El diputado Jesús Emilio González Schmal (Convergencia): Con su anuencia, señor Presidente. Hoy hace 88 años se promulgó la primera constitución del siglo XX que rompe, como la de Weimer con la ortodoxia liberal que reducía los pactos constitucionales al ámbito de las garantías individuales. La Constitución de la Revolución Mexicana consagra por primera vez, las garantías sociales por las que hubo que pagar un tributo de más de 1 millón de mexicanos abatidos en las cruentas luchas que tuvieron que librar y en las que los primeros mártires sacrificados por la traición y la sevicia de los inefables extraviados por la ambición del poder, lo fueron nada menos que el Presidente de la República Francisco Indalecio Madero y el Vicepresidente José María Pino Suárez. Constitución que lograron mexicanos de todos los rincones del país en arduas sesiones en apenas dos meses, a partir del proyecto del gran estadista Venustiano Carranza y cuya obra ha surcado las décadas de la historia donde se han agregado indudables avances, aunque también esporádicos retrocesos básicamente en la desintegración de la reforma agraria, sin que a la fecha se conozca el saldo final de la temeridad salinista, que expuso al campo mexicano a la aventura del neoliberalismo, sin que las supuestas inversiones y el incremento del empleo se haya materializado como se ofreció en los fantasiosos discursos de la época. Pero en otros capítulos el sentido progresista ha sido palpable; bástenos hoy reconocer sin falsas modestias lo alcanzado aquí, apenas en las sesiones de marzo del año pasado, cuando la iniciativa de la reforma a la fracción IV del artículo 74 de la Carta Magna, presentada por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, fue aprobada por este Constituyente Permanente, para explicitar sin el menor margen de duda que esta Cámara de Diputados tiene la facultad, no sólo de examinar y discutir el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envía el Ejecutivo, sino de modificarlo, sin que tal determinación pueda ser susceptible de veto u observaciones o mucho menos la suspensión para su vigencia, en virtud de tratarse de un decreto de carácter unicamaral específico, de acuerdo con el artículo 72 del mismo ordenamiento. La trascendencia de este logro para la nación mexicana, no sólo es que nos ponemos al día con los sistemas de presupuestación de los países más modernos en términos de desarrollo y funcionalidad real de la división de poderes, sino en verdad damos un paso gigantesco hacia la verdadera orientación constitucional original de carácter social, a ese fundamental instrumento de política económica que es el gasto público con sentido, redistributivo del ingreso nacional. Es cierto y en eso debemos ser cautos y responsables, que este adelanto supone a su vez un rezago con las normas operacionales del gasto, que a nivel de reglamentación por el Ejecutivo, deben modificarse o adecuarse a esta nueva realidad. Es así, que en el caso que parte de las obras presupuestadas por la modificación legal que esta Cámara produjo y que están precisadas para este periodo anual, tendrán que ser objeto de proyectos, integración con el Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales, reglas de operación, obtención de derechos de vía y sobre todo, el agotamiento del engorroso trámite con la Secretaría de Hacienda para el suministro oportuno de los recursos, todo ello, porque el tiempo requerido pudiera provocar la imposibilidad de realización y el consiguiente subejercicio del gasto. Sería en esta área que el Ejecutivo Federal debiera emplear sus mejores empeños para apoyar a sus órganos operativos, en vez de interponer ante la Suprema Corte de Justicia, el también reciente y avanzado recurso de controversia constitucional, diseñado por el legislador, precisamente para dirimir controversias que en este caso no existen, por la nitidez del texto constitucional antes citado y no debió haber nunca involucrado a la Corte en la prestación de un servicio político a favor del sectarismo del Ejecutivo que la desnaturaliza y atrapa, en la necesidad de tapar con la usurpación de funciones legislativas hechas al vapor por burócratas judiciales de alto nivel, sin la firma de los propios ministros para detener el acto soberano de esta Cámara en materia presupuestaria. Concluiremos esta intervención para recordar, para reponer el sentido original de nuestra Constitución y evocar aquí las palabras con las que la signó, con las que la concluyó el Presidente Venustiano Carranza, quien diría ese histórico 5 de Febrero de 1917: "Esta Ley Suprema nos hará grandes, justos y respetables entre los demás pueblos de la Tierra". Que así sea, compañeros diputados. Muchas gracias.