El diputado Emiliano Velázquez Esquivel: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, auspiciada desde 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este acuerdo contiene los derechos del niño a la salud, la educación; la alimentación; las condiciones de vida adecuada; el esparcimiento; el juego; la protección a la pobreza. Los compromisos adquiridos por México al haber ratificado el tratado mencionado, no han sido satisfechos de manera plena. En efecto, de acuerdo a las cifras que manifiesta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en un informe final del segundo Censo de Menores en Situación de Calle, sólo en la Ciudad de México. Por mencionar un ejemplo, existen más de 13 mil 373 infantes, de los cuales el 31.5 por ciento son niñas y el 68.5 por ciento niños, que no tiene un hogar y que viven en la calle. Sin embargo, datos de organismos no gubernamentales indican que son más de 20 mil los niños en situación de abandono o desamparo. Ante esta situación lacerante, el Estado tiene la responsabilidad de velar por el bienestar y la protección de los infantes en situación de calle, implementando políticas públicas orientadas a rescatar a este sector de la población y terminar con esta lamentable situación social en el segmento más sensible, que es el de la infancia que vive en la calle sufriendo vejaciones, siendo víctimas de abusos, negligencias y explotación. Debemos expresar que en nuestro país son muchas las parejas que buscan, a través de la adopción, darle un hogar al niño que es abandonado y desatendido por sus padres biológicos. Sin embargo, el camino que recorren para cumplir con las normas correspondientes lo hace dificultoso, tardío y en ocasiones hasta imposible para lograr que un infante tenga la oportunidad de vivir bajo el amparo y el afecto de una familia. El objetivo de la adopción es asegurar el bienestar, la protección física, mental y social de los niños, adolescentes y jóvenes en estado de necesidad o desprotección, lo que exige que se garantice su derecho a vivir bajo la protección de una familia. Esto no sólo es una responsabilidad del Estado, es también una responsabilidad humana ineludible. Hoy en día, el procedimiento de adopción no reúne los requisitos de eficiencia y prontitud para equiparar la demanda de las parejas que buscan un hijo a través de la adopción. Es por ello que resulta urgente adecuar el marco jurídico en materia de adopción, para dar la oportunidad a tantos infantes que por distintas causas son abandonados por sus padres y que, en algunos casos, son resguardados por el DIF en instituciones de asistencia social públicas o privadas. Esta iniciativa pretende armonizar en el Código Civil las causas de pérdida de la patria potestad atendiendo que debe prevalecer siempre el interés superior del menor, cuando aquellas madres o personas que ejerzan este derecho, abandonan a un menor con la intención de deshacerse de él y pongan en peligro inminente su vida, conductas que deben ser sancionadas al margen de otras responsabilidades penales con la pérdida de la patria potestad del niño. En estos casos, el DIF se encargará de su protección y con la intervención del Ministerio Público y la autoridad judicial buscará un hogar que le garantice sus derechos como ser humano, como infante, pero principalmente le dé la oportunidad de reintegrarse a un hogar donde pueda ser orientado, protegido y principalmente amado. Estos propósitos, compañeras y compañeros diputados, son los que concretan en la adición de un artículo 397 Bis y en la reforma de los artículos 443 y 444 del Código Civil Federal. Suplico, señor presidente, disponga lo necesario a fin de que se inserte íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchísimas gracias, diputadas y diputados.