La senadora Patricia Mercado Castro: Muchas gracias, senadora presidenta. Compartimos una convicción, la prisión debe de ser el último recurso para resolver los problemas de violencia e inseguridad, para solucionar los conflictos que desgarran a nuestras comunidades. Creemos que es necesario, a la mitad del sexenio, evaluar la legislación y las políticas por sus resultados. Las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública implementadas no han logrado disminuir la inseguridad siendo la principal preocupación del pueblo de México. La impunidad y la inseguridad son de los pendientes más graves tras más de dos décadas de transición a la democracia. Sin embargo, el sistema acusatorio que es una apuesta correcta para lograr justicia para todas las personas está en proceso de debilitamiento ante las reformas que se han aprobado recientemente como, precisamente, la que aprobamos hace tres años, que amplió los delitos sobre prisión, que ameritan prisión preventiva oficiosa, precisamente, en la reforma al artículo 19 constitucional. Hoy dos de cada cinco personas privadas de la libertad, dos de cada cinco, no tienen sentencia, según la información estadística penitenciaria al cierre del 2021. El robo es la principal causa de internamiento en el fuero común. Por el delito de robo están en prisión una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres. Se calcula que un 80 por ciento de los delitos cometidos en el país se relacionan con daño patrimonial, según los datos de la encuesta de Inegi en la materia. Es hora de preguntarnos si la prisión es una sanción adecuada para conductas ilegales que solo tienen consecuencias materiales para las víctimas. Innumerables estudios nos indican que en nuestro país se vive un círculo vicioso, en donde la exclusión y la violencia se retroalimentan mutuamente. Muchas personas en internamiento provienen de contextos difíciles, son personas olvidadas por su padre, por su madre, por su familia o por su comunidad. La encuesta del Inegi nos muestra que cuatro de cada cinco personas en centros penitenciarios tuvieron como último empleo uno de bajos ingresos. De acuerdo con el Inegi casi el 43 por ciento de las personas privadas de la libertad manifestó que dejó la escuela porque tuvo que trabajar, mientras que el 21 expresó que porque no tenía dinero. Con estos datos hoy podemos decir que la legislación que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa está agravando la criminalización de la pobreza. Casi el 40 por ciento de las personas procesadas llevan más de 2 años en reclusión sin recibir sentencia. Esta prisión injustificada puede tener efectos irreversibles en las personas privadas de la libertad y sus familias, pues a nivel nacional, cuatro de cada cinco tenían dependientes económicos al momento de su arresto. El empobrecimiento de estos hogares a falta de oportunidades para contar con un empleo en condiciones dignas, es una fórmula que se dirige a continuar con los ciclos de reproducción de la pobreza. Por estas razones estamos planteando la presente iniciativa, para reformar el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. El planteamiento es retirar, en el párrafo segundo del artículo 19de la Constitución Política, las causales de robo a casa habitación y robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, del catálogo de las conductas que ameritan la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Planteamos que se incorporen estas conductas delictivas en un catálogo nuevo, para que se establezca la necesidad de que un juez emita una medida cautelar para estos delitos. El uso de medidas cautelares, como son los brazaletes, es una alternativa que permite un seguimiento adecuado de las personas procesadas. Estamos conscientes que es importante exigir que exista una sanción, pero que esta sea proporcional y justificada. No se trata de castigar el mal, sino de que cada persona se haga responsable de sus actos y que enfrente un juicio justo, no una venganza del Estado. Por eso planteamos que las medidas cautelares sustituyan a la cárcel, cuando estos delitos patrimoniales se están investigando. Existen 14 medidas cautelares, como presentación periódica, retiro de pasaporte, resguardo domiciliario, localización electrónica. Un ejemplo de cómo esas medidas son además menos costosas para el erario es el costo. El costo de una persona en reclusión es de 60 mil pesos mensuales. La renta de un brazalete electrónico es solo una sexta parte, 10 mil pesos mensuales. Esta propuesta podría facilitar la justicia restaurativa, la reparación del daño y buscar que los delitos no vuelvan a repetirse. De no hacer los cambios a tiempo, en unos años tendremos una saturación penitenciaria muy costosa, en términos presupuestales y humanos, que tendrá efectos, como no la ha tenido, en la paz que hoy desea alcanzar nuestra sociedad. Muchas gracias. La presidenta senadora Olga Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores. La presidenta senadora Olga Sánchez Cordero Dávila: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, señor diputado.