La diputada Narcelalia Ramírez Pineda: Señor presidente, compañeros diputados: a 200 años de nuestra Independencia y 100 de nuestra Revolución social el signo de la nación sigue siendo su pobreza y desigualdad. Una creciente inequidad golpea la vida de los mexicanos y los divide en una minoría de privilegiados que concentra la riqueza nacional y una gran mayoría de la población que sobrevive excluida del desarrollo. Cerrar esa brecha, implica el replanteamiento de nuestra estrategia de desarrollo, recuperar el espíritu de nuestra Constitución y acortar la distancia que separa nuestras comunidades, nuestras regiones y nuestras zonas urbanas y se ponga fin a tanta injusticia acumulada, para lograrlo, se necesita una política económica, social y de fomento con visión de Estado y con ella el diseño de realistas reglas de operación de todos los programas institucionales. Ahí, radica el mayor desafío del desarrollo, para nadie es desconocido que son las reglas de operación equivocadamente concebidas desde el escritorio de la burocracia, las que por su complejidad y alejamiento de la realidad, no sólo impiden la ejecución ágil y fluida de los programas y las políticas públicas, si no la mayoría de las veces han sido las causantes de la irritación social y de la confrontación entre los sectores productivos y el gobierno. Para enfrentar esta realidad, desde el año 2006 a iniciativa de nuestro grupo parlamentario se propuso poner orden al proceso de diseño y contenidos de las reglas de operación de todos los programas del gobierno federal. Vimos un gran avance con el contenido del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sin embargo, a cuatro años de esta reforma siguen existiendo serias dificultades para la construcción de una política social y de fomento de Estado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación, Coneval, instancia encargada de evaluar el impacto de los programas sociales, las reglas de operación de los programas al menos tiene los siguientes problemas: 75 por ciento de los programas no tienen metas pertinentes para sus indicadores de desempeño. 87 por ciento no cuenta con planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Ningún programa cuenta con métodos para cuantificar la población objetiva y potencial, ni con una estrategia de cobertura a corto, mediano y largo plazos. Ningún programa recolecta información veraz y oportuna sobre sus indicadores de propósito y fin. Al realizar la revisión del contenido de las reglas de Sedesol, Economía, Sagarpa, Reforma Agraria y, Pueblos Indígenas, encontré que las dependencias operan con reglas que tienen objetivos ambiguos. La población objetivo no está definida con precisión; los requisitos implican altos costos a los beneficiarios y la falta de claridad de los mecanismos de entrega de los apoyos. Al realizar una evaluación del proceso de dictaminación formal de las reglas de operación mediante el análisis de dictámenes públicos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria nos hemos percatado que las dependencias no incorporan las mejoras del diseño regulatorio que sugiere la Cofemer. Es por ello que considero indispensable modificar el proceso de diseño de estas políticas públicas para que las dependencias se sujeten a un proceso de calidad en la elaboración de la regulación social y se logre un ejercicio expedito y eficaz de los recursos públicos que esta Cámara de Diputados le asigna a la política social en el Presupuesto de Egresos. Por estas consideraciones pienso que los legisladores debemos asumir como compromiso político y social cambiar los males de nuestro desarrollo, y uno de los principales son las complejas reglas de operación que hacen ineficaz cualquier plan gubernamental. Éste es el propósito de la iniciativa de decreto que hoy pongo a su consideración. Lo que busco son modificaciones al proceso de diseño y dictaminación de las reglas de operación establecido en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Lo que pretendo es que no se confunda la dictaminación presupuestal con la regulatoria. Que se establezca un proceso con plazos determinados que permita a las dependencias y entidades atender las observaciones de diseño regulatorio que hagan los beneficiarios, los legisladores y las instancias correspondientes, con reglas claras, mediante procesos de elaboración transparentes, públicos y democráticos. No podemos esperar más tiempo. El pueblo de México demanda respuestas contundentes y de sus representantes populares, y ésta es una de ellas. Hagamos valer nuestra representación como legisladores de la República, para otorgar a nuestros ciudadanos los instrumentos jurídicos que permitan brindarles respuestas a sus esperanzas de bienestar social. Es cuanto, señor presidente.