El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, presidente Sauri. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Justicia presento a este pleno dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos forestales. Kofi Annan, quien fue uno de los secretarios más notables de la Organización de las Naciones Unidas y bajo cuya gestión cobró gran fuerza la conciencia mundial acerca de la importancia del cuidado ecológico, afirmó que salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible, es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los sentimientos para la paz. Esta premisa fundamental, no puede encontrar mejor lugar de aplicación en México, pues nuestro país tiene una biodiversidad que ronda el 12 por ciento de las especies de flora y fauna conocidas, ubicándose en el quinto lugar a nivel mundial entre los 12 países megadiversos. Además, dicha riqueza biológica coincide con lugares donde tienen su asentamiento comunidades con un alto nivel de marginación o de población indígena, lo cual hace factible que el aprovechamiento sostenible de tales recursos sea también una alternativa viable para erradicar la pobreza. Sin embargo, para lograr este, que es el número 15 de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, es necesario combatir los diversos obstáculos y fenómenos que atentan contra la preservación de la biodiversidad. Uno de estos fenómenos es el de la tala ilegal, la cual pone en riesgo particular la preservación de biomas como los bosques y las selvas. Para poner en contexto la dimensión de este problema, es pertinente mencionar que de acuerdo con la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el 70 por ciento de la madera que se consume en el país, aproximadamente 14 millones de metros cúbicos tienen origen ilegal. El problema presenta una segunda dimensión, si se considera que del 60 por ciento del territorio nacional que se considera área forestal, aproximadamente el 69 por ciento es propiedad social de ejidatarios o de comuneros. Lo cual hace que estas poblaciones sean víctimas frecuentes de otros delitos relacionados, como fraude, amenazas o extorsión. Por otra parte, quienes se dedican a esta actividad ilegal, frecuentemente construyen asentamientos en los lechos de lagunas, presas o ríos para concentrar la madera obtenida. Esta apropiación ilegal generalmente se acompaña de la destrucción, daño o sabotaje de los mecanismos de abasto de agua de estos cuerpos acuíferos, lo cual también tiene consecuencias negativas para las poblaciones aledañas, al privarlas del derecho al agua. Como se puede observar, se trata de un fenómeno delictivo multifactorial, que por su constante desarrollo ha quedado fuera del alcance de las previsiones normativas vigentes en la legislación penal. Por ello, en la Comisión de Justicia hicimos eco de la intencionalidad expresada en las iniciativas de los diputados, la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz y el legislador David Orihuela Nava, en las cuales proponen atender de forma integral este problema. La propuesta que se construyó, con el consenso de las fuerzas políticas representadas en la comisión, consiste en considerar como fraude la regularización de predios, lotes o terrenos cuya posesión sea ilegal o carezca de los permisos emitidos por la autoridad ambiental correspondiente, o cuando se ubiquen en las áreas naturales protegidas establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. También se establece como circunstancia agravante del delito de despojo de agua los casos en los cuales la conducta se cometa en los límites de áreas naturales protegidas definidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico o las catalogadas en convenciones internacionales, sin la autorización de la autoridad ambiental. Por otra parte, se establece una calificativa para el delito de tala ilegal, en los casos en que la conducta se cometa en comunidades indígenas, zonas agrarias, comunidades y/o ejidales. Asimismo, se establece un agravante si en la ejecución de la conducta se utiliza violencia física o armas de fuego. Finalmente, se considera entre los delitos contra la biodiversidad el caso en el cual se dañe, deseque o destruya la infraestructura de abastecimiento de agua en presas que forman parte de áreas naturales protegidas. Termino, presidente Sauri. Con esta reforma integral para sancionar la tala ilegal en sus múltiples dimensiones, damos un paso decisivo para combatir este fenómeno criminal y, al mismo tiempo, proteger a nuestras comunidades indígenas y a las comunidades rurales marginadas. Este es un momento histórico oportuno para preservar el medio ambiente, pues nuestra riqueza en la biodiversidad no es una herencia de quienes nos antecedieron, sino un préstamo por parte de las futuras generaciones. Por ello, diputadas y diputados, los invito a votar a favor el presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.