La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar: Con su permiso, diputada Presidenta. La suscrita diputada federal, Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente Exposición de motivos El artículo 1o. de la Constitución Política garantiza a todo individuo el goce de sus derechos, las garantías individuales protegen el disfrute de los derechos humanos. Uno de estos derechos es el relativo al trabajo. La restricción de las garantías en territorio mexicano sólo puede realizarse conforme a lo dispuesto por la Constitución Política y siempre debe intervenir una autoridad que sujetará su procedimiento conforme a las leyes. Los derechos se protegen mediante normas diferentes. Los derechos de las mujeres trabajadoras son las normas jurídicas que se orientan a la protección de su salud, educación, dignidad y desarrollo, así como la protección de la maternidad en relación con la mujer misma. Los derechos de las mujeres trabajadoras derivan del derecho de igualdad garantizado en la Constitución Política. Los derechos son los mismos tanto para varones como para mujeres, los preceptos que soportan estos derechos están fundamentados en los artículos 3o. y 4o. de la Ley Suprema como garantías individuales y en el artículo 123, apartado A podemos considerarlo como una declaración de derechos sociales. Estas garantías protegen y tutelan los derechos de las mujeres trabajadoras, quienes deben disfrutar algunos derechos propios de su sexo en función de la maternidad, del rol destacado que tienen como madres y ejes articuladores de la familia conforme a las costumbres sociales. La Ley Federal del Trabajo regula las relaciones de trabajo a que se refiere el apartado A del artículo 123 constitucional, la disposición de esta ley debe aplicarse indistintamente a mujeres trabajadoras como a varones trabajadores; es decir, en un trato de igualdad. Por hacer conciencia de su significado por igualdad se entiende la capacidad de toda persona por disfrutar sus derechos, así como para contraer obligaciones. El artículo 4o. constitucional indica que la mujer y el varón son iguales ante la ley. Con esta norma se establece la igualdad jurídica de las personas de sexo femenino y de sexo masculino. De lo anterior se desprende que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y obligaciones que establecen las leyes en México. Las condiciones de desigualdad y de discriminación, principalmente hacia las mujeres, ocurren en la vida diaria. Para ello es relevante y urgente reforzar el cumplimiento de las leyes, hacer valer los derechos de las mujeres y darlos a conocer mediante estrategias y acciones por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto. En México la situación de la mujer no es cómoda. Las realidades y retos que enfrenta diariamente propician que en muchas ocasiones se perciba un panorama francamente hostil para lograr su desarrollo integral. Las disposiciones constitucionales en las cuales se fundamenta la igualdad de oportunidades en el trabajo se repiten en el artículo 4o. de la Ley Federal del Trabajo que establece: No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito. Las mujeres pueden desempeñar cualquier trabajo y ocupar todos los cargos y niveles, en igualdad de oportunidades. Según datos del Consejo Nacional de Población, la transición demográfica ha contribuido a modificar el escenario en el cual se forman y desenvuelven las familias y los individuos. El número de hogares se incrementó notablemente durante las últimas décadas al pasar de 6.8 millones de hogares en 1960, a 22.7 millones de hogares en el año 2000. De acuerdo a datos del INEGI, en México existen casi seis millones de hogares encabezados por jefas de familia. Los hogares encabezados por mujeres se han incrementado rápidamente en el último cuarto de siglo. Las mujeres como jefas de familia son un fenómeno fundamentalmente urbano. El incremento de la participación de las mujeres económicamente activas ha aumentado. Ésta es una etapa en la cual han asumido responsabilidades familiares y por lo general, tiene hijas e hijos. Del aumento de la participación de las mujeres en el ingreso familiar se advierte ya que poco más de 6 de cada 10 pesos de los ingresos monetarios de los hogares, provienen de la actividad laboral femenina, de acuerdo con datos de Conapo. Actualmente, poco más de 15 millones de hogares mexicanos reciben recursos económicos de las mujeres, aportando el 35 por ciento del producto interno bruto. En comparación con 1992, la cifra se duplicó pues en ese año era de 7.9 millones de hogares. En ese tenor, el Congreso de la Unión debe garantizar la protección de las mujeres y de su trabajo, reconociendo el largo camino de lucha de la sociedad y de muchas organizaciones sociales no gubernamentales que han hecho conciencia de la realidad laboral de las trabajadoras. Erradicar el trato desigual a las mujeres en el trabajo es una responsabilidad, un acto de justicia social que atañe a todos por igual, tanto al Estado como a la sociedad. La presente iniciativa busca garantizar a la mujer trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el momento de su elección; es decir, la mujer trabajadora conservará su empleo y puesto de trabajo, aún cuando decida ejercer ese derecho. De igual forma, el examen de ingravidez no será un requisito solicitado por los empleadores para otorgar un empleo a la mujer que así lo requiera, dado que el trabajo es un instrumento que permite el acceso a los servicios de salud, educación, vivienda, recreación, seguridad, alimentación, generando con ello condiciones de bienestar en la familia y en lo social. Por esa razón, el Congreso de la Unión debe fortalecer la legislación en la materia ya que en comparación con otras naciones, México está notablemente retrasado en la legislación de normas para proteger a las mujeres en diversos ámbitos laborales. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con Proyecto de decreto Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para, quedar como sigue: Artículo 133. Queda prohibido a los patrones: I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo, estado civil, embarazo o responsabilidades familiares y, en general, aduciendo cualquier distinción discriminatoria. ( ) XII. Exigir o solicitar directa o indirectamente a las mujeres que soliciten un empleo, la presentación del certificado médico de ingravidez o cualquier prueba de no embarazo; XIII. Despedir o coaccionar a una trabajadora para que renuncie a su empleo por su estado de gravidez. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril. Atentamente, diputada Guadalupe Flores. Solicito nada más se integre el texto completo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.