LA DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Gracias, señor Presidente. Los gobiernos neoliberales han impulsado en los últimos cuatro años una política económica que antepone el pago del servicio de la deuda externa y el arropamiento de los intereses de un reducido número de grupos financieros y empresariales, ocasionando con ello reiteradas crisis financieras: fuga de capitales y caídas de la producción. Se ha planteado también reducir el costo del servicio de la deuda externa pública, estableciendo en el corto plazo nuevas renegociaciones que protejan los intereses del país. Pero en estos momentos no es lo único que planteamos, necesitamos normar en la Ley de Deuda Pública para que el endeudamiento externo nuevo o adicional que se contrate, siempre y cuando existan ventajas evidentes y se establezcan mecanismos estrictos para su canalización y que participen ello de manera directa el Congreso de la Unión. De esta manera los recursos de deuda deberán ser dirigidos a las actividades que directa o indirectamente generen en el futuro el flujo de divisas suficiente para su amortización. Asimismo, el plazo al que será contratada deberá relacionarse directamente a su propia generación de recursos con los que será liquidado. Proponemos también reformar la Ley de Deuda Pública para poner un tope al déficit presupuestal del sector público, dependiendo de la disponibilidad de fuentes no inflacionarias para financiarlos. La crisis de deuda externa de 1982 en México, trajo como consecuencia una fuerte inestabilidad financiera, reflejada en altas tasas de inflación y un tipo de cambios con ajustes abruptos frecuentes. En adición, contratación de crédito externo estaba cerrada para el país. Esto evidenció la necesidad de desarrollar y profundizar mercado interno de valores gubernamentales que permitiera, por un lado, hacer frente a los requerimientos financieros inmediatos del gobierno de una manera aparentemente más barata y por otro, utilizar la política de deuda pública como un instrumento de política macroeconómica. En 1994 se observó un escenario donde el promedio de vencimiento fue corto y la deuda próxima a madurar se concentró en unas cuantas fechas, por lo que el gobierno tuvo que tomar prestado grandes cantidades de dinero durante la segunda mitad de 1994. Al ocurrir una crisis de confianza en estas fechas, entonces sobrevino un cambio de régimen, aunque debe recordarse que la razón de deuda, Producto Interno Bruto, era menor que el promedio en los países de la OCD. Así, cuando el gobierno incrementó la proporción de tesobonos, disminuyéndola de CETES, implícitamente asumió mayor riesgo cambiario aunque la situación de entonces lo pudiera justificar. Por esto este mayor riesgo implica necesariamente mayores riesgos para la sociedad, por ejemplo, mayores probabilidades de elevar los impuestos para balancear el Presupuesto, como de hecho sucedió en México a inicios de 1995, cuando el IVA se incrementó del 10 al 15%. Entonces no es tan claro que haya ganancias de una estrategia que busque en el corto plazo minimizar costos. De acuerdo a este segundo modelo, el gobierno también dolarizó la deuda inmediatamente después del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio, debido a que la volatilidad del tipo de cambio real no era muy alta como se muestra en la presente iniciativa de ley. Esto es consistente con la teoría que sugiere que la deuda dolarizada sería preferible sólo cuando el tipo de cambio real no fluctúe sustancialmente y la correlación entre los choques al tipo de cambio real y al gasto gubernamental sea negativa. Si bien el resultado es interesante, no se resuelve tampoco el acertijo de sí el manejo de la deuda en 1994 fue finalmente una causa importante en la explicación de la crisis del llamado efecto tequila. No obstante, esta segunda prueba nos indica que el manejo de la deuda no necesariamente ha sido el correcto. La crisis financiera fue detonada por factores de naturaleza macroeconómica, asociados a la crisis de 94 y a la política de estabilización que le siguió, ambas condujeron a alzas impresionantes en las tasas de interés y a caídas drásticas del nivel de actividad, del ingreso personal disponible y del empleo que deterioraron la calidad de los activos bancarios, depreciaron el valor de las garantías vinculadas a los préstamos y expandieron las carteras vencidas. La crisis se gestó con el abuso de la política cambiaria que sirvió de eje a la estrategia contra la inflación iniciada con los famosos pactos económicos; tal abuso condujo a una expansión del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que arrojó una proporción del Producto Interno Bruto similar a que precedió a la crisis de 1982. Su financiamiento reposó en los flujos de capitales externos, que sirvieron para financiar la inversión y el consumo y por esta vía para generar un auge crediticio que operó como el antecedente macroeconómico de la crisis bancaria. Por otro lado, la devaluación afectó a los bancos que incentivados por la aparente firmeza del tipo de cambio, suministraron créditos en moneda extranjera. Asimismo, la resistencia de las autoridades a modificar a tiempo la política cambiaria, desembocó en una devaluación obligada ya no por la necesidad de mantener el poder de compra de la paridad, sino por la insolvencia en materia de reservas internacionales. De esta forma, se hizo ineludible recurrir a una política económica restrictiva cuyos efectos sobre las tasas de interés, el ingreso personal y el nivel de actividad fueron devastadores para la salud de las instituciones financieras. Me parece sumamente importante, en esta exposición de motivos, hacer este recuento muy sintético de la historia financiera de nuestro país en la época contemporánea, para entender cuál es el objetivo primordial de la presentación de esta iniciativa por parte del PRD. La revisión de las causas macro y microeconómicas revelaron que tanto la crisis de la economía mexicana iniciada en 94, como la financiera que le siguió, fueron producto de errores en el manejo de la política económica y financiera. En la primera, la principal responsabilidad reposó en la obstinación del gobierno de proseguir combatiendo la inflación con un tipo de cambio sobrevaluado, a pesar del peligro que representaban los desequilibrios externos y la fragilidad de los flujos de capital, a ella se unió efectivamente en diciembre del 94 el manejo de tipo de cambio, misma que posibilitó que en unos cuantos días las reservas cayeran drásticamente. Un segundo elemento que afectará la estructura y evolución futura de la deuda pública, se asocia al Programa de Rescate Bancario, implementado por el gobierno a partir de 1995. Si bien es cierto que el problema de la fragilidad financiera tiene sus causas en errores y deficiencias asociadas al propio proceso de liberalización financiera y reprivatización de la banca, la crisis aceleró y profundizó este deterioro. El problema de cartera vencida e instituciones con problemas de insolvencia y capitalización, se profundizó a partir del 95. Ante esta situación y frente a la posibilidad de un colapso del sistema, el gobierno implementó un conjunto de programas tendientes a disminuir las presiones sobre las instituciones y sobre los deudores, este programa se llevó a cabo a través del famosos FOBAPROA, el cual fue creado como un fideicomiso en 1990 y cuyo patrimonio se deriva de aportaciones por parte de las mismas instituciones financieras. A partir de la crisis de 95, el FOBAPROA crea un Programa de Capitalización Temporal, con la finalidad de hacer frente a los problemas de insolvencia, capitalización y quiebra de las instituciones financieras. Adicionalmente se instrumentaron programas de apoyos para el sector agropecuario y para las pequeñas y medianas empresas por otros 23 mil millones de pesos. En conjunto, estos programas, a valor presente representan 2.4 del PIB de 1996. Con relación a las instituciones, el programa incluyó dos modalidades. La primera consistió en intervenir aquellos bancos en los cuales se detectaron manejos fraudulentos, asignándoles un interventor para reestructurar y sanear las operaciones y ponerlos a la venta posteriormente o en algunos casos liquidarlos si se determina que el banco no tenía valor como un negocio en marcha. En junio de 1999, 18 eran los bancos en esta situación, de los cuales FOBAPROA asumió su cartera, de estos cuatro han sido vendidos a terceras partes, cuatro se encuentran en proceso de limpia y diez están en liquidación. El costo de este programa se estima en aproximadamente 7% del PIB. Todo esto viene finalmente a reflejar cuál ha sido el papel que este Congreso ha jugado en el tema de deuda. El papel del Congreso finalmente ya lo conocemos, en ese período de la historia, con la entonces alianza del PRI y el PAN se transformó el FOBAPROA en IPAB y la deuda generada por los pasivos se sigue pagando a través del Presupuesto de Egresos año con año, como todos lo sabemos. Otra hubiera sido la historia si el Congreso hubiera tenido una mayor participación derivada de la Ley de Deuda Pública anticipando la actuación de la Secretaría de Hacienda en la aprobación del rescate. Es por ello que hoy resulta indispensable en el marco de una reforma democrática del Estado disminuir ese poder concentrado en el sistema presidencialista y darle a este Congreso de la Unión el peso que debe de tener como un Poder más de la Unión. Y en ese sentido me parece indispensable que todas las iniciativas que se presenten en esta materia tiendan a fortalecer al Poder Legislativo y es por eso que presentamos el día de hoy esta iniciativa para modificar diferentes artículos de la Ley General de Deuda Pública, estos artículos son el tercero, el quinto, sexto, séptimo y octavo. No voy a leer el texto general de la iniciativa pero sí me parece indispensable, señores y señoras legisladores que tomemos muy en cuenta hacia dónde queremos llevar y orientar esta Reforma del Estado que tanto ha sido comentada pero que pocas veces se ha visto reflejada en iniciativas de ley. Es por eso que me parece de suma importancia, más hoy cuando por diferentes temas nacionales ha pasado un poco desapercibido el anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda para contratar una nueva línea de crédito por más de 17 mil millones de dólares, un tema que según tengo conocimiento por los senadores del PRD, no ha sido discutido aún en el Senado de la República y me parece que el Congreso no solamente debe tener ese papel de ratificar o de aprobar la contratación de líneas de crédito sino de participar en todo el proceso en el análisis de para qué y por qué se van a contratar nuevas deudas cuando sabemos muy bien que el peso de la actual deuda externa que tenemos en el país es muy onerosa en el Presupuesto de Egresos de nuestro país en detrimento del gasto social, de la inversión pública productiva, por ejemplo. En fin, en síntesis la intención es darle mayor fortaleza y mayor poder de decisión a este Congreso de la Unión en un tema tan importante como el de la deuda pública, el de la deuda externa, que finalmente la deuda que se contrate hoy, los mexicanos, las nuevas generaciones serán quienes paguen año con año esta muchas veces lamentable situación. Es cuanto, señor Presidente. -