La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra: Con su venia, presidenta. En los últimos 10 años posteriores al siniestro ocurrido en Pasta de Conchos, en el 2006, donde murieron 65 mineros del carbón, 35 de ellos subcontratados. Después del siniestro ocurrieron 115 fallecimientos más, registrados en 72 eventos mortales acaecidos en pocitos, cuevas, tajos, minitas de arrastre y minas subterráneas de carbón. Lugares indignos de trabajo. De los 115 mineros fallecidos, 58 estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la mayoría pertenecientes a 71 empresas subcontratistas. De las 71 empresas mencionadas 38 trabajaban cuando menos con una irregularidad legal grave, 9 no tenían registro patronal y 23 no tenían trabajadores registrados en el IMSS. No es que se tratara de unos cuantos bribones sino de un esquema injusto en el que los trabajadores llevan la peor parte, incluso muriendo. Así es que lo que han experimentado en los años recientes millones de trabajadores y trabajadoras subcontratadas, una desprotección, indefensión laboral, por sus frutos y en su lógica interna la figura jurídica del outsourcing es condenable y debía de prohibirse conforme lo señalaba la iniciativa con proyecto de decreto de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador del 12 de noviembre de esta legislatura, debió de haberla discutido y votado el 26 de noviembre pasado, sin embargo, se postergó. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que los representantes de los patrones, de un poco más del 1 por ciento de las plantas productivas, grandes mineras, automotrices, acereras, embotelladoras, bancos, petroleras, cadenas comerciales, hoteleras y un gran etcétera, presionaron, acudieron a Palacio, señalaron que no se les tomó en cuenta y que la reforma era muy radical. Provocaría la eliminación de millones de puestos de trabajo, deslindándose de las miles de empresas no registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ni dadas de alta ante el IMSS. Precisamente, el IMSS detectó 14 mil 553 de estas empresas solo en diciembre del 2019. Y aquí hablaban que les disgustaban mucho las cifras. Al dar de baja a todo su personal, 382 mil 210 en el 2019; 378 mil 560 en el 2018, el cual fue recontratado en enero del 2020. Por cierto, según el mismo Instituto, la utilización de esta figura causa una evasión de 21 mil millones de pesos anuales, cantidad con la que podría solventar 14 hospitales de segundo nivel, 210 clínicas de primer nivel de atención. Su intervención consiguió primero que en el Senado se congelara el tema y, segundo, mesas de diálogo con el gabinete presidencial involucrado en la iniciativa y en la Cámara de Diputados. Aplazar la fecha del dictamen y su traslado al pleno, donde se debería de haber votado. Pero lo que no consiguieron, la derecha, es que se siga violentando, esta violencia laboral de la subcontratación siguiera, como fue impulsada por Felipe Calderón y sus aliados del PRI y hasta del PRD mediante la figura del outsourcing. Esta tendrá que sobrevivir regulada, restringida, remachada con candados como la puerta negra, como dice la canción. El derecho al trabajo es un derecho humano fundamental, reconocido en diversos instrumentos del derecho internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en el artículo 23. Será nuestro trabajo legislativo garantizar la estabilidad en el empleo, sin la cual miles de trabajadores y trabajadoras dejaron de gozar en los últimos nueve años todos los demás derechos que se ejercen a partir de esta estabilidad, salario, prestaciones, condiciones de trabajo idóneas y asociación colectiva, lo que ayudó a configurar la cifra infame de los 13 millones de trabajadores sin prestaciones al primer trimestre en el 2020. La regulación de la subcontratación le da un revés al diseñado por Felipe Calderón y sus aliados, porque resultó ser una antítesis y negación de lo legislado universalmente relativo al derecho humano del trabajo. La iniciativa de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se pondrá en el camino del cumplimiento de los estándares internacionales, en materia de derechos laborales, en particular en lo relativo al derecho a un empleo estable. Es por ello que el derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y que constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. De esta manera vamos cumpliendo con la clase trabajadora en esta cuarta transformación, aún falta mucho, pero lo vamos a lograr junto con el pueblo. Respeto y reconocimiento a sus derechos, por lo que hacemos cuentas, llevamos más de 500 años. Es cuanto. Gracias, presidenta.