El diputado Baltazar Martínez Montemayor: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, de acuerdo al Banco Internacional de Desarrollo (BID), el acceso a mecanismos de ahorro puede ayudar a las familias a distribuir de manera más uniforme el consumo y evitar las limitaciones que se presentan cuando dependen únicamente del flujo de efectivo. En general, los servicios financieros contribuyen al bienestar y a administrar la capacidad productiva de una familia pobre pues ayudan a controlar el gasto cuando el ingreso es inconstante; reforzar el poder adquisitivo cuando los gastos son variables o protegerse ante emergencias. Pese a los beneficios señalados, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, existen alrededor de 3 mil millones de personas localizadas en los países en desarrollo que tienen poco o nulo acceso al ahorro, otorgamiento de préstamos y transferencias de dinero. En el caso de México, el acceso a servicios financieros está limitado alrededor de un 25 por ciento de la población. Esta exclusión de los servicios financieros, en especial del sistema formal, obliga a la población a utilizar mecanismos informales de ahorro y préstamos a un alto costo, vulnerando a los segmentos de la población más desprotegidos. La causa de dicha exclusión va desde factores socioculturales hasta el entorno jurídico y regulatorio de nuestro país, atenuándose el escenario por el escaso interés de las instituciones por atender a la población que se encuentra al margen del sistema financiero. Asimismo, la falta de conocimiento y entendimiento de las peculiaridades de la población excluida, obstaculiza la generación de beneficios que contribuyen a reducir la vulnerabilidad de las familias más pobres. Tal como lo señala el Banco Internacional de Desarrollo, son éstas las que enfrentan mayores riesgos de perder su trabajo, padecer crisis de salud y ser más susceptibles a los desastres climáticos naturales. Es por esto que la penetración de los servicios financieros formales, entre los grupos de población tradicionalmente marginados, juega un papel fundamental al permitir mejorar sus condiciones de vida. De ahí que acciones como la creación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (Bansefi), la regulación de organizaciones de ahorro y crédito popular, y la utilización de las redes del sistema financiero para entregar los beneficios de diversos programas financieros con recursos públicos, amplían el acceso a la población excluida. En particular la utilización de medios electrónicos para realizar la transferencia de recursos de programas públicos está contribuyendo de manera significativa a incrementar el número de usuarios de los servicios financieros. Así, por ejemplo, programas como Oportunidades, Procampo y demás programas sociales y de apoyo a la actividad económica, implementados tanto por el gobierno federal como por las entidades federativas y los municipios, representan una magnífica oportunidad para acercar a la población a los servicios financieros, especialmente cuando se otorgan transferencias de estos recursos. La utilización de medios de disposición para entregar los recursos públicos, principalmente a través de tarjetas de débito, brindan múltiples beneficios a la población, ya que evita que a pesar para acceder a estos recursos se tengan que hacer largas filas o ser sujetos de actos de corrupción y tener que entregar sobornos para obtener lo que por derecho les corresponde. En contra parte la utilización de medios de disposición para recibir las transferencias de dinero a los programas públicos favorece una mayor transparencia y rapidez de la entrega de los recursos, mejor administración del tiempo del beneficiario, una reducción del riesgo de exposición a actos de corrupción y de delincuencia, además de favorecer el acceso a mecanismos formales de ahorro y otros servicios financieros. Así el tiempo que se ahorra por no tener que hacer interminables filas o tener que asistir en una fecha u hora determinada a recoger los recursos puede ser utilizado para actividades productivas. Asimismo, el uso de tarjetas bancarias permite al beneficiario tener independencia en el uso y administración de sus recursos. Adicional a los beneficios para la población, la utilización de los servicios financieros para la entrega de recursos de los programas públicos favorece a la economía formal, pues la utilización de las tarjetas bancarias para comprar alimentos, ropa, medicinas, insumos, etcétera, se traslada en gran parte a establecimientos que cumplen con su obligación fiscal, apoyando la formalidad y la bancarización. Estas ventajas son entendidas por el gobierno federal, en especial por la Secretaría de Desarrollo Social, quien señala que a julio de 2009 alrededor de 800 mil familias tanto urbanas como rurales reciben un apoyo en efectivo, a través de los medios electrónicos de pago, tarjeta de débito, abono en cuenta o pueden ser cobrados en sucursales de Bansefi, o tiendas Diconsa. Esta cifra denota un avance significativo; sin embargo, el objetivo de incrementar el número de usuarios de servicios financieros debe estar acompañado de estrategias que permitan ampliar los beneficios para la población, favoreciendo la utilización de la amplia gama de servicios financieros, no únicamente como medio de entrega de los recursos. Asimismo, se deben de considerar las peculiaridades de la población objetivo para que el uso de servicios financieros represente mayores beneficios que costos. De ahí que la presente iniciativa propone reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para especificar que las entidades públicas tales como las diversas dependencias federales o cualquier otro orden de gobierno, cuando contrate servicios financieros para distribuir y entregar los apoyos en efectivo de los programas públicos deberán garantizar las mejores condiciones para los beneficiarios de dichos programas. Asimismo, atendiendo las características de los beneficiarios de los programas públicos, se considera de especial relevancia que la entidad pública ejecutora del programa, las entidades financieras que faciliten la entrega de los recursos y la Condusef, se coordinen para diseñar e implementar un programa de educación financiera para los beneficiarios de los recursos, favoreciendo que tengan conocimiento y acceso a los beneficios del ahorro, crédito y seguros, por citar algunos casos. De manera adicional, es preciso que se contemple que un porcentaje importante de los beneficiarios de los programas jamás ha utilizado tarjetas bancarias, por lo que desconocen su funcionamiento, costos, la manera más eficiente de acceder a sus beneficios, por lo que es preciso que se les forme en este sentido. Estas acciones contribuirán a fortalecer un sistema financiero incluyente, capaz de brindar beneficios a los diferentes segmentos de la población, en especial a los más vulnerables. Por lo anterior expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de decreto Único. Se adiciona un artículo 17-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para quedar como sigue: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Artículo 17-Bis. Las entidades públicas al contratar servicios financieros para la distribución y entrega de recursos de programas públicos garantizarán las condiciones más favorables para los beneficiarios. Previamente a la entrega de medios de disposición a los beneficiarios de los programas públicos se coordinarán: la entidad pública, la entidad financiera y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, para diseñar e implementar un programa de educación financiera que favorezca la integración de estos nuevos usuarios?