El diputado Arturo Nahle García: Gracias, diputado Presidente: la publicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el 13 de marzo del año 2002, tuvo como objeto separar las responsabilidades de carácter meramente administrativas de figuras jurídicas como el juicio político y la declaración de procedencia, que son dirimidos por órganos legislativos. Uno de los motivos para reformar el régimen de responsabilidades fue fortalecerlo, con la finalidad de generar en la población confianza respecto de la actuación de los funcionarios públicos, ya que su imagen ha sufrido un marcado deterioro ante la sociedad. En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de quejas y denuncias presentadas por particulares ante la Secretaría de la Función Pública por acciones u omisiones de servidores públicos de la Administración Pública Federal Sin embargo, dicha Secretaría, por la discrecionalidad con que actúa, en muchas de las ocasiones realiza las investigaciones de manera parcial, bajo un sesgo político, de amistad o de cualquier otra índole, en virtud de que no cuenta con autonomía suficiente para realizar una investigación imparcial porque forma parte del Poder Ejecutivo federal. Un número considerable de investigaciones realizadas por esta dependencia, aun cuando existe una evidente presunción de actuaciones anómalas de servidores públicos, es archivado sin contener una investigación veraz e imparcial. Tal situación deja al peticionario en estado de indefensión, ya que la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas no contiene ningún recurso para que los particulares impugnen los actos y las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública. Dicha situación genera desencanto de la ciudadanía hacia los servidores públicos infractores, desconfianza, falta de credibilidad y reconcomio en la actuación de la citada Secretaría. Por su parte, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo objetivo medular consiste en establecer un procedimiento para anular actos administrativos emitidos irregularmente por dependencias federales, en el segundo párrafo del artículo 1o. dispone que dicho ordenamiento no será aplicable en materia de responsabilidades de los servidores públicos, por lo que se hace nugatorio el derecho de los propinantes para atacar actos o resoluciones contrarias a derecho. Asimismo, el artículo 14, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental considera información reservada los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva. De acuerdo con esta ley, la protección de la información tiene como finalidad que no se entorpezca el curso normal de una investigación o procedimiento o, en su caso, que no se comprometan la seguridad nacional, la seguridad pública ni la estabilidad financiera, económica o monetaria del país o se pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de la persona. Por todo lo anterior, durante la substanciación del procedimiento de responsabilidades, los particulares no pueden tener acceso al expediente y, mucho menos, recurrir los actos y las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública. Estamos de acuerdo en que existen procedimientos en los cuales es necesario conservar como reservada o confidencial la información contenida en el expediente, cuando efectivamente pueda ponerse en riesgo la seguridad nacional u otra de las mencionadas. Sin embargo, consideramos que no se debe dar el mismo trato a todos los procedimientos. Un principio fundamental contenido en la Ley de Transparencia, que sirve de base para reservar la información, tiene estrecha relación con la figura del habeas data, el cual se constriñe a proteger la intimidad y el honor de la persona en el tratamiento de sus datos personales contra ataques abusivos a su honra, su reputación y a su vida privada y familiar. Este novedoso tratamiento sobre la información reservada en los procedimientos de responsabilidades no se colisiona con el bien jurídico tutelado por el propio habeas data ni, mucho menos, con lo pactado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que durante muchos años los particulares han tenido acceso a procedimientos de carácter civil, fiscal, administrativo, laboral y agrarios, sólo por citar algunos, y no por ello se han violado estos principios. El hecho de que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas no contenga expresamente un recurso o medio de defensa legal para que, durante la substanciación del procedimiento de responsabilidades y posteriormente a la expedición de la resolución definitiva, pueda el quejoso tener acceso al expediente y en consecuencia recurrir los actos y las resoluciones emitidos contrariamente a sus intereses deja en estado de indefensión a los peticionarios y, en consecuencia, pone en tela de juicio los actos y las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública, ya que la participación de los ciudadanos solamente se limita a la presentación de la queja o denuncia y el seguimiento y la substanciación del procedimiento quedan al arbitrio o discrecionalidad de dicha dependencia. Por todo ello es necesario reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con objeto de establecer expresamente el derecho de los promoventes a que, una vez interpuesta la queja correspondiente, puedan tener acceso al expediente y, consecuentemente, estén en posibilidades de impugnar los actos y las resoluciones contrarios a sus intereses. Asimismo, es necesario reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para que, a partir de la entrada en vigencia de la presente reforma, dejen de considerarse información reservada los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos y solamente puedan considerarse en esos términos cuando se comprometa la seguridad nacional o financiera de la nación o, en su caso, cuando peligren la vida, la salud o la seguridad de la persona. Por último, es menester reformar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para que los particulares puedan impugnar a través del recurso de revisión previsto en dicho ordenamiento los actos o las resoluciones emitidos en contravención del espíritu de la Ley de Responsabilidades, ya que actualmente el mencionado dispositivo legal no aplica en tratándose de responsabilidades de los servidores públicos. Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados esta iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Muchas gracias.