EL C. DIPUTADO CESAR MONRAZ SUSTAITA: Con su permiso ciudadana presidenta. Señores diputadas y diputados de esta Legislatura. Con relación a la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, una vez que la hemos analizado ampliamente se determinó su procedencia, en virtud de que en la misma se otorga a los contribuyentes seguridad jurídica y promueve el fortalecimiento financiero de determinados organismos al otorgarles destinos específicos de ingresos. Consideramos importante destacar que la recaudación registra el concepto de derechos distintos a los provenientes de los hidrocarburos, de acuerdo a la estimación de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2003, se espera obtener 13,853 millones de pesos, de los cuales el 54% deriva por el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público y el resto por los servicios que presta el Estado en función de derecho público. El trabajo consensado y plural de los grupos parlamentarios tuvo como consecuencia, que se incorporen en el dictamen que sometemos a consideración de este pleno, diversas propuestas de legisladores de diferentes partidos, girando siempre sobre tres ejes fundamentales. El primero, realizar medidas de simplificación y seguridad jurídica. El segundo, promover el aprovechamiento sustentable de los bienes de dominio público de la nación. Y el tercero, el incorporar medidas para adecuar las disposiciones fiscales al entorno económico, por lo que señalamos las modificaciones más representativas como son las siguientes: Coincidimos con la propuesta de diversos legisladores, en el sentido de que es necesario elevar la cuota por la elaboración del dictamen técnico, para determinar los daños y perjuicios ocasionados por las infracciones a las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que propone el Ejecutivo federal. Asimismo esta Comisión considera necesario hacer la distinción entre personas física y moral en esta materia. Incluimos la propuesta en materia de Aguas Nacionales, consistente en que los contribuyentes que cuenten con varios aprovechamientos de agua en sus instalaciones, presenten una sola declaración, con ello simplificamos el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La iniciativa del Ejecutivo propone, con un sentido de elevar la cultura de uso racional de este vital líquido, el cobrar únicamente el agua que exceda de los volúmenes autorizados, lo que incluso ha sido previamente convenido con la mayoría de los distritos y unidades de riego del país. Sin embargo, consideramos necesario, en atención al sector al que va orientada esta política de racionalización, el cobrar únicamente el agua que exceda de los volúmenes concesionados y comenzar por cobrar 10 centavos en lugar del peso que se proponía en la iniciativa del Ejecutivo federal, y proponemos que los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por usuarios distintos de los municipales y organismos operadores de los mismos, que 200 millones de pesos tengan como destino específico el Fondo Forestal Mexicano para el Desarrollo y Operación de Programas de Pago por Servicios Ambientales. Consideramos que resulta conveniente incrementar el derecho que se cobra a los turistas conocido como el derecho de no inmigrante, derivado de este ajuste, otorgar un 10% de la recaudación obtenida a la Comisión Nacional de Areas Naturales protegidas, a fin de dotarla de mayores recursos para la preservación de las áreas naturales protegidas, destinando ahora un 45% al Instituto Nacional de Emigración, para mejorar los servicios que en materia emigratoria proporciona, y en un 45% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país. En materia de derechos que aplica la Secretaría de Gobernación, el análisis de los costos que se incurre por el trámite, estudio y clasificación, así como la autorización de exhibición de películas en el país requiere de personal cada vez más especializado, lo que motiva la conveniencia de establecer un derecho que permita cubrir razonablemente los servicios que se vienen proporcionando. Es importante señalar que todas las cuotas propuestas en ley se encuentran debidamente justificadas mediante el correspondiente estudio de costos, cumpliendo así con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. Finalmente, es así como el trabajo realizado conjuntamente con los diversos partidos políticos que integramos la Comisión de Hacienda y Crédito Público, hemos coincidido en considerar como premisa fundamental a la política hacendaria como una política hacendaria de Estado, la cual contextualizamos como una política integral que debe trascender los márgenes de la política tributaria y que debe repercutir en los diversos ámbitos de la política del Desarrollo. La Ley Federal de Derechos que sometemos a su consideración, honorable Asamblea, es sin duda una respuesta a los propósitos superiores del desarrollo nacional y el centro del marco de referencia integral, contribuye a cumplir con objetivos claros de una política económica, enfocado al bien común de la Nación. Es cuanto, señora Presidenta.