El diputado Luis Fernando Domínguez Martín del Campo: Pocos ordenamientos fundamentales poseen un catálogo de derechos humanos tan amplio como el nuestro, prerrogativas tales como el derecho a la salud, la vivienda y la educación, entre otros muchos, han sido incluidos acertadamente en nuestra ley fundamental, pues el cumplimiento de ellos debe ser una meta constante para el Estado mexicano. Si la extensión de derechos es tan amplia en nuestra Carta Magna, entonces lo que vale la pena preguntarse es qué tanto hemos hecho para lograr que éstos puedan ser ejercidos a cabalidad por la población. Sobre esta cuestión debemos aceptar, que en el ámbito de derechos procesales nos encontramos en una etapa de transición, deriva de la entrada en vigor de la reforma procesal del 2008, la cual está aún pendiente de permear en los foros en la academia y en la práctica. La existencia de un nuevo paradigma de justicia no es casual, sino que su inclusión en el texto constitucional obedece a distorsiones del antiguo modelo inquisitorio. En este sentido, y si actualmente coexisten dos modelos de justicia, uno desprestigiado y otro en inicios, tenemos que el reto al que enfrentamos es mucho más de fondo, pues lo que está en juego no es la implementación de nuevas reglas procesales, sino hacer de la justicia un bien que, intangible, puede estar al alcance de todos. En efecto, si el siglo XX mexicano significó el reconocimiento de numerosos derechos a favor de la población, entonces la presente centuria debe significarse por hacer que estas prerrogativas sean ahora sí una realidad. Es justo en ese sentido hacia dónde va dirigida la reforma que ahora nos disponemos a aprobar, a hacer que la justicia sea efectiva en los casos de adolescentes, cuyas conductas los han hecho entrar en conflicto con nuestra ley. El documento que ahora se pone a nuestra consideración es el resultado de un minucioso trabajo parlamentario que busca insertar el nuevo modelo de justicia al que nos hemos referido en el ámbito de la impartición para los adolescentes. Se trata de una enmienda que contempla tiempos y modalidades para expedir una ley nacional en esta materia, cuya entrada en vigor deberá ser acorde con la etapa del proceso de implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio. La expedición del ordenamiento de mérito significa un profundo cambio en la estructura procesal de las entidades federativas y de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores en el Distrito Federal, pues en materia de fuero común y para todos en la república en materia federal, así como una legislación vigente en materia de justicia para adolescentes, expedida por las Legislaturas de los estados y la Asamblea del Distrito Federal, dejaran de estar en vigor una vez que inicie el proceso de vigencia de esta nueva legislación nacional que expida el Congreso. La entrada en vigor del nuevo modelo procesal para adolescentes se dará en un entorno de orden y certeza jurídica, ya que los procedimientos de la ejecución de las medidas sancionadoras indicadas con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación nacional que establece el presente decreto serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos y ejecución de las medidas sancionadoras. Asimismo, y con gran importancia, representa la viabilidad financiera de las presentes reformas, que tiene que estar garantizada, ya que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán prever los recursos necesarios para su debida implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia para adolescentes. Si tal como hemos señalado el acceso a la justicia es uno de los grandes retos nacionales entonces las legisladoras y los legisladores del PRI votaremos a favor del presente dictamen, esto en virtud de que el mismo apunta hacia la consecución de tan noble objetivo. Muchas gracias por su atención.