La diputada Marcelina Orta Coronado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la protección de la salud para toda persona, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es uno de los grandes hitos de la historia de nuestro país. Gracias a este precepto se transformó el enfoque de nuestra sociedad respecto al estado de salud como derecho humano en este país. En el sistema nacional de salud mexicano, los servicios que proporciona el sector público de salud constituyen el principal recurso empleado por la sociedad mexicana para proteger su salud. Sin embargo, hasta antes del año 2003 en que se creó el sistema nacional de protección social en salud, la mitad de la población no contaba con el acceso efectivo a los servicios de salud por no poseer una relación laboral formal que se le diera acceso a la seguridad social. Un año después de la gran reforma a la Ley General de Salud, que dio origen al sistema nacional de protección social en salud, en nuestro país se creó un brazo técnico, el Seguro Popular, esto en el año 2004. Uno de los grandes retos que afrontó en su momento este programa fue el de evitar que más familias se siguieran empobreciendo por hacer frente a la enfermedad de un familiar. Por ello, uno de sus objetivos fue evitar el gasto del bolsillo para sus beneficiarios, y principalmente, para aquellos que se encontraran en condiciones de pobreza. Debe reconocerse que en la constitución de esa gran proeza de transformación de nuestro sistema nacional de salud, participó el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal, que fueron quienes se encargaron de la reforma legislativa. Pero debemos reconocer también, de manera especial, a los gobiernos de las entidades federativas que se han constituido en la piedra angular para la instrumentación del Seguro Popular. Hoy, después de 10 años de crear el Seguro Popular, este programa tiene a más de 50 millones de beneficiarios a través de su catálogo universal de servicios de salud, financiando la atención médica de 284 intervenciones de primer y segundo nivel de atención, lo que representa una cobertura de más de 500 mil enfermedades. Esto se traduce en la atención del 100 por ciento de padecimientos, por lo que se acuerda una clínica o centro de salud o más de 90 por ciento de los diagnósticos terapéuticos de segundo nivel. Es decir, aquellos que por lo general requieren hospitalización. Dada la gran magnitud de la cobertura de este programa, es necesario que se realicen las acciones necesarias para lograr la máxima efectividad y eficiencia de los recursos que se destinan a sus funcionamientos, y en beneficio de los millones de mexicanos que son sus beneficiarios. Por ello, se dictamina que cuya discusión ocupe a este pleno el día de hoy tiene como objeto consolidar la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del sistema nacional de protección social de la salud, generar mejores condiciones y transparencia de supervisión y control de fiscalización de los recursos que le son asignados. Asimismo, se presenta establecer que los recursos que se transfieran del gobierno federal a las entidades federativas por concepto de cuota social y de aportación solidaria se puedan asignar en dos modalidades: en recursos monetarios o en especie. Con esta última modalidad se pretende garantizar el abasto de medicamentos para todos los usuarios del país. Se pretende sancionar, incluso con prisión, a las autoridades que otorguen destinos distintos a los recursos desviados del objeto al que se indica, generando una afectación al servicio que debiera proporcionarse. Esto y otros aspectos del dictamen que hoy está a nuestra consideración buscan que tengamos un Seguro Popular más eficiente, con mayor transparencia. Por ello, los diputados de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen porque somos consecuentes con nuestra historia y con nuestros principios de doctrina. Con base en ello nuestra labor permanente es nuestra brega de eternidad y radicará en eliminar todo obstáculo que impida que toda persona con toda dignidad pueda ejercer plenos sus derechos humanos y sus derechos ciudadanos. Es cuanto, diputado presidente.