LA C. DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ [PRD]: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores Diputados: En esta intervención es mi motivo el que quede perfectamente claro que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática manifiesta su tajante negativa al artículo 2o., párrafos séptimo al once, del dictamen de la Ley de Ingresos para el 2001, en virtud de la discrecionalidad con que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario ha operado desde su Constitución en 1999 y de las violaciones a la ley durante el rescate bancario . Tal parece que aquí a muchos Legisladores se les ha olvidado el cúmulo de tremendas irregularidades observadas durante el rescate bancario, que originaron que el pueblo de México esté pagando la deuda más grande en su historia, que en su mayoría es producto de un rescate que tuvo como objetivo salvar a los banqueros y no a los bancos ni al sistema financiero de este país. Prueba de ello es de que a pesar de haber adquirido una deuda que actualmente supera a los 661 mil millones de pesos, nuestra banca se encuentra en su mayor parte en manos extranjeras. El artículo 2o. de la Ley de Ingresos permite al Ipab Fobaproa endeudarse con el único objetivo de llevar a cabo operaciones de refinanciamiento. Esto relativo a sus pasivos, bajo un esquema que en la práctica le otorga un trato similar al de la deuda pública. Dejando a la tesorería del Banco de México como la tesorería del Ipab. A decir de las autoridades, este refinanciamiento reduce el costo fiscal de los pasivos del Ipab. Sin embargo, lo que no se dice es que la sobretasa que pague el Ipab y por consiguiente la necesidad de refinanciar esos pasivos obedece fundamente a las elevadas tasas de rendimiento del Ipab Fobaproa. Estas tasas otorgó a los extranjeros, cuando se cambiaron las reglas de los programas de compra de cartera y se firmaron aquellos pagarés a espalda del Congreso de la Unión y del pueblo de México, en la más absoluta impunidad para con la Constitución Política de nuestro país. Lo que la Secretaría de Hacienda omite es que la tan mencionada sobretasa fue un subsidio que el gobierno otorgó a los banqueros y que ahora se ve obligado a financiar. Las autoridades financieras se olvidan de que existen operaciones reportadas por el auditor del Ipab Fobaproa como irregulares, por un total de 72 mil millones de pesos, que actualmente forman parte de los pasivos que el Ipab está financiando y que en su mayoría corresponden a personas y empresas que cuentan con recursos para hacer frente a esas obligaciones. La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y el pueblo de México no aprobarán ni un centavo para el rescate financiero, hasta que se elimine el secreto bancario, se deslinden el origen de todos los créditos que hoy existen en el Fobaproa Ipab y se castigue a los verdaderos culpables y se aclaren todas y cada una de las violaciones a las leyes observadas en el rescate bancario. Señoras y señores Legisladores: No queremos que nos vengan a cambiar "espejitos" en el asunto del Fobaproa y del Ipab a cambio de eliminar una sobretasa o a cambio de poder hacer más "económico" entre comillas el costo de la deuda de este Instituto. Lo que venimos a plantear aquí es que de una buena vez por todas tengamos la capacidad en este Congreso de la Unión de detallar y de revisar cual es el origen de estos créditos. Que el pueblo de México sepa a quién se le está rescatando y por qué, Que haciendo este deslinde puntual, eliminando el secreto bancario y devolviendo los recursos que muchos banqueros y funcionarios públicos de manera impune robaron a este país, por lo menos se puede recuperar un tercio de lo que hoy existe en la panza del FOBAPROA e IPAB. El PRD es muy tajante, vamos a eliminar el secreto bancario, vamos a deslindar el origen de estos créditos y vamos de una vez por todas a conocer a los nombres de los funcionarios públicos y de los banqueros que quebraron el sistema financiero de este país y que hundieron, ellos sí, efectivamente, el sistema financiero de México. Por ello, proponemos eliminar los párrafos séptimo al onceavo del punto A del artículo 2° del Decreto de la Ley de Ingresos que ustedes tienen en el documento que la Secretaría y la Presidencia distribuyó en la Gaceta Parlamentaria, Por su atención muchas gracias. Y antes de emitir su voto en el sentido que lo propone el PRD, yo les pido que piensen en que éste es el fraude más grande de la historia de México y que no lo tenemos que pagar ni esta generación de mexicanos ni la de sus hijos. Muchas gracias. (aplausos) EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Gracias diputada Miroslava García. Pregunto si hay algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra para referirse al artículo 2°, párrafos del séptimo al onceavo. No habiendo quien haga uso de la palabra y agotado quien se habla registrado para hablar en contra, se concede ahora el uso de la palabra al diputado Francisco Cárdenas Elizondo, para referirse al artículo 7°, que reservó para proponer su eliminación. Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos. off EL C. DIP. FRANCISCO CARDENAS ELIZONDO (PRI): Muchas gracias señor Presidente. Acudo hoy a esta tribuna en un acto de congruencia intelectual y profesional, para disentir del contenido y texto del artículo 7° Esta disposición se ha venido reiterando por décadas, no siempre con el mismo numeral, y las ideas que he expresado públicamente sobre el particular tanto en la cátedra como en obra escrita, han sido en contra de esta disposición legal que año con año se ha aprobado por el Congreso de la Unión. Si los principios que he sostenido en el transcurso de mi vida profesional y académica han sido en el sentido de rechazar el contenido del precepto que ahora debatimos, sería notoriamente incongruente de mi parte si ahora como legislador no manifestara opinión sobre el tema. Por tanto, enseguida expresaré muy brevemente mi posición sobre el artículo 7° que he reservado. En efecto, el artículo 7° dice lo siguiente: "Se ratifican los acuerdos expedidos en el ramo de Hacienda por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes". Ahora bien, me pregunto, ¿cuándo se ha dado cuenta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión o a la Cámara de Diputados de los expedientes relacionados con los acuerdos y resoluciones del Ramo Hacendario que año con año ratifica el Congreso?, Yo no tengo conocimiento de que alguna vez haya sucedido tal cosa y en esta ocasión tampoco se nos ha informado de tal circunstancia ni menos aún se hace referencia a ello en el Dictamen que hoy se presenta esto es, en otras palabras, se pretende que hagamos una ratificación a ciegas de todos los acuerdos y resoluciones de la Secretaría de Hacienda pues al no haberse dado cuenta con la documentación relacionada con las mismas estaremos en el caso de aprobar algo que no conocemos renunciando con ello a la dignidad y a las facultades del Poder Legislativo, Por tanto, si el pleno de esta Cámara apoya la aprobación de este precepto incurriremos los diputados en falta a una de las funciones que le confiere la Constitución General de la República porque negaríamos la función del órgano superior de fiscalización de esta Cámara cuya ley acabamos de aprobar la semana pasada, con urgencia, así se manifestó aquí, de que dicho 6rgano entre en operación con sus nuevas facultades, les pido reflexionar sobre esta cuestión compañeras y compañeros Diputados, pues considero que no debemos aceptar que permanezca el Artículo 7o. de la Ley de Ingresos ya que tal situaci6n conduciría a dejar sin materia a la Auditoría Superior de la Federaci6n en tratándose de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública sobre gravámenes o contribuciones en el Ramo Hacendario. En otras palabras, el Artículo 7o. en realidad se ha convertido de manera privilegiada en una especie de válvula de seguridad para salvaguardar la actuaci6n de las autoridades hacendarias. Afirmamos lo anterior ya que, fíjense bien, en ninguna otra ley expedida por el Congreso de la Unión se ratifican los acuerdos y resoluciones en algún otro ramo de la Administración y tal vez lo único comparable en todo caso es lo relacionado con la aprobación de la Cuenta Pública que involucra a toda la Admintstraci6n Pública Federal, lo cual sucede, como ustedes bien saben, hasta después que se lleve a cabo la revisión de la Cuenta Pública del año anterior, que en los términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo de la Fracción IV del Artículo 74 de nuestra Constitución, se presenta para su revisión hasta el año próximo es decir, dentro de los primeros diez días del mes de Junio del 2001. Por otra parte, supongo que la comisión dictaminadora de buena fe considera legítima la pretensión del Ejecutivo Federal tal vez tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federaci6n que autoriza a dicho Ejecutivo a expedir resoluciones de carácter general para condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios; sin embargo, es obvio que dicha disposición limita los supuestos en los que el Ejecutivo Federal puede expedir tales resoluciones de carácter general al disponerse únicamente que procede en los siguientes casos y cito la parte correspondiente de la fracción I del artículo 39: "cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofe sufridas por fenómenos meterológicos, plagas o epidemias." Así pues, pregunto ¿qué necesidad tiene el Congreso de la Unión, de ratificar la actuación de las autoridades hacendarias en estos supuestos que ya se ha dado la autorización correspondiente mediante una ley? Pero aún más, abdicaríamos en esta Cámara de Diputados de una de nuestras principales funciones que es el de revisar la actuación del Ejecutivo al aprobar hoy los acuerdos y resoluciones del ramo hacendario sin que se nos haya mostrado o dado cuenta a todos de los acuerdos y las resoluciones que se pretende ratificar. Simple y sencillamente, insisto, vamos a avalar o legitimar resoluciones que no conocemos y por tanto los exhorto a que eliminemos el artículo 7o., a que me he referido. Muchas gracias. (aplausos)