El diputado Francisco Saracho Navarro: Bienvenidos los compañeros del Cañón de Jimulco, de Torreón, Coahuila, un saludo. La Ley Federal de Protección al Consumidor tiene como principal finalidad promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Tal como se desprende de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor, tiene la atribución de llevar un procedimiento conciliatorio, procedimiento arbitral y procedimiento de infracciones a la ley. Nuestra atención se dirige a la culminación del procedimiento conciliatorio, del procedimiento por infracciones a la ley, lo que tiene lugar cuando se presenta una queja o reclamación por parte del consumidor que se siente agraviado por un proveedor de bienes o servicios. Cuando se inicia el procedimiento con motivo de una queja, lo primero que ocurre es la exhortación por parte de la Procuraduría del Consumidor, a que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo para dar solución a lo planteado en la queja. En el supuesto de que se determine la conciliación mediante la firma de un convenio, culminará el procedimiento; sin embargo, cuando las partes no llegan a un acuerdo, se dejarán a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que proceda, lo que en la mayoría de las ocasiones es llevado ante los tribunales civiles. Es entonces cuando surge la problemática que se pretende resolver con la presente iniciativa, pues independientemente de que el consumidor decida presentar una demanda civil, queda pendiente que la Procuraduría resuelva si efectivamente ocurrieron violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y se inicie de oficio, el procedimiento de infracciones que precisa el artículo 123 de dicho ordenamiento. Sin embargo, ni el artículo 116 que señala la culminación del procedimiento conciliatorio, ni el artículo 123, que precisa el inicio del procedimiento de infracciones a la ley, son claros al respecto; es decir, cuando se determina el fin del procedimiento conciliatorio, no existe la remisión expresa al inicio de procedimiento de infracciones a la ley. Lo anterior ha generado la confusión de las autoridades de la Procuraduría, al extremo de que consideren que si no hubo acuerdo entre las partes del procedimiento conciliatorio, no debe dar inicio al diverso por infracciones a la ley, lo cual contraviene el objetivo de la Ley Federal de Protección al Consumidor; esto, a nuestro parecer, puede propiciar la impunidad a favor de quienes han cometido violaciones a dicho ordenamiento. Lo anterior tampoco debe interpretarse en el sentido de que si se inicia un procedimiento por infracciones a la ley, necesariamente debe sancionarse al proveedor sino que, en todo caso, se desahoguen los medios de convicción necesarios para determinar si se verificaron o no los hechos que el consumidor señaló en su queja y si éstos se desprenden infracciones a la ley. Es menester aclarar que el hecho de que el proveedor realice una propuesta y ésta no sea aceptada por el consumidor, no da lugar a que se deje de resolver si se verificaron o no infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Si se verificaron infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, éstas no quedan por el simple hecho de que no se acepte una propuesta del proveedor, dado que son actos que al momento de consumarse ya produjeron contravención al citado ordenamiento. El dejar a salvo los derechos de las partes en el procedimiento conciliatorio tiene como consecuencia que éstas estén en aptitud de acudir a los tribunales competentes, hacer valer sus derechos en la vía civil o mercantil, lo que de ninguna forma repercute en que la Procuraduría de Consumidor desatienda su obligación de sancionar a los proveedores que infringen la Ley de Protección al Consumidor, máxime cuando las conductas infractoras fueron hechas de su conocimiento en la reclamación que el consumidor formuló. Entonces, para evitar soslayar las violaciones a la ley la Procuraduría, independientemente de que las partes soliciten o no el inicio del procedimiento de infracciones a la Ley, debe aperturar de oficio el llamado procedimiento de infracciones a la ley. Por ello, se propone a través de esta iniciativa que se establezcan expresamente el inicio de dicho procedimiento cuando culmine la fase conciliatoria a la que se ha referido si no hubo acuerdo entre las partes. Muchas gracias.