La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, a la luz del Cuarto Informe de Gobierno es un deber y una responsabilidad analizar con detenimiento los logros descritos por el Poder Ejecutivo federal. Me referiré a la política interior, la cual se encuentra en el rubro de democracia efectiva que da cuenta detallada de las acciones emprendidas para el fortalecimiento de la democracia, la modernización del sistema político, la participación ciudadana, la eficacia y eficiencia gubernamental y la transparencia y rendición de cuentas. Del informe se desprende que hay acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los órdenes estatal y municipal, así como con los partidos y las organizaciones políticas y sociales. También se cita el trabajo de modernización del sistema político para consolidar la democracia y asegurar su efectividad como régimen para el desarrollo de la sociedad. Más adelante se señala que se promueve la participación ciudadana para desarrollar una cultura cívica en el diseño y evaluación de las políticas públicas y por último, se asegura que se promueve la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno. Sin embargo los resultados informados están muy distantes de la realidad del país. Podría deberse a que las acciones son limitadas o a que sus resultados no convergen con los propósitos que las animan. Por principio, la coordinación entre órdenes de gobierno debe darse en los hechos, en los niveles ejecutivos encargadas de tomar las decisiones, porque el informe nos da cuenta de una coordinación ejecutiva que camina en la ruta correcta; pero en las entidades y en los municipios sólo se reciben reclamos de la Federación y no los apoyos que está requiriendo la población. En un Estado de derecho los gobernantes tienen como obligación realizar sus tareas con estricto apego a las normas constitucionales y legales que han emanado de esta soberanía. La coordinación efectiva consiste en que cada orden de gobierno cumpla plenamente con sus deberes. Cualquier exigencia más allá de esas posibilidades, está fuera de lugar y atenta contra las instituciones. Es loable, por otro lado, el esfuerzo que se realiza por promover una cultura democrática a través de la creación de diversos sitios de Internet y de la atención de grupos específicos. Sin embargo debiera considerarse la posibilidad de establecerlos con las adecuaciones pedagógicas pertinentes, como programas de educación cívica y ética en los diversos niveles educativos. Sin duda se tendría una cobertura más amplia y con mayor éxito, teniendo en cuenta que la evaluación más reciente arrojó, entre otros resultados, que ocho de cada 10 alumnos de educación básica tienen conocimientos insuficientes sobre historia de México y civismo. El esfuerzo que realiza el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se ve lastimado seriamente cuando otras áreas del gobierno controvierten normas que tienden a la equidad. Por eso resulta un tanto paradójico que sea el propio gobierno federal el que controvierta la constitucionalidad de una ley emitida por el órgano legislativo del Distrito Federal y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga que aclarar que las reformas son constitucionales y sus contenidos permiten acabar con las prácticas discriminatorias. Pareciera ser urgente y necesario mejorar la comunicación entre algunas áreas de gobierno federal para evitar que hagan esfuerzos institucionales contradictorios. El informe da cuenta, por otra parte, del diálogo del Ejecutivo con autoridades electorales y con las organizaciones políticas para fortalecer el sistema de partidos. También da cuenta del seguimiento de 17 procesos electorales locales. Lo que el informe omite es una explicación necesaria del uso partidista de espacios y recursos públicos con fines político-electorales, como ha quedado probado por las resoluciones del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que se considera que la presencia del Poder Ejecutivo en los comicios fue inoportuna e innecesaria. Queda registrada en la historia electoral de México esa intromisión. Compañeras y compañeros diputados: finalmente quiero referirme a la convocatoria a la unidad que hizo el jefe del Ejecutivo con motivo de su cuarto informe. En el texto del mensaje del presidente Felipe Calderón se asientan afirmaciones que reflejan por lo menos desencanto por la política y una posición partidista que no es el mejor punto de partida para llegar a consensos y acuerdos. Voy a citar con respeto y puntualidad al presidente. Nos conmina a abandonar el perverso cálculo de posiciones partidistas; a transitar del conflicto a la cooperación y al acuerdo; a hacer a un lado preferencias políticas e intereses partidistas. Nos convoca a una reforma política que le dé más voz y más poder a los electores, que oxigene la vida pública con las ideas y las propuestas de los ciudadanos y que cierre la brecha entre la política y la sociedad. Nos llama a la sociedad y a todo México a que hagamos de nuestro país una patria ordenada, justa, generosa. Hasta aquí las citas del presidente Calderón. No es sano para la democracia, en cuyo nombre se hacen convocatorias a la unidad, denostar a la política desde el poder, aun cuando los ataques sean velados o solapados, siguen siendo ataques y le causan más agravio al proceso democrático cuando quien los profiere se viste con el ropaje del demócrata. La democracia en México ha sido un proceso decantado a lo largo de su historia, como lo describió magistralmente Beatriz Paredes en esta misma tribuna. La historia nacional no es patrimonio de nadie. Ningún grupo o facción puede apropiársela; como tampoco podría negar el concurso de varias generaciones que durante el siglo XX edificaron un país de instituciones teñido de contrastes, donde hubo movilidad social; territorio que con la pujanza de un pueblo generoso y creativo pudo arribar al año 2000 como la población más grande de hispanoparlantes; como la decimotercera economía del mundo, el octavo país exportador, el segundo socio comercial del mercado más grande del planeta; con un sistema educativo de amplia cobertura; con un sistema político dinámico que mantuvo estabilidad y aptitud para transformarse. Fin de la cita. Millones de votos de mexicanos han hecho posible nuestra presencia aquí, en este recinto. Cada uno de nosotros, electo por el principio de mayoría relativa o el de representación proporcional es la expresión y la representación de decenas de miles de ciudadanos que, en el ejercicio de su voluntad soberana, nos han traído hasta aquí para representar a la nación. Ésta es la democracia en que creemos. Tendrá más éxito la convocatoria presidencial cuando deje la declaración de principios de su partido en manos de sus militantes, y se dirija a hacer efectiva la realización del proyecto nacional, contenido en la Carta Magna y bajos los principios de la concepción constitucional de la democracia. Ésa es la norma y ésa es la guía, también es la estructura del Estado nacional que construyó la Revolución Mexicana. Es potestad y obligación del presidente trabajar por el México delineado por el constituyente revolucionario, antes que correr detrás de un futuro imaginado en un gabinete caprichoso, hacerlo así sería la mejor manera de honrar a la Revolución en la celebración del centenario. Muchas gracias.