La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Promover, defender, respetar y garantizar los derechos humanos es una cuestión que más allá de la voluntad política con la que se elaboran las leyes y se firman los tratados, tiene que ver con el trabajo efectivo del Estado y sus instituciones para revertir y transformar las injusticias y las desigualdades que día a día se viven en nuestro país. La democracia exige para su funcionamiento el respeto irrestricto de estos derechos, ya que bajo su amplio espectro encontramos aspectos tangibles y concretos como la libertad de expresión, la participación política, el acceso a la información, la igualdad ante la ley, entre otros muchos más, mismos que no tienen otro objetivo que garantizar el desarrollo libre e integral de cada individuo. Por ello los derechos humanos establecidos en la Constitución Política mexicana y en las leyes que de ella emanan, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. En ese sentido, quienes integramos el Poder Legislativo de la nación tenemos la responsabilidad de trabajar y coadyuvar para fortalecer las leyes a instituciones que velan por la protección y garantías de los derechos de todas y todos los ciudadanos de nuestro país. Bajo tal premisa, quienes hacemos parte de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados hemos buscado impulsar iniciativas que reformen, fortalezcan y clarifiquen nuestros marcos normativos en la materia y que garanticen nuestros derechos fundamentales con la intención de contribuir al desarrollo democrático de la vida institucional del país y abonar a la erradicación de las injusticias. Sin duda respaldar y clarificar el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo que debe velar por la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos fundamentales previstos por el orden jurídico mexicano, es uno de los temas trascendentales que en materia de derechos humanos debemos estar atentos para vigilar su cumplimiento irrestricto y observancia. Desafortunadamente situaciones de desigualdad, pobreza, violencia, crimen organizado e injusticias en general, siguen prevaleciendo en la realidad de nuestro país, lo que sin duda repercute que en diversas situaciones los derechos humanos sean violados sistemáticamente en México, por lo que no sólo debemos resolver estos problemas estructurales que impiden y obstaculizan el desarrollo integral de las personas, sino que debemos fortalecer a las instituciones autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que cumpla con sus objetivos a cabalidad. El dictamen que en estos momentos discutimos precisamente es un proyecto que busca contribuir al fortalecimiento de la vida institucional del país y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 y el primer párrafo del artículo 18, y se adicionan los artículos 10 Bis y el 10 Ter a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene como objetivo determinar las disposiciones específicas que regularán el procedimiento de elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en tiempo y forma, así como los integrantes del Consejo Consultivo de este organismo nacional considerando las prevenciones constitucionales correspondientes. Esta iniciativa busca regular cuestiones que tienen que ver con los términos y plazos en que habrá de emitirse la convocatoria para el proceso de elección, así como los mecanismos para su difusión; determinar que las entrevistas a las y los candidatos sean públicas y transmitidas en vivo por el Canal del Congreso y precisar las etapas y pormenores del procedimiento para el que se convoca; todo ello con la finalidad de que la comisión a la que corresponda representar las propuestas de candidatos ante el pleno del Senado o en su caso ante la Comisión Permanente, sujete sus funciones a un procedimiento transparente de consulta pública y auscultación entre organizaciones sociales, actores estratégicos y fundamentales, en materia de protección de derechos humanos y a quienes no podemos dejar de lado en un tema tan importante en la materia. Así, pues, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se debe a ningún poder político o partidista, sino a quienes en nuestro país sufren cada día el terrible destino de enfrentarse a la negación de la justicia y sus derechos. Ante esto resulta sumamente preocupante que dicho organismo haya visto en los últimos años erosionada su credibilidad, su independencia, cuando en lugar de defender a las víctimas y atenderlas, les ataca, como hemos visto en San Fernando, o que se ocupa de temas cuando están en los medios de comunicación, pero los olvida cuando dejan de estar de moda. Compañeras y compañeros legisladores, debemos afirmar nuestro compromiso inequívoco con la democracia y los derechos fundamentales y esforzarnos para garantizar que este compromiso produzca resultados tangibles. La historia señala que cuando un organismo de derechos humanos realmente quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos e impunidad, debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política y no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales. Debe dejar en claro que los funcionarios públicos no pueden ignorar a los derechos humanos o reducirlos a un tema secundario. Por esta razón les conmino a quienes integramos esta Legislatura, para que con congruencia, responsabilidad y total compromiso, hagamos la parte que nos corresponde y apuntemos hacia las asignaturas pendientes en materia de derechos humanos y aprobemos este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.