El diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Compañeras de los medios de comunicación. Amigas y amigos diputados. No es ético ni jurídicamente permitido atribuirse el carácter de profesionista o exigir con algún grado académico sin tenerlo formalmente. Atribuirse el carácter, este interfiere que tengamos ante una persona sin escrúpulos, deshonesta y profundamente dañina para una sociedad, máxime si se trata de un servidor público. En mi casa aprendí con mis padres que para obtener un grado académico se requiere de esfuerzo y mucha dedicación. Jamás podríamos admitir que alguien pretenda engañar a la sociedad y obtener beneficios por ostentarse con un grado académico que no le corresponde. La usurpación de profesión es un delito que se persigue de oficio. Es un agravio a la sociedad, y la usurpación de profesión, si es dada por un servidor público, resulta una ofensa para toda la sociedad en su conjunto. Por eso, debemos sancionar esta conducta delictiva con vigor porque no podemos admitir farsantes que denigren la vida pública. Una condición indispensable para acceder a la justica lo es contar con profesionistas dotados de suficiente preparación para investigar la comisión del delito, formular acusaciones, juzgar hechos y defender imputados. La referida reforma penal de 2008 justamente apunta hacia la mejora de la presentación de servicios profesionales, ya que obliga a los jueces a permanecer durante el desarrollo de las audiencias mientras que se sujeta a los defensores y fiscales a exponer de viva voz sus argumentos, lo que provoca que sus habilidades sean evaluadas públicamente en vez de escudarse tras sus escritos, tal como ocurría en el antiguo proceso penal a efecto de prevenir la proliferación de falsos profesionales desde sus décadas, insisto, en el Código Penal la usurpación de profesión. Resulta grave que una persona se ostente como profesionista sin serlo dadas las condiciones que esto tiene en la esfera de los derechos de las personas, pero igualmente resulta grave que dicha ostentación se realice a efecto de obtener un cargo público o que esta se realice con la finalidad de forjarse un prestigio del cual se carece. Esto último se afirma, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizado en los respectivos medios electrónicos el directorio de todos los servidores públicos a partir del nivel de jefe de departamento, del cual deberá incluir al menos el nombre, cargo, nivel de puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, números telefónicos, domicilios para recibir correspondencias y dirección del correo electrónico oficial, siendo el caso que muchas dependencias también incluyen de dicho directorio la trayectoria del servidor público del que se trata. Aunado a lo anterior en el artículo 76, fracción XVII y XVIII, dispone que además de lo señalado en el mencionado artículo 70, los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociaciones civiles creadas por ciudadanos, deberán poner a disposición del público y actualizar todo currículum con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatas a cargos de elección popular. Resulta entonces congruente sancionar con mayor severidad a quienes proporcionen información curricular falsa, a efecto de acreditar solvencia profesional del cual carecen. Es por ello que propongo a través de esta presente iniciativa, adicionar el artículo 250 del Código Penal Federal a efecto de establecer que en el caso de que cualquier o alguien se atribuya el carácter de profesionista sin tener un título profesional expedido por autoridades u órganos legalmente capacitados para ello, conforme a lo dispuesto de las reglamentaciones del artículo 5 constitucional, la pena se aumentará a más de la mitad por lo ya establecido, porque es una agravante que no debemos de pasar por alto. Cuando el falsario lo haga con la intención de ascender a un cargo público o satisfacer las obligaciones de transparencia a que le refiere la ley, de aplicables en la materia. De aprobarse esta iniciativa habremos dado un paso importante en el fortalecimiento del servicio público, en la consolidación de nuestra democracia, pues así evitaremos que personas carentes de escrúpulos ejerzan cargos públicos sin tener derecho a ello, pero también una mayor honorabilidad en el desempeño de las funciones de cada uno de nosotros., partidistas y legislativas, pero sobre todo en un momento en el que nuestro sistema político padece de graves cuestionamientos por parte de la ciudadanía. Es cuanto, señora presidenta.