La diputada Patricia Terrazas Baca: Con permiso de la Presidencia. Estimados compañeros legisladores, me dirijo a esta soberanía a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para presentar el presente dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, el cual se somete a este pleno. Como es de todos conocido, el pasado 8 de septiembre recibimos en este honorable Congreso de la Unión el denominado Paquete Económico, en el cual venía incluida la propuesta de iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos, documento del que se desprende este dictamen. El estudio, análisis y negociación que se llevaron a cabo por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito, incluyó un parlamento abierto que se realizó en dos largas sesiones de manera virtual, en la que se escucharon más de 100 participaciones por parte de académicos, expertos fiscalistas, diferentes sectores como el minero, empresarial, restaurantero, automotriz, de telecomunicaciones y servicios por internet, despachos de abogados, diversas asociaciones civiles y a las personas interesadas en participar. De dicho ejercicio plural se recibieron todas las propuestas de los participantes, las cuales se concentraron en un documento que consta de más de 450 páginas, documento que se integra al presente dictamen como anexo y se puede consultar en el micrositio de esta comisión. Sin lugar a duda, compañeros, las personas son muy participativas y quieren que les escuchemos y tomemos en cuenta, sin embargo, nuevamente se les quedó a deber y es que muchas de sus propuestas se quedaron en el tintero. Ahora bien, el presente dictamen tiene el propósito de llevar a cabo ajustes a los montos que deberán cubrir los particulares por la prestación de los servicios, así como por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Es decir, montos que reflejen el costo que le representa al Estado la prestación de estos, así como llevar a cabo una mejor administración de los bienes. Se siguen estableciendo medidas para la mejora continua en la prestación de los servicios públicos a través de diversas reformas que otorgan seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes en el pago de sus contribuciones, como lo son el homologar los supuestos de causación de los derechos a la legislación sectorial aplicable y ajustar diversos montos de las cuotas aplicables, para equilibrar los costos que implican a las autoridades la prestación de determinados servicios. Asimismo, se realizaron adecuaciones a los cobros por la prestación de servicios que proporcionan las distintas dependencias de la administración pública federal, entre ellos en materia de pasaportes, aduanera, de normas oficiales mexicanas y control de calidad forestal, ambiental y marítimos. También, se plantea la actualización de las disposiciones aplicables el uso, aprovechamiento o explotación de bienes de la nación atendiendo a las características de dichos bienes, como es el caso de las áreas naturales protegidas, telecomunicaciones, minería y de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. Dentro de los trabajos que se realizaron en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se efectuaron unos cambios a la iniciativa del Ejecutivo a la Ley Federal de Derechos, los cuales constan en primer lugar lo que respecta al acreditamiento del derecho minero, el cual se establece mediante un esquema transitorio para flexibilizar la medida propuesta por el Ejecutivo, mediante un mecanismo que permita al sector minero transitar de forma gradual la eliminación del acreditamiento a través de un artículo transitorio que le permita al sector minero acreditar, durante el ejercicio fiscal para 2021, el 50 por ciento de los pagos definitivos efectuados por concepto del derecho sobre minería que se contempla en el artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, contra el derecho especial sobre minería que actualmente se encuentra previsto en el artículo 268 de la citada ley. En segundo lugar, se reducen las cuotas para los derechos del espectro radioeléctrico, previstas para el uso de servicios móviles en un futuro. Previstas en el artículo 244-G, tomando como base las previstas para los artículos 244-B y 244-D. Compañeras y compañeros diputados, seguimos teniendo pendientes con la ciudadanía, debemos continuar con el trabajo plural y democrático que le asegure a la gente que estamos atendiendo sus necesidades. Es cuanto, señora presidenta.