El senador Alfonso Elías Serrano: Muchas gracias, Presidente. Senadoras, diputadas; senadores y diputados, como ustedes saben, el pasado mes de junio de 2007 se aprobó en el estado de Arizona un nuevo ordenamiento llamado "Ley de Trabajadores Legales de Arizona", que castiga rigurosamente a los patrones que empleen a inmigrantes indocumentados, estableciéndose el día primero de enero, como fecha de inicio de su vigencia. Existen varios juicios reclamando la inconstitucionalidad de esta ley, interpuestos por algunas organizaciones de empresarios y de ciudadanos norteamericanos que han aplazado la ejecución de este ordenamiento. Sin embargo, ya ha causado pánico entre nuestros paisanos que radican en el estado de Arizona. Así lo hemos constatado en diversos medios de comunicación en entrevistas diversas que se les ha hecho a nuestros connacionales en ese estado. Y además ha causado alarma entre los municipios fronterizos del estado de Sonora. Y también esta llamada Ley de Sanciones a Empleadores obligará a las empresas a usar una base de datos en la que supuestamente se podrá verificar la legitimidad de la persona que solicita el trabajo. La ley establece una primera infracción que consiste en una multa y en la suspensión de la licencia por 10 días y una segunda que generará la revocación definitiva de la licencia del establecimiento. Este ordenamiento afectará en Arizona a más de mil 500 negocios y a más de 500 mil trabajadores indocumentados, de acuerdo a un estudio de la Universidad Estatal de Arizona, que constituyen aproximadamente el 11 por ciento de la fuerza laboral de ese estado. Por lo que la mencionada ley será un referente para el resto de la Unión Americana, es decir, que el estado de Arizona está siendo un campo de pruebas a políticas antimigratorias en términos de cuánto puede soportar un estado de ese país; políticas para deshacerse de una fuerza laboral carente de documentos. Esto mismo que sucede en Arizona está pasando en otros estados, como es el de Tennessee. La percepción en la sociedad norteamericana de que el gobierno de su país ha fallado en la implementación de una política migratoria integral y que no lo han podido lograr, ha originado un cúmulo de legislaciones locales en los diferentes estados de la Unión Americana y muchas de ellas radicales. Para que se den una idea, tan sólo en el 2007 las legislaturas estatales estadounidenses produjeron mil 500 iniciativas de ley relacionadas con el tema de migración, que van desde la negativa de acceso a la educación a las personas inmigrantes sin documentos, a la salud, a la prohibición de renta de viviendas, hasta la prohibición de otorgarles licencias o permisos para prestar algunos servicios públicos básicos. Arizona será el estado, al fin de cuentas, más afectado por estas medidas. Se estima que se perderán por lo menos 60 mil plazas de trabajo en ese estado; pero además se provocará una inmigración muy importante de indocumentados a otros estados. Y los estados fronterizos mexicanos, entre ellos el que represento, Sonora, que concentra 45 por ciento del flujo total de migrantes, será de los que mayormente resentirán los efectos de este nuevo ordenamiento. Por ello, las autoridades de los municipios fronterizos ya han comenzado a mostrar su desesperación ante el cúmulo de problemas sociales y económicos que se avecinan en dichas localidades ante el éxodo de nuestros connacionales procedentes de Arizona y de otros estados de la Unión Americana. Y los gobiernos locales con sus reducidos presupuestos no están en disponibilidad de atender las necesidades de los nuevos pobladores y es precisamente en este sentido que presento ante esta honorable Comisión Permanente, como urgente resolución, con fundamento en los 59 y 60 del Reglamento Interior, la siguiente Proposición con punto de acuerdo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, para que por conducto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores expresen su apoyo y solidaridad para con nuestros connacionales en Estados Unidos, su rechazo a medidas antiemigrantes y discriminatorias e implementen los mecanismos necesarios para salvaguardar sus derechos fundamentales en esta entidad de la Unión Americana. Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal. El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Un momento, senador Elías. Dígame, senador Luis Alberto Villarreal.