La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, presidenta. Antes de entrar en el tema me gustaría enviar un mensaje al pueblo de Nuevo León para decirle al gobierno del estado que el tarifazo del transporte público que le están imponiendo a la ciudadanía es ilegal y le vamos a dar reversa, porque impacta directamente en la economía de las familias. El autoritarismo de Morena está hoy rompiendo la presunción de inocencia, están construyendo un sistema que encierra sin juzgar, que encierra sin juzgar, que no es justicia, que es tiranía. Y obviamente otra vez, con un procedimiento legislativo sin escuchar, sin atender las evidencias y recomendaciones de expertos en la materia, este dictamen es fruto de las propuestas del expresidente López Obrador, una prueba de la herencia autoritaria que le deja al país y desgraciadamente a las futuras generaciones. Es preocupante la cantidad de reformas que la mayoría oficialista está realizando a la Constitución, pero ésta es de las más preocupantes. Desde el 2019 las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN expresamos y señalamos de manera contundente las consecuencias que traería incrementar el catálogo de delitos que meritan prisión preventiva oficiosa, que cinco años después no existe evidencia de que hayan disminuido estos delitos catalogados, cinco años después los resultados son catastróficos. De acuerdo con el Inegi, al cierre de 2023 en los ámbitos estatal y federal la población privada de la libertad se conformó de 233 mil 277 personas, 94 % a hombres y 5.7 % a mujeres. Con respecto al 2022 se registró un aumento de casi el 4 %. En promedio, 37 % de las personas privadas de la libertad en 2023 no contó con una sentencia para las mujeres. Este porcentaje fue de 46.9 %, y para los hombres de 36.7 %. En 2023, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 44.3 % se encontró en prisión preventiva oficiosa, y solamente un 32 % en prisión preventiva justificada, que estoy segura, no saben cuál es la diferencia. Pero ahorita se las explicamos. Miren, la prisión preventiva oficiosa es totalmente violatoria del derecho a la libertad de las personas. Incluir la prohibición para autoridades jurisdiccionales de realizar cualquier tipo de interpretación que pretenda inaplicarla, suspenderla, modificarla o hacerla nugatoria mantiene una violación de derechos. Debemos recordar y no perder de vista que esta medida siempre fue propuesta y debe ser de carácter excepcional, por lo que se debe de atender la gravedad de los delitos que la motiven, y que debe aplicarse como último recurso. Es decir, cuando las medidas existentes no permitan la continuidad del proceso. En los términos en que se encuentra este dictamen redactado se cae en el error de considerarla como una sanción penal anticipada, ya que se obliga a su imposición inmediata, sin dar la oportunidad de medidas alternas. De conformidad con el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la prisión preventiva no debe ser la regla general sino la excepción, como una medida cautelar. Es decir, vamos completamente en contra de lo establecido en toda legislación internacional en materia de derechos humanos. En el PAN hemos cuestionado esta medida y hemos denunciado el incumplimiento del artículo cuarto transitorio del decreto de 2019 que, estoy segura, tampoco conocen, el cual señala que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente decreto. Es decir, no lo estamos haciendo eso. Y, lejos de buscar ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, deberíamos evaluar la continuidad de esa medida, de lo que se catalogó en 2019. Ustedes ahora le agregan más porque están instaurando un terrorismo fiscal, entre muchas otras cosas. El populismo punitivo es el arma que utilizan los líderes políticos, es la exaltación de la retórica y las políticas de mano dura en contra de cualquier delito, para ganar elecciones y todo tipo de apoyo popular. Eso es lo que hace Morena. No ven las consecuencias de meter a todo aquel que transgreda la ley con un enfoque integral, carecen de una visión preventiva y buscan por todos los medios justificar sus decisiones a través de la retórica y la falacia. Todas estas reformas que buscan meter a cualquier persona a la cárcel nos han llevado en una espiral de mayor violencia y cárceles llenas de pobres. ¿Primero los pobres? Primero los pobres que van a encarcelar ustedes. Les recuerdo lo que expresó el populista, el expresidente brasileño Jair Bosonaro: Un buen delincuente es un delincuente muerto. Eso es lo que quiere hacer Morena. ¿Eres opositor al régimen? No importa. Persíguelo y mételo a la cárcel hasta que muera, sin una sentencia. En síntesis, eso es lo que el régimen populista hoy pretende apoyar. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos en contra de esta reforma constitucional porque violenta el principio de presunción de inocencia, porque va en contra del derecho convencional, que significa que un tratado internacional respalde la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos a los que hoy ustedes les vuelven a poner la misma piedra. Porque ¿se acuerdan que la discusión de la reforma de inimpugnabilidad les dije que se les iba a ocurrir poner en la Constitución que te metan a la cárcel hasta por no pagar una multa? Pues eso quieren hacer con este dictamen, elevando a rango constitucional el terrorismo fiscal. Estamos en contra porque en este país hay miles de personas inocentes en prisión y siguen sin tener sentencia, duran hasta dos años sin una sentencia. Estamos en contra porque Morena no solo no persigue a los delincuentes, sino que además los libera. Ahí está el caso de Ovidio Guzmán. Estamos en contra porque es una herramienta para meter a delincuentes a la cárcel y para perseguir a la oposición. Miren, escuchen a los que ahora están en sus filas, la Suprema Corte de Justicia invalidó artículos que calificaban delitos como prisión preventiva oficiosa y el presidente era Arturo Zaldívar, ahora apodado el Rasputín de la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha ordenado a México eliminar arraigo y modificar prisión preventiva oficiosa en el caso García Rodríguez, en el caso Tzompaxtle Tecpile. Según la Inegi, al menos 3 de cada 10 personas en prisión preventiva oficiosa pasan más de 2 años encarceladas. Concluyo. Hoy ustedes son tan hipócritas que vienen aquí a presumir una Secretaría de la Mujer, cuando hay cada 5 de cada 10 mujeres en la cárcel esperando una sentencia, que hoy su gobierno no quiere resolver. Ustedes dicen que van detrás de los delincuentes, pero quien fuese su coordinador parlamentario volaba en aviones privados con los huachicoleros, ustedes...