LA DIP. SUSANA MANZANARES CORDOBA: Diputado Presidente, en atención al tiempo leeré a continuación una síntesis de la iniciativa, por lo que le solicito que el texto completo de la misma sea incluido en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II y en los artículos 72 y 135 de la Constitución Política, así como en el artículo 75 fracción II y en los artículos 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa que propone la incorporación de dos nuevos artículos y modificación a 17 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de incorporar a nuestra Carta Magna las figuras de plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa legislativa popular y rendición de cuentas. Compañeros diputados y compañeras diputadas: El propósito básico de esta iniciativa es que la democracia representativa, pilar fundamental de nuestra arquitectura constitucional, sea enriquecida al incorporar en el sistema de toma de decisiones, el concepto de democracia participativa, así como algunos mecanismos modernos de democracia directa. No anima esta iniciativa la idea de debilitar a la democracia representativa, menos aún la de sustituirla por la democracia directa. Actualmente, a juicio de destacados analistas, ha sido superado el debate que contrapuso de manera excluyente democracia representativa y democracia directa. En la discusión teórica y política hoy se reconoce a los mecanismos de democracia directa como un complemento de la democracia representativa, por lo tanto, la cuestión central no es si es conveniente el plebiscito, el referéndum o la iniciativa legislativa popular como mecanismos para elevar la calidad de la democracia, sino de cómo, cuándo y con qué procedimientos debe aplicarse, con el objetivo de fortalecer la democracia, la legitimidad y la gobernabilidad. En nuestra época existe un amplio y creciente número de países democráticos que han incorporado mecanismos de democracia directa en sus diseños constitucionales. En América Latina, por ejemplo, sólo Bolivia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y México presentan sistemas constitucionales que no incorporan en el nivel nacional mecanismos de democracia directa, aunque en algunos de ellos se está discutiendo la posibilidad de adoptarlos. En nuestro país está reconocida la figura de plebiscito en 19 entidades federativas; el referéndum existe en 19 entidades federativas, mientras que la iniciativa legislativa popular es un derecho en 21 entidades y la revocación de mandato existe en 3 estados de la Federación. Estos datos demuestran que en cuanto a mecanismos de democracia directa, el nivel federal presenta un evidente retraso con respecto a las entidades federativas. Por las anteriores razones, en esta iniciativa se separan conceptualmente el plebiscito y el referéndum. El primero, se representa para decidir sobre materias conferidas al ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, y el segundo, para decidir sobre materias atribuidas al Poder Legislativo. Las modalidades de convocatoria a plebiscito y referéndum, impiden que estos instrumentos sean utilizados por un poder para anular las decisiones de otro, de esta manera, se preserva la separación funcionar de poderes y la fortaleza de las instituciones republicanas. La ciudadanía podría promover la convocatoria a plebiscito o a referéndum si logra, cuando menos, el apoyo de una cantidad de ciudadanos equivalente al 5% del padrón electoral. La iniciativa legislativa popular permitiría a los ciudadanos iniciar leyes o decretos antes las Cámaras del Congreso si en un proyecto de iniciativa es aprobado por una cantidad de ciudadanos equivalente, cuando menos, al 0.13% del padrón electoral. Por supuesto, el Congreso de la Unión conserva la facultad de dictaminar las iniciativas, es decir, aprobarlas, rechazarlas o modificarlas. Mientras que la revocación del mandato podría aplicarse a los titulares de los cargos de elección popular, tanto al gobierno como al legislativo, la revocación de mandato está concebido en esta iniciativa con bases procedimentales que evitan su viabilidad si no existe un verdadero clamor social a favor de la revocación del mandato de algún gobernante o legislador. Así se atiende a la estabilidad del sistema político y a la continuidad de las instituciones públicas, a la vez que se proporciona un procedimiento institucional por el cual se puede canalizar la inconformidad social. La revocación de mandato se fundamenta en el principio constitucional de que la soberanía radica esencialmente y originalmente en el pueblo y de que todo poder público se instituye en beneficio de esto. Finalmente, esta iniciativa propone que los diputados y senadores proporcionen permanentemente información sobre sus actividades a los ciudadanos y que rindan formalmente un informe anual en los distritos electorales, entidades federativas y circunscripciones plurinominales en que fueron elegidos. Como podrá apreciarse en el texto de la iniciativa del que sólo se ha destacado algunos aspectos, los objetivos que se persiguen es que estos mecanismos contribuyan a dar mayor concreción al ejercicio de la soberanía popular mediante la incentivación de la participación ciudadana, especialmente en decisiones de alta trascendencia para la nación a incrementar la representatividad de las instituciones republicanas, de gobierno y de representación popular, evitando las tendencias a la automatización de la llamada clase política, con respecto a la sociedad y a la propensión, a la partidocracia y a preservar y fortalecer la división funcional de los Poderes de la Unión y mejorar los procesos de legitimación social de sus decisiones, al tiempo que se promueve la colaboración entre poderes en el marco de una independencia y se obstaculiza la potencial anulación de uno de ellos por otro. En síntesis, se trata de fortalecer la legitimidad de los poderes públicos mediante su cercanía a la participación ciudadana, mejorar condiciones para enfrentar las decisiones del presente y el futuro de la nación. En este sentido, las reformas de esta iniciativa propone se inscriba en el deseable proceso de fortalecimiento y consolidación de la democracia en nuestro país. Es cuanto, señor Presidente.