La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Gracias, con su permiso, presidenta. Honorable asamblea, no se puede negar que la familia es un lugar esencial para la formación de las personas y de la sociedad, pues este espacio primigenio para el desarrollo alcanza todas las etapas de la vida humana y por ello fomentar su cuidado y protección nos debe interesar a todos hasta lo más profundo. A nivel internacional en los últimos 60 años el tema de la familia ha sido tratado y reconocido en diferentes instrumentos como un elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección del Estado, llegando a constituirse como un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, consagrado en la Declaración Universal, la Declaración Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana, por citar solo algunos de los instrumentos en los que México es Estado parte, así ha quedado establecido en nuestra norma suprema, específicamente en su artículo 4o. En congruencia con lo así dispuesto, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social entendemos a la familia como sujeto de derecho y, por tanto, también de responsabilidades, al ser el ámbito y condición necesaria para el pleno desarrollo de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. Sin embargo, es preciso reconocer que nuestro marco legal es un instrumento social inacabado y, por tanto, como legisladores es nuestra responsabilidad contribuir a que este responda a las necesidades y exigencias de la sociedad, esa misma que confió en nosotros el pasado primero de julio. En diversos instrumentos internacionales de carácter vinculante se hace referencia, entre otros, al ejercicio del derecho a la educación y de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos. A pesar de lo explícito y claro de las disposiciones internacionales, el artículo 4o. constitucional no es conforme con lo dispuesto en estos instrumentos, faltando así con la obligación del Estado de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a estos derechos. Ante ello, el Grupo Parlamentario Encuentro Social sabemos que otro México es posible y, por tanto, comprometidos con nuestra responsabilidad legislativa, a nombre de mi fracción parlamentaria presento esta iniciativa que adiciona un párrafo décimo primero al artículo 4o. de la Constitución Política, en el sentido de que el Estado reconoce el derecho y deber preferente a los padres o tutores a educar de manera integral a sus hijos. Compañeras y compañeros legisladores, dada su relevancia, gozar del derecho a la educación va más allá de tener las posibilidades de acceder a la escuela y ser incluido en un proceso formativo, obligación que el Estado mexicano atiende a través de lo dispuesto en nuestro artículo 3o. constitucional y sus normas secundarias. Lo que no se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna es la consideración de que la familia sea el ámbito natural y primario del ejercicio y desarrollo del derecho fundamental a la educación. Salvaguardemos la libertad de las familias para que estas puedan elegir la escuela o los centros que juzguen más convenientes para la educación de sus hijos. Yo los invito a subsanar esta falta de claridad con esta pieza legislativa, armonizando así nuestra norma suprema con lo dispuesto en los instrumentos vinculatorios para el Estado mexicano. El artículo 4o. constitucional nos obliga a proteger la organización y el desarrollo de la familia, así como establecer las mejores condiciones para el pleno desarrollo de sus miembros, en tanto que es y debe seguir siendo el núcleo o mejor lugar para el crecimiento y formación de los individuos. Cumplamos con esta responsabilidad y sumemos al Estado mexicano a la vanguardia de países como Italia, Colombia o Chile, por citar solo algunos, que ya han establecido con claridad en sus normas supremas el derecho que tiene las familias a decidir qué tipo de educación desean para sus hijos. Muchas gracias. Es todo.