La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago: Gracias, señora Presidenta. Compañeros y compañeras. En este grupo de reservas que hoy estoy presentando, particularmente tienen una connotación que tiene que ver con lo que son los recursos que se van a utilizar en las campañas electorales. Y lo que estamos aquí planteando, prácticamente, es qué tipo de obligaciones y derechos tienen los partidos políticos en términos de lo que va a ser el uso de los recursos. En ese sentido, hay una serie de delitos que se están plasmando en estas reformas, pero que algunos no están sancionados o en algunos no es el mismo peso entre el delito y la sanción que se están aquí contemplando en estas modificaciones. En ese sentido, quisiera plantear que por ejemplo, en el artículo 77 se dice que podrá haber alguna serie que no podrá haber donaciones y aportaciones de personalidades ya sea jurídicas o civiles en ese entorno, pero aquí no se mete por ejemplo a los sindicatos y a los grupos gremiales. Lo que estamos planteando es que en la injerencia que puedan tener tanto las empresas, como ya está establecido en el código en esta reforma, como ya está establecido incluso de algunos otros grupos como empresas mercantiles, los partidos políticos mismos y algunas otras instituciones, incluso gubernamentales, no podrán intervenir con estos donativos. Pero cuando no se ponen los sindicatos yo me pregunto: ¿Por qué no se pusieron? O sea, hasta dónde está, en todo caso, el asunto de no poner a los sindicatos y grupos gremiales. Eso puede correr un riesgo en términos de que no podrán ser sancionados si a través, hoy, de los sindicatos, se producen este tipo de donaciones. En el artículo 78, por ejemplo, se plantea que los partidos políticos tienen derecho del financiamiento, a establecerlos en instituciones bancarias, que están las cuentas y los fondos y los fideicomisos que pueden existir en efecto, pero no se plantea que deben ser sujetos a fiscalización bancaria y fiduciaria, que pueden ser plantados más bien en bancaria y fiduciaria, pero no en la fiscal, y esto sí compete porque tiene que ver con que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no podrá revisar en todo caso que las cuentas y fondos y fideicomisos en dónde están generando sus impuestos, y no podrán ser fiscalizadas. En el artículo 81, por ejemplo, se plantea que la Unidad de Fiscalización de los partidos políticos, cuando estén fiscalizando sus recursos como parte de sus facultades, señala que como causal de sobreseimiento a las quejas en materia de fiscalización y vigilancia, el desistimiento de las quejas, el desistimiento del quejoso; sin embargo, esto implica que en el caso de que haya violaciones graves de la autoridad, no podrán continuar con un procedimiento. Es decir, no existen posibilidades de sanción por parte de la autoridad. En el artículo 343 se excluye a los candidatos de la infracción relativa a solicitar o recibir recursos en dinero o en especie, de personas no autorizadas por el Cofipe. Es importante sancionar, ya que estas deficiencias permitirán que no haya entrada de recursos privados y externos. En el artículo 35, donde se plantea que no haya una serie de recursos y de gastos de recursos para las agrupaciones políticas nacionales. Creo que ésta es una parte esencial de lo que tiene que ver con esta reforma. Hoy se está negando el derecho que los ciudadanos y de las ciudadanas que en nuestro país tienen para poder organizarse de manera colectiva, de manera independiente de los partidos políticos. Nosotros, como Cámara de Diputados, hace unas semanas hemos colocado una serie de recursos precisamente para la participación ciudadana. Si pueden ustedes observar precisamente en todo el Presupuesto hay algunas medidas que se dan para que organismos con una serie de identidades civiles y sociales puedan participar, y se les dota de recursos para su participación ciudadana. No sé hasta dónde y quién dijo que los partidos políticos son los únicos a los que se les puede dotar de recursos para su participación. Dónde está y dónde dice y obliga, que los diputados y las diputadas solamente digan que son los partidos que tienen que tener millones de recursos para esa participación. El 2 por ciento que se generaba en el articulado que tenía el Cofipe anteriormente no era ni siquiera con las 107 agrupaciones políticas que hay; 200 mil pesos anuales que se les entrega a las agrupaciones políticas precisamente por una identidad y participación ciudadana en el manejo, incluso, de cómo poder organizarse y establecer recursos para que la ciudadanía pueda emprender su participación como una serie de entes políticos que puedan ir generando institucionalidad y fortaleciendo nuestra democracia y la participación en nuestro país. Esto hoy se cierra, se cerró. Ya no hay esos recursos para ellos. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? ¿Dónde está el criterio? ¿Quién lo colocó? ¿Cómo se hizo ese criterio ambivalente y ese criterio de desechar simple y llanamente que a las agrupaciones políticas no se les entreguen esos recursos que finalmente fortalecen la institucionalidad de nuestra participación? Como último quiero plantear el asunto en efecto que planteó también la diputada Maricela Contreras, que tiene que ver con el asunto de quitar de la ley, en el artículo 220, lo que decía de que no irán en perjuicio este tipo de reformas entre el 60 y 40 por ciento de la representación de alguno de los géneros en la participación en candidaturas, que no va en perjuicio de lo que marcan nuestros estatutos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Instituto Federal Electoral y así lo colocamos hace algunas legislaturas diputadas y ciudadanas en lo general, que el IFE tendría que estar todo el tiempo al pendiente de cómo iban haciéndose los cambios en nuestros estatutos. Hoy, si no se coloca esta frase que teníamos anteriormente, lo que va a pasar es que cualquier asunto que viole la ley, nuestro estatuto interno de cada uno de los partidos que no vaya en detrimento de la propia ley y que vaya más bien en los avances de nuestra propia legislación interna de cada uno de los partidos, pues nos tendremos que ir las mujeres a los tribunales. De todos modos ahí lo vamos a ganar. El problema es el desgaste, el problema es el no reconocer que, en efecto, nuestra legislación está muy por debajo de lo que en otras entidades ya institucionales, políticas, partidarias, se está aquí planteando; y que es el reconocimiento a que ése no puede ir en detrimento de los derechos de las mujeres. Yo creo que ésa es la parte esencial de este apartado que se volaron en el Senado de la República y que finalmente no lo colocan porque tendría que ver con eso, con que no tenga la obligación el IFE de estar revisando nuestros estatutos y entonces, que las mujeres se lo peleen en el tribunal a ver cómo le hacen y si la ganan. La mayoría de las mujeres que por cierto son candidatas y están peleando en las precandidaturas en todos los partidos políticos, no tienen ni los instrumentos ni las herramientas ni los recursos para irse a los tribunales. Generalmente son las que menos aplican la ley para poder defenderse de sus propios derechos por esa falta de herramientas y recursos. Esta era una herramienta esencial para no poder llegar a los tribunales y estar en el pleito de si me aceptan o no como candidata, como parte de las cuotas de mujeres y que hoy está en detrimento de nuestros derechos. Por su atención, muchas gracias.