La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Gracias, presidenta. Los artículos 26 y 69 de la Constitución, y 6 de la Ley de Planeación, obligan al presidente de la República a rendir al Congreso de la Unión un informe anual en el que se debe exponer el estado general que guarda la administración. Y también le obliga a que en tal informe se evalúe el Plan Nacional de Desarrollo. El licenciado López Obrador incurrió en una falta de respeto al Congreso, cuando antes de rendir dicho informe a la representación popular, el pasado primero de septiembre, dio su mensaje en Palacio Nacional en un acto en el que era errático hasta en lo que dice la lona: tercer informe de gobierno. Además de ello, ni el mensaje aludido ni el informe entregado a esta Cámara se ajusta a lo que manda la Constitución y la ley en los artículos ya señalados, pues en ninguna de sus 326 páginas ni en su anexo estadístico se encuentra mención alguna de los objetivos, ejes rectores, estrategias, acciones, metas e indicadores de gestión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, mucho menos contiene información acerca del avance, pero, sobre todo, del cumplimiento. De entrada, esto se debe a que el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por la mayoría de esta Cámara y publicado por el presidente el 12 de julio, sin la firma del secretario de Hacienda incumplió los requisitos de contenido, forma y legalidad de tan importante documento. Este error acompañará al presidente durante todo su sexenio, como lo dijo el doctor Carlos Urzúa, pues del Plan Nacional de Desarrollo se deben derivar los planes sectoriales, el presupuesto de cada año y el contenido de los informes de gobierno. En cuanto a la política interior, cuya exposición se encuentra en el apartado de Política y Gobierno del primer informe, me permito hacer la siguiente glosa: 1. Se plantea como uno de los logros de la actual administración el que el 100 por ciento del Gabinete ampliado, subsecretarios y delegados federales hicieran públicas sus declaraciones, patrimonial y de interés, pero no se dice que varios secretarios ocultaron información sobre su patrimonio, como lo hicieron Manuel Bartlett, Olga Sánchez y otros. Otro logro que se adjudica el gobierno es la expedición de la Ley de Austeridad Republicana y que esta ordena que las adquisiciones del Estado se contratarán a través de licitaciones públicas, ignorando que tal disposición existe desde antes en la Constitución y en la Ley de Adquisiciones. Lo cierto es que este gobierno ha violentado reiteradamente la ley al contratar, mediante adjudicación directa, el 74 por ciento de las adquisiciones. El 7 por ciento, por invitación restringida y apenas el 19 por ciento por licitación pública. El informe miente descaradamente al decir que el gobierno ha tenido total respeto a los órganos autónomos. En estos meses hemos sido testigos de una actitud que ha llevado a la supresión del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a los recortes presupuestales y amenazas contra el INE y el Tribunal Electoral. A la designación de incondicionales en la Comisión Reguladora de Energía y al desprecio explícito contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus recomendaciones. Se expone largamente el supuesto cambio de paradigma en seguridad, pero se destaca el pírrico logro del Operativo Abasto, la guerra contra el huachicol, que consiste en el aseguramiento de 589 tomas clandestinas. Lo cierto es que los datos de Pemex dan cuenta de que persisten 8 mil 655 tomas clandestinas, tan solo 150 menos que en el sexenio anterior. Sin mostrar lealtad al sistema democrático que hemos construido en México, el presidente prefiere resaltar los supuestos ejercicios de democracia participativa, destacándose aquellas simulaciones ocurridas en las consultas patito sobre la termoeléctrica de Morelos, la ampliación de la base aérea de Santa Lucía, el corredor transístmico y el tren maya. Para terminar, hemos de señalar que ni el informe ni su anexo estadístico mencionan siquiera tres conceptos que son esenciales en nuestra democracia. Primero, el pacto federal; segundo, la autonomía municipal; y tercero, el Estado laico. Dicen mucho de proyecto presidencial estas tres ausencias. Es cuanto.