La diputada Sandra Luz Falcón Venegas: Buenas tardes, diputadas y diputados. Después de analizar los datos del IV Informe de Gobierno en seguridad pública, justicia penal y derechos humanos, estamos en posibilidad de evaluar los resultados de la administración de Enrique Peña Nieto, en materia de política interior y nos alarma el resultado negativo de ello. En este informe puede observarse que solo plagia, perdón, copian los datos sin citar la fuente, de un informe a otro, sin comprender lo que significa. Todo parecido con tesis pasada es pura coincidencia. El informe de gobierno, en su apartado relativo al tema de seguridad señala y cito en forma textual: Hoy nuestro país es más seguro que en 2012. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional se redujo de 22.18 en 2012, a 16.96 en 2015. El pueblo de México merece respeto, ya que decir: estamos más seguros, es mentira. Ahora resulta que para medir la muerte son necesarias fórmulas estadísticas por cada 100 mil habitantes, los datos duros y números concretos de cuántas personas han sido asesinadas en nuestro país. No, señores, de lo que hablamos aquí es de personas, con nombre y apellido, de carne y hueso, no de estadísticas para encubrir una incapacidad para frenar el aumento de la violencia y la inseguridad de este país. El pasado 25 de julio de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indicó que durante 2015 se contabilizaron 20 mil 525 homicidios en México, número que por cierto es muy similar al registrado en 2014. Las estadísticas dicen que en febrero de este año fueron asesinadas, en promedio, 55 personas por día, registro récord desde que se comenzó a revelar el registro oficial de víctimas de estos crímenes en enero de 2014. El promedio diario de asesinatos es relevante, porque confirma que básicamente regresamos a niveles de violencia del inicio de sexenio y al ritmo que vamos podríamos incluso regresar al promedio que vimos en 2012. El incremento de los homicidios en este año no es aislado y ya alcanza a más de la mitad del país. En total, en 18 estados se registraron incrementos y en cinco entidades el incremento supera el 100 por ciento. Al ritmo que llevamos, según los datos de Inegi, vamos a cerrar el año seguramente en cerca de 23 mil homicidios en 2016. Tres mil muertos por hechos de violencia más que el año pasado. El informe del Ejecutivo señala, que si bien hay avances en materia de seguridad y fortalecimiento institucional, aún no tenemos las corporaciones locales que necesita el país. Es en este ámbito local, el más próximo a la ciudadanía, donde se requieren mayores esfuerzos, dada la debilidad institucional de las policías municipales, de ahí la propuesta del Ejecutivo para avanzar hacia un esquema de política estatal única. Esta, esta es otra mentira que vienen a contarnos y a tratar de engañar a la opinión pública, cuando lo que verdaderamente ha ocurrido es que el gobierno de Peña Nieto ha aplicado una política discriminatoria hacia los municipios, a través del subsidio para el fortalecimiento de la seguridad pública, que sólo distribuye recursos para la seguridad pública a 300 municipios, dejando en el desamparo a 2 mil 158 ayuntamientos. Lo que se ha diseñado, desde la federación, es una estrategia para asfixiar financieramente a los municipios y después culparlos de no ser capaces de brindar seguridad pública a los ciudadanos. Esto es un viejo y conocido método, donde primero crean el problema para después aparecer como los salvadores, los que dan la solución. Esa es la verdad. Así que hablemos con la verdad. El gobierno federal es el responsable directo del deterioro y la debilidad institucional de los ayuntamientos, debido a que desde el inicio no se les respetan los recursos económicos para contar con la mínima infraestructura ni con las policías medianamente pagadas o capacitadas. En materia de derechos humanos no se conoce la grave crisis de derechos humanos que vive México y que se agrava por el contexto de una estrategia de manipulación deliberada y encubrimiento de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, cometidas por los cuerpos de seguridad. No existe ni una sola mención a los más de 28 mil desaparecidos ni a las recomendaciones que señalan a las autoridades como directamente implicadas en crímenes o coludidas con la delincuencia organizada. Las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa, las recomendaciones de la CNDH sobre los hechos de mayo de 2015, en Tanhuato, Michoacán, dejan en entredicho la estrategia que pretende negar la evidente responsabilidad de los cuerpos de seguridad en los excesos, falta de profesionalismo y peor aún, en su capacitación de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas. Existe un claro patrón por parte de actores oficiales para primero distorsionar los hechos y luego responsabilizar de los mismos a las víctimas, con el claro propósito de engañar a la opinión pública, a los congresos estatales o a este Congreso de la Unión. Pero lo único que se logra es hacer evidente la incapacidad del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y proporcionar seguridad a los ciudadanos. Esto no es ningún éxito, estamos muy mal. Debemos reconocerlo como primer paso para solucionar nuestros problemas. El Grupo Parlamentario de Morena seguirá denunciando todas y cada una de las acciones que afecten a la ciudadanía. Y al mismo tiempo exigimos al presidente Enrique Peña Nieto que realice solamente eso, su trabajo, lo que le corresponde. Es cuanto, presidente.