El diputado David Mendoza Arellano: Con su permiso. Compañeras diputadas, diputados. Por razones de tiempo, como se ha expuesto, solamente voy a enunciar algunas partes de la exposición de motivos y las modificaciones que estamos proponiendo. Durante los últimos años la democracia representativa ha sufrido críticas severas y reiteradas por parte de la sociedad, respecto al sistema presidencial y a la representación política. El sistema representativo resulta insuficiente porque limita la participación de las mayorías a la sola emisión periódica del sufragio en las elecciones. El andamiaje institucional no está delineado para tomar realmente en cuenta a los ciudadanos, tampoco vincula el proceso de toma de decisiones a la sanción ciudadana de manera permanente, cuando así lo demanda el interés de la nación, lo cual se traduce en un obstáculo para la formación de ciudadanía y para el proceso político en su conjunto. Por ello vengo a esta tribuna a proponer que se incluyan en nuestra Constitución los instrumentos de democracia participativa como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato, porque aunque mucho se ha hablado de ellos, aún no están consagrados en el marco jurídico federal de nuestro país. Propongo reformar el artículo 35 de la Constitución a fin de que se considere la democracia participativa como una prerrogativa adicional para el ciudadano. La propuesta pretende que los ciudadanos participen en los procesos de consulta, de plebiscito y de referéndum, y por otro lado, se le reconozca explícitamente el derecho de iniciar leyes a nivel federal ante el Congreso de la Unión. De manera correlativa propongo que el artículo 36, que enmarca las obligaciones del ciudadano de la República, reconozca el derecho a votar tanto en los plebiscitos como en los referendos y que de esa manera quede integrado tanto el derecho de participar en las decisiones públicas como también el derecho a votar en las consultas que para tal motivo se convoquen. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público proviene del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Por ello proponemos que en el artículo 39 se reconozca como parte fundamental de los instrumentos de la democracia participativa, el derecho que le asiste al pueblo de revocar el mandato de los titulares electos de los órganos del poder público, en particular del Presidente de la República y de los legisladores cuando su actuación omisa, negligente o negativa, redunde en perjuicio de la institución que representan y por tanto del conjunto de la nación. En el artículo 40 reconocemos a la democracia como uno de los principios fundamentales de nuestra República, tanto representativa como participativa, porque de esta forma enriquecemos dicho principio y evitamos que se impongan los rasgos de una partidocracia o de una democracia censataria, en la que el ciudadano queda marginado de todas las decisiones y sólo exista la facultad de aprobar todos los temas a través de la asamblea del pueblo, como sucedía en la historia clásica antes de que sucumbieran las ciudades-Estado en el año 320 antes de Cristo, frente al poder hegemónico de la época. Proponemos también la creación de un instituto federal de participación ciudadana que funja como un órgano autónomo encargado de organizar los procesos de referéndum y el plebiscito. Este instituto tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para convocar a estas consultas, teniendo la obligación de comunicar sus resultados a los Poderes de la Unión y a la ciudadanía en general. Con el fin de preservar el espíritu de la Constitución como la Ley Suprema que está por encima de todo ordenamiento secundario, y en el que se contienen principios generales, consideramos que las normas para procedencia, convocatoria y organización de referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, deben establecerse en la ley reglamentaria correspondiente. Sin embargo, quiero enfatizar que el derecho de solicitud de referéndum y plebiscito corresponderá a los ciudadanos, cuando lo soliciten, al menos el dos por ciento de los inscritos en el padrón electoral y pertenezcan al menos a una tercera parte de estados de la Federación, incluido el Distrito Federal, una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y al Presidente de la República, y a modo de guía para la toma de decisiones que el plebiscito se convoque en tantos y plantee consultar a la ciudadanía de decisiones o actos del Presidente de la República, que se expresen en propuestas de políticas públicas que se consideren trascendentes para el orden público o el interés social de la nación. Asimismo el artículo 71 debe consagrar la facultad de los ciudadanos de presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión bajo los principios de democracia participativa. Se propone que el artículo 73 se adicione con una fracción al 29 a fin de que se le otorgue al Congreso la facultad de legislar en materia de democracia participativa, tomando en cuenta que este concepto es mucho más amplio y de mayores alcances que el referéndum y el plebiscito, y que es necesario darle un soporte parlamentario a una república democrática, representativa y participativa, con el fin de que los estados cuenten con un marco constitucional adecuado a la realidad política, que ya viven cotidianamente y que ya existen en una legislación local. En materia de democracia directa en diversas entidades federativas, proponemos que en el artículo 115 se reconozca el sentido y el propósito original de esta iniciativa, es decir, que esta república se funda en los principios de la democracia y participativa. Se deberá realizar el referéndum constitucional por mandato de ley cuando se trate de iniciativas que tengan por objeto reformar nuestras garantías individuales, cuando se afecte nuestra soberanía nacional, cuando se pretenda modificar el dominio de la nación sobre los recursos naturales, la división de poderes o la forma de gobierno. Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto: Artículo Unico. Se reforma la fracción I del artículo 35, la fracción III del artículo 36, el artículo 39, el artículo 40, el segundo párrafo del artículo 71, el artículo 115 y el artículo 135. Se adicionan el artículo 35 con una fracción VI, el artículo 41 con una fracción V y el artículo 71 con una fracción IV. Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: Fracción I. Votar en las elecciones populares y en los procesos de plebiscito y referéndum. Fracción VI. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión. Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: Fracción III. Votar en las elecciones populares y en los procesos de plebiscito y referéndum en los términos que señale la ley. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, así como de revocar el mandato de los titulares electos de los órganos del poder público. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa y participativa federal, compuestas de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Artículo 41 fracción V. El Instituto Federal de Participación Ciudadana será el órgano autónomo responsable de promover programas de generación y consolidación de ciudadanía a través de los medios de comunicación y de los programas educativos del sistema federal de educación pública y organizar los procesos de referéndum y de plebiscito, estará facultado para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, y tendrá la obligación de comunicar sus resultados a los poderes de la Unión y a la ciudadanía en general. Las normas para la procedencia, convocatoria y organización del referéndum y plebiscito y la revocación de mandato serán establecidas en la ley reglamentaria correspondiente. El derecho de solicitud de referéndum y plebiscito corresponderá a los ciudadanos cuando lo soliciten al menos el dos por ciento de los inscritos en el padrón electoral y pertenezcan al menos a una tercera parte de estados de la federación, incluido el Distrito Federal, a una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, y el Presidente de la República se someterá a plebiscito en los términos que disponga la ley, propuestas de decisiones o actos del Presidente de la República, considerados trascendentales para el orden público o el interés de la nación. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: Fracción IV. A los ciudadanos. Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República o las Legislaturas de los estados, por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presenten los ciudadanos seguirán los requisitos que marque la ley correspondiente, las que presenten los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates. Artículo 73. El Congreso tiene la facultad para legislar en materia de democracia participativa. Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, democrático, representativo, participativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa y del municipio libre conforme a las bases siguientes: Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada, para que las ediciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los estados. Se realizará el referéndum constitucional de manera obligatoria cuando se trate de iniciativas que tengan por objeto la derogación, adición o reforma a esta Constitución, que versen sobre las garantías individuales, los derechos políticos, la soberanía nacional, el dominio de la nación sobre los recursos naturales, la división de Poderes y la forma de gobierno. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención. Muchas gracias.