El diputado Humberto Ambriz Delgadillo: Honorable asamblea. Compañeras y compañeros, quisiera iniciar exponiendo algunos datos, que a raíz de la discusión del presente dictamen y donde se pretende la creación de ocho nuevas leyes en materia energética debemos conocer para realizar un análisis serio y compararlo con nuestra realidad como país. De acuerdo con un informe de México Evalúa, la generación de energía eléctrica depende, aproximadamente, del 79 % de combustibles fósiles. Por su parte, más del 60 % del consumo del gas en nuestro país se sigue importando desde los Estados Unidos. Recordemos que la meta comprometida por México para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, es de, por lo menos, un 50 % en la generación de energías limpias. Actualmente, solo nos encontramos, el año pasado en un 35 %. México se encuentra muy, muy rezagado. Nos encontramos en un momento crucial para el futuro energético de nuestro país. Por ello, y a pesar de los avances tecnológicos y la creciente conciencia global sobre la importancia de las energías limpias, seguimos en un debate falso. La dependencia de combustibles fósiles no solo impacta negativamente en el medio ambiente, sino que también nos coloca en una posición vulnerable ante las fluctuaciones del mercado y las políticas de otros países. Mientras que naciones con condiciones naturales menos favorables han avanzado significativamente en la adopción de energías renovables, México, con sus abundantes recursos naturales, aún no ha logrado capitalizar plenamente ese potencial. Uno de los principales problemas de las reformas actuales es la falta de incentivos claros para la inversión privada en energías renovables. Las políticas de reservar el 54 % de la producción eléctrica al Estado y limitar al 46 % la generación por parte de privados puede, y repito, puede desalentar la participación de inversionistas que podrían aportar capital y tecnología para acelerar la transición energética. Además, la ausencia de un marco regulatorio sólido y transparente genera incertidumbre, lo que dificulta a todas luces la planificación y ejecución de proyectos a largo plazo. Además, la infraestructura actual presenta desafíos que en los últimos años no se han podido consolidar. La red eléctrica nacional requiere modernización para integrar eficientemente las energías renovables. Sin una inversión adecuada en infraestructura, la incorporación de inversión en fuentes de energía limpias será limitada y menos eficiente. Debemos establecer políticas que fomenten la inversión privada en energías limpias, garantizando un equilibrio entre la participación estatal y privada. La transición energética no solo es una cuestión ambiental, sino también de seguridad económica y bienestar social. Adoptar una matriz energética más limpia y sostenible nos permitirá reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, mitigar efectos del cambio climático y posicionar a México como líder en la adopción de tecnologías verdes. Desde el Grupo Parlamentario del PRI rechazamos este despropósito y pugnamos por una transición energética real. Es momento de actuar con determinación y visión de futuro. La transición energética es una tarea que nos involucra a todos y requiere del compromiso conjunto del gobierno, sector privado y sociedad civil, solo así lograremos un México más sostenible y más próspero para las nuevas generaciones. Es cuanto.