El diputado José Mauro Garza Marín: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, el sistema electoral mexicano relacionado con la justicia electoral no se podría entender sin estas leyes. En ellas se establecieron la división territorial para las elecciones federales. Estos ordenamientos fueron pieza clave para consolidar los pilares para la configuración de nuestro sistema electoral. Con estas leyes se creó uno de los pocos medios de defensa jurisdiccional, el recurso de reclamación con el que por primera vez se pudo solicitar la nulidad de los votos fraudulentos. Es decir, con estas leyes se estableció el primer control al fraude electoral. Asimismo, tras la legislación electoral de 1917 se institucionalizaron los partidos políticos, los partidos políticos y las candidaturas independientes. Sin duda se trató de un primer avance hacia la sociedad democrática que buscamos consolidar. Lamentablemente la certeza jurídica electoral de aquellos años estaba supeditada al caudillismo político que imperaba en la época. Incluso la Ley Electoral del 18 facultó a los presidentes municipales a organizar y vigilar las elecciones. El plano fáctico. Ello ocasión que poderes caudillistas y autoritarias dominaran los resultados de las elecciones, los fraudes electorales eran comunes en aquellos años. En un sistema democrático moderno tienen que existir instituciones sólidas y plenamente autónomas, que velen por el respeto a los derechos político-electorales y por las decisiones libres e informadas de la mayoría. Hoy por hoy nuestra joven, pero endeble democracia está en grave riesgo por la reciente reforma electoral, mejor conocida como el absurdo plan B. La discusión y la votación de esta reforma violó flagrantemente el debido proceso legislativo. Les importa nada, lo único que buscan es seguirse perpetuando en el poder y cumplir los caprichos del inquilino de Palacio. Movimiento Ciudadano ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para que se declare la invalidez de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Haremos lo propio con la segunda parte del plan B. De la mano de la Constitución y de la razón estamos seguros que la Corte fallará a nuestro favor. No podemos retroceder al México que el gobierno quiere, el cubierto de un presidencialismo abrasivo, donde existían elecciones competidas en aquel que solo existían favoritos y corcholatas. Ojalá que esta efeméride nos sirva para recordar que no podemos permitir que se destruyan los avances democráticos, que han tardado décadas en consolidarse. Con la reforma planteada, por ejemplo, se reduciría el número de candidaturas de los partidos que deben destinar a personas indígenas, migrantes, afromexicanas y de la diversidad sexual y con discapacidad. Estamos convencidos que nuestra democracia es perfectible, pero también lo estamos de que es necesario que las modificaciones a las reglas del juego democrático deben de partir de consensos y no de imposiciones del oficialismo. Tenemos que remover las tradiciones de la vieja política que tanto daño le han hecho a nuestro país. Es cuanto.