La diputada María Luis Mendoza Mondragón: Con el permiso de las y los diputados y de aquellos que nos siguen a través de diversas plataformas. La gran herencia de violencia e inseguridad e incremento del crimen organizado continúa, sin duda alguna, manifestándose de múltiples maneras y ya ha comenzado a afectar profundamente el tejido social, económico y político de nuestra nación. Durante muchos años, nuestro país ha visto cómo la delincuencia, en sus distintas formas, se ha sofisticado, diversificado y, sobre todo, ha incrementado su poder de penetración en todos los sectores de nuestra sociedad. Uno de los problemas más alarmantes y que representa una amenaza para la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos es la presencia y expansión de las drogas sintéticas como el fentanilo. Esta sustancia, mucho más potente que la heroína, ha llegado a nuestras fronteras como un fantasma y hoy es una dolorosa realidad. De acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, en el 2022 se registraron 3 mil 288 muertes relacionadas con este consumo de sustancia. Hasta ahora, no hemos experimentado una crisis comparable a las que padecen las fronteras de otros países, siendo la prevención uno de los fines de la presente reforma. Las estadísticas sobre el aumento de consumidores y la necesidad del tratamiento son preocupantes, lo que deja entrever la afectación por el consumo de drogas que es alarmante. Sin duda, viene en detrimento de la obligación del Estado por garantizar y procurar el pleno desarrollo de las personas y en apoyo al fortalecimiento de la política exterior. Para abonar a esta emergencia, además de lidiar con las drogas, existen otros males como la extorsión, el secuestro y la defraudación que terminan afectando no solo a los individuos, sino también a los sectores productivos más importantes de nuestro país, causando afectación a los bienes de la nación. En 1993 cobró auge esta medida. En el 2008 se estableció el plazo que no podría exceder el tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso y en ningún caso será superior a dos años. Y fue justo hasta el 2019 que se generaron reformas judiciales, jurídicas, sin precedentes, integrando a esta lista el delito de corrupción, uno de los más grandes males de la administración en todos sus niveles. Subrayo: la corrupción es uno de los más grandes males que representa y que atañe sin duda alguna a quienes ven el servicio público como una virtud, pero que no se logra finiquitar solamente con el discurso y que se tiene que determinará desde un nivel. A este panorama, se vuelve urgente que el Estado mexicano cuente con un marco normativo penal y procesal suficientemente robusto para hacer frente a estos delitos, ya que los problemas que enfrentamos no solo afectan la seguridad pública, y la salud de la población, sino también, la estabilidad económica y patrimonio de las y los mexicanos. Por lo que, con este instrumento jurídico como medida, tiene como objeto disminuir los delitos antes citados, lo que permite asegurar a las personas señaladas por delinquir y que no puede extraerse de la justicia. Esta medida causó revuelo, pero antes los incesantes hechos de inseguridad es necesario incrementar la lista de delitos que son vinculantes a esta figura jurídica. La prisión preventiva, por definición, tiene el propósito de evitar que los acusados de delitos muy graves, por ejemplo, el homicidio doloso o el feminicidio puedan evadir su responsabilidad ante la ley. Y, estos no se sustraigan de la justicia o continúen cometiendo más crímenes durante el proceso judicial. Y, subrayo, no debe confundirse una sentencia definitiva, sino como una medida, justo, que se permita resolver en un proceso judicial. Si bien es cierto que el debate sobre la prisión preventiva ha generado diversas posturas, algunas cuestionando su aplicación y otras defendiendo su necesidad, no podemos negar que la prisión preventiva protege a las víctimas y a los testigos de posibles represalias por parte de los delincuentes. Por estas razones, es fundamental que el Estado Mexicano mantenga y refuerce las medidas legales necesarias para proteger a la sociedad. La prisión preventiva, en casos excepcionales y para delitos graves, debe de seguir siendo una herramienta para garantizar que aquellos que representan un peligro para la sociedad no queden en libertad. En nuestro país requerimos que la procuración y administración de justicia sea más fuerte, sea más sólida, sea eficiente, hasta que, sin duda alguna, se haga una costumbre. Es cuanto, presidenta diputada.