La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el debate parlamentario del dictamen que hoy hemos discutido, se ha centrado en una disposición que de última hora y con la intencionalidad de pasar desapercibida fue aprobada por el Senado de la República. Su incorporación en el proyecto de decreto ha puesto en vilo la confianza de nuestro sistema constitucional y republicano de derecho. Contravención, al principio de supremacía constitucional, puesto que el artículo 97, párrafo quinto, de la Constitución estable ya se ha repetido varias veces, pero creo que es fundamental volverlo a señalar. Y, cito: Cada cuatro años el pleno elegirá entre los miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El cual, no podrá ser reelecto para el periodo inmediato exterior. Cierro la cita. La pretensión de superar esta disposición que obliga a renovar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cada cuatro años a través de una norma transitoria, establecida en una legislación secundaria contraviene el principio de supremacía constitucional, ya lo dijimos, pues la Constitución es la norma suprema y sus disposiciones, no pueden ser contradichas por normas jerárquicamente inferiores. Y, ahora, la independencia judicial, ya lo dijimos, una de las Conquistas históricas de la reforma de 1994 al Poder Judicial fue, justamente, fortalecimiento a la independencia judicial. En la especie, este principio rector de la actuación de las personas juzgadoras implica la no supeditación a cambios de carácter político. Aspectos como la duración transexenal de los cargos más altos de la Judicatura tienen su razonamiento en garantizar que la asunción de cargos no dependa de cuestiones políticas. Por ello, al pretender homologar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación con el del presidente de la República, estamos violando abiertamente dicho principio. Pero, además, todavía más grave, al intentar cooptar al Poder Judicial violamos su independencia. Transgresión también de la prohibición de expedir leyes privativas. Expedir una reforma que tenga como objetivo beneficiar específicamente al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los otros seis integrantes del Consejo de la Judicatura Federal incurre en el concepto de leyes privativas expresamente prohibidas en el artículo 13 de la Constitución, en el sentido de que la reforma está diseñada específicamente para beneficiar o perjudicar a un grupo determinado de personas. No se puede decir que se respeta la Constitución si es violentada por las propias autoridades, por un grupo de legisladores que, ocupando la mayoría, lejos de servir a quienes los eligieron hoy violan flagrantemente la Constitución que protestaron defender. Que se niega a razonar con criterio propio y que ciegamente dice sí a un caudillo. Por ello, desde Acción Nacional hacemos un enérgico llamado para eliminar el artículo décimo tercero transitorio. El día de hoy se distinguirá a las y los legisladores que pretendan instalar un despotismo republicano en lugar de instituciones que interpretan las leyes con imparcialidad y en atención al principio de supremacía constitucional. Conservar un día más a las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal fuera del plazo para el cual fueron electos, pondrá el riesgo vital nuestro sistema republicano, el orden constitucional y democrático. Por ello, más allá de la franca intervención por parte del gobierno de la mayoría, lo que nos preocupa es la poca vergüenza con que algunos legisladores sienten y promueven este atropello. Estos han sido los síntomas de la inexorable instalación autoritaria a partir de la cual ya no hay marcha atrás. Por ello los invitamos a derogar este artículo transitorio. Gracias, presidenta.