EL DIP. VICENTE PACHECO CASTAÑEDA: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Vicente Pacheco Castañeda, a nombre de mi grupo parlamentario, Acción Nacional, acudo a esta tribuna para fijar nuestra posición respecto al dictamen de la Ley Orgánica de la Armada de México. Consideramos que es un buen proyecto y que es uno de los aspectos más relevantes, su modernidad, su contemporaneidad, además del momento tan oportuno en que se presenta esta iniciativa de ley. Recientemente la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Disciplina de la Armada de México y en su oportunidad manifestamos que dicho ordenamiento tenía en su complemento, tenía su complemento en otro de igual trascendencia que es el dictamen que hoy se encuentra a discusión. Consideramos que la reestructuración del marco jurídico de las fuerzas navales, es una necesidad inaplazable y comprende a las dos normas citadas, toda vez que la modificación estructural de la Armada exige la redefinición operativa, administrativa y militar de las regiones, zonas, sectores, subsectores y apostadores navales, esfuerzo que demanda la optimización de la infraestructura física, del poder naval y de los recursos materiales y humanos. Revalorando el papel de estos últimos como la parte medular de la reestructuración de la marina, proceso de modernización en el que la disciplina es un factor determinante para su consecución y porque el espíritu que impulsa a las Fuerzas Armadas del país, se nutre de los principios básicos que le dan sentido y norman las actividades de la milicia, el honor, el cumplimiento del deber, la disponibilidad total, el valor, la obediencia y la capacidad de sacrificio, incluyendo la vida. Esto es así porque las tareas encomendadas a la Armada de México conllevan por su esencia una alta responsabilidad ya que de su cumplimiento depende la seguridad y la soberanía del país porque esto exige estrategias y acciones que garanticen la defensa ante agresiones externas para la preservación de la paz y el orden interior, el combate al narcotráfico, el tráfico ilegal de mercancías y personas, el mantenimiento del orden constitucional y la ayuda a la población en los casos de emergencias o desastres naturales. Por eso es menester que el poder naval cuente con un marco jurídico que le permita actuar de manera expedita ante circunstancias que no permiten demora alguna y porque la toma de decisiones ante la eminencia de un riesgo para la seguridad nacional, requiere flexibilidad y capacidad de respuesta inmediata del mando superior para afrontar cualquier contingencia. Compartimos la opinión de que representa un notable avance la autonomía que se otorga a los órganos colegiados como la Junta de Almirantes y los Consejos de Honor, superiores y ordinarios, instancias disciplinarias cuyas atribuciones son las de calificar conductas del personal y sancionar las faltas graves a la disciplina militar. Se incluye en el mismo apartado del dictamen una disposición que nos parece sumamente acertada y necesaria, la figura de la apelación, mediante la cual no sólo se permite que el personal militar acuda ante un órgano disciplinario superior al que emitió el fallo, sino que con este recurso jurídico se salvaguarda los derechos de los marinos ante situaciones de injusticias por parte de sus superiores. Con la iniciativa de ley que hoy nos ocupa, se ratifican las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere al Ejecutivo en el artículo 89 fracciones IV y VI, mediante los cuales puede nombrar a los coroneles y demás oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea Armada, o sea del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior respectivamente. Con el dictamen también se convalidan las facultades que la Carta Magna le otorga al Senado de la República, toda vez que en su artículo 76 fracciones II y III, se prescribe que los nombramientos de los oficiales y jefes superiores a los que alude el artículo 89 requieren de la aprobación del Senado, al igual que la disposición que haga el Presidente del Ejército y de la Armada y Fuerza Aérea. Con estas disposiciones se preserva la división de poderes y el régimen de competencias que consagran la Constitución General de la República, facultando al Ejecutivo para determinar los ascensos de los oficiales superiores de la Armada, pero sujetos al control de la Cámara de Senadores. El dictamen incorpora además diversas prescripciones relativas a las suplencias en los diferentes niveles de mando, con lo que se establece la responsabilidad permanente de que se encuentre algún oficial al mando, señalando específicamente quien debe desempeñar el cargo en las zonas navales, sectores, subsectores, bases aeronavales, flotillas, escuadrones, aereonavales, unidades de superficie y de infantería de marina. Se crean con la iniciativa de ley, los órganos de asesoría del alto mando, como el Consejo del Almirantazgo, cuya encomienda es el análisis y el acuerdo a la toma de decisiones trascendentales de las Secretarías y las Comisiones Coordinadoras para la designación de cargos y la Coordinadora para Ascensos, que auxilien al Secretario del Ramo en la toma de decisiones al calificar y seleccionar al personal para la asignación de cargos y de ascensos respectivamente. El dictamen delimita detalle lo concerniente al personal que pertenece a la milicia permanente y a la milicia auxiliar, y propone que la reducción del tiempo en que estos últimos se capaciten para formar parte de la milicia permanente, valorando para tal propósito aspectos tales como conducta, edad, aptitudes físicas y formación académica y profesional. Con esto se abre la carrera de las armas a aquellos que sin ser egresados de los planteles educativos de la Armada, cuenten con los méritos profesionales suficientes para incorporarse a la Secretaría de Marina. La iniciativa de ley abunda sobre aspectos relacionados con los becarios que se preparan en las escuelas de la Armada o en centros educativos de otros países, estableciendo con precisión los compromisos que adquieren con la institución, una vez que han egresado de dichos planteles. De igual manera el dictamen delimita las funciones del personal del cuerpo general y lo del personal de servicios, a los primeros les corresponde ejercer el Alto Mando y el mando en regiones, fuerzas, zonas, sectores, subsectores, establecimientos, instalaciones unidades áreas, a flote y de infantería de marina. En tanto que a los segundos, se les confieren labores acordes con su servicio o especialidad, así como el desempeño de las actividades militares que se les asignen. Por lo que respecta a los ascensos, el proyecto determina que quien alcanza el grado tope al cumplir cinco años en dicho grado, recibirá una compensación mensual de igual magnitud a la diferencia de percepciones, que exista entre el grado que ostenta y el grado inmediato anterior. También prescribe lo relativo a la separación definitiva del servicio activo y las causales, pero en algunos supuestos se le permite al afectado ser escuchado, para que aporte todos los elementos y pruebas que juzgue conveniente para su defensa, con lo que se le brinda la oportunidad, no sólo de defenderse, sino de garantizar su respeto a sus derechos laborales y su reinstalación al servicio activo cuando sea procedente. En general creemos que es un buen dictamen, sin embargo, queremos dejar constancia de que no estamos de acuerdo con la propuesta del Senado, en relación al Artículo 6º. fracción IV que a la letra dice: "Son atribuciones y obligaciones del mando supremo las siguientes:" -establece tres definiciones y la cuarta es con la cual manifestamos que no estamos de acuerdo, y que es la relativa a permitir la salida del país a los efectivos de las fuerzas armadas, conforme al Artículo 76 fracción III de nuestra Constitución. Con esta redacción, se quedan fuera diversas hipótesis que operan en la realidad, por ejemplo, si los efectivos de la Armada acuden a otro país para llevar ayuda humanitaria en casos de desastres naturales, será en este caso algún requisito del Senado para que nuestras fuerzas armadas puedan llevar ayuda humanitaria. Y tenemos otros como son, cuando se van persiguiendo algunos traficantes, y por el hecho de que transgreden espacios de otro país, pues ya no se les va a poder perseguir a estos señores. En fin, eso es nada mas por lo que no estamos de acuerdo por eso, señores, Creemos que no es sólo es un proyecto moderno, flexible, sino que la reestructuración del marco jurídico de la Armada de México, es una necesidad insoslayable, para dotarla de un ordenamiento que le permita, de manera expedita y con eficacia, realizar las tareas de su competencia. Por estas razones, compañeros, los diputados del grupo parlamentario de Acción nacional, votaremos en lo general y en lo particular a favor del dictamen con proyecto de decreto de la Ley Orgánica de la Armada de México. Muchas gracias.