El diputado Manuel Velasco Coello (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: Uno de los requerimientos básicos para la gobernabilidad de cualquier régimen, es la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes. Es necesario dar certidumbre a la ciudadanía de que la corrupción de funcionarios será debidamente castigada y que el fuero constitucional no servirá como escudo de impunidad. El origen del fuero constitucional fue con la legítima intención de defender los principios republicanos de igualdad y libertad. Fue necesario instituir ciertas prerrogativas en favor de algunos funcionarios públicos como un medio de protección en contra de los posible ataques de otros poderes públicos, pero jamás con la finalidad de otorgar privilegios sectarios que alimenten la corrupción y la impunidad. Históricamente, la aplicación de lo que hoy conocemos como fuero se ha fundamentado en la posibilidad de amenazas por partes de algún poder hacia otro, impidan el ejercicio de sus respectivas funciones, por ejemplo, mediante detenciones arbitrarias o vía órdenes de aprehensión, mecanismos que merman la libertad del quehacer político y de los servidores públicos. La condición especial que el fuero otorga, es para dar libertad de operación a los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión. Esta herramienta ha cumplido históricamente la función primordial para la cual fue creada. Debemos reconocer este hecho y valorarlo; sin embargo, debemos reconocer también la necesidad de controlar los abusos que pueden derivarse de la interpretación que esta ley especial otorga, de modo que se garantice la libertad del trabajo político pero sin menoscabo de la justicia y equidad que la misma Constitución promulga. Todo servidor público que se escude en el fuero constitucional para dejar impune algún abuso, mancha permanentemente la política nacional. El funcionario público es sujeto de derechos y obligaciones y por ende, susceptible de ser sancionado o beneficiado en función de sus actos. Cuando el funcionario comete violaciones a la ley que deriven en la comisión de delitos, las sanciones aplicables deben ser transparentes, oportunas y contundentes, de modo que los beneficios que el artículo 111 de nuestra Carta Magna describe: sirve exclusivamente a los fines para los cuales fue creado. En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, queremos que aquellos servidores públicos que se mencionan en el artículo 111 de nuestra Carta Magna y que presumiblemente hayan incumplido con los legítimos intereses de la nación, a cambio de los propios, deben tener un castigo y no gozar de la protección del fuero. El artículo 112 de nuestra Carta Magna, describe en su primer párrafo el único mecanismo que prescinde de la declaración de procedencia para actuar de manera penal en contra de un servidor público con fuero, el texto dice: "No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando algunos de los servidores públicos a que hace referencia en el párrafo primero del artículo 11, cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo". Lo que significa que si el funcionario se separa de sus funciones, luego de ser presuntamente responsable de la comisión de un delito, no lo priva de su fuero, por lo que es de requerir declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados, para poder proceder penalmente en su contra. En adición a esto, en el segundo párrafo del mismo artículo dice: " si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo por lo dispuesto en dicho precepto". Lo que significa que si acaso el funcionario cometiere un delito dentro del periodo de separación de sus funciones, siempre podrá volver a desempeñarlas, dejando impune su delito al cobijo del fuero sin cuestionamiento ético alguno. La única manera de rescatar la política del estigma impuesto por malos funcionarios que no responden por sus actos y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas sin llegar a la violencia, es trabajando con honestidad y agilizando la acción penal en contra de los individuos que atentan contra la evolución y el desarrollo de nuestra patria y sus instituciones a través de prácticas de corrupción. Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1°. Se reforma el primer párrafo del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados, cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111, sea presuntamente responsable de la comisión de un delito y se encuentre temporalmente separado de su encargo. Por su atención, muchas Gracias. Es cuanto, diputado Presidente.