El diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, antes de que iniciara la gestión de la administración federal de 1988-1994, Acción Nacional dio a conocer a la opinión pública, concretamente el 16 de noviembre de 1988, su exigencia en el sentido de los actos que dicho gobierno fueran encaminados inmediata y decisivamente en el sentido de modificar las estructuras económicas, sociales y educativas del país, de manera que avanzáramos hacia una sociedad más justa, más libre, más participativa y en la que el pluralismo fuera la parte integrante de la estructura del Estado. Entre otros puntos, en aquél entonces el PAN demandó la restructuración de la legislación y la política agraria con miras a lograr: Primero. Elevar el nivel humano del campesino. Segundo, el recuperar, conservar y fomentar el recurso natural de la tierra para propiciar la producción y la productividad agropecuaria. Tercero. Fomentar la agricultura y la explotación racional del agro mediante las formas constitucionales de propiedad de la tierra y del ejido; propiedad comunal y pequeña propiedad, así como la corrección del minifundismo ejidal y no ejidal y garantizar la seguridad jurídica, política y fáctica de las formas de tenencia establecidas en la Constitución. Cuarto. Garantizar al campesino los recursos necesarios para asegurar el abasto nacional y con el fruto de su trabajo lograr un nivel económico suficiente y decoroso. Quinto. Reafirmar a la pequeña propiedad como base del sistema de tenencia de la tierra, y Sexto. Establecer un mecanismo de fijación de precios justos de garantía para los productos del campo, en beneficio de los productores ejidales y no ejidales. En este contexto, el 6 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el artículo 27 constitucional, acción legislativa que hoy en día nadie duda de que fue la reforma constitucional que cambió el rumbo del campo mexicano. Cabe señalar que en el año de 1992 Acción Nacional llevaba más de cinco décadas señalando al campo como uno de los principales problemas de México, y en efecto, entre otro de los postulados fundamentales que durante medio siglo había venido sosteniendo Acción Nacional incluidos en la iniciativa presidencial que dio origen a la reforma del artículo 27 constitucional de 1992, podemos señalar el dar mayor certidumbre en la tenencia de la tierra; el liberar al campesino y a su familia de distintas formas de servidumbre; el respeto y el apego a las formas de vida en la comunidad, el reconocimiento de la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar los vínculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio; el respeto a la libertad de los productores rurales, la protección de sus comunidades y el reconocimiento pleno de su autonomía. Derivado de dicha reforma constitucional, el 26 de febrero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Agraria, cuyo artículo 70 establece, desde su promulgación, que en cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza, divulgación de prácticas agrícolas que permitan el uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con los que cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido normará el uso de la parcela escolar. En términos de la ley en materia, a la parcela escolar se le da la misma protección que a las tierras destinadas al asentamiento urbano. Sin embargo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional coincide en el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, que se somete a la consideración del pleno en este momento, en el sentido de que se requiere recuperar la parcela escolar para iniciar la preparación de los alumnos de las zonas rurales y periurbanas, para que reciban una educación apropiada que los capacite para desarrollar e innovar la producción agrícola y que la escuela tiene como función apoyar el desarrollo de capacidades para atender a los problemas y necesidades más importantes de la población. También celebramos la modificación que hizo la Comisión de Reforma Agraria a la iniciativa dictaminada para que, en este caso, se adopte el dominio pleno sobre la parcela escolar, tendrá preferencia en el derecho del tanto, la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, pues efectivamente, resuelve la contradicción legal que se señala en el dictamen. Y finalmente, apoyamos que la totalidad de los productos, utilidades líquidas, ingresos que genere la parcela escolar se destine a la respectiva escuela rural, pues será de beneficio para sus alumnos. En consecuencia, Acción Nacional hace una cordial invitación a las diputadas y diputados de esta legislatura, a pronunciarnos a favor del dictamen, pues estamos convencidos que con esta reforma estamos mejorando la calidad de vida de la niñez y los jóvenes del medio rural, y procura la unión libre, permanente y fecunda del ser humano con la tierra. Es cuanto, diputado presidente.