El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 23, numeral uno, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el presente voto particular, en relación con el dictamen con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, tomando en cuenta lo siguiente. El siglo XX se caracterizó por el constante reconocimiento e incorporación en las legislaciones nacionales y en la agenda internacional de los derechos sociales, como el de alimentación, trabajo, salud, vivienda, educación y seguridad social, plasmando la responsabilidad del Estado en la provisión del bienestar. El propósito de las políticas de bienestar es otorgar protección a las personas, garantizándoles un nivel mínimo de bienestar, sin distinción de su condición económica, social o laboral, en forma tal que no dependan únicamente de su situación ventajosa o desventajosa, de inserción en el mercado laboral o de adquisición de habilidades y conocimientos. La Organización Internacional del Trabajo ha definido a la seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Con el sistema vigente, estamos asistiendo a una concentración de los fondos en manos privadas sin precedentes. Si actualmente los fondos de pensiones en manos de las Afores concentran casi el ocho por ciento del producto interno bruto, el Banco Mundial estima que en el 2020 esta concentración equivaldrá al 45 por ciento del PIB y en 2030 al 60 por ciento del mismo. De ahí que el organismo financiero internacional califique a las Afores como el más importante inversionista institucional en México. Gracias al control sobre estos recursos, las Afores y las aseguradoras dispondrán de un poder económico exorbitante, sólo limitado parcialmente, como ha sucedido hasta la fecha, por la legislación y por órganos administrativos desconcentrados. Esto se agrava aún más al constatar que se ha dado un notable proceso de concentración entre las Afore, dos de éstas, Banamex y Bancomer. Entre las que cobran mayores comisiones, tienen una participación conjunta en el mercado del 26.5 por ciento, mientras que las siete Afore más pequeñas apenas alcanzan el 4 por ciento de los activos en la cartera del sistema. En obvio de tiempo voy a pasar a leer los puntos que estamos proponiendo en este voto particular y rogarle al Presidente de la Mesa Directiva que inserten tal como fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario de los Debates, el voto particular. La propuesta de modificación y adición a la minuta de la Ley de los Sistemas para el Ahorro que presenta el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se concentra en los siguientes puntos: En el artículo 3o. se propone la adición de una fracción V Ter, para establecer dentro del listado de definiciones el término de rendimiento real entendido como los rendimientos, menos las comisiones y la inflación que hayan obtenido los trabajadores por la inversión de sus recursos en las sociedades de inversión. En el artículo 5o. adicionar en la fracción XII que los agentes promotores gozarán de una remuneración mínima equivalente de seis salarios mínimos, el cual puede incrementarse. En el mismo artículo 5o. se propone adicionar a la fracción XII un párrafo segundo, con el objeto de que la Consar informe bimestralmente, con lenguaje accesible por medio electrónico, por escrito, a los trabajadores sobre las comisiones que cobran y el rendimiento real de las administradoras, para tener un medio de comparación. En el artículo 7o. se propone modificar el párrafo tercero para que los cuatro vocales de los trabajadores y el que corresponde a los patrones, no los designe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que el Ejecutivo establezca las bases para que aquéllas determinen quien los representará y que ninguna de las organizaciones tenga más de un representante. Le rogaría Presidente que me dejara concluir, es un minuto más.