El diputado Reginaldo Rivera de la Torre: Con su permiso, diputado presidente de la Mesa Directiva. Diputadas y diputados de la LXI Legislatura, una de nuestras múltiples tareas como representantes populares consiste en otorgar voz a quienes no la tienen, dar opciones a quienes no cuentan con alternativas, proteger a los desprotegidos, otorgar derechos a quienes carecen de ellos. Desde siempre los ciudadanos mexicanos han estado en desventaja frente a grupos o sectores poderosos de naturaleza pública y privada. A pesar de que México fue precursor a nivel mundial de los derechos sociales, que fueron plasmados en la Constitución de 1917 al adoptarse en forma definitiva los principios que sustentan la defensa de los campesinos y de los obreros, hoy es momento de voltear los ojos al entorno latinoamericano. Al hacerlo, nos daremos cuenta de que numerosos países del continente nos han tomado la delantera en materia de derechos colectivos. Efectivamente en esas naciones hace tiempo se han adoptado principios legales que sustentan las acciones colectivas como derechos de tercera generación a favor de la ciudadanía. Afortunadamente, con la reforma del artículo 17 de nuestra norma fundamental estamos en posibilidad de ponernos al día en esta materia. Tal y como lo señala la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, el ejercicio de las acciones colectivas se basa en una interpretación jurídica de avanzada, de vanguardia, en la cual las bases constitucionales preservan los valores protegidos y alcanzan los fines perseguidos hacia una sociedad más justa. Si bien actualmente diversas leyes disponen cierta protección a los ciudadanos en materia de consumo, medio ambiente o servicios financieros, lo cierto es que la actuación de los entes de gobierno de los tres niveles, en estos aspectos, ha sido deficiente, porque no es posible que los particulares se vean envueltos en una serie de trámites interminables y engorrosos para hacer valer sus derechos. Por ello, estoy a favor de eliminar las conductas antijurídicas de las empresas de los sectores público y privado que afectan a los grandes sectores de la población. Adecuemos nuestro marco normativo para alcanzar un modelo que ofrezca verdaderas respuestas a las necesidades del pueblo de México. Hagámoslo sin colores, tendencias, sin obedecer a ningún otro poder. No hagamos lo que quiso hacer el señor secretario del Trabajo al querer hacer pasar como una supuesta propuesta de reforma laboral, que en realidad es sólo una compilación de iniciativas que obran aquí en la Cámara de Diputados. A diferencia de la pasada legislatura, ahora el PRI tiene diputados suficientes para evitar que se atropellen los derechos de los trabajadores, porque sí podemos afirmar que queremos una reforma laboral que se sustente en los principios de la Carta Magna. Por ello, llamo la atención a esta soberanía, para que no se pretenda sorprender al pueblo de México queriéndose reinventar al Poder Legislativo, por parte del Ejecutivo federal, quien no tiene imaginación y se le agotó su tiempo, porque demostró que no puede con este país. Señoras diputadas y señores diputados, con la reforma al artículo 17 constitucional el PRI demuestra su compromiso de cambio social a favor de los mexicanos, y otorga un elemento más para el fortalecimiento de los grupos sociales. Las acciones colectivas deben favorecer la construcción de grupos sociales que se involucren de manera directa y responsable en los problemas públicos que les afecten en materia de consumo, medio ambiente y otros temas. En la elaboración de la ley reglamentaria deberemos tener especial cuidado de no invadir otras materias como el derecho civil. Mediante el impulso de las acciones colectivas el PRI favorece los derechos de los ciudadanos en lo individual, pero también de la organización social y comunitaria como forma de participación responsable en la promoción de los derechos colectivos; con ello cumplimos un principio superior que es el de la justicia social. Digámosle no a las ocurrencias legislativas de Felipe Calderón. Digámosle sí a las reformas que requiere este país. Es cuanto, señor presidente.