El diputado Othón Cuevas Córdova: El papel del Congreso en la evaluación de los programas públicos sujetos a reglas de operación tiene su origen en la necesidad de hacer un análisis sobre el resultado de las políticas públicas y el impacto que estas acciones de gobierno tienen en el cumplimiento de las demandas de la sociedad. La satisfacción de estas demandas que es un obligación del Estado está implantada en una serie de estrategias que el gobierno aplica por diversos medios, cuya finalidad es elevar la calidad de vida de los mexicanos, combatir las desigualdades en la distribución de los bienes que genera la nación y ofrecer mecanismos para eliminar la pobreza en todas sus manifestaciones. Para ello, el Congreso está facultado aunque de manera limitada para incidir en la implementación de las políticas públicas a través de la asignación del presupuesto. Y, en el caso de la evaluación de los resultados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, lo que permite tratar de definir si son efectivas o deben ser modificadas parcial o totalmente. En el caso de los programas de desarrollo social sujetos a reglas de operación, la Cámara de Diputados tiene diversas atribuciones, entre las que destacan: Hacer recomendaciones por medio de la Comisión de Desarrollo Social a la Comisión de Presupuesto en el marco de la aprobación del PEF, vigilando que no haya disminución alguna del mismo, y que, en el menor de los casos, se aplique el presupuesto del año inmediato anterior; promover la participación social en la aplicación de las políticas y programas por medio de foros y consultas públicas; y mantener una permanente comunicación con los órganos del Estado encargados de la evaluación y vigilancia de la operatividad de los programas sociales. Los antecedentes de este proceso de evaluación de la política social en nuestro país son muy recientes en comparación con otros países, puesto que los mecanismos para medir la política social tuvieron su origen apenas en 1997, y se formalizaron de manera sistemática con la creación del Programa de Educación, Salud y Alimentación conocido por sus siglas como Progresa. Posteriormente se generalizaron para todos los programas gubernamentales sujetos a reglas de operación en el 2000; procedimiento aprobado por la Cámara de Diputados. Actualmente, la institucionalización de estos mecanismos tiene representación en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido por sus siglas como Coneval, en el caso de los programas de desarrollo social, y en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el caso de la educación pública; estrategias evaluadas desde el Ejecutivo. A pesar, compañeros y compañeras, de estos esfuerzos, existe en el ánimo del legislador la necesidad de incidir con mayor énfasis en el diseño de las políticas para el desarrollo nacional. Prueba de ello son las diversas iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados donde se reclama insistentemente una mayor participación, no sólo en el proceso de evaluación sino sobre todo en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de cada inicio de gobierno. Dicho proceso está sustentado como uno de los objetivos de la Ley de Desarrollo Social, la cual establece los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la política nacional de desarrollo social. Este procedimiento está coordinado por el Coneval, el cual define los procedimientos necesarios para realizar las evaluaciones de los diferentes programas sociales por parte de las instituciones de educación superior y/u organismos de la sociedad civil. Asimismo, la ley propone que las evaluaciones deberán ser enviadas al Congreso de la Unión a través de las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, así como a la misma Secretaría de Desarrollo Social. Se contempla también hacerlas públicas por medio del Diario Oficial de la Federación. Compete en este caso al mismo consejo hacer las recomendaciones y sugerencias al Ejecutivo federal, dependiendo de los resultados de las evaluaciones. Sin embargo, a pesar de las disposiciones en la Ley General de Desarrollo Social, las evaluaciones han tenido poco impacto en el trabajo que se realiza al interior de las comisiones legislativas en el análisis de los resultados de los programas sujetos a reglas de operación. Especialmente en el caso de la discusión del ejercicio presupuestal, las evaluaciones pocas veces son tomadas en cuenta para redefinir la operación de un programa, por lo que su viabilidad responde mucho más a un techo financiero que a una evaluación. Algunos analistas ubican la utilización de los resultados de la evaluación por parte del Congreso en un 24 por ciento, en comparación con los operadores del programa que la utilizan en un 70 por ciento aproximadamente. El proceso de evaluación de los programas actualmente presenta fortalezas y debilidades. Por un lado, la obligatoriedad de hacer públicas las evaluaciones a las que la sociedad tiene acceso, fortaleciendo con ello los mecanismos de la contraloría social, el sistema de rendición de cuentas y conocer costos de la operación de la política social. Con lo que se contribuye a contar con información que permita la continuidad de los programas sociales y el apuntalamiento de los mecanismos institucionales de evaluación. Por otro lado, es necesario reconocer que falta realizar acciones encaminadas a consolidar estos mecanismos, como es revertir la falta de recursos humanos y financieros para la evaluación anual de los programas; aceptar por parte del Ejecutivo los dictámenes que las instituciones de educación superior encargadas de las evaluaciones realizan a los programas para rectificar lo que se está haciendo mal; analizar con mayor rigurosidad académica y profesional la calidad de la información recabada por la evaluación, así como el nivel de utilización de los órganos involucrados en dicho procedimiento y, finalmente, redimensionar que no es suficiente la evaluación per se, para asegurar que efectivamente se aumenta el desarrollo social y humano de la población, objeto de los programas de política social. Por ello, es de fundamental importancia que la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo revaloremos, con mayor responsabilidad, la información que se genera por medio de las evaluaciones a los programas sujetos a reglas de operación y para que sean objeto de un análisis más detallado, y que la información en ellas contenida aporte elementos a la discusión anual del presupuesto y a la mejora de las políticas públicas de desarrollo social. Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de este honorable pleno la siguiente: Iniciativa con proyecto de adiciona la Ley General de Desarrollo Social. Único. Se modifica el artículo 79 de Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue: Artículo 79. Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán ser entregados a las comisiones legislativas y a las dependencias de la administración pública federal que se relacionen y operen los programas sujetos a reglas de operación, para ser tomadas en consideración en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de febrero de 2008. Su servidor Othón Cuevas. Muchas gracias compañeros, gracias, señor Presidente.