EL C. DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: México enfrenta hoy una situación particularmente compleja, caracterizada por un prolongado y costoso estancamiento económico y un cuestionamiento al sentido social de la actividad política. La premisa de que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone se ha interpretado como una participación limitada del Congreso en la promoción de reformas estructurales que el país requiere para atender las demandas sociales, promover el crecimiento económico y darle viabilidad a nuestro proyecto de nación libre, democrática y soberana. Los nuevos tiempos reclaman asumir las tareas pendientes y la necesidad de decirle a la sociedad que, por convicción y principios, el Legislativo también propone. La crisis profunda de la economía mexicana que se expresa en desempleo, subempleo y desigualdad crecientes, pérdida de dinamismo del mercado interior y debilitamiento de la competitividad externa limitan la capacidad de respuesta del Estado y plantean la urgencia de que el Congreso realmente influya en la elaboración de las políticas públicas. Para lograr este objetivo es importante adelantar la discusión del paquete económico y fomentar un entorno caracterizado por la certidumbre, ingrediente indispensable para propiciar políticas sólidas y creíbles en materia fiscal, monetaria y financiera. Es indispensable, hoy como nunca, una mayor voluntad de coordinación del Ejecutivo con el Legislativo para impulsar reformas que lleven a transformar realidades y permitan a los agentes económicos conocer las bases con las que se formularon el presupuesto y la Ley de Ingresos. En la era de la globalización y el libre mercado México no puede quedarse a la zaga de otros países que planean con oportunidad sus presupuestos y eficientan el ejercicio del gasto público, lo que les permite enviar señales claras de confianza a los diversos sectores sociales y a la comunidad financiera. En ese sentido la iniciativa de reforma constitucional que hoy pongo a la consideración de esta soberanía contempla reformar la fracción IV del artículo 74 constitucional para adelantar al 5 de septiembre la presentación del paquete económico enviado por el Ejecutivo, para ampliar los plazos en el examen y discusión del paquete económico y precisar como fecha límite para aprobar la Ley de Ingresos el 31 de octubre y el presupuesto de egresos a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a su ejercicio. Esto es así porque las agobiantes necesidades del país demandan eficientar el ejercicio del gasto público y dar certeza a la planeación del gobierno federal,. de estados y municipios, así como de los diferentes agentes que esperan la aprobación de la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos. La incertidumbre que genera la falta de acuerdos políticos para aprobar el presupuesto en el umbral del nuevo ejercicio fiscal tiene un alto costo económico y social. Las negociaciones apresuradas limitan la reflexión y el debate y dificultan realizar un trabajo legislativo que desemboque en planteamientos integrales, coherentes y viables. Las modificaciones jurídicas contenidas en esta iniciativa, parten de la tesis de que las reformas estructurales deben pasar por una reforma presupuestaria de fondo. Para ello es necesario ampliar los plazos de discusión de las fuentes de ingreso, de las variables económicas que sirven como base para la elaboración del Presupuesto, así como del ejercicio de los recursos públicos asignados a la Federación, estados y municipios. Esta iniciativa amplia los alcances del Poder Legislativo en el proceso de integración, revisión y aprobación del paquete económico que anualmente envía el Ejecutivo al Congreso y establece mecanismos de comunicación horizontal, con el Gobierno, para que no sólo participemos en la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, sino que con antelación contribuyamos a la integración de los programas, les demos seguimiento y evaluemos sus resultados para asignar recursos suficientes a los que sí estén cumpliendo su cometido. Si queremos acreditarnos como fluidos interlocutores entre la población y el Estado, las líneas deben venir de la sociedad que demanda no legislar al vapor y discutir con suficiencia los delicados instrumentos de política económica que nos permitan superar desigualdades y rezagos, cancelar injusticias y abrir un horizonte más promisorio para la nación mexicana. Demandamos un Estado que abdique de su papel como regulador, promotor y árbitro del desarrollo, pero también, un Poder Legislativo que en el marco de la división de poderes, asuma su responsabilidad de velar por los intereses de la sociedad y promueva los cambios que destinan con rasgos de equidad y justicia, un país donde nadie se sienta excluido. El proceso de evolución democrática en que el Congreso ha adquirido una mayor autonomía e independencia y el hecho de que en la actualidad no hay fuerza hegemónica que pueda determinar por si sola el sentido de la mayoría, implica un arduo de trabajo de argumentación y negociación partidista en torno a temas sustantivos para la aprobación de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la revisión de la Cuenta Pública Esta iniciativa busca corregir los desfases en el ejercicio del Presupuesto por parte de la Federación, los estados y los municipios que tradicionalmente no lo aplican a partir del primero de enero, como sería lo pertinente, sino meses después, incurriendo en subejercicios y afectando con ello la oportunidad y eficiencia de los programas sociales. Pretende, también, construir el entramado jurídico para realizar una reforma fiscal que bien estructurada, impida perder juicios interpuestos por las empresas inconformes con el esquema tributario contemplado en la Ley de Ingresos y dé certeza jurídica. La agenda legislativa del Congreso debe contemplar a mi juicio, una serie de temas que ya no pueden esperar. De las reformas estructurales pendientes, la Reforma Hacendara es indispensable para dar certidumbre e incentivar la inversión y con ello el empleo, el crecimientos sostenido, el desarrollo rural y la promoción de los servicios básicos para todos. Esta iniciativa es el primer paso para avanzar en ese sentido y generar las condiciones que den certidumbre al proceso de planeación económica. El pragmatismo que antaño ha definido la discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, lleva a suponer a la opinión pública que su aprobación es solo un trámite formal sin mayor contenido. Sabemos que no es así. Por ello mi interés de adecuar los tiempos al significado político de esta tarea y abrir la puerta a los análisis amplios y profundos, contando con el tiempo suficiente que nos permita dar seguridad y certeza a la sociedad de que sus intereses, sus demandas y sus esperanzas, tienen cabida en el Presupuesto autorizado por el Congreso. Este es el espíritu de la iniciativa que hoy someto a la consideración de esta soberanía, a la que han sumado su simpatía compañeros diputados del PRD, del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, del Partido Convergencia Democrática y la solidaridad plena de mis compañeros diputados del PRI y que seguramente será analizada con toda atención e interés en las Comisiones respectivas. -