El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. La delincuencia organizada en nuestro país es, sin duda, un mal que aqueja a la sociedad cada día con mayor intensidad, manteniéndola atemorizada. El tipo penal considera que se materializa la misma cuando tres o más personas se reúnen y deciden organizarse para realizarla en forma permanente o reiterada. Eso ilícitos representan una actividad profundamente nociva para nuestra sociedad y el Estado, que no debe verse sólo como un problema delictivo contra la salud y la integración física, sino que debe verse ya como un problema de seguridad nacional. Las consecuencias del crimen organizado son principalmente violencia y muertes, inquietud y angustia comunitaria, tensiones en la relación gubernamental, nacional e internacional, aumento en las adicciones, contaminación y corrupción en las instituciones públicas y privadas, pérdida de competitividad e inhibición de la inversión productiva, perversión de los valores éticos y de convivencia social. Los criminales organizados cuentan con un gran poder de intimidación, fortaleciéndose un círculo vicioso de impunidad. No está en sus prioridades enfrentar al Estado, sino en infundir miedo a la sociedad y a las autoridades para controlar el territorio e inhibir el poder público, rebasando el poder del gobierno, lo que envilece la actuación de este último. El problema radica principalmente en la impunidad con la que se desempeñan estos grupos, así como la falta de denuncias y testimonios que permitan contar con las herramientas para la persecución y proceso de los agentes activos que participan en estas mismas. En múltiples ocasiones las actuaciones ministeriales y judiciales tienen cierto grado de dificultad, debido a la falta de testimonios que hagan presumible la comprobación de la delincuencia organizada, por lo que es conveniente dedicar esfuerzos para dejar de obstruir la aplicación de esta misma justicia. La iniciativa que hoy presento busca eliminar los obstáculos para la presentación de testimonios que permitan, mediante una protección integral, el buen desarrollo y cumplimiento de la averiguación previa y del procedimiento penal en aquellos delitos establecidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pretende brindar seguridad en la integridad personal de los testigos cuando éstos tengan información que ayude a la autoridad al esclarecimiento de este tipo de delitos desde antes de que se ejercite la acción penal, así como durante todo el procedimiento, pues éstos pueden contar con pruebas muy importantes para la persecución y condena penal. Intenta, además, alentar la participación de los testigos y protegerlos de posibles represalias. Se adoptan medidas encaminadas a garantizar la protección física de los testigos; permite que el testimonio se preste de modo que no se ponga en riesgo a su persona. Por lo que el presente proyecto de decreto propone salvaguardar la identidad, domicilios y demás datos personales de los testigos, asegurándose para tal efecto y en todo momento, la reserva de su identificación. Resulta complicado tener que atestiguar contra la delincuencia organizada, por ello esto ayudará al combate de tal ilícito. En este sentido se pretende derogar el artículo 14 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en virtud de la limitada protección que ofrece, pues actualmente les otorga reserva de su entidad hasta el ejercicio de la acción penal, lo que significa que no gozan de una seguridad plena en su persona para rendir su testimonio y ello resulta complicado en la participación de los testigos que, a sabiendas de su dicho, corren riesgo en su persona. Al respecto, el artículo 34 de la Ley en comento establece el derecho de apoyo y protección a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas cuando por su intervención en un procedimiento penal así se requiera. Sin embargo el precepto legal contempla una protección incierta al depender de la discrecionalidad de la Procuraduría General de la República, por lo que se reforma en este sentido dicho precepto legal, suprimiendo el término "testigo" a fin de ser contemplada su protección en el artículo 34 Bis. La presente iniciativa genera de forma más específica la protección jurídica al testigo manteniendo —reitero— en todo momento la secrecía de la identidad personal, cuando el testigo participe tanto previo a la averiguación, como durante el procedimiento penal contra algún miembro de la delincuencia organizada. Por lo tanto, solicitamos se adicione el artículo 34 Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, garantizando de manera integral su testimonio y no únicamente hasta el ejercicio de la acción penal, como se venía contemplando en el artículo 14 que ahora pretendemos derogar. También se instituye de manera potestativa la responsabilidad para que la Procuraduría General de la República preste los apoyos y protección necesaria para la salvaguarda de la integridad física del testigo a que se refiere el artículo 34 de esta misma Ley. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 14, se reforma el artículo 34 y se adiciona un artículo 34 Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, conforme a lo siguiente Artículo primero. Se deroga el artículo 14 de esta Ley. Artículo segundo. Se reforma el artículo 34 de la misma Ley para quedar como sigue: Artículo 34. La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta Ley, así se necesite. Artículo tercero. Se adiciona un artículo 34 Bis de esta misma Ley para quedar como sigue: Artículo 34 Bis. Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada, deberá mantenerse en todo momento la secrecía de la identidad, domicilio y demás datos personales de los testigos, previo al ejercicio de la acción penal y durante el procedimiento. En su caso, a solicitud del testigo, la Procuraduría General de la República prestará los apoyos y protección para la salvaguarda de su integridad a que se refiere el artículo 34 de esta Ley. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. La Procuraduría General de la República contará con un plazo de tres meses para que implemente todas las medidas presupuestales y administrativas conducentes para otorgar los apoyos y protección a que se refiere el artículo 34 Bis de esta ley, reformado en los términos de este decreto. Gracias por su atención. Es cuanto, señor Presidente.