El diputado Santiago González Soto: Con la venia de la presidencia. Buenas tardes. Acudo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar al favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación y Población, por el que se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estos artículos forman parte del Libro Octavo, cuya denominación es De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno, y forman parte del Título Primero, cuyo encabezado es De las Faltas Electorales y su Sanción. Es necesario destacar que por muchos años la sociedad mexicana demandó a las autoridades gubernamentales la realización de procesos electorales limpios, imparciales y sujetos a lo que la norma electoral establecía. No olvidamos las fraudulentas elecciones del año 88 ni tampoco las de 2006. En el periodo del presidencialismo, presidencialismo autoritario que comprende de 1929 al año de 1994, las elecciones en México fueron elecciones de Estado, esto es, donde no había imparcialidad de las autoridades de los tres órganos de gobierno, ya que se volcaba todo el apoyo en favor de todos los candidatos del entonces conocido partido oficial, de tal forma, que los candidatos de los partidos de oposición participábamos en clara desventaja respecto de los otros candidatos. Con la alternancia del año 2000 las cosas mejoraron, pero no hubo solución de raíz en virtud de que si bien es cierto el partido mayoritario perdió capacidad de operación desde el gobierno federal, la mantuvo en muchos gobiernos de los estados y de los ayuntamientos y también porque aparecieron nuevos actores que incurrieron con las mismas prácticas después de ese año de la transición. A partir de la gran revolución cívica llevada el pasado primero de julio del año 2018, donde desde el gobierno federal se ha asumido el pleno compromiso de mantenerse en una clara neutralidad política a efecto de que quien resulte ganador en una contienda electoral lo sea porque convenció al pueblo con su propuesta política, y no porque se hayan volcado los recursos del Estado en favor de dicho candidato. No obstante que como se menciona en el cuerpo del dictamen, desde la legislación electoral de 1946 hasta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de mayo de 2014, se han previsto sanciones administrativas en contra de quienes violen la ley reglamentaria, lo que es que estas no se aplican. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé en el artículo 456, la adición de un inciso j), que se refiere a la incursión de los servidores públicos como sujetos de sanción administrativa aplicada por el Instituto Nacional Electoral. Es pertinente mencionar que los sujetos de responsabilidad a las sanciones administrativas son, en primer lugar, los partidos, las agrupaciones políticas, los aspirantes, los precandidatos, candidatos independientes y los notarios públicos, entre otros que se establecen en el artículo 442 de esta ley. Pero no se incluían a los servidores públicos. El mérito de este artículo 456 de la adición del inciso j), es la inclusión expresa de los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, de cualquiera de los niveles políticos, e inclusive de los órganos autónomos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en el que se hayan ahora hasta multas de 5 mil unidades de medidas de actualización, en el supuesto de que se utilicen recursos públicos para la presión o coacción a los electores para inducir el sentido del voto, con multa de entre 5 mil a 10 mil unidades de medida y actualización, y en el supuesto de reincidencia con multa de hasta el doble de la originalmente impuesta. En el artículo 57 se establece que sin menos cabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral, se dará vista al superior jerárquico y en su caso se presentará la queja ante la autoridad competente. ¿Quién en estos momentos es el superior jerárquico de un alcalde o de un gobernador? Es como sociedad que en este momento el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo proponemos que efectivamente todos los votos sean libremente emitidos y que cuenten y se cuenten bien. Sin lugar a dudas contribuiremos a perfeccionar nuestro sistema democrático. Por estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.