El diputado José Alberto Rodríguez Calderón: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, de acuerdo con diversos instrumentos de medición de la opinión pública, existe un consenso generalizado entre la opinión pública en el sentido de que la corrupción es uno de los fenómenos que más contribuyen a demeritar nuestra vida pública y la calidad de nuestra democracia. De igual forma, diversas entidades nacionales e internacionales han reconocido que este fenómeno trae consigo consecuencias funestas que inciden en el crecimiento y desarrollo de nuestra patria, lo cual se refleja en el hecho de que muchas empresas o personas dedican buena parte de sus recursos a pagar dádivas para acelerar trámites y gestiones, que de suyo deberían ser gratuitas o cobradas conforme a derecho y bajo el orden de la legalidad. El dictamen que ahora comentamos y que ha sido motivo de diferentes comentarios, tanto en la comisión como en el pleno, no solo busca hacer más sencilla la acreditación del tipo penal de cohecho, sino que busca contribuir a una mejor gobernabilidad a través de la moralización del servicio público y de quienes lo integran. De igual forma, con la presente reforma daremos sentido y haremos realidad diversos criterios sustentados por el Poder Judicial de la federación, los cuales, en el ejercicio de sus funciones de legislador negativo, aclaran los alcances que este tipo penal y las consecuencias tendrán para la vida jurídica de nuestro país. Es importante, compañeras y compañeros, reflexionar en este sentido. La vida pública del país merece todo el respeto y merece fortalecerla. Este dictamen motivo de la discusión el día de hoy proviene de dos compañeros priistas, la compañera Alejandra del moral y el compañero Héctor Gutiérrez de la Garza y de su servidor, quienes en la propuesta original que ha sido aprobada debidamente estamos ampliando la penalización del delito de cohecho no solamente a la acción, sino también ahora a la omisión. No se estará encuadrando y tipificando el delito de cohecho solamente por la acción; la omisión a partir de este momento será también motivo de penalización. No podemos permitir que circunstancias como éstas sigan pasando en nuestro país. Cabe recordar que como bien se señala en el dictamen, la tipificación del cohecho se incluyó en 1999 con el propósito de cubrir los requerimientos dispuestos por la convención de la OCDE conocida como la Convención Anticohecho, la cual señala en su artículo 1o que los estados, parte del mismo, deberán establecer en su legislación penal el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros, situación sumamente importante también para dar un tono global e integral a esta reforma. Dicha convención, señalan las comisiones dictaminadoras, constituye un acuerdo internacional mediante el cual se establecen diferentes tipos de medidas para prevenir, disuadir y penalizar a las personas físicas y jurídicas colectivas que prometan, den, ofrezcan o encubran gratificaciones a servidores públicos de otros países a fin de obtener un beneficio para sus propios negocios en el marco de las transacciones comerciales internacionales. Aunado a lo anterior, la Convención Interamericana contra la Corrupción en su artículo 8o establece la obligación de prohibir y sancionar el soborno internacional y transnacional, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 16, dispone que cada Estado, para adoptar las medidas necesarias, deberá tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas. En virtud de todo lo anteriormente comentado, debemos reconocer que el tipo previsto en el Código Penal Federal no ha arrojado los resultados esperados; por lo tanto, es correcto proceder a la modificación que en este momento se propone, razón por la cual, compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia total y radicalmente a favor del presente dictamen, toda vez que el mismo busca revalorar la importancia del servicio público y prevenir la comisión de ilícitos al amparo del poder. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.