El diputado Rubén Aguilar Jiménez (desde la curul): Señor procurador general de la República. En esta comparecencia se expresa la necesidad de que la intervención general de respuestas ubique la personalidad, la calidad de ustedes en el sentido de que finalmente son cabeza del sistema jurídico nacional, para efectos de la seguridad, para cuestiones de carácter policíaco y para cuestiones de responder en cosas que hoy resultan graves para la República. De alguna manera, considerando que es índice natural en la sociedad la existencia de la delincuencia o los actos irregulares de los ciudadanos, lo relevante hoy es que los índices de delincuencia en nuestro país son verdaderamente aterradores. Una sociedad o una institucionalidad enferma a tal grado de que no hay seguridad ni en los alrededores de quienes tienen el poder, es la característica general que debe ser atendida y esto requiere necesariamente la conducción por parte del sistema general de seguridad en el país, de todos los niveles de gobierno y de la instancia federal, evidentemente con responsabilidad para toda la República y para toda la institucionalidad en el sentido de formular necesariamente respuestas en sentido positivo y no estar necesariamente atrás de los hechos. El pasado viernes la Procuraduría General de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las reglas para el ofrecimiento y entrega de recompensas y recompensar periódicas. En nuestra opinión, éste es un instrumento que no va a rendir buenos frutos en su totalidad, en virtud de que la ciudadanía, en las características actuales del gobierno, no tendría confianza en quién recibe la denuncia y que los datos de identificación puedan luego ser filtrados a los propios delincuentes, proviniendo esta información precisamente de los órganos de seguridad gubernamental. ¿Cómo van entonces a resolver el problema de la confianza de las ciudadanía, hoy que está pidiendo el auxilio de la ciudadanía a través de la denuncia? Ésta es una responsabilidad que se tiene, evidentemente, que resolver por parte de la institucionalidad y darle seguridad a la sociedad para que colabore con las instituciones y con la justicia oficial. Necesariamente debe estar complementado este acuerdo con una respuesta evidente. Además es necesario que no caigamos en la cultura de la delación, toda vez que podría esto significar el hecho de que entonces los órganos de gobierno podrían atenerse entonces a esperar solamente la denuncia y no a perfeccionar su función. Si estamos hablando de que éste es un aparato que debe justificar su existencia, si la dirección del gobierno federal debe justificar su existencia, efectivamente en positivo, con un plan de acción y no esperando efectivamente que haya respuestas a los hechos que concatenadamente suceden uno a uno. De alguna manera esto obliga a exigir a la institucionalidad un plan general que persiga, que busque la solución del delito, efectivamente, independientemente de las denuncias de los ciudadanos. En este sentido debemos mencionar que el Poder Legislativo ha estado a la altura al dotar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a la propia Procuraduría que usted preside, de los instrumentos legales que le permitan realizar adecuadamente su tarea. En términos de lo que establece el artículo 21 de nuestra norma fundamental, a la procuraduría le corresponde la persecución de los delitos; a partir de las denuncias que se les presenten inician la labor de investigación del Ministerio Público. Deben iniciar entonces, institucionalmente, acciones para conocer los delitos, y aunque nadie les pida actuar, porque es su obligación general de su función proveer, exactamente, actos desde el poder público para resolver ese problema de perfeccionamiento de la sociedad, evitando no la presencia en un pelea por territorios de bandas de delincuentes, sino la necesaria acción oficial para resolver el problema de que este territorio nacional no sea el territorio de los delincuentes. En noviembre del año pasado, en el estado de Tamaulipas, fue asesinado Juan Antonio Gallardo, quien fuera candidato del PT a la presidencia de Río Bravo. Él hizo acusaciones directas de la infiltración del narcotráfico en la política. ¿Nos podrán informar, señor procurador si como resultado de las denuncias públicas de este político ha sido detenida o sujeto a proceso alguna persona o siquiera se ha realizado una investigación? Esto nos obliga a decir, bueno, realmente se ha tapado el ataúd en la tumba y a otra cosa. Este gobierno se olvida, como en este caso, de muchos otros que están sucediendo, puesto que son tantos que efectivamente, ni siquiera capacidad tendrán de estar acumulando información para sistematizarla y para responder oficialmente, con toda la capacidad de todas las policías del país, dirigidas en un sistema nacional de seguridad pública, que ustedes tienen obligación de dirigir inteligentemente. Esperamos que las denuncias anónimas que se presenten no corran la misma suerte que las realizadas por Juan Antonio Guajardo. Hoy preguntamos, ¿cuál es el plan general de este gobierno para toda la república, en el uso de la capacidad instalada de miles y miles de policías, que deben efectivamente ser revisados en la confianza, que deben efectivamente ser revisados y capacitados en su inteligencia, pero que deben ser usados de manera necesaria, natural, con la capacidad que tiene todo el sistema político mexicano, todas las instituciones, en perfeccionar y en controlar y efectivamente en la sociedad las cosas para que no haya tantos delincuentes haciendo cosas comunes todo los días, como algo ordinario en nuestra sociedad? Muchas gracias.