La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. De conformidad con los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar la reserva al dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se reforma el artículo 114 para quedar como sigue. Dice actualmente el artículo 114: la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo para cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal que nunca serán inferiores a tres años. Nuestra propuesta es que diga: Artículo 114. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible en cualquier momento. Diputados y diputadas, no simulemos. Si vamos a entrar verdaderamente a la persecución de los delitos de los funcionarios públicos es necesario enviar un mensaje claro, pues en México la impunidad ha sido un lastre que ha afectado todos los ámbitos. No permitamos que los servidores públicos tengan derecho a la prescripción en los delitos cometidos en uso de sus funciones. La actual redacción del artículo 114 en su segundo párrafo permite que siga abierta la puerta de la impunidad, pues sostiene la prescripción a favor de los servidores públicos. La prescripción de la acción penal es una causa de extinción de la pretensión represiva del Estado que opera por el mero transcurso del tiempo tras la comisión del delito, según los plazos que fija la ley, impidiendo el inicio o prosecución de la persecución penal. La prescripción importa un límite temporal autoimpuesto por el Estado para llevar adelante la persecución y castigo de los delitos en el marco del ejercicio de su poder punitivo. En otras palabras, debe recordarse que la prescripción no anula el delito cometido ni considera que no se hubiera cometido, sólo extingue la necesidad de la condena al hacer desaparecer la punibilidad. Es decir, que el Estado solamente toma una decisión práctica, pero que en modo alguno borra la existencia del hecho delictuoso o los efectos de naturaleza civil que pudieran ocasionarse como consecuencia de aquel. Esta institución de larga tradición en la historia del derecho penal ha merecido el rechazo total o parcial de algunos doctrinarios. Para Bentham deja abierta una puerta a impunidad e incita a la perpetración de delitos. Para Saldaña constituye un premio a la ligereza del criminal que huye, o Beccaria, autor que la niega para delitos atroces. Si vamos a atender lo que la sociedad nos pide neguemos ese derecho a los servidores públicos, pues es por todos sabido que generalmente estos servidores públicos buscan, por una vía o por otra, protegerse para evitar la cárcel y en la gran mayoría de los casos la nula denuncia presentada por las autoridades que son afines y que solapan las corruptelas cometidas. La propuesta que hacemos tiene el objetivo de evitar que se evada la justicia por los intereses políticos, ya que en este país la justicia es selectiva. Necesitamos manifestarle a las autoridades en funciones que el que abuse de los recursos públicos, violente los derechos humanos de la ciudadanía, va a pagar por sus delitos y el Estado deberá garantizar, a través de sus instituciones, que se cumpla la ley. Sin duda, con esto contribuiremos a una verdadera reforma en esta materia, sin simulaciones ni falsedades, de lo contrario queda abierta la puerta para la impunidad y la corrupción en el ejercicio del gobierno. Es cuanto. Muchas gracias.