El diputado Ricardo Aguilar Castillo: El dictamen que nos ocupa hace referencia a la fracción III del artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracción que faculta a la Oficina de la Presidencia para difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación. Con esta modificación se pretende eliminar dicha atribución de la Oficina de la Presidencia y pasarla al Archivo General de la Nación. Este dictamen es producto de una iniciativa presentada por legisladores de Morena, quienes consideraron que la Oficina de la Presidencia, al ser un órgano dedicado a dar soporte a la actividad del Poder Ejecutivo, no podría cumplir satisfactoriamente con la obligación de difundir y proyectar el derecho a la memoria. En consecuencia, la Comisión de Gobernación se dio a la tarea de analizar este asunto y en las consideraciones del dictamen se argumenta que la Ley General de Archivos establece en diferentes artículos la responsabilidad del Archivo General de la Nación para difundir el patrimonio institucional de la nación, la obligación de coordinarse con diferentes autoridades para cumplir con dicho objetivo y para resguardar la memoria nacional de corto, mediano y largo plazo. Este dictamen plantea una modificación bastante prudente, por lo que evidentemente estamos a favor del mismo, pero no precisamente por las razones antes mencionadas. Lo que el dictamen no dice, pero la memoria histórica del Congreso, a través del Diario de los Debates, sí nos lo recuerda, es que esta propuesta de modificación el Grupo Parlamentario del PRI la realizó el 13 de noviembre del año 2018, cuando se discutieron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esta discusión mi compañera diputada Dulce María Sauri presentó una reserva al artículo 8o., fracción III, para eliminar dicha fracción por considerar que la memoria de la nación no debía ser una función que debía realizar la Oficina de la Presidencia. Desde la tribuna, la diputada Sauri preguntó al grupo mayoritario por qué desde el gobierno, desde las mismísimas oficinas presidenciales, se debía difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación. Mencionó que la oficina del presidente no era el lugar administrativo para albergar a la institución que pretende abogarse el derecho de determinar por qué debemos recordar y cómo lo debemos de hacer. Se les preguntó dónde quedarían el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los centros de investigaciones históricas de las universidades, El Colegio de México y los museos con sus tradicionales carencias y limitaciones. Obviamente, no hubo respuesta. Se preguntó también dónde quedaría la nueva Ley General de Archivos. Cabe resaltar que esta fue aprobada el 15 de junio del año 2018, es decir, ya estaba vigente cuando aprobamos las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a pesar de que los alertamos de lo que hoy dice el dictamen, no nos hicieron caso como siempre. Hoy, el tiempo le da la razón a mi grupo parlamentario y a la diputada Sauri. El dictamen que estamos aprobando responde justamente a lo que se advirtió desde el año 2018: la Oficina de la Presidencia nunca debió estar facultada para preservar la memoria histórica del país. Hoy, este dictamen corrige un error que el grupo mayoritario generó y lo anterior se los decimos para que esperemos que este caso sirva de ejemplo para que en las próximas ocasiones escuchen las opiniones de todos los legisladores y en especial, desde luego, de mi grupo parlamentario. Muchas gracias.