El diputado Omar Bazán Flores: Los suscritos diputados sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma las dos fracciones del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y dos fracciones al artículo 7° de la Ley General de Educación, con el objeto de fortalecer la protección y tratamientos adecuados de las niñas y niños con trastornos por déficit de atención o hiperactividad identificados en las escuelas de educación básicas publicas y privadas al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos La protección de los derechos de las niñas y niños que viven en circunstancias de vulnerabilidad ante nuevos fenómenos sociales ha sido un constante del trabajo legislativo en nuestro país en las últimas décadas. En la actualidad, el Sistema Educativo Nacional carece de acciones, programas e incluso normatividad expresa para orientar los esfuerzos de las instituciones a la adecuada atención de aquellos menores que manifiestan características de trastornos, por déficit de atención, hiperactividad identificados por servidores públicos del sistema escolar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin base metereológica, capacitación o normas algunas determinadas por la Secretaría de Educación Pública, siendo por ello víctimas de discriminación, abusos, inducción al tratamiento con medicamentos que si bien están establecidos por la Secretaría de Salud, conocemos que algunos de ellos están clasificados como estupefacientes que pueden afectar la salud, inducir la adición y modificar la marginación de los educados en su proceso educativo. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, las características y síntomas fundamentales del trastorno por déficit de atención son inquietudes facilitables, se distraen, sus períodos de atención son muy breves, impulsividad, constantes movimientos cuando se espera que no deben hacerlo, a menudo se les dificulta esperar turnos, son impacientes, a menudo pierden cosas como objetos escolares, enfrentan quejas por no concluir sus tareas, se les dificulta y se desorganizan sus tareas u organizar actividades tranquilamente o determinar, entre otras cosas. Las características mencionadas son consideradas como síntomas de hiperactividad en centros educativos básicos y en no proporcionar una adecuada atención a las escuelas e información oportuna a los padres de familia en el Sistema Educativo Nacional, constituye un hecho que viola los derechos humanos y los coloca en condiciones de fraccibilidad, desventaja y marginación. La primera acción que se ha tomado en contra de las niñas y niños con hiperactividad o alguna característica de trastorno por déficit de atención, es la discriminación por parte del personal directivo de algunas escuelas públicas y privadas, al pretender evaluar dicho comportamiento como una enfermedad de los infantes y entonces resolver presionando a los padres de familia para que se evalúen médicamente y administren alguna clase de droga bajo el argumento de supuestas razones del aprovechamiento educativo. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud en México, se estima que entre el 5 al 10% de la población escolar, manifiesta el trastorno por déficit de atención. En la mayoría de los denunciados por padres de familias, son las propias autoridades de los planteles escolares quienes deciden qué hacer con los niños con hiperactividad optando regularmente por la expulsión, entre otras cosas, por pensar que algunas escuelas cuenten ya con orientadores y sicólogos. No han detectado que muchas de las características que reflejan estas niñas y niños, son tan solo manifestaciones que se presentan en las barreras de estudio. Las escuelas de educación básica, publicas y privadas no cuentan con el soporte de programas específicos que les permiten a los docentes orientar a los padres de familia sobre el problema y utilizar soluciones educativas, técnicas especializadas de enseñanza , así como la estrecha supervisión para atender los problemas de aprendizaje y de conducta en el salón de clases. Los medicamentos utilizados que contienen entre otras sustancias, se encuentran clasificados como estupefacientes según la Ley General de Salud y eso se viene dando su uso como única alternativa de solución, conlleva riesgos de salud física y mental de los menores. De esta manera cientos de niños en escuelas públicas y particulares se ven obligados a ser tratados con medicamentos propios de los planteles, que invariablemente les recetan medicamentos que contienen sustancias psicotropicas, estupefacientes, con las consecuencias igualmente anteriormente señaladas. Decreto. Artículo 1°. Se adicionan las dos nuevas fracciones VI y VII del artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se recorre la numeración de los restantes para quedar como sigue: Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: VI. Promover en todo momento acciones para atender a los planteles del Sistema Educativo Básico, los problemas de aprendizaje de las niñas y niños que presentan alguna discapacidad o asuman actividades o conductas diferentes, que les impiden la limitación del desarrollo académico, físico, psicológico integral. VII.- Proporcionar y fomentar en el sector social privado la atención de los niños y niñas con alguna discapacidad, actividades y conductas, capacidades y cualidades distintas con métodos educativas y actividades escolares específicas, así como orientar al magisterio y a padres de familia, sobre los riesgos de la medicación con sustancias sicotrópicas y estupefacientes. Artículo 2°. Se reforma la fracción XI y XII del artículo 7° de la Ley General de Educación y se recorre la numeración para quedar como sigue: Artículo 7°. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrán además los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: XI. Vigilar el derecho de las niñas y niños a no ser discriminados en los planteles de educación básica, publicados o privados por causas de actividades, conductas, trastorno de déficit o atención, hiperactividad durante su proceso de aprendizaje, evitando se atente contra su dignidad humana, presionando a éstos sus tutores o sus familiares y prohibiendo la promoción de ser tratados por cualquier medicamento o droga que afecte el desarrollo armónico de sus facultades mentales o sicológicas. Garantizar en establecimientos educativos, públicos y privados se brinde el apoyo a los educandos para presentar actividades diferentes al resto de la mayoría de los niñas y niños, o el trastorno para el déficit de atención de hiperactividad, utilizando técnicas especializadas de enseñanza, manejos, tutorías, supervisión, monitoreo y actividades escolares especializadas para su tratamiento, con el objetivo de cuidar de no señalar su salud física o mental. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición y de salud en los planteles educativos que no incluyan drogas en la atención de las niñas y niños con problemas de hiperactividad. Tercero.- las autoridades administrativas públicas federales en sus respectivos ámbitos de competencia, contarán con un plazo de 6 meses a partir de la vigencia del presente decreto, para modificar la disposición reglamentaria, a fin de lograr su cabal cumplimiento. Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LIX Legislatura, firmando, suscribiendo la diputada Amalín Yabur Elías y el diputado Omar Bazán Flores, suplicando nuevamente a la Presidencia de esta Cámara se integre íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.