El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, señor secretario. El licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación: Señor diputado Gómez Álvarez: en primer lugar, le agradezco su aclaración, que contrasta sin duda con su intervención vehemente, aunque le concedo que es una intervención que parte de sus propias convicciones de carácter personal. Permítame entrar en un debate con sus convicciones. Usted dice que nuestro gobierno es un gobierno de diálogo sin negociación. Eso es simplemente desconocer los acuerdos que hemos tenido con el Congreso en distintos trabajos e iniciativas presentadas por el Presidente de la República. Les voy a dar algunas cifras, porque me parece que son más elocuentes que las convicciones vehementes: de 134 iniciativas presentadas por el Ejecutivo, se lograron 92. Quiere decir que, cuando menos en materia de iniciativas, ha habido 42 acuerdos con esta soberanía, no solamente diálogo, no solamente negociación: también acuerdos, diputado Pablo Gómez. Precisamente 69 por ciento de las iniciativas que ha presentado el Presidente de la República ha sido aprobado por esta soberanía; 1,189 nombramientos presentados y se han aprobado 790, casi 70 por ciento de las iniciativas. Ésos son acuerdos, señor diputado. Si hablamos de instrumentos internacionales, se han aprobado 120, casi 85 por ciento. Y yo no diría de cuestiones menores: hablamos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, de la Ley del Servicio Civil de Carrera, de la Ley en contra de la Discriminación, del Seguro Popular, de la Ley del Desarrollo Social. Son iniciativas que negociamos y acordamos con esta soberanía, pero también déjeme decirle que ha habido un sinnúmero de acuerdos, de acuerdos políticos que ha hecho el gobierno con distintos actores políticos y sociales: uno, la Convención Nacional Hacendaria; 323 acuerdos logrados por unanimidad. Hablamos en materia de derechos humanos: 38 instrumentos internacionales aprobados en materia de derechos humanos; acuerdos en materia de conflictos de carácter religioso, 70 conflictos solucionados. Y así le puedo yo ir describiendo los acuerdos que ha logrado esta administración. Efectivamente, hay que reconocer que faltan los acuerdos relativos a la Reforma del Estado, señor diputado Gómez Álvarez. Sin duda, ahí es donde nos falta avanzar y nos falta avanzar precisamente en la transformación política de nuestras instituciones. Pero déjeme decirle otra cosa: el principio de la democracia, si son las decisiones de las mayorías que toma este Pleno, sin duda alguna, jamás discutiría yo las decisiones de mayoría de este Pleno. Lo que sí, lo que sí podemos discutir son los derechos que tiene el Presidente de la República, el titular del Ejecutivo, para instaurar controversias constitucionales. Esta soberanía aprobó las modificaciones de la Constitución que dieron por resultado precisamente que el titular del Ejecutivo pudiera ejercitar controversias constitucionales cuando estima que los derechos del Poder Ejecutivo están siendo afectados. No voy a meterme en los detalles de la controversia constitucional en materia del Presupuesto, y no lo voy a hacer porque está en este momento en procesamiento de la Suprema Corte de Justicia del país, pero decir que el Poder Ejecutivo no puede controvertir, en su legítimo derecho constitucional, lo que le parece que fue una invasión a la esfera de competencia del Ejecutivo es simplemente desconocer el Estado de derecho y por tanto desconocer el sistema democrático del país. Ahora, diputado Pablo Gómez, hablemos del desafuero. En primer lugar, el asunto, vuelvo a reiterar, no se origina en el Poder Ejecutivo. De eso debemos partir, y está muy claro: es un asunto litigioso entre unos particulares y el gobierno de la ciudad, y es un asunto que llega al Ministerio Público que usted tendrá que reconocer por la vía de un amparo, en donde la resolución de amparo pide al Ministerio Público determinar el curso correspondiente y el Ministerio Público determina traer el asunto aquí a esta soberanía. Y ustedes son los que tienen la facultad de decidir en materia de desafuero, nadie más. En primera instancia, es la Sección Instructora y después es el Pleno de esta soberanía. Posteriormente, en su caso, tendrá que decidirlo el Poder Judicial de la Federación, si es el caso, dependiendo de lo que aquí se resuelva. Y aquí quisiera yo hacer una amplia reflexión con todos ustedes. En este asunto, diputado Gómez Álvarez, en el asunto de El Encino, han intervenido prácticamente todas las autoridades de los distintos niveles del Poder Judicial y también del Poder Judicial local: jueces del ámbito local, jueces federales de primera, de segunda instancia en recursos de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también ha intervenido en una controversia de la Asamblea Legislativa otro Congreso, la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo, el Ministerio Público también. No creo que pueda haber una confabulación de todos los poderes o de casi todos los poderes del Estado mexicano para afectar los intereses políticos de alguien. Eso no es correcto y no es cierto. Si hay defensas, ejercítenlas y, sobre todo, decidan aquí lo que debe corresponder al desafuero. No lo traigan allá afuera: si queremos decidirlo, decidamos dentro de las instituciones; para eso son las instituciones del país. Queremos un Estado de derecho, ejercitémoslo plenamente, comprometámonos con el Estado de derecho del país porque es la base del sistema democrático. Muchas gracias.