El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, ciudadano Presidente: vengo a esta tribuna de la Comisión Permanente a presentar un punto de acuerdo que es trascendente para la vida del país, trascendente para combatir la corrupción, trascendente para que los mexicanos obtengan información que sea transparente sobre todo lo que está pasando en el país en relación con este tema. La información más reciente que han publicado los medios de comunicación sobre el exceso y corrupción, tráfico de influencias, dádivas, sobornos, colusión de servidores públicos y conflicto de intereses relacionados con el tema de los permisionarios y operadores de casinos nos obliga a reflexionar sobre las últimas modificaciones efectuadas al reglamento de la Ley General de Juegos y Sorteos en octubre del 2012 y que motivaron una controversia constitucional por esta Cámara de Diputados. Consideramos que los hechos han sido contundentes, han ido demostrando que la forma atropellada, ilegal e inconstitucional con que fue elaborado dicho reglamento fundamenta la sospecha de que tal proceder obedeció a la intención de favorecer indebidamente a un grupo selecto de permisionarios y operadores de casinos. Esta situación se hizo costumbre como práctica de gobierno en el pasado reciente. El entonces secretario de Gobernación otorgó concesiones para juegos de azar en el 2004, situación llevada al absurdo en el pasado gobierno con las lesivas reformas por decreto al reglamento de la Ley General de Juegos y Sorteos que lesiona el sentido de la prohibición constitucional a los juegos de azar, a las apuestas, creando en los hechos una red de contubernio y complicidad entre casinos, casineros, jueces y funcionarios públicos. No actuar en contra de este atropello constitucional nos haría y nos hará cómplices de tanta ilegalidad. Al establecer una salvedad a la prohibición de instalación de máquinas tragamonedas a favor de los casineros, ya que contaron con un permiso, el Ejecutivo, contrariamente a la Constitución, legisló y vulneró la división de poderes, el principio de supremacía de la ley y su obligación constitucional de velar por la estricta observancia de la ley por la administración pública. Cómo no sospechar de las motivaciones que hubo detrás de ese reglamento aprobado de última hora como un regalo para esa red oscura de operadores de casinos. Ahora surgen elementos que ponen al descubierto el rol de diversos ex funcionarios en una red ilícita para el otorgamiento de varios permisos, para la instalación de casinos o casas de apuestas de manera irregular. Resulta indignante la simple sospecha de que la autoridad encargada para guardar la ley en la materia, la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio pasado haya sido el caldo de cultivo y parte de las negociaciones de operaciones contrarias a derecho para favorecer intereses particulares y francamente delictivos. Se han ventilado acusaciones muy serias en radio y televisión contra funcionarios públicos, ex funcionarios y legisladores importantes, y que deben deslindarse responsabilidades de toda índole, sean civiles, penales o administrativas. Los vínculos en esa red delictiva, con funcionarios públicos, se hace cada vez más evidente. Desde hace más de un año ya se publicaban acusaciones, se filtraban contra funcionarios de la Secretaría de Gobernación hechos delictivos o conductas probablemente delictivas y que no fueron nunca investigadas por ninguna autoridad. Ahora estos nombres, muchos nombres salen a deslucir, a relucir, todos ellos vinculados, todos ellos sometidos a un círculo en los que nosotros creemos deben de investigarse. Al parecer los personajes aludidos se aprovecharon de la cercanía con el circuito más allegado a la presidencia de la República para después de separarse de sus funciones en Gobernación como asesores, constituir una empresa dedicada a la gestión irregular de asuntos relacionados con el sector casinero, que desembocó en el desproporcionado enriquecimiento de estos personajes y los convirtió en propietarios de casinos. Se ha hablado también de la intervención directa de ex funcionarios del gobierno federal a favor de la instalación de casinos y centros de apuesta, donde su operación se va en contra del ordenamiento jurídico llegando inclusive al ofrecimiento de importantes cantidades de dinero para ello. Las circunstancias hacen relevante el caso, pues pese a lo complejo del mismo, se establecen relaciones con diversos actos de la administración pasada, como el otorgamiento de los permisos de operación a 94 casinos el día 30 de noviembre de 2012, a minutos de que concluyera la gestión. Si se demostrara los actos llevados a cabo por funcionarios de la anterior administración serían no sólo simple actos de corrupción, sino un verdadero asalto a la vida democrática nacional. El Congreso mexicano no puede convertirse en cómplice, por fortuna la Cámara de Diputados ha interpuesto una controversia constitucional contra el Reglamento de Juegos y Sorteos. Concluyo, presidente, debemos poner al descubierto, ciudadanos legisladores, esta ruleta de corrupción e impunidad. No podemos admitirla. Estoy planteando cuatro puntos, cuatro puntos que contienen este documento, que son: Primero. Que la Comisión Permanente de este Congreso mexicano exhorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el marco del examen sobre la controversia constitucional 123-2012, pueda revisar y resolver con la mayor brevedad y diligencia el expediente con absoluto respeto a la Constitución. Nosotros creemos que debe de declararse inválido e inconstitucional. Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que se inicien las investigaciones a fin de esclarecer los hechos sobre la posible existencia de una red de tráfico de influencias, que ya ha sido descrita ampliamente en los medios de comunicación y también en esta intervención. Tercero. Se exhorta al ministro Pérez Dayán, para que se excuse de conocer a participar en la resolución del caso por ser notorio y ostensible el conflicto de intereses en que podría estar incurriendo, ya que este ministro resolvió el tema de los permisos unos días antes de ser nombrado ministro de la Corte. Cuarto. Se instale una comisión plural de diputados para la investigación, para obtener información sobre el tema del otorgamiento de permisos para la operación de casinos y para ser coadyuvante con el Ministerio Público, y por último: Me gustaría mucho que también esta Permanente se pronunciara porque el Reglamento que está sub júdice combatiéndose por la controversia constitucional, se declarara inaplicable, que esta Permanente pudiera exhortar al secretario de Gobernación para que no aplique este Reglamento, a todas luces ilegal, inconstitucional y que estamos asistiendo a una verdadera ruleta de oprobio, de corrupción, de impunidad. Nosotros no vamos a descalificar ni adelantar juicios contra nadie, vamos a esperar la investigación porque también hemos sido víctimas en otras ocasiones y no queremos pronunciarnos con anticipación. Por su atención, muchas gracias.