El diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros legisladores, el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores tiene sus orígenes en los artículos 4o. y 123 constitucionales. Es resultado de la evolución histórica que establece el derecho de los trabajadores a adquirir una vivienda digna, que se remonta a los postulados básicos que recogiera el Constituyente de Querétaro en 1917, y que dan sus frutos el 5 de febrero cuando se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Infonavit creció con un sistema garante en beneficio de los trabajadores bajo el esquema de aportaciones para la adquisición de créditos accesibles para la compra de vivienda digna, tal como lo establece nuestra Constitución Política. Debido a la incipiente economía que arrastra nuestro país desde décadas pasadas, y por la crisis económica que actualmente atravesamos, aunque no es privativa de México, ha llevado a los trabajadores a caer en insolvencias, pues son ellos los que se ven afectados al ser despedidos de sus fuentes de trabajo. Al no tener ingresos estables dejan de cubrir, entre otras obligaciones, el pago de créditos al Infonavit. Esto ha dado como resultado que para el presente año, 2009, aproximadamente 35 mil viviendas de Infonavit, con un costo promedio de 200 mil pesos cada una, estén deshabitadas y bajo proceso judicial por falta de pagos en varios estados de nuestro país. El Consejo de Administración del Infonavit, bajo el falso dilema de hacerlo más eficiente, el 28 de octubre de 2005 autorizó la venta de 56 mil 491 créditos en cartera vencida a diferentes empresas privadas por un monto de 415 millones de pesos, aproximadamente. La medida de vender la cartera vencida del Infonavit ha resultado un verdadero negocio para los funcionarios y, sobre todo, para las empresas beneficiarias de la venta de esta cartera. Es decir, el trabajador deja de tener obligación con el instituto ya que su crédito fue comprado por un tercero, y si quiere seguir conservando su vivienda y no ser desalojado, tiene que renegociar su adeudo hasta el doble del costo original. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió como inconstitucional que los bancos cedan o entreguen la cartera vencida a empresas especializadas en la adquisición de deuda, con lo que se abre la oportunidad de frenar esta práctica usurera por parte del Infonavit, que lamentablemente sigue aplicando en perjuicio de los trabajadores. En esta Cámara de Diputados se ha presentado punto de acuerdo tratando de solucionar el problema en cita, pues los diputados no somos ajenos a la problemática por la que atraviesan los trabajadores beneficiarios por un crédito, al hostigamiento extrajudicial a que son sometidos por los despachos jurídicos que compraron la cartera vencida; aunado a ello, para no ser desalojados, los hacen firmar documentos mercantiles, cobrándoles hasta un 15 por ciento de interés, que se va duplicando y que no puede pagar. Finalmente, me permito referir que la clase patronal también sufre de estos inconvenientes, que hacemos notar en el exceso de cobro para la clase patronal al congelar cuentas bancarias, aún cuando el monto es mínimo para una exigencia y se pueda garantizar con bienes de menor cantidad a las establecidas en estas cuentas. Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente Punto de acuerdo Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que ya no recurra a la práctica de venta de cartera vencida. Segundo. Se sensibilice a los despachos jurídicos, por parte del instituto, que están aplicando concepto de cobranza social, que supuestamente deben de beneficiar a los trabajadores, pero más que ello, se convierte en una amenaza social. Tercero. Se exhorta al instituto a evaluar el rol de los despachos jurídicos para que realmente ofrezcan alternativas a los trabajadores en materia de pago de cartera, adecuándose a las circunstancias laborales que enfrentan los trabajadores; además de que el trato sea digno y en apego al código de ética del instituto. Cuarto. Se exhorta al instituto para que sea solidario con los trabajadores para encontrar salidas justas que les permitan conservar su casa, estableciendo sanciones para aquellos despachos que tienen prácticas inhumanas y ofensivas contra el trabajador. El presente punto de acuerdo lo suscriben mis compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas y de Sonora, así como también el diputado Miguel Ángel García Granados, de Sinaloa. Muchas gracias.