LA C. DIPUTADA MARIA TERESA CAMPOY RUY SÁNCHEZ (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados: Los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos consideramos que el desarrollo debe de llevarse a cabo respetando el entorno natural, para lo cual es necesario un sistema legal que sancione aquellos que dañan el patrimonio de los mexicanos, pues reconocemos al ambiente como parte del patrimonio nacional. Es por esto que hoy presentamos para su discusión el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los códigos penal federal y federal de procedimientos penales, los cuales tienen como fin sancionar aquellos que cometen abusos en la explotación del medio ambiente, a los que no toman las precauciones mínimas necesarias para evitar daños mayores y en general todas aquellas conductas de quienes contaminan abusivamente en nuestro entorno. Las políticas protectoras del medio ambiente no están en pugna en modo alguno con el desarrollo del país, sino con quienes devastan indiscriminadamente el medio ambiente, argumentando que lo hacen a favor del desarrollo. La Comisión de Justicia considera que la legislación penal puede constituirse en un efectivo instrumento de disuasión de los contaminadores potenciales del medio ambiente, lo cual coadyuvaría en gran medida con el gobierno federal para hacer frente a la problemática del medio ambiente nacional. No obstante, estamos conscientes de que la solución a los problemas de contaminación del país no solo radica en reprimir a los contaminadores, ya que el problema tiene sus raíces, entre otras causas en el deficiente sistema educativo y la falta de cultura ambiental. Por lo que debo destacar que las políticas de protección del ambiente no deben tener como eje fundamental los instrumentos penales. Es de reconocerse el esfuerzo realizado por el Ejecutivo Federal en la búsqueda de soluciones a tan complejo problema. Dicho esfuerzo quedó plasmado en el dictamen de la iniciativa de reforma al Código Penal que hoy está a discusión. Sin embargo, los cambios y adiciones que se proponen al título de delitos ambientales en el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos no solo son producto de la propuesta el Ejecutivo, en ellos intervenimos los distintos grupos parlamentarios representados en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con el fin de enriquecer y perfeccionar el proyecto. En el dictamen se emplea una mejor técnica legislativa en el diseño y redacción de los tipos penales en materia ecológica previstos en el Código Penal vigente, con lo cual se amplía su alcance, se precisa el tipo y se aumentan las sanciones y multas. Se incorpora la comisión dolosa de estos delitos y protege en forma especial las áreas naturales protegidas. Además de que establece la denominación de delitos contra el ambiente que se considera más adecuada para el título. Por otra parte, se adiciona el concepto Actividades con Fines de Tráfico y se distingue de las conductas simples de captura, posesión, transportación, acopio, introducción o extracción del país. No obstante que en el artículo 420 del Código Penal Vigente ya se sanciona a quienes comercien con ejemplares de vida silvestre. Esto resulta ineficaz debido a que la mala redacción del tipo penal hace casi imposible para el Ministerio Público Federal poder acreditar los elementos constitutivos del tipo, ya que es muy difícil comprobar el comercio de especies, por lo que se propone ampliar la conducta al tráfico de ejemplares de especies protegidas o en peligro de extinción. Con esta disposición se podrá combatir con efectividad la pérdida de cientos de miles de especies, muchas de ellas aún antes de ser descubiertas por la ciencia, lo que constituye un grave problema nacional, ya que no sólo pierde la variabilidad biológica sino además la diversidad genética, la cual se puede convertir en una de las principales fuentes de sustento para las futuras generaciones de mexicanos. Actualmente la desaparición de especies a nivel mundial se está dando en una forma sumamente acelerada, lo cual trae consigo una de las más perniciosas consecuencias para la naturaleza, que es el desequilibrio de los ecosistemas. Es necesario actuar ya para resguardar la gran riqueza natural que aún nos queda, no esperar a que no haya nada qué proteger para actuar. A nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, solicitamos su apoyo para el presente dictamen. Muchas gracias. (aplausos) VICEPRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Gracias a usted, diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez. Está a discusión en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto. Se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, en contra, el diputado Diego Cobo Terrazas, particularmente del artículo 420. Se le concede la palabra al diputado. DIP. DIEGO COBO TERRAZAS: Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna a presentar la reserva al artículo 420 cuater, toda vez que el resto de la iniciativa el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México apoya. Todas nuestras propuestas en este dictamen fueron recogidas y consideramos que este es un importante esfuerzo que busca inhibir acciones contrarias a la conservación y la protección de nuestro medio ambiente. Aplaudimos especialmente la decisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de eliminar del cuerpo de la iniciativa que presentó el Ejecutivo, la despenalización al consumo de huevos de tortuga, despenalización que el señor Secretario Víctor Lichtinger había dicho no se enviaría y que sin embargo llegó presente en esa iniciativa. Aplaudimos, pues, este esfuerzo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ya que las especies de tortugas marinas se encuentran en grave riesgo de desaparición. El artículo 420 cuater, que es el que venimos a presentar la reserva, incorpora una nueva serie de delitos denominados "contra la gestión ambiental". Consideramos que estos delitos contra la gestión ambiental son un muy importante avance para garantizar que quienes de alguna manera degraden a través de sus procesos productivos el medio ambiente, que contribuyan a la contaminación de los ecosistemas, tengan una sanción. Y en ese sentido estamos de acuerdo con el cuerpo en general del artículo 420 cuater. No obstante, a este artículo se le agrega en un último párrafo el siguiente enunciado: "Los delitos previstos en el presente capítulo se perseguirán por querella de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente", es decir, esto significa, compañeras y compañeros diputados, que cualquier ciudadano no podrá acudir ante el Ministerio Público a denunciar estos delitos contra la gestión ambiental, sino que necesariamente tendría que ser la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, en su calidad de representación social, la que presentara las denuncias ante el Ministerio Público.