La diputada Leticia Quezada Contreras: Con su venia, señor presidente. La iniciativa que hoy se presenta atiende la necesidad de cambiar hábitos alimenticios, de darnos la posibilidad de decidir, como consumidores, qué queremos comer, qué efecto puede tener en nuestra salud la ingesta de ciertos alimentos, en primera instancia por derecho a nuestra salud, porque es un derecho al consumidor y por transparencia. Nuestro país es, después de Estados Unidos, la nación con mayor índice de prevalencia de sobrepeso u obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006, en México padecen sobrepeso u obesidad el 5 por ciento de los menores de cinco años y el 26.3 por ciento de los niños entre 5 y 11 años, lo que significa hoy en día casi 5 millones de infantes; 1 de cada 3 adolescentes entre 12 y 19 años y cerca de 70 por ciento, en promedio, de la población mayor de 20 años. El 71.9 por ciento de mujeres y 66.7 por ciento de hombres. Este desalentador panorama se ha derivado de la transición nutricional vivida en nuestro país desde la década de los 80 hasta la actualidad, la cual ha generado una disminución en el consumo de frutas, verduras, cereales, carne, leche y sus derivados y un consecuente incremento en el consumo de carbohidratos refinados, sal, bebidas azucaradas y grasas, principalmente contenidos en productos industrializados. No obstante, la transición nutricional que ha derivado en el excesivo consumo de alimentos industrializados que contribuyen al desarrollo del sobrepeso y la obesidad, sí se explica en gran medida por el desconocimiento de la población, fundamentalmente la infantil, de lo que come diariamente. Los medios masivos, la dinámica moderna de vida son factores fundamentales en esta transición a ultranza. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo afrontar y resolver la pésima alimentación en nuestra población? ¿Qué podemos hacer ante las empresas que nos están matando prácticamente por los consumos de azúcar, sales y grasas? La forma más importante de articular a los diversos actores que están detrás del acto del consumo es por medio del etiquetado. La sola existencia de la etiqueta en un producto plantea un control y protección de los derechos de información, seguridad y calidad del consumidor. Más allá de la mercadotecnia o el nombre del producto, la información que se encuentra en ellas debe servir para orientar sobre los actos de consumo, determinar una dieta saludable y minimizar posibles riesgos a la salud. Sin embargo, las etiquetas de hoy en día son insuficientes para, por una parte, la estricta orientación del consumidor hacia un consumo inteligente, responsable y fundamentalmente saludable; y por otra, no son similares a etiquetas internacionales que sí cumplen dicha finalidad. Así pues, estamos ante un escenario en el que el consumidor debe ser especialista en química de alimentos para elegir adecuadamente entre las alternativas existentes en el mercado. Es obligación del Estado corregir esta problemática garantizándoles a los ciudadanos el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a estar informado. En consecuencia, el derecho a la salud obliga al Estado a la protección activa de la salud de las personas, por lo que la inacción del Estado en ámbitos en los que deba de hacer efectiva dicha protección mediante acciones positivas ?como la adecuada regulación de una actividad? constituye una violación al derecho a la salud de las personas. En tal sentido hay experiencias exitosas que debemos resaltar. Tal es el caso del Reino Unido, cuya agencia de los estándares alimenticios establecen a través del etiquetado por colores un semáforo de la información nutricional: verde, amarillo y rojo (bajo, mediano u alto) para los alimentos que contengan grasas, grasas saturadas, azúcares y sales. Con la presente propuesta de etiquetado, incluida en la Ley General de Salud y otros ordenamientos, el Estado mexicano estaría dando respuesta a diversas obligaciones con los ciudadanos para la protección del derecho a la salud, el derecho a tener información completa sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas y el derecho de protección de los consumidores. También en esta iniciativa se pretende regular las porciones, no es lo mismo una porción que consuma un niño o un adulto. Actualmente los niños están consumiendo la misma porción que un adulto, no se están regulando estas medidas de estándares de grasas, azúcares y sales; es decir, los niños en este país están consumiendo la misma cantidad de grasa, la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de sal que un adulto, siendo que los metabolismos son completamente diferentes. Este tema tan importante no se ha llevado a una discusión a fondo, llevando al sobrepeso a nuestros niños en este país; sobre todo que tengamos acceso a la información transparente mediante la etiquetación, en donde cualquier niño, de cualquier edad, cualquier adulto pueda medir el riesgo y pueda elegir de manera libre qué tipo de alimentos consumir. Esta iniciativa está también acompañada por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, el diputado Arturo Santana Alfaro, el diputado Agustín Guerrero Castillo, la diputada Martha Elena García Gómez, el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, la diputada María Araceli Vázquez Camacho y el diputado Rigoberto Salgado Vázquez. Por economía de tiempo, solicito la inserción íntegra del texto de la presente iniciativa, que estoy entregando, al Diario de los Debates y a la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.