El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Efectivamente, esta Ley Federal de Competencia Económica que se pretende aprobar hoy, no alcanza los estándares de la Constitución, queda muy lejos de los principios constitucionales. La Constitución en el artículo 28 es severa, es exigente, maximiza la prohibición de los monopolios. Establece, por ejemplo, que la ley castigará severamente y las sanciones que están incluidas en este dictamen, son sanciones, sí, un poco superiores, a las que tiene la ley vigente, pero no cumple con el mandato constitucional de castigar severamente. Así como en este tema hay otros. El compañero diputado Mario di Costanzo, señalaba, por ejemplo, que estas leyes antimonopolios, el párrafo tercero del artículo 28, deben fijar las bases para establecer precios máximos a artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, y la ley es omisa a este respecto. La ley también que estamos discutiendo, el dictamen, no coincide con el texto constitucional, porque la Constitución determina que deben establecerse y prohibirse cualquier modalidad que implique precios exagerados, en fin. No es una ley que se refiera a la protección del consumo popular, de los derechos de los consumidores, que vea por los sectores más necesitados del país. No cumple con los postulados constitucionales del artículo 28, en su articulado va diluyendo, va invalidando, va deslegitimando los principios constitucionales. Esto es muy grave en un país que no es una economía de mercado. Es falso que México constituya una economía de mercado. México es una economía de monopolios, de oligarquías, de influencia indebida de transnacionales. Se ha señalado aquí el precio monopólico de la banca, de industrias como Cemex, de Teléfonos de México, de los propios medios de comunicación electrónica. Esta ley que se está sometiendo a discusión y a votación, se inscribe en esa lógica de la que ya estamos cansados los mexicanos, esa lógica gradualista, esa lógica de moderación, esa lógica que no permite la modificación del statu quo en México. En México, los mexicanos requerimos de leyes que sí transformen las condiciones de vida de millones de mexicanos, de leyes que sí afecten el statu quo, de leyes que sí combatan los privilegios de los que unos cuantos gobiernan, administran la economía, la política y la vida nacional. Por estas razones y por otras técnico-jurídicas, por ejemplo, por no establecer sanciones severas como establece el artículo 28 constitucional, por no establecer precios máximos a productos relacionados con el consumo popular, por no dotar a la propia Comisión de Competencia Económica de plena autonomía, de autonomía constitucional, por contener procedimientos laberínticos y oscuros en su redacción, es que debemos votar en contra de un dictamen que no está a la altura, no solamente de las circunstancias y de las necesidades del pueblo de México, sino de un dictamen que está muy lejos de los principios constitucionales, de los primeros tres párrafos del artículo 28 constitucional. Ya basta que deslegitimemos, que invalidemos a la Constitución. Es hora de que recuperemos los contenidos constitucionales. Así nunca construiremos en México un estado de derecho. Con estas leyes mediocres, gradualistas, moderadas, no transformaremos al país, no cumpliremos con los mandatos constitucionales y no le respondemos al pueblo de México. Por su atención, muchas gracias, compañeros.