El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la factibilidad de la aplicación de la ley se halla innegablemente en función de la claridad. El bueno uso del lenguaje y la precisión jurídica de la norma, una máxima transversal y universal para todo cuerpo normativo. Por ello, nuestra labor al momento de llevar a cabo una de nuestras tareas fundamentales en este honorable recinto legislativo, que es la de elaborar las leyes, debe tomar en consideración tres actividades confluentes: una científico-jurídica, otra política y una técnica, cada una responde a objetivos distintos. Mientras que las dos primeras aportan el contenido, los fines y la oportunidad de proyecto, la técnica jurídica la conceptualiza en normas. Esto es, el estudio científico y la política únicamente proveen la materia prima de la norma, la técnica jurídica por su parte la moldea y adapta para lograr su realización práctica. Todo esto, compañeros y compañeras, porque si bien es cierto que la promulgación de la Ley de Migración en el año 2011 fue un avance innegable que logró reunir en un único cuerpo normativo todas las disposiciones relativas al fenómeno migratorio internacional con el fin, entre otros objetivos, de simplificar y ordenar los procedimientos migratorios administrativos; de establecer las bases de la política migratoria, de ceñir la actuación de la autoridad a reglas claras y precisas, pero también lo es, compañeros, que como toda ley es susceptible de mejoras tanto en su contenido como en su forma. Sobre ésta última, es nuestro deber como legisladores una vez que cualquier legislación ha sido expedida o promulgada, promover la modificación de aquellas disposiciones en ella establecidas que representen o puedan representar un factor que impida su correcta aplicación, o simplemente que resulten imprecisas o incorrectas desde el punto de vista jurídico. Tal es el caso de un concepto clave en la Ley de Migración, y me refiero al concepto de la situación jurídica migratoria de aquellas personas que arriban o transitan por nuestro país. Éste, compañeras y compañeros, es un concepto central de la Ley de Migración, pues uno de sus objetivos es la búsqueda de otorgamiento de seguridad y en su caso de certeza jurídica para los extranjeros que arriban o transitan en el país, así como la garantía irrestricta la respecto de sus derechos humanos. Con tal objetivo, el texto legislativo en diversos de sus capítulos y sus respectivos artículos se ocupa de asignar diversas categorías migratorias con obligación y derechos específicos, así como de subrayar que se garantizará el ejercicio de los derechos humanos de los extranjeros, con independencia de su situación jurídica migratoria. Esta garantía constituye el núcleo central de los preceptos que conforman el Título Segundo de la Ley, pues el primero de sus artículos establece que el Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, y de las disposiciones jurídicas aplicables con independencia de su situación migratoria. El concepto de condición migratoria se refiere, por tanto, a una situación estrictamente jurídica. En virtud de lo anterior, destaca la redacción vigente del artículo 111, que a la letra señala: El instituto resolverá la situación regular de los extranjeros, presentados en un lapso no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. Amén de la inconstitucionalidad de este artículo, he de subrayar que técnica y jurídicamente lo que el instituto debe de resolver es la situación jurídica migratoria de los extranjeros presentados, a fin de determinar si ésta es regular o irregular. La disposición actual es un contrasentido. En este tenor la presente iniciativa pretende subsanar este importante hierro conceptual a través de la modificación a la definición del concepto de situación migratoria en el artículo 3o. de la ley, así como del mencionado artículo 111. El primero de ellos para quedar como sigue: Artículo 3o. Fracción XXVIII. Situación migratoria. A la hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones. Y tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas. Y el segundo, artículo 111. El instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un lapso no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.