El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. El 14 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual se adicionó un segundo párrafo a dicho precepto, con la finalidad de incorporar como nueva garantía la responsabilidad patrimonial del Estado a favor de los habitantes de toda la República Mexicana. De acuerdo a las consideraciones plasmadas en la exposición de motivos del dictamen respectivo, el objeto fundamental de dicha iniciativa fue el establecer dicha garantía sobre las bases de mayor garantía y seguridad jurídica para los particulares, conforme a la evolución que han ido teniendo estas instituciones tanto en nuestro derecho como en el derecho comparado. En ellas se propuso elevar a rango constitucional esta institución, que los iniciadores denominan "garantía de integridad patrimonial", a favor de los particulares en contra de la actividad dañina que sea consecuencia del funcionamiento irregular de los actos del Estado. Con dicha reforma, quedó incorporada en el derecho positivo mexicano la garantía mediante la cual el particular tendrá derecho a reclamar al Estado la reparación del un daño patrimonial derivado de la actividad administrativa irregular, cuando aquél no tenga la obligación jurídica de soportarlo. Asimismo se consideró que la reglamentación de dicha institución quedaría a cargo del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales de las entidades federativas, estando facultadas éstas para expedir las leyes en el ámbito de su competencia. En tal sentido se estableció que dado que la reglamentación de la responsabilidad patrimonial del Estado, se haría conforme a la ley, debería entonces entenderse que quedaban facultados tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales, para expedir, en el ámbito de su competencia, las leyes respectivas; es decir, en virtud de que la tipología constitucional de las adiciones propuestas, consistía en un mandato al legislador, éste se entendería dirigido a todos los órganos legislativos que integran los diversos órdenes jurídicos del Estado mexicano. Bajo esa lógica se dispuso que la responsabilidad patrimonial correspondería a la federación, estados o Distrito Federal, dependiendo el órgano que llevara a cabo la actividad dañina. Igualmente se incluyó a los municipios en virtud de que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 constitucional, son autoridades administrativas susceptibles de responsabilidad y por tanto, correspondería a las legislaturas locales establecer los procedimientos para hacer valer la responsabilidad frente a los mismos. Partiendo de lo anterior, el dictamen de referencia hace especial mención sobre la problemática financiera y presupuestal que podría significar establecer la obligación del Estado de indemnizar directamente a los particulares, a los que cause un daño, independientemente de si su actuación es lícita o ilícita. Esto significaría que el legislador, tanto el federal como el de las entidades federativas debería armonizar el principio de la responsabilidad directa con la capacidad presupuestal, respetando omnímodamente el principio de equidad. En tal sentido, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de junio de 2002, en la que se modificó la denominación del Título Cuarto y se adicionó un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció un artículo transitorio en el cual se estableció el plazo de 2 años?