El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El tabaquismo por su elevada letalidad, efectos discapacitantes y dolorosos, así como por la carga que a los servicios de salud les significa, constituye un gravísimo problema de salud pública. El Consejo Nacional contra las Adicciones sostiene que el tabaquismo es la causa principal prevenible de enfermedad y muerte. El tabaquismo ocasiona más de 53 mil fallecimientos anuales; lo cual equivale a 147 muertes diarias, aproximadamente. La Encuesta Nacional de Adicciones reporta que más de 28 por ciento de la población entre 12 y 65 años de edad fuma; mientras que el 52.6 por ciento está expuesta al humo del tabaco, sobre todo en oficinas y en lugares públicos. Con éstas y otras variables se estima que la tasa real de fumadores en nuestro país es superior al 36 por ciento para varones y de 13 por ciento para mujeres mayores de 12 años. Pero lo más preocupante es que casi un millón de fumadores son adolescentes y es en ese sector en el cual se observa el mayor crecimiento en el consumo. Ante este dato tan evidente, confirmado por estudios realizados por las mismas tabacaleras, es la población adolescente la que representa un enorme potencial para el negocio del tabaco. La evidencia la tenemos ante nosotros en las escuelas, en lugares públicos, en eventos sociales y en comercios. A lo anterior tenemos que agregar el hecho de que otro sector en el cual se incrementa el consumo es en las mujeres, como lo muestra la Encuesta Nacional de Salud de 2006. Los datos son reveladores, el tabaquismo influye en el deterioro de la calidad de vida de los fumadores y sus familias, así como en la pérdida de años potenciales de vida saludable, lo que representa un elevado costo individual y social. Por ello, en el mundo se han tomado medidas para combatir esta adicción. Con el dictamen que hoy se presenta, la cuestión está en si se coarta la libertad y capacidad de decisión de las personas para consumir este producto. De lo que se trata es de contar con las herramientas jurídicas para la implementación de una política integral de educación para la salud. De prevención y protección de los no fumadores. De proteger a nuestros niños y niñas de un riesgo para su salud y su desarrollo. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoya este dictamen porque estamos a favor de la salud. Compartimos la cultura de la prevención y el derecho de todos a respirar aire libre de humo de tabaco. Estamos por la regulación de la publicidad y campañas que promueven el consumo de este producto tan dañino para la salud. Hemos escuchado los argumentos sobre la pérdida económica que esta ley le provocará a la industria del tabaco. Consideramos que esto no justifica el daño y costo para la salud y vida de los mexicanos. El Estado y las autoridades correspondientes deberán tomar las medidas necesarias para que el impacto en los agricultores y productores de tabaco sea menor, ya sea con reorientación hacia nuevos cultivos o con el fomento de la exportación de este producto. En el mundo existe una preocupación real por la salud de sus jóvenes. México no puede mantener una legislación anacrónica. Más aún, ante la evidencia de que cada vez más adolescentes son fumadores, es responsabilidad del Estado promover políticas que garanticen el derecho a la salud. Para Nueva Alianza ésta no es una ley contra el tabaco, es una ley que significa una opción de vida y salud. Es cuanto, señora Presidenta.