La diputada Eliana García Laguna: Gracias. Decía yo que nuestro sistema penitenciario está severamente cuestionado pues no ha cumplido con el mandato que la propia Constitución le ha encomendado: La readaptación social de quienes han cometido algún delito para su futura reinserción en la sociedad. La vida en reclusión supone una serie de violencias agregadas ante la ausencia de verdaderos controles de la autoridad, violencia que los reos deben soportar; maltratos físicos y psicológicos; violaciones; homicidios; tráfico de todo tipo de bienes y de substancias lícitas e ilícitas. Hay grupos de delincuentes que gozan de cuotas de poder y ejercen el control real de los centros penitenciarios, como pudimos apreciarlo en el penal de máxima seguridad de La Palma. El fundamento legal del sistema penitenciario se encuentra legislado en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, que establece las bases mediante las cuales se norma la actuación en los establecimientos de reclusión. La diversidad de reglamentos en nos casos y la ausencia de ellos en otros, aunado a una profunda discrecionalidad de las autoridades ejecutoras, han dado como resultado una gama de violaciones y abusos a los derechos de los reclusos, situación que ha prevalecido a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas ha fijado las bases bajo las cuales los Estados deben normar el tratamiento de los delincuentes. En acatamiento a estas disposiciones, en 1971 se promulgó la Ley de Normas Mínimas para la readaptación social de sentenciados, ordenamiento que constituye la base del actual sistema penitenciario. Desde entonces, el discurso se fundó en la necesidad de readaptar a los delincuentes para su posterior reincorporación a la vida productiva. Para lograr este objetivo se creó todo un sistema estatal que pudiera manifestarse como respuesta a las nuevas exigencias de la problemática penitenciaria; se crearon los consejos técnicos interdisciplinarios, encargados de dar sustento y reconocimiento al nuevo modelo de tratamiento penitenciario: el llamado "Sistema Progresivo Técnico". La Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados, incorpora el elemento denominado "estudio de la personalidad del interno", el cual pretende proporcionar la rehabilitación necesaria y establecer la organización del trabajo en los reclusorios, de acuerdo con las facultades físicas y mentales de los reos y de sus habilidades e inquietudes particulares. En el discurso oficial se ha señalado que este tipo de tratamientos adopta un sistema individualizado, el cual toma en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los reclusos con la finalidad de clasificarlo debidamente y enviarlo a instituciones especializadas que le den las oportunidades para su readaptación. Este criterio ha sido la base para la creación de centros de máxima seguridad, mediana y mínima, así como de colonias penales e instituciones psiquiátricas. El establecimiento de cárceles de máxima seguridad ha puesto de manifiesto las enormes contradicciones de nuestro sistema de ejecución de sanciones. Por tanto, es necesario admitir que el trato dado a los delincuentes ha sido inadecuado y que las disposiciones que prevalecen sirven para fundamentar un discurso oficial que ya no puede ser admitido, mucho menos legitimado: el discurso de la readaptación social que, en realidad, no se da en los centros penitenciarios. Por ello es urgente y necesario enfrentar el problema con una visión distinta, partiendo de una fundamentación sociológica y de respeto a los derechos humanos, como perspectiva de solución posible. El reciente diagnóstico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos recomienda la necesidad de sustituir, desde la Constitución, el concepto de readaptación social. Nuestro grupo parlamentario considera necesario por ello orientar el problema penitenciario hacia nuevas visiones y perspectivas al promover una visión distinta de entender y abordar la situación de los centros penitenciarios. Por ello, proponemos que desde la Constitución se sustituya el concepto de readaptación social por otro, cuya finalidad sea la imposición de las sanciones penales y la aplicación de medidas preventivas dictadas en condiciones de dignidad. Proponemos, en la reforma que estamos planteando al artículo 18 constitucional, sustituir el añejo concepto de readaptación por uno de mayor alcance y posibilidades, como es el de la reinserción social del interno y, al mismo tiempo, agregar el respeto a los derechos humanos del interno, como base de nuestro sistema penitenciario, a los que ya existen actualmente, como es el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. En función de esto proponemos una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos para incluir, dentro de nuestro artículo 18, el término de que se deben respetar los derechos de la persona humana en prisión, así como propiciar los medios para la posterior reinserción social del interno e incluir en el artículo 18 la terminología de la reinserción social. Muchas gracias y quiero manifestar mi oposición desde esta tribuna al desafuero del jefe de Gobierno.