La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En la última sesión de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el pasado 8 de enero, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, relativo a convocar a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el fin de que aclare a cabalidad el por qué de la determinación del Ejecutivo federal, que devino en que el 26 de diciembre de 2013 se publicara en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se compilan diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa que corresponden al impuesto sobre la renta (ISR), al impuesto al valor agregado (IVA), al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), a derechos al Código Fiscal de la Federación y a disposiciones comunes. La Mesa Directiva de esta Comisión Permanente turnó a la Tercera Comisión que corresponde a Hacienda y Crédito Público, a Agricultura y Fomento y a Comunicaciones y Obras Públicas, para llevar a cabo el estudio pertinente y dictaminar lo procedente. Es el caso que ayer la Tercera Comisión determinó que tal propuesta fuera desechada porque no era posible convocar al titular de la dependencia en comento para tratar un asunto como el planteado por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. La decisión se tomó sin plantear una deliberación y simplemente se desechó por una mayoría carente de argumentos. Reivindicamos la facultad del Honorable Congreso de la Unión para iniciar, aprobar y, en su caso, modificar toda clase de leyes. Estamos en contra de que el Ejecutivo federal en los hechos derogue lo aprobado por este Congreso. La determinación de los estímulos fiscales a los que hacemos mención, debieron en todo caso ser sujetos a una nueva iniciativa del Ejecutivo federal para debatir en el pleno de las soberanías que conforman este honorable Congreso de la Unión y ser sometida a los procesos legislativos que nos rigen. Esto es lo que debiera esperarse de un auténtico Estado de derecho y no la farsa por la que nos quieren hacer pasar. En los términos en los que el Ejecutivo federal actúa, queda evidenciada de un autoritarismo con el que desean que los mexicanos pasen como si fueran alienados. Para el Ejecutivo federal las decisiones del Poder Legislativo son menos que atendibles, porque le basta emitir un decreto para modificar los aprobado en un proceso largo, desgastante y sobre todo abusivo en el seno de esta instancia. Resulta inaceptable que no se haya explicado a la sociedad mexicana ni al Congreso de la Unión el impacto que tendrá esta decisión en el erario público. La decisión del Ejecutivo no es conforme con el orden constitucional mexicano. El artículo 31 constitucional establece los principios de proporcionalidad y equidad en materia tributaria. Dichos principios resultan aplicables a todo sistema impositivo en su conjunto y no solamente a unos o algunos impuestos específicos. Lo que el Ejecutivo federal intenta es emplear una regla fiscal aislada que únicamente le permite emitir decretos para hacer frente a contingencias naturales, económicas o sociales tal como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para defraudar a la Constitución y a las arcas de la nación. Es tan evidente que se trata de una medida fraudulenta que el gobierno ni siquiera se atrevió a fundar su decisión en la norma específica que permite la emisión de tales decretos. Es más, la decisión del presidente Enrique Peña Nieto está expresamente prohibida por ley. El artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación textualmente prohíbe, apunto y subrayo: emisión de los decretos para condonar o eximir contribuciones cuando la posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en la ley tributaria federal. Es decir, el decreto que utilizó Enrique Peña Nieto, está previsto para enfrentar contingencias que afectan a las ramas de la industria, pero las leyes tributarias federales en ningún caso pueden considerarse una contingencia ni la fuente de una posible afectación. Resulta indispensable que el secretario de Hacienda informe qué motivó al gobierno federal que haya motivado a su vez decidir violar el Código Fiscal de la Federación y defraudar nuestra Carta Magna. En mérito de lo expuesto el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reitera su solicitud al pleno de esta Comisión Permanente para que acuerde en forma positiva la emisión de un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución en el sentido de que comparezca el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aclarar de manera cabal y puntual, el por qué de las determinaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2013. Es cuanto, presidenta. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Ortiz. Esta Presidencia hace la aclaración que por economía procesal procederemos a poner a votación los dictámenes que se encuentran en sentido positivo, por lo que le solicito a la Secretaría solicitar a la asamblea la votación correspondiente. Les aclaro que el punto que se desecha lo vamos a discutir al final de la votación de estos dictámenes. Gracias.