La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Gracias, presidente. A pesar de los múltiples derechos en los que se sustenta el libre disfrute y acceso a las playas, y a pesar de que la legislación vigente establece ya disposiciones para proteger su ejercicio, se ha vuelto una práctica común en nuestros litorales que quienes ostentan títulos de propiedad o de aprovechamiento de predios y zona económica exclusiva contiguos a las playas, decidan establecer restricciones y obstáculos para el acceso. Frecuentemente con fin de generar un valor añadido de privacidad a los servicios turísticos que prestan. Y a pesar de que la ilegalidad de dichas prácticas es ampliamente conocida, la enorme extensión de nuestros litorales representa un importante obstáculo en la capacidad de vigilancia de la autoridad en este tema. Es por ello que el pasado 4 de octubre presenté, a nombre de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con el objeto de otorgar a nuestras autoridades un marco jurídico más robusto, en el cual puedan apoyarse para lograr mejores resultados en el control de estas lamentables prácticas. Pero que además, por si solo tenga un efecto de inhibir cualquier intensión de obstaculizar el acceso a las playas, derivado de las consecuencias jurídicas que ello tendrá como resultado de las modificaciones que hoy discutimos. Quiero reconocer las sensibilidad y voluntad política de todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Gobernación y Población, particularmente de mi compañera, la diputada Rocío Barrera Badillo, quien honrosamente la preside, y gracias a lo cual hoy estamos en posibilidad, aplauso, de generar condiciones adecuadas para los mexicanos que acuden a alguna de nuestras playas en búsqueda de esparcimiento. Debo reconocer también el trabajo que mi amigo, el entonces diputado local, Ramón Guerrero, realizó en el Congreso de Jalisco al presentar y lograr la aprobación en 2016 de la iniciativa original de playas libres que, sin duda, inspiró mi interés en este tema. Y desde luego, debo reconocer y celebrar que desde Morena se haya demostrado también interés y compromiso para atender esta problemática en voz de mi compañera, la diputada Carmina Yadira Regalado, quien en forma posterior presentó una iniciativa con objetivos coincidentes. El resultado es el dictamen que contiene tres puntos fundamentales: Primero, se hace explícito en el artículo 8o. de la ley que el acceso a las playas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado. Además, en el artículo 27 se establece la obligación de los propietarios de predios contiguos, de establecer accesos a través de sus predios, cuando no existan vías públicas que permitan el acceso a las playas. Ello con el establecimiento de paso de servidumbre en convenio con la Secretaría de Medio Ambiente. Por último, con la adición del artículo 154 se establecen sanciones económicas que van desde 250 mil hasta 10 millón de pesos para quien viole estas disposiciones. Incluso, la revocación de concesiones cuando la obstaculización se realice por quienes detentan títulos de aprovechamiento de la zona federal marítimo-terrestre y reincidan en sus conductas. En síntesis, las modificaciones propuestas subsanan la parte de rigor normativo en la que se han cobijado quienes indebidamente pretenden aprovechar los bienes de nuestra nación, sin tener un legítimo derecho para ello y en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Por lo anterior, celebro y también me hace feliz que todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara aprobemos esta propuesta que será benéfica para todos los mexicanos. Es cuanto, presidente.