La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: los derechos humanos y la transparencia constituyen un binomio esencial para entender el funcionamiento de cualquier sistema democrático que tenga entre sus principales preocupaciones la libertad y la dignidad de las personas, así como la responsabilidad en el ejercicio del poder público. El funcionamiento armonioso de estos elementos entrelazados permite explicar el avance de las sociedades y el bienestar de sus habitantes, toda vez que sólo en un régimen de libertades en que los gobernantes rindan cuentas sobre su actuar a los ciudadanos es posible obtener la felicidad y el desarrollo pleno de las capacidades de las personas. Aunque adherido a nuestros numerosos instrumentos internacionales que tienen como propósito proteger las prerrogativas fundamentales de las personas y propiciar el actuar diáfano de quienes desempeñan el poder público, lo cierto es que en nuestro país hasta hace relativamente poco empezó a proyectar en su legislación interna los compromisos adquiridos ante el concierto de las naciones. En este sentido, la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada hace apenas tres años constituye un verdadero avance y también un reto para quienes nos dedicamos al ejercicio legislativo toda vez que tal enmienda significó una ampliación importante del régimen de libertades en nuestro país, pero que debe estar acompañada de leyes secundarias que proyecten adecuadamente lo estipulado por nuestra Carta Magna. El fortalecimiento de nuestro sistema de derechos fundamentales no ha sido un ejercicio estatal vacío y desprovisto de contenido, sino que ha venido acompañado de la construcción de instituciones sólidas y confiables que se han distinguido en la defensa y promoción de tales prerrogativas, tal y como ocurre con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Posicionada como una de las entidades más confiables para el grueso de la población, la CNDH no ha estado exenta del escrutinio público, sino que por el contrario se encuentra sujeta a un diseño legal que permite seguir con detenimiento la manera en que ejerce las facultades que le ha sido asignada por mandato constitucional. Muestra de lo anterior, lo es el proceso para la designación de su presidente y de los integrantes de su consejo, el cual está sujeto bajo el control político que se ejerce desde el Senado de la República, lo que ha garantizado la idoneidad en las designaciones que hasta ahora se han hecho, lo que sin duda ha redundado en el fortalecimiento de nuestro paradigma vigente en materia de transparencia, así tal y como señalábamos con anterioridad, se encadenan de manera definitiva la transparencia y el respeto de los derechos humanos consagrados a favor de los mexicanos. Esto resulta especialmente relevante a la luz del dictamen que ahora nos ocupa, toda vez que en el mismo se contienen nuevas reglas para la elección del presidente y de los integrantes del Consejo de la CNDH, las cuales tienen como finalidad aclarar conceptos, precisar tiempos y otorgar certeza jurídica a quienes aspiren a ocupar tan importantes cargos, pero sobre todo, mostrar ante la opinión pública la manera en que se dan estas designaciones. Conservar la dignidad con que debe ejercerse una responsabilidad tan importante como lo es la de presidir la CNDH o integrar su consejo consultivo, comienza desde la reforma en que se elige a los titulares de tales cargos, y es por ello que para el grupo parlamentario del PRI el presente dictamen resulta trascendente e importante, ya que coadyuva a la consecución de tal objetivo. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que la tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. Es cuanto, señor presidente.