La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el licenciado Alonso Aguilar Zinser, abogado defensor del servidor público imputado en su representación, vía la plataforma Zoom, hasta por 20 minutos. El defensor Alonso Aguilar Zinser (vía telemática): Gracias, diputada presidenta. Buenos días, diputadas y diputados integrantes de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Buenos días representantes de la Fiscalía General de la República. Voy a proceder a formular nuestros alegatos, solo quiero precisar con anterioridad entrar al fondo del tema, que contestaré oportunamente las manifestaciones de la Fiscalía, pero desde ahora quiero hacer hincapié en que la mayoría de las manifestaciones que hace no obran en el expediente de la Sección Instructora, no fueron aportadas en su momento por la Fiscalía y, por lo tanto, no forman parte de la litis. Invoca varias conductas de terceras personas no vinculadas al señor gobernador, aunque lo pretenda así la Procuraduría, pero fundamentalmente pretenden cambiar la materia de la litis. La materia de la litis está claramente establecida en su solicitud y los nombres y una serie de datos que dan no están en la litis, por un lado. Y, por el otro, lo que se va a votar hoy es un dictamen propuesto por la Sección Instructora en el que quedaron fuera los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces todas las manifestaciones relacionadas con esos ilícitos no son materia del debate en esta sesión. Lo que estimo yo por las reglas que rigen el sistema acusatorio que se aplica a este procedimiento, lo que rige aquí es que nos debemos limitar a lo que es materia de la litis. Una vez hechas estas precisiones, me permito manifestar lo siguiente. En primer término, quiero solicitar a esta honorable Cámara que al deliberar sobre la procedencia del dictamen de la Sección Instructora, considere que dentro del procedimiento en dicha Sección se vulneró gravemente el derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia del señor gobernador, contemplados por los artículos 16 y 20 de la Constitución, al haberse llevado a cabo el 19 de marzo de 2021 una audiencia pública en la que, por solicitud de la propia Sección Instructora, compareció el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y el procurador fiscal de la Federación, y en la misma se divulgó contenido de la carpeta y se coaccionó información no corroborada y que no fue y no es materia de la litis, lo que originó una percepción pública de que el señor gobernador se encuentra acusado de conductas que no cometió y que, reitero, no fueron materia de la acusación. En esa sesión, esta defensa hizo notar de manera enfática y, citando las disposiciones legales correspondientes, que la misma no se debía de llevar de manera pública. Con motivo de esa sesión y como consecuencia de esa sesión se generó en el ánimo de la opinión pública, en la percepción de la opinión pública, la creencia de que el señor gobernador se encontraba vinculado con organizaciones criminales, sin que haya hoy del conocimiento de esta defensa, y no obra en el expediente de la Sección Instructora, prueba alguna que vincule al gobernador con actividades de delincuencia organizada y menos aún vinculada con bandas de narcotráfico. Pero con motivo de esa diligencia se generó esa percepción y por lo tanto se vulneró, de manera grave, su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Incluso la Sección Instructora, una vez que celebró esa audiencia y ahora que emite su dictamen, al analizar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita invoca algunas de estas afirmaciones y alguna de estas manifestaciones que pretenden vincular al gobernador con organizaciones criminales. No obstante que el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera expresamente señaló en su comparecencia ante la Sesión Instructora, de manera clara e inequívoca, que la información que... información y que no constituye prueba. Es decir, no es una prueba, no es un dato de prueba para el sistema acusatorio que corresponde a la fiscalía corroborar esos datos y probarlos. De la información que tenemos de la carpeta a la que hemos tenido acceso, ninguno de esos datos ha sido corroborado hoy, por lo tanto, es solo información. No obstante, ello reitero la Sección Instructora vuelve a introducir esos datos a su dictamen ... delito de lavado de dinero para ... de procedencia ilícita, lo que vuelve a generar, a hacerse público el dictamen, vuelve a generar y vuelve a propiciar que se considere que el gobernador es responsable de los delitos que le imputaron en este procedimiento y de otros. Es decir, han vulnerado su presunción de inocencia porque han generado la percepción pública de que es responsable de estos, no obstante que no haya sido juzgado, y que es responsable de otros que no son materia de este procedimiento. Por esa razón de manera respetuosa, pero enfática solicito a la Sección Instructora, perdón al pleno de la Cámara de Diputados constituido el jurado de procedencia que deseche el dictamen, porque de aprobarse el dictamen se estará convalidando de alguna manera o se estará avalando esas manifestaciones que contiene el dictamen de la Sección Instructora y, por lo tanto, se seguirá propiciando la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del gobernador. Por eso, estas solicitudes para que al momento de deliberar consideren los señores diputados la gravedad y las consecuencias de avalar el dictamen, por lo que hace a esas manifestaciones que se contienen en relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora bien, ese delito no queda dentro de los aprobados para, comprobados para efectos de la solicitud de procedencia. Sola y únicamente se tiene por comprobado el delito de defraudación fiscal equiparada previsto por el artículo 3, 109 del Código Fiscal de la Federación. En cuanto al delito de defraudación fiscal equiparada, lo que sanciona fundamentalmente es declarar ingresos a acumulables inferiores a los realmente obtenidos, omitiendo el pago del impuesto. La Fiscalía establece que el gobernador recibió en su cuenta bancaria durante el ejercicio fiscal de 2019 la cantidad de 42 millones 936 mil 272 pesos, y que de esa cantidad omitió el pago de 6 millones 511 mil 777 pesos, por lo que causó un prejuicio al fisco federal, afirmando que no existe razón comercial que justifique esos depósitos. Se acreditó plenamente en el expediente que, respecto de esa cantidad, la suma de 42 millones de pesos correspondió al ingreso derivado de la venta del departamento del que era copropietario el gobernador y su esposa, y que el SAT lo correspondió a otros ingresos plenamente declarados. También se acreditó que, si bien se le depositó en su cuenta la totalidad del precio de compra, la mitad de esos depósitos correspondieron a su esposa copropietaria, recibiendo el gobernador la parte correspondiente a ella en calidad de depósito, por así haberlo acordado por escrito con anterioridad a la operación. Es importante destacar que no todo depósito que recibe un contribuyente en sus cuentas constituye un ingreso gravable para efectos fiscales, solo constituye un ingreso gravable aquello que incrementa su patrimonio y solo, respecto de los ingresos gravables y los que son materia de declaración informativa, está obligado a presentar declaración ante la autoridad fiscal el contribuyente. La mitad del producto de la venta del departamento correspondía a su esposa, por ser copropietaria del mismo. A pesar de que la cantidad total se depositó en la cuenta del gobernador, lo cual se derivó de un acuerdo entre ellos, acuerdo que se justifica entre cónyuges, pero que se reitera cada uno de los copropietarios, cubrió el puesto de la renta que correspondía. En relación con este punto quiero hacer una precisión respecto de las manifestaciones llevadas a cabo por la representación social, cuestiona que hay un contrato privado de compraventa y un contrato privado promesa de venta, y que hubo pagos parciales. Es absolutamente normal que se hagan pagos parciales y que el pago final con el pago final se tiene una escritura pública. Eso es normal. Lo que debe incorporarse en la escritura pública es que la operación fue pagada. Es raro que en una sola exhibición se haga el pago de la compra del bien inmueble. Y son documentos privados, porque los firman las partes. Y corresponde a la Fiscalía acreditar su falsedad y no a nosotros acreditar su veracidad. No se puede afirmar de manera lisa y llana que son falsos o, como señaló, prehechos o no recuerdo qué palabra usó. Están los documentos y están suscritos, y tienen una lógica en los depósitos. Es decir, sí están corroborados con otros datos de prueba, porque están los depósitos por las cantidades respectivas. Pero está la escritura final, notarial y está la transmisión de la propiedad, esa es la mayor de las pruebas. Una escritura pública donde se transmite la propiedad una vez que se paga el último pago pactado en los contratos privados. No entiendo por qué se dice que no hay datos que corroboren la existencia de la operación si están los depósitos bancarios, perfectamente identificados por la propia Fiscalía. Ahora bien, en relación con las consideraciones anteriores y para acreditar la ausencia del delito de defraudación fiscal, se ofrecieron 21 pruebas y en el escrito de alegatos presentado a la Sección Instrucción, se contienen de la página 5 a la página 49 consideraciones técnicas relacionadas con dicho delito. En relación con esas consideraciones y datos de prueba en el dictamen, se afirma que no se respondió la litis en el dictamen. Se afirma que no se respondió la litis, expresando como única causa que se involucró a la esposa del gobernador, lo que implica que no se analizaron los alegatos a solicitud y que de haberlo hecho la Sección Instructora hubiera resultado evidente que la razón por la que se emiten consideraciones respecto de la esposa del gobernador en el escrito de alegatos, fue para acreditar que el impuesto correspondiente a la mitad de los depósitos recibidos por este con motivo de la venta del departamento, correspondía declararlo como ingreso y pagar el impuesto a su esposa, impuesto que fue pagado oportunamente. Las declaraciones. Aquí tengo las declaraciones de impuestos, tanto de la señora, como del gobernador, donde ambos reconocen la existencia de la operación de compraventa en tiempo y forma. La reconocen en su declaración anual del 2020. Esto no puede considerarse un documento prehecho o prefabricado, es un documento fiscal, emitido, presentado ante la autoridad fiscal. Y aquí está en las declaraciones de impuestos, ella declara la cantidad de 20 millones 907 mil 418 pesos, ingreso por la enajenación de un inmueble. Y esta declaración está presentada en abril de 2020. No, no, aquí no hay documentos prefabricados. No obstante, estos documentos, la Sección Instructora no los analizó. Y resulta relevante que la Sección Instructora recibió el escrito de alegatos, expresados por esta defensa, la noche del 27 de abril de 2021. Y se dio cuenta de los mismos en sesión celebrada a las 12 horas del 28 de abril. Y se emitió el dictamen en la noche del propio 28 de abril. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Sección Instructora dice que nosotros no atendemos a la litis, cuando mencionamos a la esposa del gobernador, pues para acreditar que ella pagó la mitad del impuesto que correspondía por la venta del inmueble. Nosotros no creemos y vemos difícil que, entre las 12 horas del 28 de abril, en que se dio cuenta con los alegatos de las partes y con... con el alegato de las partes y el dictamen se emite la noche del 28 de abril, se haya hecho un estudio exhaustivo y profundo de los alegatos. Lo que da la impresión es que, por la premura de emitir el dictamen, no se analizaron y como son vastos y voluminosos, se acudió al recurso de decir que no contestan la litis. Todos los alegatos van dirigidos en el tema de la información fiscal a acreditar que no se da el elemento del delito de defraudación fiscal equiparada. Es decir, que el gobernador no omitió declarar sus ingresos acumulables. No entendemos por qué fue la premura de la Sección Instructora, para no analizar con detalle estos documentos ni contestarlos. Es lo que hubiéramos esperado. Ahora bien, lo que sí se acreditó en el procedimiento con nosotros, con un cúmulo de pruebas, lo que sí aparece acreditado en el procedimiento son los siguientes hechos específicos. Que los 42 millones 113 mil 844 pesos constituyeron el monto del precio por la venta del departamento ubicado en la colonia Santa Fe de esta ciudad, adquirido en copropiedad por el gobernador y su esposa. Que, con motivo de dicha operación, la compra-venta se llevó a cabo... la compradora llevó a cabo dos pagos parciales entre los meses de mayo y diciembre de 2019. Los que fueron depositados en la cuenta del gobernador en su totalidad, por así haberlo acordado ambos cónyuges y el representante de la compradora, mediante el contrato de Promesa de Compra-Venta de fecha 15 de mayo de 2019. Ese acuerdo no es irregular y se llevó a cabo por razones prácticas. Una vez celebrada la operación de venta, el notario público, en cumplimiento de la obligación que le impone la ley, pagó el impuesto correspondiente a cada uno de ellos mediante pagos provisionales respectivos. En su declaración correspondiente al ejercicio de 2019, que ambos vendedores presentaron el 30 de abril de 2020 de manera individual, reconocieron la operación de venta, informando sobre pago provisional llevado a cabo por el notario. Sí, como les dije, obran las declaraciones. Ahora, en el dictamen se acude fundamentalmente para considerar que se encuentra acreditado el delito de defraudación fiscal equiparada a la querella formulada por la Procuraduría Fiscal de la Federación y al dictamen que se apoya en esa querella, documentos que invocó la agente del Ministerio Público. En relación con lo anterior, hay algo que es fundamental. Al emitirse el dictamen en la querella no se consideró, porque no obraba en la carpeta de investigación a esa fecha, la escritura pública en que consta contrato de compra-venta del departamento en el que aparece que el gobernador y su esposa era copropietarios, es decir, la Procuraduría Fiscal para emitir su dictamen, no contó como elemento a valorar la existencia del contrato de compra-venta porque no obraba la carpeta. Entonces, la Procuraduría Fiscal únicamente dio estados de cuenta del gobernador y sus declaraciones de impuestos, y vio un ingreso de 42 millones de pesos y vio que solo se había pagado la mitad, porque no tenía conocimiento de la existencia del contrato de compra-venta, si lo hubiera tenido, es muy probable que no hubiera formulado la querella, pero además, como no había auditoría fiscal, no era posible determinar que parte de ese dinero correspondía a la esposa del gobernador. Como está concluyendo mi tiempo, quiero precisar lo siguiente. Tampoco consideró la declaración de la esposa, impuestos de la esposa que obra en la carpeta, es así, para emitir su querella. Reitero, en relación con las manifestaciones de la Fiscalía General de la República quiero hacer las siguientes acotaciones: Primero. No hay hoy ninguna prueba de que la familia del gobernador tenga los 900 y cientos de millones de pesos de los que hablan. Si existe esa prueba hubieran venido a la Cámara de Diputados a pedir el desafuero por todas esas operaciones. Dos. Se ha hecho una investigación en relación con diversas personas que realizan operaciones que se dicen son ilícitas. Aquí la única operación que realiza el gobernador y que está aprobada es que le compró, le vendió a una empresa un departamento. Esa empresa acreditó ante el notario su legítima constitución, estar al corriente del pago de sus impuestos y que el dinero provenía de recursos bancarios. Los vendedores de un departamento no se pueden poner a investigar quién le prestó y de dónde viene y si le prestó un tercero. Esa no es obligación del comprador de un departamento, del vendedor de un departamento. Esa es obligación de las autoridades. Yo si vendo algo no tengo ni la facultad, ni el derecho de investigar el antecedente a 10 personas para atrás del que me vendió, del que me compra. Eso resulta imposible. Por ello, solicito de manera respetuosa que no se apruebe el dictamen emitido por la Sección Instructora, porque no está acreditado de defraudación fiscal. El gobernador y su esposa pagaron el impuesto correspondiente, en tiempo y forma, por la venta del departamento. Y respecto del valor del departamento, hay un avalúo que justifica el valor de compra, en la compra, y hay un avalúo que justifica el valor de venta. Los inmuebles tienen plusvalía, es normal que tengan plusvalía, y más en la zona donde está ubicado este departamento. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.