El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez: Compañeras y compañeros legisladores: El 8 de septiembre se recibió por parte del Ejecutivo Federal los Criterios de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Estos documentos que nos han servido para volver nuevamente como sucede cada año a realizar un examen exhaustivo sobre los ingresos fundamentalmente y sobre todo, el Presupuesto de Egresos para el próximo año. Como siempre, hemos recibido un presupuesto muy descobijado, como ya se dijo hace unos días, en donde obliga prácticamente a los legisladores más que estar buscando las verdaderas reformas de fondo, a ver de dónde salen los recursos. Sí quiero dejar constancia que los compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda, han trabajado con un alto sentido de responsabilidad y sobre todo que se ha venido votando cada una de las propuestas con un total y absoluto criterio de cada uno de los compañeros y vuelvo a destacar, con una gran responsabilidad. Sin embargo, creemos que durante muchos años nos hemos dedicado a enmendar, remendar, corregir una disposición, modificar otra; aprobar, errar, acertar, experimentar, en un interminable proceso, lo que se ha traducido, como ha sido hasta la fecha, en inseguridad jurídica ante la falta de permanencia de las normas. Un sistema tributario no debe estar presidido nunca por una idea dominante: la función recaudadora. Una serie de características o principios que le den sustento y guía a toda reforma tributaria, ya que de no tenerlas enfrentaríamos una situación como la que hemos estado viviendo durante muchos años, como lo es la actual política fiscal que es insuficiente, inequitativa y desalentadora de la inversión. Precisamente al hablar de este tema que viene siendo hoy la columna vertebral en donde puede permitir la posibilidad, por una parte, de tener los ingresos que se requieren para poder cubrir un exiguo Presupuesto de Egresos, nos han colocado en la situación de decidir ante la alternativa de modificar precisamente este artículo 45 que se refiere al costo de lo vendido. Desde nuestro punto de vista, considero que estamos cometiendo un grave error. Hay que recordar que en la exposición de motivos de 1986 para entrar en vigor en el 87, uno de los motivos fundamentales que se argumentaban por parte de las autoridades hacendarias, era lo complejo que resultaba el poder determinar los inventarios de las empresas; por eso se decidió que fueran las compras la base gravable para determinar la utilidad. Hoy, volvemos a regresar a un esquema con cinco sistemas de costos que va a traer como repercusión una alta carga administrativa para empresas, por otro lado, una difícil y prácticamente nula vigilancia de parte de las autoridades hacendarias. Quiero decir que el argumento fundamental que quiere sostener esta tesis, consiste en que las empresas o los contribuyentes al hacer más compras lo único que pretenden es dejar de pagar impuestos, olvidándose que estamos ante una economía deprimida; que el hacer compras en este momento de volumen, permiten precisamente tener y poder otorgar precios más accesibles para las clases consumidoras. Hoy estamos ante una decisión fundamental y efectivamente un momento le quiero pedir señor Presidente y termino. Y efectivamente, esto está emparejado con una serie de ventajas pero que resultan mucho más graves para el propio contribuyente. Ante esta situación, con todo respeto pido para evitar que haya una inconstitucionalidad- ante la equidad que va a resultar con los desarrolladores inmobiliarios, puede ser motivo de que haya incluso recursos que hagan nula la reforma que hoy estamos proponiendo. Muchas gracias.