La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Compañeros diputados, hoy este tema es relevante, porque sabemos de la enorme tragedia ambiental y social sucedida hace más de tres años por la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, forma ahora parte del vasto expediente de la impunidad y de la injusticia del México contemporáneo. La magnitud del derrame, los daños a la salud de los habitantes y la economía regional, las graves afectaciones al suministro de agua y el envenenamiento del vital líquido por la presencia y persistencia de metales pesados, como aluminio, cadmio, cromo, fierro, magnesio y plomo que afectaron a poco más de 20 mil habitantes de los municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Cananea, Baviácora y Ures, en el estado de Sonora, no ha ameritado siquiera el financiamiento de responsabilidades civiles y penales. De cumplirse cabalmente lo estipulado por los artículos 29 Bis y 29 Bis-4 de la Ley de Aguas Nacionales, la Conagua debió de proceder a la cancelación de las concesiones de agua de las que ahora goza Grupo México, para la operación de la minera Buenavista del Cobre. De igual modo, de aplicarse la fracción II del artículo 55 de la Ley Minera, la Secretaría de Economía debió considerar la cancelación de concesión minera, pero eso no sucedió. Tanto el gobierno federal como Grupo México redujeron el tema de la justicia y daños a la salud, a un asunto de dádivas. La salud y la vida de los pobladores fueron tasados en 15 mil 350 pesos por familia y el sustento de los productores rurales 10 mil pesos por hectárea, de una tierra que difícilmente podrá volver a ser fértil y productiva. El PRD denunció, en su momento, la figura del fideicomiso que no garantizaba la administración transparente de los recursos, y lamentablemente no nos equivocamos. Hasta qué grado se ha perdido el objetivo original del fideicomiso, qué tan escandaloso ha sido el desvío de recursos que hasta el propio partido gobernante es quien propone este punto de acuerdo, el cual en el PRD votaremos a favor porque reconocemos las denuncias que hemos hecho a lo largo de los tres años. A la fecha, de los 2 mil millones de pesos anunciados para la integración del fideicomiso, Sonora solo puede comprobar el empleo de 750 millones. De cualquier modo, como puede constatarse a lo largo de la cuenca del río Sonora, si los recursos del fideicomiso se hubieran aplicado de manera efectiva y transparente, serían insuficientes para resarcir las pérdidas en los productores rurales de la zona afectada y mucho menos para restaurar el equilibrio ecológico y las condiciones para la producción de agua de calidad en los ríos Bacanuchi y Sonora. El fideicomiso por sí mismo ha sido una grosería a los recursos que se han aplicado para indemnizar a los pobladores, representa el 2 por ciento de los ingresos que anualmente puede generar el Grupo México. Y ni qué decir de la insultante multa de 23 millones 565 mil 938 pesos que determinó aplicar la Profepa, cuando lo que correspondía era una sanción ejemplar por parte de la Secretaría de Economía y de la Comisión Nacional del Agua. En el PRD estamos conscientes que debemos erradicar y perseverar la práctica de pagar por contaminar. Nuestro grupo parlamentario votará a favor porque es necesario transparentar los recursos que debieron destinarse de manera íntegra a las víctimas del derrame. Es cuanto, diputado presidente.