El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de usted y de nuestras compañeras y compañeros diputados. El delito de desaparición forzada de personas es considerado en el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad, toda vez que comete y se comete con todas las preeminencia que implica el abuso de poder. El sólo hecho de desaparecer a una persona constituye una conducta que atenta directamente contra sus derechos humanos, fundamentalmente los civiles, los políticos, económicos, sociales y culturales. A la comisión del delito se suma el agravante de que la conducta es cometida por agentes del Estado mediante la planeación, orden, ejecución y supervisión de funcionarios públicos, cuyo deber primordial debería ser precisamente la protección de la ciudadanía. La desaparición forzada crea incertidumbre sobre el paradero de la víctima. Apelar a la acción por parte de las autoridades de procuración de justicia en esta terrible situación suele convertirse en una petición casi imposible, dado que la detención no ha sido reconocida oficialmente y se mantiene intencionalmente en secreto de todos. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, el número de personas no localizadas con denuncia formal asciende a 22 mil 322 víctimas. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido un total de 12 recomendaciones por causa de desaparición forzada. La impunidad, compañeras y compañeros diputados, es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y es una muestra evidente de que no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y reparar el daño, garantizando el derecho a la verdad. En el Partido y en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que el Estado mexicano se encuentra obligado a luchar contra este lacerante crimen, estableciendo políticas eficaces que den un combate frontal a quienes emplean la fuerza del Estado para atentar contra la ciudadanía sustrayendo a la víctima de su vida cotidiana. En esta lucha el Poder Legislativo, al que tenemos el placer de pertenecer, juega un papel primordial al establecer un marco jurídico que sustente el actuar de las autoridades y dote de las herramientas legales necesarias para que se pueda castigar a los responsables de este delito. Conscientes de esta alta responsabilidad que tenemos dentro del Congreso de la Unión, en Nueva Alianza presentamos una iniciativa que reformaba y adicionaba diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de desaparición forzada de personas, que sumada con la presentada por mi compañera Miriam Cárdenas, busca dar cumplimiento a los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos el Estado mexicano tiene aún pendiente. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente punto de acuerdo, que exhorta a las Legislaturas locales a que se sumen a este esfuerzo que debemos de emprender armónicamente todas las autoridades. La necesidad de justicia que reclaman las víctimas de este doloroso delito nos exige actuar de manera inmediata ante el inmenso dolor de perder a sus seres queridos. Por su atención muchas gracias, presidenta, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.