El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: En principio, se agradece a la Presidencia, en efecto, que nos deje plantear nuestra moción, aunque sí la metimos en tiempo y forma, y sobre todo, en forma y es lo que nos da derecho a plantearla. Hemos argumentado jurídicamente por qué no debe de proceder ahora esta discusión, y es a lo que me voy a concretar en esta parte del debate que estaremos dando, seguramente infructuosamente, porque difícilmente alguno de los distinguidos diputados priistas se subirá a argumentar en tribuna, solamente traen la práctica del golpeteo de los porros que ululan por aquí. Miren, el 10 de diciembre de 2012, el presidente de la república presenta ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación. El 11 de diciembre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turna, como ustedes saben, a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las Comisiones de Educación Pública y de la de Equidad y Género. El 13 de diciembre como milagro guadalupano se publica ya en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones, que estamos debatiendo el día de hoy. Por lo tanto, ustedes están violentando el principio de legalidad o primacía de la ley si no rectificamos esto. Este principio determina que todo ejercicio del poder público deberá estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas. Compañeros diputados y diputadas, ustedes protestaron guardar y cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. El martes 11 de diciembre de este año -ya dijimos- se dio cuenta, por el presidente de la Mesa Directiva, a este pleno, de la presentación de la iniciativa de reforma en materia de educación. Y ya dijimos adónde se remitió para opinión. Después del trámite en turno, ya dijimos que el 13 se publica en la Gaceta Parlamentaria, así como en la opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; administrativo, político y social fue la opinión. Y bastaron sólo dos días, escúchese bien, dos días, para que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobara e hiciera público el dictamen del proyecto de la reforma. Esta celeridad legislativa impide obviamente una revisión objetiva de la propuesta del Poder Ejecutivo federal por encima de la legalidad con la que debe de actuar este Poder Legislativo, más aún cuando dicha propuesta afectará la relación laboral y condiciones de trabajo de maestros del sistema de educación básica, puesto que uno de los propósitos fundamentales de la reforma al artículo 3, fracción III constitucional, es la de establecer nuevas bases para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo. Esto es, se cambiarán las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación. En el dictamen que se presenta se propone la reforma al artículo 3, fracción III, por lo cual se determina que el ingreso al servicio docente y a la promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, se realice mediante concurso de oposición que garantice idónea idea de los conocimientos y capacidades que correspondan. Que la ley reglamentaria fijará los criterios de evaluación y los términos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio, bajo los principios de igualdad y transparencia. Lo anterior significa establecer requisitos y condiciones en las que se desarrolla la relación laboral de los trabajadores de la educación con el Ejecutivo federal y los gobiernos de los estados. Siendo que el artículo 123 constitucional, en su apartado B se establecen las bases que regulan las relaciones laborales entre los Podres de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Base que se reglamenta en la Ley Federal de los Trabajadores, así como los contratos de trabajo correspondientes, situación jurídica que no se explica en la iniciativa ni en el dictamen que se presenta. También han violentado el artículo 72 constitucional, que determina que todo proyecto o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas. Y todo lo que reglamenta el 85, el 155, el 162, el 166, 177, 178 y 179. Y además, de acuerdo al artículo 18, párrafo IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se determina, culmino, que el Ejecutivo federal realizará una evaluación del impacto presupuestario. Sobre el particular, junto con la iniciativa mandan dos pequeños oficios para cubrir las formas, pero en ninguna manera esa justificación da la información básica para determinar el costo real de la propuesta de reforma. Y por último, por otra parte, en el artículo 85 de esta Cámara se dispone que el dictamen deberá contener, entre otros, valoración del impacto presupuestal regulatorio u otro, valoración que se omite y que es necesaria si se atiende al objeto de la reforma, al pretender un sistema de ingreso, promoción, reconocimiento al servicio educativo. Por tanto, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa y el consecuente censo de escuelas, maestros y alumnos, derivan de las disposiciones transitorias del decreto. Por eso estamos pidiendo que se suspenda la discusión en lo general, del dictamen, con el objeto de regularizar el procedimiento de dictamen y fundar y motivar adecuadamente el mismo. Esperaríamos que ocurriera un milagro navideño y que repusiéramos este procedimiento, pero tenemos severas dudas, porque de los 2 días a la fecha, 8 días después, no han querido debatir, como no lo van a querer debatir, porque ya viene la consigna, viene la línea de lo que quieren aprobar, y seguramente, imponerle, pues no le podríamos hablar a esto ni de una reforma sino de una composición a la ley constitucional, que seguramente no obedece a los anhelos del pueblo de tener una gestión integral de una reforma educativa y no lo que ustedes aquí, tramposamente, propagandísticamente van a querer realizar. Muchas gracias.