El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Muchas gracias, señor presidente. Sin duda hoy es un día histórico para este honorable Congreso de la Unión, puesto que con este dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 97 Bis al Código Penal Federal, para que el Ejecutivo pueda otorgar indulto cuando se verifique que existieron violaciones graves a los derechos humanos del sentenciado y en consecuencia al debido proceso, abre las puertas para ser justicia ante una gran injusticia cometida durante más de 13 años a un caso paradigmático que mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados que me antecedieron han comentado, el caso del profesor Alberto Patishtán Gómez. A nombre del grupo parlamentario, y en específico también agradecer al diputado Víctor Nájera, coordinador de nuestro grupo de la coordinación d derechos humanos, hemos venido insistiendo y trabajando. Y presentamos desde hace varios meses una iniciativa, un punto de acuerdo para indultar desde aquel entonces al profesor Alberto Patishtán a todas luces ante una injusticia cometida durante muchos años. En los últimos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado más de 8 mil casos de presos indígenas a los cuales se les ha violentado su derecho al debido proceso, por ser monolingües y por no contar con intérpretes y traductores en sus lenguas respectivas. Y si los cuentan difícilmente a veces hablan la variante lingüística de su lugar de origen. Además, en muchos de los casos también porque no cuentan con una defensa adecuada cuando de defensores de oficio se trata y estos no se dan abasto para defender a los sentenciados. Igualmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta que el Estado mexicano es responsable de que no se cuenten con jueces, ministerios públicos y defensores públicos con conocimientos de los usos y costumbres de las especificidades y de los contextos socioculturales de los indígenas, del dominio de su idioma que se habla en cada una de las regiones del país, tal como lo señala el artículo 2o. constitucional, que para que la población indígena acceda plenamente a la jurisdicción del Estado deben tener el derecho de contar con traductores en lenguas indígenas los internos y procesados indígenas. Hoy, la aplicación armonizada contenida en el artículo 2o. constitucional con el 1o. obliga a las autoridades a guiarse en su actuación por los principios de interpretación conforme y propersona para lograr que los indígenas tengan acceso a la plena justicia que imparte el Estado mexicano, atendiendo en todo momento a la pertinencia cultural de las comunidades indígenas y de la identidad a la que pertenecen. De estos 8 mil presos indígenas en nuestro país existen casos paradigmáticos, por las evidentes violaciones a los derechos y las garantías del debido proceso, contraviniendo los estándares internacionales mínimos en la materia, desafortunadamente esto representa una práctica sistemática y reiterada en este Estado mexicano y no un caso aislado lo que aleja al Estado mexicano de un sistema de justicia acorde al rostro pluricultural y plurilingüe de nuestro país, como está consagrado en el artículo 2o. constitucional. En este contexto podemos citar algunos ejemplos, como el caso de los indígenas: Alejandro Díaz Santis, Antonio Estrada Estrada, Miguel Demeza Jiménez, quienes han sido incriminados, procesados y sentenciados en delitos que no cometieron, lo que evidencia la violación a su derecho al debido proceso, por lo que diversas organizaciones civiles se han pronunciado por su liberación; y el caso más paradigmático, repetimos, es el caso del profesor Alberto Patishtán Gómez, quien lleva más de 13 años injustamente encarcelado en el estado de Chiapas. Cabe destacar también otro caso reciente paradigmático, como es el caso de los compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, mejor conocidos como la Policía Comunitaria que lleva un ejercicio de este derecho de más de 17 años en el estado de Guerrero. El caso también paradigmático de la compañera hermana Nestora Salgado García, quien fue aprehendida por el Ejército y la Marina, sin orden de aprehensión y condenada a una incomunicación por varios días; hoy es la fecha que sus familiares se quejan que no tienen comunicación cotidiana con ella, contraviniendo también su derecho. Pido un poco de tolerancia, señor presidente, para concluir. No podemos permitir que los abusos, prejuicios, discriminación, explotación, sojuzgamiento y opresión sigan vigentes, como si las y los indígenas no formaran parte de la nación mexicana. Muchos casos que hemos conocido nos recuerdan que las condiciones de exclusión social hacia los pueblos indígenas no han terminado, particularmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde hay una gran diferenciación racial y donde la cárcel parece ser el refugio seguro para indígenas por delitos menores o por delitos que no cometieron, pero que la incriminación es más fácil que seguir la huella de los verdaderos delincuentes. Sobre el documento que nos ocupa hay que señalar que la representante en México de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha pronunciado también a favor de este dictamen, pues cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9, y la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7. La representante de la oficina del alto comisionado, agrega además que el proyecto de decreto está en consonancia con el contenido de la importante reforma constitucional al artículo 1o. en materia de derechos humanos de junio de 2011, que consagra el derecho a la reparación por las violaciones a los derechos humanos. Hoy repito- en esta honorable Cámara de Diputados haremos justicia sin duda al votar a favor este dictamen donde sin duda, también superaremos una gran injusticia cometida en contra del profesor Alberto Patishtán. Por las anteriores consideraciones el voto de nuestro grupo parlamentario será a favor. Es cuanto, señor presidente.