El diputado Héctor René Cruz Aparicio: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo a esta, que es la máxima tribuna de nuestro país, orgullosamente como diputado miembro del Partido Encuentro Social, y con la potestad que me otorgaron los ciudadanos del distrito 08 de Baja California, en la elección del pasado primero de julio. Y es por ellos, por ciudadanos de mi estado, y particularmente los de mi ciudad, Tijuana, que lamentablemente es considerada el día de hoy una de las ciudades más violentas del mundo y que únicamente en lo que va del 2018 suman ya más de mil 600 homicidios de alto impacto. Ante este escenario de sangre que vive mi ciudad y en general todo México, es que solicito su apoyo para que esta propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el tema de armas de fuego particularmente. Uno de los temas más preocupantes que reclaman toda nuestra atención y el esfuerzo, es el combate a la delincuencia en todas sus vertientes. Desde los delitos de más baja punibilidad hasta los delitos de alto impacto, como lo es el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas y de armas, y por supuesto la delincuencia organizada. Este flagelo que azota a nuestro país y a nuestras familias debe ser atendido de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno y con todo el apoyo de las instituciones del Estado Mexicano, por ello la Cámara de Diputados debe proporcionar en este escenario el ordenamiento jurídico necesario para la actuación de los otros Poderes de la Unión y contar con la certeza jurídica en los procedimientos para la persecución del delito y sus instigadores. Una circunstancia que lamentablemente incide en los altos niveles delictivos es la facilidad con la que se puede adquirir un arma de fuego en nuestro país, a pesar de las prohibiciones en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Si bien el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga el derecho a todo ciudadano de poseer armas de fuego en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, la misma ley en la materia determina los casos, condiciones y excepciones en los que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas de fuego. Sin embargo, en muchos domicilios de México la mayoría de esas armas han sido traficadas desde los Estados Unidos por grupos de la delincuencia organizada. Según un informe del Centro por el Progreso de América, con datos obtenidos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, ATF, en Estados Unidos, de las poco más de 106 mil armas recuperadas por las fuerzas del orden como parte de una investigación criminal, en México, de 2011 a 2016 rastreadas hasta su origen, el 70 por ciento se compraron de un vendedor de armas con licencia en ese país, principalmente en los estados de California, Arizona y Texas. Se calcula que cada año se trafican a México desde los Estados Unidos poco más de 200 mil armas de fuego. Esta enorme cantidad de armas son en su mayoría de alto calibre, en la cual no es permitido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo que presupone la utilidad de las mismas en la incidencia de delitos de alto impacto que ya se han comentado. Lo más grave aún es que en el momento de la detención de criminales en posesión de este tipo de armas, en la mayoría de las ocasiones, estos mismos criminales son puestos en libertad por el juzgador del delito, lo que sin duda genera un alto índice de impunidad y demerita el esfuerzo de las corporaciones policiacas en cumplimiento de su trabajo. Es importante señalar que la creciente impunidad en la que vivimos está en sus máximos niveles, puesto que el Índice Global de Impunidad de México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas, campus Puebla, nos señala un aumento en diversos delitos, que son denunciados y por diversas circunstancias quedan impunes, elevando el indicador a 69.84 puntos a finales de 2017, cuando el 2016 era de 67.42 Este dato de impunidad refleja también una debilidad estructural e institucional en las corporaciones de procuración y administración de justicia, que no alcanza a procesar el gran número de denuncias por delitos de toda naturaleza donde están implicadas las armas de fuego principalmente. De acuerdo con datos oficiales de la PGR, en el transcurso de 2017 se iniciaron 96 mil carpetas de investigación por delitos de orden federal. Esto equivale casi a 11 mil delitos más, en comparación del año anterior. Los datos anteriores por tasa representan que en el 2017 los delitos del orden federal fueron de 77.7 por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con datos del Poder Judicial Federal, en noviembre de 2014 a junio de 2017, la PGR consignó a 6 mil 905 personas por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, donde pistolas como calibre 38 a 9 milímetros, hasta rifles automáticos o lanza granadas, de ese total 695 personas se dejaron libres, debido a que los jueces consideraron que no hubo elementos para vincularlos a proceso. Ahí radica una gran parte del problema. El análisis que el juzgador...