La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, México ha realizado importantes esfuerzos desde hace varias décadas para fortalecer su política social; sin embargo, el incremento de la población en condición de pobreza y pobreza extrema obliga a evaluar de manera crítica los resultados obtenidos hasta el momento. Las autoridades mexicanas respondieron al desafío de la pobreza implementando programas sociales inspirados en los principios de integralidad, subsidiariedad y corresponsabilidad. La estrategia ha consistido en apoyar a la población pobre en el acceso a activos patrimoniales, particularmente vivienda, dotación de servicios de infraestructura básica, acceso a salud, educación y un nivel de ingreso básico, aspectos que, para su operación requieren la descentralización de facultades hacia los gobiernos locales y la participación de múltiples actores en la solución de un mismo problema. Sin embargo, esta situación en algunas ocasiones, en lugar de ser una gran oportunidad para combatir la pobreza, puede imposibilitar una acción colectiva, coherente y coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno y entre éstos y las organizaciones privadas que también contribuyen, pues los diferentes programas podrían introducir objetivos contradictorios. Estudios del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señalan que en materia de desarrollo social, una de las tareas pendientes es avanzar hacia un sistema ajustado, eficiente y coordinado, abordando los problemas de los más necesitados. La coordinación no implica entonces solamente hacer compatibles unas acciones gubernamentales con otras, de lo que se trata es de conjugar las políticas de manera que se logre integrar las distintas decisiones y acciones de gobierno dentro de una sola visión de conjunto y con una clara perspectiva de largo plazo. La falta de coordinación repercute en la política social reduciendo su efectividad y su eficiencia, relevando una pérdida de sentido de las prioridades. Los ejemplos abundan, como se muestra en la relación siempre tensa entre los programas e instituciones del sector salud responsables de las actividades curativas, e instituciones que previenen y que tienen como posibilidad el saneamiento. Al interior de los programas de la asistencia o compensación social suele presentarse un dilema parecido entre aquellos funcionarios e instituciones en los cuales prevalecen énfasis o responsabilidad asistencial, con quienes privilegian los enfoques de promoción y desarrollo. Los programas de combate a la pobreza son probablemente el mejor ejemplo de la importancia de coordinar el conjunto de las políticas sociales, pero solamente en un enfoque integrado, tiene alguna probabilidad de éxito. Es pues que esta iniciativa trata de establecer una coordinación sistemática entre las políticas sociales y las políticas económicas, educativas, de salud y demás, entre las diversas instancias de gobierno federal y entre éstas y los diversos ámbitos de gobierno, ya que es muy difícil que la política social por sí pueda acabar con la pobreza. Lo que pretendemos con esta iniciativa es generar la sinergia entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de gestión pública, al mismo tiempo que en dicho proceso se va construyendo un sistema de reglas de juego formales e informales, a través de los cuales los actores participantes encuentren fuertes incentivos a cooperar más allá de sus intereses e ideologías particulares, habitualmente en conflicto entre sí. El mencionado proceso generará la fijación de prioridades en la asignación acordada de responsabilidad en la decisión de qué y cuántos recursos movilizar y por último, quizá lo más relevante, en una implementación que se aproxime de modo importante a aquellos objetivos planteados por los responsables de las políticas y programas sociales. El fortalecimiento de la coordinación es el primer paso para alcanzar otros objetivos, como el de lograr un registro único de beneficiarios de todos los programas, vincular los diferentes sistemas de salud del país, ordenar mejor los distintos programas y crear nuevos para atender las necesidades de población que actualmente no tienen cobertura. Por lo anterior, propongo que se adicione una fracción VI al artículo 14 de la Ley de Desarrollo Social, para que la política nacional de desarrollo social incluya la mención de los mecanismos de coordinación interinstitucional y de niveles de gobierno, a través de los cuales se pretenda trabajar. A su consideración, legisladoras y legisladores. Es cuanto, presidenta.