La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Buenas noches. El régimen de responsabilidad y combate a la corrupción, hay muchas cosas que se pudieran decir, en tres minutos es poco, y voy a tratar de agilizar la posición que al respecto tenemos, y que tiene que ver con ene número de reservas que van en ese tema. Cualquier país que aspire a resolver los problemas que enfrentan sus ciudadanos, considera el sector energético como estratégico. Por esta razón nos parecen muy graves las modificaciones hechas a Pemex y a CFE, particularmente con lo referido al régimen de responsabilidades y combate a la corrupción y, sobre todo, desmantelamiento de esas dos grandes industrias y la violación a los derechos humanos laborales. Lo que natura no da, legislación no provee. Reza así el refrán. Si el presidente de la república es producto de acciones y conductas contrarias a la ley, cómo esperar que sus decisiones y las alianzas que teja con empresas extranjeras tengan como base la transparencia y el estricto apego a la ley. Y realizó este planteamiento porque será él, el titular del Ejecutivo quien a través de sus correas de transmisión, conduzca los destinos de la empresa mediante el consejo de administración. Lo más grave y conveniente para Peña Nieto es que la modificación exime de responsabilidades administrativas a quien se equivoque o resuelva acciones contra el interés de las empresas públicas, pues su único fin es producir dinero y no garantizar derechos ni bienestar social. Nosotros, en el PRD, y nosotras, tenemos claro que en materia de energía, el camino correcto no es la privatización, no es subastar nuestros energéticos; no, señores. Sí, hay de otra para realmente potenciar esa palanca para el motor de la economía en el país. Desde la izquierda sabemos que someter al país y a su población a la dependencia energética y a la voracidad del capital no es un futuro prometedor, quienes defienden que se incorporan algunas medidas para combatir la corrupción, pero no basta con la implementación, como lo han estado señalando, la implementación de un sistema de información pública sobre proveedores o algunos testigos por ahí que ya van en alguna reserva que están recientemente aprobados. Sí, pudiéramos enumerar muchísimos ejemplos donde ha habido y existen organismos para que no haya corrupción. Sin embargo, un ejemplo voy a dar solamente, si el día de hoy el propio SAT el SAT, esa gran institución de este país no entrega ni siquiera el nombre de las empresas a quienes se les condonan créditos fiscales o se les realizan cuantiosas devoluciones creen ustedes que ahora sí con sus organismos que están creando y esos dientes enanitos que están poniéndoles a los órganos reguladores y de más creen que los privados ahora ellos sí al entrar en esa subasta pública nos darán toda la información veraz y oportuna. La disfuncionalidad para fincar responsabilidades por parte de los propios consejeros implica un manejo político de los mecanismos sancionadores, por parte de la mayoría de los consejeros que serán obviamente leales al Ejecutivo federal, por lo que es indispensable eliminar dicha discrecionalidad e implementar sistemas autónomos y transparentes de rendición de cuentas. Cosa que ustedes no quieren hacerlo de a de veras, solamente simular. Otra propuestita ahí muy de joya, y alharacada por ustedes, recae en la figura del auditor externo por parte del Consejo de Administración, pues encarna los designios del Ejecutivo federal, por ello su nombramiento debe recaer en el Congreso o la Auditoría Superior de la Federación y no como se nota la injerencia del Ejecutivo federal en la forma a través de sus personeros y el titular de la Secretaría de Hacienda, y de más funcionarios públicos, de esas dos empresas que ahora se llamaran productivas del Estado, como ustedes señalan de manera equivocada, disque la autonomía y lo señalo con comillas lo que ustedes anuncian como autonomía. Todo eso son galimatías, eso no nos llevará a transparentar en nada las operaciones de las empresa productivas del Estado si no estamos en la disposición de abatir, de acabar con la corrupción, que no haya impunidad y que realmente haya un nuevo régimen fiscal, que se oriente debidamente la inversión en infraestructura en las mismas empresas, que no han hecho en años, ni siquiera poder crear, iniciar, una refinería, ya no digo terminarla. Es fundamental una verdadera autonomía para estas empresas, equilibrar los criterios en las designaciones de los consejeros, eliminar las referencias al Ejecutivo federal para eliminar la tentación de manosear las finanzas de las empresas o verse beneficiados y no tengamos un Pemexgate de nueva cuenta dentro de unos pocos cuatro o cinco años. Un verdadero instrumento sería declarar la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, sobre todo si atentan o atentaron contra el patrimonio nacional. Es increíble que quienes trabajaron para estas empresas sean ahora los subordinados de las trasnacionales. Como este dictamen no contiene estas prevenciones nuestra posición es en contra y solicito que sean publicadas de manera integras el ene número de reservas que en este tema su servidora inscribió. Ahora, qué pasa, por qué no gritaron tiempo. Ojalá que la enjundia para decir no sea para no vender el patrimonio de la nación. Es para lo único que están, para gritar y actuar de esa manera irracional.