La diputada Emma Mondragón Navarrete: Compañeras y compañeros diputados, hoy no estamos para votar una simple reforma, estamos ante una ofensiva profunda contra el modelo de seguridad pública que nuestra Constitución ha establecido desde hace más de un siglo. Una seguridad civil con controles democráticos, con instituciones sujetas a la ley y no subordinadas a la fuerza. Por eso, desde esta tribuna decimos con toda claridad, votamos en contra de esta estrategia de militarización disfrazada de reforma, porque lo que se pretende hoy a través de la transferencia total de la Guardia Nacional al Ejército, la creación del sistema nacional de inteligencia sin controles no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia. En lugar de atender las causas estructurales de la violencia, el gobierno federal insiste en multiplicar la presencia militar en las calles centrales del poder y construir una plataforma de vigilancia masiva sobre todos los ciudadanos. Nos dicen que es por nuestra seguridad, pero lo que buscan es control político, concentración de poder y suspensión del disenso. La Guardia Nacional fue creada bajo una promesa clara, ser una institución civil. Así lo establece el artículo 21 constitucional, pero esa promesa ha sido traicionada. Hoy el Ejecutivo y su mayoría artificial quieren hacer permanente lo que debía ser transitorio, un despliegue militar que ya ha demostrado su fracaso. Los homicidios no han disminuido, la extorsión y la desaparición siguen creciendo en todo el país y les comento en Michoacán, que tenemos un desastre y han aumentado los delitos. Y ahora en esta nueva Ley de Inteligencia quieren ir más lejos. Proponen que la Secretaría de Seguridad tenga acceso a nuestros datos biométricos, telefónicos, médicos e incluso los de nuestros hijos o nuestras hijas menores de edad sin que lo autorice un juez, sin control judicial alguno. Así lo dice textualmente el artículo 8o. de esta ley. Quieren poder vigilarnos sin freno, sin límite, sin responsabilidad. Debemos ser claros, esta plataforma de inteligencia no está pensada para protegernos del crimen, sino para anticipar conductas, construir perfiles de riesgo y etiquetar ciudadanos como posibles amenazas. ¿Qué es eso? Sin un modelo de vigilancia autoritaria, ¿qué diferencia hay entre este sistema y los mecanismos de control social que operan en regímenes donde la libertad ha sido anulada? Y aún más grave, nada en estas reformas fortalece las policías civiles, locales, municipales, comunitarias. No se invierte en su profesionalización, no se impulsa una doctrina policial civil real, no se construyen mecanismos eficaces para control y abusos. Se está mirando al federalismo y con él, el derecho de los ciudadanos de decidir, desde lo local, cómo protegerse. Mientras tanto, los órganos encargados de coordinar, evaluar y supervisar el sistema, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el secretario ejecutivo son ignorados. No se les fortalece, no se les dota de facultades reales. Todo se centraliza, todo se militariza, todo se vigila desde arriba. Compañeras y compañeros diputados, el régimen sabe que se aproxima una etapa de desgaste, de rendición de cuentas, de demandas ciudadanas, que allá no se pueden aplazar. Y ante eso, en lugar de abrirse al diálogo y fortalecer la democracia, se blinda con soldados y espías; busca el poder total, pero el poder absoluto no da seguridad de miedo. Por eso votamos en contra, porque la seguridad no se construye con miedo. sino con justicia, porque proteger a la gente no es espiarla, es garantizarle derechos, porque la paz no se impone con armas, se construye con instituciones civiles fuertes, con policías cercanas, con controles democráticos.