El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Quisiera invitar de manera respetuosa al grupo mayoritario, que se pongan de acuerdo. Acabamos de escuchar una defensa puntual íntegra del diputado Noroña del fuero. Pero hay quien piensa todavía en este momento, en los pasillos de esta legislatura, que le vamos a quitar el fuero presidencial. Eso no es cierto. Lo que hicimos en la Comisión de Puntos Constitucionales desde el mes de abril es ampliar los delitos en materia del fuero. En ese sentido, quiero decirles que los medios de control parlamentario son el instrumento idóneo para evitar que alguno de los tres Poderes de la Unión rebase los límites del poder. De ahí que exista el juicio político como procedimiento para imputar al titular del Poder Ejecutivo federal por alguna de las causales actualmente previstas en nuestra Constitución, como son traición a la patria y otros delitos graves del fuero común. Hoy debatimos en torno a la ampliación del catálogo de los delitos por los cuales el jefe del Ejecutivo podrá ser responsable política y penalmente. Este dictamen presenta una reforma para ampliar el catálogo de los delitos por los cuales podrá ser imputado el presidente de México, entre ellos abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquier modalidad, delitos en materia de hidrocarburos y los demás previstos en el artículo 19 de nuestra Carta Magna. Como se observa, no hay un cambio en materia del derecho procesal constitucional en el rubro de juicio político, tan erróneamente señalado como eliminación del fuero. En realidad, lo que hace este dictamen es expandir las causales de juicio político, incorporando otras conductas antijurídicas que impliquen prisión preventiva oficiosa. Tampoco existe una novedad en el caso de los legisladores, toda vez que el derecho a no ser reconvenido por lo expresado en este Parlamento o por hechos de responsabilidad civil, tiene antecedentes desde hace cuatro siglos en Inglaterra y se conoció como inmunidad parlamentaria. Hoy no estamos ante ninguna novedad en esta materia, pues ambos procedimientos se encontraban en nuestro orden jurídico desde 1824, con el sistema de responsabilidades, previsto en el entonces artículo 38 constitucional, aplicable para el Ejecutivo, integrantes de la Corte, secretarios de despacho y gobernadores. Fue en el año 1857 cuando a los juicios de responsabilidad política se les incorporaron los delitos oficiales y se instauró al Congreso como jurado de acusación. Como se observa, no hay nada nuevo bajo el sol, aunque algunas voces se empeñen en asegurar que en este dictamen se va a eliminar el fuero. Lo decimos claro y contundente: no se elimina ningún fuero al supremo Poder Ejecutivo. Ciertamente, se perfecciona un modelo para evitar que se prive la impunidad en lo más alto del cargo del servicio público en México. Afirmar lo contrario sería una falacia, puesto que no se retira ningún privilegio procesal, por el contrario, se busca que los delitos de corrupción o los electorales, además de los previstos en el artículo 19 constitucional, sean detonantes para juzgar al primer mandatario de este país. El fuero presidencial no se elimina, habrá lugar a acusarlo, primero ante la Cámara de Senadores y deberá observarse el procedimiento constitucional actualmente previsto en el artículo 110 relativo al juicio político. Por lo que corresponde a los integrantes del Congreso de la Unión, este dictamen corrige la primera versión, donde existía una redacción al artículo 108, donde al acotarse a los delitos previstos en el artículo 119 constitucional se restringían las posibilidades por las cuales podría invocarse al desafuero de los legisladores, lo cual sería contrario al espíritu de esta reforma. En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos con la esencia de este cambio, cuyo objetivo central es impulsar mejores conductas y prácticas en el servicio público, para evitar cualquier desviación o ilegalidad. Cerremos la brecha para que los delitos que más ofenden a la sociedad no pasen de largo en nuestro Estado de derecho. Honorable asamblea, la ley nos hace iguales como ciudadanos. Toca a cada uno de nosotros aportar desde nuestra trinchera en el sector público, en el privado o en la esfera de la acción social lo mejor de nuestro trabajo, esfuerzo, conducta y aptitud para construir una forma diferente de hacer política y de participar en los asuntos públicos. Y desde luego, coincidimos en que ni los legisladores ni el presidente deben de estar ajenos de ello, por ello votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.