La diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves: Compañeras y compañeros legisladores. La comisión de hechos delictivos por parte de los adolescentes en nuestro país constituye una realidad de la cual no podemos abstraernos. Su existencia debe ser motivo de un profundo esfuerzo dirigido a proteger a uno de los sectores de la población más expuestos al flagelo de la delincuencia. Al día de hoy y de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación, hasta enero de este año más de cinco mil adolescentes estaban sujetos al cumplimiento de medidas de internamiento por la comisión de conductas tipificadas como delito. Del total de ellos, el 22 por ciento asesinó a una o más personas; el 15 por ciento intervino en algún plagio y el 17 por ciento usó alguna arma prohibida. De este número, ocho de cada 10 tienen edades entre los 16 y 18 años. Muy lamentable. De igual manera, la PGR dio a conocer que de los casi seis mil adolescentes detenidos durante la administración anterior, cerca de cinco mil estuvieron involucrados en delitos contra la salud. El ámbito criminal es tan solo una cara del problema a que nos enfrentamos. Desde el ámbito sociológico las conclusiones a las que nos enfrentamos tampoco son alentadoras. Una encuesta que dio a conocerse hace dos años por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, nos indica que en ocho entidades del país el 26 por ciento de los estudiantes de secundaria entrevistados manifestaron que los personajes a quienes sus amigos o la gente de su edad les gustaría parecerse son los narcos o los sicarios. La existencia de este problema no es casual. El propio Presidente Enrique Peña Nieto reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo que hay 6 millones de niñas, niños y adolescentes que están fuera de la escuela. Esto nos lleva a concluir que no podemos pedir a nuestros muchachos respeto a la ley y vocación por el trabajo si hemos fallado en brindarles un entorno en el cual puedan explotar sus habilidades, mejorar sus condiciones de vida y llevar sus sueños a la realidad. La indignación que causa entre la población la comisión de conductas antisociales, nos pudo haber llevado a la implementación de medidas excepcionales en perjuicio de nuestros jóvenes. La adopción de una política de esta naturaleza seguramente habría recibida una acogida favorable entre algunos sectores de la opinión pública. Sin embargo nuestra vocación y la del gobierno de la república, fue la de no incurrir en la tentación del aplauso fácil en detrimento de los derechos fundamentales de los mexicanos. Por ello nuestro Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, optó por el sentido de obrar con justicia. Lo anterior es así, ya que la presente reforma busca el equilibrio entre la reinserción social, el apoyo a las víctimas y el combate al fenómeno delictivo. La historia nos avala en este sentido. Nuestro instituto político aprobó con su voto la reforma constitucional del año 2005, a través de la cual se obliga tanto a la Federación como al Estado, a contar con un sistema de justicia especializado para los adolescentes acusados de haber cometido un delito. Tal enmienda fue reconocida por UNICEF como una garantía en el marco de un Estado democrático de derecho que salvaguarda tanto los derechos de los adolescentes como el interés de la sociedad. Nuestro partido también apoyó en 2012 la expedición de la actual Ley Federal de Justicia para los Adolescentes, la cual constituye un verdadero catálogo de normas tendientes al respeto de las garantías procesales de los jóvenes acusados de la comisión de un ilícito. No podemos ir en contra de nuestro sentir, por eso es que hoy votaremos a favor del presente dictamen. E invitamos a todos nuestros compañeros legisladores que lo hagan en el mismo sentido. Es cuanto, presidente, muchas gracias.