El diputado José Luis Esquivel Zalpa: Compañeras y compañeros diputados. La redacción del actual párrafo segundo, del artículo 7 de esta Ley de Transparencia es contraria a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución sobre la contradicción de tesis 293/2011, en virtud de que el Estado mexicano también está obligado por las sentencias y resoluciones de los organismos supranacionales de derechos humanos aunque éste no haya sido parte del asunto concreto. La ley pasa por alto los criterios jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de bloque de constitucionalidad. En medio de la peor crisis en materia de derechos humanos que afronta nuestro país, esto es un despropósito. La exigencia de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional es pleno y absoluto respeto a los derechos humanos. La desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala y la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, deben ser ejemplo de lo que nunca más debe ocurrir. Éste es el debate. Los contratos de obra pública, el conflicto de intereses, el uso de los fondos públicos, las concesiones, la utilidad pública, los derechos humanos, seguridad, violencia, energéticos y el derecho al agua. No estropeemos una reforma constitucional buena haciendo de la legislación secundaria una trampa para eludir el espíritu del Constituyente Permanente. El país no lo merece. La transparencia es una necesidad ineludible de la construcción de la democracia mexicana. Tomás Jefferson afirmó que si tuviera que elegir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no dudaría un instante en preferir éste último, porque la libertad de expresión y el derecho a la información tiene un valor preferente a otros derechos y libertades. Son el fundamento de otros derechos y libertades. Son, como dice una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el balón de oxígeno de la democracia. Por eso la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que los derechos y la libertad de expresión y la información sean reguladas mediante ley un acto como el que se va a realizar aquí. Para aprobar una ley que regule el derecho a la información en los Estados Unidos sería impensable y contrario a la primera enmienda de la Constitución de este país. Con respecto al artículo 83 de esta ley en materia de transparencia energética, la norma es retórica al no prever el supuesto conflicto con las leyes secundarias en materia energética. Es decir, no queda claro si prevalecerá la Ley General de Transparencia o las leyes y reglamentos en materia de energía. Nosotros pensamos que de persistir la redacción tal como aparece en el dictamen, sólo es un embuste institucionalizado legalizado para que en los hechos prevalezcan las disposiciones energéticas sobre las de esta ley. Por lo tanto debe eliminarse del cuerpo de la ley toda alusión que haga confusa y ambigua la obligación de los sujetos obligados para garantizar la máxima transparencia, la supremacía de esta nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que hoy discutimos y se pretende aprobar. Debe quedar perfectamente explícita en materia de transparencia. Por ello debemos dejar en claro que se aplica esta norma y no las obligaciones en materia de transparencia que aparecen en otros ordenamientos del sector energético. Un ejemplo puede ser el reciente robo de materia de radiactivo de iridio. Ahí la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias reportó que la noche del pasado 13 de abril se suscitó el robo de una fuente radiactiva de iridio 192, marcado como X571 que se utiliza en la práctica de radiografía industrial móvil, el cual se encontraba dentro e su contenedor. La Coordinación Nacional de Protección Civil reporta que esta fuente, si no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege con seguridad desde el punto de vista físico, podría causar lesiones permanentes a la persona que lo manipule o que estuviese en contacto con ella durante un tiempo breve, incluso podría ser fatal. En estos casos ¿qué la ley es la que aplicará en materia de transparencia para informar a la población? La Ley General de Transparencia o alguna ley o reglamento en materia de uso de energía, ese es el problema, leyes que protejan sobre todo a la industria o leyes que garanticen el derecho a la información de los ciudadanos. Desgraciadamente no son sujetos obligados los poderes fácticos que reciben una concesión, licencia o contrato del Estado. El poder mediático y las petroleras también deberían de ser en todos los casos sujetos obligados por el simple hecho de recibir concesión, licencia, contrato, para realizar alguna función de transparencia pública en algún área estratégica y prioritaria. El criterio para definir es si algo es público o privado, para efectos de transparencia y el acceso a la información pública, no debería ser solamente el ejercicio de los recursos públicos, sino también la función o tarea que realizan los sujetos privados. Si los sujetos entes privados realizan una tarea que tiene consecuencia pública, social o que afecte la economía, esa función también debe ser pública. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañeros.