La diputada María Yolanda Valencia Vales: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Para acción nacional la persona humana tiene una inminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de los medios y libertades necesarios para cumplir dignamente ese destino. Dentro de la tradición histórica de dar refugio a todas las personas que se encuentren en peligro en sus países de origen, México destaca del resto del mundo por su orgullosa costumbre de dar albergue a miles de extranjeros en nuestro territorio. Basta citar el llamado refugio guatemalteco en los años 80, cuando México recibió aproximadamente 46 mil campesinos guatemaltecos que llegaron a nuestro país huyendo de los conflictos que se desencadenaron en Centroamérica. No obstante, son varias las formas en las que México ha dado alojo a los extranjeros que así lo han solicitado ya sea mediante el otorgamiento de la condición de refugiado; mediante el asilo y a través de visas humanitarias con las cuales los extranjeros han gozado de la protección del Estado. Esta costumbre se ha venido desarrollando con el debido control de las autoridades competentes, pero aún se necesita crear mecanismos que consoliden la protección y el respeto irrestricto a los derechos humanos de los extranjeros que se internan en nuestro país. Ante tal situación surge la obligación de todos los países de crear disposiciones mediante las cuales se les pueda dar la debida protección a los extranjeros que lleguen a nuestro territorio solicitando refugio y evitando que sean objeto de la explotación y otras formas de maltrato, así como la deportación a sus países de origen que los pudiera poner en grave peligro. Los lineamientos establecidos internacionalmente para la regulación del tema del refugio se encuentren principalmente en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo adicional, de 1967, los cuales deben ser observados por los países que se han adherido a ellos. En el caso específico de nuestro país hasta el día de hoy se contaba con un marco jurídico disperso y que dejaba en un cierto estado de vulnerabilidad a los extranjeros solicitantes. Aunque ya teníamos disposiciones que regulan esta materia y que dan las directrices a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que se encuentra dentro de la Ley General de Población y de su Reglamento, así como dentro del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, es necesario adecuarnos a los ordenamientos internacionales para que nuestro país cuente con un marco jurídico específico en materia de refugiados. Por lo que la expedición de la Ley de Protección a Refugiados y Protección Complementaria que hoy se somete a consideración de esta Cámara representa, sin duda, la materialización del cumplimiento de diversas obligaciones y compromisos que ha asumido nuestro país en los últimos años y en cuyo estudio se consideraron algunas de las aportaciones de los principales organismos protectores de los derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en materia de Refugio (ACNUR), Amnistía Internacional, Derechos Humanos, entre otras, y siguiendo estrictamente las directrices internacionales que han sido emitidas por el ACNUR. La ley que hoy se somete a consideración de esta soberanía se destaca por los siguientes aspectos. Primero. Se da cumplimiento a la obligación internacional de contar con un marco regulatorio específico en la materia de refugio. Segundo. Se amplía la protección de los extranjeros que solicitan refugio, ya que con la implementación de la figura de protección complementaria, se les brindará la calidad de refugiados a los extranjeros, a los cuales se les ha sido negada. Tercero. Se da certeza jurídica a los extranjeros que soliciten el refugio, toda vez que las autoridades competentes deberán hacer del conocimiento del solicitante todas y cada una de las resoluciones que se dicten, así como se concede a este último la posibilidad de interponer recursos legales en contra de la resolución que no les sea favorable. Cuarto. Se establecen las causales por las cuales la autoridad competente podrá otorgar, negar o cancelar la condición de refugiado. Quinto. Se establecen los principios que deberán guiar en todo momento el proceso de refugio, como lo son: no devolución, no discriminación, la unidad familiar, el interés superior del niño, la no sanción por ingreso irregular y la confidencialidad de la solicitud. Compañeros legisladores, éstos son algunos de los aspectos por los cuales el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de la aprobación de la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, y les exhortamos a unirse a favor de ésta. Estamos seguros que este ordenamiento contribuye a reafirmar el compromiso del Estado mexicano para proteger a los extranjeros que se internan en nuestro país huyendo de conflictos que ponen en peligro su vida, garantizando con ello el ejercicio y la salvaguarda de los derechos humanos. Muchísimas gracias.