El senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor presidente. Con el permiso de todos ustedes. El artículo 133 de la Constitución establece que las leyes emanen de las cámaras y los tratados que México firme y que no estén en contradicción con nuestra Constitución y que sean celebrados por el presidente de la República con la aprobación del Senado serán ley suprema en toda la Unión y los jueces tendrán que establecer las medidas y las prioridades para que arreglen estos derechos, particularmente en las legislaturas. Estas leyes y tratados tienen la disposición de, cuando las condiciones estatales tengan disposiciones en contrario deberán de arreglarse. Así también, el artículo 1 de la Constitución establece, expresan el respaldo al goce de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte. El Convenio 169 de la OIT establece ya algunas disposiciones muy puntuales para que se empiecen a revisar, respaldar, fortalecer todas aquellas demandas, particularmente en el tema de los pueblos y comunidades indígenas. Y así establece aplicar las disposiciones del presente convenio: los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en participar a través de las instituciones representativas cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Y hay una serie de consideraciones: el artículo 15 de la Declaración de las Naciones Unidas también establece la adopción de estos mecanismos. Entonces, tenemos un contexto internacional de tratados que obliguen a que el Estado mexicano pueda mantener y conservar su vocación democrática y establecer por ello condiciones para que en México se puedan generar las consultas para lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas. Hoy aquí esta mañana hemos oído dos iniciativas que pretenden fortalecer mucho los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pero hay un paso que hemos estado omitiendo, ya el artículo 2o. de la Constitución establece esta parte de llevar a cabo la consulta, pero no ha habido una ley reglamentaria que establezca los procedimientos de cómo llevar a cabo esta consulta con los pueblos y las comunidades indígenas. Por eso creo importante tratar de resumir, para lograr que se entienda la intención de esta iniciativa que la consulta se define: el derecho a la consulta libre, previo, informada y la ejecución de la misma en términos de buena fe comprendido como el ambiente de confianza, honestidad, transparencia, respeto a los valores, a la pluralidad cultural, de colaboración, generando por las partes involucradas sin dolo, ni coacción alguna, así como en el acceso a la información oportuna en su lengua materna, permanente dentro del desarrollo del proceso de consulta en la búsqueda del pleno ejercicio participativo, democrático, susceptible del bien común social y pluricultural. Ésta es una de las cosas que establece la consulta como el mecanismo de buena fe que debe haber siempre en esto. Establece la obligación del Estado a consultar a los pueblos y comunidades indígenas cuando a nivel federal, estatal o municipal se prevea implementar medidas legislativas susceptibles a afectar directa o indirectamente sus derechos colectivos. Prevé que se preserve la cultura democrática incluyente del Estado mexicano para que los pueblos y comunidades indígenas sean consultados de manera periódica. Establece las medidas, los mecanismos, las condiciones en las que se pueda establecer estas consultas y se integra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como observador y garante de salvaguarda del proceso de consulta a los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas. Se crea un comité técnico consultivo, según la materia de consulta, quien será la instancia rectora en materia de la consulta indígena estableciendo las bases para integrar y operar la consulta. Se integra un organismo técnico consultivo dependiente de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y este organismo técnico tiene facultades específicas que ahí se establecen para que se pueda promover todo el escenario de la consulta, a arropar la consulta con asesores, con los materiales y entonces se establece particularmente que sea la CDI quien deba de estar llevando a cabo esta consulta en pueblos y comunidades indígenas. Esta ley reglamentaria es totalmente necesaria, compañeros, dado que ha habido incluso recientes reformas a nuestra Constitución en el campo energético y establece una serie de prioridades para el interés público al energético, y deja en segundo lugar la producción de alimentos. En muchas partes de nuestro territorio nacional nada más les doy los datos que tiene la CDI de localidades indígenas son 64 mil 172 localidades y en muchas de ellas vamos a encontrar hidrocarburos en los que hemos estado tratando de buscar y garantizar que se pueda llegar a un arreglo para que no sean solamente ocupadas temporalmente como lo han hecho por muchos años a nuestros pueblos y comunidades indígenas, de tal suerte que se puedan establecer con ellos los convenios necesarios para lograr efectivamente el usufructo y el beneficio de este tipo de consulta. Estos son algunos de los contenidos muy rápidos y exprés que doy de esta iniciativa. Sé que me estoy excediendo en el tiempo y por lo tanto le voy a pedir a la Presidencia que agregue una intervención por escrito que tengo en ese sentido para que podamos dejar una constancia de ello. Muchas gracias, presidente.