La diputada Araceli Damián González: Gracias, presidenta. El objetivo de la iniciativa que hoy presento reforma diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de mejorar la fase de ejecución presupuestaria, transparentarla y ajustarla al sentido de la legalidad constitucional. Sobre esta soberanía recae anualmente la atribución exclusiva de aprobar el Presupuesto, sin embargo, todos los años el Presupuesto ejercido por el gobierno federal es significativamente superior al aprobado por la Cámara de Diputados, sin que existan criterios claros ni transparentes en la asignación de los ingresos adicionales. Por ello, el hecho de que la Cuenta Pública sea sustancialmente diferente del gasto aprobado, es un atentado contra una de las principales facultades, quizás la más relevante de esta Cámara de Diputados. Todos los años, bajo la mirada cómplice de los prianistas, perredistas y demás, esta Cámara de facto y de manera ilegítima es despojada de su competencia fundamental de aprobación del presupuesto. Nuestro trabajo se convierte en una pura simulación, resulta urgente terminar con esta irregularidad. Por ejemplo, en la Cuenta Pública de 2016 el gobierno federal gastó casi 700 mil millones de pesos adicionales a los aprobados, 6 veces el gasto de la Secretaría de Salud. O bien, podríamos haberlo destinado, en lugar de la dádiva de 580 pesos que reciben los beneficiarios del 65 y más, podríamos darles una atención más digna, de hasta 10 mil pesos mensuales. Es decir, no se trata solamente del control legislativo y de la forma absolutamente discrecional y arbitraria como se asigna este gasto adicional, sino que no se destinan a rubros vitales para el desarrollo social y económico de la nación mexicana. Si este gobierno tuviese un mínimo de responsabilidad y dignidad, los ingresos extraordinarios del sector público se asignarían a educación, a salud, a programas sociales, seguridad social, desarrollo productivo o políticas de innovación. Vamos a fondear las pensiones. Sin embargo, los recursos adicionales se destinan sistemáticamente a gasto suntuario, en comunicación social y publicidad del Ejecutivo federal. Quién quiere ver a Peña en la tele y todo lo que hace. O se destina a los estados en los que habrá elecciones, como sucedió el año pasado en el estado de México que, por cierto, ha sido el estado más beneficiado con recursos extraordinarios durante este sexenio, pues de ahí es el presidente de este país. Ello muestra que el gobierno federal anualmente ha venido estableciendo una agenda ilegítima, superflua y que oculta de manera desproporcionada la forma en cómo gasta y que la Cámara de Diputados no logra controlar. Esta iniciativa busca que la Secretaría de Hacienda formule previsiones aproximadas de los ingresos adicionales, evitando que este dinero alimente transacciones financieras oscuras como ocurre habitualmente. La propuesta de reforma busca, además, evitar que los ingresos adicionales del gobierno se obtengan de la descapitalización de instituciones de seguridad social o de empresas productivas del Estado como Pemex. Por último, impulsamos que en todo caso, como seguramente hará Morena a partir de 2018, los gastos extraordinarios se dediquen a rubros con impacto social y económico con la finalidad de mejorar la calidad de la mayoría de la población. Por ello, propongo que las erogaciones extraordinarias del gobierno se consagren prioritariamente a educación, salud, seguridad social, infraestructura productiva e innovación tecnológica, entre otras. Es cuanto, señora diputada presidenta.