La diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz: Gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en 1942 se firmó un convenio binacional que contemplaba que campesinos mexicanos cubrieran la escasez de mano de obra de Estados Unidos en la agricultura, en vista de que este país ocuparía toda la mano de obra que tuviera a su alcance para trabajar en su producción bélica para participar en la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con este contrato, el gobierno estadounidense fungiría como contratista y los trabajadores mexicanos adquirirían los mismos derechos de cualquier ciudadano. Se les proporcionaría techo adecuado, con las condiciones sanitarias necesarias y alimentación. Durante el Programa Bracero, de 1942 a 1964, miles de mexicanos entraron a laborar en los campos agrícolas de Estados Unidos, convirtiendo la agricultura norteamericana en un negocio muy rentable. Aunque este hecho significó una oportunidad de trabajo para los campesinos mexicanos, la explotación y la humillación fueron constantes por parte de las empresas contratistas; sufrieron violaciones y vejaciones físicas y psicológicas desde su llegada a los centros de reclutamiento, cuando se les rociaba con el insecticida DDT para matar pulgas mexicanas y se les sometía a revisiones corporales para verificar que no tuvieran enfermedades venéreas. Las investigaciones señalan que las condiciones de vivienda de los braceros eran en muchos casos deplorables; vivían en casas de campaña, en vetustos, barrancones y en campamentos miserables. La comida era mala. Había una ducha de agua fría para varios de ellos. También hubo numerosas quejas por malos tratos, abusos y falta de cumplimiento del contrato establecido. Por si no fuera suficiente, el gobierno mexicano nunca les regresó el 10 por ciento de su salario que les era retenido para constituir un fondo de ahorro, que se les entregaría cuando finalizara su contrato. La deuda del gobierno a los braceros de 1943 a 2008 se alcanzó a multiplicar por miles de pesos. Con la intención de subsanar esta situación, en el año 2003, durante la administración de Vicente Fox, la entonces LVIII Legislatura creó una Comisión Especial para investigar el destino del fondo. Luego de dos años se aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Para tener acceso al fideicomiso los ex braceros deben cumplir con requisitos que se enumeran en el artículo 6o. de la citada ley, que ordena que para acreditar haber sido trabajador migratorio mexicano el beneficiario deberá presentar uno o más de los siguientes documentos: el contrato individual de trabajo, el comprobante de pago emitido por el contratante o la tarjeta de identificación consular; documentos difíciles de cubrir para la mayoría de ellos, pues no los conservaban o les habían sido retenidos. A esa cadena de agravios se suma el hecho de que se les ha negado el apoyo social que se estipula en la ley simplemente porque se cometió un error ortográfico en la manera en que se encuentra escrito el nombre o apellido de los trabajadores, ex braceros. Un caso específico y concreto es el de un hombre en Colima, Rafael Velasco; una persona de avanzada edad que fue a cobrar a Telégrafos, a la cabecera municipal, y no le pagaron 4 mil pesos porque Velasco lo escribieron con zeta y ese. El señor muy enfermo y moribundo, por un error de dedo se quedó sin dinero para comprar los medicamentos que requería. Compañeros legisladores, tenemos una responsabilidad moral con estos mexicanos que abandonaron sus comunidades en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. Ahora, después de 40 años de espera para poder recibir una retribución por los fondos que les fueron retenidos por el gobierno mexicano, y que después nadie encontró, resulta que no lo pueden recibir por un error infantil a la hora de escribir el nombre. Los apellidos de estas personas que ahora se encuentran enfermas, pobres e incluso en el abandono?