La diputada Flor Ivone Morales Miranda: Estimados compañeros, desde 1983 nuestra Carta Magna, en su artículo 4o., séptimo párrafo, prevé el término vivienda, estableciendo que toda la familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. El término digna es definido como un adjetivo que se refiere a ser correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien, pudiendo fácilmente observarse la generalidad del término y lo complejo que resulta establecer los límites de la dignidad en consonancia con los derechos humanos. El término decorosa se refiere al nivel mínimo de calidad de vida, para que la dignidad de alguien no sufra menoscabo. Durante la LXIV Legislatura, el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados se dio la discusión sobre el término correcto para poder expresar el contenido del derecho humano existente en nuestro país acerca de la vivienda, precisamente para realizar la modificación al vocablo digna y decorosa, sustituyéndolo por adecuada. Nuestra Suprema Corte de Justicia se encuentra de acuerdo con que bien existe el derecho a una vivienda digna y decorosa, esto no se agota con dicho cumplimiento por parte del Estado, sino que debe enriquecerse con los aditamentos legales que acompañan el término vivienda adecuada. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México forma parte, se reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Por lo que debe entenderse que se incluye el de una vivienda adecuada como una de las condiciones de existencia para adquirir este nivel de vida. El derecho a una vivienda adecuada abarca libertades, tales como la protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitraria del hogar. El derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad, la familia y el derecho de elegir la residencia y determinar dónde vivir y el derecho a la libertad de circulación. Por otro lado, el derecho a una vivienda adecuada contiene otras concesiones, entre las que figuran la seguridad en la tenencia, la restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio, el acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada y la participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad, entre otros. De ninguna forma puede considerarse que una vivienda es adecuada aun cuando esta sea considerada digna y decorosa, si esta no garantiza la posibilidad de un sano desenvolvimiento de sus moradores. Esto es, si no brinda una adecuada protección contra las inclemencias del clima, además de poder garantizar la salud y el alojamiento del riesgo a quienes habitan la misma. Queda claro que aunque en nuestro país constitucionalmente se encuentra reconocido, de forma textual, el derecho a una vivienda digna y decorosa, no menos cierto es que dicho derecho no puede ser limitativo al contenido significado de los objetivos que componen el derecho citado, sino que estos deben de ser desarrollados y maximizados en las legislaciones que correspondan. Por todo lo expuesto, considero relevante someter a consideración de este honorable Cámara de Diputados el reformar los artículos 1o, 2o, 4o, fracción IX y XII; el 5o, 19, 34 y 77 de la Ley de Vivienda y, los artículos 6o y 19, de la fracción VII, y 36, fracción V y VI de la Ley General de Desarrollo Social para que, en referencia, el derecho a la vivienda se sustituyan los términos digna y decorosa, por el término adecuada, con la finalidad de emplear un vocablo menos abstracto y más susceptible a ser medible y, por tanto, mejorable, además de ir en concordancia con la terminología empleada a nivel internacional. Es cuanto, diputada presidenta.