La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Hoy, después de que la mayoría de las legislaturas estatales analizaran y aprobaran esta reforma, hacemos la declaratoria de constitucionalidad para modificar los artículos 108 y 111 de nuestro Texto Fundamental y ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado un presidente de la República. En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidas y convencidos de que el fuero no debe de ser un impedimento para poder juzgar penalmente a los servidores públicos que comentan algún delito, con base en los principios de igualdad ante la ley e imparcialidad de la justicia. El fuero es, según sus orígenes, una herramienta que se atribuyó a determinados servidores públicos para salvaguardar de eventuales acusaciones sin fundamento, derivadas de persecuciones políticas, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado en regímenes democráticos. Muchos de nuestros luchadores por la democracia fueron perseguidos por un presidencialismo abusivo y autoritario, y eso precisamente es lo que se quiere evitar con la inmunidad procesal. No obstante, a pesar de que muchos abusos se han cometido en el pasado, hoy no cambiamos el procedimiento para someter a un juicio a un presidente y es por ello que esta reforma constituye una simulación más de la cuarta transformación. En el Grupo Parlamentario del PRD, estamos convencidas y convencidos de que la igualdad es uno de los pilares fundamentales de la democracia al asegurar que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos. La democracia constituye un sistema en el actuar de las personas, instituciones y entidades públicas y privadas incluidas desde el propio Estado. Todas y todos estamos sometidos a las leyes que se promulgan públicamente y cuya observancia es la misma. En México, a pesar de los avances democráticos que hemos logrado, se han construido privilegios como la protección que se otorga a grupos de funcionarios corruptos y transgresores contra lo que no se puede proceder penalmente sin el consentimiento de las mayorías parlamentarias y que los protegen absolutamente bajo un hálito de impunidad. Debemos señalar, como lo hicimos en su momento, que esta es una reforma demagógica y sin mayor trascendencia en el ejercicio del Poder Ejecutivo porque la ampliación del número de delitos por los que puede ser juzgado el presidente, no tiene mayor impacto en ecuación de procedimientos en su contra. En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidas y convencidos de que mientras el procedimiento para fincar responsabilidades penales al presidente dependa de una mayoría en el Congreso, como la que hoy nos rige, y no sea una potestad de una fiscalía autónoma con suficiente libertad para realizar las investigaciones que considere pertinentes, el procedimiento penal en contra de un presidente en funciones no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo. Una autonomía que significa libertad para investigar, para detener y para presentar ante las autoridades judiciales a quien sea probablemente responsable de cometer actos ilícitos. La verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República es, en esencia, la que garantizará el derecho de acceso a la justicia, a todas y todos los mexicanos. Por ello, hemos insistido en la necesidad del fortalecimiento de los órganos autónomos como contrapesos especializados al ejercicio de los Poderes, mismos que han contrariado tanto a la voluntad del primer legislador del Palacio Nacional y que ahora ha propugnado por su desaparición. No obstante, la postura histórica de nuestro partido nos obliga a asumir la alta responsabilidad de celebrar esta decisión trascendente no solo para quien hoy ocupa la Presidencia de la República, sino para todas y todos los mexicanos, haciendo expreso el compromiso de quienes militamos en el PRD para actuar siempre y en todo momento bajo cánones de legalidad y honorabilidad, reafirmando el principio fundamental de la construcción de una democracia fuerte, la igualdad ante la ley. Quiero dejar claramente establecido que desde el PRD nos comprometemos con la transparencia y la congruencia entre quienes desempeñamos funciones públicas y buscaremos siempre que quienes sustenten un cargo de elección popular o desempeñen algún puesto en la administración pública, estén sujetos al escrutinio ciudadano, rindan cuentas y, en caso de ser necesario, puedan ser presentados ante la justicia de manera pronta y expedita. El derecho de acceso a la justicia no es moneda de cambio electoral. Es cuanto, diputada presidenta.