El diputado Héctor Padilla Gutiérrez: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, el incremento en los precios de los alimentos básicos, dentro de ellos el maíz, tiene fundamentalmente su origen en la renuncia del Estado para convertirse en defensor de los intereses de las mayorías, en este caso, de los productores rurales y de los grandes grupos de consumidores, con el pretexto de dejar al mercado la función reguladora que no tiene, puesto que el mercado va fundamentalmente por una función de acopio desmedido de riqueza en las circunstancias que sean, sin cuidar los intereses de la población de nuestro país. Ante la terminación, próximamente, del Pacto para Regular el Precio de la Tortilla, hay que recordar, compañeros y compañeras, que la conclusión finalmente de un proceso de renovación nos debería de llevar a que el precio de la tortilla fuera a la baja. Los escenarios de precios del mes de enero en relación a los tenemos actualmente son marcadamente diferentes. En el mes de enero la importación de maíz con valor puesto en la Ciudad de México nos llevaba a un valor de 2 mil 850 pesos la tonelada. En esta semana los futuros al próximo mes de mayo nos llevan a un cálculo de 2 mil 250 pesos la tonelada. Si el maíz va con esa tendencia donde se acerca ya a la estabilización del precio definitivo, esto debería de repercutir invariablemente en una baja marcada en el precio final de la tortilla con la renovación del próximo pacto. En el precio de la tortilla normalmente nos ponemos como objetivo principal el origen en el precio del maíz. En el análisis de costos, compañeros y compañeras diputadas, también hay que exigirle al Estado que aporte su cuota de beneficio a los grandes consumidores. El costo final de la tortilla depende fundamentalmente de dos conceptos importantes: uno, el maíz absorbe más o menos el 40 por ciento del costo y el gas que usan las tortilladoras; los miles y miles de pequeñas empresas tortilladoras absorben el 30 por ciento del costo. Entre estos dos conceptos tenemos, por lo tanto, el 70 por ciento del precio final de la tortilla. Si el gas es un insumo básico aportado por el Estado, regulado por el Estado, y definidos sus precios por el Estado, deberíamos pedirle al gobierno que, junto con el abatimiento de precios en la materia prima, asuma un compromiso de que a las miles de tortilladoras, que son las que están en condiciones más difíciles de costos, les aporte gas a precios mucho más abajo que el gas comercial, para que puedan, de este modo, repercutir finalmente en una mayor baja en el precio de la tortilla. Esta honorable Cámara de Diputados le entregó al gobierno federal un presupuesto abundante para el campo, que debería de estar ya repercutiendo en señas importantes en el estímulo a la producción y en la seguridad de abasto de la materia prima para los grandes consumidores. No tenemos todavía, a estas alturas del año, acciones concretas por parte de las dependencias del Ejecutivo que nos indiquen que van en un proceso importante de impulso a la producción, que haya un esfuerzo articulado para asegurar el abasto de alimentos a la población de México; que se viera incluso que hay una actitud de darle vueltas a los problemas. No hay la voluntad de entrarle frontalmente, puesto que no tenemos todavía, a estas alturas del año, lo que son los programas fundamentales que salieron con el apoyo importante del presupuesto para el gobierno federal destinados a la producción de granos. En un escenario de corto y mediano plazo, compañeros y compañeras diputadas, en el PRI creemos que deberían definirse con precisión varios puntos para asegurar no medidas de emergencia cada tres o cuatro meses, sino una política de mediano plazo que asegure estabilidad de precios a los productores y a los consumidores, fundamentalmente la definición de una política clara de producción, fomento y distribución y el uso de instrumentos de mercado para asegurar los precios a los productores. Aserca tiene recursos abundantes para las coberturas de precios, donde normalmente llega tarde, cuando ya se fueron las oportunidades de buenos precios para los productores, que no repercuten en absoluto hacia los consumidores, puesto que están protegidos con instrumentos de mercado. Se requiere el cumplimiento invariable a los compromisos ya establecidos y firmados con los productores de Sinaloa, donde está firmada la compra a los productores a dos mil 500 pesos la tonelada; que es un precio más bajo que los que estuvieron rigiendo en el mercado en el mes de enero pasado, para ayudar a las miles de pequeñas cadenas tortilladoras a bajar sus costos de producción y finalmente su costo final de la tortilla. Termino Un gran programa de renovación de equipos, puesto que tienen equipos obsoletos, con altos costos en su manejo, que invariablemente repercuten en el costo final de la tortilla. Que el gobierno asuma con firmeza su responsabilidad en beneficio de los dos extremos igualmente desprotegidos: productores rurales de maíz y consumidores de tortillas. Muchas gracias.