El diputado Sergio Chávez Dávalos: Con su permiso diputado presidente: Con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente INICIATIVA con proyecto de decreto para el que se adiciona con segundo párrafo el artículo 18 a la fracción I del artículo 58. Así como un párrafo del artículo 74 de la Ley General de Bienes Nacionales, con base en la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional comprende originalmente a la nación su dominio inalienable e imprescriptible (? sic) y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata para los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establecen las leyes. De este modo, las concesiones entendidas como el acto jurídico administrativo por virtud de la Administración Pública otorga a un particular la posibilidad de usar, aprovechar o explotar un bien o un servicio desde luego sin dejar de reconocer algunas otras modalidades como la licencia, permiso o autorización. El título de la concesión es instrumento a donde constan las decisiones del Poder Ejecutivo Federal y que otorga al concesionario la seguridad jurídica y legitimación para ocupar una determinada superficie. En consecuencia, es importante destacar que la modalidad administrativa de concesión en los términos del artículo 16 de la Ley General de Bienes Nacionales implica que las otorgadas sobre bienes de dominio público no crean derechos reales, otorgan simplemente frente a la Administración y sin perjuicio de terceros el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el acto o título de la concesión. Por lo que éstas, al garantizar la revisión de todos aquellos bienes respecto de los cuales habiéndose satisfecho los requisitos que exige la ley en comento, el reglamento respectivo y las disposiciones establecidas en las mejoras regulatorias correspondientes permite a la Administración recabar el dominio, siendo garante de lo dispuesto en nuestra Carta Magna la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos para los particulares o por sociedades constituidas formalmente ante las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante las concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal y de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. La Ley General de Bienes Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo del año 2004 y que vino a desplazar la publicada el día 8 de enero de 1982, elimina por completo el derecho de revisión que tiene el Ejecutivo Federal para recobrar el dominio de los bienes afectados de la misma, lo que se efectuaba por conducto de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y que ahora conforman con la nueva ley se les domina dependencias administradoras de los muebles a las Secretarías de la Función Pública, Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública y la Reforma Agraria, en relación a los inmuebles federales de su competencia. En este orden de ideas, la nueva Ley General de Bienes Nacionales ya no contempla aspectos de naturaleza trascendental como los que anteriormente la ley admitía. La nueva ley ya contempla dentro del capítulo segundo, en su sección octava, la recuperación de muebles por la vía administrativa en sus artículos del 107 al 115 y respecto de los cuales se desprenden únicamente los supuestos en los que iniciara el procedimiento administrativo, el acuerdo de inicio del procedimiento, la notificación y sus formalidades al interesado, y requisitos a los que estará sujeta a la audiencia, los términos dentro de los cuales se deberá de pronunciar la resolución correspondiente, así como la posibilidad en el uso de recursos contra tales resoluciones, pero jamás puntualizó el derecho de revisión. Por todo lo anterior podemos concluir en las apremiantes necesidades de avalar los intereses de la nación y retomar las garantías institucionales bajo el principio de seguridad jurídica y en el marco de las relaciones de la supra ordinación (? sic), mediante la reincorporación del derecho de revisión que le asiste al Gobierno Federal, incluyendo tal aspecto en la Ley General de Bienes Nacionales, mediante la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley General de Bienes Nacionales para quedar como sigue: "Artículo 18.- Para los efectos del párrafo que antecede, las dependencias administradoras del inmueble deberán de llevar a cabo el acta de revisión" Segundo.- Se adiciona la fracción primera del artículo 58, para quedar como sigue: "Artículo 58: "Así como los documentos en que conste el derecho de revisión de la Federación". Tercero.- Se adiciona un párrafo al artículo 74 para quedar como sigue. Artículo 74: "Independientemente de las causas que hayan dado origen a la extinción de la concesión, las dependencias administradoras de muebles, sin demora alguna, ejercerán el derecho de revisión y procederá en los términos previstos a la fracción I del artículo 58 de esta Ley". TRANSITORIOS Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado Presidente.