El diputado Rubén Acosta Montoya: Señora presidenta, compañeros diputados y compañeras diputadas, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización es el instrumento jurídico que permite emitir regulaciones técnicas de carácter obligatorio que tienen por objeto regular los productos, procesos y servicios que pueden constituir un riesgo para la seguridad de las personas, dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente y la seguridad laboral, así como preservar los recursos naturales. Hoy las dependencias federales competentes emiten Normas Oficiales Mexicanas en materia de información comercial, seguridad de productos, protección fitosanitaria y zoosanitaria, eficiencia energética, previsión de enfermedades humanas, protección contra riesgos sanitarios, seguridad en centros de trabajo, telecomunicaciones, transporte aéreo, terrestre y marítimo, entre otras ramas de la actividad económica. Actualmente México cuenta con un sistema de normalización activo, que se acompaña de un esquema de evaluación de la conformidad de dichas normas, regulado por la ley. Desde mi punto de vista es sólido y en constante actualización, ya que el proceso de normalización se desarrolla de manera armónica y equilibrada, y siempre permitiendo la participación de los diversos sectores involucrados y/o afectados en el tema a normalizar. Incluso las normas previa su publicación se someten a un proceso transparente de consulta pública, por el cual se publica un proyecto que se sujeta a comentarios por parte de las personas interesadas, y la autoridad que pretende emitir la norma está obligada a responder dichos comentarios. Para estos efectos tanto las dependencias del gobierno federal como los centros acreditados y aprobados con funciones de organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de prueba y calibración emiten documentos que avalan el cumplimiento de los particulares o de las empresas con dichas normas. Actualmente existen casi 750 Normas Oficiales Mexicanas y más de 3 mil 200 entes evaluadores de la conformidad, además de las propias facultades que ejerce la Procuraduría Federal del Consumidor. Todo ello ha fortalecido administrativamente la supervisión y verificación, y por ende el cumplimiento de las conocidas NOM en el sector formal, en beneficio de la propia sociedad mexicana como consumidores finales. Sin embargo, en el Partido Verde Ecologista de México consideramos que la emisión de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en 1992, se debió acompañar de una reforma adicional que tiene impacto en el debido cumplimiento de las NOM, a fin de asegurar su efectividad. Esa modificación nosotros recomendamos que sea al Código Penal Federal, ya que la realidad nos hace ver que falta fortalecer el apartado de incumplimiento de las normas desde el punto de vista del delito, que se puede cometer en contra del consumidor y que debe perseguir la Procuraduría General de la República, sobre todo al comercializar productos apócrifos o de mala calidad, que muchos hemos denominado piratas, dando las facultades y herramientas necesarias a la autoridad para que castigue dichos delitos. La práctica ilegal de falsificar o violar documentos que demuestren el cumplimiento con las NOM tiene como consecuencia directa vulnerar la seguridad, la salud humana, el medio ambiente y en algunos casos el patrimonio y economía de las personas. Es por todos conocido que la comercialización en nuestro país de productos que se ofrecen y que ostentan de manera irregular el cumplimiento con normas oficiales mexicanas al falsificar o falsamente utilizar documentos que demuestren el cumplimiento de otros productos es algo que podemos encontrar en el día a día y en cualquier lugar. Es por ello que debemos fortalecer la ley para castigar dicha conducta ilícita, comercializar productos y servicios con documentos falsificados o alterados que no demuestren el cumplimiento con normas oficiales mexicanas genera desprestigio a los productos nacionales, engaño y deterioro de los bienes y poder adquisitivo del consumidor, riesgo en los centros de trabajo donde se fabrican o utilizan productos apócrifos o de baja calidad y que aumentan los riesgos de trabajo. Riesgo al permitir la comercialización y uso de productos sin información comercial adecuada que alerte correctamente a los consumidores, entre otras cosas. Actualmente las conductas ilícitas que señalo no se encuentran tipificadas específicamente como delito en el Código Penal Federal y mucho menos son perseguidas y castigadas con efectividad, ya que no se establece la conducta atípica de falsificar o hacer mal uso de los documentos que demuestren el cumplimiento con normas oficiales mexicanas. Para ser más claros, ejemplos de productos y servicios que se pueden ofrecer y/o comercializar violentando el cumplimiento con las NOM son la venta de prendas de vestir que no se encuentran etiquetadas o que la información que contienen en su etiqueta no corresponde al producto; venta de bienes de consumo como alcohol, medicinas, etcétera, implicando un riesgo para la salud; venta de productos eléctricos o electrónicos que no han sido sometidos a la unidad mínima de seguridad; venta de productos a granel que deben ser pesados o medidos y que en ocasiones se usan instrumentos de medición que han sido alterados, como puede ser el caso de básculas o de bombas de gasolina. Es por todo lo expuesto que en el Partido Verde Ecologista de México, consideramos necesario proponer a esta soberanía, adicionar a los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal, que la falsificación o el uso irregular de documentos que demuestran el cumplimiento con normas oficiales mexicanas sea un delito. Gracias, presidenta.