La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado Presidente. Acudo a esta tribuna para someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Nuestro endeble sistema económico, entre muchos otros problemas, presenta uno que es muy sensible y cercano a toda la población, nos referimos a la expedición indiscriminada de tarjetas de crédito sin una investigación responsable de las instituciones financieras sobre la capacidad de pago y experiencia para el manejo de ese dinero plástico, del público destinatario. La Condusef ha emitido señales de alarma, pues refiere que tan sólo en dos años, de 2005 a 2007, la cartera vencida se duplicó al pasar de 3 a 6.1 por ciento y de mantenerse la tendencia llegaría a 7.1 por ciento a mediados de 2008, sin que los banqueros atiendan esta advertencia. Según cifras del Banco de México y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, cada 12 segundos se expide una tarjeta de crédito, esto es, al día se expiden alrededor de 6 mil 600 plásticos, sin que existan mayores antecedentes de las condiciones socioeconómicas de más de 40 por ciento de los usuarios. La emisión masiva de estos instrumentos de crédito, a personas sin experiencia para su manejo, son un verdadero riesgo para la economía del país. Datos proporcionados el 3 de noviembre de este año por el Banco de México refieren que la cartera vencida del crédito al consumo mantuvo en septiembre su tendencia ascendente hasta alcanzar 25 mil 499.9 millones de pesos y una tasa de crecimiento anual de 79 por ciento. En este sentido, el banco central advierte que la cartera vencida conjunta de los créditos otorgados al sector agropecuario, las empresas industriales, las de servicios y de comercio y la correspondiente a la vivienda se elevó a 14 mil 834.4 millones de pesos al término de septiembre de este año, un nivel superior en dos mil 721.5 millones de pesos al observado en el mismo mes de 2006, por lo que la banca privada ha tenido que elevar el monto de las reservas preventivas. Analizado lo anterior, estamos convencidos de que el tema de la cartera vencida se ha convertido en un verdadero foco rojo que debe atenderse de manera urgente. Otro dato digno de conocer es el caso de Infonavit, institución que ha dejado de cumplir con el objeto social por el cual fue creado, configurándose en un organismo gestor de poderosos consorcios inmobiliarios que determinan la orientación de los programas del fondo de vivienda de los trabajadores, dando capacidad al sector privado para que participe, a través de dos mecanismos, la bursatilización de la cartera. La cual en el caso del Infonavit representa aproximadamente 450 mil millones de pesos, mediante los certificados de vivienda, Cedevis. O por el cofinanciamiento y el apoyo a Infonavit, que tampoco han dado resultados favorables a los trabajadores. Aunado a lo anterior, el Infonavit ha iniciado una auténtica persecución de deudores, a través de despachos jurídicos privados, que inician procedimientos de desalojo en cuanto un trabajador pierde su empleo. La legalidad de dichas cesiones o ventas de la cartera vencida ha llegado a la discusión del seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pasado 29 de agosto, en la primera sala de la Corte se declaró la inconstitucionalidad de la segunda parte del primer párrafo del artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual concede a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la posibilidad para, mediante reglas generales, autorizar a los bancos para ceder o vender a instituciones nacionales o extranjeras la cartera vencida. La Corte consideró inconstitucional dicho precepto, en virtud de que el Poder Legislativo delegó de manera indebida la potestad constitucional de la elaboración de las normas jurídicas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que regulara la cesión de cartera vencida por medio de emisión de reglas generales, lo cual trastoca los principios de división de poderes y de primacía de la ley. Por ello, y siendo responsables con nuestro deber como legisladores, debemos armonizar el marco legal de las instituciones de crédito con la resolución de la Suprema Corte de Justicia. De lo contrario, estaremos siendo responsables, por omisión, del deterioro de la economía nacional y de poner en riesgo el patrimonio de las familias y usuarios de los servicios financieros. En este contexto, hemos puesto a disposición de los deudores un formato de amparo contra la venta inconstitucional de cartera vencida, al cual se puede acceder mediante el sitio web del Grupo Parlamentario del PRD. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se suprime la segunda parte del primer párrafo del artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que sea congruente con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, por lo que se declaran inconstitucionales el citado precepto así como las reglas de operación de fecha 24 de agosto de 2001, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en consecuencia la cesión de cartera a instituciones diferentes a las señaladas en la primera parte del artículo que se propone modificar, la cual solicito se publique de manera íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.