La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, presento a consideración del pleno una iniciativa de Ley Federal de la Juventud Mexicana, de acuerdo con la siguiente Exposición de motivos Los jóvenes mexicanos tienen que ser tutelados como grupo social por una ley ordinaria. La existencia de obstáculos cada vez mayores obliga a crear una norma jurídica que concentre los derechos y las obligaciones que como mexicanos tienen, pero con las características que en una forma metodológica, codificada y depurada se mencionen los derechos civiles y políticos fundamentales, así como las políticas públicas a que tienen derecho como habitantes de la nación otorgadas y basadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un grave problema la dispersión, el endeudamiento y la apatía en la que una mayoría de jóvenes se encuentra al no ver satisfechos sus intereses de acceso a un trabajo de medio o tiempo completo; una beca económica que resuelva necesidades elementales; un servicio social productivo que sirva y lo capacite bien, debiendo ser aceptado éste como su primer trabajo; acceder a una enseñanza educativa de calidad, disponer de instalaciones deportivas en sus centros educativos o empresas que los aleje de la obesidad, la pereza y vicios. La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud refiere como jóvenes a la población con edad de 12 a 29 años. Estos jóvenes demandan al gobierno servicios de salud y educativos públicos, centros recreativos, difusión de la cultura y conocimientos técnicos de enseñanza ante una sociedad compleja, urgente de mano de obra especializada, con un problema estructural en valores y una mentalidad individualizada que aleja a los jóvenes de la equidad pública. El sector empresarial, en una mayoría de casos, abusa de la precaria situación económica de las nuevas generaciones al otorgar condiciones inferiores en sueldos, desempeño, horario y prestaciones por la necesidad de muchos adolescentes y jóvenes de conseguir dinero para sufragar gastos propios y personales. El antecedente del derecho social nace para ayudar a sectores sociales económicamente débiles, como es hasta la fecha la clase obrera y los campesinos que no tienen un fácil ingreso económico, nivel educativo elevado y son objeto de abuso de otros grupos sociales. Ante esto, la legislación mexicana norma jurídicamente esta condición. El ordenamiento tiene en el primer capítulo las disposiciones generales, donde se establece el objeto de la ley que busca garantizar un conocimiento jurídico de los derechos y obligaciones que gozan los jóvenes mexicanos de una forma sistematizada, que sirva de instrumento para un mejor desarrollo en todo aspecto en esta etapa de su vida, sin olvidar que nuestro país está integrado en su mayoría de gente joven. En su segundo capítulo se mencionan las obligaciones de los sectores público y privado que den un trato a los jóvenes en igualdad de condiciones, con dignidad, respeto, tolerancia y capacidad de respuesta y con esto evitar la ambigüedad, desatención y desprecio de que son objeto demasiados jóvenes ante funcionarios y servidores públicos, así como particulares que se conducen en forma déspota y omisa. Un tercer capítulo menciona la garantía constitucional de acceso a la salud pública como un derecho y no como un privilegio que permita a los jóvenes acceder a los sistemas públicos médicos y el establecimiento obligatorio del seguro médico educativo que los particulares que imparten educación en todos sus tipos y modalidades tendrán que fondear a los alumnos, y en el supuesto de enfermedad grave pero curable, deberán condonar colegiaturas hasta por dos meses en un período anual. El capítulo cuarto norma el derecho público a las instalaciones deportivas, las políticas públicas y privadas que fomenten el ejercicio, recreación y disciplina física de los adolescentes y jóvenes en busca de un crecimiento sano, fuerte y de mentalidades libres. Los particulares que otorguen espacios laborales a jóvenes buscaran espacios y tiempos disponibles para el desarrollo deportivo en sus empresas; un Sistema Nacional de Becas Juveniles que garantice a los jóvenes reglas claras y operativas para tener al menos una vez en su etapa juvenil el beneficio económico público de una beca en los conceptos de: a) Sufragar gastos personales; b) Un pago total o parcial de colegiaturas; c) Un recurso específico de alimentación; d) Material didáctico; e) Transporte; f) Capacitación profesional, técnica, artesanal y deportiva; g) Enseñanza artística y cultural, y; h) equipamiento. Esto lo regula el capítulo quinto que menciona las especificaciones del acceso y formas de obtener una beca. Un capítulo sexto se refiere al derecho de los jóvenes a recibir conocimiento con bases pedagógicas, calidad educativa y contacto directo durante toda su carrera con las áreas prácticas en el mercado laboral. La vida sexual de los jóvenes en un asunto que debe tratarse en todas las políticas públicas del gobierno, que permita prevenir contagios por enfermedades, embarazos no deseados, prejuicios y abusos de carácter sexual, partiendo de que todo cuerpo es una creación perfecta, libre, sana y natural. Esto se señala en el séptimo capítulo del presente proyecto de ley. Es un problema en todo el país los altos costos del transporte público y las malas condiciones en que las unidades funcionan. El maltrato que los chóferes hacen a los jóvenes al no respetar descuentos que los gobiernos de las entidades federativas convienen con los permisionarios de las concesiones otorgadas y cada particular le da un valor que quiere en perjuicio del usuario estudiante o joven que tiene la necesidad de utilizar este medio de transporte. Para ello el capítulo octavo garantiza un descuento nacional obligatorio para todo los jóvenes, con el único requisito, en caso de ser mayor de edad, de mostrar su credencial del IFE para comprobar su edad, como sucede en otras naciones del mundo con sus cédulas de identificación personal. Por último, el capítulo noveno establece las sanciones que se aplicarán a los infractores de esta ley. Existe un procedimiento sencillo que permite a los jóvenes ser asistidos jurídicamente para el cumplimiento de esta norma a través de una unidad jurídica dependiente del Instituto Mexicano de la Juventud. Diputado presidente, le solicito se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.