La diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora: Compañeras y compañeros legisladores, este definitivamente no es un debate sobre simple reorganización, es una advertencia sobre los riesgos que seguimos enfrentando como democracia. Hoy se nos presenta una reforma que más allá de la simplificación, busca concentrar en una sola dependencia las facultades esenciales de transparencia y el acceso a la información, hasta ahora custodiadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales, Inai. La creación de esta llamada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, definitivamente no es más que un intento de poner derechos ciudadanos bajo el control directo del Ejecutivo. Nos aseguran que este nuevo órgano garantizará el acceso a la información y la protección de los datos personales. Sin embargo, poner estas funciones en manos del mismo Poder que debe ser vigilado, es como pedirle al zorro que cuide del gallinero, esto no fortalece la transparencia. Al contrario, convierte el derecho ciudadano en una herramienta que el gobierno puede abrir o cerrar según su conveniencia. Definitivamente no estamos avanzando, estamos entregando las llaves de la transparencia a quienes deberían ser fiscalizados por ella. Y esto no termina ahí, este órgano también asumiría facultades en contratación pública, fiscalización y designación de cargos estratégicos, es decir, no solo hablamos de concentrar la información, sino de un sistema de control absoluto que impide que estas funciones estén sujetas a una supervisión imparcial. Este proyecto no es una iniciativa de buen gobierno, es otro clavo en el ataúd de una democracia que ya se desmorona bajo el peso del oficialismo y la falta de los contrapesos. Cada paso que damos hacia la centralización del poder en una sola entidad no fortalece la transparencia ni combate la corrupción, destruye el tejido democrático que tanto trabajo y tantos años de lucha nos han costado. Compañeras y compañeros, no debemos confundir eficiencia con opacidad. Esta no es una medida para la transparencia ni para combatir la corrupción, es un intento de limitar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a cuestionar y a exigir cuentas. Pretende que el acceso a la información sea un privilegio administrado desde una oficina gubernamental y eso no tiene lugar en un país donde de por sí la democracia ya pende de un hilo debido a los embates contra sus instituciones. Este proyecto tristemente no es más que otro intento por minar las bases de nuestra querida República. Desde este Congreso tenemos la responsabilidad de proteger los contrapesos, aquellos que ya han sido pisoteados y debilitados una y otra vez, pero que siguen siendo el sostén de la República y los pocos pilares democráticos que aún nos mantienen de pie. El acceso a la información y la protección de datos personales no son favores concedidos por el gobierno, sino derechos que le pertenecen al pueblo y deben permanecer fuera del alcance de intereses centralizados. Nuestra labor no es allanar el camino para la restricción de estos derechos, sino asegurar que se mantengan firmes y accesibles para cada ciudadano. Hoy, tristemente nos han arrebatado instituciones, han erosionado ya nuestros derechos y han debilitado uno a uno los pilares de nuestra democracia. No permitamos que también secuestren el acceso a la verdad. México no necesita más secretos, México no necesita verdades a medias. México necesita transparencia sin cadenas, México necesita justicia sin sombras. Nuestra voz hoy debe ser firme y contundente, el derecho a la verdad es del pueblo y no debe estar en manos del poder. Es cuanto, presidenta.