EL C. DIPUTADO MIGUEL GUTIERREZ HERNÁNDEZ: Con permiso de la Presidencia. Honorable Cámara de Diputados: Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de Ley de Fomento a Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles. Exposición de motivos: En los últimos años, organizaciones de la sociedad civil, han venido impulsando un marco jurídico que fomente sus actividades de desarrollo social y con ello poder disponer de instrumentos jurídicos que fortalezcan su trabajo a favor de la sociedad y que fomenten una cultura cívica y social en el seno de la sociedad mexicana, entre muchas otras. Habría que recordar en primer lugar, que se acercaron a la Comisión Especial de Participación Ciudadana de la Quincuagésima Sexta Legislatura de esta Cámara y en 1995, presentaron el anteproyecto de Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social. Esa Comisión analizó y estudió dicha propuesta, lo cual redundó en otra iniciativa de ley denominada "Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social" que fue presentada el 29 de abril de 1997 por la mayoría de los representantes de las fracciones parlamentarias. Fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de aquella Quincuagésima Sexta Legislatura, la cual no fue dictaminada. El 24 de noviembre de 1998, vuelven las organizaciones a presentar una propuesta a las Comisiones de Participación Ciudadana, de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Social de la Quincuagésima Séptima Legislatura, la cual denominaron "Proyecto de Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles". De igual forma, el 27 de abril del 2000, los diputados Julio Faesler Carlisle y Jorge Humberto Zamarripa Díaz del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentaron una iniciativa por la cual se cambiaba el objeto de regulación del proyecto de ley con el nombre de "Iniciativa de Ley General de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social", la cual fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. El pasado 8 de febrero del 2001, fue dictaminada en contra por las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública de esta Quincuagésima Octava Legislatura. En abril del 2001, esta Comisión recibió formalmente la propuesta de iniciativa de Ley de Fomento a Actividades de Desarrollo Social realizadas por organizaciones civiles, presentada por representantes de las organizaciones de la sociedad civil. El 25 de marzo del 2002 nos presentaron el último proyecto redefinido; posteriormente, en reunión plenaria de Comisión del día 10 de abril de este mismo año, conocimos las adecuaciones y los consensos que han logrado con el Poder Ejecutivo. En los umbrales del siglo XXI, junto a los grandes logros de la humanidad, persisten enormes problemas en los ámbitos social, político, económico y cultural que impacta en el desarrollo de las naciones en el contexto del proceso irreversible de la globalización, los cuales se traducen en la precaria situación económica y la exclusión social en que se encuentra un considerable porcentaje de la población del planeta. La superación de esos problemas ha hecho necesario el rompimiento paulatino de los paradigmas en los que se habían venido desenvolviendo las fuerzas sociales y sus relaciones con el Estado, para que la capacidad de la ciudadanía organizada emerja plenamente en el diseño de propuestas para construir un mundo mejor para las generaciones futuras con oportunidades de desarrollo para todos. En las últimas décadas, los ciudadanos se han organizado de forma autónoma para colaborar voluntaria, activa y solidariamente en la atención de los que menos tienen, promoviendo acciones y proyectos orientados a superar carencias sociales y a procurar bienes y servicios sociales necesarios. El surgimiento de esas nuevas fuerzas sociales, ha transformado la relación gobierno-sociedad. Nuestro país no escapa al panorama mundial descrito. Actualmente México cuenta con un vigoroso y creciente número de organizaciones de la sociedad civil comprometidas, cuyas acciones deben ser fomentadas por el Estado, reconociendo la experiencia y capacidad filantrópica adquiridas en años de trabajo directo con la población menos favorecida económica y socialmente, así como en el desarrollo sustentable y la promoción de los derechos humanos, entre otros. Es por eso que se hace necesario crear un marco legal que fortalezca el papel de dichas organizaciones en el bienestar colectivo que plantee una nueva relación entre el Estado y la sociedad, marcada por la legalidad y la corresponsabilidad; que despliegue las iniciativas y los propósitos de la sociedad civil organizada e independiente y desde luego reconozca, favorezca y aliente las actividades sociales, cívicas y humanitarias de las organizaciones civiles en el marco de la planeación democrática del desarrollo nacional. Nuestra Constitución Política reconoce, tutela y protege la libre asociación individual. De dicha potestad surge una serie de consecuencias políticas, económicas y sociales que conforman la vida cotidiana de una sociedad libre, democrática y plural. El espíritu de asociación es uno de los primeros instintos del ser humano que a través de un acto consciente y responsable, se transforma en un elemento poderoso de desarrollo y perfeccionamiento social. Para llevar a cabo este fin asociativo, los ciudadanos mexicanos conforman agrupaciones de distintas y variadas denominaciones y que corresponde a diversas materias de trabajo. Esta ley es de naturaleza de fomento y por lo tanto no regula la estructura jurídica y las modalidades de constitución actualmente contenidas en diversos ordenamientos jurídicos tales de carácter civil, mercantil, social y financiero. De ese catálogo de agrupaciones nos llama la atención las de carácter social; ese tipo busca el cumplimiento de determinados fines para el mejoramiento de la comunidad en base al voluntarismo , filantropía, altruismo y solidaridad. Nuestra Constitución establece en el primer párrafo del artículo 9o., la garantía de libre asociación. Este precepto constitucional señala como requisito primordial para que la garantía tenga fuerza jurídica, el relativo a la licitud del objeto de la asociación. Dicho numeral se relaciona con el artículo 35 de la misma Carta Constitucional, que establece las prerrogativas del ciudadano, sobre todo en relación con la fracción III relativa al derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica, respecto de los asuntos políticos del país. La libre asociación, por los mismos fines que arriba detallamos es una expresión natural de la participación ciudadana. Encontramos que la Constitución establece y nos habla de participación social en materia económica y política, sobre todo cuando se trata de la planeación. Estas normas son contenidas por los artículos 25 y 26 de la misma Ley Fundamental, el primero establece la prerrogativa de que el llamado sector privado coopere en el desarrollo económico del país al decir. el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratéticas que señale en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Asimismo, podrá participar por si o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. El artículo 26 constitucional señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, el que deberá imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento económico para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. La planeación, versa el artículo será democrática mediante la participación de los diferentes sectores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Este artículo obliga al Ejecutivo de la Unión, a que establezca los procedimientos de participación y consulta en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Esa ley consta de cinco capítulos, el primero se refiere a las disposiciones generales objeto de la ley, establece un glosario para su debida comprensión, detalla el catálogo de actividades de desarrollo social y remite al reglamento los criterios interpretativos de la misma. Las actividades de las agrupaciones de la sociedad civil son muy importantes para el desarrollo de la sociedad mexicana, altruismo, defensa de los derechos humanos, asistencia social, combate a la pobreza, atención a grupos vulnerables, protección civil, desarrollo sustentable, educación cívica, investigación científica y tecnológica, cultura, seguridad pública, equidad y género, entre otras. El humanismo, cultura cívica y participación social son su base y fundamento y eso debe ser aceptado por quienes estamos obligados a darle al país leyes justas que coadyuven al desarrollo integral de nuestra nación. La iniciativa establece diversos beneficios como la asignación de recursos públicos por medio de fondos o subsidios, el goce de estímulos fiscales que determinen las disposiciones jurídico-administdrativas vigentes en la materia, entre otros. El capítulo segundo describe lo concerniente al registro de las organizaciones: requisito de inscripción y la dependencia del Ejecutivo federal que llevará el registro que, en este caso, se propone que sea la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social. El capítulo tercero se refiere a los derechos y obligaciones de las organizaciones con registro vigente; se propone un catálogo de atribuciones a favor de las mismas y de obligaciones, como el de abstenerse de realizar proselitismo político a favor o en contra de algún partido político o candidato a cargo de elección popular, proselitismo o propaganda religiosa, entre otras. El capítulo cuarto detalla las infracciones y las sanciones a las que puede hacerse acreedora una organización por la violación del supuesto establecido en la ley. Las organizaciones, según el marco normativo que proponemos, incurrirán en infracción cuando realicen actividades de autobeneficio o de beneficio mutuo, distribuyan remanentes entre sus integrantes, no apliquen los recursos públicos federales que reciban a los fines para los que fueron autorizados, se abstengan de realizar las actividades declaradas al tramitar la obtención de su registro, conforme a los principios enunciados en la ley, realicen actividades ajenas a su objeto social, no destinen los bienes, recursos, intereses y productos a los fines y actividades para los que fueron constituidos o no informen al registro sobre cualquier modificación a su acta constitutiva o estatutos, así como sobre cualquier cambio relevante en información que se proporcionó al solicitar inscripciones en el registro, entre otras. En el caso de las sanciones, éstas varían entre el apercibimiento hasta la cancelación de registro o multa, según sea el caso. El capítulo quinto y último se refiere al recurso administrativo en contra de resoluciones que se dicten conforme a esta ley. En suma, hacemos tácito el reconocimiento al enorme esfuerzo que por más de 10 años han realizado miembros de organizaciones de la sociedad civil en estructurar el proyecto de esta iniciativa y en buscar consensos con el poder Ejecutivo y Legislativo. Depositamos en esta alta tribuna el fruto de estos trabajos, conscientes de construir las condiciones legales necesarias para el desarrollo de una cultura de participación social que coadyuve al desarrollo integral de nuestro país. Ratificamos nuestro compromiso de representar a la sociedad presentando esta iniciativa a nombre de las organizaciones de la sociedad civil que han impulsado el proyecto de la misma. Es de destacar el recibimiento plural y responsable de los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y del consenso que en los próximos días daremos nuestro mejor esfuerzo para el estudio, análisis y dictamen de la presente iniciativa. Reconocemos también el día de hoy la presencia de miembros distinguidos de estas organizaciones que nos acompañan y les externamos una felicitación por este trabajo. Presidenta, en virtud del acuerdo parlamentario sobre el tiempo, le agradeceré publique íntegramente en el Diario de los Debates el texto de esta iniciativa. Igualmente, con fundamento en el inciso f) del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 del acuerdo de la junta de Coordinación Política relativo a la subdivisión y creación de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de fecha 29 de septiembre del 2000, solicito respetuosamente a la Mesa Directiva de esta soberanía, obsequie el turno de esta iniciativa a la Comisión de Participación Ciudadana. Firman, un servidor; el diputado Juan Carlos Regis Adame, del PT; el diputado Luis Herrera Jiménez, del PRD; el diputado José Yunes Zorrilla, del PRI; la diputada Maricruz Montelongo Gordillo, del PRI; la diputada Esveida Bravo Martínez, del Partido Verde Ecoligista de México; la diputada María Guadalupe López Mares, del PAN; la diputada María Cruz Martínez Colín, del PAN; la diputada María Teresa Tapia Baena, del PAN; el diputado Juan Carlos Payares Bueno, del PAN; el diputado Fernando Martínez Cué, del PAN; el diputado Enrique Villa Preciado, del PAN; el diputado Tomás Ríos Bernal, del PAN; el diputado Benjamín Muciño Pérez, del PAN; y el diputado Rafael Ramírez Agama, todos integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana. Por su atención, muchas gracias. -