La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a nombre de mi grupo parlamentario a fijar la posición del mismo respecto a este dictamen, que de aprobarse permitirá eficientar los procedimientos de investigación y persecución del delito de secuestro. Con la aprobación del presente se mejorarían además los mecanismos de investigación y persecución de este delito y los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales y las entidades federativas. Entre los aspectos que destaca el presente dictamen se encuentran los relacionados con establecer de manera clara las atribuciones constitucionales de las entidades federativas y del Distrito Federal. Se establecen además sanciones diferenciadas para conductas que actualmente son castigadas con la misma penalidad, independientemente de la gravedad de las mismas. Se modifican los nombres de los capítulos y títulos, ya quela ley actual contiene disposiciones que no corresponden en su contenido a la denominación del capítulo en el que se aglutinan, y permite además un respeto a las atribuciones constitucionales de las entidades federativas y del Distrito Federal. Por tanto, y en términos generales, nuestro grupo parlamentario coincide con los alcances del presente dictamen. Y por supuesto que estamos a favor del combate eficaz al secuestro. Sin embargo, respecto de la prisión vitalicia señalamos que es una medida contraria a los derechos humanos, que se inscribe en una lógica que durante décadas ha probado su ineficacia. Consideramos que la solución a delitos como el secuestro no se encuentra en el aumento indiscriminado de las penas, sino en la manifiesta incapacidad de los Ministerios Públicos y cuerpos policiacos de investigar los secuestros e integrar debidamente las averiguaciones previas. ¿De qué sirve establecer la prisión vitalicia en México si el Estado mexicano ha sido incapaz de investigar, detener y sentenciar a los secuestradores? En junio de este año el Instituto Ciudadano de Estudios contra la Criminalidad presentó el análisis del secuestro y la extorción en el periodo 2007-2010 en el marco de la reforma penal. En dicho estudio la evaluación del desempeño de las procuradurías de las entidades federativas es preocupante, ya que ninguna procuraduría tuvo un desempeño aceptable. De las 18 procuradurías que proporcionaron información para el estudio las de Chihuahua, el Distrito Federal, el Estado de México y Tabasco concentraron el 56 por ciento del total de averiguaciones por secuestro y se detectaron serias discrepancias entre las cifras que le proporcionaron directamente las procuradurías y las que registra el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por tanto, el problema para combatir este tipo de delitos no es el aumento de las sanciones, sino los altos índices de impunidad. Por otra parte, nuestra Constitución establece en su artículo 22 constitucional que están prohibidas las penas inusitadas y transcendentales. Por tanto, implementar la prisión vitalicia en nuestro país resulta violatoria de este precepto constitucional, ya que la misma va en contra de las reglas del debido proceso penal y del objetivo final de la pena: la reinserción social del individuo. Por tanto, el Poder Legislativo tiene en la Constitución su límite para evitar que en la legislación se consignen penas que ya están canceladas por obsoletas o por atentar contra los derechos humanos. Las evidencias demuestran que en aquellos países donde se aplica la prisión vitalicia los índices delictivos no disminuyen. Dicha medida es improcedente a raíz de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, la cual mandata a todas las autoridades incluyendo a este Poder Legislativo a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto, si bien es cierto el delito de secuestro es un delito que actualmente es de más alto impacto porque violenta uno de los más caros derechos del individuo: la libertad física. Con la nueva reforma en materia de derechos humanos, esta Cámara se encuentra impedida para implementar penas excesivas ya que estaríamos violentando nuestra Constitución. Por tanto nuestro voto será a favor en lo general del presente dictamen y presentaremos las reservas correspondientes con relación a las disposiciones que plantean establecer como límite de la pena la prisión vitalicia. Gracias.