El diputado Martín Sandoval Soto: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una pieza fundamental del sistema democrático mexicano, consolidándose desde hace 25 años como la máxima autoridad en la materia. Como seguramente recordaremos, en agosto de este año fuimos testigos de una compleja crisis institucional al interior de la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuando una sólida mayoría de sus integrantes solicitó la remoción del magistrado presidente. Este hecho, provocó una gran incertidumbre institucional, ya que dicho conflicto escaló a niveles nunca antes registrados y generó un debate jurídico al no encontrarse formalmente previsto en la ley el proceso de remoción del presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, contempla únicamente la elección de un nuevo presidente en caso de renuncia o cuando sus ausencias excedan los seis meses. Hay que decirlo, este complejo episodio pudo ser resuelto finalmente gracias al diálogo, la disposición y la conciliación de los integrantes, aunque sería importante contar con normas jurídicas que nos permitan prevenir cualquier parálisis en la justicia electoral en el futuro. Quienes integramos el Poder Legislativo federal tenemos la obligación de analizar con detenimiento la problemática que se derivó por la falta de normatividad para la remoción del presidente de dicho órgano. En este sentido, la iniciativa que pongo a consideración de esta honorable soberanía, no plantea modificar el sistema de pesos y contrapesos entre poderes públicos, sino al contrario, conserva la autonomía e independencia del Tribunal Electoral y les permite a los propios magistrados resolver sus diferencias al interior de la misma. Así como los integrantes de los órganos colegiados tienen la posibilidad de darle su confianza a uno de sus miembros para dirigir los trabajos como órgano, también podían poder retirársela cuando consideren que ya no representa al conjunto. Solo poner un ejemplo, los legisladores de esta Cámara de Diputados y del Senado de la República podemos elegir a los integrantes de nuestras respectivas Mesas Directivas, así como solicitar su remoción por faltas graves, y esto incluye a los presidentes. Es tiempo de pasar del hecho al derecho, fortaleciendo a nuestra máxima autoridad en materia electoral. La actual no es un órgano de carácter político sino judicial, que emite resoluciones técnico-jurídicas. Es por eso que, en este proceso de transformación de la vida pública del país, todo acto proveniente de las instituciones del Estado debe encontrarse fundado en norma jurídica y sus problemáticas deben resolverse conforme a derecho. Con base en todo lo dicho anteriormente, propongo la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 169 y adiciona los párrafos cuarto y quinto del artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de contemplar lo siguiente: El presidente o presidenta de la Sala Superior podrá ser removido de este cargo por transgredir de forma grave o reiterada las disposiciones constitucionales o de la ley, o por incumplir las determinaciones de la Sala Superior. Para ello deberá someterse una propuesta de remoción fundada y por escrito ante el pleno, la cual será discutida, analizada y, en su caso, aprobada por cuando menos cinco magistrados. Se entiende que en caso de no obtener la mayoría calificada se desecharía la propuesta y continuaría el presidente en funciones. Es cuanto, diputado presidente.