El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores. El dictamen que se somete a discusión ante esta soberanía contiene reformas y adiciones a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que refuerzan, por un lado, su estructura y funcionamiento interno y que facilitan el acceso al sistema de protección de los derechos humanos, auspiciado por dicho organismo, de los gobernados que son víctimas de violaciones a sus derechos. Tales reformas y adiciones son del todo pertinentes, en virtud de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe construir la garantía política institucional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, más importante del Estado mexicano. Por ende, el apuntalamiento de su organización interna y la tendencia a facilitar la presentación de quejas que deban ser desahogadas por la Comisión Nacional, inciden directamente en la consolidación de la democracia y el Estado de derecho. Asimismo, indirectamente repercuten en la construcción de una legitimidad estatal de carácter sustancial. El dictamen contiene una adición al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional, mediante la cual se pretende empoderar al Consejo Consultivo de dicho organismo, dotándole de la facultad de opinar sobre el proyecto de presupuesto elaborado por el presidente de la Comisión Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente. Por otro lado, se pretende adicionar el contenido del artículo 29 del mismo cuerpo de leyes invocado, con el propósito de institucionalizar la suplencia en la deficiencia de la queja, para lo cual la Comisión Nacional debe orientar y apoyar a las víctimas de alguna violación a sus derechos humanos sobre el contenido de su queja o reclamación. Se amplían las previsiones para que los comparecientes puedan hacer llegar de manera expedita y sin cortapisas sus quejas, por lo que éstas podrán presentarse oralmente cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad. Y tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o de aquéllas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que así lo requieran, o personas con discapacidad auditiva, se les proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura o en su caso intérprete de lengua de señas mexicanas. Esto representa sin duda un avance sustancial en la vía por facilitar el acceso al sistema de protección de los derechos humanos de todas las mexicanas y todos los mexicanos, situación que es aún más relevante si tomamos en cuenta que todavía existen rezagos en materia de acceso a la justicia en el contexto jurisdiccional. Ya vimos que la nueva Ley de Amparo dejó algunos sesgos para eludir la erradicación de formulismos y tecnicismos, que complican el acceso a la justicia y la utilización de la vía del proceso extraordinario para proteger los derechos humanos desde el momento mismo de la interposición de la demanda. Un ejemplo de lo anterior es que no obstante que ahora que se requiere acreditar el interés legítimo en vez del interés jurídico, para efectos de la procedencia del amparo, se estableció que ningún momento el interés simple podrá ser considerado como interés legítimo. Por ello se insiste, el dictamen que hoy se somete a discusión nos lleva por la senda correcta en el camino por la consolidación del estado de derecho. Por lo anterior, los integrantes legislativos de la fracción de Movimiento Ciudadano, votaremos a favor de la presente reforma. Es cuanto, presidenta.