EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO AREVALO GONZALEZ: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados: En el contexto contemporáneo, los grupos organizados han hecho de las movilizaciones, marchas y plantones su forma de manifestación y de hacer política utilizándolas como un medio que persigue y en muchos casos logra la satisfacción de sus demandas por las autoridades correspondientes. Sin embargo, lo que en esencia es el ejercicio de un derecho constitucional, se ha transformado de manera negativa en una práctica reiterada y como medio de presión y expresión en la mayoría de los casos se desarrolla en una forma anárquica, lo que pone en riesgo la integridad de los individuos pertenecientes al grupo manifestante y a terceros, a quienes además se les afecta de manera continua en su desplazamiento normal por la ciudad de México hacia sus actividades laborales, escolares u otras. También afecta a los servicios de emergencia e impacta en forma directa al medio ambiente al constituirse percusora de la generación de mayor número de contaminantes como ozono, partículas suspendidas, monóxido de carbono y basura, entre otros Por ello, no es grato que grupos de individuos con el pretexto del goce de las garantías individuales de manifestación de ideas, derecho a asociación y libre tránsito consagrados en los Artículos 6º, 9º y 11º Constitucionales respectivamente, sitúen a los habitantes de esta ciudad como rehenes de minorías que con derecho o sin él, atropellan y transgreden a terceros abusando de estos derechos individuales. Consecuentemente surge el debate en la propia ciudad de México sobre la necesidad de regular las movilizaciones, marchas y plantones efectuándose para tal efecto un sinfín de encuestas tanto por los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación. Los que suscribimos planteamos la necesidad imperiosa de regular tales movimientos sociales , toda vez que al recordar que uno de los principios referentes al Estado es la no concepción del mismo como un ente misterioso que existe en sí, por sí con una finalidad propia y dotada con el poder de dictar e imponer el derecho, si no es un fenómeno social consistente en la participación conjunta por medio de la representación política tanto de mayorías como de minorías, que dicte e impone el ordenamiento jurídico que regirá la conducta de todos los hombres que como grupo viven en una comunidad política sobre un territorio determinado. En otras palabras, regirá en condiciones de justicia tanto a las mayorías como a las minorías. Bajo esta premisa, es preciso contar con una ley que regule y dé equilibrio a los derechos de los manifestantes y de la sociedad, que como tercero se ubica aleatoriamente en situaciones determinadas por un grupo que los afecta sobre la independencia de su voluntad. En este orden de ideas, consideramos que es legal y legítimo regular las movilizaciones, marchas y plantones, siempre y cuando se garantice el ejercicio de los derechos consagrados en el texto Constitucional y las restricciones en ningún momento y bajo ninguna circunstancia o razón, serán mayores a las limitaciones expresamente señaladas en la Constitución. Por tanto, no existe necesidad alguna de reformar o adicionar los artículos 6 y 9 constitucionales o alguno otro de ellos para poder reglamentar el desarrollo de las movilizaciones, marchas y plantones. Del anterior planteamiento, surge la inquietud de saber qué órgano es competente para emitir la ley que norme las movilizaciones, marchas y plantones en la ciudad de México. Con base en principios de supremacía constitucional, la división de poderes y el Estado Federal técnicamente le corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes reglamentarias de artículos expresos de la propia Constitución; esto es así porque debemos atender la conformación y la naturaleza jurídica del Distrito Federal, misma que difiere con la de las entidades federativas en cuanto que no cuenta con una constitución propia y depende en ciertos casos del Gobierno Federal. En el caso que nos ocupa, es del Congreso de la Unión, es necesario explicar los antecedentes de la conformación del Distrito Federal a efecto de estar en posibilidades de especificar plenamente la presentación de esta iniciativa, reforma y adiciones al estatuto de Gobierno del Distrito Federal y su importancia en la regulación del problema planteado de las movilizaciones, marchas y plantones de esta ciudad de México. Constitucionalmente, la ciudad de México es el Distrito Federal; la capital de la República; el asiento de los poderes federales; con una naturaleza diferente a las entidades federativas; es decir, fue concebido por el constituyente como una demarcación territorial en la que existía una injerencia directa sobre su gobierno y soberanía de los poderes de la Unión. Esto fue así por la doctrina que prevaleció en esa época al referirse que tratándose de un Estado Federal existen en él dos ámbitos de competencia: el federal y el local. Las funciones del Gobierno son ejercidas por los órganos creados para ese efecto. En el caso de los poderes locales no existe problema pues se sitúa en el territorio mismo de la entidad; sin embargo, los órganos federales que realizan las funciones gubernamentales no pueden tener su ubicación en el territorio de alguna entidad federativa pues de lo contrario existirían dos grupos de gobierno en un solo lugar. Por esta razón y al existir en nuestro país un sistema federal desde 1824, se discutió que debería existir una demarcación territorial que sirva de asiento a los poderes federales, como se denomina más comúnmente a los órganos que realizan las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. A esta circunscripción se le denominó Distrito Federal y carecía de toda influencia o jerarquía por parte de las entidades federativas, precisamente para que no coexistiera en el ámbito federal y en el local en una sola circunscripción y que los poderes federales se vieran sometidos a ninguna jurisdicción local o interferidos a las tareas y responsabilidades que les confiere a los poderes federales. En la confección de nuestras leyes fundamentales de 1824, 1857 y 1917, uno de los debates que tuvieron más controversia fue la de discutir el lugar de residencia de los poderes federales. La existencia sobre los derechos políticos de los habitantes de la ciudad y el régimen de coexistencia entre los poderes federales y los poderes del Estado se estableció para el Gobierno del Distrito Federal un régimen municipal que contaba con un ayuntamiento de elección popular directo, pero en 1928 bajo la iniciativa de reforma presentada por el presidente de la república Álvaro Obregón, los legisladores integrantes del constituyente permanente llegaron a la conclusión de que el régimen municipal que se había adoptado para la ciudad de México no era funcional en virtud de que las principales acciones y programas para la ciudad eran decididas y ejecutadas por las autoridades federales y no por las municipales. Además, de que debería asegurarse una tranquilidad para los poderes de la unión a fin de que no hubiera la posibilidad de que interfirieran las decisiones de las autoridades municipales con altas responsabilidades que tienen encomendadas tales poderes. Por lo anterior, el constituyente permanente decidió que el gobierno para el Distrito Federal debería de funcionar de diferente manera, a los gobiernos de los estados de la república. Es así, como el gobierno del Distrito Federal quedó integrado por autoridades a las que se les encomendó el cumplimiento de las funciones legislativas, administrativas y judiciales, que son los actos inherentes a todo gobierno. Destacamos que para el distrito Federal no se crearon poderes locales encargados de las funciones antes señaladas, sino que fue el propio gobierno federal quien se hizo cargo de manera directa o delegada de dichas funciones. En el caso de la función legislativa quedó a cargo del H. Congreso de la Unión, por lo que éste adquirió una doble naturaleza, en la medida que estaba investido de facultades para expedir leyes para toda la república, al mismo tiempo, tenía la facultad para expedir leyes para el Distrito Federal, lo que significa que además en el Congreso de la Unión fue el congreso Local del Distrito Federal. Sin embargo, lo anterior, como bien lo sabemos, es en forma parcial, ya que el Distrito Federal sigue dependiendo del Congreso de la Unión, toda vez que éste tiene la facultad de legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea. En este orden, podemos afirmar que la Asamblea Legislativo se rige bajo el principio de que las materias no estén expresamente concedidas por la Constitución Federal a la Asamblea Legislativa, se entienden reservadas a la federación. En este caso, al Congreso de la Unión, jurídicamente el Congreso de la Unión pudo expedir el Estatuto de Gobierno por consecuencia puede reformar el mismo. Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Honorable congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto, por el que se reforma el artículo 18 y se adiciona el artículo 140 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Artículo Único. Se reforma el artículo 18 y se adiciona un artículo 140 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar en los siguientes términos. Artículo 18. Son obligaciones de los habitantes, cumplir con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los de éste estatuto, así como de las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables. Contribuir a los gastos públicos de la federación y del Distrito Federal, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, utilizar las vías y espacios públicos conforme a su naturaleza y destino y ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos, ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes. Conforme a las disposiciones legales que en materia expida la Asamblea Legislativa, las cuales deberán ceñirse estrictamente al respeto de las garantías individuales de reunión, asociación, manifestación y libre tránsito. Artículo 140. La explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal serán regulados por los ordenamientos que expida la Asamblea Legislativa. En todos aquellos ordenamientos cuyo objeto sea regular la utilización de vías y espacios públicos, con relación a movilizaciones, marchas, concentraciones y plantones. Las disposiciones legales quedarán restringidas a imponer sólo aquellas limitaciones establecidas en los propios preceptos constitucionales. Hago entrega a la Secretaría de la presente iniciativa. Es cuanto. «Cámara de Diputados, LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Presente. Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión del Distrito Federal, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley EXPOSICION DE MOTIVOS En el contexto contemporáneo los grupos organizados han hecho de las movilizaciones, marchas y plantones, su forma de manifestación y de hacer política, utilizándolas como un medio que persigue y en muchos casos, logra la satisfacción de sus demandas por las autoridades correspondientes Sin embargo lo que en esencia es el ejercicio de un derecho constitucional, se ha transformado de manera negativa, en una práctica reiterada que como medio de presión y expresión, en la mayoría de los casos se desarrolla en una forma anárquica; lo que pone en riesgo la integridad de los individuos pertenecientes al grupo manifestante y a terceros, a quienes además se les afecta de manera continua en su desplazamiento normal por la Ciudad de México, hacía sus actividades laborales, escolares u otras; también afecta a los servicios de emergencia e impacta en forma directa la medio ambiente, al constituirse precursora de la generación de mayor número de contaminantes como: ozono, partículas suspendidas, monóxido de carbono y basura, entre otros. Por ello, no es grato que grupos de individuos con el pretexto del goce de las garantías individuales de manifestación de ideas, derecho de asociación y libre tránsito, consagrados en los artículos 6o., 9o. y 11 constitucionales respectivamente, sitúen a los habitantes de esta ciudad como rehenes de minorías, que con derecho o sin él atropellan y transgreden a terceros, abusando de estos derechos individuales. Consecuentemente surge el debate en la propia Ciudad de México sobre la necesidad de regular las movilizaciones, marchas y plantones, efectuándose para tal efecto un sin fin de encuestas, tanto por los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación masiva. Los que suscribimos, planteamos la necesidad imperiosa de regular tales movimientos sociales. Toda vez que al recordar que uno de los principios referentes al Estado es la no concepción del mismo como "un ente misterioso que existe en sí, por sí, con una finalidad propia y dotada con el poder de dictar e imponer el derecho". Sino es un fenómeno social consistente en la participación conjunta por medio de la representación política, tanto de mayorías como de las minorías (sistema democrático), que dicta e impone el ordenamiento jurídico que regirá la conducta de todos los hombres que como grupo viven en una comunidad política sobre un territorio determinado; en otras palabras, regirá en condiciones de justicia tanto a las mayorías y como a las minorías. Bajo esta premisa es preciso contar con una ley que regule y dé equilibrio a los derechos de los manifestantes y de la sociedad que como tercero se ubica aleatoriamente en situaciones determinadas por un grupo que los afecta sobre la independencia de su voluntad. En principio y como justificación a la afirmación del párrafo anterior, consistente en proponer una ley reguladora y no una reforma al texto constitucional, dado que si bien es cierto que nuestra ley fundamental prevé tal goce a ese derecho humano, como el derecho de manifestación de las ideas, el derecho de asociarse o reunirse previstos en los artículos 6o. y 9o. constitucionales; también lo es, que este disfrute no es liso y llano, sino que el propio poder constituyente limitó su ejercicio respecto al primero, a no atacar la moral; los derechos de tercero; provocar algún delito perturbar el orden público. Con referencia al segundo (artículo 9o. constitucional), acota esta garantía individual a que su goce debe ser pacíficamente con cualquier objeto lícito; en el caso que la Asamblea o reunión tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto de una autoridad la limita a que no se proliferen injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que desee y, desde luego, que no se trate de reunión armada. En este orden de ideas consideramos que es legal y legítimo regular las movilizaciones, marchas y plantones, siempre y cuando se garantice el ejercicio de los derechos consagrados en el texto constitucional; y las restricciones en ningún momento y bajo ninguna circunstancia o razón, serán mayores a las limitaciones expresamente señaladas en la constitución. Por tanto, no existe necesidad alguna de reformar y/o adicionar los artículos 6o. y 9o. constitucionales, o algún otro de ellos, para poder reglamentar el desarrollo de las movilizaciones marchas y plantones. Del anterior planteamiento surge la inquietud de saber qué órgano es competente para emitir la ley que norme las movilizaciones, marchas y plantones en la Ciudad de México; con base en principios de supremacía constitucional, la división de poderes y el Estado Federal, técnicamente le corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes reglamentarias de artículos expresos de la propia Constitución. Esto es así, porque debemos atender a la conformación y naturaleza jurídica del Distrito Federal, misma que difiere con la de las entidades federativas, en cuanto que no cuenta con una Constitución propia y depende en ciertos casos del Gobierno Federal, en el caso que nos ocupa del Congreso de la Unión. Es necesario explicar los antecedentes de la conformación del Distrito Federal a efecto de estar en posibilidad de justificar plenamente la presentación de esta iniciativa de reforma y adiciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y su importancia en la regulación del problema planteado de las movilizaciones, marchas y plantones de esta ciudad. Constitucionalmente la Ciudad de México es el Distrito Federal, la capital de la República, el asiento de los poderes del Gobierno Federal, con una naturaleza diferente a las entidades federativas, es decir, fue concebido por el constituyente como una demarcación territorial en la que existía una injerencia directa sobre su Gobierno y soberanía de los poderes de la Unión. Esto fue así por la doctrina que prevaleció en esa época al referirse que tratándose de un Estado Federal, existen en él dos ámbitos de competencia el Federal y el local, las funciones del Gobierno son ejercidas por órganos creados para ese efecto en el caso de los poderes locales, no existe problema, pues se sitúa en el territorio mismo de la entidad; sin embargo, los órganos federales que realizan las funciones gubernamentales no pueden tener su ubicación en el territorio de alguna entidad federativa, pues de lo contrario existiría dos núcleos de Gobierno en un sólo lugar. Por esta razón y al existir en nuestro país un sistema federal desde 1824, se discutió que debería existir una demarcación territorial que sirva de asiento a los poderes federales, como se denomina más comúnmente a los órganos que realizan las funciones legislativas, Ejecutiva y Judicial. Esta circunscripción se le denominó Distrito Federal y carecía de toda influencia o jerarquía por parte de las entidades federativas, precisamente para que no coexistiera en el ámbito federal y en el local en una sola circunscripción y que los poderes federales se vieran sometidos a ninguna jurisdicción local, o interferidos en las altas tareas y responsabilidades que se les confiere a los poderes federales. Todas estas razones dieron origen a la decisión a. que se creará el Distrito Federal, como espacio territorial en el cual tendrían su asiento los poderes de la Unión. Se decidió que el lugar de asiento de los poderes federales debía ser la propia Ciudad de México, por todas sus características e historia. En la confección de nuestras leyes fundamentales de 1824, 1857 y 1917, uno de los debates que tuvieron más controversia fue la de discutir el lugar de residencia de los poderes federales; la existencia sobre los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad y el régimen de coexistencia entre los poderes federales y los poderes del Estado. En este estadio se estableció para el Gobierno del Distrito Federal, un régimen municipal que contaba con un ayuntamiento de elección popular directa. Pero en 1928 bajo la iniciativa de reforma presentada por el Presidente de la República, Álvaro Obregón, los legisladores integrantes del Constituyente Permanente, llegaron a la conclusión de que el régimen municipal que se había adoptado para la Ciudad de México no era funcional, en virtud de que las principales acciones y programas para la ciudad eran decididas y ejecutadas por las autoridades federales y no por las municipales, además de que debería asegurarse una tranquilidad para los poderes de la Unión, a fin de que no hubiera la posibilidad de que interfieran las decisiones de las autoridades municipales con las altas responsabilidades que tienen encomendadas tales poderes. Por lo anterior, el Constituyente Permanente decidió que el gobierno para el Distrito Federal debería funcionar de diferente manera a los gobiernos de los estados de la República. Es así como el gobierno del Distrito Federal quedó integrado por autoridades a las que se les encomendó el cumplimiento de las funciones legislativas, administrativas y judiciales, que son los actos inherentes a todo gobierno. Destacamos que para el Distrito Federal no se crearon poderes locales, encargados de las funciones antes señaladas, sino que fue el propio Gobierno Federal quien se hizo cargo de manera directa o delegada de dichas funciones. En el caso de la función legislativa, quedó a cargo del honorable. Congreso de la Unión, por lo que éste adquirió una doble naturaleza, en la medida de estaba investido de facultades para expedir leyes para toda la República; al mismo tiempo, tenía la facultad para expedir leyes para el Distrito Federal, lo qué significa que además de ser el Congreso de la Unión, fue el Congreso local del Distrito Federal. Sin embargo, lo anterior como bien lo sabemos, es en forma parcial, ya que el Distrito Federal sigue dependiendo del Congreso de la Unión, toda vez que éste tiene la facultad de legislar en lo relativo al Distrito Federal con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea. En ese orden, podemos afirmar que la Asamblea Legislativa se rige bajo el principio de que las materias no esté expresamente concedidas por la Constitución Federal a la Asamblea Legislativa, se entienden reservadas a la Federación, en este caso al Congreso de la Unión. Jurídicamente el Congreso de la Unión pudo expedir el Estatuto de Gobierno, por consecuencia, puede reformar el mismo. Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente: INICIATIVA DE DECRETO Por el que se reforma el articulo 18 y se adiciona un artículo 140 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Artículo único. Se reforma el articulo 18 y se adiciona un artículo 140 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar en los siguientes términos: Artículo 18. Son obligaciones de los habitantes cumplir con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los de este estatuto así como los de las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables; contribuir a los gastos públicos de la Federación y del Distrito Federal, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; utilizar las vías y espacios públicos conforme a su naturaleza y destino; y ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes, conforme a las disposiciones legales que en materia expida la Asamblea Legislativa, las cuales deben ceñirse estrictamente al respecto de las garantías individuales de reunión, asociación, manifestación y libre tránsito. Artículo 140. La explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal serán regulados por los ordenamientos que expida la Asamblea Legislativa. En todos aquellos ordenamientos cuyo objeto sea regular la utilización de vías y espacios públicos con relación a movilizaciones, marchas, concentraciones y/o plantones; las disposiciones legales quedarán restringidas a imponer sólo aquellas limitaciones establecidas en los propios preceptos constitucionales. ARTICULO TRANSITORIO Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo, a 18 de abril de 2002. Partido Verde Ecologista de México. Diputados: Bernardo de Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sáinz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.» -