El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Muy amable. La primera reserva a esta reforma constitucional tiene que ver con una propuesta que estamos haciendo para incluir un párrafo final al artículo 1o. de la Constitución. Ese párrafo final diría lo siguiente: “Los tratados internacionales a los que alude este artículo se aprobarán por las dos terceras partes de los miembros de ambas Cámaras y por la mayoría de las legislaturas locales” ¿Cuál es la finalidad de esta reserva, de esta adición? Es darle plena legitimidad, plena representatividad a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Si estos tratados van a tener la misma jerarquía que la Constitución, deben ser en consecuencia aprobados de la misma manera en que la que se aprueban las modificaciones constitucionales. Ésa es la primera reserva. La segunda reserva, me parece a mí muy importante, y nos han insistido en ella funcionarios de Naciones Unidas; porque el artículo 11, párrafo segundo se refiere a las figuras de asilo y al refugiado o a los refugiados. La figura de asilo, como sabemos, solamente se otorga o se concede por razones políticas, en cambio la figura de refugiado puede, de acuerdo a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y de acuerdo a la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, concederse no solamente por razones humanitarias, como consta en el párrafo segundo del artículo 11, sino también por otros motivos, motivos que tienen que ver con la nacionalidad, la religión, el grupo social, opiniones políticas, etcétera; es decir, debemos hacer consecuente el párrafo segundo del artículo 11 a los tratados internacionales, principalmente a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, de la que México es parte. La tercer reserva, presidente, tiene que ver con el primer párrafo del artículo 29 constitucional. Ése párrafo si lo leemos es contradictorio. En la primera parte permite la intervención de la Comisión Permanente para aprobar suspensión de garantías, y en la parte final de ése párrafo se determina que en caso suspensión de garantías, debe convocarse urgentemente al Congreso de la Unión. Creo que la Comisión Permanente no debe tener ninguna intervención en la aprobación de suspensión de garantías por la importancia de la medida. La Comisión Permanente, como todos sabemos, es un cuerpo de élite del Congreso, pero no representa, bueno, formalmente representa al Congreso, pero ante la trascendencia de la decisión debe ser el Congreso el único que apruebe suspensión de garantías. La reserva del segundo párrafo del artículo 33 de la Constitución, presidente, es para derogar la atribución del Ejecutivo para expulsar a extranjeros. Es cierto que la reforma establece o permite la expulsión previa garantía de audiencia. Sin embargo, como ocurre en el derecho comparado, son los jueces los que determina la expulsión de extranjeros. Aquí estoy proponiendo que no sea el Ejecutivo, sino exclusivamente los jueces federales los que determinen la expulsión de un extranjero tal como ocurre en el derecho extranjero. Por lo que ve a la reserva del segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución, propongo que este párrafo quede en los términos vigentes, es decir, que la Suprema Corte siga conociendo de las violaciones graves a los derechos humanos y a las garantías individuales, que esta facultad no se traslade a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si trasladamos esta facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las investigaciones por violaciones graves a las garantías individuales en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituirán un mero trámite sin importancia alguna. Esta importancia que tienen las investigaciones en manos de la Corte es fundamental, y aunque hay ministros de la Suprema Corte medrosos que quieren trasladar esta facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no debemos permitir esta solicitud de algunos ministros. Esta medida, esta facultad debe quedar en manos de la Corte, por la importancia que tienen las investigaciones por violaciones graves a las garantías individuales. Finalmente, presidente, propongo dos reservas más al artículo 102. En primer lugar, para eliminar las atribuciones del Senado y de la Comisión Permanente cuando las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no sean atendidas. Esta intervención del Senado y de la Comisión Permanente es una intervención de carácter político. Creo que cuando una autoridad no acata una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. la consecuencia jurídica debiera ser la destitución de esa autoridad, o al menos el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa. No es conveniente un control político a cargo del Senado o de la Comisión Permanente para llamar a cuentas a servidores públicos que no atienden recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las últimas reservas que estoy haciendo, presidente, a los 2 últimos párrafos del artículo 102 de la Constitución son para que los ciudadanos sean sujetos legitimados para instar, para iniciar el procedimiento de investigación por violaciones graves a los derechos humanos y a las garantías individuales. Es el colmo que los ciudadanos no puedan instar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos -si es que la atribución de investigar violaciones graves a garantías individuales queda en ellos-, para que los ciudadanos no puedan instar a la comisión a investigar violaciones graves a garantías y a derechos humanos. Es el colmo que solamente las autoridades puedan iniciar un procedimiento de esta naturaleza y no los ciudadanos. También me parece gravísimo que la reforma constitucional no prevea que las sesiones del Consejo Consultivo, cuando se investigan violaciones graves a derechos humanos, no sean sesiones de carácter público. También me parece grave que no se establezcan medidas de defensa a los servidores públicos, garantía de audiencia que están siendo imputados por violaciones graves a los derechos humanos y a las garantías individuales. Finalmente, presidente, me parece también que es muy grave que solamente pueda ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este tipo de procedimientos, cuando se investigan violaciones graves a los derechos humanos y a las garantías individuales sea la presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluya, en el sentido de que hay violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales la consecuencia jurídica de una determinación de esta naturaleza debe ser la sanción al servidor público responsable para ser separado de su cargo y desde luego, también para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determine la reparación del daño, determine la indemnización correspondiente a las víctimas. Estas son las reservas que estoy haciendo, compañeros diputados, compañeras diputadas, que sostengo. Robustecerían, mejorarían la reforma constitucional que estamos aprobando. Por su atención, muchas gracias.