El diputado Francisco Martínez Neri: Con el permiso de la Mesa Directiva. Señoras y señores legisladores. El tema central de esta sesión pareciera estar diseñado para que las fuerzas de oposición señalemos –con diversos matices– la grave descomposición que existe en el país, para que después los defensores del gobierno digan que nada de eso es cierto. Que la administración de Peña Nieto no tiene ninguna responsabilidad en ello, y manifiesten que sigamos en la misma ruta. La realidad es que la pobreza, la corrupción, la inseguridad, la impunidad, están presentes en la vida cotidiana; y con autocrítica debemos señalar que los políticos no hemos estado a la altura de las circunstancias y que hemos dejado de escuchar las demandas de los verdaderos soberanos del país. La sociedad está –con justa razón– desilusionada de los resultados del gobierno, pero tampoco encuentra alternativas distintas y claras para salir adelante. En el PRD hemos tomado nota y aprendido una gran lección. Ahora estamos obligados a rectificar. En este inicio de sesiones, ante la incapacidad del gobierno para dar buenos resultados, el PRD –desde la oposición– se compromete con mayores bríos a trabajar en beneficio de los mexicanos. Seremos una oposición crítica y constructora de alternativas; no caeremos en provocaciones ni en violencia, pero sostenemos que el país no merece se lleven el mismo rumbo, y asumimos que el objetivo político para el conjunto de las izquierdas, es modificar el actual modelo de desarrollo. Lo que este grupo parlamentario ofrece al país es su compromiso con la gente que vive en condiciones de desigualdad, y su esfuerzo legislativo para que todas las personas puedan hacer efectivos y exigibles sus derechos fundamentales. Es decir, sus derechos de libertad, sus derechos políticos y sus derechos económicos y sociales. Este acto republicano debiera expresar el diálogo de los poderes; pero justo cuando más nos hace falta debatir el rumbo del país, lo que ocurre es lamentable: el gobierno federal en vez de venir a rendir cuentas del estado que guarda la nación, prefiere atrincherarse en las campañas mediáticas. Al haber perdido su credibilidad política, sólo les queda la ficción por la selfis y gastar los recursos del pueblo en anuncios en televisión. ¿A eso le llaman hacer política nacional? ¿Qué avance significa usar miles de espots de publicidad en vez de recuperar el diálogo directo entre los poderes de la unión, para resolver los grandes problemas nacionales? El gobierno ha cambiado recientemente a algunos funcionarios para tratar de renovarse, pero en realidad no es suficiente. ¿De qué sirve cambiar a un funcionario si se mantienen las mismas políticas? El país no necesita un gatopardismo en el que todos cambien para seguir igual. Tampoco tiene sentido desatender las obligaciones de gobierno para emprender una anticipada sucesión presidencial. Este gobierno no ha entendido que mientras no se acabe la impunidad, la violencia, la penetración delictiva en las instituciones, la corrupción; mientras no haya Estado de derecho, la sociedad no estará segura ni disfrutará de sus derechos y la actividad económica será infructuosa. Qué lejos está el gobierno federal actual manchado por la corrupción del ideario juarista. Decía Juárez, la responsabilidad del gobernante le viene de la ley, pero además, de un recto proceder. A la mitad de este sexenio la promesa del presidente Peña Nieto para brindar a las familias mexicanas mayor seguridad no ha sido cumplida, y nuestro país se ha situado con los hechos de la casa blanca y el fortalecimiento del narcotráfico como un paradigma de desgobierno y corrupción para vergüenza internacional. Este país gasta millones de pesos en una política punitiva que no ha funcionado. La crisis expresa en 60 mil muertos, más de 12 mil 500 desparecidos, según Amnistía Internacional; 21 mil ejecuciones y 88 comunicadores asesinados. Los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato han mostrado la falta de respeto a los derechos humanos y la incapacidad de nuestras instituciones para generar condiciones que le permitan a los mexicanos ejercer su derecho a la seguridad, a la justicia. Los homicidios de periodistas son actos criminales que no sólo ciegan vidas, sino que impiden a la sociedad ejercer su derecho a la información. En efecto, hoy nos faltan 43, pero sobre todo, nos falta un Estado de derecho. Hoy no hay empleo suficiente ni crecimiento económico como se prometió en los últimos años. Si con el gobierno aprobar la reforma significaría un gran beneficio, pero queda claro que le ha fallado a los mexicanos. El gobierno va a un recorte de gasto adicional a los realizados el año pasado. Ese recorte significa que no se obtuvieron los ingresos que se estimaron. Debe recortarse el gasto suntuario y eliminar duplicidades para que el gasto público rinda más y su aplicación sea eficiente. En eso estamos de acuerdo pero rechazamos el recorte de 70 mil millones de pesos a la inversión de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Tampoco estaremos de acuerdo en afectar los programas de infraestructura ni los programas sociales. No avalaremos la privatización de la salud ni que se abandone la educación pública. Estamos en una circunstancia de crisis y le exigimos al gobierno que, para salir de ella, no adopte la política de siempre, dejarle el costo a la gente y mantener los privilegios de la élite económica y política. La posibilidad de un ajuste fiscal está en la puerta y debemos tener claridad de quiénes pueden salir beneficiados o perjudicados. Si hay que hacer cambios y ajustes para beneficio de los pequeños contribuyentes y de las clases medias estaremos de acuerdo; pero, si en cambio, significa un retroceso en el que regresen los privilegios fiscales a las grandes empresas no los avalaremos porque eso es una injusticia, que esos contribuyentes sean tratados como si tuvieran la misma capacidad que los más pequeños. Tampoco apoyaremos recurrir al déficit de forma desproporcionada. Hoy la deuda histórica del sector público se ha acumulado de manera brutal y pronto llegará al 50 por ciento del producto interno bruto. Hoy vivimos una polarización social increíble y una lentitud inaceptable del gobierno y de las élites para enfrentarla. México tiene uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, pero no se ha querido avanzar en su incremento. Al mismo tiempo el gobierno y el PRI tienen detenida la minuta para controlarlos salarios de la alta burocracia. Esto es inadmisible. Nuestro país tiene más de 53.3 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 11.5 millones sobreviven en la pobreza extrema, que es un eufemismo para referirse a la miseria en tanto que una minoría acumula la riqueza nacional. Esa pobreza concentradora y esa pobreza concentrada en Oaxaca y en las entidades del sur sureste de México nos agravian e impide el verdadero desarrollo nacional que cohesione a los ciudadanos. Pero la pobreza no se resuelve con gasto asistencial, mucho menos si está en manos de personas que usan los programas sociales para fines estrictamente electorales. La pobreza reclama que se invierta primordialmente en infraestructura pública en las zonas marginadas, ahí donde el sector privado no invierte porque no le es rentable. Hay que crear condiciones de competitividad, conectividad y corrección gradual al desequilibrio de nuestras regiones. Nosotros estaremos exigiendo y aportando nuestra voluntad en beneficio de las entidades más pobres. Algunos empresarios otorgan su aquiescencia al actual modelo económico, pero son implacables con la izquierda, pero laxos con el PRI, parece privar una visión cortoplacista. Sin embargo, el empresariado perdería mucho más si la miopía los lleva a contribuir al declive de la izquierda, en general, y propicia que los mexicanos que padecen exclusión social se sientan además políticamente excluidos y opten por la radicalización. Los excesos de la derechización han provocado una resaca que está obligando a enmendar el rumbo a los líderes empresariales más perspicaces. ¿Han calculado el peligro de que el enojo y la desesperación social sumerjan al país en una espiral de violencia aún mayor? Estamos además frente a una regresión autoritaria. El control del Congreso, del Poder Judicial y de la Fiscalía nada bueno puede anunciar para el país. Por otra parte, la educación no va a mejorar tan sólo con cambios administrativos, se requiere una visión más amplia en la que el avance hacia un nuevo modelo educativo nacional y se invierta en la infraestructura escolar, sus instalaciones, equipamiento y demás instalaciones. No habrá éxito si no reforman los planes de estudio y la formación docente. Sin escuelas dignas y nuevos contenidos educativos, la reforma estará incompleta. Señoras y señores, el país espera que actuemos como legisladores dignos, que superemos la imagen del diputado sumiso que justifica al gobierno en vez de estar al lado de la sociedad. Es cierto que existe el riesgo de que una mayoría se imponga, presa de un delirante continuismo, distante y contrario al sentir de los ciudadanos e impida que se den los cambios. Ante ello, insistiremos en ser escuchados, en hacer valer el pluralismo, en ser representantes y defensores del pueblo. Cumplamos con las demandas de ese pueblo que durante siglos ha luchado por libertad y justicia. No les demos un televisor o una migaja a cambio de su voto, no les digamos que todo está bien y que nada debe cambiar. Los legisladores de izquierda estamos comprometidos en corregir la desigualdad social, porque sin una base de equidad y bienestar las libertades y los derechos se vuelven quimeras. Vamos a discutir y construir consensos con todas las fuerzas políticas, vamos a participar y respaldar todo acuerdo que sea útil para cambiar el país. Amigas y amigos, este gobierno ha sumido a México en una crisis política, económica, social, pero escuchen, sobre todo moral. A los mexicanos nos agobia la corrupción, nos lacera la pobreza y la desigualdad, nos atemoriza la inseguridad. Nos urge entonces una profunda transformación en el país. Muchas gracias.