El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Justicia recae a la minuta tunada por la colegisladora y contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, y reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En nuestro país, la impunidad es muy alta. La cifra negra de los delitos cometidos es imprecisa porque la gente tiene miedo de denunciar ante la colusión de los ministerios públicos o las policías, con los delincuentes. El perjudicado por la comisión de un delito sabe que al presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público quedarán asentados sus datos de identificación, mismos que pueden quedar al alcance de la delincuencia. El propósito central del dictamen que se discute es establecer medidas de protección a favor de personas que denuncian los delitos, e incluso esta protección puede ampliarse a los testigos de la víctima. Se establece un Centro Federal de Protección a Testigos, que recibirá las solicitudes de incorporación al Programa de Protección. Se crea también una unidad encargada de la ejecución de las medidas de protección contenidas en dicho programa. El programa tendrá aplicaciones en aquellos casos en los que se encuentran relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación directa o indirecta en un procedimiento penal, que se trate sobre delitos graves de delincuencia organizada. Las medidas de protección pueden ser de asistencia o bien de seguridad. Además de que salvaguarda de la integridad de las personas, incluye el apoyo de orden psicológico, patrimonial o de vigilancia, así como custodia policial, alojamiento temporal e incluso ayudar a la persona a facilitar su reubicación. También se establecen medidas de protección a favor de los integrantes de las organizaciones delictivas que deciden actuar como testigos colaboradores. Se contienen medidas de cooperación internacional para la protección de personas. Con el ánimo de generar confianza y certidumbre en la sociedad sobre la aplicación de las medidas contenidas en esta ley, se establece un capítulo de transparencia y que consiste en la obligación de presentar anualmente un informe al Congreso, acerca de los resultados y las operaciones del programa, teniendo el Congreso la facultad de evaluar las operaciones realizadas. Además, que tanto el órgano de control interno de la Procuraduría como la propia Auditoría Superior de la Federación, en su oportunidad pueden llevar a cabo y realizar las evaluaciones correspondientes. Compañeras diputadas, compañeros diputados, con la aprobación de esta ley entregamos a la autoridad persecutora de los delitos un instrumento jurídico que aporta a la debida protección de las personas y al combate de las organizaciones delictivas. Una vez más se acredita que el Poder Legislativo cumple su responsabilidad de dotar al Ejecutivo de los instrumentos jurídicos necesarios para combatir a la delincuencia. Por su atención, gracias y es cuanto, señor presidente.