La diputada Ruth Salinas Reyes: Gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso. Movimiento Ciudadano ha sostenido desde su fundación, no es aceptable que ante la pobreza y desigualdad que existe en México, los políticos y funcionarios públicos gocen de una cantidad de privilegios irracionales que van más allá de sus funciones como servidores de la ciudadanía. En este sentido, Movimiento Ciudadano es y ha sido responsable en el combate a los privilegios y a los abusos de autoridad. Hemos exigido desde esta tribuna y desde el inicio de esta legislatura, con hechos y no con palabras, el fin a los excesos. Que quede claro, quienes hacemos observaciones y propuestas en esta legislatura no estamos en contra de todo y a favor de nada, no, lo que queremos es hacer bien nuestra tarea, bien y desde un inicio. Nosotros hemos renunciado a privilegios en ambas Cámaras desde el Poder Legislativo ya desde hace varias legislaturas, esta no ha sido la excepción. No somos discurso, somos acciones. Las remuneraciones de servidores públicos deben ser como lo mandata el artículo 127 constitucional; adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, y lo más importante, deberán ser proporcionales a sus responsabilidades. Las consideraciones de esta reforma abren la puerta para que modifiquemos la Ley Federal de Remuneraciones, pues esta reforma constitucional es apenas la puerta de un nuevo marco jurídico en materia que tenga como principio rector la austeridad, la oportunidad, la eficiencia y el pleno goce de los derechos laborales, pero también esta reforma permite a los Congresos locales modifiquen su legislación en materia para que ellos, al igual que esta Cámara de Diputados, autoricen los sueldos y remuneraciones de los servidores públicos estatales a través de sus presupuestos. Como diputados ciudadanos, no podemos estar ajenos a la exigencia de nuestros representados, quienes han establecido la prioridad de velar por un correcto y eficiente uso de los recursos públicos sin dispendios ni excesos. Hoy, como marca el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Remuneraciones, es el Centro de las Finanzas Públicas de esta soberanía el encargado de emitir opinión anual de remuneraciones de los funcionarios públicos. Sin embargo, necesitamos que sea un órgano con autonomía técnica y que determine de manera objetiva y con una metodología clara, cuáles serán las directrices que deben observarse en las determinaciones de los salarios de funcionarios públicos. No podemos buscar en la austeridad una solución que pueda generar problemas constitucionales graves, como ya lo subrayó la Suprema Corte de Justicia, y mucho menos que tenga como consecuencia posibles actos de corrupción. Los salarios de los funcionarios públicos deben estar determinados en razón de sus funciones y responsabilidades, no de manera arbitraria a partir de una determinación unilateral, como ya lo hemos defendido muchas ocasiones en esta tribuna Es por ello que urgimos en esta discusión a que sea un órgano con autonomía técnica el encargado de determinar de manera objetiva los tabuladores. Hoy el Centro de Finanzas Públicas, así como la excelente labor que ahí desempeña todo el personal, tiene la atribución de emitir una opinión al respecto. Sin embargo, en plena observancia de los derechos humanos y para brindar certezas en este sentido, es indispensable que sea un órgano con autonomía técnica, el encargado de dicha responsabilidad. Necesitamos definir en la ley cómo y quiénes estarán encargados de definir las remuneraciones e incluso los casos de excepción. La Cámara de Diputados es la encargada de determinar de manera exclusiva las remuneraciones, pero es necesario contar con una orientación técnica, especializada y objetiva al respecto. Desde Movimiento Ciudadano queremos dejar en claro que nuestras convicciones son firmes y están al servicio de México. Proponemos velar por la austeridad y que de esta manera se puedan garantizar recursos en oportunidad para las áreas prioritarias del país, tanto las estratégicas como las que son primordiales por un tema de justicia social. Sin embargo, estamos convencidos que debemos perfeccionar lo que se plantea hoy, y que debemos votar a favor, pero delimitando que debemos regular en esta ley las mejores formas para que los servidores públicos gocen de salarios dignos que permitan alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia. Es cuanto, presidenta.