El diputado José Ricardo Gallardo Cardona: Con su venia, presidenta. En el Partido Verde Ecologista de México creemos en un país de derechos, en los que se privilegia la libertad de la persona y, al mismo tiempo, el Estado tenga una obligación con tal libertad, respetarla, promoverla, prevenirla, garantizarla y defenderla. Por ello, una de las principales y más recurrentes demandas de la ciudadanía, que el Partido Verde Ecologista de México ha recorrido en diversas campañas, ha sido el impulso y atención a las necesidades de la juventud. En su momento celebramos que el actual gobierno de la República haya puesto en marcha el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual brinda oportunidades de capacitación en el trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que actualmente no estudian y no trabajan. Se reconoce como un esfuerzo sin precedentes y que debe ser sustentado en una estructura permanente en el marco jurídico, con la finalidad de su implementación y que esta resulte totalmente exitosa. Por ello, el 19 de julio de 2019, diputados de este grupo parlamentario y del grupo de Morena presentamos una iniciativa, citada en el antecedente del primer dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que en la Constitución se reconozca y garantice que el Estado velará por los derechos de las y los jóvenes a vivir en condiciones de bienestar y a desarrollarse plenamente. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ha señalado que, en México, al segundo trimestre del 2018, el segmento de la población de 15 a 24 años ascienden a 21.8 millones de jóvenes, de los cuales no estudian ni trabajan 3.8. Asimismo, 3 millones son solamente mujeres y 800 mil son hombres. Hasta hoy estamos siendo capaces de establecer un parámetro con un estándar suficiente, que permita generar leyes y políticas públicas que atiendan de manera adecuada las necesidades de la juventud: empleo, seguridad social, salud, bienestar, crecimiento y, sobre todo, desarrollo y educación. No es un tema menor, al darnos cuenta que las necesidades de atención por parte del Estado a la juventud van más allá de jóvenes en situación de pobreza. En México existe una cantidad significativa de jóvenes que no estudian ni trabajan y que están estancados en otros estratos sociales, con un poder adquisitivo mayor al que se posee, quienes viven en condiciones de pobreza. Pero, paradójicamente, a consecuencia de nuestra realidad como país y, en un contexto mundial, no encuentran un empleo en el que puedan desplegar todas sus potencialidades, ya no se diga satisfacer todos sus derechos. Hasta hoy, en México, hemos desperdiciado el bono demográfico con el que contamos, y que deberíamos aprovechar para construir una nación próspera y con viabilidad financiera que tenga la solvencia para sostener este país cuando los adultos mayores sean la mayoría. Por ello, ahora que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas, con enfoque multidisciplinario que propicie su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural de este país, podremos estar a la altura de atender a los jóvenes e incluirlos no solamente en un mercado laboral, sino también tomar su posición en lo social, lo político y lo cultural. Para lograrlo, la forma idónea es una ley que establezca la concurrencia de los tres órdenes de gobierno: estatales, municipales y, obviamente, el federal. El Congreso de la Unión, al contar con la atribución para expedir leyes adicionales a las materias de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero ahora también emitir leyes en materia de formación y desarrollo integral para las juventudes. Solo generando condiciones que permitan la implementación de una política pública integral, los jóvenes desarrollarán su potencial como principales formas de transformar en una buena sociedad actual. Las y los legisladores federales tendrán el privilegio y la responsabilidad de plasmar nuevas formas de involucrar a la juventud en la vida pública. Por su parte, el Poder Ejecutivo y los tres niveles de gobierno, bajo el principal tema de legalidad, orientará su esfuerzo a realizar todas aquellas acciones que concreten el derecho de la inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural. Será un arduo trabajo de ajustes y adecuaciones de la normatividad relacionada, lo que precisamente representa que será un tema pendiente en la agenda pública y en la legislativa. Por lo anterior, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, presidenta.