El diputado José Antonio González Roldán: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el proyecto de decreto que hoy nos ocupa es producto de un proceso legislativo de varios meses, de amplias discusiones y análisis que deriva hoy, si aquí se vota a favor y en el Senado si cumple su palabra, en coincidencias a partir de proposiciones y propuestas de los diferentes grupos parlamentarios que integran la actual legislatura. Se trata pues de un proyecto que resume inquietudes para atender, orientar y regular el endeudamiento de las entidades federativas y sus municipios, que en su conjunto conforman el Pacto Federal. El desequilibrio cada vez más pronunciado que muestran las haciendas públicas locales en relación ingreso-gasto, es la preocupación que compartimos los diputados de esta legislatura. Estos desequilibrios han llevado a los diferentes órdenes de gobierno a obtener recursos mediante el endeudamiento. Se debe señalar que en este dictamen se han condensado distintos puntos de vista sobre los alcances de la deuda que enfrentan las entidades federativas y que según las estadísticas disponibles, pasaron de 90 mil 731 millones de pesos en el año 2000, a 489 mil 875 millones al tercer trimestre del año pasado, lo que equivale a un incremento del 440 por ciento. Según la distribución por acreedor, la banca comercial otorgó el 58 por ciento de dicho endeudamiento, mientras que la banca de desarrollo y otras fuentes de endeudamiento, como las emisiones bursátiles, los fideicomisos y otros, financiaron a los estados y municipios con el 42 por ciento restante de dicha deuda. No obstante que el resultado significativamente voluminoso de este endeudamiento en el pasado reciente, las autoridades financieras del país, Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coinciden en afirmar que este débito todavía no representa un peligro para el sistema financiero nacional, ya que en su conjunto equivale respecto al producto interno bruto a menos del 3 por ciento. En este contexto, en este entorno, como legisladores estamos actuando a tiempo y de manera preventiva ante una circunstancia que podría transformarse en un problema de dimensiones y alcance nacional. Las cifras de deuda que he mencionado son un poco más del 60 por ciento de los ingresos garantizables de los estados, sin incluir los ingresos propios municipales, donde se ubican las participaciones en ingreso federal en el Ramo 28, el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, además de sus ingresos propios. Por ello estamos actuando a tiempo, aún a pesar de la dilación a cargo del Senado de la República para regular el endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales y promover el uso eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos. Con esta reforma se incorpora a rango constitucional el principio de estabilidad de las finanzas públicas y su consideración en el sistema de planeación democrática del desarrollo, así como en la elaboración de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo. También se crea una comisión bicamaral, la cual conocerá las situaciones relacionadas a la contratación de empréstitos con la garantía federal y se establece el concepto de mejores condiciones de mercado para llevar a cabo operaciones de financiamiento público. Se amplían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar deuda pública contratada con garantía de recursos de origen federal. Tiene cabida igualmente la creación de un sistema de alerta sobre el manejo de la deuda de estados y municipios. Y se prevén sanciones a los servidores públicos que incumplan con estas nuevas normas. Lo anterior, entre otros, perfectamente armoniza obligaciones para cubrir necesidades, atributos que contiene el proyecto de reforma que hoy ante esta soberanía se discute. Entre las medidas de responsabilidad hacendaria se pretende incorporar en este dictamen la posibilidad de que las entidades federativas y los municipios puedan contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, pero que este se haga sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión y, sobre todo, que dicha obligación deberá ser liquidada a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante estos últimos meses. Con esta medida se pretende que los gobiernos sean más responsables al contraer dichas obligaciones. Es importante referir, que la reforma no busca debilitar el pacto federal ni restar autonomía a las entidades federativas y a los municipios. Por el contrario, lo que pretende es crear una responsabilidad para conducir adecuadamente las finanzas locales. En nueva Alianza estamos convencidos que con esta reforma se define la participación de las fuerzas políticas del país, representadas en los Congresos locales, con una tarea muy precisa, ser las verdaderas instancias que conozcan, autoricen y determinen hacia dónde debe ir el endeudamiento de los gobiernos, de los cuales se forma parte. No tenemos duda, que ejercicios de concertación, confluencia y acuerdos con todas las fuerzas políticas, como el que antecede a esta reforma, es lo que nuestro México necesita para construir una nación más justa, más moderna y con gobiernos estatales y municipales plenamente responsables, transparentes y comprometidos con sus gobernados. Por todo ello, y lo digo con plena convicción, nuestra voto, el voto del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza será a favor de este proyecto de decreto. Es cuanto, señor presidente.