La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, presidente. El 7 de enero pasado, nuestro grupo parlamentario presentó un punto de acuerdo suscrito por el diputado Fernando Belaunzarán y el diputado Miguel Alonso Raya, en el que solicitamos la comparecencia de diversos funcionarios para que vengan a exponer a la Comisión Permanente lo relativo al avance de las investigaciones del lavado de dinero que originaron el proceso de disolución y liquidación de Ficrea. Nuestro punto de acuerdo fue aprobado por esta soberanía, y el próximo viernes esta sesión con los funcionarios se llevará a cabo con el licenciado Jaime González Aguadé, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el licenciado Alberto di Costanzo Armenta titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y el licenciado Alberto Bazbaz Sacal jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Las razones que dieron origen al proceso de disolución y liquidación de Ficrea son muy graves, porque se trata de un asunto que pone en jaque no sólo al sistema financiero de nuestro país, sino a las propias autoridades gubernamentales encargadas de prevenir que se cometan este tipo de delitos. Por lo tanto, es importante saber quiénes están siendo investigados por la comisión de estos actos y cuáles serán las consecuencias penales en contra de quienes llevaron a la quiebra a esta sociedad financiera popular. Las causas que originaron la quiebra de Ficrea se alojan en actos de negligencia de la Comisión Nacional Bancaria, ya que esta entidad no detectó a tiempo las irregularidades financieras en las que incurrió durante muchos años la sociedad financiera. Adicionalmente, genera suspicacia el hecho de que en días previos a la intervención gerencial a Ficrea fueron extraídos más de 470 millones de pesos de la caja de Ficrea y Leadman and Trade, hecho que de acuerdo con grabaciones recientemente filtradas en medios de comunicación exhiben actos de corrupción en los que podrían estar involucrados funcionarios de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República. Por todo lo anterior, hemos insistido en solicitar que se finquen cuanto antes responsabilidades en contra de quienes cometieron el fraude en contra Ficrea. Que se rastreen los recursos que se extrajeron de manera ilegal de las cuentas de esta sociedad financiera, así como de Leadman and Trade, para que con los recursos recuperados se pueda constituir un fondo de recuperación del dinero de ahorradores de Ficrea y de esta manera se garantice el pago del 100 por ciento de los recursos de los ahorradores. El fraude millonario también alcanzó a los Tribunales Superiores de Justicia en el estado de Coahuila y del Distrito Federal, y el punto de acuerdo que nos ocupa en esta sesión es justamente para plantear un exhorto, tanto al Congreso del Estado de Coahuila, de Zaragoza, como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que soliciten a los Consejos de la Judicatura y a los Tribunales Superiores de Justicia información relativa a las inversiones efectuadas en la sociedad denominada Ficrea y que a su vez remita dicha información a esta soberanía. En congruencia con nuestras posiciones y con nuestro interés porque se haga una investigación exhaustiva sobre este tema, nuestro parlamentario comparte el exhorto planteado por el Grupo Parlamentario del PRI para obtener información relativa a las inversiones efectuadas en la sociedad denominada Ficrea. Efectivamente, cuando se trata del ejercicio de recursos públicos obliga a quienes los ejercen a brindar al ciudadano las garantías de transparencia y rendición de cuentas. Éste es el principio del que ya hemos hablado, de máxima publicidad. La máxima publicidad de la información que detentan las autoridades caracteriza la solidez del Estado democrático. Este derecho que poseen todas las personas permite que los ciudadanos evalúen a las autoridades y se alienta la participación consciente e informada de la población. Por ello, no solo no nos oponemos a que la Asamblea Legislativa requiera de la información del tribunal sino es una exigencia legítima a toda autoridad por el simple ejercicio de recursos públicos. Ante ello estamos de acuerdo con esta propuesta. La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el senador Javier Lozano Alarcón.