La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidenta. Mi compañera Ana Lilia Herrera Anzaldo decidió solicitar la inscripción de su reserva en el Diario de los Debates. Una parte de estas reservas, son cuatro, la que tiene que ver con el artículo 44 Ter, ella solicitaba que se eliminara el famoso gabinete social de la Presidencia de la República. Yo coincido totalmente con la eliminación, pero como sabemos que todas las reservas rebotan con una extraordinaria capacidad energética en esta asamblea, es que hablamos de que, una vez que rebotara la de ella iba yo a venir a proponer una adición que amortiguara, al menos, el daño que se le hace a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la introducción de la figura de Gabinete Social. ¿Por qué razón? El presidente de la República está facultado, de acuerdo a la Ley Orgánica, para crear los gabinetes que dependen de la Oficina de la Presidencia, que considere necesarios para la agilización de la administración pública. En este caso, el gabinete social que se propone crear tiene otra arista sumamente delicada y complicada, que tiene que ver con la usurpación de funciones de esta Cámara de Diputados. La asignación de los recursos tendría que venir, tal como aparece en la ley, sobre la administración y enajenación de los bienes a través de una cuenta donde se depositara para poder después darle un destino, y no a través de un gabinete que decida unilateralmente, entendido eso por el Poder Ejecutivo, qué destino se van a dar a estos recursos. Es muy loable, desde luego, que tenga que ver con fomentar acciones relacionadas con la política social. Pero yo les pregunto, compañeras y compañeros, ¿es posible diseñar una política, un programa o acciones institucionales en materia de política social cuando los ingresos provenientes de la extinción de dominio son de naturaleza temporal y en la mayoría de las veces por un solo acto? Simplemente entraríamos al terreno de la asignación de dinero o de recursos, con ningún otro afán más que el momento político, y no para solventar una necesidad porque no tiene fuentes de financiamiento que la hagan sustentable. Este elemento, además en mi propuesta de reserva, lo adiciono perdón por si es una palabra maldita el día de hoy pero con la que se tome en consideración los informes y estudios realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y el Instituto Nacional de Información, Estadística y Geográfica. Y quiero señalar, aprovechando este momento, traía la reserva antes de conocer la desafortunada expresión del presidente de la República de hoy por la mañana, donde habla de la posibilidad de desaparecer, ni más ni menos que un órgano constitucional autónomo, cuya existencia está en el artículo 26 de la Constitución y que por omisión legislativa no se ha aprobado en el Senado de la República, la minuta que la Cámara de Diputados envió desde octubre de 2014, que le daría plena autonomía al Coneval. En este momento estando en el limbo hicieron la sustitución, tal como quisieron, de su secretario ejecutivo. Eso no es posible, no es deseable. Y, además, aprovechando la oportunidad de este momento en el que estamos hablando de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para reiterar que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sostiene la importancia del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, del Coneval, como un órgano que nos da certeza en el diseño e instrumentación de las políticas públicas y nos mantiene permanentemente sujetos a la evaluación de sus resultados. Muchas gracias.