La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor Presidente. Me permito presentar ante ustedes la portada del Sexto Informe de Gobierno del gobierno federal, de Felipe Calderón. Esto es humillante. En este informe se muestra en esta portada una fotografía en la que aparecen elementos de la Policía Federal, de la Marina y del Ejército mexicano, lo que seguramente pretende representar que el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad es uno de los mayores logros de esta administración. Como refiere el propio informe “ha sido una decisión legal y ética cuyo objetivo es recobrar la tranquilidad de los mexicanos”. Así lo dice, Y no es un error gramatical, es literal. No incluye a las mexicanas. El informe relata la estrategia nacional de seguridad y una serie de acciones, reformas, decretos y cuentas alegres, que proyectan un panorama que desde la perspectiva de la izquierda no compartimos por una sencilla razón, porque al ser contrastadas con la terrible realidad que vive el país resultan ser falacias y discriminatorias y, peor aún, con ceguera de género. A casi seis años del inicio de la lucha contra el narcotráfico parece ser que no hay resultados con los que este gobierno pueda realmente presumir. En esta administración se han gastado sumas multimillonarias nunca antes vista en seguridad, gasto desmedido que inició con su antecesor el ex presidente y ex panista Vicente Fox. Así, en los dos gobiernos de falsa alternancia, la seguridad se incrementó de 20 mil millones de pesos en el 2000 a 192 mil millones de pesos en el 2012, lo cual es muy superior a los presupuestos de salud y de desarrollo social juntos. En este informe resalta que el 96 por ciento de este gasto millonario está destinado a combatir sólo el 6 por ciento de los delitos, que son los del fuero federal. O sea que para combatir el 94 por ciento, los correspondientes al fuero común, queda sólo el 4 por ciento. La inversión millonaria que se ha hecho en este sexenio en materia de seguridad está muy lejos de contribuir a la paz y a la tranquilidad de las y los mexicanos, y en su agonizante gestión deja un legado en promedio de 70 mil vidas de seres humanos que el gobierno desafortunadamente le ha llamado daños colaterales. Lo anterior no es para extrañarse porque éste es el sello de esta administración: creciente asignación de recursos a una guerra que ha sido incapaz e ineficiente. Pero voy a decir también que una muestra de esto es la negativa del Ejecutivo federal de publicar una Ley General de Víctimas impulsada desde la sociedad civil y aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión. Redactado en un lenguaje excluyente y discriminatorio y con cifras un poco dudosas, en el apartado de estado de derecho y de seguridad, las mujeres hemos sido invisibilizadas. No hay una sola mención de las más de tres mil 200 desaparecidas en sólo nueve estados, ni da cuenta del 42.1 por ciento de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, ni las aproximadamente cuatro mil 919 mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso en este sexenio. La violencia feminicida ha aumentado ante la exclusión y discriminación que viven las mujeres mexicanas, agravada por la presencia de grupos armados oficiales y no oficiales. En la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia no se ha autorizado ni investigado lo que marca la ley de las tres solicitudes de alerta por violencia de género que expertas del movimiento de mujeres han solicitado y que además están previstas en la ley. Pero tampoco se cuenta con el diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y es incompleto el funcionamiento del banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres que en esta Cámara aprobamos por unanimidad todos los partidos para que se llevara a cabo. Son pocos los temas que este informe refiere en cuanto a la protección de la vida, de la integridad, de la seguridad, de la dignidad de las mujeres y son abordados de manera muy superficial, sin aportar datos que permitan identificar avances concretos en materia de prevención y atención de las violencias y no se refleja una política pública integral e interinstitucional tendiente a erradicar la violencia de género. Se limita a mencionar la Fevimtra, sin esclarecer qué tipo de atención se ha brindado a 16 mil niñas y niños víctimas de trata ni las acciones emprendidas para transformar las condiciones de impunidad y corrupción que han permitido que cerca de 12 millones de personas -según cifras del Inegi- sean víctimas de este grave delito. Pero además, el contexto de la guerra contra el tráfico, la prostitución y la explotación sexual comercial se han incrementado. El crimen organizado ha encontrado en la venta y renta de los cuerpos de las mujeres y de las niñas, una manera de diversificar y aumentar sus ganancias. Ante esto el gobierno mexicano no ha representado ninguna garantía de seguridad para las mujeres, sino por el contrario, la actuación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha representado un mayor peligro, pues de acuerdo a la documentación de las organizaciones de la sociedad civil, en las zonas donde se han desplegado los operativos conjuntos de seguridad, la trata de personas, la oferta de prostitución y las violaciones sexuales se han incrementado exponencialmente. Por eso, es urgente investigar las nuevas formas de trata de mujeres a las niñas que se han detectado en mismas, que no se reflejan en este informe. Los grupos del crimen organizado levantan, enganchan, engañan para usar a las mujeres como halconas, como sicarias, como mulas o como esclavas sexuales de los jefes de plaza. Y cuando las mujeres dejan de serles útiles a estos grupos, son simplemente privadas de la vida y sus rostros son desfigurados para hacer más difícil su identificación. Por eso en relación a las mujeres migrantes que transitan y se encuentran en nuestro país, el gobierno no se dio a la tarea siquiera de desagregar por sexo la información, la poca información. Y señala muy superficialmente el número de personas migrantes a las que se ha brindado algún tipo de apoyo. Esto se ha agravado, baste escuchar los relatos de una mujer joven, pobre, indígena, sin saber el idioma y además sin tener los documentos y que viva violencia en la frontera con Estados Unidos. Es lamentable que estos hechos denigrantes no le merezcan al titular del Ejecutivo ni una sola línea en las 786 páginas del informe. Pero eso no es nada, ante Naciones Unidas México tuvo que haber ido desde el 2006 a dar el informe ante el Comité de la CEDAW y ahí este Comité que había emitido 20 recomendaciones ahora hace aproximadamente mes y medio, emitió 52 recomendaciones al Estado mexicano. No se debe olvidar estas recomendaciones porque debemos ampliar una estrategia que incluya el acceso efectivo al ejercicio de los derechos. Pero bueno, este país ha sido testigo de una oleada de reformas a las constituciones locales de varios estados para proteger la vida desde el momento de la concepción, y esa fue una recomendación que recibió el Estado para armonizar, no para criminalizar a las mujeres en este país que hubiesen decidido su maternidad libre y voluntaria, gozosa y deseosa como lo marca el artículo cuarto constitucional, y dan muestra de ello las mujeres que están siendo encarceladas en todo el país. Por eso esto agravia nuestros derechos, porque por los mismos derechos que son universales somos tratadas de manera distinta, dependiendo del estado donde hagamos la denuncia o del estado donde hayamos nacido. Pero no deja, no da muestra ni de Campo Algodonero ni de Inés Fernández ni de los casos de Valentina Rosendo, que por su recomendación son obligatorias, siendo un reflejo de la política de simulación en materia de derechos humanos de las mujeres. Por eso esta estrategia de respeto irrestricto de los derechos humanos es una falsedad, porque da cuenta del profundo agravio a la libertad de expresión. 30 periodistas se les ha privado de la vida, de los cuales 13 son mujeres y por lo menos 100 han denunciado alguna agresión relacionada con su labor profesional. Pero no; ésta es peccata minuta y ahora México ha considerado... perdón, se ha considerado a México el quinto lugar más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo de acuerdo a Naciones Unidas. Tenemos muchos datos, pero hay que hablar también de las defensoras de los derechos humanos. Tenemos registrados 11 asesinatos de mujeres defensoras y ninguno de estos casos ha sido esclarecido. Están en manos de la PGR, como son los asesinatos de la defensora Bety Cariño y la activista de origen finlandés Jiry Jaakkola. Voy a dar fin a mi intervención, simplemente diciendo que, retomando esta portada del informe, con la cual el gobierno pretende presentar su administración, desde esta tribuna debemos decirle al gobierno que ha fallado, que las acciones realizadas durante esta administración en materia de seguridad pública son un absoluto fracaso. La seguridad no es nada más la policía; la seguridad tiene que ver con nuestra vida, con nuestra seguridad, con la calle, con la casa. La seguridad tiene que ver con las mujeres también. Por ello, si bien hay acciones en materia policial, si bien hay acciones en materia penitenciaria, éstas fueran impulsadas por el Congreso, no por el Ejecutivo. Termino, señor presidente. La obligación del Estado para garantizar las libertades y los derechos fundamentales no puede ser representada por una imagen que en la realidad sólo ha representado más violencia, más inseguridad y más impunidad. En este país no habrá seguridad, justicia y estado de derecho, mientras más de la mitad de la población esté en riesgo de ser desaparecida, asesinada y violentada por los grupos de crimen organizado y por aquellos que posan para la foto y mismos que promueven desde el Estado el que vivamos todas y todos una cultura del miedo. Muchas gracias, señor presidente.