El diputado Guillermo Sánchez Torres: Gracias, diputado presidente. Compañeros y compañeras, uno de los temas centrales en el debate de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, es el relativo a los tiempos oficiales, los cuales están clasificados como la suma de los tiempos del Estado y los tiempos fiscales. Se define a los tiempos de Estado como las transmisiones gratuitas por parte de los concesionarios, para difundir temas educativos, culturales y de orientación social. Por su parte, el concepto de tiempos fiscales se vincula a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir de los concesionarios de radio y televisión el pago de impuestos con el 12.5 por ciento del tiempo aire de sus trasmisiones. Las comunicaciones gubernamentales que utilizan tiempos de Estado y fiscales en la radio y televisión, deben tener un contenido informativo, educativo y de orientación social. El contenido informativo es para que los habitantes conozcan sobre sus derechos y obligaciones. Sin embargo, el proyecto que hoy discutimos no resuelve la atribución del uso de los tiempos del Estado ya que se le adjudica sólo al Ejecutivo, dejando fuera a las otras esferas del gobierno que forman la administración pública federal, lo que sin duda representa un exceso en el ejercicio del poder presidencial. La política de comunicación social tiene como uno de sus sustentos la estrategia, los programas y las campañas de las dependencias y las entidades administrativas y las entidades de la administración pública federal, mismas que contribuirán a que la ciudadanía esté mejor informada. Resulta necesaria la difusión de los temas prioritarios del gobierno federal y una adecuada coordinación de los mensajes que emiten las diferentes dependencias y entidades de la administración pública federal. En el dictamen a discusión consideramos insuficientes los 30 minutos que se han venido dedicando a difundir los temas de interés educativo, cultural y de interés social, por lo que se propone aumentarlos al doble. Además de que el horario sea entre las 6 y las 24 horas para que su difusión no se realice a altas horas de la madrugada, como en algunos casos sucede. Y además de que en este espacio se le dedique espacio a la promoción y defensa de los usuarios de los servicios de radiodifusión. Se establece que el tiempo de Estado tendrá un carácter institucional, y que los temas que se difunden en ningún caso incluirán la promoción personal de cualquier servidor público, especificando que estos tiempos de Estado son independientemente de los tiempos fiscales y que la transmisión del Himno Nacional no se considere dentro de los tiempos de Estado, como lo establece el artículo 253 del presente dictamen. La presente propuesta se distingue del proyecto de dictamen, en que los tiempos de transmisión serán administrados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y no por la Secretaría de Gobernación, como sucede en la actualidad. Además de que será el propio Instituto el que deberá emitir, en colaboración con su consejo consultivo, los lineamientos y formatos a que deben ajustarse los tiempos del Estado. Pero lo que sí debería ser atribución del Ejecutivo federal es informar a esta soberanía el uso y destino de los tiempos del Estado. Artículo 252. La presente reserva tiene la finalidad de buscar un equilibrio en el uso de los tiempos fiscales entre los Poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo, los poderes Legislativos y Judicial. Además de los órganos autónomos que también tienen la responsabilidad de comunicar y transmitir, desde un punto de vista imparcial y objetivo, diferentes mensajes a la sociedad por ser parte constitucional y medular del Estado mexicano y de su vida democrática. Por tanto, debe existir equidad en los tiempos de Estado y fiscales en radio y televisión entre los tres poderes, pues cada uno mantiene la misma importancia. En particular, la sociedad tiene un canal de participación política efectivo, el Congreso. Pero éste deberá encontrar su principal función como dique a las decisiones del Poder Ejecutivo, que generalmente decide unilateralmente. Una de las características del sistema político contemporáneo es el predominio del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes y sobre los mismos mecanismos de decisión política en el Estado. El equilibrio de los poderes es por tanto un baluarte insustituible de toda democracia y exige también una intensa interlocución con la sociedad; de manera que los tiempos del Estado deben ser utilizados de manera proporcional entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los órganos autónomos, esta división tiene la siguiente estructura: Al Poder Ejecutivo federal y local le corresponderá el 30 por ciento que se distribuirá en partes iguales, a los Poderes Legislativos federal y estatal le corresponderá el 30 por ciento de manera proporcional, al Poder Judicial federal 20 por ciento y a los órganos autónomos el otro 20 por ciento. Agradezco a todos los compañeros diputados que cumplen con sus funciones de legisladores y están a estas altas horas de la noche discutiendo este dictamen. Muchas gracias.