La diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Honorable asamblea, hoy hemos concurrido a este recinto para debatir sobre la importancia que tiene nuestro tiempo, el hecho de que el Estado mexicano reconozca sus obligaciones y se faculte al Poder Legislativo federal para expedir una ley nacional en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas. Lo anterior nos permitirá facilitar el acceso a servicios públicos, disminuir costos de trámites, costos de traslados, tamaños de archivos, costos de administración de archivos y un sinnúmero de ventajas. Además, se fortalecerán las prácticas regulatorias vigentes con la novedad de que será visible y vigente en toda la nación, constituyendo una estrategia fundamental para optimizar la eficiencia administrativa, disminuir costos operativos y, sobre todo, promover una cultura de la transparencia, accesibilidad y modernización en la gestión pública. Todo ello, sin duda alguna con estricto apego y respeto a la protección de los datos personales. Este cambio, como se señala en la iniciativa que dio origen al dictamen que hoy discutimos y probablemente aprobaremos, se ha planteado a partir de observar la necesidad de resolver problemáticas estructurales en la gestión pública para garantizar el acceso a los derechos fundamentales, reducir los espacios para hechos de corrupción en la administración pública en todos los órdenes de gobierno mediante la simplificación administrativa, homologación de trámites, requisitos, tiempo de resolución y procesos de atención reduciendo la carga regulatoria. Compañeras y compañeros, en la segunda mitad de la década de los 90, cuando tuve el honor de integrar la novena época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me tocó participar en la definición de la doctrina jurisprudencial que distingue los diversos órdenes normativos, por una parte, los que conocíamos, los tradicionales, el ámbito federal, el estadual y el de la Ciudad de México, reconociendo jurisprudencialmente otros diversos órdenes normativos, como el constitucional, el municipal y el nacional. Y así distinguir con claridad las diferencias entre las leyes nacionales, las leyes generales y las leyes federales que estos tres tipos de normativas se aplican en toda la república. En cuanto a las leyes federales se refiere, estas son vigentes, como dije, en todo el territorio nacional, pero de aplicación exclusiva por las autoridades federales. Entre este tipo de normas está la Ley Federal de Cinematografía, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley Federal de Austeridad Republicana, el Código Penal Federal o el Código Civil Federal, entre otros. Por otra parte, el orden jurídico constitucional reconocido por la doctrina jurisprudencial distingue leyes generales que regulan clausulas constitucionales en diversas materias, se aplican en todo el territorio nacional, distribuyen competencias, regulan una base normativa mínima que deberá ser armonizada por la legislación que en diversas materias emitan las entidades federativas e incluso con reglamentos municipales. Estas leyes generales no son limitativas, ya que es un piso mínimo, pero en diversas ocasiones propicia grandes disparidades entre las legislaciones locales. Y entre los ejemplos que podemos mencionar está la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Cambio Climático o la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Es importante hacer notar que la experiencia marca que en ocasiones la naturaleza de las leyes generales, al requerir la armonización, propicia escenarios de lentitud en su actualización cuando hay reformas a estas leyes generales. O, incluso, retroceso en el ejercicio de los derechos. En esta tesis se encuentran, por ejemplo, muchos temas de la Ley General de Violencia en Contra de las Mujeres. Es decir, no se actualiza su armonización de inmediato. Y muchas leyes sobre la vida que debemos vivir libre de violencia las mujeres no están debidamente actualizadas, a pesar de que la ley general ha sido modificada. Finalmente, las leyes nacionales, que es el tema que nos ocupa. Éstas tienen aplicación en todo el territorio nacional, con independencia de los ámbitos de gobierno de las entidades federativas o incluso de los municipios, siempre respetando las competencias originalmente establecidas en la Constitución. Es decir, establece las normativas que regirán cada materia, pero no implica la expedición de leyes locales. Este tipo de normatividad fue promovida desde la primera década de este siglo, y se ha logrado legislar en este sentido varios casos desde entonces. Como ejemplo tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, o la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Todas estas leyes durante el periodo del presidente Peña Nieto. O el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que fue mandatado por la Constitución su creación desde 2017, y que logramos generar hasta el 2023 por unanimidad, es decir, por el respaldo de todas las fuerzas políticas de ambas Cámaras. Dicho lo anterior, quiero hacer énfasis en que, por el tipo de materia que tratamos y que se trata en este dictamen y que hoy nos ocupa, considero que se justifica la inclusión de la facultad constitucional de legislar una ley nacional, para que no existan discrepancias o diferencias importantes entre las diversas entidades federativas y las leyes que estas expidan. Y caminemos juntos, como país, hacia la digitalización y la simplificación administrativa de manera uniforme, siempre respetando la protección de datos personales. Es importante que sea una ley nacional no una ley general porque, como dije anteriormente, las leyes generales en muchas ocasiones tardan en su armonización o cuando se reforma la ley general a veces es muy lenta la armonización en las diversas entidades federativas, creando discrepancias, diferencias importantes en estos ámbitos de competencia. Yo por eso invito a todas las fuerzas políticas que nos sumemos a que sea una ley nacional, por el tema que estamos regulando y por el tema que representa esta digitalización administrativa, por lo que representa la simplificación de trámites y por lo que representa este avance importantísimo en la administración pública federal, la administración local y las administraciones incluso municipales. Yo los invito a que sea esta ley general, perdón, esta ley nacional, y que dejemos a un lado la ley general, precisamente por las discrepancias que esto puede suscitar en las diversas entidades federativas. Yo con esto daría por terminada esta intervención, diciendo que no hay lugar a duda, tendrá que ser una ley nacional y no una ley general con pisos mínimos y que tengan diferencias las entidades federativas en la expedición de estas normas, haciendo la armonización de estas normas generales. Por lo tanto, es mi opinión constitucional que debe ser la ley nacional, para no existir diferencias en toda la República sobre este tema tan importante que estamos legislando en este momento. Muchas gracias.