La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el 100 por ciento de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, que me honro en presidir, diputados y diputadas federales de diversos grupos parlamentarios, por mi conducto estamos presentando y sometiendo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una nueva Comisión ordinaria en la Cámara de Diputados; la Comisión de Asuntos Alimentarios, a partir de la actual Comisión Especial que lleva este nombre. No se trata de una ocurrencia, capricho o afán de obtener mayores facultades y recursos, por parte de nuestra actual Comisión Especial, de la suscrita o de grupo parlamentario alguno; se trata de que el Poder Legislativo federal, específicamente la Cámara de Diputados, como parte del Estado mexicano cumpla con su obligación constitucional e internacional de garantizar el derecho a la alimentación, realizando progresivamente las acciones que, en el ámbito de su competencia, contribuyan al cumplimiento de tan alta como urgente responsabilidad. En la atmósfera legislativa federal actual, se ha estado hablando y avanzando en un paquete de reformas trascendentes que se les ha dado en llamar estructurales, como la educativa, la financiera, la hacendaria y la energética. Pero casi no se habla de otra gran reforma estructural que se requiere y que es de manera urgente y trascendente la orientada a atender el problema estructural de nuestro país, consistente en que, según las categorías y cifras más recientes del Coneval, tenemos en condiciones de pobreza a 53.3 millones de personas, lo que equivale al 45.5 de la población, pero algo peor, que de estos 27.4 millones, el 23.3 por ciento del total de nuestra población se encuentren en condiciones de carencia alimentaria. Es decir, que no tienen los recursos o condiciones para satisfacer la más elemental de las necesidades básicas del ser humano y no existe para ellos uno de los más sagrados de los derechos humanos: el derecho a la alimentación, adecuada, sana, suficiente y de calidad. La otra manifestación vergonzosa del problema alimentario en México tiene que ver con la salud. La falta de acceso a una alimentación adecuada nos ha ocasionado que actualmente México ocupe el primer lugar mundial en obesidad, situación que, a su vez, incide en enfermedades responsables de un alto porcentaje de las muertes actuales. Ante esta situación y la gravedad que entraña, es urgente que el Estado mexicano en su conjunto y específicamente el Poder Legislativo, emprendan medidas efectivas que realmente incidan en las causas para resolver las consecuencias del problema del hambre, la desnutrición y la pobreza alimentaria que nos aqueja. No es una acción facultativa. Es una obligación ineludible e impostergable, así lo establece imperativamente nuestra norma suprema, la Constitución federal, cuando en sus artículos 4o. y 27, fracción XX, respectivamente, define esta obligación del Estado en los siguientes términos: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará, y el desarrollo rural, integral y sustentable también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Además de este mandato, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que desde 1981 es obligatorio para México, se establece que los Estados parte en el presente pacto, reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Incluso, alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia. Al respecto, es de llamar la atención que en la Reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra, Suiza hace unos días, el organismo dio a conocer 176 recomendaciones al Estado mexicano, dentro de las que destaca la de adoptar un marco legal para hacer realidad el derecho a la alimentación, recomendación sobre la cual México deberá informar en breve término. Por estas razones queda muy claro que en materia alimentaria, una de las tareas actuales más importantes y urgentes del Congreso de la Unión es expedir la legislación reglamentaria del derecho a la alimentación y la adecuación del marco jurídico vinculado a éste. Para ello, es evidente que se requiere de la existencia de una comisión ordinaria de asuntos alimentarios en la Cámara de Diputados, como la que existe ya en la Cámara de Senadores. Que se ocupe de atender las tareas legislativas que se requieren para la materialización de este derecho humano de primer orden. Termino, señor presidente. De cuyo ejercicio depende, en gran medida, el disfrute de la mayoría de los demás derechos humanos establecidos en nuestra ley suprema. En la actual Comisión Especial de Asuntos Alimentarios hemos estado trabajando en promover e impulsar la elaboración de la Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación a través del grupo de trabajo bicameral y plural, denominado Propuestas legislativas del frente parlamentario contra el hambre, capítulo México, que coordinamos como comisión. Y hemos elaborado ya un proyecto de iniciativa de ley general del derecho a la alimentación, el cual estamos sometiendo al análisis, opinión y consenso de especialistas y de todos los participantes en el proceso, con el objeto de perfeccionarlo, consensuarlo y presentarlo ante esta soberanía. Asimismo, además de la enorme tarea legislativa en que estamos inmersos, nos estamos ocupando ya y nos seguiremos ocupando del seguimiento y atención a las acciones gubernamentales derivadas de las políticas públicas en materia alimentaria. De lo anteriormente expuesto se desprende, con toda claridad, que para poder impulsar con mayor eficacia y contundencia el proceso legislativo que tanto urge a la población más desamparada de nuestro país y que ha de concluir con la aprobación, en esta legislatura, de la ley reglamentaria del derecho humano a la alimentación y la adecuación del marco jurídico vinculado a éste, es necesario ampliar y fortalecer a la actual Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, otorgarle facultades de dictamen y elevarla a la categoría de comisión ordinaria. La iniciativa que sometemos a consideración de ustedes es sencilla pero trascendente. Adicionar una fracción, la III, al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso, para incluir a la Comisión de Asuntos Alimentarios como comisión ordinaria. De esta manera el Poder Legislativo estará cumpliendo con su obligación y contribuyendo al cumplimiento de la obligación del estado mexicano en una de sus asignaturas más urgentes y aún pendientes, el combate a la pobreza alimentaria y la vigencia y materialización del derecho a la alimentación para todos los mexicanos. Para la aprobación de esta reforma, que redundará en favorecer las condiciones para avanzar en tan nobles propósitos, pido la solidaridad y apoyo de ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara. Y solicito que desde ahora quienes estén en disposición de hacerlo suscriban la presente iniciativa. Muchas gracias por su atención.