El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Este proyecto que pedí que se reservara, que propone desechar la propuesta de los proponentes, alude a un asunto fundamental y me parece que los razonamientos contenidos en el dictamen no son adecuados. Se refiere, en concreto, a la posibilidad de que los médicos realicen o elaboren objeciones de conciencia cuando, por razones éticas o que tienen que ver con su libertad de conciencia personal, no acepten atender a algunos pacientes. Más allá del tema concreto y de que es un asunto que en nuestro país ha sido sobre todo argumentado por algunos sectores que se oponen a la interrupción del embarazo, cuando ésta se aprueba en las legislaciones, considero que la objeción de conciencia, como otras figuras tales como la desobediencia civil u otras figuras de resistencia civil pacífica, debieran preverse en el ordenamiento jurídico nacional, siempre y cuando estas figuras jurídicas se ejerzan utilizando vías pacíficas y una vez, por ejemplo en el caso de la desobediencia civil, que se han agotado las vías institucionales. El sistema constitucional, el sistema jurídico mexicano, debe contener estas válvulas de escape porque en muchas ocasiones las normas jurídicas, ya sean legales, reglamentarias o las propias normas constitucionales, pueden ser injustas, pueden vulnerar derechos de minorías y es importante que el sistema jurídico prevea entonces esas válvulas de escape, esas vías institucionales para protestar, mediante una vía pacífica, en contra de una norma contraria a la Constitución o contraria a principios que se puedan considerar de justicia por algún sector de la población. Debo decir que en todos los países europeos, en todas las democracias europeas, en los Estados Unidos, en Canadá y en otros países del mundo se prevén, se regulan figuras como la objeción de conciencia. En el sistema jurídico mexicano, en distintas ocasiones se han presentado problemas derivados porque algún sector de la población no desea cumplir con alguna norma prevista en el sistema jurídico. Me refiero, por ejemplo, en concreto, al caso de los niños cuyos padres y ellos mismos profesan la religión como Testigos de Jehová y que se niegan a participar en actos de homenaje a los símbolos patrios, a la bandera. Estos asuntos han llegado, en distintas ocasiones, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, desde mi punto de vista, las observaciones, las recomendaciones que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que los niños no sean expulsados de las escuelas públicas por negarse a participar en los honores a la bandera, no son la salida adecuada y no son la salida adecuada porque el marco jurídico nacional no prevé la figura de la objeción de conciencia. Creo que en estas materias y en otras debe permitirse que grupos sociales, que personas que forman parte de grupos sociales minoritarios, cuenten con la protección del sistema jurídico para oponerse a algún mandato o norma legal que se considere contraria a los derechos y a las libertades personales. Estamos desperdiciando una oportunidad para incluir en el sistema jurídico nacional una figura jurídica, una categoría jurídica que nos situaría, desde luego, como un sistema jurídico que permite vías democráticas de oposición a aquellas normas contrarias a los derechos de las minorías. Por estas razones, porque considero que estamos desperdiciando una oportunidad muy valiosa para incorporar en el sistema jurídico la objeción de conciencia, es que me niego a aceptar este dictamen. Desde luego lo votaré en contra señor presidente.