EL C. DIP. FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS: Gracias, señor Presidente. Ciudadanos Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión: Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 Fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La presente iniciativa busca transparentar las reglas del juego de los procesos electorales de nuestro país. Ha sido evidente que las reformas electorales de 1989, 1990, 1993, 1994 y la de 1996, han dejado vacíos legales que es necesario llenar para hacer más transparente y competitivo nuestro sistema electoral. Uno de ellos tiene que ver con la exigencia de reformular la asignación de diputados de representación proporcional de tal manera que evite la sobre-representación y la sub-representación. Se trata de garantizar que la distribución proporcional de los representantes populares, debe de ser igual para todos los partidos que integran el Congreso de la Unión. Es decir, que cada partido represente su fuerza electoral ciudadana en función del porcentaje de votación que obtenga en cada elección. También es necesario acotar la injerencia de los órganos electorales en la vida interna de los partidos y las organizaciones políticas; se trata de garantizar el respeto a la autonomía de estos entes de interés público para que sean ellos los que decidan su propia forma de organización y funcionamiento, sin que ello represente abandonar sus obligaciones establecidas en esta Ley. Otro aspecto a modificar en la Ley vigente, es la prohibición expresa de la publicidad gubernamental de los tres niveles de gobierno en los tiempos de campañas electorales, para que no sea utilizada para promover la imagen del partido en el gobierno y con ello buscar la atracción del voto ciudadano hacia ese partido, porque pone en desventaja a los demás partidos contendientes. Un nuevo elemento que debe incorporarse en la presente Ley Electoral, es la urgencia de incrementar el tiempo del Estado en los medios de comunicación a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, con el propósito de reivindicar el principio de igualdad y equidad entre todos los actores políticos. Por otra parte, resulta necesario prohibir el financiamiento de origen privado a los partidos políticos, porque ha sido la fuerza para todos los casos como los que la opinión pública conoce y que han sido motivo de escándalos, porque además violan los topes de campaña al no haber forma de fiscalizar dichos recursos. Con el fin de alentar la participación de la sociedad en los procesos electorales y en la conformación de la representación nacional, es de vital importancia recuperar la figura de las candidaturas comunes. En concordancia con lo anterior se debe incorporar la figura de Candidatos Independientes, para que los ciudadanos que cuenten con arraigo popular pero que no tienen partido participen en la competencia electoral y aspiren a puestos de elección popular. En ese mismo tenor es importante flexibilizar la conformación de las coaliciones para que no haya ni un mínimo ni un máximo en el registro de fórmulas de candidatos, porque la ley vigente establece mínimos y máximos para la elección de senadores y diputados, y condiciona a una coalición para Presidente de la República a necesariamente ir coaligados en la de senadores y diputados. También creemos en la necesidad de que en el Cofipe se establezcan sanciones más severas para quienes violen el tope de financiamiento de las campañas políticas durante los procesos electorales, con la invalidación de la candidatura en el curso del mismo proceso electoral, así como imponer sanciones en el mismo proceso electoral a quien violente los topes de campaña. Nuestra propuesta de reforma constitucional al artículo 41 establece la prohibición expresa de que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales y Distritales desempeñen empleos, cargos o comisión en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación o en los órganos constitucionales autónomos previstos en nuestra Carta Magna, con el propósito de hacer compatible esta disposición con lo que se estipula en el Cofipe. También proponemos que esta disposición deba quedar asentada en dicho código. Asimismo, en concordancia con la reforma constitucional que proponemos al artículo 41, fracción II, inciso a), proponemos la modificación a la fórmula de financiamiento a los partidos políticos para hacerla igualitaria en un 50 por ciento y el restante 50 por ciento en forma proporcional a su votación nacional emitida en la elección de diputados inmediata anterior. Creemos que ha llegado la hora de avanzar en la construcción de nuevas reglas para centralizar, organizar y vigilar los procesos electorales y las elecciones federales, para convertir al IFE en un verdadero garante de la democracia en nuestra nación. Por esa razón, las nuevas reglas electorales tienen que ser precisas en cuanto a regular los tiempos en precampañas políticas, que es una ausencia notable en la ley vigente. Lo cual permite que ahora estas precampañas sean las verdaderas campañas. Nuestra propuesta establece plazos para las precampañas de 30 días, previos al inicio del registro de las candidaturas para diputados federales, 45 días para senadores y 60 días para Presidente de la República, así como la prohibición expresa para difundir mensajes de proselitismo en radio, televisión y prensa escrita durante estas precampañas y la cancelación del registro del aspirante y multa al partido político que viole estas disposiciones. Otra ausencia en el Cofipe lo representa el debate obligatorio entre los candidatos a cargos de elección popular. Esto serviría para alentar la participación del pueblo en los procesos electorales, además de que permitiría conocer el fondo de las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular para resolver los grandes problemas nacionales, estatales y regionales. Para evitar que los partidos políticos rebasen los topes de campaña y que ello redunde en un mayor uso de los tiempos en medios de comunicación masivos, se propone que sea solo el IFE el que tenga el derecho exclusivo de contratar esos tiempos para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales y con ello evitar ventajas relativas a los partidos entre sí. "En este mismo sentido, la competencia electoral exige en el contexto actual, garantizar en la ley que regula a los medios de comunicación, el acceso igualitario a todos los partidos políticos, para que junto con el gobierno federal dispongan de un porcentaje determinado del tiempo que los concesionarios de radio y televisión otorgan al Estado Mexicano, tal y como se establece en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión vigentes. "Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ... -PRESIDENTE: Se le ha agotado el tiempo diputado. -DIP. FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS: Gracias señor Presidente. Concluyo. "... sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, como se detalla en nuestra iniciativa". Señor Presidente, le solicito la publicación íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Como lo pide el señor diputado don Amadeo Espinosa Ramos, publíquese íntegramente el documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que nos e haya publicado y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial de Reforma para el Estado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentaria. -DIP. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA: Muchas gracias señor Presidente. Con las potestades que la Constitución y la ley me otorga, vengo hasta esta tribuna en el capítulo de iniciativas, para proponer una que reforma a los artículos 5, 11, 23, 46, 48, 67, 85, 90, 109 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentaria al tenor de las siguientes "Consideraciones "Los diferentes acontecimientos suscitados en los últimos años han generado un gran debate entre la sociedad, sobre la necesidad de acotar el fuero constitucional y el mandato político del que gozan los legisladores dentro de un marco legal de disciplina y ética parlamentaria. "Si bien las mesas directivas de las Cámaras cuentan entre sus obligaciones las de velar por el fuero y la libre expresión de los legisladores en el desempeño de sus funciones, también es cierto que vigila por el orden de las sesiones precisamente para salvaguardar la libre expresión parlamentaria. "La Directiva, pues, tiene la obligación de velar por la libre expresión de los legisladores y a la vez de guardar un sano equilibrio entre ésta, que es un valor fundamental que la práctica parlamentaria, y el respeto a los demás legisladores. "Parafraseando a Jeremías Bentham, de los chispazos del debate parlamentario surge la luz que nos conduce a la verdad. No debemos de olvidar que hay quienes pensamos que el derecho es una norma de moral social provista de sanción política. "Aunque el cargo de los diputados y senadores es un mandato popular, esto no implica que no sean responsables por sus actos y omisiones, aún cuando esto no constituya un delito penal. "La disciplina y la ética son valores que deben de normar el accionar de los legisladores en todo momento, ya que son representantes de la sociedad y tienen un encargo que debe de llevarse con responsabilidad, con dignidad y con compromiso. "La conducta de los diputados y senadores debe de sustentarse en estos valores que garantice la honorabilidad, credibilidad y profesionalismo, sin lacerar en ningún momento la imparcialidad, independencia e inviolabilidad de los legisladores. "Los diputados de la nación y los senadores de la República estamos obligados a guardar la investidura que como tales nos ha otorgado el pueblo de México. Nuestra vida pública está sujeta al escrutinio de la ciudadanía, así es que los países normalmente democráticos y México no tiene por qué ser la excepción. Tanto en el desarrollo de las sesiones como en el interior del Recinto Parlamentario, es necesario que los Legisladores se guarden respeto entre sí, a los miembros de los otros Poderes, a los funcionarios y servidores de las Cámaras, a los invitados que asistan a la sede del Congreso deben procurar llevar sus intervenciones con respeto , tanto en pleno como en reuniones de Comisión, evitar el insulto, la injuria, la amenaza, la descalificación contra sus compañeros o contra cualquier funcionario público. Que el debate de las ideas sea la forma de dirimir las controversias, que gane pues quien tenga la razón y claro, el derecho de su lado. En los debates y votaciones de las Cámaras, debe de privar el respeto, evitar los altercados, las disputas y las discusiones fuera de orden; para ello, es necesario dotar a los Presidentes de las Cámaras, de las facultades necesarias para poder imponer el orden y el respeto dentro de la Asamblea, así como establecer en ley las sanciones a las que puedan hacerse acreedores los Legisladores que incurran en falta. Adicionalmente a lo anterior, para evitar conductas impropias de los Diputados y Senadores, fuera de sus respectivos recintos parlamentarios, es necesario establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mecanismos que ayuden a las Cámaras a normar la vida pública de sus integrantes para garantizar o tratar de conducir la imagen de los legisladores. De esta manera se pretende establecer un órgano en cada Cámara que se centre en conocer sobre las faltas al comportamiento de sus integrantes en su vida, repito, pública y de haber faltas a los principios de honorabilidad , profesionalismo y en general a los valores de la ética y disciplina, aplicar las sanciones de acuerdo con un criterio previamente establecido. Previendo esta situación y siguiendo la experiencia de otros Congresos. Asambleas y Parlamentos del mundo, sería apropiado establecer en las Cámaras del Congreso General, una Comisión para el caso del Senado de la República y un Comité para el caso de esta Cámara de Diputados de disciplina y de ética parlamentaria. En las respectivas instancias, esta Comisión y Comité se abocarían a conocer de las faltas en las que incurran los Legisladores en su vida pública, estudiarlas y ens u caso proponer la sanción conducente al pleno de la Cámara de que se trate. Para profundizar este marco de disciplina y ética parlamentaria es necesario que las Cámaras del Congreso General elaboren conjuntamente un Código de Conducta de los Legisladores que contenga las reglas generales del comportamiento que deben de guardar tanto Diputados como Senadores dentro y fuera del Recinto Parlamentario y deberán expedir separadamente un reglamento del Código de Conducta para los Diputados de la Cámara Baja y un Reglamento de Código de Conducta para los Senadores de la Cámara Alta, De esta forma, los criterios de disciplina y ética para ambas Cámaras serán homogéneos en el Código de Conducta de los Legisladores y las formas de interpretación, de aplicación y las sanciones conducentes, estarán de acuerdo con las particularidades de cada Cámara en el Congreso. Y concluyendo; un Comité y una Comisión, según el caso de ética y disciplina parlamentaria para cada una de las Cámaras del Congreso, no es sino una instancia interna para dar cauce al sano equilibrio entre dos valores que nos parecen fundamentales, la libertad y el respeto mínimo entre pares y compañeros. No debemos de olvidar que la institución del fuero en sus momentos fundacionales guardan las instituciones parlamentarias en su conjunto y que los individuos que forman parte de estas, poseen como tales una garantía constitucional adicional pero a la vez como proyección de su sentido de pertenencia a estas. En su conducta pública, el individuo potestado por el fuero no puede ir más allá de lo que la garantía exige para el buen funcionamiento de las instituciones, los individuos de las Cámaras pues, están obligados a una conducta pública que se corresponda a los altos fines de las instituciones de las que forman parte. En virtud del tiempo, no daré lectura al texto normativo de la iniciativa, por lo que solicito, como siempre respetuosamente, a la Presidencia se sirva ordenar publicar el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, toda vez que en la Gaceta Parlamentaria está incluido en su número del día de hoy. Asimismo solicito al señor Presidente, sea tan amable de turnar el presente proyecto a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, esperando que ésta y su homologa de la Cámara de Senadores puedan trabajar la iniciativa de manera conjunta en el mecanismo tradicional comúnmente llamado de comisiones. Por su atención y gentileza, muchas gracias. -