El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene un particular interés en el fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional en todos los niveles. En nuestra opinión la mejor inversión pública que se puede hacer con los recursos del erario, es en la educación, puesto que eso nos permitirá contar con los humanistas, profesionistas en diversas disciplinas del conocimiento y técnicos que permitan consolidar el desarrollo nacional y atemperar las graves desigualdades que vive el país. Por ello vemos con beneplácito la reforma que al artículo 3o., constitucional se plantea en el presente dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales. No soslayamos que en el proceso de consolidación de nuestro sistema educativo se cruzan y entrecruzan múltiples intereses, muchos de ellos legítimos como los de los compañeros maestros que aspiran a un mejor salario por el desempeño que frente a sus alumnos tienen aun con las graves insuficiencias que en infinidad de escuelas se padecen. El legítimo interés de los padres de familia porque sus hijos accedan a una educación pública de calidad que les permita la adquisición de conocimientos para transformar su realidad y el entorno social en que viven. El interés de jóvenes estudiantes por formarse adecuadamente y que esto les permita acceder a mejores y remunerados empleos. Intereses negativos como la venta de plazas y la infinidad de licencias sindicales para fines político partidistas que no tienen sustento ético alguno. Por eso esta reforma es importante. Pero quiero dejar bien asentado que no debe responder a los intereses de los poderes fácticos, sino a los intereses de la sociedad mexicana, de los verdaderos agentes educativos que son los maestros, a los que no permitimos que se les denueste como lo hacen los poderes fácticos y principalmente Televisa. La reforma a la fracción III del artículo 3o., es vital en tanto que establece la obligatoriedad de los concursos de oposición para ingresar al servicio docente, así como para las promociones correspondientes. Es necesario superar la etapa en la que el ingreso y la promoción de los docentes se dan por favoritismo y apoyo político y no en reconocimiento a la capacidad que los maestros acrediten en el servicio. Tenemos que ser vigilantes de que en los exámenes que se practiquen no haya favoritismos políticos, no pagos de favores, y si así fuera entonces el remedio que pretendemos aprobar hoy saldrá peor que la enfermedad. Sobre este particular, nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que también la educación inicial tiene que ser materia de evaluación permanente y sistemática porque la educación inicial es muy importante. Por qué el desarrollo de los países nórdicos, por qué Finlandia es primer lugar en educación. Porque le apuesta más a la educación inicial, y eso lo debemos hacer en México. Estamos a favor del contenido de la fracción IX, en donde una de las políticas públicas más importantes del gobierno, como lo es la evaluación del sistema educativo, sea realizada por un órgano constitucional autónomo, que será el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. La creación de este instituto constituye un avance respecto a lo que actualmente se tiene en la evaluación y que se contiene en el decreto del Ejecutivo federal que creó el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa del 16 de mayo del 2012, en donde se establecen amplísimas facultades a favor del Ejecutivo federal. Con esta reforma y con las que en su oportunidad se hagan a la ley correspondiente, la actuación del órgano constitucional autónomo deberá ser más transparente y sus resultados evaluados de manera continua por la sociedad. La sociedad en su conjunto tendrá que ser cuidadosa de que las personas que sean designadas por el Senado de la república para integrar este órgano sean especialistas en materia educativa y no amigos y menos comparsas de quienes ocupan el gobierno actual. En esta reforma se plantea una modificación al artículo 3o en su fracción XXV para establecer como facultad del Congreso de la Unión legislar para asegurar el comportamiento de los fines de la educación y su mejora continua. Coincidimos en el contenido del transitorio quinto para que el Inegi realice durante 2013 un censo de escuelas, maestros y alumnos que permita el diagnóstico real cuantitativo del sistema educativo nacional. Pero a esto hay que agregar un diagnóstico preciso de cómo se encuentra la infraestructura y el equipamiento correspondiente. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia a favor del fortalecimiento de la educación básica, media superior y superior con los imprescindibles apoyos presupuestales que se requieran. Pero no podemos pasar por alto que el sistema educativo nacional debe ser fortalecido desde su célula constitutiva y esto es la educación inicial consistente en el fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil. Apoyamos también el contenido del transitorio quinto, fracción III, inciso c), en donde se establece la facultad del Congreso de la Unión para prohibir los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. Los estudiantes, hasta donde esto sea posible, deben tener una alimentación rica en nutrientes que les permitan fortalecer su capacidad de aprendizaje. El consumo de alimentos con alto contenido calórico medicamente se ha acreditado, inciden en múltiples enfermedades que impiden un adecuado desarrollo de nuestros estudiantes. Compañeras y compañeros legisladores, por estas consideraciones nuestro grupo parlamentario votará en lo general a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.