El diputado Fidel Calderón Torreblanca: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, hoy iniciamos el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. La agenda legislativa que el PRD desarrollará está articulada y validada por el ideario, principios y procesos que históricamente hemos impulsado, así como por su interlocución con la sociedad civil. Destacan por su trascendencia en el periodo que inicia el Sistema Nacional Anticorrupción, la seguridad pública y el salario mínimo. Estos temas también figuran en las agendas de otros grupos parlamentarios. Sin duda será clave el diálogo y la voluntad política para construir acuerdos. Un punto de partida obligado es plantear posturas claras sobre las causas, consecuencias y vías de solución de los problemas que rebasen visiones esquemáticas y coyunturales. En el tema de anticorrupción la visión de las autoridades nacionales, de que se trata de un asunto cultural, ha propiciado su inacción trayendo como consecuencia que los casos de corrupción mexicana se litiguen en el extranjero y que el país ocupe las últimas posiciones según los organismos multilaterales. Por ello, llamamos a desarrollar una visión holística que con leyes secundarias dote de herramientas preventivas, inquisitivas y sancionatorias a las instituciones que participarán en el sistema nacional. En el tema de seguridad pública la desaparición forzada de personas y la virulencia de la delincuencia minan la confianza de la ciudadanía en los cuerpos policiacos. Discusiones como el mando único deberán considerar las circunstancias específicas de cada entidad federativa y municipio. Proponemos recuperar el concepto de seguridad ciudadana forjado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que la define como un proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. Este concepto debe guiar el diseño de mecanismos para controlar variables, como son el adecuado conocimiento del fenómeno delictivo, así como el arraigo de las policías a sus comunidades. Por lo que hace a la discusión sobre el salario mínimo, entre otras cosas se debe considerar que conforme a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en nuestro país se ha incrementado en 2 millones más la población que vive en pobreza y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dentro de este grupo de naciones México es el país en el que se percibe el salario más bajo. Por ello, el salario debe de convertirse en una herramienta que garantice la autonomía y dignidad de las personas, en la satisfacción de sus necesidades básicas, superando el asistencialismo y el clientelismo, sin hacer a un lado a la política social que procure el acceso al desarrollo de los más desfavorecidos, teniendo siempre presente que la mejor política social es el trabajo. Estos y otros temas sensibles deberán saldar imperfecciones de nuestro actual marco jurídico e institucional, respondiendo a las necesidades sociales específicas, pero también deben perfilar la construcción de una agenda de Estado y una nueva visión de país. Por lo que a un año del centenario de la Constitución de 1917, reconocida por consagrar derechos sociales inalienables y en víspera de la Constitución de la Ciudad de México, debemos sentar precedente para un Constituyente Nacional que restituya los derechos sociales a las mexicanas y mexicanos. Es cuanto, ciudadano presidente.