La diputada Leticia Calderón Ramírez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Según los datos publicados en el Índice de Percepción de Corrupción 2013 elaborado por la Organización Transparencia Internacional, nuestro país se ubica en el lugar 106 de 177 naciones evaluadas, cayendo un lugar en relación al 2012, ya que obtuvo una calificación de tan sólo 34 puntos de 100 posibles. Lo que significa que nuestra nación es considerada como una de las más corruptas. Los costos sociales que se generan a causa de este fenómeno son dañinos ya que afectan la confianza de la sociedad en su sistema político y en sus servidores públicos. Asimismo los costos económicos que se generan son la disminución de la eficiencia y la competitividad. Además un país corrupto produce distorsiones de mercado, riesgos financieros e incertidumbre que se traducen en un descenso en la inversión y actividad empresarial, que motiva baje el desarrollo y el crecimiento económico. Por tal motivo y con la finalidad de combatir este fenómeno, el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados internacionales y recibido diversas recomendaciones con el objetivo de mejorar en materia de responsabilidad de los servidores públicos. De igual manera dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se aborda este tema, el objetivo 1.4 que a la letra dice: “garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”. Establece como una de las estrategias a seguir por parte del gobierno federal, el combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana. Por tal motivo se llevará a cabo como línea de acción, promover la creación de un organismo autónomo especializado, encargado de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos tratándose de actos de corrupción, así como coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados con dichos actos. Bajo este orden de ideas consideramos que es importante el fortalecimiento del marco jurídico en materia de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con lo cual se fomentará en la sociedad mexicana una cultura tanto de la legalidad como la de la denuncia, a fin de generar condiciones que permitan conocer, investigar y sancionar los actos de corrupción. Para tal fin se necesita que el ordenamiento de la materia cumpla con los siguientes propósitos: sancionar a los funcionarios públicos a quienes se les compruebe una práctica corrupta y generar incentivos para la denuncia con la que se disuadirá a los servidores públicos de cometer ilícitos en el cumplimiento de sus funciones. De igual manera para poder disminuir este terrible mal se tienen que eliminar los conflictos de interés que lo generan, además de aplicar los debidos castigos. Se necesita también un monitoreo constante y una verdadera transparencia, así como fomentar la denuncia, agravar las penas y disuadir actos de corrupción futuros por los servidores públicos. Compañeras y compañeros legisladores, es necesario fortalecer el marco jurídico en materia de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos para fomentar en la sociedad mexicana tanto la cultura de la legalidad como la de la denuncia. Es de vital importancia emprender acciones, prever mecanismos y crear herramientas que permitan revertir y disminuir drásticamente las prácticas corruptas que se realizan todos los días en el país. Es por esto que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronunciará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.