La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. Sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país en la implementación de políticas públicas radica en la falta de estructuras integrales, que permiten abordar las demandas nacionales, contemplando todas las aristas y no simplemente ofreciendo soluciones acotadas, parciales y cortoplacistas. Entre los rubros que más han sufrido el abandono del gobierno sobresale el área de ciencia y tecnología de la investigación, ya que aun cuando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) recibió, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, un incentivo de 11.5 por ciento de recursos respecto a los otorgados en 2012, dicho monto representa tan sólo el 0.5 por ciento del producto interno bruto, contraviniendo a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual establece que el 1 por ciento de los ingresos del país deberán destinarse a esta actividad. En el caso particular del sector energético, la creación de los incentivos orientados a la investigación, representa una tarea de doble importancia, ya que no tan sólo genera la posibilidad de la ampliación de empleos y calidad de vida, sino que permite la promoción de fuentes de energía alterna. Lo preliminar resulta de suma importancia, puesto que información científica reciente muestra que los impactos ambientales, derivados de los patrones de producción, generación y consumo de energía, así como las presiones demográficas, podrían provocar transformaciones masivas en el entorno que enfrentarán las generaciones futuras. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, México es uno de los países con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, pues no hay una sola entidad que no enfrente por lo menos una amenaza grave debido a sus efectos. Sin embargo, en nuestro país, las políticas para prevenir y mitigar los efectos, así como la legislación para proteger y conservar el medio ambiente, siguen siendo escasas e insuficientes, lo previo deja en evidencia la urgencia de implementar una serie de medidas, acciones y políticas para procurar, cuanto antes, la adaptación de cambios que retrasen el cambio climático y mitiguen las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por esto que en Movimiento Ciudadano respaldamos el dictamen que se discute el día de hoy, el cual pretende incorporar el concepto de investigación como un objetivo primordial de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, ya que actualmente el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética sólo considera como objetivos primordiales, la utilización, el desarrollo y la inversión respecto de energías renovables. Si bien, lo anteriormente propuesto es deseable para colocar a nuestra nación como un país líder en investigación ambiental, consideramos que no es suficiente. Debido a la crisis coyuntural en la que nos encontramos vale la pena mencionar que no solo resulta menester promover la utilización de fuentes de energías renovables y tecnologías limpias. Es necesario que los beneficios obtenidos de las políticas previamente descritas recaigan en el bienestar de todos los mexicanos y no que solo se concentren en intereses oligárquicos y extranjeros. Para comprobar que las acciones de investigación realizadas, hasta ahora han favorecido únicamente a unos cuantos, basta con observar los proyectos que los productores independientes de energía, actores que constituyen el 36 por ciento de la capacidad efectiva de generación del país, han realizado, los cuales no han representado bienestar alguno en las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro país. Entre las principales empresas beneficiadas con la compra de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra Iberdrola, la cual brinda a la paraestatal 31 mil 600, es decir, el 85 por ciento de los 37 gigavatios que operan en México. La compañía española ha realizado proyectos millonarios de investigación en energía renovable como el parque eólico La Venta Tres, por 200 millones de dólares. Y la planta de Enertec por 40 millones de dólares, los cuales no se han traducido en reducciones de tarifas o generación de empleos para los mexicanos. ¿De qué servirá fomentar la investigación si ésta beneficiará únicamente a actores privados y foráneos? Frente al momento histórico que vive el país, donde el gobierno deliberadamente ha trazado una política entreguista. Es nuestro deber, como legisladores, garantizar que cualquier medida implementada promoverá el bienestar de los ciudadanos. Estamos a favor de la investigación, pero ésta se debe materializar en beneficios para todos y no quedarse en letra muerta o favorecer tan solo a los más privilegiados. Por tanto, el Grupo Parlamentario de Movimiento ciudadano votará a favor del dictamen. Es cuanto, señor presidente.