El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda: Con la venia de la Presidencia de esta Mesa Directiva, el suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del PRI de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal con base en la siguiente Exposición de motivos Uno de los problemas estructurales de nuestro país es el problema de la educación, del cual depende el futuro de nuestro país y en particular en la vertiente de su financiamiento, tanto en el monto que se destina para fortalecer la calidad y cobertura de los servicios de educación así como su distribución entre las entidades federativas. El reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el panorama de la educación 2006, señala que el gasto por estudiante de primaria en México es de mil 656 dólares; ajustado por diferencias en la paridad del poder adquisitivo, aproximadamente un tercio del promedio de la OCDE, que es de 5 mil 450 dólares. Asimismo establece que en primaria y secundaria sólo el 2.8 por ciento del gasto se destina a inversión, que comparado con el promedio de la OCDE de 8.2 por ciento, resulta claramente inferior. Adicionalmente sólo el 6.4 por ciento del gasto corriente en la educación primaria se destina a materiales educativos. El promedio de la OCDE es de 19.8 por ciento. En la República Mexicana los servicios educativos se financian principalmente con gasto público de los tres órdenes de gobierno, ello a través de aportaciones federales, recursos provenientes de ingresos propios de las entidades federativas y en su caso, de los municipios. En 1992 con la firma del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y Normal, se transfirió a los estados la responsabilidad de operar esos niveles del sistema educativo federal junto con los activos, infraestructura y docentes. Dicha descentralización de las responsabilidades educativas tuvo como finalidad mejorar los servicios educativos considerando que las entidades federativas conocen mejor las necesidades y demandas educativas y por ello responden mejor a ellas, así como involucrar más a los estados en la provisión de estos servicios. Algunos estados como Aguascalientes, Oaxaca o Hidalgo, no prestaban servicios de educación básica y otros como el Estado de México, Nuevo León y Baja California atendían entre el 40 y el 50 por ciento de la demanda. Sin embargo, la descentralización no significó un cambio en la asignación de las transferencias a las entidades federativas, ni se acompañó de mayores potestades tributarias para los estados, por lo que en la actualidad éstos tienen poco control sobre el tamaño relativo de su sistema educativo, el cual está determinado históricamente y es difícil de cambiar, por no contarse con recursos adicionales significativos. Actualmente, la distribución de los recursos se determina de una manera inercial a partir del gasto que la Federación ejercía en cada entidad, cuando el sistema estaba centralizado, sin considerar el gasto en educación que ejercían los estados con recursos propios y por lo tanto, la distribución original no reflejaba en su momento y mucho menos en la actualidad, las necesidades y requerimientos de las entidades federativas en materia de educación, por lo que la mecánica de distribución hoy en día es inequitativa e ineficiente. En ese sentido la falta de recursos suficientes y la iniquidad en su distribución ha provocado que los estados atiendan con recursos propios los compromisos federales en educación, afectando la ejecución de obras y servicios de otros sectores prioritarios. Adicionalmente, la falta de equidad en la distribución del gasto federal ha generado una desigualdad regional en las oportunidades educativas, causando diferencias en el aprendizaje de los alumnos entre estados; sumadas a las características socioeconómicas y demográficas de cada región, que también explican parte de estas diferencias. En la distribución del "Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal", del Ramo 33, FAEB, no se consideran las condiciones de los sistemas educativos federales y estatales; más aún, no se considera el número de alumnos potenciales, sino el número de profesores e instalaciones educativas que eran necesarias hace 14 años. En 2002 la Secretaría de Educación Pública recabó información sobre el financiamiento educativo estatal, observando que la proporción de la contribución federal al gasto educativo se ubicaba en un nivel promedio de 79.6 por ciento, mientras que los estados aportaban el 20.4 por ciento restante. Asimismo se demostró la existencia de una gran heterogeneidad en la carga educativa financiada por las entidades federativas con recursos propios; 14 estados presentaban márgenes de financiamiento por arriba de la media nacional, desde 21.5 por ciento, hasta 38.6 por ciento del gasto total. Seis estados aportaron recursos en un rango de 12.3 por ciento a 20.2 por ciento, 10 estados participaron con niveles de 0.8 por ciento a 8.7 por ciento, mientras que Oaxaca y el Distrito Federal no aportaron recursos propios a su gasto educativo. A partir del año 2003 entró en vigor la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación, estableciendo que el monto anual que la Federación, entidades federativas y municipios deben destinar al gasto y servicios educativos, no puede ser menor al ocho por ciento del producto interno bruto, señalando que los presupuestos públicos deberían de incrementarse gradualmente para alcanzar en 2006 dicha meta. Con la propuesta que se pone a consideración de esta Asamblea, se modifican los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer lineamientos más claros acerca del tamaño del fondo, mediante la regla general de que el mismo deberá incrementarse por lo menos un cuatro por ciento en términos reales respecto al del año anterior y se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, se actualizarían las reglas de distribución de los recursos del fondo entre los estados en razón directa al índice de población en edad escolar, al rezago educativo presente en las entidades y al porcentaje de gasto en educación básica y normal, financiado directamente por las entidades federativas. Bajo el nuevo esquema, la distribución de los recursos del fondo, estará basada en la demanda efectiva de servicios educativos, proponiéndose que dicha distribución se oriente en un 45 por ciento en relación directa con la población en edad escolar, entre 3 y 15 años. Adicionalmente, a fin de reflejar correctamente las necesidades educativas, se propone distribuir el 45 por ciento por la población en edad escolar ponderada por el inverso de un índice de educación que refleja el rezago educativo. Finalmente el diez por ciento restante, se propone se distribuya en relación directa al gasto en educación básica y normal financiado directamente por las entidades federativas, a fin de compensar el impacto financiero que esto ha generado sobre las propias entidades. No obstante el avance que en términos de equidad y reconocimiento al esfuerzo educativo representaría la presente propuesta, es de considerar que las entidades federativas requerirían de un periodo de ajuste para la aplicación de la nueva distribución de recursos, basada en la demanda efectiva de servicios educativos. Esto es, el mecanismo de distribución actual deberá ir desapareciendo gradualmente, por ello se propone que el nuevo mecanismo se aplique a lo largo de los primeros cinco años al 20, 40, 60, 80 y 100 por ciento del fondo, respectivamente en cada año. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal. Único. Se reforman los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue: Artículo 27. "El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, debiendo ser por lo menos cuatro por ciento mayor en términos reales al del año anterior. Este Fondo se enterará mensualmente a las entidades federativas por conducto de la federación, de acuerdo con los siguientes porcentajes…" Y se anexa la tabla de acuerdo a lo que yo comentaba. El Pafef se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo con lo siguiente: Primero. El 45 por ciento del Fondo en proporción directa al número de habitantes entre 3 y 15 años, que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate. El número de habitantes de entre 3 y 15, años se tomará en la información del último Censo de Población y Vivienda o conteo de población, que hubiera dado a conocer el INEGI. Segundo. El 45 por ciento se distribuirá de acuerdo con la población a que se refiere la fracción anterior, ponderada por el inverso del índice de educación de cada entidad federativa, establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio de que se trate. Tercero. El diez por ciento restante se distribuirá de acuerdo con la población a que se refiere la fracción I, ponderada por el porcentaje del gasto en educación básica y normal, financiado directamente por cada entidad federativa en el año 2005. Artículo 28 —y termino. "Para tal efecto, los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, proporcionarán al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que les sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación del sistema educativo nacional, correspondan a la federación". Se agregan los transitorios para que paulatinamente se vayan incorporando. Dado en la sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 2006. Pido a la Presidencia de la Mesa Directiva, sea tan amable de insertar el texto completo y en original en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.