La diputada María del Pilar Torre Canales: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, por mandato constitucional es obligación del Estado mexicano proporcionar a nuestros ciudadanos servicios médicos eficientes, ágiles y oportunos para satisfacer y dar cobertura a las demandas de la sociedad. En esta responsabilidad concurren los tres órdenes de gobierno quienes de manera coordinada deben actuar para que, en consecuencia se responda de manera oportuna y contundente a los retos y desafíos que nos presenta la problemática de salud. No debemos olvidar que el derecho a la salud es un derecho humano. Por ello el paciente tiene derecho en todo momento a recibir un trato digno, a ser informado de manera clara de su estado de salud, así como la de sus familiares y, sobre todo, a que no se le niegue el servicio hospitalario. Sin embargo, mucho se ha cuestionado sobre la eficiencia de los servicios médicos porque la percepción generalizada es que no se cumple con el renglón a lo dispuesto en la Carta Magna. Los argumentos de mayor incidencia son: escasez de medicinas y, las largas y agónicas esperas en los consultorios, clínicas u hospitales para recibir la atención médica, además de los malos tratos que reciben los pacientes y los enfermos. En virtud de lo anterior, las inconformidades, quejas y reclamaciones por irresponsabilidad médica se multiplican, porque se les proporciona un servicio muy apartado de la ética profesional y por tal motivo se le causó un daño o se alteró su salud que en muchas ocasiones es irreversible. Las negligencias médicas que en su mayoría quedan impunes provoca que a los usuarios de los servicios médicos se les conculquen sus garantías consignadas en el artículo 4o. y 17 del texto constitucional que corresponden al derecho a la salud y a recibir una pronta y expedita procuración y administración de justicia. Por lo que atendiendo a esta problemática, nosotros, diputadas y diputados, no debemos mostrarnos insensibles e indiferentes; al contrario, hagamos acopio de la voluntad política y aprobemos el dictamen que contiene el decreto que reforma el artículo 54 de la Ley General de Salud, en relación con las controversias de los usuarios del servicio de salud y el personal médico. El proyecto que se somete a consideración de esta honorable soberanía persigue la finalidad de aportar las herramientas jurídicas para que las autoridades sanitarias implementen los procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios de los servicios médicos y de salud que lo requiera. Asimismo, la reforma permite que los usuarios o solicitantes puedan presentar sus quejas, reclamaciones y sugerencias que tengan con respecto de la prestación de los servicios médicos. No debemos olvidar que los servicios médicos responden y corresponden a la justicia social, en este sentido corresponde al Estado sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad. La importancia radica, que en todo caso los usuarios tengan la posibilidad, si así es su deseo, de someterse a una instancia conciliatoria antes de acudir al órgano jurisdiccional. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, sostenemos el principio de que las instituciones deben mantenerse a la vanguardia para responder al reclamo que el momento histórico exige, por lo que esta expresión legislativa es una valiosa aportación que apoyaremos con nuestro voto, refrendando nuestro compromiso de proteger mediante leyes a los grupos sociales más desprotegidos y vulnerables, como lo son los pacientes, enfermos y otros usuarios de los servicios médicos. Es cuanto. Muchas gracias.