El diputado Fernando Alvarez Monje: Con su venia, señora Presidenta. Compañeros y compañeras diputadas: El 17 de agosto del 2004 se presentaron las conclusiones de la convención Nacional Hacendaria, materializadas en objetivos, estrategias y acciones concretas para sentar las bases de una reforma sustantiva del federalismo fiscal en México. Esta Convención Nacional Hacendaria, abordó el tema de patrimonio público y sugirió acciones para optimizar el aprovechamiento de éste. Retomando estas conclusiones, la iniciativa que hoy presento propone reformar el artículo 161 de la Ley Agraria, a fin de facultar a la Secretaría de la Reforma Agraria, para enajenar a título oneroso o gratuito a los estados o municipios los terrenos nacionales que se encuentra ubicados dentro de su competencia. La Primera Convención Nacional Hacendaria fue una reunión republicana, democrática y participativa, cuya convocatoria fue suscrita por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los gobernadores de los Estados de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes de las organizaciones que conforman la Conferencia Nacional de Municipios de México, por el Honorable Congreso de la Unión, los presidentes de cada una de sus Cámaras, así como los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de ambas y el Presidente del Consejo Directivo de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales. Uno de los principales temas abordados de la Convención Nacional Hacendaria fue el patrimonio público. En esta materia se discutieron y analizaron múltiples problemas que impiden optimizar su uso, preservación, administración, aprovechamiento y disposición para bien de la sociedad en general. Las comisiones técnicas y mesas de análisis, diagnosticaron que en materia de patrimonio público en nuestros país es insuficiente y en algunos casos deficiente la regulación administrativa, lo cual propicia el manejo de registros y clasificaciones inadecuados y una pobre explotación de los bienes patrimoniales susceptibles de generar ingresos. Como resultado de los trabajos de la Comisión Nacional Hacendaria, la Declaratoria Décimo Segunda estableció: "es indispensable revalorar el patrimonio público como herramienta de la hacienda de los tres ámbitos de gobierno, de manera que se potencie su identificación, control, preservación, uso, aprovechamiento y disposición en beneficio de la sociedad mexicana en general". En este orden de ideas, esta iniciativa cumple con el compromiso asumido por el Poder Legislativo Federal, al retomar una de las propuestas ejecutivas traducida en acciones concretas respecto al patrimonio público. La propuesta ejecutiva que retomamos sugiere una reforma al artículo 161 de la Ley Agraria, con objeto de facultar a la Secretaría de la Reforma Agraria, para enajenar a título oneroso o gratuito a los estados o municipios los terrenos nacionales que se encuentran ubicados dentro de su competencia, teniendo éstos preferencia sobre los particulares. Las disposiciones que regulan el patrimonio público conforman un cuerpo homogéneo y están contenidas principalmente en los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo y en las fracciones I y VI del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de Bienes Nacionales, la Ley Agraria, la Ley Federal de Aguas, la Ley Forestal, la Ley General de Vías de Comunicación, entre otras. En primera instancia, la administración del patrimonio público corresponde al Gobierno Federal, sin embargo, los otros dos órdenes de gobierno tienen capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación. La fracción VI del artículo 27 de nuestra Carta Magna señala: Artículo 27. "La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación se regirá por las siguientes prescripciones: VI.. los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir, poseer, todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos". Esta capacidad de los estados y municipios para adquirir el dominio de las tierras, se regula de manera específica en la Ley General de Bienes Nacionales, misma que reglamenta aspectos importantes relativos al patrimonio público, pero es la Ley Agraria, en su título noveno, la que regula la enajenación de los terrenos baldíos y nacionales. Las facultades de enajenación onerosa que el artículo 161 de la Ley Agraria le confiere a la secretaría del ramo sobre los terrenos baldíos y nacionales, están circunscritas a los particulares que lo soliciten, situación que ha contribuido con la problemática diagnosticada en la Convención Nacional Hacendaria, al no existir fundamento legal que faculte a la autoridad federal a enajenar a estados y municipios los terrenos nacionales que se encuentran bajo su competencia. No existe el mismo problema en la Ley de Bienes Nacionales, pues su artículo 84 faculta a la Secretaría de la Función Pública a donar a favor de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios o de sus respectivas entidades, los inmuebles federales que no sean útiles para prestar un servicio público o que no sean de uso común, con el fin de promover acciones de interés general o de beneficio colectivo. La ausencia de esta facultad en la Ley Agraria, es una laguna legal, la cual hace nugatoria la facultad que establece la fracción VI del artículo 27 constitucional a favor de los estados, los municipios y el Distrito Federal, para adquirir y poseer todos los bienes públicos, pues los terrenos baldíos y nacionales se encuentran fuera de su esfera d e adquisición, El Ejecutivo Federal cumpla su compromiso con la sociedad aportando elementos que construyan un nuevo federalismo fiscal en nuestro país. Asimismo, con la aprobación de esta iniciativa se resolverá parte de la problemática en la que se encuentra inmerso el patrimonio público, misma que fue diagnosticada a profundidad en la primera Convención Nacional Hacendaria. Finalmente con nuestra propuesta se facultará a la Secretaría de la Reforma Agraria a enajenar a los gobiernos de los estados, municipios y Distrito Federal, los terrenos bajo su competencia, haciendo eficiente la adquisición, administración, uso, aprovechamiento, explotación y enajenación del patrimonio público. Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente DECRETO ARTICULO UNICO. Se reforma el artículo 161 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: Artículo 161. La Secretaría de la Reforma Agraria estará facultada para: Primero. Enajenar a título oneroso o gratuito a los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios o de sus respectivas entidades paraestatales, los terrenos nacionales bajo su competencia, debiendo ser utilizados por los gobiernos para el desarrollo urbano, la reserva territorial o ecológica, teniendo además preferencia respecto de los particulares. Segundo. Enajenar a título oneroso fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de Evaluación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole, no agropecuaria, la Secretaría de la Reforma Agraria igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. La enajenación a particulares estará sujeta a que los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras. Transitorio UNICO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solicito que se turne a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo y a la Comisión de la Reforma Agraria. Es cuanto, señora presidenta.