La diputada Dulce María Sauri Riancho: Hoy se realiza la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de consulta popular y revocación de mandato. Ha sido un largo y fructífero proceso legislativo en el que se pasó de la inicial ratificación de mandato, a una verdadera revocación de mandato. Estamos ante una reforma que reivindica la participación ciudadana, solo a las y los ciudadanos corresponde el derecho de revocar el mandato del presidente, presidenta de la República y de las y los gobernadores. La reforma deja claro que las consultas populares deberán ser organizadas, desarrolladas, definidas y computadas por el Instituto Nacional Electoral. Que ninguna persona física o moral distinta podrá realizar dichas consultas. Adiós a las pseudo consultas ciudadanas fuera del marco constitucional y con las cuales se justificaron decisiones como la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Con esta reforma constitucional avanzamos en materia de participación ciudadana directa, sin embargo, al Grupo Parlamentario del PRI le preocupan las limitaciones, ambigüedades e indefiniciones que todavía subsisten en tres aspectos. El primero. La solicitud de la ciudadanía para activar el mecanismo de consulta para la revocación de mandato representa en sí misma una carga de censura a las y los funcionarios electos para desempeñar un cargo público. Si en el primer trimestre de 2022 se realiza la consulta de revocación de mandato, tal como lo establece el artículo transitorio de la reforma, implica que al menos el 3 por ciento de la lista nominal de electores, alrededor de 2.8 millones, repartidos en al menos 17 entidades federativas estarían descontentos, hartos de este gobierno y la forma como está administrando el país. Quiere decir que todas esas personas se habrán organizado para revocarle el mandato al presidente por la pérdida de confianza, tal y como lo establece esta reforma constitucional. ¿Cómo saber que esta administración lo está haciendo bien? Un excelente indicador sería que a finales de 2021 nadie solicite la revocación de mandato del presidente. El mecanismo de revocación no es un premio para medir popularidad, es en sí mismo un castigo anticipado, una mala señal para el mandatario de que su gobierno no está funcionando. El segundo. La reforma dejó temas pendientes que nos deben ocupar. Quedó pendiente establecer el plazo para realizar las adecuaciones a la Ley Federal de Consulta Popular. Quedó pendiente establecer con claridad los criterios para diferenciar las consultas populares de temas de trascendencia nacional, de aquellos que son de trascendencia nacional. Preocupa que no se quiso reformar el artículo 84, que establece el mecanismo para sustituir al presidente de la República, en caso de que a través de procedimiento de revocación de mandato concluya anticipadamente su gestión. El tercer elemento, el más preocupante de todos, tiene que ver con el papel que le asigna esta reforma al Instituto Nacional Electoral. Le otorga nuevas atribuciones en materia de consulta popular y revocación de mandato. En materia de consulta popular, el INE es la autoridad encargada de verificar las firmas ciudadanas que dan origen a la petición de consulta y será la autoridad encargada de su organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Con la reforma constitucional se estableció que las consultas populares se deben realizar el primer domingo de agosto. En materia de revocación de mandato se le faculta como autoridad responsable de realizar la convocatoria, se le dan 30 días para verificar las firmas que respaldan la petición ciudadana. El INE debe emitir los formatos de recolección de firmas, lo que implica la creación de material específico para ese fin. Faculta al INE a realizar la consulta en fechas posteriores a las elecciones federales y locales, lo que implica un gasto adicional de recursos que deberán ser previstos en caso de que se cumplan los requisitos para solicitar la consulta. Así, en 2021, el INE no solo estaría encargado de realizar la elección federal correspondiente, dicho sea de paso, una de las más grandes de las jamás realizadas, sino fuera poco, según el artículo cuarto transitorio, en diciembre del 21 podrá recibir la petición ciudadana de consulta para revocar el mandato al presidente. ¿Cómo podrá hacer todo esto el INE, si la mayoría le recortó mil 74 millones de pesos...