El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. Conforme a la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "supremo", es un adjetivo que significa: sumo, altísimo, que no tiene superior en su línea, es un concepto que denota con claridad la percepción que a través de su historia, los mexicanos hemos tenido de la figura presidencial y que aún al día de hoy, se encuentra plasmada en el artículo 80 de nuestra Constitución. Y es que el Siglo XX, nació viendo a nuestra nación como una colonia española que se convirtió durante algunos años en un imperio, luego en una república, que nunca pudo consolidar y mantener un régimen democrático y que llevó al gobierno a transformarse nuevamente en otro imperio; finalmente el siglo concluyó con un México republicano, pero con un dictador al frente. Posteriormente nuestro Siglo XX, vio un dictador que sólo dejó el poder a través de una lucha armada, de la que surgieron varios caudillos, después a un jefe máximo y finalmente, a un presidencialismo hegemónico, pero en cualquier caso, en cualquier momento de la historia de los regímenes que hemos experimentado en México, hay un hecho que nunca está ausente, la búsqueda permanente por el fortalecimiento de la figura en la que se deposita el titular del Poder Ejecutivo. El fortalecimiento del Poder Ejecutivo, ha sido una preocupación innata en el desarrollo de la propia nación. Estuvo presente en la discusión de la Constitución de 1824, en la de 1857 y por supuesto, en la de 1917. En los respectivos congresos constituyentes, no estuvo a discusión la supremacía del poder presidencial, lo que se debatió fue el nivel de participación en el control del Ejecutivo por parte del Legislativo. Determinar cuándo y cómo surge tal grado de veneración por la figura presidencial, ha sido objeto de diversos estudios históricos y sociológicos y llevan a considerar que el antecedente de ésta, pudiera ser la figura del virrey, que posee, diríamos hoy, una conjunto de competencias ejecutivas y legislativas, a las cuáles cabe sumar un rasgo patrimonial visible en el hecho de que durante años, el conjunto de funcionarios públicos, no constituían una burocracia impersonal; por el contrario formaban una gran familia política ligada entre sí, por amistad, parentesco, compadrazgo y otros factores personales que crearon una cadena de fidelidad de orden estrictamente personal. El carácter patrimonial del Presidente tuvo que ver con su poder informal, es decir, con el que deriva del hecho de ser elegido por mayoría como Presidente y Contralor, por lo tanto, una serie de recursos políticos y materiales que le permitieron extender su soberanía. El Presidente adoptó entonces una connotación distinta, más que un virrey, sería un caudillo y en este sentido su precedente histórico se situará propiamente en el período de la Independencia y de las décadas subsecuentes. El presidencialismo mexicano, pudiera encontrar también sus raíces en el Juarismo y bien se podría configurar en los años 1880, para cobrar pleno poder constitucional a partir de 1917. Sin embargo, su expansión que lo convierte en un poder predominante, es el resultado de un proceso interactivo social e institucional que se dio entre 1917 y 1940. La inversión de esta tendencia empieza a delinearse a partir de mediados de la década de los 40, al acentuar la Presidencia su carácter de gobierno de consulta. Octavio Paz afirma que la raíz del presidencialismo se encuentra en la especificidad de la tradición mexicana, caracterizada por un proceso de síntesis de las diversas matrices culturales: la india, la española, la mestiza y la criolla; cuyo resultado, es una tradición política caracterizada por una falta de ideología y que dio cabida a una respetuosa veneración de los mexicanos a la figura del Presidente, a quien se define como "Príncipe" o "señor Presidente". Y es que la Constitución del 17, frenó un presidencialismo fuerte, aprobado por amplia mayoría, lo cual dice mucho del valor y arraigo histórico del presidencialismo, Carranza fundamenta su concepción de un Ejecutivo supremo, bajo la convicción de que México ha necesitado y necesita todavía de gobiernos fuertes, sin caer en la confusión de que se había caído en entender un gobierno fuerte como sinónimo de gobierno despótico. Precisamente para reforzar lo anterior se establece en la nueva Constitución, que el Congreso tiene la facultad de fiscalizar al Ejecutivo, más no para juzgarlo políticamente. La Constitución del 17, define al presidencialismo como un poder supremo, separado del Legislativo, elegido por mayoría, por voto directo y universal. Sus funciones son de Jefe de Estado a la vez que de Jefe de Gobierno, pero el presidencialismo en su forma más pura, alcanzó su clímax en los años 70´s del pasado siglo y ello fue consecuencia de distintos factores sociopolíticos, entre los que cabe resaltar los siguientes: Primero, la expansión de la función de la Presidencia durante la década de los 30´s, que permitió que se llevaran a cabo y acreditaran sus funciones no legislativas, es decir las de gobierno. En efecto, sin las primeras no se comprende cómo se incrementan entre 1920 y 40 las competencias de gobierno; el gobierno se expandió en primer lugar hacia el Consejo de Ministros que comprende no sólo a los Secretarios de Estado, sino también a los Jueces de Departamento y al Procurador; y luego hacia los numerosos organismos descentralizados como la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de Irrigación, Ferrocarriles Nacionales de México, PEMEX, etcétera. En virtud de que es prerrogativa y facultad del Presidente nombrar o proponer al Congreso a los funcionarios federales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, así como es su facultad destituir a los primeros sin intervención del Congreso, la Presidencia adquiere así un peso cualitativo y cuantitativo sin precedentes. El poder de quitar y poner, confirió a la investidura Presidencial gran parte del prestigio e importancia y terminó por darle un dominio absoluto sobre casi todas las funciones del gobierno, mediante la selección adecuada de los funcionarios. La existencia también de un sistema electoral que permitió que el voto fuera controlado y manipulado por el gobierno, por el hecho de que hasta a mediados de la década de los 40´s, la elección fue calificada directamente por el Congreso. La construcción de un partido oficial, del cual el Presidente de la República era Jefe y, por último, la creciente legitimidad de la figura presidencial, producto del crecimiento económico sostenido que imperó en el país desde los años 40´s y hasta los 70´s, generando estabilidad económica en la población y consecuentemente estabilidad social, a costa de ver menguada la vida democrática y la competencia electoral. Sin embargo, es claro que a raíz de la alternancia en la Presidencia de la República que vivimos en el 2000, la concepción de un Jefe del Ejecutivo "todo poderoso" ha cambiado. El fortalecimiento en la vida institucional del Estado en México por parte de los Poderes Legislativo y Judicial, a conllevado a que paulatinamente el Presidente ocupe su lugar como titular del Ejecutivo a la par y de manera equilibrada que los integrantes del Congreso y de la Suprema Corte, encaminada al Estado Mexicano, a la idea original de la división de poderes. La división de poderes es cada vez más una realidad palpable en la Nación sin ningún poder por encima de los otros, por eso resulta impostergable el que el texto constitucional refleje también esta igualdad cuando se refiera a cada uno de los tres poderes, pues en la actualidad cuando los artículos 50 y 94 se refieren a los órganos en los que se deposita el Poder Legislativo y el Judicial, respectivamente, el Congreso y la Suprema Corte no hablan de Supremo Poder Legislativo o de Supremo Poder Judicial, no se les adjetiva, como sí sucede en el artículo 80, cuando se establece que el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Nación se deposita en el Presidente de la República. Eliminar así el adjetivo "Supremo" al texto del artículo 80 constitucional, como se propone en esta iniciativa, tiene como fin erradicar de la cultura política nacional la concepción de presidencialismo hegemónico que está por encima de cualquier otra institución y que pretende contribuir al fortalecimiento de la división de poderes en nuestro país, y en la medida en que hagamos realidad tal equilibrio entre los Poderes del Estado, habremos dado un paso trascendental en el desarrollo democrático e institucional de nuestra Nación. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias.