El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Buenas tardes. Todos recordamos el operativo fallido de Culiacán. Estoy seguro que todos recordarán cómo se intentó atrapar al hijo del Chapo y después simplemente se le liberó. El día siguiente y los días subsecuentes todo se fue en tratar de evadir la responsabilidad de quien planeó bastante mal ese operativo y después echó a perder el magro resultado que logró conseguir, y esa evasión de la responsabilidad es lo que no viene claro en la Ley de Guardia Nacional. También y en otras modificaciones a la misma ley, lo que queremos es que nunca más y ya no más, que ya basta de usar a la Guardia Nacional como muro fronterizo en nuestra frontera sur, que no haya manera de que la Guardia Nacional sirva para atender cosas que no son de seguridad nacional, que no tiene por qué atender el Ejército, pero que, sin embargo, tampoco es una patrulla fronteriza para estar atendiendo solamente cómo detener a los migrantes. Estas son las cosas que vienen propuestas en esta iniciativa y voy a pasar a leer parte de la exposición de motivos. En lo que se refiere a la Ley de Guardia Nacional, el decreto de reforma constitucional estableció como ejes rectores que la ley dejará establecidos los criterios de coordinación y colaboración que funcionarían con los cuerpos de seguridad de las entidades federativas y de los municipios. También, que además de los mecanismos para determinar las aportaciones económicas que las entidades federativas y los municipios deben realizar cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional en tareas de competencia local. Frente a la decisión del gobierno de la República de evitar que la Guardia Nacional recurra al uso de la fuerza para cumplir sus responsabilidades y mandatos constitucionales, consideramos que es fundamental revisar el régimen disciplinario diseñado en la Ley de la Guardia, para determinar si existen los mecanismos que garanticen qué acciones y operativos de las Fuerzas Armadas, como el de Culiacán, pueden ser evitados o, en su caso, quiénes serán los funcionarios responsables cuando la mala planeación o ejecución de operativos que impliquen el uso de la fuerza pongan en peligro la vida, la integridad o los bienes de la población. Para ese propósito, proponemos que se deje claro, desde la fracción V del artículo 2o., y del artículo 57 de la Ley de la Guardia, que por personal de Guardia Nacional se entienden incluidos todos los mandos a que se refiere el artículo 12 de la Ley, así como a todo personal detallado en el artículo 11, fracción I de la propia Ley, a efecto de dejar claro que los incumplimientos de los deberes, al mando de esa fuerza pública serán constitutivos de las responsabilidades que la misma ley dispone. Es evidente que la máxima responsabilidad de la operación de la Guardia Nacional recae en el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Por ello, estimamos que es necesario realizar una reforma para establecer con claridad la responsabilidad de ese funcionario en el cuidado y supervisión de los operativos que lleva a cabo la Guardia Nacional, para garantizar que no se pongan en peligro ni la vida ni la integridad, la salud o los bienes de la población. Por todo lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, esperando contar con el apoyo de todos los compañeros. Muchas gracias.