El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI): Con su permiso señor Presidente, compañeras, compañeros, honorable Asamblea: Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución General de la República, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ala consideración de esta honorable Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, de conformidad con la siguiente Exposición de Motivos. El objetivo de la presente iniciativa se fundamenta en la necesidad legal de que la jurisprudencia que verse sobre la interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales, locales y tratados internacionales, celebrados por el Estado mexicano emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, su cumplimiento debe ser también obligatorio para las autoridades administrativas en estricto acatamiento a la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Efectivamente, en su parte conducente de los actuales artículos 94 de la Constitución, 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 94 constitucional, párrafo 9º. La Ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre Interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano así como los requisitos para su interrupción y modificación. El artículo 192 de la Ley de Amparo dice: "La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno en salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el pleno y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, los administrativos del trabajo locales o federales. "Las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros, si se tratara de jurisprudencia del pleno o por cuatro ministros en los casos de jurisprudencia de las salas". El artículo 193 dice: "La jurisprudencia que establezca cada uno de los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del Fuero Común de los estados y del Distrito Federal y los tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. "Las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado". Por lo tanto, la jurisprudencia debe ser obligatoria también para las autoridades administrativas ya que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo determinan la obligatoriedad de la jurisprudencia que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas y cada uno de los tribunales colegiados de circuito y se refiere genéricamente a los órganos jurisdiccionales pero no hace mención a las autoridades administrativas, por lo tanto es necesario instituir que estas autoridades también queden sujetas a su observación y aplicación. Lo anterior, para lograr el enlace armónico que se desprende del texto citado del artículo 94 de la propia Constitución. Lo anterior, toda vez que la jurisprudencia es la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, es decir se trata de la norma misma, definida en sus alcances a través de un procedimiento que desentraña su razón y finalidad de conformidad con el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional. Las autoridades están obligadas a fundar y motivar en mandamiento escrito los actos de molestia, es decir deben expresa4 con decisión el precepto legal aplicable al caso concreto, así como las circunstancias especiales que hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, por tanto, conjugando ambos enunciados obvio es que para cumplir cabalmente con esta obligación constitucional, toda autoridad deberá no solamente aplicar la ley al caso concreto sino de modo que esta haya sido interpretada con fuerza obligatoria por los órganos constitucionales legalmente facultados para ello. El problema fundamental estriba en que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo restringen la aplicación de la jurisprudencia en forma obligatoria a las autoridades que no juzgan pero que en los actos de gobierno se ven obligadas a aplicar las leyes para hacer cumplir sus determinaciones, máxime que en muchos casos aplican leyes que han sido declaradas inconstitucionales mediante jurisprudencia, por lo que para fortalecer el estado de derecho que garantiza el respeto a la Constitución que prevé las garantías individuales y sociales que hacen posible el desarrollo armónico, social y político del país, es impostergable la aplicación y aprobación de las presentes reformas en la vía propuesta. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan con un párrafo los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue: "Artículo 192.- Tratándose de normas declaradas inconstitucionales, la jurisprudencia es obligatoria para las autoridades jurisdiccionales y administrativas. También es obligatoria para estas autoridades, la jurisprudencia que verse sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Artículo 193.- Tratándose de normas declaradas inconstitucionales, la jurisprudencia es obligatoria para las autoridades jurisdiccionales señaladas en este artículo, así como para las administrativas. También es obligatoria para estas autoridades la jurisprudencia que verse sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Transitorio. Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de abril del año 2004. Atentamente. Diputado Licenciado Jorge Leonel Sandoval Figueroa. Es cuanto, señor Presidente. -