La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores. Las y los mexicanos que nos eligieron como sus representantes demandan acciones efectivas para solucionar los problemas que más les preocupan. Eso hace que la interlocución con el Poder Ejecutivo, en el marco de la glosa del V informe sea más importante, razón por la cual las y los diputados de Nueva Alianza buscaremos que este espacio sea útil para ambos y de este modo lograr un progreso en temas como la justicia, el respeto a los derechos humanos, la transparencia y el combate a la corrupción. El inicio del nuevo sistema penal acusatorio ha implicado un reto mayúsculo para las instituciones de todo el país. La reforma constitucional de 2008 es un hito en la concepción de la justicia penal en México. Este busca lograr un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la aplicación expedita de justicia para las víctimas de un delito mediante los juicios orales. Sin duda se han realizado esfuerzos para capacitar a las policías y ministerios públicos, lo cual celebramos. Lamentablemente y, a pesar de que se cuenta con el marco jurídico adecuado, la implementación del nuevo sistema aún no ha dado los resultados esperados. Sabemos que este es un proceso que requiere tiempo, sin embargo los índices de impunidad no han mejorado. En el índice global de impunidad México ocupa el lugar 58 de 59 países con los mayores niveles de impunidad. De acuerdo con cifras de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública durante 2015, se inició averiguación previa en el 6.3 por ciento del total de los delitos. Esto significa que un 93.7 por ciento de los delitos no se denuncian o no se inicia averiguación previa. Estamos conscientes que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo para abatir la impunidad y lograr una procuración de justicia efectiva, pero aún falta mucho camino por recorrer si queremos recobrar la confianza de la ciudadanía. Se reconocen los avances en la modernización de la Procuraduría General de la República, particularmente el establecimiento del programa en materia de desarrollo tecnológico para que cuente con infraestructura de vanguardia. En otro asunto, consideramos oportuno que el Ejecutivo federal nos haga mención de las acciones del Programa Nacional de Derechos Humanos mediante el cual se promueve el mecanismo de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal para lograr mayor incidencia en las políticas públicas de derechos humanos, ya que se busca actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y prácticas de los servidores públicos federales en esta materia. Ciertamente también aquí se han hecho esfuerzos para promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las Fuerzas Armadas y las policías de todo el país, sin embargo esto no es suficiente ya que aún existen señalamientos de vulneración de los derechos humanos en los actos de gobierno. Del mismo modo continúan las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Otro aspecto que no podemos soslayar y que ha cobrado una importancia toral en los últimos años, es el combate a la corrupción. Sabemos que el gobierno federal ha realizado esfuerzos en aras de que los órganos internos de control promuevan acciones de mejoras para prevenir posibles actos de corrupción, así también como el perfeccionamiento de la apertura de datos de las compras públicas del gobierno. Contamos ya con un marco jurídico para combatir la corrupción, y la sociedad espera que no exista tolerancia para quienes abusan o se benefician de los cargos públicos. En Nueva Alianza sabemos reconocer los logros y los avances de esta administración, pero no podemos dejar de señalar las áreas de oportunidad que aún se tienen para mejorar su desempeño. Somos conscientes de que las y los mexicanos esperan una clase política más responsable, más autocrítica, que asuma que el respeto a la ley no es una dádiva de los servidores públicos, sino es su obligación. Sabemos que todavía existen retos para consolidar las transformaciones jurídicas que iniciaron con esta administración. Estamos seguros que el esfuerzo conjunto conseguirá que podamos dar un mejor país a todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.