La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la asamblea. La siguiente iniciativa, aunque pareciera fuera de todo tiempo político, al menos todo tiempo político que pretenda tomar rajada política de la desgracia de este país, tiene como objetivo venir a modificar la Ley de Protección Civil en relación a lo que tiene que ver con los recursos a los que se puede acceder después de desastres naturales como los que vivimos en septiembre, y no solamente la forma en cómo se puedan acceder, sino también la rapidez con la que se pueda acceder. Me explico. Como todos ustedes recuerdan –y espero que así sea– en el mes de septiembre las tormentas tropicales, que luego se convirtieron en huracanes Ingrid y Manuel, azotaron a nuestro país dejando al menos a la mitad de la extensión geográfica de la república en una situación completamente desastrosa. Los daños causados se vieron reflejados en 18 de las 32 entidades federativas, dejando aproximadamente 157 muertes y han afectado a más de un millón de personas en todo el país. Qué es lo que dejan en evidencia Ingrid y Manuel. Primero la falta de sensibilidad de los gobiernos, desde el municipal hasta el federal. Los excesos de los mismos gobiernos y la confusión y hasta los dimes y diretes políticos que se pueden dar alrededor de un desastre donde hay afectados que perdieron todo, y cuando digo todo es absolutamente todo. Estados como Guerrero, Oaxaca y Veracruz dejaron ver no solamente la mala reacción de los estados y municipios y las autoridades responsables de protección civil, sino actos de corrupción en la asignación de derechos para la construcción de vivienda, la mala planeación urbana; pero además, la corrupción posterior en la asignación de los recursos para dar seguimiento a los desastres. Una vez más las circunstancias obligaron a que se pidieran investigaciones y a que en esta tribuna hubiese debates acalorados, interminables sobre quién era el culpable; sin embargo, a los ciudadanos en estos estados de la República no les resolvía nada que vinieran aquí a echarse culpas y/o a defenderse. ¿Qué otra cosa queda en evidencia? La solidaridad de los mexicanos para con los afectados cuando a veces el gobierno se paraliza. Protección civil ha denunciado la falta de inversión para los sistemas de alerta sobre huracanes. México no cuenta con un sistema de alerta temprana para huracanes y tormentas como el de Estados Unidos o el de la misma Cuba. En la actualidad, Conagua –no Protección Civil– recibe las mediciones hechas por la administración nacional oceánica y atmosférica de los Estados Unidos, y es entonces cuando se emite a todas las autoridades federales y locales. En gobiernos anteriores se han aprobado presupuestos para la construcción de un sistema de alerta temprana y aún no sabemos dónde están esos recursos. Las diputadas y los diputados, como siempre, solicitamos que se nos informara sobre el tema y seguimos esperando esta información. Ahora pareciera que todo está en calma, como esta Cámara, que tiene poca atención y que tiene también poco quórum, pero la verdad es que no es así. Hay gente, sobre todo en Guerrero, que ha perdido la vida, ha perdido su patrimonio, que ha perdido casi todo lo que tenía y que está esperando que el Estado y las instituciones le respondan. ¿Qué es la obligación de esta Cámara de Diputados? Más allá del debate, diría yo casi barato y político que se dio en esta Cámara, de llamar a las culpas, ¿qué es lo que nos queda en lo legislativo? Nos toca pues legislar y modificar las leyes para que podamos responder de forma efectiva a los desastres naturales, y ya pasada las tormentas literalmente, eso es lo que su servidora y el Partido del Trabajo estamos tratando de hacer con esta iniciativa. Primero, proponemos modificar los plazos para emitir las declaratorias de emergencia, la declaratoria de desastre natural, así como establecer que la manifestación expresa para acceder a los recursos financieros de los instrumentos financieros de gestión de riesgo se consideren a través de solicitudes de dichas declaratorias; es decir, no requerimos un trámite democrático, sino solamente la realidad para poder asignar los recursos necesarios y poder responder a la ciudadanía de forma inmediata. Y, segundo, cambiar la redacción para cambiar de cinco a tres días, el tiempo en el que se pueda acceder a los recursos que están en el conocido de manera común, como el Fonden. Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa hemos decidido presentarla en este momento, precisamente para no hacerla una controversia política ni de partidos políticos No venimos aquí a señalar absolutamente a nadie, sino venimos a pedirle a esta Cámara de Diputados que hagamos lo que nos corresponda más allá de los señalamientos políticos y legislemos en la materia, para que no tengamos que esperar el año próximo otra tormenta u otro desastre natural y tengamos que estarnos lamentando aquí que no legislamos en la materia. Ésa es la petición y ésta es la iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.