La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en investigación de violaciones a garantías individuales, la cual puede ser de oficio cuando este máximo Tribunal de la República lo estime conveniente o a petición de parte, pero no de cualquier sujeto indeterminado sino exclusivamente cuando lo solicite el titular del Poder Ejecutivo o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado. Sin duda, la facultad investigadora que le otorgó el Poder Constituyente Permanente en la Ley Suprema hace que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erija como un verdadero Poder ante delicados temas de violaciones graves a garantías individuales. Ejemplo de ello es la reciente integración de una comisión para investigar el caso Atenco y los resultados en las investigaciones de la periodista Lidya Cacho. Hoy a más de nueve meses de haberse iniciado el conflicto social en el estado de Oaxaca y de existir constantes violaciones graves a las a garantías individuales de los habitantes, permanentes o temporales en dicha entidad, nos encontramos en el escenario para que la Suprema Corte de Justicia ejerza su facultad investigadora. Hoy ante la falta de soluciones a este grave conflicto es necesario la voluntad y decisión de los ministros en un asunto que requiere de información veraz, investigación imparcial y autoridad moral para ser resuelto. Sobre este punto es de señalarse el informe sobre el conflicto de Oaxaca elaborado por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que ilustra con toda crudeza y precisión lo que ha ocurrido en esta entidad, las numerosas irregularidades y abusos cometidos contra activistas y la población en general. El informe confirma que las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales de forma recurrente y en ocasiones masiva contra la población civil. Ratifica, asimismo, que las detenciones se efectuaron con violencia física y síquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres, ante la indiferencia de las autoridades. Pero el informe no apunta únicamente a una serie de abusos aislados, como han justificado en su momento autoridades estatales y federales. En Oaxaca se estableció una estrategia jurídica policiaca y militar, cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista. Esta situación es muy grave porque prácticamente pulveriza el estado de derecho. No existen las garantías individuales, por lo que cualquiera puede convertirse en una nueva víctima. En este contexto se ubican las detenciones de menores de edad, con uso indebido de la fuerza, y numerosas agresiones verbales físicas y sexuales contra mujeres, por su condición de género, detectadas por la Comisión. De acuerdo con esa organización no gubernamental, se constata un incremento significativo de la violencia de la presencia militar, así como ataques en contra de civiles, en su inmensa mayoría pertenecientes a grupos indígenas. Por cuestiones de tiempo, diputadas y diputados, me gustaría que se integrara este texto completo en el Diario de los Debates, porque no solamente hacemos alusiones en lo general, sino se establecen los casos particulares que esta Comisión informó en su momento al Poder Ejecutivo federal y cómo se documenta toda la violación a garantías que estamos señalando. Por todo lo anterior, espero podamos contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para que el punto de acuerdo sea aprobado de obvia y urgente resolución, estableciendo como punto único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre comisionados especiales para que averigüen sobre los hechos que se han puesto en su conocimiento en el presente documento, que constituyen graves violaciones a las garantías individuales de la población que permanentemente o temporalmente reside o habita en el estado de Oaxaca. Es cuanto, diputado Presidente.