El diputado Jesús Morales Flores: Señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, señoras y señores que nos honran con su presencia, con las facultades que me conceden la Constitución General de la República y el Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que modifica la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de conformidad con la siguiente Exposición de motivos La Constitución General de la República reconoce como derechos humanos el derecho a la privacidad, la legalidad y la seguridad jurídica. Derechos que la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia vigente violenta, al reglamentar el manejo y difusión de información personal y crediticia de los ciudadanos sin que éstos otorguen su consentimiento para que las entidades financieras, las empresas comerciales y las Sofomes otorguen dicha información a la sociedad crediticia. El artículo 16 constitucional determina en su párrafo segundo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley. En este sentido, llama la atención la redacción actual de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la cual es omisa por lo que hace al consentimiento u oposición de titular de la información que manejan dichas sociedades, lo que provoca que las entidades financieras y las casas comerciales, así como las Sofomes puedan otorgar información y que el derecho a la autodeterminación de la información de los ciudadanos sea totalmente ineficaz. De ahí la necesidad de proponer -mediante la presente iniciativa- el establecer un requisito para las entidades financieras, las empresas comerciales y las Sofomes el contar con la autorización de los ciudadanos para otorgar sus datos personales y de historial a las sociedades de información crediticia. Por otra parte, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece que la Secretaría de Hacienda es la responsable de otorgar la autorización correspondiente a quien pretenda organizarse en una sociedad de información crediticia. Sin embargo no hace del conocimiento del público en general a quién está otorgada esa autorización por lo que los ciudadanos desconocen cuántas personas al amparo de la ley vigente manejan sus datos al habérselos proporcionado las entidades financieras o casas comerciales. Por esta razón propongo establecer como una obligación para la Secretaría de Hacienda, el contar con un directorio y dar publicidad al mismo. Es pertinente también proponer el establecimiento, con toda precisión en la ley, que las claves que se ocupen no deben de ser contrarias a las disposiciones de la ley y que deben redactarse de forma tal que reflejen efectivamente la situación real del ciudadano siempre y cuando y como se ha señalado, éste haya otorgado su autorización para que cuenten con su información. La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia no prevé algún medio para inconformarse con lo regulado en la misma, lo que la hace contraria a la Constitución federal al privar al ciudadano de su derecho de audiencia que no es privativo de una autoridad o poder en específico, por el contrario, encierra la obligación del Estado de asegurar que se hará respetar esta garantía con independencia de la forma que adopte el Estado para cumplir con sus funciones. De ahí que el Poder Legislativo tiene la obligación de observar que en las leyes que emita se establezca un mecanismo para que los ciudadanos sean escuchados y se les permita la defensa de sus derechos. De no hacerlo, habría un poder por encima de los otros dos, incluso, por encima de la Constitución. Por lo anterior propongo adicionar un artículo en el que se prevea la oportunidad de inconformarse con el manejo de la información personal y del historial crediticio e incluso con cualquier otra actividad que encuentre su fundamento en la ley que nos ocupa, para garantizar al gobernado el efectivo ejercicio del derecho de audiencia. Compañeras y compañeros, debemos sin duda alguna reconocer la utilidad de la figura de las sociedades de información crediticia en el mercado y de la ley que las regula, ya que su existencia evite el otorgamiento de créditos de forma indiscriminada. Sin embargo es preciso que la redacción de la misma sea acorde con los derechos humanos de los ciudadanos para lograr de esa forma su respeto absoluto. Muchas gracias.