EL C. DIPUTADO GUILLERMO HOPKINS GAMEZ: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público. Hace 14 días el Ejecutivo Federal envío a esta soberanía su propuesta de Ley de Ingresos y de Proyecto de Decreto de Egresos de la Federación. Ya en los medios hemos comenzado a conocer diversas reacciones, los analistas y los partidos políticos iniciaron ya sus debates y aportaciones, pero es hasta hoy que arranca formalmente el debate sobre el paquete económico para el 2003. Es ésta una magnífica ocasión para aclararle a la sociedad mexicana lo que realmente aconteció en esta Cámara de Diputados los últimos cuatro días de diciembre del año pasado. No cabe duda, señor Secretario, que no hay plazo que no se cumpla, la campaña implementada por el Ejecutivo Federal en contra de esta Cámara de Diputados, ni fue justa ni reflejó lo que aquí realmente sucedió. Ante la terquedad del Ejecutivo Federal por implementar el IVA a los alimentos y medicinas, se llegó hasta el 28 de diciembre pasado, para empezar a analizar el impuesto sobre la renta. ¿Cómo olvidar en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, las improvisaciones fiscales del Ejecutivo Federal, las estimaciones sobre la rodilla de futuros ingresos, los mayoriteos para imponer el impuesto suntuario, aquel impuesto sobre plásticos, que cuando se dieron cuenta de la gravedad de la medida fiscal, inmediatamente fue retirada de la mesa, y la controversia constitucional, por cierto, favorable a esta soberanía, para proteger la industria azucarera nacional? Vale la pena recordar, señor Secretario, que la única iniciativa que salió de esta soberanía fue el impuesto a la fructuosa, todas las demás iniciativas, todas, señor Secretario, absolutamente todas, provinieron de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos. Si, nosotros las aprobamos, de no haberlo hecho hubiéramos paralizado al país. Sería inútil volver sobre las cifras del 2002, ya lo hicieron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, lo que resulta obvio para nosotros,. es que como en el caso de los ingresos fiscales esperados, las metas macroeconómicas tuvieron una buena dosis de exagerado optimismo. Las autoridades prometieron impulsar la inversión privada y los proyectos tipo pidiregas, pero las cifras no van a la cabalidad, un incremento sustantivo en la inversión privada. Para el 2003, en lo que a política de ingresos se refiere, se tiene previsto que los ingresos totales asciendan a un billón 448 mil millones de pesos, lo que significa el 22% del Producto Interno Bruto contra el 22.1, que se estima ser el cierre para el 2002. Estos menores ingresos se derivan de una menor recaudación, resultado de un crecimiento moderado en la actividad económica y de comercio exterior. Reconocemos el esfuerzo por disminuir el peso de la deuda como proporción del tamaño de la economía; asimismo esta Cámara dio una muestra de responsabilidad al introducir en el decreto de presupuesto, por primera vez en la historia, un tope al déficit público y determinar que éste debe tender a reducirse. Para el 2003, que no quepa duda, mantendremos esta responsabilidad, pero exigimos que el Ejecutivo haga mejor su tarea tanto en la recaudación, como en el ejercicio del gasto. Resulta en principio positivo dotar a los estados de mayores facultades tributarias, pero sería deseable tener muy claro si no estamos trasladando problemas y no soluciones. ¿Cuánto ha recaudado la Federación por esas facultades que ahora pretende trasladar a los estados?, ¿cuánto representa para los estados los repecos, la enajenación de inmuebles y el régimen intermedio, y en contraste, cuánto costará su recaudación? No queremos que la prisa provoque los desaciertos que se dieron en las estimaciones de ingresos con sus consecuentes y graves recortes presupuestales, como ha ocurrido a lo largo de este año. Nos pronunciamos por una política de ingresos de calidad y veracidad. Para el 2003 tendremos que ser más oportunos para identificar coincidencias y trasladar las divergencias al gran debate nacional que tendremos en puerta en torno al fortalecimiento de los ingresos públicos en los tres ordenes de gobierno. El proyecto de gasto para 2003, introduce cambios metodológicos que dificultan los análisis comparativos y denota falta de transparencia, pero que esperamos que en el debate y discusión de las propuestas se afinen. Sabemos que en especial el presupuesto está alineado a la expresión de la economía en su conjunto, por tanto, todo presupuesto resultaría insuficiente para cubrir a cabalidad la demanda ciudadana; pero sabemos también que el gasto público por escaso que sea, tiene un impacto multiplicador considerable: para que éste sea óptimo, se precisa que también lo sea su direccionalidad y composición. Las nuevas etapas que incluye la exposición de motivos poco ayuda a la transparencia, por eso en el análisis privilegiamos conceptos más tradicionales como el de gasto de inversión y corriente, cuya composición para el 2003 vuelve a estar cargada de este último. Necesitamos pasar de un federalismo menos cuestionado a un federalismo más cierto; de un federalismo menos discrecional a uno más participativo; requerimos de un nuevo federalismo para una nueva realidad, un federalismo que parta del ingreso y que no termine siempre con la discusión estéril del presupuesto y que las condiciones económicas actuales es a todas luces insuficiente. Ya basta de cuadrar cifras en diciembre y descuadrarlas en enero. En esta materia, el 2003 será un año de transición, reconocemos las propuestas y esfuerzos que diferentes actores han hecho en la materia. Mi partido actuará con prudencia y realismo para avanzar con pasos firmes. La bancada del PRI se ha caracterizado por contribuir al debate de manera creativa, vamos siempre más allá de la crítica, superamos la estridencia para dar caminos ciertos a la sociedad mexicana, para tender puentes que permitan encontrar caminos para todos. Partimos de un agotamiento del modelo fiscal actual que fue diseñado para otro México. Nuestro sistema fiscal, además de costoso, es excesivamente centralista y ese centralismo lo ha colapsado. Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, tenemos la obligación de actuar a la altura de las circunstancias. Para el contribuyente el sistema fiscal resulta complicado, oneroso, falto de calidad; para los socios del Pacto Federal resulta inequitativo y poco transparente. Nos perdemos en el debate del gasto y prestamos poca atención al ingreso y a las formas de originarlo, distribuirlo, transparentarlo y fiscalizarlo. Por todo ello, en materia de ingresos proponemos transferir de la Federación a los estados que así lo deseen, la administración del IVA, lo que creará un sistema cooperativo pero a la vez competitivo de recaudación nacional; fortalecerá el federalismo, llenará el vacío que existe actualmente en cuanto a una importante actividad fiscal de las entidades federativas y agregará la energía fiscal de los estados y municipios hoyen día subutilizada. Además, termina con el falso juego de suma cero, tanto entre la Federación y las entidades, así como entre éstas. En el proceso se dinamiza el sistema recaudatorio del país al crear nuevos incentivos positivos para todas las entidades federativas. Cuidaremos que la potestad tributaria que se propone tengan los estados en materia de pequeños contribuyentes, no impliquen un doble costo ni redunden en procesos más complejos que los actuales. EL PAFEF tiene que ser incluido; mantenerlo es un logro de esta Legislatura. El presupuesto agropecuario tiene que incrementarse. El blindaje debe ser real. Incrementaremos en la medida de lo posible los recursos del Ramo 33 y efectuaremos las asignaciones de gasto corriente necesarias para incrementar el gasto de inversión y de orden social. Señor Secretario: pertenecemos a la primera Legislatura con la que se interrelaciona un titular del Ejecutivo que pertenece a un partido político distinto al nuestro. Los legisladores de mi partido en este último paquete económico que nos corresponde por ejercicio constitucional revisar y aprobar, lo haremos con profunda seriedad y responsabilidad, como lo hemos hecho en los dos años anteriores que vale la pena recordar, fueron aprobados por unanimidad. Sabemos que cualquier presupuesto que aprobemos siempre será limitado y no alcanzará para cubrir las innumerables necesidades de la población. Pero también sabemos que debemos avanzar en la dirección que le es común a todas las fuerzas políticas del país: atender las necesidades sociales. Podríamos señor Secretario, compartir los diagnósticos; diferir en los medios para enfrentar la problemática; pero estamos dispuestos a construir acuerdos. Muchas gracias. -PRESIDENTA: Gracias diputado. De conformidad con el acuerdo establecido por la Junta de Coordinación Política y aprobado por este Pleno para el desarrollo de esta comparecencia, corresponde en este momento iniciar la etapa de preguntas con derecho de réplica. Se han registrado para ello el diputado Víctor Antonio García Dávila, a nombre del grupo parlamentario del PT; el diputado José Antonio Arévalo González, del PVEM; el diputado Tomás Torres Mercado, del PRD; el diputado Humberto Muñóz Vargas, del PAN y el diputado Miguel Arizpe Jiménez, del PRI. Antes de ofrecer la palabra al diputado Victor Antonio García Dávila, hasta por 3 minutos, queremos saludar la distinguida presencia de colegas Senadores de la República, miembros de la Comisión de Hacienda, que se encuentran entre nosotros. Tiene la palabra el diputado Victor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del PT, hasta por 3 minutos. -DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados; ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Francisco Gil Díaz: El cambio en México, ya nadie lo para. La reversa también es cambio. Hay dos cuestiones que resultan ineludibles en el contexto de esta comparecencia: La primera de ellas es exigir una explicación coherente sobre qué pasa en el sector bancario que se ha convertido en el enfermo más grave del Sistema Económico Mexicano, dejando a un lado las fallas de la privatización y luego los errores costosos del rescate. A más de seis años de la debacle, la situación no ha mejorado para que podamos decir que el sacrificio valió la pena. Básicamente los bancos no prestan dinero al público y arguyen primero que no existían las condiciones institucionales para hacerlo . Y segundo, que no hay negocio bancario propiamente dicho, al margen del crecimiento económico. Los obstáculos institucionales existen así como en toda actividad. Pero ello no explica las limitaciones en la oferta, sino precios más altos para el servicio. Al existir demanda debiera generarse una oferta porque existen incentivos económicos para transferir recursos de otras actividades. Ahí es donde aparentemente radica el problema. El gobierno pasado y el actual han apoyado la permanencia de la tecnocracia transexenal. implementó un sistema de privilegios a favor de los bancos, que hoy ha llegado al nivel más absurdo y desafía el sentido común. Se les otorgó a los bancos una discrecionalidad enorme, que ha dado como resultado que creen un negocio paralelo que les permite prescindir de la ventanilla de préstamos. También los bancos imponen a su arbitrio comisiones y otros cargos a los servicios que prestan. Específicamente la pregunta es: por qué la autoridad competente, esto es, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependiente de la Secretaría a su cargo, no ha actuado para poner orden en el negocio bancario. En lugar de hacer tímidas exhortaciones a que cumplan con su deber las autoridades competentes deben tener el valor de arrostrar a los que en flagrancia cometen estas irregularidades. Ha llegado la hora de exigir a los banqueros que reorienten sus negocios, como lo establece la ley, o perderán el derecho de concesión. La autoridad debe explicar por qué no ha actuado y cuáles son los escenarios que contempla, en los cuales se justifica esta pasividad que está teniendo consecuencias tan onerosas para todos los mexicanos. La otra cuestión conexa con la anterior, es la que se refiere a los abusos cometidos por los bancos en materia de los servicios que prestan. El celo neoliberal que ustedes tan celosamente profesan debiera verse enfocado a evaluar un desempeño competitivo de los bancos. Actualmente las tasas pasivas de interés están tres o cuatro veces por encima de la tasa de los Cetes, que es una referencia para determinar el costo básico de los fondos restables. El hecho es que el resultado de esta política de preferencias hacia un sector que no ha cumplido ni siquiera los objetivos que los tecnócratas se propusieran, repercute de manera lesiva las finanzas públicas porque tienen que destinar una suma importante de recursos para seguir favoreciendo a este sector. Agradecemos de antemano sus comentarios al respecto, señor secretario.