El diputado Pedro Vázquez González: Muchísimas gracias, presidente. Con su permiso. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, queremos en esta intervención dejar planteada la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el sentido de que votaremos a favor del dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal, por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En principio, queremos dejar constancia de un planteamiento que reiteradamente el Partido del Trabajo ha estado realizando. Esto se significa que estamos, el Partido del Trabajo, a favor de una reforma política que convierta al Distrito Federal en entidad federativa, para que su órgano legislativo local expida toda la normatividad necesaria para hacer funcionar dicho gobierno en la Ciudad de México. No entendemos por qué 500 diputados de toda la república tenemos que aplicar una ley local para el Distrito Federal, sin embargo, el artículo 122 constitucional, apartado A, otorga al Congreso de la Unión facultades y atribuciones legislativas en lo relativo al Distrito Federal y, en consecuencia, es por lo que tenemos que conocer de esta ley. La vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General del Distrito Federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 1996, esto es está a punto de cumplir tan sólo 15 años de entrada en vigor. Desde entonces a la fecha, la comisión de delitos en el Distrito Federal se han incrementado exponencialmente y también el modus operandi de las organizaciones criminales ha evolucionado. La propia Procuraduría, por las ataduras legales que tiene, no puede reaccionar oportunamente. Por eso el mérito del dictamen que se nos presenta es el proponer un sistema de procuración de justicia más ágil y eficiente que permita combatir frontalmente las incidencias delictivas y que al final los habitantes del Distrito Federal podamos tener la certeza de que sus autoridades combaten a los delincuentes y que no son parte o cómplices de ellos. Compartimos en lo fundamental el contenido del dictamen. Sin embargo, dentro del mismo y en su oportunidad, en la comisión señalamos una inconsistencia, que en la página 1, en el antecedente tres sólo se menciona que en un análisis basado en la legislación aplicable para la conformación de procuradurías de justicia estatales es como se considera conveniente para que los integrantes de las comisiones unidas pudieran conocer dicho documento. Votaremos a favor en lo general y en lo particular presentaré una reserva en contra del artículo 10 en su fracción VIII, que faculta a la Procuraduría. VIII. Promover la celebración de contratos y convenios con organismos y empresas o instituciones educativas públicas y/o privadas, nacionales o extranjeras para la elaboración de estudios y proyectos de política y/o estadística criminal. Consideramos que esta propuesta es incorrecta exclusivamente en cuanto a la celebración de contratos y convenios con empresas y más si éstas son extranjeras. En México, las instituciones de educación superior públicas y privadas tienen la capacidad para realizar este tipo de investigaciones. El propio Instituto Nacional de Ciencias Penales de la UNAM, en su caso, podría realizar estas tareas. Lo que no podemos permitir es una transferencia de recursos públicos del gobierno del Distrito Federal, esto es, de sus habitantes a empresas privadas o extranjeras para que realicen dichas investigaciones. Con la salvedad que estoy reiterando, el dictamen en comento tiende a eficientar la actuación del Ministerio Público como representante social, en particular en la fase de la averiguación previa y en la de ser parte de los procesos penales, además de que incluye otros aspectos importantes como el tema del respeto a los derechos humanos. Les solicitamos entonces a los integrantes de esta asamblea votar a favor del presente dictamen y presentaré la reserva por los conductos que se establecen en el Reglamento. Es cuanto, presidente.