La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Gracias, señor presidente. Democracia paritaria es una expresión reciente que tiene su mayor impulso a partir de la realización de la Conferencia de Atenas en 1992. Ésta definió la paridad como la total integración en pie de igualdad de las mujeres, en las sociedades democráticas utilizando para ello las estrategias multidisciplinarias que sean necesarias. El punto de partida de dicha reflexión en el ámbito político ha sido la revisión del concepto de ciudadanía bajo la consideración de que ésta se compone por igual de mujeres y hombres y, en consecuencia, ambos deben ser representados por porcentajes iguales en el sistema político. Así al aumento cuantitativo de las mujeres en los espacios políticos deben seguirle un cambio cualitativo en los modos de hacer política, construyendo una nueva cultura e incluyente. Cabe señalar, que el dictamen a discusión sigue estableciendo disposiciones que limitan la paridad de género, amplia y efectiva en los cargos de representación política, tal es el ejemplo del artículo 233 que hoy tocamos, el cual no contempla dentro de sus listas de representación proporcional, para diputados y senadores, la integración de fórmulas alternadas de mujeres y hombres de forma sucesiva; de modo tal que dos fórmulas del mismo sexo no se encuentran en lugares consecutivos de la lista. No se trata únicamente de cubrir una cuota de mayor cargo político a favor de las mujeres, sino de reconocer y respetar de manera efectiva y en sentido amplio, la igualdad entre hombres y mujeres. La necesidad de avanzar la democracia paritaria ha sido planteada, no solo como una propuesta que acelere los procesos de participación equilibrada de mujeres y hombres, sino que busca transformar todos los ámbitos de la sociedad con el fin de que todos los ciudadanos puedan gozar de igualdad en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades de manera compartida, tanto en el ámbito público como en el privado. Por ello nuestra propuesta se enfoca invariablemente a garantizar espacios y condiciones igualitarias entre todos los ciudadanos del país, a fin de superar el desequilibrio actual entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones y en la distribución de responsabilidades. Derivado de lo anterior someto a consideración de este pleno, el artículo 233 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y propongo que debe quedar como sigue: de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos a las coaliciones, al instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución esta ley. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas alternadas de mujeres y hombres de forma sucesiva, de modo tal que dos fórmulas del mismo sexo no se encuentren en lugares consecutivos de la lista, buscando que al menos dos de las circunscripciones estén encabezadas por un género distinto. En las candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa que registren los partidos se establecerá una distribución igualitaria de candidaturas de fórmulas en las 32 entidades federativas, de tal manera que las primeras fórmula que postule un partido político o coalición al Senado no rebase el 50 por ciento de un mismo género. Mi reserva al artículo 345 del dictamen con proyecto de decreto. Para la mayoría de los mexicanos que se encuentran radicando en el extranjero participar en los procesos electorales significa una oportunidad para reintegrarse a la vida política de su país y reafirmar lo lazos con su lugar de origen. Prueba de ello es que el número creciente de ellos, ha ido efectivo su derecho a las últimas dos elecciones presidenciales, manifiesto su voluntad y deseo de participación ciudadana. La Constitución otorga a través de los artículos 35 y 36 el derecho de los mexicanos para votar sin importar dónde se localicen geográficamente. De acuerdo con datos del extinto IFE, para 2012 había cerca de 12 millones de ciudadanos mexicanos en el extranjero con derecho formal para votar, sin embargo en la elección presidencial de se año solamente se recibieron 40 mil 737 votos provenientes de 92 países. Cabe señalar que sólo cinco países aglutinaron el 89 por ciento del total de votos y por razones obvias el país que más votos aportó fue Estados Unidos con 29 mil 348 sufragios, equivalentes a 72 por ciento del total. Esta cifra si bien es alta en comparación con la votación emitida desde los demás países y representa 23 por ciento más que la elección de 2006, sigue siendo minúscula si se contrasta con el potencial padrón de votantes en Estados Unidos que es de cuatro millones 200 mil. Canadá contribuyó con 5.3 y tres países europeos, España, Francia y Alemania, concentraron 11.2 por ciento del voto. Estos datos permiten concluir que no obstante la población votante es numerosa, los connacionales deciden no ejercer su derecho dejando entrever que hace falta promover el ejercicio de tal derecho. Sin embargo el artículo que reservamos representa un elemento que desincentiva a quienes pretenden hacerlo. Además, puede suscitar por un tecnicismo administrativo ajeno a los participantes de la jornada electoral, la pérdida de una cantidad importante de votos realizados de forma legítima. Lo anterior es contrario a principios constitucionales y a las propias tareas del Estado mexicano el cual tiene la obligación de velar en todo momento por el bienestar y los derechos de sus migrantes. Por lo tanto, la propuesta que someto a consideración es la siguiente reserva al artículo 345, párrafo uno del dictamen con proyecto de decreto Único. Se reserva el artículo 345, párrafo uno de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue. Serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el instituto hasta las 18:00 horas del día de la jornada electoral, tiempo del centro de México. Mi siguiente reserva al artículo 1o. del dictamen con proyecto de decreto, artículo 364. Nuestro país se ha caracterizado por preservar un arduo problema de discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida social. La adhesión del Estado mexicano a los principales instrumentos internacionales como convenciones o tratados, no ha constituido avances significativos en cuanto a la implementación de políticas públicas que respalden los derechos humanos de las mujeres, contraviniendo flagrantemente lo establecido en la fracción II del artículo 35 de nuestro máximo ordenamiento jurídico, su derecho a participar en cargos de elección popular. Los integrantes de esta fracción parlamentaria a lo largo de la presente Legislatura hemos trabajado tanto en los ámbitos federal como local para que la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, se desarrolle en un ambiente de igualdad de oportunidades, de aquellas que históricamente han sido reconocidas a favor de los hombres y con ello poder garantizar el proceso integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático al que aspiramos. La presente reserva consiste en modificación la redacción del artículo 364 del dictamen por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para eliminar el requisito que el precepto en comento señala respecto a la constitución de las fórmulas para el cargo de senador que deben cumplir las candidaturas ciudadanas, las cuales deben de estar integradas por personas de género distinto. Lo anterior puede parecer contradictorio, pero no lo es, y no lo es porque este requisito de ninguna manera es una medida con perspectiva de género tendiente a garantizar la paridad e igualdad entre mujeres y hombres en cuanto al acceso a los cargos de elección popular. Esta exigencia no es más que un candado impuesto en contra de la posibilidad de contar con candidaturas independientes en los procesos electorales que se desarrollan en el país. Y fue establecida con el único objetivo de mantener oligopolizado el poder que detentan las tres fuerzas políticas que deciden las reglas del juego que desean jugar o de lo contrario de qué manera nos podríamos explicar que dicha medida no haya sido extendida también a las fórmulas de los candidatos propuestos por un partido político. Al momento de legislar no se trata de sacrificar beneficios ya adquiridos ni de conducirse a través de dobles discursos en los que por un lado reconozco y apoyo una participación más activa de los ciudadanos en la vida política del país y por el otro impongo una seria de condiciones que sólo permiten auspiciar los escenarios de inequidad electoral entre el poderoso contra el débil. Derivado de lo anterior someto a consideración del pleno la siguiente reserva al artículo 364 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 364: Se elimina. Es cuanto, señor presidente.