El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, Presidente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Hace unos meses, concretamente el año pasado, tuvimos una reforma política en la que se modificó, de manera importante, el sistema político electoral. Hay una nueva conformación. Se renovaron los órganos electorales consejeros en cada uno de los estados. Se renovaron los magistrados electorales en el tema de justicia electoral y me parece que es un buen momento también para revisar el tema de los programas sociales que frecuentemente se usan con tintes políticos y no van al objetivo de combate a la problemática social del país. El pasado 2 de diciembre, la organización no gubernamental Transparencia Internacional publicó su índice de percepción de corrupción del 2014, enfoque para México, en el que ubicó a nuestro país en el lugar número 103, de un listado de 175 países al obtener una puntuación de 35 sobre 100 en una escala que va de cero. Dicho documento sitúa a México en el último lugar en corrupción de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el índice es el indicador en materia de corrupción más usado en todo el mundo y se ha publicado desde 1995. Es claro que el gobierno no ha logrado erradicar la corrupción, muestra de ello se puede encontrar en los programas sociales, los cuales en varias ocasiones han sido utilizados para la captación de votos. Los programas sociales en México se han convertido en una herramienta de clientelismo político. Los programas sociales con cargo al erario se beneficia a la élite política, pues adquiere respaldo y apoyo político de los ciudadanos a través de su voto. Un ejemplo es lo que está sucediendo con entrega de pantallas a lo largo y ancho de nuestro país. Sólo en el primer mes del 2015, en la zona centro del país, en el Distrito Federal, en Guerrero, en Hidalgo, en el estado de México, en Michoacán, en Morelos, Tlaxcala, Oaxaca y Puebla, paradójico resulta que se entreguen estas pantallas, estos televisores antes de que inicie la campaña electoral. Lo anterior, pone en entredicho este programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre, pues no es casualidad que la entrega de televisores se focalice a las personas de escasos recursos y se realice justo en un año electoral, y peor aún, con el eslogan de la actual administración federal. Si bien es cierto que la reforma de telecomunicaciones determinó que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementaría la entrega y distribución de estos equipos receptores o decodificadores antes de concluir el 31 de diciembre de 2015, pero esto no justifica que la entrega se realice antes de las elecciones de este mismo 2015, lo cual pone en riesgo la equidad de los procesos o del comicio electoral que se avecina. Lamentablemente los programas sociales, lejos de ser estrategias o acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población, hoy son etiquetados para darles pedazos a los más pobres; es decir, el gasto público y el erario son utilizados para el desvío de recursos para los bolsillos de particulares. Esto trae consigo que los programas sociales pierdan su objetivo y m cumplan la función para lo que fueron diseñados, además de que presentan grandes problemas de opacidad y no resuelven los problemas o demandas que aquejan a nuestra sociedad. Así lo exhibe la organización civil Gestión Social y Cooperación en el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales, en el que señala que durante la gestión de 2014 de los 182 programas sociales del gobierno federal 141 de ellos, el 78 por ciento, presentaron grandes problemas de opacidad o sin condiciones de resolver los problemas que enfrenta la población, debido a sus altos niveles de dispersión y bajo desempeño. Para la aplicación de los 182 programas sociales del gobierno federal se invirtió un presupuesto total para el año 2014 de 457 mil 272 millones de pesos, 11.6 del gasto público programable. Por eso, compañeros, es necesario que en esta iniciativa vayamos a las particularidades de estos programas, donde se pueda a nivel de identificación de la población objetivo elaborar cronogramas para la aplicación del gasto, donde se pueda trasparentar, pero donde puedan ser toda esta serie de requisitos, que pido y solicito al presidente de la Mesa suscriba en todos sus términos esta iniciativa, pero donde podamos ir a un verdadero blindaje de los programas sociales y puedan cumplir con su objetivo de origen, el del combate a la pobreza y de la incorporación al desarrollo social de los que menos tienen. Es cuanto, señor presidente. El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, senador Monreal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, por favor. El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.