El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señora presidenta. Con el permiso de las compañeras y compañeros legisladores. En este sentido, presento proposición con punto de acuerdo con el objeto de solicitar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de la colaboración entre poderes, que en base a los amparos masivos contra la reforma laboral que han sido interpuestos por más de dos millones de trabajadores y que ya han comenzado a ser admitidos por los jueces de distrito, llegado el momento procesal oportuno y cubiertos los extremos del párrafo tercero de la fracción II del artículo 107 constitucional, haga una declaración general de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral de cita y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012. Sabiamente el Legislativo que aprobó las reformas en materia de amparo publicada el 6 de junio de 2011; y en materia de derechos humanos del 10 de junio de ese mismo año que van de la mano-, tomó en cuenta que hasta ese momento los únicos caminos para hacer la declaración de invalidez de una norma con efectos generales, era la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, que sin embargo la mayoría de las veces no se interponen en vista de intereses de grupo, en claro atentado al estado de derecho y a la justicia. Recordar el derecho que tenía la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente en este tema y que no interpuso el recurso al cual jurídicamente podía haberlo hecho y no lo hizo. En vista de lo anterior, el Legislativo creó, por así llamarlo, un camino ciudadano para lograr tal nulidad de la norma con efectos generales, por medio de la llamada declaratoria general de inconstitucionalidad. En relación a los amparos interpuestos contra esas normas generales, instituyéndose con el fin de alcanzar un verdadero respeto de los principios de supremacía constitucional y de igualdad ante la ley y la regularidad del orden jurídico, se modifica el principio de relatividad del juicio de amparo a fin de proteger a personas que no hubiesen participado en el juicio de amparo en el que se determinó la inconstitucionalidad de una norma general, ya que es una injusticia y una verdadera irracionalidad jurídica que una norma ya invalidada, se continúe aplicando en perjuicio de todos aquellos que no se hubieran amparado normalmente por falta de conocimiento de sus derechos y/o de recursos económicos; demás se favorece el principio de economía procesal, ya que se evita la interposición y conocimiento de amparos innecesarios. En este sentido, la Constitución Federal en su artículo 107, fracción II señala: Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora transcurrido el plazo de 90 días naturales. Sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá siempre que fuera aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. En ese sentido, de manera muy puntual queremos decir que así como en la Ley del ISSSTE, efectivamente los jueces de distrito actuaron con independencia y de manera razonada ampararon a miles de trabajadores en contra de aquella ley, estoy convencido de que también hay jueces de distrito que van a hacer lo propio en este momento y que se va a creer en la jurisprudencia. Por lo tanto vamos a estar en ese supuesto jurídico, por eso la Suprema Corte de Justicia en su momento tiene también que estar a la altura de las circunstancias del país y estoy convencido de que se va a ocupar esa mayoría calificada de los ocho ministros, para poder hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad de esta reforma laboral, porque nosotros consideramos que efectivamente hay elementos jurídicos para ello. No quiero adelantar hechos, en el caso de que la suprema Corte de Justicia abdique de esta facultad y por cuestiones jurídicas no resuelva en ese sentido. Ustedes los legisladores del PRI y del PAN, están en su derecho de seguir votando en contra de estas proposiciones de punto de acuerdo que hacemos nosotros y claro, nosotros tendremos el derecho de seguir siguiendo las instancias pertinentes, porque creemos que es la medida adecuada. Imagínense la situación en la cual estaría el país si estos más de 2 millones de trabajadores hubiesen actuado de una forma irracional, así como lo están haciendo en este momento las instancias que tienen que hacerlo. Sería un caos en nuestro país. Tomaron la decisión pertinente, irse por la vía jurídica, por lo tanto en este momento nosotros ya sabemos cuál va a ser el sentido de su voto. Nosotros vamos a continuar luchando en las instancias nacionales, pero también les adelanto, vamos a irnos a las instancias internacionales y estoy convencido de que a nivel internacional se va a evidenciar quién tenía la razón en ese sentido. Es difícil de pensar que en estos espacios en los cuales se tiene que dar el debate, precisamente en este tema en particular se haya rehuido del debate porque saben ustedes precisamente de que afectaron gravemente a millones y millones de trabajadores y beneficiaron a los empresarios nacionales e internacionales con esa anti reforma laboral. Es cuanto, señora presidenta. La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado. En virtud de que esta proposición ha sido solicitada ser de urgente resolución, solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si se así se considera.