La diputada Norma Ponce Orozco: Honorable asamblea, la seguridad y la protección de los migrantes es un problema que no ha sido resuelto en nuestro país. Heredado y agravado por administraciones anteriores, ha generado que quienes están en tránsito por nuestro territorio sufran de extorsiones, sean víctimas de redes de trata, de secuestradores y hasta víctimas de homicidios, incentivados por su condición de vulnerabilidad y la irregularidad de su internación legal al país para tratar de llegar a los Estados Unidos. Víctimas a veces de un sistema en el que desafortunadamente no sólo participa el crimen organizado, sino también autoridades, tanto federales como locales, que inciden en prácticas delictivas por diversos motivos. En el tema de migración ha cobrado mayor importancia el enfoque de protección de los derechos fundamentales, ya que el acercamiento judicialista o policiaco no ha rendido los resultados esperados para la resolución de los problemas humanitarios que implica en el tránsito de personas de un país o región a otra. Es en el sentido expuesto, que la idea de autoridad debe evolucionar de acuerdo a las circunstancias, por lo que es cada vez más frecuente que se abran espacios para la formación, capacitación y profesionalización permanente de los servidores públicos para formar una administración pública moderna, eficiente, eficaz, objetivo y responsable. Es en ese sentido del dictamen que hoy se presenta a discusión, generar un cambio en la estructura administrativa, organizacional y conceptual del Instituto Nacional de Migración, buscando que los servidores públicos que integran esta institución se conduzcan de acuerdo a las leyes, a la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los migrantes. El personal del Instituto Nacional de Migración requiere una sensibilidad especial, que asimile a México como país de origen, tránsito, destino y retorno, con un enfoque humano, conciliador, respetuoso y facilitador que permita la regularización de la situación migratoria, preservando siempre la dignidad de los migrantes y el respeto a sus derechos fundamentales. Esta iniciativa confluye con opiniones vertidas por diversas organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y observatorios internacionales en la materia. Sobre la necesidad de que el instituto cuente con un sistema profesional de carrera institucional donde se incorporen protocolos y manuales basados en estándares internacionales de respeto de derechos humanos y la profesionalización y evaluación del personal que lo integra. Garantizar el perfil en la profesionalización y la capacitación permanente de los servidores públicos con una perspectiva de derechos fundamentales aparejada con la existencia de mecanismos efectivos de supervisión de personal es necesario en cualquier orden de la vida en sociedad. Pero resulta más urgente cuando se trata de autoridades que entran en contacto con grupos vulnerables, cuyos derechos han sido violentados regular y sistemáticamente. Inclusive, esta reforma planteada consiste también en la armonización del instituto con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, pues este organismo se trata de un órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por lo que por mandato de la legislación referida debe contar e instrumentar un sistema integral de profesionalización de sus servidores públicos, que incluye, además, los procedimientos de reclutamiento, contratación y evaluación del desempeño. En el Partido Revolucionario Institucional estamos siempre convencidos de que la capacitación, la formación permanente y la profesionalización de nuestros servidores públicos son necesidades inaplazables para generar un sistema más virtuoso y humano. Por lo cual votaremos a favor del dictamen que ahora se pone a nuestra consideración, muchas gracias.