El senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, su señoría. Compañeras y compañeros legisladores. Los hechos sucedidos el pasado 2 de enero, cuando Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, Morelos, fue asesinada en su casa apenas un días después de haber tomado protesta, merecen nuestra condena y apoyamos la propuesta que hace la Mesa Directiva en este sentido. También expresamos nuestra solidaridad y condolencia a su familia. Los acompañamos en su dolor. Pero también nos lleva a una reflexión obligada no solo sobre el mando único, sino sobre la estrategia nacional de seguridad que se ha implementado en los últimos años. Este hecho, lamentable y reprobable, es un desafío más de la delincuencia al Estado mexicano, pero tampoco es un hecho aislado. Tenemos que recordar que más de 40 presidentas y presidentes municipales han muerto en los últimos tres años. Nos muestra un Estado vulnerado, con capacidades limitadas, ya no sólo para proteger el patrimonio y garantizar la vida de los ciudadanos, sino también ya no podemos suponer ni dar por hecho la integridad y el actuar de las propias autoridades, sobre todo cuando son honestas. Confirmo mi dicho con el informe del 2015 de Alfonso Ortiz, que es un instrumento que se realiza con apoyo de Naciones Unidas, donde nos muestra la fragilidad del Estado mexicano que ocupa un lugar número 100 entre 178 naciones. Compañeras y compañeros, el tema es la vulnerabilidad del Estado mexicano. En cuanto al decreto, y quiero abordarlo de una vez, queremos afirmar que el gobernador hizo lo correcto al implementar el mando único. ¿Por qué lo afirmamos? Porque ¿cuál era la alternativa? Era eso ¿o la nada? Entendemos también que el mando único no es una solución única ni universal, pero en Morelos, por lo menos la evidencia que se presenta con los datos de Conago y del mismo gobierno del estado, ha tenido resultados. Pero el mando único no puede ser el eje de la estrategia nacional, no es el eje del debate. La realidad de Temixco no es una realidad aislada; cuando hablamos de Temixco hablamos de todo el país. Frente a esto es necesario pensar diferente. El eje de la estrategia no debe de ser sólo un tema de instrumentos policiacos, el punto es fortalecer la capacidad de actuar y responder del Estado mexicano. Permítanme presentar los argumentos, acotando que este debate no puede partir de una aproximación o de una interpretación partidista y que debemos de revisar con madurez los datos con que contamos En primer lugar me gustaría poner a su consideración el tema de los resultados. Si bien reconocemos que varios de los principales cabecillas del crimen organizado han sido capturados en los últimos años, también estamos obligados a reconocer que una vez capturados se han fugado o han sido puestos en libertad por deficiencias en la integración de expedientes. Pero el tema de fondo es que hoy los carteles de la droga no han visto mermada su potencia económica ni su capacidad delincuencias. En segundo término quiero también comentar con ustedes que reconocemos un compromiso y una intención de combatir estos carteles, tenemos también que reconocer que el Estado mexicano hoy no cuenta ni con mejores herramientas ni con más para enfrentar las redes delincuenciales. El crimen organizado en este país es hoy una ingeniería compleja, que incluyen desde el pago de derechos de pisos del taquero en el barrio, en la esquina, hasta operaciones multimillonarias en el sistema financiero internacional, pasando por el secuestro, incluso, han tomado actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la pesca e, incluso, algunas consideradas estratégicas como la minería. El control y la potencia económica de estos carteles no son un producto de la suerte, son estructuras construidas con la complicidad, y en algunos casos con la complacencia y alimentados por la corrupción y la impunidad. Es un grave error pensar que corrupción y crimen organizado son dos fenómenos diferentes, son dos caras de la misma moneda. Ante tal escenario se requiere una estrategia de fortalecimiento del Estado y seguridad pública, que no tenga sólo como componente principal el combate a la corrupción, sino que considere elementos como el desarrollo económico y social, la atención a las víctimas y la reintegración productiva. El decálogo propuesto por el Ejecutivo federal para fortalecer la seguridad y la justicia, debe de ser debatido y atendido, pero entendiendo que esta fórmula pudiera llegar a ser útil, pero no representa la única solución para la delicada situación. Estamos obligados a una reflexión profunda y seria, madura sobre qué está funcionando y qué tenemos que hacer para mejorar esta situación. Apoyamos como hemos dicho la condena que hace esta comisión permanente, pero la condena sin acción y sin consecuencia no es útil, y tenemos que reconocerlo, las palabras no frenan las balas. Por eso, en el PRD, creemos que debemos entrar en un diálogo urgente con el titular del Ejecutivo, la gobernadora, gobernadores y jefe del gobierno de la Ciudad de México, el Congreso de la Unión y los principales actores nacionales vinculados con el tema para construir una nueva política de seguridad, fortalecimiento del Estado y combate a la corrupción. Estamos seguros que con un diálogo incluyente y maduro, podemos construir fórmulas más eficaces y que nos den mejores resultados. Estamos seguros que con esta nueva política que dialoguemos todos y con estas condiciones, daremos un gran servicio a nuestra nación. Es cuanto, señores.