El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Senadora presidenta, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, senadora por el estado libre y soberano de Puebla de Zaragoza. Compañeras y compañeros legisladores. El Instituto Nacional Electoral como organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la república y el Distrito Federal, debe velar por un irrestricto apego a la ley en todos los procesos, así como investigar los posibles actos que generen una violación a la Ley Electoral. En ese sentido, los Institutos Electorales locales deben asumir un compromiso ante la nación para hacer respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral y denunciar e investigar los posibles actos que vulneren la participación democrática de todos los ciudadanos. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un incremento considerable de conductas tipificadas que a pesar de ser denunciadas no se han visto resultados efectivos o que muestren un ataque frontal en contra de estas situaciones, que realizan tanto ciudadanos como partidos políticos para obtener resultados ventajosos en las elecciones. Es por ello que vengo a sustentar este punto de acuerdo que la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad, en el cual se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que de haberse concluido las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, derivadas de las denuncias presentadas por un servidor y senadores de mi partido, por el turismo electoral que se suscitó en 2013 en los estados de la península de Yucatán; Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y que informe a esta soberanía de los resultados obtenidos. También estamos solicitando se exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que a través de la Fepade informe detalladamente a esta soberanía sobre el estado actual que guardan las denuncias penales presentadas por el Instituto Nacional Electoral en caso de no haberse concluido las investigaciones pertinentes, derivado de los hechos que el suscrito declaró y que quedaron plasmadas en el expediente 27/2013, así como que se agilicen las acciones para fincar las responsabilidades que procedan. Lo anterior se debe a que en mayo de 2013, los senadores de la República Jorge Luis Lavalle Maury, del estado de Campeche, Jorge Luis Preciado Rodríguez, del estado de Colima y un servidor, presentamos formal denuncia ante el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, por presuntas violaciones a lo dispuesto en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivados de los hechos suscritos durante los meses de febrero, marzo y abril de 2013, en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Durante esos meses se realizaron cambios de domicilio de electores de manera típica de los estados de Yucatán y Campeche hacia el estado de Quintana Roo, previo al proceso electoral a celebrarse en este último estado, proporcionando información falsa al Registro Federal de Electores, en virtud de que los ciudadanos que llevaron a cabo esos trámites realmente radicaban en domicilios que no correspondían a Quintana Roo, ello con la pretensión de algún partido político de influir en la jornada electoral que se celebró el 7 de julio de 2013. De la denuncia interpuesta se inició el procedimiento ordinario sancionador con el número de expediente 27/2013, mismo que se relacionó inicialmente con mil 137 ciudadanos presuntamente involucrados en cambios de domicilio irregulares en el estado de Quintana Roo. Derivado de este seguimiento que se le ha dado a dicha investigación por parte del Instituto Nacional Electoral, nos informaron que hay presentadas 179 denuncias penales ante la Fepade, sin que a la fecha se conozca el estado que guardan las mismas, o bien que se hayan fincado las responsabilidades procedentes. Este instituto me informa también que en relación al mismo expediente y después de una revisión al Registro Federal de Electores y de esta investigación, se ha determinado dar de baja a mil 388 registros de ciudadanos en el padrón electoral y en la lista nominal de electores del estado de Quintana Roo, por haber proporcionado información falsa. Finalmente concluyó que existen mil 47 ciudadanos yucatecos denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, derivados de los hechos mencionados por nosotros. Todo lo anterior resulta de suma importancia por los tiempos electorales que se avecinan, en virtud de que debemos contar con instituciones fuertes y con credibilidad en su actuación, que demuestren el ataque frontal contra este tipo de actividades de turismo electoral y reflejen con su actuar la transparencia y cumplimiento de la ley. Por ello es necesario que el Instituto Nacional Electoral concluya con las investigaciones derivadas de todas las denuncias que hemos presentado, a fin de erradicar estas irregularidades que solo desprestigian a nuestras instituciones y quitan credibilidad a sus actores. También es importante que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR nos informe detalladamente sobre las acciones realizadas, para que esto no sea un juego más de complicidad. Hoy, compañeras legisladores y compañeros legisladores, es necesario exigir la transparencia y ejecución de las sanciones procedentes y que todas las partes implicadas en todo el proceso electoral deban respetar y promover el estado de derecho para que las elecciones se consideren democráticas. Solamente para concluir, este punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad en la Primera Comisión de Trabajo, así es que mi voto es a favor y les pediría también el voto a favor de todos los legisladores que integran la Comisión Permanente. Por su atención, muchas gracias. La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, senador. Ha solicitado también el uso de la palabra el senador Arturo Zamora.