El diputado Mario Alberto Salazar Madera: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional estamos convencidos como partido y como grupo parlamentario, que la fiscalización y transparencia de los recursos públicos son elementos trascendentales para el desarrollo y consolidación de las instituciones democráticas y eficiencia de las administración en todos los niveles de gobierno. Se trata de dar pasos hacia mejores rumbos para el Estado mexicano, en donde prevalezca el estado de derecho por encima de la discrecionalidad, en donde los ciudadanos tengan la plena confianza del destino y el correcto uso de los recursos. Al respecto, conviene recordar que mi partido fue de los primeros grandes impulsores de la creación del máximo ente fiscalizador que hoy tenemos en el país, como lo es la Auditoría Superior de la Federación, apoyada por el PAN en la LVII Legislatura, y que seguramente Alternativa no lo reconoce, porque en ese momento Alternativa no tenía lugar en este Congreso de la Unión. Nuestra acción congruente es lo que justifica que mi grupo parlamentario participe en este debate, denotando el valor que para nosotros significa crecer y consolidar la transparencia y fiscalización de los recursos públicos federales. Por otra parte, Acción Nacional, una vez más, debe insistir en que estamos en este debate pese a que nuestro máximo entramado legal aplicable en su momento no suscribía de manera expresa facultad alguna a la Cámara de Diputados para que se dictamine la Cuenta Pública. Es cierto que el artículo 74 constitucional, en su fracción VI, establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar la Cuenta Pública con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, su comprobación a los criterios que se señalen en el Presupuesto federal y verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas. Y, para esta tarea, la Cámara delega su función y se apoya en la entidad de Fiscalización Superior de la Federación. Del mismo modo, el artículo 79 de nuestra Ley Fundamental dispone que la entidad de Fiscalización Superior de la Federación tendrá autonomía técnica y de gestión. Asimismo, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en su artículo 3o, retoma estos principios y prescribe que la revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara, la cual se apoya para tales efectos en la Auditoría Superior de la Federación. Ni la norma general ni la legislación secundaria ?hasta este momento? habla de que nosotros como diputados tendremos que dictaminar la Cuenta Pública. Para terminar con la aclaración de este entramado legal, es preciso señalar que si bien es cierto el artículo 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendrá la obligación al examinar dichos documentos, así como presentar dictamen sobre ellos dentro de los 30 días siguientes. Dicho reglamento interior data del año 1934, por lo que si prevaleciéramos el debate con un sustento plenamente jurídico, resultaría que lo que hoy estamos realizando es plenamente improcedente, toda vez que un reglamento no está por encima de una norma constitucional. Pero no rehuimos al debate. Suponiendo sin conceder que, efectivamente, la ley nos faculta a la dictaminación de la Cuenta Pública, ésta debería de sujetarse en los términos técnicos apegados a principios y criterios de objetividad que presente la Auditoría Superior de la Federación. Si alguien pensara que no pasa nada y que no hay violación alguna, recordemos la obligación que tiene la Auditoría Superior de la Federación de solicitar sean solventadas las observaciones hechas a cualquiera de los entes fiscalizados y de vigilar que sean debidamente aclaradas en los plazos establecidos, así como promover el fincamiento de responsabilidades administrativas, aplicar sanciones económicas y, además, presentar ante el Ministerio Público las denuncias de hechos que procedan cuando existan elementos. Juzgar sin entender es censurable. No debemos tampoco juzgar nada por un aspecto, sino por la evidencia. En este sentido, me permito, señores diputados, referirme a hechos concretos del desempeño público en los años 2002 y 3003, porque estamos discutiendo la Cuenta Pública del año 2002 y 2003. En el ámbito macroeconómico se obtuvieron resultados destacables. La inflación anual en el último año del Presidente Zedillo se situó en el promedio de 9.5 por ciento. Para el 2002 el mismo indicador había bajado a 5 por ciento. Y para el 2003 a 4.56 por ciento. En materia de deuda pública, en 2001 ésta alcanzó el 27.3 por ciento del producto interno bruto, para 2002 esta proporción había descendido a 23.9 por ciento del producto interno bruto. Nadie ve lo que no quiere ver. Hubo claro avance económico en el gobierno de Fox, mientras que otros, en 70 años, prometían avance y nunca le rindieron cuentas claras al pueblo mexicano. Nunca más gobiernos abusivos del pueblo mexicano. Se nos compara con el crecimiento económico de China; pero no por no crecer como China, significa que es un delito y una falta o una irregularidad que haya cometido el Presidente Vicente Fox Quesada. El gasto público incrementó su importancia en la economía. En el último año del sexenio del presidente Zedillo, el gasto representaba el 22.6 por ciento del Producto Interno Bruto. El gasto es la principal herramienta para abatir rezagos y atender necesidades sociales. Por eso durante 2002 dicha proporción se había elevado a 23.7 por ciento del producto interno bruto y en 2003 alcanzaba ya la cifra de 24.2 por ciento del producto interno bruto. No se puede recaudar y gastar recursos públicos sin criterios de eficiencia administrativa. El gasto no crece por decreto, sino a través de una gestión honesta y transparente. Veamos los grandes números del informe de la Auditoría Superior de la Federación, de las Cuentas Públicas de 2002 y de 2003, cuyo efecto económico era un poco más de 77 mil millones de pesos y se han solventado prácticamente en su totalidad. Curiosamente de lo pendiente por solventar son mayoritariamente las observaciones a los gobiernos de las entidades federativas. Lo mismo sucede con la Cuenta Pública de 2003, donde la Auditoría Superior de la Federación realizó 2 mil 638 observaciones con un impacto económico de alrededor de 54 mil millones de pesos. Observaciones, mis queridos compañeros diputados, que según la Auditoría Superior de la Federación, ya han sido solventadas en un 99 por ciento. Por ello, técnicamente no le tememos al debate actual, más bien lo alentamos y asumimos como partido gobernante desde el 2000, conocedores de la responsabilidad y congruencia con que hemos conducido al gobernar al pueblo mexicano, que así lo decidió. Y durante este lapso creemos fielmente que la base y el sustento técnico han sido la punta de lanza de todos y cada uno de los trabajos hasta ahora realizados por la Auditoria Superior de la Federación?