La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias. Con su venia, presidente. La democracia no tiene una medida por medio de la cual se pueda determinar si un país es más o menos democrático, sin embargo podemos distinguir que el concepto de Estado democrático se encuentra determinado por la suma de ciertos elementos esenciales, en principio no se puede concebir un modelo de gobierno democrático sin una Constitución capaz de controlar y articular el poder político. Uno de los elementos lo constituye la protección efectiva de los derechos fundamentales, indispensable desde la proclamación del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Sin el aseguramiento jurídico de los derechos y libertades de los gobernados el Estado democrático resulta inconcebible. En México la falta de transparencia es precisamente uno de los principales lastres que nos ha llevado gobierno tras gobierno; y es tal cual que es hasta el término de esta Legislatura cuando se le está dando paso a la discusión y aprobación de esta ley, que debió haber sido una prioridad de este gobierno actual federal. Y esto gracias precisamente a la afortunada presión de las organizaciones ciudadanas y, claro está, de la oposición clara de este Congreso. Este dictamen dentro de sus análisis en la Cámara alta fue enriquecido con importantes aportaciones del Grupo Parlamentario del PRD sobre todo en materia energética, fideicomisos, manejos de créditos fiscales hacia particulares y deuda pública. Sin embargo, compañeros diputados, trae preocupantes omisiones, por ejemplo precisamente la corrupción de servidores públicos que mantienen relaciones comerciales de manera descarada con personas físicas y morales para la adquisición de otros bienes de lujo e inmuebles. Un ejemplo de ello se observa precisamente en la obligación de hacer pública para quien lo solicite una versión de la declaración patrimonial de cualquier servidor público, pero omite considerar la posibilidad de conocer y obtener una versión pública de las declaraciones posibles de conflictos de intereses de dicho servidor público. La sociedad reclama la necesidad de conocer sobre las actividades profesionales del funcionario, su participación e empresas, la existencia de deudas o bienes o servicios de su cónyuge, dependientes económicos, así como las causas por las cuales el servidor púbico pudiera incurrir en conflicto de interés. Es vergonzoso decirlo, pero en México, conforme el último informe de la Organización de Transparencia Internacional, ocupamos el deshonroso 106 del número de 177 países evaluados. Es una pena, compañeros diputados legisladores, que en este gobierno desafortunadamente en ese tema no se ha mostrado la más ligera mejoría. Y cómo lograrlo si el propio titular de este gobierno está en entredicho así como sus colaboradores más cercanos, con este escandaloso caso de las casas Jet que incluso pasa por el inefable sospechosismo del despido de Carmen Aristegui. Es un hecho que este problema no ha tenido ninguna mejoría ni mecanismos de control suficiente, peor en los casos precisamente de la poca aplicación y mala voluntad para poder aprobar la Ley de Propaganda Gubernamental, que pueda regular los excesos de los gobiernos federales y estatales en el uso y abuso de los programas sociales, lucrando precisamente con el recurso público. Seguramente, como muchos de mis compañeros, coincido que esta ley no es perfecta, sin embargo esperamos que las normas se corrijan y el PRD siempre estará, como lo ha demostrado a través de los hechos en la historia, a favor de la transparencia. Por ello este grupo parlamentario se sumará al voto a favor, sin embargo estaremos exigiendo su aplicación y mejora inmediata. Es cuanto, diputado presidente.