La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam: Ciudadanos, ciudadanas. La reforma constitucional en materia de justicia penal del 17 de junio de 2008, tomó una de las decisiones más relevantes para la convivencia social y para el orden social en nuestro país, estableciendo un nuevo modelo que desafortunadamente no ha podido ser puesto en marcha en plenitud. Una de las vertientes relevantes de esta reforma era rescatar el objeto de las sanciones penales para que verdaderamente fueran útiles para la reparación del daño, la inhibición del delito y la reinserción social. Durante meses ha estado en discusión y ha estado en debate una reforma que ahora se muestra más urgente que nunca. El diagnóstico nacional de la supervisión penitenciaria de 2015, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resume claramente cuáles son las deficiencias de nuestro sistema penitenciario. Primero. La sobrepoblación de los centros penitenciarios. Segundo. El hacinamiento. Tercero. Insuficiencia en los programas. Cuarto. Insuficiencia y malas condiciones para la atención de incidentes violentos. Quinto. Malas condiciones materiales e higiene en las instalaciones para alojar a los internos. Sexto. Insuficiencia del personal de seguridad para tender motines, riñas, fugas. Séptimo. Ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos del centro; es decir, el autogobierno. Deficiencia en la división entre los procesados que aun no reciben sentencia con los ya sentenciados. La falta de actividades laborales y capacitación en los penales e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria y, por último, yo agregaría corrupción. Esto es el análisis que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace todavía en el año 2015. La ley que hoy se presenta hace ya una relatoría de todas estas situaciones y presenta propuestas claras y concretas. Propuestas que permitirán dar solución si es que estas medidas realmente logran implementarse. Es importante señalar que establece también una perspectiva de género para garantizar que las mujeres tengan derecho a servicios de salud, atención digna, derecho a la intimidad, derecho también por supuesto a su integridad física. Es importante también destacar que se establecen modificaciones para el Código Penal y prevé sanciones para aquellos encargados del Sistema Penitenciario que amenacen, den privilegios, omitan el cumplimiento de sus obligaciones. Creemos, pues, que con esta tarea que ya ha sido relatada por los compañeros que me han antecedido en tribuna, se cumple con lo que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial requieren para que tengamos un Sistema Penitenciario sólido y fuerte. Sin embargo quedan tareas pendientes para este Poder Legislativo, y quiero mencionarlas: entre lo que se está proponiendo, por supuesto, están medidas para la reinserción social, y ello supone programas de atención que tiene que desarrollar la Secretaría de Educación, de Cultura, Desarrollo Social, Salud, el Conade, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, la procuraduría, el Instituto de la Defensoría Pública, y el Consejo de la Judicatura Federal. Tenemos nosotros que estar, como diputadas y diputados, pendientes de que el próximo Presupuesto contenga las acciones, los programas y los recursos para la debida implementación. Tenemos que estar, por supuesto, pendientes, de que el transitorio que establece que en 160 días las legislaturas locales tendrán que hacer las adecuaciones pertinentes, comiencen a realizar estas tareas. Ya hay una deuda pendiente y un rezago que ha sido notado y que ha sido destacado por diversos compañeros de distintos grupos parlamentarios. Pero por último, tenemos que considerar que esta ley debe de estar en su completo cumplimiento en cuatro años. Esto supone una obligación de nuestra parte de estar dando seguimiento en los próximos meses para que veamos que las instalaciones han sido adecuadas; que tenemos los sistemas de información que se están proponiendo en esta ley; que tenemos además el equipo, la capacitación y el personal suficiente para que se pueda cumplir la Ley de Ejecución Penal. No basta que el día de hoy se vote una ley que es necesaria, y que además es un gran avance para nuestro país. Es necesario seguir dando seguimiento para que todo lo establecido en la ley no sea letra muerta, y no volvamos a recibir un informe como el que desafortunadamente recibimos del 2015 acerca de nuestra gran deficiencia en la ejecución penal en nuestro país. Es cuanto.