El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Con el permiso de la asamblea, con la venia del compañero presidente. El dictamen que hoy nos convoca tiene antecedentes directos que no podemos olvidar, entre ellos, la reforma al artículo 21 constitucional del 2008, en donde se introdujeron los principios básicos a los que debe ajustarse la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como la participación de la comunidad en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. Fue propuesta de la izquierda representada en la Sexagésima Legislatura, la creación del Centro Nacional de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, dentro de la estructura organizacional y del sistema nacional, con la finalidad de establecer los mecanismos operativos por el cual se hiciera efectivo el derecho de la comunidad para participar en la implementación y evaluación de las políticas en la materia. Sin quitarle mérito a la iniciativa y al dictamen que hoy discutimos, tiene origen en una iniciativa del Partido de Nueva Alianza. Debemos señalar que lo que hoy aprobamos es una vieja demanda de las organizaciones de la sociedad civil y constituye una necesidad para la correcta implementación y rediseño de las políticas de seguridad. No obstante, no debemos exagerar el logro que esta modificación representa. El pasado 31 de julio de 2012, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nombró a cinco consejeros ciudadanos; lo único que estamos haciendo, es la legalización de una situación que ya de facto existe. El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su XIII sesión celebrada el 31 de agosto del 2012, en su acuerdo 10/33/12, resolvió la invitación a cinco representantes de la sociedad civil, por medio de una comisión mixta integrada por diversos gobernadores y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de las propuestas realizadas por sectores universitarios y comprendió una más amplia participación de la sociedad civil que la prevista por la iniciativa. Los nombrados fueron: Alejandro Martí, presidente de México SOS; María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; Héctor Larios Santillán, coordinador del Observatorio Nacional Ciudadano; Arturo Valenzuela, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, de Ciudad Juárez, Chihuahua; y Julia Monarrez, académica del Colegio de la Frontera Norte, quienes de manera transitoria ocuparán el cargo durante dos años, supliéndose de manera escalonada, según lo consigna la reforma legal. Es importante resaltar que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se encuentra plenamente comprometido con la participación ciudadana, principalmente en la seguridad pública. Es por ello que en su momento propusimos que la comunidad y la sociedad civil sean quienes participen en el diseño, implementación, direccionamiento y evaluación de todas las políticas públicas en la materia en los tres ámbitos de gobierno para que sea la propia comunidad quien señale sus necesidades y evalúe a los elementos policiacos de acuerdo con su desempeño. No hay mejor opinión respecto al desempeño de la función pública que la propia comunidad. De esto nos encontramos plenamente convencidos. Asimismo, según el texto constitucional, la comunidad deberá evaluar a las instituciones de seguridad pública y de esta manera cumplir cabalmente con sus propios mandatos. En el dictamen que se discute hoy debemos reconocerlo se produce un gran avance en términos de participación social; sin embargo, debemos señalar que este mismo esquema de intervención comunitaria en las políticas de seguridad pública debe de aplicarse, sin lugar a dudas, en las primeras leyes locales, con el objetivo último de establecer un parámetro uniforme de participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas en la materia. No es menor el reconocimiento y la influencia de que gozan las organizaciones de la sociedad civil y ha sido muy importante su participación para el redireccionamiento no sólo de las acciones implementadas por las autoridades, sino también de las reformas legales como las que hoy aprobamos. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de que se reforme el artículo 12 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública para incluir a cinco representantes de la sociedad civil en este sistema y puedan, desde esta posición, hacer oír la voz de todas y todos los ciudadanos para lograr por fin una paz duradera después de tantas vidas se han perdido en nuestro país. Muchas gracias.