El diputado Jorge Terán Juárez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el dictamen con proyecto de decreto que hoy pone a su consideración la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, mediante el cual se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene como objeto primordial armonizar y homologar dicho ordenamiento con la reforma constitucional publicada en 2011 en el Diario Oficial de la Federación en materia de derechos humanos y desde luego con las reformas consecuentes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La adición que nos ocupa establece como obligación de los servidores públicos del Distrito Federal que, las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en los términos de lo dispuesto por el apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De aprobarse la adición que se propone, esta Cámara de Diputados puede estar satisfecha de haber concluido una importante etapa que da cuenta de una importantísima generación de reformas en materia de derechos humanos, la cual coloca a nuestro marco normativo a la vanguardia y en plena congruencia con los instrumentos internacionales suscritos por México. Esta reforma, sin duda alguna, da respuesta a la ciudadanía y cambiará su percepción sobre los derechos humanos y su relación con los actos de abuso por parte de las autoridades. Tres virtudes fundamentales hay que reconocer a las reformas que antecedieron a la que hoy se plantea y, por supuesto, a esta misma: 1. Elimina la discrecionalidad de los funcionarios públicos para acatar o no las recomendaciones. 2. Siguiendo el principio jurídico de que todo acto debe estar debidamente fundado y motivado, se obliga a los servidores públicos a responder a las recomendaciones que les presente el ombudsman. 3. En el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá ser pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por la Ley Fundamental y la ley en materia, mandatos lo anterior que, fortalece a los organismos de derechos humanos; otorgan certeza jurídica a los gobernados; refrendan el principio de legalidad; objetiva de nueva cuenta el derecho a la información, pero sobre todo, permite transparentar las acciones y omisiones de los servidores públicos, así como una adecuada y oportuna rendición de cuentas, dando paso a la exigencia de responsabilidades sin que medie ningún obstáculo para ellos. Por un lado, el ombudsman se hace de mayores elementos para acudir al ministerio público a denunciar si así lo estima pertinente, pero además tiene la facultad de solicitarle a la Cámara de Senadores o en su receso a la Comisión Permanente, llame a comparecer a las autoridades o a los servidores públicos responsables a efecto de que explique el motivo de su negativa a cumplir con las recomendaciones. En suma, lo que se propone es el ombudsman fuerte, la preservación del Estado de derecho, el establecimiento cabal de las obligaciones de los servidores públicos en materia de derechos humanos y transparencias. Muchísimas gracias.