La diputada Lucía Flores Olivo: Compañeras y compañeros legisladores, la Constitución establece en el artículo 4o. que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Justamente para garantizar ese derecho, se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a efecto de facilitarles el acceso a créditos suficientes y baratos, para que puedan adquirir un patrimonio propio. Sin embargo, por la extensa temporalidad de los créditos hipotecarios, que en ocasiones alcanzan los 30 años, es común que sucedan altibajos en la vida económica de los acreditados. Lamentablemente cuando un trabajador pierde su empleo o por alguna razón su ingreso disminuye, no le informa al Infonavit por miedo a perder su vivienda y dejar desprotegida a su familia. El miedo a perder su patrimonio deriva de los múltiples casos de amenazas y despojos que tuvieron lugar en el pasado. Para muchas y muchos trabajadores la desinformación, el desempleo y la precariedad salarial fueron aprovechados por los oportunistas para dejarlos en la calle. En la sesión pasada aprobamos un dictamen que garantiza la correcta vigilancia a los despachos de cobranza que intimidaban y amenazaban a los acreditados para recuperar las carteras vencidas. Aquí coincidimos y decidimos que esta situación debe cambiar sustancialmente, por lo que el instituto no solo debe garantizar el derecho a acceder a la vivienda digna, sino también promover soluciones a los trabajadores que presentan problemas financieros. En ese sentido, resulta evidente que para que las y los trabajadores puedan acceder a estas soluciones, es necesario que las conozcan. De ahí que debe establecerse con claridad el derecho del acreditado para conocer dichas soluciones financieras, así como la obligación del instituto de difundirlas. Desde 2005 el instituto cuenta con un esquema de cobranza social, que desafortunadamente no ha tenido la instrumentación ni la difusión adecuada. Este esquema es un paquete de apoyos para el pago de los créditos que incluye seguros, soluciones diversas y productos acordes con las necesidades de cada acreditado, lo cual les permite conservar su patrimonio familiar. El esquema de cobranza social se destina a los acreditados por pérdida de empleo, disminución del ingreso familiar, incapacidad o fallecimiento. Ese esquema de cobranza social cuenta con 39 modalidades de restructuración de adeudos, tales como prórrogas totales o parciales, fondos de protección de pagos e, incluso, bolsa de trabajo en colaboración con el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo. De ahí que es fundamental informar a las y los trabajadores y familiares que existe una solución cuando se encuentren ante estas situaciones. Sustituir el miedo y la desconfianza en las instituciones por la certeza y la confianza es un objetivo de la cuarta transformación. En tal virtud, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen a discusión, por el cual se propone establecer en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la obligación del instituto para notificar al acreditado sobre el esquema de cobranza social al cual puede acceder, así como la atribución del director general del instituto de la elaboración de las estrategias de difusión del esquema aprobado por el consejo de la administración. Posibilitar soluciones efectivas, eficientes y oportunas, para que las familias conserven y gocen del patrimonio familiar que con tanto esfuerzo han obtenido, significa dar un paso más hacia el establecimiento de la justicia social. Muchas gracias.