El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Muy buenas ardes tengan todos ustedes los presentes, y muy especial al pueblo de México. Tengo bien a posesionar a Morena en relación con este punto de acuerdo, en el que se exige a las autoridades del estado de Baja California a que actúen con honradez y respetando las disposiciones legales que favorecen a los ciudadanos, que garantizan los servicios públicos como el agua, y obligan a mantener la salud de las finanzas estatales. Esto último cobra especial importancia porque en estos momentos se analiza, por cierto con gran premura, una iniciativa que firmaron el PRI, el PAN y el PRD, para flexibilizar la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, sin haber considerado si la normatividad vigente cumplió o no con los objetivos que se propusieron quienes la promovieron. Hoy tienen mucha prisa para flexibilizar la disciplina que hace apenas poco más de un año consideraban que debería de ser sumamente estricta. Es importante este punto de acuerdo, porque cuestiona que a pesar de la mencionada Ley de Disciplina Financiera, los ejecutivos estatales siguen actuando con gran discrecionalidad, afectando a grandes segmentos de la población. El punto de acuerdo que está a discusión denuncia que el gobernador de Baja California, el señor Kiko Vega, licitó en un esquema de inversión público privada la construcción de dos plantas desalinizadoras, una en San Quintín y la otra en el municipio de Playas de Rosarito, endeudando a Baja California en nueve mil millones de pesos por los próximos 37 años. Como consecuencia de un masivo rechazo ciudadano, por ejemplo el movimiento Mexicali Resiste, el Ejecutivo estatal y los partidos del PAN, del PRD y el MC locales, que aprobaron una iniciativa, tuvieron que corregir de modo que ahora el gobernador busca cambiar su proyecto de desalinizadoras a desaladoras. Cabe recalcar que se pretendía entregar 50 millones de galones diarios a los Estados Unidos. Ahora, con el mismo costo y con una creciente carga para los ciudadanos, pero con muchos menores alcances. Lo más grave es que el esfuerzo del Ejecutivo estatal no puede desligarse de la posibilidad de las empresas que ganaron la licitación de vender agua potable a California, Estados Unidos, o en su caso crear esquemas que permitan atender las necesidades de inversiones, como el que la Cervecería Constellation Brands, que en Mexicali han puesto en riesgo el suministro de agua potable para la población, en la cual cabe recalcar y hago mención que se pretende entregar a esta empresa más de 20 millones de metros cúbicos, siendo que actualmente la región del estado de Baja California, especialmente el Valle Mexicali sufre de una sequía, y que la aprobación y puesta en marcha de dichos acuerdos ha llevado a cabo en su total opacidad y en la cual en su momento propuse un punto de acuerdo. Si bien porque estamos en contra de estos abusos, porque el agua es un bien fundamental y porque consideramos que la transparencia y la disciplina financiera deben ser instrumentos claves para el desarrollo de las políticas públicas, en Morena votaremos a favor de este punto de acuerdo en contra de la discrecionalidad del gobierno de Baja California. Por su atención, muchas gracias.