La diputada Iliana Guadalupe Rodriguez Osuna: Compañeros y compañeras diputados, indiscutiblemente existen muchos problemas en nuestro sistema judicial, y una gran mayoría pues son graves y, ante ello, existe una tentación de enfrentarlo sin que medie un trabajo profundo de reflexión. Hoy estamos frente a un intento de modificación de la ley, que producto de una comprensión parcial y reduccionista de la problemática, impartición de justicia en el país, buscan violentar el equilibrio de poderes y eliminar su debido proceso. Lo anterior, como un intento absurdo de resolver una de las demandas más sentidas de la población. La falta de acceso a la justicia no se verá superada si única y exclusivamente otorgamos la facultad de indulto al presidente de la República. No, lo único que busca es que el presidente esté por encima del sistema judicial, que sea eliminado el debido proceso y sustituido por la venia del mismo. No podemos obviar y dejar de reconocer que el sistema de justicia en este país ha sido complejo, pues este está compuesto por eslabones diferenciados entre los cuales encontramos que la procuración misma de justicia que pasa por la impartición hasta los sistemas penitenciarios se vincula con la política criminal y las estrategias de seguridad. En lugar de atender con responsabilidad la impartición de esta, se pretende reducir esta voluntad única del presidente. Se renuncia a la posibilidad de enfrentar los problemas y, en su caso, reformar lo que se requiere reformar y, a su vez, dejar intacto lo que no debe de cambiar. Es nuestra obligación decir que el riesgo máximo de esta iniciativa es la de dotar la atribución exclusiva al presidente de la República, que lo pone por encima del Poder Judicial y de la misma Fiscalía General de la República. Y fundamentalmente lo exime del cumplimiento de la ley y el debido proceso. El oficialismo pretende ocultarlo, que el presidente dará amnistía a quienes según su interpretación, aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en caso de que sean relevantes para este Estado mexicano. Como muchas de las ocurrencias de este gobierno, la iniciativa no aclara, no define cómo, quién y definirían los casos relevantes y bajo qué criterios se permitirá el indulto, quién y cómo se puede solicitar. No. No define un procedimiento claro, es opaco como este gobierno y sus acciones. Todas en su mayoría violadas y en la Constitución. Para que lo entienda el pueblo, es inconstitucional, porque se considera que el país necesita dotar de una facultad exclusiva al presidente de la amnistía, que de manera directa sin que medie el procedimiento alguno, porque este gobierno ha perfeccionado el delito de extorsión frente al crecimiento expotencial, durante esta administración del orden del 50 %. Este gobierno de la 4T ha decidido monopolizarlo y mediante una reforma de ley, que facultar al presidente de la posibilidad de dejar en libertad a quien así lo considere, bajo la premisa de que las personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos, en caso de que sea relevante para este Estado mexicano, estos sean indultados. La aportación de elementos muy seguramente será el resultado de acuerdos y presiones por parte del titular Ejecutivo, pues en innumerables ocasiones, el pueblo de México ha sido testigo del nulo respeto del presidente por la ley. Así atestiguan frase de él, como: no me salgan con la ley es ley, o por encima de la ley está mi investidura. El oficialismo, hoy pretender legislar la extorsión ejercida por el dictador de Palacio, y el 2 de junio el pueblo bueno se los va a recordar.