La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros legisladores, los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; sometemos a consideración de este Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se derogan los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta; misma que se fundamenta y motiva en las siguientes Consideraciones La libertad de expresión representa en nuestro país no sólo un derecho fundamental, sino que se ha erigido como un pilar fundamental de la convivencia civilizada. El México independiente ha construido esta garantía individual consagrada por la Carta Magna, al mismo tiempo que consolidó las instituciones que la hacen posible. Salvaguardar el derecho de los mexicanos a expresar y publicar sus ideas, sin ser afectado por cualquier tipo de inquisición o censura, debe ser una prioridad para todos los mexicanos, pero principalmente para los legisladores. Testimonio de ello son precisamente las recientes reformas del Código Penal Federal, por las que se derogan los delitos de difamación y calumnia; así como correlativas reformas al Código Civil Federal, para que cualquier lesión al honor o reputación sean resarcidas por la vía civil por cierto, el día de mañana el Presidente Felipe Calderón Hinojosa promulgará el decreto que deroga tales artículos. La defensa de la libertad de expresión no ha sido un camino fácil, sobre todo porque en diversos momentos de nuestra historia, particularmente en la época de los movimientos armados, quienes ejercieron el poder político pretendieron vulnerar esta garantía individual. México surgió como nación en la tercera década del siglo XIX. Con frecuencia olvidamos que como todo país en formación, en esos primeros años nuestro país carecía de un andamiaje jurídico sólido y su normatividad se nutría de las leyes inspiradas en los usos y costumbres de la época colonial y de las más avanzadas ideas liberales, cuya influencia más notable es la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La inestabilidad política del momento motivaba entonces que a los acusados por delitos de imprenta se les juzgase como criminales de la peor peligrosidad y que las penas alcanzaran incluso a impresores y papeleros, calificados de cómplices, a pesar de tener sólo un papel incidental en la elaboración y distribución de escritos considerados como subversivos; aun cuando se tratara sólo de textos críticos al poder o a la norma imperante. En este sentido, y no únicamente en los albores de nuestro nacimiento como nación, sino también en nuestra etapa de consolidación como Estado independiente, era común que al amparo de disposiciones de naturaleza penal, los gobernantes en turno aplicaran todo el rigor de la ley, a aquellos que se atrevían a discrepar respecto de su formar de gobernar, inhibiendo de esta manera lo más sagrado de todo gobierno que se precie de ser democrático: la facultad de disentir, el derecho inalienable a expresar sus opiniones. Al respecto, es importante señalar que las instituciones republicanas tienen como su mejor defensor al periodismo, porque se instituye, en la mayoría de los casos en portavoz de la opinión pública, la plena reintegración de la libertad de expresión en la Constitución de 1917, puede considerarse como uno de los mayores triunfos que pudo alcanzar el pueblo mexicano en su evolución política. En esta época se expide precisamente la Ley de Imprenta que hasta la fecha nos rige. Así las cosas, en nuestro sistema jurídico la libertad de expresión, de manera genérica, se encuentra tutelada por los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General. Varios fueron los ordenamientos jurídicos y documentos que dispusieron en su texto la necesidad de respetar el derecho de expresión, así como de establecer límites al mismo. Esta garantía aparece de manera explícita por primera vez en la Constitución de 1857 en su artículo 6o. del que literalmente y sin afectarlo pasa a ser parte textual de la Constitución de 1917. Lo mismo sucede con el artículo 7o. que consagra la libertad de imprenta, hasta entonces único medio de publicitar las ideas, que fue modificado en el año de 1883 al introducir la figura del jurado popular destinado exclusivamente a juzgar los delitos de la prensa. El Constituyente de Querétaro lo elimina y retoma el texto original de 1857. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948, se cristaliza la evolución de la doctrina sobre el derecho de expresión y se reconoce la necesidad de proteger no solamente el ejercicio del derecho del sujeto que manifiesta sus ideas, sino también de tutelar el derecho que tiene el sujeto que recibe dicho mensaje, toda vez que la desinformación o tergiversación de la misma es tan nociva para el desarrollo pleno del ser humano, como la represión del derecho de expresión. Ahora bien, conviene apuntar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, al interpretar la prohibición de censura previa contenida en este instrumento internacional, que la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de responsabilidades para quien lo haya cometido y que el hecho de establecer una sanción de índole penal, actúa como una especie de mecanismo de censura previa al limitar dicho ejercicio por la amenaza del inicio de un proceso penal con las consecuencias que ello conlleva. En efecto, es de advertirse que la Ley sobre Delitos de Imprenta, a la postre reglamentaria de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General, no obstante que dada su génesis normativa es considerada preconstitucional, no puede negarse que forma parte de nuestro marco jurídico vigente, tal como lo han resuelto en diversas ocasiones los órganos del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, y como se ha mencionado, con la finalidad de brindarle efectividad a las reformas aprobadas por esta soberanía respecto de derogar delitos de calumnias y difamación del Código Penal Federal, se propone el siguiente proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 1o. y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta. Artículo único. Se derogan los artículos 1o. y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta para quedar de la siguiente forma. Ley sobre Delitos de Imprenta, quedando derogados los artículos 1o. y 31 de la misma. Ésta es la motivación que nos lleva a presentar hoy esta iniciativa que se presenta a la consideración de esta honorable Asamblea. Por su atención, muchas gracias.