EL C. DIP. LUCIO FERNÁNDEZ GONZALEZ: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea: El que suscribe, diputado a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento iniciativa de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y recorrer el actual segundo párrafo de la propia Constitución General para que éste quede como tercer párrafo, de acuerdo a la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El artículo 1º. de la Carta Magna establece la garantía de igualdad consagrando que, en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse si no en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Con esta disposición, se instituye el principio de igualdad al no hacer distinción alguna de sexo, raza, religión o físicas, que impidan el ejercicio de dicha garantía. Las personas con discapacidad y sus familias, han desarrollado una lucha de varias décadas, un importante movimiento social que pugna por el reconocimiento real de sus derechos y por la construcción de una efectiva igualdad de oportunidades; su reclamo por la equidad en la diversidad de actividades que han enfrentado a enormes dificultades materiales de accesibilidad física y de estigmatización laboral; ellos han tenido que hacer frente a la indiferencia de los demás que los consideran inferiores, que se materializa en su exclusión franca. Nuestro país está haciendo esfuerzos para alcanzar un desarrollo en diversos planos, sin embargo no se contemplan disposiciones que garanticen a las personas con discapacidad su integración en el ámbito productivo. El Estado Mexicano, ha procurado garantizar el principio de igualdad contemplando e incorporando a nuestro marco jurídico diversas disposiciones, cuyo objetivo es la no discriminación, siendo su finalidad alcanzar una democracia igualitaria en nuestro país para lograr un desarrollo integral con la participación de todos los ciudadanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en diversos artículos la igualdad de oportunidad para todos los mexicanos, constituyendo así una declaración de las instituciones republicanas y democráticas, en donde se reconoce que para alcanzar el desarrollo nacional, tienen que participar igualitariamente todos los mexicanos y reconocer desde la Ley Suprema el derecho al desarrollo integral de las personas con discapacidad; esto constituye un elemento fundamental de justicia. Atendiendo al aspecto político de las personas, el artículo 34 constitucional señala quienes son ciudadanos mexicanos y en su texto establece que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener modo honesto de vivir. En este precepto encontramos nuevamente consagrado el principio de igualdad entre los mexicanos sin hacer excepción alguna en su calidad de ciudadanía, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en este mismo artículo. Tampoco en la legislación electoral se ha establecido limitación alguna respecto de los discapacitados en los procesos electorales, es decir, al reconocerlos como ciudadanos, inherentemente se está reconociendo la facultad de que tienen de votar y ser votados. No obstante su participación en otros campos, han quedado relegados. Con esta iniciativa de modificación al artículo 123, se complementa el espíritu del legislador que se ha plasmado en la propia Constitución y en diversas leyes secundarias respecto a la garantía de igualdad de todos los ciudadanos para participar en el desarrollo del país y en el goce de todos sus derechos. Debe recordarse que desde 1955 la Organización Internacional del Trabajo, se ha referido al tema mediante la expedición de diversas recomendaciones. En 1983, entró en vigor el convenio 159 de la misma Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas, donde se encuentran incluidos los derechos mínimos de las personas con discapacidad. Así como los puntos fundamentales para las políticas hacia ellos. El principal objetivo de este Convenio, es permitir que la persona con discapacidad obtenga y conserve un empleo adecuado y pueda progresar en éste, además de promover la integración y reintegración de esta persona en la sociedad. México suscribió y ratificó dicho Convenio el 5 de abril del año 2001. Durante la 85 sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobaron las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, donde en uno de los párrafos del artículo 1o. se determina que los estados deben adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y contribución al desarrollo. El Ejecutivo Federal ha emitido un acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad, en donde se reconoce que la estrategia de integración de esas personas ha sido limitada, ya que no existe una política de gobierno que incluya una visión total de la problemática de ese sector de la sociedad, que permita incorporar con plenitud a la vida social y productiva del país, a las personas con discapacidad. Sin embargo, este tipo de acciones no tienen que estar sujetas a planes sexenales, sino que debe de haber garantía constitucional en este rubro. Si ya el Estado Mexicano reconoce la necesidad de implementar acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social, que impiden el desarrollo integral de las personas con discapacidad hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Es oportuno que la Constitución General de la República señale la facultad para que el Estado establezca las medidas necesarias para promover el empleo de las personas que se encuentren en condiciones de discapacidad, garantizando plenamente así, no solamente la igualdad de oportunidades y la equidad en los accesos a los servicios públicos de las personas con discapacidad, sino también en el fundamental derecho a la vida productiva. Se llega a la conclusión de que no podemos aspirar a ser un país verdaderamente democrático, próspero y con justicia social, mientras no logremos como país integrar plenamente a las personas discapacitadas como un sector de la sociedad que puede contribuir aún más, al desarrollo nacional. Con estos motivos se presenta el siguiente proyecto: "PROYECTO por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorre el actual segundo párrafo de la propia Constitución General, para quedar como tercer párrafo". "ARTICULO 123.- El Estado establecerá las medidas necesarias para promover el empleo de las personas que se encuentren en condiciones de discapacidad. "Segundo párrafo.- El Congreso de la Unión sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán y permanece el inciso, el Apartado A y el Apartado B del mismo artículo". "TRANSITORIO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Atentamente diputado Lucio Fernández González. Por su atención. Gracias. -PRESIDENTA: Gracias a usted señor diputado. Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social. Tiene la palabra la ciudadana diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal. -