EL DIP. OSCAR MARTÍN RAMOS SALINAS: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Los suscritos diputados federales, por el estado de Tamaulipas, en nombre y representación de los productores cañeros del estado, particularmente de la zona cañera del Mante y de la misma manera los compañeros diputados de los estados de Jalisco y de Veracruz, por mi conducto, ante esta tribuna exponemos: La agroindustria azucarera ha sido parte de la historia de México durante los últimos 500 años. La revolución del ejército del sur, encabezada por Emiliano Zapata, surgió como respuesta al proceso sistemático de acaparamiento y despojo de tierras de comunidades agrarias del estado de Morelos, por hacendados porfiristas, propietarios de los ingenios. Desde las entrañas de los ingenios y de las tierras arrebatadas a los campesinos, los peones de las haciendas y los obreros de la planta industrial, le dieron sustancia y rumbo a la revolución del sur. Hoy, como señalan en una presentación, pomposamente titulada Reforma Estructural del Sistema Producto Caña de Azúcar, funcionarios de SAGARPA imbuidos de la nostalgia modernizadora de finales del Siglo XIX, propone la reprivatización de los ingenios, la reconversión y por lo tanto, disminución de las actuales superficies sembradas; el cierre y consolidación de ingenios; el aumento de la superficie por productor como nueva fórmula para aumentar la competitividad y reducir costos de producción. La propuesta resume poca imaginación y curiosamente podría, considerando su semejanza indiscutible, calificarse como un clon de la formulada por la administración federal anterior. El cambio consiste en que los predecesores no se animaron a llevarla a cabo después de dimensionar la inconformidad social que provocaría, mientras que por su voluntarismo e insensibilidad, los actuales gobernantes se disponen a llegar hasta las últimas consecuencias. De tales actitudes y empecinamientos, surge la siguiente interrogante: Por qué a los productores cañeros y a la industria se les pretende endilgar el mote de incompetentes, si después del maíz la caña de azúcar genera mayores ingresos y participa con el 13.5 del valor de la producción agrícola nacional . La actividad agro azucarera aporta 44o mil empleos permanentes y temporales y sus beneficios directos van a 2.5 millones mexicanos. Esta contribución crece significativamente si consideramos que en agosto de este año el desempleo abierto, según datos del INEGI, alcanzó una cifra de 3-96%, la más alta en los últimos seis años. Los productores mexicanos de esta gramínea ocupan el tercer lugar mundial en rendimiento de caña y el cuarto lugar con relación a la conversión de este azúcar. No hay razones para atribuirle a los productores y a la industria la crisis agro azucarera. Quienes desde el Gobierno Federal proponen una reforma estructural dejando intactas las causas de la problemática de este sistema producto, deben voltear los ojos a las inconsistentes políticas públicas y de ajuste, al incumplimiento por Estados Unidos de lo acordado y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia de compra de excedentes de azúcar mexicana; a la falta de financiamiento para producir y a la inexistencia de instrumentos indispensables para darle orden y certidumbre al mercado. En el fondo, el rechazo de algunos funcionarios del Gobierno Federal proviene de esas animadversión a lo social. Todo lo que no se parezca o emule a las formas de producción del modo americano, estará condenado. Pregunto: ¿cómo aceptar bajo esta óptica una actividad de la que las tres cuartas partes de los campesinos son ejidatarios y detentan cada uno una superficie menor a las cinco hectáreas? Sin duda, las reminiscencias y la nostalgia del porfiriato no acaban de morir todavía. Los costos de producción son altos porque no hay financiamiento. Los servicios están por las nubes porque buena parte de los insumos comercializados y proporcionados por el Gobierno Federal son superiores a los de nuestros competidores. Los ingenios que producen azúcar con caña aportada por campesinos, han enfrentado importaciones desleales o han sido obligados a vender en otros mercados y no en Estados Unidos, por las razones ya mencionadas y además están en crisis porque creyeron, cayeron en la trampa de renegociar su deuda en UDIS. Cuántos de nosotros hemos tenido que pagar hasta tres veces un préstamo hipotecario por las mismas circunstancias. Ahora mismo, ante un discutible desabasto de azúcar refinada, al Gobierno Federal únicamente se le ocurre importar 112 mil toneladas o abrir la frontera a la fructuosa extranjera, mientras las plantas nacionales de la industría química del maíz, se deterioran inexorablemente. Cuando el Gobierno Federal habla en su propuesta de reprivatizar los 27 ingenios expropiados, no menciona la posibilidad de abrir espacios para que los adquieran organizaciones de productores; piensa exclusivamente en la iniciativa privada nacional y extranjera. Pemex por su lado, vende los cañeros diesel, gasolina y gas a precios elevados, pero no avanza en la producción y uso de etanol proveniente de la caña de azúcar, para oxigenar sus gasolinas, lo que daría un respiro al envenenamiento del ambiente, certidumbre de precio y orden al mercado de los edulcorantes. La liberación amplia de la reforma estructural gubernamentalmente propone: la democratización de las decisiones y la inclusión de nuevas organizaciones de productores que tengan representatividad dada la vitalidad del movimiento cañero, el gobierno busca pulverizar y dividir la lucha de los cañeros. Su planteamiento general y cauteloso no compromete números ni porcentajes. Habría que preguntarles dónde termina el deseo democratizador y dónde comienza el objetivo de desintegrar la organización de los campesinos y productores rurales cañeros. Insiste dicha reforma en la eliminación de restricciones al número de hectáreas sembradas con caña. En seguida habla de ampliar las zonas de abasto de los ingenios, aunque esta medida se contrapone con la idea de eliminar ingenios y reconvertir superficies. Habla también la propuesta de nuevas opciones de pago en especie de la caña y contratos libres. Este punto proyecta la obsesión de eliminar las responsabilidades que al gobierno federal le impone el decreto cañero en materia de precios y pago de preliquidaciones y liquidación final. Prevalece la idea oficial de que se entiendan entre ingenios y cañicultores. Cada área de abasto con su planta industrial una relación entre terceros. El gobierno no reconoce el interés público de la actividad. Que cada quien se rasque con sus propias uñas y así evitamos las movilizaciones y las tomas de oficina. Toda esta maquinación expuesta desordenadamente en el documento desemboca en el interés real del gobierno. El verdadero propósito consiste en abrogar el decreto cañero, sustituirlo por otro, argumentando la necesidad de modernizar la actividad y preparar la creación de un reglamento de sistema producto invocando pues está de moda la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Con esta estrategia se propone el gobierno federal cerrar la puerta a la ley de la agroindustria de la caña de azúcar dictaminada en la pasada legislatura que plantea asumir una efectiva rectoría económica en materia azucarera, la atención mediante una ventanilla única, los términos para la democratización de la organización gremial, la uniformidad de los contratos de compra-venta de crédito y del precio, el fortalecimiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje y sobre todo la prevalencia del interés público de la actividad, reconociendo su profundo impacto social. Dicho lo anterior, elevo a la consideración de mis compañeras y compañeros legisladores la siguiente proposición con punto de acuerdo. La urgencia de revisar el proyecto de dictamen y en su momento discutir en el pleno la ley de la agroindustria de la caña de azúcar; La comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en comisiones unidas para que presente la política de Estado en materia azucarera y muy especialmente el esquema de financiamiento al campo cañero, a la industria y el sistema de repartos para el manejo racional de los inventarios de azúcar. Compañeras y compañeros legisladores: la zafra 2003-2004 empieza a finales de este año y las regiones cañeras exigen la atención inmediata de este Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal. Muchísimas gracias.