El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Agradezco la oportunidad de subir a esta tribuna. A la presidenta de mi Comisión de Justicia, Pilar Ortega y al resto de mis compañeros secretarios e integrantes de la Comisión de Justica, por todo el trabajo que se viene realizando dentro de esta comisión. El actual proyecto presentado por el diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hace referencia a la situación social que guarda la nación mexicana, indicando algunos de los problemas más trascendentes que a su decir, componen un nuevo escenario, tales como las condiciones adversas de seguridad, a las que se enfrentan miles de connacionales día con día. Pasando su aseveración, en un censo realizado en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y también indica, que son problemas que tienen que ver con el aumento de precios, el desempleo y las condiciones de vida de los habitantes del país. Por otra parte, se enfoca el autor de esta iniciativa a la clasificación de Quiroga, con la cual atiende la problemática por las dinámicas que conlleva a cada uno de los distintos tipos de delito, además de hacer referencia a un elemento denominado de impacto, el cual puede ser considerado como un clasificador ordinal en cuanto a la prioridad y urgencia que represente un delito en conjunto. Centrando su iniciativa en la incidencia delictiva de varios ilícitos, como el de trata de personas, el cual está caracterizado por prácticas relacionadas con la esclavitud, explotación sexual de menores, prostitución, exploración laboral, empleo de menores en centros de vicio, trabajo o servicios forzados, utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, adopción ilegal de personas, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos, pornografía infantil, turismo sexual con otra personas menores de edad o de quienes no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho. Al argumentar su iniciativa, apunta tres apartados relativos a la trata de personas: al conflicto, dignidad humana versus usos y costumbres, y a la postura internacional en donde expone que, tratándose del primer punto referente a la trata de personas, es un fenómeno global, como una de las actividades más lucrativas que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente 2.4 millones de personas están siendo explotadas, ya que para la explotación sexual o laboral en donde existen víctimas, mujeres y niños, siendo estas personas víctimas de distintos tipos de delitos y tratantes, ya sea por quienes forman grupos de la delincuencia organizada, como aquellos que forman una red criminal. Ahora bien, al referirse a la postura internacional es puntual al indicar que es dura la realidad de los pueblos indígenas que han sufrido hasta este momento, que han sido víctimas de un sinfín de abusos derivados de la situación marginal y de vulnerabilidad. Sin embargo, para lograrlo se necesita una ardua y constante lucha para salvaguardar sus derechos, no solo a través del derecho internacional vigente, sino también a la incorporación de los tratados de derechos humanos, siendo un ejemplo las acciones de la Asamblea General de Naciones Unidas referente a la población de la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas del 13 de septiembre de 2007 y el implementar un instrumento internacional, el cual sentará las bases para la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer. En consecuencia, los pueblos indígenas deben gozar de todas las herramientas y mecanismos que garanticen el pleno goce de sus derechos y libertades. También reconocemos que muchas de estas ocasiones, sus prácticas y costumbres están arraigadas y colocan a las mujeres y las niñas que integran dichas comunidades en una situación muy vulnerable. La reforma que hoy se presenta es al artículo 52 del Código Penal Federal y al artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos y tiene que ver, básicamente, en que conforme dice el artículo 52. El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito y con base en la gravedad tendrá que aplicar las siguientes medidas. Y en la fracción V es muy claro. V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además de sus usos y costumbres.... E inicia la modificación: siempre y cuando no se atenten contra los derechos humanos, la dignidad de las personas y se garantice el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En resumen, en la iniciativa se añaden los....