La diputada María Guadalupe Román Ávila: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy venimos a esta tribuna a poner a consideración una iniciativa que modifica el artículo 139 del Código Penal. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Muchas mujeres en el país viven con medidas de protección a raíz que han sido violentadas y que cuya seguridad está en riesgo. Sin embargo, el día de hoy, se encentran haciendo filas para solicitar una renovación, esto las ubica en un lugar de vulnerabilidad, incluso más grave que el generado por sus agresores, siendo revictimizadas por las instituciones al ser expuestas a dinámicas y procesos administrativos burocráticos, lo cual transgrede la dignidad. En el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no hace una distinción entre medidas de protección y providencias precautorias, es por ello que es de consideración diferenciar una de la otra, pues su naturaleza es similar, pero no es igual. Por lo que deberán separarse y agregar un nuevo párrafo a dicho artículo, ya que las providencias precautorias sí pueden tener una reacción máxima, pero las medidas de protección no pueden restringirse. Salvaguardar la integridad de las víctimas, ofendidos, testigos de cargo y en general de todos los sujetos que intervengan en un proceso penal, sobre todo en los casos de violencia familiar y de género es un tema de trascendencia e importancia para el Estado mexicano. Por ello, cuando la conducta del imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de las víctimas y ofendidos, las autoridades competentes deben dictar, fundada y motivadamente, medidas de protección. El Estado, como ente garante de derechos humanos, tiene la obligación de salvaguardar la integridad de las víctimas, ofendidos, testigos de cargo y, en general, a todos los sujetos que intervengan en el proceso penal. Dichas medidas deben ser protectoras y no deben ser limitantes, sobre todo, en los casos de violencia familiar y de género o donde se vean involucrados derechos de menores. Es el caso que el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 28 de la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia restringen la protección que el Estado debe de otorgar a las víctimas del delito. Señalamos que los artículos en mención restringen la protección más amplia que la que habría en los órdenes de protección, tendrán una duración máxima de 60 días naturales prorrogables hasta 30 días más, los cuales consideramos rotundamente que son insuficientes y que limitan el actuar de las autoridades, ya que estas se ven impedidas legalmente para otorgar más tiempo, pues los artículos antes referidos establecen un periodo máximo de 60. La vigencia de las medidas de protección, en lugar de ser un máximo de 60 días, debe ser un mínimo de 60 días, con la finalidad de brindar a la víctima del delito una duración y protección más amplia, pues el restringir las medidas de protección a un máximo de 60 días contraviene a la Constitución y los tratados internacionales. La presente iniciativa tiene como finalidad brindar a las víctimas la protección más amplia de sus derechos y sus garantías, extendiendo el periodo de protección, ampliando el marco legal que regula la facultad del Ministerio Público y de los órganos encargados de administrar la justicia, para que fundada y motivadamente quiten las medidas de protección y estas tengan una temporalidad como mínimo a 60 días y además que sean prorrogables por el tiempo y las veces que sea necesario. Por ello, tratando de una realidad social, no supera el marco jurídico de protección de los derechos humanos frente a una constitución internacional o convencional, es que se debe ampliar la temporalidad de las medidas de protección de las víctimas de los delitos, dando cumplimiento a lo que establece el artículo 1o. y el artículo 20 constitucional...