El diputado José Julio González Garza: Con su venia, señor Presidente. Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, propongo a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga el artículo 31 fracción III segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al tenor de la siguiente Exposición de Motivos En el Proyecto de Miscelánea Fiscal para 2005 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reformó el artículo 31 de la Ley del ISR, estableciendo que todos los contribuyentes que incluyeran consumos de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres dentro de sus gastos deducibles, tendrían que utilizar como medios de pago cheques nominativos, tarjetas de crédito, débito y de servicios además de monederos electrónicos autorizados por el SAT, aún cuando dichos consumos de combustible no excedieran el monto de 2 mil pesos. Dentro de los principales objetivos de dicha reforma estaban: el reducir los costos de operación de las empresas, tener mayor información sobre la deducción por combustibles por parte de las autoridades, contar con opciones de pago más seguras que portar dinero en efectivo; evitar la alteración de contenido registrado en los comprobantes y el mercado negro de facturas, así como disminuir la venta ilegal de estos productos, entre otros. Al día de hoy podemos constatar que dicho objetivos no se han cumplido. Hemos escuchado las quejas de las micro, pequeñas y medianas empresas respecto a que los medios de pago electrónicos establecidos en la ley tales como las tarjetas de crédito, débito y servicios, así como el monedero electrónico, resultan inapropiados debido a que no se puede acceder fácilmente a estos instrumentos financieros, lo que inhibe la deducibilidad en el consumo de combustibles. Más complicado aún resulta el uso de cheques nominativos ya que no son recibidos por cualquier establecimiento por el temor a falsificaciones, lo que limita el uso de los mismos de una manera notable. En virtud de lo anterior, al tener dificultades para poder ser tarjetahabiente calificado como persona moral debido a los diferentes requisitos que determina la banca comercial, no todas las empresas pueden contar con la posibilidad de tener una tarjeta empresarial o chequera empresarial para el pago de combustibles. Y por otra parte, no todas las gasolineras cubren con los requisitos para tener la terminal punto de venta para cobrar vía tarjeta; adicionalmente no todas las gasolineras aceptan cheques, con lo que se les orilla que las empresas busquen un medio de pago empresarial para poder hacer deducibles estos gastos en combustibles, lo cual genera a su vez, más gasto administrativo relacionado a los controles de pago, con lo que el proceso de deducción se complica en lugar de simplificarse como originalmente estaba previsto, y no sólo esto, a poco más de un mes de haberse iniciado la vigencia de la obligatoriedad de utilizar los medios mencionados para la deducción de combustibles, los contribuyentes han enfrentado otras dificultades para cumplir con esta medida, como ha sido la carencia de terminales punto de venta para recibir pagos por medios electrónicos en las gasolineras. El traslado indebido de comisiones en el pago con tarjetas de crédito o débito y la lentitud en el cobro cuando se paga con estos medios. Este tipo de medidas han generado enormes costos a todos los agentes económicos involucrados; por una parte los concesionarios de estaciones de servicio, tienen que invertir en una exhibición y en un momento en cambios tecnológicos que representan un incremento significativo en su estructura de costos y que de momento no pueden ser compensados con el margen de utilidad que obtienen de la venta de combustibles. Adicionalmente los concesionarios han tenido que invertir el tiempo de capacitación de su personal para aprender a utilizar dichas terminales. Esto ha sido reconocido por la misma Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por lo que a través del SAT, ha instrumentado medidas transitorias para tratar de resolver la situación. Sin embargo, estas soluciones no han sido satisfactorias, pues se sigue presentando las mismas anomalías y además se le ha agregado al consumidor una responsabilidad de fiscalizador que no debe tener y que le corresponde únicamente al gobierno cumplir. Si bien, en las medidas transitorias aplicadas por el SAT se permite al contribuyente pagar en efectivo, solicitando la factura correspondiente cuando la gasolinera no cuente con los medios electrónicos o se pretenda cobrar comisiones o cargos adicionales al del combustible por utilizar medios de pago electrónico como, tarjetas de crédito o débito; así como cuando exista tardanza por parte del expendedor para aceptar pagos por medios electrónicos. En estos casos se obliga al contribuyente a que mensualmente informe ante el SAT el número de las estaciones de servicios donde se realizó el consumo del combustible y el pago en efectivo, el monto total de la compra por estación y las razones por las que se hizo dicho pago. Entonces, los consumidores también incurren en costos adicionales al atribuírseles obligaciones de fiscalización que no les corresponden y no tendrán que realizar, sí existieran las condiciones necesarias y adecuadas para la aplicación de las reformas que la Secretaría propuso. A esta situación hay que aunarle el hecho de que dichas reformas, no logran resolver la problemática de deducción en las zonas rurales, en donde hay numerosos casos en los que las gasolineras no cuentan con la infraestructura necesaria para recibir el pago de las gasolineras con monedero electrónico u otra vía. Asimismo se deja a un lado la opción de pago de los gastos por consumos de combustible mediante vales de gasolina, debido a que ya no son válidos para la deducción, con lo que se renuncia a un esquema de pago que por muchos años fue de gran utilidad para el manejo administrativo de las empresas, respecto al consumo de combustible. Por esta razón es que esta disposición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pudiese resultar violatoria de las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias, consagradas en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que se podría dejar de reconocer la existencia de un gasto real, con lo cual resultaría el pago de un Impuesto sobre la Renta, que no estaría vinculado a su vez a la capacidad real contributiva. Asimismo se está realizando una injustificada distinción, entre las deducciones en general y las deducciones de consumo de combustible, atendiendo únicamente a la forma de pago de los mismos. Existe otro problema adicional ligado con esta disposición de la ley y es que las terminales punto de venta que proporciona la banca comercial para el pago con tarjetas de débito o crédito, conllevan el pago de una comisión a la banca por transacción realizada; esa comisión debe ser pagada en este caso por el concesionario de las estaciones del servicio de combustible. Sin embargo, y en virtud de que la comisión oscila significativamente entre 4 y 7%, el margen de utilidad del concesionario se ve reducido. Si el concesionario como está ocurriendo en la actualidad, se ve obligado por ley a contar con una terminal punto de venta para realizar los cobros de manera electrónica y además el contrato de la Banca Comercial le impide trasladar la comisión del cobro de tarjeta al consumidor, so pena de retirarle la terminal, es de suponer que el concesionario buscará una nueva forma de no perder su margen de utilidad. Esto es lo que ha generado las quejas del consumidor, porque observan que las estaciones de servicio no están vendiendo litros de gasolina que no son de litro. Es decir, puede estar ocurriendo que la pérdida del margen de utilidad por el pago de comisiones a la Banca, la estén compensando con una venta ficticia de combustible. Esto in duda genera una externalidad negativa para los consumidores, en la medida en que ellos, además de convertirse en contribuyentes fiscalizadores, no obtienen el número de litros que efectivamente están pagando al concesionario de la estación de servicio, de acuerdo a las quejas que los consumidores al presentado ante la Procuraduría Federal del Contribuyente. Considerando lo anterior, proponemos la derogación del artículo 31 fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Muchas gracias, señor Presidente.