La diputada Patricia Lugo Barriga: Gracias, presidente. La presente reserva es en alusión a que esta ley se jacta de ser quien regulará con mano dura la operación de los casinos y la industria del juego en México, o al menos eso es lo que se entiende de la exposición de motivos. Sin embargo, del análisis del texto del articulado de la misma nos encontramos con disparidades que evidencian que más que reglamentar se pretende seguir favoreciendo prácticas irregulares, como es la explotación del permiso en asociación con un operador. Lo anterior se estima así ya que actualmente los operadores son quienes explotan gran parte de los permisos en materia de casinos y no así los titulares de los permisos, lo que ha traído problemáticas no sólo entre los operadores y sus permisionarios, sino también entre estos y la Secretaría de Gobernación, situación que además se ha prestado para actos de corrupción, operaciones fraudulentas, un sin fin de amparos y además procedimientos judiciales, por lo que resulta incongruente que si se quiere poner orden a esta industria se siga permitiendo la renta de los permisos, porque eso es lo que es, es una renta, es decir, un negocio para el titular del permiso que sólo pone el nombre ante la secretaría, ahora instituto, cumpliendo con los requisitos para que a final del día sea un tercero quien explote el permiso a cambio de cantidades millonarias. Es decir, ¿para qué seguir favoreciendo esta clase de negocios entre permisionario y operador? ¿Qué beneficio tiene el Estado con la figura del operador? Porque tal y como se planteó en el articulado de la ley los requisitos a cubrir para la obtención de permiso son tendientes a demostrar que el solicitante cuenta con la experiencia, así como la capacidad técnica, financiera y operativa para explotar un permiso de esta índole. En ese tenor resulta contradictorio que se le permita asociarse con un tercero para realizar las actividades propias del permiso, pues esto en automático implicaría que no cumple uno de los requisitos para el otorgamiento del permiso. Actualmente existe un mercado turbio de permisos para estos establecimientos, hay empresas que al ser titulares del mismo no tienen interés en ejercer las actividades que estos amparan y sólo buscan el mejor postor para que éste lo opere a cambio de millonarias cantidades. Insistimos, si lo que se quiere regular es a la industria, hagámoslo, pero bien, erradicando prácticas que sólo atiborran los bolsillos de unos cuantos. Proponemos que el solicitante del permiso sea quien lo explote directamente. Y si las empresas operadoras pretenden seguir en la industria que tengan los permisos correspondientes, que sean sujetos obligados ante la autoridad y que cumplan sus obligaciones y se transparente el funcionamiento de la industria. No es nuestro papel poner en charola negocios que de por sí ya son millonarios. No hay razón para que se siga implementando la figura del operador, no le demos las posibilidades de sacar más provecho a esta clase de permisos. Es por ello que propongo modificar los artículos y fracciones relativos a la figura del operador, en virtud de que la ley impone requisitos a los permisionarios, de los que se desprende que tienen capacidad financiera, técnica y operativa, como ya lo comenté. De ser así se entendería que las personas, si no pueden operar financieramente no cumplen con los requisitos. Por lo tanto propongo que se elimine en todo el texto de la ley esta figura que se refiere a los artículos 1, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 70, 143, 146, 160, 163, 182, 185 y 190, que contiene el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, que expide la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, donde se propone esta eliminación. Es cuanto, presidente.