La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en México el sistema de justicia penal acusatorio privilegia el derecho de las personas que cometen un delito a seguir su proceso en libertad, en tanto no se compruebe su responsabilidad penal. Sin embargo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente reformada, contiene disposiciones que violan lo previsto en las convenciones internacionales, previendo medidas cautelares, como la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos, con el pretexto de garantizar que la persona imputada esté presente en el desarrollo del proceso y se proteja a las víctimas. Debemos ser conscientes de que las carencias de nuestro sistema de justicia penal son muchas y debido a ello la justicia en nuestro país ni es pronta ni es expedita. Este fue uno de los principales problemas que se buscó resolver con la reforma en materia de seguridad y justicia en 2008. La sobrepoblación de personas procesadas no sentenciadas en las cárceles, que en ocasiones esperan años para que pueda determinarse su culpabilidad fue otra de las razones. Sin embargo, estamos convencidas y convencidos de que las modificaciones contenidas en este dictamen únicamente incidirán en agravar el problema, incrementando la sobrepoblación y en hacinamiento en las cárceles, en su mayoría con personas de escasos recursos, cuyas posibilidades de defenderse son exiguas. La prisión preventiva constituye una restricción temporal e instrumental de la libertad a un sujeto involucrado en hechos que tipifican como delito, que tiene como fin garantizar su presencia en el juicio oral y evitar que obstruya con su actual desarrollo de la investigación en el proceso. Como intervención en la esfera privada de un individuo, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por la austeridad vulnera el derecho a la libertad, a la igualdad, la presunción de inocencia, así como la correcta implementación de los principios de legalidad, imparcialidad, contradicción y proporcionalidad del proceso, causando con ello daños psicológicos y materiales irreparables. El grupo parlamentario de la mayoría se justifica en el raquítico argumento de que con la aprobación de este dictamen se estaría atendiendo el mandato contenido en el artículo segundo transitorio del decreto de fecha 12 de abril de 2019, que ellos mismos aprobaron. Sin embargo, con la minuta en discusión estamos haciendo caso omiso del llamado que nos hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a inicios de 2019, para derogar toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, exhortando en su momento a los órganos legislativos, al no aprobar una reforma contraria a los estándares interamericanos en materia de libertad, que atenta contra la presunción de inocencia, lo que constituye una de las garantías judiciales más elementales dentro del ámbito penal. Es decir, lo que hoy aprueban puede ser constitucional, pero, definitivamente, es inconvencional y violatorio de los derechos humanos. Debemos avanzar en la extinción del segundo párrafo del artículo 19 constitucional y no en la ampliación de los delitos a los cuales se aplica. Debemos avanzar en el respeto a los derechos humanos y no en propuestas electoreras que no abonan para garantizar el debido proceso. Es de recordarse que en el año 2002 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, en su visita a México, recomendó al Estado mexicano modificar la legislación interna, de modo de que esta adopte las normas internacionales, en especial sobre la presunción de inocencia, la flagrancia, la proporcionalidad de las penas en delitos denominados graves, así como los beneficios de preliberación e iniciar un debate en profundidad sobre la necesidad de reformar el sistema penal y procesal penal. Ante el justificado reclamo social que exige reducir la impunidad, las y los legisladores del grupo parlamentario de la mayoría se han inclinado por el populismo penal, dejando de exigir a nuestras instituciones los estándares de actuación que corresponde al nuevo sistema penal y que garantizan los derechos humanos. No debería sorprender la popularidad de la propuesta en un contexto caracterizado por altos índices delictivos y una cifra negra superior al 90 por ciento. Por ello, en un debate que gira mayormente en torno a suposiciones, miedos y prejuicios, el análisis de la evidencia nos indica, efectivamente, que tener más personas acusadas dentro de las cárceles no implica tener un menor número de víctimas afuera. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra de este dictamen que ignora la normatividad internacional, desconoce los derechos humanos y condena a aquellos que menos tienen a sufrir por la ineficiencia de las instituciones de procuración de justicia. El Grupo Parlamentario del PRD, como lo hemos hecho históricamente, seguirá impulsando la derogación de figuras como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, que transgrede, sin lugar a duda, los derechos humanos. Es cuanto, presidente.