EL C. DIPUTADO JORGE CHAVEZ PRESA (P.R.I.): Con su venia, señor Presidente y el permiso de la Mesa Directiva. Con su presencia, señor Secretario, tenemos una magnífica oportunidad para ejercer el equilibrio de poderes y entablar un diálogo republicano y de respeto sobre asuntos de su competencia. Dos temas nos preocupan: financiar con recursos públicos los trabajos del equipo de transición y la exigua, por no decir raquítica información, sobre los ingresos tributarios y los contribuyentes expuesta en los documentos del Informe. Sobre el primer tema, hacer uso de recursos públicos para cubrir los honorarios de quienes conforman el equipo que elabora planes, programas y proyectos de ley, nos parece que se aleja del espíritu de lo que marca nuestra Constitución. Tan solo dos renglones del artículo 126 de nuestra Carta Magna no podrían ser más nítidos, y cito: " No podrá hacerse pago alguno que no este comprendido en el Presupuesto o determinado por ley posterior"; y si eso no es suficiente, el artículo 75 señala: "La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo." Dicho lo anterior ¿por qué no proceder con la mayor transparencia y de frente a la sociedad y sus representantes que somos los diputados de esta LVIII Legislatura y por qué no modificar el instrumento adecuado que es el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000? ¿Por qué poner en riesgo a servidores públicos? ¿Y por qué hacer ingeniería jurídica si la Constitución nos marca el mejor camino a seguir? Vivimos una situación inédita no prevista por el Ejecutivo Federal ni por los diputados que aprobaron el decreto de presupuesto. La nueva administración y el equipo de mexicanas y mexicanos que se incorporarán al servicio público, merecen entrar con el pie derecho pero también la presente administración merece salir dignamente y sin cuestionamientos y juicios posteriores sobre este asunto. No es cuestión de montos, sino de principios. En cuanto al segundo tema, hay un gran contraste entre la amplia apertura y contenido de la información relativa al gasto público y la que se nos presenta en materia de ingresos. El asunto es de relevancia porque la informaci6n sobre la recaudación por los distintos impuestos y la de contribuyentes, es definitivamente insuficiente en particular cuando la sociedad necesita saber y sus representantes necesitamos saber más sobre quiénes pagan, cuánto pagan, por cuál impuesto; y el tema es relevante dada la importancia que tiene una auténtica reforma integral tributaria que aumente la recaudación, simplifique trámites y reduzca los costos de cumplimiento al contribuyente y amplié la base de quienes deben pagar como lo establece nuestra Constitución. Necesitamos información más detallada sobre el número de los contribuyentes cautivos, los que son personas físicas con actividades empresariales, los sectores en los que participan y lo mismo sobre los contribuyentes activos que son personas morales. Sería irresponsable evaluar la política tributaria y una reforma en esta materia sin esta información tan elemental. Necesitamos saber mas sobre los éxitos, fracasos y rezagos del combate a la elusión y evasión fiscales. Podría parecer que hay avances en ampliar la base de contribuyentes si compararnos el aumento en el número de contribuyentes observado de 1998 a 1999, no hay información del año 2000.