EL DIP. JAIME CERVANTES RIVERA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: Solicitamos hacer uso de esta tribuna para expresar la posición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en relación a los recientes acontecimientos sobre el conflicto en Chiapas. No está de más hacer un breve recuento de los principales aspectos que a lo largo de los pasados siete años han configurado la situación en la que hoy se encuentra esa región del país y desde luego, de sus efectos sobre la situación nacional. En los primeros días de 1994, la sociedad mexicana reconoció la justeza de las reivindicaciones indígenas que sustentaban la rebelión que estalló el primero de enero de ese año. Las manifestaciones de apoyo, solidaridad y de exigencia al Gobierno Federal de detener la guerra, fueron clara expresión de que la problemática era uno de los temas pendientes del desarrollo nacional. Se produjo entonces la disposición para construir un escenario que permitiera las partes en conflicto, acceder a una mesa de diálogo para impulsar acuerdos sobre las causas del conflicto y las perspectivas de solución. En ese sentido, obraron los primeros comisionados para la paz, así como la representación del EZLN. Sin embargo, al entrar el nuevo gobierno, Ernesto Zedillo, en las primeras semanas de 1995, se impusieron las voces que de manera soterrada pedían la aplicación de la mano dura hacia la rebelión indígena. Los oficios del primer Secretario de Gobernación para crear las condiciones que acercaran a un diálogo resolutivo fueron desplazadas por la línea de la traición encabezada por la PGR y altos funcionarios del Gobierno Federal, si no es que del propio Presidente de la República. Fue entonces que como resultado de una intensa negociación entre las dirigencias partidistas y los líderes de los grupos parlamentarios representados en el Honorable Congreso de la Unión con el Ejecutivo, se formulo y aprobó la Ley de Concordia y Pacificación de marzo de 1995; éste fue el precioso marco que le dio la oportunidad al país de abordar la problemática indígena y específicamente la rebelión en Chiapas como una cuestión de Estado, de la mas alta prioridad, siguiendo la vía del diálogo y la negociación legal mente sancionadas. Ese marco hizo posible que las partes entablaran el diálogo y la negociación que finalmente condujo a los Acuerdos de San Andrés Larrainzar en febrero de 1996. Lamentablemente no prosiguieron las negociaciones sobre las otras cinco mesas acordadas, la última de las cuales era precisamente los términos definitivos para acordar la paz. El Gobierno Federal progresivamente fue renunciando a la vía del diálogo y adoptó la táctica de darse tiempo para instrumentar un esquema de contrainsurgencia para enfrentar con él la situación de Chiapas. Frente a esta perspectiva, el EZLN decidió en septiembre de 1996 retirarse del diálogo y solicitó a la COCOPA cumpliera con lo establecido en los Acuerdos de San Andrés, en el sentido de enviar a las instancias legales de decisión, es decir al Congreso de la Unión, la iniciativa de la Ley sobre Derechos y Culturas, cosa que cabalmente cumplió la COCOPA en noviembre de ese año y que recibió el rechazo final de Zedillo y su reemplazo por una iniciativa sustancialmente distinta a la de la COCOPA. De entonces hasta el fin del pasado gobierno, lo que el país observó fue la guerra sucia, las agresiones de los grupos paramilitares, la masacre de Acteal y los crímenes hacia simpatizantes zapatistas en otras comunidades. Mientras tanto, el Gobierno Federal intentó compensar su responsabilidad a través de una campaña de medios que los presentaba como quien estaba cumpliendo los compromisos contraídos y presentando al EZLN como la parte intransigente. En su campaña hacia la presidencia, el ya titular del Ejecutivo, Vicente Fox, sostuvo que el conflicto en Chiapas podía resolverse en quince minutos. En efecto, al tomar protesta para el cargo, determinó satisfacer alguna de las medidas exigidas por el EZLN, como señala de buena fe para restablecer el diálogo y la negociación. Fox se comprometió a cumplir al cien por ciento dichas demandas. Sin embargo al paso de las siguientes semanas ha ido virando su postura inicial a suspender los repliegues militares que originalmente había aceptado. Sólo cuatro de siete posiciones han sido replegadas y las otras tres han quedado suspendidas bajo la presión de sectores que por una parte le han dicho que no es posible cumplir todas las demandas que el EZLN, sin que haya señales correspondientes por la contraparte y por la otra, por sectores que le han manifestado su preocupación porque a su entender el gobierno federal está cediendo demasiado. En ambos casos se trata de sectores que en nada contribuyen a la solución del conflicto y en cambio están provocando confusión e incertidumbre de las que el propio Ejecutivo se ha hecho eco. Es así que amplios sectores de la sociedad se preguntan: ¿Quién gobierna realmente el Presidente o alguno de sus colaboradores o si Vicente Fox no está siendo rehén de los grupos de intereses que lo llevaron a la Presidencia de la República? En ese contexto, se intenta tergiversar el contenido y espíritu de la Ley de Concordia y Pacificación aduciendo que la misma impide a los integrantes del EZLN, a salir de la zona de conflicto sin que sean objeto de aprehensión. Dicho ordenamiento no establece prohibición expresa a esos integrantes para trasladarse a donde quieran por dos razones. La primera, porque de impedirse dicho tránsito, se estaría violando flagrantemente el contenido del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a no ser que sin solicitar la aprobación de la Comisión Permanente el gobierno federal haya suspendido las garantías individuales en el estado de Chiapas. La Segunda, porque la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, tampoco establece prohibición en ese sentido. Compañeras y compañeros legisladores: Las exigencia del EZLN para establecer el diálogo y la negociación, deben de ser satisfechas por el Ejecutivo Federal plenamente, en el sentido de que son un factor sumamente positivo para construir la paz con dignidad. El viaje del EZLN a la Ciudad de México, debe recibir las garantías de seguridad suficiente porque buscar establecer puente de diálogo con las instituciones de decisi6n en el plano nacional como lo es el Honorable Congreso de la Unión. Asimismo los legisladores sin distinción de banderas partidarias, el gobierno federal y la sociedad, tenemos la enorme responsabilidad de propiciar las condiciones para que el Comisionado para la Paz don Luis H. Alvarez y la Comisión de Concordia y Pacificación cumplan exitosamente sus encomiendas para restablecer el diálogo y la negociación entre las partes lo antes posible y de este modo se allanen las condiciones para alcanza la paz con dignidad que exige el pueblo chiapaneco y que sin duda contribuirá sustancialmente al desarrollo de la democracia en México y al despegue del que ha hablado el Presidente Fox para hacer de México un mejor país para todos los mexicanos, incluidos nuestros hermanos indígenas. Esta es la postura del Partido del Trabajo. Es cuanto, señor Presidente.