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El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Sauri.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra La diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Presenta reserva al artículo 167, párrafo séptimo, fracción III.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Tagle.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez, del grupo legislativo de... ¿Perdón? Es diputado sin partido. Presenta una reserva al artículo 167, en adición de un párrafo.
El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Morales.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar propuesta de ella misma y de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán al artículo 187, párrafo segundo.
La diputada María Sara Rocha Medina: Gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Rocha.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Abril Alcalá Padilla, del PRD, para presentar propuestas de modificación al artículo 187 y 192.
La diputada Abril Alcalá Padilla: Termino, diputada presidenta. Aquí ustedes pueden estar de acuerdo en seguir la línea con una estricta disciplina partidista, pero allá afuera hay millones de mexicanos y mexicanas a quienes van a afectar, y yo les aseguro que esto no va a pasar desapercibido. Así es que prepárense, prepárense a enfrentar el costo de estas ocurrencias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Hortensia Noroña Quezada, del PRI, para presentar reserva al artículo 192, párrafo tercero.
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Muchas gracias. Con la venia de la diputada presidenta, y agradeciendo, a los que sí nos interesa el debate, que estén aquí presentes y escuchándonos.
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Compañeras y compañeros diputados. Estoy de acuerdo en que la evasión, la defraudación fiscal y su equiparable o, bien, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales es una práctica que debe ser perseguida y a la vez ejemplarmente sancionada. Que debemos sin duda alguna erradicar esta práctica que atenta en contra de nuestras finanzas públicas y con ello en contra del beneficio común al que todos en correspondencia mediante el gasto público debemos de acceder. No obstante, no podemos ni debemos hacerlo mediante reformas que atiendan más a la ideología que al sentido común. Por eso presento esta reserva al artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para eliminar el párrafo tercero que establece la improcedencia de la suspensión condicional del proceso ante lo previsto en las fracciones I, II y III del artículo 167. El 167 establece los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y ante la presunción del delito de defraudación fiscal o su equiparable, arbitrariamente y sin la menor reflexión le negamos este recurso. En otras palabras, con esta reforma, tal y como se propone, le configuramos al actual gobierno y al SAT su superior tribunal tributario inquisidor, o coloquialmente dicho, primero vamos a matar y después vamos a averiguar. Eso no es posible. No podemos ni en este delito ni en ningún otro, transgredir la naturaleza ni el propósito de la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar. Recordemos que su ejecución responde a tres motivos: garantizar la presencia del imputado en el juicio, permitir que si resulta culpable compurgue la pena que le ha sido impuesta, y salvaguardar la integridad de las víctimas. O bien, cuando ninguna otra medida cautelar pueda asegurar el cumplimiento de lo anterior. En este caso tenemos otras medidas cautelares antes que la prisión preventiva, así como también otros escenarios no contemplados. Imaginemos que una persona incurre, sin el menor conocimiento o dolo, en los supuestos del 167. Lo metemos a la cárcel y además le negamos el beneficio de la suspensión condicional de su proceso. Por eso propongo esta reserva que elimina el párrafo tercero. Tenemos que analizar con plena conciencia los alcances de lo que se pretende aprobar. No podemos atentar en contra de la suspensión condicional del proceso de manera general y sin considerar particularidades. No podemos establecer limitantes a la libertad ni imponerlas durante el enjuiciamiento sin siquiera haber averiguado si el inculpado es inocente o culpable. Compañeras y compañeros, espero que atiendan el propósito de esta reserva que presento. De no ser así, con esta redacción tan ambigua de esta reforma, tal y como está propuesta, estamos franqueando a una amenazadora situación de sospechosos en donde todos algún día vamos a caer. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD, para presentar reserva de modificación al artículo 256.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada María Alemán Muñoz Castillo, para presentar propuesta de modificación al artículo 256, párrafo tercero.
La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Con la venia de la Presidencia.
La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Compañeras y compañeros diputados, vengo a proponer una modificación al artículo 256, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que no se modifique y este artículo permanezca en los términos que hasta el día de hoy viene operando. La minuta que discutimos planteó tres modificaciones esenciales: una, relativa al control de acuerdos reparatorios. Dos, relativa a la procedencia del proceso. Y tres, la relativa a los casos en que operan los criterios de oportunidad. Esto significa que la autoridad puede lograr un intercambio de información favorable con el presunto delincuente a cambio de información certera, para que en teoría logre inhibir un delito mayor. En el Parlamento abierto que se realizó con motivo de este tema surgieron una serie de dudas, estas dudas que se expresaron quiero recordarlas y compartirlas aquí con todos ustedes. Si se pretende hacer que la defraudación, el contrabando y la emisión de facturas falsas sean delitos, materia de prisión preventiva oficiosa, equiparándolas a la delincuencia organizada, entonces en estos casos, ¿cómo operaría el principio de oportunidad, si el delito por el que se imputa a la persona ya es grave? Es decir, ¿sería inoperante este caso? ¿Por qué restringir la aplicación de los criterios de oportunidad a todos los casos de delitos fiscales y financieros, cuando se supone que esta reforma trata sobre defraudación, confiscación y emisión de facturas falsas? ¿Cómo se justifica esta medida? ¿Saben ustedes el alcance que va a tener esta restricción al meter en la bolsa a todos los delitos fiscales y financieros? ¿Las autoridades tienen lo necesario para perseguir todos los delitos de esta naturaleza sin necesidad de aplicar los criterios de oportunidad? Estas, compañeras y compañeros, no son solamente mis dudas, son las dudas de la gente. Son dudas de los contribuyentes a los que les va a aplicar esta ley. Que con estas modificaciones parece que son los enemigos del Estado, parece que son sus enemigos. En términos claros, es una reforma que busca premiar a los delatores. Así, en términos muy coloquiales, muy lisos, muy llanos, a los soplones. Es un exceso, como muchas otras de esta reforma, darle a la autoridad hacendaria una herramienta para que promueva convenios con delincuentes, para que pacte con los delincuentes a cambio de información. Diputadas, diputados, no podemos aprobar leyes que escudándose en el criterio de oportunidad premien a delincuentes a cambio de información. La autoridad hacendaria debe hacer bien su trabajo. Cuenta con los elementos y con las herramientas jurídicas suficientes para no tener que pactar con criminales. Esta reforma busca en los hechos propiciar un terrorismo fiscal sobre los contribuyentes, a quienes primero se les encarcelará y luego se les investigará si son culpables o no. Con fundamento, además, en el dicho de un delator, de un soplón. Es por ello que propongo, con esta reserva, evitar que se modifique el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos en momento de corregir y que no nos corrijan después la plana a nosotros, compañeros. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos al Código Fiscal de la Federación. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, para presentar propuesta de modificación al artículo 113, fracción III y 113 Bis.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Regresar las cosas, presidenta, a como las votamos por unanimidad. Distinguir las dos actividades y establecer un tipo de pena menor para quienes las compran de quienes las emitan. Como ustedes lo propusieron hace cinco meses y como se votó aquí, por unanimidad, a propuesta suya. No hay argumento para que digan que no.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Nada en el dictamen dice que cambiaron de opinión, ninguna razón. Y, por último, presidenta, aquí está la hoja que determina las tasas de evasión por tipo de impuesto que venía en la propuesta del Senado de la República. Y viene una tabla del 2005 al 2016, pues bien, en el 2005 se evadían según la tabla del Senado, 5.2 puntos del PIB, 5.2. Para el 2016 esa cifra bajó al 2.6, la misma documentación del Senado dice que la evasión fiscal está disminuyendo de manera considerable a lo largo del período 2005-2016. En consecuencia, señoras y señores, final feliz, acepten esta propuesta y regresen las cosas a como la votamos de manera unánime hace cinco meses, de lo contrario, son unos contradictorios. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo 113, fracción III y 113 Bis.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: La reserva del artículo 113 y 113 Bis del Código Fiscal de la Federación. El dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía, propone una sanción de 2 a 9 años de prisión, a quien por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La prevención de los delitos no se concentra exclusivamente en el aumento de las penas. El proyecto de dictamen reduce la prevención a solo pensar en la correlación entre pena y delito, olvidando que existen diferentes instituciones y mecanismos jurídicos y no jurídicos que son herramientas fundamentales en la prevención. Es por ello que proponemos que la sanción sea de dos a siete años de prisión. Todo el documento nos propone la imposición de una especie de santa inquisición fiscal para que nadie ni siquiera piense en equivocarse en la emisión de una factura porque estará cometiendo delitos que pongan en riesgo, según el dictamen, la seguridad nacional. El documento que hoy discutimos nos plantea en términos llanos que una factura falsa es equiparable a un atentado terrorista y que el contribuyente debe olvidarse de la presunción de inocencia, ya que se insiste al ser un tema de seguridad nacional, le será aplicada la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se considerará como delincuencia organizada y por lo tanto, también se le aplicará la Ley de Extinción de Dominio. El PRD no está en contra de mejorar los mecanismos de recaudación fiscal y del ataque a la defraudación. Creemos que estos deben mejorarse en beneficio del Estado, pero jamás estaremos de acuerdo en establecer un régimen de terror en materia fiscal. Nulificar la presunción de inocencia no es el camino para aumentar la recaudación fiscal. Atentar contra los derechos humanos no es la estrategia para que este país luche contra el grave problema de recaudación que existe. El camino que hoy quieren emprender no será acompañado por el PRD. El sistema de administración tributaria es una institución que cuenta con una serie de herramientas para ayudar a aumentar la recaudación fiscal y también para prevenir la defraudación. Cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera. La lista negra de empresas factureras habría que fortalecerlas como institución y no establecer el régimen de terror que atenta contra los derechos humanos. Es claro que se tienen que perseguir las conductas que violen la ley y ayude en la defraudación fiscal, pero esta debe hacerse con proporcionalidad respetando la presunción de inocencia, el debido proceso y sobre todo los derechos humanos de los contribuyentes. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Partido Verde, para presentar reserva al artículo 113 Bis.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a Código Penal Federal. Tiene la palabra la diputada Norma Guel Saldívar, del PRI, para presentar reserva de modificación al artículo 11 Bis, apartado B, fracción VIII Bis.
La diputada Norma Guel Saldívar: Con la venia de la Presidencia.
La diputada Norma Guel Saldívar: Honorable asamblea, la defraudación fiscal es el acto que se comete mediante engaños o el aprovechamiento de errores para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución, o como consecuencia de que con lo primero se logra un beneficio indebido que cause perjuicio al fisco federal. El engaño para inducir a alguien a pensar, crear, o tener por cierto algo que no es, es defraudación. Por tal motivo estimamos acertada la adición de la fracción VIII Bis al artículo 11 Bis del Código Penal Federal, cuyo objetivo es construir mayor coherencia jurídica con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, a fin de imponer sanción de 3 a 6 años de prisión al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Por tal razón, estimamos necesario, idóneo y razonable incorporar esta fracción que hace consistente el objetivo del legislador para sancionar esta conducta, que atenta contra el erario público. Sin embargo, por técnica jurídica y para armonizar el texto conforme al resto de la norma penal, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sugerimos respetuosamente a esta asamblea realizar la siguiente modificación de forma, para que la fracción VIII Bis del artículo 11 Bis del Código Penal Federal quede de la siguiente manera: Se impondrá la sanción del delito previsto en el artículo 113 Bis, Código Fiscal de la Federación. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a transitorios. Tiene la palabra la diputada Anilú Ingram Vallines, del PRI, para presentar propuesta de modificación a los transitorios primero y segundo.
La diputada Anilú Ingram Vallines: Compañeras y compañeros diputados, el cierre de esta reforma excesiva y desproporcionada son los artículos transitorios que nos propone la colegisladora. Es por ello que acudo a esta tribuna para proponer una reserva a los dos artículos transitorios del proyecto de decreto que se ha presentado. No se justifica que un artículo transitorio proponga que las conductas cometidas antes de la entrada en vigor del decreto continúen siendo investigadas, juzgadas y sentenciadas mediante la aplicación de preceptos vigentes. Lo anterior, aunado a que se propone la entrada en vigor de este decreto el primero de enero de 2020 genera una gran contradicción. Como hemos reiterado, esta reforma es violatoria de los derechos humanos, pues atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Compañeras y compañeros diputados, es excesivo considerar que la defraudación fiscal genérica y equiparada sea considerada una amenaza a la seguridad nacional, toda vez que generalmente se trata de omisión de contribuciones totales o parciales, cuyos montos no ponen en riesgo la estabilidad económica del Estado. Es por ello que los artículos transitorios pierden todo sentido ante la desproporción que significa ligarlos al concepto de seguridad nacional. Es por ello que propongo los cambios antes referidos. Compañeras y compañeros de la mayoría democrática, no piensen que lo que expresamos aquí lo hacemos de mala fe. No, no es así, nuestro propósito es que las cosas se hagan bien. Los invito, de manera muy respetuosa, a que, en la soledad absoluta, en la reflexión, piensen si lo que hoy ustedes están respaldando es lo que verdaderamente necesita nuestro país. Es un favor que respetuosamente les pedimos. Dediquen unos minutos a la reflexión serena, a la reflexión prudente, pensando siempre en México. Pobre, pobre México. Gracias.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados, en términos del dictamen, que son el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional. Los artículos 167, 187, 192 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 113, fracción III y el 113 Bis del Código Fiscal de la Federación. El artículo 11 Bis, apartado B, fracción VIII Bis del Código Penal Federal y los artículos Primero y Segundo transitorios del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos reservados, en términos del dictamen. (Votación)
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación. Se emitieron 276 votos en pro, 16 abstenciones y 144 en contra.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular por 276 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. Tiene la palabra por 10 minutos, el diputado José Luis Elorza Flores, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.
El diputado José Luis Elorza Flores: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos cada uno. Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Pedro Pablo Treviño.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto de hacer una aclaración. En la votación anterior, de defraudación fiscal, no marcó mi voto y quisiera que quedara en el Diario de los Debates mi voto en contra a esta reforma. Gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, su expresión puede quedar registrada en el Diario de los Debates e incluso se puede anexar al documento, pero no se modifica el sentido de la votación y el cómputo que ya fue declarado por esta Presidencia. Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández.
La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández: Compañeras y compañeros diputados, la corrupción es la causa principal de la desigualdad social en el país. El esmero y esfuerzo que ha puesto el presidente de la República para combatir la corrupción no ha pasado desapercibida a ojos de los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Estamos convencidos de que nuestra obligación como representantes populares es estar del lado de la gente y señalar lo que no funciona, porque esto significa que nuestra lealtad está con el pueblo de México. Creemos que la política de la discrecionalidad de los gobiernos neoliberales está quedando atrás, y eso es gracias a la confianza de la gente que se ha manifestado libremente para que no exista más corrupción y tampoco impunidad. La lucha anticorrupción está avanzando a pasos firmes, incluso de manera silenciosa. Por eso confiamos en que los mecanismos de entrega de dinero incautado se haga de manera pronta, transparente y se destine a todas y a todos los mexicanos. A los que piensan que los cambios de nombre no cambian nada les decimos: por una palabra el pueblo de México se ha manifestado, ha librado luchas y ha defendido causas justas y legítimas para la gente. Con la reforma a la Ley Federal de la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es que se crea el Instituto de Administración de Bienes y Activos, como organismo descentralizado de la administración pública federal. En este instituto, enfocado a destinar el dinero de los bienes incautados a municipios en situación de marginación y brindar apoyos sociales para la gente, a diferencia de los últimos tres sexenios que ingresaron al Estado más de 3 mil millones de pesos por venta de bienes aseguradas al crimen organizado, de los cuales los ciudadanos nunca recibieron un peso de lo incautado, en este cambio de régimen todo se está devolviendo a las personas más vulnerables mediante subastas, donde pueden participar empresarios, sociedad civil y ciudadanos interesados. En el PES creemos que el tamaño del encargo ha exigido un alto grado de honestidad, como también de transparencia y de apego a la ley. En la cuarta transformación la ley se aplica por igual, porque los que aplican la ley también están sujetos al cumplimiento de las reglas. En el PES aspiramos a un país más igualitario, un país más solidario y más justo. Con la entrega de apoyos a partir de lo que se recauda ponemos al centro los grandes problemas de México: el combate a la pobreza, el acceso a los servicios de salud, la construcción de infraestructura, que permita comunicar las regiones y favorezcan el crecimiento económico y propicie la distribución de la riqueza. En el PES creemos que sí es posible cambiar las cosas y por ello el ejercicio del poder debe hacerse de manera democrática. Estanos en el umbral de una oportunidad para que el país logre el desarrollo nacional que queremos y defendemos en este momento para que más gente se comprometa con el rumbo de México. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra La diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Esta es una de las reformas de las cuales el Congreso de la Unión debería sentirse avergonzado, muy avergonzado, porque es una modificación total y absolutamente accesoria, innecesaria, y lo que es peor, solo se hace porque el presidente se le ha dado por llamar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, llamarlo el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Porque él dice que así se tiene que llamar aquí estamos, en esta Cámara de Diputados, simple y sencillamente cambiándole el nombre para satisfacer los intereses del titular del Ejecutivo. De verdad, compañeros diputados, que debería darles vergüenza. Justo cuando hemos discutido y el pasado 9 de agosto apenas se aprobó en esta Cámara de Diputados y todos subieron a hablar a favor del dictamen de la Ley de Extinción de Dominio. Me refiero a los diputados de la mayoría, hoy resulta que ya lo vamos a reformar porque el presidente quiere que se llame el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Algo que insisto, es total y absolutamente accesorio.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (desde la curul): Sí, solo solicitarle una moción de orden, hay mucho ruido en la comparecencia de la compañera.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Atendemos su petición, diputado. Y hacemos una moción de orden que el mismo respeto que merecemos lo tiene ahora la oradora para continuar. Adelante.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado González Soto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Compañeras y compañeros. En esta tribuna hemos denunciado a lo largo de 12 meses y medio que lleva esta Legislatura todas las ocurrencias que se han planteado, ya sea como políticas públicas o como reformas legislativas. De nueva cuenta hoy se presenta una ocurrencia más. El cambiar de manera frívola y manipuladora el nombre de una institución del Estado mexicano para amoldarse a los caprichos del presidente. Ya en el paquete que dio lugar a las reformas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio se había cambiado el nombre de Servicios de Administración y Enajenación de Bienes por el del Instituto de Administración de Bienes y Activos. En el cambio de nombre que estamos discutiendo implica una traición legislativa. Afirmamos lo anterior porque en el Senado de la República cuando se acordó aprobar por todas las fuerzas políticas, se hizo bajo el acuerdo de que no se utilizaría el nombre del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para designar al SAE. Es verdaderamente lamentable la falta de decoro político que se tiene al pretender por la fuerza de la burda mayoría el traicionar e incumplir con la palabra dada. Además de lo anterior, el cambio de nombre es una burla. La principal función de la institución de administración de activos no es la de hacer devoluciones de bienes robados, tiene muchas funciones y muy trascendentes en relación con bienes de muy diversa naturaleza. Es cierto que una de ellas es enajenar bienes de diverso origen, pero es un despropósito la preponderancia que se le quiere dar a la función de realización de bienes a favor de las arcas y, en específico, de lo que se denomina devolución al pueblo. Legisladores de la mayoría: con esta reforma están generando expectativas que no van a cumplir. De una vez se los advertimos al igual que a la representante indígena que hace una semana declaró que de los 21 millones de pesos que le ofreció el presidente, solamente tenía el cheque de cartón van a dejar sin satisfacer la expectativa que el cambio de nombre supone. Sépanse ustedes, y se los decimos con toda apertura, que el marco de extinción de dominio que se aprobó quedó muy en entredicho. Los defectos de dicha normatividad se han señalado por la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se refieren a fallas muy graves al 6o. constitucional, que el Partido Acción Nacional desde la reforma educativa les advirtió. Es tal la arrogancia y la cerrazón de los legisladores de la mayoría, que ni siquiera fueron capaces de aprovechar esta reforma para corregir aspectos evidentes en la Ley de Extinción de Dominio. Ustedes pagarán muy caro su cerrazón, arrogancia e ignorancia. Con el marco actual en la materia no habrá bienes que devolver al pueblo. Cambien el nombre que quieran, usen su mayoría, el pueblo cada vez tendrá más claro que lo que ustedes representan es una simulación. Ahora bien, si andan muy creativos y acomedidos, de una vez y como lo propone el diputado Elhier Cinta, de Guanajuato, cambiemos el nombre del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, por el del Instituto para Robarle al Pueblo lo Trabajado. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Chico Herrera. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas del dictamen a discusión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos a la discusión en lo general. Para hablar en contra, tiene el uso de la palabra el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el contenido del dictamen que crea el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es inaceptable, más allá del plano probablemente chusco en lo que se refiere al nombre, sin duda lo que existe detrás de este planteamiento es una propuesta alejada de las leyes aplicables, pero, sobre todo, de la vida institucional, pues se plantea que dicho instituto se haga cargo de todos los bienes provenientes de los más distintos orígenes, ya sea la apropiación de bienes correspondientes a las actividades delincuenciales, así como a otras. Además, lo que resulta altamente preocupante es el manejo discrecional que tendrán estos recursos, sin ningún mecanismo de rendición de cuentas y muy fácil de utilizarse para alcanzar objetivos políticos electorales. No hay indicaciones en el dictamen respecto a la utilización de estos recursos, mediante mecanismos que permitan la aplicación basados en reglas de operación. Esto es lo lamentable, porque se abre la puerta a que se actúe de manera opaca en lo que se refiere a la existencia de órganos o dependencias a que se responsabilicen plenamente de su operación. No resulta difícil suponer que a lo que asistiremos nuevamente, como ha ocurrido muchas veces en esta administración federal, es a las decisiones unilaterales adoptadas en un marco muy alejado de la transparencia, para poner en manos de una sola persona, como podría ser el presidente de la República, los destinos de estos recursos que pueden ser sumamente considerables, de acuerdo a las condiciones existentes. Por otra parte, resulta muy lamentable, compañeros y compañeras, que esta Cámara sea condenada a desempeñar un papel de mera observadora en lo que respecta a las tareas de revisión y vigilancia que le correspondería desempeñar, dando paso a un ejercicio en que se le otorga una tarea de oficialía de partes, donde se aceptan de manera automática decisiones adoptadas de antemano por el Poder Ejecutivo e impulsadas por una gran mayoría que solo actúa para quedar bien con el presidente de la República. Por lo antes señalado, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará en contra del presente dictamen, por las razones antes expuestas. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Aguilera Rojas. Para hablar en pro tiene la palabra el diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, durante años vivimos bajo la sombra de gobiernos corruptos, gobiernos que se robaban el dinero de la gente, gobiernos coludidos con el narcotráfico, gobiernos que nos mintieron a todas y a todos los mexicanos. El pueblo de México además ha sufrido por la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que tanto dolor y sufrimiento ha traído a las familias mexicanas. Por eso es tan importante el presente dictamen, porque por fin, por fin llegó el momento de devolverle al pueblo lo robado. Este dictamen cambia el nombre del Instituto de Administración de Bienes Activos y lo nombra como lo que es realmente, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Con motivo de la modificación constitucional en materia de extinción de dominio, la renovación de la denominación de esa institución buscará un claro destino social. Además, el cambio de nombre que propone el presente dictamen motivará a los servidores públicos que trabajan en este instituto a que sean conscientes de la importancia que representa la gestión de los bienes a su cargo, en beneficio de la sociedad. De esta manera queda claro, para todas y todos, que estos bienes serán utilizados para apoyar a los más necesitados de nuestro país. Los autos, joyas, casas, cuentas bancarias, armas y demás bienes asegurados a la delincuencia y a los servidores públicos corruptos se devolverán al pueblo. Vamos a terminar con las malas prácticas y la opacidad de los bienes que se recuperaban de la delincuencia y la corrupción. Con el dinero proveniente de las subastas de todo aquello que se incaute podremos reforzar los programas sociales. De esta forma otorgaremos más becas para los jóvenes. Invertiremos en más proyectos de infraestructura. Mejoraremos las escuelas y poco a poco reconstruiremos a nuestro país. En la cuarta transformación nos propusimos hacer las cosas de manera distinta, porque solo de esa manera las y los mexicanos tendrán el gobierno que merecen. Y lo sé y lo sabemos. Sí, ya lo sabemos que todas y todas estas nuevas leyes de este nuevo gobierno les afecta a muchos en sus intereses particulares y por eso no dudo que de esta ley y de muchas otras que hemos estado escuchando el día de hoy, se vayan a amparar, ¿verdad? O le llamen programas populistas. Ya se amparó Juan N, Rosario N, Emilio N. no tarda que lo hagan Fox N, Diego N, Calderón N, Nuño N y hasta Esparza y Peña N. Les aviso, y avísenle por ahí de favor a la mafia en el poder, que esta reforma es prueba clara de esta cuarta transformación. Por el bien de México, primero los pobres. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Onofre Vázquez. Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Jacobo Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Perdón, me corrijo.
El diputado Jacobo David Cheja Alfaro: Con su permiso, diputada presidenta. El dictamen que aquí discutimos presenta una serie de ambigüedades que deben subsanarse. En un Estado de derecho debe haber fundamentación y motivación de los actos legales, y en este caso no hay ni fundamentación ni motivación para cambiarle el nombre al Instituto de Administración y Enajenación de Bienes y Activos. Hay que recordar que apenas hace unos meses se le cambió dicho nombre a este organismo. Como se recordará, anteriormente se llamaba Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. El trabajo legislativo, compañeras y compañeros, no es un juego. Estamos desaprovechando los recursos humanos y financieros de esta Cámara y de manera general de este Poder. La reciente Ley de Extinción de Dominio, que tiene vigencia desde el pasado mes de agosto, genera incertidumbre en la ciudadanía y más en el caso de los arrendamientos de los inmuebles, en donde, por las ambigüedades de la ley, un arrendatario podría perder su propiedad en un juicio, pasando a manos del eventual Instituto para devolverle al pueblo lo robado, generando, claro, una confusión en su nombre, sin mencionar que cuando un ciudadano no pueda comprobar la licitud de su propiedad, también pasaría a su administración, por lo que el término lo robado, pasaría obviamente a perder la razón de ser. Es importante mencionar que los bienes provenientes de las entidades en desincorporación, liquidación y extinción terminarían en manos de este instituto como lo señala el dictamen. ¿Entonces dónde estaría lo robado, compañeras y compañeros? ¿Verdad que es una ocurrencia? No debemos de legislar al vapor, ni con subjetividad, seamos serios, compañeros legisladores, México necesita instituciones a la altura de las circunstancias. En Movimiento Ciudadano estamos en favor de la seriedad y la objetividad institucional, no podemos permitir que se genere una confusión en la ciudadanía cambiándole el nombre a este instituto, no estamos hablando de un organismo que se encargará de regresarle a los ciudadanos los bienes que pierden en manos de la delincuencia, su función en realidad es otra, pues le reitero, no necesariamente estaríamos hablando de bienes robados. Por lo anterior, les hago un exhorto, compañeras y compañeros diputados, a que legislemos en temas prioritarios que le urgen en realidad a la sociedad y que dejemos de lado los caprichos y las ocurrencias de la cuarta transformación, que no solo nos quitan el tiempo, sino que generan confusión y ambigüedades porque obviamente nuestro sistema político y normativo debe de estar al día. En Movimiento Ciudadano velaremos porque el Poder Legislativo, el Poder con mayor representatividad popular, sea utilizado para legislar en temas prioritarios que le urgen a la sociedad mexicana y que no sea en realidad desaprovechado en banalidades como esta. Es cuanto, compañera presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cheja Alfaro. Para hablar en pro tiene la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Pueblo de México, diputadas y diputados, durante décadas el pueblo de México ha sido agraviado por la corrupción institucional, decenas de políticos de alto nivel amasaron fortunas inimaginables al amparo del poder público. Los gobiernos anteriores se caracterizaron por su ineficacia, frivolidad, dispendio y desvío de los recursos de la nación, los cuales terminaron en manos privadas. Con el presente dictamen, el cual el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor, se crea el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ello como un recordatorio de que los recursos desviados del erario por los servidores públicos son simple y sencillamente un robo a la nación. Pareciera que el nombre del instituto es políticamente incorrecto, pero la verdad ya no puede enmascararse ni puede atenuarse con eufemismos. ¿Cuántos exfuncionarios han salido de la administración pública con millones de pesos o dólares en sus cuentas bancarias o con decenas de propiedades inmobiliarias de alto valor? No hay manera de que la riqueza inexplicable de muchos de los funcionarios de las administraciones anteriores fuera producto de su trabajo y de su esfuerzo. El ejemplo más reciente es el de Emilio Lozoya, quien en un sexenio acumuló una riqueza que miles de mexicanos no generarían en toda una vida. El pensamiento de llegar al encargo público a servirse de los recursos ha contribuido a la deplorable y precaria situación que se ha vivido en nuestro país. El desvío de los recursos, los sobreprecios, el diezmo y otras actividades irregulares, se acabaron en la cuarta transformación. Nos hemos comprometido y los resultados se están dando. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en conjunto con otras instituciones del Estado, será el encargado de vigilar que el dinero recuperado sea invertido en áreas y acciones prioritarias. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo seguimos caminando de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues creemos que su proyecto consolidará la democracia y las instituciones del Estado para velar y servir al pueblo de México. Ya hay una nueva manera de hacer política, y el pueblo ya no podrá exigir menos, por el contrario, en cada trienio, sexenio, el compromiso deberá ser mayor y cumplirse a cabalidad. El presente dictamen se suma a los esfuerzos por consolidar un gobierno del pueblo y para el pueblo, no de sectores privilegiados que se sirven de los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho, del PRI, para hablar en contra.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, de Morena, para hablar en pro del dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Huerta del Río. Para hablar en contra, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Guzmán Avilés. Para hablar en pro tiene la palabra el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el mundo se construye con el idioma de la cuarta transformación. Tenemos el compromiso y la sensibilidad para llamar a las cosas por su nombre. Por eso, nuestro voto será a favor de este dictamen que propone una modificación en el cambio de denominación del Instituto de Administración de Bienes y Activos, por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. No olvidemos que en política la forma es fondo, la nueva denominación que el dictamen en cuestión propone implica el reconocimiento y modificación de los insultos cometidos contra el pueblo de México. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado representa regresar al pueblo lo que le pertenece, lo que un día le fue arrebatado por la ambición, el delito y la corrupción. El presidente de la República lo ha expresado con claridad, es momento de devolver lo mal habido: ranchos, casas, autos, alhajas y todos aquellos bienes adquiridos por medio de vicios, como la corrupción y que están en manos de delincuentes de cuello blanco, ex gobernadores o del crimen organizado. La nueva institución en esta administración ya ha dado sus primeros y grandes resultados. Tan solo en una subasta ejecutada el 20 de septiembre recaudó 61 millones de pesos por la venta de 351 lotes de bienes muebles en Guadalajara. A la fecha, el actual gobierno ha recaudado alrededor de 230 millones de pesos en las cinco subastas que ha realizado durante los primeros meses del presente año. Lo más importante es que el destino de los recursos de estas subastas tiene como finalidad ayudar a quienes más lo necesitan. Por ello, la fusión del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es esencial para apoyar a los más pobres, para que ningún mexicano o mexicana se quede atrás. Asimismo, el cambio de denominación que hoy se discute contribuye a que los servidores de ese organismo sean conscientes de su responsabilidad y que el pueblo tenga la certeza de que esta institución está a su servicio. Estamos en un cambio de régimen y resulta necesario un cambio de mentalidades. Los valores son claros: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado responde a estas premisas y al compromiso adquirido. Diputadas y diputados, se acabó el tiempo de los corruptos y de los criminales, de los ladrones de cuello blanco, de la riqueza ilegal concentrada en unos cuantos, como es el caso de algunos exgobernadores que no entregaron cuentas claras al pueblo que confió en ellos. Es muy importante que este dictamen sea votado a favor de la gente más pobre y más necesitada y, sobre todo que tengamos justicia para la gente más necesitada. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Borrego Adame. Para hablar en contra tiene el uso de la palabra, el diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Absalón García Ochoa: Con su permiso, presidenta. Compañeras, compañeros diputados. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, una ocurrencia más de esta cuarta trastornación. Cambiar el nombre a una institución para alimentar la arrogancia de una mayoría que no cumple lo que promete, que engaña y se contradice. Eso, compañeras y compañeros, en nada beneficia a un pueblo carente de seguridad, de justicia, de empleo y de salud. ¿De verdad quieren devolver al pueblo lo robado? Regrésenle a las madres trabajadoras las estancias infantiles. ¿De verdad quieren devolverle al pueblo lo robado? Regrésenle a los estudiantes una educación de calidad donde se premie a los maestros mejor evaluados. ¿De verdad quieren devolver al pueblo lo robado? Regrésenle la esperanza de vida a los niños que padecen cáncer y doten de medicinas a los hospitales que hoy no tienen con qué atender a esos niños. De verdad, ¿de verdad quieren devolverle al pueblo lo robado? Cumplan sus promesas y bajen el precio de la gasolina. De verdad, ¿de verdad quieren devolverle al pueblo lo robado? No le roben al pueblo...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame diputado. Permítame un momento, diputado. Compañeras y compañeros, qué bueno que ha despertado esta asamblea y el entusiasmo, pero necesitamos darle al orador la oportunidad de expresarse tal y como lo hemos hecho con todos quienes han participado en esta larga sesión. Siga adelante, diputado, por favor.
El diputado Absalón García Ochoa: Gracias, presidenta. Hagan su tarea, compañeros y compañeras en materia de seguridad y no le roben la esperanza al pueblo de México con sus ocurrencias. ¿Quieren de verdad devolverle al pueblo lo robado? En las próximas semanas vamos a discutir la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Devuélvanle el presupuesto al campo. Devuélvale el presupuesto a los estados y municipios, vayan, vayan a la calle con su gente. De verdad, de verdad...