La diputada Roxana Luna Porquillo: Compañeros y compañeras, buenas tardes. La reforma constitucional de junio del 2013, en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, asentó los principios fundamentales de lo que parecía concretarse en avances de derecho a la información y la democratización de los medios de comunicación de nuestro país. Sin embargo, el dictamen que hoy se presenta, está totalmente ajeno a lo que se aprobó, teniendo como resultado una legislación desequilibrada entre los agentes económicos de las telecomunicaciones y radiodifusión con los usuarios y con las audiencias, debilitando a los medios comunitarios indígenas lo mismo que a los productores independientes, aumentando las facultades a la Secretaría de Gobernación sobre el sector de la radiodifusión a costa de una supuesta autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo, y entre lo más grave, asienta las bases para la violación de los derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho a la privacidad. Todo lo anterior permite claramente vislumbrar que esta ley representa preocupantes omisiones, pérdidas y retrocesos frente a la reforma constitucional aprobada en el 2013, lo que me permite fijar mi postura en contra de este dictamen, ya que se trata de una ley disfrazada, que además pretende sorprendernos con algunos tintes de beneficio que más bien representan migajas de lo que verdaderamente representa el sector de telecomunicaciones. Basta decir que este sector crece dos o tres veces más rápido que el resto de la economía y que nuestro país ocupa el segundo lugar del mercado a nivel Latinoamérica en materia de telecomunicaciones con un valor de mercado de más de 28 mil millones de dólares, razón que explica la paradoja de que en México podemos encontrar a una de las personas consideradas como las más ricas del mundo en desproporción con el enorme porcentaje de pobreza y marginación. Por eso se entiende lo rentable que le resulta este negocio a concretamente a América Móvil y a Televisa, y evidentemente no quieren dejar escapar la fuente que les ha otorgado el poder en México. Tan es así que esta ley permite entender el poder de influencia que ha tenido y que se ha demostrado en la política de este país. Señores legisladores y señoras legisladoras, lo que verdaderamente nos debería preocupar y tener aquí es quitar el poder de influencia a los monopolios que todos conocemos. Y de no contar con una reglamentación adecuada día a día todos los ciudadanos acrecentamos su fortuna, tan simple como prender el televisor y ver más publicidad que contenidos, tan simple como hacer una llamada por celular, tan simple como eso. Los gigantes monopólicos de la comunicación no se han hecho gigantes solos, nosotros ahora mismo, al votar a favor, estamos abonando aún más a este poder que sigue concentrando. Lo más grave es que estamos perdiendo la oportunidad de cambiar la historia del rumbo de nuestro país y de generaciones completas. Pero no se trata de optar por uno o por otro monopolio, como pagan a favores pasados o favores futuros que se hacen presentes en las campañas electorales y en la votación de leyes que favorezcan, se trata de buscar un mercado justo que beneficie el desarrollo del país, se trata de velar por el beneficio colectivo y no sólo de un grupo. ¿Qué perdemos con lo que supuestamente ganamos? Ésa es la verdadera pregunta. Esta ley contempla que se dejará de cobrar la larga distancia, que tenderemos la posibilidad de cambiar de compañía telefónica en menos de 24 horas, que los equipos telefónicos se entregarán desbloqueados para que puedan ser utilizados por cualquier compañía, finalmente los usuarios recibiremos bonificaciones o descuentos cuando los proveedores de servicio no cumplan con el servicio de calidad o lo estipulado en el contrato de servicio. No nos dejemos sorprender con estos beneficios, que lo único que se pretende es jugar con nuestra inteligencia para ocultar el panorama de retroceso al que invita este dictamen. Estos beneficios son verdaderamente minúsculos ante la afectación e implicaciones que debería aprobar este dictamen, como son los siguientes: los derechos de audiencia y publicidad. Lejos de democratizar los medios audiovisuales y promover las mejoras de sus contenidos, la nueva Ley permitirá a los concesionarios comerciales de radio, televisión abierta y restringida, trasmitir publicidad en más de la tercera parte de su tiempo. Se advierte que estas disposiciones violentan el derecho a recibir información de calidad y programación equilibrada entre contenidos y publicidad. Estos beneficios en publicidad se traducen como un tremendo regalo a Televisa, que los legisladores impulsan este dictamen hacen como un pago de favores recibidos de esta televisora en procesos electorales. Medios de uso social. El dictamen privilegia el modelo comercial y asfixia a los medios de uso social contraviniendo lo establecido en la propia Constitución. Varios legisladores han venido a posicionar a favor y a decir que esta reforma por fin forma parte y que se toma en cuenta a los medios sociales, y reconoce la actuación de los medios indígenas haciendo indispensable aclarar que dicho reconocimiento es inevitable ante lo que han establecido tratados internacionales en la materia. Pero no se señala, no señalan los legisladores en su discurso que de aprobar esta ley no se le garantiza ni la independencia editorial ni su autonomía de gestión ni las reglas clara para la transparencia y la rendición de cuentas, y lo más importante y lo más irónico es que se les quitan las opciones de financiamiento, es decir se les reconoce un derecho pero no se les dan los medios ni la posibilidad de subsistir ni de ejercer este derecho. El dictamen sínicamente permite el abasto porcentaje de publicidad a los medios comerciales, lo cual los hace más fuertes ya que les permite invertir en los servicios, mientras que a los medios sociales les prohíbe explotar ese derecho bajo el argumento de propiciar una competencia desleal, lo cual es absolutamente falso porque no puede haber competencia desleal cuando en primer lugar no son competidores. La Organización de Estados Americanos, a través de la Relatoría de la Libertad de Expresión en los estándares para la radiodifusión libre e incluyente, en 2012, refiriéndose a los medios de comunicación comunitarios reiteró que la legislación debería prever los procedimientos sencillos para la obtención de licencias, la exigencia de los requisitos tecnológicos severos que les impida acceder a ella la posibilidad de que utilicen distintas fuentes de financiamiento. La situación laboral de los trabajadores y operadores de telecomunicaciones y radio difusión, esto es importante debido a la pretensión de empresas como Telmex, de transferir los costos de la Ley secundaria a sus trabajadores por medio de la disminución de sus derechos adquiridos y prestaciones. Lo anterior quedó de manifiesto en su más reciente revisión contractual de Telmex y la Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA de CV, con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en donde el consorcio planteó la modificación a la baja de 40 cláusulas de los contratos del trabajo. Lo anterior es evidente, pone en desventaja a los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión, de no fijarse la situación laboral en que quedarán estos operadores, ya que en busca de beneficiar a los usuarios de telecomunicaciones podrá afectarse a los empleos y derechos de los trabajadores y de no considerarlo en esta Ley. Estas son algunas de las argumentaciones y consecuencias que se van a aprobar en este momento. Escuchen bien lo que ya saben, si votamos por este dictamen sin modificaciones indispensables, la Cámara de Diputados estará tirando a la basura una responsabilidad histórica e irrepetible, que no se ostentaba desde 1960 y que consiste en sentar las bases sólidas para determinar con influencia del poder que ejercen los monopolios mediáticos, que tanto han frenado el desarrollo de nuestro país, que es México. Es cuanto, señor presidente.