El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros, vengo a presentar una reserva al artículo 9 de la Ley de Competencia Económica, no sin antes dejar pasar por alto el aniversario del nacimiento del Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García. Es una vergüenza, una aberración, una ofensa al pueblo de México que este Congreso no se haya dado ningún tiempo para leer alguna efeméride que le sirva a los niños, a los jóvenes, pero sobre todo a los políticos para que les refresque la memoria de que tenemos que ser patriotas, garantes de la soberanía nacional y no ser auténticos levanta dedos, vendepatrias y traidores al pueblo de México. Gracias a los regímenes emanados del PRI, México posee una vasta experiencia en lo que se refiere a efectos negativos derivados de su intervención discrecional en el ámbito de la economía por parte de políticos en cargos decisorios. El artículo 9 de la ley en discusión parece seguir apuntando en el mismo sentido. El mencionado artículo es una expresión de la concentración de poder en la figura del Ejecutivo, incluso en ámbitos cuyas complejidades técnicas debieran obligar a algún tipo de contrapeso, pues la aplicación de precios máximos en la economía debe ser manejada con sumo cuidado pues fácilmente puede generar efectos perjudiciales. Vale la pena repasar la teoría económica y recordar que el precio de un producto en el libre mercado es resultado de la interacción de la oferta y la demanda. El punto de equilibrio es donde las dos partes, el oferente y el demandante, acuerdan comerciar una cantidad a su respectivo precio. Sin embargo, el Estado puede intervenir restableciendo mínimos y máximos de precios, lo cual si no se hace de forma adecuada, puede ser contraproducente. Los mercados negros son la reacción del mercado frente a la oposición estatal; son usualmente tolerados por las propias autoridades encargadas de controlarlos, muchas veces conscientes de que es la única forma de restablecer la racionalidad económica, pero fomentando la ilegalidad y la informalidad. Asimismo, se dificulta la elaboración de proyectos y la contabilidad de las empresas que se basan en números que en este momento le agradaron a la autoridad y no en precios en el sentido técnico de la expresión. Aunado a esto, se puede mermar el espíritu empresarial del sector, pues ante la imposibilidad de obtener beneficios legalmente, por culpa de los precios máximos, los empresarios desvían su actividad hacia sectores no intervenidos, agravándose aún más el problema de escasez. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la comisión la siguiente reserva al artículo 9 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del código de referencia. Único. Se reserva el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica para quedar como sigue: Para la imposición en los términos del artículo 28 constitucional de precios máximos a los bienes y servicios necesarios para la economía nacional, el consumo popular, ésta quedará como sigue. Fracción I. Corresponde a la Comisión determinar los productos que podrán sujetarse a precios máximos siempre y cuando no existan condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate, ni se propicie la aparición de mercados ilegales e informales. Fracción II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión, fijarán los precios máximos que correspondan los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior con base en criterios que eviten insuficiencia en el abasto y distorsiones negativas del mercado. La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores, distribuidores, las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia. Es cuanto, compañeras y compañeros.