La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Compañeras y compañeros legisladores, en México existe una pequeña población que ha sido totalmente invisible para el Estado. Se trata de niñas y niños que viven en centros penitenciarios junto a sus madres, que están privadas de la libertad, quienes por su situación se ven impedidos de gozar los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Política, en tratados internacionales y en la legislación secundaria en la materia. Aunque se carece de datos oficiales actuales sobre el número y la situación en la que se encuentran, gracias al trabajo de la sociedad civil, Reinserta AC, se estima que son alrededor de 500 niños y niños que viven en esta situación, la cual es totalmente distinta de quienes viven en un hogar junto a sus familias. Por ejemplo, en el tema de alimentación el 34 por ciento de las madres privadas de su libertad entrevistadas han expresado que no cuentan con los alimentos suficientes para alimentar a sus hijos que las acompañan. En cuanto a salud, tan solo el 58 por ciento de los menores cuentan con todas sus vacunas, mientras que quienes no la tienen sus madres refieren como principal razón a que los centros penitenciarios carecen de estos insumos. En el tema educativo, solo el 49 por ciento de las mujeres refieren que sus hijos tienen acceso a un centro de desarrollo infantil. Asimismo, el 7 por ciento de ellas señalan que sus pequeños no cuentan con un acta de nacimiento. Cabe señalar que la gran mayoría de las madres que se encuentran en prisión son de bajos recursos y muchas de ellas no cuentan con el apoyo económico de sus familias al exterior, por lo que solo se mantienen de lo que el centro penitenciario les provee, y como ya se detalló, es insuficiente. Así pues, cuando la niña o el niño cumple la edad límite marcada por la ley para permanecer con sus madres dentro de los centros penitenciarios, que es de tres años, estos son distanciados de sus madres para que un tutor pueda hacerse cargo de ellos o en última instancia será el DIF el que se encargue de recogerlos para darlos en adopción. Esta situación no es sencilla para los niños y las niñas que viven en esta situación, pues el sistema carcelario no les permite conocer más allá del exterior. Se encuentran en un lugar susceptible de violencia y carecen de herramientas para incorporarse a la vida en la comunidad. Lamentablemente, nuestro jurídico nacional no es suficiente para garantizarles el pleno goce de sus derechos tanto dentro como fuera de estos centros penitenciarios. Por estas razones estoy proponiendo ante ustedes una iniciativa por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En primera instancia se propone la creación del Registro Nacional de Niñas y Niños en Centros Penitenciarios en situación de acompañamiento, para que dejen de ser invisibles de una vez por todas para el Estado y se tengan herramientas para el diseño e implementación de políticas públicas específicas, que tomen en cuenta su situación y circunstancias particulares, tanto ellos como sus madres. Asimismo, se propone que reciban atención psicológica durante y después del acompañamiento con su madre en el centro penitenciario. Lo anterior es necesario, ya que el proceso de separación de su madre al cumplir los tres años de edad sea para quedar a cargo de un tutor o a través del DIF para ser dados en adopción, requiere una atención especializada que les permita su incorporación a la vida en comunidad. Por último, se propone que niñas y niños en esta situación sean reconocidos en la Ley de Asistencia Social, con la finalidad de que accedan a programas que impulsen en su desarrollo integral y su incorporación a una vida plena. Por las minorías, por nuestros niños y niñas, va. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.