El diputado Jesús Ramírez Rangel: Con su venia, diputado presidente. El Infonavit enfrenta hoy un gran reto que consiste, prácticamente, en la elevada cantidad de cartera vencida por concepto de las deudas de sus acreditados. Esto ha generado que este organismo busque los mecanismos para recuperar los créditos otorgados y, en consecuencia, se beneficien los mismos trabajadores derechohabientes, toda vez que los recursos recuperados regresan al mismo Fondo Nacional de Vivienda. Es importante mencionar que factores económicos han golpeado a nuestra economía afectando directamente a los trabajadores y trayendo consigo una importante suspensión de pagos de los créditos del instituto. Tan sólo esto se tradujo en un incremento importante de la cartera vencida de créditos hipotecarios, lo cual ascendió a casi 38 mil millones de pesos, que representan alrededor de 5.9 por ciento de los créditos otorgados, según las cifras del propio instituto. El incremento de la cartera vencida ha afectado, desde luego, las finanzas del instituto y su capacidad para otorgar nuevos créditos. Por lo anterior, es importante destacar que el instituto puede y debe recuperar los créditos vencidos; sin embargo, también es imprescindible que los mecanismos utilizados para estos fines no vulneren la esfera jurídica de los acreditados; más aún cuando dichos mecanismos se encuentren regulados en la ley de la materia. El Infonavit realiza la cobranza directamente o a través de despachos de cobranza y sigue determinados lineamientos que establece la propia ley, además de un Código de Ética del Infonavit y un modelo de cobranza del organismo. Nos preocupa que existan casos que contraviene lo establecido en nuestra Constitución, casos intimidatorios que contravienen lo que establece el artículo 17, que prácticamente dice que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil; o el 14, que nos dice que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones si no se hace mediante un juicio seguido en tribunales previamente establecidos. Ahora bien, los códigos y lineamientos por carácter coercitivo de ley no resuelven el fondo de la problemática, de la cobranza indebida a los deudores, y se siguen detectando quejas y reclamos referentes a las malas prácticas de cobranza, particularmente de despachos externos. Se han presentado diversas demandas de los acreditados solicitando a los despachos que realizan la cobranza que no utilicen prácticas intimidatorias ni amenazas, lo cual representa un acto de molestia para los deudores; además de que en sus hogares reciben diversos documentos privados, sin valor judicial, con leyendas de embargo, generando esto incertidumbre y falta de información precisa a los acreditados sobre el estado de su crédito. Si bien es cierto que el Infonavit ha avanzado en este aspecto, es necesario otorgar seguridad jurídica a los acreditados para que las prácticas de cobranza se den con respeto y calidad en el servicio; además de que se permita al instituto recuperar los créditos otorgados y al deudor tener un pleno conocimiento del estado de su deuda sin sentirse amenazado para el pago de ésta. Para concluir, el objetivo de esta iniciativa radica en que la ley del instituto establezca las condiciones fundamentales mediante las cuales se realiza la cobranza de las deudas de los acreditados, además que se sancionará el incumplimiento a dichas disposiciones por el propio instituto y con base a su normatividad aplicable con respecto a la cobranza de los créditos. Es importante que la ley del instituto retome los lineamientos y el código de ética del organismo respecto a la cobranza, y que en la ley se considere la posibilidad de que los deudores puedan realizar las quejas correspondientes en el supuesto que el personal del instituto o los despachos de cobranza incumplan con lo establecido en la ley, y así poder darle mejores garantías a los trabajadores, ya que finalmente son ellos el corazón y el motor de la economía de nuestro país. Es tanto, diputado presidente.