El diputado Pedro Jiménez León: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. El proyecto de Ley de Ingresos enviado por el Ejecutivo a esta soberanía, por un monto de 3 billones 438 mil 826 millones 900 mil pesos se guía por la ruta de obtener la mayor parte de los recursos con que contará el sector público de los ingresos provenientes de la actividad petrolera y en menor medida de la recaudación tributaria, que significa para México una de las más bajas del mundo, el 9.5 del producto interno bruto. El proceso de la discusión de la Ley de Ingresos, más el proyecto enviado por el Ejecutivo, en éste se omitió una vez más la posibilidad de obtener recursos adicionales por un monto de más de 500 mil millones de pesos si se gravaran las utilidades de los grandes consorcios que operan en el país, con beneficios propios de un paraíso fiscal a través de la eliminación de los regímenes de privilegio que han sido utilizados para evadir obligaciones fiscales como las exenciones y el régimen de consolidación fiscal. Se nos dice que no habrá nuevos impuestos ni incrementos en los gravámenes generando una falsa estrategia que oculta la incapacidad del gobierno federal para buscar formas alternas para allegarse de recursos que son necesarios para evitar una sobrecarga tanto a Pemex como a los contribuyentes. La argumentación esgrimida en torno a la visión apocalíptica que significaría reducir el impuesto al valor agregado, recurriendo a las justificaciones de muchos gobernadores, mencionando que les afectaría profundamente en sus haciendas estatales, no es sino una forma de desviar la discusión en torno a un tema que debiera estar en el centro del debate de los grandes temas nacionales. La necesidad de una verdadera reforma fiscal que busque la equidad social y evite la existencia de una minoría que disfruta de todos los privilegios, mientras que la enorme mayoría es condenada a llevar el peso de la crisis sobre sus espaldas. Aquí, hace un año, todas las fuerzas políticas convocamos a realizar una convención nacional hacendaria, todo quedó en palabras. No hubo la voluntad política para atrevernos a eso. La situación, pues, no deja de sorprendernos. En este contexto, con lo que hoy se va a presentar en este pleno, no resulta difícil adivinar que se seguirá actuando en un contrasentido con ejemplos tan notables y desafortunados como el incremento permanente a las gasolinas, al diesel, al gas y a las tarifas eléctricas. Para Convergencia resulta claro que se reitera el desdén por iniciar la suscripción de un nuevo pacto social que elimine la concepción de ver en cada ciudadano a un contribuyente en potencia al que hay que sustraerle toda su capacidad tributaria ante la indefensión que le confiere la posición vulnerable que ocupa en el tejido social. Qué decir de la condena a un estado de quiebra a la que se conduce a la principal empresa pública del país despojándola a través de verdaderas medidas de fuerza, de los recursos que le podrían permitir su viabilidad financiera y operativa, creando un círculo vicioso que la condena a sobrevivir como mera generadora de ingresos para el fisco, pero sin ninguna posibilidad de superar las adversas condiciones impuestas por el abandono y el saqueo que sufre por parte de la autoridad hacendaria y de administraciones que buscan minar su capacidad operativa. Reiteramos nuestra opinión en torno a que no nos resulta sorprendente el sendero elegido. Lo que llama la atención y no nos cansaremos de señalarlo, es el empecinamiento por proseguir en el rumbo de la adopción de una política económica errática, sin un proyecto de nación definido, con una visión cortoplacista que sólo pretende salir del paso, revestida de un enorme temor en lo que se refiere a iniciar una etapa en la que prevalezca la intención de alcanzar la justicia social, contraviniendo así los objetivos que debieran guiar la conducción de los asuntos públicos en un país con las características sociales y económicas como el nuestro. Convergencia considera que el país demanda urgentemente una profunda reforma fiscal progresiva y con un carácter distributivo, que resuelva de fondo el problema, que permita revertir los bajos niveles de recaudación. En Convergencia consideramos que cualquier reforma a la miscelánea fiscal, como la que se va a aprobar ahora, será insuficiente si no se va al fondo del problema. Necesitamos aumentar en 4 décimas de punto el déficit respecto a la propuesta del Ejecutivo federal, a fin de dejarlo en 0.7, lo cual implicaría tener recursos adicionales del orden de los 56 mil 560 millones de pesos. Resulta un acto de justicia no sólo no aumentar sino disminuir el impuesto al valor agregado, como aquí se había comprometido a hacerlo el Partido Revolucionario Institucional y ahora se han echado para atrás. Coincidimos en elevar la estimación del precio del petróleo por encima del que propuso la Secretaría de Hacienda, que lo calculaba en 63 dólares por barril. Apoyamos, sí, el incremento del impuesto al tabaco y a las bebidas energizantes y respaldamos el apoyo a la cultura; en concreto a lo aprobado al estímulo al teatro. Queremos invitarlos, señores diputados a que después de la aprobación de estos dictámenes, trabajemos de veras para tener una reforma fiscal a fondo y permanente. Muchas gracias.