La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, enfrentar estructuras oligopólicas que controlan los precios y la calidad de los productos es, sin lugar a dudas, un reto monumental al que se tiene que hacer un beneficio en la economía familiar. En 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, determinó que los consumidores mexicanos gastaban 30 por ciento más en mercados con problemas de competencia, y hace algunos meses la Comisión Federal de Competencia Económica identificó que el poder de mercado de algunas empresas representa una afectación dramática sobre el precio del 100 por ciento en algunos productos esenciales en la vida cotidiana de las personas. En palabras simples, la falta de competencia significa que pagamos el doble de lo que realmente cuestan algunos productos y servicios, y si esto fuera diferente los hogares observarían un aumento automático del 15 por ciento en la capacidad adquisitiva de sus salarios. Recordarán que la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones y competencia económica hizo énfasis en el proceso de selección de los comisionados, con la finalidad de brindar sus decisiones y elegir a los mejores perfiles de un proceso abierto y público. Si bien es cierto fue una decisión acertada que los siete comisionados de la IFT y los siete de Cofece sean ratificados por el voto de las dos terceras partes del Senado, esto no ocurre con los titulares de la autoridad investigadora. De acuerdo al procedimiento vigente, la facultad de la elección de los titulares de la autoridad investigadora recae exclusivamente en los comisionados de cada órgano regulador, y es aquí donde los legisladores advertimos el incumplimiento constitucional de la separación de funciones, ya que al existir un delgado vínculo de agradecimiento entre dichos funcionarios, rompe flagrantemente el espíritu constitucional y representa un error que debe corregirse inmediatamente. El hecho de que los comisionados decidan quién debe ser el titular de la autoridad investigadora, somete a dicho funcionario público a que en el futuro le cobren el respaldo por su nombramiento y ello pueda derivar en presiones para incidir, frenar o sesgar el sentido de algunas investigaciones. Por esta razón, el propósito de esta reforma es que los titulares de la autoridad investigadora sean elegidos por el mismo rigor técnico con el que se elige a los comisionados. Esto es, se sometan al mismo proceso de selección, que sea el Senado de la República quien esté facultado para ratificar su nombramiento y que este último tenga que ser quien decida su reelección. El siguiente tema que deseo someter a su consideración tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas del trabajo que realizan los titulares de la autoridad investigadora de los órganos reguladores. Si analizamos la regulación vigente, los titulares de la autoridad investigadora tienen el poder supremo de decidir qué se investiga, por qué se investiga y qué no se debe investigar. Además, su criterio es el único que le otorga prioridad a las investigaciones y son ellos los que determinan cuándo iniciarlas, aplazarlas, o sencillamente nunca comenzarlas, sin que nadie pueda cuestionarlos y sin rendirles cuentas a nadie. De este tamaño es el poder que tiene el titular de la autoridad investigadora. Si uno revisa el texto constitucional, los comisionados presidentes tanto de la Cofece como del IFT, están obligados a rendir cuentas a la sociedad y año con año presentan su informe anual ante el Senado de la República. Pero, como ya se explicó, los titulares de la autoridad investigadora están exentos de dicha responsabilidad. Por esta razón propongo una reforma constitucional, para que ellos también rindan cuentas ante la sociedad y compartan el razonamiento bajo el cual decidieron el inicio de sus investigaciones. Me voy a referir a un ejemplo muy concreto. Entre las últimas investigaciones de la Cofece se encuentra la investigación sobre la presunta comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichaje de jugadores de fútbol. Si bien la intervención de dicho órgano regulador en el balón pie mexicano puede incidir positivamente en favor de los jugadores, lo cierto es que están empleando recursos públicos y capital humano, que bien podría analizar algún otro tipo de mercado que beneficie a una población de mayor tamaño o que trascienda en favor de la economía familiar. Por eso deseamos que los titulares de la autoridad investigadora se presenten ante el Senado de la República, para que en un diálogo franco y directo se compartan los problemas de regulación que existen en México y que también sea útil la interacción con los senadores, para que los reguladores se sensibilicen de los temas que más les preocupan a las familias en las entidades federativas. A nadie le conviene que los órganos de competencia económica y telecomunicaciones inviertan años, recursos y el talento de su capital humano en investigaciones que beneficien marginalmente a unos cuantos, o que se apliquen sanciones inferiores a los que invierten a la Cofece o en el Ifetel en dichos procedimientos. Cierro esta intervención recordándoles que la regulación económica es competencia de todos y la aprobación de esta reforma abonará a este objetivo en beneficio de los ciudadanos de este país. Muchísimas gracias.