El diputado Eudoxio Morales Flores: Posicionamiento de la reforma a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con su permiso, señor presidente. Honorable pleno, es un sistema plenamente democrático, el voto representa la expresión de la voluntad más emblemática de la participación ciudadana para realizar grandes cambios en materia social, política, económica y cultural. Por ello, es responsabilidad de los órganos del Estado y de los ciudadanos defender, garantizar que el voto sea de calidad. Es decir, que su emisión se realice mediante la decisión personal, libre y secreta. En este sentido, los principios que debe hacer valer la autoridad electoral administrativa y jurisdiccional son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Estos principios fortalecerán los principios de equidad y neutralidad de la competencia electoral, con la finalidad de que los comicios se desarrollen en un ambiente plenamente democrático, sin ningún sesgo de corrupción o coacción, como actualmente hoy se da. Por tal motivo, es un tema muy delicado que a través de los órganos del Estado y, sobre todo, que los servidores públicos federales, estatales y municipales promuevan y beneficien a candidatos y partidos políticos, con la finalidad de favorecer el día de la elección como hoy, diríamos, existe. Esto corrompe el voto de los ciudadanos, la equidad y la neutralidad de una elección, lo cual daña la credibilidad social, la democracia electoral y vulnera, sobre todo, el Estado de derecho. Por tal motivo, es necesario acabar con las prácticas que por décadas han secuestrado al voto de los ciudadanos, a través de prácticas clientelares, violencia y coacción, siendo los servidores públicos los principales operadores de tan lamentables prácticas que deben ser superadas. Ante este escenario, Encuentro Social ha acompañado a la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la reforma constitucional al artículo 19, donde se ha tipificado como delito grave el uso de programas sociales con fines electorales. Consecuentemente, en esta reforma constitucional es necesario seguir fortaleciendo el marco jurídico, para evitar y sancionar a los servidores públicos que pretendan o puedan utilizar para coaccionar el voto de los ciudadanos. En este sentido, en Encuentro Social acompaña la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque estamos de acuerdo con incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que puedan ser acreedores a una sanción por trasgredir las leyes electorales, particularmente el que hacen uso de los recursos públicos. Incluso yo diría no solamente de los recursos públicos, de los recursos privados, incluso del lavado de dinero. Estas sanciones serán de manera gradual, es decir, desde una amonestación pública a sanciones pecuniarias de 5 y 10 mil unidades de medida de actualización o el doble de estos montos si hay reincidencia. También coincidimos con esta modificación porque estable que los servidores públicos, sin menoscabo de las sanciones electorales que se impongan, podrán estar sujetos a responsabilidades administrativas y penales. Y el caso de estas últimas será obligatorio para el superior jerárquico presentar la denuncia o querella ante el Ministerio Público, situación que no sucede actualmente de manera vigente. Esto con la finalidad de evitar que los cargos públicos sean utilizados para coaccionar o inducir el voto de los ciudadanos en procesos electorales. Cabe señalar que esta reforma se armoniza con lo dispuesto con el artículo 134 constitucional, párrafo octavo y noveno, de los cuales mandata la imparcialidad en el uso de los recursos públicos y la equidad en la contienda electoral. Es decir, tienen prohibido los servidores públicos, en los tres órdenes de gobierno, desviar dinero con la finalidad de coaccionar el voto y difundir propaganda electoral que rompe el principio de la neutralidad de la elección. Por ello, Encuentro Social de manera permanente fortalecerá el sistema electoral mexicano donde impere la ética, la equidad, la legalidad y la imparcialidad para que las elecciones sean libres, auténticas y democráticas, donde la responsabilidad de los servidores públicos sea salvaguardar en todo momento la neutralidad de los procesos electorales en este país. Es cuanto, señor presidente. Gracias.