La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del pleno. Creo que más allá de venir a esta tribuna a decir qué es lo que contiene la reforma, porque eso es lo que haremos o lo que trataremos de hacer todos, primero debemos preguntarnos qué es lo que nos tiene aquí aprobando esta reforma claramente, aparte del Pacto por México. Y lo que nos tiene aprobando esta reforma y la necesidad popular que se ha creado sobre este tema, es el uso irresponsable de una herramienta que debería ser virtuosa y se ha convertido en una herramienta viciosa para los estados. Es decir, quién no recuerda, diputados ciudadanos, quién no se ofende con los grandes escándalos que se han dado con el tema de la deuda en varios estados, y no voy a nombrar a personas, porque no se trata esto de una discusión política sino de una discusión técnica, los grandes escándalos sobre los temas de Coahuila, Chiapas, inclusive, Veracruz. Eso es lo que nos tiene aquí. Es decir, un elemento que podría haber sido virtuoso, como lo dije, que es el endeudamiento, que es una forma de financiamiento para los estados que permitiría que los estados pudiesen adquirir recursos adicionales, que bien manejados podrían crear infraestructura y podrían utilizarse para programas sociales o para programas de desarrollo de los estados y los municipios, se ha optado por utilizar congresos locales, a veces poco responsables, otras veces poco informados y en muchas ocasiones, completamente entregados a los gobernadores para aprobar deuda que ha dañado a los estados, a los municipios y que se ha ido no solamente a gasto corriente sino a gasto dudoso, por decirlo de alguna manera, en algunos estados de este país. Entonces, ¿qué es lo que hace esta reforma, en términos prácticos? ¿Para qué sirve? Es decir, ¿por qué tanto ir y venir con el tema del endeudamiento de estados y municipios, que hemos tenido ya desde el pasado receso de este Congreso de la Unión? Garantiza el uso responsable de la contratación de financiamiento de créditos, empréstitos y préstamos para los gobiernos estatales y municipales, así como su administración transparente. Establece, y esto es muy importante, límites claros y precisos para que los estados y municipios adquieran deuda y disminuyan su costo. Porque hay que ser muy claros en esto, hay estados en donde –hay que decirlo, en su mayoría– los gobernadores y muchos municipios ya no tienen que pedir autorización a sus Congresos ni a sus cabildos para adquirir ciertas deudas que no superen el término de su periodo de gobierno. Es decir, los titulares de los Ejecutivos pueden endeudarse de la manera que mejor les parezca y utilizar este recurso de la manera que mejor les parezca, todo depende de la legislación del estado. Incluye además, esta iniciativa, mecanismos de control que obligarán a los estados y municipios, entre otras cosas, a licitar la contratación de deuda. Es decir, ya no será directamente por un trato, por un amigazgo o cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Y creo, de manera muy importante, que incrementa el tema de la inversión en infraestructura para que estas deudas no se vayan a gasto corriente. Y aunque pareciera un lugar común o un tema común ésta es una de las cosas más importantes de esta iniciativa. Es decir, si vas a endeudar al estado endéudalo con algo positivo, que tenga y que deje cuando menos en el estado infraestructura y que deje proyectos a largo plazo. Es decir, estamos de cierta manera obligando –y lo digo entre comillas– a nuestros gobernadores y a nuestros presidentes municipales a que tengan miras a largo plazo y dejar un granito de arena a quienes están gobernando. Porque, ¿cuáles son los pros y los contras de esta reforma? Y con esto pasaría ya al último tema, que es el tema de auditoría y fiscalización. Mucho se ha dicho que con este tema –y lo discutimos nosotros en el grupo parlamentario– probablemente vamos a entrar a un sistema de centralización que no ayuda al sistema federal mexicano. Es decir, si ustedes revisan los tres asuntos que estamos tratando en este periodo extraordinario podemos observar que todos tienen que ver con la centralización de atribuciones del Congreso. El código procedimental único, es decir que le da la atribución al Congreso de hacer un código de procedimiento único para todos los estados. Una Ley de Catastro, donde ponemos el mínimo o las reglas generales para los temas catastrales desde esta Cámara de Diputados. Y ésta, que tiene que ver con el tema de endeudamiento de estados y municipios que se fijarán desde el estado. Sin embargo, en este tema digamos que es necesario replantear el Pacto federal. Y creo, y creemos en el Partido del Trabajo –y así lo discutimos y así l concluimos–, que esta reforma constitucional está en congruencia con el Pacto federal, es decir, establece un marco general aplicable a los diferentes órganos de gobierno y al mismo tiempo respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales en la emisión de sus respectivos ordenamientos legales. Se ha dicho sobre esta reforma –algunos legisladores– que probablemente aprobarla como está, lejos de poner orden, va a causar que haya mayor deuda o que desde el centro se pueda acreditar a algunos gobernadores o presidentes municipales a que adquieran deuda y a los menos cercanos al centro a que no lo hagan. Es por eso que las normas son de aplicación general. Y esperamos que la tentación no esté en manos del Ejecutivo o de quien así lo pueda determinar. Me gustaría cerrar con un tema central y que nos deja un pendiente en esta Cámara de Diputados, que es el tema de auditoría y fiscalización. Esta iniciativa toca también temas de auditoría y fiscalización para las deudas que se están adquiriendo y que se están regulando por esta ley. Pero, sin embargo, hay un gran tema, un gran hoyo negro –diría yo– en el tema de auditoría y fiscalización en los estados. En su mayoría tenemos auditores completamente entregados a los gobernadores, por decir lo menos, y que no realizan su trabajo como deben de hacerlo. Aunque tenemos órganos –de auditoría, se supone– autónomos e independientes, éstos finalmente obedecen finalmente a los gobernadores y nunca revisan ni fiscalizan el ejercicio real del gasto. Esta iniciativa en algunos de sus puntos habla de cómo se hará en concordancia con la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías locales, la auditoría de estos recursos. Pero nos queda pendiente, señores diputados, y esperemos poder presentar ya en el próximo periodo ordinario cómo se fiscalizaran los recursos de participaciones y aportaciones federales, cómo es y se tratará ese gran hoyo negro del recurso que baja en el presupuesto que aprobamos nosotros y que no sabemos muchas veces cómo se aplica y que las auditorías de los estados son cómplices en el mal manejo de estos recursos, no solamente ni las participaciones y aportaciones, sino también inclusive de los recursos propios. Éste es un gran pendiente que nos deja esta iniciativa, que el PT ve con mucha preocupación y que no nos vamos a preocupar solamente sino que nos vamos a ocupar. Anunciamos que votaremos a favor esta iniciativa, que nos parece una iniciativa positiva, que presentaremos algunas reformas y que estas reformas –creemos– son necesarias para afianzar y no centralizar el tema ni quitar las atribuciones que deben de tener los estados y respetar, como ya lo dije, el Pacto federal. Muchas gracias.