La diputada Dolores Padierna Luna: Compañeras, compañeros, en todas las naciones latinoamericanas y europeas que han vivido procesos de transición, que heredaron expedientes sobre severas violaciones de derechos humanos y que enfrentaron las herencias de guerras sucias contra disidentes, desapariciones forzadas de ciudadanos, se crearon comisiones de la verdad para investigar condiciones y generar todas las condiciones de confianza de máxima seguridad y sin alterar procesos ministeriales, como se propone en nuestra propuesta. Así sucedió también en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay tras sendas dictaduras militares. En Perú, tras 12 años del conflicto con Sendero Luminoso. En Colombia, tras un largo y cruento conflicto armado. En Sudáfrica, donde se investigaron masacres como la de Sharpeville y otros delitos derivados del régimen racista del Apartheid. Las comisiones de la verdad buscan recolectar experiencias y testimonios y ese es su objetivo principal. No es castigar, no es perseguir sino reconciliar a la población. Emiten recomendaciones no juicios, porque los juicios corresponden solo a las instancias judiciales. La garantía principal es evitar que ocurran conflictos similares otra vez, por lo tanto, se buscará ir a la raíz del conflicto, de las razones que produjeron los abusos. Las comisiones de la verdad no buscan la venganza sino conocer la verdad de los hechos para evitar que se repitan, para defender el honor de las víctimas, para encontrar salidas institucionales que frenen el círculo de impunidad en el que estamos. Además de que la sociedad tenemos derecho a saber, derecho a la verdad. Todas las comisiones de la verdad parten de una iniciativa presidencial del Poder Ejecutivo, en el caso de sistemas presidencialistas, como es el caso mexicano, así está considerado en nuestra Constitución. La iniciativa que se presenta tiene como objetivo crear comisiones consultivas y presidenciales adicionales a las intersecretariales, no para suplantar a nadie sino para apoyar, para hacer recomendaciones, para dar soluciones a profundos y graves casos de violaciones a derechos humanos. En particular, lo que le preocupa, en la intervención de la diputada Dulce María Sauri Riancho, son los criterios de las comisiones presidenciales. Pero estos criterios dicen: Tendrán una denominación específica, se integrarán por profesionales. Puede haber ex servidores públicos o servidores de otros Poderes y otros órdenes de gobierno, pero son grupos de investigación, de trabajo y de emisión de recomendaciones y deberán de servir de base para los trabajos, posteriores soluciones en determinadas instituciones. Tendrán un periodo específico de duración con objetivos muy claros y funciones plenamente delimitadas. Se les otorgarán, desde luego, recursos. Ella habla de que no se escriba la palabra decretos, pero la palabra decretos es la palabra constitucional para los actos legales del presidente de la República, eso no se puede aceptar. Ella pide que se borre la palabra fiscalización y tiene razón, porque fiscalizar es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero en el dictamen ya se borró, se modificó por la palabra revisión. Ella pide que no se aumenten facultades al presidente. Pero el actual artículo 21, que solo entiende las comisiones intersecretariales es totalmente insuficiente para la realidad que vive hoy México, que estamos atravesando por una severa crisis humanitaria. Por eso, la ampliación, la creación de la comisión presidencial y la comisión consultiva son completamente necesarias en la actual coyuntura que vive México. Gracias.