La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (vía telemática): Gracias, presidenta. Pues nadie puede negar que hay un problema de extorsiones telefónicas en México. Sin embargo, es importante decir que, con esta propuesta, no solamente se da una salida en falso, sino que además se corre el riesgo de generar un problema mayor. Es una salida en falso porque ya ha quedado demostrado en el pasado que este tipo de registros simple y sencillamente no funcionan en México y que incluso, en otros países con mejores tecnologías no han querido implementar, y que por eso es totalmente falaz lo que argumentan los diputados de la mayoría en el sentido de que ahora harán mejor el registro cuando ni siquiera le han querido presupuestar recursos. Y, por otra parte, no solamente se quedan con los datos que ya se expusieron de manera ilegal en la vez pasada, sino que ahora también pondrán a disposición los datos biométricos de las personas, lo que sin duda genera un problema mayor. Por eso, y es muy importante escuchar lo que dicen los especialistas, porque me parece que en las prisas que estamos a fines de este período legislativo no se han dedicado a escuchar qué es lo que están argumentando, desde la sociedad civil organizada y quienes se dedican a estudiar y trabajar con estos temas. Por eso quiero traer aquí algunos de los argumentos que han puesto justamente a discusión parte de las organizaciones. Por parte de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Amedi, comenta que la iniciativa es grave y desproporcionada porque viola derechos fundamentales, cancelaría el servicio móvil a usuarios de prepago que no se registre. Las autoridades judiciales tendrían acceso a datos personales sin orden judicial. Habría un control sobre personas usuarias y tecnologías móviles. La propuesta permitiría a las autoridades de seguridad y de procuración de justicia, el libre ejercicio de mecanismos de control sobre las personas usuarias de los servicios móviles mediante el acceso a sus datos personales. Dichas autoridades tendrían acceso a la información del registro sin orden judicial, aun cuando ya pueden actuar por mandato de ley de acuerdo a los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La razón de la iniciativa supuestamente es frenar los delitos de extorsión y secuestros que se cometen, por ejemplo, desde los centros penitenciarios a través de teléfonos celulares. Sin embargo, no se deberían afectar los derechos fundamentales de la población con una medida como el registro de usuarios que en el pasado ha demostrado no ser efectiva para el fin que se percibe. Por otra parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales condena la aprobación del dictamen de esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear un padrón nacional de telefonía móvil, y da siete razones por las cuales es una falacia esta reforma. Uno. No existe evidencia de que los registros de tarjeta SIM contribuyan a la reducción de delitos como la extorsión. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es, en términos generales, una revisión del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, promovido por el gobierno de Felipe Calderón y el entonces secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna. Durante la operación de Renaut el delito de extorsión aumentó 40 por ciento y el de secuestro 8 por ciento. Igualmente, estudios como el informe de la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía sobre el registro obligatorio de tarjetas SIM indican que no existe evidencia de que el registro obligatorio de tarjeta SIM reduzca el crimen. Es por ello que países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y muchos otros han rechazado implementar este tipo de medidas. 2. El padrón sería fácil de evadir por la delincuencia, y ya lo vimos con el anterior registro. El padrón atenta contra la presunción de inocencia, porque efectivamente no va a estar claramente identificado quién es el poseedor de ese número telefónico. 4. La autoridad ya cuenta con múltiples herramientas para investigar delitos como la extorsión y en eso coinciden con la Amedi. Por ejemplo, los artículos 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establecen la posibilidad de realizar la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil. 5. El padrón viola derechos humanos y pone en riesgo la seguridad de las personas usuarias de telefonía móvil. 6. La recolección y almacenamiento de datos biométricos, como parte del padrón, puede violar el derecho a la privacidad de manera irreversible. 7. El padrón desperdicia recursos indispensables para combatir la brecha digital. En resumen, el padrón nacional de usuarios de telefonía propuesto no contribuirá a la reducción del delito, no impedirá a extorsionadores continuar haciendo llamadas desde números no asociados a su identidad, provocará que autoridades persigan miles de investigaciones inútiles o que conduzcan a la asociación de inocentes, y es muy necesario, dado que existen múltiples herramientas para investigar y combatir delitos como la extorsión, como la localización geográfica. Pone en riesgo la privacidad y seguridad de la población, dada la alta probabilidad de que la base de datos sea vulnerable. Por eso es que en Movimiento Ciudadano votaremos en contra de esta reforma. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.