El diputado José Luis Montalvo Luna (vía telemática): Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, lo que está en juego el día de hoy es crucial para el federalismo mexicano y el respeto de nuestra Constitución Política, en virtud de que desde un uso faccioso de las instituciones, en particular del Congreso del estado de Tamaulipas, se pretende evadir la decisión que esta soberanía emita con respecto al juicio de procedencia que actualmente lleva a cabo la Sección Instructora en el caso del gobernador panista del estado de México, perdón, Tamaulipas. Esta soberanía, a través de la Sección Instructora, ha estado desahogando las probanzas correspondientes y está llevando un proceso pulcro que garantiza el debido proceso. El que nada debe nada teme. Entonces, ¿por qué, si todavía no hay un pronunciamiento formal de la Sección Instructora, desde el Poder Legislativo del estado de Tamaulipas se está maquinando una maniobra para obstaculizar la decisión de esta Cámara de Diputados, respecto al caso del juicio de procedencia que enfrenta el gobernador del estado de Tamaulipas? Para el Partido del Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara y contundente, al señalar en su artículo 74 que es una facultad exclusiva de esta Cámara la declaración de procedencia. Además, en el propio artículo en comento se establece que las resoluciones de la Cámara son definitivas e inatacables. Bajo este supuesto, si la Cámara decide que ha lugar a retirar la protección constitucional, no se debe remitir nada al Congreso local de aquel estado, porque entonces las resoluciones de esta soberanía ya no serían inatacables. Los legisladores del PT no podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia, que una legislatura local pudiera, en su momento, anular el ejercicio constitucional de una facultad dada con carácter de exclusividad a esta soberanía. Que se escuche fuerte y claro: una facultad exclusiva de esta Cámara no puede ser compartida ni con el Senado de la República, y mucho menos con alguna legislatura local. No podemos permitir este daño a nuestro pacto federal. No podemos usar nuestras instituciones para ponerlas al servicio de intereses personales. Este fraude legislativo atenta contra el mandato del artículo 133 constitucional, que claramente establece que la Constitución es la norma suprema de toda la Unión. Imaginemos el supuesto de que, en el caso de la facultad exclusiva del carácter económico que tiene esta Cámara para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, alguna legislatura local, bajo el argumento de que en su localidad se ejercen recursos públicos federales previstos en el presupuesto, pretendiera convalidar o modificar algún concepto de gasto aprobado en esta soberanía. Faltaba más. No podemos ni debemos permitir, legisladores, salvo que se sea cómplice de este atraco legislativo, que el mandato constitucional quede subordinado a un simple acuerdo de una legislatura local, como lo pretenden realizar los legisladores panistas del Congreso de Tamaulipas. Más aún, tratándose de la probable comisión de delitos del orden federal, solo faltaría que en una sentencia de un juez penal federal una legislatura local pudiera revisarla, confirmarla, modificarla o revocarla. Faltaba más. Compañeras y compañeros, los legisladores del Partido del Trabajo nos manifestamos a favor de que dentro del marco de distribución de competencias de nuestro sistema federal las entidades federativas, como en Tamaulipas, no produzcan normas que distorsionen las facultades expresas con las que cada poder cuenta. En el caso de que el pleno de esta Cámara decida retirar la protección constitucional al gobernador de Tamaulipas, muy mal se verá el Congreso local defendiendo oficiosamente a presuntos delincuentes. En el Partido del Trabajo estamos convencidos de que el Poder Judicial le dará la razón a esta Cámara de Diputados, y sentará un precedente para que nunca más se dé un uso faccioso de nuestras instituciones para defender intereses personales. En el caso del gobernador de Tamaulipas, tenemos claro que, si hay elementos para desaforarlo, se debe llevar a cabo un proceso en el que no hay espacio para la impunidad. Al pueblo de México le prometimos acabar con la corrupción y su prima hermana, la impunidad, y no le vamos a fallar. Cuando tomamos posesión de nuestro cargo protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprovecho para expresar mi solidaridad y condolencias con los familiares de los policías de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Justicia mexiquense, que cobardemente fueron asesinados por el crimen organizado el pasado 18 de marzo en la población de Coatepec Harinas, de mi querido estado de México. Reconozco el papel destacado que viene haciendo la Fiscalía General del estado en relación a las pesquisas de este criminal atentado. Solicitamos a la misma que los culpables sean castigados y se les aplique todo el peso de la ley. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.