La diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, antes que nada quiero agradecer a mi coordinador, el diputado César Camacho Quiroz, por el honor de apoyarme en esta iniciativa y a la vez que la haya suscrito conmigo, lo cual le aprecio y le reconozco como siempre. El discurso de odio pretende intimidar, degradar, promover prejuicios o incitar a la violencia. La violencia contra los individuos por motivos de su pertenencia a una raza, género, edad, algún colectivo étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, lengua, opiniones políticas o morales, estatus socioeconómico, ocupación o apariencia, capacidad mental o cualquier otro elemento en consideración. Históricamente, el discurso de odio ha llevado a la comisión de actos atroces y puede propiciar la destrucción, principalmente social y luego física, estimulando el fanatismo a través de la palabra excluyente, sembrando odio y sembrando violencia. Es importante mencionar que con este discurso se abrió la puerta al exterminio de más de 6 millones de personas. Tiene sentido que como una respuesta jurídica, social y humanitaria, muchos países en el mundo hayan establecido marcos normativos para combatir el discurso de odio y las consecuencias que éste causa. Con el crecimiento del Internet y de otros medios modernos que facilitan la divulgación de expresiones de odio, muchos gobiernos han tratado de limitar los efectos nocivos de esta situación y de este discurso. Sin embrago, estos notan y chocan naturalmente con el derecho de expresión garantizado por numerosos tratados constitucionales nacionales y tratados internacionales, así como legislaciones internas. El delito de odio y discriminación es solo la punta del iceberg y responde a la pirámide de odio descrita así por el Consejo de Europa, en donde en esa pirámide de discriminación ejerce una pequeña parte de la población, pero que impacta en innumerables sociedades a nivel mundial. Estos estereotipos han impactado en la mayoría de los países. Tanto en la normativa internacional como en la normativa nacional, tienen la obligación de proteger, garantizar la libertad de expresión. Pero también deben velar por el respeto a la igualdad, respeto a los derechos y a la no discriminación. Se trata de salvaguardar la dignidad humana sin menoscabar libertad alguna. La discriminación deteriora la convivencia de personas, margina a quienes se encuentran más propensos a sufrirla y limitarla en su desarrollo humano y el disfrute de los derechos fundamentales. México ocupa el noveno lugar como el país con más conceptos de odio que ha registrado en diferentes ciudades. El acuerdo o el proyecto Centinela para la prevención del genocidio, el cual funciona en una base de datos en palabras de odio, esas son registradas en usuarios en el mundo. En general, de acuerdo con datos estimados de Inegi, el 30 por ciento de los mexicanos sienten que sus derechos no han sido respetados debido a su nivel socioeconómico, grupo étnico, género, entre otras. México ha hecho imperantes esfuerzos para efecto de evitar esta situación y ello está plasmado en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en donde se le ha dotado a la Conapred de la potestad para que, a través de esta instancia, se le den atribuciones en materia para blindar que se siga desprotegiendo y que se siga discriminando a este tipo de personas que viven y transitan en nuestro territorio. Sin embargo, el avance de la tecnología ha hecho que las acciones discriminatorias y de discurso de odio hayan trascendido a las redes cibernéticas sin que nuestra legislación lo contemple. Por ello, hoy pretendemos dotar de atribuciones a la Conapred a efecto de que tome acciones y se lleve a la divulgación para evitar el discurso de odio que tanto daño ha provocado en el entorno mundial y por ende en el entorno nacional en nuestra sociedad. Espero, compañeras y compañeros, su apoyo para esta iniciativa que la considero por demás muy noble. Muchas gracias.