El diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor presidente. Señoras y señores diputados. Para el Grupo Parlamentario del PRI la historia de la libertad de cultos en México, cuyos 150 años celebramos, revela en buena medida la evolución política de México. Los mexicanos llegamos a la separación de España por el liberalismo. Nosotros, decía Fray Servando, no queremos la independencia por la independencia, sino la independencia por la libertad. Y años más tarde, Mariano Otero escribía: “El mismo día que acabó la lucha por la Independencia, comenzó la de la libertad pública”. Los Constituyentes de 1824 enfrentaron en este sentido una agenda plenamente liberal: democracia, libertades civiles y públicas, federalismo y secularización de la sociedad. En el tema de las libertades, la mayoría adopta en el texto del 24 un cuadro básico que ya estaba incluido en la norma de Apatzingan. Sólo una libertad no será consignada en esa primera Carta Magna, la de conciencia, era incompatible con la intolerancia religiosa del Estado. Durante cinco décadas la sociedad fluctúa entre el viejo orden y las incipientes, pero cada más frecuente tendencia modernizadora. Al mediar el siglo la reforma está en marcha e inunda a la nación. Ocampo desenterrando las tesis de Mora, pugna por la secularización. Lerdo demanda la moralización del poder público y de la sociedad. Juárez avanza en el terreno de la igualdad y todos coinciden en la vuelta al sistema federal y la adopción del principio de supremacía civil del Estado. El Constituyente del 57 se enfrentó, sin embargo, entre moderados y puros. La Constitución volvió a ser en cierto sentido una transacción, a pesar de la advertencia de Melchor Ocampo. Toda transacción entorpece, cuando no paraliza el movimiento. El texto del 57 suprime los fueros expresando que la igualdad será hoy en más la gran ley de la República, pero no seculariza, no consagra la libertad de cultos, apenas prescribe la tolerancia gracias al esfuerzo mediatizador de Comonfort. Y será hasta la guerra civil cuando Juárez y la generación de la Reforma provoquen en nacimiento de un nuevo orden jurídico. La ley de la nacionalización de bienes va más allá de la desamortización. Nacionaliza y separa Iglesia-Estado, le siguen los decretos y hacer laicos matrimonio y cementerios y autónomo el Registro Civil. Sólo al final, el 4 de diciembre de 1869 irrumpe la novedad. La ley postula la libertad de creencias, culminación de nuestro proceso liberal, invirtiendo los términos para decir que lo herético es querer obligar a alguien a compartir la búsqueda del absoluto en el que cada cual pueda creer. Seculariza la sociedad y llega así una solución mexicana: ni Iglesia propietaria ni Iglesia asalariada como en otras latitudes, sino Iglesia bajo la ley. Alcanzamos desde entonces una fórmula justa: la Iglesia está sujeta al Estado en todos aquellos actos que tengan que ver con la sociedad civil, con arreglo a la teoría de la soberanía, el Estado se seculariza y no interfiere en las actividades estrictamente religiosas. La historia de la libertad de creencias ofrece, pues, una fecunda enseñanza: libertad de culto y Estado laico son dos caras de la misma moneda. Aquélla es un derecho fundamental del ser humano, inalienable e imprescriptible. Éste es una garantía de respeto a todos los credos e incluso a la libertad de no creer, pero antes que nada, el laicismo –termino– es la protección más efectiva de la base de cualquier democracia y cualquier imperio de la ley: la igualdad jurídica del pueblo. Muchas gracias.