EL C. DIPUTADO ABEL TREJO GONZALEZ: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados: el pasado 14 de octubre del presente la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, Asociación Civil, AMEP, integrada por 75 diarios de la República Mexicana, entregó a esta soberanía, por conducto de las comisiones de Comunicaciones y Gobernación y Seguridad Pública, una propuesta ciudadana sobre la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, misma que expresa la posición de esta organización referente al tema de la mayor importancia en esta hora de México. Para el día 26 de octubre la AMEP publicó un desplegado en los diarios adherentes a esta organización en donde propone, cito "El Congreso debe encabezar el análisis y la reflexión porque sus miembros representan al pueblo de México, poniendo sobre la mesa de discusión una situación que no puede pasar de largo ante los ojos de la presente Legislatura". En este sentido, resulta innegable que, ante la falta de una reglamentación precisa sobre el derecho a la información y temas afines, en la práctica la Suprema Corte y los tribunales colegiados han cubierto el vacío legal dejado por el Congreso de la Unión, pero de manera insuficiente. Por eso se hace necesario legislar en esta materia y efectuar una consulta pública, abierta a la sociedad y a los individuos, para que se expresen sobre temas como nuevo régimen de concesiones de radio y televisión, derecho de los informadores, derechos de trabajadores de empresas periodísticas, la transparencia de los gastos de los gobiernos en publicidad. Debe haber coincidencia entre las diferentes fuerzas políticas de la nación en que es necesario que una próxima ley de acceso a la información pública abarque a los tres poderes del Estado: al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, que se incluyan los organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México y que incluso incluya la parte de información pública que empresas privadas y los propios medios de comunicación tienen la obligación de reunir ante la ciudadanía para eliminar aquellas rendijas que aún no están normadas por la ley. Por todas estas razones, el espacio natural para efectuar e impulsar consultas para la formación de leyes es sin duda el Congreso de la Unión. Bajo esta óptica tenemos que resaltar que para arribar a una democracia plena tenemos que luchas por condiciones equitativas en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos. No basta con los discursos plagados de buenas intenciones. Es una obligación de todos encontrar los canales institucionales que contribuyan a acelerar el tránsito democrático de nuestro país. El derecho y el libre acceso a la información pública se convierten en una necesidad de primer orden, tanto para los ciudadanos como para los medios de comunicación. Por otra parte, tiene que quedar claro que existe un compromiso y una obligación de todos los órdenes de gobierno para informar sobre sus acciones, sobre todo en lo que respecta al ejercicio o aplicación de recursos económicos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero incluidas todas las acciones de gobierno que tienen que ver con políticas públicas que, se supone, buscan el bienestar de la sociedad en su conjunto. La transparencia y la rendición de cuentas se convierten en este momento de nuestra historia en una de las prioridades que son puntales para el combate a la corrupción. Todos, sociedad y gobierno, partidos, organizaciones políticas y ciudadanos en general tenemos la obligación de transparentar nuestras acciones y de rendir cuentas en los términos en que lo exige la ciudadanía. Por otra parte, resulta incuestionable conservar y definir claramente el ámbito y el carácter de la información que puede reservarse por razones de seguridad nacional. Sin embargo, esto tiene que llevarse a cabo por medio de reglas claras, por medio de normas que identifiquen la confidencialidad de la información. La sociedad mexicana y las organizaciones políticas no afines al gobierno tampoco desean que se utilice como mascarada el tema de la seguridad nacional y que sirva como encubrimiento para espiar ilícitamente a ciudadanos y organizaciones que no comparten las ideas del gobierno. Por eso motivo debe quedar muy claro y bien definido aquellas áreas de la seguridad nacional que deban quedar protegidas por la ley. Los diputados también tenemos la clara convicción de que un sistema democrático fuerte es aquél que contribuye con la apertura y con el respeto a la pluralidad de ideas y de posiciones políticas. Es urgente un marco constitucional que dé certidumbre a la opinión pública, a los ciudadanos y a los medios de comunicación acerca del derecho a la información para que todos, con la responsabilidad social respectiva, la utilicemos para el bien de la sociedad en su conjunto y que no haya nadie, por más alta que sea su investidura, que se lance contra los medios de comunicación argumentando que quieren trastocar en su gobierno. En una sociedad democrática, el ejercicio de la crítica debe siempre llevar el sello del mejoramiento de la actuación de los servidores públicos y del cumplimiento con apego a la Ley de las Funciones y Responsabilidades que todos tenemos frente a la nación. Por lo anteriormente expuesto formulo el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. Que la Cámara de Diputados sea congruente con lo que establece el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, y los artículos 70 y 73 fracción XXX de nuestra Constitución Política referente a garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara de Diputados y adopte como suya la propuesta de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A. C., para que sea la Cámara de Diputados quien encabece el análisis y la reflexión sobre la transparencia y acceso a la información pública. Segundo. Que la Cámara de Diputados a través de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, Puntos Constitucionales, Educación y Comunicaciones convoquen a una consulta abierta de carácter nacional para analizar y discutir la Propuesta de Libre Acceso a la Información Pública, con todos los sectores sociales, expresiones ciudadanas, instituciones académicas, órganos de gobierno y medios de comunicación con la firme intención de legislar en la materia. Ratifican firman este Punto de Acuerdo, los siguientes diputados: Irma Peñeyro Arias, Lilia Mendoza Cruz, Jaime Larrazabal Bretón, Bulmaro Rito Salinas, Ildefonso zorrilla Cuevas, Cándido Cueto Martínez, Ángel Meixueiro González, Miguel Ángel Moreno Tello, José Soto Martínez y un servidor, Abel Trejo González. Muchas gracias, señora Presidenta.