El diputado Carlo Antonio Altamirano: Con su permiso, señora presidenta. Diputadas y diputados, posiciono a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del dictamen que reforma la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y los municipios. Estamos de acuerdo con la finalidad de esta reforma, que es ayudar a enfrentar las necesidades que se originaron o se agravaron por la situación que vivimos en todo el país, por la emergencia sanitaria y económica. Quiero señalar de manera contundente que se mantienen intactas las regulaciones que se establecieron desde 2015 en la Constitución. Permanece la obligación de un registro público de endeudamiento y la operación del sistema de alertas en el cual, por cierto, la mayor parte de las entidades hoy tienen un indicador verde o amarillo y solamente dos están en rojo. Se mantiene la obligación legal, que evita que las participaciones que reciben las entidades se comprometan libremente como garantías. Se mantiene como condición que el apoyo de la federación a los gobiernos locales sea antecedido por una estrategia de ajuste. La garantía federal solo puede otorgar bajo ese control y mediante la suscripción de convenios que evalúan las condiciones de cada entidad. Se mantiene el proceso competitivo para el financiamiento a contratar, que sea el que tenga mejores condiciones de mercado y no se tocaron ningunas de las facultades de las legislaturas locales, de forma que para su aprobación se requiere su autorización por una votación de dos terceras partes. Se mantiene el mandato para que el endeudamiento de las entidades y municipios únicamente se destine a inversión pública productiva, para evitar usos discrecionales. No hay lugar a duda, las medidas sustantivas de control y registro del financiamiento se mantienen en los términos mandatados por nuestra Constitución. Pero la realidad es que la pandemia y sus impactos representan una circunstancia nunca antes vista. En esta coyuntura, los legisladores debemos tener sensibilidad para encarar los retos de la crisis y la prudencia de realizar ajustes de manera específica. Lo que propone este dictamen es atender hechos emergentes. Por ejemplo, hoy no está previsto atender los casos de salud y sus impactos económicos, con medidas similares a las que se aplican en emergencias de seguridad pública o protección civil. En la Comisión de Hacienda, los diputados de Morena, Partido Verde, Encuentro Social, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD coincidimos en impulsar el dictamen, porque representa avances en los siguientes temas. Hoy la ley señala que los servicios personales no podrán aumentarse, lo que impide contratar personal adicional. Es necesario reformar el texto para poder atender la emergencia sanitaria, con la condición de que sea reconocida por la autoridad competente. Los recursos reservados para desastres naturales también con esta reforma pueden usarse para acciones en materia de salud pública. Se incorpora un capítulo específico de previsión extraordinaria, para que los gobiernos locales puedan renegociar sus endeudamientos de corto plazo si se presenta una caída del PIB superior al 5 por ciento. Diferimiento temporal de adeudos de corto y largo plazo. Se propone que las entidades federativas y municipios, puedan diferir los pagos de la deuda de corto y largo plazo por un periodo de hasta 12 meses. En el caso de las transferencias federales etiquetadas, las correspondientes al 2019 podrán devengarse y pagarse en diciembre del 2020. Mientras que las de 2020 podrán devengarse y pagarse en octubre de 2021. Se incorpora la posibilidad de que las legislaturas de los estados puedan decidir si optan o no por balances negativos por emergencia sanitaria. En el caso de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, se incrementa el porcentaje de recursos que se podrán registrar como Adefas. Esta medida transitoria se inicia en el 2021 con un 5 por ciento, para que de manera graduada en el 2024 se regrese al 2 por ciento. Con el dictamen, la norma se mejora y actualiza. Se mantienen los principios constitucionales de la reforma del 2015 y, al mismo tiempo, se liberan flujos de recursos para que las entidades federativas y los municipios puedan atender la pandemia, las presiones financieras y el contexto económico. Agradezco a todos los compañeros de la Comisión de Hacienda que estuvieron trabajando en estos temas, buscando el beneficio colectivo. Compañeras y compañeros, en este momento es cuando hay que actuar para ayudar a las entidades y municipios, porque existe el riesgo de que las entidades y municipios caigan en circunstancias de insolvencia y ello sería la entrada a caídas en las valoraciones crediticias e incremento en las garantías. Es decir, esto implicaría un escenario de mayor impacto y gravedad. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena respalda el dictamen y pide a todas y a todos un voto para ayudar a la gente que vive en las entidades y los municipios. Es cuanto, señora presidenta.