El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: pongo a su disposición la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona las fracciones XI del artículo 7 y XXV del artículo 47, y reforma la fracción XXIV de este último artículo; así también, se reforma el artículo 48, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, atento a lo siguiente: Hoy por hoy, resulta irónico que nuestra legislación contemple el delito de falsedad en declaraciones vertidas ante una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones. Claro, está dirigido a los gobernados, pero como autoridad no se ha tipificado el delito de falsedad de declaraciones hechas públicamente por una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones, lo cual resulta aún más grave que el primer delito que sí está tipificado, ya que un esquema de la norma es precisamente que debe ser objetiva y general; por tanto, la generalidad de la imposición y la observancia de la norma no deberían ser unilaterales. Actualmente, resulta casi cotidiano que los propios gobernados y presidentes municipales y gobernadores e incluso el propio Ejecutivo federal y –¿por qué no decirlo?– la mayoría de los de cargo de elección popular que muchos representamos, además de altos funcionarios de la administración pública, incluidos muchos del Poder Judicial, incurran en falsedades públicamente lo cual, como líderes de opinión, nos da una imagen, al gobierno, de gran desconfianza por parte de nuestros gobernados, lo cual imposibilita aún más la incorporación del pueblo a la verdadera labor democrática social y cívica de establecer un gobierno de corresponsabilidades mutuas entre gobierno y gobernados. Este tipo de conductas debe ser eliminado de manera definitiva, por lo que para procurar que se empiece a cambiar la mentalidad tanto de las autoridades como de los gobernados y se busque asegurar la manera más objetiva a tal misión, se debe reformar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en sus artículos 7, 47 y 48, como un inicio para establecer como causal de juicio político y como indiscutible sanción la destitución, inhabilitación ante la comisión de este tipo de faltas, que además deberían ser tipificadas como delito, para lo cual habré de presentar la iniciativa correspondiente que tienda a complementar la presente iniciativa. Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones IX del artículo 7 y XXV del artículo 47, y reforma la fracción XXIV de este último artículo; así también, se reforma el artículo 48, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar de la siguiente manera: Artículo Único. Se adicionan las fracciones IX del artículo 7 y XXV del artículo 47, y se reforma la fracción XXIV de este último artículo, así como el artículo 48, todos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Artículo 7. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, y de su buen despacho. Fracción IX: Las violaciones intencionadas al derecho a la información cuando éstas impliquen falta a la verdad. No procede juicio político por la mera expresión de ideas. El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo; cuando aquéllos tengan carácter delictuoso, se formulará la declaración de procedencia a que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal. Artículo 8. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con la destitución, invariablemente con la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, desde un año hasta veinte años. Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad: honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de normas específicas al respecto que rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas. XXIV. Abstenerse en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas de faltar a la verdad, lo cual constituirá además de una falta grave si con ello se viola intencionalmente el derecho a la información. Y las demás que impongan las leyes y reglamentos. Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la Secretaría de la Contraloría General, el superior procederá a hacerlo sin demora bajo su estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite la comunicación a la Secretaría de la Contraloría General, el subalterno podrá platicarla directamente informando a su superior acerca de este acto. Transitorios Artículo Primero. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2005. Atentamente, el de la voz: diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado Presidente.