El diputado Quintín Vázquez García (PRI): Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: El suscrito diputado federal por el distrito IX electoral, con cabecera en Guadalajara, Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad otorgado por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad por lo previsto en los artículos 55, fracción II;56; 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expone ante este pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre la Readaptación Social de Sentenciados, relativos a los cursos de formación y actualización, así como a los estudios de personalidad que se practican a los reos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos: El Sistema Penitenciario de nuestro país ha sufrido diversas modificaciones motivadas por la actualización permanente de las normas jurídicas y por la valiosa participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien de manera objetiva otorga un seguimiento puntual respecto a la actuación de los servidores públicos en los centros federales de readaptación social. La Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados se ha quedado rezagada en virtud de los avances tecnológicos y administrativos y de los nuevos modelos basados en las experiencias que sobre esta materia se han tenido. Si bien es cierto, según los tiempos son las formas y criterios los que se aplican para el desarrollo de los programas y en el marco de las políticas públicas vigentes. La historia sobre la materia nos ubica en diferentes etapas donde la prevención social ha jugado un papel preponderante por las características propias de un programa que define también los principios de la readaptación social, y que además dicha área ha sido la encargada de realizar los estudios médicos, psiquiátrico y social de los reos. Durante la gestión del Presidente Adolfo López Mateos se resaltan dos aportaciones a la innovación del sistema penal: la creación del Patronato de Reos Liberados y la iniciativa de reforma al artículo 18 constitucional, que consistía en proveer la adecuada organización del trabajo en reclusorios. Durante la gestión del Presidente Gustavo Díaz Ordaz se aprueba por unanimidad una reforma en donde el Departamento de Prevención Social diversificó sus funciones, abarcando principalmente la ejecución de sanciones de reos sentenciados, el tratamiento de menores y el Gobierno de la Colonia Penal Federal Islas Marías, así como la ejecución de las sentencias de los reos federales en todas las entidades de la República y del fuero común para reos del Distrito Federal, territorios federales y entidades con las que hubiera suscito convenios. Es durante la gestión del Presidente Luis Echeverría Alvarez, cuando se decreta la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social a Sentenciados, una ley que en su tiempo cumplía con las expectativas y las formas de atención de los sentenciados, la dinámica y los criterios establecidos que en su tiempo permitieron a la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y de Readaptación Social, aplicar y ver sus modelos y estudios como apoyo en la rehabilitación de los reos. La responsabilidad de la Administración Pública Federal en este rubro ha quedado desfasada debido al desarrollo de técnicas e innovaciones en las áreas académicas y tecnológicas, por lo que resulta imperativo aplicar nuevas formas de trabajo que coadyuven a mejorar los sistemas de readaptación social de sentenciados. La obligatoriedad para la formación y actualización de los miembros del personal penitenciario, se ha venido aplicando de acuerdo a los elementos pedagógicos y académicos del momento. El Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública en su artículo 29 señala como atribución del titular de Prevención y Readaptación en su fracción VII, el de establecer en coordinación con la Oficialía Mayor los criterios tipo para la selección, capacitación, evaluación y promoción del personal que preste sus servicios en la prevención y readaptación social, así como brindar el apoyo técnico a las autoridades estatales del Distrito Federal y Municipales en la programación e impartición de cursos en la materia. Por su parte, la Oficialía Mayor en el artículo 10, fracción VI, establece como atribuciones la coordinar y apoyar la ejecución de los programas de capacitación técnico-administrativa para el personal de la Secretaría. Lo anteriormente señalado nos indica claramente que no existe método alguno y definido para preparar y actualizar al personal penitenciario. Nuestra realidad actual nos obliga a implementar los modelos exitosos en la formación y actualización del personal, sobre todo de quienes tienen bajo su responsabilidad el trato directo con los reos a veces considerados de alta peligrosidad. La era moderna obliga a tomar en consideración, inclusive, grandes empresas privadas con amplia experiencia en la materia, llámense corporativos o universidades privadas sin desconocer el alto potencial existente en el ramo de las universidades públicas. La responsabilidad actual, la vigilancia permanente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la obligatoriedad en el acceso a la transparencia, resultan factores que justifica nuestra iniciativa. Por otra parte, el régimen penitenciario tiene como responsabilidad la aplicación del carácter progresivo y técnico que constan de períodos de estudio y diagnósticos y de tratamiento, este último en fases de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional. Se establece además que el tratamiento se fundará en los resultados de los estudios de personalidad que se practiquen al reo, los que deberán ser actualizados periódicamente. La discrecionalidad otorgada bajo el precepto periódicamente y la gran corrupción anterior y actual han dejando en estado de indefensión al reo, por las formas caprichosas de la actuación pública y en la mayoría de las veces por la falta de recursos económicos para entregar la dádiva y conseguir las pautas que le otorguen las garantías que a la propia ley y normas jurídicas señala. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicione los artículos 5 y 7 de la Ley que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de sentenciados. Artículo Único.- Se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados para quedar como sigue: Artículo 5.- Los miembros del personal penitenciario quedan sujetos a la obligación de seguir antes de la asunción de su cargo y durante el desempeño de éste, los diplomados de formación y de actualización académica que se establezcan, así como de aprobar los exámenes de selección que se implante. Para ello, en los convenios se determinará la participación que este punto habrá de tener el servicio de selección, dichos cursos deberán de ser aplicados por universidades u organismos públicos o privados. Articulo 7.- El régimen penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico y constará por lo menos de períodos obligatorios de estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido este último en fases de tratamiento de clasificación y de tratamiento preliberacional; el tratamiento se fundará en los resultados de los estudios de personalidad que se practiquen al reo, los que deberán ser actualizados por lo menos una vez cada semestre. Será obligatorio el estudio de personalidad del interno desde que éste quede sujeto a proceso en cuyo caso se turnará copia de dicho estudio a la autoridad jurisdiccional de la que aquél dependa. Transitorio Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 27 días del mes de abril del 2004. El de la voz. Señor Presidente, solicito a usted, se pueda anotar en el Diario de los Debates de manera íntegra. Gracias. -