La senadora Verónica Noemí Camino Farjat (Vía telemática): Sí, presidenta. Con su venia, compañeras y compañeros legisladores. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, artículo 1o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este fragmento de la Declaración ha sido la base para construir naciones democráticas justas e igualitarias, con principios que marquen la diferencia en el trato social y la dignidad humana. A partir de 1990, el Estado mexicano ha asumido su responsabilidad como garante de los derechos humanos, creando así la Comisión Nacional de Derechos Humanos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que busca la protección de la dignidad humana. En 1992, la CNDH evolucionó a un organismo descentralizado. Y, finalmente, en 1999, se constituye ya como la Comisión Nacional de Derechos Humanos transformándose en un organismo constitucional con plena autonomía. Con la creación de esta Comisión se aprobó un ombudsperson que protegiera los derechos de las y los mexicanos, y en este sentido, el rol de la Comisión va más allá de un ombudsperson, pues también debe ser un contrapeso de los intereses de los Poderes de la Unión, cualidad que nunca debe, ni parecer, subyugarse ante las presiones políticas. Por su autonomía, imparcialidad y autoridad, las y los ciudadanos deben sentirse orgullosos de que sus intereses tienen una institución en donde, tienen una institución en donde sus intereses serán velados por la máxima autoridad de los derechos humanos. Lamentablemente 2020 ha sido un año en el que México y el mundo han sufrido a causa de la pandemia por Covid-19, y en el que a escasos meses se cumplirá un año de esta crisis sanitaria, cambiando la vida de millones de mexicanas y mexicanos, además de las afectaciones a los diferentes sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Reconozco y agradezco que uno de los primeros actos de la Comisión para proteger, fue el de proteger al personal médico que combate la pandemia por Covid-19, a través del exhorto a las autoridades sanitarias de todo el país, a adoptar medidas necesarias que garantizaran la seguridad del personal. También celebro mucho el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas que permitirá dar celeridad y justicia a los más de 61 mil casos de desaparición forzada en México, así como ayudar a prevenir, investigar y esclarecer los casos de cuyas personas no se tiene registro en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Esto, por supuesto, ayudará en las tareas a la CNDH. De igual forma, también reconozco que se han firmado acuerdos para promover la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Asimismo, los diversos esfuerzos que la Comisión ha hecho por defender y atender los casos de violación a derechos humanos que se presentan diariamente durante el confinamiento social, y pese a las limitaciones sanitarias, ya con los datos que ha dado la titular de la Comisión, doña Rosario Piedra, reiteran el compromiso que tiene este órgano constitucional autónomo con la democracia y la justicia social, generando los canales de comunicación para atender las quejas y denuncias de violaciones a derechos humanos en estos momentos de pandemia. En el caso de Yucatán, de acuerdo con el índice delictivo, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una de las entidades federativas con el menor índice delictivo. Ahora, los homicidios, los feminicidios y la violencia de género van en aumento, además de las violaciones a derechos humanos que han sido cometidas durante la contingencia sanitaria, como la creación de programas estatales, cuya única forma de acceder al registro fue en línea, dejando fuera a las personas que no tenían internet, y posiblemente lo necesitaban, necesitaban más esos programas, e incluso aquellas cometidas antes de la misma, como la represión y agresión a la ciudadanía que se manifestaba en contra del titular del Ejecutivo, el 19 de enero de 2020, arrojando mujeres, niños y adultos gas lacrimógeno, de esto aún no se presentan los responsables, y por otro lado la comisión estatal aún no ha resuelto. Por ello también considero importante, sumar a este informe, que es importante reforzar las recomendaciones por parte de la Comisión Nacional y, a su vez, que este elabore una estrategia que también permita reforzar a las comisiones estatales, porque sus facultades exclusivas y su uso para advertir sobre casos de violación a los derechos humanos es vital. También tengo que reconocer, que la ausencia de los diversos miembros del Consejo Consultivo de la Comisión, en estricto sentido, ha limitado su campo de acción, por lo que resulta indispensable la ocupación de las vacantes para que la Comisión pueda operar de una forma más eficaz. Este año se cumple una década de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, cuya reforma ha sido una de las más importantes en nuestro marco jurídico y que dio origen a la décima época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que se ha dado una nueva perspectiva para garantizar los derechos civiles, políticos, electorales y sociales de la ciudadanía. Bajo este tenor de ideas, la promoción de los derechos humanos no debe ser considerada como una política pública, sino una forma de gobierno en donde las y los mexicanos se vean representados por instituciones confiables y determinantes para garantizar los derechos humanos. Reconozco y agradezco nuevamente por los múltiples pronunciamientos y recomendaciones, sobre la importancia de que en los estados se tiene que reconocer y garantizar todos los derechos para todas las personas. Aún queda una gran labor por hacer, pero es imprescindible que la Comisión redoble los esfuerzos para continuar con sus funciones, pese a las limitaciones sanitarias que se han presentado. Ahí cuenta completamente con nuestro apoyo. Por ello, en el Partido Verde, creemos contundente en la solución a una mejor calidad de vida y el respeto a la dignidad humana, se logra con un organismo especializado y autónomo, que brinde la protección de los derechos humanos. Y por ello, apoyaremos siempre las acciones e instituciones que busquen respetar y garantizar los derechos humanos de la población, como hasta hoy lo ha hecho la CNDH y su titular. Por una sociedad más justa, incluyente e igualitaria, en donde los derechos de todas y todos sean reconocidos, ratificados y garantizados. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta.