La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes: Con su venia, diputada presidenta. El pasado 8 de febrero Guadalupe García de Rayos, originaria del municipio de Acámbaro, en el estado de Guanajuato, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando se presentó en las oficinas de esta instancia para cumplir con su cita migratoria anual de su supervisión. Un día después fue deportada en la zona fronteriza de Nogales, Sonora, tras 20 años de residir en la ciudad de Phoenix, Arizona. Su único delito, dice la ficha de su detención, es haber usado un número de seguridad social inexistente para poder trabajar y sacar adelante a su familia, una familia que por cierto, ha sido separada por esta dolorosa situación. Este mismo Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dio la semana pasada la detención con fines de deportación a Daniel Ramírez Medina, un joven de 21 años de edad que no cuenta con antecedentes penales y que forma parte de la generación de dreamers que acogió en el 2012 el programa de Protección de Indocumentados que puso en marcha el expresidente Barack Obama. Daniel, fue detenido en la Ciudad Seattle al ser señalado como supuesto miembro de una pandilla criminal sin que a la fecha se hayan dado a conocer pruebas fehacientes de las imputaciones que hacen las autoridades migratorias de los Estados Unidos. La ICE como se le conoce por sus siglas en inglés, ha señalado abiertamente que estas detenciones forman parte de la nueva política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump. En estos casos, compañeras diputadas y compañeros diputados, reflejan una nueva realidad que debemos que enfrentar con una nueva política de Estado, una política que nos permita salvaguardar la integridad de nuestros connacionales, al tiempo que construyamos una plataforma institucional para regular su ingreso al país. Como legisladores tenemos la firme encomienda de que todos los instrumentos parlamentarios que presentemos en ésta, la máxima tribuna de nuestro país tengan dos razones fundamentales de ser, que recojan el principio de proteger los derechos humanos y garantizar el bienestar de las y de todos los mexicanos, de legislar sobre aquellos que no han sido atendidos, que necesitan adaptarse a las nuevas realidades. Es por esto que hoy me presento ante ustedes con un proyecto de decreto que busca crear una nueva ley de migración de retorno. Una ley que nos permite regular de forma clara y precisa el retorno de nuestros paisanos al territorio nacional, anteponiendo en todo momento el principio del respeto de la dignidad humana y fijándole el objetivo firme de haber hecho mucho más asequible la reintegración de los connacionales a la vida interna del país. Es momento de enviar un mensaje claro al presidente Donald Trump, de contrarrestar el efecto de sus políticas con acciones tangibles no solamente con palabras. El discurso antiamericano del presidente Donald Trump, compañeros legisladores ha comenzado a cristalizarse, lo podemos ver claramente en estas detenciones. Por ello, en Acción Nacional estamos trabajando en acciones que permitan a nuestros paisanos retornar con seguridad y con el firme propósito de facilitar a su acceso una vida próspera y productiva, cercana a sus familias y cercana a sus culturas y sus raíces. No debemos olvidar la deuda histórica que tiene nuestro país con todos estos paisanos, quienes fueran tras el american dream porque aquí no encontraron las condiciones de vida necesarias para su desarrollo. Por ello les pido su apoyo para esta nueva ley, compañeros legisladores, porque esta iniciativa busca atender particularmente el vacío existente frente al fenómeno de la migración de retorno, pero también busca responder a esta deuda histórica y evitar que las acciones del nuevo gobierno de Estados Unidos repercutan en su vida cotidiana. La presente propuesta abarca diversos temas, como: la cooperación interinstitucional, el acceso a los programas sociales que ofrecen la federación y los gobiernos locales, la creación de consejos de migración de retorno y la integración de un fondo que fortalezca las fianzas en el rubro, además de la elaboración de un programa transversal que sea la guía para conducir la política pública al respecto. A través de esta ley se establece una plena inclusión de las y de los mexicanos migrantes de retorno para que a su regreso puedan estudiar, acceder a una vida digna, contar con todos los servicios de salud que ofrece el Estado, para que tengan mayores oportunidades para reincorporarse a la vida económica y productiva de su entidad. Velar también por conservar la unidad familiar. Éste es uno de los aspectos centrales de esta nueva ley, porque como ya vimos, compañeros legisladores la ola de deportaciones que ya comenzó y que sin duda alguna continuará está separando a las familias, cuyo único delito ha sido buscar las condiciones que al interior del país no han encontrado. Es cuanto, diputada presidenta.