El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Con la venia diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en los últimos años esta Cámara ha aprobado muchas reformas que dan muestra del compromiso de los legisladores con la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, la máxima expresión de este compromiso con la sociedad, la alcanzamos a través de la revisión de las cuentas públicas de cada año. Entiendo que la revisión de la Cuenta Pública no es un capítulo de la retórica sino un plan de acción. Por ello, desde la pasada entrega del informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, con carácter institucional y no partidista, reiteré la necesidad de sumar los esfuerzos del Poder Legislativo en materia de rendición de cuentas a la sociedad. Ampliar el debate y la reflexión sobre la dictaminación de la revisión de las cuentas públicas de los años 2002 al 2005. En mi partido, el Partido Verde, hemos asumido la decisión de refrendar los avances en materia de transparencia, sin sujetarnos a dogmas políticos ni a intereses particulares. Hemos demostrado que esta LX Legislatura posee un profundo sentido de la justicia y la voluntad para sostener que es un derecho ciudadano el conocer y vigilar el patrimonio común, como resultado de su obligación de contribuir a los gastos del Estado. En el Partido Verde, queremos que el ciudadano pueda identificar cuál es el avance en el desarrollo nacional con los impuestos que pagan y pueda valorar las finanzas públicas. Queremos que el ciudadano común tenga la tranquilidad de que los legisladores etiquetamos, clasificamos o redistribuimos recursos en función de las prioridades sociales y de bienestar colectivo. En estos dictámenes que presentamos, ¿qué caracteriza a la revisión de las cuentas públicas 2002 y 2003, frente al resto de las otras revisiones? Pues hemos enriquecido con más y mejores criterios para corroborar el cumplimiento de los objetivos de cada presupuesto de egresos de la federación e incorporado elementos para erradicar el cáncer que representa la corrupción en nuestra sociedad. En el año 2002 se llevaron a cabo 336 auditorías, de las cuales 44 correspondieron al avance del Informe de Gestión Financiera y 292 correspondieron a la revisión de la Cuenta Pública, atendiendo a su naturaleza, de las 336 auditorías, se dividieron 24 de desempeño, 260 de regularidad, 52 especiales. Preciso efectos. En ese año, el 2002, los entes más observados por incumplimiento de disposiciones fueron la Procuraduría General de la República, Energía y Salud. Un caso que debemos recordar fue el Fideicomiso Aduanas 1 y el caso de la empresa ISOSA, recientemente que lo vuelve a recordar y a observar la Auditoría Superior de la Federación, esa llamada "plataforma" que fue un total fracaso para el SAT, y que el pasado, el anterior jefe del SAT, nunca logró comprobarnos ni mostrarnos la operación ni el éxito que él pregonaba. Éstos formaron parte de las observaciones realizadas al Servicio de Administración Tributaria durante la revisión de la Cuenta Pública 2002, y a pesar de la controversia constitucional 84/2004, promovida por el Poder Ejecutivo, el erario logró recuperar 85.5 millones de pesos reintegrados a la Tesorería de la Federación. Otro caso relevante de 2002 fue el resultado de la revisión del Programa de Capitalización y Compra de Cartera Adquirida en razón del rescate bancario, que estaba expresamente prohibido incluirlos en el registro de carteras, los cuales representaron 476.2 millones de pesos. Con valentía e inteligencia, la Auditoría Superior de la Federación, en seguimiento de las observaciones formuladas, logró recuperar 962.5 millones de pesos y, concretizando a más del 90 por ciento los 134 pliegos de observaciones y promociones para el fincamiento de responsabilidades. Para quienes pretenden defender que en el sexenio de Vicente Fox no se presentaron atracos a la Hacienda Pública, me permito informarles que están en un error. En el año de 2002 se cacareó Enciclomedia como el programa más exitoso que emprendería el gobierno en materia educativa. Lejos de distinguirse como derrotero de la calidad educativa, se distinguió por socavar los recursos públicos que se le entregaron y por el éxito que pueden alcanzar las mafias que estén más bien organizadas. Un retroceso similar en materia educativa, la Biblioteca Vasconcelos, vituperada por Fox como la obra más espectacular de su tipo en Latinoamérica, sin duda en lo formal adoptaba el noble objetivo de fortalecer la red de bibliotecas del país. Creyendo esto, apoyamos que su primera piedra costara cerca de 954 millones de pesos, claro que años después ?para ser precisos en 2007? se clausuraría a consecuencia de las irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación. Por su parte, en el 2003 se llevaron a cabo 338 auditorias, de las cuales 40 correspondieron al avance del informe de gestión financiera, y 298 correspondieron a la revisión de la Cuenta Pública. Atendiendo a su naturaleza las 338 auditorías, se dividieron en 24 desempeños, 294 de regularidad, 56 especiales y 9 de seguimiento. Para precisar efectos de este año 2003, los entes más observados por incumplimiento de disposiciones fueron: Energía, Hacienda y Crédito Público, Ramos generales 33 y 39 y Comunicaciones y Transportes. La Auditoría Superior de la Federación, en seguimiento de las observaciones formuladas, logró recuperar 2 mil 847.3 millones de pesos y, concretizando, a más del 80 por ciento, los 230 pliegos de observaciones y promociones para el fincamiento de responsabilidades. El caso emblemático de 2003 lo sobrellevamos con el programa de oportunidades. Recordemos que la Auditoría Superior determinó que, de 2 mil 283 familias que cumplieron, en tres años, en el programa únicamente el 4 por ciento superó su condición de pobreza. El restante, 95.3 continuaría recibiendo los apoyos de manera indefinida al clasificarla en pobreza-capacidades. Durante el periodo que se reporta en estos dictámenes de los años 2002-2003, encontramos suficientes evidencias para demostrar que son indispensables los contrapesos entre los Poderes de la Unión, se trata de buscar la defensa del mejor ejercicio del gasto, de lograr implementar un sistema ad hoc de indicadores de gestión y racionalidad financiera acorde a los resultados que se demandan en la sociedad. Y debo de comentar que en el dictamen de aprobación de las Cuentas Públicas de 2002 y 2003, es una evidencia del estatus de la gobernabilidad de los mexicanos, ya que bajo el principio de soberanía popular los legisladores conservamos la misión que nos confiere el inevitable deber de intervenir de diversas maneras en la conducción de los asuntos públicos. La aprobación de la revisión de la Cuenta Pública es siempre un nuevo desafío de la justicia; por ello, queremos que la ciudadanía se erija como un actor central del ejercicio público y denuncie las conductas que se separen de la ley. La justicia es el bien público más preciado en nuestra sociedad. Sin embargo, para que sea posible, necesitamos recuperar la credibilidad de todo servidor público que tiene contacto con recursos públicos. Para evitar esta tentación, impulsamos durante 2007 y 2008, reformas a la Constitución que significaron un avance importante en materia de gasto público y fiscalización superior, otorgando facultades adicionales a la Auditoria Superior de la Federación y estableciendo la contabilidad gubernamental para todos los niveles de gobierno. El dictamen de la revisión de las Cuentas Públicas 2002 y 2003 nos motiva a continuar fortaleciendo a la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Por ello, el Partido Verde en las legislaturas venideras continuará impulsando, primero, otorgar autonomía constitucional a la Auditoria Superior de la Federación; segundo, facultar a la Auditoria Superior de la Federación para iniciar las revisiones a partir del primer mes del año de ejercicio; tercero, establecer periodos excepcionales de revisión, y cuarto, otorgar dientes a la Auditoria Superior de la Federación a través de facultades sancionatorias sin afectar las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. Por todo ello, tengamos presente siempre que esta atribución consagrada en el artículo 74 constitucional de realizar la revisión de la Cuenta Pública es, ante todo, un compromiso moral con la sociedad que clama legitimación y transparencia de las instituciones públicas, por lo que debemos, sin limitaciones ni reservas, dar a conocer los resultados de las cuentas y evaluar la calidad de la gestión pública. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, compañeros.