La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre propio y de los legisladores del Partido Encuentro Social someto a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona un párrafo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. Como sabemos, la Comisión Federal de Electricidad aplica diferentes tarifas de acuerdo al uso y consumo de la energía, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación aplicable. En cuanto al uso doméstico, existen dos tipos de niveles tarifarios, la 01 o estándar, que es la que ocupa la mayoría de los particulares y tiene el beneficio de un subsidio cuando no se rebasa el uso de los kilowatts establecidos. Y la tarifa de alto consumo doméstico, la cual se aplica a quienes rebasan el máximo establecido de kilowatts en el consumo y tiene por efecto un aumento en el cobro de hasta cinco veces el consumo básico, lo que significa que quienes han rebasado el máximo de kilowatts establecidos en el tiempo definido ya no cuentan con la aportación gubernamental, o lo que es lo mismo, se les retira el subsidio como sanción por utilizar mucha energía eléctrica. Actualmente existen muchos mexicanos con diferentes niveles de invalidez y en casos específicos para sobrevivir, sanar o simplemente como auxilio a alguna discapacidad y requieren elementos adicionales que por sus características específicas demandan de un suministro eléctrico más allá del convencional. En nuestro país no se cuenta con una política social que subsane esas necesidades eléctricas no convencionales, dejando a discapacitados en una situación de franca desventaja al no existir un programa para exención de pago, disminución de costo o, en su defecto, el apoyo por parte de la CFE para contar con otro medidor alterno que sea instalado en el domicilio para obtener una facturación separada, con el fin de que los aparatos de supervivencia no alteren el suministro de electricidad doméstica. Hoy día, en el afán de promover la industria automotriz basada en el uso de autos eléctricos, la CFE permite que el propietario de una unidad de estas características no se vea afectado en su recibo de cobro. Para ello facilita la instalación de un medidor independiente en el domicilio y con esta medida su tarifa doméstica 01 o estándar no subirá al nivel de doméstico a alto consumo. Es una pena que las disposiciones actuales amparen niveles de desigualdad, donde se le da beneficios a un sector socioeconómico alto para la adquisición de automóviles eléctricos costosos, que no son para el beneficio del grueso de la población. Mientras un gran número de ciudadanos con discapacidad, enfermedad crónica o terminal requieren aparatos para subsistir y no alcanzan el subsidio eléctrico por continuar con sus medios de sostenimiento. Por esta razón se conmina a la CFE para que suscriba un convenio o programa específico en todo el país, donde las personas que requieren de elementos, aparatos adicionales o auxiliares eléctricos cuenten con una exención, una tarifa preferencial y/o un sistema de medición más justo. Sumado a lo anterior, existen factores sociales de urgente atención por considerarse inevitables a corto plazo. Por dar un ejemplo, el potencial crecimiento en la población de adultos mayores y con ello los padecimientos crónicos que los incapacitan, y que obligan a las familias afectadas a una planificación presupuestaria específica, No solo porque el hecho de que la discapacidad modifica las prioridades de gasto y el presupuesto familiar, sino también porque la propia evolución de los gastos originados por la discapacidad es difícilmente previsible. Solo para el año 2012 se reportan que 19 de cada 100 hogares mexicanos vive una persona con discapacidad y en estos 19 hogares se requiere el uso de algún uso de sostenimiento o apoyo como: el respirador eléctrico, el aspirador pulmonar, la silla eléctrica, entre otros. En el ámbito internacional, en España se aprobó el real decreto que regula la aplicación del bono social de electricidad para los consumidores vulnerables. El gobierno de Francia ofrece un descuento en las facturas de los consumidores de luz, cualquier empresa puede ofrecer el bono social de tarifa de los que se benefician alrededor de 4 millones de hogares. El gobierno de Portugal ofrece 2 tarifas sociales. Una para la factura de la luz y otra para la factura del gas, se realiza un descuento del 33.8 por ciento para la factura de luz y de 31.2 por ciento para la factura de gas, donde también se benefician a los hogares que cuentan con una persona dependiente o que reciben otras ayudas sociales como las destinadas a personas mayores, de desempleo o la de jubilación. En Italia, los descuentos del 20 por ciento en la factura de electricidad y se aplica familias numerosas con 4 hijos, las que tienen pocos recursos, así como a personas con una enfermedad que requiera de equipos especiales conectados a la luz. El gobierno de Bélgica ofrece una tarifa social que se aplica en la factura de la electricidad y a la factura del gas y se revisa semestralmente. Este bono social en la tarifa se trata de un precio especial para los clientes considerados con protección, con una tarifa más barata del mercado. Se puede beneficiar a aquellos clientes que ya tienen derecho a algún tipo de subsidio público o ayuda por discapacidad. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Único. Se adiciona un párrafo al artículo 139 de la ley de la Industria Eléctrica para quedar como sigue: Artículo 139. La Comisión Reguladora de Energía establecerá medidas que aseguren un servicio eléctrico basada o preferencial a usuarios con discapacidad, cuyo consumo es originado por aparatos permanentes para su evidente supervivencia o que garanticen su inclusión social. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.