La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, para nuestro grupo parlamentario está muy claro que el turismo es una de las principales actividades económicas para nuestro país, ya que capta una enorme cantidad de recursos por año y que México se encuentra entre las principales potencias mundiales en este sector, incluso hemos estado entre los 15 países más visitados del mundo y actualmente los 20 más visitados. Debido a la crisis de inseguridad que padecemos y que no hemos podido resolver, ciertamente ha inhibido a varios miles de turistas a venir a nuestro país. Sin embargo, resulta increíble que México siga siendo un lugar preferido para los viajeros del mundo y por ello, tenemos que cuidar el desarrollo de todo este sector, dando a los turistas y a los prestadores de servicio todo tipo de certeza, para que sigamos captando recursos muy necesarios para el desarrollo a través de esta noble actividad. Ciertamente, la expedición y promulgación de la Ley General de Turismo es un paso adelante para regular y ayudar a detonar todo el potencial turístico de nuestro país. La ley promueve el desarrollo sustentable y equilibra esta actividad en el país y contempla herramientas como un atlas turístico, la incorporación de la actividad a cadenas productivas y el ordenamiento turístico del territorio. En cuanto a los aspectos operativos, la ley promueve la construcción del Registro Nacional de Turismo, que es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país y define derechos y obligaciones a los que están sujetos los prestadores de servicios turísticos y los propios turistas. Sin embargo, esta ley aún no ha sido reglamentada y por esta razón sus buenos propósitos se han visto muchas veces neutralizados. Una ley sin reglamentar supone incertidumbre jurídica para los inversionistas y en buena medida para los prestadores y los usuarios del servicio. La falta de reglamento ha repercutido en la falta de oportunidades de crecimiento para el sector nacional. Por ello, el presente decreto reforma el artículo cuarto transitorio de la ley para que quede absolutamente claro que la facultad para reglamentar esta norma es del Ejecutivo y que hay urgencia para que lo haga de una vez por todas, ya que se le pasó el tiempo al presidente para expedir este reglamento, por lo que ahora, con esta reforma le extenderemos un plazo otros 180 días, a partir de que el presente decreto se publique en el Diario Oficial de la Federación. A ver si ahora sí le da tiempo o se toma tiempo suficiente para asumir responsablemente esta facultad. Lo anterior permitirá que la Secretaría de Turismo no quede impedida para emitir reglas o disposiciones generales. La Secretaría podrá emitir disposiciones que establezcan requisitos para que los prestadores de servicios turísticos puedan operar conforme a la dinámica que supone la actividad turística en el país. Y estas disposiciones pueden actualizar con oportunidad, siempre en pro de los derechos y obligaciones, tanto de los prestadores de servicios vinculados a este importante sector como a los derechos y también a las obligaciones del turista. Nuestro grupo parlamentario está a favor de la aprobación del presente dictamen y hace votos para que el concepto sustentabilidad lleve esta ley. No solamente sea un mero adorno, y que efectivamente promueva el desarrollo armónico de esta importante actividad económica, cultural y deportiva, con la preservación de la naturaleza y de nuestro patrimonio histórico, arqueológico y cultural, evitando y sancionando toda práctica depredadora, tanto de los turistas como de los prestadores de servicios, los inversionistas y las propias autoridades de cualquier nivel y cualquier ámbito. Es cuanto, diputado presidente.