El diputado Luis Antonio González Roldán: Honorable Asamblea. El dictamen que ahora presente y discuta ante este pleno, es de la mayor importancia y no sólo por tratarse de una reforma a nuestro máximo ordenamiento, nuestra Constitución Política, sino porque este dictamen va encaminado a tratar un tema que en los últimos tiempos ha sido de gran importancia e impacto dentro de la vida de nuestro país, me refiero al tema sobre la materia de responsabilidades de los servidores públicos. Este dictamen propone la reforma al primer párrafo del artículo 108 para nombrar de una manera más precisa a la totalidad de los servidores públicos, que componen los poderes que conforman al Estado, especialmente a los servidores públicos del Poder Legislativo y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su totalidad, así como también los que comprenden los órganos reconocidos por esta Constitución, para que en su momento puedan ser señalados por cualquier acción u omisión que estos realicen y que estas acciones estén dentro del régimen contenido dentro del Título Cuarto de nuestra Carga Magna. Es oportuno el mencionar que en relación a las iniciativas presentadas dirigidas a tratar este tema en su totalidad, planteaban la necesidad de una delimitación en cuanto a los sujetos que componen el concepto de servidor público y en dichas iniciativas coincide que debe ser toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión para el Estado, para que con la finalidad de que con base en el marco jurídico, se pueda demandar el cumplimiento de las obligaciones que por disposición legal se está obligado a cumplir. También es de gran importancia tener en cuenta que actualmente los servidores públicos al llevar a cabo su función, están obligados a realizar la finalidad de éstas, la cual esencialmente es trabajar por el bienestar social de todo gobernado, siendo necesario contar con la seguridad de que cualquier conducta de algunos de estos actores, que vaya dirigido a un detrimento social, pueda y deba ser sancionada, por lo que uno de los desafíos que enfrenta nuestro país en la actualidad es sin duda alguna, garantizar el desempeño, transparencia y ético de todos y cada uno, sin excepción alguna. Como miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual a través de un arduo trabajo para el análisis, discusión y propuesta desarrollado para este dictamen, coincidimos en que establecer un marco jurídico eficaz en materia de responsabilidades de los servidores públicos, es necesario para contribuir a la plena vigencia del estado de derecho, por lo que parte insustituible en la integración de ese marco jurídico eficaz, es la reforma a nuestra Carta Magna, en la que habrán de fundamentarse las leyes que determinen la obligación de responder en caso de incumplimiento, por lo que constituye un pilar fundamental en el que puede descansar la buena marcha y funcionamiento de las instituciones públicas. Continuar este gran esfuerzo que se plantea en este dictamen, para que de manera de no existir ninguna duda en que el destinatario de las normas jurídicas en materia de responsabilidades lo constituye la totalidad de los servidores públicos, debiendo entender reitero- por este concepto a la persona física que por disposición de ley, elección popular, nombramiento, designación o contratado por trabajo, ejerza o participe en el ejercicio de las funciones públicas en cualquiera de los Poderes de la Unión. Siendo así, la obligación por parte del Legislativo realizar las reformas correspondientes para considerar a la totalidad de los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos aquellos órganos a los que constitucionalmente se les otorgue autonomía, para evitar la creación de problemas derivados de la interpretación de este artículo 108 constitucional, pues si no se hiciere, se continuaría con las posibilidades de controversias derivadas en relación a quienes están contemplados dentro del término "servidores públicos", debido a que es necesario especificar de manera minuciosa las personas que deben de ser susceptibles de obligaciones y en su caso, sanciones propias, de los servidores públicos al servicio de la sociedad. A todo lo anterior, refiriéndome exactamente a que no se encuentran comprendidos en este artículo 108 constitucional la totalidad de personas que, siendo servidores públicos del Poder Legislativo y no se encuentran aquí señalados, es decir tan sólo se encuentran dentro de este artículo los servidores que han sido elegidos popularmente, por lo que el resto de las personas que laboran en dicho Poder del Estado pudiera entenderse que no están considerados en el texto. A lo anterior también se suma la falta de inclusión de los servidores públicos que integran otros organismos de Gobierno, como aquellos que cuentan con autonomía provistos por nuestra Carta Magna. El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya menciona al Instituto Federal Electoral, por lo que es necesario que los miembros que prestan sus servicios en los otros organismos autónomos considerados por la Constitución, sean incluidos en nuestro texto constitucional. En relación a todo este contexto ya expuesto, se ha tenido que llegar a instancias judiciales para que por medio de interpretaciones jurisprudenciales se pueda llegar a la conclusión de que toda persona que labore para el Estado o bien, que maneje Erario Público, tiene que estar considerado como servidor público, por lo que la importancia de esta reforma es más que necesaria; es evitar que se llegue a estas instancias, es resolver el problema de fondo para así poder aspirar a este marco jurídico por el que se puede cubrir toda posible controversia en cuanto a su interpretación. También es de considerarse que en las leyes secundarias ya se encuentran señalados estos servidores públicos, como ejemplo el Código Penal Federal en su artículo 212, el cual hace mención de que será considerado como servidor público a toda persona que labore o desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro del Congreso de la Unión. Es entonces, de acuerdo a lo anterior, otra razón más para impulsar esta reforma y adecuar nuestra Carta Magna a las necesidades actuales para poder exigir a cualquier servidor público, su obligación para realizar su trabajo con honradez, probidad y eficiencia para con la sociedad y que ésta misma esté capacitada para exigirle cuentas para que acrediten el buen desempeño de su cargo y que no sea por falta de una legislación adecuada, por la que este servidor público se consideraría fuera de cualquier obligación para demandarle un desarrollo en su función de manera transparente. Del análisis del texto constitucional, así como de su historia legislativa en lo que se refiere a la materia de responsabilidades de los servidores públicos, puede válidamente arribarse a la conclusión de que, considerada la falta de señalización expresa en el artículo 108 constitucional de los empleados al servicio del Congreso de la Unión, así como de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los organismos autónomos a los que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorgue autonomía, es procedente realizar la reforma que se propone con objeto de que esas personas queden sujetas al régimen de responsabilidades que establece el Título 4º de nuestra Carta Magna, por lo que el dictamen que se propone a consideración de este pleno representa un avance en el diseño constitucional que nuestra Ley Fundamental ofrece para evitar conflictos futuros en relación a la integración de lo que se refiere a quién considerar como servidor público. Por esta razón, consideramos que las virtudes del presente dictamen, lo hacen merecedor de su apoyo y aprobación. En resumen, dicha reforma va encaminada a que la sociedad se sienta segura, de que las personas que se encuentran para su servicio, están obligados a trabajar con toda transparencia y con la obligación para rendir cuentas. Es en tal virtud, que estimo conveniente solicitar respetuosamente a todos ustedes, compañeros, emitir el voto a favor del mismo. Muchas gracias.