La diputada Hilaria Domínguez Arvizu: Con su permiso diputado Presidente. Los suscritos diputados federales María Hilaria Domínguez Arvizu del grupo parlamentario del PR, Luis Andrés Esteban Melchor del grupo parlamentario del PAN, Margarito Fierros Tano del grupo parlamentario del PRD, Rafael Galindo Jaime del grupo parlamentario del PRI, Javier Salinas Narváez del grupo parlamentario del PRD y Rubén Alfredo Torres Zavala del grupo parlamentario del PAN, integrantes de esta LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión,. Con fundamento en el Artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Agraria. Antecedentes. En el Acuerdo Nacional para el Campo, específicamente en los compromisos con el Numeral 237 de dichos acuerdos, el Ejecutivo federal junto con las organizaciones campesinas y de productores, se comprometieron a evaluar el marco jurídico secundario agrario en el seno del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario. Dentro del esquema de evaluación señalado en el Numeral anterior, se asumieron cuatro compromisos específicos del Acuerdo Nacional para el Campo, que corresponden a los numerales 238, 239, 254 y 263. De dichos acuerdos y que son respectivamente las acciones de fomento del desarrollo sustentable y defensa del patrimonio de los sujetos de derecho; expedir una legislación específica y de procedimientos agrarios. Del 239: fortalecer y ampliar las atribuciones de la Procuraduría Agraria. Del 254: y propiciar la creación de consejos de la Judicatura del Tribunal Superior Agrario. Para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo descritos en el numeral anterior, se llevaron a cabo durante los años 2003 al 2004, 75 sesiones de análisis del Comité Jurídico del Sector Agrario; 3 sesiones plenarias y 16 sesiones extraordinarias de la CONACOSA, así como 17 reuniones de comisiones encargadas de la elaboración del Código Procesal. La Secretaría de la Reforma Agraria con las participaciones de organizaciones, amplió el proceso de consulta para enriquecer las aportaciones de CONACOSA, de sus comisiones especiales y de los comités jurídicos del sector agrario, para los cuales se organizaron seis foros regionales en Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán; Hermosillo, Sonora; Monterrey, Nuevo León; Oaxaca, Oaxaca y Pachuca, Hidalgo, en los cuales se registraron 298 ponencias con la participación de 2000 asistentes. El resultado de la revisión del marco jurídico secundario en materia agraria, contiene los posicionamientos de los representantes de las instituciones y de las organizaciones, de 19 organizaciones campesinas de todo el país representantes de los productores y 4 instituciones del sector público y las Cámaras de Senadores y de Diputados. Con base en estos antecedentes, consideramos prioritario llevar a cabo el trabajo legislativo que dé origen de la actualización del marco jurídico secundario agrario, a efecto de incorporar aportaciones de amplio consenso que permitan unificar criterios de aplicación de la legalidad agraria, profundizar la profesionalización de la Procuraduría Agraria y crear condiciones para la mejor atención en materia agraria. La actualización del marco jurídico secundario en materia agraria debe promover la reforma institucional que facilite la certeza jurídica en el campo, la solución de conflictos, el fomento al desarrollo e impulso a las actividades económicas de los núcleos agrarios y de la modernización en la integración documental de la formación del suelo. Para incorporar una visión jurídica eficiente y eficaz de la legislación agraria, es indispensable acotar las preponderancias prevalecientes de la materia civil para unificar los criterios y aplicación de la ley. Otorgar mayores atribuciones a la Procuraduría Agraria para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios y dar mayor transparencia a la conformación y actualización de los tribunales agrarios. La actualización del marco jurídico secundario agrario en lo referente a los derechos y propiedades necesarios para profundizar la formalidad asociativa y productiva, es imperativo que se incorporen disposiciones claras en el orden de la preferencia de asignaciones de derechos parcelarios; pago de indemnizaciones, terminación del régimen ejidal en parcelas con destino específico; medios alternativos para la solución de los conflictos juicios que involucren derechos colectivos y protección a las comunidades indígenas. Se requiere, pues, una actualización legislativa que incorpore una visión económica, que facilite la asociación para el aprovechamiento conjunto de tierras, para lo cual es indispensable incorporar disposiciones precisas respecto a la seguridad de cada uno de los compañeros productores y campesinos mexicanos. Los aspectos de la organización, la capacitación, el crédito, la garantía, la actualización expedita imparcial y eficiente de los órganos jurisdiccionales en cada una de la aplicación de la justicia en materia agraria. Con base en lo anterior expuesto, sometemos a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Agraria, por lo que solicito que el texto íntegro de ésta se inserte en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y sea turnada para su análisis correspondiente y una vez emerja el dictamen, a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión Especial para el Acuerdo Nacional para el Campo. Gracias, diputado Presidente.