El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. El asunto a tratar el día de hoy, y que contiene esta iniciativa de decreto, se refiere a lo comúnmente conocido como el perdón fiscal. Ha sido de todos conocido que en distintas épocas y tiempos no está regulado el sobreseimiento en materia penal y ha dado pauta para que el Ejecutivo maneje de manera caprichosa, con amiguismos, el otorgar el sobreseimiento que se traduce en el perdón fiscal. Así pues, es sabido, también, que cuando el Poder Ejecutivo no atiende los principios de generalidad, de imparcialidad, de abstracción de la ley genera exclusiones que dan incertidumbre y que trastocan la sana convivencia entre los gobernados. Es por ello que se considera que no puede haber y no puede mantenerse la disparidad entre el Código Fiscal y el Código Penal, porque propicia un trato desigual e inequitativo entre los contribuyentes objeto de un proceso penal, y si el actual Presidente de la República juró cumplir y hacer cumplir la ley, aunque haya dejado de lado el artículo 25 de la Ley de Educación, no podemos ser proclives ante actitudes como esas, a dejarle el sobreseimiento penal a su entero capricho y conveniencia, porque entonces cae en una política y en una actitud persecutoria, errónea y contraria al esquema de la recaudación y, además, no propicia reglas simples para obtener del gobernado el cumplimiento fiscal correspondiente. La solicitud del gobernado para dicha petición en muchos de los casos, simplemente no se atiende, por el contrario, deja en el ambiente empresarial y en el ambiente de los causantes el pésimo sabor de boca de no haber tenido un esquema de componenda, de amistad o de cambio de baraja o excluido de la posibilidad del trato equitativo y de igualdad de condiciones. Para evitar una facultad discrecional, caprichosa y problemas de interpretación y aplicación entre lo consignado por el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación y el 93 del Código Penal Federal, es por eso que, y a la petición de sobreseimiento del ofendido, la autoridad deberá de atender la petición del mismo en los términos que hoy se proponen si esta soberanía en su momento así lo aprueba. Y es por ello que a efecto de que los delitos fiscales continúen cumpliendo con las funciones de ejemplaridad respecto de los demás y a la vez se logre un impacto recaudatorio concreto y que las contribuciones omitidas no se han de pagar simple y llanamente y sólo ellas, sino que también y además lleven una pena pecuniaria trascendente, es que también proponemos recargos aplicables de manera automática, que sean 1.5 veces lo que se aplicaría normalmente. Esta modificación, de aprobarse, evitará el uso arbitrario de la facultad de mérito; tendrá un impacto positivo en la recaudación; no permitirá a la autoridad fiscal solicitar el sobreseimiento sin que se haya cubierto la totalidad de las contribuciones omitidas. Para prevenir las dilaciones que pudiera acarrear el esquema de la petición que actualmente reglamenta el párrafo objeto de esta iniciativa, se propone el sobreseimiento de la causa o proceso penal aun suspendido por estar pendiente la aprehensión del inculpado o por cualquier otra razón. Por todo lo antes expuesto, me permito someter ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación: Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue: Artículo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este artículo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Los procesos por los delitos fiscales a que se refiere el presente artículo, se sobreseerán siempre que: a).- El procesado o el apoderado facultado expresamente para ello mediante el otorgamiento previo ante notario, dé un poder especial, promoviendo incidente de sobreseimiento por reparación del daño en el proceso respectivo o ante su superior en tratándose de recursos de alzada y, antes de que dicte sentencia ejecutoriada, exhiban en billete de depósito a favor de la Tesorería de la Federación el importe de la contribución cuya omisión se les impute, con sus actualizaciones y recargos, sin deducción por cualesquiera beneficio fiscal y multiplicando los recargos correspondientes por 1.5 veces, expresando su renuncia al ejercicio de cualesquiera acción de devolución por pago indebido u otra causa análoga. b).- En la vista de tres días que se dé con la promoción del incidente al órgano de acusación, éste o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como su coadyuvante no manifiesten su inconformidad y en el caso de hacerlo fundadamente, indiquen el motivo de ésta. c).- El incidente sea declarado procedente por el juez o tribunal del conocimiento, poniendo a inmediata disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el billete de depósito exhibido por el procesado o su apoderado. d).- La sentencia interlocutoria que lo declare procedente haya quedado firme por no haberse interpuesto recurso en su contra o se renuncie a la interposición del mismo o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya recogido el billete de depósito, aceptando el pago. El sobreseimiento a que se refiere este párrafo, beneficiará a todos los inculpados y, en su caso, al encubridor. Transitorios Primero. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Las modificaciones contenidas en este decreto, serán aplicables a los procesos que actualmente se ventilen, y en los que no se haya dictado sentencia ejecutoriada que los resuelva en definitiva, cuando se encuentren en los supuestos previstos. Al efecto, a petición del procesado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestará si se han cubierto las contribuciones, con sus actualización y recargos, multiplicados estos últimos por 1.5 veces. Compañeros legisladores: No es un asunto menor la inequidad con la que se ha venido aplicando caprichosa, amistosamente este criterio. Es por ello, que con esta iniciativa se trata de que el Ejecutivo federal por sí mismo o por la Secretaría de Hacienda deje de manejar con amiguismos el sobreseimiento en la causa penal. Pido a la Presidencia que se turne a la Comisión de Hacienda y se inserte en el Diario de Debates esta participación. Muchas gracias.