EL DIP. AULDARICO HERNANDEZ GERONIMO: A todos los diputados del Revolucionario Institucional donde quiera que estén y me estén escuchando, porque aquí no los veo; ojalá nos oigan. El domingo 22 de octubre pasará a la historia como una de las más oscuras fechas en el negro calendario de agravios al pueblo mexicano. Ese día un Instituto Estatal Electoral, conformado por empleados de Roberto Madrazo, declaró candidato ganador a un empleado de Roberto Madrazo, pasando por encima de la voluntad popular del pueblo tabasqueño, de la legalidad y de los principios más elementales de la convivencia civilizada y republicana. La resolución no significa el fin; más bien abre una nueva etapa volcando al terreno nacional un conflicto que no debió suscitarse. La ruptura de la legalidad perpetrada por la pandilla madracista nos obliga a los ciudadanos, organizaciones sociales, representantes populares y partidos políticos a llevar nuestras inconformidades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puesto que el gobierno madracista ha secuestrado la legalidad en todas las instancias de Tabasco, como es el Poder Judicial Estatal. De ninguna manera puede sostenerse como legal la resolución de un órgano ilegítimo amafiado, como es el Instituto Estatal Electoral. Solo el interés mezquino de reducidos grupos de poder y los amasiatos económicos con criminales de cuello blanco, pueden cerrar los ojos ante la zahurda en que Madrazo ha convertido la política en Tabasco. La resolución del Instituto Estatal Electoral de Tabasco de nombrar gobernador electo al subalterno de Madrazo, no puede tomarse en serio. La cauda de denuncias e irregularidades que preceden a esta resolución, pesan más que cualquier oficio o mandato hacer desde la Quinta Grijalva. El gobierno de Madrazo se va como llegó, usando todos los medios a su alcance para sostenerse del poder a cualquier precio: dispendio de recursos públicos, control férreo de los medios de comunicación, uso clientelar de programas sociales, utilización de trabajadores, equipos, vehículos y recursos del gobierno estatal y federal, como apoyo a las campañas políticas, empleo de las estructuras corporativas de sindicatos y organizaciones priístas y una compleja red en la que se demezclan indistintamente funcionarios públicas, locales y federales, funcionarios electorales, representantes populares, gobernantes, caciques regionales y operadores políticos del grupo madracista. En Tabasco está en juego la continuidad o la ruptura de una clase política que ya no puede, ni tiene lugar ni razón de ser en el espacio nacional. Creemos que si Ernesto Zedillo y Vicente Fox resuelven tomar posición al respecto, deben hacerlo con imparcialidad y sin convalidar a autoridades emanadas del fraude, hasta en tanto no se resuelva este proceso en todas las instancias legales competentes. Si no recuperamos la legalidad en Tabasco, entraremos a una situación muy grave. Los madracistas han amagado con usar la violencia, amenazan con bloquear las tomas de posesión del Presidente electo, del Gobernador de Chiapas, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y amenazan de muerte a Consejeros Electorales que no les son afines. No estamos ante un problema partidista, lo que está en juego no es una posición legitima ganada a contracorriente por el Partido de la Revolución Democrática; estamos ante una definición: o adoptamos el camino de la legalidad o nos convertimos en cómplices del señor Madrazo y echamos por la borda lo conseguido hasta hoy. Por eso debemos resaltar en esta tribuna, el valor del Consejero Joaquín Diaser Laurizar (?) que votó en contra de la resolución del Consejo y declaró, cito: "el señor Madrazo, validó la elección desde el lunes ilegalmente; les dio instrucciones a los Consejeros para maquillar las inconsistencias y en el cómputo distrital se dio la operación Dorian Gray. Si ustedes avalan este resultado quedará en su conciencia". Hago mías estas palabras: si ustedes, señores diputados priístas, avalan este resultado, estarán defendiendo el primer triunfo electoral ilegítimo del nuevo milenio y entonces, señoras y señores, quedará en sus conciencias. Perdón, se me olvidaba que no la tienen. En resumen, existen nuevos elementos en este complejo proceso que obliga a esta soberanía a definirse. En este sentido, la Cámara acordó la creación de una Comisión Observadora del proceso electoral del estado de Tabasco, que tiene como objeto observar en los términos legales aplicables el proceso electoral de renovación del Poder Ejecutivo, Congreso Local y ayuntamientos en el estado de Tabasco y fijó su duración hasta el 30 de octubre. En la sesión pasada, el 19 de octubre pasado propusimos ante el pleno ampliar las facultades de dicha Comisión para recibir y canalizar las denuncias sobre el posible desvío de recursos públicos federales en dicho proceso electoral. Rendí un informe detallado de las denuncias recibidas y poder fincar las responsabilidades a que haya lugar, en el marco de las atribuciones constitucionales y legales de la Cámara de Diputados. Con todos estos elementos, consideramos necesario ampliar la duración de la Comisión Observadora, a fin de que cumpla plenamente con su cometido, pues el proceso electoral aún no ha concluido. Según lo establecido en el artículo 326 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Tabasco, los recursos de inconformidad deberán resolverse a más tardar el 9 de noviembre del año electoral. Por lo que a estas fechas, la Comisión Especial tendrá todavía materia, en tanto no haya terminado el proceso electoral. En ese mismo sentido proponemos que el 30 de octubre, fecha en que originalmente debía concluir sus actividades esta comisión especial, ésta rinda al Pleno un informe preliminar de sus actividades. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración del Pleno, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda ampliar la duración de la comisión especial en cargada de observar el proceso electoral en el Estado de Tabasco hasta el término de dicho proceso, de conformidad con los tiempos previstos en la legislación aplicable, con el objeto de que cumplan plenamente el mandato para el que fue creada. Segundo: La comisión especial encargada de observar el proceso electoral en el Estado de Tabasco, presentará ante el Pleno, un informe preliminar de sus actividades, el 30 de octubre del año 2000. Muchísimas gracias. PRESIDENTE: Gracias diputado Auldárico Hernández Gerónimo. Sí, diputado Melitón Morales Sánchez. DIP. MELITON MORALES SANCHEZ (desde la curul) Pido la palabra para el mismo tema. PRESIDENTE: Tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos. DIP. MELITON MORALES: Señor presidente; compañeros: Por estado de derecho se entiende básicamente aquel estado cuyos diversos órganos e individuos miembros se encuentran regidos por el derecho y sometidos al mismo. Esto es, estado de derecho alude al estado cuyo poder y actividad están regulados y limitados por el ordenamiento jurídico. Así pues, el artículo 40 de la Constitución Federal establece: "... que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior. Pero unidos en una federación establecida según los principios de la Ley Fundamental". Ahora bien, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de la competencia de éstos y por los poderes de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados. Las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, principio consagrado en el artículo 41. Por lo que se infiere que el estado de derecho con plena vigencia en nuestro país, tiene uno de los principales sustentos en los artículos citados. En relación con los acontecimientos que se están suscitando en el Estado de Tabasco, cabe hacer las siguientes observaciones: Por decreto del 21 de agosto de 1996, se reformaron entre otros, los artículos 99 y 116 de la Constitución Federal. En tal virtud, el artículo 99 se reformó totalmente y quedó establecido en su cuarto párrafo, que al Tribunal Electoral Federal, le corresponde resolver de manera definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: Fracción IV: Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o del resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible, dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos. En este sentido y siguiendo un orden sistemático, el artículo 116 considera: Fracción IV: Las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán . . . "b) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad". Las referidas reformas dan una nueva dimensión del sistema de justicia electoral e introducen nuevos mecanismos jurídicos que le otorgan mayor eficacia y confiabilidad. Las reformas pretenden que dicho sistema se consolide como uno de los instrumentos con que cuenta nuestro país para el desarrollo democrático y afirme el Estado de derecho en que vivimos. Las citadas reformas se dirigen a la consecusión de un sistema integral de justicia en materia electoral, de manera que por primera vez existen en nuestro orden jurídico los mecanismos para que todas las leyes electorales se sujeten invariablemente a lo dispuesto por la Constitución para proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos mexicanos, establecer la revisión constitucional de los actos y resoluciones definitivas de las autoridades electorales, así como para contar con una resolución final de carácter jurisdiccional. Queda establecido que el Tribunal Electoral Federal conoce de aquellos actos o resoluciones de autoridades electorales locales que vulneren los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en congruencia se establece un con junto de principios y bases para los preceptos electorales de nivel local . Con lo anterior se pretende moderar aquellas situaciones que por su disparidad o divergencia, con el sentido de nuestro texto fundamental atenten contra el Estado de derecho. De igual manera, con esta vía se aspira a superar los debates sobre la legalidad de los procesos electorales, cerrando el camino a decisiones políticas sin fundamento jurídico, que pudieran afectar el sentido de la voluntad popular expresada en las urnas. Estos fueron los motivos que dieron origen a la trascendente reforma de 1996 y que esencialmente se refieren a la legalidad que en materia electoral deben regir todos los actos de las autoridades y actores implicados, siendo exclusiva competencia de las instituciones del estado libre y soberano de Tabasco el conocimiento y resolución de las cuestiones que con motivo del reciente proceso electoral pudieran surgir. (Silbidos del grupo parlamentario perredista) Y solo en caso de excepción, por la vía del juicio de revisión constitucional . . .