La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. Voy a presentar dos reservas en ésta misma participación sobre el artículo número 41. La primera de ellas es la fracción I, párrafo cuarto, que tiene que ver con el aumento en el porcentaje de la votación para los partidos políticos. Uno de los derechos democráticos fundamentales consiste en garantizar que las minorías tengan representación. Que en todas las tribunas se les escuche. Tener acceso a las instancias electorales de gobierno, poder ser capaces de promover los intereses particulares de aquellos que se identifican con ellas y ellos y han carecido de voz y voto. Es por ello que las vías democráticas reclaman que se facilite la elección y representación de esas minorías. Ésa es una condición ineludible de la democracia. Ha sido una victoria social histórica que se rompiera el control casi monopólico del poder. No ha sido sencillo y ha costado mucha sangre y mucho sufrimiento. La reducción del porcentaje de la votación facilitó el surgimiento de nuevos partidos políticos creándose una tendencia que hoy muestra nuevas iniciativas ciudadanas que promueven su propuesta política, decisiones que justamente hoy permiten un Congreso más plural y gracias a esa pluralidad, a pesar de muchos pendientes, se ha logrado una legislación más justa para las mujeres, para los indígenas, para las personas con discapacidad. Gracias a esa pluralidad hemos avanzado en la lucha contra la discriminación. La inclusión de las minorías ha facilitado la promoción de los intereses de aquellas y aquellos que ignorados por algún partido político que sólo les interesaba mantenerse en el poder. Romper ese monopolio ha ayudado a modernizar nuestra vida política. No permitamos que los intereses egoístas hoy pongan un dique. El camino a la democracia no está garantizado. Hoy encontramos tendencias oligarquizantes; vemos el deseo de llegar a un gobierno de muy pocos. Quieren construir un sistema bipartidista, de ser posible. Subir el porcentaje de votos necesarios para mantener el registro electoral, es una decisión contraria a las necesidades democráticas del país. No podemos permitir que se utilice a este Congreso para fijar reglas contrarias al avance democrático. Subir el porcentaje de votación para lograr y mantener el registro electoral, es un paso en dirección equivocada. Mejor competencia asegurará más opciones para la sociedad; reducir las posibilidades de representación es un golpe contra la ciudadanía que reclama mejores gobiernos y mejores políticas y políticos. En el tema del artículo 41, párrafo primero, sobre la no inclusión de la revocación de mandato en esta reforma político electoral, que es más electoral que política, la verdad, la sociedad ha dicho una y otra vez en todos los tonos posibles, que los políticos y las políticas deben someterse a la revisión constante sobre su quehacer. Las y los políticos no podemos pretender ocultarnos en una torre de marfil, lejos del alcance de la crítica ciudadana. No se puede gobernar dándole la espalda a la sociedad que se gobierna. La sociedad debe tener la posibilidad de solicitar se revoque el mandato de aquellos o aquellas que no cumplan con las tareas que se les ha encomendado. La sociedad se estremece constantemente con noticias de corrupción, de abuso de poder, careciendo de mecanismos para retirar ese poder a quienes no cumplen. Entre los factores que determinan la calidad de la democracia, se encuentra en primerísimo lugar la posibilidad de poder remover de su puesto a las y los políticos incumplidos o cuyas acciones afectan los intereses nacionales o de grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas. No se puede pensar que el país avance hacia la democracia si se blinda a los políticos de la sociedad. Tal parece que el PAN y el PRI, insisten en seguirse ocultando de la vigilancia y supervisión social y tratan de mantenerse en la impunidad para ocultar actos que en muchos casos son traiciones contra aquellos que votaron por ellos y ciertamente contra los que no lo hicieron. No olvidemos que en el momento en que llegamos a un puesto de representación popular, se adquiere una obligación con toda la sociedad y es ella misma la que debe tener derecho a quitar del puesto a las y los incumplidos. No se le puede pedir paciencia a la sociedad respecto a los malos políticos. Se deben garantizar instrumentos para determinar si se mantiene o no en su puesto. Es una afrenta para la sociedad hacer reformas a modo, como ésta. Aprobar la reelección sin la capacidad de revocar el mandato, equivale a una patente de corso. Negar la revocación de mandato es un ultraje a la transparencia por la que hemos luchado. Hoy negar la revocación de mandato implica haber dado un paso atrás en el reclamo social de nivelar la política con las exigencias ciudadanas. La democracia plebiscitaria tiene la gran ventaja de darle la última palabra a la sociedad y con ello estamos obligados y obligadas. La revocación de mandato es un factor central de esa democracia. Es un derecho de la sociedad y es una obligación de este Congreso incluirlo en la reforma política y reglamentarlo para que las mexicanas y los mexicanos puedan ejercer ese derecho. Es cuanto, presidente, gracias.