El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Comparezco en mi carácter de diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II, de la Constitución General de la República; 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a la consideración de esta honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 108, párrafo segundo y 110 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Los últimos años hemos observado en el desempeño del titular del Poder Ejecutivo Federal una figura que ha incumplido los compromisos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2000-2006, incumplimiento que imposibilita el desarrollo económico del país y propicia la ruptura de la credibilidad en las instituciones por parte de la sociedad mexicana. La situación política, económica y social durante el presente sexenio se ha distinguido por las diversas confrontaciones que el titular del Poder Ejecutivo Federal ha mantenido con el Poder Legislativo, de las cuales todos los mexicanos se han enterado, siendo el último conflicto el referido a la controversia constitucional presentada por la consejería jurídica en contra del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año 2005. Es claro que muchos de estos eventos no son consentidos por los poderes Legislativo y Judicial; sin embargo, este servidor público ha innovado la práctica de una política de falta de respeto a las instituciones, sin poderlo frenar o limitar porque no existen instrumentos legales de control sobre su actuación que otorguen facultades constitucionales para sancionar sus conductas antijurídicas y perjudiciales a la sociedad. La solución sólo puede darse a través de la incorporación de este servidor público a las responsabilidades materia del juicio político, que es procedente en virtud de que el artículo 108 de la Constitución, en el primer párrafo, preceptúa que los servidores públicos de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la federación y en general aquéllos que cumplen un empleo, cargo o comisión en la administración pública federal serán sujetos de aplicación de este procedimiento. Por lo anterior, como servidor público le deben ser aplicables por igual los supuestos del párrafo primero del artículo 110 de la Constitución, pero no únicamente para el caso de que éste sea acusado durante el tiempo de su encargo por traición a la patria y por delitos graves del orden común, habida cuenta que después de haber concluido sus funciones pueden subsistir los efectos de sus determinaciones ilegales e incluso sobrevenir consecuencias, en detrimento de los intereses del país. Las irregularidades que puede cometer el presidente de la República no sólo deben reducirse a las hipótesis limitativas que la Constitución establece en el artículo 108, ya que éstas son superadas. Hemos comprobado que puede realizar actos que violan la ley suprema sin que puedan encuadrarse en las hipótesis vigentes que redundan en graves lesiones a los intereses públicos fundamentales y que no deben quedar impunes, además que éste será el medio legal idóneo para cumplir con los extremos del artículo 12 de la Constitución, en apego al principio de igualdad. En tal sentido, el texto del párrafo 2 del artículo 108 de la Constitución debe actualizarse en esos términos, máxime que la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 2, nos señala que el contenido de esas disposiciones también le serán aplicables a los servidores públicos indicados en el precepto constitucional invocado, lo cual incluye al presidente de la República, porque no sólo éste es susceptible de cometer faltas que sancionan las leyes penales, sino también violaciones de carácter político. Es imperante garantizar que el presidente de la República se constriña a desempeñar sus facultades con base en lo establecido en la Constitución Política del país y en las leyes secundarias. Por ello promuevo esta iniciativa que garantizará certidumbre legal y la seguridad de poder sancionar estas conductas indebidas, lo cual preservará el respeto a las instituciones públicas y dará equilibrio a la conducción del Estado mexicano. Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108, párrafo segundo, y 110, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 108, párrafo segundo. El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo y hasta un año después de concluidas sus funciones, podrá ser acusado por violaciones a esta Constitución, a las leyes federales, traición a la patria y delitos graves. Se conserva el texto restante. Artículo 110, párrafo primero. Podrán ser sujetos de juicio político el presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se conserva el texto restante. "Transitorios: "Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. "Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14 días del mes de abril del 2005". Solicito de manera respetuosa, señor Presidente se sirva publicar íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias.