El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la reforma energética aprobada recientemente significó un verdadero hito en la historia de nuestro país, toda vez que por primera vez las principales fuerzas políticas del país coincidieron en la necesidad urgente de reformar el sector energético, a fin de reposicionarlo como una herramienta insustituible para el desarrollo de México. Bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto se dejaron atrás atavismos, dando pie a una nueva legislación moderna, que reconoce las exigencias del mercado, atiende a las demandas de la población, crea instituciones transexenales y fortalece la rectoría del Estado en este importante sector económico. El dictamen que ahora nos ocupa traslada los postulados del Constituyente Permanente a la legislación secundaria y nos ofrece un ordenamiento que tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energía limpia y reducción de emisiones contaminantes a la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. Pero no solo eso, también contempla la inclusión de normas tendientes a resguardar la facultad estatal de imperio, a efecto de no dejar en manos de particulares el cumplimiento de las disposiciones aplicables. En ese sentido, las normas contenidas en este dictamen son bilaterales y coercibles, pues vienen acompañadas de instrumentos de vigilancia y sancionadores, los cuales serán aplicables aun en contra de la voluntad de los sujetos constreñidos a su cumplimiento. Lo anterior se afirma, toda vez que la comisión reguladora de energía y la Profepa estarán facultadas a realizar actos de inspección y vigilancia a los integrantes de la industria eléctrica, de acuerdo con las disposiciones de regulación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley. De la misma forma, la Conue, Comisión Nacional para Uso Eficiente de Energía podrá de manera aleatoria o cuando lo considere necesario, supervisar la ejecución de los procesos voluntarios que se desarrollen entre los particulares, para mejorar su eficiencia energética y ordenar visitas de verificación a los usuarios con un patrón de alto consumo de energía y a la administración pública federal. Por otra parte, se tiene previsto que cuando por negligencia o causa inexcusable no se lleven a cabo las acciones necesarias para el establecimiento de metas tendientes a alguna generación y consumo de energía limpia mediante fuentes renovables o de eficiencia energética o no se respete semestralmente su avance, los servidores públicos que incurran en dicho incumplimiento serán sancionados en términos a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En ese mismo sentido, tanto la Conue como la Profeco estarán facultadas para imponer sanciones pecuniarias a los usuarios de un patrón de alto consumo de energía a las personas que fabriquen, importen, distribuyan o comercialicen los equipos o aparatos que no incluyan la información necesaria acerca del consumo energético o cuando le incluya de manera diferente a la que establezcan las disposiciones aplicables. Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía podrá sancionar a los suministradores de electricidad o distribuidores de gas natural que nieguen el servicio de cobranza derivado de los convenios que deberán ser autorizados por la Profeco. Una norma que contiene obligaciones, pero que carece de instrumentos para hacerlas cumplir aun en contra de la voluntad de los sujetos a las que va dirigida es una norma imperfecta. Afortunadamente éste no es el caso, por el contrario, se establecen disposiciones tendientes a reafirmar la rectoría del Estado en el ámbito energético, lo que garantiza su observación y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue diseñada. Por todo esto, el Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su voto favorable al presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.