El diputado Daniel Ordóñez Hernández: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. El suscrito, diputado federal Daniel Ordóñez Hernández, en representación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 74, en la fracción V, de la Ley de Amparo, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El 17 de julio de 1945, los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivados por el gran rezago de los juicios de amparo, principalmente en materia civil, cuya cifra era alarmante, formularon un proyecto de reformas al artículo 107 constitucional, el cual presentaron al Ejecutivo para su consideración. En dicho proyecto, entre una de las medidas que propusieron para disminuir el problema en cuestión, se plantea el sobreseimiento por inactividad procesal, justificándolo en la exposición de motivos del anteproyecto en los siguientes términos: La Suprema Corte también consideró de modo principal la conveniencia de establecer en la propia Constitución el sistema de terminación del juicio de amparo en materia civil exclusivamente por el sobreseimiento por declaración de quedar firme la sentencia a revisión por inactividad de la parte agraviada o del recurrente, según sea el caso. El rezago, siempre creciente en los juicios de amparo en materia civil en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había obligado desde el año de 1926 hasta llegar la actual Ley de Amparo, en sus artículos transitorios, a establecer que el abandono del quejoso y del recurrente en los juicios de amparo, en general, debería tener las consecuencias naturales de dar por terminado el juicio o por abandono del recurso interpuesto, pues no era debido ni conveniente que la justicia federal empleara su actividad en los casos en que lógicamente es de suponerse que ya no existe interés de la parte agraviada o del recurrente. El sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia en el juicio de amparo tiene su más remoto antecedente en el artículo 680 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, según el cual cuando el quejoso no promovía después del día 20, se presumía el desistimiento del amparo. En los decretos del 9 de diciembre de 1924 y 16 de enero de 1928 y el artículo 4o. transitorio de la ley en vigor, del 30 de diciembre de 1935, se estableció por una sola vez la obligación de insistir en la resolución de los juicios de amparo pendientes cuando se discutieran cuestiones de carácter patrimonial para evitar que fueran sobreseídos o se declarara la caducidad de la instancia. El citado decreto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por establecer una carga que no estaba prevista en el artículo 107 constitucional. En 1967, el artículo 107 nuevamente se reformó en su fracción XIV, excluyendo de los alcances del sobreseimiento por inactividad procesal los amparos en materia agraria, incluyendo además la caducidad como causa de sobreseimiento en los amparos en revisión. En diciembre de 1951 se extendió la carga procesal al quejoso de impulsar el procedimiento, aun tratándose de leyes inconstitucionales, generando lo que actualmente se establece en los artículos 107 constitucional y 74 de su Ley Reglamentaria, dada la inevitable necesidad de los gobernados de ser protegidos y amparados por la justicia federal, dentro de un marco donde debieran imperar las garantías de los gobernados, así como los principios constitucionales reguladores del derecho. La injusticia y el mar de lagunas que existen dentro de las leyes locales y federales, la indebida aplicación de éstas dentro de los procedimientos federales, nos llevan a un sinfín de litigios, los cuales tienen solución a través del juicio de amparo en nuestro sistema judicial mexicano. Ejemplo de ello es la indebida aplicación del artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que por su naturaleza contiene contradicciones de orden constitucional, como los apartados 8, 14 y 16, por ser éstos preceptos de legalidad jurídica y este último de audiencia, que es el eje de todo juicio imparcial, donde antes de ser juzgado y condenado deberá ser oído y vencido. Por lo que, al caso que nos ocupa, el precepto 74, en su fracción V, viola tajantemente lo establecido en los preceptos constitucionales antes invocados, cayendo también en contradicción con el artículo 157 de la Ley de Amparo, por ser un precepto que cuida la garantía de seguridad jurídica que el procedimiento federal brinda al quejoso. Por lo que, siendo prioridad máxima de este H. Congreso de la Unión corregir y subsanar toda laguna existente en nuestras leyes federales que rigen la debida impartición de justicia, y dado que el artículo 74, fracción V, en esencia nos reitera que en el caso de que el quejoso de la protección de la justicia federal deje de actuar en el procedimiento, dentro de los 300 días, contados los inhábiles, se sobreseerá el juicio en primera instancia por inactividad procesal del recurrente. Y tratándose del recurso de revisión, se confirmará la sentencia recurrida. En el juicio de amparo directo o indirecto, éste se sobreseerá. Por lo anterior y siendo incongruente pensar que un gobernado que acude a solicitar la protección de la justicia federal por violaciones directas de su esfera jurídica deje de tener interés, hay que pensar y reflexionar como legisladores en que las causas que impiden la continuación del juicio podrían ser demasiadas. Por ejemplo, podríamos decir que, en la práctica jurídica, la responsabilidad de la vigilancia del juicio recae sobre los hombros del abogado patrono, que está defendiendo el juicio de garantías y, obviamente, es un hecho que toda notificación se hace al abogado y los autos que a consideración así determine el tribunal por lista. Cabe entonces decir, de acuerdo con lo anterior, que al quejoso o gobernado finalmente no le es aplicada la justicia federal y, por las lagunas existentes en la ley, donde no se obliga a la autoridad judicial federal a notificarle personalmente en el domicilio del quejoso todo acto que podría ser constitutivo de poner en peligro su solicitud de amparo y éste tenga la posibilidad, de acuerdo con sus intereses, de evitar con ello la violación de los derechos fundamentales y procedimentales. Por lo que se debe reformar el citado precepto de la Ley de Amparo, que pone en peligro la esfera jurídica y constitucional de todo gobernado. La presente iniciativa cumple la obligación primordial de no dejar al quejoso en estado de indefensión, de no caer en contradicción con la propia Ley de Amparo en su artículo 157, además de que la autoridad cumpliría el derecho de petición del gobernado y de impartición de justicia. Es decir, con la previa notificación que propongo que se debe hacer al quejoso antes de que concluya el término de 300 días se evita dejar en estado de indefensión al promovente de la demanda de garantías. La autoridad judicial federal cumplirá cabalmente la seguridad jurídica y la garantía de audiencia que se debe garantizar en todo proceso. Por último, el quejoso tendrá conocimiento de que el juicio que promovió puede sobreseerse y no otorgársele la protección de la justicia federal. Así también, la autoridad judicial federal tendrá la certeza de que, efectivamente, el quejoso o promovente del juicio de amparo ya no tiene interés en el mismo, emitiendo una resolución que no viola la seguridad jurídica del gobernado. Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74, en su fracción V, de la Ley de Amparo, para quedar como sigue: "Artículo 74. Procede el sobreseimiento... Fracción V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los jueces de distrito, cuando el acto reclamado sea de orden civil o administrativo. "Si cualquiera que sea el estado del juicio no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de 300 días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso, se le notificará de manera personal al quejoso en su domicilio, cuando menos tres días antes de concluir el plazo antes señalado, para que manifieste lo que a su interés y derecho convenga. "Una vez hecha la mencionada notificación y transcurrido el plazo de 300 días sin que el quejoso haya manifestado interés, se declarará el sobreseimiento. "Artículo Transitorio Único. Las reformas a que se refiere este decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación." Es cuanto, señora Presidenta.