EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): Tiene el uso de la palabra el Diputado Daniel Esteban Martínez Enríquez. EL C. DIPUTADO DANIEL ESTEBAN MARTINEZ ENRIQUEZ (PRD)Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados: Este nuevo fraude bancario, este nuevo fraude, que se equipara con el Fobaproa, no ha sido debidamente resuelto por el gobierno actual. Mientras al Fobaproa se le inyectaron enormes cantidades de dinero tratándose de los banqueros, en el caso de los pequeños ahorra dores el tratamiento es diferente. Las cajas de ahorro constituidas bajo la modalidad de sociedades cooperativas, tuvieron un funcionamiento irregular, que no fue corregido ni sancionado a tiempo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A falta de esta supervisión y orientación a los socios 2i señor José Cirilo Ocampo Verdugo se convirtió en administrador único de un gran número de cajas de ahorros, a saber: 498 sucursales en 25 estados de la República. Perjudicando así a 400 mil socios. Al iniciarse una averiguación previa por la comisión de delito de lavado de dinero en contra de Cirilo Ocampo, los bienes fueron asegurados y se encuentran bajo la custodia del Servicio de Administración de los Bienes Asegurados, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este caso la Secretaría de Hacienda mostró negligencia por que la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito la obliga a acciones preventivas en su artículo 95, que señala que ésta, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dictará disposiciones de carácter general para prevenir y detectar en las organizaciones auxiliares del crédito actos u operaciones con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de un probable delito. No se instrumentaron las medidas preventivas y con el asegura miento ordenado por la PGR se vieron perjudicados miles de pequeños ahorradores, que aproximadamente son un millón y medio de personas que de buena fe, en su mayoría jubilados y pensiona dos, que vieron de la noche a la mañana perdidas sus aportaciones. La Secretaría de Hacienda pretende hacer creer que se trató so lo de un fraude que debe ser denunciado ante los tribunales pena les de cada entidad federativa, pero el problema es mucho mayor. Por razones de interés público se deben proteger los intereses de los ahorradores defraudados. Los bienes asegurados podrían servir para resarcir el daño a los ahorradores. Para ello es indispensable conocer el avalúo que el Servicio de Administración practicó a los diversos tipos de bienes, mismo que no se ha dado a conocer a los interesados. La Procuraduría debe informar sobre todo hecho. Además la Secretaría de Hacienda debe informar sobre el estado que guardan los bienes asegurados, ya que el artículo 12 de la ley señala que la administración de estos comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión, y que los bienes serán conservados en el estado en que se hayan asegurado, para ser devueltos en las mismas condiciones, salvo el deterioro normal que se les cause por el transcurso del tiempo. Asimismo la ley señala que estos bienes podrán utilizarse o ser enajenados única y exclusivamente en los casos y cumpliendo los requisitos establecidos en esta ley. Los ahorradores afectados, esta soberanía y la opinión pública deben conocer el resultado de los avalúos que se hayan practicado a los bienes asegurados; el inventario con la descripción y el estado en que se encuentran en estos momentos ¡ las medidas que se han adoptado para su custodia y conservación; si se está haciendo una administración directa o si existe depositario, interventor o administrador de los mismos; los informes periódicos que ha rendido el administrador; los frutos o rendimientos que han producido los bienes; los seguros contratados; el monto destinado al mantenimiento y administración de los bienes; si ha habido autorización de la Junta de Gobierno para la utilización de estos mismos. El Partido de la Revolución Democrática ve con buenos ojos la formación de esta Comisión Especial para investigar este caso de negligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional de Valores, y también vigilar que los acuerdos firmados por el señor Pérez Cárdenas y por el Consejo de Ahorradores, se vean cumplidos, Por eso estamos convencidos de que esta comisión especial debe formarse y llegar a fondo en este asunto. También creemos que debemos de citar a los funcionarios públicos involucrados en este caso, que cayeron en negligencia en perjuicio de los miles de ahorradores de estas cajas de ahorro popular. Muchas gracias. (aplausos)