La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, México es un gran mosaico milticultural cuya grandeza se encuentra fincada en una enorme variedad de pueblos y comunidades indígenas o grupos etnolingüísticos con civilizaciones y forma de organización muy anteriores a la conquista española. Como bien sabemos, estos pueblos son poseedores de la sabiduría milenaria que como mexicanas y mexicanos aun recorren nuestras venas. Sin duda, nuestra raíz indígena enriquece a la cultura e historia mexicana y es un factor de nuestro desarrollo económico, intelectual, moral y espiritual. Es por ello que la transformación legislativa, a través de la cual estamos adaptando al Estado mexicano a las nuevas realidades que enfrenta el país, en aras de su progreso y bienestar, debe mantenerse siempre presente el principio de inclusión social y asegurarse de que todo derecho enmarcado en nuestra Constitución contenga la cosmovisión para enaltecer a nuestros pueblos y comunidades indígenas. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, hay poco más de 10 millones de personas indígenas distribuidas en nuestro país, siendo Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Yucatán los estados con mayor concentración de esta población. Dentro de estos grupos etnolingüísticos se hablan 62 idiomas distintos, siendo el náhuatl, el maya, el zapoteco y el mixteco los más hablados en México. Estas cifras no solo revelan la importancia de la población indígena en México, sino también la obligación del Estado mexicano de garantizar sus derechos y preservar la diversidad en un mundo cada vez más globalizado. Nuestra Constitución, en aras de proteger y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, contempla en su artículo 2o. tres derechos de gran importancia para estas comunidades: el derecho a la cultura e identidad, el derecho a la libre determinación y el derecho de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Desafortunadamente, en el día a día de nuestros conciudadanos indígenas la titularidad de estos derechos no ha sido suficiente para garantizar el acceso a la justicia. La realidad es que cuando una persona indígena es parte de un procedimiento penal, este no contempla su idiosincrasia ni lengua diversa al español; lo que le deja en desventaja frente a la contraparte no indígena, convirtiendo los elementos culturales y lingüísticos en diferencias sustanciales que impiden su acceso efectivo a la justicia estatal. Considero que este es un factor importante que ha contribuido a perpetuar las condiciones de pobreza, injusticia, discriminación, marginación y vulnerabilidad, que históricamente han limitado el desarrollo de nuestros pueblos indígenas, así como el de sus habitantes. Ante esta problemática y debido al proceso de transición y transformación que sufre nuestro país en materia procesal penal, hoy tenemos la gran oportunidad de salvaguardar el derecho constitucional de los pueblos y comunidades indígenas de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, de acceder a la justicia. Es por estas razones que hoy presentamos ante esta altísima tribuna para proponer una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto al procedimiento especial para pueblos y comunidades indígenas, con el objetivo de asegurarnos de que la reforma en materia procedimental penal contemple la inclusión de derechos específicos de las personas indígenas, para que por primera vez no queden al margen de estos cambios normativos y de esta forma garanticemos el pleno goce de sus derechos. Es importante hacer hincapié de que no se trata de ninguna concesión sino de elemental justicia. El Estado mexicano debe dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos en materia de derechos indígenas, también ya establecidos en nuestra Constitución en su artículo 2o., como el derecho de los pueblos a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Para lo cual, el Estado debe garantizar a cualquier indígena que participe en un proceso penal un defensor o asistente jurídico que conozca su idioma o tradiciones, quien deberá asistir a la víctima o al imputado desde la notificación o presentación de la denuncia, hasta la conclusión de procedimiento penal. Respetuosamente esta tarde pongo a consideración esta iniciativa, cuyo fin primordial es cerrar aún más las diferencias que como mexicanos aún nos separan. Confío plenamente en que este es un asunto que nos une y a muchos que provenimos de estados con alta población indígena nos compromete. Hoy tenemos la enorme oportunidad de actuar a favor de ese México profundo, fuente de orgullo, pero también de complejidad política y social que ha caracterizado a nuestro país. Hoy podemos dar un paso adelante en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, vanguardista como el de las sociedades multiculturales más avanzadas, que efectivamente sea garante de derechos y congruente con los principios democráticos del Estado mexicano. Muchas gracias.