El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras y compañeros legisladores, ayer en la Junta de Coordinación Política se planteó este tema para ser parte de la agenda política del día de hoy, y se discutió que no sólo es Michoacán, en general es todo el país o la mayor parte de los territorios de la república. Nuestro país es un Estado enfermo y sus patologías son de diferente naturaleza. Las hay económicas, políticas y sociales y vivimos graves problemas de gobernabilidad, cohesión social y armonía comunitaria. A esto le sumamos la inocultable recesión económica y la falta de empleos para millones de jóvenes del país. Sin embargo, la más grave enfermedad de la república es que se encuentra corroída por el cáncer del crimen organizado. Cáncer que está enquistado en las estructuras de poder del país y este cáncer sin duda amenaza con colapsar a nuestro Estado. La inseguridad es el principal desafío para el estado democrático del país. Y hay que decirlo con todas sus letras, la estrategia de combate al crimen organizado que inició Felipe Calderón Hinojosa y que lleva a cabo el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, ha sido un reverendo fracaso. Como una gran ironía del destino, donde inició en diciembre de 2006 un nuevo modelo de política de combate a la inseguridad, es donde se vive el entorno más sanguinario. En este país crecen día con día las extorsiones, los secuestros y vastos territorios siguen siendo presa de la delincuencia organizada. Michoacán, para infortunio de este gran y hermoso estado del país, es la expresión más dramática de la putrefacción que se vive, y es sin duda y por grave que se diga, el origen de un narcoestado, de un estado fallido. La debilidad estructural del gobierno ha permitido el involucramiento de las corporaciones policiacas por parte de la delincuencia organizada, lo que ha traído como consecuencia el control territorial de regiones enteras por parte de diferentes grupos delictivos del país. Este deterioro y esta inseguridad, compañeras y compañeros diputados, no es producto de generación espontánea ni es una calamidad bíblica. Tiene su origen en gran medida en la manera como se constituye el poder político en el país. La mercantilización de la política, la inoperancia de los órganos electorales, el derroche de recursos que se ocupan para que algunos lleguen al poder, ha generado que algunos busque en el financiamiento, en dinero, de los grupos de la delincuencia organizada. Las consecuencias de ello están a la vista. Cuando se pacta con el crimen, se reciben recursos ilegales y se compran cargos públicos en colusión con la delincuencia o los poderes fácticos, la autoridad se encuentra maniatada ante esos suprapoderes. Del cobro de facturas pasan a las amenazas y de las amenazas a los actos criminales y hoy lo que estamos viviendo es que pasan ya a los actos terroristas. Al abrirle y facilitarle el paso a los grupos delincuenciales, acaban por hacer presa de su poder corruptor y criminal a comunidades, pueblos y ciudades enteras. En Michoacán se ha creado un estado dentro del Estado. Un estado criminal paralelo, donde la delincuencia cobra impuestos ilegales a través de las extorsiones del llamado cobro de piso. Por eso insistimos, origen es destino y la ilegitimidad del acceso al poder mancha la conducción del gobierno. No basta la fuerza del Estado. No bastan los despliegues policiacos. No basta que se inunden las carreteras y calles de policías y del Ejército para afianzar la gobernabilidad de un Estado. Es imprescindible la autoridad moral del gobernante. Sea federal, estatal o municipal. Los gobernantes que surgen de procesos manchados no tienen la autoridad para imponer el orden. Quien negocia con grupos criminales para abastecerse de recursos económicos o amedrentar a sus adversarios termina por someterse a ellos. Cuántos gobernadores, cuántos alcaldes y aun cuántos legisladores han incurrido en el financiamiento ilícito de narcotraficantes o miembros de la delincuencia organizada. Cuántos han negociado plazas, posiciones en mandos policiacos para financiar sus campañas y proyectos políticos. Los más cínicos, incluso, en su apetito insaciable de poder no vacilan en negociar posiciones y plazas con grupos de la delincuencia que se encuentran enfrentados. Y ahí está el saldo a la vista. Ahí está la nociva intervención del crimen organizado en los aparatos de seguridad pública. La sombra de Michoacán permea en todo el territorio nacional. Es hoy la realidad política de este México convulsionado y lastimado, de este México polarizado. Lo mismo en Michoacán que en Matamoros, Tamaulipas, donde la alcaldesa llama a los ciudadanos a no salir de sus casas, o en la Laguna, en Torreón, donde cierran los comercios ante la incapacidad de las policías. Por eso, podemos afirmar con toda responsabilidad, que el modelo policiaco represivo ha fracasado. Y que este gobierno no cumple con su función básica y esencial: garantizar la paz y la seguridad de la población. Tampoco ayuda a recuperar la concordia social y la seguridad, la república de agravios en que han sometido al país con reformas lesivas. Hoy, prácticamente no hay un sector que no haya sido golpeado, lo mismo trabajadores, maestros, campesinos, clases medias, habitantes fronterizos, empresarios, ninguno ha dejado de ser golpeado por reformas lesivas y ahora por el linchamiento mediático desde los aparatos de poder. Si no se construye desde abajo un nuevo modelo de coexistencia política y social, la república terminará por derrumbarse. Sin un cambio verdadero y un nuevo rumbo para la nación este país no podrá salir adelante. Por eso, y concluyo con ello, es fundamental que comparezca el gabinete de seguridad nacional. Hoy, hace unos momentos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmaba que se va a pacificar Michoacán y Tamaulipas. Lo que queremos son hechos y no palabras, y lo que queremos es rendición de cuentas para recuperar la seguridad de Michoacán y la seguridad de todo México. Es cuanto.