El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor presidente. El acceso a la información constituye hoy en día un derecho fundamental del estado democrático, el quehacer público se encuentra sustentado en la claridad y transparencia de las funciones de gobierno que pueden ser conocidas, revisadas y corroboradas por cualquier ciudadano como un mecanismo directo de control sobre las instituciones y sobre quienes ejercen un cargo público en las mismas. Los gobiernos, el poder político no constituye más círculos cerrados de poder en los que las decisiones se toman de manera velada en beneficio de algunos y en perjuicio de muchos. Efectivamente, la democracia no solo constituye la capacidad ciudadana de designar a sus gobernantes, sino fundamentalmente la obligación de éstos, de responder del encargo público que les fue otorgado, condición sin la cual el anhelo democrático sería nulo. La transparencia es por tanto condición sustentante y necesaria de la rendición de cuentas, por lo cual todo servidor público y forma de su desempeño en un cargo de gobierno, respondiendo de este modo a la confianza ciudadana y confirmando la legitimidad de dicho encargo. Sin embargo, si la transparencia es condición ésta se convierte en real o efectiva sólo a través de los medios de acceso a la misma y la disposición de su empleo por los ciudadanos. Temas de tanta relevancia que se integran en superior jerarquía dentro del texto del artículo 6o. de nuestra Constitución Política a partir de 2007 como un derecho fundamental, lo que permite y reclama hoy un desarrollo progresivo. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, organismo administrativo federal desde su creación en 2002, ha cumplido la función de dar inicio al acceso a los ciudadanos a la información pública, sin embargo ha sido evidente que la relevancia de los derechos en estas materias requieren de una institución de la más alta jerarquía y autonomía para el cumplimiento integral de sus fines. Es precisamente la autonomía de cualquier otro poder público la que permitirá al instituto realizar de manera libre y suficiente su labor. Esta autonomía la concede de manera única y privilegiada nuestra Constitución Política General. Es por eso que Nueva Alianza valora positivamente la conversión de la institución como organismo constitucional autónomo en la certeza de que sólo un organismo de esta naturaleza jurídica independiente puede asegurar plenamente el libre acceso ciudadano a la información pública. La vigilancia ciudadana especifica a las funciones de gobierno que el acceso a la información constituye, de hecho no puede encontrarse sujeta o supeditada a entidad pública distinta, toda vez que el rasgo principal de la supervisión es la independencia de quien ejerce esta función respecto de los sujetos revisados e igualmente considerando el alto rango de las funciones sobre las que se pedirá información, sólo un rango constitucional podrá hacer efectiva esta reforma. Esta reforma es un proyecto madurado a largo tiempo, que por fortuna hoy entregamos a la ciudadanía si esta soberanía concede su aprobación. No ha sido una ruta fácil, la labor de la colegisladora y de las comisiones de esta Cámara de Diputados ha sido extensa, incluyente, sin embargo ha dado finalmente el resultado necesario que nos permite actualizar y desarrollar una institución de la mayor relevancia social y política. El elemento fundamental para el respeto al rango que se otorga al nuevo organismo lo constituye la inatacabilidad de sus resoluciones. Cierto será que la reforma integrará la modalidad en cuanto a la seguridad nacional, y es decir que se le concederá a la Consejería Jurídica el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo esto es por la propia naturaleza, situación que plenamente se justifica. Y también se debe considerar que la revisión por nuestro tribunal supremo federal debe formar parte igualmente de un sistema integral de control jurídico. Resulta igualmente relevante la extensión de los sujetos obligados a proporcionar información en los casos que se trate de recursos públicos con independencia de los sujetos que los ejerzan. Esto tiene su acertada justificación en que dichos recursos realmente pertenecen a la nación y no pueden estar fuera de revisión o control ciudadano por hacer uso de los mismos un sujeto de naturaleza distinta a la pública o gubernamental. Consideramos que la extensión de la obligación jurídica de proporcionar información sobre acciones propias de ayuntamientos, gobiernos del Distrito Federal y sus organismos, organismos autónomos y universidades públicas, fideicomisos y fondos públicos, sindicatos y partidos políticos, viene a integrar y cerrar el universo de entidades públicas sujetas del deber de transparentar operativamente la rendición de todos sus actos, dar resultados de sus cuentas y se obliga a las entidades públicas sin importar jerarquía, material o territorial. Reiteramos que Nueva Alianza expresa su beneplácito por la conclusión de este trabajo legislativo y por los consensos obtenidos en esta relevante reforma, la que sin duda permitirá contar en breve con una ciudadanía mejor informada y participativa del quehacer público, demandante y exigente del cumplimiento de los deberes de cada una de sus autoridades con gobiernos más comprometidos, transparentes y eficaces. Es cuanto, señor presidente.