La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: Yo espero que el pueblo de México sí esté escuchando. Con su venia, diputado presidente. En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre o de mujer, ninguna tiranía puede dominar más. Gandhi. Hoy la tiranía invade este recinto. En el artículo 22 del decreto solicitamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mecanismos para cubrir una compensación económica a los servidores públicos que concluyan su relación laboral con el Estado, con base en lo establecido en el artículo 127 constitucional. El artículo 27 requiere adicionar un último párrafo en el que se establezca que los servidores públicos que incurran en la omisión o incumplimiento respecto de sus obligaciones, se harán acreedores a las sanciones descritas en el artículo 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El artículo 30, fracción III, inciso a), debe ser homologado a lo estipulado en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, legislación creada a efecto de regular las condiciones en las que operan los programas sociales. Con respecto al inciso d) de la misma fracción, debe estipular que todo documento relacionado con la operación de programas sociales se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, no sólo en los portales de las dependencias como lo menciona el proyecto. El artículo 33 queremos que los programas sociales se destinen exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, sin embargo la redacción es desafortunada al desatender lo dispuesto en el artículo 1 de la fracción I de la Ley General de Desarrollo Social, donde se estipula que el objeto de la ley es garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados constitucionalmente. El último párrafo del artículo 33 estipula que por lo que se refiere al programa de abasto social de leche Liconsa, la Secretaría de Desarrollo Social hará del conocimiento público los nombres de los proveedores de leche, con lo cual no se puede estar en contra. Sin embargo, consideramos que esta disposición es limitada, por lo que se propone que la obligación de informar el nombre de proveedores debe hacerse extensivo a todas las dependencias y programas sociales sujetos a reglas de operación. El artículo 34, estipula que la Secretaría de Desarrollo Social, de Educación y de Salud presentarán a la Cámara de Diputados, a más tardar en abril de 2017, un informe sobre la contratación de proveedor encargado de entregar los apoyos a los beneficiarios. De igual manera, se considera una redacción acertada, pero limitada, ya que existen más dependencias que operan programas sociales sujetos a reglas de operación. Con lo anterior, concluyo la propuesta de modificación del articulado de Presupuesto e inicio las reservas, solicitando la reasignación al INAES. Desde la Presidencia de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social advertimos desde las implicaciones negativas del recorte presupuestal al INAES. El Ejecutivo propuso para 2017, mismos que en términos reales equivale a una disminución del 34.6 por ciento respecto al 2016. En atención a lo anterior, fue remitida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la opinión al proyecto de Presupuesto de Egresos, donde se evidenció que la economía social es uno de los tres pilares que componen la economía nacional. Por lo cual no puede desdeñarse que su fomento es una obligación estatal, comprendida como derecho humano consagrado en el artículo 25 constitucional. De igual manera, se mencionó que las funciones en materia de economía social llevadas a cabo por el INAES se encuentran dispuestas en la Ley de Economía Social y Solidaria, por lo que su realización no es una opción, es una obligación. De lo anterior también se deriva que estamos violentando el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Social, donde con claridad se estipula que el gasto social destinado a este rubro en particular, no puede ser inferior en términos reales al 2016, y le estamos quitando el 34.6 respecto al 2016. Por lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales, se propone realizar una reasignación presupuestal por la cantidad de 2 mil millones de pesos en favor de la Secretaría de Desarrollo Social, con la intención de que se destinen a la operación de la actividad del Inaes, reasignación a Bansefi, el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros mejor conocido como Bansefi, ofrece servicios financieros principalmente a la población de escasos recursos a personas que viven en localidades alejadas o de difícil acceso en las que no existe presencia de intermediarios financieros formales, por lo que su labor financiera y social es muy importante, más en un país como este, que cuenta con casi la mitad de su población en situación de pobreza o marginación. A pesar de lo anterior, se aprecia que para el próximo ejercicio fiscal su presupuesto sólo asciende a 38.5 millones de pesos, por lo que requerimos la reasignación de mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la intención de que se canalicen directamente a la ampliación de servicios que proporciona Bansefi. Reasignación al sistema de transporte colectivo metro. Ahí estamos solicitando la reasignación por 500 millones se observa, sin embargo se considera que esta cantidad no es suficiente de acuerdo a lo aprobado para este año, por lo que para nosotros es errónea la disminución en materia de inversión de obras de infraestructura. En este caso los recursos son esenciales para prevenir contingencias ambientales, se propone la reasignación de 250 millones de pesos más a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se destinen a la ampliación de 4.6 kilómetros de la Línea 12 del metro, a efecto de que su derrotero sea de Tláhuac a Observatorio, beneficiando a cerca de 435 mil personas que utilizan a diario. Reasignación a infraestructura social en delegaciones. De acuerdo al sistema de información del desarrollo social de la Ciudad de México, la capital del país se divide en mil 350 unidades territoriales, de las cuales 276 se encuentran en alto grado de marginación, siendo las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac las que presentan el grado de marginación más alto de las demarcaciones territoriales. Para efectos de lo anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación contiene un apartado denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que distribuye en municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con lo que se pretende reducir el estado de vulnerabilidad en que habita un porcentaje de las personas habitantes de la capital del país. Para el Ejercicio Fiscal 2017 se prevé que el citado fondo cuente con recursos de 58 mil millones de pesos. Sin embargo, tal fondo debe de ser distribuido entre más de 2 mil 400 municipios y en 16 delegaciones, por lo que se propone la reasignación de mil millones de pesos más al Fondo para la Creación de Infraestructura Social, a efecto de que se distribuyan en las tres delegaciones con mayor rezago económico y social de la capital. Es cuanto.