El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Debe quedar claro que hay unanimidad en el tema que hoy nos ocupa. Todos estamos de acuerdo en que se debe combatir toda impunidad y fraude a la ley, y más cuando estas prácticas producen un daño categórico reiterado a las finanzas públicas, la competencia económica y a la administración tributaria. En este orden de ideas, el objetivo que busca el dictamen puede ser válido y necesario, pero al carecer de técnica y razón jurídica se vuelve un dictamen insuficiente, que viola los derechos humanos, sobre todo el principio de presunción de inocencia. Vayamos a los hechos. El dictamen establece en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos que será causa de procedencia de la prisión preventiva la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Es decir que con la simple redacción que presenta el dictamen, no se necesita acreditar la existencia del delito, por el contrario, bastaría por ser acusado por algún supuesto que establece este artículo para que una persona sea privada de su libertad. Esto cobra relevancia si tenemos en cuenta el índice de Estado de derecho 2017-2018, que realizó la Organización Proyecto de Justicia Mundial, en cuyos resultados se demuestra que México se encuentra en la posición 92 del ranking mundial, empatado con Sierra Leona y por debajo de países como El Salvador, Irán o Vietnam. Por otro lado, violar el principio de inocencia que establece la Constitución abre la puerta, no solo a la inconstitucionalidad e incertidumbre jurídica, sino también al autoritarismo y el abuso del poder político. Este gobierno, esta Cámara de Diputados y este país debe entender que no es posible el desarrollo si no se fortalece el Estado de derecho, ni tampoco habrá crecimiento en un país donde no se garanticen los derechos humanos. Menos generaremos confianza y certidumbre a la inversión. Al parecer, como van a aprobar esta ley, quisiera proponerles esta reserva, en lo que se refiere a las fracciones II y III del presente artículo, se establezca que solo procederá la prisión preventiva oficiosa, si y solo si fuera determinada por un juez como definitiva la presencia de un acto de simulación de operaciones y defraudación fiscal, así como acreditar la evidencia suficiente y más allá de duda razonable para sancionar y determinar a los responsables de dicho delito. Fortalezcamos la recaudación, señores diputados y señoras diputadas, pero no criminalicemos al contribuyente. Esto me hace ruido, porque en declaraciones del presidente de la República, dice que la delincuencia organizada, los narcos, también son pueblo y también son humanos, que el pueblo no reprime al pueblo y entonces, ¿se puede reprimir al contribuyente? Me pregunto yo. Los contribuyentes que aportan en gran medida al fortalecimiento económico de este país. Eso no está bien, no vamos bien. El poder político no debe suprimir al Estado de derecho. Diputadas y diputados, hoy tienen la oportunidad de fortalecer y garantizar una reforma efectiva, no sean cómplices en esta indiferencia, volteemos y votemos a favor de la ciudadanía, votemos a favor del contribuyente esta reserva, y mejoremos nuestro Estado de derecho, la historia lo va a agradecer o la historia lo va a recriminar en su momento. No dejemos solo al contribuyente, yo los invito a que discutamos esta reserva, porque tiene muchas fallas esta reforma y considero que está en sus manos de la mayoría, en Morena y aliados, así es que si tenemos un poco de conciencia de que estamos acabando con nuestra economía, porque así lo dicen los números, cero crecimiento y baja inversión dentro de la iniciativa privada, tenemos que fortalecer el Estado de derecho y tenemos que generar certidumbre. Ojalá puedan considerar esta propuesta. Es cuanto, diputado presidente.