LA DIP. PETRA SANTOS ORTIZ: Con su permiso señora Presidenta. Iniciativa de decreto que adiciona una fracción VI bis al artículo 105 del Código Fiscal de la Federación para evitar el indiscriminado decomiso generalizado de toda clase de vehículos en las regiones fronterizas de la República Mexicana. La suscrita diputada Petra Santos Ortiz, integrante de la LVIII Legislatura propone la siguiente iniciativa. Exposición de Motivos La migración internacional es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días; la mayoría de los movimientos poblacionales en todas las regiones geográficas del mundo tienen como objetivo primordial la búsqueda de mejores condiciones de vida, a este proceso social le subyacen diversos y complejos factores estructurales entre los cuales se incluyen fundamentalmente las diferencias económicas y sociales entre las naciones. La creciente interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambio de todo tipo establecido entre los diversos países, también influyen en este fenómeno diversos factores que dan lugar a movimientos de población en condiciones forzosas o involuntarias, prácticamente ningún país, como tampoco ninguna región del mundo, escapa a la dinámica de las migraciones o puede mantenerse ajeno a sus resultados y consecuencias. Nuestro país, además de ser territorio de destino y tránsito de la migración internacional, es país de origen de cuantiosos flujos migratorios hacia Estados Unidos, con nuestros vecinos del norte compartimos una frontera de casi 4 mil kilómetros, en ella se registran alrededor de 310 millones de cruces al año, lo que revela el intenso y complejo entramado de contactos humanos que se desarrollan en esa zona. En lo que corresponde a los migrantes mexicanos que forman la corriente migratoria a Estados Unidos, esto no constituyen un conjunto homogéneo sino que forman diversos grupos relativamente diferenciales, entre estos grupos se puede incluir por su importancia los siguientes: a) Individuos con residencia más o menos fija en el vecino país del norte, residentes. b) Los trabajadores migratorios sin residencia fija en ese país pero que regularmente entran y salen del territorio norteamericano, una o muchas veces al año. Los dos tipos de trabajadores migrantes, particularmente aquellos que por su necesidad de trabajo cruzan la frontera varias veces a la semana, y aquí es donde entra su vía crucis para estas familias y que emplean para dicha acción un automóvil comprado en Estados Unidos, enfrentan, por este sólo hecho, infinidad de problemas con personal de aduanas, las cuales comúnmente terminan desfavorablemente para este tipo de migrantes con el decomiso de su vehículo y con el establecimiento de responsabilidades administrativas y fiscales en su contra al no poder comprobar las condiciones de residencia en los Estados Unidos, tal como lo establece el Código Fiscal de la Federación. La acusación de contrabando y de importación ilegal de mercancía extranjera no sólo desata una persecución abierta sobre el migrante y su propiedad, sino que incluso desata todo un tipo de terrorismo fiscal que socava la convivencia social en la frontera, dejando a miles de trabajadores que realizan sus actividades productivas en los Estados Unidos en indefensión, limitando además sus posibilidades de traslado propio a dicho país dependiendo para ello de las innumerables flotillas de vehículos particulares situados en la franja fronteriza que cobran un ojo de la cara por prestar dicho servicio. La magnitud del problema es sumamente relevante ya que el decomiso de los automóviles de estos mexicanos que viven en la frontera norte desde Tijuana hasta la frontera de Tamaulipas, pasando por Ciudad Juárez y Piedras Negras, ha provocado la existencia de más de 20 mil procedimientos administrativos en materias aduaneras. La existencia de este fenómeno, producto de una visión limitada del gobierno y de sus operadores con relación a la problemática que produce nuestra interdependencia con la primera economía del mundo en aquellos lugares, que por su ubicación geográfica son zonas directas de intercambio económico y social como lo son las zonas fronterizas, lastima profundamente a la población de estos lugares ya que no pueden aprovechar las ventajas de que de dicha relación se desprenden como lo serían el bajo precio de los automóviles, que al ser adquiridos por los migrantes, configuran en nuestro país diversos delitos de carácter fiscal que no sólo amenazan sus propiedades, sino incluso atentan contra su libertad personal. El tipo de sanciones que se desprenden del contrabando violentan las garantías individuales de los mexicanos expresados en nuestra Constitución, en el Artículo 14 el cual indica: que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En el mismo sentido el Artículo 16, también asienta en su primer párrafo: que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de las autoridades competentes, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Estas disposiciones son violadas permanentemente en la vida diaria, al aplicar sin consideración alguna para el migrante el Artículo 105 del Código Fiscal fracción VI que dice; será sancionado con las mismas penas de contrabando quien; fracción VI) Tenga en su poder algún vehículo de procedencia extranjera, sin comprobar su legal importación o estancia en el país o sin previa autorización legal, en el caso de automóviles y camiones, cuando se trate de modelos correspondientes en los últimos cinco años. Esta estricta aplicación del Artículo 105, pasa por alto, ignora las múltiples necesidades y emergencias cotidianas de las miles de familias que viven en las zonas fronterizas, tales como recurrir a servicios médicos, administrativos o escolares, que obligan en momentos críticos a hacer uso del automóviles de procedencia extranjera, propiedad del familiar trabajador. Ello ocasiona que la persona al ser detenida y no acreditar su propiedad, se le decomisa. El que una persona pueda tener acceso sobre el automóvil, no significa que tenga posesión sobre el mismo, en consecuencia, tiene que distinguirse el acto de entrega al de custodia y préstamo. En el Código Civil en sus Artículos 790 y 791 para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se define la posesión de un bien de la siguiente manera: Artículo 790.- Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder el hecho, salvo lo dispuesto en el Artículo 793, o sea, un derecho el que goza de él. El primero de dichos artículos no define la posesión sino al poseedor, el segundo, establece que existen dos clases de posesión: la originaria y la derivada. La posesión originaria es aquella que se tiene el título de dueño por su parte al poseedor derivado de quien recibe un bien, en virtud del acto jurídico que tiene por objeto directo, inmediato del uso del bien especificado. Con lo que se busca en esta iniciativa, es permitir el uso dentro de la región fronteriza de los parientes, propietarios del vehículo, sin salir de ella. Al mismo tiempo este hecho degenera desconfianza en nuestros compatriotas, que procuran desligarse de toda actividad en México es irse a radicar a los Estados Unidos, ocasionando con ello una baja sensible en la aportación económica al país. No entender la interdependencia económica y social existente en la frontera y, en consecuencia, no reconocer que la misma crea problemáticas específicas en esta zona del país, genera un ambiente lesivo para el pueblo, y sobre todo da pie al autoritarismo, a la prepotencia y a la escasa sensibilidad de la aplicación de las leyes, tal es como el caso que exponemos. En el Programa Diputado Amiga-Amigo, nos hemos dado cuenta de todas las injusticias que se han cometido, y cuando les hemos denunciado, nos dicen que esos vehículos no aparecen expedientes ni siquiera tienen una idea si fueron decomisados. Por lo tanto, proponemos: Artículos 6º. Bis.- En el caso señalado por y la fracción VI de este artículo, no procederá el decomiso del vehículo, ni se tendrá por configurado el delito de contrabando, cuando estos vehículos de procedencia extranjera, sean tripulados por el cónyuge, ascendientes, descendientes y parientes consaguíneos en primer grado del propietario del vehículo, si éste último comprueba fehacientemente que su calidad migratoria, le permite tripular el vehículo en que se trata, sin necesidad de previo permiso o autorización, dentro de la región fronteriza, o en el entendido que por el sólo hecho de encontrarse el vehículo fuera de la región fronteriza, se estará en el caso señalado por la fracción Vi de este mismo artículo 105. Por último, Artículo Transitorio. Este presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Firma Petra Santos, Hortensia Aragón, Alfredo Hernández, Héctor Sánchez, Miguel Bortolini e Irma Piñeyro del PRI. Muchas gracias.