El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: La estructura del gasto federal que se presenta no modifica las políticas públicas implementadas en los dos primeros años de ejercicio de Peña Nieto. Es una propuesta inercial que atiende una visión de Estado regulador, responsable de garantizar enormes ganancias para las empresas monopólicas nacionales y extranjeras en detrimento de la calidad de vida y bienestar de los y las mexicanas y mexicanos quienes enfrentarán a los índices más altos de pobreza, de inseguridad y de acceso a servicios de salud y vivienda en donde la dignidad priva por su ausencia. En la exposición de motivos que presentaron, ustedes hablan de que la economía crecerá en una tasa de 3.7 por ciento en términos reales, atendiendo y cito textualmente, a la confianza de los distintos actores económicos, políticos y sociales del país generada por las reformas estructurales y su implementación, así como también por los crecientes flujos de inversión extranjera directa, resultado de las nuevas condiciones que nuestro ofrece a inversionistas internacionales, sobre todo aquellas relacionadas con el clima de negocios y las amplias oportunidades de crecimiento y desarrollo económico; no cabe duda, que resulta que no vivimos en el mismo país que gobierna Peña Nieto. En el ámbito internacional México ha sido señalado como un país con un alto índice de inseguridad que pone en riesgo actividades económicas como el turismo internacional, inseguridad que pone en duda la seguridad de inversionistas. La bonanza esperada de la reforma estructural en materia energética ya es cuestionada hasta por el propio Fondo Monetario Internacional. En la reciente Cumbre del G-20 dijeron ellos: los débiles precios del petróleo tendrán impactos diferentes alrededor del mundo, aligerando la presión sobre los importadores de petróleo, pero provocando nuevos riesgos para los países productores. Las bases del Ejecutivo federal para determinar esta expectativa de crecimiento del PIB no encuentran sustento en la dinámica económica nacional e internacional. No estamos en un país ideal para los negocios. La creciente inconformidad social por las asimetrías económicas y sociales y la creciente pauperización de las y los mexicanos llaman la atención y la urgencia de políticas económicas y sociales que se han implementado. Esta Cámara de Diputados resulta irresponsable al aprobar un Presupuesto de Egresos sostenido por mayor deuda pública interna y externa. Un Presupuesto que da pauta a gastos en proyectos de infraestructura como el aeropuerto internacional y el tren rápido que generan negocios para los amigos y un perjuicio grave para las finanzas públicas. El diseño del gasto público atiende a mantener esquemas de gobiernos ineficientes y corruptos, mantiene prebendas ilegítimas para una alta burocracia y administra dosis de ayuda asistencial a través de programas sociales y de decadentes y magros servicios educativos y de salud. Omite la implementación de políticas de seguridad pública en beneficio de la población, simula programas de combate a la corrupción dejando intocado el sistema de financiamiento ilegal proveniente del sistema del lavado de dinero inserto en los distintos sectores económicos y políticas, como se ha ventilado a través de distintas investigaciones periodísticas más no fiscales o ministeriales. Se reclasifica un porcentaje mínimo del Presupuesto para atender supuestas demandas sociales a través del cabildeo legislativo, clasificación del gasto que permite la operación del moche a través de un supuesto gasto etiquetado. Éste es el punto de la madeja. Si jalamos el moche, jalamos un punto de la corrupción que impulsa el voto a favor de un Presupuesto designado por el Ejecutivo federal culmino, presidente- sin que sea cuestionado por esta Cámara de Diputados en su calidad de Poder revisor. Una falta de transparencia y rendición de cuentas es la que permite a presidentes partidistas porten relojes de más de 600 mil pesos; que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa pague una renta de 290 mil dólares mensuales por el inmueble de sus oficinas. Otro absurdo de las finanzas públicas, la adquisición de un Boeing 787 culmino, presidente-, modelo Dream Liner, que en el ámbito comercial tiene una capacidad para 250 personas. El nuevo avión equipado por completo y la remodelación del hangar presidencial, pago extra de 945 mil millones de pesos, impactarán en las finanzas públicas con cerca de ocho mil millones de pesos. Cabe reflexionar y preguntar cuál es la lógica de la administración federal para la adquisición de un avión presidencial cuando el 70 por ciento de la población vive en pobreza extrema. ¿Cómo explicar en forma fehaciente y transparente una licitación viciada de origen que se revoca ante el escándalo de la corrupción presidencial que se muestra con la publicidad de la adquisición de un inmueble en Polanco por la familia presidencial? Denuncias de hechos que se pretenden ocultar como es natural en todo acto delictuoso. Voy a culminar, presidente.