La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia. Con la aprobación por parte de la mayoría de las legislaturas estatales del reconocimiento en el texto constitucional del derecho a la movilidad, este podrá ser ejercido por las y los mexicanos en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sustentabilidad, calidad, inclusión e igualdad, las cuales deberán estar previstas en la ley general que distribuya las competencias y establezca las bases de coordinación en la materia. Desarrollar políticas públicas para materializar de manera transversal derechos sociales que tienen un impacto directo en el ejercicio de otras garantías, como lo es el caso de la movilidad, es una exigencia de los ciudadanos, que ahora el Estado está obligado a cumplir. La movilidad es un concepto multidisciplinario, el cual hasta ahora no se definía comúnmente como un derecho fundamental. Por ello, es importante reconocer la existencia de este y la necesidad de ser tutelado así, como la gran variedad de formas en las cuales las personas nos movemos, por nuestros propios medios o por vía de un agente externo, como un vehículo privado o el transporte público. Las condiciones en las cuales se ejerce el derecho a la movilidad deben permitir la satisfacción de diversas necesidades de las personas, así como la inclusión de grupos que hasta ahora han visto limitado su acceso al mismo, como son las personas con discapacidad. Al volverse la movilidad parte del régimen constitucional, todas las autoridades, sin excepción alguna, tienen la obligación de promoverla, respetarla, protegerla y garantizarla, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este sentido, deberemos prepararnos para una discusión profunda, que nos permita lograr la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la movilidad, lo cual impactará atribuciones municipales, estatales y federales en los más diversos ámbitos, como lo son: la planeación, urbanización, asentamientos humanos, ordenamiento territorial, construcción, mantenimiento de calles y espacios públicos, normas de tránsito, entre otros. Se trata de que el reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad se traduzca en peatones y ciclistas que se sientan más seguros en proyectos de transporte público que brinden a los usuarios eficiencia, comodidad, rapidez, limpieza y una menor vulnerabilidad frente a la delincuencia, al tiempo de propiciar una mejor planeación urbana, enfocada principalmente a la sustentabilidad y a tener ciudades más amigables, no solo con el medio ambiente, sino con quienes las habitan. Celebramos que hoy se reconozca en el derecho a la movilidad que es un derecho habilitante de otros, como la educación, el libre tránsito, la salud, la igualdad, la libertad, la seguridad, la vivienda, el esparcimiento sano y la cultura. Aplaudimos igualmente la ampliación de los derechos de los ciudadanos, sobre todo aquellos que se ejercen de forma colectiva, como el que hoy reconocemos, a fin de que las personas de desplacen en condiciones dignas, teniendo en cuenta que estas son las puertas de acceso a una mejor calidad de vida y al bienestar. Es cuanto. Muchas gracias.