La diputada Consuelo Camarena Gómez (PAN): Con su venia señor presidente. Amigas diputadas. Amigos diputados. Por disposición de tiempo presentaré una síntesis de la Exposición de Motivos y solicito al señor presidente se sirva ordenar la publicación íntegra de la presente iniciativa en el Diario de Debates. En Acción Nacional consideramos a la educación un derecho fundamental de todas las personas, constituye el cimiento en el descansa el proyecto de desarrollo nacional y la edificación de una nación justa, solidaria, incluyente, democrática y exitosa. La educación proporciona las herramientas, conocimientos, y a la vez, potencia las habilidades y destreza de los educandos, con el fin de brindarles todos los elementos necesarios para su formación individual y social. Es la educación la que permite la plena inserción en el desarrollo económico del país en beneficio personal de quien la recibe y de toda la sociedad en su conjunto. Por ello la educación es la prioridad número uno en la agenda nacional. Los planes y programas que actualmente se tienen en educación superior, no basta con ello, es importante que también se legisle sobre los niveles, tipos y modalidades, su pertinencia, su calidad, su impacto y relevancia en la vida del educando y de la propia sociedad. Actualmente los países del orbe están sujetos y son parte de un intenso proceso de intercambio y conectividad en distintas áreas del conocimiento y en consecuencia la competitividad entre las naciones se acentúa. Quien disponga de una población preparada para desempeñar eficazmente actividades productivas, accederá con mayor facilidad a un alto nivel de vida; con menos desigualdades entre las franjas sociales, lo cual naturalmente es un anhelo de cualquier país. En este contexto la educación superior se puede concebir como el último eslabón de la educación escolarizada que concluye con el lanzamiento de los educandos hacia la vida social y productiva. La educación superior es entonces, un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la Nación y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos. Es una vía de acceso para enriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías. Y al mismo tiempo para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requerido en la economía basada en el conocimiento. También es un factor para impulsar el crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia social, la consolidación de la democracia y de la identidad nacional basada en nuestra diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la población. Debemos buscar como nación tener un subsistema de educación superior de buena calidad, que esté orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y humano del país, que sea promotor de innovaciones y se encuentre abierto al cambio en entornos institucionales caracterizados por la argumentación nacional, la responsabilidad, la tolerancia, la creatividad y la libertad. Es necesario no sólo ampliar y diversificar la oferta educativa, sino también acercarla a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso. Es decir, hay que acompañar simultáneamente ambos conceptos: buena calidad y cobertura con equidad. Si logramos contar con una cobertura suficiente y una oferta amplia y diversificada que atienda la demanda educativa con equidad, con solidez académica y eficiencia en la organización y utilización de sus recursos, estaremos en el camino indicado para que México desarrolle y explote sus capacidades plenamente a favor de sus habitantes. A estos retos y ventajas de oportunidad, son a las que nos estamos enfrentando como legisladores cuando nos abocamos a realizar un ejercicio de modificación y reforma a las normas que regulan el subsistema educativo de nivel superior. Varias de estas metas no corresponden al ámbito jurídico del legislador. Por ello para alcanzar estas metas se requiere el concurso compromiso de los tres niveles de gobierno, de los académicos, trabajadores, directivos, estudiantes, egresados, las organizaciones profesionales, empresas y la sociedad en su conjunto. Nuestro compromiso con la sociedad es preservar el carácter laico y gratuito de la educación pública, promover su constante calidad y pertinencia, permear sus contenidos, valores universales de libertad, tolerancia y respeto entre otros, los cuales hacen de las personas un ser social y lo dignifican. Porque si bien la esfera de competencia legislativa no alcanza todo el proceso educativo, sí es sin duda la base de donde parten y se sostienen las políticas públicas que darán vida a los preceptos normativos y establecidos previstos por esta ley. Permítaseme, entonces, resaltar algunas secciones del diseño que proponemos; entre los principales cambios y temas que atiende esta nueva propuesta de ley, se encuentra la regulación de la educación a distancia, que últimamente se ha convertido en un asunto que comienza a competir con planes y programas de estudio convencionales, que requieren la presencia física del educando. Otro de los aspectos de esta iniciativa es dar la normatividad para la entrada de universidades extranjeras en nuestro territorio. El Título Primero enuncia las disposiciones generales como las finalidades y los objetivos que orientará la educación superior, así como los actores y elementos que comprenden este subsistema educativo. El Título Segundo detalla las atribuciones y obligaciones que le corresponden a la autoridad educativa federal, así como las normas a las que se sujetarán las universidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras, que se establezcan en el territorio nacional. En el Título Tercero se definen las funciones sustantivas propias de educación superior, así como las denominaciones y tipologías, que se aplicarán a las universidades e institutos de educación superior. Es importante señalar que en ningún precepto normativo de la propuesta de ley se presenta la modificación de intervenir en la independencia y en la autonomía académica de las universidades, pues éstas están facultadas para normar su vida interna académica de acuerdo con sus leyes y ordenamientos. El Título Cuarto aborda la necesidad de incorporar a la cultura de transparencia y rendición de cuentas a las universidades e instituciones que reciben recursos públicos. La razón detrás de ello, es que la fuente primigenia del presupuesto gubernamental son los impuestos y, por ende, son el punto de partida en el proceso democrático de la rendición de cuentas. Consideramos que si las universidades e instituciones son el espacio por excelencia donde se forman los ciudadanos, éstas están compelidas a fomentar y llevar a cabo prácticas y valores que propicien el uso honesto y eficiente de los recursos públicos. El Quinto y último Título, aborda la evaluación como el elemento crucial en la consecución del objetivo primordial que nos hemos planteado para la educación superior: la calidad. En él se establecen los objetivos que deberán perseguir la planeación y la evaluación que tengan las instituciones, así como los elementos que serán considerados en el proceso de evaluación. A lo largo de nuestra historia, los legisladores del grupo parlamentario de Acción Nacional hemos luchado reiteradamente por el derecho de acceso que deben gozar todas las personas a la educación, a la cultura, a la creación del conocimiento y al desarrollo tecnológico. De tal forma, el Poder Legislativo coadyuvará en el logro de la transformación educativa y de la sociedad que México requiere, a través de una participación constructiva, ecuánime y enfocada a construir las bases de una nueva política educativa superior, que atienda las necesidades y desafíos que hoy por hoy tiene nuestro país. Por su atención, muchas gracias. -