La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros legisladores, el planteamiento de la presente iniciativa está relacionado con la reclasificación de residuos sólidos urbanos, así como de su disposición final. Bajo el principio de responsabilidad compartida y manejo integral se propone un conjunto de acciones, procedimientos y medios viables para involucrar a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores y grandes o microgeneradores de residuos. Estoy convencida que debe existir responsabilidad compartida en el manejo de productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos, ya sean considerados éstos como residuos peligrosos, de manejo especial o sólidos urbanos, debiéndose establecer aspectos para asignar dicha responsabilidad a los actores de esta cadena; además de las políticas y objetivos de los programas o planes correspondientes, vigilando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en la materia. La forma de operar la responsabilidad compartida productor-gobierno sería a través de los municipios que implementen planes para la recolección de los residuos que ocupen la categoría de sólidos urbanos y se hagan cargo de su manejo. A partir de lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas que determinan la clasificación de un residuo por sus componentes, las pilas y baterías son consideradas residuos peligrosos. Ahora bien, la afectación que producen al ambiente y al ser humano se da a través de la clasificación cuantitativa de sus elementos tóxicos. Por tanto y con el propósito de hacer efectivo los correspondientes planes de manejo de estos residuos, consideramos necesario que se debe adecuar la norma y atribuir a los municipios y al Distrito Federal la facultad de realizar esta tarea, considerando que las pilas y las baterías de uso domestico bien podrían clasificarse como residuos sólidos urbanos. La vigencia de las acciones previstas en convenios como el celebrado por Semarnat y Amexpilas, tienen que ver con caracterizar las pilas comercializadas en México con la elaboración de instrumentos normativos y/o de fomento que contengan lineamientos sobre el contenido de metales pesados, impulsar procesos de información y sensibilización de la población, desarrollar los mecanismos adecuados que permitan adecuar en general sobre sus características y manejo, así como desarrollar lineamientos al respecto, sin que se hayan tomado, hasta el momento, las medidas necesarias para conseguir tal objetivo, por lo que resulta imprescindible adecuar nuestro marco jurídico. Una fórmula para evitarlo es otorgar la subcategoría de residuo sólido urbano a un residuo de uso domestico que se produce por un microgenerador (ciudadano) del que no se tiene un manejo adecuado para evitar que dañe al ambiente y a la salud humana. Es preciso mencionar que un residuo se considera como peligroso porque posee propiedades inherentes o intrínsecas que le confieren la capacidad de provocar corrosión, reacciones, explosiones, toxicidad, incendios o enfermedades infecciosas, pero también es importante hacer notar que tratándose de pilas y baterías de uso domestico no se ha demostrado de manera indubitable que causen un riesgo o daño a la salud, salvo cuando se desechan indiscriminadamente y sin control. Las disposiciones legales vigentes establecen las medidas a seguir para lograr el manejo seguro de estos productos a fin de prevenir riesgos y fijar límites de exposición o alternativas de tratamiento y disposición final para reducir su volumen y peligrosidad. Sin embargo, el marco legal existente es demasiado rígido y por su aplicación se atribuye sólo a la federación la responsabilidad de ocuparse de los residuos considerados como peligrosos, entre los que se encuentran las pilas y las baterías de uso doméstico, sin que exista un control real de estos desechos, por lo que desde el Legislativo se debe hacer un replanteamiento que evite la contaminación progresiva que se conoce actualmente por estos residuos. Por lo anterior expuesto y con el propósito de responsabilizar en la recolección de pilas a quienes las producen, de manera conjunta con los consumidores y la administración pública que debe controlar el destino final más conveniente de estos residuos, se propone introducir una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a fin de lograr la adecuada prevención y gestión de estos residuos que se clasifican por sus componentes como residuos peligrosos, pero que en su manejo se pueden considerar sólidos urbanos y con ello tener el control de los mismos, sin que se afecten recursos económicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, en el entendido de que es atribución de los municipios el manejo de los llamados "residuos sólidos urbanos". Velar por la salud de los mexicanos es el objetivo de esta reforma. Se busca fortalecer las acciones de prevención y recolección, garantizando el cumplimiento de las ya existentes, por lo que a partir de estas consideraciones se presenta la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 7 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, así como los artículos 3 y 5 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Solicito a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara sea inscrita íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.