El diputado Amarante Gonzalo Gómez Alarcón: Con el permiso de ustedes, diputadas y diputados, al pueblo de México. Durante años las telecomunicaciones y la radiodifusión en México han estado marcadas por la desigualdad, la concentración de poder y la exclusión de millones de personas, especialmente en nuestras comunidades rurales e indígenas. Cerrar la brecha digital que divide nuestro país entre quienes pueden acceder a las oportunidades de la era y quienes aún esperan una señal que nunca llega es un propósito común y urgente. No podemos seguir permitiendo que el acceso a Internet de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones sea un privilegio de unos cuantos, debe ser un derecho fundamental garantizado por el Estado para todas y todos sin importar dónde vivan o cuánto tengan. Por ello, hoy presentamos una reforma profunda, justa y necesaria. Una nueva ley que establece las bases de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y que regula con claridad el uso del espectro radioeléctrico, las redes públicas, la infraestructura tecnológica, los recursos orbitales y la comunicación satelital. Se trata de un cambio estructural que no solo moderniza nuestro marco legal, sino que pone en el centro a las personas y sus derechos. Entre sus medidas más destacadas se encuentra la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano con independencia técnica y operativa que sustituirá viejas prácticas burocráticas y priorizará el beneficio social por encima del Internet comercial. Esta comisión simplificará trámites, promoverá la digitalización y administrará el espectro con principios de equidad, eficiencia y justicia. Además, garantizará que los operadores comunitarios, sociales e indígenas puedan acceder a las redes a precios justos y conectarse a la infraestructura de los grandes operadores sin discriminación, porque el Internet no debe dividirnos debe de unirnos. Esta nueva legislación reconoce derechos específicos para las personas con discapacidad, incorpora los principios de accesibilidad y diseño universal y permite el acceso diferenciado y con beneficios fiscales para concesionarios de uso público, comunitario y social, para lograrlo también se establece que si el Estado desea prestar servicios de telecomunicaciones directamente deberá hacerlo en igualdad de condiciones que cualquier particular, participando en licitaciones y pagando las contraprestaciones correspondientes. Este principio fortalece la competencia y asegura la transparencia. Y aún más, las concesiones públicas podrán pagar en anualidades y se ofrecerán descuentos a quienes expandan la cobertura en regiones donde nadie más llega. Esta ley también es un compromiso con la pluralidad, la diversidad y la inclusión. Fortalece el papel de los medios comunitarios e indígenas, protege los derechos de las audiencias y garantiza la convergencia tecnológica como un camino hacia la democratización de la información. Sabemos que la falta de competencia real ha sido otro obstáculo que impide el acceso equitativo. Por eso, proponemos que las facultades de competencia económica se transfieran a una nueva Comisión Nacional Antimonopolio para asegurar un campo de juego justo y evitar concentraciones perjudiciales. Lo decimos fuerte y claro: la conectividad ya no es solo una herramienta técnica, es una política de Estado. Una que debemos consolidar para garantizar que cada niña y niño, en una comunidad rural tenga acceso a una audiencia de calidad, que cada productor pueda acceder a mercados globales, que cada familia en situación de pobreza pueda acceder a servicios públicos, salud e información en igualdad de condiciones. La brecha digital es una brecha de derechos y hoy decidimos cerrarla.