El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante: Con su venia, presidente. Honorable asamblea, en los últimos años los avances de la sociedad civil y la ciudadanía organizada han sido esenciales para la agenda que busca el reconocimiento de los derechos de todas las personas. En México, desde el 2001 se ha asumido un debate público en los espacios legislativos para lograr la aceptación de todos los géneros de identidad sexual y en específico la legislación inclusiva de los grupos LGBTTTIQ+, sin embargo, la violencia que sufren las personas de estas comunidades ha mostrado un rostro de alta desigualdad y discriminación contraria a la libertad que debieran ejercer. De acuerdo con datos del Conapred, en nuestro país existe un alto porcentaje de personas que, dado los prejuicios que existen sobre la diversidad sexual, no han podido compartir abiertamente su libertad de elección. Sin embargo, expertas y expertos en la materia han señalado que además de la violencia, en nuestro país existen otros factores estructurales que han limitado la apertura de las personas para asumir su identidad y ejercer sus derechos con absoluta plenitud, entre ellos, se encuentra la rigidez de los marcos normativos y en específico la homogeneidad de las legislaciones y sus términos. Al respecto, en el artículo 1o. de la Constitución General se establece que todas las personas gozarán de todos los derechos humanos reconocidos en su texto. Además, se determina que queda prohibida todo tipo de discriminación motivada, entre otras, por preferencias sexuales, que atenten en contra de la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto en adición a los acuerdos internacionales, las declaraciones y los instrumentos de los que México es parte. Sin embargo, actualmente la Constitución mantiene una disposición que discrimina a las personas que no se identifican con el género que socialmente se ha establecido. Se trata del artículo 34 constitucional, que establece claramente que solo aquellas personas que sean varones y mujeres podrán poseer la nacionalidad mexicana. Esto último constituye un acto de discriminación para los distintos grupos de auto adscripción de género y diversidad sexual. Por ello, esta iniciativa busca modificar esta redacción para incorporar la palabra persona como un acto de reivindicación e igualdad desde el texto constitucional. En México tenemos la obligación de seguir dialogando sobre los derechos de todas las personas, en todas las disposiciones y en todos los espacios. Que lo podemos hacer en este marco de libertades es un logro de quienes no han claudicado en la lucha y han visto sus resultados representados en esta soberanía. Tenemos que asumir que estos debates son un logro histórico en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, sin embargo, también debemos estar conscientes que esta discusión no debe concluir aquí. En el PRI estamos convencidos de la necesidad de seguir dialogando sobre las garantías y los derechos de todas las personas, sea cual sea su género y sea cual sea la identidad que eligen. Se necesita de mucha voluntad para asumir los retos que nos dejó el pasado, pero de más fortaleza para hacerlo realidad en el futuro inmediato. Una sociedad incluyente es una sociedad justa, porque no hay manera de promover el desarrollo, el crecimiento económico, la trascendencia cultural como sociedad y el progreso de nuestra patria, sin igualdad. Recordemos que no hay libertad sin igualdad y es esta la base para la equidad y el crecimiento. Esta la base y el cimiento para la democracia. No debemos vivir en un mundo que se define en función de géneros o preferencias, sino de nuestra condición humana como base para el acceso a nuestros derechos. México nos necesita a todas, a todos y a todes. Consecuentemente, no podemos hacer menos que vernos como iguales. Es cuanto, presidente.