La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Qué bueno que estamos aquí hasta el último minuto cumpliendo con nuestra responsabilidad. La desigualdad en México tiene múltiples aristas y consecuencias. Sin duda la mejor inversión que puede realizar el Estado para erradicarlas es en la educación de nuestra niñez y nuestra juventud, que tienen derecho a la mayor calidad al acceder a este derecho fundamental. México tiene hoy el enorme reto de dignificar lo público y eso, además de voluntad, requiere certeza legal y requiere asignación de presupuesto. Por eso, hoy yo pregunto a las madres y padres de familia de este país que llevan a sus hijos a escuelas públicas si consideran necesario o no que se imparta de forma obligatoria el idioma inglés en las aulas de nuestras escuelas públicas. Y a las maestras y maestros, si requieren de mayor capacitación desde las escuelas normales. A mí no me cabe la menor duda, la respuesta es sí. Necesitamos dotar de herramientas integrales que permitan a la niñez y a la juventud de este país ser competitivos en un entorno internacional. El Programa Nacional de Inglés en nuestro país inició como piloto en 2009 y se institucionalizó en el ejercicio fiscal de 2016. Yo creo que si algo le hace falta a este país es tener políticas que tengan continuidad, sin filias ni fobias en favor de la población. Este programa está dirigido a escuelas públicas de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, y la UNESCO ha señalado que las ventajas de la educación bilingüe o multilingüe es favorable y vital para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, tanto en el ámbito académico como sociocultural. Hay que reconocer que el Colegio de México ha señalado que este programa evidencia de manera suficiente la importancia del idioma inglés para el aprendizaje autónomo, el acceso a la información y las oportunidades laborales en México. Señaló también que era tal la importancia de una buena educación en el idioma inglés y que es tal la necesidad, que no parece posible alcanzar esos objetivos exclusivamente mediante un programa presupuestario, pues las mejoras de fondo deben impulsarse de forma transversal y con un verdadero compromiso de Estado. Por eso quiero proponerles hoy que dotemos en estas reformas que se están haciendo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, dotar de facultades a la Secretaría de Educación para que en el propósito de establecer mecanismos para conocer las mejores prácticas educativas a nivel internacional se impulse también el aprendizaje del idioma inglés como segunda o tercera lengua. Les propongo con esta reserva impulsar políticas públicas que desarrollen la capacidad de comunicarse y acercarse a mayores oportunidades de empleo, de acceso a la información y a la producción de conocimientos, así como a la movilidad global, académica y laboral. Eso sería lo que se refiere al artículo 38, fracción XXXII. Y quiero también hacer una propuesta a nombre de mi grupo parlamentario, para adicionar un vigésimo primero transitorio. Estamos convencidos que la austeridad no puede lograrse a costa de la desigualdad, sobre todo cuando se generan falta de oportunidades, pobreza, violencia y hasta muertes. Circula en Internet un documento denominado: Guía y criterios generales para el inicio y continuidad de la administración, que supuestamente eso dicen algunos documentos en Internet fue elaborado por el equipo de transición del presidente electo. Este texto ha llamado la atención de importantes sectores de la población, pues instruye la eliminación de las áreas de equidad de género en la administración pública federal. Me resistí, la verdad, a creer que alguien pudo pensar en este retroceso, y por eso propusimos a esta legislatura de la paridad de género, de la que orgullosamente formamos parte, que nos aseguremos que el Poder Ejecutivo garantice el derecho de igualdad y no discriminación e impulse las acciones afirmativas que beneficien a la institucionalización de la perspectiva de género en las entidades y dependencias de la administración pública. Como ya refirió mi compañera Aleida Alavez, estas son de las pocas reservas que la mayoría admitió a mi grupo parlamentario en esta larga discusión. Quiero reconocer la sensibilidad de Mario Delgado, la sensibilidad de Rocío Barrera, por aceptar esta propuesta que hicimos, que nos parece de la mayor relevancia. En la política de equidad de género no podemos dar ni un paso atrás. Yo quiero decirles también que no basta este artículo transitorio. Para que las unidades de género logren la plena institucionalización deben contar con el reconocimiento jerárquico dentro de la administración pública federal. Este día la Gaceta de la Cámara de Diputados enlista la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRI, donde proponemos esta institucionalización y esperamos que con el compromiso de las y los integrantes de esta Legislatura podamos aprobarla para incidir en la cultura organizacional e institucional de la igualdad y equidad de género. La propuesta es muy simple, que el Ejecutivo federal en este primer momento instaure las unidades de género en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Agradezco su atención y ruego a la Mesa Directiva que puedan hacerse las votaciones diferenciadas.