La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. La sociedad se encuentra agraviada por la inseguridad, la violencia y la impunidad que le acompañan. Pero también estamos agraviados los michoacanos. Recuerdo aquí a mis paisanos secuestrados en el estado de Guerrero. Actualmente muchos mexicanos tienen temor de salir a las calles, de ser asaltados, levantados, asesinados o secuestrados, independientemente de su condición económica o clase social. El Ejecutivo federal se comprometió a solucionar este problema en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, del 21 de agosto de 2008. Sin embargo, fue la sociedad civil la que hizo posible que hoy estemos discutiendo esta minuta, así como el compromiso de todas y todos los legisladores aquí presentes. Atendiendo el compromiso que tenemos con la sociedad, nuestro grupo parlamentario presentó el 18 de febrero de 2010 una iniciativa de Ley General para Prevenir, Sancionar y Combatir el Delito de Secuestro, la cual ubica como eje rector a la víctima en su integridad, seguridad, patrimonio y respeto a su vida. Nuestras aportaciones alimentaron y enriquecieron en forma relevante la minuta. Por ejemplo, en el dictamen encontrarán el establecimiento de delitos y penas más severas en los siguientes casos: Que el secuestro se realice con violencia o se allane el inmueble de la víctima. Que la víctima sea menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, sea adulto mayor o, si es mujer, se encuentre en estado de gravidez. Cuando los autores de un secuestro hayan o sean integrantes de alguna institución de seguridad pública o se ostenten como tal. Que tengan parentesco con la víctima. Que a la víctima se le causen lesiones durante su cautiverio o sea torturada. Esta minuta considera una disminución en las sanciones para los casos en que el secuestrador se arrepienta y libere espontáneamente a la víctima; o dé parte a las autoridades para rescatarla con vida. Establece además penas severas a servidores públicos que divulguen información reservada o confidencial teniendo atribuciones de investigación, procuración o impartición de justicia. Para los casos de la coordinación entre los tres niveles de gobierno se establece que sea el Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el eje rector para llevar a cabo estudios de estadísticas delictivas, patrones de comportamiento, con el propósito de tener una investigación confiable; procesar la información geodelictiva para prevenir delitos y conocer las zonas de riesgo; intercambiar información; realizar campañas de prevención del delito; establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes y con las organizaciones sociales. En el caso de la intervención de comunicaciones se establece la obligación para los concesionarios de redes públicas de proporcionar la información a las autoridades, asistirlas técnicamente, otorgar la información que requieran los titulares de las instituciones autorizadas y suspender el servicio de telefonía, cuando así lo requiera la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Se crean además unidades especiales para la investigación de los delitos en materia de secuestro, con las facultades de solicitar que se les brinde atención médica a las víctimas; asesorar a los familiares en las negociaciones; recibir denuncias; utilizar las técnicas de investigación y sistematizar la información obtenida para liberar a la víctima. Por esas razones, el voto de nuestro grupo parlamentario será a favor del presente dictamen. Queremos señalar que a juicio de nuestro grupo aún quedan pendientes algunos aspectos a considerar, dentro de los cuales están que los policías, peritos y equipo técnico que investiguen los delitos de secuestro se integre por personal debidamente certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. No otorgar a los secuestradores los beneficios preliberacionales, así como el indulto o la amnistía. Establecer en todas las procuradurías del país mecanismos de denuncia anónima y un programa de seguimiento; establecer la reparación del daño social a favor de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal o los municipios, así como las regiones o comunidades donde operen estas bandas delictivas. Con la aprobación de esta minuta ponemos en manos de las autoridades un instrumento jurídico que les permita prevenir, investigar, sancionar y combatir eficazmente el delito de secuestro y que el ministerio público pueda integrar debidamente las averiguaciones previas. Ahora le corresponde al Ejecutivo federal actuar de manera eficaz en el combate al delito de secuestro. No caben pretextos; no caben dudas; no caben titubeos. La sociedad demanda de las instituciones enfrentar la delincuencia organizada en todas sus expresiones. Muchas gracias.