El diputado Sergio Mancilla Zayas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante reforma y adición en su artículo 4o., párrafo seis, siete y ocho, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2000, consagró como derechos fundamentales de los niños y las niñas la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. El deber de los ascendientes, tutores y custodios de preservar tales derechos y los deberes del Estado de proveer lo necesario, para propiciar respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Derivado de mencionar la reforma constitucional con fecha 29 de mayo de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4o. constitucional. El establecimiento de los derechos fundamentales de las niñas y de los niños en la cúspide de nuestro sistema normativo y su regulación en las leyes reglamentarias fue motivado en concierto internacional por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en virtud de que nuestro país suscribió y ratificó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de los Niños, respectivamente. En el plano nacional debemos poner de relieve que en las diversas etapas de nuestra historia se gestaron y concretizaron acciones de gobierno y de la sociedad en aras de la protección de la niñez. La Revolución Mexicana marcó la última etapa en el diseño del Estado mexicano, en su forma de gobierno, en la división de Poderes y en los límites a éstos por medio de las garantías individuales. En este contexto, en 1928 el entonces presidente de la república, Emilio Portes Gil, organizó una campaña de protección a la infancia que fue encomendada al Departamento de Salubridad. Tales acciones gubernamentales y sociales marcaron un hito en la protección de la niñez mexicana creando nuevas instituciones y transformando otras hasta llegar al actual Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, cuya integración y funciones precisa la Ley de Asistencia Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004. En el actual contexto normativo, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 incorporó el tema de igualdad de oportunidades como eje número tres, promoviendo el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana, garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda. Sin embargo, la anterior política pública social está focalizada exclusivamente a los menores de cinco años de edad con desnutrición o en riesgo, lo cual, si bien es loable no tiene el alcance que se requiere para satisfacer los derechos que establece, en materia de salud y derecho a la alimentación, el texto del artículo 4o. constitucional, su ley reglamentaria y los instrumentos internacionales anteriormente expuestos. Es por ello que los diputados de la fracción priista incorporamos desde nuestras campañas como oferta electoral una nueva política social para el mejoramiento en la calidad de vida de los mexicanos y a favor de la equidad social, entre las que se destaca el apoyo a la infancia y adolescencia considerando el interés superior de los niños y adolescentes como un interés de Estado. En razón de todo lo expuesto y con la finalidad de hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes me permito someter a esta asamblea tres adiciones a la Ley General de Educación y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, respectivamente, para hacer efectivo el derecho a la educación preescolar, primaria y secundaria y que el Estado asegure la alimentación de los educandos por medio de desayunos nutritivos y balanceados y sus equivalentes en turnos vespertinos. Compañeros diputados, fueron muchas las voces de padres de familia, de niños y jóvenes que solicitaron durante el proceso electoral la intervención de los futuros legisladores demandando que se tomaran medidas inmediatas y que el Estado atendiera a los millones de niños que llegan a las aulas con el estómago vacío, con la impotencia de sus padres de no poderles proveer a sus hijos del alimento necesario que les permita tener un rendimiento eficiente en sus estudios. Es hora de tomar acciones concretas y dejar a un lado la retórica fácil que evoca a la niñez y a la juventud como las promesas que habrán de sacar adelante a nuestro país. Tomemos la decisión ahora de impulsar las reformas legislativas precisas, como aquí se ha planteado, para dar a nuestros jóvenes los elementos básicos que permitan su óptimo desarrollo integral. Muchas gracias.