La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. En todos los ámbitos en los que hay manejo de recursos públicos, debe de existir claridad en cómo y en qué se gasta cada peso que reciben las instituciones del Estado. De lo contrario México no saldrá del deshonroso lugar 103 de corrupción, de 175 naciones en el que se encuentra, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, que elabora anualmente Transparencia Internacional. Uno de los mayores reclamos hoy en día, es que existen mecanismos que permitan una verdadera transparencia y rendición de cuentas en la administración de todos los recursos públicos, ya que la opacidad en el manejo del erario, abre las puertas a actos de corrupción y de desconfianza de la sociedad hacia las instituciones del Estado. En este sentido la transparencia y la rendición de cuentas, deben ser mecanismos eficaces y eficientes de todo régimen democrático, ya que son la base para el fortalecimiento de la participación ciudadana y la democracia; dado que sin transparencia del manejo del dinero público no existe posibilidad alguna de abatir la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Como es de conocimiento público, el derecho a la información se encuentra consagrado desde 1977 en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, fue hasta el año 2002 que se emitió su ley reglamentaria, la cual desarrolla a detalle lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Es decir, tuvieron que pasar 25 años para que el Congreso de la Unión emitiera los lineamientos para proveer, transparentar, garantizar y favorecer el acceso a la información pública. Esto habla de la falta de disposición que ha existido por parte de los poderes del Estado para hacer efectivo el acceso a dicho derecho. El Estado debe asumir la inalienable obligación de cuidar que la información del manejo de recursos públicos, la sociedad en general, pueda acceder a ella y que ésta sea veraz, pronta y expedita para que todo ciudadano que así lo requiera, pueda recibir en forma fácil y rápida conocimientos en la materia, ciencia o asunto que sea de su interés. Con ello se trata de propiciar una participación ciudadana informada, esto para erradicar la corrupción e impunidad que prevalece hoy en México. A través de este dictamen, esta soberanía intenta asumir su compromiso con los mexicanos y pone en marcha sus facultades y atención al tema de transparencia y rendición de cuentas. Hoy se legisla en contra de un problema que pareciera inherente a la identidad del mexicano, que desgarra el vínculo entre el gobierno y la población, que fractura a las instituciones gubernamentales, y afecta a la sociedad en general: la corrupción y la falta de rendición de cuentas. El presente dictamen expide una nueva ley general que obliga a rendir cuentas a todo aquél que recibe y maneja algún tipo de recurso público, porque lo que se amplía el catálogo de sujetos obligados a contribuir a la generación de información de calidad que dé insumos para fiscalización y facilite la evaluación de la gestión pública. Se establece que no sólo las instituciones gubernamentales, sino toda persona física o moral que maneja recursos públicos, estarán obligados rendir cuentas, lo que da muestra de que las obligaciones de transparencia se extiendan a un ámbito muy amplio, y con ello, una optimización de los recursos con los que cuenta la nación y, en consecuencia, exista un combate de frente a la corrupción y sanciones a todo aquel que hace mal uso de los recursos. Sin embargo contrariamente se exige transparentar sus recursos a todos los sujetos obligados, se establecen obligaciones de transparencia específicas para los grupos parlamentarios. Creemos que no debiera ser solamente el ejercicio de los recursos públicos, sino también la función o tarea que realizan los sujetos privados lo que debiera transparentarse, si los sujetos o entes privados realizan una tarea que tiene consecuencias públicas o sociales, si sus fines afectan a la economía, esas funciones también deben ser públicas. La presente ley es un paso adelante, pero ante este panorama resultaría interesante delinear, construir y restaurar el vínculo de confianza entre el gobierno y la población. Por ello es necesario que en adelante y en conjunto con el Sistema Nacional de Anticorrupción y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública éstas sean armónicas, complementarias y cuenten con una efectiva implementación, debido a que la apertura no implica sólo ser observado, sino establecer mecanismos que obliguen a los sujetos obligados a transparentar toda actuación desde la conformación del Estado mexicano. El tráfico de influencia, la corrupción, el enriquecimiento con dinero público, la impunidad han estado ligados a la identidad del mexicano. Es momento de romper con tantos vicios en este país, donde la rendición de cuentas y la transparencia no sean actos de generosidad, sino un deber de todo aquel que tiene a su cargo cualquier tipo de recursos públicos. El éxito o fracaso de la implementación de la ley dependen tanto de la participación constante de la sociedad civil como de las acciones gubernamentales. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano creemos que toda ley es perfectible, por ello en la discusión del presidente dictamen estaremos proponiendo diversas reservas, que son menester incorporar, como el caso del acceso a la información pública para los grupos y comunidades indígenas concluyo, presidente, quienes legítimamente merecen que la respuesta de información les sea traducida la misma a su lengua madre. En el mismo tenor debe ser el acceso a la información pública que soliciten quienes sufren alguna discapacidad, ellos tienen derecho a que se les suministre información bajo sistemas o lenguajes acordes a su discapacidad. Por ello, en el presente dictamen Movimiento Ciudadano votará en plena consciencia de coincidir con un reclamo general de transparentar los recursos públicos, pero por supuesto que también elevaremos la voz para apuntalar los derechos de los grupos indígenas, de las personas con discapacidad y, por supuesto, del pueblo mexicano que merece un instrumento jurídico, verdaderamente eficaz en la transparencia del destino del dinero público. México lo exige, debemos transparentar y modelar cada acto, cada acción, debemos de ser transparentes, transparentar a México. Se lo merece México. Gracias, señor presidente.