La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que hoy se propone a consideración de este pleno contiene entre sus disposiciones una serie de sanciones para aquellas concesionarias que cometen delitos en materia de hidrocarburos, desde aquellas medidas administrativas hasta las sanciones penales. En el Grupo Parlamentario del PRD coincidimos en que las cifras de tomas clandestinas crecieron en la sombra de la impunidad y de manera alarmante en la administración pasada y que las actividades delictivas que se desarrollaron en torno al robo de combustible han lastimado y dejado daños irreparables a la sociedad y han deteriorado las finanzas públicas. Asimismo reiteramos que estamos de acuerdo en el combate al robo de combustible, pero también queremos insistir en que la estrategia, la respuesta a un problema de esta magnitud no puede ser resultado de ocurrencias diarias ni puede desembocar en leyes y, en casos ya vistos, normas hechas a la medida que puedan traer consigo resultados que pueden ser catastróficos. De acuerdo a la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2017, la inseguridad y delincuencia se mantuvo como el principal problema que preocupa a la población con 73.7 por ciento, superior al 66.4 estimado en 2015. La violencia se ha desbordado en los últimos años en el país y se tienen que tomar medidas urgentes y precisas para afrontarla. Además, con estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los tres meses que lleva la administración de Andrés Manuel López Obrador, febrero fue el más violento y además se convirtió en el febrero con más asesinatos en 21 años. El caso del robo de hidrocarburos es un caso que desde adentro de Pemex se fue ejecutando, el endeudamiento de la empresa y las enormes carencias que padece actualmente fueron forjándose a lo largo de muchos años y desde adentro, debido a la discrecionalidad del uso de sus recursos y por la cantidad de privilegios que gozaron una gran cantidad de servidores públicos que pasaron por sus oficinas. El robo de combustible no es una causa como tal, es la consecuencia de años de opacidad, tráfico de influencias e impunidad dentro de la administración de la misma empresa. La actual administración tiene que estar verdaderamente comprometida a erradicar la corrupción e investigar las causas de raíz y a denunciar a los responsables. Dada la transversalidad del caso, se deben llevar a cabo investigaciones de pasadas gestiones en el sindicato de Pemex, en la Secretaría de Energía y de ser el caso, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Deben establecerse los protocolos de seguridad y protección civil, tanto para los trabajadores de Pemex como para los militares encargados de resguardar las instalaciones y los ductos. Concluimos en que, efectivamente, uno de los grandes hilos a seguir es el del comportamiento operativo y financiero de las empresas involucradas en el robo de combustible. Esto es, en su cadena completa: transporte, almacenamiento, distribución, venta, etcétera, y demás negocios que pudieron haberse valido del blanqueamiento de capital derivado de esta actividad delictiva. También, en que se deben de tomar medidas preventivas en este escenario de recrudecimiento de la violencia, debido al combate frontal al robo de combustible. En el PRD consideramos que es alarmante la secuencia de las acciones y de las declaraciones de la actual administración, que en esencia se contradicen y que pronto debemos saber cuál es el avance de las investigaciones sobre posibles servidores públicos involucrados. En efecto, los mexicanos deben conocer todo lo que no se hizo en gobiernos anteriores, para frenar al robo de combustible y que permitió que creciera a lo largo del país, es por ello que expresamos nuestro voto a favor del presente dictamen. Sin embargo, también exigimos al gobierno federal que se transparenten las acciones que están siendo tomadas para abatir la impunidad en estos delitos. Es cuanto.