El diputado Moisés Jiménez Sánchez: Compañeras y compañeros Diputados: "El suscrito diputado federal Moisés Jiménez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 107 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado al tenor de la siguiente "Exposición de Motivos: "Toda época tiene su historia, los problemas cada vez son más complejos. Las nuevas generaciones demandan soluciones acordes al dinamismo social con el que se vive. Se están creando formas novedosas de relaciones económicas y políticas en donde la sociedad, seguridad social, reclama del Estado mejor control y también mayor participación para satisfacer a los trabajadores sus derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad. En América Latina se ha dicho que la seguridad social es un fenómeno inventado por el Estado para conciliar políticas adversas o que ha sido un concepto utilizado para resolver necesidades emergentes en las sociedades, como táctica u objetivo para lograr equilibrios entre demandas y satisfactores, incluso con diferentes respuestas que van desde las que se enmarcan como políticas sociales y de previsión social, bienestar o asistencia social. Sin embargo, para sustentar esta iniciativa de reforma, nos acogemos al pensamiento de Francisco González Díaz Lombardo, en su obra "El derecho social y la seguridad social integral", en donde se propone que seguridad social debe entenderse como instrumento para garantizar solidariamente organizados los esfuerzos del Estado y la población económicamente activa, los riesgos y contingencias sociales y de la vida a que está expuesta y aquellos que de ella dependen, con objeto de obtener para todos el mayor bienestar socioeconómico y cultural posible, permitiendo al hombre una vida cada vez más auténticamente humana, conceptos que en los últimos tiempos denominamos, compañeras y compañeros diputados, calidad de vida. Seguridad social es entonces el deseo de todos los seres humanos a una vida mejor, atendiendo a la salud, educación y seguridad en el trabajo, así como una vivienda digna, con certeza jurídica y respaldo de un deudor solidario que garantice con oportunidad, eficacia y eficiencia administrativa, la operatividad y seguridad en el patrimonio familiar, anhelos que deberían volverse políticas institucionales, propuestas de mejora o alternativas de cambios internos. Pero al no estar en concordancia con las necesidades externas o con el marco jurídico adecuado, pocas veces se reflejan en beneficios directos a los usuarios en instituciones de seguridad social. Las reiteradas y permanentes inquietudes de los trabajadores al servicio del Estado respecto a una operación administrativa eficiente en la asignación de los créditos hipotecarios, para que quienes los adquieren cuenten desde el momento de su designación con la certeza jurídica-administrativa de que no se enfrentarán a largo plazo de su crédito con problemas como los que en la actualidad enfrentan, como cobros indebidos, escrituración y liberación de hipoteca inoportunos, pagos de intereses por falta de controles internos en la institución de seguridad social, trámites administrativos innecesarios, con la consiguiente molestia, compañeros, para el trabajador, al tener que solicitar devolución de descuentos. Esta incertidumbre se genera porque él o los trabajadores beneficiados conocen el monto de su crédito, el crédito que adquirieron, pero no tienen el control de los descuentos generados al pasivo del mismo, originando que no coincida el estado del derechohabiente con el del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, inconsistencia derivada por diferentes factores que van desde cofinanciamientos entre FOVISSSTE y los bancos, descuentos no aplicados o aportaciones no enteradas. Resulta a todas luces incongruente que el Fondo de Vivienda necesite conocer los saldos de los créditos, los talones de descuentos de los trabajadores y no como debiera de ser, mediante controles o sistemas propios. De ahí la razón por la que el trabajador beneficiado no entiende por qué sea posible determinar cuánto adeuda, pero no cuánto ha pagado, aunado a que si no presentase uno de sus talones, correrá el riesgo de que el Fondo de Vivienda no le acredite ese descuento. Por las consideraciones anteriores es que se propone la modificación al artículo 107 de la Ley Federal de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que se obligue al Fondo de Vivienda a entregar semestralmente un Estado de Cuenta al beneficiario, independientemente de la institución que maneja los recursos económicos en la compra a terceros, como ahora lo hacen las sociedades hipotecarias con las que en todo caso el Fondo de Vivienda deberá precisar los términos para el reporte de las aportaciones. De la misma forma, se cumplirá con la entrega de los porcentajes de descuento de créditos a los bancos para no afectar a los trabajadores con pago de intereses que en ocasiones y en distintos fraccionamientos del país, presentan saldos superiores a su crédito o del mismo inmueble. Como ejemplo menciono los fraccionamientos Las Fuentes y la Reforma de Pachuca, Hidalgo. Sin embargo, dejo a salvo la calidad de las construcciones y de la enorme cantidad de compañeros trabajadores derechohabientes que tienen que pagar los terminados de su vivienda, situación que se resolvería con las adiciones que se proponen, para que sea, compañeras y compañeros Diputados, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado , a través del Fondo de Vivienda, deudor solidario de los trabajadores, debido a que es común que existan contratos hipotecarios de mutuo, en donde no se especifica esta propuesta, originando que el trabajador enfrente juicios con los bancos por adeudos, cuyas causas en ocasiones no son su responsabilidad a la vez que, por mandato de Ley del Fondo de Vivienda, se obligaría a entregar un Estado de Cuenta desglosado cada seis meses, a partir de que el trabajador reciba un crédito hipotecario, sin que ello limite la posibilidad de la consulta rápida via Internet como herramienta tecnológica, indispensable en todos los sistemas administrativos. Con esto, compañeros, resolveremos un problema cotidiano entre los servidores públicos que afecta primordialmente a nuestros compañeros de menores ingresos. En atención a las consideraciones expuestas, compañeras y compañeros Diputados, someto a la sensibilidad de esta honorable Asamblea, esta Iniciativa que reforma el siguiente Proyecto de Decreto, por el que se adicionan dos párrafos al Artículo 107 de la Ley Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Artículo 107.- El trabajador tendrá derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito, que reciba con cargo al Fondo de Vivienda, misma que podrá o no ser parte de conjuntos habitacionales financiados con recursos de dicho fondo. El Fondo de Vivienda debe ser deudor solidario de los trabajadores que reciban créditos financiados con recursos distintos o co- financiados entre el fondo, bancos, sociedades hipotecarias o particulares. El trabajador tendrá derecho a recibir del Fondo de la Vivienda cada seis meses, un Estado de Cuenta desglosado a partir del momento que reciba su crédito. Solicito, Diputado Presidente, sea turnada esta Iniciativa a la Comisión de Seguridad Social y de Vivienda. Es cuanto, compañeros.