La diputada Holly Matus Toledo: Gracias, señor Presidente. México ha pugnado por ser un Estado laico, que garantice la auténtica división entre el Estado y la Iglesia. La reproducción eclesiástica dentro de las instituciones pone en peligro el estado de derecho. Las dependencias públicas han de regirse por los principios contenidos en la Constitución y en las leyes, y no por la ideología del partido en el poder. El gobierno mexicano ha emitido una serie de políticas y actividades para la protección de las mujeres, niñas y niños, víctimas de violencia familiar. Así, entre otras dependencias, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, lanzó en el mes de febrero una convocatoria pública para el financiamiento de los refugios. Pasaron más de seis meses para que las víctimas de violencia pudieran acceder a los recursos debido a un retraso en la liberación. El retraso tuvo lugar debido a la actuación del licenciado Bernardo Emilio Fernández del Castillo Sánchez, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, quien, pretextando irregularidades en la convocatoria, remitió diversos oficios a fin de detener la asignación de los recursos. El día 15 de mayo del 2007, a través del oficio número DG/102-2118 el director general de Asuntos Jurídicos afirma que la convocatoria es jurídicamente ya que los refugios no deben otorgar información alguna a las víctimas de violencia sexual sobre los abortos legales. Es decir, una mujer que ha sido violada no puede tomar ni la píldora del segundo día, ni tampoco practicarse un aborto legal. Porque —según él— dentro de la Ley General de Salud, y en ningún ordenamiento jurídico de carácter federal, existe disposición legal alguna que permita la interrupción legal del embarazo. Este mismo personaje reitera sus afirmaciones en la nota informativa del 28 de mayo dirigida al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Fernández del Castillo no sabe que el aborto legal se encuentra estipulado en el Código Penal Federal, en donde se establece que el aborto no es punible cuando es resultado de una violación o cuando la mujer corre peligro de muerte. Además prevé que puede existir el delito de violación dentro del matrimonio o concubinato. Estas posiciones eclesiásticas al interior de la Secretaría de Salud atentan contra el estado de derecho de las mujeres, de los niños y de las niñas, víctimas de violencia familiar. No es secreto la historia profesional de Fernández del Castillo. Ha incumplido los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público y que están estipulados en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de Administrativas de lo Servidores Públicos. El día 13 de julio presentamos una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública a fin de que éste sea sancionado. Nuestra responsabilidad social como diputados es hacer que se acate la ley. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo, como de urgente u obvia resolución. Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir sus funciones en estricto apego a la legalidad y a respetar los principios del Estado mexicano y garantizar los derechos de las mujeres. Segundo. Se exhorta al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, a que investigue y aclare la actuación del director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, Bernardo Emilio Fernández del Castillo Sánchez, respecto a los oficios número DG/102-2118, de fecha 15 de mayo de 2007, y de la nota informativa dirigida el día 28 de mayo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Tercero. Se exhorta al órgano interno de control en la Secretaría de Salud a que resuelva con eficiencia la denuncia presentada sobre este hecho y sancione al servidor público denunciado, con la destitución o inhabilitación por contravenir el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y atentar contra la legalidad al interior de la secretaría de Estado involucrada, lo cual perjudica severamente el estado de derecho y los derechos de las mujeres. Compañeros y compañeras, por la gravedad de estos hechos solicito el apoyo a la presente proposición como de urgente u obvia resolución. Gracias.