La diputada Consuelo Argüelles Loya: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores, en los últimos meses han aflorado algunos frutos de la llamada Defensa comunitaria en diversos estados de la República. Así ha sucedido en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, en Morelos, Hidalgo y Jalisco, y en los últimos días la prensa nacional dio la nota de la existencia de un grupo civil armado de autodefensa en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Ante esta situación, se han expresado diversas opiniones, inclusive los gobernadores de estas entidades, manifestando su complacencia por la existencia de estos grupos. Así también hay una falta de información precisa por parte del gobierno federal sobre esta situación. Los legisladores de Acción Nacional compartimos la preocupación de las mexicanas y mexicanos por este clima de inseguridad y por el aumento de la incidencia delictiva. Sin embargo diferimos con la posibilidad de aceptar estos tipos de grupos de autodefensa. Creemos firmemente que permitir que se ejerza la función de seguridad pública a quien no se le ha conferido por nuestra Constitución y el orden jurídico vigente, va en detrimento del estado de derecho y fomenta la alteración de la paz y el orden público. Nuestra Constitución en el artículo 21 ha encomendado la función de la seguridad pública a los tres órdenes de gobierno y ha establecido que estos deberán coordinarse con las atribuciones que les confiere el Sistema Nacional de Seguridad Pública. A inicio del nuevo sexenio, el gobierno federal propuso a esta soberanía la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal para concentrar estas funciones en la Secretaría de Gobernación, al nuevo gobierno le concedimos el beneficio de la duda y votamos a favor de su iniciativa para que pudieran enfrentar este problema conforme a su visión. De la misma forma, hoy le exigimos que garantice la seguridad de las comunidades que hoy se ven en la necesidad de autoprotegerse ante la ausencia de los cuerpos de seguridad pública. Desde nuestro punto de vista es urgente e impostergable que el gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación presente a la sociedad mexicana un informe detallado de estos grupos civiles armados, en un tiempo no mayor de 30 días, en lo particular deben de notificar: ¿Cuántos son? ¿En qué lugar del país se encuentran? ¿Cuántas personas lo componen? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que utilizan para adquirir su armamento? ¿Y si estos grupos han realizado detenciones de supuestos responsables delictivos, y si estos detenidos han sido encontrados culpables por las autoridades correspondientes o si han sido liberados porque no se demostró culpabilidad alguna. De igual manera, se debe de informar sobre personas heridas o fallecidas en sucesos en donde haya intervenido este tipo de organizaciones armadas. Hacemos un llamado al gobierno federal y a los gobiernos estatales a enviar elementos policiales a esta zona, pero también a las fuerzas políticas que representa esta Cámara de Diputados a que revisemos todos, conjuntamente, las iniciativas que busquen solucionar este tipo de problemas. Debemos revisar las competencias y el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública, especialmente el Sistema Penitenciario Nacional, la prevención social de la violencia, la delincuencia, los resultados de los programas de prevención del delito. En este sentido, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en esta Cámara de Diputados, reviste importancia el punto de acuerdo proponiendo un exhorto a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de Morelos y de Jalisco, para redoblar los esfuerzos e implementar acciones urgentes y contundentes para actuar con apego a derecho y apego a la Constitución. Exhortamos a persuadir y disuadir a los grupos armados de autodefensa civil. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario da su voto a favor de la propuesta. Gracias, señor presidente.