El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Gracias, diputado presidente. Compañeros legisladores, a partir de las reformas en materia electoral aprobadas por el honorable Congreso de la Unión el año 2007, como es de todos conocido, las entidades federativas con elecciones en año en que no se lleva a cabo una elección federal, debieron ajustar sus propias legislaciones a efecto de tener sus jornadas electorales el primer domingo de julio del año que corresponda. Es el caso del año que transcurre, salvo Yucatán, que lo hará en mayo. Después de un intenso proceso de legislación en las entidades federativas para llevar a cabo las reformas necesarias y luego de un no menos intenso proceso de impugnación a la publicación de las leyes emitidas, algunas de ellas ante el máximo tribunal de autoridad de la nación en la materia ?proceso que por cierto no concluye aún?, 15 entidades de la república han iniciado ya de hecho sus procesos electorales para tener su elección el día 4 de julio de este año. Sin duda que la jornada se avizora intensa y no ajena de complicaciones y problemas. Presagia también una intensa lucha electoral en la que los partidos políticos buscarán, por todos los medios lícitos a su alcance, lograr los triunfos que consideran pueden obtener. Sin embargo, hay que aceptar que en los últimos años los procesos electorales se han judicializado en extremo llegando, en muchas ocasiones, hasta la última instancia de la autoridad en la materia en el nivel de la nación, para tener en definitiva una resolución. Si bien es cierto que las autoridades encargadas de los propios procesos en cada entidad federativa deben comprometer su mayor esfuerzo en busca de una contienda imparcial, transparente y con la mayor certidumbre, también es cierto que varias lagunas o contradicciones en determinadas leyes no permiten claridad en la práctica para el ejercicio de una vida democrática, equitativa, para todos los partidos contendientes. Deseo referirme particularmente a la contradicción, o por decir lo menos, a la falta de definición que existe entre el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se propone reformar y el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tanto la primera establece que ningún legislador puede ser reconvenido por sus expresiones, en la segunda se define muy claramente un periodo de prohibición para hacer manifestaciones de proselitismo político 3 días antes de la jornada electoral. Estos conceptos se replican en todas las legislaciones de las entidades. De ahí que en Nueva Alianza consideramos que esto amerita una definición y visualizamos que ya se han dado casos en que el propio Tribunal Federal Electoral ha establecido un criterio sancionatorio y de reprobación al hecho. Por mera causa de cita, el Senado de la República replicó con una contundente respuesta. Abría que dar claridad, a nuestro juicio, a esta contradicción sin perder de vista la superioridad de nuestra Carta Magna. Pero sí poner al menos en la mesa de la discusión un hecho que puede ocasionar no sólo complejidades y conflictos, sino lo más importante: inequidad en la vida democrática y en la participación de las distintas fuerzas políticas de la república. Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 61 de nuestra Carta Magna en los términos que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. Para lo cual solicito atentamente a la Presidencia que instruya el trámite que corresponda, al igual que a la intervención de su servidor se le dé trámite en el Diario de los Debates. Suscriben con su servidor esta iniciativa la diputada Pilar Torre Canales y el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. Muchas gracias, señor presidente.