La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Muchas gracias. Con el permiso de los diputados integrantes de la Mesa Directiva. Honorable Congreso de la Unión, vengo ante ustedes a proponer una iniciativa de proyecto de decreto en materia de equidad de género y derechos políticos de las mujeres. A nombre propio y a nombre de las diputadas del PRD en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad de género y derechos políticos de las mujeres, al tenor de la siguiente Exposición de motivos En México seguimos reclamando igualdad de oportunidades para las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida nacional, que guarda todavía un atraso en visualización, por ejemplo, en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo que no ha significado igualdad de oportunidades y menos de ingresos. Las mujeres seguimos siendo segregadas, e incluso cuando se cuenta con un mayor nivel, se gana un salario menor que el de los hombres. Otro ejemplo de prácticas discriminatorias es que en las maquiladoras continúan aplicando la prohibición, a todas luces ilegal, de que se embaracen, y solamente son contratadas cuando se comprueba el resultado negativo del examen de embarazo. Aunque se reconoce la participación de las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo profesional y político, es aún escasa en los puestos de elección popular, cargos de dirección y toma de decisiones del sector público y privado, órganos de impartición y administración de justicia, entre otros. Desde hace décadas, legisladoras, organizaciones políticas, ONG, y sociedad civil en general, han buscado insertar en nuestra legislación disposiciones legales que eviten la discriminación y propicien avances en la participación femenina. Como muestra de ello se señalan algunas cifras. Las mujeres representamos 52 por ciento de la población nacional, el 51.7 por ciento de la lista nominal de electores a nivel federal; dato importante, ya que una de las formas en que las mujeres participan en la decisión del país es ejerciendo su derecho a votar. Cabe señalar que el Distrito Federal es además una de las tres entidades federativas donde las mujeres representamos 53 por ciento de la lista nominal de la entidad. De particular importancia es el espacio político que las mujeres hemos ganado en el Poder Legislativo: 16.2 por ciento, pues esto nos ha permitido incidir de manera directa en La legislación no sólo de problemas nacionales, sino también llevando adelante su preocupación por el problema de género, ya que es más fácil solucionarlos cuando existe una mayor participación de las mujeres en política, ya que nadie hará de las mujeres lo que las mujeres hagamos por nosotras mismas, sobre todo en defensa de nuestros legítimos derechos. Aceptar y establecer constitucionalmente la igualdad formal entre hombres y mujeres constituye un hecho de trascendental importancia. Sin embargo, transcurridas ya varias décadas, esta igualdad resulta insuficiente ya que la igualdad de todas y de todos ante la ley no es sinónimo de igualdad de oportunidades. Es un hecho que aún está muy lejos la igualdad de acceso a las estructuras de poder y la toma de decisiones, y que sólo la intervención directa de las mujeres en estos espacios generará mayor apertura de los mismos. Por esto, cada vez es más clara la importancia y necesidad de impulsar con mayor empeño acciones concretas para la participación política de las mujeres y lograr así nuevos mecanismos de diálogo y propuestas. El acceso de las mujeres a una mayor participación política y en la toma de decisiones es un principio de justicia y equidad social. Incorporar el punto de vista de las mujeres constituye un requisito fundamental para contar con la perspectiva de género desde nuestra realidad específica. En este sentido, esta soberanía en la pasada legislatura, por conducto de diputadas de diversos grupos parlamentarios que presentaron sendas iniciativas, se hicieron eco a la necesidad de hacer respetar los criterios electorales en materia de género. Y por ello esta LXI Legislatura debe ser parte actora en la transformación real de nuestro sistema de representación, reconociendo la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en la vida nacional de nuestro país. No se puede simular la participación de las mujeres en puestos de representación popular, como así se pretende hacer utilizando el derecho que tienen los legisladores y las legisladoras para solicitar licencia a efecto de separarse temporal o definitivamente de sus cargos por "causa justificada". Esta simulación es verdaderamente vergonzosa, inmoral y nada ética, cuando se dé el triunfo de una candidatura encabezada por una mujer, para luego cederle su lugar a su suplente de otro género que no ganó su candidatura en las urnas. Los partidos políticos deben garantizar la equidad de género a la hora de proponer las candidaturas y cumplir con lo establecido en el Cofipe y respetar la composición de género de sus bancadas y para ello deben ser desterradas estas sinergias negativas que violan no solamente los derechos políticos de las mujeres, sino que lastiman la dignidad de las mismas. En razón de ello es que proponemos combatir, desde raíz, esta desafortunada práctica para que desde nuestra Constitución, en sus artículos 51 y 57, se establezca la obligatoriedad de que la fórmula de candidatos sea del mismo género, tanto de diputados como de senadores. En este sentido también proponemos que en el Cofipe, en su artículo 20, se traslade ese mandato constitucional para hacer efectivo este derecho que beneficiará a las mujeres, tratándose de diputados y de senadores de mayoría relativa o de representación proporcional. En el PRD sostenemos que no se puede dejar de lado la opinión e intereses y las necesidades de las mexicanas y que la igualdad de participación de la mujer y del hombre en asuntos públicos y en la toma de decisiones es una condición sine qua non para incidir en el fortalecimiento de la real democracia de nuestro país. Artículo 1o. se reforman los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 51 que habla sobre el suplente del mismo género; el artículo 57, en el caso de los senadores sobre el suplente del mismo género. En el artículo 2o. se reforma el artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: "hablando de las vacantes tanto en los diputados con mayoría relativa y de representación proporcional, los suplentes deberán ser del mismo género que el propietario". Es cuanto, diputado presidente.