La diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, hoy hemos concurrido a este recinto para debatir sobre la importancia que tienen algunas de las áreas de responsabilidad de los llamados órganos constitucionales autónomos y reformular su naturaleza jurídica. Este cambio se ha planteado no sólo de observar la duplicidad de funciones que ha implicado, sino la necesidad de mejorar su eficiencia, simplificar trámites, perfilar alternativas menos onerosas y más eficaces para cumplir con sus funciones, ya que estas, como se ha dicho, no van a desaparecer, se conservan y se fortalecen. Es importante mantener instituciones que se encarguen de responsabilidades como el acceso a la información pública, la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, así como la evaluación de las políticas sociales y educativas, la regulación energética o de la competencia económica o de telecomunicaciones. Sin embargo, no podemos continuar con los esquemas a los que nos aventuraron las reformas de 2013 y 2014, que fueron en el marco del Pacto por México, propios de la visión privatizadora que el electorado hoy ha rechazado y que no atendieron a las necesidades de la nación. Técnicamente, la justificación para crear órganos constitucionales autónomos radica en que estos sean indispensables para fortalecer el Estado democrático de derecho. Proteger derechos fundamentales y garantizar una actuación técnica e independiente en áreas clave para la sociedad. Sin embargo, cuando la realidad nos demuestra que un órgano constitucional autónomo no es el único medio ni el más eficiente para proteger derechos fundamentales específicos, porque todo se ha judicializado, por cierto, ni garantiza actuación técnica independiente en áreas relevantes. Es ahí donde se hace evidente la necesidad de una reestructuración, de una transferencia de facultades que salvaguarde los derechos del ciudadano y que reduzca los costos de su administración. El dictamen que hoy se está presentando para su discusión y votación no solo plantea la posibilidad de disminuir costos onerosos para el erario público, sino que principalmente representa la posibilidad de que el diseño institucional de nuestro país regrese, regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de ciudadanía, como es el caso de nuestros dos socios comerciales de la región. Y cómo nosotros lo tuvimos entre 1992 y 2013 en los gobiernos de los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, sin tener la naturaleza de órganos constitucionales autónomos. Escúchenlo bien, con todos estos presidentes. Por ejemplo, durante 21 años transitamos exitosamente en materia de competencia económica sin la autonomía constitucional, bajo un esquema en el que, como en Estados Unidos o Canadá, la instancia reguladora tiene autonomía técnica y de gestión, pero no como órganos constitucionales autónomos. Por otra parte, el Ifai en su origen fue creado como un organismo descentralizado de la administración pública, que dio resultados por más de una década. Y aunque su condición de autonomía constitucional vigente durante estos años implicó el aumento de facultades, no ha variado la accesibilidad en sus servicios para el ciudadano o la ciudadanía común que, sin la pericia necesaria acuden a buscar transparencia. Los OCA, escúchenlo bien, los OCA, los Órganos Constitucionales Autónomos, no han reducido sus costos y su naturaleza jurídica de autonomía constitucional no ha permitido la rendición de cuentas o fiscalización sobre sí mismos, no la ha permitido sobre sí mismos. Obviamente, aleatoriamente, llega a ser la Auditoría Superior de la Federación o, en su caso, los informes que rinden ante el Congreso. Compañeras y compañeros, a mí me correspondió la coyuntura histórica que en la Suprema Corte de Justicia se acuñare el término derecho a la verdad. Nuestra generación impulsó la búsqueda de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, y se logró hacer una sola acción que cerrara el círculo virtuoso entre transparencia hacía una responsabilidad en su actuación. La autonomía constitucional no abonó a eso. Porque recuerdo que Mauricio Merino, que lidereaba la Red por la Rendición de Cuentas, advertía de los elementos irreductibles para la correcta estructuración y legislación en materia, y no se hizo este link entre transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad en la lucha anticorrupción. Por eso, en nuestro partido y en los partidos que nos han acompañado, nosotros como grupos parlamentarios que lo conformamos, esta mayoría, refrendamos nuestro compromiso por la protección al acceso a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. Muchas gracias.