El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Mu tenkupa uei tlakatl, teotlaki uei zihuame iuan uei tlakame, teotlaki nokniuan indígenas, nejua ni tlazokamati uei kampa nikitus yejuain tlatojli nikan to tlaltipak itoka Cámara de Diputados. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, que hoy en esta soberanía nos hemos reunido. Por ser la primera vez que hago uso de la tribuna de esta alta soberanía, me complace compartir con ustedes que en este día se conmemora el 5 aniversario de la aprobación por parte de la Organización de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Saludo con entusiasmo la mención constante por parte de instituciones y grupos parlamentarios que han enunciado en sus discursos a los pueblos indígenas, que lamentablemente sólo se ha quedado en ello, en discursos. Me gustaría celebrar con el mismo entusiasmo la buena aplicación de la imagen de lo indígena, si ya fuéramos reconocidos en nuestra Carta Magna como sujetos de derecho. Sin embargo, y es penoso decirlo, que se nos sigue usando como meros objetos a manera de folclor la imagen de los pueblos indígenas, dejando de lado que somos el origen de la nación y que nuestros pueblos son preexistentes al Estado actual. Y según reza el artículo 2o. constitucional, en su primer párrafo, a la letra dice: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Así, a 5 años de haber sido aprobada la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a más de dos décadas de ser vigente en nuestro país el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y en concordancia con la reciente reforma al artículo 1o constitucional, se hace necesario armonizar lo que establece el derecho internacional con nuestra legislación nacional. Derivado de lo anterior, sin duda vestiría de gala esta LXII Legislatura y enviaría una señal de voluntad y compromiso político a las Naciones Unidas acerca del cumplimiento de estos compromisos contraídos a nivel internacional por nuestra nación mexicana. Y ello daría certeza jurídica a los pueblos indígenas de México. En este marco, la presente iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 2o, el artículo 26 y 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y no como entidades de interés público que hoy así se reconocen en el 2o constitucional. Reconocer sus sistemas normativos y su derecho a la consulta con el consentimiento libre, previo e informado, como lo establece esta Declaración Universal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta reforma tiene como fin último fortalecer, también, la libre determinación y autonomía, en concordancia con lo estipulado por allá, en el artículo 2o constitucional, que garantiza y reconoce este derecho. La libre determinación no debe entenderse ni satanizarse como la balcanización o la división del país, sino más bien, como el reconocimiento y resarcimiento a la deuda histórica que nuestra nación tiene aún con los pueblos indígenas, al reconocer sus propias formas de organización, expresados en sus formas tradicionales de elegir a sus autoridades en sus sistemas de cargo, en su visión del mundo y en su derecho al desarrollo con identidad. Para ir terminando con este rezago, se hace también necesario mencionar que es al interior de los territorios indígenas donde se encuentra concentrado más del 52 por ciento de la mayor riqueza de la biodiversidad en nuestro país, en donde se generan diversos servicios ecosistémicos, como la generación del agua y el aire limpio, los alimentos, entre otros, y la riqueza de sus más de 68 idiomas y sus más de 360 variables lingüísticas, las que suman a México como una potencia emergente. Sin embargo, dentro de tantas riquezas somos los pueblos indígenas los que sufrimos los menores índices de desarrollo humano. Finalmente, hago un llamado respetuoso a los coordinadores de nuestros grupos parlamentarios, a la hermanas y hermanos diputadas y diputados que conformamos esta soberanía y en especial, a los diputados que provenimos y tenemos nuestro origen y nuestra raíz indígena, a que antepongamos y pongamos toda nuestra voluntad política para reconocer estos derechos. Y superemos nuestras diferencias político partidarias, a fin de concretar una gran reforma, de gran calado en esta materia, además de generar un presupuesto integral y transversal que se traduzca en un detonante del desarrollo de los pueblos indígenas, y así verdaderamente nuestra nación inicie con el resarcimiento de esta deuda histórica que tienen con nuestros pueblos indígenas de esta nación mexicana. Muchas gracias.