La diputada Sonia Rincón Chanona: Los principios dejan de ser ideas y se convierten en fuerzas históricas cuando se encarnan en realidades sociales concretas, Octavio Paz. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. El Estado, desde su formación, ha tenido como una de sus principales funciones velar por el bienestar, la justicia y la seguridad de los ciudadanos en el llamado pacto social. Para cumplir con esta misión, el Estado cuenta con las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos. El dictamen que nos ocupa se refiere al actuar de la policía federal; el objetivo de ésta es salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas, aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de los delitos y prevenir que se continúen cometiendo vejaciones por el uso indebido o excesivo de la fuerza, por la aplicación de técnicas y procedimientos sin diferenciar los casos en los que produzcan daños y prejuicios a la población. Todo esto denota una carencia de principios y de valores éticos y morales en la actuación policial que se evidencia en el fuerte desapego al respeto de los derechos humanos. No olvidemos el caso tan sonado del profesor indígena Alberto Patishtán, sentenciado a 70 años de prisión por supuestamente participar en una emboscada a policías, quien permaneció injustamente más de 10 años en la cárcel, violando totalmente sus derechos humanos. El presidente de nuestro país, en ejercicio de sus facultades contenidas en la Constitución y el código penal, determinó otorgar el indulto al profesor Patishtán y notificarle su libertad inmediata, reconociendo así que se estaba cometiendo un acto de injusticia. Es por ello que coincidimos plenamente con el sentido del presente dictamen, toda vez que es necesario vincular la ley de la Policía Federal con la Constitución Política, así como con los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, también celebramos que ahora se sumarán a las atribuciones del comisionado general de la Policía Federal el realizar convenios para la formación y actualización permanente en materia de derechos humanos y su aplicación en tareas policiales. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Por lo anterior, el grupo parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen que reforma los artículos 3o y 10o de la Ley de la Policía Federal, toda vez que los mexicanos merecemos una policía federal bien capacitada y que su actuar siempre sea apegada a los derechos humanos. Hoy esta Cámara de Diputados está cumpliendo con su responsabilidad de actualizar las leyes para garantizar a los mexicanos el respeto pleno de sus derechos humanos. Esperamos que el Ejecutivo federal haga lo propio en la práctica, ya que muchas veces no basta con actualizar las leyes si en la vida cotidiana no se pone en práctica la legislación vigente. Es cuanto, diputado presidente.