El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Deseo compartirles que hace más de tres años que asumí la convicción y decisión de ser parte de este Poder Legislativo, lo hice con la intención de poder coadyuvar para que procesos como los que hoy vivimos, así como los resultados de procesos legislativos fuesen con la legitimidad de los miembros de nuestra sociedad. Lamento profundamente que esto no haya sido el día de hoy así. Hago votos para que esta experiencia, por demás lamentable, no la volvamos a repetir. Hago a continuación la reserva al dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 39-A, señalando que ya existe en la legislación la clasificación del tipo de relaciones de trabajo, estipuladas en el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. No obstante, lo anterior con el contenido del artículo 39, Apartado A propuesto, se pretende introducir una modalidad más, un subtipo de relación de trabajo dentro de las consideradas por tiempo indeterminado conocido como el periodo a prueba, de 30 hasta 180 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumpla con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita, quedando a juicio del patrón, a todas luces subjetiva, la valoración dando por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para éste. Lo anterior, contraviene al artículo 17 de nuestra Carta Magna, sino además ha tratados internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 18, la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 8o., y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es menester destacar que la capacitación y adiestramiento para el trabajo, en atención a la norma suprema, consagra precisamente en el artículo 123 del Apartado A, en su fracción XXXI, como obligación de los empleadores, el proporcionar la misma, lo cual congruentemente lo reconoce la Ley Federal del Trabajo vigente, en varios artículos como el 25, 153, incisos de la a) a la x), que obliga a las empresas a implementar tanto la capacitación y adiestramiento, a través de planes y programas, los que deberán ser presentados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 40, establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en materia de formación profesional, capacitación y adiestramiento en el y para el trabajo, debe prestar servicios de asesoría e impartir cursos para incrementar la productividad en el trabajo, incluso, señala expresamente, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. A su vez, el reglamento interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social incorpora a esa Secretaría una Dirección General de Capacitación para actuar ex profeso en esta materia. Debo destacar que dichas funciones del Estado mexicano, a través de estas secretarías, se derivan del compromiso irrestricto de nuestro país al convenio prioritario, subrayo, prioritario, porque así se establece en el convenio sobre la política del empleo número 122, de la Organización Internacional del Trabajo, el cual se encuentra en armonía con los tratados internacionales antes descritos, normas del derecho internacional de los derechos humanos que les reviste el carácter de ius cogen, que por su trascendencia obliga, sin excepción, a los Estados nación a su cumplimiento. Como se ha sustentado, la capacitación y adiestramiento, como ha quedado establecido, es una obligación originaria del Estado mexicano, en corresponsabilidad con los patrones, por lo que a todas luces la referida reforma no solamente es anticonstitucional sino que trasgrede tratados internacionales, así como los derechos humanos y laborales, y por supuesto, inhibe el derecho a la seguridad social. Por ello, la propuesta es la eliminación y la supresión completa de esta parte correspondiente del Apartado A. Señor presidente, estoy con dos temas, le rogaría si usted me permite. Y como consecuencia, bajo la misma fundamentación y motivación, la propuesta es la supresión correlativa al Apartado B del propio artículo 39, por resultar, como lo he manifestado, violatorio a la propia Constitución, a tratados internacionales, y por supuesto, inhibe los derechos de la seguridad social. Es cuanto, señor presidente.