La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Muy bien. Muchas gracias. No voy a hacer uso de siete minutos, pero sí de cinco. Quiero, en primer lugar, señalar que estamos frente a una reforma muy importante para avanzar en la modernización y transformación del funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Con el propósito de terminar con los privilegios, los focos de corrupción y el nepotismo, se plantean en esta reforma cambios sustanciales en la forma y esquema de su organización, así como de su forma de trabajar para la defensa del orden constitucional y el Estado de derecho. Es evidente que el nivel de impunidad que existe en nuestro país requiere de un Poder Judicial fuerte, pero también dinámico y moderno, que permita transparentar el actuar de los jueces, pero también restituir la confianza y certeza a los mexicanos y mexicanas que exigen justicia. Esta reforma también consolida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal constitucional. Dos propuestas que no puedo dejar de lado, que son muy significativas para fortalecer la profesionalización es la conformación de la Escuela Federal de Formación y el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Celebro también que la reforma reconozca la paridad de género como principio base de la carrera judicial, que garantice que las mujeres tengan condiciones iguales a los hombres, pero también hay que decir claramente que vamos a garantizar la paridad también en la integración de la Suprema Corte de Justicia. Quiero dejar muy claro lo señalado en el artículo 100, que se dispone que el Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales el conocimiento de asuntos vinculados con hechos que constituyan una violación grave de derechos humanos, la cual deberá hacerse en función del interés social y el orden público, y que constituirá una excepción a las reglas de turno y competencia. En este caso estimo que se está violentando el principio de legalidad y del debido procedo al establecer una competencia ex profeso, además de que no se tendría certeza de qué órgano conocerá de los mismos, porque eso quedará sujeto a la decisión del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, no se prevé que el Consejo de la Judicatura deberá justificar la decisión de concentrar asuntos en determinados tribunales, con lo que difícilmente se podrá comprobar que se trata de una decisión arbitraria. En relación a lo anterior presento la primera reserva. En este contexto, también considero que el hecho de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea también presidente del Consejo de la Judicatura le otorga poderes y atribuciones en exceso. Así ha sido históricamente. Creo que tuvimos la gran oportunidad de establecer una diferenciación entre ambas presidencias, ya que estamos frente a una reforma al Poder Judicial que busca no solo garantizar una vida democrática al interior, sino una vida más colegiada. En ese sentido, presento una reforma para modificar dicha situación y que exista un equilibrio entre ambas instancias. Finalmente, concluyo señalando que México requiere construir un sistema de justicia que funcione y atienda la exigencia social legítima para garantizar un derecho primigenio, como es el derecho a la justicia. Estoy a favor de tan relevante reforma al Poder Judicial, por ser un enclave fundamental para el funcionamiento del Estado mexicano, a quien le compete garantizar la aplicación de la ley, y también con ello valida el trabajo de este Poder Legislativo. Ojalá que esta reforma, como ya lo dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, tenga un impacto en los tribunales de justicia d ellos estados, quienes por cierto han mandado un mensaje devastador socialmente, como lo es la impunidad. Yo esperaría también que a partir de la reflexión que se generó sobre este Poder tan importante para garantizar el Estado de derecho, acudamos como consecuencia a la revisión del funcionamiento de los Poderes Judiciales en cada una de las entidades de la Federación, para que logremos garantizar este derecho fundamental que es el derecho a la justicia. Es cuanto, diputada presidenta.