El diputado Antonio Ortega Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Estimadas diputadas y estimados diputados, estamos aquí discutiendo asuntos de hace seis años, asuntos de una administración que ha concluido y sobre los que difícilmente podremos hacer algo más que invocar irregularidades o cuestionar resultados. Perdimos la oportunidad de discutir resultados de la administración anterior cuando era el momento adecuado para prevenir, corregir o apoyar un rumbo más adecuado al ejercicio gubernamental. Peor aún, muchas y graves irregularidades probadas y comprobadas ya prescribieron o bien lo harán. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realizó oportunamente en la legislatura pasada, el análisis sobre los resultados de las auditorías que practicó la entidad de fiscalización superior a la administración pública y al ejercicio del gasto en esos años. Se difundieron ampliamente los aciertos y las irregularidades más importantes de cada ejercicio fiscal, pero apenas, hasta hoy, volvemos a abordarlos, un debate claramente fuera del tiempo. Lo curioso es que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública está fundamentando este dictamen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sus facultades y atribuciones para dictaminar las Cuentas Públicas. Las mismas leyes que antes invocaron los diputados del PAN y que impidieron el estudio de la Cuenta Pública durante todo el sexenio de su primer gobierno en la Presidencia de la República. La pregunta obvia es, ¿si la Comisión de Presupuesto tenía facultades por el ministerio de ley, por qué no las ejerció? ¿Por qué hasta ahora estamos discutiendo la Cuenta Pública de 2002, cuando debió discutirse en el 2004? ¿O la de 2003 que debió abordarse en 2005 o la de 2004 que debió concluirse en el 2006? Los ordenamientos citados hoy para fundamentar el dictamen, determinan plazos que ya se cumplieron hace mucho, pero no se trata de que un debate inoportuno nos lleve a votar en contra, existen razones de fondo, razones técnicas, razones políticas y, por supuesto, razones éticas, que llevan al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a oponerse a la aprobación del dictamen que está a discusión. Mencionaré algunos. Los proyectos de decreto relativos a la revisión de las Cuentas Públicas 2002-2003, dan cuenta de una larga serie de irregularidades cometidas por servidores públicos de diversas entidades públicas que, según nos refiere la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la fecha no han sido solventadas aún en su totalidad. Ni tampoco se han concluido para todos los casos los procesos punitivos a los servidores públicos infractores. Su aprobación, sin más, implicaría avalar estas inconsistencias que es el colmo que aún prevalezcan. Debemos recordar que nuestro órgano técnico de fiscalización superior apenas abarcó en su revisión de estos años una muestra de alrededor de 4 por ciento del gasto público que ejerció la federación. Es por ello que las irregularidades detectadas para las dos citadas cuentas públicas por 131 mil 931 millones de pesos, sin considerar las observaciones de carácter contable, son apenas un botón de muestra de la gran cantidad de irregularidades cometidas y no aclaradas. No le conviene a este Poder de la federación aprobar las cuentas a partir de una mera relatoría de la gestión gubernamental, que son los términos en los cuales están redactados los proyectos de dictamen. Esta mera referencia a las finanzas públicas de estos ejercicios ignora las implicaciones sobre la evolución de la actividad económica y su impacto en los principales indicadores económicos, por citar algunos elementos. El PIB creció 2.3 como promedio anual durante el sexenio de Fox. Esta es la cifra más baja de los últimos tres sexenios, 18 años. El PIB per cápita creció en promedio 1.2 anual y a ese ritmo el país requeriría dos o tres generaciones para duplicarlo, es decir, 60 años más. En materia de divisas, entre 2000 y 2006, el país tuvo ingresos por un billón 558 mil 400 millones de dólares. Esto es, 85 por ciento superior al PIB de 2006. Sin embargo, si observamos los saldos en la balanza comercial y en cuenta corriente de estos años, nos daremos cuenta que el país no tuvo capacidad de retener esos recursos y que el saldo negativo lo que indica es un deterioro de la planta productiva nacional en especial, dado el crecimiento de las importaciones de bienes intermedios. Las remesas señalan una situación similar. Sólo en el último año fueron por 23 mil millones de dólares, pero estos recursos representan en algunos estados más que todos los salarios generados en su economía local; es el caso de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Está además el hecho de haber contado con ingresos adicionales entre 2001 y 2006 por 719 mil millones de pesos, que prácticamente superaron el escenario óptimo para sus proyecciones de crecimiento; y sin embargo, no tuvieron mayor efecto en el crecimiento y desarrollo del país. Casi la mitad de este dinero se desperdició en gasto corriente, y del gasto de capital prácticamente la mitad fueron subsidios y transferencias. La administración tuvo un pobre desempeño, destacan, por ejemplo, los ingresos presupuestarios excedentes que permitieron que el gasto programable superara el 85.2 por ciento; pero de esos ingresos, 48.8 por ciento se fue a gasto corriente, mientras apenas 36.4 a gasto de capital. Pero en el caso del gasto corriente casi una tercera parte se fue a los rubros de servicios personales, a un programa de separación voluntaria, otra parte a pensiones y el resto a materiales y suministros. Es inexplicable que se gastaran en materiales y suministros, así como servicios generales, prácticamente la cuarta parte de los recursos adicionales; más de 180 mil millones de pesos. Este gasto excesivo demuestra que al gobierno federal de Vicente Fox le resultó más caro gastar el dinero adicional que recibió que los recursos normales autorizados por el Congreso. En materia de política social igualmente nos encontramos con resultados preocupantes. Padrones no actualizados y mal integrados en los principales programas de combate a la pobreza y para la provisión de los beneficios y apoyos en materia de alimentación, salud y educación. Metas de cobertura no alcanzadas en los programas de salud, retraso en la aplicación de planes y uso de recursos para fines distintos a los objetivos de los programas. En materia de educación, los casos de Enciclomedia y la megabiblioteca José Vasconcelos muestran de manera notable el empleo frívolo de los recursos públicos durante esa administración. Si en un análisis serio y objetivo se ha determinado que no se cumplieron las metas de los programas gubernamentales sustantivos; si los recursos públicos no llegaron a los destinatarios, sea por ineficiencia o por desvío; si se dejaron de atender necesidades de carácter social urgentes, como estaba previsto; si la gestión pública incidió apenas en un crecimiento nacional mediocre y desigual; si la fiscalización arrojó un alto número de irregularidades; si se vieron afectadas las arcas de la hacienda pública y no se han solventado y aclarado en su totalidad las observaciones hechas por nuestro órgano de fiscalización superior de la federación, se debe dictaminar la cuenta pública, sí, pero puntualizando que la administración pública federal incumplió con sus responsabilidades sustantivas, de ninguna manera en los términos en los que se encuentran redactados los proyectos que están sujetos a esta discusión. No debemos aprobar estos dictámenes sin ofrecer recomendaciones para la mejora de la gestión gubernamental, para la reorientación del gasto público y de las políticas públicas y para que se consideren los asuntos de la agenda nacional. Hay un tema en particular que no puede pasarse por alto, la ausencia del análisis de fondo del tema central del papel que debió jugar el presupuesto y el gasto público para impulsar el crecimiento económico de México en ese periodo. Sólo en 2004 se obtuvieron ingresos excedentes por 163 mil millones de pesos, y en la administración 2001-2006 sumaron más de 719 mil millones de pesos adicionales a los presupuestados. En un año se obtuvieron prácticamente los ingresos que se habían previsto con la reforma fiscal promovida en 2001, pero a pesar de ello la economía quedó lejos de alcanzar las metas de 5.2 con esos recursos. El resultado estuvo incluso por debajo del crecimiento inercial de 3.4 que se esperaba en caso de que no se realizara la reforma. Los dictámenes no valoran la calidad de la planeación del gobierno federal a la luz de los resultados obtenidos a nivel macroeconómico y sectorial. Tampoco sobre cómo se mejoró la calidad del ejercicio del gasto. En los informes del resultado correspondiente a dos cuentas públicas que hoy se discuten se consignan 6 mil 837 acciones emprendidas por la Auditoría Superior. Los dictámenes?