La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Gracias, ciudadano presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, como es del conocimiento de los integrantes de este pleno, en noviembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que obliga al Congreso de la Unión a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, a más tardar el próximo 30 de abril. Dicha sentencia es de relevancia por sus alcances, los cuales han sido malinterpretados por algunos, pero que de fondo únicamente versan sobre la supremacía de la Constitución y el papel del Poder Judicial de la Federación. Una protección, necesariamente la omisión de la Legislatura que nos antecedió, pero que de ninguna manera otorga al Poder Judicial la atribución para legislar ni para decidir el contenido de la ley reglamentaria del multicitado párrafo octavo. Por ello, con la valoración que la comisión hizo tanto de la sentencia que acelera el proceso legislativo de este tema, como de cada una de las iniciativas, estamos en posibilidad de presentar ante ustedes el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del pasado 15 de marzo mediante el cual se definieron las condiciones y procedimientos, y que fue aprobado en su momento por el pleno. Una vez desahogados los trabajos, estamos ante ustedes con el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social que esta Comisión de Gobernación pone a su consideración haciendo las siguientes referencias. Primero. Por mandato constitucional está a su consideración la creación de una ley general de un ordenamiento de interés nacional y observancia en toda la República, lo cual responde cabalmente a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna, veraz y por supuesto que prevé el manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad esencial del Estado mexicano. Segundo. El análisis realizado de las iniciativas nos da como coincidencias algunos argumentos y razonamientos de valoración, los cuales sustentan la determinación final y los términos puestos a su consideración con plena responsabilidad. Tercero. Sin duda, un avance fundamental implica que hemos propuesto fiscalizar el gasto en comunicación social de todos los poderes, de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos para someterlo a principios de racionalidad, economía, transparencia, tal y como lo prescribe el artículo 2o. de dictamen en cuestión, ello con el fin de evitar la improvisación y establecer mecanismos para una estricta evaluación de la comunicación social. Para ello, la ley establece que han de presentarse programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados que cumplan con el sistema público de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, la comunicación social de todas las entidades públicas en adelante habrá de someterse a una planeación más rigurosa. Deja de ser sujeto de improvisaciones y asume con toda claridad criterios técnicos. Estamos exigiendo con ello eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos, pero también en los objetivos manifiestos de la comunicación social para que exista congruencia entre el contenido de los mensajes y campañas, el objetivo de comunicación y la población a la que debe de llegar dicha comunicación. Cuarto. Consideramos que los términos de la ley propuesta representan avances de vanguardia para abrir y transparentar la relación del Estado mexicano y todas las entidades que lo componen, con los medios de comunicación a través de la creación del Padrón Nacional de Medios de Comunicación que queda a cargo de la Secretaría de Gobernación, tal y como lo prevé el capítulo octavo del proyecto. Dejo constancia que en la parte final se aborda el capítulo referente a infracciones y sanciones. En este punto podemos dejar constancia que la violación o incumplimiento de las disposiciones serán acreedoras tanto a sanciones administrativas como a querellas de orden penal conforme a la legislación vigente. En ese sentido, señoras y señores diputados, el proyecto de decreto a consideración de ustedes es, sin duda, un esfuerzo que retoma y abona al perfeccionamiento continuo de nuestro régimen. Insisto, se trata de dar continuidad a la tercera generación de reformas en materia electoral y garantizar, al mismo tiempo, que el objetivo de toda comunicación gubernamental se realice con las mejores prácticas y los más estrictos criterios de utilidad pública. Las y los mexicanos esperan, por supuesto, más apertura, demandan gobiernos abiertos y datos confiables sobre el ejercicio de la inversión pública en comunicación gubernamental. Por lo anterior las y los integrantes de la comisión someten a su consideración el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente.