El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, las comisiones legislativas se definen tradicionalmente como los órganos internos mediante los cuales se organiza y distribuye el trabajo parlamentario de los Congresos, con el fin de atender de la forma más expedita los asuntos de su competencia. En ese sentido, las comisiones legislativas suelen clasificarse según su naturaleza y temporalidad, en comisiones permanentes y comisiones especiales, siendo las segundas las que nos interesan para el fin de esta propuesta. En la actualidad, en casi 100 años de vigencia de nuestra Carta Magna, el artículo 93 ha sufrido seis reformas, la primera de ellas en el año de 1974 y la última de ellas en el año 2014. Prácticamente todas van en el mismo sentido: fortalecer el trabajo parlamentario en materia de rendición de cuentas, el control político y el control parlamentario respecto del Poder Ejecutivo. De acuerdo a la doctora Judith Mora Donatto, el término control parlamentario ha estado en constante evolución, por las particularidades que tiene en cada uno de los sistemas políticos en los que el Parlamento ejerce una función inherente que le permite una mayor fiscalización y control a las actividades del Poder Ejecutivo. En materia de derecho comparado vale la pena destacar lo señalado por la misma doctora Donatto, en su diversa obra relacionada con el tema que nos ocupa y que señala: es en Alemania donde existe prácticamente un acuerdo doctrinal generalizado en calificar a las comisiones de investigación como instrumentos de control. Por su parte, en España, algunos autores como Santaolalla entienden que las comisiones de investigación constituyen un instrumento colegiado de información de las asambleas legislativas, que implican facultades especiales sobre terceros extraños a las mismas, o que no son más que instrumentos de información, puesto que sus efectos jurídicos se agotan en la obtención de una serie de datos, noticias o conocimientos. Es importante destacar la existencia de casos relevantes y exitosos en otras partes del mundo, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde en 1976 se creó la Comisión Especial para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la cual funciona todavía a la fecha. Dicha comisión tiene la facultad de citar a comparecer dentro del ámbito territorial norteamericano, tanto a funcionarios como a ciudadanos e incluso a testigos de otras naciones, para la realización de las investigaciones relacionadas con el ámbito de su competencia. Cabe señalar que incluso se concede a dicha comisión la facultad de requerir so pena; es decir, bajo apercibimiento a cualquier persona, ciudadano o documento que considere imperativo para el desahogo de sus atribuciones de investigación. En México, como ya se refirió, la primera reforma para fortalecer este artículo se presentó en el año de 64, apenas unos cuantos años después de los hechos que marcaron profundamente la historia de la libertad de expresión en nuestra nación, como lo fue el asesinato del 2 de octubre del 68 y el llamado Halconazo. En dicha reforma el Constituyente Mexicano determinó facultar al Congreso de la Unión por primera vez en la historia, poder citar a los secretarios de estado y jefes de departamentos administrativos, así como jefes o directores de los organismos públicos descentralizados. En este Congreso existen algunos precedentes de comisiones especiales, como es el caso Oceanografía y hoy la Comisión Especial de Ayotzinapa, de donde surge precisamente esta propuesta de reforma. Creemos que es el momento que este Congreso no haga comisiones de membrete, haga comisiones que tenga facultades para investigar decididamente y a profundidad, de cara a los ciudadanos mexicanos, lo que realmente interesa e importa y que no exista más impunidad. Es por lo anterior que la presente iniciativa tiene como objeto fortalecer las comisiones de investigación en los siguientes rubros concretos. Ampliar su rango de acción no sólo a organismos públicos descentralizados y empresas paraestatales, sino a cualquier dependencia pública del gobierno federal. Incluir la potestad de citar, de manera obligatoria, a cualquier funcionario público o persona que se considere pudiera tener relación con el objeto de la investigación para el cual haya sido creada. Prever la facultad de que las comisiones de investigación puedan ser integradas por miembros de ambas Cámaras. Reducir una cuarta parte de los senadores y una quinta parte de diputados, la potestad para crear una comisión de investigación. Y por último, incluir la facultad de que el Congreso de la Unión cree comisiones de investigación facultadas para invitar a integrarse a ellas a cualquier ciudadano. Con ello se pretende dar una mayor relevancia a las comisiones parlamentarias de investigación y con ello acrecentar el control parlamentario, que aplicado de manera responsable es una forma de equilibrar la balanza de pesos y contrapesos, y darles una mayor voz y participación a los ciudadanos en los asuntos de relevancia del país, a través de sus representantes populares. Es cuanto, presidente.