El diputado José Luis Esquivel Zalpa: Con su venia, diputado presidente. Ciudadanas y ciudadanos diputados, en mi carácter de diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 1o y 3o del párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Honorable Congreso de la Unión, me permito someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de las fracciones VII y VIII del artículo 35 constitucional, al tenor de la siguiente exposición de motivos: Antecedentes. Considerando que el día 9 de agosto de 2012 se aprobaron modificaciones constitucionales ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del artículo 35, fracción VII y VIII, relativos al derecho de los ciudadanos a iniciar leyes y votar en las consultas populares, estas modificaciones fueron aprobadas por la Cámara de Senadores y posteriormente aprobadas en sus términos por legislaturas de los estados de la república mexicana, es decir por el Constituyente Permanente, con las figuras jurídicas que se desprenden de la reforma constitucional para regular la participación de los ciudadanos en las consultas populares, son, a saber, el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular y que tienen como finalidad que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, promuevan las condiciones para el pleno y libre desarrollo de las capacidades humanas esenciales de todos los miembros de la sociedad. Que el ideal democrático prevé una ciudadanía atenta, informada y organizada en el desarrollo de los asuntos públicos, capaz de elegir libremente entre las distintas alternativas de participación y superación social. Que una población sin conciencia cívica sólida está condenada a la anarquía y a la violencia, donde sólo los intereses de algunos grupos tienen preponderancia sobre los intereses colectivos. Que los conceptos que norman la presente ley son democracia, responsabilidad, tolerancia, participación, capacidad de elegir, libertad, consenso, pluralidad, respeto, diálogo, igualdad, justicia y la legalidad, todos ellos encaminados a la reflexión y a la toma de conciencia. Que es indispensable que la cultura democrática permee todos los ámbitos de nuestra vida en la sociedad y cree el marco conceptual y conductual que nos lleve a una realización plena como individuos y sociedad. Que para dar vida a las reformas constitucionales y que el Estado mexicano esté en condiciones de garantizar el ejercicio del derecho ciudadano de iniciar leyes y participar en las consultas populares que se realicen, es necesario reglamentar las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, mediante la creación de una ley expresa. Que la presente Ley Federal de Consulta Popular contiene un apartado sobre aspectos generales y su marco conceptual, otro sobre las especificaciones de cada una de las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular. Los requisitos para la convocatoria y la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, los medios de impugnación con que se cuente para efectos de la presente ley, la consulta popular es el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos a intervenir y participar colectivamente en las decisiones públicas de la formulación de iniciativa de ley, conforme a lo establecido en las fracciones VII y VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considerando en todo momento que la participación ciudadana tiene como finalidad contribuir a la solución de problemas de interés general y el mejoramiento de las normas que regulan la relación en la comunidad, deberá considerarse la utilización de los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación para el desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana. Para efectos de esta ley, se entiende por plebiscito el instrumento de participación directa mediante el cual se somete a consideración de los ciudadanos para su aprobación o rechazo, y de manera previa a su ejecución, los actos o decisiones del Ejecutivo federal y que sean trascendentes para la vida pública del país. El plebiscito consiste en una consulta directa al cuerpo electoral, pero no sobre una decisión legislativa, sino de algún asunto de excepcional importancia para la comunidad que puede comprometer su futuro. Por otra parte, el referéndum, es el instrumento de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de las leyes competentes del Congreso de la Unión y del Constituyente Permanente, que ya han sido aprobadas. El referéndum es una manifestación de democracia constitucional mediante la ampliación del sufragio y el libre acceso a los cargos públicos, la totalidad del pueblo organizado en cuerpo electoral participa en el proceso del poder, lo que hace indirectamente al elegir a sus representantes y directamente por medio del referéndum y el plebiscito. Por iniciativa popular se entiende el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes federales conforme a lo dispuesto por el artículo 35 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que esta iniciativa considera los requisitos que deberán cumplir el presidente de la república, cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, y los ciudadanos para solicitar se dé inicio a alguno de los instrumentos de consulta popular: plebiscito, referéndum o iniciativa popular. Que esta ley, de acorde a lo dispuesto al artículo 35, fracción VIII, apartado 3o. de la Carta Magna establece con claridad las materias que no podrán ser objeto de consulta popular: 1. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución. 2. Los principios consagrados en el artículo 40 de la misma. 3. La materia electoral. 4. Los ingresos y gastos del estado. 5. La seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Asimismo la ley establece que en todo momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia a consulta. Igualmente se establece que las controversias que se generen en cualquiera de las etapas del plebiscito podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de la Constitución. Que la experiencia internacional ha mostrado las bondades de estas figuras. Que estas figuras son ampliamente utilizadas como una forma pacífica de dirimir las controversias y el debate nacional sobre cuestiones de interés público en todo el mundo. Que en esta ley que se incorpora a la larga lista de países a nivel internacional, que han hecho de estas prácticas una costumbre democrática bien vista, totalmente aceptada, encaminándose con ello a la construcción de un Estado democrático de derecho. Esos mecanismos de democracia directa permiten que los ciudadanos, no sólo sean actores de la designación de sus representantes tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, sino también participen en las decisiones importantes que atañen a la correcta conducción del país. Si bien es cierto que la implementación de estas figuras democráticas han sido viejas demandas de la izquierda democrática, también lo son de las organizaciones sociales y de miles de millones de ciudadanos que mediante estos mecanismos aspiran a que este país sea mejor y responda de manera puntual a las aspiraciones de los ciudadanos. Pedirle, presidente, que esta iniciativa sea publicada íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.