La diputada Josefina Salinas Pérez: Muchas gracias. La razón jurídica para rechazar la compensación a los ex presidentes, el que se trate de una prestación que no se encuentra contemplada en la Constitución Política. Que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ni en las directrices estatuidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta compensación quiere encontrar un supuesto sustento en dos acuerdos del Ejecutivo. Acuerdo de 1976 expedido siendo presidente Luis Echeverría y el Acuerdo de 1987 expedido siendo presidente Miguel de la Madrid. Que adolecen de serias deficiencias en cuanto a su conceptualización que les hacen nulos de pleno derecho. En nuestro régimen legal y administrativo, de facultades limitadas y expreso, las autoridades solo pueden actuar en los términos y forma que las leyes se lo permitan. Su actuación se limita al ámbito de sus atribuciones, de tal manera que el otorgamiento de las compensaciones señaladas no se podría otorgar, ya que carece de cualquier sustento legal y de autorización a una violación total del Estado de derecho que juramos defender. Pero más allá de la cuestión legal, que no es cualquier cosa, apelo aquí a la moral, al sentido común, a su responsabilidad como representantes del pueblo de México. Cómo explicar a los ciudadanos de esta gran nación que en el presente ejercicio fiscal se pretende otorgar compensaciones, ayudas y apoyos por un monto de más de 9 millones de pesos para cada uno de los ex presidentes y sus cónyuges, viudas e hijos. Las pensiones y prestaciones vitalicias a los ex mandatarios tienen un costo global para los mexicanos de más de 250 millones de pesos al año. A Luis Echeverría Álvarez, un dictamen de una magistratura federal lo señala como quién planeó, dirigió y coordinó ejecución y una acción para destituir al Consejo General de Huelga del movimiento estudiantil de 1968. Es decir, que si destinamos recursos públicos para la manutención de un genocida como Echeverría Álvarez, la cual no es necesaria en función de la inmensa riqueza acumulada por el ex presidente. Destinamos recursos públicos para la viuda de José López Portillo, la ex actriz argentina Sasha Montenegro, que además de la fortuna heredada por su ex mandatario, percibe derechos por la exhibición de sus famosas películas, por lo que es incuestionable la necesidad de esta compensación. No olvido a Ernesto Zedillo, ni a Carlos Salinas, por lo menos éste ha tenido la vergüenza suficiente para negarse a recibir esta prebenda, sin embargo disponen para su servicio exclusivo de 103 empleados para cada uno, entre militares, desde un general hasta soldado raso y personal civil, pagado todo, todo, desde luego con nuestros recursos de todos los contribuyentes. Destinar recursos para Vicente Fox Quezada, que con su verborrea solo enturbia el ambiente político y cuya familia se ha visto constantemente involucrada en acusaciones de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero del crimen organizado. Más recientemente se destinan recursos para Felipe Calderón Hinojosa, responsable de la muerte de más de cien mil de nuestros compatriotas en aras de los delirios mesiánicos de la guerra contra la delincuencia, que lo convirtió en un verdadero peligro para México. Mi pregunta es, ¿debemos compensarlos con una pensión vitalicia de estas dimensiones, que esto es a todas luces injusto en un país con más de 50 millones de pobres, producto de la actuación de estos mismos ex funcionarios? Esto es inmoral, es un sinsentido, es desconocer la historia de México moderno y es un insulto para el pueblo de México, por ello les pido que razonemos su voto y actuemos en el marco de nuestras leyes. Con la aprobación de esta reserva estaremos dando un paso aunque sea pequeño en la dirección correcta, que es del beneficio de todos los habitantes de este país y no solo de un beneficio para unos cuantos. Muchas gracias.