EL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: El concepto de soberanía, en relación con los estados de la Federación, se manifiesta básicamente en dos dimensiones: una, la capacidad de elegir a sus gobernantes; otra, la de darse sus propias leyes en las materias sobre las que no legisle la Federación. La facultad de otorgarse sus propias leyes obedece a que es precisamente la Constitución Federal la que así lo manda, de ahí que por la propia naturaleza originaria de nuestra Carta Magna, toda la legislación local tenga que ajustarse a lo expresamente ordenado en ella. La capacidad de legislar de las entidades constituye, pues, una facultad para dictar sus propias leyes. La Constitución local como norma suprema del estado en particular y las demás leyes secundarias locales, siempre que se ajusten y no contravengan el espíritu y las estipulaciones de la Constitución Federal. De ahí también, que el texto del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye una serie de principios básicos que deben inspirar y determinar la conformación de los poderes locales y el orden constitucional de las entidades federativas. En el caso concreto de la Federación y la fracción IV inciso d) de ese precepto constitucional me refiero al 116- su contenido normativo instituye el imperativo de que las constituciones y leyes de los estados en materia electora garanticen, se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Sin embargo, este principio normativo por sí no es suficiente para asegurar el establecimiento de un sistema integral de justicia en materia electoral en las entidades federativas, que vele por el exhaustivo control constitucional de actos y resoluciones de las autoridades locales electorales. Por ello, es necesario que desde el mismo texto constitucional se reconozca a los órganos de la justicia electoral local la facultad de analizar por vía de sección y desaplicar a los actos y resoluciones combatidos en los medios de impugnación de su conocimiento, las leyes que se encuentren en oposición con las disposiciones constitucionales. Esta vía consistiría en acudir ante la justicia electoral local en contra de resoluciones o actos alegándose en los conceptos de violación que los mismos editaron violando el artículo 133 constitucional por haberse apoyado dichas resoluciones o actos en una ley o disposición inconstitucional, así los tribunales electorales locales, gozarían de competencia suficiente e indiscutible para determinar la inconstitucionalidad de un acto aplicativo de una ley o norma que se estime contraria a la Carta Magna. De esta suerte, cuando en algún medio de impugnación establecido en las leyes electorales de los estados se hiciera valer como agravio la aplicación de una norma electoral de carácter general que se estime contraria a la Constitución, se consideraría que de manera similar a la resolución de los juicios de amparo directo por parte de los tribunales colegiados de circuito, las sentencias que emita el tribunal electoral local respectivo no contendrían en los puntos resolutivos declaración alguna en torno al precepto que dio lugar a la existencia del acto impugnado, pues tal declaración se encuentra fuera de su órbita competencial debiendo hacerse el análisis sobre la inconstitucionalidad de dicha norma. En la parte considerativa de la sentencia, con el propósito de determinar si la resolución o acto de aplicación impugnado es o no inconstitucional y dado el caso, dejar insubsistente el acto aplicativo sin hace una declaración general de inconstitucionalidad del precepto legal que dio origen a dicho acto, estableciéndose así un completo e integral sistema de justicia electoral con el objeto de que todas las leyes, actos y resoluciones electorales en los ámbitos federal y local se sujeten invariablemente a lo dispuesto en la Carta Magna y fijándose además una clara distribución competencial del contenido total de este sistema integral de control de constitucionalidad entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los órganos de la justicia electoral local, en cuanto que para la impugnación de leyes como objeto único y directo de la pretensión, por considerarlas inconstitucionales, se concedió la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Artículo 105 fracción II de la ley fundamental, y respeto de los actos y resoluciones en materia electoral la jurisdicción para el control de su constitucionalidad, se confiere a tribunales electorales, el Poder Judicial de la Federación o a los actos respectivos órganos de la justicia electoral local, cuando se combaten a través de los medios de impugnación de su conocimiento. Gracias, señor presidente, lamento que no se pueda uno explicar de manera completa, son cinco minutos, para una iniciativa. -