El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, presidenta. Diputados y diputadas, un día como hoy, 103 años atrás, el presidente Carranza promulgó la nueva Constitución. Apenas el 31 de enero anterior, en Querétaro, los diputados habían votado el nuevo texto y cerrado los trabajos del Congreso. Por varias razones, nos encontramos ante un aniversario que debe motivar una especial reflexión para esta Cámara y para las fuerzas políticas que la componen. Apunto la primera: el próximo 21 de mayo se cumplen 10 años del magnicidio de Carranza. En la sierra poblana, en una humilde choza, se acribilló al estadista que hizo la Revolución. Al hombre de las instituciones, al que ajustó cada decisión del movimiento revolucionario a un dispositivo legal. Le quitaron la vida al hombre que en 1913 levantó el estandarte de la legalidad para enfrentar al usurpador. Al hombre que desde las lejanas tierras de Coahuila condujo la Revolución constitucionalista y derrotó al Ejército federal, a quien con magistral pericia diplomática sorteó las presiones norteamericanas y las ambiciones de los países europeos y mantuvo la Independencia. El recuerdo de los hechos en Tlaxcalaltongo obliga a meditar sobre Carranza, su vida, sus decisiones y el tiempo en el que actuó, aquel de finales del siglo XIX y principios del XX. El tiempo de la tensión porfiriana entre los avances cientificistas y la lacerante pobreza de millones de mexicanos encasillados a las haciendas. En Querétaro se reunieron 190 mexicanos decididos a construir una nación, maestros, abogados, campesinos, obreros, militares, que desde las más lejanas poblaciones de la patria llegaban con el mandato de diseñar desde la ley un nuevo país. Porque esa es la grandeza de Carranza, la Revolución la hizo ley. El Congreso de Querétaro fue investido de la más grande de las legitimidades: la proveniente de una Revolución, la que permite cambiar todo el orden jurídico, la que permite un nuevo proyecto de nación, la que autoriza a derrumbar y construir un sistema. Es la Revolución el hecho cierto e indudable que convierte a la Constitución en piedra angular para soportar un nuevo orden jurídico. En Querétaro no eran lejanos los días del Plan de Guadalupe, aquel pequeño texto fundacional firmado en el desierto. Tampoco los del discurso de Hermosillo, receptáculo de la visión social del primer jefe del Ejército Constitucionalista. En la esperanza de los mexicanos se tenía la referencia de Veracruz y las leyes expedidas desde allá por Carranza, del primer reparto agrario realizado por Lucio Blanco o de las legislaciones progresistas como aquella denominada Ley sobre Sueldos de Peones, expedida en San Luis Potosí por Eulalio Gutiérrez, en donde se pone un alto a tiendas de raya, a las deudas eternas y a los salarios miserables. El momento constitucional había llegado, la aborigen de la guerra, la natural ruptura de grupos armados, el choque ideológico e incluso la tensión entre el neoliberalismo del siglo XIX y la emergencia social del XX tenían que ser resueltos. En la guerra el pueblo ya ha dado una lección y en el texto constitucional tenía que quedar plasmado el aprendizaje. El mensaje de los obreros de Río Blanco, de los mineros de Cananea, de los campesinos de Morelos o de la incipiente clase media que reflexionaba sobre las libertades, tenía que traducirse en una respuesta constitucional. Ya no bastaban buenas intenciones o legislaciones secundarias o locales. Carranza no deja nada al azar, incluso el valor histórico y emblemático de Querétaro se trae a cuentas. Los constituyentes saben la enorme responsabilidad que tienen en el mandato. En sus hombros la memoria de miles de mexicanos muertos en los campos de batalla. Ante sus ojos la ciudad en donde se derrotó al imperio, y el recinto en el cual se juzgó a Maximiliano. En la Constitución también se requería un espacio para los aciertos del siglo XIX. Los conflictos que otras naciones vivieron hasta muy entrado el siglo XX, México los sorteó mucho antes. Resolvimos la separación Estado-Iglesia y además nos quedamos con una sólida identidad nacional. La reforma y la derrota del imperio, lograron estos dos objetivos. Por otro lado, los constituyentes habían sido testigos o actores de la inconformidad. La tierra debería ser para quien la trabajara; la educación para todos y los derechos laborales, una justa garantía de mejor distribución de la riqueza. México logró la primera Constitución social del siglo XX. Ese es el tamaño de la epopeya revolucionaria. Apuntemos un segundo planeamiento: ante la legitimación de nuestra centenaria Constitución, ¿es deseable un nuevo texto? Estoy convencido de que lo más importante es conservar y, en todo caso, fortalecer el mandato de los padres fundadores del México moderno. No hay actor político ni movimiento que tenga una mayor legitimidad que aquel surgido del pueblo en armas. En nuestra Constitución no se puede dar marcha atrás en los temas torales: Estado laico, derechos humanos, derechos sociales, federalismo y democracia. Solo tenemos la libertad de mejorar los derechos de las personas, y donde se han suscitado desviaciones, corregirlas. La reforma de 2011 en materia de derechos humanos se montó sobre las garantías individuales discutidas en el 17. Felizmente se ampliaron los derechos. El árbol dio frutos en los principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad y pro persona. No toquemos lo que nos ha hecho grandes. Los constituyentes rescatan y consolidan la aspiración de un Estado laico, la división que reclamó Andrés S. Viesca cuando dijo: un dios en el cielo y una patria en la tierra. El Estado laico es más que la separación de los poderes terrenales y espirituales, significa entre otras cosas que la autoridad en sus decisiones se apoye en los principios aceptados por la humanidad y la ciencia, y se olvide de usar argumentos ajenos a ellos, por más populares que sean estos últimos o más fuertes que resulten las convicciones personales. La Constitución del 17 nos dijo que el país es de todos y, por tanto, la riqueza del mismo debe ser para el aprovechamiento colectivo. No limitemos derechos; por el contrario, regresemos al espíritu original de la Carta Magna. Y en materia laboral eliminemos de tajo los dispositivos que engañan al trabajador y lo mantienen en la pobreza. Me refiero a la práctica de los seudopatrones, esta de la que se usa una palabra extranjera para nombrarla. El siglo XIX dejó claro que la mejor forma de organizarnos es el federalismo. Es la única manera de mantener unida la diversidad que somos. Carranza lo sabía y tenía además la certeza de que el municipio fuerte era la respuesta para resolver los problemas más cercanos a la gente. Como coahuilense, Carranza era hijo de un estado cercenado por el centralismo. Sabía que una artificial uniformidad de las entidades lo que provoca es inconformidad, el abandono de lo local y el trasvase a la metrópoli de la riqueza que producen las entidades. El 2020 es un buen año para reflexionar y actuar. La figura de Carranza representa la legalidad, la posibilidad de construir una nación desde la solidez de nuestro pasado, la defensa inquebrantable de las instituciones, el Estado de derecho y el bien más preciado que tiene nuestro orden jurídico: la democracia. Que el pensamiento de Carranza ilumine los trabajos legislativos y que de nuestra inteligencia colectiva surjan las disposiciones jurídicas que sirvan a México y a los mexicanos. Muchas gracias.