El diputado Carol Antonio Altamirano: Ciudadano presidente; diputadas y diputados, la minuta que remitió el Senado incluye temas que merecen una discusión seria y apegada a la legalidad. Valoremos la dimensión de la reforma; con más de 30 artículos constitucionales, es claramente absurdo, inconstitucional e ilegal, omitir el dictamen. No se trata de una modificación menor al sistema jurídico como un reglamento o una actualización legal, es la ley fundamental del Estado. Estamos ante una imposición de la mayoría; están abusando de la urgente y obvia resolución. No han expuesto ninguna razón válida para evitar el dictamen. Es sólo la decisión de la mayoría que considera sus acuerdos tan buenos y perfectos que no deben ser revisados y que además debe actuarse con rapidez para que luego puedan imponer otro acuerdo, quizás la energética. Se argumenta que la reforma política ya se ha discutido, pero el problema es si las soluciones planteadas producen el efecto de fortalecer la democracia o si generan riesgos. Para eso demandamos el dictamen, par avalorar si las reformas mejoran la práctica de la democracia. Cuando la mayoría evita la dictaminación, le niega al país la posibilidad de que la reforma sea mejorada con un dictamen que elimine imprecisiones y elementos que distorsionen los derechos ciudadanos. En materia constitucional, es mejor valorar pros y contras en vez de ser partícipes de una mayoría sorda que cancela el debate. Les digo a los diputados que impulsan esta precipitación: no denigren su responsabilidad como legisladores atropellando la Constitución. Aún estamos a tiempo para suspender la simulación de una discusión con el espectáculo de una aplanadora automática y una legislación al vapor. Por ello presente moción suspensiva con los siguientes argumentos, tanto de fondo como de forma. Por lo que respecta al contenido, esta reforma no logra el efecto de darle poder a los ciudadanos. Se habla de los beneficios de la reelección, pero al mismo tiempo se le condiciona a que sea por el mismo partido que hizo la postulación. En la realidad eso no fortalece a los ciudadanos, sino a las cúpulas partidarias. Si las dirigencias no están de acuerdo con las decisiones de un legislador, no le van a otorgar nuevamente una candidatura, sin importar la opinión de los electores. Así se pervierte la reforma. En vez de tener como resultado diputados con independencias y vínculos con el electorado, tendremos diputados sujetos al control de sus dirigencias. Por otra parte, la reforma es débil en el control del dinero en las campañas. Sólo tiene una muy escasa posibilidad de que ocurra la nulidad de la elección, lo cual mantiene un incentivo perverso. Los partidos preferirán obtener ventajas con el abuso del dinero a cambio del remoto riesgo de una impugnación posterior que tendrá un arduo litigio para lograr que las violaciones sean consideradas determinantes. Si la compra de los votos no es enfrentada de manera oportuna, lo que se alienta es la plutocracia, la inequidad y la impunidad en el proceso electoral. Respecto del procedimiento, estamos ante tres graves hechos; la mayoría puede imponerse, como ocurrió ayer, pero lo que se propone realizar equivale a tres violaciones: la primera, una violación del procedimiento constitucional; la segunda, al Reglamento de la Cámara de Diputados y la tercera a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En primer lugar debo reiterar que la Constitución señala, en el primer párrafo del 72, que todo proyecto de decreto debe discutirse en las cámaras, dando cumplimiento a la ley del Congreso y su reglamento. La Constitución no dice que el proceso legislativo quede a capricho o voluntad de los legisladores. La determinación es categórica para evitar que se legisle de manera discrecional. Las minutas constitucionales no deben debatirse en el pleno directamente; deben turnarse a comisión, como lo establece el 68 del reglamento. Asimismo, el 65 del reglamento indica que el Presidente de la mesa debe turnar las minutas. Además, la minuta presentada no cumple con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Todos los decretos deben tener la certeza de que la norma que se modifica tendrá recursos suficientes para evitar reformas que finalmente son inviables. Esa razón de responsabilidad ahora se quiere omitir. El párrafo tercero del 18 de la Ley Federal de Presupuesto establece que las comisiones deben valorar el impacto presupuestario de la iniciativa, ley o decreto. Pero en la creación del INE los diputados van a legislar a ciegas. El hecho contundente es que no hay impacto presupuestario en la minuta del Senado. No se sabe cuánto va a costar la creación del INE y aun así se quiere aprobar. Los diputados que votarán por su aprobación actuarán de manera irresponsable porque no saben de dónde saldrán los millones de pesos para crear ese órgano. La pregunta que les hago, compañeros legisladores, es si van a crear un órgano sin conocer su costo. Por respeto a la Constitución, a nuestro reglamento, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les invito a corregir el rumbo. Compañeras y compañeros, en materia constitucional no cabe la improvisación, mucho menos la obvia resolución. Muchas gracias.