El diputado Israel Madrigal Ceja: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy someto a la consideración de esta soberanía se enmarca en los temas pendientes que han dejado los proyectos encaminados a reformar al Estado, las cuales cobran particular importancia en el proceso de reforma política que ha comenzado a discutirse en este Congreso de la Unión. Se trata de reformar el artículo 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para establecer disposiciones que hagan valer plenamente la voluntad popular, dado que aún persisten aspectos que no han sido integrados en la legislación como lo es la causal abstracta de nulidad para la elección de presidente de la república. En el 2000 acudimos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para demandar la anulación de la elección del gobernador en Tabasco, por el cúmulo de irregularidades de ese proceso electoral, tales como la compra de votos, la inequidad en el acceso a los medios de comunicación, quema de papelería electoral, apertura ilegal de paquetes electorales que influyeron a favor de uno de los candidatos. Este asunto constituyó el primer precedente en México de la anulación de una elección por la causa abstracta de nulidad. En el 2006, como todos sabemos, los mexicanos fuimos testigos de una competencia electoral muy reñida entre los dos principales aspirantes a la Presidencia de la República; la diferencia de los resultados fue mínima, pero existieron muchas irregularidades. Por tanto, nuevamente hicimos valer la causal abstracta de nulidad. Sin embargo, en esta ocasión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cambió el criterio adoptado en el 2000, por lo que no consideró necesario decretar la anulación de la elección y dejó insatisfecho un número importante de mexicanos, lo que puso en entredicho la legitimidad del actual gobierno y generó una polarización política sin precedentes. No obstante, en su resolución al tribunal electoral reconoció y acreditó que en dicha elección se difundieron, en perjuicio de uno de los candidatos, campañas de odio a través de spots y correos electrónicos; campañas promovidas por el Consejo Coordinador Empresarial e intervención del ex presidente Vicente Fox; la utilización de programas sociales con fines electorales, los excesivos gastos en medios de comunicación, el rebase de topes de gastos de campaña de los partidos políticos, la participación e intromisión de extranjeros en el proceso electoral, entre otras graves irregularidades. Actualmente el artículo 77 Bis de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral solamente plantea como causales de nulidad para la elección de presidente de la república las siguientes: Cuando se acrediten irregularidades en por lo menos el 25 por ciento de las casillas instaladas en el territorio nacional. Cuando en el territorio nacional no se instale el 25 por ciento o más de las casillas. Cuando el candidato ganador resulte inelegible. Por lo que resulta evidente que la causal abstracta de nulidad no ha sido incorporada en el texto de la Ley de Medios de Impugnación a pesar del explorado derecho por parte del Tribunal Electoral, el cual, debido a una interpretación sistemática y funcional de los principios y valores que deben respetarse en el desarrollo de elecciones democráticas, definió esta causal como "aquella ineficiencia atípica decretada por la autoridad competente respecto de una elección por haberse transgredido de manera grave e irreparable los principios rectores fundamentales de un proceso electoral determinado". Po tanto, para que se produzca la causal abstracta de nulidad, en la elección debe haber una flagrante violación a cualquiera de los siguientes elementos fundamentales: elecciones libres, auténticas, periódicas, sufragio universal libre, secreto y directo, que en el financiamiento de los partidos políticos y de sus compañas electorales prevalezca el principio de equidad. La organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo, cuyos principios rectores son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación y el control constitucional y legal de los actos y resoluciones electorales. Por tanto la iniciativa que hoy someto a la consideración de esta soberanía, tiene como finalidad establecer expresamente en el artículo 77 Bis, de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la causal abstracta de nulidad en la elección presidencial en los casos que se acrediten los siguientes puntos. Primero. Intervención del presidente de la república a favor de precandidato, candidato, partido político o coalición en cualquier etapa del proceso electoral. Segundo. La utilización de recursos públicos o programas sociales con fines electorales a favor de un precandidato o candidato, partido político o coaliciones en cualquier etapa del proceso electoral, proveniente de cualquier orden de gobierno. Tercero. Se rebasen los topes de gastos de precampaña, campaña, autorizados legalmente de acuerdo con el dictamen que rinda la unidad técnica de fiscalización del Instituto Federal Electoral a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como parte de la sustanciación de los juicios de inconformidad. Cuarto. Se utilicen fondos o recursos de procedencia ilícita o del extranjero para apoyo de un precandidato o candidato a la Presidencia de la República o a favor de partido o coalición que lo postule. Ciudadano presidente, le solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa sea incluido en el Diario de los Debates. Es cuanto, presidente.