El diputado Rogelio Peña Salinas: Compañeras y compañeros legisladores, los desastres naturales no distinguen clases sociales, géneros o ideologías políticas, son fuerzas implacables que pueden desencadenar devastaciones sin precedentes, dejando a su paso rastros de destrucción y sufrimiento para la ciudadanía que la padece. Desde terremotos hasta huracanes, México ha enfrentado numerosas catástrofes naturales a lo largo de su historia y la realidad es que no podemos prevenir por completo su ocurrencia, sin embargo, lo que sí podemos hacer es estar preparados para responder de manera efectiva y coordinada cuando estos ocurran. El Estado mexicano tiene la obligación de contar con lineamientos claros y precisos que guíen nuestras acciones antes, durante y después de un desastre natural. Estos lineamientos deben de abordar diversos aspectos tales como la evacuación de zonas de riesgo, la atención médica de emergencia, el suministro de alimentos y agua potable, la reconstrucción de infraestructuras dañadas, entre otros. Además, es fundamental que estos lineamientos estén diseñados con la participación activa de expertos en gestión de desastres, así como de las comunidades más vulnerables a sufrir estos eventos meteorológicos. Sin embargo, no basta con tener un ordenamiento jurídico, sino contamos con los recursos económicos necesarios para implementar los planes de emergencia de manera efectiva. La atención de las afectaciones causadas por los desastres naturales requiere de una inversión considerable tanto para aspectos de infraestructura como de recursos humanos para la población que pueda resultar afectada desde la prevención y mitigación de riesgos, hasta la respuesta y la reconstrucción cada fase del ciclo de gestión de desastres demanda recursos financieros suficientes para poder llevar a cabo las acciones necesarias que se han planeado. La extinción del Fondo de Desastres Naturales en el sexenio, en este sexenio ha representado ser una medida precipitada y peligrosa que ha puesto en riesgo y la seguridad de la población mexicana, basta señalar el caso de nuestros hermanos acapulqueños que fueron seriamente afectados por el huracán Otis en donde se perdieron decenas de vidas humanas por una falta de planeación oportuna por parte del gobierno federal. La inversión en medidas de prevención y mitigación de riesgos resulta fundamental para proteger a nuestras comunidades y salvaguardar el patrimonio y la vida de todas aquellas personas que se vean afectadas por las devastaciones naturales. En este nuevo ordenamiento que establece a los estados y municipios el responsabilizarse por los daños ocasionados por los desastres naturales, yo les pregunto, ¿dónde está el apoyo del gobierno federal ante las devastaciones? El gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas afectadas por los desastres naturales, asegurando que reciban la asistencia necesaria para satisfacer las necesidades básicas y facilitar su recuperación. El gobierno federal tiene que ser el encargado de establecer políticas y estrategias de prevención y mitigación de riesgos ante los desastres naturales. Así como de promover la coordinación entre las distintas esferas de gobierno y la sociedad civil para establecer y fortalecer los trabajos de recuperación frente a este tipo de eventos. Es importante señalar que a pesar de que hubo un parlamento abierto para escuchar las voces de la sociedad civil y los expertos, no se están respetando en este ejercicio democrático. Están presentando un dictamen que hace caso omiso a las voces de la sociedad.