El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con su venia, presidente. El pasado 8 de septiembre, como parte del paquete económico, el Ejecutivo federal presentó ante esta soberanía una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la cual pretender alinear a los objetivos y metas de las propuestas del propio ejecutivo de reformas constitucionales en materia de justicia cotidiano. En este caso, sobre la materia contencioso-administrativa federal, se propuso la creación de una opción de juicio en el que se analicen únicamente aspectos de fondo de las determinaciones de las autoridades fiscales, sin que en este procedimiento se puedan alegar aspectos formales. La propuesta de este nuevo juicio privilegia la resolución de fondo de la controversia, eliminando formalismos y acelerando los procesos del actual juicio contencioso-administrativo. Sin embargo, al acudir a este nuevo juicio, se cae en algunos riesgos para los contribuyentes y sus abogados, basta señalar que en primer lugar se tendría que renunciar a la posibilidad de discutir y analizar las violaciones al debido proceso, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, y en el artículo 8.1 del Pacto de San José, referidas a la igualdad tributaria, argumentos que de prosperar podrían establecer la nulidad del acto impugnado. Otro riesgo para quienes decidan acudir a esta modalidad de juicio tiene que ver en que se pueda ver afectado su derecho al acceso a la justicia, al mencionarse expresamente que una vez que el demandante opte por el juicio de resolución exclusivo de fondo no podrá variar su elección. También se corre el riesgo de que si la demanda no cumple con los requisitos señalados en la ley la consecuencia sería su desechamiento, lo cual resulta a todas luces excesivo. Cuando es un asunto de explorado derecho que la interposición del juicio en la vía incorrecta no generan el desechamiento, improcedencia o sobreseimiento, sino que lo procedente es que el magistrado instructor redirecciones la demanda a la vía correcta, así lo apropiado sería remitir la demanda a la Oficialía de Partes Común para que ingrese como juicio en la vía tradicional. Otra parte del tema de ofrecimiento y valoración de las pruebas en este procedimiento puede dar lugar a problemas, al plantearse que únicamente serían admitidas las pruebas que hubiesen sido ofrecidas y exhibidas en el procedimiento de comprobación del que derive el acto impugnado en acuerdos concluidos o en el recurso administrativo, intentando o dejando fuera las pruebas supervinientes o aquellas que se ofrecen en la ampliación de la demanda como resultado del conocimiento de nuevos derechos presentados en la contestación de la misma demanda. En cuanto a las reformas propuestas al Código Fiscal de la Federación, para incorporar a este ordenamiento el denominado recuro de revocación exclusivo de fondo, estamos ante la presencia de un recurso administrativo con exactamente las mismas características del juicio de resolución exclusiva de fondo propuesto para la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que nuestras consideraciones y comentarios respecto al éxito de este recurso en cuanto a su utilización real por parte de litigantes y contribuyentes son los mismos. En este sentido Morena votará en contra de este dictamen. Muchas gracias.