El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, la reforma al artículo 71 constitucional en materia de iniciativa en trámite preferente tuvo como fin principal ponderar la facultad de iniciativa de ley que tiene el titular del Poder Ejecutivo federal, para garantizar las iniciativas presentadas por éste y que las mismas sean objeto, no sólo de la remisión expedita a las comisiones legislativas correspondientes, sino que obligadamente lleguen a dictaminarse en un lapso breve, para asimismo ser objeto de discusión en el seno de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. La figura de la iniciativa preferente, ciudadanos diputados y diputadas, tiene su origen en el derecho parlamentario o en el derecho constitucional de otros países. En México es nueva esta figura, no es nueva en Francia, Alemania y otros países en donde se busca reducir los tiempos para que la votación de una iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo, a partir del establecimiento de breves lapsos de tiempo, pueda agilizarse la discusión y la votación correspondiente. Incluso en América Latina nosotros llegamos tarde. Quiero decirles que por ejemplo en Chile, en el artículo 74 se establece la iniciativa preferente, sólo que ahí la refieren y la llaman una iniciativa urgente, la urgencia del despacho, dicen ellos en el artículo 74. Lo mismo sucede en Colombia, lo mismo sucede en Ecuador e incluso en Nicaragua. Estaba leyendo la Constitución de Nicaragua y va más allá de lo que nosotros ahora estamos legislando. En Nicaragua, en su artículo 141 señala que en el caso de iniciativa urgente del presidente de la República, la junta directiva podrá someterla de inmediato a discusión del plenario, si se hubiese entregado el proyecto a los diputados 48 horas antes. Es decir, Nicaragua está mucho más avanzado en este sentido, dado que si presenta el Ejecutivo 48 horas antes, tiene la Cámara y la Directiva la obligación de someterlo de inmediato a la votación para rechazarlo o aprobarlo. Sin embargo, debo decirles que a mí me preocupa en lo personal, si sea por la vía reglamentaria, se lo pregunté y se lo platiqué al presidente de la comisión, que hemos reflexionado y es un hombre correcto, en materia jurídica hemos dicho y hemos establecido que quizá no debiera establecerse en el Reglamento, porque él con justa razón dice: nosotros estamos salvando el trámite de la iniciativa preferente, pero solamente la Cámara, porque la modificación se está haciendo a nivel de Reglamento, no a nivel de Ley Orgánica del Congreso. Lo que quiere decir, es que la Cámara de Senadores podrá tener su propia reglamentación, sin embargo, cuando nosotros legislamos, el 9 de agosto de 2012, establecimos un transitorio que a la letra dice: El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto. Si nosotros fuéramos estrictos, en stricto sensu, diríamos que sería el Congreso, es decir, que tendríamos que modificar la Ley Orgánica para aplicar todos los trámites de la iniciativa preferente a ambas Cámaras. En este caso yo tengo dudas, si la modificación reglamentaria baste para dar por satisfecho el requerimiento que establece el segundo transitorio. Es un asunto de semántica jurídica y es un asunto de interpretación constitucional. Desde mi punto de vista sería más deseable que se modificara la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, para que obligara a ambas Cámaras a establecer plazos de manera conjunta y procedimientos de manera conjunta que regulara la iniciativa preferente. En todo el mundo existe y en todo el mundo se regula por una sola ley. Aquí tendremos una preocupación. Si el Senado no regula, si el Senado no modifica su reglamento, estará en una imperfección jurídica. Por esa razón, nosotros creemos que el lugar correcto sería en la Ley Reglamentaria, sin embargo, vamos a acompañar este esfuerzo de la Comisión de Reglamentos, porque finalmente frente a la nada jurídica tenemos un elemento, que desde mi punto de vista, no es el correcto, pero que tiene una legislación. Recuerden que todavía estamos en discusión si la iniciativa preferente que dio lugar a la modificación de la Ley Laboral fue o no correcta, y si los procedimientos que se usaron son o no legales. Todavía está la discusión y pudiéramos acudir a una controversia constitucional, para saber y para determinar si es o no el trámite correcto. Ésa es mi preocupación en el fondo. No riño con la parte jurídica que contiene el dictamen, y además, en este caso, debo de admitir que la Comisión de Reglamentos, que formo parte, las formas han sido correctas. Y eso me parece que es necesariamente atendible. Por esa razón vamos a acompañar esta modificación, pero advierto que desde mi punto de vista, siendo pulcro constitucionalmente no es lo adecuado. Deberíamos estar modificando la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por su atención, muchas gracias.