El diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. La política fiscal y presupuestaria del gobierno federal atenta contra el bienestar de los trabajadores y sus familias, atenta contra la generación del empleo y la riqueza. Con la aprobación del paquete económico se abandona a los más de 60 millones de ciudadanos que viven en la pobreza, marginación y posterga nuestras expectativas de inversión y crecimiento interno. Considero que su aprobación e implementación tendrá un efecto altamente regresivo para nuestra población, por lo que en su momento propuse que pagaran los que más tienen. Es decir, las 400 empresas que según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejan de aportar al fisco más de 800 mil millones de pesos. Este monto, sin lugar a duda, ayudaría a sanear las finanzas públicas e incrementar el gasto en salud, educación, infraestructura e inversión sin afectar a los más pobres. Nuestros electores nos eligieron para cambiar, para mejorar sus condiciones de vida, no para condenarlos al desempleo, la pobreza y la miseria. No convalido una política fiscal emanada de un acuerdo inconstitucional, que contraviene lo establecido en el artículo 31 de nuestra Carta Magna, respecto a la equidad y proporcionalidad en los contribuyentes. Eso fue un acto de salvajismo fiscal que deberán pagar en las urnas en las elecciones del año entrante, porque los ciudadanos tienen memoria histórica, el pueblo es sabio y no lo podrán engañar. Es una política presupuestal que empobrece, margina y, denigra el bienestar y la calidad de vida de nuestros conciudadanos. La política fiscal del combate a la pobreza es asistencialista y de ninguna manera revierte el constante empobrecimiento, derivado obviamente del incremento de los impuestos que repercute en el precio de la canasta básica. No podemos continuar subsidiando la pobreza sin generar riqueza. Necesitamos, señores diputados, una política presupuestal que promueva e incentive la inversión productiva, la generación de empleos, la productividad. Ésa es la verdadera política de combate a la pobreza. Los ciudadanos no quieren más migajas, lo que quieren realmente y necesitan es trabajo bien remunerado para ellos y sus familias, que les permitan progresar. La declaración del fin de la crisis en México es estacional y no muestra ninguna tendencia de crecimiento en el mediano y largo plazo, es en realidad una cortina de humo con la que se intenta inyectar falsas esperanzas a la ciudadanía. Ante dicha situación proponemos un gran pacto nacional entre las distintas fuerzas políticas, sociales y económicas. Proponemos una política de contingencia económica que proteja y fortalezca a nuestro mercado interno. Sólo así podremos reconstruir el tejido social y productivo, sólo así podremos avanzar hacia el futuro. En este contexto, es importante que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación cuente con la transparencia y rendición de cuentas en cada uno de los programas sociales. El problema se origina cuando el Ejecutivo federal otorga la discrecionalidad a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para modificar, imponer y establecer las reglas de operación de algunos de estos, obstruyendo su operación y ejecución. De por sí, las reglas de operación de la mayoría de los programas sociales son bastante complejas y burocráticas, a tal grado que prestan un manejo discrecional y político electoral. Por lo que requerimos simplificar la ejecución de los programas sociales. En ese sentido propongo la reforma al párrafo primero, del artículo 29 para quedar como sigue. Artículo 29. "Los programas que deberán sujetarse a las reglas de operación son aquellos señalados en el anexo 18 de este decreto y deberán observar lo siguiente..."; el resto del artículo, señores diputados, queda sin modificación. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con responsabilidad, sensibilidad y compromiso, construyamos juntos el México que tanto necesitamos. Es cuanto.