La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam: Buenas tardes, señoras, señores diputados, ciudadanos, ciudadanas, medios de comunicación. La falta de credibilidad en los políticos y en los servidores públicos se ha manifestado en una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, con el enorme daño que conlleve la construcción de un Estado democrático. De ahí la exigencia ciudadana de eliminar cualquier figura que pueda interpretarse como una protección indebida a servidores públicos que obran de manera irregular. Es por ello que el día de hoy hago uso de esta tribuna para presentar ante ustedes una iniciativa de reforma a los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar las figuras del fuero constitucional y el juicio de procedencia. Valga señalar que las últimas reformas integrales e importantes que ha sufrido esta figura constitucional datan del año 1982, cuando el Congreso de la Unión realizó una serie de reformas al Título Cuarto constitucional, así como a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con objeto de renovar y establecer nuevas bases legales en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, del juicio político y, concretamente, la declaración de procedencia relativa al fuero constitucional. Sin embargo, a 34 años de dichas reformas, esas solo han evidenciado su falta de funcionalidad en cuanto a su diseño institucional, al grado de levantar suspicacias respecto a su efectividad. La falta de claridad del marco normativo encargado de regular el fuero, aunado a una percepción social respecto a esta figura como un privilegio personal del servidor público, ha hecho que la ciudadanía exija su eliminación. Porque en México es como un escuchar de excesos y actos de corrupción por parte de servidores públicos asociados directamente al uso de esta figura, que habiendo sido creada para garantizar particularmente el desempeño adecuado de las funciones de los legisladores y las legisladoras, actualmente se ha interpretado como un mecanismo de impunidad total en el servicio público; actos que han quedado desafortunadamente impunes, dados los resquicios legales que giran en torno al fuero y que se han convertido en campo fértil para considerar de manera equívoca a esta figura. Prácticamente como una patente de corso que garantiza el exceso en el ejercicio de la función, sin recibir sanción alguna. Lamentablemente, para nadie es secreto que en ocasiones dicha prerrogativa es utilizada como un manto de impunidad que, lejos de contribuir a una percepción ciudadana de honradez, eficiencia y eficacia, fomenta el enojo de la ciudadanía y la falta de credibilidad en aquellos que hacemos de la actividad política nuestra vida cotidiana. Hoy las condiciones que dieron origen al fuero constitucional han cambiado. Existe un nuevo sistema penal de naturaleza garantista. Contamos con órganos que ejercen funciones de contrapeso frente a los poderes públicos. Se han creado órganos internacionales que protegen y salvaguardan los derechos humanos. Hemos suscrito acuerdos internacionales que favorecen y protegen la democracia y la pluralidad, pero sobre todo, contamos con una ciudadanía crítica y activa, con mayor acceso a la información que pueda hacer uso de las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación para vigilar el actuar gubernamental. Y es justamente en este contexto, en el cual los ciudadanos son más exigentes en materia de transparencia en que debemos considerar el actuar ético del servidor público y escuchar nuevamente lo que la ciudadanía exige. Debemos ser los primeros en acatar las leyes de nuestro país, ser respetuosos de nuestras propias instituciones, es nuestra obligación actuar apegados a la ley, pero sobre todo, a los principios de la ética pública. La ley no puede ser un artificio para cometer ilícitos y salir impunes. No podemos permitir que algunos funcionarios públicos que han usado el fuero, no para defender sus ideas, sus opiniones o su voto, sino para delinquir y para evadir la acción de la justicia, generen esta carga a la vida política de nuestro país y pongan en riesgo la confianza en la democracia y en las instituciones. Es por eso, que hoy vengo a proponer, a nombre propio y de las diputadas Minerva Hernández, Ángeles Rodríguez y del diputado Cesar Flores, la eliminación del fuero y del juicio de procedencia, pues en los tiempos actuales existe una mayor apertura a la manifestación de ideas, por lo que no es necesario mantener vigente estas figuras. Señoras y señores diputados, en Acción Nacional afirmamos que el fuero no debe ser nunca más un salvo conducto que le permita, a quien lo detenta, escapar de la acción de la justicia, colocándose de esta forma en una posición de facto muy superior a aquellas de la sociedad que los ha elegido y que día a día cumple con sus obligaciones ciudadanas en un ambiente de igualdad republicano. Hoy tenemos que volver a poner a la mesa el debate sobre la eliminación del fuero, digamos sí a la libre manifestación de ideas, digamos sí al correcto cumplimiento de nuestras funciones, pero pongamos un alto a la impunidad. Muchas gracias. Es cuanto.