La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, durante el pasado proceso electoral fuimos testigos de una serie de irregularidades que a la fecha no han podido ser investigadas hasta sus últimas consecuencias. Una de ellas estuvo relacionada con la presunta utilización de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales, a través de empresas dedicadas a la emisión de tarjetas prepagadas, así como tiendas de conveniencia y departamentales. Fue el caso de la empresa Monex, que presuntamente trianguló recursos financieros a la campaña del candidato del PRI, Peña Nieto, ahora reconocido como presidente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El origen de estos recursos no ha sido investigado a profundidad, dado que las estructuras partidistas cuentan con un andamiaje constitucional y legal que las protege de cualquier pesquisa que pudiera afrontar. Y las limitadas facultades, que en la materia posee el IFE, resultan insuficientes, inadecuadas y poco especializadas en materia de recursos de procedencia ilícita. Estoy convencida de que debemos de proteger el ejercicio democrático del voto, de la práctica corrupta de lavado de dinero, lo cual dará a nuestras instituciones una nueva fuerza que provenga de la confianza ciudadana, así como de la legitimidad de su origen. En el pasado proceso electoral, todos los partidos políticos presentaron denuncias al respecto, sin tomar en consideración que la PGR no puede investigar el financiamiento a los partidos sin que medie el informe que debe emitir la Unidad Especializada del IFE. Es relevante señalar la importancia que tiene el evitar que recursos de procedencia del crimen organizado financien campañas políticas, permitir lo anterior sería tanto como claudicar al ejercicio democrático y entregar el país a la delincuencia. Por ello resulta indispensable, que en el marco de una revisión de las políticas públicas en materia de seguridad se refuercen las facultades de investigación de la PGR y se blinden todas las instituciones del Estado mexicano. En el PRD celebramos la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sin embargo, es necesario que las facultades que en la materia se atribuyen a la Secretaría de Hacienda y a la propia PGR, sean ampliadas hacia la fiscalización del origen con que los partidos políticos y los candidatos financian sus actividades, especialmente las campañas. En la iniciativa que propongo se plantea adicionar un párrafo décimo segundo a la fracción V del artículo 41 de la Constitución, para quedar como sigue: La Procuraduría General de la República podrá, cuando exista duda fundada respecto al origen lícito de su financiamiento, solicitar información directamente a los partidos, así como al órgano técnico, para realizar las investigaciones correspondientes. También propongo la reforma a la fracción II del artículo 99 de la Constitución, para quedar como sigue: En el caso de que exista una averiguación previa o un procedimiento judicial relativo al origen lícito del financiamiento de los partidos políticos en las campañas, no podrá emitirse la declaración de validez de la elección, en tanto no exista resolución judicial firme e inatacable. De manera consecuente abordaremos las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que proveería las condiciones indispensables para evitar que el dinero del crimen organizado permee a nuestras instituciones políticas y a las campañas electorales. Debemos asumir nuestra responsabilidad e introducir a la legislación las reformas que se requieren, para impedir que situaciones irregulares, como las vividas en los recientes procesos electorales, pudieran repetirse en el futuro. Evadir ahora nuestras responsabilidades legislativas y políticas en materia electoral, nos expondría a poner en riesgo los avances alcanzados en el proceso democratizador vivido por el país. Por ello y convencida como estoy del compromiso absoluto que mis compañeros y compañeras diputados tienen con el avance democrático nacional, solicito a ustedes su apoyo para votar a favor de la presente iniciativa. Por el bien de México, nadie debe estar por encima de la ley. Nadie debe ser intocable, ni siquiera el presidente. Desde esta tribuna me solidarizo con mi compañera Aída Fabiola Valencia, amiga, luchadora social y compañera diputada de Oaxaca. Y le pido a la presidenta se integre esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por escucharnos. Subir hoy a esta tribuna fue muy tortuoso, desde antes que empezara el periodo legislativo. Gracias.