La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, ciudadano presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituye hoy por las implicaciones que tiene la lucha por hacer efectivos y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez uno de los principios constitucionales de mayor relevancia para la nación, y la responsabilidad es de todos. La familia, la sociedad y el Estado tenemos que unir esfuerzos y crear las condiciones necesarias para su desarrollo pleno. En este sentido, uno de los ámbit6os que mayor atención exigen es el de la transformación, desarrollo y crecimiento acelerado de las telecomunicaciones y las redes sociales. En los últimos años se han constituido en una nueva forma de intercambio de datos, videos, fotografías y audio, ampliando las posibilidades que todos tenemos de transmitir y recibir información en diversas modalidades. Sin duda esto potencializa el desarrollo del país y las capacidades de cada uno de nosotros. Sin embargo, de manera simultánea se han constituido en un espacio de riesgo para las niñas, niños y adolescentes, ya que son utilizadas por la delincuencia para obtener datos sobre sus víctimas potenciales en delitos como el secuestro, la extorsión, la pornografía infantil y la trata de personas, entre otros más. Hoy vemos con preocupación que son las redes sociales el espacio donde se originan muchos de estos delitos de alto impacto social; y que son las niñas, niños y adolescentes quienes a través de engaños sufren sus efectos con graves consecuencias para su integridad, salud, y en muchas ocasiones la pérdida de su vida. Ese evidente que no se puede evitar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a las tecnologías y redes sociales, por ello en nuestro Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que es la prevención a través de la educación en su uso y aprovechamiento como podemos proteger y garantizar mejores condiciones para su seguridad. Sin embargo, además de prevenir y de educar a nuestras niñas y nuestros niños sobre los riesgos que los amenazan en las redes sociales consideramos que es de fundamental importancia penalizar de manera severa a quienes se valgan de las redes sociales para vulnerar los derechos y la seguridad de nuestras niñas y de nuestros niños. Con este fin se somete a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal para quedar como sigue: Artículo 211 Bis 8. Al que revele, divulgue, utilice, publique, circule, o haga circular cualquier información videograbada, fotografías, filmaciones o imágenes obtenidas de la red pública o privada o de las redes sociales de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, respecto de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para discernir por tener el carácter de inimputables, y por ello se atente contra la dignidad, el prestigio y el libre desarrollo de la personalidad de los individuos, se les impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Si la información a que se refiere el párrafo anterior es utilizada para cometer los delitos siguientes: violación previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis; secuestro, contemplado en los artículos 365 Bis y 366; robo, previsto en los artículos 381 y 381 Bis; extorsión, consignado en el artículo 390; y fraude, previsto en los artículos 386 y 387; y los contemplados en el título octavo, todos del presente ordenamiento, la pena de prisión será de 4 a 6 años y la multa de 200 a 500 días, independientemente de las penas en que incurran por los delitos cometidos. Para nuestro grupo parlamentario es prioridad que nuestro marco jurídico se constituya como una herramienta efectiva que garantice la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ése es el propósito de la presente propuesta que ponemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente.