El diputado Alfonso Moreno Morán (PAN): Compañeras y compañeros Diputados: Recientemente nuestro país ha sido impulsor de importantes acuerdos y coincidencias entre la sociedad y los distintos órdenes de gobierno tendientes al fortalecimiento de la hacienda pública y una mayor transparencia, equidad, eficiencia y eficacia en la asignación del gasto público. Violencia, pobreza y abandono pueden ser lugares comunes cuando hablamos de la familia mexicana. Por eso atacar la vulnerabilidad es trabajar con la familia en el país en la generación de políticas públicas, programas y acciones que la fortalezcan, como una de las medidas preventivas de mayor impacto a la vulnerabilidad. Trabajar hoy en ello requiere de un importante apoyo del legislativo. La asistencia social a los grupos más vulnerables es parte de los servicios básicos de salud y la salud es un derecho consagrado en la Constitución, por lo que el Estado tiene la obligación legal y moral de satisfacer eficaz, oportuna y equitativamente con un conjunto de acciones y servicios asistenciales que tiendan a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden al individuo su desarrollo integral. En ese contexto se inserta la presente iniciativa, cuyo antecedente es la que fue presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVIII Legislatura y cuyo objetivo principal es la certidumbre jurídica, trasparencia y equidad a los recursos orientados a la asistencia social. Actualmente los recursos para la asistencia social se norman por lo establecido en el artículo 25 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual también integra recursos para equipamiento e infraestructura escolar básica y universitaria. Por lo que los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples no guarda relación entre sí ni jurídica ni programáticamente. Por otra parte, tal como esta el Fondo de Aportaciones Múltiples presenta problemas, limita la posibilidad de fiscalización por la diversidad en la naturaleza y fines de los programas incluidos en dicho fondo, restringe la creación de nuevos programas de asistencia social debido a la excesiva etiquetación del fondo, dificulta establecer criterios claros y trasparentes para la distribución y aplicación de los recursos y al estar integrados una diversidad de programas con fines diferentes no permiten observar la cantidad de recursos asignados realmente a la asistencia social. De tal suerte que es una necesidad y objetivo de este iniciativa separar dichas acciones en dos fondos: uno exclusivamente para infraestructura educativa; y el otro para la asistencia social. El índice de vulnerabilidad social creado estima que un 20 por ciento de la población en México se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por las carencias familiares de recursos, seguridad social y vivienda precaria o por desventajas generadas por su condición de discapacidad, edad, género o desprotección infantil, entre otras también relacionadas con la salud y la educación. Si estimamos que casi 20 millones de mexicanos viven dichas circunstancias, nos encontramos con que la cantidad de recursos es insuficiente pues si se destina un promedio de 169 pesos por año por sujeto vulnerable, ello significa una inversión de 43 centavos diarios en el capital humano que más requiere apoyo. Es iluso creer que con tan baja inversión podrá revertirse la situación de vulnerabilidad. Por ello, un primer paso en este momento es establecer la fórmula propuesta para hacer un uso equitativo y eficaz de los recursos con los que ahora contamos, debido a que la restricción presupuestal nos impide aumentar el porcentaje atado a la recaudación federal participable, pero indudablemente que es un punto nodal que tendremos que discutir en su momento. Sin embargo, corregir la inequidad en la distribución es importante, ya que si bien el presupuesto por vulnerabilidad es de 169 pesos por año, existen entidades que reciben 694 y otras solamente 66 pesos por vulnerable. El enfoque preventivo en las causas que originan la inequidad es impostergable. Se estima que para el año 2030 la población de personas mayores de 60 años superarán 20 por ciento la población total del país. Por ello, invertir en una mejor nutrición en prácticas alimentarias más sanas, en el desarrollo familiar y comunitario, la protección de la infancia, en asistencia jurídica familiar, atención a ancianos, discapacitados, menores migrantes, niños y familias agrícolas, en la disminución de prácticas nocivas como la violencia intrafamiliar, son acciones inmediatas a resolver hoy para un mejor mañana. Compañeras y compañeros legisladores: Con la creación del Fondo de Aportaciones para la Asistencia Social y la fórmula de distribución de recursos del mismo, se pretende lo siguiente: 1.- Mayor equidad y transparencia en la distribución de los recursos. 2.- Claridad en el ámbito de acción de la asistencia social. 3.- Una mayor calidad en la prestación de los servicios asistenciales. 4.- Una mayor cobertura de los sujetos de asistencia social, así como una mayor transparencia para los sistemas estatales del DIF, quienes conocerían de manera más específica los recursos asignados a los programas de asistencia social. 5.- Y. por último y de igual manera, los municipios tendrán certidumbre en la cantidad de recursos financieros o en especie que les corresponde, fortaleciendo el federalismo. Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal. "Artículo Primero.- Se reforman los artículos 25, 39, 40, 41 y 46, para quedar como siguen: "Artículo 25, del I al IV. El V queda como Fondo de Aportaciones de Infraestructura Educativa. "El VI y el VII quedan igual. "El VIII queda como Fondo de Aportaciones para la Asistencia Social. "Artículo 39.- El Fondo de Aportaciones de Infraestructura Educativa y el Fondo de Aportaciones para la Asistencia Social, se determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con un monto equivalente sólo para efectos de referencia, al 0.4428 por ciento y 0.3712 por ciento respectivamente de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2º de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. "Para la entrega de estos recursos, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7º de esta ley. "Artículo 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Educativa que reciban los estados de la Federación y el D.F., se destinarán exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física, de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria. Este fondo se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo con las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. "Artículo 41.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Asistencia Social que reciban los estados de la Federación y el D.F., se destinarán exclusivamente al otorgamiento de programas de asistencia alimentaria y social. Estos recursos se destinarán a las acciones que se aplican en beneficio directo a la población sujeta de asistencia social, en el marco de la Ley de Asistencia Social y validados por el órgano que hace referencia dicha ley en su artículo 27. "Artículo 46.- Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos a que se refiere este capítulo, reciban las entidades federativas y en su caso los municipios, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán bajo ninguna circunstancia gravarlas o afectarlas en garantía ni destinarlas a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 41, 41 bis, 42 y 45 de esta ley. Dichas aportaciones serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y en su caso de los municipios que la reciban, conforme a sus propias leyes, por tanto, deberá registrarlas como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en los citados artículos conforme a la normatividad establecida por el organismo competente. Artículo 2º.- Se adiciona al Artículo 41 Bis en la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: ARTICULO 41 Bis.- El Ejecutivo Federal a través del organismo a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Salud y que precisa el Artículo 27 de la Ley de Asistencia Social distribuir el Fondo de Aportaciones para la Asistencia Social entre las entidades federativas, considerando criterios de vulnerabilidad individual y familiar, conforme a la fórmula y procedimientos que señala este artículo. El Ejecutivo Federal por conducto del organismo a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Salud y que precisa el Artículo 27 de la Ley de Asistencia Social, publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de enero, los ponderadores a emplearse en el índice de recursos para la asistencia social de las entidades federativas. ARTICULO TRANSITORIO: PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Con relación al Artículo 41 los recursos que actualmente son motivo de la descentralización de los servicios de asistencia social, que se destinan a programas de población en desamparo y que se encuentran etiquetados en el Fondo de Asistencia Social, mientras las dependencias competentes definan el mecanismo para ubicar estos recurso lo más adecuado. Solicito amablemente a la presidencia gire que se publique íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto señor presidente.