La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros. Morena votará en contra del dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior porque legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden civil, carece de sustento constitucional, militariza el país y otorga autonomía de los poderes civiles a las Fuerzas Armadas en sus funciones en materia de seguridad pública. No podemos ignorar que el artículo 21 constitucional establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que también la Constitución establece en el artículo 129 que el ejercicio, disposición expresa sobre el ejercicio de la autoridad militar en tiempos de paz, y que a la letra dice: ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones de las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Tampoco podemos soslayar las observaciones presentadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la propia Comisión Nacional, que han expuesto que esta ley también es contraria a instrumentos y observaciones de organismos internacionales. Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de seguridad interior son cuestiones del ámbito de la seguridad pública, cuya función se encuentra a cargo de la federación, de las entidades federativas y los municipios. La ley que se propone no conceptualiza la intervención de las Fuerzas Armadas como una medida excepcional de carácter emergente y temporal, por el contrario, estamos legislando para permitir su permanencia. Esta ley perpetuaría el Estado de excepción, en el que nos encontramos desde hace más de 10 años. También la Ley de Seguridad Interior es inconvencional, contraria a instrumentos y observaciones de organismos, como: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en diciembre de 2009 así lo establece. Tan es así que el artículo 16 de esta ley, que establece que en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el presidente de la República, bajo su estricta responsabilidad podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la administración pública, incluidas las Fuerzas Armadas. Una legislación que dote de atribuciones a las Fuerzas Armadas para realizar funciones de investigación y persecución de delitos son contrarias a la Constitución. Aprobar esta ley va a derivar en el debilitamiento del sistema de justicia penal, tanto por las garantías del debido proceso como en el supuesto de la presunción de inocencia. Es decir, obviando cualquier trámite, se otorgan facultades discrecionales al presidente para ordenar acciones que impliquen el uso de las Fuerzas Armadas sin que haya existido declaratoria de protección. Recordemos que Peña Nieto es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, es responsable directo de las acciones que realiza el Ejército. Pero sobre todo votaremos en contra porque significa la repetición de los mismos errores de una guerra iniciada por Calderón y el PAN. Se normaliza la excepción, se mantiene al Ejército en las calles realizando funciones distintas a su naturaleza y se muestra la incapacidad para fortalecer y profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal y federal. A 11 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico, ni ha disminuido la criminalidad ni el tráfico de drogas, por el contrario, la delincuencia se ha diversificado, ha ganado control territorial, ha hecho base social, ha infiltrado corporaciones civiles y militares. El saldo es el terror. Hay que decirlo claro, la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales no ha logrado su propósito de acabar con la delincuencia organizada ni ha generado mayor seguridad. Lo que tenemos que cambiar es que, pese al esfuerzo que se ha hecho, seguimos teniendo muy pocas averiguaciones previas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la producción y el comercio de drogas. El saldo de muertes y violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas ordenadas directamente por Peña Nieto nos obliga a revisar su papel y a buscar su regreso a los cuarteles. La mejor forma de cuidar a nuestras Fuerzas Armadas es retirándolas paulatinamente de las funciones de seguridad pública, ello evitará su infiltración por parte de las bandas criminales. Para abatir el clima de inseguridad se requiere un viraje en las políticas públicas que pongan acento en la seguridad humana a cargo de autoridades civiles. Para Morena es necesario dejar en claro que México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia. El Estado mexicano debe priorizar eminentemente el carácter civil, un trabajo profundo y sistemático para robustecer las fuerzas de seguridad pública en los estados y municipios el reto es inmenso. Para acabar con la hidra de Lerna, Hércules requirió de la ayuda y del ingenio de Iolaus. No fue la fuerza sino la inteligencia la que logró derogar a este monstruo de mil cabezas. Eso hará Morena a partir de julio de 2018, vamos a serenar al país. Pueblo de México, ya falta poco.