El diputado Víctor Serralde Martínez: Con su venia, presidente. Compañeros legisladores, nos encontramos ante un capítulo más de la historia de nunca acabar. Nada resulta más común en Veracruz que enterarse de empresarios de la industria azucarera que se ausentan del cumplimiento de las obligaciones contraídas con los productores que les suministran la materia prima de la cual obtienen sus ganancias. El ingenio Nuevo San Francisco es una muestra ejemplar de las palabras que he referido. Ésta no es la primera vez que el Grupo Azucarero Gonza se ausenta del cumplimiento de sus obligaciones, y así entre ausencias y tardanzas y en solvencias y tecnicismos se continúa devaluando la cada día más precaria condición de vida de miles de productores que tributan su caña a ese ingenio. La relación entre industriales y productores en este ámbito se encuentra regulada por un instrumento previsto en la ley aplicable en la materia denominada contrato uniforme. Las controversias que de él emanen, de acuerdo a la misma ley, deberán atenderse en la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. Debemos resaltar que una de las acciones del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, instrumentadas por el actual gobierno federal, ha consistido en promover la solución de controversias a través de una adecuada integración de dicha Junta, obteniendo resultados favorables para todas las partes en controversia. Así pues, hablamos de una clara relación contractual entre particulares, industriales y cañeros, en la cual los esfuerzos que podamos hacer desde esta Cámara, se encuentran acotados a la exigencia del estricto cumplimiento de la ley y de los acuerdos que al amparo de ella hayan emanado. Desde esta tribuna, hago saber que los diputados del PAN votaremos a favor del exhorto a las dependencias y entidades públicas competentes, para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la ley promuevan la resolución de la controversia en los ingenios Nuevo San Francisco y San José de Abajo. Como hemos visto, la agroindustria de la caña constituye una actividad de alto impacto social y económico, sensible frecuentemente a circunstancias y coyunturas, como ésta que me trae a esta tribuna, en la cual es común que se dilate el periodo de liquidación, argumentando insolvencia, incapacidad o tecnicismo, pero cierto es que en esta cadena de producción, quien termina pagando los platos rotos es invariablemente el eslabón más débil, me refiero al productor cañero. Por estos motivos, es necesario mantener una cercana observación del desarrollo y el desempeño de los actores dedicados a esta actividad, yendo más allá del exhorto que se discute quiero aprovechar la ocasión para reiterar la necesidad de crear la Comisión Especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar como lo solicitó, en el punto de acuerdo, el diputado José Soto Martínez, el pasado 25 de septiembre, a fin de que sea esa Comisión Especial quien conozca de estos menesteres y atienda con gran sentido social el ámbito en que se desarrolla. Compañeros, no podemos permanecer indolentes ante el sentimiento de impotencia que viven en las casas miles de hombres y mujeres esperanzados en recibir lo que por derecho les corresponde. Los legisladores de Acción Nacional no somos ajenos a esta realidad y nos solidarizamos en el justo reclamo de aquellos que habiendo trabajado la tierra hoy esperan la inmediata remuneración a que tienen derecho. En una clara definición de nuestra postura exigimos la pronta resolución de las diferencias y la atención al pronto pago de las liquidaciones pendientes, tanto como de los intereses moratorios que se hayan generado. Es cuanto, presidente.