La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidenta. Con la venia de la asamblea. Pareciera que el país que queremos dibujar o del que se habla en las reformas estructurales es un país distinto al que se vive en las calles. Tenemos que reconocer que somos un país con alta incidencia de violencia, donde pareciera que no prevalece la ley ni el Estado de derecho sino las complicidades y la corrupción. Este tema, inclusive para poder discutirse en esta Cámara de Diputados, tuvo que pasar por un proceso porque había quienes se sentían ofendidos que tratáramos el tema de Ayotzinapa como un fracaso sistémico del respeto a los derechos humanos en este país. Es cierto, hay inconformidades e indignación, pero hay inconformidades e indignación en la calle, no solamente por los asesinatos, las desapariciones, las violaciones de derechos humanos sino porque esto se ha vuelto, nos guste o no, un problema estructural y porque entonces pareciera que el poder público es uno, el de las reformas estructurales. Y que el país vive una realidad distinta, el del día a día, donde las reformas estructurales no les dan de comer pero tampoco les dan oídos a sus necesidades, inclusive quiere desaparecerlos, como inclusive en este tema se ha dicho que hay la necesidad de restructurar el proyecto de las normales rurales. Nosotros podemos resumir Ayotzinapa en cosas muy sencillas, 43 desaparecidos, 6 muertos, el gobierno del Estado no intervino a pesar de haber tenido conocimiento desde las seis de la tarde de que había iniciado la visita de los estudiantes. El Ejército, al que fueron a tocarle a su puerta, no intervino. No atraparon no solamente al secretario de Seguridad Pública, a pesar de que lo podían haber hecho sino que tampoco pudieron o tuvieron la capacidad en el gobierno estatal de poner la vigilancia para que Abarca y su esposa no se fugaran, ahora hallados, un tiempo casi, casi 40 días después de la tragedia. Retraso en la intervención del gobierno estatal pero también del gobierno federal, de 72 horas que son claves para la búsqueda de personas. La desaparición forzada de los 43 estudiantes que a pesar de que el Estado mexicano no lo quiere reconocer es un crimen de lesa humanidad. Un sistema de búsqueda de personas completamente débil, desestructurado y no productivo. No sabemos el móvil de la desaparición. La criminalización de los jóvenes, la idea de la desaparición de las normales rurales y simplemente una evidente desestructuración del gobierno en su conjunto frente a una crisis de derechos humanos. Los hallazgos de las fosas, de las decenas de fosas clandestinas, que pareciera que no son personas porque en el momento en que se descartan que tienen que ver con este caso, simplemente se echan a un lado y entonces el Estado mexicano específicamente la Procuraduría General de la República no se ha hecho la pregunta, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué están ahí? La desaparición forzada de personas, la ausencia del estado de derecho derivado de la vinculación de gobernantes con la delincuencia organizada, que pone en esta comisión y que pone en el Congreso de la Unión una gran pregunta, ¿hasta dónde está metido el crimen organizado? No solamente en las presidencias municipales, sino también en las gubernaturas, y sobre todo el querer minimizar y el querer ocultar la realidad. Nos parece que la reunión que tuvo el Presidente Enrique Peña Nieto y el nuevo plan que emitió apenas la semana pasada es tardío. Es justo que no solamente las víctimas, sino también los sobrevivientes, no solamente no se sientan representados, sino que no confíen en el poder público razón por la cual por cierto esta comisión no ha podido reunirse con ellos. Existen a la fecha 22 mil 322 personas no localizadas, los 43 son solamente el ejemplo de lo que está realmente sucediendo en este país y de la gran omisión que hay de la PGR en el tema. El estado de Guerrero por su parte, ocupa desde 2011 las primeras posiciones de inseguridad por las cifras de incidencia delictiva, por cada cien mil habitantes la entidad registra la tasa más alta de homicidios dolosos, secuestros y robo de vehículos; la violación sistémica está en México y pareciera que los legisladores no queremos verla. Ante la indignación de las víctimas y los familiares se crea esta comisión especial a propuesta del Partido del Trabajo, que tenía como objeto no necesariamente ser el ministerio público de este tema, sino ayudar y coadyuvar a la resolución y a que se siguieran los protocolos adecuados en la búsqueda de personas. Sin embargo, estos son los resultados, tenemos que dentro de las primeras 72 horas en la búsqueda de personas, no solamente el gobierno del estado, sino también el gobierno federal no participó activamente y el gobierno del estado tiene acciones dudosas, eso lo sabemos por el informe que el mismo procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, nos dio en su momento cuando estuvimos en el estado. El protocolo de búsqueda de personas no fue el adecuado. Los derechos de las víctimas y las familias no fueron respetados. No se les da información de calidad. No se les han entregado la información cuando menos de si hay pistas de sus familiares, están vivos o están muertos. No se les ha dado atención médica. No se les ha dado apoyo económico y, para colmo de males, la tan importantemente creada Comisión Nacional de Víctimas ni siquiera pudo estructurar un discurso aceptable en su comparecencia ante esta comisión especial, por no decir que no informó absolutamente nada porque el presidente de la misma no tenía la más mínima información. Esa es la importancia que el Estado mexicano le daba a los derechos de las víctimas y es por eso que desde el PT hemos pedido la remoción del señor Rochín de esta comisión tan importante. No se cubrieron los derechos desde el principio de las víctimas. El rol de la Policía Estatal fue lamentable. Las grandes contradicciones que existen entre la versión del que era el secretario de gobierno y el procurador en la época de Ángel Aguirre, son evidentes. Mientras el gobernador Ángel Aguirre decía que se habían enterado de los asuntos desde las siete de la tarde, el procurador decía que habían tenido información inmediata hasta las 11 de la noche. Pero sabían entonces que había violaciones y que había muerte en Iguala y decidieron no intervenir, lo mismo que el Ejército. Las conclusiones a las que se puede llegar en esta comisión son muchas y no las hemos presentado en este reporte de actividades porque nos falta lo más importante. La reunión con las víctimas, con los familiares, con los estudiantes. Desde esta tribuna yo hago un llamado a ellos para que confíen en las distintas fuerzas representadas en esta Cámara de Diputados de que queremos ayudarlos, pero sobre todo queremos ayudar a que los derechos a los que son susceptibles les sean cumplidos frente al gran fracaso del Ejecutivo municipal, estatal y federal. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Este es el gran caso de violación de derechos humanos en este país. La sistémica violación de los derechos humanos y la desaparición forzada que eventualmente el Ejecutivo federal tendrá que hacer frente y a al que tendrá que darle cara. Muchas gracias.