La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia. La lucha por la búsqueda y el reconocimiento de los derechos de todos los animales mediante la investigación científica, la educación, el trabajo legislativo y la concienciación de la sociedad, ha llevado a grandes avances en materia, movidos por la sensibilidad y el respeto que merecen todos los seres vivientes. Con esta visión, en el país se han logrado significativas reformas o la creación de nuevas leyes, como la prohibición de los animales en los circos y la tipificación de las peleas de perros en el Código Penal Federal. Desde el punto de vista psicológico, el maltrato animal es a la vez un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una consecuencia de esta. Forma parte de la cascada de violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y como sociedad. Recordemos que la violencia es un acto intencional que puede ser único o recurrente y psíquico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros, la cual casi siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquía, las que tienen el poder en una relación. Por ello, al ser ejercida contra animales, evidentemente se configura una relación desigual, donde el ser humano se encuentra superior en intelecto y poder. De ahí, tanto las implicaciones psicosociales como la violencia que conllevan, como por la defensa de los más débiles, surge la necesidad de reforzar la legislación con el propósito de desincentivar estas prácticas a través de la imposición de penas privativas de libertad para los infractores. En concordancia con lo anterior y tomando en cuenta que lamentablemente, en nuestro país se siguen presentando casos en los cuales personas causan dolor innecesario o estrés a los animales, desde la negligencia en los cuidados básicos hasta la tortura, la mutilación o la muerte intencional. Consideramos oportuno tipificar a escala federal las prácticas que implican crueldad en contra de los animales, como se está proponiendo con el decreto que atinadamente pone hoy a nuestra consideración la Comisión de Justicia y la cual reconoce las inquietudes de diversos grupos parlamentarios en torno al tema. En nuestra bancada estamos convencidos de la necesidad de legislar en favor de la protección de los animales, generando condiciones para que en cualquier punto de la República haya respeto a su integridad, así como mecanismos encaminados a la correcta persecución y sanción del delito, para quienes atenten contra la vida y la integridad de los mismos. Se debe destacar que varios estados de la República han actualizado su legislación para tipificar como delito todo tipo de crueldad hacia los animales, por ejemplo, en la Ciudad de México está vigente, desde el primero de febrero de 2013, una ley contra el maltrato animal, la cual establece que se podría castigar con penas de hasta cuatro años de cárcel y multas de hasta 400 salarios mínimos a las personas que maltraten a algún animal doméstico o silvestre. Sin embargo, no hay en la legislación local criterios unificados sobre la definición de maltrato o de las sanciones que deberían imponerse a los responsables de este, aunque la mayoría alcanzan hasta dos años de prisión, como en el caso de Sinaloa. Tampoco se puede soslayar que en algunas entidades el maltrato animal se considera un tema de poca relevancia y es clasificado solo como infracción, enviando con ello el mensaje de que se trata de un acto permisible. En algunas entidades, como Oaxaca ni siquiera se considera la existencia del mismo. Lo anterior, no quiere decir que a la población de Oaxaca no le interese la protección o el bienestar de los animales, sino que el estado no cuenta con un mecanismo efectivo para denunciar e iniciar los procedimientos de investigación y sancionadores para quienes infringen abusos y malos tratos a los animales, por el simple placer y la posibilidad de hacerlo. En este sentido, se busca la unificación de criterios en cuanto respecta a la persecución y sanción del maltrato animal. Contar con la legislación adecuada promueve la confianza y la denuncia entre los ciudadanos para acabar con prácticas tan deleznables, como es abusar de seres vivos que no pueden defenderse, al tiempo de garantizar que un mayor porcentaje de los procedimientos iniciados en contra de abusadores de animales concluyan con sanciones hacia ellos y, en consecuencia, se inhiba la comisión de dichas conductas antisociales. Por todo lo anterior y en favor de quienes no pueden defenderse, el Grupo Parlamentario del Partido Verde acompañará la aprobación del presente dictamen que está a discusión. Muchas gracias, es cuanto.