El diputado Juan Barcenas González: Con su permiso, diputada Presidente. Una importante garantía individual clasificada como una garantía de libertad, es la consagrada en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la libertad de poseer armas en el domicilio, así como de portarlas en los términos que fija la ley. En efecto, de lo previsto por el propio artículo 10 constitucional, se considera que de él se derivan dos derechos públicos subjetivos, el de posesión y el de portación de armas. Al respecto cabe señalar que esta garantía de portación de armas como libertad pública específica, ha venido evolucionando con el paso del tiempo; en un principio la portación de armas no tenía limitación alguna cuando ésta se daba en lugares despoblados o rurales en tanto no fuera de las previstas por el Código Penal, facultándose por su parte a las autoridades locales para que éstas fueran quienes establecieran los requisitos y condicionantes para que operara dicha portación. No obstante lo anterior fue en 1967, cuando se presentó una iniciativa para reformar el artículo 10 constitucional por medio de la cual se federalizaba el otorgamiento para licencias para portar armas, estableciéndose a nivel constitucional que la ley de la materia sería la encargada de establecer los términos y condiciones para el otorgamiento de los permisos a particulares para aportar armas. Finalmente esta reforma constitucional dio vida al actual artículo 10, el cual consagra que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las Armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Esta reforma constitucional dio lugar a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que data de 1972, la cual prevé en su artículo 26 en cumplimiento a lo previsto por el artículo 10 constitucional, los requisitos legales que deberá de colmar el particular para que la autoridad competente pueda otorgarle la licencia correspondiente para la portación de armas de fuego, estableciendo que en caso de personas físicas se requerirá comprobar el tener un modo honesto de vivir, haber cumplido en su caso con el Servicio Militar Nacional, no tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas, no haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas, no consumir drogas ni psicrotrópicos y finalmente acreditar a criterio de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por la naturaleza de su ocupación o empleo. Claro ejemplo de las amplias facultades de la autoridad en el otorgamiento de licencias para portación de armas de fuego por parte de particulares, lo encontramos en el Apartado F, fracción I del artículo 26 de dicha ley, el cual prevé como requisito para el otorgamiento de la licencia correspondiente, el tener que acreditar, a criterio de la Defensa Nacional y subrayó, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por la naturaleza de su ocupación o empleo. En este caso, la ley de la materia al establecer los requisitos correspondientes no se conforma solamente con que el gobernado acredite objetivamente las circunstancias que generan la necesidad de portar un arma de fuego, sino que el propio texto legal va más allá de toda objetividad posible, e incluso de toda certeza jurídica, toda vez que además establece una facultad subjetiva y absolutamente discrecional por parte de la autoridad al establecer la frase y vuelvo a subrayar "a criterio de la Defensa Nacional". Situación extremadamente discrecional y carente de seguridad jurídica para todo gobernado, dado el alto grado de subjetividad que se puede presentar en el otorgamiento de las licencias respectivas, ante la falta de criterios y parámetros claros que obliga a la autoridad una vez acreditados éstos, a expedir las licencias respectivas. En este sentido, la presente iniciativa pretende reformar el actual apartado F de la fracción I, correspondiente al artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a efecto de eliminar el texto legal de la frase: "a criterio de la Defensa Nacional", la cual otorga una amplísima facultad discrecional a la autoridad castrense para el otorgamiento de dichas licencias, disposición legal que paradójicamente muchas veces ha sido motivo determinante para decretar la improcedencia, no solamente de las solicitudes de licencia correspondientes, sino para la improcedencia de los medios de defensa interpuestos ante las determinaciones de la autoridad competente fundadas en este precepto, toda vez que la propia ley faculta a la autoridad a dicha discrecionalidad, lo cual resulta contradictorio, dado el principio de legalidad que debe imperar dentro de nuestro orden jurídico. De esta manera con la presente reforma se logrará dotar al precepto legal en cuestión de una mayor claridad y certeza jurídica en cuanto a su contenido y alcance, a la vez de proporcionar al gobernado, criterios claros y precisos respecto al ejercicio de su derecho público subjetivo consagrado por el artículo 10, evitando hacer nugatorio este derecho en todo gobernado, mismo que hoy en día, en la mayoría de las veces, queda obstaculizado en cuanto a su ejercicio pleno por la discrecionalidad que prevé nuestra legislación vigente. Asimismo se pretende adicionar un Apartado F, a la fracción I del artículo 26, recorriéndose el actual Apartado F, quedando como G, a fin de establecer que entre los requisitos para la portación individual de armas de fuego, se cuente con conocimientos y habilidades en el manejo de las armas. Lo anterior se propone bajo el entendimiento de que el uso de este tipo de instrumentos, representa en sí mismo un peligro para la sociedad, por lo que se debe resguardar que quien la posea, cuente con un mínimo de experiencia en el uso de estas armas. Por las consideraciones anteriormente expuestas, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de reforma al Apartado F de la fracción I del artículo 26, recorriendo y reformando el actual texto del Apartado F, para quedar como Apartado G, al que se le adiciona un párrafo segundo y el actual segundo párrafo, pasa a ser tercero de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar como sigue: Artículo 26, fracción I, inciso f). "... contar con conocimientos y habilidades en el manejo de las armas mediante constancia expedida por la Zona Militar de adscripción de cada entidad federativa"; e Inciso g). "Acreditar la necesidad de portar armas. Por cualquier negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá sustentarse en criterios objetivos, razonarse y motivarse en el escrito que contenga dicha negativa". Por su atención, muchas gracias.