La diputada Beatriz Dominga Pérez López: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el desplazamiento forzado interno es uno de los fenómenos poblacionales que más afectan y transgreden los derechos humanos del pueblo de México. Este fenómeno se presenta cuando las personas son obligadas a abandonar su hogar a causa de la violencia, la presencia de desastres naturales, la discriminación, el crimen organizado, entre otras razones. De conformidad con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, de 2006 al 2018, 338 mil 400 personas fueron internamente desplazadas por la violencia que se vive en México. Eso expone la gravedad del asunto y nos obliga, como órgano legislativo, a robustecer el marco normativo con el objetivo de contener, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, así como sus consecuencias. El dictamen que hoy analizamos viene a sumar en esta tarea, pues su principal objetivo es el expedir una Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. A la par, establece una coordinación y distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y algunos organismos autónomos, encaminados a restaurar el tejido social y consolidar políticas públicas que disminuyan el flujo poblacional involuntario en México. Quisiera resaltar de esta ley la creación de un mecanismo nacional para prevenir, atender y generar soluciones duraderas, órgano que se encargará de estudiar, evaluar e implementar la política nacional de prevención y atención en la materia. Dicha política nacional deberá contener diagnósticos, líneas de trabajo, objetivos estratégicos, monitoreo e identificación de áreas de oportunidad para la correcta atención del desplazamiento forzado interno. Con el mecanismo aseguramos que el desplazamiento forzado sea atendido de manera integral y escuche la pluralidad de las voces, permitiendo una mejor toma y ejecución de decisiones. Asimismo, la ley que el dictamen propone expedir expresamente señala que toda persona desplazada tendrá derecho a recibir asistencia humana oportuna, respetando las necesidades específicas de acuerdo con su edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, entre otras. Con esto, elevamos la norma jurídica a los máximos estándares internacionales en la materia, y abrimos paso a que las personas desplazadas involuntariamente tengan acceso a alimentos, agua, cobijo, vivienda, vestido y primordialmente asistencia médica y psicológica. Quiero subrayar que la expedición de esta ley nos evidencia como un Poder Legislativo responsable y comprometido con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los grupos vulnerables desplazados forzosamente en el territorio mexicano. Ahora, las autoridades de los tres órdenes de gobierno se encontrarán obligadas a unir esfuerzos para crear escenarios benéficos para la población, que garanticen una disminución en los efectos negativos que representa el desplazamiento forzado interno. Sin duda este dictamen impulsa un cambio importante para el comportamiento de la sociedad mexicana y sus autoridades. Los grupos vulnerables desplazados por la delincuencia ya no estarán desprotegidos ni serán ignorados por las administraciones públicas. Estamos conscientes que la aprobación del dictamen es solo un paso más en el camino al fortalecimiento del tejido social y que hay mucho por hacer. De ahí que los invito a todos a votar a favor y reafirmar así la convicción de atender a los más desprotegidos para mejorar su calidad de vida. Nuca más un México sin nosotros. Muchas gracias.