El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados y compañeras diputadas, la transversalidad de las políticas públicas en el discurso político es un medio adecuado para posturas ecológicas light, carentes de compromiso real con la protección del ambiente. Ante el estado que guarda el ambiente en distintas regiones del país, se nos exige un compromiso mayor y actos de congruencia. Me siento obligado a subir a la tribuna. Tuve la oportunidad de ser secretario de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en la LV Legislatura y alertamos de toda esta política ambiental que se generó desde entonces, de cómo iba a ser nociva para todos los mexicanos y mexicanas, agravado por la firma del Tratado de Libre Comercio y, a la vuelta de los años, no nos queda más que observar que teníamos la razón desgraciadamente- por todos los daños al medio y sobre todo a las vidas humanas. Ya más en épocas recientes, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se estableció una agenda de transversalidad de políticas públicas que determinaba la coordinación de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, con el objeto de coordinarse e integrar esfuerzos para diseñar políticas relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable del ambiente y los recursos naturales. Políticas de transversalidad que desconocen los habitantes de la comunidad guerrerense del Carrizalillo, lugar en el cual desde 2007 la mega empresa Gold Corp renta miles de hectáreas para explotar a cielo abierto el yacimiento de oro, los filos del Bermejal, cuyos predios quedarán inservibles, además de los daños que ocasiona en la salud de los habitantes ocasionando la muerte de varios de ellos. Situación similar se presenta en el municipio de Siltepec, Chiapas, en donde la comunidad Campo Aéreo, enclavada entre cañadas y montañas dentro de la sierra de Chiapas, es testigo de la explotación minera a cielo abierto. Los ejidatarios han identificado que la maquinaria de los cargueros pertenece a la constructora de un ingeniero Silva, pero están convencidos que se trata de la empresa canadiense Black Fair. Siltepec es frontera con Guatemala, donde a pocos kilómetros ya operan grandes proyectos mineros en Tacana y Zacapa. Los habitantes originarios saben amenazada la riqueza del agua y los bosques aunque las autoridades hacen como que protegen el ambiente. Esperemos que el nuevo gobernador, atendiendo al corte ecologista que dice él que le precede, asuma su corresponsabilidad en este problema que atenta contra el ambiente y la seguridad de los pobladores originarios del estado. Ésta es la realidad con la que funciona la supuesta coordinación de la administración pública federal, estatal y municipal, al igual que otras áreas reguladas por el Estado se encuentran contaminadas de corrupción e impunidad. En el municipio de San José del Progreso, la mina de oro y plata Cuzcatlán, propiedad de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines Incorporation, que por sus actividades extractivas necesita una cantidad enorme de agua que quedará saturada con químicos tóxicos que podrían contaminar los mantos freáticos de toda la región. Ante esta realidad la protesta de los pobladores que participan en la Coordinadora de Pueblos Unidas del Valle de Ocotlán, del municipio de San José del Progreso, Oaxaca, son objeto de presiones por autoridades municipales y estatales. Podría seguir hablando el caso de la minera Caballo Blanco, en el estado de Veracruz y un sinnúmero de ejemplos, pero nos bastan con estos botones de muestra. Una política ambiental transversal eficiente, debe de ser implementada a través de instrumentos de información y rendición de cuentas. Las concesiones otorgadas en este caso a las mineras transnacionales, debe de ser garantizado con acciones que reintegren y reparen a las comunidades sus derechos vulnerados y que observen las normas ambientales. Nos sumamos a la propuesta de revisar y construir políticas ambientales que no sólo determinen la coordinación de las autoridades, sino además determinen la responsabilidad en los casos que se ha actuado ilegalmente y se ha dañado el ambiente. Señoras y señores legisladores, la efectiva transversalidad de una política ambiental comprometida con el futuro de nuestro país, exige combatir la corrupción en áreas económicas en las que existen intereses reales que se sustentan en el lucro exagerado a costa de todos. No podemos ni debemos permitir seguir medrando con el deterioro del medio ambiente. Ello exige congruencia política y ética. No sólo hacen falta proclamas en esta tribuna, son necesarias acciones de vigilancia, denuncia, seguimiento y evaluación por parte de este Poder Legislativo. En ello estaremos cuando se dé la discusión del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013 y cuando presentemos en días próximos reformas para la forma de elaborar y seguir al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. Para mí por eso era importante subir a la tribuna y dejar en claro la posición del Partido del Trabajo y que seguramente compañeros del Frente Legislativo de Izquierda comparten. No basta poner un tucán en un logo partidario para defender al ambiente y hay que reconocer que lo que ocurre hoy, no es nada más de un sexenio, ha sido parte de una política económica que se aplica, como hemos sostenido aquí, desde hace 30 años y en eso hay una complicidad y responsabilidad de actores políticos que esperemos que en congruencia rectifiquen y sean consecuentes con sus discursos. Muchas gracias.