EL DIP. HELIODORO DIAZ ESCARRAGA: Con su permiso, señor Presidente. El capítulo social del III Informe de Gobierno no presenta variantes sustantivas respecto a los dos anteriores, pero sí evidencia la desatención a los sectores más vulnerables como los campesinos y particularmente a los más pobres de los pobres: los indígenas. En la falta de políticas de Estado contra la pobreza está el principal problema que hoy afecta a nuestro país: las asimetrías existentes en el desarrollo nacional provocan injusticia social y desigualdades inaceptables. El cambio ofertado por el titular del Poder Ejecutivo Federal no llega y por el contrario, las diferencias socio económicas cada día son más amplias. El desempleo, la emigración de miles de compatriotas hacia el extranjero por falta de oportunidades, el incremento de pobres y pobreza, la desatención a indígenas y zonas de alta marginación sólo crecen; los servicios de educación, salud y vivienda se deterioran. La supuesta estabilidad macroeconómica que se describe en el III Informe de Gobierno frente al nulo crecimiento, invalidan la posibilidad de conformar una política social de Estado, si es que se tuviera visión o capacidad para formularla. Una economía sin crecimiento conduce inexorablemente a un estancamiento del desarrollo humano. Los 22 mil 600 millones de pesos destinados por el Presupuesto de Egresos a la pobreza han resultado insuficientes para atender a los más de 50 millones de pobres; el Gobierno Federal, sin embargo, ha esgrimido que la pobreza extrema ha disminuido de un 24 a un 20.3%, apoyado en cifras del INEGI, la ONU y la CEPAL, lo que es incongruente con una realidad de nulo crecimiento que constatamos todos los días. La interpretación tendenciosa de las estadísticas constituye un agravio a la conciencia nacional. Lo importante no es si avanzamos o no en materia de combate a la pobreza per sé, sino determinar en qué medida lo hacemos en base a una meta: lo que es reducir la mitad para el 2015 la población que vive con menos de un dólar diario, como se pactó en la Convención de Johannesburgo en la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Sustentable. La CEPAL apenas en febrero pasado, al analizar la pobreza en América, concluyó que sólo 7 de 18 países cumplirán sus metas de reducción de la pobreza, y desafortunadamente nuestro país, México, no se encuentra entre ellos. En materia de empleo los indicadores también señalan retrocesos. La tasa de desempleo abierto en las zonas urbanas se ha incrementado en el periodo 2000-2002, de 2.2 al 2.7%; la amenaza del desempleo está presente en todos los hogares mexicanos; los desempleados mayores de 35 años difícilmente encuentran trabajo a pesar de su experiencia o capacidad profesional. En educación se afirma que la inversión alcanza ya el 6.8% del Producto Interno Bruto, lo que nos acerca al 8% recomendado por los organismos internacionales, pero no se dice que el gasto gubernamental representa apenas el 4.2% de ese Producto Interno Bruto. En el propio Sector Educativo, prevalece y se han incrementado las deudas de varios estados de la República por el incumplimiento de la Federación de los términos originales de los convenios de descentralización. Existen miles de escuelas de todos niveles, sobre todo en los estados de más alta marginación, donde no hay mobiliario y equipo elemental para que los niños y los jóvenes estudien en condiciones dignas. En el Sector Salud se habla de apertura de miles de plazas, cuando son cientos las clínicas y casas de salud que carecen de personal y de medicinas del paquete básico. La calidad de los servicios es una ficción en amplias franjas del país, sobre todo en los estados de la zona sur-sureste. Programas de estricto sentido social, como el abasto rural, han sido sistemáticamente vulnerados y hoy, como ya se ha dicho aquí, se han visto obligados a cerrar otras 378 tiendas. A esto, preguntamos, ¿se llama política social de rostro humano? El campo sigue siendo el sector más vulnerable en este gobierno. El Programa de Empleo Temporal creó 932 mil 574 empleos en el año pasado y en este se reduce a la tercera parte. El changarrismo, parte de un anecdotario folklórico, es un fraude, una salida falsa, propia de quienes no entienden la realidad nacional ni cómo funciona la economía. Nos quieren convertir en un país changarro. A otros programas sólo se les cambió de nombre como "OPORTUNIDADES" y los demás no acreditan ni continuidad ni impacto sustantivo. Respecto al Programa de Hábitat para el Combate a la Pobreza Urbana, se ha puesto de manifiesto una vez más la vocación centralista de la SEDESOL, al querer imponer a las entidades federativas un programa burocrático y aislado del resto de las acciones que llevan a cabo los gobiernos estatales y los municipios. No hay una política de Estado clara y eficiente para atender a los indígenas de nuestro país, se les conculcan derechos y no se entienden sus aspiraciones a una vida comunitaria plena. En lo particular y lo digo como diputado oaxaqueño, ni siquiera se ha tenido la valentía para dar paso a una Ley de Amnistía a favor de los indígenas de la región "loxicha" de mi estado que contribuya a recomponer el tejido social y a otorgar el perdón a quienes transgredieron la ley por desesperación, pobreza u olvido. Para evitar el estallido social debemos impulsar una transformación económica y social de fondo, en vez del asistencialismo y la caridad pública o privada con los que el Ejecutivo trata de paliar la pobreza, la marginación y el rezago dramático que padecemos. Se requiere plantear iniciativas que impulsen el desarrollo social, que fortalezcan la coordinación con una visión federalista de nuevo corte que reconozca y combata la asimetría entre los estados pobres del sur y los estados ricos del centro y norte de nuestro país. Ante la falta de rumbo en materia de política social de este gobierno, valdría, señoras y señores diputados, valdría la pena examinar si procede una reforma constitucional que determine la facultad de la Cámara de Diputados para legislar en materia de coordinación para el desarrollo social, ya que el énfasis en el neoliberalismo del Gobierno Federal y los vicios de confundir política social con prácticas asistenciales, ha acentuado las desigualdades sociales y regionales. En suma, el gobierno ha mostrado en este Informe, cifras muy limitadas en materia de política social, y es clara su falta de visión y proyecto para diseñar e impulsar una política social de Estado, por lo que es también claro que en esta materia estamos muy lejos de superar los retos de la cobertura, calidad y equidad a favor de la población mexicana en materia de política social. Es cuanto señor Presidente. -