La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputadas y diputados. La que suscribe diputada federal del distrito IX con cabecera en la ciudad capital del estado de Puebla, perteneciente a la fracción del Grupo Parlamentario del PRI, con las facultades que me conceden los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, bajo la siguiente exposición de motivos. A lo largo de nuestra historia las mujeres, al igual que los hombres, han contribuido al adelanto de nuestra sociedad en diversos ámbitos. Sin embargo, aún existen barreras que impiden a las mujeres lograr un pleno desarrollo y, por ende, influyen directamente en el progreso de nuestro país. Uno de estos obstáculos es la discriminación en el acceso a la educación, el acoso sexual, la discriminación laboral y la discriminación salarial, entre otras. El derecho a la no discriminación de las mujeres está reconocido en nuestra Carta Magna, en el párrafo tercero, del artículo 1o., en el que se establece la prohibición de toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, México ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, la CEDAW, en la que se reafirma el principio de no discriminación y recuerda que la discriminación contra las mujeres viola los principios de igualdad de derechos y de dignidad humana. En el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, la OTI, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, ratificado por México en 1961, en el que se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar la discriminación en este respecto. Lo anterior establece que es responsabilidad del Estado mexicano implementar los mecanismos adecuados para garantizar los derechos. No obstante, lo anterior, las prácticas discriminatorias en contra de las mujeres continúan sucediendo, a pesar de que sostienen uno de cada cuatro hogares del país y aventajan a los hombres en su preparación académica. Tienen un promedio de estudios de 9.2 años en contra de 8.6 de los varones. Según las cifras del Inegi, 17.5 millones constituyen más del 40 por ciento de la población económicamente activa. De ellas, el 12 por ciento ocupan puestos gerenciales, el 3 por ciento directivos y sólo un 1 por ciento la dirección general de una empresa. Es por ello que nuestro marco normativo no debe quedarse en el reconocimiento de la igualdad formal entre mujeres y hombres, sino que debe de ir encaminado a la prohibición y erradicación de todas las formas existentes de discriminación por razones de género. En ese orden de ideas la iniciativa que hoy someto a consideración de este pleno es reformar la fracción VIII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de establecer entre ellas obligaciones, evitar acciones u omisiones que tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. De igual forma se reforma el artículo 53 de la ley en comento, a efecto de considerar la anterior conducta como causal de inhabilitación del servidor público. Compañeras y compañeros legisladores, la desigualdad y la discriminación por motivos de género, lesiona profundamente el desarrollo de toda sociedad. Es inaceptable seguir manteniendo una actitud de indiferencia y falta de compromiso ante las condiciones de exclusión, pobreza y discriminación en las que viven miles de mujeres mexicanas. Superar la discriminación hacia las mujeres...