El diputado Bernardino Ramos Iturbide: Gracias diputado Presidente. Pues es evidente, es claro que de ninguna manera estamos avanzando en normar la propiedad social, la propiedad colectiva de la tierra en el campo mexicano. Quiero señalar particularmente que es inexistente la protección a la tierra, a la propiedad colectiva, toda vez que la única garantía la señala el artículo 27 constitucional, en un solo enunciado que dice: "La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas". Por su parte, el artículo 97 del dictamen que se discute prevé que las tierras de los pueblos y comunidades indígenas en ejidos y comunidades son inalienables, inembargables e imprescriptibles, siempre y cuando y es lo que no dicen mis compañeros que me antecedieron, siempre y cuando conserven esta calidad, la cual puede perderse si la asamblea así lo decide en términos del artículo 104. La consulta, por otro lado, que se establece en el artículo 99, a los pueblos indígenas cuando reporten daños y perjuicios ocasionados por la posible explotación de recursos que corresponden al dominio directo de la nación, resulta demagógica e inaplicable, porque ésta no está regulada. ¿A quién o a quiénes se les va a aplicar la consulta? ¿Cómo se les va a consultar? ¿Cuáles son los mecanismos idóneos para evitar vicios de consentimiento como sucede ahora con el proyecto de La Parota, en Guerrero, donde ya ha habido muertos por este conflicto con los ejidatarios? Pero lo más trascendente, es que tal artículo no tiene carácter de imperativo en la participación de las utilidades que reporten los entes que exploten los recursos de en sus tierras. La iniciativa tibia y mañosamente señala que los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades. Los pueblos indígenas tienen derecho al reparto equitativo de las utilidades generadas; sin embargo, no es el espíritu de esta reforma y más bien sí el de modernizar la legislación para continuar las expropiaciones de las tierras indígenas, que si duda han sido y es la historia de la usurpación, el fraude, el hurto y la trampa. Los indígenas son los que han sufrido en mayor intensidad y magnitud la pérdida de sus territorios. Los pueblos y sus organizaciones reclaman la garantía de mantener integridad territorial de los pueblos indios, entendiendo por territorio la totalidad del hábitat en que se encuentran asentados. La integridad de las tierras ejidales y comunales demandan la incorporación de las normas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en la legislación agraria, no como aquí se establece, como es el caso del artículo 2° que señala que los tratados internacionales, los principios generales de derecho y los sistemas normativos de los pueblos y las comunidades indígenas, se invocarán en lo que fuera indispensable para completar las disposiciones de esta ley, siempre que dicha norma no se oponga a los principios contenidos en este ordenamiento, cuando debieran simple y sencillamente ser invocados y respetados como una ley suprema no subordinada a una ley reglamentaria. Por lo anterior, el grupo parlamentario del PRD, al llamar a votar en contra del dictamen de la Ley Federal Agraria, demandamos a esta Cámara de Diputados congruencia política hacia el sector rural y en particular hacia los pueblos indígenas de México. Votar en contra significa generar las condiciones para retomar la discusión de fondo, que es la reforma del 27 constitucional, con el objetivo de fortalecer la propiedad social, continuar el reparto, concluir el rezago agrario y dar seguridad jurídica en las distintas formas de tenencia de la tierra, restituir al ejido el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable, reducir los limites de la propiedad privada, eliminar el derecho de las sociedades mercantiles a ser propietarias de tierras productivas, limitar el rentismo y elevar la propiedad social de la tierra a categoría constitucional. Por su voto en contra, compañeras y compañeros, muchas gracias.