EL DIP. VICTOR HUGO CIRIGO VAZQUEZ: Con su permiso señor Presidente. Compañeros y compañeras diputados: El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento ante esta Soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo en relación a los medios electrónicos de comunicación. Consideraciones: Una parte fundamental del sistema político mexicano de la etapa postrevolucionaria, fue mantener estrechos vínculos con factores o intereses del poder real, amalgamados bajo un gobierno que al mismo tiempo era partido. Cuando existieron riesgos de ejercer con autonomía sus propios destinos, resultaba contrario a los propios intereses del régimen, por lo que se dispuso, para contrarrestar ello mismo, de la fuerza policíaca que de decretos y normas de dudosa legalidad y legitimidad. El fin fue mantener mecanismos de control suficientes, eficaces, para evitar cualquier resquicio de disidencia. Se trató además de asimilar, bajo procesos de cambio cultural, la conducta de debida obediencia y cuidado hacia el gobierno y sus autoridades. En este terreno los medios de comunicación escritos y electrónicos, fueron concebidos como instrumentos al servicio del gobierno. No obstante esta situación, en los últimos años se ha avanzado en la autonomía e independencia de los medios de información, quienes sin concesión graciosa alguna, han ido arrancando espacios de identidad hacia un prensa escrita y electrónica cada vez más libre. El asunto de la libertad de los medios de información va estrechamente ligado con su capacidad de crítica. Una prensa silenciosa no es una prensa libre. Cuando la prensa critica, ejerce su condición; sus excesos, que no son positivos, no se dan cuando se constituyen en verdaderos contrapesos de los poderes públicos, sino cuando dejan en indefensión al gobernado frente a los actos de autoridad. La tarea de los medios de información en los procesos de transición democrática, pueden ser fuente de vida o decreto de muerte para los mismos, por ello resulta necesaria la discusión en torno al fortalecimiento de su autonomía y regulación a favor del ciudadano. Debemos consolidar el tránsito en la concepción de los medios de información, de instrumentos de la autoridades, a auténticos mecanismos a favor de la sociedad, por eso en las últimas semanas hemos visto con asombro cómo integrantes del llamado Equipo de Transición del Presidente Electo Vicente Fox, dan cuenta de una larcibilidad insultante en contra de las críticas de la prensa. Esa actitud se ha expresado incluso en posiciones de ironía contra los comunicadores porque no hablan inglés. En los últimos días, como respuesta a lo que ellos consideran un acoso, se ha anunciado que se concentrarán en la Presidencia de la República lo relativo a la publicidad del gobierno entrante y todo lo relativo a la comunicación social del Gobierno Federal. Lo anterior, en un afán de control informativo y dosificación de la publicidad gubernamental, olvidando que apenas hace unos meses se pretendió hacer algo parecido a través de la Agencia NOTIMEX. Sin embargo, en aquella ocasión se retractaron de tal propósito. Para nosotros el cambio significa avanzar, no retroceder, por eso, lejos de los planteamientos hechos por el foxismo, lo que nosotros queremos someter a la consideración de este pleno, es la eliminación de controles que impliquen la sujeción de los medios de comunicación a los gustos del gobernante en turno.. Plantemos en consecuencia, que se elimine del catálogo de impuestos ese emolumento al presidencialismo rancio que significó la creación del impuesto del 25% sobre los ingresos obtenidos por publicidad, llamado formalmente Contribución por Servicios expresamente declarados de interés público por la ley en los que se intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación; impuesto que apareció por primera vez en la Ley de Ingresos correspondiente al año de 1969, impulsada nada menos que por Gustavo Díaz Ordaz después de los hechos de 1968 y como un mensa je de control, señalándose en el Presupuesto de Egresos de ese mismo año, primero la posibilidad de la exención total a cambio de someter a la venta del 49% de los activos de las empresas concesionarias y después mediante un decreto administrativo de fecha 1 de julio de 1969 que continúa vigente, dado que el impuesto se mantiene establecer el pago en especie de dicho impuesto en razón de 12. 5% del tiempo diario de la transmisión de cada estación, cuya utilización es a discreción del Ejecutivo Federal, no siendo acumulable ni estrictamente cumplido. En suma, se trata de un impuesto que no resulta en recurso económico y sí un absurdo mecanismo de control hacia los medios informativos, a quienes por cierto actualmente el gobierno les compra tiempo en tarifa comercial. Pensamos que debe emitirse ya la mención de dicho impuesto, que por cierto tiene una previsión de cero en la Ley de Ingresos de este año. Como consecuencia de esta medida, el decreto de 1 de julio de 69, sería guardado como reliquia del presidencialismo asfixiante que debemos dejar atrás. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno la siguiente propuesta de punto de acuerdo: UNICO. Esta Cámara de Diputados, asume como compromiso eliminar en la Ley de Ingresos del año 2001, la mención al Impuesto por Servicios expresamente declarados de Interés Público por la ley en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación; y hace un llamado para que en la iniciativa que remita el Ejecutivo Federal, se omita tal referencia. Asimismo, para que proceda en consecuencia derogar el decreto del 1 de julio de 1969, por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago de dicho impuesto en especie, en razón del 12.5% del tiempo diario de transmisión de cada estación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de noviembre del 2000. Atentamente, diputado federal Víctor Hugo Círigo Vázquez, grupo parlamentario del PRD y diputado José Manuel del Río de Convergencia por la democracia. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, compañeros. EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputado Víctor Hugo Círigo Vázquez. La proposición con punto de acuerdo que usted ha presentado, se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para presentar una proposición con punto de acuerdo, una proposición con punto de acuerdo en relación con la situación agraria en Tihuatlán, Veracruz, se concede el uso de la palabra hasta por diez minutos, a la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática . A petición del grupo parlamentario del PRD y de la propia diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, este tema pasa para la próxima sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre la importación de autos para discapacitados, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos, a la diputada Esveida Bravo Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. APENDICE No. 10 DIP. ESVEIDA BRAVO MARTINEZ: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Un gran número de mexicanos sufren de algún tipo de discapacidad física. Para esos compatriotas nuestros, la vida no es fácil ya que para desarrollar todas sus capacidades requieren en muchas ocasiones de aquellos equipos e instalaciones especiales. Desgraciadamente en México, la población en general no ha desarrollado una cultura de apoyo a los discapacitados. Más aún, el gobierno no ha implementado programas e instalaciones adecuadas para suplir en alguna medida las limitaciones físicas de estas personas. Un ejemplo de la poca infraestructura existente para discapacitados es la falta de accesos, banquetas y transporte especializado, es quizá en este último punto, donde los discapacitados encuentran mayores dificultades, y que cuando alguna enfermedad o accidente se pierde la capacidad motriz, las oportunidades de desarrollar actividades fuera del domicilio, resultan muy escasas. Por lo que muchas veces las expectativas de estos compatriotas se ven truncadas, perdiendo el país el desarrollo de un enorme talento que estas personas puedan generar. Infinidad de ocasiones somos testigos de la forma en que tienen que desplazarse nuestros compañeros discapacitados, sufriendo en la mayoría de las ocasiones de grandes incomodidades y hasta peligros. Debemos tomar en consideración que en nuestro país es un lujo que una persona discapacitada pueda contar con un vehículo especialmente adaptado para poder transportar a una persona con alguna discapacidad física. Siendo en virtud de la gran variedad de tipos de discapacidades, prácticamente imposible el encontrar vehículos para algunos de éstos. Cabe mencionar que la Ley Aduanera contiene disposiciones especiales mediante las cuales se exenta del Impuesto al Comercio Exterior, la importación de vehículos especiales para personas discapacitadas, no obstante que fue voluntad del legislador el proteger a los discapacitados, resulta increíble el escaso criterio de las autoridades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya que éstas en lugar de cumplir las leyes que protegen a los discapacitados, quebrantan el orden jurídico mexicano en perjuicio de los mexicanos más desprotegidos. Un ejemplo de esta caprichosa aplicación de la normatibilidad, es el hecho de que los funcionarios decidan caprichosamente qué clase de aditamentos hacen que un vehículo sea especial para los discapacitados y cuáles no; pudiendo llegar al extremo que una persona, por el hecho de que su discapacidad no lo obliga a estar en una silla de ruedas, no tenga derecho a importar un automóvil con características especiales para su problema motriz, en el cual resulta imposible de conseguir en el país. Debemos recordar que las modificaciones que se le pueden hacer a un vehículo, pueden ser tan distintas como las propias incapacidades de las personas que lo conducirán; por lo que los criterios para que estos autos sean considerados como especiales, debe ser amplísimo, tomando en cuenta las necesidades del importador. Por ello, sometemos a la consideración de la Asamblea, el siguiente punto: PUNTO DE ACUERDO UNICO. Se exhorta a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para que permita la importación de aquéllos autos que, por sus características especiales, permitan que los discapacitados los puedan conducir con mayor seguridad, tomando en consideración las limitaciones físicas de cada solicitante. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de noviembre del 2000. Firman los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México y, por la Convergencia por la Democracia, el Diputado José Manuel del Río, la Diputada Raquel Cortés López, del PRD, y también del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Hago entrega a la Secretaría del presente punto de acuerdo. (aplausos)