El diputado Alberto Curi Naime: Compañeras, compañeros diputados, la rendición de cuentas es un ejercicio plenamente democrático y una obligación de quienes somos portadores de la representación ciudadana. En el Partido Revolucionario Institucional sabemos que el diálogo y la colaboración entre Poderes vigorizan nuestra democracia y generan adecuadas sinergias institucionales. Con esa convicción en el marco de respeto a nuestro orden constitucional participamos en este análisis del VI Informe de gobierno presentado por el Ejecutivo federal. En el ámbito de la política interior quiero señalar en primer término, que aun cuando en diversos rubros se expresan logros y avances, estos pierden su peso relativo frente al estancamiento, los retrocesos y las omisiones que la actual realidad de México refleja, el estado que guarda la nación no es satisfactorio. En los últimos años se han agravado diversos problemas nacionales y han surgido otros más, la vida cotidiana de millones de mexicanos transcurre hoy entre el temor, el desaliento y la incertidumbre, hecho que no puede atribuirse solo a la fatalidad, sino principalmente a una gestión poco eficiente y transparente de las instituciones públicas. Si bien el gobierno consiguió evitar que los efectos de la crisis económica se profundizaran más, no pudo lograr que el conjunto de la sociedad llegara, como dice su eslogan, a vivir mejor. Efectivamente había que cuidar la estabilidad macroeconómica, pero también se requería sentar las bases para un crecimiento justo, sostenido y verdaderamente generador de, bienestar para todos. El acceso a la salud, a la educación o a la alimentación, aun cuando fue insuficiente, quizá mitigó parcialmente el deterioro de la calidad de vida, pero no contuvo la pérdida de la capacidad adquisitiva de los mexicanos, ni impidió la desigualdad social y que ésta se incrementara, la lucha contra la pobreza se perdió en el sexenio que termina. Por otro lado, la debilidad del Estado mexicano frente al embate del crimen en todas sus expresiones fue manifiesta: la inseguridad, la deficiente procuración de justicia, la desigualdad, la corrupción y la impunidad se erigieron cono los problemas más graves del país poniendo en riesgo, incluso, nuestra propia gobernabilidad. En éstos seis años no tuvimos un gobierno funcional y moderno que diera respuesta efectiva a las necesidades ciudadanas, pues carente de una visión estratégica, renunció a erigirse como generador y articulador de políticas públicas eficaces, configurándose –más bien- como un gobierno obeso, sin rumbo y con escasos resultados. La sobrerregulación, la burocracia excesiva y la corrupción, disminuyeron sustancialmente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Casi la mitad de los mexicanos desconfían de las estrategias de combate a la corrupción; 60 por ciento piensa que no se combatió con efectividad. En este periodo México no pudo tampoco consolidar un sistema política que respondiera a las exigencias de la sociedad del siglo XXI, debido en buena medida a la falta de capacidad del Ejecutivo federal para lograr los consensos necesarios a fin de concretar las reformas constitucionales y legales más importantes para el país. Tenemos hoy ciertamente democracia electoral, pero todavía no tenemos ni hemos accedido a una democracia de resultados. Pero más allá de los consensos, México necesitaba –y necesita aún- hacer realidad el cumplimiento de la ley. Éste es uno de los temas más delicados que ha limitado el desarrollo y la competitividad del país, ya que los ciudadanos requieren tener la certeza de que el gobierno actúa apegado a la ley y combate la impunidad. Sin embargo, la realidad que actualmente enfrentamos ha erosionado enormemente la credibilidad en nuestro estado de derecho. Hoy en día una gran cantidad de delitos no se castigan. México aparece, según la Academia Mexicana de Ciencias Penales, entre las naciones con mayor impunidad. Y de acuerdo al último reporte sobre estado de derecho, del Banco Mundial, México disminuyó su calificación de 42 puntos en el 2000 a sólo 30 en el 2008. Pero indudablemente el mayor reclamo de la sociedad sigue siendo la seguridad. El país ha vivido los últimos años sobresaltado por una violencia exacerbada. La inseguridad ha afectado la vida cotidiana de los mexicanos, nuestra economía e incluso nuestra cohesión social. Miles de vidas perdidas forman parte ya de una dolorosa estadística nacional. Hoy no están en duda los motivos ni la voluntad del Ejecutivo federal para hacer frente a la inseguridad. Lo que se discute son las estrategias implementadas y sobre todo los insuficientes resultados alcanzados. El crimen no puede enfrentarse sólo ampliando a la policía, incorporando a las Fuerzas Armadas, eficientando el sistema de justicia o construyendo más cárceles; era primordial atender las desigualdades, las causas de la pobreza y los detonadores sociales de la violencia; era indispensable garantizar condiciones mínimas para una mejor convivencia social, como lo hemos expresado: alimentación, salud, educación, servicios públicos y empleos suficientes, entre muchas otras. Combatir la inseguridad sin ampliar la acción social como componente preventivo ha conducido sólo a más violencia, pues la seguridad no se mide por el número de personas en prisión ni por la presencia de más policías o soldados en las calles o el número de armas decomisadas, como se señala en el Informe y que difunden los medios de comunicación, sino por las condiciones objetivas de bienestar de la población y la confianza de ésta en sus instituciones. La estrategia centrada principalmente en el uso de la fuerza, no ha representado, en nuestra opinión, un combate integral y mucho menos una acción eficaz. Los resultados aquí lo muestran: Entre 2007 y 2010, los homicidios dolosos aumentaron 175 por ciento y los secuestros, 178 por ciento. La extorsión y el robo se han incrementado significativamente. En el sexenio han sido detenidos alrededor de 27 mil menores de edad por diversos delitos y al menos 12 mil enfrentan juicios por homicidio doloso, según cifras de la Procuraduría General de la República. Su aumento sin duda es preocupante. La tasa de desocupación juvenil se ha duplicado. De 4.8 por ciento en 2001, a 10 por ciento en 2010, lo que representa más de 7 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan. Los derechos humanos se han vulnerado en un número creciente. Más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza. Han resultado absolutamente insuficientes las políticas y los programas para reconstruir el tejido social y para involucrar adecuadamente a la ciudadanía en las acciones preventivas. Reitero, si bien el Ejecutivo federal en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales enfrentó este flagelo, lamentablemente mantuvo hasta el final una estrategia cuyos resultados son francamente inaceptables por los enormes costos políticos, económicos y sobre todo humanos que ha implicado. Compañeras y compañeros diputados, decía Adolfo López Mateos que “los mexicanos no entendemos la vida sin libertad y no entendemos la libertad sin justicia”. Esta frase resume la que tal vez ha sido la mayor paradoja de la administración que termina, ya que los mexicanos estamos hoy inmersos sin quererlo, sin llegar incluso a comprenderlo, en un escenario en el cual el Ejecutivo federal, buscando fortalecer la seguridad y la justicia, fue incapaz de garantizar un entorno adecuado para el ejercicio pleno de los derechos y las libertades ciudadanas. En síntesis, la inconformidad de millones de mexicanos contrasta profundamente con los avances reportados en materia de política interior. Su desencanto se manifiesta además por la ausencia de un diálogo provechoso con los otros poderes de la unión y por la escasa coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para promover el desarrollo armónico de nuestro país. Por todo ello, compañeras y compañeros diputados, emerge hoy la exigencia ciudadana de entendimiento y de diálogo, que se ha traducido precisamente en la integración de un Congreso plural como el que hoy conformamos. Nuestro primer deber, por tanto, será interpretar con acierto esa exigencia de los mexicanos. Escribamos pues, juntos, una página nueva en la historia de nuestra democracia basada en la concordia y en el diálogo, en un diálogo rico que propicie la paz, la unidad y la fortaleza de México como objetivo común, en un diálogo respetuoso, franco y abierto que nos permita alcanzar los consensos que el país requiere. Los legisladores priistas estamos dispuestos a hacerlo y estoy seguro que conjuntamente con las diputadas y diputados de todos los partidos aquí representados trabajaremos vigorosamente para lograrlo, pues más allá de ideologías e intereses de grupo, sin duda todos compartimos el anhelo de que a México y a los mexicanos nos vaya mejor. Trabajemos pues unidos por el interés superior de la nación. Muchas gracias.