El diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Primero quiero decirles que si vamos a hablar de libros, yo les recomendaría, como se ha recomendado muchas veces aquí en esta tribuna, que leamos Camisas azules, manos negras. El análisis del Cuarto Informe de Gobierno constituye una de las tareas fundamentales de esta Cámara. Este ejercicio conforma parte de la rendición de cuentas que nuestro marco constitucional establece para el Poder Ejecutivo. Toca al Congreso analizar las más de mil 400 páginas que componen el cuarto informe. Es parte de nuestra obligación, y lo que aquí se debata deberá ser aprovechado para los trabajos legislativos vinculados con todos y cada uno de los temas que componen la situación de la administración federal. El día de hoy corresponde al análisis de uno de los temas estratégicos para la gobernabilidad del país, me refiero al de la política interior. En la lectura de más de 100 páginas que componen los apartados de Justicia y Seguridad, el presidente ofrece una visión idílica de la situación que prevalece en el país. Los indicadores de desempeño rebasaron la meta en la mayoría de los casos. Sin embargo, cabe señalar que al tema de Combate al Crimen Organizado, el presidente le destine en su informe apenas 10 páginas. Para el Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara no hay duda: la seguridad es una prioridad nacional. Lo hemos demostrado con hechos. Entre 2007 y 2010 esta Cámara, con los votos de los legisladores de mi partido ha aprobado recursos para la seguridad del país por un total de 411 mil millones de pesos; es decir, más de 3 puntos del producto interno bruto estimado para este año. No es una cifra menor, y lo grave es que la aplicación del presupuesto para la seguridad como lo veremos a continuación- no ha tenido los efectos deseados. Primero. Este año se ha invertido más que nunca en seguridad pública, en especial en combate al narcotráfico. Sin embargo, nos encontramos que en lo que va del año se ha detenido a un 33 por ciento menos de delincuentes que en el mismo periodo del año pasado y, sin embargo, las mujeres colaterales continúan en aumento. Esto parecería demostrar que la estrategia no es la adecuada, inclusive que las fuerzas públicas están superadas. Poco se ha de resolver este problema. Segundo. En materia de lavado de dinero la historia es muy similar. En lo que va del año los aseguramientos de dinero en moneda nacional y en dólares disminuyeron en promedio en un 25 por ciento y no se ha desarticulado ni una sola dedicada a este ilícito, mientras que durante el primer semestre del año pasado se desarticularon cinco. Están dejando de lado los temas financieros de seguridad pública para atender otros más mediáticos. Tercero. Por otro lado, las averiguaciones previas iniciadas por secuestros, durante lo que va del año, son tantas como las iniciadas en todo el año pasado, habiendo sido despachados solamente el 50 por ciento este año. Cabe destacar que dentro de estos números se encuentra la desaparición de Diego Fernández de Ceballos. Es obvio que también estamos retrocediendo en esta materia. Cuarto. El informe nos muestra algunas cifras que a simple vista no parecieran reales, basta con salir a las calles para percibir la inseguridad de las personas. Pero aún peor, basta con hojear cualquier diario para notar que los delitos del fuero federal, más allá de ir a la baja como lo muestra el informe, van a la alza. La gente tiene miedo de salir de sus hogares porque actualmente se siente tomada por la delincuencia. Actualmente cualquier día a cualquier hora y casi en cualquier lugar una persona o un grupo de personas son capaces de atentar contra la convivencia pacífica, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, manteniéndose al margen de la acción de la justicia. ¿Cuántos muertos más debemos de esperar para que nos entreguen cifras reales? Quinto. En la lucha contra el narcotráfico, que el presidente Calderón ha tomado como bandera, el año pasado se detuvieron casi 30 mil personas, este año ya van un poco más de 10 mil, ¿cuántos recursos detenidos, y muertos más, necesitamos para terminar con esta guerra? Sexto. Hace un par de años, en uno de los encuentros más importantes de la historia del país, se firmó el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. A la fecha, de acuerdo al Cuarto Informe de Gobierno, sólo se han cumplido cuatro de los 28 compromisos adquiridos por el gobierno federal ante los sectores públicos y privados ahí presentes. Por razones que el gobierno federal no ha explicado con suficiencia, eligió un momento específico y determinado para emprender una campaña de erradicación del crimen organizado, no hubo una guerra, subrayo, lo cual visto en retrospectiva, revela la inexistencia previa de un diagnóstico completo en términos de capacidades institucionales, humanas, legales y logísticas, por parte del Estado mexicano para iniciar esta lucha. Tampoco había una debida evaluación de los adversarios y de la multiplicidad de estos frentes. No hay estrategia sin diagnóstico y no lo hubo. Este señalamiento significa el reconocimiento de un problema en el que la selección de tiempos para la acumulación de capacidades suficientes y aptas, era indispensable antes de tomar decisiones y de emprender acciones. Y así ha sido a lo largo de estos cuatro años. El año pasado, el presidente Calderón presionó a este Congreso para que aprobara la Ley de Extinción de Dominio, alegando que con ella el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada sería más efectivo. Sin embargo al día de hoy no existe ningún caso acreditado que lo confirme El Cuarto Informe es omiso en cuanto al total de muertes que el combate al crimen organizado ha ocasionado. Como sabemos, este año se ha incrementado de manera considerable y según la secretaría del ramo, a lo largo de esta administración suman casi 30 mil decesos. El presidente nos quiere vender el éxito donde está claro el fracaso de su estrategia. Quiere mostrar el edén cuando muchas zonas del país están, sin duda, más cerca del infierno. La intensidad del crimen organizado en México es un fenómeno real que como dije en un principio, concierne a todos; no cabe ni el voluntarismo, la improvisación ni la impreparación. Siendo una prioridad de política pública ineludible, ha sido mal atacada y peor comunicada, ha rebasado y desbordado el marco constitucional, legal, administrativo y operativo del Estado mexicano. Si seguimos así sólo contribuiremos a la polarización social, a la crispación política o a la construcción de esquemas propagandísticos individuales que, lejos de atender el problema, pretenden disimular errores o repartir culpas. No tiene argumentos el gobierno de la república para quejarse de la respuesta del Poder Legislativo a sus demandas. La escalada de sucesos criminales en el país ha dado motivo a leyes que, se dice, enfrentarán en forma efectiva los sucesos cada vez más complicados que se han vivido y es aquí donde el Congreso ha respondido puntual y eficazmente. El Poder Legislativo ha cumplido su responsabilidad constitucional y ha colaborado estrechamente en el esfuerzo iniciado por el titular del Poder Ejecutivo federal. Las y los diputados nos hemos mostrado dispuestos a analizar y discutir las iniciativas de ley o de reformas legales que el Ejecutivo nos ha remitido. La labor legislativa se ha dado sin regateos políticos. En los últimos años hemos creado nuevos ordenamientos y aprobado más de 40 reformas legales, la gran mayoría de ellas propuestas por gobiernos panistas, con objeto de fortalecer la capacidad del Estado mexicano, de las instituciones de procuración de justicia y de las corporaciones de seguridad. Todo con el ánimo de que cuenten con mayores instrumentos para combatir la delincuencia. En el PRI no tenemos duda alguna de la magnitud del problema; tenemos serias dudas y reservas respecto de las soluciones ofrecidas al problema por el gobierno federal. Por eso y con la actitud que hemos mantenido a lo largo de este sexenio, a pesar de entendibles resistencias, respaldaremos la creación de 32 policías estatales que resuelvan a las corporaciones policiacas su profesionalización, equipamiento, adiestramiento, horizonte de desarrollo personal, calidad y seguridad de vida para ellos y sus familias. Costará mucho, pero México va de por medio. Nosotros seguiremos haciendo nuestra parte. Corresponde al presidente y su gobierno hacer la suya. En el análisis de la cuenta pública en el paquete económico 2011 habremos de profundizar en el tema de seguridad. Exigimos que cada peso no solamente se gaste en publicidad, sino que dé los resultados que la gente espera. La gente exige que el Estado le dé seguridad plena. Ésa es nuestra primera obligación. Hacemos un llamado al Ejecutivo para que la asuma sin dilaciones ni vacilaciones. Los mexicanos no podemos conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución con más derramamiento de sangre. México no lo merece. Los mexicanos quieren resultados en sus vidas cotidianas. Sentir la certidumbre...