El diputado Tomás Torres Mercado: Con su permiso, ciudadana presidenta. Compañeras diputadas, diputados, seré breve porque también es breve la atención y es importante considerar que ir a una lid, el ir a una competencia política a una entidad, alimenta no sólo la expectativa de quien lo hace, sino de todos, en fortalecer la democracia y repito, las buenas lides que alimentan la vida política de este país. Quiero ser breve. Miren, el día de ayer se hizo el recuento, en el proceso legislativo constitucional, del paso por las Legislaturas locales de la comentada reforma que está en la mesa a la Constitución del país, relativa a los artículos 3o en materia de educación y todo este tema de la institucionalización, de la carrera, del servicio del Magisterio y de los sistemas de evaluación. También la reforma al artículo 73 que reconoce la facultad a este Congreso para abordar determinados temas vinculados con la materia. En la reforma al artículo tercero transitorio se señala, se mandata y se compromete al Congreso para dar una legislación secundaria, es decir, que reforme la materia abordada en estos dispositivos constitucionales, particularmente en el tercero. Yo digo y es la propuesta que traemos que no riñe con otras sino que se convierte quizás en una hermana menor que puede ir de la mano con otros temas de mayor trascendencia, que hay un principio fundamental que la Constitución contempla, sin juzgar sobre el rango, que es la educación gratuita. Sobre todo por la atención prestada, como en mi tierra dirían, para que abandones la mancera del arado o el camino a los Estados Unidos tienes que ir a la escuela. Somos muchos, creo que la mayoría, que tenemos ese origen y ese culto es un principio rector de nuestra vida. Qué planteamos. Que se reconozca a ser ciudadanía la participación de los padres de familia, de los alumnos, de la comunidad en la gestión, sí, para atender las necesidades escolares, pero que no se condicione, que no se limite el ingreso, que no se condicione la permanencia, que no se deje de expedir la documentación a los interesados, imponiendo contraprestaciones económicas o en especie. Lo que en otras palabras dijimos: las cuotas escolares. No hay una oposición, hay un respaldo a la gestión ciudadana espontánea, participativa, pero no al condicionamiento unilateral. Por eso estamos planteando una adición al Código Penal Federal no traigo el texto, pero lo recuerdo, un 215 Bis al Código Penal Federal que equipara el abuso de autoridad a quien ejerza funciones de autoridad escolar, imponga contraprestaciones económicas o en especie condicionando la permanencia, negando la admisión en la educación en los niveles, en los grados que la Constitución federal de este país establece como obligatoria, pero además gratuita, auténticamente gratuita. Comprendemos que la propuesta no agota el tema. El asunto va más allá. Trasciende los niveles administrativos de gestión; aborda aspectos presupuestales, de equidad para superar los déficit en la educación en las entidades federativas que dejan determinadas firmas a pesar de su bondad, de ser los auspiciadores del pago de los servicios de energía eléctrica, de agua potable o de los servicios elementales de sanitarios. No se diga de material didáctico y otro. Sin embargo, la regla menos positiva en la convivencia social es que cuando se viola ley, también el Estado debe manifestar la pretensión punitiva, repito, para algo que es un principio rector fundamental de la educación pública obligatoria en este país. Por su atención, y por su llamado respetuoso, presidente, muchas gracias.