El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con la venida de la Presidencia. Cada ocasión, cuando abordamos la aprobación de algún dictamen a discusión, utilizamos, independientemente del grupo político al cual se pertenezca, una serie de referencias con la finalidad de resaltar la importancia del acto legislativo a ser aprobado. En esta ocasión desearíamos poder transmitir a todos quienes nos atienden, tanto en este pleno como a través del Canal del Congreso, el cambio sufrido a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues la transformación de mérito propicia un respaldo moral a la institución, al asegurar la presencia calificada de consejeros con experiencia y con un desempeño limpio y digno a su cargo. Además, colabora a solucionar un problema de inseguridad jurídica cuyo origen data en la falta de precisión para determinar quién podría solicitar la continuidad de algún integrante del Consejo Consultivo de la Comisión. La modificación propuesta trasciende a lo legal instaurando entre otras esferas sociales, como los derechos humanos, la dignidad de las personas, el derecho de la sociedad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconocida en la Constitución Política en el año de 1992, instauró un límite jurídico y constitucional en el artículo 102, apartado B, con la finalidad de impedir, investigar y eliminar todo abuso en contra de las personas, llevados a cabo por el propio Estado. Por dicha razón el órgano en cuestión no podría estar adscrito a la estructura oficial. Por ello, debía establecerse fuera de aquella, optándose por un órgano autónomo constitucional. Pero ello no implica, como es determinado por la cultura jurídica, una ausencia de control. Por el contrario, la Comisión actúa con base en actos reglados, no discrecionales. Por lo cual, debe contar con disposiciones internas precisas, proveedoras de seguridad jurídica en pos de los derechos humanos. En este sentido se ideó una fórmula a través de la cual la propia comisión pudiera aprobar sus disposiciones interiores. Para ello se delineó un órgano colegiado, el cual es su Consejo Consultivo. Éste, gracias a la modificación propuesta, ahora estará perfectamente sustentado tanto en experiencia como en capacidad para tal fin. Lo anterior fortalece a la Comisión en su noble tarea, ya que estarán legitimados de mejor modo documentos como el reglamento interior de la Comisión, los lineamientos generales de actuación, su informe anual, las recomendaciones generales emitidas por la propia Comisión y el informe del presupuesto ejercido. Además de los beneficios descritos y de otros que en la práctica puedan darse, con el cambio propuesto se consigue seguridad jurídica, la cual continúa estableciéndose en el marco legal del país. Pues de acuerdo con lo establecido en los actuales artículos, 102, apartado B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 17 de la ley de la Comisión, existe la posibilidad de que quien haya ocupado el cargo de integrante del Consejo Consultivo por primera vez, pueda solicitar, ante el Senado, el volver a ocupar el cargo por un segundo periodo, siempre y cuando sea uno de los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo y a la vez se lleve a cabo dicha propuesta. Sin embargo, la legislación vigente no regula con claridad cuáles personas u organismos u órganos del Estado ha de proponer la ratificación para un segundo periodo. Asimismo, tampoco describe cuál procedimiento ha de seguirse para tomar en cuenta a quien así le interese. Ahora, el cambio propuesto soluciona estos supuestos, lo cual solidifica a los derechos humanos. En este sentido, pedimos el voto a favor para un dictamen noble, que sin duda fortalece a los derechos humanos, la cual gustosamente fue propuesta de un integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República. Continuemos trabajando en pos de la igualdad y el respeto de las personas. Es cuanto, señor presidente.