EL C. DIPUTADO SERGIO VACA BETANCOURT (PAN): Con su autorización, Diputada Presidenta. No me voy a referir a las deficiencias legales del dictamen fast track, que seguramente se va a aprobar y que ya señaló de manera prolija el diputado Amador Rodríguez Lozano, a quien felicito por su verticalidad. Y antes de comenzar a lo que les atañe, aclaro a mi amigo diputado perredista, que torpeza no es sinónimo de ilegalidad. Y decir que se plantee, que es conveniente se plantee una controversia constitucional, no significa presuponer que va a prosperar. Ahora bien, la controversia constitucional inicia un procedimiento tramitado directamente ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta, el más alto Tribunal de la Patria, resuelva conflictos de competencia surgidos entre diversos órganos de gobierno, como sería que el Poder Legislativo se dedicara a recaudar impuestos, que el Poder Ejecutivo se abocara a decidir litigios, o que el Poder Judicial redactara leyes, ya que en estos casos un poder invadiría la esfera de actividades de otro poder. Los motivos aparentes, repito, aparentes, de la controversia constitucional que hoy se discute y seguramente se aprobará, son que el Presidente de la República no tiene atribuciones legales para suspender la aplicación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que se causa sobre la importación o enajenación de aguas gaseosas, refrescos, etcétera, que utilicen edulcorantes ... -PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Diputado Vaca, discúlpeme, el diputado Barbosa quiere intervenir. Sonido en la curul del diputado Barbosa. -DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA (desde su curul): Presidenta, si usted lo permite y desde luego el orador lo autoriza, para ilustrar el debate, pudiera darse lectura al artículo 73 fracción VII de la Constitución y al artículo 74 fracción IV. -PRESIDENTA: Diputado Vaca ¿autoriza usted que se lean ambos artículos en este momento o prefiere usted continuar con su alocución y que se lean al término de su intervención? -DIP. SERGIO VACA BETANCOURT BRETON: Prefiero continuar y si mi amigo, el diputado Barbosa, después de que escuche los razonamientos, considera necesario que se lean esos preceptos, que seguramente no lo hará porque lo voy a convencer, entonces ya se leerán al final. (risas y aplausos) -PRESIDENTA: Correcto diputado. Continúe con su intervención. -DIP. SERGIO VACA BETANCOURT BRETON: ... que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña, que el decreto emitido por el Presidente Fox carece de fundamento jurídico y además invade actividades del Poder Legislativo Federal, afirmaciones que no son ciertas. Para comenzar, el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción I autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios. El Presidente Fox no condonó ni eximió de manera definitiva y por cierto ahí le contesto al amigo Romero Apis, es temporal, menos de siete meses, hasta el último día de septiembre de este año y a partir del pasado 6 de marzo, no fue para siempre. Esta disposición legal existe desde hace muchísimos años, no fue creada especialmente por legisladores panistas para el Presidente Fox y la han ejercido al menos tres ex presidentes de la República emanados del PRI. En respuesta a los que arguyen que la Constitución Política de nuestro país no permite que el Presidente de la República suspenda temporalmente la aplicación de algún impuesto, bueno, pues les recomiendo respetuosamente que lean el artículo 131 de nuestra Carta Magna, que se ve que ni por la punta de la nariz les ha pasado, y en su segundo párrafo establece que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas, o sea los impuestos, de exportación e importación expedidas por el propio Congreso. ¿Y qué creen? Esta modificación al artículo 131 constitucional, que por supuesto no estaba así en la Constitución original de 1917, ese parrafito se lo agregaron a pesar de que constituye un clarísimo otorgamiento de atribuciones exageradas al Presidente de la República los Diputados Federales y Senadores priístas el 28 de Marzo de 1951, nada más hace más de medio siglo, cuando desafortunadamente en esta Cámara de Diputados igual que en la de Senadores se aprobaban sin quitar una coma ni variar una palabra, todas las iniciativas de los entonces casi únicos legisladores, los Presidentes de la República del PRI. Respecto a que el Presidente Fox está llevando a cabo actos propios del Congreso de la Unión, tal afirmación no resiste el menor análisis, porque él lo único que hizo fue ejercer una atribución contenida en el Código Fiscal de la Federación, cuyo número ya se ha dicho varias veces, derivada de un precepto constitucional que en otra época, años atrás, esta misma Cámara en Legislatura anterior, integrada por otros diputados federales de mayoría del PRI, le concedió. La única razón de esta controversia es política, por eso dije al principio aparentemente jurídica, es política, no legal, estoy convencido de que la controversia no prosperará y por añadidura probablemente cuando se resuelva, lo que es seguro cubrirá después del 30 de septiembre, cuando haya dejado de surtir efectos la suspensión temporal decretada, no habrá materia, será una resolución de poca o nula utilidad. El nombre de esta controversia debiera ser incongruencia, simplemente porque presentarla a sabiendas de que no se va a ganar, además de pelear oficiosamente y de manera inútil, equivale a que esta Cámara de Diputados Federales se inconforme por considerarlo ilegal con el contenido del Artículo 39 del Código Fiscal de la Federación que esta misma Cámara de Diputados en su momento aprobó y en respaldo de lo que dijo el diputado Pérez Noriega, aquí están de febrero de este año y marzo del año pasado, dos actitudes idénticas a la del Presidente Fox pero planteadas por el Lic. Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias (aplausos) -LA C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Diputado Moreno Bastida no sé si tenga usted inconveniente en que le otorgue la palabra al diputado Ildefonso Guajardo Villarreal para que sea de un grupo parlamentario y en seguida sería usted. El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal en pro. -EL C. DIPUTADO ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. Desde el momento donde se suscita esta acción del Ejecutivo, la fracción parlamentaria de mi partido en la Comisión Permanente de este Congreso, dejó muy claro su cuestionamiento, una denuncia firme, y no manifestación en contra de la decisión presidencial de suspender temporalmente el Impuesto a las Bebidas que utilizan edulcorantes diferentes a la fructuosa. A través de la utilización de un subterfugio legal ciertamente inconstitucional, el Ejecutivo realiza un veto de facto a una decisión que en forma soberana todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso aprobaron en diciembre del año pasado. El sentido jurídico del artículo 39 no deja lugar a dudas, apela a la facultad del Ejecutivo que de ser ejercida será en beneficio de los mexicanos, ya sea para remediar efectos negativos sobre alguna región del país, sobre algún sector productivo ocasionados por una catástrofe natural. Ninguno de estos elementos se aplica en el caso del veto de facto aplicado a la fructuosa. Efectivamente en otras administraciones se ha utilizado el 39 ajustado a sus términos y a su letra. En esta ocasión el Ejecutivo aboga por la defensa del empleo; la pregunta resulta natural cuando se aboga al suspender temporalmente el impuesto sobre bebidas que utilizan fructuosa, ¿a qué empleo nos referimos? Nos estamos refiriendo al empleo producido por la industria fructuosera de Iowa o de Dakota en los Estados Unidos; nos estamos refiriendo a los productores de maíz amarillo que son los que fundamentalmente se quejaron ante los negociadores americanos porque evidentemente esto trastoca los intereses de los exportadores norteamericanos, o realmente nos estamos refiriendo a la necesidad de proteger un sector social tremendamente dañado que ha sido el sector cañero y el sector azucarero mexicanos. Desafortunadamente, en esta argumentación parece que se nos olvida que existe una industria azucarera y cañera en la cual directamente participan 500 mil familias mexicanas y de la cual indirectamente dependen otros 2 millones y medio de las mismas, que más de 200 municipios están asociados en esta producción y que 15 Estados de la República sus economías están ligadas con la caña de azúcar y con la producción de azúcar mismo. La aplicación que acertadamente tomó esta Legislatura tuvo sus principales efectos. Ya para el primer trimestre la industria refresquera había reorientado casi 100 mil toneladas de azúcar mexicana en la producción de refrescos; lamentablemente la discusión sobre este tema trasciende la discusión fiscal también y nos lleva a una discusión en la defensa de los intereses nacionales en la negociación del acuerdo de edulcorantes. El día 14 de febrero los diputados nos enteramos, a través de los medios de comunicación, que un senador estadounidense de apellido Greatsley (¿), se había quejado álgidamente por la acción tomada por esta soberanía y por los efectos que esto iba a tener en su estado natal, el Estado de Iowa. Efectivamente el señor senador está en derecho de reclamarlo, pero no está en derecho de imponerlo. Nos dimos cuenta que efectivamente el senador hacía referencia a un posible compromiso en la negociación de edulcorantes de poder definir una suspensión temporal de este impuesto para suavizar los problemas que habían surgido en la negociación. Esta soberanía al imponer esta medida, este gravamen, le había dado un instrumento al Ejecutivo mexicano para que en sus negociaciones utilizara un poder independiente como estrategia de negociación; al concederlo anticipadamente en la mesa de negociación, automáticamente nos dimos un balazo en el pie. Le dijimos al negociador norteamericano que no sólo estábamos dispuestos como Ejecutivo, a enmendar una acción independiente del Legislativo y con ello dilapidar el capital político negociador que nuestra contraparte efectivamente utiliza todo el tiempo. Cuando se incumple el Tratado en materia de transporte, automáticamente el Ejecutivo norteamericano nos dice "Es que mi Congreso lo impide, es que mi Congreso se opone", aún y cuando ha sido una violación flagrante. Cuando se incumple el embargo, la solución del embargo atunero es exactamente el mismo argumento. Señoras y señores diputados, con una acción a favor de esta controversia constitucional, no solo defendemos nuestro derecho de establecer medidas tributarias como poder independiente sino también mandamos un mensaje muy claro a los países con los cuales nos enfrentamos en negociaciones internacionales que las decisiones de este Congreso no pueden estar supeditadas a decisiones fáciles del Ejecutivo. Muchas gracias señores.