La diputada Genoveva Huerta Villegas: Con su venia, presidenta. Muchas gracias. Quiero iniciar solidarizándome con todos esos mexicanos y mexicanas, hermanos y hermanas indígenas que han tenido que desplazarse por la presencia del crimen organizado, que hoy manda más que el gobierno en Chiapas y en este país. Estamos con ustedes, hermanos chiapanecos. Buenos días compañeras y compañeros diputados. Hace 28 años en el contexto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Estado mexicano firmó los acuerdos de San Andrés Larráinzar, por los que entre otras cosas y fundamentalmente, reconoce la existencia de una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas. Deuda que por desgracia nosotros tampoco hemos saldado, porque hoy, como ayer, impera la discriminación, el abuso y la indiferencia hacia los pueblos originarios. Situación que hace urgente un esfuerzo, más que ambicioso para transformar esa realidad. En México radican 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, quienes en su conjunto representan más de 25 millones de personas, de las cuales al iniciar este gobierno, poco más de 10 millones padecían alguna carencia, ya sea en educación, en salud, en vivienda, en seguridad social, servicios básicos o de alimentación. Cuatro años después había aumentado a más de 11 millones, datos del Coneval. Entonces, no solo no hemos saldado nuestra deuda, sino que ignorándola la hemos acrecentado destinándolos a una situación que trasciende generaciones y que provoca una pobreza mucho más cruel e inhumana que la pobreza extrema, que es la pobreza crónica. Por eso debemos abonar de una vez por todas, abandonar de una vez por todas, la visión tutelar y clientelar que tenemos de nuestras hermanas y hermanos indígenas. Ellos no esperan que los tratemos condescendientemente, simple y sencillamente esperan que les demos lo que cualquier ser humano espera de su prójimo, respeto. Desde Acción Nacional celebramos que por fin exista una propuesta de reforma constitucional en la materia, pero también tenemos la obligación de pronunciarnos sobre lo que queda a deber. Esto significa que estamos a favor de la reforma, pero en contra de las omisiones, porque reformar la Constitución, independientemente de la enorme oportunidad que representa, siempre concentra las expectativas de quienes, como es el caso, llevan tiempo padeciendo un estado de violencia, de incertidumbre y de despojo. Repito, Acción Nacional coincide en lo general con la reforma, es un buen avance y, como muestra de nuestra postura, destacamos lo siguientes puntos: El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio abona a fortalecer su autodeterminación, pues les permitirá recibir presupuesto público para impulsar proyectos que dignifiquen sus condiciones de vida en lo individual y en lo colectivo. Es también un acierto reconocer la propiedad intelectual colectiva, pues a lo largo de los años hemos constatado el abuso de empresas nacionales y extranjeras que lucran con la identidad y cosmovisión de nuestros pueblos originarios. De hecho, Acción Nacional ha presentado iniciativas en este sentido. Qué bueno que el régimen tenga coincidencias con nosotros, pero vale la pena preguntarle al oficialismo: Si Morena reformó la Ley de Amparo para eliminar los efectos generales de las sentencias, ¿cómo pretende ahora hacer efectivo los alcances de esos derechos colectivos? Les haré otra pregunta: Si el presidente López Obrador, con facultades discrecionales, tuvo que declarar el mal llamado Tres Maya como un proyecto de seguridad nacional para imponerse a los amparos ganados por los pueblos y comunidades indígenas mayas, ¿de qué manera esta reforma garantiza la defensa de esos mismos pueblos en una situación similar en el futuro? ¿Será por eso que la reforma impide que organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos o abogados intercedan a favor de los pueblos originarios? Que conste que es pregunta. A las y los diputados del oficialismo, les reitero: El Grupo Parlamentario de Acción Nacional celebra la intención, pero no puede pasar por alto ni mucho menos avalar las contradicciones. Ésta no es la reforma que esperan en Michoacán, quienes resisten el embate del crimen organizado, que se apropia de sus tierras a diestra y siniestra para sembrar aguacate. Tampoco es la reforma que esperan en Chiapas, donde nuestros hermanos y hermanas han preferido emigrar hacia Guatemala, producto de la narcoviolencia que gobierna cada espacio del gobierno. No es una reforma perfecta, pero es una reforma perfectible, siempre y cuando exista voluntad del régimen para escuchar a la oposición, pero sobre todo a quienes llevan mucho tiempo pidiendo estos y muchos otros cambios a la ley. Porque las buenas intenciones deben estar acompañadas de acciones, a fin de lograr que el marco normativo consolide las actuales aspiraciones y garantice la satisfacción de las demandas y necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. Por eso esta reforma debe ir acompañada de un esfuerzo integral para reformar leyes que impacten directamente su calidad de vida. En el caso de la Ley de Aguas Nacionales, en la que es indispensable poner un freno al acaparamiento desmedido del agua por parte de empresas que lucran sin consideraciones humanas o ambientales. También se debe reformar la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a fin de garantizar a los ejidatarios y comuneros la pronta resolución de sus conflictos. En la actualidad, promover un juicio agrario en el mejor de los casos nos lleva dos o seis años. De igual forma, se debe reformar la Ley Minera, la Ley de Amparo y la Ley de Seguridad Nacional, para frenar los despojos legalizados y garantizar la justa compensación por el otorgamiento de concesiones o permisos a empresas que obtengan beneficios, alterando las condiciones naturales de sus ecosistemas. Pero, sobre todo, y en vísperas de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2025, se debe garantizar mayores recursos para que instituciones como Profepa, Conafor o Conagua estén en posibilidades de defender el suelo y el subsuelo de prácticas depredadoras y abusivas. Porque por mucho que exista una buena y genuina intención de atender una deuda histórica, sin dinero es prácticamente imposible materializar cualquier cambio. Todas y todos somos herederos de culturas ancestrales. Por lo tanto, no podemos hablar de ellos y de nosotros como dos sociedades distintas. Hoy, a pesar de las diferencias y el momento político que vivimos, estamos guardando un espacio para mirar en común la promesa de un solo México. Es cuanto. Muchas gracias.