La diputada Crystal Tovar Aragón: Me permito presentar reserva sobre los artículos 95 y 119. La propuesta del Ejecutivo federal en materia energética está muy alejada de los compromisos internacionales establecidos en el Protocolo de Kioto que comprometen a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero y obliga a poner en práctica acciones tales como reducir el 30 por ciento de emisiones de carbono para el 2020 y el 50 para el 2050. En contradicción a lo anterior, en este dictamen se apuesta a la extracción de hidrocarburos fósiles y se propone muy poco presupuesto para la investigación de energías alternativas y para la generación de energías limpias y renovables. En el artículo 95, la redacción actual establece promover el desarrollo sustentable de las actividades establecidas en los términos de esta ley. Se establece que en todo momento deberán seguir criterios que fomenten la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas, ni promover ni fomentar, son acciones que obliguen. Por ello propongo que en todas las actividades establecidas en esta ley, se garantice el desarrollo sustentable. En lo relativo a lo planteado en el artículo 119, que establece que previo al otorgamiento de una asignación o de la publicación de una convocatoria para la licitación de un contrato, para la explotación, extracción y exploración, la Secretaría de Energía en coordinación con la Secretaría de Gobernación, demás dependencias y entidades competentes, realicen un estudio de impacto social, pero no establecen considera- que se establezca también un estudio de impacto ambiental sobre las áreas objeto de asignación o contrato. Los promotores de las reformas establecidas en el dictamen que hoy están en discusión pretenden engañar a la opinión pública privilegiando el desarrollo económico y dejando fuera garantizar el desarrollo sustentable, y orientando la nueva política energética hacia el aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales como el gas de esquito, en los que se encuentra la clave del desastre ambiental que está por venir. Como bien se señala en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el desarrollo humano sustentable constituye un paradigma de una estrategia holística de desarrollo que abarca todos los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Es realmente lamentable lo que está haciendo, en lo que se refiere al dominio de las tierras y de las aguas nacionales, queriendo despojar a los habitantes, a los propietarios, a los comuneros y a los grupos indígenas establecidos y dueños de los terrenos. En esta ley se establece la adquisición de terrenos para la exploración y su explotación, a fin de que las empresas negocien libremente con particulares, ejidatarios o comuneros. Esto es muy grave, afecta el derecho de la propiedad privada y social, violan el principio de la causal de expropiación que debe de ser para la utilidad pública. Es claro que lo que establece esta ley carece una visión de desarrollo sustentable, no genera equilibrio para la protección del medio ambiente y ante esto se deben establecer reglas claras y justas, para evitar la afectación de los ecosistemas. Compañeras y compañeros diputados, no avalemos una propuesta devastadora y violenta, actuemos en congruencia con nuestras responsabilidades institucionales. No aprobemos leyes que agravan los problemas estructuras que sufren en nuestro país. Yo quisiera saber, también, como lo dijo el diputado Roberto López, ¿en dónde podemos encontrar 15 millones de metros cúbicos? Yo quisiera hablar de litros. Y también quisiera decirle al diputado que no voy de shopping a El Paso o a Estados Unidos, yo prefiero las cosas hechas en México.