La diputada Araceli Madrigal Sánchez: Con su venia, diputada presidenta. Acudo a esta tribuna para presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con relación a los dos dictámenes en discusión. En primer lugar en relación con la Ley de Asistencia Social para hijos de madres que se encuentren en reclusión tiene el mérito de recuperar en la motivación de la iniciativa que le da origen, una de las recomendaciones del Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, realizado por la asistencia social de las niñas, niños, nacidos en permanencia con sus madres reclusas. Se posibilita que los menores a pesar las limitaciones propias de la vida carcelaria, tengan un conjunto de satisfactores mínimos para su desarrollo personal, los cuales deben ser otorgados por el Estado. El niño o la niña tiene el derecho a la lactancia, a la convivencia familiar, a recibir cuidados de ambos progenitores, a conocer su identidad, su integridad física y psíquica, a tener las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo, a la educación y a la salud; sin embargo, todos estos derechos se ven en riesgo de vulneración cuando su madre es recluida en una institución incapaz de respetar sus propios derechos como mujer y como ser humano. Con el reconocimiento de estos derechos se coloca en un primerísimo lugar, la importancia que la madre tiene para los menores en el desarrollo de su personalidad. El infante necesita de una madre que pueda regular sus emociones que él no es capaz de regular por sí mismo, que se encuentre disponible para disfrutar y vincularse con él, en momentos de juego, de siesta, o de cualquier otra actividad adecuada para su edad. En síntesis, lo que el menor más requiere es la presencia física de la madre. Todo ello puede darse en condiciones adecuadas para cumplir efectivamente con el interés superior de la niñez. Acto seguido, argumento en relación a la reforma a la Ley General de Salud, en la cual se plantea la grave situación en la que se encuentra México frente al cáncer, que actualmente ocupa la tercera causa de muerte, ubicándose después de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas y cardiovasculares. Según cifras del Inegi, se han presentado un incremento de defunciones por cáncer en casi 20 por ciento en una década de 2004 a 2013. Asimismo, la cifra de 87 mil 231 fallecimientos por causa de cáncer en México solo durante el año pasado, según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. La propuesta se enfoca a la creación de un registro nacional de cáncer de base poblacional que llevará a cabo tareas de recolección de datos continuos y sistemáticos relativos a la ocurrencia y características de neoplasias, con el propósito de ayudar a medir y controlar el impacto del cáncer en la comunidad; además, el conjunto de los datos individuales recogidos también han nutrido un gran número de estudios epidemiológicos analíticos. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado instituir en países en vías de desarrollo programas nacionales de control del Cáncer para reducir el número de muertes por tipos prevenibles de cáncer. Un registro de cáncer es un elemento esencial de cualquier programa y racional para el control del Cáncer, ya que actúa como instrumento para evaluar la magnitud del problema, fijar objetivos y definir prioridades. Existen dos tipos de registros. Los hospitalarios y los poblacionales. De ese modo producen información sobre la incidencia de cáncer en la población y proporcionan un marco para la evaluación y control del impacto que el cáncer tiene en cada comunidad. El énfasis en este dictamen es la atención médica y la administración hospitalaria. Esta propuesta sin embargo puede formar el núcleo del esquema del registro de base poblacional. Por las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor. Es cuanto, presidenta.