La diputada Rosa María Avilés Nájera: Con su venia señor presidente. Desde una perspectiva formal, la iniciativa de ley en comento por su naturaleza y objetivos corresponde más a un programa de Gobierno, a una política pública precisa que a una ley de carácter general. De hecho la aprobación del dictamen implicaría la obligación, por parte del Poder Ejecutivo y por un lapso indefinido de establecer los llamados precios de estímulo para la fabricación de amoníaco y fertilizantes nitrogenados. Estos precios resultarían, en última instancia, de aplicar un subsidio al precio de mercado del gas natural que tendría dos componentes: Uno, un subsidio directo a Pemex para resarcir la pérdida comercial que implicaría en virtud de que somos un país importador de gas natural, comprar el energético a un precio más alto del que lo vendería. Dos, una exención fiscal consistente en calcular el valor anual del gas de proceso sobre la base del precio de estímulo y no del precio de mercado, que refleja el costo de oportunidad. Además de su indefinición temporal, estos subsidios propiciarían un incremento en las importaciones de gas natural y por ende del precio del mismo, lo que implicaría un diferencial creciente entre el precio del mercado y el de estímulo. Por otra parte, el artículo 28 constitucional en su párrafo tercero señala: "Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Esto significa que a quienes se les puede apoyar con precios máximos es al consumidor final y no a los productores de bienes. Menos aún a los distribuidores intermediarios. Pero más allá de la discusión formal, la iniciativa refleja un planteamiento muy parcial para impulsar un desarrollo sustentable de la actividad agropecuaria o incluso de la mera industria de fertilizantes en el país porque no se inscribe dentro del ámbito de una política integral para el desarrollo rural ni mucho menos lo hace dentro del marco de una política energética de la misma naturaleza. Plantea beneficiar solamente a la producción de fertilizantes nitrogenados, dejando de lado a los plásticos y a los fosfóricos. Si bien los primeros son los de mayor uso, los otros son también indispensables para el campo. Si bien se habla de que el programa que se crearía ad-hoc para la aplicación de la ley contendría elementos de fiscalización, nada garantiza que efectivamente los beneficios del programa se trasladen de manera íntegra y efectiva a los productores rurales, en particular a aquellos que más lo necesitan. En buena medida, el monto y traslado del subsidio a los productores rurales dependerá de la capacidad de cabildeo que tengan estos ante el Ejecutivo Federal para el establecimiento de los precios de estímulo y de los precios máximos. El que dichos precios dependan de una negociación compleja implicando actores cuyo interés fundamental no necesariamente sería el incremento de la productividad agropecuaria, abra la puerta para beneficiar solamente o en mayor medida a los eslabones de la cadena productiva vinculados a la producción y a la distribución privadas. Más aún. La iniciativa lleva implícita la gran paradoja de que conforme el precio máximo del amoníaco de uso directo y de los fertilizantes nitrogenados tiende a garantizar el traslado del beneficio a los productores rurales, en la misma medida tenderá a incentivar el desvío del gas para fines distintos a los previstos por la ley. Para nosotros más que de una ley que linda en la invasión de facultades constitucionales del Ejecutivo, el impulso efectivo a la actividad agropecuario debe venir de la decisión del Estado en su conjunto para fortalecer la capacidad nacional de producción de fertilizantes, a partir de propiciar la integración vertical de la cadena productiva, gas natural, amoniaco, fertilizantes, con base en el relanzamiento de la capacidad instalada de Pemex. En ese caso sí podríamos garantizar que los esfuerzos fiscales y presupuestales se trasladarán al productor rural y no implicarán una apropiación indebida de subsidios por parte de intereses particulares. Por eso y otros argumentos que por falta de tiempo no es posible mencionar en esta tribuna, el grupo parlamentario del PRD votará en contra. Gracias, señor presidente.