EL C. DIP. FRANCISCO CARDENAS ELIZONDO: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Ante esta Honorable Cámara de Diputados tengo el privilegio de presentar una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona el artículo 94, adiciona el séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 y deroga el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados nidos Mexicanos, la cual es suscrita por un número importante de diputados, más de cincuenta diputados de varios partidos. Lo anterior es con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS "La división de poderes constituye un elemento esencial del Estado de Derecho y se consagra en nuestra Ley fundamental en los artículos 49 y 116. "Al establecerse que el poder público de los estados y el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. "La mera división de poderes en la actualidad, no es suficiente para lograr su equilibrio, característica que constituye el espíritu original del principio político de la división de poderes. "Por ello en nuestro país observamos que en los últimos años se ha registrado una evolución gradual de la disminución del predominio del Poder Ejecutivo paralela al fortalecimiento del Poder Legislativo. "Sin embargo, no se puede afirmar lo mismo respecto del Poder Judicial Federal y de los estados, cuya evolución no ha sido en el mismo sentido, toda vez que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los años de 1987, 1994, 1996 y 1999 han abordado cuestiones relativas a las llamadas garantías constitucionales de la jurisdicción, la estructura, organización interna y funcionamiento de los órganos de justicia, pero no a sus relaciones con los otros poderes. "En efecto, en la primera de las reformas constitucionales antes aludidas se dieron las bases mínimas para el establecimiento de la carrera judicial al ordenarse en el artículo 116, fracción III, entre otras cuestiones que ´la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados´. "En la reforma del ´94, entre otros temas, se abordaron las cuestiones relativas a la modificación de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ampliación de sus facultades en el artículo 105 para conocer de controversias constitucionales. Se introduce en la estructura del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura y se alude ya de manera expresa a la carrera judicial en los artículos 97 párrafo cuarto, 100 párrafo sexto y 122 fracción VII. "Las reformas de 1996 y 1999, en cuanto al tema que aquí abordamos, comprendieron la inclusión del Tribunal Federal Electoral como otro órgano jurisdiccional depositario del ejercicio del Poder Judicial de la Federación, ampliando sus atribuciones para resolver cuestiones sobre el análisis de la constitucionalidad de actos y resoluciones controvertidos, la organización del tribunal, su administración, vigilancia y disciplina en la que participa el Consejo de la Judicatura Federal y, finalmente, se eliminó el Consejo de la Judicatura Federal y se precisó que a dicho Consejo le corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es, se determinó cual era la naturaleza jurídica del Consejo de la Judicatura porque inicialmente se había incluido como depositario del propio Poder Judicial. "Como podemos observar de lo antes expuesto, el tema de la autonomía financiera del Poder Judicial y de los estados no fue abordado en las últimas reformas constitucionales. Por tanto, de poco o nada sirven los preceptos constitucionales que aluden a la independencia, autonomía y carrera judicial, si no se cuenta con la garantía de la autonomía financiera. Sin ella, dichas reformas se traducen solo en un buen propósito del Constituyente Permanente y no podrán tener plena vigencia hasta en tanto no se incorpore la autonomía financiera al propio texto constitucional. "En los tiempos que vive el país el Poder Judicial representa una institución toral para el equilibrio de los poderes del Estado y de su buen desempeño depende, en gran medida, la armonía en las instituciones públicas, pues los requerimientos de la sociedad han aumentado de manera considerable. Las controversias que se someten al conocimiento de los tribunales rebasan sus posibilidades de trabajo, lo que impide dar cabal cumplimiento a la garantía de justicia expedita, completa e imparcial que consagra el artículo 17 constitucional. "La cuestión que en esta iniciativa se aborda ha sido objeto de análisis y comentarios de estudiosos de la materia, de los representantes de los poderes judiciales e incluso ha despertado el interés de diversos diputados de esta legislatura. Así, se han presentado dos iniciativas con la finalidad de garantizar constitucionalmente la autonomía financiera del Poder Judicial Federal, elaboradas por los compañeros diputados César Augusto Santiago y Luis Miguel Barbosa Huerta. "Esta iniciativa coincide en lo esencial con lo propuesto por nuestros compañeros diputados, es decir, en el propósito de fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, pero para quien ha vivido como el que habla, la experiencia en el ámbito del Poder Judicial local, resulta de igual o mayor importancia fortalecer también la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales de los estados, así lo hemos propuesto ya en diversas ocasiones, como en el foro celebrado en la Ciudad de México el 5 de marzo de 1996, ante la Subcomisión de Administración de Justicia de la Comisión Plural del Senado de la República para la Reforma del Estado y en el Primer Encuentro de los Consejos Mexicanos de la Judicatura, celebrado el 28 de junio del mismo año. "Es importante destacar que en las reuniones celebradas por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados unidos Mexicanos, el tema que hoy nos ocupa ha sido materia de análisis y discusiones, concluyendo en la preocupación general, de lograr este objetivo. "Así, baste mencionar que en el mes de octubre de los años de 1999 y 2001, dicha comisión se pronunció públicamente en las declaraciones de Yucatán y de Chihuahua, en el sentido que los gobiernos locales contemplen en sus respectivos presupuestos un porcentaje fijo no menor al 3 por ciento destinado a los Poderes Judiciales Estatales y en la necesidad de que los Tribunales locales tengan un manejo autónomo de su presupuesto sobre la premisa de que le mismo debe representar un porcentaje prioritario del presupuesto general de cada estado. "Ahora bien, ¿en qué consistiría la autonomía financiera del os Poderes Judiciales en nuestro país? "Primero, en un porcentaje fijo mínimo del Presupuesto de Egresos, cuya resultante no podrá ser inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior, que se traduzca en la no injerencia de los otros dos poderes para determinarlo, esto, es, que haya un margen suficiente par que el Poder Judicial no quede sometido a los otros dos poderes, a fin de obtener su presupuesto, con el propósito que aquél pueda darse una planeación adecuada en los programas de modernización y crecimiento y que los mismos sean elaborados sobre una base confiable, es decir, nunca más sobre la incertidumbre del presupuesto que finalmente le sería asignado. "Segundo.- Que el Poder Judicial tenga la posibilidad de determinar libremente el monto de las partidas en función de sus necesidades de administrar justicia en forma expedita, completa e imparcial, lo cual implica que aún en el supuesto de recortes al presupuesto general del estado, tratándose del Poder Judicial, éste deberá determinar las partidas presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente con la aprobación del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. En otras palabras, el Ejecutivo no podrá disminuir durante el ejercicio el monto del presupuesto aprobado al Poder Judicial, correspondiendo a la Cámara de Diputados o a las Legislaturas locales, según el caso, autorizar la reducción, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial, ya que éste es quien mejor conoce las necesidades más apremiantes que no pueden dejar de atenderse y los gastos que están en condiciones de diferirse o racionalizarse. "Tercero.- La autonomía no debe traducirse en arbitrariedad en el manejo del presupuesto, esto es, se deberá observar la normatividad para la correcta aplicación de los gastos autorizados conforme a los planes y programas aprobados por el Legislativo en su respectivo presupuesto. En otras palabras, esta nueva garantía que proponemos para el Poder Judicial no lo releva de la obligación de rendir cuentas del manejo de los recursos asignados y, por ende, de estar sujeto a la labor de fiscalización de carácter externo encomendada a la entidad de fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados o de las Legislaturas Locales, según el caso Por esta razón se propone que, en aras de la transparencia en el manejo de los recursos asignados al Poder Judicial, el órgano superior de Fiscalización de la Federación ó los correspondientes de las Entidades Federativas deberán comprobar que las sumas no erogadas al término del ejercicio se enteren a la Hacienda Pública atendiendo al principio presupuestal de unidad de caja. Una vez precisado lo anterior, la cuestión es determinar qué porcentaje fijo del Presupuesto es el que debe establecerse para el Poder Judicial Federal y para los Poderes Judiciales de los Estados. ¿Qué criterio debemos adoptar para determinar dicho porcentaje? ¿Se deberá tomar como referencia el Presupuesto general o total del Estado, o bien sólo el gasto programable del mismo?. Hay quienes han aprobado en otras Legislaciones -EL C. PRESIDENTE. Señor Diputado, le suplico concluya usted. -Correcto, sí cómo no, muy amable. Entro a la cuestión toral, actualmente los recursos asignados al Poder Judicial Federal representan, según información proporcionada por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara, el 1.50 del gasto programable y el 1.09 del Presupuesto General de la Federación, el Presupuesto ejercido por el Poder Judicial muestra en los últimos diez años un incremento gradual, de1992 representó el 0.30 del Presupuesto de Egresos y el 0.51% del gasto programable, en tanto que en el presente año, como ya señalamos, representa el 1.09 y el 1.50 lo cual significa aumentos del 200% del gasto programable y más del 235 del Presupuesto General. Por eso proponemos que el Presupuesto sea del 2% del gasto programable que implica un aumento del 33% a precios actuales más el incremento normal del Presupuesto; y para los Estados, proponemos igualmente un 2% del gasto programable tomando en cuenta que, según estudios del Centro de Finanzas, fluctúa ene l año 2002 entre el 0.6% al 2.8 del Presupuesto General y el 0.7 al 3.8 del gasto programable y la media nacional es de 1.4. En obvio del tiempo pues yo le pediría al señor Presidente que se reprodujera íntegra nuestra propuesta pues al parecer el tiempo asignado fue corto. Muchas gracias. -EL C. PRESIDENTE- Gracias señor Diputado. Insértese completa la Iniciastiva en el Diario de los Debates; igualmente en La Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Estamos en el Apartado de Minutas.- -EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ. (Oficio del Senado de la República informando haber resuelto desechar totalmente la Minuta que reforma los Artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). -EL C. PRESIDENTE. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal. En el Apartado de Excitativas, tiene la palabra la Diputada Norma Patricia Riojas Santana del Partido de la Sociedad Nacionalista para presentar una Iniciativa de las Comisiones de Puntos Constitucionales. -