EL C. DIPUTADO JUAN ALCOCER FLORES (PAN): Con su venia señor Presidente. Señores Diputados, señoras Diputadas, presentes aún en este solitario recinto; Honorable Asamblea: "El que suscribe, diputado Juan Alcocer Flores, con fundamento en el artículo 71 fracción II, 73 fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta soberanía vengo a presentar la siguiente iniciativa de decreto por la cual se expide la Ley de Depósito Legal con base en la siguiente " E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s "El acervo intelectual nacional es parte importante no solo del patrimonio de un país sino de su cultura. Es por esta razón que el Estado está obligado a poner al alcance de todo habitante y a garantizar su preservación. Esto solo puede lograrse mediante la participación de toda persona o institución que publique una obra en el país con la consolidación de instituciones nacionales que funja como centros de recopilación, clasificación y preservación de estas y mecanismos como el Depósito Legal al que la Doctora Jean Lux (¿) especialista de la UNESCO define como la obligación jurídica de depositar en uno o varios organismos algunos ejemplares de publicaciones de toda índole reproducidas por cualquier medio y mecanismo para su distribución, préstamo o venta al público. El Depósito Legal actualmente existe en la mayoría de los países del mundo incluyendo el nuestro. En México su antecedente más remoto lo ubicamos en la Época Colonial y desde entonces ha sido regulado por ocho ordenamientos distintos, mismos que fueron resultado de las necesidades políticas y técnicas de cada época. En el ordenamiento actual se contempla que dos bibliotecas enriquezcan sus acervos mediante el depósito legal, la Biblioteca Nacional cuya operación fue encomendada a la Universidad Nacional Autónoma de México y la Biblioteca del Congreso de la Unión, hoy Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. La primera cumple con la importante función de prestar os servicios fundamentales de biblioteca a todo el país y no s´olo a los alumnos y profesorados de la Universidad. De igual forma el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión otorga servicios al público en general en la Biblioteca del Centro Histórico y presta servicios especializados en la Biblioteca e San Lázaro en la que los Legisladores Federales son sus usuarios preferenciales. Resulta evidente la importancia que el Depósito Legal tiene para el enriquecimiento cultural del país ya que es determinante en la formación de los acervos de las bibliotecas depositarias. Ejemplo de esto es la Hemerografía de la Biblioteca Nacional la cual se incrementa en un 90% mediante el depósito legal. Es por esto que las instituciones a las que se ha encomendado la importante misión de recabar, formar y preservar el acervo nacional, deben contar con un procedimiento eficiente para poder cumplir y hacer cumplir esta obligación y así garantizar que sin salvedad alguna toda publicación sea depositada y puesta al servicio de la nación. El Depósito Legal no sólo aportará beneficios a las bibliotecas depositarias por el constante incremento a sus acervos sino que contribuirá al prestigio de los diversos depositantes al incluir sus obras en la Bibliografía Nacional obteniendo para ello y su labor un mayor reconocimiento a lo largo y ancho de la República Mexicana y también en el extranjero, lo que a su vez puede redundar en las actividades empresariales y/o de difusión Para la Biblioteca Nacional la figura del Depósito Legal implica que sus colecciones se ven aumentadas de una forma considerable y se le siga reconociendo su enorme capacidad como la institución educativa mexicana hasta ahora más trascendente. Esto conlleva como natural resultado el reforzamiento de la máxima Caa de Estudios a nivel nacional y mundial, pero sobre todo lo más relevante de esta Ley es el beneficio social que va a aportar a nuestra nación. Las razones son muy sencillas, los ciudadanos pueden tener acceso a las mejores y más recientes publicaciones, sea en la Biblioteca Nacional ó en el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y, por otra parte, esto contribuirá a que el trabajo legislativo sea más adecuado y eficiente. Los Legisladores y sus equipos de trabajo tendrás más elementos intelectuales para desarrollar las iniciativas, la calidad e debate en el Congreso de la Unión se verá favorecido y así México tendrá un Poder Legislativo más preparado para afrontar la apremiante realidad nacional. La Iniciativa que dio origen al Decreto que actualmente regula el Depósito Legal se presentó el 26 de Junio del 91 por el entonces Comité de Bibliotecas de la LIV Legislatura. Posteriormente fue aprobada y se publicó el 23 de Julio de ese mismo año, es decir, hace más de una década. El procedimiento que contempla el mencionado Decreto ha presentado en los últimos años inconvenientes para recabar los materiales, además de que muestra unas deficiencias de técnica legislativa lo que a continuación describo. Primero. Con el vertiginoso avance tecnológico en materia de sistemas de almacenamiento y transmisión de información, se ha presentado en los últimos años en los documentos de importancia cultural introducen nuevas formas de publicación, y si bien el ordenamiento vigente contempla los materiales audiovisuales y electrónicos que contengan información, no se mencionan específicamente materiales que se producen en México, como el software o como los libros electrónicos, que sólo están a disposición mediante sistemas como la Internet, razón por la cual puede considerarse que el ordenamiento vigente ya no responde a las necesidades actuales del depósito legal. Segundo. La nula coordinación entre las bibliotecas que actualmente fungen como depositarias de las publicaciones producidas en el país, se da al no existir un intercambio eficiente de información entre éstas, lo que trae como resultado que algunos editores estén registrados sólo en una biblioteca, por lo que únicamente depositan sus materiales en ésta. Tercero. El hecho de que los materiales se entreguen directamente a las bibliotecas depositarias general, además de los problemas de coordinación que ya hemos mencionado, problemas de autoridad facultada en lo que respecta a la Biblioteca de la Cámara de Diputados, pues ésta como órgano de una de las Cámaras del Congreso de la Unión, no puede ser la autoridad que ejecute directamente una ley que expidió el Poder Legislativo Federal. Además, el procedimiento para ejecución del decreto no se describe de forma precisa, motivo por el cual la recaudación de materiales y la imposición de multas se complica. Cuarto. La Dirección General de Derechos de Autor, ahora Instituto Nacional de Derechos de Autor, de la Secretaría de Educación Pública, tiene la obligación de enviar mensualmente una relación de obras registradas en esa dependencia a las bibliotecas depositarias, con el fin de verificar el cumplimiento del actual ordenamiento. Esto no garantiza que toda obra registrada se entregue puesto que no todas las obras se publican, por lo que no puede exigirse a quién registre una obra, que le entregue. Quinto. El Instituto Nacional de Derechos de Autor no otorga la suficiente información para identificar la editorial que publica la obra, lo cual puede solucionarse con la entrega del padrón de editores que general, lo cual sería de mayor utilidad para recaudar el material y que sin embargo actualmente no tiene la obligación de presentar. Sexto. Actualmente se señala a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión como receptoras de los materiales, lo cual debe ser precisado toda vez que la Biblioteca del Congreso de la Unión no existe como tal actualmente, ya que ese órgano del Congreso Federal fue sustituido por el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Séptimo. Por otra parte, los gobiernos Federal, estatal y municipal así como las universidades y centros de investigación, son considerados productores de material bibliográfico y documental, sin que estén mencionados expresamente en el ordenamiento vigente, lo cual genera problemas para recabar el material que producen. Es por lo anterior, tomando como base el sistema previsto en el decreto del 91 con el que los editores ya están familiarizados, que se hace la propuesta de ley de Depósito Legal. Voy a, en vista del escaso tiempo voy a simplemente leer las cinco principales propuestas, y suplicaré a la Mesa Directiva se publique el contenido de la iniciativa en la Gaceta. Las principales propuestas en esta iniciativa consisten en: Número uno. Algunos materiales que son entregados, ya sea por su temática o contenido, no deben pasar a ser parte de las colecciones de las bibliotecas depositarias, por lo que se propone un procedimiento para la difusión o retransmisión de materiales. Segundo. El sistema de bibliotecas del Congreso de la Unión y la Biblioteca Nacional deben supervisar el cabal cumplimiento de esta ley, por lo que se propone una cadena de verificación de dicho cumplimiento a cargo de las mismas, así como facultarlas para requerir toda información que sea necesaria para comprobar tal cumplimiento. Tercero. Incrementar los materiales contemplados por el decreto y así incluir libros electrónicos y bases de datos que se consultan mediante sistemas de transmisión de información a distancia, así como también software. Cuarto. Sustituir como depositarios de los materiales de la Biblioteca del Congreso por el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, y Quinto. Facultar al Ejecutivo para expedir el Reglamento de Depósito Legal. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción 2ª del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Depósito Legal, misma que solicito sea publicada íntegra en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias.