EL C. DIPUTADO JOSE DE JESÚS LOPEZ SANDOVAL: Todo estado de derecho se funda en el principio de respeto a las leyes, las cuales por su parte deben tener como característica intrínseca el que además de ser justas porque responden al interés de los gobernados el que éstas hayan sido creadas conforme al proceso legislativo que se encuentra previsto en la norma fundante, de ello deriva la validez de la norma. Donde hay poder común, no hay ley y donde hay justicia no hay ley, por eso es que antes de establecer las leyes no había justicia, ni injusticia, sólo existe donde hay sociedad. Robinsón Crusoe, sólo en su isla no las necesitó, con Viernes existían relaciones de fuerza, de afecto, de poder y confianza. En este mundo fantástico no hay relaciones jurídicas, por lo tanto el derecho es la negación de una negación que neutraliza las agresiones a través de un contrato de no agresión De ahí que la utilidad de la norma jurídica es negativa, no es la que impide el mal, sino la que preserva el mal. En México el Poder Judicial es el que interpreta el derecho, su decisión debe ser oportuna y conforme a lo establecido en la norma, su independencia es una garantía para lo que llamamos democracia, pero cuando se llega a los excesos se rompe el equilibrio y termina por que hace una amenaza para la sociedad en su conjunto. Se puede creer que en algunas ocasiones quien tiene la investidura y condición de juez tiene que decidir sobre la aplicación de la pena al sujeto que se acusa y darle la graduación de acuerdo a su culpabilidad. ¿Acaso es el supremo creador? Cuando él decide sobre la responsabilidad le corresponde aplicar la pena individualizarla con base en el reproche. Hoy el Poder Legislativo cada vez más consciente de la función que le corresponde desarrollar se ha propuesto legislar respondiendo al interés de la sociedad que representa, evitando la creación de normas improvisadas obsoletas e ineficaces que no tienen razón de existir, ahora más que nunca existe la necesidad de perfeccionar todo lo relacionado con el ámbito penal, estamos cada día más preocupados en que la política criminal debe fijar su atención en todo aquello que sea garante de una excelencia convivencia de los individuos que conforman la sociedad, sin que vulnere los derechos elementales del hombre. La historia de la humanidad refiere que el hombre en su vida social ha evolucionado en cuanto al castigo y la imposición de las penas, de la venganza privada que produce una justicia aparente, con la aplicación de la llamada Ley del Talión, de "ojo por ojo y diente por diente" y en la cual por cierto u n diente no vale lo que vale el ojo, hasta el monopolio del derecho a castigar asumido por el estado, principio que se convierte en una garantía para el gobernado, ya que la ley y no la fuerza es la medida del poder del gobernante. Nuestra Constitución incorpora estas garantías de legalidad y seguridad jurídica en los artículos 13 y 17, mismos que imponen a los gobernados el deber y obligación de someter sus controversias al arbitrio de los tribunales previamente establecidos, para que sean juzgados conforme a las leyes existentes y válidas, consecuentemente se les prohíbe el hacerse justicia por sí mismos o ejercer violencia para reclamar su derecho. Asimismo los artículos 21 y 102 de nuestra Carta Magna establecen que el Estado como titular del juis puniende (¿) lo ejercerá por conducto del Ministerio Público, quien funge como representante de la sociedad. De lo antes señalado, pareciera que el vocablo perdón, entendido éste como la manifestación unilateral de la voluntad del ofendido, cuyo efecto es evitar que se persiga o se sancione al autor del delito del que ha sido víctima, no tiene cabida en el ámbito penal toda vez que a los particulares no les es permitido determinar a su voluntad el ejercicio de la acción penal y la ejecución de las penas. No obstante este señalamiento, el Código Penal Federal en su artículo 93 alude al perdón del ofendido como una causa de extinción de la acción penal e inclusive en su último párrafo incorpora el perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo como una causa de extinción de la ejecución de la pena. Resulta muy criticable ya que al permitirse que el perdón del ofendido, como supuesto de extinción de la ejecución de la pena, los lleva necesariamente a la conclusión de que el ofendido tiene la facultad de poder disponer a su voluntad de la ejecución de la pena, lo que hace suponer que la actividad jurisdiccional desarrollada por el Estado cumpla con la propia Constitución, es rebasada por la voluntad individual del ofendido o del legitimado para otorgar el perdón, situación que por simple lógica estimo no es procedente, toda vez que el perdón como causa para concluir un juicio, debe estimarse procedente únicamente durante la secuela procesal y no una vez que se ha dictado sentencia que ha causado estado, y ésta se encuentra en el estado de ejecución. En consecuencia, permitir que el perdón del ofendido se considere como una causa de extinción de la pena, es permitir que el Estado en su poder soberano sea rebasado por la voluntad del particular. De ello entonces que no debe ser procedente este llamado perdón. Bajo esta temática, mi propuesta es en el sentido de que debe reformarse tal precepto legal a efecto de que se aclare cuál es el sentido que debe darse al perdón del ofendido y hasta qué momento procesal puede otorgarse, de tal manera que se indique claramente que no procede el perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo cuando ya existe sentencia definitiva, porque no se puede perdonar lo que ha sido juzgado por sentencia firme. Lo que hace suponer que la actividad jurisdiccional desarrollada por el Estado es rebasada por la voluntad individual del ofendido o del legitimado para otorgar el perdón, situación que por simple lógica estimo no es procedente, toda vez que el perdón sólo procede durante la secuela procesal. Bajo esta temática, estimo procedente y de gran utilidad para hacer efectivo el principio de seguridad jurídica y demás garantías que rigen el procedimiento penal y que se relacionan con los principios constitucionales respecto de la persecución e impartición de la justicia, que el artículo 93 del Código Penal Federal en su último párrafo sea derogado, a efecto de que quede perfectamente claro cuál es el sentido que debe darse al perdón del ofendido y hasta qué momento procesal puede otorgarse, y cuál es su efecto en lo referente al ejercicio de la acción penal y ejecución de la pena impuesta al responsable de un delito cuando ya existe sentencia definitiva, porque no se puede perdonar lo que ha sido juzgado y causa sentencia firme. Los puntos en los que se basa esta crítica son los siguientes: El perdón como supuesto de extinción de la acción penal sólo puede ser procedente mientras dure el proceso, una vez dictada en el proceso penal sentencia definitiva, y habiendo adquirido ésta el carácter de ejecutoria, ya no puede ser modificada o cambiada, salvo en los casos que el mismo código contempla como causa de extinción, y que se refieren concretamente a la amnistía y al indulto, etc. El perdón del ofendido como supuesto de extinción de la ejecución de la pena en el nivel constitucional, resulta inadecuado por los problemas que representa al poder político jurisdiccional, ya que pone en entredicho la soberanía que representa un fallo ejecutoriado. Admitir la posibilidad de extinción de la ejecución de la pena impuesta por la autoridad jurisdiccional, reduce a la nada el poder soberano consagrado en nuestra Carta Magna y de ninguna manera estar a expensas de la voluntad de los particulares, aún cuando se trate de delitos perseguidos por querella como son aquellos que se han relacionado en nuestras leyes. Las permisibilidad otorgada a los particulares de poder perdonar la ejecución de la pena, hace obsoleta y necesaria la sujeción del probable responsable a un procedimiento penal, cuya sentencia finalmente puede resultar ineficaz. Atenta contra la cosa juzgada y contra el principio de seguridad jurídica, siendo que la sentencia significa la concreción del poder jurisdiccional del estado en la regulación de las conductas sociales del hombre por contener en sí misma el principio de poder soberano y de división de poderes en que se basa nuestro sistema jurídico. Permite que la ejecución de la misma quede al arbitrio del particular aun cuando éste sea el ofendido. Rebasa los lineamientos que en materia penal se encuentran previstos en nuestra Constitución, dado que sólo de manera excepcional y limitado los supuestos específicos, puede el Poder Ejecutivo dejar sin efectos una sentencia que haya sido adquirido la calidad de cosa juzgada, como lo es en el caso del indulto. Por lo tanto, es claro que dicho último párrafo no tiene ningún fundamento de validez constitucional para que proceda el perdón como causa de extinción de la ejecución de la pena. Es oneroso al estado la prosecución de un proceso penal que finalmente puede resultar ineficaz por la sola voluntad del particular, quien puede mediante el otorgamiento del perdón, dejar sin materia la sentencia firme dictada por la autoridad jurisdiccional. No se puede perdonar lo que ha sido juzgado por sentencia firme, sobre todo cuando existe el supuesto procesal de que el particular ofendido o el que se encuentra legitimado al otorgar su perdón en cualquiera de las etapas del proceso, antes de dictar sentencia pueda otorgarlo y con ello evitar que el procesado sea sentenciado. Limita la facultad soberana del órgano jurisdiccional en la impartición de justicia al prever que el gobernado pueda a voluntad evitar que el sentenciado cumpla con la pena que le ha sido impuesta por la autoridad correspondiente. Resulta incongruente en lo dispuesto en el artículo 93, en su último párrafo, ya que hace obsoleta e innecesaria la prosecución del proceso penal para sancionar conductas tipificadas como delito, ya que al permitir que en la ejecución de la pena se permita que el particular ofendido y el legitimado para otorgar el perdón, deja sin razón la existencia del aparato jurisdiccional. En conclusión, compañeros diputados, del estudio y análisis hecho del artículo 93 en su último párrafo y con base en las críticas formuladas al contenido de dicho precepto legal, es de estimarse procedente la necesidad de su derogación, ya que en caso contrario el poder jurisdiccional del Estado queda rebasado y sin justificación alguna, dado que la decisión de los particulares está por encima del Estado, quien como ya se ha señalado, tiene el monopolio de la impartición de la justicia. Es cuanto, señor Presidente.