La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con permiso de la Presidencia. El día de hoy subo a esta tribuna de manera especial, agradeciendo a la presidenta de la Comisión de Justicia y asimismo a sus integrantes, por su decisión unánime, ya que en este dictamen desde un principio se mostró mucho interés, lo cual derivó en el apoyo para que hoy sea discutido y, en su caso, aprobado por esta Cámara de Diputados. Con este dictamen, el Parlamento perfecciona lo contemplado en el Código Penal Federal en favor de los servidores públicos encargados de la prevención, investigación y persecución de los delitos en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, porque al que cometa un delito en contra de estos será sancionado de manera severa. A través de esta propuesta se tutela y salvaguarda la integridad física e incluso la vida de los servidores públicos a los que nos referimos, mejorando su seguridad durante el desempeño de sus funciones, recordando que es nuestra obligación proteger a quien nos protege. Lo anterior, debido a que la tarea ejercida por los servidores públicos encargados de la seguridad pública es particularmente vulnerable por la situación de confrontación que a diario se percibe en las calles y que debe ser atendida por estos, poniendo a diario en peligro no solo su integridad física sino también su vida. Para esta legislatura dictámenes como el que hoy estamos discutiendo generan en el ordenamiento jurídico certeza legal al servidor público, al entenderse que al atentar contra la integridad física de estos se debilita el Estado mismo. Con lo propuesto se busca la congruencia del marco normativo vigente, considerando la situación actual de inseguridad que estamos viviendo y tomando en cuenta que la redacción del artículo 189 del Código Penal Federal no ha sido reformado desde su publicación, el 31 de agosto de 1931, por lo que dicho cambio obedece a la actualización que toda porción normativa debe de tener en su momento para adecuarla al marco jurídico nacional vigente y con ello garantizar a los gobernados la certeza que requiere en materia penal. Solo 2 datos nos aclaran el problema que intentamos disminuir en esta reforma. La Comisión Nacional de Seguridad informó que en los últimos 20 años 2 mil 220 policías han sido asesinados en el cumplimiento de su deber, de los cuales 534 eran elementos estatales, y 998 formaban parte de las instituciones municipales. Sin contar la cifra negra que existe de los policías que están fuera del servicio. En la Ciudad de México, de enero de 2012 a septiembre de 2016, 2 mil 633 elementos de la Policía Preventiva han sido lesionados por golpes, quemaduras, mordeduras, pateados, con rocas y aerosol y 210 que sufrieron ataques por arma de fuego y arma blanca. Destaco que algunas entidades federativas, en este caso como Jalisco, ya han reformado su legislación para proteger a quien nos protege. Por último, quiero aprovechar esta ocasión para exhortar respetuosamente a este Poder de Estado para seguir avanzando y no solamente reconocer, sino garantizar de manera tangible mejoras en las condiciones de trabajo para los servidores públicos encargados de la seguridad pública y a quienes impartan de manera directa esta reforma, mismos que requieren de nuestra solidaridad, así como nosotros solicitamos de ellos que nos protejan de la delincuencia. Es cuanto y gracias por su atención.