El diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo: Gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas. Con fundamento en el artículo 71, fracción II de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la presente Iniciativa con proyecto de decreto para modificar los artículos 20, 23, 25, 28 y 44 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para que las personas tengan mayor claridad y certidumbre cuando hacen uso de los servicios financieros y se hagan valer sus derechos, en virtud de la siguiente Exposición de motivos Como todos recordaremos, a mediados de la década de los 90 nuestro país presentó una crisis muy severa que afectó en mayor medida al sector financiero y al sector bancario. Lo anterior ocasionó un incremento importante en las tasas de interés y una alteración en el tipo de cambio. Trajo como consecuencia de lo anterior, un alto índice de morosidad entre las personas que habían obtenido algún tipo de crédito bancario y que dichos empréstitos se volvieron prácticamente impagables. Con esta crisis las instituciones bancarias incrementaron sus activos en especie debido a que embargaban los bienes muebles e inmuebles a las personas deudoras, sin embargo, en la mayoría de los casos las cantidades excedían por mucho el monto de lo embargado y el cliente deudor podía solicitar un nuevo crédito en otra institución bancaria, siempre y cuando cubriera con los requisitos. Con lo anterior, las carteras vencidas de los bancos comenzaron a crecer de una manera desproporcionada, trayendo como consecuencia la quiebra de los mismos. Ante esta situación, el Estado inicia una transformación integral de su sistema financiero, por una parte creando instituciones nuevas que se encargarán de vigilar y de evaluar el buen funcionamiento del sistema financiero; y por otro, fortaleciendo a las instituciones dotando de mayores atribuciones y de autonomía, como fue incluso en el caso del Banco de México. Esta transformación tiene como principal objetivo corregir las fallas que habían ocasionado el deterioro del sistema bancario, financiero y crediticio del país. Instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ahora desempeñan un papel más activo y claro en el funcionamiento de este sistema financiero. De igual forma, instituciones de nueva creación especializada como la Condusef, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, son las encargadas de vigilar que se hagan valer estos derechos de estas personas que hacen uso de los servicios financieros. Dentro de los nuevos actores que se desarrollan en el sistema financiero mexicano encontramos a la Sociedad de Información Crediticia, el llamado Buró de Crédito, que tiene como principal objetivo llevar un control de aquellas personas que son sujetas a algún tipo de crédito a fin de tener un control más estricto de los clientes que sean morosos o no puedan hacer frente a los gastos de la deuda contraída. Estas empresas reúnen, estandarizan y venden esta información a los acreedores o empresas comerciales en forma de reportes de crédito. Dichos reportes son utilizados comúnmente para determinar si las personas son o no sujetas de crédito. Pueden ser determinantes para que las entidades financieras o las empresas aprueben o rechacen estas solicitudes de crédito de las personas. La Sociedades de Información Crediticia están reguladas por la Ley que regula las Sociedades de Información Crediticia, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2002. En esta Ley se especifica y se regula la creación y la participación de las mismas. Sin embargo, compañeros y compañeras diputadas, es importante mencionar que esta Ley que Regula las Sociedades de Información Crediticia presenta serias inconsistencias que afectan a las personas físicas y morales, por lo que es importante construir herramientas suficientes que les permitan a los usuarios defender sus derechos. Ante tales inconsistencias legales, las Sociedades de Información Crediticia se convierten en juez y parte al ser quienes evalúan y dictaminan si las personas físicas o morales mantienen un buen historial crediticio y pueden ser sujetos del mismo. Dicha situación se agrava si consideramos que la Ley en esta materia permite llevar la información crediticia, además de otras consideradas de naturaleza análoga, permitiendo a estas Sociedades la libertad de registrar todo lo que a sus intereses convenga. Con lo anterior las instituciones financieras realizan una labor mínima de cobranza, delegando esta responsabilidad a despachos de cobranzas que de manera anárquica y discrecional incluyen a las personas físicas o morales en lo que se ha denominado el Buró de Crédito, dejando a millones de usuarios de los servicios crediticios en una situación de descrédito ante cualquier institución bancaria o crediticia. Esto es muy contradictorio si consideramos que una de las más grandes preocupaciones del Estado es que todos los mexicanos seamos sujetos a algún tipo de crédito. Los datos más recientes indican que hay más de 20 millones de personas físicas que están incluidas en este Buró de Crédito y de ese total, un poco más del siete por ciento llegan a tener algún problema crediticio, en tanto que existen casi 200 mil registros de personas morales, de las que el 10 por ciento tiene problemas con sus créditos. La preocupación más importante ante este tipo de situación no es la existencia de estas Sociedades de Información Crediticia, sino la forma en que las instituciones financieras y bancarias usan información que se les proporciona, ya que en muchas ocasiones las carteras vencidas de los bancos son vendidas a instituciones de cobranza, que en realidad son despachos jurídicos que se encargan de realizar el cobro mediante métodos y mecanismos que transgreden los derechos de muchos mexicanos. Seguramente varios de nosotros hemos pasado por los problemas que implica realizar algún tipo de trámite crediticio, o bien, hemos sido testigos de cómo algunas personas son despojadas de sus propiedades por el área de alguna institución de cobranza o también de muchas personas que se encuentran en prisión debido a que sus créditos superaron por mucho las posibilidades de su pago incluyendo a todas las personas que por error en la información son consideradas como imposibilitados para acceder a los créditos. En cualquiera de las anteriores situaciones, el ciudadano se ve imposibilitado para realizar alguna acción que le permita hacer frente a esta circunstancia. Termino, compañeros, diciendo que en razón de esto es importante reformar la ley para proteger a los ciudadanos de los abusos y excesos del llamado buró de crédito, pues queda claro que en este país poco puede hacer un ciudadano que en la mayoría de las veces carece de información, carece de recursos económicos, tiempo, tecnología ante una gran corporación financiera que lo tiene todo, incluso el respaldo institucional y legal. Por lo aquí señalado considero a esta Honorable Cámara y solicito al Presidente, que sea incluida mi propuesta en todos sus términos, en el Diario de los Debates. Muchas gracias.