El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez: Como promovente de este punto de acuerdo me voy a darles a conocer las siguientes consideraciones: Primera. El pasado 1 de noviembre el subprocurador norteamericano de Justicia, Lanny Brauer, reconoció que en el 2006 en el gobierno de George Bush y a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se permitió la entrada ilegal a México de 500 armas de asalto, como parte de la operación Receptor abierto, y que éstas se suman a las 2 mil 500 de la operación Rápido y Furioso del 2009, del gobierno de Barack Obama. Segundo. En una audiencia senatorial, el director de la División Anticrimen del Departamento de Justicia estadounidense reconoció que el 70 por ciento de las 94 mil armas recuperadas en México, en los últimos 5 años, tienen su origen en las armerías de Estados Unidos y que éstas se han convertido en la principal fuente de suministro para los grupos delictivos, principalmente el cártel de Sinaloa. Lo que significa que más de 65 mil armas ingresaron ilegalmente al territorio mexicano con el aval del gobierno norteamericano. Tercera. Esta actitud del gobierno norteamericano puede considerarse injerencista y desestabilizadora, porque ha contribuido a incrementar el poder de fuego de los grupos criminales que han rebasado en algunas regiones al Estado Mexicano. El mismo Eric Holder, procurador de los Estados Unidos, lamentó ante el Senado norteamericano que los efectos de Rápido y Furioso se sentirán durante muchos años, al continuar apareciendo en escenas de crímenes las armas contrabandeadas. Detrás de estas acciones se encuentran los intereses de la industria armamentista representada por la Asociación Nacional del Rifle, la cual ha forzado al gobierno estadounidense a no renovar la prohibición de la venta de armas de asalto que espiró en el 2004. Después del 2004 México se llenó de armamento terrible, flamante y de fácil acceso. Al acabar con la prohibición de armas de asalto la Asociación Nacional del Rifle consiguió un gran negocio en nuestro territorio a costa de articular y armar a los grupos criminales en México. Cuarta. Hasta julio de 2011 la revista Zeta había documentando 50 mil asesinatos conectados al crimen organizado. Éste es el precio que México ha pagado en sangre para tratar de evitar que las drogas lleguen a suelo norteamericano, entre estas vidas se cuentan las de los oficiales de la DEA, asesinados en San Luis Potosí, que se perpetraron con armas contrabandeadas con el aval de los Estados Unidos. Quinto. El día 4 de noviembre del presente año se divulgó un informe de la Agencia para el Control de Alcohol, Tabacos, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, donde se reporta una reunión realizada el 16 de noviembre de 2007, entre el entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora y Michael Mukasey, fiscal general de los Estados Unidos, durante el gobierno de George Bush, en la que se analizó y formalizó una entrega controlada de armas introducidas a México para detectar bandas de narcotráfico. De resultar cierta esta información estaríamos ante un grave caso de responsabilidad política, que afectó la gobernabilidad y la estabilidad del país por las malas decisiones tomadas por los funcionarios de la PGR. Sexta. Recientemente el New York Times difundió un reportaje en el que deja al descubierto la participación de la DEA en el lavado de millones de dólares. Según el reportaje, al igual que con la operación Rápido y Furioso, ahora la DEA ha emprendido operaciones encubiertas para facilitar el trasiego de millones de dólares ilegales para después lavarlos en Estados Unidos y depositarlos en las cuentas bancarias de los capos de la droga. Séptima. Ante estos hechos que lastiman la dignidad nacional y que vulneran nuestra soberanía la respuesta de la diplomacia mexicana ha sido sumisa y vergonzosa. La Secretaría de Gobernación ha sido omisa ante estos hechos finalizo, presidente que afectan la gobernabilidad y la estabilidad interna. De igual manera, la PGR debería emprender una investigación para fincar responsabilidad a los funcionarios, 10 funcionarios que se extralimitaron en sus funciones. Por las anteriores consideraciones me permito proponer el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución. Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores trasmita al gobierno de los Estados Unidos de América el enérgico rechazo que hace esta soberanía por todas las operaciones realizadas en territorio mexicano, que en materia de seguridad binacional se desarrollen al margen de mecanismos de cooperación bilateral para el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Gracias, presidente.