EL PRESIDENTE: Gracias, señor senador. El siguiente punto del orden del día son comentarios en relación con las medidas de protección para el campo. Para tomar la palabra tiene el uso de ella el senador Rutilio Cruz Escandón, del Partido de la Revolución Democrática. EL SEN. RUTILIO CRUZ ESCANDON: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Como todos sabemos, las manifestaciones populares cada vez toman un carácter más serio y propositivo, prueba de ello es que el pasado viernes 31 de enero miles de ciudadanos, en su mayoría campesinos e integrantes de grupos agropecuarios, salieron a las calles a expresar de viva voz lo que el clamor de la ciudadanía está demandando: la renegociación del Capítulo Agropecuario, el TELECAN, su restructuración arancelaria, aplicación efectiva de medidas de salvaguarda y más apoyo estructurado para el campo desde el punto de vista presupuestal y programático. El proceso de liberalización que hoy nos toca vivir ha impactado negativamente a la economía agropecuaria de nuestro país, ya que se observan asimetrías sumamente claras con nuestros vecinos comerciales y con el resto de los países desarrollados, como ya se ha venido reiterando ante esta Honorable Tribuna por los diversos grupos parlamentarios; éstas asimetrías nos muestran un resultado desalentador, una real y verdadera desventaja económica. En nuestro sector existe productividad insuficiente, desabasto alimentario, desproporción en los costos de los insumos y ausencias de los mecanismos de compensación para obtenerlos a precios competitivos, una baja generalizada de los precios internos ante la apertura del mercado provocada por la desmedida importación de productos subsidiados al amparo del TLCAN; además una eminente pérdida de competitividad, ya que en nuestro país del sector agropecuario depende más del 20% la generación de empleos, lo que ha dado como resultado que en el año del 2001 el déficit del agro haya sido de 4 mil 130 millones de dólares equivalentes al 42% del déficit nacional. Por otra parte, a nuestro sector se le ha disminuido dramáticamente el flujo de recursos públicos a partir del año de 1995 al año 2002, así como los créditos al campo, experimentando con ello grandes pérdidas económicas para las familias del agro mexicano. La situación del campo mexicano se debe observar desde la perspectiva más crítica posible, los diagnósticos están a la vista. Sin embargo, las soluciones gubernamentales no se encuentran al nivel de la problemática planteada; las políticas rurales asumidas que se han implementado por los diferentes gobiernos desde 1982 han tenido sus altibajos, pues no es posible comprender cómo es que a la luz de la firma de un Tratado de Libre Comercio de esta envergadura, las políticas presupuestales a partir de 1994 al año 2002 hayan experimentado una reducción del 52.8%, lo que nos prueba y manifiesta una falta de responsabilidad política. En verdad, resulta preocupante la crisis que actualmente está enfrentando nuestro sector agrícola. Una de las alternativas que tenemos que llevar a cabo es reflexionar en torno a la modificación de los compromisos agrícolas del TLCAN, pues con éste, no se ha fortalecido el sector agropecuario y sí, por el contrario, lo ha debilitado, ya que a raíz de la competencia desleal de las importaciones extranjeras, el valor real de los productos del campo mexicano se ha derrumbado, ello ha empobrecido aún más a los que dependen de él; de los aproximadamente 25 millones de mexicanos que trabajan el campo, 8.2 millones se encuentran en pobreza extrema. En 1992, el 35.6 de la población rural estaba en pobreza alimentaria, hoy, el 52.4. En 1992 el 41.8% estaba en pobreza de capacidades, ahora el 50%. El propio Banco Mundial reconoce que los índices actuales de indigencia en el agro nacional superan los prevalecientes de hace una década antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. El gobierno debe aprovechar la oportunidad histórica que se le está presentando, de apoyar realmente al campo mexicano y también actuar con decisión y firmeza para plantear a sus socios comerciales la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN. El sustento legal existe, pues nuestra Carta Magna en su artículo 131 prevé la facultad de tomar medidas de regulación a nuestro comercio internacional. Ahora bien, en el marco jurídico del TLCAN se contempla la posibilidad de que las partes signantes puedan realizar conjuntamente alguna enmienda al mismo cuando éste afecte de manera innegable algún sector de la producción nacional de uno de los estados parte. De igual manera, el Tratado que da vida a la Organización Mundial de Comercio, del cual somos parte, lo permite, y es por todo ello que el Ejecutivo no debe negarse a la posibilidad de plantear la renegociación del tratado, independientemente de las medidas alternas e internas que haya que tomar, para impulsar, desarrollar y darle viabilidad a nuestro sector rural. Es triste comprobar y afirmar, que si los diferentes gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas hubieran planeado destruir al agro mexicano, no lo hubieran logrado con más eficacia como hasta ahora. En cuanto a la recuperación productiva del campo y la eliminación de su pobreza, es prioritario que el gobierno planeé de inmediato, políticas crediticias que efectivamente conduzcan a ese propósito, como las que se han de diseñar con la nueva financiera rural. Es imprescindible realizar inversiones crecientes, para ampliar la infraestructura tecnológica, haciéndola más eficiente, promoviéndola, incentivándola para la evolución y desarrollo del campo mexicano, destinándola a proyectos regionales, a agro-industria, asistencia técnica, mejoramiento parcelario, desarrollo de economías de escala, investigación agrícola, forestal y pecuaria. Los programas que se generen deben ser consistentes, con inversiones multianuales comprometidas, que se establezcan para integrar con racionalidad económica y social los ciclos productivos del campo, con la participación directa de los productores en sus distintas fases, así como para promover y fortalecer a las organizaciones de productores. Es momento de que el Ejecutivo federal actúe, y no olvide ni desconozca la situación ancestral que aqueja a nuestros campesinos, así como el aumento y agravamiento de las condiciones sociales y económicas que ahora sufren, las cuales consideramos se hubieran podido evitar o al menos corregir a lo largo de todo este tiempo transcurrido, pero lamentablemente en aquel entonces no hubo, ni se ve que hoy haya voluntad política, por parte de nuestros gobernantes para hacerlo, por el contrario, es aberrante que prosiga a la baja , en términos reales, los incentivos gubernamentales y el crédito al campo. El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, está comprometido a impulsar las medidas que en la materia se instrumenten y las reformas legales que tiendan a beneficiar la situación actual de nuestro campo, con el objeto de que éstas coadyuven a la reorientación de la política del gobierno en el sector agrario. Por su atención muchas gracias. -