El diputado Jorge Uscanga Escobar: Con su permiso, diputada Presidenta. Honorable Soberanía: El suscrito, diputado Jorge Uscanga Escobar del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona la fracción VII al apartado B) del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos A lo largo de la historia, los estudiosos de los sistemas penales, los tratadistas y en general los teóricos del derecho penal, lo han estudiado fundamentalmente desde la óptica del delito y la pena. Se ha estudiado al delincuente y las causas que lo llevan a delinquir, pero la víctima u ofendido, no ha sido debidamente valorada y comprendida en sus justos reclamos. Se ha soslayado que todo sujeto pasivo del delito sufre merma en la esfera de su seguridad, porque el delito cometido no sólo lo afecta en lo individual, sino a su familia y a la colectividad de la que forma parte. De la lectura de diversos documentos de la Organización de Naciones Unidas, podemos advertir que se define a la víctima u ofendido desde la perspectiva de las consecuencias del delito; es decir, al individuo o colectividad que sufre daño bien sea en su persona de carácter físico, emocional o mental o en su patrimonio de carácter económico o financiero o bien en sus derechos con motivo de las infracciones a los dispositivos del orden penal. El delito se manifiesta en la víctima u ofendido no sólo en una violación, daño o menoscabo de sus derechos, sino en un peligro que lo mantiene con temor, miedo y angustia ante la posibilidad de ser nuevamente agredido, ofendido o victimado. Generalmente los esfuerzos del sistema jurídico penal mexicano se han centrado en discernir y precisar con base en la conducta o hecho, la norma penal infringida. Es decir, si está o no en presencia de una conducta o hecho típicamente antijurídico y culpable la responsabilidad del sujeto activo del delito, las excluyentes de responsabilidad o causas de justificación y la imputabilidad del delincuente, la pena y su ejecución hasta la readaptación del sentenciado para su reinserción social. La imputabilidad es fundamental en lo que se refiere a este tipo de delitos. El objeto de esta corriente del derecho punitivo que ha prevalecido, es sin duda garantizar el estado de derecho, las libertades, el orden y la paz pública, así como los derechos, la integridad y la vida de las personas con base en la pena, es decir, el castigo potencial previsto en la norma jurídica como medio preventivo para disuadir a los miembros de la colectividad respecto de conductas o hechos tipificados como delitos que deben ser evitados y que en caso contrario, traería como consecuencia la imposición de las sanciones respectivas. Otros estudiosos del sistema penal se han pronunciado y han propuesto que el Estado remita a la justicia civil muchas de las conductas o hechos sujetos a la sanción penal, fundando su razonamiento en el interés de las partes afectadas, es decir las víctimas u ofendidas. Nosotros consideramos que ambas visiones tienen ventajas y desventajas que deben ser ponderadas a fin de evitar en lo posible acciones y omisiones lesivas a la persona. El sistema penal vigente ha plasmado en el ordenamiento punitivo diversas acciones privativas de libertad que han sido ponderadas en función del valor de lo robado y del monto en el que se sitúa, por ejemplo, el abuso de confianza o lo defraudado o lo dañado. Se encuentra prevista la reparación del daño y perjuicio causados, pero como todos sabemos, para el ofendido esto implica incursionar en procesos legales de carácter civil que en ocasiones llegan a representar gastos y costos adicionales que muchas veces no lo puedan cubrir o en el peor de los casos, exceden el monto de lo que se quisiera recuperar, restituir o reponer. Así, esas víctimas del delito, a final de cuentas, quedan en eso: en meras víctimas de los sujetos activos del delito. Nuestra reflexión al respecto nos ha llevado a considerar que a las víctimas de estos delitos el Estado debe garantizarles su derecho a la justicia restitutiva, habida cuenta que el bien jurídico tutelado lo es el patrimonio y precisamente lo que interesa a las víctimas es que se les restituya la cosa o su valor. Esto es así y es precisamente bajo esta concepción que el Código Penal Federal en su artículo 375 dispone que cuando el valor de lo robado no pase de diez veces el salario, sea restituido por el infractor espontáneamente y pague esto todos los daños y perjuicios antes de que la autoridad tome conocimiento del delito, no se impondrá sanción alguna sino se ha ejecutado el robo por medio de la violencia. Es tan solo una hipótesis, pero en este orden de ideas y considerando que la lógica del binomio delito-pena no es suficiente en los delitos penales, se debe buscar la justicia restitutiva y crear nuevos espacios para que ésta se materialice. Un ejemplo de esto sería la reducción de la pena por restitución a la víctima u ofendido de la cosa o el valor de reposición del objeto material del delito. Consideramos que así el estado puede cumplir de mejor manera su función primigenia de proporcionar seguridad en el patrimonio de las personas, lo cual no se cumple cabalmente, sólo con acciones represivas. Es por ello que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO que adiciona la fracción VII al Apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. UNICO. Se adiciona la fracción VII al Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ARTICULO 20. En todo proceso de orden penal el inculpado, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías: B) De la víctima de lo ofendido. Séptima. que se le restituya la cosa o el valor de la reposición del objeto material del delito. TRANSITORIO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto señora presidenta.