El diputado José Ramón Martel López: Coincidencia nuevamente en los temas. Hoy y siempre, nuestra fracción parlamentaria defenderá el derecho de los comunicadores a expresar su opinión. Ése es el marco de libertad de expresión que nos rige y es el que deseamos que prevalezca. Injustificable sería en el marco de libertades en las que vivimos que una comunicadora, como Carmen Aristegui, hubiese sido despedida por emitir opiniones o comentarios que una parte u oficina gubernamental hubiese decidido por quien la contrató ser despedida, afectando de manera fundamental aquellos derechos por los que estamos luchando. Pero lo quiero reafirmar categóricamente. En este ambiente se está iniciando el quinto año de gobierno de la administración del presidente Felipe Calderón y es momento de hacer un balance global del estado que guarda la República y del cómo se entregarán cuentas de su administración a la nación. Vemos cómo el país pierde capacidad, su paz social, las oportunidades de crecer con orden y consistencia y de resolver los grandes rezagos sociales que lo aquejan. A 10 años de administraciones, no es momento de seguir amparándose en el pasado como si el tiempo no transcurriera; menos aún cuando Acción Nacional recibió instituciones sólidas y eficientes que hoy se enfrentan al descrédito social ante la ineficacia de las acciones gubernamentales. Hace 10 años se entregó un país con solidez financiera y estabilidad social con una administración pública en orden. Sí con muchos retos, es cierto; con problemas aún en marcha, pero con amplias posibilidades de atenderlos y resolver los temas que para la nación son prioritarios. Es la misma sociedad que hoy, decepcionada y con sentimientos de desesperanza, se pregunta en dónde estuvo el cambio. ¿Hacia dónde se ha llevado al país? ¿Qué se ganó y cuánto se ha perdido? Es obvio. Transición democrática no la hay; alternancia sí la tuvimos. La responsabilidad del titular del Ejecutivo, quiero afirmarlo, no concluye al fin de la administración. Quedan sus decisiones marcadas en el tiempo y en sus defectos. Por ello serán permanentemente evaluadas y sometidas al escrutinio social y político. Tan solo en materia de competitividad, de acuerdo al reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial, pasamos del lugar 42 en el año 2000 al 66 en el año 2010. Perdimos 24 posiciones. ¿Dónde está la política de creación de empleos a que se comprometió el hoy presidente? De una población económicamente activa, de 47 millones de personas, sólo 15 millones tienen empleo formal y se ha aumentado la proporción de empleos eventuales, los que trabajan menos de 15 horas a la semana y los que perciben ingresos de alrededor de dos salarios mínimos. Afirmó el titular del Ejecutivo que el 2010 debía de ser el año de la recuperación. Lo cierto es que la gran mayoría de los empleos creados en los últimos meses son temporales y no compensan la enorme pérdida de los años anteriores. En la pasada década se generaron en promedio 141 mil empleos al año, menos de los 440 mil empleos registrados en el periodo 94-2000 y cifra muy lejana -aún más- a los más de un millón 200 empleos que los jóvenes y los ciudadanos requieren cada año. El desempleo abierto en el 2000 fue del 2.3 de la población económicamente activa y se elevó en un 300 por ciento, alcanzando el 6.2 en el 2009. ¿Cómo justificar, por otro lado, los más de 30 mil muertos contra los 19 delincuentes de alto perfil asegurados? Pero la violencia, hay que decirlo, no se agota en el crimen organizado. La violencia avanza en todos los frentes de manera irrefrenable. Aún así se insiste en que el país no está en guerra, se reafirma tercamente que la lucha se va ganando, y ello no es posible de acreditar cuando prácticamente no hay comunidades libres de balas o de ejecuciones, y mucho menos en Michoacán o Ciudad Juárez, los dos espacios mediáticos que se eligieron para vestirse de verde olivo e iniciar una batalla en la que sobra sangre y falta trabajo de inteligencia y resultados sólidos. No es una guerra, pero el trato de víctimas colaterales a los ciudadanos que han perdido la vida señalan lo contrario, cuando es el Estado el que debe garantizar su seguridad plena y es el mismo Estado quien los reduce a estadísticas menores. Hoy nos enteramos que las narcopistas se han multiplicado en un 700 por ciento en los últimos 4 años, y de las 25 mil hectáreas de marihuana destruidas en administraciones pasadas se disminuyó a 17 mil hectáreas, como lo consigan los periódicos Milenio y Reforma. ¿Qué resultados podré enumerar de las profundas reformas realizadas al sistema de procuración de justicia aprobadas por esta soberanía, y que no se aplican cabalmente porque fue reducida en su instrumentación a un programa menor, sin el compromiso político de consolidar la modernización que implica su pleno ejercicio? Los datos están ahí, datos que elabora la propia administración. Ahí están las decisiones que hicieron a partir de un catarrito económico, se multiplicaran las familias en pobreza. Qué decir de la protección a nuestros paisanos que regresan a México y que aportan más de 20 mil millones anuales de dólares, sin los cuales la pobreza aún sería mayor y aun así prácticamente son asaltados a veces cuando regresan a nuestra patria. Qué declarar ante la muerte y secuestro de migrantes centroamericanos, que unos coloca como un país incapaz de garantizar los derechos humanos fundamentales. No entender estas razones es no entender la lógica de los sistemas democráticos y representativos, es no entender los contrapesos que implica un sistema republicano y federalista. Como nunca en la historia, el Poder Ejecutivo ha dispuesto de recursos, incluso superiores a los inicialmente solicitados a esta honorable Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros, los mexicanos nos exigen condiciones sólidas que garanticen su bienestar individual y colectivo. Cómo lograr este propósito si hemos insistido en la ausencia de rumbo, en la carencia de un proyecto nacional y de políticas públicas efectivas, en una administración que privilegia medidas anticíclicas que no permiten sentar las bases de un desarrollo de largo plazo. Por eso resulta injustificable que ante el desmedido incremento de productos básicos, y en especial de los alimentos, nuevamente se recurra a explicaciones económicas, a sostener que son efectos del libre mercado o de la demanda generalizada, en lugar de regularlos y poner freno a una conducta especulativa. Señoras y señores diputados, es aquí y ahora que las familias requieren de la acción de un Estado sólido y con capacidad de solución de problemas. Que quede claro que las medidas económicas no pueden destejer lo que de día intenta construir la política social. En consecuencia, las y los legisladores de mi fracción parlamentaria exigimos a las autoridades federales se ejerzan las medidas pertinentes para poner un alto a los abusos y a la especulación. La seguridad que demandan los mexicanos es integral y permanente, abarca el empleo, la salud, la educación, la alimentación y, por supuesto, la seguridad pública y la paz...