El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Presento iniciativa para poder suscribir en nuestro Muro de Honor de esta honorable Cámara de Diputados los nombres del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con letras de oro. A partir de que México fue el primer país que brindó naturaleza constitucional a la seguridad social desde la formulación de la Constitución de 1917, en su artículo 123, dando con ello garantía jurídica a los aspectos económicos, políticos y sociales del trabajo, otorgando rango constitucional a los derechos de los trabajadores. A partir de este acontecimiento y en beneficio de los trabajadores mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social nace oficialmente el 19 de enero de 1943 e inicia operaciones el 1 de enero de 1944. Forma parte de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la cual preside actualmente. Asimismo es una de las instituciones con mayor presencia en la atención a la salud y la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943. Para ello, combina la investigación y la práctica médica con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política, en el cual se señala que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesantía involuntaria del trabajo, de enfermedades, de accidentes, servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Su misión es ser el instrumento básico de seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores y sus familias. Por su parte, el artículo 2 y 4 de la Ley del Seguro Social establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión, que en caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Conforme al artículo 5 de la propia Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la noble misión de organizar y administrar este seguro social, en el mejor interés de todos los trabajadores. El instituto se constituye como un organismo público descentralizado. A 73 años de su creación, el IMSS es responsable de la seguridad y salud de cerca de 62 millones de derechohabientes y de 12 millones de beneficiarios del programa IMSS-Oportunidades, por ello la importancia de que pueda estar esta institución en el Muro de Honor de este recinto legislativo, con letras de oro. Por su parte el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como entidad encargada de dar la seguridad social de los trabajadores del Estado, tiene sus orígenes en la reforma de 1960 al artículo 123 constitucional, en ella se estableció la clasificación de asalariados en Apartados A y B, este último es exclusivo de los empleados gubernamentales. En ese mismo año entró en vigor de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el régimen inicial de seguridad social del Instituto del ISSSTE se fundó con 14 prestaciones de carácter obligatorio, 2 seguros para proporcionar servicios de salud, 5 seguros de carácter pensionario, 3 prestaciones relacionadas con vivienda y préstamos a corto plazo, y 3 de servicios sociales. En sus inicios el ISSSTE aseguró a casi 130 mil trabajadores, 12 mil pensionistas y 346 mil familiares, lo que sumaba un total de 488 mil derechohabientes. De acuerdo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección en salud. Si bien es cierto que en México existen diversas instituciones médicas, como son las instituciones de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, las instituciones de Petróleos Mexicanos, así como el sistema implementado, es importante destacar que las instituciones con mayor población son el IMSS y el ISSSTE. Así también, instituciones escolares, diversas entre ellas, estudiantes de la UNAM, trabajadores y académicos, cubre la asistencia médica de los mismos que están inscritos en el Apartado B, del artículo 123 constitucional. Es por lo anteriormente expuesto, que pongo a su consideración la obligación de enaltecer estas dos grandes instituciones públicas que han estado al servicio del pueblo y de los trabajadores del Estado por tantos años, sin descanso y siempre buscando mejorar y superarse ellas mismas, por lo que pido se inscriban sus nombres en el Muro de Honor con letras de oro, de esta honorable Cámara de Diputados. La siguiente iniciativa que reforma a la Constitución Política, es para que se siga utilizando el salario mínimo como base de prestaciones sociales. Después de largas discusiones que duraron años, se llegó al acuerdo de que era necesario desligar el salario mínimo, desindexarlo para crear la Unidad de Medida y Actualización como instrumento que sustituiría todo lo que tiene que ver con impuestos y pagos de servicios, de esta manera poder aumentar el salario mínimo. Esto último deriva de un hecho fundamental al saber que esta desindexación establece que debe de utilizarse, dejar de utilizarse el salario como una unidad de referencia para fines ajenos a los de su naturaleza, que es de prestaciones sociales. Como se argumenta, tanto pensiones como becas, son prestaciones de naturaleza salarial, las cuales sustituyen en determinadas circunstancias a los ingresos vinculados a las rentas de trabajo. Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales del ser humano se inscribe la seguridad social como derecho humano, la cual tiene como propósito proteger a la ciudadanía frente a riesgos y privaciones económicas a causa de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, vejez y otros. En México la seguridad social ha contribuido de manera importante, desde su origen, a la estabilidad social y económica. En nuestro país, el aparato público de seguridad social se encuentra dividido en varios organismos que en su mayoría otorgan pensiones, en particular el IMSS y el Issste son, por número de derechohabientes, las principales instituciones públicas de seguridad social. Actualmente, solamente el 25 por ciento de los adultos mayores cuenta con una pensión. Solo 2 de cada 10 personas mayores pueden solventar sus gastos, los 8 restantes viven en situación de pobreza. También, el 75 por ciento de ellos trabaja porque las pensiones son pocas e insuficientes para sufragar sus gastos. El deprimido poder adquisitivo de las pensiones en México amerita la adopción de medidas conducentes a garantizar incrementos significativos en el monto de las jubilaciones. Basta señalar que México, según datos de la OCDE, se encuentra entre los países latinoamericanos con pensiones más precarias e insuficientes. En el caso de las pensiones, esta brecha entre la UMA y el salario mínimo tenderá a ser cada vez más amplia, lo que generará un perjuicio ascendente en el poder adquisitivo de las mismas, sin embargo, estamos conscientes de que la situación de vulnerabilidad y fragilidad que enfrentan las finanzas de las principales instituciones mexicanas de seguridad social exige la implementación de políticas y medidas conducentes a garantizar la viabilidad a largo plazo. Por eso, aplicar la UMA en este campo es una medida contraproducente y lesiva que deteriora la capacidad recaudatoria de los institutos y coadyuva a perjudicar su consolidación financiera. Hay que subrayar que otros sectores sociales, no solo jubilados y pensionados, están siendo ilegítimamente afectados por la aplicación de las unidades de medida y actualización al cálculo de sus respectivas prestaciones. Hoy, las becas oficiales, cuyos montos se referenciaban antes en salarios mínimos, ahora se calculan en base de unidades de medida y actualización. Una beca a nivel de doctorado del Conacyt, por ejemplo, está remunerada con aproximadamente 13 mil 800 pesos mensuales. Este cálculo es el resultado de la aplicación de 6 unidades de medida y actualización, porque si se hubiera aplicado el salario mínimo como base, la beca sería de más de 14 mil 400 pesos. Es decir, casi 800 pesos de diferencia. En este caso las becas, al igual que las pensiones, son prestaciones cuyos fines son similares a las del salario. En ningún caso debe considerarse que pensiones, jubilaciones o becas son rentas ajenas a la naturaleza del salario. Esto resulta claro porque cuando una pensión no es más que un salario en diferido se destina a satisfacer el rol del ingreso, una vez que el trabajador se enfrenta a determinados avatares como la vejez, la enfermedad o la invalidez, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta que se formula de reforma constitucional propone esclarecer y concretar los fines consagrados en la desindexación aprobada en 2015, siendo totalmente respetuosa y congruente con sus propósitos originarios. En este aspecto, se propone excluir la aplicación de la unidad de medida y actualización, la llamada UMA, al campo de la seguridad social concluyo o sobre cualquier otra prestación que por su propia naturaleza sea análoga a la del salario. Se reitera que esta finalidad estaba ya presente en la redacción y en el sentido de la reforma original, aunque su aplicación de forma incoherente haya sido divergente. Esta iniciativa de Morena propone concretar y limitar el alcance de la reforma constitucional de desindexación del salario, con lo que eliminamos la laguna legal que está permitiendo que algunas instituciones como el IMSS, el ISSSTE o el Conacyt utilicen de manera ilegítima e indebidamente la unidad de medida y actualización, en lugar de utilizar como índice de referencia los salarios mínimos. Morena seguirá pugnando por el debido cálculo de las prestaciones sociales de la ciudadanía. Y agradecer el tiempo, diputada presidenta, y señalarles que seguiré respetando al pueblo de México. Y lamento mucho, péjele a quien le peje. Muchas gracias.