El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (vía telemática): Muchísimas gracias. Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, efectivamente, en nombre de la diputada Maribel Martínez Ruiz y de un servidor, que suscribimos esta propuesta, quiero plantearles que en el siguiente escenario, compañeras y compañeros, recordando que a partir de las elecciones presidenciales del 2006 creo que todos ubicamos que la vida política en México se ha venido transformando de manera sustancial. A qué me refiero. Que en los últimos 16 años el Congreso de la Unión ha realizado al menos dos grandes reformas generacionales en materia electoral. Sí. Y es que el sistema político mexicano es versátil. Los supuestos jurídicos y fenómenos en materia electoral ocurren en la práctica, sin estar previstos en una ley o código. Y, por lo tanto, pues una vez que suceden, nosotras, nosotros como legisladores reaccionamos con disposiciones legales que pretenden adaptarse a la nueva naturaleza de la socialización electoral o, en su defecto, se corrigen las lagunas y vicios de reglas comiciales. Quiero recordar que estas reformas han obligado a equilibrios democráticos, a una convergencia de actores de poder, ocasionando sin duda una progresión legislativa en materia electoral para fortalecer, al menos en teoría, el sistema de competencia electoral. Aunque también corresponde pues al arreglo institucional de las fuerzas políticas representativas en la esfera de poder. Hay que recordar que en el 2007, por ejemplo, el Congreso fijó nuevas reglas de participación, que redundarían en una equidad económica competencial entre los actores políticos, registrándose a los partidos, restringiéndose a los partidos a contratar espacio en radio y televisión. Así también recordemos que se inscribió un régimen fiscal de uso de los recursos públicos y publicidad, en detrimento de la desventaja y la guerra calumniosa. Recordemos también que en 2013 y 2014 se llevó a cabo la quinta generación de reformas políticas que visibilizan aún más un escenario competitivo y legalmente restrictivo a la vez, como es el umbral de pérdida de registro del 3 por ciento o la elevación del número de afiliados para constituir un partido político. Severidad por cierta en la afiliación, cuya auditoría pasa forzosamente por el órgano electoral, así como la institucionalización de la reelección legislativa. En 2018 se consagran, recordemos, en nuestra Carta Magna y posteriormente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales diversas adecuaciones vinculantes para todos los partidos políticos, para las autoridades ejecutivas y judiciales respecto de la paridad y acceso a las candidaturas a las mujeres, las reformas conocidas como paridad en todo, para instaurar precisamente la justicia de género a los cargos de representación popular y administrativos del sector público. Finalmente, recordemos que en agosto de 2020 se tipificó el uso ilegal e ilegítimo, ventajoso o no, de los programas sociales por parte de actores o partidos políticos. Todo ello, compañeras y compañeros en los últimos 16 años para redundar una democracia cada vez más contenciosa y con mayores retos jurisdiccionales para lograr la anhelada consolidación democrática del país. Pues bien, la reforma a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que presento ante ustedes tiene como finalidad fortalecer las prestaciones y prerrogativas de los partidos políticos, cuando deciden acudir a una elección en forma coaligada. La intención de esta propuesta, compañeras y compañeros, es subrayar el valor proporcionar y numérico que aportan los partidos cuando participan en un proceso electoral en forma coaligada. La tesis es recobrar la fuerza partidista y electoral que la ciudadanía obsequia con su preferencia a un instituto político. Diputada presidenta, dejamos esta propuesta a consideración del pleno con el afán de seguir perfeccionando la democracia partidista, pero también la fuerza del voto ciudadano. Es cuanto, diputada presidenta.