El diputado César Octavio Camacho Quiroz: Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros legisladores. Nuestra memoria histórica no ha estado absolutamente segura. El patrimonio documental de los mexicanos puede estar en riego, porque increíblemente nuestro país no cuenta con una Ley Federal de Archivos. Si bien la legendaria tradición oral de los pueblos que integran la nación mexicana ha permitido mantener vivas no pocas tradiciones y conocer en buena medida nuestro pasado, presumiblemente es mucho más lo que hemos perdido por haber desaparecido muchos documentos. Abundan desafortunadamente sucesos de la historia condenados al olvido. Permitir que esto se perpetúe, representa, sin exagerar, un crimen. En efecto, por increíble que parezca el nuestro, uno de los países con más larga y apasionante historia, carece de herramientas para proteger una de sus más envidiables riquezas: su memoria grabada en documentos. El valor intrínseco de esta iniciativa es el cumplimiento de un compromiso histórico; como tal, su trascendencia, su utilidad, sus beneficios con el tiempo no sólo crecerán y se evidenciarán, sino cobrarán su justa dimensión. En contraparte su aplazamiento, derivado de atender preferentemente la inmediatez a causa del muy arraigado y pernicioso hábito de priorizar lo urgente en perjuicio de lo importante, se convertirá en la mayor deuda de quienes, teniendo la obligación de velar por el interés nacional, no atendieron un asunto aparentemente adjetivo o instrumental. Legislar en la materia es darle a la historia el lugar que merece y por supuesto, los asuntos cotidianos de hoy, serán la rica historia de mañana. Por si lo anterior fuera poco, el artículo 6 de la Constitución establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Esto obliga a establecer normas, procedimientos y mecanismos para poner a disposición de todos los mexicanos la información en posesión del Estado. Por suerte, en una expresión de autonomía que se debe reconocer, la archivística es una de las pocas materias en las que los legisladores locales han marcado la pauta anticipándose al Congreso de la Unión al legislar al respecto. Toca hacerlo al nuestro, al ámbito federal, por una obvia importancia sobradamente acreditada. Por otra parte, México cuenta con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sin embargo el IFAI ha enfrentado diversos problemas para cumplir su tarea a nombre del Estado federal. Muchas dependencias y entidades, para no cumplir con su obligación, pretextan justamente inexistencia documental y advierten o ponen por delante aparentes obstáculos para localizar los documentos debido a destrucción de los mismos, o sencillamente porque los procesos deliberativos nunca fueron documentados. Por eso custodiar, organizar y conservar el peculio documental de México exige una normatividad específica y por supuesto moderna. Para que el estado sea más efectivo en la tarea de ofrecer la información, es requisito sine qua non regular la administración de los archivos que la contienen. En ese sentido, la ley, la iniciativa que ahora se presenta, no sólo es complemento necesario sino pilar de la correcta transparencia y de la rendición de cuentas. La preocupación por proteger plenamente ese patrimonio ha sido objeto de atención creciente en el mundo. A saber: La Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, o la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir la importación, exportación y transferencia ilícita de bienes culturales. La relevancia de una Ley Federal de Archivos radica esencialmente en la necesidad de evitar que el patrimonio documental se mutile, censure, manipule, destruya, extraiga o falsifique. El propósito es garantizar la perdurabilidad de una parte muy importante del patrimonio nacional. De esa forma, la memoria histórica institucional quedará asegurada para las generaciones por venir. Se trata entonces de armonizar la protección de patrimonio documental y garantizar para la gente su consulta permanente, sin obstáculos, por medio de un ordenamiento que regule la adecuada creación, administración, registro, gestión, conservación, custodia, reivindicación y difusión de los archivos públicos e incluso de los privados que sean de interés público. Adicionalmente, esta ley se articula y complementa con la anteriormente citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental pues los comités que ésta prevé, serán los responsables de establecer criterios específicos en materia de archivos. Por otra parte, la propuesta reivindica la preeminencia del Archivo General de la Nación, hasta ahora órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que por cierto ha desarrollado una experiencia invaluable que desde luego se debe aprovechar. Se propone robustecerlo como actor fundamental de la archivística, lo que implica otorgar la autonomía de gestión, personalidad jurídica propia y convertirlo en organismo descentralizado de la administración pública no sectorizado. Compañeras y compañeros. Esta iniciativa aportará uno de los más poderosos instrumentos al servicio de los mexicanos, lograr la más correcta transparencia y rendición de cuentas significa fortalecer a los ciudadanos en su relación con los gobernantes. En este sentido se colma, primero, una laguna jurídica; se fortalece la democracia, y se le hace un servicio a México. Gracias por su atención.