El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. Diputadas, diputados, del 1 al 43, en 6 años hemos realizado el pase de lista decenas de veces. Hoy, en circunstancias por demás dolorosas, debemos decir que no solo son 43, nos faltan 60 mil personas más, que han sido asesinadas durante los primeros 20 meses del mandato de López Obrador, y 76 mil más reconocidas por el gobierno federal que han sido víctimas del coronavirus y de la indolencia presidencial, aunque cifras extraoficiales nos dicen que han sido muchas más. El sábado pasado, en Palacio Nacional, el presidente afirmó que se han realizado avances en la investigación, los padres la reviraron: No tenemos nada. El subsecretario Encinas, en un malabarismo digno de reconocimiento, acusó al Poder Judicial de corrupción y de haber dejado en libertad a quienes se encontraban bajo proceso por los hechos, después de reconocer que sus confesiones se habrían obtenido por medio de actos de tortura, y declaró que la verdad histórica se habría colapsado. El fiscal especial habló de 70 órdenes de aprehensión en contra de los responsables, en el pacto de silencio se ha roto. Nosotros afirmamos que el pacto de impunidad entre López Obrador y el expresidente Peña Nieto sigue vigente, lastimando día a día a todas y a todos los mexicanos. La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fue y sigue siendo uno de los pasajes más negros de nuestra historia, lo que creíamos era un delito cometido por la criminalidad organizada terminó siendo el quebrantamiento del Estado de derecho que actuó en contra de la juventud mexicana. Esa noche todas las advertencias que nos indicaban que tendríamos un narcoestado se cumplieron de la peor manera, truncando la vida de 9 muchachos en el sitio de los enfrentamientos y 43 más desaparecidos con la colaboración de agentes policiales y la connivencia de las autoridades municipales, estatales y federales, además de los 27 heridos que resultaron de los tiroteos. Guerrero lloraba nuevamente a sus jóvenes, por segunda vez vería caer a un gobernador de un crimen de lesa humanidad. El primero, Rubén Figueroa Alcocer, obligado a renunciar después de la matanza de Aguas Blancas. El segundo, Ángel Aguirre Rivero, como consecuencia de los acontecimientos de Iguala. Las investigaciones iniciaron y, gracias al estruendoso dolor de los familiares de las víctimas, la Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones, la verdad histórica salió a la luz y el procurador Murillo Karam se cansó de frente a los periodistas, a las víctimas y al país entero. Fue necesaria la intervención internacional que a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso se brindara asesoría técnica para la búsqueda de los desaparecidos. La formación del grupo interdisciplinario de expertos independientes se produjo el 18 de noviembre d 2014, como producto de la resolución 28/2014, por la cual la Comisión solicitaba a nuestro país la implementación de medidas cautelares que pudieran generar las condiciones para que los estudiantes desaparecidos regresaran a sus hogares. Un año después, el 6 de septiembre de 2015, este grupo presentaría su informe con una serie de recomendaciones que a la fecha no han sido cumplidas y esa constituye una de las mayores deudas del Estado mexicano con las víctimas, con los familiares y con el mundo entero. Debemos recordar que el Grupo Parlamentario del PRD presentó una solicitud de juicio político en contra del entonces procurador Jesús Murillo Karam, debido a la falta de cumplimiento de estas recomendaciones. Quedan muchos pendientes, entre ellos la determinación de la responsabilidad institucional de la Policía Federal, del Ejército, de las policías municipales y las autoridades estatales en el seguimiento a las denuncias por espionaje que presentaron en su momento diversas organizaciones vinculadas al caso. La atención a las víctimas sigue siendo deficiente, queda pendiente también la conformación de una verdadera comisión de la verdad porque ha quedado claro que la comisión presidencial, encabezada por el subsecretario Encinas, no solo resulta inútil si no constituye un nuevo esfuerzo propagandístico que trasgrede los derechos de las víctimas. Sin embargo, el más grande de todos los pendientes lo constituye el inicio de un proceso de reconciliación nacional que nos lleve, desde luego, a la construcción de una nueva relación entre las y los ciudadanos y sus autoridades entre las y los mexicanos en el cual las víctimas por fin puedan gozar de la verdad y la justicia que merecen. La tarea apenas inicia, es hora de que desde cada una de nuestras trincheras todas y todos los mexicanos emprendamos una jornada de solidaridad para que al final del camino construyamos un nuevo país en que convivamos de manera pacífica y constructiva. Es cuanto.