El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias. Con su venia, diputado presidente. La propuesta de adición al artículo 19 de la ley, tiene el propósito muy simple de mejorar el mecanismo de vigilancia de los recursos destinados a las áreas de comunicación social del gobierno en los siguientes términos. Se propone que el artículo incorpore un segundo párrafo que dice: en cuanto a la validación de pauta, los entes públicos deberán monitorear la misma para verificar el cumplimiento de la totalidad de lo contratado, para tal efecto podrán contratar servicios de monitoreo de terceros, diversos a los proveedores o realizarlo por la propia dependencia contratante. Tal adecuación busca permitir el monitoreo de la totalidad de los contenidos y espacios contratados por las autoridades, al tiempo que obligaría a los entes señalados en la ley, a considerar en su presupuesto de comunicación una partida para que se realice dicha actividad, con esto consideramos que va a reducirse la carga de trabajo para las autoridades que actualmente realizan actividades de monitoreo en los medios de comunicación, como por ejemplo, podemos tener al Instituto Nacional Electoral, además de generar un ahorro y evitar duplicidad en las funciones de monitoreo. En el mismo sentido, se espera que el monitoreo deba considerarse dentro de la planificación en comunicación social, de manera que los recursos destinados a este rubro siempre se contempla en la contratación del monitoreo, sin que ello signifique un impacto presupuestal posterior. Los entes públicos deberán hacerse responsables de la entrega total de los productos señalados en los contratos por medio de un monitoreo externo o interno y en el cual deberá existir la constancia de la entrega total de los productos entregados por los proveedores, lo cual cabe señalarse que servirá también para la justificación de los gastos de estas mismas dependencias ante las instancias de fiscalización. Esta adición al artículo permitirá constatar que el gasto destinado a la propaganda gubernamental o comunicación social sea utilizado única y exclusivamente para los fines establecidos en la ley, evitando que se generen gastos extraordinarios por esta área. La ley que analizamos tiene, por supuesto, hay que reconocerlo, un gran alcance, además de representar un paso más en la mejora de los mecanismos de gobierno abierto que tanto hemos exigido desde esta tribuna. Pero consideramos que se puede mejorar con una actividad que ya se realiza y que al considerarse en ley tendrá un fundamento jurídico para que las instituciones de gobierno verifiquen el cumplimiento de los contratos. Si bien se establece la rendición de cuentas por medio de informes entregados periódicamente y de carácter público, consideramos necesario reforzar el marco jurídico con la adición aquí propuesta. En resumen, se trata de lograr que las actividades de monitoreo recaigan en el ente gubernamental que contrate publicidad. Lo anterior permitirá que tanto el gobierno como los ciudadanos tengan la certeza de que los recursos se utilicen únicamente en los productos señalados con anticipación en los contratos, combatiendo el desvío de recursos, pues se trata de comprobar que el pago corresponde a la entrega de la totalidad de toda la publicidad. Es decir, en pocas palabras, estamos de acuerdo con lo que expresan, por ejemplo, en esta primera cartulina que tenemos de este lado, que buscamos una ley general de comunicación social en la que se propone un alto al dispendio y abuso de los recursos del erario y un dispendio y un abuso de los recursos del erario es justamente cuando hace falta claridad y podemos caer e incurrir en la duplicidad de funciones, en este caso, del monitoreo de todos los contratos que se llevan a cabo para espacios de radio y televisión. Muchas gracias.