El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, hago uso de esta tribuna para exponer ante ustedes la necesidad de cubrir una deuda histórica con los estados más pobres de México, y en consecuencia modificar nuestra Ley Orgánica para darle atención al problema de desarrollo regional sur-sureste, para que nuestro trabajo como legisladores esté a la altura del problema de la desigualdad en el desarrollo que afecta a 10 entidades y a más de 37 millones de mexicanos. Esta Cámara debe estar a la altura de los grandes problemas nacionales y mirar uno de los más graves, el desequilibrio en el desarrollo regional. Existe una contradicción entre las leyes federales y la dura realidad de los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Hidalgo y Michoacán. De acuerdo al artículo 25 de la Constitución, el desarrollo nacional debe ser integral y permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, y la Ley de Planeación señala como finalidad lograr un desarrollo equilibrado del país, ¿pero eso se cumple?, definitivamente que no. El modelo de desarrollo no está corrigiendo las desigualdades, de forma que aún permanecen asimetrías. Según las Naciones Unidas, el país está escindido, vivir en el Distrito Federal o Nuevo León permite gozar de una calidad de vida semejante a países europeos, como Polonia y la República Checa, pero al mismo tiempo vivir en Oaxaca, Guerrero y Chipas significa condiciones de vida inferiores a la de Argelia, en África. Lo anterior no significa que no exista pobreza en otras partes del país, pero asumamos que en todas las mediciones nacionales e internacionales, los casos del sur-sureste son especialmente graves. Sus habitantes concentran los menores índices en calidad de vida, además de carencias en infraestructura pública. Son los pobres de los pobres. Ahora bien, pareciera que corregir ese desequilibrio es únicamente responsabilidad del Ejecutivo, cuando desde el Legislativo se puede y se debe actuar con mayor energía y mayores recursos. Para empezar, démosle atención y relevancia al problema del desarrollo regional, con un esfuerzo permanente que impulse la inversión en proyectos de gran impacto y así ir superando tendencias inerciales. Aquí no se trata de un problema simplemente geográfico. Se trata de saber si los legisladores tenemos o no la voluntad de reclamar y exigir que se abran espacios para abordar el desarrollo con una perspectiva regional y que focalice las zonas de mayores carencias. No es sólo un asunto de crear una u otra comisión, sino de tener sensibilidad y actuar para atender las grandes carencias del sur-sureste. Lo que vengo a proponer, compañeras y compañeros, es muy sencillo, pero es de gran relevancia, consiste en modificar el artículo 39 de nuestra Ley Orgánica, para que la actividad de la Comisión Sur-Sureste no esté limitada a un acuerdo parlamentario y sea fortalecida al convertirse en comisión ordinaria. Ya tenemos casi 10 años en los que se conforma una comisión especial, pero el problema es que sus integrantes no tienen capacidad de dictamen y terminando siendo invitados a opinar en los trabajos legislativos de las comisiones ordinarias. Ese nivel de atención corresponde al pasado. Fue una salida para encausar los reclamos de las entidades, pero con la experiencia acumulada se puede dar un paso más. Crear una comisión ordinaria enfocada al desarrollo regional sur-sureste, tendrá como ventaja que los legisladores que integren dicha comisión puedan dictaminar leyes o decretos, participar a cabalidad en la aprobación del Presupuesto de Egresos y seguir su evolución. Compañeras y compañeros diputados, los invito a respaldar este proyecto que tiene el respaldo de legisladores de cinco fracciones parlamentarias. Por ello, reconozco y agradezco el respaldo y la solidaridad de las diputadas: Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Movimiento Ciudadano; a Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo; a Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional; a María de las Nieves García Fernández, del PRI; a los diputados Samuel Gurrión Matías y Martín Vásquez Villanueva, del PRI; así como a Víctor Rafael González Manríquez, del PAN; a Juan Luis Martínez Martínez y José Soto Martínez, del Movimiento Ciudadano. De igual modo, a todas las diputadas y diputados del PRD, que respaldan la presente iniciativa. Acudo a la sensibilidad social y política de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, para que hagan suya la propuesta y ayuden a corregir el desequilibrio del desarrollo, lo que sin duda le agradecerán los habitantes de las entidades más pobres de México. Reconozcamos que existe un desarrollo desequilibrado y que la región sur sureste concentra los casos extremos y empecemos nosotros mismos a darle relevancia a este tema. Al aprobar esta iniciativa estaremos demostrando que tenemos la decisión necesaria para resarcir la deuda histórica que tenemos con las comunidades del sur sureste. Muchas gracias por su atención.