La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Compañeras y compañeros, esta es primera iniciativa que presento como diputada federal de esta LXVI Legislatura. Elegí un tema de la agenda feminista de la cuarta transformación que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, mismo que tenemos que abordar con toda la seriedad, profundidad y compromiso que amerita. Me refiero a la descriminalización del aborto en el Código Penal Federal. Y es que, lamentablemente, varios artículos de este Código aún mantienen las reglas que criminalizan a las mujeres en cualquier momento del embarazo, cuando deciden ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo, lo cual ya ha sido considerado inconstitucional por la propia Suprema Corte de Justicia, en sentencia que emitió apenas hace un año, en 2023, pues resulta evidentemente violatorio de los derechos humanos que nos asisten como mujeres, como la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, derecho a la salud, contemplados en la Constitución y en tratados internacionales. En esta sentencia, a la que he hecho referencia de la Corte, promovido por una organización de la sociedad civil, se estableció que uno de los efectos de esta resolución era que el Congreso federal debía reformar y derogar algunos artículos del Código Penal Federal por devenir inconstitucionales, por criminalizar a las mujeres que ejercieran su derecho a decidir. Imagínense que actualmente el texto del Código Penal Federal que propongo reformar establece sanción de prisión de seis meses a un año a la mujer que aborte, siempre que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que este sea fruto de una unión ilegítima. Porque, si no concurren alguna de estas tres circunstancias, qué creen, que la pena es mayor, de hasta cinco años de prisión, sin importar la semana de gestación. La penalización del aborto no solo vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, sino que también perpetúa la desigualdad y la injusticia social. Las mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados o inviables, a menudo se ven obligadas a recurrir a procedimientos inseguros que ponen en riesgo su salud, y lo que es peor, su propia vida. Hay que dejarlo muy claro, el aborto debe estar muy lejos de ser un problema penal y más bien debe atenderse como una problemática de salud pública que debe ser atendido por el Estado. Como país estamos obligados y obligadas a promover, a proteger y a hacer realidad los derechos de todas las personas, incluidos los derechos de las mujeres relativos a la salud y a la autonomía sexual y reproductiva, de conformidad como lo establece nuestra Carta Magna. En eso ha sido muy enfática nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, será prioridad en su gobierno la protección de la salud de las mexicanas, incluyendo la salud reproductiva y la salud sexual. La criminalización de las mujeres por aborto, lo dijo claramente la Corte, constituye un acto de violencia y discriminación en razón de género, pues anula su dignidad y su autonomía al considerarnos como objetos de regulación y no como personas sujetas de derechos, no como personas capaces de tomar por nosotras mismas decisiones sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. Este tipo de legislación, como la que propongo derogar y reformar, perpetúa el estereotipo de género relativo a que las mujeres solo podemos ejercer libremente nuestra sexualidad para procrear y refuerza, al mismo tiempo, el rol de género que impone la maternidad como un destino obligado para todas. Cuestiones que claramente constituyen obstáculos para alcanzar la igualdad de género. Cuando, además, de la criminalización de las mujeres, los servicios de abortos seguros y legales están restringidos sin justificación o no se encuentran disponibles, esto puede poner en riesgo también varios derechos humanos que ya he mencionado. Compañeras y compañeros, hoy que vivimos tiempos históricos, como una mujer presidenta, quien ha colocado como prioridad desde sus primeros días de gobierno la agenda de los derechos de las mujeres, es momento que, desde este Congreso federal, desde esta Cámara de Diputadas y Diputados actuemos en consecuencia. Desterremos la criminalización de la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. Respetemos su autonomía y su dignidad. Es el tiempo de ser congruentes y desterrar de raíz los atavismos que hoy tienen a las mujeres aún limitadas en sus derechos. Es tiempo de las mujeres, y si es tiempo de las mujeres, entonces, cambiemos la ley a favor de las mujeres. Es una cuestión de justicia, son nuestros derechos...