El diputado Jesús Giles Sánchez: Muchísimas gracias. Muy buenos días. Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social al tenor de las siguientes Consideraciones La evaluación y monitoreo de programas sociales dejaron de ser eventuales para convertirse en la regla y en insumos para los nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Desafortunadamente, en nuestro país, durante décadas existió una larga tradición de manejo político, clientelar y partidista de los programas dirigidos a poblaciones de escasos recursos. Sin embargo, para fortalecer la operación de los programas sociales federales se ha venido construyendo un marco normativo e institucional que representa un gran avance en materia de transparencia y rendición de cuentas. En las administraciones recientes se han dado pasos importantes en la institucionalización de la política social. Muestra de ello es que cada vez más, los programas federales destinados al combate a la pobreza, la salud, la educación, el desarrollo rural, la infraestructura social y el acceso a la vivienda cuentan con reglas de operación claras y partidas presupuestarias definidas. El acceso a la información ha demostrado ser una de las más importantes tareas a consolidar en la agenda democrática nacional. Los indicadores de resultados deberán de reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la política nacional de desarrollo social. Por lo tanto, por qué si la Ley de Desarrollo Social considera explícitamente de manera precisa los procedimientos técnicos para la evaluación de los programas sociales, dichas evaluaciones no han logrado que los programas sociales corrijan sus deficiencias, para después volver a ejecutarlos y observar un avance notable en los objetivos de los mismos, produciendo un impacto significativo en los niveles de bienestar de la población objetivo. Una de las posibles respuestas a esta interrogante es probablemente que las evaluaciones realizadas arrojan resultados meramente informativos y que no son realmente observadas por las dependencias y entidades federativas. Ciertamente, cuando se hacen públicas las evaluaciones de desempeño, impacto o resultados reciben una buena cuota de atención de los medios de comunicación, pero más allá del relativo grado de difusión que se le da a esta información; el que hasta el momento no existan mecanismos concretos destinados a alentar su uso por parte de las autoridades nacionales y, particularmente, de las autoridades locales responsables de desarrollar políticas destinadas a la población en situación de pobreza o los responsables de los programas evaluados representa una debilidad en nuestro sistema de evaluación. Las recomendaciones incluidas en las evaluaciones del Coneval no tienen carácter obligatorio y tampoco existen consecuencias palpables predefinidas ligadas al desempeño de los programas. En síntesis, actualmente, cada uno de los programas sociales cuenta con una evaluación de impacto o resultados que es realizada por instituciones independientes del gobierno y que, en principio, sirven de guía para implementar una mejora continua sobre dichos programas; sin embargo, se precisa que las recomendaciones y sugerencias sean puntualmente atendidas, a cargo de las dependencias federales y estatales. Lo anterior contribuiría a evitar que se sigan cometiendo errores recurrentes que se constituyen en obstáculos para el éxito de la política social y que, por el contrario, es posible que genere más marginación entre la población de escasos recursos. En este tenor, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue: Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo federal y hacerlas del conocimiento público. Las sugerencias y recomendaciones resultado de las evaluaciones señaladas en el párrafo anterior, deberán ser consideradas para el proceso de programación y presupuestación del gasto público de los programas de desarrollo social por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de establecer compromisos de resultados y medidas que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto social para introducir un proceso de mejora continua en el diseño de operación y ejecución. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010. Por su atención, muchísimas gracias.