EL C. DIPUTADO ARTURO HERVIZ REYES (P.R.D.): Iniciativa de Ley respecto a la Agroindustria de la Caña de Azúcar. LECTURA COMPLETA DE DICHA INICIATIVA La industria azucarera es en México la agroindustria más antigua y a la fecha una de las actividades productivas más importantes, ha sido vanguardia para el crecimiento del país, creando polos de desarrollo conforme aparecían ingenios y se instalaban nuevas fabricas, sostienen en su entorno la economía regional, son el punto de partida de caminos, unidades habitacionales, comercios y de zonas poblacionales en su conjunto; por su peso especifico en el conjunto de la economía nacional, así mismo por el valor de la producción y el numero de personas involucradas directa o indirectamente en esta, sin omitir la importancia en la dieta de los mexicanos, su carácter público y social así como su trascendencia histórica. La actividad azucarera en México, participa actualmente en la economía nacional aportando el 0.5% del producto interno bruto y proporciona el sustento a mas de 440 mil jefes de familia, asentadas en 227 municipios en 15 estados de la República. En México, operan 60 ingenios y se dedican a este cultivo 750 mil hectáreas las cuales producen 4.7 millones de toneladas de azúcar de caña lo que nos coloca en el séptimo lugar en producción de azúcar en el ámbito mundial con 4.7 millones de toneladas de azúcar, lo que garantiza nuestro consumo interno, y ocupamos la octava posición en cuanto al consumo. De la producción nacional el 58% es canalizada a la industria, el 32% al uso domestico y el 10% restante, se destina al mercado internacional principalmente. El impulso a la actividad azucarera por parte del estado no ha correspondido a la importancia que el sector amerita. Actualmente la agroindustria azucarera atraviesa una crisis estructural y de fondo en la que convergen factores de diversa índole, iniciando con los problemas en el mercado con la caída de los precios debido a la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que abrió la posibilidad de que en nuestro país se fomentara el uso de la fructuosa. Además de la producción interna que impulso con la importancia de maíz subsidiado para la producción. La nula inversión a la planta productiva azucarera, la inexistencia de un sistema financiero oportuno que permita la capitalización del campo cañero, el alto grado de corrupción en la práctica operativa de los ingenios, la nula representación y falta defensa de los intereses de los abastecedores por parte de sus organizaciones gremiales, el secuestro corporativo del cual han sido objeto los cañeros y obreros de esta agroindustria, los graves errores del gobierno federal en el acuerdo del tratado de Libre Comercio mediante la firma de las conocidas Cartas Paralelas, el endeudamiento de los industriales producto de operaciones financieras fraudulentas, así como la falta de una política agropecuaria de largo alcance por parte del Ejecutivo. Todo lo anterior hace del panorama y futuro de este sector una verdadera incógnita, la cual tenemos la obligación de darle certidumbre y viabilidad. El actual sistema de organización de la industria azucarera no satisface requerimientos actuales, ni corresponde a la importancia de esta actividad, en donde su fomento debe considerarse de interés público, ya que no existe una estructura orgánica federal específica que es necesaria que se encargue de resolver la necesidades del sector, ya que las actividades dispuestas para atenderlo se encuentran dispersas en varias dependencias publicas que diluyen sus posibilidades de acción en detrimento de la productividad del sector de la rentabilidad, acelerando desgaste. Esto mismo redunda en la incapacidad para la elaboración de un plan estratégico integrado que establezca políticas claras de fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de la industria azucarera. También la Regulación jurídica de la actividad azucarera es deficiente y permite el ejercicio discrecional de estas facultades para favorecer intereses políticos partidarios mas que generar condiciones de desarrollo para los agentes sociales y económicos involucrados en el sector, dándole sustento jurídico al corporativismo y sentando las bases para practica de contubernio y corrupción. Es requisito indispensable para el avance del sector la democratización del movimiento gremial de los productores de caña y los trabajadores de la agroindustria azucarera, con la apertura de posibilidades reales de participación adecuadas a los momentos que vivimos. No debemos seguir manteniendo el carácter excluyente de las disposiciones legales, tenemos la obligación de generar las condiciones, que permitan la participación amplia y plural de sus participantes simplificando los requisitos y haciéndolos, más accesibles para lograr una verdadera organización de los productores y trabajadores de la industria impulsando la defensa real de sus intereses legítimos. Partiendo de la premisa de que no se trata de tendencias políticas o ideológicas, sino del patrimonio de los productores, el respeto al trabajo, a la dignidad de nuestro pueblo y la salvaguarda de los derechos sociales consignados en nuestra Constitución. La afiliación debe ser fundamentalmente un acto voluntario y no una imposición disfrazada de norma. A fin de los problemas por los cuales atraviesa este sector tan importante la presente Ley propone una reestructuración integral del sector, se propone impulsar la constitución de un Instituto del Azúcar, el cual será responsable directo de las políticas de desarrollo para el sector así como el órgano rector de la planeación estratégica y la conducción de los programas de la agroindustria azucarera, la vigilancia y control del sector y del registro de las organizaciones gremiales; además de crearse de un Consejo que será el espacio de discusión de estas políticas. La propuesta pretende generar condiciones equitativas para iniciar la reconstrucción del sector azucarero, apuntalar los beneficios de los productores e industriales, dándole certeza jurídica y claridad, al proceso operativo de la agroindustria. En este tenor se enmarca el sistema de impartición de justicia, para lo cual se requiere de Tribunales capacitados y autónomos de los intereses del ejecutivo, y expedito; basado en el principio de la igualdad jurídica y procesal para las partes y con facultades para exigir la ejecución de las sentencias. En sentido la necesidad de transformar la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras en un Tribunal de Controversias Azucareras el cual dependa directamente del Poder Judicial, con autonomía y presupuesto propio. Rescatar la Agroindustria Azucarera de México es una responsabilidad de todas las instancias de gobierno, es una tarea de todos los poderes del Estado, la modernización integral es un compromiso insoslayable, para generar las bases del rescate y fortalecimiento institucional, del sector generando las políticas rectoras para un desarrollo sustentable, la protección de nuestra agroindustria ante la apertura comercial, el cambio de fondo en la practica y métodos operativos, la investigación y desarrollo de proyectos para diversificar la producción y el consumo, buscar el mejor aprovechamiento de la infraestructura con el fin de optimizar los recursos existentes, todo lo anterior debe ser en este momento una prioridad nacional para sostener este sector tan importante de nuestro país. Iniciemos la reconstrucción de nuestra patria, con leyes adecuadas a los tiempos que atravesamos. Partiendo de que la industria azucarera, resume el esfuerzo y es el sustento de miles de mexicanos, reconociendo las deficiencias, existentes generando las condiciones que incentiven la inversión, en el campo. Terminar con la corrupción en el sector, debe ser tarea de todos, por dignidad, no debemos permitir que más líderes de organizaciones gremiales, se enriquezcan a costa del trabajo de los productores, y terminemos de una vez por todas con el corporativismo nocivo que ejercen las organizaciones, gremiales cañeras actuales. Juntos, todos, productores, industriales, gobiernos estatales y gobierno federal tenemos la obligación de conservar el modo de vida, de más de 12 millones de personas, en 227 municipios de 15 estados de la República en condiciones dignas y decorosas, por lo que conviene recordar que cada uno de los 60 ingenios con los |que contamos, representa, para miles de familias la única opción para sobrevivir. Ante ustedes Señoras Diputadas y Señores Diputados de la Honorable LVIII Legislatura, presentamos esta iniciativa de Ley, para someterla ante esta lata tribuna a la consideración de ustedes. LEY DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CANA DE AZUCAR TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1°. La presente ley es reglamentaria de los artículos 25, 26, 27, fracción XX, y 73, fracciones XXIXD y XXIXE, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de planeación y organización agropecuaria, sus disposiciones son de orden público y social y tienen por objeto fijar las normas para regular las actividades asociadas a esta actividad. Artículo 2°. Se declara de interés público el fomento a la agroindustria azucarera nacional, comprendida ésta como la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la caña de azúcar. Artículo 3°. para los efectos del artículo anterior, el Estado promoverá la capitalización del campo cañero mediante la introducción de obras de infraestructura, el otorgamiento de apoyos y estímulos a la producción, la divulgación de avances tecnológicos y control de los investigadores del azúcar. Asimismo, el Estado fomentará la apertura de líneas de crédito suficiente y oportuno para financiar la producción y procesamiento de la caña y los inventarios del azúcar, debiendo conceder incentivos fiscales de carácter compensatorio e impulsar políticas de exportación e importación acordes al interés nacional. Igualmente, el Estado procurará la diversificación del uso de la caña de azúcar y apoyará concertadamente a las empresas y proyectos de abastecedores e Ingenios encaminadas a la reconversión agrícola e industrial de la planta cañera, siempre a partir de criterios de sustentabilidad y eficiencia que den certidumbre a las iniciativas presentadas. Artículo 4º.- Las activi8dades que el gobierno federal implemente para atender a la agroindustria de la caña de azúcar deberán insertarse en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, bajo un enfoque que integre las acciones propuestas en los planes sectoriales agropecuario, industrial y comercial, en cada uno de los cuales deberá destinarse un apartado específico para dicha actividad. Artículo 5°. Son sujetos de esta Ley y gozarán de todos sus beneficios los abastecedores de caña, los industriales azucareros y las organizaciones gremiales que representen a ambos sectores. Artículo 6° Para los efectos de esta ley se entenderá por: I. Instituto: el Instituto Nacional de Azúcar. II. Consejo: el Consejo Consultivo Nacional de la Agroindustria de la caña de azúcar. III. Tribunal: el Tribunal de Controversias Azucareras. IV. Comités: los Comités de Producción Cañera. V. Cámara: la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera. VI. Organizaciones: las organizaciones nacionales y locales de productores de caña. VII. Sindicatos: Los Sindicatos Nacionales de la Agroindustria Azucarera VIII. Abastecedores: productores, personas físicas o morales, cuyas tierras se dediquen total o parcialmente al cultivo de la caña de azúcar para uso industrial y tengan celebrado y sancionado Contrato Uniforme de Compraventa y de Crédito para siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar. IX. Industriales: los propietarios de los Ingenios procesadores de caña. X. Zona de abastecimiento: el área geográfica donde se ubican los terrenos de los abastecedores: XI. Contrato Uniforme: el Contrato Uniforme de Compraventa y de Crédito para siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar. TITULO SEGUNDO DE LOS ORGANOS Y AUTORIDADES EN MATERIA AZUCARERA CAPITULO I DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AZUCAR Artículo 7° Corresponde al Ejecutivo Federal el fomento a la agroindustria de la caña de azúcar, quien proveerá su atención integral, oportuna y eficiente. Artículo 8°. Con ese objeto, se crea el Instituto Nacional del Azúcar, con carácter de organismo multisectorial descentralizado, dependiente del Ejecutivo Federal, la cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propio. Artículo 9° El Instituto tendrá las siguientes funciones: I. Dictar las políticas públicas nacionales que habrán de aplicarse en la materia, a fin de imprimir competitividad a las actividades del sector azucarero. II. Planificar el desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar en la totalidad de los eslabones de la cadena producción consumo e impulsar esquemas que propicien la inversión en el campo cañero y en la industria azucarera. III. Funcionar como ventanilla única de la agroindustria de la caña de azúcar para la tramitación y/o prestación de todos los servicios asociados a dicha actividad. IV. Asegurar el abasto nacional del azúcar de caña mediante el establecimiento y la administración de la reserva estratégica, que permita establecer niveles de inventarios adecuados. V. Promover el establecimiento de un esquema financiero de corto, mediano y largo plazo, que, a tasas preferenciales, promueva el desarrollo del campo cañero y la operación de los ingenios, así como el financiamiento de los inventarios de azúcar. VI. Promover la exportación de los productos y subproductos derivados de la caña de azúcar y operar un sistema integral de información de mercados y otros servicios. VII. Expedir los lineamientos y bases relativos a las características de la caña como materia prima para la industria azucarera, las relaciones entre los ingenios y sus abastecedores y las cañas no industrializadas y demás disposiciones relativas. VIII. Determinar el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña, con base en el balance azucarero para la zafra correspondiente. IX. Vigilar el cumplimiento de las exportaciones de los excedentes en los términos del Contrato Uniforme de Compraventa y de Crédito para siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar que celebren los industriales con sus abastecedores de materia prima. X. Proponer a la autoridad correspondiente los niveles de aranceles para el azúcar y sus sustitutos. XI. Operar un registro nacional sobre el método de medición adoptado por el Comité de Producción Cañera de cada ingenio, de acuerdo al sistema de cuantificación de calidad de la caña para el pago de la misma. XII. Establecer los niveles de producción base por ingenio, respecto a la superficie industrializada en la zafra 1999/2000, con el propósito de dar viabilidad económica a la agroindustria. XIII. Determinar los criterios y procedimientos para asignar entre otros ingenios del país, las cuotas de exportación de azúcar acordadas en los Tratados comerciales que México haya celebrado o celebre en el futuro. XIV. Apoyar y promover el desarrollo sustentable de la agroindustria, impulsando la investigación tecnológica y la diversificación de los usos de la caña de azúcar. XV. Preservar el medio ambiente y proteger la biodiversidad en el campo cañero, alentando la ejecución de programas de recuperación ecológica. XVI. Elaborar y adecuar, en su caso, el formato de Contrato Uniforme de Compraventa y de Crédito para siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar, considerando la opinión de los industriales y las organizaciones nacionales de los productores de caña. XVII. Fomentar el consumo nacional de azúcar y de sus subproductos. XVIII. Promover el mejoramiento de las condiciones de vida familiar del campo cañero, gestionando la realización de programas de abasto, vivienda, salud, educación e introducción de servicios públicos, entre otros. XIX. Instrumentar un sistema de registro e informes de control mensual y anual del comportamiento del balance azucarero y de edulcorantes. XX. Apoyar e impulsar las empresas de los sectores social y privado cuyo objeto social sea el aprovechamiento de la c2na de azúcar, la comercialización de los productos y subproductos de la misma, así como distribución de insumos para la agroindustria, bajo criterios de equidad y productividad. XXI. Definir las sanciones económicas que, a su juicio, deban aplicarse a los Ingenios que incumplan con las cuotas de exportación de azúcar establecidas, a fin de que el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña no sea afectado por parte de los Ingenios por incumplimiento de las exportaciones. XXII. Llevar el registro y control de niveles de producción base por ingenio para garantizar la competitividad del sector en la transición de los mercados de América del Norte, hacia una situación de libre mercado en materia de edulcorantes entre los países firmantes. XXIII. Las demás que esta ley y su respectivo reglamento interno establezcan. Artículo 10. El Instituto estará a cargo de un director general que será nombrado por el Presidente de la República, quien dirigirá y representará legalmente a la misma. Artículo 11. El Instituto formulará su programa y presupuesto anual que será presentado para su aprobación al Titular del Ejecutivo Federal, previa consulta del Consejo, una vez que éste se constituya. Artículo 12. El Instituto queda facultado para gestionar en instituciones públicas o privadas los créditos que demande el financiamiento de los planes que formule para promover el mejoramiento de la agroindustria de la caña de azúcar. Artículo 13. Las dependencias del Ejecutivo Federal prestarán al Instituto toda la colaboración que ésta les solicite, dentro de sus respectivas funciones, lo mismo que los Gobiernos de los Estados y Municipios, quienes apoyarán al Instituto en los términos de los acuerdos y convenios que al efecto celebren. CAPITULO II DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR Artículo 14. El Instituto contará con un Consejo Consultivo Nacional de la Agroindustria de la caña de azúcar que estará presidido por un miembro del Consejo, el cual será aprobado por el pleno del Consejo, propuesta del Director del Instituto; El Consejo estará integrado por representantes de: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; c) Secretaría de Economía. d) Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. e) Secretaría de Desarrollo Social. f) Instituto Mexicano del Seguro Social g) Gobiernos de los Estados en donde se produzca e industrialice la caña de azúcar; h) Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y alcoholera; i) Organizaciones Nacionales de Productores de Caña; y, j) Sindicatos Nacionales de Trabajadores de la Agroindustria Azucarera. Artículo 15. Los centros de investigación y educación superior y los organismos no gubernamentales relacionados con la actividad azucarera podrán formar parte del Consejo, siempre y cuando así lo soliciten y les sea autorizado por el mismo. Artículo 16. El Consejo tendrá el carácter de órgano de consulta del sector y contará con las siguientes funciones: I. Conocer y proponer al Instituto los programas que resulten más convenientes para la producción, industrialización y comercialización de la caña de azúcar y sus derivados. II. Fungir como instancia de coordinación y de concertación entre las dependencias del Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados y de los Municipios, los abastecedores, los ingenios y los trabajadores de los mismos. III. Resolver las consultas de carácter técnico, presupuestal o programatico que le sean planteadas. IV. Evaluar las repercusiones de los Tratados de Libre Comercio en el ámbito de la agroindustria de la caña de azúcar y proponer las medidas a tomar para la consecución de esta ley. V. Conocer el informe anual que presente el Director del Instituto. VI. Las demás que se señalen en esta ley y en el reglamento que para el efecto se expida. CAPITULO III DE LOS COMITES DE PRODUCCION CAÑERA Artículo 17. Dada la uniformidad de intereses que debe existir en las zonas de abastecimiento, en cada ingenio se constituirá un Comité de Producción Cañero para tratar todo lo concerniente a la siembra, cultivo cosecha, entrega, recepción y a la calidad de la materia prima. Artículo 18. Los Comités de Producción Cañera tendrán las siguientes funciones: I. Formular los programas de Operación de Campo relativos a la siembra de caña de azúcar; actividades agrícolas; mecanización del campo cañero; cosecha y molienda de caña para zafra; construcción, conservación y mejoramiento ~.e caminos cañeros y de obras de infraestructura; albergues para cortadores; modificación de tarifas por trabajos ejecutados y de tarifas de trabajos de siembra, cultivo, cosecha y entrega recepción de caña; y de las solicitudes de crédito en general. II. Modificar, en su caso, el Programa Semanal de Prioridades de Corte; adecuar el Programa de Zafra cuando a su juicio sea conveniente y acordar la suspensión de cortes si las condiciones lo requieren. III. Vigilar que los niveles de producción de caña y de azúcar estén en concordancia con el nivel de producción base establecido por la Comisión, con el propósito de mejorar y elevar la productividad de las zonas de abastecimiento. La producción que exceda del nivel mencionado deberá exportarse en su totalidad, y su pago se hará sobre la base del precio internacional de su venta. IV. A partir de la zafra 2000/2001, en el seno de los Comités, las partes podrán acordar un nivel de producción base inferior, como resultado de reducciones efectivas en la superficie cultivada. V. Determinar las erogaciones que, en su caso, deban hacer el ingenio y/o los cañeros para el mantenimiento de los cortadores inactivos a causa de interrupciones en la zafra. VI. Convertir las condiciones económicas y de operación para el traspaso de caña de azúcar de un ingenio a otro, cuando se estime conveniente. VII. Expedir las órdenes de suspensión de riegos, de quemas y de corte, así como elaborar el acta de fin de zafra durante los diez días siguientes a su terminación. VIII. Determinar los descuentos aplicables a la caña de azúcar al ser entregada al ingenio. IX Determinar el monto de los castigos a que se hagan acreedores los abastecedores o el ingenio, en su caso, cuando las cañas no cumplan los requisitos establecidos en los Lineamientos relativos a las características de la caña como materia prima para su molienda. X. Informar al Instituto sobre el avance de los programas convenidos; los avances semanales y acumulados de los programas de campo y de recepción de caña en fábrica; los reportes de evaluación de actividades y los cambios de programas; el inicio y términos de la operación de zafra; y los demás que se le soliciten. XI. Recibir y resolver las inconformidades de los abastecedores o de los industriales e intervenir como órganos conciliadores en caso de demandas. XII. Las demás que le confieran la presente ley y el reglamento que para el efecto se elabore. Artículo 19. Los Comités de Producción Cañera se integrarán con un representante del ingenio, los representantes de los abastecedores que corresponda y un representante del Instituto, bajo las siguientes reglas: I. El ingenio de que se trate deberá nombrar, a su gerente y con el carácter de propietario y un suplente, respectivamente, pudiendo designar de suplente a cualquier otra persona siempre y cuando se le confieran facultades de decisión. II. Los abastecedores deberán nombrar dos representantes propietarios, con sus respectivos suplentes, por cada organización formalmente registrada, quienes serán designados mediante los mecanismos internos que para tal efecto señalen los estatutos de cada organización. III. Por un representante del Instituto, el cual presidirá las reuniones de trabajo del Comité de Producción Cañero. Articulo 20. Para apoyar los programas de caminos y de infraestructura los Gobiernos de los Estados comisionaran ante el Comité de Producción al Director Estatal de Caminos y al Director de Obras Publicas del Estado así como al representante de agricultura, para que participen en los siguientes programas: I. Caminos II. Alcantarillados III. Canales de Riego IV. Programas de infraestructura de Bordos Sobre todo enmarcar territorialmente o en la rectificación de Zonas de Abasto y demarcar sus limitaciones, con el objeto de conservar una zona adecuada técnicamente y conveniente para los productores. TITULO TERCERO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR CAPITULO I CONSTITUCION Y OBJETO DE LAS ORGANIZACIONES CAÑERAS Artículo 21. Para hacerse acreedores de los beneficios de la presente ley y para la mejor defensa de sus intereses, los abastecedores de los Ingenios podrán constituir organizaciones locales y nacionales de productores de caña, en base al articulo nueve constitucional.. Artículo 22. Las organizaciones nacionales y locales son instituciones de interés público y social, de carácter autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y al reglamento que para el efecto se expida. Artículo 23. El Instituto realizara un registro de las organizaciones locales y nacionales de abastecedores que se constituyan, asentando los datos relativos al acta constitutiva y al padrón cañero, los estatutos y sus sucesivas directivas y deberá notificar a la Secretaria de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural. CAPITULO II LAS ORGANIZACIONES LOCALES DE PRODUCTORES DE CAÑA Artículo 24. Las organizaciones locales de abastecedores estarán constituidas en las zonas de abastecimiento con los productores de caña que tengan firmado contrato uniforme con el Ingenio que corresponda. Artículo 25. Para la obtención del registro de las organizaciones locales se requerirá que éstas cuenten con una membresia mínima equivalente al dos por ciento de la plantilla total de los productores de la zona de abastecimiento correspondiente. Artículo 26. Las organizaciones locales de productores de caña tienen por objeto: I. Representar los intereses generales de sus agremiados ante los industriales y toda clase de autoridades y organismos federales, estatales y municipales. II. Impulsar la modernización de las zonas de abastecimiento y la adopción de prácticas productivas e innovaciones tecnológicas que tiendan a incrementar la productividad entre sus afiliados. III. Promover las medidas que se estimen convenientes para impulsar la actividad cañera en las zonas de abastecimiento. IV. Organizar el otorgamiento de servicios de orientación y asistencia técnica, legal y administrativa relacionada con su actividad, en beneficio de sus asociados. V. Defender los intereses particulares de los afiliados ante los Comités de Producción Cañera, en los términos que se establezca en sus estatutos y en el reglamento del Comité. VI. Organizar y participar en eventos, exposiciones, conferencias, seminarios y en general toda clase de actividades que redunde en beneficio de sus afiliados. VII. Procurar y estimular la capacitación y el adiestramiento técnico de los productores de caña de azúcar para el mejoramiento de sus niveles de producción. VIII. Procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias cañeras de las zonas de abastecimiento. IX. Promover y fomentar las figuras asociativas para el desarrollo de proyectos productivos y de micro financiamiento que contribuyan al desarrollo regional, municipal y al pleno empleo. X. Las demás que esta ley, su reglamento y sus estatutos les señalen. Artículo 27. Las organizaciones cañeras locales, regionales y nacionales que se constituyan con arreglo a esta ley, y deberá notificarse ante el Instituto y este deberá notificar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Artículo 28. Las organizaciones locales perderán su registro luego de que, investigadas por el Instituto y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a solicitud del Consejo, se compruebe que carecen de la representación mínima exigida para la obtención del mismo. CAPITULO III DE LAS ORGANIZACIONES NACIONALES DE PRODUCTORES DE CAÑA Artículo 29. Las organizaciones nacionales que se constituyan deberán tener su sede en la capital de la República y su régimen interno se sujetará a lo que establezcan sus estatutos. Artículo 30. Para la obtención del registro como organización nacional se requerirá contar con una membresía mínima, debidamente acreditada del dos por ciento del total de productores de caña del país, con contrato sancionado por el órgano rector de las relaciones entre los abastecedores de la materia prima y el Ingenio azucarero respectivo, obtenidos en, o por lo menos, la mitad más uno de los estados productores de caña de azúcar. Artículo 31. Las organizaciones nacionales tienen por objeto: I. Representar los intereses de los productores de caña de azúcar ante cualquier autoridad u organismo de carácter público o privado; II. Apoyar al desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones locales afiliadas; III. Fomentar la modernización del campo cañero nacional y la adopción de mejoras tecnológicas; IV. Promover la instrumentación de políticas que impulsen el desarrollo equilibrado de la actividad cañera en nuestro país; V. Gestionar el otorgamiento de servicios de extensión y asistencia técnica, legal y administrativa relacionada con la actividad cañera; VI. Organizar y participar en eventos, exposiciones, conferencias, seminarios y en general toda clase de actividades que redunde en beneficio de la actividad cañera; VII. Impulsar e instrumentar programas de capacitación y adiestramiento para la profesionalización de los cuadros de productores, técnicos y directivos de las organizaciones cañeras; VIII. Estudiar y promover el establecimiento y perfeccionamiento del sistema de seguridad y previsión social en beneficio de las familias cañeras; IX. Fomentar la constitución y operación de organismos auxiliares de crédito y empresas operadoras de suelos, maquinaria, insumos y otros servicios; X. Procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias cañeras del país y promover el desarrollo rural sustentable de la caña de azúcar; XI. Defender los intereses de las organizaciones locales y de los productores de caña, ante el Tribunal, en los términos que se señalen en sus estatutos y en la ley orgánica del mencionado tribunal; XII. Prestar los servicios públicos que les sean autorizados o concesionados por los gobiernos federales o estatales; XIII. Las demás que esta Ley, su reglamento y sus estatutos les señalen. TITULO CUARTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES CAPITULO I DE LOS CONTRATOS Artículo 32. Los contratos de compraventa y de crédito para la siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar que deben celebrar los industriales con sus abastecedores de materia prima, será uniformes y se sujetarán a los términos que se establecen en esta ley. Artículo 33. En los contratos que se celebren entre abastecedores de materia prima e industriales, que deberá ser permanente, este tendrá que ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad cuando el ingenio otorgue créditos, de habilitación y avío. Dentro del contrato se deberá estipular, las variedades de caña que el comité de producción y el departamento técnico del ingenio acuerden Así mismo someterse a los programas de siembras, cultivos, socas y resacas. Artículo 34. Los recursos que deberán otorgar los ingenios para créditos de avío y refaccionarios a los abastecedores de materia prima, serán entregados a estos últimos, en forma suficiente y oportuna. Artículo 35. Las obligaciones crediticias deberán ser descontadas en la preliquidación y en la liquidación final, según corresponda a la fecha en que el ingenio tenga derecho de cobrar o retener para enterar los importes respectivos. En todo caso el monto de que se trate deberá ser cubierto a más tardar al momento del finiquito. Artículo 36. En reciprocidad a que el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña se determine considerando el promedio ponderado de las exportaciones de excedentes, el ingenio entregará la cantidad de azúcar correspondiente a dichos excedentes a un Fideicomiso de Exportación el cual será parte del Instituto. La entrega se realizará conforme al programa de producción esperado y a la periodicidad que el Consejo determine. A fin de zafra, se realizará el ajuste correspondiente a la diferencia existente entre la producción esperada que determine el Consejo y la producción realmente alcanzada. El Comité Técnico del Fideicomiso será integrado por representantes de los productores de caña de azúcar, los ingenios del país y el Instituto. Los fideicomitentes serán los abastecedores y los ingenios y el fideicomisario el Instituto. Artículo 37. El ingenio garantizará con el azúcar producida el pago oportuno de la liquidación a los productores de caña. El Consejo establecerá la periodicidad de constitución de la garantía y los mecanismos necesarios para que el ingenio asegure a los productores de caña el pago oportuno de la liquidación. El ingenio para garantizar la liquidación final de caña no podrá comprometer, ni pignorar azúcar, por el equivalente al monto de la liquidación. Artículo 38. La responsabilidad de cañas contratadas que no sean industrializadas, se fijará con apego a los lineamientos correspondientes, expedidos de conformidad con esta ley. El ingenio no podrá recibir para industrializar caña que no tenga el contrato respectivo y solamente se industrializara, con la autorización del Comité de Producción y deberán de pagar una cuota establecida en caminos, gastos generales, mas un porcentaje del diez por ciento que destinará el Comité para obras generales y que en ningún momento beneficie a organización cañera alguna. Artículo 39. Los ingenios y los abastecedores de caña, de manera voluntaria, podrán emprender conversiones, formar asociaciones o celebrar contratos para aumentar la productividad, eficiencia y diversificación del campo cañero. En estos casos, y únicamente en los conceptos en que así lo pacten expresamente las partes, las relaciones entre los ingenios y sus abastecedores de caña se regirán conforme a lo establecido en el contrato que se celebre. CAPITULO II DEL SISTEMA DE PAGO Artículo 40. Cuando la caña de azúcar se destine a la producción de azúcar, su precio deberá referirse al azúcar recuperable base estándar, a razón del sesenta por ciento del precio al mayoreo de un kilogramo de azúcar base estándar, libre a bordo ingenio. Este se determinará como el promedio ponderado del precio de referencia nacional del azúcar estándar y el precio de las exportaciones de todos los tipos de azúcar, referidos a base estándar. Artículo 41.- El instituto, considerando la opinión del Consejo, establecerá los sistemas de pago de la caña de azúcar cuando ésta se destine a la producción de bienes distintos al del endulzante. Artículo 42. El Precio de la caña de azúcar regirá anualmente, de acuerdo al precio al mayoreo de un kilogramo de azúcar base estándar, libre a bordo ingenio, que debe fijar el Instituto el día 1° de octubre de cada año, con vigencia a partir de ese día y hasta el 30 de septiembre del año siguiente. Artículo 43. Para determinar el monto que debe pagarse por la caña conforme a un contenido de azúcar recuperable base estándar uniforme en cada ingenio, se debe cumplir lo siguiente: a) Al concluir la molienda de un ingenio, se determinará el promedio ponderado del azúcar recuperable base estándar conforme al total de la caña bruta molida en la zafra de que se trate, calculado en kilogramos de azúcar base estándar por tonelada, utilizando al efecto los informes oficiales de corrida semanal y de acuerdo con los lineamientos correspondientes. b) El azúcar recuperable base estándar se calculará en función de los siguientes elementos: la pol por ciento en caña, la fibra por ciento en caña y la pureza del jugo mezclado que registre el informe oficial de corrida semanal, considerando además una eficiencia dada de fábrica referida ésta a una calidad específica de caña que se establezca en los lineamientos correspondientes. Artículo 44. Los ingenios pagarán la caña conforme a las siguientes reglas: a) Una preliquidación equivalente al ochenta por ciento de la caña neta recibida sobre la base del promedio ponderado del porcentaje de azúcar recuperables base estándar, obtenido en las cinco zafras anteriores, calculados con respecto a la caña neta industrializada, debiendo descontarse sus obligaciones crediticias con vencimiento en la zafra de que se trate. La preliquidación deberá cubrirse al precio vigente el día 15 de cada mes cuando la terminación del corte de la caña sea en la segunda quincena del mes anterior y el día último del mes cuando la terminación del corte de la caña sea en la primera quincena del mismo mes. b) Una liquidación final equivalente a la diferencia entre el total de kilogramos de azúcar recuperable base estándar obtenidos y los kilogramos considerados en la preliquidación respectiva. Este saldo deberá pagarse con el precio vigente, en un plazo no mayor a 30 días contados a partir del día de la terminación de la zafra. Articulo 45. Para determinar el monto que debe pagarse al abastecedor conforme a un contenido de azúcar base estándar individual y/o por grupos de cañeros organizados en Frentes de Corte o Unidades de Cosecha, se deberá cumplir con lo siguiente: a) El azúcar recuperable base estándar se calculara mediante el análisis de las muestras tomadas con un sistema de muestreo representativo a través de una sonda mecánica. b) Él calculo del azúcar base estándar se hará en función de los siguientes elementos: La pol en caña (porcentaje de sacarosa), la pureza del jugo extraído por una prensa hidráulica u otro mecanismo idóneo y la fibra en caña, obtenida a partir del peso de la torta residual del bagazo que arroje el mecanismo de muestreo para referirlo a la fibra en caña, considerando además una eficiencia dada de fabrica referida ésta a una calidad especifica de caña, conforme a los lineamientos correspondientes. c) La toma de muestras se llevará a cabo aleatoriamente, debiendo existir representatividad de la caña de los contratos a los que se vaya a aplicar esa muestra, de acuerdo con la normatividad respectiva. El Comité de producción Cañera establecerá los métodos de agrupamiento y muestreo de las cañas entregadas. Articulo 46. Los ingenios pagaran la caña recibida de la siguiente manera: a) Una preliquidación equivalente al ochenta y cinco por ciento del azúcar recuperable base estándar determinado, que deberá pagar al precio vigente el día quince de cada mes cuando la terminación del corte de la caña sea en la segunda quincena del mes anterior y el día ultimo del mes cuando la terminación del corte sea en la primera quincena del mismo. b) Una liquidación final equivalente al quince por ciento del azúcar recuperable base estándar, cuyo monto deberá pagarse en un plazo no mayor de treinta días, al precio vigente, a partir de la terminación de la zafra. Articulo 47. Para los efectos del calculo del precio de la caña de azúcar se consideraran hasta milésimas de kilogramo de azúcar recuperable base estándar con relación a la caña neta. Articulo 48. El procedimiento de toma, manejo y análisis de muestras se efectuara con base en los lineamientos que para el efecto formule el Instituto y la Reglamentación respectiva. Articulo 49. Para la toma de muestras representativas y la realización de los análisis requeridos en el laboratorio, los ingenios los ingenios estarán obligados a contar con las instalaciones especiales y exclusivas que garanticen resultados correctos, según las especificaciones de las normas aplicables a la agroindustria de la caña de azúcar expedidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y adoptadas por acuerdo del Instituto y el Consejo, mismas que deberán operar de manera continua y automática. Para tal efecto, el gobierno federal se obliga a calibrar, verificar y certificar los instrumentos de medición, materiales, reactivos y demás elementos que se requieran en los términos de la Ley Federal de Metrología y normalización. Articulo 50. Los ingenios azucareros estarán obligados a entregar semanalmente un ejemplar del informe oficial de Corrida semanal al Instituto, al Consejo, al Tribunal, a la Cámara y a las Organizaciones Locales y Nacionales de abastecedores. TITULO QUINTO DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA EN MATERIA AZUCARERA CAPITULO UNICO DISPOSICIONES GENERALES. Articulo 51. Son Controversias azucareras las que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley y disposiciones derivadas. En lo no previsto en esta Ley se aplicaran supletoriamente el Código de Comercio, El Código Civil para el Distrito Federal, El Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Articulo 52. Para la resolución definitiva de los conflictos señalados en él articulo anterior, el sistema de impartición de justicia en esta materia se conformara con: I. Los Comités de producción Cañera; y II. El Tribunal de Controversias Azucareras. Articulo 53. Los abastecedores de materia prima y los industriales relacionados con la siembra, cultivo, cosecha y transformación de la Caña de azúcar estarán obligados a someterse a jurisdicción de los comités y del tribunal, en los términos establecidos en esta Ley y en Reglamento respectivo. Articulo 54. El Tribunal Contara con plena jurisdicción para conocer y resolver todas aquellas controversias que se le sometan surgidas entre abastecedores de materia prima, entre estos y los industriales o entre estos últimos. Articulo 55. El Tribunal estará dotado de autonomía para dictar sus fallos y contara con presupuesto propio. Se integrara con tres magistrados uno de los cuales lo presidirá. Articulo 56. Los magistrados serán designados por la cámara de senadores y, en los recesos de esta, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta en ternas del Presidente de La República. Articulo 57. Para ser magistrado se deben reunir los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos; II. Tener treinta años cumplidos el día de la designación; III. Ser licenciado en derecho; IV. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad. Articulo 58. La sede del Tribunal será la ciudad de México, Distrito Federal, y sus funciones, conformación judicial y normas administrativas, serán determinadas por la ley orgánica y el reglamento que para tal efecto se expidan. CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS COMITES DE PRODUCCION CAÑERA. Articulo 59. Los comités constituyen órganos auxiliares por colaboración para la administración de justicia en materia azucarera, por lo cual funcionarán como primera instancia de conciliación y resolución de los conflictos, pudiendo sus acuerdos ser revocados por el tribunal. Articulo 60. Los abastecedores o industriales del ingenio de que se trate deberán ocurrir al comité respectivo para resolver las controversias suscitadas entre sí, o bien para inconformarse contra los acuerdos dictados por los propios comités. Articulo 61. Las demandas o inconformidades deberán ser presentadas por escrito ante el comité que corresponda, mismo que deberá resolverlas en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de su interposición. Dicho término podrá ampliarse hasta veinte días si la naturaleza del asunto lo amerita. Artículo 62. Cuando la demanda o inconformidad haya sido presentada directamente ante el Tribunal, éste la turnará al Comité que corresponda dentro de los 5 días hábiles siguientes al de su recepción, conservando en su poder copias de todos los documentos remitidos. Artículo 63. Una vez recibida la demanda o la inconformidad, el Comité podrá allegarse para el efecto todos aquellos elementos de juicio que considere convenientes, debiendo citar las partes en disputa o el inconforme a una junta de avenimiento que deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no mayor a tres días, contados a partir del siguiente al que se reciba la demanda o inconformidad. Artículo 64. Los Comités deberán llevar un registro en el que se asentarán los datos relativos a todos y cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración, señalando los sujetos y objeto de la demanda. Artículo 65. En la junta de avenimiento a que se hace mención, el comité correspondiente deberá de resolver en forma conciliatoria las diferencias suscitadas entre las partes en conflicto y levantar acta respectiva, misma que deberá ser remitida al tribunal. Artículo 66. En la tramitación de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los comités y el Tribunal se sujetarán al procedimiento previsto en esta Ley, debiendo dejar constancia por escrito de todas sus actuaciones. CAPITULO III DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE CONTROVERSIAS AZUCARERAS Artículo 67. El Tribunal tiene competencia para conocer las controversias surgidas entre abastecedores de materia prima, entre estos con los industriales, o entre estos últimos que los comités no hayan podido resolver por la vía conciliatoria, así como revisar los acuerdos dictados por los propios comités sobre inconformidades interpuestas en su contra. Artículo 68. Las demandas o inconformidades interpuestas ante el Tribunal deberán ser formuladas en forma individualizada, sea que se enderecen en contra de persona física o moral. El escrito inicial de demanda así como la documentación probatoria anexa, deberán de ser acompañadas de las copias que sean necesarias. Artículo 69. Cuando una demanda o inconformidad no sea lo suficientemente clara a juicio del Tribunal, éste solicitará las aclaraciones pertinentes, las cuales deberán hacerse dentro del término máximo de cinco días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieren hecho las aclaraciones solicitadas, no se dará curso a la demanda o inconformidad. El Tribunal deberá suplir la deficiencia de la queja cuando se trate de productores de caña. Artículo 70. Cuando al recibir la demanda o en cualquier etapa del procedimiento, el Tribunal se percate de que el asunto no es de su competencia, hará la declaración correspondiente. Artículo 71. Cuando el Tribunal reciba inhibitoria de otro en que se promueva competencia y considerase debido sostener la suya, en un plazo no mayor a tres días hábiles lo comunicará así al tribunal competidor. Artículo 72. Cuando la persona que comparezca ante el Tribunal lo haga en nombre de otra, bastará con que acredite su personalidad con carta poder firmada ante dos testigos. Las Organizaciones cañeras nacionales y locales registradas ante el Tribunal tendrán personalidad para representar legalmente a sus afiliados. Las Organizaciones cañeras nacionales y locales mencionadas y los ingenios, acreditarán su personalidad por conducto del representante legal correspondiente, lo que no será necesario si ya existe el registro respectivo en el Tribunal. Cuando la personalidad haya sido reconocida previamente por el comité dentro de un procedimiento instaurado, dicha personalidad se tendrá por reconocida por el Tribunal. Artículo 73. Recibida la demanda o la inconformidad, el Tribunal procederá a intervenir, ya sea en forma conciliatoria o resolutoria, según corresponda, y, en su caso, solicitará al comité de que se trate el envío del expediente respectivo, mismo que deberá ser remitido dentro de un término que no exceda de diez días hábiles, contados a partir del día de la recepción del requerimiento del Tribunal. Cuando sin causa justificada no se remita el expediente dentro del término indicado, el Tribunal procederá a intervenir en la resolución del conflicto, de acuerdo a sus facultades, en única instancia. Artículo 74. Recibido o no el expediente en el plazo correspondiente, el Tribunal correrá traslado de la demanda y citará a las parte a una junta conciliatoria. En el citatorio se expresará, cuando menos, el nombre completo del actor, su pretensión y la fecha, hora, y lugar fijados para llevar a cabo la junta de avenimiento. Artículo 75. El procedimiento conciliatorio se sujetará a las siguientes reglas: a) El día de la junta, el Tribunal exhortará a las partes a que resuelvan amigablemente sus diferencias, proponiendo para el efecto las alternativas de solución que a su juicio considere pertinentes. b) Si las partes llegan a un arreglo, el conflicto se tendrá por terminado en forma conciliatoria, asentándose lo pactado en un convenio que deberá ser firmado por aquellas, el cual producirá todos los efectos jurídicos de una sentencia y llevará aparejada ejecución. c) Si el demandante no asiste a la junta convocada, en el mismo acto, el Tribunal fijará nueva fecha para la llevarla a cabo, la cual deberá celebrarse dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo que el actor se desista expresamente de la acción ejercitada. d) Si el demandado no asiste a la junta o no se lograré la conciliación de las partes, el Tribunal radicará la demanda y lo emplazará para que en un término de cinco días hábiles, de contestación a la misma, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que estimen necesarias. Artículo 76. Contestada o no la demanda, o la inconformidad, y desahogadas las pruebas admitidas que no hubiesen sido recabadas en primera instancia se concederá a las partes un plazo de diez días hábiles para presentar sus alegatos. Artículo 77. Cuando para mejor proveer, a juicio del Tribunal, sea necesario obtener mayor información, recabar más pruebas o realizar alguna investigación respecto a las controversias instauradas, podrá hacerlo en el plazo mínimo necesario. En estos casos se citará para alegatos una vez recopiladas las pruebas o desahogadas las diligencias que se hubieren ordenado. Artículo 78. Transcurridas las etapas mencionadas y presentadas o no los alegatos de las partes, el Tribunal cerrará el periodo de instrucción y contará con un plazo máximo de quince días hábiles para dictar la resolución definitiva. Artículo 79. En la resolución de los conflictos, el Tribunal deberá dictar sus sentencias a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos debido en conciencia, sin sujetarse a reglas o formalidad alguna sobre estimación de pruebas, pero expresando los motivos y fundamentos legales en que sus fallos se apoyen. Artículo 80.- Los plazos señalados en esta Ley, podrán ser prorrogados discrecionalmente, una sola vez, por el Presidente del Tribunal. Artículo 81. El Tribunal estará obligado a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto deberá todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes. Artículo 82. El vencido en juicio podrá proponer fianza para organizar la obligación que se le impone, y el Tribunal, con vista de la parte favorecida por la sentencia, calificará la fianza o garantía según arbitrio y, si la aceptare, podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el beneficiario estuviere conforme con ello. Artículo 83. En caso de que transcurra el término señalado sin que la resolución se hubiera cumplimentado, la parte interesada podrá solicitar al Tribunal se haga efectiva su ejecución. TRANSITORIOS PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Se deroga el Decreto por el cual se declara de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar como materia prima de la industria azucarera, del 30 de Mayo de 1991, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TERCERO. Los asuntos que se encuentren pendientes de resolver en los Comités de producción Cañera y en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá seguir tramitándose y resolverse conforme a las disposiciones que se encontraron vigentes al momento de inicio. CUARTO.- Para la determinación del precio de la caña de la zafra 2000  2001, se tomará como base lo dispuesto en los artículos noveno, décimo, duodécimo del Decreto que declara de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha, y la industrialización de la caña de azúcar como materia prima de la industria azucarera, del 30 de Mayo de 1991, y los acuerdos expedidos por la secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, los días 25 de Marzo de 1997 y 30 de Marzo de 1998, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Marzo de 1997 y el 31 de Marzo de 1998, respectivamente. QUINTO. El Instituto, el consejo y el Tribunal deberán quedar debidamente instalados a más tardar a los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. SEXTO Las Organizaciones locales y nacionales de abastecedores ya existentes, contarán con un plazo de 90 día hábiles para adecuar sus estatutos y cumplir con los requisitos que señala esa Ley para su registro. SEPTIMO.- En virtud de la presente Ley, del ciclo productivo de la gramínea, de la participación de los abastecedores de caña en los precios de exportación de los excedentes, de consolidar la competitividad y productividad, y con el propósito de evitar un daño grave a la economía de la Agroindustria azucarera, se exceptuarán de manera transitoria los acuerdos de concertación que permitan preservar el interés público de la Agroindustria, lo cual deberá quedar establecido en el artículo Séptimo de la Ley Federal de Competencia Económica.