El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. "Diversos diputados de esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal. "Lo hacemos convencidos de que a once años de la entrada en vigor de la Ley General de Sociedades Cooperativas, se puede inferir que si bien con el nuevo marco jurídico este tipo de organizaciones obtuvieron significativos beneficios, no se han logrado los objetivos anhelados por el cooperativismo, entendido éste como un sistema socioeconómico basado en la autonomía de las unidades que lo integran y en una administración interna eficiente y democrática. "En efecto, los objetivos del sistema cooperativo consisten sucintamente en ir socializando el actual régimen individualista de la riqueza, ser el medio en virtud del cual todos podemos llegar a ser económicamente más fuertes, socialmente más competentes y cívicamente más ilustrados; cambiar el espíritu de lucro personal de las actividades económicas por el de servicio y ayuda mutua, poniendo al alcance de las clases débiles la posibilidad de entrar en la vida activa de los negocios y llegando a la democracia económica donde la persona vale por lo que es y no por lo que se tiene. "En consecuencia, si reconocemos el papel promotor del desarrollo humano y social que cumplen las cooperativas, a efectos de justificar la necesidad de actualizar la legislación cooperativa en nuestro país, vale la pena citar la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrita en el año 2002 y que de manera expresa señala que los estados miembros de la OIT deberían adoptar una legislación y una reglamentación específica en materia de cooperativas, inspiradas en los valores y principios cooperativos definidos por la Alianza Cooperativa Internacional y revisar esta legislación y esta reglamentación cuando proceda. "En tal virtud, si se analiza con detenimiento el contenido del espíritu de la Ley Cooperativa de 1994, se puede deducir que se trata básicamente de una ley reguladora más que de fomento y de promoción, que ha dejado abiertas diversas lagunas que hoy se evidencian como inconsistencias legislativas graves, que es imperativo subsanar para el adecuado desarrollo del sector cooperativo mexicano. "Atendiendo a dichas carencias, en la presente iniciativa de ley, entre otras medidas de fomento y promoción, se postula la creación del Instituto Mexicano de Fomento Cooperativo, el cual está llamado a convertirse en la contraparte institucional del movimiento cooperativo mexicano que hoy no existe y que centralizará y coordinará todas las actividades de fomento cooperativo que desarrollen los tres órdenes de gobierno. "Se contemplan además en esta iniciativa, disposiciones de apoyo a las cooperativas de nueva creación, la exención del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Activo durante 3 años, contados a partir de la fecha de inscripción del acta constitutiva en el Padrón Nacional Cooperativo; se propone igualmente, que las sociedades cooperativas en general, paguen contribuciones únicamente respecto de los excedentes que se distribuyan entre los socios, disposición que promueve la reinversión o la ejecución de obras en beneficio de los propios cooperativistas o de la comunidad en la que actúan. Otro elemento fundamental que aborda y resuelve la presente iniciativa de ley, tiene que ver con la problemática que enfrentan las cooperativas de ahorro y préstamo en México, problemática derivada de la aprobación en abril del 2001 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, un ordenamiento jurídico que si bien busca prevenir la comisión de ilícitos y garantizar la seguridad de los depósitos de los ahorradores, lo hace sin tomar en cuenta la naturaleza social de las cooperativas y sus fines solidarios y distributivos de la riqueza, otorgándoles un tratamiento mercantil casi bancario. Aunado a lo anterior, para cumplir con su objeto la Ley de Ahorro y Crédito Popular ha tenido que imponer una regulación excesivamente restrictiva y mecanismos de supervisión altamente onerosos, que prácticamente son imposibles de cumplir para las cooperativas de ahorro y préstamo de tamaño pequeño y mediano, los cuales constituyen la inmensa mayoría de los organismos existentes en el país, amén de que obstaculiza la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito popular particularmente en las zonas rurales de México. La ausencia de opciones legislativas para dar cobertura legal a las cooperativas de ahorro y préstamo, más allá de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, puede dar pie a la desaparición de un buen número de estos organismos, lo cual equivale a desperdiciar una gran cantidad de energía social invertida en su constitución y desarrollo a lo largo de más de cinco décadas. En consideración de lo anterior, con la presente iniciativa de ley se reconoce que el Sistema Financiero Solidario del país, al igual que el de otros países hermanos de América Latina, se integra con dos subsectores: por un lado con los intermediarios financieros no bancarios y con vocación social regulados por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las cooperativas de ahorro y préstamo, por otro lado, de vínculo cerrado o exclusivo reguladas por el presente ordenamiento jurídico, estableciéndose con claridad las diferencias esenciales entre unos y otros en términos de su distinta naturaleza jurídica, del ámbito en el que puedan desempeñar sus operaciones financieras, del tipo de dependencia pública que debe de supervisarlas y de la cantidad y tipo de operaciones que puedan realizar. De esta manera se resuelve uno de los problemas más acuciantes que en los últimos años había sido motivo de encono y confrontación al seno del movimiento cooperativo nacional y se da cumplimiento a la sugerencia contenida en la Recomendación 193 de la OIT, citada líneas arriba, en el sentido de que la legislación cooperativa debe prever la adopción de medidas de supervisión de las cooperativas, acorde con su naturaleza y funciones, que respeten su autonomía y sean conformes con la legislación y la práctica nacional y no menos favorables que las medidas aplicables a otras formas de empresa y de organización social. En suma: Considerando que las sociedades cooperativas más que una ley reguladora, requieren de un ordenamiento que las impulse para que puedan contribuir eficazmente al desarrollo nacional, se somete a su consideración una propuesta integral de readecuación a los nuevos tiempos de la actual Ley General de Sociedades Cooperativas, cuyo espíritu principal está orientado a su fomento y promoción, haciendo copartícipe al sector público en exclusivo cumplimiento de su responsabilidad social de los costos y riesgos que implican los procesos de integración y consolidación de este tipo de entidades asociativas. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Señor Presidente, en virtud de que esta iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha martes 21 de febrero del 2006, solicito a usted sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto.