El diputado Alejandro Sánchez Camacho: El posicionamiento del dictamen que hoy se presenta deriva de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es muy importante resaltar el reconocimiento por la coordinación, diálogo y trabajo conjunto que se llevó a cabo con los grupos parlamentarios que participaron activamente en la elaboración y aprobación del dictamen en discusión. Pero también es oportuno reconocer a las organizaciones sociales que con su empeño han trabajo para encumbrar el interés superior del menor, han ayudado a la materialización de esta reforma, la cual dentro de sus principales características destacan las siguientes. Para establecer un sistema integral de justicia para los adolescentes, armonizar los párrafos mencionados de modo que todos los juicios contra adolescentes sean orales, delitos graves y no graves. Se sustituyen los términos conductas tipificadas como delito y conductas antisociales, por hecho que la ley señala como delito. En lugar de derechos fundamentales, se dice derechos humanos. En lugar de decir para toda persona, se dice para todo individuo. De igual forma es importante hacer notar que los individuos menores de 12 años que realicen hechos que se consideren delitos, serán sujetos a una asistencia social en instituciones especializadas y competentes, lo cual permita que a una edad temprana el poder tener una reinserción social sin que se desarrolle aún más su potencial delictivo. El sistema de justicia a partir de 2005 se caracterizó por su concordancia con los principios y las disposiciones de la Convención Sobre los Derechos del Niño, pero en este año 2015, con este proyecto pretendemos ir más allá y garantizar de forma contundente el respeto a los derechos de los adolescentes en dicha situación, estableciendo que todos los juicios contra adolescentes sean orales, delitos graves y no graves pues con ello apelamos a las virtudes que este sistema pretende demostrar. El sistema oral es más ágil y respetuoso de los derechos en todas las etapas del proceso. Los operadores deberán estar capacitados para el desempeño de sus funciones. La investigación de los delitos se realiza utilizando métodos científicos. Se rige por el principio de presunción de inocencia por el cual una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se prioriza la reparación del daño a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los jueces estarán presentes durante el desarrollo de todas las audiencias. Todas las audiencias son públicas y orales, transparentando la impartición de justicia. Esta modificación constitucional refuerza aquél cambio de paradigma efectuado en el 2005, que fortaleció a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y que permitió abandonar de manera definitiva el viejo modelo tutelar basado en la doctrina de la situación irregular, para dar paso a un sistema más justo y proporcional, sustentando en la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia. En el marco de un Estado democrático de derecho, con esta reforma los estados de la república quedarán obligados a adecuar su legislación para dar cuenta de los principios de juicio oral, así como a implementar un nuevo sistema de justicia especializado en el ámbito de sus respectivas competencias. Pero no sólo se trata de instaurar un proceso con las debidas garantías, sino de desarrollar un sistema especializado, comprensivo y sensible de las situación, capaz de otorgarle a nuestros adolescentes oportunidades reales de asumir sus responsabilidades y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar sus virtudes y potencialidades útiles para el desarrollo de esta sociedad nuestra. Se reforma de igual manera, compañeros legisladores el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la ley suprema, para señalar que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de justicia para adolescentes, como se hizo con el Código Único de Procedimientos Penales. Es decir, hay una ley general y cada entidad adecuará su legislación. El segundo párrafo del segundo transitorio, se dice que la ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal, en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, continuará en vigor hasta que inicie la vigencia de la ley nacional. Pero esa ley ya fue abrogada al expedirse la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del año 2012. Diputadas y diputados, esta es una reforma que consolida el sistema de justicia penal oral acusatorio. No obstante, podemos afirmar que la tarea nacional es la prevención del delito y brindar oportunidad a este trascendental grupo de la población. Dejamos en manos, en la reflexión de este honorable Congreso de la Unión de esta Cámara de Diputados este proyecto de dictamen de minuta a su consideración, esperando contar con su aprobación del mismo. Es cuanto, señor presidente.