El diputado Enrique Torres Delgado: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el mundo entero está expuesto a calamidades que, de manera artificial o natural, se generan. Nuestro país no es la excepción; puede resultar azotado por múltiples fenómenos naturales adversos debido a su ubicación y formación geográfica. Se halla sujeto a eventos naturales, con elevados riesgos de convertirse en desastres que afecten a la población. Dichos riesgos pueden provenir de sismos y terremotos, provocados por el movimiento y acomodo de placas tectónicas; erupciones de volcanes activos, como el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, el Volcán de Fuego, de Colima y el Tacaná, entre otros; ciclones; huracanes; tormentas y depresiones tropicales originadas en los dos océanos que, además de daño directo por vientos y marejadas, producen precipitaciones extraordinarias, avenidas torrenciales, desbordamientos, deslaves e inundaciones, sequías frecuentes y recurrentes en las zonas áridas y el semidesierto, que cubren más de la mitad del país; lluvias cíclicas o excepcionales en casi todo el territorio; e incendios en la temporada de secas, riesgo que se agrava después de meteoros excepcionales, que devastan vegetación, así como los generados de manera artificial. La diversidad de los fenómenos naturales que lo afectan y la intensidad con que pueden presentarse convierten al país en uno de los que concentran los más altos riesgos de desastres naturales en todo el mundo. Todo lo anterior justifica la participación del Estado en materia de protección civil, pues una de sus obligaciones principales es la protección de la vida y de los bienes de las personas. Debe tenerse presente que, históricamente, las atribuciones en materia de protección civil se hallaban dispersas en varias disposiciones y dependencias, y se modificaban sin ninguna orientación o finalidad. Por ello, el 6 de mayo de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprobaron las bases para el establecimiento del sistema nacional de protección civil. El 30 de septiembre de 1997, el pleno de la Cámara de Diputados acordó la creación de la Comisión Especial de Protección Civil, que se instaló formalmente el 8 de octubre del mismo año, con el objetivo central de coadyuvar al fomento de una cultura de protección civil, que permitiese a la población mitigar los efectos de los desastres, mediante la creación o actualización de leyes y reglamentos que enmarquen y encaucen las acciones nacionales en la materia. Esa comisión presentó a consideración de la honorable Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar una fracción, la XXXIX-I al artículo 73 de la Carta Magna, que faculta al Congreso de la Unión a fin de legislar en la materia. Agotado el proceso legal correspondiente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, otorgándole plena vigencia. Lo anterior permitió la elaboración de la Ley General de Protección Civil, la cual establece las bases de coordinación que encauzarán las acciones conjuntas de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, tanto en acciones de carácter preventivo como en el auxilio en desastres y la recuperación posterior. En tal sentido, se retoma la propuesta de crear una comisión especial responsable del tema de la protección civil en el país, lo cual encuentra fundamento en el hecho comprobado de que los desastres son eventos singulares, con características y procesos de gestación, evolución y resolución muy particulares que, aunados a expresiones actuales de la dinámica de los grupos sociales, imprimen a las medidas legislativas y políticas públicas una vertiginosa evolución que requiere propuestas y soluciones cada vez más imaginativas, a fin de que las respuestas sean ágiles y eficaces y protejan a fondo a la población ante eventos que la lesionen o afecten. Es decir, nuestro país requiere de medidas legislativas políticas, programas de acciones de largo plazo que con un carácter programático e integral, pero al mismo tiempo flexible, vayan adecuándose a las necesidades y realidades cambiantes que esta problemática reviste, incluyendo en los mismos el marco jurídico que lo sustente, les otorgue fortaleza y garantice permanencia. Por lo expuesto y fundando, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente Punto de acuerdo Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que con fundamento en los artículos 34, inciso b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determine la creación de la Comisión Especial en Materia de Protección Civil. Segundo. El objeto de la Comisión Especial será la revisión y actualización constante del marco jurídico en materia de protección civil. El control evaluatorio de la materia, por parte de las autoridades competentes, de conformidad con el marco jurídico aplicable, así como todas aquellas que sean necesarias para fortalecer las acciones de prevención y recuperación, tratándose de desastres generados por la presencia de fenómenos naturales y humanos. Tercer. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados. Cuarto. Para el cumplimiento de este objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo considere necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de su competencia. Quinto. La Comisión Especial, objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones. Sexto. La máxima duración de los trabajos que realice la Comisión Especial será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo, para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada. Es cuanto, señor presidente.