El diputado Gelacio Montiel Fuentes: Con su permiso ciudadano Presidente. Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, compañeros Legisladores de las diversas Fracciones que integran esta LIX Legislatura. Me dirijo ante ustedes, para presentar a la consideración de este pleno, a nombre de la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara, la Iniciativa para adicionar un Capítulo IX denominado Recurso de Inconformidad al Título IV de la Ley General de Desarrollo Social y se adicionan los Artículos del 1-A al 71-J para consagrar en ella el Derecho de interponer Recurso de Inconformidad ante la autoridad que opere los programas sociales de forma escrita u oral mediante comparecencia. La justicia social, la reivindicación de las clases más pobres y de todos aquellos marginados y olvidados por el esquema de Gobierno de este país, fácilmente pasa a ser sólo un elemento de discurso proselitista a uno de manipulación electoral, a través de la utilización discrecional de los Programas Sociales para favorecer a algún candidato o fuerza partidista, lo que constituye un doble crimen social, ya que si algo lastima a la dignidad y la libertad de los individuos, es el hecho de que se exploten las necesidades más elementales de subsistencia de los individuos para forzarlos a mercar su voto por algo que le de un momentáneo respiro a su miseria. Quienes son sujetos del beneficio de los Programas Sociales, se encuentran, las más de las veces, a pesar de la existencia de reglas de operación, a merced de las decisiones discrecionales que bajo el amparo de las propias reglas y poco o nada pueden hacer cuando los beneficios de los programas les son negados, omitidos o cancelados. El ánimo que inspira esta Iniciativa, es el de proponer a favor de los ciudadanos, la creación de un Recurso de Inconformidad ante tales hechos, en el caso de que la autoridad competente no haya dado respuesta satisfactoria a su petición. Las personas a quienes se les hayan restringido, vendido, negado u omitido el derecho de participar y a beneficiarse de los Programas de Desarrollo Social en los términos previstos en los Artículos 6 y 7 de esta Ley, podrán interponer Recurso de Inconformidad por escrito o verbalmente, ante la autoridad competente de la operación del Programa Social. La interposición de este recurso es de carácter potestativo y el recurrente tendrá un término de 30 días naturales a partir de que le sea negado por escrito su derecho o cuando después de haber solicitado el beneficio del programa, la autoridad correspondiente no respondiera por escrito dentro de un término máximo de 45 días naturales. Cuando las personas interpongan en forma verbal el recurso de Inconformidad, la autoridad competente de la operación del Programa Social deberá redactar el Acta de los hechos referidos al recurrente para ser integrado en un expediente con los anexos necesarios para la tramitación y resolución del recurso. Entregará al recurrente copia del Acta referida, debidamente firmada y sellada. La Ley General de Desarrollo Social, desde su publicación adolecía de contar con un procedimiento administrativo que permitiera a los beneficiarios de los Programas Sociales, afectados en sus derechos, lograr de manera rápida y justa, el respeto de los mismos. El recurso propuesto es sencillo y breve, lo que resulta benéfico ya que la autoridad correspondiente conoce los hechos y en su caso, cuenta con os antecedentes y documentación relativa y no exigen desplazamiento del interesado a lugares que le impliquen un importante desembolso por este recurso, a la vez que permite una justicia rápida y económica. Recibido que sea el recurso y subsanada la deficiencia en su caso, la autoridad verificará si fue interpuesto en tiempo admitiéndole el trámite o rechazándolo, lo cual se notificará personalmente o por escrito, certificado al recurrente y en caso de no contar con una dirección precisa para la entrega oportuna de las notificaciones, la autoridad buscará, para tal efecto, la cooperación de las Jefaturas Delegacionales, Presidencias Municipales, Comisariados Ejidales o de Bienes Comunales en su caso. Además, permite que la Ley General de Desarrollo Social, se apegue a lo ordenado repetidamente por las Jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que, para que una ley sea Constitucional, deberá respetar en su texto, la garantía de audiencia y que para este caso que nos ocupa, sería a través del recurso de Inconformidad para salvaguardar el derecho del afectado, a defenderse y ofrecer pruebas ante las autoridades encargadas de su aplicación. La interposición del recurso será potestativa, de acuerdo a su naturaleza y en apego a lo definido en varias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a no considerar conveniente agotarlo para que el afectado pueda acudir directamente ante los tribunales administrativos correspondientes. En apoyo al recurrente se prevé, la remisión del escrito a la autoridad competente y el otorgamiento de un término, para que en su caso complete o subsane el recurso. El mecanismo del recurso prevé la obligación para la autoridad responsable de conocer del mismo, de informar bimestralmente a la Comisión Nacional de Desarrollo Social y al Consejo Consultivo de Desarrollo Social los datos esenciales sobre los asuntos concluidos. En suma, se establece un recurso optativo de trámite sencillo y ágil resolución, que permita a los quejosos obtener el respeto a sus derechos antes de recurrir a otras instancias legales competentes. Cierto es que en la Ley General de Desarrollo Social se prevé, la denuncia popular como mecanismo, para que toda persona u organización, pueda presentar denuncia ante la autoridad, sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en dicha ley o que contravengan sus disposiciones y las de los demás ordenamientos que regulen en materia relacionado con el desarrollo social. Sin embargo, la presentación del recurso propuesto en esta iniciativa, no debe confundirse con la denuncia popular, ya que ésta concluye con una recomendación de carácter general más no con una resolución que incida sobre el respeto a los derechos de los beneficiarios. La denuncia popular ante la Contraloría Social, sólo falta a ésta a la presentación de las mismas, a que sean sujetas, dar lugar, responsabilidades administrativas, civiles o penales, ante la autoridad competente, de recibirlas y no se refiere a la solución de inconformidades ni a solventar procedimientos cuestionados, como en el caso del recurso de inconformidad planteado en la presente iniciativa. Por lo anteriormente expuesto, la iniciativa que hoy sometemos a su consideración, viene a subsanar una deficiencia en los mecanismos a disposición de los ciudadanos, para evitar ser víctimas de decisiones discrecionales o de manipulación de sus necesidades más elementales. Por tanto, quiero agradecer a mis compañeros diputados integrantes ded la Comisión de Desarrollo Social, miembros de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Convergencia Democrática y de la Revolución Democrática, el haber aprobado en la Comisión la presente iniciativa, para presentarse ante este pleno, hecho que es un acto de justicia al que estamos obligados aquellos a quienes la sociedad nos confirió la responsabilidad de representarlos y de defenderlos, ante y frente a los abusos del poder, por lo que esta iniciativa es un elemento más de cumplimiento de nuestros deberes ante quienes nos eligieron. Muchísimas gracias. Es cuanto, ciudadano presidente.