La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Gracias, presidente, con su venia. Honorable asamblea, buenas tardes. Subo ante esta tribuna sumamente molesta, dolida, hasta con rabia por lo que está sucediendo en mi estado Baja California. Desgraciadamente contamos con un gobernador panista insensible, ajeno a los problemas de la gente, sin corazón, cuyo único fin es el acrecentar su cada vez más abultada cartera. Quiero solicitar su solidaridad y aprobación al punto de acuerdo de urgente resolución que se presenta, mediante el cual se solicita se gire exhorto respetuoso pero enérgico a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones ejecutivas en el estado de Baja California y en toda la República Mexicana a que se orienten por los principios de certeza, legalidad, independencia, honradez, imparcialidad, lealtad, objetividad, eficiencia y profesionalismo al fallar en las licitaciones y concursos públicos que se les presenten tomando siempre como consideración a la población y al Congreso local, alejándose, por tanto, de cualquier criterio electoral partidista o de amistad, considerando en todo momento la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y sus Municipios y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de su estado. El gobernador de Baja california Francisco Arturo Vega de Lamadrid, ha realizado una serie de asignaciones directas y de licitaciones a escondidas, a través de las cuales otorga a sus amigos, socios de sus negocios particulares y parientes de otros funcionarios de Estado una serie de construcciones y obras públicas, utilizando indebidamente la figura de las asociaciones público privadas. Dos ejemplos: el otorgamiento a favor del senador panista Víctor Hermosillo Celada, de la construcción del periférico denominado Aeropuerto Zapata doble piso de Playas de Tijuana por 12 mil millones de pesos, pagaderos a 27 años, con derecho además de cobrar peaje por la utilización de dicho tramo. Negocio redondo, señores. La construcción de dos plantas desalinadoras que casualmente va a construir el tío del exsecretario de Finanzas Antonio Valladolid y del actual secretario de Fomento Agropecuario Manuel Valladolid en el poblado de San Quintín, y otra en el municipio de Playas de Rosarito, endeudando al estado por una suma inicial de 9 mil millones de pesos más IVA por los próximos 37 años, cuando se tiene garantizado el abasto hasta por lo menos el año 2028, según datos proporcionados por Conagua. Afortunadamente los bajacalifornianos se cansaron de tanta corrupción y desgobierno, por lo que han realizado una serie de manifestaciones por todo el estado, que han impedido se apruebe el dictamen correspondiente y que será reversa a la modificación de la Ley del Agua, y que lo habían aprobado los diputados locales del PAN, PRD y MC. Tan solo la construcción de esas desalinizadoras que ahora ya bajaron de nivel y solo se van a quedar en desaladoras, para poder vender el agua que viene del río Colorado al vecino estado de California. Se quintuplica la deuda estatal y se eleva el costo del agua para los habitantes en un 92 por ciento, afirmaciones estas que originalmente no las hago yo, la hizo el diputado local panista Miguel Antonio Osuna Millán, quien fue el único de esa bancada que se atrevió a oponerse al gobernador. Así las cosas al cobrarse su derecho por el uso de agua al que además va a ser incrementado sustancialmente, resulta imposible que esa obra tan necesaria sea de rentabilidad social, ya que no beneficia a la sociedad, tan solo a los particulares que habrán de ser concesionarios. De lo anterior se colige que al momento que familiares y amigos tanto del gobernador como de funcionarios públicos del estado, acuden a una licitación como el tío del actual titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario, donde quienes deciden son los miembros de su partido con los que han entablado una amistad y fraternidad. Esto no actúa libres de prejuicios o intereses de cualquier índole ni con independencia de criterio por lo que no preserva la imparcialidad ni la objetividad a que se encuentran obligados. Por lo tanto, para evitar suspicacias futuras en asuntos similares para otorgar claridad y certeza a todos los participantes de licitación pública en cualquier entidad federativa, es que propongo el presente punto de acuerdo, y no permitamos que eso se repita. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.