La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Alfa Eliana, Presidente. Con su permiso. Compañeros diputados, compañeras diputadas, vengo a esta alta tribuna a pronunciarme a favor de la propuesta presentada por el Partido del Trabajo. Dada la importancia de la ley que se discutirá en materia laboral, no podemos escatimar en la transparencia y apertura a la difusión de todos los trabajos que de ella deriven. El trámite preferente de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Ejecutivo federal, está previsto en el artículo 71 constitucional, pero no se encuentra desarrollado en la legislación segundaria. Por ello, su dictaminación debe ser ampliamente difundida a través del Canal del Congreso, como lo propone el Partido del Trabajo. El mismo artículo señala que la ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en vigor no considera el trámite preferente, tampoco el reglamento de la Cámara de Diputados lo contiene. Por su parte, el artículo transitorio segundo del decreto que reformó la Constitución política para introducir esa figura dispone que el Congreso deberá expedir la legislación respectiva a más tardar en un año, contado a partir de la entrada en vigor del mismo, situación que no ha sucedido. Esta soberanía debe ser muy cuidadosa de las decisiones que tome para cubrir una laguna jurídica en el trámite preferente. El acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política pretende regular los trabajos de dictaminación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social pasando por encima de las facultades de la propia comisión establecidas en el artículo 176 del reglamento de la Cámara de Diputados. El acuerdo de la Junta es violatorio del artículo 77 constitucional que invoca, pues éste señala que cada una de las cámaras podrá dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior, y para ello se requiere la aprobación del pleno, como ha ocurrido en todos los antecedentes donde existen lagunas jurídicas o falta de un desarrollo secundario de los artículos constitucionales. Por esta misma razón es de la mayor importancia la más amplia difusión de los debates, la realización de las audiencias públicas o reuniones en las que se consulte la opinión de especialistas en la materia, grupos interesados, funcionarios públicos de las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema. Que se discuta y retome la opinión de los ciudadanos, como lo dispone el reglamento de la Cámara de Diputados. Debemos asimismo considerar un calendario de audiencias públicas en el proceso de dictamen de la iniciativa preferente; asimismo, debemos garantizar el derecho de presentar un voto particular en caso de disentir el dictamen que en su oportunidad se presente. Por ello aprobaremos el punto del Partido del Trabajo y defenderemos con la ley en la mano un proceso legal, transparente, incluyente y democrático en el dictamen de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, pilar de nuestros derechos sociales, que defenderemos por todos los medios a nuestro alcance. Si el motivo, pregunto, de no querer dar difusión, como solicitamos, a esta discusión es que existe ya un acuerdo entre Calderón y Peña Nieto para aprobar esta ley, en detrimento de los trabajadores, responsabilizaremos a Enrique Peña Nieto. Es cuanto, presidente.