La diputada Consuelo Muro Urista (PRI): Con su anuencia, diputado Presidente. Compañeras, compañeros diputados: Acudo a esta alta tribuna a nombre de la Comisión de Gobernación de esta Cámara, a fundamentar el dictamen favorable que la Comisión emitió sobre la iniciativa que presentó la diputada Marcela Guerra, del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respecto a modificar la fracción VI del artículo 2º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Dicho dictamen, que cuenta con la aprobación mayoritaria de los miembros de la Comisión de Gobernación y que observa todos los requisitos de ley, refleja el consenso de los integrantes de la Comisión en torno a la necesidad de clarificar y enfatizar cuáles son las entidades que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación reconoce para efectos de ser fiscalizadas en el manejo de los recursos públicos. Clarificar las facultades de la entidad superior de la fiscalización representa contribuir en la supervisión más eficiente de los recursos públicos y también constituye un incentivo para que todas las entidades que ejercen estos recursos lo hagan con mayor honestidad, transparencia, responsabilidad y eficacia. En este contexto, los fideicomisos que operan con los fondos públicos debieran y esto es lo que persigue este dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación- de sujetarse con mayor rigurosidad a la normatividad vigente en el ejercicio de los recursos públicos. Es importante destacar que esos fideicomisos reconocidos por la ley ejercen, a través de sus programas, cerca de 129 millones de pesos anualmente, lo que representa el 8% del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año y bajo este supuesto tenemos 20 fideicomisos públicos considerados paraestatales, como Fideicomiso de Fondo Nacional de Habitaciones Populares; Fondo Nacional para Fomento de Artesanías; Fideicomiso Fondo Minero; Fondo de Empresas Expropiadas al Sector Azucarero; Fideicomiso para la Cineteca Nacional; Fondo Nacional de Fomento al Turismo, entre otros. Entre otros, éstos segundos, es decir los fideicomisos que no tienen estructura orgánica, los cuales figuran en el anexo 15 del informe trimestral de Hacienda, denominado "Disponibilidad de los Fondos y Fideicomiso sin Estructura Orgánica" y en él se contabilizan 288 fideicomisos y mandatos hasta el 30 de junio del 2004. La mayor relevancia que reviste esta reforma es que trata de subsanar una situación que se presenta en la práctica respecto a los fideicomisos, fondos y mandatos que reciben recursos federales y como se observa, son ajenos a los procedimientos de fiscalización. Es de todos sabido que no se incluye el resultado de sus operaciones dentro de la Cuenta Pública que le presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, por lo que dar mayor claridad en la ley respecto a cuáles son los sujetos de fiscalización superior definitivamente se traducirá en una supervisión más efectiva por parte de la entidad superior de fiscalización en relación con los recursos públicos. Por todo lo anterior y bajo la primordial consideración que asumió esta Comisión en relación a clarificar el concepto en la ley de cuáles son las entidades fiscalizadas, que se incluyan los resultados de sus gestiones dentro de la Cuenta Pública, respetuosamente exhorto a este pleno que vote a favor de este dictamen para que los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que se administre, reciban o hayan recibido recursos públicos federales, ya sea a persona física o moral, sea sujeta de fiscalización, así como los Poderes de la Unión; los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales. Es cuanto, señor Presidente.