El diputado Javier Guerrero García: La administración pública mexicana consolidó en la década de los 80 un esquema de sectorización con estructura y atribuciones, que sirvió para encauzar las acciones gubernamentales de manera eficaz, lo que contribuyó a alcanzar los niveles de crecimiento y desarrollo de finales de la década de los 90. El cambio, en el paradigma de la gestión pública, que ha implicado una reorientación de las funciones del gobierno y una descentralización apenas incipiente, ha ido acompañado de mayores exigencias en nuestra vida democrática, por lo que a la par de las acciones de gobierno se ha exigido una mayor transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y evaluación de los programas y los presupuestos públicos para hacer compatibles, de esta manera, las decisiones gubernamentales con los resultados esperados por la sociedad en los diferentes niveles y ámbitos en que se desenvuelve la gestión pública. Importantes reformas han permitido los cambios institucionales como la desregulación administrativa, la orientación a resultados y el empeño en una mejor calidad de los servicios públicos. Estas acciones han exigido nuevos esquemas de administración implícitos en el marco de recomendaciones propias de organismos internacionales, como la OCDE, a efecto de dar seguimiento, lectura y análisis a la evolución de la economía y a los sistemas financieros de regiones, países y comunidades. La iniciativa que se vota reúne los requisitos de partida a los que debe aspirar toda sociedad moderna en materia de registro de su patrimonio y operaciones financieras, por lo que en su conformación se observan con claridad los órganos rectores de este proceso, los métodos y los procedimientos en los que hay que destacar el carácter interinstitucional e interdisciplinario que fue sumado al cuerpo de la ley. De esta manera, además de reunir en un Consejo Nacional de Armonización Contable y en un Comité Técnico Consultivo la capacidad normativa del nuevo sistema de contabilidad gubernamental, se aprecian los resultados pretendidos en materia contable, financiera, programática, presupuestal, evaluatoria, y lo que es muy importante, en materia de información económica para obtener la situación que guardan las finanzas públicas y su relación con las cuentas nacionales. Con la nueva ley se fortalece el federalismo pues la homologación pretende auxiliar de manera congruente la toma de decisiones públicas por la federación, las entidades federativas y los municipios, dejando en cada nivel de gobierno la responsabilidad de tomar los acuerdos necesarios para instrumentar las decisiones del Consejo Nacional de Armonización Contable. La nueva ley permite ordenar los registros y la información económico-presupuestal de los entes públicos del país y es un efecto de la visión legislativa que adiciona la fracción XXVIII del artículo 73 constitucional, y que permite al Congreso de la Unión, mediante ley general normar la materia de contabilidad gubernamental, con lo que además de determinar la posición financiera de las unidades de gobierno, permitirá hacer un registro de activos con los que el gobierno cuenta, incluyendo de manera indirecta aquellos que no están vinculados al servicio público pero que representan un bien nacional del dominio público. La ley es oportuna con el desarrollo de otros sistemas institucionales que abogan por la competitividad y la solvencia de las entidades federativas. De esta manera, la nueva estructura programática, el Sistema Integral de Administración Financiera y la homologación de cuentas para la calificación de la deuda pública tendrán un respaldo técnico y confiable sobre el cual se podrán hacer escenarios sobre las finanzas públicas. Del mismo modo, la transparencia es obligada en la medida en que trimestralmente los entes públicos de los tres órdenes de gobierno organicen, sistematicen y difundan la información que generen a través de sus páginas electrónicas, aún más con la vinculación relativa que otorga a la ley a través de un catálogo de conductas sancionables. Nos parece que esta ley es un paso fundamental que recupera la congruencia con la que hemos venido legislando en la LX Legislatura. Es un paso trascendental que implica una revolución tecnológica en los niveles de gobierno, un esfuerzo de voluntad política y el establecimiento de criterios técnicos que permitan avanzar en un tema que es fundamental para el país y para la sociedad mexicana, la transparencia y la rendición de cuentas. Por todo esto, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional no sólo impulsó con determinación la elaboración de esta iniciativa, sino que va a apoyar este dictamen con el voto positivo y va a impulsar con voluntad política la implementación de este sistema de contabilidad gubernamental. Muchas gracias.