La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia presidenta. Conflictos armados, crimen organizado, secuestros, intimidaciones, cuestiones religiosas o políticas, despojo de tierras o fenómenos naturales, así como por violencia generalizada o violaciones de derechos humanos están ocasionando que miles de mexicanos abandonen sus comunidades. Tener que escapar de tu hogar, olvidarte de tus raíces, dejar atrás a tus seres queridos y al patrimonio que por años trabajaste para construir es algo que como legisladores no podemos permitir. Hoy, en nuestro país más de 338 mil personas han sufrido un desplazamiento forzado. Son miles de mexicanos que se están viendo obligados a abandonar sus lugares de residencia. Ante esta problemática, desde el Poder Legislativo se presenta el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Atender, Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, como una respuesta ante este problema que tanto lastima a nuestro país. Es una acción alineada a los diferentes marcos internacionales como la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, los Principios Rectores del Desplazamiento Interno del Sistema de Naciones Unidas y los Principios sobre restitución de las viviendas y el patrimonio de las personas refugiadas y desplazadas. Es también una acción apegada a las recomendaciones que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de crear un marco normativo que incorpore los principios rectores del desplazamiento interno y que cuente con un ámbito federal, con una institución que sea responsable de proteger a víctimas, para que cumpla con todas las obligaciones y compromisos internacionales. El Poder Legislativo Federal ha buscado materializar, por años, lo que hoy estamos a punto de concretar, redactando un instrumento legal desde una perspectiva basada en el respeto a la integridad y los derechos de las personas, la reparación del daño y la no repetición de los hechos. Hasta el momento, no existen datos o instrumentos precisos para medir puntualmente este fenómeno en México, por lo consiguiente, el proyecto de decreto que nos ocupa crea el Registro Nacional de Personas Desplazadas como una herramienta que dará certidumbre, a fin de generar datos concretos y con ello aplicar una política publica más enfocada al fenómeno. Acción que se verá reforzada por el programa nacional. De igual manera, contará con una autoridad garante que protegerá los derechos de los desplazados, por lo cual se establece el mecanismo nacional, el cual será encabezado por la Secretaría de Gobernación como un órgano colegiado, y en el cual coadyuvarán más de 32 instituciones del Estado, con el fin de diseñar, evaluar y conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas para el desplazamiento forzado interno. Por ser una Ley General se origina la concurrencia de atribuciones entre la federación, entidades federativas y municipios, con el propósito de alinearse y coordinarse con un mecanismo nacional, a fin de apoyar, coadyuvar y colaborar en tareas de prevención y atención al fenómeno. Se propone a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados como una unidad administrativa encargada del registro, atención y asistencia humanitaria, por su amplia experiencia y especialización. Este dictamen es solo un primer paso para dar soluciones a quienes han sido desplazados, ya que los artículos transitorios del proyecto de decreto imponen más responsabilidades al Poder Legislativo, que tendrá que atender y dar seguimiento, como lo son: asignar anualmente recursos económicos para el Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado Interno. Modificar la legislación penal, con la finalidad de tipificar el delito de desplazamiento forzado interno. Expedir la Ley General de Registros Civiles y renombrar la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Desplazamiento Interno. Celebramos que la iniciativa que hoy se dictamina haya sido rubricada por los diversos coordinadores parlamentarios, dejando en claro que existe voluntad a resolver problemas y no que solo se discuten, se presentan soluciones consensuadas a los mismos. Por eso manifestamos nuestro sentir y compromiso común, haciendo a un lado discordias y privilegiar la unidad. Hoy nos congratulamos por el diálogo que se dio, que dio paso al consenso para aprobar el dictamen, ya que será una herramienta que nos ayude, que nos ayudará a prevenir, atender y respetar íntegramente este fenómeno que victimiza de manera sistemática a miles de personas. Por último, quisiera reconocer y dar reconocimiento especial a todas las personas, académicos de la sociedad civil organizada, activistas sociales y distintos sectores públicos interesados en este fenómeno, que participaron en la realización de este proyecto de decreto. Estoy segura con esas aportaciones será posible transformar la realidad de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.