El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su venia, señor presidente; con su permiso, compañeras diputadas, compañeros diputados. Las decisiones políticas fundamentales son la esencia de la Constitución y determinan el cariz del Estado, en este caso el mexicano. Suele determinarse que la redacción de los dispositivos, contenedores de las decisiones aludidas son pétreas; es decir, no están sujetas a una reformación; por lo menos no de modo sencillo. Por lo anterior, es labor de los órganos constituidos preservar, proteger e incluso ampliar sin alterar el sentido esas decisiones. Las decisiones de este tipo en concreto- son de acuerdo a las tendencias constitucionales nacionales, la separación Estado-Iglesia, el Estado federal republicano, representativo, democrático y laico. La división de poderes, la soberanía a favor del pueblo y, desde luego, el municipio libre. Es precisamente en este tenor, y con la finalidad de establecer mayores elementos que conviertan al municipio mexicano en lo deseado por la Constitución, el primer nivel de descentralización política y es por eso que presento esta iniciativa cuya finalidad es asegurarles sin dejar dudas al respecto la calidad de función a la seguridad pública. En el presente no se dilucida en el artículo 115 constitucional si la seguridad pública es un servicio o bien una función. Lo anterior es un conflicto, toda vez que si se cataloga como servicio público ésta podría delegarse a los particulares, circunstancia que no es la esencia constitucional aunque en otros artículos se señala, pero es para evitar estas confusiones. En consecuencia subsiste un error terminológico el cual pretendemos cambiar para ser más coherente y sistemático el texto constitucional. Este aspecto doctrinal hace reflexionar necesariamente en la adecuada terminología plasmada en los textos jurídicos, lo cual no es un asunto menor pues precisa alcances de los diferentes niveles de descentralización política del federalismo, entidades y municipios respecto a las actividades estaduales aludidas. Así, podemos notar que de ningún modo un particular podría encargarse de la seguridad pública pues es un elemento del orden público, siendo el Estado el primero de los interesados en la apropiación de este tipo de seguridad. De lo contrario, la estabilidad de un orden jurídico estaría endeble. Por esto último se dice que es innegable. En ese sentido notamos la imprecisión manejada en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde no se aprecia distinción alguna entre las funciones y servicios. Lo anterior es un problema serio y debe resolverse; así también lo apreciaron anteriormente otras legislaturas, pues en algún instante las labores de la referida fracción III eran todas consideradas como servicios públicos, tal como se estableció en la reforma del 3 de febrero de 1983, la cual fue calificada como una de las reformas más trascendentales en el régimen municipal en México. Precisamente por ello se estipuló la actual redacción del artículo... del 23 de diciembre, perdón, de 1999, consiguiendo en supuesto mayor precisión de la naturaleza jurídico política de las funciones. Empero en la práctica continúa el error, por lo cual se sugiere dejar en definitiva cuáles de las descritas competencias tienen en el municipio, el carácter de servicio y cuáles tienen el carácter de función pública, dejando en claro que la distinguida con el carácter de función pública dentro del listado de la fracción III del artículo 115 constitucional, es la seguridad. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.