LA PRESIDENTA: Tiene la palabra la diputada Nelly Campos Quiroz LA DIP. NELLY CAMPOS QUIROZ: Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: En la reforma penal aprobada por el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Chihuahua, existe un notorio desinterés en cuanto a la víctima de los delitos modificados, particularmente es atentatorio a la dignidad humana de las mujeres, que es generalmente el sujeto más vulnerable de estos ilícitos. No es tanto que ignoren el problema que la reforma trae a las víctimas, es en todo caso un problema de disfunción de prioridades, en el que parece ser más urgente resolver la situación del delincuente. Al delincuente se le privilegia con la iniciativa, se le estudia, se le protege, se le trata, se le auxilia, se le ayuda, en tanto que a la víctima de los delitos que se modifican, se le abandona o margina en el drama penal, para convertirla tan solo en un testigo silencioso, lo que aumenta su desamparo y provoca una sobre victimización por la vía legislativa. Ser víctima o ofendido de un delito significa en mucho el fracaso del Estado en su misión de protección y tutela de los intereses de la sociedad, en tal virtud que resultan inadmisibles las reformas que el grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua emprendió al Código Penal del Estado, más aún cuando apenas hace seis meses atrás se había aprobado ya por unanimidad, una reforma integral. Como ya se afirmó, la reforma, o mejor dicho la contrarreforma de la diputación priísta, resulta en una disminución a la protección de los derechos humanos o de los bienes jurídicos que pretenden titular los tipos penales aludidos. Es así, que de manera equívoca las penas de cárcel se ven atenuadas en el caso del delito de violación. En efecto, la contrarreforma priísta disminuye la pena mínima a 3 años, pero lo más grave, lo realmente deplorable, es el caso de que se haya adicionado un párrafo al artículo 239, en el que se establece una penalidad disminuida de uno a seis años de prisión cuando la víctima haya provocado determinados actos y se niegue a la realización de la cópula. Compañeras y compañeros legisladores: Textualmente, este párrafo propone: cuando el sujeto pasivo se niegue a la realización de la cópula habiéndola provocado por actos conducentes a ésta, practicados directamente con el agente, a éste se le aplicarán sólo de uno a seis años de prisión. No podemos escuchar nada más absurdo y ofensivo para las víctimas del delito de violación, ya que por ley se abre la posibilidad de que el violador argumente que su víctima lo provocó sexualmente, y hacemos de la víctima el victimario. El proceso penal se plegará con rigor no sobre el delincuente, sino sobre la persona violada, se juzgará a ella en el sentido de determinar si provocó o no provocó ciertas conductas. En este caso, se establece subjetivamente y aberrante el riesgo para la impartición de la justicia en cuanto a este tipo de conductas, pues resulta la interrogante: ¿cuáles son y cómo deben ser los actos que deben ser considerados como provocadores para la cópula? ¿Será acaso un abrazo efusivo, un beso prolongado, el tipo de vestido, el tipo de palabras o el clima? Una disposición como ésta rompe el fin de prevención general y particular que debe tener la norma penal: inhibir y castigar. Se produce una doble victimización. Otro inconveniente es que aún aplicándole la pena máxima de seis años, el violador podrá obtener su libertad al cumplir la mitad de la sentencia, si obtiene los beneficios que otorgan a los reos, ya que se otorgó al Ejecutivo la facultad discrecional de conceder la libertad preparatoria aún en este tipo de delitos. No podemos negar que el delito más grave contra la libertad sexual es el de violación. En efecto, la persona que sufre la desgracia de un ultraje sexual de violación trastorna su vida y necesita de mucha fuerza y de terapias para rehacerla de nueva cuenta, incluso podemos afirmar que la violación de la víctima no se viola a si mismo, sino a toda la familia; se viola al esposo, a los hijos, a los hermanos, pues ellos también sufren los efectos nocivos que deja la violación de un familiar. La violación es una de las formas de victimización más graves que dejan mayor número de secuelas en el sujeto pasivo y que tiene una cifra negra muy elevada. En este sentido, creemos que la reforma será un motivo más para aumentar dichas cifras negras, pues el supuesto normativo propuesto inhibe a la víctima para denunciar, ante el posible hecho de que ella pueda convertirse en una especie de psecudoprocesada. También y de manera grave, esta reforma deja sin sanción algunos casos en que se demuestre de que se trate de personas que sean mayor de l2 y menor de l4 años, que se dedique a la prostitución y dé su consentimiento. Con esto se deja indebidamente a un lado la actual disposición que agrava la pena en el caso que la víctima fuera menor de l4 años, aun cuando hubiese otorgado su consentimiento. Esta disposición es preocupante en dos vertientes: primero, el legislador acepta abiertamente la existencia de personas menores de edad que se dedican a la prostitución, y segundo, niega la violación equiparable por el hecho de la actividad a la que la víctima se dedica. Esto es, a todas luces, no sólo violatoria de derechos sino atentatorio a la razón tutelar de la norma reformada. Se les olvidó a los artífices de esta reforma, que el bien jurídico tutelado por el delito de violación es la libertad sexual y no la castidad y la honestidad, que son elementos constitutivos del estupro, pero no de la violación. En el caso de los menores, precisamente se equipara a violación, aun cuando den su consentimiento, porque en la mayoría de las legislaturas de los estados se acepta que por su corta edad no gozan del pleno albedrío para decidir, por ello sí hay y debe haber violación cuando se copula con una persona mayor de l2 años y menor de l4, pues es de explorado derecho que el consentimiento prestado por un menor de edad carece de toda validez jurídica, debida cuenta de quien la otorga no está en disponibilidad de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales, y en consecuencia la cópula con él tenida en esta coyuntura, encierra un ataque contra la libertad sexual de estos menores, en virtud de que el principio de que todo hecho realizado sobre una persona sin su voluntad validad, encierra un atentado contra su voluntad. No aceptamos, como parece lo hizo la diputación del PRI en Chihuahua, que esta triste condición social de los menores que se prostituyen, los conviertan hoy en un despojo humano, carentes de su libertad sexual y que el Estado y sus autoridades tomen acciones en su contra. ¿Dónde está en la reforma la tutela de esta libertad sexual a estos menores, o en qué caso el ejercicio de la prostitución priva a estos menores de protegerlos y garantizarles su libertad sexual? Otra forma inadecuada en el caso de violación realizada con algún objeto ajeno al miembro viril, el delito deja de tipificarse como violación y se considera simplemente abuso sexual. De este modo el agresor también logra disminuir el castigo penal. Preciso los cambios sufridos en el Código Penal: El artículo 239 establecía antes de la reforma integral de febrero, una pena de prisión de dos a nueve años para el delito de violación. Con la reforma integral del decreto 797/01, aumentó de cuatro a doce años de cárcel y se fijó además una multa de 50 a l00 veces salario mínimo. El Derecho Penal ha superado la etapa de la venganza pública; la cultura del respeto y protección de los derechos humanos ha ido permeando en el tejido social y la conciencia individual y colectiva de nuestros pueblos, razón que obliga al sistema penal a humanizarse. Al discutir estos delicados temas, debemos estar atentos de encuadrar en el contexto de una auténtica política criminar y verificar factores educativos y de prevención. Hablar concretamente de la elevación o disminución de las penas, es un tema del suyo complicado, es decir, es muy difícil y es prácticamente imposible fijar un límite preciso a las penas, un punto de equilibrio en donde no se deban aumentar o disminuir, un punto en donde la prevención general sea lo más eficaz posible, en donde se inhiba el mayor número de delitos y más aún, con el consentimiento de la multiplicidad de los factores criminógenos involucrados en especial en el delito de violación, no obstante, parece ser el caso de las reformas aprobadas en el estado de Chihuahua, pudieran acarrear un mayor número de impunidad y no obstante la ya imperante, en particular, y más allá del debate sobre la elevación de las penalidades. Finalmente, la falta de sensibilidad de los diputados priístas del Congreso de Chihuahua para tratar estos asuntos del índole penal y que tienen relación con la protección de bienes jurídicos de suma importancia en la dignidad humana y los habitantes de Chihuahua, los hace incurrir en otro tropiezo más al anunciar que se iniciarán los trabajos para diseñar el método de consulta a los ciudadanos, organismos civiles y asociaciones profesionistas. Acción Nacional quiere dejar muy en claro que compartimos el honesto y desesperado clamor de muchas mujeres que son victimizadas y apelamos a que sea atendido con seriedad y mesura las reacciones ante estos hechos de violencia y degradación humana que deben guiarse por el conocimiento y el estudio, la razón, atendiendo a la justicia, el bien común, y a la seguridad jurídica. Por todo lo anterior, exponemos el siguiente PUNTO DE ACUERDO UNICO.- se sirva solicitar respetuosamente al Congreso del Estado de Chihuahua, considere la posibilidad de una nueva reforma para regresar al marco normativo anterior a la misma, para eliminar y subsanar los inconvenientes que contiene y que representan un retroceso en nuestros sistema de garantías de derechos humanos. Firman el siguiente Punto de Acuerdo, los diputados de Chihuahua, de la diputación panista. Muchas gracias.