El diputado Jaime Bonilla Valdez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna a fijar nuestra posición con relación al dictamen que nos presenta la Comisión de Transportes en el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. En el dictamen se argumenta que las reformas del sector tienden a eliminar las prácticas monopólicas y consecuentemente el encarecimiento de los costos del transporte, que incide directamente en un incremento al precio final de los productos, perjudicando a los consumidores. Sin embargo como diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, no puedo soslayar que la reforma constitucional de 1995 que privatizó los ferrocarriles, mismos que en posterioridad fueron concesionados a Kansas City Southem de México, S. A., de C. V., Ferromex y Union Pacific de la cual nada menos y nada más es miembro del consejo de administración Ernesto Zedillo. Sólo han servido estos para enriquecer más a los accionistas de estas empresas. Pero en ningún caso se trajeron beneficios ni a los trabajadores ni a las mismas empresas ni a los consumidores. Uno de los paradigmas del neoliberalismo es que la competencia combate las prácticas monopólicas y esto beneficia al consumidor. Sin embargo nadie va a poder decir que la actividad económica que ha logrado que los trabajadores perciban unos mejores salarios y los consumidores paguen menos por el producto. En el pasado mes de enero la inflación fue más alta que en muchos años. Los mismos cambios fiscales aprobados en el año pasado, sólo han servido para afectar la capacidad de consumo de las grandes mayorías de los mexicanos. El argumento de los neoliberalistas es que las empresas en el poder del Estado son competitivas únicamente y solamente pueden ser productivas en manos de empresas privadas. Ese es un argumento que ya ha fallado muchas veces. El sector ferrocarrilero es insostenible porque como sólo se desprende del cuerpo del dictamen, la red ferroviaria nacional a partir de su privatización prácticamente no ha crecido, ello porque los concesionarios utilizan la red del Estado que se tendió en todo el país y porque finalmente está como en el tiempo del porfiriato, dirigida a los puntos fronterizos de la Unión Americana, sin que les importe el resto del país y sólo utilizan la actividad en los puntos que le son redituables. En la página 10 del dictamen se nos presenta un dato alarmante: tres estados de la república: Baja California Sur, Guerrero y Quintana Roo, no cuentan con vías férreas, lo que nos demuestra que a las empresas ferroviarias únicamente les interesa la utilidad para pagar dividendos a los accionistas y no el desarrollo de todas las regiones del país. A casi 19 años de la expedición de esta ley, en mayo de 1995 para ser precisos, la situación de la red ferroviaria nacional a estas alturas es exactamente la misma. Compañeras y compañeros legisladores: no compartimos el paradigma de que la competencia por sí beneficia al consumidor y le da mejores precios para los productos que adquiere, cuando estas empresas no pagan ni lo justo a los trabajadores ni la capacidad de consumo ha bajado y su fortaleza tampoco ha crecido internamente. Por las consideraciones antes expuestas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará en contra del dictamen. Es cuanto, señor Presidente.