La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Gracias, presidente. Honorable asamblea, si abordáramos la discusión de los temas torales del país como debiéramos, con profesionalismo y seriedad, sin duda le daríamos mejores resultados al pueblo de México. Si las cuestiones más delicadas para la vida de las y los mexicanos y determinantes para su futuro las analizáramos con seriedad, allegándonos de información, de experiencia y de conocimiento, en lugar de hacerlo al vapor e irreflexivamente, nos ahorraríamos muchos falsos debates y sentaríamos las bases para un mejor país. Pero no, una vez más vamos a las prisas, sin escuchar, sin debatir ni analizar con consecuencias graves para todas y todos. Vamos a decirlo claro, en el siglo XXI el acceso a la energía eléctrica es un derecho fundamental y el Estado mexicano debe garantizar su cobertura universal, punto. En Movimiento Ciudadanos no tenemos ninguna duda al respecto, es un asunto de derechos y de cómo el Estado mexicano los puede garantizar mejor. Lo que no es claro, es por qué eso significaría que una empresa del Estado deba tener una ventaja artificial en la cadena de valor del sistema eléctrico nacional o por qué no debería aspirar a la rentabilidad, la competitividad y las buenas prácticas. Y lo que es menos claro, es por qué en una reforma supuestamente diseñada para garantizar un derecho fundamental, el derecho a la energía eléctrica, se omita reconocer ese derecho en el texto constitucional y se convalide la vulneración de otros derechos fundamentales, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Porque eso es justamente lo que van a constitucionalizar con esta reforma, un sistema ineficiente, incierto, caro y contaminante, con un costo incalculable para el país, para la calidad de vida de todos hoy y en el futuro y para el desarrollo nacional. No estamos dispuestos a sacrificar los derechos de las próximas generaciones por defender un sector eléctrico menos eficiente y más contaminante, un medio ambiente más deteriorado y menos saludable y un país menos sustentable y más aislado del mundo. En la bancada naranja tenemos un compromiso con las siguientes generaciones, incluso con aquellas que todavía no tienen voz propia para exigir sus derechos. Yo les pregunto a los legisladores de la mayoría, ¿de qué sirve garantizar el acceso universal a la energía eléctrica, si eso implica afectar la salud de las personas al quemar carbón y combustóleo en instalaciones ineficientes que contaminan más de lo que producen? ¿De qué sirve conquistar la llamada autoeficiencia, autosuficiencia energética si es con cargo al bienestar de las próximas generaciones que padecerán las consecuencias del deterioro ambiental? Si la electricidad generada por las empresas particulares es más accesible y permite que los usuarios paguen el menor precio posible por el suministro de energía, ¿por qué no permitirlo? Si la prevalencia de las empresas del Estado se convierte en un obstáculo para la transición energética, para la reducción de emisiones y las obligaciones del Estado mexicano en materia ambiental, ¿por qué favorecerlas? Eso es lo que van a constitucionalizar, como si se pudiera resolver por decreto la grave situación que enfrentan las empresas del Estado. El primer paso para consolidar la seguridad energética debería ser fortalecer las capacidades estatales, darle herramientas a la empresa del Estado para que pueda generar la electricidad más limpia y menos costosa posible. Pero, han hecho todo lo contrario. Desde hace seis años, usando la bandera de la soberanía energética como pretexto, desde el Ejecutivo federal se han obstaculizado todas las inversiones particulares en energías renovables y, al mismo tiempo, se abandonó la inversión púbica en la Comisión Federal de Electricidad. Mucho respaldo en los discursos, pocos recursos en los hechos, el peor escenario posible y las consecuencias están a la vista de todos. Compañeras y compañeros, esto no es un asunto de convicciones ideológicas, de disciplina partidista o de ambiciones políticas, o no debería serlo, es un asunto de Estado, que tiene consecuencias para todas y todos. Con este modelo no vamos a cumplir los compromisos globales en materia de cambio climático, energías renovables y misiones, y vamos a violar las condiciones de las inversiones recibidas bajo el T-MEC, el TIPAT, o el acuerdo global. Lo más grave, no podremos garantizar el acceso universal a la energía eléctrica y menos el derecho a la protección de la salud y a un medioambiente sano para los mexicanos de hoy y para los de mañana. También perderemos la oportunidad de conquistar la soberanía energética, de producir energías más limpias, accesibles y sustentables y la oportunidad de desarrollar la infraestructura necesaria para aprovechar la relocalización de las cadenas productivas. Por eso no vamos a acompañar esta reforma, no vamos a dejar de denunciar sus graves insuficiencias y mantendremos nuestro compromiso con los derechos de las próximas generaciones, con el desarrollo sustentable del país y con la responsabilidad global de hacer frente a las amenazas del cambio climático. En la bancada naranja votaremos en contra de este retroceso histórico. Muchas gracias, presidente.