El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Honorable Cámara de Diputados, compañeras y compañeros legisladores. El 8 de octubre de 2009 esta Cámara de Diputados, con el objeto de dar continuidad y profundizar en el análisis del Tercer Informe de Gobierno, aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se citó a comparecer, entre otros secretarios de Estado, a Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Aún cuando los asuntos del ramo competencia de esa secretaría, que han generado crisis social y económica, y que reclaman una urgente atención y desahogo, este servidor público no cumplió el llamado de la Cámara en la fecha acordada para comparecer. En consecuencia, la Junta de Coordinación Política tan sólo expresó su profunda extrañeza ante la solicitud de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación para reprogramar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social. Sin duda, el desdén que algún servidor público pudiera mostrarle al Poder Legislativo al no comparecer en tiempo y forma ante sus Cámaras, constituye una transgresión y desacato de las normas supremas que conforman nuestro orden constitucional que no puede ser reparado con una simple manifestación de extrañeza, como lo hizo esta Cámara. Nuestro orden jurídico no prevé disposición alguna que regule el incumplimiento de esta obligación por parte de los secretarios de Estado, procurador general de la República, titulares de entidades paraestatales y órganos autónomos. Una de las funciones de control que el Poder Legislativo ostenta sobre los actos de gobierno, y que le dan sustento al principio de división y colaboración de los poderes, es aquélla que se encuentra prevista en los artículos 69 y 93 de nuestro código político. Por mandato constitucional, en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república está obligado a presentar un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Sobre el particular, las Cámaras del Congreso de la Unión realizarán un análisis sobre dicho informe, por lo que están plenamente facultadas no sólo para solicitar al presidente de la república amplíe la información mediante pregunta por escrito, sino también para citar a los secretarios de Estado, procurador general y a los directores de entidades paraestatales, y quienes están obligados a comparecer y rendir informes bajo protesta de decir verdad. Asimismo, es facultad constitucional de las Cámaras convocar a dichos servidores públicos, incluidos los titulares de órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o porque respondan a interpelaciones o preguntas. Los antecedentes de la comparecencia en general se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica en 1792, ya que por primera vez en ese año se utilizó la facultad para citar a funcionarios a declarar, con el propósito de aclarar una derrota contra las tribus indias. En España encontramos posteriormente otro antecedente con el Estatuto de Bayona de 1808, en su Título IX, relativo a las cortes, artículo 84, señalaba que el ministro de Hacienda debía presentarles las cuentas cada año, para lo cual tenía que asistir o comparecer ante las cortes. El objeto de esta iniciativa que se persigue con las propuestas de reforma que planteo en la presente iniciativa, es precisamente el de otorgar eficacia a este medio o mecanismo de control parlamentario para perfeccionar nuestro sistema de equilibrios, pesos y contrapesos entre los poderes, toda vez que se prevé la aplicación de una sanción adecuada a los sujetos que siendo convocados o citados en tiempo y forma a comparecer ante las Cámaras del Congreso de la Unión incumplan esta obligación al comparecer. De tal motivo presento el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 89, fracción II y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Es cuanto, diputado presidente.