LA DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: En el combate a la delincuencia no se ha tenido la efectividad que se hubiera deseado. Por ejemplo, en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se estableció en el artículo 2° la creación de una nueva figura delictiva, sin embargo, vemos cómo en lo referente a los delitos contra la salud, y no obstante la detención de alguno de los principales dirigentes de estas organizaciones delictivas, la producción, distribución y consumo de drogas no se ha erradicado, antes al contrario, también la producción de drogas sintéticas ha aumentado. Nos percatamos cómo desde el entonces Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, su titular había protegido a la organización delictiva de Amado Carrillo Fuentes, y recientemente la detención de los generales Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo vuelve a traer a debate el papel de las fuerzas armadas juegan en el combate a la delincuencia. ¿Hasta qué nivel, dada la verticalidad que existe en el Ejército Mexicano y en la Procuraduría General de la República, estos cuerpos se encuentran infiltrados, permeados y controlados por las organizaciones delictivas? ¿No será acaso que quienes por mandato de ley deben combatir esta actividad, no sólo se coluden sino que pretenden arbitrar estas actividades, dadas las inmensas ganancias que se generan? En las operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito vinculado directamente al de narcotráfico, poco conocimiento se tiene de medidas efectivas para que no sea posible lavar el dinero. Quienes obtienen recursos económicos por la venta de drogas necesita blanquearlo para después invertirlo en actividades lícitas, pero la sociedad no conoce el que banqueros o intermediarios del Sistema Financiero Nacional hayan sido detenidos y sentenciados. En cuanto a los servidores públicos de la Procuraduría, el suicidio de su ex Oficial Mayor evidenció la ausencia de controles internos para detectar eventuales irregularidades cometidas por dichos servidores públicos. ¿Cómo es posible que los órganos de control interno no hayan sido capaces de detectar en la realización de auditorías financieras o de legalidad, que no se satisfacían los requisitos de la norma, o tomar oportunamente, ya no medidas preventivas sino correctivas? ¿Cómo es posible que se dé información confidencial y se proporcionen automóviles de lujo a los miembros del llamado "equipo de transición", cuando no existe nombramiento alguno que los faculte a ustedes a informar y a ellos a recibir esta información? Las personas de ese equipo son tan comunes y tan corrientes como cualquier otro, y por tanto no se encuentran en las hipótesis legales del ejercicio de la función pública para recibir dicha información. En lo que se refiere al tráfico de indocumentados, resulta aberrante la poca efectividad de la actuación de la Procuraduría, no sólo nuestros connacionales recienten la actividad de los "polleros", también nuestros hermanos centroamericanos padecen estas organizaciones delictivas. Desde la frontera de México con Guatemala, hasta la de Estados Unidos, los migrantes son vejados sistemáticamente. ¿Cómo nos puede explicar el que miles de personas diariamente crucen el territorio nacional conducidor por traficantes de personas, y los cuerpos policiales detengan a muy pocos, consignen a menos y obtengan sentencias condenatorias en pocos casos? ¿ Ese es el trato y ataque a la dignidad de las personas humanas que mexicanos o centroamericanos merecen? Del robo de vehículos mucho se ha comentado y más lo que la sociedad padece. Desde luego que robar y movilizar vehículos requiere de una gran infraestructura de almacenamiento y posterior distribución. Cada vehículo que se roba en nuestro país para ser vendido en otro, necesariamente tiene que salir por algún punto fronterizo. ¿Por qué los cuerpos policiales no lo detectan, y desarticulan esas grandes organizaciones delictivas? Por cierto, el obscuro proceso de licitación de la concesión del RENAVE merece mención especial, no sólo quien fue designado Director del mismo, sino por el antecedente de la existencia de vehículos mexicanos en la República de El Salvador, en donde la familia del señor Caballo tiene grandes intereses. Se debe terminar con la eventual utilización de la base de datos del RENAVE para ubicar la capacidad adquisitiva, los domicilios y la identificación física de los propietarios de vehículos, para probar estos automóviles y con la infraestructura de la empresa obtener nueva documentación y después venderlos. ¿En qué sentido han avanzado las indagatorias sobre este tema? No sólo se trata de averiguar las vinculaciones del desaparecido subsecretario Ramos Tercero, sino de también las responsabilidades que pudiera tener el Secretario Herminio Blanco y otros servidores públicos de dicha secretaria. Señor Procurador: Los ahorradores que han sido defraudados esperan una respuesta clara de la conducta de la institución que usted representa, y una audiencia al término de su comparecencia. Por sus respuestas, muchas gracias.