El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (vía telemática): Muchas gracias, presidente. Señoras legisladoras, señores legisladores, el día de hoy en la Comisión Permanente, en el grupo parlamentario estamos presentando una iniciativa que precisamente atiende a una resolución de la Suprema Corte. Es una iniciativa que modifica artículos de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros. Como sabemos, esta ley a la que me he referido tiene como objeto regular las comisiones, las cuotas de intercambio, así como otros aspectos relativos y relacionados con los servicios financieros y el otorgamiento de créditos de cualquier naturaleza. Que sean realizadas las operaciones a través de entidades financieras y comerciales, con el fin de garantizar la transparencia, la eficiencia en el sistema de pagos y, por supuesto, proteger los intereses del público en general. Por la importancia de este cuerpo normativo, se plantearon diversos capítulos. Uno de ellos, el capítulo V, es denominado Del Procedimiento Administrativo Sancionador, procedimiento mediante el cual se faculta a las autoridades para imponer sanciones de carácter administrativo que sean establecidas en esa ley. Las autoridades, conforme el artículo 3o., a las que les atañe su aplicación, son: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor. El problema que se presenta con esta ley es que no se estableció un plazo, no se estableció un plazo para que las autoridades puedan emitir una resolución definitiva. Es decir, está el procedimiento, están las reglas del procedimiento, está la regulación, pero no se tiene un plazo. Es por ello que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en el mes de abril de 2021, al resolver un amparo en revisión dejó muy claro que la ausencia de plazo para el dictado de la resolución en el sistema normativo deviene inconstitucional y que, por supuesto, esto debe corregirse. Se sostiene, pues, que los artículos 24 al 31 de la Ley para la Transparencia y ordenamiento de los servicios financieros violan el principio de seguridad jurídica. Es por ello que estamos proponiendo adicionar en esta iniciativa un cuarto párrafo al artículo 32, para establecer que no podrá exceder de 90 días naturales contados a partir del cierre de instrucción, el tiempo para que las autoridades emitan y notifiquen la resolución correspondiente. Con ello estamos cerrando perfectamente el supuesto normativo, la consecuencia jurídica y la relación administrativa procedimental, para efecto de dar garantía de seguridad jurídica a todas y cada una de las personas usuarias que pudieran verse afectadas en estos esquemas financieros y, por supuesto, puedan acudir con certeza, con certidumbre jurídica, ante las autoridades que están referidas en la ley. Consideramos muy importante, pues, que con la iniciativa se atienda también esta resolución de la Suprema Corte de Justicia y podamos dejar salvado eso que en algún momento, pues, fue una omisión legislativa que debe de ser cerrada perfectamente. Muchas gracias, presidente. Es cuanto.