La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Gracias. Lo que ha comentado ya el diputado Cárdenas, creo que es bastante ilustrativo en términos de la parte jurídica. Además de que volvemos a remarcar que el tema de la pena de muerte está proscrito en los tratados internacionales de derechos humanos, sería interesante hacer un análisis del por qué se plantea en estos momentos la pena de muerte. Miren ustedes, en estos momentos en que el Estado, en que el gobierno federal ha claudicado y abdicado de todas sus responsabilidades; que ha llevado a una crisis profunda y contundente a este país; en estos momentos en que muchos de los medios de comunicación y, con sinceridad y en concreto, las televisoras monopólicas en este país se han dedicado a manipular el odio, a manipular el miedo, a manipular y seguir promoviendo, como ha quedado claro, temas clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos. En estos momentos en que se está destruyendo absolutamente todo tejido social, que nos digan que el deber de los legisladores de una nación como ésta es convocar y discutir el tema de la pena de muerte sería también claudicar a la responsabilidad que tenemos. Los legisladores, en un país como éste deberíamos aportar elementos para la reconstrucción de nuestra nación, deberíamos aportar elementos para reivindicar el derecho a la vida, y todos los derechos humanos que nos permite la continuación de la vida. Cuando hablamos del derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, no son demandas de los pobres, son derechos humanos por la sola condición de seres humanos. En ese sentido, deberíamos de estar aportando en la construcción de todos aquellos elementos que nos aseguraran esas condiciones para que la vida se pueda expresar en todos y cada uno de nosotros y en todos y en cada uno de los seres humanos que viven en este país. Plantearnos en estos momentos la pena de muerte tomando en consideración cómo está el tema de la justicia en este país, ¿a qué es a lo que estamos aspirando? Que a la gente de Atenco en lugar de haberle puesto 160 años de pena, ¿los hubieran condenado a muerte? O a las indígenas de Querétaro, ¿hay que condenarlas a muerte? O a los indígenas, a los pobres, a los enfermos, a todos los que nos molesten y estorben para construir nuestros acuerdos y proyectos nacionales, ¿a todos ellos hay que condenarlos a la pena de muerte? Porque no vamos a condenar a la pena de muerte sólo a los secuestradores. Miren ustedes que hay secuestradores que tienen condenas infinitamente menores que dirigentes de movimientos sociales en este país. Llamar a la pena de muerte, convocar a la sociedad a que discuta el tema de la pena de muerte y pedir que los legisladores en estos momentos, en estas circunstancias trabajemos sobre el tema de la pena de muerte es renunciar a la responsabilidad de construir las condiciones mínimas para la vida, para las cuales fuimos electos todos. Es una vergüenza. Es una vergüenza que se venga a plantear el tema de la pena de muerte cuando lo que tenemos que resolver son más de 18 mil muertes por una guerra infame e ilegal planteada por el gobierno federal; cuando lo que tenemos que resolver es la situación de 7.5 millones de jóvenes en este país sin derecho al trabajo, sin derecho a la educación, sin derecho al futuro; cuando tenemos que resolver el tema del agua, que hace rato estuvieron planteando, para que sea reconocido realmente como un derecho a la vida. Plantearnos en estos momentos el tema de la pena de muerte es un verdadero crimen contra el pueblo mexicano. Estamos llamados a reconstruir el tejido social, a luchar por la vida, a trabajar para que las leyes en este país les sirvan a los seres humanos y no para hacer spots o comerciales que vendan muchos, pero muchos, productos en sus cadenas televisoras.