El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia. Por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 8 de mayo del año 2003 la Asamblea Legislativa expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. Conforme a dicha norma, se eligieron como consejeros ciudadanos del Consejo de Información Pública de la entidad a María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Obed Rivas Romero y Leoncio Lara Sáenz. Mediante decreto publicado en el mismo medio de divulgación local del 28 de octubre de 2005, se reformó y adicionó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. A virtud de dicha modificación legal se destituyó a los integrantes del Consejo de Información Pública de la Ciudad. Ante la ilegal destitución de los entonces consejeros ciudadanos, en noviembre del año 2005, la ahora comisionada ciudadana María Elena Pérez-Jaén Zermeño acudió al Poder Judicial de la Federación en busca del amparo y protección de la justicia de la Unión demanda que fue erradicada ante el Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal bajo el expediente 1296/2005. Mediante proveído del 8 de diciembre de 2005, dictado en el incidente de suspensión derivado del indicado juicio de garantías, el juez undécimo de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal suspendiera definitivamente la remoción de María Elena Pérez-Jaén Zermeño, en su cargo de consejera ciudadana. Por sentencia dictada el 26 de enero de 2006, el juez undécimo de Distrito resolvió conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a la comisionada señalada por considerar que la Asamblea Legislativa aplicó retroactivamente en su perjuicio, los artículos 58, 59, 60 y 9° transitorio del decreto de reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en esa entidad. Además de que no se actualizaba ninguno de los supuestos de remoción a que alude el citado numeral 60, dicha resolución fue recurrida en revisión por la misma Asamblea Legislativa, la Comisión de Administración Pública Local de dicho órgano legislativo y el jefe de gobierno, todos de la Ciudad de México; no obstante, que el recurso de revisión fue remitido al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal para su resolución, el alto tribunal ejerció su facultad de atracción por considerar el derecho a la información como una institución democrática de la República. El 24 de noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el aludido recurso confirmando la sentencia dictada por el juez undécimo de Distrito en Materia Administrativa, esto es, concedió el amparo y protección de la justicia federal a María Elena Pérez-Jaén Zermeño. Los efectos de la sentencia definitiva e inatacable dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son: restituir a María Elena Pérez-Jaén Zermeño en su cargo que tenía en el órgano garante del derecho de acceso a la información pública en la capital federal, así como al pago de sus salarios caídos. Asimismo el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe hacerse en los términos que establezcan las leyes federales y locales atinentes. De igual forma, atento a lo previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, el plazo para dar cumplimiento a la sentencia a que se ha venido haciendo referencia, es de 24 horas, contadas a partir de la notificación que se le haga a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, so pena de que el máximo tribunal del país inicie el procedimiento de destitución de las autoridades que no cumplan con dicho mandamiento judicial. En este sentido es a la Asamblea Legislativa, como responsable ordenadora y ejecutora en el juicio de garantía erradicado en el juzgado ya señalado bajo el expediente 1296 a la que le corresponde dar cumplimiento absoluto a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para restituir en su cargo a la comisionada señalada. Por lo anterior, sometemos a consideración la presente proposición con punto de acuerdo a efecto de que esta Honorable Cámara de Diputados exhorte a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a cumplir inmediatamente con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el juicio de garantías 1426/2006 por el que se le concede el amparo y protección de la justicia federal a María Elena Pérez Heinz Zermeño y se le restituya en su cargo como comisionada ciudadana en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Es cuanto.