El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeras diputadas, compañeros diputados: el debate que vamos a dar es muy importante. Tengo una hija de 19 años y un hijo de 17; si alguien les pusiera una mano encima, me los querría comer vivos, enteros, a quien les tocara un solo pelo. Y estaría exigiendo venganza, no estaría exigiendo justicia. Y el Estado mexicano no puede, no debe bajo ninguna circunstancia, generar leyes que estén practicando venganza. La diferencia entre la venganza y la justicia, está clara en esta iniciativa que se va a votar el día de hoy. Es una medida desesperada frente al aumento de la criminalidad. Hay aquí quien cree que por cambiar una legislación va a cambiar la realidad; que va a cambiar la miseria brutal en que se debate la mayor parte de la población del país y hay quien acepta, inclusive, que quienes han vivido la tragedia de perder a un ser querido, se conviertan en los teóricos del derecho penal en México. Están abdicando a su responsabilidad por la presión de los medios de comunicación, por la derechización que ha venido avanzando en un tema tan delicado como éste. Entonces encubren la cadena perpetua diciendo que es la suma de penas. Y si después de 3 mil 500 años el secuestrador saliera, todavía quieren ponerle un brazalete para que le den seguimiento y no proponen que sea en la tumba que se le dé ese seguimiento porque sería ya un poco excesivo y hasta ridículo, diría yo. Cómo puede plantearse este tipo de cosas cuando inclusive se plantea que sea imprescriptible y no se ha aceptado la imprescriptibilidad para las desapariciones forzadas, que son crímenes de lesa humanidad. Ahí está doña Rosario Ibarra de Piedra décadas luchando porque aparezcan los desaparecidos por los sistemas políticos autoritarios que han existido en este país, y las voces que hoy se alzan no se alzaron cuando ella pedía esa justicia, y nunca ha pedido venganza, a pesar del dolor por la pérdida de un ser muy querido como era su hijo Jesús Piedra Ibarra. Y podríamos poner aquí una larga lista de agraviados por estos sistemas políticos autoritarios que han regido en nuestro país y no han sido escuchadas esas voces. ¿Tiene que pertenecer uno a determinada clase social para que se legisle a favor de ellos? ¿Tiene que pertenecer uno a determinada clase social para que se ponga atención en los delitos y se plantee la máxima posible sanción a los responsables de los mismos? ¿Y cambiará esa máxima sanción el crecimiento de la criminalidad, de la violencia y la brutalidad que se vive en este momento en el país? La respuesta es no. Es muy inadecuado que a mi compañero Jaime Cárdenas lo acusen de defender a secuestradores, cuando lo único que está planteando es que el Estado mexicano está obligado a tratar a los seres humanos como seres humanos, porque ésos que son criminales y que aquí se plantea con tanta fuerza son producto de este sistema económico, político y social. Y muchos de los más grandes criminales que hay en el país están al frente de las responsabilidades públicas con absoluta impunidad, como el caso de García Luna, vinculado a secuestradores, por supuesto. Como el caso de Calderón, como el caso de Molinar Horcasitas y quedan impunes porque tienen el poder, porque tienen el dinero para comprar un juez. Las cárceles están llenas de pobres, están llenas de minorías, están llenas de indígenas, no están llenas de los verdaderos delincuentes que han bañado de sangre al país y que han generado esa proliferación de esos secuestros violentos, de esa brutalidad que tanto nos aterra a todos. Porque efectivamente hoy nadie puede estar seguro, nadie puede estar tranquilo. Que se lo pregunten a la familia de Diego Fernández de Ceballos. Han desfilado aquí los empleados de Calderón y a todos les he preguntado dónde está Diego Fernández de Ceballos y la respuesta es el silencio. El dolor que tiene esa familia, al margen de las diferencias políticas que podemos tener con ese personaje, es evidentemente terrible y no podemos ser ajenos a ese problema. Pero el que no seamos ajenos no justifica una ley absolutamente vengativa, absolutamente abusiva, que está pasando por encima de derechos humanos y garantías constitucionales. Yo estoy convencido de que Calderón debería estar en la cárcel. Y si va a la cárcel, exigiría que fueran respetados en todo momento sus derechos y garantías constitucionales. Exigiría en todo momento que fuera tratado como ser humano, exigiría en todo momento que su dignidad humana no fuera lesionada porque estoy convencido de que lo que pedimos para otros lo estamos pidiendo para nosotros mismos. Compañeros diputados, compañeras diputadas, estoy consciente -y termino con ello- de que ésta es una de las posiciones más difíciles que hemos tenido que defender los compañeros del Partido del Trabajo, pero no vamos a ser cómplices de una ley que está buscando venganza. No vamos a ser cómplices de una ley que permite el avance de la derechización en la visión de los problemas sociales del país y no vamos a permitir que se esté presionando de esta manera a esta soberanía. Mi voto será, sin duda, en contra de esta ley que está siendo presentada. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.