El diputado Luis Carlos Campos Villegas: Con su permiso, señor presidente. Procedo a presentar la iniciativa enunciada bajo los siguientes antecedentes. Uno de los elementos que frenan el avance social del campo mexicano, es la ausencia de certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra. La historia de México registra que éste es uno de los problemas fundamentales del país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 y sus diversas normas reglamentarias pretendieron generar las condiciones necesarias para que se diera la certidumbre jurídica y la paz social con la dotación y repartición de las tierras, aguas, pastos y bosques a favor de los campesinos. Conforme a tal regulación jurídica y para concretizar el reparto agrario, se practicaron los trabajos técnicos necesarios para delimitar las superficies objetos de la dotación a las comunidades rurales. Las labores topográficas se desarrollaron con los elementos técnicos disponibles en esa época, mismos que no eran del todo precisos, ocasionándose errores en las superficies medidas y colindancias de los predios. Con motivo del avance científico hoy contamos con tecnologías avanzadas que permiten definir con exactitud y precisión las medidas, lados, rumbos, distancias y colindancias de una superficie determinada de terreno. Esto ha permitido que se detecten los errores técnicos de medición cometidos en el pasado y que ocasionaron el fenómeno de la sobreposición de terrenos ejidales y comunales, entendida ésta como la acción de poner, así sea en forma documental, encima de un ejido o comunidad otro más; circunstancia que se repite a lo largo y ancho del país, provocando la disputa por una misma superficie de terrero. Debido a las disposiciones de la Ley de Amparo en esta materia, los actos de autoridad que implican afectación o privación de los derechos agrarios sobre las superficies de terrenos sobrepuestos pueden ser combatidas vía el juicio de amparo en cualquier tiempo, por lo que se abre la puerta a la saturación del trabajo en los tribunales agrarios, en los juzgados de distrito y en los tribunales colegiados de circuito; así como la perpetración de los litigios y de los conflictos, generándose una gran inseguridad jurídica entre ejidatarios y comuneros que afectan la estabilidad del campo. Consideraciones. Una de las funciones del legislador es adaptar las normas jurídicas conforme avanzan los cambios sociales, por tal motivo debemos actualizar el artículo 217 de la Ley de Amparo que regula el juicio de garantías en materia agraria, a fin de precisar mediante una adición un término prejudicial para que los jurídicamente interesados puedan interponer el juicio de garantías dentro de un término perentorio, a fin de evitar conflictos jurídicos que puedan prolongarse indefinidamente. Esta adición pretende fijar un término específico para presentar la demanda de amparo cuando el acto reclamado esté motivado en dictámenes técnicos que buscar corregir errores de medición que ocasionaron la confusión de terrenos ejidales o comunales mediante la sobreposición, definiendo un término de cinco años para interponer la demanda de garantías. En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto. Único Se adiciona el primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue, artículo 217, su primer párrafo queda íntegro y se agrega lo siguiente: si los actos de privación se motivan en dictámenes técnicos tendientes a corregir errores e imprecisiones de medición que ocasionaron la sobre posición de terreno ejidales o comunales, la demanda de amparo deberá interponerse dentro del término de cinco años. Artículo transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señor presidente, pido que toda la iniciativa se considere íntegra en el Diario de los Debates toda vez que en este momento he presentado únicamente una síntesis de la misma. Es cuanto, señor presidente.