La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias, presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros diputados, la consulta popular es un mecanismo de democracia directa que promueve la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, el control de la gestión pública y la rendición de cuentas. Hay grandes beneficios con la puesta en marcha de este tipo de procedimientos, en los gobiernos sustentados mayormente en la democracia representativa, como el dispuesto en nuestra Constitución. Uno de los principales es que se promueve la participación de la ciudadanía en el escenario público para que su participación incida en acciones o determinaciones del gobierno. ¿Qué temas podrían resultar de interés para la ciudadanía que constituyeran verdaderos ejercicios de democracia participativa y rendición de cuentas? Se me ocurren algunos. En materia de salud pública, más de 83 mil muertos ha dejado en nuestro país el manejo deficiente de la pandemia por parte del gobierno federal. En materia de seguridad pública, en promedio, 99 personas pierden la vida al día en México, dichas víctimas de homicidio doloso, cifra considerablemente superior a la de gobiernos anteriores, que indica, sin lugar a dudas, un incremento generalizado en los registros de incidencia delictiva. En el ámbito económico, el panorama es históricamente desolador, con sectores enteros de la producción prácticamente detenidos. Expertos en la materia anticipan una caída superior al 10 por ciento del producto interno bruto del país, lo que significa que los ingresos del Estado caerán gravemente el próximo año, poniendo en riesgo el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales esenciales y, por ende, los apoyos a quienes más lo necesitan. Sin embargo, estos problemas graves y actuales que aquejan a la sociedad no parecen estar en las prioridades del gobierno federal ni en el de la fuerza mayoritaria de esta Cámara. Hoy, nos reunimos aquí para analizar y discutir una pregunta cuyo texto ni siquiera ofrece claridad para las ciudadanas y ciudadanos que serán llamados a votar ni tampoco los efectos que se generarán en el gobierno federal. Hablemos claro, señores y señoras. Los verdaderos y auténticos ejercicios de democracia directa tienen un efecto inmediato en la gestión pública. Ejemplos de ello hay muchos en el mundo: la consulta sobre la separación de la provincia de Quebec en Canadá, el referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, la separación de Montenegro de la nación de Serbia, la independencia de Escocia, del Estado independiente también de Sudán, el uso del cannabis, entre otros. En todos estos casos, la decisión de la ciudadanía, afirmativa o negativa, generó un mandato de cumplimiento obligatorio para el gobierno correspondiente. ¿De qué sirve, entonces, una consulta popular sin efectos vinculantes? En la pregunta que se pone a nuestra consideración, no está definido el objeto de la materia en los términos que obliga la ley federal de esta consulta. Las ministras y ministros de la Corte que votaron por la constitucionalidad ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo sobre el ámbito de aplicación de la pregunta que reformularon. Seamos claros. La pregunta que envió el presidente de la República fue declarada inconstitucionalidad por la Corte. El goce y ejercicio de los derechos humanos, así como la administración e impartición de justicia, no son temas objeto de ninguna consulta. La voluntad de las mayorías no debe repercutir en el respeto y tutela de la esfera de derechos y libertades de todas y todos. Es cierto que el ejercicio del poder público está supeditado al control y rendición de cuentas de la ciudadanía, pero no la observancia y respeto de lo dispuesto en la Constitución. No me detendré en las razones que llevaron a la mayoría de las ministras y ministros de la Corte a considerar constitucional la materia de la consulta, pues, insisto, la pregunta se declaró inconstitucional. Todo mi respeto para las ministras y ministros que se mantuvieron en minoría. No había espacio para pronunciarse sobre una materia que nadie consultó. Lo que la Corte decidió y envió al Congreso y que nuestra colegisladora ya aprobó no es más que un postulado de buenas intenciones que confunde a todos y a todas y se presta a que incluso se suban aquí a la reiterada suma de acusaciones que en nada corresponden a un ejercicio de participación ciudadana. Hay que hablar con la verdad. Esta consulta no tendrá como resultado un acto de justicia por las decisiones tomadas en administraciones pasadas y mucho menos será un mecanismo para empoderar a las ciudadanas y ciudadanos frente a las decisiones del gobierno. En nuestro grupo parlamentario siempre estaremos a favor de los mecanismos de participación ciudadana, que se traducen en el ejercicio de control a la gestión pública y rendición de cuentas. Si estos mecanismos se utilizan confusamente, se traspasan los fines electorales y no tienen ningún efecto vinculante sobre las decisiones del gobierno. De ahí que no estamos dispuestos a contribuir con esta farsa. Nos manifestamos en contra de esta consulta popular, porque su esencia se ha trastocado, porque con esta pregunta no se garantiza ningún tipo de vinculatoriedad para el gobierno, porque la crisis económica en la que estamos tampoco es idónea para soportar un gasto de esta magnitud. No seremos cómplices de un distractor a la ciudadanía que la aleja de la atención de los verdaderos problemas que enfrentamos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.