La diputada María Concepción Valdés Ramírez: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, como es sabido, la figura del arraigo penal en nuestro país ha generado un panorama de ideas encontradas desde su incorporación en el Código Federal de Procedimientos Penales en 1983, hasta su elevación de corte constitucional y, posteriormente, contemplada en la actual Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En el año de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de esta medida cautelar, dando origen a diversas tesis jurisprudenciales que asentaron la idea de que el arraigo penal contraviene a la figura del debido proceso y diversas garantías procesales constitucionales, como los propios derechos humanos. Posteriormente y de manera antinómica, en el 2008, al seno de este honorable Congreso de la Unión, se eleva la controvertida figura del arraigo penal a rango constitucional, mediante reforma al artículo 16 de nuestra Carta Magna. Subsecuentemente en 2009, la misma es instrumentada en el artículo 12, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ya mencionada. A nivel de nuestro sistema legal, el arraigo no es una medida idónea, puesto que a pesar de ser una medida excepcional, no deja de ser una medida que carece de proporcionalidad y es contraria al principio de presunción de inocencia, su dinámica se desarrolla en un ámbito de arbitrariedad e irracionalidad, que sólo lleva a dejar al descubierto las carencias en materia de investigación del ente encargado de la procuración de justicia, esto debido a que es utilizado como una detención con fines de investigación, lo que contraviene igualmente a la teleología del actual sistema acusatorio penal. En lo tocante a las obligaciones internacionales que nuestro país ha contraído, el arraigo penal ha venido a corromper el espíritu de lo contemplado, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Finalmente, en lo relativo a la postura de los organismos internacionales, estos se han pronunciado en contra de dicha medida cautelar en nuestro país, como lo es en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de los derechos en México de 2015. Por lo referido, la presente iniciativa con proyecto de decreto plantea la derogación de los párrafos octavo y noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la eliminación de la figura del arraigo en materia penal. Es así que es inconcebible pensar en el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho a la par del arraigo, figura cuyo objetivo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino privarla de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa del juicio. Es decir, la investigación no se lleva a cabo previa la detención de una persona, sino que esta es detenida arbitrariamente para ser investigada, contraviniendo a los principios básicos de justicia en una democracia, así la persona afectada queda sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada, lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno, simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora. La reforma penal de 2008 y la normativa procesal tuvieron como fecha límite para entrar en vigor el 18 de junio de 2016, es ahora el momento oportuno para impugnar la figura violatoria de derechos humanos que es el arraigo, y lograr desterrar de nuestra Carta Magna una restricción constitucional que se advierte enemiga de los derechos fundamentales y del espíritu de las reformas en materia penal y procesal penal para así poder tener un punto de partida para mejorar la impartición de derechos y justicia en nuestro país. Es cuanto.