El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, en efecto, el motivo que impulsó la reforma constitucional de 2011 fue el establecer un sistema que garantizara la mayor protección a los gobernados. En esta reforma se incluyó el criterio pro persona y se incorporó a la norma constitucional el reconocimiento y protección de los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales firmados y suscritos por México. El cambio del paradigma en materia de derechos de los gobernados ha obligado a un esfuerzo del Estado para adecuar el marco normativo al nuevo parangón constitucional. Parte de esfuerzo ha sido el que se ha impulsado una y otra iniciativa para poder mejorar este marco jurídico. Esta iniciativa que hoy se plasma en el dictamen y que está en discusión, fue presentada por un servidor, fue presentada por Ricardo Mejía y por un servidor, en donde se solicita que a través de los actos de la Policía Federal se observen los derechos humanos, no sólo los consagrados en la Constitución sino también en los tratados internacionales celebrados por México como Estado nacional. Debemos reconocer que las fuerzas de seguridad son quienes deben velar en primera instancia por los derechos de los gobernados, pues sus actos se encuentran íntimamente ligados al necesario respeto de los derechos humanos. Asimismo, ha correspondido para la presentación de esta iniciativa que se plasma en el dictamen, la realidad imperante en nuestro país donde hemos observado cómo los cuerpos de seguridad, la Policía Federal se ha convertido en un elemento esencial en el ejercicio de tareas de seguridad en distintas poblaciones de las entidades federativas. Esta participación activa ha ocurrido en mayor medida por la llamada lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico emprendida en el año 2006 y provocándose que desde diciembre del año 2006 a estas fechas se han presentado miles de quejas por violaciones a los derechos humanos, en contra de esta institución de seguridad pública. En 2013, con motivo de la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la creación de la Comisión Nacional de Seguridad Pública se argumentó que este organismo rector de la seguridad federal se apegaría estrictamente a la protección de los derechos humanos. Sin embargo fue precisamente la Comisión, esta Comisión de Seguridad la que más recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo este año, y entre las recomendaciones están el uso excesivo de la fuerza; las detenciones arbitrarias; la tortura e incluso la privación ilegal de la libertad y la privación de la vida. El incremento de las quejas contra las acciones de la Policía Federal corresponde al uso de esa fuerza policial para el combate diario del crimen organizado y la carencia de capacitación de los elementos policiales en materia de derechos humanos de los gobernados. Tales violaciones de derechos humanos impactan de forma negativa desde dos perspectivas. En primer lugar, vulnerando la esfera más esencial de los derechos de los gobernados. Y en el segundo lugar, la alteración de los procesos jurisdiccionales, sometiendo a la valoración de los jueces posibles violaciones de derechos humanos. Ahora bien, en este dictamen que está a consideración de esta asamblea, se consideró que la capacitación de los elementos policiales en materia de derechos humanos correspondiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por tratarse del órgano especializado en el tema. No obstante, en aras de enriquecer la propuesta, se determinó por la dictaminadora que no se restringiera a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fuera el único órgano capacitador, estableciendo una facultad amplia para que participen órganos de organismos diversos. Por esa razón, capacitar a nuestras fuerzas policiales en el respeto de los derechos de los gobernados corresponde a un Estado moderno y garantista de la libertad ciudadana y de los principios democráticos. Por eso propusimos modificaciones al artículo 3o., al artículo 10 de la ley en comento, que hoy puede tener la suerte de ser aprobada para que se plasmes en derecho vigente estas normas, que son indispensables en materia de derechos humanos, para el propio comportamiento y actuación de los órganos de seguridad pública federales en el país. Por su atención, a todos, muchas gracias.