El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, México atraviesa por una crisis fiscal que se explica por la subordinación de la política tributaria al modelo neoliberal, para lo cual desde hace mucho tiempo se diseñó una estrategia basada en regímenes fiscales especiales para un selecto grupo de empresas, sin considerar las graves consecuencias que tendría para la economía en su conjunto. Así la recaudación se ha recargado históricamente en la clase media, en los asalariados y en Pemex. Mientras que se ha desgravado a los grandes grupos corporativos. Esta situación, al no haberse corregido, presenta riesgos muy altos para nuestra economía, entre los que destacan el desequilibrio fiscal y la pérdida de la estabilidad financiera del país, a lo que se suman rezagos en sectores estratégicos para el bienestar de la gente y para el crecimiento económico. La debilidad financiera a la que la hacienda pública está expuesta ha generado múltiples presiones para ceder al capital privado diversas actividades que son una obligación constitucional del Estado mexicano, como es el caso del sector energético. No podemos olvidar que la recaudación del ingreso tributario ha sido baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre el 10 y el 11 por ciento del producto interno bruto, mientras que en otros países, incluso aquéllos que se clasifican como en vías de desarrollo, la recaudación excede al 15 por ciento del PBI. En concreto, en la Ley del Impuesto sobre la Renta existen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales que benefician de manera indebida, y en detrimento de la recaudación federal, y del principio de justicia fiscal. Esa gama de privilegios, instituidos en diferentes tiempos por el Congreso, ha impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza. Una prueba de lo anterior radica en que, mientras que las empresas aportan entre el 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución al pago del impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.6 por ciento en promedio durante los últimos siete años; en tanto que la contribución fiscal de los asalariados, que generan el 25 por ciento del ingreso nacional, ha sido en promedio de 2.2 por ciento. Esto es, aunque la contribución de las empresas debería ser de al menos del doble de los asalariados, en virtud de que generan el doble de la riqueza, esto no sucede así gracias a los regímenes fiscales especiales. Cabe señalar que de acuerdo con los informes presentados a la Bolsa Mexicana de Valores, se observa que el año pasado 13 grandes empresas y 6 instituciones bancarias, a pesar de haber registrado ingresos que en conjunto ascendieron a 1 billón 830 mil millones de pesos, su pago de impuestos apenas fue de 55 mil millones, lo que representó en promedio sólo el 4.9 por ciento de sus ingresos. Por su parte, los impuestos diferidos alcanzaron 114 mil millones, lo que significa que debido a la existencia de tratamientos fiscales especiales, por cada peso que estas empresas le entregaron al fisco, el propio fisco les permitió diferir 4.2 pesos en promedio. Por mucho tiempo se ha sostenido que dichas facilidades fiscales se han otorgado con el objetivo de incrementar la inversión y la generación de empleo; sin embargo, conviene citar la conclusión emitida por la Auditoría Superior de la Federación, quien en 2007 concluyó lo siguiente: Se detectaron 50 grandes contribuyentes cuyos pagos individuales de ISR, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos. Esto, debido a que las devoluciones efectuadas en el período superaron al incremento en la inversión privada, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello, se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes, lo que contraviene el principio de equidad fiscal. El proyecto de ley que hoy presentamos se orienta hacia la eliminación de esos privilegios fiscales. En este sentido, la consolidación fiscal ha sido uno de esos privilegios, ya que permite que una empresa exitosa adquiera a una empresa no exitosa y con ello consolide ganancias de ambas para efectos del pago de impuestos. Este mecanismo se ha prestado a que empresas muy exitosas busquen a cualquier empresa que tenga pérdidas, con el objeto de no pagar impuestos. Por ello no es de sorprender que esta forma sea utilizada casi en su totalidad por las empresas más grandes. Otro privilegio es la depreciación acelerada de activos fijos, es decir, de la maquinaria, equipo, de los terrenos y la construcción. Todos sabemos que estos activos pierden su valor poco a poco. De hecho, una construcción dura mucho tiempo antes de perder todo su valor y los terrenos casi nunca pierden el valor, sino por el contrario, lo ganan. No hay, entonces, una justificación para que una empresa que adquiere activos fijos reporte cero utilidades con el argumento de que cargó todo su valor a los costos de un solo ejercicio fiscal. Aun así, esto ocurre todos los días y de nuevo son las más grandes empresas las que se benefician. Un privilegio más es la ganancia por venta de acciones por la Bolsa de Valores, en donde desafortunadamente en los casos de mayores ganancias se ha tratado de ventas y compras que no se han hecho en la Bolsa Mexicana de Valores. El proyecto que hoy presentamos busca también acotar estas operaciones y negar la exención en todos aquellos casos en los que la venta de acciones no sea al gran público inversionista. En este mismo orden se ubica la propuesta para limitar las deducciones de los donativos y de las campañas de redondeo que las empresas realizan. En suma, para incrementar con justicia y equidad los ingresos que recibe el gobierno es necesario que las empresas paguen más y no que se apliquen impuestos a la pobreza o el IVA en alimentos y medicinas. De manera adicional, la iniciativa propone que se modifique el llamado secreto fiscal, para que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal y así poder medir el impacto recaudatorio y la eficacia de los cambios tributarios que se aprueben. Diputadas y diputados, un cobro de impuesto más riguroso, bajo un tratamiento justo que elimine los privilegios fiscales más costosos para la hacienda pública, y que sea más equitativo para los asalariados y las pequeñas y medianas empresas, es absolutamente esencial y urgente. No hacerlo implica seguir castigando a los que menos tienen, mantener ingresos tributarios que no alcanzan a cubrir las necesidades del erario y alentar a la economía subterránea, al darse cuenta la gente de que no tiene caso pagar impuestos cuando los más poderosos no lo hacen. Es cuanto, señor presidente.