El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Con su venia y con la venia de todas las compañeras y los compañeros. No es, como hemos escuchado aquí, la toma de nota un acto constitutivo. Los criterios reiterados del Poder Judicial federal hablan de la toma de nota como un acto administrativo de carácter declarativo. No podría ser de otra manera, porque de acuerdo al artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución, el derecho que protege y garantiza el derecho de asociación sindical es un derecho en donde las autoridades administrativas no tienen facultades para intervenir ni entorpecer la vida interna de los sindicatos. Y eso lo señala, con toda precisión, el artículo 382 de la Ley Federal del Trabajo: "está prohibido para las autoridades administrativas entorpecer la vida sindical". Eso mismo lo señala el artículo 3o., párrafo segundo, del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado mexicano, que establece la prohibición de entorpecimiento de la vida y de la libertad sindical. La autoridad del trabajo administrativa, el secretario del Trabajo, al no dar la toma de nota dentro del término de tres días que establece el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo está entorpeciendo la vida interna sindical, la libertad sindical, al privarlos también de las cuotas, al retener las cuotas, está afectando la autonomía sindical. Hay que decir que la autoridad administrativa laboral, el secretario del Trabajo, cuando conoce de una toma de nota o de un registro sindical, solamente puede conocer de requisitos formales, pero nunca sobre cuestiones de hecho, porque invadirá la autonomía sindical. La única autoridad, las únicas autoridades que pueden atender a cuestiones de hecho, materiales, cuando se provoque un conflicto laboral entre grupos al interior de los trabajadores, son las autoridades jurisdiccionales, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en su caso los tribunales federales. Pero esto no lo puede hacer el secretario del trabajo. Su intervención es meramente, repito, administrativa, declarativa, no constitutiva. El secretario del Trabajo, como lo mencionó el martes pasado el diputado Muñoz Ledo, no es un IFE sindical, no concede la toma de nota ningún efecto constitutivo, es simplemente administrativo y declarativo. Por lo tanto para nosotros, para nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hay un claro exceso, una deficiente actuación del secretario del Trabajo. El secretario del Trabajo ha violado el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo al no dar la toma de nota en el plazo de tres días; ha entorpecido la vida sindical violando el artículo 382 de la Ley Federal del Trabajo; ha violentado el artículo 3o. del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y sobre todo, ha trasgredido el artículo 123, apartado A, fracción XVI de la Constitución General de la República. Por todas estas conductas violatorias de la Constitución, de los tratados y de la Ley Federal del Trabajo, por afectar gravemente la autonomía sindical, el secretario del Trabajo debiera ser sometido a juicio político. Está en los supuestos del artículo 7o., de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece el artículo 7o., de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es motivo de juicio político la violación a las normas constitucionales y a las normas legales. Pido que no solamente respaldemos la propuesta, la proposición con punto de acuerdo leída por el compañero Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática, sino que estudiemos seriamente la presentación de un juicio político en contra del secretario del Trabajo por violar tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Muchas gracias, compañeros diputados.