El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, vengo a someter a la consideración de ustedes una iniciativa que tiene como propósito reformar distintas disposiciones de la Constitución, entre ellas el artículo 133 de la misma. ¿Qué tiene que ver en este tema lo relativo al papel que debe desempeñar en función de las modificaciones que ha sufrido el artículo 1o., de la Constitución la Cámara de Diputados tratándose de la celebración de tratados internacionales? ¿A qué me refiero? El artículo 133 que vengo mencionando, contempla algo que en la academia, en la doctrina se conoce como principio de supremacía constitucional, una disposición fundamental, pues ella es la que marca cuál es la posición jerárquica dentro de todos los ordenamientos jurídicos que conforman el Derecho mexicano, la propia Constitución respecto de tratados internacionales y otras leyes que expide el Congreso de la Unión. Particularmente con relación a los tratados internacionales, el propio artículo 133 con relación al 76 y al 89, establece que: se celebran, los compromisos internacionales, se celebran por el presidente de la república, pero los ratifica exclusivamente la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores con la representación de cada una de las entidades que conforman la Federación es la única que discute sobre si los tratados internacionales que conforman y son parte del derecho mexicano, son ley suprema de la Unión, se apegan o no a los principios en materia de relaciones exteriores de los que México es parte y que tutela la propia Constitución, y de esta manera con esta ratificación que en su caso emiten los senadores, se integran los tratados internacionales al derecho mexicano. ¿Cuál es la problemática que surge? Desde el mes de junio de este año entró en vigor una reforma al artículo 1o., constitucional por virtud de la cual se encomienda a todas las autoridades competentes, pero en primer lugar y es aquí lo que nos interesa, a los jueces, a los jueces del fuero común, algo que se ha venido a denominar como el control de convencionalidad. ¿Qué significa esto? Tratándose de la observancia de principios rectores de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, hoy por hoy los jueces de la Federación, los jueces de los estados, tienen la facultad de apartarse de lo que establezcan las leyes, con la finalidad de salvaguardar todos los compromisos asumidos por México, tratándose de la protección de los derechos humanos. ¿En qué se traduce esto? En que las leyes que aprobamos en esta Cámara, que aprueban las dos Cámaras como Congreso de la Unión, quedan supeditadas, en primer lugar, a la Constitución; pero en segundo lugar, a la validez en materia de derechos humanos que contemplen los tratados internacionales. Es así que jerárquicamente los tratados internacionales vienen a estar colocados por encima de las leyes federales o locales con la diferencia de que los tratados internacionales solamente los discuten, valoran y aprueban, los senadores en la propia Cámara, y las leyes las tenemos que discutir las dos Cámaras, la Cámara de Diputados y de Senadores. Es un problema, por qué. Porque esta intervención democrática que tiene la Cámara de Diputados tratándose de la discusión de leyes, no está teniendo el mismo reflejo tratándose de la discusión de los tratados internacionales, y los tratados internacionales, sin pasar por este tamiz y esta discusión que debe de ejercer esta representación ciudadana, están viéndose colocados, por virtud de este control que ejercen los jueces y por virtud de esta reforma al artículo 1o constitucional, por encima de las leyes que aquí aprobamos. He ahí que es importante que si por virtud de los derechos humanos, por virtud de este control de convencionalidad que en lo sucesivo y ahora, con motivo de la reforma al artículo 1o constitucional ejercen los jueces, cobre relevancia y sea algo perfectamente necesario que la Cámara de Diputados se involucre e intervenga activamente en la discusión, aprobación, ratificación en su caso de los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo. No es una iniciativa novedosa, ya se había planteado con anterioridad; sin embargo, desde luego que tratándose del control de la convencionalidad, venimos a encontrar, en nuestro sistema de derecho, una situación totalmente actual, vanguardista que nos obliga a efectuar una segunda reflexión con relación a este tema que les propongo, a fin de que dentro del artículo 133 constitucional y ésa es la materia de la propuesta se establezca claramente que tratándose de la celebración de tratados internacionales que son ley suprema de la Unión, quien tenga que aprobarlos no sea solamente la Cámara de Senadores, sino el Congreso de la Unión. Les repito, esto es relevante porque la Cámara de Diputados, siendo una de las dos cámaras que integran el Congreso actualmente encargado de aprobar las leyes, está viéndose superada por los tratados internacionales a través del control de convencionalidad que al día de hoy y de acuerdo con el artículo 1o constitucional se le confiere a los jueces inclusive del fuero común. Démosles entonces a las leyes que nosotros aprobamos la jerarquía que les corresponde con relación a los tratados internacionales, pero démosles también a los tratados internacionales la importancia que la discusión de los asuntos que atañen a la ciudadanía debe de corresponder. Éste es el propósito de la iniciativa, y le pido atentamente, diputada presidente, que se giren las instrucciones para que se inserte la lectura de la misma en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada presidente. Muchísimas gracias. La presidente diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Así se hará, diputado. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. La presidente diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.