La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Diputados, diputadas, senadores y senadoras. Es una verdad incuestionable que nos encontramos en un proceso de cambio, que se orienta a la consolidación de la democracia, cuya base es un sistema de gobernabilidad que produzca nuevos equilibrios entre diversos órdenes, sectores económicos, sociales y políticos. El fenómeno de los cambios y transformaciones ha reforzado, entre otros, el creciente peso de la tecnología que accede sin límites a los hogares y a los lugares donde nos desarrollamos tanto en medios productivos, educativos, de servicios, etcétera. Como nunca, la opinión pública ha cobrado fuerza y es un factor que no puede dejar de considerarse en todos los procesos de decisión, que la relación entre opinión pública y Estado no sólo se da la primera a la segunda, sino quienes detentan el poder público caen en la tentación de influir en la sociedad, haciendo uso del acceso privilegiado a los medios de comunicación. La falta de límites precisos sobre el contenido de la información gubernamental evita la eliminación de un mal endémico de nuestras sociedades, que es el populismo y la manipulación. El cual es ejercido indistintamente por gobiernos de izquierda o de derecha. Un caso concreto lo encontramos en el propósito señalado por el gobierno del Presidente Fox, de trasparentar y profesionalizar la publicidad gubernamental, resultando en la ocurrencia del recurso, del uso personal y partidista de los tiempos del Estado, mismo que fue señalado por el Tribunal Federal Electoral como una de las causas de conflicto en el proceso electoral de 2006. Si queremos arribar a un sistema democrático que se caracterice por un manejo de información pública, sujeto a criterios de interés general a la ética y a la moderación es preciso reformar el marco legal que la regula y que hasta ahora es omisa en los contenidos que debe tener, dejándolo al criterio discrecional arbitrario del Poder Ejecutivo. La sociedad, es evidente que no desea que las cosas continúen en el pasado. Es decir, que las facultades que pudiera sustentar un solo individuo, aunque éste sea el Presidente d la República, mantengan un individualismo que promueva conductas protagónicas y paternalistas propias de la figura del presidencialismo del pasado. Es la hora de mirar hacia delante, que nuestros gobernantes —y particularmente el Ejecutivo federal— asuman una actitud prudente, que produzca una nueva forma de comunicación con la sociedad mexicana y que exista disposición de cederle a la sociedad funciones y prerrogativas que hasta ahora él monopolizaba, muchas veces de manera metalegal. Manuel Cresencio Rejón advertía sobre el riesgo de depositar en un solo individuo poderes sin límite, aunque existiese la mejor buena fe. Con el tiempo, el poder unipersonal tiende a confundir sus intereses individuales con los del Estado. Con ello, termina amenazando la frágil semilla de la democracia y de la libertad, según el citado autor. Esto es precisamente lo que ha pasado, ya que la experiencia demuestra que con el tiempo, los titulares del Ejecutivo acaban confundiendo su función, las instituciones y las políticas con un solo objetivo, que es su popularidad y más tarde asumiéndose como el jefe de una campaña partidista permanente en detrimento de la imparcialidad que debe regir la función pública. El espíritu democrático que la sociedad exige debe garantizar el ejercicio pleno de la pluralidad en todos los ámbitos del Estado; por ello, el esquema del presidencialismo omnímodo debe ser sustituido por un sistema de mayor equilibrio entre los poderes, incluidos los mecanismos de difusión hacia la ciudadanía. Ello implica superar el culto a la personalidad que pervierte las instituciones democráticas. El Congreso en otras legislaturas ha hecho esfuerzos serios para limitar este monopolio gubernamental de los tiempos del Estado y el abuso de sus contenidos. Por ejemplo, el Presupuesto de Egresos de la Federación contiene ahora una distribución de los tiempos de comunicación que incluye al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al de los estados. Adicionalmente, por cuestiones de riesgo, cuando se trata de programas sociales, las disposiciones en la Ley General de Desarrollo Social para evitar el corporativismo informativo y el otorgamiento de servicios sociales ajustados a la idea de que es el presidente o su partido quienes los otorgan, cuando son fruto de la ley y de decisiones generales del Estado. En el año 2006, esta Cámara interpuso una controversia constitucional por la violación a estas normas y la Suprema Corte reconoció que la actuación del Ejecutivo se encamina precisamente a manipular la información gubernamental con esos fines. Éste es un botón de muestra ante la situación que es más general. Y continúa. La Ley Federal de Radio y Televisión es precisa al establecer que es el Estado quien posee el dominio directo de la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio y que dicho dominio es inalienable e imprescriptible; por eso mismo se expide una ley de orden público que establece que su explotación se realiza cuando exista concesión o permiso del Ejecutivo federal, quien por tal motivo debe vigilar el debido cumplimiento de su función social, que se sintetiza en el propósito de fortalecer la integración nacional. Por ello, la jurisdicción federal en todo lo que compete a la radio y a la televisión, otorga a varias dependencias federales diversas facultades como son: a la Secretaría de Transportes la facultad para administrar todo lo referente a la Ley Federal de Radio y Televisión, a la Secretaría de Gobernación para vigilar las transmisiones en su contenido, a la Secretaría de Educación Pública para que promueva la educación y la cultura, a la Secretaría de Salubridad y Asistencia se le faculta para promover y organizar la salud del pueblo y vigilar la comercialización de los medicamentos. La ley de la materia es precisa al señalar las responsabilidades gubernamentales de administrar y vigilar el uso de la señal que realicen los concesionarios y permisionarios, pero en ningún punto se indica alguna instancia de vigilancia para los órganos de gobierno ni para el mismo Ejecutivo federal sobre el uso del espectro radioeléctrico y televisivo. Por ley, le corresponden 30 minutos gratuitos diariamente en cada una de las estaciones de radio y canales de televisión, en los que se deben difundir temas educativos, culturales o de orientación social. En realidad está probado que se alienta lamentablemente el punto a la personalidad presidencial. Según diversas estimaciones, la Presidencia utiliza poco más de 500 millones de pesos en publicidad; además quienes utilizan el mayor tiempo fiscal son las secretarías de Educación, la de Gobernación y en primer lugar lo tienen, con cerca del 20 por ciento, la Presidencia de la República. Es simple advertir el tremendo poder que implica esta facultad. Dice la ley que todas las estaciones de radio y televisión del país están obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia parar la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación. Nada más preocupante que seguir manteniendo este criterio de usar a juicio particular, sin restricción alguna, discrecionalmente, este recurso, sin riesgo de que se oriente a personalidades, grupos, partidos políticos, poderes diferentes al Estado y a la imagen personal. Los cambios democráticos también deben contemplar el uso de los tiempos del Estado y particularmente del Ejecutivo federal, con apego estricto a una sola regla: el interés público. En este sentido, esta iniciativa, además de promover diversos límites a su utilización, adiciona a los criterios de emergencia que contempla la ley criterios de difusión por cuestiones o para cuestiones de educación, de salud, de orientación social, para el uso de determinados servicios de igualdad, no discriminación y de prevención del delito. También se propone que el Consejo Nacional de Radio y Televisión, que es la instancia colegiada que supervisa que las transmisiones se amplíen con representantes de diversos sectores de la sociedad, cumpla el objetivo fundamental de vigilar, tanto el desempeño de los concesionarios y permisionarios, como del Ejecutivo, principalmente en su apego a la ley. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue. Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias con duración de hasta 30 minutos, continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales, de salud, de orientación social para el uso de determinados servicios, de igualdad y no discriminación y de prevención del delito; además de los que, por su interés público, autorice el Consejo Nacional de Radio y Televisión. Artículo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, mediando solicitud de la Secretaría de la Gobernación, con base en la autorización del Consejo Nacional de Radio y Televisión, con excepción de situaciones de emergencia nacional. Artículo 90. Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como presidente; uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la Secretaría de Educación Pública, otro de la de Salubridad y Asistencia, dos de la Industria de la Radio y Televisión, dos de los trabajadores, uno de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores y dos seleccionados por su aportación a la investigación o a la divulgación científica en la materia, mismos que propondrá el presidente del Consejo y ratificará el Pleno. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente, solicitándole sea insertado en la Gaceta Parlamentaria y haciendo simplemente un comentario. Es sumamente importante que podamos regular el tema, esencialmente cuando se encadena en cadena nacional las diferentes estaciones de radio y televisión. Porque, lamentablemente, hace muchos meses vivimos un ejemplo en el caso del Presidente Fox, cuando hizo una cadena nacional justo para un enfrentamiento con esta Honorable Cámara de Diputados. Ojalá tomemos en consideración ese antecedente y procedamos a reformar la ley en comento.