La diputada Martha Gutiérrez Manrique: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, actualmente existen problemas graves, implicaciones para el bienestar y la salud de la población, relacionados con el consumo y uso de diversos productos y servicios ocasionados por factores que van desde la publicidad engañosa hasta el incumplimiento de los requisitos sanitarios de producción, distribución y promoción. En los últimos años se ha intensificado el tema de los productos milagro, los cuales pueden provocar desde intoxicaciones, deshidratación, daños hepáticos, detonación de diversas enfermedades o aceleración de los efectos de enfermedades crónico-degenerativas. También podemos mencionar los riesgos inherentes a la utilización de sustancias peligrosas en combinación con otras o por sí solas, como el plomo por ejemplo. Hablamos de sustancias y productos que no cuentan con evidencia científica que garantice su efectividad; no existe certeza de que no tengan defectos de diseño o manufactura y que en algunos casos conllevan riesgos de quemaduras, incendio, explosión, descarga eléctrica, reacción alérgica, laceración, lesiones y caídas. Tal es el caso de algunos enseres del hogar y oficina como licuadoras, parrillas de gas, lavadoras, cocinas eléctricas humidificadores, calentadores eléctricos, baterías dispositivos electrónicos de transmisión de archivos, sillas de oficina, por mencionar solo algunos. La gran variedad de problemas derivados por la comercialización de productos que no son aptos ni seguros para el consumo y uso humano hacen necesario fortalecer el papel del gobierno como agente regulador del mercado. Evidentemente, cuando se pone en riesgo la salud y la integridad física de los consumidores estamos ante la clara necesidad de reforzar las medidas que protejan a la población de posibles abusos, omisiones o claras infracciones de las normas vigentes tendientes a garantizar la inocuidad de los productos que se venden en México. Las normas oficiales mexicanas son producto de un minucioso trabajo especializado, establecen las especificaciones para el adecuado funcionamiento, envasado, etiquetado, embalaje y publicidad de productos comerciales. En años recientes se ha perfeccionado el andamiaje institucional y normativo para fortalecer las herramientas con que cuenta la Procuraduría Federal del Consumidor para el cumplimiento de su misión, que es la promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. En el Grupo Parlamentario del PRI compartimos la visión de que el gobierno debe asumir su papel como agente regulador, no sólo como vigilante, sino también como promotor de mejores y más amplios mecanismos de información a los consumidores para tomar decisiones, como bien señala la comisión dictaminadora. En este sentido, nos manifestamos a favor de adicionar una fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, como lo propuso el entonces senador y hoy diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas para agregar a las facultades con que cuenta la Procuraduría Federal del Consumidor la de publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que, con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos que por ley sean detectados como riesgosos, o que incumplan las disposiciones jurídicas aplicables. Con ello avanzamos en el objetivo de hacer de la información un instrumento efectivo para que la población tenga más y mejores criterios de elección, pueda modificar los hábitos y prácticas de consumo orientándolas no sólo a buscar el mejor precio, sino también a considerar la utilidad, calidad y seguridad de los productos. Muchas gracias.