El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Gracias, señor presidente. Compañeros legisladores. Señor secretario. La política hacendaria de nuestro país tiene serios problemas, hay que advertirlo y hay que aceptarlo: grave situación fiscal, débil mercado accionario, alta dependencia de ingresos petroleros, alto costo derivado de la instrumentación de regímenes fiscales preferenciales, como aquí se ha dicho, inequidad, inseguridad, entre otros. En este contexto, a partir de febrero de este año se instrumenta una doble tributación, desde nuestra óptica, vía el cobro del impuesto sobre la renta a todas las personas que reciben una pensión que sea mayor de nueve salarios mínimos, fundamentándose en una vieja ley que no se había puesto en práctica. Esta decisión tiene implicaciones sociales muy complejas y amerita un análisis riguroso, pero hace evidente, en primera instancia, señor secretario, una política tributaria inmediatista que castiga severamente los ingresos de los trabajadores que anteriormente, a lo largo de la vida productiva, cumplieron a cabalidad con sus obligaciones; de lo contrario no serían beneficiarios de esa pensión. Desde el punto de vista de un análisis de política económica, el Estado instrumenta, en esta condición, tan sólo una política recaudatoria, sin una visión social. Por ello le pregunto: cuál es la razón de fondo de este cambio --porque no se aplicó en el sexenio anterior-- que hoy obliga a la Secretaría de Hacienda a cambiar de idea y aplicarle este impuesto a los trabajadores, que son a quienes debemos tener consideración por sus bajos ingresos, a los jubilados y pensionados de México. ¿Dónde está la política de fomento y protección a ese grupo de nuestros pensionados? Sí, reconocemos que el país tiene crecientes necesidades de ingresos tributarios, pero en Nueva Alianza estamos convencidos de que gravar más al trabajo, por la vía de aplicar el impuesto sobre la renta, o por cualquier otra vía, al ingreso de los trabajadores, pensionados particularmente, no es ni lo más conveniente ni lo más pertinente y evidentemente no es lo más justo. Para generar mayores ingresos no es aceptable una presión tributaria a las pensiones. En Nueva Alianza estamos convencidos de que se debe revisar, entre otros muchos elementos, como los recursos que el gobierno deja de recaudar por dichas exenciones fiscales, que cuestan a la hacienda pública poco más de 500 mil millones de pesos, según nuestros números, lo que equivale al 3.98 por ciento del PIB. Creemos pues que ésta es una importante área de oportunidad para fortalecer a la hacienda pública y que puede contribuir a generar equidad, consistencia y pertinencia a la política tributaria; no medidas como a la que estamos haciendo alusión. La vía de aumentar la presión fiscal incrementando la carga a la clase trabajadora cautiva con el fin de generar más ingresos es un grave atentado a esa clase trabajadora, ya de por sí sumamente castigada por los altos costos que aquí se han referido y que parece que no tienen detenimiento, entre ellos el de la inflación, que es el que más les deprime. El hecho de que las pensiones tengan un tratamiento tributario igual --imagínense ustedes-- al de otros ingresos personales como los rendimientos bancarios, como el de los arrendamientos, como la enajenación de bienes, las rentas de capital, entre otros, nos parece absolutamente inequitativo e inaceptable. Una mayor presión fiscal a los débiles ingresos de esos trabajadores atenta contra su nivel de vida y bienestar. Al respecto, señor secretario, le pregunto dónde quedó la tan aludida solidaridad intergeneracional del Estado mexicano. Por sus comentarios muchas gracias, señor secretario.