El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, ciudadana presidenta, y si me permite, a nombre de todos queremos expresar nuestras congratulaciones al Ejército mexicano. Hoy 19 de febrero es día del Ejército mexicano, precisamente. Esta moción suspensiva tendrá mucho qué ver en el respeto que nos merece esta institución. La Convención sobre la Prohibición de Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Empleo de Armas Químicas y sobre su destrucción, fue abierta para su firma el 13 de enero de 1993, en París, de mano del secretario general de Naciones Unidas y 130 Estados la firmaron. El 13 de enero de este año México la firmó, realizando el depósito del instrumento el 29 de agosto de 94, y entró en vigor para nuestro país el 29 de abril de 1997. Es evidente que todos conocemos el contenido de dicha convención, que en síntesis prohíbe cualquier desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, transferencia y empleo de armas químicas, y exige que cada Estado parte destruya las que posea, así como las instalaciones para su producción, al igual que cualquier arma química que hubiera abandonado en el territorio de otro Estado parte. Las disposiciones de verificación de la convención no sólo afectan al sector militar, sino también a la industria química civil en todo el mundo, debido a ciertas restricciones y obligaciones en relación con la producción, tratamiento y consumo de productos químicos que se consideran relevantes para los objetivos de esa convención. En virtud de ella, nuestro país de manera general se comprometió a no desarrollar, producir, adquirir, de otro modo almacenar o conservar armas químicas ni transferir esas armas a nadie, directa o indirectamente; no emplear armas químicas, no iniciar preparativos militares para el empleo de armas químicas, no ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a que realice cualquier actividad prohibida a los Estados partes de la presente convención. El 16 de diciembre de 1997, la Secretaría de Relaciones Exteriores fue designada provisionalmente como autoridad nacional de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), y con ello entra dentro del esquema de la gran mayoría de los países signatarios, 89 de ellos tienen como autoridad nacional a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en segundo término, 22 de ellos a las Secretarías de la Defensa Nacional. Es evidente que estamos de acuerdo con el compromiso contraído por México para tutelar la adecuada elaboración; producción; consumo y transferencia de sustancias químicas enunciadas en el listado nacional, así como el desarrollo; conservación; comercialización; adquisición, uso final; empleo; posesión; tenencia; propiedad; trasbordo; transporte; transmisión; confinamiento y destino de las sustancias químicas del listado nacional, así como de instalaciones, tecnología, equipo especializado y corriente, utilizado para dichas actividades. Sin embargo, consideramos que la minuta, que si bien es cierto contempla acciones relevantes e importantes, en la que todo el mundo estamos de acuerdo, nos parece grave que esta nueva ley pretenda dar atribuciones al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que por ley no le corresponde a la Secretaría de Gobernación, sino por decisión de esta asamblea le han correspondido a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este hecho se hizo notar por la voz en la Comisión de Gobernación; sin embargo, diputados del PRI y del PAN presentes no quisieron entrar al fondo de la discusión, hicieron oídos sordos a una preocupación real y sustantiva. El Cisen para nosotros debe de ser una institución dedicada a la investigación. Sería un error distraerlo de esas actividades, porque lo que en realidad debería estar haciendo, y en lo que hasta el momento ha resultado ser ineficaz, es en alertar al Estado mexicano de las amenazas que implican que el narco esté infiltrado en la financiación de campañas políticas; o aún peor, que esté infiltrado en las propias estructuras de gobierno. Lamentablemente, hasta el momento el Cisen no ha podido alertar al gobierno de tales amenazas. Al Cisen no le corresponde el manejo de sustancias químicas, como tampoco le corresponde vigilar a los legisladores. Por favor, no debilitemos aún más al Cisen, no hagamos más burocracia, no le restemos al Ejército mexicano, del cual nos sentimos enormemente orgullosos, facultades y atribuciones. No aprobemos esta minuta. Es necesario que la Comisión de Gobernación entre a un estudio profundo de la misma; es necesario contar con la opinión de la Comisión de Defensa Nacional, toda vez que esta Secretaría tiene la facultad de conformidad a la ley. La ley que se plantea no tiene congruencia con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni con la realidad, porque si bien, esta ley es de nueva creación, la autoridad que ha venido manejando sustancias químicas y, por tanto, tiene el personal y la experiencia necesaria para aplicarla es âlo repitoâ la Secretaría de la Defensa Nacional. Por tal motivo, proponemos regresar a la comisión dictaminadora y solicitar la opinión de la Comisión de Defensa Nacional, la elaboración de una ley sustentada en la realidad, en el marco jurídico vigente; y, sobre todo, una ley que no le cueste al erario ya que la estructura existe, está en la Secretaría de la Defensa Nacional. Por todo ello, nos permitimos solicitar a usted moción suspensiva Único. Se aprueba la moción suspensiva del dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas; y adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el objeto de que sea devuelto a la comisión dictaminadora para que se realice un verdadero estudio sobre la misma. Que se turne y pida opinión a la Comisión de Defensa Nacional. Es cuanto, señora presidenta.