El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, con la aprobación de este dictamen México dará un paso hacia adelante contra la impunidad y los delitos de cuello blanco que tanto han lastimado a la sociedad y al ejercicio transparente de la función pública. El reclamo más sentido de la ciudadanía es contra la corrupción y en esta cuarta transformación, que hoy ya estamos impulsando en el país, no permitiremos que se atente contra el interés público nacional. A lo largo de estos años, el viejo régimen acató el mandato presidencialista, pero lesionó la construcción de un verdadero Estado libre de impunidad, bajo conductas que privilegiaron el interés de una clase política y el de una gobernabilidad construida bajo un modelo eminentemente patrimonialista y un modelo de sociedad cerrada. Ello porque era así como se beneficiaba un concepto de hegemonía, donde la dominación descansaba en las propias elites. Actos de rebelión política se registran de manera más o menos sistemática a lo largo de la historia de nuestro país, afectando con ello el desarrollo de la vida institucional, en virtud de las conductas que los diferentes actores políticos de una u otra causa promovieron contra el cuerpo legislativo y sus integrantes, ello en razón de sus dichos, pronunciamientos y posturas políticas, muchas veces contrarias al interés del Ejecutivo en turno, pero a favor de la República. El fuero se constituyó entonces como un mecanismo preventivo que salvaguardó en principio el interés público a cargo del Legislativo. El fuero constitucional, que es definido por la jurisprudencia mexicana como una inmunidad del servidor público oponible al Poder Judicial por la consignación del Ministerio Público de algún delito común, al pasar del tiempo dicho mecanismo desvirtuó su finalidad generando una espesa red de intereses mezquinos y corruptos que favorecieron a la impunidad, así como al desarrollo de prácticas poco transparentes que lastiman el interés público y el ejercicio indebido de la función pública. La ausencia de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas debilitó los niveles de consenso y aceptación de un buen gobierno, por eso decimos que el cambio de régimen político debe provenir del factor de decisión, del poder delegado, directo y vinculado a la ciudadanía para exigir cuentas a las autoridades, que debilitando su calidad moral han maniatado la obediencia ante la propia sociedad. He ahí la falta de credibilidad en la política, por eso el enojo, la frustración y la desconfianza de la gente hacia los políticos, sabedores de que el fuero protegía, de manera consecuente y carente de toda ética pública, a todos y cada uno de los servidores públicos, incluyendo obviamente al presidente de la República. Todo aquello se estipulaba en una norma displicente que sin duda con esta iniciativa cambiará radicalmente la zona de confort de la clase política. El primero de julio la sociedad emitió un amplio voto de rechazo contra la impunidad, la corrupción y los privilegios. El compromiso antes, durante y después de la campaña fue no a la impunidad y eliminar el fuero constitucional para servidores públicos, sin distinciones y sin temores. Avanzamos en los hechos en una nueva configuración constitucional, a un nuevo régimen de responsabilidades y naturalmente, a un nuevo régimen político. Hoy, dentro de ese gran compromiso que adquirimos con toda responsabilidad y en un ejercicio de congruencia política los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, de la cual forma parte fundamental Encuentro Social, que fue la primera de las bancadas que propuso en esta Cámara retirar el fuero a los funcionarios públicos, era una de las propuestas que desde su creación como partido llevó como tema prioritario. Sin embargo, las entonces mayorías no dejaron pasar dicha propuesta, ya que defendieron a capa y espada a los miembros de sus respectivos partidos que eran, habían sido o esperaban ser funcionarios públicos. Defender los privilegios y beneficios era más fuerte que su ánimo de justicia y de verdad. Por ello, no se logró que se pudiera aprobar el tema. Como ciudadano, asumo el anhelo histórico para transformar el país y erradicar de raíz el flagelo de la corrupción que tanto nos ha lastimado, construyendo una nueva legislación donde se encuentre la ley al servicio de la gente. Hoy necesitamos privilegiar los anhelos y aspiraciones de una sociedad, traducida en una realidad concreta y esperanzadora que arranca a partir de lo que la comunidad plenamente organizada ha venido demandando. Hay iniciativas comunitarias que se presentaron a este Congreso. Hay iniciativas de prácticamente todas las fuerzas políticas a lo largo de la historia. Hoy, lo que sucederá con la aprobación de este dictamen, sin duda cambiará la perspectiva de esta República. Honorable asamblea, el día de hoy se presenta el resultado de un esfuerzo complejo en el que todos los grupos parlamentarios aportaron responsabilidad, profesionalismo y un profundo compromiso con la legalidad. Ello permitirá que la gente finalmente vuelva a creer, que recobre la confianza en las instituciones y, sobre todo, en los servidores públicos. En esta tarea, desde su instalación, la Comisión de Puntos Constitucionales avanzó dentro de una estrategia de trabajo que favoreció el diálogo, el entendimiento, la construcción de acuerdos, la transparencia y el análisis de frente a la sociedad. A partir de una revisión de los antecedentes, esta comisión pudo partir y abonar en torno a la definición de un razonamiento coherente y claro respecto de todas las iniciativas. Esta reforma constitucional abona a la gobernabilidad y a la democracia, pero también contribuye a consolidar el modelo de combate a la corrupción que ha propuesto nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador que, en algún momento, si ustedes recuerdan, fue acusado de manera leguleya e injusta y se intentó su desafuero. Hoy es fundamental establecer como premisa: nadie por encima de la ley ni tampoco a la realización de procesos jurídicos a modos. Hoy ni el propio presidente de la República queda exento. La norma es pareja, no contempla excepciones ni establece distinciones, privilegios o procedimientos especiales de ningún tipo. Por ello, votaremos a favor de este dictamen. No podemos permitir que ante el proceso de cambio continúe habiendo mexicanos de primera, de segunda o de tercera. La justicia e igualdad social son los únicos mecanismos que nos permiten consolidar una vía segura y duradera para alcanzar la paz, que es hoy legítimamente un reclamo de las familias mexicanas. Es cuanto, y muchas gracias.