EL C. DIP. MANUEL IGNACIO LOPEZ VILLARREAL: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Tomo la palabra a nombre de las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Economía de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados, para presentar el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta reforma integral responde al rápido cambio tecnológico, el mayor dinamismo de la competencia y la globalización de las empresas, que se han convertido en un gran desafío para la política de protección al consumidor. De este modo la prevención es un elemento fundamental para la protección de los derechos de los consumidores. Hoy las relaciones de mercado han cambiado sustancialmente en el país; la apertura y la liberalización de los mercados han incrementado el número de empresas y proveedores y con ello una creciente cantidad de nuevos productos y servicios tanto nacionales como extranjeros que se comercializan, un aumento sustancial de la competencia para alcanzar una mayor penetración en los mercados, nuevas prácticas publicitarias, más agresivas y voraces, así como los cambios tecnológicos e informáticos en los canales de distribución. Todo lo anterior eleva el número de transacciones comerciales que ponen en riesgo a los agentes consumidores. Por esto este Congreso de la Unión no puede estar ajeno a los problemas de la sociedad y consciente de su gran responsabilidad de crear, modificar, actualizar, mejorar y reforzar las leyes de aplicación nacional, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura aprobó este proyecto de decreto con numerosas modificaciones a las iniciativas originales, como consecuencia de las diversas propuestas, recomendaciones y sugerencias de legisladores, funcionarios públicos, organismos y asociaciones empresariales, así como sociales, con el propósito de brindar una mayor seguridad jurídica a los particulares en sus relaciones de consumo, pero sin perjuicio a las empresas. Después en el Senado de la República se realizaron 32 adecuaciones y precisiones a este proyecto, producto del estudio y consulta que realizaron las comisiones de la colegisladora a diversos organismos, organizaciones y demás sectores involucrados que manifestaron su interés en estas reformas, junto con las aportaciones de senadores interesados en la protección al consumidor, perfeccionando de esta manera el proyecto de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta Comisión Dictaminadora después de analizar y estudiar la minuta en su conjunto reconoce y concluye que ésta contiene propuestas y modificaciones que enriquecen el proyecto original, con el único fin de proteger más al consumidor, fortaleciendo las facultades de la Profeco y garantizando con ello que la responsabilidad que tiene encomendada se realice en un marco legal, actual y moderno. Entre lo más sobresaliente de este proyecto podemos señalar lo siguiente: Se amplía la protección al consumidor intermedio, que son aquellas personas físicas y morales, microempresas y microindustrias que adquieren, almacenan, utilizan o consumen bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, con un monto máximo de reclamación hasta 300 mil pesos. Otro aspecto muy importante son las medidas precautorias, como la colocación de sellos, suspensión de publicidad o inmovilización de productos por parte de la Profeco, para evitar que se lesione los intereses y derechos de los consumidores ante prácticas comerciales abusivas y poco transparentes. Sobre el tema de autofinanciamiento, que son aquellos sistemas de comercialización que integran grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero para la adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles nuevos o inmuebles destinados a la habitación o al uso comercial la propuesta de reforma incluye varios aspectos: 1º Autorización expresa de la Secretaría de Economía para la operación de estas empresas. Deberán las empresas registrar sus contratos de adhesión. La prohibición de constituir grupos en los que se comercialicen bienes distintos o destinados a un uso diferente. La fijación de un plazo máximo de 15 años para los autofinanciamientos inmobiliarios. La precisión de que el proveedor será responsable de que el consumidor reciba el bien contratado en el plazo y conforme a las condiciones establecidas en el contrato de adhesión. La prohibición de cobrar al consumidor alguna penalización si éste se retira del grupo por cualquier incumplimiento imputable al proveedor. Se podrá determinar la suspensión temporal de la celebración de nuevos contratos cuando el o los proveedores hubieren incurrido de manera grave o reiterada en violaciones a las disposiciones aplicables. La prohibición de la formación de grupos cuyos contratos de adhesión no venzan en la misma fecha, los llamados abiertos. La fusión de grupos y la reubicación de consumidores de un grupo a otro. Se establecen las causas por la revocación de la autorización otorgada. Todos estos elementos darán mayor certidumbre jurídica a los consumidores y a los comercializadores que participan en este tipo de sistemas. Respecto a los contratos de adhesión se establece que la Profeco publicará en el Diario Oficial de la Federación modelos de contratos de adhesión que podrán ser utilizados por los proveedores, quienes solo darán aviso a la misma de su utilización, reduciendo trámites y acortando plazos. En lo referente a las multas se modificará el criterio para su cuantificación y se establece un mínimo de 150 pesos y un máximo de 1 millón 760 mil pesos. Montos que pueden ser del doble en caso de reincidencia. Estas cantidades son fijas y en pesos, para lo cual la Profeco las actualizará cada año, de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor que emite el Banco de México, para que no pierdan su valor y vigencia. Asimismo esta reforma señala los casos en que se consideran particularmente graves, para efectos de sancionar con clausura, que podrá ser hasta de 90 días total o parcial. Finalmente la PROFECO, derivada de su reclamación, podrá emitir un dictamen técnico en el que se cuantificará la obligación contractual del proveedor con el consumidor y que en todo caso tendrá el carácter de título ejecutivo cuando así lo determine la autoridad judicial. De este modo el consumidor podrá hacer valer sus derechos ante esa instancia más rápido, accesible y sin perjuicio de que la PROFECO continúe con el procedimiento para sancionar al proveedor. Hay más temas no menos importantes de esta reforma integral a la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero estas son las más trascendentes, con la intención de fortalecer a los consumidores y dotarlos de las herramientas más modernas para que con un mínimo de tiempo y esfuerzo puedan hacer valer sus derechos. Por todo lo anterior expuesto, la Comisión de Economía concluyó que estas reformas refuerzan la protección a los consumidores, así como el funcionamiento de la PROFECO como una institución fundamental para la protección del consumidor y como un agente indispensable para corregir las distorsiones que se presentan en los mercados. Por tal motivo, los invito a todas y a todos a sumarse a este proyecto que es en beneficio de toda la sociedad mexicana, dado que todos somos consumidores. Muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Gracias diputado. En consecuencia está a discusión en lo general el dictamen. Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los siguientes ciudadanos diputados: Por el Partido de Convergencia, el diputado Jesús González Schmal; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Javier Salinas Narváez; por el Partido Acción Nacional, el diputado Ricardo Alegre Bojórquez, y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia. -DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL (Convergencia): Con su anuencia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Efectivamente, para Convergencia es absolutamente claro que un balance a la fecha de 35 años de existencia de una institución que nació aún cuando un poco tarde en relación con las homólogas que surgían en Europa, nació sin embargo con la gran expectativa y el tino de buscar a partir de la protección del consumidor, la dinámica necesaria para que la economía se enderezara a lograr que en la fase productiva no hubiese trampas, engaños ni deficiencias que dañaran y ocasionaran efectos negativos a la economía popular, a la economía general en la que todos participamos como agente consumidores. Fue en verdad un acierto el que se diseñara una Procuraduría Federal del Consumidor, que en sus años iniciales tuvo esa espléndida filosofía de sugerirle y de proponer al propio proveedor, al propio productor que siempre asumiera la posición de consumidor que en otras fases y en otras partes y etapas del circuito económico, está él actuando en esa condición para que viera y visualizara que sus actos tenían la trascendencia y tendrían la importancia de darle a este último, al consumidor, la satisfacción plena en el precio, en la calidad, en la condición de legitimidad, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales de todo productor para que generara y se produjeran bienes y servicios socialmente útiles que generaran a su vez en la dinámica económica la prosperidad en general. En este balance de 35 años podemos darnos cuenta que efectivamente hubo aciertos y que no hay todavía, pudiéramos decir, un saldo final para poder proyectar que en la estructura jurídica que se diseñó entonces se asumiera y se pudiera entrar al tiempo actual en donde efectivamente han surgido una serie de novedades y condiciones que ameritarían, como acertadamente esta Iniciativa lo propone, el modernizar la ley para dar las garantías al consumidor y darle también al proveedor y al productor las condiciones de acercamiento en la relación tanto por vía de aveniencia en la conciliación como por via de litigios, darle un instrumento más eficaz al consumidor cuando tiene que reclamar daños o la compensación de un consumo de un producto que no fue adecuadamente vendido ni justamente preciado en su costo final. Para Convergencia entonces es el tiempo de llegar y de aprobar esta Iniciativa y avanzar en el concepto fundamental de esta responsabilidad del ciclo económico del productor consumidor para que se asuma cada quien en su papel trascendente en la generación de la dinámica económica y qué mejor que dar, pues, en este sentido a la PROFECO, a la Procuraduría Federal del Consumidor facultades para realizar dictámenes que tengan trascendencia, que tengan efectos ejecutivos para una reclamación en la restitución económica o en la compensación económica, porque hasta hoy, como todos lo sabemos, una resolución de la PROFECO todavía significa apenas un primer arbitraje, una primera resolución que tendría que dirimirse ante Tribunales Judiciales siempre con la desventaja para el consumidor afectado , que tendría que hacer gastos, erogaciones y tiempo, inversión de tiempo para hacer valer sus derechos en las instancias ya de carácter propiamente judicial. Aquí, en esta Iniciativa, se prevén esas condiciones, se ven la mayor eficacia de la labor de PROFECO y se le da por lo tanto capacidad para generar las soluciones de fondo tanto en el resarcimiento del daño efectuado como en cuanto a las multas o sanciones para aquellos productores o prestadores de servicios que no cumplan con cabalidad el principio ético del servicio al consumidor. Por lo tanto, nosotros apreciamos esta Iniciativa con la positividad, con el optimismo de que resurja la PROFECO, de que se reestructure en orden a cumplir su altísimo cometido y México pueda estar a la altura de otros países de mayor desarrollo donde el consumidor como destinatario final de los productos y servicios, tenga y sea protegido por el Estado y por instituciones y estructuras y normatividad moderna y pueda por lo tanto darse al circuito económico una mayor seguridad en la operación entre las partes y los agentes que lo configuran. De esta suerte, pues, nuestro voto será aprobatorio a esta importante Iniciativa que hoy estamos deliberando en este Congreso. Muchas gracias, es todo señor Presidente (aplausos) -EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.