EL C. DIPUTADO ANTONIO DAVILA MONTESINOS: Con su venia señor presidente. Señores funcionarios federales invitados en el presidium. Compañeras legisladores y legisladores. Antes de referirme al tema específico que hoy nos ocupa, quiero hacer un breve y obligado repaso del trabajo realizado por esta soberanía, para la discusión y aprobación del paquete fiscal para este año, por la vinculación que tiene con el tema de la reducción de subsidios. Los cambios fiscales aprobados en diciembre de 2001, obligaron a una negociación ardua, tensa y profunda. El Presidente supuso que con el capital político que poseía, cualquier propuesta sería fácilmente aprobada. Más que negociar con el Congreso, buscó el apoyo de la opinión pública al amparo de una intensa campaña publicitaria que, entre otras señalaban, que mentían quienes decían se iba a afectar el ingreso de los grupos populares, hecho que mereció de parte de diputados de todos los partidos, reclamos. Como es de sobra conocido, la propuesta descansaba esencialmente en homologar a 15% el impuesto al valor agregado en medicinas y alimentos, la mayor parte de las iniciativas que tenían que ver con el sector financiero, fueron turnadas al Senado y aprobadas sin mayores dificultades por ambas Cámaras, no así las de orden fiscal que fueron objeto de largas y enconadas discusiones. En todos esos largos meses hubo varias propuestas imaginativas, para demostrarle al Ejecutivo que había salidas al problema financiero y de recursos que estaban atrás de la propuesta fiscal. Se hizo evidente la mala recaudación tributaria y los altos índices de elusión y evasión fiscal. Después de múltiples negociaciones, se llegan a acuerdos y consensos. Se aprueban cambios fiscales sin modificación al IVA y con medidas que afectan al ISR, se remiten al Senado. Finalmente, se aprueba la Ley de Ingresos y un presupuesto que canaliza mayores recursos al sector social, a las universidades, al campo, a los estados. Los sectores afectados protestan y se vuelve a la carga contra el Congreso de una manera brutal. Los cambios fiscales que se lograron, fueron los que la pluralidad permitió en un contexto económico difícil. Como quiera que sea y con las correcciones que se hagan por vías distintas, el Estado contará con recursos para hacer frente a sus obligaciones, sin homologar el IVA en alimentos y medicinas, como lo pretendía y sin lastimar el ingreso de los grupos populares. Como resultado de nuestro quehacer y de la mano con las negociaciones que llevamos a cabo con otras fuerzas políticas, se le allegó al Ejecutivo recursos adicionales por más de 70 mil millones de pesos, sin afectar la salud y la alimentación de las clases populares. Convencidos estábamos que con estos recursos adicionales, la apetencia de recursos del Ejecutivo se vería satisfecha, muy poco nos duró el gusto, ya que apenas terminado el mes de enero, cuando aparecen en los medios de comunicaciones el Secretario de Hacienda y el Secretario de Energía, para presentar una primera propuesta para allegarse 10 mil millones de pesos más a través de un aumento en las tarifas eléctricas, con dos pequeños inconvenientes: nadie, ni el señor Secretario de Energía pudo explicar el galimatías y la medida impopular, ya que iban a repercutir directamente en el bolsillo de más de la mitad de la población, lo que evidencía que al Presidente le dijeron el qué, pero le ocultaron el cómo. El caso es que el rechazo popular y el ridículo oficial obligaron a Vicente Fox a replantear el asunto. Unos días después, el 7 de febrero, se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo correspondiente, el cual permitirá recaudar ingresos por 5 mil millones de pesos y de 50% de la población exenta se pasa a 75, según cifras oficiales, quien retrocedió el gobierno ante la presión de la opinión pública. Estos son los hechos. Desde esta tribuna, el grupo parlamentario del PRI manifiesta su más enérgico rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno Federal para la reducción de subsidios por las siguientes razones: Primero. Porque se incumple una disposición del Congreso, prevista en el Ejercicio Fiscal de 2002 donde se contemplan subsidios implícitos para la energía eléctrica. Segundo. Porque a los Sectores Comercial, Industrial y Servicios, entre otros, tienen a partir de este año un incremento del ocho y medio, pero siguen conservando el subsidio del que vienen gozando. Tercero. Porque el denominado "retiro del subsidio a las tarifas de los consumidores", es en realidad un arbitrario y artero aumento de tarifas que pagarán la mayoría de los mexicanos. Cuarto. Porque dicho aumento a las tarifas eléctricas decretado por el gobierno fue sorpresivo, cuando debería haberse previsto en la discusión y aprobación del paquete económico. Quinto. Porque en cualquier ajuste a los precios y tarifas de los servicios que proporcione el gobierno, aún teniendo la facultad constitucional, debe valer dos criterios que de ninguna forma pueden soslayarse: el primer es la justicia y el segundo la transparencia. En este caso ambos principios fueron olvidados por completo. Sexto. Porque con titubeos y anuncios contradictorios, lo que se pretende en lugar de resolver el problema de subsidios, es provocar más ingresos. Séptimo. Porque existen en el país, zonas en el país, sobre todo las del norte, donde la situación será aún más crítica; las familias que viven en las regiones con climas muy cálidos, han expresado su gran preocupación porque para ellas el abanico eléctrico o el modesto aparato de enfriamiento con el que cuentan será un artículo de lujo que dejarán de utilizar a consecuencia de la insensatez del gobierno. Octavo. Porque este aumento afectará a todos los mexicanos, pero principalmente a los grupos medios y populares que pagarán el costo de una medida impopular, injusta y carente de una falta de absoluta transparencia. Noveno. Porque hasta ahora no hay nadie que pueda explicar de manera coherente en cuánto serán los aumentos en electricidad y cómo se aplicarán. Sabemos que esto se debe a que estas medidas fueron confeccionadas por tecnócratas en Hacienda y que nada tuvieron que ver técnicos e ingenieros de Comisión Federal o de Luz y Fuerza. Por todo lo anterior, los mexicanos nos preguntamos ya ¿hasta dónde llegará la voracidad o gula recaudatoria de un gobierno insensible, carente de un proyecto social que día a día incrementa la inconformidad de sus gobernados? Los mexicanos nos preguntamos también si la ciega subordinación que el Ejecutivo Federal ha mostrado con los organismos económicos internacionales es lo que lleva a tomar estas medidas para lograr el grado de inversión que otorgan las corredurías internacionales, o es el inicio del proceso para ofertar al capital extranjero un servicio público estratégico. Concluyo, Presidente. Desde esta tribuna, el PRI rechaza categóricamente las falsas imputaciones que a través de los medios han hecho personalidades de la vida política en el sentido de que participamos en esta negociación perversa de las tarifas eléctricas. El Partido Revolucionario Institucional y su grupo parlamentario, respaldarán en los hechos la inconformidad que nuestros correligionarios y la sociedad en general han expresado a lo largo y ancho del país. Es cuanto, señor Presidente. (aplausos)