La diputada Patricia Flores Elizondo: Con su permiso, señora presidenta. Estimados compañeros, hoy nos encontramos ante una iniciativa trascendental para el desarrollo de nuestra nación, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Perdón, perdón, perdón. También estamos reunidos para reflexionar sobre uno de los problemas más persistentes que enfrenta nuestro país, la corrupción. Un mal que ha lastrado el desarrollo de México durante décadas y que sigue siendo un obstáculo para la justicia social, el bienestar económico y la confianza en nuestras instituciones. La corrupción no sólo mina los recursos públicos, sino que erosiona la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las mismas bases de la democracia. No cabe duda de que la lucha contra la corrupción es uno de los pilares sobre los cuales se deben de construir las bases de un México más justo y próspero. Por ello, no es suficiente con un discurso o promesas vacías, es necesario actuar con firmeza, con justicia y con la voluntad de transformar las estructuras que han permitido que la corrupción se perpetúe en las instituciones. Es alarmante como en los últimos años se han registrado diversos casos de corrupción que han involucrado a funcionarios de alto nivel, así como a actores cercanos al gobierno de Morena y que hasta la fecha no han sido castigados. Esta situación ha sembrado un gran escepticismo en la población, que comienza a dudar de la verdadera intención de la actual administración para erradicar este flagelo. Sin embargo, un punto fundamental es fomentar la rendición de cuentas, lo cual es necesario para combatir la corrupción y garantizar que los recursos lleguen donde más se necesitan, al bienestar del pueblo de México. Sin embargo, a pesar de los pequeños avances que esta ley promueve, existe una cuestión que no podemos pasar por alto, la reciente decisión de eximir a la Secretaría de la Defensa Nacional de la aplicación de esta ley. Esta medida, aunque pudiera tener justificaciones que se relacionen con la seguridad y la naturaleza de las tareas que realiza la Sedena, presenta un serio cuestionamiento a la coherencia del sistema legal y su capacidad para garantizar la transparencia en todas las áreas de gobierno. Es importante reconocer que, si bien la Sedena desempeña un papel crucial en la seguridad y defensa nacional, la falta de regulación en sus contratos de obras públicas y servicios relacionados abre la puerta a irregularidades. No podemos permitir que por el simple hecho de pertenecer a una institución de seguridad se escape a las normas que todos los demás sectores deben de cumplir. La Sedena, al igual que otra dependencia, debe de rendir cuentas ante la sociedad, y sus recursos deben de ser gestionados de manera honesta y eficiente. La Ley de Obras Públicas no es un obstáculo para el desarrollo ni para la seguridad nacional, sino una herramienta que busca equilibrar el crecimiento con la ética y la transparencia. Eximir a la Sedena de esta ley no sólo pone en riesgo la confianza de la ciudadanía en el gobierno, sino que también abre la puerta a posibles malas prácticas que a largo plazo pueden tener impacto negativo en la reputación de la institución y en la estabilidad económica y política del país. Por eso, hago un llamado para que reconsideren esta excepción. La Sedena, como cualquier otra institución pública-política debe ser parte del mismo marco legal que todos debemos seguir. Esto no significa cuestionar su importancia ni su función, que quede claro, sino simplemente garantizar que, como todos, cumpla con los principios de transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en el uso de los recursos del Estado. El desarrollo de infraestructura en México es una prioridad, pero no podemos permitir que en el proceso se pierda de vista la integridad y la equidad. Todos debemos ser parte del mismo esfuerzo por construir un país más justo, más seguro y más próspero. La Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas es una excelente herramienta para ello, pero debe ser aplicada a todas las instituciones sin excepción. Y no quisiera cerrar, compañeros, mi intervención sin tocar otro tema. Llevamos más de 200 días en esta legislatura y aún sigue pendiente la reducción de la jornada laboral, 40 horas ahora. Gracias.