EL C. DIPUTADO JESUS PORFIRIO GONZALEZ SCHMAL: Con su anuencia, señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas: Es, en efecto, importante hacerlo, como lo hizo el compañero diputado de la Comisión de Reforma Agraria, evocar necesariamente en la materia agraria los antecedentes históricos que son imprescindibles; toda nuestra historia, desde la lucha insurgente por la independencia, hasta la reforma y la Revolución Mexicana de 1910, tienen en su esencia, en su móvil primario, el rescatar el derecho para la tierra de quienes la trabajan, de quienes de ella viven, de quienes con ella contribuyen al bienestar de la Nación al producir los alimentos, al producir los bienes consumibles que permiten la supervivencia y la pervivencia de la especie humana y en concreto de los mexicanos. ¡Cómo no recordar, ahora en efecto, esa ley independentista de Miguel Hidalgo, en Guadalajara, aboliendo la esclavitud y restituyéndole al trabajador de la tierra el concepto y la medida de dignidad en la que debería valorarse su trabajo y su esfuerzo! ¡Cómo no reconocer también ahora en la lucha reformista, el haber promulgado la ley de tierras en manos muertas que vivificó, que restauró para la Nación la capacidad de que cada día más mexicanos dejaran sus esfuerzos, dedicaran sus energías a la producción agrícola, al trabajo de las faenas laborales en la tierra! ¡Y cómo no traer aquí, ahora, muy frescamente a la memoria, a propósito de la conmemoración del Plan de Guadalupe, apenas el pasado 26 de marzo, la Ley Agraria de 1915 del Presidente Carranza, que sentó las bases, que fijó la línea, que abrió el camino para después hacer emerger en nuestro texto constitucional precisamente el artículo 27 que situó a México ante el mundo como el país más avanzado, de legislación más progresista, de sentido más justo y humano del desarrollo económico, contemplando en él como primer y fundamental eje el trabajo en la tierra y al hombre del campo dedicado a ella! Es por eso que interesa ahora repasar y reconocer que en estos antecedentes históricos, se le dio al Ejecutivo de la Unión la potestad, la competencia, para que impartiera justicia, que asumiera las facultades jurisdiccionales en materia agraria, porque precisamente es un derecho que requiere de todo el interés nacional, de todo el empeño y de todo el poder y la fuerza de la ley para que esta justicia agraria se dé en el campo, se dé en la práctica cotidiana de nuestros ancestros y en nuestros días. Por eso es que el Tribunal Agrario pertenece justamente a la esfera de competencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, pero no deja de ser efectivamente una función judicial primaria jurisdiccional que requiere de la mayor preparación, de la mayor dedicación y de la mejor vocación de los jueces que en esta materia y que en esta especialidad ejercen el derecho. Y qué importante es, por lo tanto, esta iniciativa que da a los jueces más garantía en materia agraria, más garantía de la inamovilidad; del permanecer en el cargo, si es que están cumpliendo cabalmente con el cometido, con la misión altísima de impartir justicia en el campo mexicano en el medio rural y esta reforma, permite que no sea a capricho, que no sea a discreción del Poder Ejecutivo el eliminar entre las propuestas para la ratificación de los cargos en la Magistratura del Tribunal Agrario, a quienes han desempeñado este cargo después de seis años en que esta inmovilidad los ha protegido. Y qué importante, pues, es que aprobemos esta reforma con la conciencia de que tenemos que contribuir a la inamovilidad de los jueces en materia agraria y hacerlo en una circunstancia muy concreta y muy real y vergonzosa que se nos presenta en estos momentos, justamente a quien hoy ejerce la Presidencia del Tribunal Agrario, al Magistrado Ricardo García Villalobos, se le está privando al no comprenderlo entre las ratificaciones que tiene que hacer el Senado respecto a la magistratura que le corresponde. Y ello porque el Poder Ejecutivo ha encontrado en la valoración terrible de la conducta del magistrado García Villalobos, que él asume conductas partidistas o las asumió en el pasado, que pertenece a uno de los partidos políticos de este país, y que conforme a sus convicciones actúa en consecuencia en la espera de su libertad personal infranqueable, como cualquier mexicano la tenemos en cualquier cargo o en cualquier encomienda pública que desempeñemos. No puede ser que en estos tiempos se esté tachando el comportamiento, la posibilidad de la ratificación de un magistrado, porque éste ha tenido antecedentes en uno o en otro partido, no importa cual fuere. Pero esto significa, si, discriminación, significa represalia política, significa atentar contra el principio de la inamovilidad de los jueces y significa retraso en la impartición de la justicia agraria. Por eso interesa que ahora sea obligatorio el que en las ratificaciones el Poder Ejecutivo proponga a los magistrados que han cumplido su función, y que sea el Senado el que dilucide y delibere respecto a la ratificación. Y que en el extremo caso de que el Ejecutivo no tenga razones válidas para no ratificarlo o no proponer su permanencia, sean éstas sustentadas en derecho y perfectamente motivadas en los hechos que a su vez respaldan esa valoración jurídica. Es por lo tanto, para Convergencia, importante aprobar, respaldar este esfuerzo y desde aquí también y en ocasión de esta propuesta, hacer un voto porque cesen las hostilidades, cese la recriminación por razones políticas y se respeten plenamente los derechos humanos en los jueces y muy específicamente en los que se refieren a la histórica, importantísima e imprescindible justicia agraria que nuestro país todavía espera con prontitud. Muchas gracias. -