EL C. DIPUTADO ALEJANDRO AGUNDIS ARIAS: Con su venia, señor presidente. Sea usted bien venido, señor secretario, a este recinto. Compañeras y compañeros legisladores: una reforma fiscal debe cumplir con las siguientes condiciones: posibilitar el crecimiento económico, distribuir el ingreso, elevar la eficiencia recaudatoria y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Un país sin ingresos suficientes que permitan rehabilitar y robustecer la hacienda pública es un país imposibilitado para enfrentar eficientemente los compromisos actuales y futuros en términos de inversión en infraestructura, empleo y distribución. La reforma fiscal no debe sólo contemplar la modificación de los ordenamientos legales en los cuales se sustenta la captación tributaria; debe tener una visión amplia de la problemática económica, financiera y fiscal del país. Al estudiar el paquete económico enviado por el Ejecutivo podemos observar que no tiene una visión de largo plazo. Tal parece que la mayor atención es prioritariamente recaudatoria. El problema principal de esta propuesta es que se pretende aplicar en un contexto en el que la economía enfrenta serios problemas de crecimiento. Hay que decirlo, las reformas fiscales se construyen y se enfrentan a menos obstáculos en un contexto de crecimiento económico simple y sencillamente porque a lo largo del ciclo ingreso-gasto-deuda se define quién gana y quién pierde en el proceso económico. La actual política fiscal ha sido ineficiente, tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos, necesitamos una reforma que dé coherencia al sistema impositivo, que sea progresiva y equitativa, de tal manera que grave a la persona física o moral de acuerdo a su capacidad para obtener ingresos, de acumular riqueza y de acuerdo a su capacidad de compra y el perfil de consumo. La problemática de la estructura impositiva podría resumirse en evasión fiscal. De acuerdo con una investigación realizada por el CIDE, se calcula que la evasión, elusión, fraudes y otro tipo de incumplimientos tributarios, representan casi el 50 % del potencial recaudatorio de México. Esto da una idea de la magnitud del problema de la evasión fiscal en escala nacional, además explica por qué la carga fiscal es muy alta para el contribuyente cautivo. Lo anterior determina que la carga fiscal de México esté por debajo de la que tienen países en desarrollo similar y así los ingresos dependen en gran medida del petróleo y obviamente las fluctuaciones en el precio de este producto repercuten en las finanzas públicas. Está claro que las medidas propuestas por el Ejecutivo no redundarán en una nueva hacienda pública, toda vez que como en ocasiones anteriores, no se modifica la estructura impositiva del país, simplemente se trata de algunos cambios y adiciones de ciertos impuestos. Es indispensable atacar primero el problema de la evasión fiscal actuando en dos frentes: Primero, simplificando las leyes y la administración fiscal, y Segundo, tomando medidas que realmente transparenten el gasto público. La reforma planteada por el Ejecutivo no puede calificarse como distributiva, ya que el Estado n promueve una distribución justa del ingreso. Por el contrario, la propuesta se fundamenta en impuestos al consumo que afectan en mayor medida a las clases de bajos ingresos. Si realmente se quiere fomentar una distribución equitativa del ingreso, es necesario que el sistema tributario se base en mayor medida en impuestos directos como lo es el Impuesto Sobre la Renta. Por todo lo anterior, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en relación con el ingreso nos preguntamos: ¿En que medida la propuesta presentada por el Ejecutivo implica una nueva estructura tributaria para el país? Y si ésta realmente persigue el objetivo de mejorar la distribución del ingreso. Por otra parte el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo contempla una reducción en el gasto programable del Gobierno Federal de 3.1 % en términos reales, esto como consecuencia de una disminución en el ingreso esperado para el próximo año y un aumento en el gasto no programable del 5.1 % debido principalmente al costo financiero de la deuda. Lo anterior se traduce en menores recursos para los programas y proyectos de las dependencias federales. Por ello nuestra propuesta tiene dos vertientes: La primera es hacer una revisión minuciosa para que los programas sociales y de combate a la pobreza, no se vean afectados, y La segunda, es buscar posibles ahorros en áreas no estratégicas y modificaciones en el destino del gasto. Asimismo estamos a favor de incrementar el gasto federalizado a través de los diferentes fondos que para ellos existen. Estamos en contra de reducir los recursos del Programa de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, transferencia relevante en nuestro sistema fiscal por la manera como se incluye año tras año. Dentro del cuerpo de provisiones contenidas en el Presupuesto Federal y el uso estratégico que representa para las entidades federativas. En materia de gasto, nos preocupa de manera especial la disminución de recursos propuesta para las funciones, protección y conservación del medio ambiente en más del 17 % y en desarrollo agropecuario y forestal en 9 % en términos reales. ¿No cree que con estas cifras el Gobierno Federal muestra una vez más su desdén por el medio ambiente? El gasto propuesto en educación no es suficiente para lograr alcanzar la meta del 8 % del PIB en el 2006 como lo marca la Ley General de Educación. En materia de salud, se propone una asignación de 3 mil 800 millones de pesos para garantizar atención a las familias que se incorporen al Seguro Popular. Creemos necesario que la Secretaría de Salud explique a detalle el destino de estos recursos y el impacto en las finanzas públicas que tendrá dicho seguro. En materia de inversión debemos revisar la manera en que será financiada, ya que la inversión presupuestal disminuye 14.4 % mientras que la inversión financiada aumenta 28.8 % vía Pidiregas, los cuales son contabilizados como deuda pública pero sí impactan recursos futuros. Por otro lado, se propone la desincorporación de 16 entidades paraestatales como una manera de ahorrar. Sin embargo, el ahorro sería de apenas 4 mil millones de pesos, cantidad que no resuelve de fondo el problema de la escasez de recursos. ¿Acaso el gobierno federal no considera que estas entidades son muy importantes en la generación de recursos para la asistencia pública o para la investigación y desarrollo de tecnología para el manejo sustentable del agua? En el Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de un manejo responsable de la deuda pública para contribuir a mantener un marco de estabilidad económica y para promover el desarrollo de los mercados financieros nacionales. Sin embargo, el gasto público debe verse también como promotor de la inversión y del crecimiento económico. Por ello nos preguntamos: ¿por qué el Ejecutivo propone disminuir el déficit público de 0.5 a 0.3 como proporción del PIB, sobre todo si consideramos la escasez de recursos para el próximo año. Proponemos también contabilizar como deuda pública los Pidiregas y el Fideicomiso de Infraestructura, ya que así tendríamos un indicador más preciso sobre la deuda real del gobierno. Por su respuesta, señor Secretario, muchas gracias. -