EL C. PRESIDENTE: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a someter a consideración el acta. - LA C. SECRETARIA, SENADORA NOEMÍ GUZMÁN LAGUNES (PRI): Esta a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) - EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Aprobada el acta. El siguiente punto del orden del día es la presentación por el Doctor José Luis Soberanes Fernández, del Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se designa en Comisión para que lo introduzcan a este recinto a los siguientes ciudadanos Legisladores: Senador Sadot Sánchez Carreño (PRI) Senadora Micaela Aguilar González (PAN) Senador Ricardo Gerardo Higuera (PRD) Diputado Rodolfo Escudero Barrera (PVEM) y Diputado Juan Carlos Regis Adame (PT) (La Comisión cumple su cometido) - EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Se encuentra entre nosotros el señor Doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar el Informe de Actividades de dicha Comisión, correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001. Están también entre nosotros los Presidentes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos Humanos del Senado de la República. Tiene la palabra el señor Doctor José Luis Soberanes Fernández. -DR. JOSE LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Señor Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; Señoras y señores Legisladores de la República; Señoras y señores miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Señoras y señores Presidentes de Comisiones Estatales de Derechos Humanos: Aprovecho la oportunidad también para agradecer la asistencia de mis compañeros de trabajo y miembros de Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos que me honran con su presencia esta mañana. En acatamiento de lo dispuesto en el artículo 102 constitucional, Apartado B, comparezco ante esta Soberanía para presentar el Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, correspondiente al periodo que va del 16 de noviembre del 2000 al 31 de diciembre del 2001. Dicho informe ha sido entregado inextenso a todos los legisladores federales y ahora sólo comparezco para hacer una breve exposición y diagnóstico del mismo. No quiero iniciar este informe sin señalar que la compleja realidad social de nuestro país y la marginación de muchos millones de compatriotas, imponen fuertes condicionamientos al avance de la justicia y a la plena vigencia de los derechos humanos. Nuestra experiencia en la CND nos dice que la impunidad, la prepotencia, el abuso del poder y los ataques a la dignidad de las personas ocurre con mayor frecuencia cuando los agraviados padecen ignorancia y pobreza, expresiones de una extrema injusticia que es caldo de cultivo de otras violencia y otras violaciones a los derechos elementales de las personas. Por ello, sabemos que si como país no avanzamos en la mejora de las condiciones de vida de nuestros compatriotas, los derechos humanos seguirán siendo lastimados, por así decirlo, en su cuna; el derecho a comer, a crecer, a madurar sanos, libres y con educación. La cultura mexicana de respeto a los derechos humanos es incipiente y todavía frágil. Que gobernantes y gobernados se sienten y actúen como sujetos reales del orden jurídico sigue siendo uno de los grandes reclamos en un país necesitado de reafirmar la legalidad como el principal factor de convivencia y de solución legítima de conflictos. La autoridad debe tomar conciencia de que cumplir sus tareas con estricto apego a la ley y con respeto a los derechos humanos de los gobernados, es su tarea principal. Todavía hoy vemos con demasiada frecuencia, autoridades que consideran la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las Comisiones Estatales, como una afrenta a su gestión y no como un ejercicio cívico y legal de colaboración que ayuda a corregir errores, a perfeccionar normas, conductas y actitudes y a combatir la impunidad. No olvidemos que si la sociedad exige que se persigan y sancionen los ilícitos que cometen los particulares, esta exigencia se convierte en clamor general y en fuerte reclamo cuando los autores de un delito o falta administrativa son servidores públicos. Un hecho que por desgracia no ha sido excepcional en nuestra experiencia reciente, es la conducta omisa y evasiva de algunas autoridades que aceptan formalmente las recomendaciones de la Comisión, pero no cumplen con el compromiso de iniciar los procedimientos administrativos de sanción o las denuncias que les correspondería hacer ante el Ministerio Público. Este problema se manifiesta igualmente en el recelo de algunas autoridades para rendir informes, aceptar medidas precautorias, aportar pruebas, acudir a reuniones conciliatorias y, en general, en obstaculizar en ocasiones de manera clara y en otras solapada, el trámite de las quejas por parte de la CNDH. Todavía hoy día hay autoridades que ante los señalamientos del ombudsman reaccionan promoviendo descalificaciones y denostando a esta institución nacional. Ante el rechazo o escasa disposición de algunos funcionarios para escuchar los argumentos de la Comisión, seguiremos recurriendo a la comunicación directa con la sociedad y sus organizaciones, ejerciendo incluso la denuncia pública e informando a los medios sobre las resoluciones a las que hemos llegado tras analizar e investigar las quejas presentadas. Sin cuestionar en este momento el carácter no vinculatorio de nuestras recomendaciones, sostenemos y reiteramos nuevamente que la fuerza de las mismas deriva de la vigencia del estado de derecho y de lo que establece nuestra propia Carta Magna, así como del respaldo social que concite. Por lo mismo, las autoridades únicamente podrán eximir de acatarlas cuando demuestren, de manera fundada y motivada, que las recomendaciones carecen de sustento, son incongruentes o inatendibles. La seguridad pública sigue siendo una de las mayores demandas de la sociedad, todas las personas tenemos derecho a vivir sin miedo , con tranquilidad y seguridad; insistimos en que para combatir la inseguridad se requiere profesionalismo en las corporaciones de policías, eficacia , honestidad y un compromiso respecto a los derechos fundamentales. El apego a la ley y a los reglamentos permite que pueda distinguir con claridad entre lo que es el uso legítimo de la fuerza y cualquier aplicación discrecional y arbitraria de la misma. Por ello insistimos en que debe actualizar la legislación en materia de seguridad pública pues presentan muchos y graves rezagos que propician prácticas al margen de la ley. Las actividades que en los últimos meses se han encomendado a elementos de la Policía Federal Preventiva, ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos al no existir normas claras sobre la actuación de esta corporación en materia de prevención del delito. Por ello resulta necesario normar el ámbito de su actuación, el cual debe quedar expresamente fijado en la ley. Lo mismo sucede en el caso de la participación de efectivos militares en tareas de seguridad pública; debe de tenerse presente que esta no es una función propia del Ejército Mexicano, el cual sólo, por vía de cesión y nunca como regla, debe contribuir a estas labores. La ubicación de retenes o puntos de revisión carreteros y operativos oficiales no respaldados por un marco jurídico bien definido, es motivo de preocupación para la Comisión Nacional por las frecuentes violaciones de garantías que de ahí se cometen; los retenes, de acuerdo con la apreciación social y lo observado por nuestros visitadores, no parecen ser obstáculos importante para quienes llevan a cabo las actividades de crimen organizado, demasiado, a menudo se convierten en focos de abuso y exacción contra personas cuya única falta es querer circular con libertad por nuestro país. No está de más reiterarlo, cualquier actividad que en esta materia lleve a cabo la autoridad, debe enmarcarse también en la legalidad y en el respeto irrestricto a las garantías individuales consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los instrumentos internacionales que hemos signado y en las demás leyes que nos rigen. Por otro lado, la seguridad nacional es una de las áreas fundamentales para salvaguardar el territorio, regular la actividad de las fronteras y anticipar riesgos y amenazas potenciales contra la vida y la economía del país. Por lo mismo, es indispensable que sus términos estén claramente establecidos y expuestos en una ley; en diversas ocasiones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado a favor de la promulgación de una Ley de Seguridad Nacional que especifique los alcances de las funciones de los órganos de inteligencia para salvaguardar los intereses de la nación y los derechos de los gobernados. Las instancias de investigación y seguridad nacional no deben convertirse en instrumentos de luchas facciosa o partidista, ni en centros de espionaje discrecional al servicio de personas o de grupos. Es significativo el número de violaciones a los derechos humanos que se cometen en el ámbito de la procuración de justicia, lo que se traduce en una transgresión al derecho de toda persona a un efectivo acceso a la misma y en desconfianza y temor de las víctimas del delito que muchas veces prefieren no denunciar los hechos. El Ministerio Público debe convertirse en una auténtica representación social y trabajar con estricto apego a derecho, a fin de que disminuyan las detenciones ilegales, los abusos de autoridad, la incomunicación y la tortura así como la indebida y/o deficiente integración de las averiguaciones previas. El esfuerzo realizado por el Estado Mexicano para revertir la inseguridad debe también comprender un mayor apoyo y atención a las víctimas del delito, generalmente desprotegidas ante las afectaciones de su vida, su salud o sus bienes. La CNDH tiene claro que sólo un mayor y más tangible compromiso con la víctima y con la reparación del daño, podrá revertir la percepción social de que los derechos humanos son sólo para los delincuentes. En México, todo individuo tiene el derecho de ser tratado de una manera digna, lo que demanda como presupuesto básico el reconocimiento de sus derechos esenciales. Aun cuando este principio está formalmente reconocido por nuestro sistema jurídico, en ocasiones algunos servidores públicos violentan el derecho a que el honor y el buen nombre de las personas sea resguardado al hacer públicas las imputaciones de hechos aun antes de que haya sido demostrada su culpabilidad mediante juicios seguidos ante los tribunales. Esta situación además de constituir un agravio para el inculpado, vulnera de modo flagrante el derecho a la presunción de inocencia. Señoras y señores legisladores: La experiencia acumulada en once años por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demuestra que cualquier señal o indicio de conductas que violen garantías debe atenderse de inmediato y supone, desde luego, la realización de actividades tendientes a evitar la consumación del hecho violatorio pero hay que ir más allá, consolidar al mismo tiempo la cultura de respeto a los derechos esenciales, la observancia de la ley y por supuesto el estado democrático de derecho. 1.- Defensa de los derechos humanos: A).- Quejas: Durante el año 2001 se registró un total de 8,047 expedientes de los cuales 3,626 fueron de queja; 352 de inconformidad; 2,526 orientación y 1,543 de revisión. Ejercicio indebido del cargo: Negativa al derecho de petición; trato cruel y/o degradante; detención arbitraria y negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, son los principales hechos violatorios denunciados. De acuerdo con una encuesta directa entre personas que acudieron a la CNDH, se logró brindar una atención de calidad calificada por ellos mismos como excelente o buena, al 98.4 de las personas atendidas. El mismo porcentaje de personas atendidas señaló que, en caso necesario, volvería a recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. B).- Recomendaciones: En el período que abarca este informe, la CNDH emitió 38 documentos recomendatorios que contiene 42 recomendaciones e involucran a 33 autoridades e instituciones: 5 fueron dirigidas a la Procuraduría General de la República; 3 a la Secretaría de Educación Pública; 2 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 2 al Gobierno del Estado de Jalisco; 2 a la Secretaría de Seguridad Pública; una al Ejecutivo Federal; una a Ferrocarriles Nacionales de México; otra al Banco Nacional de Crédito Rural; otra a la Secretaría de Gobernación; otra a la Secretaría de Salud; otra a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; otra más a la Procuraduría General de Justicia Militar; una a la Comisión Nacional de Arbitraje México; una al Instituto Mexicano del Seguro Social; y, también una a los gobiernos de los Estados de Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán; a los Congresos de los estados de Jalisco y Morelos, a la Comisión de Gobierno del Congreso del estado de Guerrero, a los ayuntamientos de Axochiapan, Morelos; Catemaco, Veracruz; y Pachuca, Hidalgo y una más a los presidentes municipales de Acayuca, Veracruz; Apodaca, Nuevo León; Cuernavaca, Morelos; Iguala, Guerrero; San Miguel Totolapan, Guerrero; y, Tampico, Tamaulipas. Fueron siete las autoridades que no aceptaron nuestras recomendaciones, tal es el caso del ayuntamiento de Catemaco; los presidentes municipales de Acayuca, Apodaca e Iguala en Guerrero; el Director General de BANRURAL; el Gobernador del Estado de Jalisco y en la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Morelos. Sin lugar a dudas, la recomendación más significativa fue la 26/2001, relacionada con las 532 quejas sobre la desaparición forzada de personas durante la década de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado pues por primera ocasión este organismo nacional dirigió una recomendación al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien la aceptó en todos sus términos e inició obligatoriedad en su cumplimiento. Destacan igualmente las siguientes recomendaciones: la relativa al trato discriminatorio cometido por el Banco Nacional de Crédito Rural contra una mujer a cuyo concubinario no se le permitió no se le permitió el acceso al servicio médico al que tiene derecho. La recomendación por violación a los derechos humanos cometidos contra 194 personas, servidores públicos, durante el proceso de investigación en relación con la fuga de Joaquín Guzmán Loera, del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos en Puente Grande, Jalisco. La recomendación por haberse acreditado que en los centros federales de readaptación social se realicen revisiones corporales indignas a los visitantes, familiares y abogados así como violaciones a la correspondencia y a la dignidad de los reclusos y sus parejas al videograbar sus relaciones íntimas. La emitida por actos de tortura cometidos en contra del señor Norberto Jesús Suárez Gómez y por incumplimiento de las medidas cautelares solicitadas durante el arraigo al que fue objeto. La recomendación por un hecho de contracepción forzada en agravio de habitantes de las comunidades indígenas de La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán del municipio de Ayutla, Guerrero. Otra por violación a los derechos humanos cometida por funcionarios públicos de Jalisco, al haber incurrido en irregularidades en tramitar la adopción internacional de nueve menores. Y la recomendación por la posible responsabilidad de los médicos que intervinieron en el caso de la señora Luz Divina Castillo López, quien careció de atención médica de calidad durante su parto, lo que tuvo como resultado la extracción de su matriz y un ovario y la muerte del producto. Como organismo defensor y protestor de la vigencia de los derechos humanos, el "ombudsman" no debe limitar su actuación a conocer e investigar las violaciones a esos derechos y a orientar a las víctimas de los mismos, sino que por su naturaleza debe buscar la prevención de las violaciones y la identificación y modificación de las prácticas administrativas y de gobierno que constituyan un peligro para la vigencia de los derechos humanos. Por ello se emitieron por vez primera en la historia de la CNDH dos recomendaciones generales. La recomendación general 1 es por la revisión indigna de que son objeto familiares, amistades y abogados de los internos en centros de reclusión, tanto estatales como federales, en virtud de que tales hechos se han presentado de manera reiterada, se solicitó que se instruyera a los titulares de las dependencias encargadas de la prevención y readaptación social para que se elimine esta práctica. Asimismo, se recomendó que en los centros penitenciarios se coloquen anuncios sobre los derechos y obligaciones de los visitantes, así como un buzón de quejas, se adquiera equipo y tecnología para detectar objetos y sustancias prohibidas y se proporcione capacitación al personal de seguridad y custodia sobre el trato que deben dar a las personas que visitan a los internos, expidiéndose para tal efecto los correspondientes manuales de procedimientos. Por su parte, la recomendación general se originó por las frecuentes detenciones arbitrarias que los agentes de policía realicen en su actuar. En este caso se solicitó a las autoridades instruyan a los agentes de la Policía Judicial y elementos de las corporaciones policíacas en general, para que en forma inmediata cesen las detenciones arbitrarias. A los agentes del ministerio público para que den vista a los órganos de control interna respecto a las detenciones arbitrarias que sean de su conocimiento y de proceder se inicie la averiguación previa respectiva. Igualmente, se recomendó que en los cursos de capacitación, actualización y derechos humanos dirigidos a los servidores públicos de las áreas de procuración de justicia y seguridad pública se fortalezcan los temas relacionados con esta problemática para suprimir totalmente esta práctica. Dos. Programas especiales. Presuntos desaparecidos. Además del caso de los desaparecidos de la llamada guerra sucia, en el período que abarca este informe, el programa especial sobre presuntos desaparecidos concluyó 67 casos, encontrándose a 15 personas con vida y una fallecida. Asimismo se concluyeron las investigaciones sobre 532 casos de desaparición de personas de la década de los setenta y principios de los ochenta del Siglo XX, cuyo resultado fue presentado en la opinión publica el 27 de noviembre de 2001 y dieron origen a la recomendación 26/2001 dirigida al Presidente de la República a la cual ya se hizo referencia. El programa de presuntos desaparecidos continúa abierto a la atención de personas que desean plantear otros casos o aportar testimonios adicionales sobre casos ya investigados o en proceso de investigación. Agravio a periodistas y defensores civiles de derechos humanos. Programa de agravio a periodistas y defensores civiles de la CNDH se avocó a conocer no sólo de las quejas presentadas directamente por periodistas y defensores civiles, sino también a la investigación de oficio de cualquier asunto en el que se pudiera haber vulnerado sus derechos. En el año 2001 se recibieron 21 quejas de trabajadores de los medios de comunicación, las principales violaciones a los derechos humanos de los comunicadores fueron: intimidación, amenazas, violación al derecho a la libertad de expresión, lesiones, ejercicio indebido de la función pública. Asimismo, se recibieron 12 quejas de defensores civiles. Las violaciones reportadas fueron: amenazas, intimidación y ejercicio indebido de la función pública. En el caso del homicidio de la licenciada Digna Ochoa, cabe señalar que la Comisión Nacional radicó desde el 3 de septiembre de 1999 el expediente de queja por amenazas denunciadas por integrantes del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. En ese momento se solicitó a las autoridades instrumentar medidas cautelares a fin de preservar la integridad de estas personas. El 19 de octubre, día del asesinato de Digna Ochoa, personal de esta institución estuvo presente en las actuaciones minístrales que se realizaron, se ofreció asistencia a los familiares de la abogada y a los miembros del Centro Pro. En el caso de los cinco defensores civiles de Derechos Humanos que fueron amenazados, la Comisión Nacional se mantiene en contacto con ellos todavía y ha solicitado a las autoridades investigar los hechos y tomar las medidas necesarias para garantizar su integridad física. Gracias a un trabajo de compilación hemerográfica este organismo nacional pudo documentar 116 casos de violaciones a derechos humanos de 87 periodistas y 29 defensores civiles, quienes denunciaron públicamente algún tipo de acción para tratar de obstaculizar su labor. La intimidación, las amenazas, el hostigamiento, la persecución y el espionaje telefónico son algunas de las violaciones a los derechos humanos que sufren cada día los periodistas y los defensores civiles en el desempeño de su profesión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado por la instrumentación de mecanismos efectivos que garanticen y protejan este grupo vulnerable, asimismo, se ha manifestado a favor de una legislación moderna en materia de derecho de y a la información que garantice un amplio marco de ejercicio a la libertad de expresión y respeto a la privacidad. El derecho a la información implica necesariamente una responsabilidad frente a la sociedad. C) Sistema Penitenciario y Centros de Internamiento. Las condiciones en que se encuentra el Sistema Penitenciario Nacional son deplorables. Las violaciones a los derechos humanos en los centros de reclusión son una constante, sin que desafortunadamente se vislumbre alguna solución para un futuro inmediato, pues al cuadro de problemas crónicos que caracteriza su funcionamiento debe agregarse la insuficiencia de los presupuestos públicos en esta materia. En el periodo que abarca este informe, la Comisión Nacional realizó 155 visitas a centros de reclusión de 19 entidades federativas. En estos recorridos se constataron, entre otras irregularidades, la permanencia del autogobierno por parte de los internos con la complacencia de las autoridades; insuficiencia de elementos de seguridad y custodia; instalaciones deterioradas; sobrepoblación y hacinamiento; corrupción de servidores públicos; poca o nula promoción de actividades laborales remuneradas; deficiencias y carencias en materia de servicios médicos e indebida atención de enfermos mentales e infecto contagiosos; tráfico de drogas; imposición arbitraria de sanciones disciplinarias; inadecuada separación entre procesados y sentenciados; escasez de centros especialmente diseñados para mujeres y la casi nula atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres dentro de las cárceles, condiciones todas éstas que degradan y vulneran la dignidad de las personas que permanecen en reclusión. Por lo que hace a los menores infractores, se practicaron 13 supervisiones, observándose que en muchos casos la situación en que se encuentra es igual o incluso peor que la de los adultos en reclusión, con el agravante de que su ingreso y permanencia en los centros de tratamiento puede generar consecuencias negativas en su formación y ser el inicio de toda una vida delictiva. D) Migrantes. Otro aspecto que requirió especial atención por parte de la CNDH y lo sigue requiriendo es el relativo al respeto de los derechos humanos de los migrantes, tanto nacionales como extranjeros. En el período que se informa, este organismo nacional realizó visitas a 98 estaciones y sitios migratorios en los estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas. De igual manera se colaboró para que los paisanos que regresen al territorio nacional durante las fiestas de fin de año lo hicieran sin sufrir violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades aduaneras, migratorias y policíacas, para lo cual se realizaron recorridos y supervisiones a los lugares de paso en esas fechas. Dentro de este contexto, 44 visitas correspondieron a puentes internacionales, garitas, terminales aéreas y centros de autobuses de la frontera norte. Asimismo, con el propósito de brindar una mejor y más oportuna atención a la zona, esta Comisión Nacional abrió en el mes de agosto pasado, su oficina de la frontera sur con cede en la ciudad de Tapachula, Chiapas. E) Cultura y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Con el propósito de avanzar en la concreción de la reforma constitucional para los derechos indígenas, la CNDH ha planteado la pertinencia de analizar distintos ordenamientos legislativos de carácter secundario que se considera necesario modificar. Tal es el caso de la Ley General de la Educación, para que se establezca la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización y la capacitación productiva; la Ley General de Salud para que se reconozca la práctica de la medicina tradicional para fines curativos y rituales; la Ley de Planeación para que los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, incluyan esquemas que definan la participación de los indígenas en la planeación del desarrollo y la Ley Coordinación Fiscal para que se incluya un rubro especial que fortalezca a los pueblos y comunidades indígenas. De la misma manera se propone revisar la Ley de Caza y Pesca, para que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas a proveerse de sustento por medio de esas actividades; la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos para que se agregue también como materia de tutela, los sitios sagrados de los indígenas; la Ley Federal de Defensoría Pública para que se contemple la creación de una unidad de defensores públicos bilingües en los juicios del orden federal y otras similares a nivel estatal. Formulamos 3 mil 536 propuestas para la liberación anticipada de indígenas internos en centros penitenciarios. Por libertad anticipada con purgamiento de pena, remisión de la pena, tratamiento de preliberación o libertad preparatoria, se logró que salieran 922 indígenas de los penales. Al respecto cabe mencionar que de acuerdo con los datos con que cuenta este organismo nacional hay hoy día 7 mil 324 indígenas internos en todo el país, de los cuales mil 936 pertenecen al fuero federal y 5 mil 388 al común. Otra actividad prioritaria para la CNDH es el respeto a los derechos de los indígenas que por motivos laborales se ven forzados a abandonar su lugar de origen para emigrar a otros estados o regiones del país. En este rubro se ha iniciado un Programa de Visitas a las Regiones Receptoras de Mano de Obra Indígena para observar las condiciones de los derechos humanos, de los migrantes en territorio nacional a efecto de promover que las autoridades establezcan las acciones conducentes para garantizar su acceso a los servicios de salud, educación, etcétera. F) Altos y Selvas de Chiapas. El Programa para los Altos y Selvas de Chiapas, con cede en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, realizó diversas acciones de particular trascendencia, del 25 de febrero al 11 de marzo, con el fin de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos se participó en la marcha y recorrido que los integrantes del EZLN realizaron por diferentes entidades federativas y que culminó en la Ciudad de México; en tanto que los días 28 de agosto, 30 de septiembre y 22 de octubre, se acompañó el retorno que miembros de la organización Las Abejas, desplazados desde el año de 1997, realizaron a sus comunidades de origen. G) Grupos vulnerables. La problemática que en materia de derechos humanos afecta a la sociedad resulta ser más devastadora con aquellos grupos de personas que, por su edad, estado de salud, condición física, sicológica, económico-social, son considerados como vulnerables. Tal es el caso de los niños y las niñas, las mujeres, las personas de la tercera edad, los discapacitados y quienes viven con el VIH Sida. La protección de los menores de edad como grupo altamente vulnerable, demanda políticas de Estado y estrategias y de actuación, encaminadas a abatir la explotación sexual y laboral, las adopciones ilegales, la marginación como resultado del abandono por parte de sus padres, la violencia familiar y la drogadicción. En el caso de las mujeres, siguen existiendo formas abiertas y sutiles de discriminación y de violencia. La garantía de que las mujeres deben gozar de los derechos que ampara el orden jurídico mexicano en igualdad de condiciones al resto de la población, no es una realidad en los hechos, choca a diario con numerosos patrones de consulta machista y excluyen que impide el pleno ejercicio de tales prerrogativas. A muchas personas de la tercera edad se les niega, tanto en el ámbito laboral público como en el privado, la posibilidad de participar activamente en actividades remuneradas, generalmente estas personas no exigen asistencia sino que la sociedad les den espacios para seguir desarrollándose, lo cual hasta el momento no se ha logrado. También los discapacitados ven transgredidos sus derechos fundamentales, debido a la insuficiencia de servicios de educación especializada, salud y rehabilitación de empleo y de medidas urbanísticas acordes a sus requerimientos. Otro de los grupos que requieren de una atención especial, por las constantes violaciones a sus derechos humanos, son los que padecen el VIH Sida. Una de las consecuencias más negativas a este respecto, ha sido la generación del trato discriminatorio e intolerante hacia ellos, tal situación se vuelve particularmente grave en los centros de reclusión, donde las personas infectadas con el virus son segregadas, y el tratamiento que reciben es totalmente inadecuado. Como parte del Programa de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, se promovieron las Jornadas Nacionales de Salud para Mujeres Reclusas y sus Hijos, y se celebraron diversas reuniones de trabajo, para poner en marcha un Programa de Niños Promotores, a fin de que un menor de cada grupo de educación primaria, efectúe charlas entre sus compañeros, apoyándose en el material elaborado por este organismo nacional. Igualmente se actualizó el Directorio de Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales de la red de apoyo a las mujeres, niñas y niños, a efecto s de que las ciudadanías conozcan los datos de las instituciones que la integran y puedan acudir a ellas, con el propósito de recibir asesoría y otros servicios. Con el ánimo de ampliar los mecanismos de protección para la mujer y la niñez, en contra del abandono y el incumplimiento de las obligaciones alimenticias, se celebró un convenio de colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, para promover que prestadores del servicio social de la licenciatura en derecho en todo el país, brinden asesoría jurídica gratuita en la materia a quienes requieran de este auxilio Paralelamente se revisaron los Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles de las 32 entidades federativas, en relación a los procedimientos de adopción, con miras a iniciar una campaña prevención y erradicación de las adopciones que ponen en riesgo a la niñez. Además como parte de nuestras actividades en materia penitenciaria y de atención a grupos vulnerables, se organizaron varias mesas redondas, con las cuales se conoció que la primera causa de muerte entre los internos en reclusión del Distrito Federal, las enfermedades asociadas al contagio del virus VIH Sida, destacándose la urgencia de iniciar campañas de alerta y prevención dirigidas a los internos y sus familiares,. y al mismo tiempo sensibilizar a la sociedad en general sobre este problema, tal y como lo ha hecho este organismo durante este período. Debe quedar claro que la falta de una atención integral a los grupos vulnerables, constituye un problema de relevancia nacional, por lo que es menester fomentar una mayor conciencia tanto en las autoridades como entre la sociedad a este respecto. H). Víctimas del delito. Durante el período que se informa, el Programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional, recibió 985 solicitudes de apoyo, de las cuales 274 se plantearon en forma directa por los interesados, 681 por vía telefónica y 30 por escrito; alrededor del 70% de las consultas fueron relativas a cuestiones penales y 281 a situaciones de índole familiar, civil o administrativa. I). Asuntos internacionales. En el ámbito internacional, la Comisión ha dado puntual seguimiento a la agenda de los derechos humanos en los Foros del Sistema a Naciones Unidas y del Sistema Americano, participando en la formulación de diversas resoluciones y declaraciones. La CNDH desempeñó un papel activo en el intercambio de experiencias con instituciones de defensa y protección a los derechos humanos de otras naciones al promover la celebración de convenios y organizar el V Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman en la Ciudad de México, donde desempeñó un papel determinante en la creación de la Red de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano y fue elegida para ocupar la Vicepresidencia del Comité Coordinador Internacional de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, organismo que sirve de enlace entre la ONU y los ombudsman de todo el mundo. Promoción de los Derecho Humanos. A). Capacitación y formación. La CNDH dirige sus actividades de capacitación en derechos humanos hacia tres segmentos principales: Servidores públicos encargados de salvaguardar la seguridad de la población. Servidores públicos del sistema educativo. Grupos vulnerables, por tratarse de personas cuyas garantías presentan mayor riesgo de ser violentadas. En relación con los servicios bibliotecarios de la Comisión Nacional, el acervo del Centro de Documentación y Bibliotecas se incrementó con mil 678 volúmenes, lo cual permitió atender la demanda de información de 4 mil 327 usuarios, quienes tuvieron acceso no sólo a textos impresos, sino también a material audiovisual. Por lo que hace a las publicaciones, en el período que se informa se editaron 31 mil ejemplares de distintos libros especializados en derechos humanos, 39 mil ejemplares de la Gaceta de la Comisión, 38 mil 500 de la Carta de Novedades en su versión español e inglés, así como 3 mil 58 folletos; 118 mil carteles,. 274 mil trípticos y 90 mil cartillas de diversos temas en la materia; además la tarea de edición y publicación se complementó con la distribución de un millón de ejemplares de la producción editorial de esta Comisión Nacional. Relaciones con instituciones públicas y organismos no gubernamentales. A). Instituciones públicas. En este período se han emprendido diversas acciones encaminadas a estrechar los lazos entre la Comisión Nacional y otras instituciones públicas tanto del ámbito federal como local. Tal es el caso de la I Reunión Nacional del Poder Legislativo e Instituciones Públicas de Derechos Humanos, celebrada en la Ciudad de Puebla en abril del 2001 que tuvo como preparativo cuatro reuniones regionales realizadas en Oaxaca, Toluca, Chihuahua y Durango. En dichos encuentros se organizaron conjuntamente la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; participaron más de 400 personas entre ellos senadores y diputados al Congreso de la Unión, legisladores locales, representantes de organismos públicos de derechos humanos, académicos, estudiantes, servidores públicos, profesionistas independientes y miembros de organismos no gubernamentales. B). Organismos públicos de derechos humanos. El avance en la consolidación de la cultura de respeto a los derechos humanos, es una tarea colectiva que requiere de la participación solidaria de quienes han asumido particularmente el compromiso en tal lucha. Los organismos públicos encargados de tutela, deben renovar cotidianamente sus empeños y unir sus esfuerzos para hacer de su actividad una labor eficaz, honesta y decidida que no se retraiga ante los signos de intolerancia de quienes pretenden desvirtuar su retroactuación. C). Organismos no gubernamentales. En el nuevo contexto de la participación social, las relaciones de la CNDH con organizaciones no gubernamentales son de particular importancia. En el período que se informa se realizaron 111 reuniones de trabajo en las que participaron 4 mil 847 integrantes de organismos no gubernamentales, instituciones de asistencia privada, destacándose el primer encuentro regional entre la Comisión Nacional, las comisiones locales y las organizaciones no gubernamentales, en las que participaron los ombudsman de Guanajuato, México, Morelos, Querétaro y el Distrito Federal. 5.- Administración y formación automatizada. a) Administración. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha visto en la necesidad de adecuar elementos programáticos presupuestarios para optimizar el aprovechamiento de los recursos que le fueron asignados. Hoy, la institución opera con un presupuesto plenamente vinculado a sus funciones, actividades, programas, indicadores y metas, de modo que la evaluación al desempeño de cada área y de la propia comisión en su conjunto, así como el correcto, racional y disciplinado uso de los recursos presupuestarios, será más transparente en el momento de la rendición de cuentas. No obstante la carencia relativa de recursos para el presente ejercicio, este organismo nacional encaminará sus esfuerzos al desarrollo de programas y proyectos administrativos enfocados al logro de objetivos estratégicos, entre los que destaca el Programa de Servicio Civil de Carrera, que introduce importantes cambios en materia de recursos humanos y el Programa de Capacitación orientado a las actividades sustantivas de la comisión. En enero de 2001 se liberó una nueva versión del sitio Internet de la CNDH ampliando la información sobre las actividades de la institución, de manera que los interesados puedan acceder a ella y conocer respecto a aspectos tales como el acervo bibliográfico, las recomendaciones emitidas desde 1998, los procedimientos para presentar una queja, los servicios que ofrecen los programas de atención a víctimas del delito y sobre asuntos de la mujer, la niñez y la familia. El número de consultas de la página electrónica de la CNDH, aumentó en más del mil por ciento durante el 2001. CONTROL.- El hecho de que la sociedad haya confiado en la autonomía de la Comisión Nacional, no significa que esté ajena a la rendición de cuentas. La revisión del gasto y el análisis del desempeño de este organismo nacional han sido una actividad sistemática y prioritaria a lo largo del 2001. En 2001 la CNDH fue auditada por dos órganos de fiscalización: la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados examinó el ejercicio de la Cuenta Pública de 99 y la Contraloría Interna de la propia comisión, que se centró en el ejercicio de 2000 y parcialmente en el 2001. Mediante ellas se pudo verificar la existencia de una planeación de actividades, recursos y programas acordes con la estructura organizacional, el Presupuesto y los objetivos institucionales. Además, por primera ocasión las actividades de revisión a cargo de la Contraloría Interna, incluyeron auditorias de desempeño de actividades sustantivas en las cuatro visitadurías, en la Dirección de Quejas y la Coordinación General de Administración. 7.- CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH. En el periodo que nos ocupa se fortaleció la vinculación entre esta presidencia y el Consejo Consultivo de la institución, en todas aquellas tareas que requirieron un esfuerzo extraordinario como fue el caso del informe sobre desapariciones forzadas y la recomendación de incisos 1001, en las que hubo fundamentales y decisivas aportaciones de los miembros del Consejo. Me congratulo por otra parte, de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, haya designado consejero a: la doctora Juliana González Valenzuela y al doctor Luis Villoro Torazo. Señoras y señores legisladores: La historia reciente del país prueba que la sola existencia de la ley no basta para hacer efectivo el estado de derecho. Tampoco podemos afirmar que éste se consolida si las garantías fundamentales no son respetadas a cabalidad y si quienes a diario ejercen tareas que buscan el respeto a la dignidad de las personas, no encuentran seguridad para su delicado trabajo. Nuestro trabajo ha sido marcado en nuestros días por acontecimientos reprobables que como en el asesinato de Digna Ochoa, han lastimado a la sociedad en su conjunto y lesionado la premisa de que antes y por encima de cualquier fin, se encuentra el ser humano, su dignidad y la salvaguarda de los derechos que permitan el desarrollo de sus oficialidades. Pese a ello, tenemos motivos para ser optimistas pues somos testigos que en la sociedad y en las instituciones, crece una sana intolerancia, la intolerancia a que continúe la impunidad, la opacidad del poder, el abuso del mismo, la negligencia en la autoridad, la falta de consideración hacia los derechos de las gentes, la inseguridad, el desamparo de los vulnerables, la violación a los derechos humanos más elementales. Hoy la acción conjunta de la sociedad, los medios de comunicación, los partidos políticos e instituciones como la CNDH, al propiciar los grandes cambios de nuestros días ha contribuido a disminuir las formas más aberrantes de violación a los derechos que en pasado marcaron a este país. Pero aún es menester estar alertas, avanzar en el diseño y la aplicación de políticas públicas de Estado, cuyo propósito sea el de preservar de manera más universal la dignidad de las personas y garantizarles el pleno gozo de sus derechos, lo que se traduce en el imperativo de que, para empezar, todas las instituciones públicas unan esfuerzos y realicen acciones coordinadas con tal fin. Consolidar la cultura de respeto a los derechos esenciales y la observancia de la ley es consolidar, al mismo tiempo, el Estado democrático de derecho. Se ha avanzado en estas tareas así como en aquellas que tienen que ver con la investigación de los crímenes y errores del pasado. El informe y recomendación de la CNDH sobre el caso de las desapariciones durante la llamada guerra sucia fue sin duda una prueba de fuego para esta Comisión, que se resolvió adecuadamente, creemos, a partir de asumir la importancia histórica, ética y estratégica de esta tarea. El reciente nombramiento del fiscal especial debe ser tomado como otro indicador de que se están dando los pasos que conducirán, en este caso --como probablemente también en lo que se refiere a los acontecimientos del 68-- a que finalmente se haga justicia. Señoras y señores legisladores Sólo me resta reiterar que la promoción y defensa de los derechos esenciales de las personas es tarea de todos, es decir, de los poderes Legislativo, Federal y locales, las dependencias públicas, los organismos encargados de su defensa y la sociedad civil en general. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no descansaremos en nuestro afán por lograr que en México las violaciones sean la excepción y el respeto a los derechos humanos la regla. Muchas gracias. (aplausos).