El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputada presidenta. En el Grupo Parlamentario del PRD estamos de acuerdo que el último fin del gobierno debe ser conseguir la felicidad y coincidimos que la prioridad de la economía y de la política debe ser el bienestar de las personas. La pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores, el Bienestar de las Personas con Discapacidad, para niñas y niños, de madres y padres trabajadores, Jóvenes Construyendo el Futuro, el Programa Nacional de Becas del Sistema Educativo Nacional, Sembrando Vida y las tandas para el Bienestar, en su conjunto proporcionan cada mes en efectivo a 17 millones de personas. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de que estos y otros programas sociales se mantengan y se fortalezcan. Estamos convencidos de que los programas sociales combinados con políticas generadoras de empleos y salarios son la única fórmula para que la gente pueda salir de la pobreza, pero esperar que el aumento del consumo, vía programas sociales, estimule el crecimiento económico es un error, porque el aumento de gasto social no se liga con el aumento de las inversiones públicas productivas, no se vincula con el aumento de la inversión en obras de infraestructura y no forma parte de un plan para generar la confianza necesaria para que los inversionistas decidan reactivar los proyectos de expansión de sus empresas o la creación de nuevas fuentes de empleo. La idea de que hay desarrollo porque se reparten los beneficios de los programas sociales podría traer consecuencias negativas en las finanzas públicas y a la misma dinámica económica. Si no se cambia la idea de que puede haber desarrollo sin crecimiento, en poco tiempo podríamos caer en el nuevo periodo de alto endeudamiento público. La falsa concepción de que no importa el crecimiento porque es una obsesión tecnocrática, pues lo importante de esta distribución equitativa del ingreso, de la riqueza, podríamos llevarnos a prolongar la etapa de estancamiento económico actual para superar el error de que puede haber desarrollo sin crecimiento. Es indispensable que el presidente rectifique y comprenda que para evitar las desigualdades y los conflictos sociales es necesario producir riqueza y distribuirla equitativamente. Así también la convicción de que la deshonestidad de los gobernantes es la causa principal de la desigualdad económica y social, ha generado la estrategia de quitarle recursos a unos programas para dárselo a otros, como justificación del combate a la corrupción. La desigualdad social y sobre todo la pobreza, da pie para que personas sin escrúpulos se dediquen a intercambiar votos por los beneficios que proporcionan los programas sociales y eso hemos visto en este gobierno. Para evitar estas denigrantes prácticas deberíamos procurar que en México nadie sea tan rico que pueda comprar lo demás y nadie sea tan pobre que se vea obligado a venderse. Exigimos que la política social se desvincule de las aspiraciones electorales de Morena, queremos que se cumpla con la prohibición de usar los recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente. Queremos que el mismo presidente de la República sea congruente con su afirmación de que quien destine el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos irá a la cárcel sin derecho a fianza. Sin embargo, tenemos la plena certeza de que los programas sociales se están dirigiendo a construir una clientela electoral para el 2021, la estructura paralela del sistema integrado por los 32 súper delegados, todos ellos son intereses políticos electorales en sus respectivos estados, los 266 coordinadores regionales y los 18 mil servidores de la nación que se coordinan por Gabriel García Hernández, es evidencia que para las políticas sociales el actual gobierno tiene dos estructuras, la de la Secretaría de Bienestar y la de él mismo, presidente de la República. La mayoría de los súper delegados tienen intereses políticos, pues muchos de ellos fueron candidatos de Morena en 2018. En el 2021 saldrán como candidatos de Morena a las gubernaturas estatales, y los coordinadores regionales como candidatos a diputados y a presidentes municipales. El PRD quiere que las políticas sociales se fortalezcan y que se promuevan como derechos sociales de la ciudadanía y que las acciones de gobierno busquen el bienestar y la felicidad de la gente, pero esto se logrará no solo combatiendo la corrupción, sino mediante el crecimiento económico, la creación de empleos, mejores salarios y finanzas públicas fuertes para darle sostenibilidad a las políticas sociales. Es cuanto, diputada presidenta.