EL C. DIP. RAMON LEON MORALES: Gracias, señor Presidente. Con la comprensión de mis compañeros legisladores. Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de lo siguiente: El gas licuado de petróleo L. P., es no de los principales bienes de consumo en los hogares de la República Mexicana y ocupa uno de los primeros lugares en la ponderación de bienes de la canasta básica. El gas LP es consumido principalmente por los hogares, 62 por ciento del total se destina al uso residencial, 12 por ciento al uso industrial y 26 por ciento a comercio, transporte y otros. Además, nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en el uso residencial de este combustible. Lo anterior queda de manifiesta si tomamos en cuenta que el volumen de ventas internas del gas LP se ha incrementado más de 50 por ciento desde 1997, para alcanzar cerca de 300 mil barriles por día; lo que refleja el papel central de este producto en nuestro país, lejos de que, al amparo del libre comercio, el incremento en la demanda se refleja en un precio menor. La tarifa por kilogramo observó aumentos constantes desde 1998, lo que demuestra la clara existencia de prácticas oligopólicas en la distribución y venta final. Es del conocimiento público que la industria gasera se encuentra en manos de unos cuantos, por ejemplo, Vela Gas es dueña de las empresas Daniel Vela, Sociedad Anónima. Y las otras compañías que operan en el mercado son: Bello Gas, Sociedad Anónima; Gas Bustamante y Gas Presto. El incremento en el gas LP provoca terribles desequilibrios en las economías familiares. Si el salario mínimo diario de un jefe de familia es de 40 pesos, debe destinar casi cinco días de percepciones para comprar un tanque de 30 kilogramos, relegando a segundo término otras necesidades básicas como electricidad, alimentación, salud, vestido y educación. El argumento del gobierno federal en 1997 para regular el precio del gas doméstico fue la necesidad de estandarizarlo con el de los mercados internacionales, lo que es incoherente con el hecho de que nuestro país es uno de los principales productores a nivel mundial. Sin embargo, los gobiernos neoliberales no se han preocupado por destinar mayores recursos a la inversión productiva en Pemex y a la exploración de gas. Por lo que estas deficiencias se han trasladado al bolsillo de los trabajadores. La industria de distribución, almacenamiento y venta del gas LP adolece de una serie de rezagos derivados de su carácter monopólico, como lo ha reconocido la Comisión Federal de Competencia que ante la presión popular se vio en la necesidad de detentar el incremento constante en los precios en 2001. El freno que se impuso al crecimiento de los precios del kilogramo de gas LP en las distintas regiones del país no es suficiente para aliviar el deterioro que ha sufrido el poder adquisitivo de la familia, pues el precio de este bien creció 85 por ciento desde 1998, mientras que los salarios mínimos reales apenas observan un incremento del 0.18 en el mismo periodo. Pero además, por si fuera poco, el servicio que presta el oligopolio dista mucho de ser oportuno, seguro y de buena calidad. Tan solo el año pasado la Procuraduría Federal de Defensa al Consumidor realizó 8 mil operativos en materia de gas LP, verificando más de 171 mil cilindros y más de 2 mil 100 autotanques. Derivado de lo anterior impuso sanciones por más de 24 millones de pesos e inmobilizó alrededor de 33 mil cilindros por no ofrecer las condiciones de seguridad pertinentes. El gobierno federal de la administración pasada y el presente se han preocupado más por mantener finanzas públicas sanas por encima de los intereses de millones de familias que dependen del gas LP para realizar actividades cotidianas tan importantes como la preparación de alimentos. Es preciso contar con una política que incentive y fortalezca el consumo familiar para generar beneficios tangibles en el nivel de vida de la población. En su oportunidad, el 28 de mayo de 2002, al seno de la Comisión de Energía de esta Cámara se expusieron las razones y fundamentos por los cuales carecía de coherencia la política de precios de energéticos. Ante funcionarios de la Secretaría de Economía y de Petróleos Mexicanos el diputado Jesús Garibay García hizo la propuesta para que de manera urgente se abordara el tema de las concesiones, distribución y precio de gas LP de manera coordinada entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero nada pasó. Y como cada acción tiene su consecuencia, en este caso la inmovilidad de los responsables de fijar precios y tarifas desde el gobierno federal, organizaciones sociales de Uruapan, Michoacán han emprendido una serie de movilizaciones y demandas al Ejecutivo, para que con propuestas concretas resuelva el problema de la distribución y costo del gas destinado a los hogares. Sus argumentos son válidos y contundentes, sus propuestas son viables. A continuación expongo algunos. "Primero.- Que el precio del gas doméstico no exceda de 13 pesos, hasta en tanto no se otorgue un incremento al salario mínimo de los trabajadores que cubra sus necesidades primordiales. "Segundo.- Que las empresas distribuidoras de gas doméstico subsidien el costo de los tanques estacionarios, así como su instalación, a fin de reducir los costos del producto. "Tercero.- Que el incremento al costo del gas doméstico se dé en proporción al incremento del salario mínimo que se otorga cada año, pues ambos son regulados y autorizados por el gobierno federal, pues generalmente el precio del energético se da en una magnitud superior al incremento salarial, lo cual ha impactado de manera negativa al poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos. "Cuarto.- Que la ciudadanía cuente con un espacio legalmente establecido, además de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde pueda presentar sus quejas y demandas en forma directa y sin intermediarismo burocrático, para que obtenga una respuesta satisfactoria y ágil en todo momento apegada a derecho. "Quinto.- Que el gobierno federal, a través de la iniciativa privada o de las organizaciones sociales legalmente constituidas, promueva el uso de gas natural y se otorguen las facilidades necesarias para su utilización en el ámbito doméstico, con la finalidad de no dañar el poder adquisitivo de los trabajadores. "Sexto.- Que se establezca como normatividad para las empresas de distribución de gas, la purga de los cilindros de manera permanente, a efecto de que siempre se entregue la capacidad y peso completo al usuario. "Séptimo.- Que los repartidores de gas de las empresas estén capacitados para que en cada servicio que brinden verifiquen y sean los responsables de que las instalaciones sean seguras, a fin de evitar riesgos y que cumplan con los lineamientos establecidos por las autoridades competentes; en caso contrario, que no presten el servicio. "Octavo.- Que la Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con los ayuntamientos de Uruapan, Michoacán y la ciudadanía, realicen operativos frecuentes y permanentes para verificar que las empresas otorguen el peso exacto del combustible. "Noveno.- Que el sello de garantía de los cilindros se imprima foliado y se entregue a cada consumidor, así como la nota de venta correspondiente conteniendo los requisitos fiscales. "Como podemos apreciar, son un conjunto de propuestas asequibles y que puede esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión impulsar de manera inmediata. "Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía el siguiente "PUNTO DE ACUERDO "Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo para que expida el decreto respectivo que permita atender la petición de las organizaciones sociales de Uruapan, Michoacán y de todo el país en materia de gas LP para consumo doméstico. "Firmamos este punto de acuerdo los legisladores Jesús Garibay García, precisamente del Distrito de Uruapan, Michoacán, y un servidor". -PRESIDENTE, DIP. CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Está en turno el senador Raymundo Cárdenas Hernández, pero parece que no está en el salón. El diputado Ramón León Morales tiene la palabra para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, revisen la situación presupuestal de las instituciones de educación superior sectorizadas a la SAGARPA. -DIP. RAMON LEON MORALES: Gracias señor Presidente. Yo solicito muy atentamente de todos ustedes su comprensión. En este momento soy el único diputado de la fracción que no está en funciones de Mesa Directiva y tengo que atender todas las peticiones de mis compañeros legisladores. Desde la pasada sesión la Comisión Permanente del 22 de enero se propuso desde esta tribuna se atendiera el problema de la diferencia entre los montos del Presupuesto de Egresos de la Federación que se señalan por un lado, en La Gaceta Parlamentaria, por otro el Diario Oficial de la Federación y a su vez entre estos y lo que desde la tribuna se nos decía que estábamos votando. Nuevamente queremos llamar la atención para plantear las consecuencias negativas de un proceso legislativo de aprobación presupuestal mal llevado. En este caso hablaremos del Ramo 8 que es el de la SAGARPA, este Ramo tenía un presupuesto programado por el Ejecutivo Federal de 33 mil 954 millones 900 mil pesos, el cual era 7% menor al del 2002. La Cámara de Diputados decidió incrementar sus recursos e 8 mil 502 millones 600 mil pesos aunque al mismo tiempo le redujo el gasto en 774 mil 820 millones 328 mil pesos, en total se le asignaron 41 mil 682 millones 679 mil pesos según consta en el Anexo 1 de La Gaceta Parlamentaria del 15 de diciembre de 2002. No obstante esta decisión de la Cámara de Diputados, el Diario Oficial del 30 de diciembre de 2002 consigna 100 millones de pesos más a lo acordado por el Legislativo para ese Ramo presupuestal. La Cámara de Diputados no precisó en su momento ese monto sino hasta el 8 de enero cuando el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Luis Pasos envió un oficio al Titular de la SAGARPA a fin de, cito: "Prevenir que as partidas aprobadas por la Cámara de Diputados se transfirieran a rubros destinados distintos a los autorizados. Es en este oficio donde se señala un incremento de recursos a la SAGARPA, no por 8 mil 500 millones sino por 8 mil 602 millones de pesos. Dentro de este desglose se señala el incremento de las partidas presupuestales de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" por 50 millones a cada una entre otros incrementos. Sin embargo y de manera inexplicable, tal y como lo sancionan los presupuestos definitivos por ramo presupuestal y unidad administrativa, que la Secretaría de Hacienda envió a esta Cámara de Diputados el pasado 31 de enero, el presupuesto que se reporta como definitivo para estas dos instituciones no contempla los incrementos señalados. A pesar de que en los últimos tres años la Universidad Autónoma de Chapingo ha tenido un crecimiento presupuestal promedio de 6.3% en términos reales siendo el de 2003 de casi 942 millones de pesos. Este presupuesto le resulta insuficiente para atender la demanda de investigación y educación comprometida con los hombres y mujeres del campo. De este modo, la incertidumbre presupuestal agrave las condiciones bajo las cuales se desarrollan dos de las instituciones de educación e investigación más importantes del país como lo son Chapingo y la Antonio Narro. Chapingo es una institución clave en el desarrollo de nuestro campo que ha atendido de manera central las necesidades de educación agropecuaria de miles de jóvenes mexicanos, como otras instituciones públicas de Educación Superior. Desde hace varios años padece un estrangulamiento financiero que le hace destinar hoy en día el 80% de su presupuesto para servicios personales, cuando con la misma plantilla docente en los últimos años ha incrementado su matrícula en pos grado en 250% y en el nivel medio superior en 50%. De casi 7 mil alumnos , 2 mil cien se encuentran internos y otro tanto son becarios externos, cabe resaltar que prácticamente el 10% de la matrícula de Chapingo son jóvenes indígenas de muy diversas etnias del país. Caso similar vive la Universidad "Antonio Narro", el presupuesto que le programó la Secretaría de Hacienda, contempla el mismo monto para gastos de operación que en 2002 el cual agravará las presiones sobre las funciones sustantivas que actualmente no son financiables con el subsidio ordinario y que le hacen acarrear desde hace varios años, un déficit cercano a los 30 millones de pesos; es de destacar que con solo 411 millones de pesos, atiende a más de 3,500 estudiantes que provienen de todo el país. No está de sobra decir que ambas instituciones, al igual que el conjunto de instituciones de educación superior que no están sectorizadas (sic) a la SEP, no reciben subsidios extraordinarios para apoyar proyectos de fortalecimiento institucional, mejoramiento del profesorado, etc., como sí lo reciben las universidades públicas estatales de tal forma que año con año estas instituciones solo cuentan con los recursos que la Federación les asigna mediante la SAGARPA. En resumen, dado el abandono presupuestal que viven estas universidades en las condiciones actuales y de no clarificarse la ampliación presupuestal señalada, Chapingo corre el riesgo de irse a la huelga el próximo lunes; apoyar a estas universidades es apoyar a la educación superior pública y apostar por la recuperación del campo mexicano a partir de bases propias. Es por ello, que con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer a esta soberanía la suscripción del siguiente: PUNTO DE ACUERDO.- Unico.- Que la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reúnan a la brevedad, a fin de que se aclare plenamente que los cien millones de pesos programados al ramo presupuestal 8 sean transferidos por partes iguales a la Universidad Autónoma de Chapingo y a la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro". Solicito asimismo señor Presidente, que sea enviado este punto de acuerdo a la Comisión de Educación y Servicios Educativos. Por su comprensión y su atención, muchas gracias. -