El diputado David Pérez Tejada Padilla: Muchas gracias, con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea. El crecimiento descontrolado de las urbes aumenta la demanda y en consecuencia el costo de los servicios públicos, satisfactores de las necesidades básicas, contribuyendo a la intensificación de la presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales, todo ello provocando situaciones como el tema de la vivienda abandonada. Datos provenientes de la División de Población de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, señalan a nivel mundial que al día casi 180 mil personas se agregan a la población urbana y que para el año 2030, el 60 por ciento de la población mundial vivirá en dichas áreas. En general, los problemas en el desarrollo urbano tienen que ver con temas como la planificación de la ciudad, el deterioro y el efecto del desarrollo urbano en los ecosistemas, así también la expansión aleatoria derivada de la disponibilidad de tierras baratas que pueden conjuntar grandes números de viviendas que, sumado con la falta de coordinación de los esfuerzos federales, estatales y municipales que fomenten el planeamiento apropiado de desarrollo comunitario y urbano, hacen que la labor de combatirlo sea aún más difícil. En atención a esto, coincidimos con las dos iniciativas que aquí se plantean para modificar diversas disposiciones de la Ley General de Vivienda. Con ello, la primera modificación que se está planteando es acerca de fortalecer los vínculos intergubernamentales para mejorar el diseño de la organización administrativa de los órganos encargados de los temas de vivienda y, por ende, que sea muy necesario corregir el tema del crecimiento desordenado de las ciudades y lograr con ello institucionalizar los planes de desarrollo urbano y de vivienda. Asimismo, el segundo dictamen que aquí se está planteando es de vital importancia, ya que es una reforma que va encaminada a garantizar la accesibilidad a la vivienda a personas con capacidades diferentes que regularmente son inadecuadas y en ocasiones inaccesibles para ellos. Situaciones tan simples que pasan inadvertidas por nosotros como el poder adecuarles los baños, el poder hacer los marcos de las puertas más amplios para que pueda pasar la silla de ruedas, etcétera. Sin embargo tratándose de una vivienda en régimen de arrendamiento la regla general determina la prohibición al arrendatario de realizar obras en la vivienda, lo que limita el desarrollo de dichas personas que en el mejor de los casos de obtener dicha autorización podrían llevar a cabo las obras necesarias con la consigna de reponer la vivienda a su anterior estado y con ello implicando un esfuerzo extraordinario y un gasto que seguramente muchos no tienen la posibilidad de cubrir. De ahí que las diputadas y los diputados de mi grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos pronunciemos a favor de estas dos iniciativas pues estamos conscientes del gran compromiso que nuestro país adquirió como firmante de convenios internacionales sobre los derechos de las personas con capacidades diferentes, en donde se hace el compromiso de adoptar, entre otras medidas, las de eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de autoridades gubernamentales y particulares en la prestación o suministro principalmente de vivienda eliminando en lo posible los obstáculos arquitectónicos que faciliten el acceso a las personas con discapacidad, pues ello no sólo implicaría el cumplimiento a dicho convenio, sino un gran avance en tan anhelada integración y desarrollo de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.