El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros: acudo a esta honorable soberanía a presentar una iniciativa de proyecto de decreto para reformar el segundo párrafo del artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente exposición de motivos. Esta iniciativa tiene como objeto contribuir a que se mejore nuestro sistema de justicia penal para que sea más equitativo, respetuoso de las garantías individuales, para que se haga efectivo el derecho constitucional y una defensa adecuada y se fundamento sobre el principio garantista de presunción de inocencia. El sistema de enjuiciamiento penal que tenemos en México es el acusatorio, con algunos rasgos del sistema inquisitivo, mismos que deben desaparecer. En el sistema acusatorio todos los actos son realizados por la soberanía o, en su representación, las tres funciones: acusación, defensa y decisión, se llevan a cabo por sujetos que de ninguna manera actúan a nombre o interés propio sino en nombre de la sociedad. Por lo mismo, la tutela jurídica es pública y se ejecuta tanto en beneficio de la sociedad como de la libertad y dignidad humana. La libertad de pruebas significa no sólo el derecho de presentar cualquier elemento de convicción que tenga ese carácter, sino la obligación de la autoridad juzgadora de admitirlo. La libertad de defensa está íntimamente ligada con la libertad de pruebas, ya que no es posible suponer una sin la otra. El párrafo segundo del artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Penales que proponemos se reforme textualmente dice: "Los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o la defensa serán cubiertos por quienes las promuevan. En el caso de que estén imposibilitados para ello y de que el Ministerio Público estime que son indispensables para el esclarecimiento de los hechos, podrá éste hacer suya la petición de esas diligencias y entonces quedarán también a cargo del erario federal". Es necesario transcribir el primer párrafo de este artículo para contrastar su contenido con el segundo. Textualmente establece: "Todos los gastos que se originen de las diligencias de averiguación previa y las acordadas por los tribunales a solicitud del Ministerio Público y en las decretadas de oficio por los tribunales serán cubiertas por el erario federal". No es imparcial el Código cuando dispone que a la parte acusadora y a los tribunales les sean pagados sus gastos y en cambio el procesado debe pagar los suyos, y cuáles son las diligencias que pudiera solicitar el procesado o su defensa. Existen varias, siendo las principales la declaración de testigos y el dictamen de peritos. Al disponer en el párrafo segundo que "Los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o la defensa serán cubiertos por quienes las prumuevan", se está ignorando la realidad social y jurídica, pues la defensa, ya sea la de oficio o particular, nunca paga de su bolsa; quien realmente paga es el inculpado, cuando tiene dinero, es decir, rara vez. Si tomamos en cuenta que el 80 % de los procesados tienen defensor público, según informe 2004-2005 del Instituto Federal de Defensa Pública, porque no tienen dinero para pagar a un defensor particular, es lógico entonces que tampoco tienen para pagar honorarios, indemnizaciones o gastos de peritos y testigos. El párrafo segundo que proponemos se reforme, viola el artículo 17 de la Constitución General de la República, que en lo conducente dispone: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales". Y viola la Constitución porque el servicio público de procuración e impartición de justicia no es completo, imparcial ni gratuito, si el inculpado o procesado debe pagar gastos de testigos o peritos. El artículo 17 constitucional, cuando establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia.." dispone que a todos, es decir, generaliza; no hace distinción entre víctima del delito o inculpado. Entonces es anticonstitucional que en la ley secundaria sí se establezca la distinción. El párrafo que impugnamos cuando establece que: "En el caso de que el inculpado o la defensa estén imposibilitados para pagar los gastos de las diligencias y el Ministerio Público estime que son indispensables para el esclarecimiento de los hechos, podrá hacer suya la petición de estas diligencias y entonces quedarán también a cargo del erario federal", está infringiendo las directrices de nuestro enjuiciamiento penal y contraviene las garantías procesales penales del inculpado, específicamente las señaladas en la fracción V del apartado "a" del artículo 20 de nuestra Carta Magna que dispone: "Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca concediéndole el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso". Como observamos en esta fracción V del artículo 20 de nuestra Ley Suprema, no se le condiciona al inculpado la presentación de testigos y demás pruebas que ofrezca, a que el Ministerio Público haga suya su petición, como el código dispone. En cambio obliga a la autoridad judicial a recibirle testigos y pruebas, imponiéndole la tarea de auxiliar al inculpado para conseguir la comparecencia de las personas cuyo testimonio soliciten. Por lo anteriormente expuesto, se propone hacer la reforma señalada en el cuerpo de esta iniciativa para quedar como sigue. Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo 36, segundo párrafo: "Los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o la defensa durante la averiguación previa o el proceso, también serán cubiertos por el erario federal". Artículo transitorio. Ünico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2005. José Alarcón Hernández, diputado por el Distrito IV con cabecera en Libre, Puebla. Señor Presidente, en virtud de que esta iniciativa ha sido publicada ya en la Gaceta Parlamentaria y por razones de economía del tiempo, yo me he sujetado a leer la parte sustancial de la misma; ruego a usted sea tan gentil de disponer que pueda hacerse constar esta participación en el Diario de los Debates. Muchas gracias.