La diputada Gretel Culin Jaime: El día de hoy me congratulo como legisladora, de someter a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se pretende reformar los artículos 51 y 52 de la Ley General de Protección Civil, con el objeto de que cada entidad federativa incluyan en el Presupuesto de Egresos de cada año del Ejercicio Fiscal, una partida presupuestal destinada a cubrir las necesidades de operación de los grupos voluntarios de protección civil. Como sabemos, la protección civil tiene como objetivo apoyar a la población para hacer frente a los desastres naturales y esta es llevada a cabo por un organismo con apoyo gubernamental y por un conjunto de personas representativas de la comunidad que desarrollan y ejecutan actividades de protección civil en un determinado lugar o región, orientado sus acciones a proteger la integridad física de la población y su patrimonio. En las últimas décadas, en nuestro país, los desastres han hecho consciencia tanto a los ciudadanos de a pie como a las autoridades de la importancia de contar con disposiciones legales para entender las contingencias y generar una cultura de prevención. La última muestra de ello lo acabamos de padecer el pasado 19 de septiembre, siendo estos grupos vulnerables en unión con instituciones públicas y, sobre todo, la sociedad organizada que se pudo dar una primera atención y respuesta a lo acontecido con este sismo de consecuencias lamentables. Sin embargo, aun cuando es innegable la necesidad de contar con grupos voluntarios especializados de protección civil, brigadistas, cuerpos de bomberos y asociaciones, que puedan actuar efectivamente ante las emergencias que se susciten, ya que sea por algún fenómeno o desastre natural, accidentes o cualquier otra causa, es fundamental que la labor que desempeñan estos cuerpos de auxilio sea eficiente, eficaz, pronta y coordinada, además de que lleven a cabo actividades de prevención a corto, mediano y largo plazo. Algunas entidades federativas no otorgan el apoyo necesario a estos cuerpos voluntarios, aun cuando por mandato constitucional corresponde al Estado otorgar la protección civil, por lo cual resulta necesario que estos cuerpos de auxilio cuenten con la capacitación, herramientas y equipo necesario para realizar sus funciones. Como ya se mencionó en muchas otras ocasiones, y aun cuando la protección civil es una obligación del Estado y un derecho de todos los ciudadanos, los cuerpos de auxilio, en específico los voluntarios, no reciben percepción alguna ni se les entrega un presupuesto que puedan destinar para adquirir el equipo indispensable para realizar su labor. Y esto es debido a la falta de interés de algunos gobiernos estatales de no apoyar económicamente a los grupos voluntarios de protección civil. Luego entonces, queremos que estos organismos actúen de manera adecuada durante un evento. Y esperamos una respuesta efectiva y contundente ante un desastre natural o un accidente. Pero, por otro lado, no los dotamos de los medios para realizar su labor. La Ley General de Protección Civil contempla, en su capítulo décimo, a los grupos voluntarios como organización de ciudadanos para desarrollar actividades especializadas en materia de protección civil, tales como: las tareas de rescate, de auxilio, combate a incendios, administración de albergues y centros de acopio, servicios médicos de urgencia, entre otros. Sin embargo, dicha legislación no contempló un mecanismo de financiamiento gubernamental para estas agrupaciones cuando así lo requieren, resultando necesario que exista en la legislación general la obligación para las entidades federativas de contar con financiamiento público, a fin de que puedan realizar la encomienda que realizan, máxime que para obtener la calidad de grupos voluntarios de protección civil debieron pasar por un proceso de registro, siendo necesarios dichos grupos y que reciban un recurso de los estados. Esto previa justificación de sus necesidades. Por lo anterior, es que resulta necesario que en los presupuestos de egresos estatales se incluya una partida que específicamente sea destinado a estos grupos voluntarios de protección civil, a fin de que estos cuenten con los recursos necesarios para que sean dotados del material, equipo, herramienta y capacitación que se requiere para el trabajo que desempeñen, que es de reconocerse, logrando así una respuesta ante cualquier eventualidad. Con atención a esto, la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto primordial realizar una revisión y adhesión en materia legislativa, con la finalidad de considerar que las entidades federativas y la Ciudad de México otorguen recursos de forma obligatoria a los grupos voluntarios de protección civil y que estos recursos los consideren en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal. Es cuanto, diputado presidente.