EL C. DIPUTADO ALFONSO VICENTE DIAZ: Ciudadana Presidenta, Honorable Cámara de Diputados, compañeros y compañeros diputados: los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente propuesta con punto de acuerdo a efecto de exhortar a las autoridades estatales y municipales del estado de Puebla a que se apeguen estrictamente a derecho con el fin de garantizar un proceso electoral transparente, así como demandar del Instituto Electoral del estado el cabal cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre esta instancia, los partidos políticos y la Secretaría de Gobernación para asegurar que el proceso electoral del próximo 11 de noviembre, en el que se elegirán diputados locales y ayuntamientos, cumpla con todos los requisitos que la ley exige, todo ello con base en las siguientes consideraciones. Convencidos de que el pueblo mexicano ha decidido vivir plenamente en la democracia, hacemos nuestro el reclamo de la sociedad poblana y exigimos que las próximas elecciones de la entidad sean transparentes y respeten el voto ciudadano. En estos últimos meses hemos visto y venido observando un sinnúmero de irregularidades de tipo operativo, legal, administrativo, mismas que presentamos a continuación. A nivel operativo, el Instituto Electoral del Estado de Puebla muestra un amplio desconocimiento, inexperiencia e improvisación en los trabajos. A ello agregamos una desatención del presidente del Instituto a las áreas operativas y, por si fuera poco, una inasistencia casi total del Director General a sus labores cotidianas. El proceso electoral, a la fecha, no cuenta con programas y cronogramas que aseguren un proceso transparente y adecuado. La profesionalización del servicio electoral con un proyecto aprobado fuera del plazo legal es totalmente ineficiente. Desde el inicio detectamos una falta de insumos y herramientas de trabajo, así como recueros económicos en órganos inferiores, situación que, a pesar de los acuerdos ante la Secretaría de Gobernación, nunca han sido corregidos y en diversos momentos se ha cuestionado el correcto manejo de los recursos del Instituto. Existió un retraso en la entrega del papel de seguridad al Registro Federal Electoral y por ello habrá un atraso en la entrega del material electoral a los funcionarios. Hay una demora en la ubicación de las casillas extraordinarias y grandes contradicciones en los ciudadanos insaculados y capacitados, situaciones que no han sido aclaradas a la fecha. La campaña de promoción del voto ha sido presentada en forma tardía e ineficaz. Tantas irregularidades por tanto tiempo encubiertas hablan únicamente de dos posibilidades: manipulación del proceso con fines oscuros y particulares o de una irresponsabilidad intolerable. Aunado a estos problemas operativos se encuentran los de tipo legal como las violaciones a los acuerdos del Consejo General, así como el incumplimiento de los ordenamientos por parte de la Junta Ejecutiva y del Comité de Adquisiciones, tales como notificaciones de acuerdos y falta de licitaciones. Se han congelado determinaciones de responsabilidades administrativas y penales por parte de la Contraloría Interna. Existen impugnaciones de consejeros distritales y municipales pendientes de resolver desde el mes de julio, así como la formación de consejos municipales con menos integrantes de los que marca la ley. En lo administrativo, ha habido irregularidades como la falta de un presupuesto definitivo y detallado del proceso electoral que fue aprobado a destiempo, así como un dispendio en salarios, viáticos, una falta de control y supervisión de los recursos e insumos. Por si fuera poco, se ha incumplido con la obligación de informar al Órgano Superior de Fiscalización sobre el uso de los recursos. Por otro lado, hay informes de los consejos distritales en donde existen más de 20 ayuntamientos imposibilitados para apoyar la seguridad de los consejos, sumando a las amenazas que se han dado en la Sierra Norte y en Mixteca contra candidatos del Partido Acción Nacional y contra el Senador Francisco Fraile García, lo que hace indispensable que el gobierno estatal garantice la seguridad de los funcionarios, la tranquilidad del proceso y la inviolabilidad de los consejos distritales y municipales. Los problemas enunciados pudieran ocasionar la pérdida de credibilidad en el órgano electoral y sus tribunales, y lo que es más grave, la falta de participación del electorado al cual le pedimos y exhortamos a una plena y activa participación el próximo domingo. Por lo aquí expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente P U N T O D E A C U E R D O Primero. Que las autoridades estatales y municipales se apeguen estrictamente a derecho para garantizar un proceso electoral limpio y transparente. Segundo. Que las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Puebla, cumplan cabalmente con los acuerdos alcanzados con los partidos políticos y la Secretaría de Gobernación para asegurar que el proceso electoral del próximo 11 de noviembre, satisfaga plenamente los requisitos que la ley exige y que la ciudadanía espera. Tercero. Que el gobierno del estado garantice la seguridad de los funcionarios de casilla de la jornada electoral de los Consejos Distritales y Municipales, con la clara obligación de mantenerse al margen de cualquier injerencia en algún otro asunto relacionado con el proceso. Cuarto. Exhortamos al Congreso del estado, al Órgano Superior de Fiscalización y a las autoridades correspondientes, apliquen las sanciones a las que se han hecho acreedores los funcionarios del Instituto Electoral por las irregularidades administrativas, operativas y legales que hemos mencionado. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 7 de noviembre del presente año. Diputado Salvador Escobedo, diputado Víctor León, diputada Sonia López, diputado Miguel Mantilla Martínez, diputado Ramón Mantilla González de la Llave, diputado Eduardo Rivera, y un servidor, diputado Alfonso Vicente. Muchísimas gracias.