El diputado Joaquín Humberto Vela González: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros. El que suscribe, Joaquín Humberto Vela González, diputado federal de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 34, incisos a) y b) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo. Consideraciones Decía Adam Smith que cuando los competidores se juntan suele ser para depredar. Señoras y señores diputados. Una de las funciones de esta Honorable Cámara de Diputados es la de velar por el cabal cumplimiento de nuestra Carta Magna, de velar por el gran pacto social inserto en nuestra Constitución, la cual todos protestamos respetar y hacer valer. En el artículo 28 de la Constitución se establece que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas, por lo que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento, en una o en pocas manos, de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios, situación que se establece nítidamente en la Ley de Competencia Económica o Ley Reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional que no se cumple. Disposiciones que no tienen ningún significado para la Comisión Federal de Competencia, debido a que en México entre 80 y 90 por ciento del mercado de la telefonía fija y móvil se encuentra controlado por una sola empresa, con capacidad de imponer los precios de sus servicios al mercado mexicano, afectando gravemente la capacidad adquisitiva y el bienestar de los ciudadanos, así como la competitividad de la economía nacional, sector en el que según la OCDE somos uno de los países con las tarifas más caras. Tampoco parece importar el hecho de que según cifras del Banco de México, mientras en nuestro país el crédito al sector privado es de 25 por ciento, en Chile, España y Estados Unidos es de 62.5, 50 y 40 por ciento respectivamente. Esto debido a que —al igual que en las telecomunicaciones— los usuarios de los servicios financieros son presas de la usura de los grandes intereses oligopólicos que controlan el sector. Baste mencionar que mientras en España el banco BBVA tiene un costo crediticio total de 34.9 por ciento, en México el mismo banco tiene un costo de 75.1 por ciento. Lo mismo sucede con el HSBC, que en Inglaterra tiene un costo de 21.7 por ciento, mientras que en México es de 74.1 por ciento. Esto sin mencionar el elevado cobro por servicios y comisiones, las cuales mientras que en México van de los 270 a los 400 dólares anuales, en sus países de origen oscilan entre el cero y los 30 dólares. Dicha situación frena e impide que el crédito fluya hacia las actividades productivas, por lo que en México sólo 20 por ciento del PIB se destina a créditos a empresas, mientras que para el resto de los países integrantes de la OCDE llegan a porcentajes superiores a 60 por ciento del PIB. De hecho el propio presidente de la Comisión Federal de Competencia, Fernando Sánchez Ugarte, admitió que en México hemos sido muy flexibles al permitir mega funciones en el sistema financiero, ya que sólo cinco bancos concentran 77 por ciento del mercado; esto no hubiera sido permitido en ningún país, ni en Estados Unidos. Otro ejemplo lo representa el férreo control del comercio de los medicamentos a cargo de una sola empresa, el ya conocido grupo Casa Saba, encargada de lucrar con la salud, la pobreza, el dolor y el sufrimiento de miles y miles de familias mexicanas, situación que a nadie parece importar; empresa cuyo poder se impone al órgano regulador con toda impunidad. Compañeras y compañeros legisladores. Estoy seguro de que con la aprobación de este punto de acuerdo demostraremos que el Poder Legislativo se encuentra hoy más que nunca por encima de la usura económica y social de los monopolios. Demostraremos que la Cámara de Diputados se encuentra inmune al poder corruptor de los monopolios; que la Cámara de Diputados es sensible al dolor y al sufrimiento de nuestra sociedad; que la Cámara de Diputados en su conjunto no está dispuesta a permitir más abusos en contra de los ciudadanos. Demostraremos que el compromiso de esta soberanía es con la sociedad mexicana, con la transparencia, la competitividad, la inversión, la generación de empleos, la redistribución del ingreso y, en general, con la salud y el bienestar social de nuestros representados. Concluyo señalando lo que significa el punto de acuerdo en concreto. Primero. Se crea la Comisión Especial Antimonopolios, con el propósito de procurar el cabal cumplimiento del artículo 28 constitucional en materia de competencia y tiene como objetivo el estudio, investigación y elaboración de propuestas y recomendaciones legislativas a instituciones en la materia. La Comisión especial materia del presente acuerdo, funcionará durante la LX Legislatura o hasta en tanto quede agotado su objetivo, si esto sucediera antes. La Comisión especial contará con recursos materiales, humanos y financieros que determine la Junta de Coordinación Política. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Estaba fechado el 28 de noviembre de 2006. Gracias, señor Presidente.