LA C. PRESIDENTA: Proceda la Secretaría a dar cuenta con las comunicaciones. LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARINA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Da lectura a la comunicación del Procurador General de Justicia del Estado de Baja California en la que remite proposición de reforma al numeral 9 de la Ley de Amparo Escudo.Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California Diputado Ricardo García Cervantes, Presidente de la Cámara de Diputados Del honorable Congreso de la Unión, Presente De acuerdo con el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República, la facultad de presentar iniciativas de leyes le corresponde, entre otros funcionarios, a los diputados y senadores de dicho Congreso. Por tal motivo, me permito hacerle llegar la propuesta de reforma al numeral 9 de la Ley de Amparo, a efecto de que se clarifique o precise la legitimación activa por parte de los órganos de Estado (como es la Procuraduría que represento) para promover el juicio de garantías en todos aquellos casos en que los tribunales administrativos resuelven los conflictos que antes eran de tipo laboral, y que ahora se dice son de naturaleza administrativa y que surgen con los agentes de la Policía Ministerial (antes Judicial) de esta dependencia del Ejecutivo de Baja California, cuando éstos son sancionados en alguna forma con motivo de la prestación del servicio de seguridad pública. La urgencia de tal reforma obedece a que, como sucede en todas las procuradurías del país, en Baja California existe un programa permanente de depuración de todos aquellos policías que incurren en actos de corrupción, actos contrarios a la ley y, en general, actos que generan impunidad; empero, y esto lo lamentamos profundamente, cualquiera que sea el procedimiento para cesar o separar del cargo a dichos malos elementos, debido a nuevos criterios de los tribunales federales, los actos de la Procuraduría ya no se consideran como los de un patrón sino corno los de una autoridad, según se pone de manifiesto en el estudio que se acompaña a este escrito, de tal manera que el proceder de esta autoridad es analizado de manera rigorista y con extrema formalidad por los tribunales administrativos, arribando éstos siempre a la conclusión de que no existe la libre remoción de los agentes de la Policía Ministerial, esto es, en el supuesto de que se haya perdido la confianza respecto a uno de tales elementos, por esa so­la razón no se les puede separar del empleo o del encargo, circunstancia que también obliga a que el honorable Congreso de la Unión realice un estudio o la reforma -si así se requiere y estima pertinente- de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 constitucional. Por otra parte, aún siguiendo los procedimientos para aplicar la Ley Orgánica de esta Procuraduría, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Es­tado de Baja California y la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado, los Tribuna­les Contenciosos Administrativos de nuestro estado, en el grueso de los asuntos por no decir que en la tota­lidad, declaran la nulidad de las resoluciones de la Contraloría Interna de esta Procuraduría, en las que se sanciona con la separación del cargo, la suspensión o la inhabilitación de un elemento policiaco, apoyándo­se en consideraciones relacionadas con cuestiones for­males y no de fondo. Así las cosas, la depuración, en estricto rigor, ha que­dado como un mero intento por eficientar la seguridad pública, dado que la mayoría de los agentes despedi­dos han reingresado o sido reinstalados por orden de los tribunales administrativos, con el consiguiente pa­go de los salarios caídos. Precisamente por constituir la situación antes apunta­da un problema que seguramente afecta a todas las corporaciones del país, ese honorable Congreso con fecha 3 de febrero de 1999, mediante decreto aprobado por el pleno de la Comisión Permanente, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de marzo de 1999, Primera Sección, Tomo DXLVI, No. 6, reformó el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Cons­titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisando que los agentes ministeriales o judiciales e incluso los agentes del Ministerio Público una vez se­parados del cargo no pueden ser reinstalados o restituidos en él puesto que desempeñaban; sin embargo esta disposición no ha sido, a nuestro juicio, debida­mente interpretada y por ende, menos acatada por los tribunales contenciosos administrativos de Baja California, ya que en sus resoluciones se continúa orde­nando la reinstalación de agentes ministeriales, a pesar de que una de las excepciones o defensas por parte de esta Procuraduría ha consistido en que no procede en ningún caso tal reingreso, ni aún tratándose de remoción libre, por existir prohibición expresa en el man­dato constitucional que nos ocupa. Por la razón antes apuntada, se propone la reforma al artículo 9o de la Ley de Amparo, con el propósito de que teniendo acceso esta Procuraduría a la acción constitucional se pueda obtener mediante el amparo directo por parte de los tribunales colegiados o inclu­so la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pronunciamiento sobre la interpretación o el alcance que debe darse a la referida fracción XIII, apartado B del artículo 123 constitucional, es decir, si los policías ministeriales deben ser reinstalados o no. Cabe destacar que no se ignora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado un pro­yecto de nueva Ley de Amparo; empero, a juicio del suscrito la forma en que se encuentra redactado el artículo 7o, que aborda el problema que nos ocupa, no re­suelve la situación que aquí se plantea al dejar al arbi­trio o interpretación de los órganos jurisdiccionales fe­derales la procedencia o improcedencia de juicio de amparo, apoyándose en la legitimación o falta de ésta por parte de quien aparezca como quejoso. Sin más por el momento, quedo de usted. Sufragio Efectivo. No Reelección. Atentamente Mexicali, B. C. A 6 de agosto de 2001.Licenciado Juan Manuel Salazar Pimentel, Procurador General de Justicia del Estado.