La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez: Con la venia de la presidencia. Doctor Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compañeras y compañeros legisladores. Esta soberanía recibe el informe anual de actividades que por ley está obligado a presentar al Poder Legislativo. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, aún reconociendo que el informe es anual, se debe hacer un balance de los seis años de la pasada administración gubernamental, donde la violación de los derechos humanos alcanzó altos niveles de afectación a los gobernados. Sin lugar a dudas, el caso emblemático es de los estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Guerrero. Los familiares y amplios sectores de la sociedad no comparten la denominada verdad histórica, formulada por ex procurador Jesús Murillo Karam, de que los estudiantes fueron asesinados y posteriormente calcinados. En Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo compartimos la opinión del órgano jurisdiccional de Tamaulipas, por el que se obliga a investigar de nueva cuenta este asunto y, desde luego, compartir el ánimo de llegar a la verdad que impulsa al nuevo gobierno para crear, con fecha 4 de diciembre de 2018, el decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y el acceso a la justicia. Los responsables de este atroz delito deben ser sancionados legamente. La desaparición de personas y desaparición forzada debe hacerse visible. No se pueden quedar en el olvido casos como el de los tráileres con cajas llenas de cuerpos que aparecieron por todos México. Tampoco los de los miles de cuerpos que fueron encontrados en fosas clandestinas. Hay que recordar que todos ellos son hijos de alguien, hermanos de alguien, esposos de alguien. Alguien los está buscando y ustedes tienen que hacer visibles estos casos, no pueden quedar impunes. En pasadas legislaturas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa de reforma constitucional en su apartado A, con el propósito de que las recomendaciones que emitiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueran vinculantes para la autoridad a la cual van dirigidas. Estamos ciertos de que no se debe permitir que bajo trucos legales las autoridades a las cuales va dirigida al recomendación evadan el cumplimiento. Más aún, se debe avanzar en el fincamiento de responsabilidades a las autoridades omisas en el respeto a los derechos humanos. Nos preocupa la situación de degeneración de justicia en los tribunales mexicanos que ha obligado a que se acuda a la jurisdicción internacional para acreditar responsabilidad, no ya de alguna autoridad, sino del Estado mexicano en su conjunto. Creemos que la Comisión a su cargo tendría que dar un acompañamiento a las víctimas a efecto de que no se violen las garantías procesales previstas en el artículo 20 constitucional. En un país con una impunidad de casi el 96 por ciento de los delitos, queda claro que la inacción de las instituciones encargadas de procurar justicia, y en su caso de los órganos jurisdiccionales, es muy grande. Todas las autoridades debemos encargarnos de que la justicia mexicana se aplique eficazmente y de que los centros penitenciarios no sean los lugares en donde solo quienes no tienen dinero para pagar un defensor se encuentren pugnando su pena. Señor presidente, en este nuevo gobierno la prioridad es el respeto a la ley y consecuentemente a los derechos humanos de los gobernados, sin embargo queremos destacar que hay delitos como el feminicidio y los derechos de los grupos vulnerables, en donde la Comisión a su cargo tiene que ser muy vigilante y denunciarlos oportunamente. Nosotros, como legisladores federales, asumimos el firme compromiso de impulsar medidas legislativas que permitan una eficaz tutela de los derechos humanos en su fase de prevención y sanción. El defensor de derechos humanos tendrá en nosotros un firme aliado para que México vuelva a ser un país donde la vigencia del orden jurídico tenga plena aplicación. Debe estar seguro que analizaremos con detenimiento el informe presentado y, en su oportunidad, le haremos llegar nuestras informaciones, no sin antes decirle y agradecerle el que esté aquí. Decirle que sabemos que ha tenido que desarrollar su encargo con un gobierno que ha estado lleno de corrupción y eso no permite hacerlo de la mejor manera. Es cuanto.