La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. La salud es un requisito imprescindible para lograr el desarrollo de las capacidades y potencialidades de las personas y de las comunidades. Es condición ineludible gozar de otros derechos, sin salud no hay acceso cabal a la educación, la cultura, el entretenimiento, el empleo o la participación política. Sin salud, el desarrollo de las potencialidades del individuo se ve disminuido. Nuestro país se caracteriza por sus contrastes y desigualdades, las transiciones económica y demográfica, la epidemiológica, la social y política no han podido modificar las grandes brechas entre quienes tienen todo y quienes carecen de lo elemental, en algunos aspectos, incluso, estas brechas se han ahondado. En México contrastan avances impresionantes y rezagos inaceptables, vivimos paradojas y distancias abismales que caracterizan a nuestra sociedad, la atención de la salud es un ejemplo claro de esto, tal vez el más doloroso. En este contexto, hay que reconocer que la política pública en salud no ha tenido logros significativos, ha sido insuficiente en su desarrollo e incluso se encuentra en algunos casos en un franco retroceso. En la actualidad, los riesgos de enfermedad, incapacidad, desempleo, accidente de trabajo y muerte se han incrementado por muchas razones. El Seguro Popular fue una respuesta insuficiente. La salud pública de nuestro país se ha mantenido segmentada y reproduce las inequidades sociales. Desde hace décadas, la condición laboral es la que determina el tipo de servicios de salud a los que se tiene acceso, así hay afiliados a instituciones de seguridad social y otros que no. Esta estructuración segmentada hace ineficiente el sistema, ya que existen distintos niveles de organización, aparatos burocráticos y administrativos duplicados y una enorme dificultad para establecer la coordinación que se requiere, eso ha traído la imposibilidad de tener una cobertura universal, ni siquiera en el caso de los servicios esenciales. El dictamen que presenta la Comisión de Salud pretende atender a uno de estos segmentos, el de las personas que no están afiliadas a la seguridad social, tomando como base la estructura legal e institucional del sistema de protección social en salud, o sea, el Seguro Popular. Este seguro se creó hace tres lustros como un mecanismo de financiamiento de los servicios estatales de salud dirigidos a la población abierta y evitar el llamado gasto de bolsillo, que es el costo que tienen las familias ante una enfermedad. El saldo del Seguro Popular no es positivo, no garantizó la atención de la salud, se redujo a afiliar asegurados antes de lograr la cobertura de los servicios y ofreció prestaciones de salud limitadas. Se documentaron diversas irregularidades en su desempeño y tampoco evitó que las familias tuvieran que gastar en un servicio que el Estado fue incapaz de garantizar. Hoy día, México es el que menos gasto público en salud ejerce en comparación con los países de la OCDE, incluso con varias naciones latinoamericanas. Tenemos un alto déficit en capacidad hospitalaria, en personal de salud disponible y la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, provocadas por la obesidad, en la que sí tenemos los primeros lugares mundiales. Frente a esta problemática, el dictamen de la Comisión de Salud que está a discusión propone una salida que lamentablemente es vacía de contenido, de metas, de planeación y de certeza. La propuesta se monta sobre la estructura y la lógica del Seguro Popular, resolviendo ciertamente algunas de sus carencias. En la propuesta ya no se requiere afiliación, la atención es integral mediante la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. La oferta es loable y la crítica de lo que se hacía resulta acertada. Sin embargo, revela una falta de compromiso, de metas de corto, mediano y largo plazo. No garantiza una ruta de transición con los convenios que se espera que los estados firmen para la transferencia de servicios y recursos. Y carece de un estudio de impacto presupuestal. El nuevo Fondo de Atención a la Salud se cree que será suficiente para cubrir brechas tan profundas en el gasto de salud, pero es incapaz de establecer metas para ir cubriendo esos rezagos. Es una propuesta carente de contenidos, es sentir la dinámica de una campaña basada en percepciones y la popularidad el presidente. Es una promesa vacía. El manejo de los recursos carece de lineamientos y una planeación cierta de su colocación. Esto permitirá, incluso, usar discrecionalmente los recursos para construir infraestructura, basificar trabajadores, dotar de abasto de medicinas e insumos. Esto es por la obra y gracia del Ejecutivo, no como un esfuerzo nacional e institucional, por la pura voluntad. Y los recursos que se van a mover para eso van a resultar insuficientes siempre, sin prioridades ni una planeación estratégica. No va a haber recursos que alcancen y los logros serán meras pantallas para el lucimiento personal del Ejecutivo. En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PRD no puede acompañar una reforma incierta, centralista, discrecional, propagandística y dilapiladora de recursos públicos. Es cuanto.