La diputada Dora Alicia Martínez Valero: Con su venia, señora Presidenta. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a presentar a esta soberanía los motivos por los que debe aprobarse la reforma a la fracción II, así como la derogación de la fracción IV del artículo 38 de nuestra Constitución Política. Sin lugar a dudas, nuestra nación atraviesa por cambios sin precedentes donde el consenso y el trabajo comprometido deben ser comunes denominadores que propicien las mejoras para México y el entorno en el que nos desenvolvemos. México, como un Estado promotor de la defensa de los derechos humanos y haciendo eco del importante movimiento desencadenado por la Revolución Francesa en 1789, que finalizara con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es pionero en la protección de las garantías individuales y trabajador incansable de la democracia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define que todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser votados. Desde hace más de una década, legisladores y el mismo Ejecutivo ocupados por resguardar y ampliar el alcance de esta misiva, han buscado la reforma a la fracción II y la supresión de la fracción IV de nuestra Carta Magna. No sólo para ser congruentes con los tratados y convenciones suscritas por México, sino por el fomento al trabajo arduo de varias generaciones por un Estado integral, protector, participativo e incluyente, haciendo énfasis que los derechos políticos son parte de los derechos humanos, razón por la cual deben ser respetados y exigidos por y ante el Estado, facultando a los ciudadanos a participar activamente en la conducción de los asuntos políticos del país. En el año 2004 el entonces presidente de la república, Vicente Fox Quesada, envió a la Cámara de Senadores una iniciativa que formaba el sistema de seguridad pública y de justicia penal, la cual proponía, entre otros temas, la inclusión expresa en el texto constitucional de la presunción de inocencia y modificaba las reglas para dictar prisión preventiva como un aspecto primordial de dicho principio. De tal causa se propone que la fracción II del artículo 38 de nuestra Carta Magna, señale que la suspensión de los derechos políticos del ciudadano sólo será procedente hasta que un juez de la causa haya dictado la sentencia ejecutoriada en contra del ciudadano al que se le imponga el goce de sus derechos. Derivado del estudio y análisis que hemos realizado en la Comisión durante varias sesiones, complementando con opiniones recibidas de las diversas dependencias de la administración pública federal, consideramos que es procedente reformar el artículo 38 de la Constitución, porque como es sabido, este artículo ha sido utilizado en múltiples ocasiones y en muchas entidades federativas para limitar a adversarios políticos inventando delitos y órdenes de aprehensión. Es indudable que una de las garantías más preciadas de los gobernados es la presunción de inocencia, conforme a la cual toda persona, aún sujeta a un proceso de orden criminal, debe considerarse como inocente hasta que en la culminación de tal proceso se acredite su plena culpabilidad. Es entonces cuando la fuerza sancionatoria del Estado debe dejarse ver con firmeza para asegurar a la sociedad en su conjunto la convivencia pacífica y respetuosa, y el sometimiento de todos a la ley. Es inadmisible que una vez que el artículo 35 de nuestra Constitución garantice el ejercicio libre de los derechos y prerrogativas del ciudadano bajo las condiciones de certeza, legalidad e imparcialidad, el artículo 38 señale, en sus fracción II y IV, una disposición por demás severa y excesiva, al suspender sus derechos a los ciudadanos por el sólo hecho de estar sometido a un proceso judicial. Es decir, en etapa que debiera surtir sus efectos de garantía de presunción de inocencia. Cabe señalar que tanto la orden de aprehensión como el auto de formal prisión no son sino etapas del proceso penal, pero no constituyen una sentencia. Es de señalarse la pertinencia de acotar el tiempo durante el cual se considera suspendido el ejercicio de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, pues la intención del legislador es que no se prolongue más allá del momento en el que el sentenciado cumpla la pena que le fue impuesta. De esta manera, pudiera afirmarse que la disposición constitucional en comento aparece como una pena anticipada. Por lo anteriormente expuesto y motivado de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el decreto por el que se reforma la fracción II y se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma la fracción II y se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 38. Los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos se suspenden. Fracción II. Por pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada desde el momento en que surte efectos y hasta su extinción. Fracción IV. Se deroga. Artículo transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta.