El diputado José Jacques y Medina: Con su permiso, compañera Presidenta. Honorable asamblea. Señora secretaria, por su ubicación geográfica y el histórico flujo migratorio hacia Estados Unidos, México es el único país en el mundo que concentra 49 consulados en un solo país receptor. Se trata de la red consular más grande para atender cerca de 30 millones de connacionales, constitucionalmente mexicanos, que residen en ese país, ya documentados o indocumentados, y a la realidad anterior habría que agregar la cuota de casi medio millón de mexicanos que cada año emigran hacia los Estados Unidos. No es, pues, gratuito que por ello nuestro país haya desarrollado innumerables programas de protección a los migrantes y otros programas de apoyo que ningún país en el mundo tiene. Las cifras globales hablan por sí mismas. En el Presupuesto para 2007, se destinaron cerca de 841 millones de pesos repartidos entre diversas dependencias gubernamentales. Pero dada la complejidad de la situación en que viven nuestros connacionales en Estados Unidos, pensamos que este modelo de protección consular ya está totalmente agotado y desfasado de la realidad. Pensamos que la protección a los mexicanos en el extranjero debe ser separada del Poder Ejecutivo federal y, especialmente, de la labor estrictamente diplomática. El Poder Ejecutivo federal ya no puede ni debe hacer política diplomática con el gobierno de Estados Unidos y, al mismo tiempo, pretender proteger a los mexicanos en el extranjero ante este mismo gobierno, que por lo demás, no respeta sus mínimos derechos humanos y laborales. Las dos tareas son excluyentes y la realidad nos demuestra que se privilegia lo diplomático-administrativo en detrimento de la legítima y urgente defensa de la comunidad mexicana que los Estados Unidos requiere. En otras palabras, la diplomacia y la protección a migrantes son dos actividades que hoy son excluyentes entre sí y no obstante todas las enormes cantidades que se destinan para la protección de los migrantes, ninguna de las dependencias federales tuvo o ha tenido la ocurrencia de salir en defensa de los trabajadores indocumentados que están siendo amenazados, con la decisión de la administración Bush, de ser despedidos injustamente de sus empleos y excluidos del ejercicio de sus derechos laborales constitucionales y humanos. Como saben ustedes, el gobierno federal de Estados Unidos emitió una nueva regulación de combate a la inmigración, por la que se obliga a los patrones a despedir empleados cuando no aclaren las discrepancias entre los nombres y los números de seguro social. Con base en lo anterior, el Departamento de Seguridad Doméstica comenzará a enviar cartas a unos 140 mil patrones que emplean aproximadamente a 8 millones de trabajadores. Ante tal situación, el 29 de agosto pasado la Federación Sindical Norteamericana, eso sí halló, interpuso una demanda en contra de la nueva regulación federal antiterrorista, bajo el argumento de que tal regulación amenace el empleo de ciudadanos estadounidenses y de otros trabajadores legalmente autorizados. Simplemente por los errores de los datos en los números de Seguro Social. Aquí yo pregunto a la soberanía ¿Dónde están los recursos que hemos aprobado para todas las dependencias que no han movido un dedo para sumarse con un simple amicus breef, como un tercero interesado para salir a la defensa de nuestros paisanos acusados de inventar un número y ahora tipificado como un robo de identidad? Ellos están a punto de ser despedidos injustamente y, sin embargo, se les sigue descontando el pago de impuestos del 15.3 por ciento de sus salarios y aparte de lo que pagan en el consumo cotidiano. Nosotros creemos que la nueva visión de la protección de los mexicanos en el extranjero debe ser una defensa integral de sus derechos. Esto es, de sus derechos humanos y los derechos adquiridos como son los laborales, la salud, los servicios educativos y sociales. Así como las acciones afirmativas y la igualdad de oportunidades. Las opciones pueden ser varias: crear un órgano autónomo con personalidad y patrimonio propio. Crear un organismo público descentralizado o simplemente otorgarle estas facultades al Instituto Federal de Defensoría Pública, el cual depende del Poder Judicial federal y del Consejo de la Judicatura Federal y goza de la independencia técnica y operativa. Señora canciller, nuestro grupo parlamentario reclama de ustedes, de la Cancillería, un mayor y extraordinario esfuerzo para detener la deportaciones masivas de nuestros connacionales que residen en Estados Unidos y para buscar nuevas formas legales que permitan una eficiente defensa en sus derechos adquiridos. Finalmente, señora canciller, quisiera entregarle a usted el resolutivo que adoptó la Red de Mujeres Parlamentarias, el pasado 28 de septiembre, y por medio del cual se le confiere el cargo honorífico de embajadora de paz y de reunificación de las familias a la activista Elvira Arellano. Por sus comentarios. Gracias.