El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera: Con su permiso, señor Presidente. Honorable asamblea, en el marco de los trabajos de la reforma política del Estado que se están desarrollando actualmente, me permito someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 27, 28, 41, 49, 73, 102 y 123 de la Constitución mexicana. El eje central de esta iniciativa es la creación de un apartado expreso en la Constitución General de la República, que le permita al Constituyente Permanente reconocer e instituir a los órganos constitucionales autónomos como instituciones auxiliares del supremo poder de la federación, dotados de plena autonomía presupuestal y operativa, con personalidad jurídica, patrimonio y régimen legal propios, que no estén sectorizados a ninguno de los tres Poderes de la Unión. La iniciativa sostiene que deben considerarse como tales al Banco de México, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al Tribunal Agrario, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y a las universidades públicas federales autónomas. Complementariamente presento un proyecto de Ley General de los Organismos Constitucionales Autónomos que tiene por objeto reglamentar las adiciones y propuestas en los que ve a la organización, funcionamiento y control de estas instituciones. Para fundamentar esta propuesta practico el análisis de las transformaciones organizativas de la función pública que se incorporaron a nuestra Constitución, bajo el influjo de la teoría de la división de Poderes, en la intención de fijar pesos y contrapesos al ejercicio de la soberanía, y cuya evolución ha sido impulsada por la necesidad que el trabajo público ha impuesto al estado de derecho desde su creación y hasta nuestros días. La iniciativa revisa mecanismos de la descentralización política y administrativa, así como los conceptos modernos y funcionales de la autonomía pública, sin omitir su causalidad histórica, su entorno federalista y sus posibilidades ciudadanizadas. De modo general formulo la reflexión sobre la aparición de estas nuevas estructuras en México, que no pueden considerarse descentralizadas ni dependencias indirectas de la administración pública y mucho menos del Poder Ejecutivo. El Banco de México, el IFE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvieron un mismo origen funcional y se proyectaron como respuesta a los compromisos de distribución y especialización al trabajo, originalmente atribuidos a la administración pública; pero se han ido desprendiendo paulatinamente de ella hasta lograr los grados de autogestión que actualmente gozan, sin que por eso se consideren un cuarto poder, como tampoco independientes del Estado, unitaria e integralmente considerados. Sostengo que, al ratificarse el reconocimiento pleno y expreso, los órganos autónomos constitucionales, como ya los define la ciencia jurídica, tendrán nuevas posibilidades autonómicas, una mejor eficacia en su función, resolverán las actuales ambivalencias que los asimilan, por hoy, a entidades paraestatales, centralizadas o sectorizadas. Se atenuará visiblemente la injerencia de las facultades presidenciales, metaconstitucionales en su integración o en su operación. Se transformará su ejercicio de planeación y control presupuestal y, sobre todo, se creará un nuevo instrumento de control al Poder Ejecutivo, ya que será el Congreso de la Unión el que ejerza, respecto de dichos órganos autónomos, los poderes de propuesta y ratificación en la designación de sus titulares, con excepción de los que correspondan a las universidades públicas; así como la de fiscalización del ejercicio de su gasto público. Convoco a los integrantes y a las integrantes del Congreso de la Unión, para ensayar un debate intenso sobre el contenido de esta iniciativa que ya ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria. Solicito respetuosamente a la Presidencia de esta Cámara que se transcriba íntegramente su contenido en el Diario de los Debates, se remita a las comisiones competentes para su dictaminación y colateralmente se consigne a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos de la Reforma del Estado, para los efectos conducentes. Muchas gracias por su atención a todos mis compañeros y mis compañeras, donde quiera que se encuentren.