La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Gracias, Presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, como se ha dicho ya en innumerables ocasiones, nuestras leyes penales han sido hasta ahora permisivas con la violencia de género y lamentablemente en el trato que se da a víctimas y agresores hay de fondo una creencia acerca del valor de los delitos de violencia contra las mujeres. Esta creencia vergonzosamente es que se trata de crímenes menores y las denuncias de violencia contra las mujeres no cesan, porque la incidencia de ella en todas sus formas está lejos de haberse erradicado. Entre esas modalidades de violencia destaca la sexual, siendo la violación la que con mayor claridad se identifica y sanciona en nuestro Código Penal. Sobre el procedimiento que marca nuestra legislación para administrar justicia en estos casos, surgen cuestionamientos muy serios. ¿Es correcto enfrentar a la víctima con su agresor? ¿Los agentes del Estado encargados de facilitar los trámites y acompañar a la víctima están preparados para comprender el sufrimiento físico y psicológico por el cual ésta pasa? ¿Cómo tutelar o proteger durante el proceso judicial a la víctima, cuando la agresión es una violación? Si la obligamos a ratificar una y otra vez la denuncia en condiciones de infraestructura, que no le ofrecen un espacio de seguridad para ello y bajo las cuales se genera el fenómeno que conocemos como doble victimización. El procedimiento actual que en la mayoría de los casos obliga al careo entre agresor y víctima, tal pareciera que busca juzgar a la víctima y no al que comete el delito. Parte de las agresiones que el Estado comete contra la víctima, se dan cuando se cuestiona su honorabilidad, su vestimenta, su comportamiento ulterior o cualquier conducta que el victimario interprete como consentimiento para la relación sexual. El Estado debe proporcionar y propiciar que la víctima de violación tenga la garantía de que su integridad física y moral está salvaguardada. La declaración de la víctima debería por tanto prestarse a puerta cerrada o por medio de una grabación o de un video y jamás enfrente de su agresor. Hoy en día contamos con los apoyos tecnológicos en comunicación, en medicina forense y pericial, que permitirían realizar exámenes proctocológicos y de psiquiatría, aplicables en beneficio de la víctima y en garantía de los derechos del presunto agresor. Con respecto al careo está comprobado que es siempre la parte inculpada quien lo solicita, porque cualquier abogado que defienda agresores sexuales, sabe de cierto que el careo es una herramienta efectiva de intimidación. Presión que se ejerce, no lo olvidemos, sobre una persona ya atemorizada, humillada y confundida, por mencionar sólo alguno de los rasgos emocionales de la víctima de la violación. Hay que entender que el careo es un medio de prueba complementario o accesorio que tiene por objeto aclarar los aspectos contradictorios de las declaraciones de las partes para que el órgano jurisdiccional esté en posibilidad de valorarla. Debe destacarse que el Apartado A se refiere a las garantías "Del inculpado", en todo proceso de orden penal y el Apartado B a las garantías "De la víctima o del ofendido". La reforma que se propone busca un mejor equilibrio entre las garantías del inculpado y las de la víctima. Con esta reforma se pretende ampliar los casos de excepción para que, no sólo a los menores sino a cualquier víctima de violación no se les sujete a carearse con el inculpado. Si bien es cierto que el artículo 20 constitucional impone al juez la obligación de carear al acusado con sus acusadores, los antecedentes legislativos e históricos llevan a la conclusión de que mediante esos careos no se cumple la finalidad de que el acusado conozca a sus acusadores para evitar acusaciones ficticias, por lo que hay razón para que se practiquen, además de que con ello se entorpece el proceso y se evita que la justicia sea expedita. Esto fortalece la convicción de que la exclusión de los careos en todos los casos de violación no perjudica sustancialmente las defensas de los procesados penalmente y, por tanto, no sería violatoria de sus garantías fundamentales. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en atención a lo que marca nuestra Constitución, nuestras leyes generales como la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la suscripción de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobemos esta reforma para que nuestra ley penal no siga agrediendo de nueva cuenta a las víctimas de violación. Solicito a la Presidencia, en obvio de tiempo, que se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.