El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sin duda alguna la atención de las autoridades como de los diversos medios de comunicación se han centrado en este problema que hoy aquí nos acontece. Vemos con mucha preocupación el que todavía haya mucho cinismo por parte de las autoridades locales y que todavía salgan con declaraciones que cada vez los hacen confundirse más a ellos. Con la intención de obtener información directa de las verdaderas afectaciones que el derrame ha provocado en este estado, el pasado 4 de septiembre se evidencio en el programa televisivo Punto de Partida una realidad aún mucho más preocupante. Diversas manifestaciones de los habitantes de la población de Bacanuchi, al ser cuestionados sobre cómo han sido afectados por esta contaminación de los ríos, en su mayoría coinciden en la urgente necesidad del abasto de agua, tanto para consumo personal como para el mantenimiento y desarrollo de las propias actividades de la región. A la solicitud se sumaron las espontáneas declaraciones que no son más que directas denuncias en contra del gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien aparentemente desde el inicio de su administración se ha favorecido de los recursos naturales a través del acaparamiento de pozos de agua, sin importarle el actual estado de emergencia por el que atraviesa su estado. Tal es el caso de la propiedad de 3 mil 670 hectáreas denominado como rancho Pozo Nuevo, ubicado a 5 kilómetros del pueblo de Bacanuchi, en cuyo interior se encuentra una presa conocida como El Titanic y con capacidad de millones de metros cúbicos de agua, construida a finales del año 2011 y que por declaraciones de los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no cuentan con autorización alguna para su construcción. Al respecto, el gobernador se limitó a manifestar que la presa en comento, además de no ser la única es una construcción de más de 60 años, intentando, sin argumento por supuesto, justificar la falta de permisos debido a la antigüedad. Argumento por demás reprochable, ya que como se evidenció en el referido programa televisivo, se realizaron ejercicios satelitales a través del cual se ingresaron las coordenadas satelitales en el año 2008, donde no se observó alguna construcción. Asimismo, se realizó la comparación a través de un ejercicio con la utilización de un programa diferente, con imágenes satelitales actuales, que al ingresar las mismas coordenadas geográficas ubican claramente a la prensa, de lo que se deduce, en primer lugar, la falta de verdad en las declaraciones del gobernador Padrés respecto de la antigüedad de la construcción, así como el evidente y doloso incumplimiento de la legislación ambiental, que entre otras, se comprometió a cumplir y hacer cumplir. Las evidencias parecen ser verídicas, las manifestaciones de los pobladores de la zona la respaldan y las declaraciones de las autoridades ambientales locales que afirman no haber otorgado autorización alguna para la construcción de dicha presa, también lo comprometen. Los mexicanos nos caracterizamos por la solidaridad ante las situaciones de emergencia. Hoy ante la catástrofe natural, en Sonora se deja claro que a dicha solidaridad debe restarse la participación de las personas que además de solo interesarles sus beneficios económicos no cumplen los encargos para los cuales fueron elegidos. La fracción del Partido Verde Ecologista de México, más que nunca se pronuncia a favor de este punto de acuerdo, pues el tema recaba su importancia al impactar diferentes sectores, principalmente el ambiental, ya que existen evidencias fundadas de que la probable comisión de un delito ambiental, al haber llevado una construcción sin la presentación de una manifestación de impacto ambiental no solo implica la omisión de la tramitación de la autorización, y por ende, la omisión de erogar los gastos correspondientes por dicha tramitación en favor de la federación. También se impidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para prevenir los daños e impactos ambientales que se provocarían con dicha construcción, omitiendo también llevar a cabo cualquier acción preventiva, de restauración o compensación que pudiera ordenar dicha Secretaría. Es por todo ello que los diputados y diputadas del Partido Verde votaremos a favor del presente punto de acuerdo, ya que consideramos elemental conocer si la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha otorgado autorización para la construcción de la presa, así como para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Asimismo, para que la Comisión Nacional del Agua determine si existe algún riesgo para las entidades aledañas por las enormes dimensiones de la construcción, y en su caso, se ordenen también las acciones necesarias para determinar la legalidad de dichas construcciones. Es cuanto, señor presidente.