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La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia. Para el Partido Verde Ecologista de México, el derecho al acceso a la justicia, a la seguridad y certeza jurídica, a tener políticas públicas adecuadas en el ámbito del derecho penal es bandera y principio fundamental en el desarrollo de nuestras actividades legislativas. De ahí que desde legislaturas pasadas hasta la fecha sigamos impulsando reformas legales para regular la situación de las víctimas antes, durante y después de los procedimientos para garantizarles justicia. El decreto que hoy votaremos a favor deja en evidencia el interés de las distintas visiones sociales para fijar casos de excepción adicionales a los previstos en las normas, que permitan cuidar por encima de todo una reparación integral del daño, sin contradicciones ni beneficios que pudieran ir en contra del interés social a que están obligados aquellos que están en una ejecución de una sanción derivada de un juicio penal. Estas modificaciones contribuyen a la consolidación de normas del sistema de justicia penal que aporten a la reconstrucción del tejido social. La primera de las reformas, referente a los requisitos para la obtención de la libertad condicionada, como medida de libertad, se encuentra sujeta a que el juez observe que la persona sentenciada cumpla con diversos mandatos tendientes a satisfacer el interés público. Tal medida, ya vigente, consiste en la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistema de monitoreo electrónico, y que excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, este cubrirá a la autoridad penitenciaria el costo del dispositivo. Con la nueva propuesta se añade la hipótesis normativa para prever qué hacer para el caso de que no se cuente con la solvencia económica para cubrir tal dispositivo electrónico. Permitiendo ahora la norma a las partes llegar a un convenio judicial de pago a la autoridad penitenciaria. Gracias a esta reforma será posible gozar de los beneficios de la libertad condicionada en los mejores términos de seguridad y justicia para la sociedad, para la autoridad penitenciaria, para víctimas y victimarios. La segunda de las propuestas de las reformas consiste en la regulación de la solicitud de la libertad anticipada, replica el mismo fin para armonizar de forma integral la ley al vetar o vedar la procedencia de la libertad anticipada para delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, ahora también el de feminicidio y violación, por las razones anteriormente expuestas. Finalmente, el tercero y último consiste en añadir a los delitos de feminicidio y violación a que las conductas impedía, perdón, por la ley para ser materia de la sustitución de pena prevista en el artículo 144 de la norma que hoy votamos en este decreto. En resumen, con la reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, primordialmente se busca ampliar la redacción existente y robustecer el interés de las víctimas. Por su atención, muchas gracias, es cuanto.
La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Zulma.
La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Tiene la palabra la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Con su venia, presidenta. El dictamen que hoy se pone a discusión tiene como finalidad conceder el beneficio de libertad anticipada a las personas sentenciadas adultas mayores, que son portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, a excepción de las personas que hayan sido sentenciadas por los delitos de feminicidio y violación, así como el mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico por parte de las autoridades penitenciarias. En México, la readaptación social de las personas que delinquen es un derecho humano establecido en el artículo 18 de la Constitución, el cual tiene como medio para su consecución el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. No obstante que en esta Cámara y en 13 Congresos estatales hemos realizado reformas para agravar las penas de feminicidio en un intento por inhibir el crecimiento de este delito. Debemos recordar que, en los hechos, solo 3 de cada 100 asesinatos, sí, solo 3 de cada 100 asesinatos de mujeres son esclarecidos y llegan a una condena. De acuerdo a las cifras del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal 2019, del Inegi, hay casi 18 mil personas privadas de la libertad, de las cuales 10 mil ya recibieron sentencia y 8 mil están privadas de su libertad sin sentencia alguna. No puedo dejar de mencionar que esta cifra aumentará después de implementarse la prisión preventiva oficiosa que ustedes acaban de aprobar, lo que traerá consigo un alto costo económico tanto para los estados como para la Federación, sin tomar en consideración el costo humano que todo ello significa. Es importante señalar que en la reforma que se dictamina se establecen exclusiones para el otorgamiento de alguno o de todos los beneficios de libertad anticipada, principalmente cuando se trata de personas reincidentes, habituales o para los que han cometido delitos graves, tales como el feminicidio, el homicidio calificado, violación, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, robo calificado o delincuencia organizada, entre otros. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen, toda vez que considera que los beneficios de libertad anticipada reducirán los índices de sobrepoblación penitenciaria, disminuyendo los lamentables efectos que la prisión preventiva oficiosa tendrán sobre los derechos humanos en el sistema penitenciario de nuestro país. Por su atención, gracias.
La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Norma Azucena.
La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Tiene la palabra la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada se ha agotado su tiempo.
La diputada Carolina García Aguilar: ...actos que afectan gravemente a las mujeres y niñas del país. Es cuanto.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta. La impunidad es el principal elemento que cruza todos los tipos de violencia contra las mujeres. Por eso, hoy, desde Movimiento Ciudadano apoyamos este dictamen de la Comisión de Justicia, que presenta reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que nos parece que va en el sentido correcto. Va en el sentido correcto porque a diferencia de aquellas otras iniciativas que han buscado amentar las penas y eso no sirve para nada, el que hoy estemos incorporando a la Ley de Ejecución Penal, que quienes han cometido y están ya con una sentencia firme en materia de violación o feminicidio no tengan libertad condicionada ni libertad anticipada ni puedan sustituir la pena. Y eso nos parece un elemento fundamental, ¿por qué? Nos parece fundamental porque del 99 por ciento de los casos de violación en México no se denuncian. En nuestro país, el año pasado hubo más de 6 millones de denuncias por violación. Este año, desafortunadamente, esa cifra ha aumentado en 17 por ciento, a pesar de la emergencia sanitaria. Lo dramático de esta situación es que, de todas esas denuncias, solamente una de ellas, 1 por ciento termina en un caso de sentencia firme. Y, por eso es que es bien importante que quienes ya se encuentran en la cárcel, con una sentencia firme por violación, cumplan con la pena. Por una parte, para mandar una señal firme de que el delito de violación es un delito grave y, por lo tanto, quien lo cometa va a ser sentenciado y no podrá salir de la cárcel. Y, por otra parte, porque justamente se trata de configurar un sistema de justicia que sea eso, justo para las partes. Las víctimas de violencia acuden, generalmente, al sistema de justicia en situación de desigualdad. Las mujeres no cuentan con las mismas posibilidades de enfrentarse al sistema de justicia para llevar a sus agresores a la cárcel. Es por eso que esta reforma es tan importante. Y ni se diga en materia de feminicidios, existe una total impunidad en materia de feminicidios, muy pocos casos de feminicidas se encuentran hoy purgando una condena en la cárcel, por eso es importante que a esas personas que hoy están purgando una pena en la cárcel no se les pueda conceder la libertad condicionada ni anticipada ni sustituirles la pena, porque tenemos que acabar con la impunidad en México y, sobre todo, mandar una señal clara de que la violencia contra las mujeres se sanciona y se sanciona de manera correcta, para que nadie más se sienta en la libertad de abusar de una mujer o de matarla, solo por el simple hecho de ser mujer. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Con su permiso, presidenta. Con el permiso del pueblo de México, desde Navolato vengo. Ánimo. Compañeras diputadas y diputados, el día de hoy es importante, porque discutimos una serie de reformas que van a permitir un combate a la impunidad de la violencia contra las mujeres. “La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve”. Martin Luther King. La reforma que hoy plantea el presente dictamen busca determinar, entre otros conceptos, que para los efectos de la solicitud de libertad anticipada no podrán gozar de este beneficio los sentenciados por delitos de feminicidio y violación, y tampoco gozarán del beneficio de la sustitución de la pena los condenados por estos ilícitos. Es por eso que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vemos con buenos ojos y votaremos por apoyar este dictamen que, como lo mencioné, busca beneficiar a todas las mujeres, sin importar ideologías políticas, poniendo siempre por delante la certidumbre de la justicia. Es evidente que debemos parar las estadísticas que supone la comisión de estos delitos, por el bien de nuestras madres y de nuestras hijas y, en general, de todas las mujeres. Nuestra obligación como diputados y diputadas es legislar para lograr que las mujeres obtengan justicia y que reciban la certeza de que quien las ataque va a pagar las consecuencias, y tiene que pagarlas. Que la persona que se atreva a atacar a una mujer, sepa que se enfrentará a las consecuencias y que se le aplicará la ley con todo el rigor y sin margen a que logre burlar la justicia. Las y los diputados del Partido del Trabajo tenemos, como parte de nuestra agenda legislativa, el compromiso de apoyar a las mujeres, a todas las mujeres. Solo la aplicación de la ley nos devolverá la paz y la tranquilidad que se requieren para el Congreso de nuestro país. En razón de esto, las y los diputados del Partido del Trabajo apoyamos las iniciativas que busquen hacer más efectiva la protección hacia las mujeres, y donde la exacta aplicación de la ley sea la constante y no la excepción. Nunca más. “Nunca se entra, por la violencia, dentro de un corazón”. Winston Churchill. Gracias por su apoyo al presente dictamen, y vamos todos juntos por ellos. Ánimo. Todo el apoyo a las mujeres. Vamos, pues, a votar juntos esta iniciativa y es a conciencia de todos y cada uno de unos de nosotros. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Hernández.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, presidenta. Los feminicidios se han convertido en la otra pandemia que ataca a nuestro país sin que las autoridades hagan algo para detenerlo. Cifras oficiales revelaron que 2 mil 240 mujeres fueron asesinadas durante los primeros siete meses del año, en México, un aumento de 3.1 por ciento en comparación con el mismo período de 2019. El delito de violación, quizá la forma de violencia más degradante muestra también datos alarmantes en nuestro país. De 2015 a 2019 se presentaron 65 mil 603 denuncias por violación simple o equiparada y, en los últimos cuatro años, la cifra se ha incrementado en más de 20 por ciento con una clara tendencia a la alza. A estos datos hay que agregar las llamadas cifras negras. Miles de casos jamás denunciados ni procesados en el sistema de justicia calculada en 84 por ciento de los delitos que no se reportan a la autoridad. Por eso es necesario seguir construyendo un andamiaje jurídico que realmente proteja a las mujeres de la violencia y que acabe con la impunidad. Con esta reforma no gozarán de libertad condicionada ni de libertad anticipada los sentenciados por feminicidio o por violación. Además, tampoco procederá la sustitución de pena por estos mismos delitos. Sin embargo, es importante advertir que ninguna medida tendrá pleno éxito, si no se acompaña de los recursos presupuestarios que le den viabilidad. En el Grupo Parlamentario del PRI hemos impulsado diversas reformas y proposiciones con punto de acuerdo para otorgar una verdadera seguridad jurídica a las mujeres. Queremos erradicar la zozobra y el miedo al que miles de mexicanas estamos expuestas cotidianamente. Consideramos que esta reforma tiene una gran importancia, pero sabemos que no basta. Requerimos efectividad en las acciones de justicia. Lograr seguridad para que aumenten las denuncias: que se investigue, se resuelva, se juzgue y se condene con apego al debido proceso. Mientras estas condiciones no cambien, se pueden aumentar las penas en el papel, pero no tendrán ningún efecto en nuestras vidas. Votaremos a favor con la esperanza de que las autoridades jurisdiccionales tengan mejores herramientas, pero reiteramos nuestra exigencia para que el Estado mexicano implemente una estrategia integral, sin regateos, sin retrocesos, a favor de las mujeres.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Herrera Anzaldo.
El diputado Absalón García Ochoa: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros. La propuesta que estamos discutiendo en esta ocasión es una muestra del compromiso que tenemos por legislar para proteger los derechos humanos de las y los mexicanos, así como para propiciar la debida sanción de aquellas personas que se atreven a transgredir su vida e integridad. Durante el transcurso de esta legislatura, no ha pasado desapercibido el aumento alarmante que se ha dado en los últimos años de la violencia contra las mujeres, de la cual en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos presentado diversas iniciativas para erradicar y sancionar el feminicidio, y nos hemos pronunciado sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas y las instituciones encargadas de su atención, a efecto de erradicar el feminicidio y avanzar en la prevención, atención, debida sanción y reparación del daño de todas aquellas personas que son víctimas de un ilícito, y en este momento no es la excepción. Por ello, estimamos oportuno con la presente reforma que aquellos que hayan cometido algún delito de feminicidio o violación no pidan clemencia. Que quede claro, no tendrán el beneficio de solicitar la libertad anticipada, libertad condicional ni la sustitución de la pena. Ante ello, manifestamos nuestro voto a favor del presente dictamen, puesto que con este se permitirá una debida sanción a todos aquellos que cometan la atrocidad de privar de la vida a alguna mujer con violencia o por cuestión de género, así como a aquellos que violenten su libertad sexual. Ambas conductas deben ser desterradas de toda sociedad, por lo que la debida sanción contribuirá a alcanzar este cometido. Además, se podría fortalecer, al encontrar voluntad política del gobierno federal en las acciones señaladas anteriormente. Por eso reiteramos la necesidad de destinar el presupuesto necesario para alcanzar la igualdad, erradicar la violencia y lograr una protección efectiva de las mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Es cuanto, compañeras y compañeros, y solicitamos su voto a favor. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Ochoa.
El diputado David Bautista Rivera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen a discusión es una reforma que favorece a los grupos más desprotegidos de nuestro país al plantear dos modificaciones fundamentales a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se está legislando a favor de los grupos económicamente vulnerables que se enfrentan a la justicia, y también a favor de las mujeres y de las víctimas. Las mujeres mexicanas están cansadas de tener miedo a ser asesinadas y violadas, sabiendo que no están seguras ni en su propia casa. Sin saber si el hombre con el que se cruzan en la calle o con el que mantienen una relación será su asesino. En México hay 10 mujeres asesinadas por día, esto se debe en parte a la impunidad que existe en nuestro sistema de justicia. La violencia de género es sumamente grave y como país la debemos enfrentar. En los últimos años gracias a los movimientos feministas y a las miles de mujeres que han alzado su voz, hoy la violencia de género es visible más que nunca, generando con esto políticas públicas y una legislación sensible para eliminar este delito en todas sus formas. En el Grupo Parlamentario de Morena priorizamos los temas de género y estamos conscientes de que son fundamentales en la agenda nacional. La violencia de género nos preocupa y nos ocupa. Hoy discutimos un dictamen que busca contribuir a solucionar dos de los más grandes problemas: los feminicidios y las violaciones. Este dictamen propone adicionar el feminicidio y la violación a la lista de los delitos en los que no procederá la libertad condicionada, la libertad anticipada y la situación de la pena. Se trata de una medida que busca garantizar los derechos de las víctimas, así como los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, el respeto a su dignidad y el derecho de todas las personas de integridad y a las libertades sexuales. Asimismo, el dictamen en cuestión busca proteger e igualar la balanza de justicia para aquellas personas en situaciones económicas vulnerables, de ahí que se modifica el artículo 137 de la legislación en cuestión, para que las y los sentenciados que no cuenten con la solvencia económica para adquirir un dispositivo de monitoreo electrónico, puedan hacerlo mediante un convenio judicial de pago con la autoridad penitenciaria. De esta manera habrá la posibilidad de que más personas mantengan su libertad hasta que se emita una sentencia, y esto hará limitado por su posición socioeconómica, eliminando así los tratos diferenciados en el sistema de justicia de nuestro país. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen, a favor de construir un sistema de justicia que no distinga por nivel socioeconómico y que no desfavorezca a los más desprotegidos y desprotegidas del país. Un sistema de justicia que proteja a las mujeres y niñas de México. Un sistema de justicia donde los derechos de las víctimas sean respetados. Hoy aplaudimos...
El diputado David Bautista Rivera: Concluyo, presidenta.
El diputado David Bautista Rivera: Hoy aplaudimos que, con esta reforma, producto del trabajo conjunto de varios grupos parlamentarios, estamos a un paso más cerca de la construcción de ese sistema judicial. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Bautista Rivera. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. Pasamos a la discusión del dictamen en lo general.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María Luisa Veloz Silva, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor.
La diputada María Luisa Veloz Silva: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, “los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos”, Abraham Lincoln. La libertad condicionada es el mecanismo de liberación previa a la extinción de una pena corporal, cuando la conducta de los sentenciados, su condición jurídica o algún otro requisito establecido en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal así lo permite. Se trata de la norma que tiene por objeto establecer las disposiciones que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, entre otros objetivos. El citado artículo 137 prevé que, cuando las condiciones económicas del beneficiario lo permitan, deberá cubrir el costo del dispositivo de monitoreo electrónico. Esto supone una injusticia, ya que deja fuera de su beneficio a quienes carezcan de los recursos económicos necesarios. No solo eso, sino que la norma existente no ofrece una alternativa a la falta de solvencia económica del sentenciado en cuestión o de su familia. A pesar de que reconocemos la injusticia que entraña esta disposición, no podemos dejar de lado que para obtener el beneficio de liberación señalado, el dispositivo de rastreo electrónico representa un costo para el erario público. Por tal motivo, el dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia propone que cuando el interesado carezca de los medios económicos necesarios, los sentenciados pueden llegar a un convenio para su pago. Asimismo, propone incluir el feminicidio y la violación entre los delitos que no sean sujetos del beneficio de la libertad condicionada. Tampoco procederá la libertad anticipada ni la sustitución de la pena. Con estas reformas enviamos un mensaje fuerte y claro: debe permanecer en la cárcel aquel individuo que haya cometido delitos aberrantes hacia las mujeres por el hecho mismo de ser mujeres, para ello, todo el peso de la ley. Esas son las razones que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen. Es todo, gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Veloz Silva. Tiene la palabra la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor.
La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy estamos por aprobar un dictamen de la mayor relevancia para la defensa y protección de las mujeres, justo en estos tiempos en que la protección a su integridad física y psicológica requiere que tengamos instituciones fuertes y el compromiso incondicional y responsable de todos los servidores públicos para propiciar todas las acciones necesarias que les permitan vivir una vida plena y en libertad. Desde esta Cámara de Diputados, las y los legisladores de nuestro grupo parlamentario nos hemos comprometido a presentar aquellas propuestas que le permitan a las mujeres vivir con tranquilidad y con protección, por lo que presentamos una de las iniciativas que se dictaminan en este proyecto para establecer que no gozarán de libertad condicionada ni procederá la sustitución de la pena a aquellas personas que sean sentenciadas por delitos en materia de feminicidio y violación. Consideramos por demás pertinente la presentación y aprobación de este tipo de propuestas, toda vez que como se sabe, la violencia a la que se enfrentan se llega a desarrollar principalmente en el hogar, al ser sus parejas los principales agresores, lo cual las vuelve presas de conductas reiteradas y permanentes, y que aunado al nivel de convivencia y al conocimiento de las actividades diarias de la mujer o de sus familias, se convierten en presas fácil de venganzas. Aunado a ello, debe considerarse que un agresor sexual debe ser sometido a un estricto proceso de readaptación social, a efecto de evitar la reiteración de estas conductas que tanto lastiman a las mujeres, a sus familias y a la sociedad en general. De ahí, que se considere oportuno generar mecanismos para darles la mayor protección posible. Por ello, celebramos el consenso que se ha alcanzado en esta Cámara, por cuanto se hace a la presentación y aprobación de las iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios, lo cual refrenda nuestro compromiso y disposición de apoyo a todas aquellas propuestas que vayan en beneficio de los sectores que más atención y protección necesitan, por lo que ahora los responsables de haber cometido feminicidio o haber violentado alguna mujer no podrán gozar de beneficios legales, como son la libertad condicionada, la libertad anticipada ni la sustitución de la pena. Sin embargo, no dejamos de reconocer la necesidad de que en el gobierno federal se fortalezcan las políticas públicas y se destinen los recursos económicos suficientes que permitan evitar la comisión de dichas conductas ilícitas, por lo que también aprovechamos esta ocasión para exigirle al gobierno federal la pronta atención de estos rubros, que son los temas que debe privilegiar ya que comprometen directamente la vida y la dignidad de las mujeres en nuestro país. Por todo lo anterior nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bonnafoux Alcaraz. Tiene la palabra la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.
La diputada María Teresa Marú Mejía: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros diputados, sin duda alguna hoy puede ser un día importante en la lucha por conseguir la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Hoy, se puede dar un paso más en el camino de hacer justicia y acabar con la violencia que viven nuestras mujeres. La importancia que reviste que estemos discutiendo la reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal es de suma importancia para las legisladoras y los legisladores del Partido del Trabajo. Este proyecto de decreto es de suma importancia para los mexicanos y las mexicanas, ya que maneja nuevos supuestos para que las personas privadas de la libertad puedan obtener su libertad condicionada. Otro supuesto, que consideramos muy importante, es para los que hayan sido sentenciados por los delitos de feminicidio y violación, a ellos, no se les otorgará el beneficio de la libertad condicionada. Lo anterior, es obvio y debió ser siempre así, ya que no podemos permitir que aquel que viola y mata alcance los beneficios de obtener una libertad condicionada, se debe castigar y evitar la impunidad. Lo anterior, es pertinente y más ante el clima de violencia y de un sistema que cosifica a las mujeres, de un sistema que está corrompido y que no les ha hecho justicia a las mismas. Sabemos que es importante modernizar las leyes y, por tanto, esta reforma que se propone buscar evitar que los sentenciados por feminicidio o violación logren o alcancen la libertad anticipada o sustitución y suspensión temporal de las penas. Lo que pretendía esta reforma de ley era la inclusión de las figuras de los beneficios y de las preliberaciones como lo es la libertad condicional, y la reducción al número de población en las cárceles a lo que se ha buscado también con el cambio del sistema inquisitorial y por el sistema adversarial. Sin embargo, existen delitos que al atentar en contra del bien jurídico de más alto valor, como lo es la vida y la integridad personal, no debe de ser susceptible de los beneficios de la preliberación, ya que no es posible que personas que hayan matado o violado puedan estar en las calles sin haber cumplido toda su condena. Por lo anterior, les pido que apoyen el dictamen, ya que es en favor de las mujeres de México. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Marú Mejía. De acuerdo al artículo 104, numeral 1, fracción VIII de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Toda vez que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, esta Presidencia instruirá la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto. Se harán los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento, para que las y los diputados emitan su voto. El tablero electrónico de votación permanecerá abierto hasta los cinco minutos señalados. Inmediatamente, la Secretaría dará cuenta del resultado de la votación. Informo a la asamblea que, una vez agotado el tiempo para recabar la votación, la Secretaría no recibirá votos de viva voz. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto. (Votación)...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría haga los llamados para aquellas y aquellos diputados que falten de emitir su voto. Resta un poco más de un minuto para que se cierre el sistema.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se invita a los diputados y diputadas que no hayan efectuado su voto, proceder a realizarlo. Queda un minuto. (Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría, que si no observa diputada o diputado alguno yendo hacia su curul para emitir su voto, ordene el cierre de sistema electrónico de votación, una vez que quienes están en tránsito haya llegado a su curul para poder votar. Ahora sí, señora secretaria, le solicito atentamente que ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 375 votos en pro, 0 abstenciones y 1 voto en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 375 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 137, 141 y 144 de la Ley Nacional de la Ejecución Penal. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 Bis y 205 Bis del Código Penal Federal. Tiene la palabra la diputada Pilar Ortega Martínez para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento, hasta por tres minutos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, para fijar su postura, hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, los delitos sexuales contra menores de edad provocan repercusiones profundas en la salud emocional de las personas, generando secuelas que obstaculizan el libre desarrollo de su personalidad, los cuales pueden manifestarse de forma inmediata, pero también pueden ocurrir muchos años después de la agresión. No podemos soslayar que alguien que sufre una violación o algún tipo de abuso sexual pierde una parte importante de sí mismo y su vida se ve afectada para siempre. Si en un adulto este proceso es muy difícil de superar, imaginemos lo que sucede con una niña o un niño o un adolescente víctima de estos delitos, se trata de personas que no han terminado de desarrollar su personalidad y que no cuentan con la resiliencia para enfrentar un acto tan deleznable como este. Lo que una víctima de violación o abuso requiere es tener certeza de que en algún momento podrá acceder, aunque sea mínimamente, a la justicia. Reparar el daño en estos casos es francamente imposible, por ello debemos asegurarles a las víctimas la posibilidad de que sus agresores sean juzgados y castigados por sus delitos. Aunque ello no cambie el hecho del daño permanente que les ocasiona. En este sentido, la modificación del momento en el cual comenzará a contarse el plazo para la prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad permite saldar al menos una parte de la deuda que, como Estado, tenemos con las víctimas por no protegerlos. Dicho lo anterior, votaremos a favor del presente dictamen, porque coincidimos tanto en la homologación de nuestro ordenamiento jurídico como el fortalecer la posición desde la cual la víctima puede recurrir oportunamente a la justicia. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Jorge Casarrubias Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Casarrubias Vázquez: -Termino, presidenta-. Resulta imperativo prevenir y atender y erradicar los problemas asociados con el delito de pederastia, ya que vulnera gravemente la esfera de protección para un pleno desarrollo. Estos actos ocasionan daños físicos y psicológicos para que las víctimas y es nuestro deber que puedan denunciar en cualquier momento de su vida. Por lo anterior, reiteramos que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Casarrubias Vázquez.
El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, los menores de edad pertenecen a los grupos sociales más vulnerables de nuestra sociedad y son víctimas de distintas formas de violencia, como dan testimonio informes nacionales como internacionales. Aunque es difícil estimar la dimensión de la violencia sexual hacia las niñas, niños y adolescentes, dada la magra situación de las estadísticas de denuncia y aunque todavía hay trecho por delante para disuadir las agresiones contra las y los menores, la violencia que padecen o han padecido obstaculiza su libre desarrollo humano. La violencia contra menores de edad se ha incrementado en el país, no solo se comete en el hogar, también abarca otros entornos como la escuela, el trabajo, la comunidad y el entorno digital. La corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio, trata de personas y pederastia son solamente algunos de los peligros a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes en el país. La propuesta tiene como objetivo general convertir a la infancia en un bien colectivo que merece especial protección. De esta forma, el Poder Legislativo da respuesta al problema de la violencia contra la infancia y apuesta de forma decida por un modelo que sitúa a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas de los poderes públicos como titulares de derechos subjetivos. Asimismo, y dado el grave daño que se causa a un menor de edad, con esta reforma vamos a establecer que en los casos de pornografía infantil, turismo sexual, los delitos serán imprescriptibles. La violencia tiene consecuencias graves en el futuro de nuestros menores, y es resultado de la descomposición social. Por ello, en Encuentro Social vemos de manera favorable la ampliación del plazo de prescripción para los delitos que se cometen contra menores de edad y en casos específicos su imprescriptibilidad. Es necesario que protejamos a nuestras niñas, niños y adolescentes, no podemos cerrar los ojos ante la cruel realidad en la que viven miles de menores de edad en México. Miles crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye la violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono permanece oculta y en ocasiones es probada socialmente. Por ello, resulta conveniente y necesario ampliar el plazo de inicio de prescripción de los delitos sexuales. Para Encuentro Social, los menores de edad son seres humanos y titulares de sus propios derechos y lo socialmente correcto es que adoptemos todas las medidas que sean necesarias para que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar todo su potencial. Por ello, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto diputada presidente. muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Guzmán Valdéz.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos a favor del dictamen porque contribuye a combatir la impunidad de uno de los actos más condenables que puede realizar el ser humano, como son los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Me permito mencionar algunas cifras que ilustran el contexto de los crímenes sexuales, la tasa de violación de niñas y niños en México es de mil 764 por cada 100 mil, de acuerdo con el Inegi. Pero, además, hay otro dato alarmante, 5 mil de cada 100 mil sufren tocamientos o algún tipo de abuso. En cuanto al acceso pleno de niñas, niños y adolescentes a la justicia y a la reparación del daño, los indicadores también son desoladores, pues de cada mil casos de abuso solo se denuncian ante la justicia 100. Y de esos 100, solo 10 van a juicio. Y de ahí, solo uno llega a condena. Esto quiere decir que la impunidad es del 99 por ciento. Pero es importante tener en cuenta que esta reforma debe acompañarse de acciones legislativas y políticas de seguridad para que sean más efectivas, porque si seguimos actuando sin un proyecto de justicia integral, se seguirán reproduciendo los fenómenos de degradación de la sociedad y de la convivencia. Como lo muestra el hecho de que el 40 por ciento de los agresores fueron a su vez víctimas durante su infancia. La reforma a los artículos 107 Bis y 205 Bis del Código Penal Federal, para ampliar los términos de la prescripción de los delitos sexuales contra personas menores de edad, permitirá la prescripción de la acción penal contra estos crímenes inaceptables, y comenzará a correr a partir de que la víctima cumpla 30 años de edad. Promover acciones para facilitar la detección y la denuncia de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, también es necesario que los ministerios públicos, las fiscalías y los juzgados cuenten con personal y protocolos que se apeguen al principio del interés superior de la niñez y la protección integral de sus derechos humanos. En conclusión, acabemos con la impunidad de los agresores sexuales, esos delitos no deberían prescribir nunca. También debemos garantizar todo el respaldo, todos los recursos, presupuesto, profesionalización de los servidores públicos y los organismos que atienden a las víctimas para lograr la reparación del daño. Es por nuestras niñas, niños y adolescentes, a favor del dictamen y de un compromiso incondicional para la protección integral de los derechos de las niñas y niños de nuestro país. Es cuanto, presidenta.
La diputada Margarita García García: Con el permiso del pueblo de México. “El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde”. Gabriela Mistral. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforman los artículos 107 Bis y 207 Bis del Código Penal Federal. El dictamen tiene el propósito de modificar los términos a partir de los cuales opera la prescripción en los supuestos de la comisión de delitos sexuales en contra de menores de edad. En principio, hay que señalar que en el Capítulo VI del Código Penal Federal, en el artículo 100, se establece que por la prescripción se extinguen la acción penal y las sanciones. Esto es, una persona que comete un delito, aunque haya sido denunciado, por el transcurso del tiempo ya no podrá ser perseguido penalmente. En el caso particular de este dictamen, es muy sensible, en virtud de que trataremos de preservar el bienestar de nuestras niñas y niños, para que en el supuesto de que se les agreda sexualmente, estas conductas no queden impunes por el simple transcurso del tiempo. El artículo 200 Bis del Código Penal Federal fue objeto de una reforma previa para ampliar los 30 años cumplidos por parte de la persona que haya sido agredida, siendo menor de edad y a partir de la cual podría iniciar el plazo de prescripción. Pero, hay que tener en cuenta un elemento muy importante, generalmente los adultos somos insensibles a los comentarios que los niños nos formulan respecto de las agresiones que enfrentan y los consideramos muy imaginativos o mentirosos, cuando los estudios que se han elaborado sobre este tema acreditan que las agresiones se originan en el núcleo cercano y de confianza de la familia del menor. Los niños agredidos crecen con graves problemas de autoestima, se vuelven retraídos y no son capaces de enfrentar toda la carga emocional de una agresión de este tipo, mientras que los sujetos activos en la comisión del delito continúan en total impunidad dañando a otros menores. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos la firme convicción que la sociedad debe procurar a nuestros menores las condiciones óptimas de desarrollo en todos los aspectos de vida, pero esto no excluye que haya agente que sin escrúpulos los dañe. Entonces, cuanto esto ocurra, la prescripción del delito no debe ser una causal que genere impunidad. Es cierto que adicionar 12 años a la norma para que inicie el plazo de prescripción, puede ayudar a que se formulen las denuncias correspondientes y se sancione a los responsables. Pero esto solo podrá ocurrir cuando, quien de niño enfrentó una agresión sexual, pueda tener vía, las terapias correspondientes, la madurez y confianza suficiente para enfrentar a sus agresores. Es cuanto, diputada Sauri.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las niñas y los niños están viviendo una grave crisis de inseguridad en el país, todos los días conocemos casos de violencia inconcebible. Por ello, el dictamen que discutimos es de enorme trascendencia, al abordar los delitos sexuales contra los menores de edad, un tema sumamente delicado para nuestro sistema judicial y especialmente para las familias mexicanas. Como aquí se ha dicho, se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños, sufren abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Asimismo, se estima que de cada mil casos de abuso, solo se denuncian 100, pero de este universo, como ya lo decía Lulú, solo 10 llegan a juicio y uno a sentencia. De acuerdo con especialistas, a un menor de edad le toma en promedio veinte años, veinte años hablar de un ataque sexual que ha sufrido en el pasado. Sin embargo, la ley prescribe con la mayoría de la edad de la víctima. No podemos permitir que nuestras niñas y niños estén en manos de individuos o grupos criminales que atentan física y mentalmente contra su persona. Estos actos, como se ha dicho, deben ser perseguidos y castigados, no importando la temporalidad. Hablar de delitos de índole sexual no es nada fácil para las víctimas, especialmente para las niñas y niños, pues del 60 por ciento los responsables de ocasionar los actos delictivos se encuentran dentro de su mismo círculo familiar o social; el 60 por ciento ha sido atacado en el entorno donde debería sentirse más seguro. México ocupa el primer lugar en el ámbito mundial en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos al año. Desafortunadamente las víctimas quedan con graves afectaciones emocionales, desarrollando traumas que los dejan marcados de por vida y, de no ser atendidos, pueden transformarse en enfermedades mentales muy serias. Estos delitos son ocultados por el temor a hablar o la vergüenza que sienten ellos mismos o sus familias para denunciarlos, dejando a los delincuentes en absoluta impunidad. Muy estimadas, compañeras y compañeros legisladores, la propuesta que hoy se presenta constituye un muy valioso primer paso, pero faltan recursos, actualizar protocolos y programas específicos para su efectiva atención, como una política pública que atiende a las víctimas o la capacitación a los Ministerios Públicos para atender de manera eficaz las denuncias para una mejor integración del tipo penal. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de fortalecer el marco normativo en favor de las niñas y niños de este país, por lo que resulta necesario y urgente aumentar los plazos de prescripción con la finalidad de terminar con la impunidad. En tal virtud, estamos a favor del presente dictamen que hará justicia a los cientos de víctimas de delitos sexuales. Hay una frase que me parece que el día de hoy hace un gran sentido en el contexto: “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. Muchísimas gracias por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Acción Nacional.