El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Colegas diputadas y diputados, el dictamen que hoy se discute considera el análisis de la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal, cuyo objeto es pretender darle estatuto constitucional a una serie de programas sociales del gobierno en turno. Queremos dejar bien claro, que el Partido Acción Nacional reivindica el contenido humanista de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, que fue una verdadera enmienda para propiciar un cambio profundo en materia de igualdad y que incide en la búsqueda de justicia social estructural que propone el constitucionalismo contemporáneo. Dicha reforma impone un programa de acción consecuente y jurídicamente robusto para el Estado y los diferentes niveles de gobierno. A lo largo del debate en comisiones, hemos insistido en que la política social se armonice y se sustente en el programa de avance y consolidación de los derechos fundamentales. En cambio, el objetivo de este dictamen es dejar una impronta personalista, usando condiciones de desigualdad con ulteriores finalidades político-partidistas. Este cambio pretende generar un tutelaje que se aleja del reconocimiento de la dignidad de la persona y pretende instaurar un programa populista. Esta iniciativa privilegia una imagen del poder que tiene de sí mismo el presidente y no se concentra en crear una norma que aspire a esquemas de justicia sustancial y formalmente válidos, contiene fallas presupuestales y técnicas graves. Esta iniciativa tiene una motivación ideológica que tiende a polarizar, no es una reforma con consistencia jurídica que tienda a cohesionar a nuestra nación. No es humanista, no es solidaria ni es subsidiaria. Esta reforma es de naturaleza instrumental y utilitarista, abre espacios de desamparo a amplios grupos que existen en extrema vulnerabilidad a cambio de dotar correas de transmisión estrictamente electorales al partido en el poder. Justo, como en la época de oro del partido de Estado, no vemos y no podemos consentir un cambio de esta naturaleza, que va en sentido contrario a nuestra historia de democratización y universalización de los derechos fundamentales. El actuar de los gobiernos panistas ha sido plasmado nuestra convicción de que las personas en igualdad de condiciones deben gozar de una base económica suficiente que le garantice el ejercicio de sus libertades y le permita vivir con dignidad, sin ser un instrumento de personas, grupos o instituciones privadas o estatales. Desde luego, coincidimos en que combatir las desigualdades debe ser la meta inicial de todo programa de gobierno. Que se entienda bien, en Acción Nacional estamos a favor de combatir la pobreza. En Acción Nacional estamos en favor de eliminar la desigualdad. En Acción Nacional estamos también por generar más y mejores servicios públicos, estamos también por mejorar la calidad de vida de todas las personas sin distingo alguno. Sabemos que la mayoría de Morena y al presidente López Obrador, en particular, nada importa más que ver plasmados los programas en nuestra Carta Magna y con ello constitucionalizar el clientelismo, y eso no lo podemos permitir y de ninguna manera lo vamos a validar. De hecho, a nuestro Grupo Parlamentario llama particularmente la atención el planteamiento de que sea constitucional este dictamen y lo decimos porque las reformas a la parte dogmática de nuestra Constitución, como es el caso que se plantea, debiera tener como objetivo la institucionalización de principios y parámetros generales que persigan en el pleno y efectivo goce de los derechos humanos de las personas. Ante ello, es oportuno mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado porque el planteamiento constitucional de los llamados Derechos Fundamentales o Garantías Individuales, asegure la efectiva protección y materialización de estos derechos. Establecer los derechos sociales en la Constitución debiera dar pauta a una interpretación que evite limitarlos y permita, por tanto, su ampliación en la legislación secundaria. Es indiscutible que el dictamen retome la propuesta del Ejecutivo federal, prácticamente en sus términos, lo que implica establecer en la norma constitucional, disposiciones que bien podrían estar en la legislación secundaria, como en la Ley General de Salud, que ya está, como en la Ley General de Educación, que ya está, en la Ley General para la Inclusión para las Personas con Discapacidad, que ya está, y en la Ley de los Derechos para las Personas Adultas Mayores, que ya está. Esto, además de hacer evidente los limitados alcances de la reforma en materia de derechos humanos de la propuesta, pone de manifiesta la estrategia del presidente de la República, de elevar a rango constitucional su visión populista de gobierno. Hechos, todos, que violan algunos de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que tiene nuestro país. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados-parte, como lo es el nuestro, están comprometidos en adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente y por los medios apropiados la plena efectividad de estos derechos. Pese a ello, el dictamen no proporciona elementos objetivos que permitan concluir que las reformas constitucionales propuestas son apropiadas para lograr progresivamente el pleno y efectivo goce de los derechos a las personas a quienes van dirigidas. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Acevedo, Buendía y otros contra Perú, reconoce que el derecho progresivo de derechos económicos, sociales y culturales no podrá lograrse en un breve periodo de tiempo y que en esa medida requiere de la flexibilidad necesaria que refleje no solo las realidades del mundo, sino también las dificultades que implica para cada país asegurar dicha efectividad. Es claro que el Estado tiene la obligación de brindar los medios y elementos necesarios para responder a las exigencias de efectividad de los derechos involucrados. También de rendir cuentas y, de ser el caso, de ser exigido por las respectivas instancias nacionales e internacionales para que cumpla con el respectivo compromiso adquirido. No obstante, el dictamen focaliza y acota las disposiciones que se pretenden constitucionalizar, lo que impedirá, de aprobarse en sus términos, asegurar la efectividad de los derechos humanos. De manera excluyente y utilitarista, se plantea institucionalizar que los apoyos únicamente sean dirigidos a las y a los mexicanos de cierto rango de edad. Por ejemplo, el caso de aquellos dirigidos a personas con discapacidad establece que se otorgarán únicamente para quienes tengan discapacidad permanente. Tampoco se establecen en la propuesta elementos que permitan la adecuada rendición de cuentas al Estado respecto al efectivo goce de los derechos que se instituyen y, ante el descuido presupuestal, se da amplio margen para que las correspondientes instancias nacionales e internacionales exijan al Estado resolver a como dé lugar eventuales violaciones de los derechos humanos. La reforma que se pretende imponer, y que pretende imponer la mayoría, hace poco probable que el Estado pueda cumplir efectivamente con su obligación de respetar los derechos humanos, sobre todo ante la irresponsabilidad de establecer que los recursos públicos asignados por el Estado para dar cumplimiento a lo ahí dicho deban ser crecientes año con año sin un planteamiento responsable de financiamiento. Esta idea deja de lado que los recursos públicos son limitados y que están sujetos a diferentes vaivenes y actuaciones políticas que pueden ser deficientes. De la misma forma se pone de manifiesto el riesgo de más endeudamiento público para cumplir con las obligaciones que se pretenden constitucionalizar, lo que sin duda traerá entre sus efectos hacer más vulnerables a las finanzas públicas y repercutir en el desarrollo del país. En segundo lugar, se simplifica y se trivializa de una manera poco responsable la obligación que tiene el Estado de garantizar los derechos humanos de las personas. Al respecto la propuesta parece plantear, sin ningún diagnóstico objetivo de por medio y sin un estudio adecuado técnico y presupuestal, que esta obligación del Estado se resuelve a través del otorgamiento simplemente de un apoyo económico, sin observar la interdependencia y la indivisibilidad que significa el ejercicio de los derechos humanos. Esto contribuye, sin duda, a que la letra constitucional se convierta en un catálogo extenso de buenas intenciones, incurriendo como en la época dorada del populismo, en un despropósito constitucional. Lo anterior de ninguna manera abona a garantizar de manera responsable a las personas el ejercicio efectivo de sus derechos. En tercer lugar, resulta alarmante que el texto sugerido en el decreto de la reforma, al restringir los derechos parece dejar de lado el principio de universalidad que dicta que todos los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual sin discriminación alguna. En cuarto lugar, preocupa la inexistencia de garantías que hagan posible el cumplimiento del principio de progresividad. De ahí la importancia que el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales inste a los Estados parte a que incluyan en sus informes datos que permitan apreciar el progreso logrado en adecuados plazos, con respecto a la aplicación efectiva de los derechos pertinentes. Compañeras y compañeros, las diputadas y los diputados del PAN tenemos claro que en esta pluralidad que vivimos en el Congreso lo que reconcilia, lo que nos une orgánicamente es la noción del bien común de nuestro país. Sin embargo, el bien común no es ni el interés ni el capricho de una sola persona, sino solamente el bien, el interés y la aspiración de la comunidad. En Acción Nacional no vamos a avalar una propuesta que quiere elevar a rango constitucional el clientelismo político. No vamos a aprobar una reforma a nuestra Constitución con tintes populistas que lo último que busca es el bien de las personas. Hoy, tristemente vemos que las reformas planteadas no son las adecuadas para garantizar los derechos sociales ni se contemplan los mecanismos económicos para lograrlo. El país clama que los Poderes de la Unión colaboremos de forma seria en el estudio de los problemas nacionales que se solucionan al plasmarlos en la Carta Magna. Es por ello que hoy, dadas las múltiples faltas de forma y de fondo que vemos en el dictamen, votaremos en contra del mismo, no sin reiterar que aportaremos soluciones a través de las reservas que hemos entregado ya en comisiones unidas en dos ocasiones, como las que estaremos presentando en este pleno a fin de contribuir a generar un país más justo, que haga posible de ese tan necesario y constante proceso de perfeccionamiento social, económico, político y cultural. Quiero concluir con dos temas que me preocupan y que nos deben ocupar hoy. Mientras que en Estados Unidos el Congreso de allá libera 8 mil 500 millones de pesos para la epidemia del coronavirus, la Unión Europea hace lo mismo. Mientras que muchos países se encuentran en verdaderos apuros por ese tema, aquí pareciera ser que no les importa tanto. Hago votos porque nos pongamos a discutir lo importante y a que este Congreso y a que la mayoría pueda aprobar los fondos que ocupa la Secretaría de Salud, y que necesita para que este país esté preparado para esta pandemia y para las demás que vienen. La vida, la vida... Quisiera aclarar el término de pandemia, para quien hizo uso de la voz desde su curul, y señalarles que pandemia es cuando un virus llega a diferentes países. Valdría la pena que aclarasen el tema. Hoy, a los 63 años de un servidor de ustedes, la vida se vuelve casi casi interesante, cuando ya has aprendido las mentiras de los demás y empiezas a disfrutar observándolos. Viendo que siempre dicen otra cosa de lo que piensan, de lo que quieren en verdad. Esta reforma constitucional, dicen que les importa el bien común, y lo que están observando realmente es que tenga un interés clientelar. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.