EL DIPUTADO JOSE GAUDENCIO VICTOR LEON CASTAÑEDA: Con el permiso de la presidencia. Señoras y señores legisladores. Señor Secretario. El Partido Acción Nacional tiene como inspiración de sus principios doctrinarios, el respeto a la dignidad de la persona humana y la realización del bien común. Hoy nuestro país tiene la necesidad de una economía social que fomente el desarrollo humano, que logre abatir la extrema pobreza, dando prioridad a zonas indígenas y rurales e impulse un modelo agropecuario, que permita el desarrollo de las potencialidades del campo mexicano y apoye decididamente a este sector, secularmente abandonado y engañado por el gobierno. La glosa del VI Informe de Gobierno es una oportunidad para ventilar el estado que guarda la función administrativa a cargo del Ejecutivo Federal, y a a la manera de cómo esa función ha dejado de servir al bien común. Es un hecho notorio que el gobierno del Presidente Zedillo, otorgó poca importancia a las políticas de desarrollo social, muestra de ello fue el cambio de los titulares de Sedesol a lo largo de su sexenio. Lo anterior no permitió una continuidad de crecimiento social. La lucha tenaz y sin tregua que hemos realizado a lo largo de muchos años, para reparar la enorme injusticia cometida contra la niñez, mujeres, grupos indígenas, grupos vulnerables y en general al pueblo mexicano, hoy podrá ser enriquecida a través de los cuestionamientos que se le realicen a usted, señor Secretario, y que esperamos sean respondidos por usted con veracidad, precisión y respeto republicano. Evaluar y reflexionar sobre los resultados en materia de desarrollo social, que en la actual administración trabajó bajo la bandera de: "El bienestar para tu familia", debe ser prioritario. Los resultados plasmados en el VI Informe de Gobierno, nos obliga a preguntarle, señor Secretario, ¿para qué familia y cuál bienestar? Esta política tuvo como resultado que no se llegara al bienestar social, y esto se debe principalmente a que en el Plan Nacional de Desarrollo, careció de los elementos necesarios, para elaborar políticas públicas adecuadas a la dinámica de la población, desarrollo económico de todos los grupos sociales y al contexto real de nuestro país. La política social ha sido devaluada por el Poder Ejecutivo y se ha caído en un juego de cifras contra cifras, que no hace sino masificar la realidad de cada familia y de cada mexicano pobre. Ciudadano Secretario, nos distraemos con conceptos macros, que sólo tienen sentido para los expertos, pero no para la población en su dramática realidad, por lo que le pregunto: ¿de cada peso cuánto llega a los beneficiarios y cuánto se queda dentro de la burocracia de Sedesol? Es necesario señalar que no todo lo realizado por el Ejecutivo ha sido negativo, ya que ha dado pequeñas muestras de avance en la política social. Sin embargo, este hecho no ha sido satisfactorio, porque 65 millones viven con menos de 20 pesos diarios. Es prudente hacer notar que la pobreza no es resultado del actual gobierno, pero es necesario remarcar que en la administración del Presidente Zedillo, la pobreza aumentó en 16%. Actualmente casi la mitad de los hogares mexicanos reciben menos de tres salarios mínimos. Tras la crisis de 94 se ha generado una alta concentración de la riqueza y una mayor polarización en la sociedad. Es más, no existen proyectos productivos para zonas marginadas, mientras que en el norte y en las zonas metropolitanas del centro, se concentra la mayor infraestructura productiva y tienen los mejores niveles de bienestar, la región sur no goza de las mismas condiciones. Por otra parte, existe insuficiencia en la construcción de vivienda de interés social, donde dejan un déficit habitacional del 20% que se traduce en 4.5 millones de viviendas. Entonces, señor Secretario, se hemos aumentado el presupuesto. ¿por qué se tiene el mismo déficit de 1995?. Además, si se analiza el sustento teórico y metodológico de la política urbana, es claro que los objetivos se han planteado más en términos de distribución de lugares o de tamaños de ciudades y menos en términos de relaciones y beneficios sociales y económicos, lo que no representa una alternativa viable ni para la población migrante, ni para los mismos residentes. Es deber reclamar, para Acción Nacional, que el Informe de Gobierno omite dar a conocer el balance en el cumplimiento de los retos del programa para superar la progresa 19952000. No es la primera vez que sucede. Señor Secretario, queremos saber si la SEDESOL acató o no el mandato del Poder Legislativo al ejercer su gasto. Se estableció que las reglas de operación debían haber contemplado esquemas para que los gobiernos estatales y municipales participaran en la planeación de acciones para estos programas. Señor Secretario, ¿no era esto tampoco claro? ¿Usted cree que la SEDESOL cumple con ello cuando se crea el Programa de Empleo Temporal y no aparecen datos sobre la integración de los Comités Estatales? ¿Así entiende SEDESOL la realidad de su discurso de la descentralización y la participación local? CAMARA PUBLICA. Consideramos que uno de los grupos sociales excluidos dentro del programa de desarrollo social es el indígena. Se han dejado pendientes muchos asuntos entre los que destacan el problema de Chiapas, los derechos de los indígenas y uno de los más importantes es la participación de los pueblos indígenas en la planeación y ejecución de los programas sociales. Señor Secretario, ¿qué ha sucedido con el presupuesto del gasto social, ya que se le asignó una partida elevada durante este año? A pesar de la lucha de las mujeres por participar en la vida política, económica y social del país, persiste su discriminación en el ámbito del desarrollo integral de la mujer. De igual manera las personas de la tercer edad son excluidas de la vida económica y laboral del país. Por lo anterior, señor Secretario, quisiera que nos respondiera ¿por qué el gobierno disminuyó considerablemente la provisión de los suplementos alimenticios dirigidos a mujeres y niños menores de cinco años en un 30% con respecto al año anterior? La encuesta nacional de alimentación, aplicada por el Instituto Nacional de Nutrición presentada en mayo de este año, releva que de los dos millones de nacimientos anuales en el país, el 5% perecen en la temprana infancia por deficiencia alimentaria y desnutrición. Es un hecho que las políticas de asistencia social aplicadas por los gobiernos federales priístas, han sido limitadas y la administración del doctor Ernesto Zedillo que está por terminar, no fue la excepción, ya que los programas aplicados por PROCAMPO, PROGRESA, Alianza por el Campo no cumplieron con los objetivos para los que fueron diseñados. Ejemplo de ello: cayó el 70% de los productores agropecuarios, la balanza comercial en este rubro fue negativa en promedio de mil millones de dólares, se importan más del 30% del consumo de productos agrícolas, lo que elevó el número de pobres. Entonces, señor Secretario, ¿cuál bienestar para la familia? En vez de propiciar que la gente esté mejor preparada y que en México haya suficientes empleos para que ésta pueda adquirir sus propios satisfactores sin necesidad de la asistencia social y así acabar con el paternalismo, los gobiernos priístas optaron hacerse pasar como los benefactores de un pueblo con dádivas mensuales; precisamente mientras más cheques de programas de asistencia social se repartan, se hace notar que la marginación a la educación y a la falta de empleos es grave. Entendemos que por encima de todo lo demás, la política social nos exige a todos: Ejecutivo, legisladores, partidos políticos, autoridades estatales y municipales, organismos gubernamentales, beneficiarios del programa, nos demanda un esfuerzo difícil de cumplir que va mucho más allá de hacer cada quien la parte que le toca hacer y ese es nuestro reto. Es evidente que los problemas principales que tenemos en materia de desarrollo social, radican en la priorización que este gobierno hizo de la política económica y la subordinación de la política social. ¿Me permite terminar, señor Presidente? EL PRESIDENTE. Por favor, diputado. EL DIPUTADO JOSE GAUDENCIO VICTOR LEON CASTAÑEDA. Acción Nacional aspira a una integración que atienda y conjugue los diversos intereses de la sociedad, que busque fórmulas de cooperación para alentar el desenvolvimiento de los grupos humanos excluidos; se trata de encontrar una forma de solidaridad para el bien común de toda la sociedad mexicana, para alcanzar en el siglo XXI mejores condiciones de desarrollo. Por su atención, señor Secretario, muchas gracias. (aplausos) EL PRESIDENTE. Gracias al diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda. Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene la palabra hasta por diez minutos, David Penchyna Grub. EL DIPUTADO DAVID PENCHYNA GRUB. Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados; ciudadano Carlos Jarque, Secretario de Desarrollo Social. La justicia social es un objetivo fundamental y principio irreductible e irrenunciable para nosotros los priístas, por lo que ningún avance del país puede considerarse como tal si no se traduce en la mejoría sustancial de las condiciones de vida de la población y en la multiplicación de oportunidades para el progreso por igual y para todos. Los priístas escuchamos las referencias a su encargo en el acto de presentación del informe. Hemos revisado puntualmente el texto, por lo que estamos en condiciones de hacer una valoración objetiva. De este análisis, consideramos que la política social de la actual administración ha logrado resultados en el combate a la pobreza. El Ejecutivo desarrolló los programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se registran avances que merecen nuestro reconocimiento. Sin embargo, ante el rezago histórico que se observa en muchas regiones del país, debemos reconocer también que la tarea está aún inconclusa, falta mucho por hacer. No obstante los avances que se registran y entendiendo que el combate a la pobreza en nuestro país es un problema complejo, el cual no podrá ser superado si no se ataca permanentemente, es necesario que se defina una política social de Estado que ubique al desarrollo social como la más alta prioridad de la actuación del gobierno, mismo que está obligado a garantizar el combate a la pobreza por encima de circunstancias económicas y políticas. El principal desafío de esta LVIII Legislatura en materia de desarrollo social, es impulsar una política económica con sustento fiscal y responsabilidad social; que se vincule estructuralmente con la superación de la pobreza y que sea soporte de las políticas compensatorias que atienen a las realidades, que laceran y denigran a sectores sociales. Los priístas, en coordinación con otras bancadas que componen a esta Legislatura, trabajaremos para alcanzar un desarrollo con justicia social en donde aportemos elementos constructivos que den paso a un desarrollo equilibrado. No obstante que se han incrementado los recursos destinados a los programas sociales, la pobreza ha seguido en aumento; además no se han logrado disminuir los índices de marginación que . no se han logrado disminuir los i'ndices de marginación que por condiciones geográficas, étnicas, económicas, políticas y sociales, no sólo laceran nuestras conciencias sino que han generado inconformidad y han puesto en riesgo la paz social convirtiéndose en un problema de Estado. El lugar de nacimiento de un mexicano no debe ser la condición que defina su futuro y el de su familia. Todos los mexicanos merecemos las mis mas oportunidades. Hoy, la mala fortuna de nacer en una región margina da del país, está condenando a millones de compatriotas a heredar la situación de pobreza y miseria que ha condicionado la realidad social de sucesivas generaciones. Los resultados macoeconómicos nacionales que han merecido un reconocimiento internacional deben de ser congruentes con los indicadores de distribución del ingreso y los niveles de bienestar. No es suficiente cifras macroeconómicas positivas; es indispensable que éstas se reflejen en la calidad de vida y en la igualdad de oportunidades de los nuestros. La migración del campo a la ciudad no se ha logrado contener. Y aquéllos que viven en grandes ciudades aunque cuenten con más servicios no tienen una mejor calidad de vida. Debemos mirar además de la pobreza y la marginalidad rural, la denigración social que causa la miseria humana. Comprendiendo la magnitud de la problemática asistimos a este acto de evaluación del VI Informe de Gobierno en una actitud propositiva. Re conociendo carencias e insuficiencias, ubicándonos como una fracción constructiva y en búsqueda de consensos, sin dejar de valorar las acciones que la actual administración ha realizado para combatir la pobreza. Así, en el año 2000 el gasto social en términos absolutos es el más alto en los últimos 20 años. Como proporción del gasto programable, de cada 1 0 pesos más de 6 pesos se destinan al gasto social, cifra que registra su más alto alcance en la historia. Se fortaleció el federalismo ya que por cada peso que hoy gasta directa mente la Administración Pública Centralizada, los estados y municipios gastan un peso con 49 centavos, lo cual contrasta con los 90 centavos que estados y municipios gastaban en 1994. Para dar transparencia se crearon y publicaron las reglas de operación de los programas de combate a la pobreza. Mediante PROGRESA, se atiende hoy a más de 2.6 millones de familias, lo que representa más de 13 millones y medio de personas en extrema pobreza, abarcando 53 mil localidades marginadas, en 2 mil 156 municipios, dándose prioridad en el medio rural a la inversión en capital humano. Se han impulsado programas que protegen a la población infantil de las zonas indígenas y benefician a las comunidades étnicas de México. En esta marco de avances nuestra agenda legislativa será de la mayor relevancia, construida en el consenso al interior de las bancadas y con una visión progresista, de compromiso social, de igualdad de género, de evolución de la participación democrática de estado, de fortalecimiento federalista, de atención de los asuntos estratégicos del desarrollo nacional, cuya formulación no puede posponerse más. Nuestro comportamiento deberá estar permanentemente vinculado a las expectativas regionales de nuestra representación. La responsabilidad fiscal y la responsabilidad social del Estado, no solo no se contraponen, sino que la primera responsabilidad fiscal es condición para poder cumplir con nuestra responsabilidad social, con una visión de largo plazo de manera firme y sostenida. Por ello los priístas proponemos: Establecer un programa integral de combate a la pobreza mediante acciones que guarden independencia de las variaciones de los indicadores económicos, que esté sustentada entre otros factores en un esquema de finanzas públicas sanas. Pero que de manera sostenida contemple siempre conjuntamente, las vertientes de inversión en infraestructura, inversión en el desarrollo de las personas, en actividades productivas y en el capital familiar. Lo esencial es el desarrollo humano. La política de desarrollo social deberá ser más democrática, que abra paso y promueva la participación de nuestra sociedad en todas sus fases: des de su diseño hasta su ejecución y contraloría, contando con recursos crecientes, con apertura a aportaciones de la sociedad civil a través de una reforma fiscal con una banda de subsidio dirigido, impulsar una reforma presupuestal que genere condiciones equitativas .una reforma presupuestal que genere condiciones equitativas para que cada orden de gobierno, el federal, estatal y municipal, tengan instrumentos eficaces de combate a la pobreza. Esta reforma necesariamente deberá ir acompañada con un programa de capacitación y de contraloría social. Tercer una política integral de vivienda vigorosa, que aborde la atención de todos los estratos sociales con políticas diferenciadas. La cuestión indígena no puede ser abordada como un asunto marginal y complementario, circunscrito a una justificación que, aunque valiosa y entrañable, es insuficiente para atender la magnitud de la problemática indígena. Se requiere una estrategia integral en la que estén comprometidas todas las instituciones y la sociedad civil. Por ello vamos a construir una política social de Estado que combata a la pobreza en todos sus ámbitos, que articule y haga efectiva y eficiente la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, que defina la función del Estado en materia educativa, de salud y alimentaria, en forma integral, y que combata con la misma fuerza a la pobreza de los ámbitos rural y urbano, que despliegue y garantice el espacio para que en lo inmediato atendamos a los indígenas de este país respetando sus derechos y su cultura y generando las condiciones para que nuestra niñez disfrute, en el mediano plazo, de un México más justo. Ubicados en el parteaguas de la historia política contemporánea, esta 58 Legislatura del Congreso de la Unión está obligada a constituirse en el espacio ideal que construya los acuerdos definitivos para lograr un México de todos y dejar atrás el México de unos cuantos, en donde nuestra grandeza la construyamos en el marco de la igualdad de oportunidades. Muchas gracias.