La diputada Sylvana Beltrones Sánchez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el asunto que estamos poniendo a consideración de esta asamblea reviste la mayor importancia y tiene trascendencia nacional, nos referimos al caso de tráfico de menores puesto al descubierto hace poco en el estado de Sonora. La existencia de una red que operaba nada menos que bajo el amparo del DIF estatal y tenía vínculos internacionales, exige, a nuestro parecer, una investigación más a fondo, ya que las autoridades locales han demostrado una franca incapacidad e indolencia, y al parecer no vela por la pulcritud jurídica cuando existe una sospechosa omisión ante el hecho de que se han visto involucrados funcionarios públicos estatales. Se sabe que desde el mes de marzo de este año el gobierno de Estados Unidos había alertado al procurador de Sonora, Carlos Navarro, sobre el tráfico operado por funcionarios estatales, pero no fue sino hasta el 20 de agosto, cinco meses después, que se giraron las órdenes de aprehensión contra los servidores públicos señalados que comerciaban con la vida de menores, sustrayéndolos de sus madres para venderlos al mejor postor. Se ha consignado a 16 personas por este caso, de los cuales 14 han sido perdonados y se han identificado a 10 el día de hoy, menores registrados de manera irregular en Sonora. Pero no sabemos con certeza cuántos casos ha habido ni desde cuando operaba esta red de actividades ilícitas. Sobre todo, es preocupante que además de la tardanza en la actuación de las autoridades locales, lo hicieron prácticamente obligados por la ventilación pública de los supuestos adoptantes, quienes en mayo se manifestaron afuera de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia en Hermosillo, para reclamar por los niños por los que habían pagado. Sólo así actuó la Procuraduría, pero únicamente para interrogar a los funcionarios Arzate Carbajal y Hernández López, quienes se presentaron a declarar pero de manera increíble fueron puestos en libertad bajo reservas de ley, y el día de hoy se encuentran en calidad de prófugos. Por la gravedad de los delitos que se presumen consideramos urgente y necesaria la intervención de autoridades federales, ya que el modus operandi de esta red corresponde a la tipificación de ilícitos del crimen organizado, además de que estamos frente a un posible caso de trata de personas, ya que no sabemos de qué medios se valían estos indiciados para hacer que la madres biológicas entregaran a sus hijos. De hecho, existen testimonios de madres que fueron engañadas u obligadas en distintas formas a entregar a sus hijos, por quienes abusaron a todas luces de su calidad de autoridad. Es necesario actuar con determinación. El problema de agresiones a niños y niñas no es privativo del estado de Sonora, hay que recordar que en Tlaxcala acaba de detenerse a un presunto pornógrafo infantil por operar en redes sociales en Argentina, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y México. En un Estado democrático de derecho la legitimidad de cualquier gobierno tiene sustento fundamental en el irrestricto respeto a los derechos humanos, sobre todo al de los menores, que son nuestro futuro. No hay esfuerzo suficiente ni cansancio que valga para tomarnos en serio este caso. De ahí que debemos de realizar todas aquellas acciones encaminadas a investigar estos delitos, castigar a los culpables y evitar que esto no vuelva a suceder, no solamente en Sonora, sino en todo el país. Compañeros y compañeras diputados, el Congreso de la Unión no puede permanecer ajeno a esta lamentable situación. Por ello, las y los diputados de Sonora que suscribimos el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, les pedimos respetuosamente su voto a favor para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ejerza su facultad para conocer de violaciones graves a derechos humanos, que les fue otorgada recientemente en reforma constitucional en la materia. Además, exhortamos a la Procuraduría General de la República para que proceda a integrar la carpeta de investigación correspondiente y así ver por el interés superior y protección de las niñas y niños, víctimas de esta lamentable situación. Agrego que conforme al artículo 133, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, hago entrega de la propuesta final del texto con punto de acuerdo, el cual agrega un tercer resolutivo, a propuesta del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el cual aceptamos y le damos la bienvenida en mi grupo parlamentario. Dejo a disposición de la Secretaría para su conocimiento y resolución del pleno. Es cuanto, señor presidente.