El diputado Edgar Armando Olvera Higuera: Buenos días. Con su permiso, señor Presidente. Solicito que toda vez que ha sido publicada en la Gaceta la presente iniciativa, sea inscrita asimismo en el Diario de los Debates. Los suscritos, diputados federales de esta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de este Honorable Congreso, la iniciativa de la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias, por lo que se abroga la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados; se adiciona el Título Cuarto Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se deroga el Título Decimotercero, capítulos Primero y Segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente Exposición de motivos La Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados se constituyó en el vértice para la creación del actual sistema penitenciario a pesar de sus grandes logros. Desde su publicación a la fecha se ha distinguido por cumplir su propósito a pesar de las limitaciones de operación y al alto índice demográfico penitenciario que se ha incrementado considerablemente desde sus inicios. Es necesario y urgente crear nuevas disposiciones legales que sirvan de apoyo a la función penitenciaria que permitan objetivamente establecer un equilibrio entre la población penitenciaria existente y la capacidad instalada, por lo que sometemos a su consideración la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias. La modernidad exige la aprobación inmediata de medidas penitenciarias estratégicas capaces de desarrollar una política criminal adecuada a las condiciones actuales de los centros de readaptación social que permitan mejorar el cumplimiento con la función de prevención, rehabilitación, readaptación social, reinserción del interno que, a cargo del Poder Ejecutivo y Judicial, deben de existir en relación al problema penitenciario. El tema de la despresurización penitenciaria ha dado respuesta parcial al problema de la sobrepoblación penitenciaria y quizás al de la corrupción interna en los centros de readaptación social de nuestra nación ya que con las reformas aprobadas recientemente por esta Legislatura, se dio margen a que en mediano plazo se logre apreciar la disminución de la población penitenciaria respecto de los internos con calidad de sentenciados. Con la idea de lograr mejores alternativas jurídicas para la comunidad y seguir contribuyendo con la lucha en contra del hacinamiento y a favor de una nueva cultura sobre la rehabilitación penitenciaria y readaptación social, que además permita delimitar perfectamente, con profesionalismo, la separación entre dichas funciones y la preliberación, se prevé la imperiosa necesidad de contar con un área del Poder Judicial específica que contribuya a la disminución de la población penitenciaria en completo respeto al estado de derecho y permita el fortalecimiento en la credibilidad de nuestras instituciones encargadas del sistema penitenciario. Se propone la intervención de los órganos jurisdiccionales de la Federación. Dicha intervención propone para su concreción, la creación del juez de ejecución de sentencias para alcanzar los siguientes objetivos. Primero. La observación de la legalidad de la ejecución de las sanciones penales. Segundo. Control y vigilancia del cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. Tercero. En la solución de controversias que se susciten entre la autoridad penitenciaria y los particulares. Se determina que corresponderá al Juez de Instrucción de Sanciones conocer y otorgar los beneficios de preliberación, libertad preparatoria, reducción de la sanción y remisión parcial de la pena, resolver el recurso de reclamación de los internos contra sanciones disciplinarias, acordar las peticiones de los internos respecto al régimen y tratamiento penitenciario y realizar visitas de verificación, asimismo establecer respecto a los beneficios anteriores los requisitos para su procedencia y supuestos en que no proceden y causas de revocación. Se estima que al establecer al juez ejecutor de sentencias, se logrará total transparencia, eficacia e imparcialidad para el caso de las preliberaciones, abatiendo por completo el probable favoritismo con el que se pudieran señalar a alguna institución que aparentemente realiza una doble función, al revisar los expedientes de los sentenciados cuyos expedientes han sido elevados a la categoría de cosa juzgada por el delito del fuero federal y que además decide facultativamente con quienes son candidatos para que se le autoricen las medidas preliberatorias y los beneficios concedidos en la ley. Razón por la que nuestro sistema penitenciario requiere una nueva alternativa que garantice e implante un sistema de oficio para la revisión constante y permanente de todos los expedientes de los internos que han sido declarados con sentencias ejecutoriada, sin discriminación alguna y con pleno apoyo en el estado de derecho, el establecimiento del trabajo obligatorio, que en la actualidad es un auténtico reclamo social, no sólo como restitutivo de la reparación del daño a favor de las víctimas, igualmente para generar las bases que permitan, en primer término, el pago por el costo de inversión del penal; segundo, para la manutención del sistema penitenciario; y, tercero, para el ahorro de los internos y su familia, todo esto con pleno respeto a los principios fundamentales del hombre. En cuanto al sistema penitenciario, se recogen disposiciones previstas en la ley que establecen las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, así como en el Código Penal Federal y en el Código Federal de Procedimientos Penales, con el fin de aglutinar en un solo cuerpo normativo lo relativo al sistema penitenciario, como de ejecución de sanciones a fin de armonizar las disposiciones en este rubro. Estas y otras propuestas son las que se prevén en la Ley de Ejecuciones de Sentencias que someto a la consideración de esta soberanía y con lo anterior seguramente la ciudadanía estaría en implantación de un nuevo sistema penitenciario propuesto, porque genera certeza jurídica a favor de quienes han sido violentadas, en su esfera jurídica y la de los suyos. Por conducto de los diputados proponentes, diputada María del Pilar Ortega Martínez, diputado Luis Gustavo Parra Noriega, diputado Jesús de León Tello, diputado Alejandro Landero Gutiérrez, diputado Luis Gerardo Serrato Castel, diputada María Sofía Castro Romero y su servidor diputado Edgar Armando Olvera Higuera, por su atención muchas gracias.