La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Este día, ayer y hoy hace que a algunos se nos erice la piel de pensar del dolor que sufren las familias de los 43 estudiantes. Existen diferentes expresiones deleznables, que nuestro país está deteriorado y continúa descomponiéndose. Una de esas expresiones de ese México contaminado y aberrante fue la desaparición de estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos, la noche del 26 de septiembre de 2014. Una fecha que oscurece todo intento de ver en nuestro país la justicia y el derecho humano, así como la urgencia de que las instituciones los apliquen. El día de ayer, una vez más, hubo una marcha para seguir exigiendo la verdad y el castigo a los culpables. Culpables que fueron mandos del Ejército, policías locales, servidores públicos de alto nivel, en confabulación con el crimen organizado. Ya nada de eso hoy es secreto. Lo que es inaudito es que la Fiscalía General de la República opere como un filtro en la impartición de justicia, no a favor de las familias de los estudiantes, sino de esos personajes que hacen de México un México lleno de sangre, corrupción e indolencia. Si la verdad histórica fue insultante por haber sido impuesta, el último informe de la Comisión de la Verdad resulta hoy confuso y genera desconfianza en la misma, ya que en la totalidad de dicho informe no se dio a conocer a ocho años del doliente camino por saber la verdad y la exigencia de justicia. No permitamos que la atención se vuelque a una comisión de verdad ofendida y a un gobierno ausente. El problema es la delictuosa participación de mandos del Ejército para construir una versión donde lo menos importante fueron los estudiantes desaparecidos. México tiene un enorme pendiente con el sufrimiento y la memora del estudiante Julio César Mondragón, secuestrado, torturado y desollado, fuera de toda lógica y de toda realidad. ¿Quién es capaz de encubrir un acto de esa deshumanizada profundidad? ¿Quién es capaz de ocultar la verdad de los culpables y exonerarlos de culpa? Fue el Estado. Para colmar la oscuridad doliente de ese terrible suceso, el fiscal encargado de la investigación renuncia, seguramente a falta de confianza de las instituciones, como la Fiscalía y el gobierno actual. De 83 órdenes de aprehensión otorgadas el 19 de agosto a solicitud de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, 21 de estas fueron canceladas, siendo servidores públicos, entre ellos 16 militares, un comandante, un coronel, un ex fiscal y un ex presidente del Tribunal de Justicia del estado de Guerrero, gozan hoy de esa impunidad por instrucciones del fiscal general. Las familias de los desaparecidos gritan que la verdad no se censura, exigir saber dónde están los estudiantes, reclaman al gobierno cumpla su compromiso sin hacer uso político de su dolor, consideran que hay retroceso en la investigación, no quieren seguir siendo engañados por este gobierno. Las madres y los padres de familia siempre han dicho que fue el Estado y hoy crece más esa verdad, fue el Estado. La investidura que hoy tenemos, diputados y diputadas, debe de permear el compromiso fiel de ayudar a las familias a que la verdad ilumine un poco el oprobioso recuerdo de esa fatídica noche que pervive en la memoria de México. Nunca más una Ayotzinapa. Nunca más 43. A los estudiantes en México, nos tiene que quedar claro que no se les toca, no se les reprime, no se les persigue y mucho menos se les ejecuta. Los estudiantes son el ideal y la esperanza en nuestro país, ese ideal que nos habla que de manera democrática y con justicia ética vamos a suprimir de su vida el futuro de ese sistema que nos contamina de desesperanza, de frustración, de dolor, pero sobre todo de miedo. Aquí vamos a estar hasta que la justicia se haga costumbre, ¿por qué?, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y sí, fue el Estado.