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La diputada Adriana Lozano Rodríguez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, muy buenos días. Si algo llena de tranquilidad a una sociedad es un ambiente de paz y la presencia de gobernabilidad en una nación. Así como la percepción de seguridad entre la población y saber que cuenta con el compromiso de sus autoridades. Hablar de justicia es hablar de todo, es hablar de libre tránsito, de libertad de expresión, de la libertad para ejercer una profesión, del libre desarrollo del individuo y de muchos otros derechos sociales que el PES promueve todos los días. México padece el flagelo de la extorsión, un rostro más de violencia que genera miedo en la población. Desde la primera vez que hicimos modificaciones a nuestra Constitución, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social propuso incorporar el delito de extorsión, porque teníamos que encontrar maneras de hacerle frente al cobro de piso en buena parte del territorio nacional. Cuando una parte de la población está sin empleo y piensa en auto emplearse, es injusto que además tenga que considerar dentro de sus gastos el derecho de piso para mantener la seguridad de su persona y de su familia. La extorsión está minando la actividad económica y el ánimo social de muchos mexicanos. Y lo que estamos haciendo hoy, como legislatura, es de gran valor para el país. Por ello, el Grupo Parlamentario del PES está a favor de este dictamen, porque nuestra gente, nuestro pueblo y el comercio de millones de personas no pueden estar ahogándose en la inseguridad física y psicológica. Estamos de acuerdo con el aumento de las penas que promueve el dictamen, pero vamos a estar más de acuerdo con que las fiscalías incrementen el número de detenidos. El mensaje no está en el aumento de la pena, está en la detención y pena a los culpables. En el PES vemos un México donde no se cobre derecho de piso. Vemos un México de derecho y seguridad. Un México donde la población pueda conducirse con la tranquilidad de que podrá ir a donde sea, sin temor alguno. A eso tenemos derecho, señoras y señores, todos y cada uno de los mexicanos. Esta es una iniciativa socialmente correcta, por ello invitamos a que la consideremos. Aprobar este dictamen es un paso en el largo camino para darle a México la seguridad que merece. Con ese mismo impulso, determinación e iniciativa, por hacer lo justo, lo correcto, impulsemos que los derechos y obligaciones que aquí aprobamos sean efectivos. La protección de nada sirve escrita, si no se vive y se percibe en las calles. Por un México sin extorsión hagamos lo socialmente correcto. Gracias por la atención, compañeras, compañeros, gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Espinoza Cárdenas.
El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros diputados, quisiera preguntarles: ¿cuántos de los aquí presentes hemos sido víctimas de alguna llamada de extorsión, o que conozcamos algún familiar o amigo que haya caído en las garras de estos criminales, que por diferentes medios nos despojan de nuestras pertenencias, ya sea desde las habituales llamadas donde nos dicen que nos hemos ganado algún dinero o algún premio, o aquellos donde nos intimidan o amenazan con hacerle daño a algún familiar? Sin olvidar a aquellos que amedrentan a los pequeños comerciantes, obligándolos a pagar un derecho de piso o, como ellos le llaman, protección. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos conscientes de la situación por la que atraviesa el país y tenemos la obligación de proteger a las ciudadanas y ciudadanos, dotando de las herramientas legislativas necesarias para castigar las conductas que dañan a la sociedad, como esta de la llamada extorsión. El delito de extorsión es un delito de alto impacto. Este delito ha ido en incremento en los últimos años y sabemos que detrás de la extorsión se encuentra la delincuencia organizada, siendo esta la que más daño genera. Lo anterior, porque este delito afecta de manera significativa el patrimonio de las familias, así como de las empresas y las industrias, lo que en muchas ocasiones obliga a que estos, por miedo cierren, incrementando con ello los niveles de desempleo y de pobreza. En los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, presentados en 2019, se tiene la extorsión como uno de los delitos más habituales en el país, toda vez que se ha cometido intensamente en al menos 14 de las 32 entidades federativas de México y, a su vez, estos datos han demostrado un crecimiento de 48 por ciento de este delito, lo que refleja y evidencia la necesidad de modificar leyes y adecuarlas a la realidad. La información que tenemos nos arroja que el 93.2 por ciento de estos delitos no fueron denunciados, por temor, principalmente, o por miedo o desconfianza de acudir a las autoridades correspondientes. Cabe señalar que muchos ciudadanos no confían en estas instituciones de seguridad y, por lo anterior, es indispensable que este delito sea tratado con seriedad, con el objeto de lograr sanciones mucho más elevadas para los sujetos activos en ella. No cabe duda que debemos buscar que los delincuentes sean llevados ante la justicia, para que puedan ser procesados y que no hagan más daño a la comunidad, como lo vienen haciendo. Por eso el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyará con todo este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Marcela Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Con la venia de la presidenta. La reforma que hoy se presenta al artículo 390 del Código Penal es una respuesta para enfrentar el segundo delito más recurrente del país, que únicamente está superado por los asaltos y robos personales en el transporte público: la extorsión. Sí, la extorsión, que es uno de los delitos que más impactan y que ha tenido un incremento significativo en los últimos años. De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Información, uno de cada cinco delitos en México es una extorsión y su tendencia, lamentablemente, va en aumento. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, el 17 por ciento de los delitos está vinculado siempre a hechos de extorsión. Es importante visualizar que esta situación ha afectado de manera directa el patrimonio de miles de personas, pequeñas y medianas empresas e incluso a un número importante de emprendedores que se encuentran en pleno desarrollo. Esto también se traduce en pérdida de empleos y afectaciones en el ingreso de miles de familias. Dicho de otra manera, ha sido un acelerador de desigualdad y pobreza en nuestro país que, de continuar bajo esta trayectoria, tendrá efectos irreversibles a mediano y a largo plazos. Es por ello que este dictamen tiene a bien atender las condiciones y las características de los agresores que comenten este delito. La penalidad que se prevé en el artículo 390 busca aumentar, hasta tres veces, cuando los sujetos que incidan en el delito tengan una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado. Ante este escenario, los cambios que tendremos a bien votar el día de hoy contemplan esta situación, que establece altos grados de complejidad y quebranta el Estado de derecho en uno de los puntos básicos: cuidar a la población y brindarle seguridad. Para ello, también es fundamental que entendamos que el costo de los altos índices de extorsión no únicamente se refleja en los negocios y en el patrimonio económico de la familia. Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del PRI ha mantenido una agenda activa sobre la sanción a las extorsiones desde distintos espacios, en esta legislatura hemos propuesto diferentes ajustes a la regulación de las condiciones que han permitido el escalamiento de estos delitos. Nuestro trabajo, como legisladores y legisladoras, está en realizar los cambios que sean necesarios para fortalecer la gobernabilidad de México. En este sentido, hoy votaremos este dictamen a favor para reafirmar los instrumentos legales que den seguridad, tranquilidad y certidumbre a las familias de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Velasco González.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Sarai Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Sarai Núñez Cerón: Con la venia, presidenta. Doña Valentina vende tortillas y emplea a cinco personas. Ella, celayense como yo, fue víctima de extorsión al recibir un mensaje en una hoja de papel, amenazándola con privarla de su vida y la de su familia. Tras ello, y como muchas otras víctimas en este país, tuvo que cerrar su negocio, truncando su sueño. Hoy estoy aquí representando a los celayenses y a miles de mexicanos que atraviesan por una situación similar. Hoy, como sus representantes, tenemos la obligación de colaborar para recuperar la confianza, reducir la violencia y reconstruir la paz social. El objeto de este dictamen es establecer medidas para prevenir, inhibir y sancionar debidamente el delito de extorsión y, asimismo, incorporar entre las hipótesis normativas nuevas conductas relacionadas con este delito, que se encuentra contemplado en el artículo 390 del Código Penal Federal. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, durante agosto de 2019 se registraron 5 mil 858 víctimas de extorsión. Asimismo, de acuerdo con la organización civil Causa en Común, se presentan 24 extorsiones por día. Es relevante advertir que las cifras proporcionadas por las autoridades no contemplan aquellos delitos que no son denunciados por temor a represalias o por desconfianza de las autoridades correspondientes; es decir, lo que muchas organizaciones civiles han denominado como la cifra negra. Debido a ello se considera que es el delito con mayor impunidad en nuestro país, a través de sus diversas modalidades: engaño telefónico, amenaza telefónica y el llamado cobro por derecho de piso. En razón de lo anterior, el dictamen propone el aumento de penas establecidas para el delito de extorsión cuando el sujeto activo tenga una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado con la víctima, o si esta es menor de edad, mayor de 60 años o tenga alguna incapacidad. Asimismo, propone que se aumentará la sanción en caso de que el delito se realice mediante violencia física, psicológica o moral, con independencia de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos. En caso de la intervención de funcionarios públicos o autoridades penitenciarias, en el dictamen se establece el aumento de la sanción en caso de que faciliten o proporcionen medios o condiciones para la comisión del delito de extorsión, sin perjuicio de otras sanciones que ameriten. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, e invita a los demás integrantes de esta soberanía a pronunciarse en el mismo sentido. Estamos seguros que habrá coincidencias con otros grupos parlamentarios que integran esta legislatura, así como con organizaciones de la sociedad civil para presentar e impulsar una agenda común en esta materia. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra al diputa Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen a discusión representa una preocupación generalizada de todos los grupos parlamentarios y obedece a una necesidad específica de las y los mexicanos. La extorsión es uno de los delitos que más han aumentado en nuestro país en los últimos años. Con base en los datos del Centro Nacional de Información, este delito es el segundo más recurrente en México, y entre enero de 2019 y febrero de 2020 se denunciaron alrededor de 111 mil casos. Este tipo de delito ha afectado de manera sistemática la economía y a la tranquilidad de las familias. La delincuencia organizada participa de manera cada vez más frecuente en este tipo de delitos, afectando de forma significativa el patrimonio de las familias, así como de las empresas, industrias y comercios. El impacto en el sector económico se ha dado mediante el denominado cobro de derecho de piso, mismo que ha provocado el cierre de negocios en gran parte de la República. Negocios de todas las dimensiones, desde pequeños hasta grandes empresas, incluyendo las extranjeras que no han logrado establecer operaciones en nuestro país debido a las extorsiones que sufren, limitando así el desarrollo económico de las entidades federativas. En consecuencia, la modificación que se plantea tiene como objeto aumentar las penas en delitos de esta índole, lo que coadyuva a inhibir el aumento en el delito de extorsión. Es nuestro debe, compañeros, como Poder Legislativo, dotar de elementos que permitan contribuir en la política criminal y en la incidencia de delitos, en este caso específico el delito de extorsión. Consideramos que robusteciendo el tipo penal de extorsión lograremos reducir su incidencia sancionándola con mayor rigor, principalmente en la extorsión cometida en contra de los grupos vulnerables como es el caso de las personas menores de edad, adultas mayores y quienes padecen alguna discapacidad. Las penas también se aumentan hasta en una tercera parte si el sujeto activo tiene una relación laboral o algún parentesco hasta el cuarto grado con la víctima. Compañeros legisladores, lo que se encuentra a discusión es una reforma para la tranquilidad del pueblo mexicano, una tranquilidad que les ha sido arrebatada. Hoy tenemos la oportunidad de seguir respondiendo a nuestros compromisos y responsabilidades. No claudiquemos, desde la cuarta transformación cambiemos la realidad de este país. No olvidemos que uno de los objetivos del gobierno es que las mexicanas y mexicanos vivan en un país seguro, tranquilos y con bienestar. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena acompañamos el sentido del dictamen y nuestro voto será a favor. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ramírez Lucero.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. Está a discusión en lo general.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor hasta por tres minutos. Tiene la palabra el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Robledo Leal. Tiene la palabra la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Medina Ortiz. Tiene la palabra la diputada Claudia López Rayón, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor.
La diputada Claudia López Rayón: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el delito de extorsión ha venido en aumento hasta un 58 por ciento en los últimos años. Familias asesinadas, desplazadas de sus ciudades, estados, e incluso de nuestro país. Familias que se han quedado en ruinas por estos extorsionadores. Atentan en contra de la tranquilidad de las personas menores de edad, adultos mayores y con discapacidad. No puede ni debe soslayarse, por eso se propone en este dictamen incrementar las sanciones a quienes cometan el delito de extorsión en contra de las personas más vulnerables y es que cada vez son más los casos en los que se abusa de esa ingenuidad o de su buena intención, que te engañan, se embauca y se atemoriza. La extorsión reflejada en el cobro por derecho de piso, han destruido miles de fuentes de ingresos a familias mexicanas. De acuerdo con las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 1997 y 2017, en México hubo un total de 82 mil 404 casos de extorsión. La mayoría de las veces estos actos provienen de personas conocidas, incluso familiares. Por ello, con nuestro voto se busca reformar el artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de aumentar las penas, sobre todo si la persona que comete el delito tiene una relación laboral o un parentesco con la víctima. Las penas aumentarán, también, si la coacción se hace mediante violencia física, psicológica o moral. Y si en este delito participan servidores o exservidores públicos, miembros en activo o no de fuerzas policiacas o armadas, se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión al igual que su inhabilitación de 1 a 10 años para desempeñar cualquier cargo o comisión, proteger a quienes por su corta edad pueden ser ingenuos, o quienes por su condición de adulto mayor o discapacidad suelen confiar en los demás. Es una de la prioridad del Grupo Parlamentario de Morena. Por esto, votaremos a favor el dictamen. Por ello, solicito a la soberanía que votemos juntos para inhibir y sancionar con mayor dureza y a su brevedad, el engaño y el abuso del desplazamiento que significa la extorsión. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada López Rayón. De acuerdo al artículo 104, numeral 1, fracción VIII de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputados y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo 390 del ordenamiento en cuestión. Como es el artículo único, tiene la palabra en este momento.
La diputada María de Jesús Rosete Sánchez: Gracias, presidenta. Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores. Acudo a esta tribuna para fundamentar la reserva que presento al dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal en materia de extorsión. El delito de extorsión tiene sus orígenes en el año 2000 en nuestro país, ya que en ese año se amplió considerablemente el acceso a la telefonía celular. Con el trascurso del tiempo ese delito fue perfeccionándose, ya que se desarrollaron diversas modalidades, algunas de ellas son: extorsión por secuestro exprés, extorsiones carcelarias, extorsión familiar, extorsión por recompensa, por adeudo, por el narcotráfico, extorsión de información personal e íntima. La violencia psicológica es la clave para lograr intimidar a las víctimas. El modus operandi con el que se comete este delito es el estudio de la víctima y la planeación, la llamada telefónica, el depósito o compra de tarjetas telefónicas y el retiro. El dictamen nos dice que el artículo 390 del Código Penal Federal, en caso de que el sujeto activo tenga una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado con la víctima, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, al igual si la víctima es menor de 18 años de edad o mayor de 60. El fin de esta reserva es condicionar la palabra amistad, entendiendo que si el sujeto activo tiene una relación de amistad con la víctima, la pena al igual se le aumente hasta una tercera parte. Muchas veces hemos sido testigos de que los actores intelectuales de dichas conductas delictivas son sujetos cercanos a la víctima. Estas personas se aprovechan de la confianza que uno les brinda y saben inclusive dónde trabajas, quiénes son tus familiares y, en caso muy extremo, cuál es tu salario. Las víctimas viven con zozobra de que te pueden volver a hacer daño. Demos la tranquilidad a las y a los mexicanos que tanto nos exigen. Nuestro deber como legisladores es otorgarles leyes y marcos jurídicos que sirvan como instrumento en busca de la justicia social. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rosete. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Rosete.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión. Se desecha.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En virtud de ser un artículo único el proyecto de decreto, esta Presidencia instruirá a la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y los diputados de los grupos parlamentarios procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto. El tablero electrónico de votación permanecerá abierto hasta los cinco minutos señalados. Inmediatamente la Secretaría dará cuenta del resultado de la votación. Informo a la asamblea que, una vez agotado el tiempo para recabar la votación, la Secretaría no recibirá votos de viva voz. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto. (Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Ruego atentamente a la Secretaría que invite a diputadas y diputados faltantes de emitir su voto a que lo realicen a la brevedad.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se solicita a las diputadas y los diputados que no han emitido su voto que se sirvan presentarse a la brevedad. Nos queda un minuto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría, ordene el cierre del sistema electrónico de votación una vez que haya visto que todos aquellos diputados y diputadas que están yendo hacia sus curules hayan podido votar. Y una vez cerrado el sistema, también le solicitaré a la Secretaría, dé cuenta con el resultado de la votación.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, le informo el resultado de la votación: 382 votos en pro, 1 abstención y 1 en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 382 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento, hasta por tres minutos.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Con su venia, diputada presidenta. Con el permiso de la Presidencia y con el gusto de saludarlos, compañeras y compañeros. En México, uno de los delitos de más alto impacto, como aquí ya se ha dicho y que va en aumento año con año, es la extorsión. Este ilícito se comete con mayor frecuencia debido a la facilidad de los delincuentes de llevarlo a cabo. Existe la extorsión directa e indirecta. La primera es cuando físicamente una persona se presenta a amedrentar para obtener dinero, es decir, a cobrar derecho de piso. La segunda se realiza por medio de llamadas telefónicas. De enero de 2019 a febrero de 2020, alrededor de 111 mil mexicanos denunciaron algún tipo de extorsión, convirtiéndose así en el segundo delito del fuero local más recurrente en el país. De acuerdo con datos presentados por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el confinamiento por el coronavirus que inició desde el 23 de marzo, los delitos de homicidio y la extorsión se han mantenido con cifras muy altas. El proyecto de decreto que hoy se discute busca actuar de manera clara y decidida frente a este delito que tanto lastima a la sociedad mexicana, pues afecta de manera directa el patrimonio de las familias, de las industrias y el comercio. De acuerdo con el Banco de México, se observa que prácticamente una de cada cinco empresas en el sur del país reportó haber sido víctima de extorsión, mientras que en el resto del territorio nacional alcanzó una de cada catorce, y esto produjo un impacto en la reducción de la productividad de las empresas no manufactureras. El aumento de este delito, el crecimiento de la actividad económica regional se ve disminuido especialmente en el sector de servicios, pues se encuentran más expuestos a la delincuencia, toda vez que tienen mayor exposición al público en general. En noviembre de 2019 el Centro Nacional de Inteligencia informó que se han utilizado poco más de 10 mil números telefónicos para realizar este tipo de delito. De tal forma que, apoyamos esta iniciativa que además presenté ante este pleno y que busca visualizar la extorsión por la gravedad de sus hechos, incorporando este delito en la relación de delitos investigados, procesados y sancionados conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Compañeras y compañeros diputados, la extorsión es un delito que no para y se ha convertido en una de las herramientas más efectivas de las organizaciones criminales para financiarse. Hoy damos un paso más con esta reforma, sin embargo, se requiere una estrategia integral que considere otras prácticas que también han sido exitosas. Desde la Comisión de Justicia seguiremos impulsando con responsabilidad las reformas necesarias para la protección de bienes jurídicos fundamentales para las personas físicas y morales de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura, hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en Encuentro Social estamos dando un gran paso para apoyar en la percepción de la inseguridad en este país sobre el derecho de piso. Como legisladores sabemos que este delito duele y seguirá doliendo mientras no hagamos nada. Es por eso que este delito de extorsión debe dejar de ser un lastre para esta transformación del país. Debemos luchar por los intereses de los habitantes, ya es tiempo de que nosotros como representantes del pueblo hagamos algo con mayor efectividad y contundencia para que se persiga a este delito de delincuencia organizada y terminar con el delito de extorsión. Es por ello que incorporar el delito de extorsión a la Ley General contra la Delincuencia Organizada es lo mínimo que debemos hacer como legisladores y, evitar que se siga generando este incremento de extorsión que es el pan nuestro de cada día de la delincuencia organizada en todo el país. Este delito cometido en las áreas comerciales, sectores productivos, empresas o negocios, igualmente afecta al sector del transporte, puesto que el desempleo ocasionado por la extorsión implica que haya ciudadanos que utilicen menos el transporte público para trasladarse a su fuente de trabajo. La extorsión está rompiendo lazos familiares en los hogares mexicanos y está causando desintegración familiar, debido a que cuando no se paga el derecho de piso llegan a asesinar a quien no cubre esa cuota. Y, estos asesinatos incrementan el número de viudas, el número de niños huérfanos, quienes se quedan en estado de indefensión y vulnerabilidad, porque no hay nadie que vea por ellos. No hay nadie que proteja a las familias que están sufriendo la extorsión en este país. Adicionalmente, la violencia está causando una psicosis generalizada entre la población. Es increíble que hoy en día los ciudadanos tengan temor de emprender un negocio, ya sea pequeño o grande, por el miedo de ser víctimas de la extorsión. Además, ya nadie quiere ni puede adquirir bienes de gran valor, por el temor y el miedo a la extorsión. Es muy común que las principales ciudades turísticas del país han sido invadidas por los delincuentes, del trabajo y del esfuerzo ajeno, que no les queda a ellos quitarles el pan a las familias que con mucho esfuerzo trabajan ahí, en esos lugares. En Encuentro Social estamos a favor del dictamen y de todos aquellos relacionados que pongan un alto a la extorsión. Por un México sin derecho al piso. Por un México libre de la extorsión. Es cuanto, presidenta.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con la venia de la Presidencia. El fenómeno delictivo en nuestro país y en el mundo se ha diversificado en las últimas décadas, toda vez que con la realización de nuevas conductas ilícitas se busca seguir generando recursos económicos a costa de las personas que tienen un modo honesto de vivir. La delincuencia es un flagelo que nos afecta directamente a todos, por lo que tiene que ser atendido con la finalidad de garantizar a las personas el poder vivir en paz, tranquilidad y sin que su patrimonio o su propia vida se puedan ver vulnerados. La extorsión. De acuerdo a cifras oficiales es un delito que se ha incrementado en nuestro país en los últimos años, toda vez que el mismo genera fácilmente importantes recursos económicos y materiales a las personas que los llevan a cabo, a costa del patrimonio de las víctimas. Conducta ilícita que, como poco se denuncia, en muchos casos queda impune. La extorsión se ha diversificado a lo largo de los años, toda vez que puede ser realizada de manera directa entre el delincuente y la víctima mediante el envío de mensajes intimidatorios o amenazas directas, o a través de la utilización de herramientas tecnológicas, como teléfonos móviles o el internet. En los últimos años se ha hablado que la extorsión ha encontrado un nuevo nicho para ser realizado, toda vez que, en muchas partes del país, grupos de la delincuencia organizada intimidan a la población en general con el objetivo de obtener un recurso económico a través de este delito, o como popularmente se denomina, como cobro de derecho de piso. Bajo este contexto, es nuestra obligación, como legisladores, adecuar el marco normativo de nuestro país, con el objetivo de sancionar con mayor fuerza este tipo de delitos. Es en este sentido que el día de hoy se somete a nuestra consideración el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de extorsión, con el objetivo de establecer mecanismos eficaces que permitan sancionar este terrible ilícito, que afecta en forma directa a la ciudadanía. El dictamen de mérito propone incorporar el delito de extorsión, previsto en el artículo 390 del Código Penal Federal dentro del catálogo de los delitos investigados, procesados y sancionados conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con lo que se espera que esta práctica sea sancionada con todo rigor. Garantizar la seguridad y el bienestar de las y los mexicanos es una tarea que tenemos como legisladores, por lo que apoyar toda acción que posibilite el mismo, es nuestro deber, por lo que votaremos a favor del presente dictamen. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, estamos convencidos que en materia de seguridad y justicia aún queda mucho por hacer. Sin embargo, es importante reconocer que se sigue trabajando a favor de las y los mexicanos, dotando de las herramientas necesarias a la procuración y a la administración de justicia para evitar que quien infrinja la ley, goce de completa impunidad por temas de insuficiencia aprobatoria como normalmente ocurre. Es cuanto, presidenta.
El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo: Con su venia, presidenta Sauri. Durante los últimos años, en México, se ha hecho alusión al delito de extorsión como una de las principales conductas delictivas que afectan la tranquilidad y seguridad de la sociedad en su conjunto. Al grado que tal delito ha experimentado cierta normalización, ya lo vemos común. Por ello, aun cuando el delito de extorsión se encuentra tipificado como delito federal en el artículo 390 del Código Penal Federal, es relevante ubicarlo en el marco de la diversificación de actividades de las organizaciones del crimen organizado y la estrecha conexión que tiene con la corrupción, por lo que dadas sus circunstancias y características, rara vez es cometido de manera individual, sino en una asociación cuya finalidad es la obtención de ganancias económicas. De ahí la importancia de contemplarlo dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La extorsión se ha constituido, desde hace mucho tiempo, como una actividad primordial del crimen organizado, convirtiéndose en una de las herramientas más efectivas de las organizaciones criminales para la acumulación de fuentes financiamiento, lacerando con ella la economía legal. En ese sentido, el Banco de México reportó que de una de cada cinco empresas en el sur del país denunció haber sido víctima de extorsiones, y ya no les digo de las casas habitación, que les llaman, que les piden dinero o que les levantan a los hijos a algún familiar. El pasado 20 de agosto de 2020, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó las cifras de incidencia delictiva correspondiente al primer semestre de este año, en las que el delito de extorsión se ha convertido en el segundo con más alto porcentaje, tan solo por debajo del delito de trata de personas. En dicho informe se señala que hay varios estados que están siendo afectados por la extorsión, pero más en los estados donde tienen destinos turísticos, como es Quintana Roo. Y Quintana Roo se encuentra entre los estados con mayor incidencia en este delito, ya que se han presentado 162 denuncias, lo cual indica una tasa de 9.4 por cada 100 mil habitantes, que lo ubican en la tercera posición a nivel nacional, lo que genera considerables daños económicos y sociales para la sociedad quintanarroense y la mexicana en general. Por eso, como quintanarroense, apóyenos para que podamos tipificar este delito y podamos apoyar a las familias quintanarroenses y de todo el país de México. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD, votará a favor del presente dictamen, con el afán de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad de las y los ciudadanos mexicanos, ya que el incremento en la incidencia de este delito afecta gravemente el desarrollo económico y social del país y daña el patrimonio de las personas, mancilla la libertad y refleja un precario Estado de derecho. Protejamos a las familias mexicanas. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas Gracias, diputado Pool Moo.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su permiso, presidenta. Desde su origen etimológico latino, extorsio/extorquere, la extorsión se refiere a la acción y efecto de usurpar, separar, arrebatar por la fuerza una posesión a una persona; realizar cualquier daño o perjuicio. Si tomamos en cuenta la importancia del lenguaje como factor primordial para un acercamiento inicial de las conductas sociales, es significativo que la raíz misma de este concepto se refiere al ejercicio de actos violentos perjudiciales en la voluntad de una persona que se ve prácticamente afectada. El factor anterior es fundamental para cometer el alcance de este delito de alto impacto, pues a diferencia de cualquier forma de robo o fraude la extorsión, es la victimización que se consuma por la acción propia de la víctima en salvaguarda de no sufrir algún daño. La extorsión representa un grave daño al patrimonio de las personas atenta contra la libertad y refleja una evolución de la incidencia delictiva, generando un detrimento al desarrollo económico y social del país. Las redes de la delincuencia organizada constituyen negocios multimillonarios que operan en diferentes ámbitos delictivos. Por regla general las redes delictivas organizadas están implicadas en una multiactividad de la comisión de los delitos y se extienden a varios estados de la República, y hasta en diversos países. Estas actividades van desde la trata de personas, el tráfico de drogas y, por supuesto, las extorsiones. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, publicada en 2019 sostiene que la extorsión es uno de los delitos más habituales en el país, toda vez que se encuentra presente en 14 de las 2 entidades federativas. También la encuesta demuestra que el delito de extorsión se ha incrementado en un 48 por ciento, que a todas luces refleja que los grupos delictivos evolucionaron sus modus operandi, lo que a los legisladores nos evidencia la necesidad de modificar, actualizar y armonizar las leyes. El objetivo del presente dictamen es que la extorsión sea investigada como delincuencia organizada y procesada y sancionada bajo estas directrices. Por este motivo, los diputados ciudadanos votaremos a favor del presente dictamen, ya que consideramos apropiada la visión de la fracción XI del artículo 2o. de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que remite al artículo 390 del Código Penal Federal, dando al delito de extorsión la calidad de delincuencia organizada. Porque en Movimiento Ciudadano, en nuestra fracción, reafirmamos nuestra lucha contra la impunidad. Reafirmamos nuestra convicción contra la corrupción y, sobre todo, en defensa de la paz y la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, presidenta.
El diputado Alfredo Porras Domínguez: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con la anuencia del pueblo de México. Hoy es un día distinto aquí en la Cámara de Diputados, donde nos congrega la unidad en torno a un debate que tiene que ver con el pueblo de México, por eso no hay gritos ni estridencias. Por eso hay seriedad, porque estamos viendo todos por un delito que debe de ser considerado grave. Chequen sus redes sociales, hoy como nunca están felicitando a los diputados, a la Comisión de Justicia por este debate y por este dictamen que presentan, pero qué va a pasar, como decía el diputado Pool, del PRD, con todas esas demandas presentadas. Tenemos que ir más allá, porque la extorsión también tiene que ver con un acto jurídico, muchas veces, que involucra el Registro Público de la Propiedad, que involucra notarios. Déjenme ponerles un ejemplo, el gobernador de Nayarit y su Congreso del estado, a una iniciativa ciudadana que le llamaron la Comisión de la Verdad, empezaron a investigar, el fiscal que estaba antes, y se habían apropiado de todo lo posible. Cuánta gente, cuántas mexicanas, cuántos mexicanos en un esfuerzo auténtico, producto de su trabajo, emprendieron negocios, y cuántos, con la facilidad de llegar a amenazarles, les obligaron a ir a notarías a firmar el cambio de propiedad sin recibir un solo cinco por el esfuerzo de muchos años. Cuántas propiedades han cambiado de nombre y cuántos pobres ha dejado la extorsión. Por eso hoy la Cámara de Diputados está haciendo algo histórico. Pero además debe indiciar, porque en las redes sociales nos están preguntando miembros de la comisión qué vamos a hacer con los que ya están extorsionados; qué vamos a hacer con los que transfirieron sus propiedades; qué vamos a hacer con los que fueron víctimas y no pueden recuperar su patrimonio y no les son recibidas sus denuncias. Es histórico este día. Los convoco a que no quede en eso, en que pase a delito grave. Los convoco a que tenemos la gran oportunidad de formar aquí, en el Congreso, una comisión de regresión de bienes y patrimonio a los verdaderos dueños, a los que se esforzaron, que dieron su vida por sus hijos y que hoy fueron despojados. A su atenta reflexión, diputadas, diputados. Todo el poder al pueblo. Partido del Trabajo. Muchas gracias.
La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, ayer hizo un año que se vivió el culiacanazo, ese jueves negro en el que miles de familias estuvimos secuestradas por horas y en peligro a manos de la delincuencia organizada. La falta de operación y de atención seria por parte del gobierno federal nos puso en riesgo. Y es esa misma sensación de inseguridad, de orfandad permanente, que es el sentir de miles y miles de familias mexicanas que a diario se enfrentan a la extorsión, a llamadas intimidantes o al misterioso cobro de piso. Y aquí, en esta Cámara de Diputados tenemos que hacer nuestra parte y garantizar la seguridad, aunque sea en la formalidad. La extorsión es uno de los delitos de alto impacto que más se ha incrementado en los últimos años en nuestro país. Y es uno de los ilícitos en los cuales la delincuencia organizada participa cada vez más recurrente. Este delito afecta de manera significativa el patrimonio de las familias, de las pequeñas y grandes empresas y comercios establecidos. Lo que ha traído como consecuencia el cierre de unidades productivas, perdida de empleos e incluso limita el desarrollo económico de las entidades federativas. La ciudadanía ha reclamado constantemente detener este delito que lesiona gravemente su economía y el patrimonio que han construido con mucho esfuerzo. Las cifras son contundentes ya que, de un total de 33 millones de delitos registrados, 5.7 millones se trataron de casos de extorsión, lo que representa un 17.3 por ciento. Nos referimos a un delito que es urgente detener, millones de mexicanos están hartos de pagar diariamente a la delincuencia organizada por trabajar en paz. Por ello, es urgente robustecer nuestro andamiaje jurídico a fin de dotar de mejores herramientas a la autoridad y a los operadores del sistema judicial. Si bien el aumento de la pena corporal no es un elemento determinante para inhibir la comisión de este delito, resulta viable su actualización atendiendo a la recurrencia, las modalidades a través de las cuales se presenta, así como la creciente participación de la delincuencia organizada y el impacto causado en las actividades económicas. Las medidas legislativas que se tomen deberán ser acompañadas con el fortalecimiento de las estrategias de seguridad, de un suficiente presupuesto y de políticas públicas efectivas para disminuir los índices de violencia en el país. De esta manera, coincidimos con el dictamen que presenta la Comisión de Justicia, a fin de incorporar el delito de extorsión en la relación de delitos investigados, procesados y sancionados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRI somos sensibles a los reclamos sociales y queremos impulsar cambios en las leyes que realmente beneficien a la ciudadanía. Las reformas propuestas brindarán mayores herramientas a las autoridades competentes en la materia de procuración y administración de justicia, para enfrentar con mayor eficacia la extorsión. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Espadas Galván.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena. La palabra el diputado Alejandro Viedma Velázquez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, ¿quiénes aquí no han recibido insultos y amenazas telefónicas en las que afirman tener secuestrado a un ser querido? ¿Quiénes no han experimentado el terror de escuchar los gritos y llantos de la supuesta víctima pidiendo auxilio? Lamentablemente, la extorsión en México es un delito tan común que si no lo hemos experimentado en carne propia al menos conocemos a alguien que sí. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el INEGI en 2019, durante 2018 el segundo delito con mayor incidencia por cada 100 mil habitantes fue la extorsión. Solo por debajo de los asaltos en la calle o en el transporte público. Lo más alarmante es que la referida encuesta, en 2018, señala que se contabilizaron 5.7 millones de casos de extorsión. Es decir, una tasa de 6 mil 542 extorsiones por cada 100 mil habitantes, de los cuales 91.6 por ciento se realizaron vía telefónica y 7.1 por ciento fue pagado por un tercero para llevarlo a cabo. No obstante, este delito también se consuma de manera presencial, por los grupos de la delincuencia organizada, quienes acuden a los negocios u hogares para exigir un cobro constante a cambio de garantizar la integridad física de la víctima o la continuidad de su actividad comercial. La extorsión es el delito que mayor impunidad presenta, pues de acuerdo con la referida encuesta, en 2018, 97.9 por ciento de las víctimas no presentaron su denuncia ante el Ministerio Público. Ante este escenario, el dictamen que hoy sometemos a discusión tiene como principal objetivo incorporar a la extorsión dentro del catálogo de delitos que son investigados, perseguidos, procesados y sancionados como delincuencia organizada. La adición de este ilícito a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, permitirá a la autoridad judicial ejecutar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a efecto de garantizar durante el desahogo del proceso penal, y asimismo salvaguardar la integridad de las víctimas, evitando así represalias en su contra. Es necesario enfatizar que la extorsión no la comete exclusivamente un solo sujeto activo, sino también sabemos que los grupos delictivos tienen una importante participación en su incidencia, pues dentro de sus actividades ilegales amedrentan a familias mexicanas y a diversos sectores económicos del país, a cambio de un derecho de piso. De ahí que la incorporación de la extorsión se justifica o se establece la imposición de sanciones más severas cuando tres o más personas se organicen de hecho, para realizar en forma permanente o reiterada las conductas previstas en su contenido. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta reforma, porque al igual que las y los ciudadanos, ya estamos hartos de vivir con miedo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Viedma Velázquez. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. Está a discusión en lo general.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor, hasta por tres minutos. Tiene la palabra el diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor.