El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, senador presidente Lozano. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en esta Legislatura, me permito presentar a ustedes el siguiente punto de acuerdo. Ficrea fue constituida en el año 2006 por Rafael Antonio Olvera Amezcua y dos años después se le autorizó para operar como una sociedad financiera popular, a fin de que prestara servicios financieros de ahorro, inversión y crédito a pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con la información que se desprendía de la lectura de su página electrónica, Ficrea se autocalificaba como una empresa que tenía como valores principales la honestidad, compromiso, confianza y atención, presumiendo de ser transparente y sincera en su actuar así como en el uso y manejo de la información de los recursos materiales y financieros de sus clientes y de la institución. Nada más lejos de lo anterior. Derivado de las investigaciones realizadas por las autoridades federales, se ha podido demostrar que Ficrea trianguló fondos realizando conductas fraudulentas que dieron paso a la comisión de diversos ilícitos. Como consecuencia de lo anterior, el 19 de diciembre del año pasado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización de Ficrea para operar como sociedad financiera popular. Ante estos hechos que afectaron a quienes depositaron sus recursos en Ficrea y que es indiscutible, reflejan un menoscabo en su economía, la administración federal a través de la Procuraduría General de la República solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del accionista mayoritario de la empresa, a quien ya me he referido. Las acciones ejercidas por el gobierno federal implican también la solicitud realizada a la Interpol para la localización y detención del empresario. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que existe un total de 6 mil 366 clientes de Ficrea, de los cuales hasta el 3 de enero de presente se han realizado 2 mil 317 solicitudes de seguro de depósito, sin embargo ha salido a relucir que dentro de los ahorradores defraudados se encuentra en los Tribunales de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal. El Tribunal, en el caso del Distrito Federal, ha indicado que instruyó el Consejo de la Judicatura para abrir una investigación con la Contraloría Interna del propio organismo, para determinar si realmente existía información que hubiera inhibido la inversión en Ficrea y no se haya tomado en cuenta por los administradores de los más de 120 millones de pesos, y así deslindar responsabilidad interna de los asesores financieros del Tribunal. Hay que decir que el Poder Judicial del Distrito Federal recibió diversas demandas mercantiles, civiles, penales en contra Rafael Olvera Amezcua por incumplimiento de pagos o apropiaciones indebidas de fondos, lo que evidencia que no era factible invertir en una empresa de la que Olvera Amezcua es socio, de lo cual el Tribunal estaba enterado. Si bien es cierto que el propio Tribunal ha dado a conocer a través de su presidente, las acciones emprendidas para recuperar los recursos posiblemente defraudados por Ficrea, resulta menester que tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como esta soberanía conozcan de manera puntual las acciones que se han emprendido tras conocerse las irregularidades cometidas por esa sociedad financiera. Aunado a lo anterior, ahora también se sabe que el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza invirtió recursos en su fondo de mejoramiento para la administración de justicia de Ficrea. A pesar de que ese órgano judicial de Coahuila emprendió acciones para recuperar los cerca de 90 millones de pesos, lo cierto es que al igual que en el caso del Distrito Federal también se hace necesario contar con información que nos permita saber las razones por la que se decidió invertir esas cantidades y las acciones que se han ejercido para recuperarlas, por lo que también se hace extensivo el presente exhorto a las autoridades de la entidad federativa referida. Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que presenta este punto de acuerdo, las acciones llevadas para invertir fondos de los tribunales superiores de justicia en el Distrito Federal y en Coahuila merecen un extrañamiento a los órganos de gobierno encargados de velar por los fondos de las propias instituciones que no debieron ponerse en riesgo en esta inversión fallida. Por lo anteriormente expuesto y fundado presentamos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo: Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que soliciten a los consejos de la Judicatura y a los tribunales superiores de justicia de dichas entidades federativas información relativa a las inversiones efectuadas en la sociedad denominada Ficrea y las remitan a esta soberanía. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Gracias, presidente. El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.