El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores: Durante la comparecencia del ciudadano Fernando Gómez Mont el pasado 17 de septiembre, elevamos a la consideración de ustedes la inconformidad de vecinos de diversas comunidades de la región de Los Altos de Jalisco. Es un tema que viene procesándose durante años y que en el documento, que solicito a la Presidencia que se inserte en forma integral, se hace un desglose en 17 apartados numéricos, de los cuales sólo subrayaré lo siguiente: En junio de 2006 el gobierno federal, la Semarnat, autorizó a la Conagua la manifestación de impacto ambiental, que se abrevia en términos hidrológicos MIA-1310/06. En esa autorización se puntualizaba que la cortina de la presa de El Zapotillo tendría una altura de 80 metros y que su embalse abarcaría una superficie de 2 mil hectáreas, con una capacidad de almacenamiento de 411.6 millones de metros cúbicos. Pese a lo anterior, Conagua acaba de licitar la mencionada presa con una cortina de 105 metros de altura, con un embalse de 3 mil 800 hectáreas y un almacenamiento de 911 millones de metros. Esa modificación es a todas luces irregular y traería como consecuencia la inundación y la desaparición de las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín. Este proceso se hizo sin contar la licitación con una nueva manifestación de impacto ambiental y a todas luces es ilegal ya que el artículo 6o. del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala: "Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones requerirán manifestación de impacto ambiental cuando impliquen incremento en el nivel de impacto y riesgo ambiental", como es caso. Aunado a lo anterior, en sesión del ayuntamiento de Cañadas de Obregón del viernes antepasado, por mayoría de votos ese ayuntamiento, que es de extracción panista, votó acertadamente en contra de otorgar el uso de suelo a la Conagua para autorizar la altura de la cortina de 105 metros. Por si lo anterior fuera poco, el proceso de licitación que se otorgó a la empresa, propiedad de Carlos Hank Rhon, es ilegal. Hay impugnación en la Secretaría de la Función Pública porque está otorgada por 2 mil 194 millones de pesos, 622 millones de pesos más que lo que presentó la empresa ICA y otras participantes. Para concluir, otro aspecto fundamental es la violación de los derechos humanos de quienes han presentado quejas ante la comisión estatal, más de 200, que no han sido escuchados. Dicho organismo emitió una medida cautelar para pedirle al gobierno de Jalisco que lleve a cabo una consulta popular y que cancele todo acto de hostigamiento y presión a los habitantes. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, recibió a los vecinos afectados, se comprometió a que en un lapso de tres meses llevaría a cabo esa consulta y que respetaría el acuerdo de los vecinos. También a que iría personalmente a Temacapulín a visitar la obra. No ha cumplido Emilio González Márquez, que, al contrario de la sensibilidad del ayuntamiento panista, ha sido ajeno y ha sido distante de los vecinos de Temacapulín. Por eso y aunado a que el INAH tampoco ha otorgado la autorización para la desaparición de monumentos históricos es que pedimos aquí, a esta Presidencia, se excite bajo el siguiente punto de acuerdo al Ejecutivo federal, para que instruya a Luege Tamargo a cancelar la licitación pública de la presa El Zapotillo sobre el río Verde y, consecuentemente, el inicio de la construcción, también debe cancelarse la misma. Pedimos a la Presidencia...