El diputado Raymundo García Gutiérrez: Desde su fundación el Partido de la Revolución Democrática acompañó diversas propuestas para acabar con la intervención discrecional del Estado en la vida interna de los sindicatos. Establecer un marco institucional que permita el funcionamiento de organizaciones sindicales autónomas, representativas, democráticas, con presencia y capacidad de interlocución real en el ámbito productivo. En esta visión, las fuerzas democráticas propusimos reconstruir un modelo laboral que hiciera posible la inserción de nuestro sistema productivo y comercial en el mundo globalizado, generando empleos suficientes, estables y bien remunerados, al tiempo que permitiría democratizar el mundo del trabajo y reformar sus instituciones. Fue hasta el 2017 en que se reformó la Constitución para suprimir las juntas de conciliación y arbitraje y sustituirlas por tribunales laborales, a cargo del Poder Judicial y por un órgano desconcentrado que lleve a cabo la conciliación laboral y el registro de sindicatos y contratos colectivos. Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, se sustituyeron las juntas, federal y locales, de conciliación y arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales. Con eso los ejecutivos, tanto el federal como estatales y de la Ciudad de México perdieron el poder del control corporativo sobre la justicia laboral. En el caso del organismo descentralizado de carácter federal y autónomo, se estableció que será el único encargado de registrar a los sindicatos y los contratos colectivos, sustituyendo en esas funciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Junta de Coordinación Política Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las juntas locales de conciliación y arbitraje, desmantelando una de las bases más sólidas del control corporativo, construida a costa de la libertad sindical y de la autenticidad de la institución, de la contratación colectiva. Este organismo autónomo, descentralizado, de carácter federal, tendrá como tarea adicional la conciliación cuando se trate de juicio de materia federal. En materia local la conciliación será competencia de órganos descentralizados que se crearán en cada entidad federativa, aunque la reforma constitucional estableció un término de un año para expedir la legislación reglamentaria, esto solo se logró hasta el primero de mayo de 2019. Cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y diversas leyes en materia de justicia laboral. Los transitorios de este último decreto fijaron como plazo para expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un término de 180 días, mismo que vence en este mes de octubre. El dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene como propósito cumplir con este mandato, constituye un paso más en la construcción del nuevo modelo de justicia laboral y de democratización del monto de trabajo, para el que aún quedan muchas tareas por realizar. Honorable asamblea, en nuestro país la presencia del estado de la configuración de los derechos y las instituciones de trabajo han tenido un peso determinante, lo que llevó a construir un modelo sindical corporativo, sin autonomía ni libertad ni democracia sindical, esto limitó la capacidad de acción y movilización de los trabajadores y sus organizaciones, volviendo a los sindicatos un sector vulnerable, con una capacidad limitada para encarar las reformas neoliberales. Las privatizaciones, el desmantelamiento de las instituciones de seguridad social, la caída salarial, la precarización del empleo y la mutilación de los contratos colectivos que consagraban sus derechos y conquistas. No obstante, prevalecieron sindicatos independientes y fuerzas sindicales que mantuvieron sus propuestas de democratización del mundo del trabajo y la defensa del empleo. El salario, el bienestar y la salud de los trabajadores encontraron en el PRD una vía de expresión e incluso de materialización de sus demandas en términos legislativos. El PRD continuará apoyando en dar viabilidad al establecimiento de un marco que permite el libre ejercicio de la autonomía, libertad y la democracia sindical, y una contratación colectiva auténtica para que los sindicatos sean instituciones que, efectivamente, pugnen por el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos laborales. Votaremos a favor, no obstante, consideramos un contrasentido establecer un régimen laboral de excepción para los trabajadores de este organismo, que garantiza el ejercicio de la democracia sindical, así que reservaremos esa disposición. Es cuanto, diputada presidenta.