La diputada Rocío Barrera Badillo: El día de hoy, luego de un profundo y minucioso estudio, llegamos al momento de discutir la propuesta de diseño institucional y de organización del poder público con el que operará la próxima administración. Se trata de un diseño que funda una nueva realidad jurídica, política, al establecer una organización administrativa más eficiente, orientada al cumplimiento de los objetivos que el gobierno entrante ha definido como prioritarios. Destacando los temas sociales de control de gasto público, uso racional de recursos, seguridad y adelgazamiento del aparato burocrático. El dictamen que nos ocupa es fruto del estudio, tiempo y esfuerzo de diputadas, diputados, senadoras y senadores, que en conferencia parlamentaria conocieron e incidieron en la propuesta. Como muchas de los proyectos que competen a las Cámaras del Congreso, goza de mayoría, aunque no del consenso de todas las fuerzas políticas aquí representadas. Sin embargo, es legitimado no solo por los votos que lo avalan, sino también por el trabajo que llevó su construcción, situación a la que me referiré más adelante. El documento que ustedes conocen incorpora ajustes provenientes de todos y cada uno de los grupos parlamentarios que presentaron propuestas de modificación. Hablamos de cuando menos 40 propuestas separadas y claramente identificables que se conjugaron en modificaciones a 17 de los 28 artículos que componen el decreto, siendo coincidente en su espíritu, aunque divergentes en su redacción. Se procuró que el texto planteado salvara la esencia de aquellas propuestas que se consideraron viables y necesarias, aun cuando no formaran parte de la visión inicial de los promoventes. Es un hecho público notorio que esta comisión y sus integrantes se condujeron en un marco de respeto y estricto apego, tanto a las normas procedimentales como a los derechos que gozan las legisladoras y los legisladores. En este contexto es oportuno hacer una breve reseña del conjunto de trabajos que nos permitieron llegar al presente dictamen. Los trabajos de esta comisión dieron inicio el 29 de octubre, fecha en que nuestra primera reunión fue declarada permanente, en virtud tanto de la trascendencia de las propuestas como de la necesidad que sean aprobadas antes del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y de la toma de protesta del presidente electo. En tal virtud y a solicitud de diputadas y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, el 31 de octubre se celebró un conversatorio al que fueron convocados especialistas del sector académico y de la sociedad civil. Escuchamos y valoramos sus inquietudes, no encontramos postura alguna que se opusiera totalmente a la aprobación de la propuesta base de la dictaminación. Posteriormente, con la finalidad de dar cauce al proceso legislativo, las diputadas y los diputados que integran esta comisión dictaminadora propusieron realizar su labor en Conferencia Legislativa por las Comisiones de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados y de Gobernación del Senado de la República. Derivado de estas reuniones se acordó llevar a cabo la discusión del dictamen mediante tres discusiones temáticas celebradas el 6 y 8 de noviembre y ahí se abordaron cada uno de los temas institucionales que este dictamen contempla. Derivado de lo anterior, surgieron diversos planteamientos de legisladoras y legisladores. Tales propuestas de modificación, así como numerosas observaciones hechas por los legisladores durante las casi 20 horas en las que estuvieron reunidos en el conversatorio y la Conferencia Parlamentaria formaron el criterio de esta comisión y nutrieron las consideraciones que a lo largo de este documento se plantea. En tal consideración se estimó pertinente realizar diversas modificaciones a las propuestas en estudio, mismas que fueron incorporadas al proyecto de decreto de las cuales hago referencia a las más importantes. Respecto a las facultades en la materia de tecnologías de la información y la comunicación, se consideró que si bien la política de estrategia digital del gobierno se ha conducido y articulado hasta el momento desde la oficina de la Presidencia de la República a través de estrategia digital nacional, era necesario dar un impulso y trascendencia a tales funciones, por lo que las áreas ejecutoras de estas políticas fueron incorporadas a las unidades de administración y finanzas de cada secretaría. Las iniciativas base plantearon la desaparición de las oficialías mayores, ya que en estas últimas donde actualmente se ejecutan dichas políticas públicas en cada dependencia y entidad, por lo que para no entrar en contradicciones con esas facultades y las que son establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se eliminó la reforma al artículo 36, fracción III que establecía competencias en la materia para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, especialmente porque las competencias de dicha secretaría ya se encuentran contempladas de manera detallada en la referida ley. Por todo lo anterior, y en base en propuestas de diversos grupos parlamentarios, se modificó la fracción I del artículo 8, el párrafo primero del artículo 20 y se elimina la modificación a la fracción III del artículo 36 de la iniciativa. En lo que respecta al modelo de comunicación social durante las mesas temáticas de la Conferencia Parlamentaria, diversos legisladores se manifestaron en contra de la asignación de facultades que se hacían a la oficina de la Presidencia en tal materia para coordinar y diseñar las estrategias de comunicación política de todo el gobierno federal con una visión unificada que permita claridad en los mensajes que emita el gobierno de la República y evite contradicciones entre los titulares de diversas dependencias gubernamentales. Para lograr este objetivo se consideró pertinente adecuar las competencias que se distribuirán entre la oficina de la Presidencia y la Secretaría de gobernación. Para ello se reformula la fracción II del artículo 8o. y la fracción VIII del artículo 27. En lo que toca a las delegaciones de programas para el desarrollo, se modificó el artículo 17 Ter que señalaba que el titular del Poder Ejecutivo Federal contaría con las entidades federativas, con las delegaciones de programas para el desarrollo que tendrían a su cargo la coordinación de acciones en materias prioritarias con las autoridades estatales, municipales y de la Ciudad de México, así como coadyuvar en la supervisión de los servicios y trámites de los programas prioritarios a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Derivado de las discusiones en las mesas temáticas de la Conferencia Parlamentaria, legisladores y legisladoras advirtieron su preocupación de que la adscripción jerárquica y funcionalmente de estos entes, se concibiera en la oficina de la Presidencia de la República, considerando un amplio debate al respecto. En tal virtud se consideró viable que la estructura, manejo y control de las delegaciones se adscriba a la Secretaría del Bienestar para no engrosar ni la estructura ni las facultades de la oficina de la Presidencia, a la vez que dirigir su vocación a las funciones que a esa secretaría corresponden. En este sentido, las secretarías podrán mantener oficinas de representación en las entidades federativas pero los recursos presupuestales de los programas serán manejados en la Secretaría de Bienestar a través de las delegaciones. En virtud de lo anterior se eliminó la fracción IV del artículo 8, se reformulan los artículos 17 Bis y 17 Ter y se adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 32. Esta fue una observación de diversos grupos parlamentarios. Respecto de las unidades administrativas y de finanzas, en el artículo 14 del proyecto de decreto se propone la sustitución de las oficialías mayores de las dependencias por unidades de administración y finanzas, cuyos titulares serán designados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, lo que reducirá los gastos de funcionamiento de las estructuras administrativas, mejorará el control del ejercicio presupuestal. Al respecto se modificó el anteproyecto de dictamen para exceptuar expresamente de lo anterior, a las secretarías de Defensa Nacional y Marina que mantendrán sus respectivas oficialías mayores estándose a lo que dispongan sus respectivas leyes orgánicas. De este modo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá entonces el modelo organizacional y de operación de dichas unidades en el sector centralizado, así como los lineamientos y directrices aplicables a las unidades administrativas que realicen las funciones análogas en las entidades paraestatales. En lo que toca a la consolidación de compras, se propuso adicionar el artículo 20, párrafo tercero, y el 31, fracción XXXVI para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiera consolidar también servicios. Respecto a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se plantea en el dictamen la recuperación de un modelo de seguridad basado en la existencia de una secretaría que atienda de manera exclusiva esta materia. Ese es uno de los rasgos torales de la adición organizacional que pretende la próxima administración. Lo anterior generó un rico debate con relación al modelo, lo que a la vez trascendió al enfoque y resultados que en los últimos años han visto en materia de seguridad, teniéndose por un lado la preocupación ante los crecientes niveles de inseguridad que padece nuestro país y, por otro lado, la generación de un esquema efectivo que permita hacer frente a tan grave reto. En este sentido las legisladoras y legisladores que acudieron a la conferencia parlamentaria expresaron a través de múltiples propuestas y posicionamientos, su preocupación en el sentido de no sobrecargar a la secretaría de facultades y generar los canales de corresponsabilidad e intercomunicación que permitan al gobierno federal a través de sus entes públicos, proveer a la población de seguridad. En este sentido se agregó una fracción que tiene que ver con las competencias en materia de reinserción social, supervisión de la libertad condicional y de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, que realizará la nueva secretaría en acompañamiento con las autoridades competentes como son: la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación...