EL DIP. DELFINO GARCES MARTINEZ: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados: señoras y señores ahorradores que hoy nos acompañan: Me corresponde el privilegio de presentar ante ustedes en forma ya de Iniciativa de Ley, la propuesta que crea un fondo público que respalde a los más de 600 mil ahorradores que confiaron en las cajas de ahorro, cooperativas o sociedades de ahorro y préstamo, que por abuso de particulares, errores y graves omisiones de las autoridades, Leyó la iniciativa, insértese. Señoras, señores Diputados. Señoras y señores Ahorradores que hoy nos acompañan. Me corresponde hoy el privilegio de presentar a Ustedes en forma ya de iniciativa de Ley la propuesta de creación de un Fondo público que respalde a los más de 600 mil ahorradores que confiaron en las cajas de ahorro, cooperativas o sociedades de ahorro y préstamo, que por abuso de particulares, errores y graves omisiones de las autoridades Haciendarias y de la Procuraduría General de la República, han sufrido un grave y total quebranto de su patrimonio. Y digo privilegio porque el origen de la iniciativa es la propuesta que nos entregara hace ya un mes el Consejo Nacional de Ahorradores y ha merecido el respaldo de diputados de diversos grupos parlamentarios, por lo que ha sido suscrito por 142 diputados. A pesar de las diferencias recientes entre los diferentes grupos parlamentarios, debemos y podemos dar muestras claras de que la Cámara habrá de resolver por la vía legislativa el grave problema de las familias afectadas posponiendo cualquier consideración de orden político. La iniciativa que fue publicada el día de ayer en la gaceta, establecería un Fondo dotado de recursos fiscales, que permitiría cubrir el pago a los ahorradores a partir del mes de noviembre. Se incluiría a las cooperativas cuyo apoderado legal es el señor Ocampo Verdugo y que cuentan con numerosos y cuantiosos bienes en manos de la PGR y de la SHCP desde hace ya más de seis meses sin que se haya dado informe de su administración, valor y usufructo. Tan sólo en el caso se beneficiarían 181,000 familias de mexicanos que han sufrido un verdadero e irresponsable atropello por parte del actual gobierno. Se consideraría también, el caso de la sociedad de El árbolito en la que fueron afectados cientos de familias, la Caja Popular de El Sol que cuenta con 53,000 afectados, la del Vestido, la del Calzado, la del Angel y muchas otras que se encuentran en igual condición y dan cuenta de un problema del conjunto del sistema de cajas de ahorro, problema tolerado y por ende promovido por las autoridades hacendarias al incumplir sus obligaciones establecidas en la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, entre otras. Se estima que el total de beneficiados podría rebasar los 600 mil de acuerdo a la cambiante información que maneja la Secretaría de Hacienda. La secuencia del pago que prevé la iniciativa estaría dada, a partir de la conclusión de las auditorías que vaya efectuando el Fondo a las cajas o sociedades referidas. La magnitud del resarcimiento estaría dado por la dimensión de los recursos fiscales que destinemos en éste próximo ejercicio y el valor de los bienes que en su caso se logren recuperar. Se prevé una asignación de éste ejercicio fiscal por dos mil millones de pesos y se plantea que la asignación correspondiente al 2001 sea incluida en el Presupuesto del Egresos de la Federación. La iniciativa no establece el monto total requerido porque la SHCP no lo ha comunicado oficialmente a la Cámara esa cifra, pero si establece una primera contribución para evitar más demoras en el pago a los ahorradores. Hacemos la propuesta porque hemos estudiado la situación de las finanzas públicas y aún con las propias cifras oficiales, muchas de ellas incompletas, es evidente que el gobierno cuenta con recursos suficientes para atender esta propuesta. Se prevé un Comité Técnico en que la mayoría se constituya con la representación de los Gobiernos de los Estado afectados (5), por sobre los representantes federales (sólo 3) y en el que éste la voz de los afectados por conducto de 3 ahorradores electos por su Consejo Nacional. La iniciativa requiere ser dictaminada de inmediato por que otro retraso puede llevar a no conseguir ningún recurso del actual presupuesto, lo que significa dos cosas inaceptables: reducir sensiblemente el nivel de cobertura a los ahorradores y aumentar en al menos 5 meses la espera de todos ellos. Compañeras, compañeros, urge que dictaminemos, urge que hagamos valer la voz de la Cámara frente al Ejecutivo, urge que los ahorradores sean respaldados por la legislatura. Somos su única esperanza, cumplamos nuestra palabra. Todos los grupos parlamentarios dijimos, hace un mes haya afuera ante los offahorradores, que aprobamos en lo general el ante proyecto de iniciativa que presentaron. Llegó el momento de traducir éste compromiso en Ley y de hacerle justicia a esas familias que llevan meses y a veces años demandando solución sin ser escuchados. Se dirá por la opinión conservadora que no hay obligación legal de pagarles porque no cuentan con seguro de depósito, pero que acaso ¿no merecen un mejor trato que los 488 grandes deudores cuyos créditos por más de 90 mil millones de pesos fueron determinados como irregulares por el auditor de la Cámara apenas en 1999 y aún así contra la Ley y el decoro se pasaron a rajatabla a la deuda del IPAB y sólo éste año nos ha costado cerca de 13 mil millones de pesos? Ahí sí se puede y se debe, contra la Constitución incluso, pero cuando se trata de ahorradores de buena fe, de ingresos modestos, ahí no se puede, ahí si se viola la Ley. Se dice en los círculos oficiales del sector financiero que somos irresponsables cuando precisamente a este sector le correspondía evitar lo sucedido. Y fue negligente y omiso. En esos mismos círculos se insiste en que no deben utilizarse recursos fiscales cuando de ahí partió la mayor presión para multiplicar por cinco la deuda interna de México, hasta alcanzar más de 100 mil millones de dólares y beneficiar a no más que a un selecto y pequeño grupo de enormes deudores que hubieran podido pagar mucho más de lo que fueron requeridos. No señores, la Ley se hace aquí y lo que plantemos es conforme a derecho. Recursos hay y si faltan, tan sólo revisemos los créditos irregulares que refiero y de ahí saldrán los que nos falten. Señala Hacienda extraoficialmente que pagar a todos los ahorradores y prevenir otras crisis similares contaría poco más de 5 mil millones en el 2001, regresemos a cobro esos 488 créditos y transfiramos los recursos a 600 mil familias sin que ello cueste un sólo centavo más de lo que ya estamos pagando los contribuyentes. Las decisiones presupuestales son políticas y son públicas, que cada cual tome su posición sin pretextos y sin engaños. La primera reunión con ahorradores la tuvimos el 29 de agosto, hace ya dos meses. Ha transcurrido el tiempo suficiente como para legislar ante un problema tan urgente y de amplio efecto social. Ya no lo pospongamos, ni con el argumento de que hace falta tiempo para fijar postura, ni con el pretexto de que debe establecerse una legislación integral, compleja y tardada como si no existiera la Ley de Actividades y Organizaciones Auxiliares del Crédito y no se pudiese establecer una vía de solución expedita y eficaz al amparo de la legislación vigente mejorada. Solicitamos un dictamen rápido de la Comisión de Hacienda para que sea factible el inicio de operaciones del Fondo en noviembre. Solicitamos compañeras y compañeros su apoyo y participación a favor de los ahorradores. Me permito dar lectura a la iniciativa. Muchas gracias. C. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PRESENTES Algunas cajas de ahorro, constituidas bajo la modalidad tanto de sociedades cooperativas como de sociedades de ahorro y préstamo, ambas reguladas por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, tuvieron un funcionamiento irregular que no fue corregido y sancionado a tiempo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en perjuicio de cientos de miles de afectados, en su mayoría personas de escasos recursos que actuaron de buena fe y que vieron de la noche a la mañana perdidas sus aportaciones, con los consecuentes daños y perjuicios patrimoniales e incluso a la salud y a la vida. La cuestión se ha convertido, por su gravedad, en un asunto de interés público que el Estado no puede soslayar. Se está ante una falla estructural del sistema de ahorro popular que es preciso remediar por los elevados costos sociales y humanos que ha traído consigo. Con esta iniciativa de Ley se propone restablecer la equidad en el trato que se da a los ahorradores e inversionistas de la banca comercial que hasta ahora cuentan con un seguro de deposito ilimitado y los ahorradores de las cajas populares no tienen seguro alguno. A raíz de que el Consejo Nacional de Ahorradores expuso la problemática y que fue entregada una propuesta de solución a ésta H. Cámara de Diputados el pasado 25 de septiembre, la voz de las diversas fracciones parlamentarias representadas en la Cámara se ha expresado en sentido favorable a la utilización de recursos públicos para resarcir el daño causado a los ahorradores. Por ello, nos permitimos proponer una iniciativa de Ley que dé las bases para la constitución de un Fondo de Apoyo que a través de un fideicomiso constituido en Nacional Financiera beneficie a los ahorradores afectados. El costo fiscal derivado de la medida se verá disminuido necesariamente porque al momento de recibir el pago, cada uno de los ahorradores afectados endosaría en propiedad el pagaré que en su momento le fue entregado por la caja, quedando habilitada la fiduciaria para conservar la propiedad de todos aquellos bienes que sean recuperados. Asimismo, el gobierno cuenta con el margen suficiente en las finanzas públicas para apoyar a los ahorradores defraudados en las cajas de ahorro, sin que se presione la disciplina fiscal ni el déficit público y sin que se desvirtúe los objetivos macroeconómicos. Con el uso de recursos fiscales, los ahorradores recibirían a la brevedad sus recursos y el Estado esperaría la culminación de los juicios que permitirán el remate o disposición, en beneficio del propio Estado, de los distintos tipos de bienes que actualmente se encuentran bajo la custodia del servicio de los bienes asegurados, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el desaseguramiento que permita hacer exigibles los pagarés correspondientes. Para identificar a los beneficiarios del Fondo que, en virtud de la presente iniciativa de ley, se pretende constituir, se tomarán como base los resultado de las auditorías realizadas por los gobiernos de las entidades federativas en donde existen ahorradores afectados respecto de algunas cajas involucradas. Asimismo, el Comité Técnico podrá ordenar nuevas auditorías hasta cubrir la totalidad del universo de los ahorradores afectados. En la iniciativa se propone una aportación inicial con cargo al Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal y aportaciones subsecuentes para cumplir cabalmente el objetivo del fideicomiso que serán previstas en el Presupuesto de Egresos del 2001. El pago podría hacerse a través de instituciones bancarias que cuenten con una amplia red de sucursales, de conformidad con la base de datos proporcionada por la fiduciaria. En el Comité Técnico del Fondo tendrían participación representantes de los ahorradores, quienes finalmente son los beneficiarios. De esta manera, podrán ser escuchados en la toma de decisiones. Sobre la persona en quien puede recaer la designación de director del Fondo, se establece que deberá contar con vasta experiencia en materia financiera y se pone como limitación el hecho de que hubiera sido responsable en cualquier momento de la supervisión y vigilancia de las cajas de ahorro. Se evitaría así que cualquier servidor público que incurrió en omisiones o negligencia respecto de las cajas llegara a ocupar el cargo de director. Finalmente, y dada la extrema urgencia que representa la solución inmediata al problema, se prevé un rápido dictamen de la iniciativa, en razón del respaldo con que cuenta y su envío a colegisladora para que, con las resoluciones que aquella Cámara disponga, el Fondo de apoyo a los ahorradores entre en funcionamiento en el próximo mes de noviembre Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de que el Estado responda a la afectación social causada a los ahorradores, atendiendo a una cuestión de interés público, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente iniciativa de: LEY QUE CREA EL FONDO DE APOYO A LOS AHORRADORES AFECTADOS POR LAS CAJAS DE AHORRO Artículo 1°. La presente Ley tiene por objeto regular la constitución, integración y administración del Fondo de Apoyo a los ahorradores afectados por las Cajas de Ahorro. Artículo 20. Para los efectos de esta ley se entiende por: Ahorrador afectado. Persona que depositó sus ahorros en las cajas de ahorro y se ha visto imposibilitado para recuperarlos por razones no imputables al mismo. Bienes: valores, efectivo, valores depositados en cuentas de cheques, acciones, bienes muebles e inmuebles. Caja de ahorro: Las cajas de ahorro constituidas bajo la modalidad de sociedades cooperativas o de sociedades de ahorro y préstamo en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Fondo. El Fondo de Apoyo a los ahorradores afectados por las Cajas de Ahorro. Secretaría. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Artículo 3°. El Fondo será manejado en fideicomiso por Nacional Financiera de conformidad con las normas que se establecen en la presente ley, con las reglas de operación correspondientes y con el contrato de fideicomiso que celebrará la Secretaría con la fiduciaria, debiéndose incluir a los ahorradores afectados como fideicomisarios. Artículo 4°. El Fondo quedará constituido con: I. Las aportaciones que se determinen en el Presupuesto de Egresos; II. Los recursos derivados del remate o la disposición de bienes asegurados derivados de ilícitos relacionados con las cajas de ahorro; III. El rendimiento de los títulos y valores que emita el fondo o que sean puestos a su disposición conforme a esta ley. IV. Los rendimientos que bajo cualquier otra modalidad generen las aportaciones. Artículo 5o. Los bienes que integren el Fondo, sólo podrán destinarse a los siguientes fines: I. Cubrir a quienes se acrediten como ahorradores afectados, el saldo neto de sus ahorros más los intereses que se hubieren generado desde el momento en que se realizó la inversión. II. Cubrir los gastos que demande el manejo del fideicomiso, incluyendo los honorarios que puedan corresponder al Fiduciario conforme al contrato de fideicomiso respectivo. Artículo 6°. La calidad de ahorrador afectado deberá acreditarse con la presentación del pagaré que en su momento hubiera entregado a favor del ahorrador afectado la sociedad cooperativa o la sociedad de ahorro y préstamo. El pagaré deberá ser endosado a la fiduciaria en el momento de recibir el pago. Artículo 7o. La fiduciaria podrá realizar convenios con instituciones de crédito que cuenten con amplia red de sucursales para que, por conducto de ellas, se realicen los pagos correspondientes. La fiduciaria proporcionará a las referidas instituciones la base de datos que contenga el padrón correspondiente que deberá ser previamente validado por el Comité Técnico del Fideicomiso. Artículo 8°. Se crea un Comité Técnico integrado por un representante de la Secretaría; uno de la Comisión Bancaria y de Valores, uno de la fiduciaria y 3 representantes de los fideicomisarios, que serán electos por el Consejo Nacional de Ahorradores. Se invitará asimismo a participar en el Comité técnico a 5 representantes de las entidades federativas en cuyo territorio hayan ahorradores afectados Por cada miembro propietario se elegirá un suplente. Artículo 9°. El Comité Técnico deberá: I. Aprobar las operaciones que se realicen con cargo al Fondo, en los términos de esta ley, de las reglas de operación y del contrato de fideicomiso respectivos. II. Aprobar las Reglas de Operación del Fondo. III. Designar y remover al Director del Fondo. IV. Aprobar el programa de trabajo que presente el Director del Fondo. V. Aprobar el presupuesto de gastos que presente el fiduciario. VI. Ordenar la conformación de padrones de ahorradores, bajo las reglas que el propio Comité Técnico emita. VII. Las que se le atribuyan en esta ley, en las reglas de operación y en el contrato de fideicomiso respectivo. Artículo 10. A las reuniones del Comité Técnico concurrirán el Director del Fondo y un representante de la fiduciaria. Artículo 11. El Fondo tendrá un director general designado por el Comité Técnico. El Director deberá tener experiencia en materia financiera y no deberá haber desempeñado cargos relacionados con la supervisión y vigilancia del funcionamiento de las cajas de ahorro. off Artículo 12. El Director General presentará a la aprobación del Comité Técnico en la primera sesión el programa de trabajo que incluirá programa y calendario de pagos Artículo 13. La fiduciaria deberá reservarse las facultades necesarias para efectuar auditorías, exigir estados de contabilidad, documentos y demás datos a los administradores de las cajas o a los despachos que previamente a la entrada en vigor de esta ley hayan realizado auditorías a las mismas por instrucciones de la fiduciaria o a petición de los miembros del Consejo. TRANSITORIOS ARTICULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ARTICULO SEGUNDO. El programa de trabajo del Director del Fondo deberá aprobarse dentro de los 8 días naturales siguientes a su nombramiento. ARTICULO TERCERO. El gobierno federal hará una aportación inicial por conducto de la Secretaría por un monto de dos mil millones de pesos. Dicha cantidad deberá integrarse al fondo antes del 30 de noviembre del 2000. Las aportaciones subsecuentes que haga el gobierno federal deberán preverse en el Presupuesto de Egresos del 2001. ARTICULO CUARTO. El pago a los ahorradores acreditados de conformidad con las auditorías a las Cajas Populares de Ahorro que ya fueron concluidas y que obran en poder de la fiduciaria o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá iniciarse en el mes de noviembre del año en curso. El pago a los ahorradores de cajas distintas a las señaladas se hará cuando concluya el procedimiento de auditorías por acuerdo del Comité Técnico. ARTICULO QUINTO. Sólo podrán acogerse a los beneficios que otorga la presente ley ahorradores que sufrieron afectaciones con anterioridad al establecimiento de un seguro de depósito para este tipo de organismos financieros no bancarios. Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de octubre de 2000. Ojalá y después de haber presentado esta Iniciativa de Ley, hagamos conciencia de que hemos tenido muchas reuniones las diversas fracciones parlamentarias, y estoy consciente y convencido de que casi el 95 % de los que integran esta Cámara, esta de acuerdo conmigo, Ojalá y a la hora de la votación contemos con el apoyo en beneficio de cientos de miles de ahorradores. Muchas gracias.