El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señora Presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, la problemática local, regional y mundial que enfrenta la gestión de los recursos hídricos, denominada crisis del agua, se caracteriza principalmente por la falta de acceso a servicios esenciales de agua y saneamiento, contaminación y degradación de fuentes hídricas. Se ha estimado, en diversos foros internacionales, que si persistieran las actuales tendencias para el 2025 la demanda de agua podría incrementarse en más del 50 por ciento, por lo que la situación se tornará más grave en muchos de los países en desarrollo —como el nuestro—, donde se espera el mayor incremento en la demanda y donde la erosión, la contaminación y el agotamiento de las fuentes de agua están reduciendo la disponibilidad de agua dulce. Como se ha visto, en el nivel nacional e internacional, estos problemas surgen de la creciente competencia entre usos y usuarios, de la desigual distribución geográfica del agua, de la iniquidad en el acceso a la misma y de las crisis institucionales que afectan su gestión. En el caso particular de México y de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), estos problemas han generado que 12.1 millones de personas carezcan de agua potable, por lo que los estados con mayor déficit de agua potable son: Guerrero con un 37 por ciento; Oaxaca con un 29.9 por ciento; Chiapas con 29.4 por ciento; Veracruz con un 27.3 por ciento y el estado de Tabasco con 26.2 por ciento. Con enorme preocupación vemos que estas entidades federativas son las que presentan un mayor déficit en la cobertura de agua potable y en drenaje, con rezagos de más de 15 años respecto al resto del país. Estamos conscientes de que el agua es una necesidad básica del ser humano, por lo que su disponibilidad ha sido reconocida y consagrada como derecho humano en distintos instrumentos como tratados, declaraciones de cumbres y conferencias y otras normas internacionales. El derecho humano al agua se encuentra consagrado por el artículo 11, párrafo I sobre el derecho a un nivel de vida adecuado, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que nuestro país ratificó desde 1981. Este derecho se reafirma y desarrolla en la observación general número 15 sobre el derecho al agua, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, al definir el derecho humano al agua como el derecho de todas y todos a disponer de agua para uso personal y doméstico en cantidades suficientes, de buena calidad y física y económicamente accesible. La razón incuestionable del trato prioritario que se le otorga al uso personal y doméstico del agua es la profunda relación de este derecho con los demás derechos económicos, sociales y culturales que son fundamentales para el desarrollo integral humano. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana. El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas. Por ejemplo, en el párrafo II del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, se dispone que los Estados parte asegurarán a las mujeres el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas del abastecimiento del agua. En el párrafo II del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se exige a los Estados parte que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante el suministro de alimentos nutritivos, adecuados y agua potable saludable. Por ello resulta indispensable su reconocimiento en la cúspide de nuestro orden jurídico, nivel máximo en el que se encuentra nuestra Constitución Política, para dar cumplimiento a la obligación del Estado de adecuar la legislación interna conforme al derecho internacional de los derechos humanos, prevista en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo anterior, sin perder de vista el contenido normativo de estos derechos al agua que entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua, que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua. Los elementos del derecho al agua deben de ser adecuados a la dignidad, a la vida y a la salud humana. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnológicas. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras. Elevar a rango constitucional el derecho de toda persona a disponer y tener acceso al agua es una de las estrategias del movimiento mundial en defensa del agua. Algunos ejemplos de éxito de estos movimientos ha sido el referéndum llevado a cabo en Uruguay en 2004, en el que las ciudadanas y los ciudadanos votaron por una reforma constitucional para establecer que el agua es un recurso natural esencial para la vida y que su acceso constituye un derecho humano fundamental. En Bolivia se ha creado el Primer Ministerio de Agua de América Latina con la propuesta de que la nueva Constitución incluya el derecho humano al agua como han hecho anteriormente otros países, entre los que destacan Ecuador, Etiopía, Gambia, Panamá, la República Islámica de Irán, Sudáfrica, Uganda, Venezuela, Uruguay y Zambia, así como algunos estados del vecino país del norte, tales como Massachussets, Pensilvania y Texas. Para complementar nuestra propuesta de insertar en el texto constitucional el derecho de toda persona al acceso y disponibilidad del agua, también se propone modificar la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Agua, que desde su creación en 1989, es un órgano desconcentrado de la administración pública federal. Compañeros y compañeras diputadas, aun cuando organizaciones no gubernamentales defensoras del agua no aprueban los trabajos que se realizan en los foros mundiales acerca del agua por considerar que ahí prevalece más una visión mercantilista que social y cultural del agua, no es conveniente dejar pasar desapercibidos algunos datos e informes que en estos espacios internacionales se vierten y que nos motivan a legislar. Así, con motivo del IV Foro Mundial del Agua celebrado en la Ciudad de México del 16 al 22 de marzo de 2006, la UNESCO presentó las conclusiones de la segunda edición del informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, titulado "Agua: una responsabilidad compartida", destacando su foco en la gobernanza como la clave para tratar la crisis hídrica mundial y para afrontar la pobreza. Entre las conclusiones más relevantes de dicho informe resaltan las siguientes: El acceso al agua limpia debe de ser reconocido como un derecho fundamental. La falta de acceso al agua y al saneamiento es causa de pobreza y enfermedad y obstaculiza las oportunidades económicas y la estabilidad política. Existe la necesidad de centrarse en la gobernanza y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, que trazó como una de sus metas, el reducir a la mitad la proporción de gente sin acceso al agua potable para el año 2015. El cambio climático aumenta los problemas en torno al agua. Mientras la gestión integrada de los recursos hidráulicos es el mejor enfoque para tratar los problemas de manera holística, sólo unos cuantos países lograron los objetivos de 2005 establecidos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Los ecosistemas sanos son esenciales en el ciclo del agua. El agua es fundamental para el desarrollo socioeconómico. La gobernanza del agua, en la que se incluye la capacidad institucional, los marcos legales y la distribución de recursos, necesita ser mejorada. En virtud de que esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de hoy, solicito señora Presidenta, se inserte el texto completo en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.