La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, México se ha distinguido por ser una nación plural e incluyente, decidida siempre a modernizarse cuando lo requiere, y es por ello que debe considerarse la prohibición expresa y establecida en nuestra Constitución, para que los extranjeros puedan adquirir el dominio sobre tierras en el área tradicionalmente conocida como zonas prohibidas, y que se extiende en una franja de 100 kilómetros de las fronteras y de 50 en el caso de playas. La disposición en comento tiene su antecedente más remoto en nuestro marco legal en la Leyes del día 11 de marzo de 1842, y la del 1 de febrero de 1856, que corresponden a su contexto histórico y estaban en ese entonces plenamente justificadas a consecuencia de varias y desafortunadas experiencias históricas en tiempos cuando las embarcaciones y los combates mano a mano constituían un peligro legal, al tratarse de las inversiones de los convulsos tiempos de imperialismo europeo. En el mismo sentido, existe un amplio catálogo de razones políticas y técnicas esgrimidas a lo largo y ancho del mundo para justificar restricciones y regulaciones de las propiedades de los extranjeros, las más comunes en la seguridad nacional; para prevenir la dominancia económica foránea y para prevenir o restringir la especulación de la tierra, basada en beneficio de los intereses nacionales. No obstante, haciendo un examen más profundo, encontramos que las restricciones legales sobre la propiedad y el uso de la tierra de los extranjeros ha sido históricamente establecida para lograr ciertos objetivos de la política pública, relacionadas con las necesidades de cada estado. Las implicaciones de la propiedad en manos extranjeras embocan casi instantáneamente sentimientos tanto nacionales como proteccionistas. Y como cualquier percepción pública, juegan un papel importante en determinar la imposición y extensión de dichas limitaciones al derecho de la propiedad. Las crisis económicas y la percepción de la violencia ha hecho que el otorgamiento de fideicomisos en zonas restringidas hayan decidido dramáticamente en los últimos sexenios, según datos de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cúspide de los fideicomisos en el área restringida, se alcanzó en el 2007 con 7 mil fideicomisos, exactamente, cifra que descendió hasta 2 mil 580 en el 2011, que es un último año reportado y que lo coloca en los niveles inferiores al año 2003. Es tiempo de reconocer que las apreciaciones vigentes sobre la propiedad, sin fines comerciales en litorales, se han vuelto anacrónicas y han sido de pérdida para la fuerza de nuestro país, por lo que es necesario replantear los términos del artículo 27 constitucional para condicionarlo a nuestra realidad actual, pues ahora la sociedad se constituye de individuos con características cada vez más diversas, las cuales no deben ser motivo para limitar el pleno acceso a los derechos que le correspondían al unirse voluntades en nuestra comunidad. Crear un marco normativo que debe ser proactivo en constante adaptación para abordar con oportunidad y eficacia las demandas del país, es necesario con finalidad, en primer lugar, de detonar el potencial turístico y de inversión que tiene nuestro país de otorgar las garantías de certeza jurídica a quien adquiera una propiedad dentro de nuestra frontera, sin simulaciones ni subterfugios legales, superando cuestiones discriminatorias decimonónicas que no encuentran el sostén ni en los derechos ni en los hechos ni en la razón, y que fortalecerá el cumplimiento de las obligaciones que tienen los propietarios respecto a las localidades donde se encuentran los predios. Se trata pues de un asunto de bienestar, de mejorar la calidad de vida de los mexicanos, residentes y turistas. De mejorar el contexto económico, contemporáneo y de impulsar el desarrollo de las distintas localidades y regiones a través del turismo internacional. Es cuanto, muchas gracias.