La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, quiero empezar mi presentación pidiéndoles que recuerden si en su familia ha ocurrido un accidente automovilístico, que estoy segura que la mayoría de nosotros conocemos algún caso o peor aún, hemos sufrido un percance de esta índole. Por ese motivo estoy convencida de que acompañarán la propuesta que hoy vengo a presentarles. Algunos datos estadísticos: según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, Conapra, entre el 2012 y e l 2013 se presentaron a nivel nacional, 406 mil 508 accidentes viales. La mayoría de estos eventos se dieron en zonas urbanas y suburbanas. La totalidad de accidentes viales en el 2013 dejó 15 mil 386 personas fallecidas. El número de heridos graves fue de 31 mil 772. La mayoría, 12 mil 362, eran ocupantes del vehículo. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de la discapacidad motriz. Tan sólo el 23.8 por ciento de los conductores accidentados, según datos del propio Conapra, portaban el cinturón de seguridad. La tasa de mortalidad por accidentes viales en los grupos de población de cero a nueve años de edad, fue del 3.3 por ciento. La primera causa de muerte de niños y niñas entre cuatro y doce años, es por accidentes de tránsito, constituyendo también la segunda causa de orfandad en el país. Estas cifras nos dan una panorámica general de la dimensión del problema de seguridad vial en todo el país. Sin duda, se han presentado mejoras y avances en esta materia, pero estamos aún muy lejos del ideal en cuanto al desarrollo de políticas públicas eficaces para la prevención de accidentes viales. La prevención, como sucede en la mayoría de los problemas de salud pública, es la clave para disminuir el número de accidentes y, sobre todo para proteger a los pequeños que viajan en los vehículos. Lamentablemente en la actualidad, la obligación de contar con asientos especiales para menores, no está estipulada en forma clara en la ley, razón por la cual los sistemas de retención infantil, es decir, los asientos especiales para niños no son obligatorios en algunas entidades del país. En otros estados, como es el caso de Nuevo León, la facultad de regular la materia, es solamente municipal. Otros como Durango y Guanajuato no hacen obligatorio el uso de estos asientos. Del mismo modo, la disparidad en la edad de los menores para utilizar los asientos especiales es sumamente variable, de una entidad a otra. Basta citar el ejemplo del Distrito Federal en que la edad máxima del uso es de 12 años, mientras que en el estado de Coahuila, es solamente de dos años. Sólo en tres entidades federativas en todo el país cumplen con los cuatro parámetros de seguridad vial para niñas y niños, Distrito Federal, Jalisco y Sinaloa, mi estado. ¿Cuáles son estos parámetros? Según el Conapra son: establecer como máximo de edad los 12 años para el uso del sistema de retención infantil, establecer el peso como criterio de uso del asiento, hacer obligatorio para los conductores el uso de estos asientos e imponer una sanción por el incumplimiento de la norma. Es por ello que en Nueva Alianza, estamos decididos a modificar esta disparidad, y proponemos una solución para la indiferencia que en temas como éste, le merecen a muchas entidades federativas. Para remediar esta situación, propongo esta iniciativa, a fin de sancionar la falta de uso de sillas o asientos infantiles en vehículos automotores que transporten a niños menores, de cero a 12 años de edad. En Nueva Alianza queremos cambiar al país con acciones, y una de esas acciones es fortalecer las políticas públicas en materia de accidentes. La seguridad de todos los niños y todas las niñas de México tiene la misma importancia que la seguridad de nuestras hijas y de nuestros hijos, no debe haber diferencias en la protección de los menores. Es nuestra responsabilidad fortalecer el marco normativo para que esto suceda. ¿No se merece la misma protección una niña o un niño de Guadalajara a uno que vive en Pachuca? Este cambio que parece minúsculo en la ley puede significar la vida del hijo o de la hija de cada uno de nosotros. Vale la pena el esfuerzo, compañeros. Soy una convencida de que salvar vidas para prevenir lo que es efectivamente prevenible es un privilegio que debemos honrar, y espero que con esta idea en mente acompañen mi propuesta. Por su atención, muchas gracias.