La diputada Patricia Flores Elizondo: Gracias. Decía que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la presidencia de Rosario Piedra, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a diversas leyes que establecen la procedencia de la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de diversos delitos, al considerar que vulneran los derechos a la libertad personal, al debido proceso, las garantías judiciales y el principio de presunción de inocencia. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU exhorta urgente a México a anular la prisión preventiva obligatoria, llamada también prisión preventiva oficiosa o automática, consagrada en la Constitución. Esto fue el 5 de septiembre de 2022. Solo han pasado dos años y unos cuantos meses del exhorto de la ONU a nuestro país y hoy, con este dictamen, estamos llegando a extremos que apenas hace unos pocos meses pensábamos que era imposible que los alcanzaríamos. No cabe duda de que la realidad siempre supera a la ficción. Esta es la doceava vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos. Cumplir con lo ordenado por esta Corte es una obligación legal vinculante y un paso necesario para eliminar prácticas que violan derechos humanos y entierran la efectividad del sistema penal mexicano. El gobierno se resistió al cumplimiento de la sentencia, porque para nadie es secreto el abuso de la prisión preventiva por parte del gobierno del expresidente López y las normas que le permitieron su uso, sin cumplir con los estándares de derechos humanos. Para diciembre de 2022 más del 40 % de la población privada de la libertad en centros penitenciarios en México se encontraba en prisión preventiva. La prisión preventiva oficiosa no es otra cosa que una detención sin juicio. Aunque esta medida es obligatoria para ciertos delitos, su conveniencia es objeto de intenso debate, pues plantea un desafío entre la necesidad de seguridad y el respeto a los derechos humanos fundamentales. Quienes la han vivido la describen como una condena anticipada, con consecuencias que afectan a los detenidos, a sus familias y a su comunidad, traduciéndose en una amplia gama de costos personales, no solo mentales y físicos, sino costos sociales y financieros, como la pérdida del sueldo o del empleo, que traen consigo consecuencias colaterales altamente negativas. El problema de fondo es que la prisión preventiva oficiosa o sin juicio no va a terminar con la impunidad. En cambio, lo que sí va a hacer es llenar las cárceles de probables inocentes y, como siempre, los más afectados serán los que aquellos que ustedes con sus frases demagogas y vacías dicen proteger: a los más pobres, quienes no tienen el dinero para pagar abogados y defenderse. A pesar de sea establecida en la ley, ello no garantiza que no sea arbitraria. A quienes piensan que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta esencial para garantizar la seguridad y proteger a la sociedad de individuos peligrosos, en delitos graves como homicidio, secuestro, delincuencia organizada, es obvia, pues se busca evitar que el acusado escape, destruya evidencia o represente una amenaza para las víctimas y la comunidad. Sin embargo, no deja de ser una medida que viola los derechos humanos fundamentales. Y sí, como hemos visto, su modus operandi, y ahora con el del Poder Judicial, que estará al servicio del partido político de los López, o lo que es lo mismo de Morena, se podrá utilizar esta figura para presionar a adversarios políticos y de otra índole. Esta iniciativa viola claramente los tratados internacionales sobre derechos humanos, viola el derecho a la presunción de inocencia, vulnera la independencia judicial, viola el principio de igualdad ante la ley y constituye una práctica discriminatoria. En Movimiento Ciudadano, proponemos que mejor cada peso de nuestros impuestos invertido en la encarcelación, mejor sean dirigidos a la prevención de la delincuencia y a otras áreas que han demostrado aumentan la seguridad pública. Atender las causas de esta violencia desbordada que hoy vivimos en México ya desde hace seis años y dos meses, gobernados por Morena, es primordial para todas y todos los mexicanos. Ahí debe de ir el presupuesto, los gobiernos protegerían mejor a sus ciudadanos si gastaran menos en encerrar a quienes...