La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Honorable Mesa Directiva y compañeros legisladores, para el Partido Encuentro Social los derechos humanos son anteriores al Estado, son el fundamento de todo contrato social y el objeto de todo derecho, de toda justicia. Su protección es el deber de cada uno de nosotros como seres humanos, pero también como miembros legislativos del Estado mexicano. Decía Mary Robinson “los derechos humanos están inscritos en los corazones de las personas; estaban ahí mucho antes de que los legisladores escribiesen su primera proclamación; por supuesto, estaban ahí también mucho antes de cualquier comisión nacional de los derechos humanos; ya desde tiempos coloniales cuando ya estaba formada nuestra nación mexicana, aún sin llevar tal nombre”. La Comisión Nacional no fue puesta al inicio de los derechos humanos en México, es tan sólo una adaptación de la obligación del Estado de garantizar tales derechos al constitucionalismo moderno que vio la conveniencia de los órganos constitucionales autónomos. Lo anterior es importante, pues como decía el autor anónimo: aunque la verdad de los hechos resplandezcan, siempre se batirán los hombres en la trinchera de las interpretaciones. La genialidad de un órgano que sin depender de ninguno de los tres poderes pertenecería sin embargo al Estado, tuvo su origen también en un órgano político desconcentrado de la Segob. No obstante, para que la defensa de los derechos humanos tuviera un sentido legítimo sin intrusiones políticas y sin control jerárquico del Estado, era indispensable dotarla de la legitimidad y del prestigio social, intelectual, jurídico, político encarnado en una figura no institucional sino personal, cuyo antecedente era el ombudsman de la Constitución sueca. En un estado hoy en el que se condena y encarcela al héroe, al que trabaja por la defensa de la vida y se deja libre al corrupto, esta legitimidad de autonomía del Estado, esta imparcialidad debiera ser la impronta, el sello brillante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No deberíamos poder rastrear huella o traza política o ideológica alguna en nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues tales derechos son universales y objetivos. La pregunta es: ¿dónde ha estado nuestra institución autónoma e imparcial promoviendo el derecho a los niños a ejercer su sexualidad desde antes de los 12 años? ¿Qué ha hecho en temas como la persecución ideológica o religiosa, las violaciones a la libertad de expresión, las desapariciones de personas? La eficacia de la comisión se sustenta en la figura personal y la trayectoria de su titular. Perdonen, pero en este momento tenemos por realizar en Jalisco, justamente el próximo sábado 20 de febrero, una manifestación de más de 200 mil personas que han sido pisoteadas en sus derechos, no por una autoridad administrativa, no por un acto de poder del Ejecutivo, sino por acciones de quien se supone debiera defenderlos. Qué diferencia con el ideal planteado por quien protagonizó el origen de la Declaración de Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt, cuando decía: He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre, es un ideal por el que estoy preparada a morir. Hoy el derecho una vez más se coloca como el garante, el piso base, el mínimo indispensable que debe suplir la falta de justicia ante la ausencia de candados en la ley que impidan que la Comisión Nacional emita recomendaciones sobre materias que aún no han sido declaradas ni derechos humanos ni constitucionales, y sobre todo que la misma comisión promovió como parte en una acción de inconstitucionalidad. Con esta reforma lograremos que dicha comisión no pueda ser juez y parte, actor promovente y a la vez sentenciador de lo que no se ha juzgado. Poner en riesgo la constitucionalidad e imparcialidad de la comisión y cimbrar con ellos el cimiento de su legitimidad, dando paso a querer compensar dicha pérdida de legitimidad con capacidad coercitiva, sería el inicio de su agonía como institución constitucional autónoma. Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley de Amparo, así como la fracción III del artículo 7o., los artículos 35 y 43, el inciso b) del 46 y el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es cuanto, diputado presidente.