La diputada Jasmine María Bugarin: El derecho a la nacionalidad es un derecho humano que garantiza a toda persona el acceso a otros derechos fundamentales y garantías para su protección. La nacionalidad proporciona una identidad legal y es un medio para que las personas ejerzan plenamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. A pesar de que este derecho está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales, millones de personas en todo el mundo siguen sin tener una nacionalidad reconocida y, por lo tanto, están privadas de muchos derechos y libertades. Entre los grupos más afectados se encuentran los refugiados y los menores nacidos en el extranjero. Esas personas son víctimas de discriminación y exclusión y enfrentan grandes obstáculos para el acceso a servicios básicos, tales como la educación, la atención médica y el empleo. Ese problema se intensifica en países con grandes flujos migratorios como el nuestro, donde hay altos índices de retorno de personas migrantes, en su mayoría mexicanos que han sido deportados con hijas e hijos nacidos en el exterior. Por lo anterior, resulta importante que el Estado mexicano reconozca y respete el derecho a la nacionalidad y garantice que todas las personas tengan acceso a él, sin discriminación de ningún tipo, incluyendo la obligación de registrar a todas las niñas y niños nacidos en el extranjero, lo cual se logra a través de la inserción del certificado de nacimiento extranjero en los libros del Registro Civil Mexicano, mediante la expedición del acta de nacimiento como documento fehaciente de la nacionalidad mexicana, de su titular, en términos de lo dispuesto por la ley en la materia. Ahora bien, por lo que respecta a nuestro marco jurídico, el Estado mexicano se adhirió a la Convención por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, mejor conocido como Convención de la Haya. Lo anterior, con el fin de simplificar el sistema de legalizaciones en cadena para sustituirlo por un solo trámite, la apostilla. Sin embargo, la apostilla exige que el trámite se realice en el lugar donde se emitió el documento. Ese requisito es difícil de cumplir cuando la madre o padre han sido deportados del país donde fue emitido el certificado de nacimiento de sus hijas e hijos y, al no poder satisfacerlo, se les deja en en estado de indefensión para realizar la inscripción del registro de nacimiento en México y, por ende, no se les reconoce su derecho a la identidad. En este sentido, la presente iniciativa propone modificar el Código de Procedimientos Civiles, el Código Federal de Procedimientos Civiles, para eliminar el requisito de legalización o apostilla de certificados o actas de nacimiento de hijas e hijos de padre o madre mexicanos que hayan sido registrados fuera de México, con el fin de beneficiar a más de 180 mil menores mexicanos nacidos en el extranjero que hoy viven en México y no cuentan con un acta de nacimiento mexicana. Propongo, en conjunto con mi compañero diputado Mario Alberto Torres Escudero, adicionar el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, quedando de la siguiente manera: No se requerirá de la legalización consular o de la apostilla que debe emitir la autoridad competente en los certificados o actas de nacimiento expedidos por autoridades de otro país, cuando se solicite la inscripción o inserción del registro de nacimiento ante los registros civiles del país de personas con derecho a la nacionalidad mexicana nacidas en el exterior, siempre y cuando no se haya realizado la inscripción de su nacimiento ante los consulados de México en el exterior o no sea posible su verificación electrónica ante la autoridad emisora de dichos documentos. Para realizar la inscripción o inserción, se deberá presentar el certificado de nacimiento extranjero y el acta de nacimiento del padre o madre mexicanos. De esta forma, garantizamos el acceso de manera más simplificada, el registro de mexicanas y mexicanos nacidos en el exterior y así facilitar el acceso y ejercicio de sus derechos y libertades. Termino, presidenta. Refrendo mi compromiso de trabajar siempre en favor de las y los mexicanos radicados en el territorio mexicano y en el exterior. Reconozco y agradezco al colectivo Colefon y Agie, quienes han sido unos arduos impulsores y promotores de esta iniciativa, así como la disposición y el apoyo de la cancillería, Segob y Renapo, con quienes sostuvimos diversas mesas de trabajo para concretar esta valiosa iniciativa que beneficiará, sin duda, a millones de mexicanos que residan en el exterior. Agradeciendo de antemano su atención, esperamos contar con el apoyo de esta honorable asamblea en esta tan noble causa. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.