El diputado Erasmo González Robledo: Estimadas compañeras diputadas y diputados, hoy acudo ante el pleno de esta soberanía para presentarles el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El objetivo primordial de este dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos en todos los niveles y sectores del Estado mexicano. La división de poderes es un aspecto fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia. Cada uno de los tres poderes del Estado tiene facultades específicas, que requieren estar equilibradas en un esquema de frenos y contrapesos. Y deben ser desempeñadas con los más altos estándares de profesionalismo, velando siempre por el bienestar de la población y haciendo uso racional y eficiente de los recursos públicos. El proyecto de decreto que presentamos hoy busca fortalecer estos principios fundamentales, estableciendo directrices claras en cuanto a la responsabilidad y el compromiso de los servidores públicos en la gestión de los recursos. Además, contribuirá a fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Una adecuada gestión administrativa implica que el uso de los fideicomisos públicos sea una excepción y no la regla. De lo contrario, se afectaría la rendición de cuentas y se imposibilitaría la facultad de control presupuestal de esta Cámara de Diputados. Ello podría tener un impacto directo en la capacidad de la sociedad para supervisar y evaluar el manejo de los recursos públicos. Esta facultad de escrutinio es fundamental para el diseño institucional de México, según lo establecido en nuestra Constitución Política. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales de cualquier democracia saludable y la discrecionalidad en la gestión de fideicomisos públicos socava estos valores fundamentales. En este sentido, mediante este dictamen se propone que dentro del Poder Judicial federal no puedan crearse ni mantenerse fondos o fideicomisos adicionales a los contemplados por su propia ley, como es el caso del Fondo para la Administración de Justicia. Además, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica, el régimen transitorio determina que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos por razón del decreto se extinguen o terminan, sean atendidos con los recursos propios de los fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables. De tal forma que los recursos de los fideicomisos no se reintegrarían en automático a la Tesorería de la Federación, sino que deberán ser aplicados para cumplir todas las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan. Únicamente los recursos remanentes serían reintegrados a las Tesorerías correspondientes de los propios órganos del Poder Judicial y, posteriormente, a la Tesorería de la Federación. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral deberán realizar una cuidadosa revisión de las obligaciones derivadas precisamente de estos instrumentos financieros y garantizar su cumplimiento. Cabe señalar que, de acuerdo con el Centro de Estudios en Finanzas Públicas, la iniciativa que da origen a este dictamen no tendría impacto presupuestario para el erario federal. De igual forma, el Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias determinó que la propia iniciativa contempla un mecanismo de transición que garantiza el cumplimiento de las prestaciones, utilizando los propios recursos de los fideicomisos. Además, es importante enfatizar que con el presente dictamen no se afectará la independencia judicial, elemento fundamental de un Estado constitucional de derecho, que siempre debe ser protegido. En lugar de ello aborda específicamente la necesidad de optimizar la gestión de los recursos públicos de manera más eficiente, transparente y regulada. Con esta modificación avanzaríamos un paso más hacia una gestión más responsable y eficiente de los recursos públicos. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. Es cuanto, señora presidenta.