El diputado Luis Gustavo Parra Noriega: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Los que suscriben la presente, diputados federales Luis Gustavo Parra Noriega; María del Pilar Ortega Martínez; Rogelio Carbajal Tejada; Dora Alicia Martínez Valero; Esmeralda Cárdenas Sánchez y Jesús de León Tello, todos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura y con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso n) a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución General, a efecto de dotar de atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Sin duda, la necesidad de intimidad es inherente a la persona y se constituye en un valor fundamental del ser humano, ya que para que el hombre se desarrolle y geste su propia personalidad e identidad es menester que goce de un área que comprenda diversos aspectos de su vida individual y familiar que esté libre de la intromisión de extraños. Así pues, debemos entender que todos los seres humanos tenemos una vida privada, conformada por aquella parte de nuestra vida que no está consagrada a la actividad pública y que por lo mismo, no está destinada a trascender e impactar a la sociedad de manera directa y en donde, en principio, tanto el Estado como los particulares no deben tener acceso a ella, toda vez que las actividades que se desarrollan no son de su incumbencia ni les afectan. Ciertamente, el concepto de vida privada es difícil de definir con precisión, pues tiene connotaciones diversas, dependiendo de la sociedad, circunstancias, época o periodo correspondiente. Sin embargo, dentro de esta esfera de vida privada podemos considerar a las relaciones personales, familiares, afectivas, de filiación, de creencias y preferencias religiosas, convicciones personales, inclinaciones políticas, condiciones de salud, identidad y personalidad sicológica, orientación sexual, comunicación personal y privada por cualquier medio; incluso algunos llegan a incluir a la situación financiera, personal y familiar. En los últimos años hemos visto el incremento a la tendencia a regular la protección de la privacidad a la información. No es extraño, dado que la privacidad de los individuos es desde luego un derecho humano fundamental de la mayor importancia. La privacidad de las personas abarca la de la información que las identifica o la que versa sobre las características o preferencias. En el contexto de un mundo globalizado y sobre todo tecnificado y con gran desarrollo de instrumentos y mecanismos de procesamiento de datos de toda índole, la protección de la privacidad, de los datos personales, se ha convertido en un tema prioritario de inmediata e inevitable atención; razón precisamente por la cual en las reformas al artículo 6o. de la Constitución General en materia de acceso a la información, aprobadas recientemente por esta soberanía, se estableció la obligación de que los órganos legislativos de las entidades federativas legislaran sobre la protección de datos personales en poder de los entes públicos. Al respecto, la finalidad de la recolección y tratamiento, los datos por los órganos del Estado, responde a un interés público para instrumentar mediante análisis estadísticos mejores servicios públicos, políticas que incidan en bien de la sociedad o como medios para brindar certeza para determinados actos jurídicos. Dicha protección emerge como un derecho fundamental por virtud del cual se tiene la facultad de excluir o negar a las demás personas del conocimiento de aspectos de su vida. Este derecho es un derecho complejo que comprende y vincula a su vez varios derechos específicos para evitar intromisiones. En nuestro país la protección de datos es un derecho en construcción, no obstante que en tratándose de privacidad, nuestra Norma Máxima en los artículo 6o. y 16 hace mención de ella, aunque desde una perspectiva de garantías jurídico-constitucionales que se tienen como gobernados frente al Estado. En el ámbito internacional, en tratándose de privacidad, el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 dispone que nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia ni ataques en su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o ataques. También el artículo 8o. de la Convención Europea de los Derechos del Hombre dice que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio o de su correspondencia. La Convención Americana de Derechos Humanos de San José, se refiere al derecho a la vida privada usando expresiones análogas a la Declaración Universal. Ahora bien, es importante señalar que la tarea aún está pendiente respecto del acopio y tratamiento de datos personales por parte de entes privados y que en términos generales responde a otros intereses más vinculados con la venta de bienes y prestación de servicios, o qué decir de los fines publicitarios. Actividades que denotan una connotación comercial más acentuada, en cuyo caso se requiere una regulación específica respecto de la que poseen los entes públicos, no sólo porque los datos personales circulan indiscriminadamente, sino porque en ocasiones desafortunadamente dichos datos pueden ser conocidos y utilizados por personas con fines ilícitos para la comisión de delitos, o simplemente de formas no autorizadas que eventualmente causan molestia o perjuicios derivados de este tratamiento a sus titulares. No hay duda que hoy nos enfrentamos a la realidad ineludible de que los datos personales existen y son necesarios para una infinidad de operaciones comerciales o de muy diversa índole, en beneficio de sus titulares y en general del comercio y la economía nacional. Es decir, no es dable pensar que las múltiples relaciones que se plantean entre las personas, incluso entre una jurisdicción y otra, puedan llevarse a cabo sin diversos grados de manifestación y uso de datos personales. En nuestro país diversas consideraciones nos inclinan a pensar la necesidad de que se dicte una legislación cuyo ámbito material de aplicación lo sea precisamente la totalidad del territorio nacional. Una legislación que no únicamente atiende a las recomendaciones internacionales de los organismos de los que México es parte y que, hoy por hoy, simplemente reflejan los paradigmas y las prácticas prevalecientes de la protección, de la privacidad del sector privado en el mundo, sino que salde la deuda pendiente de ensanchar el derecho a la privacidad, en bien de todos los mexicanos. Cabe señalar que el Congreso de la Unión, en términos de nuestro esquema de división de competencias entre los órdenes de gobierno del Estado mexicano, no cuenta con facultades expresas para legislar sobre la materia, y a la fecha, el establecimiento de marcos legislativos diversos en materia de protección de datos, por parte de las entidades federativas, puede dispersar el esfuerzo estatal por tutelar los aspectos más sensibles de la información personal, en perjuicio de los titulares de los mismos, establecer condiciones que restrinjan el comercio entre las propias entidades federativas, y resultar contrarios a los lineamientos adoptados por los organismos internacionales de los cuales forma parte el Estado mexicano. Por las razones antes expuestas en la presente iniciativa, de acuerdo con las exposiciones de motivos y diversa memoranda explicativa tanto en los Lineamientos de la OCDE como del Marco de Privacidad de la APEC, ambas organizaciones, de las cuales es parte nuestro país, así como por la propia naturaleza de la legislación que se propone, que tiene un efecto innegable en la ampliación de la tutela de un derecho fundamental, como lo es la protección de los datos personales en posesión de particulares, y el beneficio que una legislación de carácter federal sobre la materia pueda traer respecto del comercio interestatal, y desde luego, sobre el comercio internacional, sometemos a consideración de este honorable Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto Artículo 73. El Congreso tiene facultad: XXIX-N. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Le pido, señora Presidenta, pueda insertarse íntegramente el texto de la exposición de motivos en el Diario de los Debates. Muchas gracias.