La diputada Claudia Leticia Garfias Alcantara: Honorable asamblea, las telecomunicaciones y la radiodifusión en los tiempos actuales y como servicios públicos de interés general deben ser considerados derechos fundamentales. Sin embargo, más allá de reconocer su importancia debemos trabajar en garantizar que lleguen a todos los sectores de la población sin excepciones ni barreras socioeconómicas. En este matiz nuestra presidenta envió el pasado mes de abril una iniciativa para reconfigurar todo el sistema de telecomunicaciones y radiodifusión como respuesta a la creciente necesidad de fortalecerlo, pero también para alejarlo de aquellas prácticas de corrupción e impunidad que imperaban en los gobiernos neoliberales. La propuesta incluye nuevas formas de asignación para facilitar la experimentación, incluyendo un modelo de autorizaciones para estaciones terrenas de comunicación satelital, plataformas de gran altitud, uso secundario, los entornos de prueba controlados conocidos como sandboxes regulatorios, acceso dinámico y uso compartido del espectro y redes, radiocomunicaciones inteligentes. Con estos mecanismos México podría adoptar tecnologías emergentes, como el acceso a comunicaciones satelitales directo al dispositivo de usuarios y que permitan llevar la conectividad a zonas de muy difícil acceso. Sin embargo, tras el interés y la inquietud de algunos grupos políticos, de expertos y de la sociedad civil se dio la apertura para realizar conversatorios y mesas de trabajo, a fin de enriquecer el proyecto final. Todas las ideas planteadas fueron tomadas en cuenta. Y hoy estamos discutiendo un dictamen sólido y determinante en la historia de nuestro país y su desarrollo tecnológico. Entre los aspectos relevantes de esta propuesta y de los cambios que se han incluido en este dictamen resalta lo siguiente: se crea la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones como órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia, técnica, operativa y de gestión. Sus funciones estarán encaminadas a regular las concesiones y autorizaciones del espectro radioeléctrico. Mientras que la Comisión Nacional Antimonopolio, órgano desconcentrado desconcentrado de la Secretaría de Economía, también de nueva creación, se encargará de observar la preponderancia y regulación asimétrica. El Estado continuará prestando el servicio de internet a la población, pero se respetará la concesión comercial para servicios a usuarios finales para competir en igualdad de condiciones que los privados, mediante licitación pública y en el caso de uso público para cobertura social, oficinas gubernamentales o internet en espacios públicos. Se establecen mecanismos para defender los derechos de las audiencias, de los usuarios, y de accesibilidad para distinguir entre información, noticias, y opinión en espacios y programas y garantizar el derecho a la información conforme al artículo sexto constitucional. En perspectiva de género se establecen disposiciones encaminadas a que las niñas y mujeres tengan acceso al internet y telecomunicaciones en igualdad de condiciones. Se sientan las bases para aumentar la interconexión, de esta manera se crearán redes de uso social, comunitario, indígena o afromexicano, bajo tarifas accesibles. Además, se destinará entre el 1 y el 10 % del presupuesto de comunicación social a las radiodifusoras y acceso a banda FM. En política inclusiva de espectro se darán nuevas licencias de radioaficionados y se trabajará en apoyar los procesos productivos de la industria de desarrollo tecnológico relacionado a telecomunicaciones y radiodifusión. Se establece el mecanismo para simplificar, digitalizar y homologar los trámites para despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Se establece la figura de consultas públicas para opinar sobre cualquier normativa que emita la Comisión Reguladora. No se permitirá en televisión y radio la transmisión política o ideológica de gobiernos extranjeros, excepto para promoción turística, cultura...