El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Diputados, diputadas. El acuerdo existente entre el prian y el PRD para votar a favor del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales, nos trae a colación el término político de gatopardismo. Hay que decir la palabra correcta, esto de la simulación. Gatopardismo. Este concepto deriva de la novela del italiano Giuseppe Tomassi, en la cual el personaje de Trancredi declara a su tío Fabricio la conocida frase la cito: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. En la novela se inicia una transformación política revolucionaria, la que en la práctica sólo altera la parte superficial de lo que ahora denominamos poderes fácticos. Esto es las estructuras del poder conservando intencionalmente el elemento esencial de esas estructuras. La burguesía leal a la Casa de Saboya simplemente sustituye a los aristócratas como nueva élite que acapara para sí todo el poder político, recurriendo incluso al fraude electoral bajo una apariencia democrática. Sí, señores legisladores. Cambiar todo para que nada cambie. Paradoja que resume el quehacer legislativo en materia político-electoral. Se realiza una reforma constitucional para que en la práctica sólo se altere en forma superficial la estructura electoral que se ha condicionado a las cuotas partidistas. Si atendemos a la doctrina jurídica y citando en particular a un ponente clásico en la materia, Luis Jiménez de Asúa, el derecho penal es conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado estableciendo el concepto de delito como pre-supuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo y asociado a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora. En la sesión de hoy ya vimos que hasta los duendes aparecieron este pleno ha votado con bastante festividad por los oradores que en esta tribuna posicionaron a sus grupos parlamentarios, la inclusión en el artículo 41 constitucional la causal de nulidad de elecciones por la adquisición o compra de tiempos en radio y de televisión fuera de los previstos en la ley. Ello supuestamente a partir de una iniciativa por una aparente preocupación del Ejecutivo federal. Cambiar todo para que nada cambie. Esta reforma al artículo 41 constitucional no tiene sanción penal. En el caso de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, intencionalmente se omite establecer tipos penales para sancionar no sólo el acceso ilegal a tiempos de radio y televisión, sino además se omite establecer tipos penales que garanticen la investigación y consecuente sanción de las aportaciones de recursos fuera de ley No se contempla como delito el financiamiento ilegal de precampañas y campañas políticas, así como las aportaciones ilegales para la operación ordinaria de partidos políticos. El uso ilegal de fondos públicos, no por aludir a la situación que investiga el IEDF, del presidente del PRI en el Distrito Federal, el rebase e topes de precampañas y sus campañas, no por aludir a Enrique Peña Nieto en la campaña presidencial pasada. De igual forma se omite la responsabilidad de funcionarios electorales, en particular aquellos que integran los órganos de dirección y administración en la elusión a la ley. Esto es, los que hacen que no ven o que no pasa nada, a los que toleran las prácticas ilegales simulando que no ven o no conocen por simular una incompetencia o falta de atribuciones en la supervisión y aplicación de la ley; no por aludir a los consejeros del IFE, ahora INE. Omisiones que de nueva cuenta establecen un marco legal para la impunidad en el fraude electoral y la coacción y compra de electores, omisiones que no garantizan elecciones libres, auténticas, equitativas e imparciales. En materia electoral, de acuerdo al decreto que se presenta, no existe asociación delictuosa o crimen organizado en el financiamiento ilegal de campañas políticas en el fondeo financiero y legal a partidos políticos. De nueva cuenta la impunidad para casos como Monex o bien los amigos de Fox, Pemexgate o similares. No se aprende de las elecciones anteriores, no se aprende a sancionar las trapacerías y asociaciones delictuosas que violentan la voluntad popular y burlan la dignidad ciudadana. Cambiar todo para que nada cambie. Es por eso que esta mentira de un nuevo marco legal en materia de delitos electorales es una farsa; se deja la puerta abierta a la impunidad, como lo estamos viendo. Quiero culminar diciendo, no es palabra contra palabra, es simple y llanamente que se haga una investigación, pero aquí no va a proceder esta idea. La versión estenográfica en tiempo y forma legal el duende actuó después; no se va a investigar nada. Ya están las reformas pero aquí el reto de ustedes es cambiar todo para que nada cambie. Eso es gatopardismo y nosotros nos oponemos a esa farsa de que se va a tener comicios transparentes. No es cierto, la situación electoral va a quedar peor que como la teníamos antes pero ante eso muchos mexicanos y mexicanas se están organizando desde abajo culmino, presidente- para transformar por la vía electoral, no por concesión de las leyes o de las autoridades que ponen, sino por la organización del pueblo vamos a cambiar al país con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, aunque a muchos aquí eso les pese. Es cuanto, presidente.