EL DIP. ENRIQUE GARZA TAMEZ: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Honorable Cámara de Diputados: Hago uso de la tribuna para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en relación al dictamen expedido por las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables, en atención al cual se reforman y adicionan las leyes sustantiva y adjetiva penal y el ordenamiento jurídico contra la delincuencia organizada. Las modificaciones a las leyes objeto del dictamen atañen a la tutela de valores sociales de primer orden: la integridad física y mental y la libertad y normal desarrollo psicosexual de los grupo socialmente vulnerables. La acción legislativa en sí no es un fin, consideramos que es un medio, el cual esperamos sea eficaz instrumento de las autoridades investigadoras y jurisdiccionales para perseguir y sancionar deplorables conductas que atentan contra menores e incapaces. El fenómeno delictivo generalmente se asocia a condiciones de drogadicción, alcoholismo y enfermedades de transmisión sexual y por tanto, debe considerarse de interés público ya que sus nocivos efectos se extienden a los campos de la salud, la educación, la seguridad pública y la economía. Los sujetos pasivos no sólo son vulnerables por su condición de menores incapaces; generalmente las víctimas padecen de pobreza, ignorancia, maltrato o abandono y lo que es más grave aún, en muchas ocasiones sus victimarios son personas cercanas que ejercen sobre ellas ascendencia moral o autoridad por motivos familiares, educativos, laborales o religiosos. En otros casos los victimarios obtienen un vergonzoso lucro como resultado de su conducta delictiva. No debe pasar desapercibido este fenómeno delictivo. Estamos en presencia de una escalada de conductas antisociales y antijurídicas. Las reformas al marco jurídico para dotar de más y mejores instrumentos legales al Estado, que le permita cumplir mejor la importante función de tutelar la integridad física de las personas y la libertad y normal desarrollo psicosexual de los mismos, de manera particular de menores de edad e incapaces. En acciones legislativas previas esta soberanía ha aprobado reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, particularmente por lo que hace a dar competencia a la autoridad investigadora federal en materia de delitos, que por su incidencia, gravedad o mecánica de ejecución es necesario calificar como cometidos por el crimen organizado. Esto es significativo, es una llamada de atención sobre la magnitud alcanzada por determinados delitos que en los últimos años se han incrementado en su frecuencia y gravedad. El dictamen a discusión ha merecido la aprobación de los legisladores del PRI, pues en su construcción, tanto el promovente de la iniciativa como la dictaminadora, han tenido el tino de adicionar el capítulo relativo al uso indebido de la red de telecomunicaciones y servicios de valor agregado en relación a la pornografía con menores e incapaces. Igualmente acertada se estima la tutela de los incapaces contra deleznables conductas. Estimamos un ejercicio de congruencia legislativa adicionar la ley adjetiva penal para calificar como graves la ejecución y encubrimiento de la pornografía, turismo sexual y prostitución en perjuicio de menores e incapaces y el encubrimiento de la explotación sexual de menores. Asimismo, el incorporar en los tipos penales en la Ley del Combate al Crimen Organizado, de corrupción, pornografía y turismo sexual con estos grupos vulnerables como susceptibles de ser investigados por el órgano procurador de justicia, como de delincuencia organizada. Es compromiso del Estado implementar medidas nacionales y multilaterales tendientes, no sólo a combatir sino sobre todo a prevenir la comisión de delitos que se cometen en contra de niños, jóvenes e incapaces. He sabido que, por lo general, niños que han sido víctimas de abuso y maltrato, una vez adultos se convierten a su vez en victimarios, por lo que la mecánica antisocial de un primer delito se prolonga en el tiempo generando una secuencia interminable que daña y maltrata la integridad física y mental de las víctimas y, en última instancia, del núcleo familiar y social. Una vez más, el Poder Legislativo, en cumplimiento al mandato constitucional y al compromiso con los electores y la población a la que representa, expide los dispositivos jurídicos que permitirán al Ejecutivo, a través del órgano procurador de justicia y al judicial en su función coercitiva, perseguir y juzgar con mayor eficiencia y rigor, los delitos contra grupos vulnerables, especialmente de aquellos que por su edad, desarrollo mental o condiciones de salud, se encuentran indefensos. Sea ésta también, con absoluta respeto a la autonomía interior de las entidades federativas y los municipios, una convocatoria a sus órganos legislativos y reglamentarios, para concientizarse del grave problema que constituye la explotación con fines sexuales de menores e incapaces, pues sólo el esfuerzo coordinado de autoridades de las tres órdenes de gobierno, se logrará un combate efectivo a estas conductas delictivas. Pero más importante aun será la implementación de políticas públicas, programas y acciones concretas, que incidan en las causas más que en los efectos. Señoras y señores diputados, solicitamos de ustedes respetuosa y atentamente el beneplácito a este dictamen, para que podamos disponer, a partir de ahora en nuestro marco jurídico, con mejores y más instrumentos que permitan la adecuada persecución, investigación y, en su caso, juzgamiento de los delitos que se cometen particularmente contra estos grupos vulnerables. Muchas gracias. -