El diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez (PAN): Con su venia, diputado Presidente. La seguridad pública y la procuración de justicia son sin duda alguna dos de las principales tareas del Estado moderno, que entraña la indubitable obligación de los gobiernos federal y estatales en el ámbito de sus respectivas competencias para hacer efectiva la facultad punitiva del Estado y para salvaguardar no solo la integridad, el patrimonio y los derechos de la ciudadanía, sino quizás más aún de garantizar una convivencia segura, pacífica y armónica. Para dar cumplimiento a esta obligación de imperiosa necesidad la debida coordinación de las autoridades competentes para enfrentar eficazmente la realidad delictiva de nuestro país al combatir la impunidad en pro de la seguridad de los mexicanos mediante el diseño y ejecución de una alianza estratégica que cumpla con el objetivo de que las partes integrantes, es decir, las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados y General de la República, emprendan las acciones necesarias para hacer más eficiente la procuración de justicia. Así, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se ha proyectado combatir los delitos en el ámbito federal, en especial los vinculados con el tráfico de drogas y la delincuencia organizada mediante la aplicación de estrategias especializadas para investigar, perseguir y consignar eficazmente a los responsables, en tanto que el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 que deriva del plan antes referido define las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción mediante las cuales se fortalecerán los esquemas de coordinación y colaboración para la realización de acciones conjuntas en los tres órdenes de gobierno en el combate a la delincuencia común y organizada. La ley que establece las bases generales de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que las acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios con base en los acuerdos y resoluciones que se asuman en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Finalmente, la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha establecido en su artículo 41 que se integrará una base nacional de datos sobre personas probables responsables de delitos, indiciadas, procesadas o sentenciadas, de consulta obligatoria en las actividades de seguridad pública, donde se incluyan sus características criminales, medios de identificación, recursos y modos de operación. Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las instituciones de prevención, procuración y administración de justicia, readaptación social y en general todas las instituciones que deban contribuir a la seguridad pública relativa a las investigaciones, averiguaciones previas, órdenes de detención y aprehensión, sentencias o ejecución de penas. Esta información servirá para lograr los propósitos que refiere el artículo 38 y para instruir la mejor detección y persecución de los delitos. Dicha información se dará de baja de esta base de datos por resoluciones de libertad, por desvanecimiento de datos o falta de elementos para procesar, así como por sentencias absolutorias. Sin embargo, en nuestro parecer el precepto antes trascrito resulta impreciso y por lo tanto inaplicable o al menos notoriamente defectuoso al prever que la base nacional que comprenderá entre otros elementos un listado de órdenes de aprehensión, será de consulta obligatoria, sin determinar para quiénes, en qué casos, en qué momento y sin prever una sanción para quien incumpla esta disposición. En materia de persecución de delitos y particularmente en tratándose de alcanzar mejores resultados en la detención de los delincuentes, para cumplir con tales objetivos es imprescindible integrar una base de datos en la que se registren las órdenes de aprehensión giradas, ejecutadas y pendientes, cuya consulta sea materialmente posible y procesalmente obligatoria para los ministerios públicos en los ámbitos federal y locales, siempre que se tenga un detenido con relación a la comisión de un delito ya sea flagrante o cuando medie denuncia o querella con la finalidad de incrementar significativamente las detenciones a que haya lugar y que por falta de la debida coordinación hoy tenemos que el número de órdenes de aprehensión no ejecutadas alcanza la cifra de 200 mil en el año de 2002 y 215 mil en el año de 2003, lo que implica que estos delincuentes están libres y muy probablemente cometiendo otros crímenes. Además, será necesario impulsar el uso de la informática, la actualización y el intercambio permanente de la información vertida en el registro de órdenes de aprehensión, dado que el combate a la impunidad debe ser una tarea permanente y científica, con el apoyo de los avances de la comunicación y el procesamiento de la información y no un programa eventual o de paso. Señoras y señores Legisladores: La experiencia nos ha demostrado que el divorcio institucional que se ha querido soportar inútilmente en cuestiones competenciales, redunda en la impunidad y, en consecuencia, en la falta de credibilidad que la ciudadanía tiene en las instituciones creadas para procurar justicia. Cierto estoy, compañeros legisladores, que para poder atender satisfactoriamente el gran problema que entraña la delincuencia en nuestro país, requerimos en principio conocer fehacientemente la realidad que enfrentamos a nivel nacional, contando con parámetros confiables en materia de ejecución de órdenes de aprehensión y, por supuesto, facilitando el acceso a este registro por parte de las instituciones ministeriales y policiacas, sistema coordinado que sin duda alguna permitirá el incremento substancial en la ejecución de órdenes de aprehensión, sin importar el estado de la República del cual procedan y, en consecuencia, tendremos una más eficiente persecución del delito. Sugiero legislemos en esta materia, para dar obligatoriedad a la coordinación que hoy se sustenta en convenios aislados, que son sólo normas mínimas de carácter administrativo, que dependen de la voluntad de las entidades federativas. Legislemos con la finalidad de hacer eficaz la persecución del delito y de disminuir progresivamente los índices criminales. Consideramos que en materias de tan alta importancia para el pueblo de México, como lo es la seguridad pública y la procuración de justicia, una adecuada coordinación debe ser parte indiscutible de las estrategias de acción y políticas criminales. Por ello, presento esta iniciativa de decreto que adiciona los artículos 41 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 225 del Código Penal Federal, a fin de establecer con esta última reforma, un delito contra la administración de justicia, adicionando la fracción XIX a ese artículo 225, para aquellos que omitan consultar la base de datos relativa a órdenes de aprehensión, cuando la ley establezca esta obligación y siempre y cuando ello hubiere sido posible. Y asimismo, una fracción XXX, que establece el delito contra la administración de justicia pro permitir u ordenar la liberación de una persona en contra de quien se hubiere girado orden de aprehensión pendiente de cumplimentar, habiendo constatado el servidor público esta situación en la Base Nacional de Datos, órdenes de aprehensión y teniendo la obligación de notificarlo a la autoridad competente. Diputado Presidente, solicito que la iniciativa íntegra que presento, sea incluida en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de Debates. (aplausos)