El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. El Estado mexicano enfrenta un reto mayúsculo en materia de seguridad pública, el surgimiento de grupos de autodefensa en comunidades de algunas entidades del país nos muestra que aún existen pendientes en la consolidación de un verdadero estado de derecho. El Estado es el encargado de garantizar la seguridad pública a los ciudadanos y la conformación de grupos civiles armados para hacer frente a la violencia y a la inseguridad en sus comunidades no es una solución. Debemos reconocer que existe una preocupación legítima de la sociedad por la situación de inseguridad; sin embargo en Nueva Alianza estamos convencidos de que no se puede combatir el crimen con grupos civiles armados, que intentan suplantar la responsabilidad del Estado mexicano. La presencia de las denominadas autodefensas en Michoacán ha ido en aumento y cada día escuchamos que nuevos municipios y comunidades están bajo su resguardo. Dicho fenómeno, aunado a la violencia y a la inseguridad derivada del combate a la delincuencia organizada ha originado graves enfrentamientos que pone en riesgo cada vez más a la población civil que se encuentra en un fuego cruzado permanente. De manera contraria y lejos del propósito inicial, la existencia de estos grupos no ha generado un clima de paz y tranquilidad, hoy en día Michoacán alcanzó un nivel de conflagración mayor y las comunidades donde se encuentran asentadas las autodefensas viven con mayor temor. En este contexto Nueva Alianza está a favor del punto de acuerdo con las modificaciones y a aprobadas, ya que debemos conocer la información sobre los hechos ocurridos en la tenencia de Antúnez, del municipio de Parácuaro en el estado de Michoacán entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero. Asimismo, para dar certidumbre y objetividad a la investigación, consideramos necesaria la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En Nueva Alianza consideramos que cualquier acción del Estado mexicano y las fuerzas del orden federal y estatal deben estar apegadas a derecho y a la legalidad. Ante todo debe prevalecer la protección a la población civil que ha sido afectada por la situación que se vive en esta región del país. Profundamente esperamos que el acuerdo del apoyo federal para la seguridad en Michoacán, firmado por el gobierno federal y estatal, sirva para proteger los derechos de la ciudadanía y devuelva la tranquilidad y paz a nuestros compatriotas en esa entidad. Estamos convencidos que es necesario desplegar un programa transversal e integral de políticas públicas que procuren confianza en las instituciones, fomenten la cohesión social y la participación ciudadana en los temas de seguridad pública. De igual manera, consideramos que también es responsabilidad de nosotros como legisladores, así como de todos los partidos políticos y de la sociedad en general, coadyuvar en el restablecimiento de la paz y la estabilidad en el estado de Michoacán. Compañeras y compañeros legisladores, hoy debemos demostrar al pueblo de México que estamos unidos, preocupados y ocupados por salvaguardar al estado y la integridad de cada uno de los ciudadanos. Los daños por la situación que se vive en la zona son de toda índole. Afectaciones económicas severas en todos los sectores comercial, agrícola, urbano-empresarial, turístico. Afectaciones educativas, ya que en la región cerca de 20 mil niños y jóvenes no han asistido a clases más de un centenar de escuelas permanecen cerradas-, además del clima de ingobernabilidad e inestabilidad política que nada abona a la prosperidad y concordia. Por México y toda la riqueza de nuestro pueblo, hacemos un llamado a cada ciudadana y a cada ciudadano, a cada representante, a unirnos y alcanzar una solución pacífica a la violencia en Michoacán. Por su tolerancia y atención, muchas gracias, compañeros legisladores. Muchas gracias, presidenta. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado René Fujiwara. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Juan Carlos Romero Hicks, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.