El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su venia, señor presidente. No cabe duda de que la educación es un poderoso instrumento para promover la movilidad social creciente para nuestro país. Sin embargo, la desigual distribución de oportunidades en muchos países de Latinoamérica implica que el acceso a los servicios educativos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, sea escaso para algunos de los estratos más pobres de la sociedad. El nivel de educación alcanzado por los estudiantes de esto segmentos de la población se ha estancado en la educación secundaria, y en muchos casos, quienes egresan de ésta, a consecuencia de las deficiencias e insuficiencias en los procesos de formación no poseen las competencias y capacidades que se supone deben adquirir y que son necesarias para acceder a los niveles educativos superiores, o bien para integrarse al mercado laboral. Para hacer frente a los desafíos que plantea el tema de la educación en nuestro país, desde esta soberanía se han impulsado diversas medidas para promover la inversión en el desarrollo de la infraestructura educativa y del aumento de la calidad de la educación pública en el país, a través del establecimiento de sistemas de evaluación modernos, de la creación de incentivos para los profesores y de la dotación de los insumos necesarios para que los alumnos no tengan otra preocupación más que aprender. Asimismo, en los últimos tiempos en lo que respecta particularmente a los sistemas de educación media superior y superior, tanto el Poder Legislativo federal como las Legislaturas locales han impulsado políticas a favor de la misma, como por ejemplo las reformas encaminadas al financiamiento de carreras universitarias mediante becas y préstamos bancarios. Sin embargo, uno de los pasos más significativos que México ha dado recientemente para el fortalecimiento de nuestro sistema educativo es la reforma constitucional a través de la cual la educación media superior adquirió el carácter de obligatoria. A finales de 2011, una tercera parte de los 6 millones 710 mil jóvenes de entre 15 y 17 que había en el país estaban excluidos de la educación media superior, esto es, casi 2 millones 200 mil jóvenes en edad normativa para cursar el bachillerato, no asistía a la escuela. La finalidad de la reforma fue precisamente subsanar ese problema. Si bien al aprobarse la obligatoriedad del bachillerato se planteó que la medida repercutiría de manera directa en la generación de mayores oportunidades de desarrollo para la juventud mexicana, también se advirtió que los resultados de ésta se irían materializando de modo gradual, dado que su instrumentación dio inicio en el ciclo escolar 2012 y terminaría hasta el año 2022. Asimismo, se dejó constancia de que las implicaciones de esta reforma de tal magnitud obligarían al Poder Legislativo a seguir legislando en esta materia, para garantizar que la reforma tuviera mejores y mayores alcances. Pues bien, el día de hoy estamos aquí reunidos con el objeto de discutir una reforma a la Ley General de Educación encaminada a crear las condiciones que permitan contar con un subsistema de educación media superior y de capacitación para el trabajo consolidado, y listo para afrontar adecuadamente los retos globales que el desarrollo y la competitividad del país se plantean. Cabe señalar que no basta con ampliar la cobertura del sistema de educación pública en el nivel medio superior, sino que es necesario garantizar que la formación que reciben los educandos sea de calidad y resulte además funcional. No se puede soslayar que uno de los problemas más acentuados en nuestro sistema educativo es la escasa capacidad para satisfacer la demanda de mano de obra que requiere el sector productivo. De acuerdo con el foro México 2013, políticas públicas para un desarrollo incluyente, un estudio realizado por la consultora Mckinsey señala que el 40 por ciento de los jóvenes en México no tienen un empleo relacionado con su área de estudio, mientras que a las empresas que tienen vacantes 4 de cada 10 les cuesta mucho llenar una vacante porque no encuentran los perfiles que necesitan, los perfiles adecuados. En este sentido, se considera necesario el establecimiento de un marco curricular común en el sistema de educación media superior, que establezca los elementos formativos básicos de los servicios de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, de tal manera que se constituye una parte del perfil de egreso de las diferentes modalidades y su complemento sea la formación específica en función del tipo de bachillerato del que se trata. Con medidas como éstas se busca encontrar, en el ámbito de nuestra competencia, la mejor forma de impulsar y perfeccionar nuestro sistema educativo, lo cual es uno de los temas prioritarios para el Grupo Parlamentario del Partido Verde, por lo cual se votará a favor de este decreto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.