EL C. DIPUTADO JOSE JAIME BARRON FONSECA: Con el permiso de la presidencia, licenciado Josefina Vázquez. Compañeras y compañeros diputados. Antes de entrar en materia quiero hacer una denuncia pública en este momento, señora Secretaria, el 11 de mayo del año 2001, directivos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Mazatlán, Sin., presentan denuncia de despojo contra el entonces alcalde panista de ese municipio, Alejandro Higuera Osuna. El 3 de mayo de este año, las autoridades giran orden de aprehensión contra el ya ex alcalde, a quien se acusa como presunto responsable de la comisión de despojo y abuso de autoridad. El 5 de mayo de este año en curso, es detenido el ex alcalde panista, Alejandro Higuera Osuna. El 11 de mayo de este mismo año, se le dicta auto de formal prisión, procediendo a la suspensión de sus derechos y prerrogativas de ciudadano así como sus derechos políticos. Sin embargo, y a pesar de todo esto, y quizás como premio a estas acciones, hoy, hoy esta persona, es el titular de la Delegación en Sinaloa de la Secretaría de Desarrollo Social. También, hoy, esta persona pregona públicamente, con todo cinismo, que cuenta ya con el permiso del Coordinador de Delegaciones de la propia Sedesol, para participar en las próximas elecciones federales. Pregunto, señora Secretaría; ¿es este el gobierno que pregona el respeto a la Constitución y al orden jurídico? ¿Hasta dónde seguirá solapando estas barbaridades el llamado gobierno de la honestidad? Aquí se comprueba, una vez más, que este es un gobierno de doble moral, un gobierno intolerante para unos, pero solapador para funcionarios que curiosamente son de su partido, Acción Nacional. Entregaré a usted las copias que sustentan los hechos de lo cual le hablo, le informo que estaremos pendientes del desarrollo de estos acontecimientos. Ahora bien, y por otro lado, una simple lectura al Segundo Informe del Gobierno del presidente Fox, en el apartado referente al Desarrollo Social, nos permite inferir que lo ahí expuesto se parece más a un boletín de prensa, plagado de buenas intenciones, donde la preocupación por dotarnos de una nueva nomenclatura, pareciera ser el objetivo central y no el combate a los altos niveles de pobreza que aun tenemos en el país. Afirmaciones como nunca antes o por primera vez, se repiten en un texto que sólo lo cree quien no conoce México o que nunca habría trabajado con los pobres de este país. Se dice que el presupuesto autorizado para el 2002 destinado a la superación de la pobreza, ascendió a 77 mil 617.5 millones de pesos; este gasto, de acuerdo al mismo informe, está compuesto por el gasto federal, el de los estados y el de los municipios. Seguramente el gasto estatal y municipal se refiere a los montos de fondo y aportaciones para la infraestructura social, por tanto el gasto federal autorizado se está duplicando y la Federación está haciendo caravana con sombrero ajeno. Hemos reiterado una y otra vez que existen continuos subejercicios de gasto, así lo muestra por ejemplo el informe del avance de gestión financiera, el cual a junio de este año, la Secretaría de Desarrollo Social había ejercido 5 mil 633 millones de pesos de los 19 mil 54.6 autorizados. Este gobierno no gasta en el combate a la pobreza. Por ejemplo, en el renglón de atención a organizaciones indígenas productoras afiliadas a fondos regionales, vemos que de los 556.9 millones de pesos autorizados, sólo han gastado al mes de junio del año en curso el 5%. En el programa de empleo temporal, de 1251.8 millones de pesos se han ejercido apenas el 18%. La Secretaría a su cargo incumplió lo establecido en el artículo 65 del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, al no enviar a la consideración de los estados los convenios de desarrollo social, peor aun, no publicarlos en el Diario Oficial. La Secretaría a su cargo incumplió lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio del propio Presupuesto de Egresos de la Federación que se refiere a la celebración, a más tardar el último día del mes de marzo, convenios de reasignación de recursos con las entidades federativas. La Secretaría a su cargo reporta un crecimiento considerable en su estructura burocrática, al crearse una subsecretaría, tres unidades y tres coordinaciones generales; asimismo, hoy la SEDESOL cuenta con un inmueble cuyo costo fluctúa entre 400 y 500 millones de pesos, cantidad equivalente a los recursos fiscales asignados a DICONSA en el ejercicio 2001. Esta Honorable Cámara aprobó por consenso una partida de mil millones de pesos para implementar el Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; en términos de lo establecido por el propio Presupuesto, no sabemos cuál es el avance en la ejecución de este programa y qué metas se han alcanzado. El Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, manifiesta su inconformidad por el cambio ilegal del nombre al "PROGRESA", ya que el Presupuesto de la Federación 2002, contraviene lo dispuesto por los artículos 24 y 26 de la Constitución General de la República, así como diversas disposiciones a la Ley General de Planeación, a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y a la Ley General de Deuda Pública, pero sobre todo viola el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2002, aprobado por consenso. El cambio de nombre genera confusión tanto en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al año 2002, como en la estructura programática, entendida ésta como el código de comunicación entre la cámara de diputados y el ejecutivo. Modificar el nombre del Programa de Educación, Salud y Alimentación durante el ejercicio fiscal del 2002, se traducirá en criterios discrecionales en la evaluación de su presupuesto y en la cuantificación tendenciosa de estas metas. Asimismo, es importante recordar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2002 enviado por el Ejecutivo Federal, no se contempla incorporación adicional de familias al programa y fue esta Cámara la que determinó por consenso aumentar en un millón de familias más, las beneficiarias del programa. Lamentablemente la incorporación de familias se ha realizado bajo las premisas siguientes: El proceso de incorporación de nuevas familias al programa, está llevándose a cabo bajo criterios discrecionales alejados por completo de un sentido social. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato la meta a incorporar fue de 44 mil 927 familias, cifra superior a estados o municipios catalogados como de alta y muy alta marginación como Zacatecas, Tlaxcala, Tabasco e Hidalgo, entidades federativas gobernadas por Acción Nacional y/o estados en los que resultó ganador Vicente Fox en las elecciones del 2000. Todavía más grave resulta el hecho de que los programas de desarrollo social estén siendo utilizados por esta administración y por el partido en el poder para beneficio electoral. Una muestra ustedes ya la acaban de ver en la pancarta aquí mostrada. Esta administración ha cerrado más de 900 tiendas y los gastos de operación representan la tercera parte de sus ventas. Situación que merece ser atendida. Se han detectado severos adeudos con proveedores y reducción de ventas, hechos que merecen ser atendidos por SECODAM y por la Auditoría Superior de la Federación, independientemente de las auditorías que por mandato del Congreso a ejercicios anteriores falta por entregar a esta Soberanía, que es el órgano de fiscalización correspondiente. Concluyo mi participación. Ante la presencia de desastres naturales como lamentablemente ocurrió en los estados de Campeche y Yucatán, el Partido Revolucionario Institucional manifiesta su rechazo ante el tratamiento partidista que le ha dado el Ejecutivo Federal a esta desgracia. Utilizar una vez más la cadena nacional para comparar mediáticamente comunidades pertenecientes a un partido político que por cierto es el suyo, con la de otro partido en estos momentos de desgracia, en nada ayudan y en mucho lastiman. Sería justo y mucho mejor utilizar estos recursos que se destinan a mensajes publicitarios, en ayudas concretas para los mexicanos que hoy están en desgracia. La situación que hasta el día de hoy prevalece en estos estados exige que la canalización de la ayuda no distinga partidos, colores, sexo o religión. Si el gobierno le apuesta a lo contrario, efectivamente es un cambio. Pero en este tipo de cambio es también un grave retroceso. Muchas gracias. PRESIDENTE: Para dar cumplimiento al punto segundo, numeral tercero incisos a), b) y c), para la primera ronda de preguntas hasta por 3 minutos con derecho a réplica, por 3 minutos, se han inscrito los siguientes ciudadanos diputados: diputado Juan Carlos Régis Adame, por el Partido del Trabajo; la diputada Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Raquel Cortés López, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Luis Fernando Sánchez Nava, del Partido Acción Nacional y diputado Narciso Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra hasta por 3 minutos para formular su pregunta el ciudadano diputado Juan Carlos Régis Adame, del Partido del Trabajo. -DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados; señora Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota: Hemos manifestado de manera enfática en nuestro posicionamiento, que la estrategia contra la pobreza ha sido equivocada. Las razones de lo anterior no pueden ser más cristalinas, se trata de una incorrecta comprensión de la realidad de la pobreza en nuestro país y una propensión a seguir prescripciones que no pueden ir más allá de una mera administración mezquina de este flagelo social. Queremos concentrar nuestra primera pregunta en un aspecto que refuerza nuestra argumentación principal, en tanto demuestra que al cabo de dos años no han hecho un esfuerzo serio por aprender de sus propios errores. Las medidas para el fomento al llamado capital humano están fuera de foco, ya que la infraestructura que permitiría su desarrollo es sumamente precaria. El reforzamiento de las acciones para que el programa Oportunidades duplique su cobertura en menos de dos años, debe tener una relación con el número de aulas disponibles y la ampliación del sistema de atención a la salud. Pero no sólo nos referimos al aspecto cuantitativo, sino al cualitativo, que es el Talón de Aquiles de nuestras instituciones. ¿Cómo se ha comportado cualitativamente el Sistema Educativo Rural ante la mayor demanda derivada de los programas en curso? La realidad es que no hay información suficiente para emitir un juicio objetivo sobre la efectividad global de las acciones gubernamentales. Esto conecta con un problema más amplio que señalamos en el posicionamiento. El gobierno, específicamente la SEDESOL, se mueven en un mundo en el que no se ha tomado en cuenta la corresponsabilidad y la rendición de cuentas, cuyo presupuesto es la expedición de estadísticas amplias y confiables de desempeño. Señora secretaria, cómo podríamos adentrarnos a un ejercicio válido de medición de la efectividad de las acciones contra la pobreza si carecemos de la infraestructura para medir la efectividad y productividad de las acciones en este terreno. El propio Banco Mundial recomendó una tarea integral para desarrollar indicadores de desempeño y eficiencia que permitieran comparar el esfuerzo presupuestal con los objetivos alcanzados. Comprenda que sin esa infraestructura estamos condenados al despilfarro de recursos y a la repetición infructuosa de ejercicios burocráticos. Por sus respuestas muchas gracias.