El diputado Rafael Alejandro Serna Vega: Con el permiso de la presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, vencido el plazo para expedir la Ley General de Educación Superior, hoy discutimos esta obligación contraída por el Congreso de la Unión en el artículo sexto transitorio del derecho constitucional en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. En Acción Nacional hemos sido conscientes de que durante los últimos 16 años la proporción de adultos jóvenes que han finalizado la educación superior ha pasado del 17 al 23 por ciento, que en nuestro país la proporción de adultos entre 25 y 64 años con un título de educación superior es solo del 17 por ciento, siendo la más baja entre los países de la OCDE, cuyo promedio es de 37 por ciento, que el 83 por ciento de los mexicanos entre 25 y 64 años no cuenta con estudios de educación superior, en comparación con un promedio de la OCDE, que es del 63 por ciento. Por ello, nuestro grupo parlamentario fue uno de los máximos impulsores de que aquella reforma constitucional incluyera en sus contenidos los compromisos necesarios para hacer de la educación superior en México un derecho que debiera ser garantizado por el Estado. Y hoy llegó el tiempo de materializarlo. En Acción Nacional hemos impulsado históricamente que la educación superior en México atienda las demandas sociales por una mayor inclusión, equidad, calidad y financiamiento en este tipo educativo. Hemos promovido también que en ello se vale por mecanismos flexibles, que le permitan a nuestro país desarrollarse y crecer en un mundo cambiante y lleno de retos. Nunca hemos tenido duda de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados deben y pueden hacer. Por ello, estamos seguros de que el eficaz ejercicio del derecho a la educación superior conllevará innumerables beneficios sociales, culturales y económicos para la población, y de que los beneficios no se limiten a ello, pues garantizar este derecho permitirá también a las personas uno de los mayores placeres y recompensas de la existencia humana, esto es una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento. En ese sentido que observamos, después de su lectura, que el proyecto que hoy nos presenta la dictaminadora tiende en lo general las obligaciones que este Congreso tiene que salvaguardar: el derecho de la educación superior y de que tenga un cauce legal para ser cumplido y demandado. En sus artículos y disposiciones transitorias podemos observar que se desarrollan los principios a los que alude el artículo 3o. de la Constitución vigente. De esta manera, reconocemos que en el proyecto se garantiza la autonomía universitaria, se reconoce a la educación superior como un bien público y un derecho, se garantiza el acceso y la permanencia en la educación superior de calidad, se da prioridad a la comunidad estudiantil y se establecen las libertades de cátedra, de investigación, de libre examen y de discusión de las ideas. Se crea un fondo especial para atender los mandatos constitucionales, al cual la federación y los gobiernos locales deberán asignarle un presupuesto de forma anual y sostenida, adicional a los recursos destinados actualmente a la educación superior. Entre otros aspectos relevantes está vincular la educación superior con las necesidades de los sectores social, productivo y económico. Fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Fortalecer las instituciones de formación docente y reconocer el federalismo educativo. Igualmente, se instituye un registro nacional de operaciones para la educación superior, se establece la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género. Se genera un sistema para la evaluación y acreditación de las instituciones de la educación superior. Se garantiza la fiscalización de recursos públicos y se regula la participación de los sectores público, social, privado en la educación superior. Compañeras y compañeros, garantizar el ejercicio de la educación superior en México resulta relevante porque incide directamente en el desarrollo económico, político, social y cultural del país, pero, sobre todo, porque se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de todos los derechos humanos. Hoy, el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor del presente proyecto y los invita a todos y a todas a votar de la misma forma. No tenemos duda de que la ley que aprobaremos renovará los cimientos de una educación superior, cuyas bases vigentes fueron desde 1978. Consideramos que este que discutimos, se trata de un proyecto más sólido y adecuado para la realidad actual y futura en la materia. Y para nosotros esto, indiscutiblemente, contribuye al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad. Es cuanto.