El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Más México en el mundo y más mundo en México. Es uno de los fines que busca la actual administración en materia de política exterior. Para lograrlo, la Cancillería se ha concretado en cuatro tareas fundamentales. Defender los derechos de los mexicanos en el exterior; promover la cooperación para fortalecer la seguridad del país; impulsar a México como un destino atractivo para la inversión que redunde en la creación de nuevos empleos; y propiciar nuevos entendimientos que permitan dedicar más recursos al desarrollo sustentable y, especialmente, al abatimiento de la pobreza. Según se afirma en el II Informe de Gobierno, la actual administración ha promovido una política exterior responsable que tiene como misión apuntalar el desarrollo económico y social del país. En este sentido, no podemos negar que ante hechos como la falta de previsión y visión que hubo en el sexenio pasado y el consecuente debilitamiento de la política exterior y las relaciones con diversos países, en los dos últimos años ha habido ciertos avances. Y si bien éstos se han traducido en una mejor conducción e instrumentación de la política exterior, no pueden ser catalogados dentro de las metas exitosas que el gobierno presenta en este II Informe de actividades. La relación con Estados Unidos, vecino geográfico, socioeconómico y cada vez más hogar de millones de mexicanos, continúa siendo, como siempre lo ha sido, de suma importancia en la configuración de nuestro mapa geopolítico. A pesar de ello, lo que observamos en la actualidad es que la relación entre este país y el nuestro sigue deteriorándose sin lograr hechos tangibles, donde hayamos avanzado de manera significativa. La balanza no está equilibrada y a pesar de los programas, reuniones, visitas, misiones y revisiones de los temas prioritarios en la agenda bilateral, como son la migración, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo fronterizo, el comercio e inversión, la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, la situación parece continuar y los parámetros de la relación se definen básicamente por las necesidades e intereses del vecino país. No podemos hablar de avances conjuntos cuando el gobierno estadounidense no acató el fallo de la Corte Internacional de Justicia y ejecutó el pasado mes de agosto a José Medellín. La decisión sienta un precedente de violación de derechos humanos que queda impune e incentiva a que esta trasgresión continúe cometiéndose, sin que ningún estado o tribunal de se país se vea obligado a respetarlo. ¿De qué nos sirve entonces la creación de nuevos consulados y la puesta en marcha del Programa Especial de Protección de Asistencia Consular a los Mexicanos en el Exterior, si los derechos consulares en casos como éste son nulos? Que quede claro: no se trata de defender a delincuentes, sino de asegurarse que los Estados cumplan con sus obligaciones conforme el derecho internacional. Las repetidas redadas contra los trabajadores indocumentados, por otro lado, parecen no tener lógica a pesar de que en los últimos meses los operativos han generado la repatriación voluntaria de más de un millón de inmigrantes. Los costos sociales de estas acciones son altos y las violaciones de los derechos de los migrantes persisten, manteniendo a la población aterrorizada. Bajo un estatus migratorio irregular, el gobierno estadounidense parece estar implementando una estrategia para mantener al menor número posible de indocumentados en su país, al mismo tiempo que le resulta suficiente para abastecer la demanda de mano de obra barata de la que se benefician millones de empresas. La represión parece ser la tendencia del gobierno estadounidense entre la migración indocumentada y no se vislumbra un panorama distinto para la próxima administración. En la antesala de las próximas elecciones, las reformas impulsadas tanto por los demócratas como por los republicanos son integrales y están basadas en proyecciones unilaterales. A pesar de ello, algo que no se puede negar es la importancia de la participación que los mexicanos tendrán en los comicios del próximo 4 de noviembre, lo que nos brinda una oportunidad importante. Tanto para los candidatos a la Presidencia estadounidense como para el gobierno mexicano, el incremento acelerado de connacionales en este país y la relevancia que tienen en la vida política son factores que se deberán tomar en cuenta para llegar a acuerdos entre las dos naciones y obtener resultados benéficos para ambas poblaciones. Ello nos coloca, por ahora, en una situación que puede redundar en ciertas ventajas. Ante este panorama el gobierno mexicano está obligado a reorientar la política internacional y hacer que la tan controvertida reforma migratoria deje de ser una promesa y se convierta en una realidad. La actual administración debe dejar clara la importancia de contar con una verdadera agenda bilateral, que sea congruente con la búsqueda de un fin común en materia de migración, derechos humanos y seguridad fronteriza. De no ser así, seguiremos siendo no sólo víctimas de estas violaciones, sino también responsables pasivos de las mismas. En Nueva Alianza consideramos igualmente inaceptable la llamada Iniciativa Mérida, que lleva por bandera la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y en palabras del presidente Bush, "es una medida sin precedentes en el desarrollo de estrategias de seguridad regional, para combatir amenazas que sólo pueden ser derrotadas actuando en conjunto". Nos resulta paradójico pensar en un perímetro de seguridad común con muros, bardas, operativos y redadas de por medio. El componente militar que ha revivido la Iniciativa Mérida es una de las principales críticas que podemos hacerle al mismo, ya que en realidad lo que yace detrás del plan es el comercio de la droga como un nuevo modo para que Estados Unidos dicte las políticas en torno a sus requerimientos y fines estratégicos. En Nueva Alianza pugnamos por no aceptar condiciones que puedan vulnerar el respeto a la soberanía y que se traduzcan en intromisiones injustificadas, y menos cuando Estados Unidos es el principal consumidor a nivel mundial. El apoyo estadounidense no puede ni debe darse en forma unilateral, ignorando el carácter de corresponsabilidad y dualidad de las estrategias de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Exigimos pleno respeto a nuestras leyes y a los compromisos establecidos previamente a nivel internacional. Si nuestro país no da fin a una estrategia