La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. El acceso a la salud y la educación se constituyen como derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna y, por ello, el garantizarlos por parte del Estado debiera ser uno de los temas de mayor relevancia en su agenda de gobierno. El acceso a la salud conlleva la propia seguridad personal en el ámbito más íntimo del ciudadano, siendo un derecho instrumental para el ejercicio de los restantes consagrados en la Constitución. En este sentido el gobierno ha sido omiso en garantizar el derecho de acceso a la salud, situación que tiene una profunda relación con la estrategia de abandono en los institutos públicos en la materia como el IMSS y el ISSSTE, que ha tenido como consecuencia el desabasto de medicamentos y el servicio limitado de acceso a la población, situación que debe ser denunciada a cada momento con el ánimo de adoptar las medidas conducentes para mejorar sus servicios y garantizar el goce de los derechos de los ciudadanos. Al día de hoy, las indebidas políticas laborales emprendidas por gobiernos anteriores y ratificadas por éste que han propiciado que el 60 por ciento de los trabajadores del país laboren en la informalidad, provocando el ahorcamiento financiero de estos institutos, pues en el caso del IMSS se encuentra limitado por las cuotas recibidas por apenas 16 millones 426 mil 296 personas. En años pasados se impulsó por parte del gobierno la creación del llamado Seguro Popular que basaba la política en la creación de una red de hospitales públicos con el objetivo de llegar a contar con una cobertura médica del 100 por ciento de la población. Sin embargo, los alcances de los servicios resultaron ser limitados y de ninguna forma constituyen una cobertura universal de los servicios de salud. México es el país de la OCDE que menos gasta en salud, dedicando alrededor del seis por ciento de los recursos del Presupuesto a este rubro, cuando el promedio del resto de los países que la integran es del 9.5 por ciento, lo que ha provocado que apenas existan 0.74 camas de hospital por cada mil habitantes reflejando una evidente carencia de infraestructura hospitalaria. Es más, se ha reconocido por parte de autoridades que existe un territorio del ocho por ciento del país en el que se congrega una población de cuatro millones de mexicanos en el que no existen siquiera centros de salud. Es decir, se trata de comunidades que carecen del servicio completo. En materia de insumos el panorama es similar. En el país existen 1.5 tomógrafos por cada mil habitantes, siendo que el promedio de la OCDE es de 12.8. Por lo que se refiere a los medicamentos existe igual un grave desabasto en el país propiciado en gran medida por la política de compras consolidadas por el gobierno federal, que además ahorcan a los municipios y a los estados, quienes otorgan a un solo proveedor la proveeduría de los medicamentos sin verificar las capacidades para el cumplimiento. La triste realidad es que al día de hoy más de 50 millones de mexicanos se encuentran sin ninguna cobertura de servicios de salud y 4 millones que no tienen un centro de salud en su comunidad. El gobierno actual ha tratado de evadir el tema de la ausencia de una política determinada en la materia, limitando su discurso a la tarea burocrática de constituir el llamado Sistema Nacional de Salud Universal, supuestamente privilegiando la ampliación de infraestructura en la materia. Siendo la salud uno de los derechos fundamentales de las personas, la ausencia de una determinación en el caso resulta de suma preocupación, pues con ello pareciera que se pretende abandonar la más elemental de las responsabilidades del Estado como es la de garantizar este derecho. De igual forma se pretende eludir el tema argumentando que la política enfoca los esfuerzos en las campañas de prevención de las enfermedades y con ello reducir la carga de los institutos. No obstante que las campañas de prevención resultan ser importantes, lo cierto es que no pueden constituirse como el elemento preponderante de la política, sobre todo teniendo en cuenta la limitación en el acceso a este derecho que sufren los mexicanos. Limitar la política en salud pública a campañas de prevención y elaborar estructuras burocráticas para operar sistemas ya existentes, no constituye un avance eficaz que vaya a resolver el problema de la ausencia de una garantía de acceso a los servicios de salud. Pareciera que para el Ejecutivo federal el cumplimiento de la garantía mencionada no constituye una prioridad y que puede suponer la espera a las negociaciones de otros temas mientras en las calles hay más de 50 millones de mexicanos que no cuentan con el acceso a tan importante derecho. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano al igual que otras fuerzas progresistas, consideramos que lo fundamental es preservar la vialidad financiera de los sistemas de seguridad social, a fin de que puedan remontar sus problemas y cumplan con las responsabilidades que están llamados a atender. Resulta claro que en México el Estado incumple con tareas esenciales como ya lo hemos señalado- de ofrecer un servicio eficiente de atención de calidad a la mayoría de los mexicanos, quienes se encuentran impedidos de acudir a los hospitales de atención privada por razones de carácter estrictamente económicas. Hoy además tenemos una Cruzada Nacional contra el Hambre que es un fracaso y simulación como lo sostiene el compañero diputado Juan Luis Martínez, de Oaxaca y quien reta a Rosario Robles. Qué beneficio tuvo la visita de Lula a los triquis en Oaxaca, y la reta a un debate nacional. Por lo que hace a la materia educativa, el Ejecutivo federal ha enfocado su discurso en manifestar el supuesto avance que ha significado la reforma educativa argumentando que gracias al multicitado Pacto por México en un acuerdo histórico se ha conseguido retomar la autonomía del Estado en la materia, lo que desembocará en el incremento de la calidad del servicio prestado. Lo cierto es que la citada reforma en ningún momento tuvo el carácter de educativa, sino que refirió exclusivamente las modificaciones administrativas y laborales de los docentes, sin que de ninguna manera se implementara un nuevo sistema o se determinaran las pautas para regular los contenidos de los programas educativos, elevando su calidad y los avances. En este sentido, el Ejecutivo federal consideró que bastaba establecer la evaluación a los docentes para incrementar la calidad de la educación, lo cual es completamente falaz, pues se olvidan aspectos tan relevantes como el contenido de los programas y las instalaciones que influyen de igual o mayor manera en la calidad educativa. Asimismo, en el afán de renovar de manera absoluta el sistema docente nacional, se ha privado a los maestros de los derechos laborales y se han incluido artículos que carecen de apego a la Constitución, como lo es que la separación de los docentes sea sin responsabilidad de las autoridades educativas, que lesiona desde cualquier perspectiva las normas constitucionales. Resulta igualmente grave que en el contenido de las leyes secundarias no se desprenda de manera clara que habrá evaluaciones diferenciadas para los docentes de nuestro país, quienes sufren distintas condiciones culturales, económicas e incluso lingüísticas y a quienes una evaluación estandarizada puede no reflejar las diferencias existentes. Mención aparte merece la forma en que esta supuesta reforma fue lograda. Es penoso el conjunto de incidentes que ocurrieron en el trámite de su aprobación desde su dictaminación, que fue un ejercicio sólido de prepotencia, de oídos sordos de la mayoría en esta Cámara y la negativa real al diálogo, que persistió siempre por parte de los impulsores de esta reforma con los mismos receptores de la norma. El propio titular del Ejecutivo argumentó que, debido a la importancia que estos cambios representaban, se buscaría el consenso entre maestros, autoridades educativas, investigadores, miembros de asociaciones interesadas y especialistas, lo cual permitiría que la educación se encauzara a una verdadera reforma integral que protegiera los derechos laborales de los docentes, que combatiera la inequidad y desigualdad y que garantizara la laicidad, gratitud y cientificidad de los conocimientos compartidos. Es de sorprender la frase esgrimida por el presidente: debemos respetar a las minorías, pero las minorías deben de respetar a la democracia. La frase es cierta, lo único que curiosamente fue omitido por el presidente es que en la democracia las minorías tienen voz y espacio al debate, cuestión que en los hechos no ocurrió. Se nos negó. En este sentido llama la atención que se centren las baterías de su informe en el supuesto avance que representa la reforma educativa y los beneficios que están por verse. Se omite mencionar que los libros de texto gratuito en este año se concentraron 117 errores ortográficos y gramaticales, así como las referencias existentes a las páginas de internet cuando la mayoría de las escuelas carecen de la posibilidad de tener este servicio. A la fecha existen en México aproximadamente 32 millones 338 mil 900 personas analfabetas, y el 56 por ciento evaluadas en la prueba PISA, se ubican en los niveles cero y uno; es decir, sin las posibilidades necesarias para enfrentar el mundo moderno que han sido víctimas de un sistema educativo insuficiente en todos los aspectos. Existen también graves problemas de infraestructura que no se han querido ver. En primer lugar resulta inaudito que las autoridades educativas no cuenten con un censo detallado de las escuelas existentes en el país. Igualmente hemos sido testigos de casos en el que los centros educativos se encuentran a grandes distancias de la población y carecen del abasto mínimo para ejercitar sus funciones. Todos esos aspectos que han sido olvidados por el gobierno federal, quien ha centrado su discurso en la reforma educativa, olvidando los deberes específicos que le corresponden. El fracaso educativo continuará, no hagamos de una reforma administrativa laboral un estándar de la lucha por una educación de calidad. No hagamos celebración de procesos autoritarios y excluyentes. Hoy tenemos un gobierno que ha blindado el Senado; hoy tenemos un gobierno que ha blindado esta Cámara de Diputados; hoy tenemos un gobierno que está blindando las estructuras de poder y las instituciones. No lo permitamos, gracias.