El diputado José Antonio León Mendívil: Gracias, presidente. Es muy lamentable, precisamente, que se quiera mostrar o que se haya borrado la parte de que la expropiación ya no está en el tema de la reforma energética, y sobre todo, en relación al riesgo en que se ha puesto de manera directa la propiedad social de los ejidos de las comunidades y también de la propiedad privada en nuestro país. En otros artículos se establece que la contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce y afectación de los terrenos, bienes, derechos necesarios para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales y los asignatarios o contratistas. Si bien es cierto que se suprimió la palabra expropiación se deja a la buena fe de las empresas negociar con los propietarios de la tierra, cuando es bien sabido que las grandes compañías hacen lo imposible por obtener la tierra debido a las enormes ganancias que podrían generar por su actividad, de hecho es común que estos recurran incluso a ofrecer incluso bebidas alcohólicas a los comuneros para hacerlos firmar la concesión de sus propiedades. ¿Qué seguridad se les está brindando a nuestros pueblos y comunidades? ¿En dónde queda el reconocimiento de sus derechos? ¿Acaso sus tradiciones, su historia e identidad que indudablemente enriquecen la cultura de nuestro país no tienen la importancia suficiente para que sean defendidas y protegidas? Si ustedes se fijan en la propuesta de reforma, se propone que sean las comunidades, los propietarios, los que en una interacción con los aspirantes a ocupar sus terrenos lleguen a acuerdos. ¿Quién tutela los derechos de nuestras comunidades? El Estado en este caso prácticamente hace caso omiso de una responsabilidad de garantizar la justicia, de garantizar los derechos de nuestras comunidades. Seguramente los defensores de estas propuestas dirán que se han hecho diversas modificaciones para darle seguridad a las comunidades y ejidos, tales como lineamientos para llegar a un acuerdo con los propietarios de la tierra y los contratistas; lineamientos para fijar las contraprestaciones, la forma en que se pagarán estas asesorías de la Procuraduría Agraria, la intervención del Instituto de Administración y Avalúos y Bienes Nacionales; la intervención de un juez de distrito en materia civil o tribunal unitario agrario; incluso se está planteando un apoyo para los propietarios de minas, comuneros, ejidatarios del 0.5 hasta el 2 por ciento de las utilidades, pero no aclaran si es de la utilidad operativa o de la utilidad neta, así lo dejan. Es cierto que existen todos estos mecanismos, pero el objetivo final es el mismo, que es el despojo de sus tierras. El artículo 108 se especifica que en caso de que las partes no alcancen un acuerdo, la Secretaría de Energía podrá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que dé trámite ante el Ejecutivo federal para la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos. Es decir, no solo ahora nuestros ejidos y comunidades se van a enfrentar a la aspiración de empresas nacionales y extranjeras de usar su territorio; ahora la Sedatu también va a proceder en contra de los propietarios cuando ellos digan se agote la negociación entre las partes, es decir, los propietarios, los dueños y los aspirantes de las empresas para usar sus territorios, temporalmente nos dicen. Entonces vean ustedes que ahora no solamente los propietarios van a enfrentar a las empresas, sino también la propia Sedatu procederá a dar trámite para que en un última instancia las autoridades correspondientes le den el paso a las empresas. Al final de cuentas, como decía, de lo que se trata es del despojo de las propiedades de los campesinos de nuestras comunidades indígenas y de los ejidatarios. La ley dice que las concesiones o las servidumbres no otorgan derechos reales, pero nada hay más real que el derecho de usar y abusar de un bien, en este caso, transitar, construir, almacenar, perforar, extraer. Estas acciones despertarán el descontento social y podrían generar numerosos casos como el de Atenco. No hay que olvidar que la historia reciente de nuestro país nos ha llevado a confrontaciones que lamentablemente han hecho padecer a nuestras comunidades. Y la gente no se rinde, la gente va a seguir luchando por sus territorios. Además el término de ocupación temporal no resuelve nada. Es una forma distorsionada que se le da a la expropiación. ¿Qué pasará con la historia de esas comunidades? Hay que hablar con verdad. El daño provocado a los terrenos no se resarcirá a corto plazo. Es más, existen daños ecológicos que no se pueden resarcir. ¿Qué sucede con los que viven de la agricultura? No tendrán un medio de subsistencia y el abasto de alimentos se verá mermado. No releguemos a esta parte de la población que históricamente se ha visto amenazada y olvidada por los gobiernos. Sin duda el fortalecimiento en nuestro sector energético es necesario ante la dinámica económica actual, pero si nosotros no defendemos los derechos de nuestras comunidades y pueblos, ¿quién lo hará?, ¿las empresas transnacionales?, ¿la propia dinámica del mercado? Fortalecer a nuestra industria energética no significa pasar sobre este sector de la población, sino generar leyes que realmente cuenten con los elementos necesarios y adecuados que el país requiere, siempre velando por los derechos e integridad de la población. Si realmente queremos construir un México mejor, ¿por qué no corregir estas condiciones?, ¿por qué no construir una legislación que fortalezca nuestras empresas y al mismo tiempo pueda generar competencia? ¿Cuál es la prisa que lo motiva? ¿Por qué no abogar por un diseño institucional del Estado para tutelar los derechos que tiene la gente a fin de garantizar justicia, transparencia y evitar abusos y despojos? Recientemente he estado en varios foros tanto en Chiapas y recientemente en Guerrero. Sin embargo las comunidades, varios representantes de organizaciones en ambos estados se han manifestado por organizarse para defender sus territorios. Ya están constituyendo sus comités de defensa. Yo les aseguro que esta propuesta que seguramente pasará por la mayoría, no pasará en las comunidades. Nuestra gente va a defender el ejido, va a defender los territorios en sus comunidades y van a defender también termino, presidente los pequeños propietarios su tierra. México no se rinde y los mexicanos no nos rendimos. Viva México.