EL C. DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA: Con su venia, señora Presidenta. "En ejercicio de las facultades conferidas por nuestra Carta Magna y en el Reglamento Interior del Congreso, a nombre propio y de quienes suscriben la iniciativa someto a su consideración la presente que es para que se reformen los artículos 9. 10, 11, 12, 59, 61, 73, 90, 91, 92 de la Ley de Radio y Televisión, a fin de establecer formalmente el impuesto equivalente al 12.5 por ciento del total del tiempo diario de emisión autorizada a cargo de las estaciones de radio y televisión como tiempo para uso oficial del Estado, a través de sus órganos autónomos y de los tres poderes del gobierno de la federación: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como la creación del Consejo General de Radio y Televisión como órgano autónomo del Estado, conforme a la siguiente " E x p o s i c i ó n d e M o t i v o s : "Es indudable que la radio y la televisión son el mejor instrumento informativo por el gran potencial y su audiencia, y es indudable también que el Estado para cumplir con sus fines debe aprovecharlo al máximo. Que resulta necesario, dadas las condiciones actuales sociopolíticas que vive México, el revisar las políticas públicas de comunicación social, ya que como principio fundamental de nuestra Carta Magna la utilización del aspecto radioeléctrico en todas sus modalidades para emitir señales de radio y televisión constituye una actividad de interés público por emanar de un bien propiedad del Estado y de dominio directo a la nación, y por lo tanto es el propio Estado que a través de sus órganos y sus poderes debe tutelarla, vigilarla y proteger que se cumpla su fin social. "En este tema un asunto fundamental lo es sin duda lo relativo a la administración eficaz y eficiente del tiempo oficial que le corresponde en pleno derecho al Estado del total de las transmisiones que realizan quienes tienen a su cargo concesiones de radio y televisión en todo el país. "Esta facultad del Estado para disponer libremente del tiempo oficial de radio y televisión nace en la Ley de Ingresos del año de 1969, donde estable un impuesto especial sobre servicios declarados de interés público por ley en los que intervengan concesionarios que utilicen o exploten bienes propiedad del Estado y de dominio directo a la nación. Como en el caso lo es la utilización del aspecto radioeléctrico para transmitir radio y televisión. "Queda pues claro que las frecuencias a través de las que se transmiten emisiones de radio y televisión no son propiedad privada, sino que se trata de bienes de dominio directo a la nación y por lo tanto deben ser tutelados por ésta y puede ejercer los derechos correspondientes. "Cabe señalar que el acuerdo presidencial del 1º de julio del año de 1969 facultó a la Secretaría de Hacienda para cobrar este impuesto en especie, es decir, quedó claro y legalmente su establecimiento. "Adicionalmente el artículo 59 de la Ley de Radio y Televisión le otorga al Estado la prerrogativa formal para utilizar libremente tiempo para el cumplimiento de sus propios fines en todas las emisoras, hasta por 30 minutos continuos o discontinuos diariamente. Esto con independencia del tiempo fiscal antes señalado y con independencia también del tiempo de que disponen partidos políticos y el IFE, según lo determina la propia Ley Electoral Federal. "En síntesis, al Estado le corresponde los tiempos oficiales y como se ha quedado establecido corresponde al Estado en su acepción más general, no al gobierno y no como actualmente se viene utilizando a un solo poder del gobierno como es el Ejecutivo. "Es por ello que esta iniciativa pretende reformar la Ley de Radio y Televisión, a efecto de que quede claramente establecido y formalilzado este tiempo del Estado para que sea repartido en forma equitativa para su utilización, para sus fines necesarios, a los tres poderes de la federación: al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial y también a órganos autónomos como podrían ser la Comisión de Derechos Humanos y el IFE, entre otros. Es claro que la condiciones en que se viene utilizando el tiempo del Estado, administrado hoy por el Ejecutivo y utilizado solamente por él, se viene desperdiciando. Hay estudios publicados en medios de comunicación en que queda claro que solamente se utiliza una parte muy baja del tiempo oficial del Estado por el Ejecutivo en tanto ésta realiza pago de cantidades muy importantes de dinero para publicidad gubernamental y para cumplir, dicen así, los fines propios del Ejecutivo. Es claro que hace falta transparentar cuánto es este tiempo oficial del Estado en medios de comunicación electrónicos y resulta imperativo que su administración quede en manos de un órgano autónomo diverso del Ejecutivo, en el que intervengan representantes de los tres poderes y de órganos autónomos del Estado en su administración, en la determinación de horarios y en la vigilancia del material y en la vigilancia de la emisión misma de las transmisiones. Por ello, se propone en la iniciativa la creación de un órgano autónomo denominado Consejo General de Radio y Televisión, que estaría integrado por representantes ciudadanos electos en forma democrática, con la intervención del Ejecutivo y del Legislativo, así como representantes de los Poderes de la Federación y de órganos autónomos, con lo cual se garantizaría la equidad, la transparencia y la justicia y, sobre todo, la utilización más apropiada de este recurso tan valioso para el pueblo que es el tiempo oficial en radio y televisión, ocasionando un ahorro en lo que actualmente se gasta desmesuradamente en propaganda gubernamental, recursos que sería muy valioso utilizarlos a favor del pueblo, en su desarrollo económico, político y social. En obvio de tiempo y solicitando a la Presidencia que al entregar este escrito que comprende la iniciativa en su conjunto, que contiene en la exposición de motivos un cuadro comparativo del articulado vigente y de cómo se pretende reformar con un esquema explicativo, así como el texto formal de cómo se pretende quedara especificado, solicito quede para publicación íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, para lo cual hago entrega. Y simplemente termino exhortando a mis compañeras y compañeros legisladores, para que analicemos con reflexión, con amplitud de miras este planteamiento, que permitirá en la época que vivimos, la transparencia en la utilización de los tiempos del Estado, para que éstos sean totalmente en beneficio de México. Muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias a usted, señor diputado. De acuerdo a su petición, publíquese el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta y túrnese la iniciativa a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Tiene la palabra el diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado tenía inscritas en el orden del día dos iniciativas y va a presentar no la que acabo de leer, sino una iniciativa que adiciona una Sección Quinta del Capítulo Sexto del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante señor diputado. -EL C. DIPUTADO TARSICIO NAVARRETE MONTES DE OCA. Con su permiso señora Presidenta, Presento estimados amigos y amigas Diputados, una Iniciativa de Decreto que adiciona una Sección V al Capítulo Sexto del Título III de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de una propuesta con la finalidad de crear un grupo nacional de ex Legisladores, cuya finalidad sería aportar sus conocimientos, experiencia para la continuidad y fortalecimiento de las actividades del Congreso de la Unión De manera sucinta diré que actualmente por desgracia se ha visto impedida la transmisión de esta experiencia como consecuencia de que en nuestra Legislación no existe la Reelección de Legisladores y, por la otra, hay una discontinuidad en el trabajo legislativo. En Canadá, como en oros países, esta figura de asociación de ex Parlamentarios ha dado grandes resultados, ya que ha permitido que las actividades que realizan sus integrantes, sea de la Casa de los Comunes o del Senado, no se vean interrumpidas por el término de sus funciones. Además, estos ex Parlamentarios promueven la formación en valores democráticos, hemos considerado integrarla a la Ley Orgánica para evitar darle un nacimiento como Punto de Acuerdo y que pueda ser motivos de cambio en el futuro. La Iniciativa, estimados amigos, tiene como objetivos los siguientes: aportar los conocimientos y la experiencia de sus miembros al Congreso; proveer la asistencia no partidista al Poder Legislativo; fomentar la integración de una comunidad entre los ex Legisladores; fomentar el fortalecimiento de las relaciones entre los Miembros del Senado y a Cámara de Diputados con los ex Legisladores; proteger y promover los intereses de los ex Legisladores que puedan ser en el ámbito de prestaciones laborales básicas. El Grupo Nacional de Legisladores tendrá las siguientes facultades:- Iniciar y financiar, administrar programas de actividades relevantes para sus objetivos; publicar o difundir información de todo tipo relacionada con sus objetivos; establecer y asignar becas para estudio relacionados con la vida parlamentaria; otorgar reconocimientos cuando los consideren apropiados, por contribuciones sobresalientes en la promoción y entendimiento del sistema de Gobierno; ejercer todos los recursos económicos que le asigne el Congreso de la Unión en actividades propias del grupo. Presentamos esta Iniciativa en el Palacio Legislativo, a nombre del Gruo Parlamentario de Acción Nacional. Firma su servidor, Tarsicio Navarrete Montes de Oca. Solicito a la Presidencia pudiera integrar al Diario de Debates el texto íntegro que en este momento entrego. Muchas gracias. -LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado. INTEGRESE EL TEXTO INTEGRO EN EL DIARIO DE LOS DEBATES Y EN LA GACETA Y TURNESE LA INICIATIVA A LA COMISION DE REGLAMENTO Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS. LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION DEL MISMO DIPUTADO NAVARRETE SE POSPONE PARA LA SIGUIENTE SESION. Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Raigosa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Iniciativa de Reformas a diversos Ordenamientos Legales en materia de Robo de Infantes. -EL C. DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA. Con su permiso , Diputada Presidenta. Esta Iniciativa de Ley que hoy presentamos, adiciona y reforma al Código Civil Federal, la Ley General de Población, la Ley del Servicio Exterior Mexicano, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Penal Federal, a efecto de otorgar mayor seguridad jurídica a las niñas y niños de México y de federalizar el secuestro y privación ilegal de la libertad de los menores. Compañeras y compañeros Diputados, en ejercicio de lo dispuesto en el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el Artículo 55º Fracción II, 56º, 62º y 63º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscribimos, diputados federales de la LVIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos la siguiente iniciativa de ley: El pasado 13 de noviembre del 2001 presentamos ante el Pleno una proposición con punto de acuerdo mediante el cual pedimos se instaure la Procuraduría Federal Infantil; el Centro Nacional de Apoyo para la Recuperación de Menores y el Registro Nacional de Menores Robados. Punto de acuerdo que por cierto no ha sido dictaminado por las comisiones correspondientes. Desde ese momento, nos hemos abocado a realizar propuestas para que se recuperen la mayor cantidad de menores robados, como lo es la difusión de las fotografías de los niños robados en la papelería oficial del Gobierno Federal y local; en papelería del Congreso y en envases y empaques de los productos de las empresas privadas. Hemos elaborado un tríptico que contiene las quince reglas básicas para prevenir el robo de niñas y niños; hemos difundido las fotografías de algunos de los niños robados en un cartel y estaremos inaugurando el día de mañana un Foro sobre Robo de Menores, donde participarán instituciones como la PGR, la PGJDF, UNICEF y DIF Nacional. Las modificaciones que propondremos al marco jurídico mexicano se derivan de las constantes preocupaciones que tiene la sociedad mexicana por otorgar mejores condiciones sociales, económicas, jurídicas y de seguridad a las niñas y niños de México, así como para evitar el creciente tráfico de menores los cuales una vez robados son destinados hacia la prostitución, el comercio sexual, el tráfico de órganos, la pornografía infantil, el trabajo forzado, la mendicidad, la venta de drogas, los ritos satánicos, el robo y hasta el lavado de dinero de las mafias como el narcotráfico. Las omisiones en la ley y las condiciones económicas y geográficas, los altos índices de marginalidad y de miseria en nuestro país han hecho que México se haya convertido en un punto estratégico para que las mafias trafiquen libremente con los órganos de las niñas y los niños para comerciar sexualmente con ellos, con su cuerpo o para ser objetos de pornografía infantil. Aunado a esto, la falta de confiabilidad en algunos documentos públicos como las actas del Registro Civil y los vicios con que operan las autoridades migratorias y aduanales, han contribuido a agudizar el tráfico de niñas y niños en todo el país y al fácil quebrantamiento de la legalidad en esta materia. Debido a esta situación y con una forma de dar respuesta a varios años de lucha llevada a cabo por miles de padres de familia que les han sido robados sus niños y sus niñas, proponemos se modifiquen las siguientes leyes: el Código Civil Federal; la Ley General de Población; la Ley del Servicio Exterior Mexicano; la Ley General de Salud; la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y el Código Penal Federal. Las modificaciones propuestas al Código Civil Federal obligarán a poner la huella plantar del recién nacido en las actas de nacimiento y no sólo la huella digital como actualmente se lleva a cabo; esto con el fin de evitar la falsificación de este importantísimo documento. Además se exigirá que el adoptante tenga una residencia legal en el país de cuando menos un año a fin de combatir las adopciones al vapor y permitir una evaluación intensa de las condiciones psíquicas, económicas, morales y culturales de los presuntos adoptantes. Esto será de suma importancia dado que en la actualidad no se sabe de la procedencia de aquellos que adoptan. Así mismo, se aumentarán las causales para poder revocar la adopción específicamente para los adoptantes extranjeros o nacionales que residan fuera del país si estos no informan anualmente del estado que guardan los menores. Este informe deberá incluir un examen general de salud del adoptado y tal obligación se mantendrá hasta la mayoría de edad del adoptado. Por su parte, con las reformas a la Ley General de Salud se pretende que únicamente puedan adoptar los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de inmigrados o inmigrantes evitando que asilados políticos refugiados o estudiantes adopten a un menor. Esto nos parece necesario ya que estos últimos no podrían brindarles condiciones de bienestar y estabilidad emocional a los adoptados. Así mismo, se propone que para el caso de extranjeros que adopten y vayan a residir fuera del territorio nacional informen anualmente ante las secciones consulares, correspondientes de México en el lugar donde se domicilien sobre el estado general que guarden las niñas o los niños. Se incrementa también en esta propuesta la pena mínima a 10 años y la máxima a 15 años de prisión a quienes trafiquen con órganos o tejidos humanos de niñas y de niños. Estas sanciones se duplicarán en el caso de que el tráfico de órganos se realice en contra de un menor de 17 años. Por otro lado, con las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se faculta al gobierno federal para perseguir y sancionar el tráfico, robo y secuestro de niñas y niños. Asimismo se delega a la federación para perseguir estos ilícitos cuando de ello se deriven delitos tales como la prostitución infantil, el tráfico de órganos, los actos lesivos o sexuales, el exhibicionismo, la mendicidad y el narcotráfico. Por último, en el Código Penal Federal se proponen penas más severas a quienes cometan actos deleznables en contra de las niñas y l os niños. En el caso de corrupción de menores, exhibicionismo corporal, prostitución infantil, consumo de narcóticos, prácticas sexuales, ebriedad, se impondrá una pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 1,000 a 1,500 días de salario. A quienes induzcan a los niños a la mendicidad se les impondrá una prisión de 8 a 13 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. A quienes videograben, fotografíen o exhiban en anuncios impresos o electrónicos a menores de edad en actos sexuales o lascivos o de exhibicionismo, se les impondrá una pena de 10 a 15 años de prisión y de mil 500 a dos mil 500 días multa. A quienes practiquen o promuevan el turismo sexual con menores de edad, se les impondrá prisión de 10 a 19 años de cárcel y 500 a 3 mil días de multa. A quienes ocupen a menores de edad en cantinas, tabernas y centros de vicio, se les castigará con prisión de uno a tres años y de mil a 2 mil días multa, así como con el cierre definitivo de las instalaciones. Cuando los delitos sean cometidos por la delincuencia organizada, de acuerdo con la ley respectiva, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte. Al que entregue a un menor dentro o fuera del territorio nacional, a fin de que ejerza la prostitución, se le impondrá de 10 a 17 años de prisión y de 500 a mil días de multa. A quienes trafiquen con un menor y de este delito se deriven ilícitos como la prostitución, la pornografía, se les impondrá una pena de 15 a 20 años de prisión y de 2 mil 500 a 3 mil días de multa. Las penas antes señaladas se incrementarán al doble cuando participen en ello la delincuencia organizada. Por lo anteriormente expuesto, hacemos la siguiente exposición de motivos: Dado que más de una tercera parte de la población mexicana es menor de 15 años y es responsabilidad del estado mexicano a través de sus autoridades, brindar protección, seguridad, facilitar su desarrollo físico y mental, así como de mejorar las condiciones de las niñas y niños mexicanos. Dado que hay más de 130 mil niñas y niños desaparecidos desde 1996 a la fecha, sin que hasta el momento existan acciones contundentes para frenar este ilícito, tan sólo en 1999 LOCATEL reportó durante el primer trimestre, 11 mil 059 personas extraviadas, de las cuales 3 mil 278 personas extraviadas eran menores de 15 años y 7 mil 781 eran menores de 19 años. Dado que el robo de menores es uno de los delitos que más perturba a la sociedad el cual desintegra a la familia y la escinde, pues no hay una coordinación de esfuerzos para perseguir y sancionar el robo, secuestro, sustracción de niñas y niños, así como tampoco hay una adecuada persecución y sanción de la pornografía infantil y el turismo sexual... Le pediría a la mesa si me permite un minuto. -