La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hago uso de la palabra para expresar nuestro apoyo al paquete de cuatro leyes que sin lugar a duda hoy aprobaremos. En la reforma constitucional publicada el 26 de marzo de este año, por la que se crea la Guardia Nacional, se mandató en su artículo transitorio al Congreso de la Unión a expedir cuatro leyes: la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Uno de los más grandes problemas que afronta la ciudadanía en nuestro país es la inseguridad. La delincuencia afecta la vida y patrimonio de la población, tengas fuero o no. Uno de los grandes retos y compromisos de este gobierno de la cuarta transformación es recomponer el tejido social a partir de eliminar las causas que generan la desigualdad y con ello ir eliminando la comisión de delitos. Teniendo como eje una amplia política social en beneficio de la población se logrará que hoy los jóvenes que no tienen acceso a un empleo formal y a las escuelas dejen de ver la actividad delictiva como una oportunidad para superar sus entornos de marginación, sin embargo en el tiempo en que la policía social logre abatir la desigualdad social, el gobierno debe contar con los instrumentos legales que le permitan diseñar la estrategia en combate de la delincuencia y que quienes cometen un delito sabrán que ahora sí serán sancionados. Es por ello que en lo que va de este gobierno se creó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en cuya esfera administrativa quedará adscrita la Guardia Nacional. Aprobamos también la Ley que crea la Fiscalía General de la República, como órgano autónomo y cuya tarea es encabezar el Ministerio Público como órgano de persecución de los delitos y promover ante los jueces penales los juicios correspondientes. Aprobamos la reforma constitucional en materia de extinción de dominio, cuyo propósito es quitar a las organizaciones delictivas los bienes que obtuvieron con sus actividades ilícitas. Hoy impulsamos una radical reforma a las leyes que tienen que ver con la seguridad pública y se complementa con la estrategia nacional de seguridad que el Senado aprobó en abril pasado. La Guardia Nacional será la encargada de prevenir la comisión de los delitos en carácter federal e incluso previa firma de los convenios de la colaboración correspondiente podrá apoyar a los gobiernos de los estados municipales, si así lo requieren. Con esto se acredita que más allá de las competencias constitucionales de los distintos órdenes de gobierno, lo que al Estado mexicano le importa es la seguridad de sus ciudadanos. En lo que corresponda a la Ley del Registro Nacional de Detenciones, se garantiza que toda aquella persona que sea detenida por autoridad policiaca que corresponda serán registrados sus datos generales y se le asignará una clave individual que se agregará a todos y cada una de las actuaciones que se practiquen para saber materialmente ante qué autoridad se encuentra, con esta medida no habrá detenciones arbitrarias, ni desapariciones forzadas. El tiempo de Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa y muchos otros quedaran superados. Hoy se sabrá para garantía del ciudadano detenido y de su familia, ante quién se encuentran presentados. En la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza con pleno respeto a los derechos humanos de los gobernadores se establecen los márgenes de actuación de las corporaciones policiacas cuando se vean precisados a usar la fuerza pública. Todos sabemos que al Estado corresponde el uso legítimo de la fuerza, pero este no debe de ejercerse de manera arbitraria. Con base en el derecho convencional en las disposiciones de la Constitución mexicana, en esta nueva ley se establecen los parámetros de actuación de las corporaciones policiacas y se dispone con claridad que todo aquel elemento policiaco que abuse de la confianza de la sociedad depositada en él será severamente sancionado. Por último, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, de los estados y municipios del país para salvaguardar la seguridad de la población. Compañeras y compañeros legisladores, los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos plenamente convencidos de que, en este paquete de cuatro leyes, más lo que ya hemos aprobado, se va a dar una respuesta favorable a la gran demanda de la sociedad. Por eso es necesario que la Guardia Nacional empiece a trabajar. Por esta consideración votaremos a favor. Es cuanto, diputada.