La senadora Hilda Ceballos Llerenas: Con la venia de la presidencia de la Mesa Directiva; legisladores integrantes de la Comisión Permanente, hago uso de esta tribuna con las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I, del reglamento del Senado de la República, para presentar la iniciativa de reforma legal por el cual se adicionan las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, al artículo 149 Ter del Código Penal Federal. Esta propuesta legislativa busca aplicar sanción privativa y económica, a personas que atenten contra la dignidad humana y vulneren derechos y libertades hacia las personas por motivos de discriminación bajo actos que busquen y pretendan negar o limitar la reparación de daños a víctimas por violación de derechos humanos, restricción de trabajo digno a jóvenes y adultos mayores, derechos de personas por su situación migratoria y derechos de personas por su lugar de origen o condición étnica. La discriminación de acuerdo a la Ley Federal para Prevenir, Eliminar la Discriminación se entiende como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión con intenciones o sin ella no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base en uno o más de los siguientes motivos, el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, la preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, la responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier motivo. El principio constitucional de no discriminación permea en todo el sistema jurídico mexicano para que todas las autoridades bajo sus respectivas competencias la promuevan, la respeten, protejan y la garanticen como lo señala el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los 85 artículos configuran la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación hasta los convenios y tratados internacionales que se han firmado en materia de derechos humanos, entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Además del andamiaje jurídico que tutela el derecho humano y fundamental de no discriminación. El gobierno federal instrumenta el Programa Nacional para la Dignidad y no Discriminación 2014-2016, en el cual se coordinan acciones públicas de forma transversal que buscan consolidar los derechos humanos y ser un país más igualitario y tolerante con todos los sectores de la sociedad. Por lo tanto, nuestro país cuenta con un marco jurídico sólido y acciones públicas para salvaguardar el principio constitucional de no discriminación, empero, aún siguen existiendo retos importantes para aspirar a ser una nación más igualitaria y tolerante, en razón de que persiste discriminación focalizada a ciertos grupos vulnerables. Ello se constata con la información estadística vertida en la Encuesta Nacional sobre la Discriminación que elaboró el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en la cual se señala que: la mitad de los jóvenes considera que son discriminados por su edad, color de pie y tradiciones culturales; 3 de cada 10 personas consideran que en nuestro país no se respetan los derechos de los adultos mayores; 7 de cada 10 personas consideran que los inmigrantes provocan divisiones en la comunidad. Aunado a ello el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados, Cesop, menciona que 3 de cada 10 personas señala que no se hace nada por los indígenas, 7 de cada 10 personas consideran que los grupos más discriminados son: los homosexuales, los indígenas y las personas con discapacidad. Consecuentemente la iniciativa de reforma legal del Código Penal Federal, que presento ante esta tribuna de la Comisión Permanente, reitero, tiene como objetivo adicionar 5 fracciones al artículo 149 Ter del Código Penal Federal, para establecer sanción privativa de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 310 de trabajo a favor de la comunidad y sanción económica hasta 200 días de multa a aquellas personas que atenten contra la dignidad humana o anulen y menoscaben derechos y libertades hacia otras personas por los siguientes actos de discriminación. 1. Propongo adicionar la fracción IV del referido artículo, para que no se niegue o limite la reparación de daños a víctimas por violación de derechos. 2. Propongo adicional la fracción V al aludido precepto jurídico, para que no se niegue o restringe el acceso al trabajo digno por motivos de edad tanto a jóvenes como a adultos mayores o se separe de su empleo a personas por motivo de ideología política, orientación sexual, discapacidad o enfermedad. 3. Propongo adicionar la fracción VI al artículo señalado, para que no se nieguen o limiten los derechos a personas por condición migratoria. 4. Propongo adicionar la fracción VII al artículo 149 Ter, para que no se nieguen o limiten o restrinjan derechos a personas por su lugar de origen o condición étnica; y 5. Propongo adicionar la fracción VIII al referido artículo, para que no se promuevan o inciten a realizar comportamientos de hostigamiento o violencia, estos con causas de daños físicos o morales a una persona o grupos de personas, comunidades o pueblos. Esta propuesta legislativa, en caso de ser aprobada por votación simple ante la Cámara de Senadores, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Les agradezco su atención. Muchas gracias.