El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Compañeras y compañeros diputados y diputadas, la propuesta que el día de hoy vengo a presentar es la modificación al artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de transparencia. Y quiero decir que este es un distintivo de la cuarta transformación, pero además es un distintivo de la LXIV Legislatura de la cual varios y varias fuimos parte, y hoy en la LXV Legislatura también tenemos que dar continuidad a esa serie de reformas que hemos venido encaminando con el propósito de que las prácticas de transparencia en todos los órganos gubernamentales, en todas las instituciones, sean cada día más recurrentes. La Cámara de Diputados no es la excepción, pues justamente en este órgano, en esta institución de la cual dependemos todas y todos, se ha hecho ya una situación recurrente el que todos los procesos, en que todos los recursos, en que todas las actividades se puedan difundir, pero también pueda tener acceso las y los ciudadanos, las y los mexicanos, para poder revisar de manera muy puntual en qué se están gastando los recursos públicos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y, sobre todo, lo que nosotros mismos nos aprobamos. La información es poder, y los sexenios que nos antecedieron se resistieron a compartir ese poder con pueblo porque no les convenía a los gobiernos neoliberales que pudieran conocer los excesos que los funcionarios públicos, los que se creían amos, reyes y virreyes, gastaban, porque era el recurso del pueblo, era el dinero de la ciudadanía, y a nadie le convenía de los que pertenecían a los aparatos gubernamentales que el pueblo supiera en qué se estaban gastando este dinero. Pero hoy tenemos que garantizar que la transparencia y la publicidad sea una actividad recurrente, pero que además sea una premisa del Estado de derecho, porque además esto debe de constituir la garantía para que los ciudadanos puedan garantizar el privilegio de que no resulte afectado el patrimonio de las y de los mexicanos. Pues en nuestras manos está, no solamente el poder decidir en qué se va a gastar el presupuesto, sino también estamos gastando con el desarrollo de cada una de las actividades de las y de los diputados el presupuesto de los mexicanos. Sobre todo es posible afirmar que la consagración, pero sobre todo la aplicación de este principio de transparencia y publicidad de la actividad de la administración permite obtener de ella razones y criterios de decisión accesibles para todos, pues a todos alcanzaría la posibilidad de consultar cuántos documentos, informes, resoluciones, haya podido dictar, constituyendo garantía de crítica pública de su accionar, adecuada a preparación y ejercicio de derechos por los particulares y el control de decisiones administrativas. La transparencia busca crear un aparato administrativo que dialogue y transforme los viejos súbditos en administrados interlocutores y no en meros destinatarios de actos desfavorables o de gravamen. La transparencia constituye entonces un elemento esencial para el logro de un grado más desarrollado de democracia y un indicador sumamente importante ante la posibilidad de cambios radicales en las relaciones entre los administrados y la administración pública. Por esta razón es que hoy pongo a consideración de todas y de todos, sobre todo los que hoy están aquí presentes, esta modificación, en la que se precisa que cuando los servidores públicos que falten a la legalidad, a la honradez, a la lealtad, a la imparcialidad y a la eficiencia en la función pública se les inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa. Se observen también, entre otros principios, también el de transparencia. Esto nos permitirá generar sinergias con organizaciones de la sociedad civil para la creación de mecanismos de monitoreo social y control ciudadano. La impartición de justicia administrativa y el trabajo de la administración pública son un servicio público y, como tal, no pueden mantenerse alejados de la sana crítica y del escrutinio social de las y de los mexicanos. Es cuanto.