El diputado Miguel Ángel García Granados: Muchísimas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, nos hemos visto arrastrando penosamente el apeñuscarse de sus años, con impotencia por la indolencia de las distintas administraciones. Son los sobrevivientes de aquellos cerca de 4 millones de trabajadores mexicanos, que de 1942 a 1964 se trasladaron a trabajar a los Estados Unidos de Norteamérica, amparados bajo aquel Programa Bracero. Como bien lo señalaba el compañero diputado Gerardo Leyva Hernández, que me ha antecedido en el uso de la palabra, en esos años al entrar en vigor el programa una agencia estadounidense empezó a retener el 10 por ciento del salario de cada trabajador migrante, con lo cual se integró el Fondo de Ahorro Campesino, estimado en ese entonces, en esa fecha, en un poco más de 11 mil millones de pesos. Dichos recursos fueron depositados en el entonces Banco de Crédito Agrícola de México, después Banco de Crédito Rural (Banrural), hoy Financiera Rural. Sin embargo, los recursos ahorrados y enterados no fueron regresados a los trabajadores migratorios toda vez que ninguna instancia asumió responsabilidad alguna. Es más, pudiera decirse que el gobierno mexicano ocultó la existencia de dichos recursos, y fue sólo a través de la lucha y de la investigación de esos ex trabajadores migratorios que se reconoció su existencia. Así, en abril de 2005, el Congreso de la Unión aprobó la creación del fideicomiso respectivo. A la fecha la Secretaría de Gobernación ha abierto dos etapas para la recepción de documentos, e inscripción, para quienes, y de acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, se ha establecido un importe de pago por el monto de 38 mil pesos. Durante la primera etapa del programa se inscribieron 42 mil 633 ex trabajadores migratorios. Se benefició con el pago a 40 mil 198. En una segunda etapa se registró un número de 172 mil 178. Recordemos que hablamos de cerca de 4 millones de trabajadores migratorios en aquella época; de esa lista solamente se han beneficiado a 2 mil 575. Incluso y contraviniendo lo dispuesto en el numeral 5 de las reglas de operación del fideiocomiso, que establece un pago por el orden de 38 mil pesos, se cubrió sólo un pago parcial por un monto de apenas 4 mil pesos para estos 2 mil 575 beneficiados. La Secretaría de Gobernación, según el decir de los propios ex trabajadores migratorios, les ha señalado que este pago lo recibirán en forma parcial durante 10 años. Resulta injusto no sólo haber retrasado la atención a un sector de la población que durante muchos años dio lo mejor de sí, sino también la morosidad con la que ahora se le hace efectivo un pago al que con elemental sentido de justicia tiene derecho. Son personas, todas ellas ancianos, muchos ya fallecidos, que en los campos agrícolas dejaron los mejores años de su vida productiva y a quienes hoy estamos obligados a atender por un mínimo espíritu de justicia social. Las organizaciones demandan, incluso, una nueva apertura de ventanilla de registro, ya que existen ex braceros que por diversas razones, ajenas a su voluntad, no pudieron obtener su inscripción en las primeras dos etapas. Entendemos que hay múltiples necesidades en materia de gasto social. Sin embargo, por el número y rango de edad que representan los ex trabajadores migratorios no deben seguir esperando una pensión por tanto tiempo postergada. Ante ello, los convoco a que desde el Legislativo impulsemos gestiones ante las comisiones correspondientes, de tal suerte de que en el decreto de Presupuesto de Egresos para este año, próximo 2010, sean aprobados recursos económicos suficientes para cubrir de forma definitiva el pago que demandan los ex trabajadores. La inversión requerida es de sólo 6 mil 542 millones de pesos, sólo eso. Muy inferior a los 11 mil millones de pesos que en 1962 recibió el gobierno mexicano, esto sin indexarlo. Por ello, les pido su aprobación y comprensión. Muchísimas gracias.