El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, millones de mexicanos desde 2008 estamos sufriendo los embates de la brutal crisis económica donde los trabajadores han visto perder el poder adquisitivo de su salario, ya de por sí raquítico que perciben, y donde los ingresos de la población ya no alcanzan para sostener a una familia. Al mismo tiempo, podemos notar un creciente desempleo abierto que hoy en día abarca a más de 2 millones 800 mil personas, según datos confirmados por el INEGI. Ahora, un gran número de estas personas no cuentan con los recursos para pagar las deudas que contrajeron con instituciones financieras o por otros medios. Esta situación deja en desventaja a los deudores, ya que la cartera vencida se ha convertido en una trampa para que los bancos puedan seguir haciendo negocios con sus clientes. Es tan grave el problema de insolvencia de los deudores, que en sólo 6 meses 3 millones y medio de mexicanos dejaron de pagar tarjetas bancarias equivalentes a 30 mil 660 millones de pesos. En conjunto, la cartera vencida ya llegó a más de 73 mil millones de pesos, englobando los créditos de empresas, crédito hipotecario y al consumo. Además, más de 3 mil empresas han sido embargadas por los bancos por carecer de solvencia financiera, y cientos de empresas se han declarado en concurso mercantil; entre otras se encuentran el Grupo Industrial Durango, Metrofinanciera y otros grandes monopolios como Cemex y Comercial Mexicana, que han tenido que ser rescatados por el gobierno para evitar su quiebra. Debemos decir que lo anterior ha sido consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales irresponsables, para permitir la expansión internacional de los grandes monopolios u oligopolios, mediante estrategias de control de la inflación y de las variables financieras, todo a costa de sacrificar el crecimiento económico y la creación de empleos. La manera indiscriminada de ofrecer y autorizar tarjetas de crédito por los bancos desde mediados de 1998 a la fecha ha provocado que los usuarios se sobreendeuden, donde los banqueros tienen una enorme responsabilidad, toda vez que alentaron el riesgo moral ofreciendo tarjetas de crédito hasta en las estaciones del Metro, según lo dijo Felipe Calderón. Como ahora no pueden cobrar, porque la mayoría de las deudas son incobrables, se valen de despachos jurídicos que se dedican a recuperar la cartera vencida utilizando una serie de argucias que van desde la amenaza al chantaje, los insultos, llamadas telefónicas día y noche, e incluso utilizan señuelos y garlitos que rayan en el cinismo y en la torpeza. Siendo así, debemos recordar que los banqueros de 1992 a 1996 cometieron una serie de fraudes que terminaron en la panza del Fobaproa, y ese fraude hoy lo pagamos todos los mexicanos y lo seguiremos pagando en los próximos 30 años. Aunque parezca paradójico, ningún funcionario público de este país le llama por teléfono a los banqueros para pedirles que paguen esa deuda, y que si no tienen recursos para hacerlo que se dediquen a vender chicles o gelatinas, o a limpiar parabrisas en la vía pública, como sí lo hacen los despachos jurídicos con los clientes morosos. A estos banqueros se les olvida que ellos provocaron esta situación al ampliar la línea de crédito de muchos clientes, sin la autorización previa de ellos. Se hacen pasar como desapercibidos al haber aprobado el otorgamiento de plásticos a personas sin solvencia económica, o bien, con bajos ingresos, que de antemano representaban la crónica anunciada de un pasivo impagable. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en este sentido la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que propone el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, prohíbe a los bancos contratar despachos jurídicos externos para recuperar los pasivos que sus clientes no pueden pagar. Proponemos que cada banco deba de utilizar su área jurídica para realizar esta función, además de sujetarse a los códigos de ética profesional y de alcance legal que sobre el tema de cobranzas se establecen en nuestra Constitución, y de las demás leyes secundarias en materia financiera. Debemos decir que, arbitrariamente, al delegar en otras empresas como bufetes jurídicos, la responsabilidad de cobrar a los clientes y usuarios morosos los respectivos contratos para adquisición de créditos, violentan nuestra Constitución y demás leyes secundarias en esta materia. No está de más señalar que para poder capitalizar el esfuerzo de estos despachos jurídicos son acordados convenios en los que se llegan a estipular como pago hasta un 30 por ciento de entrega del monto recuperado, por lo que a manera de pago por destajo las firmas representantes de dichos despachos se ven incentivadas a lograr obtener el pago total de una deuda, sin importarles cómo hacerlo. Sometemos a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Instituciones de Crédito, para prohibir la participación de despachos jurídicos externos a ellas, en sus operaciones de recuperación de cartera vencida. Diputado presidente, me permito solicitarle atentamente que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara. Es cuanto, y muchísimas gracias por su atención.