El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a lo largo de la historia han surgido diversos movimientos indígenas para exigir mejores condiciones de vida, respeto a sus territorios y a su dignidad humana. También han manifestado su inquebrantable voluntad de lucha en la defensa de la nación. En la revolución mexicana combatieron con férrea determinación por su derecho a la tierra, de la cual históricamente han sido despojados. Han dado fuerza y legitimidad a las grandes transformaciones históricas de México, sin embargo han quedado al margen de los beneficios del desarrollo. En la época postrevolucionaria sufrieron las consecuencias de la política integracionista que prohibió el uso de sus idiomas y les impuso como modelo de éxito la llamada cultura occidental. El levantamiento del EZLN en 1994 cimbró la conciencia nacional cuando nuestros hermanos tzotziles y tzeltales tuvieron que recurrir a las armas para reclamar justicia, libertad y una vida digna. Para la pacificación se creó la Cocopa, de cuyas negociaciones se derivaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados un día como éste en 1996, en los que se reconocen los derechos de nuestros pueblos y el ejercicio de sus culturas. De estos acuerdos se derivó la reforma al artículo 2o constitucional en 2001, lo que constituyó un importante avance porque se reconoció la composición pluricultural de la nación sustentada en los pueblos originarios y su derecho a la libre determinación y a su autonomía para decidir sus formas de convivencia y organización social, así como el ejercicio pleno de sus sistemas normativos internos También se elevó a rango constitucional la obligación del Estado para garantizar su desarrollo integral y sustentable. A 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar aún existen temas pendientes por legislar, como son los derechos de las mujeres, la consulta indígena y principalmente el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. De esta manera se da validez a sus sistemas normativos internos, legitimidad a sus sistemas de gobierno interno, a sus asambleas donde se resuelven sus conflictos y deciden sus formas de organización económica, social y cultural. El desarrollo sostenible es otra asignatura pendiente. Resulta imperativo impulsar la productividad, reactivar las actividades agropecuarias, desechar las políticas asistencialistas que inhiben la creatividad y generan dependencia, porque la pobreza solo se comparte generando riqueza. En la ruta para encontrar soluciones es muy alentador el pronunciamiento del presidente Enrique Peña Nieto, en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas realizada en el 2014, donde manifestó que México se compromete a impulsar el proceso de armonización de la legislación nacional, siguiendo el espíritu de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y a garantizar el mejoramiento de su calidad de vida mediante la generación de mayores oportunidades de desarrollo. Por ello resultan importantes las acciones estratégicas instrumentadas por el gobierno de la República para brindar una educación de calidad, mejores servicios de salud, vivienda digna y la cruzada contra el hambre. En materia de justicia se ha dado un paso muy importante con la firma del convenio para implementar el nuevo sistema de justicia penal con visión intercultural y multilingüe, suscrito en octubre pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación e instancias del Poder Ejecutivo federal. Desde esta tribuna de la nación saludo y agradezco al Jefe del Estado Vaticano, por su solidaridad con la causa de los pueblos indígenas. Señoras y señores diputados, honremos la memoria de quienes arriesgando su vida levantaron sus voces para reclamar justicia, enarbolemos su causa para garantizar el ejercicio pleno de su libre determinación, su autonomía y su derecho al desarrollo y al bienestar, y concretar su representación en los Congresos estatales y al federal. Este es el momento histórico para actuar y dar respuesta a los añejos reclamos de quienes nos legaron este gran país y le dieron rostro propio e identidad a nuestra nación. Reivindiquemos y construyamos con los pueblos originarios, el Estado y la sociedad, una nueva relación con justicia y dignidad. Pasemos de la ley a las acciones, para traducir las reformas legislativas en políticas públicas que hagan posible una verdadera justicia social, para que nunca más la desesperanza de nuestros pueblos los orille a tomar nuevamente el camino de las armas. Trabajemos por nuestros hermanos, tienen ese derecho legítimo a ser felices, a crecer y a ser parte de esta gran república. Está en sus manos. Compañeras y compañeros diputados, vamos con los indígenas, vamos por su libertad, vamos por el respeto a su dignidad y a devolverles sus territorios. Muchas gracias.