El diputado Antonio Ortega Martínez: Diputadas, diputados, estamos por última vez en esta legislatura recibiendo el Presupuesto de Egresos de la Federación para el tercer año del ejercicio del gobierno que se empeña en denominarse a sí mismo como la cuarta transformación. Es momento, por lo tanto, para hacer una pequeña reflexión con un enfoque crítico de la administración pública que, como todos saben, implica contar al menos con un método que permita superar la superficie aparentemente neutra y técnica de la organización administrativa de los neoliberales y, por el contrario, el enfoque aparentemente revolucionario y radical de esta administración, que a través del Presupuesto y otros muchos cambios legislativos pretende demostrar que es parte integral de una especie en particular de lucha de clases. No lo dice así, por supuesto, pero está implícita en su retórica permanente sobre los liberales contra los conservadores, contra los de arriba, contra los fifís y los machuchones y señoritingos, contra los muchos etcéteras ya que sobran epítetos en todas las mañaneras. No se trata de hacer un análisis teórico profundo para demostrar la impertinencia del Presupuesto, basta sencillamente con mostrar la cara del gobierno que está a la vista de todos, una administración pública pauperizada y paralizada, incoherente, ineficiente, desorganizada e ineficaz, con acciones que reflejan más los caprichos del presidente que una verdadera estrategia de Estado. El presupuesto público no solo sirve para realizar una mera cuantificación de los ingresos y en función de ello gastar, tampoco es para priorizar las obras, los objetivos y las prioridades del gobierno federal y en función de ello definir partidas y lineamientos. Es para ordenar las prioridades de la nación y ordenarlas coherentemente, ya que la política económica del gobierno, entre ellas el Presupuesto, es uno de los vínculos que se generan entre el Estado y los ciudadanos, pero no el ciudadano aislado o atomizado, sino como parte de grupos organizados de las distintas y múltiples actividades económicas. Frente a este hecho, hoy vemos una propuesta de Presupuesto que atiende más a las intenciones políticas y electorales del presidente, que pretenden trascender más allá del sexenio, pero que solo dividen y polarizan a país y dejan de lado los justos reclamos y necesidades estructurales. El Presupuesto público no debe ser entonces un plan aritmético de distribución del gasto elaborado por políticos o por técnicos, sino que es una correa de transmisión hacia los distintos sectores sociales y productivos, los del capital y la actividad económica, de los grupos sociales y civiles, de las regiones y su vocación productiva, de las oportunidades, de la creación de nuevas fuentes de desarrollo, trabajo y riqueza. De ahí la necesidad de direccionar una correcta estructura del gasto público para obtener como resultado la suma productiva que cada una de estas partes pueda aportar de manera multiplicada, pero lo que tenemos hoy aquí no es una estrategia de desarrollo y crecimiento, sino un discurso con claros propósitos electorales. Este modelo de privilegiar la entrega de millones de cheques a los ciudadanos sí genera un vínculo, pero no sirve para terminar con la pobreza y la desigualdad. El propio presidente de la República anunció que en el 19 habría 7 millones de mexicanos beneficiados con estos programas sociales, 15 millones en el 2020, 22 millones en el 21, 27 en el 22 y 40 millones en el 24, como plan central de una estrategia transexenal. Entonces, el modelo de los Presupuestos del 19, 20, 21 no sirve como instrumento o herramienta que nos este ayudando para una estrategia de un cambio verdadero para el desarrollo y crecimiento del país. Por ello, no tuvo efectos en el producto interno bruto del 19 ni en el del 2020, tendrá que tras la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fuera sustituido por otro, por el que se haya buscado un Presupuesto equilibrado como la única forma de tranquilizar a los mercados. No dio resultados y la inversión privada se desplomó. No sirvió de nada, tampoco, de mantener esa misma fórmula vigente en el siguiente año. El triunfo de la coalición Haremos Historia, cuyo rasgo principal es un cambio profundo en el ejercicio del poder y de la relación de este con los gobernadores, con los gobernados, los actores políticos y los agentes económicos, y de un neopresidencialismo y una nueva rectoría estatal de la economía, no ha implicado un cambio positivo en la orientación del modelo económico. Esta supremacía y preponderancia excepcional del Poder Ejecutivo, ha implicado día a día tensiones en diversos grupos de la sociedad, rompiendo el equilibrio de su ámbito natural de acción e influencia, al igual que el de los gobiernos estatales y municipales. Aunado, a que están siendo desmontados muchos de los avances políticos, democráticos y económicos de décadas, a pesar de que muchos implicaron un acuerdo con fuerzas opositoras, cuyos protagonistas están aquí y que hacían mejores leyes como opositores, que las pésimas que hoy hacen como gobierno. Por ello, mi partido, el de la Revolución Democrática, denuncia: no estamos ante el presupuesto de una nueva forma de gobierno, estamos ante el programa de gastos personalísimos, centralísimo y controlador del Ejecutivo, que no conjuga la estabilidad con la modernización, la austeridad con el desarrollo, la generación de riqueza con su distribución, las expectativas con su materialización. Por lo que este Presupuesto, evidentemente, es del presidente y él es su único dueño. Aunque, el gobierno ha emprendido reformas sin precedentes para encomendar sus ingresos, estos no adecúan viejas disposiciones a las condiciones de un tiempo diferente, no reconstruyen el espacio institucional y normativo, no se avanza a una nueva refundación con leyes e instituciones, por el contrario, hacen persistir y les dan continuidad a los viejos problemas y solo los agravan. Por eso, al gobierno no le va nada bien prácticamente en ningún campo de la gestión pública. Los objetivos, programas, proyectos y actividades del presupuesto son inerciales en su mayoría, muchas partidas indispensables simplemente desaparecen. Por ejemplo, la austeridad como política para eliminar fideicomisos y para lidiar contra el dispendio de la burocracia no combate los abusos si no los usos mismos por los que destruye la función pública, ataca a los burócratas sin ninguna explicación y acaba por desmantelar al gobierno, expulsa el conocimiento y la experiencia y, al final de cuentas, lesiona al mismo Estado mexicano en una de sus más sensibles instituciones. Este discurso frente a la pandemia ya no sirve de nada, pero sí le da pretexto al gobierno para implementar acciones de muy dudosa legalidad. No pueden ser revertidas ni atenuadas las consecuencias simbólicas y materiales de haber cancelado el aeropuerto. Además de ello, hay que enfatizar que el Presupuesto supone poco menos del 25 por ciento del PIB, es decir, maneja una parte sí considerable de la economía que le permite ordenar, pero no sustituir, estimular y generar, y mucho menos reemplazar. No pueden ser revertidas ni atenuadas las consecuencias de construir sin solvencia económica, ambiental y técnica los ocho proyectos del sexenio: Santa Lucía, Refinería Tres Bocas, Tren Maya, Tren del Istmo, internet, las 100 universidades, las plantas de fertilizantes. No pueden ser revertidas ni atenuadas las consecuencias de la descalificación de la deuda de Pemex y el desconcierto mundial sobre las garantías para la inversión externa en México. No pueden ser revertidas ni atenuadas las consecuencias de la desconfianza de los agentes económicos privados que han retraído la inversión, afectando los pronósticos del producto interno bruto para todo este sexenio y los próximos años. Las reservas que propondrá el PRD buscan hacer ajustes al Presupuesto por cerca de 50 mil millones de pesos. Modificaciones que se traducirán directamente en más recursos para la salud, educación, ciencia, tecnología, cultura, atención a víctimas, protección de derechos humanos, igualdad sustantiva, justicia, más recursos para el campo, mejoras en infraestructura hidráulica, y más y mejores carreteras. Mayores recursos a estados y municipios para que atiendan materias de seguridad, salud, protección civil e infraestructura. Al país le sirve más un presupuesto plural que invierta a lo largo y ancho del país y no un presupuesto que dilapide dinero en tres proyectos egocéntricos, que el único legado que dejarán en el país será podredumbre y desperdicio. Por ello, el PRD votará en sentido negativo, lamentando profundamente que el gobierno no atienda el diálogo solicitado por los agentes económicos y actores políticos tan relevantes como los gobernadores y se está poniendo en riesgo el aporte de la izquierda, en su conjunto, para la necesaria transformación del país. Gracias por su atención, compañeras y compañeros diputados.