El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, diputado presidente. Honorable soberanía: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, la cual ha sido consensuada en un foro realizado en este Congreso ayer, por el Frente Nacional de Organizaciones Braceroproa, de la cual se encuentra una comisión aquí presente, a la cual le doy la bienvenida. El suscrito, diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, fundamentada en la siguiente Exposición de motivos La emisión de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos del periodo 1942-1964, de fecha 25 de mayo de 2005 constituye un logro importantísimo del movimiento social; a través de ella, el Estado mexicano reconoció por vez primera la legitimidad y justeza de los reclamos de los trabajadores ex braceros mexicanos. La desaparición de sus fondos de ahorro, inexplicada aún actualmente, constituye un acto, o un conjunto de actos que debería abochornarnos a todos los mexicanos; no sólo porque constituye una evidencia irrebatible de la existencia de un Estado que va más allá de sus propios límites, atropellando los derechos y disposiciones injustificadamente, del patrimonio de sus ciudadanos; sino porque cometió semejante agravio en perjuicio, injustamente, de los trabajadores ex braceros. Qué vergonzoso que, en vez de concederles el reconocimiento que se merecen como héroes anónimos de nuestra historia patria, el Estado mexicano, a los primeros mandatarios de aquella época, se hayan preocupado mejor por hacerles perdedizos sus fondos de ahorro; los mismos que se supone deberían servirles para vivir su vejez con dignidad y decoro. Hoy día, las organizaciones sociales de los trabajadores ex braceros denuncian tres grandes problemas inherentes al funcionamiento del programa de apoyo social, a partir de los cuales plantean sus principales demandas: el carácter restrictivo y por tanto, excluyente del texto de la actual ley vigente; la decisión del Ejecutivo federal, del pasado 29 de junio, en el sentido de que, de ahora en adelante, les pagará el monto de ese apoyo en pequeñas parcialidades; el carácter limitado y marcadamente insuficiente de la asignación de partidas presupuestales para pago a ex braceros por parte de esta honorable Cámara de Diputados. Respecto al primero de esos problemas, el carácter aún excluyente del texto de la ley, cabe señalar lo siguiente: del 11 de noviembre de 2005 al 10 de marzo de 2006 se levantó un primer padrón de más de 212 mil trabajadores ex braceros, de los cuales más de 39 mil han recibido el apoyo social previsto en este ordenamiento. Sin embargo, aun cuando ese primer acercamiento significó un avance importantísimo, resulta aún insuficiente el hecho mismo de que tan sólo 42 mil, de entre 212 mil inscritos hayan calificado para el pago del apoyo social; esto es, apenas un 19 por ciento. En el mismo sentido, el levantamiento de un segundo padrón, del 28 de noviembre al 28 de enero pasados, no podía arrojar otros resultados que los hayan podido preverse con base en el decreto de reformas y adiciones a la Ley de Apoyo Social a los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Con la exigencia de que tendría este planteamiento era clarísimo que persistiría la exclusión de miles de ex braceros, en situaciones como la siguiente: 1. Los trabajadores ex braceros que poseen documentos probatorios, y que sin embargo, aún son excluidos por el solo hecho de que sus documentos no están previstos como tales en el texto de la ley vigente, ejemplo: las menciones honoríficas, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos; el permiso de trabajo expedidos por la Oficina de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia de Estados Unidos; tarjeta de identidad expedida por la propia Secretaría de Gobernación, etcétera. 2. Los trabajadores ex braceros que no poseen documento probatorio alguno, pero que podrían acreditar su derecho fácilmente, si el texto de la ley vigente dispusiera un procedimiento idóneo a ese fin; En la medida que el texto de la ley vigente es referido al periodo 1942-1964, se deja en una injusta exclusión a los trabajadores que prestaron sus servicios bajo el programa braceros en los años 1965-66; De la misma manera quedan excluidas las viudas de compañeros ex braceros ya finados. Igualmente, se deja fuera a los familiares que podrían ser reconocidos como legítimos herederos. También era del todo previsible la exclusión de la inmensa mayoría de los trabajadores ex braceros que poseen la tarjeta Social Security. Además de los segmentos ya mencionados, son excluidos desde el texto mismo de la ley, una gran cantidad de compañeros que no tuvieron la menor posibilidad de acudir a las mesas receptoras. Pues bien, la presente iniciativa busca contribuir a la solución de fondo e integral de esta problemática, proponiendo modificaciones puntuales al texto de la ley. Con base en lo hasta aquí expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Artículo Único. Se reforman los artículos: 1o., párrafo segundo; 2o., fracciones I y IV; 5o., fracción III, inciso c); y 6º., párrafo primero; fracción III, incisos: a), b), d) y h); fracción IV, numeral 1, párrafo primero e inciso b); numeral 2, párrafo primero e incisos: a), b) y c); numeral 3, párrafo primero e incisos: a) y b); numeral 4, párrafo primero e incisos: a) y d); y se adicionan los artículos transitorios: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Artículo 1o. El Ejecutivo federal constituirá el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Artículo 2o. Para efectos de esta ley, se entenderá por: I. Beneficiarios: los ex trabajadores migratorios mexicanos o, en su caso, sus cónyuges, concubinas, hijos o hijas, o legítimos herederos que sobrevivan y que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 6o. de la presente ley; [...] IV. Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: las personas que hayan sido contratadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América o patrones de ese país en virtud del Programa de Trabajadores Migratorios 1942-1966; [...] Artículo 5o. El Comité Técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades: [...] c) Los Trabajadores Migratorios hasta el periodo 1966. [...] Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos conforme a lo que establece el Código Civil Federal, que acrediten los siguientes requisitos y condiciones, mediante la presentación, en original, de los documentos que se enumeran en seguida, anexando copia para su cotejo y resguardo: [...] II. Que cumplan con la presentación de una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o matrícula consular) que los acredite como ciudadanos mexicanos. III. Que acrediten haber sido trabajadores migratorios mexicanos con uno o más de los siguientes documentos: a) Contrato individual de trabajo, celebrado por cualquier compañía o contratante en Estados Unidos de América, bajo el Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1966. b) Comprobante de pago emitido por el contratante en los Estados Unidos de América.