El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias. Nadie va a discutir si el Poder Legislativo tiene facultades constitucionales, de aprobar reformas o adiciones a la Constitución y de aprobar las leyes, es decir, es muy difícil controvertir o siquiera poner en tela de duda que como legisladores, como Congreso, como parlamento, no estamos facultados para aprobar esta ley o cualquier otra. La discusión no puede estar ahí en el procedimiento, que es un procedimiento que reserva en materia constitucional, se reserva para nosotros. La pregunta es: la ley que se expide, ésta que se pretende aprobar, ¿corresponde a lo que se aprobó por el Legislativo cuando se modificó la Constitución? Es decir, es una ley que, luego entonces, es constitucional porque corresponde enteramente a lo que establecen los preceptos que establece la Constitución o la ley rompe con los preceptos y con lo establecido en la Constitución. No es el procedimiento. La constitucionalidad o inconstitucionalidad tiene que ver con el fondo, con que si la ley se aparta de la Constitución o se mantiene dentro del marco de la Constitución. Nosotros no solamente por el estudio de la UNAM, desde antes lo dijimos en Hacienda. Les dijimos: "este sistema que se va a crear y los órganos que lo van a regir, no corresponden a la reforma que hicimos en la Constitución. No es el órgano autónomo que señalamos en la Constitución, sino que por la vía de la mayoría se quiere retroceder de lo que ya se había avanzado en la Constitución". Se quiere menoscabar o negar lo que ya estaba establecido en la Constitución. En la Constitución se establece un órgano con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, es correcto; pero en la ley no se establece eso. En la ley se establece un órgano cuasi dependiente del Poder Ejecutivo, no del Legislativo, sino del Poder Ejecutivo. Éste es el gran problema. Y esto le resta autonomía al órgano. Es un órgano que va a estar sujeto más y pendiente más a las decisiones del Ejecutivo que con una autonomía plena, como se establece para estos órganos en la Constitución. Y la materia de la importancia es por la calidad de la información que se produce. Nosotros queremos un órgano autónomo para que la calidad de la información que produzca este sistema sea válida para todos los poderes, como lo dice la Constitución; sea confiable para todos los poderes, sea creíble por todos los ciudadanos y se pueda, con base en esa información, hacer muchísimas cosas a las que nos obliga a todos los poderes esa misma información. Con base en la información se van a distribuir los recursos a las entidades. Y esto es muy importante por cómo ha venido funcionando. Tenemos casos como en Guadalajara, que se tuvo que ir a un recurso, porque le estaban negando recursos a los que tenía derecho el municipio, por un asunto de manipulación o de manejo de cifras. El DF ha perdido miles de millones de pesos, porque le subestimaron la población. Hoy el INEGI nos va a dar todos los datos obligados para distribuir los recursos, no solamente poblacionales sino económicos. El INEGI incluso, si va a utilizar las mismas técnicas de una encuesta para determinar, va a poder afectar o beneficiar a tales o cuales poblaciones. El problema es que tal vez por la excesiva injerencia del Ejecutivo ya no afecte a Guadalajara, pero qué tal a estados que gobierna el PRD o el PRI. Yo podría entender, le quiero decir al PRI, esto de aceptar un órgano cuasi dependiente del Ejecutivo o cuasi autónomo, lo podría aceptar si gobernaran y quisieran tener injerencia en cómo distribuir los recursos. No lo entiendo, porque finalmente sus entidades pueden ser afectadas. Entiendo que el PAN le tenga confianza al Ejecutivo y diga, aunque no sea lo suficientemente autónomo: pues yo le creo y confío, pero ni es de confianza ni es de no confianza; es que el órgano en sí mismo no reúne todas las características en la ley para ser autónomo. Para empezar, ¿quién nombra al presidente del órgano? Dice la ley que el Ejecutivo propone cinco para el órgano de dirección, pero el Ejecutivo resuelve quién preside. No es el Senado quien va a resolver quién preside. El Ejecutivo va a decidir el que quiera que presida, el que le acomode a él, el que le parezca simpático, el que le guste por las razones que sean. El que decide no es el Senado, no se le envía una propuesta al Senado por separado, para presidente, que tiene más facultades que los otros miembros, que son vicepresidentes, sino el Senado nombra al conjunto de los cinco y el Ejecutivo es el que va a resolver quién es el que preside. Otra circunstancia que ata al órgano terriblemente. Todos los órganos autónomos, lo sabemos, nos envían su presupuesto. Se lo pueden enviar a Hacienda, pero Hacienda nos envía íntegro el presupuesto de los órganos autónomos, llámese Derechos Humanos, llámese el IFE. En este caso no va a ser así. Depende de la aprobación del presupuesto del Ejecutivo y del visto bueno y cómo lo encuadre Hacienda. Cómo se puede hablar de patrimonio propio y de autonomía de un órgano que va a depender en sus recursos de lo que quiera Hacienda o de lo que no quiera. Otra razón más es ¿cómo se integra el Consejo Consultivo? Resulta que cada secretario tiene una representación en el Consejo Consultivo, de manera que hay, podríamos decir, decenas del Poder Ejecutivo —hay como 30— y solamente cinco son de los estados. O sea, el secretario de Turismo, el secretario de cualquiera otra secretaría tiene una representación y los 32 estados sólo tienen cinco. Y los municipios cuántos tienen. Ni uno. Ah, pero las decisiones son obligatorias para los estados y son obligatorias para los municipios, no solamente para el Poder Ejecutivo. ¿Dónde está ese equilibrio en el órgano consultivo? Nuevamente tenemos aquí una supremacía del Poder Ejecutivo. Si ustedes no querían, haciendo uso de sus facultades de Constituyente Permanente, y pueden reunir dos tercios, podrían haber modificado la Constitución y decir: el órgano que queremos es cuasi autónomo, pero dependiente del Ejecutivo. El problema es que la Constitución dice una cosa y en la ley quieren poner absolutamente otra. No hay ningún problema en que el Banco de México sea autónomo, este órgano se va a coordinar. Pero el Banco de México regula el asunto de la emisión de billetes. No tiene por qué regularle la información a éste, porque éste es el Sistema Nacional. No tiene por qué tener una injerencia en una materia que no es de él. Yo entiendo esa lógica. Banco de México va a estar terriblemente asustado de que si la inflación se fue a tanto, se vaya a decir la verdad; o que si el desempleo se fue a tanto, se vaya a decir la verdad y quiere manipular las cosas para acomodarlo. No para información objetivamente a los ciudadanos, para manipularlo. Puedo entender esa lógica, pero no entiendo que los legisladores, sobre todo el PRI, avalen —cuando ni gobiernan— ceder la autonomía de un órgano y entregárselo al Poder Ejecutivo, entregárselo a Calderón, para que él haga y deshaga. Éste es el gran problema. Lo lógico es, si ya no les gusta, cambien la Constitución. Porque, obviamente, no es lo que diga la UNAM. Obviamente que quien va a valorar si esto es constitucional o no va a tener que ser la Corte. Si nosotros presentamos la acción de inconstitucionalidad va a tener que ser la Corte la que diga: ya no este poder, porque tuvo facultades y las uso mal; el que va a decir: esto es inconstitucional. Obviamente es el recurso que nos queda. Pero, además, no es cierto que el PRI esté tan convencido. Y nosotros todavía esperamos que, sí lleguemos a un acuerdo, lo que nos comentaban es que, como la minuta viene del Senado habría que aprobarla, y luego tratar de hacer algunas modificaciones. Lo aceptamos, aunque sea tarde. Nosotros no podemos avalar eso y votar a favor. No porque no nos guste llegar a acuerdos, porque no le vemos sentido a no enviarle ya estas modificaciones al Senado, si vamos a coincidir en otras cosas. Entonces, no hay tanta convicción. Más bien el asunto quizá sea la presión del Senado y que esta minuta ya tiene bastantes meses, y había un plazo para que, incluso, hubiese sido ya resuelta. Y esto ya nos lo brincamos con mucho. Puedo entender esas presiones, pero creo que de lo que se trata es de garantizar que la calidad de la información que va a permitir repartir los recursos; que la calidad de la información que tiene incidencia en toda nuestra vida nacional, cuente y sea responsable de un órgano que no dependa del Poder Ejecutivo; que no sea tan vulnerable al Ejecutivo; que no esté sometido al Ejecutivo. Éste es el problema y si ustedes se mantienen en esto, no nos queda más que presentar la acción de inconstitucionalidad. Muchísimas gracias.