La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la creación de grupos de autodefensa civil es uno de los problemas más preocupantes en materia de seguridad pública y mantenimiento del estado de derecho. Durante los últimos meses han proliferado organizaciones que bajo el argumento de la ausencia o la incapacidad de las policías municipales, estatales y federales han tomado en sus manos la acción de la justicia y el control armado de las comunidades. Actualmente existen 36 de grupos de autodefensa en cinco estados del país, lo que representa un grave indicio de debilidad del estado en zonas rurales, donde el crimen organizado ha adquirido la capacidad de imponer sus reglas a poblaciones enteras. La aparición de organizaciones armadas que asumen la defensa de las comunidades y aplican normas propias de impartición de justicia obliga a poner atención a un fenómeno que puede agravar la situación de violencia imperante en muchos municipios. Sin duda, detrás de la formación de grupos de autodefensa civil, se encuentra como problema principal el abandono del Estado mexicano y la pérdida de credibilidad de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, no puede dejar de pensarse en que el debilitamiento del estado de derecho da oportunidad al narcotráfico y el crimen organizado para manipular a las poblaciones a fin de proteger y promover sus intereses. Es lamentable que las circunstancias creadas por el combate frontal al narcotráfico se traduzcan en actos desesperados por parte de poblaciones indefensas y, a la vez, en un riesgo mayor para la paz social. Los grupos de autodefensa contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos armados que afectarán inevitablemente a la ciudadanía. Aun en las circunstancias de gran inseguridad que prevalecen en algunas zonas, no se justifica romper el orden estatal para dar paso a organizaciones que pueden salirse de control y generar una crisis de gobernabilidad. Algunos grupos de autodefensa civil han llevado a cabo juicios extralegales, basados en usos y costumbres, estas acciones ponen en cuestión no solo al sistema de justicia, sino también la capacidad del estado para proteger los derechos humanos de las personas detenidas por las organizaciones armadas. Como bien lo ha planteado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existe una línea muy tenue entre los grupos de autodefensa y los grupos paramilitares. Si bien los gobiernos, federal y estatales, han intervenido para que sean liberados los detenidos y se esclarezca su responsabilidad en presuntos delitos, es sumamente importante evitar que prosiga la descomposición de las relaciones comunitarias y actuar eficazmente para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Como precedente de los grupos de autodefensa civil se encuentran las policías comunitarias, que existen desde hace 15 años. Estas policías están reguladas por las autoridades y según declaraciones de autoridades competentes, existe la posibilidad de reglamentar a los grupos de autodefensa para evitar que cometan excesos. En esa línea se ha planteado la idea de hacer los coadyuvantes de la justicia, como el caso Guerrero, pero no se ha especificado cómo se regularizarían esos grupos y tampoco se ha abundado sobre lo que representaría legitimar a organizaciones armadas en casos sometidos a grandes tensiones por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado. A tal efecto, tendrían que instrumentarse las políticas adecuadas para dar seguridad efectiva a las poblaciones que viven en la zozobra por la violencia que ejerce el crimen organizado; al mismo tiempo tendrían que aplicarse las políticas de prevención del delito a las que el actual gobierno se ha comprometido. Es necesario que se intervenga con prontitud a fin de evitar que muchas comunidades caigan en una nueva espiral de violencia. Por tales razones, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que es urgente que el secretario de Gobernación precise públicamente la estrategia que seguirán las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos, el acceso expedito a la justicia y la aplicación de políticas para restaurar el tejido social y prevenir el delito. En virtud de lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución. Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de Morelos y de Jalisco, a redoblar esfuerzos para que implementen acciones urgentes y contundentes tendientes a persuadir y a disuadir a los grupos de autodefensa civil a que cesen en la realización de los operativos que vienen implementando. Es cuanto, diputado presidente.