La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. En esta oportunidad presento tres iniciativas: La primera con la intención de reformar los artículos 1o., 2o. y 6o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a efecto de que la Ciudad de México sea reconocida como una entidad federativa capaz de celebrar acuerdos interinstitucionales internacionales. Lo anterior derivado de la aún incompleta reforma política de la Ciudad de México. La segunda iniciativa, relacionada con la adición del artículo 45 Bis a la Ley de Economía Social y Solidaria, que tiene la intención de establecer nuevas obligaciones a cargo del Estado en materia de fomento a la economía social. La tercera y no menos importante, tiene la intención de incorporar la definición de violencia política de género en las definiciones que se estipulan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo anterior encuentra su fundamento en los constantes actos de misoginia, discriminación, ofensas y arbitrariedades que sufrimos las mujeres en nuestra vida política. Vivimos en una sociedad con enraizados patrones machistas que imposibilitan a las mujeres a ejercer plenamente sus derechos político-electorales. Para muestra basta recordar que a inicios de mes, Felipe Calderón con fuertes tintes misóginos y de profunda ignorancia, se burló de la candidata a la gubernatura del estado de México, por Morena, la maestra Delfina Gómez Álvarez. De igual manera, expresiones de Ricardo Anaya, Enrique Ochoa y Alfredo del Mazo, donde infieren de manera despectiva que la candidata de Morena no habla en nombre propio al presentar sus propuestas, como si ser mujer le impidiera tener presencia y personalidad propia. Al parecer el tiempo no ha transcurrido en la clase política de siempre; ideas machistas, retrógradas y sobre todo irracionales, no permiten que las mujeres participen en la vida política en igualdad de condiciones. Las relegan, agreden, menosprecian y sobre todo denigran no solo violentando sus derechos, sino dejando muestras claras de imposibilidad de comprender que las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres. Estas actitudes de tremenda ignorancia y prejuicios debieron ser erradicadas a través de procesos educativos llevados a cabo en la familia y en la escuela, sin embargo, con el transcurso del tiempo se aprecia que en el ámbito político estas actitudes misóginas están lejos de desaparecer. Baste recordar la agresión del secretario de Desarrollo Social, que propinó también a nuestra diputada de Morena, Araceli Damián. Es notoria una clara tendencia de ataques directos hacia las mujeres, y particularmente hacia la que militamos en Morena, sin que la autoridad ejercite el aparato estatal debido a que en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se carece de una definición que permita entender las violaciones a derechos humanos que se realizan a través de la violencia política. Derivado de lo anterior y dadas las pocas muestras de voluntad política para erradicar este arraigado problema, se considera necesario que la ley establezca una definición puntual, donde se estipulen qué acciones y omisiones pueden y deben ser consideradas como violencia política. Lo anterior, a efecto de que se puedan implementar las medidas que la propia ley establece, a efecto de suspender, erradicar y prevenir la violencia política, que va en detrimento de la actividad que llevan a cabo millones de mujeres a lo largo del país. Bien es cierto que tanto la Constitución como diversos ordenamientos legales refieren la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Sin embargo, en materia de violencia política contra las mujeres el reconocimiento legal es incierto, se requiere el reconocimiento de un problema que padecen muchas mujeres que se dedican a las actividades políticas; se requiere la protección de sus derechos; se requiere la equidad e igualdad en su participación. Pero, sobre todo, se requiere el respeto a nuestra dignidad. Vivimos en una sociedad tremendamente asechada por conflictos de diversa índole, requerimos sensibilizarnos y luchar por conseguir una mejor sociedad para todas y para todos; requerimos el establecimiento de figuras jurídicas que garanticen nuestros derechos y, sobre todo, que nos conminen a vernos como iguales, sin importar el campo en el que nos desarrollamos. Esta iniciativa tiene como fin primordial que ninguna mujer tenga que ver disminuida su dignidad y sus derechos, como consecuencia de la irracional forma de pensar de algunos que hacen política a través del menosprecio de las mujeres. Por cierto, expreso mi solidaridad y mi apoyo a la compañera académica y jefa delegacional Claudia Sheinbaum. Por todas las mujeres, todos los derechos y todos los días. Es cuanto.