La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (vía telemática): Muchas gracias, presidenta. En un sistema federal siempre es necesaria la creación de acuerdos, la discusión, el análisis consensuado de los textos legales y el desprendimiento de la subordinación que solo abre paso a la ocurrencia, a los austericidios y que traiciona la confianza que el pueblo brinda a sus representantes en esta Cámara para ser un contrapeso positivo y propositivo. La educación superior requiere esa sinergia y les obligó a entender que no puede ser vista desde la centralización, pues en ella confluyen facultades normativas, ejecutivas y de supervisión. En este trienio donde se ha lastimado profundamente a la educación y al desarrollo científico, celebro que por fin podamos concretar este proyecto de Ley General de Educación Superior, que sienta las bases para la coordinación de un sistema nacional y la intención de garantizar el financiamiento que demanda la población estudiantil y académica. Estamos frente a un proceso legislativo que reconocemos desde el Grupo Parlamentario del PRI como respetuoso y ordenado, pocos en este tiempo, y queremos reconocer a los diputados, diputadas, senadoras y senadores de todos los partidos políticos, así como a la propia Secretaría de Educación Pública por la construcción colaborativa, y en muchas ocasiones por la apertura a las propuestas legislativas que desde la oposición presentamos siempre a favor de este derecho llave, que es la educación. Agradezco también que se nos haya reconocido y nombrado expresamente a todas y todos los legisladores que trabajamos en esta propuesta que establece la definición de gratuidad y obligatoriedad, ambas con el propósito de promover el incremento de la cobertura de educación superior, de mejorar la distribución territorial y la diversidad de la oferta educativa, así como la materialización en el texto legal del fondo especial al que deben acceder –y lo vamos a reiterar las veces que sea necesario– todas las instituciones de educación superior, incluyendo las autónomas, no solo las Universidades Benito Juárez, como ha venido ocurriendo –y de eso vamos a seguir muy vigilantes. En materia presupuestal tenemos un gran reto, pues, con el sello de la casa todo lo dejaron a suficiencia presupuestal y el incremento sujeto a que exista un aumento en los ingresos del país. Recordemos que en los hechos el gobierno federal no ha otorgado un aumento real en el presupuesto asignado a la educación superior de carácter público, ni un peso, a excepción de las Universidades Benito Juárez. Hablando claro. Una cosa es poner en la Constitución y en la ley que la educación superior es obligatoria y de excelencia, y otra muy diferente a hacerlo en los hechos. Hoy tienen las herramientas y el poder para hacer cumplir la ley. Propios y extraños nos preguntamos sin encontrar justificación alguna el por qué la 4T no lo hace. Desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la mano con el coordinador René Juárez, impulsamos que la ley tuviera realmente un contenido general, a fin de no disminuir la facultad de los estados y la autonomía de las universidades e instituciones educativas. Protegimos que el contenido respetara la coordinación entre las instituciones autónomas y las entidades federativas, blindamos la iniciativa presentada para evitar atentados, como ya hemos dicho, visto muchos en estos tiempos, atentados legislativos que pretendieran disminuir la autonomía en la educación superior. Definimos con certeza y legalidad la universalización y gratuidad de la educación superior, la libertad de cátedra en todas las instituciones de educación superior y permisión de la movilidad educativa. Se reconoció a la educación normal como parte del sistema de educación superior, se estableció un vínculo entre la educación superior y la producción científica. Y se incorporó el acceso abierto a la información científica y de innovación, producida con recursos públicos, así como la materialización de los repositorios institucionales. En materia de género –y esta es una buena noticia para las maestras del país–, también se estableció la obligación de observar la paridad de género en puestos de dirección, de investigación, docencia, así como la protección de sus derechos laborales. La regulación justa de las instituciones particulares de educación superior, que todas cuenten con RVOE para evitar que ofrezcan educación patito. Abonamos siempre por la certeza que deben tener las y los estudiantes de contar con una formación que permita su desarrollo personal y profesional, y logramos que se viera más allá de un negocio en la propia regulación. Tenemos enormes retos por delante, todas las leyes son perfectibles. Hay que garantizar las aportaciones económicas para el desarrollo y la coordinación de la educación superior, que estas aportaciones fortalezcan las instituciones existentes y que garanticen educación de calidad, y que este fondo especial no sea sujeto a medidas de reorientación fiscal o a la desaparición de los recursos. La educación, compañeras y compañeros, no se mide solamente por el número de egresados, se mide por la calidad en la preparación de ellos y necesitamos, de verdad, apostar más allá del discurso a la educación de excelencia. La gradualidad debe incluir a la UNAM, al Politécnico, a las 32 universidades estatales del país, a los tecnológicos y a las normales, vamos a seguirlo exigiendo en los presupuestos subsecuentes. Y, en este sentido, la garantía de presupuesto para la conformación del fondo federal debe contener el acceso a los servicios educativos y la infraestructura. Reconozco y me enorgullece que se lograra la incorporación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como priorizar la formación de investigadores, la creación de infraestructura en la materia porque este es un sector que ha sufrido en detrimento de sus derechos y que ha sido disminuido en sus recursos. Y, finalmente, quiero hacer una reiterada petición a la mayoría y a sus aliados, a este doble discurso, dejen por favor a un lado los discursos electoreros porque hoy la responsabilidad es suya y no tienen derecho a seguir promoviendo reformas...