La diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 115 y se adiciona la fracción VIII al artículo 82 y un inciso c) de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Consolidación Democrática. Los compañeros diputados antes mencionados, Rosario Herrera Ascencio, Martha Lucía Micher Camarena, Tomás Cruz Martínez, Omar Hernández, Omar Ortega Alvarez, Pascual Sigala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 115 y se adiciona la fracción VIII al artículo 82 con un inciso c), la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos La herencia del poder o la titularidad del mismo ha sido sustancial a la monarquía y durante muchos siglos se le ha reconocido como título suficiente de legitimidad, aún cuando en ocasiones se mezclara ésta con la elección dentro del esquema monárquico. La sucesión del poder hereditario subsiste en nuestros días con formas más sofisticadas, combinándose con el sufragio en las elecciones de los cargos públicos. Cuanta razón tenía Luc(¿), cuando sostenía que el poder puede suponer una tentación excesivamente fuerte para la fragilidad humana. La necesidad de evitar el abuso del poder en unas solas manos o su transmisión familiar, sigue siendo hoy en día un debate nacional, como lo fue en países como, Guatemala, Holanda, Venezuela y Argentina, donde la herencia del poder ya ha sido legislada. El entorno político nacional reciente, en especial el que se refiere a la sucesión presidencial y algunas elecciones estatales, después de haber registrado un avance significativo con la alternancia en el 2000, en el año 2004, registra un delicado debate sobre la participación de personas que mantienen una relación de parentesco en candidaturas de elección popular, un debate que se podría dar en medio de una confrontación, entre quienes consideran que estas relaciones de parentesco, no obstan para ejercer derechos políticos y de quines afirman que constituyen impedimentos para que se dé una competencia electoral. Por ello, es necesario restituir a los Poderes de la Unión, locales y municipales, especialmente a quienes son titulares del Poder Ejecutivo. Ante una polémica nacional, con base en esta realidad es imperativo hacer las modificaciones constitucionales para frenar el protagonismo de los gobernantes o sus familiares en el caso de que esto se presente. La iniciativa que hoy se propone, no busca debilitar el Poder Ejecutivo Federal, local o municipal; por el contrario, formularnos nuevas reglas que transparenten y salvaguarden la institucionalidad y la democracia de la República. Esta reforma obedece a la necesidad de cubrir una laguna jurídica en la regulación de casos específicos de inegibilidad (¿) para ser candidato o candidata a la Presidencia de la República, gobernador, presidente o presidenta municipal, regidor o regidora y síndicos, así como también para los jefes o jefas delegacionales del Distrito Federal; para cónyuges y concubinos y parientes por afinidad o consanguinidad de estos funcionarios para el período inmediato de la conclusión de estos cargos, lo que no implica hacer negatorios (¿) sus derechos políticos de hombres o mujeres, sino establecer con claridad las bases constitucionales de un equilibrio entre los principios de igualdad y de equidad electoral. Consideramos que este debate debiera inscribirse en el terreno jurídico constitucional de una reforma legislativa y también el de las consideraciones éticas de la política, tomando en cuenta que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se contemplan impedimentos, requisitos para ser votados que son de otra naturaleza como el de la edad, ciudadanía, residencia o no tener determinadas incapacidades previstas por la propia Constitución. Ahora también se les debe de dar forma legislativa a un conjunto de impedimentos éticos como los que se plantean en el texto de la iniciativa. Como ya mencionamos, esta reforma constitucional se inscribe también en medio de una necesidad tutelar en primera instancia, ya sea el bien jurídico de igualdad o el bien de equidad en la competencia política. Parece que de cara a la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre ambos, a quien asume que no se puede violar el principio de igualdad en aras de el principio de equidad; tomando en cuenta que ambos principios democráticos ya se encuentran en la Constitución y en el COFIPE, aquí de lo que se trata es de reencontrar los mecanismos de acceso a la representación política que procuren que ésta represente efectivamente al pueblo y no a una oligarquía. Sin embargo, es quizá la primera vez que en el derecho constitucional y en el derecho electoral, se pretende que el estado civil de las personas se convierta en el factor para alcanzar la equidad en la competencia electoral, el cual no existe en el marco constitucional vigente al que se introducen en la Constitución el concubinato y las relaciones que deriven de él; no obstante es importante tomar en cuenta los conceptos jurídicos que se intentan introducir en la Constitución, ciertamente pertenecen al ámbito del derecho civil, es decir, que pertenecen al fuero común, pero nos permiten establecer con claridad los casos en que estos impedimentos procederían a partir del parentesco de consanguinidad y de afinidad, entendiéndose el parentesco por consanguinidad como el vínculo entre personas que descienden de un tronco común y el parentesco de afinidad es el que se adquiere por matrimonio o concubinato entre el hombre y la mujer y sus respectivos parientes consanguíneos, introduciendo también la línea recta ascendente o descendente o transversal. Proponemos como proyecto de decreto el artículo único; se reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 115 y se adicionan con una fracción VIII en el artículo 82 y con un inciso C) la fracción I del artículo 116. Octavo. No ser cónyuge, concubina o concubino ni pariente en línea recta ascendente o descendente o transversal, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Adicionamos en el caso de los presidentes municipales, regidores y síndicos, que no podrán ser reelectos para el periodo inmediato ni podrán ser electas o electos a estos cargos sus cónyuges, concubinas o concubinos, ni parientes en línea recta, ascendente o descendente o transversal, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Así también nosotros proponemos que en el artículo 116 nunca podrán ser electos para el periodo inmediato, fracción VI, sus cónyuges, concubinas o concubinos, ni parientes en línea recta, ascendentes o descendentes o transversal, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. TRANSITORIOS: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Los estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto, dentro del primer año de vigencia del mismo. El Congreso de la Unión debería realizar las adecuaciones a las leyes federales y al estatuto de gobierno del Distrito Federal. Termino ciudadana presidente. Tercero. En el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá adecuar la legislación correspondiente a este decreto, en los mismos plazos establecidos para los estados, en caso de la elección del jefe o Jefe de Gobierno y de los titulares de los órganos políticos administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Estamos hablando aquí de los jefes o jefas delegacionales. Cuarto. En tanto se realizan las adecuaciones a que se refieren los artículos transitorios anteriores, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes. Muchas gracias ciudadana presidenta