EL C. DIPUTADO FRANCISCO ABUNDIS ARIAS: Con su permiso señor Presidente. Diputadas y diputados. Una de las principales preocupaciones que por sexenios ha tenido nuestro país, ha sido proveer un financiamiento sano del gasto público a través de un sistema de recaudación más eficiente desde el punto de vista económico, de tal manera que exista la posibilidad de incentivar la inversión privada, generar empleo e impulsar el crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, aun con las reformas emprendidas, no se ha logrado configurar un esquema tributario eficaz y competitivo, que proporcione los ingresos que requiere nuestro país. Muestra de esto es que durante los últimos 20 años, el crecimiento en los ingresos presupuestarios, ha permanecido por debajo del aumento de las necesidades sociales, toda vez que aumentaron alrededor de 1% anual en términos reales, mientras que la economía crecía al 2.5% y la población lo hacía casi al 2%. Por ello, resulta fundamental e indispensable, pugnar por una política fiscal sólida, que permita establecer estrategias de desarrollo equitativo a corto, mediano y largo plazo. Consideramos que la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación, debe servir para la generación de fines comunes de la población, sin perjudicar a otros sectores. Sin duda la forma de recaudación de las contribuciones, deberá sujetarse a los límites que nuestra Carta Magna establece, buscando sentar reglas congruentes para la generación de egresos, que nos permitan atacar los desequilibrios en el campo social y tener una economía menos vulnerable. El volumen de ingresos proyectado por el Ejecutivo, podría estar subestimado, sin embargo, pensamos que dichas cifras resultan prudentes, dado el marco macroeconómico que se espera, específicamente la desacerelación en la economía norteamericana y la disminución en los precios del petróleo. Así bajo nuestra perspectiva, uno de los principales objetivos del análisis de esta legislación, debe centrarse en establecer criterios claros y transparentes que definan, más que un precio del petróleo e ingresos mayores, el destino de los posibles excedentes que se tuvieran en caso de no cumplirse los supuestos a partir de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima dichas cifras. La postura del Partido Verde con relación al precio del petróleo dentro de la Ley de Ingresos, es que la cifra que debió ser utilizada para los cálculos es de 16 dólares y no de 18 dólares por barril, esto para disminuir el riesgo de recortes en el presupuesto. Asimismo, creemos que dado el riesgo que implica el seguir conservando una gran dependencia sobre los ingresos petroleros que actualmente representan alrededor del 35% de los ingresos públicos, el gobierno debe buscar la forma de hacerse de otros ingresos para solventar sus necesidades. Esto deberá realizarse cumpliendo con los fines proyectados y contemplando las diferencias de capacidad tributaria entre los estados miembros de la Federación. Por otro lado, una de las preocupaciones de nuestro grupo parlamentario es el poco desglose que presenta la Ley de Ingresos, ya que no es posible analizarla acorde a lo que establecen las distintas disposiciones fiscales en donde se especifican las diferentes contribuciones. Por ejemplo, no es posible conocer cuánto ingresa por ISR proveniente de extranjero y cuánto por nacional; cuánto ingresa específicamente por concepto de los distintos productos y servicio que grava el IEP o incluso, saber con exactitud a cuánto ascienden los ingresos por concepto de IVA de los productos petroleros, cifra que no se proporciona desde 1998. Cabe mencionar que esta inquietud proviene de la obligación que tenemos todos los legisladores de realizar un análisis de mayor calidad y profundidad para poder emitir un voto que realmente refleje los intereses de los mexicanos. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, como los Criterios Generales de Política Económica y otros documentos más de trascendencia nacional, deberían ser instrumentos de orientación económica, fundamentalmente técnica que no merezcan más que precisiones y ajustes cuantitativos, de tal manera que se evite, como ha ocurrido en los últimos años, que la discusión sobre estos temas se convierta en instrumentos de propagandismo político en contra de las necesidades sociales. Finalmente, debemos recordar que no hay un solo México, sino varios con enormes contrastes; por ello es indispensable que los instrumentos de política tales como la Ley de Ingresos, sean eficientes para impulsar el crecimiento económico y un desarrollo regional equilibrado con niveles de empleo productivo que respondan a la demanda del mismo y a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Es precisamente en ese contexto donde reiteramos se debe situar la discusión sobre la Ley de ingresos. Es cuanto, señor Presidente. EL C. PRESIDENTE. Gracias, don Francisco Agundis Arias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosalinda López Hernández para presentar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos. LA C. DIPUTADA ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ. Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas. La Ley de Ingresos que el día de hoy se pone a consideración de esta Asamblea, representa un avance para esta Legislatura. Durante el proceso de su análisis y aprobación en la Comisión de Hacienda se lograron importantes modificaciones tanto cuantitativas como cualitativas, respecto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo. El resultado ha sido que el proyecto de Ley de Ingresos que hoy votaremos, permitirá la obtención de recursos adicionales por aproximadamente 30 mil millones de pesos, mismos que durante los próximos días, cuando sometamos a esta tribuna a votación el Presupuesto de Egresos del 2001, deberán de estar aplicados a sectores que no pueden esperar la tan mencionada reforma fiscal integral, es decir, al sector agrícola, a la educación, a la salud, a la vivienda, a jubilados, a las entidades federativas y al Distrito Federal. No obstante este avance en términos cuantitativos, el dictamen que hoy discutiremos por primera vez en la historia del país contiene una serie de disposiciones cualitativas tendientes a transparentar y eficientar la rendición de cuentas. En materia de ingresos el Ejecutivo Federal deberá informar a esta Cámara de Diputados. Su cabal cumplimiento permitirá que todos los diputados contemos con mejor información para evaluar los cambios a las leyes que nosotros aprobamos y que reduzcamos, de manera importante, la discrecionalidad con la que la Secretaría de Hacienda proyectaba los ingresos públicos. Asimismo, la información con la que contaremos nos permitirá planear, discutir y aprobar en los próximos meses la impostergable reforma hacendaria que requiere nuestro país. Es bien cierto que a pesar de estos importantes logros aún nos falta mucho por hacer, y en este sentido el artículo segundo nos recuerda que el tema del Ipab no debe ser puesto en saco roto pues el costo del rescate bancario lo seguirán pagando muchas generaciones de mexicanos. No es posible ni siquiera darle trato de deuda pública a una serie de pasivos en los que actualmente se encuentran aproximadamente 72 mil millones de pesos y que son producto de operaciones irregulares, es decir, de dudosa procedencia. El auditor Mackey, en su informe, concluyó lo siguiente; cito textualmente: "Entendemos que en México un número relativamente pequeño de grupos económicos son responsables de una parte muy importante de la actividad económica. Estos grupos adeudan cantidades importantes a los bancos que participaron en los programas de Fobaproa. En muchos casos, los despachos contratados han clasificado créditos otorgados a estos grupos como de dudosa credibilidad y, por tanto, es posible que ocasionen costos para Fobaproa. Existen demasiados asuntos pendientes de aclarar en el rescate bancario. Tenemos que mejorar la ley que rige al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, tenemos que devolver a sus dueños originales los 72 mil millones de pesos en operaciones irregulares. Debemos de acabar con la discrecionalidad con la que ha operado el Ipab. Ya nadie duda que en materia tributaria nuestro país requiere de una profunda reforma que elimine los privilegios de que gozan muchas empresas y selectos grupos mediante regímenes especiales como lo son el de consolidación fiscal y el simplificado. En este sentido nuestra economía requiere de un sistema tributario neutral, eficiente, equitativo y con capacidad recaudatoria. Para nadie es un secreto que durante los próximos meses deberemos de trabajar profundamente para revisar y renovar el pacto fiscal con los estados de la República, partiendo de la base de que la descentralización y el federalismo no son sinónimos; la diferencia radica en la potestad tributaria de los estados, sin la exclusión del Distrito Federal sólo por revanchismos políticos, y eso deberá ser incorporado plenamente en el nuevo pacto fiscal. Deberemos también revisar la política de precios de los bienes y servicios del sector público, desde lo que implican subsidios para que éstos lleguen verdaderamente a quien los necesita, hasta el mismo régimen fiscal de Pémex. No es posible que la renta petrolera, un recurso no renovable, continúe financiando el gasto corriente del sector público. off En suma, nuestro país requiere de una profunda reforma hacendaria, y es en eso que los diputados del Partido de la Revolución Democrática no dejaremos de insistir y de proponer. La aprobación del dictamen que en breve votaremos solo debe ser el primer paso que demos en este Congreso, ya que el objetivo final será la existencia de un marco jurídico que otorgue capacidad recaudatoria al Estado mexicano para que pueda cumplir con las obligaciones que le confiere nuestra Constitución política, dentro de las que destacan: la educación gratuita, el derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda y principalmente el federalismo para con los estados. Muchas gracias. [Aplausos del grupo parlamentario perredista] EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Gracias, Diputada Rosalinda López Hernández. Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se concede el uso de la palabra al Diputado Hugo Zepeda Berrelleza hasta por 10 minutos.