LA DIP. LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO: Con su permiso, diputado Presidente. Las diputadas y diputados federales, que integran el grupo parlamentario del PRD en la LIX Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguiente exposición de motivos: La tradición garantista de nuestra Constitución ha tenido en el artículo 33 constitucional su principal cortapisa. Dicho precepto ha facultado al Presidente de la República para hacer expulsar del país sin necesidad de juicio previo, a todos aquellos extranjeros que juzgue inconvenientes. Lo anterior representa privar del derecho básico del debido proceso a toda persona no nacional que sea considerada non grata por el Ejecutivo Federal y limita las garantías judiciales que toda persona debe de tener para la determinación de su situación jurídica y legal. Al respecto, es preciso señalar que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos establece en su artículo primero la obligación que tienen todos los Estados que la han ratificado, de respetar los derechos y libertades reconocidas por ella. Dentro de estos derechos que el Estado debe promover y proteger está el del debido proceso, establecidos en los artículos 8 y 25 de dicho ordenamiento, relativos a los derechos del debido proceso y a la existencia de recursos efectivos de protección, respectivamente. Así, la mayoría de los Estados democráticos que anteriormente otorgaban facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para hacer abandonar sin necesidad de juicio previo, a cualquier extranjero que juzgara inconveniente, han reconocido la necesidad de hacer extensivas las garantías judiciales básicas a todas aquellas personas no nacionales que se encuentren sujetas a una determinación por parte de la autoridad. Así, por ejemplo el Protocolo Séptimo de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, Convención Europea de los Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión arbitraria de un extranjero que se encuentra residiendo legalmente en un Estado determinado. El artículo primero de este Protocolo Séptimo establece que el extranjero tiene el derecho de presentar fundamentos para evitar su expulsión, de obtener una revisión del caso y de ser representado a tal efecto ante la autoridad competente. El derecho de argumentar en contra de la deportación es incluso anterior al derecho de revisión de caso, por tal motivo, el individuo debe de contar con la oportunidad de reunir evidencias u otros materiales para fundar su caso ante la autoridad que lo ha privado de su libertad o al inicio del procedimiento. Sobre la prevalencia del artículo 33 constitucional y su defecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estableció en el párrafo 141, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México, del 24 de septiembre de 1998, una recomendación en el siguiente sentido: "Que revise las denuncias de expulsiones arbitrarias en caso de extranjeros que residen legalmente en el territorio mexicano, a fin de adecuar tales decisiones estrictamente a las normas del debido proceso, previstas en la legislación interna y en los instrumentos internacionales vigentes". Por lo tanto, los mecanismos de protección y vigilancia a los que México se ha sometido en virtud de la ratificación de los diferentes pactos y convenciones regionales e internacionales de Derechos Humanos, han señalado la expresa necesidad de adecuar el artículo 33 a las garantías del debido proceso, establecidas tanto en la Constitución como en dicha normatividad internacional sobre la necesidad de reconocer las garantías judiciales en un proceso de cualquier índole, incluyendo aquellos de carácter administrativo, que es donde encuadraría la decisión del Ejecutivo de hacer expulsar a un ciudadano de otro país. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido su jurisprudencia en el sentido de señalar que en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace el numeral dos al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y por ende en este tipo de materias el individuo tiene también derecho al debido proceso que se aplica en materia penal. Cabe señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento particular, su significación y su contexto en un sistema legal particular, son factores que fundamentan la determinación de si la representación legal es o no necesaria para el debido proceso. De igual manera, juristas como el doctor Agustín Gordillo, han señalado que el principio de oir al interesado antes de decidir algo que lo va a afectar, no solamente es un principio de justicia; es también un principio de eficacia, porque indudablemente asegura un mejor conocimiento de los hechos y por lo tanto lo ayuda a una mejor administración además de una justa decisión. Lo anterior, partiendo del hecho establecido de que las garantías judiciales son aquellos derechos que según el derecho internacional de los derechos humanos no son susceptibles a ser suspendidas y cuya efectividad debe ser garantizada por el estado independientemente de la situación política, social o económica del país. En relación con lo anterior, la Corte Interamericana ha apuntado que las garantías judiciales son derechos que no son susceptibles a la suspensión o a la limitación de cualquiera de ellas, así, en esta opinión del 6 de octubre del 87, se estableció jurisprudencia en el sentido de señalar, también de considerarse como garantías judiciales indispensables, que no pueden suspenderse aquellos procedimientos judiciales inherentes a la forma democrática, representativa de gobierno previstas por el artículo 29 de la Constitución como estados partes, como idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 27 de la Convención y cuya supresión o limitación comporta la indefensión de estos derechos. Por lo tanto, la prevalencia del artículo 33 en su actual redacción, contrasta con la apertura democrática de los estados y restringe un derecho humano fundamental para el debido desarrollo del estado democrático que es obligación de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos del debido proceso. Por otro lado, es de tomarse en consideración que la facultad discrecional que le otorga el Ejecutivo Federal para expulsar de un país a un extranjero, tiene su lógica y sustento en épocas pasadas, en donde su existencia obedecía a la necesidad de dotar a las autoridades de medidas inmediatas de ejercicio, de soberanía, en un contexto de intervensionismos extranjeros de los cuales México no estuvo a salvo. Sin embargo, en la actualidad y habiéndose desarrollado con tanta amplitud los derechos humanos y el derecho humanitario y restringido, los actos de autoridad que pudiesen ser arbitrarios, el artículo 33 como en su redacción actual, no caben en ninguna legislación democrática de ningún país que se precie de serlo; mucho menos en un país que como México ha establecido la separación de poderes como método de control y en donde cualquier poder judicial debe verificar que todo acto, proveniente de cualquiera de los otros dos poderes, esté sujeto al escrutinio para hacer efectivo los derechos humanos básicos. Por consiguiente, el artículo 33 no puede tener vigencia de un estado moderno, democrático y comprometido con los derechos humanos como debe de ser el mexicano. En virtud de lo anterior, resulta necesario homologar el artículo 33 constitucional con los derechos humanos fundamentales, suprimiendo la facultad discrecional del Ejecutivo para hacer abandonar sin juicio previo a un extranjero que juzgue inconveniente y eliminando la restricción consistente en privar de los derechos básicos del debido proceso, que cualquier persona tiene por el simple hecho de estar en territorio mexicano. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con punto de acuerdo para el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo único en el cual se reforma el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos. "Artículo 33.- Son extranjeros los que no posean calidades determinadas en el artículo 30, tienen derecho a las garantías y derechos humanos que otorga el capítulo 1 Título Primero de la presente Constitución". Transitorio Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación. Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de marzo del 2004. Asimismo solicito al diputado Presidente de la Mesa Directiva, se publique íntegro en el Diario de Debates. Gracias. (aplausos)