El diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara: El dictamen que nos ocupa genera consecuencias graves, es claramente inconstitucional y carece de cualquier elemento de técnica jurídica. Deja claro que fue hecho sobre las rodillas y sabiendo que era un absurdo de proporciones históricas. Para empezar, confunde mañosamente el concepto de amnistía con el de indulto. Déjenme empezar por la definición de amnistía, para que todos estemos hablando de lo mismo. De acuerdo con la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la amnistía consiste en la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos las acciones civiles, contra ciertas personas o categorías de personas, con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía. La amnistía se distingue del indulto, por su generalidad, para todos los responsables de determinado delito, o para todos los que se encuentren en determinadas condiciones, contrariamente al indulto, que es esencialmente individual. Además, la amnistía solo se concede por delitos políticos y el indulto para toda clase de delitos. La amnistía surte el efecto del olvido, total de los hechos delictuosos, y el indulto para toda clase de delitos. La amnistía surte el efecto del olvido total de los hechos delictuosos y el indulto constituye un perdón. Por lo que sería antijurídico e injusto el olvido del delito político que no abarcara a todos los responsables. Pero, además, nuestra Constitución Política no faculta al Ejecutivo federal para otorgar amnistía, dado que es facultad exclusiva de nosotros, del Congreso de la Unión, a partir de la fracción XII XXII, perdón, del artículo 73 de nuestra Carta Magna. En tal virtud, siendo una facultad exclusiva del Poder Legislativo, no se puede legar en una legislación secundaria esta facultad al Ejecutivo federal. El presidente lo que sí tiene es facultad de indulto, como lo dice el artículo 89, fracción XIV, que puede conceder conforme, que puede conceder indulto conforme a las leyes a reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. Compañeras y compañeros legisladores, hay que ser muy muy claros, lo que el redactor de este adefesio jurídico pretendió regular es un indulto, no una amnistía. O, para decirlo de otra forma, la reforma pretende que se otorgue amnistía a personas en lo individual en casos concretos y por cualquier delito, más allá de los delitos políticos y sin establecer una temporalidad previamente a la entrada en vigor. Pero, bueno, entremos a la redacción de la iniciativa. La iniciativa pretende favorecer a quien está siendo procesado o haya resultado con sentencia condenatoria por casos relevantes para el Estado mexicano, sin que exista una definición legal que se pueda sustentar este beneficio. La pregunta clara es: ¿Y cuáles son los casos relevantes para el Estado mexicano? ¿Quién lo determina? ¿Lo que el presidente diga? En términos reales se está concediendo al presidente el poder omnímodo de perdonar y olvidar a cualquiera por cualquier hecho que a su propio parecer sea de interés del Estado. La redacción vulnera la división de poderes y las facultades establecidas en favor de cada ámbito de los poderes públicos. Al presidente no le corresponde ni respecto a la Fiscalía General de la República ni respecto a juzgados federales la posibilidad de sustituir sus resoluciones sobre personas vinculadas a proceso. México no es un planeta distinto, espero que me lo tomen a bien, somos parte integral del concierto de las naciones. No nos confundamos, los derechos humanos y el respeto a las convenciones y organismos internacionales no tiene nada que ver con la ideología de izquierda o de derecha. Ni siquiera es un tema de competencia entre doctrinas jurídicas. Todos los aquí presentes estamos obligados a proteger, a promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Nuestro país adoptó de forma libre y soberana la Convención Americana de los Derechos Humanos, reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, a partir de 2011, reconoció que los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales constituyen el parámetro de regularidad constitucional. Concluyo diciendo...