EL C. DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ: Con el permiso de la mesa. Señor secretario, compañeros, compañeras diputados: lo recibimos con la noticia de que presos políticos y de conciencia han empezado una huelga de hambre este 25 de septiembre, por lo cual le pedimos respeto a su protesta pacífica y que resuelva la problemática que ellos presentan. Según las conclusiones del Foro de análisis sobre la situación penitenciaria realizado apenas la semana pasada, coincide con opiniones de organismos no gubernamentales de derechos humanos que coinciden en la grave situación que prevalece en los centros penitenciarios, como son la sobrepoblación, procesados y sentenciados juntos, narcotráfico, corrupción revisiones vejatorias a familiares, en una palabra, no existe ni la prevención ni la readaptación social. Llevan dos años de gestión pública y aunque esta administración ha presumido de eficientista, no se tienen los resultados del diagnóstico de la situación penitenciaria, pues según señala en su informe hasta abril del 2002 se instaló el grupo colegiado supervisión interdisciplinaria de instalaciones estratégicas en seguridad pública. ¿Cuándo estará este diagnóstico y si éste va a evaluar todos los centros penitenciarios del país? Por otro lado, el endurecimiento de las penas y las restricciones para acceder a los beneficios de libertad, amplían la sobrepoblación que según su informe es de 37%. ¿Qué se está haciendo para evitar la sobrepoblación en los centros penitenciarios? Es urgente que las reformas que se han anunciado cristalicen en instrumentos jurídicos que permitan asegurar la prisión para aquellos que representan un verdadero peligro para la población y no para los que no pueden comprar su libertad. Desde el año pasado ustedes tienen conocimiento de las dos iniciativas sobre el Código Federal Penitenciario presentado en esta soberanía, una de ellas presentada por un servidor. Además la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recomendado que se observe el Reglamento vigente de los CEFERESOS, así también los derechos humanos de los reclusos. Hasta la fecha no tenemos ningún comentario de su parte con relación a las iniciativas presentadas, ni solución a las difíciles condiciones en dichos centros en los que se han presentado graves violaciones a los derechos humanos. Nos preocupa sobremanera saber ¿qué han hecho para garantizar la separación entre sentenciados y procesados? Los derechos de presos de dichos centros y ¿cómo pueden comprobar los presos que han presentado alguna petición de libertad preparatoria si no cuentan ni siquiera con el acuse de recibo correspondiente? ¿De qué manera se permite el derecho a la confidencialidad del detenido y su abogado y el derecho al debido proceso? Por otro lado, el Ejecutivo Federal ha reiterado su voluntad para dar cumplimiento a las recomendaciones de derechos humanos. En este sentido diversos órganos de la ONU y de la OEA han recomendado que los militares no realicen funciones de policía y sólo se dediquen a las labores estrictamente relacionadas con la disciplina militar. ¿Cuántos elementos de las fuerzas armadas se encuentran actualmente adscritos a la seguridad pública? ¿Cuál es la dependencia que cubre sus salarios y prestaciones y cuál es la voluntad para cumplir con el artículo 129 constitucional y las recomendaciones internacionales de derechos humanos? Por sus respuestas, gracias. -