La diputada Kehila Abigail Ku Escalante: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. A todos mis compañeros y compañeras diputadas y diputados en el recinto. No se puede dejar de pensar en la realidad de miles de personas que día a día dejan atrás a su patria. No podemos ser omisos de las situaciones y necesidades que mueven a los habitantes de un país a cruzar las fronteras y salir en busca de mejores condiciones para sus familias. Tan solo en 2018, cerca de 14 mil 500 personas de países de Centro y Sudamérica, así como del Caribe, solicitaron asilo a México en condición de refugiados y en lo que va del año, más de 12 mil 500 personas han solicitado tarjetas de visitante, por razones humanitarias, según cifras del propio Instituto Nacional de Migración. Hoy en día es todo un hecho que ya no se puede hablar de México como un país de tránsito, sino que ahora también es un lugar de destino en el que extranjeros adoptan nuestra patria como suya, siguen las costumbres de nuestro país como si fueran propias, contribuyen con la economía nacional y se resguardan en nuestras leyes para regir su estadía en nuestro territorio. Así lo hacen cerca de un millón de extranjeros que actualmente habitan en México y que vieron en este país una oportunidad para vivir. Lo anterior señalado nos obliga a repensar en cuanto a las obligaciones y deberes de todas y todos los que vivimos en México. No se puede permanecer en un país y ser omiso de las normativas que gobiernan a sus habitantes, pero tampoco se puede mantener al margen nuestra obligación social de velar por los derechos humanos de todas y de todos. Es así que en esta Cámara de Diputados tenemos un gran compromiso social que cumplir y debemos actuar como un bastión y garante sí de la justicia, pero a su vez del respeto a los derechos humanos de todo individuo en el país, ya sean connacionales o extranjeros. Un gran paso es erradicar todo posible error de interpretación en cuanto a las facultades del organismo encargado del control, verificación o revisión migratoria, para que este cumpla a cabalidad las funciones para las que fue instituido y, a su vez, se instrumenten las acciones necesarias para todo aquel que infrinjan las leyes mexicanas por las instancias correspondientes, como lo es el Ministerio Público, en el caso de procedimientos penales. Con la reforma del artículo 93 de la Ley de Migración, se acentúa que solo el Ministerio Público puede ejercer procedimientos penales en contra de los migrantes en tránsito o con residencia en territorio mexicano, y no así el Instituto Nacional de Migración, siendo este último un órgano con facultades de garantizar el salvoconducto por el territorio nacional, mediante acciones que garanticen la legalidad. Pero, sobre todo, el respeto a los derechos de cada uno de ellos. Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano alzamos la voz en pro de las iniciativas que coadyuven y fomenten el bienestar y la seguridad de los extranjeros en México y votaremos a favor de esta iniciativa, a fin de garantizar que los procesos realizados a migrantes en situación de tránsito y/o residencia en México se lleven a cabo con estricto apego y recelo de la ley, garantizándoles el debido proceso y el cumplimiento del respeto estricto a sus derechos humanos. Es cuanto.