La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados. La violencia que ahoga a nuestro país es parte de un triunvirato que corona diaria y miserablemente nuestras vidas, primero, por la violencia objetiva de criminales que se han enseñoreado de bastas zonas del país, imponiendo su ley de fuego y asedio a la población. Segundo. La violencia de instituciones y autoridades sistemáticamente omisas en la procuración e impartición de justicia a las víctimas y que han renunciado prácticamente a perseguir a los delincuentes. Tercero. La violencia simbólica de un lenguaje de poder que impone a todos un sentido de privación de derechos y libertades, ya que bajo el señuelo de una de una guerra de exterminio –que no osa decir su nombre– se condena a las y los jóvenes a una guerra –los jóvenes pobres-, a la calidad de daños colaterales. Es decir, víctimas sacrificables, efectos destructivos no considerados en la estrategia que han de perecer, para que la droga no llegue a los sectores, a los hogares de los otros –no pobres- que a juicio de este Poder sí merecen la protección y el derecho a la seguridad. Son ya incontables los muertos. El barómetro de la Universidad de Heidelberg en Alemania en 2010 calificó a México como el país más violento incluso que Somalia, que Irak, que Afganistán y otros países. La violencia ha escalado en víctimas y zonas afectadas. En 2006 se registraban 2120 víctimas del llamado crimen organizado y la violencia imperaba en 46 municipios. Para 2011 el número de muertos en diciembre llegaba a 51 mil y se había extendido hasta a 277 municipios del país. Las cifras oficiales son inciertas no sólo por la rapidez con la que se agregan día a día los fallecidos y las desapariciones, sino porque se han vuelto objeto de manipulación política. Se han multiplicado las categorías de los registros y las tipificaciones a modo. Hoy tenemos homicidios calificados de ejecuciones; asesinatos tipificados como homicidios por presunta rivalidad delincuencial; agresiones por enfrentamiento; agresiones directas a las Fuerzas Armadas que no existen en los códigos penales y que parten de un supuesto perverso a la luz de los derechos a la justicia y al proceso debido, porque se trata de no investigar los casos, no abrir expedientes y agregar a las víctimas, a las decenas de miles de muertos de esta estrategia fallida. Pero hay otra serie de víctimas: las hijas, los hijos, de huérfanos, tanto de los que fueron responsables como de los que no se sabe si son o no son responsables de estos delitos. Están los que han sido desplazados de sus lugares de vivienda, los que han perdido familiares, están los que han sido despojados de tierras, de bienes, de propiedades. El panorama es pues, desolador porque esta guerra ha desnudado las falencias del sistema de seguridad y de justicia en todos los niveles, se ha exhibido la ruptura del cemento social que aglutinó en algún momento de nuestra historia al hombre opulento con el trabajador pobre, como miembros ambos de la misma nación. También, porque a través de estas decenas de miles de muertos, muchos de ellos probablemente inocentes, hemos observado el precario valor de nuestros derechos como ciudadanos, porque a través de los jóvenes asesinados o reclutados por bandas criminales, hemos visto quebrantada la esperanza de llegar a ser una nación próspera y poderosa. Éste es un holocausto, éste es nuestro holocausto y está desnudando lo que somos en materia de justicia, en materia de derechos, en materia de ciudadanía. Por eso tenemos que aprender de este holocausto. Éste es el Fobaproa de este gobierno, ésta es la deuda social que va a heredar quien venga a gobernar. Por eso estamos planteando esta iniciativa en donde todas las víctimas directas e indirectas, tienen que ser objeto de la responsabilidad del Estado ante los derechos violados y ante los bienes perdidos y ante la esperanza quebrantada de muchas niñas, niños y jóvenes. En ese sentido la ley establece las víctimas indirectas y directas a aquellas personas que individual o colectivamente a partir del primero de enero del 2007, han sufrido menoscabo en sus derechos o tienen lesiones transitorias o permanentes. Están también los derechos de las víctimas que engloban aspectos judiciales de acceso a la justicia, de atención psicológica y médica, de asistencia social, de reparación del daño, de reinserción social, de protección y salvaguarda, de su protección y de su integridad. Está también la disposición para establecer un conjunto de medidas, programas y recursos de orden económico, médico y social, a cargo del Estado para establecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas. También se especifican las obligaciones de las dependencias federales involucradas en la atención, protección de las víctimas y se establece también un registro nacional de víctimas en donde se incluya no sólo la información de conformidad con las averiguaciones previas que se hayan iniciado, sino también toda la información proporcionada por otras dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, de Salud, etcétera. Éste es un instrumento que nos permitirá sanar nuestra heridas, reconocernos en esas fallas y darle a México, a partir del 1 de diciembre de este 2012, un horizonte en donde todos seamos parte de ese México y abracemos a las víctimas para poder seguir adelante y no tener esa llaga en nuestro país. Es cuanto, gracias.