El diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez: Con su permiso diputado Presidente. La violencia y la inseguridad se apoderan cada vez más de la ciudad de Tijuana. En los últimos meses se ha registrado una escalada de ejecuciones y secuestros, así lo indican las siguientes cifras: en lo que va del año se han registrado 282 muertes violentas, 82 de ellas relacionadas con el crimen organizado; el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado a la fecha ha señalado que se han registrado más de 70 secuestros en nuestra ciudad. Es tan preocupante el clima de inseguridad que se vive en el municipio, que el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Nacional de Comercio, han planteado acciones tan radicales como el no pago de impuestos, la cancelación de eventos y foros internacionales a realizarse en Tijuana, entre otras, para llamar la atención de la autoridad en esta materia. A tal grado han llegado las cosas, que el pasado 16 de septiembre, tan sólo en 12 horas se registraron siete asesinatos en cuatro incidentes distintos. Para los tijuanenses resulta inaceptable que la autoridad municipal no responda ante esta ola de violencia. La ola de asesinatos e incidentes delictivos que registra Tijuana es de graves consecuencias para sus habitantes, no sólo de orden social y sicológico sino también y de mayor impacto económico. No, compañeros diputados, no solamente es el miedo de salir a la calle, de ir al trabajo o a la escuela y ser víctima de algún delito, es también el riesgo de ver afectada la fuente de trabajo por falta de inversión o sentir una reducción en la actividad económica del pequeño negocio familiar. Tijuana y sus habitantes, cansados de la parálisis y complacencia de las autoridades municipales encargadas de la prevención del delito en dicha ciudad, exigen acciones claras y contundentes para tratar de contrarrestar este cáncer social que ha penetrado de forma preocupante las entrañas de los cuerpos de seguridad pública municipal tijuanense, mismas que con una sospechosa displicencia han dejado que la ciudad quede a merced del hampa. Compañeros y compañeras, no es posible que al ser la autoridad municipal el primer órgano político de gobierno, en donde se suscitan de manera directa la comisión de este tipo de conductas delictivas, dicha autoridad no asuma su debida responsabilidad constitucional ante esta lamentable situación y tome cartas urgentes en este asunto. Inclusive el pasado 25 de julio en una reunión de trabajo celebrada entre funcionarios de la PGR y funcionarios municipales, entre ellos el propio presidente municipal Jorge Hank, las autoridades federales le manifestaron directamente al edil una serie de indicios y probanzas que demuestran que gran parte del problema de la inseguridad generada en dicha localidad deviene de la corrupción y descomposición que está sufriendo la policía municipal de Tijuana, bajo el mando directo del señor Hank, en donde incluso se ponen al descubierto acciones de complicidad entre los cuerpos policiales locales y el crimen organizado. En ese sentido era de esperarse que el presidente municipal, primera autoridad, incluso quien detenta el mando directo de la fuerza pública municipal, tomara inmediatamente las medidas necesarias pendientes para sanear de manera contundente la estructura de sus cuerpos policiales. Sin embargo han pasado ya dos meses y hasta donde se tiene conocimiento no se ha realizado acción alguna al respecto, evidenciando una falta de interés por querer entrar al verdadero fondo del asunto. Sin duda, la autoridad tijuanense ha faltado a su deber, no ha propiciado las condiciones necesarias de seguridad de la ciudadanía. El principal problema que sustenta la inseguridad suscitada en Tijuana, parece ser la corrupción de sus cuerpos policiacos, por lo que complica profundamente el combate a la delincuencia. La participación de policías en actos delictivos no es un mito o una leyenda urbana; es en Tijuana una realidad que ha quedado evidenciada al momento de que la Procuraduría del estado, logra la detención de secuestradores en donde se ven involucrados un policía municipal activo y un expolicía. La PGR en las últimas fecha ha consignado a tres miembros de la policía municipal, ha arraigado a cuatro policías municipales, entre ellos quien fuera escolta del actual presidente municipal. Ha cumplimentado diversas órdenes de aprehensión en contra de elementos municipales, entre otras acciones que inclusive han derivado de un señalamiento público de la PGR, en contra de algunos elementos de la policía municipal de Tijuana. Sin embargo, aunado a estas importantes acciones emprendidas por las autoridades estatales y federales y sin menoscabo de las propias acciones que en estos ámbitos deban realizarse, es fundamental que las autoridades municipales realicen su parte en el combate a la criminalidad, por ser una labor compartida y corresponsable. Es momento de asumir las responsabilidades que implica la acción de gobierno de esta importante ciudad; es momento de realizar acciones contundentes que demuestren efectivamente que se está combatiendo la delincuencia, y la mejor forma de combatirlas empezando por la propia casa, saneando a la policía municipal y sancionando de manera ejemplar todo acto de corrupción que exista en las instituciones de seguridad pública. Lo contrario era suponer la participación o en su caso encubrimiento de autoridades municipales en actividades ilícitas. En ese sentido la autoridad local tiene la urgencia de erradicar la corrupción y violencia generada en esta ciudad. Así lo exige la ciudadanía tijuanense, las organizaciones sociales y la iniciativa privada. Finalmente habría que señalar que, hasta donde se tiene conocimiento, el propio presidente municipal Jorge Hank ha manifestado su disposición por someterse a cualquier tipo de investigación en ese sentido. Por la salud de las instituciones es necesario tomarle la palabra y veremos si dicha disposición es verdadera o sólo constituye un mero acto de simulación…