El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En base a la facultad constitucional y a la ley reglamentaria en la materia legislativa me permito someter a la consideración de esta soberanía popular, iniciativa con proyecto de decreto que contiene adiciones, derogaciones o reformas a los artículos 21, 76, 78, 108 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a los artículos 1º, 4º, 6º, 16, 17 y 67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para exponer las razones por las cuales consideramos que es necesaria la transformación de una institución que hoy en día la sociedad reclama que sirva realmente a los intereses de la sociedad, que garantice el pleno ejercicio de estas libertades, de estos derechos que tienen los gobernados. Corresponde al Estado el ejercicio de su potestad punitiva sobre aquellos gobernados que con sus conductas rompan el orden armónico de las relaciones sociales. Ese atributo del Estado es fruto de una serie de conceptos fundamentales que dan origen al sistema de justicia como medio encargado de prevenir la transgresión del orden establecido. El ejercicio de esta potestad punitiva debe sujetarse a un orden jurídico en el que prepondere la protección de los derechos del hombre , característica propia de todo estado de derecho. El estado de derecho se apoya en dos pilares fundamentales, la legitimidad y la legalidad, en el que la división de poderes entre los órganos de gobierno proporciona el control mutuo de su actuación. El estado de derecho prevé una distribución de competencias entre los órdenes públicos y bajo este contexto de distribución funcional del Estado se ubica a la institución del Ministerio Público. Los procesos de reforma de la administración de justicia penal exigen la discusión acerca del papel que debe desempeñar en la actualidad el Ministerio Público y cómo se ve influenciado en su quehacer por la autonomía o dependencia de los Poderes del Estado. Las opciones que se han tomado en América Latina y en otras partes del mundo con respecto a la independencia del Ministerio Público son dos básicamente: Considerarlo como un órgano autónomo, es decir desligarlo de cualquier relación de dependencia de cualquiera de los tres Poderes tradicionales o bien, regularlo como inserto en el Poder Ejecutivo o Judicial, pero otorgándole autonomía funcional a través de la autonomía e independencia del Ministerio Público, la cual ha sido adoptada por numerosos países. Lo que se persigue en este esquema es combatir la corrupción política y administrativa, así como evitar la propagación de la figura del juez instructor, la cual presenta, como principales riesgos, el otorgamiento a los jueces de funciones persecutorias y de su falta de independencia cuando se realizan investigaciones que comprometen a altas autoridades y, en este caso, se puede limitar o coaccionar su actividad, impidiendo el desarrollo coherente y objetivo de la misma. Entre las ventajas que se pueden mencionar de la autonomía del Ministerio Público se encuentra el hecho de que esta característica puede aminorar algunos problemas creados por la excesiva intervención de los poderes Ejecutivo y, en algunos casos, del Legislativo, además del surgimiento de casos de impunidad vinculados a la corrupción política y administrativa. A pesar de que se han realizado diversas reformas constitucionales y legales en la materia de procuración de justicia en nuestro país, a la fecha no se ha materializado ninguna que otorgue autonomía constitucional al Ministerio Público. La situación jurídica que guarda la figura del Ministerio Público en nuestro país toma real importancia si consideramos que el sistema de justicia debe ser el instrumento para salvaguardar los derechos y garantías, de tal forma que tanto los gobernados como las autoridades deben someterse al imperio de la ley, sobre la base de un esquema de confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia. A fin de conseguir los objetivos anteriormente señalados, es necesario que el Ministerio Público realice sus actividades y dicte sus resoluciones en forma autónoma para garantizar a la ciudadanía la imparcialidad que debe de existir en su actuación por la tendencia que se tiene en nuestro país que se ha dirigido a transformar a esta institución por un reclamo de la sociedad, que cada día se ve más agraviada, que cada día hay más denuncias a las que no se les da el seguimiento correspondiente ni se integran siquiera las averiguaciones respectivas. Y eso a lo que nos ha llevado es a que la sociedad cada día tenga menos confianza en la procuración de justicia y, por ello, no tiene la oportunidad o no confía en la presentación de las denuncias. Las estadísticas son muy claras y eso nos debe llevar a una preocupación real a todos los legisladores. Por eso el interés de trabajar en este tema, que considero de la mayor importancia. De acuerdo con los diversos razonamientos expresados a lo largo de esta exposición estimo que la evolución del sistema de justicia nacional e internacional reclama que se fortalezca la figura del Ministerio Público en México, mediante una reforma legislativa que le otorgue autonomía constitucional. Es decir, que las facultades de investigar y perseguir los delitos del orden federal, vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, promover la procuración e impartición de justicia y atender los asuntos jurídicos del gobierno federal se ejerzan a través de un órgano constitucionalmente autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de gestión y presupuestaria. Es conveniente precisar que el establecimiento de la Procuraduría General de la República como un organismo constitucionalmente autónomo no constituye una ruptura al principio de división de poderes, ya que hay quienes argumentan que los organismos constitucionalmente autónomos forman parte de un cuarto poder, que la existencia de organismos constitucionalmente autónomos —desde nuestro punto de vista— no transgreden el principio de separación de poderes, sino que favorecen la realización de determinadas funciones, que deben ser ejecutadas de forma independiente y ajenas a cualquier interés político. Asimismo, resulta oportuno señalar que al igual que los otros poderes, los organismos constitucionalmente autónomos están sujetos a un sistema de pesos y contrapesos. En este orden de ideas, resultaría necesario realizar las siguientes modificaciones que garantizaran realmente la autonomía plena de esta institución, como lo es el Ministerio Público. Las cuestiones que considero fundamentales para garantizar esta independencia son que la remoción del titular de esta institución, dicha facultad actualmente pertenece al titular del Poder Ejecutivo, lo que hace dependiente al Procurador General de la República de este último; la propuesta es que la remoción sea únicamente por causas de responsabilidad, de conformidad con la legislación en la materia. Otro aspecto muy importante sería la autonomía financiera, la cual debe de elaborar su propio proyecto de presupuesto de egresos, para que se incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que el titular del Poder Ejecutivo federal pueda realizar cambios a este proyecto que presente. De esta manera, compañeras y compañeros diputados, dejo este proyecto de reformas a diversos artículos a la Constitución y a diversas leyes que tienen que ver con la institución del Ministerio Público, para que la analicemos, para que ese reclamo de la sociedad pueda ser atendido por el Poder Legislativo. Yo estoy seguro que si hacemos el esfuerzo de dotar de esta autonomía a esta institución, la sociedad verá que este esfuerzo será en su beneficio. Por ello les pido su apoyo, su respaldo, para que hagamos realidad este proyecto, que es de muchas diputadas y de muchos diputados, respaldados por un buen número de mexicanas y de mexicanos. Muchas gracias.