La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores, la seguridad nacional instituye una garantía de bienestar social y plenitud humana, cuya preservación constituye una función política de carácter superior del Estado mexicano, a cargo del presidente de la República. Esta seguridad interior tiene por objeto de protección o bien jurídico tutelado, el orden interno, entendido como la justa aplicación de las leyes y la observancia de las mismas. Con la expedición de esta ley se definen y regulan los supuestos de intervención de dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento del orden y la seguridad interior, con el propósito de responder a su alcance y evitar confusiones en las tareas con seguridad pública. Existe plena justificación constitucional en el artículo 73, fracciones XXIX, apartado N; y XXXI para la competencia de esta Cámara, a fin de legislar en el tema. Igual en la facultad que tiene varias Constituciones vigente, que le concede al presidente en la fracción VI del artículo 89 la disposición de las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas. El problema es que no hay ley que regule esa facultad, que la desarrolle. Por eso, ante la ausencia de una ley que defina con claridad el objetivo que busca alcanzarse con la seguridad interior, hay que garantizar la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional y el mantenimiento del estado de derecho y gobernabilidad democrática en beneficio de la población. Se ha venido faltando a la verdad en esta tribuna por algunos compañeros, y los invito a que por favor lean completa la ley. Ahí se reglamenta la facultad del presidente de la República para cumplir, como lo manda la propia Constitución, con la declaración fundamentada y motivada, y eso los abogados lo saben muy bien, con circunstancias de tiempo, modo y lugar para la intervención de autoridades federales incluyendo Fuerzas Armadas. Ofrece mayor certidumbre jurídica a la actuación de las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas en beneficio de la población civil. La declaratoria de protección de seguridad interior que emitirá el presidente será el último recurso. Las acciones de auxilio que se realicen en el marco de ella no serán permanentes, su naturaleza es transitoria. Las Fuerzas Armadas no sustituirán las responsabilidades primarias de las instancias del gobierno federal, estatal o municipal. Que no confundan a la ciudadanía. A lo único que el Estado mexicano está renunciando es a la discrecionalidad y a la opacidad, dándole seguridad y certidumbre jurídica a la ciudadanía. Se establecen mecanismos de revisión y evaluación internos, por favor léanlos. Se señala participación del Consejo de Seguridad Nacional, y externos, la Comisión Bicamaral de este mismo Poder Legislativo. Y desde luego, desde la emisión de la declaratoria queda expedita la vía legal para acudir al Poder Judicial, lo cual hoy no se puede realizar por ninguno de nosotros. Bajo ninguna circunstancia se concederá como afectación a la seguridad interior las movilizaciones de protesta social que tengan motivos políticos electorales, se dice expresamente, se distingue entre seguridad interior y seguridad pública. Y el presidente podrá realizar la declaratoria bajo dos modalidades: de manera directa por su facultad constitucional y a petición de las legislaturas de los estados y del Ejecutivo. Hay un principio de autoridad compañeros en este país, nadie puede hacer siendo autoridad lo que no le competa a la ley. Y el acuerdo de la declaratoria se va a notificar por conducto del secretario de Gobernación a la Comisión Bicamaral de este Poder Legislativo, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí hago un paréntesis. Nosotros respetamos mucho al organismo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero le pedimos a su titular que lea con detenimiento los artículos 2, 7 y 30, que expresamente proscriben la alteración a los derechos humanos.