El diputado Javier Salinas Narváez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores diputados: la minuta que se pone hoy a consideración de esta soberanía es la parte más importante del atraco a la nación impulsada por los partidos de derecha. Para no andar con rodeos, aquí va la denuncia del Partido de la Revolución Democrática en contra de lo que se está aprobando. En primer lugar, rechazamos la propuesta de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos porque pretende otorgar a la poderosísima Secretaría de Hacienda y Crédito Público la más amplia facultad que pudieran imaginar, para su discrecionalidad. Por qué razón decimos esto. Porque el artículo 5 la faculta para determinar los rangos de valores de los términos económicos que considera para incluir las bases de licitación cada año. En segundo lugar, porque el artículo 7 la faculta para determinar el monto del bono a la firma para cada contrato de licencia, así como sus condiciones de pago. En tercer lugar, porque el artículo 9 la faculta para establecer los términos económicos de la migración de contratos en la materia. En cuarto lugar, porque el artículo 10 la faculta para establecer un mecanismo de ajuste por parte de dicha dependencia a la tasa de la contraprestación pagadera al Estado mexicano en los contratos de licencia. En quito lugar, porque el artículo 16 la faculta para emitir lineamientos relativos a la deducción de costos, gastos e inversión. En sexto lugar, porque el artículo 26 la faculta para determinar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales aplicables a los contratistas. En séptimo lugar, porque el artículo 35 la faculta para determinar las contraprestaciones aplicables a los contratos petroleros y nominados, situación que podría prestarse a innumerables subterfugios legales para disminuir el pago de las mismas. En octavo lugar, porque el artículo 36 la faculta, conjuntamente con el Fondo Mexicano del Petróleo para establecer los lineamientos para cumplir con sus atribuciones en materia de ingresos por contratos, y en noveno lugar, porque el artículo 47 se le faculta para determinar las bases y reglas sobre registro de costos, gastos e inversiones sobre la procura de bienes y servicios. Dichas disposiciones pretenden arrebatar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en la materia, situación que además representa una clara ventaja litigiosa para las contratistas, pues claramente se vulnera la garantía de legalidad previstas en el artículo 14 constitucional. Asimismo, dan nivel de discrecionalidad, seguramente dará pie a grandes negocios con lo cual la corrupción de Pemex pasará ahora al control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En segundo lugar, rechazamos también la propuesta de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, porque en los artículos 11, 12 y 15 otorgan a los contratistas una contraprestación equivalente a la deducción del 100 por ciento de sus costos, gastos e inversión en los contratos de utilidad compartida y de producción compartida deducibles desde el primer año. O bien, en su defecto, se trasladarán para ser incluidos en la contraprestación correspondiente al período de costos subsecuentes. Porque el artículo 17 autoriza deducir las regalías efectivamente pagadas al Estado mexicano para efectos de determinar la utilidad operativa en los contratos de utilidad compartida y de producción compartida, con lo cual la supuesta regalía se convierte solamente en una especie de abono en cuenta. Porque el artículo 25 no establece una clara definición de parte relacionadas para los contratos y se deja a las partes el establecimiento de las reglas aplicables en los contratos, siendo que es de todos conocida, la necesidad de una adecuada reglamentación de dichas operaciones, pues son un mecanismo ampliamente desarrollado por las grandes empresas de abatir costos, Por el contrario, los artículos 51 y 53 sí establecen reglas claras para los asignatarios, o sea para Pemex y sus nuevas empresas, sujetándolo, incluso, a la supletoriedad de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Porque el artículo 29 deja a la libertad de las partes la determinación de las condiciones para el aprovechamiento de los productos y sustancias diferentes a los hidrocarburos que generen en la exploración y extracción. Porque el artículo 32 autoriza porcentajes de deducción a los contratistas por arriba de lo señalado en la Ley de Impuesto sobre la Renta. Porque el artículo 33 reduce la tasa del IVA del 16 por ciento al cero por ciento a los contratistas en franja violación al principio de generalidad de los impuestos previstos en el artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución. Porque el artículo 62 excluye a los trabajadores petroleros del derecho al reparto de utilidades previstos en el artículo 123, apartado A, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como puede apreciarse, la privatización de Pemex significa despojar al 99 por ciento de los mexicanos de sus recursos y continuar enriqueciendo al 1 por ciento de la población. En tercer lugar, rechazamos la propuesta del Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo porque, en su artículo 6o, elimina la facultad más importante de la Cámara de Diputados, el poder determinar el destino del gasto público derivado de los ingresos excedentes de los hidrocarburos, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se establece la absoluta predominancia del Poder Ejecutivo en el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo al estar integrado por tres consejeros representantes del Estado y cuatro consejeros pseudo independientes nombrados por el Ejecutivo y sólo ratificado por el Senado. Tales propuestas confirman que el capitalismo de libre mercado, en ausencia de las intervenciones de distributivas de amplia envergadura por el Estado, produce oligarquías antidemocráticas, como lo señala el economista Thomas Piketty en su obra El capital en el siglo XXI. En cuarto lugar rechazamos la propuesta de reforma, adiciones y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, porque en su artículo 6o. por el que se establecen sus disposiciones transitorias en su fracción II reduce el porcentaje de los ingresos petroleros considerados para efecto de la determinación de la recaudación federal participable del 79.73 por ciento al 73 en el 2015, al 74.09 en el 2016 y al 75.19 en el 2017, y al 76.28 en el 2018, por lo cual las entidades federativas, municipios, el Distrito federal y sus demarcaciones territoriales perderán ingresos por más de 120 mil millones de pesos durante los siguientes cuatro años. Señoras diputadas y señores diputados, con este régimen fiscal su modelo se les va a hacer agua, para Pemex no hay alivio fiscal alguno, el gobierno federal lo saben muy bien, y si el PAN no lo sabe lo chamaquearon, o pregúntenle a los autores de este dictamen. Miren ustedes, con la tasa del 68 por ciento del derecho por la utilidad compartida y el límite de costos del 11.785 por ciento, es decir, con su propuesta de régimen fiscal, Pemex hubiera perdido 120 mil millones de pesos en 2003. Esto quiere decir que no hay descarga fiscal a Pemex y tampoco despetrolización de las finanzas públicas. Pregunto: ¿A poco le van a aplicar el mismo régimen fiscal a las petroleras internacionales? Díganlo, porque entonces no va a venir nadie a invertir. Por lo tanto, el propósito es favorecer con todo a las empresas petroleras internacionales y debilitar, achicar y aniquilar a Petróleos Mexicanos. Sus números y sus propuestas así lo demuestran. Esto es lo que están logrando con privatizar a Pemex. Se le ofrece ya patria para todos.