La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México. Acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, por el que reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De todos es sabido, conforme a lo que dispone al artículo 31, fracción IV de nuestra norma fundamental, los mexicanos estamos obligados a pagar las contribuciones de manera proporcional y equitativa que disponen las leyes. En el artículo 73, fracción VII se le da la facultad al Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Hay que hacer hincapié en que todo lo que el fisco recauda por las distintas contribuciones que se prevén en la ley, sirven para financiar los gastos que se aprueban en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En un sistema fiscal que rija bajo las reglas de eficacia y transparencia no debería de existir excepciones ni condonaciones del pago de impuestos, salvo situaciones verdaderamente excepcionales que se prevean de manera precisa y detalle en la ley. La condonación de impuestos a grandes contribuyentes es una facultad que no debe dejarse al arbitrio de los gobernadores en turno. Los ciudadanos confiaron en nosotros y no seremos los que les fallen. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, es consciente de que los ciudadanos y empresarios tienen la obligación de contribuir de forma equitativa para el sostenimiento del Estado y no solo por ser un mandato constitucional, sino por ser lo moralmente correcto. Ante esta situación y derivado de la forma tan discrecional en la que los gobernadores de sexenios pasados condonaron impuestos, fueron necesarios cuatro años de litigio para que el Servicio de Administración Tributaria entregara a una asociación de nombre Fundar, los datos sobre las personas físicas y morales a quienes se le perdonaron los adeudos fiscales del primero de enero de 2007 al 4 de mayo de 2005. Compañeras y compañeros diputados, cualquier país que se valore de ser democrático, el pueblo tiene el derecho a conocer la actuación de todas las autoridades, hasta hace poco tiempo ese derecho le había sido negado a la sociedad mexicana de forma sistemática. La actuación del Estado mexicano y de las autoridades que lo representan deben ser transparentes, porque es fundamental para abonar a la cultura de la democracia. Un tema particularmente sensible es el tema de los dineros y de cómo lo recaudan. Lo anterior es una cuestión que debe de ser uno de los principales temas de transparencia. En años anteriores la forma en cómo se recaudaban los impuestos, así como aquellos que fueron beneficiados históricamente de privilegios fiscales en México, representan un pasado más a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. Esta información abre la discusión pública sobre los privilegios de la sistemática fiscal mexicano para unos cuantos en perjuicio de millones de personas. Por ejemplo, durante el sexenio de Felipe Calderón y la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria condonó 246 mil 600 millones de pesos a 7 mil 884 contribuyentes. Asimismo, canceló créditos a 9 mil 132 contribuyentes por un monto total de 814 mil 700 millones de pesos durante ese mismo período. Informaron autoridades del SAT junto con integrantes del organismo Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quienes como lo mencioné anterior, durante varios años solicitaron a través de diversas instancias transparentar dicha información. Para nadie es un secreto que estas medidas se integraban con el objeto de recuperar recursos de los créditos fiscales que estaban a punto de vencer y debido a que las autoridades fiscales no contaban con todos los medios o infraestructura para atender a todos los contribuyentes. Sin embargo, también fueron utilizadas como parte de la estrategia de algunos contribuyentes que tenían un adeudo y esperaban la amnistía fiscal para reducirlo. Los datos referentes a las condonaciones hechas durante este período no incluyen a 201 personas físicas y morales a las que se les otorgó dicho beneficio, toda vez que presentaron un amparo para evitar que se diera a conocer dicha información. Sin embargo, se calcula que el monto que representan estas condonaciones ascienden a 273 mil 700 millones de pesos. Estas condonaciones no pueden seguir al arbitrio del presidente de la República, y siendo coherentes con la forma de actuar de esta administración, es que se busca reformar la Constitución para dejar plasmado en nuestra Carta Magna, una exigencia necesaria para contribuir con mayor equidad a los gastos de la nación. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen que abona el cumplimiento de la justicia social, todo el poder al pueblo. Es cuanto, diputada presidenta.