La diputada Patricia Castillo Romero: Gracias, señora Presidenta. Las estructuras policiacas se organizan sobre la base de un sistema vertical de autoridad que exige obediencia incondicional hacia sus jefes. El sistema permite ejercer toda capacidad de corrupción e impunidad. El MP a través del monopolio de la acción penal es brazo ejecutor de las políticas de seguridad selectiva y de la represión. Dicha institución dueña y titular de la acción penal puede perseguir o encubrir al delincuente o bien inventar chivos expiatorios. Lo hemos vivido en repetidas ocasiones. Puede defender a la víctima, abandonarla o castigarla a su pleno arbitrio y sin control alguno de la legalidad. Podemos defendernos ante los jueces en materia civil, laboral, mercantil, pero en materia penal se nos había despojado de ese derecho. Por todo esto es trascendental la reforma a la justicia penal en México. Sabemos que aún no son suficientes las reformas que hoy se hacen y también que tendremos que dar una gran lucha en la legislación secundaria. De igual forma revisaremos si los cuerpos policiacos que hoy tenemos cubren un perfil profesional, ético y moral, capaz de respetar los derechos humanos. No podemos entregar cheques en blanco ni hacer un sistema solamente policial. No todos los ciudadanos son delincuentes organizados. Y la frágil frontera entre el combate a la delincuencia y la represión debería quedar perfectamente establecida. No volvamos a otorgar el control a quienes ostentan el poder público y a ser nuevamente un sistema dictatorial, abusivo y vertical. En aras de cambiar un sistema obsoleto y arbitrario, Convergencia votará a favor de este dictamen con convicción y responsabilidad. Quiero rescatar lo más importante de esta reforma. Esta reforma representa un cambio radical al procedimiento para la persecución de la delincuencia y la aplicación de sanciones a quienes resulten responsables. Debemos ver en la reforma la intención del legislador de transitar hacia un sistema integral que privilegia las libertades y los derechos de las personas y quienes las transgredan tendrán un mecanismo eficaz para ser sancionados. Establecer constitucionalmente el principio de persecución de inocencia, que redundará y generará la obligación de policías mejor capacitados y de investigación, para que el auto de vinculación a procesos suceda siempre y cuando se tengan pruebas suficientes que motiven su detención y, con ello, evitar procesar a inocentes. La oralidad y la contradicción son dos principios fundamentales que inspiran esta reforma. La virtud es que los procesados en todo momento del juicio estarán frente al juez y el desahogo de las pruebas deberán ser siempre frente al inculpado, lo que le permitirá confrontar las acusaciones que el Ministerio Público haga sobre él y presentar las propias para su defensa. Una asignatura pendiente seguirá siendo la autonomía del Ministerio Público; pero esto será parte de lo que tendremos como retos en las próximas reformas. Compañeras y compañeros, es trascendental esta reforma. Y permítanme decirles que me da mucho gusto cuando el hemisferio de acuerdos de esta legislatura se pone de acuerdo porque trabaja por el bien de México. Muchas gracias por su atención.