La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea. Para Encuentro Social son prioritarias las acciones en contra de la impunidad y en pro de disminuir la violencia a través de la promoción al respeto de las reglas, procedimientos e instituciones que nos permitan garantizar el orden y la estabilidad social, fortaleciendo así el estado de derecho. El dictamen de la Comisión de Justicia que hoy nos ocupa aumenta las sanciones aplicables al delito de evasión de presos, ello como una oportuna reacción a la reciente preocupación social derivada principalmente de las fugas de un célebre delincuente de prisiones de alta seguridad, las que ocasionaron una crisis institucional en materia de seguridad, producto de la corrupción y la complicidad. No es casualidad que de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2015 entre los 34 países que integran la OCDE México ocupe el último lugar. Es así que el dictamen a discusión estima viable reformar al Código Penal Federal a efecto de inhibir la comisión del delito de evasión de presos, práctica que afrenta y lastima a la sociedad que consiste en auxiliar a quien esté privado legalmente de su libertad para que se fugue. Actualmente el Código Penal sustantivo exenta de la sanción correspondiente a los familiares que refiere, salvo que la fuga se hubiera realizado de manera violenta. Además dispone que si se logra reaprehender al prófugo gracias a las gestiones del responsable de la evasión, solo se aplicarán jornadas de trabajo en favor de la comunidad y al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna. Es necesario dejar claras las siguientes consideraciones. Uno. El parentesco no debe ser una excluyente de responsabilidad para quien ayuda a un preso a fugarse en tanto su intervención no constituye una omisión, sino una acción dolosa muy bien planeada. Dos. Aun cuando el supuesto en las jornadas de trabajo en favor de la comunidad, cuando quien auxilió al escape contribuye después a su captura, constituye una salvedad acertada. Esta atenuante no puede beneficiar a servidores públicos, los que deben cumplir con la pena privativa de libertad que corresponde con el incremento derivado de la agravante aplicable por su condición laboral que le obliga a vigilar el cumplimiento de la ley en el ámbito de sus facultades. Tres. Cuando al fugarse un recluso evade el cumplimiento de la pena que el Estado le ha impuesto, cínicamente atenta contra el imperio de la ley, por lo que al ser reaprehendido deberá imponérsele una pena adicional que se sugiere vaya de seis meses a cuatro años de prisión. Sin lugar a dudas el objetivo de estas medidas es: contribuir al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública; inhibir las fugas de los reclusorios, y coadyuvar en el combate a la impunidad. En congruencia con el compromiso de Encuentro Social para emprender las acciones tendientes a concretar el Estado de derecho en nuestro país, no solamente votaremos en pro del dictamen, sino que desde esta tribuna reiteramos la obligación de todos los mexicanos de respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen; sabedores que no hay camino para el respeto a la ley, el respeto es el camino. Es cuanto. Muchas gracias.