La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Gracias, presidenta. En México existen cinco millones de viviendas abandonadas de acuerdo al Inegi, en su mayoría por suspensión de pago de los créditos. La solución a este problema requiere de acciones públicas, reestructuración de créditos otorgados por el Infonavit, Fovissste, Sociedad Hipotecaria Federal, Fonhapo, Su Casita, etcétera, además de mejorar los servicios y medios de transporte a las unidades habitacionales. El tema a discusión propone reformar el Código de Comercio para dividir en dos la relación jurídica de los créditos de vivienda otorgados por instituciones de seguridad social, el crédito es social, pero la casa que se entrega a los trabajadores será mercantil. El hecho de que las garantías de los créditos de vivienda se conviertan en actos de comercio significa que el fin es el lucro, por lo que no se buscará a los dueños de las viviendas para buscar facilitar el pago. El fin de la propuesta aquí presentada es legitimar la venta barata de la cartera vencida, es decir, despojar a los titulares de las casas convirtiendo la función social del Estado en un doble negocio para las empresas coludidas con funcionarios corruptos, ejemplos tenemos muchos y mencionaré dos: como Geo, que se asocia con Salinas de Gortari y Homex, con los Bribiesca, lo cual ha dejado una deuda con la sociedad hipotecaria federal por más de 120 mil millones de pesos. Hoy, la cartera vencida que se pretende rescatar es un negocio redondo, porque será vendida al ridículo precio de 20 mil pesos, será subastada para después ofrecerla en 700 mil y acomodar en la lista compradores ficticios o prestadores de nombre. De esta forma se pone en manos de funcionarios y empresarios 2 billones y medio de pesos para el lucro, pues el costo promedio es de 500 mil, y las matemáticas no fallan. Con esta reforma, que inclusive motivó a modificar la orden del día, curiosamente como otras iniciativas nunca lo han logrado, se trata de evitar la procedencia de las impugnaciones por la venta de la cartera vencida como se ha hecho hasta ahora por las y los trabajadores afectados. La adjudicación de estas viviendas por parte del gobierno, rompe la política de vivienda y la obligación del Estado, pues se podrá manejar con fines políticos 5 millones de casas buscando con ello 10 millones de votos absolutamente condicionados para un gobierno sin escrúpulos. De vender las casas sin resolver las causas de su abandono representa una venta fraudulenta que abrirá otro ciclo exactamente igual. Además el despojo vendrá no sólo cuando una casa sea abandonada entre comillas acreditando este extremo plenamente, sino cuando se tenga el temor fundado también entre comillas de que sea una casa abandonada. Por lo tanto es evidente que esta reforma va en contra de la naturaleza, a fin de la obligación del Estado y de las instituciones de seguridad social en materia de vivienda. Es indebido que mediante un código se pretenda desconocer las disposiciones especiales de leyes reglamentarias de la Constitución. Por tanto, esta reforma es anticonstitucional, pues violenta el derecho humano a la vivienda y a los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución. Hoy el gobierno despoja, persigue y encarcela a quienes defienden su vivienda. Es el caso que ahora denuncio, como en el estado de Durango, donde el gobernador mandó a encarcelar a Hilario Román, a Verónica del Rosario Villarreal, Nobel Galván, Javier Romero Vega y Fanny Romero, para quienes pedimos liberación inmediata. En suma, no podemos apoyar una propuesta que despoje a quienes buscan una vivienda para su bienestar, no podemos apoyar la corrupción de las vivienderas y de los funcionarios corruptos y de quienes los apoyos y les dan sus porritas. No apoyaremos la criminalización de la defensa del derecho a la vivienda. El gobierno debería garantizar un derecho y no despojar a las ciudadanas y a los ciudadanos de sus viviendas por motivos estrictamente económicos. Ustedes han llevado a esa situación crítica de que la gente no pueda pagar y esté obviamente con deudas en los créditos hipotecarios de casas de interés social. Enhorabuena para aquellas diputadas y aquellos diputados que reflexionen y voten en contra de esta iniciativa que atenta contra un derecho constitucional, que es la vivienda de las y de los trabajadores. ¿Cuándo llegará el rescate para ellos? Rescatan carreteras, rescatan ahora vivienderos. Es cuanto, señora presidenta.