El diputado José Luis Blanco Pajón: Con su permiso, señor Presidente. Con el permiso de mis compañeras y mis compañeros diputados. El suscrito, diputado federal José Luis Blanco Pajón, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente Exposición de motivos El Poder Legislativo es una institución esencial en un sistema democrático. Existen argumentos de peso —históricos, teóricos y normativos— para que sigamos considerando al Legislativo como una institución clave de la democracia. Lamentablemente vemos que todavía en la democracia mexicana el Poder Legislativo es débil con un claro dominio del Ejecutivo. En este sentido, es necesario resaltar que si bien su debilidad tiene importantes raíces estructurales, la idea de que se trate de una tendencia permanente es inaceptable. Por ello es imperativo reforzar el papel, el valor y la importancia del Poder Legislativo, ya que de la relación entre ambos poderes se circunscribe el proceso de consolidación de la democracia mexicana. Es importante reconocer que debido a la abrumadora presencia del partido hegemónico dentro de los órganos de representación popular, pudieron esconderse las deficiencias del diseño constitucional en materia de los poderes otorgados a cada rama de gobierno y de su relación, en donde las diferencias entre la elite política podían ser procesadas de manera casi automática, debido a que el Ejecutivo era reconocido como el árbitro final de toda disputa. El arribo de la democracia electoral trajo aparejada la pluralidad y con ella se materializó, por primera vez a nivel federal, la aparición de un gobierno dividido. Éste, a su vez, ha sacado a flote algunas imperfecciones institucionales en lo que respecta a la relación que existe entre ambos poderes, las cuales requieren ser atendidas en beneficio del pueblo mexicano. Aunque los controles sobre el Ejecutivo mexicano se han ido ampliando tanto por la vía de las reformas constitucionales como por la vía de la pluralidad, en los órganos de representación popular subsisten imprecisiones que deben de ser corregidas. Asimismo, no puede dejarse de lado la consideración de que la gobernabilidad pasa por el fortalecimiento del Congreso, por lo que para ser un órgano actuante, capaz de asumir las responsabilidades que le toca asumir y desempeñar, debe establecerse un mecanismo legal que le permita obtener respuesta, por parte del Ejecutivo, a exhortos, solicitudes y comunicados que desde cualquiera de las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión se realicen. Esto a su vez, alentará la cooperación y construcción de consensos, disminuirá la confrontación y permitirá una mejor y equilibrada relación entre estos poderes. Lo anterior resulta importante, ya que es en estos poderes en donde radica en buena parte la posibilidad de una fluida acción gubernamental, además de determinar, en primera instancia, la posibilidad de tener una eficacia política de gobierno o una confrontación y estancamiento institucional. Bajo este orden de ideas, se vuelve necesario encontrar un diseño institucional que encuentre un equilibrio entre poder y control, porque tan grave es tener una presidencia despótica, como una presidencia desvalida. Con todo, el actual marco constitucional en teoría, con sus defectos, imprecisiones y aciertos, no otorga al titular del Ejecutivo facultades excesivas ni deja al Congreso sin autoridad suficiente para desempeñar las labores de legislar- Es necesario que el Poder Legislativo realmente cuente con la posibilidad de controlar y supervisar al Poder Ejecutivo en beneficio de los representados. La finalidad de dotar de un diseño institucional adecuado a la separación de poderes debe estar orientada a resolver los vacíos de las disposiciones institucionales a través de reformas constitucionales y leyes secundarias, así como evitar tener una parálisis gubernamental alentada por revanchas partidistas. Algunos datos que es necesario ponderar para comprender la importancia del tema son: la fragmentación del voto que se ha observado en los últimos procesos electorales y que, según la mayoría de las encuestas, se va a repetir en las siguientes, es decir, en el futuro la formación de mayorías sólidas en el Congreso será cada vez más escasa, por lo que ante un Poder Legislativo sin mayorías claras, los actuales instrumentos de control recíproco entre los poderes son claramente insuficientes o incluso inservibles, pues están pensados para operar bajo el sistema presidencial clásico que imperó por años en México. Por lo anterior, resulta necesario realizar, a la brevedad, una reforma importante del marco legal que permita a los legisladores y al presidente llevar a cabo sus tareas, logrando a la vez que el Poder Legislativo cuente con un mecanismo que le permita obtener respuesta, ya sea en sentido negativo o positivo a los exhortos, solicitudes y comunicados realizados desde alguna de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión. Con esto se pretende complementar el proceso de reforma del Estado que se ha venido desarrollando con intensidad en los últimos años. Desde luego, la idea misma de comprometer al Ejecutivo a dar respuesta a los exhortos y comunicados realizados desde el Congreso de la Unión, requiere de la participación activa de nosotros los legisladores, de forma que constituyamos esta herramienta como un ejercicio riguroso de intercambio de información y de puntos de vista de determinados temas de suma importancia para la nación. Es preciso tener claro que el siglo XXI demanda una gobernabilidad nueva, madurez, constancia y compromiso. Por ello resulta necesario tener claro que estamos transitando, a pesar de las resistencias del Poder Ejecutivo, de un régimen presidencialista compartido hegemónico a uno presidencial y multipartidista, rigurosamente sustentado en el derecho y en los valores democráticos. Nuestra tarea es buscar la forma de hacer funcional esta realidad política, resolver el espacio de acción de cada poder del Estado, así como hacer más efectiva su responsabilidad en esta nueva circunstancia, por lo que es necesario destrabar las inercias y resistencias que complican el proceso de diálogo y acuerdo. Para ello es indispensable empezar a crear un ambiente que priorice las coincidencias. Finalmente, podemos decir que debido a que las relaciones institucionales entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo son de gran relevancia para garantizar la gobernabilidad de todo sistema democrático, en donde la gobernabilidad democrática depende en gran medida de la capacidad del sistema político para atender los reclamos y las demandas ciudadanas, en un marco de recíproca limitación y equilibrio entre los poderes públicos. Así pues, resulta necesario impulsar que exista una relación constructiva entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto Único. Se reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal quedando de la siguiente forma: Artículo 5o. Las dependencias, entidades y organismos que integran la administración pública centralizada y paraestatal, deberán dar respuesta debidamente motivada y fundada en un plazo no mayor a 15 días hábiles, a las solicitudes, exhortos y comunicados que el Congreso, alguna de sus Cámaras o la Comisión Permanente les realicen. Transitorios Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento. Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto.