El diputado Manuel Portilla Diéguez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, las elecciones generales de 2006 pusieron de manifiesto que algunas de las disposiciones que regían los procesos electorales en nuestro país estaban agotadas, o bien, requerían de profundas reformas para responder adecuadamente a las exigencias de las actuales contiendas electorales. Esta situación provocó que al término de dicho proceso electoral el país se viera envuelto en un escenario de encono e incertidumbre donde la discusión de los temas de la agenda nacional cedió su lugar a las disputas que protagonizaron algunos actores políticos. Atentos a estos acontecimientos y con el fin de fortalecer la democracia en nuestro país, los diputados y los senadores del Congreso de la Unión dimos inicio a una serie de reformas tendientes a reestructurar las instituciones y disposiciones jurídico-electorales. En primer término reformamos la Carta Magna para establecer los principios fundamentales del nuevo marco jurídico electoral mexicano. Posteriormente aprobamos el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y nombramos, mediante un proceso inédito en nuestro país, a tres nuevos consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, entre ellos, a su consejero presidente. Hoy estamos nuevamente en este recinto legislativo para dar un paso más en la construcción del nuevo régimen electoral mexicano. Las reformas que previamente aprobamos de poco o nada servirán si no culminamos la tarea que hemos emprendido. Definimos ya los principios generales del nuevo régimen electoral mexicano, pero hace falta desarrollarlos adecuadamente en las legislaciones secundarias. Éste es precisamente el objeto de las reformas que hoy se ponen a nuestra consideración. Con ellas nos proponemos, en primer término, reestructurar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fundamentalmente en lo que se refiere al funcionamiento permanente de las cinco Salas Regionales que hasta el momento sólo funcionaban durante los procesos electorales federales. Segundo. Establecer un control difuso de la constitucionalidad de las leyes electorales, facultando a las salas del Tribunal Electoral para resolver la no aplicación de las leyes electorales cuando éstas sean contrarias a la Constitución. Tercero. Prever un régimen expreso de causas por las que las salas del Tribunal Electoral puedan declarar la nulidad de una elección. Cuarto. Regular el procedimiento para asegurar la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral que hasta la fecha sólo tienen un sustento jurisprudencial. Quinto. Establecer los supuestos y procedimientos mediante los cuales las salas del Tribunal Electoral puedan realizar el recuento de los sufragios recibidos en una casilla. En síntesis, las reformas reestructuran la organización y facultades de la autoridad judicial competente para dirimir las controversias que surjan dentro y fuera de los procesos electorales y establecen los procedimientos necesarios para acudir ante dicha instancia. Compañeras y compañeros, es sabido por todos que la reñida competencia que suponen las contiendas electorales de nuestros tiempos y, en general, la actividad político-partidista, originan un número cada vez más considerable de controversias que deben ser resueltas por los tribunales electorales. Precisamente por esto, requerimos fortalecer a la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y dotarla de las facultades y atribuciones necesarias para que cumplan con su función principal, dirimir nuestras controversias político-electorales y con ello dotar de certidumbre democrática y estabilidad política a nuestro país. El Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor de las reformas que hoy se ponen a nuestra consideración, porque ellas representan un paso definitivo en la construcción del nuevo régimen electoral mexicano. Culminemos la tarea que emprendimos hace algunos meses, aprobando las reformas que se requieren para desarrollar, en la legislación secundaria, los principios del nuevo régimen electoral mexicano. Fortalezcamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dotémoslo de instrumentos necesarios para cumplir con sus atribuciones constitucionales. Determinemos, desde ahora, la forma en la que habremos de dirimir nuestras controversias político-electorales y aseguremos con ello la certidumbre democrática y estabilidad política del país al término de cada elección. Pongamos a disposición del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, los instrumentos necesarios para que contribuyan a recuperar la credibilidad que antaño gozaron nuestras instituciones y procedimientos electorales y, fortalezcamos con ello la democracia de México. Muchas gracias.