La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor Presidente. Honorable asamblea: está a discusión el dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que remite a este pleno la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. La iniciativa presentada el pasado 31 de noviembre del 2013 por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, proponía también la reforma al artículo 18 de la misma norma y fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente. La comisión dictaminadora consideró inviable la propuesta al artículo 18 de la citada norma, donde se establece que ante la continuación de oficio de un procedimiento administrativo iniciado a instancia del interesado, operará la caducidad de la instancia por la inactividad procesal de la partes, cuando en tres meses no existan actuaciones de las autoridades o los interesados. Ello, con base en lo siguiente, pues en los artículos 17, 17 A y 17 B de la misma ley, se regulan los procedimientos iniciados a instancia del particular, pues ahí mismo se establece que la continuidad del procedimiento en este caso será de oficio y obliga a la autoridad a concluirlo cuando fue iniciado a petición del ciudadano o ciudadana. Por otro lado, contraviene el espíritu del artículo 8o constitucional, el cual establece el derecho de petición por el cual la autoridad está obligada a responder un acuerdo por escrito a la persona que lo haya dirigido. Eso debe ser en un breve término, lo cual, en el caso que nos ocupa, está regulado por la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Por su parte, la dictaminadora estimó viable la modificación al artículo 60 que propone que para el caso de procedimientos iniciados de oficio, prevé que se entenderán caducados, no sólo en el caso de que transcurra el plazo de 30 días a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, sino también en los casos en que la autoridad por su inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento por tres meses. Aquí vale la pena señalar que la caducidad de la instancia es una figura procesal que tiene por objeto aportar seguridad jurídica a las personas en un procedimiento determinado para evitar la incertidumbre, la discrecionalidad hasta la arbitrariedad y lograr la eficacia en el mismo para que cualquier autoridad cumpla en tiempo y forma con las obligaciones propias del ejercicio de sus funciones en cuanto a sus facultades y competencias constitucionales y legales en beneficio de la ciudadanía. La modificación planteada al artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fortalece la institución procesal de la caducidad de la instancia, pues permite acotar los tiempos para que la autoridad se apegue a los términos señalados en la propia ley, y dé una respuesta oportuna, pronta, expedita, en beneficio de la ciudanía, además de que se le otorga mayor certeza jurídica. Consideramos que con esta propuesta se apuntala derecho a una justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 constitucional y, por supuesto, en pro del debido proceso en materia administrativa, al cual tienen derecho todas las personas. Por lo aquí expuesto nuestro grupo parlamentario se pronuncia a favor del presente dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es cuanto. El Vicepresidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Fijará la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el diputado Enrique Alejandro Flores Flores.