La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. En principio reconocer el trabajo de las presidentas de las dos comisiones, de la Comisión de Justicia, encabezada por la diputada Pilar Ortega y, por supuesto, por el esfuerzo y el compromiso que ha tenido desde siempre quien preside la Comisión de los Derechos de la Niñez, la diputada Rosalba Valencia. El dictamen que hoy discutimos versa sobre la minuta enviada por el Senado de la República, cuyo objeto es la transformación de normas de educación infantil para la erradicación de actitudes y comportamientos de violencia familiar en contra de niñas, niños y adolescentes, logrando con ello implementar estrategias de promoción, de relaciones domésticas más armoniosas y no violentas, que supriman el uso del castigo físico como correctivo, en contra de la niñez y la adolescencia en el ámbito familiar, garantizando con ello su derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, resguardando su integridad personal con el fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Y aunque ya estaba establecido, está establecido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una obligación el protegerlos de cualquier tipo de violencia y de maltrato, sin lugar a dudas el dictamen que hoy se presenta es un paso enorme, que es la prohibición: varazos, reglazos, chancladas, nalgadas, pellizcos, bofetadas, jalones de pelo, jaloneos, encadenamiento, quemaduras de cigarros, baños de agua fría o caliente, borradorazos, falta de alimento, canchazos, jalones oreja, mandarlos bajo el sol, trabajos forzados, cinturonazos, quemaduras en manos y pies, entre otros que ustedes seguramente conocen, quedarán ahora prohibidos para quien ejercen la patria potestad, cuidadoras y cuidadores, docentes y todas aquellas personas que los tengan bajo su cuidado. Este no pretende ser un proyecto de corte penal sino preventivo, buscando ser un detonante para la intervención pública temprana en la prevención y atención de este tipo de violencias que en casos extremos pudiera conllevar la pérdida de este derecho. El castigo corporal para corregir y disciplinar a las niñas, los niños y adolescentes es una práctica extendida en el mundo, que tiene como consecuencia el daño físico y psicológico para la persona que lo sufre. Tal como se consta en el Estudio Mundial sobre Violencia, convirtiendo a la familia y al hogar en los lugares más peligrosos para las niñas, los niños y los adolescentes, como hemos podido constatar durante el periodo de confinamiento, provocado por la pandemia en este último año. En este sentido, es importante mencionar que las cifras proporcionadas por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México señalan que de enero a noviembre se registraron alrededor de 4 mil 383 llamadas al 911, por adolescentes de 12 a 17 años de edad, en las que el 21 por ciento fueron problemas de violencia familiar, sin que existiera también un registro respecto a las víctimas de estas violaciones que tienen menos de 12 años o aquellos que, por su edad, no tienen la posibilidad de solicitar auxilio. Durante la primera década de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, su comité ha declarado de forma insistente en que persisten la aceptación legal y social al castigo corporal, lo cual resulta incompatible con la convención, en la que se exige a los Estados parte proteger a las niñas y los niños de todas las formas de violencia física y mental, incluyendo el cuidado de padres y madres y otras personas, dicha obligación establece en su artículo 19, el cual fue ratificado por nuestro país en 1990. Por ello, el comité ha recomendado que todos los Estados parte de todos los continentes, incluyendo nuestro país, lleven a cabo las reformas legales para abolir todo el castigo corporal y una campaña de educación pública para promover formas positivas y no violentas de disciplinas en familias, escuelas y otras instituciones, incluyendo los sistemas penales. Por lo anterior, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, toda vez que consideramos que los castigos físicos y humillantes contra niñas, niños y adolescentes configuran una violación a sus derechos fundamentales, que debemos de garantizar la protección contra todas formas de violencia y el respeto a su integridad física y dignidad humana, obligándonos a combatir y eliminar su prevalencia y a disminuir la incidencia de los actos de violencia contra ellas y ellos, promoviendo todos los derechos que como personas en desarrollo, que como personas sujetas de derechos han sido consagrados en la Constitución, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en los instrumentos internacionales que nuestro país ha ratificado, generando un ambiente social en donde la vigencia de sus derechos fundamentales, el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención y erradicación de toda forma de violencia sea finalmente una realidad en nuestro país. Por la prohibición de maltratos contra niñas y niños. Es cuanto, presidenta.