El diputado Julio César Moreno Rivera: Compañeras y compañeros diputados. Me llama la atención las posturas en contra sobre este dictamen tan importante, porque pareciera que estamos hablando de verdades a medias o medias mentiras o que se está tergiversando. Por el contrario, invitamos el Grupo Parlamentario de Morena, a las y los diputados a votar a favor de este dictamen, que es de gran impacto para cerca de 127 millones de mexicanas y mexicanos que reside en nuestro territorio, así como para 21 millones de compatriotas que por diversas razones viven en el extranjero. Y argumento lo siguiente, porque me llama la atención que dicen: el uso no justificado de datos biométricos. ¿De dónde sacan eso? Lo que dicen, si lo que se está, en este caso, pretendiendo, es que solo el gobierno tenga los datos biométricos y no como actualmente sucede de cualquier particular, los tiene, es decir, se pone orden por primera vez y se protege los datos biométricos de las y los ciudadanos. Y argumento lo siguiente: como es de su conocimiento, compañeras y compañeros legisladores, cada estado de la República tiene sus propias oficinas de Registro Civil y cada uno tiene sus propios requisitos, procedimientos, costos, etcétera. Pero el objetivo de expedir la presente ley general es, sencillamente que las funciones y facultades del Registro Civil sean los mismos procedimientos en beneficio de las y los mexicanos, que nos encontramos en este recinto, así como las y los ciudadanos tenemos derecho a la identidad, el cual es un atributo único, irrenunciable, intransferible y propio de las personas, tal y como lo reconoce nuestra Constitución Política en su artículo 4o. De igual forma se encuentra establecido en diversos instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niños, entre otros. Las políticas públicas que ha implementado el Estado mexicano para garantizar este derecho se instrumentan en las 32 entidades y en los consulados de nuestro país en sus funciones del Registro Civil. En esta institución, en los 32 estados de nuestro país, cada uno tiene sus propias reglas y procedimientos, razón por la cual en muchos casos se pueden presentar errores o deficiencias en estos procesos, lo cual obliga a las personas afectadas a realizar la corrección o correcciones correspondientes mediante la vía administrativa o judicial. Lo anterior enfrenta, a las y los ciudadanos, a la desarticulación de los Registros Civiles con procedimientos en algunos casos obsoletos y costosos, con requisitos que cambien de un estado a otro. Por estas y otras razones, a fin de homologar criterios que otorguen certeza y seguridad jurídica para resolver esta problemática, en el 2017 se llevó a cabo la reforma constitucional al artículo 73 para otorgar las facultades al Congreso a efecto de expedir las leyes que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles, otorgando el plazo de 180 días naturales, lo cual no se ha cumplido y han pasado más de 5 años de esta omisión legislativa, motivo por el cual la Suprema Corte mandató al Poder Legislativo llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de complementar esta obligación constitucional. Con el presente decreto la Cámara de Diputados da cabal cumplimiento a la armonización de facultades en los tres órdenes de gobierno para estructurar y homologar la organización y procedimientos de los Registros Civiles, lo que se traduce en ser más expeditos y facilitando diversos trámites, como: solicitudes de inscripción, de rectificaciones, anotaciones, etcétera. Y, para garantizar su cumplimiento, se establece un título reactivo a las responsabilidades y sanciones para los servidores, para lo cual los actos u omisiones que impliquen incumplimiento a las disposiciones del presente decreto. Estas sanciones administrativas son independientes de las de carácter penal o civil, en su caso corresponda. Con la expedición de la presente ley se eliminan las disposiciones contrarias entre las entidades federativas, se armonizan los procedimientos otorgando facilidades en su instrumentación y ejercicio para la población en materia de registro civil. De igual forma, se instruye la creación de un formato único en materia de registro de población con esta base. Las actas expeditas serán las mismas en toda la República Mexicana...