El diputado David Sánchez Camacho: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el avance democrático en nuestro país se ha traducido en una mayor apertura hacia las personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexual. La organización de estos grupos ha tenido como resultado un mayor respeto a sus derechos e incluso su representación en foros como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Cámara de Diputados. El tema de los derechos de estos grupos se está discutiendo en todo el país a raíz de la aprobación de la Ley de Sociedades en Convivencia en el Distrito Federal y del Pacto Civil de Solidaridad en el estado de Coahuila, y propuestas similares se han presentado en los estados de Guerrero, Chihuahua y Michoacán. No obstantes los avances alcanzados, organizaciones civiles han documentado cientos de homicidios en contra de miembros de la comunidad lésbico-gay, bisexual y transgénero. Las actitudes de intolerancia se multiplican y muestran que en las autoridades y en la sociedad mexicana aún persisten inercias autoritarias del pasado, que son un campo propicio para ejercer la violencia en contra de los diferentes. La homosexualidad no constituye un delito en México, sin embargo, la desigualdad entre las instituciones y la aplicación de la ley es una consecuencia de la homofobia institucional, social y cultural. En este sentido les recuerdo que el 21 de noviembre del año pasado esta Cámara de Diputados instituyó el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia y exhortó al Poder Ejecutivo en los diferentes niveles de gobierno, a instituir y celebrar el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Nuestra Carta Magna en su artículo lo. contiene el mandato de no discriminación. Esta prohibición es una de las manifestaciones concretas que adopta el principio de igualdad en los modernos textos constitucionales. Se trata de normas que limitan la posibilidad de tratos diferenciados no razonables entre las personas, y que además, suelen detallar algunos rasgos o características con base en los cuales está especialmente prohibido realizar tales diferenciaciones. De este artículo constitucional conviene subrayar que los términos empleados pueden como sucede con el lenguaje en general conducir a cierta ambigüedad, como es el caso del vocablo preferencias, el cual no define con claridad la cuestión de las preferencias sexuales y no está en concordancia con los organismos internacionales y regionales que promueven la defensa de los derechos de la diversidad. Por lo mismo, conviene homologar la legislación nacional relativa a la protección de los derechos de estos grupos sociales. Desde la década de los años 90, los gobiernos del orbe y los organismos internacionales asumieron la aplicación del término preferencias sexuales siendo congruentes con la importancia de buscar en dicha definición eliminar el uso de términos lingüísticos ambiguos para identificar a la población mundial de la llamada diversidad sexual. El término preferencias aprobado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos carece de fundamentos jurídicos, históricos o sociales, y no se apega al espíritu de la iniciativa original. Ese asunto ocasiona una gran confusión a la población en general y particularmente a la población de la diversidad sexual, al gobierno en su conjunto y a los organismos sociales. Cabe señalar que la Organización Panamericana de la Salud advierte que la diversidad de cultura, etnias, lenguas, edades, capacidades y preferencias sexuales, debe ser un eje transversal en la construcción de políticas para evitar la marginación. En este sentido, parece oportuno contar con una terminología universal que permita no sólo el reconocimiento de la población en sus derechos, sino que allane el camino para la construcción de políticas públicas y la adecuación que la legislación requiera. Es imprescindible contribuir en el proceso democrático que vive el país con acciones afirmativas que inspiren el respeto de la legalidad en todos sentidos y en lo que se refiere al avance de nuevas políticas sociales dirigidas a los grupos en situación de vulnerabilidad. Acciones como la propuesta en esta iniciativa tienen por objeto combatir y erradicar la homofobia y la ambigüedad. Por lo anteriormente expuesto se propone a esta soberanía la aprobación del siguiente Proyecto de decreto Artículo único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 1o. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por último, solicito que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.