La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón: Gracias, señor presidente. Honorable asamblea, el dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Seguridad Social, Defensa Nacional, y Marina, a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, coincide con planteamientos que el Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados ha defendido. De hecho, la discusión que se lleva a cabo en estos momentos llega con años de retraso. Temas como la inconstitucionalidad y la discriminación que significa dar de baja a militares seropositivos por el virus de inmunodeficiencia humana ya se había planteado desde la legislatura anterior, a través de una iniciativa presentada por el diputado Pablo Franco Hernández, el 29 de abril de 2004. El tema siguió poniéndose a consideración de esta asamblea mediante las iniciativas de los diputados José Manuel del Río Virgen, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 1 de marzo de 2007; Víctor Gabriel Varela López, del PRD, el 8 de marzo del mismo año, y más recientemente, el 19 de julio de 2008, por la diputada Alma Lilia Luna Munguía. Por su parte, el diputado Carlos Rojas Gutiérrez, del PRI, propuso el 25 de octubre de 2007 una iniciativa para incrementar los haberes y sobrehaberes que reciben los militares en situación de retiro, así como las pensiones de sus familiares beneficiarios. Tarde, pero el 27 de agosto de 2008, el licenciado Felipe Calderón presenta una iniciativa de nueva Ley del ISSFAM, con planteamientos que llevaban más de cuatro años en la congeladora; sin embargo, lo más importante no es que los grupos parlamentarios que durante ese tiempo mantuvieron estos puntos pendientes ahora se vean decididos a aprobarla, aunque es lamentable que la primera minoría de esta asamblea rija su actuar como el anterior partido de Estado y acepte ahora lo que en el pasado bloqueaba, respondiendo a la voluntad de quien detenta la Presidencia de la República. Debemos reconocer que las medidas que comprende el dictamen son encomiables y de justicia social para las Fuerzas Armadas. Para el PRD esta reforma debe representar un primer paso para la dignificación de la seguridad social, lo que significa construir instituciones fuertes que les den a sus asegurados la certidumbre de que contarán con la protección y los servicios suficientes para atender su calidad de vida y su exposición a los riesgos naturales, sociales y laborales. A diferencia del criterio con que se ha regido esta Legislatura, en el dictamen a discusión se valora la necesidad de actualizar las pensiones, de garantizar las prestaciones y los derechos adquiridos; de hacer un esfuerzo presupuestal para mejorar la calidad del servicio médico, de darle dignidad a las personas al eliminar como causa de retiro el ser seropositivos y de garantizar derechos a las menores embarazadas que sean hijas de militares, derechos que, por cierto, no son accesibles a las hijas adolescentes de los asegurados y pensionados del IMSS, porque en esta Legislatura se les denegó este derecho. Lo establecido en el dictamen que hoy se discute es de elemental justicia. Se ve que las comisiones unidas antepusieron el respeto a la dignidad humana, su preocupación por que los militares tengan un retiro digno y un servicio médico de calidad. Se percibe el lado profundamente humano de quienes emiten el dictamen para eliminar como causal de retiro a la seropositividad por el virus del VIH. Es claro que los diputados y diputadas que suscriben el dictamen sobre que los haberes de retiro que reciben los militares y las pensiones de sus familiares son insuficientes. Nuestro grupo parlamentario celebra que al menos estos mexicanos y mexicanas que forman parte de las Fuerzas Armadas podrán tener un futuro mejor, aunque la mejoría sea ?como dijimos? el primer paso y aunque mínimo, para reconocer el valor de sus servicios a la patria. La justeza de las medidas que se van a aprobar en esta ocasión están fuera de duda. Lo que nos parece infame es que la mayoría de esta asamblea que hoy felizmente muestra una cara generosa, haya medido con un rasero diferente a los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado, como si ellas y ellos no merecieran un retiro digno ni la mejora en sus míseras percepciones; como si no tuvieran derechos adquiridos, una dignidad y un patrimonio que, en la mayoría de los casos, depende exclusivamente de su trabajo; como si su empleo no dependiera de un hilo y sus ingresos no se deterioraran con la misma velocidad con la de cualquiera que viva de su trabajo. Con este doble discurso, lamentablemente se ahonda la inequidad entre diferentes grupos de trabajadores y trabajadoras y el acceso a una pensión justa y a una vejez digna seguirá siendo un lujo reservado para pocos. Bajo el amparo de la Ley del ISSFAM ?y lo celebramos?, las pensiones se otorgan bajo un sistema de reparto solidario de beneficio definido. Qué bueno, al menos este sistema de pensiones que mantendrá así y no como los del IMSS y el ISSSTE, que las responsabilidades estatales recaerán en agentes financieros privados que manejan cuentas individuales y cuyo beneficio es incierto para los ahorradores, pero garantiza fabulosas ganancias al capital financiero. Tan solo en los primeros ocho meses de 2008 en el vestíbulo de la mayor crisis financiera del capitalismo global, los ahorros de los trabajadores y trabajadoras depositados en las Afore se vieron disminuidos en 63 mil 500 millones de pesos. En contraste, entre ambos sistemas de seguridad social debieran mover a una profunda reflexión. Es obvio que nadie en su sano juicio propondría que los fondos de pensiones de las Fuerzas Armadas Mexicanas los manejaran las financieras privadas a través de un sistema de capitalización individual, aunque en esta tribuna se les defiende como un sistema autofinanciable que preserva derechos y que garantiza mejores pensiones. Para esta Legislatura lamentablemente la incertidumbre y la pérdida de derechos son sacrificios que sólo se han podido exigir a los trabajadores de los sectores privado y público, o sea al 60 por ciento de la población nacional. La mejora tangible en las condiciones de vida de las Fuerzas Armadas debiera tomarse en cuenta para mejorar la seguridad social del resto de los trabajadores estén adscritos al Seguro Social o al ISSSTE o, incluso, no tengan ninguno de estos beneficios. Con instituciones fortalecidas con un afán patriótico y con el beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, nuestro grupo parlamentario votará a favor de este dictamen pero no dejará de insistir en que se debe apostar por una seguridad social solidaria, pública, redistributiva, equitativa y universal; se debe rehacer el camino y cuanto antes, mejor. Gracias.