La diputada Margarita García García: Con su venia, diputada presidenta, diputadas y diputados, pueblo de México que hoy nos ve, someto a consideración de esta honorable Cámara la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un tercer párrafo el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de lo siguiente exposición de motivos: La reforma penal en México en el año 2008 cambió de manera significativa el procedimiento penal, pues de un procedimiento inquisitivo mixto nos llevó a un modelo acusatorio adversarial, modelo que entró en vigor en toda la República mexicana a partir del año 2016. El centro de este nuevo sistema representa el respeto a los derechos humanos de las personas tanto de víctimas como de imputados, la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos con la aplicación de la prisión preventiva de manera excepcional, entre otras figuras procesales. Asimismo en el año 2011 se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de derechos humanos lo que representó un cambio de paradigma pues se puso a los derechos humanos como punto de referencia ante cualquier acto de autoridad. Este nuevo paradigma de aplicación de justicia penal también representó tomar en cuenta el pluralismo jurídico en el sentido de reconocer la existencia de dos sistemas de justicia, la justicia que imparte el sistema creado por las instituciones del Estado, y la justicia indígena. El pluralismo jurídico implica que los integrantes de un pueblo indígena ya sean mujeres u hombres, pueden acudir ante los dos sistemas de justicia. La justicia que imparten los órganos del Estado, así como la impartida por sus propias autoridades comunitarias. Un diagnóstico realizado por la Red de Abogadas Indígenas en el año 2016, muestra que las mujeres indígenas son las que más accionan la justicia comunitaria, además de que son ellas las que acuden a este sistema de justicia por diversas razones, entre las que podemos destacar la cercanía con las autoridades hablantes de la misma lengua, respecto a sus propios sistemas de justicia, por lo que se acude en un primer término con las autoridades de sus pueblos y comunidad, y dado el caso de que no se resuelvan de manera satisfactoria sus problemas, entonces acudirán al sistema de justicia que establece el Estado, ministerios públicos y juzgados. Si bien es cierto que el artículo 2o. constitucional reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, los integrantes del pueblo o comunidad, pueden ignorar la violación de algún derecho. Por lo tanto, es el estado quien tiene la obligación de hacer respetar el derecho humano de acceso a la justicia de manera amplia y cumplida. Por ello, es indispensable que el Estado tenga conocimiento de las resoluciones de conflictos que lleven a cabo pueblos y comunidades, a fin de que identifiquen y atiendan los casos en los que no se incluya la perspectiva de género, se afecte la dignidad de las personas o el interés de las niñas y niños, así como la posible violación de derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer. Considero, pues, que los indicadores anteriores nos dan luz sobre la importancia de reconocer y fortalecer el acceso pleno de las mujeres, niñas y niños indígenas a la justicia. De ahí la importancia de reformar el artículo 420, para garantizar que las mujeres, niñas y niños, tengan acceso a una adecuada aplicación de justicia comunitaria, teniendo a las autoridades del Estado como los procuradores de un debido proceso. Único. Se reforma y adiciona un tercer párrafo del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue: Artículo 420. Pueblo y Comunidades Indígenas. Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo, comunidad indígena o bienes personales de algunos de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima o, en su caso sus familiares, acepten el modo en el que el pueblo o la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos proponga resolver el conflicto. Se declara la extinción de la acción penal salvo en los casos que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o el derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer. En estos casos, cualquier persona podrá solicitar que así se declare ante el juez competente. Cuando el imputado o la víctima sea mujer indígena o estén involucrados niñas y niños, será obligatorio que el pueblo o la comunidad informe a la autoridad federal o local competente la solución de conflicto para que se identifique la no consideración de lo previsto en el párrafo primero y se proceda a la resolución de conflicto de manera adecuada. Se excluye a lo anterior, los delitos previstos para...