La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Para poder analizar esta ley de medios alternos de justicia hay que recordar que el sistema penal tiene que ver no con castigar al culpable, sino que dar a cada quien lo que corresponde y quién mejor para decidir esto que las partes involucradas. Apenas perdón, a pesar de que en 2008 se inició una serie de reformas en el tema de justicia y aparentemente la fijación de delitos y el aumento de penas para combatir la corrupción, a dos años del fracaso en el gobierno federal en materia de seguridad, la ciudadanía ya no quiere cuatro años más de reformas de papel y desprecio de la clase política al tema no solamente de la justicia, sino que también se relaciona con la impunidad y la corrupción. México vive su peor crisis en la procuración de justicia de los últimos años. El caso de Ayotzinapa despertó la solidaridad ciudadana y desató la inconformidad social, impulsando las movilizaciones sociales que han dejado en evidencia una sola cosa: en este país no hay justicia. El que la hace no la paga y quien la paga, evidentemente no la hace. El gobierno reaccionó a las manifestaciones pacíficas realizando detenciones arbitrarias y tortura, como sucedió con el caso del joven Sandino Bucio, y otros estudiantes que fueron desaparecidos y secuestrados por policías judiciales el pasado viernes. Independientemente de los señalamientos que haya sobre los mismos, en este país tiene que prevalecer un estado de derecho y no puede, de ninguna manera el Estado, a través de su Procuraduría General de Justicia, secuestrar ciudadanos vestidos de civiles, en carros de civiles, torturarlos, amenazarlos y luego presentarlos ante una Procuraduría General de la República que niega los hechos y también se queda callado para dar una explicación de los mismos. Se dan ahora a conocer las verdaderas cifras que maquillaba el gobierno federal. Cerca de 24 mil personas no localizadas, corrupción y tráfico de influencia en Los Pinos, que ha quedado en evidencia, no solamente con el tren México-Querétaro sino también con los escándalos de la casa blanca. La estrategia para restituir el estado de derecho es insuficiente. Lo que tenemos ahora es un México de reformas de papel y la democracia de los discursos. Centran con su estrategia toda la responsabilidad en las instancias federales, cuando la infiltración del crimen organizado, dicho por el propio procurador de la república está en todos lados; no solamente en las instancias municipales. La incapacidad del gobierno federal para proponer una estrategia integral para dar salida al problema y a la crisis de seguridad y justicia que tenemos ha sido ineficiente. Tenemos sí instituciones democráticas, pero que no han sido capaces de responder a la realidad nacional y que como dijeron algunos legisladores chilenos huele más a autoritarismo y huele más a un Estado como el de Pinochet. La reforma constitucional del pasado 18 de junio de 2008, para dejar operar un sistema de justicia penal inquisitivo mixto y pasar de un sistema de justicia penal acusatorio, su implementación aún no concluye. Apenas el jueves pasado aprobábamos una reforma para darle un vacatio legis más amplio a la Ley de Justicia para Adolescentes. La minuta de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, sin embargo, viene a plasmar los mandatos constitucionales consagrados en el artículo 17 constitucional y 73 de la misma. La minuta en sintonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales consiste en proteger el derecho que tiene la víctima o el ofendido de participar en mecanismos alternativos de solución de controversias cuando los delitos no sean graves. Esto en la idea que en una democracia funcional las partes puedan, sin ninguna coerción y sin ninguna presión resolver sus controversias con las contrapartes. El deber de defensor de promover a favor del imputado los mecanismos en comento está también incluida en esta reforma, todo ello en un contexto de oralidad, economía procesal y confidencialidad. No hablaré más de lo que contiene esta iniciativa, porque sé que otros lo harán. El problema, como se ha dicho y se ha dicho por los mexicanos desde el anuncio del presidente Peña Nieto, no es que tengamos reformas en papel, el problema es cómo se van a implementar y cómo realmente se va a aplicar justicia en este país. Cómo vamos a garantizar que estas reformas se apliquen de la manera adecuada y no les suceda lo que ha sucedido en muchos estados en que se reformó el sistema de justicia, como mi estado Chihuahua y solamente han quedado las buenas voluntades y el sistema acusatorio en papel, porque en la práctica la falta de justicia es evidente y también la incapacidad de los nuevos jueces y a veces del Ejecutivo, de aplicar un adecuado sistema de justicia garantista y que nos lleve a un nuevo Estado de derecho propio de las democracias más avanzadas de este mundo. No encontramos ante esta minuta de ley, que carece de elementos suficientes, deficiencias de fondo, sí de forma, que señalaremos en reservas, y es por esto que el grupo parlamentario, con la idea de que posteriormente haya una adecuada implementación de este sistema, votaremos a favor de esta minuta, siempre y cuando el Ejecutivo la aplique adecuadamente habrá justicia en este país. Muchas gracias.