El diputado Raúl Bolaños Cacho Cué: Gracias, ciudadana presidenta. Eso es parte de lo que también me preocupa, que no tomemos con la seriedad que le debemos al pueblo de México un debate de tanta altura en una de las comisiones más importantes que integran una Cámara legislativa y lo decía el viernes en la instalación de la comisión, que es la primera comisión que se instala en esta Cámara de Diputados y que ojalá pudiéramos elevar el nivel del debate, porque el pueblo de México, quienes nos eligieron para representarlos aquí no esperan menos de nosotros. Más allá de colocar una corona, que quizá se vea muy atractiva en la fotografía, o de colgar lonas que anuncian lo que queremos expresar en tribuna, yo creo que debemos de ir al debate serio, aprovechar todo ese conocimiento jurídico que tienen muchos diputados del PAN para elevar el nivel del debate, aportar desde el PRI también con ese conocimiento jurídico, entendiendo que tenemos muchas diferencias que nos pueden dividir, pero que nunca renunciaremos desde nuestras posiciones políticas a defender el mandato que, en el caso del Partido Verde, de Morena y del PT, tenemos con más de 36 millones de mexicanas y mexicanos y en este caso es el de poderles darle acceso a una justicia pronta y expedita. Y quiero, primero, reconocer al presidente de la Comisión de Justicia, por haber conducido durante estos días, mediante el debido proceso, agotando de manera exhaustiva todo lo que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece, para que no haya lugar a dudas de que aquí hacemos las cosas conforme a derecho y que estamos abiertos a escuchar la opinión de todas y de todos, pero que siempre defenderemos, con mucha responsabilidad y seriedad, nuestras posiciones. Ahora bien, las dos propuestas que hoy analizamos son las leyes secundarias que buscan construir un país de leyes que se respeten, con los Poderes y mecanismos que las hagan respetar, con un sistema judicial que garantice la prevalencia del régimen republicano y una auténtica División de Poderes. Una reforma constitucional que atiende a uno de los reclamos latentes del pueblo de México, que es sentir un Poder Judicial cercano a la ciudadanía, que tenga como valor principal el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Hoy examinamos dos dictámenes, uno de ellos se refiere a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que busca establecer el andamiaje jurídico necesario para garantizar el acceso al voto libre, directo y secreto de la ciudadanía en las elecciones de miembros del Poder Judicial. Esto fortalece la cultura de la democracia participativa y, en particular, la participación ciudadana en la toma de decisiones. En las próximas elecciones, el primero de junio del 2025, las y los ciudadanos elegiremos a todos los ministros de la Corte, magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. Este proceso de elección estará organizado por el INE y por los organismos públicos locales. Las personas candidatas a los puestos no serán propuestos por los partidos, sino por los tres Poderes de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia. Y ahora que el diputado del PAN presta atención a lo que expreso, creo que es un gran momento para dejar claro que estamos transitando de un régimen presidencialista a una verdadera república. Porque si bien ustedes piensan hoy en la inmensa mayoría que tenemos en las cámaras, no sabemos qué sucederá en tres o en seis años. Queremos una república que verdaderamente funcione. Dotémosle de esas facultades a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no insultemos al pueblo de México que tiene derecho a decidir y a votar por quienes ellos elijan. Con el establecimiento de estas reglas del juego garantizaremos la organización de un proceso democrático, abierto y transparente, en donde las mexicanas y mexicanos tienen una participación activa en la elección de los futuros juzgadores. La segunda es una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en materia electoral, que busca garantizar que quienes participen en el proceso electoral para la renovación de los cargos del Poder Judicial cuenten con las garantías procesales correspondientes para hacer valer cualquier reclamo legítimo que tengan respecto a las elecciones. Daremos certeza a quienes participen para ser votados en este ejercicio democrático, de que tienen las herramientas para defender sus derechos. Con este fin, la reforma fortalece los puntos siguientes: Primero, precisa que el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales durante el proceso de elección de los juzgadores del Poder Judicial. Segundo, entre los actos que pueden ser impugnados están los resultados establecidos en las actas de cómputo de las entidades federativas, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección. Los juicios de inconformidad deberán presentarse solo por la persona candidata interesada, además de que las impugnaciones deberán promoverse dentro de los primeros cuatro días posteriores a que el Consejo General del INE haga la declaratoria de resultados. Enlista causales de nulidad de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial cuando se usa el financiamiento público o privado más allá de lo legalmente permitido por la ley. Cuando partidos y servidores públicos beneficien o perjudiquen indebidamente la campaña de una persona. Cuando el candidato ganador resulte inelegible y cuando no se instale, por lo menos, el 25 % de las casillas en el territorio nacional o respectivo para recibir la votación. Todas esas causales de nulidad deben de estar plenamente acreditadas y se debe demostrar que fueron determinantes para el resultado de una elección. Es claro que nos encontramos ante un gran reto. La reforma que aprobamos en septiembre significa una nueva forma en la organización de la justicia en nuestro país. Estas dos minutas que hoy discutimos representan el inicio de la conformación de todas las leyes segundarias al Poder Judicial que habremos de estudiar y analizar durante los próximos meses, incluso quizá hasta años. Como jurista, como legislador y como mexicano es mi responsabilidad y la responsabilidad de todas y todos adecuarnos a la circunstancia histórica que hoy nos obliga entablar las mejores leyes secundarias para hacer que la justicia realmente llegue a quienes más los necesitan. Y hay dos temas en los que debemos prestar especial énfasis. El primero, el fuero común, porque hay un transitorio en la reforma al Poder Judicial que obliga a las entidades federativas a adecuar su marco normativo para que también haya elecciones en los jueces y magistrados locales, y es ahí donde está el impacto directo para nuestra sociedad, así como el Comité de Evaluación que esta Cámara de Diputados habrá de elegir. Compañeras y compañeros diputados, aquí está la mano de las y los legisladores del Partido Verde, para convertir estos tres años en una legislatura seria, de debates intensos que vayan más allá de las descalificaciones personales, donde entendamos que a nosotros nos respalda la mayoría del pueblo de México, pero que también son bienvenidas las aportaciones que haga la oposición, siempre y cuando sean para el bienestar del pueblo de México. Hagamos de esta legislatura, la legislatura de los acuerdos, la legislatura que encuentra en las divergencias las coincidencias y no la legislatura de las payasadas y de las frivolidades o de los insultos. Somos mucho más que eso, y el pueblo de México nos exige comportarnos a la altura de para lo que nos eligieron. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, ciudadana presidenta.