La diputada Sayonara Vargas Rodríguez: Hoy presento en esta tarde una iniciativa con un sentido de urgencia, pero, sobre todo, de responsabilidad como representante de mi distrito, el distrito número 1 de Huejutla de Reyes, Hidalgo, pero también como sabedora de que en nuestro país persiste la violencia contra las mujeres, pero, sobre todo también la sombra ominosa de impunidad que envuelve todo el proceso de la defensa de la mujer. Por eso, presento ante ustedes una propuesta crucial, una reforma al artículo 325 del Código Federal. Esta iniciativa no es simplemente un ajuste legislativo más, como a veces lo observamos, es el resultado de una petición pública que exige erradicar la corrupción y la impunidad que han manchado el camino hacia la justicia. Las cifras, todas y todos lo sabemos, son relatos de sufrimiento, de pérdida, de desesperación. Los casos de feminicidio y agresiones sexuales en nuestro país no son solo alarmantes por su número, sino por la frecuencia con la que los culpables, los culpables evaden la justicia. Es aquí donde esta propuesta toma un papel crítico. Buscamos firmemente endurecer significativamente las penas para aquellos servidores públicos, en particular a los Ministerios Públicos, que por acción u omisión protejan a los perpetradores de delitos sexuales, asegurando que dicha conducta no solo sea castigada, sino también vista como aborrecible y contraria a todo lo que estamos defendiendo. El aumento propuesto de las penas busca enviar un mensaje certero, claro, justo. En México, la corrupción y la impunidad no deben de ser toleradas, este cambio legislativo es esencial no solo para castigar a los culpables, sino también para restaurar la fe en nuestras instituciones judiciales, haciendo del acceso a la educación y a la justicia una realidad palpable para todas las víctimas que han sufrido este delito. Permítanme, amigas y amigos, destacar un aspecto crucial y profundamente corrosivo de la impunidad que nuestra reforma legislativa busca erradicar. Buscamos erradicar el favorecimiento de funcionarios públicos implicados en delitos de índole sexual. Este acto no solo es un agravio a las víctimas, sino que descompone la integridad de nuestro sistema judicial y la confianza pública en nuestras instituciones. Cuando los funcionarios públicos son acusados de delitos sexuales son protegidos por sus pares, o por fallas sistemáticas se envía un mensaje devastador a la ciudadanía, que quienes están encargados de proteger la ley y el orden por encima de la ley. Este fenómeno destruye la confianza, reitero, de las instituciones que es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática y justa. Al no enfrentar consecuencias legales apropiadas estos funcionarios por supuesto que no solo continúan en sus cargos con gran poder e influencia, sino que también pueden reincidir en su comportamiento delictivo. Por lo tanto, solicito a ustedes este apoyo unánime de este honorable Congreso de la Unión, para votar a favor de esta iniciativa y prácticamente el cambio se sancionaría de 3 a 8 años y de 500 a mil 500 días de multa, además de ser destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública para los servidores públicos que retrasen o entorpezcan, maliciosamente o por negligencia, la procuración o administración de justicia. Es cuanto, señora presidenta.