El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de los diputados federales por Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman los artículos 3, en sus fracciones I y VII; 5, párrafo primero; y 7, párrafo primero, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. La energía eléctrica y el gas natural al día de hoy representan las energías, conjuntamente con las gasolinas y el diesel, que mayor impacto tienen sobre el bienestar de las familias y el desarrollo de la industria. Desde hace muchos años estos elementos se han convertido en productos de lujo para las familias y la industria. Ello es evidente en las zonas de mayor pobreza del país, y en otras en que los costos de los mismos los hacen inaccesibles para mitigar los estragos, producto de condiciones climáticas extremosas como en los estados del norte del país. En fecha reciente se daba cuenta de que México paga el gas natural al doble del precio de lo que está en el mercado de Estados Unidos, y es actualmente el más caro del mundo. No ha sido suficiente con las coberturas contratadas por Pemex para mitigar estos efectos, ya que la cobertura se contrató a 9 dólares por millón de BTU, con un dólar a 11 pesos y actualmente está ya casi en 14. Así el costo para el consumidor nacional se incrementó en un 27 por ciento tan sólo por el propio aumento en el tipo de cambio. En este sentido, cuando se trata de dilucidar la competencia en materia de fijación de las tarifas, las autoridades han evadido la responsabilidad alegando incompetencia, aunque la Comisión Reguladora de Energía cuenta con las atribuciones de aprobar los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de gas natural y expedir las metodologías para la determinación de sus precios. Para evitar pretextos se hace necesario darle mayor claridad a las disposiciones legales y precisar que esta comisión emita opiniones de carácter vinculatorio, es decir, obligatorias para quien tenga la competencia legal y evitar que las empresas de manera unilateral decidan disminuir o aumentar los precios como sucede actualmente. Es imperativo que la Comisión Reguladora de Energía asuma de inmediato su responsabilidad en todo lo relacionado con la fijación de las tarifas de gas natural. Para ello se dota a esta comisión de mayor autonomía de decisión a través de la designación misma de los comisionados, quienes serán nombrados por el Senado de la República a propuesta del titular del Ejecutivo federal. Otro aspecto fundamental es que la comisión actúe de manera supletoria para la fijación de las tarifas de venta al consumidor final, de los productos vinculados con la energía eléctrica y el gas natural, o que quien teniendo la atribución no la ejerza. Se establece que las tarifas tomen en cuenta los promedios latinoamericanos, para estar en condiciones de competitividad y que sea abandonado el concepto llamado "costo de oportunidad" por ser altamente arbitrario, y sustituirlo por criterios más objetivos. El gas natural y la energía eléctrica deben ser vistos no como negocio, sino como un elemento del desarrollo. Al sector industrial se le está afectando, dándose el cierre generalizado de empresas, que implica la pérdida de empleos, por estos precios elevados de insumos básicos como el gas natural, que se conjugan con factores de disminución en la demanda, derivado de la crisis económica. El Estado debe de fortalecer las Pymes, que como lo sabemos, la crisis ha hecho que 4 de cada 10 microempresas cierren o se reciclen en la informalidad y que trabajen a menos del 30 por ciento de su capacidad instalada. Son parte importante de las cadenas productivas y las grandes generadoras de empleos, de las clases medias y bajas. Su apoyo es un medio de redistribución social del ingreso. Existen 2 millones 899 mil microempresas; 101 mil pequeñas empresas y 27 mil medianas empresas, en comparación con las 19 mil 900 grandes empresas registradas en los Censos Económicos. Las microempresas generan 6 millones 347 mil empleos; las pequeñas, 2 millones 58 mil y las medianas, 2 millones 317 mil, en comparación con las grandes que generan 4 millones 318 mil. Es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas, generan casi el 70 por ciento de los empleos en nuestro país. Esta iniciativa tiene como finalidad que se establezcan precios justos de los suministros de energía, sobre todo de gas natural, que lo vean como un elemento para el desarrollo del país y de justicia social. Por lo antes expuesto, propongo al pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en los términos publicados en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputado presidente.