El diputado Jesús Aguilar Bueno (PRI): Con su permiso, diputado Presidente. El suscrito, diputado Jesús Aguilar Bueno, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II, del artículo 71 de la Constitución General de la República y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa que reforma el Código Penal Federal en materia de pornografía infantil, corrupción de menores, comunicación y correspondencia, revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipo de informática, falsificación de documentos en general, amenazas y revelación de datos personales, delitos en contra de las personas en su patrimonio: El Código Federal de Procedimientos Penales en materia de aseguramiento del inculpado y careos, así como, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de la naturaleza, objeto y aplicación de la ley, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos. El pasado mes de enero esta Cámara fue sede el Foro Legislativo en Materia de Delitos Cibernéticos, que con la participación de representantes de sectores gubernamentales y privados de los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, España en representación del Consejo de Europa, así como la Organización de Estados Americanos, a través del grupo de expertos gubernamentales en delitos cibernéticos, fue convocado por la Comisión de Comunicaciones de esta Legisladora, con el apoyo operativo del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos. La reunión de México, fue en gran medida el seguimiento de su similar, convocada en Lima, Perú en 1999 y tuvo como eje fundamental tres puntos: Diagnosticar las actividades criminales dirigidas a computadoras o a la informática, diagnosticar las legislaciones latinoamericanas, las normas y prácticas internacionales referentes a estas actividades delictivas; identificar a las entidades públicas y privadas nacionales e internacionales con experiencia pertinente, a fin de identificar mecanismos de colaboración dentro del sistema interamericano para combatir los delitos cibernéticos. De igual manera, las prioridades de nuestro trabajo se focalizaron precisamente al fortalecimiento e intercambio de información crítica sobre seguridad cibernética entre expertos y autoridades competentes y la consolidación de propuestas sobre la unificación de los marcos legales entre los Estados miembros de la OEA. Como consecuencia de ello, los acuerdos básicos de la reunión derivaron sobre las definiciones fundamentales en la materia y dada la intrincada problemática que envuelve el tema de los delitos cibernéticos, particularmente en lo referente a la jurisdicción y territorialidad de las normas jurídicas, la nula capacitación entre investigadores, autoridades policiales, ministerios públicos o fiscales y jueces, la ausencia de bancos de datos confiables y compartidos, la existencia de imprecisiones jurídicas procesales en los diversos marcos legales de los Estados miembros de la OEA, así como la inadecuada asignación de presupuestos que garanticen la operación de los cuerpos de investigación policiales. Se identificó la urgencia de comenzar a allanar el camino en cada país hacia la consolidación de esa necesaria cooperación internacional en cuando menos de manera elemental y nunca limitativa, en criterios definidos entre los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores, destrucción y falsificación de documentos y sistemas, fugas de información y fraude, como el mejor medio para propiciar en lo futuro el fortalecimiento de las legislaciones adjetivas y procesales, esencialmente en materia de mecanismos persecutores del delito. Adicionalmente a ello, se ha propuesto impulsar la suscripción del Convenio de Budapest, del Consejo de Europa Sobre Cibercrimen, asunto del que ya conoce esta Legisladora mediante punto de acuerdo propuesto en el anterior Período Ordinario de Sesiones por diversos diputados miembros de la Comisión de Comunicaciones, así como el llamado a los Ejecutivos de nuestros países para impulsar un Acuerdo Interamericano de Cooperación Sobre Delitos Cibernéticos. Dentro de este mismo marco, es importante señalar los esfuerzos de cooperación entre las diversas autoridades de nuestro país y los más importantes prestadores de servicios informáticos de México, así como las prestigiadas instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, reunidos en el Foro de discusión y análisis denominado "Grupo BC (¿) México" o "Delitos Cibernéticos México" que tiene como tarea fundamental la identificación, el monitoreo y el rastreo de cualquier manifestación delictiva que se cometa mediante computadoras conectadas en el territorio Mexicano o fuera de él y que tenga afectación a nuestro país. Los resultados de estas discusiones y análisis dentro de este grupo, dan como resultado una serie de propuestas que en su parte esencial se incorporan a la presente iniciativa de decreto de reformas. La carencia de un Estatuto Jurídico sobre internet y la consiguiente ausencia de regulación legal sobre los límites y el control sobre los flujos de información, son algunas de las notas características básicas de esta autopista de la información y por ello, como parte fundamental de la metodología de la investigación empleada para la elaboración de la presente iniciativa de ley, se propició un estudio técnico sobre derecho comparado entre diversas posturas internacionales sobre la materia, así y como parte importante e insustituible sobre las posiciones académicas existentes sobre los temas aquí incluidos, tomando como eje central tres puntos esenciales: La descripción objetiva de los problemas que originan las medidas en que se sustenta la presente propuesta legislativa, sin que ello motive la creación o distorsionamiento teórico o material de la definición del delito; respetar los criterios ya definidos por nuestras propias normas jurídicas sobre la definición de los delitos, sus elementos integradores, la conducta y los criterios de tipicidad y la consideración de las nociones jurídico formales y jurídico sustanciales de la teoría de la Ley Penal en el derecho positivo mexicano, sustancialmente en cuanto a la interpretación de los ámbitos de validez material, espacial, temporal y personal. Uno de los temas que considero más trascendentes de la presente iniciativa es lo referente a los delitos que involucran a menores de 18 años de edad y a incapaces, los que por su propia naturaleza trastocan los cimientos sociales y afectan el entramado político, cultural y la convivencia de nuestra Nación. La pornografía infantil constituye un problema de dimensión internacional que se ha ampliado con la irrupción de nuevas tecnologías que han modificado las pautas de producción y difusión de este tipo de material. La transformación de la producción y difusión de la pornografía infantil, abre interrogantes del Derecho Penal de diversa consideración, de una parte la trasnacionalidad del fenómeno obliga a buscar el consenso sobre aspectos de la tipificación de la denominada pornografía infantil virtual. La pornografía seudoinfantil o simulada, la posición para el consumo visual y hasta en último término la edad de los menores, así como la polémica sobre la personalidad de los intermediarios. Solo la definición jurídica del término pornografía infantil es compleja por cuanto depende de múltiples factores de tipo cultural, de creencias de tipo moral, de pautas de comportamiento sexual y hasta de conceptos religiosos. En el caso de México la Secretaría de Seguridad Pública a través de la división de su policía cibernética, ha detectado hasta hace un año, a 397 comunidades o sitios web con pornografía infantil, de las cuales 197 son mexicanas. De igual manera esta corporación tiene conocimiento de la existencia de 4 millones de sitios web que explotan la pornografía, 60% de ellos son lucrativos y el 40 restante son producto del intercambio de material de persona a persona, pues en la actualidad se constata una tendencia según la cual el tráfico de este material pornográfico no viene precedido por el ánimo de lucro ni por motivos comerciales, sino que la red facilita en forma plena la organización de comunidades de pedófilos que la promueven y la transmiten y hasta de operaciones de bandas internacionales que utilizan sistemas informáticos como medio de promoción, sobre todo de reclutamiento. Por esa razón la presente iniciativa que presento a su consideración hace referencia especial a éste y a los delitos relacionados con la corrupción de menores y realiza planteamientos específicos en cuanto a las conductas de venta, distribución, exhibición, como también de los actos de facilitación de las mismas. Mientras que en el tipo penal no queda limitado por el ánimo de lucro en la conducta, sino que se proyecta a supuestos, tanto de difusión gráfica, fotográfica, analógica, digital y de cualquier otra especie de tecnología. Los preceptos aquí contenidos pretenden atender la multidiferenciada dimensión internacional del fenómeno. De ahí que los efectos de la aplicación del tipo penal sea indiferente al hecho de que el material tenga su origen en el extranjero o incluso desconocido. Precisamente porque su razón jurídica se enfoca a verificar las conductas de tipo penal en el espacio de validez mexicano. Reitero, esta iniciativa es solo el primer paso de un largo recorrido. Debemos de fortalecer nuestro entramado penal para lograr una plena definición de la conceptualización de los delitos cibernéticos. Es cuanto diputado presidente y solicito instruya la incorporación del texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates.