El diputado Rene Cervera García: Con su permiso, señora presidenta. El Estado mexicano durante los últimos años ha tomado una serie de decisiones para modernizar el esquema de Telecomunicaciones presuntamente bajo principios de competitividad, pluralidad y desarrollo. Así fue presentada ante la opinión pública la reforma en materia de Telecomunicaciones que fue cuestionada por una serie de acuerdos con las grandes televisoras y las grandes difusoras, pero que también fue reconocida por algunos de sus aciertos. Uno de ellos fue la transición de lo analógico a lo digital, con lo que se busca acercar la información plural a las y los mexicanos. No obstante, con esta modificación a modo, y para la opinión muchos, hecha en fast track, que se propone el día de hoy y que fue originada en el Senado de la República, se da un paso atrás en este proceso de modernización y apertura de las telecomunicaciones. La propuesta concretamente implica ampliar el plazo para que los concesionarios o permisionarios de uso público o social que no estén en condiciones de brindar transmisiones digitales puedan postergar las mismas hasta el último día de 2016, un nuevo plazo, y que también puedan evitar y esto es lo que nos parece más delicado las multas derivadas del incumplimiento. Se ha argumentado que la ampliación del plazo para el apagón analógico en favor de las emisoras de baja potencia es una medida que beneficia a emisoras que atienden a poblaciones aisladas y dispersas, y por ello es benéfica para estas últimas. Pero en este punto es necesario distinguir el propósito que persiguen emisoras públicas y privadas de baja potencia, y la razón primordial por la que no llegan a tiempo al apagón analógico. Las emisoras públicas cumplen con propósitos de servicio social variados y llegan tarde porque el gobierno federal y muchos gobiernos estatales no les han asignado recursos para modernizarse. Por otra parte, las emisoras privadas operan con criterios comerciales y llegan tarde por la decisión de sus dueños de no invertir donde no pueden tener ganancias comerciales adecuadas. El resultado en ambos casos es que, aunque se mantenga la señal, las poblaciones referidas seguirán recibiendo una señal de baja calidad, la analógica, y con ello serán condenadas a ejercer su derecho a la información en condiciones de desigualdad con respecto al resto del país. En vez de aplicar las sanciones monetarias correspondientes a las privadas lo que podría ser fuente de recursos para modernizar a aquellas emisoras públicas que cumplen con un objeto social, con esta reforma se opta por la ampliación indiscriminada en el ámbito de las emisoras de baja potencia, y esto beneficia principalmente a los concesionarios poco solidarios con quienes más necesitan de su inversión. La diputación ciudadana propone que en esta ampliación de plazo para el apagón analógico se aplique a los permisionarios y concesionarios de uso público, por las condiciones estructurales a las que se han enfrentado y han hecho que lleguen tarde a este proceso. Incluso estaríamos de acuerdo en que se le ampliara el plazo a las privadas, pero en lo que no estamos de acuerdo bajo ninguna circunstancia es que este mismo criterio se aplique y elimine por esta vía las multas y las sanciones a las que por desidia, negligencia o búsqueda de ganancia han llevado a que las emisoras privadas de baja potencia no cumplan con los plazos. ¿Para quién está legislando el Congreso de la Unión? ¿Para beneficiar los intereses privados que no han cumplido con la ley o para las y los mexicanos? Votaremos en contra de este dictamen porque a todas luces responde a los intereses privados y particulares de un grupo de permisionarios y concesionarios que no se tomaron la molestia de cumplir con la ley. No estamos dispuestos a legislar en función de los conflictos de intereses de los partidos de siempre. Muchas gracias, señora presidenta.