El diputado Javier Duarte de Ochoa: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados. Me he permitido entregar a la Secretaría una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de cuya exposición de motivos he extraído algunos elementos para ilustrar a esta asamblea sobre la necesidad de dicha reforma. El ahorro popular juega un papel muy importante en la vida económica de los países. Representa una alternativa tanto para la captación de recursos como para el otorgamiento de crédito hacia grupos de población que, por diversas razones, no acceden al sistema bancario, el cual suele orientarse con un criterio de alta rentabilidad y atiende a sectores reducidos del mercado. No obstante, la escasa disponibilidad de capital de grandes grupos de mexicanos, su capacidad de ahorro se puede multiplicar mediante mecanismos organizados popularmente sobre la base del apoyo mutuo y la solidaridad, de manera que se puede formar una masa importante de recursos, los cuales hacen posible financiar actividades productivas vitales para pequeñas empresas que contribuyen significativamente a la creación de empleos. Desafortunadamente, los instrumentos legislativos que se han empleado para dar cauce a esta actividad no han garantizado debidamente los intereses de los ahorradores y ha sido frecuente la comisión de manejos irregulares que dañan la confianza de los usuarios y desprestigian al sistema. Es indudable que se requiere una revisión profunda de las instituciones dedicadas a la prestación de estos servicios financieros para darles un tratamiento uniforme y más sistematizado, probablemente con base en un banco de ahorro popular de carácter mixto que atienda directamente al sector y a partir de una legislación uniforme. Pero la elaboración de una solución más profunda no debe impedirnos tomar medidas a corto plazo, que protejan de mejor manera a quienes emplean los servicios de las conocidas usualmente como cajas de ahorro popular. Tales medidas deben partir de lo que se aconseja en el sentido común y la experiencia adquirida a nivel internacional, donde las carencias en materia de regulación y supervisión dieron como resultado la aparición de condiciones que condujeron a una profunda crisis, cuyos efectos aún resentimos. El sólo reforzamiento de las medidas regulatorias y las normas coercitivas no aportarán la solución definitiva, pero coadyuvarán a limitar actividades irregulares o francamente delictivas como lo exigen quienes han sido afectados por estas prácticas y la sociedad, en general. Las propuestas contenidas en la presente iniciativa tienden a fortalecer los mecanismos de control, a partir de expresar de modo más determinante las facultades de inspección y vigilancia de la autoridad para que se formulen, no como potestades sino como obligaciones, que de no ser debidamente cumplidas den lugar a la exigencia de responsabilidades a los servidores públicos encargados del control; de recuperar para la autoridad pública las facultades de supervisión y vigilancia, a fin de que ésta no sea ejercida por instancias intermedias que no disponen de la autoridad del Estado. Se elimina la obligatoriedad impuesta a las sociedades financieras populares de ser supervisadas por una federación, obligación contraria a la libertad de asociación que origina un neocorporativismo disfrazado mediante la suscripción de un contrato, que siendo de naturaleza obligatoria contradice una garantía básica de nuestro sistema constitucional. También, precisar las consecuencias de acciones u omisiones cometidas por los distintos actores que participan en las actividades reguladas por las leyes mencionadas, a fin de que la falta de cuidado en la elaboración de lineamientos o en el otorgamiento de solicitudes dé motivo a sanciones. En este sentido se corrige la idea de que sólo por dolo pueden cometerse delitos en esta materia, cuando la negligencia, la falta de cuidado o la irresponsabilidad en el ejercicio de las funciones de control pueden producir daños y perjuicios de gran envergadura. Es necesario tener en cuenta que la pérdida del patrimonio, a veces producto del trabajo de toda una vida produce daños muy profundos en la vida personal y familiar y acaba por desagarrar parte del tejido social en áreas particularmente vulnerables. Confío en que previo del análisis de las comisiones involucradas y el enriquecimiento que hagan del proyecto, éste podrá pronto convertirse en una ley para favorecer a los ahorradores. Por su atención muchas gracias.