LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de Grupos Vulnerables. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saludamos a los familiares de los niños desaparecidos, expresándoles la solidaridad de esta Cámara de Diputados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para dar continuidad a la Orden del Día, deseo informarle a este pleno, que por acuerdo de los grupos parlamentarios, incorporamos a esta sesión, la presentación de un Punto de Acuerdo a cargo del diputado Armando Salinas Torre, que hablará en representación de todos los grupos parlamentarios, para presentar una proposición en relación al asesinato de los magistrados federales, Jesús Alberto Montenegro y Benito Andrade Ibarra así como la señora María del Carmen Cervantes. Tiene la palabra el diputado Armando Salinas. EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE. Con su venia, diputada Presidente. Los diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos presentar el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes: A N T E C E D E N T E S El 26 de junio pasado, con motivo de una reunión celebrada entre el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro David Genaro Góngora Pimentel y miembros de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de esta Cámara, le manifestamos no sólo nuestro respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial de la Federación, sino hicimos expreso el reconocimiento a los esfuerzos encabezados por él para consolidar esa independencia, garantizar la imparcialidad en las decisiones de la justicia federal y modernizarla en todos los aspectos de su gestión. El pasado domingo 11 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa fueron asesinados de manera cobarde y artera los Magistrados Federales Jesús Alberto Montenegro, integrante del Segundo Tribunal Colegiado y Benito Andrade Ibarra, titular del Primer Tribunal Unitario, así como la señora María del Carmen Cervantes, esposa del primero. Se trata de un hecho gravísimo que al mismo tiempo nos entristece y enfurece. Es triste porque a quienes representan la institución que tenemos para garantizar nuestros derechos, se le sustrae del más preciado de estos: el derecho a la vida; es triste porque en este caso quienes ejercen la violencia intentan demostrar que tienen el poder para cometer un acto de esta naturaleza sin rendir cuentas ante la justicia, a la que agreden; es triste porque estos hechos pueden constituir una seria amenaza para el Poder Judicial y de ser así, son una amenaza para la sociedad. No importa cuan firme sea la voluntad y decisión de un juez, ambas dignas de la mayor admiración. La violencia brutal y desmedida puede afectar la imparcialidad, objetividad y autonomía de quienes ejercen la función jurisdiccional. Por ello, en momentos como este, gobierno y gobernados debemos hacer completamente explícito el apoyo a esta función. Es triste también porque han privado de la vida a seres humanos dedicados a una función cuyo fin esencial es en beneficio de todos: impartir justicia; pero además de trata, desde luego, de un acontecimiento que indigna a la Cámara de Diputados y desde aquí les decimos a quienes cometieron este acto de barbarie, no lograrán amedrentar al Estado. No existe acto alguno desde la ilegalidad y la violencia capaz de modificar el curso de las instituciones de justicia y de los órganos representativos del pueblo. A ellos y a toda la sociedad les decimos que, precisamente en este momento de la democracia mexicana, es la hora del reforzamiento del papel de la jurisdicción y de una nueva y más fuerte legitimación democrática del Poder Judicial. Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se presenta como de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta de punto de acuerdo: Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Quincuagésima Octava Legislatura, condena el asesinato de los Magistrados Federales Jesús Alberto Montenegro y Benito Andrade Ibarra, así como de la señora María del Carmen Cervantes, esposa del primero de ellos. Segundo. Esta representación manifiesta su solidaridad y respaldo al Poder Judicial de la Federación, cuya imparcialidad, independencia y autonomía es garantía hacia la consolidación del estado democrático de derecho en México. Tercero. Los diputados federales, respetuosamente exigimos el esclarecimiento inmediato de estos lamentables acontecimientos. La afrenta a la justicia debe ser suprimida con los instrumentos que ofrece la justicia. Palacio de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2001. Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Felipe Calderón Hinojosa y el diputado Alejandro Zapata Perogordo. Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Juan Manuel Sepúlveda y el diputado Rafael Rodríguez Barrera. Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Martí Batres Guadarrama.. Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Bernardo de la Garza. Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Alberto Anaya. Por el Partido Convergencia por la Democracia, el diputado José Manuel del Río Virgen y el de la voz. Muchas gracias. PRESIDENTA: Gracias diputado Armando Salinas. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución el Punto de Acuerdo. DIP. SRIO. ADRIAN RIVRA PEREZ: Por instrucciones de la presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución el Punto de Acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION) PRESIDENTA: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión el Punto de Acuerdo. Para hablar sobre el mismo se han registrado el diputado Ricardo Moreno Bastida,. del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Juan Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra el diputado Moreno Bastida. DIP. RICARDO MORENO BASTIDA: Con su permiso señora presidenta; compañeras y compañeros diputados: En nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, deseamos expresar nuestro más amplio pesar por el fallecimiento de los señores Magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra, así como la señora del primero. Asimismo, expresamos al Poder Judicial Federal, nuestro pesar por este lamentable hecho. En el país, la muerte no pide permiso. El domingo pasado le tocó a los magistrados Jesús Alberto Ayala y Benito Andrade Ibarra, así como a la señora esposa de uno de ellos. Quienes fueron literalmente masacrados en Mazatlán, Sinaloa, por varias ráfagas de AK 47 de uso clásico de la delincuencia organizada. El gobierno parece no tener interés en resolver estos crímenes considerados por el Poder Judicial como crímenes contra el estado, contra la nación, contra los mexicanos, que no deben quedar impunes. Debemos entender de una vez por todas, que el país ya no está solo, sino que comparte su vida diaria con bandas de criminales perfectamente establecidas, que encuentran en la debilidad e ineficacia del estado, su mejor aliado. Porque sin la autoridad moral que debe tener éste y la estatura política que se requiere, el crimen organizado hace de la impunidad y la corrupción su platillo predilecto. La muerte de esos dos magistrados y la esposa de uno de ellos, confirma que la delincuencia cobrará cara la valentía de la justicia cuando afecta directamente sus intereses. El año terminará con crímenes a defensores de los derechos humanos y magistrados y no podemos permitir que el próximo inicie de la misma forma. Estos son días difíciles para todos: para la justicia y las instituciones del país, pero se pueden tornar mucho más difíciles si el gobierno no asume con seriedad su responsabilidad constitucional, alejándose de las frivolidades que superaron las acciones de gobierno. Si el Poder Ejecutivo no utiliza toda su fuerza legal y operativa para asegurar la vida y el trabajo de quienes imparten justicia en este país, entonces pregunto respetuosamente: ¿quién hará el trabajo que a otros les corresponde para que los demás puedan con seguridad realizar el suyo? ¿cómo espera la sociedad y en especial los que trabajan por la justicia, que este país sea uno de leyes, si quien debe velar por su cumplimiento está más preocupado por el rating mercadológico de una popularidad banal . Tanto la justicia como los derechos humanos son los valores más supremos que tiene el Estado sociedad para crecer, máxime cuando nos decimos democráticos. Exigimos el cumplimiento de las promesas de campaña del presidente Vicente Fox en materia de seguridad pública y abatimiento de la delincuencia. El Poder Judicial Federal requiere que el gobierno mexicano y este Congreso otorguen todas las garantías para que el estado de derecho no se quebrante. La justicia no acepta ni aceptará plata ni plomo; la justicia es limpia y el Poder Judicial Federal ha entendido lo que es la transición. Por ello debemos protegerlo. Es responsabilidad de este Congreso mantener y velar por su vigencia. Que no lo olvide el gobierno mexicano y que lo entienda bien: justicia y derechos humanos son garantía de paz y estabilidad. Si no somos capaces de salvaguardarlos, la patria cederá el paso del estado de derecho a la creciente y destructora ley de la selva, donde muchos quisieran vernos por identificarnos con ella. Muchas gracias, compañeras y compañeros LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.