El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Muchas gracias, diputado presidente. Todas las actividades económicas que tienen que ver con la organización de juegos y sorteos, a pesar de que puedan llegar a ser una actividad de entretenimiento que acaba siendo beneficiosa para el gobernado, no podemos negar también que puede ser una actividad terriblemente perniciosa para su patrimonio. De ahí que sea un principio y una determinación fundamental del Estado, de regularla. Para la organización de estas actividades en torno de los juegos y sorteos se tiene que contar con un permiso previo, y nos interesa desde luego que el Estado sea vigilante con relación a la calidad moral, a la capacidad económica y financiera de aquellas personas que se involucran en la organización de juegos y sorteos. El Estado tiene por consiguiente este interés primigenio y el poder para regular las actividades en torno de los juegos y sorteos. El artículo 73, fracción X de la Constitución, le concede a este Congreso de la Unión la facultad para expedir las leyes en materia de juegos y sorteos. Sin embargo, esta facultad es amplísima y no determina ninguna limitante por cuanto a la forma en que éstas habrán de regularse, de ahí que sea propiamente el Congreso al que le corresponda definir las directrices conforme a las cuales los juegos y sorteos habrán de realizarse en México. No es la primera ocasión, el presidente de la República también con motivo de un reglamento anterior ha expedido ya a través de esta función administrativa materialmente legislativa, reglas que permiten la organización de juegos y sorteos que van más allá de lo que establece la ley, siendo que la ley establece con claridad en qué casos se pueden realizar las apuestas o los sorteos de número, siendo las primeras, las apuestas, las que permitan a los permisionarios que inviertan en galgódromos o en hipódromos hacerse de un mayor ámbito de alcance con relación a su negocio, para alcanzar un equilibrio financiero del permiso; en materia de sorteos, de números, ésta es un poco más amplia. Los bucks, las casas para la captación de apuestas y de sorteos de números, van a estar siempre vinculadas con la posibilidad de que alguien alcance un equilibrio con relación a una inversión productiva para el país. No estamos de acuerdo en que a través del reglamento se dé una carta abierta, un cheque en blanco al secretario de Gobernación, para que discrecionalmente se permita, indiscriminadamente, la apertura de este tipo de establecimientos mercantiles, que les repito, puede ser desastroso para el patrimonio de familias que caen en la adicción al juego. Es por ello que siendo evidente que el reglamento contraviene a los principios de supremacía y de reserva de ley que tutelan los artículos 133, 89, con relación al artículo 73 fracción X de la Constitución, el juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este medio de control constitucional que se propone es precisamente el idóneo. Esperamos, desde luego, que tramitado el juicio y comprobada la validez de los conceptos de invalidez constitucional que se están proponiendo en la demanda, los ministros de la Corte concuerden con esta opinión y con la interpretación correcta que tiene que darse a la ley, por tratarse ésta, y el reglamento dentro de los márgenes que ésta establece, disposiciones de interés público. Esperamos al final de todo este proceso, que se pueda llegar a dictar una sentencia invalidante con relación al reglamento, que impida la distribución discrecional, indiscriminada de estos permisos que nos preocupan. Por esta razón el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, desde luego, se adhiere al juicio de controversia constitucional que se propone y votaremos a favor de que se firme éste y se presente, dentro de los plazos que establece la ley, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, señor presidente.