El diputado Fidel Calderón Torreblanca: Con su venia, presidente. Compañeras diputadas y diputados, ante el escenario de bajo crecimiento económico, volatilidad financiera y desequilibrio fiscal que enfrenta nuestro país, el Partido de la Revolución Democrática ha insistido en el fortalecimiento de los ingresos públicos con progresividad, a fin de poder tener mayor capacidad de gasto. Sin embargo, la posición oficial es la de no modificar la política de ingresos, por lo que se sigue recurriendo al expediente de contratar endeudamiento, que pagamos, por cierto, todos los mexicanos, mientras que se disminuye el pago d derechos a unos cuantos particulares, por utilizar la infraestructura nacional para distribuir energía y se flexibiliza e incrementa la deducibilidad de impuestos a las empresas privadas petroleras. En el artículo 1o. de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2017, el Ejecutivo presentó un monto de ingresos derivados de financiamiento por 527 mil 978 millones de pesos. En ese mismo artículo se dispone que no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario las inversiones de alto impacto del gobierno federal. Es decir, estas inversiones que no sabemos cuáles son, a pesar que su detalle lo hemos solicitado, se financiarán con deuda sin que se fiscalicen o contabilicen en el déficit presupuestal, con lo que se incumple además la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No es correcto ni justo ni equitativo que los gobiernos estatales y municipales se sometan a un régimen de disciplina financiera y la federación no actúe con la misma disciplina. El endeudamiento nacional ha crecido de forma vertiginosa en 1.5 millones de pesos cada minuto, por lo que la deuda pública del país, en 2018, podría llegar a 11 billones de pesos. En el año 2000, la deuda de México equivalía a 31.7 por ciento del producto interno bruto. En el 2010, representaba el 36.2 por ciento del PIB. Y ahora en el 2016, llegará al 51.7 por ciento del PIB, según el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, en lo que hace a los proyectos de alto impacto que se excluyen de la regla fiscal de equilibrio presupuestal, su transparencia está escatimada y no es accesible el registro de los proyectos referidos. Por lo anterior, es necesario cuestionar de qué sirven las leyes e instituciones de transparencia, acceso a la información y el Sistema Nacional Anticorrupción, si el gobierno federal ni siquiera informa cuáles son esos proyectos de alto impacto ni el monto de la deuda que se contrata para los mismos ni las empresas responsables de su ejecución. En este sentido, se propone ajustar el precepto, a fin de que el gasto de inversión se contabilice para efectos del equilibrio presupuestal, y de los registros y procesos respectivos tengan máxima publicidad. En lo que toca al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación que se analiza, decimos que esta ley que se votó permite liberar el precio de la gasolina a partir de 2017, el cual se determinará en condiciones del mercado internacional. El Impuesto sobre Producción y Servicios permanecerá sin cambios y seguirá siendo un valor fijo por litro de gasolina. Sin embargo, al aumentar el precio de la gasolina se castigará a las clases medias y a los más pobres. Se echará a andar el mecanismo inflacionario en perjuicio de quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo y se acentuará la concentración de las altas utilidades en los potentados inversionistas, nuevos dueños de la industria energética. Según la medición que publica el portal globalpetrolprices.com, el 17 de octubre de 2016, en Kuwait pagan 0.35 dólares por litro de gasolina, contra México, en donde pagamos 0.79 dólares por litro, y en Venezuela es de 0.01 dólares por litro, mientras que en Estados Unidos el precio es de 0.66 dólares por litro. Es decir, el gobierno mexicano no usa la condición de país petrolero en beneficio de la población como sí lo hacen otros países. A pesar de tener gasolinas caras hasta antes de la reforma energética, el Estado podía capturar esa renta petrolera y luego redistribuirla a fines sociales.