El diputado Francisco Javier Alvarado Villazón: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea: Con fundamento y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 fracción IV Primer Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual otorga a esta Cámara de Diputados de manera exclusiva la facultad de obligación de revisar la Cuenta Pública, procedernos a posicionarnos favorablemente sobre el dictamen en comento, reconociendo de antemano que hemos incurrido en un importante retraso en el análisis, discusión y dictaminación de la cuenta de la Hacienda Pública Federal del año fiscal 2001. Sabemos y reconocemos que la Cuenta de Hacienda Pública Federal, es un documento analítico que elabora la Auditoría Superior de la Federación con la Información que el Poder Ejecutivo le presenta para ser procesada y entregada a la Cámara de Diputados con el fin de permitir a esta soberanía la fiscalización del manejo de los recursos públicos y vigilar que la Administración Pública se conduzca con criterios de legalidad, honestidad y transparencia. El mandato constitucional que obliga al Poder Ejecutivo Federal a la presentación de la Cuenta Pública Federal, fortalece el principio de división de Poderes de la Unión y es instrumento jurídico constitucional que obliga a la Administración Pública a conducirse con eficiencia, transparencia y legalidad. No hay duda de que en este ejercicio se reflejan plenas prácticas democráticas por medio de las cuales, la Cámara de Diputados, se fortalece dotando de mecanismos más eficaces en la conducción de responsabilidades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación. La revisión de la Cuenta Pública debe ser utilizada para detectar desviaciones pero también para corresponsabilizar al Ejecutivo Federal del mejoramiento al control gubernalmental. En este sentido y de acuerdo con la información de la Comisión de Vigilancia de al Auditoría Superior de la Federación, en términos generales, el informe de resultados de la revisión de Cuenta Pública correspondiente al año 2001, se apegó plenamente a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y fue presentada bajo los principios básicos de contabilidad gubernamental. A pesar de lo anterior, si se identificaron inobservancias en diversos ordenamientos legales, como la Ley de Presupuesto, Contabilidad, Gasto Público y su reglamento, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2001. A nivel de sectores y ramos, los principales infractores fueron el Sector Energía, Comunicaciones y Transportes, Salud, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y entidades paraestatales. De acuerdo con el informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2001, el conjunto de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, se tradujo en un efecto económico de 339 mil 456 millones de pesos, de esto el gasto pendiente de solventar es de 34 mil 404 millones de pesos. En este contexto debemos resaltar que los resultados económicos del Ejercicio Fiscal 2001, no fueron los más deseables; como ejemplo de esto, podemos señalar que el Producto Interno Bruto cayó en términos reales 3%, cifra muy por debajo del crecimiento originalmente estimado de 4.5% y muy por debajo del alcanzado el año antes que ascendió al 6.6%. Por otro lado, es necesario destacar que durante el año 2001, se presentó una fuerte disminución de captación de recursos, resultado de la caída importante de la actividad económica y de la reducción de la plataforma de exportación de crudo. Como podemos ver la revisión y dictaminación de la Cuenta Pública representa la fase de control más importante del proceso, ya que permite tomar las decisiones que deben perseguir, el hacer más eficaz la gestión gubernamental. Por lo anterior, los diputados que integramos la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, emitiremos nuestro voto a favor del dictamen en comento, ya que refleja que la gestión gubernamental en términos generales se apegó a los ordenamientos y principios de contabilidad gubernamental, favoreciendo con ello a la rendición de cuentas de esta soberanía y el cumplimiento con el mandato constitucional. Gracias.