La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. El dictamen que la Comisión de Justicia pone hoy a consideración de esta asamblea reviste de una importancia fundamental para la consolidación de la democracia mexicana, al establecer límites específicos a la libertad de expresión de las personas que cometen acciones basadas en el odio racial, para generar desequilibrios en la sana convivencia social. Debemos señalar que hoy que conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, la aprobación de este dictamen constituye un paso en la dirección correcta para llamar la atención a quien, desde el púlpito presidencial día con día estigmatiza y señala con dedo flamígero a los que no concuerdan con él, promoviendo la división y la confrontación entre las y los mexicanos. Es importante señalar que el discurso de odio engloba todas aquellas expresiones peligrosas para la estabilidad del sistema democrático, entre las que encontramos ofensas, insultos y expresiones que discriminan a colectivos por condición de clase, género, color de piel, orientación sexual o etnia. En el siglo XXI las expresiones de odio se presentan, en la gran mayoría de los casos, como la capa superficial de un conflicto más profundo, reflejo de las diferencias religiosas, políticas o étnicas. En estas circunstancias de conflicto el odio tiene un cierto grado de comprensión social, debido a la importancia que han adquirido los fanatismos religiosos y políticos. Y, es por ello, que las autoridades enfrentan el dilema de limitar o no la libertad de expresión de quienes prefieran expresiones de odio, por lo que la necesidad de delimitar los márgenes entre lo inaceptable y lo intolerable, en una sociedad democrática, se vuelve una premisa fundamental. Por otro lado, se ha sostenido la existencia de un ámbito que no puede ser regulado por el Estado, en el que las personas tienen la posibilidad de manifestarse con toda libertad. El derecho a la libre manifestación y a la expresión de ideas y opiniones resulta consecuentemente un fundamento básico de cualquier sociedad que se aprecie de llamarse democrática. Tener plena libertad de expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible, no solamente para poder ejercer plenamente otros derechos fundamentales como el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de votar y ser votado. Sino que constituye, además, un elemento funcional de esencial importancia en la dinámica de una democracia para garantizar el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial determina en los incisos a) y b) del artículo 4o., que requiere que se prevea en la legislación penal lo que generalmente se ha denominado como discursos de odio. La Convención señala a la letra que los países miembros declararán como acto punible, conforme a la ley, toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación, entre otras. Debemos recordar que, no obstante, la obligación internacional atribuida por la ratificación de esta Convención desde hace 54 años, nos encontramos en esta discusión por deber impuesto por una sentencia de amparo emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que como legisladores llegamos tarde nuevamente. Como una sociedad democrática no podemos consentir que el discurso de odio permee los cimientos mismos de nuestra sociedad, provengan de donde provengan. Es nuestra responsabilidad como representantes populares atajar las conductas antisociales, cuyo origen mismo es el odio, para contribuir en la construcción de una humanidad más responsable, más fraterna, comprometida con la paz y la solidaridad, en un mundo que hoy enfrenta uno de los mayores retos que se le han impuesto enfrente, una pandemia que no cede y gobiernos que no entienden. Es cuanto, diputada presidenta.