El diputado José Enrique Doger Guerrero: Con su permiso, señor presidente. A nombre de las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI quiero en primer lugar decir que expresamos la más enérgica condena a la obstrucción de las vialidades y los accesos al Congreso de la Unión y la obstrucción y el daño a uno de los Poderes constituidos del Estado mexicano. También, que enfáticamente rechazamos cualquier acto de violencia, venga de donde venga. Por ello el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que coordina nuestro diputado Manlio Fabio Beltrones, continuaremos apoyando la búsqueda de acuerdos en beneficio del país y por supuesto quiero a nombre de mis compañeras y compañeros diputados, que quede perfectamente claro que en su oportunidad debatiremos la Ley Reglamentaria del Servicio Profesional Docente, como es nuestra obligación, y que no haya duda; invitamos a los grupos parlamentarios, a sus coordinadores, a pactarla. Nuestro grupo parlamentario le ha apostado a la tolerancia y a la prudencia, la firmeza se demuestra con prudencia y nuevamente que no quede duda, habrá Ley Reglamentaria del Servicio Profesional Docente y habremos de cumplir con nuestra obligación y con nuestro compromiso en su oportunidad. Compañeras y compañeros legisladores, el ciudadano presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y las y los diputados del PRI no hemos dejado de insistir en una tesis que sin lugar a dudas compartimos con el resto de las fuerzas políticas y la población en general; la educación debe ser el centro de toda estrategia nacional. De sobra está decir que de acuerdo con diversos estudios y diagnósticos realizados a nivel nacional e internacional, nuestros niños y jóvenes no están recibiendo los conocimientos ni la educación que requieren para su desarrollo y así contribuir al progreso del país, y es por ello que desde antes del inicio de la presente administración el gobierno federal y las fuerzas políticas que suscribieron el Pacto por México reconocieron la necesidad de transformar el sistema educativo con el fin de mejorar la calidad de la educación que recibe cada estudiante de nuestro país. De esta forma fue como se acordó impulsar una serie de reformas que tuvieran como objetivo aumentar la calidad de la educación, acrecentar la matrícula y mejorar la calidad de los sistemas de educación. De igual forma, que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, estableciéndose así entre otros compromisos el consistente en consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, presentó en diciembre de 2012 una iniciativa de reforma constitucional tendiente a establecer la evaluación obligatoria para los profesores, la cual se ajustara a los criterios de un órgano autónomo. Una vez aprobada la enmienda, el titular del Ejecutivo federal remitió las iniciativas reglamentarias que motivaron la celebración del presente periodo extraordinario, entre las que se cuenta la relativa a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, acto con el que no sólo se da cumplimiento a lo previsto en los transitorios del decreto publicado el 26 de febrero pasado, sino que se da forma a dicho organismo, el cual desempeñará un papel crucial en la revolución educativa que todos esperamos concretar. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor de los dictámenes que ahora se ponen a nuestra consideración, pues creemos que proyecta en la Ley Reglamentaria la intención del Constituyente Permanente de contar con una herramienta óptima que permita evaluar el desempeño del Sistema Educativo Nacional. Nos satisface saber que la evaluación es concebida de manera sistémica, pues se establece un Sistema Nacional cuyo objetivo es garantizar la calidad de los servicios educativos. De igual forma, establecer la coordinación entre las autoridades del ramo y analizar la información que contribuya a evaluar a los componentes del Sistema Educativo Nacional. Apoyamos el sentido del presente dictamen, pues consideramos que el modelo de evaluación es de carácter inclusivo y horizontal, ya que no se sustenta en la imposición sino en el diálogo y en la participación social y la sinergia entre los actores que conforman el Sistema Educativo Nacional. Fortalece el federalismo al prever mecanismos de entendimiento entre los tres niveles de gobierno. Expresamos nuestro apoyo al dictamen del INE, porque se presenta un informe periódico al Congreso de la Unión, se fortalece la rendición de cuentas y el equilibrio institucional previsto en nuestra ley fundamental. La funcionalidad del INE está plenamente garantizada, pues en el documento que ahora discutimos se establece con claridad su estructura orgánica, sus funciones, su método de elección de los integrantes, la colaboración entre Poderes, etcétera. Por cuanto hace a la relación de este nuevo ordenamiento con el Servicio Profesional Docente, debemos decir que este paradigma es una herramienta que permite reconocer el desempeño de los docentes, privilegiando el aprendizaje de los alumnos, en este sentido el Instituto al estar facultado para definir, junto con la SEP, los programas por los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación. La ley sobre lo que ahora nos expresamos, condensa una serie de incentivos para los actores del Sistema Educativo Nacional en coordinación con el INE, pero también contiene un régimen de sanciones aplicables a aquellos servidores que incurran en hechos ilícitos, fortaleciendo así el régimen de responsabilidades aplicables en el país. Queremos dejar muy claro, compañeras y compañeros diputados, el compromiso del presidente de la república Enrique Peña Nieto y de las y los diputados de mi partido del PRI, de trabajar a favor de la calidad en la educación, de trabajar a favor de los niños y jóvenes del país, que merecen y tienen derecho a una educación de calidad, que respetamos al verdadero magisterio del país, aquel que cumple con sus obligaciones, y estamos comprometidos con los derechos laborales de las maestras y los maestros de México. El acuerdo al que hemos llegado los grupos parlamentarios y que se expresa en el dictamen, refleja que a pesar de nuestras diferencias somos capaces de acordar aquellas medidas que fortalezcan las bases de una educación de calidad. En cuanto a la Ley de Educación General, es evidente que en nuestro país las deficiencias relativas a nuestro sistema educativo están sobrediagnosticadas. Sabemos dónde están los problemas que han hecho que nuestros niños y jóvenes no reciban una preparación adecuada. Falta de datos sobre el número y ubicación de profesores. Jóvenes que tienen dificultad para aprender matemáticas. Estudiantes cuyas escasas habilidades para la lectura les impiden comprender a cabalidad una realidad cada vez más compleja. Maestras y maestros desprovistos de materiales para apoyarse en clase. Ausencia de tecnologías en los salones. Y la depredación del sistema educativo por parte de grupos de poder, algunos de ellos violentos. Ésos son algunos de los elementos que han venido afectando la calidad de la educación. Decisión, acción, claridad y altura de miras, es lo que reclaman los niños y jóvenes del país. Organización y capacidad de gestión es lo que necesitan los profesores. Enseñanza de calidad es lo que exigen y merecen los padres de familia de México. Competitividad es lo que se nos requiere en el mundo global de hoy. Y solidaridad es lo que urge para incorporar a millones de mexicanos a los beneficios del desarrollo. Conscientes de esta situación, diferentes fuerzas políticas suscribieron el Pacto por México, para establecer compromisos a favor del mejoramiento de la educación. Producto de esta generosa decisión, el pasado mes de febrero se dio por concluido el proceso de reforma constitucional más ambicioso de las últimas dos décadas, lo cual ha traído la aprobación de un marco normativo que favorece la salud de los educandos, la justipreciación de la planta docente, la participación social en la toma de decisiones y el establecimiento de una autoridad autónoma que coordinará los esfuerzos en materia de evaluación, habrá de efectuar el Estado mexicano. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI apoyaremos con nuestro voto el presente dictamen, ya que consideramos que proyecta adecuadamente en la ley reglamentaria las modificaciones publicadas el 26 de febrero para mejorar el ejercicio de la función educativa. La educación ha sido presa de poderes fácticos, por ello se precisaba recuperar la rectoría en este rubro, a través de un sistema de información que permita determinar el número de escuelas docentes y alumnos que tiene nuestro país, necesidad que consideramos colmada con la creación del Sistema Integral de Gestión Educativa. Tal y como se menciona en la iniciativa, la adecuada alimentación es fundamental para llevar a cabo la función social educativa, por lo que avalamos que las autoridades impulsen esquemas para el suministro de alimentos nutritivos en las escuelas. Nos congratulamos de saber que por fin se establecerán paulatinamente, y de acuerdo a los recursos presupuestales existentes, las escuelas de tiempo completo con jornadas de seis a ocho horas diarias. Creemos y compartimos la idea de integrar nuevos elementos al Sistema Educativo Nacional, a los padres de familia, al Servicio Profesional Docente, a la evaluación educativa, a la infraestructura educativa y el fomento a la participación social. Creemos que la formulación de programas de gestión escolar contribuirá a resolver problemas cotidianos, como el mejoramiento a la infraestructura de las escuelas y la compra de materiales educativos. El dictamen resuelve una demanda que hemos hecho propia, en el sentido de prohibir el pago de contraprestaciones que impidan o condicionen la prestación del servicio educativo, garantizando así la gratuidad prevista en el artículo 3o. constitucional. Pensamos que es encomiable reforzar el uso de métodos que permitan el acceso a las personas con discapacidad en la educación y se fomente la igualdad. Debemos reconocer que la descentralización educativa fomentó el involucramiento de los estados en la formulación de las políticas educativas, pero no nos pasa desapercibido que eso también ha causado distorsiones presupuestales, por lo que aplaudimos el hecho de que gracias a esta ley, que seguramente será aprobada por esta soberanía, el Ejecutivo federal revisará la formula de distribuciones del Fondo de Aportaciones de la Educación Básica y Normal. Concluyo, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el debate en torno a la reforma educativa ha sido sustancial, intenso y en ocasiones ríspido. En democracia hemos aprendido a escuchar y a aprender del otro, pero también a diferenciar a quienes buscan elevar la calidad educativa respecto de aquellos que hacen del conflicto una forma de hacer política, de la diatriba su herramienta argumentativa, y del motín y la violencia su táctica de lucha. La actual coyuntura se ha encargado de evidenciar a quienes favorecen el diálogo por sobre el insulto, a aquellos que usan como rehenes a nuestros niños y jóvenes sin tomar en cuenta el daño que con su ejemplo les causan, a los que les apuestan al acuerdo y a los que chantajean por sistema. Apelamos a la sabiduría de nuestro pueblo y al juicio de la historia, a ninguno de los dos le tememos, porque sabemos dónde está la razón y la responsabilidad y en dónde anida el odio. Estamos convencidos que el país debe dejar atrás estas prácticas de cerrazón y de violencia. En la bancada del PRI daremos la batalla permanente por las reformas que el país necesita y que ya no deben esperar. Con el presidente de la república Enrique Peña Nieto, el Pacto por México, las diputadas y diputados del PRI, con un verdadero compromiso por México, apoyaremos la transformación de nuestro país, es lo que demandan los mexicanos, es nuestro compromiso indeclinable. Es cuanto. Muchas gracias.