EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Hace un par de semanas, los campesinos productores de caña de azúcar, se vieron obligados a desplazarse desde diferentes partes del territorio nacional para plantear sus legítimos derechos, también la afectación de sus intereses patrimoniales que no era una cosa menor, se trataba ni más ni menos del derecho que les asistía de que los empresarios azucareros les pagaran la caña que habían entregado a los ingenios para su procesamiento por un monto de 4 mil 500 millones de pesos. Tuvieron que bloquear calles, carreteras, tomar oficinas públicas tanto del orden federal como estatal, para conseguir la solución de una parte, de una parte del problema: la promesa de que a través de un fideicomiso se les liquidaría ese adeudo. Como una expresión de prepotencia foxista tuvieron que recibir los descalificativos de los funcionarios en turno antes de ser escuchados; tuvieron que hacer largas antesalas ante quienes conciben la crisis del campo como un problema de forma de propiedad, dejando de lado cuestiones trascendentales como el reconocer que este Sector sufre la competencia desleal del exterior, sin que el gobierno actual haga nada por resolver esa cuestión de fondo. Sin embargo, ante el desastre de la industria azucarera, el gobierno federal ha tenido que reconocer que el problema de los cañeros no se remite a la simple creación de un fideicomiso para liquidar las deudas de los campesinos afectados; para ello se ha visto obligado a tomar una decisión más radical consistente en emitir un decreto expropiatorio el pasado 2 de septiembre del año en curso, donde se establece la expropiación de los siguientes grupos: Consorcio Azucarero Escorpión CAZE, Grupo Azucarero Mexicano, los grupos encabezados por la familia Machado y la familia Santos, así como dos ingenios administrados por el Fideicomiso Liquidador FIDELIQ del gobierno federal. Como sabemos, se trata de casi la mitad de los ingenios azucareros que existen en nuestra Nación, la decisión de expropiación que anunció el Ejecutivo Federal, incluye desde los instrumentos financieros que están respaldados por una parte del patrimonio físico de dichos ingenios, hasta todas las propiedades representadas por bienes muebles e inmuebles y desde luego, la maquinaria de equipo productivo, entre otros. Compañeras y compañeros legisladores, la expropiación de los ingenios que hoy debatimos en el seno de esta soberanía, llega precedida de varios hechos que son importantes señalar para ubicar en su justa dimensión a la decisión del Ejecutivo Federal. Para nadie era desconocida la corrupción que se venía dando desde hace varias décadas entre los propietarios de los ingenios azucareros y las autoridades federales encargadas de la administración de los recursos públicos asignados a la promoción de las exportaciones de azúcar. ¿Quién no recuerda el escandaloso caso del Grupo Azucarero Escorpión, que las dependencias de Hacienda y Crédito Público, así como la SECODAM, tuvieron que reconocer públicamente que había recibido de forma fraudulenta el equivalente a más de 128 millones de pesos como subsidio a las exportaciones de azúcar que nunca realizó? Pero esto fue solamente la punta de la madeja, simplemente se trató de la confirmación de algo que el pueblo mexicano sabe por sentido común, que constituye una práctica del gobierno federal y otros niveles del gobierno mexicano que consiste en lucrar con los recursos que aportan los trabajadores al fisco y con facilidad se distribuyen de forma fraudulenta, tanto los grandes empresarios como los altos funcionarios públicos de nuestra nación y que por lo visto el régimen actual está dispuesto a seguir avalando, contradiciéndose en sus promesas de desterrar la corrupción. Con esta corrupción se continúa cancelando la posibilidad que otras capas de la población más necesitadas reciban dichos recursos por la vía de programas sociales destinados al combate de la pobreza extrema, de la salud y de la educación. Sin embargo, justo es decirlo, el problema de los cañeros y de los ingenios azucareros de México no sólo se remite a la corrupción, sino también a las ineficaces políticas públicas que el Estado mexicano ha realizado en las últimas décadas, y sobre todo a partir de la apertura de la economía mexicana al mercado mundial, en especial con la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, que prácticamente ha desaparecido a cientos de miles de productores rurales que han tenido que emigrar a los Estados Unidos para buscar lo que en su propia nación no encuentran, como son los satisfactores básicos para sus familias. En el caso de la industria azucarera se ha permitido que la importación de fructuosa procedente de los Estados Unidos se haya convertido en una competencia no sólo desleal sino violatoria de lo establecido en el marco del TLC. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo fue el primero en solicitar al Gobierno Federal que interviniera en la solución de los graves problemas que aquejan a los cañeros, así como a la industria azucarera en general y a los hombres del campo. Sin embargo, el Ejecutivo Federal dejó agravar el problema y con la medida unilateral y autoritaria que hoy asume con la expropiación de los ingenios está prefigurando un estilo de gobierno prepotente y autoritario. Por ello planteamos que es necesario buscar las convergencias institucionales entre el Gobierno Federal y sus afectados y las instancias del Poder Legislativo para dar solución a la problemática de la industria azucarera y los campesinos cañeros. Asimismo solicitamos se integre un organismo tripartita integrado por productores, empresarios y el Gobierno Federal para dar solución a los graves problemas que aquejan a la industria cañera, con la participación directa de las comisiones respectivas al Congreso de la Unión. El propósito de crear dicha comisión es para analizar la problemática de fondo de dicha industria, porque a nadie le es desconocido que a nivel mundial se está produciendo un cambio muy claro en el consumo industrial y doméstico de los edulcorantes. La fructuosa está desplazando a los distintos tipos de endulzantes, entre ellos principalmente el azúcar; no podemos negarnos a esta realidad que se va imponiendo paulatinamente pero de manera firme. Requerimos de verdaderas políticas de Estado en el sector agropecuario que nos permitan desarrollar perspectivas nítidas que proyecten a nuestro campo en una dirección rentable, eficaz y justa para la gente que vive de la actividad agropecuaria. No debemos guardarnos con las viejas fórmulas del subsidio y del gesto asistencialista que llevan, indefectiblemente, a la miseria a nuestros hermanos campesinos. Si este gobierno se precia de ser moderno y competitivo debe actuar en consecuencia para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. No hacerlo implicará, en principio, continuar rescatando empresarios de la industria azucarera, que se sumarán a los rescates fraudulentos de los banqueros y también de los empresarios carreteros. Es cuanto, Señora Presidenta. Muchas gracias.