El diputado José Ángel Córdova Villalobos: Con su venia, señora Presidenta; compañeros diputados y, especialmente, compañeras diputadas: mi admiración, respeto y reconocimiento a la extraordinaria labor de la mujer mexicana en la construcción de nuestro país. Mil felicidades en su día. La transición epidemiológica en nuestro país ha sufrido grandes cambios durante las últimas décadas, dando como resultado que la esperanza de vida al nacer se incremente notablemente. Hace 50 años, la esperanza de vida para los hombres era de 51 años y para las mujeres de 53 años. Actualmente, esa edad es precisamente la económicamente más activa y productiva y la esperanza de vida es de 73 años para los hombres y de 77 años para las mujeres. El análisis de la relación directa entre salud y el crecimiento de nuestro país, utilizando indicadores como esperanza de vida, mortalidad infantil y mortalidad materna, ha demostrado que la salud es un factor causal responsable en un tercio del crecimiento económico de México a largo plazo. Lo anterior, aparejado a la evidencia de que un incremento de 10 por ciento en el gasto público en salud provocaría una disminución de 7 por ciento de la mortalidad materna. Lo anterior denota claramente la trascendencia de los montos de los recursos públicos que en nuestro país, como porcentaje del Producto Interno Bruto, aproximadamente un 2.8 por ciento, se destinan para salud y la necesidad de que a través de programas exitosos se soporte la obviedad de que el presupuesto nacional en salud sea incrementado. Por otro lado, y en la búsqueda del equilibrio en el desarrollo de los países que forman parte del contexto mundial y tratando de disminuir las grandes diferencias entre países ricos y pobres, en la ONU en el año 2000 se establecieron los objetivos de desarrollo del milenio, aprobados por 189 países, que comprometen a países pobres y ricos a luchar contra el hambre, la pobreza, la desigualdad de género, la falta de acceso a la educación, atención médica, sanidad, agua potable, deterioro del medio ambiente, entre otros, y establecen estándares y metas por alcanzar para el año 2015. Uno de los objetivos establecidos por lo que se refiere a mortalidad materna puede reducir ésta en 75 por ciento entre 1990 y 2015 y su avance hasta ahora ha sido de 32.73 por ciento. Para lograr un avance mayor en esto se requieren, entre otros, que los partos sean atendidos por personal especializado en un 100 por ciento, como sucede en buena parte de los países del mundo, incluyendo algunos latinoamericanos. La toxenia del embarazo y la hemorragia durante el parto siguen siendo las causas de un gran número de muertes maternas. Esto explica lo explicado por falta de acceso a los servicios de salud en muchos casos, dentro de cuyas causas se encuentra la no derechohabiencia a los servicios públicos de salud. Las diferencias en la cobertura del parto en las entidades federativas de México son importantes, pues existen entidades con coberturas hasta en 90 por ciento, cuyas tasas de mortalidad materna se asemejan a las de los países desarrollados; y otras, tristemente, con coberturas menores de 60 por ciento, cuyas tasas se asemejan a los países más pobres y menos desarrollados del mundo. Esto se refleja en el hecho de que el porcentaje de partos atendidos en los 386 municipios de muy alta marginación es ligeramente superior a 36 por ciento y en algunas comunidades indígenas este porcentaje de atención de parto en unidades médicas es incluso inferior a 10 por ciento. Aun cuando las estadísticas nacionales muestran una disminución de las tasas de mortalidad materna entre 1990 y 2004 por 100 mil nacidos vivos, éstas se encuentran aún en cifras superiores a 60, lo cual dista mucho de las 6 a 8 defunciones maternas por las mismas causas en los países desarrollados. Esto es aún más dramático cuando observamos que en algunos estados de nuestro país la tasa es superior a 150, particularmente en las zonas de alta marginación. Sin duda, algunos programas exitosos en favor de las poblaciones más necesitadas, como es Oportunidades, han tenido un impacto produciendo una reducción en un 11 por ciento de la mortalidad materna. Y otros programas, como el Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, que tiene inscritas a más de 1 millón 700 mil familias, es decir, más de 6 millones de mexicanos, de los cuales 94.2 por ciento se encuentra en los dos deciles de menor ingreso, también han impactado para reducir esta mortalidad materna. Son muchas las acciones aún por tomar para facilitar el acceso a los servicios de salud a las mujeres embarazadas y garantizar un seguimiento del embarazo y una atención profesional desde el parto y buscar reducir el número de muertes maternas de una manera más acelerada y alcanzar los objetivos del milenio. Actualmente, en México existen 24 millones 726 mil 105 mujeres no derechohabientes de la seguridad social; y de ellas, 11 millones 680 mil 243 se encuentran en edad fértil y se registran un poco más de 1 millón 400 mil nacimientos por año. El 43 por ciento de los hogares a que corresponden estas conciudadanas tiene un ingreso dentro de los tres deciles más bajos de nuestro país y su costo de atención gratuita en todos los hospitales de la Secretaría de Salud de México, desde el inicio del embarazo hasta el tercer mes posparto, sólo representaría para la Secretaría de Salud dejar de recibir, como cuotas de recuperación, una cantidad aproximada de 400 millones de pesos, si tenemos en cuenta que la cifra calculada para 2003 fue de 367,950 mil pesos. Consideramos, pues, que siendo éste uno de los programas primordiales incluido en los objetivos del milenio y ante la imposibilidad, por lo aún deficiente de la inversión pública en salud de brindar este beneficio de manera gratuita a toda la población, se debe al menos aplicar lo más pronto posible en los grupos más necesitados, mientras se logra que el sistema de protección social en salud tenga la cobertura total en 2010 como está previsto en la ley. Evidentemente, esta reforma requerirá la proyección presupuestal complementaria por parte de la Secretaría de Salud para el año 2006, de manera que ningún factor impida dotar de este beneficio a las mexicanas más desprotegidas. Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley General de Salud: Se examinará del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todas las mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestión hasta el tercer mes posparto, que se encuentren en los primeros deciles de ingreso. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable haber llevado control prenatal y/o haber acudido a consulta médica en la institución de salud por lo menos una vez previa al parto. Transitorios Artículo Primero. El Ejecutivo federal incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2006 los recursos indispensables para su implementación. Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2006. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias.