La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la educación es el motor que impulsa el desarrollo de un país, ya que brinda el valor agregado a las actividades productivas e industriales que generan un mayor crecimiento económico, al mismo tiempo que forma ciudadanos capaces de entender y resolver los diversos problemas sociales que enfrentamos en las primeras décadas del siglo XXI. Esto es más relevante aun cuando nos referimos a la educación superior debido a que es uno de los aspectos más preciados de la sociedad contemporánea, pues favorece la movilidad social y potencializa el crecimiento y desarrollo económico. En Nueva Alianza consideramos impostergable considerar a la educación superior como un bien público social que resulte pertinente, incluyente y capaz de atender las necesidades de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos contribuir a que los más de siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan puedan acceder a las aulas en el nivel superior? ¿Qué debemos hacer para resarcir los actuales índices de deserción escolar en el nivel superior? ¿Cómo lograr un mayor acceso a este nivel educativo cuando sólo el 30 por ciento de los jóvenes en México están en las Universidades o institutos de formación superior? No podemos permanecer inmóviles ante este escenario. Conscientes de la importancia de la educación superior para insertar a nuestro país en una economía competitiva, anclada en el conocimiento y la innovación, debemos considerar la enseñanza superior como un eje estratégico del desarrollo humano. Estamos convencidos que el proceso para la superación de la pobreza transita necesariamente por la capacidad de apropiación y generación de conocimientos científico y tecnológico derivado de los procesos de enseñanza, aprendizaje en los niveles medio superior y superior. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es de nuestra responsabilidad histórica superar las deficiencias del pasado para implantar nuevos cimientos que nos exige la sociedad actual. El reto es grande, se requiere que gobiernos y representantes de esta soberanía busquemos los mecanismos para colocar a la educación superior como la más alta prioridad que la sociedad nos demanda. Actualmente el sector educativo enfrenta desafíos importantes como la mercantilización y privatización, así como la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Es fundamental que se revierta esta tendencia y que el gobierno mexicano garantice el financiamiento adecuado de las instituciones públicas de educación superior. En fechas recientes el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, atendiendo a los compromisos que el Estado mexicano adquirió con organismos internacionales, con la finalidad de elevar en el rango normativo más alto el garantizar a los derechos humanos como una garantía constitucional fundamental. En este sentido debemos considerar el nivel superior, como un derecho humano fundamental que permita reformar y desarrollar a la educación superior de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual la educación superior deberá ser accesible para todas y todos los ciudadanos. No podemos permitir algún tipo de discriminación, nadie deberá quedar excluido de la educación superior, ni de sus ámbitos de estudio, niveles de titulación y de diferentes tipos de establecimientos por razones fundadas en su raza, género, lengua, religión, edad, ni tampoco por diferencias económicas o sociales, ni capacidades físicas diferentes. Nuestra prioridad en Nueva Alianza es alcanzar el mayor beneficio posible para la sociedad mexicana, las y los jóvenes de México necesitan un marco jurídico sólido y políticas públicas eficaces que les brinden oportunidades de crecimiento y desarrollo. En nuestra fracción parlamentaria asumimos dicho reclamo como justo e impostergable, y es por ello que presentamos ante esta soberanía una iniciativa mediante la cual proponemos establecer en nuestra Carta Magna que la educación superior sea considerada como un bien público-social y un derecho humano fundamental que otorgue a las y a los jóvenes las oportunidades que requieren para su desarrollo humano y profesional. De esta manera asumimos nuestra responsabilidad para plasmar en las leyes el compromiso que adquirimos con la ciudadanía y velar por el interés superior de la sociedad y que estos principios sirvan como directrices eficaces para que la educación sea el eje fundamental del desarrollo sustentable de la nación. Esperamos contar con su valioso apoyo para esta iniciativa y sobre todo continuar trabajando para mejorar las condiciones de acceso, pertinencia y calidad de la educación superior, porque solo de esta forma contribuiremos a resolver los problemas que nos aquejan como país. Es cuanto.