El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Compañeras, compañeros, buenos días. Lo que estamos aprobando y creo que lo primero que deberíamos reconocer los que contribuyeron con el gobierno a la elaboración de estas leyes, es su imprecisión y la manipulación de que serán a partir de la interpretación de cada uno de los artículos. Aquí nada más recuerdo, en la propuesta que hacía el compañero diputado del PAN hace un momento, en el artículo 116 dice: El criterio para establecer las tarifas estará basado en una estructura de costos eficiente. Además se establecen apoyos focalizados que serán determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sener y Secretaría de Desarrollo Social, sin que se especifiquen los criterios. O sea que los subsidios focalizados se pueden dar en cualquier momento y en cualquier dirección y no nos andemos quejando luego de que se usen en el marco de la contienda electoral, porque así es como está quedando la ley, para que luego no estemos quejándonos de cosas. Y también debe de quedar claro que el asunto concreto del subsidio que aparece hasta ahora en los recibos de la luz, no es un subsidio transparente y está observado por la Auditoría Superior de la Federación. Cuando menos la auditoría revisada en el 2011, fue de 52 mil 575 millones de pesos y está observado por la Auditoría Superior de la Federación en virtud de que no está transparentado y no está claro a quién sí y a quién no se le otorga el subsidio como tal. Dicho lo anterior, compañeras y compañeros, el dictamen a discusión propone crear un mercado privado de electricidad. Sin embargo como una forma de simulación y engaño, se mantiene a la Comisión Federal de Electricidad dentro de algunas actividades del sector y al mismo tiempo se crea este mercado. El resultado del esquema propuesto es el debilitamiento continuo de la CFE y de la propia industria eléctrica que obliga a la comisión a dejar ciertas áreas de su competencia en manos de compañías privadas e incentivando la apertura para la generación de energía eléctrica con el propósito de atender al sector de las grandes empresas, conminando con la obligación de la CFE que sea el suministrador exclusivo del servicio básico, lo cual significa la pérdida del 60 por ciento de sus ingresos de facturación de manera instantánea, manteniendo su estructura organizacional. En base al reporte mensual de estadísticas del sector eléctrico de la Comisión Reguladora de Energía del número de clientes, los consumidores industriales representan apenas el .8 por ciento de los 37.35 millones de usuarios conectados a la Comisión Federal de Electricidad, pero en ingreso significa el 59.7 por ciento de sus ventas. En contraparte, los consumidores residenciales que representan el 88.5 por ciento de los usuarios y apenas aportan el 19.5 por ciento de las ventas de la CFE. Otra de las implicaciones de este dictamen es la fragmentación del servicio público de energía eléctrica, servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, servicio de interés público y servicios conexos. Con dicha fragmentación desaparecen los principios básicos de equidad y justicia social. El mandato establecido a la CFE para realizar la separación contable, operativa, funcional y legal que corresponda a cada una de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización bajo los términos establecidos por la Cener y la Comisión Reguladora de Energía implicará abrir la puerta para que estos trabajos los hagan empresas contratadas por Cener, por la Comisión Reguladora de Energía o el Centro Nacional de Control de Energía. Al crear el mercado privado de electricidad denominado mercado eléctrico mayorista en que se coloca la electricidad generada por la CFE y por particulares, se corre un peligro latente, ya que no se conocen las reglas de operación de este mercado. Podría suceder lo mismo que en Gran Bretaña y nada alejado de la realidad, en donde se optó por la privatización de la industria eléctrica y sólo favoreció a los privados, ya que las tarifas eléctricas no bajaron, mientras que sus costos de producción sí lo hicieron. Esto debido al despido de casi el 50 por ciento de la fuerza laboral industrial y el desplome de los precios del gas natural y carbón. Además impedirá el aprovechamiento de las economías de escala para abaratar los costos de producción y por lo tanto las tarifas eléctricas. La CFE se ve acotada o mejor dicho atada de manos para realizar ciertas actividades, por mencionar algunos ejemplos: La Secretaría de Hacienda determinará la tasa de rendimiento mínima que deberán tener las empresas públicas, éstas se verán obligadas a aplicar las metodologías para evaluar su rentabilidad y retorno sobre el capital, con la vigilancia de la Sener. Las empresas públicas no podrán realizar inversiones directas en nuevas obras cuando en los dos años previos generen retornos menores por el valor de sus activos o incurran en insolvencia financiera, que requerirán ajustes extraordinarios a su esquema tarifario u otras transferencias extraordinarias. Todo ello, independientemente de la regulación tarifaria de la Comisión Reguladora de Energía, no hay certidumbre para las empresas públicas. Si la Comisión Reguladora de Energía define una tarifa que no cumpla con las expectativas de rentabilidad fijadas por Hacienda, la perjudicada es la empresa pública. Las empresas públicas de transporte o distribución no tienen autonomía para llevar a cabo los proyectos de ampliación y modernización de las redes. Están sujetos a los programas que la Secretaría de Energía autorice, y la instrucción para que ejecutar dichos proyectos. Legalmente se le permite a la Cenace formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que presten servicios auxiliares a la operación del mercado. Es decir, la ley autoriza la privatización de funciones que le corresponden de manera exclusiva al Estado. Tanto se defiende a estos dictámenes por la cantidad de empleos que se generarán, que en el articulado no vislumbra ni un porcentaje de contenido nacional, como en el caso de hidrocarburos que inicialmente planteaban el 25 por ciento, y todo queda en recomendaciones y facultades del Ejecutivo para dictar recomendaciones, tomar medidas e iniciativas al respecto. Se deja en manos del gobierno federal promover la electrificación de comunidades rurales y zonas marginadas. Las acciones de electrificación quedarán sujetas a la existencia de recursos en el fondo de servicios universal eléctrico, dicho fondo no se alimenta de recursos públicos, sino de donativos y excedentes de ingresos que resulten de la gestión de pérdidas técnicas en el mercado eléctrico mayorista. Es decir, se limita a prestar el servicio a las comunidades rurales y zonas urbanas sujeto a la existencia de recursos del fondo y sin que la ley establezca el suministro de electricidad como derecho humano. Ante estos planteamientos, el sector eléctrico nacional, transitaría hacia una menor participación de la Comisión Federal de Electricidad en las actividades de generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, y una presencia creciente de los privados en estas actividades. El sistema eléctrico no presentaría ninguna mejora, habría aumentos en el costo promedio de energía suministrada por la Comisión Federal dada la pérdida de los contratos con los actuales productores independientes, fuente de suministro más barata con la finalidad de ponerlos a competir. Es decir, se crea un nuevo aparato legal burocrático y costoso que no soluciona los actuales problemas que aquejan a nuestro sector eléctrico nacional. Y finalmente, compañeras y compañeros, leo una nota: Recomienda gobernador de California a México mano dura contra las petroleras. Textualmente dice: El gobernador de California, Jerry Brown, recomendó al gobierno y al Congreso mexicano mano dura en la regulación de las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a invertir en México, o se los van a comer vivos. Fue su única referencia al tema al final de un encuentro con senadores. Ya casi para levantarse el gobernador insistió en que, al cambiar el mercado de energía en México, se requiere tener cuidado con las petroleras privadas. Sobre el tema, el senador demócrata por California Lou Correa, recalcó que el gobernador se refirió a la experiencia que han vivido en ese estado, especialmente con las empresas eléctricas y con las petroleras que extraen gas a través de la técnica conocida como fracking. El también presidente de la Comisión Selecta de Cooperación entre México y California explicó que, cuando privatizaron hace 15 años ya termino la electricidad, las empresas privadas crearon un monopolio al que le tenían que comprar el fluido eléctrico, de forma más cara, y resolver el problema les costó 10 mil millones de dólares, deuda que hasta este momento siguen pagando. Agregó que debido a ello crearon un sistema de regulación eléctrica independiente, y esa lección le puede servir a México. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Ojalá nos sirva de algo la lección que nos están enviando. Muchas gracias.