El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (PRI): Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: La gesta revolucionaria de 1910, tuvo entre sus principales objetivos el lograr para todos los mexicanos la justicia social que los había venido postergando para tener acceso a mejores condiciones de vida. En ese sentido, al triunfo de las fuerzas progresistas y el gran esfuerzo de reconciliación nacional que significó el Constituyente de 1917, dieron como resultado que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emanada de éste, se establecieran los derechos fundamentales de los mexicanos para acceder a la justicia social que había movido al pueblo de México. Esta Constitución en su artículo 3o. establecía el derecho de todo el pueblo de México a la educación. Este artículo establece en la Constitución vigente: "Todo individuo tiene derecho a recibir educación …" señalando en su fracción IV " … toda la educación que imparta el Estado será gratuita …" Sin embargo, es claro que la realidad nacional nos demuestra que es necesaria la participación privada para que mayor número de individuos tenga acceso a la educación en un esquema de corresponsabilidad, con el fin último que es lograr el acceso de mayor número de mexicanos a la educación como el medio idóneo para el acceso a estadios superiores de vida. En este sentido la fracción VI de la propia Constitución establece que los particulares podrán impartir educación en todas sus modalidades, en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en los planteles particulares. En ese sentido el legislador emitió la Ley Federal de Educación que establece las líneas generales mediante las cuales los particulares impartirán la educación que es reconocida oficialmente por el Estado Mexicano. En el marco de esta disposición legal y con la finalidad de proteger a los consumidores de estos servicios educativos proporcionados por los particulares, las autoridades educativas y la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hoy Secretaría de Economía, establecieron las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que se prestan por los particulares, conocidas como el Acuerdo del 10 de marzo de 1992. En esta acuerdo se establecen una serie de disposiciones que en la práctica no son cumplidas cabalmente por quienes imparten esta educación, en perjuicio de quienes pagan por esos servicios. Hoy en día es permanente la queja de los padres de familia ante lo desproporcionado de las cuotas que se pagan por estos servicios, ya sea en calidad de cuotas, de colegiatura o de una gran cantidad de servicios adicionales. En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó recientemente una encuesta sobre primarias en la zona metropolitana de la ciudad de México, que pudiera ser indicativo de lo que está sucediendo con la educación a nivel nacional. Por ejemplo: El gasto en inscripción va de cero, a 21,756 pesos; mientras que en colegiaturas va de 660 a 125,200 pesos al año, siendo los valores más frecuentes 800 a 12 mil pesos anuales en colegiaturas. Los indicadores demostraron que el 44% clasificado como medio, paga entre 12,300 y 24,700 pesos; el 12%, clasificado como alto, paga entre 24,800 a 36,900 pesos; y el 7%, clasificado como muy alto, paga de 37 mil pesos en adelante. Como podemos apreciar, cerca del 50% de los que requieren de los servicios educativos privados, están ubicados dentro de los que se han determinado como costo medio, pagando hasta 24 mil pesos anuales sólo de colegiaturas, a lo cual se le debe de agregar el pago de la inscripción y los servicios adicionales como el uso de instalaciones deportivas. Lo anterior, hace que el pago de cuotas en dinero o muchas de las veces en especie, se incremente de manera alarmante para los padres de familia que cada vez encuentran más dificultad para cubrir estas cuotas, que les son comunicadas una vez empezando el ciclo escolar, encontrándose con la disyuntiva de cubrir las cuotas que les son exigidas por retirar a sus hijos de las escuelas con el perjuicio a la continuidad de los estudios que ello implica. Como se mencionó anteriormente, el acuerdo de las Secretarías de Educación Pública y la de Comercio y Fomento Industrial en su intención, parece bueno, sin embargo la realidad nos ha demostrado su insuficiencia por lo que es necesario que se legisle al respecto, a fin de atender este grave problema que se está presentando en la educación privada y aún en la pública, en la que si bien no se cobran cuotas oficiales, en la medida de que la disposición constitucional establece que la educación que imparta el Estado debe ser gratuita, la realidad es que también se siguen cobrando cuotas en dinero y en especie en calidad de cooperaciones. En el acuerdo del 10 de marzo de 1992, se establecen bases que no son atendidas por quienes prestan estos servicios. Sólo a manera de ejemplo, citaré algunas de ellas. Es obligación de las escuelas particulares, dar a conocer el contenido del acuerdo antes de la inscripción de cada ciclo, sin embargo de la encuesta se desprende que el 54% no se les dio a conocer. Sólo se puede cobrar de manera obligatoria la inscripción, colegiaturas y derechos de incorporación, pero a los entrevistados se les obligó a pagar 42% en pago de actividades extra curriculares; 39% en póliza de gastos médicos; 28% en eventos cívicos, sociales y recreativos; 21 en servicios de computación; 17% por clases de algún idioma; 14% pagó por transporte escolar; y el 12% por actividades deportivas. El pago por inscripción o reinscripción, colegiaturas y derechos por incorporación, debe de incluir el uso de biblioteca, laboratorios, talleres y demás instalaciones educativas, así como los materiales y equipo para laboratorios y talleres. En este sentido, la encuesta arrojó entre el 6 y el 13%, manifestando que su pago de colegiatura no incluía el uso de diversas instalaciones, mientras que el 30% dijo que su pagó no incluyó materiales de laboratorio y talleres. No se deben de incrementar las colegiaturas durante el ciclo escolar, sin embargo también existe un porcentaje –aunque menor- en el que manifestó se le fue incrementada la cuota durante el ciclo. No se le debe de exigir a los padres de familia que adquieran determinados artículos o servicios que puedan obtener en un comercio general. La encuesta arrojó que el 44% se le obliga a comprar los útiles en un lugar específico, a costos superiores de mercado. En este sentido, se le otorga la obligación a las autoridades educativas, de hacer públicas las cuotas autorizadas para el ciclo escolar que corresponda, las que deberán establecer los aumentos de las colegiaturas correspondientes que se hayan dado, manifestando en la cuota que se autorizó, el cual por ningún concepto podrá ser superior al índice de precios al consumidor correspondiente al año inmediato anterior, dado a conocer oportunamente por el Banco de México. La concepción de cuotas en dinero o en especie, pretende evitar que por esta vía de la especie se incrementen las cuotas que se pagan, pero sobre todo pretende que se dé claridad a las cuotas y los servicios a los que por cada una de ellas se tiene derecho. En este sentido se deberá de determinar cuáles de estos servicios son de carácter obligatorio y cuáles de ellos son optativos. En estos últimos se deberá prever que no afecten el desarrollo educativo ni menoscabe socialmente el desarrollo del alumno dentro del plantel educativo. Se establece la obligación de quienes prestan los servicios educativos, de respetar las cuotas establecidas y no variarlas durante el ciclo escolar y por lo tanto, evitar cualquier cobro de alguna cuota de manera directa o indirecta, por cualquier concepto durante el ciclo escolar. Finalmente en el artículo 60, se establece la atribución de los padres de familia de participar y no sólo como se establecía anteriormente de opinar en el establecimiento de las contraprestaciones, en este sentido se le otorga la facultad de participar en la fijación de las cuotas en general que se establezcan no sólo como contraprestación sino de manera expresa y genérica como cuota en dinero o en especie. Sólo atendiendo plenamente esta corresponsabilidad de padres de familia y quienes prestan los servicios, se logrará que los esfuerzos de ambos caminen en un mismo sentido para lograr una mejor calidad en la prestación de los servicios y un pago justo por los mismos. Una buena educación y una legítima ganancia por los servicios prestados, no tienen porque ser dos conceptos divorciados, al contrario, deben de ser completos en busca de atender a los fines superiores que se persiguen en los servicios educativos, que es lograr el acceso de todos los mexicanos a la educación. Con base a las anteriores consideraciones, se propone el siguiente Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 33 fracción octava, 56, 57 fracción cuarta y 65 fracción quinta, todos ellos de la Ley Federal de Educación en los términos que han sido publicados en la Gaceta. Es todo Diputado Presidente.