La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su venia, presidenta. Saludo a mis compañeros jubilados y pensionados que están afuera exigiendo con ayuno a derechos que les han escatimado en varios años el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. La política social es tal vez lo que en nuestro país goza del mayor escrutinio de un sector muy importante de nuestra sociedad, incluyendo a la academia y las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo porque esta política se relaciona con la mayor parte de la problemática que aqueja a la ciudadanía con más alto grado de vulnerabilidad; y para que el Estado ha implementado diversos programas para atender las demandas de rezago en diversos ámbitos, como: la alimentación, el empleo, la producción, la vivienda, la educación y la salud, entre otros, por las cuales se destinan año con año una gran cantidad de miles de millones de pesos a ser ejercidos por diferentes dependencias del gobierno. En muchos de los casos las dependencias ejecutoras de programas sociales, al elaborar los proyectos de las respectivas reglas de operación, no toman en cuenta los principios dictados en diferentes ordenamientos, como lo es la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo referente a la obligación de que dichas reglas de operación deberán ser simples y precisas. Por nuestra parte, en la Cámara de Diputados, debemos asegurarnos de que los programas sirvan para lo que han sido creados, por lo que es necesario contar con mecanismos que faciliten la supervisión y un seguimiento efectivo de la simplificación de las reglas de operación de una cantidad considerable de programas federarles. Para Morena es de importancia toral aprovechar la oportunidad ahora que estamos en vísperas de la discusión y aprobación del PEF 2017 para sensibilizar el papel decisivo que juega esta Cámara de Diputados, instancia que por mandato constitucional tiene las atribuciones exclusivas de la discusión y aprobación del mencionado Presupuesto anual. Por lo anterior es trascendental señalar que dentro de la revisión del proyecto del PEF 2017 hemos percibido que, como en otros años, por parte del Ejecutivo federal se ha eliminado u omitido lo referente a la opinión de las comisiones ordinarias respecto de las reglas de operación de programas federales. Disposición que para el ejercicio 2014 se estipuló en el artículo 30, fracción II, del PEF. Y para los ejercicios 2015 y 2016 se encuentra previsto en la fracción II del artículo 29, por lo que dicha eliminación u omisión sistemática es inexplicable y se puede interpretar como una acción que debilita la gestión y atribución de la Cámara de Diputados para ejercer un efectivo equilibrio de poderes en esta materia, además de que elimina la posibilidad de contribuir que las reglas de operación en principio sean simples y precisas para la ciudadanía, y facilitar la eficiencia y eficacia de la aplicación de los recursos públicos. En Morena estamos convencidos de que es urgente y necesario que se eleva a rango de ley la multicitada disposición, debido a que también con plena convicción decimos que no es posible que tengamos que estar negociando y cabildeando una atribución legítima de las diputadas y diputados, cada vez que se revisa el documento del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación año con año. Por lo anterior motivado y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de reforma al artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, adicionando una fracción III para quedar como sigue: Fracción III. La Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo federal en los términos del presente artículo. Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo de la fracción II de este artículo. En caso de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados no emitan su opinión a más tardar el 31 de marzo, se entenderá como opinión favorable. El Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia a cargo del programa sujeta a reglas de operación correspondiente, dará respuesta a la Cámara de Diputados, en un plazo que no excederá de 30 días naturales posteriores a la recepción de la opinión respectiva, realizando las adecuaciones que procedan. Es cuanto, presidente.