La diputada Leticia Mendoza Curiel: Con su permiso, diputado Presidente. Honorable asamblea: el marco jurídico nacional reconoce expresamente, desde la Constitución, los derechos humanos suscritos en el derecho internacional de los derechos humanos. Entre estos derechos se encuentra el derecho de las mujeres a vivir libres de toda forma de violencia. Además, el texto constitucional prohíbe toda discriminación motivada por el género o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El Estado mexicano es parte de diversos instrumentos jurídicos internacionales que lo obligan a llevar a cabo medidas legislativas para erradicar la discriminación, así como todo tipo de violencia contra las mujeres. Es oportuno mencionar que el Comité de Vigilancia para la Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer ha observado con preocupación la persistencia de las prácticas discriminatorias contra las mujeres en el ámbito laboral en nuestro país. Pues informó que tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de actos de violencia en el lugar de trabajo, incluido el abuso y el hostigamiento sexual. En ese contexto recomendó al Estado mexicano tomar todas las medidas necesarias para eliminar las inconsistencias de los marcos legales federal, estatal y municipal. Por su parte, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, establece que los estados partes deberán de tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres. Preocupados por el acoso y el hostigamiento sexual que viven las mujeres de México, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, presentaron iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los promoventes señalan que la violencia en razón de género es una de las principales barreras que las mujeres encuentran para incorporarse en el ámbito laboral, público o privado, pues enfrentan diversas situaciones como la doble jornada con discriminación salarial, acoso laboral o la exigencia de requisitos sobre el estado civil y la maternidad. Los diputados sostienen que no se puede exigir permitiendo que una mujer sea discriminada por ejercer su derecho a la reproducción y aluden a diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos inscritos en el ámbito internacional como aquellos referidos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración y el 111 sobre la discriminación en el empleo y ocupación, así como en el marco de las Naciones Unidas, Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es por lo anterior que subrayan la necesidad de asegurar un marco jurídico a fin de que las mujeres superen las barreras que enfrentan en el ámbito laboral, con el pleno reconocimiento a la igualdad y a la no discriminación, reconociendo sus derechos laborales. Además, la iniciativa pretende erradicar por completo las prácticas empresariales de exigir a sus trabajadoras pruebas de embarazo como condición para el ingreso o para la permanencia en el empleo. También se hace mención al artículo 4o. constitucional, que establece lo siguiente: Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. En este tenor los promoventes plantean reformar el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de incluir en la violencia laboral la exigencia de exigir la presentación de conflictos médicos, de no embarazos al ingreso o acceso en el empleo; y despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener al cuidado de sus hijos menores. La Comisión de Igualdad de Género coincide en la pertinencia de condenar toda forma de violencia contra las mujeres, en este caso aquella que ocurra en el ámbito laboral. Al respecto los tratados internacionales obligan al Estado mexicano a modificar su legislación a fin de erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres, como bien se refiere en la iniciativa que se dictamina. La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece en su artículo 11, que dice: Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos, así como diversas medidas a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio, maternidad y asegurar la efectividad de sus derechos a trabajar. Adicionalmente el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó al Estado mexicano armonizar la legislación laboral con los contenidos de la CEDAW, eliminar el requisito de la prueba de embarazo y de la Ley Federal de Trabajo. Así como lo dice el artículo 133: Queda prohibido los patrones o a sus representantes exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o acceso en el empleo, despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada por cambios del estado civil o por tener cuidados de hijos menores. En este contexto se observa que la iniciativa que se dictamina plantea idénticos contenidos que la legislación laboral, por lo que si bien resulta plausible la propuesta surge una sobrerregulación. Por ello la Comisión de Igualdad de Género consideró incorporar a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia un reenvío en el que se remite a los contenidos de la Ley Federal del Trabajo, quedando como sigue el artículo 11: Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o respetar su permanencia, condiciones generadas del trabaja; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en las fracciones XIV y XV del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, así como la explotación y todo tipo de discriminación por condiciones de género. El presente dictamen está elaborado desde la perspectiva de la armonización legislativa y de acuerdo con el artículo 1 constitucional, que nos obliga a normar nuestro criterio legislativo de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres. Tengan la certeza que las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género trabajamos y analizamos con profundidad cada uno de los asuntos que nos son turnados, sean minutas, iniciativas o puntos de acuerdo, por lo que pedimos a esta honorable asamblea su voto a favor y que ésta representa un acto de justicia para todas las mujeres. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.