El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, hoy, después de seis años de ir y venir la ley, primero entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, después entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores decidimos- En conferencia con la Cámara de Senadores, buscar juntos, revisar la propuesta de adición a la Ley de Aguas Nacionales para que de alguna manera pudiéramos traer una alternativa debidamente revisada y debidamente acordada por ambas Cámaras. A fin de que de una vez por todas podamos sacar adelante esta ley tan necesaria para el país en su primera etapa, porque seguro estoy, no es un trabajo que va a resolver de manera estructural los problemas del agua, simple y sencillamente es un trabajo que va a permitir que se transiten decisiones por parte de la Comisión Nacional del Agua y por parte del funcionamiento de los diferentes organismos que conforman y que participan en su organización. El proyecto, pues, de reforma de Ley de Aguas Nacionales data de diciembre de 2001 y ha requerido de dos procesos legislativos desarrollados en las últimas tres Legislaturas. En abril de 2003 se aprobó el proyecto de reforma a la Ley de Aguas Nacionales que descentraliza a Conagua, crea los organismos de cuenca como órganos descentralizados y establece las disposiciones pertinentes a este tipo de organismos. En septiembre de 2003, el Ejecutivo federal devolvió el proyecto con observaciones del Senado para su nueva revisión, destacando el rechazo a la descentralización de la Conagua. El Congreso atendió las observaciones aprobando en diciembre un nuevo proyecto para establecer como órgano desconcentrado a la Conagua, quedando los organismos de cuenca como unidades administrativas de la misma. En abril de 2004, el Ejecutivo publicó el decreto aprobado por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso, el cual está contenido en la ley vigente. Entre abril de 2004 y abril de 2006, el Senado se percató de las incongruencias entre las disposiciones de la Ley y la naturaleza jurídica de la comisión y los organismos de cuenca que imposibilitaban la aplicación correcta de la ley. En abril de 2006, el Senado aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, adecuando sus disposiciones al carácter de órgano desconcentrado de la Conagua y de unidades administrativas de los órganos de cuenca. En el mismo mes, la Cámara de Diputados recibió la minuta correspondiente, turnándola para su dictamen a la Comisión de Recursos Hidráulicos, permaneciendo como rezago legislativo para la presente Legislatura. En síntesis, el proyecto original de reforma data desde diciembre de 2001 y ha requerido de dos procesos legislativos desarrollados en las últimas tres Legislaturas. Los esfuerzos legislativos realizados no han resuelto la problemática del agua en México. Subsisten las incongruencias legales que dificultan la eficiencia de la autoridad del agua en la administración del recurso, en detrimento de los derechos de los usuarios que se manifiestan, entre otros. No hay claridad en las disposiciones sobre las atribuciones de la autoridad del agua en los niveles nacional y regional hídrico administrativo. Las multas, donde los montos establecidos resultan desproporcionados respecto a la capacidad económica de la gran mayoría de los usuarios, y actualmente se han impuesto alrededor de 8 mil multas a nivel nacional que representa poco más de 66 millones de pesos, de los cuales solamente se han impugnado 110: sólo aquellos que cuentan con los recursos para la debida atención jurídica. La falta de registros de derechos de agua, la centralización de autorizaciones de volúmenes para usos y trasvasos de agua, la propuesta del Senado de eliminar los permisos provisionales, el Impta y sus atribuciones, y la Profepa y sus facultades. No se permitía la transmisión temporal de derechos, salvo en los casos de sesión de las mismas autoridades del agua. Se prohibía la transmisión de derechos. Todo esto nos llevó en la Comisión de Recursos Hidráulicos a realizar una consulta exhaustiva a nivel nacional, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, legisladores de ambas Cámaras del Congreso, el Consejo Técnico Consultivo del Agua, asociaciones de usuarios, académicos, investigadores y todo lo demás. Nuestra posición es pedirle a los compañeros diputados que nos apoyen en esta ley que viene a revertir exactamente esos conceptos. Muchas gracias.