El diputado Jaime del Conde Ugarte: Con su venia, señor Presidente: como todos sabemos, la Administración Pública Federal emite actos que en ocasiones afectan la esfera jurídica del gobernado, actos que deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, hecho que se convierte en legalidad, el cual es una garantía establecida en nuestra Constitución, en los artículos 14 y 16, en virtud de que nadie puede ser afectado en el ámbito de sus posesiones, propiedades o derechos sin antes cumplir las formalidades esenciales del procedimiento y no es sino de esta forma, mediante mandamiento de la autoridad competente debidamente fundado y motivado. Asimismo, en la actividad de la administración pública, el particular puede solicitar su intervención con diversos objetos, ya sean éstos obtener de aquélla un permiso, una licencia o una concesión, entre otras, iniciándose así el procedimiento administrativo para el cumplimiento de ese fin, procedimiento que se encuentra en diversas disposiciones jurídicas del ámbito federal, pero particularmente en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la que se rige bajo los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. Por ello es menester distinguir dentro del procedimiento de tramitación que realiza la autoridad federal y el procedimiento que sigue para la aplicación de sanciones por violaciones legales. De este último es del que se ocupa la presente iniciativa, ya que si bien es cierto que en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se contempla un Capítulo Único, el cual habla de la imposiciones de sanciones administrativas, de la reincidencia y del inicio del procedimiento sancionador, también lo es el hecho de que en la mencionada ley no se cumple el debido proceso legal, garantía establecida en nuestra Constitución Política, toda vez que dicho ordenamiento adjetivo no señala de manera clara y específica que el particular tiene el inviolable derecho de ser oído antes que la autoridad dicte resolución alguna y que ésta pueda afectar su esfera jurídica al aplicar algún tipo de sanción. Es decir, el procedimiento administrativo sancionador en todo momento debe reconocer y admitir la garantía del debido proceso legal para que, de esta manera, el acto de autoridad no abuse del poder y así el gobernado no se vea vulnerado en sus garantías individuales. El procedimiento administrativo, por ende, debe reconocer y admitir la garantía del debido proceso legal, pues este último es garantía de un accionar adecuado del gobernado y que resulta de esencial importancia cuando la autoridad administrativa le pretende imputar la infracción a alguna ordenamiento jurídico y como consecuencia de la imposición de una sanción para que tenga la oportunidad de defenderse, en otras palabras, ser oído por la autoridad administrativa, con la confianza que al momento de que considere las pruebas ofrecidas por el particular y una vez escuchado, la autoridad sancionadora emitirá una resolución apegada a estricto derecho. De tal suerte que para hacer efectiva la garantía del debido proceso legal es necesario que la ley adjetiva, por abstracta que ésta sea, contenga dentro de su regulación el mínimo de garantías procesales a favor del gobernado, por lo que deberá de reconocer en todo momento el derecho del particular de ser oído, es decir, que tenga la oportunidad de hacerse escuchar, derecho a ofrecer y producir pruebas; que se le administre justicia de forma imparcial, que tenga derecho a una decisión que se encuentre debidamente fundada y motivada y derecho de poder ser representado y asesorado por un profesional del derecho. Es decir, la garantía del debido proceso legal, tal como aparece regulado en nuestra Constitución y como ha sido interpretada en torno a la jurisprudencia, nos obliga a establecer los elementos de los cuales se encuentra constituida. Dentro de este contexto, el derecho de audiencia consiste en la posibilidad de que el particular pueda hacer escuchar sus razones y alegaciones en el momento oportuno ante el órgano administrativo correspondiente, derecho que podrá usar sin más limitaciones que las que resulten impuestas por el decoro y buen orden del procedimiento; pero para ser oído, para que sus razones y alegatos sean eficaces, es de esencial importancia que el administrado previamente tenga la oportunidad de conocer las actuaciones y antecedentes administrativos para así tomar razón de todos los elementos que de ella resulten y que serán los que le han formado el acto decisorio de la administración. Por este medio, igualmente, conocerá también el carácter y la finalidad del procedimiento en el cual tiene que intervenir, razón por la cual es necesario que dentro del procedimiento administrativo sancionador, los ordenamientos aplicables a los casos concretos contengan de manera clara y precisa la celebración de una audiencia en la cual el gobernado pueda ser debidamente escuchado por la autoridad sancionadora, para lo que es necesario entender que "audiencia" es el nombre que se le ha dado al derecho que tiene toda persona a ser escuchada u oída en aquellos procedimientos cuyos resultados pueden afectar sus intereses jurídicos e impone a la autoridad la obligación frente al particular de evaluar todos sus actos. Así, la presente iniciativa pretende establecer de manera clara y precisa esta garantía que tiene el particular en su relación con la autoridad administrativa y que le proporciona certeza y seguridad para que no se menoscabe su esfera jurídica o se le impida el ejercicio de algún derecho, reformando y adicionando los artículos 72 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, enunciando la obligación que deberá tener la autoridad al momento de emitir un acto administrativo o de molestia que tenga la intención de sancionar al particular. Por ello se propone en la presente iniciativa que toda autoridad, al momento de iniciar un procedimiento administrativo sancionador, deberá notificar brevemente al presunto infractor, para lo cual emitirá un citatorio, que deberá contener de forma expresa y sin excepción alguna el nombre de la persona a que se dirige; el lugar, la fecha y la hora en que tendrá verificativo la audiencia; el objeto o alcance de la audiencia; las disposiciones legales en que se sustente; el derecho del interesado de alegar por sí o por sus representantes o personas autorizadas; el nombre, cargo y firma de la autoridad competente que lo emite; y el derecho del interesado de conocer previamente las actuaciones y los antecedentes que obran en el expediente respectivo. De la misma forma y ya notificado o enterado el presunto infractor dentro del desarrollo de la audiencia de ley, la autoridad sin excepción alguna se deberá ajustar a lo siguiente: Primero. Dará a conocer al particular las constancias y pruebas que obren en el expediente del asunto. Segundo. Admitirá y desahogará las pruebas ofrecidas. Tercero. Respetará el derecho del interesado a formular los alegatos que considere pertinentes. De esa forma y con la incorporación expresa del derecho de audiencia, la presente iniciativa se propone principalmente que el procedimiento administrativo tenga como fin la admisión y el desahogo de pruebas, así como la formulación de alegatos en los que se expresen a la autoridad las argumentaciones de defensa de hecho y de derecho del particular a que se pretende imponer algún tipo de sanción. Es decir, busca garantizar la manifestación del particular de todo lo que venga a ilustrar al órgano administrativo de sus argumentos, teniendo la obligación la autoridad de administrarlos al momento de emitir su resolución, con lo cual se establecen de forma expresa la garantía procesal de audiencia y el derecho del particular de contar con una debida defensa. Es menester mencionar que, con la presente reforma, el particular podrá gozar de la certeza de que tendrá un procedimiento apegado a derecho, cumpliendo sus formalidades esenciales mínimas y los principios de celeridad, eficacia y legalidad establecidos en la propia Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Asimismo, contará con la seguridad jurídica de que se emitirá una resolución al procedimiento, debidamente fundada y motivada, a efecto de no dejarlo en pleno estado de indefensión. Y, en caso de que dicha resolución le sea adversa, la autoridad tendrá la obligación de informarle de los medios de impugnación con que cuenta, así como del término para interponerla. Otro de los contenidos importantes del presente proyecto es el hecho de que el particular debe contar con todas las garantías que ofrece nuestra Constitución. Es decir, se le debe reconocer su calidad de inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Por eso, antes de imponer una sanción administrativa, la autoridad no tiene por qué otorgar la calidad de infractor hasta en tanto no se agote el procedimiento y se emita una resolución apegada a derecho en la que se imponga una sanción. Por lo mismo, se considera que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo vigente viola ese principio, pues no debe dar la calidad de infractor al particular hasta en tanto no se resuelva que infringió la ley administrativa. En ese orden de ideas, la ley que nos ocupa debe considerar al particular a que se imputa la comisión de una infracción la calidad de presunto infractor; hasta en tanto no se emita la resolución respectiva y se demuestre que efectivamente incumplió la ley. Por todo lo anterior, nace la necesidad de incorporar de manera clara y precisa en el texto de ley administrativa federal la celebración de una audiencia de ley y de procedimiento administrativo sancionador, por lo que el suscrito, Jaime del Conde, somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 72 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Señor Presidente, solicito que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor diputado.