La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputada. La diputada Ma. del Pilar Ortega MartÃ­nez (vÃ­a telemÃ¡tica): La poblaciÃ³n de adultos mayores, que considera como tales a las personas mayores de 60 aÃ±os de edad, asciende a poco mÃ¡s de 13 millones de mexicanas y mexicanos, de acuerdo con el Consejo Nacional de PoblaciÃ³n. Se trata de una proporciÃ³n de la poblaciÃ³n que incrementarÃ¡ considerablemente en los aÃ±os por venir, por las dinÃ¡micas demogrÃ¡ficas actuales. Por lo cual, en el futuro prÃ³ximo serÃ¡ un sector amplio de la poblaciÃ³n, al cual se le deberÃ¡ garantizar el debido acceso y ejercicio de sus derechos. Por ello, la materia del presente dictamen, que presento a nombre de la ComisiÃ³n de Justicia, tiene como objeto establecer disposiciones que garanticen las medidas para el debido acceso a la justicia de las personas adultas mayores. De acuerdo con la OrganizaciÃ³n de las Naciones Unidas, el cambio en el porcentaje de personas adultas mayores pasÃ³ de 6.2 por ciento en 1990 a 10.5 por ciento en 2017. Lo cual significa que prÃ¡cticamente se duplicÃ³ en 30 aÃ±os, creando una tendencia generacional que sin duda significarÃ¡ uno de los cambios sociales de mayor trascendencia en este siglo y, en consecuencia, impondrÃ¡ nuevos retos y desafÃ­os para las polÃ­ticas pÃºblicas implementadas en materia de salud pÃºblica y atenciÃ³n social que se requieren por las caracterÃ­sticas propias de una edad avanzada. Por ello, las instituciones pÃºblicas deben prepararse para tomar medidas encaminadas a garantizar que las personas adultas mayores tengan acceso a los diversos servicios gubernamentales en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. El Ã¡mbito de la procuraciÃ³n y la imparticiÃ³n de justicia no puede ser la excepciÃ³n. Un ejemplo de experiencias anteriores en las cuales se han implementado medidas para garantizar el derecho a la justicia de grupos vulnerables son los llamados ajustes razonables, previstos en el CÃ³digo Nacional de Procedimientos Penales, los cuales consisten en previsiones normativas, para que las autoridades de procuraciÃ³n e imparticiÃ³n de justicia penal adopten medidas especiales para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer adecuadamente sus derechos como vÃ­ctimas o imputados. En ese mismo orden de ideas se ha pronunciado en diversas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n, la cual ha establecido que se deben tomar consideraciones especiales cuando una persona adulta mayor se encuentre en un proceso penal, ya sea como vÃ­ctima, ofendido o imputado. Un ejemplo de ello es la tesis de rubro âAdultos mayores, consideraciones especialesâ, que conforme al marco jurÃ­dico nacional e internacional deben presidir de las autoridades que procuran y administran justicia cuando en los procesos penales figuran como agraviados u ofendidos, inculpados o sentenciados, en la cual se seÃ±alan como consideraciones especiales el gozar de la presunciÃ³n de ser adulto mayor, salvo prueba en contrario, el dar mayor celeridad en la realizaciÃ³n de las diligencias que se ordenan en los procesos penales, el monitoreo constante de sus niveles de salud fÃ­sica y mental, con auxilio de las autoridades correspondientes, el trato preferencial en los horarios para comparecer ante el juez de la causa, el analizar con detenimientos si su edad fue determinante para la comisiÃ³n de los hechos que le imputan. En caso de sentencia absolutoria, velar por su inmediata libertad, corroborando previamente sus condiciones alimentarias y de salud, asÃ­ como que al salir no se les exponga a las inclemencias del tiempo o a la soledad de su retiro del centro de reclusiÃ³n en horarios impropios para la facilidad del traslado. TambiÃ©n el establecer el modo y lugar de internamiento, tanto para la prisiÃ³n preventiva, como para cuando cumpla la pena corporal impuesta, tomando en consideraciÃ³n la edad de 60 aÃ±os o mÃ¡s; y, en determinados supuestos, tener derecho a sufrir prisiÃ³n preventiva o purgar condena de prisiÃ³n en sus domicilios particulares. Por ello, en la ComisiÃ³n de Justicia hicimos eco de esta iniciativa, que pretende modificar los artÃ­culos 109 y 113 del CÃ³digo Nacional de Procedimientos Penales, para garantizar los derechos de las personas adultas mayores que participen en el proceso penal como vÃ­ctimas, ofendidos o imputados, y con ello garantizar su adecuado acceso a la justicia. En suma, se trata de que estos ajustes razonables se extiendan justamente a las personas adultas mayores. Por ello, invito a las y a los diputados de esta asamblea votar a favor de este importante dictamen. Es cuanto, presidente. El presidente diputado Xavier Azuara ZÃºÃ±iga: Gracias, diputada. El presidente diputado Xavier Azuara ZÃºÃ±iga: Tiene la palabra para fijar postura el diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.