El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, las aguas marinas de México se encuentran seriamente contaminadas y cuando las instituciones académicas y científicas hacen nuevas investigaciones encuentran que la contaminación, en lugar de ir disminuyendo, va en aumento. Paradójicamente, en nuestro país es amplia la normatividad que regula mares y costas. Empieza por la propia Constitución y continúa con varias leyes, algunas de ellas acompañadas de sus respectivos reglamentos e inclusive tratados internacionales. Pero, pese a lo anterior, seguimos degradando nuestros mares y el dictamen que en estos momentos está en discusión, en algunos de sus postulados posiblemente puede crear un retroceso en lugar de contribuir a mejorar la situación. Si bien por razones históricas desde 1975 es la Secretaría de Marina la que está a cargo de la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en los mares mexicanos, actualmente contamos con otros órganos de la administración pública federal, que por sus atribuciones pueden y deben participar en la materia. Por ejemplo, la Ley de Vertimiento en las Zonas Marinas Mexicanas, que busca modificar el dictamen en su artículo 15 de forma textual, ya prohíbe el vertido de hidrocarburos y sus derivados en la mar, como son los residuos procedentes de actividades petroleras en las plataformas marinas dándole atribuciones la Secretaría de Marina, Semar, para vigilar que esto se cumpla. También la ASEA tiene atribuciones para supervisar y sancionar en materia de protección al medio ambiente, en relación con las actividades del sector de hidrocarburos. Esta atribución incluye el control integral de los residuos de los pozos de perforación, ya sea que estén en mar o en tierra. De igual forma la agencia por ley tiene atribuciones para regular a través de lineamientos, directrices, criterios, normas oficiales mexicanas u otras disposiciones administrativas de carácter general, las actividades de producción petrolera y sus residuos con respecto a la protección ambiental, ya que sea que estas actividades estén en mar o en tierra. Además, la Ley de Vertimientos de la Zonas Marinas Mexicanas presenta un serio problema en cuanto al tema del pago por los derechos correspondientes al vertimiento, ya que actualmente esto no se encuentra contemplado en la Ley Federal de Desechos, sino que los cobros se están haciendo con base en el Capítulo XIV de esta ley impositiva, el cual corresponde a derecho por uso u aprovechamiento de llene del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las cargas de aguas residuales. Es decir, el cobro se está fundamentando en lo que le corresponde para el desecho de aguas residuales, ya sea convenientes de las descargas de servicios público urbano o de actividades productivas. No se está cobrando realmente por el vertimiento en zonas marinas, que pueden incluir de forma legal materiales sólidos, ya que este cobro no se encuentra contemplado en las leyes impositivas. Realmente en este momento no hay un sustento jurídico sólido para el cobro por los vertimientos en las zonas marinas mexicanas. En Morena estamos a favor del cuidado y preservación del medio ambiente y del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, tanto en tierra como en mar, pero creemos que al día de hoy más que excluir autoridades que por sus atribuciones deben proteger al ambiente marino, debemos de buscar la sinergia entre todas las autoridades con esas atribuciones. Conjuntamente ofrecemos nuestra colaboración para subsanar las deficiencias, el vacío legal que presenta la Ley Federal de Desechos en su relación con los vertimientos en el mar, de modo que Semar, tenga un fundamento jurídico adecuado acorde con la Constitución. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Morena, fue que se abstuvo en esta votación.