La diputada Crystal Tovar Aragón: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el motivo principal de mi propuesta es la importancia de contar en la Cámara de Diputados con un comisión ordinaria contra la trata de personas, debido a que existe en este órgano legislativo que se coloca en la situación de inequidad y de notable desventaja para realizar sus tareas legislativa en materia, y limita su actuar frente al resto de los Poderes de la Unión e, incluso, frente a su colegisladora. En la Cámara de Diputados esta disparidad limita el impacto de las decisiones parlamentarias para abordar y atender temas tan complejos como los delitos de trata de personas, además, incluso, afortunadamente en la mayoría de los congresos estatales se encuentran establecidas comisiones ordinarias para atender esta problemática. De no estar en la misma situación, la intervención del Congreso de la Unión contra la trata de personas estará siempre truncada y limitada frente a organismos nacionales e internacionales especializados en el tema. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, las comisiones especiales sólo existirán cuando se estimen necesarias y para asuntos específicos, y su vigencia está determinada por el lapso en que se haya agotado su objeto, o al final de la legislatura en la que fue creada, por lo que sus facultades y atribuciones se encuentran demasiado limitadas para la actividad parlamentaria e incluso para la dictaminación de iniciativas o asuntos directamente relacionados con los temas para los que fueron credos. Como antecedente se puede mencionar que en la Cámara de Diputados se han creado dos Comisiones Especiales, una en 2009 y la actual, con vigencia al 31 de agosto 2015. Debido a lo anterior y considerando la magnitud del problema que implica la trata de personas, es deseable, pero desafortunadamente muy poco probable, que en los próximos dos años se puedan general los cambios estructurales y necesarios para erradicar la explotación y el abuso al que son sometidas miles de personas en nuestro país y en el mundo. Al abordar los delitos en materia de trata de personas a través de la Comisión Especial, se dificulta la generación de acciones sustantivas que contrarresten el impacto negativo que estos delitos tienen en la sociedad y se puede de manera responsable eliminar los alarmantes niveles de degradación humana que se someten en la actualidad. Considerando que este problema afecta a la sociedad en su conjunto, pero que principalmente aqueja a la población que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad y de riesgo como son las niñas, niños, adolescentes y mujeres, reconociendo que se han logado algunos avances sustanciales. También merece mencionar que no se ha tenido el peso necesario para incidir de manera efectiva en las reformas y adiciones realizadas a diversos ordenamientos, ya que las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, como de la Cámara de Senadores, fueron las Comisiones dictaminadoras, lo que de alguna manera limita el nivel de especialización y conocimiento sobre los delitos de trata de personas, situación que no podemos permitir que siga sucediendo, ya que estos delitos por sus impactos e implicaciones, requieren de urgente y pronta atención, porque la omisión también es un delito. En el mundo existen 12.3 millones d personas víctimas de trata de personas, de las cuales más de la mitad son mujeres y niñas. Según estimaciones, la explotación de personas genera anualmente ganancias cercanas a los 32 mil millones de dólares para los tratantes, lo que coloca esta actividad delictiva en el tercer lugar de entre las más lucrativas del mundo para el crimen organizado, sólo después del tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes. De acuerdo con el diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en el Desarrollo y Asistencia Social, México es el segundo país que más víctimas de trata provee a los Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia. Además señala que el 50 por ciento de los delitos cometidos a través de internet están relacionados con la pornografía y la prostitución infantil, y estima que genera ganancias anuales por más de 20 millones de dólares. Por otro lado, se han identificado casos de niñas y niños de cero a 4 años de edad utilizados para la producción de material pornográfico. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011 aproximadamente 3 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad trabajan, situación que además de ser nociva para su salud y pleno desarrollo se vincula con riesgos que van desde jornadas laborales largas, trato humillante, violencia física o verbal y hasta abuso sexual. Aunado a todo lo anterior, el pasado 21 de mayo del año en curso el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidas las modificaciones en materia de secuestro y trata de personas que llevaron a cabo los Congresos locales de cuatro de sus estados respetivos en sus códigos penales. El fundamento sustancial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que solo el Congreso federal podrá tipificar y establecer las sanciones agravantes y tipificación de ambos delitos. El criterio jurídico derivó al resolver que cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República contra las legislaturas locales de los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Colima, Baja California y Coahuila, motivos por los cuales se hace aún más necesaria la existencia de una comisión ordinaria contra la trata de personas en la Cámara de Diputados, como parte del Congreso federal y de los Poderes de la Unión. Por su atención, muchas gracias.