El diputado Uriel Flores Aguayo: Con su permiso, diputada. Compañeras y compañeros diputados, los temas de política social que expongo a nombre del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática están relacionados de manera general con el combate a la pobreza, la carencia alimentaria, el campo, el ámbito laboral, la seguridad social, salud, vivienda, educación y los aspectos transversales de equidad de género, que forman parte del informe del Ejecutivo federal. La política social en el país es de enorme relevancia no sólo porque es la base para garantizar el marco de derechos humanos de carácter social, consignados en los tratados internacionales, sino porque es la fuente de recursos públicos a manera de subsidios que son altamente volátiles en los festines de las campañas políticas que buscan el voto de los pobres y los necesitados. Respecto al tema de la política social es pertinente cuestionarnos si efectivamente hay una política social que esté aplicando el gobierno federal. En reuniones de trabajo, de principios de año, con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la licenciada Rosario Robles, la Comisión de Desarrollo de esta Cámara le cuestionaba si se estaba planteando por parte del gobierno de Peña Nieto una política social democrática, es decir, que cumpliera con los requisitos de ser incluyente, de desarrollo, no asistencialista, de ciudadanía, dignificadora y no clientelar. Al paso de los meses nuestras preguntas obtuvieron respuesta con hechos demoledores y graves, y ya no quedó duda. Primero la secretaria nombró en los estados, prácticamente en su totalidad, a delegados que tenían como mérito ser operadores electorales, a delegados de partido. Después hubo un escándalo por los famosos videos de Veracruz, lo cual al parecer fue muy relevante tanto en Veracruz como en el estado de Quintana Roo, es decir, utilizar la estructura del aparato oficial y los programas para la operación electoral. Entonces vimos programas dispersos, de hecho recientemente se siguen anunciando o haciendo convocatorias. No se sabe muy bien qué está pasando con los programas. Y el Plan Estrella, que es el sistema de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se ha ido perdiendo en actos de escenografía y no se ven resultados. Sobre ese sistema de la Cruzada Nacional contra el Hambre hay que decir que empezó bien en el concepto o en el planteamiento de hecho hasta el ex presidente de Brasil, Lula, vino a darle una especie de bautizo, pero luego se fue perdiendo o se mezcló con intereses empresariales en un hecho contradictorio, se le empezó a dar protagonismo a empresas que promueven la comida chatarra y esto empezó a cuestionar las verdaderas intenciones de este sistema y ahora se ha ido perdiendo en publicidad. Aun y cuando el programa se desarrollará en todas las entidades del país, concentra su accionar en seis estados, Oaxaca, en 133 municipios, Chiapas 55, Guerrero 46, Veracruz 33, estado de México 32, Puebla 14 y en 87 municipios de las entidades restantes. La situación de pobreza en el país es mucho más amplia que los 7.4 millones de personas que pretende atender este sistema. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en su más reciente informe señala la existencia de 27.4 millones de personas en carencia alimentaria, así como de 53.3 millones de pobres en el país, es decir, el 45.5 por ciento de la población total, de los cuales 11.5 millones se encuentran en pobreza extrema y 41.8 millones en pobreza moderada. Entre los datos que contamos, se entiende que de cada 100 personas pobres o en pobreza extrema en nuestro país, 52 son mujeres. En ese Primer Informe de Gobierno fueron omitidas las demandas de las mujeres, fundamentalmente las de violencia en su contra lo que agrava más la condición en que se encuentran. De esta forma la designación del universo de atención del sistema muestra más un interés de manejo propagandístico que una auténtica preocupación por dar respuesta a la situación de carencia alimentaria, propósito formal del sistema. Si bien el informe presentado por el Ejecutivo federal en el ámbito que nos ocupa refiere cifras sobre la población objetivo atendida y los montos ejercidos a la fecha de corte no se presentan propuestas concretas para resolver la problemática social objeto del sistema, lo cual debería ser la información fundamental para conocer la eficacia de dicho sistema. Es urgente crear verdaderos mecanismos de blindaje electoral para que los programas que participan en este sistema no sean utilizados por funcionarios públicos para la promoción política durante los procesos electorales, como sucedió en los estados de Veracruz y Quintana Roo, sobre todo en los comicios estatales pasados. Es así que el informe del Ejecutivo federal en materia de combate a la pobreza, en particular a la carencia alimentaria es insuficiente, no da cuenta de la eficacia de las acciones realizadas en lo que va de su gestión al presentar solo cifras y datos que en sí mismas no dicen nada. Enrique Peña Nieto presentó su Primer Informe de Gobierno con un 55 por ciento de aprobación. Lo anterior permite señalar, que no ha podido mejorar sus niveles de aceptación ciudadana debido a la situación que presenta la economía nacional que no logra crecer. En este orden de ideas y en relación al campo es correcto que en el informe se reconozca la dependencia absoluta que tenemos en seguridad y soberanía alimentaria al destacar la importación creciente de productos agropecuarios, muy mal, inaceptable para nuestro partido que se pretenda culpar de ello a los pequeños productores como lo hace el informe al mencionar que la causa de las importaciones es el minifundismo. Los pequeños minifundistas de México sostienen una población rural de 25 millones de personas, producen el 40 por ciento del total de la producción nacional agropecuaria y son el 80 por ciento de los productores en el sector rural. La soberanía alimentaria de México se ve gravemente amenazada por la importación desmedida de productos agrícolas. ¿Cómo explicaremos el día de mañana a nuestros descendientes que la cultura del chile, endémica de nuestra patria, la cocinemos con chiles importados de China porque no somos capaces de generar nuestros propios recursos para alimentaros; o que nuestras tortillas provienen de maíces que se cultivan en los Estados Unidos? Es justo al contrario como se expresa en el informe. Detonar el campo y generar empleos, combatir la pobreza y superar la dependencia alimentaria depende justamente del apoyo a tres millones de pequeños productores y productoras, porque las mujeres también trabajan el campo aunque no sean titulares minifundistas ni de créditos ni de oportunidades, quienes están en posesión de al menos 10 millones de hectáreas que, de contar con los apoyos suficientes, generarían los productos que hoy importamos. En el área laboral y seguridad social se gira sobre los tres ejes: Empleo, reforma educativa y seguridad social. Tenemos otros temas. Evidentemente el tiempo no es suficiente para abordarlos en una ronda como ya se dijo. Esperamos que haya otro espacio sobre todo que tengamos la oportunidad de cuestionar directamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social. En la Izquierda Progresista estamos convencidos de que las y los jóvenes deben estar presentes como actores fundamentales del desarrollo y construcción del modelo del país que queremos. Trabajamos para lograr una juventud libre, informada, participativa y consiente. Es cuanto, diputada presidenta.