El diputado Filemón Navarro Aguilar: Gracias, ciudadano presidente. El cabo volvió a mirar a los indios, estaban en el suelo caídos como un montón de paja seca, de lodo. Uno de ellos acababa de orinarse y la tierra aún no absorbía la mancha espumosa. Los jirones sucios de sus pantalones aún estaban mojados; eran pedazos temblorosos de algo. Ahí, junto a las botas del soldado, quien iba expulsando al respirar unos graves y suaves quejidos por las bocas inflamadas, sucias por la sangre. Dos de ellos tenían los brazos rotos. No entienden nada, mi sargento, no hablan español, no son gente de razón. Pero mira sus ojos, fíjate cómo están entendiendo. Tú sigue. Si para media noche no han podido hablar en español, mátalos. Éste es un pasaje de la Guerra en el paraíso, la novela de Carlos Montemayor. Cierto que es una obra de ficción, pero quienes la han leído saben que está hecha de pedazos de realidad. En ella se narra la tragedia del pueblo guerrerense durante la Guerra Sucia, cuando la parte más crítica de la sociedad enfrentó la saña del viejo régimen. Durante más de 10 años, cientos de guerrerenses fueron perseguidos por la brigada blanca formada por el gobierno. Los que cayeron en manos de ésta fueron encerrados en prisiones clandestinas, torturados y muchos asesinados. Las organizaciones de familiares de las víctimas hablan de 500 desaparecidos, otras fuentes manejan cifras mayores. Cualquiera que sea el dato correcto, es una tragedia que ha destrozado el futuro de hombres y mujeres cuyo mayor delito fue luchar por una sociedad más justa. A 30 años de haber ocurrido aquellos hechos seguimos sin pagar la deuda histórica con las víctimas. El de Rosendo Radilla es un caso paradigmático. Rosendo Radilla dedicó gran parte de su vida a procurar la organización de los ciudadanos en demanda de sus derechos, lo que le valió el respeto de muchos guerrerenses y el hostigamiento del poder caciquil. En medio de aquella guerra de baja intensidad, el Estado que declaró a la sociedad guerrerense el 25 de agosto de 1974, Radilla Pacheco fue bajado del autobús donde viajaba y conducido a la zona militar de Guerrero. Desde entonces la familia Pacheco Martínez inició una intensa búsqueda que en aquella época era arriesgar la libertad. Esa investigación chocó contra la muralla del autoritarismo e insensibilidad que caracterizó al régimen antidemocrático. Esto mismo hacía inútil la denuncia formal, por lo que la familia tuvo que esperar hasta 1999 para denunciar los hechos. Agotada la instancia nacional, tuvo que recurrir a las instancias internacionales como es la Corte Interamericana. Tras haber recibido la información aportada por las partes y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la comisión decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual el 23 de noviembre de 2009 dictó sentencia en la que señala al Estado mexicano como responsable de la violación de los derechos a la libertad y a la integridad personal; al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Y ordena, en un plazo razonable, finiquite la investigación, se haga cargo de la reparación del daño, reconozca públicamente su responsabilidad y lleve a cabo las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 27 de la Justicia Militar con los estándares internacionales. A más de un año de dictada dicha sentencia el Estado, obligado por el derecho internacional a adoptarla, aún no ha dado cumplimiento a ninguno de sus puntos. Igualmente ha sucedido con el caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández. Por todo lo anterior y en aras de dar respuesta a las exigencias de la sociedad mexicana y de las responsabilidades adquiridas en el concierto nacional, se propone el siguiente punto de acuerdo. Único. Que la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados integre una Comisión Especial para dar seguimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú; y dé seguimiento al caso de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García. Es cuanto, diputado presidente.