El diputado Armando Jesús Báez Pinal: Gracias, señor presidente. Me permito presentar un proyecto integral de reforma de Ley de Derecho de Autor para Regular la Internet y las Nuevas Tecnologías en materia de cultura. Considerando que las iniciativas que hoy presento están publicadas en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable Cámara de Diputados, y dado que su texto es amplio, me permito exponer ante ustedes una síntesis de la exposición de motivos de los dos documentos. Es bien sabido que la cultura digital ha avanzado de manera exponencial en los últimos años. Los nuevos equipos electrónicos y digitales permiten de una manera sencilla, y casi sin costo, copiar ilimitadamente obras protegidas y no protegidas por el derecho de autor. La ausencia de normas y procedimientos claros han sido aprovechados para convertir a nuestro país en un paraíso para delinquir y esto ha provocado que no se pueda combatir en Internet la información ilegal, así como el caso de la pornografía infantil, la cual lesiona y ofende seriamente a la sociedad mexicana. El tema que ahora les presento se agrava cada vez más conforme avanza la era digital. Los CD, DVD, USB, MP3 y los novedosos sistemas de comunicaciones actuales, por ejemplo, como el Internet, que se han convertido, como lo comentó el vicepresidente de Google, Vinton Cerf, en el periódico Excélsior del 8 de octubre de 2009, en un motor gigante para copiar contenidos protegidos por el derecho de autor. Cito algunos datos que ilustran la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Solamente, compañeros, en el 2009 más de 5 mil 100 millones de canciones fueron descargadas en nuestro país sin pagar derechos de autor y conexos a sus respectivos titulares. Si las industrias culturales del país hubieran vendido legalmente, solamente el 10 por ciento de los ingresos serían y ascenderían a más de 13 mil millones de pesos, sin contar con los daños causados por la descarga ilegal de 470 millones de videos musicales y 24 millones de películas que afectan, también, a la industria cinematográfica. Asimismo, los editores y escritores también han sido víctimas de la reproducción no autorizada de 25 millones de libros electrónicos, a lo que se suman 16 millones de series de televisión y mil 900 millones de descargas ilegales de imágenes. Tomando en consideración solamente ese 10 por ciento de dichas ventas, el Estado hubiera recibido más de 2 mil millones de pesos por concepto de IVA. Por eso, no sólo los creadores y la industria cultural resultan afectados con esta ilícita actividad, sino también el gobierno mexicano sufre cuantiosas pérdidas, recursos que podrían destinarse a incrementar los programas de educación y cultura dirigidos a los sectores sociales con menos posibilidades de acceso. Ante este problema, y con el fin de proteger los derechos de libre acceso a la cultura y protección de la propiedad intelectual que generan desarrollo a sus naciones, los ordenamientos jurídicos internacionales buscaron diferentes soluciones para que se permitiera el uso y no el abuso de las tecnologías, y el ejercicio por parte de los creadores y titulares de los derechos intelectuales que eran reconocidos. La solución del derecho comparado ante la copia indiscriminada e ilegal de obras protegidas, fue la creación de la figura de la copia privada que establece una obligación del pago a cargo de los fabricantes, importadores, distribuidores, mayoristas y comercializadores al público de equipos, aparatos, soportes e instrumentos técnicos para la reproducción de obras tales como los quemadores de CD, fotocopiadoras, grabadores de música, reproductores de libros, entre otros, así como a los fabricantes, importadores y distribuidores de los soportes materiales para fijar la reproducción de CD, DVD, memorias digitales, discos duros, ya que ellos son los beneficiarios directos y mediante sus instrumentos podemos encontrar lo idóneo para poder cobrar esta copia privada. A su vez, la tendencia del derecho comparado para regular la transmisión de contenidos ilícitos a través de Internet, ha sido establecer una política en la cual se hacen participantes activos en la lucha contra la piratería a los proveedores de estos servicios, toda vez que son éstos quienes tienen el acceso directo con los potenciales usuarios infractores, además de ser quienes cuentan con la tecnología para notificar y controlar el intercambio masivo de contenidos ilegales, sin afectar los servicios que no tengan que ver con el tráfico ilegal de obras protegidas por la propiedad intelectual y ser quienes, una vez sabedores de sus ilícitos, tienen una clara responsabilidad a favor del interés público para que cesen las actividades ilegales a través de los servicios que proveen. La reforma ha sido extremadamente cuidadosa en no vulnerar de manera alguna los derechos fundamentales de privacidad de los internautas, además de establecer claramente los límites de responsabilidades de los proveedores, garantizar el libre acceso a la información legal y el fomento al uso de las tecnologías, así como proveer a la autoridad administrativa y judicial que corresponde, conforme a sus facultades y competencias, de las normas necesarias para el ejercicio de la actividad que le es propia. Por todo ello, resulta no sólo una obligación, sino una imperante necesidad realizar una reforma integral a nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, tal y como ya lo están haciendo los demás países del mundo, con el objetivo de actualizar nuestras leyes conforme a las conductas vigentes en materia de cultura; brindar protección a quienes creen y proveen de contenidos valiosos acrecentando nuestro acervo cultural, además de fortalecer nuestro estado de derecho, cumpliendo con los compromisos adquiridos en los tratados internacionales en materia intelectual, suscritos por México. ?Termino, señor presidente. Para tal efecto, presento dos iniciativas: 1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, para actualizar la misma la figura jurídica de la licencia para la copia privada. 2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, para regular la protección de los derechos actorales a través de los servicios proveídos por Internet. Le agradeceré al presidente de la Mesa Directiva otorgue turno independiente a cada una de las iniciativas y se inserte el texto completo de las mismas en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.