El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel: Con su venia, diputada presidenta. Solicito la reserva al artículo 22 se agregue, por favor, al Diario de los Debates. Y la intervención que haré es sobre el artículo 35. Compañeras y compañeros, en la reserva que hoy presento buscamos sostener y reforzar los principios que dan sustento a nuestro sistema federalista, por lo que planteamos la modificación del artículo 35 para defender las atribuciones del Congreso respecto a los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, diputadas y diputados locales, magistrados y magistradas de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales pertenecen, manteniendo su autonomía, siendo sujetos a una declaración de procedencia, con carácter exclusivamente declarativo, debiendo ser comunicadas a las Legislaturas locales, para lo que corresponda. Hasta hoy la soberanía popular es quien delega el ejercicio de las funciones públicas en los Poderes de los tres órdenes de gobierno, y las y los servidores públicos, cuyos cargos se deben al voto ciudadano o a aquellos designados en las legislaturas locales, rinden protesta frente al órgano legislativo que les proporciona la inmunidad procesal. Por ello, es esta instancia la que debe determinar si procede o no la sanción que se imponga por medio de una declaratoria de procedencia. Así quedó demostrado en el procedimiento de declaración de procedencia que se siguió en esta Cámara en contra del gobernador de Tamaulipas. El Poder Judicial de la Federación nos corrigió la plana dándonos la razón ya que dicho proceso de desafuero del mandatario no es un proceso unilateral a cargo de esta Cámara de Diputados, sino un proceso en el que el Congreso local tiene una participación. Sin embargo, en el proyecto de dictamen que fue aprobado y que ahora se pretende que resolvamos atropelladamente y sin detenimiento, pone en juego cuestiones que tienen una gran trascendencia para la vida política y pública de nuestro país. De permanecer el dictamen en sus términos, se está atentando en contra del sistema federalista, la distribución de Poderes de la República y se coloca indebidamente a las legislaturas locales en una situación de subordinación ante el Congreso federal desnaturalizando el pacto federal. Por ello, votaremos en contra del dictamen, sin embargo, quiero aclarar, que estamos a favor de establecer la declaratoria de procedencia como un instrumento de aplicación de la justicia, siempre y cuando no se violenten los debidos procesos de los probables y presuntos responsables, ya que debemos evitar caer en deliberaciones maniqueas y que este instrumento legal no sea utilizado como una herramienta jurídica para la persecución política de adversarios y de quienes no estén del lado de los intereses oficiales o de la autonombrada 4T. El Grupo Parlamentario del PRD nos encontramos plenamente convencidos y convencidas de que la lucha contra la corrupción debe ser emprendida como una política de Estado a través de todas las instituciones que como país hemos conformado y no dejando que la justicia selectiva, guiada por ímpetus vengativos, sea la que determine el curso de los procedimientos. Basta ya de polarizar al país. Basta de poner en tensión y en conflicto a las instituciones de la República para satisfacer los intereses del grupo en el poder. Debemos pugnar para que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción dejen de estar en manos de sirvientes del presidente. Por esa razón, diputadas y diputados, les pido su voto a favor de la presente reserva, a fin de honrar nuestra protesta como legisladores federales, que es guardar y hacer guardar la Constitución de la República y las leyes que de ella emanen. Muchas gracias.