El diputado Armando Leysón Castro: Con su permiso diputado Presidente. Adelante diputado. El suscrito diputado Armando Leysón Castro y el diputado Francisco Monárrez, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el más firme propósito de garantizar el principio de laicidad en el ejercicio público al tenor de la siguiente Exposición de Motivos Hasta hace unos años, particularmente antes de 1992, la sociedad mexicana vivió regida por una legislación en materia de cultos religiosos que era letra muerta, aunque continuaban vigentes los preceptos constitucionales del 17, no se les daba cumplimiento en la práctica, ya que la regulación jurídica de las actividades religiosas, permaneció inalterada, lo mismo que en las prácticas de las iglesias que la violentaban. Por ello la reforma constitucional a los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 constitucionales, fueron de gran importancia y trascendencia, así como la Ley de Asociaciones Religiosas. Estas innovaciones legislativas tanto las de carácter constitucional como las secundarias, implicaron la más profunda adecuación al marco jurídico del país; estos cambios se propusieron adaptar la normatividad que enmarcaba la actividad religiosa a las nuevas circunstancias de pluralidad social y desarrollo institucional. En esta reforma constitucional se realizó una nueva configuración del artículo 130, el cual expresamente señala el principio de separación, entre el Estado y la Iglesia. Asimismo, se definen ahí las bases que guían la legislación secundaria, al asegurarse que la materia religiosa fuera de orden de público. Además se estableció la manera en que la ley reglamentaria, otorgaría personalidad jurídica a las iglesias y a las agrupaciones religiosas; creándose así, la figura de asociación religiosa, que es la forma legal, que garantiza la personalidad jurídica, a la que acceden estas instituciones, una vez que obtienen el registro que las constituye para poder actuar legalmente. Dado que su objetivo en el ámbito espiritual y la organización de las prácticas del culto externo, las asociaciones religiosas no deben participar en la política partidista y ni hacer proselitismo a favor de candidato o partido alguno ni hacer explícita la prohibición de realizar reuniones de carácter político en los templos. La reforma al 130 constitucional, conservó las limitaciones de esta participación política de manera contundente, de modo que el principio de separación Estado-Iglesia fuera efectivo. De igual forma, se le ordena al Estado, no intervenir de ningún modo, en los asuntos espirituales. En lo referente a las libertades políticas, las modificaciones ampliaron los derechos de los ministros del culto, al otorgarles el derecho al voto activo y darles la posibilidad de ser votados, una vez separados de sus ministerios. La modificación al artículo 130, no abandonó los motivos históricos que le dieron origen. El ordenamiento jurídico, confirma la separación entre las iglesias y el Estado, como un principio Juarista de enorme vigencia. También se reformó el artículo 3°, cuya finalidad fue precisar que la educación, tanto la oficial, como la privada, será laica; con lo que se busco evitar que se privilegie algún credo, o que se promueva o que se profese alguno de ellos. Por eso, se señala la exigencia que la educación se mantenga ajena a cualquier doctrina religiosa. En lo que se refiere a la práctica del culto religioso, se consideró conveniente precisar; por un lado, las actividades que de manera ordinaria se deben realizar en los templos. Y por otro, precisar las que lleven a cabo afuera de ellos, por lo cual tiene carácter especial las peregrinaciones, que no sólo son expresión de creencia, sino una parte de las tradiciones más arraigadas en diversos grupos de la población. Por ello, la reforma al artículo 24, establece que los actos religiosos de culto público, se practicarán de ordinario en los templos, pero prevé que los que se celebren excepcionalmente fuera de éstos, deberán sujetarse a la ley reglamentaria. Como se sabe la personalidad jurídica, capacita para tener propiedades y patrimonio propio, según el régimen fiscal correspondiente. Por ello, se modificó el artículo 27 correspondiente de la Constitución, para que las asociaciones religiosas, pudieran adquirir, poseer o administrar los bienes que le sean indispensables para cumplir su objetivo. Finalmente, se insistió en esta reforma, que si el Estado tiene como preocupación la mejor vida posible del hombre, debe avocarse a atender sus necesidades de bienestar material, a través de políticas de desarrollo económico y social y las iglesias deben preocuparse y ocuparse sólo de la esfera espiritual. Por otra parte, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria al artículo 130 constitucional y cumple 13 años de haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley fue fruto de la discusión, del análisis y el consenso de las diferentes tendencias políticas, representadas en este Congreso; en donde se consultó, dialogó con diversos líderes religiosos, para sentar las bases jurídicas que habrían de modelar el espacio y las relaciones entre la autoridad y la iglesia. Los legisladores que suscribieron la iniciativa de esa ley, vieron la necesidad de expedir un ordenamiento jurídico, que detallara, preservara y refrendara, mediante normas especificas los principios básicos en materia de libertades religiosas. Respecto a las libertades de creencias, demarcación clara entre los asuntos civiles y religiosos, igualdad jurídica, la Iglesia y la agrupación religiosa, así como la importancia de una educación laica, la ley de referencia mantiene en lo fundamental el impedimento que tienen los ministros de culto, para, en reunión pública o privada, constituida en junta o en acatos de culto o programada religiosa, criticar leyes fundamentales del país y sus instituciones, así como asociarse con fines políticos. Es importante hacer una distinción entre las protecciones constitucionales y las legales a las libertades religiosas y las regulaciones a las libertades de asociación y reunión y a los derechos políticos de los ministros religiosos. En las primeras se trata de que el Estado ofrezca y garantice seguridades y certeza para el ejercicio de las libertades de conciencia, específicamente de creencias y la práctica de estas. Es decir, libertades religiosas que pertenecen a la esfera de las garantías individuales. En tanto que las segundas, las legales, son claras y evidentemente derechos relacionados con las libertades políticas de un segmento específico de los creyentes, como son los ministros de culto. La modificación constitucional y la promulgación de la ley reglamentaria, buscaron ordenamientos cuyas normas pudiesen ser obedecidas de manera predecible y abierta y de forma tal, que no existieran privilegios ocultos ni discrecionales administrativas. Este cambio siguió el principio jurídico de que las leyes deben de tener una correspondencia directa con la realidad que busca normar (¿), pues sólo así se logra su cumplimiento. Se legisló para asentar las bases sobre las que se fincarían las nuevas relaciones entre la sociedad, el Estado y la Iglesia. El Estado asegura así que la religión no sea pretexto para la trasgresión de la ley o de la soberanía nacional. La separación entre el Estado y la Iglesia y la condición laica del primero, pretenden asegurar que el gobierno no privilegie ni discrimine a ninguna religión ni a ninguna Iglesia. Ya, el derecho de los individuos y la sociedad, a ejercer sus libertades en materia religiosa, está asegurado por la igualdad de todos ante la ley. Actualmente y como en antaño, en ocasiones las Iglesias continúan tomándose atribuciones que no les corresponden. No es extraño escuchar o ver en los medios de comunicación a ministros religiosos opinando sobre acciones de gobierno o políticas públicas. Pero más allá de lo anterior, encontramos también que algunos funcionarios públicos asumen y esgrimen posturas religiosas en el ejercicio de sus funciones gubernamentales, de tal suerte que se convierten en voceros religiosos desde sus puestos públicos, lo que significa un retroceso en el desarrollo democrático del país. Queda claro que las estructuras e instituciones de gobierno no deben ser utilizadas para hacer proselitismo religioso; por el contrario, los funcionarios públicos y representantes populares, debemos garantizar que se cumpla el principio laico del ejercicio gubernamental. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa para quedar como sigue: Artículo 24. "Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penada por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los Templos; los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos, se sujetarán a la ley reglamentaria. Queda prohibido que los funcionarios públicos, en los distintos niveles y poderes de gobierno en el ejercicio de su encargo, se manifiesten y favorezcan y fomenten o induzcan una religión o culto religioso". Transitorio: Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado éste en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de abril del año 2006. Muchísimas gracias por su atención. El