La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, no debemos desaprovechar la oportunidad de construir una regulación precisa, técnicamente adecuada y alineada con los más altos estándares regulatorios internacionales, una regulación constitucional que sea fuente de certeza y no de incertidumbre, que evite interpretaciones que puedan afectar negativamente a la investigación científica, a la innovación y al desarrollo agrícola de nuestro país. Es indispensable acotar con toda claridad, tanto en el artículo 4o. como en el 27, que la prohibición que queremos establecer en la Norma Suprema se refiere específicamente a la siembra y cultivo de semillas de maíz transgénicas para consumo humano, para evitar que el texto constitucional permita hacer extensiva la prohibición a otras técnicas de mejoramiento genético que no impliquen la transgénesis y que son herramientas útiles para mejorar la productividad y rentabilidad del campo. También planteamos eliminar cualquier fuente de incertidumbre sobre los otros potenciales usos del maíz transgénico. Estoy totalmente de acuerdo en que deben ser evaluados conforme a nuestro ordenamiento jurídico y ese ordenamiento incluye a los tratados y acuerdos internacionales y a nuestra legislación, la vigente y la que desarrollemos en la legislación secundaria. Sin embargo, la redacción actual del dictamen presume que las formas de mejoramiento genético representan una amenaza para la bioseguridad, la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, cuando no hay evidencia científica confiable y suficiente que sustente esa presunción y menos esa presunción en la Constitución. Tan es así que México no pudo demostrar el riesgo para la salud en el panel que perdimos hace unos meses contra Estados Unidos. Entonces, para evitar efectos o interpretaciones no deseadas, el dictamen debiera decir: todo uso del maíz transgénico, y no maíz genéticamente modificado, para acotarlo a lo que verdaderamente queremos. Y debe, además, cumplir con los estándares y mejores prácticas regulatorias internacionales que, por cierto, nos obligan. Y las mejores prácticas regulatorias indican que lo que se regula son los productos finales, no los procesos, métodos o técnicas de producción, porque estos cambian continuamente por la evolución tecnológica. Se evalúa conforme a estos estándares al producto final para determinar su calidad, su inocuidad o, en su caso, el grado de seguridad. Y, por otro lado, los esquemas regulatorios obligan a hacer un análisis del riesgo del producto final. Se evalúan los productos, se evalúa su nivel de peligrosidad y lo que pudiera representar de riesgo ese producto en lo particular en base a la exposición que se tenga a él. Se definen entonces medidas de mitigación de ese posible riesgo, medidas que incluso pueden llegar a la prohibición total, pero después de hacer un análisis del producto final, no presumiendo a priori una amenaza sin que haya un análisis científico desde antes. Compañeras y compañeros, evitemos la sobrerregulación en la Constitución. Esta sobrerregulación podría tener consecuencias que no queremos para los campesinos, para los pequeños y grandes productores, para su productividad, para su competitividad, para nuestros compromisos internacionales y para nuestra soberanía alimentaria. Una redacción imprecisa puede obstaculizar la investigación científica, puede limitar innecesariamente las opciones de innovación que tengan a la mano nuestros productores y hacer el campo menos rentable y menos atractivo para las futuras generaciones. Al precisar que la prohibición se refiera exclusivamente al maíz transgénico podemos proteger al mismo tiempo nuestro patrimonio biocultural y nuestra capacidad de innovación responsable. México, como centro de origen y diversidad del maíz, está llamado a ser un referente internacional de la regulación...