La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Bien, antes de comenzar mi intervención quiero aprovechar la máxima tribuna de la nación para denunciar que el PRI y sus aliados acaban de aprobar pensiones vitalicias de cerca de 400 mil pesos mensuales a los magistrados del Tribunal Electoral, con lo que demuestran la poca sensibilidad con las y los millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza. Con el permiso de la Presidencia. La reforma política promulgada el 10 de febrero del presente año, es una reforma que viene a poner al día nuestro régimen político, con la introducción de nuevas figuras institucionales que buscarán darle mayor certeza a nuestra pluralidad y competencia política. Aunque se trató de una reforma que recibió fuertes críticas por parte de los especialistas en la materia, y que además, para decirlo tal y como sucedió, no fue una reforma que se procesara y discutiera sobre la base de sus propios méritos, sino que estuvo condicionada y subordinada a la discusión de la reforma energética, y las perversas negociaciones del partido en el gobierno y el Partido Acción Nacional. Lo cierto es que en el PRD estamos conscientes de que en ella se cristalizaron parte de nuestras banderas de izquierda, sobre todo aquellas que buscan imparcialidad y la garantía de elecciones libres y equitativas. Por ello, con el objeto de cerrarle el paso a la incertidumbre generada y siguiendo la firme convicción de que sean las instituciones y la sociedad mexicana quienes salgan fortalecidas con esta reforma, en el PRD asumimos nuestro compromiso de cara a la nación. Y en consecuencia, hemos aportado a la conformación de las leyes reglamentarias que vienen a complementar la reforma política. De esta manera, con estas nuevas reglamentaciones nuestro régimen político se actualiza buscando eficientar la democracia en su vertiente electoral. Por lo que refiere a la Ley de Partidos Políticos, misma que ahora discutimos, quienes formamos parte del Grupo Parlamentario del PRD nos pronunciamos porque este nuevo ordenamiento garantice los principios democráticos de transparencia, paridad y de acceso a la justicia para que los partidos políticos sean, de ahora en adelante, no solo al exterior, representantes de tales principios, sino que en el marco de su vida interna los hagan realidad plenamente entre sus militantes. Mención especial merece la obligación que tendrán de ahora en adelante los partidos políticos para garantizar la paridad de género en las diputaciones federales y locales. Por cierto, bandera del PRD plasmada en la reforma constitucional del año pasado, así como también el deber de los mismos de hacer públicos los criterios de asignación de las candidaturas, con lo cual sentamos las bases de un diseño institucional más progresista y equitativo acorde a las demandas de la sociedad mexicana del siglo XXI. Entonces, dado que paridad es igualdad, tendríamos que pensar en mecanismos que en un futuro nos permitan extender esta práctica a los órganos de dirección de los partidos políticos y otro tipo de candidaturas, además de mantenernos vigilantes de que a la distribución de las mismas no se haga de manera simulada. En términos generales, esta ley redefine a los partidos políticos, al tiempo que establece los mecanismos para su constitución, registro, conservación del mismo, participación de los procesos electorales, formas de organización interna, mecanismos para la postulación de candidatos y candidatas, aplicación de justicia intrapartidista, pérdida de registro y liquidación, así como mecanismos de transparencia otorgando a la ciudadanía el derecho para que accedan directamente a la información tal y como lo dispone el artículo 6o. constitucional, lo que sin duda es un triunfo de la izquierda y del PRD. Los nuevos esquemas de fiscalización, las reglas de operación para las prerrogativas, el financiamiento privado, el acceso a los tiempos de radio y televisión y la transparencia son situaciones que esta ley contempla y que por lo mismo abonarán a la construcción de un nuevo esquema regulatorio y sancionador, basado en principios democráticos más sanos y equitativos que darán certeza a nuestras elecciones y al uso de los recursos públicos. Compañeras y compañeros legisladores, la reglamentación que en materia de partidos políticos estamos discutiendo, sin duda representa un avance en la consolidación de nuestra democracia en su plano formal electoral, así como de su sistema de partidos; sin embargo, la efectividad de esta ley tendrá que ver con el compromiso que asumamos los actores políticos para cumplirla, generando con nuestras acciones mayor confianza y credibilidad entre la ciudadanía. Debemos reconocer que la democratización de la vida pública institucional de la República, poco o nada se preocupó por desarticular a los viejos Poderes, ni tampoco se ocupó de crear otros para hacerles frente, tal y como lo exige toda transición a la democracia. Esta Ley General de Partidos Políticos representa un gran avance en la reforma de estas instituciones, por esta razón, compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, votaremos a favor del dictamen. No obstante las y los legisladores de izquierda seguiremos dando la batalla para no dejar cabos sueltos y de la misma manera mantenemos el compromiso de una verdadera transformación de la realidad democrática del país. No olvidemos que solo en la medida en que dotemos a la ciudadanía de herramientas para hacer valer sus opiniones y demandas habremos dado un paso firme hacia la construcción de un régimen auténticamente democrático en el que la organización social y la participación ciudadana constituyen un poder real con capacidad de generar contrapeso, que garantice la eficacia de las instituciones y el estado de derecho. Es cuanto, diputado presidente.