EL C. DIP. FRANCISCO CARDENAS ELIZONDO: En esta ocasión quiero plantear dos cuestiones de la mayor importancia, la necesidad de establecer un órgano de control interno con plena autonomía técnica para conocer, investigar, sancionar y en su caso, consignar a los miembros de la Procuraduría General de la República y por otro lado, la conveniencia de deslindar a los miembros del Ejército, la Aviación y la Marina de guerra de la actividad de seguridad pública. La sociedad mexicana está alarmada por las informaciones que a diario escuchamos o leemos en los medios de comunicación en relación a la grave corrupción que existe en la Procuraduría General de la República. Debemos reconocer que este cáncer no es privativo de esta dependencia y tal situación la encontramos también en diversas instituciones federales, estatales y municipales. Por ello, señor Procurador, quisiera exponerle a usted lo que recogimos de la ciudadanía, consistente en la necesidad de crear una Subprocuraduría de asuntos internos en la dependencia a su cargo a fin de que los casos de corrupción que se presenten por motivo de la actuación de los miembros del Ministerio Público, sean debidamente investigados con plena libertad y autonomía técnica, incluso, del propio titular de esa Procuraduría, que tendría como función la de mantener la disciplina interna de todos los miembros de la PGR con el objeto de disipar cualquier duda que pudiera presentarse en el manejo de estos delicados asuntos. Esta Subprocuraduría en consecuencia, sustituiría a las unidades que hoy son visitaduría y contraloría. La seguridad pública es un factor determinante para el armonioso desarrollo de la sociedad mexicana. Si aquella no está presente, se frena el progreso en todos los aspectos. El fenómeno delincuencia tomó, diríamos, de sorpresa al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, pues las instituciones de seguridad pública siempre fueron las eternas olvidadas. Determinada la magnitud del problema, se reformó en el año del 94 el articulo 21 constitucional para establecer alusiones a la seguridad pública. De ahí se consignó la necesidad de una ley que coordine el Sistema Nacional de Seguridad. Esta Ley General que establece las bases de coordinación, determina: "Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor." Y con toda precisión y claridad se establece que " La función se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las autoridades de Policía Preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de los responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores." Como se puede advertir de esto, no incluye a las Fuerzas Armadas. En consecuencia, concluyo, señor Presidente, nuestra Constitución confirma en el Articulo 129 que "En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar." Por lo anterior, ¿no considera usted, señor Procurador, como abogado de la nación, que sería conveniente diferenciar el concepto de seguridad pública y seguridad nacional para circunscribir la actuación de los miembros de nuestras instituciones castrenses exclusivamente a las actividades relacionadas con la seguridad nacional? Muchas gracias.