EL SECRETARIO DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN: Comunicaciones de diputados. De la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del PRD, con la que presenta proposición con punto dé acuerdo en relación al proceso de aprobación de la reforma fiscal. PUNTO DE ACUERDO CON RELACION AL ANALISIS Y APROBACION DE LA REFORMA FISCAL Y FINANCIERA San Lázaro, D.F. 28 de abril de 2001 El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envió a este Congreso la llamada Nueva Hacienda Pública Distributiva, que en términos llanos es su propuesta de reforma fiscal. Desde el día 5 de abril, cuando el paquete de iniciativas llegó a esta Cámara de Diputados, el Gobierno Federal ha presionado por varias vías y a través de distintos personajes incluso algunos que tienen poco que ver con la materia que ahora nos ocupa, para que sean aprobadas en el actual periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, existen dos hechos que impiden que la pretensión del Ejecutivo se lleve a cabo. La primera es de índole formal y operativa. Para poder realizar un análisis preciso y puntual de la iniciativas, a través de las comisiones respectivas, que derive en cambios cualitativos y consensados de la propuesta oficial, se requiere más tiempo del que disponemos de aquí al 27 de abril. Lo cierto es que hoy no existe consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. La segunda, y tal vez más importe, es de carácter legal. Aprobar reformas con relación a los ingresos públicos, en el actual periodo de sesiones, resulta violatorio a los artículos 73 fracción VII y 74 constitucionales, dada la temporalidad con que deben aprobarse los ingresos y los egresos públicos. Por otra parte, existe una restricción específica para que la Cámara de Diputados determine las contribuciones para cubrir el presupuesto (artículo74 constitucional), lo que quiere decir que no se pueden imponer contribuciones en abstracto, sin presupuestación del gasto. Por ello tampoco podemos estar de acuerdo con la propuesta de reformas al artículo 75 constitucional, que le otorgaría un poder de veto al Presidente de la República que hoy no tiene y que le daría facultades discrecionales para asignar el presupuesto de egresos. De aprobarse las iniciativas del Gobierno, con las condiciones que se presentan al Legislativo, se obtendrían, según cálculos de la Secretaría de Hacienda, 130 mil millones de pesos adicionales, gracias sobre todo al gravámen que se impondría al consumo de alimentos y medicinas. Este monto, equivalente al 2% del PIB, no podría ser auditable por la Cámara de Diputados en la revisión anual de la Cuenta Pública. En otras palabras el Ejecutivo podría asignar esos recursos de manera discrecional y, con toda certeza, los emplearía para cubrir el costo financiero de la deuda, en contraste con el discurso oficial de que se canalizarían a renglones sociales prioritarios. Retomando la analogía que hace la Presidencia de la República en el sentido de que el país es como un hogar, vemos que antes de completar el gasto para el mandado (gasto social), que se requiere diario para sobrevivir, se privilegia el pago del alquiler de la casa (costo de la deuda). ~i se aprobara, además de ser inconstitucional, y en consecuencia susceptible de ser recurrible vía amparo, los ingresos extraordinarios no podrían ser fiscalizados, contradiciendo así la promesa del Gobierno de transparentar el ejercicio de los recursos públicos. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados pertenecientes a diversos grupos parlamentarios, sometemos a este órgano colegiado el siguiente Punto de acuerdo Uno. La H. Cámara de Diputados, con apego a sus facultades constitucionales, analizará y debatirá las diferentes propuestas presentadas al seno del pleno y de las comisiones correspondientes, y en su caso aprobará las reformas y nuevas leyes relacionadas con la reforma fiscal, de manera conjunta con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre y termina el 31 de diciembre de 2001. Dos. Que la Cámara de Diputados, emita la convocatoria para la IV Convención Nacional Fiscal de manera inmediata para que se celebre en el periodo comprendido entre los meses de mayo y agosto del año en curso, y en ella analizar los puntos de vista y propuestas del Ejecutivo Federal y los gobierno locales de la República. Uno. La H. Cámara de Diputados, con apego a sus facultades constitucionales, analizará y debatirá las diferentes propuestas presentadas al seno del pleno y de las comisiones correspondientes, y en su caso aprobará las reformas y nuevas leyes relacionadas con la reforma fiscal, de manera conjunta con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre y termina el 31 de diciembre de 2001. Dos. Que la Cámara de Diputados, emita la convocatoria para la IV Convención Nacional Fiscal de manera inmediata para que se celebre en el periodo comprendido entre los meses de mayo y agosto del año en curso, y en ella analizar los puntos de vista y propuestas del Ejecutivo Federal y los gobierno locales de la República.