El diputado Martín Stefanonni Mazzocco: El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, aun y cuando celebramos el 27 de febrero el decreto que expidiera el presidente de la república para otorgar facilidades a todos aquellos títulos de concesión y asignación vencidos a partir del primero de enero de 2004 y hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Creemos que este decreto, esta minuta de decreto que nos envía el Senado de la República, por cierto que nosotros hicimos la adhesión precisamente para poner los candados que decía el compañero que me antecedió en la voz, porque si bien es cierto en 1986 se expidió un decreto presidencial donde se otorgaban los registros nacionales. Ése es el antecedente. En 1992 se crea la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y a partir de esa fecha se tenía que solicitar a la autoridad correspondiente, en este caso a la Comisión Nacional del Agua, para que cambiara esos registros nacionales, esos permisos provisionales, precarios, que había otorgado la antigua Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por el título de concesión, donde ya especifica las características de la obra hidráulica a explotar. Así fue durante varios años y fue hasta octubre de 1995 cuando el presidente Zedillo decreta nuevamente un levantamiento de veda en toda la República Mexicana para otorgar facilidades administrativas a todos aquellos usuarios de las aguas nacionales, ya sea superficiales o del subsuelo, para que pudieran tener el derecho de tener la concesión en sus manos. Lo que comentaba el diputado que me antecedió en la voz, yo creo que es una percepción errónea, porque si bien es cierto él dice que a partir de 92 se otorgaron títulos de concesión, ¿qué va a pasar con esos títulos de concesión cuando ya están vencidos? Déjeme decirle que precisamente este proyecto de decreto que hoy se somete a discusión, precisamente regulariza a todas aquellas personas en tanto no pueda regularizar el decreto que emitiera el presidente de la república para tal efecto. Pero no obstante esto, le puedo dar datos precisos que son aproximadamente 40 mil usuarios de aguas nacionales, ya sea superficiales o del subsuelo, ya sea de títulos de asignación o títulos de concesión, que son totalmente diferentes, y que creo que le daríamos una certeza jurídica a los organismos operadores de agua. El 30 por ciento de los organismos operadores de agua, que no tienen la culpa porque no tienen la capacidad jurídica para poder solicitar la prórroga a la autoridad correspondiente, han fenecido sus títulos de asignación. Y hay un problema gravísimo en las comunidades rurales precisamente porque no se pueden rehabilitar las obras dentro de las comunidades rurales y darles agua potable a nuestros hermanos en las comunidades. De tal suerte que este decreto facilitaría a los organismos operadores de agua y que sería parte del decreto que expidiera el 27 de febrero el presidente de la república, pudiéramos nosotros darle una certeza de que pudieran tener acceso al agua potable y alcantarillado en todo el país. El presidente de la república, en un hecho sin precedente, ha destinado más de 2 mil millones de pesos precisamente al tratamiento de las aguas. Es un problema serio el que tenemos en el agua a nivel internacional y creo que a esto podríamos darle no solamente la certeza, vuelvo a repetir, sino que pudiéramos nosotros saber cuánto volumen de extracción se está haciendo en cada uno de los pozos en el país. Hoy vemos con mucha tristeza Chihuahua, que es el estado número uno en sobreexplotación; Guanajuato, mi tierra… pero no solamente eso, tenemos a La Laguna, tenemos una sobreexplotación en Zacatecas, en todas aquellas cuencas cerradas que no tienen recargas de aguas laterales. Y éste es un serio problema. Aunado a este problema del abatimiento, tenemos que considerar también que los usuarios en materia agrícola sufren las consecuencias por no tener un título de concesión. Podríamos decir que un título de concesión es la carta de presentación para poder acceder a las tarifas preferenciales, como lo maneja y lo tiene contemplado la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento. Uno de los artículos del reglamento —si no mal me equivoco, el 17— determina uno de los requisitos, que es precisamente tener el título de concesión para poder accesar a tarifas preferenciales. Son todos aquellos usuarios agrícolas que no tienen título de concesión por la falta de capacidad de la propia autoridad, por la disminución del personal que se tuvo a partir de 2000 en la misma Comisión del Agua, que tenía 30 mil diputados —y el diputado que me antecedió en la voz lo sabe perfectamente bien— y hoy solamente trabajan poco más de 13 mil empleados en la Comisión Nacional del Agua para atender todas las necesidades, todas las solicitudes de todo el país, de las cuencas. Así pues, nosotros, en Acción Nacional, queremos darle esa seguridad a todos los usuarios de agua y por eso en el Senado de la República y desde aquí, en la Cámara de Diputados que por un error precisamente técnico de la propia Comisión no se adicionó lo que nosotros habíamos marcado como un candado. No podemos otorgar en papel lo que físicamente no tenemos. Es decir, si nosotros concesionamos 2 millones de metros cúbicos, por poner un ejemplo, a un pozo ¿habrá la capacidad, la disponibilidad del recurso hídrico para extraer 2 millones de metros cúbicos? Puede ser que no. ¿Quién pudiera determinar la disponibilidad del agua en el país? La disponibilidad de agua la determina la propia autoridad, de acuerdo con las recargas que tienen en los mantos freáticos, en las zonas geohidrológicas, y va por estados.