La diputada Verónica Martínez García: Compañeras y compañeros. Lamento profundamente las decisiones que están tomando que perjudican gravemente a México. Alzo la voz por los cientos de profesionistas que a lo largo de los años se prepararon, que cuentan con una importante trayectoria que les permitió ser jueces o magistrados por méritos propios y que el sábado, mediante una vergonzosa tómbola, fueron seleccionados para dejar sus cargos. Votaremos en contra de esta reforma porque, lejos de dar certeza y legalidad al proceso de elección de ministros, magistrados y jueces, genera incertidumbre e inestabilidad. Esta reforma tiene errores que quieren corregir con acuerdos de último momento en la mesa. Claro que requerimos una reforma al Poder Judicial, una reforma que acerque la justicia a la ciudadanía, que proteja sus derechos y que se aplique todo el peso de la ley para quien cometa algún delito. Una reforma que fortalezca a las Fiscalías, a los Ministerios Públicos y a los juzgadores, y no una reforma que debilite los ejes de nuestra democracia. En este dictamen no se especifican los requisitos de cómo se elegirán los integrantes de los comités de evaluación. Además, tampoco se les brindan los elementos para elegir a los mejores perfiles, lo que compromete la legitimidad y certeza de los resultados. Dicen que será una elección popular y que el pueblo va a elegir a los jueces, magistrados y ministros, pero eso es un engaño, es una simulación, porque lo que no le dijeron al pueblo fue que ustedes tendrían el control total y absoluto de quienes aparecerán en la boleta. Existen diversas dudas sobre los mecanismos que permitan garantizar la paridad de género, los procesos de accesibilidad y la implementación de acciones afirmativas. ¿Cómo se garantiza la paridad de género en las elecciones de cargos judiciales? Es urgente que se consideren los criterios con perspectiva de género para esta elección. Los avances en los derechos político-electorales de las mujeres deben ser garantizados. Después de tantos años de lucha por esta causa, exijo a nombre de las mujeres juzgadoras que se garanticen sus derechos. Por otro lado, ¿cómo garantizan la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas en los procesos de elección judicial? A pesar de todos los avances logrados en materia de inclusión de grupos minoritarios, esta reforma los olvida. ¿Cómo se elegirá a quien presidirá la Suprema Corte de Justicia? ¿Conforme al artículo 94 o conforme al 97? ¿Cómo organizará el INE la elección si no hay coincidencia geográfica electoral, entre la geografía electoral y la judicial? Al prohibirse el financiamiento público y privado, ¿cómo se evitará la injerencia de dinero de procedencia ilícita? Al desaparecer la sala especializada del Tribunal Electoral, ¿quién hará su trabajo? ¿Cuántas urnas se instalarán el día de la elección? ¿Será por cargo o por especialidad? Y así podemos ir diciendo más y más contradicciones entre la Legipe y la Constitución. Compañeras y compañeros, estamos aprobando una reforma que romperá la autonomía del Poder Judicial al marcar la línea de cómo debe impartirse la justicia en nuestro país, además de que estamos legislando bajo una visión ideológica y conforme a los intereses del gobierno federal y no con una visión de Estado y de futuro. Nuestro país tendrá un grave retroceso que pone en riesgo la protección de los derechos humanos y le estamos poniendo el último clavo al ataúd de nuestra democracia. Desde aquí refrendamos nuestra solidaridad con todas y todos los jueces y magistrados y trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, a quienes ustedes les han negado la oportunidad de ser escuchados y no pueden defenderse en esta tribuna. Que lastima que este Congreso no tenga la apertura de escuchar y corregir los errores que contiene este dictamen, pero tengan por seguro que ustedes serán recordados en la historia de México por ser quienes destruyeron al Poder Judicial. Es cuanto, presidenta.