El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona: Compañeras y compañeros legisladores, este dictamen tiene por objeto cambiar nuestra política de despilfarro a una política de austeridad, es el conducto que permitirá cumplir estrictamente los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez. En la administración de los recursos con los que dispone el Estado, tal y como lo mandata el numeral 134 constitucional. No habrá yugo suave de la ley en este dictamen. Se regula, servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y profesional conforme a sus responsabilidades. Se prohíbe la contratación de seguros médicos privados, seguros de vida o de pensiones, de separación individualizada o colectiva. Se elimina duplicidad de funciones. Se limita gastos por servicios de telefonía, telefonía celular, combustibles arrendamientos, viáticos, mobiliario, equipo de telecomunicaciones. Con esto, la austeridad republicana se caracterizará por única política de estado austero. Auspiciará un gobierno sobrio, eficaz y fielmente comprometido a impulsar el imperativo ético de evitar el derroche de los recursos públicos y a cumplir con nuestro máximo ordenamiento, la Constitución Política. Un gobierno republicano, democrático, y austero destinará los recursos públicos al correcto ejercicio de las tareas y funciones de los servidores públicos, salvaguardando en todo momento el patrimonio del Estado. Con esta nueva ley se permite que la austeridad republicana de estado sea un modo de vida democrático, sustentado en el interés general en la sobriedad de vida pública y privada, como en la entrega abnegada al cumplimiento del mandato popular. Un gobierno austero es el que no mal gasta el dinero público en cuestiones superficiales y vanas, no tiene autocomplacencias ni privilegios, sino que destina la mayor parte de sus recursos a los propósitos reales de desarrollo y justicia social que emergen del mandato popular. La distribución correcta de los recursos públicos permitirá alcanzar su destino a desarrollos productivos y entregar a los que menos tienen. También con esta ley se combate directamente la corrupción, pues sabemos que el pertenecer al servicio público para los anteriores gobiernos era un acto de mezquindad, de egoísmo y de corruptelas, pues a través de los cargos públicos los funcionarios abusaban de las figuras jurídicas y se enriquecían ilícitamente bajo el disfraz de un cargo público, olvidando vivir en la honrosa medianía de su retribución, como en su tiempo lo manifestó el presidente Juárez. Esta ley controlará sin temor alguno a todos los servidores públicos, con el ánimo de que su actuación sea más transparente, que no existan actos de carácter derrochador de este gobierno. Ya no será permisible un servicio público que no tenga el mínimo tinte democrático ni el mínimo tinte de moralidad. Hoy lograremos recuperar el valor del servicio público. México necesita ser administrado por personas capaces, honestas, eficientes, honradas, que representen ese nuevo paradigma; una nueva administración con directriz constitucional, cuidando su desarrollo y permanencia en el que, más allá de colores de partidos, sirva para proyectar un mejor futuro para nuestro país. Se insiste, los cargos serán ostentados por quienes dignifiquen el servicio público y sepan servir por el bien común. Miremos a la austeridad como un principio y un valor de la sociedad. México no quiere retrocesos, México quiere la eliminación de derroches y la dignificación del servicio público. México quiere una autoridad que imponga sanciones a los funcionarios públicos y a las instituciones que no obedezcan a sus mandatos y límites. Por ello votaremos a favor del presente dictamen. Esto exige voluntad política y amor a la patria. Vamos por un gobierno digno y con causa. Es todo, diputada presidenta.