El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, qué amable. La primera iniciativa que presentamos responde ambas de hecho, pero esta también al interés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que las legislaciones, tanto federales como de los estados sean modificadas para asegurar el matrimonio igualitario. Es decir que no haya ninguna distinción en cuanto al género de las personas al momento de contraer matrimonio. En ese sentido nos permitimos modificar distintos artículos del Código Civil Federal para que en ningún momento se diferencie entre hombre y mujer a la hora de contraer matrimonio. Hay distintas disposiciones en el Reglamento que diferencian en ese sentido. Y además establecer en el artículo 2o., una cláusula en la que se diga que: a ninguna persona por razón de edad, sexo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo, profesión, carácter físico, discapacidad o estado de salud, se le podrá negar un servicio o prestación a que tenga derecho, ni restringir ni menoscabar el ejercer sus derechos cualquiera que sea la naturaleza de los mismos. Es decir, establecer matrimonio igualitario pero también una cláusula clara en el Código Civil Federal para que no pueda haber ningún tipo de discriminación cuando se presta un servicio porque tenga que ver con la identidad sexual de una persona. Es el momento de que esta Cámara de Diputados asegure que la posibilidad del matrimonio igualitario a todos los mexicanos, más allá solamente de los avatares en las redes sociales con bandera de arco iris y pasemos en esta Cámara a asegurar que todas las personas, independientemente de su preferencia, independientemente de su identidad genérica, puedan contraer matrimonio y esto lo aseguremos en el Código Civil Federal. Ojalá que haya congruencia ya con muchas expresiones de distintos partidos políticos en términos de asegurar este derecho. Y segundo, también por razón de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado inconstitucional la Ley General de Salud con respecto a la cannabis, en el sentido de que hay una desproporción muy importante entre la pena que establece la Ley General de Salud, de prisión por varios años para el uso, la producción y el autoconsumo de cannabis, pues haya la posibilidad, como un grupo de mexicanos solicitaron a la Corte y fue así concedido, de que haya la posibilidad de que hubiera clubs para la autoproducción y el autoconsumo entre los miembros del club del mismo. Habría que decir que autoconsumo y autoproducción de cannabis ha sido un camino para descriminalizar y despenalizar a los consumidores del mismo en varios países del mundo, incluso en la América Latina. Es un buen inicio para comenzar a quitar la criminalización al asunto de las drogas para seguir enviando a prisión a consumidores. Nosotros hemos utilizado distintas fuentes para saber que en seis años, en un sexenio, más de 500 mil personas van a la cárcel, o cuando menos van a un Ministerio Público, solamente por posesión de cannabis. Es un número impresionante, es un desperdicio a nombre de recursos, es una violación constante a los derechos humanos de las personas. Y a esto, precisamente, pues corresponde tanto la resolución de la Corte como el llamado de la Suprema Corte, precisamente para legislar en este sentido. Por lo tanto proponemos que con respecto a la cannabis, se podrán agruparse en clubes sociales para realizar las actividades ligadas al consumo personal y regular con fines recreativos exclusivamente, con relación a la marihuana. Dichos clubes servirán únicamente para el autoabastecimiento de la sustancia entre sus propios miembros, siempre que sean usuarios habituales de la sustancia en cantidades que sean consistentes, con el uso personal y la no distribución entre terceras personas. Los clubes podrán cobrar una cuota a sus miembros para el mantenimiento del mismo, pero no podrán llevar a cabo actos de comercio, tales como el suministro, la distribución a título oneroso, enajenación y transferencia de la sustancias a terceros. Es el momento ya de que pasemos del análisis, de la mera discusión, a establecer propuesta concretas, a ponerlas sobre la mesa, a también aprovechar el interés que hay en el tema de la marihuana para retar los paradigmas de la política de drogas, el paradigma prohibicionista que solamente ha llevado a más violencia, que solamente ha llevado a más riesgos a la persona, y que no permite tener una política de drogas inteligente e integral. Hay que tomarnos en serio el llamado de la Corte para discutir las políticas de drogas en México y, sobre todo, la enorme diferencia que hay entre el posible daño y la enorme penalidad que hoy tiene a cientos de miles de personas en la cárcel, simplemente por posesión y por consumo. Muchas gracias.