El diputado Marco Antonio Calzada Arroyo: Gracias, presidente. Se hicieron modificaciones al contrato original que otorgaron ventajas al consorcio constructor, la falta de supervisión y diversas omisiones provocaron el incremento de costos, que se pagaran mayores anticipos a las compañías, por lo que hay elementos para presumir dolo. Hubo un claro conflicto de intereses en la firma de por lo menos un convenio modificatorio del director general de proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, que es hermano de Luis, de los mismos apellidos, quien fue promovido de director general de Construcción a vicepresidente ejecutivo del Grupo ICA del consorcio constructor. No ha quedado suficientemente explicado por qué se optó por rentar trenes en lugar de comprarlos. Un punto adicional, igualmente grave, es la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro que firmó con la empresa española Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, CAF, un contrato de prestación de servicios a 15 años por más de mil 588 millones de dólares americanos, más de 20 mil pesos, costo que supera otras ofertas como la de la empresa Norinco. Además, una de las partes del contrato que representa alrededor del 60 por ciento del total del mismo, se firmó con un tipo de cambio de 16.75 centavos por dólar, lo que significa un sobreprecio de 3 mil millones de pesos, pues el tipo de cambio en el momento de la firma del 31 de mayo del año 2012, era de 12.91 centavos pesos por dólar, condiciones a todas luces contrarias al interés público. Las autoridades del Distrito Federal en el periodo 2006-2012 no garantizaron una adecuada coordinación y supervisión integral, los representantes del consorcio constructor y de CAF reconocen que trabajaron por su cuenta sin coordinarse. Uno, contrato por proyecto Metro, y el otro, por el Sistema de Transporte Colectivo. Proyecto Metro pagó a un consorcio alemán para certificar la seguridad en el funcionamiento de la línea, pero sólo verificó las vías y los sistemas, pero no los trenes. Además, de que entregó su estudio horas antes de la inauguración, el 30 de octubre del año 2012 y no en julio como se había contratado. A partir del cierre parcial de la Línea 12 el 11 de marzo pasado, el dictamen elaborado por la empresa Cistra puso en evidencia otros defectos de construcción y se demostró que el elemento determinante provocó el desgaste ondulatorio y fue la incompatibilidad con el material rodante y la vía. La Contraloría General ha impuesto inhabilitaciones y otras sanciones a diversos servidores públicos. Hay auditorías, investigaciones abiertas, denuncias presentadas ante la Procuraduría General del Distrito Federal y también hay litigios por resolverse. La Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal también tienen controversias con el consorcio constructor. Es inconcebible que se hubieran dejado pasar tal cantidad de irregularidades sin el conocimiento de las autoridades del más alto nivel. Nos referimos al ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, al ex secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo y al ex titular del proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez. Por ello solicitaremos al procurador general del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, que con base en la documentación que le fue remitida por parte de la Contraloría General proceda al desglose correspondiente dentro de la Procuraduría General de la República, a efecto de que ésta realice la averiguación de posibles delitos federales. A la Auditoría Superior de la Federación se le solicita continuar con las labores de fiscalización y cuanto antes se determinen los procedimientos para fincar responsabilidades a los funcionarios y ex funcionarios del gobierno del Distrito Federal por el probable desvío de recursos federales en la construcción de la Línea 12 del Metro. Al efecto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, licenciado Miguel Ángel Mancera Espinosa, impulsar en coordinación con el proyecto Metro y con la Contraloría General los procedimientos resarcitorios que deriven de la determinación de responsabilidades de los servidores públicos o de las empresas privadas, y la ejecución de garantías para entregar la Línea 12 a la brevedad posible. Consideramos que debe darse prioridad jurídico-administrativa-económica, para valorar la posibilidad de concluir anticipadamente el servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12 del Metro, ya que el valor de los proyectos para la prestación de servicios PPS representa más de tres veces el costo de la adquisición de los trenes. En síntesis, el gobierno de la ciudad entonces y las empresas constructoras entregaron trenes equivocados, sobre vías equivocadas y construidas sobre un paso equivocado. Por esto debemos deslindar las responsabilidades que procedan. Es cuanto. Gracias, presidente.