EL PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Economía y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y al promovente para su conocimiento. El siguiente punto del orden del día es el capítulo de iniciativas de ciudadanos legisladores. Tiene el uso de la palabra el señor senador don Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona una fracción XXX al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. EL SEN. FERNANDO GOMEZ ESPARZA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El que suscribe, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que recorre la fracción actual a una fracción XXXI con base en lo siguiente: La política industrial forma parte de la política económica en general y consiste en el conjunto de medidas y acciones e instrumentos que realiza o aplica el Estado, con el fin de fomentar el desarrollo del sector industrial en sus aspectos productivos, tecnológicos, de empleos y de apoyo en general. En tal sentido, la política industrial, además de fomentar el desarrollo del sector, debe coadyuvar a lograr las metas del desarrollo socioeconómico del país, que es el principal objetivo de la política económica. A pesar de que el desarrollo de la industria nacional ha sido uno de los objetivos fundamentales de la política económica en general y de la política industrial en especial, en más de 50 años de instrumentar medidas de apoyo a esta actividad, aún no somos un país altamente industrializado, que pueda competir con su producción en el exterior, no nos hemos modernizado a plenitud, no se ha fortalecido adecuadamente el mercado interno y no somos capaces de producir nuestra propia tecnología. Adicionalmente, nuestros centros industriales se encuentran concentrados en gran porcentaje en los grandes centros poblacionales, con la generación colateral de graves problemas de hacinamiento, contaminación, altos costos de servicios y abatimiento de recursos hidráulicos, entre otros, que originan sobrecostos de producción trasladados a la sociedad en su conjunto e impide competitividad para las empresas. El desarrollo industrial debe tener el equilibrio en cuanto a sus características regionales, no sólo por los factores de encadenamiento productivo que disminuyen la brecha existente entre las regiones del país, sino también por procurar una menor disparidad en cuanto a la disponibilidad de empleos, un uso verdaderamente sostenible de los recursos naturales y en última instancia un desarrollo económico más equitativo. Permitir la concentración de la industria en zonas o ciudades que ya presentan problemas demográficos o ambientales graves, es una irresponsabilidad en perjuicio de las próximas generaciones. Por el contrario, favorecer su desconcentración es un imperativo en términos económicos, sociales y ambientales, puesto que no sólo se contribuye a aliviar la problemática existente en estas regiones, sino extender los beneficios de la actividad industrial a otras regiones menos favorecidas. Para ello, es necesario una orientación selectiva de inversiones que permita un mejor aprovechamiento de los factores productivos, creando centros industriales alternativos que construyan polos de desarrollo mejor distribuidos en las regiones del país. Es necesario también diseñar la política industrial de tal modo que sea posible concertar diversos mecanismos que alienten la desconcentración, mediante las potencialidades de las ventajas competitivas de polos alternativos de desarrollo, incentivos fiscales y dotación de infraestructura. De igual manera propiciar esta desconcentración debe de ser una atribución expresa de las instancias responsables de la política industrial a las cuales desde luego es necesario dotar del sustento jurídico que posibilite y regule tales acciones. Se encuentra que es necesario expresar de forma precisa dichas atribuciones y en este caso de la Secretaría de Economía, como instancia responsable de la política industrial, de manera coordinada con las entidades federativas. Con base en lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, lo siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto. Artículo Unico. Se adiciona una fracción trigésima al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar en los términos siguientes: Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: Fracción trigésima. Impulsar la desconcentración de la industria de aquellas zonas urbanas con graves problemas demográficos y ambientales, en coordinación con las entidades federativas para que se facilite Su traslado con infraestructura industrial. Trigésimaprimera: Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. Muchas gracias por su atención. -PRESIDENTE: Gracias señor senador. Túrnese a las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Continúe la secretaría. EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL CAMACHO SOLIS: (CONTESTACIONES DE LAS SECRETARIAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DE RELACIONES EXTERIORES Y DE AGRICULTURA RELATIVAS AL PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LAS EMPRESAS MEXICANAS PUEDAN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO FEDERAL)