La diputada Cristina Portillo Ayala (PRD): Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea: Los medios masivos juegan un papel cada vez más determinante en los procesos judiciales, políticos, económicos y culturales de la comunidad, ellos forman y dirigen el pensamiento del colectivo y por eso la sociedad les reclama mayor confiabilidad y compromiso en la búsqueda y difusión de la verdad, que al fin y al cabo es donde el periodismo encuentra su justificación. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José consagra el derecho a la información al señalar que todo ser humano sin ninguna distinción tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole y que no puede estar sujeto a la censura previa, incluido en el texto constitucional el 4 de octubre de 1977 en el marco de lo que quiso llamarse la reforma política, entre nosotros el derecho a la información fue reconocido también como un derecho de doble vía: derecho del emisor y derecho del receptor. En nuestro sistema jurídico el derecho a la información se configuró de esta manera como un complejo de libertades específicas que tienen relación tanto en el sujeto que informa, informador, como quien recibe dicha información, informado. Libertad de buscar, libertad de recibir y libertad de difundir, con una cobertura amplia y que protege la emisión o recepción de informaciones y opiniones por cualquier medio o procedimiento. Es en este punto donde subyace el reconocimiento tácito de los derechos al secreto profesional de los periodistas y a la cláusula de conciencia como garantías componentes del derecho a la información, que consagra el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente como garantías con un doble ámbito de eficacia para la libertad de conciencia de los informadores y como instrumentos para fortalecer una opinión pública libre e informada A 27 años de instrumentada su base constitucional urge ya desarrollar legislativamente las garantías específicas que integran el derecho a la información con relación a informantes e informados, entre ellas el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional de los periodistas. De su pleno reconocimiento legislativo y eficaz ejercicio en el seno de las empresas de comunicación y frente a los poderes públicos, depende que el derecho a la información se configure como una auténtica salvaguarda de la opinión pública. Con este propósito la iniciativa propone proteger el secreto profesional de los periodistas en atención al derecho a la información del público, que para hacerse efectivo es necesario que exista un ambiente propicio para el periodismo veraz e imparcial. Se preserva la fuente no el contenido de la información, que está destinado a ser divulgado como parezca al sujeto activo. Si se obligara a revelar la fuente se enfriaría el proceso de información y se acaban la investigación, búsqueda y difusión de hechos noticiosos. De esta manera el secreto profesional de los periodistas adquiere su dimensión de garantía que beneficia no sólo al informador, sino también al ente social. Ello significa, y así se reconoce en este proyecto, que los informadores tienen el derecho jurídico y el deber ético de mantener en secreto la identidad de las fuentes que hayan facilitado informaciones bajo condición expresa o tácita de reserva. La protección de las fuentes informativas constituye una garantía del derecho de los ciudadanos a recibir una información libre y veraz. Este derecho es oponible también a su empresario y a las autoridades públicas, incluidas las judiciales y no podrá ser sancionado por ello ni depararle ningún tipo de juicio. Como necesaria consecuencia la autoridad pública debe respetar este derecho al informador, eximiéndolo de contestar sobre el origen de su fuente y no realizando requerimientos de aportar cualquier tipo de material que conduzca a descubrir la fuente de información, sin que tenga importancia la gravedad del delito investigado, es decir, el informador citado a declarar en una investigación prejudicial o en un procedimiento judicial podrá invocar su derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a sus fuentes y excusar cualquier respuesta que pudiera revelar la identidad de las fuentes reservadas. El derecho al secreto alcanza las notas, documentos profesionales o soportes que pudieran manifestar la identidad de la fuente, documentos que no podrán ser aprehendidos policial ni judicialmente, resultando necesario aclarar que con el objeto de dar plena eficacia y amplitud al secreto profesional de los periodistas, en la iniciativa se entiende por informador a todo a quien materialmente cumple una función periodística entendida como la de dar información a la sociedad y carece de toda relevancia si el informador es remunerado, si se trata de su actividad principal, si es colegiado o agremiado y si es colaborador permanente u ocasional. Por otra parte, con la figura de la cláusula de conciencia, la iniciativa persigue el propósito de salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista. De acuerdo con el texto del proyecto, la cláusula de conciencia es la facultad que tiene el comunicador de rescindir su relación laboral con la empresa informativa y a recibir una indemnización cuando menos a la que equivale a un despido injustificado, cuando ocurre un cambio notable en la orientación ideológica de la empresa o ésta afecte su reputación o dignidad moral. De esta manera, conforme a la extensión de su contenido, la cláusula de conciencia permitirá la rescisión de la relación jurídica con la empresa editora en los supuestos de cambio sustancial y objetivo, en la orientación informativa o línea ideológica o, en su caso, también de modificación de las condiciones de trabajo que suponga un perjuicio grave para la integridad profesional del informador o cuando la empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura patente con la orientación profesional del informador. La interposición de la demanda correspondiente ante los órganos jurisdiccionales competentes, no deparará al periodista perjuicio alguno sin que pueda ser trasladado o modificado en sus condiciones laborales en tanto dure el procedimiento. Además de la demanda, el periodista podrá solicitar que de serle favorable la sentencia se difunda con suficiente relieve en los medios de difusión de la empresa demandada. La iniciativa recoge también la garantía de negativa a elaborar informaciones contrarias a los principios éticos del periodismo y avala finalmente el respeto del contenido y la forma de información preparada por cada periodista, toda vez que en el artículo 24 del proyecto se establece que los profesionales de la información podrán negarse motivadamente a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio en su contra. "Hoy nuestro país reclama una prensa libre y sin censura previa en la información que ellos pretenden dar a la población, para tener la verdadera información clara y precisa. Es tiempo, compañeros diputados, que legislemos por salvaguardar los derechos de nuestros compañeros y amigos comunicadores. Es cuanto, señor Presidente. (aplausos) -