LA C. DIP. SILVIA LOPEZ ESCOFFIE: Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados: Me permito presentar ante ustedes esta Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 110 de la Constitución. "La defensa de la Constitución ha sido un tema que ha preocupado siempre, más cuando mantener sus mandatos son base necesaria para el mantenimiento del Estado de Derecho en nuestro país. "En efecto, la protección de nuestra Constitución deriva precisamente del principio fundamental que la caracteriza: El de la supremacía constitucional, y que se refiere específicamente a mantener la constitución Política de los Estados Unidos como la máxima disposición jurídica-normativa sobre la cual no puede existir ningún acto de autoridad. "Tal principio constitucional llega a significar la necesidad de la existencia de un ordenamiento superior a los demás, al que no contravengan los actos autoritarios estatales, federales o municipales sirviéndoles de origen e implicando que se mantendrá vigente nuestro sistema federal, los derechos humanos, la paz social y pública, conjuntamente con el Estado de Derecho en nuestra sociedad. "Asimismo y estrechamente vinculado con el principio de supremacía, está el de la fundamentalidad, el cual denota una cualidad de la Constitución que lógicamente hace que ésta se califique como Ley Fundamental del Estado. "Entraña por ende que dicha Constitución sea el ordenamiento básico de toda estructura jurídica estatal, es decir, el cimiento sobre el que se asienta el sistema de derecho en su integridad. Por ello la Constitución es reconocida como Ley Fundamental y al mismo tiempo es la Ley Suprema del Estado. "Como podemos observar, dicho principio de supremacía constitucional, se deriva el nacimiento de uno de los capítulos principales de la Carta Magna, el relativo al establecimiento de los medios de control constitucional o de defensa de la Constitución, medios que implican un dique a la actuación de las autoridades estatales o en su caso, cuando tales autoridades han actuado el proceso a través del cual se dejará insubsistente todo acto de autoridad que contravenga algún mandato constitucional. "Asimismo el precepto constitucional señala textual y expresamente que la supremacía de la Constitución implica también que las leyes de los estados deberán sujetarse a la misma. "Es debido a la necesidad de proteger y vigilar la observancia de la Carta Magna como surge y nace la necesidad de crear instrumentos de control constitucional. "En efecto la defensa de la Constitución se realiza a través de lo que se conoce como "medios de control de la constitucionalidad", medios por los cuales va a sobrevivir la constitución para hacerla efectiva y suprema y que sea no lírica ni romántica o poética, sino auténtica, palpitante y viva. "Por ello referirnos a la defensa de la Constitución es hablar de los medios jurídicos a través de los cuales se va a controlar la Carta Magna. "Ahora bien, si el jurista yucateco Manuel Crescencio García y Rejón instituyó la creación del juicio de amparo y que hizo con éste el sistema jurídico de protección y defensa de la Constitución, más perfecto que ha habido, y precisamente por ello lo han adoptado muchos países del mundo. "En este juicio de amparo se facultó a la Suprema Corte de Justicia para que además de seguir conociendo del amparo, conociera de otros medios de control constitucional como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que sumados al juicio de revisión constitucional electoral del Tribunal Electoral de dicho Poder Judicial de la Federación, puede observar y se afirma y traslada a las autoridades federales la única responsabilidad y la potestad el control constitucional por medio de estos instrumentos jurídicos. "En base a lo anterior se hace necesario pugnar porque en nuestro sistema normativo exista una verdadera delimitación legal de funciones y atribuciones de los titulares de los órganos del gobierno, mismo que deberán basar su actuación con apego a la Constitución y las leyes que derivan de ella, imponiendo a su vez un sistema de responsabilidades de los gobernantes cuando estos contravengan alguna disposición legal en ejercicio de sus facultades. "Cabe puntualizar que corresponde al gobierno pugnar por la existencia de un verdadero marco jurídico en donde se desenvuelva todo servidor público que reconozca sus derechos pero donde también le imponga obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones, las cuales vayan enfocados a la tutela de los derechos de los gobernados frente al actuar de cualquier autoridad, misma que le permita, cuando así sea necesario, exigir por la vía legal la imposición de sanciones a quien se haga acreedor o al servidor público por su proceder arbitrario e incluso exigir la rendición de cuentas de la gestión realizada por el servidor público durante su encargo y en caso de encontrar alguna irregularidad fincarle la responsabilidad de acuerdo a lo que establezcan las leyes. "Luego entonces no hay duda de la falta de cumplimiento de los deberes que impone la función pública y con esto se da nacimiento a la responsabilidad que alude nuestro propio marco constitucional y que puede ser de orden administrativo, penal o político. Asimismo existen otras responsabilidades, a saber, la civil y la indemnizatoria. "Ahora bien, dentro de los medios de control político nuestra Constitución prevé, en su título cuarto, el juicio político y la declaración de procedencia. Encomendando el desarrollo de los mismos a un órgano político: el Congreso de la Unión. "Luego entonces a fin de asegurar la supremacía del orden constitucional estableció medios de control jurídico pero a efecto de lograr el normal funcionamiento de las instituciones que sustentan al Estado, así como su adecuada nivelación y se generaron los medios de control político. "Por lo que respecta a la naturaleza jurídica del juicio político esta gira sobre hechos no delictuosos y concluye con la separación e inhabilitación, en su caso, del alto funcionario que ha perdido la confianza pública. Por lo tanto, es ajeno a la actividad judicial. Es decir, el juicio político es aquel instaurado en las Cámaras del Congreso de la Unión en contra de determinado funcionario público como resultado de la realización de determinadas conductas que contrarían los intereses públicos fundamentales y originan responsabilidad política. "La finalidad del juicio político no es comprobar la existencia de un delito, sino la identificación de ciertas conductas consideradas generadoras de responsabilidad, cuya gravedad debe juzgarse con criterio para separar al funcionario de su cargo. El juicio político debe aspirar a lograr una efectiva y eficiente aplicación dela Constitución y la ley a los servidores públicos que por integrar un poder público, por su jerarquía o por su trascendencia de sus funciones, afecten los intereses públicos fundamentales a su buen despacho. "Ahora bien, el artículo 110 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos ordena en su segundo párrafo: <<Los gobernadores de los estados, los diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este capítulo por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda> "Como se observa en esta última parte de este párrafo hay un misterio que nos lleva a las siguientes interrogantes: ¿Para qué se comunicará a las legislaturas locales la resolución declarativa? ¿Cuáles son las atribuciones que deben ejercitar? ¿Qué es eso de proceder como corresponda? "En ese orden de ideas podemos decir que además de resultar ocioso, confuso y ambiguo y una notable pérdida de tiempo el de facultar a las legislaturas de los estados para un ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda, lo más delicado está en que puedan llegar a convertirse en inoperante la función del control constitucional que tiene el juicio político y que la autoridad federal, o sea el Congreso de la Unión, quede subordinado, relegado, supeditado y sojuzgado como responsable de esta potestad de control por las autoridades locales y lo más grave es que el postulado de supremacía constitucional quede vulnerado o descobijado por este medio de control. "En este sentido afirmamos que la función de controlar la constitucionalidad debe recaer en las autoridades federales en resoluciones y actos que no le deberían de corresponder a las autoridades locales basándonos en los principios antes argumentados. "Si bien sabemos que el modelo constitucional de la supremacía se ha constituido sobre la base del Estado de derecho, entre sus principios fundamentales destaca, como ya se dijo, que se implica la sujeción de los actos y disposiciones normativas al texto de la Carta Magna. "Por estas razones consideramos indispensable que el juicio político, tanto para altos funcionarios federales como locales, deba ser conocido y el resultado en definitiva debe darse por la autoridad política federal. Es decir, por el Congreso de la Unión, y debe descansar el control constitucional, esencia de este juicio, en la autoridad del poder de la Federación y no en los Congresos Locales como hasta hoy se establece. "De ninguna manera la presente iniciativa es en detrimento de la soberanía y autonomía de los estados, ni mucho menos se pretende debilitar al sistema federal mexicano. Por el contrario, como ya se ha comentado, la finalidad es preservar el principio de la supremacía constitucional. "En este sentido se propone eliminar lo relativo a que la resolución del Congreso de la Unión será únicamente declarativa y que se comunicará a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda respecto a los juicios políticos contra y establecer que será dicho Congreso de la Unión quien resolverá en definitiva y consecuentemente el que deberá imponer la destitución o inhabilitación respectiva en los casos de juicio político contra gobernadores de los estados, diputados, locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y, en su caso, a los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales cuando hubiera habido violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales. -PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Señora diputada, si le parece, según el convenio, podemos turnar el texto íntegro de su iniciativa. -DIP. SILVIA AMERICA LOPEZ ESCOFFIE: Sí, ya solamente voy a leer el artículo como quedaría, si me lo permite ciudadana Presidenta. -MISMA PRESIDENTA: Sí, concluya por favor señora diputada. -DIP. SILVIA AMERICA LOPEZ ESCOFFIE: Sí. Entonces, "se reforma el artículo 110 para quedar como sigue: Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrales de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título, por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanan, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales. "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y las demandas de juicio político que se hubieran presentado antes de la fecha de la vigencia del presente decreto, se regirán por la disposición constitucional anterior y consecuentemente las Legislaturas de los estados conocerán de los mismos para efectos que procedan". Muchas gracias señora Presidenta -MISMA PRESIDENTA: Gracias señora diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. La iniciativa agendada por el Partido de la Revolución Democrática, a cargo del diputado Torres Mercado, se pospone para la próxima sesión. Igualmente la agendada por el Partido Verde Ecologista de México, a cargo del diputado Francisco Agundis Arias, se pospone para la próxima sesión. Continúe la Secretaría. Tenemos minutas. -SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: (Oficio de la Cámara de Senadores, respecto al Proyecto de Decreto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) -MISMA PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos. -MISMA SECRETARIA: (Dieciocho oficio de la Cámara de Senadores, sobre permiso a los CC. Marina Elvira Priscila Ruiz Maza, Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, Valentín Díez Morodo, Luis Mauricio Peters Krayem, Nathan Wolf Lustbader, Jaime Virgilio Nualart Sánchez, Amanda Mireya Terán Munguía, Miguel Hakim Simón, José Armando Tamayo Casillas, José Luis Romero Hicks, Bertha Leticia Navarro Ochoa, Claudia Mendoza Mendoza, Julián Ventura Valero, Olegario Vázquez Raña, José Luis Figueroa Cuevas, Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa, Bernardo Córdova Tello y Gustavo Iruegas Evaristo, para aceptar y usar condecoraciones del Gobierno del Reino de España) MISMA PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. -MISMA SECRETARIA: (Trece oficios de la Cámara de Senadores, sobre permiso a los CC. Fernando Gómez, Carlos Enrique López Araiza Genis, Perla María Carvalho Soto, Francisco Ponce Fernández de Castro, Julio César Margaín y Compean, Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, Miguel Hakim Simon, José Armando Tamayo Casillas, Gustavo Ernesto Casillas Rocha, Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa, Francisco Javier Ortiz Ortiz, Pedro Cerisola y Weber y Oscar Arturo Esparza Vargas, para aceptar condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de Suecia) ..-LA C. PRESIDENTA. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.|| El siguiente Punto del Orden del Día es la primera lectura del Dictamen con proyecto de Ley Orgánica de la Armada de México Es de primera lectura. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. -