El diputado Ivan Marin Rangel: El dictamen que hoy tenemos a nuestra consideración aborda uno de los pilares fundamentales del bienestar social, de la justicia y la equidad, me refiero al derecho humano a una vida digna, en un mundo donde las brechas sociales parecen ensancharse día con día. Es fundamental recordar y valorar, la importancia de un sistema que tenga como eje central el bienestar de todas y todos, sin distinciones de origen, condición económica o situación social. El estado de bienestar no es solo un modelo económico o una serie de políticas públicas, es una expresión más clara de un pacto social basado en la solidaridad en el cual se reconoce que el progreso no debe ser el privilegio de unos pocos, sino un derecho compartido por todas las personas. A través de la educación pública, del sistema de salud universal y otros servicios esenciales, el proyecto de nación, impulsado por la cuarta transformación, se ha consolidado como la mejor opción para combatir la desigualdad y construir una sociedad donde todas y todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente. Sobre este aspecto quiero enfocarme especialmente en las personas con discapacidad, que diariamente enfrentan una serie de retos que no solo están relacionados con su condición física, sino también con barreras sociales, económicas y estructurales que impiden su plena participación en la comunidad. En muchos casos estas personas y sus familias se ven obligadas a lidiar con elevados costos de atención médica, rehabilitación, transporte, educación y equipos especializados que les permitan llevar una vida más independiente. Sin embargo, estos tienen costos elevados que en muchas ocasiones no pueden costear. Lo anterior se suma a la discriminación en el ámbito laboral, lo cual agrava aún más su vulnerabilidad económica. Por ello, el apoyo económico que se propone elevar a rango constitucional para las personas con discapacidad permanente menores de 65 años es una herramienta de justicia social, como también lo es el deber del Estado para garantizar la rehabilitación de personas menores de 18 años de edad que tengan alguna discapacidad. Estos recursos representan un avance crucial para cerrar las brechas de desigualdad y garantizar que cada individuo pueda acceder a los bienes y servicios necesarios para vivir y desarrollarse de manera digna en nuestra sociedad. La entrega de estos apoyos no debe ser vista como un gesto de caridad, sino como el cumplimiento de un deber moral y ético; y, por supuesto, como un derecho social, pues las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todas y todos nosotros. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado asegurar que cuenten con los medios para llevar una vida digna, libre de pobreza y marginación. Al proporcionar estos recursos se está fomentando la independencia y la autonomía de las personas con discapacidad. Además se les brinda la oportunidad de acceder a servicios educativos y de salud, sectores que son claves para su integración social y para la construcción de una vida con menor dependencia de otras personas. Sin lugar a dudas, estos apoyos económicos representan una inversión orientada a promover la solidaridad, la equidad y la justicia social. Además, debemos recordar que la discapacidad no es una condición que afecta a unas pocas personas, es una realidad que puede presentarse en cualquier momento de la vida. De esta forma, cuando apoyamos a las personas con discapacidad permanente estamos construyendo un sistema más incluyente en el presente y también en el futuro. El bienestar de una sociedad se mide por la manera en que trata a sus miembros más vulnerables...