El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Los primeros meses de este año han llegado con un panorama complicado, en donde las condiciones económicas del exterior se combinan con un mercado interno disminuido. Por si esto fuera poco, el contexto nacional se complica, al observar que la relación de cooperación con nuestros vecinos del norte cada vez se ha complicado más, pues ahora recibimos amenazas impositivas en vez de propuestas de trabajo bilateral. Estamos ante un momento complejo, pero debemos estar ciertos que ante la crisis surgen oportunidades para poner en marcha acciones que nos fortalezcan. No debemos caer en la apatía y en la desesperanza. Ante este contexto, dese el gobierno federal se han impulsado diversas acciones que tienen como finalidad apoyar a la economía familiar. Se tiene mayor cuidado en el gasto público; se han reducido las partidas presupuestales destinadas al gasto corriente en las diferentes dependencias federales; se detallaron con precisión los proyectos prioritarios para la nación; se han facilitado las participaciones de los ciudadanos en la revisión de las cuentas públicas, pero el reto va más allá de estas acciones y nos exige tomar medidas de mayor impacto, sobre todo, en los ámbitos donde se percibe la necesidad de una reducción presupuestal, siendo uno de ellos el tema electoral, específicamente en lo que corresponde a los tiempos y gastos en las campañas electorales. Por lo anterior, es que hoy presento, junto al Grupo Parlamentario del Partido Verde, dos propuestas de iniciativas, cuya intención es reducir los costos que implica realizar algunas actividades de nuestro sistema político, sin que ello signifique sacrificar ninguno de los derechos civiles y políticos de la población, mucho menos el influir negativamente en el ejercicio de los valores democráticos que con tanto esfuerzo hemos construido en nuestro país. La legislación actual admite a los actores políticos realizar campañas para dar a conocer a la ciudadanía las plataformas de cada opción política. Si bien la ley es generosa con el tiempo que otorga para las campañas, también contiene en sí misma un defecto, pues los lapsos manejados en la norma permiten campañas electorales muy largas, las cuales generan tres grandes problemas. Primero. Fastidio de la ciudadanía ante la sobreexposición de mensajes políticos, derivados de las precampañas y de las campañas. Segundo. Costos financieros y ambientales muy excesivos. Tercero. Agotamiento del personal de las instituciones encargadas de verificar que las campañas se realicen de acuerdo a las reglas de juego. Grandes cantidades de mensajes emitidos, tanto en medios tradicionales como en espectaculares o en volantes, así como el uso de elementos audiovisuales y virtuales, son pagados con dinero de los contribuyentes. Lamentablemente cantidad no es igual a calidad, y esto ha quedado demostrado en el creciente hartazgo que aumenta en cada proceso electoral. Spots en radio y en televisión a toda hora, sin contar los mensajes que en redes sociales y en las vías públicas saturan a los ciudadanos de información, que muchas veces no ayuda en el fortalecimiento de la participación ciudadana en democracia. No hemos mejorado el modelo de comunicación política, que obliga a la generación de miles de mensajes pero con poco contenido y si en ello hemos fallado, en este momento podemos aligerar la carga presupuestal reduciendo los tiempos y el presupuesto en las actividades previas a una elección. La propuesta que hoy presento se divide en dos reformas. Una reforma a la Constitución y una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si bien, hablo de dos ámbitos de aplicación diferente, en general, ambas iniciativas pretenden reducir los tiempos de las campañas con el propósito de lograr los siguientes objetivos: 1. Reducir los costos de los procesos electorales. 2. Incrementar la eficiencia de las campañas electorales y 3. Reducir la exposición de los votantes a contaminación audiovisual Por un lado, la iniciativa constitucional pretende establecer un lapso de duración único de 30 días para las campañas electorales de todos los legisladores, ya sean senadores, diputados federales o locales. Por cuanto hace a la ley secundaria, se presentan modificaciones derivadas de la propuesta de reforma constitucional, pues al reducir el tiempo de las campañas electorales se debe ajustar también la duración de las precampañas. Bajo este argumento propongo que las precampañas para la elección de senadores, diputados federales o diputados locales queden sujetas a un tiempo máximo de 20 días. Los beneficios que se tendrán con la aprobación de estas iniciativas se concentran en la atención del constante clamor ciudadano que pugna por la reducción y la duración y de los costos de las campañas electorales. Debemos trabajar para devolver la confianza a las mexicanas y a los mexicanos en sus instituciones, por medio de acciones que se escuche la voz de los ciudadanos. Termino comentando que no podemos seguir hablando de impedir una libre participación de los diversos actores políticos en el área electoral si no tenemos una reducción real de los tiempos asignados para la socialización de ideologías políticas y programas de gobierno sin distinción alguna. Es cuanto.