La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Hace un siglo las comunidades indígenas mayoritarias en el país y golpeadas por la pérdida de sus tierras comunales, la pobreza, la explotación y la opresión bajo la que vivían fueron una de las fuerzas sociales claves para precipitar la Revolución agraria mexicana de 1910. La Constitución de 1917 inició un proceso de reforma agraria que con el tiempo benefició a cerca de tres millones de campesinos mayoritariamente indígenas, agrupados bajo distintas formas de tenencia de la tierra en comunidades agrarias, ejidos y pequeñas propiedades. Sin embargo la reforma agraria pronto perdió su fuerza, por lo que aumentó nuevamente el número de agricultores sin tierra y jornaleros migratorios, situación agravada por la presión demográfica sobre recursos naturales limitados. Durante el siglo XX el Estado mexicano basó su política indigenista en la educación, la reforma agraria y la infraestructura en carreteras y comunicaciones, con el objeto de integrar a los indios a la nación. Las comunidades indígenas que no sucumbieron por completo a ese histórico proceso de aculturación, mantienen su identidad cultural como pueblos indígenas conscientes de serlo. La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas se inscribe en el contexto indicado. Si bien ha habido algunos avances en esta materia, también hay serios rezagos que no han sido atendidos con suficiente voluntad política. El debate nacional en torno a esta problemática adquirió particular relevancia con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, en protesta por 500 años de olvido. El posterior diálogo que condujo a la firma de Acuerdos de San Andrés sobre identidad y cultura indígena entre el gobierno y el EZLN y la reforma constitucional de 2001 que han sido fuertemente impugnadas. El artículo 2 constitucional establece que la nación mexicana es única, indivisible y pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena son aquéllas que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sistemas normativos internos. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejerce en un marco constitucional de autonomía que asegura la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas poco a poco se ha ido incorporando a las legislaciones especiales en la materia en las entidades federativas que establecen las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad. En suma, los pueblos indígenas constituyen asimismo frecuentemente una minoría en el país. Para que los pueblos indígenas puedan conservar su cultura y su modo de vida es fundamental que puedan conservar su vínculo a sus tierras tradicionales. De ahí la importancia de la cita a la relatora especial de la ONU. A más de 13 años de la reforma constitucional mencionada de 2001 en materia indígena y luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y con el objetivo de verificar el cumplimiento del informe y recomendaciones del doctor Stavenhagen, reviste de suma importancia una visita de la señora Victoria Lucía Tauli-Corpus, para que en su calidad de relatora evalúe el grado de implementación de las reformas y armonización del derecho internacional, así como los avances y retos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas en México. Sin lugar a dudas las recomendaciones que emanen de su informe serán un referente para el gobierno mexicano al momento de definir políticas públicas dirigidas a los miembros de comunidades y pueblos indígenas de nuestro país. La importancia de la visita de la relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, es que se trata de un organismo especializado profesionalmente, imparcial, y sus informes representan una radiografía actual de la situación de los pueblos indígenas en México ante el mundo. Todas y todos tenemos conocimiento de que a los pueblos indígenas se les violan con mucha facilidad sus derechos fundamentales y derechos humanos como colectividad y de forma individual. Ahí tenemos el caso reciente que ha impactado en el escenario político nacional y mundial, la ejecución extrajudicial y desaparición de otros 43 estudiantes pobres, marginados, y muchos o la mayoría de ellos con una condición de indígenas, caso del cual se quiere dar carpetazo jurídico e incluso el olvido a secas. Con una barbarie así no podemos ser indolentes, por lo que considero que esta soberanía debe pronunciarse para abrir otra línea de investigación sobre la participación del Ejército y la gendarmería nacional. Las mujeres indígenas han sido el símbolo de la exclusión y la marginación, incluso de actos racistas y discriminatorios en los hospitales públicos y privados, por su condición de pobres e indígenas, pagando incluso con la vida por la desatención y la negación, por la necesidad de acceder a un servicio básico de ser atendidas en un simple parto o mujeres detenidas en los lugares turísticos por vender sus artesanías para darle sustento a su familia. Pero lo más cruel y triste es la situación de las mujeres migrantes mixtecas, triquis, zapotecas, tlapanecas, entre otras que se ven obligadas a migrar al norte del país para no morir de hambre en sus comunidades. A quién no le duelen las palabras de Hermelinda García Valeriano cuando dice: Aunque estoy embarazada, sí estoy trabajando. ¿Con qué voy a mantener a mis hijos? Tengo muchos niños; corto chile, tomate, cualquiera, pero sale poco, y sí me duele toda la barriga. Me voy a aliviar con partera. Nunca ha ido al doctor Éstos son algunos de los testimonios dolorosos que a diario padecen mujeres indígenas y que sería por demás importante resaltar para que la Relatora Especial de la ONU conozca, viva y nos dé las recomendaciones correspondientes, como Estado, para coadyuvar y armonizar nuestras leyes nacionales a los avances internacionales y así erigir planes que en serio se aboquen a restablecer esta condición que hemos documentado en varias zonas de este país. Es cuanto, presidente. El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.