La diputada Rosa Elena Millán Bueno: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Con su permiso, compañeras diputadas y compañeros diputados. El sistema fiscal de un país es el conjunto de leyes, normas y disposiciones que determinan la forma de obtener los ingresos públicos. En particular por medio de los aprovechamientos, contribuciones, derechos e impuestos son pieza clave de la organización institucional en el Estado. El pasado 8 de septiembre del presente año el Ejecutivo federal envió a esta soberanía el paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, siendo la iniciativa de miscelánea fiscal una de las propuestas que lo conforman. En ese sentido, el 5 de octubre la comisión acordó recibir en audiencia pública a representantes de los sectores privado, académico y social con la intención de conocer su opinión respecto de las iniciativas que conforman el paquete económico de este año. En consecuencia, los integrantes de la comisión de manera colegiada revisamos las medidas que propuso el Ejecutivo federal, las estudiamos, las consultamos y las enriquecimos, lo que derivó en su mejora para beneficio de todos los mexicanos. En materia de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se planeta otorgar un crédito fiscal del 30 por ciento del monto de las inversiones en equipos fijos de alimentación para vehículos eléctricos. Se propone reducir la carga administrativa asociada al cumplimiento tributario de las empresas con menor capacidad administrativa. Se establece que los apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas presupuestarios gubernamentales no se consideren ingresos acumulables. Sobre este tema la Comisión consideró necesario establecer como obligación de las dependencias federales o estatales que otorguen apoyos económicos, publicar el padrón de los beneficiarios de los diversos programas que otorgan dichos apoyos. Asimismo, consideró que los planes personales de retiro puedan ser contratado son sólo de forma individual, sino también de manera colectiva. Respecto a las donatarias, se establece que puedan apoyar económicamente a la realización de proyectos productivos de pequeños productores agrícolas y artesanos que se ubiquen en zonas de mayor rezago y que tengan ingresos de hasta cuatro veces el valor anual de la UMA. Se aclara que el límite del 10 por ciento por el que no se causa el ISR no es aplicable a los ingresos que obtienen las donatarias por concepto de cuotas de recuperación. También se detectó que en la Ley del Impuesto sobre la Renta no se prevé la obligación del destino del patrimonio a los supuestos de pérdida del registro por conclusión de su vigencia sin que se haya renovado, por lo que se propuso señalar que cuando la vigencia de la autorización haya concluido y no se haya renovado dentro de los tres primeros meses del ejercicio siguiente, se considerará liquidada, debiendo destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada, dentro del cuarto mes del ejercicio siguiente a aquel en que se concluyó la autorización. Al respecto, la Comisión consideró que esta última medida obliga a las donatarias a liquidar la sociedad, lo que vulneraría el principio de seguridad jurídica, además de que no podrían operar dichas sociedades al quedarse sin patrimonio. En tal virtud, se propuso establecer que tratándose de los casos de revocación o de renovación de la autorización para ser donataria autorizada, cuenten con un plazo de 12 meses para obtener una nueva autorización o en su caso la renovación. En materia de hidrocarburos, se propone que no serán ingresos acumulables las contraprestaciones en especie a favor del contratista, siempre que no se considere como costo de lo vendido deducible el valor de las mencionadas contraprestaciones, por lo que la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideró necesario precisar los porcentajes de deducción que serán aplicables para infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos en plataformas y embarcaciones de perforación de pozos y embarcaciones de procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos, y se establece que en los primeros años de exploración no estarán obligados a conservar la documentación comprobatoria de las operaciones con partes relacionadas en el extranjero, siempre que no excedan de un monto de ingreso de 3 millones de pesos. Respecto a las modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en específico sobre el acreditamiento del IVA en periodo preoperativo, esta comisión estimó que dadas las condiciones económicas actuales del país es conveniente fomentar que las empresas cuenten con flujos que les permitan continuar con sus proyectos de inversión y desarrollo, por lo que se aprobó mantener que dicho impuesto sea acreditable durante el período preoperativo, permitiendo su recuperación antes del inicio de sus actividades. Por otro lado, se propone que para efectos de la importación de bienes tangibles, cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero, la base para el cálculo del impuesto será el monto de las contraprestaciones. Se precisa que no se pagará el impuesto por el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes entregados en el extranjero por no residentes del país, cuando por dichos bienes se haya pagado efectivamente el IVA por la introducción al país. Se aprobó también que cuando los servicios de tecnología de la información sean aprovechables en el extranjero, serán considerados como servicios exportados, afectados con la tasa 0 por ciento, con excepción de los efectuados a través de redes privadas virtuales. En materia de Código Fiscal de la Federación, la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideró, respecto a la declaración informativa de situación fiscal, que las personas morales deben estar obligadas a pagar el ISR del ejercicio mediante la presentación de su declaración dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termina el ejercicio correspondiente. De igual forma, la comisión consideró oportuno modificar lo referente a la suspensión de la caducidad por acuerdos conclusivos, con el objeto de evitar que con la tramitación de dichos acuerdos la autoridad se exceda de los plazos de caducidad que establece el Código Fiscal, señalando que la tramitación de los acuerdos también suspende los plazos de caducidad que prevé dicho precepto legal. De igual manera, los integrantes de la comisión aprobamos una deducción de hasta 250 mil pesos en la compra de automóviles eléctricos e híbridos, lo cual resulta mayor que el actual de solo 175 mil pesos para automóviles de combustión interna. Asimismo se aprobó la deducción de bicicletas y motocicletas eléctricas, con la finalidad de hacer más accesibles este tipo de transporte ecológico, lo que ayudaría sin duda a reducir el nivel de contaminantes en las zonas urbanas. Honorable asamblea, las modificaciones que la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó sobre estos ordenamientos fiscales son el resultado de un análisis serio, de un análisis plural que hicimos todos los que integramos este órgano legislativo, por lo que me permito de la manera más atenta y respetuosa solicitar a todas y a todos ustedes su voto aprobatorio para el proyecto de decreto que está a su consideración. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.