El diputado Carlos Gutiérrez García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 73 de la de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la finalidad de precisar a los sujetos obligados por esta norma. En Nueva Alianza estamos conscientes de que la corrupción es un lastre que cuesta demasiado a nuestro país. En el estudio México, anatomía de la corrupción, realizado por el Instituto Mexicano para Competitividad y el Centro de Investigación y Docencia Económica, se afirma que la corrupción limita a nuestro país nuestro desarrollo en diversas formas, reduciendo la inversión hasta por un 5 por ciento. El mismo estudio señala que solo 37 por ciento de la población confía en la democracia. El 91 por ciento no confía en los partidos políticos y un 83 por ciento no cree en sus legisladores. De acuerdo con Transparencia Mexicana, el 80 por ciento de los mexicanos no confía en las instituciones del sistema judicial. Así, nuestro país ocupa el último lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en este rubro. Según cálculos del Banco de México y el Banco Mundial, equivale a 9 por ciento del producto interno bruto y al 80 por ciento de la recaudación de impuesto federal. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, calcula que la corrupción alcanzó en 2013 un monto superior a los 347 mil millones de pesos. La creación, aprobación y publicación del marco normativo que da forma al Sistema Nacional Anticorrupción fue una demanda que la población y dio cumplimiento al mandato que se establece en el artículo 113 constitucional. De este modo y después de una nutrida discusión que contó con una extraordinaria participación ciudadana, fue publicada la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la que se determinan las competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables para los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. Ahora bien, como todos sabemos, una de las iniciativas que formaron parte de la columna vertebral de esta nueva ley fue la iniciativa conocida como Ley Tres de Tres, que entre sus propuestas incluía como sujetos de responsabilidad de los servidores públicos y a las empresas productivas del Estado, a las asociaciones, sindicatos u organizaciones que tengan a su cargo la asignación de recursos públicos, a los candidatos, partidos políticos, asociaciones y personas electas para el desempeño de un cargo público y que manejen recursos públicos, así mismo a las personas que forman parte de los equipos de tradición federal, local y municipal, quienes serían considerados como servidores públicos a los efectos de la ley. Finalmente, la redacción del primer párrafo del artículo 73 de la ley que se refiere a la falta de los particulares en situación especial quedó de la siguiente manera: Artículo 73. Se consideran faltas de particulares en situación especial, aquéllas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se refiere el citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor público. Esta redacción da lugar a la interpretación al referirse a los miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público y dejó de mencionar claramente alguno de los sujetos obligados que pretendía incluir la iniciativa ciudadana. Con esta propuesta se busca ser más preciso en la redacción del citado artículo, evitando la indefinición e inaplicabilidad de la ley. De esta manera y refiriéndome estrictamente al ámbito electoral, se separa la conjunción en el término de equipos, ya que los que se relacionan con la campaña corresponden a los candidatos, mientras que los equipos de transición atañen a los funcionarios electos o a quienes se les ha reconocido en ese carácter. En Nueva Alianza estaos decididos a combatir la impunidad en los casos de corrupción. Para que esto ocurra es preciso contar con leyes claras que no den lugar a vaguedad o interpretaciones que conduzcan a la falta de cumplimiento con la norma. Los mexicanos exigen gobiernos más transparentes, efectivos, que rindan cuentas y que combatan la corrupción, terminando con la impunidad. En Nueva Alianza hacemos nuestras esas demandas y por ello proponemos una reforma que haga más claro el texto de la ley, facilitando de ese modo su cumplimiento. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.