La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados: el día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decretado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas para honrar a las hermanas Miraval, activistas de la República Dominicana, asesinadas por orden del gobernante Rafael Trujillo, pero sobre todo para recordar que la conmemoración de este día nos invita a reflexionar sobre los avances y retos a los que nos enfrentamos todavía en la lucha para erradicar este fenómeno social que se manifiesta de muy diferentes maneras incluidas el abuso sexual, físico o emocional de la pareja por familiares u otras personas; el acoso y el abuso sexual por figuras de autoridad como profesores, funcionarios o empleadores, el tráfico para trabajos forzados o la explotación sexual. Las prácticas tradicionales tales como los matrimonios forzados o infantiles, la violencia relacionada con la dote, los homicidios por honor o la violación como arma de guerra. Lamentablemente las proporciones de este fenómeno social son todavía inmensas. Para Acción Nacional la violencia contra las mujeres es inaceptable ya que constituye la violación de los derechos humanos más generalizada de las que conocemos hoy pues no reconoce barreras geográficas, sociales o económicas. Al menos una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sido golpeada, coaccionada sexualmente o ha sufrido otro tipo de abuso en su vida. Cada año unas 5 mil mujeres en el mundo son asesinadas por miembros de su familia en defensa de su honor. En México, de acuerdo con cifras de la Organización de Estados Americanos (OEA) ocurren mil 205 asesinatos de mujeres al año, de los cuales el 60 por ciento ocurren en la vía pública y el 40 por ciento en el hogar. Según el Instituto Nacional de las Mujeres más del 67 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han padecido alguna vez violencia en el hogar por parte de sus parejas o familiares, o en la comunidad, el trabajo o en la escuela. De las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquilas el 45.4 por ciento han sido víctimas de violencia familiar. Lamentablemente la violencia no afecta sólo a las mujeres que la padecen. En el ámbito social la gravedad de las consecuencias de este problema social son de igual magnitud ya que rompe comunidades, obstaculiza la productividad, reduce el capital humano y mina el crecimiento económico de nuestro país. En los últimos tiempos se ha logrado un avance fundamental en la concienciación de la magnitud de este problema; sin embargo, y a pesar de este progreso, el mundo de hoy no es más seguro para las mujeres que el de hace dos décadas. Hay una violencia creciente en las sociedades en general y un continuo alejamiento entre los compromisos políticos y los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Las intervenciones contra la violencia no serán eficaces hasta que el nivel de los recursos se equipare al de la magnitud de este problema. Es por eso que urgimos al gobierno federal a diseñar una política de Estado que defina una clara coordinación con los tres niveles de gobierno y determine acciones claras y contundentes dirigidas a prevenir, a atender, a sancionar y a erradicar la violencia de género. Urgimos, particularmente, a la Secretaría de Gobernación a que emita el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con lo que además de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se estaría dando un importante paso en la lucha contra la violencia de género. Por otra parte, la gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas, así como de sus efectos, hace urgente contar con información objetiva que permita la elaboración de este tipo de programas y acciones; la ley de la materia así lo reconoce. Es por eso que instamos también, a la Secretaría de Gobernación a que publique el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Una ley sin observar es letra muerta, los tres Poderes de la Unión, los estados y los municipios debemos observar los compromisos internacionales adquiridos en los diversos instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como todas y cada una de las disposiciones legales nacionales en la materia para poder avanzar en la erradicación de este mal social. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos convencidos de que el reto más importante sigue siendo pasar de la conciencia de que se trata de una violación a los derechos humanos y un delito, a hacer de la violencia de género algo inaceptable para la sociedad y contrario a sus normas. En Acción Nacional estamos seguros de que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los organismos internacionales debemos trabajar juntos para enfrentar este reto de forma competente y para aportar la voluntad política, el compromiso y el valor para erradicar esta laceración de la vida humana. Debemos luchar juntos por alcanzar un México en el que sus mujeres nunca más sean violentadas. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.