El diputado Carlos René Sánchez Gil: Con su venia, señora Presidenta. Los suscritos, Carlos René Sánchez Gil y Antonio Valladolid Rodríguez, diputados federales de esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, someten a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos a la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente Exposición de Motivos Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. (Frase del licenciado Benito Juárez García.) Compañeros diputados y compañeras diputadas, el artículo 39 de nuestra Constitución Política nacional señala que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, lo que incuestionablemente supone que todo poder de gobierno debe procurar el bienestar de todos los mexicanos. Los recursos públicos que ejercen los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, deben aplicarse con responsabilidad social, con transparencia y rendición de cuentas en beneficio del pueblo, que es titular incuestionable de este poder soberano. La fiscalización de los recursos públicos es premisa incuestionable para verificar su correcto ejercicio y destino social. En el caso de los recursos federales, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación su control, supervisión y fiscalización, atento a las facultades conferidas en la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política nacional, órgano fiscalizador que cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. En lo que corresponde a los estados y municipios, el artículo 115 constitucional, en su fracción IV, otorga a las legislaturas de los estados la facultad de revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los municipios. Sin embargo, los artículos 116 y 117 de nuestra Constitución nacional no precisan a qué órgano corresponde la facultad de supervisar y fiscalizar las cuentas públicas de los estados y municipios, como acontece a nivel federal con la Auditoría Superior de la Federación. En los estados no existe uniformidad de criterios en la denominación, estructura orgánica, atribuciones, designación de titulares y reglamentación de esta institución fiscalizadora, lo que redunda en perjuicio directo a su objeto y misión encomendados. En relación con los recursos federales transferidos a los estados y municipios para ejercerse en rubros específicos, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación su revisión y fiscalización, que se realiza por conducto de los órganos respectivos de las legislaturas de los estados mediante procedimientos y acuerdos de coordinación fiscal, como lo prevé la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y la Ley de Coordinación Fiscal. Conforme a estos acuerdos de coordinación fiscal, a las legislaturas de los estados se les delega esta potestad federal de coadyuvar en la fiscalización de recursos federales entregados a estados y municipios, por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente, como así lo señala el artículo 49, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, en la realidad los órganos fiscalizadores de las Legislaturas de los estados, en su mayoría no cuentan con las facultades y atribuciones legales que garanticen su autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna y funcionamiento, que aseguren la eficacia de sus resoluciones técnicas y de que éstas respondan a los principios de eficacia, transparencia y rendición de cuentas. En no pocos casos, las resoluciones de los órganos de fiscalización local se encuentran subordinadas y supeditadas a cuestiones de carácter político y de mayoriteos legislativos, respondiendo más a intereses políticos que a intereses públicos de transparencia y de rendición de cuentas. A partir del año 2000, la Auditoría Superior de la Federación ha venido consolidando un esquema de control y supervisión más eficaz, mediante la implementación de instrumentos más efectivos para la consecución de sus fines. Sin embargo, no obstante el esfuerzo que se ha llevado a cabo a nivel federal respecto de esta encrucijada contra la corrupción y el desvío de recursos públicos, en las entidades federativas no se cuenta aún con la misma respuesta, dado que la mayoría de los órganos locales de fiscalización no cuentan con la necesaria autonomía técnica y de gestión, lo que les impide cumplir eficazmente con su cometido. La ausencia de órganos de fiscalización con autonomía técnica y de gestión propicia que sus determinaciones queden supeditadas a cuestiones políticas ajenas a su naturaleza, siendo descalificadas y desechadas sin fundamento legal por posicionamientos políticos injustificados, haciendo de esta manera ilusoria la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos que los estados y municipios ejercen. En este sentido, la iniciativa que hoy presentamos tiene como objetivo el fortalecer a los órganos de fiscalización en toda la República Mexicana, para que de esta manera los recursos públicos sean de origen federal, estatal o municipal, sean debidamente supervisados y fiscalizados en su ejercicio y destino final. Fiel a los principios que Acción Nacional ha planteado en esta tribuna en materia de transparencia y de rendición de cuentas, la iniciativa que hoy presentamos pretende homologar criterios en materia de fiscalización para todo el país, a efecto de contar con órganos de fiscalización eficaces, con autonomía técnica y de gestión ajenos a intereses particulares o de carácter meramente político o partidista. Con el objeto de hacer efectivas y eficaces las determinaciones de los órganos de fiscalización local en la supervisión, control y fiscalización de los recursos que ejercen, se hace imprescindible la adición a la fracción II del artículo 116 de nuestra Constitución Política Nacional, a efecto de garantizar que los órganos técnicos de fiscalización de las Legislaturas de los estados cuenten con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, recursos y determinaciones para dar certeza de que los recursos públicos federales y locales ejercidos por estados y municipios cumplan con los principios de eficacia, transparencia y rendición de cuentas que nuestra sociedad mexicana nos demanda. Al respecto, se propone el siguiente decreto que adiciona un penúltimo y un último párrafo de la fracción II, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 116, fracción II. Párrafos propuestos: "Las Legislaturas de los estados constituirán órganos de fiscalización con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que dispongan las leyes de las entidades federativas. "Tendrán como función principal revisar la cuenta pública, a efecto de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por sus presupuestos de egresos respectivos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en sus programas. La fiscalización que lleven a cabo dichas entidades, en todo momento obedecerá a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. El titular del órgano técnico de fiscalización, será electo por las dos terceras partes de los diputados miembros de las legislaturas locales. Transitorio: Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Presidente, es cuanto. Solicito se integre la presente iniciativa en el Diario de los Debates.