El diputado Juan Francisco Espinoza Eguia: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el sistema financiero es una pieza clave para el desarrollo económico del país. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha tenido un papel relevante y es referente institucional de México y reconocida a nivel internacional. Dicha comisión es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como facultades autorizar, regular, supervisar y sancionar a los diversos sectores y entidades del sistema financiero nacional. También regular a personas físicas y morales que realizan algunas de las actividades contempladas en las leyes del sistema para procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. Su trabajo es crucial para consolidar la estabilidad del sistema financiero, fomentar la solidez de las instituciones y favorecer su desarrollo, en favor de las familias mexicanas, sin importar su condición económica, geográfica y social. Desde su creación ha desarrollado diversas políticas para ampliar los servicios y productos, a fin de cubrir necesidades de sectores no atendidos, así como garantizar servicios seguros en favor de los usuarios del sistema. Sin embargo, una de las principales problemáticas que enfrenta el sector es el número creciente de asaltos a cuentahabientes, generando no solo un clima de inseguridad y pérdidas económicas, sino también una percepción negativa de los trabajadores de las instituciones bancarias y de crédito. Instituciones como la Asociación de Bancos de México han hecho énfasis en la necesidad de incluir medidas tendientes a mejorar la seguridad, al identificar que en las inmediaciones de las instituciones bancarias operan diversas bandas delictivas, las cuales despojan de sus pertenencias a los usuarios, con lujo de violencia. Según las propias víctimas, tales grupos poseen información sobre los montos de las operaciones, el nombre de los titulares de las cuentas bancarias y la denominación de los billetes, por lo que se presume cierta colusión con trabajadores de las instituciones financieras. Si bien la incidencia delictiva de robo a institución bancaria ha disminuido, no es debido a las estrategias implementadas, sino porque la forma de los robos ha evolucionado, considerando que asaltar directamente a la institución bancaria representa un mayor riesgo para los delincuentes, de ser detenidos por las autoridades. Ello ha llevado a las bandas delictivas a operar desde el interior de los propios bancos, esperando por largo tiempo en ventanilla, realizando supuestas aclaraciones o retiros, desde donde pueden estar pendientes de las transacciones que realizan los usuarios en caja, lo que les facilita observar cuando se hace un retiro, su monto y características de las personas que hacen la transacción. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2018 arrojó que el 48.8 por ciento de las personas que realizan una transacción en bancos, se consideran inseguras. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública del cuarto semestre de 2029 evidenció que el 81.6 por ciento de la población de 18 años y más, aseguró sentirse inseguro en el cajero automático en la vía pública, y el 68.9 por ciento en el banco en general. Frente a esta grave problemática que atenta contra la integridad y patrimonio de los usuarios, las instituciones bancarias han mostrado su preocupación y emprendido acciones para garantizar, en el marco de sus posibilidades, la seguridad de los usuarios, pero las medidas han resultado insuficientes e ineficaces. Dicha situación exige la instrumentación de una estrategia integral mediante el trabajo coordinado y colaborativo entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada a través de las instituciones bancarias. Al respecto, se propone la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXXVIII del artículo 4o de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se adiciona una fracción al artículo 113 de la Ley de Instituciones de Crédito. Su objeto es establecer, fortalecer y en su caso modernizar, en coordinación con las instituciones de crédito, los mecanismos de seguridad y supervisión para prohibir el uso de teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación móvil a los empleados que laboran en el área de ventanillas de las sucursales bancarias y al público en usuario, para proteger su integridad y patrimonio. Compañeras, compañeros legisladores, mediante esta iniciativa se promueve una mayor seguridad para los usuarios de los servicios financieros y su patrimonio. También que las instituciones de procuración e impartición de justicia cuenten con mayores elementos para su debida sanción. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.