El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Ley Federal de Derechos es uno de los principales instrumentos que permiten cumplir con la obligación que el Estado mexicano tiene de fomentar el correcto uso, goce y aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación. De tal manera que dichos bienes se encuadren dentro de los parámetros de sustentabilidad y conservación que señalan las leyes sectoriales. En materia de agua, consideramos viable la reforma mediante la cual se modifica el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, como cuerpos receptores de descargas de agua residual, para lo cual se ha establecido el monitoreo de dichas descargas bajo los parámetros de demanda, química de oxigeno y sólidos suspendidos totales. Esta medida que reduce de 16 a 2 el monitoreo de los límites máximos permitidos exclusivamente para el pago de derechos, no pone en riesgo el cumplimiento de la legislación y de las diversas normas oficiales que existen y son aplicables en la materia, ya que el artículo 278 de la misma ley dice: "El pago del derecho, a que se refiere este artículo, no exime a los responsables de las descargas de aguas residuales de cumplir con los límites máximos permisibles en las normas oficiales mexicanas y con las condiciones particulares de sus descargas, de conformidad con la Ley de Aguas Residuales". Es decir, es una medida que simplifica y hará realmente posible el cobro de derechos para los que sobrepasan la norma permisible con los dos principales contaminantes, haciendo posible el desarrollo, la construcción y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Otra reforma importante es la relativa al pago del derecho por servicios migratorios. Al respecto, consideramos correcto que la mayor parte de la recaudación se destine a los municipios para realizar aquellas obras de infraestructura, programas de conservación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de las zonas costeras, pues es ahí donde se generan externalidades ambientales que no son cubiertas por aquellas compañías de cruceros que tanto han venido a llorar. Le cuestan mucho al Estado y a los gobiernos locales. Por darles algún dato: la Fundación Surfrider documenta que, en promedio, un crucero de tres mil pasajeros, en un viaje de una semana, genera un galón de millones de agua residual de lavamanos y regaderas; 210 mil galones de residuos de los baños; 25 galones de agua residual mezclada con aceites; aproximadamente 100 galones de residuos peligrosos; 50 toneladas de residuos sólidos y emisiones a la atmósfera por la quema de combustible. Adicionalmente, se debe considerar que muchos de los residuos sólidos son dispuestos en lugares que no cumplen con la normatividad ambiental aplicable en la materia y que terminan siendo un foco de infección y propagación de enfermedades para las comunidades locales. En materia de la Ley de Ingresos, el dictamen que la Comisión de Hacienda presenta, este día, estima que para el ejercicio 2008 los ingresos presupuestarios del gobierno federal ascenderán a poco más de 2.5 billones de pesos; 153 mil millones de pesos más que en la propuesta enviada por el Ejecutivo federal, diferencia que se logra principalmente por el IETU a tasa única, impuesto a los depósitos en efectivo, IEPS y a la reconsideración en el precio del petróleo en la plataforma de exportación. Quiero hacer un pequeño paréntesis para reconocer el trabajo realizado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, sin el cual no hubiéramos podido lograr este cálculo de este nuevo precio de manera responsable y técnicamente fundamentada, además con el consenso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Debo mencionar, en relación a la reforma hacendaria y el desarrollo sustentable que diversos países han implementado desde hace tiempo, instrumentos económicos de carácter fiscal mediante los cuales las personas internalizan los costos ambientales que generan sus actividades económicas. Impuestos instrumentados con la finalidad de lleva a cabo acciones tendientes a la protección y mejoramiento del medio ambiente, que permiten de manera paralela un crecimiento económico con el adecuado cuidado y uso que los recursos naturales requieren. Sin embargo, si realizamos una comparación de México con los países miembros de la OCDE, nuestro país se ubica por debajo de Turquía y Portugal en relación a la recaudación obtenida por impuestos ambientales. Por ello, como ya lo ha manifestado el grupo parlamentario al que pertenezco, queda una tarea pendiente, una reforma fiscal verde que genere incentivos y desincentivos para que las personas cambiemos nuestras conductas a favor de la salud pública y del medio ambiente, es decir, contribuciones ambientales sin perseguir fines recaudatorios que modifiquen los comportamientos ya señalados. Hoy, aprobaremos este dictamen de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Ingresos para el próximo año, y así el gobierno federal podrá tener los recursos necesarios para cumplir con su responsabilidad en la ejecución de programas y proyectos del próximo año. Es necesario otorgar más recursos a los programas de becas para estudiantes, incentivos para la generación de empleos para jóvenes, adultos mayores, madres solteras y personas con capacidades diferentes. Es por ello que el Partido Verde Ecologista de México votará a favor estos dictámenes. Es cuanto, diputada Presidenta, muchas gracias.