El diputado Carlos Lomelí Bolaños: Muchas gracias, señora presidenta. Señoras diputadas y señores diputados, en México las entidades federativas tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al municipio libre. En este sentido, diversas reformas constitucionales han permitido que el municipio y el propio Distrito Federal adquieran mayor relevancia política y no solo administrativa, en aras de una mayor autonomía y capacidad de decisión. A pesar de las mayores facultades políticas administrativas de que goza el municipio, cualquier reforma jurídica de fortalecimiento de sus atribuciones que no se encuentre vinculada al aspecto financiero corre el riesgo de quedar como un catálogo de buenas intenciones. Lo cierto es que si no tienen recursos suficientes para llevar a cabo las funciones que le atribuye la Constitución, poco puede hacer para que dichas actividades se reflejen en beneficios concretos que mejore la calidad de vida de los habitantes de su territorio. En este sentido, los municipios tienen dos vías para allegarse recursos: por una parte, los ingresos propios que perciban, y por otro, los recursos que la federación les distribuye. La distribución de las participaciones federales que regula a través de la Ley de Coordinación Fiscal, entre los fondos que contempla este ordenamiento, se encuentra el llamado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que tiene como prioridad que los municipios destinen los recursos al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de los derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descarga de agua residual, a la modernización de los sistemas de recaudación local y mantenimiento de infraestructura, y a las atenciones de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes. En la actualidad la distribución de los recursos del fondo se hace con base en el número de habitantes, obteniendo esta cifra de la información estadística más reciente emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de siglas INEGI. El criterio poblacional en la asignación de los recursos es de suma importancia, pues la cantidad de pobladores tienen a relación directa con los servicios y necesidades que deben de satisfacer los ayuntamientos. Y así, a mayor número de habitantes se incrementan las necesidades sociales, y por lo tanto, la cantidad de recursos que se requieren para hacerle frente a las mismas. La información poblacional que da el Inegi se renueva cada 10 años a través del censo y cada 5 mediante conteos. Bajo este contexto, la información que proporciona el organismo, antes citado, se renueva cada 5 años de manera parcial y no necesariamente este ejercicio se realiza de la forma permanente. Por citar un ejemplo, este 2015, el Inegi ha anunciado que por razones de índole presupuestal, no le sería posible llevar a cabo este conteo y en su lugar solo realizó una encuesta intercensal. En este sentido, la repartición de los recursos que integra el fondo de aportaciones se hace con base en una información poblacional que tiene un desfase de por lo menos cinco años, lo que ocasiona que en el factor anual, que se toma en cuenta para las reparticiones de este fondo, no corresponda a las dinámicas y los requerimientos de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Mucho de los cuales tiene una tasa de crecimiento que varía año con año. Por ello, con el fin de que la repartición de los recursos de este fondo se lleva a cabo de la forma más objetiva, la iniciativa que hoy presento plantea la aplicación de un factor de actualización al último dato poblacional oficial, que permita una distribución más justa de los recursos del fondo con base en el valor de la tasa de crecimiento media anual, proporcionado también por el Inegi. Como diputado de Movimiento Ciudadano, uno de los principales temas a impulsar es precisamente la distribución más equitativa de los recursos, por lo que esta iniciativa contribuirá a ello en beneficio de la calidad de vida de las personas. Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones legales que nos rigen, someto a esta consideración, a esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, de reforma del artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal. En obviedad de tiempo, omito leer de manera textual la reforma planteada, pero hago entrega del documento integro para que en su momento sea turnado a las comisiones competentes para su dictamen. Es cuanto, señor presidente.