La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su venia, presidente. Hoy participo para ratificar la decisión de nuestra fracción parlamentaria de Morena de abstenernos en torno al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con relación a la iniciativa que se discute. Esta ley es centralista y concentradora, les impone obligaciones a entidades soberanas y municipios libres, establece cualidades y requisitos sustantivos y formales para la emisión de leyes y decretos que son responsabilidad exclusiva de los poderes locales. Esta es una de nuestras principales observaciones a esta ley, sin embargo, esta ley es resultado del abuso y la responsabilidad en materia financiera, de la existencia de poderes absolutos en los ámbitos locales de gobierno, de la ausencia de una visión a mediano y largo plazo por parte de los ejecutivos locales y los ayuntamientos. Es resultado de la corrupción y el desvío de recursos públicos para fines muy distantes a la inversión productiva. No existe relación entre los exorbitantes niveles de endeudamiento público de estados y municipios y el mejoramiento de los indicadores esenciales del desarrollo. Entre 2009 y 2015 la deuda subnacional de estados y municipios se ubicó en alrededor del doble, al pasar de 252 mil 153 millones de pesos a 510 mil millones a marzo del presente año. Con ello, esta deuda pasa del 2.2 al 2.9 del PIB. Evidentemente, este crecimiento no es igual, 5 entidades federativas concentran 57 por ciento del incremento observado, es decir, 148 mil millones de pesos. Pongo como ejemplo el estado de Veracruz, que en 2009 tenía una deuda de 9 mil 331 millones y actualmente registra más de 40 mil millones de deuda. Esta es tan solo una muestra del derroche y la impunidad de servidores públicos estatales, que como premio reciben consulados o son distinguidos funcionarios federales. Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario de Morena votará en abstención por las siguientes razones. El objetivo de la iniciativa coincide parcialmente con nuestros propósitos de buscar un uso más honesto, eficiente y eficaz del gasto público; es decir, la forma en cómo se usan los recursos de todos los mexicanos. No podemos oponernos al interés general de la iniciativa de buscar un mayor orden en las finanzas de los estados y municipios. Es necesario establecer límites a los excesos. Sostenemos la necesidad de avanzar en un nuevo marco jurídico que defina criterios de comportamiento para el ejercicio de los recursos públicos desde los cargos estatales y municipales. Queremos transparencia plena en todos los ámbitos de gobierno, tanto en lo local como en lo federal. Estamos de acuerdo con este objetivo general de ordenar las finanzas públicas. La iniciativa, sin embargo, tiene elementos que se deben corregir. Esta Cámara no conoce a detalle el diagnóstico que sirvió de base para que el presidente de la República, obviamente inducido por funcionarios de Hacienda, promoviera esta iniciativa. Se tiene alguna información de los estados, pero falta mucha. Es necesario que a los diputados se nos proporcione información a detalle, más allá de generalidades. Esta iniciativa establece disposiciones que dan una gran autoridad a la Secretaría de Hacienda, reduciendo los márgenes de autonomía que con responsabilidad deben ejercer los gobiernos estatales. Finalmente, el dictamen deja pendiente de definir la relación entre deuda y la salud financiera de los estados y municipios en relación con la calidad de la política económica. Los estados y municipios podrían esforzarse por tener una mejor administración, pero si como lo hace con las pequeñas empresas la política económica les quita la capacidad para salir adelante, es muy probable que no cumplan con los parámetros que se establecen en esta ley. En fin, consideramos que esta iniciativa tiene buenos propósitos, pero falta generar la discusión al respecto a identificar los efectos no deseados. Es cuanto, diputado.