El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, presento iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Este tema es sumamente importante, porque con el régimen anterior hubo violaciones sistemáticas en el acceso a la información mordaza a los medios de comunicación, silencio a los activistas y una serie de irregularidades a toda la gente que se expresaba de diferente forma al sistema. Giovanni Sartori es uno de los maestros que establecen la predominancia en su libro del Homo videns, de los medios de comunicación. Hace un análisis del abuso que en México se ha dado para el control de la población, para el control de la política a través de los medios masivos, sobre todo la televisión y las redes digitales. Trataron de callar a México y, por mucho tiempo, lo generaron, lo lograron hacer. El artículo 6 de nuestra Constitución, el 6o., establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, escrita, digital, o algún otro mecanismo público. El 21 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, los que contenían entre otros las obligaciones en materia de defensa de las mismas, así como los parámetros mínimos que habrán de contener los códigos de ética. Pese a lo anterior, a menos de un año de publicación de los mencionados lineamientos, el 31 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reformaba diversas disposiciones de la misma ley y fueron derogados los lineamientos mencionados de manera ilegal e inconstitucional. El 19 de enero del 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió el amparo 1031/2019, considerando la invalidez constitucional de los artículos 256, párrafo segundo, tercero y cuarto; 259, párrafo segundo y 261. ¿Por qué? Porque se vulneraban los principios de reserva de ley y supremacía jerárquica de la ley, así como el derecho a la defensa de las audiencias al no encontrarse recurso alguno o una justificación constitucionalmente válida, limitando los derechos y los recursos legales que podrían interponer las audiencias, es decir, los consumidores de contenido. También se consideró la invalidez de los artículos 15 y la derogación del artículo 256, ya que no se establecía cuál es un contenido publicitario y por el otro, cuál es el resto del contenido no publicitario. Había un engaño a la audiencia y había, lo que se llama publicidad engañosa o publicidad encubierta. Por ende la Suprema Corte mandata a esta Cámara de Diputados, a este Legislativo para modificar esta situación y en la ejecutoria establecer resurgir la vigencia de los preceptos a través de retomar la redacción que tenían hasta antes de su expedición del decreto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y también reformar otros preceptos que si bien expresamente no fueron analizados por la Suprema Corte, también es cierto que es necesario llevarlos a cabo con la finalidad de hacer congruente todo ese sistema de información. Con lo anterior, la propuesta pretende atender los alcances de la sentencia de amparo, reformando todas las porciones normativas declaradas inconstitucionales por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, así como aquellas que se estima tienen conexión con la finalidad de salvaguardar el derecho a defender la libertad de expresión y el estándar de protección de dicha norma y el acceso a la información en el sector de las comunicaciones...