El diputado Rubén Aguilar Jiménez: Gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el suscrito Rubén Aguilar Jiménez, en mi carácter de diputado de esta Legislatura del H. Congreso de la Unión y como miembro del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta representación popular con fundamento en los artículos 71, fracción II, 55, fracción II y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a solicitar se turne a las comisiones correspondientes para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, de esta H. Legislatura, la siguiente iniciativa de decreto, con el fin de adicionar un párrafo al artículo 18, así como reformar los artículos 94, 97, 100, 101, 104, 105 y 110, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior con base en los siguientes fundamentos. Haré en esta ocasión sólo la presentación de esta iniciativa en términos generales, solicitando a la Presidencia que de manera integral se incluya en el Diario de los Debates. La procuración de justicia y la readaptación social son de los problemas que más afectan a la sociedad mexicana. Debemos garantizar que los delitos no queden impunes y un elemento para lograrlo es que los procedimientos de impartición de justicia sean lo más prontos y expeditos posibles, rescatando los principios de certeza, seguridad y celeridad jurídica establecidos en nuestra Carta Magna. La solución entonces a nuestros problemas de seguridad no puede reducirse al solo aumento de las penas y a la profesionalización de los cuerpos policíacos, es decir, no es suficiente con fortalecer a un Estado represor. Hay que establecer reformas que vean el problema de la delincuencia en forma social. Varios países latinoamericanos han emprendido esta tarea de reformas a las constituciones y códigos procesales para sustituir los viejos vicios de los sistemas de justicia penal inquisitorios. Entre estos vicios se encuentra la preponderancia excesiva del medio escrito que parcializa los procesos en contra de los imputados, alejándolos de la impartición del juez y consecuente atención de sus subalternos. El aumento en la confianza al sistema de justicia penal trae consigo el incremento de las denuncias de delitos y la transparencia en el proceso. Un ejemplo de ello es el caso de Chile, que reporta el 87 por ciento de los casos como resueltos a sólo cinco años de aprobada su reforma en materia penal. En México, Nuevo León, Zacatecas y Chihuahua han iniciado un proceso de reformas en la materia, siendo Chihuahua la punta de lanza en virtud de la estructura creada en torno a la reforma penal, con temas novedosos como lo es la visión integral de la reforma donde se plantea el problema de la justicia desde donde se generan los ilícitos, es decir, la seguridad pública y termina con las leyes de medidas de seguridad o ejecución de penas. El caso Chihuahua es de relevancia porque fuimos copartícipes en el desarrollo de la reforma integral penal, derivada de un gran pacto político emergente sin el cual no hubiera sido posible. Nuestro objetivo es alcanzar una procuración y administración moderna capaz de conciliar todas las eficiencias del poder punitivo del Estado, con pleno respeto a las garantías individuales y orientada a una política criminal preventiva. Antes de iniciar cualquier reforma en materia procesal es necesario que se reconozca a los operadores del sistema penal acusatorio en el ámbito constitucional. En principio debemos considerar que nuestra Constitución Política garantice un procedimiento penal transparente, ágil, confiable, eficiente y con arreglo a las garantías que para toda persona establece nuestro máximo ordenamiento jurídico. Esto necesariamente se tiene que revisar a través de tribunales que cumplan con los principios de imparcialidad, de publicidad, oralidad, eficiencia, concentración e inmediación. La presente iniciativa pretende que se reconozca en el ámbito constitucional la existencia de estos tribunales y específicamente jueces especializados en la materia, a saber los jueces de garantía y los jueces de juicio oral, ambos en materia penal. Actualmente el juzgador antes de dictar sentencia ya ha prejuzgado, se ha manifestado o emitido prejuicios sobre el objeto del proceso; con la figura del juez de garantía se busca la imparcialidad en los procesos. Es necesario separar en el juez sus competencias para resolver sobre la procedencia de la orden de aprehensión y el auto de formal prisión para resolver en definitiva el proceso. Con la figura del juez de garantía se pretende que se emitan las resoluciones preliminares, como la orden de aprehensión o vinculación a proceso, para distinguirlo totalmente de los tribunales que conocerán del juicio. Asimismo, se pretende que sea oral. Es por lo anterior que se intenta reconocer a nivel constitucional la transparencia, inmediación y oralidad de los juicios, a través de la figura de los jueces de juicio oral, los cuales en forma colegiada no conocerán de los hechos y pruebas materia del juicio hasta que se dé inicio la audiencia de debate en el juicio oral. Los jueces de garantía y jueces de juicio oral serán parte de los juzgados de distrito. Así, haciendo uso de estas figuras ya existentes, la carga presupuestaria sería la mínima posible. A su vez, otra solución sería agregar un nuevo depositario del ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la figura de tribunales de juicio oral. A partir de esta reforma se contempla la modificación de las atribuciones de los jueces y tribunales en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al pasar la materia de apelación de los tribunales unitarios a los tribunales colegiados. Por otro lado en la iniciativa se contempla la modificación al artículo 18 constitucional como una manera de preparar el camino a esta reforma en materia de justicia restaurativa, pues es en los centros federales de readaptación social de nuestro país donde hay graves problemas de sobrepoblación, violencia, corrupción y falta de personal capacitado. Aunado a esto existe la problemática de integrar a las personas que son liberadas de estos centros y, a su vez, que los reos retribuyan en parte los gastos generados a su manutención dentro de las instituciones penitenciarias. Con todo esto se instituyen las bases para la creación de una ley federal de ejecución de penas, que establecería el trabajo obligatorio como una forma de rehabilitación y sentaría las bases para despresurizar los centros penitenciarios a través de actividades específicas requeridas para acceder a la libertad anticipada y a otros beneficios similares. Es por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, que vengo a proponer reformas a la Constitución en el tema de sistema de justicia, con la confianza de que será elemento importante para la reforma del Estado. Muchas gracias.