El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Con el permiso de la Presidencia. Que ninguna palabra ni una mirada obscena manchen la casa donde haya un niño. Juvenal. Compañeras y compañeros diputados, el turismo sexual infantil es un delito aberrante que nos lacera como sociedad, un delito que atenta contra la dignidad humana, la integridad física y psicoemocional de las víctimas. Un delito que constituye, junto con las demás modalidades de trata de personas una nueva forma de esclavitud, la cual tiene como importantes desencadenantes la pobreza y la desigualdad. Este delito es alarmante, ya que de acuerdo con el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 16 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual comercial, donde los puntos rojos han sido las ciudades de Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana. Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil han sacado a la luz diversos casos de cómo se compran los servicios sexuales de niñas, niños y adolescentes. Una de las formas más comunes es a través de Internet y las redes sociales, donde los propios familiares ofertan a menores de edad para brindar servicios sexuales, e incluso los servicios forman parte de paquetes turísticos. El turismo sexual infantil involucra una serie de complicidades que van desde la participación hasta el silencio. Complicidades que se gestan en la corrupción y muchas veces en el amparo de las autoridades. De ahí la tolerancia e impunidad. En razón de lo anterior, la UNICEF ha realizado diversas recomendaciones para eficientar la lucha contra el turismo sexual, entre las que destacan adoptar medidas que permiten reforzar la aplicación de las leyes existentes, o efectuar las modificaciones necesarias para hacer efectiva la persecución de los agresores en materia de turismo sexual. Así como verificar que en todos los casos se prescriban acciones para los agresores, explotadores, enganchadores y todos aquellos que obtengan beneficios derivados de la explotación sexual de las niñas, niños y adolescentes. En virtud de cumplir con las recomendaciones internacionales de la UNICEF, así como respetar la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, es necesario adecuar nuestra legislación interna para que todos aquellos delincuentes que obligan a nuestros niños y adolescentes al turismo sexual sean llevados ante la justicia y reciban una sentencia con estricto apego al marco internacional. No podemos permitir que sigan vulnerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es necesario que desde este Poder Legislativo actualicemos la norma jurídica para erradicar el abuso y el maltrato infantil. De ahí que celebramos la propuesta que aquí discutimos, una propuesta que, al homologar los temas entre los dos ordenamientos que sancionan el delito de turismo sexual, le cierre la puerta a la impunidad, al evitar lagunas jurídicas e interpretaciones disímbolas. Esto es, empatar lo previsto en la Ley de Trata con el del Código Penal Federal, para que haya una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa en ambos ordenamientos legales. El Grupo Parlamentario de Morena, votará a favor el presente dictamen. Hacerlo es votar a favor de la niñez mexicana, es votar a favor de erradicar esa detestable cultura que cosifica a los seres humanos. Las niñas, niños y adolescentes no son juguetes sexuales, son personas sujetas de derechos e investidas de dignidad humana. El Estado debe garantizar su protección. Es cuanto, señora presidenta.