La diputada Esthela Damián Peralta: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Acudo a esta tribuna para presentar un proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Como sabemos, el Distrito Federal es parte integrante de la Federación, capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes federales y dicha naturaleza lo perfila como una entidad federativa sui géneris dentro de nuestro orden constitucional, carácter singular que obliga a atender al Distrito Federal como una entidad radicalmente distinta a la de los estados de la república, ya que si bien ambos son partes integrantes de la federación, el DF sirve de asiento a los Poderes de la Unión y debe por ello estar sujeto a un régimen constitucional especial, que garantice el funcionamiento seguro, eficaz y continuo de éstos. Por lo anterior, se exige un diseño institucional que responda a las necesidades de una ciudad de esta naturaleza, que requiere instrumentos de gobierno interior que garanticen unidad, congruencia y continuidad territorial en su administración y en el diseño de sus políticas públicas. En el diseño constitucional y legal de las instituciones de gobierno del DF se ha logrado en gran medida, sobre todo a partir de las reformas constitucionales de 1993 y 1996, que den como resultado la existencia de un órgano propio encargado de legislar en un número amplio de materias de interés local. Las reformas de las instituciones de gobierno, además de promover y construir nuevos espacios de representación y participación, deben buscar y lograr el equilibrio imprescindible entre democracia y eficacia gubernamental. Los ciudadanos y habitantes del DF, ante las diversas necesidades de adecuar el marco normativo del DF, han manifestado reiteradamente, por distintos medios, su voluntad de adquirir la mayor autonomía posible para su gobierno interior, pero respetando y fortaleciendo siempre el papel del propio Distrito como capital del país y sede de los Poderes de la Unión; autonomía que no se ha logrado a pesar del avance significativo que han representado las sucesivas reformas a la organización constitucional del Distrito Federal ya que aún permanecen como facultades de los poderes federales una serie de materias que pueden y deben ser ejercidas por los órganos locales del gobierno. Es claro que hoy se propone revertir el hecho de que a la Asamblea Legislativa le sean otorgadas las facultades legislativas explícitas, mientras que al Congreso de la Unión las residuales. Tras casi dos décadas de reformas a las instituciones políticas existen coincidencias en todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa; coincidencias en la responsabilidad en el ejercicio de gobierno y preocupaciones comunes que dan pie a que existan bases sólidas, de acuerdo y en torno a lo que hay que reformar y cómo reformarlo. No se puede dejar de hacer hincapié en que existe un pendiente considerable en materia de la reforma política del Estado, por lo que es improrrogable ir avanzando en la misma, en forma conjunta o separada, y más en un tema tan prioritario como lo es la facultad de legislar en materia de responsabilidad de los servidores públicos locales, tema pendiente que, ante las diversas lagunas legales del marco vigente, es necesario pugnar porque en nuestro sistema normativo exista una verdadera delimitación legal de funciones y atribuciones de los titulares y demás servidores públicos de los órganos del gobierno local, imponiendo a su vez un sistema de responsabilidades de los gobernantes cuando se contravenga alguna disposición legal en el ejercicio de sus funciones. La aspiración central de esta reforma, por lo tanto, es lograr con claridad la definición y necesidad real de la sociedad de otorgarle autonomía en materia de legislación de la administración pública local, su régimen interno de procedimientos administrativos y de responsabilidades de servidores públicos, aspiración que renueva la idea de que la propia ley puede dar vida a instituciones y proyectos en los que todos nos podemos ver reflejados. Es cuanto, diputado presidente.