El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Con su venia, compañero presidente. Buenos días, señoras diputadas y señores diputados. En reconocimiento a las grandes luchas mineras, desde las precursoras de la Revolución mexicana como las de Cananea;la Caravana del Hambre de nueva Rosita en los años 50 del siglo pasado, las de ayer y las de hoy, desarrolladas por ambientalistas comprometidos y grandes luchadores sociales de la talla de Salvador Gaytán. Las del ejido Huizopa, de Cebada de Dolores, Chihuahua; del cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; la de Caballo Blanco, en Veracruz. Las luchas de ejidatarios e indígenas contra el despojo de sus tierras, contra la contaminación que deja a sus hermosos paisajes en campos yermos e improductivos; contra la destrucción de sus centros culturales y ceremoniales como los de Wirikuta, en San Luis o como de Chicomuselo, en Chiapas. En memoria y justicia de las decenas de mineros muertos, resultado de las pésimas condiciones laborales. Ejemplo y constancia de ello son las tumbas de los panteones en la región carbonífera, desde Barroterán a Nueva Rosita; desde las minas de La Florida, Las Esperanzas hasta Pasta de Conchos y las más recientes muertes en el mismo estado de Coahuila. En gratitud a las grandes gestas por democratizar las organizaciones sindicales de mineros, particularmente los mineros metalúrgicos de las secciones 147 y 288 de Monclova, también en el mismo estado de Coahuila en los años 70 y a principios de los 80. A su gran espíritu de solidaridad para con otras luchas sociales. Presento ante esta soberanía la iniciativa de reforma, que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera. Esta ley debe de ser reformada en un sentido profundamente social, tutelando en todo momento la vida, salud y seguridad de los mineros; el derecho de las comunidades a gozar de un medio ambiente que preserve la armonía entre sus miembros y sus valores culturales e históricos, contemplando el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. La nación tiene derecho a que se le retribuya parte de la riqueza obtenida por los concesionarios al aplicarlo en bien de la comunidad afectada. Estamos creando la procuraduría minera, como un organismo público descentralizado para la orientación, asesoría, enseñanza y demás actividades requeridas para el debido respeto a los derechos de los mineros. También se crea un centro nacional de investigaciones en metalurgia extractiva cuyo objetivo será la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico. Otra aportación es la regulación del sistema de atajo a cielo abierto, de manera tal que produzca menos daño a la ecología, a la salud y al patrimonio cultural e histórico de su entorno. Quedan prohibidas las sustancias químicas altamente contaminantes. En un anhelo de mayor justicia para los mineros, esta iniciativa reconoce el interés jurídico de los trabajadores, de las comunidades, ejidos y poblaciones afectadas para que puedan defender con eficacia sus derechos laborales e incluso la muerte de algún trabajador a consecuencia de riesgos de trabajo. Creamos la comisión reguladora encargada de emitir disposiciones en materia de seguridad e higiene y verifica el cumplimiento de mantenimiento, obras de fortificación ademes, sistemas de ventilación, alarma, comunicación y ubicación satelital del trabajador, salidas de emergencia y demás instalaciones necesarias indispensables en las minas. Establecemos la responsabilidad social como una obligación de los titulares de una concesión y que realice obras de salud, educación, infraestructura, equilibrio ecológico y protección al ambiente. El historial de cumplimiento en materia de responsabilidad social será requisito indispensable para el otorgamiento de una nueva concesión; su incumplimiento será causa de nulidad, aplicable también a quienes sean responsables de accidentes. Un historial negativo genera una prohibición. Establecemos el concepto de interés superior del trabajador minero y de la ecología para que en cualquier circunstancia se priorice la vida y la salud. La responsabilidad social estará por encima de cualquier otro factor de producción. De producirse daños, éstos tendrán que repararse. Los beneficiados de una concesión deberán pagar el cinco por ciento del valor potencial de la misma y cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena ésta tendrá el derecho de hacer una propuesta económica, adjudicándose el derecho al crédito para el fideicomiso de fomento minero. La Secretaría de Economía regulará y promoverá la explotación, en estricto apego a la responsabilidad social. La participación comunitaria es indispensable. La Secretaría deberá informar de manera previa y fundada a las comunidades sobre el otorgamiento de una concesión. La oposición comunitaria acarreará siempre la suspensión de dicha explotación. La ocupación temporal, servidumbres y expropiaciones para uso minero se llevarán a cabo previa opinión libre de los afectados, sin presión o engaño. Compañeras y compañeros, no podemos permanecer indiferentes ante la tragedia humana que representa actualmente el trabajo minero. Con esta iniciativa aspiramos a dar el carácter social y ecológico que requiere la prevención, debe prevalecer por encima de una política estrictamente lucrativa, debemos asumirlo como un compromiso e impedir que sigan ocurriendo muertes previsibles a lo largo y ancho del país. Es tiempo de decirles a nuestros conciudadanos, a los sectores desprotegidos que estamos con ellos, que en esto nos podemos poner de acuerdo, privilegiando su protección y no la de los empresarios. Bajo esta visión, con estos ejes de actuación el Frente Legislativo Progresista garantiza que podemos caminar largo y encontrar los consensos suficientes para hacer que nuestros representados aspiren y adquieran cada vez más una vida digna y próspera. Los invito a hacer suya esta iniciativa como un ejemplo, como un pequeño paso que significará un gran salto en el México que pretendemos engrandecer. Muchas gracias.