El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez: Gracias, señora Presidenta. Ruego nuevamente a usted que el texto íntegro se inscriba en el Diario de los Debates. Como se sabe, la fracción X del artículo 89 de la Constitución establece como facultad del Presidente de la República el dirigir la política exterior del país, para lo cual habrá de observar ciertos principios normativos que son: La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. En ese sentido, atiendo los valores e intereses de los mexicanos en el actual contexto internacional, caracterizado por un mundo cada vez más independiente, donde ningún país puede permanecer ajeno a los retos y amenazas mundiales. Es que la presente iniciativa tiene por objeto adicionar a los principios normativos ya mencionados, el de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de la democracia. El propio Bernardo Sepúlveda, secretario de Relaciones Exteriores en 1988, año en el que fueron incluidos en la Constitución los principios de política exterior, expuso que éstos fueron la incorporación en el derecho mexicano, de normas imperativas de derecho internacional, que no admiten acuerdo en contrario. Sin el cabal respeto a los derechos fundamentales de todos los seres humanos, no es posible la vigencia de un Estado democrático. Igualmente, sin la vigencia de un Estado democrático no existen garantías para el respeto de los derechos humanos. Dichos principios, sabemos que son parte esencial del México contemporáneo que se viene gestando desde décadas atrás. En consecuencia, sería no sólo ilógico, sino absurdo no actuar en consecuencia hacia el exterior. Sin duda, todo Estado que se considere democrático y que aspire a salvaguardar en todo momento los derechos humanos tiene no sólo la obligación de respetar dichos principios dentro de sus fronteras, sino de impulsar su observancia y respeto en todos los países. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948 significó un parteaguas en la historia mundial, asentar las bases por las que la humanidad se comprometía a proteger los derechos fundamentales e inalienables de todo ser humano, como base precisamente para la paz, la seguridad y la justicia internacional. Dicha declaración asumida por México, desde luego fue proclamada como ideal común, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones ––inspirándose constantemente en ellas––, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su conocimiento y aplicación universal y efectivos; tanto entre los pueblos de los Estados miembros, como de los territorios colocados bajo su jurisdicción. En ese sentido, en su artículo primero puede leerse: el que todos los seres humanos nacen libres e igualmente con dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este es, compañeras y compañeros legisladores, un principio universal asumido por todas las naciones del mundo y forma parte también de los principios y valores de México, por lo que debe ser también producto del constante interés y esfuerzo individual y colectivo de todos los países para arribar a un escenario internacional, en el que los derechos humanos y la democracia como único sistema político capaz de garantizarlo sea una constante. Por lo anteriormente expuesto, es que someto esta iniciativa ante el Pleno de este Congreso de la Unión. Es cuanto, señora Presidenta.