EL DIP. JULIAN HERNÁNDEZ SANTILLAN: Con el permiso de la directiva. Compañeras y compañeros diputados: En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que la atención a los diversos problemas de la sociedad en sin lugar a dudas causa y motivo de nuestra presencia como legisladores en este recinto. De entre éstos, uno que merece especial atención tanto por los efectos que genera en el sector empresarial del país, como por su innegable incidencia sobre la clase obrera nacional, es el del subsidio fiscal a los trabajadores asalariados. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LVIII Legislatura, expresa su posición respecto al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Honorable Asamblea para que se realicen reformas, adiciones y modificaciones al artículo 80A de la Ley del Impuesto Sobre al Renta a fin de dar seguridad jurídica a los contribuyentes respecto al subsidio fiscal a los trabajadores asalariados. Como aquí se ha dicho, el artículo 80A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta pretendía en un inicio, constituirse en un mecanismo de estímulo para los trabajadores asalariados. No obstante, no se estableció con claridad el criterio que habría de servir para calcular el monto de dichos subsidio. Esta condición derivó que de manera indistinta los patrones pudieran tomar o no en consideración para el cálculo de esta subsidio erogaciones vinculadas a la previsión social y de manera concreta el integrar o no en dicho cálculo las aportaciones patronales al IMSS y al INFONAVIT. Esta condición originó controversias de carácter fiscal, mismas que debieron ser dirimidas ante tribunales especializados en la materia, llegando incluso a ser tema de análisis en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un primer veredicto dado a conocer por dicha instancia fue el estudio de la legalidad, la cual establecía calcular el monto del subsidio acreditable contra el impuesto causado y deberían de incluirse las cuotas patronales al IMSS y al ISSSTE dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios patronales subordinados. La consecuencia de esta medida fue, por un lado, el que un gran número de empresas tendrían que verse obligadas a pagar en forma retroactiva importantes cantidades de dinero, que incluyen multas y actualizaciones, por no haber calculado las retenciones durante los últimos cinco años, conforme al primer criterio emitido por la Corte. Situación que en las condiciones actuales de la economía, podría generar efectos negativos sobre la planta productiva del país, poniendo en peligro, no sólo su permanencia en el mercado sino también las fuentes de trabajo que de ella se derivan. En contraparte, millones de asalariados, podrían experimentar una reducción sustancial en sus ingresos netos. Se trataba pues de una circunstancia que, desde cualquier posición, imponía costos adicionales, tanto a empleados como a empleadores. Posteriormente el día 23 de octubre del año en curso, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entró al estudio del fondo del asunto, desde el punto de vista constitucional, concediendo el amparo a un particular, en el sentido de que para calcular el subsidio al salario, no deberían de incluirse las cuotas del IMSS e Infonavit, pues ello sería violatorio al principio de proporcionalidad tributario, referido en el artículo 31 Constitucional, declarando entonces la inconstitucionalidad del Artículo 80A de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Este fallo, como tesis jurisprudencial, marca el criterio del Poder Judicial Federal respecto a este tema. Dado este escenario, en el Partido Acción Nacional, consideramos adecuado señalar, que compartimos la preocupación expresada en esta tribuna, y consideramos urgente el dar solución a este problema de inseguridad jurídica, toda vez que del mismo pudiera derivarse una afectación a un gran número de trabajadores y empleadores. No obstante hemos de ser claros, al establecer que la solución de fondo al tema del subsidio, acreditable al Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, fue planteado por el Ejecutivo federal en la iniciativa de nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, remitida a esta soberanía desde el pasado cuatro de abril, con anterioridad a las Resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por supuesto a la presentación de las iniciativas de dictamen. En consecuencia, los legisladores de Acción Nacional, estimamos que el acto legislativo idóneo, hubiera sido el de dictaminar la iniciativa del Ejecutivo y mediante artículos transitorios, otorgar los beneficios a los trabajadores y a los empleadores en forma retroactiva. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta así una postura a favor del dictamen, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta H. Asamblea, para que se realicen las reformas, adiciones y modificaciones al Artículo 80A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es cuanto señor presidente.