El diputado Marcelino Rivera Hernández: Diputadas y diputados, el dictamen que hoy se pone a la consideración de todos los compañeros legisladores, corresponde a la creación de un instituto que sustituya a la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Para llegar a este dictamen cabe mencionar que se realizó un análisis, y lo más importante, se realizaron diez foros de consulta en los cuales participaron compañeros de todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de nuestro país. Si bien es cierto que los tiempos para concluir el dictamen que hoy se expone ante ustedes fue muy corto, es importante resaltar que la participación social de los ejidos y comunidades ayudó mucho a poder tener listo el presente decreto, del que destaco, y por mucho, el que sean consideradas las comunidades como sujetos de derecho público por todo lo que ello implica. El ser sujetos de derecho público nos permite a los ejidos y comunidades indígenas generar convenios con los órganos de gobierno. Nos permite, por el solo hecho de ser ejido o comunidad indígena, generar y poder trabajar de la mano y coordinadamente con las dependencias de gobierno. Examinando de manera aislada el reconocimiento legal del orden judicial indígena, casi podríamos asegurar que no se ha presentado en la vida cotidiana de las personas indígenas ningún cambio tangible, ya que el estado de cosas en materia de justicia, al interior de la comunidad, continúan desarrollándose de la misma forma. No obstante, los hechos deben valorarse de forma conceptual en contacto con la realidad social y la abstracción de la ley en su conjunto. Por lo que... a este reconocimiento la circunstancia de que las comunidades sean reconocidas en esta propuesta legislativa, como sujeto de derecho público, nos encontremos ante un esquema completo de gobierno con todos y cada uno de los elementos propios del orden jurídico administrativo. El reconocimiento pleno, no solo en la ley sino en la práctica, en su aplicación positiva no es fruto de una tendencia univalente y caprichosa, sino es realmente cómo puede observarse la experiencia de otras naciones de este mismo ámbito. Constituye un presupuesto fundamental para impulsar el desarrollo dentro del marco de la vida nacional, pero con pleno respeto a su idiosincrasia, cosmovisión y formas de autogobierno, para que sean estos quienes definan su propio rumbo como pueblos diferenciados que son en la realidad sociopolítica y cultural en la que vive nuestro país. Esta clase de reconocimiento se traduce necesariamente en el interés de profundizar y consolidar nuestra democracia de manera participativa. La convivencia de la diversidad cultural no debe quedarse como idealización sino activarse en los hechos, como una respuesta clara a las demandas indígenas, manteniendo siempre el diálogo directo y efectivo con las propias comunidades, como matriz de las reformas legales que forman concretar en el marco jurídico federal. Otro tema sin duda que es de gran relevancia es el que tiene que ver con la consulta indígena, la cual debe ser previa, libre e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como nuestra Carta Magna. Nunca más un proyecto, una concesión o una ley o reforma o cualquier tema que atañe a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, sin tomar en cuenta y sin consultarnos. Nunca más. Recordemos que la reforma al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a iniciativa del Partido de Acción Nacional, cuando recién inició la alternancia de gobierno en nuestro país, y si bien es necesario seguir legislando en este tema, lo cierto es que ha significado la base para construir una serie de derechos a favor de los pueblos indígenas. Es por todo lo antes mencionado que el voto de los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es a favor del dictamen. No queremos ser impedimento de la aplicación de políticas públicas a favor de los pueblos y comunidades indígenas de México. Lo que sí señalamos es que estaremos vigilantes del actuar del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, confiando en que su quehacer será transparente y dentro del marco de la legalidad y con un profundo respeto. Compañeras y compañeros, los invito a que abracemos este proyecto, este dictamen, porque esto sin duda, sin duda el pueblo de México, pero sobre todo los ejidos y comunidades indígenas estarán con nosotros como aliados y se empiezan a generar las condiciones con ser sujetos de derecho y se hará justicia a nuestros pueblos. Es cuanto, señora presidenta.