EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA (PT): Con la venia de la Presidencia. Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito y adiciona un inciso a), actualmente derogada, a la fracción III del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera con base en la siguiente " E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s : "La crisis económica que vivió México en el marco de la crisis capitalista mundial de los años 70 y 80 alentó la especulación en nuestro sistema financiero, impulsó la fuga de capitales y llevó a las instituciones bancarias a la bancarrota con el consecuente costo que esto significó para el gobierno federal que tuvo que intervenir para salvar a las entidades bancarias privadas y el ahorro de los mexicanos. "Fue así como vimos la nacionalización de la Banca de 1982 y la conformación de un sistema financiero en manos del Estado mexicano que logró parcialmente rearticular los mecanismos de los circuitos del crédito para promover el desarrollo productivo del país en el contexto de la crisis económica que vivía la economía mexicana en esa época. "Sin embargo, la presión de los ex banqueros y de los poderosos grupos monopólicos del capital privado no se hizo esperar y el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que doblar las manos y aceptar negociar con esos sectores del gran capital para que regresara a sus manos el 33 por ciento de las acciones del sistema bancario. Y además se les garantizó que el gobierno federal alentaría una política del endeudamiento interno dada la restricción del crédito externo para nuestro país por la crisis internacional de la deuda de esa época. "En esas circunstancias el negocio con la deuda interna del sector público de México quedó en manos de esos grandes inversionistas, con las secuelas ya por todos conocidas de la historia financiera de la Bolsa de Valores de 1983 a 1987, que no solo llevó a una profunda crisis de la economía de nuestra nación, sino que además se volvió el espacio de readecuación de las grandes fortunas, en tanto los ganadores de la especulación bursátil arruinaron a cientos de miles de pequeños inversionistas y obligaron al Estado mexicano a establecer un pacto político en el que se comprometía a profundizar la privatización de las empresas públicas y la devolución total del sistema bancario nacionalizado a manos privadas, con el chantaje de que si esto no se realizaba se iba a continuar con la fuga de capitales. "Fue así como vimos el regreso de los bancos a manos privadas durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari y la privatización de algunas importantes empresas paraestatales que se tomaron como modelo para la atracción de capitales privados nacionales y del exterior. Esto implicó la reforma a la Ley de Inversiones Extranjeras para que los foráneos pudieran realizar actos de compra, venta de instrumentos financieros en el mercado de valores y posteriormente en el propio sistema financiero mexicano, cuya participación incluía desde las aseguradoras hasta los propios bancos. "Esto pasaba también con la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que los extranjeros pudieran participar en los negocios de la banca sin ninguna restricción legal. "Sin embargo, es importante recordar que para que esos bancos pasaran a manos privadas durante el régimen de Salinas, el gobierno federal invirtió cuantiosos recursos públicos para sanearlos, lo que constituyó un costo económico y social para los contribuyentes y el pueblo mexicano que no podemos dejar de pasar por alto. "Tampoco podemos olvidar que la crisis de 199495 y la responsabilidad de los banqueros mexicanos obligaron al régimen de Zedillo a rescatar a esos banqueros, a través de lo que se conoce como "El fraude más grande en la historia financiera de nuestra nación". Y que representó un monto superior a los 100 mil millones de dólares. "Quién no recuerda el escándalo que armó en nuestro Congreso de la Unión, en diciembre de 1998, la absorción de ese fraude por parte del gobierno federal a través del Fobaproa IPAB, que hasta nuestros días continúa siendo una piedra en los zapatos del PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista, que fueron quienes votaron a favor de legalizar ese gigantesco fraude a la nación. "Compañeras y compañeros diputados: Durante muchos años se nos ha vendido la idea, tanto al Congreso de la Unión como al pueblo mexicano, de que en manos privadas las empresas funcionan mejor que en manos públicas. Con ese argumento el gobierno federal permitió el paso de la banca mexicana a manos extranjeras. "La venta de BANAMEX al CITIGRUP en el año del 2001, fue el desenlace final de ese proceso de privatización y extranjerización. Sin embargo, los hechos muestran de forma contundente que las empresas en manos privadas no siempre funcionan bien; la banca mexicana es el mejor ejemplo de ello. Su extranjerización ha sido un fracaso total, pues incluso en los últimos 8 años el financiamiento que otorga a las actividades productivas del sector privado, cayó en más de 78 por ciento. El 60 por ciento de sus ingresos totales derivan de los intereses que se les paga por la deuda del FOBAPROAIPAB. Por lo tanto tenemos un sistema bancario y financiero en general que se convirtió en un parásito de la sociedad mexicana. "Creemos que esta situación no debe de continuar. El pueblo mexicano reclama el uso de los recursos financieros de la banca a partir de criterios sociales, para que tengamos un sistema bancario que apoye a la micro, a los pequeños y medianos empresarios, así como a nuestros productores agrícolas. "Lo que nuestro pueblo quiere es tener banqueros comprometidos con el país, no a los que se dedican a especular con instrumentos financieros del gobierno federal y de sus empresas. Por esa razón creemos que el capital mexicano debe tener el control de la banca mexicana y no los extranjeros que no tienen ningún compromiso con México. "Compañeras y compañeros diputados: Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 52 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito y adiciona un inciso a), actualmente derogada, a la fracción III del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue: "Artículo 1o. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 3º de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: "Artículo 3º. Las personas físicas o morales extranjeras, podrán participar hasta el 49 por ciento del capital social de las instituciones de banca múltiple, cualquiera que sea la serie accionaria en la que participen. "Artículo 2º. Se adiciona un inciso a), actualmente derogada, a la fracción III del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue: "Artículo 7. En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación, la inversión extranjera podrá participar en los porcentajes siguientes: ... El inciso que se propone reformar es el inciso segundo hasta el 49 en el inciso a) Instituciones de crédito de banca múltiple. Los demás siguen como están. "TRANSITORIOS "Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Segundo. A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al autorizar y operar a sociedades anónimas como instituciones de banca múltiple, verificará que ninguna persona extranjera, física o moral, rebase el límite de participación accionaria previsto en el artículo 7 fracción III inciso a) de la Ley de Inversión Extranjera. "Y un artículo Tercero transitorio. Se derogarán todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente. "Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de abril del año dos mil dos. "Atentamente. Dip. Alberto Anaya Gutiérrez, la Dip. Rosalía Peredo Aguilar, Dip. Rosa Delia Cota Montaño, Dip. Víctor Antonio García Dávila, Dip. José Narro Céspedes, el Dip. Félix Castellanos Hernández, el Dip. Juan Carlos Regis Adame y un servidor, Jaime Cervantes Rivera". Es cuanto, señora Presidenta. PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 73, 76 fracción I y 89, fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LA C. DIPUTADA NORMA PATRICIA RIOJA SANTANA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Los suscritos, Diputados Federales a la LLVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 Fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Fracción II del Artículo 55 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los Artículos 73, 76 Fracción I, 89 Fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente Exposición de Motivos. En la palabra del Maestro Elizur Arteaga Nava, el poder es el objeto y fin de una constitución, el poder considerado como un todo, comprende una universalidad de todos los vínculos de dominación. La Constitución, legaliza, sanciona, regula o provee toda clase de dominación trascendente o importante de manera preferente, norma el poder político, determina quién manda y quién obedece, establece los términos las condiciones, los límites personales, territoriales y temporales de su ejercicio y de la obediencia por los particulares. Con base en el concepto anterior y teniendo como marco para la regulación del poder a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos que en su Titulo III, Primer Capítulo, establece en el Artículo 49º de la División de Poderes y cito: "El supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Federal, no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositar el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el Artículo 29º., en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 131º se otorgarán facultades extraordinarias para la Legislación. En el estado de derecho democrático de división de Poderes, la Constitución da al Poder Legislativo la competencia de expedir las leyes. La teoría de la División de Poderes considera que el Poder Legislativo, formaliza, legaliza la soberanía nacional, dándole a los Legisladores como representantes del pueblo y de la nación, la función de legitimar democrática y popularmente a los demás integrantes de los órganos de Gobierno del Estado debido a su origen electoral. El Poder Legislativo Federal encarnado en la figura del Congreso General tiene la misión primordial de crear y actualizar las normas jurídicas que respondan a las complejas necesidades sociales y con ello sentar las bases para una convivencia justa y pacífica entre los individuos de la sociedad. En síntesis, nuestra misión es legislar, es decir, crear leyes; además de la labor fundamental del quehacer político, práctico , cotidiano en pro del diálogo y la discusión política democrática que exige prudencia y negociación en beneficio de todas y todos los mexicanos. En este orden de ideas, es menester señalar la definición de ley, en estricto sentido, la ley es definida como el acto emanado de un órgano legislativo, resultado de un proceso descrito de la Constitución Federal o Local en el cual se regulan situaciones jurídicas para el futuro y sus características son: ser abstracta, impersonal, general y de observancia general que contiene una sanción directa , indirecta, en caso de inobediencia. Ahora bien, existen actos que por su naturaleza, son formalmente emanados por el Poder Ejecutivo Federal pero que materialmente son actos legislativos como lo son los tratados internacionales y los reglamentos; por ley, no sólo debemos entender el acto emanado del Poder Legislativo sino ampliar su alcance a los tratados y convenciones internacionales que también tienen las características de ley. De conformidad con el primer párrafo del artículo segundo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se entiende por "Tratado", un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho, ya que conste en un instrumento único o en dos más instrumentos conexos y cualquiera que sea su dominación particular; es decir, un Tratado Internacional es el acuerdo de voluntades de dos o más estados por medio del cual se crean, modifican y se otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes; establecen reglas de conducta a los participantes produciendo efectos en su régimen jurídico que impactan en las políticas económicas y sociales y modifican la vida de todos los mexicanos, ello implica el cumplimiento de una serie de reformas y adiciones a la legislación interna del país. Compañeros y compañeras diputados, por qué razón si los tratados internacionales tienen las características de una ley y consecuencia para todos los habitantes de la república mexicana se nos excluye de la importante tarea de aprobar conjuntamente con la Cámara de Senadores. ¿No resulta incongruente y contradictorio que frente a una sociedad de abierta transformación, más democrática, participativa, sigan prevaleciendo normas jurídicas que nos alejen de este contexto histórico? ¿Por qué si la historia ha demostrado que la Cámara alta, como aquella que debe de antepelar el espíritu de los diputados, sólo se ha limitado a convalidar las políticas y los tratados internacionales realizados por el Ejecutivo Federal? ¿Por qué no facultar a la Cámara de Diputados, a los representantes de la nación para analizar, revisar y evaluar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo de la Unión y aprobar conjuntamente los tratados que se celebre con otros estados o naciones? Históricamente la facultad de aprobar tratados no fue exclusiva del Senado sino que llegó a ser el del Congreso y en una época en que desapareció el Senado fue facultad exclusiva de la Cámara de Diputados; en el régimen vigente de las facultades exclusivas de la Cámara, tuvo su origen en 1874 cuando el sistema unicameral de la Constitución de 1857 fue sustituido por el bicameral. En 1874, con la reestructuración del Senado se le reconoció la facultad exclusiva de aprobar los tratados internacionales argumentando que la política exterior debe tener una corresponsabilidad entre el Jefe del Estado y el Senado. Sin embargo, no fue sino hasta en el año de 1933 que se modificó el artículo 133 constitucional sustituyendo al Congreso de la Unión por el Senado en la importante responsabilidad de aprobar los tratados internacionales que celebre el Presidente de la República. Si bien es cierto que por mandato del artículo 76 fracción I de la Constitución correspondía a la Cámara de Senadores aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la República con las potencias extranjeras, también es cierto que los tratados a los que se refiere el artículo 133 de la Constitución son una clase especial de normas jurídicas que por mandato constitucional se incorporan a la legislación nacional en la jerarquía de la Ley Suprema de la Unión y esa categoría jurídica sólo podía reconocer la Constitución a los tratados internacionales que fueran aprobados por el Congreso de la Unión y no sólo por el Senado. No existe ninguna explicación o razonamiento que pudiera servir de justificación para substituir al Congreso por el Senado en la grave responsabilidad de aprobar los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República. Aparentemente los señores senadores que participaron en el dictamen que dio origen a la reforma, consideraron que al substituir al Congreso por el Senado corregían una errata que los constituyentes de 1917 arrastró desde la Constitución de 1857, que mencionaba al Congreso y no al Senado sin que dicha mención se hubiera modificado el restablecer al Senado. Sin embargo, consideramos que no fue errata del constituyente de 1917 sino por el contrario, tuvo el conocimiento preciso de que la única forma de asegurar que los tratados internacionales resultaran congruentes y armónicos no sólo con el texto constitucional sino incluso con las leyes emanadas de la propia Constitución y quedaran elevados a la categoría de Ley Suprema de toda la Unión, sin que se violentara el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 consistente en encomendarle al Congreso la aprobación de dichos compromisos internacionales. Cumpliendo este requisito, el Presidente de la República podría ejercer su facultad de negociar en el ámbito internacional con absoluta amplitud inclusive en aquellas materias cuya regulación jurídica en la propia Constitución encomienda el Congreso de la Unión o cada una de las cámaras que lo integre. Compañeras y compañeros diputados: La celebración de tratados internacionales no sólo obliga al Ejecutivo, sino que recae su observancia sobre la nación entera y es la Cámara de Diputados la que representa a la nación fundamentalmente en su aspecto popular, en tanto el Senado representa el elemento federativo, por lo que el Congreso de la Unión en su integridad debe de participar en la evaluación de la política cuya dirección y ejecución responda al Ejecutivo y cuya aprobación de origen corresponda al Senado. No está por demás mencionar que en las Constituciones de Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Checoslovaquia, etcétera, se establece la aprobación de los tratados internacionales por ambas cámaras. Los tratados internacionales no deben ser contradictorios, no contener compromisos que resulten inconsistentes con el contexto de la Constitución. En el contexto de globalización que hoy vive el estado mexicano, no sólo el estado y los agentes del mercado, también los ciudadanos, a través de sus representantes tienen derecho a influir en la política internacional del país. Para los nacionalistas es esencial que el Congreso de la Unión ejerza la facultad de aprobar los tratados para hacer de la política exterior un instrumento de acuerdos incluyentes y plurales que impulsen el desarrollo nacional a efecto de coadyuvar con el Ejecutivo en la tarea que lleva los asuntos exteriores de manera acertada y permitir que sus decisiones reciban una mayor aceptación política y se de una auténtica colaboración de poderes para la promoción y defensa de los intereses nacionales. A los integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista, nos queda claro que los problemas internos y externos que enfrenta México no admiten respuestas, ni soluciones fáciles, son temas y asuntos que han abrumado la agenda nacional y que exigen definiciones enmarcadas de amplios consensos que en un análisis crítico por parte de ambas cámaras. Asimismo, resulta evidente que una verdadera y real división de poderes y de facultades, así como el respeto irrestricto de nuestra ley suprema, es necesaria para el desempeño eficaz de la misión que cada uno de los tres Poderes de la Unión tienen como responsabilidad. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa como proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, Fracción I; 89, Fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo Único. Se reforman los artículos 73, 76, Fracción I; 89, Fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos. Artículo 73. "El Congreso tiene la facultad, de la Fracción I a la Fracción XXVII quedan igual; de la XXVIII para analizar, revisar y evaluar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, además de aprobar los tratados internacionales y convenciones que celebre el Ejecutivo de la Unión". De la Fracción XXIX a la XXX quedan igual. Artículo 76. "Son facultades exclusivas del Senado, analizar en primera instancia los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo Federal y que envíe al Congreso de la Unión para su aprobación". De la Fracción II a la Fracción X quedaría igual. Artículo 89. "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:" De la Fracción I a la IX quedan igual. De la X sería: "dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Congreso de la Unión. "En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proposición de la amenaza, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional. De la fracción XI a la XX quedan igual. Artículo 133: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión, de los jueces de cada estado. Se arreglarán a dicha Constitución leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados". Transitorios. Artículo 1º: "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Artículo 2º transitorio: "Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto". Dado en la Honorable Cámara de Diputados el día 11 de abril del 2002. Suscriben la presente iniciativa la diputada Norma Patricia Riojas Santana, el diputado Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista; la diputada Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista. Es cuanto, señora Presidenta.