El diputado Roberto López Rosado: Gracias, señor presidente. Con la anuencia de todos. En el presente posicionamiento explicaremos por qué las legisladoras y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor de estos dictámenes. La agricultura, junto con la minería y la construcción, se encuentra catalogada como una de las tres ocupaciones más peligrosas por el Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT. Los principales riesgos y peligros que amenazan la salud de los jornaleros agrícolas, de acuerdo a la OIT, son: Excesivas horas de trabajo durante la época de plantación y cosecha. Las jornadas laborales se extienden desde el amanecer hasta el anochecer, y con muy pocas horas de descanso. Trabajo agotador y extenuante debido a que la labor requiere pasar largas horas de pie, agachados o inclinados. Una exposición permanente a temperaturas extremas, como suelen ser largas jornadas bajo pleno sol o exposición al frío. Problemas cutáneos, exposición a pesticidas tóxicos, algunos muy venenosos y potencialmente cancerígenos. De acuerdo a la Encuesta Nacional a Jornaleros Migrantes, el 49.6 por ciento de la población migrante tiene su lugar de origen en municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis, Hidalgo, Chihuahua y Durango. En la ruta del Pacífico los estados de Oaxaca y Guerrero son las principales zonas de expulsión, en tanto que aquellos que fungen como receptores son los estados del noroeste y algunos del occidente, como son Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit. En la ruta del Golfo los jornaleros de la sierra Norte de Puebla, Veracruz e Hidalgo acuden a los campos de Tamaulipas y Nuevo León, principalmente. Una ruta también muy importante es la del sureste, sobre todo la que se da en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Campeche. Por todo lo expuesto, resulta urgente que la Secretaría de Educación Pública brinde al menos un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de migrantes, de jornaleros agrícolas, como lo propone el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración. En cuanto al dictamen el cual solicita reformar el artículo 160 y adiciona el artículo 159 Bis, de la Ley de Migración, relacionado a los flujos migratorios, salud púbica, la inseguridad y la vida de los indocumentados, podemos comentar varias cosas. A pesar de tener índices migratorios por debajo de la media latinoamericana es un fenómeno de inconsciente colectivo. Los mexicanos, paradójicamente, tendemos a creer que nuestro país tiene altos porcentajes de inmigración, en un claro mecanismo defensivo para levantar la autoestima ante el fenómeno migratorio masivo. La emigración se produce cuando en un país donde vives no hay trabajo, pues te tienes que trasladar a otro y así estás emigrando. La combinación entre un notorio chovinismo discursivo y un desarraigo forzado por la invasión cultural estadounidense y la necesidad socioeconómica de migrar, es una contradicción esbozada y analizada ya por especialistas. Es procedente en sus términos, en virtud de que efectivamente no se contempla a la Constitución y los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte, como criterios rectores de la política migratoria del país y aunque es el caso de la Constitución esta observancia está implícita en toda la ley que derive de ella, no lo es respecto a los instrumentos internacionales, en los términos que la propia Constitución establece en su artículo primero. Hay que señalar como criterio el interés superior del niño así como de todos los migrantes, establecido en instrumentos internacionales de los que México es parte y entre el que existen definiciones dadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Ley de Migración señala los principios a que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano, pero en ellos no establece la convencionalidad ni el interés superior de la mujer y de la niña, niño o adolescente. Es por eso que debe de ponderarse los siguientes derechos: el control de flujos migratorios, la salud de los indocumentados, la seguridad de los indocumentados, la vida de los indocumentados y el derecho a no recibir tratos inhumanos o degradantes. Como se podrá apreciar, todos los bienes jurídicamente tutelados por el artículo 130 de la Ley General de Población pasaron al artículo 159 de la Ley de Migración. Por lo tanto, podemos decir que el tipo penal contenido en el artículo 159 de la Ley de Migración vigente no tiene como único bien jurídicamente tutelado el flujo migratorio, sino que además protege otros bienes jurídicos, como la integridad y la vida de los indocumentados. Es necesario garantizar los mecanismos de protección en materia de control de flujos migratorios, así como el de la salud pública, la seguridad, la integridad y la vida de los migrantes en territorio mexicano, o en algún lugar un trato de inhumano degradante de las personas en quienes recaiga la conducta, señalando expresamente la aplicación de la Constitución Política y de las leyes aplicables y, asimismo, establecer diversos principios en materia de derechos humanos, en los cuales debe sustentarse la política migratoria. En este sentido, resulta pertinente la adición que se propone al artículo 159 de la Ley de Migración, en tanto que dicha propuesta de reforma busca proteger precisamente la integridad y la vida de los indocumentados. Por tales razones, invito a las legisladoras y a los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a votar a favor de ambos dictámenes presentados hoy ante este pleno, para luchar por los derechos de nuestros hermanos que están fuera de nuestras fronteras. Es cuanto, muchas gracias.