La diputada Janet Graciela González Tostado: Buenos días, compañeros diputados. Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, creo que el tema que voy a tocar en esta mañana es muy importante para todos los mexicanos. Ojalá que como diputados puedan apoyar esta iniciativa. En la última década, la falta de visión de Estado ha colocado a nuestro país en una situación sumamente compleja. Nos hemos enfrentado a los errores en el ejercicio del gasto, despilfarro e irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos. La labor de las y los servidores públicos es servir a la ciudadanía buscando la aplicación eficiente de los recursos para proteger la economía del país. Mi participación en tribuna en esta ocasión es para abordar el tema de los subejercicios. El subejercicio es un mal que aqueja a nuestro gobierno y afecta principalmente a los contribuyentes. Es necesario ver por ellos. Debe ser reconsiderado por todos nosotros y elevar a rango de ilegalidad a quien lo origine. Los legisladores de la fracción priista documentaron con informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el subejercicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 14 mil 860 millones de pesos. Con ese recurso se pudieron haber realizado importantes obras y dar empleo aproximadamente a 825 mil 500 empleados. El subejercicio evidentemente afecta a la ciudadanía. ¿De qué sirve que el Ejecutivo federal solicite al Congreso que apruebe más impuestos, si no los aplica? No es justo que se apriete el cinturón a la ciudadanía en cada ejercicio presupuestal con más impuestos, si el gobierno no garantiza que serán gastados de manera oportuna y eficiente. En agosto de 2009, Pemex enfrentó un subejercicio de gasto acumulado por 9 mil 701 millones de pesos, de los cuales casi 60 por ciento son para proyectos productivos que se dejaron de ejecutar en ese periodo. Podemos mencionar que sólo entre cinco secretarías y una paraestatal: SCT, la Secretaría de Salud, PRG, Segob, Seguridad Pública y Pemex, tienen un subejercicio de casi 37 mil 700 millones de pesos. Hago referencia a la información contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente a 2007. Hubo subejercicios por 4 mil 236 millones, y 115 mil millones de pesos de estos recursos fueron destinados a fideicomisos, de los cuales 73 mil 435 millones de pesos corresponden a recursos etiquetados ex profeso para asignarse a éstos. Los otros 41 mil 657 se canalizaron a 28 fideicomisos o fondos cuyo objeto, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, fue evitar la concentración de recursos en la Tesorería de la Federación a finales de 2007, es decir para que la Tesorería no los reportara como subejercicio. Según la Cuenta Pública de 2008, los sectores que registraron subejercicios significativos fueron salud, comunicaciones y transportes, educación y el agropecuario. En el sector comunicaciones y transportes se detectaron 9 mil 605.2 millones de pesos. El año pasado en la Cámara de Diputados aprobamos el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 por un monto total de 3 billones 176 mil 332 millones de pesos. El tema de fondo es saber por qué a nivel federal se han subejercido cantidades millonarias como las que se tienen documentadas en los informes trimestrales y en los informes de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Será por negligencia, por dolo o por mala fe?, ¿por cuestiones políticas? ¿Por qué? La iniciativa que presento tiene como intención fortalecer el servicio profesional de los funcionarios públicos federales, ya que en la práctica es común que se asignen cargos a personas ineficientes, ineptas o dolosas que sólo están en los espacios públicos como pago de un favor. Es necesario sancionar a las y los funcionarios que, en ejercicio de su responsabilidad no llevan a cabo las labores que les corresponden. Recordemos lo que dice nuestra Carta Magna en el artículo 113; que los servidores públicos deben atender los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. Actualmente nadie hace nada al respecto, en razón de que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no es estricta en cuanto a sanciones, ya que el artículo 8o. de la ley precisa claramente las obligaciones, mas no existe una sanción ejemplar dado que el artículo 13 de la ley en mención divide las faltas administrativas en graves y no graves. Pero dentro de las faltas graves no se contempla la no formulación y ejecución de los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia y el no cumplimiento de las leyes y la normatividad que determina el manejo de recursos económicos públicos, en lo que a su cargo respecta. Considero que no existe nada más grave que un funcionario público no realice su función. Ésta se vuelve una falta gravísima que no está prevista en la ley. Si consideramos como falta grave la no ejecución de los programas, la no aplicación de los recursos, la falta de probidad en el ejercicio del gasto y demás a que se refiere el artículo 8o., además del 13 y a lo que se refiere el artículo 2o. de esta ley, tendrán obligación los funcionarios públicos de realizar su función, con la mayor probidad posible. En resumen, esta iniciativa tiene por objeto garantizar que las servidoras y los servidores públicos federales tengan la capacidad de cumplir con lo correspondiente, y en caso de incumplimiento sean destituidos inmediatamente de él. Con la aprobación de esta reforma podremos garantizar el uso eficiente de los recursos de la federación, tener personal administrativo capacitado, además bajaremos el índice de subejercicio en el país, y sobre todo podremos disminuir las cargas fiscales a los contribuyentes. En ahorro de tiempo, solicito a la Presidencia se inserte íntegro el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates, señor presidente. Gracias, compañeros.