La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias, presidenta. En el artículo 190 voy a tratar de narrarles de grosso modo de qué se trata. Recordemos primero que en materia civil las conductas ilícitas pueden ser cualquiera que vaya contra la moral o las buenas prácticas. Por lo tanto, estaremos hablando de conductas ilícitas que escapan mucho a lo que estamos acostumbrados en la tipificación penal. Pero, cuando un Ministerio Público quiere iniciar una etapa prejudicial de extinción de dominio, puede ordenar la investigación por la policía de los actos, solicitar servicios periciales, puede también pedir apoyo a las unidades de análisis, de información, a cualquier autoridad, para que denuncie y presente información, puede pedir acceso a las bases de datos en búsqueda de la información relacionada con la operación, registro y control de derechos patrimoniales. Si hay urgencia, puede solicitar, por peligro en la demora, medidas cautelares, puede solicitar a los clientes de instituciones de crédito y demás integrantes del sistema financiero, fideicomisos, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, así como a las autoridades tributarias, protegidas por el secreto fiscal. Claro, previa autorización judicial. Las entidades deberán facilitar la consulta y cruce de base de datos de conformidad con las disposiciones de carácter general y no es oponible la secrecía bancaria, bursátil o tributaria ni se impedirá el acceso a la información contenida en bases de datos. Eso es todo lo que puede hacer el Ministerio Público, y como les dije hace un momento, les puse el ejemplo de alguien que recibe en su casa a un familiar y que a ese familiar lo acusan de una conducta ilícita, por la que puede estar sujeto al procedimiento de extinción de dominio. Imagínense a esta persona contra este Ministerio Público que tiene todo esto. Bueno, en el artículo 190 se propone que una vez que el Ministerio Público determine que va a iniciar el procedimiento de extinción de dominio va a notificar al posible afectado y este tendrá 10 días para contestar, 10 días para probar la licitud, para probar su inocencia. ¿Se dan cuenta de cómo estamos poniendo a la ciudadanía frente a una maquinaria de Estado donde probar la inocencia en 10 días frente a todas esas herramientas, parece imposible? De verdad, ya lo hemos dicho en algunas otras leyes, no permitamos que otros nos corrijan la plana, que seamos aquí los que redactemos correctamente. La Ley de Extinción de Dominio tiene muchas virtudes, pero tiene muchas que no están acotadas a los marcos internacionales, ¿por qué tenemos que dejarla mal? ¿Por qué no podemos redactar correctamente? En este artículo 190, los 10 días no son proporcionales y por proporcionalidad entiéndase la capacidad jurídica que tiene una persona para preparar una debida defensa. Si en 10 días no prueba la licitud, precluye su derecho durante todo el procedimiento, sea en la etapa prejudicial o judicial, para hacer valer la licitud y ponerla a disposición de sus bienes. ¿De verdad vamos a dejar a cualquier ciudadano o ciudadana...? Ya no hablamos del narcotráfico, ya no hablamos de trata de personas, ya no hablamos de lavado de dinero, hablamos de robo, hablamos de encubrimiento, encubrimiento aislado de las conductas internacionales, por encubrimiento es ocultar algo, no dejar que se vea. Imagínense que acusen a esta persona que recibió a alguien en su domicilio, de encubrimiento. ¿Y lo vamos a sujetar a toda esta, no sé, a todas estas herramientas que tiene el Ministerio Público? No es proporcional. Corrijamos y no permitamos que otros nos corrijan la plana. Lo he dicho en otras leyes y así ha pasado. Muchísimas gracias.