El diputado Juan Manuel Parás González: Con su permiso y agradecido, diputada Ruth Zavaleta. Para las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, la situación que guarda la empresa Cementos Mexicanos con motivo de la política implementada por el gobierno de Venezuela resulta de la mayor preocupación ya que se podrían contravenir principios del derecho internacional y la libertad para las inversiones, alterando en forma sustantiva la vida económica, política y social de las naciones. Las garantías de seguridad jurídica, de certidumbre y de paz social deben prevalecer en toda América Latina ya que desde sus inicios como Estados libres y soberanos, hemos compartido los principios democráticos de respeto absoluto a nuestros asuntos internos como naciones que compartimos un mismo origen y que en el siglo XXI estamos obligados a la convivencia, al apoyo y a la cooperación recíproca para elevar el nivel de vida de nuestros pueblos. Los gobiernos, al instrumentar las políticas públicas, están obligados a velar por los intereses legítimos de los ciudadanos en general, no sólo del ámbito empresarial, político, cultural o de cooperación en otras asignaturas particularmente delicadas. Para los mexicanos en general, Cementos Mexicanos es una gran empresa motivo de orgullo y esfuerzo notable. Fundada en 1906, opera en más de 50 países con una capacidad de producción cercana a los 100 millones de toneladas de cemento al año, líder en su ramo. Es una empresa que se ha distinguido por sus procesos de innovación, constituyendo un pilar del desarrollo del México contemporáneo. Cementos Mexicanos, con la compra de la cementera Vencemos, se instala en Venezuela en 1994. En sus tres plantas productoras de cemento, con 33 de concreto, 13 de distribución terrestre y cuatro terminales marítimas para la exportación, alcanza el 60 por ciento de la producción nacional de este importante insumo para la construcción, no sólo beneficiando con la creación de empleos sino con la introducción de tecnología de punta en ese sector. En esta Cámara de Diputados estamos a favor de que se defiendan los intereses de los mexicanos en cualquier lugar del mundo, que se respeten sus derechos, ya sea como emigrantes, turistas o empresarios, porque todos son compatriotas. Vivimos momentos en los que la globalización ha diluido fronteras y en ocasiones identidades, pero está claro que el papel del Estado es proteger la libertad, la vida y la propiedad de todos sus ciudadanos. Los acuerdos mutuamente aceptados por la empresa cementera y el gobierno de Venezuela podrían avanzar mediante el diálogo respetuoso y atendiendo a los principios de la legislación internacional en la materia, por lo que el gobierno mexicano debe coadyuvar para la mejor solución de este asunto para beneficio de nuestros países y salvaguardar los derechos de los trabajadores de la empresa establecida en aquel país. Diputadas y diputados. Al aprobar este punto de acuerdo que nos ha presentado la Junta de Coordinación Política estaremos emitiendo un voto por la certidumbre y el respeto de los derechos de todos los mexicanos, más allá de nuestras fronteras, velando por su buen trato y dignidad que, como miembros de la comunidad internacional estamos obligados a respetar y a ser respetados. Muchas gracias por su atención y es cuanto, señor Presidente.