La diputada Cora Pinedo Alonso: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la trata de personas es reconocida por la comunidad internacional como una de las formas contemporáneas de esclavitud. Es una práctica que daña gravemente la dignidad de las personas, que afecta su estado físico, psicológico y emocional. De acuerdo con información de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, México se encuentra entre los primeros 28 países en los que las bandas de traficantes de personas enganchan a más víctimas, y es el quinto lugar en América Latina. Es dramático aceptar que en un país que aspira consolidar una democracia moderna, se tolere que miles de personas, mujeres y niños, sufran la explotación sexual y el trabajo forzado. En el informe sobre Trata de Personas: Un Panorama Global, de la Organización de las Naciones Unidas, se identificó a 127 países de origen; 98 de tránsito y 137 de destino de las víctimas de trata, con distintos grados de participación: muy alta, alta, media, baja y muy baja. México está con calificación alta como origen de personas traficadas. El organismo de la ONU, en el mismo informe precisa que en América Latina y El Caribe, 24 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y 16 por ciento son niñas. Es cierto que a partir del 27 de noviembre de 2007 México cuenta con una ley específica contra el delito, hecho que representa un notable avance para combatirlo; sin embargo, en Nueva Alianza consideramos que se requieren mayores esfuerzos y sensibilidad política, porque son necesarias las reformas constitucionales procedentes para que se dé cumplimiento pleno a los derechos que establece la ley en beneficio de las víctimas de este delito. Lo anterior es imperativo, porque, por un lado, es imprescindible consolidar su derecho a la confidencialidad de sus datos para que no sean disposiciones nugatorias. Pero más importante aún es la necesidad de avanzar en la homologación de los tipos penales de las entidades federativas en una sola disposición jurídica. Al realizar un análisis comparativo del tipo penal de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas con el de los Códigos Penales de las entidades federativas que a la fecha ha tipificado este delito, podemos ver que la legislación nacional no es homogénea, que existen diferencias sustantivas en las conductas en los medios comisivos y en los fines, pero sobre todo en la sanción o pena. Por ello, la presente iniciativa pretende reformar la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tipificar la trata de personas como un delito federal y modificar la denominación de la "Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas" a "Ley Federal para prevenir y dancionar la Trata de Personas". Proponemos esta reforma porque, de acuerdo con la actual Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, sólo puede ser aplicada por las autoridades federales en los siguientes cuatro Supuestos Primero. Cuando el delito se inicia, prepara o comete en el extranjero y produce o pretende producir sus efectos en el territorio. Segundo. Cuando el delito se prepara o comete en el territorio nacional y produce o pretende producir sus efectos en el extranjero. Tercero. Cuando se actualice lo dispuesto por el artículo 50, fracción I, incisos del b) al j) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cuarto. Lo que establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que tiene por objeto fijar reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas para algún miembro de la delincuencia organizada. Para Nueva Alianza la reforma que se propone es necesaria en virtud de que la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas sólo puede ser aplicada por autoridades federales. En los cuatro supuestos anteriores consideramos necesario: Que se homologue el marco jurídico para que las autoridades federales puedan actuar y perseguir el delito de trata de personas en cualquier escenario. Que las legislaciones de las entidades se homologuen para hacer más eficiente la persecución del delito, y proteger a las víctimas y acabar con la impunidad. Lo dejo a consideración de esta soberanía. Considero que es nuestra obligación proteger y garantizar los derechos de las personas. También, que la trata de personas constituye una de las prácticas que mayor daño hacen a la dignidad humana y no se debe tolerar y debe ser sancionada sin excepciones. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.