El diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Gracias, señor Presidente. Para poner a consideración de esta Honorable Asamblea el proyecto de dictamen del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que envió la Honorable Cámara de Senadores el día 26 de abril del presente año con minuta de proyecto de decreto que a su vez corresponde a una iniciativa presentada por los entonces senadores Héctor Larios Córdova y Gerardo Buganza Salmerón, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional. Dentro de los antecedentes debo explicarles a ustedes que la Comisión de la Función Pública de la LIX Legislatura había votado a favor el dictamen proveniente del Senado, la minuta proveniente del Senado, pero debido a que fue al final del período anterior, ésta ya no pudo ser discutida en el Pleno. Pasó como proyecto a la Comisión de la Función Pública de la actual Legislatura y los integrantes de la misma, el pasado 14 de diciembre, la discutimos y votamos a favor. Ahora bien, para emitir este voto a favor, tomamos en cuenta lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que los recursos económicos que dispongan el gobierno federal, el Gobierno del Distrito Federal y sus administraciones, se deberán de administrar con eficiencia, eficacia y honradez. Asimismo, establece la Constitución que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes deben de adjudicarse por licitación pública mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes y aseguren al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Asimismo, señala nuestra Constitución que serán las leyes reglamentarias las que establezcan los criterios para acreditar economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en las adquisiciones públicas. El texto anterior del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones señalaba que estas se podían dividir en licitaciones nacionales y licitaciones internacionales. Como ustedes saben, nuestro país ha suscrito diversos tratados de libre comercio con varias naciones y a los proveedores de esos países se les da el trato de nacionales. Esos proveedores, a su vez, se obligan a cumplir con diversos requisitos de calidad y precio que les dan ventajas a las adquisiciones que realiza el gobierno, pero también ventajas a nuestros propios proveedores nacionales porque saben que enfrentarán una competencia en equidad de circunstancias. Se cambió el texto del artículo 28 para agregar que las licitaciones serán, en primer término, nacionales. En segundo término, internacionales a países con tratado de libre comercio y en tercer término a internacionales en general. De esta manera se elimina una discreción que tenían las dependencias para establecer cuáles eran las licitaciones internacionales abiertas y cuáles eran las licitaciones internacionales a países con tratado. Por esa razón, compañeras y compañeros, y con base en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución General de la República, la Comisión de la Función Pública les solicita a todos ustedes el voto favorable a este dictamen. Es cuanto, señor Presidente.