El diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán: Señora presidenta, quiero pedir permiso para que me permita que estas ideas sean un homenaje a Ramón García Hernández, luchador social fallecido el día de ayer, esposo de la profesora y ex diputada federal Hersilia Córdova Morán, y padre de Amina, Lilly y Gabriel, esforzados luchadores por la causa de los pobres. Muchas gracias. Compañeras y compañeros legisladores, en la Constitución Política de nuestro país se encuentran plasmados nuestros derechos fundamentales, aquellos principios que gozan de la máxima supremacía dentro del sistema judicial mexicano. A lo largo del tiempo esta norma fundamental ha sido reformada, esto debido al carácter dinámico de la sociedad, así como de los movimientos sociales que han conquistado la promoción, progresividad, supremacía y garantía de los derechos humanos. En esta tesitura la presente iniciativa busca defender los derechos de un sector de la sociedad muy importante: los adultos mayores y, en particular, el respeto a su pensión. Es común ver que el pensionado se vea afectado negativamente por algunas entidades financieras en el caso de que haya contraído una deuda con estas; de manera voraz y usurera las entidades financieras embargan la pensión del jubilado, cancelando su derecho a una vida mejor. Es necesario enfatizar que los adultos mayores son un grupo en situación de vulnerabilidad, pues apenas 30 por ciento de ellos recibe una pensión por sus años de trabajo y que aun recibiéndola, esta es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. En promedio las mujeres pensionadas reciben 5 mil 128 pesos mensuales, mientras que los hombres perciben 6 mil 602 pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Es por ello que el Estado tiene el deber de tomar las medidas necesarias para paliar estas deficiencias negativas en perjuicio de las personas pensionadas, constitucional y convencionalmente hablando. Por ello se plantea una reforma constitucional al artículo 123, a efecto de brindar con la protección constitucional de derecho a la pensión. El problema en cuestión ha sido resuelto desde instancias judiciales, como lo demuestran algunas tesis del Poder Judicial de la Federación, mismas en que la idea central es que, tratándose de juicios en materia de asuntos laborales o contenciosos administrativos en que peligre el otorgamiento o ajuste de pensiones, la autoridad debe respetar y tener como mayor privilegio el interés del adulto mayor que, como ya dijimos, es un grupo en situación de vulnerabilidad, sobre todo si su único ingreso es el disfrute de su pensión. Así también, la propia Ley del Seguro Social en el artículo 10 establece que las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables, salvo para el caso de obligaciones alimenticias. De este artículo se infiere el principio de inembargabilidad de la pensión. Con esta reforma protegemos a los pensionados de las posibles afectaciones que pudieran sufrir a manos de entidades financieras y crediticias, por una inadecuada interpretación de la ley, que origina una ilegitima carga para el pensionado. Así pues, se propone en concreto reformar las fracciones VIII del apartado E y VI del apartado B del artículo 123, para establecer constitucionalmente que las pensiones son inembargables, así como la imposibilidad de hacer retenciones, descuentos o deducciones sobre las mismas. Es momento de demostrar que estamos aquí para tutelar los derechos del pueblo, aun en contra de los intereses de las clases dominantes, haciendo justicia a los que menos tienen. El problema está planteado y la solución también. Ustedes tienen la palabra.