LA DIP. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA: Gracias, diputada Presidenta. A los miles de mexicanos y mexicanas que el día de hoy levantan su voz en defensa de los excluidos y de la soberanía nacional; a lo que piensan que otro mundo es posible. Compañeras y compañeros: estamos en un mundo con avances científicos y tecnológicos impensable hace algunos años, donde se realizan millones de operaciones financieras por minuto capaz de transmitir y distribuir millones de datos e imágenes y sonidos en segundos, pero incapaz de actuar frente al gran drama humano que representa la pobreza y el hambre, incapaz de reaccionar frente a la muerte por hambre y enfermedades curables de millones de seres humanos. Estamos en un mundo que ha mostrado su profunda capacidad de globalizar la equidad, la justicia y el desarrollo, incapaz de distribuir los beneficios de los avances de la ciencia y tecnología. Lamentablemente México no ha escapado a las inercias que impone el modelo globalizador vigente, la pobreza ha crecido y el estado ha sido incapaz de enfrentar de forma eficiente e integral este fenómeno. Esta situación nos plantea un problema fundamental, se traba de un asunto de concepción, ya que se asume la desigualdad social como circunstancias desvinculadas de la aplicación del modelo económico; a pesar de los esfuerzos no se ha logrado rebasar la visión que ubica la política social como la ambulancia que recoge a los damnificados que genera la política económica. Por ello para el PRD, esta ley es una respuesta clara al dogmatismo económico, que postula la obediencia ciega a los recetarios de los organismos financieros y que relegó la cuestión social y la colocó como un asunto restringido a las personas imposibilitadas para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Para nosotros, la Ley General de Desarrollo Social que hoy votamos, representa un paso adelante en la construcción del andamiaje jurídico para garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales del Estado Mexicano, con ello avanzamos en la implantación de políticas públicas de largo aliento, que trasciendan los límites sexenales, las coyunturas políticas y las modas discursivas. Sin duda es mérito y debería de ser un buen presagio para esta Legislatura, que la primera ley que se aprueba en esta Cámara sea la que aborda de forma integral la cuestión social; todos coincidimos que el desarrollo social y la superación de la pobreza son causas que reúnen el consenso, que convocan al diálogo, al trabajo y a la suma de esfuerzos, pero pocas veces logra colocarse en la agenda de los asuntos urgentes, en lo ineludible. Esta Ley tiene su origen y sustento en la necesidad imperiosa de abordar uno de los grandes temas nacionales y colocarlo en el centro articulador de las políticas y estrategias de desarrollo, de redimensionar la cuestión social y de construir un Estado socialmente responsable. Por ello presentamos en la LVII Legislatura la primera iniciativa de Ley General de Desarrollo Social, que después fue retomada por el Senado y reunió el trabajo y esfuerzo de los legisladores integrantes de todos los grupos parlamentarios. Para nosotros, la aprobación unánime de esta Ley es un avance que sintetiza la voluntad de los partidos políticos de avanzar en crear un nuevo marco jurídico para el desarrollo social, aunque quedaron fuera algunos temas importantes para nuestro partido, como la autonomía del órgano encargado de medir la pobreza y la modificación de los criterios de asignación de los recursos del ramo 33. Es un instrumento jurídico, que tiene por objeto garantizarle a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos sociales establecidos en la Constitución, que designe los criterios y principios de la política nacional de desarrollo social. Es una Ley que promueve una política social distributiva, solidaria, transparente, integral, sustentable, participativa, con respeto a la diversidad y a la libre autodeterminación de los pueblos indios. Es una Ley que establece derechos y obligaciones para los sujetos del desarrollo social, particularmente de los beneficiarios de los programas de desarrollo social. Es una Ley que establece que el municipio será el principal ejecutor de la política social; es una Ley que declara de interés público los programas, fondos y recursos, orientados a educación, atención médica, superación de la pobreza, zonas de atención prioritaria, alimentación, abasto social, vivienda, a la generación de empleo, actividades productivas, al sector social de la economía y los dirigidos a la construcción de infraestructura para agua potable, electrificación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano. Es una Ley que protege el gasto social al sujetarlo a los siguientes criterios: Primero, que no podrá ser menor en términos reales que el asignado el año inmediato anterior; que tendrá que incrementarse cuando menos en la misma proporción del Producto Interno Bruto que señalen los criterios generales de política económica presentados por el Ejecutivo; que para su distribución el gasto social per cápita no podrá ser menor en términos reales que el asignado en el año inmediato anterior; que las partidas de los programas de desarrollo social no podrán ser transferidas a fines distintos a los aprobados por la Cámara de Diputados. Es una Ley, que por primera vez en la historia legislativa, establece criterios para le definición y medición de la pobreza y los convierte en obligatorios para las dependencias que participan en la ejecución de la política de desarrollo social. Es una Ley federalista, que crea el Sistema Nacional de Desarrollo Social como mecanismo permanente de concurrencia, coordinación y concertación en el Gobierno Federal, los estados, los municipios y los sectores sociales y privados. Es una Ley que coloca la evaluación de la política social como un asunto prioritario; que establece criterios, tiempos y modalidades para la realización de estos estudios y obliga a publicar sus resultados y a remitirlos a la Cámara de Diputados. Es una ley que crea un órgano especializado para la medición de la pobreza, con autonomía técnica y funcional para determinar las líneas oficiales de pobreza y dar cuenta de su evolución. Compañeras y compañeras, al aprobar esta ley rebasamos las fronteras que limitaron el desarrollo social, ponemos los cimientos para rebasar la visión asistencialista, fragmentada y excluyente de la política social, con esta ley la política social tendrá que transformarse en un instrumento eficiente para enfrentar la desigualdad social y económica. Esperamos que con la aprobación de esta ley, esta Legislatura asuma su compromiso con la mayoría de los mexicanos, con los que menos tienen. Que esta Legislatura se destaque por su responsabilidad social, y que los asuntos que se aprueben no afecten aun más a los millones de mexicanos en situación de pobreza. Tendremos grandes retos enfrente, que la justicia deje de ser un ideal, que los principios constitucionales y las leyes que emita esta soberanía, se cumplan y se conviertan en derechos exigibles. Contamos que esta ley pase su prueba de fuego, que será la aprobación del Presupuesto de Egresos, donde se tendrá que expresar con claridad, los compromisos que hoy asumimos con beneplácito, es decir, lograr que el gasto público se convierta en el principal instrumento económico, para garantizar el bienestar de la población. Muchas gracias. -