EL DIP. FERNANDO PEREZ NORIEGA: Con el permiso de la Presidencia. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional históricamente ha considerado indispensable el respeto a la división e integración legítima de los poderes y el cumplimiento eficaz de las funciones que a cada uno de ellos competen, para que de las justas relaciones entre los mismos resulte el necesario equilibrio en el ejercicio de la autoridad dentro de un régimen de derecho. Lo anterior no significa que no sepamos distinguir entre una invasión de competencias por parte de otro Poder, llámese Ejecutivo o Judicial, al Poder Legislativo y entre el uso de sus facultades que la propia Constitución les otorga. El Partido Acción Nacional desde su origen ha defendido la relación entre los poderes y el respeto al estricto apego de sus competencias que nuestra máxima ley establece, ya que precisamente es en nuestra Carta Magna donde se han establecido los principios supremos que tanto nos ha costado defender a lo largo de las generaciones, por lo que en múltiples ocasiones ha promovido controversias constitucionales que en su momento han sido resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción Nacional en este tema tiene claro que el Ejecutivo no invade nuestras funciones como legisladores, razón por la que ratificamos que el Presidente de la República, Vicente Fox, ha actuado conforme a derecho y en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. Nuestra congruencia, compañeras y compañeros diputados, se deriva de la aplicación estricta de la ley. Esta afirmación la sustentamos con los siguientes argumentos jurídicos que son los que analizamos el día de hoy, toda vez que estamos en presencia de un asunto claramente de leyes, no de otras consideraciones como serían las políticas. Es evidente que conforme al artículo 89 fracción I de la Constitución, el Presidente tiene facultades para emitir el decreto en cuestión, conforme a la amplia doctrina jurídica que hay al respecto y a las propias interpretaciones jurisprudenciales que ha esgrimido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, la facultad para emitir un decreto por parte del Ejecutivo es constitucionalmente válido. Ahora bien. Algunos señalan que el Código Fiscal de la Federación en su artículo 39 rebasa las facultades constitucionales que tiene el Ejecutivo y que por ende es inconstitucional el decreto en mención. Lo anterior no es así, ya que claramente el artículo 39 del Código Fiscal Federal en su parte conducente señala lo siguiente: Artículo 39: "El Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá...fracción 1ª: condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios". En la fracción 3ª se establece conceder subsidios o estímulos fiscales. Este artículo señala en forma adicional que las resoluciones que conforme al mismo dicte el Ejecutivo deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se conceden y los requisitos que deben cumplirse por los beneficiados, requisitos todos estos que cumplió nuestro Ejecutivo Federal. En forma adicional debemos señalar que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera que el anterior numeral en todas sus fracciones es plenamente constitucional, ya que no debemos perder de vista el contenido y alcance que en una interpretación armónica tiene el artículo 28 de la Constitución que a la letra establece lo siguiente: Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedarán prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicos, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. De conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política se infiere como regla general la prohibición de secciones, pero no de manera absoluta en virtud de que solamente prohíbe las exenciones de impuestos que no estén fijadas en las leyes o por conducto de una ley. Postulado reserva que se confirma por la íntima conexión que la parte transcrita tiene con la fracción IV del artículo 31 constitucional al establecer la obligación de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Luego entonces la interpretación sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la exención refleja que serán las leyes y no la Constitución la que determine quiénes y en qué circunstancias pudieran gozar de este beneficio. En el caso del decreto sujeto a debate habrá que determinar si esta facultad, en todo caso, deviene de una ley o bien si el Ejecutivo Federal usurpa una función formal y materialmente legislativa que debería corresponder solamente al Congreso. En ese sentido se considera que dicho decreto se funda y motiva del propio texto de una ley del Código Fiscal de la Federación; es decir, el legislador, o sea nosotros en la ley, dispusimos trasladar o delegar al Ejecutivo Federal esta facultad de exención por lo que de ninguna manera se invaden esferas de competencia legislativa ni se contradice el espíritu constitucional. No debería sorprendernos este decreto toda vez que esa facultad no sólo se ha otorgado al Ejecutivo Federal, que ha sido por cierto utilizado en varias ocasiones por el Presidente Salinas y el Presidente Zedillo, sino que también ha sido contenido y otorgado a los gobernadores de las entidades federativas y en el caso concreto el Distrito Federal al Jefe de Gobierno. Como ejemplo, debemos señalar el artículo 52 fracción I del Código Financiero del Distrito Federal que es en esencia una copia del artículo 39 del Código Fiscal que fue utilizado por el Presidente Fox para fundamentar el decreto que ahora se debate. Por cierto, compañeras y compañeros del PRD, el Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador ha hecho uso de esta facultad sin que al día de hoy ningún diputado de la Asamblea Legislativa haya considerado la necesidad de promover una controversia constitucional. Por otro lado, recientemente se presentó una iniciativa de ley para hacer cambios al citado artículo 39 del Código Fiscal de la Federación y en ese sentido corresponderá al Poder Legislativo decidir si en lo futuro esta facultad continúa como actualmente se encuentra o se modifica. Pero mientras se defina lo anterior, por el momento es evidente que la ley es clara y para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional no queda duda de que el Presidente Vicente Fox actuó de acuerdo a sus facultades constitucionales y legales y en un estricto respeto al Poder Legislativo. Por todo lo expuesto Acción Nacional no está de acuerdo en formular una controversia constitucional que no tiene fundamento jurídico alguno que respalde la supuesta invasión de facultades. Compañeras y compañeros, para fortalecer a esta Cámara, debemos actuar con seriedad, les pido que seamos serios, no expongamos más a nuestro estado de derecho. (aplausos) -