El diputado Jorge Salgado Parra: Con el permiso de la Mesa. El Código pretende unificar en todos los estados de la República Mexicana la serie de actos que se tienen que realizar desde que se conoce un delito hasta que se aplica la pena. Además establece que en todos los estados será igual la forma en que se realice la investigación, se formule la acusación, interactuarán las partes frente al juez, funcionen las cláusulas de salida, se valoran las pruebas, se dicta sentencia y se valoran los grados de culpabilidad de la persona imputada, a efecto de determinar la responsabilidad penal. Resulta excesivo el supuesto de flagrancia que en el Código se propone, en su artículo 146, en el supuesto del inciso b), cuando la persona que sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos productos del delito, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. En el inciso b) de la fracción II del citado artículo 146 del Código excede el supuesto de flagrancia considerado en el artículo 16 constitucional, a la vez que supondría la ilegalidad de dicha detención, toda vez que el imputado no puede declarar ante la policía según las formalidades contenidas en la Constitución y en el artículo 114 del propio código. Principalmente en presencia de un defensor, pues éste señala en su párrafo segundo que en caso de que el imputado manifieste a la policía su derecho de declarar sobre los hechos que se investigan ésta deberá comunicar dicha situación al Ministerio Público para que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en este código. Aunado a lo anterior cabe destacar que, durante los trabajos del poder constituyente en el 2008, deliberadamente se determinó procedente por parte de éste limitar el alcance de la flagrancia como justificante de la detención del involucrado en un hecho posiblemente delictivo, de forma que sólo abarque hasta la persecución física del indiciado inmediatamente después de la comisión del hecho del iter criminis con apariencia delictiva. De tal suerte que para incrementar su efectividad en la investigación y persecución de los delitos se estima que ha incurrido en excesos en la regulación del concepto de flagrancia, al permitir la referida flagrancia equiparada, toda vez que posibilita detenciones arbitrarias por parte de las autoridades policiales cuando el espíritu de nuestra Constitución es que la flagrancia sólo tiene el alcance al momento de la comisión del hecho y el inmediato siguiente cuando se persigue al indiciado, por lo tanto se propone eliminar toda la fracción B de ese artículo. Segundo. 303. El artículo 303 del código prevé la localización geográfica en tiempo real de equipos de telefonía móvil en los siguientes términos: donde existe denuncia o querella, y bajo su más estricta responsabilidad, el procurador o el servidor público en quien se delegue la facultad solicitará, a los concesionarios o permisionarios o comercializadoras del servicio de telecomunicaciones o comunicaciones vía satélite, la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos que se investigan en términos de las disposiciones aplicables. Sin embargo, sobre el particular es importante destacar que si bien el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado constitucional y válida la facultad de los procuradores del país para solicitar a las empresas de telefonía celular la localización en tiempo real, y sin orden judicial, de equipos de comunicación móviles relacionados con hechos delictivos de alto impacto, es igualmente cierto que el fallo del tribunal constitucional votado recientemente estableció límites a la atribución de los agentes del Ministerio Público, ya que deberán dejar constancia de dicha solicitud en el expediente de la averiguación previa y motivar el requerimiento sólo en casos de extrema urgencia, es decir cuando se está en riesgo la vida y la integridad física de una persona, cuando puede ocultarse o desaparecer el objeto de la investigación siempre que se trate de delitos de secuestro, amenaza, crimen organizado, delitos contra la salud o una extorsión. Además, en la solicitud que se formule a los concesionarios o permisionarios de telecomunicaciones se deberán exponer mínimamente las razones del caso y el riesgo de que la geolocalización no se lleva a cabo en el momento requerido. En suma, el máximo tribunal ha determinado la existencia de límites a la autoridad encargada de investigar los hechos delictivos. Pero, tal y como lo sostuvo la minoría de sus integrantes, se trata de buenos deseos solamente, por eso se hizo una garantía configurada por el legislador que evite justificadamente el abuso de esta medida que debe ser excepcional. En consecuencia se propone reservar el citado artículo 303, a efecto de garantizar que en el contenido del código que se discute sea acorde a los principios y valores que postula el Estado constitucional, quedando de la siguiente manera: Cuando existe denuncia o querella, y bajo su más estricta responsabilidad, el procurador o el servidor público en quien se delegue la facultad solicitará, a los concesionarios o permisionarios o comercializadoras del servicio de telecomunicaciones o comunicación vía satélite, la localización geográfica al tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociadas a una línea que se encuentran relacionados con hechos que se investiguen única y exclusivamente en relación con delincuencia organizada en los términos de las disposiciones aplicables al caso. Tendría más reservas, solamente registré estas dos, pero obviamente que no podemos dejar de soslayar y dejar de mencionar en este tema la relación en que en ningún momento se menciona el artículo 337 que fuera relacionado a hechos de evidencia. Hay una cuestión demasiadamente importante que debemos de equiparar en donde se menciona que solamente todo documento se considerará soporte material que contenga información de algún hecho, los documentos se deben de separar ya sea en públicos o en privados y ésa distinción no la hace este código; por lo tanto considero que deberíamos de poner un poquito más atención, pero obviamente habrá la oportunidad para poder adicionar a este código posteriormente. Gracias, presidente.