La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, presento ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2, 7, 8, 32 y 41 de la Ley General de Educación. Con esta iniciativa se cubren los vacíos legales existentes para fortalecer la obligatoriedad de que las mujeres y todo individuo tengan la oportunidad de acceder al sistema educativo nacional en todos sus niveles. La educación y las estructuras familiares son fundamentales en nuestro país, porque en ambas instituciones se pueden fomentar los ideales de integración social en igualdad, equidad y no violencia, que orientados de manera adecuada permitirán erradicar las prácticas culturales de discriminación y exclusión. Los distintos niveles educativos permiten a las mujeres, a la sociedad en general, a los sectores vulnerables y desprotegidos contar con una formación adecuada a partir de la cual obtienen una cierta movilidad económico-social, para romper con el círculo vicioso de la pobreza y la violencia. Por ello, esta cuestión se convierte en uno de los retos esenciales de las políticas de Estado. En el contexto actual, los nuevos roles de las mujeres obligan a enfrentar los retos que el Estado debe asumir a partir de una visión democrático-federalista para cubrir los ámbitos de su desarrollo. Lo anterior obliga a los legisladores a poner mayor atención a los niveles educativos básicos y superiores para construir un esquema que permita, de manera incluyente, el libre desenvolvimiento de los estudiantes y las estudiantes para ampliar sus horizontes y capacidad. En un acto de justicia debemos eliminar los patrones y estigmas sociales, discriminatorios y excluyentes de las mujeres, que les han negado históricamente alcanzar un futuro próspero de libertad en la forma de ser y pensar, equitativo y libre de violencia. Una sociedad cambiante, en constante evolución, precisa difundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno más adecuada, para dar paso a una forma de convivencia incluyente que permita a toda la sociedad participar en la toma de decisiones, consolidando el trato con perspectiva de género orientado a erradicar la violencia. Bajo el esquema del sistema educativo nacional se deben fortalecer la justicia, la convivencia social sin prejuicios entre géneros, integrar a las personas con discapacidad y a los grupos desprotegidos en todos los ámbitos de la vida nacional. Además de propiciar el conocimiento y práctica de los derechos humanos, la no violencia de género en todas sus manifestaciones y el rechazo a los vicios que corrompen desde la infancia a nuestra sociedad. Por ello, éste es un eje rector para la reforma del Estado que las mujeres aportamos a nuestro país. El criterio que orienta la educación que imparte el Estado, la formación de maestros de educación básica e incluso el impartido por los particulares debe fomentar el progreso científico, la lucha contra la violencia de género, la ignorancia en todas sus manifestaciones, la servidumbre, los fanatismos, los estereotipos por género o por el origen, el nivel económico y la orientación ideológica, política o religiosa. Para evitarlo, se deberán proponer políticas orientadas a la transversalidad de las instituciones. Dichos esfuerzos deberán dirigirse especialmente a los grupos sociales y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja. Los esfuerzos deben ser coordinados y evaluables en cumplimiento de la transparencia, para que las autoridades educativas tomen las medidas concernientes a establecer las condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación; una mayor equidad educativa así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, sin que medie obstáculo alguno salvo en los casos de la educación especial, donde el deterioro producido por la misma condición física lo impida. Por ello, la educación especial debe mantenerse como una política de Estado y evitar que los recursos destinados se vean disminuidos en los distintos niveles de gobierno por su naturaleza que se destina a individuos con discapacidades transitorias o definitivas; así como a aquéllos con aptitudes sobresalientes, debiendo ser atendidos de manera adecuada y acorde a sus propias condiciones, en centros preparados ex profeso en equidad social incluyente, con perspectiva de género y para evitar que su condición física no se vea mermada. Respecto de las oportunidades de alto nivel, se deberán crear los medios para permitir que las mujeres apliquen sus conocimientos en el aparato productivo de manera equitativa, transversal y exitosa. Finalmente, con la presente iniciativa pretendo sensibilizar a todos los sectores políticos y a la sociedad, para alcanzar niveles de gobernabilidad en armonía con el Estado democrático de derecho en beneficio de toda la Federación, las instituciones que la comparten y consolidar una política educativa de gran visión y una vida libre de violencia con la participación de todas las fuerzas sociales. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto y solicito atentamente a la Presidencia que considere turnarla a la Comisión de Educación y a la Comisión de Equidad y Género, para su dictamen en conjunto. Es cuanto. Muchas gracias. La Presidente diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Equidad y Género. Se concede el uso de la palabra a la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del grupo parlamentario Alternativa, para presentar iniciativa que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.