El diputado Carlos Torres Piña: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, diputada presidenta. A nombre de mi grupo parlamentario acudo a esta tribuna a presentar este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que se exhorte a la Junta de Coordinación Política y que determine crear la Comisión Especial de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y de Justicia en los Movimientos Estudiantiles Suscitados en nuestro país. Y para esto hago algunas reflexiones. Sobre las injusticias perpetuadas a lo largo de la historia de nuestro país contra movimientos sociales organizados y comunidades en resistencia, tales como el movimiento estudiantil o pueblos en defensa de su territorio, tales como tras situaciones que se han venido sufriendo por violencia, desaparición forzada, despojo y asesinato por medio del crimen organizado, o peor aún, por parte de las fuerzas de seguridad al servicio del Estado. Es un hecho trascendental para avanzar hacia la pacificación y reconciliación de una sociedad que se ha visto en sus vínculos de las problemáticas diversas que se tienen en una situación compleja. Hoy, a pocos días de haberse cumplido 50 años de uno de los hechos más sangrientos y explícitos, que deriva en un ejemplo vergonzoso de terrorismo de Estado, hacer memoria trae consigo la necesidad de esclarecer para el bien de las generaciones futuras, la verdad histórica de todos los crímenes cometidos contra estudiantes con estas características, cuyos responsables aún están impunes y las circunstancias de las que se han cometido no han sido claras. Aquí hago una pausa. Hace ocho días todos los representantes de los grupos parlamentarios hicieron uso de esta tribuna, haciendo bonitos discursos cuando se pusieron las letras de oro del movimiento estudiantil de 68, y en base a esos bonitos discursos y buenos posicionamientos, apelo a la sensibilidad de todos ustedes a que apoyemos esta propuesta de crear esta comisión. Reflexionar sobre la participación estudiantil y su capacidad de intervenir de manera organizada en la vida pública del país, se torna una discusión inevitable, sobre todo en estos días de tanto ajetreo y violencia. Además que para un proceso de paz es necesario que el gobierno de México considere el derecho a la verdad como un derecho de todo el pueblo mexicano. La instalación o las instalaciones de comisiones de la verdad paralelas a los procesos judiciales efectivamente han permitido romper los pactos del silencio y avanzar en la construcción de la memoria colectiva de la verdad. Esto siempre y cuando se vincule de manera directa con los derechos y garantías judiciales establecidas en la Declaración Americana, así como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y bajo el entendido que este derecho a la verdad no solo corresponde a las víctimas o a sus familiares, sino a toda la sociedad en general. Hay que tener claro que para que la comisión de la verdad se legitime, es necesario garantizar que sus informes sean conocidos por la sociedad. Adicionalmente, es importante que las comisiones tengan acceso a fondos económicos para el cumplimiento de algunas de sus recomendaciones. Además, esta debe hacerse en clave restauradora, incluyendo la voz, las historias y las necesidades de las víctimas, sus familias y la sociedad, y no solo de los victimarios y tenerse en cuenta las prácticas restauradoras. Por lo anterior, someto a esta soberanía este punto de acuerdo en el siguiente sentido. Sabemos que a algunos se les ha dicho que voten en contra. Pero apelamos a esa reflexión, apelamos a esa virtud revolucionaria ante estos hechos lamentables y que no hace ocho días solamente hayan usado la tribuna para generar ciertas condiciones, pero cuando se plantean esquemas de estos, simplemente les dicen que no voten a favor. También agradezco al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que ha decidido sumarse a este punto de acuerdo e hicimos la corrección de estos temas: Primero. Pedirle a la Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión exhorte a la Junta de Coordinación Política para que en uso de sus atribuciones, análisis en su caso, determine la creación de la Comisión Especial a la que hacemos mención. Segundo. El objeto de la Comisión Especial serán las prácticas restauradoras, no solo con las víctimas y sus familiares, sino con la reconstrucción del tejido social...