EL C. DIP. JAIME MARTINEZ VELOZ: Con su permiso, ciudadana diputada; compañeras diputadas; compañeros diputados: Señora Presidenta, le solicito que pudiera tener a bien incorporar todo el texto del documento al Diario de Debates; con el propósito de hacer más fluida la lectura leeré solamente párrafos sustantivos. La ciudadanía rosaritense que está inquieta por la pretensión de construirse una planta de recepción, descarga y desgasificación de gas licuado en dos tanques con capacidad cada uno de 150 mil metros cúbicos de material sumamente inflamable y por el hecho de estar sujeto a presión, lo convierte en un peligroso explosivo. El predio sobre el que pretende edificarse esta planta de recepción de material peligroso, es conocido como "La Tomata" y colinda con una zona habitacional densamente poblada, lo cual sin necesidad de conocimientos técnicos, llama de inmediato la atención por el despropósito y la irresponsabilidad para asumir la situación, con una frialdad intrínseca indolente, sólo a quien pudiese analizar el caso sin ninguna percepción de las graves tribulaciones que está ocasionando a la comunidad aledaña involucrada. Por supuesto, no está por demás señalar que ciertos inversionistas perciben con agrado la construcción de dicha planta, porque tienen a bien habitar en zonas bastantes lejanas, si no es que como ya es común en aquellos municipios, deciden allende la frontera, en fraccionamientos lujosos y seguros en el Condado de San Diego, California, muy lejanos, repito, a las instalaciones incómodas como las que ahora tienen a buen criterio aprobar para vecinos, como los de Rosarito, preocupados por esta construcción. Los servidores públicos de los distintos poderes y niveles de gobierno debemos darnos cuenta que la ciudadanía tiene muy claro que considera lo mejor para ella. Su capacidad democrática, organizativa y de voluntad participativa ha hecho posible que su voz llegue a esta tribuna y si bien es cierto que se carece de los marcos de participación en la toma directa de decisiones en actos de gobierno, no por ello está dispuesta a subordinarse a consideraciones técnicas y financieras por encima de su bienestar y que atentan contra su seguridad. Cabe señalar que la movilización ciudadana en Rosarito contra la peligrosa instalación de estos latentes explosivos, cuenta con la simpatía y el apoyo de las autoridades municipales, estatales y legislativas de Baja California. Porque todos estos niveles de gobierno están preocupados por lo riesgoso que implica instalar una almacenadora y distribuidora de gas industrial en un predio colindante con una zona habitacional. De diversas maneras las autoridades municipales del estado y del congreso de Baja California han expresado su apoyo irrestricto a las justas demandas ciudadanas. Hay coincidencia entre la sociedad de Rosarito y sus autoridades. Los bajacalifornianos estamos conscientes de que la decisión para permitir esta imprudente instalación gasera recae en el Poder Ejecutivo Federal, a miles de kilómetros de distancia del rural. Los pobladores de Rosarito han vivido ahí por muchos años. Es la gasera la que ahora llega, la que ahora pretende instalarse en una zona habitacional. Este caso no es el característico: de un dinamismo y crecimiento poblacional desordenado; por el contrario, es la gasera la que pretende instalarse en un sitio habitacional. Repito, no es o fue el crecimiento poblacional el que se acercó y rodeó a una instalación industrial peligrosa; hoy es el inversionista el que escoge estar rodeado de potenciales víctimas de una catástrofe. Por otra parte, no existe impacto económico benéfico para Rosarito por la instalación de ese centro distribuidor. No habrá creación de empleo directo o indirecto en cantidades significativas. Los administradores de la distribuidora no viven en el municipio. La distribución de gas no beneficiará a la población en ese sitio. Hay alternativa de instalación en otros sitios, cumpliendo todas las normas técnicas y de seguridad requeridas. Los rosaritenses están temerosos de que la decisión final se tome en la ciudad de México, por funcionarios ajenos al riesgo de vivir junto a una bomba prácticamente, de proporciones holocáusticas. La instalación no depende del municipio, del legislativo local o de la autoridad del estado; su instalación depende del Poder Ejecutivo Federal con carácter exclusivo. Este lunes pasado se cumplió un año más de la tragedia de Ixhuatepec en San Juanico, estado de México, en 1984. Ese día miles de mexicanos murieron en el accidente ocurrido en un centro de distribución de gas. Miles de personas perdieron sus hogares. El costo en vidas humanas y el sufrimiento fue incuantificable, la magnitud de esta tragedia fue criminal y solapadamente disminuida por la autoridad federal. ¿No es suficiente esa amarga lección para concientizarnos de un riesgo que bien podemos prevenir? ¿Para qué arriesgarnos? ¿O es que es más poderoso el interés económico y financiero para ser capaces de poner en riesgo la vida de miles de personas? Un gran error en el proceso de toma de decisiones públicas que influyen en la cotidianidad social es considerar mutuamente excluyentes el desarrollo económico con el bienestar de la ciudadanía. No necesariamente debe ser así. Siempre es posible conciliar alternativas cuando parece que la disyuntiva para la toma de decisiones públicas es cerrada y no admite posiciones intermedias. Sobre este señalado impacto social en la toma de decisiones en asuntos de gobierno es que deseo llamar la atención y precisamente considerar que las motivaciones humanas son las más importantes de todas y que no debemos aceptar que en muchos ámbitos del quehacer político terminen siendo subordinadas a intereses económicos y financieros. En ocasiones al acelerado y caótico crecimiento urbano se añade a la poca atención gubernamental para velar primero por los intereses sociales sobre los económicos y financieros como debería ser, pero además esta indolente desidia gubernamental se hace acompañar en ciertos momentos de una jerarquización de intereses particulares por sobre el interés público, conducta que refleja no solo una grave falta de sentido humano de la autoridad, sino que demuestra su complicidad en el privilegio de consideraciones de otro tipo, técnicas y materiales por encima del bienestar del ciudadano, que debería ser la referencia siempre presente en la toma de decisiones del gobierno. ¡No permitamos esto en el municipio de Playa de Rosarito, en el estado de Baja California! "Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone a esta Honorable Legislatura el siguiente "PUNTO DE ACUERDO "UNICO.- Que este Poder Legislativo tenga a bien considerar la conveniencia de solicitar respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Energía lo pendiente y se impida la instalación en el sitio planeado actualmente del Centro de Recepción, Desgasificación y Distribución del Gas Industrial en el municipio de Playa de Rosarito en el estado de Baja California, considerando que la atribución para instalar y operar las esferas respectivas corresponde a la autoridad federal y considerando asimismo que los niveles municipal y estatal de la entidad, apoyan la petición ciudadana respaldada asimismo por el Congreso Local, teniendo en cuenta la posibilidad de situar el centro distribuidor en otro sitio distinto al ahora considerado. "Atentamente, diputado Jaime Martínez Veloz. Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de noviembre del año 2001". Es cuanto, ciudadana Presidenta. -LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado. De acuerdo con su solicitud, insértese el texto íntegro en el Diario de Debates y túrnese la proposición a la Comisión de Energía. Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Hernández Raigosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ... (Comentario de miembros del Grupo del PRD indicando que se pospone para la próxima sesión) Se pospone. Se concede el uso de la palabra al diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre la eliminación de las áreas naturales protegidas. No se encuentra. Se consulta al PRD si se posponen los tres siguientes puntos. (Miembros del Grupo del PRD confirman que se posponen para la próxima sesión) Continúe la Secretaría con la lectura del orden del día de la próxima sesión. -EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: (Lectura del orden del día de la próxima sesión) -