El diputado Javier Antonio Neblina Vega: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La ola de violencia que vive nuestro país, desde hace varios años ha obligado al Estado mexicano a saldar una deuda histórica o en la figura de la víctima de los delitos. Durante prácticamente toda la historia del procesamiento penal mexicano, la figura central fue el presunto delincuente. En torno a ella se desarrollaron leyes, normas, políticas públicas, enfoques y teorías. La figura de víctima estuvo relegada y se consideraba que la simple existencia del Ministerio Público como representante social colmaba todas las necesidades para el acceso y satisfacción de la justicia por parte de quien sufriera directa o indirectamente un delito. A lo largo de las décadas, dentro de la evolución de la criminología latinoamericana se fue gestando un área de estudio relativa a este grupo vulnerable. Así nació la victimología. Ha sido tan importante la conformación de un área que se dedique en exclusiva a las víctimas y ofendidos, que la victimología ya se debe considerar una rama de estudio independiente. En México se cuenta con dos hechos relevantes en este campo. El primero fue la inclusión de un catálogo de derechos para la figura de víctima en la reforma constitucional de 2008. El segundo fue la creación de la Procuraduría de Atención a Víctimas en 2011. Con posterioridad, fue emitida la Ley General de Víctimas en su primera versión, sin embargo dicho texto tuvo muchos errores, al grado que el Ejecutivo en turno remitió varias observaciones. Ya en este sexenio se tuvo que enmendar debido a los despropósitos que contenía. Además de generar confusiones y una falsa competencia entre víctimas de delitos que son la razón de su existencia, y víctimas de derechos humanos, es que se han generado estructuras disfuncionales y una política errática. La mayor muestra de lo anterior, es que en estos tres años la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha tenido un subejercicio de mil 500 millones de pesos respecto de los cuales no ha existido capacidad de gestionar una aplicación provechosa en los numerosos casos de víctimas de violencia. Al votar a favor del presente dictamen, los diputados del PAN hacemos un enérgico llamado a las autoridades responsables para que de inmediato se desplieguen acciones de apoyo a las víctimas del delito. Igualmente exigimos que los pagos a presuntas víctimas de violación a los derechos humanos, no se hagan en contextos que revictimicen a ofendidos de delitos graves como secuestros, extorsiones y homicidios. Calificamos como favorable que en este proyecto se homologuen los derechos procesales con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Otro de los rubros en los que queremos hacer patente nuestra atención, es que en la Asamblea Consultiva se observe una composición que privilegie la presencia de organismos de las dos categorías victímales que la ley prevé. Los diputados del PAN votaremos a favor del dictamen advirtiendo de antemano que seremos muy escrupulosos vigilantes del desempeño de los órganos directivos y ejecutivos de las políticas que dispone tanto la ley como las reformas que se aprobarán. Compañeros diputados y diputadas, muchas gracias por su atención.