La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Gracias. Una de las funciones primordiales del parlamentario, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de reglamentar y nivelar la ejecución de los mandatos que tocan implementar al titular del Ejecutivo federal vía el presidente de la República, o mediante los empleados federales que forman parte de tal Poder. En México un tópico complejo ha sido el ejercicio de las atribuciones dadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por la Ley de Ingresos y el Código Fiscal de la Federación en materia recaudatoria. Los mexicanos nos encontramos en estado de alerta cuando se trata del ejercicio y gasto público. Su ejecución, su destino, la rendición de cuentas asociada al mismo, y en el tema que nos ocupa, porque hay ciertos casos donde personas físicas o morales obligadas al pago de impuestos dejan de hacerlo, sobre todo cuando se trata de grandes montos, vía un decreto o resolución del presidente de la República, si bien en un claro ejercicio de una potestad del titular del Ejecutivo federal, no menos controversial por la cantidad que representa este no pago y en gran medida porque deben haber razones poderosas para ello. Desde el año 2011, el IFAI ahora INAI, al resolver un recurso de revisión dispuso que el SAT tenía que publicar los nombres de las personas físicas y morales beneficiadas mediante un decreto o resolución de condonación fiscal. Las autoridades a las cuales se dirigieron estas resoluciones argumentaron secreto fiscal y protección de los datos personales para restringir el acceso a la información por tratarse de tipo confidencial y/o reservada, por lo que nunca dieron cumplimiento a los mandatos del INAI. Tan es así, que en este caso es una de las razones que motivaron en su momento al legislador a determinar en la reforma constitucional del 2014, en materia de acceso a la información, al establecer en el artículo 6o. constitucional que las resoluciones del organismo garante, INAI, son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y que solo mediante un recurso de revisión extraordinario promovido por el consejero jurídico del Ejecutivo federal, tramitado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuando se pusiera en peligro la seguridad nacional, se podrían impugnar las resoluciones de este órgano constitucional autónomo. Se trata de un clamor social, pues organizaciones de la sociedad civil, como Fundar y Artículo 19, en defensa del acceso a la información han luchado legalmente durante años para que se conozca esta información. Mediante un amparo otorgado a Fundar, en la sentencia 191/2016, emitido por el juez octavo de distrito en materia administrativa, de la Ciudad de México, se ordenó al SAT revelar el nombre de los beneficiados por condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales entre 2007 y 2015, misma que no ha sido cumplimentada con todos sus alcances y efectos. No obstante, el actual gobierno federal ha sido congruente respecto de este complejo tema y el 20 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se dejan sin efecto los decretos y diversas disposiciones de carácter general, emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por virtud de los cuales se condonaron deudas fiscales, mismo acto administrativo que aunado a la iniciativa presidencial tramitada por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados, reforzó el deber de luchar contra los beneficios fiscales que dañan la hacienda pública y refiriendo a que el actuar de la facultad del Ejecutivo se sujete a la regla general de la prohibición constitucional, buscando que los casos de condonaciones se den de manera individualizada, bajo las leyes de la materia. Vale la pena aclarar que no se trata de una prohibición totalmente absoluta contra las condonaciones y exenciones, puesto que pueden darse casos de necesidad o afectación por situaciones de emergencia o necesidad y se trata de una prohibición relativa, sujeta a excepciones o reglas, con estándares establecidos en la ley, para que el titular del Ejecutivo federal pueda emitir tales decretos o resoluciones al caso conforme a la Ley de Ingresos que se emite cada año o conforme al Código Fiscal de la Federación, norma dada por el legislador al Ejecutivo, para que este último la implemente y ejecute, por lo que el legislador es quien tiene el control de determinar las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos bajo los términos que fijan las leyes, como se propone en el dictamen que aquí se presenta. Es importante recordar que este dictamen ya fue aprobado por el pleno de esta Cámara, el martes 24 de septiembre, con 421 votos en pro y 25 abstenciones. Y que el jueves 24 de octubre se recibió de la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución. Sin embargo, en reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, el jueves 31 de octubre pasado se determinó no aceptar ni aprobar las modificaciones hechas por el Senado en su minuta, tanto en el primer párrafo del artículo 28 constitucional, como en los artículos transitorios, insistiendo y reiterando que se apruebe nuevamente, como fue aprobado por el pleno de esta Cámara el 24 de septiembre pasado. En el Partido Verde votaremos a favor de la aprobación del decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 constitucional, por las siguientes razones: Primero. Por la necesidad de establecer, desde la Constitución, la diferencia entre exenciones y condonaciones. No es suficiente el texto constitucional todavía vigente, puesto que la exención es una excepción a la regla general de la razón del tributo, la cual requiere del dispositivo jurídico que establece el impuesto y de la norma que disponga que aun y cuando se actualice la obligación del pago del impuesto, no debe pagarse el mismo. Por su parte, la condonación implica el perdón o la remisión de una deuda. Segundo. Porque se estima necesario que una obligación constitucional se encuentre específicamente regulada y desarrollada en las leyes secundarias, bajo el espíritu del texto de la máxima norma del sistema jurídico. Las condonaciones solo deben darse en los términos, dentro del régimen de las normas fiscales, sin ir más allá del alcance constitucional, materializándose en la sujeción de la ley bajo los términos que fijen las leyes. Tercero. Porque las condonaciones no desaparecen, pero para evitar el ejercicio discrecional que les caracterizó con anterioridad, es que el Ejecutivo se sujetará a normas mucho más precisas para los casos en los cuales se aplican las condonaciones. El texto constitucional es claro, que no es una prohibición absoluta, de haber sido así la intención del legislador no se hubiera mantenido el régimen vigente para las exenciones y ahora para las condonaciones, que sea bajo los términos que fijen las leyes. Cuarto. Porque esta reforma abona a la rendición de cuentas, al acceso a la información, a la transparencia y a toda esta serie de derechos fundamentales y obligaciones de autoridad que deben materializarse, no solo en las leyes sino en profundos cambios en la política pública y cómo se ejerce y percibe el poder por parte del Ejecutivo. Quinto. Porque la facultad potestativa de que mediante las resoluciones de carácter general se pueda condonar el pago de contribuciones, debe evitar darse de manera generalizada, lisa y llana, cuando este debe ser un acto excepcional y por una justificación y motivación en un grado tal que las leyes que se modifiquen conforme este nuevo constitucional, se ciñan minuciosamente a que la condonación se enfoque a casos o situaciones extraordinarios en los que se hayan afectado o se trate de impedir que se afecte una situación de algún lugar o región, una rama de actividad, la producción o venta de estos, y cuando acontezcan catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. En el Partido Verde estamos convencidos de que las leyes que día a día discutimos deben cumplir con el mandato de regular el ejercicio de las facultades de los Poderes, especialmente del Poder Ejecutivo, para que este implemente sus atribuciones de manera equilibrada y sin abusos, buscando el interés público, logrando esto desde la norma constitucional y posteriormente mediante leyes secundarias donde las condonaciones se sujeten a casos excepcionales como los descritos con anterioridad. El Poder Legislativo con esta reforma aportará, sin duda, con una disposición legal más en este camino del ejercicio correcto del poder. Es cuanto, presidenta.