La diputada Rocío Sánchez Pérez: Con su venia, diputado Presidente. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados: Ejerzo las prerrogativas que otorga ala Constitución General de la República, para presentar la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de las Personas con Discapacidad. Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable soberanía la presente iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de las Personas con Discapacidad con base en la siguiente, Exposición de motivos La presente iniciativa tiene por objeto incluir el principio de transversalidad a las políticas públicas de Estado contenidas en la presente ley; ampliar las facultades del Consejo Nacional para que elabore un informe del estado que guardan las políticas en las dependencias del Gobierno Federal en la materia; integrar a la Secretaría de Gobernación al Consejo Nacional, que permita la participación del Conapred, y finalmente, establecer algunas normas con relación al Consejo Consultivo. Esta reforma coadyuvará a la viabilidad jurídico-administrativa de la Ley, y en consecuencia, que su positiva vigencia se perciba en la sociedad mexicana. Proponemos que el principio de transversalidad se sume a las características de las políticas del Estado en materia de discapacidad y que haya una perspectiva integrada de las políticas públicas de Estado. La transversalidad ya se desarrolla en la Administración Pública; un ejemplo lo es la transversalidad de políticas públicas para el desarrollo sustentable de la Semarnat, en el que se suscriben acuerdos de concertación entre más de 32 instituciones de la Administración Pública Federal para reforzar la integralidad y congruencia del Gobierno Federal en la operación de las políticas públicas. En este esfuerzo interinstitucional participan la Sagarpa, Pemex, Conapo, Fonatur, Banobras, Sedesol, INEGI, Conacyt, en síntesis, la transversalidad propiciará que las dependencias de la Administración Pública Federal elaboren, ejecuten y evalúen planes, programas y demás acciones que se deriven de la aplicación de la ley o de acuerdos de concertación. Proponemos, por otro lado, sumar el quehacer político-social del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación. El Consejo es el organismo rector para promover políticas y medidas pendientes a avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, también se encarga de recibir y resolver las reclamaciones, los reclamos y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones, y desarrolla acciones para proteger a los ciudadanos de distinciones o exclusiones derivadas de su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Lo anterior dará soporte jurídico y programático a los objetos de esta ley ya que una de las razones que dieron origen a la ley fue la de contar con un ordenamiento que elimine en la sociedad las prácticas discriminatorias de que son objeto las personas con discapacidad. La inclusión de la Secretaría de Gobernación por medio del Conapred en el Consejo Nacional será un importante aporte para el logro de los fines de la ley. La vigente Ley General de las Personas con Discapacidad no establece tiempo para que los seis miembros del Consejo Consultivo permanezcan en el Consejo Nacional, por lo que consideramos necesario adicionar un nuevo párrafo para establecer un periodo de tres años para éstos y que el Consejo Nacional en su estatuto norme las formas de renovar a estos consejeros, así como la estructura, organización y funciones del Consejo Consultivo. La propuesta evitará la discrecionalidad en la aplicación de la ley y que organizaciones sociales con posturas diferentes a las del gobierno en turno, sean excluidas del Consejo Consultivo por pensar diferente. En las políticas públicas de Estado no existen márgenes para la discrecionalidad. Presidente, agradeceré se inserte íntegramente el proyecto de decreto en el Diario de los Debates y se dé el turno procesal correspondiente. Es cuanto.