El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia. "Compañeras y compañeros Diputados: "A nombre de diversos integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso n) de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "La Constitución Política del año 1857 había contemplado en su fracción X del artículo 73 que el Congreso tenía facultad para establecer las bases generales de la legislación mercantil, de las que no eran una facultad expresa y clara para legislar en dicha materia, motivo por el cual no se pudo expedir el respectivo código de comercio. Para el año de 1883 se reformó el ordenamiento legal en el sentido de expedir los códigos en materia de minería y comercio del que comprendía las instituciones bancarias. "Con base a lo anterior, se expidió el Código de Comercio el 20 de abril de 1884. Este código dedicó el título segundo, libro segundo, a las compañías o sociedades de comercio, pero no incluyó a las sociedades cooperativas. Fue hasta el 15 de septiembre del año de 1889 cuando se promulgó el actual Código de Comercio que contempla a las sociedades mercantiles, en las cuales se encuentran las cooperativas. "Ahora bien, ha sido necesario fundar la legislación cooperativa en la siguiente facultad del Congreso, contenida en el artículo 73 fracción X, en materia de comercio. Sin embargo, se concluye que nuestra Carta Magna no otorgó facultades expresas al Congreso de la Unión para legislar íntegramente en materia de cooperativismo, contrario al artículo 25 de la Constitución que establece que es parte integral del sector social. "Por otra parte, según el Pacto Federal, permite sustentar la afirmación de que a falta de facultades expresas del Congreso de la Unión sobre una materia determinada, queda esta facultad reservada a los congresos de los estados. Siendo el caso de Yucatán en donde su congreso expidió la Ley de Sociedades Cooperativas Civiles para dicha entidad federativa, publicado en el Diario Oficial del gobierno del estado el 20 de octubre de 1932. "Y más recientemente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre del año 2005, que aprobó por consenso la denominada Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. "Como se puede observar, la legislación cooperativa es dispersa según el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde se establece que las cooperativas se les reconoce como sociedades mercantiles y el Código Civil Federal las reconoce como personas morales distintas a las mercantiles. "En efecto, el artículo 76 del código en cuestión dispone lo siguiente: "No son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo o los de su familia hagan los comerciantes ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueran consecuencia natural de la práctica de su oficio". Es decir, estos mismos actos realizados por las cooperativas no son actos de comercio. "En atención a lo expuesto se concluye que las cooperativas que aunque se organizan y operan en forma de empresa para actuar con eficiencia en el mundo de los negocios, no son de naturaleza mercantil, sino que tiene su propia naturaleza social, autónoma y doctrinaria, que amerita ser reconocida jurídicamente. "En defensa de la naturaleza social de las cooperativas, hay que tomar en consideración la doctrina establecida por la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, organismo de integración mundial del cooperativismo, que agrupa a más de 800 millones de cooperativistas de los cinco continentes, entre los que se incluyen los integrantes del movimiento cooperativo mexicano. "Existen también la recomendación 127 sobre las cooperativas, emitida en el año de 1966, y la recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas, del año 2002, por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, suscrita por una gran cantidad de gobiernos de diversos países del mundo, incluyendo nuestro país. "Por lo anterior, los efectos de esta última recomendación, al hacer referencia a la aplicación de políticas públicas de promoción de cooperativas, señalan de manera tácita que los estados miembros deberían adoptar una legislación y una reglamentación específica en materia de cooperativas inspiradas en los valores y principios cooperativos y revisar esta legislación y la reglamentación cuando proceda. "En tal virtud, el diseño de un marco jurídico adecuado para las cooperativas, debe tener en cuenta que el cooperativismo es un sistema doctrinario propio para obrar activa y conjuntamente de acuerdo con la Declaración de Identidad, Principios y Valores Éticos aprobados por la ACI. "Por su parte, el movimiento cooperativo es el sector en acción para convertir en realidad la doctrina del cooperativismo en beneficio de sus miembros y al servicio de la comunidad. "Consecuentemente, lo que se quiere es que el ordenamiento que se estudia se funda en una facultad constitucional expresa, para poder ser de carácter general, es decir, para determinar la autonomía del derecho cooperativo. "La teoría general del derecho señala tres elementos para determinar la autonomía: que sea científica, didáctica y jurídica. "En el caso que se analiza la ciencia del derecho cooperativo es el conjunto sistematizado de principios, reglas y métodos relacionados con esta materia. "El aspecto didáctico está constituido por los textos sobre educación cooperativa, instituciones y organismos de asistencia técnica que señala la ley. "Y en relación a la autonomía jurídica, esta iniciativa promueve la adición de una nueva fracción del artículo 73 constitucional, con el objeto de otorgar facultades expresas al Congreso de la Unión, para legislar en materia de cooperativas. "Por actos cooperativos se reconocen los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por ellas entre sí, en el cumplimiento de su objeto social y en la consecución de sus fines institucionales. "El acto cooperativo constituye la esencia de la autonomía jurídica del derecho cooperativo y debe ser reconocido con toda su originalidad y singularidad. "Expedir una auténtica Ley General de Sociedades Cooperativas, podemos concluir que de manera concurrente, coincidente o complementaria, las Legislaturas locales pueden también legislar en esta materia en todo aquello que no se oponga a la ley de ámbito federal, como una forma de impulsar el desarrollo social y económico a nivel estatal, apoyándose en la participación organizada de la sociedad civil y valorando las condiciones particulares de sus propias entidades federativas, tal como acontece en otras materias, como es el caso de asentamientos humanos y protección al ambiente, constituyéndose en una práctica legislativa que lejos de debilitar ha venido a reforzar el pacto federal en que se sustenta la República Mexicana. "Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso n) de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. "Artículo 73 fracción, fracción XXIX-n).- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de Cooperativas, reservando para el Congreso de la Unión, todo lo relativo a la regulación en lo general, del Sector Cooperativo y otorgando a los Congresos Locales la facultad de legislar en materia de Fomento a la Actividad Cooperativa, siempre que no se oponga a la Legislación Federal El Artículo Transitorio es: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Es cuanto, señor Presidente