EL DIP. CARLOS RAYMUNDO TOLEDO: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: He subido a esta tribuna para fijar la posición del grupo parlamentario de Acción Nacional respecto al dictamen que hoy se somete a nuestra consideración por parte de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. El sentido de nuestro voto es a favor del dictamen ya que se plantean reformas a diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, Penales y Procedimientos Penales, reformas que hacen evidente la nobleza del propósito a refrendar y fortalecer el reconocimiento a la diferencia, el principio de no discriminación, el de igualdad y de equidad y por reafirmar que en el marco jurídico general se dé cauce a los derechos y cultura indígenas consagrados en nuestro Norma Suprema. Es loable el planteamiento de las reformas del dictamen que se discute, ya que precisamente pretende garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, en los juicios de carácter civil y penal de orden federal. Como sabemos nuestra Ley Fundamental al consagrar el principio de igualdad no prescribe que el legislador trate de manera igual a quienes se encuentran en situaciones diversas entre sí, sino a dar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en situaciones semejantes, lo que equivale a decir que en situaciones diversas el trato debe ser desigual, siguiéndose de ello que la desigualdad establecida por el legislador en determinados supuestos, es la vida de realización del principio constitucional de igualdad. Así la noción abstracta de igualdad se ve permeada por las condiciones fácticas y sociológicas existentes, de tal manera que no siempre se puede dar el mismo trato a todos los individuos, sino que se trata de que todos aquellos colocados en la misma situación jurídica se les trata igual, lo que significa asimismo, que respetándose el principio jurídico de equidad, deberá darse trato igual a los iguales y desigual a los desiguales a fin de conseguir un trato igualitario. Precisamente por virtud de este principio se dieron las recientes reformas a la Ley Fundamental en materia de Derechos y Cultura Indígena, en las que se reconoce que México es el producto de la unión de pueblos y culturas diferentes; que la mayor riqueza de nuestro país está en su diversidad cultural; que la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás, por el contrario, nuestra unión debe ser el resultado de la colaboración fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran la nación. La reforma, sin duda, fue bajo la idea de un principio de igualdad que su génesis implica tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En tal sentido se plantea una serie de derechos a favor de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, se reconoce y garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas para lo cual se precisa jurídicamente, como la autonomía para gozar y ejercer una serie de derechos específicos que se establecen en el Apartado A del segundo constitucional. Son diversos los derechos que forman el contenido de tal autonomía, entre ellos está el de garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos, que involucren individual o colectivamente a indígenas, se tomarán en cuenta sus prácticas jurídicas y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta constitución. Los indígenas tendrán en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores particulares o de oficio, que tengan conocimiento de sus lenguas y culturas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º. Constitucional Apartado A fracción VIII. En tal virtud, resulta congruente y adecuada la propuesta de dictamen planteada por las Comisiones Unidas señaladas, ya que las propuestas de reformas aludidas, responden a un mandato de la ley fundamental, que obliga a adecuar los marcos normativos correspondientes, para dar viabilidad a este postulado fundamental a favor de los integrantes de los pueblos y las comunidades indígenas para acceder a la jurisdicción del Estado. Dentro de dicho acceso resulta importante que los indígenas cuenten con traductores, de forma que puedan comprender perfectamente en su propia lengua las actuaciones judiciales que les puedan afectar. Por ello, el grupo parlamentario de Acción Nacional, considera oportuna la aprobación del presente dictamen, ya que de ser aprobada dicha reforma, se permitirá establecer que, en los juicios en los que el demandado sea indígena, el juez competente sea el del lugar en el que tenga su domicilio. Si ambas partes son indígenas, que sea juez competente el que ejerza jurisdicción en el domicilio del demandante. Al derecho del indígena de que no habla español, que sea asistido por un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, cuando tenga que comparecer ante la autoridad judicial, además de asentarse su declaración en español y en su propio idioma. Que en los procedimientos donde sean parte los indígenas, los jueces consideran al momento de dictar la resolución, los usos y costumbres y especifidades culturales. La obligación del tribunal de traducir las actuaciones en la lengua dialecto o idioma con cargo al presupuesto, por conducto de persona autorizada para ello, en aquellos juicios donde sea parte un indígena. La no obligatoriedad de los pueblos o comunidades indígenas asentados en el territorio nacional de acompañar la traducción en español de aquellas promociones que hicieran en lo individual, que hicieran en su lengua, dialecto o idioma. La obligación del tribunal de hacerla de oficio, con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello. Que en los procedimientos de acreditación de calidad indígena, sean mediante manifestación de quien la haga, y en el caso de duda, como ya se dijo aquí por mi compañero Pacheco, se solicitará a las autoridades comunitarias la expedición de la constancia que acredite la pertenencia del individuo a un determinado pueblo o comunidad. Como se pueden escuchar, las reformas planteadas son evidentemente loables, más aun cuando la posibilidad de contar con traductores dentro de los procesos judiciales, como ya lo prevén diversos Códigos de procedimientos locales, no persiguen la protección de las minorías linguísticas sino que se constituyen como una manifestación del derecho a no sufrir indefensión, dentro del cual se encuentra el derecho de audiencia y defensa de vida, la autodefensa y el principio de contradicción, derechos que pueden verse afectados y la persona que se encuentra involucrada en un proceso desconoce la lengua en la cual ésta se desarrollo. Además de en un análisis criminológico de la pena, así como de un principio de individualización, legislativa de la misma, resulta correcto que el juzgador tome en cuenta las circunstancias personales que los individuos involucrados en un proceso judicial, más aun si se considera que en el caso de los indígenas, éstos tienen su propia cosmovisión del mundo, por lo que en el acceso a la jurisdicción del Estado, es pertinente que en este reconocimiento a la diferencia, se tome en cuenta esta circunstancia. En tal virtud, resulta congruente y adecuada, la propuesta de dictamen planteada por las Comisiones Unidas señaladas, ya que las propuestas de reforma aludidas, responden a un mandato de la ley fundamental, que obliga a adecuar los marcos normativos correspondientes para dar viabilidad a este postulado fundamental a favor de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, para acceder a la jurisdicción del Estado. Con dichas reformas se permitirá mejorar el acceso a la justicia y a dar mayor certidumbre y una mejor defensa de indígenas en los procedimientos de carácter civil federal. Saludamos pues el consenso que se da en torno a estas propuestas de reforma y esperamos su voto a favor. Muchas gracias. -