LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Publíquese de manera íntegra la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los debates. «Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Presentes. Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes la presente iniciativa con proyecto de decreto de Reformas y Adiciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Las elecciones en nuestro país representan un fenómeno político y jurídico dinámico. Por esta razón el perfeccionamiento del derecho electoral debe ser una actividad constante e inevitable. Cada reforma ha respondido en su momento a un contexto político, social y económico específico. Sin embargo, sigue siendo un tema insoslayable contar con normas electorales que tengan una redacción clara y sencilla que permita el fácil cumplimiento por la sociedad. Existen ciertas referencias conceptuales, objetivas y subjetivas que dentro de la estructura lógica de la norma, resultan imprecisas y dan lugar a errores en la interpretación. En primer término la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, dispone como un medio de notificación al "correo certificado", siendo que la denominación correcta según la Ley del Servicio Postal Mexicano es correspondencia registrada. De la misma forma planteamos la redefinición de la naturaleza del escrito de protesta, no como un requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, ya que la interpretación realizada por el Tribunal Electoral Federal le ha quitado ese carácter.. Existe la necesidad de modificar el artículo 64 numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los partidos políticos puedan ejercer su derecho de impugnación a la negativa de registro de un convenio de coalición por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Finalmente, el articulo 12 de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en el inciso b refiere como autoridades responsables a los partidos políticos, en el supuesto que dispone en el inciso e del párrafo 1 del articulo 81, planteamos la supresión de tal supuesto normativo toda vez que al remitirnos al articulo 81, no contiene incisos y la referencia resulta incorrecta para mayor precisión nos permitimos exponer las siguientes consideraciones de los temas propuestos: A) Correo por pieza registrada. Los medios que establece la legislación electoral vigente para notificar los actos o resoluciones que se emitan son los siguientes: en forma personal, por oficio, por correo certificado, por telegrama, por estrados o incluso por fax. Sin embargo, la expresión por correo "certificado" resulta desafortunada al no encontrar significado legal alguno y más bien, han sido las prácticas consuetudinarias las que han determinado llamar así al correo por pieza registrada Si acudimos al significado gramatical de la palabra "certificado", encontraremos que el diccionario de la Lengua Española lo define como "el documento que da constancia de una cosa". De tal forma, que podríamos entender en un primer momento que "correo certificado" atiende a la constatación de que la correspondencia fue entregada; sin precisar a quién, porque incluso pudo haber sido recibida por una persona distinta a su destinatario. Sin embargo, la acepción de certificación, no corresponde a una constatación de veracidad de los documentos que se remiten en este mismo tenor, la enciclopedia jurídica Omeba determina que certificado es "el documento público o privado en que se asegura, afirma o da por cierta alguna cosa, y que con la firma y con el sello se establece la presunción legal de la veracidad de su contenido". Aludiendo a este significado, la expresión correo certificado, no tiene sustento alguno, ya que de ninguna forma se efectúa la certificación de los documentos que se remiten. Además, no existe el parangón para constatar la veracidad de los mismos. Por estas razones y debido, a la multiplicidad de interpretaciones que se pueden desprender, lo más conveniente es precisar jurídicamente la referencias conceptuales que integran la norma jurídica. Más aún, de una revisión exhaustiva de la Ley del Servicio Postal Mexicano, se deriva que no existe una forma de correspondencia que sea por "correo certificado", siendo en su caso la denominación correcta "servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados". Lo anterior según lo dispone el capítulo XIII artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, que a la letra dice: "El servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados, consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de representante legal y en entregar ese documento al remitente como constancia...". Buscando que nuestra legislación siente las bases para la utilización de una terminología correcta, es que proponemos la modificación del término "correo certificado" por "correspondencia registrada". Una norma jurídica imprecisa, inconsistente o incoherente en un sistema normativo, genera a su vez, vicios en su aplicación, por lo que consideramos conveniente que la técnica legislativa se vea orientada a ganar en precisión conceptual. B) El escrito de protesta. Según lo disponen los artículos 41, 116 y muy particularmente el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra la prohibición de la autotutela y se determina la existencia de organismos jurisdiccionales que deben coadyuvar a la impartición de una justicia objetiva, eliminando los obstáculos que dificultan la función de los órganos jurisdiccionales o que entorpecen las relaciones entre éstos y los gobernados. Con la reforma electoral de 1996, se perfeccionó el Sistema de Medios de Impugnación, buscando que la legislación respondiera a los requerimientos de los actores políticos y que se cimentara en ellos una cultura de legalidad. Sin embargo, lo inédito de los acontecimientos electorales, las mismas necesidades de partidos políticos, de la ciudadanía y el carácter especial de la materia electoral, demuestran que la reforma electoral está inconclusa, que siguen existiendo situaciones que deben ser corregidas y otras deben ser legisladas. Debemos decir que en la operación de los medios de impugnación se deben cubrir ciertos criterios de procedibilidad; de tal forma que el Juicio de Inconformidad determina su procedencia si se satisfacen los criterios cronológico, objetivo, subjetivo y formal. El cronológico se refiere a que este juicio sólo puede ser interpuesto en la etapa de resultados y declaración de validez dentro del proceso electoral, siendo el plazo de interposición de cuatro días la procedibilidad objetiva se refiere a los actos que se impugnan invocando las causales de nulidad; el criterio subjetivo tiene que ver con la legitimación activa en la causa y que en este particular, corresponde a los partidos políticos. Finalmente, el criterio formal alude a los requisitos adicionales y comunes que debe satisfacer el Juicio de Inconformidad y encontramos como un requisito excepcional la presentación del escrito de protesta. La disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, contiene un mandato no aplicable, al considerar al escrito de protesta como requisito sine qua non de procedibilidad del Juicio de Inconformidad. Cuando se condiciona la función de los órganos jurisdiccionales a la presentación de un escrito y se impide el acceso a la administración de justicia, se está violentando lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Desvirtuando con ello, la finalidad que persigue el sistema de medios de impugnación, de permitir el control de legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones en materia electoral. Debemos decir sin embargo, que cuando el escrito de protesta aparece en la vida jurídica, se trataba de un recurso que podía en el acto mismo de su presentación modificar el acto que se impugnaba, pero por las razones que se han expuesto ha cambiado su naturaleza. Aunado lo anterior debemos decir, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido la tesis de jurisprudencia "Escrito de protesta, su exigibilidad como requisito de procedibilidad de los medios de impugnación en materia electoral, es violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante tres juicios de revisión constitucional consecutivos que se sometieron a la consideración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se instauraron como medios de control constitucional, se determinó mediante tesis jurisprudencial que el escrito de protesta es violatorio a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, por lo que, el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley General del Sistema de medios de Impugnación, que determina el carácter de requisito de procedibilidad del escrito de protesta, resulta incoherente con el sistema jurídico vigente. C) Impugnación al convenio de coalición. Con las reformas a la legislación electoral y en particular la de 1996, que consolidó el establecimiento de un Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se abre la posibilidad de dirimir los conflictos electorales, de una forma institucional, pacífica y dentro de la legalidad, sin tener que recurrir a las antiguas prácticas violentas que obligaban a los militantes y simpatizantes de un partido político, a denunciar el fraude electoral por la fuerza. Los medios de impugnación electorales evolucionaron y de tener un carácter administrativo y burocrático, se convirtieron en auténticos procesos jurisdiccionales. El Sistema de Medios de Impugnación, ofreció al promovente la garantía de. resolver los conflictos a la luz de los principios de constitucionalidad y legalidad, determinando textualmente en el artículo tercero de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que "El sistema de medios de impugnación regulado por esa ley tiene por objeto garantizar: a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y legalidad...". En el mismo tenor, el artículo 41 en la fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que "Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación, en los términos que señalen esta Constitución y la ley...". De tal forma que los ordenamientos citados refieren que, los actos de autoridad y órganos electorales son impugnables, en estricta observancia a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Legislación Electoral Secundaria. En consecuencia, de lo mencionado en el párrafo anterior, resulta incongruente y desprovisto de contenido legal lo dispuesto en el artículo 64 numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en lo relativo al convenio de coalición determina "El consejo general resolverá antes de que inicie el plazo para el registro de candidatos, según la elección de que se trate. Su resolución será definitiva e inatacable". Disposición que, incluso el juzgador ha determinado inaplicable. Con tal determinación, se están vulnerando los derechos de los partidos políticos que conforman la coalición electoral, al no permitir que una autoridad jurisdiccional revise la determinación del consejo general para negar el registro a una coalición. La coalición se configura como una institución jurídica y como tal, la legislación electoral determina los lineamientos para su conformación y participación dentro del proceso electoral. En reiterados numerales del Código Electoral, se precisa que la participación de las coaliciones dentro del proceso electoral.. es como si se tratara de un partido político. De tal forma, que al momento en que se solicita el registro de un partido político, la resolución que emite el consejo general puede ser recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, si se trata dé una coalición tal potestad está restringida, aun cuando se le debe dar tratamiento como si se tratara de un partido político. La reforma que se propone al artículo 64 del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, es en el sentido de suprimir la determinación que califica la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral como definitiva e inatacable, por ser violatoria de los principios del Derecho Electoral. Con ello se pretende dar auténtico sentido a la certeza que debe regir en todos los actos electorales, a la objetividad que no deje lugar a dudas en las determinaciones de órganos y autoridades, e indiscutiblemente a la legalidad y constitucionalidad, que implica que leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto por la Constitución Federal y en su caso, a las disposiciones legales aplicables. D) Partido político como autoridad responsable. El artículo 12 inciso b de la Ley General del Sistema de Medios del Impugnación, determina la posibilidad de que el partido político pueda adquirir el carácter de autoridad responsable, particularizando el caso del artículo 81 inciso e párrafo primero del mismo ordenamiento. Con la finalidad de precisar conceptualmente la categoría de autoridad responsable, debemos decir, que se trata de quien realizó el acto o emitió la resolución que se impugna. En tal sentido, los actos que emiten los partidos políticos no son objeto directo de impugnación y por tanto no tienen por ahora, el carácter de autoridad responsable. Además, el artículo 12 del ordenamiento referido no es coherente con el sistema jurídico electoral, ya que en los supuesto particulares de cada medio de impugnación no se contempla al partido político como autoridad responsable. Debemos precisar que aun cuando los actos de los partidos políticos pueden someterse a la consideración de los órganos electorales, éstos pueden recurrirse indirectamente a través de la impugnación de un acto de autoridad. Y aun cuando de una revisión integral de la legislación electoral, se llegara a la determinación de imponer el carácter de autoridad responsable a los partidos políticos, por ahora y atendiendo a la técnica legislativa, proponemos que el artículo 12 inciso b de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación, precise únicamente que la autoridad responsable es quien haya realizado o emitido la resolución que se impugna, porque el artículo 81 inciso e párrafo primero que. se menciona en el texto aludido, no existe y por error se dejó consignada tal referencia en el artículo 12 en comento. Si nos remitimos al artículo 81 de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, advertiremos que tal numeral solo cuenta con el párrafo uno, sin contener incisos. La ausencia de coherencia de los artículo 12 y 81 de la legislación electoral, se reprodujo en la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de agosto de 1996, con lo que se descarta la posibilidad de que se trate de un error involuntario la edición de la ley, y por lo tanto amerita la supresión del texto, por las consideraciones que se han expuesto. Compañeras y compañeros diputados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b del artículo 12; se adiciona un párrafo sexto corriéndose en su orden el actual párrafo sexto y séptimo para pasar a ser párrafo séptimo y octavo respectivamente del artículo 14; se reforma el artículo 26 numeral 3; se reforma el artículo 29 numeral 1; se reforman los incisos b y c numeral 1 del artículo 39; se reforman los incisos a, b y c numeral 1 del artículo 48; se reforma el numeral 2 del artículo 51; se reforma el inciso a numeral 2 del artículo 84; se reforma el inciso a numeral 2 del artículo 93 y se reforma el numeral 2 del artículo 106 todos ellos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; se reforman los artículos 64 numeral 3 y 151 numeral 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como siguen: Artículo primero. Se reforma el inciso b del artículo 12; se adiciona un párrafo sexto corriéndose en su orden el actual párrafo sexto y séptimo para pasar a ser párrafo séptimo y octavo respectivamente del artículo 14; se reforma el artículo 26 numeral 3; se reforma el artículo 29 numeral 1; se reforman los incisos b y c numeral 1 del artículo 39; se reforman los incisos a, b y c numeral 1 del artículo 48; se reforma el numeral 2 del artículo 51; se reforma el inciso a numeral 2 del artículo 84; se reforma el inciso a numeral 2 del artículo 93 y se reforma el numeral 2 del artículo 106 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como siguen: Artículo 12... 1. Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación las siguientes: a)... b) La autoridad responsable que haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna y c).. 2 al 4... Artículo 14. 1 al 5... 6. El escrito de protesta, solo podrá ser ofrecido y admitido como prueba en el juicio de inconformidad, cuando se pretenda probar las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la ley, con excepción del supuesto contenido en el inciso b del mismo artículo. 7. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, ... 8. La pericial sólo podrá ser ofrecida... Artículo 26. 1 y 2... 3. Las notificaciones se podrán hacer personalmente, por estrados, por oficio, por correspondencia registrada o por telegrama, según se requiera para la eficacia del acto, la resolución o sentencia a notificar, salvo disposición expresa de esta ley. Artículo 29... 1. La notificación por correo se hará por correspondencia registrada agregándose al expediente el acuse del recibo postal. La notificación por telegrama se hará enviándola por duplicado para que la oficina que la transmita devuelva el ejemplar sellado que se agregará al expediente. Exclusivamente en casos urgentes o extraordinarios y a juicio de quienes presidan los órganos competentes, las notificaciones que se ordenen podrán hacerse a través de fax y surtirán sus efectos a partir de que se tenga constancia de su recepción o se acuse de recibido. Artículo 39... 1... a) ... b) Al órgano del instituto cuyo acto o resolución fue impugnado, se le hará por correspondencia registrada o por oficio al cual se le anexará copia de la resolución y c) A los terceros interesados, por correspondencia registrada. Artículo 48... a) Al actor, por correspondencia registrada, por telegrama o personal. b) Al órgano del instituto que hubiere realizado el acto o dictado la resolución impugnada, por correspondencia registrada, por telegrama, personalmente oficio acompañando copia de la resolución y c) A los terceros interesados por correspondencia registrada o por telegrama o personalmente. 2... Artículo 51... 1... 2. No se requerirá de la presentación del escrito de protesta, como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, cuando se hagan valer las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de esta ley. 3 al 5... Artículo 84... 1... 2... a) Al actor que promovió el juicio y en su caso, a los terceros interesados a mas tardar dentro de los dos días siguiente en que se dictó la sentencia, personalmente siempre y cuando haya señalado domicilio ubicado en el Distrito Federal o en la ciudad sede de la sala competente. En cualquier otro caso, la notificación se hará por correspondencia registrada, por telegrama o por estrados y b)... Artículo 93... 1... 2. Las sentencias recaídas a los juicios de revisión constitucional electoral serán notificada: a) Al actor que promovió el juicio y en su caso, a los terceros interesados, a mas tardar el día siguiente al en que se dictó la sentencia, personalmente siempre y cuando haya señalado domicilio ubicado en el Distrito Federal. En cualquier otro caso la notificación se hará por correspondencia registrada y b)... Artículo 106. 1... 2. La sentencia se notificará a las partes personalmente o por correspondencia registrada si señalaron domicilio, en caso contrario se hará por estrados. Artículo segundo. Se reforman los artículos 64 numeral 3 y 151 numeral 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como siguen: Artículo 64... 1 y 2... 3. El consejo general resolverá antes de que se inicie el plazo para el registro de candidatos, según la elección de que se trate. 4 y 5... Artículo 151... 1 al 6... 7. La resolución recaída a la instancia administrativa para obtener la credencial o de rectificación, será notificada personalmente al ciudadano si éste comparece ante la oficina responsable de la inscripción o en su caso, por telegrama o correspondencia registrada. ARTICULO TRANSITORIO Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2002. Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y Juan Carlos Regis Adamen.» ---TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Martínez Orta, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Él es del grupo parlamentario del PRI.