El diputado Ángel Alonso Díaz Caneja: Con su venia, señor Presidente. El suscrito diputado federal de la LIX Legislatura, Ángel Alonso Díaz Caneja, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por la fracción II del artículo 71 y por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Ley de Concursos Mercantiles prevé en su artículo 311, la creación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos mercantiles IFECOM, como un órgano dependiente dl Consejo de la Judicatura Federal y dicho Instituto cuenta con autonomía técnica y operativa. Este Instituto tiene diversas funciones, mismas que están reglamentadas en su artículo 311, sin embargo en su fracción XIV, se establece con claridad la obligación para el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, informe cada seis meses al Congreso de la Unión sobre el desempeño de sus funciones. A este respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en las tesis aislada con el número XLVI/2000, la inconstitucional del mencionado ordenamiento legal. En una interpretación que se aparta del texto legal, rescatando el principio de la supremacía constitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció que en realidad el informe relativo debe de ser rendido ante los plenos de la propia Corte y del Consejo de la Judicatura, y en su difusión hacerlo del conocimiento del propio Congreso. "Esto es así en atención a que dicha disposición secundaria contaría en forma directa a lo establecido por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone -en su artículo 49- el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. " Este precepto constitucional establece la división de poderes de manera tal que uno no puede inmiscuirse en el funcionamiento del otro sin violar su propia autonomía, salvo que así lo prevea expresamente la Carta Magna, siendo que en la especie no existe disposición en ésta que faculte al Poder Legislativo para obligar al Poder Judicial de la Federación, por conducto de alguno de sus órganos, a rendir un informe sobre sus actividades. Lo cual se pretende hacer a través de una norma legal secundaria. "Por su parte el artículo 133 constitucional dispone que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado arreglarán a dicha Constitución leyes y tratados, a pesar de las disposiciones que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. "Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el supremo intérprete y último de la normatividad de la Carta Magna, erigido como tribunal constitucional, el cual está encargado de velar por el respeto de sus disposiciones, lo cual la faculta para ejercer de manera excepcional el control difuso de la constitucionalidad de una ley, ello a fin de lograr cumplir fielmente con la labor que le encomienda la propia Constitución como garante y protector del imperio de sus postulados, principios y normas frente a cualquier ley o acto de autoridad que lo contravenga. "Bajo estas condiciones es claro que este alto tribunal por medio del control difuso debió declarar la inconstitucionalidad del precepto motivo de la consulta, ya que no es legalmente admisible que el Congreso de la Unión, a través de un ordenamiento legal secundario, pretenda que un órgano del Poder Judicial de la Federación le rinda informes sobre sus actividades, pues ello implica una violación a la soberanía de este último poder en franca violación al artículo 49 de la Carta Magna. "Por lo antes expuesto, la iniciativa que se propone está a favor de la rendición de ese informe ante los plenos de la Suprema Corte, órgano supremo jurisdiccional y del referido Consejo, pero no ante el Congreso. Para tales efectos se debe difundir públicamente para conocimiento de los interesados, entre ellos el propio Congreso de la Unión, al que podrá enviarse copia del mismo. "En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado someto ante esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto. "Artículo único.- Se reforma la fracción XIV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles para quedar como sigue: "Artículo 311. "Del I al XIII igual. "XIV.- Rendir informe semestral ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y difundir públicamente el informe sobre el desempeño de sus funciones para conocimiento de los interesados". Es todo, señor Presidente, y le pido de la forma más atenta se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.