El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez (Convergencia): Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y Senadores: La división de poderes es un elemento esencial del Estado de derecho, sin el cual no se puede construir ningún régimen democrático. La división de poderes exige independencia y fortaleza, equilibrio y colaboración entre ellos, para su correcto funcionamiento. La historia parlamentaria de nuestro país hasta hace muy pocos años, se puede resumir en términos generales al sometimiento del Congreso de la Unión a la voluntad del Poder Ejecutivo. Uno de los grandes problemas de las instituciones en nuestro país es su escasa funcionalidad y el Congreso de la Unión no queda exento de ello pues no ha llevado a cabo con eficacia sus atribuciones. Sin embargo, el Poder Legislativo ha ganado por sí mismo mayor fortaleza, lo anterior debido principalmente a la composición política de las Cámaras, que exige de los consensos de las distintas fuerzas políticas representadas para las reformas a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. Si bien es cierto que el artículo 73 constitucional, que consagra las facultades y obligaciones del Congreso de la Unión, es uno de los que más reformas han tenido a lo largo de nuestra historia, poco más de 44 por lo menos, ello n es signo evidente de un verdadero fortalecimiento, sino más bien es sólo la respuesta ocasionada por los presidentes en turno; el famoso llamado presidencialismo. No se trata en esta ocasión de fortalecer un poder y debilitar a otro, desde luego. No se debe buscar un Poder Ejecutivo débil sino tres poderes fuertes, que cumplan con eficiencia y eficacia sus funciones, para lograr así un auténtico estado democrático de derecho. Una vía para lograr esto es revisando los mecanismos que garanticen una mayor participación del Congreso en la planeación democrática y en la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo Federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. En otras palabras, nuestra Carta Magna establece la participación de los diversos sectores sociales, para incorporar las aspiraciones y demandas de la sociedad al Plan Nacional de Desarrollo, al que se deben sujetar obligatoriamente todas las acciones y programas de la administración pública federal. De esta manera, el Plan nacional de Desarrollo constituye el instrumento base de la planeación del Ejecutivo Federal, al presentar los objetivos y estrategias gubernamentales. En suma, el Plan nacional de Desarrollo es el instrumento rector de toda la acción de planeación de la administración pública federal. Tanta es la importancia de este documento rector del desarrollo nacional, que la propia Constitución Política determina la creación de una ley específica para regular y establecer la obligatoriedad de la planeación democrática en nuestro país. De esta manera, en la Ley de Planeación se establecen y regulan y demás actos que tienen que ver con esta formulación y valoración del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que lo conforman. Sin embargo, en este contexto la acción del Congreso no está debidamente ponderada. Si bien es cierto que el artículo 26 de nuestra Constitución Política señala textualmente que cito textualmente: "En el sistema de planeación democrática el Congreso de la Unión tendrá la intervención que la ley señala". Y, por otra parte, la Ley de Planeación, en su artículo 5º dispone lo siguiente: "El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión, para su examen y opinión, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales legales. En las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará asimismo las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan". En este sentido, se podría pensar que el proceso de planeación democrática no es tan democrático, todos sabemos perfectamente bien que este famoso Plan Nacional de Desarrollo se ha convertido en un documento más que presenta el Ejecutivo Federal, sin tomar en cuenta la opinión del pueblo de México, como se establece en la propia Constitución y en la propia Ley de Planeación. Y en este caso y tomando en cuenta que las facultades que tiene solamente la Cámara de opinar sobre el documento rector nacional, consideramos conveniente en que si bien es cierto , insisto en que se pide esta opinión, es precisamente en estas Cámaras en el Congreso de la Unión, en donde está representado el pueblo de México pero solamente se puede opinar, es decir, solamente se puede emitir un juicio sobre el destino de su Gobierno. La planeación democrática es un conjunto de interrelaciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública y los organismos de los sectores social y privado en donde se ponen de acuerdo sobre sus responsabilidades. En otras palabras, es la manera ordenada en que se establecen las acciones que el Estado realiza en búsqueda de mejores condiciones económicas , políticas, sociales y culturales para todos los mexicanos. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del pleno la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de la Ley de Planeación para quedar como sigue: ARTICULO UNICO.- El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como las diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo analizará, evaluará, modificará en su caso y lo aprobará para su ejecución. Durante el ejercicio del Plan el Poder Legislativo podrá realizar las modificaciones pertinentes en la Revisión Anual y Ejecución del propio Plan. Transitorio.- El presente Artículo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias