La diputada Adriana Lozano Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Le pido que este posicionamiento quede asentado de forma íntegra en el Diario de los Debates. Compañeras y compañeros, hay que atacar el crimen organizado donde más le duele: el dinero. Congelar cuentas es la forma pacífica de combatir criminales y atrapar a los corruptos que los protegen. Seguridad, paz y tranquilidad es lo que todos los mexicanos queremos. Por ello en el PES apoyamos este dictamen, que entendemos como una norma socialmente correcta, aunque jurídicamente muy perfectible. En el PES vamos con el dictamen y votaremos a favor porque para nosotros, de fondo, es socialmente correcto. Sin embargo, como legisladores, es decir, como personas garantes de la legalidad, debemos decirles la verdad. La verdad es que la norma que hoy vamos a aprobar únicamente parcha normalmente las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el congelamiento de las cuentas bancarias. Un parche muy endeble jurídicamente, una costura a las acciones que se han realizado para detener a toda costa el crimen organizado. ¿Por qué lo consideramos así? Les explico brevemente. Las instituciones bancarias pueden intercambiar información para la prevención y comisión de delitos. Los bancos deben congelar las cunetas de las personas bloqueadas que indique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las instituciones que correspondan, a través de la mencionada lista de personas bloqueadas. Y solo ella misma, esta institución, podrá descongelar dichas cuentas. Al respecto, en diferentes tesis la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha comentado lo siguiente: que únicamente el Ministerio Publico debe solicitar el congelamiento de las cuentas bancarias y que es la responsable y facultada para perseguir este tipo de delitos. Por ello, en Encuentro Social construiremos en colaboración con la banca las dependencias competentes y, sobre todo, la sociedad especializada, una norma tan clara que permita perseguir a delincuentes sin agraviar el debido proceso. ¿Los delitos y el debido proceso no deben seguir el procedimiento que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales? En el PES consideramos que el parche legal por ahora sirve, pero no por mucho tiempo. No podemos callar la verdad. Es cierto, esta norma no afectará a la gente común. Esta adición tendrá efectos sobre aquellos que tengan actividades irregulares, como lo establece la ley. Para nosotros hay tres cosas que la hacen necesaria. De acuerdo con el Índice de Paz México, el costo de la violencia en el año 2018 fue de 5.16 billones de pesos. Las ganancias del narco ascienden a 600 mil millones de pesos, el doble de la venta de la industria farmacéutica. En 2018 nuestro país perdió 74 millones de pesos por el miedo a poner un negocio o de salir a la calle. Compañeras y compañeros, vamos por el dinero de los criminales, pero también construyamos normas que no sean vulnerables ante los tribunales. Con acciones como esta garantizamos no tener más gente prófuga de la justicia y que se quede con el dinero de los mexicanos, como ciertos personajes: Romero Deschamps, Emilio Lozoya, Collado. Es mejor prevenir que lamentar. Hagamos un compromiso por perfeccionar para lograr una mejor protección a las garantías de los mexicanos. Cortemos el flujo de su dinero para detener la muerte de las y los mexicanos. Por ello hacemos esta invitación, para poder estar juntos y poder lograr que un mejor México sea posible. Es cuanto, señora diputada. Gracias.