El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Gracias, diputado presidente. Con su venia. El día de hoy se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. La libertad de expresión es derecho fundamental de los ciudadanos y pilar fundamental de la democracia. Sin embargo, el ejercicio de esta libertad no es absoluto en México ni lo es en ningún otro estado de derecho. Se trata de un derecho preferente sujeto a límites relacionados con la tutela de otros bienes jurídicos superiores que, como aquél, son conquistas logradas a través de luchas históricas arduas y difíciles. Como ustedes saben, un tema que está siendo discutido a nivel nacional es la proliferación de anuncios publicados en algunos medios de comunicación, cuyo contenido promueve ofertas de trabajo engañosas o inverosímiles dentro y fuera del país; o, bien, la comercialización de servicios sexuales que incluyen en texto o en imagen características de las personas que los ofrecen o los solicitan. Estos servicios en muchos casos son el vehículo para alentar delitos como el lenocinio, el tráfico o trata de personas por parte de mafias del crimen organizado que muchas veces rebasan nuestras fronteras y ponen, sin duda, en riesgo la integridad de las personas y las involucran en delitos que pueden redundar en atentados contra el libre desarrollo de su personalidad. El delito de trata de personas se ha convertido en una forma de esclavitud moderna y poco hemos hecho para erradicarla o prevenirla. Al año son cerca de 800 mil personas en el mundo víctimas de trata y explotación sexual que dejan una ganancia de 42 mil millones de dólares al crimen organizado, lo que la convierte en el segundo negocio ilícito, sólo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas. Se teme que debido a la impunidad que le rodea, en poco tiempo ocupará el primer lugar, pues vender a una persona, más si es menor de edad, deja ganancias superiores a vender un kilo de droga o un arma de alto calibre con riesgos mínimos y una probabilidad alta de que quien lo comete, en las circunstancias actuales no será detectado y, consecuentemente, no será perseguido ni castigado; o lo será con una penalidad muy baja. Nuestro país ha sido conocido ya como la Tailandia de América Latina en donde, alrededor de entre 20 y 25 mil niñas, niños y adolescentes, son víctimas de trata con fines de explotación sexual de los cuales el 80 por ciento tiene entre 10 y 14 años de edad y 3.6 millones de entre 5 y 17 años son explotados con fines laborales, el 31 por ciento tienen menos de 14 años. A pesar de la gravedad de este asunto, como sociedad hemos preferido ignorar el tema y voltear la cara, lo cual, desde luego, nos hace partícipes del mismo. Nos hemos convertido ya en el segundo país de apertura de páginas de Internet de pornografía infantil. Figuramos entre los cinco países en el mundo con mayor incidencia de este delito, que va dramáticamente a la alza. En este sentido, compañeras diputadas, compañeros diputados, no estamos proponiendo poner la comunicación al servicio de una causa, sino de prevenir que ésta y sus contenidos sean utilizados para fines ajenos, desvirtuando así sus propios objetivos. Tampoco pretendemos imponer contenidos morales, unos frente a otros, sino un ejercicio de responsabilidad y por tanto de libertad, que compatibilice los fines y valores de la comunicación y de cada medio, con el interés de la sociedad; que derive de un consenso entre los actores del proceso comunicativo respecto a pautas que resguarden el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y también exigimos, desde luego, a que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno cumplan con su responsabilidad. En ese sentido se propone el siguiente punto de acuerdo, que yo solicitaría a la Presidencia se consultara a la asamblea, para que se pudiera considerar como de urgente y obvia resolución. Primero. Se exhorta a los medios de comunicación impresos, electrónicos y cibernéticos que prestan servicios de publicidad a través de anuncios clasificados, a redoblar esfuerzos para revisar los contenidos de los materiales que admiten la publicación, con el fin de evitar que puedan ser vehículo para el enganche de personas y la comisión de delitos como la trata, a través del establecimiento de reglas consensadas, públicas y claras que condicione la admisión y publicación de dichos anuncios. Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, a que en coordinación con las autoridades de procuración de justicia busquen mecanismos, que sin vulnerar derechos constitucionales, permitan examinar los contenidos y anuncios en medios de comunicación impresos, electrónicos y cibernéticos, que promuevan servicios sexuales y de otro tipo que pudieran ser vehículo para contactar posibles víctimas para la comisión del delito de trata de personas y demás delitos relacionados. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.