La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, una de las expresiones más indignantes de la corrupción es aquella en la que la seguridad física de las personas o su vida se someten a amenazas reales inminentes, como consecuencia de omisiones o acciones de las autoridades. Esto puede salvaguardar la vida de los seres humanos y la seguridad en las personas y sus propiedades. Este tipo de corrupción en el ejercicio de la función pública históricamente ha sido relacionado con etapas en nuestro desarrollo político, que se generaban en expresiones de autoritarismo, aisladas y limitadas territorialmente. Como producto de dicho desarrollo, al evolucionar y al tecnificar nuestra democracia se va generando una serie de denuncias a las que se van atreviendo en una nueva cultura as ciudadanas y los ciudadanos. Se han abierto investigaciones e independientemente del resultado judicial de las mismas se ha logrado modificar los marcos legales. No obstante esos pequeños avances que se han logrado en el contexto de los esfuerzos de las autoridades por poder contener el problema de las drogas ilícitas en nuestro país, la perversión de las autoridades de seguridad pública parecen haber crecido exponencialmente. Hoy ya no se manifiesta a violencia de algunas autoridades en contra de la población en una función de limitar las aspiraciones de una sociedad en materia de derechos políticos sino en el aparente afán de complementar las autoridades de la delincuencia organizada. Para combatir este fenómeno han surgido iniciativas para poder intentar cambiar las estructuras y las organizaciones policiacas que han fortalecido los programas de adiestramiento policial y el control de la calidad de confianza y trabajo de los mismos. Así que el esquema vigente de la lucha contra estas dinámicas propias de delincuencia ha planteado un ambiente de violencia social sin precedentes en nuestra historia. Recientemente ha habido poco más de cien mil muertos durante estos años. En este sentido, algunas autoridades federales, estatales o municipales por acciones u omisiones han tolerado este tipo de actividades delincuenciales. Aún continuamos encontrando en la prensa y en los informes la participación de autoridades en ejecuciones extrajudiciales y en hechos de posible complicidad con organizaciones delictivas. Por ello, los representantes ciudadanos debemos impulsar mecanismos que inhiban la participación de autoridades en caso, como en el de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos. En consecuencia, como diputada ciudadana planteó a esta honorable asamblea, la necesidad de establecer cambios en nuestros mecanismos de control político para que destrabe el bloque de los mismos, al menos los concernientes al defender los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, ello al precisar las cosas que las violaciones graves de los derechos humanos implica. Asimismo planteando que la ampliación de los periodos en que permanecen las responsabilidades sobre hechos concretos de violaciones graves a los derechos humanos. Esta precisión tiene la finalidad de facilitar el funcionamiento de los órganos de poder público, constituido como un contrapeso mutuo. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración el siguiente decreto que reforma la fracción III del artículo 7 y diversas disposiciones del artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.