La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, estoy convencida de que las cosas hay que decirlas como uno las ve, y para mí el dictamen aprobado el día de hoy o que se busca aprobar es ilegítimo, porque es resultado de la oposición reiterada de un oficialismo que ha cancelado las reglas fundamentales de la convivencia democrática y que ha renunciado a la política constructiva para reivindicar la obediencia servil. Miren ustedes donde y como hemos tenido que acudir a sesionar. Encerrados en una sede improvisada, fuera del Palacio Legislativo, aislados de la ciudadanía inconforme que legítimamente se ha manifestado en contra de este atropello. Se presumen grandes demócratas, pero su verdadera convicción es la autocracia y su verdadera vocación es la obediencia. Se presumen cercanos a la gente, pero la única cercanía que verdaderamente anhelan es la cercanía del poder presidencial. Esta no es ninguna reforma judicial, este proyecto nada tiene que ver con la justicia. Esta es una revancha antidemocrática de un gobierno autoritario sobre el Poder Judicial, que defendió los derechos y libertades de las personas frente a los caprichos del poder. No quieren revisar la integración del Poder Judicial para hacerlo más fuerte, para replantear su estructura, para atender sus insuficiencias. No quieren evaluar su desempeño para hacerlo más eficaz o innovar en su funcionamiento para hacerlo más eficiente. Y no es una reforma de justicia, porque si lo fuera, les preocuparía la vulnerabilidad en la que van a dejar a millones de ciudadanos que hoy tienen procesos en los tribunales del país y que con esta ocurrencia van a quedar a merced de juzgadores que le van a deber el cargo al poder político, al poder económico o al poder criminal. Si fuera una reforma de justicia y contra la impunidad, habrían convocado a un verdadero diálogo plural y abierto sobre el sistema de justicia en su conjunto. Estaríamos hablando de cómo prevenir la delincuencia y construir la paz. De cómo fortalecer las policías, tener mejores investigadores y fiscales, juzgadores más preparados y sensibles, y mecanismos de acceso a la justicia más eficaces. Entonces, no es ni una reforma legítima ni judicial ni de justicia y, francamente, tampoco es una reforma popular ni con voluntad democrática. Porque, si esa fuera su convicción, sabrían que el pueblo lo integramos todos, incluidos los 4 de cada 10 mexicanos que no votaron por ustedes, los millones también de ciudadanos que estamos en contra de esta reforma y que tenemos algo que decir sobre ella y los trabajadores del Poder Judicial que han hecho ahí carrera y que hoy saben que sus derechos y legítimas prestaciones están en riesgo. La verdadera intención es purgar, es debilitar y, sobre todo, capturar a todos los Poderes Judiciales del país. Es fácil ver que la elección de las y los juzgadores se dará en un ambiente de control político de las postulaciones y del proceso electoral, y que permitirá la sanción de quienes no se sometan a la voluntad del poder y busquen aplicar la razón del derecho. Su intención es eliminar de una vez por todas los frenos y contrapesos que hasta hoy les han impuesto un límite a la concentración de todo el poder. Ustedes no quieren mejorar la impartición de justicia, quieren controlarla. Esto no se trata, termino en un minuto, no se trata de los derechos de las personas, sino de los caprichos de una sola persona, y eso lo saben bien. Esta no es una reforma constitucional para transformar y profesionalizar al Poder Judicial. Es una purga política para apropiarse del único Poder que ha podido ejercer un verdadero contrapeso al Ejecutivo. En estos términos como está planteada, la elección popular de los juzgadores, el nuevo diseño de administración y disciplina y los tiempos de implementación vulneran derechos de los trabajadores del Poder Judicial, violan compromisos y obligaciones internacionales y lo que es peor, dejarán a los mexicanos a merced de jueces de consigna. Esta reforma es una ocurrencia completamente inviable, muy costosa y, sobre todo, muy peligrosa. Están abriendo una puerta que después va a ser muy difícil cerrar. Diputadas y diputados, en Movimiento Ciudadano insistimos en colocar al centro del debate a las personas y sus derechos. Sí queremos un México con justicia para todos, sí queremos un sistema de justicia con cero impunidad, pero esta reforma está lejos, muy lejos de lograr esos objetivos. Por eso no vamos a convalidar este atropello. Muchas gracias, presidente.