El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hago referencia a un tema que hemos expuesto abierta y reiteradamente, no solo en lo largo del proceso legislativo del tema que nos ocupa, con la Comisión de Puntos Constitucionales, con los coordinadores, con compañeros diputados y con todos aquellos interesados, intentando lograr su comprensión. Pero que hoy, una vez más, no encuentra eco en la mayoría legislativa, que incluso ya había sido aprobado por nuestros compañeros de la LXIII Legislatura. Lo que hoy estamos exponiendo es extinción de dominio y todos estamos de acuerdo, partimos de ahí, no hay debate en ello, en querer hacer de esta herramienta un arma eficaz del Estado mexicano para utilizarse en el combate al crimen organizado. Empiezo diciendo esto, no hay una diferencia de voto, votamos a favor en lo general del proyecto. Sin embargo, lo hicimos mandando el mensaje de que, si bien estamos a favor de esta figura jurídica, estamos completamente en contra de lo que hoy se está haciendo en esta minuta. La mayoría cree que se está mejorando la herramienta. Nosotros estamos convencidos que no es así, y hago un poco de historia. Tenemos en nuestras manos una minuta de un tema ya debatido en esta Cámara de Diputados como Cámara de origen y se votó una redacción que mejoraba lo que ya dice hoy la Constitución. No obstante, lo devuelto por la colegisladora, lo que hoy se somete nuevamente a nuestra consideración no es eso, se cambió la minuta y se generó una redacción nueva que desvirtúa por completo la figura de la extinción de dominio. El avance que se había logrado en esta soberanía en la legislatura pasada para hacer más ágil y más sencilla la figura de la extinción de dominio, hoy se está echando abajo. La extinción de dominio es utilizada en el mundo para golpear el bolsillo de la delincuencia organizada y a otros culpables de delitos, entre ellos corrupción. Es decir, se trata de una herramienta civil que debe ser separada de la vía penal, para que pueda ser ágil y que pueda utilizarse sin necesidad de tener que esperar a que se documenten los posibles delitos. La extinción de dominio debería ayudarle al Estado a hacerse de los bienes cuyo origen no es legítimamente comprobable, así es utilizada en Colombia y en Europa y se quiso utilizar en México, pero, ¿cuál ha sido el resultado en nuestro país? Prácticamente nulo. Se estima un monto de 50 mil millones de dólares al año del crimen organizado, pero increíblemente durante todo el sexenio pasado sólo se lograron extinguir 17 millones de dólares, lo cual hace evidente que la figura, como está prevista, no ha sido eficaz ni ha logrado cumplir con su objetivo. Es ridículo este resultado. No ha servido esta figura como herramienta de combate a los recursos de los criminales, pero, ¿por qué no ha servido? Porque a pesar de lo que hoy dice la minuta, que es un proceso separado lo civil de lo penal, el propio texto devuelto por la colegisladora lo liga de nueva cuenta a lo penal, al establecerse que solo será materia de ciertos delitos. ¿Qué es lo que sucederá en la práctica? Que como abogado defensor se alegará que debe probarse que ese bien es fruto de un delito, para que proceda la extinción de dominio. Jurídicamente ha habido un debate al respecto que, si había autonomía plena o no de entre lo civil y lo penal, misma que ya ha sido resuelta por el Poder Judicial Federal mediante jurisprudencia, que ha establecido que existe una autonomía relativa, porque precisamente el legislador permanente ligó la figura de la extinción de dominio a ciertos tipos penales. Hoy, si aprobamos la presente minuta lo estaremos haciendo de nuevo. El dictamen aprobado por la anterior legislatura se trataba precisamente de quitar ese candado, de dotar a la extinción de dominio de la autonomía absoluta que requiere para funcionar plenamente. No obstante, la minuta que hoy vamos a votar nuevamente ata esa procedencia, a acreditarse que los bienes se encuentren relacionados con investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos. Ineludiblemente nos vuelve a llevar al campo de lo penal. Entonces, no habremos logrado absolutamente nada, no habrá avance en comparación a lo hecho por el sexenio pasado, pero ahora será el gobierno de esta mayoría el que sufra su ineficacia. Prueba de ello es, precisamente, que la redacción devuelta por la colegisladora se parece más a lo que hoy dice la Constitución que a lo que decía la minuta enviada por esta soberanía en la anterior legislatura. A nombre de Acción Nacional les solicito que no tomen esto como una confrontación. No nos oponemos a esta reforma, por el contrario, estamos a favor de ella, todos queremos sacar adelante esta herramienta de combate al crimen, pero advertimos que como se está planteando no va a funcionar. Lo expusimos en la Comisión de Puntos Constitucionales, lo explicamos jurídicamente y no pudimos convencerlos. Los queremos convencer hoy de que no va a servir si se aprueba en estos términos. Tan no es un tema de querer confrontar que votamos a favor en lo general, presentando las reservas que consideramos necesarias para perfeccionarla y hacerla efectiva en la práctica, como ha ocurrido en otros países en donde es utilizada. Adicionalmente, la minuta de la colegisladora viene mucho más flexible a lo que esta cámara de origen había aprobado, al haberse señalado que la acción de extinción de dominio debe ser imprescriptible. Y muchos dirán, ¿pero cómo, si tiene que haber prescripción? Ahí nuevamente el error en que incurre la mayoría es que no se ha logrado comprender. La diferencia entre extinción de dominio y un delito es que no estamos hablando de la libertad de una persona sino de bienes patrimoniales, por el cual sí hay régimen de excepción. Existe una ley tipo, la de la Organización de las Naciones Unidas, precisamente en materia de extinción de dominio, que admite que no solamente debe ser imprescriptible, sino que debe romperse con el principio de retroactividad, pues lo adquirido ilegalmente no genera derecho alguno. Pedimos que aprueben que no prescriba una acción civil para quitarles los bienes a los delincuentes. Porque si bien, es prescriptible, es un lavado de dinero. Con el paso del tiempo un delincuente que se hace de bienes ilegítimamente, fruto de un crimen, no debería de tener la protección del Estado, de que no se puedan quitar por el simple paso del tiempo. Hagamos una modificación de fondo, que sirva para todos sentirnos orgullosos de que estamos colaborando a combatir el crimen en nuestro país. La propuesta que hemos hecho desde la Comisión de Puntos Constitucionales es que regresemos a la minuta tal cual fue enviada por esta Cámara de Diputados como cámara de origen. Inclusive, el grupo mayoritario en la Cámara de Senadores presentó un proyecto de dictamen que venía en los términos en que este momento se está exponiendo, así arrancó la propuesta. Sin embargo, en el debate en el seno de las comisiones de la cámara alta, que analizaron esta figura en un ánimo de suma, de consenso, se cambió a lo que hoy se somete a nuestra consideración. Les hacemos un llamado que esperemos estén dispuestos a escuchar. Se echó a perder la figura de extinción de dominio porque estaríamos regresando exactamente al mismo caso que queríamos mejorar. Si hoy aprobamos esta minuta, mañana lo que va a pasar es que no se va a poder utilizar esta figura. Por eso, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional les pedimos que lo reconsideren y que podamos regresar a la minuta que nuestros compañeros de la LXIII Legislatura habían aprobado prácticamente por unanimidad, y que incluso fue aplaudida por el sector académico, por organismos internacionales, porque era un paso real en esta materia. Esto que hoy estamos discutiendo es regresar a lo que está prácticamente hoy en día en el texto constitucional. No hay mayor cambio que la adición de un par de delitos, pero no un cambio de sustancia en esta figura. Así como está, si deciden aprobarlo, escúchenlo bien, en un par de años estaremos discutiendo nuevamente reformas a la figura de extinción de dominio. No esperemos, tengamos visión de futuro y hagámoslo el día de hoy. Es cuanto, señor presidente.