La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias, presidenta. Buenas noches compañeros y compañeras. En realidad mi reserva es al artículo 30 Bis, fracción X y al artículo 43, fracción VII, las cuales en potestad del artículo 111 agruparía para esta intervención. Gracias, presidenta. Inicio con el artículo 30 Bis. Trato de entender que la idea de organización que nos presentan es desmantelar la Secretaría de Gobernación. En ese intento, en una inmensa confusión conceptual entre seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública las transfieren a una nueva secretaría, pese a que ya les explicamos aquí, y lo reitero, que la seguridad pública es de policía y es acorde al artículo 21 constitucional, mientras que las de las Fuerzas Armadas están en otro capítulo constitucional. Pero bueno, esa es su idea. Sugiero respetuosamente, y lástima que lo tengo que hacer aquí, porque no quisieron escucharlo en la comisión, que por congruencia interna de su propia ley no dejen aislada la readaptación social dentro de la Segob, porque ese es un tema fundamental de la política criminal. Y de verdad, no es menor dejarlo aislado cuando ya sacaron todo el tema de seguridad a otra secretaría, porque eso la desarticula y tiene el enorme riesgo de volverse ineficaz. Por congruencia interna deberían llevársela a donde se llevaron todo lo otro, en su propia lógica. En el artículo 43, fracción VII haré dos argumentos. El primero es que deberían eliminar esa fracción. Pretender que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tenga facultades de designación de las áreas jurídicas de las secretarías de Estado contradice el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no existe una posición de jerarquía entre esta y las otras. Ciertamente la Consejería Jurídica encuentra sustento en el artículo constitucional citado, el cual deja abierta a la legislación secundaria la dependencia a la que estará adscrita. Y en la Consejería Jurídica recae la representación de la federación en los asuntos en que esta sea parte, o bien, a través de las secretarías de Estado en los términos que establece la ley. De acuerdo con esta descripción normativa la Consejería Jurídica tiene una naturaleza horizontal a las secretarías de Estado, dado que ambas, según su propia competencia, pueden representar a la federación. Por lo tanto, dotar a una de las partes de la administración centralizada con facultades para designar cargos inherentes a sus pares la coloca en una posición de jerarquía que no tiene anclaje constitucional. De ahí su inconstitucionalidad. Pero como advierto que seguramente no escucharán estas razones, en la propia redacción de la fracción que ustedes pretenden dejar hablan de las dependencias de la administración pública sin hacer una excepción a los organismos públicos coordinadores reguladores de energía. Ustedes ya aceptaron en otros artículos que no deben estar ahí. Entonces, para tener una redacción clara sería muy importante, si no admiten mi primer argumento, que por lo menos en su redacción sí dejaran claro que es una excepción a la administración pública centralizada el trato que se está dando a estos organismos, sectores de coordinación reguladores de energía. Muchísimas gracias.