El diputado Marcos Aguilar Vega: Diputadas y diputados, si la intención de la reducción del financiamiento público a los partidos políticos fuera real y no solo una medida populista y electorera, estaríamos discutiendo la eliminación total del financiamiento público. Estaríamos a favor de que no se otorguen recursos públicos a los partidos políticos, siempre que rompamos con los paradigmas que giran en torno a las fuentes de financiamiento y se perfeccionen los mecanismos de fiscalización, que si bien han sido exitosos, no terminan de consolidarse por la resistencia que existe aún para dotar de dientes y darle el marco normativo necesario a la autoridad electoral para ejercer sus funciones, sin el temor de ser castigado y fustigado precisamente por las cúpulas de los partidos. Esto, señoras y señores diputados, sí que sería un verdadero avance acorde a las exigencias de la sociedad. La propuesta de Morena no significa un avance, es una ocurrencia disfrazada de buenas intenciones. La pretensión es aniquilar a los partidos políticos de oposición, pues de concretarse debilita su esencia como entidades de interés público, y sus fines se verían vulnerados. Hasta hoy, las acciones emprendidas por el gobierno, lejos de atender las demandas sociales, han sido medidas que mediáticamente pueden representarle un beneficio. Sin embargo, el fondo estriba en un grave atentado a las instituciones del Estado mexicano, como han dejado ver con las descalificaciones y denostaciones al trabajo que realizan, pues por mandato constitucional son entidades que tienden a fortalecer el régimen democrático. El PAN, en otras condiciones se sumaría a una iniciativa en este sentido, siempre que se encuadrara en una reforma integral que satisfaga las expectativas del pueblo de México y no solo pretenda aniquilar a los partidos de oposición, que le resultan incómodos al presidente de la República. Y surge una pregunta, ¿hace escasos tres años se habrían sumado a una iniciativa como que hoy pretenden aprobar? La respuesta, sin duda, sería no. Porque la propuesta más que resolver una demanda social, implica un retroceso democrático, un nuevo embate al debilitamiento y destrucción de las instituciones. La propuesta podría decirse que atiende a una demanda, debido a la imagen que hoy tienen los partidos políticos por el alejamiento de los ideales de las y los mexicanos, pero si ahondamos en las causas que la provocan, encontraremos a la desconfianza e ilegalidad en que han incurrido algunos como sus generadoras, prueba de ello son las sanciones impuestas por el INE, que derivan del incumplimiento a las reglas de fiscalización y comprobación de gastos, donde, por cierto, el partido con mayores sanciones lo ha sido precisamente Morena. Claro, eso no importa, pues finalmente es el propio financiamiento público con el que pagan esas multas. Si realmente quieren una reforma en materia de reducción de financiamiento, convoquemos a un parlamento abierto, para conocer los pros y contras de la misma, estoy seguro que además resultaría necesario e indispensable para entrar a reformar de fondo el sistema de fiscalización, de transparencia y rendición de cuentas, pues estudios diversos han demostrado que entre las instituciones menos transparentes se encuentran precisamente los partidos políticos. Si realmente queremos transformar y avanzar en este tema, empecemos por fortalecer los mecanismos de financiamiento privado y autofinanciamiento, quitemos los candados existentes a este esquema y avancemos en serio hacia un nuevo modelo que permita a los ciudadanos aportar a los partidos políticos recursos. La equidad en la contienda electoral debe prevalecer. Si la intención es reducir el financiamiento público, se debe analizar la forma de calcular y asignar dichos recursos, pues hoy se calcula en base al número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización. El resultante de esta operación se distribuye en un 30 por ciento de manera igualitaria, y el restante 70 por ciento con base en la votación obtenida. El ideal sería que en lugar del padrón electoral fuera el número de electores que emitieron su voto, esto reduciría significativamente el financiamiento, pues en la pasada elección la participación fue del 63.42 por ciento del listado nominal. Basados en lo anteriormente expuesto, los partidos políticos alentarían la participación, pues a mayor participación, mayor financiamiento. Si no hay participación, no hay financiamiento. Así de fácil y así de complicado a la vez. Adicionalmente, deberá analizarse si la fórmula para el cálculo del financiamiento, realmente atiende al fortalecimiento de los partidos políticos.