EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento e n el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al Dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.. Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (votación) Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (votación) LA C. PRESIDENTA. Se le dispensa la segunda lectura. Para fundamentar el Dictamen , ha solicitado hacer uso de la palabra la diputada Rosalinda López Hernández a nombre de la Comisión. LA C. DIPUTADA ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ. Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras. Es del conocimiento general que la principal razón para las diversas confusiones a que ha dado lugar la aplicación del párrafo 5º de Artículo 80 A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ha sido la falta de claridad del texto del precepto legal referido. Así las cosas, el actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del ejercicio de sus facultades también contribuyó a la confusión que provocaba en los contribuyentes la falta de precisión del referido artículo, tal como se evidenció en la regla 100 de la resolución miscelánea vigente en 1991 publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de marzo de aquél año, en la cual con toda precisión se señalaba por parte de la Secretaría referida, que las contribuciones originalmente a cargo del empleados no se consideraban erogaciones relacionadas con la prestación del servicio personal subordinado, ello dio por resultado que no se incluyeran las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro social, ni al Infonavit para la determinación de la proporción del subsidio. La regla referida se derogó en la Vigésima Segunda resolución miscelánea para 1991 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1992. Adicionalmente a los conceptos que intervienen o no en la de terminación de la determinación del subsidio, los contribuyentes, trabajadores y patrones encontraron elementos que pudieran ser sometidos al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia del principio de proporcionalidad, toda vez que el patrón determina una sola proporción de subsidio aplicable a todos sus trabajadores, con lo cual se desconoce la situación individual con el perjuicio o el beneficio correspondiente. El principio de proporcionalidad constitucional, la regla 100, la resolución miscelánea vigente en 1991 y la exposición de motivos del artículo 80A, seguramente fueron elementos determinantes para decidir la utilización por parte de los contribuyentes de los medios de defensa Para tener una idea de lo complejo que la aplicación del párrafo referido ha significado en el tiempo, es suficiente mencionar que en 10 años de vigencia lleva una reforma muy importante, la de 1992, no menos de ocho reglas misceláneas por cada año de vigencia y si hubiera alguna duda es un elemento indispensable en la generación de las más de 40 tarifas del cálculo de Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas, a las que alude también la exposición de motivos de la propuesta fiscal del Ejecutivo. La obligación y objetivo del estado de tener leyes que cumplan con el principio de certidumbre jurídica a los gobernados en el caso particular, no se ha dado. Al momento actual corresponde la corrección y solución definitiva de este problema, el cual ha provocado incertidumbre en la clase obrera y en el sector empresarial, ya que ellos, los trabajadores les ha correspondido un beneficio indebido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calificado. A los otros, a los patrones les corresponde, según la autoridad hacendaria, el pago de las diferencias de los impuestos. En opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, uno y otro, trabajador y patrón, solamente han sido las partes afectadas por la falta de precisión tanto del precepto legal como del actuar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no olvidemos que el contribuyente solamente es uno, el trabajador; el otro, el patrón, solamente es responsable solidario. Diversas iniciativas sobre el artículo en discusión fueron presentadas por diputados integrantes de esta Legislatura y por congresos locales, coincidiéndose con esta dictaminadora con la problemática anteriormente referida. En atención a los planteamientos derivados de las iniciativas presentadas, así como en respuesta a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público estima conveniente resolver mediante las reformas necesarias la problemática que representa la actual redacción del Artículo 80A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Esta Comisión considera indispensable realizar las reformas al Párrafo V del artículo mencionado y dictamina que para el cálculo del subsidio al salario no deben incluirse las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit, pues ello es violatorio del principio constitucional de proporcionalidad tributaria a que se refiere la Fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna. Asimismo, con el propósito de incluir en esta solución a todo el sector laboral, la Comisión considera conveniente incorporar al texto de ley, tanto las aportaciones patronales al Sistema de Ahorro para el Retiro, como el de los trabajadores al servicio del estado, con lo cual se les brindará la seguridad jurídica y el trato equitativo a que tienen derecho. También se propone que la reforma del artículo 80A mencionado se acompañe de transitorios, donde se establece la condonación del pago a las diferencias de retenciones de Impuesto Sobre la Renta a trabajadores, a que haya dado lugar el cálculo conforme el actual artículo referido en vigor de los cinco últimos ejercicios fiscales, siempre que se cubran con actualizaciones y recargos las diferencias correspondientes solamente al periodo del primero de enero al 30 de septiembre del año 2001, a más tardar el último día del mes de noviembre de este año, dándose por cumplido el requisito de deducibilidad que establece el artículo 24 fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Con las adecuaciones propuestas, la que dictamina considera que se atienden los planteamientos de las iniciativas en estudio, así como las preocupaciones del sector obrero y patronal, a la vez que se protegen los intereses del fisco federal al darles un marco de mayor seguridad jurídica. Es cuanto señora Presidenta.