La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Estimadas diputadas, diputados, es difícil escoger un solo momento de entre los muchos que nos trajeron a este debate, podría ser aquel día de 2010 en que un grupo de pistoleros masacró una fiesta de adolescentes y jóvenes en Ciudad Juárez, el día que Felipe Calderón dijo que las víctimas eran pandilleros o bien unos años antes cuando quizá empujado por su ilegitimidad de origen Calderón decidió lanzar su insensata guerra contra el narcotráfico, el escenario ideal para darle más poder a su mano derecha, a su súper policía Genaro García Luna, hoy condenado por narcotráfico. En ese periodo de terror que fue el sexenio de Calderón tenemos muchos días para escoger, porque además de enriquecer a personajes de su gobierno la llamada guerra contra las drogas solo consiguió incrementar la violencia de manera exponencial. Con el segundo presidente del PAN los homicidios crecieron como nunca y también se expandieron otros delitos como la extorsión, el robo y la trata de personas. El gobierno de Calderón es la mejor prueba de que la respuesta de la violencia solo genera más violencia. La guerra contra las drogas llevó al país a una escalada violenta que apenas se está controlando. El gobierno se justificaba diciendo que las víctimas eran en la mayor parte de los casos integrantes de organizaciones delincuenciales en disputa. El resto, daños colaterales que los anteriores gobiernos consideraban aceptables. La corrupción materializada en redes de complicidad que iban desde el cuerpo policiaco municipal más modesto hasta los altos niveles de la Policía Federal, convirtió a la guerra de Calderón en una simple simulación con resultados trágicos. Posteriormente, Enrique Peña Nieto, con una presidencia fundada en un gasto publicitario excesivo, prefirió ocultar la realidad y continuó con la estrategia enorme de su antecesor. De nuevo se ignoraron las causas profundas de la violencia como la corrupción oficial, la descomposición social, la pobreza y la falta de oportunidades que empujaban a los jóvenes a los brazos de la delincuencia. Tuvo que llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se diera un cambio de fondo en la política de seguridad. Se comenzó a atender las causas estructurales de la violencia, a la par que se procedía a cortar de tajo con la corrupción, desapareciendo a la Policía Federal. La Guardia Nacional se creó como un cuerpo civil con formación militar en 2019. La nueva institución se ganó rápidamente el aprecio de la sociedad, como muestran las encuestas del Inegi, que reportan un 74.1 % de confianza ciudadana en la Guardia Nacional. Al tiempo que se consolida la presencia de la Guardia Nacional en todo el país se han atendido las causas de la inseguridad y la violencia. Una institución a la que no pueden acusar de ser proclive a la cuatro te. El Banco Mundial ha informado que 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el gobierno del presidente López Obrador. La reducción de la desigualdad, el incremento del salario real, la disminución de la deserción escolar gracias a las becas a los estudiantes y la política de bienestar han sido logros clave para enfrentar la inseguridad y la violencia. Hoy en día la Guardia Nacional cuenta con poco más de 130 mil elementos operativos en comparación con los 30 mil efectivos que llegó a tener la Policía Federal. Esta fuerza tiene presencia en todo el país, es profesional, está bien estructurada, sigue la doctrina del respeto a los derechos humanos y combate a la corrupción dentro de sus filas. En nuestro camino hacia la construcción de paz hemos dado pasos firmes, como la reforma constitucional que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública. Sería un error ignorar la importancia de una corporación tan necesaria, como lo es la Guardia Nacional. La reforma que debatimos hoy busca fortalecer la Guardia Nacional como una institución con personal militar, con formación policial y un propósito constitucional muy claro. Esta reforma redefine a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional, con carácter permanente y disciplinado, de origen y formación castrense, con formación policial para ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública. En este punto conviene destacar que la conducción de la estrategia corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dado que la Guardia Nacional estará adscrita a la Sedena, sus elementos actuarán bajo la disciplina militar, pero seguirán respondiendo ante la justicia civil en caso de cometer infracciones contra civiles. Más y mejor Guardia Nacional ha ofrecido la doctora Claudia Sheinbaum y en ese sentido va la propuesta de reforma al artículo 21 constitucional, que busca que esta institución investigue delitos dentro de su competencia, bajo la dirección del Ministerio Público, una autoridad civil. En resumen, la Guardia Nacional es una institución clave para garantizar la paz y la seguridad en México, respaldada por la disciplina militar y la vocación de servicio al pueblo. Dicho en otras palabras, el poder reformador de la Constitución está creando una institución de seguridad pública que tiene como objetivo constitucional la ejecución y cuidado de la estrategia de seguridad pública y, por ende, está capacitada para la investigación del delito. Lo anterior implica que la Guardia Nacional tendrá también funciones de coadyuvancia en la investigación de los delitos o procuración de justicia y contribuirá a que las personas responsables de los delitos sean llevadas ante la justicia, a disminuir la incidencia delictiva y a dar respuesta a las víctimas. Los recursos que se han invertido en la nueva institución constituirán un invaluable respaldo a las investigaciones que lleven a cabo los cuerpos policíacos estatales, las fiscalías locales y la General de la República. Por sus recursos, su despliegue territorial y su origen, la Guardia Nacional es la institución llamada a construir la paz y brindar seguridad a la ciudadanía. Su adscripción a la Sedena refuerza la necesaria disciplina y previene la descomposición que caracterizó a la extinta Policía Federal y que es marca de muchos cuerpos policiales locales. La reforma propuesta al artículo 73 constitucional plantea que el Congreso de la Unión tenga facultades para legislar el apoyo del Ejército en materia de seguridad interior y su apoyo en tareas de seguridad pública. Desde los años noventa se recurrió a las Fuerzas Armadas para tareas relacionadas con la seguridad pública, sin que esta intervención fuese regulada jurídicamente. De ahí la importancia de una iniciativa que responde a una realidad y nos permitirá abandonar el limbo jurídico en el que se mantenía la intervención de las Fuerzas Armadas. Lejos de negarlos, los problemas de seguridad han sido atendidos cotidianamente con una estrategia de paz que está dando resultados. La más reciente encuesta trimestral del Inegi mostró que la percepción en materia de inseguridad es la más baja de los últimos diez años. Esto es 59.4 %, 15.5 % menos percepción de inseguridad que al inicio del gobierno actual. Según los expertos, una parte de este logro se debe a que la Guardia Nacional se ha ido consolidando como una pieza fundamental para garantizar la paz y la seguridad pública. Sus efectivos son actores fundamentales de una nueva política de seguridad basada en el respeto a los derechos humanos y en la construcción de la paz. En su creación y consolidación han sido fundamentales el personal militar y el objetivo de contar con una corporación nacional de policía profesional y capaz de afrontar los desafíos de la inseguridad y la violencia. A fines de julio pasado, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, celebró los resultados del estudio del Inegi y adelantó que continuará con la estrategia que ofrece resultados concretos, al tiempo que se empeñará en dar mayor velocidad a la reducción de los índices delictivos mediante cuatro ejes: atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación entre todas las instituciones. Lo ha dicho claro la presidenta electa, la Guardia Nacional es una institución que tiene el objetivo de la seguridad pública, de cuidar al pueblo de México con disciplina, con honestidad, con entrega, procurando justicia y paz. De eso se trata esta iniciativa. Nada más, pero nada menos. Muchas gracias.