El diputado Ernesto de Lucas Hopkins: Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, honorable asamblea: los que suscribimos este documento, diputados Miguel Ernesto Pompa Corella, José Luis Marco León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo y Jesús Alberto Cano Vélez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a las fallas detectadas en la operación de los puntos de revisión en carreteras federales del país, en lo particular en el ubicado en el municipio de Benjamín Gil, Sonora, y la forma en que esos afectan al comercio, turismo y otros sectores productivos y al bienestar de los ciudadanos que hacen uso de las vías de comunicación referidas. Exposición de motivos En el estado de Sonora por varios años se ha generado un problema con los puntos de revisión instalados en carreteras federales por parte de la Procuraduría General de la República y el Ejército mexicano, provocando una inconformidad cada vez mayor ante la actitud de los responsables de estos retenes y por la falta de agilización en dicha revisión, estimulando retrasos en el tránsito de los ciudadanos y ocasionando su irritación en un gran número de casos, llevando así pérdidas económicas del comercio, por entrega fuera de tiempo en productos, al tener que realizar filas de algunas decenas de kilómetros. La revisión a la que son sometidos miles de ciudadanos a diario por los cuerpos de seguridad mencionados causa, sin duda, actos de molestia en menoscabo de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo. De lo anterior podemos manifestar que los actos de autoridad que cometen los servidores públicos que laboran en los comúnmente denominados Precos constituyen actos de molestia al ciudadano que se traducen en restricciones provisionales de sus garantías, pues se realizan revisiones en bienes personales como equipaje o carga de particulares sin orden girada por autoridad competente que funde y motive la razón que le da origen a tal procedimiento, violando los dispositivos constitucionales citados anteriormente. Ahora bien, no es menester de esta proposición pugnar por la eliminación de los llamados retenes, dada la imperiosa necesidad de llevar a cabo los operativos encaminados a la erradicación del tráfico de enervantes, de armas de fuego e indocumentados y considerando que estos operativos han reportado importantes golpes al narcotráfico, al tráfico de armas y al tráfico de humanos, disminuyendo la delincuencia organizada en el país. En cambio, se considera necesario que se establezcan mecanismos que regulen la operación en los puntos de revisión, en el sentido de que causen las menores molestias y pérdidas económicas posibles a los usuarios de las vías de comunicación afectadas. Es de conocimiento público que el objetivo que tiene el gobierno federal es reubicar los puntos de revisión carretero a las fronteras del estado, con el objetivo de que sea el Ejército mexicano el encargado de realizar dichas revisiones y se instalen equipos necesarios tales como arcos de rayos Gamma, con lo que a su vez se buscaría hacer más ágil el proceso de revisión, en lugar de tener que revisar cada camión de manera física o manual. Tal es el caso del punto de revisión ubicado en la carretera federal número 2, en el tramo de Hermosillo-Benjamín Gil, que a pesar de haber recibido una millonaria inversión para modernizar y agilizar la revisión sigue provocando los retrasos, las filas, las pérdidas económicas y molestias ciudadanas que existían antes de esta modificación tan costosa y desafortunadamente por los resultados tan inútiles a la fecha. Por ello, para colocarnos a la vanguardia en esa lucha, pero sin continuar violentando nuestras garantías constitucionales, es urgente efectuar acciones que minimicen los contras que desgastan la tranquilidad y confianza. En dicho tenor, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con Punto de acuerdo Único. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en caso de aplicar un plan específico para el combate al flagelo del narcotráfico en el cual sea necesario implementar revisiones a las personas en tránsito por el país, éstas se realicen mediante la utilización de la infraestructura tecnológica, humana y material adecuada para que el tránsito de personas y vehículos se desarrolle en forma ágil, procurando la menor afectación posible a la economía nacional. Atentamente, diputado Ernesto de Lucas Hopkins, Miguel Ernesto Pompa Corella, José Luis Marco León Perea, Manuel Ignacio J. Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscal Delgadillo, Jesús Alberto Cano Vélez. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.