El diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros: Esta iniciativa que estamos presentando tiene por objeto, y es la pretensión, tratar de ir avanzando en temas fundamentales para lograr una mayor y más eficiente recaudación tributaria. Lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones: la preocupación común de legisladores y autoridades hacendarias es ampliar la base de contribuyentes y, como consecuencia, obtener mayor recaudación. En el año 2001, la Secretaría de Hacienda nos presentó una propuesta de lo que se llamó "Nueva Hacienda Pública". Y dicha propuesta contenía, entre otras cosas, cuestiones que desde luego debemos valorar y aceptar, como era en un momento dado la reducción del Impuesto sobre la Renta, que ya se ha dado, la compactación de las propias tasas e incluso la reducción del IVA. Se hablaba también de acabar con los regímenes especiales de fiscalización y, entre otras cosas, también acabar con lo que es la tasa cero. Sin embargo, a pesar de lentos avances, ni aumenta la base de contribuyentes ni se logra mayor recaudación. Resulta pues absurdo para los contribuyentes y más incomprensible también para nosotros, los legisladores, quienes constantemente escuchamos a las autoridades hacendarias y enfocamos nuestro esfuerzo a la nueva legislación, pero poca atención ponemos a lo que viene siendo cómo están las estructuras de captación de los ingresos que requiere un país como el nuestro. Y simplemente para corroborar la ineficiencia de la recaudación, daría las siguientes cifras, que las conocemos todos: En diciembre del año 2000, los llamados "créditos fiscales irrecuperables" fueron del orden de 63 mil 603 millones de pesos, pero para diciembre ya de 2004 se ubicaron éstos en 125 mil 768 millones de pesos. Pero algo grave y algo delicado que también conocemos, en ese mismo año, es decir, en 2004, el SAT perdió 24 mil 555 juicios de los 42 mil 39 en que participó. Por tanto, en este contexto está la iniciativa. Actualmente, la Ley del Servicio de Administración Tributaria establece en el artículo 3o. que el SAT gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto, así como la autonomía técnica para dictar sus resoluciones. Pero, por un lado, está esta autonomía y, por otro, vemos con grave preocupación que no hay recaudación y sí también por otro lado cada día mayor contrabando, sin encontrar ninguna explicación. Quizá podamos encontrar una alternativa en cómo está constituida la Junta de Gobierno del Sistema de Administración Tributaria. Sabemos que son siete las personas que lo integran; desde luego, encabezadas por el propio secretario de Hacienda, quien además tiene la facultad de designar a tres consejeros más, como dice la propia Ley, "ser empleados superiores de la Secretaría de Hacienda". Es decir, de esta Junta de Gobierno hay cuatro partes, ya que siguen el mismo criterio y los mismos lineamientos de la propia dependencia. Por otro lado, los otros tres consejeros, a propuesta del Ejecutivo federal, designarán a tres consejeros independientes, dos de los cuales deberán ser a propuesta de la reunión de funcionarios fiscales: los funcionarios fiscales son normalmente los secretarios de Finanzas de cualquiera de las entidades federativas. Por tanto, existe de alguna forma una dependencia o un compromiso para no tener problemas con las finanzas de su propia entidad. Como se puede observar, pues, el actual esquema de conformación del SAT otorga al secretario de Hacienda que se encuentre presente o al frente en esos momentos de contar con una mayoría para decidir sobre un órgano que fue supuestamente concebido como autónomo para lograr la captación. Lo importante sería que los consejeros pudieran advertir en dónde están las grandes fallas de la gran evasión fiscal, en dónde se encuentran las causas por las que existe tanto contrabando en nuestro país. Por eso estamos proponiendo una reforma del artículo 9o. de la Ley del SAT, que diría lo siguiente: La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria se integrará por el secretario de Hacienda y Crédito Público y tres consejeros del SAT, propuestos por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Diputados o, en su caso, por la Comisión Permanente para ejercer ese cargo. La Presidencia de la Junta de Gobierno será rotativa cada seis meses y el Presidente sólo podrá ser suplido bajo causas graves o de fuerza mayor. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Compañeras y compañeros, considero que los legisladores debemos ser muy precisos y muy estrictos en la selección de las personas que se encuentran en los órganos de fiscalización. Si queremos saber verdaderamente las causas y el origen de la evasión fiscal y el contrabando, debe ser el Poder Legislativo el que tenga participación en la designación de estos consejeros. Muchas gracias.