El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Mesa Directiva. Primero solicito a la Mesa Directiva publique las razones por las cuales presento la reserva en el Diario de Debates, para que se consulten los razonamientos jurídicos de por qué Morena vota en contra este dictamen. Y para el diputado que defendió el dictamen en la última exposición, no es en el Reglamento de la Cámara de Senadores donde está el término. El término para designar a los magistrados está en el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica que se pretende reformar con lo que hoy se presenta. La propuesta es eliminar la modificación que se presenta al artículo cuarto transitorio y a los transitorios correspondientes, porque estamos ante un hecho de ilegalidad, de inconstitucionalidad. El proceso de designación de los magistrados de la Sala Superior siguió una ruta legal establecida en el marco de la reforma de 2007, reforma al Poder Judicial de la Federación donde establece cómo se integra la Sala Superior del Tribunal Electoral. El artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina el procedimiento de escalamiento de las posiciones: 9, 6 y 3 años, mismos que cumplieron sus efectos el 20 de octubre de este año, al ser designados por la Cámara de Senadores a partir de las 7 ternas que remitió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado certeza a cada uno de sus actos a través de las diferentes publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Voy a citar algunas: el 5 de julio de 2016 publicó la convocatoria. En el considerando sexto señala los plazos para los cuales se convoca a los ciudadanos que deseen participar en este proceso. Publica el 5 de agosto Diario Oficial de la Federación la lista que considera pertinente para ser presentada al pleno de la Cámara de Senadores, en función que determina el artículo 99. Suprema Corte de Justicia propone; Cámara de Senadores aprueba. Esto llega a una certeza jurídica cuando el 20 de octubre la Cámara de Senadores aprueba a los 7 magistrados por 9, 6 y 3 años. Concluye la vida del transitorio, del cuarto transitorio objeto de este dictamen. La Corte dio certeza al procedimiento, hay hechos de derecho que están vigentes. Tenemos siete magistrados designados que ya tomaron protesta. El hecho de que mañana tomen posesión del cargo o entren en funciones no implica que dé vigencia retroactiva la disposición transitoria que ya no tiene validez. Estamos en una aberración jurídica, pretendiendo reformar una norma jurídica que no tiene validez, puesto que los supuestos que preveía se cumplieron formalmente. En el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo al artículo 2o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas de los estados, se publican los acuerdos que son obligatorios para su observancia general. La Corte cumplió cabalmente cada uno de los pasos, la Cámara de Senadores cumplió al designar y tomar protesta a los siete magistrados. La aberración jurídica empieza con una iniciativa presentada el 25 de octubre, que pretende modificar un transitorio inexistente. Atentamos contra el principio de certeza y seguridad jurídica, sí. Se violenta el artículo 14 constitucional. Se violenta el artículo 99 constitucional al violentar el derecho que tiene la Suprema Corte de hacer propuestas que deberá presentar en los siguientes tres años para modificar a los dos magistrados designados por tres años. Se violenta la Constitución, ¿principio de seguridad y certeza jurídica? Claro que sí, porque a esta convocatoria acudieron 134 ciudadanos, de los cuales la propia corte declaró que eran viables 130, de esos 130 determinó 21 óptimos para presentarlos a la corte. Cualquiera de estos ciudadanos que participó en el proceso puede impugnar esta ley por inconstitucional, porque está violando plazos constitucionales, plazos legales establecidos previamente. En forma artificial queremos modificar un transitorio para modificar plazos establecidos con certeza y legalidad. En forma artificial queremos ampliar plazos a magistrados de tres y seis años, que no cumplen con las expectativas de los grupos parlamentarios que apoyan la iniciativa. Revisen quién propone la iniciativa de reforma en el Senado: PRI, PAN, PRD, Partido Verde. Son los que no están conformes con los plazos de sus magistrados. Son los que quieren tener certeza tanto para reducir multas que imponga el INE o para modificar resoluciones que afecten a sus candidatos o a sus partidos políticos. Ahora de esta forma se juega a la legalidad, por condicionamientos políticos. Es un premio que se da a magistrados de dos y seis años, ampliándoles su periodo en forma graciosa y en contra de la voluntad y de la legalidad que estableció la corte al acatar la ley. Es cuanto, señor presidente.