La diputada Patricia Terrazas Baca: Estimadas y estimados diputados. El pasado 11 de septiembre de 2018, el diputado Manuel Rodríguez González presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, misma que fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen. De igual manera, el 22 de noviembre de 2018, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que expide Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Responsabilidades Administrativas, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Servicio Exterior Mexicano. Dichas iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su estudio y dictamen, con opinión de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Por tratarse de la misma materia y por tener el mismo objeto, las referidas iniciativas se dictaminaron en conjunto. El presente dictamen que el día de hoy se somete a la consideración de esta honorable soberanía es el resultado de un largo proceso legislativo derivado de múltiples reuniones con todos los grupos parlamentarios y siendo una convencida de la austeridad, transparencia y rechazo a la corrupción, hoy vengo a esta tribuna con el compromiso de honrar los acuerdos alcanzados en los temas del proyecto. Cabe precisar que del trabajo legislativo al interior de las comisiones unidas, se realizaron modificaciones a 58 artículos con relación a los textos originales de las iniciativas de referencia, a fin de hacer armónico su contenido con el marco legislativo vigente eliminando evidentes violaciones a las garantías constitucionales y de derechos humanos que las iniciativas proponían en materias como libertad de trabajo, libre asociación, libertad de expresión, que rompían con los objetivos de la ley que se expide, principalmente y que es la de administrar con austeridad, eficiencia y eficacia. Ahora bien, además de expedir la Ley de Austeridad Republicana del Estado, en el dictamen de referencia se modifican la ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. A mayor abundamiento, el contenido del dictamen que se somete a consideración de este pleno comprende principalmente los siguientes aspectos. Por lo que hace a la Ley de Austeridad Republicana del Estado, su principal eje es establecer medidas de austeridad al interior de la administración pública federal generando un marco de racionalización del gasto. Así, se incorporan en un solo cuerpo normativo aquellas disposiciones de ambas propuestas que tienen como propósito consolidar ahorros presupuestarios derivados de la austeridad republicana a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 134 constitucional. Se precisa que la referida ley aplica a la administración pública federal y habilita para que los Poderes Legislativo, Judicial y órganos autónomos, modifiquen sus ordenamientos en relación a los principios establecidos en la Ley de Austeridad Republicana. Por otra parte se respetan las prestaciones laborales y libertad de trabajo al concluir, por la razón que sea, la relación laboral entre la administración pública y los servidores públicos. Se respeta la facultad constitucional que tiene el Congreso de aprobar el Presupuesto, eliminando distorsiones en la aplicación de los ahorros presupuestales, respetando los principios de la mayoría que han expresado que no quieren que exista la posibilidad de reasignaciones presupuestales del Presupuesto aprobado, toda vez que el presidente no necesita que se le cree una bolsa opaca y discrecional para el uso de los recursos públicos que le pertenecen a los ciudadanos, así como reconocer la aportación profesional y valor que agregan a quienes lamentablemente sólo se les puede contratar por honorarios, y que estos deben de estar debidamente justificados. Se incorpora el concepto de nepotismo y la sanción correspondiente. Se sustituye el plan de ahorros presupuestales al inicio del año por un informe de resultados de austeridad al final del año. Se establece que todas las compras serán licitación pública, no sólo el 70 por ciento, y las excepciones tienen que ser plenamente justificadas. Lo deseable es que no existan compras fuera de licitación pública. Se establece que la nulidad de los contratos por corrupción y conflicto de interese, debe ser previa resolución judicial, otorgando así certidumbre jurídica a los gobernados y que las duplicidades de funciones serán conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se elimina la prohibición de comprar equipo de cómputo durante el primer año, y se respetan las prestaciones contenidas en los contratos colectivos. Se permite la adquisición de vehículos dando preferencia a los que son amigables con el medio ambiente. Se prohíbe la creación la creación de fideicomisos que tengan que como fin ocultar los recursos públicos. Compañeras y compañeros diputados, hoy es un día en el cual tenemos que ser sumamente responsables con la decisión y el sentido de nuestro voto. Por ello es que les hago un llamado a que seamos autocríticos y tengamos una visión del futuro, qué les queremos dejar a nuestros hijos, pues de lo que resulte en estos momentos, será el legado que ellos recibirán de nuestra parte. Es cuanto, señora presidenta.