El diputado José Valentín Maldonado Salgado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, sin duda el marco jurídico más reformado en las últimas décadas es el de la materia electoral. En una breve exposición quisiera dejar asentado que este fenómeno se debe a que una de las llaves para la democratización de México ha sido, sin duda, la lenta pero continua evolución de las reglas para la competencia electoral. Derivada de la intensa presión social, sobre todo de los años cincuentas, ochentas destacadamente, la presión política que generó la sociedad y la opinión pública nacional e internacional a partir del momento de la represión del Movimiento Estudiantil de 1968 sobre el régimen autoritario, todo ello en vísperas de la realización de Juegos Olímpicos en México. Largo y repetitivo sería plasmar aquí la evolución del marco jurídico electoral mexicano, sobre todo a partir de la reforma de 1977, en donde simplemente recuerdo las más emblemáticas que le siguieron; la de 1986, en donde se aumentó la representación proporcional de 100 a 200 diputados. La reforma de 1989, con la cual se creó el IFE y éste emitió la credencial electoral con fotografía. Y la gran reforma del 96, en donde se ciudadaniza por completo el Instituto Federal Electoral. Se establecen mecanismos de financiamiento público más equitativo, lo cual provocó que las contiendas electorales empezaran a ser mucho más competitivas que antes, y también se establecieron las rutas para democratización del Distrito Federal y del Senado de la República. Después vinieron otras reformas, destacadamente la de 2007, en donde se estableció un nuevo modelo comunicacional para las elecciones y en donde se lograron limitar los usos desmedidos de dinero en la compra de espacios publicitarios, quedando este procedimiento a cargo de la autoridad electoral, sin intervención directa ni de partidos ni de candidatos de ningún otro particular. Sin embargo, a partir de ese momento, los intereses más conservadores y de los poderes fácticos y de sus operadores políticos han forzado muchos resquicios para reconstruir candidaturas a partir de medios, que si bien no son ilícitos, no están regulados. Estos resquicios pueden ser la mención de los candidatos promocionados en programas de televisión, en guiones de telenovelas, al igual que el ataque o descalificación de candidatos y partidos por estos mismos medios, o el uso, de hecho, de los espacios publicitarios en las salas de exhibición cinematográfica, en donde con toda impunidad y al margen de la ley se promueve la imagen de precandidatos, precandidatas, candidatos y de partidos políticos, dejando al público en absoluto estado de indefensión ya que están obligados a ver estos infomerciales y escucharlos, ya que no pueden apagar ni el proyector ni bajarle el volumen o cambiar la imagen del mismo. El impulso para retroceder siempre ha estado ahí, ante la dificultad de desterrar al antiguo régimen y la alta complejidad de construir al país en democracia, pluralidad y tolerancia, ahora hay claros impulsos de regresión autoritario, como es el hecho de una vez que se había logrado limitar hasta cierto punto el gasto electoral con la reforma de 2007, ahora se puede acceder a esquemas en donde de nueva cuenta la promoción de candidatos y partidos políticos sea abusiva y se dé al margen de la ley, sin posibilidad alguna de limitarla y peor aún, sin posibilidades de fiscalizar los gastos que esta propaganda encubierta implica. Es materia de esta iniciativa la regulación de los ya referidos infomerciales en las salas de exhibición cinematográfica por ser esta propaganda un burdo y artero abuso para la sociedad en su conjunto, que va en detrimento del desarrollo de la democracia y de la cultura política de la sociedad. Es indispensable, compañeras diputadas y diputados, regular los contenidos electorales que pudieran hacerse en sitios públicos que usualmente no se utilizan para hacer proselitismo, pero que pudieran ser invadidos por la propaganda electoral, como son justamente las salas de exhibición cinematográfica, donde empleando diversos formatos los candidatos y partidos pueden insertar propaganda encubierta, que al margen de toda fiscalización violenta los topes de gastos de campaña generando situaciones de iniquidad en la contienda electoral. Ante este abuso la autoridad electoral debe tomar conocimiento sancionar enérgicamente a los infractores. Por ello proponemos incluir una regulación al Código Electoral que no afecte de ningún modo libertad alguna para exhibir películas o constituir una censura velada, ya que se cuida la regulación de la propaganda electoral y a sancionar los abusos que se cometan en torno de esta materia. Concluyo. Esta iniciativa introduce reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales justamente para limitar y reportar el gasto de partidos políticos, candidatas, candidatos, en este tipo de publicidad política y sancionar a aquellos institutos políticos que se excedan en su uso al margen de la ley. Es cuanto, diputado presidente.