El diputado Leonel Godoy Rangel: Buenos días. Señor presidente, con su permiso. Como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y a nombre de las y de los integrantes de esta comisión presento el dictamen en materia de inimpugnabilidad de las adiciones y reformas a la Constitución federal, con lo cual se busca proporcionar certeza jurídica y claridad para reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo que tengan por objeto contravenir las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, se mantiene la acción de inconstitucionalidad, se mantiene la controversia constitucional en los términos previstos en el artículo 105 constitucional. No hay ninguna modificación a este derecho de los estados, de los municipios, de la federación, de los Poderes, de los partidos, de los grupos parlamentarios y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República. Las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad se mantienen como están actualmente vigentes en la Constitución. Por eso, esta reforma tiene como propósito adicionar un quinto párrafo al artículo 105, para señalar, enfatizar la improcedencia de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución, y reformar también el artículo 107, que contemple que el amparo no procederá contra adiciones o reformas a la Constitución. Lo subrayamos porque mucho dicen que se está desmontando el Estado de derecho. Que estamos atentando contra los derechos humanos. Les quiero reiterar que el juicio de amparo sigue tal cual. Sólo lo que establecía el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo se traspasa, se traslada tal cual al artículo 107 constitucional. Pero el juicio de amparo contra expropiaciones, contra violaciones a derechos humanos contra privaciones ilegales de la libertad, contra desalojos, contra todo lo que el juicio de amparo siempre ha tenido continúa como tal. Miente quien diga que el juicio de amparo desaparece. Miente quien diga que los derechos humanos han perdido vigor en materia de juicio de amparo. Mienten totalmente. Las reformas y adiciones propuestas guardan completa relación con los principios constitucionales que establece el artículo 135 de nuestra Carta Magna. Este, como ustedes saben, dispone cómo puede ser adicionada, reformada o derogada la Constitución Política de nuestro país. Solo ese artículo es el que establece las modificaciones, adiciones o derogaciones que pueda tener nuestra Constitución, nadie más. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede modificar el texto constitucional. No hay ninguna disposición en nuestro texto que permita que eso ocurra. El proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá es contrario totalmente a lo dispuesto totalmente en la Constitución, fundamentalmente en el artículo 135. Es una invasión de poderes y, si ustedes ven su proyecto, se arroga facultades legislativas. Ahora quiere decir él que sí se puede elegir y qué no se puede elegir. Eso no lo puede aceptar esta soberanía, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, y por eso nosotros venimos hoy a subrayar la impugnabilidad de los preceptos constitucionales. Nadie, salvo el poder constituyente puede modificar la Constitución. Por eso, incluso la Corte ha sido coherente cuando ha señalado en sus diversos criterios donde sostiene el respeto a la voluntad del poder reformador de la Constitución. Sus precedentes explícitamente reconocen que las y los juzgadores federales están impedidos para revisar la constitucionalidad de las propias normas constitucionales. La Corte, por ejemplo, en los recursos de reclamación del 8/2016 y 9/2016, sostuvo que resultaba manifiesta e indudable la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales, pues lógicamente se trata de un medio de control de normas inferiores a la Constitución. Reitero, el artículo 105 constitucional se refiere a controversias y acciones de inconstitucionalidad en relación a normas generales. No se refiere que pueda intervenir la Corte en relación a textos constitucionales. Por eso les quiero decir que, por ejemplo, el recurso, la acción de inconstitucionalidad, la controversia que promovió el gobierno de Querétaro va a resultar improcedente, o debería de resultar improcedente porque todavía no hay ninguna norma general que contravenga lo dispuesto en la Constitución o que las normas generales nuestras afecten o lesionen los derechos de los queretanos. No va a proceder, no debe proceder. Por estas mismas consideraciones de la Corte, por eso también hay una contradicción de tesis, la 105/2021 donde sostuvo la Corte que, conforme al artículo 135, cuando un juicio de amparo se reclama alguna adición o reforma a la Constitución General, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción I de la Ley de Amparo. ¿Qué debió de haber ocurrido cuándo ciudadanos o juzgadores presentaron solicitudes de suspender la reforma judicial en la Constitución? Si esos juzgadores hubieran actuado conforme a la Constitución, que hubieran sido realmente imparciales y que se hubieran apegado al texto constitucional, hubieran declarado de plano improcedentes estas solicitudes de amparos y no haber concedido nunca las suspensiones. Por eso, por eso nuestros coordinadores parlamentarios tuvieron razón cuando dijeron que no se sometían y no nos sometíamos a una jurisdicción de resoluciones, de suspensiones que eran absolutamente contrarias a la Constitución y aberrantes jurídicamente. Lo volvemos a reiterar el día de hoy, esas suspensiones no debieron de haber sido concedidas, debieron de haber sido declaradas improcedentes totalmente. Desde los orígenes del control constitucional en México, con el juicio de amparo, incluido lo dispuesto en el artículo 105, siempre, incluso las que se le hicieron en 1994 con la reforma de Zedillo, que se agregó la acción de inconstitucionalidad, no existen...