El diputado Leonardo Alvarez Romo: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Legisladores: Los suelos y la tierra en general son la base sobre la cual se sustenta la continuidad de las especies en este planeta, es el pilar en el que se sostiene gran parte del desarrollo social, económico y cultural de una nación y cuya degradación es considerada la causa principal de la pobreza y motivo de desaparición de algunas civilizaciones y especies. El problema de la degradación de suelos va más allá de una mera consideración biológica o ambiental, la degradación de tierras conduce a una disminución significativa de su capacidad productiva, por ende involucra la pérdida de la diversidad biológica y de las tierras de cultivo, pastizales y bosques. Desde el punto de vista social se generan procesos de empobrecimiento, migración y deterioro de la calidad de vida de la población. Diversas causas naturales y humanas contribuyen a esa degradación. No obstante son las antropogénicas las que generan el mayor impacto negativo, debido a la inapropiada utilización de tierras agrícolas, las prácticas deficientes en la ordenación de suelos y agua, la incontrolada deforestación, la remoción de la vegetación natural, el uso frecuente de maquinaria pesada, el pastoreo excesivo, la rotación incorrecta de cultivos y las prácticas deficientes de riego. México es uno de los países que presentan niveles preocupantes de degradación de suelos. De acuerdo a estudios realizados por la Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de Postgraduados, se encontró que la desertificación afecta en diversos grados, desde el más leve hasta el más severo, a más del 45.6 por ciento del territorio nacional. Aunado a esto, la velocidad de la desertificación es cientos de veces mayor que la velocidad de recuperación en los ecosistemas dedicados a la producción agrícola, pecuaria y forestal. Por ende, a México le llevará varias décadas igualar la velocidad de desertificación con la de recuperación y rehabilitación de los suelos. Con base en lo antes mencionado, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México reconoce que a pesar del trabajo y los esfuerzos realizados durante décadas de acción, no se ha corregido el problema de la degradación de los suelos, por lo que es imperante fortalecer el actual marco jurídico, con el fin de asegurar en forma prioritaria el abastecimiento de agua, de granos básicos y de forrajes, lo cual asegurará la supervivencia de las diversas especies animales de los habitantes, creando las bases de crecimiento sustentable de la nación. No obstante la apremiante necesidad de legislar sobre el tema, la presente iniciativa, que claro que tiene una sincera intención y reconoce el grave deterioro de los suelos que tiene esta nación, dista de ser una solución completa desde el punto de vista jurídico del problema, cuya aplicación conflictuaría la ya tan contradictoria y poco congruente legislación ambiental. Como diversas instancias lo han declarado, existen graves omisiones, contradicciones e inconsistencias, que de ser aprobada tal y como está redactada, afectarían la producción agrícola y minimizaría la conservación ambiental de nuestros recursos, temas que contrariamente es considerado como eje rector de la iniciativa. En primera instancia, no concordamos plenamente que esta ley pretenda ser competencia federal, menoscabando las facultades constitucionales que tienen los estados y municipios en materia ambiental. Actualmente es reconocido el papel primordial que tienen los municipios y los estados en cuanto a la gestión de los recursos naturales y en cuanto a la aplicación de medidas para subsanar los problemas ambientales que les atañen. Así, el aprobar esta ley generaría un retroceso en el proceso de descentralización de las funciones. En este mismo sentido, si bien la iniciativa recalca los compromisos que México ha adquirido internacionalmente con la Convención de las Naciones Unidas que lucha contra la desertificación, uno de los compromisos para América Latina y El Caribe, es que se fortalezcan los marcos institucionales y jurídicos, fomentando la descentralización de las estructuras y funciones administrativas que guardan relación con la desertificación y la sequía. De igual forma, consideramos que esta iniciativa comete una falta al intentar relegar la conservación y restauración de las tierras en función de la capacidad productiva de las mismas. Esta propuesta únicamente se basaría en cuestiones económicas, minimizando otros factores igualmente importantes y quizá invaluables, como la biodiversidad de flora y fauna con la que se cuenta, el valor cultural, social y paisajístico que se pueda tener de la zona y por lo cual resulte de primordial importancia restaurar dichas tierras. Aunado a todo lo anterior, se requiere de una revisión técnica profunda, ya que la Iniciativa propone una serie de nuevos términos que ya han sido evaluados por las partes expertas y en las cuales se han encontrado diversas discordancias y contradicciones cn las definiciones que ya se usan. Sabemos de la urgencia de soluciones que detengan y restauren el problema de la degradación de la tierra: sin embargo existen suficientes pruebas de que esta Ley en comento no propiciaría un cambio profundo y congruente con el desarrollo sustentable. Con base en todo lo mencionado, la Fracción Parlamentaria del Partido Verde de la Cámara de Diputados, se pronuncia en contra de esta Iniciativa, tal como está redactada; sin embargo sabemos de la apremiante necesidad de iniciar los trabajos de revisión sobre el tema para generar un ordenamiento que realmente atienda la problemática de la pérdida de suelos. Consideramos necesario una nueva propuesta que deba, en primera instancia, reforzar el actual marco jurídico ambiental y debe de armonizar el resto de los ordenamientos jurídicos relativos al equilibrio y protección al ambiente, asentamientos humanos y desarrollo rural, sin intentar derogarlas o fragmentarlas complicando la actuación federal, municipal y estatal en dicha materia. Nuestra propuesta concreta sería revisar nuevamente la propuesta de Ley, junto con los comentarios turnados por las diversas instancias involucradas, las cuales ya han sido presentadas y con los mismos comentarios de los mismos Diputados, para así poder crear juntos una ley que propicie la conservación y genere un desarrollo sustentable en el país. Reconocemos también la buena intención al respecto, del Diputado Sigala, sin embargo esta es nuestra posición como Fracción Parlamentaria. Muchas gracias.