El diputado Jacobo Sánchez López: Con su venia señor presidente. El suscrito diputado Jacobo Sánchez López integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional someto a consideración de esta H. Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se fundamenta por las siguientes Consideraciones El texto original del Artículo 133 tiene su antecedente en el Artículo 126 de la Constitución de 1857, la que en su texto disponía esta Constitución: "Las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el presidente de la república como la aprobación del Congreso serán la ley suprema de toda la Unión, los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puede haber en las constituciones o leyes de los estados". Este mismo texto quedó firme en la Constitución de 1917 en el Artículo 132 y en el texto final de la Constitución mexicana de esa fecha quedó incorporado como Artículo 133, en estos términos permaneció el artículo hasta el año de 1934. En virtud de que este artículo es más al texto que a su contenido, el cual no especifica que los tratados internacionales junto con la Constitución y las leyes expedidas por el Congreso, serán la ley suprema de la Unión, siempre que estén de acuerdo con la misma, por esto, el Legislador en su espíritu del articulado creyó conveniente hacer esta salvedad, pues en caso de conflicto entre las disposiciones contenidas en un tratado internacional y las de la propia Constitución sería difícil, teniendo a la vista los textos constitucionales únicamente decidir cuál de las dos disposiciones debe prevalecer, por esto, de una manera clara, establecemos en este artículo la supremacía de la Constitución. En esta última reforma se consideraron tres cambios básicos al texto del Artículo 133, se sustituyó la terminología, hechos y que se hicieren, utilizada en el texto original del Artículo 133 para referirse a los tratados internacionales por los vocables celebrados y que se celebren, se adicionó el mandato que estén de acuerdo con la misma, refiriéndose a los tratados celebrados y que se celebren por el presidente de la república. Por último, se sustituyó al Congreso de la Unión por el Senado, en la importante responsabilidad de aprobar los tratados, no hay duda de que en estos casos se utilizó una mejor forma de expresión y en ese sentido se mejoró el artículo. En este último punto consideramos se incurrió en un error, pues si bien es cierto que por mandato del Artículo 76 fracción I de la Constitución, correspondía a la Cámara de Senadores aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el presidente de la república con las potencias extranjeras, también es cierto que los tratados a que se refiere el Artículo 133 de la Constitución, son una clase especial de normas jurídicas que por mandato constitucional se incorporan a la legislación nacional con la jerarquía de ley suprema de toda la Unión, y esta categoría jurídica sólo podía reconocerla la Constitución a los tratados internacionales que fueran aprobados por el Congreso de la Unión y no únicamente por el Senado. Constitucionalmente hablando el Artículo 133 es un absurdo y queda modificado por múltiples artículos más de nuestra Constitución, la única parte salvable es la exclusiva referencia de que nuestra Constitución, es la ley suprema de toda la Unión, pero en su conjunto está mal adaptado a nuestra historia constitucional, minimiza al Poder Constituyente al equipararlo en fuerza al Legislador ordinario, equipara confusamente al tratado con la ley y con la Constitución, ahí introduce el control difuso de la Constitución a través de los jueces de los estados. Sigo diciendo que el Artículo 133 también le otorgaba a las leyes emanadas de nuestro texto fundamental y a los tratados de carácter de ley suprema de toda la Unión, equiparándolos en este mismo texto básico, la confusión viene porque le otorgaba a las leyes federales una jerarquía mayor que a las leyes de los estados. La preeminencia en los Estados Unidos del derecho federal sobre el local es incuestionable, en México no sucede así, pues es la Constitución la que crea y delimita la jurisdicción federal y la local, sin que sea posible que una pueda tener preeminencia sobre la otra. Dentro del orden jurídico mexicano no existe un principio de mayor importancia como lo es la supremacía constitucional y es su mínima expresión, significa que la Constitución es la única ley suprema y que todas las demás leyes le están subordinadas. Esta idea es importantísima, pues se trata de depositar la soberanía en la Constitución. Si aceptamos que las leyes que emanan de la Constitución y los tratados son, junto con la Constitución, la ley suprema de toda la Unión, tal y como lo prescribe nuestro artículo 133, le estaremos otorgando a las leyes emanadas y a los tratados, el mismo rango jerárquico que al texto fundamental. Esto significa que no solamente la Constitución sería la depositaria de la soberanía, sino que también lo serían las leyes que emanen de ella y los tratados y esto por supuesto que no es posible, pues la soberanía solamente está depositada en la Constitución y en ninguna otra norma más. Otorgarle supremacía a las leyes emanadas de la Constitución, como lo hace el artículo 133, implica un doble problema: Primero, tal supremacía en realidad no existe y no podrá existir y, Segundo, esa supremacía reduciría el total valor de la Constitución. Si las leyes son igual de supremas que la Constitución, entonces cuál sería el documento rector del orden jurídico nacional. En el Sistema Jurídico Mexicano la supremacía de las leyes emanadas de la Constitución simplemente no se da y si se diere, cómo es que existe entonces el amparo contra las leyes, porque en algunos casos las leyes son inconstitucionales, porque al apartarse de la Constitución ya no emanan de ella. En este caso podríamos afirmar que sólo para el quejoso que recibió el amparo y protección de la justicia federal, la ley resulta inconstitucional. Recordemos que el legislador ordinario, el Congreso de la Unión, es un poder constituido y que en cambio, el Poder Constituyente es el fundador de la Constitución y el creador de los Poderes Constituidos. Si la soberanía residiera en el Poder Legislativo no tendría ningún sentido la existencia del juicio de amparo contra leyes, pues las leyes, siendo de igual rango que la Constitución, nunca podrían ser inconstitucionales al gozar ambas normas de la misma calidad de expresión soberana y por supuesto esto no es así. La totalidad de instituciones y de procedimientos que existen en nuestro país para revisar y controlar la constitucionalidad de las leyes, es precisamente porque se trata de proteger la supremacía constitucional contra cualquier ley que la contravenga y esto es así porque nuestro sistema no acepta la soberanía del Poder Legislativo Federal y local, pues la soberanía solamente está radicada en el pueblo y depositada en la Constitución. Por las consideraciones anteriormente expuestas me permito presentar a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Primero. Se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 133: "Esta Constitución es la única ley suprema de la República Federal Mexicana. Las leyes federales, las leyes de los estados, las leyes para la jurisdicción del Distrito Federal, los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República con la aprobación del Senado y los reglamentos de toda clase, están subordinados a la Constitución, debiendo acatarla en todos sus términos. "Entre las distintas leyes no habrá superioridad entre ellas ni por motivo de jurisdicción, pues al ser expresión las leyes de la voluntad general, gozan del mismo rango jerárquico, ajustándose a las competencias que esta Constitución establezca para cada una de las distintas jurisdicciones. "Las disposiciones de esta Constitución constituyen reales normas jurídicas con operatividad y eficacia plena, vinculando a las instituciones públicas y a los ciudadanos con ella misma". Le solicito se complemente la presente iniciativa, publicándola en el diario de los Debates, señor Presidente y de esa manera es como presentamos esta iniciativa aquí en el seno de este Congreso de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.