EL DIP. JESÚS MORALES FLORES: Distinguidos miembros de la mesa directiva; compañeras y compañeros diputados: Acudo a esta tribuna para expresar como representante popular los sentimientos, pero sobre todo las expectativas y tribulaciones del pueblo ante lo que el Presidente de la República expuso en su III Informe de Gobierno, y es que los mexicanos hemos querido ver más hechos que cifras. Esta soberanía ha escuchado un informe sobrio y mesurado, muy lejos del otrora tono triunfalista utilizado por el Ejecutivo. En muchos momentos se advirtió la necesidad de tender puentes más eficaces entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el tema central fue la democracia. Lo mismo se habló de la transición que de las prácticas parlamentarias; de apego a la legalidad que de federalismo; de procuración de justicia que de elecciones; de deudas históricas que de inversiones sin parangón, y por supuesto de reformas estructurales pendientes. En su informe se advirtió un ánimo de concordia y cuenta nueva, sin dejar de advertir que a partir de ese día empezaba la cuenta regresiva. Es cierto que existen indicadores estables en nuestra economía, el principal de ellos es el control de la inflación, que se han mantenido unas finanzas públicas sanas y que el monto de la deuda externa es manejable, pero también es verdad que no hay empleos, que los ingresos familiares no cubren la canasta básica y que hay pobreza extrema en más de 40 millones de mexicanos. Ante el difícil, el aterrador panorama económico ya descrito por mi compañero el diputado Tomás Ruiz, diversos sectores de la economía se han visto seriamente afectados. La estabilidad macroeconómica, es sólo eso, estabilidad, no crecimiento. El gasto social no se ha traducido en beneficios, mucho menos en el campo, donde ha prevalecido el criterio neoliberal de medir su importancia económica en términos de su aportación al Producto Interno Bruto, olvidando que más de una tercer parte de la población económicamente activa vive del agro y que genera una quinta parte de los empleos. Los programas de desarrollo social que el Presidente presume, pueden ser sorprendentes si sólo se aceptan sus cifras fuera de la realidad existente, empero, estos programas han carecido de la sensibilidad social para abatir la pobreza. Un aspecto de singular relevancia lo tiene el campo. Efectivamente se acordó un presupuesto de 117 mil millones de pesos mediante el acuerdo nacional para el campo y que se ha creado la Financiera Rural; pero este monto está contabilizado amañadamente porque incluye el destinado a diferentes programas de tipo social, pero lo anterior es apenas una gota de agua en un terreno árido, cuando los campesinos mexicanos han comprobado y vivido en carne propia, la carencia de muchas reglas de operación para hacer efectivos esos recursos observando la ineficiencia administrativa que persiste con el subejercicio del presupuesto dedicado al campo. Nuestra posición es clara, todas las organizaciones que firmaron y pactaron el Acuerdo Nacional para el Campo, sólo sabrán que éste se cumple cuando los campesinos reciban los recursos autorizados y lleguen los programas, no antes. Tampoco es válido decir verdades a medias. Es cierto que Liconsa le ha comprado a los productores de leche 8 veces más que en el año 2000, pero a precios muy bajos a los existentes en el mercado y que antes, la compra a los productores nacionales en el 2001 y en el 2002, era mínima por los enormes volúmenes de hoy importación de este producto, conducta que aún persiste. En el mismo tenor, están la educación, el desarrollo cultural y científico. Las cifras del gasto destinado a estos rubros por sí solas no dicen nada, lo cierto es que son millones los niños que no comprenden lo que leen, principalmente los que viven en la zonas rurales, que son miles los egresados de los centros de estudio de vocación agropecuaria, que no encuentran empleo y que estamos muy lejos de hacer investigación y generar conocimiento en el campo. El informe en comento, en el que abundan cifras y datos, montos de gasto y beneficiarios, carece de proyecto de una amplia visión, carece de visión social. No se advierte en dónde están las sólidas inversiones en infraestructura como propósitos económicos, como son las comunicaciones, las obras hidráulicas y el desarrollo de las tecnologías aplicadas al campo; tampoco las que deben tener sentido social como las de educación, salud y seguridad. Así lo revelan los indicadores sobre competitividad internacional en materia económica, así lo confirma la creciente pérdida de empleos en el sector manufacturero industrial y agropecuario, que del crecimiento positivo que tenían en 1999, pasaron a un crecimiento negativo en el 2003. Lo corrobora también el cierre de maquiladoras en la frontera norte y en el centro del país, la incesante migración de los campesinos ante la falta de oportunidades y la cada vez más lejana posibilidad de producir en el campo y exportar en igualdad de condiciones que nuestros competidores. La eficiencia gubernamental, el desempeño económico y el gasto en infraestructura han disminuido y las razón es una, ha faltado dirección y rumbo que es algo más que promesas, y es que las contradicciones e inexactitudes de las que está plagado el informe, reafirman esta visión. Por eso, hay que decirlo puntualmente y con firmeza, la fracción parlamentaria de mi partido no ha estado cerrada a las reformas que sean necesarias llámense de Estado, energética, hacendaria, de telecomunicaciones o laboral. No es ningún freno para el desarrollo, porque para inducirlo hace falta eficientar la gestión gubernamental. Prueba de ello es que la LVIII Legislatura pudo hacer reformas importantes para la educación y que el 8% del Producto Interno Bruto, se dedica a ella; igual sucedió con la Ley General de Salud, la de Capitalización de PROCAMPO, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Aguas. Las dos últimas, por cierto, vetadas por el Presidente de la República alegando inconstitucionalidad y una autonomía inaceptable de la Comisión Nacional del Agua. No obstante lo anterior, gracias al trabajo de los diputados, muchas de estas leyes son una realidad y están en la historia reciente de este Palacio Legislativo. La gobernabilidad del país, no depende exclusivamente del Congreso de la Unión, el Ejecutivo debe encarar su responsabilidad, la obligación de atender los asuntos más importantes del país y tender los puentes necesarios para dialogar y llegar a acuerdos y consensos por encima de intereses partidistas. La fracción priísta sabe trabajar con responsabilidad y seriedad porque no está en juego la viabilidad de un partido o una corriente ideológica, están en juego los altos intereses de la patria y para ello es necesario apelar a la razón, porque hoy y siempre la honraremos con la congruencia de nuestros actos. Muchas gracias. (Aplausos)