El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de ustedes y con la venia del señor presidente. Primero que nada quiero decir que me parece importante que sobre este dictamen hubiera opinado la Comisión Especial de Minería de esta Cámara de Diputados. Como lo solicitamos verbalmente, en la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en que se discutió y votó esto. Estimo que hubiéramos podido aportar elementos para enriquecerlo, esto no será menoscabo para que dejemos de votar a favor de este dictamen, que recupera disposiciones atinadas que fueron suprimidas ilegalmente del dictamen de la reciente reforma laboral, aprobado por esta Cámara de Diputados, práctica inaceptable que burla la voluntad de esta soberanía y que no debe permitirse nunca más. La política central de todos los involucrados en materia de riesgos de trabajo debe ser su prevención, siendo elemento esencial a este respecto el crear el marco jurídico que facilite e impulse la misma. No se puede imponer como obligación a un ser humano el arriesgar su vida y salud a grados intolerables en el marco del contrato de trabajo, y esta situación se está ahondando cada vez más en la medida que en algunas empresas, con la complicidad también de algunos servidores públicos, ven a la seguridad e higiene como un mero gasto que al omitirse incrementa su tasa de ganancia, y a las inspecciones como una molestia que arremete a su privacidad e intereses, provocándose que no se respeten o incluso se desconozcan por disposiciones inferiores, como las normas oficiales mexicanas, las disposiciones de las Constitución federal, Ley Federal de Trabajo y convenios de la Organización Mundial del Trabajo, ya ratificados por nuestro país, mismas que configuran a un Estado activo que impulsa la creación de un marco jurídico tutelar que garantice la seguridad de los trabajadores, a los que se involucra en vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad e higiene que inspecciona en calidad y cantidad suficientes, y en su caso sanciona a las empresas infractoras. No se debe dejar a los trabajadores a su suerte en cada centro de trabajo, sujetos a la buena voluntad de los empresarios. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestro país se comprometió a velar por los derechos sociales y económicos del pueblo de México, comenzando por hacer realidad un empleo digno y con tutela a la vida y salud para sus integrantes, lo cual fue confirmado por nuestro país mediante la certificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Pacto de San José, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En éste último se hace énfasis en la tutela de la seguridad e higiene en el trabajo. Lo anterior con mayor razón en el campo de la minería, que tiene el más alto grado de peligrosidad. Baste recordar las continuas tragedias que han tenido lugar en la misma sólo a partir de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos. Aunque este dictamen representa un avance y nuestro Grupo Parlamentario insisto va a votar a favor del mismo, se debe seguir pugnando porque las medidas a favor de la seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo, contenidas en este capitulo 13o Bis, sea en beneficio de todos los mineros, no sólo los dedicados a la extracción de carbón. Por otra parte, si bien es correcto que se prohíban los trabajos en los denominados pocitos, una mera disposición legal no puede evitar que las personas por necesidad continúen con esta peligrosa forma de explotación minera. Mejor que perseguir, será que se busquen los mecanismos para apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana explotación, de manera que cumplan con las normas para la tutela de la vida y salud de los trabajadores. La ubicación de cada minero en todo momento es vital para su rescate a tiempo en caso de desastre. Igualmente, es indispensable el que se cuente con sistemas adecuados de ventilación y fortificación, con dos vías de salida, comunicadas entre sí en todas las explotaciones subterráneas, de ahí que deben apoyarse ambas modificaciones. Atinadamente en este dictamen se rescata la responsabilidad solidaria entre los titulares de las concesiones y los patrones, los que directamente operan éstas, lo que impulsará que los titulares adopten un papel activo en la prevención de los riesgos de trabajo y que los derechos de los trabajadores cuenten con este respaldo consistente en esta responsabilidad solidaria. Dado este paso importante, se debe continuar mejorando no sólo en las condiciones de seguridad e higiene de los mineros, sino sus condiciones de trabajo, el respeto y respaldo de las comunidades y dar un profundo apoyo a la explotación pequeña, mediana y social. Es cuanto, compañero presidente.