EL C. DIPUTADO TOMAS CORONADO OLMOS: Gracias ciudadano presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Un servidor, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración de este H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto que reforma la denominación del Título Tercero así como adiciona el Artículo 48 Bis a la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de fortalecer la política preventiva del delito, mismo que se fundamenta bajo la siguiente Exposición de Motivos. Todo estado democrático que se pronuncie por una verdadera observancia al estado de derecho, tiene el deber de garantizar y velar por el adecuado desarrollo y bienestar de la población, así como lograr una adecuada seguridad pública, toda vez que estas condiciones en su conjunto forman la estructura fundamental para el pleno goce y ejercicio de las garantías individuales de todo ciudadano. En tal sentido, la seguridad pública exige un compromiso diario y un esfuerzo permanente, que responda al cumplimiento de las expectativas de un régimen democrático, así como un efectivo federalismo. Ya lo expresaba don Rafael Preciado Hernández: "La seguridad es uno de los fines específicos del derecho y que está en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes, sus derechos no serán objeto de ataques violentos, y que en el supuesto de darse éstos, la comunidad asegurará protección". Es por ello que se considera que ningún estado tendría razón de ser si no se garantiza la vida, la integridad, la libertad, la propiedad y la tranquilidad de sus miembros, motivo por el cual se considera que la seguridad pública constituye hoy un elemento esencial que le corresponde garantizar y fortalecer al Estado, el cual sólo puede hacerlo en la medida en que se encamine el conjunto de acciones, así como los de la sociedad para generar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que la posibiliten. Por tal motivo, se hace necesario que nuestro Sistema de Seguridad Pública descanse en una adecuada y eficaz política criminal, basada en un verdadero estudio de los factores criminógenos, así como de los delitos de mayor incidencia, a fin de realizar verdaderos programas preventivos del delito acordes a la realidad actual de nuestra sociedad. En virtud de que el fenómeno de la inseguridad pública, es generado pro diversos factores, los cuales inciden de manera importante en nuestro entorno social, es por ello que debemos partir del reconocimiento de la existencia de una problemática seria y preocupante en materia de seguridad pública, toda vez que las razones sociales, económicas, culturales e históricas que propician el fenómeno del delito y de la delincuencia, son por demás complejas. En suma, la seguridad pública debe de conceptualizarse como un servicio no sólo de persecución de conductas delictivas, sino también de prevención científica de la comisión del delito, toda vez que los objetivos de la seguridad pública sólo pueden alcanzarse a través de una concepción sistemática pues sus áreas abarcan la prevención del delito, las acciones para enfrentarlo éste se presenta y la correcta y efectiva aplicación de sanciones preventivas previstas por la norma. Por tal motivo, se considera que uno de los propósitos de toda política de Estado para contrarrestar la inseguridad pública y la delincuencia en el país, así como para detectar y combatir los factores criminógenos y grupos de riesgo, debe de ser el de fomentar y difundir ampliamente la cultura de la prevención del delito en la población a través de programas y mecanismos de coordinación entre diversas instancias de gobierno que tienen injerencia en la prevención de las conductas delictivas en nuestro país, en virtud de que se considera que el objetivo de una política preventiva del delito debe de consistir en la implementación de estrategias que tiendan a evitar, tanto a mediano como a largo plazo el uso de la coacción y de la punición. En síntesis, nuestro país requiere de un marco jurídico que regule adecuadamente la prevención del delito, por ello es necesario concebir la seguridad pública como una nueva actitud de gobierno y de sociedad para impulsar y consolidar una verdadera y eficaz cultura preventiva del delito que se sustente en los compromisos de fortalecer la seguridad pública, a través de la disminución de los efectos nocivos de las conductas antijurídicas y erradicando la impunidad. Por las consideraciones anteriormente expuestas, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupados por contar con disposiciones legales adecuadas que propicien la conformación de una adecuada y eficaz política criminal que tenga como eje rector la prevención del delito, presentamos con todo respeto a consideración de este Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto en el que se reforma la denominación del título tercero, así como se adiciona un artículo 48 Bis a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de fortalecer la política preventiva del delito. Artículo 1º. Se reforma la denominación del título tercero de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar como sigue: "Título tercero. De la prevención del delito y la participación de la comunidad". Artículo 2º. Se adiciona un artículo 48 Bis a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar como sigue: "La prevención del delito constituye una responsabilidad esencial y prioritaria dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es por ello que el Consejo Nacional de Seguridad Pública deberá de establecer mecanismos y procedimientos respecto a las funciones que realice, tendientes a: 1. Fomentar la cultura preventiva de la ciudadanía e involucrar al sector público y promover la participación de los sectores social y privado. 2. Estudiar las conductas antisociales y los factores que las propician y elaborar programas de prevención del delito en el ámbito de su competencia. 3. Promover la cooperación entre las entidades federativas e instituciones nacionales e internacionales de carácter público o privado, para el fortalecimiento de acciones en materia de prevención del delito. 4. Impulsar decididamente todas aquellas actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas tendientes a alejar al individuo de la comisión de culturas antisociales. 5. Realizar programas y actividades en ciudades, comunidades o colonias que permitan una sana convivencia social y familiar que tiendan a la erradicación de los delitos. 6. Procurar la sensibilización de la opinión pública mediante campañas permanentes de prevención del delito en los medios masivos de comunicación promoviendo la integración familiar, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, el civismo y todo aquello que permita alejar a la persona de la conducta delictiva. Poner en práctica acciones que permitan el acercamiento de los cuerpos de seguridad hacia la sociedad, para mantener confianza en éstos. Establecer en coordinación con las autoridades de educación pública y privada, programas dirigidos a los educandos, a fin de que éstos se desarrollen con un alto sentido de respeto a sus semejantes, basando su conducta en los elevados valores morales. Propiciar los medios y mecanismos necesarios para una cultura de seguridad en la sociedad, incluyéndola para que ésta cuente con los conocimientos básicos y evitar sea víctima de ilícitos. Impulsar el apoyo de la sociedad hacia las corporaciones policiales a través de acciones directas o de información oportuna que permitan la detección y prevención de los ilícitos. Las demás que considere necesarias ya sea a propuesta de las autoridades o de la propia sociedad civil. Instrumentar proyectos tendientes a la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, de los miembros de las instituciones policiales, del personal del sistema penitenciario y demás autoridades en materia de prevención delito, promoviendo una mayor complementación entre estas instituciones. Termino ciudadano presidente. Transitorios: "UNICO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación". Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a 12 días del mes de diciembre del año 2002. Le solicito muy respetuosamente señor presidente, se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria y se turne a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias señor diputado Tomás Coronado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Tiene el uso de la palabra el diputado Oscar Romeo Maldonado Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de reforma al artículo 224 bis, del Código Penal Federal. -DIP. OSCAR ROMEO MALDONADO DOMINGUEZ: Con su venia señor presidente: Decreto mediante el cual se modifica el artículo 429 del Código Penal Federal incorporando como delito perseguible de oficio, el tipificado en el artículo 424 bis del mismo Ordenamiento. El que suscribe, diputado de la LVIII Legislatura, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía, una iniciativa de modificación al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS En México, la legislación de la propiedad intelectual referente a derechos de autor y de propiedad industrial, ha permanecido por años sin cambios significativos y con sanciones administrativas y penales menores. A raía de la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la materia de la propiedad intelectual se ve regulada por una nueva legislación y posteriores reformas penales, que prevén mayores sanciones y consideran algunas conductas de este tipo como delitos graves. Las conductas comúnmente denominadas como piratería, tan solo en la materia de Derechos de Autor, representan altos ingresos al crimen organizado, al grado que de poderse cuantificar en su conjunto, seguramente estarían a niveles muy cercanos a los ingresos generados por el narcotráfico y superarían por mucho al de robo de automóviles. Lo cual puede sonar excesivo pero si tan solo consideramos como ejemplo el que durante el año 2000 sólo la industria cinematográfica de los Estados Unidos tuvo cuatro veces más ganancias en materia de derechos de autor, que la industria automotriz de ese país, nos daremos una idea de la dimensión del problema. En México se calcula que de cada diez videos cinematográficos que se venden, siete de ellos son comercializados por la industria de la piratería. Esto nos da un pequeño parámetro de la magnitud de los ingresos generados a la delincuencia y por ende la pérdida económica para los autores titulares de derechos conexos y empresas, tan sólo en este rubro. El Código Penal Federal prevé diversos tipos penales que tienen por objeto desalentar la violación del derecho autoral y, en su caso, castigar y reparar. El tipo previsto por el artículo 429 bis del Código Penal Federal tiene, sin embargo, como requisito de procebilidad la petición de parte. El hecho de que un delito considerado por la ley procesal penal --en el artículo194como delito grave, esto por afectar de manera importante los valores importantes de la sociedad, el hecho de que este delito grave tenga como requisito de procebilidad una querella, es una contradicción jurídica grave. Además, ocasiona una problemática en la persecución de los delitos, pues la autoridad ministerial se ve limitada por la existencia o no de una querella o, en su caso, se cuestionaría además la legalidad de intervenir o no en los casos de flagrancia. Y aun en los casos en los que exista la querella, el Ministerio Público Federal y posteriormente la autoridad judicial tienen por límite de su actuar en todo momento la figura del perdón, lo que ha ocasionado en la práctica múltiples casos de abusos por parte también de los querellantes, que utilizan los órganos de procuración de justicia como órganos de cobranza y presión y en el mayor de los casos otorgan el perdón una vez que ven satisfechos sus intereses económicos. Esto facilita la extorsión a los presuntos culpables, que se ven sujetos a un proceso penal en el cual no cuentan con el beneficio de la libertad caucional por tratarse de un delito grave, desvirtuándose así el objetivo de la ley. Resulta superior el objetivo económico al objetivo de salvaguarda, promoción y protección de la actividad cultural de los autores y titulares de derechos y conexos. Actualmente numerosas averiguaciones previas relacionadas con delitos en la materia de derecho de autor se ven abruptamente interrumpidas por el otorgamiento del perdón. De las que llegan a ser consignadas a los tribunales, muy pocas llegan a la etapa de sentencia por también existir el otorgamiento de este perdón, ahora en los órganos judiciales. El resultado es que muchas averiguaciones no se concluyen y aun ya consignadas no se puede determinar o no se llega a determinar la culpabilidad. Sólo se da inicio a un costoso, muy costoso procedimiento en el cual ya se invirtieron o se invierten numerosas horas-hombre, aunando el gasto económico que para el país significa el haber hecho funcionar sus órganos de procuración de justicia en el desplazamiento del personal ministerial, policial, recursos materiales y económicos en operativos e investigaciones posteriores, implicando, en ocasiones, gastos por parte del Estado muy superiores a los acuerdos económicos entre las partes. El hecho de que este delito sea perseguido de oficio facilitará la oportuna intervención por parte de la autoridad en los casos de flagrancia, existiendo en todo momento la posibilidad de los titulares de los derechos autorales y conexos de denunciar y actuar como coadyuvantes en los delitos de derechos de autor que sean de su conocimiento o de los cuales sea víctimas. Se garantiza que una mayor cantidad de procedimientos lleguen hasta las últimas instancias. Vamos a ahorrar. El artículo actualmente dice: "Los delitos previstos en este título se perseguirán por querella de parte ofendida, salvo el caso previsto en el artículo 424, fracción I, que será perseguido de oficio. En el caso de que los derechos de autor hayan entrado al dominio público, la querella la formulará la Secretaría de Educación Pública, considerándose como parte ofendida. Debe decir: "Los delitos previstos en este título se perseguirán por querella de parte ofendida, salvo los casos previstos en el artículo 424 fracción I y 424 bis, que serán perseguidos de oficio. "En el caso en que los derechos de autor hayan entrado al dominio público, la querella la formulará la Secretaría de educación Pública considerándosele parte ofendida". Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre del 2002. Muchas gracias. - EL C. PRESIDENTE Gracias diputado Oscar Romeo Maldonado Domínguez. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Tiene el uso de la palabra el diputado José Alvaro Vallarta Ceceña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que adiciona los artículos 77 bis y 77 ter a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. -