La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La fracción VIII del artículo 73 constitucional establece a la letra lo siguiente. Artículo 73. "El Congreso tiene la facultad… Fracción VIII. "Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. "Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y las que se contraten durante alguna emergencia declarada por la Presidencia de la República en los términos del artículo 29". De esa fracción se desprende la facultad del Congreso de la Unión para el establecimiento de la deuda nacional. Siendo clara nuestra Ley Suprema al establecer que ésta se contratará para la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos. No obstante lo establecido en la fracción VIII del artículo 73 constitucional, y la Ley General de Deuda Pública, las Comisiones Unidas aprobaron que en el artículo vigésimo transitorio se establezca que los bonos de pensión del ISSSTE serán títulos emitidos por el gobierno federal en términos de las disposiciones legales aplicables que constituirán obligaciones generales directas e incondicionales de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, se estaría autorizando contratar deuda pública para cubrir gasto corriente, o sea las pensiones, lo cual contraviene a la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución, aun cuando dicho gasto pudiera ser "justificado". Compañeras y compañeros legisladores, aquí donde se hacen las leyes que rigen a todo el pueblo mexicano, nosotros, los representantes populares, tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir en todo momento lo preceptuado por nuestra Ley Fundamental, por ello no podemos aprobar el artículo vigésimo Transitorio en los términos propuestos en el dictamen. No olvidemos que el principio de supremacía constitucional obliga a que todos los ordenamientos jurídicos que derivan de él estén en armonía y conforme a la misma. Asimismo la concepción dinámica del derecho como sistema jurídico implica, en primera instancia, que sus elementos se relacionen formando una unidad. Para el caso en cuestión, el artículo vigésimo Transitorio del dictamen de la Ley del ISSSTE, en su disposición, que de aprobarse es inconstitucional y a todas luces es incorrecta desde el punto de vista jurídico y por supuesto, de técnica legislativa. De aprobarse tal artículo, como tal, como aparece en el dictamen, estaríamos no sólo ante una norma que carece de fundamento constitucional sino ante un conflicto normativo entre la ley que hoy se está aprobando y la Ley General de Deuda Pública. No podemos permitir que exista la posibilidad de que en un orden jurídico sean simultáneamente aplicables a un mismo caso dos normas o más, y entre éstas pueda producirse una contradicción, en virtud de lo cual solamente una de ellas podría ser aplicada. En este sentido no vale la pena aprobar desde este momento un articulado que de antemano sabemos que acarrearía un conflicto normativo, esta situación puede salvarse modificando el artículo vigésimo Transitorio, a efecto de que la Cámara de Diputados provea en el Ramo 19, Aportaciones a seguridad social del Presupuesto de Egresos de la Federación, la asignación presupuestaria correspondiente que en su caso se requiera, para hacer uso y frente a los bonos de pensión del ISSSTE. Esta autorización es similar, a la que en su momento se solicitó para convertir a deuda pública el quebranto del Fobaproa, la cual se encuentra consignada en el artículo 47 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Esta soberanía no puede sentar un precedente de inconstitucionalidad si en este momento lo aprobamos, podría darse el caso de que se siga autorizando por el Congreso de la Unión la autorización de deuda pública para cubrir posibles quebrantos a las instituciones públicas, como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, el IMSS, de la banca del desarrollo, de las universidades públicas y en algunos estados y municipios. Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente modificación al artículo vigésimo Transitorio, para quedar como sigue: Vigésimo. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados proveerá en el Ramo 19, Aportaciones a seguridad social del Presupuesto de Egresos de la Federación a propuesta del Ejecutivo federal, la asignación presupuestaria correspondiente que en su caso requiera el Instituto, para hacer frente a los bonos de pensión del ISSSTE. Las obligaciones que tenga el Instituto al respecto deberán reflejarse en sus estados financieros anuales. A más tardar el 30 de septiembre de 2008, el Instituto deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto a pagar, así como la proyección de pagos anuales que se harán para los próximos cinco años, acompañando el soporte respectivo en los términos que, en su caso, estén previstos en las disposiciones reglamentarias o administrativas correspondientes. Diputados, si les sugiero que si quieren debate lo respeten, que si quieren que intercambiemos estas consideraciones, súbanse a debatirlo, súbanse aquí a dar sus argumentos, no solamente alcen la mano y no escuchen, porque este es un elemento que le da una acción de inconstitucionalidad que hoy están aprobando. Entonces vengan aquí y díganlo. No se escondan en sus curules, tomen la palabra, hagan sus reservas, dejen de estar actuando de esta manera, incongruentes con lo que dicen respetar, ser tolerantes, cuando ni siquiera están escuchando lo que uno les viene a promover.