El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar la reserva al artículo 76, del dictamen con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General del Servicio Profesional Docente. Cualquier acto de autoridad que tiene el objeto de sancionar una acción por parte de un gobernado, privándole del ejercicio de un derecho debe estar sujeto al cumplimiento de la garantía de audiencia y de debido proceso, pues es reconocido que la naturaleza del acto exige que el mismo pueda ser impugnado. Las garantías señaladas son materia de nuestra Carta Magna, es decir, se trata de derechos supremos en el estado nacional, los cuales deben ser reconocidos y cumplidos tanto por autoridades administrativas, como por órganos legislativos entre otros. En el caso de los órganos legislativos el contenido de las leyes que emitan está sujeto al control de la constitucionalidad de los actos, es decir, mediante medios de defensa como acciones de inconstitucionalidad y el amparo, según sea el caso. Para ello, la autoridad judicial conoce y verifica la concordancia de la legislación con lo dispuesto en la Constitución y en el caso que ello no ocurra, se invalida la aplicación de la norma. Pero el control de constitucionalidad de los jueces corresponde a un control posterior, el primero necesariamente implica la labor que se efectúe en los órganos legislativos, es decir, a través de la discusión del planteamiento en las Cámaras debe dilucidarse su adecuación a la norma suprema, esto es a la Constitución. El día de hoy se ha aprobado una norma claramente violatoria de la Constitución, particularmente el artículo 76 del dictamen propuesto, materia de la presente reserva; se determina que se separará de su cargo a los docentes que se ausenten tres días en un periodo de 30 días, sin responsabilidad de las autoridades administrativas y sin necesidad de que exista una resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Queda claro que lo planteado contradice de toda forma la garantía del debido proceso, pues se niega a los docentes la posibilidad de recurrir su separo del servicio docente. Lo anterior es de suma gravedad, este cuerpo colegiado en su afán de mantener mayor actividad legislativa desafortunadamente está ignorando el contenido de las normas que aprueba manifestando la absoluta carencia de concordancia con la Constitución y a tratados internacionales, concretamente a la Declaración Universal de los Derechos particularmente en su artículo 9o, que consagra que todo ser humano tiene derecho a un recurso efectivo. Por lo anterior, esta reserva plantea subsanar esta violación a la garantía del debido proceso y sujetar despido del personal docente al cumplimiento de todas y cada una de las garantías constitucionales. Derivado de lo anterior, someto a su consideración la siguiente reserva al artículo 76 de este dictamen para quedar en los siguientes términos. En la parte correspondiente deberá decir que dicha separación deberá ser previa resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.