La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, Presidente. El dictamen aprobado hoy en lo general por el PRI, el PAN, el Panal y el partido verde significa la privatización de nuestro sector energético que no sólo permite compartir la renta petrolera sino también plantea esquemas de entrega de los recursos energéticos a particulares nacionales y extranjeros, sin limitación alguna. Se trata de una iniciativa que combina lo peor de lo peor de las propuestas de Enrique Peña Nieto y del Partido Acción Nacional, que juntos pueden reunir los votos necesarios, pero no así la razón. Porque ninguno de ellos representa los intereses del país. Por el contrario, pretenden condenar a las siguientes generaciones a la ausencia de recursos que hoy por hoy nos proporcionan los ingresos petroleros, los cuales significan cuatro de cada 10 pesos del presupuesto de nuestro país. En esta reforma hay muchos temas importantes, pero quisiera destacar seis en lo particular que merecen especial atención, por lo que significan: El primero de ellos, significa la entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas transnacionales. Se privatiza el petróleo extraído, deja de ser propiedad de la nación. Así lo señala la modificación al artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución. No son en nuestras apreciaciones subjetivas, ahí están redactas palabra por palabra y esto significa, se traduce justamente, en la privatización de nuestros recursos. Se limita sólo a la exploración y extracción como áreas estratégicas, lo que significa que petroquímica y refinerías quedan sujetas a la privatización. Lo mismo ocurre con la generación, conducción, transformación y abastecimiento de la energía eléctrica. La reforma permite los contratos de servicio, utilidad compartida, producción, compartida y licencias con empresas privadas que permitirán la apropiación del petróleo y el gas a boca de pozos. Se transfiere la propiedad de los recursos, aún antes de su extracción a través de expectativas de beneficios petroleros por parte de las empresas. El punto número 2, el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Se plantea la existencia de empresas productivas del estado para que éstas, en asociación con particulares, sean las responsables de las áreas estratégicas, la exploración y extracción del petróleo y los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, en sustitución de los organismos descentralizados, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Se crea un régimen de transición para desplazar a Petróleos Mexicanos de las autoridades productivas que actualmente tiene encomendadas. La secretaría del ramo en materia de energía con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional. Se limita el servicio público de electricidad a la transmisión y distribución de la misma y se crea otro organismo público con facultades que actualmente tiene la CFE, obligándose a la transferencia de recursos, así lo señala el artículo 27 párrafo IV, y el décimo sexto transitorio. Se les excluye la autonomía de gestión, un tema tan importante para transformar verdaderamente a Pemex. El régimen de remuneración es de las empresas productivas, será distinta al previsto en el régimen para servidores públicos establecido en el 127 constitucional. Lo que se puede interpretar en que se establecerá un régimen de prestaciones acorde con las empresas trasnacionales. Asimismo, se posibilita la existencia de monopolios privados, según el artículo 28, párrafo cuarto constitucional. El punto número tres que nos preocupa muchísimo es el incremento de los precios de los energéticos; luz, gasolina, gas y diesel. La iniciativa es clara cuando menciona que el Ejecutivo federal propondrá al Congreso de la Unión un programa de sustitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos. Es mentira que bajarán los costos de la luz, de la gasolina, del gas y el diesel. El punto número cuatro es el sometimiento a la jurisdicción internacional de aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en materia energética. Por la puerta de atrás se abre el tema de los tratados internacionales y acuerdos comerciales, se elimina la cláusula petrolera el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, mediante la cual se excluye dicho sector de la aplicación de las disposiciones generales del tratado. El quinto y no de menor interés, es el despojo que sufrirán las comunidades de sus tierras a favor de las empresas trasnacionales. Se establece una expropiación automática al calificar de interés social y de orden público la exploración y extracción de petróleo y los demás hidrocarburos, así como el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, y ordena que en la ley se establezcan las condiciones para la indemnización respectiva, que sabemos que estos procesos siempre están plagados de irregularidades que van en perjuicio de las comunidades y sus habitantes. El sexto es la ausencia de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la electricidad. El Fondo Mexicano del Petróleo tiene por objeto la estabilidad financiera, no la inversión en actividades productivas y sólo bajo condiciones excepcionales, la Cámara de Diputados podrá aprobar la integración de recursos de ahorro público al Presupuesto de Egresos de la Federación. Será éste el encargado de recibir todos los ingresos con excepción de las contribuciones que correspondan al Estado mexicano, derivados de las asignaciones y los contratos a que se refiere el artículo 27 constitucional en su párrafo séptimo. Por todo ello nos oponemos a esta reforma y no porque seamos opositores por de faul, de ninguna manera nos oponemos a la modernización, al crecimiento, a la productividad, pero nos oponemos a esta reforma porque va en sentido contrario a estos conceptos, porque pretende despojar a las y los mexicanos de sus recursos; porque pretende entregar el patrimonio y la soberanía de la nación. Por ello estamos obligados y obligadas al uso de todos los recursos parlamentarios, legales, políticos, sociales que correspondan para revertirla, y estamos seguros que la sociedad mexicana acompaña en esta defensa por la riqueza de nuestro país que corresponde a todas y a todos. Ninguna mayoría mecánica tiene el derecho de despojar a un país de sus bienes nacionales. Lo decimos fuerte y claro, esta reforma es peligrosa, porque decreta que los hidrocarburos, la electricidad y la petroquímica pasen a manos privadas. Pero que no canten victoria esos que se frotan las manos creyendo que hemos perdido la batalla. Hay muchas mujeres y muchos hombres libres y organizados que seguiremos luchando hasta lograr lo que es nuestro. He presentado más de 30 reservas, pero creo que sería ocioso enumerarlas y someterlas a votación. Sirva este espacio para dejar constancia que hay diputadas y diputados dignos, que no daremos la espalda a nuestro país. Y sirva para hacer un llamado al pueblo de México a permanecer firmes en la defensa de lo que es nuestro. El camino será largo y será difícil, pero estoy segura que más temprano que tarde lograremos la victoria. Muchas gracias. Es cuanto.