El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: En mi carácter de diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, y solicito sea turnada para el estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Seguridad Pública, la presente iniciativa de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de acuerdo con la siguiente Exposición de motivos y proyecto de decreto En 1996 se creó la Ley contra la Delincuencia Organizada como consecuencia del desarrollo de esta modalidad delictiva en nuestro país. De la misma manera, el gobierno mexicano ante la preocupación y el interés por combatir la delincuencia organizada, ha suscrito diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de Viena de 1988. La adopción de estas medidas se dio porque las políticas anticriminales existentes, que fueron diseñadas para la delincuencia tradicional o común habían demostrado ya su ineficacia frente a ésta. Es innegable que el gobierno federal ha venido adoptando diferentes medidas para enmendar errores y deficiencias de estos organismos encargados del combate a la delincuencia organizada. Pero la mayoría de las acciones para subsanar estos problemas se han traducido en el endurecimiento de las sanciones penales. Desgraciadamente esto no ha podido garantizar y el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de buscar otras opciones que pudieran resultar más eficientes pero sin que éstas vulneren las garantías individuales reconocidas en nuestra Constitución federal. Debido al carácter internacional de este fenómeno criminal, las estrategias del combate que se han venido adoptando obedecen, igualmente, a criterios que se van planteando en el entorno internacional, como es el caso de las medidas contenidas en la ya mencionada Convención de Viena de 1988. Sin duda, compromete al gobierno mexicano introducirlas ya en su sistema jurídico para enfrentar principalmente el problema del narcotráfico. Por ello, con la reforma que experimentó la Constitución en 1993, se introdujo por primera vez el concepto de delincuencia organizada reformándose en 1994 el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Esta primera regulación respondió en un principio sólo a la necesidad de contar con más plazos y más amplitud de ellos y no para otros fines, por lo que con tales reformas, aun no se había podido procesar a alguien en nuestro país por el solo hecho de pertenecer a una organización criminal. Paralelamente a lo anterior, se empezó a fortalecer un programa de coordinación nacional en la lucha contra la delincuencia organizada que llevó finalmente a la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995, al reformarse los artículos 21 y 73 constitucional, el cual planteó la necesaria coordinación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno en esta materia. A 10 años de la vigencia de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, no puede negarse que ha sido un instrumento útil para el órgano que tiene la función de investigar y perseguir estos delitos. No obstante, no ha alcanzado sus objetivos de manera óptima; podría en cambio decirse que en diversos aspectos no ha sido debidamente entendida, sobre todo por lo que hace a los alcances de sus mecanismos procesales por lo que con frecuencia se ha abusado de alguna de las medidas contenidas en ellas, como es el caso —según se ha dicho— de las intervenciones a los medios de comunicación privada, del aseguramiento de bienes y del arraigo, así como el trato hacia los testigos protegidos o de ciertos beneficios a quienes de alguna manera colaboran con la justicia. Incluso por el hecho de aplicar la ley para los casos no previstos en ella misma, todo lo cual conduce a afirmar que en cierta medida, los objetivos de esta ley están viéndose ya completamente desvirtuados. La aplicación de esta ley no ha sido del todo eficaz, lo que por supuesto no es necesariamente atribuible a la propia ley sino a los encargados de aplicarla. La realidad de las cosas no permite negar que las averiguaciones previas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero, entre otros, en la mayoría de los casos son deficientemente integradas. Las medidas contenidas en la ley no sólo pueden ser utilizadas para enfrentar a la delincuencia organizada sino también para la delincuencia tradicional o común pues su generalización nos llevaría a atentar contra el estado de derecho. De ahí la necesidad de quienes aplican el régimen de excepción de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no se extralimiten aplicándola para casos que nada tienen que ver con esta delincuencia organizada, fenómeno que puede inhibirse de manera eficaz con la previsión de consecuencias jurídicas frente al abuso de este régimen excepcional. Para la investigación y persecución de los delitos previstos en el artículo 8° de esta Ley se contempla la existencia de una Unidad Especializada que actualmente se denomina Subprocuraduría de Investigación Especializada en la Delincuencia Organizada. Dado que esta Unidad Especializada es producto de una ley especial, no puede ni debe tener competencia para conocer de otros delitos. La ley establece que con relación a delitos previstos en la fracción V del artículo 2°, sólo podrán ser objeto de conocimiento por parte de la mencionada Unidad siempre y cuando se cometan por un miembro de la delincuencia organizada y además que el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción. Por ello debe quedar muy claro en la ley los alcances de la citada Unidad Especializada para evitar que incurra en extralimitaciones y consecuentemente, que se distorsione su función con lo que igualmente se evitará que la ley se desvirtúe. En virtud de lo expuesto someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto, del cual omitiré la lectura de su articulado por encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Es cuanto, señor Presidente.