integral y el disfrute y la realización de los derechos y libertades fundamentales. La falta de acceso a servicios básicos, como salud, agua potable, vivienda digna y accesible, etcétera, así como de la garantía al ejercicio del derecho a la salud, educación y trabajo incrementan las condiciones de vulnerabilidad de las personas que viven con discapacidad. En 2011 el Estado mexicano publicó la Ley Federal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual armoniza el marco jurídico con las disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Reglamenta en lo relativo al artículo 1o. de nuestra Constitución, y reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos. Y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. En consonancia con lo anterior, la presente reforma constitucional dota de mecanismos estructurales que garanticen su cumplimiento y se eviten las omisiones y discrecionalidades en la instrumentación de políticas y programas públicos que propicien el bienestar de las personas. El Estado mexicano, según lo establecido en el artículo 1o. constitucional, los tratados internacionales, está obligado a ampliar progresivamente el alcance y protección de los derechos humanos. De eso se trata esta reforma constitucional, de garantizar la extensión progresiva de los derechos sociales a la protección de salud, la educación y la seguridad social, con especial énfasis en los grupos más vulnerables, como son las personas con discapacidad permanente, las personas adultas mayores, las personas indígenas, así como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos conscientes de las contribuciones que han tenido y tienen para nuestra sociedad los adultos mayores y las personas con discapacidad. Sabemos que apoyar a las niñas, niños y adolescentes desde la educación inicial hasta el nivel profesional, es una apuesta por un México más equitativo. Sabemos la importancia de implementar acciones con el propósito de crear condiciones favorables que contribuyan a asegurar que esos sectores de la población tengan inclusión plena dentro del desarrollo social. Algunos dirán que no se cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo tal transformación, y me pregunto si ese mismo razonamiento mezquino hubiera permeado, no tendríamos plasmado en la Constitución el derecho a la salud, vivienda y educación. Pero lo que nos debe preocupar es la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y los mexicanos en situación de vulnerabilidad. Este es el desafío que hoy se nos presenta. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vemos esta reforma constitucional como oportunidad para avanzar en la agenda del desarrollo, y acercar a los grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad a mayores oportunidades. Es cuanto, diputada presidenta.