El diputado Alejandro Martínez Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a continuación me permito someter a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo 8 Bis, a la Ley de Energía para el Campo. Como es de todos conocido, estamos inmersos en la peor de las crisis financieras, después de la que tuvo lugar una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, crisis que se deriva del fracaso, del modelo económico neoliberal, implantado a las economías emergentes por el Consenso de Washington desde el inicio de la década de los 90. Un modelo pregonado e impuesto por los países desarrollados que dejó pasar e hizo caso omiso de los controles de las administraciones públicas, a las entidades financieras, y de supervisión de sus operaciones de riesgo, así como de los sofisticados productos financieros que éstas generan. A estas alturas no es posible continuar defendiendo un modelo que ha favorecido a los capitales especuladores, que han permitido que cuando hay beneficios, éstos se repartan entre sus accionistas y ejecutivos, pero cuando ocurren quiebras y bancarrotas, los gobiernos acuden en su rescate, y en consecuencia son los contribuyentes los que pagan las pérdidas generadas. El mensaje ha sido claro, socializar las pérdidas y continuar privatizando los beneficios. Como señala Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, estas crisis son el producto de la falta de honestidad de las entidades financieras y de la incompetencia de los gobiernos, y añade que es el señuelo de la derecha sobre la liberación que resultó estar equivocada, y ahora estamos pagando el precio. En este contexto aparece México como uno de los países más afectados por su alto grado de dependencia con la economía de Estados Unidos. Algunas manifestaciones de estas condiciones son: Uno. Menor crecimiento de la economía en un principio. La meta corregida por el gobierno para la expansión del PIB en 2009 es de 2.5 por ciento; sin embargo las estimaciones recientes están en estos mismos números, pero negativos. Dos. Efectos devastadores sobre el empleo para una economía que hoy cuenta, de acuerdo con el Inegi, con 12 millones de personas ocupadas en el sector informal. La pérdida de empleos formales continúa siendo una muy mala noticia, el salario real seguirá su caída secular, el desempleo agravará la cartera vencida y la posición de muchos deudores explotados por una banca ciega y voraz. Tres. Para el sector externo tampoco las cosas pintan bien por la consecuente reducción de exportaciones, de remesas y precios del petróleo. El sector maquilador sufrirá en sus tres componentes medulares: autopartes, electrónica y textil-confección. Si el desequilibrio externo no crece más es porque la economía mexicana está sumergida en una seria y profunda recesión. Para enfrentar esta situación, el gobierno se ha ocupado en anunciar una serie de planes anticrisis de corto plazo, que ante la realidad que agobia a millones de mexicanos resulta ser una broma de muy mal gusto. Estos planes demuestran que el gobierno carece de un plan para enfrentar la crisis de manera estructural que vaya a fondo, a la raíz del problema, al punto que el mismo Consejo Coordinador Empresarial consideró el pasado 30 de enero como notoriamente insuficiente, el plan anticrisis puesto en marcha el 7 de enero por el gobierno federal, y ante la severidad de la crisis económica llamó a poner en práctica medidas adicionales. Desde nuestro punto de vista, el gobierno ha optado por una serie de medidas que profundizarán y alargarán los efectos nocivos del colapso económico. En ningún momento ha propuesto medidas tales como abaratar el crédito, ni una reducción a los impuestos al consumo. Tampoco ha generado un programa fiscal que pueda generar un impulso masivo al empleo. La pregunta es si existen posibilidades de que funcionen planes anticrisis con este modelo económico, y la respuesta es: no. No mientras se mantenga el actual modelo económico. En la práctica poco le importa sacrificar empresas y empleos. La prioridad es la estabilidad cambiaria y una rentabilidad competitiva para el campo financiero; en cambio, no es importante la economía de los productores del campo, de los transportistas, de los agricultores, de los pescadores y de la mayoría de los mexicanos que viven en pobreza y en pobreza extrema. En consecuencia, lo que se necesita no son más planes anticrisis; lo que urge es una transformación profunda de estrategia y una redefinición y reorientación de los instrumentos de política pública. En términos sencillos, es necesario un cambio de modelo económico que fortalezca la capacidad regulatoria del Estado y contribuya a crear mercados competitivos, aumente la producción nacional y la productividad de la economía. De continuar en el esquema anterior de libre mercado, el país corre el riesgo de entrar en una espiral de mayor violencia y estallido social. En materia rural, motivo de la presente iniciativa, basta mencionar que la crisis económica mundial a la que nos hemos referido anteriormente, no ha puesto punto final a la crisis alimentaria, sino que la ha exacerbado y complicado. Ante esta situación, apenas el pasado 27 de enero, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) convocaron a una reunión de alto nivel sobre seguridad alimentaria para todos, en la ciudad de Madrid, España. En ésta se pretendió pasar de las palabras a los hechos para que se combata efectivamente el hambre que afecta a millones de personas en los países menos desarrollados. Para el caso del campo mexicano no se pueden esperar verdaderos resultados de los planes coyunturales, fragmentarios y parciales, como el anunciado Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, en donde se ignora por completo al campo y no se atendió de manera directa la situación de incremento en el precio del diesel y las tarifas eléctricas que padece este sector. No se puede esperar mucho de una serie de acciones gubernamentales como congelar el precio del diesel ante el desmantelamiento del aparato productivo que ha tenido lugar en la nación desde hace ya casi 30 años, lo que se ha traducido en la pérdida de soberanía alimentaria de un 70 por ciento de la aprobación rural en condiciones de pobreza. Otros resultados están a la vista. En 2008 se incrementó la importación agroalimentaria a una cifra récord de casi 20 mil millones de dólares y, sin embargo, este aumento en las importaciones no se reflejó en la disminución en el precio de los alimentos básicos. Por ejemplo, las compras en el exterior de semillas oleaginosas se dispararon más del 50 por ciento el año pasado. Pero el aceite comestible no sólo no redujo, sino que aumentó su precio en un 57 por ciento en los anaqueles de los supermercados. También aumentó el precio de la leche y la carne, a pesar de que el argumento para importar estos productos era que beneficiaría al consumidor final. Hoy importamos más y más caro; y las políticas públicas en materia rural continúan perjudicando a los productores nacionales y a los consumidores finales. Podríamos seguir dando cifras, pero esta propuesta pretende fortalecer la capacidad del Estado mexicano a fin de que éste garantice el abasto con la producción nacional y para que éste ofrezca insumos a precios competitivos. En obvio del tiempo solicito respetuosamente a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.