El diputado Elpidio Tovar de la Cruz (PRD): Con su venia señora Presidenta. El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 72, 73 fracción XVI y XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto, al tenor de la siguiente exposición de motivos: La evolución que ha tenido las diversas leyes de emigración en el país, ha sido en la mayoría de los casos progresista. La Ley de Extranjería y Naturalización de 1886, incorporó el derecho de los extranjeros a radicar en el país. En 1908, se publicó la primera Ley de Inmigración, la cual fue discriminatoria para los extranjeros ya que restringió su admisión entre otras razones- por motivos de salud pública. Se estableció un lenguaje inapropiado en la cual se limitaba la entrada a ancianos, raquíticos, deformes, cojos, mancos, jorobados, paralíticos, ciegos; o de otro modo, lisiados o enfermos mentales. Esta ley estuvo en vigor 18 años, hasta que se derogó y promulgó la Ley de 1926, precursora de la actual, en la cual por primera vez se sanciona el tráfico de personas. Las leyes de 1930 y 1936, recogieron en buena parte el espíritu de la Ley de 1926. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, se promulgó la Ley General de Población de 1936, para regular los asuntos migratorios y los relativos al turismo, la demografía, la identificación y registro de personas, creando entonces la Dirección General de Población dentro de la Secretaría de Gobernación. En 1947, se promulgó una nueva Ley General de Población que permaneció hasta 1974. Estableció las tres principales calidades migratorias: no inmigrante, inmigrante e inmigrado. Y circunscribió el Registro Nacional de Extranjeros a las dos últimas calidades. La Ley General de Población que actualmente nos rige, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, misma que en lo general preservó las disposiciones de la Ley que abrogó. México ha sido un país de origen, tránsito y en menor medida- destino de migrantes, situación que ha provocado una serie de conflictos cuyo análisis lo debemos hacer de una manera integral. La migración afecta los derechos fundamentales de quienes desplazan, porque son objeto de abusos, discriminación y malas condiciones de salud, vivienda y trabajo. Una de las problemáticas más graves que ha sido la proliferación de bandas organizadas de traficantes de personas, conocidas como "polleros ó coyotes", que abusan de la necesidad de la gente en el tránsito hacia los Estados Unidos de América, sin importar los métodos o las condiciones infrahumanas en las que trasladan a los migrantes puesto que muchas veces son expuestos desde su seguridad personal, hasta la pérdida de la vida misma, según fuentes periodísticas, resulta ser un negocio mucho más lucrativo que el del narcotráfico, transportan a seres humanos como mercancía, sin ninguna consideración. Uno de los casos más dramáticos para ejemplificar la brutalidad y las condiciones a las que son expuestos los migrantes víctimas de los traficantes de personas, es la forma en que fueron transportados y abandonados 90 migrantes al sur de Texas, en donde murieron por deshidratación 17 personas, debido a las altas temperaturas, el 14 de mayo del año pasado. Los migrantes no sólo enfrentan los abusos de los traficantes, sino de algunas autoridades nacionales. Desde que en los Estados Unidos de América se endurecieron las políticas migratorias, cerca de 2,355 personas han muerto entre 1995 y 2003. Es necesario que las leyes y programas nacionales en materia migratoria, cubran los estándares internacionales de derechos humanos de los cuales México forma parte, como es la Declaración universal de los derechos humanos; el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; el Pacto internacional de derechos civiles y políticos; la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer; los principios y normas establecidos en los instrumentos elaborados por la Organización Internacional del Trabajo, en especial el Convenio relativo a los trabajadores migrantes; el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores migrantes. Lo anterior no ha pasado inadvertido para los organismos intergubernamentales de derechos humanos. Prueba de lo anterior es lo recomendado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien en su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país recomendó. Armonizar la legislación nacional con los compromisos internacionales; se recomienda al Legislativo reformar la legislación en materia penal para imponer mayores penas a los traficantes de personas. Atendiendo a esta recomendación, la presente iniciativa propone diversas modificaciones a la Ley General de Población y al Código Penal Federal para sancionar con mayor severidad a los traficantes de personas debido a la gravedad que constituye esta conducta. La propuesta de reforma abarca la negativa para alcanzar libertad preparatoria por parte del infractor de la norma. El segundo objetivo de la presente iniciativa, es dar cumplimiento a la segunda parte de la recomendación antes citada en su apartado respectivo a) "Destipificar las actividades inherentes a la migración eliminando los tipos penales que criminalizan al migrante, dejando sanciones meramente administrativas". Por lo cual se propone eliminar los tipos penales que criminalizan al migrante, cambiando los tipos actuales por sanciones administrativas y adecuándolo en función del salario mínimo vigente en el distrito Federal. Lo anterior atendiendo a que las penas que operan actualmente no sancionan una conducta ilícita, sino criminalizan la pobreza y las necesidades económicas, políticas o sociales que hacen a los trabajadores de los países vecinos, trasladarse a los Estados Unidos de América con el necesario tránsito por nuestro país en donde paradójicamente las autoridades migratorias mexicanas aplican muchas de las políticas violatorias a los derechos humanos que demandamos dejen de aplicar a nuestros connacionales en nuestro vecino país del norte. Siendo congruentes con la defensa de los derechos humanos de los migrantes, no sólo debemos buscar la protección de los nuestros en los Estados Unidos de América, sino que debemos sentar las bases legislativas para que los migrantes que ingresan a nuestro país, cuenten con la protección a sus derechos humanos. Es un hecho que a nuestro país entran extranjeros con documentación apócrifa, que en la gran mayoría de los casos les fue otorgada por traficantes de personas, con la intención de acreditarse como nacionales o demostrar su legal estancia en nuestro territorio. Al ser detectados por las autoridades mexicanas, los extranjeros son puestos a disposición del Ministerio Público y son consignados ante las autoridades judiciales, sentenciándolos de cuatro a ocho años de prisión, sin posibilidades generalmente de salir bajo los beneficios de la Ley. Independientemente de la privación de la libertad a que son sujetos, hay que recordar que ellos salen de sus países y cruzan el territorio mexicano con la intención de llegar a los Estados Unidos de América, buscando una mejor condición de vida y así alcanzar el llamado: "Sueño Americano". La detención de un extranjero por estos dos delitos, retrasa su repatriación, aumenta el gasto de las autoridades mexicanas, procuradoras y administradoras de justicia y se generan gastos en los centros penitenciarios durante los tiempos de estadía. Esta problemática no es aislada ya que todos los días se detienen migrantes en estas circunstancias. La cantidad de recursos públicos destinados a sancionar esta forma de pobreza son excesivos, por lo cual propongo que no sea sancionado el delito descrito en el artículo 244 del código Penal Federal, que se refiere a la falsificación de documentos en primera incidencia, y a efecto de que no haya abusos con esa despenalización, en reincidencia se estará en posibilidad de sancionar tal conducta. De esta forma se repatriaría al extranjero inmediatamente sin causar gasto al erario público ni lastimar los derechos humanos. Por lo antes expuesto me permito presentar a esta soberanía el siguiente Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127 y 138 de la Ley General de Población. Se reforma el artículo 85 y deroga el artículo 156 del Código Penal Federal, para quedar como sigue. Artículo 1º., del proyecto: "Se reforman los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127 y 138 de la Ley General de Población, para quedar como sigue: Artículo 118: "Se impondrá multa de hasta 600 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al extranjero que habiendo sido expulsado se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión. Igual sanción se aplicará al extranjero que no exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación. Se pide también se reforme el artículo 85 y se derogue el artículo 156 del Código Federal Penal. Entrego a la Secretaría el proyecto de reformas y pido se turne a la Comisión de Justicia, de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.