El diputado David Mendoza Arellano: Gracias, y con su permiso, señor presidente. En virtud de que esta iniciativa que presentamos está publicada, solamente haré algunas referencias que me parece importante hacer. El régimen republicano y federal de nuestro país está expresado en nuestra Carta Magna, y pese a que en ella se evoca la división y el equilibrio de los Poderes de la Unión, el arreglo republicano aún continúa siendo una aspiración popular. En el texto de nuestras constituciones generales de la república que van de 1824, 1857 hasta la vigente, específicamente en los artículos 40, 49 y 115, han estado plasmados los principios de la separación de poderes y la forma de gobierno republicano. Sin embargo, la historia de México muestras grandes omisiones al espíritu y a la letra de nuestro ordenamiento jurídico supremo. Solamente existe un ejemplo de nuestra historia que preserva el equilibrio y la división entre los poderes de la República, y me refiero a la época de la Reforma, durante el siglo XIX, momento en el que los legisladores liberales realmente hicieron contrapeso a los titulares del Poder Ejecutivo. Además, en este periodo, el presidente de la Corte gozaba de peso y prestigio propio al grado de ser el sustituto legal del presidente de la república en caso de falta definitiva. Sin embargo, fuera de este breve periodo, los poderes republicanos naufragaron en la inestabilidad política durante prácticamente todo el siglo XIX, quedando a merced de los caudillos que encarnaban el poder, ya fuera como presidentes de la República o como rebeldes frente al poder establecido. Con Porfirio Díaz, la Presidencia de la república alcanza, de manera más nítida, la característica del poder absoluto, en una especie de monarquía con ropajes republicanos que concentró el poder político y económico de un país que había cobrado conciencia de sí mismo, en medio de la tempestad de sus luchas intestinas y de los embates de las potencias extranjeras. Posteriormente, con el nuevo régimen que surgió de la Revolución se intensificó el esquema centralista del poder evolucionando de una confederación de caciques y caudillos regionales que, en su momento, confluyeron en el Partido Nacional Revolucionario. A partir de entonces se comenzó a operar la organización de una sociedad corporativa en donde el eje articulador del gran entramado social e institucional era justamente la presidencia de la república. Nuevamente la letra de la Constitución de 1917 en sus preceptos federalistas y republicanos habría de ser, en los hechos, letra muerta. El presidente logró acumular tanto poder que llegó a convertirse en el gran elector, el gran legislador y en el juez supremo de la nación, haciendo palidecer al poder de muchos de los monarcas que le fueron contemporáneos. El Ejecutivo mantenía subordinados a los otros poderes, tanto al Legislativo como al Judicial, y las esferas del Estado y del gobierno eran francamente indistinguibles. Esta Presidencia, que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XX, exacerbaba el presidencialismo, con lo cual deformó el régimen republicano y federal, pues no se respetaba el equilibrio jurídico, político y moral entre los Poderes de la Unión. En la actualidad, México atraviesa por una etapa diferente en la que existe mayor pluralidad. Es por eso que se ha abierto el debate sobre la renovación y la reconstrucción de los equilibrios de poder republicano. Actualmente, varias fuerzas políticas coinciden en la necesidad de fortalecer nuestros principios constitucionales para garantizar independencia y libertad entre los Poderes de la Unión. Por ello, uno de los capítulos sustanciales de la agenda política acordada por consenso de los grupos parlamentarios de la presente Legislatura, en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado, fue justamente el del equilibrio de los poderes públicos, fundamentalmente lo que tienen que ver con el fortalecimiento del Poder Legislativo, otorgándole al Congreso mayores facultades para evaluar el ejercicio de la función pública, ratificar las decisiones del Ejecutivo y pedirle cuentas de sus funciones. Es por ello que hoy vengo a proponer a esta Cámara, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la siguiente iniciativa para conferirle mayores facultades a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y, en general, fortalecer sus estructuras y mecanismos de funcionamiento para que puedan cumplir con los deberes derivados del redimensionamiento del Poder Legislativo. El país exige un Poder Legislativo eficaz y con una clara corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la conducción del destino de la patria junto con el Poder Ejecutivo. Es por ello que dentro de las nuevas facultades propuestas para el Congreso de la Unión está la ratificación de los nombramientos y la moción de censura para los secretarios de despacho y de los titulares de los órganos autónomos del Estado hechos por el presidente de la república. Por todo lo expuesto someto a consideración de esta soberanía esta iniciativa con proyecto de decreto para el fortalecimiento del Poder Legislativo. Agradezco, señor presidente, la oportunidad que me da de presentar esto y, obviamente, el tiempo que tomé de más. Muchas gracias.