El diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación. En esta ocasión someto a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que en aras de construir un entorno que favorezca la reincorporación de nuestros connacionales que serán deportados bajo la nueva coyuntura impuesta por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, sin que ello represente o permita el desgaste de nuestro tejido social. Desde el pasado 20 de enero, cuando Donald Trump tomó posesión, la sociedad de nuestro país vive en la incertidumbre, debido a que desde su campaña amenazó con implementar una deportación masiva de mexicanos. Lo anterior no solo preocupa a los directamente implicados y a sus familias sino que nos ocupa a todos en general, particularmente a quienes tenemos la obligación de representar a los ciudadanos mexicanos. Inicialmente Trump señaló que los primeros afectados serían aquellos mexicanos con antecedentes penales, lo cual afectaría a alrededor de 820 mil personas. Sin embargo, recientemente se difundió una nueva orden ejecutiva que estableció que cualquier inmigrante indocumentado, incluso aquellos que no sean acusados pero que se considere que han cometido actos que constituyan un crimen imputable serán los primeros en ser deportados. Con esta medida, prácticamente cualquiera de los casi once millones de inmigrantes podrían resultar afectados. El riesgo consiste en que si los migrantes mexicanos salieron del país debido a que no tuvieron la posibilidad de encontrar una fuente de empleo, difícilmente lo harán ahora, cuando la competencia en nuestro país es mayor. Aunado a ello, el hecho de que pertenecen a un núcleo familiar roto, debido a la alta probabilidad de que algunos inmigrantes de su familia permanezcan en el país vecino. El problema se torna mayúsculo cuando observamos que los estados de la república que más migrantes expulsan a Estados Unidos son aquellos en los cuales se presentan los mayores índices no solo de pobreza, sino de delincuencia organizada, lo cual pondría en peligro el entramado social. Si consideramos la actividad desarrollada por los migrantes nacionales, así como el perfil de los estados de los que son originarios, es pertinente considerar que su reinserción productiva se presente en el ámbito rural, aun en el caso de aquellos que, evitando retornar a sus lugares de origen se queden varados en una de las zonas fronterizas de nuestro país. De lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de establecer mecanismos que permitan fomentar el desarrollo rural nacional, lo cual tiene un doble beneficio. Por un lado, se estará en condiciones de atender las necesidades de los ciudadanos mexicanos que han comenzado a ser repatriados por autoridades norteamericanas. Y por el otro, se evitará el interés que muchos mexicanos aún tienen por migrar. El costo de no atender la problemática que representa la falta de desarrollo rural puede ser aún más alto de lo que ya es en la actualidad. De ahí la urgente necesidad de promover estos necesarios ajustes en una de las legislaciones involucradas con el desarrollo rural, a fin de dar cobijo a los ciudadanos que por políticas y factores externos retornan al país; así como fomentar el mantenimiento de la gobernabilidad a través del proceso de reasimilación a sus comunidades. Estamos convencidos de que todos los aquí presentes acompañarán este esfuerzo legislativo. Por su atención, muchas gracias.