EL C. DIPUTADO GUSTAVO BUENROSTRO DIAZ: Con su permiso, Señor Presidente. Señoras y señores diputados: Los derechos humanos son un límite natural y necesario al poder público. Sin su respeto escrupuloso ni el Estado se justifica ni la autoridad tiene razón de ser. Es necesario promover y garantizar los derechos humanos sin distinción de credos religiosos, convicciones políticas, rangos o categorías sociales, clases o ideologías. Los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado y éste, por tanto, debe reconocerlos y garantizarlos plenamente. Los derechos humanos deben estar incluidos en los diversos ordenamientos jurídicos positivos vigentes en México. Esto para su mejor protección y exigibilidad. Esto no quiere decir que sea el Estado su creador e inspirador; el Estado lo único que debe hacer es crear los mecanismos legales para su garantía. Por ello su real eficacia, su salvaguarda dependerá en gran medida de la tutela que les ofrezca el Estado. Democracia y derechos humanos son temas conectados íntimamente y no permiten divisiones ni rupturas que los menoscaben. Por esto es en el Estado democrático y de derecho donde pueden tener mejor cabida la libertad, la igualdad y la dignidad humana y no así en el estado totalitario, dentro del cual se dejan a un lado con mayor facilidad los intereses de la persona, de los individuos y se olvida que es a ésta, a la sociedad, a los individuos, a las personas, a quien el Estado debe servir. Tal como se expresa en la declaración universal de las Naciones Unidas y en nuestra Carta Magna, entre otros principios se destaca: "Todos los mexicanos tienen derecho a la vida, valor supremo, a la libertad, a la seguridad y a la integridad de su persona, a la libertad de pensamiento, de ex presión, entre otras". Y establece también cuales son las limitaciones. La tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder publico debe hacer todo lo necesario para que de manera paulatina sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación. No es casual que el derecho a la libertad sea el que siga en importancia al derecho supremo de la vida. Sin libertad el hombre no puede desarrollarse plenamente como ser humano. Quitarle, negarle, restarle libertad al hombre significa insultar su dignidad humana; significa restarle valor al ser más perfecto de la creación, al ser que cuenta con inteligencia y voluntad y que por ende se autodetermina. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados considera un gran avance democrático que se legisle sobre la defensa de la libertad del hombre y específicamente acerca del agravio que sufren los mexicanos que son ocultados, desaparecidos ilícitamente por autoridades estatales. La tipificación de la conducta dolosa cometida por un servidor público y que tenga como efecto la sustracción de la libertad personal, es un claro avance de la cultura democrática y del desarrollo de nuestras instituciones. Incluir en el Código Penal Federal el delito de desaparición forzada de personas evidencia nuestro actual estado de desarrollo democrático. Los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que dictaminaron coinciden en que una de las condiciones indispensables sine qua non para que el individuo realice sus propios fines es esa libertad, se necesita que el ser humano, que la persona, que los mexicanos, gocen plena mente de su libertad y que ésta no se les concluye en ningún momento si no es mediante algún mandamiento fundamentado y motivado, según determina la Constitución política. No se puede dudar que hay una relación inseparable de identidad entre el concepto de persona y el de libertad. Si el individuo es un ser esencialmente evolutivo y si su voluntad se enfoca invariablemente y absolutamente hacia la obtención de su felicidad, es evidente que constituye, como lo decía Kan, un ente autoteleológico, una persona humana. La libertad de la persona, como atributo esencial de su naturaleza, se reconoce en sus primordiales manifestaciones por nuestra Constitución. Pero el simple reconocimiento de esta potestad, es decir, su elevación a la categoría de derecho público subjetivo del que es titular todo gobernado y la obligación correlativa necesariamente existente a cargo de las autoridades del Estado, serían meras declaraciones Constitucionales, letra muerta sin la implantación en la propia Ley Suprema de las llamadas garantías de seguridad jurídica. Estas garantías encausan coercitivamente la libertad personal, previniendo los casos en que dicha afectación es procedente. Por ello, dentro del régimen el gobernado no sólo goza de su libertad natural erigida en derecho sustantivo oponible al poder público. México, con esta legislación, con este avance democrático, con esta inclusión de una defensa más de la libertad humana, se convierte en el primer país de Latinoamérica que tipifica la conducta dolosa de cualquier servidor público que oculte ilícitamente a cualquier individuo, Todavía hay mucho qué hacer. No olvidemos que habrá que legislar un tipo penal similar en el ordenamiento militar correspondiente, No olvidemos que aún en nuestro país se siguen dando casos de desaparición de personas a cargo de fuerzas estatales, Con el nuevo régimen democrático vigente esperamos esta vejación termine, que esto concluya y desde esta máxima tribuna le solicitamos, le exigimos al Presidente de la República, licenciado Vicente Fox, que cumpla con su obligación correspondiente y que haga todo lo que esté a su alcance para lograr que los cuerpos policiacos y militares entiendan la necesidad del respeto de la libertad personal, para lograr el verdadero avance democrático de nuestro estado de derecho mexicano. Es cuanto, señor Presidente. (aplausos) EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Gracias diputado Gustavo Buenrostro Díaz. Después de la fundamentación del dictamen a nombre de la comisión, informo a la asamblea que se han inscrito para la discusión en lo general la diputada Rosalía Peredo Aguilar, el diputado David Sotelo Rosas, el diputado Germán Pellegrini Pérez y el diputado José Ellas Romero Apis. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Rosalía Peredo Aguilar, para la finación de posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos,