EL DIP. RICARDO TORRES ORIGEL: Con el permiso de la presidencia; compañeras diputados, compañeros diputados: Transitar hacia la democracia significa también caminar hacia un verdadero estado de derecho, en donde las facultades discrecionales y las atribuciones metaconstitucionales dejen de ser la piedra de toque de una justicia selectiva, de una represión dirigida y de una aplicación de la ley subordinada a los intereses políticos de un grupo en el poder. Nadie puede estar por encima de la ley, y menos aún bajo el supuesto de resguardar la seguridad nacional empleando el espionaje telefónico en contra de quienes se oponen a un modelo autoritario que los mexicanos rechazamos en las urnas. Si bien sabemos que cualquiera puede husmear a otros con la adquisición por unos cuantos pesos del equipo para hacerlo, los hechos recientes, ventilados en algunos medios de comunicación, vienen solamente a confirmar una costumbre ilegal que conocida por todos los mexicanos, nadie se atrevía a denunciar por el fundado temor a las consabidas represalias del régimen. La razón, compañeras y compañeros legisladores, me parece obvia: los micrófonos ocultos, las grabaciones, las grabaciones de llamadas, las intervenciones de líneas telefónicas y el fichero personal de todos los actores políticos, incluyéndose posiblemente el nuestro, para exhibirlo cuando hiciera falta, como si se tratara de criminales, y todas esas condiciones a las que hoy le han dado en llamar el "espionaje político", han sido denunciadas desde siempre y desde siempre han encontrado la misma respuesta evasiva, las mismas promesas de investigación y los mismos gestos admirados que rechazan la autoría intelectual o ejecutiva. Las razones para ello también resultan claras. Este tipo de acciones ilegales, tradicionalmente se han empleado contra los opositores al sistema y en contra de los personajes que a algunos grupos de poder les han resultado incómodos. Espionaje o no, tipificado formalmente, el método de husmear con tecnología avanzada se ha convertido en la antesala de una represión fiscal de campañas, de intimidación, de factores de inhibición, de estrategias de desprestigio personal y político. Junto con mis compañeras y compañeros legisladores de todos los partidos políticos, coincido en que éste es un hecho delictivo y deleznable, porque atenta directamente contra el espíritu del Constituyente, al clarificar las premisas de cada una de las garantías individuales. Con los expertos en hermenéutica jurídica concuerdo en que existen grandes vacíos y lagunas no contempladas en la ley, espacios que sin duda deberán orientar una parte sustantiva de las iniciativas impulsadas por esta LVIII Legislatura. Tenemos una doble exigencia: por una parte, garantizar el derecho a la información para que éste sea un instrumento de transparencia de las acciones de gobierno en manos de la sociedad, y paralelamente, ya que se trata del carácter inviolable de cualquier tipo de comunicación privada, del derecho a la intimidad o a la privacía, implícitos en el primer párrafo del artículo 16 de nuestra Carta Magna y ratificados por México en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En efecto, si como han reiterado, tanto el director del CISEN, como el Secretario de Gobernación, las funciones de ese organismo nunca han estado al servicio de algún partido político, ni para mantenerlo en el poder ni para darle acceso a él, me parece y lo digo con todo respeto, que la fuerza de la representación plural de esta soberanía, es necesaria país demandar puntual respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Quiénes son el o los responsables intelectuales y ejecutores de ese despliegue de acciones ilícitas catalogado como espionaje telefónico?, ¿a qué intereses obedecen quienes ejecutan estos ilícitos?, ¿quién o quiénes saldrían beneficiados con la información dada a conocer y la que presumiblemente conservan? Sin embargo, señoras diputadas y diputados, considero que todos los grupos parlamentarios participamos de la misma responsabilidad jurídica, política y moral que nos conduzca a la revisión profunda que en estos terrenos se vuelven parte de las funciones de la Secretaría de Gobernación y del CISEN. Nos parece que el Poder Legislativo, particularmente en estos años, tendrá que vertebrar diversos esfuerzos con el titular del Ejecutivo en diversas vertientes, en la que corresponde al redimensionamiento de las tareas de combate a la delincuencia, en el cuidado escrupuloso y estricto apego a nuestra Norma Jurídica para evitar que el espionaje político sea parte de diversos procesos de intimidación y represión al disenso, que en ejercicio de nuestra responsabilidad habremos de vigilar con especial atención la reforma funcional y el marco normativo del CISEN para eliminar cualquier posibilidad de que el manejo de este tipo de información se emplee con fines político partidistas. De aquí la importancia de deslindar la tarea investigadora policial de las funciones propias del gobierno interno de nuestro país. Por ello, consideramos, finalmente, que el Pleno de esta LVIII Legislatura Federal, tendrá que generar el soporte normativo y jurídico necesario para fortalecer el estado de derecho en México. Si el compromiso de todos los grupos parlamentarios aquí representados es aportar a la transición democrática de un país que mira esperanzado el nuevo siglo, será necesario igualmente, sumar el trabajo de todas las fuerzas Políticas para terminar de una vez por todas, con viejas y obsoletas prácticas que contravienen la Constitución y que son promotoras de una cultura de represión y propia de estados totalitarios, que en opinión de todos, debe ser superada por el bien de México. Muchas gracias. (aplausos)