El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para solicitar su apoyo a la presente iniciativa que el día de hoy someto a su consideración: Uno de los problemas que enfrenta el campo mexicano es, sin duda, el continuo empobrecimiento de la tierra, además de las consabidas y múltiples dificultades que ha de atravesar la sociedad rural para su subsistencia, las consecuencias de comportamientos atípicos del clima agravan las condiciones de su desarrollo. La desertificación es considerada por la ONU como el problema más grave que vive la humanidad y que afecta al medio ambiente y su desarrollo. Su avance produce sequía y empobrecimiento en todo el mundo, sus efectos más agudos se observan en los países pobres afectando de manera negativa el bienestar humano. A nivel mundial ha propiciado la proliferación de ecosistemas frágiles propios de las zonas secas, a tal grado que la cuarta parte de nuestro planeta donde habitamos un sexto de la población mundial está formado por tierras áridas. Según datos del Inegi cerca del 40 por ciento de la superficie en México es desértica o semidesértica y se encuentra en diferentes proporciones en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y en mi estado natal, Zacatecas. He de resaltar que en México se creó, mediante decreto presidencial el 5 de diciembre de 1970, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, sus atribuciones principales son: preservar y rescatar las actividades productivas endémicas de las regiones caracterizadas como zonas áridas; la promoción para la creación y consolidación de organizaciones de productores a nivel regional y sectorial, y la determinación de métodos para explotar, industrializar y comercializar los recursos naturales. Sus programas fundamentales son la conservación y uso sustentable de suelo y agua, el proyecto estratégico de seguridad alimentaria, la construcción de pequeñas obras hidráulicas y el proyecto estratégico de desarrollo de las zonas áridas. Aun cuando los buenos propósitos se orientan hacia la consecución de las bases de una forma de vida autosuficiente, sustentable y consecuentemente más digna para los pobladores de los ámbitos secos de nuestro país. Una cantidad de ejidatarios que fluctúa entre los 12 y los 15 millones que viven en los 100 millones de hectáreas de zonas áridas y semiáridas de México, continúan dependiendo de la parcela o del pequeño estanque, realizando prácticas ancestrales de agricultura y ganadería que resultan anacrónicas y lo que no les permite superar los niveles extremos de pobreza en que subsisten. Esta situación prevalece a pesar de que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 8o, establece que me permito citar las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los servicios para su bienestar. Concluyo la cita. La presente iniciativa, compañeros diputados, tiene como finalidad precisar la incorporación del director general de la Conaza, al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y vincular las funciones administrativas y operativas de dicha comisión a las acciones que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Por lo anterior presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 3o., recorriéndose en su orden la fracción VIII actual a la IX y así sucesivamente hasta llegar a la XXXIV y se reforma el párrafo primero del artículo 17, ambos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Compañeros diputados, es necesario abrir mayores oportunidades para los pueblos del semidesierto que han demostrado tener la capacidad de sobrevivir en condiciones totalmente adversas y que cuando han tenido programas de desarrollo han demostrado su amplia capacidad para ejecutarlos. En el México del siglo XXI, se requiere que su potencial humano eleve las condiciones de vida de sus habitantes al obtener mayor calidad con políticas públicas y con programas de desarrollo regional que contribuyan a eliminar la desigualdad social. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, gracias.