La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: Con su venia, presidente. El dictamen a discusión que nos ocupa retoma solo una parte de las preocupaciones de Morena sobre un asunto muy delicado para el país. Nuestro Grupo Parlamentario puso a consideración de esta Comisión Permanente la solicitud de renuncia de los directores generales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción en los que incurrieron al adjudicar el contrato para construir la Central de Generación de Ciclo Combinado, Empalme Uno, adjudicando a un consorcio en el que participa OHL. Solicitó que además ambas empresas hicieran públicos todos los contratos firmados con dicha empresa, y que tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación los auditaran, incluyendo el contrato Empalme uno. En las consideraciones del dictamen se argumenta que solo se puede proponer una resolución a partir de las facultades que legalmente tiene conferidas esta Comisión Permanente. Sin embargo, para Morena la Comisión Permanente no está impedida para solicitar la renuncia de algún funcionario que se haya visto involucrado en presuntos actos de corrupción. Sobre todo si son del dominio público y se sustentan en los hechos ventilados en diferentes medios de comunicación frente a los cuales las autoridades corresponsables han sido omisas. Un pronunciamiento como el solicitado se desprende de las atribuciones del control político que tiene el órgano parlamentario, y de la obligación de los representantes populares de velar por el ejercicio honesto de los funcionarios. Los elementos entregados a la comisión dictaminadora, y no tomados en cuenta para reforzar nuestra petición son hechos turbios en los que se han visto envueltos servidores públicos federales y locales en la realización de proyectos de infraestructura a cargo de la empresa OHL que tenemos documentados. Y solo citaremos algunos: El 9 de mayo del 2015, ante la presunción de actos irregulares por la empresa OHL en la operación del viaducto elevado Bicentenario, el gobernador del Estado de México instruyó a la Contraloría estatal a realizar una auditoría en asuntos financieros de construcción y contables, con apoyo de la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y Transparencia Mexicana. El 17 de mayo del 2015 el mismo gobernador informó que derivado del resultado parcial de la investigación que se realiza respecto al título de concesión del Viaducto Bicentenario y a las llamadas telefónicas difundidas en Internet, la contraloría estatal consideró que en el caso del secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas, no se observaron diversos principios de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Por ello y con base en la mencionada ley, la contraloría impuso una multa mínima de 189 mil pesos. Qué bueno, no corresponde a la gravedad del daño y también presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el titular del Poder Ejecutivo estatal. En mayo de 2015, el 27, luego de que se diera a conocer que directivos OHL supuestamente planearon sobornar a magistrados, de acuerdo con los audios filtrados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidió a la secretaría de la empresa de la Función Pública, auditar los contratos vigentes que tiene con esta empresa OHL a efecto de que se corroborara que los procedimientos licitatorios que se dieron en las contrataciones se llevaran a cabo con apego a la legalidad. En la comparecencia del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, realizadas el 18 de noviembre de 2015, éste informó que la dependencia a su cargo tiene abierta una auditoría de nueve obras, que se han llevado a cabo en las presentes administraciones con la empresa OHL, debido a las diferentes denuncias, respecto a las irregularidades que presenta esta empresa. Sin embargo, se desconoce si el contrato central de generación del ciclo combinado Empalme I, está considerado en dichas auditorías. A dos meses de dicha comparecencia no se sabe del compromiso hecho por el secretario Virgilio Andrade, aun cuando en ésta se adelantó que a finales de 2015, o sea el año pasado, estarían listos los resultados y que en caso de encontrar responsabilidades de esta corrupción, los responsables serían removidos. En virtud de lo anterior, la proposición que presentó Morena, está plenamente sustentada, ya que el mismo gobierno del estado de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, han solicitado que se investigue y auditen las concesiones, contratos y proyectos en los que participa OHL, así como las actuaciones de diversos funcionarios, sin que hasta el momento se conozca la conclusión de estas acciones. Por ello, mientras no se presenten los resultados de las auditorías y las investigaciones respectivas, los titulares de las dependencias federales que han otorgado contratos a dicha empresa, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, deben separarse de sus cargos hasta que no se determine la situación de las mismas. Solicitar a los titulares de dichas dependencias cesen de su cargo durante los mencionados procesos, claro que devolvería la confianza de la ciudadanía hacia un gobierno sumido en el descrédito. Para el Congreso de la Unión representaría un acto de autonomía asumir una posición crítica frente a un gobierno que desafortunadamente no acierta a enfrentar con eficacia la corrupción en su seno. Aprovecho para hacer también un extrañamiento de la comisión que sesionó el día de hoy en donde no se presentaron los compañeros, y es parte de nuestro deber estar atentos a esta responsabilidad que la ciudadanía nos dio. Es cuanto.