El diputado César Octavio Pedroza Gaitán: Con su anuencia, señor presidente. Señoras y señores diputados, de acuerdo al decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 7 de mayo de 2008, se establece en el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116, que las legislaturas de los estados deben contar con entidades estatales de fiscalización para desarrolla técnicamente la función de fiscalización del Poder Legislativo y evitar los criterios políticos en la aprobación de las cuentas públicas. De igual forma, para garantizar el ejercicio técnico de la fiscalización, se establecen elementos mínimos en el diseño institucional de estas entidades, por lo cual deben contar con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Estas garantías institucionales son las mínimas que debe implementar un estado, ya que no pueden crear entidades con un mayor blindaje institucional, como es el caso del estado de Nuevo León, que dotaron constitucionalmente a su entidad con personalidad jurídica propia y de garantía financiera, la cual consiste en que su presupuesto de operación será suficiente para el cumplimiento de su función; no podrá reducirse en términos reales al del ejercicio anterior y podrá definir y ejercer en forma autónoma sus partidas presupuestales. Sin embargo en éste como en otros estados, a pesar de dotar de mayor blindaje a su entidad de fiscalización, no se ha reformado la ley orgánica de la misma para la consecución de la reforma de abril del 2009. Es de recordar que es necesario desarrollar las normas constitucionales en la legislación secundaria para su aplicación material. Por otro lado, en algunos estados sólo le han asignado una autonomía parcial a las entidades de fiscalización, es el caso del estado de Puebla, entre otros, que a pesar de constitucionalizar la autonomía no establece en la ley secundaria todos los conceptos en los que debe ser autónomo. Estados como el de Chihuahua, que no garantizó la autonomía técnica y de gestión para las resoluciones del ente fiscalizador, así como el estado de Jalisco que estableció constitucionalmente un ente con autonomía técnica y de gestión pero no desarrolló los conceptos en los cuales debe tener garantizada dicha autonomía. De acuerdo al citado decreto, se establece que los titulares de las entidades de fiscalización de las entidades federativas, deben cumplir con procedimientos especiales de designación, estar en funciones por un plazo mínimo y con un perfil especializado en materia de fiscalización. De acuerdo al segundo transitorio del decreto, las legislaturas locales contaron con un año para las adecuaciones de las normas constitucionales y legales para la incorporación de las entidades estatales de fiscalización con elementos y las características anteriormente señaladas. De acuerdo con la autonomía técnica y de gestión para decidir sobre la organización interna y funcionamiento con la que deben contar las entidades estatales de fiscalización, éstas deben emitir o en su caso actualizar sus reglamentos internos. Por lo anterior, nos permitimos proponer el siguiente punto de acuerdo. Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas estatales y a las entidades estatales de fiscalización a completar las reformas constitucionales legales y reglamentarias para establecer las entidades estatales de fiscalización acordes con las características de los párrafos sexto y séptimo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito a la mesa directiva la inscripción íntegra de la proposición con punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.