La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros, la corrupción es un problema que amenaza constantemente el ejercicio del buen gobierno y las micro relaciones sociales, porque pone en duda la confianza de los mexicanos en la labor al interior de las instituciones y refleja un fuerte impacto en el desarrollo económico del país. Como legisladoras y como legisladores, es nuestro deber analizar la estructura normativa con el objeto de eliminar vacíos legales que proporcionen actitudes de malas prácticas en la gestión gubernamental. Por ello, es que propongo esta iniciativa que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la del Sistema Nacional Anticorrupción, la de Petróleos Mexicanos, la del Fondo Mexicano de Petróleo y, finalmente, la Comisión Federal de Electricidad, con el objeto de incorporar dentro del régimen de responsabilidades de los servidores públicos a distintos funcionarios que al día de hoy ocupan cargos sustantivos dentro del Estado mexicano y que no obstante se encuentran al margen de las obligaciones que establece el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de responsabilidades administrativas. Esta iniciativa pretende modificar el marco jurídico de las leyes anteriormente citadas para así lograr la inclusión de los consejeros independientes de las empresas productivas del Estado en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos que establece el Título Cuarto de la Constitución Política, de tal manera que se sujeten a las disposiciones en materia de transparencia y que estén obligados a presentar su declaración fiscal y su declaración patrimonial, entre otras cosas. También se plantea incluir plenamente en las disposiciones establecidas por la Ley General de las Responsabilidades Administrativas, a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Nacional de Anticorrupción. Nos preocupa que existan personas que ejerzan funciones sustantivas en instancias importantes para la toma de decisiones de organismos que gozan de autonomía técnica y de gestión y que no están definidos en la ley como servidores públicos, lo cual abre un margen innecesario a actos que pudieran favorecer conflictos de interés de diversa magnitud, lo cual representa el riesgo de cometer actos de corrupción que quedarían en absoluta impunidad. Resulta inquietante que quienes sustentan un cargo relevante dentro de la función pública pueda formar parte de manera simultánea de entidades empresariales, ya que cuando existe una contradicción entre el deber público y los intereses privados se pervierte el buen desarrollo de las funciones que se implementan. Se requiere y necesitamos impulsar reformas que garanticen la rendición de cuentas de todos los funcionarios y, para ello, debemos adecuar el marco legal enfocado a esta materia, lo cual permitiría sujetar a todas las personas que participan en los espacios de decisiones estratégicas dentro de la definición de servidores públicos y así, de esta forma, obligarlos a la adecuada transparencia, a la rendición de cuentas y de ser, en caso, al régimen de sanciones administrativas y penales de manera efectiva, como resultado de los actos de corrupción que pudiera cometer en el ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta. La presidenta senadora Olga Sánchez Cordero Dávila: Te agradezco, Karla, la presentación. Túrnese a las Comisiones... Perdón, alguien quiere... Adelante, por favor.