La diputada Araceli Damián González: Gracias, presidenta. Diputadas, diputados, el derecho a la seguridad social está reconocido en la Constitución Política mexicana y en los tratados internacionales, desde 1948 se encuentra en el artículo 22 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. No obstante el artículo 151 de la Ley del Seguro Social limita el derecho al seguro de invalidez y vida para quienes por diversas circunstancias han dejado de cotizar entre 3 y 6 años. Esto les impide acceder a su derecho a estos seguros, a pesar de haber aportado todo lo que se requiere de acuerdo a la ley, no pueden gozar este derecho. Este artículo constituye un robo del dinero de los trabajadores que se queda el Instituto del Seguro Social y que no pueden hacer uso de éste quienes ya tienen el derecho. Además el artículo 1o. contiene el principio pro-persona, lo cual se debe interpretar como que la norma debe ser lo más extensa posible. Además es nuestra obligación, en este mismo artículo se establece, que como servidores públicos promovamos el respeto a los derechos humanos, lo protejamos y lo ampliemos. Es absurdo que, al final de la vida de tantos hombres y tantas mujeres en este país, adultos mayores, quienes por una razón o por otra se separan de su trabajo y más en estos momentos en donde la inestabilidad laboral los pone en una condición muy vulnerable de desempleo, pero que además una vez que se quieren reincorporar al trabajo son discriminados debido a edad, no les garanticemos el derecho a estos seguros, aun cuando ya cotizaron todas las semanas que la propia Ley del Seguro Social les está pidiendo. La inconstitucionalidad del artículo 151 de la Ley del Seguro Social vuelve a presentarse cuando consideramos que esta limitante constituye un acto de discriminación, porque unos han dejado de trabajar un tiempo y otros no, pero ya acumularon los derechos. Esta es una ley discriminatoria, este artículo 151 discrimina a quienes ya tienen este derecho, lo cual también está prohibido en nuestro artículo 1o constitucional; no a la discriminación. Por otra parte, la propia Constitución nos dice que el derecho a la seguridad social es de utilidad pública. Es decir que nadie puede estar privado de este derecho. Ya ha habido algunas resoluciones de tribunales colegiados en los que se considera, por ejemplo, que si un trabajador logra incorporarse para empezar a cotizar, ya sea 26 o 52 semanas para recuperar su derecho y muere, sus familiares, los que quedan, la viuda, sus dependientes, no pueden gozar el derecho a una pensión por viudez o por orfandad. Esto, a final de cuentas también violenta el derecho de las personas dependientes de estos trabajadores, a la seguridad social. Es decir, no nada más estamos afectando al trabajador, sino que también estamos afectando a las viudas o viudos y a sus dependientes. Por tanto, la propuesta que estoy haciendo es eliminar del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, este requisito de volver a cotizar 26 o 52 semanas para poder acceder al derecho a estos seguros de viudez o de invalidez. De esta manera podemos armonizar la ley con el artículo 1o constitucional, en el sentido de que los derechos son universales, indivisibles, son progresivos y son interdependientes. Si efectivamente quieren que la sociedad confíe en los diputados, no importa el número que haya, lo importante es que efectivamente se garanticen los derechos de las personas y más en este caso, que les estamos robando el dinero a los trabajadores que acumularon sus semanas para tener derecho a estos seguros. Es cuanto.