La diputada Margarita Tapia Fonllem: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores; con su permiso, señor presidente. Vengo a esta tribuna a presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Votaremos a favor en lo general este dictamen, pues es de celebrar que la erradicación de la tortura figure entre los primeros asuntos que procesa la Comisión de Derechos Humanos en esta Legislatura, porque en la inmensa mayoría de los casos, la tortura no se denuncia, no se investiga, no se castiga y no se da a conocer. La muestra contundente es que en el sexenio de Felipe Calderón no se emitió una sola sentencia condenatoria por tortura en el ámbito federal, a pesar de que la práctica aumentó de manera alarmante. De acuerdo con Amnistía Internacional, de 392 denuncias por tortura y malos tratos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2007, la cifra aumentó a mil 669 en 2011. No debemos pasar por alto que apenas el pasado viernes 23 de noviembre, el Comité contra la Tortura emitió las observaciones generales a los informes de México, donde valoró sobre todos los elementos que presentó la sociedad civil, en contraposición a la información oficial. Sobre esta base el comité hizo firmes recomendaciones para resolver el alarmante aumento del uso de la tortura en México. La tortura ha abundado, por ejemplo, por parte de militares en interrogatorios clandestinos a personas acusadas de narcotráfico; por parte de agentes migratorios a las personas capturadas en su ruta hacia Estados Unidos; por parte de policías para obtener de una persona confesión forzada o una declaración autoinculpatorio ante el Ministerio Público. Esta tendencia es una auténtica tragedia nacional porque además del sufrimiento físico inmediato que provoca a las víctimas, las consecuencias psicológicas son duraderas y frecuentemente se incurre en afectaciones a la salud, permanentes o difíciles de revertir. No hay una política de Estado que considere la dimensión psicosocial del fenómeno. No debemos olvidar que para las víctimas de los casos que han ameritado sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tortura ha sido un denominador común. A pesar de ello, ha sido nula la actuación del gobierno mexicano contra los torturadores por estas acciones como tales. Después de una profunda discusión en la Comisión de Derechos Humanos, vimos con beneplácito que se plasmen algunos avances a esta ley federal tales como incorporar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar visitas y supervisiones de acuerdo a su función constitucional. Añadir, como objeto de la ley, la erradicación de la tortura, no sólo la prevención y la sanción. Adecuar, de acuerdo a las convenciones internacionales, el concepto de tortura a los métodos que pretendan anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia. Establecer que la investigación y persecución del delito de tortura se ejerza de oficio. La propuesta que hoy se pone a discusión, sin embargo, es insuficiente, en particular señalaré, primero, porque es parcial, porque el bien jurídico a tutelar es la dignidad e integridad de la persona tanto física como síquica. La tortura no puede limitarse a un delito circunscrito a la función pública. Mientras no se modifique el Código Penal Federal en los artículos 215 y 225, se seguirá considerando la tortura como un subtipo de delito de abuso de autoridad y como delito contra la administración de justicia. En segundo lugar, no atiende el señalamiento recurrente para obligar a la realización de exámenes médicos y peritajes imparciales y exhaustivos que puedan ser realizados por médicos y peritos independientes para las víctimas de tortura. Tercero. A pesar de que se corrigió una falla de la iniciativa original y de la minuta en que se confundía la tipificación de la tortura con la de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tenemos el reto de una tipificación específica para que estas otras prácticas puedan ser erradicadas. Cuarto. Está pendiente un apartado para la investigación y sanción adecuadas para el servidor público que incurra en encubrimiento de la tortura. En la mayoría de los casos de tortura se pueden detectar prácticas sistemáticas que implican a una cadena de funcionarios, tales como la modificación de un expediente, la fabricación o desaparición de pruebas o la presión para alterar un examen médico. Quinto. Se requiere sancionar los casos en que el uso legítimo de la fuerza se ejerza de manera desproporcionada como tortura o como trato cruel, inhumano o degradante. Sexto. No hay avance para que la carga de la prueba recaiga sobre el presunto torturador, como ha recomendado el CAT, y que la víctima se libre de dicha carga. Estas disposiciones son urgentes y son parte importante de las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo ocurrido en los casos de los campesinos ecologistas y de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Es innegable, finalmente, que hay algunos avances en el proyecto de dictamen; sin embargo, es necesaria una reforma más amplia para cumplir plenamente con el mandato de las Convenciones Interamericanas y de Naciones Unidas, y atender las recomendaciones del CAT, trabajo que nos comprometemos a realizar próximamente. Es cuanto, señor presidente.