La diputada Adriana Hernández Íñiguez: Buenos días, diputadas y diputados. Con su venia, presidente. Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia, con fundamento legal procedente, presentamos a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el presente dictamen positivo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Quiero reconocer el trabajo de las diputadas y de los diputados de las dos comisiones, Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia, ya que el presente dictamen fue analizado y elaborado en sentido positivo, con modificaciones hechas por varios integrantes de ambas, de los distintos partidos políticos que las conformamos. Es preciso edificar una sociedad democrática, en la que las personas con discapacidad tengan acceso irrestricto y directo a la libertad, la igualdad, la justicia, la equidad, la participación social, la accesibilidad, la solidaridad y la tolerancia, en la que realmente se sientan dignos y tomados en cuenta de pertenecer a ella y tengan los mismos derechos que los demás. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, puesta en vigor el 3 de mayo de 2008 por nuestro país, en su artículo 2o. establece que la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos de comunicación. El objetivo fundamental de este dictamen, es que las personas que padecen discapacidad en la audición o sordera y débiles visuales tengan una herramienta idónea en su propio lenguaje y símbolos distintivos, que les permita garantizar certeza jurídica y una efectiva impartición de justicia, a quienes se involucren como partes o víctimas en un proceso, armonizando nuestros ordenamientos jurídicos en la materia con la citada Convención. Para dicho efecto, se pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que las instituciones de administración e impartición de justicia cuenten con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes en lengua de señas mexicanas, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille. También desarrollen con el apoyo de intérpretes expertos y bajo la supervisión del consejo, el glosario jurídico de lengua de señas mexicana. Se trata de una tarea multidisciplinaria e interinstitucional, con la participación de técnicos en procesos jurídicos en lengua de señas mexicana, así como autoridades para construir los contenidos del glosario jurídico, vincularlos oficialmente en dicha lengua que permee en los procesos donde personas que padecen sordera puedan utilizarlo en su calidad de procesado o víctima, así como los encargados de la procuración, impartición de justicia y defensores. De igual manera, se considera necesario adicionar un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para el caso de que cuando una o ambas partes tengan alguna discapacidad auditiva o de locución, se les deberá proporcionar un intérprete en lengua de señas mexicana, que se designará de entre los autorizados, como auxiliares de la administración de justicia o por colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones públicas o privadas, delatándose su intervención en las audiencias correspondientes, y de ser necesario, el intérprete deberá permanecer durante toda la audiencia. Los intérpretes en lengua de señas mexicana, al iniciar su función, serán advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes y sobre su obligación de traducir o interpretar fielmente lo dicho. Sin duda alguna, con esta propuesta legislativa se da un gran paso en la regulación de mecanismos jurídicos para proteger, defender e impulsar esos derechos de las personas con discapacidad. Ambas comisiones consideramos que de aprobarse el dictamen a esta iniciativa se proporcionaría una herramienta idónea en su propio lenguaje y símbolos distintivos que les permitirían garantizar certeza jurídica y una efectiva impartición de justicia. Por lo que en consecuencia, pido a esta honorable asamblea soberana tenga a bien aprobar este dictamen de noble pretensión. Es cuanto, compañeros.