El diputado Víctor Hugo Cirigo Vasquez: Con su venia, diputado Presidente. Distinguidas diputados y diputados: el día de hoy vengo a esta máxima tribuna de nuestro país a presentar una iniciativa que busca adaptar la laicidad como un concepto transversal de nuestra Constitución de manera tal que, dentro de las actividades del Estado mexicano, no exista ningún poder o dominio de carácter religioso o secular capaz de imponerse a las funciones y obligaciones del Estado mismo. Sin embargo, esta definición constitucional ligada a la laicidad del Estado no debe entenderse como antirreligiosa, pues en ningún momento el Estado procurará socavar la libertad de culto; es decir, entrometerse en la vida privada de las personas para prohibirles que ejerzan con libertad sus creencias religiosas o las manifiesten mediante el culto público. Por el contrario, la laicidad del Estado constitucionalmente aprendida deberá asumirse como condición necesaria para que cualquier creencia, credo o religión cuente con un ámbito de libertad para poder existir, siempre que respete la existencia de las demás y la vocación neutra del Estado mexicano. Esto último es importante porque, pese a lo acostumbrados que podríamos estar con la noción de laicidad, la autonomía del Estado frente a las cuestiones religiosas es una invención relativamente reciente, cuyo proceso de formación nos ubica en el ideario de la Ilustración, esto es, en el génesis mismo del Estado republicano moderno. En una historia que nos enorgullece como país, porque fue el nuestro uno de los primeros que estableció formalmente esta separación entre la iglesia y el Estado, adelantándose incluso a los franceses que pudieron hacerlo hasta 1905, la reforma liberal del siglo XIX y su consagración en los textos constitucionales de 1857 y las posteriormente incorporadas Leyes de Reforma constituyen el evento histórico que cimienta definitivamente el régimen republicano en nuestro país. La reforma es, en otras palabras, el momento fundacional de nuestra actual república. Tan es así que gracias a las Leyes de Reforma fue posible suprimir en nuestro país viejos privilegios que favorecían a la jerarquía católica. Mediante un conjunto de disposiciones legales se pudieron redefinir y constreñir los campos de intervención de la iglesia católica que hasta entonces invadía competencias de la autoridad pública, por ejemplo, el cobro de derechos y obtenciones parroquiales, los servicios educativos, el Registro Civil, etcétera. Esta reformulación en la relación entre la iglesia y el Estado mexicano vio su cenit en la promulgación de 1857, la cual previó una serie de derechos y libertades que jamás habían sido consideradas para una carta fundamental, entre ellas la libertad en materia de educación, artículo 3o.; la eliminación de la coacción estatal en el cumplimiento de los votos monásticos, artículo 5o; la eliminación del fuero eclesiástico, artículo 13, etcétera. Es preferible no detenernos mucho en el recuento histórico de los agravios entre la iglesia y el Estado mexicano, pero es indispensable recordar que la separación de la iglesia y el Estado y con ello la fundación de una república en nuestro país ha debido reiterarse y reafirmarse nuevamente a lo largo de nuestra historia, pues algunos sectores de la jerarquía católica se han resistido en distintos momentos, inclusive con la violencia, a aceptar que la laicidad es y ha sido el principio fundante de nuestra república. La guerra cristera de 1926 a 1929 y el movimiento sinarquista fueron los dos últimos grandes conflictos armados en que el Estado se vio obligado a defender por la vía armada el principio fundante de laicidad. La historia nos enseña entonces que debemos siempre estar atentos a los intentos de las jerarquías eclesiásticas de imponer su hegemonía religiosa como un elemento consustancial a las actividades del Estado. Se trata de un riesgo del cual no debiéramos descuidarnos. Señoras diputadas y señores diputados, es tiempo de inaugurar una nueva etapa en la laicidad del Estado mexicano, es tiempo de fortalecer a nuestras instituciones democráticas para que no vean amenazadas su pluralidad y tolerancia, es tiempo que como comunidad política hagamos explícito aquello que resulta tan esencial a nuestro régimen. Por eso pongo a consideración de ustedes la necesidad de fortalecer la laicidad de manera transversal en nuestra Carta Magna, como garantía de libertad en las creencias religiosas y como realidad de una educación libre de dogmas (artículo 3o.); como un derecho a la libertad sexual y reproductiva (artículo 4o.); como una protección contra el trabajo sometido a creencias religiosas (artículo 5o.); como una libertad en las convicciones filosóficas (artículo 24); como una característica fundamental de nuestra república (artículo 40); como un elemento sustantivo en los gobiernos estatales (artículo 115); como una obligación de los ministros religiosos de no oponerse al laicismo (artículo 130). Las pretensiones de esta iniciativa, diputados, de ninguna manera pueden considerarse novedosas; al contrario, su contenido refleja el interés de todos los grupos parlamentarios, quienes tan sólo en las últimas tres legislaturas han presentado iniciativas sobre el tema con distintos alcances. Habida cuenta que incluso la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada legislatura aprobó un dictamen de alcances limitados debemos proveer a nuestra Carta Magna de un concepto transversal de la equidad...