La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las reservas que hoy presento tienen por objeto preservar un derecho adquirido ya por las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, el de nombrar a expertos o peritos independientes, sean nacionales o internacionales. Según el artículo 1 de nuestra Constitución, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre las exigencias del principio de progresividad. En sentido negativo impone una prohibición de regresividad. El legislador, como nosotros, tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos. La asistencia técnica ha estado presente en el panorama internacional y en los diversos mecanismos de protección de los derechos humanos. Hoy busco que México no retroceda al eliminar artificialmente los derechos de las víctimas. Asumamos el deber que como legisladores tenemos de cumplir con este principio de progresividad. Las reservas que se presentan van dirigidas a los artículos que modifican de manera regresiva un derecho que las víctimas ya tenían, el poder solicitar la intervención de expertas o expertos y peritos internacionales, y que estos sean cubiertos por el fondo de atención a víctimas. Esto ya estaba en la ley, es un derecho ganado por las víctimas, pero parece que algunos legisladores legislan por consigna, para proteger o protegerse con ese halo de impunidad, más allá de buscar el derecho de las víctimas. En tres ocasiones se señala lo siguiente en esa ley: “Solo se podrá contratar servicios de expertos independientes o de peritos internacionales cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia". Eso en los artículos 12, 15 y 21 de la ley. ¿Ya se nos olvidó, por ejemplo, lo que últimamente hemos padecido? ¿De los señalamientos que se hicieron en contra de servidores públicos y cómo un servidor público fue acorralado a tal punto de tener que demitir de su cargo por no haber querido acusar una investigación acorde a los intereses de la Presidencia? ¿Ya nos olvidamos de Tomás Zerón? Pero no nos engañemos, compañeras diputadas y compañeros diputados, eso tiene una clara consigna política de la experiencia que tuvo el gobierno mexicano, la mala experiencia para el gobierno mexicano que resultó de ser confrontados y evidenciados por organismos internacionales en el tema de Ayotzinapa. Y quieren, obviamente, que esto no se repita. Esta es una clara dedicatoria al Grupo de Expertos Internacionales, a los expertos en antropología forense que con sus argumentos, con sus peritajes y sus elementos debilitaron la verdad histórica construida por Murillo Karam. Ayer apenas discutíamos la Ley contra la Tortura, y obvio fue que esos diputados, creando una mayoría irresponsable, votaron en contra; aun con una carta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el organismo internacional encargado de velar por los derechos humanos. Ignorada, desdeñada por parte de estos diputados. Ahora también vamos en un acto regresivo, en un proceso legislativo regresivo e irresponsable que les quita a las víctimas el derecho que ya tienen. Esto, sin lugar a dudas es muy grave, pero deja clara una vez más la política implementada por Enrique Peña Nieto, de grave violación a los derechos humanos y que ha sido avalada por sus diputados aquí en esta Cámara de Diputados. Es cuanto, presidenta.