El diputado Pascual Bellizzia Rosique: Con su permiso diputada presidenta. En el marco del 516 aniversario del Día de la Raza, una vez más, desde esta tribuna, conmemoramos el contacto entre América y Europa que nos remite necesariamente a reflexionar sobre la agenda pendiente de los pueblos indígenas mexicanos y también sobre los logros alcanzados en los últimos años. En México, la población indígena se calcula en 12 millones de personas. Ellos viven marginados en muchas localidades urbanas y rurales y aún no disfrutan una situación económica y social propicia para su desarrollo. En estas localidades se observan grandes contrastes, rezagos, en indicadores que son fundamentales para el bienestar humano. Un rasgo llamativo es la marcada diferencia entre los indicadores de salud y educación, así como el económico, con respecto al resto de la población. La pobreza y la miseria, como lo señala la Cumbre de Helsinki, reflejan una mala distribución de la riqueza y una profundización del subdesarrollo político, social y cultural. Estas condiciones están estrechamente ligadas al hecho de que la inversión de recursos públicos en regiones indígenas sigue presentando notables rezagos en comparación con la media nacional. En los últimos años, en particular, después de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, los pueblos indígenas han podido participar en talleres y foros, con el propósito de promover ordenamientos legales en reconocimiento de sus derechos fundamentales, y a favor de los rasgos de su autonomía dentro del Estado federal, así como reformas en materia de justicia social, de justicia formal y otros rubros más. Es hasta el 2001 cuando se realizan reformas constitucionales que se incluyen en el artículo 4o. y casi la totalidad del artículo 2o, otorgando así derechos a los pueblos indígenas. Asimismo, el Estado se compromete con una serie de obligaciones cuya finalidad es impulsar el desarrollo integral de los pueblos y comunidades, como son el garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades; establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas tanto en territorio nacional como en el extranjero. Además, cabe señalar que tal reforma ha permitido crear un marco normativo que se adecua más a las necesidades de la población indígena. Compañeros diputados, sabemos que la adición constitucional al artículo 4o. es un buen puerto de salida, pero sólo es un puerto, pues es un asunto pendiente a atender el reclamo de autonomía y las exigencias por el establecimiento y respeto al derecho de la población indígena sobre su territorio, cultura, organización social y política. Los pueblos indígenas buscan ser reconocidos como sujetos de derecho colectivo que les permita ejercer su libre determinación. Esto implica el derecho a la territorialidad, el uso de sus lenguas, sus sistemas normativos internos de creencias y reconocimientos. Esta gran diversidad de aspectos y niveles se ciñe en torno a la distribución del poder en el ámbito local, es decir, en la comunidad y en el municipio. La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México reconoce que las aportaciones de los pueblos indígenas a la construcción de la cultura mexicana son fundamento de nuestra identidad, porque merecen nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Por su atención, muchísimas gracias.