La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes a todas y a todos los legisladores. Con su venia, señor presidente. Al igual que el dictamen aprobado por esta Cámara en el anterior periodo ordinario de sesiones, en esta ocasión se resuelven diversos vacíos jurídicos en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que permite contar con mayor certeza en los procesos de renovación de los asientos del Consejo Consultivo de la comisión. La relevancia de este órgano reside en las facultades de las consejeras y los consejeros que van desde establecer los lineamientos y normas internas hasta solicitar información de los asuntos y emitir opinión acerca del informe anual y el Presupuesto. Actualmente existe un vacío jurídico, ya que se instruye sustituir anualmente a sólo dos consejeros o consejeras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, anualmente por razón de su antigüedad, independientemente de que haya más que se encuentren al mismo supuesto. Es necesario reformar el texto legal, de acuerdo a lo que propone el dictamen, pues la sustitución de dos asientos es lo único que permite el texto constitucional y resulta deseable a fin de garantizar la continuidad de los trabajos de la comisión. Por otro lado se estipula el procedimiento para nombrar al consejero o consejera en caso de falla o falta absoluta, pues hasta este momento solamente existía un procedimiento inequívoco para la selección tras el vencimiento del periodo en el cargo. A este respecto compartimos el planteamiento de la comisión dictaminadora para que la persona integrante del consejo se desempeñe en éste por un periodo completo después de su asignación por parte de una mayoría calificada del Senado o de la Comisión Permanente, ya que el proceso del nombramiento ante el Congreso le permite reunir la legitimidad suficiente para asumir el cargo plenamente y de esta forma no se limitaría a ser un consejero provisional. Otra modificación del dictamen es la precisión de que de presentarse en más de una convocatoria para elegir a una persona integrante del consejo en el mismo año, exista a posibilidad de que una persona pueda postularse en un proceso posterior sin comenzar un nuevo trámite, sino tan sólo manifestando su deseo de participar nuevamente. El grupo parlamentario del PRD manifiesta su convicción de que se requieren eficacia e independencia del órgano nacional de protección de derechos humanos para sortear la difícil situación en la materia que atraviesa nuestro país, lo que significó más de 180 recomendaciones en el reciente Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, muchas de las cuales ya se habían planteado en el anterior ejercicio y no han sido atendidas debidamente. Estas cualidades se refieren tanto al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como a los integrantes de su consejo consultivo, pues comparten la alta tarea de proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos de posibles actos u omisiones por parte del Estado que vulneren sus derechos. A este respecto no podemos dejar de mencionar que tenemos la certeza de que el ombudsman nacional cumplirá dignamente con su responsabilidad en la reciente solicitud que le ha hecho esta soberanía. Me refiero a la solicitud de opinión respecto al dictamen aprobado irregularmente por dos comisiones de esta Cámara el 10 de diciembre pasado, con lo que se admitió sin discusión ni respeto a los procedimientos una propuesta de ley de manifestaciones públicas para el Distrito Federal que cancele el ejercicio de los derechos de reunión, expresión, asociación y petición, entre otros. Asimismo consideramos que las y los integrantes del consejo consultivo deberían de ser personas con una trayectoria destacada en la defensa, promoción, protección y estudio de los derechos humanos y que se debe animar el debate público en la sociedad civil y la opinión pública sobre el desempeño de la comisión y su consejo. Por ello estas reformas deberán redundar en procesos más justos y transparentes de selección del consejo consultivo, gracias a los cuales esperamos que los representantes de la iniciativa privada sin experiencia en estas áreas no se vean favorecidos en detrimento de personas que legítimamente y con valentía defienden y promueven los derechos humanos en todos los rincones del país, lo que en ocasiones por cierto pone en riesgo su integridad o su vida. Por tales razones, invitamos a todas las legisladas y legisladores a emitir su voto a favor. Por su atención muchas gracias.