La diputada Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento esta iniciativa a nombre de mi Grupo Parlamentario Morena. Actualmente nos encontramos con la desafortunada realidad de que la humanidad parece no haber abandonado la violencia, la represión y la persecución como medios para lidiar con disputas ocasionadas por diferencias ideológicas, raciales, religiosas o étnicas. De acuerdo con datos recopilados por el Instituto de Investigaciones para la Paz de Oslo, el 2017 fue uno de los años más violentos para la humanidad desde la Guerra Fría, mostrando un incremento en el número de conflictos no estatales a un total de 82 en comparación a los 62 que existieron en el 2016. Evidentemente, al vivir en un mundo que aún se encuentra lejos de alcanzar niveles de paz generalizados y duraderos, no nos debe sorprender entonces que la migración y el desplazamiento forzoso estén alcanzando cifras récord. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reportó que para finales de 2017, 68.5 millones de personas se encontraron en condición de desplazamiento forzado. Asimismo, a finales del año pasado se llegó a la cifra de refugiados más alta de la historia, con un total de 25.4 millones de personas en esta condición. La profundidad del problema es tal que, como resultado de las persistentes crisis que se viven en países como Siria, Irak o Myanmar, por mencionar solo algunos ejemplos, ya es posible aseverar que cada dos segundos una nueva persona es desplazada de su hogar o territorio de origen, cada dos segundos. Ante una situación de creciente complejidad que compete al mundo entero, México no puede permanecer ni aislado ni con un marco legal que violenta los derechos humanos. Si bien México ha visto un incremento importante en el número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, por ejemplo, en 2013 la cifra fue apenas de mil 296 solicitudes. Para el 2017 esta cifra aumentó a 14 mil 596. Estamos hablando, sí, de una tendencia al alza, pero nada comparado con lo que se está viviendo en otras latitudes, y ya no digamos pensando en Medio Oriente o en África, pensando en lo que se vive en nuestra propia frontera. México no puede seguir teniendo el doble discurso de exigir derechos humanos al norte, que si bien es justo y es necesario, neguemos los derechos humanos al sur o a otras regiones del planeta. México llevó a cabo en el año 2011 la reforma constitucional más importante en materia de derechos humanos. Sin embargo, en esa reforma de 2011 quedó mal hecho el artículo 11 de nuestra Constitución. Apenas hace un par de años pudimos remediar esa situación y hoy nos corresponde, compañeras y compañeros, lograr que nuestro marco legal se encuentre acorde tanto a los tratados internacionales de los que México es parte, es decir, que México ya firmó y ratificó, pero también de manera muy importante acorde a nuestro marco constitucional y acorde a las convicciones de derechos humanos que guían nuestros preceptos constitucionales y también nuestras propias convicciones. Esta iniciativa, que pretende modificar la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político tiene tres objetivos principales: Primero. Armonizar el reconocimiento de la condición de refugiado reconocida en la ley con los instrumentos internacionales y las recomendaciones que ya nos han hecho organismos internacionales expertos en la materia. Dos. Sistematizar las bases de atención y asistencia de las personas que están ya reconocidas como asilados políticos, refugiados, a los que se les ha otorgado la protección complementaria o que incluso simplemente han hecho, han presentado su solicitud al Estado mexicano. Tercero. Garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de estas personas en nuestro país. Derivado de lo anterior, esta iniciativa propone entonces: Primero. Dar claridad a los conceptos y términos de asilo, asilo político y asilado político. Dos. Ponderar el principio de unidad familiar, priorizando la reunificación familiar dentro del territorio nacional para miembros de las familias de niños, niñas y adolescentes refugiados o beneficiarios de la protección complementaria. Tres. Proteger a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que son los más vulnerables en todos los conflictos armados. Por supuesto, también reconocer el derecho de toda persona a no ser expulsada o devuelta al territorio de otro país donde existan razones fundadas para considerar que esas personas o esa persona se encontraría en peligro. Establecer la perspectiva de género como un criterio observado por el Estado mexicano, el cual reconoce las necesidades específicas de mujeres y miembros de la comunidad LGBTI, quienes presentan un riesgo especial de vulnerabilidad por cuestiones de género que aún se persiguen en muchas otras latitudes. La iniciativa es larga, es importante. Veo que mi tiempo se ha acabado, pero quiero invitarlos, compañeras, compañeros, a que la lean. Estoy segura de que encontraremos importantes coincidencias, insisto, porque no solo nos mueve un precepto constitucional y los tratados que México ha firmado, nos mueven las convicciones de que toda persona, sin importar qué pasaporte o qué papeles acrediten su nacionalidad, merece contar con pleno respeto y vigencia de los derechos humanos por parte del Estado mexicano. Es cuanto.