El secretario Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias. Pues han sido unos minutos valiosísimos del espacio que tengo aquí para compartir nuestras reflexiones con ustedes. Continúo diciéndoles que, nunca como ahora, en todo lo que va de su corta existencia el actual gobierno había sido sujeto de tan dura crítica en materia de seguridad. Sin embargo, nunca como ahora, ha actuado con tanta prudencia, determinación y consciencia de sus responsabilidades ante la ciudadanía. Primero como movimiento político y ahora en el gobierno hemos postulado que los valores del humanismo son la guía de nuestro comportamiento político. Defender la integridad física y la dignidad de las personas primero que nada, evitar el uso de la violencia y el derramamiento de sangre por todos los medios posibles, combatir a quienes vulneran a México, privilegiando en todo momento el uso de la inteligencia sobre la fuerza, así como trabajar sin descanso para ofrecer a la gente un modo honesto de subsistencia para que nadie se vea obligado a delinquir por falta de oportunidades, son imperativos éticos para el gobierno de la cuarta transformación. Las concepciones contrarias a nuestra visión, particularmente para combatir la inseguridad, esgrimidas por quienes ahora nos cuestionan acremente, han demostrado con creces su inutilidad en el terreno de los hechos. Nuestra actitud contrasta vivamente con los tiempos en los que la letalidad indiscriminada, el daño colateral y la falta de respecto a los derechos humanos eran moneda corriente. En el caso de Culiacán, lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando la paz pública. Y propósito de Culiacán, la transparencia en materia de seguridad pública, es un principio fundamental de este gobierno, por primera vez se transparentan las cifras cotidianas de incidencia delictiva en delitos de alto impacto. Hemos preferido la crítica y el debate que esto genera, a mantener la opacidad y la inercia. Esta transparencia es posible porque no tenemos nada que ocultar, porque no nos interesa mantener secrecía alguna, salvo en aquellos aspectos susceptibles, sensibles para el debido proceso, los derechos humanos o la seguridad nacional. Contamos con un presidente honesto, decidido a enfrentar la corrupción. No defendemos intereses oscuros ni inconfesables, no nos mueve ni el cochupo y la componenda. Solo el objetivo de pacificar al país y devolver a la sociedad la tranquilidad que anhela. De hecho, en el debate nacional se enfrentan dos visiones distintas: las de quienes quieren combatir a la delincuencia organizada a toda costa, caiga quien caiga. Y la de aquellos que pensamos que ya fue suficiente del derramamiento de sangre que desde hace años padecemos. La de los que creen que la sola aplicación de la ley en crudo resolverá el problema y la de quienes consideramos que mientras no se ataquen a plenitud las causas que generan la violencia, la inseguridad, seguirá presente. En este contexto, se nos ha criticado por no usar la fuerza pública contra algunas manifestaciones sociales. Las críticas han llegado fundamentalmente a través de adherentes a la iniciativa de la guerra contra el narco. Los bot, han jugado un rol muy relevante en la difusión de estas críticas. Es importante no ignorar estos puntos de vista, pero también explicar el nuestro. La estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar, probó ya sus límites y generó decepciones. Tenemos que admitirlo. De hecho, no se registra un logro relevante durante los sexenios en los que se aplicó. Sus simpatizantes se niegan a ver que la estrategia por operativos –ya utilizada– no dio resultados; tuvo siempre un carácter reactivo en respuesta a un hecho delictivo consumado. Es decir, sin criterio de anticipación. En todo caso, no podemos desestimar poderosos fines conservadores detrás de los llamados a utilizar la fuerza pública a la menor provocación. Son ellos los que piensan que la fuerza lo resuelve todo y que si un problema social no se resuelve es porque no se le ha aplicado la suficiente fuerza. Decimos a quienes proponen el uso indiscriminado de la fuerza pública, que son muy altos los riesgos de la represión como métodos de acción del Estado. Además, no vamos a dar sustento a la propaganda que pretende pintarnos como un gobierno autoritario. A pesar de los desencuentros y debates, a pesar de las posiciones encontradas, no hay que olvidar nunca, ni perder de vista quiénes son los maleantes. Ellos son los que aterrorizan a la población indefensa y la toman como rehén. Ellos destruyen la propiedad ajena y amenazan cobardemente a mujeres y niños. Nosotros, integrantes del Estado mexicano -entendido como la unión indisoluble de pueblo y gobierno-, somos los que debemos enfrentarlos mediante firmeza y transparencia para conquistar la paz. Si vemos el tema de la inseguridad con perspectiva histórica, reconoceremos que es una tragedia que lleva décadas y ustedes -conocedores de los procesos sociales- saben que visto sin utopías la construcción de la seguridad será también producto de un proceso histórico. No podemos permitirnos fingir que la solución del problema de la inseguridad es un tema sencillo. El gobierno de México instrumenta a diario una estrategia de seguridad completa y eficiente que está rindiendo frutos paulatinamente, pero los niveles de violencia que conocemos en nuestro país no tienen su origen exclusivamente en las deficiencias de los aparatos y las políticas de seguridad. Expresan en realidad la suma de todas las fallas estructurales de nuestro modelo político, económico y social. Hay que aceptar, sin afán de justificarnos y de manera autocrítica, cualquier errar cometido. Pero también cabe aclarar que en materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias. Un tropiezo táctico no invalida la estrategia en su totalidad. De lo que puede estar completamente segura esta soberanía es que invariablemente responderemos con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad. Es nuestra obligación y nuestro compromiso indeclinable. Siempre habrá momento para capturar a quienes delinquen, e iremos por ellos a no dudarlo, para que paguen por sus fechorías. Pero la vida de la gente es insustituible. Para nuestro gobierno la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Desde nuestra perspectiva, combatir la inseguridad significa también garantizar oportunidades de educación, salud y bienestar para la población, así como promover la regeneración ética de la sociedad y terminar con la corrupción, ese mal endémico de los cuerpos de Seguridad Pública y Justicia en el país. Es imposible tener policías limpias en el marco de gobiernos corruptos e impunes. Por ello primero nos abocamos a poner orden en el gobierno. Segundo, a poner orden en los cuerpos de seguridad. Se logró ya una reforma constitucional gracias al apoyo de ustedes, que califica como delito grave a los actos de corrupción. La reforma constitucional en materia de extinción de dominio facilita ya las acciones en contra de servidores públicos corruptos. Entre las innovaciones más importantes en materia de seguridad destaca particularmente la creación de la Guardia Nacional, iniciativa constitucional de carácter histórico para enfrentar el problema de la inseguridad. La Guardia Nacional cumplirá una función más preventiva que reactiva. Se encuentra ya desplegada a nivel nacional con 72 mil elementos, y aspiramos a terminar el año con 92 mil elementos desplegados y 140 mil para el 2021. Por ello, decimos que nuestro mayor problema está en el corto plazo. Para todos sus integrantes se prevé la capacitación en derechos humanos, sin embargo, la seguridad pública no está depositada exclusivamente en la Guardia Nacional, esta representa solo la fase más visible. Las políticas sociales avanzan respaldando la política de seguridad, generando oportunidades laborales, de salud y educación particularmente para los jóvenes. Una de las principales propuestas es hacer policía desde abajo, corregir, mejorar, capacitar, a las policías estatales y municipales para que puedan actuar en complemento de la Guardia Nacional. Hay una tercera vertiente que es la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones, que merece una mención especial, pues ha empezado a operar ya como una cruzada nacional de carácter transversal. En ella participan diversas organizaciones. Una vertiente más, es el combate al mercado ilícito de combustibles, donde el Ejército y la Marina han realizado una tarea importante. El combate al mercado ilícito de combustibles nos ha representado un ahorro para el Estado mexicano que alcanza ya, casi 34 mil millones de pesos. Si me permite un minuto más señora presidenta para concluir.