La diputada Lilia Aguilar Gil: Es una pena, señor presidente, que este punto haya quedado hasta el final, pero sin embargo estamos aquí firmes con este punto de acuerdo. (La diputada reproduce en su teléfono celular sonido de balazos) Esto, compañeros para los que no saben lo que es, es un sonido muy familiar que al menos en los estados fronterizos, donde la seguridad ha menguado, se ha vuelto el pan nuestro de cada día. Y esto también fue el sonido, el último sonido que escucharon el pasado 22 de octubre Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, que fueron muertos en la carretera Cuauhtémoc Rubio, frente al campo menonita ocho y medio, en el estado de Chihuahua. Ismael y Manuela cumplían al pie de la latera aquel dicho de Séneca, que decía que el trabajo y la lucha social siempre llamaba a los mejores, pues tenían hasta el día de su muerte una larga trayectoria en movimientos sociales y estaban trabajando al momento en la lucha contra la sobreexplotación del agua en la zona de veda del ejido de Benito Juárez y en la instalación de la mina El Cascabel, en el municipio de Buenaventura en la misma comunidad. Los hechos que Ismael y Manuela denunciaban estaban relacionados con una serie de conductas irregulares que afectaban a los productores agrícolas de Chihuahua, de los que ya hemos hablado en esta tribuna; en específico la perforación de pozos profundos para sobreexplotar las reservas de agua ubicadas en el subsuelo y la cuenca hidrológica del río de El Carmen que tiene una veda declarada desde los años cincuenta. Escuchen bien, compañeros diputados, hablando de agua 400 pozos a 400 metros de profundidad por abajo del nivel freático prohibido por la normatividad ambiental. Eso era lo que peleaban Ismael y Manuela. Igualmente encabezaban a un grupo de chihuahuenses contra la instalación de la mina el Cascabel que trabaja de forma ilegal en el municipio de Buenaventura desde hace seis años y que ésta es subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver que tiene ya varias minas en el norte de este país. Ismael, hace seis años había denunciado la compra ilegal de 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo del ejido Benito Juárez que ha traído como resultado la actividad ilegal de esta mina, pero además también la violencia en la zona. Como dicen por ahí: la violencia es el recurso del cobarde. Mucho se tergiversó la información sobre este conflicto. Lamentablemente, la muy absurda estrategia contra el crimen organizado de Calderón ha permitido que hoy día cualquier persona goce de impunidad, hostigue, violente y asesine a otro sin que suceda nada, sin que se le castigue. Ismael Solorio Urrutia ya había advertido lo que se veía venir. Antes de su asesinato, el 13 de octubre Ismael y su hijo fueron golpeados por un grupo de personas, presuntamente vinculados con la gente de la mina el Cascabel. Es cierto, la ola de violencia en nuestro país no tiene fin, los hechos violentos se convierten en algo rutinario; sin embargo lo que no podemos permitir es que estas muertes sigan quedando impunes. Compañeras y compañeros diputados, la situación que se vive en el estado de Chihuahua con el conflicto por la perforación de pozos profundos y con la instalación de la mina el Cascabel es ya grave y ha cobrado vidas inocentes. Es por ello que es de la mayor urgencia y pedimos su voto, para que las autoridades tomen cartas en el asunto y resuelvan ambos conflictos. Permítanme terminar, estimada asamblea y estimado presidente, repitiendo el grito de desesperación que familiares y amigos de Ismael y Manuela hicieron a las autoridades después de loa asesinatos: Uno más, cabrones, y ustedes no hacen nada. No permitamos que este grito llegue hasta esta Cámara de Diputados. Es por lo anteriormente expuesto, compañeros, que los diputados de Chihuahua de todas las fracciones parlamentarias, solicitamos el siguiente Punto de acuerdo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su condena por el asesinato de los líderes del Movimiento Barzonista Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el 22 de octubre en el estado de Chihuahua. Asimismo, exigimos se esclarezcan los hechos, se deslinden las responsabilidades y se castigue a los culpables de dicho crimen. Segundo. La Cámara de Diputados se pronuncia porque se resuelva el conflicto derivado de la sobreexplotación de los pozos en el estado de Chihuahua, con la intervención de la Comisión Nacional del Agua, para que se determine si hay conductas delictivas que perseguir y se sancione a los responsables. Termino, presidente, con el tercer resolutivo. Tercero. La Cámara de Diputados se pronuncia porque se resuelva el conflicto derivado de la instalación ilegal y puesta en marcha de la Mina El Cascabel, con la intervención de la Profepa para que se pueda determinar si hay conductas delictivas que perseguir y se sancione a los responsables. Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias.