El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Muchas gracias, señor presidente de la Mesa Directiva. Por economía procesal parlamentaria no voy a leer la iniciativa, pero sí les ruego que se inscriba en su totalidad. La iniciativa que presento a nombre de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, consiste en crear un programa nacional para la protección de los testigos y colaboradores en contra de la delincuencia organizada en este país. Se basa en varias premisas. Primero, la figura de los testigos protegidos surge al abrigo de la ley del 7 de noviembre de 1996, en contra de la delincuencia organizada, y adquiere rango constitucional con las reformas del 18 de junio de 2008, que establece la protección de testigos protegidos en los artículos 16 y 20 constitucionales. La iniciativa que presento modifica cuatro leyes: la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Federal de Procedimientos Penales, que tiene carácter supletorio para esta ley, y la ley general para regular el Sistema de Seguridad Pública en este país. Debo subrayar ante todos ustedes, compañeros diputados, que la figura del testigo protegido se ha encauzado para proteger al delincuente soplón, al delincuente arrepentido, pero se ha soslayado la figura de la víctima del delito que es –o debe ser--- el verdadero testigo protegido. Por eso, en la iniciativa que presento hago una clara distinción entre el testigo ofendido, que es la víctima del delito; el testigo circunstancial, que es el deponente, que por circunstancias que como su nombre lo indica ha visto la comisión de un delito de delincuencia organizada; y el testigo colaborador, que es el delincuente que en cualquier etapa del procedimiento penal aporta su testimonio para investigar, para procesar y sentenciar a miembros de una misma banda de delincuencia organizada. La iniciativa que propongo establece una temporalidad hasta de cinco años para el testimonio del testigo colaborador. Establece que el dicho y testimonio de un delincuente tiene que ser creíble, tiene que ser verificable, tiene que ser fidedigno, y no como hoy que con el testimonio de un delincuente se mancilla honras de gente de bien, se lastiman reputaciones y apriorísticamente se denigra a personas. Por eso es que el programa nacional se articula en la relación de un programa que aplica la Procuraduría General de la República, pero también con el concurso de las procuradurías de las entidades federativas. Se basa en una ecuación: más protección para las víctimas del delito y más requisitos para tutelar a los delincuentes arrepentidos. La ley de la materia, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ha sido omisa en estos aspectos. Por eso estoy proponiendo responsabilidades para los servidores públicos encargados de proteger a las víctimas de los delitos y a los testigos colaboradores. Porque hoy los testigos protegidos han sido los más desprotegidos. Ya hemos visto cómo se han ejecutado a varios testigos. Esta iniciativa pues, compañeros, culmina con la creación de un sistema de recompensas para aquellas personas que logren desarticular, que logren encausar, procesar y sentenciar a miembros de las bandas de delincuencia organizada. Es cuanto, señor presidente. Y le ruego que en términos del artículo 94 del reglamento, esta iniciativa se mande inmediatamente a la Comisión de Justicia para que sigamos trabajando para emitir el dictamen correspondiente. Muchas gracias.