El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: El pasado día 6 de agosto de 2014 la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ubicada en el municipio de Cananea, en Sonora, derramó como consecuencia de una falla en la tubería de salida en un represo de esta mina 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre, arsénico, cadmio, cromo, mercurio, entre otras, en el Río Bacanuchi, afluente del río Sonora. Para poder ser un poco más gráfico con esta soberanía, es como si tuviéramos al mismo tiempo 8 mil pipas de agua que darían la vuelta a todo el Circuito Interior. Éste es el daño causado que según la propia información de esta minera se reportó. El grupo empresarial referido no solamente se abstuvo de notificar oportunamente del siniestro a las autoridades estatales y federales, sino que trató de evadir a toda costa su responsabilidad. Pero lo más deleznable, compañeros y compañeras, fue evitar el resarcimiento del daño socioeconómico, ambiental que le correspondería por ley, pero sobre todo por la más básica ética industrial. En esta soberanía debemos levantar la voz y tomar las medidas conducentes para que se atienda de forma prioritaria, oportuna e inmediata a la población afectada; y que además se revierta el daño ecológico y se garantice que una contingencia de estas características no vuelva a suscitarse en nuestro territorio mexicano. En el Poder Legislativo tenemos la ineludible responsabilidad de enviar un enérgico mensaje a quienes aprovechan los recursos de la nación. Un mensaje cuyo contenido sea la inexorabilidad de consecuencias jurídicas y económicas si se causa un daño a los recursos humanos y materiales mexicanos. Un mensaje de que en nuestro país tiene cabida empresarios modernos, transparentes y honestos, comprometidos con el desarrollo nacional. Los sonorenses no tiene por qué asumir el costo de la irresponsabilidad y la falta de interés de Grupo México, tanto en la seguridad de las minas como en la calidad de los materiales que emplean o en la violación sistemática que han incurrido en las normas industriales y ambientales. El que contamina, señoras y señores, debe pagar. Y el que pone en riesgo vidas y ecosistemas debe responder con la pérdida de su concesión. La responsabilidad no se agota con el simple pago de 2 millones de pesos, un primer paso para calcular el impacto que el derrame tendrá en la salud, en la economía, en las actividades productivas y en el medio ambiente de Sonora y sus habitantes. Esta soberanía debe hacer el compromiso de velar por la continua evaluación y ajuste de dicho instrumento para que se revierta el verdadero daño y los perjuicios ocasionados. Más allá de volver las cosas al estado que guardaban, se traduzca en una verdadera activación económica de esta región, que dicho sea de paso su riqueza en minerales no se ve traducida en bienestar y desarrollo para su comunidades. Diputadas y diputados, en el Partido Revolucionario Institucional saludamos el informe que nos ocupa como una oportunidad para hacer valer nuestra función como representantes de los mexicanos. Avalamos cada una de las propuestas y recomendaciones vertidas en él, conminando a cada integrante de esta Cámara a sumarse a este esfuerzo en contra de la impunidad, la insensibilidad, el desinterés y la negligencia y como garante eficaz, verdadero y oportuno de los derechos de los mexicanos, pero en este caso específico de la sociedad sonorense; de los sonorenses a condiciones de vida digna; de su derecho al desarrollo; de su derecho a la salud; de su derecho al acceso suficiente a un agua segura y apta para su consumo; de su derecho a un medio ambiente sano que hoy más que nunca lo requiere. Muchas gracias.