El diputado José Narro Céspedes: Muchas gracias, presidente. Quisiera comentar dos puntos que tienen que ver con la Constitución. Inicialmente pedirle a usted, presidente, que se inscriba en el Diario de los Debates la totalidad de nuestro documento, porque no lo vamos a leer en su totalidad y vamos a hacer algunos comentarios sobre él. Queremos señalar que el artículo 27 de la Constitución señala con mucha precisión que “corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requiera para dichos fines”. También dice la Constitución que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir dominio de las tierras, aguas y sus acciones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas...” “en una faja de 100 kilómetros a lo largo de la frontera y de 50 kilómetros en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir dominio directo sobre tierras y aguas...” Esto es muy importante para nosotros comentar y señalar que el punto de acuerdo se basa en un punto de acuerdo que aprobó el 26 de enero la Comisión Permanente, que presentó nuestro compañero senador del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Legorreta Ordorica, en el que se señalan las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta Regasificadora de Energía Costa Azul, SA, de RL, de CV, propiedad de Sempra Energy. La resolución señala lo siguiente: “remítase copia del presente expediente al honorable ayuntamiento del municipio de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus atribuciones, revise los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de este municipio a la empresa Energía Costa Azul, para el funcionamiento de la terminal de gas natural licuado”. Queremos decir que esta empresa, desde los terrenos mismos que aparentemente habían comprado, que resultó que se la compró a una señora que un año y medio antes falleció, ha estado plagado de una serie de irregularidades. Cuando el ayuntamiento revisó los permisos que se habían otorgado, éstos se otorgaron en forma irregular porque el permiso tiene que ser avalado por el cabildo, tiene que estar en el acta y a partir de ahí el presidente municipal otorga el permiso correspondiente. Revisando las actas de cabildo, nunca hubo ningún permiso. El presidente municipal otorgó el permiso a título personal, sin el avál del ayuntamiento ni del cabildo, por lo cual el permiso respectivo carecía de total validez, por lo cual la presidencia municipal, en el marco del acatamiento de este punto de acuerdo procedió a la clausura de esta empresa que estaba funcionando en forma totalmente irregular. Ante estos hechos, lo que sucedió fue que hubo un desplazamiento de elementos del Ejército y de la Policía Federal Preventiva, a abrir la planta, violentando una atribución que es del ayuntamiento. Aquí tenemos que respetar la división de poderes y que respetar también el federalismo. En este sentido se violentó esta disposición que tomó el pleno del cabildo del Ayuntamiento de Ensenada. Por eso hoy queremos respaldar al Ayuntamiento de Ensenada por las decisiones que tomó y expresarle toda nuestra solidaridad. Ante esto, queremos proponer el siguiente punto de acuerdo. 1. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión envíe un escrito expresando su respaldo formal e institucional al presidente de Ensenada, Baja California, para llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias el resolutivo quinto de la comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión del 26 de enero del 2011 relativo al punto de acuerdo presentado por senador Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, en el que se señalan las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energy Costa Azul S de R. L. de C. V, propiedad de Sempra Energy. 2. Que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que una subcomisión de la misma se traslade a Ensenada, Baja California, para reunirse con las autoridades y conocer en detalle la situación relacionada con las autoridades para la operación de la empresa regasificadora Energy Costa Azul, propiedad de Sempra Energy. 3. Que la representación de legisladores referida en el resolutivo anterior, con el apoyo de la autoridad municipal y en su caso estatal y federal, verifique documentalmente el cumplimiento de toda la legislación, reglamentación y normas oficiales mexicanas estatales y municipales aplicables en la construcción y operación de la planta regasificadora e investigue en qué forma, bajo qué criterios, en cuánto tiempo y por quiénes fueron otorgados los permisos, licencias y documentos necesarios a fin de detectar subirregularidades, incumplimientos u omisiones al respecto e informe a esta soberanía el resultado de su investigación y consulta. 4. Se turna el presente punto de acuerdo al Senado de la república, considerando que la Comisión Permanente de la cual emanó el resolutivo quinto previamente citado, está integrada también por legisladores integrantes del Senado. 5. Se comunique el presente punto de acuerdo al ciudadano gobernador del estado de Baja California y se le exhorte a que, en cumplimiento del pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las dependencias a su encargo expresen un comportamiento republicano de pleno respeto a la autonomía municipal, basadas en el ejercicio de las atribuciones y facultades que le son otorgadas por las leyes. 6. Se exhorta al Ejecutivo gire instrucciones al secretario de la Defensa Nacional para que las fuerzas armadas de la zona militar que resguardan Ensenada se abstengan de intervenir en problemas de carácter legal y en defensa de un particular, de una empresa que está incumpliendo las leyes mexicanas y contaminando las aguas marinas de la región y cuya participación podría desembocar en perjuicio de un gran número de ensenadenses. 7. Se comunique el presente acuerdo al Congreso del estado de Baja California para los fines y efectos que el mismo considere como más pertinentes. No es posible, compañeras y compañeros, que se instale una regasificadora que no se ha instalado en Estados Unidos ni en Canadá porque es contaminante. Es cuanto, presidente y muchas gracias a los compañeros diputados por su atención.