El diputado Ignacio Téllez González: Con su venia, señor presidente. Exposición de motivos El objeto del presente proyecto es regular los supuestos normativos en caso de que se solicite la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, y dicha medida puede tener afectaciones en el desarrollo o ejecución de las obras públicas. Existe un interés nacional en salvaguardar el desarrollo de la infraestructura pública en materias como: transportes, hidráulica, comunicaciones, medio ambiente, turística, seguridad nacional, penitenciarías, educación, salud y del sector energético o en cualquier otra rama que tenga dispersión social sobre los beneficios de la obra pública. Las obras públicas constituyen uno de los principales motores de crecimiento de cualquier economía, ya que el monto de las inversiones realizadas en tales rubros, así como la derrama económica que generan, pasando por la creación de empleos y del aumento de la calidad de vida por los servicios públicos que se prestan a través de tal infraestructura, así como los ahorros que supone cualquier inversión pública para la colectividad. Uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de infraestructura tanto pública como privada, aunque no debería de serlo, es la existencia de un marco jurídico. En algunos puntos incongruentes con principios económicos básicos como son: la eficiencia y eficacia. De ahí que la propuesta de esta iniciativa no es desregulatoria, sino más bien, promotora del desarrollo de las obras públicas, a fin de que el juicio de amparo y en lo específico la suspensión del acto reclamado, no constituya una traba para la ejecución de las obras públicas. Debemos advertir y dejar claramente apuntado, que la obtención de una suspensión en un juicio de amparo puede tanto impedir la ejecución de la obra pública como permitir su continuación. Ahora bien, el juicio constitucional de amparo previene una figura procesal de carácter precautorio conocida como la suspensión del acto reclamado, sustentada en varios principios pero cuya justificación la podemos encontrar en que permite la conservación de la materia o de la litis hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo. El peligro de la demora consiste en la posibilidad de que se consume una afectación, agravio o perjuicio, que pueda resultar irreparable para aquél que lo sufre, en caso de que no se conceda la medida suspensional. Lo anterior justifica que este proyecto aborda el interés que tiene el Partido Acción Nacional en promover el desarrollo económico y protección de los empleos generados por la ejecución de las obras públicas. Inclusive las figuras propuestas son acordes a la interpretación del Poder Judicial de la Federación, donde se reconoce la improcedencia de la suspensión cuando se trate de impedir los trabajos de obras públicas, así como la ponderación de los términos que hemos apuntado en este documento a lo largo de 25 años. Veremos que los tribunales federales han privilegiado la continuación de las obras públicas, ya sea negando la suspensión solicitada por el quejoso, a fin de permitir la plena eficacia de las consecuencias del acto reclamado traducido en la consecución de las obras públicas o bien negando la suspensión, en virtud de que sigue en perjuicio al interés social si se impide la ejecución de alguna obra pública. En tal tesitura, la regla es la protección jurídica del interés social de encarnar las obras públicas invitando a que la suspensión del acto reclamado impida su ejecución. El programa nacional de infraestructura 2007-2012 establece los objetivos, las metas y las acciones que impulsará el gobierno federal para aumentar la cobertura, calidad y competitividad en este sector estratégico para el desarrollo nacional. El programa asume el reto de construir una infraestructura sólida, actualizada y extendida en beneficio de las generaciones de hoy y de mañana. Este programa tiene tres propósitos centrales para el desarrollo de México: Primero. Es un factor esencial para elevar la competitividad de las regiones porque reduce los costos y tiempos del transporte. Segundo. Es un instrumento clave para contar con insumos energéticos suficientes, de calidad y a precio competitivo. Tercero. Es un recurso poderoso que igualará las oportunidades de superación de las familias más pobres porque rompe con el aislamiento y la marginación de las comunidades, promueve la educación, la salud y la vivienda, favorece la introducción de servicios básicos múltiples y las posibilidades de ingreso. En materia de infraestructura pública, de acuerdo con el Foro Económico Mundial para la Competitividad y la Infraestructura, México se ubica en el lugar número 64 de 125 países. A nivel sectorial, México ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 en aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras. Recapitulando, el proyecto tiene como principal beneficio la seguridad jurídica de los destinatarios de las normas y no implica mayores costos para los órganos o sujetos obligados distintos o mayores a los que se realizan cuando se solicita la suspensión de acto reclamado, ya que el ejercicio de ponderación para otorgar la suspensión en el juicio de amparo que se hace entre los intereses particulares del quejoso o de terceros contra los intereses públicos constituye un mandato constitucional no sujeto a discusión. De lo antecede estimamos justificada material y jurídicamente la emisión del siguiente decreto por el que se adiciona el inciso i) a la fracción II del artículo 124 y se adiciona el artículo 124 Ter, ambos de la Ley de Amparo en materia de suspensión de actos reclamados relacionados con el desarrollo de la obra pública. Único. Se adiciona un inciso i) a la fracción II del artículo 124 y se adiciona el artículo 124 Ter, ambos de la Ley de Amparo reglamentarias en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a lo siguiente: Se impida la ejecución de obras públicas sabiéndose ponderar si existe algún valor social de mayor jerarquía y trascendencia que válidamente imposibilite la continuación de los trabajos públicos, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Artículo 124 Ter. Para conceder o negar la suspensión contra los actos de clausura, suspensión administrativa o cualquier otro que impida la ejecución de las obras públicas se deberá ponderar si el fin o del motivo de la clausura o del acto que impide la continuación de la obra pública representa un valor social de mayor jerarquía y trascendencia.