El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Con su permiso, señora Presidenta. El secuestro es sin duda uno de los delitos que más lesionan a la sociedad y por supuesto a las familias, lastiman y marcan de por vida a sus integrantes. No imagino peor dolor, que el de aquellos a quienes les arrebatan a sus seres queridos y los mantienen en la incertidumbre sometidos a una brutal presión sicológica, exigiendo cualquier cantidad a cambio. La de aquellos a quienes les han arrebatado a un ser querido y no vuelven a verlos, viviendo siempre con la incertidumbre de su suerte. La de aquellos a quienes les arrebatan a sus seres queridos y se los devuelven sin vida o la de aquellos a quienes se las devuelven en partes. Hace ya muchos años, el secuestro era visto en nuestro país, como aquellos eventos que ocurrían en aquellos lugares donde se tenían problemas sociales fuertes y presiones de terrorismo, sobre todo en problemas sociales que ocurrían en Europa; sin embargo, en la década de los ochenta, México mostró ya signos preocupantes en la frecuencia de estos delitos. De los registros con que contamos a partir de cifras oficiales y de estudios de reconocidas organizaciones no gubernamentales, se tiene que el porcentaje de incidencia ha ido desde 1986 siempre a la alza, concentrándose la gran mayoría de estos eventos en el Distrito Federal y en el Estado de México. Tan sólo en el D.F., de 1997 al 2004, el incremento que se registra es de más del 750 por ciento y el porcentaje de asesinatos registrados de las víctimas de secuestro. Igualmente en el país se tienen incrementos dramáticos, teniéndose que en el 2005 los asesinatos fueron del orden del 35 por ciento. Al sufrimiento, tortura y agonía hay que sumar el quebranto económico, que por supuesto es importante, pues es fruto de toda una vida de esfuerzos que se ven perdidos en una pesadilla que nunca termina. Los esfuerzos de ciudadanos ejemplares por buscar justicia deben ser considerados en toda su magnitud; sobre todo para acicatear a quienes debemos responder en lo que nos corresponda, para evitar que existan esas desesperadas exigencias de justicia. Entre 1986 y 1994, los datos que tenemos sobre la incidencia de este delito son realmente confusos, pues la prensa nos los registraba con la amplitud requerida y las cifras oficiales, evidentemente no reflejaban la realidad, el secuestro incluso se ha ido modificando. Hoy, los delincuentes optan cada vez más por infringir un mayor maltrato a las victimas, buscando así conseguir un mayor rescate. Por todo ello, no podemos caer en la indiferencia, no podemos caer en la negación o la minimización, sobre todo ante acciones contundentes que vienen de la sociedad. El 80 por ciento de las naciones, no tienen secuestro y Colombia, que fue uno de los países con mayor incidencia de este delito, ha logrado reducirlo hasta en un 90 por ciento, de acuerdo a los estudios a los cuales hemos tenido acceso. Esto sólo se logra con un esfuerzo decidido por parte del Estado y nosotros somos parte del mismo. Por todo lo anterior y mucho más, presento este proyecto de decreto al Código Penal Federal, para endurecer las penas y que sean éstas un desaliento a las personas que practican este delito. Se propone la adición de un numeral al artículo 24 del Código, para considerar la prisión vitalicia como una pena y medida de seguridad. Asimismo se propone modificar el artículo 25 para contemplar la pena vitalicia en caso de secuestro, cuando se tenga la pérdida de vida del secuestrado. Cuando el secuestrado sea menor de 18 años o mayor de 60 o cuando por cualquier circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental. Igualmente se contempla la hipótesis de tipo agravado como la mutilación de las víctimas de secuestro, tomando en consideración que esta conducta refleja la alta peligrosidad del sujeto activo del delito; por lo cual este tipo de acción deba atenderse con la pena más alta. Adicionalmente se considera necesario precisar con mayor detalle la conducta contemplada en el artículo 366 del Código Penal Federal en su fracción B, la cual alude al sujeto activo que sea o haya sido miembro de alguna institución de seguridad pública, agregando la hipótesis a los miembros que forman o formaron parte de la estructura de la administración de justicia. Por último, se propone eliminar la fracción V del artículo 366 bis del Código Penal para evitar que la persona que contribuya en el pago del rescate sea objeto de alguna sanción por su participación en el proceso. Por supuesto que incrementar las penas no es suficiente. Por supuesto que los reclamos de quienes ven en estas medidas esfuerzos vacíos son justos, en función de los resultados que hoy se registran. Sin embargo, esta propuesta busca ser el inicio de un gran esfuerzo conjunto para erradicar el secuestro en el país y esto sólo será posible con la decidida participación del gobierno, todo para atacar de frente la impunidad, con el reconocimiento de la magnitud del problema, con investigación a fondo de aquellos servidores públicos que protegen a los secuestradores, con la profesionalización de las investigaciones y el seguimiento puntual a los delincuentes. La propuesta de prisión vitalicia como principio para abatir el secuestro, sólo será efectiva si el Poder Ejecutivo, si las instancias encargadas de la persecución del delito y la impartición de justicia hacen su trabajo de manera ética, profesional y con amor a México. Señora Presidenta, le pido que el texto de lo que acabo de leer se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Por la atención de los que la prestaron, muchas gracias.