La diputada Elizabeth Pérez Valdez: El pasado 2 de octubre, hombres y mujeres valientes marcharon por las calles de nuestro país exigiendo justicia para las víctimas de la matanza de Tlatelolco. Hoy, de manera desafortunada, también se marcha para exigir justicia por los jóvenes maestros de la Normal Rural de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada el pasado 26 de septiembre de 2014, así como para los miles de víctimas de desaparición y asesinato en nuestro país por la acción desmesurada de la delincuencia organizada. Ese mismo día se dieron a conocer las trascripciones de grabaciones realizadas por labores de investigación del Ejército, en donde queda claro que elementos militares estaban plenamente informados de la actuación de los grupos delictivos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. No sabemos cuál es el alcance de lo que conocía el Ejército ni de lo que ha hecho la Fiscalía General de la República, quien por cierto debería de comparecer ante este pleno, de conformidad con el artículo 102 constitucional, y que a la fecha, a solicitud presentada por este grupo parlamentario, el titular de la Fiscalía no ha dado razón de cuándo va a venir a comparecer. Lo anterior puede configurar hechos delictivos en contra de la administración de la justicia, si es que no se ha obrado con la presteza necesaria o se ha ocultado información a las autoridades de procuración y administración de justicia. También resulta relevante que, frente la gran actividad pública que han tenido las y los militares en este sexenio, por lo que resultan urgentes reformas la legislación penal militar, de tal forma que se ciña de manera estricta a los limites constitucionales y a los establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya que, al tratarse de una jurisdicción extraordinaria o especial, su extensión resulta violatoria de los derechos humanos. Debemos acotar que, no obstante esta extralimitación, deriva del proceso de modernización incompleto de las instituciones castrenses que se produjo a finales del siglo XIX y que se vio detenida con el estallido de la Revolución Mexicana y el triunfo del liberalismo en nuestro país. El código militar que se encuentra vigente data de 1934, sin embargo, es casi una reproducción exacta del de 1901, y esto puede darnos una idea de la necesidad de revisar con cuidado todas y cada una de sus disposiciones. En este sentido se han hecho grandes avances. En primer término, en 2005 se eliminó la pena de muerte. Posteriormente, el 13 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más trascendente a la extensión del fuero, impulsada principalmente por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, esta reforma se quedó corta porque, a pesar de lo que se estableció en los tribunales militares, no tendrían jurisdicción sobre las y los militares cuando las víctimas fueran civiles. No derogó todos los tipos penales que permiten esta ampliación extraordinaria del fuero, como es el caso de los delitos contra los derechos de gentes o los relativos a las violencias contra las personas. En 2016 se produjo un nuevo intento de modernizar la actuación de los tribunales militares, publicando el Código Militar de Procedimientos Penales, el cual, sin embargo, resultó ser solamente una mala copia del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que limita particularmente los derechos de las víctimas y de los presuntos responsables dentro de los procedimientos penales militares. En la iniciativa que hoy presentamos proponemos reformar y modificar las disposiciones que amplían de manera extraordinaria la jurisdicción de los Tribunales Militares y eliminamos los tipos penales que transgreden los límites establecidos en el artículo 13 constitucional, contenidos en los capítulos relativos a los delitos contra los derechos de gentes, falsificación, fraude, malversación y retención de haberes, extravío, enajenación, robo y destrucción de lo perteneciente al Ejército, las disposiciones relativas a la vinculación con la delincuencia organizada, pillaje, devastación, merodeo, apropiación del botín, así como las disposiciones que les dan jurisdicción sobre la Guardia Nacional. Desde el PRD reconocemos las acciones del Ejército en las labores de prevención y atención a la población en caso de desastre, incluso, hemos reconocido las labores que desarrollan en contra del control territorial de la delincuencia organizada, sin embargo, nos pronunciamos de manera contundente en contra de la militarización de la vida pública y es por ello que deseamos y empeñamos nuestros esfuerzos en la construcción de instituciones civiles...