El diputado Ardelio Vargas Fosado: Gracias, señor presidente. Señor secretario, permítame resumir el sentir de la mayoría de los mexicanos: no debe diferirse el combate frontal y definitivo a las plataformas de impunidad que faciliten la operación del crimen organizado, a riesgo de que la contaminación y descomposición de las corporaciones termine por transformarlas en sucursales del crimen. Debe actuarse con decisión y firmeza para evitar que más elementos de las corporaciones policiacas se sumen a las estructuras de la delincuencia. El aniquilamiento del crimen organizado depende, en última instancia, de la toma de decisiones y voluntad gubernamental para destruir de una vez por todas sus estructuras financieras que le otorgan amplia capacidad operativa de reproducción y expansión. El escandaloso ingreso de armamento, municiones y cocaína a nuestro país obliga a redefinir urgentemente nuestra política en materia de fronteras, así como las relaciones bilaterales, los mecanismos de control terrestre y marítimo para desarticular y aniquilar la enorme capacidad de fuego alcanzada por el crimen organizado. Necesitamos una relación y cooperación internacional cimentadas en la colaboración real, no simulada, defender nuestra soberanía evitando la intromisión en nuestros asuntos internos, como lo hemos hecho históricamente. Se requiere una planeación y vigilancia profesional en aeropuertos, puertos, aduanas y vías de comunicación en general. No basta el cuestionamiento, la desconfianza y las exigencias de corresponsabilidad hacia las entidades federativas para el combate delincuencial. Es indispensable un trato diferente y de fondo para hacer realidad la homologación integral de las corporaciones. Es urgente establecer mecanismos para obligar al cumplimiento del mandato constitucional de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Si aspiramos al combate integral del crimen necesitamos igual una política y estrategia integrales con visión de largo plazo, que eliminen toda posibilidad de recomposición y reactivación. No existen verdades absolutas, se requiere hacer a un lado los protagonismos, la simulación y las cifras alegres. Acudir al encuentro y la colaboración con Fuerzas Armadas y las policías de los estados con verdadero espíritu de cooperación; pero, ante todo, reconocer en primera instancia que las cosas no han ido bien, que se han cometido errores y que falta mucho para alcanzar la verdadera profesionalización policial en el país. La homologación judicial y en particular el Código Penal no pueden diferirse más, ya que su estado actual es vulnerable a las actividades delincuenciales. Para ello se necesita de la participación coordinada de los tres niveles de gobierno y las entidades federativas, la construcción de una agenda común y el inicio de tareas encaminadas a lograr la base jurídica que cierre las rutas de protección legal a la delincuencia. La investigación debe avanzar. La profesionalización de nuestras policías necesita de calidad más que de cantidad para ofrecer resultados en correspondencia con la magnitud de los retos. Se necesita rediseñar la estructura gubernamental y los modelos de selección, capacitación y formación. Es fundamental avanzar en la consolidación de las áreas de inteligencia policial que dan precisión, certeza y eficacia a las operaciones en contra del crimen organizado, para garantizar en el mediano y largo plazo la construcción de una verdadera corporación policíaca nacional, eficaz y acorde a los retos del futuro. Se necesitan replantear los esquemas de control de confianza. No es posible que instituciones que tienen más de 15 años aplicando estos procedimientos sean objetos de infiltración de la delincuencia organizada, como ha sucedido con altos mandos que fueron certificados, tanto en México, como por agencias de otros países. Coincidimos que nuestras fuerzas armadas no pueden ni deben permanecer en la realización de tareas de seguridad pública, sin un marco legal que los faculte plenamente para esas actividades. Se requieren ahora compromisos, resultados y credibilidad de las corporaciones policíacas; sobre todo, confianza para nuestros soldados retornen a sus cuarteles. Si partimos de la premisa de que la violencia se registra con más crudeza en los estados, debemos asignarles mayores recursos, evitarles excesiva centralización y flexibilizar la normatividad que sólo produce subejercicio. Señor secretario, sólo una gran cruzada nacional que articule recursos, esfuerzos, compromisos y facultades permitirá cerrarle el paso, definitivamente, a las intenciones expansionistas del crimen organizado. Si continuamos con más de lo mismo, con el discurso trillado y manejo de cifras alegres, tenga usted por seguro que las generaciones siguientes se enfrentarán a un futuro en donde la descomposición y la violencia masificada será la constante. Nadie quiere un estado policiaco autoritario y omiso. Esta soberanía no debe aprobar leyes para tolerar más impunidad, corrupción, exclusión y descomposición. Señor secretario, sin duda tenemos una gran responsabilidad y un gran compromiso con nuestra patria. Muchas gracias.