El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, sobre las virtudes de esta Ley de Transparencia se desborda el entusiasmo en el dictamen, como si la corrupción y la opacidad se acabaran por decreto y no fueran estas maldiciones una acción reiterada del Estado mexicano, un componente orgánico y transversal en su estructura. Se vota pues un nuevo catálogo de sujetos obligados que toca a instituciones que antes se defendían de la realización mínima de cuentas, con el salvoconducto de ser sujetos indirectos. Hacemos hincapié, cuando decimos rendición mínima de cuentas, porque los sectores que integran el desarrollo de la economía nacional son los capitales de los sectores público, social y privado, siendo éste último el más beneficiado. Porque en un modelo de convivencia política viciada por la corrupción, es el capital privado del actor preponderante y opaco que opera con los recursos públicos, a cambio de eso entrega favores políticos y lo decimos por muchos casos, entre ellos algunos como el caso Monex, la empresa Soriana, las casas en las Lomas, si el capital anda desrregulado sería ingenuo pensar que la transparencia funcionaría de manera efectiva. A esa mafia pública licitadora al servicio de los banqueros y grandes empresarios, se le debería expulsar del servicio público y establecer nuevos candados que permitan el correcto ejercicio de la contratación de obras y servicios con el dinero del pueblo de México Sin reglas de contacto y códigos de ética, el principio de máxima publicidad que se amplía en su interpretación para el derecho de acceso a la información y para la orden de los sujetos obligados de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, de poco servirá porque el ejercicio de las facultades no son meros hechos administrativos, son necesariamente relaciones públicas que dan al margen de la administración. Ya en este tema se ha visto el caso de las licitaciones de las nuevas cadenas de televisión, los contratos de obra pública y los resultados que se han dado son una serie de encuentros y cabildeos no documentados para tomar decisiones. En virtud de estos ejemplos y muchos más, sostenemos que existen servidores públicos que en la responsabilidad de sus encargos deben ser establecidos estos códigos de ética y reglas de contactos que nos permitan saber quiénes se sientan en las mesas de negociaciones para determinar el uso de los recursos públicos. De las decenas de lineamientos, reglamentos y leyes para la contratación de obras y servicios para este Congreso de la Unión, nada se respeta. Hemos visto en esta Legislatura cómo están trabajando para justificar dinero del pueblo de México, remodelando según esos edificios, cuando servirían estos mismos para apoyar a los sectores más vulnerables, a las comunidades indígenas. Compañeras y compañeros pues, para qué sirve la transparencia de papel, si los periodistas por informar, los periodistas con esa voz crítica, son acosados y despedidos por exhibir el contacto y los conflictos de intereses entre empresarios y políticos. Un catálogo más amplio de sujetos obligados con rutas tortuosas para acceso a la información poco aliento se aporta para la ciudadanía. No podemos aspirar a una Ley de Transparencia cuando se carece de total autonomía. No podemos aspirar a una Ley de Transparencia cuando vivimos en el México de yo te nombro para que me investigues. Muchas gracias.