La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Saludamos hoy la aprobación del presente dictamen que en su origen fue presentado por el Partido de la Revolución Democrática, porque en nuestro país más allá de los discursos, más allá de los discursos con las víctimas, el Estado mexicano tiene su deuda más grande en un contexto de violencia, que lejos de disminuir observamos cómo día con día se vuelve más álgida. Tanto, que hoy somos testigos del trimestre más violento en la historia de México en el que han sido asesinadas más de 8 mil 500 personas, según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y saludamos la aprobación de este dictamen, porque el andamiaje institucional que hemos construido para la atención a las víctimas, ha sido diseñado y resulta urgente la consolidación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Sin embargo, al mes de marzo pasado únicamente tres entidades federativas habían armonizado su legislación local con lo establecido en la ley general y solo 15 cuentan con asesores y asesores jurídicos para víctimas y fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. Esta situación debe ser corregida de inmediato, ya que según lo afirma el propio titular de la Comisión Ejecutiva, el 80 por ciento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos, corresponden al ámbito local y aun cuando se establece la posibilidad de que la Comisión Ejecutiva actué de manera supletoria, esto no resulta suficiente. Saludamos también a aprobación del presente dictamen porque resulta ingente que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus homólogas en las entidades federativas puedan responder de manera eficiente a los retos que nos ha impuesto la realidad en nuestro país, en donde los desaparecidos suman más de 40 mil y la Comisión únicamente ha atendido a 446 víctimas, según su propio informe, de los cuales 79 recibieron compensaciones subsidiarias por delitos del fuero federal y 367 personas recibieron compensaciones por violaciones a sus derechos humanos, cometidas por autoridades federales, erogando un total de 399.2 millones de pesos. Es en este sentido que el dictamen que presenta hoy la Comisión de Justicia a este pleno viene a solucionar uno de los mayores problemas que se presentan para el otorgamiento de compensaciones, y por ello la necesidad de establecer un plazo máximo de 120 días contados a partir de la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva. Dado que hemos sido testigos de inaceptables dilaciones como las que han sufrido las familias, víctimas directas, indirectas y circunstanciales de hechos tan paradigmáticos como los acontecidos con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, así como los integrantes del equipo de futbol, Avispones, en 2014. Hemos coincidido en múltiples ocasiones en que el diagnóstico realizado por el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos en México, sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, señalando que un sistema idóneo de justicia es aquel que se basa exclusivamente en normas jurídicas y no en criterios de conveniencia u oportunidad política, sancionando a las y los responsables de los delitos, garantizando que las personas inocentes no sean condenadas injustamente y garantizando plenamente los derechos de las víctimas. Esta reforma hoy sin duda nos obliga por un deber moral para con las víctimas, nos obliga también el marco convencional del que formamos parte. Nos obliga las recomendaciones internacionales y la constante observación de las organizaciones de la sociedad civil, sin las cuales la Ley General de Víctimas no hubiera sido posible. Por ello, desde esta tribuna hacemos un reconocimiento a las organizaciones que agrupan y representan a las víctimas, porque sin su colaboración el Estado mexicano seguiría ignorando a quienes por su inacción han sufrido algún daño en su persona o su familia. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD expresa su compromiso y solidaridad con las víctimas de las fallidas políticas en materia de seguridad y se pronuncia a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.