El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Consideraciones El señor Felipe Calderón ha señalado que el año 2010 debe ser el de la reconciliación nacional. Si esta afirmación tiene un mínimo de certeza debe comenzar removiendo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a Javier Lozano Alarcón, el cual se ha caracterizado por ser un provocador profesional cuya atribución principal pareciera ser la de crear conflictos, prender fuego por todo el mundo laboral, no de manera gratuita, sino para servir a los intereses de un puñado de patrones que se creen los dueños del país como los Larrea, por ejemplo, cacique de la industria minera en México. Este comportamiento lo ha llevado a incumplir con su principal obligación, como es el buscar siempre los caminos del diálogo y la conciliación entre los factores de la producción, tutelando en todo momento los derechos de los trabajadores, que para eso precisamente se creó el derecho laboral y la Secretaría, que de manera deshonrosa él ocupa. Lo que mal empieza mal acaba. Apenas se supo que el señor Lozano ocuparía la Secretaría del Trabajo comenzaron las inconformidades, ya que carecía de la trayectoria en materia laboral. Su experiencia se había forjado básicamente en el mundo de las telecomunicaciones y por cierto, no sólo de manera poco brillante, sino oscura, acusándole incluso, de diversos actos de corrupción cuando fungió como titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de abril de 1998 a mayo de 1999. Al poco tiempo de ocupar la Secretaría del Trabajo se dio el escándalo con el chino quien acuñó la famosa frase coopelas o cuello. En este momento su puesto estaba en la cuerda floja, razón por la cual a partir de ahí Lozano Alarcón endureció aún más su política antiobrera, por una ruta casi mafiosa con los caciques patronales del país, incluso optó por colocar mantas afuera de la Secretaría del Trabajo para agredir verbalmente a los trabajadores que se manifestaban en esas oficinas, al estilo de los capos de la droga. Comenzó una persecución en contra del sindicato minero y su secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, negándole a éste su registro, entrometiéndose con ello abiertamente en la vida de este sindicato, usando de manera parcial las atribuciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se ha empecinado en negar el derecho de los familiares, en Pasta de Conchos, a recuperar los restos mortales de los 63 mineros que aún están en los socavones de esta mina. Ha actuado como instrumento esencial para la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en un verdadero golpe brutal a la Constitución federal y a los derechos colectivos de los trabajadores; golpe que igualmente incidió con la negativa de toma de nota del compañero Martín Esparza; es decir, encontró el camino para acabar con los sindicatos, esperar el momento de las elecciones de las mesas directivas, negar el registro y/u otorgarlo a un grupo espurio, y ahí inicia todo el proceso. Ha usurpado la Dirección General de Registro de Asociaciones y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para la comisión de todo tipo de fechorías contra la clase trabajadora, comenzando por la terminación de las relaciones de trabajo de los trabajadores en Cananea, frente a los cuales ese secretario está como un gran vampiro, presto a reprimirlos. En franca rebeldía ante el Poder Judicial está actuando como cómplice de los despidos de los integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros que cometen el delito de sindicalizarse. Para no hablar de que el denominado secretario del Trabajo ha sido factor central para el aumento, cada vez más creciente, del desempleo en el país y la pérdida constante del poder adquisitivo del salario. Este señor se ocupa de todo; anda en permanente grilla, pero no presta atención a lo que debiera ser su obligación central, es decir, crear un ambiente de paz laboral, del empleo y los salarios dignos para el bienestar del pueblo de México y el desarrollo del país. En suma, su gran mérito ha sido aumentar el hambre, la desesperación, la desprotección, la persecución, la represión y la ilegalidad en contra de la clase trabajadora.