El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: en nuestro país el derecho a la seguridad social inicialmente contemplada en la década de los cuarenta, contempla una serie de postulados encaminados a garantizar y fortalecer los esquemas de protección para los trabajadores, principalmente. Decir que su objeto de creación es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado no es cosa menor, pues se trata de ponderar la aplicación de diversos logros de la lucha social adquirida a través de los años en beneficio de la clase trabajadora. Dado el carácter social de este sistema de seguridad, hoy en día no sólo los trabajadores son quienes tienen la posibilidad de gozar con este tipo de prestaciones, pues existen dos modalidades para el caso específico del Instituto Mexicano del Seguro Social que definen el tipo de régimen por el que pueden ser incorporados. Hablamos del régimen voluntario y del obligatorio, mediante los cuales millones de personas reciben sus prestaciones sociales. Por ejemplo, a través del régimen obligatorio todo trabajador tiene el derecho a recibir de dichos servicios al ser incorporados directamente por parte del patrón. Para el caso del régimen voluntario, toda persona interesada que cuenta con alguna relación laboral pero sin que tenga que ser obligatoria su afiliación, como son las y los trabajadores del servicio doméstico, taxistas, transportistas, amas de casa, etcétera. En este sentido y en pocas palabras, estas personas celebran un convenio con el Instituto pagando una cuota con la finalidad de obtener los servicios que éste brinda. Compañeras y compañeros diputados, el propósito de este dictamen es particularmente modificar el actual artículo 242 de la Ley del Seguro Social, para disponer que ahora sea el Consejo Técnico quien fije el tabulador del cobro anual para suplir aquella que en todos los meses de febrero es ajustada según el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año anterior. Sin embargo, al no establecer las medidas adecuadas de transparencia en la determinación de los pagos ni tampoco sobre qué medidas reales se harán los cálculos para generar dicho tabulador, sospechamos que los precios se fijarán a partir del mercado y no a partir del poder adquisitivo de la población, rompiendo con ello el sentido de solidaridad social. Decir que el cálculo a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor ya considera el factor inflacionario no es para nada equiparable con una determinación con libre juicio, bajo un supuesto de contar con los análisis y estudios actuariales pertinentes. Francamente vemos que posee mayor aceptación para la población derechohabiente una determinación basada sobre algo concreto y a la vista de todos. Por ello consideramos que la presente propuesta debe ser regresada a Comisiones y realizarse con mayor profundidad su estudio para dictamen. Por las consideraciones antes expuestas votaremos en contra del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.