La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputado presidente. Si la justicia existe, entonces tiene que ser para todos; de lo contrario, ya no es justicia, Paul Auster. La Ley General de Justicia Cívica e Itinerante es una de las propuestas que resultó de los diálogos de la justicia cotidiana impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto en un ejercicio conjunto con el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la finalidad de fortalecer la cultura de justicia y legalidad, hacer accesible la justicia para el ciudadano de a pie y atender conflictos del día a día entre las personas de manera expedita. Esta ley que hoy discutimos se centra en dos objetivos fundamentales: por un lado busca sentar las bases para la organización y el funcionamiento de la justicia cívica, y por otro lado pretende establecer las acciones para acercar la justicia a los ciudadanos. Es decir, acercar los mecanismos de resolución de conflictos, trámites y servicios que hoy existen a poblaciones alejadas, de difícil acceso, zonas marginadas a través, justamente, de la justicia itinerante. En tal sentido, cabe señalar que la justicia cívica implica que un juez, que formalmente es de naturaleza administrativa, realice funciones materialmente jurisdiccionales, que resuelva de manera inmediata los conflictos entre ciudadanos o resuelva acerca de la responsabilidad de un ciudadano por la comisión de una falta de orden administrativo a través de un procedimiento ágil y sin formalismos innecesarios ante los conflictos que se presentan. Por su parte, la justicia itinerante es un medio de acceso a la justicia de rapidez en el despacho jurisdiccional y de acentuada inmediación en la que, por un lado, se pueden acercar los trámites y servicios de las dependencias y entidades federales y locales a poblaciones alejadas de difícil acceso y zonas marginadas, y por otro, puedan atenderse conflictos individuales, colectivos o comunales con asistencia judicial o haciendo uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. El antecedente el día de hoy vigente es la justicia itinerante en materia agraria que llevan a cabo los tribunales agrarios en toda la República Mexicana, que de manera periódica acuden a diversos municipios del país a fin de facilitar el acceso a la justicia. Si bien las entidades federativas ya cuentan con leyes o reglamentos en materia de cultura y justicia cívica, cada una tiene un diseño distinto, por lo que a través de la presente ley se busca unificar el contenido de las normas en aras de igualar el ámbito de protección en toda la República Mexicana, considerando las diferencias entre cada entidad federativa. En este sentido, para que la cultura cívica sea más efectiva y la justicia más eficaz, es necesario homologar los principios y bases que darán contenido a las políticas públicas y guiarán el desarrollo de la actuación de los juzgados cívicos. Cabe señalar que para ello existen distintos elementos con los que busca contribuir esta presente ley a través del acceso a la justicia pronta y expedita. Establece varios elementos, algunos de ellos son los principios de la justicia cívica, entre ellos la difusión de la cultura cívica para la prevención de conflictos vecinales y comunales, la corresponsabilidad de las personas en la conservación del entorno social, el respeto de la libertad y derechos de los otros, la prevalencia del diálogo para la resolución de los conflictos, el fomento de la participación ciudadana para la resolución de conflictos, entre otros. Del mismo modo, se mandata a cada municipio o demarcación territorial a contar con al menos un juzgado cívico que opere de forma ininterrumpida para la atención de los conflictos de esa naturaleza. Busca también impulsar una forma más ágil y eficaz de resolver controversias, privilegiando la solución amigable y la participación activa de las partes en sustitución de las autoridades judiciales. Los procedimientos que conocerán los juzgados cívicos podrán iniciar con la presentación o remisión del probable infractor, o bien, con la presentación de una queja de cualquier particular ante el juez en contra de un probable infractor. Y por ello se prevén procedimientos orales, públicos y expeditos que concentrarán las actuaciones en una audiencia única. En el ámbito de justicia itinerante se propone incorporar las jornadas de justicia itinerante a través de las unidades móviles en las que participen autoridades de los tres órdenes de gobierno, encargadas de trámites, servicios de programas sociales y de la administración de justicia. Asimismo, la federación y las entidades federativas, de manera coordinada, diseñarán las jornadas de justicia itinerante, de forma que se localicen estratégicamente para atender el mayor número de personas y se atiendan las necesidades particulares de la comunidad de que se trate. Estos elementos que conforman esta nueva ley, sin duda contribuirán a hacer accesible la justicia para el ciudadano. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente dictamen, toda vez que consideramos urgente dejar atrás un sistema de impartición de justicia lento, incierto, discriminatorio, complicado, costoso y en muchas ocasiones inaccesible para la gran mayoría de las personas. La nueva ley también contribuirá a que conflictos menores del día a día, como por ejemplo, los problemas vecinales, se solucionen de manera justa, rápida y expedita. Hacer accesible la justicia para todos no solo contribuye al pleno ejercicio de los derechos humanos, sino que da certeza jurídica y garantiza una sociedad más armónica. Como dice Ralph Nader: Una sociedad que cuenta con justicia es una sociedad que necesita menos caridad. Es cuanto.