EL C. DIPUTADO BERNARDO DE LA GARZA HERRERA: Con su permiso presidente, pediría obviar la fundamentación y pasar directamente a la exposición de motivos por aras de tiempo. Mantener abierta una cuenta de ahorros, extraer dinero del cajero automático y disponer de una tarjeta de crédito, realizar transferencias o cobrar un cheque cuestan dinero y mucho dinero al consumidor. Gran parte de los productos y servicios bancarios que hoy en día utilizamos, están sujetos al cobro de comisiones, por lo que los tipos de interés de los frutos financieros no han de ser las únicas cifras a las que debamos prestar atención, antes de elegir una entidad bancaria, ya que el cobro de comisiones excesivas han convertido en una práctica común, provocando además que el margen de maniobra del consumidor sea escaso, ya que las variaciones de las comisiones entre entidades bancarias, son generalmente escasas. Lo anterior pone en evidencia que en este país el ahorro tiene un costo elevado, banco y cajas cobran por ingresar dinero, por sacarlo incluso aunque parezca una incongruencia también cobran por no hacer ni una cosa ni la otra, ya que la inactividad también se paga. Las tarjetas de plástico exigen precauciones a la hora de usar el cajero automático, ya que también se ven afectadas por el cobro de comisiones, y al no estar sometidas a una regulación específica las entidades las aplican libremente. De igual forma, el acceso de crédito es limitado y con muchos intereses. Los gastos bancarios representan cantidades importantes cuando el usuario formaliza un crédito hipotecario o de consumo, esto sin duda manifiesta la clara falta de acceso al crédito en nuestro país. Así en los dos primeros años de la administración foxista el cobro de comisiones bancarias se duplicó, al pasar del 16% de los ingresos de las instituciones al más del 30%. Esto implicó ingresos de al menos 20 mil millones de pesos durante el 2002 para un sistema bancario, cuyo financiamiento cayó a una etapa del 6.5% en ese mismo año, lo cual demuestra que los bancos sustituyen sus negocios de inversión en tasas de interés en Cetes por el cobro de comisiones. Sin embargo, en México, ni las autoridades financieras ni las propias instituciones se han preocupado por establecer medidas de acuerdos para regular el acta en las comisiones que cobran a sus clientes por los servicios que les prestan. De esta forma observamos que el consumidor continúa sin protección alguna ante los abusos que se cometen bajo el auspicio de las supuestas fuerzas del mercado. No se justifica por qué el sistema económico que supuestamente tiene México, basta la fijación de los precios de los bienes y servicios en la oferta y la demanda así como en las fuerzas del mercado que opera libremente. Sin embargo, esta situación, no ocurre en las operaciones de créditos a través de las tarjetas y otros servicios financieros, ya que son las empresas emisoras las que fijan el precio que ellos quieren. Hace poco autorizamos en este Congreso que los bancos tengan más facilidad para ejecutar las garantías de los créditos que otorgan, sin embargo, tenemos que asegurarnos también que este beneficio operativo sea transferido a manera de precios y costos a los consumidores mexicanos, a los deudores. Hoy, hay mexicanos que garantizan sus créditos con su único patrimonio, y no sólo eso sino que además de garantizarlo con ello, tienen que pagar tasas que se encuentran fuera del mercado mundial, cuando estamos en un proceso de globalización. No podemos los políticos mexicanos seguir siendo serviles al sector bancario ni a las inversiones extranjeras, por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el Artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se reforma el Artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue: Artículo 48.- Las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, votos, conceptos análogos, montos plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas y de servicios, así como las operaciones con oro, plata y divisas que realicen las instituciones de crédito y la inversión obligatoria de sus pasivos visibles, se sujetarán a lo impuesto por la Ley Orgánica del Banco de México, con el propósito de atender necesidades de regulación monetaria y crediticia. Las instituciones de crédito estarán obligadas a canjear los billetes y monedas metálicas en circulación, así como a retirar de éstas las piezas que el Banco de México indique. Se agrega: El monto máximo de las comisiones que se cobren por los servicios y productos que ofrezcan las instituciones no podrán ser superiores a 5% del nominal de la operación. Las comisiones que se establezcan deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1º. Ser realmente necesarias; el servicio cobrado debe responder a un servicio efectivo y no recogido por otro producto ya contratado por el cliente; 2º. No ser sorpresivas; el precio de la comisión debe ser comunicado de forma inteligible al consumidor sin reenvíos. 3º. No ser abusivas; deben cubrir los gastos de la entidad y su margen de beneficios. Ello implica que no pueden cobrar comisiones cuya cuantía sea proporcional al nominal de la operación. 4º. Ser legales. 5º. Estar conectadas con la actividad bancaria. 6º. Se cobradas por entidades legalmente habilitadas. El nivel promedio ponderado de la tasa pasiva que establezcan las instituciones de crédito por sus servicios y productos a personas físicas, no podrá ser superior del doble de la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 91 días del período. El diferencial entre la tasa promedio pasiva y la tasa promedio activa que ofrezcan las instituciones de crédito por sus servicios y productos a personas físicas, no podrá ser superior a 50% del nivel de la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 91 días del período o a 10 puntos porcentuales, lo que resulte mayor. Independientemente de las sanciones previstas en esta ley, el Banco de México podrá suspender operaciones con las instituciones que infrinjan lo dispuesto en este artículo. Transitorio Unico. Este decreto entrará en vigor a los 45 días siguientes de su publicación en el diario Oficial de la Federación. Es cuanto, presidente.