El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la democracia directa es definida como una forma de gobierno en la cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder. Por ello la consulta popular directa, entendida como el mecanismo mediante el cual la autoridad somete a consideración de los ciudadanos un determinado asunto a fin de obtener su opinión, sigue vinculada al concepto de soberanía. Durante décadas nuestra nación ha pugnado por transitar a una democracia directa para propiciar la participación de la ciudadanía en las decisiones fundamentales de este país. El uso de los mecanismos de consulta directa permite discutir cualquier tipo de problema político, más allá de las limitaciones impuestas por las rivalidades partidistas, además constituyen instrumentos neutros que producen resultados apoyados en la opinión pública y logran cambios políticos fundamentales. El dictamen con proyecto de decreto que propone adicionar tres párrafos al artículo 35, fracción VIII, numeral 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de difusión de la consulta popular, que ahora se propone discutir y, en su caso, aprobar por este pleno, pretende tres aspectos: El primero de ellos es otorgarle facultades al Instituto Federal Electoral para promover tanto la difusión como la discusión informada de la consulta popular que haya sido convocada por el Congreso de la Unión, para ello dichos organismos deberán garantizar el acceso a la radio y a la televisión a través de los tiempos oficiales. El segundo aspecto es facultar al Instituto Federal Electoral, para que en caso de que el tiempo oficial total en radio y televisión fuera insuficiente pueda cubrir el tiempo faltante. Y el tercer aspecto consiste en prohibir que cualquier persona física o moral, a título propio o a cuenta de terceros, contrate propaganda en radio o televisión para influir en la opinión de la ciudadanía sobre la consulta popular. Por lo anterior, la ley fundamental contendrá normas que permitan la disposición de la consulta popular, evitando que sea tendenciosa o contenga juicios de valor, por tratarse de un interés general. Asimismo, los ciudadanos podrán realizar actividades de divulgación mediante debates, mesas de discusión u otros eventos similares utilizando cualquier medio que tengan a su alcance, cuyo objeto sea meramente informativo. Una de las limitaciones que se plantea es que la difusión debe ser imparcial y no estar orientada a influir en las preferencias a favor o en contra de la consulta popular. Cabe precisar, que el objeto de la iniciativa era establecer en la Constitución que la difusión de una consulta popular estuviera regulada por los principios y actualmente previene el artículo 41 Base III. Sin embargo, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales consideraron pertinente trasladar esta norma al artículo 35 por ser la que reconoce el derecho de los ciudadanos a votar en las consultas populares, sobre temas de trascendencia nacional. Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor de este dictamen para efectos de consolidar en nuestro texto constitucional, los límites para la difusión y discusión de la consulta popular. Es cuanto, diputado presidente.