El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, dos conmemoraciones que definen nuestra identidad como país son el motivo de esta sesión solemne. Hace 200 años, con la Constitución de 1824, surgimos como una nación que afirmó su independencia. A su vez, 107 años nos separan hoy del momento glorioso en que proclamamos la Constitución de 1917. De ahí emana nuestra definición a favor de una república representativa democrática federal y laica, que expresa la voluntad soberana del pueblo para organizar el Estado y cumplir sus fines. La de 1917 asimiló las experiencias constitucionales anteriores, al tiempo que proyectó el destino social y democrático que imprimió la Revolución de 1910. Por eso, fue un proceso de continuidad e innovación, así la celebración que hoy tiene lugar es inmejorable para hablar de los temas de la democracia y del régimen de gobierno. Debemos señalar que se requirió un largo tiempo para diseñar las prácticas, instituciones y reglas necesarias para resolver la conformación de los gobiernos y de la representación popular en el Congreso a través de las elecciones. Ahí, ahí tuvo lugar la primera fase de nuestro impulso y afán democrático. En el ámbito de la construcción del sistema presidencial se vivió el dilema de los afectos que generan, ya sea por su fortaleza excesiva o su grave debilidad que dieron pie a regímenes autoritarios, así como la fractura y la inestabilidad o los golpes de Estado. Ambos rostros los vivimos con intensidad y de forma dramática. Durante buena parte de nuestra vida como país, sufrimos el trauma de una democracia electoral deficiente e insuficiente. El gobierno, como organizador de las elecciones, siempre fue una mala fórmula, las pugnas reiteradas sobre los resultados de los comicios amenazaban con permanecer en arraigar los conflictos y volvernos adictos a las perniciosas negociaciones para poder superarlos. Fue necesario construir una entidad autónoma para organizarlos e instaurar un método jurisdiccional para resolver la calificación electoral. Fue imperante establecer que no solo el gobierno tuviera que inhibirse de asumir la tarea electoral, sino que también evitara influir o intervenir en las elecciones. De manera rotunda se acordó que no participara durante la fase electiva. Para tal propósito fue necesario instaurar una autoridad electoral fuerte, consistente, autónoma y con gran servicio profesional. Antes, el INE, siempre con el antecedente de los organismos como el IFE que antecedieron ese trabajo, hoy son un ejemplo en el mundo. Para lograrlo, tuvimos que atravesar por una ruta compleja de reformas electorales, donde la voz del PRI y su voluntad política fueron únicas, pero también fuimos acompañados por Acción Nacional y por el Partido de la Revolución Democrática, con quienes trabajamos juntos para abrir el destino democrático del país y ahora lo hacemos con una amplia coalición electoral. Está impreso con letras muy grandes y mayúsculas, que se requiere un órgano electoral robusto y autónomo, que afectar o debilitar su conformación vulnera el régimen democrático. El INE no se toca y menos al margen del consenso necesario entre todas las fuerzas políticas y corrientes de opinión en el país. Estamos en una transición democrática que no está completa, avanzamos en materia electoral, pero necesitamos hacerlo en lo relativo al presidencialismo y evitar sus excesos. Nuestro afán por encontrar el camino de los acuerdos es la clave para avanzar en la transición pendiente. En el pasado, así pudimos pasar de un sistema hegemónico a otro, de carácter plural, competitivo y con alternancia. Lo realizamos mediante consensos y sin medrar nuestra contribución como partido, aunque perdimos viejas ventajas que se tenían. Las piezas fundamentales de nuestra transición política han sido la organización no gubernamental de las elecciones y su realización por medio de un órgano autónomo y el impulso a que haya apoyo público, financiamiento transparente y el sistema mixto de representación, así como el fortalecimiento del Poder Judicial para hacer un marco garante e institucional. Más de un siglo cumplimos con la vigente Constitución y casi 80 años desde que en el 46 realizamos la primera reforma electoral que creó la Comisión Federal de Vigilancia. Si antes fue inviable y problemático que el gobierno organizara las elecciones, pretender diezmar el órgano encargado el día de hoy, es absurdo, devastador e irresponsable. La identificación de los órganos constitucionalmente autónomos es un proceso que está llamado a consolidarse, es necesario para el desarrollo de actividades especializadas para el Estado mexicano mediante instituciones garantes, de una operación independiente, profesional y transparente. Alentar la pluralidad política del sistema mixto de representación, ha rendido buenos frutos para afirmar la pluralidad política del país, por lo que intentar su descarrilamiento carece de todo sentido. Fracturar el circuito que ha conducido la realización de las elecciones en un marco institucional y confiable e imparcial, que resuelve las controversias por medio de las normas, permite arribar a resultados definidos y claros para todos. La disyuntiva es respaldar la democracia o no. Aquí estamos puestos todos nosotros con nuestra responsabilidad. Y, por ello, pretender vulnerar la independencia del Poder Judicial y politizarlo es una medida contraria a lo imperativo de fortalecer al Estado que se aleja de la consolidación del régimen republicano, que pretende instaurar una visión carente de consensos en la pluralidad política y querer reescribir nuestra historia por una pulsión disruptiva es inaceptable. Si lo que le preocupa al gobierno es el costo de la democracia y si de ahorro se trata para canalizar recursos a fin de atender las causas sociales, más debería preocupar el derroche en las obras que han multiplicado y que no tienen certeza sobre su rentabilidad. Nosotros pensamos en la transición democrática, en reglas de acceso al poder, pero también en las reglas en el ejercicio del poder. Estamos a favor de la transición democrática clara. El gobierno debe arribar de manera democrática, pero de la misma manera democrática, en una profunda reforma al poder hay que ejercerlos de manera transparente, equitativa y respetando la Constitución. Hacen suponer que estas reformas que han presentado son la panacea, pero no son más que un velo para esconder las insuficiencias del gobierno, su crisis de seguridad y las numerosas muertes, faltas de salud, régimen educativo y una política de incompetencia gubernamental, que no le genera certeza a nuestro país, la crisis ambiental, la crisis del agua y un gobierno que ha sido incapaz de darle paz, armonía social al pueblo de México. Respetable asamblea, hay que dejar claro que hoy desde la polémica que abren estas iniciativas el gobierno pretende participar en las elecciones para fustigar a la oposición y tratar de descalificarla. Hay que decirlo claro, no es momento de mascaradas, nunca lo fue, pero menos ahora. Es momento de abrazar la auténtica competencia democrática, es el momento de responderle a México, de respaldar al Poder Judicial, de fortalecer el debate legislativo. Y hoy le decimos desde aquí al titular del Poder Ejecutivo que tenga claro que el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un poder, no somos empleados del poder, y que vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo de México. Es cuanto, presidenta.