El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Con su permiso señora Presidenta. La libertad que cada ciudadano posee por su condición de persona, no sólo implica el compromiso del respeto hacia los demás ciudadanos, donde se inscriben los límites de su actuar, para no violentar los derechos ajenos, sino que también forja la convergencia de las libertades personales que enaltecen la dignidad del ser humano. En este contexto, la función de la ley estará precisamente en evidenciar y defender el derecho a la libertad individual. Ahora bien, en nuestro país nadie puede ser privado de su libertad sin una orden escrita y fundada, emanada de la autoridad judicial competente, salvo caso de flagrancia o de un delito con inmediata comunicación al juez. Asimismo, toda persona debe ser informada del motivo de su detención en el acto. Así como también de los derechos que le asisten, prohibiéndose las declaraciones de detenidos ante la autoridad policial y por ningún motivo puede ser privada de comunicarse inmediatamente con quien considere conveniente. Lamentablemente, en nuestro país las autoridades encargadas de la procuración y administración de la justicia, en la mayoría de los casos, transgreden ese derecho de libertad provocando detenciones fuera de los casos constitucional y legalmente permitidos. Dichas detenciones arbitrarias violan no solamente el artículo 16 constitucional por cuanto que se ubican fuera de cualquier supuesto normativo para privar de la libertad a una persona, sino que también el artículo 11 de la propia Carta Magna que prevé la libertad de tránsito. Las detenciones arbitrarias constituyen una práctica común de los agentes de la policía ministerial y de los elementos que integran los diversos cuerpos policíacos. Cabe señala que el tema a discusión no es la detención arbitraria o las revisiones que efectúen los cuerpos policíacos, sino la vulneración de los derechos de los ciudadanos que se consuma se da la detención sin fundamento legal. Como ejemplo, tenemos los datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde una de cada 10 detenciones realizadas por las autoridades es arbitraria. Asimismo, de las personas detenidas el 71 por ciento no tuvo asistencia de abogado mientras estuvo privado de su libertad ante el Ministerio Público. Del 30 por ciento que sí tuvo su asistencia de abogado, la gran mayoría (70 por ciento) no pudo hablar con él a solas. Ante el juez que conoció de la acusación en su contra, el 60 por ciento de los detenidos no fueron informados de que tenían derecho a no declarar y, por último, el 80 por ciento de los detenidos nunca habló con el juez que lo condenó. Asimismo, muchas de las veces hemos sido testigos cómo la detención preventiva es absolutamente denigrante por las condiciones miserables en que la misma se cumple. Nuestras cárceles no rehabilitan y quien no tiene alguna influencia económica o política, está expuesto a padecer lo imposible en los centros de reclusión por los abusos que las autoridades carcelarias y los reclusos poderosos imponen. Sobra decir que muchos de los procesos por los cuales los inculpados han estado detenidos preventivamente, terminan con sentencias absolutorias. Y es aquí donde debemos preguntarnos, compañeros legisladores, ¿qué sucede entonces con el tiempo que esas personas permanecieron privadas de la libertad? Al final del día la autoridad que violó los principios fundamentales como la libertad y la presunción de inocencia, no cuenta el daño físico y moral que ocasionaron a la persona y a su familia con sus actuaciones. Por lo anterior se somete a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que marca, entre otras cosas, que a través de esta iniciativa pretendemos establecer la responsabilidad de las autoridades judiciales cuando el inculpado fuera exonerado, porque no cometió delito alguno, porque el hecho no existió o porque la conducta no se constituía en hecho punible. Proyecto de decreto Primero. Se adiciona un artículo 12 Bis a la ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para quedar como sigue: Artículo 12 Bis. El Estado indemnizará económicamente, siempre y cuando exista una resolución judicial absolutoria en la que se demuestre la presunción de inocencia a la persona que haya sido víctima de una detención indebida, y que por consecuencia de esta acción se haya privado de su libertad durante un proceso judicial mayor a seis meses. Lo anterior, independientemente de las responsabilidades penales, administrativas o civiles, a que se hiciera acreedora la autoridad responsable. Segundo. Se reforma la fracción III y se adiciona una fracción IV al artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, diciendo así: IV. En caso de detención indebida En los términos del artículo 12 Bis a) En caso de indemnización por detención indebida, el Estado cubrirá el equivalente a 25 mil salarios mínimos por cada reclamante afectado. b) Además de la indemnización prevista por el inciso anterior, el reclamante tendrá derecho a que se le reinstale en un trabajo equivalente al que tenía; o bien, a uno de acuerdo a su profesión, oficio o habilidad. Asimismo, la autoridad correspondiente hará manifestación pública en el o los medios de comunicación que así lo consideren, sobre la resolución que demuestre la inocencia del inculpado. Señora Presidenta, solicito que el contenido de esta iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, compañeros, muchas gracias.