El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con su venia, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del Inegi, la población total de este país es de más de 112 millones de personas. De éstas, casi 21 millones se encuentran en rango de edad de entre los 15 y los 25 años. No obstante que este sector poblacional representa casi el 20 por ciento de la población, sigue sin haber una política pública integral para la juventud del país, que oferta un panorama de desarrollo personal y colectivo a futuro. Esta falta de visión gubernamental ha orillado a que muchos de las y los jóvenes que no estudian ni trabajan sean presa de la delincuencia y de la violencia criminal, por lo que es urgente encontrar una solución integral a este conflicto social tan latente. Si bien, para nuestro grupo parlamentario la presente propuesta representa un avance, por lo que votaremos a favor, consideramos que se debe incentivar a las empresas que adquieren bienes, arrendamientos o servicios y que se sujetan a la evaluación de puntos y porcentajes en las licitaciones públicas, no resolverá el problema de la falta de empleo al que día a día se enfrentan miles de jóvenes de nuestro país, ni las condiciones de trabajo tan deplorables en las que se encuentran aquellos pocos que sí tienen la oportunidad de tener un empleo. En este sentido cabe resaltar la reforma laboral que aprobaron desde el 2012 los partidos del Pacto por México, donde legalizaron el outsourcing y no se nos olvida que la mayoría de las y los jóvenes que ahora ingresan al mercado laboral, tienen sueldos de miseria y carecen de prestaciones sociales por la traición que estos partidos le hicieron a la juventud mexicana. Respecto a la modificación del artículo 41, el cual refiere que las dependencias y entidades podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al proceso de licitación pública siempre y cuando se trate de campesinos, grupos urbanos marginados, artesanos, ganaderos considerados como pequeños productores y a grupos en condiciones de vulnerabilidad, garantizando perspectiva de género, se eliminó la figura de personas físicas y morales del dictamen original y se agregó que dichos grupos deben estar incorporados al régimen fiscal, esto volverá dicho trámite más engorroso y complejo dado a las propias características de estos grupos, por lo que lejos de garantizar su inclusión se excluirá a los grupos más marginados que no cumplan con estos requisitos. Es necesario revalorar dicho apartado con la finalidad de dar preferencia a cooperativas organizadas. Tenemos que impulsar el fomento al cooperativismo. Finalmente, en lo referente al agregado del artículo 19, donde se prioriza contratar al Conacyt o a los institutos locales de ciencia o tecnología para la realización de asesorías, estudios e investigaciones, coincidimos plenamente en que es necesario fortalecer dicha institución, que se ha visto tan afectada con la repartición del presupuesto año con año. No obstante, también se debe garantizar que para la realización de dichos estudios, investigaciones y asesorías se tomen en cuenta los diferentes institutos de educación superior públicos. No solo se debe fortalecer el aparataje gubernamental, sino también las instituciones educativas públicas que impulsan el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.