El diputado Pedro Porras Pérez: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, dentro de las reformas planteadas en la minuta a discusión se establece el propósito de vincular la planeación del desarrollo urbano con los esfuerzos federales, estatales y municipales para impulsar el desarrollo regional. En materia de vivienda, fortalecer la vinculación entre los tres órdenes de gobierno es una tarea necesaria para evitar el crecimiento desordenado que se ha presentado en las ciudades. En tal sentido coincidimos en que los programas de vivienda y las políticas públicas para el desarrollo habitacional no han contribuido suficientemente a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, mucho menos ha permitido planear de manera adecuada la vivienda rural en zonas más marginadas de nuestro país. En documentos de estudio del Congreso de la Unión, se ha coincidido que en los próximos 10 años los cambios en la estructura de la pirámide de edades de la población indican que serán cada día más los jóvenes en edad de formar familias nuevas. Este eminente crecimiento esperado de la vivienda requiere de un enorme esfuerzo para satisfacer dichas necesidades, particularmente de la población de menos ingresos. Una de las tareas prioritarias del país en los próximos años será redefinir el papel de los organismos nacionales de vivienda para que se pueda hacer frente al déficit habitacional existente. De acuerdo con Hábit de la ONU y la Secretaría de Desarrollo Social, la expansión territorial de las ciudades se debe a una deficiente regulación de la tierra y a una reducida oferta del suelo formal para hogares de menor ingreso. El crecimiento desordenado genera externalidades negativas de tipo ambiental, económica y social. Este mismo reporte sostiene que en los últimos 20 años las periferias de las ciudades se han vuelto cada vez más heterogéneas y que los asentamientos precarios se ubican en zonas alejadas o de riesgo. De manera complementaria, será necesario desarrollar un sistema de subsidio general para que la población de bajos ingresos pueda tener las condiciones para adquirir una vivienda a precios accesibles. Este esquema de subsidios debe considerar la capacidad económica y el esfuerzo de ahorro previo. En este contexto, los organismos nacionales de vivienda deben realizar diversas reformas en varios aspectos: restructuración orgánica y operativa, adecuación a su normatividad, modernización tecnológica-administrativa, así como el impulso a una integración del mercado de la vivienda con carácter social. En materia de vivienda, los planes no pueden enfocarse únicamente al proceso de financiamiento desde una visión centralista en que la única preocupación sea el fondeo y la recuperación de la inversión. Hoy más que nunca es prioritario que el sector público, privado y el social se sienten a la mesa con el fin de establecer un programa nacional de vivienda, con una visión sustentable que haga accesible a todos los ciudadanos el ejercicio de su derecho constitucional de tener una vivienda digna y decorosa y en armonía con los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, donde se reconoce el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental. La sustentabilidad en materia de vivienda es otro objetivo que no debe soslayarse, teniendo en consideración las condiciones climatológicas que han afectado en los últimos años al país, dañando el patrimonio de miles de familias que aceptaron asentarse en terrenos no aptos para el desarrollo habitacional. Ésta es una tarea pendiente de los tres niveles de gobierno: la revisión de estas áreas de alto riesgo. Por lo anterior y con la finalidad de que todos los mexicanos tengan una vivienda digna, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor de esta minuta y de todas aquellas normativas que vengan en beneficio de los mexicanos de menos recursos. Es cuanto, Presidente.