La diputada Maricela Contreras Julián: Compañeras y compañeros legisladores. Por supuesto que estamos en contra de aprobar la Ley de Seguridad Interior en los términos en los que se ha presentado. Lo estamos, porque se pretende denostar el papel de las Fuerzas Armadas imponiéndoles obligaciones que no les corresponden, se les quieren endilgar la responsabilidad ante la incapacidad, corrupción, falta de profesionalismo, incluso la propia complicidad de los cuerpos policiacos con la delincuencia. Pretenden condenar a una de las pocas instituciones con credibilidad en el país, a ser partícipe del rotundo fracaso que han llevado los gobiernos de Calderón y Peña Nieto a la estrategia de seguridad del país. Que quede claro, reconocemos el trabajo que el Ejército realiza en esta noble labor en la sociedad mexicana, auxiliándola en los desastres nacionales y atento a la defensa de la soberanía nacional. Estamos en contra de la manera en que quieren perpetuar un error histórico que ha dejado muerte y terror en la sociedad. La guerra contra el narcotráfico ha salpicado de sangre a las Fuerzas Armadas y eso no tiene ninguna justificación. Y no es responsabilidad del Ejército, es claramente un señalamiento a los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas en estos 10 años que tienen nombre y apellido: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Morena propone moción suspensiva de este dictamen, pues hay severas dudas sobre la eficacia, pertinencia de esta ley y de su constitucionalidad. Dudas expresadas por organismos nacionales e internacionales con la calidad moral para cuestionar la Ley de Seguridad Interior. Por citar algunos ejemplos: Una definición amplia y ambigua de seguridad interior, que permitiría configurar prácticamente cualquier conducta como un riesgo en sí misma. La posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención del delito. La transgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades entregar cualquier información por seguridad interior. En resumen, la ley no contiene los mínimos estándares de respeto de los derechos humanos ni las bases para atacar el problema estructural de la inseguridad en nuestro país. No hay base constitucional para legislar en la materia de seguridad interior. Se contravienen las obligaciones convencionales respecto a la promoción de los derechos y las tareas del Estado materia de seguridad pública. No nos confundamos, las autoridades civiles, no las militares, deben encargarse de velar por garantizar a la sociedad vivir sin violencia. Debemos trabajar para que tengamos un modelo policial que realmente responda a las exigencias de la sociedad y no regatear como lo hicieron ayer sepultando el Mando Mixto en este país. La solución no es esta ley, se requiere de una intervención integral que no está contenida en el proyecto de dictamen. Ya se han puesto sobre la mesa un sinfín de propuestas para mejorar las condiciones de seguridad en México, y todas han sido ignoradas. Para combatir la violencia no se requieren más militares en las calles, se requiere un Estado de bienestar social y de derecho que han sido desmantelados, donde se generen empleos bien remunerados y opciones de educación...