El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Un servidor, diputado federal por el distrito de Aome, del estado de Sinaloa e integrante de la LX Legislatura a la Cámara de Diputados y en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución General de la República, de conformidad con la siguiente Exposición de motivos: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de nuestro Estado mexicano, cuenta con una dualidad en sus funciones: Por un lado actúa como Tribunal Supremo Federal y por otro concede los medios de control constitucional entre los que destacan el juicio de amparo, las controversias constitucionales, los procesos jurisdiccionales en materia electoral, la facultad investigadora de la Suprema Corte, las acciones de inconstitucionalidad, entre otros, los cuales devienen de las reformas de 1994 a la Constitución Federal, todos ellos en defensa de nuestra Carta Magna actuando en este caso como tribunal constitucional. De lo anterior nos damos cuenta que el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rompe no sólo cuando se violan las garantías individuales de los gobernados, sino también cuando los órganos legislativos emiten normas de carácter general contrarias al pacto federal, con la finalidad de restablecer el orden constitucional. Por ello, la propia Constitución prevé los llamados "medios de control o defensa constitucional", cuya finalidad es preservar el orden creado por la Ley Suprema. La intención de la presente participación es destacar la importancia que representan las acciones de inconstitucionalidad en nuestro sistema jurídico mexicano como medio de control del sistema constitucional, siendo ésta la figura más importante de protección a los preceptos consagrados en nuestra Carta Magna, pues según el artículo 105, fracción II del ordenamiento en mención, las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución General de la República, lo que significa que es el medio jurídico más valioso que tenemos y mediante el cual se protege que ninguna ley secundaria contravenga las estipulaciones de la Constitución Federal. Ahora bien, estas se pueden ejercitar dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma. Lo que resulta inconcuso, que si es el medio más eficaz e importante de protección a la Constitución Política, se le otorgue un término tan reducido para interponerlo pues ni al juicio de amparo en contra de las leyes se le otorga tal tiempo ya que cuando un particular se ampara contra una ley, cuenta con 30 días hábiles para promover esta acción. Resulta ilógico e injusto que para la acción de inconstitucionalidad se cuente con 30 días, y lo que es peor, que sean naturales y no hábiles pues en este tipo de procesos se requiere de análisis de un estudio exhaustivo de la misma norma que se impugna para que nada más y nada menos lo que se defiende y protege es a nuestra Constitución. Ya que mientras en el juicio de amparo se protegen intereses que puedan afectar a particulares y los efectos de la sentencia son sólo para éste, en la acción de inconstitucionalidad se protege el interés de respeto al irrestricto cumplimiento de los preceptos jurídicos contenidos en nuestra Constitución federal, afectándose de esta manera a todo el dispositivo jurídico de nuestra máxima ley y por lo tanto a la que se afecta es a la Constitución, y por ende a la sociedad en general, pues los efectos de la sentencia son erga homes. Por ello, la presente iniciativa propone modificar el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 a fin de ampliar el término para la interposición de la acción de inconstitucionalidad, de 30 días naturales a 45 días naturales a la fecha siguiente de la publicación de la norma. De tal manera que se intenta equiparar el mismo plazo que se tiene para promover el juicio de amparo contra leyes, que es de 30 días hábiles en donde no se cuentan sábados ni domingos, así como tampoco los que señala el artículo 23 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. De lo que se deduce que convirtiéndolos, serían aproximadamente de 38 a 40 días naturales para interponer este juicio de amparo por lo que con motivo de lo anterior, para la acción de inconstitucionalidad, se proponen 45 días naturales para ejercitar dicho derecho. De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero. Se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la Ley reglamentaria, de los asuntos siguientes de las acciones de inconstitucionalidad que tenga por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución". Las acciones de inconstitucionalidad, podrán ejercitarse dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma. Por ello, señores diputados, manifiesto la necesidad de ampliar el término para promover la acción de inconstitucionalidad pues nada más y nada menos que lo que está en juego es nuestra Carta Magna y es que los entes legítimos para interponerla, como es el ejemplo del 33 por ciento de esta Cámara, resultaría ser bastante cruel que permitamos que se aplique una ley inconstitucional. Por ello, se requiere tiempo suficiente de estudio y análisis y no sólo de la acción de inconstitucionalidad, requiere ampliación de término sino también el propio juicio de amparo. Es prudente decirlo que en septiembre pasado, se facultó a las comisiones de Derechos Humanos para interponer acción de inconstitucionalidad en materia de derechos humanos, siendo bastante pesada la tarea para analizar qué leyes resultan contrarias a la Constitución. Por ello es que propongo que sean 45 días naturales anteriores obviamente, a consideración por supuesto, de las comisiones respectivas. Solicito respetuosamente a la Presidencia, se inserte integro el texto de mi intervención en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente. El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante Gracias, diputado Vargas. Como ha sido solicitado, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.