El diputado Víctor Samuel Palma César: Compañeras diputadas y compañeros diputados, a efecto de hacer la presentación de una iniciativa que se ocupa de los temas de la política social y toda vez que está publicado en la Gaceta, quisiera hacer una digresión, aprovechando la exposición que hay en esta sala sobre Václav Havel, y recordar que Václav Havel, como líder de la reforma de la Revolución de Terciopelo, en Checoslovaquia, y como intelectual y escritor hacia diversas reflexiones en los momentos más duros del debate en Checoslovaquia, y refería él que su crítica al sistema socialista, más que ser una crítica ideológica era una crítica ética. Y al mismo tiempo señalaba que la política tendría que ser evaluada por sus resultados y no por el discurso. Y al mismo tiempo, cuando enderezó una revisión muy profunda del comportamiento humano en el sistema totalitario, hizo una denuncia del miedo, del miedo que implicaba el sometimiento a un aparato de Estado tan poderoso y el manejo discrecional que desde luego tenía, pues era un régimen de carácter autoritario. Hago estas reflexiones porque ocuparnos hoy de la política social es ocuparnos de uno de los temas más relevantes de nuestro tiempo, y desde luego para el país. Un asunto que creo que mide con toda claridad el grave problema que tenemos en política social es que se combinan en nuestro país dos aspectos muy relevantes. Por un lado, somos una de las economías más grandes del mundo, por otro lado, somos uno de los países más desiguales del mundo. Esta situación marca, por sí mismo, el nivel de contradicción que ha tenido nuestro propio desarrollo y, desde luego, esta situación ha tratado de corresponderse o de atacarse a través de la llamada política social. Y hemos acreditado en el país ya un largo recorrido de políticas sociales, políticas sociales que acreditaron a nuestro país, primero, como uno de los países que construyó y creó el constitucionalismo social en el mundo. Y después avanzamos hacia la definición de una serie de políticas sociales que se dio en llamar "focalizadas", y llegamos, sin embargo, a un momento donde se ha puesto en duda la autenticidad de la política social y ha quedado muchas veces en evidencia el uso político que se le da al otorgamiento de recursos focalizados o personalizados. Esto singularmente quedó de relevancia en las pasadas elecciones de 2006, en términos de la propia calificación que dio a las elecciones presidenciales la autoridad electoral y por lo tanto no es meramente una opinión de carácter personal. En este marco, quiero decirles que es indispensable recuperar realmente una política social de Estado a favor de la igualdad. La cual deberá retomar todas las experiencias más exitosas y ser capaz de afrontar los nuevos desafíos. El objetivo de la política social debe tener como divisa fundamental que la población con mayores carencias alcance cuando menos los promedios nacionales de bienestar. Ante ello, esta proposición busca crear a nivel constitucional una Comisión Nacional de Desarrollo Social que tenga como objetivo la formulación y la coordinación de la política social del gobierno federal, para lo cual debe contar con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios. De esa manera se encargará de la creación y operación de programas sociales y combate a la pobreza con auténtico nivel de Estado, eficacia, transparencia y plena imparcialidad como lo dicta el interés público. En otras palabras, estamos proponiendo en efecto, construir un órgano con autonomía técnica, con autonomía de Estado para el diseño y la instrumentación de la política social. Por ello este proyecto de decreto busca adicionar el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y derogar el párrafo 7 del artículo 26 y el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo primero. Se adicionan cinco nuevos párrafos al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: El Estado contará con una Comisión Nacional de Desarrollo Social, que tendrá a su cargo la formación y coordinación de la política social. Esta comisión contará con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios y tendrá las facultades necesarias para la operación de los programas sociales y de combate a la pobreza. Con esta iniciativa y con la reforma correspondiente a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal buscamos, en efecto, crear una política social de Estado, sacarla del debate político, darle profundidad y continuidad a lo que resulta más importante para todos nosotros, que es la acción de igualdad, de equidad y de desarrollo social. Muchas gracias, señor Presidente.