La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. Este dictamen que llega a la Comisión de Seguridad Pública y que pretende doblar las penas en materia se secuestro, tiene en efecto ciertas aristas que no podemos dejar de señalar. La primera: nadie puede estar a favor de los secuestrados. Nosotros no lo estamos, y su servidora, de manera personal, por supuesto que no lo está. El estado de Chihuahua, del que yo soy originaria, no solamente ha sufrido el flagelo del secuestro como una consecuencia del agravamiento del crimen organizado en el estado, sino que naturalmente la gente en las calles pide que se suban las penas a aquellos que cometen el delito de secuestro, que no solamente es la privación de la libertad de una persona, sino que a veces incluye tortura y evidentemente la extorsión económica a sus familiares. El secuestro en efecto es un delito de alto impacto, no solamente por la violencia que ejerce contra las víctimas, sino por la violencia que ejerce contra las familias de las mismas y contra la sociedad a largo plazo. Nada ha podido parar el aumento del secuestro en México, ni la cruzada contra el crimen organizado que solamente la agravó ni todas estas cruzadas contra el secuestro ni el aumento a las penalidades del mismo. Sí es necesario castigar a quienes cometen delitos de alto impacto como éste, pero también es necesario tener una cultura de la prevención y, sobre todo, una cultura de la legalidad. Es decir, de qué nos sirve aumentar las penas si los secuestradores no son detenidos, si aparentemente en muchos estados las autoridades encargadas de la seguridad pública son también aquellas autoridades que están relacionadas con los grupos que secuestran e, inclusive, los que les dan los pitazos de a quien secuestrar. Y por eso digo que hay aristas en este tema. Nadie puede estar a favor de los secuestradores ni en contra de que se les ponga una pena, pero también aquí hay un tema fino que analizar, en México está prohibida la cadena perpetua, el doblar las penalidades en el tema de secuestro nos llevaría a una penalidad de 140 años. No conozco y aunque soy creyente, no católica practicante, se dice que Matusalén vivió más que eso o más o menos a una persona que haya vivido 140 años. Entonces, esto como consecuencia sería naturalmente una cadena perpetua. Es decir, a través del agravamiento de una pena estaríamos también rompiendo un principio constitucional claro que no solamente se ha aprobado por el Congreso General, sino que además obedece a tratados internacionales. El no a la cadena perpetua es también el reconocimiento de los derechos humanos de aquellos que siendo delincuentes también son miembros de esta sociedad nos guste o no. Es por eso que en el PT apoyando la penalidad agravada a los secuestradores, sí, pero también estando conscientes que no podemos a través de una legislación ir en contra de nuestros propios principios constitucionales ni de los tratados internacionales que hemos signado, y no podemos engañarnos a decir que 140 años no es una cadena perpetua nos abstendremos en este tema del secuestro, porque estamos en contra de los criminales, porque estamos en contra de la criminalidad, pero porque no podemos engañarlos y tratar de darle vuelta al sistema jurídico mexicano engañándonos y tratando de decir que 140 años no es una cadena perpetua cuando ya 70 es una pena elevada. No al secuestro, no a favor de los secuestradores, pero tampoco le demos vuelta a la Constitución y nos engañemos a nosotros mismos. Es cuanto, señor presidente.