El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Voy a hablar en pro de la propuesta y desde luego me referiré a los comentarios —con todo respeto— que ha hecho mi maestro Juan José Rodríguez Prats. Dice Rodríguez Prats, de que el dictamen, que la minuta es inconstitucional. Yo refuto esa afirmación. No es inconstitucional porque la misma Constitución prevé el proceso para reformarse. No invade competencias, porque la propia Constitución establece su proceso para que las legislaturas de los estados acepten si una reforma que ha aprobado esta Cámara de Diputados y, desde luego, el Senado, por mayoría calificada, la refutan como invasoras de sus atribuciones o no. Y será la mayoría de las legislaturas de los estados la que determinen esa supuesta inconstitucionalidad, o la constitucionalidad que afirmo yo de esta reforma. Somos nosotros, junto con las legislaturas de los estados, las que determinamos en ese elemento federal qué temas, qué disposiciones, qué derechos, qué deberes, se imponen desde la Constitución federal. Señala el diputado Rodríguez Prats, que no se deben interponer limitaciones a los estados en la Constitución federal, pero cuando uno lee la Constitución encuentra, por ejemplo, en los artículos 117 y 118 de la Constitución, una serie de limitaciones y prohibiciones expresas a los estados, acordadas, desde luego, por este Congreso, el Constituyente, y desde luego por la mayoría de las legislaturas de los estados. Pero el propio artículo 116 establece una serie ya de limitaciones, no sólo para el gobernador, que bien aquí ya se ha dicho, acerca del tiempo que debe de tener de residencia o si debe ser nativo o no del estado. El propio artículo 116 establece un artículo, una disposición muy parecida a la que aquí estamos votando. Dice que parar ser magistrado de un Tribunal Superior de Justicia hay que tener cuando menos 35 años de edad. ¿Por qué? Porque aunque expresamente no lo dice, remite a los mismos requisitos que para ser ministro de la Corte deban tener los magistrados de cualquier Tribunal Superior de Justicia, en cualquier entidad federativa. Está poniendo ahí el artículo 116 una limitación expresa, desde la Carta Magna, a la actuación, a la voluntad de los propios congresos estatales, a la hora de designar a sus magistrados. Pero hay muchas más limitaciones que están en la Constitución federal y esta Cámara de Diputados y esta legislatura las ha votado. Por ejemplo, la reforma al artículo 6o. de la Constitución, en donde le impone a los estados —desde luego también a los municipios— una serie de elementos y de requisitos de transparencia. Esta misma Cámara de Diputados votó una serie de lineamientos y de requisitos para que los estados cumplan en materia de fiscalización y de auditoría. Esta misma Cámara de Diputados impuso una serie de limitaciones a los estados de la República en materia electoral cuando votamos la última reforma hace poco más de ocho meses. Pero la propia Constitución establece también, intrínsecamente, una serie de obligaciones que le imponen a los estados, ahí sí ni siquiera cuando cuenta su voluntad, como en las reformas constitucionales, y me refiero a los tratados internacionales. Cualquier tratado internacional que México signe le obliga no sólo a la federación, sino a los estados, y ahí también se imponen derechos y deberes a las propias entidades federativas. Me refiero al fondo de la propuesta. La propuesta implica habilitar a más de 8 millones de mexicano, a 8 millones de ciudadanos mexicanos que hoy están en esa edad o en el rango de esa edad, para poder ser, no gobernadores —eso lo deciden los ciudadanos con su voto—, para poder ser candidatos, y desde luego que la participación se da a través de los partidos políticos —y ahí suscribo plenamente lo que dice Rodríguez Prats—, pero precisamente de lo que se trata es de ampliar los derechos políticos de muchos mexicanos para que a través de los partidos políticos puedan ser votados por los ciudadanos. Me refiero también desde luego —y con ello quiero concluir— a que esta reforma se hace eco de un criterio demográfico que para nadie es un secreto en México, y es que el promedio de edad de los mexicanos hoy en día, según el último Conteo de Población en 2005, es de 25 años de edad. El promedio de edad de los mexicanos es de 25 años de edad y me parece que nosotros tenemos que hacernos eco de una circunstancia demográfica que nos va a acompañar en México durante muchos años. Termino señalando que ésta no es una ocurrencia de México, que es una tendencia mundial; que todas las reformas que en materia de derechos políticos se están aprobando en el mundo tienden a ser reformas que ensanchen los derechos políticos de los ciudadanos; y yo y los diputados y las diputadas de Acción Nacional, entre un artículo que restrinja derechos para millones de ciudadanos o un artículo que ensanche esos derechos políticos para que millones de mexicanos tengan el derecho de ser votados, preferimos lo segundo. En una norma siempre habrá que inclinarse por aquella que establece más derechos y no por aquella que los restringe.