La diputada Ana María Balderas Trejo: Esta propuesta ante esta soberanía, al ser aprobada, busca que se convierta en políticas públicas que disminuya a brecha de desigualdad y en acciones contundentes para la erradicación de la violencia contra la mujer y las niñas. Vale destacar que Amnistía Internacional ha señalado que en los últimos 2 años, dominados por la pandemia de Covid-19, han tenido un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas, ha aumentado la violencia de género en el ámbito familiar, ha empeorado la inseguridad laboral para las mujeres, se ha erosionado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y la presencia de las niñas en las escuelas se ha reducido alarmantemente en muchos lugares, quienes ya eran las más afectadas, por cierto. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde enero de 2015 hasta la fecha un total de 13 millones 464 mil 586 delitos han ocurrido en nuestro país. En cambio, 17 delitos seleccionados de género reunieron 2 millones 129 mil 158 incidencias. Este es el retrato nacional de la violencia de género, es decir, un retrato que representa el 15.81 del total de la incidencia nacional. De acuerdo a la investigación señalada, los delitos con cifras más altas son los siguientes, desde enero de 2015, hasta enero de 2022, los cinco delitos con mayor incidencia en todo el periodo fueron violencia familiar, con un millón 332 mil 427 casos, seguido de no asistencia familiar con 165 mil 546 casos, seguido de abuso sexual con 137 mil 407 casos, seguido contra la libertad personas con 121 mil 130 casos, y finalmente, violación a los derechos con 111 mil 502 casos. Esta iniciativa busca facultar al Congreso federal para estar en condiciones de emitir la legislación penal, procedimental y orgánica en que se unifiquen sistemáticamente los tipos penales, los procedimientos correspondientes, mecanismos preventivos de inteligencia y de indagatoria, técnicas especiales de investigación, derechos de las partes, medidas cautelares, determinaciones institucionales, todo con perspectiva de género. Estas modificaciones permitirían que el Congreso pueda expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros datos, inclusive electoral, así como en materia de feminicidio y violencia contra la mujer. En términos generales, la propuesta de reforma fija las fases para el establecimiento de una política integral en materia de feminicidios y de violencia contra la mujer por razón de género, que permita una acción efectiva y coordinada del Estado mexicano en la prevención, la persecución, la sanción y el combate en su más amplia extensión de estos delitos. Lo anterior, permitirá contar con un marco jurídico en materia de feminicidios y violencia contra la mujer por razón de género, con las siguientes singularidades; uniforme, porque dicho ilícito serían tipificado y sancionado en los mismos términos en todo el país, con enfoque integral del fenómeno al regular la actividad de todas las autoridades que intervienen, desde la policía preventiva, hasta el sistema penitenciario, y eficiente en virtud que participarían todas las autoridades del país...