El diputado Joel Padilla Peña (PT): Con la venia de la Presidencia. La pretendida reforma al artículo 122 constitucional no es una reforma, es una contrarreforma constitucional; es un brutal, artero y criminal asalto en despoblado a los habitantes de la Ciudad de México. Los diputados federales del Partido del Trabajo votaremos en contra de este artero ataque a los habitantes del Distrito Federal. Está claro que de aprobarse en los términos planteados el dictamen en comento, atropella toda la normatividad establecida en el Convenio Unico de Coordinación Fiscal y atropella también el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que fue el sustento legal sobre el cual se dio la descentralización de la educación en nuestro país en el año de 1992; atropella además el sentido común porque las cifras no mienten: el Distrito Federal aporta recursos a la Federación que no corresponden a lo que recibe en los términos de participaciones federales. Dicha entidad se lleva una cuarta parte de la riqueza nacional y aporta al fisco federal 250 mil millones de pesos, pero sólo recibe del Gobierno Federal 21 mil millones de pesos, es decir, ni el 10 por ciento de lo recaudado. El Distrito Federal es el único que cubre con recursos propios el 80 por ciento de su Presupuesto de Egresos y el 20 por ciento restante, se complementa con las participaciones federales y con deuda pública, esta última aprobada anualmente por el Honorable Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos. Cabe destacar que los montos autorizados al Distrito Federal de deuda pública, han sido objeto de drásticas reducciones en los últimos ejercicios fiscales, lo que comprueba una vez más la política facciosa de golpear las finanzas públicas de la Ciudad de México y de sus habitantes. De concretarse en los términos propuestos esta nefasta contrarreforma constitucional, al Gobierno del Distrito Federal le estarían quitando, según diversas estimaciones, entre un 8 a un 14 por ciento de sus recursos públicos. Queda claro que la Ciudad de México no es subsidiada, sino al contrario, producto de los convenios únicos de coordinación fiscal, el Distrito Federal provee de recursos a las demás entidades de la República. Así pues, nos preguntamos: si jurídica y financieramente es inconsistente la contrarreforma al artículo 122 constitucional ¿qué propósito entonces se persigue? La respuesta tiene que buscarse inevitablemente en el ámbito político. Hay que quebrar las finanzas públicas del Distrito Federal y el Gobierno de López Obrador y menguarlo políticamente para que en 2006 no sea candidato a la Presidencia de la República o que sea un candidato débil y altamente cuestionado. La aprehensión de Gustavo Ponce justo en estos días, es la prueba irrefutable de que la embestida contra el Jefe de Gobierno es implacable; se trata de anularlo a toda costa. El dictamen en comento, tal como viene, constituye una perversión jurídica, porque en vez de sujetarse a los procesos de descentralización vigentes en materia educativa, el dictamen persigue lesionar las finanzas del Distrito Federal y cobijar al SNTE para que esta organización gremial siga manteniendo al Magisterio bajo su control. Nos parece inadmisible que a trasmano, como suele ocurrir siempre que hay sospechosismo legislativo, que el artículo tercero transitorio se pretendan preservar en cautiverio a los trabajadores del magisterio adscritos a las secciones del SNTE en el Distrito Federal. Esta aberración prevista en el artículo tercero transitorio, es contraria al ejercicio del más elemental derecho de libertad sindical, ya que da al SNTE reconocimiento constitucional como único sindicato titular de las condiciones generales de trabajo con el Distrito Federal. Esta disposición atenta contra la pluralidad de los sindicatos que pueden existir dentro de una secretaría de Estado. Con esta barbaridad jurídica solo falta que en el artículo 123 Apartado b) establezcan a la FSTSE como única organización gremial representativa de los trabajadores al servicio del Estado. Por otra parte, consideramos que el procedimiento para crear la subsecretaría de educación básica del Distrito Federal dependiente de la SEP, obedeció a cuestiones políticas coyunturales al momento de darse el proceso de descentralización educativa en los años 92 y 93. Los promotores de este atentado a los habitantes del Distrito Federal, no tuvieron el menor empacho en mayoritear en las comisiones respectivas, para suscribir un dictamen que limita la posibilidad de realizar obra pública en una ciudad que por sus múltiples problemas requiere de fondos financieros crecientes. Sí hay fuentes de financiamiento que generen recursos adicionales que pueden ser utilizados en dar mayores recursos a la educación y ésta son: la subestimación del precio del petróleo, recortar recursos del FOBAPROA e IPAB, incrementar el déficit fiscal y otros rubros del presupuesto, en vez de castigar los fondos sociales asignados a la educación. Por eso, nos parece que el sentido del dictamen en comento tiene más que ver con consideraciones políticas, que se suma a la larga lista de agresiones contra los habitantes de la ciudad que su única culpa fue ejercer su voto a favor de un gobierno que no goza de las simpatías del Ejecutivo Federal. En contra reforma se inscribe en la estrategia última, ultimar políticamente a Andrés Manuel López Obrador, aunado a la amenaza inminente del desafuero que pretende dejarlo fuera del proceso electoral para la presidencia de la República. Esta es la verdadera intención de dicha contra reforma. Nos enfrentamos a un proceso legislativo oscuro, irregular, en el cual se dejan de lado propuestas alternativas que apuntan a una solución apegada a la normatividad existente contemplada en el proceso de descentralización. Tan afecta a los habitantes de la ciudad de México que ahora mismo se manifiestan en las calles miles de ellos y lo seguirán haciendo. Por eso desde aquí estamos solidarios con quien protesta por esta reforma al 122. Por las consideraciones expuestas el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará en lo general en contra del dictamen en comento. Y nos reservamos para su discusión en lo particular el artículo tercero transitorio y propondremos un nuevo artículo transitorio que gradualice los efectos económicos negativos de esta contra reforma. Es cuanto.