El diputado Marcos Aguilar Vega: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a hablar del dictamen que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad universal. Una de nuestras principales tareas como legisladores es, sin duda, la de perfeccionar nuestro marco jurídico para hacerlo acorde con la realidad. Es por ello que la presente propuesta de reforma reviste una gran importancia, pues pretende plasmar en nuestra Constitución el reconocimiento y la protección del derecho humano que tenemos todas las personas a la movilidad universal. Existen esfuerzos realizados en algunas legislaturas de las entidades de la República, entre ellos el Distrito Federal y Querétaro, que proponen soluciones integrales y novedosas al problema de la movilidad. Por lo que es necesario que nuestro marco constitucional se reforme para colocarlo a la altura del debate actual en este tema tan importante. Los derechos humanos se encuentran regidos por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que es indispensable el reconocimiento al derecho a la movilidad universal como un derecho humano, pues es precisamente gracias a una movilidad plenamente ejercida que tenemos la oportunidad para crear relaciones sociales, generar oportunidades y satisfacer nuestras necesidades. El derecho a la movilidad universal implica el reconocimiento que tiene cada individuo y sus bienes en nuestra sociedad para su adecuado desplazamiento de un lugar a otro, mediante los elementos reconocidos a nivel internacional y que integran el concepto; específicamente me refiero a la implementación de políticas públicas por parte del Estado para la generación ordenada de infraestructura para el correcto ejercicio de este derecho humano, privilegiando por encima de todo al peatón, los vehículos no motorizados, al transporte público en sus modalidades y finalmente al transporte privado, garantizando con ello el progreso y desarrollo con base a los principios establecidos en esta propuesta y que son: la igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Deseo resaltar que este derecho no es un tema exclusivamente relacionado con el transporte público o privado, pues involucra a muchos otros factores: como el medio ambiente, la seguridad, el espacio público, la infraestructura vial, el acceso para las personas con discapacidad, modificación de los marcos normativos, incentivos para el uso de modalidades no motorizadas de transporte y la movilidad peatonal, entre muchos otros. Y es precisamente por esto que es necesario establecer el reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad universal, pues a partir de su correcta conceptualización es que se pueden desarrollar mecanismos certeros para su tutela y protección y que se definan obligaciones con criterios uniformes para las autoridades de todos los órdenes de gobierno en este país. Otro aspecto relevante es la correcta dimensión de este derecho, la dimensión individual abarca el derecho de cada persona para decidir libremente tanto su movimiento como la manera de desarrollarlo y la dimensión colectiva que consiste en el derecho de todas las personas y de la sociedad a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos de vida y actividades que la conforman, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto, tomando en consideración la protección al ambiente y las condiciones más amplias de inclusión de todas las personas de este país sin excepción alguna. Éste no es un derecho que se ejerce exclusivamente en las grandes ciudades. También debe ser garantizado a todas las personas que habitan en áreas rurales y en zonas metropolitanas. En nuestro país existen casi 120 millones de mexicanos que deben gozar del derecho a desplazarse a pie con base en los principios de accesibilidad, disponibilidad, igualdad y sustentabilidad. Debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud recomienda caminar hasta 2.5 kilómetros diarios para gozar de buena salud adecuada. En cuanto a vehículos no motorizados, en el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente tres veces más el número de automóviles y únicamente en países desarrollados como Canadá, Alemania y Holanda, así como en China, son tomados en cuenta como medio de transporte, dándoles la misma prioridad en la planeación y en el desarrollo de la infraestructura vial que al del transporte público o privado. En México, sin embargo, se presume la existencia de por lo menos 20 millones de bicicletas sin que se cuente con un adecuado sistema de ciclopistas urbanas o rurales que incentiven el uso de este vehículo. En las ciudades los sistemas de transporte público se encuentran en la mayoría de las ocasiones rebasados convirtiéndose en sinónimo de inseguridad, deterioro y pésima calidad; o simplemente siendo insuficientes para la demanda de la población que los utiliza. Según la pirámide que describe la correcta administración de los elementos de la movilidad, en nuestro país erróneamente hemos otorgado mayor importancia a decisiones para la generación de infraestructura en transporte privado, generando con ello un serio problema de contaminación y caos vial. Es decir sembramos calles y cosechamos coches. Ése no es el camino. Existe un billón de automóviles a nivel mundial. En México circulan aproximadamente 35 millones de vehículos motorizados de acuerdo a datos de INEGI. Pero el problema no es sólo un asunto de desplazamiento. La inmovilidad puede traer consecuencias serias para el desarrollo social, el crecimiento económico, la erosión de la convivencia social y efectos negativos sobre el medio ambiente por la emisión de gases contaminantes, entre otras muchas consecuencias. Debo señalar que el derecho a la movilidad universal no se contrapone con el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el libre tránsito o el derecho de reunión o manifestación. La movilidad no pugna con el ejercicio de estos derechos, pues quienes viven y transitan en zonas rurales y en las grandes ciudades, tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público. No se puede sacrificar un derecho por encima de otro, por lo que la legislación que llegará a expedirse, deberá regular la actuación de la autoridad para permitir su ejercicio armónico, implementando planes y procedimientos operativos adecuados, para facilitar el ejercicio del derecho de reunión sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad universal. El derecho a la movilidad universal no es un asunto de vehículos, es un asunto que tiene al peatón, al ser humano, como protagonista. No podemos construir ciudades autopistas pensadas en la función del automóvil; no podemos deshumanizar el espacio urbano y hacer a un lado al ciudadano de a pie. Debemos democratizar el espacio público; reconocer plenamente este derecho en nuestra Constitución permitirá diseñar soluciones con una mirada integral que genere una auténtica política nacional en el tema de movilidad, involucrando la acción coordinada y efectiva de los gobiernos locales y el gobierno federal. La gran mayoría de los mexicanos no posee un vehículo motorizado, por lo que el bien común no puede buscarse únicamente mejorando el entramado vial. No podemos dividir a la sociedad entre los que poseen o no poseen un vehículo, pues sería como segregar a ciudadanos de segunda clase a quienes hacen uso del transporte público o se desplazan a pie. El derecho a la movilidad universal implica una corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos. He hecho varias referencias al modelo de autoridad necesaria para atender el reto de la movilidad. Ahora quiero referirme a los ciudadanos. El desarrollo de la conciencia de nuestra responsabilidad ecológica con el entorno, el respeto a los ordenamientos en materia de vialidad y el compromiso con el uso de medios de transportes alternos, son condiciones indispensables para mejorar la situación de movilidad en nuestro país. Los ciudadanos debemos de entender que el uso del transporte público sobre el privado representa más que una declaración de estatus social, es hoy una necesidad para la viabilidad de nuestras comunidades. Finalmente, tenemos la oportunidad de decidir qué tipo de país queremos, para carros o para ciudadanos. Podemos decidirnos a recuperar la calidad de vida que haga posible rescatar las calles y espacios públicos como algo más que canales de transporte, haciendo de ellos lugares de convivencia que fortalezcan el tejido social. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales he presentado una adenda de la cual se han distribuido copias y se encuentran publicados y a su disposición en los monitores de sus curules. Por su atención, muchas gracias.