La diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La magnitud de la carga de enfermedad y discapacidad atribuible a los trastornos mentales es un fenómeno creciente y preocupante en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que existen 450 millones de personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. En América Latina y el Caribe se calcula que las personas que sufren de estos padecimientos aumentarán de 114 millones en 1990 a 176 millones en el 2010; México no es la excepción. La Secretaría de Salud estima que existen alrededor de 15 millones de personas que sufren estos trastornos; personas que además de ser excluidas y marginadas por la sociedad a causa de su enfermedad, en muchos de los casos no son oportunamente atendidos. Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, realizado recientemente en México, señala que hasta un 80 por ciento de los pacientes diagnosticados con alguna enfermedad mental no habían recibido atención durante los 12 meses previos al diagnóstico. Porcentaje similar al que el secretario de Salud José Ángel Córdova Villalobos aludió durante la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, cuando comentó que el 75 por ciento de las personas que sufren desórdenes mentales, en el mundo en desarrollo, no reciben tratamiento alguno. Como parte de la reforma psiquiátrica en nuestro país, el 19 de enero de 2004 se creo el Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), organismo dependiente de la Secretaría de Salud cuya misión es la implementación del nuevo modelo de atención en salud mental denominado Miguel Hidalgo, mediante el cual se proporciona a los usuarios de todo el país una atención de calidad, a través de acciones de promoción, prevención y rehabilitación en el campo de la salud mental, lo que se traduce en una mejor calidad de vida del usuario y de la familia, así como su reintegración a la sociedad. En México, las personas que no son derechohabientes de los servicios de salud, proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien por el ISSSTE, acuden para el tratamiento de su padecimiento a los hospitales o unidades de la Secretaría de Salud tanto federales como estatales, en donde pagan una cuota de recuperación por consulta externa. Dichas cuotas encuentran su fundamento legal en el artículo 36 de la Ley General de Salud, en el cual se señala: Artículo 36. Las cuotas de recuperación que, en su caso, se recauden por la prestación de servicios de salud se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas. Las cuotas de recuperación, si bien es cierto que constituyen un ingreso para el erario, también desmotivan a los pacientes y sus familiares a acudir a las consultas. En refuerzo a lo anterior, es importante analizar el caso del Centro de Integración de Salud Mental (Cisame), Distrito Federal, en el cual los pacientes que eran atendidos pagaban hasta el 2007 una cuota de recuperación de 10 pesos por consulta externa; recaudándose al término del año por este concepto 130 mil pesos. Debido a la disminución en el número de pacientes atribuible al costo originado por las cuotas, sumado al gasto de pago de transporte, comida y en ocasiones estancia que tienen que sufragar los familiares que lo acompañan, en el 2008 se tomó la decisión de eliminar estas cuotas de recuperación. Como resultado de la medida, las consultas se incrementaron a 50 mil 576, a diferencia de las 39 mil 177 del año 2007, o sea, crecieron en más de 10 mil. En México únicamente es en el Distrito Federal y en San Luis Potosí donde no se cobran cuotas de recuperación. En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con Punto de acuerdo Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que se adopte, junto con las secretarías de salud de las entidades federativas, un acuerdo en el seno del Consejo Nacional de Salud para eximir del pago de cuotas de recuperación a las consultas externas en los servicios de atención mental en todo el país. Los diputados del Partido Verde esperamos contar con el apoyo de las demás fracciones parlamentarias, a fin de disminuir el fuerte impacto económico para los pacientes y sus familias, que conlleva la atención de los padecimientos mentales. Es cuanto, diputado presidente.