El diputado Salomon Chertorivski Woldenberg: Salomon está bien. Compañeras y compañeros, desde las mentiras y los intentos de confundir al público, hay que repetir los hechos tal y como ocurrieron en el caso de la ivermectina surtida a los ciudadanos en la Ciudad de México. El gobierno de Claudia Sheinbaum distribuyó 196 mil kits de ivermectina entre la población de la ciudad durante enero de 2021 y hasta agosto de 2021. Ese medicamento, hay que decirlo, tiene registro sanitario para uso humano única y exclusivamente como un antiparasitario. Nunca ha sido autorizado como un tratamiento médico contra Covid-19. Hay que decirlo por si falta evidencia, algunos datos nada más. el 16 de junio de 2020 la Organización Panamericana de la Salud publicó una compilación de bases de datos sobre evidencia de posibles terapias para Covid-19, entre ellas, después de la revisión concluyó que los estudios sobre ivermectina tenían un alto riesgo de sesgo, muy poca certeza de vivienda y que la que existía era insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños. En septiembre de 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, mencionó: No hay evidencia suficiente para que el panel de pautas de tratamiento Covid-19 recomiende el uso de la ivermectina. En nuestro país, en México, en enero de 2021 el panel multidisciplinario de expertos de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad determinó que no se contaba con evidencia científica suficiente para recomendar el uso de ivermectina. El 31 de marzo, tres meses después de estarla distribuyendo, se recomendó por parte de la Organización Mundial de la Salud no utilizar ivermectina para los pacientes con Covid-19. No obstante, en nuestra ciudad se siguieron distribuyendo. Desde la Agencia Digital que nadie sabe por qué dirige temas sanitarios, se intentó justificar el uso y se llevó a cabo, con nada de seriedad ni profesionalismo, el tratar de cubrir un error del gobierno con un estudio cuasi experimental tratado de vestirse como un estudio de bases científicas. Y, déjenme decirlo con toda puntualidad, un estudio cuasi experimental es posible que haya técnicas estadísticas y econométricas para evaluar política pública después de sucedida, pero cuando se trata de un experimento en personas, cuando a una se les da un medicamento y a otras no, eso se llama un experimento, y de acuerdo a la ley general de salud, al reglamento en materia de investigación para la salud y a la norma oficial en la materia existen criterios que se tienen que observar cuando se pretende realizar investigaciones para el empleo de seres humanos para dotarles de medicamentos o materiales respecto los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su eficiencia. Insisto, al haberlo hecho y al haber llevado a cabo una investigación sin el consentimiento de los pacientes se incurrió en muchas ilegalidades señaladas por nuestra normatividad. Quien señaló primero que había muchas debilidades éticas y metodológicas en el estudio que se presentó fue Juan Pablo Pardo-Guerra, de la Universidad de San Diego, en California. El sitio donde se había recepcionado este estudio tomó la decisión por estas fallas de bajar el documento, pero como sucede con nuestros gobiernos tanto el local como el federal, no se reconoce error y, por el contrario, se hacen las víctimas de una campaña, un complot que proviene de los conservadores, no, aquí hubo un atentado contra la salud de las y los capitalinos. Por eso, en la bancada naranja presentamos una iniciativa para fortalecer las tareas de la Cofepris y que esta pueda verificar a las entidades federativas cuando hay un riesgo sanitario por una política pública que se pretende implementar. Les agradezco mucho y cuidemos la salud de las y los mexicanos. Es cuanto.