El diputado Noel Chávez Velázquez: Con su permiso, presidente. Con el permiso de mi coordinador del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional. Compañeras y compañeros, como legisladores tenemos la importante responsabilidad de construir leyes que permitan garantizar la paz, la seguridad y la justicia. Por eso, en el Grupo Parlamentario del PRI votaremos en contra del presente dictamen. La reforma constitucional que estamos discutiendo pretende modificar el párrafo segundo del artículo 19 para incorporar los delitos de extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal y contrabando en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Esto lo hacen bajo el argumento falaz de que se logrará una mejor procuración de justicia, pero nada más alejado de la realidad. ¿Qué relación tiene una pena anticipada con la erradicación de la violencia? A 16 años de la constitucionalización de la prisión preventiva oficiosa sabemos que se trata de una medida ineficaz, que no resuelve ningún problema y que, por el contrario, sí atenta contra los derechos humanos, pues cerca del 70 % de las personas que son sometidas a esta medida finalmente son inocentes, solo el 30 % resulta ser condenado. La prisión preventiva de oficio no es una herramienta de procuración de justicia ni una medida cautelar, es un mecanismo que castiga la pobreza. Lejos de promover una investigación sólida y eficaz, la debilita, pues con ella el Ministerio Público no necesita aprobar la existencia de un delito, basta con acusar a una persona de cualquiera de los delitos previstos en el 19 constitucional para ser privado de su libertad. El resultado de esta criminalizaste herramienta ha sido el incremento sistemático de personas en situación de prisión preventiva. Según datos del Inegi, 4 de cada 10 personas privadas de su libertad no tienen sentencia. Y, ojo, de este total, 47 % son mujeres y 36 % hombres. Por ello ya desde el 25 de enero del 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano a derogar la prisión preventiva de oficio, por ser contraria al derecho de libertad personal y presunción de inocencia. Lamentablemente hoy, en lugar de discutir la conformación de un sistema de justicia robusto, en lugar de construir mecanismos para crear políticas criminológicas eficientes, nos hemos reunido para ampliar una medida inconvencional, violatoria de derechos humanos y, a todas luces, ineficaz, actuando en contra de los derechos de las y los mexicanos que tanto nos comprometimos a defender. Debemos dejar de engañarnos y de engañar a las personas. Eliminar la prisión preventiva de oficio no significa soltar delincuentes, implica obligar a que el Ministerio Público, las fiscalías, los juzgadores y los defensores hagan su trabajo. Eliminar la medida implica también eliminar injusticias y construir un mejor sistema. Hay que dejar de pensar en el sistema penal como un mecanismo de venganza y comenzar a observarlo como un medio para construir la paz. La cárcel no es justicia, y menos cuando las personas que están privadas de su libertad son inocentes. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que discutimos atiende a una agenda política que no responde a los problemas delictivos más graves de la sociedad. No hay que perder de vista que la prioridad del Estado debe ser la defensa de las y los ciudadanos. En lugar de discutir el catálogo del 19 constitucional, nuestra obligación es crear leyes que permitan fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, promover la reducción de los homicidios dolosos y proteger a las víctimas. Este dictamen no es para brindar justicia. Se olvida de fortalecer las fiscalías, de promover más y mejores policías y de consolidar el sistema acusatorio. Ustedes hablan de justicia y paz...