El diputado Francisco González Vargas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Nada más alejado de la realidad. La contradicción entre lo previsto en la norma y lo que ocurre en la realidad es aberrante, toda vez que como sociedad hemos privilegiado la venganza social por sobre la reinserción, el hacinamiento, la suciedad y estigma en vez de la dignidad en el alma y en el cuerpo. Hoy por hoy, la posibilidad de una segunda oportunidad para quienes torcieron sus vidas en algún momento, no pasa de ser una aspiración. Lo que hoy ocurre al interior de las penitenciarías y reclusorios habla de quienes se encuentran dentro, pero también de la sociedad que las ha prohijado. Es por ello que compartimos el sentido del dictamen que ahora se pone a nuestra consideración, puesto que su esencia es de un sentido humanista al que no puede uno sustraerse. Reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario supervise la efectiva implantación de espacios y condiciones adecuadas para las hijas e hijos de las internas en los centros penitenciarios es una pretensión que compartimos, pues no ignoramos que las mujeres son doblemente estigmatizadas al caer en reclusión, pues su comportamiento resulta aborrecible para una sociedad que califica con doble rasero a hombres y mujeres a pesar de que estén ubicados en un mismo supuesto. Garantizar el establecimiento de espacios apropiados e los centros penitenciarios para el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de seis años de las mujeres reclusas que permanezcan al cuidado de ellas dentro de dichos centros, es una medida humanista que permitirá tanto a las mujeres como a sus menores, sobrellevar de manera el internamiento, permitiendo así la posibilidad de una verdadera readaptación, cumpliendo de esta forma con lo previsto en nuestra Carta Magna y en diversos instrumentos internacionales como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y la Convención sobe los Derechos del Niño. Viene a nuestra mente las encarcelaciones que tienen lugar en los centros de readaptación social, actos solemnes encaminados a abrir las puertas de las cárceles a quienes cumplen con los requisitos para recuperar su libertad; actos en los que tratándose de varones, acuden muchas familias que emocionadas reciben de vuelta a sus seres queridos; pero que cuando se habla de mujeres, tienen verificativo en medio de una profunda soledad, producto del desprecio y la marginación a la que son condenadas las reclusas aun cuando hayan saldado sus deudas con la sociedad. Amigas y amigos diputados, no permitamos más la doble estigmatización; construyamos un sistema de verdadera readaptación que privilegie el perdón y no la represalia, que impulse la benevolencia en vez de la condena social eterna. Por ello hay que votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.