La diputada Claudia Pastor Badilla: Creo que no está en controversia el problema del desplazamiento interno como una situación que vulnera los derechos humanos de las personas y escuchando las cifras que han dado todos quienes me han antecedido en la voz, pues puedo sumar las que ha dado el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, del Consejo Noruego, puedo dar las cifras que ha dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ese es cierto, que uno de los fenómenos que más provoca el desplazamiento es la violencia, y de ahí que la propuesta que nos hagan, sea enfocar una sanción a quienes lo provoquen, lo ocasionen o, incluso, lo aviven. Sin embargo, el desplazamiento no únicamente obedece a la violencia, el desplazamiento también tiene que ver con conflictos religiosos, tiene que ver con conflictos por tenencia de la tierra, tiene que ver con conflictos y desastres naturales. Y aquí la ventana de oportunidad que se abre es, si podemos responder a un desplazamiento por este otro tipo de eventos sancionando, ¿a quién sancionamos por un huracán? ¿A quién sancionamos cuando una comunidad indígena, con un derecho a la autodeterminación decide que no puede aceptar a miembros de su comunidad con una religión distinta y los expulsa de su comunidad? ¿A quien sancionamos en esos casos? ¿Cómo hacemos la relación proporcional entre esos dos derechos? Así que yo, más que aportar más cifras, porque estamos creo que todos en la misma lógica de atender a este fenómeno, es a la gran ventana de oportunidad que esta propuesta nos da. Es cierto, nuestro país, solamente Chiapas y Guerrero han publicado leyes para la prevención y atención del desplazamiento forzado interno. No obstante que la dinámica propia del desplazamiento implica que las personas, en muchas ocasiones, tengan que cambiar de entidad federativa. Así que aplaudimos esta propuesta y la acompañamos. Sin embargo, no es posible quedarnos con esto, el Congreso de la Unión debe expedir una ley general en la materia y para eso debemos facultarlo y modificar el artículo 73 constitucional, para darle vigencia. Hablamos de un problema a escala mundial, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y pese a esa gravedad, en nuestro país el desplazamiento forzado solo se menciona en algunos artículos de la Ley General de Víctimas como una situación de vulnerabilidad. Así es que en esta intervención yo me enfoco únicamente en la ventana de oportunidad que nos abre esta iniciativa, para considerar además de esto, como uno de los cimientos para perfeccionar nuestro marco jurídico, la necesidad de que el Congreso de la Unión tenga la facultad para expedir una ley general que regule el tema, con base en estándares internacionales y por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Hablamos de un problema que involucra la coordinación de la federación, los estados y los municipios. Que además de los tipos penales y sanciones establezca los mecanismos de prevención, protección y reparación a las víctimas, incluyendo la constitución del Sistema Nacional de Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno. Además de establecer con claridad la distribución de competencias y coordinación entre las autoridades. También es indispensable elaborar un registro nacional de personas en esta condición, porque aquí surge la obligación del Estado de restituir a las víctimas los bienes y propiedades, o en su caso, las indemnizaciones, cuando estamos frente a consecuencias derivadas de otras causas distintas a la violencia y que, por lo tanto, están mucho más allá de simples sanciones penales. Vamos, estamos con ustedes, acompañamos la propuesta. Aprobemos estas sanciones, pero avancemos en el marco integral de un problema tan grave como el desplazamiento. Muchísimas gracias. Buenas tardes.