La diputada Claudia Tello Espinosa: Compañeras y compañeros legisladores, el objetivo del presente es incluir a los órganos constitucionales autónomos en la aplicación y seguimiento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establecer que las instituciones del sistema financiero, así como quienes ejercen la función notarial y registral en las entidades federativas apliquen y den seguimiento a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y garanticen a este sector poblacional el derecho a la certeza jurídica en la protección de su patrimonio personal y familiar. Las personas adultas mayores tienen derecho a una vida con calidad, libre de violencia y sin discriminación, a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial, así como a la protección de su patrimonio. Por lo anterior, coincidimos con el objetivo del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que pone a consideración a esta asamblea y que pretende modificar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para que estas reciban un trato digno y apropiado en los procedimientos que las involucren, cualquiera que sea la calidad con la que intervengan y que implique la protección de su patrimonio personal y familiar, así como para que tanto los sujetos que participen en operaciones relacionadas con su patrimonio, como los organismos constitucionales autónomos den seguimiento y plena aplicación a la ley, garantizando el ejercicio de sus derechos en el ámbito de sus respectivas competencias. Las personas adultas mayores están expuestas a encontrarse en una situación de pobreza, derivada de la reducción de capacidades físicas o el retiro del trabajo, lo que las encamina a celebrar diversos actos con entidades financieras como la solicitud de créditos, préstamos, hipotecas, entre otros, o bien, a celebrar con particulares diversos actos jurídicos respecto de su patrimonio. Lo anterior con la finalidad de obtener recursos económicos que les permitan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y protección de la salud. Sin embargo, en muchas ocasiones las personas adultas mayores al celebrar dichos actos se encuentran frente a situaciones de desventaja en relación con su contraparte y pueden terminar siendo víctimas de la violencia patrimonial y económica. Por eso es que quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena, estimamos procedente la presente reforma, pues se brinda certeza jurídica y seguridad al patrimonio de las personas adultas mayores. Nuestro deber como legisladoras y legisladores es proporcionar el marco normativo para la efectiva protección y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las y los adultos mayores en igualdad de condiciones y sin discriminación. La protección y atención de las personas adultas mayores ha sido, desde el inicio del gobierno actual, una de las prioridades junto con la atención de otros grupos en situación de vulnerabilidad. La visión de esta administración ha sido colocada a diversos grupos que están en situación de vulnerabilidad en las mismas condiciones que el resto de la población, para que en igualdad de oportunidades tengan acceso a mejores condiciones de vida. Y bajo esta premisa es que nos conducimos para coadyuvar en la construcción de una sociedad democrática e incluyente que no deja a nadie atrás. En consecuencia, votaremos a favor del presente dictamen, a favor de contribuir a la plena inclusión, integración y participación en la sociedad de las personas adultas mayores, para que disfruten de una vida plena, independiente y autónoma. Es cuanto.