EL C. DIPUTADO RAMON GALINDO NORIEGA: Con su permiso señor presidente. Dado que la iniciativa fue íntegramente publicada, voy solamente a hacer algunas observaciones y presentar en concreto el articulado a modificar. Damas y caballeros, diputados y diputadas. Una de las variables más importantes en la búsqueda por un verdadero esquema federalista a nuestro país es la del costo-beneficio en la aplicación de las acciones públicas, buscamos fortalecer los espacios políticos de servicio directo a la comunidad a través del fortalecimiento de los tres órdenes de gobierno, las funciones públicas deberán de reubicarse reasignando así la responsabilidad de manera que cada actividad de gobierno, quede ubicada en donde sea más eficiente, esto es, en donde resulte más económico y en donde se obtengan mejores resultados. De esta manera, la función de la organización social en la parte vecinal, generalmente ya no podrá quedar ubicada en los gobiernos federal ni estatales sino en los municipios, de esta manera también deberá considerarse la descentralización de funciones como el DIF, la promoción deportiva, el mantenimiento de carreteras, la promoción turística, impartición de justicia, el fomento de la economía y todas aquellas áreas que sea posible hacia los estados y hasta los municipios. El concepto del federalismo que ciertamente no pretende perjudicar a ningún nivel público, en mi opinión, debe buscar principalmente fortalecer a los gobiernos municipales. Durante mucho tiempo los municipios han estado convertidos en tierra de conquista, para que en ellos tomen decisiones unilaterales, tanto los gobiernos de los estados como el gobierno federal, limitando cada vez más con estas medidas, los espacios de libertad y de autonomía que naturalmente les corresponden. En este sentido es que presento esta iniciativa, que busca evitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llegue a acuerdos con particulares para la otorgación de concesiones, en especial sobre puentes de peaje sin siquiera considerar la opinión de los gobiernos locales. Sin duda deberemos seguir avanzando de manera firma aunque gradual, hasta lograr el reconocimiento, tanto en la teoría como en la práctica, de la importancia y preeminencia de lo local, como espacio fundamentalmente interesado en el progreso de su comunidad. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de reformas a los artículos 5, 6 y 71 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor del siguiente: Proyecto de Decreto. Artículo único. Se reforman los artículo 5, 6 y 71 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar en los siguientes términos: Artículo 5. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes y los servicios de autotransporte que en ellos operan y sus servicios auxiliares. Fracción III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta ley. Vigilar por si o por conducto de la autoridad local mediante la celebración de acuerdos y convenios, respetando su esfera de competencia, su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso. Artículo 6o. Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años y podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente siempre: 1. El concesionario hubiere cumplido con las condiciones impuestas, lo solicite durante la última quinta parte de su vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión y, 2o. Tratándose de puentes se solicite la opinión de la autoridad del municipio en cuyo territorio se encuentre ubicado o del Jefe de Gobierno, para el caso del Distrito Federal. Artículo 71. Los concesionarios de caminos y puentes y los permisionarios que presten servicio de autotransporte y sus servicios auxiliares, están obligados a proporcionar a los inspectores designados por la autoridad competente, todos los datos o informes que le sean requeridos y permitir el acceso a sus instalaciones para cumplir su cometido conforme a la orden de visita emitida por la propia autoridad. La información que proporcionen tendrá carácter confidencial. Transitorio Artículo Unico. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril del año 2004. Es cuanto señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Transportes. Tiene la palabra el diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 71, 103 Apartado B y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -DIP. ARTURO NAHLE GARCIA: Gracias señor presidente; señoras y señores diputados: El estado de derecho al que aspiramos los mexicanos debe configurarse con instituciones democráticas que lo identifiquen, las cuales son creadas para estar al servicio de todos los miembros de la sociedad. En ese tenor los derechos humanos fundamentales se pueden entender como los valores supremos que le dan sentido y contenido a dicho proyecto. Así, el Estado y los poderes públicos establecidos tienen como principio y fin último, la ineludible protección y defensa de todas las personas, cualquiera que sea su condición social, política, jurídica, económica o ideológica. Sin embargo, son los agentes del Estado quienes recurrentemente vulneran las garantías y derechos de las personas. En consecuencia, el mismo Estado debe hacerse responsable de las acciones u omisiones de sus operarios que transgreden la ley. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, organismos constitucionalmente autónomos, constituyen parte de los órganos del estado democrático de derecho al que nos hemos referido al que nos hemos referido, organismos que le dan vida y sentido a la cosa pública del Estado, que tienen como objetivo en el sentido de fines la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos determinados, tanto en el orden jurídico interno, como en los instrumentos. internacionales de derechos humanos. En este orden de ideas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la reforma constitución de septiembre de 1999, recuperaba la noción de identidad de un órgano independiente, característica esencial de estos organismos no siempre satisfecha y que durante mucho tiempo fue requerida, sin éxito, por los organismos civiles de protección de los derechos humanos. La idea de autonomía en un organismo público de Estado establece la separación de los poderes a los cuales tiene el deber de fiscalizar. Con la reforma constitucional que se propone se pretende fortalecer institucionalmente a las comisiones públicas de derechos humanos de las entidades federativas. Al garantizar constitucionalmente la autonomía de las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos, a través de los mecanismos y procedimientos de designación, la autonomía presupuestaria y de gestión, la personalidad jurídica, así como el patrimonio propio, se les dota orgánicamente de los elementos para realizar su función eficazmente. Las instituciones públicas de protección de los derechos humanos en México son muy jóvenes. Por ello la reforma constitucional que se propone tiene la virtud de fortalecer una institución muy necesaria para la protección de los derechos humanos. En consecuencia, de aprobarse la presente iniciativa de reforma constitucional, las personas que habitan las distintas entidades federativas tendrán organismos más fuertes, con mayores y mejores recursos tanto humanos como materiales y presupuestarios que les permita enfrentar eficazmente los retos que cotidianamente tienen amenazados los derechos y libertades fundamentales de las personas. Por otro lado, los derechos sociales, entre ellos los laborales, constituyen uno de los grandes pendientes de las luchas históricas que ha dado el pueblo de México por darse un destino digno. No podemos dejar de señalar que dichos derechos representan uno de los temas más ausentes de los debates sobre la realización eficaz del conjunto de derechos humanos reconocidos en el orden jurídico internacional. Por tanto, proponemos que sea la institución nacional más importante en materia de derechos humanos, la Comisión Nacional, organismo federal competente constitucionalmente para atender, investigar y resolver casos de violaciones a los derechos humanos del orden laboral en el ámbito de la administración pública federal, desde luego siempre y cuando no se trate de decisiones jurisdiccionales. Por lo que corresponde a la facultad constitucional que se propone de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda iniciar leyes ante el Poder Legislativo federal, el manual sobre la creación y fortalecimiento de las institucionales nacionales para la promoción de los derechos humanos establece que la institución nacional está particularmente bien situada para asesorar y asistir al gobierno en la esfera de la legislación y para actuar de vigilante del proceso de la elaboración de las leyes. En el desempeño de su función la institución nacional estará llamada muchas veces a ocuparse muy de cerca de leyes que tengan que ver directa o indirectamente con los derechos humanos. Por ello estará en excelentes condiciones de evaluar la eficacia práctica de las leyes existentes, señalar los problemas que puedan haber ocupado la atención del Poder Legislativo u otros organismos de aplicación y sugerir cambios o mejoras. Como observamos, las institucionales nacionales de derechos humanos tienen efectivamente una gran responsabilidad en la posibilidad de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, a través de cada una de las Cámaras que lo integran. Si parimos de la nación de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o sus equivalente en los estados son las instituciones que conocen mejor y especializadamente las materias y los temas sobre los derechos humanos, es totalmente conveniente que sean dichas Comisiones las que también tengan la facultad y la responsabilidad de iniciar leyes o normas jurídicas positivas en el Congreso de la Unión o en los Congresos Locales, según sea el caso. Por lo que corresponde a la facultad que se propone de presentar acciones de inconstitucionalidad a favor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es para que ésta pueda acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxima instancia de nuestro Poder Judicial Federal, para determinar si una ley general que verse sobre el tema de su competencia, es constitucional. Así los Ministros de la Corte establecerán determinar si procede definir que una ley general en materia de derechos humanos, cumple los extremos formales y de fondo que establece la Constitución General de la República. El diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en México, también refiere la necesidad de que las instituciones públicas de derechos humanos jueguen un papel más protagónico sobre cómo recepcionar el derecho internacional de los derechos humanos. Por ello la acción de inconstitucionalidad a favor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, permitirá contar con un nuevo mecanismo de control de la constitucionalidad de las leyes en materia de derechos humanos. Finalmente es necesario destacar, por último, que en ese esfuerzo de reforma legislativa los organismos civiles de protección y defensa de los derechos humanos, han jugado un papel fundamental de estudio, reflexión, análisis y propuesta. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, también otros organismos civiles nacionales e internacionales de la materia, contribuyeron en esta iniciativa como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la Sección Mexicana de Amnistía Internacional. Es cuanto. -