El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Mesa Directiva. Compañeros diputados y diputadas, la primera iniciativa versa sobre reforma a la Ley de Responsabilidad Administrativa, centrándome en una propuesta que modifica sus artículos 55, 56, 58, 61 y 69, en torno al conflicto de intereses por el uso de datos y de información al que se allega el servidor público. Estamos proponiendo reformar el artículo 55 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, con el objeto de especificar las conductas implicadas en la utilización indebida de la información y documentación que al servidor público por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, inutilice o comparta con terceros y que se encuentren bajo su custodia, o a la cual tenga acceso o conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión, con fines distintos a los establecidos en la ley. En el derecho sancionador administrativo se aplican los principios de ius puniendi, hay que especificar la conducta en una forma clara y precisa para determinar la responsabilidad administrativa. Aunado a ello, proponemos en el artículo 56 que la información a la que se allega un servidor público le impide ocupar un cargo derivado de su función en cualquier sector, público o privado, en donde tenga uso de esta información. De un año elevamos el impedimento para desempeñarse en cualquier cargo de dirección en el sector privado a cinco años. ¿Qué motiva esta situación? Ernesto Zedillo terminó su gobierno en el 2000 y en 2001 fue contratado por la ferroviaria Union Pacific Corp. Zedillo fue el responsable de todo el andamiaje para la privatización de Ferrocarriles Nacionales. Un año después de que deja su cargo se convierte en uno de los principales asesores de esta compañía. Hay ejemplos varios en la administración pública, donde servidores públicos brincan del sector público al sector privado, beneficiándose del uso indebido de información a la cual se allegaron como servidores públicos. Por eso proponemos aumentar el impedimento de un año a cinco años en el artículo 56. Modificamos también el artículo 61, 58, con el objeto de que esta información a la que se allega el servidor público implica una responsabilidad específica. Es conocido en muchas situaciones de investigación de la delincuencia organizada la filtración de información o el extravío o pérdida de expedientes, o pruebas que se integran en el propio expediente. Tenemos que poner un alto al uso indebido de la información pública y la forma correcta de hacerla es especificar la conducta que debe sancionarse en la Ley de Responsabilidad Administrativa. La segunda iniciativa va en torno a recuperar el sistema de pequeños contribuyentes, los Repecos. La información que nos da el Sistema de Administración Tributaria acredita que el régimen de incorporación fiscal no ha sido el adecuado para incorporar a los pequeños contribuyentes en la formalidad hacendaria, no ha sido el adecuado para que el pequeño contribuyente tenga facilidades para incorporarse como contribuyente en el sistema nacional. Estamos proponiendo una reforma que garantice condiciones más viables al pequeño contribuyente que no sea una carga administrativa adicional a su precaria economía, sino que facilite su incorporación a un régimen fiscal, en donde él encuentre objetivamente beneficios y donde él encuentre objetivamente procedimientos sencillos que le permitan cumplir con sus obligaciones tributarias. El régimen opcional que se propone operará sobre base de efectivo. Es decir, se acumula el ingreso y se deducen los gastos conforme a las operaciones que efectivamente se cobran o se pagan. La propuesta simplifica y reduce la carga administrativa asociada al cumplimiento tributario de las empresas con menor capacidad administrativa y elimina la necesidad de realizar ajustes anuales por inflación. El límite de ingresos de 5 millones de pesos anuales establecido para participar en el régimen es consistente con el límite que existe para las SAS y garantiza que los beneficios sean recibidos por los micronegocios, mientras que las empresas de mayor escala, las cuales cuentan con mayor capacidad administrativa, seguirán permaneciendo en el régimen general del ISR. Los invito a revisar la propuesta que se presenta de ambas iniciativas. Una, abona a la transparencia y a la rendición de cuentas y limita el uso indebido de información pública. Y la segunda, recupera procedimientos factibles y viables para los pequeños contribuyentes. Es cuanto, señor presidente.