La diputada Luisa María Alcalde Luján: La transparencia no es una concesión generosa de las autoridades para la ciudadanía, sino es un arma que la ciudadanía se ha dado a sí misma para vigilar a la autoridad y exhibir sus abusos. De ahí la importancia de la participación activa de la sociedad civil organizada en este dictamen y en el Senado de la República. Sin embargo, es muy importante hablar de las omisiones que preocupan en este dictamen y que dan origen a estas reservas. En principio, los servidores públicos no están obligados a revelar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, a pesar de que esto ha sido un ingrediente central en la crisis de confianza que vive la clase política. También lamentamos que se haya retirado del dictamen la facultad del IFAI del exigir a los sujetos obligados generar la información que les sea solicitado cuando argumenten que no existe o que no está disponible. Los periodistas se topan a diario con solicitudes denegadas por la supuesta inexistencia de la información y en términos prácticos de poco vale una multa, si con ella puede evadirse su entrega. Asimismo las ambigüedades que diluyen el principio de jerarquía normativa de la ley general sobre otras leyes federales, permitiendo futuras regresiones a la Ley de Transparencia mediante supuestos de reservas introducidos en las leyes especiales, son un motivo de alerta. Se dice, por ejemplo, que las obligaciones en materia energética serán reguladas, no por esta ley, sino por las leyes de la reforma energética. Lo mismo sucede con normas relativas al tema electoral. En el mismo sentido, el dictamen prohíbe la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, pero omite precisar si será el IFAI quien pueda ordenar la entrega de dicha información determinando la existencia de tales crímenes, o si por el contrario, deberá esperar a que otra autoridad determine que en efecto constituyen violaciones graves. Quisiera detenerme en un punto que para nosotros fue central y es la relevancia de este dictamen para la realidad laboral mexicana. El proyecto incluye un nuevo régimen de transparencia en materia sindical, éste no sólo complementa las obligaciones que actualmente tienen los sindicatos frente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sino que amplía las obligaciones, a fin de que cualquier persona pueda conocer los documentos del registro sindical, de las tomas de nota, de estatutos, de padrones de socios, actas de asambleas, contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores de los sindicatos. Tales documentos no serán entregados en relaciones simplificadas o amañadas, como se hacen hoy en día, por versiones supuestamente públicas. La autoridad laboral deberá entregar, a partir de ahora, al solicitante copias fieles de dichos registros, con excepción de los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios, fuera de eso absolutamente todos los demás documentos serán a partir de ahora público. De igual manera se obliga a los sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos, actualizar y dar acceso de manera directa a los contratos y convenios que se celebran con las autoridades. El director de su comité ejecutivo, el padrón de socios, y sobre todo, los recursos y bienes que se donan o reciben, así como el ejercicio y el destino de todos estos bienes, a partir de ahora será obligatorio que lo trasparenten. Se trataron de hacer, por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia, muchísimos retrocesos. Estuvieron insistiendo, insistiendo e insistiendo porque no están, por supuesto, que a favor de que todos estos temas se trasparenten. La sociedad civil aguantó y aguantó bien, y es de reconocérsele. Sin duda estamos parados frente a un tema por supuesto que no concluido, y será la sociedad civil la que tenga que seguir organizándose para seguir presionando a los poderes, a los intereses y a los gobernantes para que no haya ya más ningún tipo de restricción al libre acceso a la información pública. Muchísimas gracias.