EL C. PRESIDENTE: De conformidad con el Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Asamblea y que norma el procedimiento para el análisis del VI Informe de Gobierno en Materia de Política Interior, nos acompaña el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación, a quien le damos la bienvenida. Para dar cumplimiento al Punto Segundo, Numerales 1, 2 y 3 del mencionado Acuerdo, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Diódoro Carrasco Altamirano hasta por 20 minutos. Puede hacer uso de la palabra señor Secretario. EL C. LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, Secretario de Gobernación: Muchas gracias señor presidente de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados. Señoras y señores diputados. Es muy grato acudir a la H. Cámara de Diputados para glosar y analizar en el ámbito de mi competencia el VI Informe del Presidente de la República Ernesto Zedillo, cumpliendo así con el mandato constitucional. Por la profundidad, por la trascendencia del quehacer político. encaminado a consolidar la democracia plena, el balance final del sexenio corresponderá a la historia, pero entre los saldos que ya podemos aquilatar con claridad a lo largo de los años recientes, destaca la estabilidad política que goza el país, la reafirmación de la democracia como propósito constante de gobierno, que culminó en la transparencia, civilidad y credibilidad de las elecciones federales y estatales recientes, y el fortalecimiento de la vida republicana, expresado en el equilibrio real y el respeto entre los Poderes de la Unión. Estos rasgos que hoy nos definen y caracterizan, tienen su asentamiento en un nuevo federalismo auténtico, y en una presidencia genuinamente republicana apegada estrictamente a la ley. La virtud reconocida del gobierno del Presidente Zedillo, ha sido hacer suyas y encabezar las transformaciones políticas que se agitaban como anhelo de la sociedad, así como compartir la vocación de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Aquí con el consenso mayoritario de los partidos, se pactaron las reformas que explican hoy la nueva era electoral, que es signo histórico de nuestra democracia. Por eso es posible afirmar que el sustento de la estabilidad de México son las instituciones políticas y sociales, que forjó el pueblo mexicano a lo largo de 70 años del período posrevolucionario, negarlo es pueril. Estas instituciones cobijan a todos los mexicanos, sin distinción de partido. Hoy la estabilidad se afianza con una gobernabilidad democrática que a todos beneficia y de todos requiere. La reforma electoral de 1996 fue una reforma visionaria, aprobada por consenso mayoritario de los partidos políticos, desterró de nuestra vida política los conflictos poselectorales, que degastaban a la república. Dio certidumbre a los procesos, aportó condiciones de equidad y garantía de transparencia, y confirió objetividad e independencia a las instituciones electorales. Con la reforma electoral de 1996 se instituyeron los mecanismos jurídicos necesarios, para dar total certidumbre a la participación ciudadana. Se consolida el Instituto Federal Electoral bajo los principios de autonomía y plena ciudadanización. Al promover, y con la posterior aprobación de las reformas a las leyes electorales, el Ejecutivo federal cumplió con el compromiso de establecer un nuevo marco para el desarrollo de sistema de partido, La composición en las Cámaras definió un nuevo esquema de gobernabilidad, centrado en la construcción de acuerdos que ha implicado un importante cambio en los procedimientos legislativos, y un vasto incremento de iniciativas generadas y aprobadas por los legisladores. La administración del Presidente Zedillo será reconocida en la historia, sin duda y sin regateo, como un período democratizador. Es preciso aquilatar y aprovechar las lecciones que nos deja el ejercicio democrático recientemente concluido. En primer lugar, destaquemos la importancia del electorado compuesto por jóvenes, que por vez primera sufragaron, y mujeres que en su gran mayoría se volcó a las urnas, con plena confianza de que su voto sería respetado y meticulosamente contado, como en efecto sucedió. En segundo término, el alto grado de participación ciudadana, la pasión de los actores políticos y la serenidad y eficiencia de las autoridades electorales, propiciaron el reconocimiento y el prestigio internacional del país, no por el resultado en si, sino por la vocación democrática expresada por la sociedad mexicana, la calidad del proceso electoral y la solidez de sus instituciones. En ningún momento, como lo advertimos oportunamente, estuvo en riesgo la gobernabilidad democrática. En tercer lugar, las elecciones demostraron la necesidad inaplazable para que todos los actores políticos se preparen con mayor responsabilidad y compromiso a enfrentar una competencia política cada vez más dinámica, madura y moderna. En cuarto lugar, finalmente, observamos un claro mensaje por parte del electorado que no concedió triunfos absolutos a los contendientes, sino que diferenció su voto para elegir a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legisladores, tanto en el plano local como federal, estableciendo así nuevos equilibrios y contrapesos reales en nuestro sistema político. La sociedad marcó la ruta que obliga a continuar con el acuerdo y con el consenso político. En la presente administración se dio un impulso decisivo al nuevo federalismo y al fortalecimiento de las capacidades de gobierno y de administración de los municipios del país. En diciembre de '94 se inició la construcción del Sistema Nacional de Información Municipal y se creó el Ramo 33 del Presupuesto Federal, por vía del cual el 70% del gasto del gobierno hoy se destina directamente a los municipios. En este marco las modificaciones al 115 constitucional, aprobadas por el Honorable Congreso de la Unión y por las legislaturas estatales en 1999, constituyen un decidido impulso plural y representativo al municipio, al ampliar sus facultades en materia administrativa y reglamentaria, en la posibilidad de realizar convenios también con los gobiernos estatales. Con el propósito de que los municipios ejerzan plenamente las facultades que le concede la reforma, se pusieron en marcha programas de apoyo a la renovación municipal, a la modernización jurídica municipal, al desarrollo institucional de los ayuntamientos y a la profesionalización, así como el programa de difusión de la cultura municipalista. El Sistema Nacional de Protección Civil ha recibido un impulso decidido para proteger mejor a las personas y a la sociedad, ante la eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos. Ese sistema opera en tres etapas: prevención, atención a la emergencia y reconstrucción. En cada una de ellas se ha logrado incorporar y coordinar el esfuerzo de científicos, técnicos, tomadores de decisiones, medios de comunicación y población. La decisión oportuna ha sido el elemento clave de las modificaciones orientadas a hacer más eficiente el sistema. Hemos impulsado así la educación para la autoprotección, difundiendo y socializando la información que facilita la toma de decisiones. También se ha trabajado en coordinar las acciones conjuntas del Gobierno Federal con gobiernos estatales, municipales, comunidades y grupos organizados. La estrategia ha implicado estandarizar los programas operativos en el ámbito estatal y municipal, instalar los Consejos Municipales de Protección Civil, establecer normas oficiales mexicanas en la materia y homologar las estructuras y el Servicio Civil de Carrera. La Política Migratoria. La política migratoria en México se sustenta en la defensa de la soberanía y la seguridad nacionales, y mantiene un profundo sentido humanista y un estricto respeto a los derechos humanos, alentando corrientes migratorias que contribuyen a nuestro desarrollo. Se han otorgado más de 9,500 declaratorias de inmigrados a extranjeros que han decidido establecer su residencia permanente en el país y aportar de esta forma su esfuerzo al desarrollo nacional. Una prioridad de la política migratoria es contribuir a la protección a migrantes connacionales en el extranjero. En congruencia con esta postura era necesario cumplir este propósito primero en nuestro propio territorio, por ello la actual administración reinició el Programa Paisano en los períodos de alto flujo de retorno de nuestros connacionales provenientes de los Estados Unidos. Durante el sexenio se asistió a 5 millones 675 mil connacionales, ampliando las facilidades para internar sus bienes y garantizarles seguridad, respeto y buen trato por parte de las autoridades en su visita o retorno a México. Con el apoyo de los Grupos Beta de protección a migrantes que actualmente operan en el país, se logró atender en el transcurso de este gobierno a un millón de personas, brindándoles orientación y asistencia jurídica. En 1996 se anunció el Programa de Estabilización Migratoria, con el cual se otorgó la calidad de inmigrantes a 10 mil 864 guatemaltecos que optaron por quedarse, y a 3 mil 984 se les extendió la naturalización; casi 43 mil más, con casi 43 mil más, se culminó un exitoso proceso de repatriación. Esta es una muestra palpable de la política de asilo solidario que ha caracterizado a México y le ha dado prestigio ante el mundo, de lo cual nos sentimos orgullosos. Con el fin de simplificar la identificación de los conmexicanos (?), se ha procedido a la modernización integración de registro civil, a la integración de la base de datos del Registro Nacional de Población y a la asignación de la clave única de Registro de Población, CURP. Esperamos que a fines de este año se integre la CU RP a todos los documentos oficiales. A la fecha se han asignado casi 63 millones de claves y se estima que tres de cada cuatro mexicanos cuenten con ella a finales del presente año. En 96, se instituyó el Programa Nacional de la Mujer; entre los avances más destacados en materia de equidad de género alcanzados hasta este año, cabe mencionar los siguientes porque son resultado de amplias discusiones y consensos: el establecimiento de las Comisiones de Equidad de Género en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como una Comisión Bicameral denominada "Parlamento de Mujeres de México". Se cuenta ahora con una nueva legislación sobre violencia intrafamiliar y se crearon instancias de apoyo a la mujer en 27 entidades federativas. También se concluyó este año la Norma Oficial Mexicana para la Prestación de los Servicios de Salud que establecen los criterios para la atención de la violencia intrafamiliar. La preservación del carácter laico del Estado Mexicano, es uno de los compromisos políticos institucionales básicos de este gobierno. Por ello, la actual administración ha consolidado las relaciones entre el Estado y las Iglesias conformadas por casi 6 mil asociaciones religiosas con registro. Lo anterior demuestra la diversidad religiosa que existe en el país, y por tanto la necesidad de una coexistencia tolerante, respetuosa entre el poder público y las iglesias en el país. Ningún país en el mundo que ha padecido conflictos con grupos armados, ha practicado una política tan extensa e intensa para su solución en cuanto a la atención de las causas que lo motivaron, como lo ha hecho México al tratar el conflicto en el estado de Chiapas. En casos similares, se ha buscado lograr un a cuerdo de paz tras muchos años de lucha y un elevado costo en vidas humanas, para después comenzar a atender las causas que los motivaron sobre las cenizas de miles de muertos. México no ha actuado de esa manera. Por ello, el Ejecutivo Federal ha reiterado su voluntad de seguir insistiendo vía del diálogo y la negociación con el EZLN, con el propósito de alcanzar el Acuerdo de Concordia y de Pacificación a que se refiere la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Junto con ello, se ha emprendido una política social de gran alcance, orientada a revertir la marginación de los pueblos indígenas y promover el desarrollo de la entidad, independientemente de filiaciones partidarias, religiosas o políticas. En una expresión más de voluntad política, el 7 de septiembre de 99, se dio a conocer públicamente la carta abierta al EZ, denominada "un paso más", para solucionar el conflicto en Chiapas. A partir de entonces se dio respuesta positiva a los cinco requerimientos para retornar a la mesa de las negociaciones que estableció el EZ, incluyendo la liberación de exzapatistas presos y la instalación de la Comisión de Seguridad y Verificación de los Acuerdos de San Andrés. La propuesta y las acciones que sustentan la estrategia "un paso más", cuyo contenido fue previamente comentado con la COCOPA y otras organizaciones civiles y religiosas, hasta la fecha no ha recibido respuesta del EZLN. Es necesario que existan mejores condiciones de confianza mutua para avanzar hacia la paz, pero sobre todo para avanzar hacia la reivindicación plena de las demandas sociales de los chiapanecos más pobres, porque la ausencia de diálogo perjudica particularmente a las comunidades indígenas en la zona de conflicto. La presencia del Ejército Mexicano en Chiapas, obedece a funciones sustanciales de protección fronteriza, a resguardo de reservas ecológicas y de combate al narcotráfico. También, no lo olvidemos, el desempeño de sus tareas en emergencias ha sido decisivo, como durante las tormentas de septiembre de 1998 en la entidad ayudando ejemplarmente a la población. Su acción en la zona del conflicto responde a una declaración de guerra que no ha sido retirada y a una estrategia de acotamiento cuyos frutos son la inexistencia de confrontaciones armadas, después de la suspensión al fuego por parte del Gobierno Federal. Actualmente en la región prevalecen aún tensiones inter e intra comunitarias y frágiles equilibrios además de factores de inseguridad, por lo que su reposicionamiento no puede darse sino hay diálogo y garantías plenas a la población civil. De otro modo se tendría posiblemente que lamentar graves consecuencias. El gobierno del Presidente Ernesto Zedillo, ha actuado en forma contundente para que Chiapas no haya sido ni sea, escenario de conflicto armado. El desafío en el estado es la desigualdad, la pobreza, la marginación; contra ella y contra ello estamos todos los mexicanos. Por su parte la máxima Casa de Estudios del país la Universidad Nacional, ha superado la difícil circunstancia por la que atravesó el año pasado. No hay ahora un solo estudiante encarcela y la institución ha ido recobrando totalmente su normalidad docente de investigación y de definición de la cultura. El país vive en paz social pues los conflictos más graves son atendidos dentro de las vías democráticas, dentro de los cauces legales a través de las instituciones correspondientes. En ello radica la gobernabilidad democrática que compartimos y beneficia a todos. No obstante para la mayoría de los mexicanos el problema más grave que enfrenta nuestra sociedad es la inseguridad pública derivada de una delincuencia tanto ordinaria como organizada, cada vez más sofisticada y agresiva. La complejidad de la criminalidad ha hecho necesaria la planeación y organización de nuevas medidas para fortalecer a los cuerpos policiacos así como a las estructuras responsables, de procurar e impartir justicia. El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como objetivo fundamental conducir las políticas y programas para prevenir la comisión de los delitos y combatir el crimen organizado a través de una coordinación más eficiente entre los tres órdenes de gobierno. Los recursos asignados a la presente administración para la seguridad pública, no tienen precedente, en los últimos cinco años el gasto acumulado para la seguridad pública asciende a 27 mil millones de pesos, tan solo en este año se destinaron a estas tareas la cifra histórica de 12 mil 255 millones de pesos, fortaleciendo el equipamiento, infraestructura y el uso de tecnología para combatir el delito., se ha profesionalizado y capacitado a 97 mil elementos de seguridad pública y de procuración de justicia en todo el territorio nacional; se ha incrementado la cobertura y capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y se ha conformado un sistema nacional de información sobre seguridad pública, que cuenta ya con distintos bancos de datos, de huellas decadactilares, de policías, de armas, de delincuentes, de procesos. Hoy el Estado Mexicano cuenta con la Policía Federal Preventiva, como un cuerpo altamente entrenado para prevenir la comisión de delitos en el plano federal. La policía federal preventiva vigila las zonas federales, los puertos, aeropuertos, las carreteras y las fronteras; su accionar ha permitido la captura de peligrosas bandas de secuestradores y de traficantes de personas, la reducción sensible de asaltos en las carreteras del país, el rescate y orden de penales que se encontraban bajo formas ilegales e inaceptables de autogobierno y la restauración de la normalidad académica en sitios estratégico como la propia UNAM, entre otros resultados ampliamente reconocidos por la sociedad. Como resultado de estas acciones ha disminuido la comisión de crímenes; en 97 se llegaron a registrar 15.7 delitos por cada mil habitantes, habiéndose denunciado entonces cerca de un millón y medio de actos delictivos. El crimen llegó entonces a su máximo nivel. Para 99 se logró contener esta tendencia y comenzó a operar la disminución de la criminalidad; se denunciaron 1 millón 318 mil ilícitos, lo cual representa un índice de 13. 4 por cada mil habitantes, monto inferior en casi 15% al de 97. El Gobierno Federal emprendió las tareas estratégicas en materia de seguridad pública porque significan una política de estado concebida más allá de un sexenio o de una coyuntura. Buscamos así, certeza de perdurabilidad y alcance transexenal a las políticas y a las acciones de seguridad pública que a todos nos conciernen sin distinción de partido o de orientación ideológica porque se trata de la calidad de vida colectiva, de la vigencia del Estado como orden jurídico y del mejor futuro que deseamos asegurar como sociedad. Señoras y señores legisladores: un concepto de gobernabilidad basado en el control corporativo, en la hegemonía de un partido casi único, en un sistema de reglas no escritas hemos transitado hacia una gobernabilidad centrada en resolver las causas de las demandas sociales. Un régimen político plural y una vida democrática participativa basada esencialmente en el estado de derecho y en la vocación republicana de los mexicanos. Hoy las cuentas de la gobernabilidad son claras: México tiene estabilidad y sólidas instituciones. Vivimos en paz y en pleno ejercicio de las libertades ciudadanas. México ingresa al Siglo XXI con una democracia consolidada y por ello más fuerte, más fuerte para enfrentar sus desafíos y para vencerlos. Esta será la tarea cumplida de todos, la tarea de nuestra República. Muchas gracias. (aplausos)