El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente. La estrategia de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, mediante el operativo Rápido y Furioso, que tuvo por objeto central inundar intencionadamente las organizaciones criminales de nuestro país con miles de armas, se tradujo en una serie de resultados verdaderamente catastróficos, exhibió una actitud sistemática por parte de nuestro vecino del norte, que vulnera flagrantemente el principio de libre determinación de los pueblos y concretamente nuestra endeble soberanía. El operativo Rápido y Furioso, como muchos otros, fue completamente ilegítimo, inconstitucional y totalmente contrario a los principios del derecho internacional público y de los derechos humanos. El tráfico ilegal de armas sin los controles legales e institucionales tuvo repercusiones serias en la relación bilateral. Este hecho ha sido fuente de tensiones entre ambos países y ha derivado en un problema con dimensiones políticas importantes, por lo menos al otro lado de nuestra frontera. El operativo en comento puso de manifiesto que, en materia de seguridad, la relación bilateral no ha sido exclusivamente de carácter cooperativo y no se ha ajustado a los estándares de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, establece las mejores prácticas en contra del crimen organizado, ni la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas, firmada por 30 de los 34 países que integran la Organización de los Estados Americanos. En este sentido ha quedado patente cómo se ha desestimado combatir el fenómeno delincuencial y de tráfico ilegal de armas, mediante la adopción de medidas más radicales para atacar la estructura financiera de las organizaciones criminales. Por si no fuera poco lo anterior, también quedó manifiesta la actitud totalmente inexplicable e irresponsable del gobierno mexicano, que no sólo ha adoptado las acciones pertinentes para esclarecer todos los pormenores en torno a este tipo de actos injerencistas y sancionar a todos los responsables, sino que a diferencia de nuestro vecino del norte se ha inclinado por el tortuguismo, la proclividad, a la impunidad y la falta de transparencia, situación aún más inexplicable si tomamos en cuenta que la propia PGR ha enviado a las oficinas de la ATF, a un representante, Carlos Fernando Luque Ordoñez, precisamente en los tiempos en que se dio la operación Rápido y Furioso, así parece increíble que México haya manifestado el desconocimiento de estas acciones y que haya optado por el ostracismo. Finalmente los efectos materiales o concretos de esta estrategia seguida por la agencia norteamericana fueron totalmente catastróficos, lejos de combatir la criminalidad organizada solo consiguieron empoderarla y potenciarla; asimismo el saldo en vidas humanas ha sido de manera muy lamentable, por ello es que en esta instancia se está haciendo énfasis en la reparación del daño de las víctimas. Por todo lo anterior se ha planteado de manera recurrente ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión que se solicite la comparecencia de todo el gabinete de seguridad, que el gobierno nos dé cuentas, investigue hasta sus últimas consecuencias y sancione a los responsables, que se redefina la fallida estrategia de seguridad y q que el gobierno se haga responsable de reparar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de este tipo de operativos siniestros. No obstante la presente administración ha sido totalmente omisa en responder a los múltiples llamados que le hace la sociedad vía puntos de acuerdos, por lo que habría que acompañar tales demandas con el trabajo específico de los legisladores a través de la creación de comisiones especiales o de investigación. Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, compañeras y compañeros.