La diputada Karina Marlen Barrón Perales: La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que las personas son aquellas que cuentan con 60 años de edad o más y que se encuentran domiciliados y en tránsito de territorio nacional, para quienes el Estado tiene que garantizar el ejercicio pleno de cada uno de sus derechos de las personas adultas mayores, como es la salud, la educación, el trabajo, la alimentación, la vivienda, desarrollo integral y la seguridad social, pero estos derechos, lamentablemente, no han podido concretarse del todo, perjudicando el bienestar de este sector de la sociedad. No se trata de una cuestión de rezago sino de incumplimiento que crece con el paso del tiempo, ya que la mayoría de esta población se encuentra en situación de pobreza y con pocas oportunidades para satisfacer sus necesidades más básicas, las cuales, lamentablemente se incrementan en las limitaciones sociales, en la falta de trabajo, el rezago educativo, en la falta de servicios de salud, de calidad y espacios de vivienda. Carecen también de servicios básicos de seguridad social y el acceso a la alimentación. Esta situación que enfrenta nuestro país se agrava como consecuencia del intenso y acelerado proceso de envejecimiento poblacional que enfrentamos, derivado de los grandes cambios demográficos y en lo que se expresa un incremento relativo y absoluto a la población de edades avanzadas. Por lo que debe ser urgente analizar las condiciones de vida y los principales problemas que enfrentan las personas adultas mayores en el presente. Debemos trabajar en la atención de las demandas y necesidades de este grupo de población, así como la adecuación de la legislación a la realidad que hoy están viviendo. Es importante señalar que entre los diferentes principios que estableció la Organización de las Naciones Unidas para el cuidado de los adultos mayores sobresale lo siguiente: Numero uno. Tener acceso a la alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, mediante ingresos y apoyo a sus familias y a la comunidad y de su propia autosuficiencia. Segundo. Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades para obtener ingresos. Tercero. Tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les propicien protección, rehabilitación y estímulo social. Cuatro. Poder disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinde cuidados o tratamientos, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad. Cinco. Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y malos tratos físicos o mentales. Seis. Recibir un trato digno independientemente de su edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad o alguna otra condición, y que al garantizar estos principios también debemos garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los adultos mayores, así como los instrumentos que puedan crear o permitan desarrollar las capacidades económicas de este grupo en condiciones de vulnerabilidad. Avancemos con nuestro compromiso con este sector de la población. Por ello, compañeros, es importante que exaltemos en el trabajo y las ofertas laborales que se les propongan y que sean con características específicas, enalteciendo que el trabajo debe de ser digno y socialmente útil, es decir, digno desde el mismo origen de la persona que cuenta con atributos, que deben ser respetados y garantizados y socialmente útil para participar dentro de la sociedad, por lo que debe incorporarse textualmente en la redacción de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Por esto es que conmino a todos los compañeros, a nombre de la bancada del PRI, a votar a favor de esta iniciativa. Gracias, es cuanto, diputado presidente.