El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández (PVEM): Con su venía señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: El día de hoy, como parte del trabajo que la sociedad nos exige para combatir el problema de la delincuencia, presento iniciativa que busca como parte de un conjunto de propuestas que han encontrado consenso entre académicos, funcionarios públicos y sociedad en general, coadyuvar a la problemática que hoy se nos presenta como es la inseguridad pública. Lo que cual tiene como objeto prevenir y evitar los peligrosos que amenazan a la comunidad social y a los particulares, la tranquilidad y el orden social son indispensables para el progreso y el bienestar de cualquier país. La preservación de la seguridad pública es una función de los órganos de gobierno que se ejerce en los tres niveles: federal, estatal y municipal. El Poder de Policía es una función pública que se ejercita a nombre del estado, de las entidades federativas o del municipio. Cuando uno fabrica un comercio o un taller, viven acosados por la delincuencia, se ponen en riesgo fuentes de sustento para las familias de los trabajadores y oportunidades de fortalecer la economía. La sociedad vive amortizada por hechos como estos, que se repiten todos los días y que han llegado a convertirse en noticia de primera plana en los diarios y en las notas más importantes de los programas informativos de la radio y de la televisión. Por otra parte, la impunidad es uno de los males más terribles que sufre la sociedad mexicana, los agentes del Ministerio Público realizan las investigaciones deficientemente y los jueces se encuentran en muchos de los casos con que las leyes no son ni suficientes para retenerlos los criminales o para aplicarles castigos acordes con los delitos que cometen. El resultado de las investigaciones deficientes y las disposiciones insuficientes es la impunidad, que socava el orden jurídico y el Estado de Derecho. Los criminales deben ser puestos a reguardo en primer lugar, para proteger a la sociedad y para que paguen los delitos cometidos con penas acordes con los mismos. Tradicionalmente la investigación y persecución de los delitos ha correspondido a la Institución del Ministerio Público, pero la criminalidad ha rebasado a las instituciones, ya que actúa de manera organizada bajo las reglas de orden y subordinación; por lo tanto es facultad investigatoria de la representación social que se debe ampliar a otras autoridades para lograr un mayor combate a la delincuencia. Con ello se generan dos situaciones: Primera, el Ministerio Público dejaría de tener el monopolio de investigación y segundo, al tener esa potestad las policías preventivas se daría un combate frontal al delito. El Ministerio Público surge como instrumento para la persecución del delito ante los tribunales, en calidad de agente del interés social, de ahí que se le denomine representante social. Las sociedades aspiran a una adecuada impartición de justicia a través de las instituciones especiales dedicada a la solución de conflictos. En el caso de conductas delictuosas se busca que la persecución del responsable esté a cargo de las personas ajenas a la infracción, es decir, de especialistas que actúen en representación de todos aquellos que en forma directa o indirecta resultan lesionados. A tal efecto se instituye el ministerio público, conquista del derecho moderno, al asumir al Estado la acción penal. Establece los órganos facultades para ejercerla. Objeto de severas críticas y de encontradas opiniones. El ministerio público se ha instaurado en la mayor parte de los pueblos cultos, considerándosele como una institución independiente. Su misión implícita es la de velar por el estricto cumplimiento de la ley, depositaria de los más sagrados intereses de la sociedad. La importancia y trascendencia de las funciones actuales de esta institución son esenciales para la vida de la comunidad, toda vez que comprende la dirección y/o defensa de los intereses de la sociedad y también de los derechos individuales. La figura del ministerio público ha variado a lo largo de la historia de nuestro país y por lo mismo se le han otorgado y quitado facultades de investigación de la criminalidad, pero su función no ha cambiado de su naturaleza. Consiste, precisamente, en la investigación y persecución del delito. En México, en cualquier parte del mundo, la seguridad pública es un asunto que involucra a todos los sectores de la sociedad. El camino a recorrer es largo y difícil. Sin embargo, es imperante la necesidad de redimensionar el papel de las instituciones competentes en esta materia. Esto puede construirse en el factor clave para hacer eficiente las estrategias estatales para que se logre inhibir el problema. Por lo cual se debe tratar de incidir en los orígenes del mismo, de los vicios y las inherencias en las que los ámbitos políticos y privados hoy existen y que generen la imposibilidad de atacar frontalmente el ambiente de inseguridad que tanto daño hacen al país. En este sentido una de las estrategias medulares que se proponen es la profesionalización de los servidores públicos, sujeta a controles permanentes como medio idóneo para superar la raíz, los desvíos en el servicio. Otro de los medios más eficaces para combatir el problema de la inseguridad pública es la generación de políticas permanentes que involucren a la ciudadanía, particularmente en las acciones preventivas. En virtud de esa garantía del goce y del ejercicio de los derechos de cada individuo y de cada grupo. Por lo tanto, es una visión de tarea conjunta, la cual también puede llevarnos a resultados satisfactorios. Con la presente iniciativa se pretende que la policía preventiva en sus tres niveles de gobierno tenga la facultad de investigación de los delitos, no solo la prevención. Porque no debemos soslayar que la política criminal nos conduce a combatir y abatir la criminalidad, utilizando por ello mecanismos más integrales como la prevención, persecución, investigación, aplicación de las penas, ejecución de las mismas y readaptación del reo. Por ello los tres poderes de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, deben cada uno de manera coordinada y ordenada, dentro de su esfera de acción, pugnar para que el delito y la delincuencia no sigan tomando de rehén al ciudadano, generando un clima de inseguridad y en cambio darle al gobierno la seguridad que tanto anhela para él y para su familia. Por su parte la función del Legislativo va encaminada a crear leyes que tengan ese fin. De aquí nace la propuesta del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, ya que el crimen organizado ha rebasado sustancialmente a las instituciones, específicamente a los encargados de la seguridad pública, posiblemente por mejores factores: mejor armamento, corrupción policiaca, personas que trabajan de delincuentes y en sus ratos libres son policías. Falta de capacitación del personal, falta de coordinación de los cuerpos de seguridad, ausencia de programas de seguridad, etcétera. Los reclamos de la sociedad son claros y no deben quedar en el olvido. Justo para su bienestar y tranquilidad es de aprobarse la presente iniciativa para que los cuerpos de seguridad pública se organicen, no solo para prevenir sino para investigar la red de mafias delincuenciales y con ello abatir el fenómeno delictivo. Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa. "Decreto por el cual se reforma el párrafo quinto del artículo 21 de la Constitución Federal de la República y se reforma el párrafo segundo del artículo 1 de los artículos 4 y 6 de la Policía Federal Preventiva, respectivamente". En virtud del tiempo permitido, respetuosamente le solicito, señor Presidente, sea publicada íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates d esta Cámara. Es cuanto, señor Presidente. (aplausos)