La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, en el PRD consideramos que el secuestro es uno de los delitos más graves que aquejan a la población, que debe ser severamente castigado de acuerdo a la ley. Sin embargo, pensamos que reformas como la que hoy se presenta, no son el medio idóneo para combatir el problema, por una sencilla razón. Si se mantiene la misma tasa de impunidad, es decir, si las autoridades aprehenden a un secuestrador en 300, de nada sirve aumentar las penas al doble o al triple de su duración. Es cierto que el dictamen cita teorías de Estado, jurisprudencias e incluso leyes para fundamentar el aumento de las penas por el delito del secuestro, pero a su vez ignora toda la literatura acerca del cumplimiento de penas, la reinserción social, la delincuencia. Es de sorprender que esta administración, en medio de una reestructuración de un sistema fiscal que impide destinar recursos suficientes al bienestar, a la paz social, al desarrollo, a la igualdad y al respeto a derechos, avale una solución costosa en términos presupuestales y humanos. ¿Por qué decimos esto? Reflexionemos. Si la pena privativa de libertad por el homicidio calificado es de 60 años de prisión y por un secuestro hasta de 80, ¿no es más fácil para el secuestrador simplemente asesinar a la víctima para recibir una condena menor y ocultar toda intención de secuestro? Diversas teorías sostienen que la explicación económica del crimen es condicionada por factores psicológicos que varían entre los individuos. Pocas personas realizan evaluaciones explicitas de costos y beneficios antes de delinquir. Los crímenes son cometidos en forma relativamente impulsiva, las emociones o las prácticas en un grupo de pares pueden jugar un rol considerable. Por ello, antes de proponer iniciativas que impactan el presupuesto, tendríamos y tendrían que considerarse elementos de economía, criminología y psicología. Por ejemplo, el criminólogo Javier Gamero considera que el principio de cálculo racional provoca una conducta que se ubica entre la posibilidad de una actuación conforme a ley o la posibilidad de un acto criminal. De tal forma, la apreciación subjetiva costo-beneficio está determinada por la normatividad jurídica vigente y por la aplicabilidad por el sistema de justicia existente. Cuando la persona opta por actuar criminalmente tendrá que hacer una valoración de los costos, como los gastos para perpetrar el hecho, las desventajas de la pena, la mancha de un antecedente penal y los beneficios, ingresos monetarios, producto del hecho o el prestigio ganado. El individuo tiene que calcular si su crimen vale la pena o no. Ello depende de su disposición individual y asumir un riesgo. El doctor Kunz sostiene que asumirán el riesgo de la sanción penal las personas menos sensatas, pero también quienes tienen poco qué perder. El efecto de intimidación a través de la pena, del aumento de las penas para el control del comportamiento criminal debe guardar relación con la probabilidad de sanción, que por cierto en nuestro país es bastante deficiente. No basta la severidad de la pena sino también incrementar el efecto de la probabilidad del cumplimiento de la misma. El incremento de la severidad de la pena y la probabilidad de la condena son dos medidas arriesgadas para la economía política. Incrementar la severidad de las penas implica aumentar el gasto financiero del sector de la justicia en el ámbito penitenciario. Por otro lado, una mayor probabilidad de emitir condenas exige una ampliación de los recursos financieros y los medios logísticos tanto en la policía como en la administración de justicia. Una sociedad dispuesta a invertir en el ámbito penal en su lucha contra la criminalidad optará por una política criminal más represiva que una sociedad renuente a asumir los costos de una represión más intensa. Éstas últimas, en países desarrollados optan por una política criminal orientada a atenuar la severidad de las penas y a una descriminalización parcial. Por ejemplo, en el consumo de drogas a través de descriminalizar las conductas prohibidas penalmente, que ocasionan daños sociales menores o ninguno, las cargas presupuestales de la policía y la justicia penal pueden disminuir también. La adecuación de una creciente represión debe estar en función de la disposición de la sociedad de renunciar a otras prestaciones cuyo financiamiento ya no será posible, como consecuencia de los dispendios hacia la justicia penal. Si se da prioridad a una lucha represiva contra la criminalidad por encima de la política social, la definición política del gobierno deberá decirlo explícitamente. En este dictamen no se toman en cuenta estas razones. Consideramos finalmente que el presente dictamen es irreflexivo, ignora por completo los puntos de vista que profesionales de diversas disciplinas han desarrollado y viola tangiblemente los derechos humanos, como ya se ha dicho aquí. Manifestamos nuestro voto en contra y hacemos un llamado a legisladoras y a legisladores que nos acompañan en este voto en contra. Muchas gracias.