LA C. DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea: El estado de derecho precisa de un sistema de controles que garanticen la vigencia del principio de legalidad que obliga a la autoridad a ceñirse a las normas emitidas por los órganos competentes emanados de la voluntad general. El juicio político es el mecanismo a través del cual el órgano legislativo ejerce una facultad jurisdiccional para remover o inhabilitar a un servidor público atribuyéndole una responsabilidad política. Según lo establecido por el Constituyente, este es el mecanismo para que la soberanía popular depositada en el Poder Legislativo, pudiera remover de su cargo a los servidores que hubieran perdido credibilidad o que hubieran sido desleales al mandato popular en ellos depositado. Con este fin, en el segundo párrafo de la fracción V de su artículo 74, nuestra Ley Fundamental deposita en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la facultad exclusiva de conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 constitucional y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra estos se instauren. De acuerdo al último ordenamiento citado, los gobernadores de los estados, entre otros servidores públicos, pueden ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. En los hechos esta facultad era aplicada no como un mecanismo jurisdiccional, sino como una sanción o ajuste de cuentas al seno del partido de Estado. La oportunidad de cumplir esta facultad jurisdiccional, sólo pudo ser posible por la pluralidad de la composición de la Cámara de Diputados en las dos últimas legislaturas. Ante esta nueva situación, se presentaron ante la LVII Legislatura, ciento once denuncias de juicio político hasta el 20 de junio del presente año. De esos expedientes se desecharon 97 por improcedentes y 14 no se han dictaminado. Entre los que están pendientes de dictamen, se encuentra el de Roberto Madrazo Pintado que fue aprobado por unanimidad por la Subcomisión de Examen Previo por existir suficientes elementos de prueba de las tres denuncias presentadas en contra de este funcionario conforme a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la resolución fue remitida al pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia en donde el 14 de abril de 1998 se verificó un empate en la votación para decidir enviar el asunto a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y con ello dar cauce a los juicios en proceso. Este fue un hecho inédito en la historia parlamentaria, pues no existe una solución legal expresa aplicable a esta situación. Las Comisiones Unidas acordaron remitir el asunto a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la cual con fundamento en la Fracción III del Artículo 49 de la Ley Orgánica entonces vigente, solicitó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que formulara un estudio y propusiera una alternativa. Al contar con la opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la CRICP determinó que el asunto se discutiera y se votara nuevamente en las Comisiones Unidas, lo cual no ha sucedido; y en caso de que se verificara de nuevo el empate, el asunto debía de ser remitido nuevamente a la instancia inferior, es decir, a la Subcomisión de Examen Previo. A la fecha esta resolución no se ha llevado a cabo. En estos momentos resulta impostergable que la Cámara de Diputados 2 través de sus órganos competentes, dé trámite a estas solicitudes de juicio político, en especial en los casos de los procesos emprendidos contra el gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, En esta tribuna se ha hablado reiteradamente del avance democrático que se dio en las elecciones del pasado 2 de julio. Tabasco no puede ser la excepción, Tabasco no debe quedar rezagado en esta transformación que la ciudadanía nos exige. No es mera coincidencia que el fallo de la Suprema Corte de Justicia del pasado 25 de agosto, haya sido para que el Presidente Ernesto Zedillo entregue la información de Banca Unión en relación a los fideicomisos del PRI. Hay testimonios suficientes de la ciudadanía y de los mismos priístas, que nos hablan de las complicidades, actos ilícitos y políticas fraudulentas que practican Roberto Madrazo y sus colaboradores y que obstaculizan que el país y en concreto el estado de Tabasco, transiten por la vía democrática que nuestra sociedad nos demanda. Por lo antes expuesto, la suscrita diputada federal con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia que una vez integradas las Comisiones, de conformidad con la Ley Federal de Servidores Públicos, se conforme la comisión competente donde se quedó el caso, se sirva enviar excitativa para que dé trámite legislativo y se discutan y voten nuevamente las solicitudes de juicio político con números de expediente JP/005/57, JP/023/57 y JP/025/57, presentadas contra el C. Roberto Madrazo Pintado, gobernador del estado de Tabasco, por así haberlo acordado en su oportunidad la Comisión de Régimen Interno y Coordinación Política de la LVII Legislatura. Señor presidente, entrego a la Secretaría el documento de que se trata.