La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Bienvenido, don César Gaviria, ex presidente de Colombia. Vengo a esta tribuna a presentar moción suspensiva a nombre del Partido de la Revolución Democrática sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reformas diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Las consideraciones a tomar en cuenta son en cuanto a violaciones al procedimiento. La emisión de la legislación secundaria en materia de energía consolida la apertura del sector a la inversión de la iniciativa privada. Para reglamentar la reforma constitucional de diciembre pasado, el Ejecutivo federal ha remitido a este Congreso iniciativas que implican la modificación y expedición de 21 cuerpos normativos que constan de una alta complejidad técnica y política. Sin embargo, a diferencia de la Colegisladora que en más de mes y medio procesó los temas, en nuestro caso han bastado menos de 30 horas para acudir a este pleno y votar sin ahondar en el estudio ni discusión. Queda claro que no se ha dado el debido cumplimiento al principio de deliberación parlamentaria que en todo órgano legislativo debe imperar, siendo aplicables las diferentes jurisprudencias, y lo más grave aún, avalado por la Junta de Coordinación Política sobre el contenido del dictamen, preceptos que contienen derechos humanos y garantías no discutidos. De la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos se violan en nuestro perjuicio los artículos 1, 6, 25 y 26. Del Pacto Interamericano de Derechos Humanos se violan los artículos 1, 2, 3, 5, y 11, que por obvio de tiempo no leeré la redacción correspondiente. En seguida hago mención de consideraciones que sobre el tema de tarifas eléctricas deben de ser valoradas en comisiones, por lo cual solicitamos esta moción suspensiva. El modelo de las tarifas establecido en los artículos 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 hasta el 147, y relativos al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, es notoriamente inconstitucional ya que viola los artículos como mencioné anteriormente- constitucionales 25, 27 y 28. Además traerá como consecuencias que el servicio de energía eléctrica no sea equitativo y proporcional, trayendo como consecuencia que el precio de la electricidad se incremente de forma automática a partir de la aprobación de las reformas. Destaco lo siguiente. Las tarifas eléctricas en vez de ser de carácter social ahora serán establecidas bajo premisas netamente comerciales o especulativas que violan la Constitución, ya que en el artículo 27 señala que el suministro de energía eléctrica es un servicio público, pero en la ley se le da tratamiento de mercancía y con un sentido comercial. Tercero. El servicio de suministro de energía eléctrica deja de ser un servicio público prestado por organismos no lucrativos. Ahora será prestado por empresas comercializadoras que tendrán principal fin obtener ganancias. Cuatro. Desaparece la figura del subsidio en las tarifas eléctricas. Cinco. Se pasa por alto que en el mismo dictamen se prescribe que el suministro básico es una actividad prioritaria, por tanto, al tener tal carácter debe ser subsidiada por el Estado, tal como lo ordena la Constitución. Seis. En sustitución al subsidio, se propone que el Ejecutivo federal, de forma discrecional, pueda establecer tarifas finales para determinados grupos de usuarios del suministro básico, pero esta facultad es inconstitucional. También es discriminatoria, no contempla el sector agropecuario y productivo de este país; no distribuye riqueza y es inequitativa. Siete. El hecho de que el Ejecutivo federal pueda establecer tarifas a sectores que determine el Presidente está en un escenario de completa discrecionalidad en el actuar el Ejecutivo, además de las evidentes repercusiones electorales. Ocho. El esquema metodológico tarifario generará aún mayores problemas financieros, ya que a contrato de dar certeza en la aplicación de subsidios los vuelve a éstos inciertos. La desaparición del subsidio en la tarifa eléctrica provoca que por simple decreto el precio final de la electricidad hacia el usuario final se incremente de forma automática, ya que el eliminarse el subsidio a la tarifa se tendrá que pagar el precio total. Para que se entienda, las personas que vean su recibo y traiga dos cantidades, una con subsidio y otra sin él, los usuarios tendrán que pagar la electricidad en cantidad sin subsidio y se tendrán que esperar hasta que el Ejecutivo, si quiere, les regale un beneficio. Diez. Esta reforma energética es tan injusta socialmente, que estamos cayendo en el absurdo al quitarle el subsidio, pero a la vez, estamos obligando que pague el pasivo la laboral a CFE y Pemex, que asciende a casi los dos billones de pesos. El monto de subsidio anual a la tarifa eléctrica representa en promedio 8 por ciento del pasivo laboral que se pretende se asuma como deuda pública. Recordemos que en la revisión de la cuenta pública 1106-100-06-069-001-002, se le recomienda a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Federal de Electricidad diseñe mecanismos para aplicar políticas que beneficien en precios y tarifas a la población de menores ingresos. En la recomendación 1211T0Q02002701001 de la Auditoría Superior de la Federación, se le recomienda a la CFE que en lo sucesivo evite generar doble contabilidad; ya que por un lado le dice una cifra a la Cámara de Diputados, y por otro, en los estados financieros reporta cifras menores. Obviamente, hay más consideraciones a tomar en cuenta. Solicito que esta Mesa Directiva publique de manera íntegra el contenido de la moción suspensiva que estoy solicitando a este pleno, para lo cual pedimos, pido que este decreto sea devuelto a comisiones para su análisis exhaustivo que nos permita tener como resultado un decreto que realmente consense las diferentes voces de los grupos parlamentarios; pero sobre todo, de la población de nuestro querido México. Porque sí hay de otra.