LA DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para proponer a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, en relación a concesionarios de Autotransportes Unidos del Valle de Nativitas, Tlaxcala, S. A. de C. V., para procurar a los usuarios y concesionarios de transporte urbano en el estado de Tlaxcala que durante, y posterior al proceso de regularización de concesiones, el gobierno del estado evite generar, so pretexto del desarrollo de operativos, las reiteradas violaciones a los derechos humanos y disturbios, en detrimento de las garantías constitucionales de los usuarios y concesionarios del transporte urbano, bajo las siguientes consideraciones: El transporte público es una de las demandas más generalizadas para cualquier sociedad, a pesar de que en las últimas décadas ha existido un explosivo crecimiento del parque automotor para particulares. Sin embargo, este crecimiento sigue siendo una negación para las clases más desprotegidas, quienes sólo cuentan con el uso de transporte público. La ineficiencia en la administración pública y la corrupción que ha existido en el transporte urbano ha causado una serie de obstáculos y conflictos respecto a la debida regularización y control de este servicio. Por lo anterior, y a fin de estructurar un sistema de transporte integrado, es necesario un enfoque de alcance regional, es decir, se necesita la instrumentación de políticas públicas que logren mayores niveles de eficiencia en los servicios de transporte urbano y cuente con una buena rentabilidad, la cual debe de estar enfocada a lograr la integración operacional, territorial, tarifaria, institucional y programática. Esto es necesario y urgente por cuanto se carece de una adecuada red de transporte urbano que permita ofertar nuevos recorridos y servicios. En el estado de Tlaxcala, a partir del 13 de enero de 1994 se constituyó una sociedad denominada Autotransportes Unidos del Valle de Nativitas, Tlaxcala, S. A. de C . V., a fin de cumplimientar uno de los requisitos del otorgamiento de concesiones para la prestación de servicio público de transporte de pasajeros en las diferentes rutas establecidas en esta entidad, obteniendo de antemano algunas concesiones. Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esa entidad, por medio de su titular se comprometió a realizar estudios técnicos para posteriormente regularizar la situación de los socios y permisionarios, con el objeto de que todos los veh7culos de transporte público de pasajeros operen en forma regular y mediante el otorgamiento de concesiones y placas de transporte público respectivas, cabe mencionar que inclusive la propia titular expresó a la sociedad denominada Autotransportes Unidos del Valle de Nativitas de Tlaxcala, S. A. de C. V., su beneplácito, ya que dicha sociedad en todo momento se obtuvo en participar con la administración pasada en actos de corrupción para el otorgamiento de concesiones del transporte urbano, Lo que resulta contradictorio con lo que materialmente efectúa, pues por un lado reconoce la calidad moral de los miembros de la sociedad referida, mientras que por el otro lado a pesar de la existencia de los expedientes integrados legalmente, esta dependencia sigue obstruyendo la regulariza ci6n del otorgamiento de concesiones. La exacerbada negativa mostrada por el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría del ramo ha probado acontecimientos de violencia e intimidación, así como la violación de los derechos humanos en contra de los concesionarios pertenecientes a la sociedad de Autotransportes Unidos del Valle de Nativitas, Tlaxcala, S.A. de C.V. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Tlaxcala, ha omitido el otorgamiento de las mismas, sólo ha optado por entregar permisos provisionales, los cuales no resuelven la situación tan problemática que se vive en materia de transporte público, Y aún teniendo dichos permisos los concesionarios de transporte urbano se han implementado los operativos que más adelante referimos y los cuales han provocado disturbios y flagrantes violaciones a los derechos humanos tanto de los usuarios como de los concesionarios que únicamente dan un servicio público. La no regularización del otorgamiento de concesiones ha generado una serie de conflictos sociales que además de propiciar la inadecuada prestación del servicio público de transporte urbano en las diferentes rutas existentes en la entidad, llevó a las autoridades estatales a emplear la fuerza pública con prepotencia y abuso de autoridad en contra de los usuarios y transportistas urbanos y a violar flagrantemente sus derechos humanos y civiles consagrados en nuestra Carta Magna. Algunos de los enfrentamientos que se han desarrollado recientemente en Tlaxcala como el ocurrido el 16 de febrero pasado, por mencionar sólo alguno, en donde más de 40 elementos de la fuerza pública en forma prepotente y mediante injurias y amenazas, instrumentaron un operativo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el que fueron reprimidos los transportistas y ciudadanos que se encontraban en el lugar donde ocurrieron los hechos. Estos operativos han demostrado excesivas violaciones de los derechos humanos a los usuarios, a los cuales se les está coartando su derecho para circular libremente así como a los transportistas pues se les está privando su derecho para ejercer un trabajo digno. Por otro lado, el personal encargado de practicar los operativos incurrió en la comisión de actos violatorios de la ley por infringir sufrimientos físicos a los transportistas y ciudadanos mencionados. Estos servidores públicos ejercieron abuso de autoridad en la realizaci6n de su desempeño. Tales actos violatorios de la ley por omisiones pueden ser motivo de diversos delitos como la tortura conforme a lo que establece la ley para prevenir y sancionar la tortura en el estado de Tlaxcala como lo establece el artículo 2o. que a la letra dice: "Artículo 2. Para los efectos de esta ley, comete el delito de tortura el servidor público que a través de un acto u omisión infrinja directa o a través de un tercero, dolores o sufrimientos graves, físicos o ps7quicos a una persona, con el fin de obtener de ésta o de un tercero, información o una confesión o castigarla por un acto que haya cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada". Termina aquí el artículo. Es inadmisible que los servidores públicos encargados de dar apoyo a los ciudadanos y quienes devengan salarios provenientes del pago de impuestos de los mismos ciudadanos, provoquen abusos en el ejercicio de sus funciones. Por las agresiones cometidas en febrero pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió diversas recomendaciones por los excesos de la fuerza pública ejercidos. Dichas recomendaciones hicieron un llamado a la Procuraduría General del Estado y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala, a fin de realizar las investigaciones necesarias para que se deslinden responsabilidades por los hechos cometidos el 16 de febrero pasado y se castigue conforme a derecho a los responsables. La represión, el abuso de autoridad y la prepotencia con que se condujeron los servidores públicos no debe quedar impune ni en Tlaxcala ni en ningún otro lugar del país. La emisión de por lo menos tres recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala, para investigar y sancionar los abusos que respecto a los actos cometidos por la ejecución de los operativos se han desarrollado principalmente en el Municipio de Santa Apolonia Queacalco, no se han cumplido, por el contrario, y pese a lo que se diga recientemente en los medios de comunicación por parte del gobierno estatal, siguen las provocaciones e intimidaciones a los ciudadanos del municipio antes referido. La regularización del otorgamiento de concesiones para el transporte urbano resolvería positivamente el conflicto señalado. Sin embargo este asunto no puede soslayar los abusos cometidos por los servidores públicos encargados de ejecutar los operativos, pues necesariamente se deben deslindar responsabilidades y sancionar a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos y civiles de los ciudadanos de aquel municipio. Por ello nuestro grupo parlamentario manifiesta en esta tribuna su apoyo a los transportistas y a los usuarios de este tipo de transportes para solicitar que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Honorable Cámara investigue los actos que se cometieron en contra de los ciudadanos y concesionarios en el desarrollo de un servicio público para que en su caso de ésta se verifique la existencia de ilícitos, se canalice a las autoridades competentes para que estas en uso de sus atribuciones sancionen a los servidores públicos responsables de los excesos cometidos por el personal que ejecutó los operativos referidos. Compañeras y compañeros diputados: Con estas y otras consideraciones que son determinantes para que el Ejecutivo Estatal admita las recomendaciones que respecto a la anterior problemática ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea turnado a las Comisiones de Transportes y la de Justicia y Derechos Humanos, un Punto de Acuerdo en relación a concesionarios de Autotransportes Unidos del Valle de Nativitas, Tlaxcala, S. A. de C. V. en el que se establece PUNTO DE ACUERDO Artículo Unico. Que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, investigue los hechos derivados de los operativos ordenados por el gobierno de Tlaxcala en el municipio de Santa Apolonia Teacalco los días 9 y t6 de febrero pasado para que en el caso de existir responsabilidad penal, se canalice a las autoridades competentes para que sancionen a los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos perpetrados en perjuicio de los usuarios y transportistas urbanos. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días del mes de abril del 2001. Atentamente. Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: diputado Alberto Anaya Gutiérrez, diputado José Narro Céspedes, diputado Jaime Cervantes Rivera, diputada Rosadelia Cota Montaño, diputado Félix Castellanos Hernández, diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos, diputado Juan Carlos Regis Adame y la de la voz, Rosalía Peredo Aguilar. Muchas gracias.