La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Con la venia de la asamblea. Acudo a esta tribuna para expresar algunas de las razones por las que mi grupo parlamentario manifiesta su voto en contra del dictamen en discusión. Entre ellas por múltiples carencias de técnica legislativa. Faltan elementos para poder ser este dictamen razonado, discutido y votado, y estar ausente de elementos de carácter presupuestario. Lo que observamos en los antecedentes legislativos, referentes a la reforma constitucional de 2008, es que transcribieron íntegramente del decreto de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2003, en reproducir un calendario legislativo de la reforma energética y reseñar un resumen de las modificaciones realizadas por el Senado de la República a la iniciativa presidencial. Cuando aquí se dice y se presume que discutieron ampliamente con un grupo de técnico este dictamen quiero decirles que por lo menos en técnica legislativa creo que haría falta que cambiaran a sus asesores. El único argumento poderoso que señalan, el contenido del dictamen, cito: guarda congruencia con el conjunto de disposiciones contenidas en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2003. Técnicamente el denominado dictamen no cumple con lo que el artículo 80, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados define como tal. Es decir, el dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada. Asimismo, el documento que nos presentan en carácter de dictamen tampoco cumple con lo que el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala en referencia de que deberán contener la valoración del impacto presupuestal, y el análisis y valoración de los argumentos del autor que sustenta en el asunto o asuntos. Compañeras y compañeros, en una democracia civilizada las mayorías parlamentarias las mayorías parlamentarias requieren de motivar suficientemente sus proyectos para que su tránsito no se perciba como un abuso del simple hecho de ser mayoría. A destaca es que el dictamen a discusión carece del impacto presupuestario como lo obliga la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el tercer párrafo de su artículo 18, que establece: Las Comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente. Si no se cumple con esta norma, las disposiciones que se expidan carecerán de legalidad y por lo tanto será un organismo espurio. Como podemos ver en la simple argumentación del dictamen, esta Cámara carece de los requerimientos financieros que se comprometerán con la aprobación de la reforma contenida en el documento en cuestión. Con esta reforma energética quienes han votado en su favor ya endosaron la deuda de los pasivos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad al erario público, y ahora con este dictamen le cargarán el costo de la burocracia de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente al sector de Hidrocarburos, al mercado presupuesto ambiental. Las anteriores consideraciones señalan elementos suficientes para considerar que el documento aprobado por la mayoría de los integrantes de la dictaminadora no cumple con las normas que regulan la formulación y presentación de los dictámenes. Además también, por ser este nuevo organismo, esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, un retroceso de la política ambiental que no tan sólo lo decimos mi grupo parlamentario o las izquierdas, lo han dicho lo han rebelado varios estudios de la propia UNAM, en los que señalan que este dictamen, esta Agencia significa un retroceso de más de 25 años en nuestra política ambiental en nuestro país, y queda muy a la zaga de las normas internacionales de incidencia sobre el sector de hidrocarburos en el medio ambiente. Por lo anteriormente expuesto, mi grupo parlamentario votará en contra. Es cuanto, señor presidente.