El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Gracias; con el permiso de la Presidencia: antes que nada, me permito felicitar a mis compañeras legisladoras y, por su conducto, a todas las mujeres de México. Compañeras y compañeros diputados: el grupo del Partido Acción Nacional, por medio de los suscritos, diputados federales María del Carmen Mendoza, Sergio Álvarez y Guillermo Tamborrel, en uso de las facultades que la ley nos otorga, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar el sano e integral desarrollo de las y los menores de edad que laboran, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primicia de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Busca que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común. Por ello corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social, como bases para el desarrollo de una comunidad democrática sustentable, solidaria y subsidiaria. Ello exige superar el individualismo y cooperar en la construcción democrática del bien común. Asimismo, tenemos que el trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social; es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. Tiene como eje a la persona humana, no es mercancía y tiene primacía sobre el capital. De ahí la trascendente e ineludible responsabilidad de impulsar políticas públicas que favorezcan y protejan el desarrollo de los menores de edad, así como la de legislar de manera que nuestro marco jurídico laboral garantice el óptimo desarrollo integral de las y los mexicanos, sobre todo de los que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como las niñas, los niños y los adolescentes, y adicionalmente se apegue a lo establecido en una gran diversidad de foros y convenciones internacionales. Recordemos que nuestra Carta Magna establece en el artículo 4o. lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral". Asimismo, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que es la ley reglamentaria del mencionado artículo 4o. constitucional, establece entre otros muchos aspectos lo siguiente: "De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados y la asistencia que requieran para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social", así como también que las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social, crecimiento que desde luego implica el resto de los derechos de educación, salud, descanso y juego. Asimismo, recordemos que la misma ley establece, en el artículo 2o., que para los efectos de esa ley son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos; y adolescentes, los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 incumplidos. Finalmente, no nos olvidemos de que la citada ley también establece, en el artículo 34, que por ninguna razón y circunstancia se les podrá imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina que impliquen la renuncia o el menoscabo de esos derechos. Por si lo anterior fuese poco, tenemos que nuestro país ha firmado y ratificado tratados y convenios internacionales que nos obligan a proteger el derecho al desarrollo sano, pleno e integral de los menores de 18 años. Entre ellos se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que para los efectos de la Convención se entiende por niño a todo ser humano de menos de 18 años de edad. Asimismo, establece que los Estados parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los Estados parte adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. En el mismo tenor se pronuncian otras normas internacionales relativas a los derechos de la niñez, como el Convenio 138, sobre la edad mínima, de la OIT y el Convenio 182 también de la OIT. Aunadas a las razones jurídicas ya mencionadas, tenemos también importantes argumentos de índole social para presentar la presente iniciativa que, por cierto, es una extensión de la que fue presentada por los suscritos para prohibir las labores peligrosas e insalubres de los menores de 18 años a nivel constitucional; entre ellos, los siguientes: porque el trabajo de menores de edad, como lo observamos en prácticamente todo el país, obstaculiza y menoscaba los derechos a la educación de calidad, de salud, de seguridad, de descanso y juego, entre otros, de nuestras niñas, niños y adolescentes, circunstancia que fomenta el perverso círculo vicioso de la miseria: a menor educación, menores oportunidades de crecimiento laboral y, por ende, menores salarios, menores ingresos. En suma, el trabajo de menores de edad no es sólo una consecuencia, sino también una causa de pobreza y subdesarrollo porque el ambiente donde laboran muchos de los menores de edad, en las zonas urbanas, son propicios para el consumo de drogas. De hecho y de acuerdo con el estudio de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 100 ciudades, 28 por ciento de los varones y 22 por ciento de las mujeres aseguraron que en sus lugares de trabajo se ofrecen drogas porque el trabajo de menores de edad es un problema de muy grandes dimensiones, cuyo origen es muy complejo, ya que involucra aspectos de pobreza, falta de educación, violencia intrafamiliar, cultura, explotación laboral. Con el objetivo de dimensionar el problema, baste mencionar que, según la Encuesta Nacional de Empleo 2000, de los 6.6 millones de menores situados en el rango de edad de 12 a 14 años, poco más de 1 millón labora. Ahora que si ampliamos el espectro de menores de entre 12 y 17 años y de acuerdo con el estudio de las 100 ciudades, tenemos que en el país laboran cerca de 3.5 millones de menores, 27 por ciento del total de la población nacional de esa edad. De ellos, 42 por ciento trabaja en la agricultura, 23 por ciento en el sector de los servicios, 17 por ciento en el comercio, 14 por ciento en la industria de transformación y 4 por ciento en la industria de la construcción. De todos ellos, 55 por ciento es trabajador sin pago y 42 por ciento sólo es asalariado. En cuanto al tiempo que los menores laboran, tenemos que 31 por ciento trabaja de 15 a 34 horas a la semana y 11 por ciento trabaja más de 48 horas por semana porque, en el caso de los jornaleros agrícolas, lamentablemente encontramos un panorama por demás desolador. Según datos del UNICEF, en México existen 900 mil jornaleros menores de edad, quienes por una paga del orden de 60 a 80 pesos trabajan en promedio de 8 a 9 horas diarias. Sin duda, la iniciativa está enmarcada en la difícil dualidad de desincentivar el trabajo infantil pero, a la vez, no perjudicar a las niñas, los niños y los adolescentes que actualmente trabajan para ayudar a sus familias. Por lo anterior y por todo lo que no logramos plasmar, pero que estamos seguros ustedes habrán de aportar para su mejora, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo infantil, a la que por cuestiones de tiempo no daré lectura, pero que, diputada Presidenta, solicito que sea plenamente integrada al Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.