El diputado Hernán de Jesús Orantes López: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las normas jurídicas previstas en nuestra ley fundamental, consagran aquellos derechos a que todo mexicano puede acceder y exigir que se cumplan en aras de su bienestar y convivencia armónica. No obstante, en el texto constitucional se establece un derecho que se mandata, pero que no cuenta con los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento, por lo tanto, cae en el ámbito de la discrecionalidad de parte de la entidad responsable de observar. Me refiero, compañeras y compañeros, al derecho de petición, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene como fin establecer la forma en que este derecho debe ejercerse para solicitar o reclamar un acto u omisión de la autoridad. El segundo párrafo de dicho artículo señala que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De la lectura del precepto citado se advierte la obligación de la entidad recurrida a contestar a toda petición, a condición de que sea planteada de manera pacífica y respetuosa. Sin embargo, no establece un término de tiempo en el cual se obligue a la autoridad a dar respuesta al peticionario, ocasionando con esto una afectación en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de breve término no es preciso, no está acotado, y por lo tanto, queda a la interpretación del obligado. Como consecuencia de ese limbo jurídico el gobernado ha tenido que recurrir al juicio de amparo, motivando así que el Poder Judicial de la Federación, mediante sus tribunales colegiados de circuito, haya emitido tesis respecto del término de tiempo para contestar al peticionario. En su tesis el tribunal de mérito estableció que la expresión de breve término sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses. No se deja de reconocer el esmero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado, sin embargo, el plazo fijado en la resolución referida anteriormente es excesivo, y por lo tanto, lesiona el derecho del peticionario a recibir una respuesta a su solicitud en un periodo de tiempo largo. Por ello es imperativo definir el término del tiempo máximo del que debe gozar la autoridad para responder a una petición. Cierto es que la tesis citada acota la discrecionalidad con que la autoridad puede manejar el tiempo para responder, pero desde mi punto de vista, el tiempo que señala la mencionada tesis es excesivo, porque a lo anterior hay que sumarle que los sectores más vulnerables no cuentan con los medios necesarios para recurrir al juicio de amparo en demanda de un derecho supremo que la Constitución consagra. Considero que no es de justicia regatear a través de ningún trámite administrativo judicial adicional el derecho de petición. El objetivo de mi propuesta a esta honorable Cámara de Diputados es eliminar el mero carácter prescriptivo del derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, dotándola de un elemento que le dé el efectus correspondiente. De aprobarse la presente reforma se le otorgará certeza jurídica al precepto que en este momento se deja a la conciencia de las autoridades. De esta manera, propongo adicionar un tercer párrafo al artículo 8 de nuestra Constitución, en el que se precise que la autoridad requerida tenga un término de 45 días hábiles para dar respuesta al derecho de petición. Cuarenta y cinco días hábiles serían suficientes para que la identidad requerida estudie, evalúe y dé respuesta a cualquier petición de todo ciudadano mexicano. Es necesario darle un carácter coactivo a la norma para hacerla eficaz. Está suficientemente probado que sin obligatoriedad no hay cumplimiento. Es cuanto, diputada presidenta.