El diputado Jorge Legorreta Ordorica (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: El delito se combate con ideas, con decisión y con trabajo cotidiano. Las ideas se hacen fuerzas si tienen viabilidad y oportunidad. Las ideas son para imponerse y sólo se logra eso si llevan contenido. La decisión no es palabra o promesa, es diseño inteligente, implantación cierta y desarrollo oportuno. El trabajo cotidiano implica reflexión diaria y atención cuidadosa de cada asunto público. Los lineamientos filosófico-políticos que se desprenden de la Constitución de 1917 donde se establecen las directrices de cómo debe de ser la estructura de justicia penal en nuestro país, reproduce las características propias de un sistema democrático de derecho y este tipo de estado es el que establece nuestra carta política en su artículo 40. El actual artículo 13 del Código precitado, establece que cada uno de los intervinientes en el delito responderá en la medida de su propia culpabilidad, previéndose una menor penalidad para el cómplice, para el auxiliador o encubridor posterior del hecho en virtud de promesa anterior. El Código Penal Federal parte de los principios que deben regir a la justicia penal y son de legalidad, de tipicidad, de intervención mínima del derecho penal, del bien jurídico, de acto, de culpabilidad y de presunción de inocencia. Como instrumento del estado, el derecho penal cumple una determinada función que consiste en proteger los bienes jurídicos tanto individuales como colectivos y estatales fundamentales para la vida ordenada de la comunidad. El delito de encubrimiento es entendido cuando no hay participación en él sino que se ayuda posteriormente y cuando se adquiere, recibe u oculte el producto de aquél; preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor, sea por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito o en su caso, cuando oculte al responsable o los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe. También cuando sea requerido por las autoridades, no dé auxilio para investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes entre otras hipótesis. Por ello, en la presente iniciativa se plantea que no opere la excluyente responsabilidad prevista en el artículo 400 del Código represivo en su fracción IV, inciso a), b) y c), en la que no se sanciona a las personas que tengan parentesco con el inculpado, como pueden ser cónyuges, los ascendientes y descendientes hasta el 4° grado, la concubina, el concubinario y aquellos que estén ligados por respeto, gratitud, cariño, etcétera. Lo antes dicho, únicamente cuanto se trate de delitos como: el secuestro, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos contra la salud, el tráfico de menores y el robo de vehículos. Lo anterior evidencia el efecto de la excluyente responsabilidad penal, cuando dichas personas en virtud de la relación que guardan con el sujeto activo del delito, no coadyuvan con la justicia penal y por el contrario, obstaculizan en aprovechamiento de esa causa que justifica la no imposición de la sanción penal. La inseguridad imperante es un flagelo que preocupa y ofende a la sociedad, el delito se presenta en todas sus expresiones. Sin embargo, dentro de todos ellos, los delitos mencionados son aquellos que por su complejidad y características, vulneran de manera sensible los valores más íntimos de la sociedad y al Estado corresponde la protección y tutela del orden social, que este tipo de ilícitos injustos pueden llegar a vincular a todos los miembros de la familia, es decir, son eventos delictivos que en la mayoría de los casos son conocidos por el seno familiar, de tal forma que las actividades ilícitas del padre de familia, de los hermanos, tíos o primos, lo hacen bajo el manto de la impunidad. Lo anterior se justifica, porque por ejemplo, el secuestro es uno de los delitos que mayormente se presentan en nuestro país, a tal grado que México ocupa el nada honroso primer lugar mundial en plagios, tercero en robo con violencia, octavo en robo de vehículos y décimo quinto en el delito de violación. Por lo que hace al delito primeramente mencionado, es uno de los que más profundamente afectan a la sociedad, por los múltiples bienes jurídicos que lesiona, convirtiéndose en una pesadilla entre los ciudadanos en número cada vez más creciente, sin importar su condición económica. Ahora las bandas son menos profesionales, pero más sangrientas. Sus integrantes ya no estudian tanto a las víctimas, sino que las selecciona muchas veces de manera improvisada, basándose en la apariencia, de tal forma que los secuestrables ya somos todos, porque ya no se trata solamente de los grandes empresarios o los prósperos ganaderos; el secuestro es contra niños, abuelos, mujeres, estudiantes, ricos, pero pobres también, por eso los rescates son menos caros, no millones, sino 50, 30, 20 mil pesos y si no hay dinero, aceptan hasta cualquier cantidad, pero los billetes nunca fueron el problema, sino la vida, cobran menos, pero cada vez matan más. Aunado a lo anterior, las bandas de secuestradores tienen sus casas de seguridad, que en múltiples ocasiones se encuentran en sus propios hogares. De ahí el espíritu de la presente iniciativa para que no opere el excluyente de responsabilidad penal, cuando se trate de este tipo de delitos relacionados con la delincuencia organizada. Consideramos que falta mucho por hacer, sabemos de la preocupación por el respeto cotidiano a los derechos de los individuos que delinquen, de los sentimientos de ofendidos y víctimas del delito y del lastre social que apareja la delincuencia. Somos conscientes que la lucha contra el crimen es una lucha inacabable, pues toda sociedad tiene en sí el germen de sus propios delitos, pero sabemos también que si día a día, nos comprometemos con la firme convicción de que empeñaremos minuto a minuto, nuestro actuar en este arduo combate, desde nuestras respectivas instancias, lograremos hacer entre todos una sociedad más segura y comprometida con su propio desarrollo. Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, comprometido con los grandes proyectos y con las clases sociales, somete a la aprobación de esta H. Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan tres párrafos y cinco numerales al artículo 400 del Código Penal Federal. Por respeto al tiempo permitido, solicito al señor Presidente sea publicada en su totalidad la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.