El diputado Gerardo Federico Salas Díaz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la tenencia en la tierra ha tenido una base histórica fundamental. La reforma al artículo 27 constitucional de 1992 tuvo como finalidad el cambio de régimen de derechos de ejidatarios sobre sus tierras, pasando de un derecho de naturaleza indefinida sobre tierras colectivas que impedían su comercialización y vinculaban al ejidatario a intereses de terceros, al régimen de propiedad privada, el cual, sin desvincular al ejidatario de la colectividad a la que pertenece, le confería la seguridad jurídica que se requiere para realizar cualquier acto jurídico que le permitiera obtener de sus tierras el mayor provecho posible. Hoy estamos planteando la posibilidad de la adopción del dominio pleno de parte de los titulares de derechos ejidales, fincando las bases para que ejidatarios y comuneros puedan transformar la propiedad social e incorporarla al régimen de propiedad privada, reconoce la asignación, delimitación, usufructo de la propiedad de sus parcelas que fueron dotadas al ejido en lo general y asignadas en lo particular al titular de las parcelas, así como también certifica los actos de sucesión. Con estas modificaciones la Ley Agraria facultará a la Asamblea Ejidal para determinar la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, por lo que el núcleo de población agrario podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o regularizar la tenencia de los posesionarios o de los que carezcan de los certificados correspondientes, y consecuentemente destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarias en favor de los ejidatarios y al uso de servicios públicos o de interés general. En cuanto a la aplicación del dominio pleno y su adopción, ya sea como individuo o como asociados ejidales, resulta necesario revisar, modificar y con ello actualizar la tramitología burocrática para que esta se adecúe efectivamente a la realidad imperante en la que se encuentra la tenencia y propiedad y de la tierra. La indeterminación de la ley es en cierto grado necesaria, sin embargo en exceso puede convertirse en arbitrariedad. Esta situación es la que acontece en la Ley Agraria en lo que se refiere a dominio pleno y la adopción del mismo, debido a que este mecanismo no se encuentra debidamente clarificado como concepto ni como procedimiento, a saber la Asamblea Ejidal, tras cumplir varios trámites y algunas formalidades especiales puede autorizar o no en base a sus propios criterios subjetivos, que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno de sus parcelas, es decir que se conviertan en propietarios de ellas. Sobreproteger es limitar, éste es el supuesto en el que se encuentran miles de sujetos de derechos agrarios a los cuales se les aplican figuras arcaicas y sujetas a la discrecionalidad de las autoridades. Estas situaciones impiden en la continuación de un modelo burocrático que constituye desde hace muchos años un caldo de cultivo para la corrupción. La reforma que se plantea tiene como fin último respetar la decisión de los sujetos de derechos agrarios para adoptar o no la propiedad de las tierras asignadas, y con ello hacerlas susceptibles de enajenación, simplificar la tramitología para la adopción del dominio pleno para que, incluso cuando las tierras del ejido no se encuentren asignadas en su totalidad, baste con la nueva delimitación al interior para que los sujetos con derechos agrarios tengan la facultad de adoptarlo en el momento que lo deseen. Pretendemos hacer más ágiles las asambleas, con menos requisitos para reducir la tramitología y se mantienen las resoluciones que involucran a todo el ejido y se clarifican las aportaciones que los ejidos hacen para obras de infraestructura e interés público. Son muchas las trabas que se presentan a los ejidatarios para ejercer los derechos sobre sus tierras, por ello es necesario hacer lo que en nuestras manos se encuentre, un mecanismo legal lo suficientemente ágil y dinámico para marcar la diferencia. Se establece un nuevo concepto con respecto a la delimitación, el concepto achurado, que actualmente existe pero que no se encuentra contemplado en ninguna legislación. Dicho término tiene su origen en los decretos de dotación que fueron ejecutados y medidos y que en los planos de delimitación no aparece, pero que en la realidad son excedentes de tierras. Los excedentes de tierras son reconocidos de hecho como propiedad del ejido, más no se encuentran delimitados con planos ni registrados en el Inegi ni en el Registro Agrario Nacional. De ahí la motivación de que sean delimitados y entregados a hijos de ejidatarios con residencia probada en el ejido y avecindados, de acuerdo a lo que establece la iniciativa que hoy presento. Para el caso de las donaciones, se establecen requisitos y procedimientos de inscripción. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y en el marco de las 24 acciones para reactivar la economía, estamos convencidos de que simplificar el proceso de conversión de régimen ejidal al de pequeña propiedad posibilita el financiamiento productivo del campo. Tenemos que salvaguardar el dominio pleno de la propiedad ejidal en pro de los trabajadores de la tierra, para dar cabal cumplimiento en las necesidades del campo mexicano y fomentar su desarrollo con el dominio pleno y absoluto de las tierras a sus legítimos poseedores. Es cuanto, señor presidente.