El diputado Miguel Rivero Acosta: Con su permiso diputada. A nombre del diputado Joel Guerrero Juárez me permito leer la siguiente iniciativa. Señores diputados y señoras diputadas, vengo a esta alta tribuna de la nación a reflexionar sobre un tema que nos atañe a todos. Vengo a analizar con ustedes, la tendencia a la derogación en la convivencia en el campo, y la necesidad de que intervengamos para que evitemos la destrucción de la naturaleza y la sociedad rural. Expongo algunos motivos, que incluyo en la iniciativa que pongo a su disposición, para su reflexión, y en su caso, su aprobación. A partir de la emisión de la Ley Agraria, en 1992, se pretendió dinamizar el campo mexicano con una estructura que permitiera reordenar la propiedad, mercantilizar procesos de intercambio de la tierra dotando a un tiempo al campesino mexicano de los instrumentos que facilitaran asociarse con agentes económicos y capitales, por su propia dinámica de expansión de rendimientos, y que esto generaría la paz y el bienestar en la sociedad rural de México. Después de 16 años la evaluación de lo que pasa en la sociedad mexicana que habita en el campo nos muestra indicadores decepcionantes. Ahora, las relaciones sociales de armonía que supuestamente se habrían de lograr con las modificaciones legales del 92 nos proyectan distorsiones preocupantes, altos movimientos migratorios, pueblos desolados, jóvenes campesinos que permanentemente buscan expectativas, que supuestamente son absorbidos por el narcotráfico en una guerra desgarradora del ser nacional, triste y sin expectativas que reviertan esta tendencia de dispersión y desarrollo en grandes capas sociales que se mantienen en la pobreza extrema. Nuestra única opción ha sido militarizar el territorio nacional. Se nos acabó la imaginación política. Lo que llama la atención es que estas tendencias se manifiestan en medio de un plan normativo que fue instrumentado y diseñado para que la sociedad rural mexicana alcanzara niveles de modernización significativos como para convertir al campo nuevos espacios de generación y riqueza y desarrollo. Nos referimos a las normas que parecen no tener la eficacia esperada. La Ley de Desarrollo Rural es una de ellas. Le acompaña la de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la General de Asentamientos Humanos, la de Desarrollo y Equilibrio Ecológico, la de Desarrollo Forestal Sustentable y la propia Ley Agraria que ahora proponemos adecuar buscando bloquear las limitaciones que implican que las normas no se cumplan adecuadamente o no se puedan cumplir. La pregunta consecuente es: ¿qué está pasando en el marco normativo del campo mexicano que no ha alcanzado los objetivos esperados y que no permite que el campesino logre niveles de desarrollo fuera de la pobreza? Recordemos, al respecto, que ya pasó otra generación sin que el problema de desarrollo en el campo se resuelva. Pensemos en las reformas a la Constitución que trajeron consigo disposiciones por la que se concluye la propiedad, se constituye la propiedad privada. El problema es que esta idea fue socavando o no coincidió con el principio de precedencia que tiene el interés público de regular el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana. En síntesis, una reestructuración normativa que en 1992 buscaba el desarrollo rural integral no ha logrado tener frutos. En la Ley General de Asentamientos Humanos destacamos la pretensión de regular el mercado de los terrenos que se ve incierto en participación no coordinada de instancias de gobierno que coexisten en un marco altamente especulativo, cuya dinámica sustanciada en la ganancia no permite un reordenamiento adecuado y con los ritmos apropiados para compasar el desarrollo social. Al contrario, este mercado ha dado como resultado atrofias en la integración de la sociedad rural y que amenaza en convertirse en una guerra casi civil arropada por el narcotráfico en el campo interminable. Si no buscamos mecanismos que permitan revisar la estrategia y adecuar inmediatamente el marco jurídico normativo de las instituciones, la iniciativa que propongo a esta soberanía de la nación conlleva a cambiar el paradigma del mercado de tierras sustraído al desarrollo, mercadeo y ganancias destructoras de pueblos y comunidades. Es la hora de que el Estado retome la función y defina nuevos conceptos de desarrollo para recuperar la convivencia y estabilidad en el campo mexicano. Por eso propongo que el mercado de tierras sea objeto de una comisión reguladora de ese mercado, que se soporte la aprobación de ejidatarios y comuneros y sus familias para bases sustentables. Esto es, cambiar el concepto de ganancia y plusvalía del capital que hoy caracterizan a este mercadeo irracional, hacia otro donde el equilibrio ecológico sea el punto de partida y desarrollo de la sociedad del campo. Como resultado final, tenemos que convertir reconvirtiendo nuestro pensamiento; tenemos que entender que la degradación de la ecología causa degradación constante en la sociedad. Estimados diputados y diputadas, la sociedad no es concepto amorfo, es una idea de vida, donde el hombre debe saber su existir con la naturaleza para preservarla. Ésta es la dinámica que está imperando en el mundo del conocimiento sobre el universo, y el ser, en espacios para el propio hombre, ha hecho inhabitable por el pensamiento que todo circunscribe a la ganancia y la voracidad del hombre sobre el hombre. En México, esto está destruyendo escenarios de convivencia y está socavando a la sociedad en el campo, particularmente, los hijos de ejidatarios y comuneros tienen que emigrar para conseguir vivir y que sus familiares sobrevivan. Esto es un modelo de vida apropiado, y lo logrado es que el Estado, sus instituciones vean el asunto con frivolidad, sin hacer propuestas para redimir el marco que ahora se ha convertido en el campo de una atrofia que vemos y observamos en la faz más desgarradora. Intereses: Nosotros observamos y sólo observamos, la guerra desgarradora que se escenifica en la nación. Esta iniciativa que propone el diputado Joel, crea el mecanismo para regular el mercado de tierras en el campo, para que el ejidatario y comunero se integre a las sociedades con conocimiento y potenciales para la aprobación de su propia tierra. Se trata de revalorizar el factor de la tierra y que el campesino se convierta en el propio motor del desarrollo de su familia. Por eso, la iniciativa que propone el licenciado y diputado Joel, mira y pone en alerta para que se comience con el proyecto de adecuación y normatividad del campo, controlando el mercado de tierras, que ahora es incontrolable, causando perjuicios a los hombres y mujeres de la sociedad rural, y degrada indeteniblemente a la naturaleza. La iniciativa que se propone antepone la prioridad de preservar el hábitat como premisa para cualquier operación de compra-venta de tierras. Por ello, hago un exhorto para que apoyen esta iniciativa que reforma la Ley Agraria, agregando al capítulo que crea la Comisión, para la Regularización del Mercado de Tierras y Promoción de Derechos Ejidatarios y Comuneros. Muchas gracias, diputados.