EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: Gracias compañera presidenta. Con el fin de actualizar la problemática existe en los ceresos del país y en especial los del estado de Chihuahua, esta representación social pone a consideración de esta soberanía el sentir de ciudadanos que por algún motivo se encuentran privados de su libertad en los centros penitenciarios del país. Con las facultades que como legislador federal me confiere la ley, propongo a esta soberanía las modificaciones y adiciones al artículo 85 del Código Penal Federal y 8 y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social para Sentenciados Federales. Cabe destacar que los legisladores, en el momento de modificar el articulado ya mencionado, tenían una finalidad loable, pero queriéndola llegar más allá de lo usual, equivocaron su rumbo. Intentando disuadir al infractor de no delinquir de nuevo, establecieron una penalidad muy alta para ciertos delitos donde, por su naturaleza, se les negaba el derecho a la libertad preparatoria, y aún más, a la remisión de la pena, olvidando en ese momento el propósito o el motivo de por qué la ley venía otorgando dichos beneficios. Para mejor entendimiento, el beneficio de la libertad preparatoria consiste que una vez cumplidas las tres quintas partes de la sentencia, se le dé la oportunidad de adquirir su libertad y, si bien hablamos del beneficio de la remisión de la pena, éste se lo gana el sentenciado con su propio esfuerzo, pero siempre pensando en que con ello obtendrá su libertad porque en el transcurso de su condena realiza funciones que al mismo tiempo benefician a la institución en que se encuentran recluidos, puesto que la ley establece, en el artículo 84 del Código Penal Federal, que por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión. Por lo tanto, se considera que este beneficio no debe de ser restringido a ciertas conductas delictivas, puesto que el fin de la reclusión es precisamente que las personas que sufren sean verdaderamente readaptadas y, como consecuencia, puedan reintegrarse a la sociedad. En el estado de Chihuahua, por citar un ejemplo, se tiene en el Cereso de Ciudad Juárez una población de tres mil 372 reos, muy sobrepoblada, de los cuales 51% son del fuero federal y sólo el 49% del fuero común. "Como se puede notar, este dato es la estadística actual del Cereso en cita y en los últimos 12 meses se han obtenido 227 libertades concedidas, tres libertades más en trámite de elaboración. 117 internos trasladados de los Estados Unidos fueron enviados a las autoridades correspondientes para su opinión. "29 cartas de ofrecimiento de trabajo y de fiador, de aval moral, para los trasladados de Estados Unidos que lamentablemente se encuentran imposibilitados de obtener algún beneficio de la libertad anticipada. El resto de ellos, como la prohibición legal lo establece, aún no están a tiempo de obtener su libertad preparatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 del Código Penal Federal. "Por lo que sí, de acuerdo a los estudios que el numeral en mención establece, para obtener una libertad anticipada debe otorgarse a todas y a todos los reos que se encuentran preparados y en condición de integrarse a la sociedad. Entendiendo con ello que los reclusos que cumplan con todos y cada uno de los programas y/o mecanismos que implemente el Ejecutivo y que de manera permanente a partir de la creación de los mismos los reclusos trabajen, estudien formalmente, se capaciten y así se encuentre en óptimas condiciones para reincorporarse a la sociedad. "Con dichas condiciones el beneficio que se generará de manera directa es que el recluso adquiera una verdadera readaptación social, la manera de participar de manera decisiva y por iniciativa personal, ya que los conocimientos científicos y empíricos que adquiera a través de los programas o mecanismos que se implanten para su readaptación sirvan para el fin y una vez reintegrado a la sociedad los aplique. "Los hombres de buenas costumbres reconocemos que toda persona es capaz de equivocarse y cometer los más graves y terribles errores en el tránsito de su vida, pero así también ciertos estamos que todos somos capaces de reivindicar nuestros errores, una vez cumplido el señalamiento de la sociedad aprensiva y el castigo de una autoridad que aplique el estricto sentido de la ley. "En tal inteligencia, el artículo 85 del Código Penal Federal y los 8º y 16º de la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social del sentenciado federal, deben ser observados, dado que el artículo 18 constitucional hace énfasis en la base del trabajo, la capacitación y la educación son medios para la readaptación social del delincuente. No obstante, se manifiesta una flagrante violación de carácter constitucional, ya que la esencia de su aplicación parece ser asunto de criterio más no de derecho y mucho menos de justicia. "Carece de reglas claras y mecanismos bien definidos, en donde, vía un esfuerzo extraordinario por parte del recluso, contemplen las actividades de estudio, jornadas de trabajo, entre otras, para que quienes tienen responsabilidad de llevar a ejercicio el articulado en cita consideren que los centros penitenciarios deben ser verdaderos centros de readaptación y dejar de ser universidades del crimen. Lamentable característica de estos centros hoy en día. "Por otra parte, orientado a la disminución de problemas colaterales como es el caso de la entrega de presupuestos a los reclusorios, no obstante es muy gravoso para las arcas municipales y estatales la manutención de estos reos, pues la gran cantidad de ellos son federales en reclusorios municipales y estatales. Muchos municipios y estados, pese a su crítica situación financiera aun tienen que hacer frente a un problema económico, que a decir verdad no les corresponde, así como disminuir problemas de abuso sexual, promiscuidad, de que son objeto los mismos reos entre la sociedad que compurgan esa pena, siempre alejándose de lo que debiera ser una verdadera readaptación social, pues el hacinamiento de muchos que están y no deberían de estar agrava el problema. "El Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, debe instrumentar programas de información para el recluso, que en muchos de los casos conoce de las bondades que pese a su rigor la ley le provee mecanismos para alcanzar el beneficio con su espíritu de conciencia, buena conducta y actividades de cooperatividad, se adicionen como medios para la disminución de esta pena. "Solicito respetuosamente a esta Presidencia la publicación en la Gaceta Parlamentaria de las modificaciones y adiciones al artículo 85 del Código Penal Federal a los artículos 8º y 16º de la Ley que establece las normas mínimas de la readaptación social del sentenciado federal que en este momento entrego a la Secretaría. Por lo anteriormente expuesto, se propone que con las modificaciones y adiciones del articulado en mención, el recluso tenga la oportunidad de participar por iniciativa personal en los programas y mecanismos que implementa el Ejecutivo y que por única ocasión pueda gozar del beneficio de libertad preparatoria, siempre y cuando base en los principios rectores del trabajo, estudio formal, la capacitación, la calificación y el esfuerzo propio, de acuerdo a la aplicación estricta del espíritu de la ley, dejando de ser esto cuestión de criterio y siempre buscando justicia, logrando con ello la integración a la sociedad, reivindicándose ante la misma a partir de las garantías individuales a las que también estos mexicanos tienen derecho. Cambiemos el concepto integral de la readaptación social en México hasta hoy conocido, ya que carece de todo efecto positivo para nuestra sociedad. Muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias ciudadano diputado. Túrnese a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública e insértese de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Tiene la palabra el diputado Concepción Salazar González, para presentar una iniciativa de reformas que adicionan un último párrafo a los artículos 45 y 49 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. El es del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. -DIP. CONCEPCIÓN SALAZAR GONZALEZ: Con el permiso de la Presidencia. "Compañeras y compañeros diputados: En la época prehispánica existía un íntimo vínculo en el desarrollo económico y cultural, en donde las áreas boscosas protegidas respondían a varios objetivos: el mantener los recursos energéticos, materiales para construcción, cacería de supervivencia, recreo, auspiciar a las especies cultivadas para alimentos, usos textiles, medicinas, ornatos y otros. "Con el paso del tiempo se modificaron substancialmente el manejo y cuidado de los recursos naturales y la relación del hombre con su entorno. Sin embargo, a la llegada del llamado México moderno, surgen nuevamente los primeros intentos formales encaminados a regular el aprovechamiento de los recursos naturales y las áreas protegidas. "Así, en la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los países de América, celebrados en Washington en 1940 y firmados por México en noviembre del mismo año, se emplea la expresión Parque Nacional, para designar las regiones establecidas para la protección y conservación de bellezas escénicas naturales. "Sin embargo, esos primeros decretos no se sustentaban en estudios profundos y completos de la zona, sino más en la belleza de las áreas, es así como la mayoría de los parques nacionales decretados oficialmente no cumplían con esta definición internacional. "Por citar un ejemplo, las áreas de protección ecológica del Distrito Federal han sufrido un detrimento debido al crecimiento de la mancha urbana. El Parque Nacional del Tepeyac disminuyó en mil 198 hectáreas de superficie inicial, el Molino de Belén en 83 hectáreas, Fuentes Brotantes en 109 hectáreas, Cerro de la Estrella en mil 20 hectáreas, el Parque del Desierto de los Leones ha perdido 337 hectáreas, el Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla 76 hectáreas, las Cumbres del Ajusto 193 hectáreas y Lomas de Padierna 584 hectáreas. Lo preocupante no es que no se decreten áreas naturales sino la marcada tendencia cuantitativa más que cualitativa para decretarla, lo que ha provocado una serie de problemas aún en procesos de solución, entre los que destacan: tenencia de la tierra en áreas protegidas y escasos estudios integrales de elementos bióticos y abióticos de dichas áreas, falta de integración y vinculación de las comunidades asentadas en estas zonas, falta de los recursos económicos mínimos indispensables para su protección y mantenimiento principalmente. Todo lo anterior ha generado que se presenten actividades que deterioran los recursos naturales, tales como la tala ilegal de recursos forestales, explotación de la masa forestal, desmonte de tierra, cambio de uso de suelo hacia actividades productivas con ingresos a corto plazo, apropiación de recursos silvestres, contaminación de suelos y cuerpos de agua, invasión de áreas para desarrollo urbano o para clientelismo político, pérdida de una gran cantidad de flora y fauna muchas de ellas endémicas de la zona, entre otras. Un claro ejemplo y uno de los principales problemas que se enfrenta el área neutral del Ajusco es la explotación de tierra de monte situación que no es característica únicamente de esta zona sino que por el contrario, muchas áreas naturales protegidas presentan este mismo suceso, situación que pone en riesgo la estabilidad de la zona que por ejemplo la hojarasca que se acumula en el suelo del bosque absorbe el impacto físico de las lluvias torrenciales y la descarga suavemente al suelo. Este efecto amortigua e impide por lo general que el agua que viene de partículas de tierras suspendidas. Otro de los elementos más importantes de los bosques es la tierra de monte y la cobertura vegetal, la cual está siendo saqueada de manera indiscriminada, situación que pone en grave riesgo la continuidad de las especies de flora y de fauna de las áreas naturales protegidas. Es necesario hacer una reestructuración del marco jurídico vigente que nos permita garantizar la conservación de las áreas naturales protegidas y cumplir con la finalidad para la cual fueron establecidas, por lo que es necesario asegurar la integridad de la zona a través de la conservación de sus elementos abióticos y bióticos que conforman el entorno ambiental de las áreas naturales protegidas, por lo que es necesario expedir criterios o principios rectores que garanticen la conservación del área. Por lo anterior expuesto sometemos a esta Cámara de Diputados la presente Iniciativa de Decreto mediante la cual se adiciona un último párrafo al Artículo 45 y al 49 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Por situaciones de tiempo hago entrega a la Secretaría de la presente Iniciativa y solicito se publique de manera íntegra tanto en el Diario de los Debates así como en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto -