La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. El dictamen que en unos momentos se someterá a la consideración de este pleno involucró un gran esfuerzo, un esfuerzo notable por parte de la Comisión de Justicia, en cuanto a la recuperación de las opiniones vertidas desde distintos sectores de la sociedad civil, pero señaladamente desde uno de los más afectados por la realidad delictiva en nuestro país. Justamente el de las víctimas. Durante poco más de dos días, se hizo eco de la opinión de cerca de 40 familiares representantes de víctimas de desaparición, quienes expresaron en diversos aspectos como la ley que estamos por someter a votación. Tiene aspectos que vulneran sus derechos más elementales. A partir de la escucha de estas organizaciones, de académicos, pero sobre todo de las víctimas, pudimos valorar la construcción de esta reforma. Creo que es importante señalar el contexto en que nos encontramos, porque justamente cuando iniciábamos esta legislatura aprobamos la ley que dio origen al nombramiento del primer fiscal general de la República, a partir del surgimiento de la Fiscalía General como órgano constitucional autónomo. Hoy estamos ante la propuesta de eliminar la ley vigente y establecer una nueva ley, y aquí puede haber un gran debate en cuanto a la construcción del modelo de Fiscalía. Para mí, creo que los elementos más importantes que esta ley de la fiscalía debe considerar, primero es su estructura orgánica y en esta parte hay un tema muy importante que es el servicio de carrera. Por otra parte, también están las atribuciones de los funcionarios que forman parte de la Fiscalía General. Es fundamental que en todo momento se establezcan normas que garanticen la autonomía de quienes integran la Fiscalía General y con ello me refiero a los Ministerios Públicos, a los fiscales especializados para que en el momento de llevar a cabo su investigación lo hagan sin ninguna directriz, sin ninguna sujeción que pueda vencer su propia autonomía. Otro aspecto importante que esta ley debe considerar es que estamos hoy ya bajo el sistema, un sistema penal acusatorio de corte adversarial que tiene de manera transversal el principio de respeto a los derechos humanos y por supuesto de brindar todas las garantías que otorga la Constitución en este sentido. La postura que hoy estoy asumiendo, como lo hice en el pleno de la comisión, es en contra del dictamen, y es en contra del dictamen no señaladamente en torno al modelo, sino en torno a un aspecto fundamental que hemos cuidado en la comisión a la que pertenezco, que es justamente el respeto a los derechos humanos. Creo que es importante que cuando demos la discusión en lo particular realmente podamos procesar, como no se pudo hacer en la sesión de la Comisión de Justicia, los principales aspectos que siguen vulnerando los derechos de las víctimas porque en este proyecto, en la especie, estaríamos ratificando una tendencia instalada en esta legislatura que consiste en el menoscabo directo de los derechos de las víctimas que de acuerdo con el Registro Nacional de Víctimas sumaron hace poco más de 27 mil personas, tan solo en 2019. En procesos legislativos anteriores como el que implicó la desaparición de la eliminación del Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral o la aprobación de los presupuestos de egresos que han dejado sin recursos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ha quedado de manifiesto la franca omisión de esta Cámara de Diputados de actuar como autoridad responsable para salvaguardar los derechos para recibir asesoría jurídica, recibir desde la comisión atención médica y psicológica de urgencia, etcétera. Por lo tanto, la reforma que hoy se pretende aprobar, si esta se mantiene en sus términos, consumará en los hechos que se haga nugatoria la sección C del artículo 20 constitucional que atenta contra el principio de progresividad que rige a los derechos humanos y, como lo expresó la Oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, constituyen regresiones sobre los derechos de las víctimas en materia penal y en asuntos internos de la Fiscalía General que les conciernen. Es por ello que en esta ocasión estoy posicionando mi voto en contra, esperando que en la discusión en lo particular se pueda corregir lo que hoy le estamos privando a las víctimas. Es cuanto, presidenta.