La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. Para las y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para quienes la educación de las niñas, niños y jóvenes mexicanos es una de nuestras principales motivaciones y ejes prioritarios de nuestra agenda. La armonización de la Ley General de Educación con la reforma a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación, que desde febrero de 2012 establece la obligatoriedad de la educación media superior, es apenas el primer paso hacia el cumplimiento de una deuda que mantiene la nación con miles de jóvenes de este país. Es menester reconocer, que este paso decisivo en la responsabilidad del Estado mexicano de brindar servicios educativos gratuitos, laicos y de calidad a los jóvenes mexicanos hasta que alcancen en promedio la mayoría de edad; es decir, hasta concluir el nivel educativo medio superior, nos convoca a todos los actores involucrados en el proceso educativo a hacernos cargo de que esta reforma en la ley se cumpla efectivamente en la realidad., tal y como se establece en la reforma constitucional que se materializa hoy en la Ley General de Educación. Tenemos la enorme responsabilidad de garantizar que de manera gradual se vayan ampliando las oportunidades de acceso a la educación media superior hasta lograr que en el ciclo escolar 2021-2022, todos y todas las jóvenes mexicanas que demanden el servicio encuentren cabida. Estamos conscientes de que el paso establecido es muy largo si pensamos en la urgente necesidad de atender a miles de jóvenes que no han encontrado lugar en las escuelas públicas, pero debemos reconocer que es necesario resolver enormes rezagos y carencias en materia de infraestructura, equipamiento, financiamiento, así como las necesidades de enfrentar los retos de contar con personal docente, administrativo, manual, entre otros, suficiente para dar respuesta a las necesidades que esta disposición obliga; lo mismo que para capacitar y actualizar al personal con que ya se cuenta y demás rubros que es obligatorio atender. Por ello con profundo compromiso y plena convicción nos pronunciamos a favor de este dictamen, sabedores que la realidad no se transforma por decreto. Estamos ciertos de que no basta con hacer obligatoria la educación media superior en tanto no vigilemos que existen y se ejerzan con eficacia los recursos suficientes para que esa obligación se cumpla en los plazos y en los términos establecidos, para garantizar la creación de las suficientes oportunidades y opciones educativas, de modo que todas las familias de este país estén en posibilidades de cumplir con esta obligación constitucional de procurar que sus hijos e hijas alcancen hasta la educación media superior. No es de ninguna manera suficiente elevar el número obligatorio de grados a estudiar para formar a los jóvenes con las aptitudes, los conocimientos y los perfiles que reclama la realidad socioproductiva de un país inserto en la globalidad. El Estado mexicano está obligado también a evitar que sigan formándose generaciones de jóvenes desempleados, tanto por falta de oportunidades en el mercado laboral como porque la educación escolarizada que reciben no se vincula con los requerimientos del sector productivo del país. Eso exige no solamente ampliar la cobertura y elevar la calidad, sino también la pertinencia, lo que reclama hacer un esfuerzo enorme para que los contenidos educativos de los programas y los perfiles responsan a un marco curricular común, pero también a la realidad actual de nuestro país, a los objetivos que nos proponemos alcanzar y por supuesto ubicarlos en completa sinergia con los requerimientos del mundo productivo. Esto significa que con la reforma de ley debemos emprender también una transformación de la realidad. La aplicación de la oferta educativa a nivel medio superior es el primer lugar de obligación del Estado, pero debe generar las condiciones para que los jóvenes mexicanos y sus familias cumplan con la parte que les toca. Nos corresponde a nosotros, los integrantes del Constituyente Permanente, garantizar que la obligatoriedad de la educación media superior no sea letra muerta. Que no quede como un legado de buenas intenciones como ha sucedido con reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el pasado. Baste recordar que tenemos entre las asignaturas pendientes de cumplir, la obligación del Estado de otorgar educación preescolar, así como de destinar recursos crecientes hasta alcanzar el 8 por ciento del producto interno bruto del país a la educación pública. Apostemos fuerte y como nunca, por una educación pública de calidad y de pertinencia para todos los niveles, para todos los niños, niñas y jóvenes de este país. Es cuanto, señor presidente. Gracias.