La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, presidente. Compañeros, compañeras, la primera ley aprobada por esta legislatura fue la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, derivada de una minuta anacrónica y con evidentes errores. Durante ese proceso, desde Acción Nacional expresamos estar de acuerdo con el cumplimiento de lo establecido por la Constitución a fin de que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. Dijimos estar a favor de la eliminación de excesos, privilegios y abusos que se han dado particularmente en los altos niveles de la administración pública y en los tres Poderes de la Unión, y por eso votamos a favor, pero también en ese momento advertimos que esa ley debería de ser reformada porque tenía claros y evidentes errores. También después hemos advertido que la austeridad no debe ser mediocridad. Las y los mexicanos merecen un gobierno honesto, austero, pero también profesional, que sea capaz de traducir en políticas públicas eficaces las promesas de campaña del hoy presidente López Obrador. Por eso preocupa que bajo la correcta bandera de la austeridad haya en realidad un desprecio por el servicio público y la no valoración de miles de servidores públicos apartidistas altamente capacitados, que han realizado un buen trabajo durante años. Hace un par de días, el diario El País, en una nota consigna el desmantelamiento de la administración pública federal. Cito: Más de 200 jueces anunciaron este lunes que han promovido juicios de amparo en contra de esta ley, pero no han sido los únicos. Desde el anuncio de la primera norma a finales de septiembre la reacción ha sido una catarata de trabajadores públicos renunciando a sus puestos, solicitando prejubilaciones o directamente siendo despedidos. Termina la cita. Después de aprobada la minuta el pasado 13 de septiembre, se integró en esta Cámara un grupo de trabajo plural, con el fin de construir una iniciativa de consenso para reformar la Ley de Remuneraciones. En este grupo de trabajo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional fue representado por el diputado Iván Rodríguez. Quiero decir que ni una sola de las propuestas que presentamos en ese grupo de trabajo fue admitida por la nueva mayoría oficialista de esta Cámara, de Morena. Por eso es que el Partido Acción Nacional no firmó. Y aquí quiero resaltar que hubo un error, porque aparecieron en esa iniciativa las firmas de nuestro coordinador parlamentario y del propio diputado Rodríguez, cuando ellos nunca firmaron esa iniciativa. Así es que después se solicitó el retiro de las firmas y por eso es que el día de hoy el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está presentando esta iniciativa propia. Quiero resaltar algunos de los puntos que consideramos indispensables de reforma a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En primer lugar, en esta iniciativa proponemos la creación de un comité de remuneraciones que funja como órgano técnico colegiado, responsable de fijar la remuneración total anual del presidente de la República, porque consideramos que el salario del presidente de la República no puede ser fijado de manera arbitraria. Ya sean 108 mil pesos o sean 100 mil o sean 120 mil tiene que haber criterios técnicos para determinar cuánto vale el trabajo del presidente de la República y cuánto vale el trabajo de los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión. También este comité evaluaría y emitiría recomendaciones y colaboraría en la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos, con base en criterios razonables, objetivos, imparciales y proporcionales. Asimismo, consideramos necesaria la existencia de un sistema de remuneraciones compuesto por los procedimientos para determinar, pagar, verificar, evaluar y ajustar la remuneración de los servidores públicos. Además, en cumplimiento al mandato establecido en la fracción VI del artículo 27 constitucional, proponemos la modificación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que los servidores públicos sean responsables por actos u omisiones que comprometan recursos públicos. También planteamos modificar las conductas atípicas establecidas en los artículos 17 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, ya que contienen una deficiente construcción normativa, además de contemplar anacronismos derivados de la fecha de construcción de la minuta aprobada. Finalizo, compañeros y compañeras, haciendo votos para que en el proceso de dictaminación de estas iniciativas realmente veamos un ánimo de inclusión y, sobre todo, que prive un ánimo de profesionalización de la administración pública, porque México no se merece una administración desmantelada, con servidores públicos desmotivados, que no sea valorada su experiencia...