La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Con su permiso, diputado presidente. Estimadas compañeras diputadas, señores diputados. El problema de la violencia, la delincuencia e inseguridad en México pone en jaque a las instituciones y coloca a las familias mexicanas en situación de grave riesgo. El diagnóstico es preocupante. A nivel internacional, la ONU ubica a México en el lugar número 116 entre 115 naciones con mayor índice de violencia y delincuencia. A principios de 2009 la Interpol y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos clasificaron a México como un país altamente inseguro al situarlo en el lugar número 5 de entre 107 países. En países de Latinoamérica tales como Colombia, Brasil, Chile y Argentina, la prevención con enfoque social ha logrado disminuir los índices delictivos de violencia y victimización. No obstante, México se ha mantenido al margen. Esta situación demanda de quienes ostentamos la representación popular sumar esfuerzos para construir una alternativa de solución, que busque reducir los altos índices de violencia, delincuencia y victimización. En diciembre de 2009 presenté a ustedes la iniciativa con proyecto de decreto de Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual fue turnada para la emisión del dictamen a la Comisión de Gobernación, la cual preside el diputado Javier Corral Jurado. La prevención ha sido una preocupación de todos los grupos parlamentarios que integran esta soberanía. Razón por la que la iniciativa fue determinada en sentido positivo por dicha comisión. Determinaron denominarla Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia por sus alcances y sus objetivos. Hoy, que discutimos la aprobación de esta ley, tenemos en nuestras manos la posibilidad de dotar a México de una herramienta útil y eficaz que permitirá disminuir, desde las causas que las generan, la violencia y la delincuencia. Por ello, estimadas compañeras y estimados compañeros, quiero solicitarles de manera respetuosa su voto a favor de esta iniciativa, que aborda de manera integral dos temas de interés común de todos los mexicanos: la violencia y la delincuencia, a través de cuatro enfoques: social, situacional, comunitario y psicosocial. El enfoque social busca prevenir la violencia y la delincuencia mediante la implementación de programas integrales de salud, educación, vivienda y empleo, entre otros. El enfoque comunitario tiene como principal objetivo garantizar la participación de la comunidad en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y de desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias. El enfoque situacional persigue modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo y oportunidades que faciliten conductas antisociales, fenómenos de violencia y la incidencia delictiva. Finalmente, el enfoque psicosocial pretende incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, a la familia, a la escuela y a la comunidad. Tales enfoques permitirán la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la articulación, coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones con el fin de abatir las acusas y factores que confluyen en la comisión de delitos. A lo anterior se suma que la iniciativa no tiene impacto presupuestal. No busca crear más burocracia, sino orientar el gasto a través de las dependencias que hoy tienen asignados recursos a través de distintos programas para que, con base en criterios de prevención social, apliquen esos recursos que institucionalmente les han sido otorgados. De un análisis general, realizado a la estructura programática presupuestal del Presupuesto de Egresos 2010, resulta que hay más de 20 dependencias y más de 100 programas, con recursos federales, que tienen implicaciones directas o indirectas para la prevención social del delito. Se calcula que por lo menos el 4 por ciento del presupuesto total incide directa o indirectamente en la prevención del delito. Esto, sin considerar lo que los estados y municipios invierten para este tema. A ello se suma que en el Presupuesto de Egresos de la Federación fueron asignados aproximadamente 17 mil millones de pesos a diversos programas públicos, cuya aplicación incide en la prevención del delito. No obstante, su ejecución se encuentra desarticulada. Por ello, la comisión dictaminadora determinó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional para la Prevención del Delito y Participación Ciudadana, cuya operación hasta la fecha no había sido implementada, sea el organismo que opere la prevención social que contempla esta ley. Para tales efectos la iniciativa, materia de discusión, dotará de facultades al referido organismo para convocar con voz y voto a todas aquellas entidades y organismos de la administración pública federal, cuyas funciones inciden o coadyuvan en la prevención social de la violencia y la delincuencia tales como: la Secretaría de Desarrollo Social, la de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la del Trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres, el de la Juventud, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, entre otros, a efecto de que las políticas públicas sobre la materia sean transversales y articuladas. De igual manera se da un plazo de 180 días para que el Ejecutivo federal expida el reglamento respectivo a partir de la entrada en vigor del decreto respectivo. De igual manera, compañeras y compañeros, hoy tenemos la posibilidad histórica de dotar a México de un ordenamiento que sea ejemplo internacional de cómo lograr la tranquilidad necesaria para las familias, de cómo darle certidumbre suficiente a la inversión y, con ello, refrendar la legitimidad de nuestras instituciones. La prevención es el camino y hoy los diputados y diputadas del Congreso de la Unión debemos dar el primer paso. Muchas gracias.