La diputada Erika Mariana Rosas Uribe: México es vulnerable a los efectos negativos que causan los fenómenos naturales que se presentan en nuestro territorio, debido a su ubicación geográfica, al cambio climático y su dinámica social. De acuerdo con el reporte presentado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres denominado, Desastres en México, impacto social y económico, los sismos, lluvias torrenciales, incendios y erupciones ocurridos en los últimos 15 años produjeron daños en más de un millón 300 mil viviendas. Recientemente recordamos los efectos ocasionados por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre del año pasado, que de acuerdo a cifras del VI Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, afectaron las viviendas de más de 170 mil familias, 60 mil afectadas con un daño total y 110 mil con un daño parcial. Bajo el contexto de vulnerabilidad en que se encuentra nuestro país se han desarrollado instrumentos jurídicos como la Ley General de Protección Civil, la cual faculta a los tres órdenes de gobierno para establecer acciones antes, durante y después de los fenómenos naturales. El propósito de esta iniciativa es reformar esta ley para adicionar nuevos mecanismos que permitan hacer frente a estos desastres. La ley fija dentro de su contenido, como parte de una política pública, acciones preventivas como la contratación de seguros e instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños ocasionados por catástrofes naturales. En la actualidad este marco normativo no establece como responsabilidad de las entidades federativas implementar o promover acciones para que la ciudadanía contrate seguros, instrumentos de administración y transferencia de riesgos que permitan cubrir daños en sus viviendas. Por lo que es urgente legislar en esta materia para poder proteger el patrimonio de los mexicanos. Si bien es cierto que es responsabilidad del Estado mexicano el diseño e implementación de políticas públicas en materia de protección civil que permitan atender las contingencias que se presenten, la ciudadanía es corresponsable de proteger sus bienes materiales en casos de algún desastre natural. Es así que, independientemente de los instrumentos financieros que contraten el gobierno federal y las entidades federativas en medida de lo posible y sin que esto afecte de forma directa su patrimonio, debe adquirir seguros contra daños en su vivienda, que se ajusten a sus ingresos familiares y les otorguen adecuados niveles de cobertura sobre los bienes asegurados. En materia de seguros en nuestro país, cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 señalan que solo el 24 por ciento de las personas encuestadas manifestó contar con algún tipo de seguro; 12 por ciento cuentan con un seguro de casa y únicamente un 1 por ciento con un seguro para su negocio o empresa. Lo anterior permite darnos cuenta de que la cultura en materia de contratación de seguros en nuestro país es casi nula, ya que existen diversos factores como los costos y la cobertura que ofrecen por los cuales las personas deciden no adquirirlos. Por ello el sector asegurador en nuestro país ha desarrollado productos a costos accesibles denominados microseguros, dirigidos a los sectores de menores ingresos, lo que permite su fácil adquisición y su viabilidad económica, por lo representar gastos significativos para las personas que los adquieren. El contar con algún tipo de seguro para vivienda se ha convertido en la actualidad en un importante instrumento para proteger el patrimonio de las personas ante los daños que pudieran sufrir derivados de los efectos negativos que provocan los efectos naturales, haciéndose responsables de esta forma con el gobierno en cuanto a acciones preventivas. Con el objetivo de fomentar y fortalecer la contratación de instrumentos financieros en materia de seguros tradicionales y micro seguros, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil y se reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para dotar a las entidades federativas y la Ciudad de México de las facultades necesarias para legislar en materia de diseño de esquemas para aseguramientos de viviendas e inmuebles que sean de fácil acceso para la población en cuanto a costo, niveles de cobertura y contratación, así como promover la contratación de seguros contra daños para viviendas e inmuebles. Es cuanto, señor presidente.