La diputada Danisa Magdalena Flores Ojeda: Con la venia de la honorable presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, hoy me presento para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, respecto al proyecto de decreto que adiciona disposiciones a los artículos 4o. y 5o. de nuestra Constitución. Este dictamen responde a una necesidad urgente de proteger un derecho humano fundamental, la salud. La salud no solo es un derecho en nuestro marco jurídico, sino un pilar del bienestar social y desarrollo humano, su progresividad implica mejorar constantemente las legislaciones y políticas públicas para garantizar estándares más altos de calidad, accesibilidad y no discriminación. Actualmente, nos encontramos ante amenazas graves que comprometen la salud pública, el aumento del uso de vapeadores y cigarros electrónicos y la creciente amenaza del fentanilo, una droga que representa una crisis humanitaria global. En México el consumo de vapeadores y cigarros electrónicos es preocupante, más de 5 millones de personas entre 12 y 65 años los han usado, mientras que 1.7 millones de adolescentes son consumidores habituales. A pesar de ser promocionados como alternativas menos dañinas, contienen sustancias tóxicas, como nicotina, níquel y cadmio, que provocan graves daños a los pulmones, al sistema cardiovascular y al sistema nervioso. Además, representan un riesgo para niñas, niños y adolescentes que al estar expuestos al consumo en su entorno se convierten en vapeadores pasivos. La OMS ha declarado que los vapeadores no son seguros ni efectivos para dejar de fumar, las consecuencias en salud trascienden a la salud mental, puesto que ocasionan ansiedad, insomnio y depresión. En el caso del fentanilo la amenaza aún es más letal, en Estados Unidos esa droga ha sido responsable de más de 80 mil muertes anuales por sobredosis, aunque en México su consumo no es masivo su producción y distribución clandestina han crecido alarmantemente. En 2023 se aseguraron más de 5 mil 700 kilogramos de esta sustancia y se destruyeron mil 773 laboratorios clandestinos, la frontera norte de nuestro país es un punto estratégico para el tráfico de dicha sustancia. El narcotráfico ha encontrado en el fentanilo un negocio altamente lucrativo a costa de la vida de miles de personas. Es imperativo reconocer que no solo se trata de una crisis de salud pública, sino también de una amenaza directa al tejido social y a la seguridad nacional, alimenta la violencia, desestabiliza comunidades y debilita nuestras instituciones. Prohibir su distribución, producción y enajenación en México no solo contribuiría a disminuir el impacto del narcotráfico, sino también a mejorar la relación con socios internacionales, como Estados Unidos, que han solicitado acciones más contundentes para combatir esta crisis global y acuerdos políticos con nuestra presidenta, que ya está construyendo y comprometiéndose por el bien de todas y de todos los mexicanos y nuestras relaciones internacionales con países vecinos. Este dictamen no afecta actividades legales ni la industria farmacéutica, pero sí fortalece la capacidad para combatir el narcotráfico y proteger la salud pública. La lucha contra el narcotráfico y las sustancias tóxicas requiere de decisión política, pero sobre todo visión de futuro. Es nuestra responsabilidad brindar a México de crisis de salud pública que ya devastan a otras naciones. La lucha contra el fentanilo es una lucha por la vida misma. Nuestro mensaje debe ser claro, México no será un santuario para los traficantes de muerte. Con medidas firmes y decididas avanzaremos hacia un país más seguro, más justo y más humano. Es cuanto. Muchas gracias.