La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, diputado presidente. El 15 de septiembre de 1935 en Núremberg, Alemania, el Parlamento criminalizaba la migración y restringía algunos derechos humanos básicos del pueblo judío, como el matrimonio. Poco tiempo después restringieron sus derechos de libertad de tránsito y todos conocemos lo que este pueblo tuvo que sufrir después. La respuesta de la humanidad a estas atrocidades fue un nunca más. Nunca más, que quedó consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que en su preámbulo establece que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. Palabras fuertes y llenas de esperanza que daban muestra del compromiso del concierto de las naciones con la lucha, por siempre desterrar y para siempre, cualquier distinción que limitase los derechos de cualquier persona, fuese cual fuese su situación ética. Sin embargo, el pasado 13 de abril, legisladores de la Cámara de Representantes del estado de Arizona aprobaron una ley de inmigración que parece desconocer los derechos básicos de los inmigrantes. Esta ley fue aprobada el 19 de abril en el Senado y al día de hoy le quedan tres días a la gobernadora Jan Brewer para decidir si veta o publica esta ley racista y xenófoba. La iniciativa SB-1070 en su exposición de motivos establece que busca disminuir la migración ilegal por la fuerza, utilizando las palabras textuales: desgastar a través de la fuerza. Tal iniciativa faculta a las distintas policías del estado a verificar la condición migratoria de las personas, únicamente con base en la sospecha razonada de que son ilegales. Incluso, les permite el arresto inmediato sin una orden de detención, igual por la sospecha de cualquier oficial de la ley de que el individuo tenga una condición migratoria irregular, o que se tengan elementos para sospechar que dicha persona ha incurrido en algún comportamiento que amerite la deportación. El artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece que: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Sin embargo, al facultar a los agentes de ley a arrestar con la simple sospecha, se les faculta para detener a su simple arbitrio a quien sólo por parecer o ser oriundo de cualquier país al sur de la frontera de la Unión Americana, incluido, por supuesto, el nuestro. La iniciativa también penaliza a quienes transporten indocumentados a cualquier lugar o por cualquier motivo, así sean sus familiares. Ante esta medida, una vez que el Congreso ha dado luz verde a dicha iniciativa. La inmigración es un tema profundamente delicado en Estados Unidos, donde unos 10.8 millones de inmigrantes ilegales viven y trabajan en la sombra. Aunque en los últimos meses el debate se ha eclipsado por una reforma de salud y la preocupación por la economía. En el estado de Arizona tan sólo habitan más de 450 mil migrantes mexicanos que carecen de documentos. Entendemos que ambos países enfrentamos una problemática común, que debe ser resuelta mediante la cooperación entre nuestras naciones, pero no podemos quedarnos callados ante la fuerte carga xenófoba y racista de esta ley. No podemos ni debemos guardar silencio, porque en el Partido Acción Nacional estamos convencidos que la dignidad inalienable de cada persona no está sujeta a consenso, los derechos humanos básicos, el respeto a las libertades individuales deben ser garantizados. La libertad no debe ser constreñida arbitrariamente por ningún Estado, porque sin el pleno reconocimiento de los derechos humanos de cada persona se pone el riesgo el sistema jurídico y democrático, ya que la protección de los derechos y el respeto a la dignidad de cada ser humano son fundamento mismo. Nunca antes, como en estos años se habían presentado cientos de iniciativas de ley, estatales y de ordenanzas municipales, criminalizando a los migrantes, negándoles servicios básicos, y elevando los castigos a quienes les den empleo, les renten lugar dónde vivir o los alberguen. Debemos alzar la voz al unísono, como la alzamos en 1994 ante la Propuesta 187 del estado de California, que busca fines parecidos y que gracias a la imparcialidad de las Cortes federales de Estados Unidos, con base en su Constitución y en su larga tradición de lucha por los derechos civiles y libertades individuales, declararon fuera de la Constitución. Debemos alzar la voz porque el Senado americano aún no rechaza la Propuesta HR-4437, la Ley para el Control de la Inmigración, el Antiterrorismo y la Protección de las Fronteras, de 2005. Debemos alzar la voz también ante la propuesta del presupuesto que envió el 2 de febrero el presidente Obama, en donde también aumenta el presupuesto para poder fortalecer la frontera y seguir con las medidas antiinmigrantes. Debemos actuar con fuerza, actuar con fuerza. Debemos fortalecer los recursos legales contra leyes similares en otros estados y contra ordenanzas municipales de similar naturaleza, aumentar en los consulados los recursos financieros, materiales y humanos para la atención y protección de nuestros migrantes. Seguir trabajando en nuestra propia reforma migratoria, justa, integral y congruente con la protección de los derechos humanos básicos. Por tal motivo, el Partido Acción Nacional, sumándose a la condena de esta iniciativa de ley, manda este mensaje de apoyo a la comunidad migrante que radica en Estados Unidos. También mandamos este mensaje con el propósito de que el gobierno de Arizona busque otras alternativas para el control de personas con problemas de documentación y erradique esta medida tan drástica y discriminatoria. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Con los derechos humanos, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no se puede negociar. No pueden prescribir. Debemos hacernos oír, debemos actuar y dar la lucha para la promoción y el respeto a toda costa de los derechos humanos fundamentales, que tienen su sustento en la dignidad de cada persona humana. Debemos hacernos oír. Gracias, presidente.