El diputado Carlos Iriarte Mercado: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es de mi interés exponer a esta soberanía, algunas consideraciones sobre el presente dictamen, cuyo objetivo fundamental es continuar dando al Estado mexicano mejores instrumentos jurídicos para el combate eficaz al crimen organizado. Con la aprobación de este dictamen se cumple debidamente la armonización del Régimen Especial de Delincuencia Organizada con el texto constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dan vida y forma al sistema de justicia penal acusatorio, muchas veces citado aquí, próximo a concretar su implementación. Sin duda, después de largos tramos del trabajo de la colegisladora y los esfuerzos de los integrantes de la Comisión de Justicia de esta Cámara, encabezada por el diputado Álvaro Ibarra, se ha logrado un consenso que expresa la responsabilidad por realizar los trabajos a profundidad y avanzar en contenidos sólidos que den consistencia a este cuerpo normativo. Reconocemos que las legislaciones no son estáticas, son textos que tienen que ser revisados en su implementación y que a partir de la evaluación que se haga sobre los procesos que enconen, se identifiquen oportunidades y necesidades de mejora, para lo cual, seguro estoy, los legisladores estaremos atentos, teniendo siempre el interés por fortalecer el marco de seguridad y justicia en nuestro país. Con plena convicción de nuestra labor como legisladores de la República, es nuestra responsabilidad contribuir a los esfuerzos del Estado mexicano, particularmente con estas reformas, para investigar, perseguir y castigar al crimen organizado que lacera el Estado de derecho y por ende a nuestra sociedad. Para mencionar algunos puntos relevantes del dictamen, hemos de reconocer las experiencias de las autoridades encargadas de combatir al crimen organizado en nuestro país, que han ayudado a identificar cuáles son los nuevos tipos de conductas ilícitas que debieran ser puntualmente reconocidas para evitar su impunidad. También se armoniza el concepto, por ejemplo, del tráfico de indocumentados por el de tráfico de personas, para quedar según lo dispuesto en la ley migratoria. Se contempla la máxima pena a los delitos de lavado de dinero, trata de personas, secuestro y robo de hidrocarburos cuando estos sean cometidos por delincuencia organizada. Para garantizar la protección de vida e integridad de agentes que participan en operaciones encubiertas se han incluido reglas generales para dotarlos de una nueva identidad, debiendo otorgarles la documentación correspondiente. Con estricto apego al debido proceso se incluyan técnicas de investigación adicionales a las ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como son: la recabación de información en lugares públicos mediante la utilización de medios e instrumentos que resulten necesarios para la generación de inteligencia. La utilización de cuentas simuladas sean bancarias, financieras o de naturaleza equivalente. La vigilancia electrónica y el seguimiento de personas y la colaboración de informantes como instrumento para la protección de aquellos policías y fiscales que intervienen en casos de delincuencia organizada. También se incluye una descripción típica para sancionar a quienes divulguen o revelen a terceras personas información derivada de las prácticas de algunas de las técnicas de investigación aplicables en la materia. En armonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales se actualiza que el juez de control ahora decrete el arraigo para los delitos de delincuencia organizada. En otro ámbito y en virtud de la seguridad de los operadores del sistema y en ocasiones de los propios imputados, se establece la existencia de centros especiales para la prisión preventiva, resguardo domiciliario y ejecución de sentencias por el delito de delincuencia organizada. En resumen, este dictamen cumple la finalidad de armonizar la normatividad en materia de delincuencia organizada con la ley procesal emanada de la aprobación de la reforma constitucional de junio de 2008, y el Grupo Parlamentario del PRI, por el liderazgo de nuestro coordinador, el doctor César Camacho, ha abanderado con compromiso y voluntad. Exhorto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados a pronunciarse a favor de este dictamen y con ello continuar brindando a las instituciones de procuración de justicia de nuestro país los elementos jurídicos necesarios para lograr un México en paz, un México más seguro, un México en armonía. Sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias.