EL C. DIPUTADO UUCKIB ESPADAS ANCONA[PRD]: Diputado Presidente; Ciudadanos y ciudadanas Diputados: "Es nuestra Constitución, como hemos recordado con frecuencia en estos recintos en los últimos meses, una compleja síntesis de, entre otras cosas, la tradición liberal del XIX mexicano y el espíritu social y humanista de la Revolución que abrió el siglo XX. Esta vertiente social ha merecido la particular atención de los actores políticos del país ante la promisoria posibilidad de que, en los próximos meses, nuestra Carta Constitutiva sea objeto de una revisión integral. "Las voces más conservadoras creyeron ver en este proceso de reforma la oportunidad de eliminar estos contenidos sociales con la ambición de..." DA LECTURA A LA INICIATIVA. INSÉRTESE INICIATIVA DE DECRETO QUE CREA LA LEY FEDERAL DE DERECHOS LINGUISTICOS. Y DEROGA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION. EXPOSICION DE MOTIVOS Es nuestra Constitución, como hemos recordado con frecuencia en estos recintos en los últimos meses, una compleja síntesis de, entre otras cosas, la tradición liberal del XIX mexicano y el espíritu social y humanista de la Revolución que abrió el siglo XX. Esta vertiente social ha merecido la particular atención de los actores políticos del país ante la promisoria posibilidad de que, en los próximos meses, nuestra carta constitutiva sea objeto de una revisión integral. Las voces más conservadoras creyeron ver este proceso de reforma la oportunidad de eliminar estos contenidos sociales, con la ambición de construir un país en donde el enriquecimiento desmedido de unos cuantos no se viera obstaculizado por las necesidades de las mayorías. Los más, sin embargo, hemos dejado en claro que, lejos de apartarnos de esos contenidos, hemos de profundizar en el humanismo conque nuestra Ley Suprema nació en 1917. No son pocos los acontecimientos recientes que nos han dado la razón, destacadamente el nuevo lugar que en el debate público han tomado los derechos sociales, políticos y culturales de los pueblos indios que integran la nación. Hoy, sin embargo, quisiera explorar la otra tradición constitucional. Aquella liberal que escribió la Constitución de 1857 y con cuyos profundos principios igualitarios se abre la carta del 1917: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Este principio fundamental, que podría parecernos definitivo en los albores del siglo XXI, es, sin embargo, para millones de mexicanos, más nada que letra sin esperanza de realización ni hoy, ni mañana ni nunca: Habiendo evitado la sabiduría constitucional dar al castellano el rango de lengua oficial, su posesión es hoy condición sine qua non para el ejercicio de los más elementales derechos no sólo positivos sino humanos. No sólo el sistema legal, sino las prácticas cotidianas y el ejercicio de la función pública y de autoridad en su conjunto son estructuralmente disfuncionales para garantizaren todos los grados el ejercicio de derechos a aquellos mexicanos cuya lengua materna es distinta de la lengua de los conquistadores. En nuestro país viven hoy no menos de siete millones de hablantes nativos de lenguas indias, cuyos derechos individuales se encuentran no sólo restringidos, sino en la práctica conculcados, en abierta violación al Artículo 10. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Soterrada, sorda, canallescamente, hemos construido un Estado independiente que, a cinco siglos de distancia, sin más sustento que el derecho de conquista, destierra del amparo de sus leyes a los hombres y mujeres nacidos en los primerisimos pueblos de esta gran nación. Como disponiendo de un derecho natural, y sin aún dignarse a enunciarlo, el Estado mexicano ha condenado a condiciones de excepción a las lenguas de los pueblos cuya presencia en esta tierras es muy anterior a él mismo. El fundamental derecho a la educación y su obligatoriedad hasta la secundaria ha sido brutalmente gravado por la castellanización y obstruido de manera definitiva por la imposibilidad real de que los hablantes de lenguas indias lo ejerzan en igualdad de condiciones a los hablantes de castellano. Mientras éstos pueden cursar todos los niveles de enseñanza sin conocer una sola palabra de ninguna lengua india incluso en aquellas regiones con una altísima proporción de hablantes de éstas y sólo están formalmente sometido a la obligación de aprender eficientemente una lengua distinta a la propia, por cierto una lengua extranjera, al concluir los estudios superiores, los millones de hablantes de lenguas indias tienen en el aprendizaje plenamente competente de una lengua distinta a la suya, una barrera infranqueable para tan sólo aprender a leer y escribir. La promesa de una educación bilingüe y pluricultural, no sólo se sustenta en un racismo que la considera como una medida remedial útil exclusivamente para adaptar a los indios a la sociedad mestiza y nunca como una necesidad de todos los mexicanos en la tarea de entender tanto nuestra pluralidad cultural como nuestro pasado, sino que se ha demostrado históricamente falaz, siendo casi invariablemente un disfraz de una educación castellanizante y mestiza que triunfa en la supresión de lo indio. Así, además de sus derechos constitucionales, los hablantes de lenguas indias han sido desprovistos de los más elementales derechos humanos: comunicarse unos con otros, transmitir sus ideas, registrar sus pensamientos, participar de la literatura, hacerse entender por sus descendientes, recibir información. Aquellos pueblos cuyas expresiones escritas plasmadas en incontables códices y estelas son hoy falso orgullo de los descendientes del conquistador, han sido sin misericordia privados de la palabra escrita. Las lenguas indias han sido, por la violencia material y simbólica, condenadas a un analfabetismo total, que ni siquiera merece ser registrado en las estadísticas nacionales. La urgencia actual transciende con mucho el conservadurismo romántico de quienes, como si de piezas de museo se tratara, se duelen de la pérdida de las lenguas indias. Lo que hay detrás de esta pérdida es el profundo dolor del aislamiento de hombres y mujeres arbitrariamente privados del derecho a comunicarse, la melancolía del migrante que nunca podrá escribir a casa en una lengua que su familia entienda, la inimaginable angustia de las abuelas y abuelos que jamás pudieron hablar con sus nietos para transmitirles emociones, sentimientos, valores, compromisos, en fin, la cultura propia. Es el desprecio y la humillación cotidiana de quienes, como otros pueblos incluido el que trajo el castellano a estas tierras hablan hoy el idioma de pueblos milenarios, pero que, ha diferencia de ellos, lo hacen en calidad de parias en su propia tierra. Es, en fin, la privación del derecho a desarrollar, cultivar y ver florecer la propia lengua y con ella la cultura. Son los históricos momentos que vivimos los indicados para poner fin, de una vez y para todas, a este ignominioso sistema de apartheid no legalizado, a esta implacable continuidad de la conquista. Hoy estamos presentando ante esta Cámara una iniciativa para crear la Ley Federal de Derechos Lingüísticos, a través de la cual se norma el derecho de los hablantes de lenguas indias al uso pleno de éstas en el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales. Para el logro de este objetivo, el proyecto plantea el establecimiento de la categoría de lenguas nacionales, constituida, en condiciones de igualdad, por las lenguas indias habladas por los pueblos preexistentes al Estado mexicano y por el castellano. Se establece además la prohibición expresa a cualquier tipo de discriminación resultante de la lengua que se hable e independientemente de que ésta sea una lengua nacional o no. En su conjunto, la iniciativa trata de establecer las condiciones legales que generen una auténtica reconversión lingüística del estado, acorde con la pluralidad lingüística de la nación. En este sentido, se rechaza el condicionamiento del ejercicio de los derechos lingüísticos a la proporción de hablantes que cada lengua en particular tenga dentro del territorio nacional, por tratarse de un condicionamiento inadmisible dada la naturaleza fundamental de los derechos involucrados y, particularmente, dada su condición de preexistencia a los Estados Unidos Mexicanos. Como es evidente, esta reconversión representará una gran inversión económica para la nación. Es insustancial. Cualquier cantidad de dinero que pueda costar será tan sólo un mínimo abono a una gigantesca deuda humana que ya nunca podremos pagar. La reglamentación propuesta, implica para el Estado la superación de grandes deficiencias en la prestación de sus servicios, que hasta hoy ha sido orientada con inclemente rigidez, a los hablantes de castellano. Asimismo, proponemos la derogación de la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de Educación que, arbitrariamente, da al castellano mal referido como español el carácter de única lengua nacional. Es hoy el momento de poner fin a la continuada tragedia de la radical discriminación lingüística. Por lo antes expuesto, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente INICIATIVA DE DECRETO QUE CREA LA LEY FEDERAL DE DERECHOS LINGUISTICOS Y DEROGA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION. Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, es de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto normar el derecho igualitario de los mexicanos al uso pleno de la lengua nacional de la que fueren hablantes, en el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales. Artículo 2. La composición pluricultural de la nación mexicana tiene una de sus principales expresiones en la pluralidad de lenguas que le son propias. Artículo 3. Son lenguas nacionales las de los pueblos indios establecidos en el actual territorio nacional con anterioridad a la constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el castellano y las que, por su relevancia cultural, demográfica y territorial dentro del país, sean en el futuro incluidas con tal carácter en la presente ley. Artículo 4. La lenguas nacionales son parte integrante del patrimonio cultural de la nación. Artículo 5. Nadie podrá ser sujeto a ningún tipo de discriminación en virtud de la lengua que hable. Artículo 6. Es derecho de todo mexicano comunicarse plenamente en la lengua nacional de la que sea hablante, de forma oral y escrita. Esta prerrogativa incluye, sin limitarse a, los derechos particulares a expresarse en los ámbitos familiar, comunitario, estatal y nacional; recibir educación formal; transmitir, publicar y preservar sus ideas, opiniones y conocimientos; desarrollar su creatividad; contribuir a la preservación y desarrollo de su lengua; participar en la transmisión, conservación y desarrollo de la historia y cultura del pueblo al que pertenezca; acceder a literatura y recibir noticias e información en general. Artículo 7. El Estado garantizará el acceso pleno de los hablantes de cualquier lengua nacional a los servicios públicos y a los que se presten por concesión estatal, en su propia lengua. Esta disposición incluye, sin limitarse a, la obligación de proporcionar todo tipo de información oficial y de interés público en la totalidad de las lenguas nacionales de sus destinatarios, favoreciendo su transmisión en forma oral en el caso de las lenguas indias. Artículo 8. Las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán a su cargo la aplicación de la presente ley y adoptarán las medidas necesarias para ello. Artículo 9. El Estado en sus diferentes niveles de administración, adoptará las medidas adecuadas a efecto de que en las dependencias y oficinas públicas, exista el personal idóneo para atender con diligencia a los hablantes de las diversas lenguas nacionales que se hablen en la jurisdicción correspondiente. Asimismo en los lugares e instalaciones públicas se colocarán los avisos y señalamientos informativos en las lenguas correspondiente. Artículo 10. Las autoridades federales y estatales, responsables de la Procuración y Administración de Justicia, incluyendo las Agrarias y de Trabajo, proveerán lo necesario a efecto de contar en su estructura permanentemente con el personal capacitado e idóneo para atender a los hablantes de las diversas lenguas nacionales. Artículo 11. Las autoridades federales y estatales, por conducto de sus instituciones educativas, garantizarán que la población tenga acceso a la educación obligatoria en la lengua nacional de la que sea hablante, y adoptará las medidas necesarias para eliminar del sistema educativo las prácticas, prejuicios y calificaciones que denigren a los individuos o comunidades en razón de su lengua. Artículo 12. El estado adoptará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva reflejen debidamente la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana Los medios de comunicación masiva concesionados por el estado destinarán un porcentaje suficiente de su tiempo a la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de difusión, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indias de las diversas regiones del país. Artículo 13. Las autoridades federales y estatales promoverán la creación y edición de literatura oral y escrita en las lenguas indias de su jurisdicción. TRANSITORIOS: Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se deroga la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de Educación. Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley. Tercero. Las Legislaturas de los Estados elaborarán y adecuarán las leyes locales correspondientes al tenor de la presente en un plazo máximo de seis meses a partir de su publicación. Cuarto. Las autoridades federales y estatales, por medio de las instituciones vinculadas con los objetivos de esta ley, promoverán y difundirán su contenido oralmente y por escrito, en las lenguas nacionales correspondientes a su jurisdicción. EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. EILOY CANTU SEGOVIA: Gracias diputado. Esta Mesa Directiva le consulta a usted: Originalmente se había previsto turnarse a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos ¿otra comisión a la que usted desee que se turne?