EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA (PRD): Gracias, diputada Presidenta. Presento esta iniciativa en honor de mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Salud, la diputada Magdalena Núñez Monreal, la diputada Adela del Carmen Granel, el diputado Pedro Miguel Rosaldo y la coordinadora del área de política social, la diputada Hortensia Aragón, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Los servicios de salud han evolucionado día con día, de una cultura que confería absoluta libertad de terapia, a los prestadores de servicios médicos a las que otorga la libertad de elección de tratamiento por parte de los usuarios, que indudablemente sabrán mejor que nadie cómo vivir su enfermedad, igual que deciden cómo llevar su propia existencia; aunque la relación prestador de servicio paciente sea descompensada; una de las partes padece el sufrimiento, mientras que la otra posee el conocimiento, nunca debe concebirse como una relación de poder. En sus inicios fue siempre una relación jerarquizada y basada en el principio de beneficencia, el médico prescribía los medicamentos necesarios para curar la enfermedad y el buen paciente simplemente obedecía, el cambio de cultura jurídica en la relación médico-paciente supuso dejar al margen esa relación caracterizada por un sentido paternalista para alcanzar otra situación en la que ya no es la persona catalogada como paciente, sino que ahora como usuario y sus derechos se configuran como los protagonistas. Actualmente, en una sociedad que quiere ser democrática, el eje de las decisiones lo constituye el respeto a la libertad de las personas y en una sociedad que quiere ser justa, el punto medular lo conforma la igualdad en el acceso a los servicios y precisamente alrededor de estas dos premisas, libertad e igualdad, debe construirse una nueva relación, ahora entre prestadores y usuarios de los servicios de salud, la nueva relación deberá adaptarse a los requerimientos generados por los cambios científicos y sociales que al determinar una mayor exigencia en la calidad de vida, van responsabilizando cada vez más a los mismos individuos de su propia salud. Indudablemente que ésta nueva relación deberá aspira a incidir en todos los servicios de salud y no sólo circunscribirse al aspecto hospitalario, centrándose en el respeto a los derechos fundamentales que afectan la dignidad humana. Con la Ley General de Salud se reglamentó el derecho a la protección de salud que tiene toda persona en los términos del artículo Cuarto de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Corresponde ahora al legislador desarrollar los principios que son esenciales e indispensables a la prestación de los servicios de salud, como la autonomía, la información, consentimiento informado, la privacidad, la confidencialidad, la igualdad, la no discriminación, la prevención y promoción de la salud en beneficio del usuario y que indudablemente forman parte del derecho a la asistencia sanitaria como facultad individual de obtener de los poderes públicos los auxilios de las ciencias médicas para la prevención, la curación, el alivio físico o el consuelo sicoafectivo, eficaces en la enfermedad y que comprende la asistencia individual preventiva y el tratamiento de la enfermedad y en la enfermedad, como a sí mismo la rehabilitación para la reinserción del individuo en su medio. En este sentido, el objeto de la presente iniciativa consiste en dar reconocimiento jurídico a esos derechos y prerrogativas que son esenciales, recogiendo la filosofía que reconoce ampliamente el principio de la autonomía del usuario de los servicios de salud y materializando, con rango de ley, las declaraciones que en este sentido se han producido en diversas convenciones internacionales. En el texto del proyecto, la información al usuario viene a constituir el eje fundamental en el cual articular un verdadero consentimiento. El consentimiento informado, entendido como el derecho a obtener información y explicación adecuada de la naturaleza de su enfermedad y del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, sería el último eslabón de ese derecho a la información. El fin: Prestar el consentimiento después de haber obtenido la información precisa y suficiente. El consentimiento informado se manifiesta así, como un derecho humano fundamental, precisamente es una de las últimas aportaciones realizadas en la teoría de los derechos humanos, y constituye una derivación necesaria o explicación de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia. Por consiguiente, para promover la emisión de un consentimiento válido, la información que se proporcione deberá ser inteligible para la persona que la recibe, pues no es lo mismo informar a un médico que a otra persona de educación media. Se trata de evitar la práctica común de arrancarle el consentimiento mediante formularios o machotes, como hoy se utiliza en unidades que prestan servicios de salud, con lo que se acepta informado el usuario y releva, lo que es más grave, al prestador de cualquier responsabilidad que pueda sobrevenir después del tratamiento. Un consentimiento informado contribuiría a fortalecer la situación de confianza entre el prestador y usuario de los servicios de salud, y de paso disminuir las asimetrías de información propias de dicha relación, en la medida que institucionaliza una instancia que permita que el facultativo entregue oportunamente información completa, adecuada y necesaria para que los interesados o sus familiares puedan asumir informadamente las decisiones más acertadas para el cuidado de su salud. De esta manera, en relación con el consentimiento informado, se prevé que tendrá que realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos, invasivos, y en general cuando se llevan a cabo procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes notorios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud del paciente. Es decir, la manifestación de voluntad deberá expresarse por el propio usuario cuando sus facultades mentales se lo permitan, o en su defecto, el cónyuge o los parientes más cercanos, sin embargo también se prevén excepciones a la libre manifestación de voluntad, cuando la no intervención médica suponga un riesgo para la salud pública, cuando el usuario no está capacitado para tomar decisiones, cuando la urgencia no permita demoras que podrían ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento, o cuando el interesado haya manifestado expresamente su deseo de no ser informado para tomar una decisión. Acorde con la normativa propuesta sobre consentimiento informado, se establecen tesituras sobre la responsabilidad médica. Si la decisión del paciente es fundamental para la realización de los tratamientos propuestos, parece lógico establecer que en tales casos no existirá responsabilidad médica, salvo, claro está, aquella que derive de una mala praxis, lo mismo debe ocurrir en aquellos supuestos en que por ley la decisión del paciente se presume o es irrelevante. Consecuencia inmediata de lo expuesto, es que lo que hasta la presente fecha es una acción voluntaria por parte de los prestadores de los servicios de salud, pasará a ser una garantía al asegurarse la legitimación de los usuarios, a efectuarse en forma breval o escrita consultas, reclamos y sugerencias, las que deberán ser atendidas exhaustivamente y con prontitud. Aspecto relevante del proyecto lo es la introducción de la figura conocida en la doctrina médica como Declaración Anticipada de Voluntades, Testamento Vital o Testamento Biológico. La Declaración Anticipada de Voluntades es el documento dirigido al prestador responsable, en el que una persona mayor de edad con capacidad suficiente, y de manera libre, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando encuentre en una situación en la que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. Este documento podrá incluir la designación de un representante que será interlocutor válido y deberá ser entregado por quien lo otorga, por sus familiares o un representante legal. Se aclara, el testamento vital, nada tiene que ver con eutanasia, sino exclusivamente con el derecho del paciente a renunciar a algunos tratamientos que le prolonguen la vida en forma artificial y le hagan sufrir de una forma inútil. Se pretende evitar cuidados no necesarios, no debidos y sin sentido, y el prestador al acatar la decisión del usuario, simplemente deja que el curso de la enfermedad siga hasta que se produzca la muerte natural. Siguiendo esta línea no serán eficaces voluntades anticipadas que incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica, o que no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho que el sujeto haya previsto a la hora de emitirlas. En distinto punto, también transcendente de la iniciativa se garantiza el acceso a los servicios de salud sin discriminaciones arbitrarias. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los ámbitos de la promoción, protección y recuperación, y como consecuencia se prohibe cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, orientación sexual, etnia, raza, religión, condición física o mental, nivel socioeconómico, ideología, afiliación política o sindical, cultura, nacionalidad, edad, información genética o sistema de salud, ordenándose además, que para el caso personas con discapacidad o invalidez física o mental éstas deberán ser atendidas en forma preferencial. Estrechamente vinculados con la cuestión anterior, se contemplan como prerrogativas el derecho de las personas a un trato digno y respetuoso al recibir los servicios de salud. Trato digno que involucra como mínimo, el uso del lenguaje adecuado; la adopción de una actitud cordial y amable y el absoluto respeto de la privacidad y pudor de las personas, y el derecho a recibir compañía o asistencia religiosa, espiritual o anímica. Otros derechos esenciales que se recogen en el texto, son el de información a cargo del prestador de los servicios de salud y el de confidencialidad de la información que genera la atención del interesado, al mismo tiempo que se previene que el usuario deberá ser instruido respecto de materias directamente relacionadas con la atención de salud específica de que se trate, y en especial, que se reconoce, tiene derecho a ser informado en forma adecuada, oportuna y comprensible y con estricta consideración de sus características personales respecto de su condición de salud, los tratamientos posibles, su evolución y pronóstico. Se dispone la absoluta libertad de las personas para aceptar su participación en protocolos de investigación y se establece el uso confidencial y restringido de la llamada historia clínica. La historia clínica adquiere así el carácter de documento médico jurídico que posibilita el ejercicio de los derechos consignados en favor del usuario. Por consiguiente, del mismo modo se regulan los soportes documentales de la historia clínica, la exigencia de historias clínicas en los ámbitos de atención especializada y primaria; el contenido y requisitos mínimos a los que se debe atender tanto en el aspecto material como formal, y la propiedad custodia y acceso asegurando su absoluta confidencialidad y secreto como datos sensibles, salvo autorización por escrito del titular, de sus representante o sus herederos en caso de muerte, orden judicial, orden de la Secretaría de Salud o sus organismos dependientes por razones estadísticas de salud pública o de fiscalización. Correlativos a todos estos derechos y con el objeto de darles una mayor eficacia práctica, igualmente se disponen diversas obligaciones a cargo del usuario de los servicios de salud, a saber, la de informarse acerca de los riesgos y alternativas de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se le indiquen o apliquen, así como solicitar la debida atención de salud para sí y sus familiares; la de cumplir las prescripciones generales de carácter sanitario comunes a toda la población, así como las indicaciones del equipo médico respectivo si hubiera aceptado someterse a un tratamiento o procedimiento específico; la de informarse acerca de los procedimientos de consulta y reclamación que los prestadores de salud respectivos hubiera habilitado al efecto; la de contribuir a la manutención de los establecimientos de salud a través del cuidado de sus instalaciones y el uso responsable de sus servicios y prestaciones. Finalmente, para hacer congruente la nueva normativa con la contenida en la Ley General de Salud en el Capítulo de Sanciones se ordena que las violaciones de las disposiciones contenidas en la Ley, serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias sin perjuicio de las penas que corresponde cuando sean constitutivas de delitos previéndose como sanciones administrativas, amonestación con apercibimiento, multa equivalente hasta por diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, clausura temporal o definitiva que podrá ser total o parcial y arresto hasta por 36 horas. En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado somete a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto que expide la Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud. El articulado de la misma no lo reproduzco, entrego la copia signada para que respecto de ella se inicie el trámite legislativo. Y quiero hacer mención que esta iniciativa forma parte de un conjunto de iniciativas que tienen como eje central el tema de la información La información, una que corre a cargo del Estado y que se encuentra en los expedientes, que se produce en el ejercicio del poder público y respecto de ella es la Iniciativa de Ley de Acceso a la Información, la información que procesada se vuelve inteligencia, y respecto de ella es la Iniciativa de Seguridad Nacional, Información y Organismos de Inteligencia. La información que todo ciudadano en su calidad de contribuyente, de elector, de miembro de una sociedad que está gobernada por el Estado, entrega al Estado y respecto de ella requiere protección y es la Iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales, y esta iniciativa cuyo eje central es la salud en torno de la información. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias, compañeras y compañeros. -