La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez: Con su venia, diputada presidenta. Estimados compañeros diputados, iniciaré mi intervención reflexionando sobre la importancia del servicio público. Actualmente los sistemas políticos y administrativos transitan por una renovación de funciones que exigen mayor complejidad e interacción con la sociedad. A esta dinámica se adiciona una necesidad de mejorar la calidad en el desempeño de la vida institucional, en la mejor aplicación de los recursos públicos y en el reencuentro con la vocación de servicio. El escrutinio de los ciudadanos sobre el desempeño de las instituciones públicas está aumentando por la pluralidad y diversidad de los procesos que intervienen en las transformaciones que vive la sociedad contemporánea. En este caso, las transformaciones de la democracia responden a los cambios que en el orden económico, político y social dan lugar a las nuevas condiciones de vida en las cuales la sociedad y el Estado ajustan sus vínculos, procesos, sistemas de comunicación y prácticas de gestión, incorporando procesos transparentes, abiertos y participativos. En este sentido, la eficiencia y el rendimiento de las instituciones públicas están rodeados de un ambiente de mayor presión y exigencia, lo que indica que los aparatos no son ajenos a lo que sucede en la sociedad y por tanto la gestión de los asuntos comunes debe tener escalas más altas de eficiencia en este contexto que una visión de reivindicación institucional en el Estado y la administración pública es necesaria para el quehacer público. De este modo, la recuperación de la ética es un asunto relevante, porque nutre y aporta el mejor desempeño de la gestión institucional, ya que con su contenido normativo y prescriptivo contribuye a eliminar situaciones relacionadas con la opacidad, la corrupción, los desfalcos, la cleptocracia, el patrimonialismo y la ilegalidad. Al invocarse la ética como fuente de valores normativos que se orientan a conseguir conductas ejemplares, es factible situar el sentido y la filosofía del valor público entendiendo en la lógica del buen gobierno. La producción del valor público necesita no solamente reglas institucionales y una eficiente gestión pública, sino también de valores del buen obrar que permitan fortalecer los contenidos, objetivos y metas de las políticas públicas. En este contexto, las remuneraciones de los servidores públicos deben incentivar la conducta social y el desempeño institucional sobre la base de que las sociedades necesitan conductas honradas, que estimulen la legalidad, la responsabilidad y el sentido de pertenencia a la vida comunitaria. El dictamen que se pone a consideración el día de hoy abrió una puerta a un debate necesario en el país. De acuerdo a los simpatizantes de esta norma, se deben limitar los sueldos excesivos que permitían una burocracia fuera de las realidades de nuestro México. Esta realidad no está en duda, lo que se encuentra a discusión es si las modificaciones a la ley que el día de hoy se vuelve a someter para su aprobación logrará instaurar la austeridad en el servicio público. ¿Se respetarán los derechos laborales de aquellos funcionarios que todos los días se levantan temprano, cumplen puntualmente sus obligaciones y se esfuerzan por tener un México mejor? ¿Lograremos eliminar la impunidad en el desvío de recursos públicos? ¿O mejoraremos el servicio público en favor de los ciudadanos? Nosotros así lo esperamos, por lo tanto, he realizado algunas propuestas para modificar el presente dictamen, que considero pertinentes para eficientar su aplicación y las cuales presentaré en su momento oportuno. Desde esta tribuna quiero agradecer al presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el diputado Óscar González Yáñez, que en todo momento permitió la deliberación y le reitero el voto particular que presenté ante el pleno de la comisión y que tiene como único propósito fortalecer el presente dictamen mediante adecuaciones técnicas que en mucho ayudarán a fortalecer los cuestionamientos jurídicos. Agradezco la apertura al debate por parte de mis compañeros de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano. Compañeros diputados, desde el Partido de la Revolución Democrática estamos de acuerdo que la austeridad se instale en cada uno de los resquicios de la administración pública, pero estamos comprometidos en el irrestricto respeto a los derechos humanos de los trabajadores y estamos de acuerdo en que cualquier mejora en beneficio de los ciudadanos debe ser votada a favor. Ante esta situación, los invito a velar por la constitucionalidad de esta ley, que estoy segura mucho abonará para la consolidación de una administración pública más justa y eficiente. Es cuanto, diputada presidenta.