La diputada María Angélica Díaz del Campo: Con su permiso señor presidente: La suscrita diputada federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos. México ha entrado a una nueva etapa en la vida política y social que requiere estar acompañada de una reflexión que construya puentes entre la gobernabilidad y la transparencia de la gestión pública. Una de las principales características de la organización pública descrita por Max Feder (?) es la relativa a que la administración es una carrera profesional que se construye a partir del conocimiento teórico y del mérito. En este sentido el funcionario no toma decisiones políticas, únicamente se limita a poner en práctica y ejecutar las decisiones tomadas por los políticos. Asimismo debe garantizar un uso eficiente y eficaz de los recursos y ser capaz de mostrar que su comportamiento siguió en todo momento las reglas establecidas. En este sentido la transparencia debe elaborarse, construirse e implementarse cuidadosamente con una visión de largo plazo, que asuma al mismo tiempo diferentes objetivos: legales, reglamentarios, políticos, organizacionales, educativos, culturales; dentro y fuera de las instituciones del Estado. Es decir, no basta con tener una buena legislación y reglamento que la refuerce y actualice. Hace falta cambiar hábitos, pautas, el modelo en que está organizada la Administración Pública. Todo lo cual implica nuevos esfuerzos de parte de los funcionarios. La existencia de condiciones de transparencia hace que el control de los servidores públicos y los recursos, no sólo recaigan en el propio aparato jerárquico, sino que se dispensen por toda la sociedad, es decir, todos quedan permanentemente expuestos a la cual sirven. La< Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, es el ordenamiento que norma el ejercicio del gasto de los recursos federales. De tal suerte que el mecanismo a través del cual se lleva a cabo una licitación, contempla una serie de procedimientos y participa de funcionarios que garantizan la transparencia de la misma. Sin embargo, no se ha logrado evitar que la corrupción esté presente en dicho procedimiento, ya que al no existir realmente una revisión por parte de la Secretaría de la Función Pública en dicho proceso, no existe realmente la certeza de la legalidad del mismo, pues actualmente únicamente participan como observadores y no de manera obligatoria. Es por ello que es de suma importancia que la vigilancia de los procesos de la licitación en una democracia esté garantizada desde la propia legislación. Este control debe implicar la implementación de acciones tendientes a evaluar y prevenir futuros desvíos y malos manejos, y es ahí donde surge la siguiente interrogante: ¿Acaso el procedimiento por el cual intervienen y participan diversos funcionarios como garantes de la transparencia en las licitaciones no debería de ser suficiente para que se utilice de forma correcta los recursos? Es notorio que en los procesos de licitación debe de existir la responsabilidad compartida tanto del funcionario que interviene durante el procedimiento, como de las empresas o particulares que participen en el mismo. La falta de seguimiento y solvencia efectiva de las observaciones formuladas por las instancias fiscalizadoras, trae como consecuencia que cada vez sean más las dependencias y servidores públicos que son drásticamente afectados con sanciones disciplinarias y económicas por mal manejo de recursos, incumpliendo de obligaciones, metas y objetivos e incluso por verse involucrados en supuestos actos ilícitos. Por lo que todos los órganos de control interno, órganos desconcentrados, funcionarios y entidades de la Administración Pública deben de ser co-responsables, lo que permitiría asentar las bases que establezcan criterios y evidencias requeridos para avalar, corregir y evitar la recurrencia inmediata de las deficiencias observadas. Con esta iniciativa buscamos que en los procedimientos de licitación se trabaje en un nuevo contexto de exigencia más rigurosa y siempre a la vista de las dependencias involucradas en el mismo, que pongan en marcha un conjunto de dispositivos que encaucen y mejoren el trabajo interno del Estado. Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público, para quedar como sigue: Artículo 22.- Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: La Secretaría de la Función Pública deberá de participar en los comités a que se refiere este artículo y deberá emitir una opinión fundada y motivada respecto al procedimiento a que se refiere el mismo. Transitorio.- Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto señor presidente.