EL DIPUTADO JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS: Señor Secretario, compañeras y compañeros diputados. Sin duda alguna, los temas que más se significan en el horizonte sombrío del campo mexicano, es el de la apertura comercial y particularmente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El Tratado ciertamente puede significar ventajas para ciertos sectores de la economía, incluso para un reducido segmento de productores agropecuarios mexicanos, sin embargo, no hay nada que justifique la profundización de los niveles de pobreza de más de 25 millones de mexicanos que habitan nuestras áreas rurales. Sin duda el Tratado ha generado un importante beneficio a productores de frutas y hortalizas, flores, y qué bueno que así sea, pero es indudable también que los perdedores netos del propio tratado, son los productores de grano y oleaginosas, como aquí ya se ha reconocido, que son más de tres y medio millones de productores que ocupan más del 70% de la superficie que se siembre en nuestro país. Es decir, el impacto negativo económico y social que implica el Tratado, es evidente. Para nadie es desconocido que la apertura comercial en el sector agropecuario, más la gradual eliminación de instituciones y programas de apoyo al sector, trajo consigo una caída generalizada de los precios de nuestros productos, y por ende un deterioro sostenido en la rentabilidad del sector y de su dinámica productiva. Ello ha generado descapitalización en el campo, agudización de la pobreza rural, con la consecuente irritación social que amenaza con desbordarse, que se manifiesta en intensas movilizaciones campesinas a lo largo y ancho de la República, y pone en riesgo la estabilidad política y social de la nación, uno de los patrimonios más preciados de todos los mexicanos. Al momento de la firma el Tratado, las asimetrías de nuestros productores que en los países socios son evidentes las desventajas dramáticas, se establecieron plazos de apertura más amplios para los productos más sensibles, se hizo la puesta como país, de que en esos plazos, las desventajas se irían eliminando y eso no solamente no ocurrió, sino que las diferencias se han ido agravando, no hay plazo que sirva sin una política interna que genere el desarrollo del campo mexicano. Hay que decirlo con claridad, durante la vigencia del Tratado, no sólo no hemos carecido no sólo hemos carecido de políticas públicas que realmente nos coloquen en condiciones de competencia, sino que el abandono institucional ha ido en aumento y los recursos destinados al sector han sufrido importantes decrementos, salvo los años de vigencia de esta legislatura, en lo que los diputados hemos logrado revertir esa caída, a pesar de esa respuesta contraria del Ejecutivo, que ha insistido en cada año presupuestos más bajos. Sin embargo, a pesar de que hemos revertido la caída, estamos muy lejos de tener un presupuesto que realmente impulse el desarrollo del campo. La insatisfacción campesina traducía en movilización social, ha forzado al Gobierno Federal al establecimiento de las mesas del diálogo, para lograr un acuerdo nacional para el campo. Organizaciones del sector social y privado de todos los tamaños y colores, investigadores, académicos y legisladores hemos coincidido en que urge avanzar en aspectos que son fundamentales. En ese proceso de construcción de acuerdos, en nuestra organización, la Confederación Nacional Campesina, hemos hecho el mejor esfuerzo. Hemos planteado, por un lado, el establecimiento de una política interna de desarrollo rural integral, que nos permita alcanzar niveles de producción y productividad, que nos ubiquen en posición de competencia con el exterior. Y por otro lado, hemos exigido replantear con los países socios la revisión del Tratado o la construcción de acuerdos paralelos que nos brinden plazos para aplicar dicha política interna, que debe, obviamente, considerar programas efectivos de investigación, transferencia de tecnología, crédito, asistencia técnica, organización y capacitación de productores, inversión en obras de infraestructura productiva, a la par que también se impulsen políticas públicas para bajar costos de producción, básicamente en insumos como combustible, fertilizante, electricidad, costos financieros, entre otras muchas acciones. Todo esto sin renunciar a la exigencia de excluir productos tan sensibles como el maíz y frijol, que no sólo son un grano comercial, sino que forman parte de la historia y la cultura del pueblo mexicano. Coincidencia, además existe en todo el sector agropecuario, sobre la exigencia de que nuestro gobierno requiera a los países socios, la constitución de un fondo trilateral de cooperación, que vaya al rescate de las regiones productivas con más rezagos que existen en el país y, en general, un fondo que nos permita modernizar a nivel nacional nuestra actividad agropecuaria. Esto se ha venido planteando en las mesas para el diálogo, nos preocupa que la visión del Ejecutivo se limite a lo de maíz y frijol, que ciertamente es muy importante y tenemos que ir a la defensa de esos productos y de los productores, pero no en maíz y frijol, son todos los productos agropecuarios, salvo frutas, hortalizas y flores, es decir, tenemos que tener una visión más amplia del problema. Y es cierto que es muy importante, como usted lo señala, la reconversión productiva, pero necesitamos plazo y recursos para llevarla acabo, plazos no los tendremos si el gobierno no plantea ante los países socios la necesidad de la renegociación o los acuerdos paralelos para obtener esos plazos y recursos no los tendremos si el gobierno federal y el Ejecutivo Federal específicamente, insiste en que cada año en lugar de proponernos un incremento sustancial en los presupuestos al campo, nos propone una baja al propio presupuesto. El presupuesto enviado por el Ejecutivo para el 2001, era más bajo que el ejercido el 2000, el enviado para el 2002, era más bajo que el autorizado por la Cámara el 2001, y el enviado para el 2003, es más bajo que el aprobado para el 2002 por nosotros. Entonces, el discurso choca con la realidad, el discurso choca con los hechos, la reconversión productiva no se da de la noche a la mañana ni en forma automática, requiere mucho esfuerzo de los productores y del gobierno; entonces, tenemos que llegar a la conclusión, de que el foco rojo es acuerdo comercial, hay plazos o no hay plazos, esta dispuesto el gobierno o no a plantearlo a los países socios y con qué recursos vamos a avanzar en la reconversión y en la organización. Porque si nos esperamos a que la reconversión llegue sola, no va a llegar, lo único que va a ocurrir, es que sin plazos para lograr niveles de competitividad, van a ser expulsados millones y millones de pequeños productores de sus parcelas, porque no lograron a tiempo reconvertirse para poder competir; en ese sentido señor Secretario y en el escenario que aquí exponemos, que evidencia la compleja y difícil situación porque la que atraviesa el campo de México, quiero preguntar a usted ¿si existe voluntad real del Ejecutivo Federal, para firmar un acuerdo para un verdadero impulso del desarrollo rural integral de nuestro país por un lado? Y por otro, deseamos saber ¿si el Ejecutivo esta dispuesto o no, a abanderar las demandas de los productores de México y exigirle a los países socios de la revisión del TLC o la construcción de acuerdos paralelos que nos lleven a resolver la grave situación que hoy exponemos y revertir así los efectos negativos que hasta hoy el tratado ha generado para la inmensa de la mayoría de los productores agropecuarios. Y por último, si el Ejecutivo esta dispuesto a plantear a los países socios, ese fondo trilateral por el cual se han venido pronunciando todas las organizaciones de productores en las mesas de trabajo, tanto en las del sector social como en la del sector privado; como ya le decía al principio, de todos tamaños y colores. Muchas gracias. -