El diputado Francisco Landero Gutiérrez: Con su permiso diputado Presidente. Una de las principales metas en materia de educación es realizar programas educativos que cuenten con las suficientes habilidades técnicas y científicas que lleven a los profesionistas a una formación capaz de impulsar el desarrollo de nuestro país. Por ello la sociedad civil y el gobierno deben seguir apostando por una educación de calidad en la que se formen profesionistas de alto nivel. En cumplimiento de este principio debemos de preservar la calidad de estos profesionistas y no debemos permitir que personas que no cuentan con ética alguna falsifiquen certificados, títulos, cédulas profesionales o cualquier documento que acredite la obtención de grados académicos que dañan el desarrollo de la educación en nuestro país. Estas acciones ilícitas ponen en riesgo al sistema educativo nacional y a los estudiantes que se esfuerzan en el cumplimiento de los programas educativos y los requisitos curriculares que les permiten obtener un título profesional. En virtud de lo anterior la Secretaría de Educación Pública ha tenido a bien diseñar 15 candados de seguridad que procuran hacer infalsificables los documentos emitidos por la Dirección General de Profesiones. No obstante y aún con los dispositivos de seguridad la accesibilidad de los avances de la tecnología permite que personas sin escrúpulos lleven a cabo la falsificación de certificados, títulos y cédulas profesionales. Además también que se falsifican los sellos gubernamentales que los acreditan como oficiales, incurriendo en los delitos de falsificación de documentos y sellos oficiales, así como usurpación de funciones, tal y como lo establece en los artículos 244, 245 y 250 del Código Penal Federal. Tan solo en el año 2005 la Procuraduría General de la República recibió 534 denuncias del delito de falsificación de documentos, las cuales han sido radicadas por la ventanilla única y remitidas a las subsedes correspondientes. Asimismo los medios de comunicación han dado a conocer diversos lugares como la Plaza de Santo Domingo en el Distrito Federal e imprentas clandestinas que ofrecen los documentos que acreditan la culminación de estudios de educación media superior y superior, así como cédulas profesionales por cantidades que van desde lo mil hasta los 45 mil pesos. Legisladoras y Legisladores: Es importante aprobar la siguiente proposición con punto de acuerdo que lleva la firme intención de salvaguardar la inversión más preciada que puede tener la nación que es la educación. Por lo antes expuesto me permito presentar a esta soberanía los siguientes "Punto de Acuerdo: "Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a las instituciones de educación media superior y superior en todas las entidades federativas y a las Secretarías de Educación Pública de los estados a celebrar los acuerdos y convenios pertinentes para unificar los candados de seguridad, con el fin de evitar la falsificación de certificados, títulos, constancias y otros documentos que acrediten la obtención de algún grado académico. "Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a realizar acciones coordinadas para la detección y detención de quienes cometan este tipo de delito. Asimismo se hace un llamado atento al Poder Judicial a resolver las denuncias que tienen en su poder e impongan las sanciones aplicables correspondientes en el menor plazo posible". Es cuanto diputado Presidente.