El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores. En la tradición jurídica mexicana el amparo ha jugado un papel preponderante para contener los abusos del poder, siendo México una referencia internacional en la protección de los particulares frente a los poderes públicos. El dictamen que hoy discutimos representa un parteaguas reflexivo que pone en el centro de la discusión el interés general respecto al interés particular. En tratándose del orden público y del desarrollo armónico del país hay que reconocer que el amparo se ha pervertido y ha venido protegiendo a los particulares más allá del interés general de la nación. Cómo se justifica que hoy operen decenas de casinos en el país al amparo de una suspensión; o, bien, se abuse de la sobreexplotación de mantos acuíferos a pesar de que la autoridad haya intentando evitarlo; pero que por una suspensión derivada de un amparo se ponga en riesgo la subsistencia de poblaciones o regiones enteras. Lo que hoy está en el fondo de la discusión es la superposición del interés personal al interés general de la nación. Lo que hoy está a discusión es la esencia connatural del propio amparo, la protección de los ciudadanos, de los individuos con relación a los actos de autoridad. Hay que decirlo directa y abiertamente a los mexicanos, los alcances del amparo se han extralimitado, el poder del estado se ha venido mermando paulatinamente ante los particulares, quienes astutamente han abusado del uso del amparo por los defectos sistémicos del sistema normativo y jurisdiccional. Es momento de replantear los alcances del amparo sin violentar nuestro propio habeas corpus que los mexicanos desde el siglo decimonónico nos hemos dado. El acotamiento propuesto en el dictamen recapitula las posiciones recurrentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no emana de un acto autoritario del régimen en turno, no confundamos autoritarismos con la búsqueda del bien común general. En Nueva Alianza hemos analizado el dictamen, concluyendo que estamos frente a una reforma integral y estructural, que deja incólume el objeto del juicio de amparo, hoy se propone adaptarlo a los nuevos tiempos marcados por el pluralismo, la efectiva división de Poderes, la preponderancia de los derechos humanos y la exigencia social de transparencia y rendición de cuentas. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, votaremos a favor en lo general de este dictamen porque es un compromiso de esta Legislatura con la ciudadanía. La aprobación de la nueva Ley de Amparo responde a las exigencias de un Estado rector de la política nacional, además de abonar a una mayor seguridad jurídica en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera, el máximo tribunal podrá concentrarse en los asuntos de mayor trascendencia y podrá descargar asuntos menos relevantes en los plenos de circuito que ahora podrán resolver contradicciones de tesis entre tribunales colegiados. Con la aprobación del presente dictamen estaremos fortaleciendo a la Suprema Corte como un tribunal constitucional, que garantice una justicia imparcial y la evaluación equitativa de las leyes que emanen de este Congreso. Con esta nueva ley los derechos humanos no sólo se mantienen protegidos sino que se fortalecen, ya que se amplía sustancialmente la esfera de protección del juicio de amparo pues ahora los tribunales de la federación resolverán toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las legisladoras y legisladores de Nueva Alianza vamos a estar pendientes de que la nueva Ley de Amparo se traduzca en un verdadero fortalecimiento integral de los derechos humanos como el máximo bien a proteger en la República. Lo más importante es que la protección de la justicia frente a los abusos del poder público será más ágil y oportuna. Con la nueva ley se ampliará la tutela del juicio de amparo protegiendo los intereses legítimos de las personas y se incorporan posibilidades de que haya declaratorias generales de inconstitucionalidad. Esto traerá como resultado la posibilidad que los beneficios de las resoluciones en el juicio de amparo puedan tener un alcance generalizado. El juicio de amparo se consolida así como el principal instrumento de defensa de derechos que tienen las personas para protegerse de los actos de las autoridades. La nueva Ley de Amparo generará beneficios tangibles para las personas y para el país. Con la incorporación de efectos generales de la sentencia de amparo se extenderá la protección de la justicia hasta incluir a quienes no tienen los medios o las condiciones para interponer un juicio de amparo. Además se amplía el concepto de autoridad responsable y se castiga la no ejecución de las sentencias para evitar que la protección de la justicia sea letra muerta. En Nueva Alianza estamos convencidos que esta reforma es oportuna, trascendente e innovadora para concebir al juicio de amparo como un medio de defensa de los gobernados a la vanguardia y que les otorgará una mayor protección a sus derechos y garantías constitucionales, contenidas también en tratados internacionales. Es cuanto, señor presidente.