La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Muy buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados, con el permiso de nuestra presidenta de la Mesa Directiva. En mi calidad de diputada federal de la LX Legislatura me permito presentar a ustedes, y poner a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, bajo la siguiente Exposición de motivos La crisis financiera que se vive a nivel mundial se originó en los países desarrollados, el mercado como paradigma de los clásicos resultó imperfecto y amenaza seriamente la estabilidad económica mundial. En opinión de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal esto no es una época de cambios, sino un cambio de época. Tenga razón o no, lo cierto es que estamos viviendo nuevos tiempos donde se hace necesario revisar a fondo los referentes que han hecho del sistema financiero un verdadero desastre mundial. La desmedida especulación, la crisis del mercado inmobiliario en Estados Unidos de América, así como la falta de transparencia y de una regulación financiera estricta y adecuada obligaron al Estado intervenir una vez más para darle respiro al sistema financiero mundial y atenuar lo que se ha calificado como la peor crisis del sistema capitalista. Por lo que se observa la escasez del crédito, el aumento en los precios de los bienes básicos, la disminución en las remesas que de año en año los connacionales envían del exterior, así como la caída de las exportaciones son factores que afectan y afectarán directamente en desenvolvimiento de la economía. No obstante, las medidas anticíclicas que se han implementado y que a la fecha, desgraciadamente, no se han podido aterrizar, por ello me parece que en el contexto actual en que se está desenvolviendo el sistema financiero mundial nos obliga a revisar de manera seria y objetiva la administración del dinero que pertenece a los trabajadores de México y que constituyen sus recursos futuros para constituir una pensión digna. Los antecedentes, como ustedes recuerdan, en 1995 se creó la nueva Ley del Seguro Social, y con ello se dio cuenta el sistema de cuentas individualizadas a cargo de las administradoras de fondos para el retiro y con ello el régimen de la Ley del Sistema de Ahorros para el Retiro. Desde su creación esta ley, que tiene el objeto de regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro, se ha venido reformando para propiciar un mejor funcionamiento del sistema, destacan algunas reformas que esta honorable Cámara de Diputados ha aprobado, entre ellas quizá la más importante: La modificación a las comisiones sobre el flujo, permitiendo a las administradoras cobrar una sola comisión sobre el valor de los activos administrados, o sea, una comisión sobre saldo y eliminando las comisiones sobre flujo. De estas reformas que ha venido aprobando este Honorable Congreso de la Unión hay muchas importantes, pero nos quedan muchas pendientes. A pesar de las recientes reformas que hemos aprobado, con la reciente volatilidad que ha traído como consecuencia serias minusvalías, como le llaman los financieros, para nosotros en términos claros son pérdidas en las cuentas de nuestros trabajadores, de las Afore. Podríamos decir que hoy en día las Afore sólo podrán ofrecer pensiones de alrededor de 30 por ciento del salario actual de sus afiliados, son, por tanto, medidas serias las que tenemos que tomar en la ley de las Afore. Es importante señalar que la población mayor de 65 años será el doble de lo que es actualmente, representando para 2050 el 21.5 por ciento de la población mexicana. De acuerdo con datos que arroja la propia calculadora de saldos de la Consar, resulta preocupante que, en promedio, los trabajadores afiliados al IMSS obtendrán una pensión equivalente a la tercera parte de su sueldo, y aquellos que ganan tres salarios mínimos o menos, es decir, 55.5 por ciento del total de los aforados, no alcanzarán una pensión equivalente al salario mínimo. Además, de la estimación anterior, considera que el trabajador permanecerá cotizando 30 años, lo cual resulta improbable ante la movilidad y pérdida del trabajo formal y el crecimiento del empleo informal en el país. Cabe señalar que en el último año sólo 18 por ciento del total de cuentas de las Afore tuvieron aportación. De no revertirse esta situación seguramente los trabajadores en los próximos años que acudan a su jubilación recibirán pensiones verdaderamente alarmantes. ¿Qué proponemos? Primero, garantizar una rentabilidad mínima de las cuentas de las Afore. De acuerdo con las estadísticas de la Consar, durante el periodo enero-diciembre del año pasado se perdieron 102 mil 428 millones de pesos de los recursos de retiro, cesantía y vejez del Instituto Mexicano del Seguro Social, de retiro del ISSSTE y del Ahorro Voluntario, lo que significa una pérdida de 11.6 por ciento de los recursos de las Siafore. En el artículo 18 señala que las administradoras deberán efectuar las gestiones que sean necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones de las sociedades de inversión. Sin embargo, no existe garantía de rentabilidad mínima por parte de las Afore; es decir, las Afore sólo comparten las ganancias de los trabajadores, pero nunca las pérdidas, siendo que el Banco de México, por otro lado, por administrar los recursos del SAR, sí garantizaba el 2 por ciento de rendimiento por arriba de la inflación. En la mayoría de los países de América Latina existen garantías de rentabilidad: Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana y Uruguay, todas, indudablemente establecen rentabilidad mínima y máxima. Cuando la rentabilidad del fondo cae por debajo de la rentabilidad mínima las administradoras deben integrar la diferencia de recursos de los fondos de fluctuación o del encaje, mientras que si la rentabilidad supera la banda superior de rentabilidad, la diferencia se destina a la constitución y crecimiento del fondo de fluctuación. En el contexto actual de la crisis financiera mundial, todas las administradoras de fondos de jubilaciones en América Latina han presentado pérdidas importantes. Es por ello que se propone que se establezca en la Ley del SAR una tasa de rentabilidad mínima garantizada por un encaje que debe tener cada Afore, misma que deberá ser constituido con recursos propios. El tema es de fundamental importancia ya que debe compartirse el riesgo entre los administradores y los trabajadores. Límite de la comisión sobre saldo. Un punto álgido en la búsqueda de soluciones para garantizar una mayor pensión radica en lograr la disminución de las comisiones que se cobran por las administraciones de las cuentas individualizadas. En su momento se pensó que con la eliminación de la comisión sobre saldo se podría lograr. Sin embargo, desde que se difundió que se presentaría la iniciativa para que se cobrara sólo la comisión sobre saldo, las Afore empezaron a incrementar de manera desproporcionada sus comisiones; de tal manera que en octubre de 2006 ?en promedio? creció de 1.94 el porcentaje de comisiones que cobran las Afore. De acuerdo con esta proyección, los activos administrados por las Siafore representan 30 por ciento del producto interno bruto para el 2030 y el 50 por ciento para el 2050. Dada la velocidad con la que crecen los recursos administrados por las Afore, se prevé que en los próximos 20 años éstos sean superiores a los activos administrados por los bancos. De tal manera, que el costo promedio por administrar una cuenta en el 2007 fue de 265 pesos; sin embargo, el nivel de comisión por saldo que existe, actualmente, el promedio de comisión por trabajador asciende a 582 pesos; con 50 mil pesos sería de 970 pesos; con 100 pesos de ahorro del trabajador subiría a mil 940 pesos. ¿Qué significa esto? Que entre más lana tienen los trabajadores en su cuenta, más comisiones cobran los administradores de las Afore. En tal sentido, estamos proponiendo una reforma para que se permita una comisión, no por encima del costo de administración y proponemos que se establezca un límite de 1 por ciento a la comisión sobre saldo, lo que contribuiría a que el trabajador tenga mayores recursos al retirarse. Incluimos también, en esta iniciativa, la facultad para establecer la acción colectiva en beneficio de los trabajadores. En la presente iniciativa se propone que en el Capítulo VIII de la Ley del Sistema de Ahorros para el Retiro, anteriormente dedicado al derogado apartado relativo a la conciliación y arbitraje, se prevea, de los artículos 109 y 110, un capítulo que se llamaría, "de las acciones colectivas en materia de esta ley". El propósito es introducir la posibilidad de que los trabajadores tengan el derecho de acción colectiva por el incumplimiento o la contravención a las normas en ellas previstas en las leyes del Seguro Social, del ISSSTE y del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, así como en los reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, en lo relativo a los sistemas de ahorro para el retiro. En el marco del derecho social, la acción colectiva se refiere a la organización de las personas que se encuentran vinculadas por circunstancias de hecho o de derecho, para lograr la protección colectiva de sus derechos e intereses. De tal suerte que una misma resolución, ya sea de tipo judicial o administrativa, beneficie a cada una en lo individual, sin que exista necesidad de que cada uno lo reclame en lo particular. Son varios los países que han acogido, con diferentes denominaciones, esta figura en su legislación nacional. Estados Unidos de América con la Class Action, Brasil y Colombia como llamadas Acciones Populares, España, Uruguay, Venezuela y Chile, entre otros. Con esta medida que se propone introducir en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, la interposición de una queja o denuncia, así como la resolución que resulte del procedimiento administrativo respectivo, beneficiaría a todos los trabajadores que se encuentran en semejante situación o en la misma hipótesis legal y que sean sujetos de una relación semejante ante las mismas instituciones de crédito, administradores, sociedades de inversión, empresas operadoras, empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las entidades receptoras. Asimismo, proponemos que toda aquella aplicación de las multas que impone la Consar, sean a favor de los trabajadores. Con esta iniciativa, se busca que los fondos de retiro dispongan de recursos adicionales, mediante la aplicación de las multas que impone la Consar en ejercicio de sus atribuciones sancionatorias. Se trata de que la comisión esté facultada en términos de los artículos 5 y 99 de la ley, para aplicar las multas que impone con motivo de infracciones al propio reglamento y que éstas vayan a los fondos que corresponden y que se entreguen proporcionalmente a los trabajadores. Para tal efecto, se propone que los ingresos obtenidos por concepto de multas, se integren a los fondos a cargo de las sociedades de inversión especializadas de fondos de retiro, de acuerdo con la prelación que determine la propia comisión. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa, solicitando, señora presidenta, que junto con esta intervención se publique íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Retiro lo dicho, ciudadano presidente.