La diputada Aleida Alavez Ruiz: Los que suscribimos la presente iniciativa, diputados integrantes de grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Honorable Pleno, la presente iniciativa que reforma el párrafo segundo y adiciona dos numerales al artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad con los siguientes antecedentes: Primero. El 7 de noviembre de 1977 se aprobó la reforma del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual adicionó un último párrafo que señala: El derecho a la información será garantizado por el Estado. Cabe señalar que además, de esta modificación al artículo 6o. también se propusieron modificaciones a otros dieciséis artículos constitucionales, los cuales inferían la reforma política y al régimen electoral del gobierno de José López Portillo, que tendía a promover el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos y como complemento, a la libertad de expresión. Segundo. La palabra garantía, proviene del francés "garant", entre sus acepciones se encuentra: efecto de afianzar lo estipulado y según el diccionario de la Real Academia Española, cosa que asegura o protege contra algún riesgo o necesidad. En efecto, puede decirse que las garantías individuales son derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República, que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna; esto es, la acción constitucional de amparo. Tercero. El 16 de agosto de 1990, entró en vigor el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual abrogo el anterior Código Federal Electoral de 1987, comprendida en el nuevo cuerpo jurídico, la disposición referente a la destrucción del material electoral, una vez concluido el proceso electoral. Cuarto. El 11 de junio de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuya finalidad consiste en proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. La existencia de un régimen democrático garantiza la traducción de los derechos humanos, en derechos fundamentales. Al hablar de derecho a la información, es hablar necesariamente de un régimen democrático que aporta garantías suficientes para la realización del Estado de derecho. La existencia de un verdadero derecho a la información, enriquece el conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejor participación democrática, para un ordenamiento de la conducta individual y colectiva del país. El acceso a la información no puede concebirse como el ejercicio de una libertad aislada ni como el medio al servicio de una ideología, sino como un medio de desarrollo político y social, como una fuerza aseguradora de la interrelación de las leyes, de cambio social y el cambio de las leyes que exige nuestra sociedad. En mérito de lo expuesto y por disposición constitucional, el quehacer público y la información que obra en manos de los gobernantes, estarán de manera permanente bajo el escrutinio ciudadano, teniendo como única limitación la integridad y seguridad de la nación o de las personas. El acceso a la información tiene como objetivos: Promover lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados, la que éstos tengan bajo su resguardo con motivo de su actividad. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de sus gobernantes. Mejorar la organización, clasificación, modernización y manejo de las fuentes de información y, Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho. Las instituciones políticas como el Congreso de la Unión y el Instituto Federal Electoral, cuya carga fiscal es enorme para la población, tienen la obligación fundamental de corresponder al encargo ciudadano de defender y garantizar los derechos de todos. El Instituto Federal Electoral, autoridad administrativa en la materia, garante del resguardo y de la inviolabilidad de los expedientes de la jornada electoral, tiene la obligación de dotar de certeza, antes, durante y después del proceso electoral, mediante la publicación de éstos a los ciudadanos; ya sea para tareas de investigación simplemente o para conocer la verdad histórica de un acontecimiento de trascendencia como lo son las elecciones constituciones federales. Es indispensable que el Instituto Federal Electoral cuente con un acervo histórico, para lo cual cuenta con la estructura necesaria como lo dispone la fracción III, segundo párrafo del artículo 41 del texto Supremo y que mediante el uso de los medios tecnológicos procese la información para facilitar el acceso a la documentación y/o fuentes de información a las que dispone el Instituto. Las recientes peticiones de información y acceso a la información y acceso a los expedientes electorales que resguarda el Instituto como resultado del proceso electoral pasado, no son un asunto menor, la necesidad de los ciudadanos, de académicos o periodistas, de conocer de manera directa la información de un acontecimiento, no es otra cosa sino la necesidad de un país por conocer la verdad histórica. Acontecimientos como la cantidad de muertos y desaparecidos en el Movimiento Estudiantil de 68, las desapariciones forzadas por la guerra sucia en los setentas, el fraude electoral de 1988, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal o el Fobaproa. La autoridad evade de manera reiterada su obligación de informar, impidiendo el conocimiento de una parte del nuestra historia elementar para el desarrollo democrático. Para ilustrar parte de la motivación de la presente iniciativa, se cita la elección presidencial de Estados Unidos del año 2004, la cual fue tan cerrada y complicada como nuestro reciente proceso electoral. En aquella ocasión las votaciones más cerradas se presentaron en los estados de Ohio y Florida y pese a la resolución del Senado norteamericano sobre el proceso, la ciudadanía exigió el acceso a las boletas electorales para ejercer su derecho humano fundamental de ser informado. Gracias a la participación de la ciudadanía, la autoridad reconoció la obligación de transparentar sus acciones permitiendo en el primer caso, mantener los expedientes electorales en existencia y abiertos al público y en el segundo, se retrasó dos años la destrucción de dicho material electoral con la finalidad de practicar estudios e investigaciones sobre dichas elecciones. En síntesis, consideramos de gran valía que el marco normativo electoral en materia de conservación de los expedientes electorales guarde congruencia con el marco vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que es uno de los grandes avances democráticos que ha conquistado el pueblo mexicano, materializando el mandato constitucional como un derecho humano inalienable. La presente iniciativa es tan sólo el inicio de una reforma más profunda, de trascendencia, la del Estado, la cual garantice para el pueblo de México justicia, equidad y desarrollo social, pues existe la necesidad y la obligación de reconstruir las instituciones de la patria, evidenciando su servilismo y corrupción en el ilegítimo proceso electoral. Por lo anteriormente expuesto, proponemos lo siguiente. Único. Se reforma el párrafo segundo y se adicionan dos numerales al artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual y por práctica parlamentaria solicitamos se transcriba íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto diputada Presidenta.