El diputado Juan Pablo Montes de Oca Avendaño: A pesar de que en tiempos recientes se han llevado a cabo reformas a nuestra Carta Magna con el propósito de extender los beneficios de constitucionalismo social a más personas, aún existen áreas de oportunidad para seguir robusteciendo y consolidando un auténtico estado de bienestar en México, principalmente después de que la pandemia por Covid-19 ha dejado expuesta la profunda desigualdad persistente entre los diversos sectores de la población y la forma en que esta se ha convertido en un impedimento para el ejercicio de otros derechos fundamentales; por ejemplo, el de acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. De lo anterior se desprende la necesidad de que el Estado mexicano tome las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de ciertas prestaciones a personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y acceder a una vida digna. En este contexto, la discusión sobre la necesidad de establecer medidas como un seguro de desempleo público o un ingreso mínimo vital volvió a cobrar relevancia debido a los efectos directos que tuvo en el empleo la paralización casi completa que experimentó nuestra economía durante algunas semanas, y que provocó la pérdida de millones de plazas laborales en apenas un par de meses. Esta situación ha hecho indispensable el diseño de instrumentación de medidas contingentes para mantener y estimular el empleo, pero también para garantizar un ingreso temporal que permita a los desempleados, a causa de la pandemia, adquirir lo necesario para garantizar al menos su derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Tras la declaración del gobierno federal de que la epidemia causada por el Covid-19 constituía una emergencia sanitaria de fuerza mayor, se implementó una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del virus, consistentes principalmente en el confinamiento voluntario de las familias y el cierre de todas aquellas actividades económicas que se considerasen no fundamentales. Ante estos hechos, apenas unos meses de haber iniciado el confinamiento y de estar acatando las medidas precautorias por parte de la población, los negocios y empresas de todos tamaños comenzaron a sucumbir y a resentir este impacto. En enero del presente año el Inegi informó que la economía mexicana, en 2020, se contrajo en 8.5 por ciento. Se trata de la segunda caída más aguda, tras la de 1932, durante la gran depresión. Por otra parte, casi 4 de cada 5 empresas reportaron disminución en sus ingresos hasta agosto de 2020, cuyo monto había caído casi a la mitad. Igualmente, una de cada 5 empresas registradas en el censo económico de mayo de 2019 había cerrado de manera permanente para septiembre de 2020. En marzo y abril de 2020, los meses más críticos del confinamiento, se perdieron millones de empleos y, aunque muchos se recuperaron para el primer trimestre de 2021, aún queda mucho trabajo por hacer. También es importante señalar que la recuperación económica se ha dado a costa de un aumento en la precariedad laboral, pues la tasa de subocupación, es decir, el porcentaje de personas con disponibilidad de trabajar más horas de las que labora en el periodo, creció para ubicarse en 13.8 por ciento frente al 8.4, que ese indicador registró un año antes. Asimismo, se debe señalar que esta pandemia ha golpeado a los que menos tienen. Por su parte, el Coneval informó recientemente que la pobreza laboral, es decir, el porcentaje de población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6 al 39.4 entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021. En este sentido, la pandemia derivada del incremento de la inseguridad alimentaria, principalmente en los hogares de menor nivel socioeconómico, poniendo en riesgo los avances observados en la reducción de la carencia por acceso a la alimentación. Por lo anterior, en el Partido Verde buscamos promover mediante una reforma a nuestro texto constitucional la creación de un mecanismo que constituya un apoyo temporal para que las personas que pierdan su empleo o fuente de ingreso a consecuencia de contingencias, como la pandemia Covid-19, puedan adquirir una canasta básica alimentaria. Es cuanto, muchas gracias.