La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Gracias, diputada presidenta, con su permiso. En las últimas décadas, las políticas prohibicionistas incrementaron de forma alarmante la violencia en países como México, en donde se ha causado la muerte de millones de personas, generando una crisis humanitaria, debido a que las disputas internas en los mercados ilegales se resuelven, pues justamente por medios violentos, a lo que se suma, además, la violencia generada por las políticas de represión, como las de la guerra contra las drogas. Las políticas prohibicionistas del Estado mexicano han demostrado un fracaso rotundo y han causado muchísimo más daño a la salud, a la seguridad y a la paz social que los que quiso corregir. A pesar del avance de lo planteado en el dictamen que nos encontramos discutiendo el día de hoy, para nuestro grupo parlamentario es indispensable avanzar más contundentemente en la despenalización de la marihuana, tal y como lo han hecho ya varios estados de la Unión Americana. Y en este contexto debemos recordar que nos encontramos discutiendo este dictamen, porque fue ordenado por la Suprema Corte de Justicia, debido a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. En ella se ordenó al Congreso de la Unión la modificación de los artículos 235, párrafo último, 237, 245, fracción I, 247, párrafo último, y 248 de la Ley General de Salud, y pues esto fue con el objeto de garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, limitado por la prohibición absoluta del consumo de cannabis, toda vez, y abro cita, que constituye un obstáculo jurídico que impide ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas se desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección, a través del autoconsumo de la marihuana, lo cual no se atiende en este dictamen. Es decir, la Suprema Corte de Justicia no obliga a la emisión de una ley específica para la regulación del cannabis ni tampoco que se reforme el Código Penal Federal. Lo único que pide la Corte, es la modificación de la Ley General de Salud, para que se garantice el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El dictamen que estamos discutiendo el día de hoy no cumple con lo solicitado por la Corte a esta soberanía, porque no se modifica, en ninguna forma, los artículos 237, 245, fracción I, y el artículo 248 de la Ley General de Salud. Debo señalar también, adicionalmente, que este dictamen contiene modificaciones sustanciales en la minuta que aprobó el Senado de la República. En la minuta se encomendaba la emisión de permisos y licencias a un nuevo instituto, que sería el encargado de la regulación de todo lo relativo en materia de cannabis. En la versión que hoy se nos presenta y con el objeto de no destinar recursos presupuestales para este fin, porque pues de todas formas ese es el objetivo, la justificación detrás, las funciones que tenía el instituto se confieren a la Comisión Nacional contra las Adicciones, lo cual resulta un despropósito en dos sentidos, quiero resaltar. El primero, porque es estigmatizante y discriminatorio para los consumidores responsables y a los que de antemano se les está atribuyendo una adicción. Porque no todo consumo es necesariamente un consumo problemático. Y, en segundo, porque la Conadic nunca en su existencia ha emitido una licencia ni ha supervisado su ejercicio. No cuenta con la estructura operativa, no cuenta con una estructura administrativa material, humana, presupuestal, indispensable para lo que se le está facultando, y con estas nuevas tareas se pondrá en riesgo, no nada más la actividad que se le pretende dar, sino la viabilidad de la misma institución, de las tareas preventivas que ya venía realizando y de los buenos resultados que venía produciendo. Muchos son los defectos de este dictamen. Señalan las comisiones que despenalizan el uso lúdico, lo cual resulta impreciso, por decir lo menos. Se establecen requisitos desproporcionados para el cultivo, para el procesamiento, para la distribución de productos de cannabis no psicoactivos, y se pone en riesgo también la libertad de investigación y la autonomía universitaria, debido a los controles a la investigación científica que se quieren imponer. En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidas y convencidos de que debemos tratar a las ciudadanas y a los ciudadanos como personas responsables, capaces de tomar sus propias decisiones. No debemos decidir por ellos, porque estamos violentando también su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Desde una perspectiva liberal debemos reconocer y promover la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionalmente los planes de vida que mejor le convengan, de acuerdo con sus preferencias. Y termino con lo siguiente, nos encontramos convencidas y convencidos de que este va a ser un pequeño primer paso para que nos conduzca hacia el reconocimiento pleno de los derechos de las y de los mexicanos, así como a una política de seguridad pública, que no criminalice el consumo, sino que genere los mecanismos para garantizar la convivencia pacífica, sin guerra, como lo hemos exigido históricamente desde el PRD. Muchísimas gracias por su atención.