La diputada María de Lourdes Flores Treviño: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros. En agosto pasado, Andrés Oppenheimer publicó un artículo en el que vertió información y reflexiones a propósito del lanzamiento de la campaña Exige igualdad, por parte de la ONU, emprendida con el fin de favorecer los derechos de las mujeres en Latinoamérica. Decía el periodista que esto llamó su atención siendo que la región Latinoamericana suele citarse como un modelo mundial del progreso en igualdad de género. A este respecto recibió el comentario de Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, de las Naciones Unidas, quien le explicó que en su opinión una de las razones de esa campaña es que en varios países hay un retroceso en los derechos económicos de las mujeres. No me detengo en las estadísticas que se han expuesto ampliamente y que revelan la magnitud de las brechas de desigualdad en el acceso a oportunidades y revelan también la exclusión laboral de las mujeres. Hago énfasis en destacar la importancia que tienen las acciones para la promoción de los derechos económicos de ese grupo como eje principal de una agenda de desarrollo asistencial. Asimismo resalto la importancia de avanzar en la concreción de acciones afirmativas que amplíen el contenido concreto del imperativo a cargo del Ejecutivo mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y en el caso particular la responsabilidad del gobierno de promover la igualdad de oportunidades mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios. La Agenda para el Desarrollo de las Mujeres durante muchos años se ha nutrido de una amplia variedad de causas, todas ellas válidas y dignas de atención. Sin embargo es preciso reconocer que se ha logrado una incidencia muy notoria en la transformación de los cimientos del complejo sistema de desigualdad y exclusión persistente. Violencia, salud, educación, y no discriminación, son quizás los tópicos más notorios y explorados de esta agenda. Nos parece necesario girar el eje de atención considerando que un factor principal para acabar con la desigualdad, radica en cambiar las bases económicas que sostienen diversos trabajos. No habrá refugio que alcance para brindar protección a las mujeres que sufren violencia, suplementos alimenticios suficientes para promover la nutrición o escuelas a las que puedan asistir todas las niñas de edad escolar. Si las mujeres no cuentan con una fuente de ingreso propia que les permita asumir con algo más que su valentía la decisión de detener una situación de violencia. En el grupo parlamentario del PRI apoyamos la propuesta que se presenta con este dictamen. Nos parece adecuado establecer certificados de igualdad con requisitos específicos que deberán cumplir con las empresas para fomentar efectivamente la igualdad y la inclusión laboral como un incentivo encaminado a favorecer que las empresas promuevan la inclusión al recibir el beneficio de puntos que contarán a su favor en los procesos de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios del sector público. Es un signo alentador que en México con discusiones como ésta estemos actualizando las estadísticas, refrescando el discurso y principalmente actuando para alcanzar objetivos concretos que ataquen el fundamento de la desigualdad a través de la transformación de la estructura económica y con ello evitar efectivamente retrocesos en los derechos de las mujeres, que ya se advierten en diversas partes del mundo. Muchas gracias.