El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados. En Movimiento Ciudadano respaldaremos este dictamen que reforma los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sin embargo deseo dejar ante ustedes una serie de reflexiones esperando les merezcan algún valor. En primer lugar, señalar que el artículo 26 de la Constitución establece que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal. En consecuencia, el Plan Nacional de Desarrollo no es un programa de gobierno expuesto como propaganda. Debe tener un contenido social y objetivos concretos, pero no en los términos que sólo sean mejores a juicio de los gobernantes, sino que deben obedecer al mandato constitucional explícito que se establece en el artículo 26 de la Constitución en los siguientes términos. Que los fines del proyecto nacional, contenidos en esta Constitución, determinarán los objetivos de la planeación. Y al final del artículo 26 se establece con toda claridad que en el sistema de planeación democrática el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señala la ley. Sin embargo, la Ley de Planeación en su artículo 5o. reduce esa disposición al hecho de que el presidente de la República remitirá al Congreso de la Unión para su examen y opinión. Y más adelante dice que el Poder Legislativo formulará asimismo las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan. Es decir, reduce de manera notoria la intervención de esta Cámara respecto a la valoración del Plan Nacional de Desarrollo. La modificación que actualmente estamos discutiendo, adiciona los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara, a fin de ampliar la facultad, otorgar la facultad al Congreso de conocer en los términos más amplios el programa de gobierno elaborado por el Ejecutivo federal. Ello nos parece, por supuesto, un avance, sin embargo también nos parece insuficiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación, establecen, como ya lo he mencionado, la facultad del Congreso General para intervenir en la construcción del proyecto nacional, no sólo para opinar sobre su propuesta. Con la presente modificación esa intervención del Congreso, tan importante como la señala la Constitución y lo reconoce el Ejecutivo, en la ley se reduce a una simple opinión sobre el plan y a observaciones sobre su ejecución. La división de poderes establecida por nuestra Constitución no es una división de trabajo, sino una organización compleja de competencias para impedir el abuso de un poder sobre el otro, según la célebre definición de Montesquieu: que el poder detenga al poder. La Constitución crea los órganos y divide a los poderes pero también los controla, es decir, también crea los sublímites. Por ello el Poder Legislativo tiene como uno de sus objetivos principales, controlar al Poder Ejecutivo y esto no puede hacerlo con simples opiniones sobre el Plan Nacional de Desarrollo y con observaciones sobre su ejecución y adecuaciones al propio plan como lo establece la Ley de Planeación. En este contexto el Congreso debe examinar y si es preciso modificar el Plan Nacional de Desarrollo para que se adapte a la realidad nacional. Es decir, el Congreso debería aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente vigilar su cumplimiento. Expresada nuestra simpatía por este dictamen, dejo a ustedes estas reflexiones, esperando les merezcan alguna consideración. Muchas gracias por su atención y gracias, presidente.