EL DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso señor Presidente. Uno de los principales logros de los trabajadores ha sido el derecho a la seguridad social que hace posible a los trabajadores y a sus familias garantizar su salud y un servicio médico así como el disfrute de una pensión al final de su vida productiva o bien para cuando se presente una eventualidad que le imposibilite para el trabajo. Hoy en día, el monto de las pensiones que reciben la gran mayoría de los jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE dista de ser una garantía de seguridad. Estos jubilados pensionados se ven obligados a sobrevivir con pensiones que los mantienen en la miseria. Por lo que hace a las pensiones del IMSS, a partir de 1997 se encuentra en vigor una nueva Ley del Seguro Social que permite que las cuantías mínimas de las pensiones se incrementen conforme al índice nacional de precios al consumidor. Sin embargo, esta nueva ley de 1997 dejó en el olvido a todos aquellos trabajadores pensionados al amparo de la ley abrogada, cuyas pensiones se incrementan en la misma proporción que el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De un millón 955 mil jubilados y pensionados de esa institución, el 90% recibe un promedio de 1.12 salarios mínimos, es decir, reciben al mes mil 273 pesos mensuales, Por ello, para poder sobrevivir estos pensionados se ven obligados a realizar alguna otra actividad que les permita incrementar sus ingresos, lo cual resulta a todas luces por lo avanzado de su edad, injusto, ya que en teoría ellos ya no deberían laborar. El problema es muy similar para los pensionados del ISSSTE, quienes con la reforma de 1992 a la Ley de esta institución quedaron en total desamparo, reforma que sujetó el incremento de sus pensiones a los del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, la intención de la reforma en comento fue homologar a la baja el sistema de pensiones del ISSSTE con relación a las del Seguro Social, produciendo efectos devastadores en la calidad de vida de los jubilados y pensionados del ISSTE, Para tener una idea más precisa de la situación en que se encuentra este sector de jubilados y pensionados, recordemos las cifras relativas a la carda del salario mínimo de acuerdo a los datos oficiales. Entre 1977 y agosto del presente año, esta remuneración, o sea la del salario mínimo, perdió el 72.5 % de su poder adquisitivo, tan solo en lo que va del presente régimen, esta carda ha sido del 23 %. El salario mínimo tendría que incrementarse en 264. 3 % para poder recuperar el poder de compra que tenía en 1977 y tendría que incrementarse 29. 9 % para volver al estado que tenía a inicios del presente régimen. La pérdida es mayor si comparamos el mínimo con la canasta básica, pues los bienes de la canasta básica han aumentado más que la inflación, En 1994 con 1.6 salarios mínimos, un trabajador podía obtener la canasta básica de ese entonces, que contenía más productos que la canasta básica considerada para el día de hoy. En julio del presente año, se necesitaban 2.4 salarios mínimos para adquirirla, esto es, se requerían 2,527 pesos. Con la actual pensión no se puede adquirir ni siquiera la mitad de los alimentos básicos necesarios para subsistir. Para empeorar la situación de los jubilados, la carda de la pensión mínima ha sido mayor que la del salario mínimo respecto a 1995. Estos registran un deterioro del 23.2 % para recuperar cinco años de pérdida tendrían que incrementarse 30.1%. Incrementar la remuneración de los jubilados y pensionados, del IMSS a que nos referimos, resulta un acto de elemental justicia que por sí mismo no debería de estar sujeto a discusi6n sino a una real y pronta aprobación. Sin embargo el Poder Ejecutivo esgrime sistemáticamente la escasez de recursos presupuestales para negarse a dar un paso que desde hace mucho debería de haberse tomado para justicia de los que han construido esta nación, o sea, los trabajadores jubilados. Pero no sólo los jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE se encuentran en una situación crítica. Existe un grupo de jubilados que hoy en día no perciben pensión alguna, nos estamos refiriendo a los jubilados ferrocarrileros que antes de 1982 quienes desde 1981 esperan se les haga justicia cumplimentando un convenio suscrito ya hace 18 años. Con la reforma estructural a la economía mexicana que dio inicio en 1992 y su política privatizadora, los trabajadores ferrocarrileros jubilados de México y en especial los jubilados de antes de esa fecha, han quedado en el más absoluto abandono y desamparo, Antes de 1982 habían registrado 26 mil jubilados en ferrocarriles. A la fecha y por obvias razones, el número asciende a 6 mil. El 29 de diciembre de 1981, el entonces Presidente de la República, licenciado José López Portillo, suscribió un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Ferrocarriles Nacionales de México y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana en el que se establecieron las bases para la incorporación de los trabajadores y jubilados ferrocarrileros al IMSS. El convenio establece la incorporación de los trabajadores ferrocarrileros en activo al régimen obligatorio del Seguro Social; a los jubilados al de continuación voluntaria obligándose a Ferrocarriles Nacionales a pagar a favor de aquellos las cuotas obrero-patronales respectivas. A pesar de que el gobierno federal aportó los capitales constitutivos que establecía en el convenio del IMSS, éste nunca los recibió y los jubilados sólo reciben de esa institución el servicio médico, quedándose todos, en el desamparo. Como legisladores tenemos la obligación ética, moral, de velar por los intereses de nuestros representados y con mayor razón si la problemática existente deriva de anteriores reformas a las legislaciones en la materia. Los jubilados y pensionados se han manifestado públicamente en diversas ocasiones en todos lados y enfrente de esta Cámara solicitando nuestro apoyo, no debemos cerrar los ojos ante la situación que están viviendo, y qué mejor lugar que la Cámara de Diputados donde se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, para darle una salida digna a su problema, que les permita disfrutar de la atención digna que todo trabajador merece. Por lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración y aprobación del pleno el siguiente PUNTO DE ACUERDO UNICO. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública una vez que se le turne el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, considere en el dictamen al mismo, una partida especial para incrementar la cuantía mínima de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado así como para el pago de la pensión a los jubilados ferrocarrileros de 1982. Señor presidente es cuanto.