LA DIPUTADA ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El trabajo legislativo desarrollado en la LVII Legislatura, en este mismo recinto, en todo momento buscó consensos. La aprobación de la Ley de Concursos Mercantiles a pesar de mostrar en algunas partes disensos no fue la excepción, sin embargo, ya en la implementación de los cambios legales, se observan como consecuencia lógica reestructuraciones de fondo y forma, un ejemplo es el que hoy nos ocupa. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es fundamental la estabilidad y funcionalidad de todas y cada una de las dependencias y órganos que coadyuvan al ejercicio del poder. Por ello, resalta el interés de participar, respecto al Punto de Acuerdo referente a la opinión emitida por el máximo tribunal en nuestro país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la fracción XIV del Artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, respecto a la obligación que tiene el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, para informar semestralmente a esta soberanía respecto al desempeño de sus atribuciones. Por ello, consideramos que las argumentaciones expuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revierten el sentido con el cual esta Asamblea ejerció sus facultades para legislar en materia mercantil, sin embargo es imperativo de todos los mexicanos el consolidar el estado de derecho. Pero en el caso que nos ocupa el contenido de la disposición motivo de la disputa, consiste en la negativa de la Corte a que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, entreguen su informe semestral al Congreso de la Unión. Debemos recordar que la crisis económica generada en diciembre de 1994, trajo como consecuencia la insolvencia de múltiples deudores, que al no poder cubrir sus créditos, particularmente con los bancos, generaron una gran cartera vencida que fue a parar al Fobaproa y actualmente la IPAB. El saneamiento del sistema financiero se ha dado con recursos fiscales, por ello se estableció que en la creación del Instituto Federal que se comenta y que se encuentra previsto en la Ley de Concursos Mercantiles se rinda dicho informe. Nos parece que con su resolución la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se excede en sus funciones. Debemos recordar que no estamos en un sistema de división de poderes rígido, sino que nuestra Constitución y la doctrina constitucional contemporánea, establece un sistema de colaboración entre los poderes públicos. Por tanto, coincidimos con el planteamiento del proponente del Punto de Acuerdo, en el sentido de que la Corte haga saber a esta soberanía cuáles fueron los criterios para tomar dicha resolución. La Corte únicamente informó de su resolución pero que sin que se conozca el autor y la litis planteada. Es cierto que por disposición del Constituyente Permanente, la Suprema Corte de Justicia es Tribunal Constitucional, pero en el expediente que comentamos no se sabe cuál fue la vía jurisdiccional seguida: juicio de garantías u otras de las previstas en la norma fundamental. En tal virtud y en aras de la sana convivencia entre los poderes públicos, es imperativo para esta soberanía conocer los criterios seguidos en esta resolución. Muchas gracias.