La diputada Laura Barrera Fortoul (vía telemática): Gracias, presidenta, con su venia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el dictamen puesto a discusión presenta varias inconsistencias como aquí se ha mencionado, en primer lugar, se confunde el concepto de salud mental con adicciones como si fueran lo mismo, no analiza el problema de las adicciones y la salud mental por separado y, por ello, no logra encontrar las diferencias y las coincidencias. El resultado es muy peligroso, porque se está construyendo un prejuicio confundiendo la naturaleza de cada uno de los problemas. Con esta reforma se pone a las personas con discapacidad mental en una posición muy delicada, porque se les dará el tratamiento de adictos, cuando son personas con trastornos mentales derivados de causas diferentes y ajenas a las adicciones. Para entender esta diferencia sugiero, muy respetuosamente, que las diputadas y los diputados consulten el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Dicho manual, incluye las adicciones como causa de algunos trastornos, entre ellos lo de sustancias, pero también incluye los trastornos adictivos. Este dictamen no lo contempla. La gama de enfermedades mentales derivadas de adicciones y que estos sí forman parte de la salud mental, pero que no son ni dependientes ni exclusivos. Con esta reforma, esta separación no quedará clara en la Ley General de Salud y nos enfrentaremos a que las personas con discapacidades mentales serán colocadas en un plano de discriminación porque ahora serán problemas mentales y adicciones. La discapacidad mental en el entendimiento actual se entiende como limitaciones de carácter cognitivo y emocional que colocan en una situación de desventaja a la persona en un comparativo de desarrollo de la generalidad según su edad y desarrollo, y en la consecución de objetivos en el desempeño en actividades cotidianas y frente a ciertas tomas de decisiones. En el otro extremo están las adicciones que son problemas de conducta. En la ley actual se contempla a la Comisión Nacional contra la Adicciones, institución que existe desde hace 34 años, que tiene el objeto de promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las adicciones. Los países más desarrollados del mundo cuentan con una institución como esta. Consideramos un grave retroceso que se considere su desaparición sin proponer una figura que lo sustituya, delegando todo al Sistema Nacional de Salud, que de por sí, está colapsado. Es importante mencionar que de la lectura del actual artículo 184 Bis, que se deroga, podemos ver que el objeto es apoyar en las afecciones que genera, que no son exclusivamente mentales, pues afectan físicamente también al individuo y con el actual dictamen esto pasa desapercibido y deja de ser materia del combate de las adicciones, como si las adicciones solo causaran afecciones mentales. Finalmente, para las personas con discapacidad mental esta reforma resulta discriminante, estigmatizante y contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente, encontramos que en la reforma contraviene lo dispuesto en los artículos 5o., 12, 14, 17 y 25 de la Convención que es ley suprema, porque fue firmada y aprobada por el Senado de la República. Por estos motivos, manifestamos nuestra posición en contra de este dictamen, pues el concepto de adicción manifestado además de dar un escenario que discriminará a personas con discapacidad mental es erróneo, porque se limita a pensar en las adicciones como el consumo y abuso de sustancias psicoactivas, cuando no hay nada más alejado de la realidad. Esta reforma va en contra de toda lógica dado aún más la circunstancia que estamos viviendo derivado de la pandemia, hoy más que nunca necesitamos instituciones fuertes y eficientes. Esta reforma es un paso atrás. Es cuanto.