La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre: Discutimos hoy el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Y quiero empezar reconociendo algo, este Plan está menos peor que el anterior y les digo porqué. A diferencia del Plan Nacional de Desarrollo de 2019, que parecía más un ensayo político que una guía técnica. Este sí cumple, al menos en papel, con lo que marca la Ley de Planeación, incluye ejes, diagnósticos, objetivos, estrategias e indicadores de desempeño. Pero vayamos al fondo, una cosa es cumplir con la forma y otra muy distinta es tener un verdadero Plan para gobernar y eso lamentablemente sigue sin aparecer. Recordemos que en el sexenio pasado no hubo ni una sola tabla de indicadores, nada que permitiera medir resultados. Era literalmente una novela de amor. Hoy se avanza en ese aspecto, pero, compañeras y compañeros, sin indicadores claros no se puede medir. Y si no se puede medir no se puede corregir ni dar seguimiento. No basta con poner tablas, hay que poder usarlas. Y lo que vemos aquí es un plan que parece querer todo, pero sin decir cómo. En el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el ideario político planteado en los 100 puntos, los ejes generales y transversales, así como sus objetivos y estrategias incorporan principios de equidad, sostenibilidad y derechos humanos, con los que se construye una narrativa en la que las políticas públicas manifiestan respeto y protección a los derechos fundamentales de la población en términos generales. Con eso estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando puntualizamos en materia de seguridad, el Plan Nacional de Desarrollo establece objetivos ambiciosos para garantizar la paz y la justicia en México. Pero observamos el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2025 y no podemos ver más que inconsistencias en la asignación de recursos para fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad pública. Por ejemplo, el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el rubro de gasto programable destinado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se asignaron 70.4 miles de millones de pesos, con respecto al ejercicio fiscal del año anterior. Esa cantidad fue menor en 35.4 miles de millones de pesos; es decir, 33.5 % menos que en 2024. Para la Fiscalía General de la República, los recursos asignados representan un aumento del 4 %. Es decir, con respecto a la inflación anual entre 2024 y el año actual, el presupuesto no presenta modificación alguna. En el contexto de violencia e inseguridad en el país desde el año 2000, con alrededor de 500 mil homicidios dolosos, de acuerdo con cifras oficiales, el promedio actual es de 74.7 casos diarios, con más de 120 mil personas desaparecidas y más de 70 mil restos de personas no identificadas, los recursos destinados para atender la seguridad y la procuración de justicia son insuficientes. Este hecho limita cualquier impacto en las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. En el ámbito de salud, prometen garantizar salud universal, consolidar el sistema universal y gratuito, pero el presupuesto refleja recortes significativos en el gasto programable. La reducción es de 31 % con respecto del año anterior. Eso significa que, en áreas claves, como el abastecimiento de medicamentos y la modernización de hospitales. Habrá un déficit y, en términos concretos, esto contradice los objetivos y estrategias para garantizar el acceso equitativo y mejorar la calidad de estos servicios. En materia de transparencia y anticorrupción, uno de los ejes prioritarios es la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción. Este enfoque busca fortalecer la rendición de cuentas, garantizar el acceso a la información pública y consolidar mecanismos que prevengan y sancionen actos de corrupción. Pero, contradictoriamente, desaparecieron el Inai como órgano constitucionalmente autónomo. El presupuesto de la federación para el año 2025 considera una reducción sustantiva del 54.4 %. Entendemos que la Secretaría de la Función Pública asumirá ahora... Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá esas funciones, sin embargo, no tendrá presupuesto significativo para atenderlas, ya que presenta una reducción de 499 millones de pesos del presupuesto asignado al Inai. En materia de medio ambiente, pasa lo mismo, el Plan Nacional de Desarrollo, en su arranque, choca violentamente y de frente contra la asignación presupuestal. Es decir, dicen que vamos a ir hacia una asignación de energías renovables, a la conservación de ecosistemas y a la mitigación del cambio climático sin recursos. Además, hay una omisión preocupante en cuanto a la inclusión de la comunidad LGBTQ+ y la promoción de la diversidad como eje transversal de las políticas públicas. Esa invisibilización representa una falta de compromiso con la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva y equitativa. Concluyo. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 porque, lejos de convertirse entre un puente entre el gobierno y la ciudadanía para fortalecer la gobernanza democrática y promover el desarrollo inclusivo y sostenible para México, representa un discurso vacío y demagógico como es ya costumbre de Morena. Es cuanto.