La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, es lamentable que en esta ocasión subamos a la tribuna para, yo diría no exhortar sino exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2009. A pesar de que está contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de acceso a la justicia para todas las personas que viven en territorio nacional y de que México ha celebrado diversos tratados internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Belén do Pará; en fin, un sinnúmero de instrumentos internacionales que nos obligan a garantizar el derecho de acceso a la justicia de toda persona, incluyendo, obviamente, el de niñas, niños y mujeres que se encuentran en territorio nacional a pesar de que hace más de 20 años hay esa exigencia de garantizar el derecho a la vida de todas las mujeres que han muerto y han sido desaparecidas, a la fecha continúa este problema. Parece que hay oídos sordos, indolencia, no solamente de las autoridades locales, en este caso del estado de Chihuahua, sino también de las federales. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga al Estado mexicano y hay un incumplimiento de esta sentencia en distintos rubros a la fecha. Desde el 2009 se dictó la sentencia, en la cual se señala: Se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean subrayo expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos en los presentes casos los últimos casos llevan más de cinco años sin resolverse. La investigación deberá incluir una perspectiva de género, realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan los lineamientos de esta sentencia, proveer regularmente subrayo información a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación y darles pleno acceso a los expedientes situación ignorada por las autoridades y en atención a las víctimas de discriminación y violencia en razón del género. Fracción IV. Los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados a la fecha estamos esperando para que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso. Numeral 18: El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y la impartición de justicia utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el manual sobre la prevención e investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas numeral y punto de la sentencia que a la fecha no se ha cumplido. Por si ello no fuera poco, en el numeral 21: El Estado deberá contar, dentro de un plazo de un año que ya transcurrió, con una base de datos que contenga información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, información personal que sea necesaria, principalmente genética, muestras celulares de los familiares y de las personas desaparecidas. Por último, tercero: información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua. Todos estos puntos de la sentencia y otros también, porque no se encuentra a los responsables, a la fecha, a pesar de que fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta sentencia, se ha mostrado no solamente el gobierno de Chihuahua, sino también el gobierno federal indolente, insensible para darle cumplimiento. Claro, como se trata de mujeres, niñas y niños, a quién le importa. Por su atención muchas gracias.