El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Corresponde el uso de la palabra, al ciudadano Cipriano Charrez Pedraza, que ha pedido hable previamente su defensor, lo que se le concede. Tiene entonces la palabra el ciudadano Efraín Magueyal. Pase, por favor a tribuna. El defensor Efraín Magueyal Baxcajay: Con su venia, señor presidente. Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, constituida como Jurado de Procedencia dentro del procedimiento en curso. Señores diputados y señoras diputadas, el de la voz, el licenciado Efraín Magueyal Baxcajay, en mi carácter de defensor particular del diputado Cipriano Charrez Pedraza, con fundamento en los numerales 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y una vez que nos ha sido notificado el dictamen emitido con fecha 11 de abril de 2019, por la Sección Instructora, formulo los alegatos de cierre en los siguientes términos: Esta defensa no comparte lo enunciado en el dictamen emitido por la Sección Instructora, relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitada por el licenciado Raúl Arroyo González, procurador general de Justicia del estado de Hidalgo, en contra del diputado Cipriano Charrez Pedraza, dictamen que nos fuera notificado con fecha 23 de abril del presente año. Todo acto de autoridad debe garantizar el debido cumplimiento y respeto a los derechos humanos, en el caso particular aquellos relativos a la seguridad jurídica de las personas. Ello, contenido en los diversos numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos internacionales. Si bien es cierto el señor procurador solicitó en fecha 15 de octubre de 2018 el Juicio de Procedencia en contra de mi hoy defendido, también es cierto que esta solicitud no se encuentra debidamente fundada atendiendo a las siguientes Consideraciones La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo ha sido omisa en diversos actos procesales, violentando con ello no solamente el principio de presunción de inocencia contemplado en nuestra Carta Magna, sino además ha faltado al principio de legalidad y lealtad procesal, pues como consta en la documental pública exhibida por la misma Procuraduría del estado de Hidalgo, consistente en la carpeta de investigación número 07-2018-1466, el diputado Charrez jamás ha sido notificado del inicio de un procedimiento penal en su contra, pues en la carpeta no se hace referencia a que el órgano acusador haya realizado dicha notificación, lo que impide al mismo realizar actos formales de defensa. Es decir, es evidente que la procuraduría violenta de manera tajante los derechos que tiene toda persona imputada, derechos contenidos en el artículo 20, apartado B de nuestra Carta Magna; y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La pregunta es ¿cómo ha de defenderse el particular ante una acusación de la cual desconoce? ¿No violenta ello el derecho a una defensa adecuada o, bien, el solo derecho a una defensa? Ello violenta de manera tajante los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales, pues como se desprende del criterio jurisprudencial que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso Barreto Leyva contra Venezuela, y cuyo rubro cito. Debido proceso. Derecho a que la defensa del inculpado se ejerza desde que se inicia una investigación. Es decir, este jurado resolverá la solicitud de procedencia con una sola versión, la de la Procuraduría del estado de Hidalgo, algo que violenta tajantemente los derechos humanos de mi defendió y que convierte un procedimiento en carácter inquisitivo, algo que con la reforma constitucional de 2008 en materia penal y de seguridad pública, los operadores jurídicos buscamos erradicar. Digo de corte inquisitivo porque la procuraduría no sólo ha omitido notificar al imputado respecto del procedimiento penal iniciado, sino que además le ha negado su intervención a efecto de realizar actos de defensa dentro del procedimiento, pues este ha solicitado que se recabe su declaración respecto de los hechos ocurridos y que es motivo del presente procedimiento. Si bien es cierto el fuero constitucional con que se encuentran investidos los servidores públicos, y en el caso en particular mi defendido, impide materialmente el ejercicio de la acción penal, ello no impide que pueda realizarse o que puedan realizarse actos de investigación en pro de una defensa adecuada, y en el caso que nos ocupa esto no ha sido cumplimentado. Por lo anterior es que esta defensa solicita a esta LXIV Legislatura elegida hoy como Jurado de Procedencia, que en estricto apego a derecho y al principio de legalidad y presunción de inocencia, su voto sea en contra del dictamen emitido por la Sección Instructora por no reunir esta, los elementos necesarios para la procedencia del presente juicio. Es cuanto.