El diputado Mario Enrique del Toro: Con el permiso de la Presidencia. El que suscribe, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona las diversas disposiciones de ley a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. El estado de derecho consolidado con la Revolución Francesa en el siglo XVIII, es la pauta que ha regido al Estado moderno en el establecimiento de frenos al poder de la administración pública frente a los particulares, reconociendo que las libertades de éstos no pueden ser violentadas por las autoridades. Así, nuestra Constitución de 1917 estableció la garantía de legalidad en el artículo 16, al obligar a las autoridades a emitir todos sus actos de molestia fundando y motivando sus resoluciones, lo que se traduce en la obligación estatal de no generar actos jurídicos en contra de las libertades de los particulares. De ahí que todos los actos que emitan las autoridades deben estar fundados y motivados, situación que obliga al servidor público a observar cabalmente el ordenamiento jurídico, so pena de ser declarados nulos. De esta manera, el gobernado se encuentra respaldado con la garantía constitucional de la seguridad jurídica; no obstante, existe un área en la que por cuestiones técnicas jurídicas, la autoridad salva su obligación de fundar y motivar sus actos y en numerosas ocasiones hasta se le concede por los tribunales federales la posibilidad de evadir su papel de autoridad, negándolos sistemáticamente frente al particular, quien ante el acto de autoridad no tiene defensa legal, pues los tribunales de fuero común no son la instancia idónea para dirimir controversias relativas a la ilegalidad del acto, mientras que los tribunales competentes en materia de legalidad señalan que los órganos no son autoridades por no pertenecer ante la administración pública centralizada, por el simple hecho de estar contemplados como organismos descentralizados, concesionarios o cualquier otra denominación que adopten, sin importar que las funciones que realizan sí son de carácter público y por ende, corresponden a funciones de la autoridad. Efectivamente me refiero a la administración pública paraestatal, cuya naturaleza jurídica no se encuentra perfectamente señalada en la ley, situación que genera diversas interpretaciones aun en los tribunales federales que no terminan de ponerse de acuerdo acerca de ello. El hecho de que no pertenezcan estas entidades a la administración pública federal centralizada ha dado lugar a la interpretación errónea de que no participan en la naturaleza de aquella. Esto es particularmente ilustrativo en el caso de los organismos descentralizados, quienes al tener personalidad jurídica y patrimonio propio se desligan jurídicamente de la secretaría coordinadora de su sector para efectos de juicio. Entonces adoptan en los tribunales el doble carácter de particular frente a los tribunales y ante los gobernados de autoridad. Esta situación en síntesis, deja en estado de indefensión al gobernado y convierte a la entidad en una autoridad que no responde como tal. Por otro lado, este doble carácter permite que las entidades paraestatales carezcan de personalidad en las controversias constitucionales; a veces en el amparo, lo que no otorga seguridad jurídica a la población. Sin embargo, definir la naturaleza del órgano administrativo y de acuerdo con las funciones que realiza, sin importar su denominación permite a los gobernados y al mismo ente público, que sean considerados como tales siempre que ejerzan facultades de derecho público. Por todo ello, se hace indispensable modificar la ley, a manera de que a pesar de lo sui géneris que puedan ser las entidades, se establezca la obligación de fundar y motivar sus actos de autoridad que afecten la esfera jurídica de los particulares o incidan sobre el patrimonio del Estado. Con ello se abre la posibilidad del gobernado de acudir ante los tribunales administrativos, a controvertir los actos generados de una relación de suprasubordinación que existe entre dichas entidades y el particular. Por otro lado, aunque sus trabajadores están sujetos al régimen de responsabilidades administrativas, los órganos internos de control carecen del fundamento legal que les permita obligar a dichas autoridades a observar la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16, lo que provoca corrupción entre sus funcionarios que conocen la imposibilidad legal de combatir los actos que emiten. Es éste el motivo que debe clarificarse en la ley, que todo acto de autoridad provenga del ente que provenga debe fundarse y motivarse adecuadamente y que se entenderá como acto de autoridad todo aquél que lesione los intereses jurídicos de los particulares emitidos de manera unilateral con permiso de la ley. Al eliminarse la duplicidad de regulación de los entes públicos se evita que alguno de ellos efectúen actos de autoridad sin responsabilidad como tal; permite al gobernado contar con el medio de defensa legal cuando los intereses jurídicos se encuentran vulnerados, sin importar la denominación que se le dé al órgano. De esta forma se rescata el espíritu de la legalidad que debe privar en todos los órganos públicos en los casos en que afectan los intereses jurídicos de los gobernados con actos emitidos por autoridad. Por lo anteriormente expuesto, se estima que la presente reforma arrojará luz sobre el tratamiento y la naturaleza de la administración pública paraestatal frente a los gobernados, eliminando de la administración pública la zona oscura en que se difumina la naturaleza de los entes administrativos, confundiéndose sus características con los de la iniciativa privada. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno la presente iniciativa, la cual solicito se inscriba íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.