El diputado Neftalí Garzón Contreras: Con su permiso, señora presidenta. Honorable asamblea, presento a su soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga competencia en materia laboral. Algunos colocan la raíz histórica de los derechos humanos en algunas de las más antiguas escuelas filosóficas de hondo carácter humanista. Pero ciertamente podemos sostener que durante toda la historia de la humanidad en esta esfera ha existido la lucha entre dos posiciones básicas: la que sostienen la superioridad de un individuo, grupo, raza o sexo; y otra que expresa la igualdad de todos los seres humanos sin distingo esencial alguno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos enfáticamente señala en su artículo 23, fracción I: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de su trabajo y a la protección contra el desempleo. Como respaldo a lo anterior, nuestra Carta Magna establece: Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. En materia del trabajo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendría, primeramente, un amplio campo de competencia respecto a las actuaciones estrictamente administrativas, de las autoridades laborales, de gran importancia en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores: empleo, orientación, asesoría, seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, inspección, fijación y protección del salario y reparto de utilidades, vivienda, registro de sindicatos y sus directivas, protección a los derechos humanos, que no chocaría con las funciones jurisdiccionales en la materia. De esta manera se verían acotadas autoridades como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, el Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento; Comisiones de Salarios Mínimos, y la Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, autoridades de inspección del trabajo, entre otros. Pero además, sabemos que las Juntas de Conciliación y Arbitraje son autoridades materialmente jurisdiccionales; formalmente tienen carácter administrativo, lo que permitiría que la Comisión de Derechos Humanos pudiera emitir recomendaciones para coadyuvar a construir una mejor justicia en el campo laboral. Sobre mejores mecanismos para la elección de los integrantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluidos los presidentes de las mismas, buscar medios en donde se realizan recuentos contra los abogados, trabajadores y funcionarios; velar porque se cumpla la garantía individual a una justicia pronta y expedita, también para que el acceso de los trabajadores al servicio de peritos oficiales sea eficiente y expedito, entre otros. Cada vez más es imposible excluir los asuntos laborales de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta honorable Cámara de Diputados, la reforma del párrafo tercero del apartado B del artículo 102 de la Constitución General de la República. Asimismo, que reforma la fracción III del artículo 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los siguientes términos: Artículo primero. Se reforma el párrafo tercero del apartado B del artículo 102 de la Constitución General de la República. Artículo 102. B. ... ... Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Artículo segundo. Se reforma la fracción III, de artículo 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, señora presidenta. Suplico que se integre la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.