El diputado Pascual Bellizzia Rosique: Con su permiso, diputado presidente. En estos momentos existe una urgencia sin precedente por reestablecer la productividad agropecuaria, recuperar la autosuficiencia alimentaria y aquí tener abasto suficiente hacia el mercado interior. En ese sentido, el gasto público es un factor determinante y con ello los programas de su sector, señor secretario. Debemos entender que dentro de los próximos cuatro años se presentará la verdadera crisis alimentaria y éste es precisamente el plazo que le queda a la administración del presidente Calderón. Los diputados nos preguntamos, ¿de qué manera haremos frente a esa crisis con los programas subejercidos de su secretaría? ¿Cómo podemos contar con una reserva si no la empezamos a producir ahora? Urge, señor secretario, apoyar la producción nacional para establecer un esquema real de seguridad alimentaria, y apoyar tanto la producción a gran escala, como estimular los cultivos básicos que por diversos motivos se han abandonado, y con ello ampliar la oferta interna de alimentos. En este sentido, nos preocupa que los apoyos, aunque reportados como federalizados o en las arcas de los fideicomisos estatales, no lleguen a las verdaderas actividades productivas. Nos inquieta que los beneficiarios de los programas de promoción al financiamiento y la capitalización del sector rural sean productores con determinado potencial productivo, mientras que los de baja rentabilidad no tienen acceso al crédito, señor secretario. Para hacer frente a la crisis que se avecina se debe asegurar el flujo de financiamiento al campo con base en criterios de promoción al desarrollo y sin emular a la banca comercial. Los pobres resultados de la banca de desarrollo demuestran que la mayor preocupación del gobierno es cuidar el presupuesto, pues le parece inviable considerar a los productores como los actores principales de la generación de riqueza agropecuaria de este país. Baste revisar el proyecto de presupuesto para el Programa Especial Concurrente de 2009, en él se propone reducir el presupuesto en 10 mil millones de pesos, donde Alianza para el Campo pierde más de la mitad de su presupuesto. A mi juicio, señor secretario, esta reducción merece el calificativo de criminal ya que con ello disminuyen más de 50 por ciento los apoyos para el desarrollo agrícola, ganadero y de desarrollo rural, cuando es precisamente en este momento que el campo requiere de recursos accesibles y simplificados en programas a largo plazo y con objetivos a corto y mediano. En contraparte, se asignan recursos a nuevos programas estratégicos que seguramente vendrán con sus nuevas reglas de operación, para que los interesados tengan algo en qué entretenerse. Señor secretario, no entendemos por qué en el esquema que prevalece en el laberinto de programas de Sagarpa, la operatividad se traduce en reglas de operación complicadas, con base en la lógica de defender el presupuesto y evitar que accedan a beneficios aquellos sujetos a quienes no les corresponde. Señores, esa lógica entorpece el ejercicio del presupuesto y somete a los beneficiarios potenciales a un vía crucis innecesario que hace que la política de desarrollo rural tenga muy pobres resultados. Le pregunto, señor secretario. El recortado proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo ¿responde a la ineficiencia del sector para lograr ejercer la totalidad de los recursos en proyectos de inversión viables o solamente se debe a la falta de visión para resolver el problema de suficiencia alimentaria de este país? Por su respuesta, muchas gracias.