LA C. DIPUTADA HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Gracias, señora presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas: las sociedades se constituyen a la luz de un contrato social que garantiza la seguridad y la armonía de los colectivos humanos. Este mismo contrato incluye un esquema de justicia con diversos matices y visiones, en los cuales las construcciones sociales y la infraestructura dan fondo y forma a su impartición, a los sistemas penitenciarios y a los proyectos de rehabilitación social. Tanto los sistemas penitenciarios como los programas y proyectos de readaptación social que se desarrollan al interior de los centros carcelarios, sea cual sea su naturaleza y organización, encuentran su origen en dos principios esenciales y elementales: la protección de la sociedad y la atención y reintegración al seno social de aquellos integrantes que han roto el pacto social en perjuicio del colectivo. Pero en la realidad, los establecimientos penitenciarios de México se encuentran lejos de contar con las condiciones idóneas para el tratamiento y rehabilitación de los presos, y mucho menos si éstas son presas, mujeres. En los centros carcelarios no se cuenta con la posibilidad de abocarse a un trabajo ni de continuar o iniciar estudios de ningún tipo. Tampoco se cuenta con la capacitación pertinente ni los servicios médicos adecuados ni el personal competente para la realización de los trabajos de custodia. No existen tampoco los reglamentos necesarios para la adecuada conducción de estos centros. Los sistemas carcelarios mexicanos son un verdadero sistema de venganza y de olvido, son pequeños reinados del director del reclusorio, donde regularmente su voluntad es la única, donde prevalece también la ley del más fuerte, donde para sobrevivir hay que abusar o someterse, donde lo único que hace falta es lo que su nombre pondera: la rehabilitación. A pesar de ser del dominio público la problemática de los reclusorios nacionales, es una situación poco atendida. Aun siendo reiterado el reconocimiento de que se trata de centros de corrupción, de drogadicción, de insalubridad, de hacinamiento, de abusos sexuales, de prostitución, de degradación, de comisión y planeación de nuevos ilícitos, a pesar de todo ello, no se proyectan ni mucho menos se ejecutan planes que resuelvan esta situación. Si las condiciones materiales de los internos son gravemente ignoradas, más lo es el análisis profundo de los sistemas de ejecución de sentencias que prevalecen en estos centros y las perniciosas consecuencias sociales que arrojan estos deteriorados sistemas. Existe, a la par de todas estas dificiencias, un elemento que difícilmente es considerado: la discriminación ejercida en contra de las mujeres, tanto en la impartición de justicia como en la otorgación de penas. La reclusión de mujeres en centros penitenciarios de nuestro país se ha visto duplicada en menos de siete años. Hasta enero de este año, se contaban más de 7 mil mujeres purgando penas privativas de libertad, siendo el 61.5 % de estas sentencias, de más de diez años; la mayoría de ellas, por delitos contra la salud, específicamente por el denominado traslado de droga en cantidades pequeñas, es decir, lo que se conoce en nuestro país como: "Burreras". "El hecho de que la población femenina ascienda tan sólo al 4.4 % de la población carcelaria, no es justificación para la negación de sus derechos humanos o para dar poca importancia a las condiciones específicas de la comisión del delito; son las construcciones culturales y estereotipadas las que alcanzan a las mujeres criminalizadas haciéndolas dentro de las cárceles más invisibles de lo que por sí ya son. "Un gran número de mujeres originarias de estados del sur de la República, son recluidas en centro de readaptación situados en la frontera norte de nuestro país, alejándolas de su seno social y familiar sin que la realidad de estas mujeres dedicadas, como ya se dijo, al traslado de drogas conocidas como: "Burreras", se conozca plenamente y menos aún sean consideradas como circunstancias específicas de comisión del delito por parte de juez alguno, quienes al parecer tienen la consigna de castigar más a quienes menos tienen posibilidades de defenderse. "Como señalamos anteriormente, la población femenina en los penales mexicanos, asciende al 4.4 % de la población total de las cuales la mayoría cuenta tan sólo con las edades de entre 18 a 35 años; y el 86 % de ellas son madres, madres de un promedio de tres a cuatro hijos, hijos que en la mayoría de los casos nacen y crecen en la cárcel. "El 70 % de estas mujeres cursaron únicamente la primaria; el 20 % son analfabetas; el 50 % de ellas se dedican al hogar, se dedicaban al hogar antes de ingresar al penal y el otro 50 % se reparten en actividades menores. "El mayor porcentaje respecto al delito por el cual fueron sentenciadas, se refiere a los delitos contra la salud. Eso es lo que sucede en las cárceles fundamentalmente me refiero a la de Ciudad Juárez. "En todo el territorio nacional, existen 446 centros carcelarios, de los cuales sólo diez están destinados a mujeres. Las reclusas que no se encuentran en estos centros, se hallan diseminados en 220 centros varoniles en los cuales han sido dispuestos algunos anexos, en algunas pocas ocasiones, como lo hemos constatado, se les destina una sola celda para albergar a las mujeres de manera muy irregular y hacinadas en su mayoría. "Una enorme cantidad de "burreras" no son traficantes de drogas por elección, casi todas ellas son obligadas tanto por el uso de la violencia por parte de sus parejas como por la agresiva pobreza que pesa sobre ellas y su familia. "Me refiero a este tema porque siendo un tema que no es totalmente aceptable para su discusión, cuando se habla de narcotráfico, se pierde en la visión de este delito que tiene al menos tres dimensiones: "La primera que es la de posesión de la droga y en donde se localizan los cárteles y los grandes capos de la droga que regularmente no son a los que se les aplica la justicia.. "La segunda que es el traslado y que mucho de este traslado se hace a través de mujeres impresionadas, fundamentalmente, y "La tercera que es el consumo. "Y de estas tres etapas del proceso del delito, a la que más se carga la pena es precisamente a la modalidad de traslado y en esta modalidad de traslado es donde las cárceles de la frontera se encuentran saturadas por mujeres, mujeres que se encuentran ene estas condiciones. En los casos en que son juzgadas las mujeres usadas como vehículo de drogas no se consideran sus testimonios sobre el maltrato del cual son víctimas o de las graves necesidades familiares. Tampoco se cuestiona en su favor si se trata de primodelincuentes y es un hecho constante que la condena privativa de libertad es aplicada solo por la falta de recursos económicos para cubrir la fianza que en casi todos los casos supera a las fianzas impuestas a hombres juzgados por el mismo delito. La ignorancia, el sometimiento, la pobreza, la violencia física y sexual son factores comunes a estas mujeres sentenciadas por delitos contra la salud. Estas mujeres distan mucho de la imagen del traficante con poder que vende drogas en busca del enriquecimiento, no se trata de los cárteles que asolan regiones completas y compran cuerpos policiacos, no se trata de mujeres armadas con modernos instrumentos de combate, tampoco son mujeres que protagonicen balaceras ni enfrentamientos sangrientos, son mujeres fundamentalmente que acatan las exigencias de sus parejas con miedo y así con miedo, yo diría con terror, cruzan la frontera del país llevando entre sus ropas y con mucha frecuencia ocultas en su mismo cuerpo cantidades diversas de droga. La captura de las mujeres que transportan drogas en pequeñas cantidades por lo general se debe a denuncias que son hechas por las mismas personas que las contratan u obligan a actuar delictuosamente, esto con la finalidad de cubrir los pactos que hacen con las autoridades de entregar a este tipo de delincuentes con la finalidad de decir que están actuando en contra del narcotráfico. Actualmente 13 mil menores, hijos de estas mujeres, padecen el hecho de que sus madres se encuentren recluidas en algún centro penitenciario y casi 2 mil de ellos se encuentran viviendo al lado de sus madres al interior de las cárceles, por lo que el círculo de perdición iniciado por un abuso en el tratamiento de este delito que desecha a las mujeres de acuerdo a su conveniencia, se traslada también a sus hijos, a los hijos de ésta negándoles la posibilidad del crecimiento personal lícito y productivo. Voy a solicitar que se incluya de manera completa esta iniciativa y leeré exclusivamente la parte que estamos solicitando que se modifique, que corresponde al artículo 85 y al artículo 16, para que sea turnada a la Comisión correspondiente. Muchas gracias. -