EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS PEREZ GONGORA: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de nuestro país, 51, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento del Gobierno Interior de este Congreso, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de ley, por la que se crea el Instituto de Protección del Contribuyente y de decreto por el que se reforman diversas disposiciones legales. La iniciativa de y las reformas complementarias que se proponen, crean una nueva institución tutelar del ciudadano, pero esta vez concebido en su condición de contribuyente, es decir, como copartícipe y pilar de la vida pública y del Estado. El Instituto de Protección del Contribuyente está sustentado en una filosofía y en una visión de que la mejor manera de incrementar la recaudación fiscal y de aumentar la eficiencia de los órganos recaudatorios y los impuestos, es otorgar una verdadera seguridad jurídica y económica. En ninguna relativa como la tributaria se hace sentir la sujeción del ciudadano frente al Estado y correlativamente el poder de la autoridad sobre el ciudadano bajo la verdad insoslayable de que el funcionamiento y la existencia misma del Estado, dependen de la provisión de los medios materiales que lo hagan subsistir. En consecuencia, el ciudadano asume un doble carácter, el de sujeto pasivo de la relación tributaria y de fuente de subsistencia del Estado mexicano. Por otro lado, la actividad de recaudación en sí misma, supone o implica la atribución al Estado de una potestad imperativa, que se manifiesta frente al ciudadano en una serie de actos y de autoridad unilaterales e irresistibles, que tienen como garantía final el procedimiento económico coactivo, siempre fungiendo la autoridad fiscal, como juez y parte, con lo que se hace más vulnerable la posición jurídica del contribuyente. Dadas las anteriores consideraciones, cobra una importancia determinante la intervención vigilante de un órgano externo e independiente que bajo la visión de defensa del contribuyente, insta a la autoridad fiscal a que respete íntegramente todos sus derechos, confiriéndole la credibilidad a la autoridad tributaria, y persuadiendo al ciudadano del cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales en un clima de justicia fiscal. En nuestro sistema fiscal están concluyendo dos circunstancias que hacen, no sólo conveniente sino indispensable, la instalación de una institución tutelar del contribuyente independiente a la autoridad recaudadora. Por una parte, existe la necesidad de erradicar eficazmente toda práctica administrativa arbitraria de las autoridades fiscales; y por otra, confiar dicha tarea en un órgano, cuya probidad y prestigio, estén garantizados por su experiencia probada y su estructura independiente. El Servicio de Administración Tributaria como órgano desconcentrado de reciente creación, tiene el delicado cometido de realizar la recaudación federal y asegurar los ingresos que permitan sostener al Estado mexicano. Dadas las dimensiones de las actividades recaudatorias y el apremio de asegurar los ingresos públicos, las autoridades fiscales vistas en su conjunto, son involuntariamente propensas a incurrir en prácticas lesivas de los derechos de los contribuyentes, ya sea por arbitrariedad, por falta de imparcialidad o por corrupción. Si bien existen medios de jurisdicción administrativa a disposición del ciudadano para impugnar la legalidad de un acto fiscal, se trata en todo caso de remedios con una elevada complejidad procesal, que no siempre resultan idóneos para la reparación de la arbitrariedad o simplemente está fuera del alcance del ciudadano común, por su costo o inaccesabilidad de los medios para ejercitarlo. El Instituto de protección del Contribuyente que se propone, será heredero de la noble tradición nacional e internacional del Comisionado Parlamentario, constituirá una fuente de ombudsman fiscal, que desde su legítima posición de independencia asegura con múltiples garantías plasmadas en la ley, fiscalizará por la vía de la recomendación el funcionamiento y la legalidad de las autoridades fiscales respecto del contribuyente, convirtiéndose en los derechos del ciudadano frente al fisco. El Instituto de Protección del Contribuyente, cuya creación se propone, es una mecanismo garante de la legalidad tributaria, dirigido a hacer efectivo el establecimiento de tributos a favor del erario federal, y bajo ninguna circunstancia se puede aducir a una invasión de competencia del Poder Ejecutivo, puesto que la estructura y naturaleza de sus funciones y de los actos mediante los cuales los ejercita, afecta la validez de los actos de las autoridades fiscales y por ende su ámbito de poder. De hecho la legalidad de los actos tributarios se valora por la vía de la recomendación, que no incide en la validez interna y eficacia del acto o actuación sujetos a examen, y en consecuentemente no se pueden destruir o modificar los efectos del acto recaudatorio, y sólo evidenciar y hacer público los actos irregulares de las autoridades hacendarias y las causales de ilegalidad en que incurrieron. En la actualidad lamentablemente no existe ningún mecanismo confiable de representación y tutela de los derechos del contribuyente. El Instituto constituye un medio creativo de la defensa del contribuyente en una perspectiva de autonomía e independencia cuidadosamente estructuradas. El consejo nacional que se propone implica la intervención de miembros tanto del Poder Ejecutivo como también representantes de la sociedad. Se propone que se integren por tres personas de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria, uno del Seguro Social, uno del INFONAVIT, 2 diputados miembros de la Comisión de Hacienda, 1 diputado de la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y 1 diputado miembro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Asimismo dos senadores de la Comisión de Hacienda y adicionalmente se incluye la participación de 11 consejeros de diversos sectores de contribuyentes con representación nacional. Esta estructura también tendría consejos regionales. En atención a todas las consideraciones antes expuestas, solicito a la presidencia turne este proyecto de iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. A los compañeros diputados de dicha comisión solicito analizar esta alternativa, esta propuesta, dictaminarla e incluir este organismo como parte de la reforma fiscal o de la reforma hacendaria que necesita nuestro país. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los dos últimos párrafos y se adiciona uno a la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal. -DIP. JOSE JAVIER OSORIO SALCIDO: Con su permiso señor presidente: El suscrito diputado federal José Javier Osorio Salcido, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la quincuagésima novena Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 171 constitucional y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los dos últimos párrafos y se adiciona un último párrafo de la fracción IV del artículo 223, del Código Penal Federal y se adiciona un inciso 19 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, misma que se fundamenta en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Los nuevos tiempos de renovación y de avance democrático en todos los ámbitos nacionales, exigen a los actores políticos mayor transparencia y ética en su actuación pública, como premisa para honrar los esfuerzos contributivos y la confianza de los ciudadanos. Actualmente se requiere de un manejo escrupuloso de los recursos públicos, dado que el gobierno federal y algunos estados han aprobado y actualizado la legislación vigente, dando cabida a una ley de transparencia y acceso a la información pública precisamente para generar confianza en la ciudadanía en el manejo de los recursos del erario público. Sin embargo, algunos funcionarios públicos no han respondido a las exigencias actuales y han incurrido en prácticas de corrupción lesionando los intereses de la ciudadanía a través de la sustracción de recursos del erario público. Históricamente podemos referir que el peculado ha sido un acto delictivo y que ha tenido el repruebo de la sociedad, siendo el peculado la sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por aquél a quien está confiada su custodia de administración. Los esfuerzos ciudadanos para contribuir al gasto público aun con el costoso mantenimiento del aparato gubernamental en todos su órdenes, lleva implícita la innegable esperanza de que los recursos aportados serán debidamente administrados y destinados finalmente a la consecución del bien común. En este contexto la legislación penal federal mexicana debe ser adecuada a la exigencia pública ya que actualmente el delito de peculado previsto por el artículo 223 no es jurídicamente considerado como grave, debido a que dista mucho de lo que por justicia debería de aplicarse en castigo a los servidores públicos que aprovechan dicha calidad para satisfacer sus desmedidas ambiciones pecuniarias y materiales mediante el despojo del patrimonio nacional. Resulta innegable que el poder del estado el cual se encarna en la gestión gubernamental que desempeña el servidor público, debe de conducirse con estricta observancia en los principios de legalidad, honradez, eficacia, profesionalismo, los cuales constituyen elementos propios del ejercicio de la función pública; es por ello, que el ejercicio de la gestión pública debe encontrarse subordinado a lo dispuesto a los ordenamientos jurídicos vigentes, en los cuales se deberá reflejar los principios de justicia y seguridad jurídica que garantizan la relación armónica del estado y la sociedad. En todo estado de derecho la sujeción a la Constitución, así como a las leyes que de ella emanen y la inherente obligación de responder en caso de incumplimiento, constituyen un pilar fundamental en lo que descansa la buena marcha y el funcionamiento de las instituciones públicas. Desafortunadamente en algunos casos, la credibilidad de la gestión pública basada en el actuar de las instituciones, se ha deteriorado con el paso del tiempo y ello se debe en gran medida a la actuación irresponsable y deshonesta de algunos gobernantes, ya que se ha venido alejando cada vez más de los principios de legalidad que deben imperar en todo régimen democrático. El fenómeno de la corrupción en el servicio público que se ha venido presentando en diversos ámbitos del gobierno, ha dejado en algunos casos exhausta la credibilidad social en la función pública, al grado de propiciar en la población la percepción generalizada de que el estado mismo no actúa de manera eficaz en contra de los servidores públicos corruptos y que por el contrario éstos gozan de absoluta impunidad. Este tipo de practicas de corrupción originadas por algunos servidores públicos en la mayoría de los casos, se encuentra orientadas en la obtención de intereses de carácter meramente personal, para lo cual se hace un uso indebido de la posición que como tal les confiere su cargo, traicionando de esta manera la confianza que les ha sido depositada por el Estado y por ende por la propia ciudadanía en esta importante encomienda, como lo es el servicio público. Esta situación a todas luces se torna reprochable, toda vez que se considera que la función público no debe ser en ningún momento usada para el beneficio privado, en virtud de que su finalidad esencial es promover el bien común de todo gobernado, por lo que en este sentido cualquier conducta de un servidor público que privilegie intereses personales en detrimento del bien común de la sociedad, debe ser sancionado de manera enérgica por el ordenamiento jurídico existe para tal efecto, máxime cuando dicha conducta trastoca de manera sensible la confianza depositada por el Estado y por la sociedad. El funcionario público en el ejercicio de su gestión gubernamental que le fue conferida, cuyo bien jurídico tutelado consiste en la probidad en el ejercicio de la función pública, es decir, el interés de la sociedad y por ende del Estado, para que funcionen normalmente los servicios públicos y las empresas de interés público beneficio de la misma colectividad. En tal sentido, dada la naturaleza del bien jurídico tutelado por el delito de peculado, en donde más que atentar contra el patrimonio del Estado se atenta contra la confianza depositada en el servidor público y en contra de la credibilidad de las instituciones públicas a la cual representa, contribuyendo al escepticismo y al desaliento de los ciudadanos en lo que se refiere al combate a la corrupción. Hoy que nos encaminamos a la consolidación democrática del país, lo cual implica honradez y transparencia en el ejercicio de la función pública, es necesario plantear una serie de reformas legislativas que permitan sancionar, en su justa medida, las conductas delictivas cometidas por los servidores públicos, ya que al no ser el peculado considerado por la ley como delito grave, los responsables de tan reprobable y lesiva conducta alcanzan el beneficio de la libertad bajo caución. Y que en la búsqueda de un marco normativo acorde a las exigencias ciudadanas, de respeto al erario y al orden público, mediante la presente iniciativa, propongo que el delito de peculado sea considerado legalmente como delito grave mediante reformas y adiciones al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, como presupuesto que inhiban y en su caso castiguen debidamente dicha conducta ilícita por parte de quienes tienen la mayor obligación de velar por los intereses nacionales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma los dos últimos párrafos y se adiciona un último párrafo a la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal y se adiciona un inciso 19 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo 1º. Se reforman los dos últimos párrafos y se adiciona un último párrafo a la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal para quedar como sigue: Artículo 223, fracción I a la IV, dos últimos párrafos: "Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no excedan del equivalente de 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa equivalente de la mitad a tres tantos del beneficio obtenido, destitución del empleo e inhabilitación de seis meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. "Cuando el monto de lo distraído de los fondos utilizados indebidamente exceda de 500 y no exceda de dos mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a ocho años de prisión, multa equivalente de uno a tres tantos del beneficio de lo obtenido, destitución del empleo e inhabilitación de dos a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. "Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de dos mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cuatro a 12 años de prisión, multa equivalente de uno a tres tantos del beneficio obtenido, destitución del empleo e inhabilitación de 10 a 20 años para desempeñar otro cargo público o comisión". Artículo 2º. Se adiciona un inciso 19 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, recorriéndose en su orden los siguientes incisos de dicha fracción para quedar redactado con el siguiente orden: Artículo 194, 1. Del Código Penal Federal los delitos siguientes: del inciso 1 al 18 igual; el 19 "peculado previsto en la fracción IV, último párrafo, del artículo 223". Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.