La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputadas y diputados, vemos muchos abrazos, particularmente aquí, en la Cámara de Diputados. Muchos abrazos, todos con balazos. Yo les preguntaría: ¿y las familias? ¿Y el dolor de las familias dónde queda? ¿Quién las ve, quién las siente, quién las escucha? ¿En dónde está el dolor de las familias en sus corazones? Búsquenle tantito, por favor. México no solo tiene una grave crisis de inseguridad y violencia, también tiene una gravísima crisis institucional y de ingobernabilidad. Varias generaciones han nacido y crecido en la cultura del horror, porque el poder público las ha lanzado a los brazos de la delincuencia organizada. Las niñas, las adolescentes, las mujeres viven a todas horas y todos los días el horror de la violencia física, sexual y feminicida. La percepción de inseguridad del pueblo de México es creciente, al igual que el miedo y la desesperanza. En cuatro sexenios, en cuatro sexenios, incluido el actual, la militarización de la seguridad y del país ha tenido resultados desastrosos. Ahora no somos una nación violenta, peligrosa, altamente criminalizada, donde reina la impunidad y la injusticia, sino también militarizada. La bancada naranja está en contra del dictamen. Primero, porque el Ejecutivo insiste en imponer acciones metaconstitucionales. Se niega a respetar el mandato constitucional que establece que la seguridad pública es una función de la federación, los estados y los municipios. Esta tarea, que debe ser conjunta el Ejecutivo federal, pretende centralizarla aún más, matando a las autoridades locales y condenando a la ciudadanía a vivir en la reacción ante hemos violentos consumados y a rogar por un auxilio, en vez de tener corporaciones locales fuertes y confiables que combatan al crimen, sí, porque prioritariamente no solo es que la combatan, sino que lo provengan, eso es lo más importante. Insisten en negarle el recurso, por mucho que digan aquí en la tribuna, al fortalecimiento de la seguridad estatal y municipal, por un chantaje centralista y autoritario, justificado en la desconfianza. Obligan a los municipios y a los estados a depender de la nación con fines electorales, en lugar de fortalecer y profesionalizar a sus cuerpos policiales que enfrentan en primera línea los embates de la delincuencia organizada. Como si quienes integran a las policías municipales y estatales no fueran para el pueblo de México y no merecieran dignificar su labor y tener salarios justos, capacitación, equipos modernos, seguridad social y certeza para sus familias. Es ahí en los municipios, en los estados donde se necesitan todos los esfuerzos, todos los recursos y solidaridad del Estado mexicano y de esta Cámara, independientemente de qué colores estén en esta misma. Segundo, porque las atribuciones de la administración pública federal deben ser ejecutadas por civiles y no por las fuerzas armadas. Tercero, porque las nuevas atribuciones y la reconfiguración administrativa que se ha impuesto a las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional constituyen una arbitrariedad que atenta contra su naturaleza y violenta los derechos de sus integrantes. El Ejército y la Marina no son instituciones que deban usarse a capricho para subsanar las deficiencias y la incapacidad gubernamental. Su uso irresponsable solo las debilitará. El exceso de funciones las pondrá a merced de la corrupción y del crimen organizado. Cuarto y muy importante, porque la reforma constitucional que hoy quieren aprobar es producto de un pacto vergonzante y mezquino, es el pago del precio que le pusieron a la justicia, es el pago que le pusieron a la justicia. ¿De verdad así es como pretenden combatir la corrupción política? Las reformas legales recién expedidas para administrar a la Sedena a la Guardia Nacional son anticonstitucionales, atentan contra el Estado de derecho y ponen en riesgo la gobernabilidad del país y ahora esta reforma constitucional pretende apuntalarlas a través de una estrategia hipócrita y traidora, porque militarizar al país no fue la propuesta inicial ni el compromiso del presidente de la República, sino que ha sido un compromiso más y una falta de respeto a este Congreso, a su bancada...