EL C. DIPUTADO VICTOR MANUEL DIAZ PALACIOS: (LECTURA DE INICIATIVA, INSERTESE) Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I, IV y V, y 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el 55 fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, Víctor Emanuel Díaz Palacios, a nombre de los diputados federales de la LVIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del PRI, sometemos a consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS Uno de los grandes retos de¡ México contemporáneo sigue siendo consolidar un auténtico federalismo fiscal. A pesar de los esfuerzos de varias generaciones de mexicanos por avanzar en la construcción de un sistema federal de coordinación fiscal equilibrado, aún persisten inercias y lastres producto del peso de la tradición centralista heredada del México colonial y posrevolucionario. Durante décadas hemos sido testigos de una verdadera lucha entre estados y municipios y el Gobierno Federal por una redistribución federalista más justa y equitativa de los recursos fiscales. De hecho, no fue sino hasta los años ochenta y noventa que la asignación de estos recursos comenzó a realizarse con base en esquemas técnicos objetivos, sustentados en criterios estratégicos de desarrollo. Los grandes momentos de esta lucha por un sistema de coordinación fiscal moderno, comienzan, como sabemos, en 1925, con las convenciones nacionales fiscales. Después de más de 100 años de anarquía tributaría, el México posrevolucionario se planteó la necesidad de poner orden y establecer las bases de un sistema coordinado de tributación y distribución de recursos fiscales que sentara las bases del desarrollo nacional. Este proceso, que pasa por creación de la Ley que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades Federativas elaborada en 1948 y por la Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados de 1953; culmina con el apoyo de las entidades federativas y el Gobierno Federal a la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 que es, con algunas adecuaciones y modificaciones, la que actualmente nos rige. Sin embargo, a pesar de que esta ley constituye un gran avance, aún no hemos logrado conformar un sistema de coordinación fiscal plenamente federalista. Esto debido a que todavía buena parte de los ingresos fiscales y del gasto público, siguen estando bajo la responsabilidad exclusiva de la Federación y no de las haciendas estatales y municipales. Como sabemos, la recaudación federal participable está integrada por dos componentes: los impuestos federales y los derechos sobre la extracción de petróleo. A partir de 1996 se establece que el Fondo General de Participaciones se integraría con el 20% de la recaudación participable, recursos estos agrupados en el ramo 28. Estos ingresos son considerados como propios de las haciendas de los estados y municipios y su distribución al interior de cada entidad federativa reproduce el esquema federal 80/20. Es decir, 16% corresponde a la entidad federativa y 4% se canaliza a los municipios. Posteriormente, tiene lugar otro gran avance en el proceso de conscilidación del federalismo fiscal. En 1997, se crea el ramo 26, que en 1998 se transforma en ramo 33, con el que se define un esquema de transferencias federales de gasto bajo la forma de aportaciones federales a entidades federativas y municipios. También estos recursos son considerados como propios de las haciendas estatales y municipales, aun cuando la federación los etiqueta con el fin de garantizar su uso adecuado. de acuerdo con las, estrategias de desarrollo social y superación de la pobreza vigentes. De esta forma, participaciones (ramo 28) y transferencias (ramo 33), representan poco más del 50% de la recaudación federal participable, lo cual, sin duda, constituye un gran avance en el proceso de descentralización y fortalecimiento del federalismo. Sin embargo, las crecientes necesidades de desarrollo de los estados y municipios han demandado nuevos esfuerzos presupuestales para complementar el desarrollo local y regional. Por ello se han desarrollado esquemas como los convenios de descentralización y más recientemente (en el 2000), el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), agrupado en ramo 23 denominado provisiones salariales y económicas, que incluye además un fondo de desastres naturales y otro salarial. Si sumamos los recursos que estos esquemas aportan en conjunto, la federalización total de recursos fiscales (ramos 28 y 33, más, recursos del ramo 23 y convenios de descentralización) llega a representar alrededor del 60% de la recaudación federal participable. Sin embargo, no hay que perder de vista que sólo los recursos provenientes de los ramos 28 y 33 son considerados como propios de las haciendas estatales y municipales. Y es aquí donde radica el problema. Si bien las aportaciones de recursos fiscales del ramo 23 PAFEF y de los convenios de descentralización, representan un apoyo extraordinario al gasto estatal y municipal, estos recursos, en especial los M PAFEF, no contribuyen necesariamente a fortalecer la capacidad hacendaria de nuestras entidades federativas y municipios. No hay que olvidar que la decisión de que los recursos de los ramos 28 y 33 fueran considerados como propios de las haciendas estatales y municipales constituyó una de las reformas más trascendentes en el proceso de consolidación del federalismo fiscal. El manejo de estos recursos como propios eleva sustancialmente la capacidad de planeación y programación del desarrollo de estados y municipios; permite atender necesidades sociales prioritarias con oportunidad; y coadyuva a consolidar esquemas estratégicos de mediano plazo orientados al ámbito local y regional. En el caso de los recursos provenientes de los convenios de descentralización, que son básicamente los recursos de la alianza para el campo y de educación media y superior, el camino para su eventual federalización resulta aún en extremo complejo. Sin embargo, este no es el caso de los recursos provenientes del PAFEF. Del acuerdo con lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2001: "Los recursos previstos para el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán exclusivamente para saneamiento financiero; apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales; así como a la inversión en infraestructura de las entidades federativas. Dichos recursos no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente y de operación, salvo en el caso de dichos sistemas de pensiones." El hecho de que estos recursos puedan ser utilizados como inversión en infraestructura en las entidades federativas ha significado, en los hechos, su orientación casi exclusiva para este fin. Tal es el caso del Estado de Puebla. El destino, de gran parte, de los recursos aportados por el PAFEF han 'sido canalizados, como marca la ley, hacia inversiones en infraestructura, obras de vialidad, comunicaciones, además de aportaciones para el saneamiento financiero de esta entidad. Incluso parte de estas aportaciones ha sido destinada al apoyo del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP). El problema que subyace, reitero, es que estos recursos no pueden ser manejados con entera autonomía por las haciendas estatales y municipales. Lo que impide su distribución eficiente y oportuna hacia los programas de inversión en infraestructura que resultan prioritarios para los gobiernos estatales y municipales. De ahí la necesidad y la pertinencia de reubicar estos recursos en el PEF con el fin de que pasen a ser recursos propios de las haciendas locales. Este se podría lograr a partir de la creación de un nuevo fondo en el ramo 33 denominado: Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fondo III), mismo que vendría a complementar, como de hecho ocurre en la práctica, a los fondos de aportaciones para la infraestructura social y para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Por otro lado, es necesario reconocer la realidad política y social mexicana el papel de la medicación que deben cumplir los diputados federales, además de su labor legislativa, ante la permanente exigencia de la ciudadanía que representan por la atención a un cúmulo de problemas de diverso tipo. En tal virtud, la iniciativa propone que un 10% de este fondo sea destinado por los estados y el Distrito Federal, a la atención de la prioridades que propongan los diputados federales. La distribución de este fondo sería de manera equitativa entre los distritos uninominales de cada entidad y del D.F. Por lo anterior y considerando: Que el desarrollo local y regional de¡ país depende en gran medida de la consolidación de un sistema de coordinación federal eficiente. Que el fortalecimiento de las haciendas estatales y municipales esta relacionado directamente con su capacidad real de gestión y administración autónoma de los recursos fiscales de que disponen. Que la experiencia indica que los recursos del ramo 23 correspondientes al PAFEF han sido utilizados primordialmente como gasto de inversión en infraestructura estatal y municipal; Que la Ley de Coordinación Fiscal, en su Capítulo V de los fondos de aportaciones federales, establece en su apartado 25 a las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y en su caso de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley. Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a la consideración del pleno la siguiente: Iniciativa de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 25, 32, 33 y 34 del Capítulo V, de los fondos de aportaciones federales, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: CAPITULO V Artículo 25. . . I y II. . . III. Fondo de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas. IV a la VIII. . . Artículo 32. El fondo de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 22 de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Artículo 33. Las aportaciones que se realicen con cargo al Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se destinarán exclusivamente para saneamiento financiero; apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritaria mente a las reservas actuariales; así como a la inversión en infraestructura de cualquier naturaleza de las entidades federativas. Dichos recursos no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente y de operación, salvo en el caso de dichos sistemas de pensiones El 10% de este fondo será ejercido por los estados y el Distrito Federal, de acuerdo a las prioridades propuestas por los diputados federales. La distribución de esta porción del fondo será, por partes iguales, a cada uno de los distritos uninominales que integren la representación nacional en cada Estado y en el D.F. Artículo 34. El fondo de apoyo para el fortalecimiento de las entidades federativas se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2002. Segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente decreto. México, D.F., a 8 de noviembre de 2001. Diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios.