EL DIP. CUAUHTEMOC COCHOA FERNÁNDEZ: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: Los firmantes, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establece el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este Honorable Pleno, la presente iniciativa de decreto que reforma el texto del artículo 218 de la Ley del Seguro Social al tenor de l siguiente: La seguridad social en México y en América Latina, enfrenta problemas estructurales y coyunturales de gran trascendencia. En el ámbito estructural, como consecuencia de alcanzar el objetivo de lograr finanzas públicas sanas como condición de estabilidad y fundamento macroeconómico, la seguridad social modificó sustantivamente sus objetivos, trastocando el esquema histórico de solidaridad social del Estado, obligando al redimensionamiento del gasto público reduciéndolo de manera importante y detonando con esto un proceso acelerado de privatización de las pensiones y sustentando paulatinamente todo el esquema en un modelo de ahorro y capitalización individual. En la coyuntura la seguridad social enfrenta a su interior severas restricciones financieras, limitada cobertura, poca eficiencia y eficacia en sus objetivos y logros, baja calidad, poca penetración y lo más preocupante, no sólo en la coyuntura, sino en el mediano y largo plazo. La modificación de la pirámide demográfica, que por sí sola presiona hacia mayores y mejores servicios y atención de primer, segundo y tercer nivel, pero lo más grave en este contexto es que la actividad económica y productiva sigue deprimida. El mercado interno no presenta absorción importante de empleo; esta situación, que se verifica en la baja generación neta de empleo, datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reflejan que la tasa de desempleo abierta llegó a 4.5%, en consecuencia, la creación de empleos sufre un rezago gigantesco, sobre todo si tomamos en cuenta que la demanda nacional anual de empleo se estima en un millón 300 mil nuevas plazas. Los procesos de reforma iniciados durante la década de los 90, por un número importante de país, han estado motivados por la búsqueda de soluciones a estos problemas y por la necesidad de enfrentar los aumentos de la demanda esperada, asociados a la transición demográfica y epidemiológica de la población, a la falta de planeación y creciente pérdida del empleo. Los avances son insuficientes, los niveles de cobertura siguen siendo bajos y las mejoras en la gestión y asignación se han topado con importantes limitaciones. La experiencia muestra que no hay un modelo universal y los países han adoptado diferentes combinaciones de participación pública y privada en la implementación de sus reformas. Se observan importantes variaciones en los mecanismos utilizados para estructurar el componente solidario y en la manera que adaptarse a las particulares, que presentan sus mercados de salud y de pensiones. En este sentido, persisten importantes desafíos, tanto para las autoridades de los países que han reformado sus sistemas, como para aquellos que están considerando hacerlo en el futuro. Los problemas actuales, derivado a las reformas estructurales y del redimensionamiento del Estado, han incrementado la pobreza, profundizando el desempleo en la población adulta y joven, con la consecuente precarización del ingreso, impactando no sólo a la clase media, sino al conjunto de la población, con consecuencias graves en la clase trabajadora. El signo actual es la falta de movilidad social de oportunidades y pérdida de cobertura de la seguridad social. El fracaso en el logro de elevar los niveles de bienestar han acarreado que el entorno familiar y social se haya deteriorado; necesitamos promover la ampliación de la cobertura. En este contexto y a 54 años de creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, este importante instituto de seguridad social enfrenta severa crisis financiera, al grado de arrastrar desde 1993 un déficit de cinco mil millones de pesos para cubrir los pagos de las pensiones. Los motivos que dieron origen a la nueva Ley del Seguro Social, cuyas reformas fueron decretadas en noviembre de 1996 y puestas en vigor a partir de julio de 1997, se fundamentan en la urgente necesidad de resolver la crítica situación financiera, tal estrangulamiento financiero es atribuido a los insuficientes aumentos de las cuotas frente al incremento de las prestaciones, a las transferencias de recursos de pensiones, para apoyar la asistencia de enfermedades y maternidad, así como a los cambios en los esquemas de aseguramiento. A pesar de los esfuerzos del legislador de sanear la economía del Instituto a través de un nuevo ordenamiento legal, en la actualidad los problemas siguen presentes. Dentro de esta coyuntura, el Poder Legislativo no puede quedar a la saga de tan importantes acontecimientos y se propone en primer término, ante este Pleno, que se contemple dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio del Año 2004, un incremento al presupuesto en el rubro de Seguridad Social a efecto de que los trabajadores puedan seguir gozando de la totalidad de los beneficios de la seguridad social que les otorga la Ley del Seguro Social. En segundo término, se propone una reforma emergente a la Ley del Seguro Social que, si bien no resulta integral ni resuelve a fondo la problemática de seguridad social que vive el país, admiculada con el incremento al rubro de la seguridad, indicando en el párrafo que antecede, se propone una medida urgente y mediata a favor de los trabajadores asegurados, cuando se queden desempleados, la posibilidad de seguir disfrutando de todos los beneficios de la seguridad social y no recibir éstos limitativamente. En este mismo contexto, el ordenamiento legal en este estudio, carece de mecanismos que protejan al trabajador que queda desempleado y únicamente se limitan a recibir a los trabajadores continuaran disfrutando los beneficios que le otorga esta ley, si cubren la totalidad de las cuotas que le corresponden. Por tal razón, la iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía, propone reformar lo siguiente: El texto del Artículo 218 de la Ley del Seguro Social a efecto de prorrogar al trabajador que se encuentra desempleado y a sus derechohabientes, los beneficios de seguridad social en su totalidad, que se les otorga la presente ley. Si siguen cotizando ante el Instituto únicamente el 50% de las aportaciones que le corresponden de conformidad por la ley. Sin más por el momento muchas gracias. -