La diputada Raquel Bonilla Herrera: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, escucho muy atenta esta discusión, escucho que hablan de callar las voces de las minorías, de eliminar representación. Solamente quiero dejarles una cosa muy clara. La representación que tenemos todas las instituciones políticas nos la da el pueblo, nos la da el pueblo con su voto, con su voto emitido en un proceso democrático y henos aquí como representantes del pueblo y cada grupo parlamentario ha tenido su representante por esas votaciones. En diciembre del año pasado el pleno de la Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades constitucionales y vuelvo a repetir, en ejercicio de sus facultades constitucionales aprobó el acuerdo de la Jucopo referente a la integración de la Comisión Permanente, sin embargo, en un ejercicio autoritario la Sala Superior del Tribunal Electoral revisó este acuerdo y se atrevió, sí, se atrevió a invadir la esfera competencial del Congreso de la Unión, determinación que a todas luces resulta equivocada, arbitraria y, sobre todo, contraria a derecho. De ahí es que nace esta propuesta contenida en el dictamen que discutimos en esta soberanía. Compañeros, con este dictamen se pretende asegurar que el ejercicio de la jurisdicción electoral sea respetuoso al principio de división de Poderes y del sistema constitucional de medios de impugnación en materia electoral, estableciendo límites entre el ejercicio de jurisdicción electoral y el desarrollo de competencias parlamentarias plasmadas nada más y nada menos que en nuestra Carta Magna. Se propone excluir de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de una causa de improcedencia de medios de impugnación, el escrutinio de actos parlamentarios del Congreso de la Unión, de su Comisión Permanente o de cada una de sus Cámaras emitidos por sus órganos de gobierno, cuya finalidad sea la integración, organización y funcionamiento interno de sus órganos y comisiones legislativas. En lo concerniente a los límites entre la autonomía parlamentaria y tutela de los derechos político-electorales, se ha sido vertido en las resoluciones emitidas por Tribunales Electorales, señalando que existen actos emanados del Poder Legislativo a través de sus Cámaras que deben permanecer en la esfera de competencia parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto, compañeras y compañeros? Pues que no debe tutelarse mediante jurisdicción electoral. Estas resoluciones fueron en otros momentos evocadas, sí, estas jurisprudencias las retomamos, pero hoy resultan ser molestas para algunos cuantos por no convenir así a sus intereses. Vienen aquí, se rasgan las vestiduras, hablan de violación a los derechos, pero no quieren escuchar lo que autoridades y resoluciones basadas y conforme a la ley dictaminan. Estos dictámenes están realizados conforme a la ley. Entonces, quieren violentar también nuestra ley y nuestra Constitución. Basta mencionar la jurisprudencia 34/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que leo puntualmente: Se excluyen de la tutela del derecho político-electoral de ser votados, los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario, como los concernientes a la actuación y organización interna de los órganos legislativos, ya sea por actividad individual de sus miembros o bien por los que desarrollan en conjunto a través de fracciones parlamentarias en la integración y funcionamiento de las comisiones, porque tales actos están esencial y materialmente desvinculados de los elementos o componentes del objeto del derecho político-electoral del ser votado. En ese sentido, para garantizar la autonomía parlamentaria el normal desenvolvimiento y libre actuación del parlamento, sin intromisiones...