La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Compañeras y compañeros legisladores, este dictamen que hoy se presenta está muy alejado de lo que el Sistema Financiero de Ahorro y Crédito Popular requiere. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, obsesionados en imponer en un modelo regulatorio totalmente ajeno a organizaciones con un modelo financiero diferente al bancario. En lugar de atender el problema de fondo, se empeñan en hacer parches y enmiendas que están muy distantes de dar certeza jurídica. Desde un principio quedó claro, que lo acontecido en la sociedad financiera Ficrea no fue producto de que no existiera regulación y mucho menos que no existiera lineamientos de supervisión. El verdadero problema fue, las omisiones cometidas por los funcionarios supervisores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De tal suerte, que el producto que se buscaba era en tres vertientes. Primero, el deslinde de responsabilidades de los funcionarios de estas dependencias que participaron al solapar este tipo de prácticas en la citada sociedad financiera. Y en segundo lugar, hacer adecuaciones al modelo regulatorio, pero para normar la actuación de los funcionarios de aquí en adelante y evitar que se vieran nuevos casos de solapamiento o contubernio. Además, claro que está, de buscar un esquema que resolviera la problemática de quienes confiaron su dinero en Ficrea. Sin embargo, para sorpresa, lo que hoy se presenta es todo un paquete de ampliación regulatorio para las Sofipos, que pertenecen a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, pero también para las uniones de crédito y las cooperativas de ahorro y préstamo. A éstas últimas, además, imponiéndoles un cambio sustancial al esquema regulatorio al que se vienen adecuando y por el cual estas organizaciones han invertido ya cantidades millonarias. Por sí no fuera suficiente, el órgano regulador otorga facultades intromisorias en las cooperativas, que van más allá de regular la actividad de ahorro y préstamo, y por si fuera poco, aumenta la gravedad de los delitos y sanciones, pero para los cooperativistas. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿cómo se llegó a esta situación? Y la respuesta es muy sencilla, por qué quien participó en todo momento en el proceso con la comisión fue precisamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, los responsables, o debo decir, los cómplices de lo sucedido en Ficrea. También, del informe de las reuniones de trabajo de esta comisión bicamaral se desprende que para la elaboración de esa iniciativa se consultó a los representantes de las organizaciones sujetas a la Ley de Ahorro y Crédito, pero nunca al sector cooperativo y simplemente se justifican en una burda homologación que no tiene fundamento alguno, puesto que las Sofipo pertenecen al sector privado, pero las cooperativas de ahorro y préstamo son del sector social. Los cooperativistas, por tanto, no fueron consultados ni tomados en cuenta, como ha ocurrido en las reformas a otros temas relacionados con este sector. Siendo importante señalar que la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo fue reformada sustancialmente, hace un año, por esta legislatura cuya reforma fue publicada el 28 de abril de 2014, y las cuales aún no prueban sus efectos en estas sociedades. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no solamente son los responsables del caso Ficrea, sino que además serán los responsables directos de haber impulsado políticas públicas como la anteriormente señalada y para la cual también cayeron en el incumplimiento al hacer caso omiso de las obligaciones por ley, dejando una enorme cantidad de cooperativas atrapadas en procesos de consolidación sin salida, sin opciones que sí se están dando en el sector privado. Se dice que este sistema, el pago por parte del rescate de los adeudos generados por Ficrea y el pago a los pequeños ahorradores, por denominarlos de alguna manera, no se está creando un Fobaproa dos. Es falso, sí se está creando un Fobaproa dos. En el caso del Fobaproa, el fideicomiso que precisamente creó, en ese entonces trabajaba en el Banco de México el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se hacían responsables del pago de los créditos, precisamente el Banco de México vía el fideicomiso, los cuales nunca cobraron. Es la misma situación que se va a generar en este momento. Hacienda, con cargo a nuestros impuestos va a pagar este adeudo. Y finalmente dicen que no es un Fobaproa, porque luego van a hacer, vía factoraje, van a cobrar los adeudos. Es falso que no sea un Fobaproa dos. Si a eso se le agrega, que además hay un trato discriminatorio, porque no cabe hacer la distinción entre pequeños y grandes ahorradores, es algo bastante discrecional que tampoco debemos permitir en aras a las garantías individuales contempladas en nuestra Constitución. Por todas las consideraciones antes señaladas, Morena votará en contra de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.