EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. La Ley de Ahorro y Crédito Popular permitirá que cualquier persona física o moral, que lo deseé y puede incursionar en el ahorro y en el crédito popular, cumpla con la regulación aplicable, lo haga de manera formal, y qué bueno, compañeras y compañeros, porque las cajas de ahorro popular se constituyeron debido a que gran parte de la población, no es sujeto de crédito ante las instituciones bancarias, sin embargo siempre se demostró una falta de atención para su conformación y operación de parte de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual provocó que se dieran los fraudes millonarios que afectaron a los integrantes de las cajas de ahorros. El pasado sexenio en innumerables ocasiones se solicitó a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, participar en la elaboración de la normatividad, así como en el control y supervisión de las cajas de ahorro, y la respuesta fue que no era su competencia, por supuesto vino el fraude. A cambio los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recomendaron a los pequeños ahorradores defraudados, que hicieran largas e interminables filas en las agencias del Ministerio Público para denunciar el fraude, por supuesto a los banqueros les crearon el IPAB, para que no se fueran ir a otro país con sus capitales. Tanto Gurría Ordoñez como Manuel Pérez Cárdenas, siempre rehuyeron su responsabilidad y demostraron en todo momento su prepotencia hacia los pequeños ahorradores. Tuvieron que esperar a que se dieran los fraudes, nuestros representantes de la Secretaría de Hacienda, y que los ahorradores estuvieran a las puertas de esta Cámara de Diputados, para que las autoridades se empezaran a preocupar por dicha problemática. El nuevo Sistema de Ahorro y Crédito Popular regulará, promoverá y facilitará el desarrollo de las actividades financieras, y los funcionarios deberán cumplir con sus responsabilidades. Ahora tendrán un marco normativo de autorregulación, que se ocupe de la organización, promoción, seguridad, sistema de protección de depósito y fortalecimiento de la actividad. Al aprobar el decreto porque el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, estaremos beneficiando a 2.5 millones de pequeños ahorradores, y de esta forma evitaremos que vuelvan a ocurrir fraudes y quiebras, como las que afectaron en los últimos años a los ahorradores. Esta Cámara de Diputados a través de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, deberán establecer inmediatamente los mecanismos necesarios, para que se lleve a cabo un seguimiento para confirmar que las autoridades hacendarias están cumpliendo con la normatividad establecida en la ley, con el fin de evitar que cualquier tipo de fraude nuevamente se haga presente; así como sancionar a aquellos funcionarios que no atiendan los justos reclamos de los integrantes de las cajas que fueron defraudados. Propongo además, porque es de justicia, que así como se creó el IPAB para ayudar a los grandes empresarios y el rescate carretero en beneficio de las grandes constructoras, se implemente un fondo semejante que en este caso ayude a los ahorradores de menores recursos. Con esta ley, compañeras y compañeros legisladores, apoyaremos que se tengan financiamientos para la micro y pequeña empresa, las cuales han sido relegadas y olvidadas por las instituciones bancarias, siempre dispuestas a otorgar créditos a sus similares, a los poderes y no a la economía social. Compañeros, consideramos que nuestra responsabilidad ante la sociedad es legislar, pero también vigilar que no se afecten derechos de nadie. Esta ley es un avance, sobre todo bajo las siguientes precisiones: Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asuma su responsabilidad en la regulación de estas cajas de ahorradores y que se establezcan clara mente las garantías que tendrán los ahorradores y habrá que vigilar que la operación de bancos e instituciones de crédito sea más transparente. También proponemos que se lleven a cabo en tiempo y en forma, las acciones necesarias para resarcir de sus pérdidas a los ahorradores defraudados. Muchas gracias, compañeros y compañeras. EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias al diputado José Manuel Del Río Virgen. Tiene la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos. off LA C. DIPUTADA ROSALIA PEREDO AGUILAR. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Por décadas las actividades de ahorro y préstamo popular que se realizaban en el país, estuvieron prácticamente sumidas en la clandestinidad; ello como resultado de los enormes vacíos legales que existían y porque los organismos encargados de su supervisión, o no tenían atribuciones para intervenir o estas estaban mal definidas y se veían obligadas a permanecer al margen. Esta lamentable situación hizo crisis cuando ante el colapso de las actividades bancarias en nuestro país, aumentaron dramáticamente las operaciones de ahorro y préstamo popular. La ausencia de una reglamentación que normara correctamente el desempeño de los agentes involucrados en estas actividades determinó que se gestara y detonara una catástrofe por insolvencia que afectó a centenares de miles de usuarios del crédito regional. Estamos seguros que los ahorradores que perdieron el patrimonio de toda su vida con la quiebra fraudulenta de las cajas de ahorro como El Arbolito, la Unión Regional de Crédito del Noroeste entre otras tantas, no olvidarán jamás que estuvieron a merced de profesionales del engaño, ante la complacencia de las autoridades que no hacían nada para prevenir el saqueo de que fueron objeto por la falta de una reglamentación clara y precisa en la materia. ¿Cómo vamos a olvidar que ante la ausencia de reglamentación de estas actividades financieras se añadió la proliferación de actividades criminales de lavado de dinero?, que encontraron un resguardo temporal en estos vacíos legales y ante la falta de fiscalización del ahorro regional. Para superar este cuadro de insolvencia, quiebra y pérdida de confianza en las cajas de ahorro y préstamo popular, tuvo que intervenir el gobierno federal que no estaba facultado para hacerlo. La operación de rescate efectuada por el Ejecutivo Federal creó un grave problema de riesgo moral que sólo podía subsanarse si se emitía una reglamentación exhaustiva que brindara los mecanismos para evitar una repetición de la catástrofe. Por esta razón, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ve con sumo interés el hecho de que las actividades financieras que realizan las que hasta hoy se denomina "organizaciones auxiliares de crédito", estarán reguladas por un verdadero marco normativo que constituya el objeto de discusión del presente dictamen. Este dictamen, como sabemos, brinda la oportunidad histórica de subsanar el grave error institucional que implica que las instituciones de ahorro y crédito popular operen actualmente por la vía de los hechos al no contar con un marco regulatorio que establezca con claridad sus límites y alcances de operación. Por esta razón pensamos que este dictamen debe verse también como un nuevo principio regulatorio que permitirá sentar las bases de un sistema crediticio regional, que ante la manifiesta incapacidad de la banca comercial, brinde una solución alternativa a una de las carencias más graves de la vida económica nacional: ausencia de crédito para canalizarlo a las actividades productivas tanto de pequeñas como de medianas empresas, congruente con el espíritu de efectuar una renovación total del ahorro y crédito popular, respaldamos la propuesta de crear un ordenamiento jurídico totalizador que regule, promueva y facilite las actividades de captación de recursos, la colocación de créditos y el otorgamiento de servicios complementarios orientados a este fin solidario; todo ello en un marco de recuperación de la confianza del público. La delimitación de dos entidades que se establece en la nueva ley, a saber: las cooperativas de ahorro y préstamos y las sociedades financieras populares, es la base de una reglamentación legal de amplio alcance. Al coexistir ambas, se alienta una diversificación que brindará espacio a los agentes que ya operaban de facto, es decir a los cooperativistas y los operadores privados que respondían a las oportunidades creadas por los déficit en el servicio bancario. Una de las lecciones más costosamente aprendidas es que se debe fortalecer la supervisión. A esa necesidad responde la creación de las federaciones junto con la atribuciones que se les confiere en la nueva ley que se discute. De acuerdo a esta iniciativa, éstas apoyarán a las entidades de ahorro y crédito popular para que se autogestionen y autocontrolen. A su vez, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conserva la facultad de intervenir discrecionalmente. Desde el momento en que la federaciones determinen el nivel de operación que puede llevar a cabo cada entidad, tomando en cuenta el número de socios, el monto de los activos y el ámbito geográfico, se evitará la propagación de actividades fraudulentas. Una de las innovaciones más importantes son los mecanismos de alerta temprana, cuyo objetivo es identificar oportunamente las anomalías financieras que presenten las entidades. Si los indicadores de riesgo llegaran a un nivel crítico, se daría paso a acciones que posibiliten la salida de los ahorradores que de este modo podrían salvaguar dar su patrimonio. Si estos mecanismos fallaran y se diera la eventualidad de una quiebra, se propone la creación de un seguro de depósito que es el fondo de protección que estará constituido por las aportaciones de todas las entidades. Al otorgar la administración de las aportaciones para crear el seguro a las confederaciones, se establecerán las garantías razonables para evitar la malversación de estas aportaciones. CONSIDERANDO: que el dictamen con proyecto de decreto para crear la Ley de Ahorro y Crédito Popular, propone refundar sobre las bases enteramente renovadas y con un sentido normativo y preventivo el Sistema de Ahorro y Préstamo Popular, el grupo parlamentario del Partido del trabajo, se manifiesta por emitir su voto aprobatorio, porque con esta decisión estaremos caminando hacia la construcción de un sistema financiero más transparente y eficiente, que satisfaga los requerimientos de recursos que demanda la modernización de nuestra economía. Es cuanto, señor presidente. PRESIDENTE DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Muchas gracias a la diputada Rosalía Peredo Aguilar. Tiene la palabra la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. DIP. OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: La evolución financiera en México, se ha visto frenada en las últimas décadas por varias circunstancias, pero sobre todo por la inestabilidad macroeconómica y por la forma de legislar en esta materia. Una víctima, podría decirse, ha sido el ahorro popular. Hoy por hoy es imprescindible subrayar su importancia. Ante una realidad donde las necesidades financieras del país y sus sectores son enormes, los recursos escasos y el acceso al ahorro y crédito formal es limitado o prácticamente nulo. Principalmente para los más necesitados los esquemas de ahorro popular son una alternativa de inversión y crédito que puede llevar a eliminar parte de la fragmentación financiera que existe en áreas rurales y en segmentos específicos de la población a lo largo y ancho del país, así como emprender políticas más agresivas para el desarrollo e integración de los sectores de menores ingresos. Así, tanto por su papel en el bienestar de las familias y en la seguridad económica para la vejez, como por su importancia potencial para aumentar el volumen de crédito a diversas actividades de gran impacto económico y social el ahorro popular reviste la mayor prioridad. No obstante, parece ser que esta importancia no ha sido percibida en las últimas décadas. El enfoque con el cual se ha pretendido ampliar las herramientas e instrumentos para promover el ahorro y préstamo popular, han fracasado rotunda mente porque no han sabido o no han podido funcionar de manera práctica y segura, garantizar el manejo correcto de los recursos captados y otorgar los mayores rendimientos que esperaban a quienes depositaron su confianza y sus ahorros. Prueba de ello son por un lado las experiencias recientes que han tenido como resultado que ahorradores y usuarios de las actuales sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de asociaciones o sociedades civiles, tipo cajas solidarias y cajas populares, se hayan visto expuestas a fraudes y riesgos que en muchos casos afectaron todo su patrimonio. Por otro lado, que los servicios siguen siendo limitados para el sector popular, sobre todo en determinadas regiones, dejando sin aprovechar el amplio potencial de crecimiento de estas entidades financieras. Claramente el carácter rural de nuestro país en importantes espacios geográficos, los bajos ingresos de un alto porcentaje en las familias urbanas y la insuficiencia de instrumentos e instituciones a la medida de las necesidades de los sectores de más bajos ingresos, abre una puerta importante para el crecimiento de este sector. Ahora, el dictamen de la iniciativa de ley que se presenta nos da la oportunidad de cambiar y dejar atrás esos fracasos. La experiencia vivida debe ser suficiente motivación para concluir que se deben tapar las lagunas jurídicas que existen en la banca popular, dándole certeza y legalidad jurídica. Es imprescindible eliminar la gran dispersión y diversidad de expresiones jurídicas y formas tan diferentes de trabajar, que hacen casi imposible su ordenamiento. Se deben establecer los mecanismos de regulación y no de actuación que favorezcan su desarrollo, su apertura y su crecimiento, aún en condiciones adversas. Y ante todo se deben incentivar y proteger el ahorro de todos aquellos mexicanos que con mucho esfuerzo buscan obtener algunas utilidades. Tenemos en estos momentos la posibilidad de otorgarle confianza a la banca social y por primera vez en la materia ser productivos y no reactivos. Los Legisladores del Partido Verde Ecologista de México estamos con vencidos de que la Ley de Ahorro y Crédito Popular que hoy se votará, es el inicio del crecimiento sin riesgo s de un sector financiero tan necesario para nuestra población. Así, es tiempo ya de finalizar el debate del nuevo marco jurídico que garantice seguridad y confianza a nuestros pequeños ahorradores y les dé la posibilidad de financiamiento barato para su desarrollo personal. Parte de la solución al problema de años está en nuestras manos y sin duda es urgente. Por eso el voto verde será a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. [Aplausos] EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Gracias, Diputada Olga Patricia Chozas y Chozas. Se ofrece el uso de la palabra al Diputado don Manuel Duarte Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos. EL C. DIP. MANUEL DUARTE RAI~IIREZ (PRD): Muchas gracias, señor Presidente. Antes que nada quiero aclararle a una diputada del Partido Revolucionario Institucional que me antecedi6 en el uso de la palabra para impugnar la moci6n suspensiva interpuesta por el suscrito, que la discusi6n de este decreto no se llevó en el seno de las Comisiones de Fomento Cooperativo y de Economía Social y de Hacienda y Crédito Público, la discusión de esta iniciativa la condujeron funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asesores de la Secretaría, de la Comisi6n Nacional Bancaria, A los representantes del sector de las entidades de ahorro y crédito se les recibi6 por separado y basta leer los periódicos; el día de hoy viene una nota muy importante de una confederaci6n de cooperativas que aglutina a más de cien mil cooperativistas que se oponen al marco regulatorio de este decreto de Ley de Ahorro y Crédito Popular que hoy nos ocupa. Por eso quiero dejar muy claro que el Partido de la Revolución Democrática asistió a las reuniones por mi conducto y por conducto de los demás compañeros de las Comisiones de Hacienda y Fomento Cooperativo, s61o que no vimos el ambiente adecuado para incorporar todas las inquietudes que tenemos sobre esa iniciativas. A continuación me voy a permitir desglosar algunos elementos por los que estamos en contra de que en este momento se apruebe esta iniciativa. Me permito hacer uso de la tribuna de esta Honorable Cámara de Diputados para expresar por mi conducto el rechazo total de la inmensa mayoría de los organismos financieros con vocación social del país en relación al dictamen de la iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular. Los promotores del dictamen de referencia mienten cuando afirman que el 80 por ciento de los integrantes del sector aprueban su iniciativa legislativa. Los datos reales son exactamente al revés, únicamente el 30 por ciento la apoya, mientras que el 70 por ciento la rechaza abiertamente. Hasta el pasado 16 de abril los representantes de los organismos financieros solidarios del país, habían venido participando de buena fe en las discusiones que para la elaboración de la citada iniciativa de ley se habrán realizado bajo la conducción de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, al ver que dichas autoridades no escuchan ni toman en cuenta sus opiniones, han empezado a manifestar su inconformidad a través de los medios de comunicación, baste leer los principales periódicos de circulación nacional para corroborar lo que les digo. En términos efectivos y visto por tipo de institución financiera, el 97 por ciento de los cooperativistas de ahorro y préstamo están en contra de la iniciativa. Las dos confederaciones nacionales que agrupan a este tipo de organismos acaban de adoptar un resolutivo para unificar esfuerzos tendientes a impedir la aprobación de la iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular. A nivel de las sociedades de ahorro y préstamo el 60 por ciento se manifiesta en contra y solo la SAP, Crescencio A. Cruz, de Yucatán, y la Caja Popular Mexicana, la apoyan con reservas. Prácticamente el 100 por ciento de las cajas solidarias y de las cajas populares amparadas bajo las figuras de asociación civil o sociedad civil rechazan la iniciativa. A nivel de las uniones de crédito los opositores representan el 70 por ciento del total de estos organismos. Del mismo modo, los promotores originales de las cajas populares de principios de los años '50s, agrupados en el Secretariado Social Mexicano bajo la coordinación del padre Manuel Velázquez, así como los principales teóricos e ideólogos del cooperativismo en México, entre los que destacan el licenciado Antonio Salinas Puentes y el profesor Florencio Eguia Villaseñor, manifiestan su rechazo rotundo a la iniciativa de ley. Entonces, ¿quiénes apoyan el control de las cajas populares bajo el esquema intervencionista contenido en la mal llamada iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular? A nivel de instituciones financieras podemos indicar a las instituciones de asistencia privada, algunas organizaciones no gubernamentales y otras instituciones sin figura específica, es decir, unos organismos que jurídica y conceptualmente no forman parte del sector social de la economía, sino del sector privado de lucro. Se trata de instituciones advenedizas que solo en los últimos años han empezado a practicar en la actividad de ahorro y préstamo popular al percatarse que sus inversiones en el mercado de las finanzas populares pueden retribuirles jugosos dividendos. La Iniciativa igualmente ha venido siendo apoyada por los funcionarios de Hacienda y por algunos Legisladores del PAN y del PRI; los primeros porque esperan de este modo meter en cintura a unas instituciones financieras solidarias cuyos mecanismos de operación basados en la ayuda mutua son ajenos a los conceptos y dogmas del libre mercado en los cuales creen. En el caso de los Legisladores del PAN lo hacen por consigna y subordinación a los dictados del Poder Ejecutivo Federal al cual sirven, mientras que algunos de los Legisladores del PRI aquellos que han manifestado ciertas simpatías por la Iniciativa de Ley lo hacen por desconocimiento de la esencia asociativa del cooperativismo, por lo que no han conocido otras alternativas de regulación consensuada de las actividades de ahorro y crédito popular y por lo que se ha dado, como que no se han dado el tiempo suficiente para escuchar directamente y de viva voz a los socios y directivos de los organismos financieros solidarios del país. A estos legisladores que tienen la alta responsabilidad política y moral de aprobar o rechazar esta Iniciativa de Ley es a quienes me dirijo, a quienes dijo mi mensaje que como ya indiqué anteriormente no es mas que el enunciado de algunas de los principales inconvenientes que los organismos financieros populares han manifestado a este servidor, de manera sintética dichos inconvenientes son los siguientes: La Iniciativa de Ley agrupa a figuras jurídicas opuestas en su naturaleza asociativa y en sus fines económicos, simplemente no es posible regular bajo un mismo ordenamiento jurídico a las sociedades cooperativas sin fines de lucro y que únicamente operan con sus socios y a las sociedades anónimas cuya única finalidad es el lucro y la ganancia y están autorizadas para operar con el público en general. En este mismo orden de ideas resulta inviable suponer que los organismos de integración de segundo y tercer grado opuestos a la Iniciativa de Ley, federaciones y confederaciones puedan agrupar y defender en igualdad de circunstancias los intereses de ambas figuras asociativas. Este es un planteamiento ingenuo que carece de factibilidad porque simple y llanamente los intereses gremiales y económicos de unos cuantos son opuestos. Si no fuera así, seria la misma cosa y el Artículo 25 Constitucional no debería consagrar la existencia de 3 tipos de empresas adscritas a tres sectores económicos claramente diferenciados. Nosotros no cuestionamos el papel y la función económica de las sociedades anónimas por acciones pues de hecho asumimos como propia la defensa del modelo de economía mixta que incluye tres sectores y no solamente dos como aparentemente pretenden verlo los promotores de la Iniciativa de Ley al desconocer el carácter social dé las cooperativas, dándonos un trato idéntico a quien se otorga a cualquier institución privada. Si la intención es desaparecer alas cooperativas no reconociéndoles su especificidad asociativa y poniéndolas a competir en el mercado abierto con las sociedades anónimas que lo digan claramente los promotores de la Iniciativa de Ley y que no pretendan erigirse en los salvadores del sector social, de corruptos y defraudadores porque si de algo está lleno el sector privado es precisamente de eso. La Iniciativa de Ley en fomento, reedita una nueva versión del cooperativismo, del corporativismo estatal ya que, ya caduco y superado, facilitando el intervencionismo estatal en la vida interna de las entidades y manteniendo la amenaza constante de su desaparición. En efecto, la Iniciativa de Ley establece un mecanismo extremadamente burocrático para la concesi6n para operar a las entidades que lo solicitan las cuales deberán realizar un doble trámite, contar con el dictamen favorable de una federación y con el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debiendo cumplir para ello con un sinnúmero de requisitos de entre los cuales se ubican varios de carácter subjetivo que se presentan a la discrecionalidad de quienes tengan el monopolio de decisión en este terreno tales como contar con la recomendación de dos entidades que ya se encuentren operando, demostrar la solvencia eco n6mica y moral de la entidad y de sus principales directivos y presentar un programa de operaciones viables y apegado a las sanas prácticas del mercado entre otros. Aunado a lo anterior, la autoridad goza de la prerrogativa de la negativa FICSA es decir si no contesta favorablemente una solicitud de autorización deberá entenderse que esta ha sido rechazada y así podríamos seguir enumerando un sinnúmero de incongruencias y de sanciones que establece esta ley, como si con eso fuéramos a resolver el grave problema que no lo desconocemos que existe en este sector como no se desconoció en su momento que existía en la Banca, cuando se tuvo que operar el rescate bancario den esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.