La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Gracias, presidenta, con su permiso. El dictamen de la minuta que la Comisión de Justicia pone a consideración de esta asamblea tiene como objeto expedir la Ley de la Fiscalía General de la República, abrogar la ley orgánica vigente, así como reformar, adicionar y derogar 65 ordenamiento legales más. El decreto constitucional que se publicó el 10 de febrero de 2014, en el Diario Oficial, mandata que el Ministerio Público se organice en una Fiscalía como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, logrando con ello la independencia de quien procura la justicia en nuestro país, lo que ha sido una larga lucha de la izquierda democrática mexicana y que por desgracia y a pesar de los esfuerzos que se han hecho aún no hemos visto concretado. El 11 de diciembre de 2018, el pleno de esta Cámara aprobó el dictamen de la minuta que expedía la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, cuyo objeto es reglamentar su organización, fundamento, funcionamiento y el ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior indica que, a poco más de dos años de haberse publicado, este gobierno autárquico del presidente Andrés Manuel López Obrador aún no se ha dado cuenta que es necesario tomar en cuenta las opiniones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil en general, y principalmente de las víctimas con la finalidad de generar leyes que a partir de la pluralidad de opiniones garanticen los derechos de las y los mexicanos, principalmente su derecho al acceso a la justicia. Además de la evidente omisión de la Fiscalía para atender las demandas de las organizaciones de la sociedad civil que representan a las víctimas, debemos señalar también que con esta ley no logra dotarse a la Fiscalía de instrumentos necesarios para la investigación integral y la persecución de delitos con perspectiva de macro criminalidad, por lo que no se fortalece su autonomía constitucional ni su actuación en favor de las víctimas ni de la ciudadanía, y también lo convierte en un blanco fácil de presiones del Poder Ejecutivo. Adicionalmente a esto, es importante mencionar que se implementa el mecanismo de ventanilla única para canalizar los asuntos a las áreas correspondientes con el objeto de darles atención y seguimiento, sin tomar en consideración que una ventanilla única abre la puerta a la corrupción si no es implementada con los mecanismos de control adecuado, que este proyecto no los contempla. La nueva ley estipula también que en la investigación de los hechos que puedan ser constitutivos de delitos de su competencia, el Ministerio Público de la Federación se auxiliará de las policías, incluyendo la Guardia Nacional, y las instituciones de seguridad pública del fuero federal o común, sin considerar que la falta de confianza de la ciudadanía en las policías estatales y municipales, frecuentemente corrompidas por la delincuencia organizada, y una Guardia Nacional compuesta de militares vestidos de civiles, comprometen la acción judicial con su única presencia. Adicionalmente, es importante señalar que, no obstante que el proyecto permite conformar equipos o unidades mixtas de investigación y de litigación con personas integrantes de distintas unidades de la Fiscalía General, así como personal de otras fiscalías o procuradurías de las entidades federativas, en realidad estos equipos carecen de facultades para poder investigar los fenómenos criminales nacionales y trasnacionales. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidas y convencidos de que en el diseño de esta ley era necesaria la participación activa de la sociedad civil para cumplir con una restructuración funcional para la Fiscalía, permitiendo que las y los fiscales realicen sus funciones con las garantías de la independencia judicial, entre las que se incluye un adecuado proceso de nombramiento y remoción. En el PRD votaremos en contra porque la situación actual de nuestro país no requiere de experimentos, necesitamos llegar a los acuerdos necesarios para garantizar que esta fiscalía funcione perfectamente, por lo que no estamos dando un voto de confianza a la fiscalía. Y, a partir de este momento seremos vigilantes de que esta se convierta en un verdadero órgano de procuración de justicia autónomo e independiente, que coadyuve en la disminución de los altos índices de impunidad en nuestro país, y lucharemos en todo momento para garantizar el derecho de acceso de la justicia de las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias.