El diputado Sergio López Sánchez: Muchas gracias, diputada presidenta. Los pueblos y comunidades indígenas han tenido que enfrentar la hegemonía política y económica de quienes detentan el poder del Estado, quien sin control alguno invaden sus territorios para apoderarse de ellos y de sus recursos naturales, violentando de manera grave su derecho constitucional a la autodeterminación a mantener la integridad de sus territorios, acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural. De manera alarmante en los últimos años, hemos visto un sinnúmero de ejemplos de despojo de sus territorios y extracción de recursos naturales, la construcción de presas hidroeléctricas, la extracción minera, la instalación de parques eólicos y el cambio de régimen social a propiedad privada, a efecto de que se construyan más y más unidades habitacionales o proyectos turísticos, sin dejar de mencionar que esto se agravará aún más con la puesta en marcha de la técnica conocida como fractura hidráulica para la extracción de gas natural. Ante la grave situación que en todos los aspectos enfrentan los pueblos y comunidades indígenas, es imperante hacer efectivos los derechos individuales y colectivos consagrados en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, a manera de abonar en tan apremiante tarea, esta iniciativa va encaminada a garantizar a través de la consulta de los pueblos y comunidades indígenas el reconocimiento y protección de su patrimonio y riqueza cultural, con el objetivo de asegurar el ejercicio de sus derechos. El proyecto de ley establece que la consulta deberá realizarse bajo los principios de buena fe, libre e informada, y deberá realizarse de manera previa a cualquier acto de autoridad, sea esta de carácter local, estatal o nacional, ejecutiva o legislativa, que afecte la vida, territorio, costumbres o forma de vida de los pueblos y comunidades indígenas. Cabe señalar que este asunto sigue siendo un gran pendiente para nuestro país y todavía se le debe esta reforma los pueblos y comunidades indígenas. La inexistencia de una ley general relacionada con la consulta indígena, que haga efectivo este derecho, hace imposible el que las autoridades cumplan con lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT y estándares relacionados con la materia. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la falta de una ley que regule adecuadamente el proceso de consulta impide conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales; entorpece la eficacia del procedimiento de consulta previa, libre e informada; y afecta en los planes de participación de los beneficios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México del año 2015, advirtió que las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos y comunidades indígenas en México se dan en dos áreas principales: violencia en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado; o en el marco de reivindicación de sus tierras, y faltas al debido proceso penal. En varias ocasiones se han denunciado el otorgamiento de concesiones por parte del Estado a empresas privadas en violación del derecho a la consulta previa. Como consecuencia de la lucha de sus tierras, también se ha recibido información sobre la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas. En este sentido, la articulación de un ordenamiento adecuado permitiría establecer procedimientos de consulta que cuenten con los estándares de protección más altos y vinculen a las autoridades para garantizar este derecho; y, en consecuencia, se puedan garantizar y proteger otros derechos íntimamente contactados, como el de propiedad colectiva, identidad cultural, autonomía, medio ambiente sano, etcétera. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la consulta previa, libre e informada, además de ser un principio general del derecho internacional, es un derecho humano colectivo de pueblos y comunidades indígenas. Por lo anterior, en conjunto con mi compañera diputada, Araceli Madrigal Sánchez, y quienes deseen suscribirla, presentamos a esta soberanía la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta Indígena, cuyo objetivo principal es el de garantizar el acceso, ejercicio y respeto de los derechos de las comunidades indígenas durante el desarrollo de proyectos e implementación de medidas administrativas o legislativas que les afecten, armonizando nuestro orden jurídico con los estándares internacionales existentes sobre la materia. La aprobación de este importante instrumento legal saldaría la deuda histórica que gobiernos y sociedad tenemos con los pueblos y comunidades indígenas en materia de consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe y permitiría empoderar a los descendientes de nuestros pueblos originarios para que sean sujetos de derechos y puedan ejercerlos plenamente. Es cuanto, diputada presidenta.