EL C. DIPUTADO ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ: Iniciativa de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. INICIATIVA DE DECRETO QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 3° DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA UNION PRESENTES. Alejandro E Gutiérrez Gutiérrez, Diputado Federal de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pone a consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el fin de establecer que los delitos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos que especifica dicha ley, sean considerados como de delincuencia organizada, si el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción por iniciativa propia, o cuando ésta sea solicitada por el titular de la autoridad persecutora de la entidad federativa en que se hayan cometido dichos delitos, bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS La delincuencia organizada, constituye un problema sumamente grave, que no sólo, afecta intereses individuales, o colectivos, sino que pone en riesgo, la propia seguridad de la nación, y, por tanto, la vigencia del Estado de Derecho, ya que por sus características, de ser más organizada y más violenta, posee un carácter internacional al ser más tecnificada. Entre otros factores, se encuentra siempre en ventaja frente a los tradicionales medios de control estatal. Esto ha sido la justificación para la adopción de medidas político criminales que desde el punto de vista de las instancias oficiales se consideran más eficaces frente a dicho fenómeno, fue precisamente ello lo que llevo a que recientemente dentro de nuestro marco constitucional ya se haga referencia al concepto de delincuencia organizada, lo que a su vez llevo a la formulación y expedición de una ley especifica: La ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es un ordenamiento de jurisdicción federal, como lo indica su propia denominación; es una ley expedida para el conocimiento y la punición de conductas de este orden jurisdiccional. No obstante, también es aplicable a delitos del fuero común. En efecto, el segundo párrafo del artículo 3° menciona que los delitos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos sólo serán perseguibles por las autoridades federales "si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción". Asimismo, dicho precepto establece un límite a los poderes jurisdiccionales que derivan de la atracción, en el sentido de que la autoridad federal no puede agravar las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas. El legislador, creador de esta Ley en su momento, manifiesta que la Delincuencia Organizada rebasa la competencia de las autoridades locales de justicia, ya que estas no pueden competir ni con los recursos económicos, ni con los sofisticados aparatos, tecnológicos, que aquella utiliza para realizar sus ilícitas actividades. Es así, como se justificó y pretendió explicar la federalización persecutoria de los delitos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos. A este respecto, el dictamen consideró pertinente añadir aquellos delitos, "que si bien no están directamente relacionados con la seguridad pública en general, ni con la seguridad nacional, su incidencia afecta a la sociedad, además de que son difíciles de perseguir dada la complejidad de estructuras que se requiere para su comisión. Luego entonces, se parte de la hipótesis en el sentido de que la lucha contra la delincuencia organizada exige recursos y facultades de los que generalmente dispone mejor una autoridad nacional que una regional o local. Ahora bien, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no precisa qué noción se tomará en cuenta para entender que existe delincuencia organizada y que el responsable de ésta puede ser investigado y enjuiciado por las autoridades federales: ¿la federal, esto es, la contenida en la Ley aludida, o la local, es decir, la contemplada por los ordenamientos estatales, que puede ser diferente de aquéllas. y de hecho lo es en algunas entidades federativas? Es probable que la aplicabilidad de la ley federal requiera que se tome en cuenta precisamente la noción contenida en ésta. Empero, no es deleznable la idea de atenerse a las leyes estatales, sobre todo cuando éstas contienen una disposición menos gravosa para el inculpado que la norma federal, bajo el mismo criterio que impide a la autoridad de la Federación elevar las sanciones aplicables sobre el nivel previsto en las leyes locales. Lo cierto es que con la citada ley, se generó la idea de que la delincuencia organizada es, necesariamente, delito de carácter federal. Así pareció quererlo el legislador, si se toma en cuenta esta expresión del dictamen: para "unir esfuerzos, hoy más que nunca, en lugar de fragmentarlos", se propone "que la delincuencia organizada, como tipo delictivo autónomo, adquiera el carácter de federal". Este deseo se plasma en la tipificación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. No obstante lo anterior, hay quienes sostienen que si puede darse una versión local de la figura de delincuencia organizada, pero por supuesto vinculada con la comisión de delitos del fuero común no considerados en la Ley Federal respectiva, o incluso con los considerados en ésta, cuando la autoridad federal no ejerza la facultad de atracción para conocer de ellos. Por otro lado, y bajo el esquema establecido se llega a la conclusión de que hay delitos 'en potencia" y delitos "en acto", y que el paso de una situación a la otra depende de una resolución de la autoridad persecutoria federal. Si existe organización delictuosa para cometer robos de vehículos, asaltos tráfico de menores o secuestros, y la autoridad federal ejerce el poder de atracción, se habrá actualizado" para los responsables de aquellos delitos organizados para delinquir un delito federal de delincuencia organizada; Si el órgano persecutorio federal no atrae el conocimiento de estos asuntos, sólo existirán los robos, asaltos, trafico de menores o secuestros, pero no la delincuencia organizada. Esta conclusión, para algunos juristas, pugna directamente con la más elemental seguridad jurídica y con el principio de legalidad en materia penal. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al establecer que determinados delitos del fuero común puedan ser considerados como delincuencia organizada, y consecuentemente federalizarlos, vía facultad de atracción, lo regula bajo bases de discrecionalidad, al arbitrio, que devendría capricho, de la autoridad persecutora Federal. Es así, de que a pesar de que el Estado de derecho exija fundamentos precisos para la actuación de las autoridades, no obstante, con el artículo 3' de la citada Ley, no se contiene referencia alguna acerca de aquellos criterios objetivos; se limita a referirse al supuesto en que el Ministerio Público Federal ejerza la facultad de atracción; así queda establecido que este órgano persecutorio puede atraer o abstenerse de hacerlo, a su leal saber entender, no obstante que debiera aportarse a una regla específica cuando se trata, nada menos, de un acto que afecta tanto derechos de particulares como atribuciones jurisdiccionales de los estados frente a la Federación. Incluso al no existir norma que discipline esta potestad, será difícil el control sobre la legalidad, de la actuación del Ministerio Público Federal en estos casos. Por ello la necesidad de que en el ordenamiento jurídico se establezcan, criterios objetivos en que se sustentará el ejercicio de la facultad de atracción por parte del Ministerio Público Federal, que apareja el desempeño de la jurisdicción de este orden. Adicionalmente, hay que preguntarse o reflexionar por el fundamento constitucional para haber establecido esto, porque tal vez éste debiera ser el nivel aplicable, tratándose de una salvedad al régimen de atribuciones de los estados de la República, respecto a la potestad de atracción a que se refiere dicho artículo 3º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Incluso, puede decirse que hay dudas para sostener que ese fundamento reside en el prácticamente reciente segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional. Éste se contrae, clara y exclusivamente, al conocimiento por autoridades federales de los "delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales". En este sentido, este supuesto no es considerado en el segundo párrafo del articulo 3º como condición para que el Ministerio Público, atraiga el conocimiento de un delito común. Esta norma se refiere a determinados delitos del fuero local y nada dice sobre su conexión con los federales. Con rigor constitucional, debemos entender que la atracción de casos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos sólo procedería cuando estos delitos sean conexos con otros del fuero federal, precisamente bajo la figura legal de la conexidad, que es la que se reconoce en la Carta Fundamental. Claro está que también se puede partir de la discutible idea, de que la delincuencia organizada es única y exclusivamente delito federal, y por ende los acuerdos para cometer estos delitos del fuero común, como son el asalto, tráfico de menores, secuestro, robo de vehículos, ya constituyen un delito federal, del que son conexos aquellos otros delitos. Esta tal vez, es la salida para considerar que es así como se da la conexidad ha que alude la Constitución, justificación que aun así nos sigue pareciendo evidentemente forzada. Todo lo anterior justifica la necesidad de adecuar el marco jurídico que permita establecer un criterio más objetivo en el cual deba estar sustentado el ejercicio de la facultad de atracción por parte del Ministerio Público Federal, para conocer de estos delitos del orden común, respecto a la delincuencia organizada. Reiteramos, que el actual esquema de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, permite al Ministerio Público una gran holgura para resolver que determinados delitos del fuero común puedan ser considerados como delincuencia organizada, y la posibilidad de federalizarlos, y consecuentemente hacerlo competente para conocer e investigar sobre dichos delitos. Esto mediante la facultad de atracción que le concede dicha Ley, pero como ya se dijo, esto queda a su libre decisión, a su discrecionalidad. Este esquema jurídico, tiene el inconveniente de no tomar en cuenta a la autoridad local que considere que determinadas conductas delictivas que si bien pueden referirse a delitos comunes, lo cierto sea que se trate de organizaciones criminales, en la que sea necesario que la autoridad persecutora federal conozca, investigue y persiga dichos delitos, que rebasan incluso la esfera de la propia entidad federativa y lo que es más fuera de nuestras fronteras territoriales, poniéndose en riesgo no solo al individuo y a la colectividad sino la seguridad nacional. Por ello. se propone reformar el párrafo segundo del articulo 3° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de establecer que los delitos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos que especifica dicha ley, sean considerados como de delincuencia organizada, si el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción por criterio propio, o cuando ésta sea solicitada por la autoridad competente de la entidad federativa en que se hayan cometido dichos delitos. En virtud de las razones expuestas, y con fundamento en las disposiciones de la Constitución General de la República, invocadas al proemio de la iniciativa de reforma, se somete a la consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de: DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 3° DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. ARTICULO UNICO: Se reforma el párrafo segundo del artículo 3° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue: ARTICULO 3. Los delitos señalados en la fracción V de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción por iniciativa propia o a solicitud del Titular de la autoridad persecutora de la entidad federativa donde se cometió el delito. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán competentes para conocer de tales delitos Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstos en las legislaciones de las entidades federativas. TRANSITORIOS ARTICULO UNICO- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.