EL DIP. JOSE RAMON GALINDO NORIEGA: Honorables diputadas y diputados: En la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857, el artículo 97 confiere a los tribunales federales la competencia para conocer de todas las controversias sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, de las que se versaren sobre derecho marítimo, de aquellas en que la Federación fuere parte, de las que se suscitaran entre dos o más estados o entre un estado o uno o más vecinos de otro, de las del orden civil o criminal que se plantearen a consecuencia de los tratados celebrados con las potencias extranjeras y de los casos concernientes a los agentes diplomáticos y consulares. Asimismo, la reforma del 26 de mayo de 1884, a la fracción I del citado artículo 97, introdujo el principio de la jurisdicción concurrente, es decir, que cuando las controversias sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, afectaran intereses particulares la competencia correspondía a los jueces y tribunales del orden común de los estados, del Distrito Federal y del entonces territorio de Baja California, indistintamente. El actual artículo 104 de la Constitución Federal con reformas publicadas los días 18 de enero de 1934, 30 de diciembre de 1946, 25 de octubre de 1967, 8 de octubre de 1974, 10 de agosto de 1987 y 10 de octubre del mismo año, comprende varias instituciones que deben examinarse por separado. En dicho precepto se regulan, en primer término, la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de las controversias sobre aplicación de las leyes federales, así como la jurisdicción concurrente con los tribunales locales; cuando dicha aplicación sólo afecte intereses particulares, cuando la regulación del recurso de revisión fiscal y administrativa y cuando la competencia de los propios tribunales federales para conocer de dicho tipo de controversias que se le han atribuido tradicionalmente. Asimismo, la jurisdicción concurrente ha tenido por objeto evitar el rezago de los tribunales federal, al encomendar a los de carácter local el conocimiento de la controversia, en los cuales solo se afecten intereses particulares en el precepto de 1857 de manera obligatoria, pero en la Constitución vigente solo de manera potestativa a elección del actor. Por lo anterior, la disposición constitucional que se pretende reformar, establece la llamada jurisdicción concurrente, es decir, el extremo legal apuntado deja que la jurisdicción sobresalga tanto en el terreno federal o en el fuero común, según escoja el actor en aquellos asuntos de aplicación de leyes federales, tratados internacionales, así como de otras controversias que de ordinario son pertenecientes a los tribunales federales para que, en el supuesto de que sólo se afecten intereses de particulares puedan éstos acudir en busca de solución a su controversia a los tribunales de los estados. Así pues, el actual artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción I, establece que corresponde a los tribunales de la Federación, conocer de todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados y del Distrito Federal. La necesidad de la reforma mencionada se surte sobradamente en mérito de los vientos frescos de federalismo que en todos los ámbitos de la nación hoy se viven, además, como un mecanismo que permite aligerar la carga económica que pesa sobre los estados, en concreto las limitadas finanzas de los Poderes Judiciales de las entidades, y que en efecto, aproximadamente el 55% de los juicios que se siguen en el Poder Judicial de la mayoría de los estados en nuestro país, se derivan de la aplicación de leyes federales, básicamente el Código de Comercio y Ley de Títulos de Operaciones de Crédito, entre otras. Aproximadamente el 58% de todos los juicios son mercantiles y 42% de otra naturaleza. En virtud de lo anterior, las entidades federativas tienen que destinar mayor presupuesto al Poder Judicial local, que se traduce en aumento de recursos humanos y materiales. De aprobarse la reforma que se propone los Poderes Judiciales de todas las entidades federativas solucionarían de fondo el problema ancestral que todos conocemos: el rezago a veces alarmante, en el número de expedientes que requieren tramitación y atención. Es fácil adivinar las bondades de la presente iniciativa, simplemente nuestro Poder Judicial estaría en posibilidad de cumplir cabalmente su función de administrar justicia de manera pronto y expedita, tal como lo manda la propia Constitución Federal en su artículo 17, ya que se abatiría el rezago y el servicio a la atención del usuario sería de mejor calidad. Es hora, pues, de que la Federación cumpla también con su función en materia de administración de justicia y aplique como debe de ser, las leyes federales y quitarle esa carga ominosa y cara a los estados. Por todo ello, respetuosamente me permito someter a esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de decreto: Artículo único. Se reforma la Fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: "Corresponde a los tribunales de la Federación, conocer...fracción 1A. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados y del Distrito Federal. "La Federación, en los términos de las leyes ordinarias y de los Presupuestos de Egresos correspondientes, deberán resarcir a los estados y al Distrito Federal con el pago de los gastos que eroguen con motivo de la prestación de este servicio derivado de la competencia federal. El recurso federal que se asigne en compensación de los gastos que cause este servicio deberá destinarse directamente a fortalecer los presupuestos de los Poderes Judiciales estatales". Transitorios: Primero. "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Segundo. "Los juicios o procedimientos que se ventilen antes de la entrada en vigor del presente decreto, seguirán hasta su conclusión bajo la jurisdicción del juez con quien se hubiere iniciado". Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de abril de 2004. Gracias, señor Presidente.