El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez: Con su venia, presidente. Honorable asamblea, hoy en esta tribuna presentaré tres iniciativas en materia indígena y la otra pediría que se turne directamente a comisiones. Pedirles que me ayuden a enriquecerlas y ponerlas al servicio de nuestras comunidades indígenas. Debemos abordar las reformas de nuestras comunidades indígenas a través de sus propios ojos, con elementos que les den satisfacción y bienestar a su forma de vida, a sus familias y a su entorno. La primera, adiciona un párrafo al artículo 4o de la Ley de la Consulta Popular, y proponemos garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar en consultas populares, donde proponemos que sean los tres órdenes de gobierno, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales, los organismos locales electorales quienes promuevan la participación en las consultas populares, particularmente en los temas de relevancia nacional que afecten directamente. Debemos reforzar los mecanismos que permitan a nuestras comunidades incidir en la vida pública nacional, escuchar su voz, avanzar en democracia aún más, y aprobar esta iniciativa significaría tener una democracia más incluyente y dotar de una nueva herramienta al Estado mexicano para su gobernabilidad. La segunda iniciativa es una reforma al artículo 2 de la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Nuestros pueblos indígenas siguen enfrentando un panorama de rezago, se habla mucho de una deuda pendiente en términos de pobreza, de educación y de acceso a servicios, lo que los mantiene como un grupo altamente vulnerable. Atender rezagos de este importante sector nos obliga a generar instrumentos que permite al Estado responder con precisión a sus necesidades, un diagnóstico claro de la situación y características de las comunidades indígenas. Por eso propongo la creación de un padrón nacional de comunidades indígenas como herramienta para diseñar e instrumentar programas y políticas más eficaces que estaría integrado con la siguiente información: nombre de la comunidad, lengua, población total incluyendo la población migrante, datos sociodemográficos, indicadores de acceso a servicios básicos, nivel de ingresos, escolaridad, suscripción a programas sociales y localización geográfica. Cabe señalar que actualmente existen padrones locales en diversas entidades, pero la idea es formar un padrón nacional real, con el cual también podremos medir la efectividad de las acciones que desde el gobierno se enfocan para resolver sus problemas, convertir este padrón en ser una fuente de conocimiento que contribuya a transformar la realidad de los millones de mexicanos. La tercera reforma tiene por objeto incorporar en el Código Nacional de Procedimientos Penales diversos conceptos en materia de justicia indígena, en otras palabras, se trata de garantizar a la justicia de nuestros pueblos indígenas y darle el valor real a algo que hemos perdido de vista, a un patrimonio que no hemos valorado, y me refiero también a la organización interna de nuestras comunidades indígenas, a sus autoridades comunitarias, a su asamblea, a su forma de contribuir en un orden social. Cuando te paras en medio de una comunidad indígena y observas, no solo ves pobreza, ves que las viviendas no tienen bardas de protección, las puertas no tienen llave, las ventanas no tienen protecciones, tampoco vemos policías cuidando el patrimonio. Sin embargo, este es un razonamiento para entender que a pesar de que tenemos un solo México tiene diferentes caras. La pregunta que hago es: ¿Por qué se guarda este orden social? ¿Qué estamos haciendo para fortalecer esta forma de organización? ¿Qué va a pasar el día en que este orden se rompa? ¿Cuánta policía habríamos que contratar? ¿Cuál sería el gasto? ¿De qué impuesto tendríamos que obtener el gasto? Las autoridades comunitarias funcionan sin salario y cumplen expectativas de orden y dan tranquilidad a los miembros de la comunidad. Muchos lo llaman usos y costumbres, otros las definimos como formas que funcionan. Nuestras comunidades, a través de sus autoridades, ancestralmente han utilizado la mediación, la reconciliación y la reparación del daño como un medio, como un medio para poder reivindicar a los ciudadanos que incurren en alguna falta. Se han ganado la confianza de nosotros para poderlos hacer partícipes en la impartición de justicia, siempre y cuando, cuando no sean delitos que excedan cierta cuantía, que no sean delitos graves, cuando sean faltas reparables. Ellos conocen a las personas, saben cuando alguien sustrajo algo por necesidad y merece una segunda oportunidad, también saben quién es un infractor frecuente y merece una sanción más drástica y deba ser puesto a disposición de la autoridad judicial. Hoy tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales homologado en el país, pero que desde la justicia indígena no fue armonizado. Con esta iniciativa proponemos incorporar al Código Nacional de Procedimientos Penales diversos conceptos en materia de justicia indígena, el reconocimiento a sus sistemas normativos para su regulación y solución de conflictos, así como a sus autoridades y formas de organización. Ya nuestra Carta Magna lo establece como una composición pluricultural, sustentada en nuestros pueblos indígenas, por lo tanto el Estado se encuentra obligado a garantizar derechos y libertades en el marco de los principios de autonomía y libre determinación. El proceso de transformación que hemos iniciado en el país bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto no estaría completo sin la reivindicación de los pueblos y comunidades indígenas. Si bien este Código constituye una innovación jurídica sin precedentes, debe hacer referencia a nuestros pueblos y comunidades indígenas. En diversas entidades federativas ya tenemos leyes especializadas en materia de justicia indígena, estas leyes reconocen la existencia y validez de los sistemas normativos. Personalmente en mi estado tuve la oportunidad de trabajar en ella. A partir de mi experiencia les puedo decir que como sociedad tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos indígenas en su forma de sentir, de pensar y de ver la vida. La justicia es una aspiración que demanda no sólo de nuestro compromiso con el Estado de derecho y la aplicación de la ley, sino también de identificar nuestras particularidades como nación pluricultural. Ya lo afirmó don Jesús Reyes Heroles: En un país democrático, si las realidades cambian, cambia el derecho. Pero también mediante el derecho se cambian las realidades. Compañeros y compañeras diputadas, los invito a sumarse a esta iniciativa, los invito a garantizar la justicia en nuestros pueblos indígenas. Es cuanto.