La diputada Laura Ximena Martel Cantú: Con su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, asistimos al ejercicio del mandato constitucional que nos faculta para analizar el informe presidencial en una coyuntura propicia para una reflexión panorámica de la política interna en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Los resultados entregados develan una deuda considerable del actual gobierno con la sociedad, esto no es necesariamente por falta de interés, tampoco por falta de recursos disponibles; pero sin duda sí es producto de una deficiente capacidad operativa para generar acuerdos, para acercarse con fuerzas políticas diversas y para delinear políticas públicas efectivas para satisfacer las necesidades de la sociedad. El orden, la clasificación y la extensión de la información presentada, así como el énfasis que hizo el presidente en su mensaje deja la impresión de encontrarnos más ante una nueva apología de las decisiones en materia de combate a la delincuencia organizada, que con un informe de gobierno, subrayo, de final de sexenio. Sin duda el tema de la seguridad pública es un componente fundamental cuando hablamos de la vigencia del estado de derecho y de las condiciones para la gobernabilidad democrática; sin embargo, no se trata solo de un yerro argumentativo, es la evidencia de un sesgo conceptual que permeó a lo largo de este gobierno con graves consecuencias sobre las cuales se ha discutido ampliamente. La vigilancia estricta del cumplimiento de los preceptos constitucionales, especialmente en lo relativo a las garantías individuales, a las relaciones con los otros dos Poderes y niveles de gobierno, con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, junto a la primordial tarea de contribuir a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones democráticas. Podemos afirmar que son asignaturas pendientes, no solo en el informe sino también en los hechos; la realidad del país sigue dando mucho de qué hablar. El informe incluye un capítulo extenso donde se intenta demostrar con un largo cuadro de nombres de personas detenidas, la eficacia de la política de seguridad pública; sin embargo a seis años de implementada la estrategia es claro que los pretendidos avances no se reflejan en la sociedad, la violencia no cesa y las familias mexicanas tampoco viven con tranquilidad. Materia fundamental para el desarrollo de la nación es la transparencia en todos los órganos de gobierno. Según el último índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional en donde se evalúa a 183 países, con una escala de cero a 10, entendiéndose que cero equivale a sumamente corrupto, México comparte la posición número 100 junto con Benin, Burkina Faso, Gabón y otros seis países africanos, así como Indonesia y Argentina, con una calificación de tres puntos. Si se compara con los países que integran el G20, México se ubica en la posición 16 de los 19 países evaluados. Entre los países de la OCDE México ocupa el último lugar; posición 34 de 34 países evaluados. ¿Qué decir de las evaluaciones en la percepción de confianza ciudadana? En general –desde hace al menos cuatro años– la confianza en todas las instituciones evaluadas ha disminuido considerablemente. En un artículo publicado en febrero del año pasado por la revista Nexos, se presentaron interesantes conclusiones de una investigación a cargo de Guido Lara y Manuel Rodríguez Woog, las cuales subrayan que entre los mexicanos predomina un profundo individualismo. No hay un sueño común o una visión solidaria que vincule los destinos individuales. Se perfila un ciudadano que desconfía profundamente del Estado, de sus instituciones y de sus élites dirigentes. Que mira al país con un acusado sentido crítico. El 70 por ciento de los mexicanos cree que no le ha tocado nada de la riqueza del país y existe una predominante percepción de que el déficit más importante en términos del progreso de México y de los mexicanos es la falta de un buen gobierno. La corrupción, que no sólo son las dádivas indebidas, son omisiones, ejercicio inadecuado de la función pública, negligencia y permisividad ante la ilegalidad, son conductas inaceptables que resultan onerosas para el país. Según el Consejo Coordinador Empresarial, el costo anual de la corrupción en México representa el doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado; y es superior a los dividendos que el país capta como producto de la extracción de petróleo crudo y gas cada año, representando el 10 por ciento del producto interno bruto. En este sexenio muchas de las dependencias de primer nivel de la administración pública federal estuvieron mezcladas en algún escándalo de corrupción, basta mencionar el caso de la Estela de Luz. Pero más grave aún, la corrupción ha costado vidas humanas. Cómo no recordar los trágicos casos de la guardería ABC, del casino Royale y de Pasta de Conchos. Si hablamos de corrupción y opacidad, lamentablemente pocas cosas nos pueden sorprender a los mexicanos. El secuestro de la moral pública ha sido el sello característico de este sexenio. Como bien ha señalado Robert Dale, la mayoría de los problemas fundamentales de un país no pueden resolverse mediante el diseño constitucional. Se requiere también de un buen gobierno, de un gobierno efectivo y eficiente. Y añadiría lo que dijera Karl Popper “los problemas más importantes y más difíciles de la democracia son de orden moral”. Este recuento, evidentemente, refiere una serie de asignaturas inacabadas. Sin embargo en este momento tenemos la oportunidad de contribuir a sentar las bases de una nueva etapa cuya impronta sean los atributos de un buen gobierno. Por ello desde esta tribuna recibimos con beneplácito la decisión del presidente electo, Enrique Peña Nieto, de proponer entre las prioridades de su gobierno la atención al problema de la corrupción, planteamiento que es congruente con una comprensión profunda de los grandes problemas de nuestro país, que revela sensibilidad y visión de Estado. El próximo sexenio debe de caracterizarse por la transparencia y la rendición de cuentas. La sociedad lo clama y los legisladores no podemos ser omisos ante esta realidad. Señores legisladores, a esta Legislatura corresponde la enorme responsabilidad de estar a la altura de la demanda social de asumir con decisión, visión y un claro compromiso con la ciudadanía, el desafío de afrontar y resolver este problema. Nos toca a nosotros, como lo señaló un destacado político español, “pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades” y recuperar de una vez por todas, el papel rector que le corresponde al Estado. Eficacia, legitimidad, estabilidad y transparencia en el ejercicio del poder político, son componentes básicos de la gobernabilidad. Construir confianza, a partir de la transparencia, la rendición de cuentas y de incentivos para el ejercicio público con honradez, así como programas que inhiban conductas que atenten contra el mismo, son tareas necesarias para la consolidación de un proyecto común, solidario y colaborativo. Todo ello resulta indispensable para el pleno ejercicio democrático, el buen gobierno y el desarrollo. Ese es el tamaño de nuestro reto. Los invito a trabajar unidos, a conjuntar esfuerzos, a no repetir la historia de la repartición de culpas, a construir una historia de éxito como corresponsables en la edificación del país que todos anhelamos. Muchas gracias.