La diputada Susana Hurtado Vallejo: Gracias, presidente Con su venia, diputado presidente. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II y se adiciona una fracción 7ª, del artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La industria turística sigue siendo uno de los principales motores de la economía de nuestro país, ocupando el tercer lugar en generación de ingresos, solamente rebasada por el petróleo y la captación de remesas de nuestros connacionales en el extranjero, quienes ocupan el primer y segundo lugar respectivamente. Actualmente, el turismo aporta el 9 por ciento del producto interno bruto y genera cerca de 7.5 millones de empleos directos e indirectos. Dentro de la materia turística, una de las principales ramas es la prestación de servicios de hospedaje, del cual existen diferentes modalidades, siendo una de ellas el tiempo compartido o club vacacional, que consiste básicamente en la venta de hospedaje a mediano y largo plazo, y que representa actualmente cerca del 39 por ciento de la oferta de calidad de hospedaje en México, con 409 desarrollos y más de 46 mil 500 cuartos, y una inversión aproximada de más de 20 mil 500 millones de dólares, mismo que promedia el 80 por ciento de sus niveles de ocupación, con una estadía promedio de 8 días en grupos de 32 personas o más. Un gasto diario de 203 dólares, lo cual nos genera más de 6 millones de turistas viajando bajo esta modalidad en el país, dejando una derrama económica en servicios complementarios, de aproximadamente 9 mil 700 millones de dólares. En la actualidad se han vendido más de 2 millones de paquetes de tiempo compartido, lo que coloca a nuestro país en el segundo lugar mundial en ventas, sólo por debajo de Estados Unidos, dejando en 2009 una derrama de 3 mil 958 millones de dólares por este concepto. Como resultado de ello, los estados eminentemente turísticos de la República Mexicana fueron estableciendo sus propias reglas de diferentes instrumentos jurídicos, donde en un apartado los códigos civiles en algunos casos crearon leyes específicas en la materia, siendo de los primeros el estado de Guerrero en 1989 la Ley de Regulación y Fomento del Sistema de Tiempo Compartido en el estado de Guerrero; y de Quintana Roo en 1991 con la ley que establece las normas a que se sujetarán los contratos celebrados en el régimen de tiempo compartido, turístico en el estado de Quintana Roo. De ahí otros estados de la República como es Jalisco, Sinaloa, Cabo Sur, en donde sus códigos civiles incluyen la regulación necesaria a fin de garantizar los consumidores, la prestación del servicio que contratan en materia de tiempos compartidos. Sin embargo en la actualidad la Ley Federal de Protección al Consumidor, materia de la presente iniciativa, no cuenta con una forma jurídica de garantizar la afectación del inmueble que da seguridad y garantía en los consumidores de los tiempos compartidos de ver, palpar o descansar en el inmueble mencionado en sus contratos por parte de empresarios extranjeros o nacionales. Cada día aparecen empresas fantasmas que venden espacios inexistentes que se traducen en fraudes millonarios, afectando a miles de consumidores y haciendo una práctica desleal para los desarrolladores serios rompiendo el círculo virtuoso de inversiones, creación de empleos permanentes y flujo de divisas en nuestro propio país. De no regular de una manera más eficaz a los vendedores de tiempo compartido buscando la afectación del inmueble para dar certidumbre por medio del registro, se perderán empleos, la derrama económica bajará y los turistas a nivel internacional dejarán de visitar nuestro país. Es por ello la necesidad de hacer las adecuaciones jurídicas, ya que el Acuerdo Nacional para el Turismo que se firmó el día de ayer por el Ejecutivo federal y la Secretaría de Turismo, incumplirán la meta de hacer de México uno de los cinco principales destinos del mundo antes del 2018 y generar más de cuatro millones de empleos e incrementar a 40 mil millones de dólares el ingreso de divisas por esa vía, por el simple hecho de permitir que sigan existiendo empresas fantasmas que venden supuestos tiempos compartidos. En razón de lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el presente decreto que reforma la fracción II y adiciona la fracción VII del artículo 65 de la Ley de Protección al consumidor. Único. Se reforma la fracción II y se adiciona una fracción VII del artículo 65 de la Ley de Protección al Consumidor para quedar como sigue