El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los particulares pueden prestar, bajo el régimen de autorización concedido por el Estado, aquellos servicios públicos que no pongan en riesgo en riesgo en primera instancia la estabilidad del Estado, tales como pueden ser el transporte, la concesión de carreteras, entre otros, y en el que hoy nos referimos, las maniobras de arrastre y de guarda y salvamento en caminos federales. Si bien la importancia de los servicios públicos es manifiesta y por ello el Estado debe proveerlos, también debemos tener en cuenta que la eficacia y eficiencia de los mismos puede ser dada en idénticas o mejores condiciones por los particulares, quienes no tienen que distraer su atención en las labores de lo público. Es decir, que todo aquello vinculado con lo legislativo, lo judicial o la aplicación de las leyes. Sin embargo, la aplicación de servicios de esta naturaleza por los particulares no debe entenderse como una absoluta desatención del Estado. Por el contrario, este tiene la obligación de asegurar a la sociedad la calidad de los servicios para su mejor desarrollo y prestación a la sociedad. En este sentido, el Estado, haciendo uso de su función de policía; es decir, en la supervisión constante de los servicios públicos, la expedición de las leyes, los reglamentos y en la ejecución de estos mismos, está obligado a asegurar los máximos cánones en la aptitud del servicio ofrecido. En este orden de ideas, sabemos por descripciones de la realidad de ciertas actividades que estas son prestadas con deficiencias. En concreto, en el autotransporte de carga, de paquetería, de mensajería, así como los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, quienes hasta el momento no se responsabilizan de las pérdidas y daños que sufran los bienes o productos que transportan, tienen custodia o hacen salvamento. Por ello, el dictamen puesto a discusión implica la intervención del Legislativo para saldar los problemas descritos, procurando partir de la culminación de este trámite legislativo, la generación de la responsabilidad de modo preciso en los caminos, puentes y autotransportes de pasajeros y turismo. Como apreciamos, la pretensión de la Comisión consiste en generar en la norma un vínculo que constriña al concesionario con los diversos servicios, con el cliente para responder con lo transportado, satisfaciendo así las múltiples necesidades que se lleguen a tener con plena seguridad. De seguir las cosas como en este momento están solamente continuará abonando a favor de un clima de inseguridad jurídica, impidiendo muchas operaciones significativas y daños a la propiedad de particulares, las cuales pueden impactar negativamente en la generación de empleos o en la inversión, e incluso en las comunicaciones del país. Por todo lo anterior es loable la intención de la Comisión de precisar que tratándose de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, no se aplicarán excepciones a los límites de responsabilidad, volviendo de este modo más responsable a todos los proveedores de este tipo de servicios. El compromiso debe extenderse al autotransporte federal y a todos los que prestan sus servicios auxiliares, pues los concesionarios tienen el deber conforme al derecho de responder por todo aquello que prestan a los consumidores. Por todo lo anterior, hacemos votos porque se lleve a cabo la aprobación del dictamen, el cual redundará en el mejor desarrollo de la prestación de estos servicios públicos. Es por ello que la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de este dictamen y pedimos que las demás fuerzas políticas, representadas en esta Cámara, lo hagan de igual manera. Es cuanto, señor presidente.