EL C. DIPUTADO ROBERTO COLIN GAMBOA: En atención al Acuerdo Parlamentario que regula el tiempo de las intervenciones en tribuna, me permito leer un resumen, tanto de la exposición de motivos como de la propia iniciativa, por lo que solicito respetuosamente a la Presidencia que el texto íntegro de la presente se inserte en el Diario de los Debates. Señoras y señores diputados: En ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados de esta LIX Legislatura, me permito presentar iniciativa de reforma y adición al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con la siguiente exposición de motivos: Las últimas reformas tendientes a la democratización del Distrito Federal, se han enfocado básicamente a la definición de atribuciones entre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respecto con el Presidente de la República y el Congreso de la Unión, sin establecer reglas claras para la relación entre el Jefe de Gobierno y los jefes delegacionales. Sin embargo, aún cuando en el Congreso se ha pensado en la creación de las bases para que en un futuro las delegaciones se conviertan en municipios, no se ha plasmado de manera precisa ni en la Constitución ni en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que tanto el Gobierno del D.F., como las delegaciones representan niveles diferentes de gobierno. Adicionalmente, la denominación de delegaciones a los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales, ha contribuido a la invasión de competencia entre estos dos niveles de gobierno. En el Artículo 122 de la Constitución se establece, que será el Estatuto de Gobierno quien fijará la competencia de los órganos jurídico-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. La anterior cita no menciona de ninguna manera subordinación de las actualmente denominadas delegaciones con la Jefatura de Gobierno de la ciudad. Con base en lo dispuesto en el Artículo 122 que señala que el Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, determinamos que su organización administrativa respecto de los órganos político-administrativos, no encuentran en ninguna de las tres formas de organización de la administración pública del Distrito Federal que establece el Estatuto de Gobierno. No son centralizados, pues no mantienen una relación de subordinación respecto del Jefe de Gobierno, no podemos considerarlos organismos descentralizados, porque no cuentan con un patrimonio y personalidad jurídica propios; y, finalmente, si quisiéramos encuadrarlos como organismos desconcentrados como lo señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F., no encontramos disposición alguna en nuestra Constitución que así lo establezca. Además, ¿cómo pueden existir órganos desconcentrados, cuya principal característica, es la dependencia órganica con la entidad que los crea y que son parte integrante de la administración, cuando los titulares de dichos órganos son electos por el voto universal de los ciudadanos? Es decir, los jefes delegacionales le responden a sus electores y no al Jefe de Gobierno. Por otra parte, la insuficiencia sistemática de recursos y simultáneamente la diversificación de necesidades y problemas sociales por resolver, someten a los gobiernos y a sus respectivas administraciones a crecientes presiones financieras. El delegado político en el pasado y el jefe delegacional en el presente, constituyen el nivel de gobierno y administración pública más próximo al lugar donde se presentan las necesidades y los problemas sociales. El titular de ese orden de gobierno, es asumido por la población, como el principal conocedor y al mismo tiempo responsable de satisfacer tales necesidades y resolver los problemas. Un punto e inicio en el proceso de municipalización del Distrito Federal, está en el hecho de brindar cierta autonomía en las decisiones que pueden tomar los órganos políticos administrativos. Lo anterior hará realidad el deseo de los ciudadanos de esta capital, por tener autoridades que puedan resolver cabalmente las necesidades de servicios más apremiantes que actualmente padecemos. La falta de personalidad jurídica de las ahora llamadas delegaciones, ha llegado a generar conflictos en cuanto a la operación de las mismas, ya que no tienen posibilidad de realizar actos tan sencillos o elementales como pudiera ser la compra de hojas de papel para el trabajo diario y muchas otras actividades específicas, tienen que ser contratadas directamente por el Gobierno de la ciudad. La descentralización administrativa en la ciudad de México y la disminución de los costos de operación del aparato administrativo del Gobierno del Distrito Federal, deben atenderse de manera urgente. Existe una gran duplicidad en cuanto a diversas estructuras administrativas que ejercen el control y el gasto a nivel central y delegacional. Adicionalmente, muy a menudo el gobierno central invade el ámbito de competencia de las delegaciones. Tenemos dos ejemplos claros de esta invasión de competencia, los cuales han sido resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de una de las delegaciones. El otorgar personalidad jurídica a las hoy llamadas delegaciones, supone que éstas se hagan cargo de la administración en sus territorios, desprovistas del grado actual de dependencia financiera respecto del gobierno central en la entidad. Al mantenerse el Distrito Federal bajo un estatuto jurídico político especial y sui géneris, debemos buscar formas novedosas y eficaces que permitan mejorar las relaciones entre los dos niveles de gobierno que concurren en la ciudad. Considerando Que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 122 el titular de una demarcación es electo por una comunidad de ciudadanos determinada, con el objeto de que dicha persona desempeñe las competencias conferidas en la ley al órgano al que es electo. Que estimar lo contrario, sería tanto como abrir la posibilidad de que mediante un acto arbitrario, el gobierno central pudiera desahogar en cada una de las competencias y que no pudiera plantearse recurso alguno, quedando en un absurdo estado de indefensión. Ello incluye, dado el caso, la legitimidad democrática y representativa de su titular, en pro de una reivindicación del orden constitucional violentado y de las competencias gubernamentales para las que fue electo. Que en respuesta a un recurso de reclamación deducido de la controversia constitucional promovida por la Delegación Miguel Hidalgo, el máximo tribunal del país reconoce que los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, representan un nivel diferente de gobierno en el D.F., aun cuando no se precise de manera expresa en nuestra Carta Magna ni en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y que sí están legitimadas para promover controversias constitucionales que aun cuando se establece en el párrafo segundo de la fracción II de la base tercera del artículo 122 constitucional. Que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal fijará para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, no se plasmó en el citado estatuto de manera clara y precisa la competencia ni la relación entre dichos órganos que la base tercera del artículo 122 constitucional señala en sus fracciones I y II una clara diferencia entre los órganos que son jerárquicamente subordinados al Jefe de Gobierno y los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace una mención solamente de los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial y no utiliza el término "Delegación". Que la denominación de delegaciones establecida en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, contribuye a la confusión en las atribuciones y jerarquía que guardan el Gobierno del Distrito Federal y los órganos político-administrativos. Que la nueva denominación de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, será simplemente el de "Demarcación", como lo establece la Constitución. Que el cambio de denominación de "Delegación" a "Demarcación", sumado al reconocimiento de la personalidad jurídica, a las ahora llamadas delegaciones, permitirá la autonomía funcional indispensable para un buen funcionamiento de esas instancias de gobierno ante los ciudadanos del Distrito Federal. CONCLUSIONES: Es obligación de este Congreso el mejorar y readaptar el marco legal, de acuerdo con las necesidades presentes que se dan en un contexto diferente al que se tuvo en el momento de su elaboración. A tres años de vivir la experiencia de gobierno en el Distrito Federal con autoridades de dos niveles de gobierno electas por la ciudadanía, en las cuales gobiernas autoridades emanadas de diferentes partidos políticos, es decir, con proyectos específicos diferentes, debemos iniciar una segunda etapa en el proyecto de cambio que deseamos los habitantes de la Ciudad de México. Las reformas que se proponen contribuirán adicionalmente a tener una mayor transparencia y mejor rendición de cuentas tanto del Gobierno del Distrito Federal, como de las demarcaciones territoriales. En resumen, en lo que corresponde a esta Soberanía adecuar el marco normativo en la materia, redundará entre otros aspectos, en propiciar una sana participación, competencia y coordinación de los diferentes actores que concurren en el Gobierno del Distrito Federal y apoyar mediante diversas reformas, los procesos de desarrollo democrático y funcional de la entidad. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la atribución que establece el artículo 122 inciso a), fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados suscritos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, nos permitimos presentar a la consideración de esta Soberanía, el siguiente Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Es cuanto señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión del Distrito Federal. Les damos la más cordial bienvenida a los representantes de los medios de comunicación de la zona Córdoba-Orizaba, del Estado de Veracruz, que nos acompañan en las galerías de este Recinto Parlamentario. Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazarilla Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 76 bis fracción V y 91 fracción VI de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -DIP. MAZARILLA ESPIN: Con su permiso señor presidente; compañeras diputadas y diputados: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 765 bis, fracción V y 91 fracción VI de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de amparo, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente exposición de motivos. El juicio de amparo es la institución jurídica que garantiza al gobernado el respeto a sus derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución federal de la República. El éxito de la Ley de Amparo depende de contener en el procedimiento los derechos que hagan posible acceder a la protección de la justicia de la unión. Nuestra legislación actual establece supuestos concretos para suplir las deficiencias en los conceptos de violación señalados en la demanda de amparo y en los agravios formulados en los recursos establecidos en esta Ley. El hecho de que los jueces federales, magistrados de tribunales colegiados de circuito y ministros de la Corte en juicio de amparo puedan suplir las deficiencias cometidas por el quejoso en su demanda o agravios es un beneficio. Ejemplos: en materia penal existe a favor del reo; en materia agraria para los ejidos o núcleos de población que guarden el estado comunal; en materia laboral para el trabajador y también se prevé a favor de los menores de edad o incapaces. La reforma que propongo es precisamente que los adultos mayores y discapacitados permanentes también reciban este beneficio procesal de suplir sus deficiencias en los conceptos de violación establecidos en su demanda de amparo o agravios, ya que el amparo es la última instancia que un individuo tiene para salvar su libertad, patrimonio y dignidad. Tenemos que hacer realidad la certeza jurídica que señala la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, aprobada en la anterior legislatura para ayudar al adulto mayor, el cual, por cuestión natural, tiene enfermedades crónicas y su ingreso económico es reducido. No pueden pagar abogados y el quedar en manos de cualquier pasante o profesionista litigante sin el dominio de la técnica de amparo los podemos dejar en estado de indefensión con grave afectación jurídica. Esto se puede disminuir si la autoridad jurisdiccional está en posibilidad de suplir las deficiencias en los casos de no ser bien planteados los conceptos de violación en la demanda de amparo o agravios. La equidad y certeza jurídica estaría bien garantizada y no representa mayor recurso público al gobierno. Además, los tribunales federales radican en las capitales de los estados o zonas urbanas, lo que hace más costoso y difícil el acceder a la justicia federal. Las personas con discapacidad permanente, de acuerdo con el XII censo general de población y vivienda 2000, existen cerca de 1.8 millones de personas con discapacidad permanente o de largo plazo. Nuestra legislación de amparo menciona a los incapaces y se entiende en la mayoría de casos a los individuos sujetos al estado de interdicción que cuentan con tutores y curadores conforme la legislación civil, quienes están representados plenamente por un tercero y además la autoridad suple sus deficiencias de conceptos de violación en amparo y recursos. Señores legisladores: beneficiemos también a los adultos mayores y discapacitados permanentes que lo necesitan. Por discapacitado permanente se entiende la limitación física, intelectual o sensorial de personas que no están en estado de interdicción o bajo la patria potestad, como el menor de edad. Ellos se enfrentan a una realidad con más dureza, el desempleo, marginación, maltrato y pobreza. Realmente necesitan recibir el beneficio de que cualquier error en su demanda de amparo y agravios que sus abogados formulen la autoridad jurisdiccional pueda ayudarlos, aunado a que los adultos mayores y discapacitados por la madurez de la vida, la condición física enferma o limitada y la edad evitan entrar a litigios. El aprobar esta reforma no representa en ningún sentido una carga procesal a la autoridad o una desventaja para terceras personas, ya que sólo suple los conceptos de violación y agravios, sin afectar la seguridad jurídica y equidad en los juicios ventilados ante los tribunales. Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 bis, fracción V, y 91 fracción VI de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal de la República para quedar como sigue: Artículo único. Se reforman los artículos 76 bis, fracción V, y 91 fracción VI de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal de la República para quedar como sigue: Artículo 76 bis: "Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta Ley establece conforme lo siguiente: Facción V: "A favor de menores de edad, incapaces, adultos mayores y discapacitados permanentes" Artículo 91: "El Tribunal en pleno, las salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: Fracción VI: "Tratándose de amparos n que los recurrentes sean menores de edad, incapaces, adultos mayores y discapacitados permanentes, examinarán sus agravios y podrán suplir de sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78. "TRANSITORIO UNICO.- "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Es cuanto, señor Presidente. -