La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Subir a esta tribuna con la efeméride de anticorrupción es un reto para este Poder Legislativo, ya que es aquí en donde aprobamos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entre otras cosas se propuso retomar la iniciativa ciudadana 3 de 3, en donde la obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario es de alguna manera obligatorio, solo que aún se opusieron a que fuera pública. Esta ley también se propuso crear mecanismos para que la ciudadanía pueda denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima, actos como: el soborno, el desvío de fondos públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, la obstrucción de la justicia, la colusión y el uso ilegal de información falsa o confidencial, el nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción. También se proponen sanciones para servidores públicos que cometan actos de corrupción. La corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos al año, lo que significa el 9 por ciento del producto interno bruto nacional. Y, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, en 2015, Transparencia Internacional dice que el país ocupa el lugar 95 de 168 países. Debemos entender que la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social de todas las sociedades. Así como el derecho a la información se ha considerado un derecho humano, también debería ser un derecho humano vivir en un país sin corrupción, que debería traducirse en un gobierno de paz que garantice todos los derechos humanos. La corrupción es un delito de tres fases, en donde la impunidad y la falta de justicia lo completan. Hoy somos una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desaparición, de asesinatos que no se investigan, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la impunidad en la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia los migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos. Parte de la corrupción es que el sistema de justicia arroja estadísticas que muestran que el 98 por ciento de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver, por impunidad, corrupción y el nulo acceso a la justicia. La anticorrupción debe enfocarse en retomar la vigencia de los derechos humanos. Hoy tenemos un régimen que cree que con una Ley de Seguridad Interior se va a combatir el crimen, pero que implica riesgos para la sociedad y que además contempla encriptar la información que tiene que ver con esta ley y la intervención en actos que propone. Miles de mexicanas y mexicanos no tienen acceso a la seguridad y a la justicia ante un gobierno omiso en sus responsabilidades, aquellas que viven en la pobreza, desempleo, la desigualdad social y económica. En este país el acceso irrestricto a los servicios sociales y a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos son mera retórica y las graves violaciones a estos son consecuencia de un sistema corrupto, y esto no sería posible sin el contubernio y/o disimulo de una clase política gobernante que, manteniendo un supuesto Estado de derecho, es un Estado fallido, carcomido por la corrupción, que propicia la impunidad para sancionarla. Dice Edgardo Buscaglia, que México se enfrenta a un tsunami de corrupción política descontrolada. Estamos seguros que las y los diputados que estamos aquí deberíamos ser portavoces de quienes votaron por nosotros y no las voces del presidente. Somos parte del Estado mexicano y nos toca buena parte de responsabilidad. Somos corresponsables de promover y exigir que las leyes que aprobamos en materia de transparencia y anticorrupción tengan cabal cumplimiento, que de manera frontal se combata la impunidad y que garanticemos el total goce de vivir en un país en donde no prevalezca el moche. Basta ya de corrupción, impunidad e injusticia. Muchas gracias.