La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: La ley nacional que hoy nos convoca a este periodo extraordinario tiene su antecedente inmediato en la ley federal vigente que fue publicada en el DOF, el 29 de mayo del 2009. Es una ley que creó un procedimiento paralelo al penal, para que el Estado se adjudique la propiedad de bienes, producto de la delincuencia, o que de alguna manera se encuentren relacionados con ella, como parte de una serie de medidas extraordinarias que instauraron un régimen de excepción para la delincuencia organizada. Siendo la ley vigente de orden federal, su aplicación es únicamente en este ámbito y en su origen únicamente para los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Posteriormente, las entidades federativas fueron reformando sus constituciones para establecer la figura y poder aplicarla en el marco local, lo cual fue posible ya que siendo un procedimiento autónomo e independiente del proceso penal; para llevarlo a cabo no se requiere de que exista una investigación penal, un probable responsable o sentencia alguna y, en consecuencia, la jurisdicción penal no le es aplicable. Esto es, el procedimiento de extinción de dominio es civil y desaparecen los derechos de propiedad sobre determinado bien, producto de la delincuencia. Su objetivo es proporcionar a la sociedad un beneficio que resarza los perjuicios causados por la propia actividad delictiva. Es autónomo del procedimiento penal y se encuentra regulado a través de un procedimiento civil especial. No se trata de un procedimiento recaudatorio, sino resarcitorio que en otros países se enmarca en los procesos de reconciliación nacional después de conflictos armados. Debido a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, el procedimiento establecido debía sufrir ajustes para garantizar su oralidad. Adicionalmente las autoridades encargadas de su aplicación se quejaban de las dificultades que imponía este procedimiento y, en consecuencia, de los pocos resultados que se produjeron derivados de estas leyes. Es decir se imponía una revisión y rediseño del procedimiento, sin embargo se optó por el diseño de una nueva ley nacional de aplicación obligatoria en el ámbito federal y local, y de un nuevo catálogo de delitos en los cuales se aplicará lo que se hizo en esta ley nacional. No fue la adecuación del procedimiento sino bajar los requisitos que debe cubrir el Ministerio Público para proceder y ampliar de una manera exorbitante el número de delitos por los cuales puede iniciarse, pensemos, pasamos de cinco categorías delictivas a 245 tipos penales. Adicionalmente, ahora será el ciudadano, inocente, cuyos bienes se encuentren bajo la sospecha no comprobada de que se encuentran relacionados con la comisión de delitos, quien tenga que comprobar que actuó de buena fe aunque no haya nadie en la cárcel por estos supuestos delitos. Estas disposiciones resultan totalmente contrarias a la naturaleza jurídica del MP, dado que esto desvirtúa su representación social y lo contrapone a la ciudadanía. Cualquier persona que compre o rente un inmueble o compre un carro, está en riesgo de que sus bienes puedan ser objeto de un procedimiento de extinción de dominio y tendrá que demostrarle a la autoridad que no sabía de las actividades delictivas que dicen están relacionadas. Seamos claros. Nos encontramos ante una ley que baja los requisitos para la autoridad y lesiona gravemente los derechos de propiedad de las y los ciudadanos. Con las disposiciones que se contienen en esta ley estamos haciendo una ley excepcional, un instrumento legal que puede ser aplicado a todos y cada uno de nosotros. Adicionalmente, consideramos que al ser una ley nacional que puede ser aplicada en los ámbitos federal, local, la ampliación del catálogo resulta preocupante, sobre todo si consideramos que no existe una correlación entre el monto de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio o a quien, en su propietario, y elude al ámbito jurisdiccional al fortalecer las autonomías e independencia de ambos procesos. El Grupo Parlamentario del PRD votará en contra, porque, así como vienen y lo presentan ante esta tribuna, es una manzana con una piel de un título que todo mundo debería aceptar, sin embargo, el contenido está podrido y envenenado por autoritario y por presidencialista, porque concentra el poder político y económico en el presidente, y porque violenta también derechos humanos y garantías. Es cuanto, presidenta.