La diputada Adriana Hernández Iñiguez: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La minuta que se presenta a la consideración de ustedes, la cual fue aprobada por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Educación Pública y Servicios Educativos estriba fundamentalmente en obligar a la autoridad administrativa a adecuar formatos o documentos necesarios para realizar cualquier trámite, con la finalidad de evitar la existencia de distinciones entre las personas que tienen ambos apellidos de las que tienen un solo apellido. En este sentido se busca reconocer y respetar el ejercicio del derecho de identidad de niñas, niños y adolescentes para que en el acta de su nacimiento sean registrados con los apellidos del progenitor que los reconozca y se utilicen para este caso y para las personas en general, el término apellido o apellidos en los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite. Para los efectos mencionados, las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Educación Pública y Servicios Educativos, consideramos que es imprescindible reformar el último párrafo del artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y adicionar una fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, haciéndolos armónicos, congruentes y compatibles con el artículo 58 del Código Civil Federal, que establece las características y especificidades de las actas de nacimiento. Toda vez que este último numeral establece que el acta de nacimiento contendrá el nombre y apellidos que le correspondan. Es decir, se refiere a que los registros de los niños llevarán ambos apellidos del progenitor que los reconozca, así como también de niños expósitos o abandonados. No existe ningún ordenamiento jurídico nacional, disposición que determine que el nombre del hijo sea integrado con el apellido paterno y materno ni el orden en el cual deben inscribirse, ya que se trata de una costumbre propia de los países de América Latina. El derecho a la identidad fue adoptado por la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificado por nuestro país el 21 de octubre de 1990, en cuyo artículo 7º establece que el niño tiene derecho a un nombre, nacionalidad y a conocer a su padres. En tanto, en su artículo 8º obliga a los Estados parte a respetar el derecho del niño y a preservar su identidad, que incluye su nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. De tal forma, si un niño se ve privado de alguno de estos derechos el Estado tendrá que prestar la asistencia y protección con el fin de restablecer su identidad. Las autoridades administrativas, tanto los registros civiles de las entidades federativas como las autoridades educativas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deben promover la estandarización de formatos, formularios o cualquier otro documento análogo, para asentar en ellos los apellidos que le correspondan, sin que haya distinciones de ninguna especie, sean del padre o la madre que reconozcan a las niñas, niños y adolescentes y a las personas en general. Por otra parte, de acuerdo a cifras del Inegi, al día de hoy existen 4.5 millones de madres solteras que representan el 9.5 por ciento del total de madres del país, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, realizado por el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El presente dictamen a la minuta en comento representa en sí misma la lucha permanente que debe existir contra la discriminación y aspirar como mexicanos y mexicanos a poder gozar de una vida plena de derecho a ser registrado o inscrito con los apellidos de quien los reconozca como hijos, sin ser sujetos de alguna discriminación por prejuicio o racismo. El derecho a la identidad comprende el derecho a ser registrado y el derecho a tener un nombre, apellido o apellidos, los cuales deben ser garantizados por el Estado y a la vez fortalecen la tutela de los derechos humanos. También es un derecho innato e inherente al ser humano. Un derecho humano inalienable, porque permite al ser humano posicionarse como persona sujeto de derechos y obligaciones, y el derecho que tiene una persona de ser reconocido como poseedor de una identidad propia e inconfundible. En virtud de las consideraciones antes expuestas las diputadas y los diputados, integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Educación Pública y Servicios Educativos, consideramos que las reformas que se pretenden realizar a las normas jurídicas antes aludidas son necesarias para el efecto de que sean compatibles con la situación actual de nuestro país. Es cuanto, muchas gracias.