El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputada presidenta. El ejercicio periodístico puede efectuarse libremente solo cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Los actos de violencia que se cometen contra los periodistas violan su derecho a expresar sus ideas, emitir opiniones y divulgar información. Pero, además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y la sociedad en general, a ser informados con ideas plurales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la existencia de medios de comunicación libres, independientes, pluralistas y diversos, es esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática, pues juegan un papel fundamental en la formación de la opinión pública y la conciencia social de la ciudadanía. Las radios comunitarias en sus comunidades han cumplido con esta labor, pues son capaces de formar redes de participación ciudadana en los lugares más alejados de los centros de población, integrando a la vida social a grupos vulnerables, como indígenas y mujeres en actividades que reditúan en beneficio individual y colectivo. Lamentablemente, aun cuando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoce a estos medios de comunicación, en la realidad no se ha podido radicar su criminalización y saqueo. Desde hace años, los medios de comunicación comunitarios e indígenas han sido perseguidos, estigmatizados y criminalizados, por no contar con concesión, siendo que la intención de estas estaciones no es aprovecharse del espectro radioeléctrico ni seguir lucrando con él, sino simplemente generar un canal de comunicación en su comunidad, en beneficio de la población. La Ley Federal de Telecomunicaciones establece como sanción la pérdida de los bienes en favor del Estado de estos medios cuando operan sin concesión. En Morena pensamos que esta disposición es contraria a lo establecido en el artículo 7o. constitucional, por el cual en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento de delito. Consideramos que el artículo 305 de la Ley de Telecomunicaciones contraviene a la garantía constitucional, pues al hacer una interpretación más amplia del artículo 7o. ningún instrumento utilizado para la difusión de información debería ser secuestrado. Todos aquí hemos sido testigos de la difícil situación que viven los periodistas en México, por ello el Estado no debe despojar a las radios comunitarias de sus bienes, con ello lo único que hace es ocultar la realidad política, económica y social que viven las comunidades que se benefician de estos medios. Se encasilla en la ilegalidad a radios que responden a necesidades de información locales, que los medios masivos de comunicación no satisfacen. La actuación del gobierno respecto a los medios comunitarios e indígenas no debe recudirse a la persecución de los comunicadores, sino a fomentar, promover e incentivar su labor. Las personas que se benefician del trabajo de las radios comunitarias regularmente son grupos sociales tradicionalmente marginados y discriminados, que se encuentran en estado de indefensión y por ello son sistemáticamente excluidos del debate público, situación que ha privado también a la sociedad de conocer sus intereses, necesidades y propuestas, lo cual ha producido el silencio de estas comunidades un efecto similar al de la censura que sufren los periodistas. Es por todo lo anterior, que debemos cobijar a estos medios de comunicación con todas las garantías de protección posibles, sólo así podemos garantizar el derecho de la libertad de expresión de los comunicadores y el acceso a la información de toda la sociedad. Es cuanto, diputada presidenta.