El diputado Narciso Alberto Amador Leal: Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados, el reiterado ejercicio de la facultad de investigación que confiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el párrafo II del artículo 97 de la Constitución General de la República, el contexto político y social en el que se han dado los hechos motivo de indagación en épocas recientes, y las repercusiones en la estabilidad de las entidades involucradas hacen pertinentes y aun urgentes las definiciones tendientes en torno de la naturaleza y del alcance de esta disposición. En el fondo del asunto está el dilema de si la facultad aludida debe suprimirse o si debe permanecer en sus términos con la debida reglamentación. Por estas razones iniciamos hace varios meses la elaboración de esta iniciativa. En el curso de este proceso el pleno de la Corte acordó emitir reglas generales para el ejercicio de la referida atribución constitucional. Como consecuencia de lo anterior, el pleno emitió el 20 de agosto del presente año el acuerdo general 16/2007, en el que se establecen las reglas a las que deberán sujetarse las comisiones de investigación que se formen para el motivo referido. No obstante tan importante contribución de la Corte, conviene tener presente que es facultad exclusiva del Congreso reglamentar la Constitución, como lo destacaron los propios ministros comisionados para la elaboración de las reglas provisionales. Además, por la forma y tiempos de las indagaciones en curso, es evidente que las reglas provisionales fueron acotadas a tales circunstancias, así como a los términos de los dictámenes en curso. La atribución constitucional en comento carece de precedente en la Constitución del 5 de febrero de 1857, no encontrándose tampoco regulación alguna al respecto en el Acta de Reformas de don Mariano Otero de 1847 ni en las bases orgánicas de 1843, como tampoco en los proyectos del Congreso Constituyente de 1842, ni en el proyecto de las mayorías, ni en el voto particular de las minorías que formulara el propio Otero en compañía de los diputados Juan José Espinosa de los Monteros y Octaviano Muñoz Ledo. Por su parte, resultan también omisas, en lo conducente, las siete leyes constitucionales de 1836, así como la Constitución federal de octubre de 1824. No obstante lo anterior, sí existe un precedente cuando la Corte, presidida por don Ignacio L. Vallarta llevó a cabo una investigación respecto de los sucesos acontecidos en el puerto de Veracruz los días 24 y 25 de junio de 1879, que tuvo por fin indagar la responsabilidad del gobernador Luis Mier y Terán en la ejecución extrajudicial de nueve marinos de la corbeta Libertad, a los que se les había señalado como presuntos insurrectos a favor de don Sebastián Lerdo de Tejada y en contra del gobierno del general Porfirio Díaz Mori. La función investigadora de la Suprema Corte fue incorporada al texto de nuestra Constitución a instancias del primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza. El caso paradigmático del ejercicio de la misma, bajo la vigencia del texto originalmente aprobado por el Constituyente del 17, es el concerniente a la investigación solicitada por el presidente de la república en 1945, en relación con las violaciones al voto y la afectación a garantías constitucionales solicitadas suscitadas en León, Guanajuato, hechos que culminaron con la lamentable muerte en dicha localidad de manifestantes pertenecientes a la Unión Nacional Sinarquista. Posteriormente esta facultad se modificó sucesivamente en 1977, 87 y 94 y el 5 de marzo de 1996, a petición del presidente de la república, la Corte ejerció esta facultad a propósito de los hechos de Aguas Blancas. Los ministros Mariano Azuela Güitrón, Sergio Valls y Salvador Aguirre Anguiano, a propósito de la aprobación del reglamento y al formular el proyecto acordado en los términos del expediente citado, han sostenido el criterio de que las investigaciones efectuadas en los términos del párrafo segundo, que está en esta iniciativa, carecen de fuerza vinculatoria y por tanto no deberán ser reguladas por los códigos de procedimientos civiles ni penales. La presente iniciativa comparte, en lo fundamental, tal aseveración, ya que la regulación del derecho procesal, en su carácter de norma de derecho imperativo, no puede ser aplicable a una actuación que no reviste carácter jurisdiccional alguno. La iniciativa que sometemos a su consideración tiene fundamentalmente tres cuestiones que difieren del proyecto de reglamento aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar, proponemos que la fórmula de investigación deberá prever, como materia de la indagatoria a seguirse por la comisión respectiva, la posibilidad de que en el contexto los eventuales hechos constitutivos de violación de garantías hayan sido propiciados de manera intencionada por otras autoridades o entes ajenos a los que fuesen materia directa de la investigación. De tal suerte que en la especie se determine si existe "causa de la causa", como dice el viejo adagio del derecho penal. Es de destacarse y es sabido que en el caso de Oaxaca, por ejemplo, hubo omisión o por lo menos abstención de la autoridad federal en el pago de salarios a los maestros por rezonificación, con lo cual se generaron tensiones en detrimento de un contendiente electoral. O el caso también de la intensa campaña mediática previa a la elección federal de julio de 2006, de los hechos involucrados en el caso de Puebla. Es evidente por lo demás que, en la especie que nos ocupa, tales normas no se invocan ni emplean como regulación de una vía procesal de encauzamiento judicial. Otro tema de diferencia se refiere al curso de las indagaciones respecto de la intervención de comunicaciones privadas, como medida tendiente a allegarse pruebas. Más aún cuanto se trata de un delicado tema sobre el que no existe control ni en el gobierno ni en el Legislativo sobre las autorizaciones que obsequia el Poder Judicial y respecto de las acciones operativas del Ejecutivo en la materia. No resulta menor la diferencia entre el contenido del presente proyecto de decreto y las reglas aprobadas por el pleno de la Suprema Corte. La intervención telefónica constituye un tema por demás sensible, cuyo uso indiscriminado podría poner en riesgo la seguridad y garantías de las personas. Habría que pensar, compañeras diputadas y compañeros diputados, en las consecuencias que derivarían, por ejemplo, del uso de intervenciones sin control de comunicaciones privadas de funcionarios federales, de gobernadores, ministros mismos de la Suprema Corte o integrantes de esta soberanía. En otro orden de ideas, la presente iniciativa ha seguido la argumentación del constitucionalista Elisur Arteaga Nava, ya referida en esta exposición de motivos, en el sentido de que el informe de la investigación conducente debe ser de la responsabilidad exclusiva de la comisión designada. Y en tal sentido se plasman en el texto los artículos 23 a 26 del proyecto de decreto materia de la presente iniciativa, apartándose también de ello del efecto de las reglas contenidas en el acuerdo general. Compañeras, compañeros diputados, es de destacarse que los puntos torales del proyecto de decreto que se contienen en la presente iniciativa observan una clara similitud con las reglas aprobadas en la sesión del pleno de la Suprema Corte el pasado 20 de agosto que, a no dudarse, fueron escritas con profunda convicción jurídica y altura de miras en el respeto y acatamiento a la norma máxima que nos rige: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero es también cierto que el Congreso de la Unión tiene que asumir su responsabilidad de legislar donde haya omisiones y vacíos, así sean temas delicados como el presente. Muchas gracias.