La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. La trata de persona es considerada una forma contemporánea de esclavitud, ya lo decíamos el día de ayer, y por lo tanto, es uno de los crímenes más graves en contra de los derechos humanos de las personas. Con frecuencia esta conducta vulnera la dignidad de sus víctimas, afecta a familias y comunidades enteras, lesiona la cohesión social, y sobre todo, fractura la condición de la humanidad de quienes sufren este crimen. Sin lugar a dudas, México no es la excepción. Por el contrario, es un foco rojo a nivel internacional, parte de ello se debe a su posición geográfica, que lo convierte en un país de tránsito de víctimas de trata de personas, y al mismo tiempo, un distribuidor en potencia de niñas, niños y adolescentes, y por supuesto, de mujeres, a otros países, para ser sujetos de la trata, con fines de explotación sexual, laboral o para el tráfico de órganos, tejidos y sus componentes. Entre los factores que revisten la Comisión de Delitos en Materia de Trata de Personas en nuestro país, se encuentra la pobreza, la desigualdad, la migración indocumentada, la violencia estructural y de género, la desintegración familiar, la degradación de valores, la ignorancia y la tolerancia social, lo cual han contribuido a la enorme complejidad en su atención e investigación. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han identificado a 21 entidades federativas, con actividad de trata de personas para la explotación sexual, donde, además de mexicanas, existen mujeres de Europa, Centroamérica, África y Asia. Asimismo, advirtió que tiene casos detectados de mexicanas que sufren este tipo de explotación en Norteamérica, Europa y Asia, lo que demuestra el carácter trasnacional de las redes dedicadas a este tipo de explotación, actualmente calificada como la tercera práctica más redituable después del tráfico de drogas y armas, al generar ganancias anuales de 32 mil millones de dólares. De acuerdo al Inegi, en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012 se registraron mil 641 casos de averiguaciones iniciadas por el delito de corrupción de niñas, niños y adolescentes, cifras no tan alentadoras si consideramos la magnitud del problema. A partir de la incorporación de un marco normativo en materia de trata de personas, las entidades federativas comenzaron sus procesos legislativos internos, algunas lo hicieron a través de la expedición de leyes especiales y otras considerando el tipo penal en sus respectivos códigos. Algunos retomaron la tipificación de la legislación federal, en otros casos incluyeron o restaron verbos rectores, lo que generó dificultades en su persecución. Pero como ya se dijo, la citada ley federal significó un avance importante, no obstante, como sucede en la mayoría de los casos, quedó con vacíos jurídicos importantes, no solo para los fines de persecución sino principalmente para la atención a las víctimas de estos delitos, por lo que se buscó resarcir, mediante la expedición de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos delitos. Consideramos que la modificación propuesta en el dictamen de la Comisión de Justicia es adecuada, pues de forma expresa se especifica con claridad y precisión que los delitos contenidos en el título segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos son considerados como delincuencia organizada. Y por tanto, correspondería a la Procuraduría General de la República la investigación y persecución de estos delitos. Celebramos las correcciones que en técnica legislativa se están discutiendo el día de hoy. Celebramos que las leyes se armonicen en el tema de delincuencia organizada y delitos de trata. Con la aprobación de este dictamen estaríamos cumplimentando nuestra obligación como legisladores, de emitir normas claras que precisen la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.