La diputada Frinné Azuara Yarzábal: Con su permiso, presidente. Si se le arranca a una persona uno de sus derechos es como desconocer su calidad de ser humano. Nelson Mandela. Imaginen ustedes solo por un momento que llegan a un hospital en un estado de gravedad, estando su vida en peligro, y se enfrentan a la negativa de algún médico o enfermera para atenderlos, aduciendo motivos religiosos, ideológicos o de convicción. Esto podría llegar a suceder y sería inaceptable e inhumano. La persona objetora se basa en motivos de conciencia, surgen de convicciones fundamentales, ya sea de índole religioso, ético o filosófico, que tienen una importancia toral para ella. No obstante, el ejercicio de la objeción de conciencia solo debe ser justificable cuando en la unidad médica se ofrezcan opciones para atender al paciente y salvaguardar su vida. Se trata de evitar que en nuestros hospitales los derechos de los pacientes no se vean afectados por el ejercicio de las libertades del personal de salud. Pero, ¿qué pasaría si esto sucediera en nuestros hospitales? ¿Cuáles serían las consecuencias en estos casos? ¿En dónde quedaría la obligación del Estado de proteger los derechos humanos de todos los mexicanos? La Corte nos ordenó, después de resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que trabajáramos en una reforma para perfeccionar lo establecido en la Ley General de Salud, sobre la objeción de conciencia. La Corte fue muy clara en sus conclusiones. Es necesario que, como legisladores, detallemos los alcances y límites del derecho del personal médico y de enfermería que, desde su fuero individual, pueden negarse a realizar procedimientos sanitarios cuando estos se opongan a sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas y de conciencia. Pero este derecho no puede implicar la afectación de los derechos de otros. En ese sentido, la Corte sostiene que no podrá invocarse si se pone en riesgo la vida del paciente o en caso de urgencia médica, y que las unidades médicas deberán garantizar el acceso a los servicios a través de otras vías, como contar con personal no objetor o el traslado a otras unidades médicas. La ley es perfectible y eso es precisamente lo que estamos buscando con esta iniciativa, el justo medio que nos permita atender la sentencia de la Corte, así como dar a los profesionales de la salud y a la ciudadanía certeza jurídica en su actuar. La objeción de conciencia no es un derecho general a desobedecer las leyes, pues únicamente es válida cuando se trata de una auténtica contradicción de conciencia en un contexto constitucional democrático. Con esta iniciativa, además de proteger a la protección usuaria de los servicios de salud, estamos protegiendo al personal de salud para que en el ejercicio de su profesión no incurran en responsabilidad médica a la que están muy expuestos. Por ello, las y los diputados del PRI reiteramos nuestra voluntad para construir un mejor marco jurídico en materia de objeción de consciencia y proponemos específicamente que solo sea personal que participa directamente en las intervenciones médicas, que informa a la institución donde trabaja su negativa a realizar los procedimientos que se contraponen a sus convicciones, que se derive a la persona con otro profesional de la salud que no sea objetor, que se brinde la atención oportuna cuando la derivación a otro profesional no sea posible y el retraso ponga en peligro la salud y el bienestar de los pacientes. Que se brinde el servicio siempre que se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, en cuyo caso no podrá invocarse la objeción de consciencia. En ningún caso el ejercicio de la objeción de consciencia derivará en ningún tipo de discriminación laboral. Esta iniciativa es solo un paso más que damos para contribuir a resolver este pendiente con una visión de protección de los derechos humanos, que requiere la colaboración de todos y que producirá grandes beneficios para la población mexicana. Es cuanto, presidente.