El diputado Luis Maldonado Venegas: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores: El Estado Mexicano ha suscrito 106 tratados internacionales en materia de derechos humanos con la aprobación del Senado de la República, los cuales han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación y que por lo tanto son de observancia general en todo el territorio nacional. Ello implica necesariamente llevar a efecto las adecuaciones indispensables en nuestro derecho positivo a fin de que no se contraponga el contenido a la esencia de los tratados internacionales. En ese contexto se inscribe la iniciativa que hoy someto a la alta consideración de esta soberanía en virtud de que la II fracción del artículo 38 constitucional, se contrapone a un principio general de derecho el cual señala que: "A toda persona debe considerársele inocente mientras no se demuestre lo contrario". Principio que se reconoce también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, suscrita por nuestro país, en cuyo inciso I del artículo 11 dice a la letra. "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". El Texto Constitucional citado indica: "Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: II: Por estar sujetos a un proceso criminal, por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión". Por supuesto que a nadie escapa el que en esta época en la que el desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal ocupa la atención del país entero, se proponga la revisión del artículo 38 constitucional cuando el texto invocado no ha sufrido ninguna modificación desde la promulgación de la Constitución de 1917. Pero los acontecimientos que impactan a la opinión pública son también ocasión propicia para que se actualicen las normas que nos rigen en beneficio de todos los mexicanos, disposiciones que como afirmábamos al inicio de esta Exposición de Motivos, se oponen inclusive a tratados internacionales suscritos por nuestro país. Tal es el caso del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 1981. Este documento señala en su artículo 3º.: "Los Estados partes del Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres de igualdad de todos los derechos civiles y políticos enunciados". En su artículo 5º., inciso II añade. "No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que en el presente Pacto no lo reconoce o lo reconozca en menor grado". Y en su artículo 25 establece que. "Todos los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos y oportunidades: Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores". Y en ese mismo sentido la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, también conocida como "Pacto de San José", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, en su artículo 2º., refiere que. "La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos u oportunidades, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, condena por juez competente en proceso penal". Lo que significa hacer de lado, como corresponde, la presunción de culpabilidad antes de que una sentencia cause estado. Ninguno de los tratados internacionales aludidos señala que los derechos humanos, específicamente los políticos, se pierdan o deban suspenderse por estar sometido a proceso. Antes bien enfatizan que el ciudadano debe continuar en posesión y disfrute de los mismos y que sólo ante sentencia de condena de un juez competente en el proceso penal, podrán ser suspendidos. Considero que ningún ciudadano puede ser prejuzgado y suspendido de sus derechos ciudadanos sin que medie una sentencia previa como lo indica la fracción II del artículo 38 constitucional que hoy pretendo modifiquemos ya que muchos ciudadanos que han sido absueltos de los delitos que se les imputaron, fueron afectados de sus derechos políticos de manera irreversible, mientras que otros al amparo de una fianza, caución o preliberación pueden ejercer sin limitación alguna sus derechos, inclusive sufragando. "Sabemos que el Constituyente de 1917 aprobó el actual texto del artículo 38 sin mayor debate, únicamente fue sometido a una corrección de estilo, pues inicialmente aludía en su fracción II que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto un proceso criminal por delito que merezca pena corporal o alternativa de pecuniaria corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión. "Mientras que en la Constitución de 1957 encontramos la siguiente redacción del mismo artículo 38: "la ley fijará los casos y la forma en que se pierde o suspenden los derechos del ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación. "El Acta de Reformas de 1847 contemplaba en su artículo 9 que el ejercicio de los derechos del ciudadano se suspende por ser ebrio consuetudinario, tahúr de profesión o vago, por el estado religioso, por interdicción legal en virtud de proceso sobre aquellos delitos por los que se pierde la calidad de ciudadano y por rehusarse a servir los cargos públicos de nombramiento popular. "Es de observar que este es el antecedente más claro del actual texto que señala que solo se suspenden los derechos ciudadanos en virtud de procesos sobre aquellos delitos por los que se pierde la calidad de ciudadano. "Muy parecida es la redacción que encontramos en el artículo 8o. de la Constitución de 1842, la cual indica que los derechos se pierden por el oficio de ser doméstico, por ser ebrio consuetudinario o tahúr de profesión, vago o mal entretenido, por tener casa de juegos prohibidos por el estado religioso o de interdicción legal y por procesos sobre aquellos delitos por los que se pierde la calidad de mexicano. "Vale la pena precisar, dando este repaso histórico, que sobre el artículo 38 he mencionado que la Constitución de 1824 no señala nada respecto a la suspensión de los derechos de los ciudadanos. "Compañeras y compañeros Diputados: "Mantener el texto actual de la fracción II del artículo 38 constitucional permite que una gran cantidad de ciudadanos que se encuentren sometidos a proceso penal por diversas causas sean suspendidos de sus derechos ciudadanos, presuponiendo su culpabilidad. Situación inadmisible en derecho, porque como ya se ha acreditado se contrapone a tratados internacionales en vigor, por lo que consideramos que modificarlo sería benéfico y sano para nuestra democracia. "En consecuencia, someto a la consideración de ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 38 constitucional. "Artículo único.- Se reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: "Artículo 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: "II) Por sentencia condenatoria emitida por juez competente en proceso penal a contar desde el momento en que dicha sentencia cause ejecutoria y hasta la extinción de la pena". Es cuanto, señor Presidente.