La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias. Someto a consideración del pleno, reservas al dictamen, a los artículos 3, 4, 14 y el 27. La reforma constitucional en materia electoral publicada el 13 de noviembre de 2007, buscó generar condiciones de equidad en la competencia política y evitar que poderes económicos o gubernamentales interfirieran indebidamente en el proceso democrático, como ocurrió en la elección presidencial de 2006 donde PAN y PRI utilizaron a las instituciones del Estado para generar odio, sembrar miedo, evitar la manifestación libre de la voluntad popular. Eso que no se nos olvide. Así fue que se estableció la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos son influir en la equidad de la competencia electoral el carácter informativo, educativo y cultural de la comunicación social. La prohibición absoluta al uso de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos y la obligación del Congreso de la Unión para adecuar las leyes secundarias en un plazo de 30 días naturales posteriores a la publicación del decreto. Sin embargo, se modificó el Código Electoral y lejos de fijar obligaciones precisas que eviten la afectación a la equidad en la competencia, garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y la prohibición del uso de imagen de servidores públicos, estableció una excepción a este mandato constitucional, y dice: Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social no serán considerados como propaganda. Y ahí estuvo la puerta abierta. Es decir, los servidores pueden contratar publicidad donde incluyan su imagen, se afecte la equidad y desvirtúen los fines de la publicidad establecidos en el 134 constitucional cuando se trate de su informe anual de gestiones. Ello y la ausencia de regulación sobre publicidad, abrió las puertas y las ventanas a la utilización indiscriminada e inconstitucional del uso de recursos públicos para promocionar gobernadores, legisladores y al presidente de la República. Este marco regulatorio posibilitó la intervención de Peña Nieto con la inyección de miles de millones de pesos al gobierno del estado de México en las televisoras. Esto permanece intacto. Al establecer este dictamen, la misma excepción, se continúa. Por ello proponemos en esta reserva que la difusión de informes sólo se podrá efectuar en los tiempos oficiales, es decir, no pueden erogarse recursos públicos para su promoción. Dos. Establecer que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público como lo establece la Constitución, y Tres. Que se fijen las cualidades de los informes de los servidores, los cuales estarán obligados a poner a disposición de las y los ciudadanos, información precisa y pormenorizada del cumplimiento de sus obligaciones legales en un lapso de tiempo determinado, relacionada con indicadores claros, públicos y datos abiertos. Rendición de cuentas no es propaganda ni fotos de funcionarios. La propaganda gubernamental no es sinónimo de derecho a la información, todo lo contrario. Se engaña y se pretende construir ficciones mediáticas para cambiar la percepción de la realidad. Para Peña Nieto y todos los gobernadores y alcaldes del PRIAN y sus rémoras, la propaganda es como el espejo de la bruja de Blanca Nieves, sólo sirve para crear una ficción efímera cuando se fomenta el culto a la personalidad. Por eso queremos, proponemos a este pleno que se establezca de manera clara que en ningún caso, como lo marca el 134, debe haber inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos, que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público y mucho menos con recursos que son del pueblo. Es cuanto.