El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy presento ante ustedes y, desde luego, conjuntamente con mi compañero diputado Carlos Alberto García González, proposición con punto de acuerdo para que esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal a que a través de las secretarías competentes implemente a la brevedad las medidas de acciones contenidas en el denominado programa de apoyo a la zona fronteriza, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza. Así también exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a que lleve a cabo las actividades para la producción de información estadística sobre el fenómeno económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza. Cabe mencionar que los diputados del Partido Acción Nacional nos opusimos rotundamente al incremento de los impuestos para este año 2014 por dos razones fundamentales: Primero, se incrementan los impuestos a los de siempre, a los contribuyentes cautivos; y, segundo, no se propusieron disposiciones que aumenten de manera atinada y eficiente la base de contribuyentes. Pese a lo anterior, la mayoría de este Congreso aprobó la miscelánea fiscal para este año con una cascada de incrementos de impuestos y con ello la homologación del impuesto al valor agregado –el famoso IVA- del 16 por ciento para todo el país. De esta manera se modificó la tasa para la franja y región fronteriza del 11 por ciento al 16 por ciento respecto del IVA. Es decir, un incremento real de la carga fiscal del 45 por ciento para los ciudadanos de la frontera. Desde un principio los diputados de Acción Nacional adelantamos que la modificación de la tasa fronteriza tendrá al menos las siguientes consecuencias El impuesto va a desincentivar la actividad comercial y productiva. Las cantidades de bienes y servicios que se comercializarán serán menores. Los ciudadanos y las empresas se distribuirán la carga del impuesto. Por un lado va a disminuir el precio que reciben los vendedores y las empresas y, por el otro, van a aumentar los precios que pagarán los consumidores. Incluso el Colegio de la Frontera Norte (Colef), institución de investigación de Conacyt, en su momento estimó las posibles consecuencias que traería la homologación del IVA en las fronteras. Este estudio se realizó para el caso del estado de Baja California, pero dicho estudio sirve como referente para conocer las consecuencias que el incremento del IVA traerá para toda la zona fronteriza, las cuales se resumen en las siguientes. La homologación del impuesto al valor agregado en las fronteras de México tendrá efectos negativos para los estados que las conforman, pues además de registrarse un aumento en los precios, los negocios locales tendrían pérdidas millonarias y desempleo. En el estudio se señala que la homologación del IVA del 11 al 16 por ciento provocará pérdidas hasta de un 25 por ciento en tiendas de abarrotes en las colonias o el 15 por ciento en supermercados. La subida del IVA también afectará al consumo de las entidades, ya que va a reducir la capacidad de compra de los ciudadanos en la franja fronteriza y/o causar un desplazamiento en el consumo de bienes y servicios de procedencia interna a externa. En su análisis señala que los precios aumentarán en un 5 por ciento, con lo que los ciudadanos de la frontera norte buscarían precios más accesibles en Estados Unidos. Es decir, habrá fuga de consumidores y divisas hacia nuestro vecino del norte, lo que impactará aún más el desarrollo económico de la región fronteriza. En Estados Unidos algunos artículos de la canasta básica son más baratos. Por ejemplo las tasas de impuesto sobre productos y servicios oscilan entre el 6.75 y el 8.25 por ciento, mientras que en México es del 16 por ciento. La reducción del gasto local en alimentos será de un 20 por ciento; en vestido y calzado, del 15 por ciento; en arreglo personal, de un 18 por ciento y en artículos para el hogar y cuidados médicos, del 10 por ciento. Eso tan sólo por mencionar algunos rubros. Se estima también que se tendrá una contracción de las ventas del 4.6 a 6.2 por ciento que llevaría a una reducción del PIB sólo en el estado de Baja California, de 2.2 a 2.6 por ciento. Aunado a lo anterior es importante tomar en cuenta que tan sólo en el estado de Baja California poco más del 50 por ciento de la población fronteriza cuenta con visa de no inmigrante para cruzar hacia Estados Unidos. El otro 50 por ciento que es la población más pobre, no tendrá la posibilidad de hacerlo y obtener productos a menor precio, lo cual aumentará, sin duda, la brecha de desigualdad en estas zonas. El aumento del IVA sin duda empeorará la distribución del ingreso de las familias en la zona fronteriza, ya que la población más pobre dedica al consumo todo su salario y en general no tienen una visa de no inmigrante que les permita discriminar entre el mercado interno y externo. En cambio los que ganan mucho ahorran y tienen acceso legal al mercado del sur de los Estados Unidos, que es el mercado externo. Pero esa parte de sus ingresos y consumos no pagarán IVA, así la subida de este impuesto será altamente regresiva en las entidades de toda la zona fronteriza. Amén de lo anterior la Cámara de Diputados estableció en el PEF para el Fondo de las Fronteras, un monto de 3 mil millones de pesos, el cual tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas ubicadas en la frontera. Presupuesto éste que es importante y urgente se ejerza y que no nos vaya a salir el secretario de Hacienda con el juego aquel de ¿dónde quedó la bolita? Por todas estas consecuencias negativas para la población que vive en las fronteras de nuestro país y en el estado de Baja California Sur y Quintana Roo, es que consideramos de la más alta prioridad la aprobación del presente punto de acuerdo. Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto de la manera más atenta para que por unanimidad votemos a favor el presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado Torres Cofiño. El asunto se turna a la Tercera Comisión de Trabajo. El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Ahora tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Roxana Luna, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga del conocimiento público un desglose del impacto a las finanzas públicas derivadas del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre del 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades al sector privado. Hace uso de la palabra, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada. La diputada Roxana Luna Porquillo. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. El hecho que me motiva a presentar este punto de acuerdo es porque el 11 de diciembre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley de Impuesto sobre la Renta y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y a la Ley de Impuesto de Depósitos en Efectivo. Dicho conjunto de normas conforman la reforma hacendaria que el Ejecutivo federal promovió mediante iniciativas en la misma materia. El análisis y discusión de la reforma hacendaria fue un esfuerzo ventilado públicamente en el que estuvieron involucrados importantes legisladores y representantes de grupos económicos. También estuvieron representantes y funcionarios del gobierno federal que participaron de manera relevante con sus puntos de vista en la valoración del proyecto presentado. El 26 de diciembre del 2013, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Las leyes afectadas son las correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, al IVA, al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, así como el Código Fiscal. Es importante destacar en este punto que estas modificaciones se hicieron sin considerar al Congreso, aun cuando éste aprobó todas las leyes en la reforma hacendaria en el mismo mes de diciembre del 2013, es decir, que lo que se analizó, se corrigió y se votó con el esfuerzo de diputados y senadores terminó siendo modificado, sin consensuarlo, tan solo 15 días después. El contenido del decreto del Ejecutivo consiste en las concesiones al sector privado en donde se conceden los beneficios con la intención de congraciarse con ellos. Es evidente que una vez aprobada la reforma hacendaria, los cabilderos del sector privado siguieron presionando al Ejecutivo y lograron el beneficio para sectores como es el transporte de carga y de pasajeros, los alimentos chatarra, las mineras, las escuelas particulares y las tiendas departamentales. Es inadmisible que el decreto del Ejecutivo del 26 de diciembre no presente ninguna cuantificación del impacto que significa ceder el cobro de recursos que forman parte de la hacienda pública. Es obvio que las modificaciones van a significar menos ingresos para el país pero, a diferencia de cuando se discutió la reforma hacendaria, donde cada uno de los ajustes se proyectó en una meta recaudatoria, ahora resulta que este paquete de concesiones tiene un entorno de opacidad y discrecionalidad, aun cuando la ley, en especial en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, permite este tipo de ajustes. En el fondo es una vergüenza que el gobierno ceda recursos aprobados por los legisladores sin que ni siquiera se sepa cuánto es lo que nos va a costar como país. Además, queda por verse de qué manera se va a ajustar la caída de los ingresos, el gobierno debe decir desde ahora si piensa superar la metas del déficit, si va a recurrir al truco de aparecer dinero subestimado o correspondiente a las disponibilidades que no había reportado, o si piensa hacer algún ajuste al presupuesto aprobado en el gasto de inversión o en los programas de las dependencias. Dada la naturaleza pública de los recursos comprometidos al modificar la recaudación es fundamental que el Ejecutivo desglose las modificaciones que como consecuencia del decreto emitido tendrán las metas del déficit aprobado por esta Cámara. La composición de ingresos públicos que necesariamente habrá de modificarse o, en su caso, deberá explicar los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión, así como de los programas de las dependencias. El Ejecutivo nuevamente se exhibe, donde primero alentó y asumió elementos progresivos en materia fiscal y luego se desdice como si no existiera la determinación tanto de los diputados como de los senadores, lo cual constituye un pésimo mensaje en cuanto a la seriedad de las relaciones entre los poderes. Señoras y señores legisladores, esta legislatura no debe permanecer pasiva ante una decisión discrecional en beneficio del sector privado. No dejemos que el Ejecutivo modifique a su capricho las leyes acordadas por el Legislativo. El Ejecutivo está obligado a transparentar e informar por los menos, las estimaciones de impacto económico que implican sus concesiones a los cabilderos del sector privado. Es lo mínimo que debe hacer para que exista claridad de quienes se van a beneficiar y con cuánto por cada uno de los cambios que se ha decretado. Por ello, invitamos a tener firmeza de exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que desglose y haga conocimiento público el cálculo de impacto de las finanzas públicas que tendrá su decreto en el que otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado. Es cuanto.