El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso señor presidente. Ciudadanas diputadas. Ciudadanos Diputados. Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 71 fracción II de la Constitución General de la República, 55 fracción II , 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los artículos 141, 145, 164, 191 y 208 Bis del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente exposición de motivos: En materia fiscal federal existe un procedimiento económico coactivo, mejor conocido como procedimiento administrativo de ejecución, el cual tiene como razón de ser permitir a las autoridades fiscales federales cobrar de forma unilateral y coactiva a los contribuyentes que no han pagado en tiempo y forma sus impuestos. Dicho procedimiento consiste en una serie de actos secuenciales que van encaminados a exigir de los contribuyentes el pago del tributo debido. Ahora bien. El procedimiento administrativo de ejecución en términos generales, se compone por tres grandes etapas procesales: Uno. El requerimiento de pago, diligencia donde el personal ejecutor del fisco se constituye en el domicilio del deudor y le pide que compruebe el pago de los impuestos o contribuciones pendientes de cubrir. Dos. El embargo, que consiste en el secuestro de bienes cuando el deudor del fisco federal no demuestra haber pagado los conceptos tributarios adeudados, y Tres. El remate, que implica la subasta pública al mejor postor de los bienes embargados por el fisco, para cubrir la deuda tributaria o crédito fiscal con el producto de lo pagado por dicho postor por la adquisición de los bienes del deudor. Entonces el procedimiento denominado requerimiento de pago y embargo culmina con la adjudicación de los bienes del deudor a un tercero, llamado mejor postor, aplicándose lo pagado por éste a la deuda del particular ejecutado o bien adjudicado a la propia autoridad. Es importante destacar que cada actuación de las autoridades hacendarias federales dentro del procedimiento administrativo de ejecución, invariablemente debe sujetarse a requisitos constitucionales a fin de que sus actos sean válidos, pues se trata de actos administrativos que se erigen con la finalidad de afectar la esfera patrimonial de los contribuyentes morosos, al privársele de la posesión de sus bienes y más tarde de su propiedad. Entonces, por mandato expreso en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, así como los artículos 38, 68, 145 y 152 del Código Fiscal de la Federación, el procedimiento administrativo de ejecución lleva implícita la ejecución de legalidad y será legítimo en la medida en que las autoridades fiscales al momento de practicarlo, respeten los derechos subjetivos de los gobernados ejecutados. El hecho de que los gobernados hayan sido morosos en el pago de sus contribuciones federales no les resta derechos. Cuando hablo de autoridad fiscal federal no sólo me refiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino también al Servicio de Administración Tributaria, a las Secretarías de Finanzas de las entidades federativas que prevé la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios de colaboración administrativa que también ejercen atribuciones de autoridad fiscal federal, según el artículo 14 de dicho cuerpo normativo y por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien conforme a los artículos 5, 5 A fracción II y 291 de la ley que lo instituye y regula, tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, al igual que el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, conforme al artículo 30 párrafo 2º de su propia legislación. El pasado 2 de septiembre del año en curso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis número 76/2005-SS, que en sesión privada estableció la jurisprudencia número 109/2005, que a la letra reza: "Si el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos secuenciales, entonces adquiere definitividad hasta que se realice el acto que lo culmine para efectos de la procedencia del juicio de nulidad fiscal", pues en los términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el medio de defensa procederá contra actos fiscales o administrativos del orden federal que sean definitivos. Lo anterior resulta un criterio violario de los derechos subjetivos de los ciudadanos, toda vez que el hecho de que por virtud de la jurisprudencia citada no se les permita ocurrir en juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en las etapas procesales previas al remate y adjudicación, equivale a denegación de justicia, lo cual como representantes populares no podemos permitir, máxime que el razonamiento de la segunda sala del alto tribunal, cuya resolución es violatoria de garantías individuales, se apoya en la Ley Orgánica de dicho Tribunal. Por lo que les pido respetuosamente compañeros diputados, considerar urgente la interpretación auténtica de la ley, en este caso del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que si bien debe prevalecer la definitividad como requisito para la procedencia de los juicios de nulidad que se ventilen ante el citado tribunal, en el caso de estudio debe darse la excepción a la regla general cuando se trate de actos del procedimiento administrativo de ejecución, pues de otro modo, los contribuyentes sólo podrán defenderse una vez que sus bienes hayan sido adjudicados a un tercero o postor, sin que tenga materia ni caso dicho juicio, pues estaríamos ante la presencia de actos consumados. Sirve de ejemplo el embargo de maquinaria aún cuando está exceptuada por el artículo 157 del Código Fiscal de la Federación. No hay duda, es necesario que firme y decididamente aprobemos esta reforma para proteger el derecho de los contribuyentes a interponer el medio ordinario de defensa denominado juicio de nulidad fiscal federal, cuando el procedimiento administrativo de ejecución que en contra de ellos se diligencie, no se encuentre apegado a derecho. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los artículos 141, 145, 164, 191 y 208 Bis del Código Fiscal de la Federación, para quedar como aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria del pasado 25 de octubre. Transitorio Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre del año 2005. Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.