LA C. DIPUTADA JACQUELINE GUADALUPE ARGÜELLES GUZMÁN (PVEM): Con su venia, diputado Presidente. "Compañeras y compañeros Legisladores: "En Tultitlán estado de México viven más de 510 mil habitantes y operan cerca de 600 empresas en tres corredores y seis parques industriales. "En 1958 se instaló en un predio de la Colonia Lechería una empresa denominada Cromatos de México, que 20 años después fue clausurada. Mucho se ha hablado en torno al foco de contaminación de suelo, agua y aire que representó el cierre de la extinta empresa propiedad de la firma alemana Bayer. "Este añejo problema sigue vigente en la agenda política empresarial porque hoy representa un cementerio de 75 mil toneladas de desechos tóxicos, todos ellos potencialmente cancerígenos, con contenido de cromo total, cromo exavalente, como tres y cromo seis, que se mantienen expuestos a los elementos sin protección adecuada dentro del predio donde se instaló la empresa y que nadie se atreve a remover. "Existen datos de un laboratorio especializado que analizó y confirmó que en las colonias Lechería y Recursos Hidráulicos existe un alto grado de concentración de cromo total en el suelo, el aire, el agua potable y las paredes, y que muy probablemente se encuentre su transporte también vía los productos fabricados dentro del radio de contaminación y la gente que habita la zona. "Se analizaron muestras de suelo, agua potable y paredes de la zona en cuestión y el estudio reveló concentraciones de cromo total que rebasaron la norma oficial NOMS/127FSA1/1994 que limita los niveles de cromo total para el agua potable, materiales de concreto y suelo. "Las muestras de paredes y suelo examinadas presentaron concentraciones de cromo total de 1.73 miligramos por cada kilogramo. El resultado rebasa por mucho la norma oficial que permite como referencia sólo una concentración de punto 05 miligramos por litro. La Semarnap aceptó que el Gobierno no podrá resolver sólo el problema de la confinación de desechos tóxicos, como el caso de Cromatos de México. Esta Secretaría sostiene que se necesita la mano firme por parte de los tres órganos de Gobierno del país, para poner solución al problema de los residuos tóxicos. Con poco más de un mes al frente de la Semarnap, el licenciado Alberto Cárdenas Jiménez ha supuesto que el Instituto Nacional de Ecología tiene los estudios suficientes para evaluar el foco de contaminación que representa todavía Cromatos de México y expuso que con base en esta información determinarán el impacto, no sólo del caso de Tultitlán en materia de desechos; en el mismo sentido, se condujo al Director de la Comisión Nacional del Agua. Estas declaraciones demuestran el total desconocimiento e insensibilidad política por parte de las autoridades ambientales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aceptó que México carece de zonas especiales para el confinamiento de residuos tóxicos y que el único sitio ubicado en el norte del país es inoperante. Sin embargo, cabe recordar que la nueva Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, publicada el pasado 8 de octubre, dará pie para la construcción de zonas de confinamiento en el país. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, está comprometido con el cuidado y conservación del medio ambiente, pues es ahí donde los mexicanos construiremos una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza. Por todo lo anterior, sometemos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo: Único. Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, al Instituto Nacional de Ecología, a la Profepa y a la Comisión Nacional del Agua, se aboquen a la investigación y a tomar medidas urgentes para evitar que en el municipio de Tultitlán, Estado de México, se sigan presentando eventos que impactan al medio ambiente, tales como la contaminación que provocan los desechos tóxicos en el predio, donde se ubicó la empresa Cromatos de México, y hecho que sea, se informe al Pleno de la Cámara de Diputados sobre su resultado. Es cuanto, señor Presidente. EL PRESIDENTE JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Túrnese a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Metropolitano. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo de exhorto al Ejecutivo Federal, se incorpore en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 el monto necesario para que el INEGI lleve a cabo el octavo censo agropecuario. EL DIP. VÍCTOR SUÁREZ CARRERA: Gracias, con su permiso señor Presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas. El suscrito diputado federal de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de esta H. Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, hago del conocimiento del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con fundamento en las siguientes consideraciones: La planeación agropecuaria ha sido proscrita en México desde hace 2 décadas por instrucciones de los intereses externos; centronizada la llamada mano invisible del mercado como rectora de la política del desarrollo agroalimentario a largo plazo; así han desaparecido, entre otras medidas a favor de la ideología del llamado libre mercado, el Centro de Economía Agrícola y la Subsecretaría de Planeación de la Sagarpa. De igual manera, no se ha levantado el Censo Nacional Agropecuario correspondiente al 2001, interrumpiendo así el ciclo iniciado en 1930. Todo país que se respete, que tenga autonomía y un claro de proyecto de nación, tiene información y estadísticas agropecuarias estructurales, y con esta base formulan planes y programas de desarrollo a mediano y largos plazos, tal es el caso, por ejemplo, de las leyes agrícolas multianuales, las llamadas Pharm Bill (?) en los Estados Unidos, de la política agrícola común de la Unión Europea y de los planes quinquenales que desde 1949 a la fecha rigen la política de desarrollo en China. A nivel internacional la FAO promueve la realización de censos agropecuarios nacionales en el marco del Programa del Ceso Agropecuario Mundial 2000, que cada país debe ejecutar dentro del decenio 1996-2005. La Ley de Información, Estadística y Geografía emitida en 1980 y modificada en 1983 otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la atribución de planear, desarrollar y vigilar y realizar el levantamiento de censos, así como de encuestas económicas y sociodemográficas. En su artículo 90 indica que los censos se practicarán de conformidad con las disposiciones que en cada caso fije el Ejecutivo Federal. No obstante, que el censo agropecuario se ha realizado cada 10 años, el correspondiente al 2001 no se llevó a cabo debido a la falta de recursos presupuestales, cuyo monto es del orden de mil 200 millones de pesos. A tres años de la actual administración, pareciera que no es importante la realización del Censo Nacional Agropecuario, como no es importante contar con una política de Estado para la planeación del desarrollo rural sustentable, aún y cuando en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece un título completo relativo a la planeación y coordinación de la política para el desarrollo rural sustentable. "No hay censos agropecuarios y hay medidas parciales como el levantamiento de padrones de productores agropecuarios en las entidades federativas. "Por su parte el Censo Nacional Agropecuario, con los materiales y técnicas de que se dispone, está diseñado para proporcionar información a niveles de áreas geográficas menores de un municipio, lo que apoyaría una correcta planeación del uso de los recursos que actualmente disponen dichas divisiones político-administrativas. "Finalmente es importante resaltar que sin la información del Octavo Censo Nacional Agropecuario no podría cumplirse el numeral 229 del Acuerdo Nacional para el Campo, relativo a la necesidad de contar con una Ley Multianual de Planeación Agropecuaria y Soberanía Alimentaria, compromiso fundamental para sentar las bases para una nueva política hacia el campo, por lo que, ante lo que anteriormente expuesto me permito presentar ante este pleno el siguiente "Punto de Acuerdo "Primero.- Exhortar al Ejecutivo Federal, para que incorpore en la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, el monto necesario para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y lleve a cabo el Censo Nacional Agropecuario en su octava versión. "Segundo.- Exhortar a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Cuenta Pública, en uso de sus atribuciones y, en su caso, para que incorporen en su dictamen de decreto del PEF 2004, el monto requerido por el INEGI para la realización del Octavo Censo Nacional Agropecuario". Es cuanto, señor Presidente. -PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Tiene el uso de la palabra el diputado don Maximino Alejandro Fernández Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con punto de acuerdo para que se exhorte a Contraloría Interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a agilizar investigaciones en torno a presuntos casos de corrupción. -DIP. MAXIMINO ALEJANDRO FERNÁNDEZ AVILA (PVEM): Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: A pesar del avance democrático, de la apertura de la información y de la mayor transparencia en el ejercicio de la función pública, en nuestro país se siguen presentando irregularidades y casos de corrupción que en muchos casos no son debidamente investigados y sancionados. No debemos olvidar que uno de los mecanismos que permiten el desarrollo de la democracia es la rendición de cuentas y ésta se traduce en la obligación que tienen quienes ejercen el poder público de responsabilizarse de su labor, de someterse a evaluaciones de su desempeño y dar a conocer los resultados de esa evaluación. Una sociedad será más democrática en la medida en que se evite el conflicto entre la búsqueda del interés personal y el interés colectivo, además la rendición de cuentas y el combate a la corrupción se han convertido en los signos de los últimos años. Desde muchos ámbitos de la vida nacional se demanda día con día su ejercicio y pleno respeto, por lo que como legisladores de la República tenemos la obligación de exigir a las autoridades su apego irrestricto a esta demanda. En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México le interesa conocer a fondo el estado que guardan las investigaciones en torno a presuntos hechos de corrupción por parte de ex funcionarios de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT, en el otorgamiento de permisos de caza fuera de la legislación vigente. No debemos olvidar que México es considerado uno de los países mega diversos del mundo, debido en gran parte al alto índice de endemismos presentados en las especies de flora y fauna. El factor principal de la disminución de la vida silvestre en México ha sido por factores antropogénicos, ya sea en forma directa, a través de una cacería comercial excesiva o indirectamente por invasión o destrucción de los hábitats naturales. En nuestro país, las actividades cinegéticas se encuentran reguladas, sin embargo se practican de forma ilegal, problema que se ha agudizado al amparo de la propia autoridad ambiental al expedir permisos de caza fuera de la Legislación vigente. Por este motivo, es de gran importancia que se ejerza de forma estricta la aplicación de las Leyes Ambientales a fin de conservar la flora y fauna. Grandes proyectos y programas de manejo de la vida silvestre se han implementado como son las Unidades de Manejo Ambiental, las cuales tienen como finalidad el poder reproducir en cautiverio a especies que por sus características se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Por todo lo anterior y atendiendo al interés de diversas organizaciones ambientalistas, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente Proposición como Punto de Acuerdo. UNICO.- Se exhorta a la Contraloría Interna de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que agilice las investigaciones en torno a presuntos casos de corrupción en el otorgamiento de Permisos de Caza por parte de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Es cuanto, señor Presidente. (aplausos) -EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Túrnese a las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene el uso de la palabra la Diputada María Marcela González Salas y Petricoli del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para una Proposición con Punto de Acuerdo por la que se propone que la Cámara de Diputados se manifieste en solidaridad con el Pueblo Boliviano y su Presidente señor Carlos Meza Guizbert (?) -LA C. DIPUTADAMARIA MARCELA GONZALEZ SALAS Y PETRICOLI. Señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados. En mi carácter de Diputada Federal con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, una Proposición con Punto de Acuerdo con base en lo siguiente: ANTECEDENTES.- En la hermana República de Bolivia durante el mes de Septiembre, se produjo una masiva movilización popular que puso de manifiesto diversos y complejos conflictos sociales, entre otros, el referido a la exportación del gas crudo a Estados Unidos y México por la vía de Chile. En respuesta, el Gobierno del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, declaró al país en estado de sitio y reprimió violentamente las manifestaciones. El pasado 17 de Octubre asumió la Presidencia de este país Carlos Meza con el respaldo de la inmensa mayoría de la sociedad boliviana. CONSIDERANDO. 1º.- Que es parte de los preceptos del Sistema de Naciones y del propio Estado Mexicano pugnar por la solución pacífica de las controversias entre países y dentro de esto, saludamos la salida Constitucional al differendo social en la nación hermana y consideramos indispensable manifestarse desde esta, la más alta tribuna del país, nuestra solidaridad con el nuevo Gobierno y la soberanía popular de Bolivia. 2º.- Que los pueblos latinoamericanos debemos cooperar, unos con otros, para consolidar una democracia que tenga como prioridad el desarrollo igualitario de nuestros países y la paz social a partir del respeto a la soberanía de las naciones. 3.- Que en este orden de ideas debemos oponernos moral y políticamente a cualquier intento de intervención por parte de terceros países que vulnere los preceptos en que los que coincidimos y que fundamenta nuestra relación con naciones soberanas. 4.- Que el nuevo Gobierno del Presidente Meza tiene la legitimidad , la voluntazd política y la disposición manifiesta de asumir la tarea fundamental de conducir el diálogo nacional bajo un espiritu fraterno para dirimir de manera favorable las causas que dieron origen a la crisis política en Bolivia y sentar las bases para impulsar el desarrollo democrático en justicia que demanda ese pueblo hermano. Que nuestra relación con la nación boliviana debe estar ahora, como siempre, signada por el respeto y el reconocimiento al inalienable derecho que como país soberano tiene de definir su propio destino. Que como nación pluriétnica, multicultural y multilingüe, México reconoce particularmente el valor de la lucha que se ha dado en Bolivia, los pueblos indígenas, así como su trabajo en pos de lograr un entendimiento intercultural que permita que la nueva democracia sea incluyente puesto que sólo así pueden forjarse consensos que sustenten el progreso y bienestar de los pueblos. Tomando en cuenta lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: Primero.- Que esta Cámara de Diputados manifieste al pueblo de Bolivia y a su nuevo presidente, el señor Carlos Meza Guizbert (?) nuestra solidaridad y respeto, así como un atento deseo de que la solución del conflicto social que hoy viven prive el diálogo fraterno, el estado de derecho y la institucionalidad que hace parte de su soberanía como nación. Segundo.- Que se exhorte al Senado de la República a manifestarse en términos similares. Atentamente. Marcela González Salas. -