El diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que propone adicionar una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se pretende otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley General en Materia de Registro Público Inmobiliario y Catastro. En la actualidad el Registro Público de la Propiedad presenta diversos problemas, que inciden en la seguridad jurídica de la propiedad, lo que trae como consecuencia un impacto al catastro que cada entidad federativa tiene y con el cual le permite determinar la base gravable para el pago de los impuestos predial y de traslado de dominio. A pesar de que las entidades federativas han implementado programas para mejorar, modernizar y actualizar los registros públicos, éstos no han logrado su objetivo. Esto es, contar con un registro público eficiente y eficaz, que otorgue certeza y seguridad jurídica a los actos que por ley deben ser inscritos. Por ello, la reforma constitucional que hoy se analiza tiene como principal objetivo contar con una normativa que permita unificar esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno, ya que actualmente existe dispersión de leyes, acuerdos y demás dispositivos normativos en materia de registro inmobiliario, generando políticas encontradas o dispersas. Lo anterior significa que las gestiones que realice cualquier ciudadano para registrar su propiedad se harán los mismos trámites y tiempos en cada uno de los estados del país. Además, implica que las inscripciones no pueden ser modificadas o alteradas, lo que da seguridad y certeza jurídica a la propiedad. Por otra parte, la ley general que aprueba el Congreso de la Unión para hacer efectiva la facultad que se pretende concederle debe ser respetuosa de la soberanía de los estados y de los municipios. Órdenes de gobierno que conservarán sus facultades en el aspecto tributario que sobre los ingresos de registro perciban, la designación de los funcionarios de tales registros y catastros y la administración de las instalaciones, entre otras atribuciones. En otras palabras, la única facultad que tendrá el Congreso de la Unión será expedir la base jurídica que permita crear una ley en la cual se determinen los términos del procedimiento de registro, procesos, sistemas, mecanismos de coordinación para la capacitación y modernización de los mismos para que mediante el uso de las nuevas tecnologías se lleven a cabo todos los trámites correspondientes, como ya se hizo en varias entidades, entre ellas en el Distrito Federal. Asimismo, para este órgano legislativo no pasa desapercibido el hecho de que en los estados y en los municipios el catastro y la base gravable para la generación de impuesto predial se encuentran desactualizados, además de que los registros públicos no están modernizados ni armonizados con los catastros, por lo que es necesario contar con valores catastrales actualizados y uniformes con los registros públicos, sin que ello implique cobrar más impuestos a la población. En este sentido la reforma constitucional que hoy se pone a su consideración otorgará la seguridad jurídica a la propiedad, facilitará la traslación de dominio de los inmuebles y los estados y municipios tendrán una herramienta útil para diseñar mejores políticas de desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda. En concreto, el dictamen cuyos fundamentos ahora se exponen, pretenden modificar la minuta enviada por el Senado de la República en los siguientes aspectos: Primero. Se propone precisar que la normativa que expedirá el Congreso de la Unión sea una ley general, con la finalidad de dar mayor claridad a la redacción contenida en la minuta aprobada por el Senado de la República, en donde únicamente se refiere al término ley sin distinguir si es federal o general. En segundo lugar, se suprime el artículo cuarto transitorio propuesto en la minuta, por considerar que la función notarial, al ser distinta de la registral no tiene ninguna relación con los alcances de la reforma que ahora se propone. Compañeras, compañeros diputados, los invito a votar a favor de este dictamen, que sin duda alguna fortalecerá la institución catastral y con ello las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios, tales como los impuestos predial y de traslado de dominio, lo que simboliza un paso adelante en el camino de la seguridad y la certidumbre jurídica, de la que actualmente carecen la mayoría de los organismos registrales estatales. Antes de concluir quiero también hacer de su conocimiento que a nombre de la comisión hago entrega a la Presidencia de la Cámara la propuesta de modificación al artículo segundo transitorio para su trámite correspondiente, en su momento oportuno. Es cuanto, diputado presidente. Y muchas gracias a todos ustedes, diputados.