La diputada Araceli Damián González: Señoras y señores diputados, como recientemente señaló el distinguido abogado Diego Valadés: “una de las características de los Estados democráticos consiste en la facultad de los congresos para investigar las actividades gubernamentales”. No obstante en México la capacidad indagatoria del Congreso es muy limitada. El artículo 93 constitucional dispone que las funciones de control de actividades gubernamentales le corresponden al Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados, órgano de carácter representativo, el Código Político de 1917 le atribuye diversas facultades para verificar la regularidad de la gestión administrativa del Estado, encontrándose dentro de éstas la denominada de investigación, a través de los cuales los representantes de la nación conocen del Estado que guarda la administración pública respecto a un determinado asunto, generando un juicio propio que permite valorar la eficiencia y legalidad de la actuación del gobierno. En 1977 se reformó el artículo 93, párrafo tercero, de la Norma Suprema, estableciendo que el pleno de la Cámara de Diputados, a petición de una cuarta parte de sus integrantes, está facultado para integrar comisiones para investigar, pero solamente el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, lo cual resulta a todas luces insuficiente para un control adecuado de los otros Poderes de la Unión. La escasa atribución del Congreso mexicano para realizar indagatorias sobre los sucesos que atañen a la nación, contrasta con la que tienen los congresos en otros países, incluyendo los latinoamericanos en donde se ha avanzado exitosamente en la consolidación de las atribuciones de investigación del Congreso. En México, la administración pública federal centralizada y paraestatal se ha transformado, amén de la reciente creación de las empresas productivas del Estado, y un número creciente de órganos autónomos. Por tanto, ampliar las atribuciones del Congreso en materia de investigación se vuelve fundamental, ya que los representantes de la nación somos simples testigos de los acontecimientos que suceden al país y el máximo alcance que tenemos es expresar nuestras opiniones o puntos de vista, pero no podemos indagar hechos que afectan a nuestros representados. En México, el Ejecutivo se investiga a sí mismo, siendo juez y parte, lo cual no permite que tengamos la posibilidad de un control adecuado de sus funciones. Los ciudadanos tenemos que recurrir a instituciones externas para que realicen las averiguaciones que los representantes de la nación tenemos vedado llevar a cabo. La debilidad del Poder Legislativo mexicano ha impedido un efectivo control sobre el Ejecutivo, la administración pública en su conjunto y, desde luego, al Poder Judicial de la Federación y los órganos autónomos. Por lo antes expuesto esta soberanía debe contar con amplias facultades para indagar lo que aflige a sus ciudadanos y poder recuperar así la confianza en nuestras instituciones. Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cito: Artículo Único. Se reforma el artículo 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. La Cámara ha pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para indagar el funcionamiento de la administración pública federal centralizada y paraestatal de las empresas productivas del estado, así como del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal y de las autoridades competentes. Muchas gracias.