EL C. DIPUTADO NESTOR VILLARREAL CASTRO: Con su permiso señora presidente. Compañeros diputados. Me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona el Artículo 123 del Código Federal Penal, reforma la fracción I y adiciona un inciso al Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos. En su esencia el peculado consiste en la extracción de bienes, valores, fondos públicos que para usos propios o ajenos realice un funcionario público, empleado o encargado de la custodia, administración o aplicación, que por su carácter le han sido conferidos. El peculado es una infracción de la misma naturaleza que el abuso de confianza, que se le ha tipificado esencialmente por tres motivos principales: por su carácter público, para reprimirla con mayor severidad y para demarcar su persecución de oficio. Comprendido en el título de delitos cometidos por servidores públicos, el peculado mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones, mina seriamente la estructura social porque vulnera al estado de derecho, la sociedad reclama certidumbre en el manejo eficiente, eficaz y honrado de la administración pública, reclamo justificado, porque ella aporta los recursos para satisfacer los objetivos a los que están destinados en provecho, al final de cuentas, de la población mexicana. Este delito no se realiza en contravención de una simple institución jurídica abstracta, sino que es un acto en contra de todas las personas que conforman la nación, es por ello que el objeto de la tutela penal de la proyección de los derechos de los ciudadanos tienen sobre los bienes y recursos públicos, los cuales son patrimonio de los mexicanos. El establecimiento de un régimen jurídico adecuado de responsabilidad de los servidores públicos, ha sido una preocupación constante de los sistemas democráticos constitucionales y de las características esenciales del estado de derecho para evitar la impunidad y el abuso en el poder. La salvaguarda de la legalidad, la honradez, la lealtad, la eficacia de quienes ostentan cargos, empleos, comisiones públicas, es la finalidad de las alusiones legales en contra de los responsables por actos u omisiones delictuosos en que incurren en el desempeño de sus funciones. El sistema jurídico penal, tiende verdaderamente a aumentar el grado de solidaridad y desarrollo moral de la sociedad en la medida que se requiere (¿) para garantizar que la misma no sea desvalida frente a los actos delictuosos y a la impunidad, con más razón en el actual proceso de consolidación democrática del país, la cual implica honradez y transparencia en el ejercicio de la función pública. Con el objeto de determinar un criterio adecuado sobre las consecuencias del delito de peculado, es de importancia tomar en cuenta el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente, separando su equivalente en veces salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, el cual señala la magnitud del daño ocasionado separando en tres supuestos: cuando exceda de 500 veces, pero no de 5 mil veces y cuando exceda de 5 mil veces el equivalente al salario mínimo del Distrito Federal. En el caso del delito de peculado, es incongruente e injusto que los servidores públicos que lo cometen tuvieses un trato más benévolo que el que se otorga a los autores de otros delitos patrimoniales como el robo calificado y el robo de vehículo que son considerados como delitos graves, además de que de acuerdo con el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo funcionario público sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo presenta la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan y de la obligación que establece el artículo 134 del mismo ordenamiento que se refiere a la administración de los recursos económicos con eficacia, eficiencia y honradez y aún así hayan sido distraídos bienes, valores, recursos en provecho propio o ajeno, cabe considerar como delito grave su conducta en los casos en que el monto del daño causado sea superior al equivalente a 5 mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Por otro lado, aunque la devolución de lo sustraído como reparación del daño, en reparación del daño y por ello la reparación de la acción de la conducta del incumplimiento de los deberes de lealtad a la patria y a la Constitución que se protestó guardar, por lo que a pesar de la reparación queda aun pendiente el que se tipifique como grave para que se evite la impunidad y se fortalezca al estado de derecho. Compañeros diputados, cuando algún servidor público realiza una conducta delictiva para beneficiarse a costa de los bienes que pertenecen al Estado, se ofende a toda la sociedad, minimiza la confianza hacia las instituciones, cunde el mal ejemplo y se afectan los aspectos social, político y económico del país. En el ámbito de nuestra competencia, tenemos la responsabilidad de hacer lo que nos corresponde para regresar la confianza a la sociedad en las instituciones públicas. Los invito, pues, a apoyar la propuesta, pues con ella estamos propiciando un cambio significativo para la buena marcha de la administración pública. Por esto me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto de reforma y que adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal; reforma la fracción I y adiciona un inciso 16) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, los cuales para obviar tiempo no los leeré pero pido se inserten en el Diario de los Debates y se remita esta propuesta a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias. -PRESIDENTA: Gracias diputado. Publíquese de manera íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Tiene la palabra el diputado José de Jesús López Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo. -DIP. JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL: Con el permiso de la presidencia; compañeros legisladores: El que suscribe José de Jesús López Sandoval, diputado de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con todo respeto solicita a esta presidencia sea insertada la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Esta iniciativa resulta de los conocimientos adquiridos de mi maestro de amparo en Materia Civil, en la Universidad Panamericana, el Magistrado Wilfrido Castañón León. Si entendemos a la sociedad como una organización de convivencia humana, en la cual cada uno de los individuos tiene sus propios intereses y valores, determinados por la educación social y familiar que han recibido y que al interaccionarse socialmente, crean un fenómeno de influencia recíproca; lo que va a determinar los intereses y valores de esa sociedad. Los que no necesariamente son coincidentes con la mayoría de ellos que se contraponen entre si influenciados por la ideología que se sustenta en los valores religiosos, políticos, de nivel económico de cada grupo social. Así como la posición que tienen dentro de la estructura social, caemos en cuenta entonces de que se torna indispensable la necesidad de una organización política que sirva de mediadora y al mismo tiempo sea evidente que estamos hablando de una necesidad de la creación de un estado de derecho. Como una comunidad quiero entender que es organizada en un territorio definido, mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios, definido y garantizado por un poder jurídico, autónomo y centralizado que tiende a realizar el bien común en el ámbito de esa comunidad. Para los gobernados existen medios de defensa ante la posibilidad de que los abusos en su interacción social como los gobernantes si llevan a cabo en la defensa de las garantías individuales consagrados en el capítulo uno, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como mecanismo jurídico para hacer valer ante el juicio de amparo. Tal recurso constitucional es una institución jurídica que tutela directamente la Constitución, misma que tiene por objeto dar protección al gobernado, contra cualquier acto de autoridad que viole o le acuse agravio en su esfera jurídica. El juicio de amparo mexicano constituye en la actualidad la última instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos judiciales y administrativos y aun de carácter legislativo. Por lo que tutela a todo el bien jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica sea individual o colectiva. En nuestros días el juicio de amparo es una institución procesal sumamente compleja, que protege prácticamente a todo el orden jurídico nacional, desde los preceptos más elevados de la Constitución hasta las disposiciones modestas de un humilde reglamento, un buen bando o un buen gobierno municipal. Señor Magistrado Wilfrido Castañón León, desde la cátedra también se legisla. Resumiendo entonces, esta iniciativa tratará de corregir y corregirá que existe inconstitucionalidad del artículo 158 de la Ley de Amparo porque contempla la procedencia del juicio de amparo directo contra actos definitivos y así, de esta manera, contraviene lo estipulado por el artículo 107, fracción V, inciso c) de nuestra carta magna en lo referente a la materia civil. El artículo 107, fracción V inciso c) de la Constitución sólo limita la procedencia del amparo en materia civil contra la sentencia definitiva. La principal diferencia es que el inciso c) del numeral constitucional que nos ocupa en materia civil no incluye como acto de procedencia el amparo directo en el acto en definitivo; en cambio el artículo 158 sí contempla las resoluciones que ponen fin al juicio, es decir, los actos definitivos. La problemática es que en materia civil sólo el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y no procede contra actos definitivos. Por lo tanto, el artículo 158 de la Ley de Amparo es inconstitucional porque habla del juicio de amparo en forma genérica y no especifica materia y en cambio el artículo 107, fracción V, inciso c) sólo limita la procedencia del juicio de amparo directo en materia civil contra sentencia definitiva. Por lo tanto, el precepto del artículo 158 está excediendo el artículo inconstitucional por hacer genérica la procedencia y no hacer la salvedad que en materia civil sólo procede el amparo directo que se interpone ante los tribunales colegiados de circuito en tratándose de sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas para que exista armonía con el precepto constitucional vigente. Entonces, si nos vamos al amparo contra un acto definitivo y el tribunal colegiado de circuito admitiera o admita la demanda, se puede en un momento dado presentar un recurso de reclamación en contra del auto admisorio del juicio de amparo, alegando que está excediendo precisamente el artículo 158 de la Ley de Amparo. Y se puede dar el caso de que el tribunal colegiado de circuito ejerza un control difuso de la Constitución en el sentido de que se inobserva el precepto ordinario, so pena de aplicar el precepto constitucional solicitando que se deseche la demanda de amparo y hacer valer contra este acto un acto definitivo. El caso concreto es que la regla específica excepciona a la general. Por lo tanto, y en base a los razonamientos vertidos en la exposición de motivos que antecede, considero que el acto definitivo no debe ser materia de amparo directo pues esta materia es objeto del amparo directo de acuerdo con lo estipulado y lo señalado en el artículo 114 de la Ley de Amparo en su fracción II. Por lo anteriormente expuesto, con las tesis y fundamentos jurídicos expresados en la iniciativa de ley, así como las conclusiones vertidas, me permito poner a la consideración del honorable constituyente permanente la siguiente iniciativa de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 158 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo que se reforma es el segundo del 158 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos constitucionales antes mencionados para quedar como sigue: Artículo 158 en el párrafo en concreto: Para los efectos de este artículo solo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos dictador por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso o su interpretación jurídica, y a los principios generales del derecho y a falta de la ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que o hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas por omisión o negación expresa. Es cuanto, diputada Presidenta. -