La diputada Araceli Damián González: Señoras y señores diputados, el Tercer Informe de Gobierno se resume en una acartonada y lujosa edición con fotos editadas, con una escenografía en la que se muestran paredes recién pintadas, niños indígenas bien alimentados, mujeres con huipiles nuevos y funcionarios con sonrisas fingidas. El informe consta de cinco capítulos que parecen cuentos de hadas: México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero, México con responsabilidad global. Sin embargo, este es tan solo un rosario desarticulado de acciones de gobierno y supuesta población beneficiada. Los títulos de los apartados contrastan con la realidad que vive México, además de la creciente inseguridad y violencia en fechas recientes, el Coneval anunció que la pobreza multidimensional aumentó en los primeros dos años de este gobierno y que el total de mexicanos y mexicanas que presentan un ingreso bajo o alguna privación social, asciende a 95 millones de personas. Mal comienza el apartado México incluyente del informe, señalando los supuestos logros de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Resulta incomprensible que desde hace dos años y medio, 19 dependencias federales dedicadas a asegurar el derecho a la alimentación de 7 millones de pobres ultra extremos, sólo cubran a 4.5 millones. Esta cifra es sólo parte de los 24.6 millones de mexicanos que aún destinando todo su ingreso, no podrían comprar la canasta alimentaria y que por lo tanto, padecen hambre. El señor presidente no ha hecho nada para paliar esta situación desde su llegada, porque está muy ocupado decorando su casa blanca. El Prospera, el Seguro Popular y ahora la Cruzada contra el Hambre, no buscan reducir la pobreza, sino asegurar que los pobres no mueran de hambre y puedan incorporarse al mercado laboral como fuerza de trabajo barata. Estos instrumentos de política han contribuido a abaratar el costo de la mano de obra permitiendo que los empresarios evadan el pago de las cuotas patronales debilitándose así la seguridad social. Cabe destacar que el informe señala que la pobreza extrema disminuyó y que el ingreso del 10 por ciento de los hogares más pobres aumentó entre 2012 y 2014. Ambas afirmaciones son falsas. La disminución de la pobreza es un espejismo estadístico, ya que por ejemplo ser inscrito en el Seguro Popular puede sacar a una persona de la mal llamada pobreza extrema, aunque se esté muriendo de hambre. Por otro lado, el ingreso por persona va en picada. Según el Inegi este bajó 5.3 por ciento en términos reales entre 2012 y 2014. Toda la población, no sólo los pobres, tiene ingresos más bajos en este país. El informe es una muestra clara de la incapacidad del gobierno para transformar la política social. No debemos olvidar que el PRI inició desde finales de los 80 una reforma regresiva de la política social que el PAN profundizó por más de dos sexenios. Bajo la ideología neoliberal se abandonó el objetivo de construir un Estado de bienestar con una perspectiva de derechos y basadas en el desarrollo; y se transitó hacia una estrategia de alivio a la pobreza, que significó un reduccionismo de los beneficios otorgados mediante programas asistencialistas y de servicios básicos de baja calidad. El problema radica en la negativa del Ejecutivo federal y del Congreso de la Unión para realizar una reforma social, que deje de establecer como eje rector la focalización y que promueva derechos sociales universales y reduzca la desigualdad. Es imperativo el mejoramiento de los salarios en la parte baja de la distribución para ampliar el mercado interno y generar empleos. Asimismo, se debe articular la política social con la económica hacia el objetivo central del bienestar para todas y para todos. Como parte de ello se debe establecer un esquema impositivo progresivo, que permita elevar el nivel de recaudación y financiar una política social más amplia y universalista. Un auténtico Estado de bienestar no debe abocarse solo a apoyar a aquellos que son incapaces de mantenerse por sí mismos, porque al limitar su papel como garante de los derechos sociales mínimos se vuelve asistencialista. Se requiere una actitud preventiva y no como hace ahora el gobierno, esperar a que los hogares empobrezcan y lo demuestren para disque curarlos con transferencias minimalistas y condicionadas. En Morena plantearemos propuestas para que la sobrevivencia del núcleo familiar no dependa, como hasta ahora, de la venta de la fuerza de trabajo y de los vaivenes del mercado, por ello promoveremos el ingreso ciudadano universal iniciando con la infancia. Existen criterios y medidas iniciales para construir el auténtico Estado de bienestar, este debe conformarse por la administración pública en su conjunto y no solo por los sectores sociales. El Banco de México debe ocuparse no sólo del control de la inflación sino también del crecimiento económico. El proceso de interacción para definir los ingresos y gastos públicos debe modificarse. La Ley de Ingresos no debe aprobarse como ahora, al margen de las necesidades de gasto. La agudización de la crisis social, cuyo eje más sobresaliente es la violencia, es la manifestación del fracaso de la política económica y su separación de la política social. Ambas requieren ser modificadas y articularse sinérgicamente.