El diputado Emilio Suárez Licona: Los medios de control constitucional desempeñan un papel fundamental en la preservación del Estado de derecho y protección de los derechos humanos. Estos mecanismos jurídicos no sólo son herramientas esenciales para garantizar la supremacía de la Constitución, sino que también actúan como baluartes frente a posibles abusos de poder o actos que vulneren principios fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna. En primer lugar, el juicio de amparo se erige como un instrumento clave para defender los derechos del pueblo frente a los actos de autoridad, arbitrarios y desproporcionales. Este recurso, compañeras y compañeros, permite a los ciudadanos acudir a tribunales a impugnar decisiones o acciones que consideren violatorias de sus derechos humanos. Por ello, la posibilidad de que los jueces otorguen suspensiones provisionales durante el proceso de amparo es particularmente relevante, ya que permite evitar daños irreparables mientras se resuelve el fondo del asunto. Esta medida cautelar asegura que los derechos de las personas no queden desprotegidos durante el litigio. Por otro lado, la controversia constitucional es un mecanismo diseñado para resolver conflictos de competencia entre los poderes del Estado. Este medio de control es esencial para mantener el equilibrio institucional y evitar que las disputas entre autoridades deriven en una afectación del orden constitucional o de los derechos de la ciudadanía. La acción de inconstitucionalidad permite impugnar normas que contravengan a la Constitución. El recurso es fundamental para asegurar que las leyes y reglamentos se ajusten a los principios y derechos de nuestra Constitución. La posibilidad de que los jueces suspendan la aplicación de una norma impugnada mientras se resuelve su constitucionalidad es una medida crucial para evitar que se causen perjuicios irreversibles a los derechos humanos o al orden público. En conjunto, estos medios de control constitucional no solo garantizan la prevalencia del orden jurídico, sino que también refuerzan la protección de los derechos humanos. En ese orden de ideas, la facultad de los jueves para otorgar suspensiones en estos procesos subraya la importancia de contar con mecanismos ágiles y efectivos que permitan prevenir violaciones a la Constitución y asegurar que los derechos humanos sean respetados en todo momento. En un Estado democrático de derecho la existencia y salvaguarda de estos instrumentos son indispensables para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la justicia. En tales circunstancias, las reformas que se proponen resultan regresivas y contradictorias. So pretexto de garantizar la supremacía constitucional, en realidad lo que se logra es el efecto contrario. Ahora los jueces constitucionales no podrán otorgar suspensiones para combatir normas generales que resulten evidentemente transgresoras de derechos humanos, lo cual, como ya lo había dicho hace un rato, va en contra del principio de progresividad. La mal llamada supremacía constitucional habrá de derivar en la tiranía de la mayoría, lo cual implicará el debilitamiento del Poder Judicial para hacer frente a la arbitrariedad y discrecionalidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo cuando en un Estado totalitario no se tengan límites y contrapesos. Ejemplos hay muchos. Desde temas como la defensa del matrimonio igualitario, pasando por la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, los jueces han otorgado suspensiones con efectos generales que han beneficiado a los sectores más vulnerables de nuestra población. Sin duda alguna, votaremos en contra, porque en el caso de la supremacía constitucional como en el amparo, con estas reformas el gran perdedor es el pueblo de México. Gracias, presidenta.