La diputada Martha Amalia Moya Bastón: El día de hoy estamos atestiguando un nuevo episodio del desaseo legislativo institucional y político con el que se ha conducido cada una de las etapas del proceso de la reforma del Poder Judicial. El oficialismo y sus legisladores nos han colocado nuevamente en un momento crítico en cuanto a la permanencia y el fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho, así como de las instituciones en nuestro país. La reciente suspensión del proceso del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal, en acatamiento de la resolución jurisdiccional emitida por el Juzgado Primero de Distrito del estado de Michoacán, es una prueba más de la improvisación, la opacidad y la falta de respeto por el Estado de derecho que ha caracterizado esta reforma desde su concepción por parte del entonces presidente López Obrador. La emisión de la suspensión del proceso y su acatamiento por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal se trata de una consecuencia, de un procedimiento viciado desde su origen, un intento autoritario de someter al Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo federal. El Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal no ha incurrido en rebeldía como diversas voces del oficialismo han empezado a señalar, se trata del debido cumplimiento de un mandato legal emitido por una autoridad que en uso de sus facultades y atribuciones advierte el profundo deterioro institucional que se está propiciando en el país y el cual, cabe destacar, no es definitivo. Desde el Partido Acción Nacional lo advertimos desde el momento mismo de la presentación de la iniciativa, la reforma del Poder Judicial contiene serias inconsistencias y se encuentra caracterizada por la imposición y la falta del debate parlamentario. Aunado a lo anterior, no podemos dejar a un lado la negación de recursos suficientes al Instituto Nacional Electoral, para llevar a cabo el proceso de elección correspondiente y garantizar su certeza, legalidad y transparencia. En caso de que el fortalecimiento de nuestro sistema judicial sea la verdadera finalidad del oficialismo, la suspensión advertida por la autoridad jurisdiccional es un motivo más para la reflexión y para encontrar los mecanismos de reforma a fin de renovar a las personas juzgadoras de la forma correcta. La destrucción del Poder Judicial en los términos fijados en la misma reforma, no es la respuesta que nuestro país requiere y, sobre todo, que nos exige. La construcción de un sistema judicial fuerte y autónomo requiere de consensos, respeto por el marco legal y garantías de independencia. Es obligación de cada uno de nosotros el corregir. El gobierno tiene la obligación de reconocer los errores y enmendarlos antes de que sea demasiado tarde. La ciudadanía, por supuesto que merece un Poder Judicial fortalecido y asistido por diversos principios reconocidos por nuestro marco legal, así como por instrumentos de carácter convencional. Se requiere de personas juzgadoras independientes y no sometidas a caprichos. De igual forma, se requiere de un sistema de justicia que verdaderamente garantice sus derechos y no sea una herramienta de control político o partidista. En Acción Nacional exigimos que se atienda debidamente en cumplimiento del marco legal que nos rige, las advertencias que desde diversos sectores se han manifestado y se ven reproducidas en la suspensión emitida por el juzgado señalado. La historia nos juzgará por nuestras acciones y omisiones y hoy, Acción Nacional, está del lado de la justicia y la democracia. Es cuanto, presidente. El presidente senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputada Moya Bastón. El presidente senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por dos minutos y medio.