La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, el día de hoy vengo a presentar a este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales Único. Ustedes recordarán, hace unas cuantas horas presenté ante esta asamblea el proyecto por el que se expedía el Código Penal Único. El problema de la inseguridad se debe a múltiples factores. Entre los que corresponden directamente a la responsabilidad del Estado sobresale la falta de transparencia, la corrupción y la deficiente coordinación y operación de los órganos encargados de prevenir el delito; procurar y administrar la justicia, rehabilitar socialmente al sentenciado. Una de las más graves consecuencias de esta tendencia es el crecimiento de la delincuencia y de la impunidad. La actitud del ciudadano frente a estas instancias es de desconfianza y escepticismo. Ante su incapacidad para encontrar en ellas la justicia, ha venido prescindiendo de su apoyo a pesar del sufrimiento moral y la pérdida material que significa el ser víctima u ofendido de un delito. Lo más grave de este hecho es el cuestionamiento que hace la propia sociedad acerca del papel del Estado como responsable de garantizar el orden público y la justicia. Es cierto que se han heredado instituciones y prácticas añejas derivadas de un pasado autoritario, pero también debe de reconocerse que las deficiencias en materia de seguridad pública tienen su origen en la inoperancia de la ley. En un estudio reciente del CIDE, en las cárceles de Morelos, del Distrito Federal y del estado de México, se informó que en una oficina del Ministerio Público el 80 por ciento de los internos entrevistados no fueron informados de su derecho a no declarar; el 70 por ciento no contó con un abogado defensor durante el tiempo que permaneció en la agencia; 72 por ciento no fue informado de su derecho de llamar por teléfono y el 91 por ciento no recibió explicación acerca de la diferencia entre Ministerio Público y el juez. En los juzgados el 66 por ciento de los internos no fueron informados de su derecho a no declarar y el 80 por ciento de los internos no habló nunca con el juez; el 29 por ciento fue sentenciado anteriormente y el 27 por ciento no contó con un abogado al rendir la declaración. Por otra parte cuando declararon, en el 71 por ciento de los casos no estuvo presente el juez durante su declaración; 59 por ciento no entendía el juicio y el 75 por ciento de los internos que estaban recluidos por robo simple, eran por montos menores a 6 mil pesos. La reparación del daño no es realizable y prácticamente no existe, ya que todas las víctimas sin excepción, se quedan sin dicha reparación y aquellos que tienen la fortuna de que sus victimarios sea consignados, tiene que vivir un vía crucis interminable de amenazas y agresiones tanto por parte de los familiares de los acusados como por las mismas autoridades a lo largo de todo el proceso. Los procesos penales se alargan hasta por más de dos años y la averiguación previa es prácticamente un juicio que se repite en los juzgados quebrantando el principio de justicia pronta y expedita. Con el avance democrático del país la gente pide renovar aquellas instituciones que la vinculan de una manera directa con el Estado; por eso la demanda colectiva es que se realicen acciones para que éste cumpla con su deber esencial de garantizar la seguridad y recuperar la confianza en la justicia, reformando los mecanismos y leyes encargados de procurarla y administrarla. De la seguridad depende la convivencia armónica, además de certidumbre para ejercer plenamente las libertades, desarrollar la creatividad y generar un marco de tranquilidad para trabajar, invertir, desplazarse con seguridad por todo el territorio nacional y sentir que la autoridad está presente en todos lados para prevenir el delito, sancionarlo y reparar el daño causado por quienes lo cometen. Al presentar ante esta soberanía el proyecto de iniciativas en materia penal, debe argumentarse que las mayores críticas al sistema de justicia en México, en su procuración y administración, son la lentitud, la falta de transparencia y el exceso de trámites. Ciertamente se han hecho esfuerzos considerables para que estas instituciones se modernicen, se hagan más eficaces y también más transparentes. En la medida en que alcancemos una cultura de transparencia para someter al escrutinio popular el poder público, muchos de los problemas de corrupción e ineficacia que surgen del ocultamiento de la información, tendrán que desaparecer. En materia de seguridad pública y justicia, tenemos que alcanzar los índices de transparencia propia de naciones avanzadas, devolviendo a esas instituciones su sentid original de garantes de las libertades y la equidad. Por tanto, además de transparentarla se debe de reformar u marco jurídico a fin de dar a los mexicanos el derecho de defenderse y a que se les repare el daño. Por esa razón se propuso a esta soberanía o a las curules vacías, la adopción de un código penal único para toda la república mexicana y ahora de manera complementaria se propone la iniciativa de código de procedimientos penales único. La finalidad es fortalecer las estructuras judiciales locales y federales y simplificar la función de los órganos estatales encargados de prevenir el delito y procurar la administración de justicia. Como parte de esta reforma integral al sistema de justicia penal, se considera integrar un solo frente de todas las autoridades ejecutivas y judiciales de los órdenes estatal, federal y contará con una legislación común. De ahí la importancia de estos cambios que vienen a poner fin a la diversidad de codificaciones, propicia para evadir la justicia, y corrigen la omisión histórica al conceder al ciudadano la capacidad de defenderse. A efecto de establecer la órbita de competencia, en el artículo 1o de este código se aplicará por parte de las autoridades federales en los procedimientos que se lleven por motivo de los delitos de este fuero y por las autoridades de los estados y del Distrito Federal por los delitos del fuero común. De esta manera y en complemento al código sustantivo, se unifican y homologan así el conjunto de normas que requiere la autoridad jurisdiccional para administrar justicia en este ámbito. Actualmente el ofendido no tiene recurso alguno, incluyendo el amparo, frente a las decisiones del Ministerio Público respecto a las diligencias que realiza dentro de la averiguación previa. Además, tampoco tiene recurso alguno en cuanto a los tiempos, lo cual convierte a la averiguación previa en un procedimiento sin control por parte del ofendido, quien se encuentra en total estado de indefensión. Con las reformas que se proponen se reconoce a las víctimas del delito en su calidad de parte activa en el procedimiento penal a fin de que tengan derecho a defenderse directamente a través de un juicio oral ejecutivo, compactado y transparente. Con esta innovación se consolida el papel del Ministerio Público como representante y protector de la sociedad frente a la delincuencia, cumpliendo así con sus tareas de autoridad, pero sin ejercer el monopolio de la acción penal. A la víctima y al ofendido se le da el carácter de parte activa en el juicio penal, con todos los derechos para denunciar directamente ante el juez interponiendo recursos procedentes y defender sus intereses y su causa durante todo el proceso. El Código de Procedimientos Penales introduce una serie de innovaciones que tienen por objeto generar un procedimiento unificado y beneficioso para la comunidad, para las víctimas y fundamentalmente para la seguridad jurídica, los criterios jurisprudenciales y la aplicación competencial de las leyes. El cambio más importante es cómo se reivindica la capacidad de defensa de los mexicanos en materia penal. Con las reformas que se proponen se suprime el monopolio que actualmente tiene el Ministerio Público de ejercer la acción penal, ciudadanizando de esta manera la justicia conforme a las reformas que se recogen en los artículos 3o, 4o, 5o, 6o y 7o que vienen en la iniciativa completa. Las funciones del Ministerio Público quedan sujetas al proceso penal, a la vigilancia procesal del juez, de la parte ofendida y del probable responsable para que su función sea más transparente, eficiente y equitativa. Se compacta la averiguación previa y el proceso en un solo procedimiento que se desahoga ante el juez con la participación del Ministerio Público, del ofendido y del probable responsable, con la reducción sustancial de los tiempos procesales. Con la participación del Ministerio Público o de la parte ofendida y del probable responsable la actividad de los jueces también se sujeta a un mayor control y transparencia. Se establecen los procedimientos de averiguación judicial que comprenden las actuaciones practicadas inmediatamente con motivo de la comisión de un delito, tanto por el juez como por el Ministerio Público, de manera conjunta o separada con el ofendido o víctima, siempre que no exista detenido. Asimismo, en el de preinstrucción se consideran las actuaciones de ambas instancias desde el momento en que un detenido queda a su disposición hasta que se dicte el auto de formal prisión, así como los procedimientos de sujeción a proceso o el de libertad por falta de elementos. De la misma manera, se incorpora el procedimiento de instrucción integrado por las diligencias necesarias para que el juez pueda probar la existencia del delito, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal del inculpado. Con este procedimiento sumario ágil, oral y compacto, en donde intervienen tanto el Ministerio Público como el juez, se evita la duplicidad de diligencias y de ofrecimiento y desahogo de pruebas innecesarias, y se reducen sustancialmente los tiempos para resolver un asunto, ya que actualmente casi toda la totalidad de las pruebas se desahogan en la averiguación previa, y se repiten en el proceso. Con el propósito de resaltar la importancia de impulsar esta iniciativa, se menciona lo siguiente: Con el nuevo Código de Procedimientos Penales, la justicia en este ámbito habrá de experimentar un avance sustantivo en la medida en que la congruencia normativa va a permitir a los ministerios públicos y a los poderes judiciales, tanto estatales como del Distrito Federal y de la Federación, a aplicar siempre la ley con la certeza de que los delincuentes en donde quiera que operen recibirán en cada delito, idéntica sanción. Con este código adjetivo se corrigen no solamente deficiencias procesales y técnicas, sino que además de fortalece la coordinación y la cooperación entre autoridades judiciales, independientemente del lugar donde se cometen los ilícitos. En la práctica de procuración y en las diversas fases del proceso, los cambios que se han introducido derivan de la experiencia histórica y, desde luego, por la demanda colectiva de cambiar el rostro de las instituciones de procuración y administración de justicia. México necesita enfrentar el futuro con órganos estatales, confiables y eficientes que contribuyan a consolidar la gobernabilidad democrática sobre bases firmes de seguridad y justicia. Muchas gracias.