El diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez: El suscrito, diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, somete a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditorías ambientales, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El deterioro ambiental causado por las distintas actividades productivas en el país continúa incrementando, convirtiéndose en una grave amenaza ahora no sólo para el equilibrio ecológico, sino para la integridad física de la población y para las bases mismas que sustentan la economía de la Nación. Los esfuerzos realizados por el Estado Mexicano resultan insuficientes y la creciente incidencia de accidentes y contingencias ambientales, pone de relieve la urgencia de reforzar las medidas de vigilancia que garanticen la aplicación de la normatividad ambiental. Los modelos de comando y control, así como de cumplimiento voluntario, han probado ser insuficientes, dadas las limitaciones en las capacidades físicas y procesales de los órganos responsables de la aplicación de las leyes ambientales. La LEGEPA no prevé procedimientos claros y precisos para la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental, por lo que se protege en la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No obstante, el proceso resulta largo, complejo, ineficaz e insuficiente. Asimismo el carácter multimedia de la contaminación contrasta con la especificidad que exige el procedimiento administrativo, de modo que las revisiones resultan parciales. En lo que concierne al cumplimiento voluntario de la normatividad, éste se ha diseñado en función de las ventajas que se le confiere a los establecimientos empresariales frente a los mercados comerciales. Hoy en día se ha consolidado la figura de la auditoría ambiental y los procesos de administración ambiental, orientados a la certificación de la calidad total, como es el caso de la norma internacional ISO-14000. Ambos procedimientos comparten la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de cumplimiento de la ley en la materia documental, de diagnóstico de procesos y fuentes de emisiones, así como en el cumplimiento real de los compromisos o sanciones ahí contenidos. Cabe recordar que el procedimiento de inspección ambiental tiene alternativamente un efecto preventivo o correctivo. Cuando el inspector llega a una empresa como parte del programa normal de verificación de la PROFEPA, encuentra la posibilidad de detectar fallas que pueden derivar en daños graves y entonces actuar preventivamente. Del mismo modo que si detecta omisiones graves, determinar las correcciones apropiadas. Normalmente este proceso se convierte en una molestia para los responsables de las empresas, que consideran una intromisión inaceptable que casi siempre deriva en sanciones económicas. Cuando se le advierte al responsable de la instalación, como lo prevé la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, entonces éste tiene la oportunidad de modificar el estado de operación normal de la planta bien sea parando líneas, limpiando o evitando mostrar aquellos puntos críticos de la misma. El inspector o verificador trabaja entonces en un clima de agresividad y tensión. El caso de las auditorías ambientales tiene la garantía de la cooperación voluntaria del responsable. Ante la perspectiva de obtener un certificado que le identifica como una industria limpia y la posibilidad de utilizarlo como un elemento de competitividad ante sus clientes, se apresta a proporcionar toda la información que se le requiere. Y lo más importante, comienza a resolver sus deficiencias normativas casi de inmediato, asignando incluso importantes inversiones en materia de dispositivos de prevención y control de la contaminación. Una diferencia sustancial entre uno y otro modelo de cumplimiento ambiental, significa sin duda los costos que implican cada una de ellas. Las inspecciones no le cuestan a la empresa, pero significan desembolsos importantes en materia de abogados y multas. Las auditorías ambientales son costosas y tienen que ser cubiertas por los responsables. Las empresas en México, tienen una actitud diferente en función del tamaño de las mismas. De este modo,. las grandes empresas invierten importantes sumas de dinero en la realización de programas y auditorías ambientales. Con frecuencia muchas de ellas son filiales o subsidiarias de matrices internacionales, de modo que son éstas las que dictan las políticas ambientales que deben de cumplir. De aquí que el cumplimiento obedezca más a las ventajas que ofrece el mercado internacional para aquellas empresas exportadoras, que un cumplimiento meramente ético hacia el interior del país. La mediana industria cumple con las obligaciones ambientales porque la autoridad las enfoca y prioriza en los programas de vigilancia, por lo que el incentivo no necesariamente encuentra la competitividad del mercado. El problema se complica en la micro y pequeña industria que vive una permanente crisis económica que les impide un cumplimiento proactivo de las obligaciones ambientales; son las más numerosas y las que menos incentivos tienen para adoptar medidas de prevención y control de la contaminación. Un rubro muy importante lo constituye la empresa paraestatal, concretamente PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, que están llamadas a cumplir con sus obligaciones ambientales por el solo hecho de ser parte del Estado. Estas empresas asignan abundantes recursos en la formulación de auditorías ambientales y varias instalaciones han cumplido exitosamente con los compromisos ambientales asumidos. Con todo, la incidencia de accidentes ambientales, algunos de magnitud catastrófica, se suceden incluso en aquellas empresas que se identifican como industria limpia. Ello refleja que hay una falta de procedimiento. La auditoría, ya no digamos la inspección convencional, está dejando de lado partes vulnerables de la planta industrial o bien no se está dando la prioridad a las medidas de control comprometidas con la autoridad. Es decir, el compromiso de cumplimiento voluntario no considera la atención ni corrección preventiva de aquellos puntos más críticos de la planta, o simplemente no se cumplen. La sociedad no se explica la elevada frecuencia con que ocurren accidentes industriales que impactan al ambiente, precisamente en aquellas instalaciones y partes industriales que justamente han recibido los beneficios de las inversiones en pro del ambiente. La presente iniciativa propone entonces la creación de la figura de la auditoría ambiental de cumplimiento obligatorio como un instrumento que fortalezca a la visita de verificación de cumplimiento. Este instrumento tendría las bondades de la auditoría ambiental voluntaria, en la que la autoridad estaría en la posibilidad de realizar una revisión exhaustiva del cumplimiento ambiental por parte de la empresa. De diagnosticar las omisiones y fallas que contribuyen a la emisión de contaminantes, así como de emitir las condicionantes que determinen las medidas de prevención y control pertinente, la diferencia estriba en que sería un instrumento obligatorio que permitiría fincar responsabilidades cuando no se cumplan las recomendaciones. Asimismo, aquellas auditorías de cumplimiento voluntario en curso serían contrastadas y verificadas con relación al cumplimiento puntual de las acciones comprometidas con la autoridad. En consecuencia, se propone el proyecto de decreto que reforma el artículo 38-bis 1, para recorrerlo al 38-bis 2; el artículo 38-bis 2, para recorrerlo al 38-bis 3, y se adiciona e inserta el artículo 38-bis 1, para quedar como sigue: "ARTICULO 38-bis 1.- Las auditorías ambientales tendrán el carácter de obligatorias para las entidades paraestatales, órganos desconcentrados y demás entidades autónomas de la Administración Pública Federal". Muchas gracias diputado.