El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La delincuencia organizada en este país ha ido en aumento, principalmente en delitos como el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, así como delitos patrimoniales. El INEGI reporta una tasa de crecimiento promedio anual de los principales delitos denunciados de un cuatro por ciento. Para el período 2001 al 2003 se observó un incremento del 18 por ciento en delitos relativos a la Ley de Armas; incremento de 10 por ciento en delitos vinculados al tráfico de narcóticos; 6 por ciento relacionados con daños patrimoniales y 5 por ciento relativos al robo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existe una cifra negra importante que desde el punto de vista de los expertos en la materia podría representar hasta el 90 por ciento de delitos no denunciados. Esto supone que las víctimas del delito por lo general se abstienen de presentar la denuncia correspondiente, lo que hace que las cifras oficiales sean, por lo general, poco confiables. Pese a ello, es posible contar con información generada por fuentes independientes como es el caso del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI). Concluye en su IV Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana que en promedio dos de cada 10 habitantes de las 16 ciudades analizadas en este estudio han sido víctimas, por lo menos, de algún delito durante su vida. Además informa que de las víctimas de delitos cometidos con violencia, el 77 por ciento de estas personas decidió cambiar sus actividades; es decir, cuatro de cada cinco personas —de cada cinco mexicanos— cambia sus actividades económicas después de sufrir un delito con violencia. Esto evidentemente genera grandes costos para la sociedad. Cierto es que una de las causas de la incidencia de estos delitos es la falta de oportunidades laborales y de ingresos, constituyéndose en un círculo vicioso cada vez mayor e incontrolable que genera altos costos tanto directos como indirectos en la economía. Los costos directos e indirectos a la delincuencia para México se estiman en alrededor de 108 mil millones de dólares anuales, esto implica aproximadamente un costo anual para el país del 15 por ciento del producto interno bruto, según datos que arroja el Instituto Mexicano de la Competitividad. Aunado a lo anterior, la inversión en recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y la acumulación de bienes, inmuebles y muebles por parte de diversos grupos delictivos, han ido en aumento. Otra de las razones del aumento de la criminalidad en México es la alta tasa de impunidad de los delitos que se presentan tanto del fuero común como del fuero federal. De acuerdo con el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el doctor Guillermo Zepeda, en nuestro país la probabilidad de ser condenado por la comisión de un delito es de las más bajas del mundo pues representa tan sólo el 1.1 por ciento; en tanto que en Estados Unidos de América la probabilidad de ser condenado es del 9.1 por ciento, en Italia de 11.5, en Argentina de 12 por ciento y en Inglaterra de 22.6 por ciento, sólo por mencionar algunos países. Lo anterior implicaría que los delitos en nuestro país quedan impunes en aproximadamente un 98.9 por ciento. Una tercera causa del incremento de los delitos es que éstos constituyen una manera fácil de hacerse de recursos económicos. Hoy en día los grupos organizados actúan con criterios empresariales, buscan lograr la mayor rentabilidad y los mayores ingresos que les permitan mantener su influencia y poder. Es precisamente en este punto que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista considera que es de suma importancia legislar, a fin de convertir no sólo el financiamiento de aquellos que delinquen sino también de quienes se beneficien directa o indirectamente de dichas conductas delictivas. Los recursos financieros a disposición del crimen son tanto un fin como un medio para delinquir. Son un fin porque en la mayoría de los casos lo que se busca es el lucro; es decir, se busca delinquir para obtener un beneficio económico; no obstante, los recursos financieros también son instrumentos para delinquir toda vez que la capacidad económica proporciona los medios para la comisión de delitos. Debemos reconocer además, que son los recursos financieros a disposición del crimen los que han permitido corromper en múltiples ocasiones a las estructuras gubernamentales que debieran encargarse de combatir las actividades delictivas. En el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que el incremento de penas y medidas de seguridad no han inhibido la comisión de los diferentes delitos de la manera esperada. Es necesario adoptar medidas adicionales que permitan complementar las actuales estrategias de combate al crimen organizado que esté impulsando la actual administración. Por ello, legisladores del Partido Verde ponemos a consideración del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de Ley Federal de Decomiso de Bienes de Procedencia Ilícita y Resultado de la Delincuencia Organizada. A través de la presente iniciativa buscamos establecer mecanismos legales para cerrar el acceso a recursos financieros, materiales e institucionales, tanto de los propios delincuentes como a sus beneficiarios. Al atacar los bienes y recursos de los grupos del crimen organizado se busca desarticular su capacidad delictiva, a fin de que estos grupos ya no tengan acceso a una de sus principales herramientas operativas: su capacidad financiera. Propuestas similares se han legislado en otros países, como es la Ley de Extinción de Dominio, de Colombia, denominada Ley 793-02, que pretende precisamente eso, atacar los recursos financieros de los cárteles de la droga. El decomiso de bienes a que se refiere nuestra iniciativa se realiza mediante vía contenciosa y por ello a través de una acción que iniciará el Ministerio Público ante un juez, es decir, en la propuesta de Ley Federal de Decomiso de Bienes está garantizada la defensa de aquel o de aquellos que podrían sufrir en su patrimonio el decomiso de bienes. El artículo 22 constitucional prevé actualmente que no se considerará confiscación el decomiso de bienes que ordene la autoridad judicial en casos como enriquecimiento ilícito ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado en los procesos que se sigan por delitos previstos como delincuencia organizada, ni de aquellos respecto de los cuales el sentenciado se conduzca como dueño y no pueda acreditar la legítima procedencia de éstos. El problema es que el decomiso no está regulado en leyes secundarias; es decir, la iniciativa de ley que ahora presentamos no violenta en ningún modo los derechos humanos ni las garantías individuales, lo que plantea es una abstención del derecho de propiedad, pero emanada como lo establece la propia Constitución, de que se obtuvieron bienes a partir de actividades ilícitas. En nuestra propuesta el Ministerio Público podrá acudir ante un juez de distrito en materia penal, a fin de solicitar sea decretado el decomiso de bienes y por ende la pérdida de la propiedad de los mismos, pero para poder proceder en la acción de decomiso el Ministerio Público deberá tomar en cuenta ocho causales, entre las que destacan tres: La primera. Que el o los sujetos que sufrirán el detrimento o decomiso de bienes tengan abierta alguna indagatoria o procedimiento por delitos del crimen organizado o sean delitos considerados graves por la legislación penal. La segunda. Cuando existe un incremento patrimonial injustificado, sin que se explique el origen lícito del mismo. La tercera —y es consideración eje de nuestra propuesta— es que el bien o los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a éstas o correspondan al objeto del delito. La propuesta establece que los bienes decomisados pasarán a ser propiedad del Estado y será el Servicio de Administración de Bienes quien lleve a cabo la administración y disposición de los bienes, derechos y productos decomisados. Proponemos que el destino final de los beneficios económicos sea determinado por esta Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde se procurará que sean utilizados para la impartición de justicia, la asistencia a víctimas del delito para el sector salud, la protección del medio ambiente y sobre todo, para el combate a la delincuencia. La presente propuesta de ley complementa la legislación vigente para combatir el crimen organizado, razón y motivación suficiente para que consideremos su establecimiento en el ámbito federal. El día de hoy tenemos noticia de que el Gobierno del Distrito Federal ha expropiado predios donde presuntamente se cometían delitos relacionados con el narcotráfico, el robo y la piratería. Por su parte, la Procuraduría General de la República y la Sedena nos informan que durante el sexenio pasado se incautaron alrededor de 330 millones de pesos en promedio al año y se propone que los recursos decomisados a los narcotraficantes sean utilizados para la rehabilitación de farmacodependientes. Estas acciones ponen en evidencia que el gobierno requiere de mayores instrumentos para combatir los recursos financieros del crimen. Expresan también la importancia de darle un uso social a los recursos decomisados, situación que compartimos y está contemplada en la iniciativa de ley que presentamos. El Presidente Calderón hizo un llamado a todos los actores, pero principalmente a los Poderes de la Unión, para combatir la inseguridad que afecta a los mexicanos. Nos compete a los legisladores ser corresponsables de esa tarea y mejorar los instrumentos jurídicos a disposición del Estado para atacar la riqueza ilícita y la capacidad financiera de los grupos del crimen organizado. Por su atención, muchas gracias.