La diputada Jazmín Zepeda Burgos: Con su permiso señor Presidente. La suscrita diputada federal, Jazmín Elena Zepeda Burgos, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un párrafo 3º al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente exposición de motivos: Es tarea y responsabilidad de las y los legisladores, generar iniciativas que creen, actualicen y/o deroguen los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar el equilibrio del Estado en su relación con los derechos de las y los ciudadanos. Este quehacer legislativo debe considerar todos y cada uno de los ámbitos de influencia social, económica, política, cultural y deportiva y es justamente en éste último donde es urgente realizar una revisión. De manera particular, haremos referencia a la necesidad de que en el ejercicio deportivo se cuente con una legislación que proteja las garantías jurídicas de las que gozan las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, lo cual nos lleva a revisar de manera puntual los aspectos que regulan este tema y por tanto, su conclusión genera la iniciativa que aquí se presenta. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 fracción XXIX, Inciso J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión está facultado para legislar en materia de deporte. El ordenamiento jurídico cuya adición se plantea en la presente iniciativa es la Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2003 y que entró en vigor al día siguiente de la citada fecha. Esta legislación es de interés público y de observancia general en toda la República. Atendiendo a lo establecido en sus artículos 1 y 2, corresponde su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y tiene por objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores sociales y privados en materia de cultura física y deporte. En términos generales, la finalidad de la iniciativa que se pone a consideración de esta soberanía consiste en precisar con toda claridad en el propio texto de la Ley, que ninguna disposición podrá restringir los derechos de los sujetos que regula, como tampoco desconocer la competencia de las autoridades en el ámbito deportivo de nuestro país. En los últimos meses se han suscitado diversos asuntos en los cuales algunas asociaciones deportivas han pretendido desconocer la vigencia de la Ley de Cultura Física y Deporte, esta situación obedece a que en ciertos casos en los estatutos o reglamentos, ya sea nacionales o internacionales que rigen una determinada actividad deportiva asociada, se contemplan disposiciones que pretenden desconocer la competencia de las autoridades nacionales o bien, ciertos derechos o procedimientos regulados en la Ley. Inclusive se llega al absurdo de establecer la prohibición de acudir en caso de una controversia, a lo que denominan como Tribunales Nacionales, siendo que en el caso concreto de nuestro país en la Ley de Cultura Física y Deporte se reconoce y regula la competencia y procedimientos en materia deportiva en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuya naturaleza en esencia es la de un tribunal deportivo. Lo anterior evidentemente resulta ilógico, ya que la aplicación de toda ley es general, abstracta e impersonal, por lo que no es entendible que un determinado sector del amplio universo deportivo pretenda escudarse en sus normas reglamentarias o estatutarias para tratar de excluirse del ámbito de la aplicación de la Ley de Cultura Física y Deporte. Esta lamentable situación resulta aún menos comprensible cuando se trata de disposiciones contenidas en normas federativas internacionales, mismas que bajo ningún concepto pueden contravenir o desconocer los derechos, obligaciones, instituciones o procedimientos establecidos en nuestro Sistema Jurídico. Conviene aclarar que no se trata de un conflicto de leyes, sino de una cuestión de abuso y extraterritorialidad que bajo ningún concepto se debe permitir. En concreto, en el ámbito del futbol profesional en las últimas semanas se han presentado dos asuntos delicados, en los cuales la Federación Mexicana de Futbol, A.C., se condujo de manera arbitraria, violando flagrantemente los derechos reconocidos de los deportistas nacionales. En uno de ellos, el Director Técnico del equipo de futbol profesional de la Universidad Nacional Autónoma de México fue sancionado sin que se respetara su derecho de audiencia, entre otras muchas irregularidades. En el otro, dos jóvenes jugadores profesionales que también fueron sancionados a nivel federativo, fueron prácticamente obligados a desistirse de un procedimiento que habían iniciado ante la Comisión de Apelación de Arbitraje del Deporte, siendo de éste, que ya habían obtenido una suspensión a la citada sanción. El artículo 13 de la Carta Magna establece que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. En el diverso 14 se contiene los principios que rigen la garantía de legalidad, en virtud de la cual nadie puede ser privado de su derecho, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales nacionales, previamente establecidos siempre que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En esta tesitura la adición del tercer párrafo al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se propone buscar, precisar en el texto de dicha disposición, que esta clase de normas estatutarias que limitan a los derechos de los deportistas o bien, desconocen a las autoridades competentes en la materia, serán nulas de pleno derecho y no producirán efecto legal alguno. Con esta medida se estará legislando de manera contundente para evitar que algunas asociaciones se escuden en los documentos privados que las rigen, para generar fueros o situaciones de excepción, que lo único que buscan es abrir espacios a la arbitrariedad. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Artículo 1. Único.- Se adiciona un párrafo al artículo 51 Capítulo 2 Sección Segunda de las Asociaciones Deportivas Nacionales para quedar como sigue: "Capítulo 2 Sección Segunda de las Asociaciones Deportivas Nacionales: "Será nula de pleno derecho y no producirá efecto legal alguno toda cláusula, disposición o norma interna de las asociaciones deportivas nacionales, ya sea reglamentaria o estatutaria o de cualquier otra índole, cuando se desconozcan, restrinjan o limiten de cualquier forma los derechos que tutela esta ley y a los sujetos que regula, o bien, cuando se pretenda desconocer la competencia de jurisdicción que corresponde conforme al derecho a las autoridades y tribunales mexicanos". Transitorio Único.- Este decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los trece días del mes de septiembre del año dos mil cinco. Gracias.