EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL SEPULVEDA FAYAD: Señor presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. Los suscritos Legisladores federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, una proposición con Punto de Acuerdo, en los siguientes términos: En el proceso de análisis del paquete fiscal y presupuestario, los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, reiteramos nuestro compromiso de participar en las decisiones del país, como una oposición seria y responsable, por ello entendimos que en esta tarea se imponían tres obligaciones fundamentales: Dotar al gobierno federal de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades. Establecer una carga impositiva justa, que no gravitara fundamentalmente en las clases más desprotegidas. Asegurar la correcta distribución de los recursos asignados, de forma tal que éstos se aplicaran a las acciones prioritarias para el desarrollo nacional, pero sin perder jamás de vista, que todas estas acciones, deberían estar dirigidas necesariamente a un propósito fundamental: una mayor justicia social. Por ello, cuando el Ejecutivo federal planteó una propuesta de reforma fiscal, que se apoyaba fundamentalmente en gravar alimentos, medicamentos, prestaciones laborales, colegiaturas y libros, nuestra posición fue muy clara. No estamos de acuerdo en que la mayor parte de los recursos fiscales, se pretenden obtener a través de una fórmula que impacta más a quien menos tienen, y en ello nuestra posición seguirá siendo invariable: no a la desaparición de la tasa cero en IVA en alimentos, medicamentos, prestaciones laborales, libros y colegiaturas. Del cumplimiento de nuestro compromiso para que los recursos fuesen asignados para los programas y acciones prioritarias para el desarrollo nacional, dan testimonio más de 36 mil millones de pesos, que por disposición del Congreso, serán ejercidos por estados y municipios, de un total de 80 mil millones reasignados a rubros como educación, salud, combate a la pobreza, seguridad social, desarrollo de los pueblos indígenas y apoyos al campo. Sin embargo, todo este esfuerzo a favor de la economía popular, en la que es justo reconocer coincidieron otras fracciones parlamentarias, se ve minimizado cuando en torno a la aprobación del paquete fiscal, algunos sectores de la clase empresarial y del comercio, valiéndose de la desinformación que ellos mismos han sembrado a través de una perversa campaña mediática, han asestado un grave golpe a la economía popular, por medio del ocultamiento, la especulación y de una escandalosa alza de precios. De nada sirvió que el Congreso, después de meses de discusión, decidiera en atención a no lastimar la economía popular, que no se gravaran con un 15% los medicamentos, a pesar de que ello implicara la renuncia a los recursos fiscales correspondientes, si algunos empresarios sin escrúpulos, con la complacencia de las autoridades competentes, de una día para otro, aumentan los precios de los medicamentos hasta en un 30%. A la vista de todos los ciudadanos están las tiendas, en donde de la noche a la mañana, desaparecieron casi todos los aparatos eléctricos, y las huellas de reetiquetación en muchos de los productos son evidentes. Sin embargo, los ciudadanos no percibimos, ni los medios de comunicación dan noticia, de que alguna autoridad haya realizado ninguna acción tendiente a evitar y mucho menos a castigar estos abusos, a pesar de que la Secretaría de Economía a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, tiene como obligaciones la vigilancia y verificación de precios y la promoción y protección de los derechos del consumidor ante todo género de prácticas que lesionen sus intereses, incluso denunciando ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delito y ante las autoridades administrativas competentes, las violaciones de esta misma naturaleza. Vemos con preocupación que no se está llevando a cabo ninguna medida para frenar y evitar esta arbitraria alza de precios en infinidad de productos, principalmente los de primera necesidad que no fueron afectados por impuestos, esto en perjuicio de sectores sociales pero sobre todo de aquellos con menor capacidad de adquisición como lo son los trabajadores que hoy, además de sufrir un duro golpe de un incremento salarial irrisorio que no satisfizo de forma alguna sus mínimas expectativas, reciben inermes el embate de los comerciantes que se aprovechan de la confusión. Esta situación obliga a que se tomen medidas inmediatas para evitar que con el pretexto de las reformas en materia fiscal, empresarios y comerciantes sin escrúpulos sigan dañando a la economía popular, solicitando la intervención del titular del Ejecutivo Federal por medio de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor y a través de la instauración de una subcomisión en la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se encargue de coadyuvar con las autoridades competentes en el seguimiento de estas acciones. Por ello, los legisladores federales firmantes en nuestro carácter de representantes populares y conscientes de la grave situación generada con motivo de estas prácticas abusivas, sometemos a esta soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero. Se exhorte al titular del Ejecutivo Federal para que se instruya a la Secretaría de Economía, para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor se instrumenten las medidas necesarias para evitar el alza injustificada de precios y otras prácticas especulativas, en perjuicio de la economía popular. Segundo. Se exhorte a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados para que integre una subcomisión para dar seguimiento y coadyuvar con las autoridades correspondientes, en la solución de este grave problema. Firman el presente punto de acuerdo los diputados Manuel Medellín Millán, el diputado Efrén Leyva Acevedo, el diputado Antonio Reyes Silva Beltrán, el diputado Alfredo Ochoa Toledo, el diputado Roberto Ruiz Angeles, el diputado Florentino Castro López y el de la voz, diputado Juan Manuel Sepúlveda. Gracias.