El diputado Héctor Guevara Ramírez (desde la curul): Señor presidente, con sustento en el artículo 108 de nuestro Reglamento, solicito a usted que tuviera la atención, la amabilidad el presidente de esta comisión o quien ha signado esta propuesta, para que nos explicara los términos en los que se ha suscitado este punto, porque es pertinente que se aclare, porque efectivamente tiene desde mi punto de vista, el problema de observar no solamente competencias en el ámbito estatal, sino también municipal. Son temas sueltos que tienen que tienen que ver, y que aquí es la sinopsis que nos ofrece, nos señala en esta Tercera Comisión lo relativo a la Regasificadora de Energía Costa Azul, y luego nos habla en función de algunos resolutivos como el segundo, quinto, noveno, décimo y undécimo del punto de acuerdo que está suscrito por el senador Jorge Legorreta Ordorica, que tiene que ver con una regasificadora de energía con el nombre que aquí se señala, los informes y/o estudios que elabore el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, relacionados con dichos resolutivos, pero no se observa de fondo qué tipo de resolutivos y desde luego el ámbito espacial de competencia que se tiene en función de esta determinación. Todo en razón de que es observe que las competencias que tiene el Congreso federal no sean rebasadas, es decir no haya intento de hacer a un lado las competencias que tienen las entidades de la Federación, y mucho menos los municipios. Creo que el tema es muy dable de discutirse, de analizarse porque se ve que se tiene una buena intención, pero el sustento jurídico debe revisarse, y yo creo que también el por qué la intencionalidad en relación a este punto, que nos parece importante, pero nos parece más importante aclarar, porque no podemos andar dejando sueltas las facultades que tiene el Congreso en razón de las potencialidades jurídicas y sobre todo el ámbito espacial de validez de las normas estatales y municipales. Desde luego, también es muy analizable en el punto resolutivo segundo donde dice: remítase copia del presente expediente al presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica para su conocimiento, y para que en el ámbito de su competencia investigue si las actividades de la empresa Regasificadora constituye un monopolio en la distribución, etcétera, de lo que señala. Pero más aún, en el tercero: a la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia, para que revise los aspectos relativos a la obra denominada Boulevard 2000, ubicada en Ensenada y municipios vecinos. Bueno, ¿será con recursos federales esta obra? ¿Será con recursos estatales? ¿Será con los impuestos de los ciudadanos, de los habitantes de Ensenada, Baja California? Desde las licitaciones de la obra y estimaciones hasta la entrega a recepción de la misma, aquí nos preocupa porque no se señala ningún elemento para observar cuál es el ámbito de competencia de cada una de estas autoridades, y por qué la Auditoría Federal de la Federación, valga la expresión aquí así se señala, tenga que conocer de los recursos económicos con que está hecha una obra de un boulevard. Entonces valdría la pena, a lo mejor de veras tiene un importante sustento, pero yo creo que es bueno que quien ha hecho esta propuesta, o el presidente de la propia Comisión, así lo establezca, porque todavía pide que se remita copia al Congreso del estado y al titular del Poder Judicial, todos del estado de Baja California, a fin de que se realicen las investigaciones y acciones que consideren pertinentes. ¿Investigaciones? ¿De qué tipo serán las investigaciones? Aquí a lo mejor sólo falta hablarle a la Procuraduría General de la República o a la Procuraduría del estado, a ver, creo que debe aclararse para bien del conocimiento. Y podría señalar el quinto resolutivo, pero creo que va en ese mismo sentido y no creo que deba estar insistiendo en este punto específico. Lo cierto es, señor presidente, que nosotros somos una federación que tenemos competencias perfectamente delimitadas en la Constitución y que sabemos qué autoridad tiene un ámbito espacial de validez de sus normas y cómo el Congreso debe, en consonancia al respeto a la Constitución y al respecto a la legalidad, solicitar este tipo de informes, pero además debemos fundamentar para qué y para quiénes, cuál es el sustento general de esta propuesta. Ésa sería mi intervención. Ojalá nos lo pudiera dilucidar, sea el presidente de la comisión o sea el proponente o algún otro diputado o senador, que creo que nos daría mejores luces a esta duda que le presento a usted y al pleno.