El diputado Armando Jesús Báez Pinal: Con su venia, señor presidente. Compañeros, el robo de bienes culturales representa uno de los problemas más graves dentro del comercio ilegal. Constantemente escuchamos las acciones que se emprenden en contra del tráfico de drogas, armas, secuestros, piratería o lavado de dinero, pero lamentablemente las corporaciones policiacas y los medios de comunicación le dan menos importancia cuando se trata de robo de bienes culturales, sobre todo los de carácter religioso, lo cual se vuelve muy delicado porque, independientemente de nuestras creencias, se afectan aspectos de suma importancia para la gente que habita nuestro país. Los amigos de lo ajeno, al despojar de los templos las imágenes plasmadas en las obras pictóricas, esculturas y objetos de culto, le arrebatan al pueblo elementos fundamentales del patrimonio cultural tangible de las comunidades, así como del patrimonio cultural intangible patente en la fe, tradiciones, costumbres y la confianza de la gente, de nuestra gente. Vivimos en un Estado laico, pero la libertad de creencias es una de las garantías que establece nuestra Constitución, y gracias a ello prevalece el respeto y la tolerancia entre nosotros. El Estado mexicano no puede ni debe promover que la gente profese religión alguna, sin embargo sabemos que por razones inherentes a nuestra historia hay doctrinas religiosas claramente definidas en la mayoría de la población. A pesar de ello, la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos no protege de manera exclusiva a los bienes religiosos de una fe en particular, ni siquiera se menciona que debe considerarse como arte sacro. Son bienes históricos y como tales son parte de la herencia de nuestros antepasados. Son también el testimonio sobre el cual se asienta la historia de nuestra nación y los tenemos que considerar como tal. Con mayor razón a propósito de los aniversarios que se conmemoran durante este año. La propia ley habla de los muebles que se encuentran o se hayan encontrado en los inmuebles construidos en los siglos XVI al XVII, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados, casas culturales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de culto religioso, así como a la educación y a la enseñanza a fines asistentes o benéficos; el servicio y el ornato públicos y al uso de autoridades civiles, militares sin especificar una religión en particular. Estos bienes son históricos y por estar o haber estado en uno de los recintos a los que se refiere la ley, el Estado debe protegerlos. La preocupación por la protección de los bienes no se pone de manifiesto por primera vez en esta iniciativa. Desde la LIX Legislatura hubo, tanto en esta Cámara como en algunas iniciativas que proponían el incremento de las penas para aquellos delincuentes que fueran detenidos y consignados por sustraer y traficar con bienes históricos. En la lista de asuntos encontramos un dictamen que desecha un conjunto de iniciativas y una minuta. Las primeras presentadas por compañeros diputados y por el Congreso del estado de Puebla. Tanto las iniciativas como la minuta en comento, proponen básicamente el incremento de penas a quienes sean consignados por delitos en contra de los bienes culturales de la nación, específicamente aquellos cito textual- cometidos por el robo de arte sacro. La preocupación no ha cesado. Hay que reconocer que el pasado 27 de julio la PGR y el INAH informaron públicamente de un golpe en contra de quienes trafican con bienes culturales. Lo importante es que por primera vez el aseguramiento de este tipo de bienes se deriva de la investigación no como producto de la casualidad, pues en otras ocasiones los aseguramientos de bienes culturales se han dado porque se encuentran piezas arqueológicas o históricas en cateos en casas que originalmente lo hacían para buscar armas, piratería o drogas. Este aseguramiento también fue posible a que hubo la posibilidad de consignar al menos a uno de los delincuentes, el cual es muy complicado porque el robo de bienes culturales es un delito que no es considerado como grave. En una revisión de lo que acontece vemos con preocupación que el problema prevalece ante una detención en contra de quienes sean presuntamente responsables. El Ministerio Público federal tiene que contemplar lo que señala el artículo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales que dice lo siguiente: Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso a ser puesto en libertad provisional inmediatamente que lo solicite su reúne los siguientes requisitos Que garantice el monto estimado de la reparación del daño tratándose de delitos que afecten a la vida o a la integridad corporal. El monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las exposiciones relativas a la Ley Federal del Trabajo. -Termino, presidente-. Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que establece la ley en razón del proceso y que no se trate de alguno de los delitos clasificados como graves del artículo 194. Ante esta situación, el agente del Ministerio Público tiene que solicitar a las autoridades competentes, conocer el monto del daño de la pieza robada, a fin de fijar la garantía. Por lo antes expuesto, formulo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo 1o. Se adiciona una fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue: Artículo 194. De la I a la XVII ... XVIII. De la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos, Artísticos, lo previsto en los artículos 50 y 54. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.