El diputado Felipe Arturo Camarena García: Gracias, diputada presidenta. La desaparición forzada constituye una violación flagrante a los derechos humanos y es una práctica aberrante que no puede tener cabida en un estado democrático y de derecho como el nuestro, cuyas instituciones y normas jurídicas se encuentran obligadas a garantizar el pleno ejercicio de las libertades fundamentales de las personas. Si bien las desapariciones forzadas en el pasado fueron principalmente obra de las dictaduras militares, hoy en día diferentes naciones experimentan situaciones complejas derivadas de los conflictos internos que enfrentan, las cuales son propicias para la proliferación de este fenómeno especialmente como método de represión política, es por ello que la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no sólo afecta a una región específica. Lo anterior ha llamado la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en diciembre de 2010 expresó su preocupación en particular por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación sufridos por testigos o familiares de personas que han desaparecido. Si bien, independientemente de la cifra es inaceptable que existan personas desaparecidas en nuestro país y ello constituye un problema grave para erradicarse, debe ser enfrentado con toda la fuerza del Estado. Conviene realizar algunas precisiones con objeto de evitar la manipulación no siempre bien intencionada de las estadísticas tanto oficiales como de las organizaciones de la sociedad civil. Es muy importante tener en claro que de acuerdo a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 47/133 del 18 de diciembre del año 1992, se producen desapariciones forzadas siempre que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento y que luego se niega a revelar la suerte o el paradero de estas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. En este sentido cabe resaltar que si bien la cifra de personas desaparecidas o ausentes en nuestro país es alta, ello no significa que todos los casos denunciados hayan sido cometidos por servidores públicos, así lo expresó en abril pasado el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y responsable del programa Desaparecidos, quien precisó además que de los 26 mil casos que ha reconocido el gobierno mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solamente cuenta con 2 mil 400 expedientes abiertos que corresponden a desaparición forzada de personas. Para el Ejecutivo federal resulta una prioridad asegurar el respeto, la promoción y la defensa de todos los derechos humanos en nuestro país, especialmente el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida y de la libertad; el derecho a un juicio imparcial con estricto respeto a las garantías judiciales y el derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas. Por este motivo uno de los 95 compromisos establecidos en el Pacto por México, acuerdo signado en diciembre de 2012 por las principales fuerzas políticas de nuestro país para impulsar la transformación del mismo, fue el de fortalecer el marco legal para atender con eficacia los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la desaparición forzada de personas, para lo cual se acordó la actualización del marco jurídico para prevenir y sancionar eficazmente estas conductas que atentan gravemente contra la libertad, la dignidad de los seres humanos y que lamentablemente han sido víctimas miles y miles de mexicanos. En cumplimiento de lo anterior, el 22 de octubre del 2013, el presidente de la república envió al Senado una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal en materia de desaparición forzada con el objeto de tipificar adecuadamente este delito. De acuerdo a lo anterior que enmarcan los estándares internacionales, de lo cual demuestra que el actual gobierno de la república tiene un serio compromiso con la prevención, sanción y erradicación definitiva de la desaparición forzada. Finalmente el grupo parlamentario del Partido Verde consideramos que tanto la Secretaría de Gobernación como la Procuraduría General de la República se encuentran realizando esfuerzos importantes para combatir la privación ilegal de la libertad de las personas como para la localización de quienes lamentablemente se encuentran en calidad de desaparecidos. Es cuanto, señora presidenta.