El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, este dictamen trata el tema de la censura. Se trata de la clasificación de las películas que realiza la Secretaría de Gobernación, apoyándose en la Ley de Cinematografía. Se está proponiendo la inclusión de una nueva categoría de censura en la fracción IV del artículo 25 de la Ley Federal de Cinematografía. Esta categoría B15 es para películas de adolecentes entre 15 años y 18 años. ¿Cuál es el problema del dictamen? Creo que hay distintos problemas. Uno de los problemas es que en México exista censura previa. La Ley de Cinematografía, en este artículo 25, establece censura previa en varios casos, películas sobre todo para menores de edad y para adolescentes, categorías A, B, B15, C y D, para poder asistir como parte de la audiencia a ver una película. De acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la censura previa está prohibida. Solamente se permite algún tipo de censura previa cuando se trata de proteger, dice el párrafo cuarto del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando se trata de proteger la moral de la infancia y de la adolescencia. ¿Qué debemos entender por proteger la moral de la infancia y de la adolescencia? Ese asunto no lo resuelve la reforma al artículo 25 de la Ley de Cinematografía. Deja que sean las autoridades de gobernación, las que normas reglamentarias definan lo que debe entenderse por moral de la infancia y moral de los adolecentes. Y los criterios actuales para establecer lo que se entiende por moralidad de la infancia y por moralidad de la adolescencia son realmente anacrónicos, decimonónicos y aberrantes. Deberían considerarse, como parte de la moral de la infancia y de la adolescencia, varias cosas. Por ejemplo, que no se promueva una conducta solidaria entre los niños y los jóvenes; que no se promuevan los valores democráticos; que no se promueva la tolerancia; que se incite al odio racial o al odio de clase. Ésos debieran ser los criterios para proteger la moralidad de la infancia y de la adolescencia. Pero, ¿qué hace la Secretaría de Gobernación en sus criterios de acuerdo a esta norma administrativa que se llama Acuerdo mediante el cual se expiden los criterios para la clasificación de películas cinematográficas? Dice lo siguiente respecto a la categoría B-15: “Criterios. Son películas que observan jóvenes entre 15 y 18 años”. Vean lo anacrónico del criterio de Gobernación: “Es probable –dice el criterio de Gobernación– que el contenido de la película confunda, influya o afecte el desarrollo integral de los menores de 15 años. “La narrativa puede ser muy compleja –como si los adolescentes en México fuesen tontos– o tener escenas que requieran de discernimiento –de nuevo apelando a la tontería de los jóvenes– y un cierto nivel de juicio. “Se desarrolla cualquier tema o conducta problemática, con escenas más evidentes que la clasificación anterior. La película permite al espectador distinguir el carácter de los personajes, sus acciones y consecuencias. Puede contener un mayor grado de horror, sin llegar al extremo. “En caso de violencia, ésta no es extrema y puede estar vinculada con conductas sexuales sugeridas –nada más sugeridas– señalando las consecuencias negativas de su vinculación. Puede haber erotismo y escenas sexuales implícitas, pero no explícitas; ambos en un contexto no degradante. La desnudez es esporádica, sin acercamiento a los genitales de los actores y en un contexto no humillante”. Etcétera. Son criterios de censura realmente aberrantes los que establece la Secretaría de Gobernación en este acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de 2002. ¿Qué hace el Poder Legislativo? ¿Qué hacemos en esta Cámara? Simplemente establecer la clasificación B-15, pero sin establecer los criterios democráticos y de respeto a los valores, a la tolerancia, a la igualdad, a la solidaridad entre las personas. Creo que es inconveniente este dictamen porque es de nuevo al Poder Legislativo al que correspondería establecer estos criterios de censura previa y no a la Secretaría de Gobernación.