El diputado Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la reserva que vengo a presentar al artículo 26 es clave para garantizar el funcionamiento de la figura de revocación de mandato, debido a que contar con recursos económicos suficientes genera mayor certidumbre en su organización, pero también en su realización. El tema en comento es la certidumbre de este proceso. Y la modificación propuesta impulsa que en el artículo 26 de la nueva ley se agreguen los conceptos de eficacia y pertinencia presupuestal, a fin de que esta Cámara de Diputados en la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación dota al Instituto Nacional Electoral de los recursos suficientes para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato de manera exitosa. Pero sí con la estricta observancia a los medios de eficacia, racionalidad y pertinencia. Y más si tomamos en cuenta que se requiere de los insumos necesarios para el cuidado de la salud. Con su aprobación daremos certidumbre a la institución que fungirá como árbitro. Pero también crearemos de origen una plataforma segura para el funcionamiento de nuestra participación democrática. De acuerdo con el texto, el ejercicio de revocación buscará el máximo aprovechamiento con los recursos que se tengan disponibles. Sin embargo, así como vimos en el ejercicio pasado de la consulta, la... de este proceso puede viciar el presupuesto presupuestal de las instituciones. Tenemos que proteger al Instituto Nacional Electoral y, sobre todo también, evitar la intromisión del Poder Ejecutivo en este proceso. Sobre todo, de aquellas áreas administrativas que, seguro estoy, estarán al pendiente de este intervencionismo, y que por ello en esta situación de imparcialidad necesitamos que el Instituto Nacional Electoral goce de plena autonomía. Incluso, según los cálculos de los expertos, la operación de la consulta de revocación de mandato puede llegar a costar lo mismo que una elección como la del año pasado. Esto implica la instalación de más de 171 mil casillas en todo el país y reclutar a más de 5 mil personas para supervisar el proceso. En este sentido, como se ha dicho acá, si bien es alto el costo del proceso, pero también tenemos que ver más de fondo quiénes participan, cómo se participará y cómo bajo una estricta vigilancia este origen y aplicación de los recursos tendrá que ser bajo el blindaje de este proceso de consulta ciudadana. Y, por lo tanto, si al INE se le dan y se le permite que, bajo sus principios rectores de legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, pero sobre todo certeza, se garantizará que el resultado de dicha consulta sea exitoso. Y en este orden de ideas, para que podamos avanzar juntos y podamos perfeccionar esta nueva plataforma democrática, los diputados y las diputadas del PRI proponemos que en el artículo 26 se añada que la Cámara de Diputados provea al instituto de los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que se haga posible este ejercicio democrático. Y para que también con la aprobación de esta reserva no solo dotemos de los recursos necesarios y eficientes al instituto organizador, sino que también daremos viabilidad a uno de los derechos democráticos más importantes, que es la participación ciudadana. Pero sí, repito, con estricta observancia a las medidas de eficacia, racionalidad y pertinencia. Es cuanto, presidente.