La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la legislación vigente en materia de seguridad privada, diseñada entre el 2006 y 2009, ha sido desbordada por la violencia, el aumento en la capacidad de fuego de la delincuencia, la diversificación de actividades delictivas y el crecimiento desordenado que ha experimentado el sector en nuestro país. Aunque sabemos que los principales ejes para el establecimiento de la paz en México deben ser la educación, la economía, el desarrollo de las instituciones civiles de seguridad pública, una parte del problema se ha ido formando en la deficiente reglamentación en materia de seguridad privada. Mundialmente se ha registrado el aumento de la oferta, diversificación y uso de nuevas tecnologías en la seguridad privada. Se ha corroborado la necesidad de mejores controles sobre las empresas que brinden servicios de seguridad privada, al emplear en el ámbito civil personal adiestrado para el ámbito militar. Se ha observado que el interés nacional muchas veces se ha comprometido por los intereses trasnacionales a través de empresas de seguridad, con alcances globales o regionales y estas dinámicas han propiciado que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito inste a los estados a fortalecer la reglamentación en leyes secundarias sobre las compañías que presten servicios de seguridad privada. Para Movimiento Ciudadano el emprendimiento debe ser apoyado siempre y tenemos la convicción de impulsar siempre tanta libertad como sea posible y tanta autoridad como sea necesaria, pero sin olvidar que la seguridad de las personas es una responsabilidad primordial e ineludible del Estado mexicano. En los últimos años, la seguridad privada en México ha experimentado un vertiginoso crecimiento hasta generar más de 600 mil empleos directos y ubicar a nuestro país como la segunda nación latinoamericana en el desarrollo de empresas de seguridad, después de Colombia. Pero, también ha representado que alrededor de 6 mil de esas empresas, casi el 70 por ciento, actúen sin permisos ni certificaciones. La ausencia de facultades del Congreso para legislar en materia de seguridad privada ha abonado al desorden en el sector de seguridad privada, y las consecuencias generadas impactan en riesgo para los usuarios en un nicho de oportunidad para el desarrollo de actividades ilegales y potencialmente proyectan un reto para la soberanía nacional. Por tales motivos, el resolutivo del dictamen que hoy discutimos establece la facultad del Congreso en materia de seguridad privada, a partir de la fracción XXIII Bis del artículo 73 de nuestro Texto Fundamental, ello para expedir la Ley General en Materia de Seguridad Privada, que establezca las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional. Con ello podremos estandarizar y adecuar nacionalmente las reglas básicas para la operación de las empresas de seguridad. Asimismo, el texto del resolutivo nos plantea la obligación de fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y la federación, las entidades federativas y los municipios, para la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada, como auxiliares de la seguridad pública. Es decir, podremos modular, de acuerdo a las necesidades de cada generación, la manera en que los actores de la seguridad, tanto en el espacio público como en el espacio privado se coordinen, coadyuven o interactúen generando nuevos caminos para aquél antiguo principio, quien señalaba la importancia de asegurarnos la cooperación voluntaria del público con la policía, en este sentido, de las empresas de seguridad que forman parte de este público que es la ciudadanía. Adicionalmente, el resolutivo también plantea la posibilidad de ordenar el caos de las emergencias al establecer que deberemos reglamentar la coordinación de esos prestadores, es decir, de las empresas de seguridad privada en las instituciones de la seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre. Consecuentemente invito a esta soberanía a votar a favor de este dictamen. Es votar a favor de los empresarios y empresarias que se han mantenido dentro de la ley e invirtiendo en brindar los mejores servicios de seguridad posible. Es votar por poner orden en el caos de la seguridad privada y es votar por la coordinación de la iniciativa privada y el gobierno en materia de seguridad durante las emergencias. Es cuanto, diputada presidenta.