La diputada Dolores de los Ángeles Nazáres Jerónimo: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. En México hemos sido testigos directa e indirectamente de hechos donde la seguridad pública y la procuración de justicia son violentadas por factores estructurales y por la creciente corrupción que impera en las instituciones encargadas de investigar los delitos. Lejos de impartir justicia han llegado a los extremos de actuar con ilegalidad, lo cual ha propiciado las peores historias de prepotencia e indignación vividas por los mexicanos, dando lugar a la vigencia, una y otra vez, de la ley del más poderoso. Muchos son los factores que explican este problema social, entre los que destacan la ausencia de un marco jurídico que sea acorde a la realidad del Estado y a la falta de capacitación y profesionalización de los servidores públicos. Precisamente en este aspecto se han realizado propuestas en diferentes foros en todo el país, en los cuales se ha expresado la necesidad de reformar el marco jurídico de la procuración de justicia y la urgente profesionalización de los servidores públicos, pero nunca se habla de una reforma profunda a la Procuraduría General de la República que conlleve a independizar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo federal. Ante ello, diversos autores coinciden en que un paso importante en la evolución de esta institución es otorgarle autonomía constitucional, misma que le permita consolidarse como una institución que fortalezca y proteja el Estado de derecho. Por otro lado, en nuestros antecedentes constitucionales podemos observar que el procurador se encontraba fuera del Poder Ejecutivo en la Constitución de 1824. De acuerdo a lo establecido por los artículos 124 y 127, el procurador general, como titular del Ministerio Público, de acuerdo con la tradición española, formó parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y era electo de la misma forma que los ministros de la Corte. Al procurador se le daba la denominación de fiscal. En el año de 1932 se dio un importante debate en el Congreso Jurídico mexicano entre el entonces procurador general de la república Emilio Portes Gil y el jurista Luis Cabrera, quien señaló la importancia de distinguir la competencia del Ministerio Público, la de representación social y asesoría, consideradas incompatibles. Así también, propuso que la representación social recayera sobre un fiscal general de carácter autónomo, es decir, independiente del Poder Ejecutivo federal, y la de asesoría en un procurador que vendría a ser el consejero jurídico del presidente de la república, con carácter inamovible y con la misma dignidad que los ministros de la Suprema Corte. Por otro lado, Portes Gil defendió la unidad en la competencia del procurador establecida en la Constitución. Actualmente advertimos que el procurador general de la república, al ser designado directamente por el Ejecutivo federal, responde más a los intereses de la clase en el poder que al espíritu de la justicia, pues deja de practicar las diligencias apropiadas tratándose de las conductas cometidas por organizaciones criminales en las que está involucrado algún servidor público o algún delincuente relacionado con las instituciones policíacas o ministeriales de la república. Ante estos hechos, resulta imperativo reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que contemple la designación del procurador por parte del Senado mediante el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, entre una terna que proponga la Comisión de Justicia del Senado o, en su caso, de la comisión correspondiente de la Comisión Permanente cuando el Senado se encuentre en receso. Esto, con el propósito de dar fin al nombramiento del procurador por parte del Ejecutivo federal y dar paso a una Procuraduría General de la República como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que cuente con la independencia suficiente para combatir la delincuencia e impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país. Se trata de una propuesta en la que podrán participar la ciudadanía, los colegios de abogados y las organizaciones de la sociedad civil, para que el Senado designe dentro de los mejores abogados de México al nuevo procurador general de la República. Asimismo y por tratarse de una reforma constitucional que impacta en el orden local, se propone homologar el diseño de la autonomía del Ministerio Público a las entidades federativas y al Distrito Federal. Ello, de conformidad con la Constitución de cada uno de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dotar de autonomía constitucional al Ministerio Público. Diputado presidente, dada la brevedad del tiempo para la exposición de esta iniciativa, le solicito que el texto íntegro se incluya en el Diario de los Debates. Muchas gracias.