La diputada Martha Tagle Martínez: Gracias, presidenta. La debilidad institucional a consecuencia de los altos índices de impunidad y corrupción han sido un coctel letal para las y los mexicanos. Desde 2008 comenzamos a trazar los derroteros que hicieran posible debilitar a la delincuencia organizada, uno de ellos fue la reforma al artículo 22 constitucional, en materia de extinción de dominio. Con la reforma publicada el 14 de marzo del presente año, el Congreso de la Unión estableció que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional, de naturaleza civil y autónoma del penal. El dictamen a la minuta que se presenta el día de hoy, la ley reglamentaria del artículo 22 constitucional, es un esfuerzo más por parte del Estado mexicano para debilitar la estructura operacional, financiera y patrimonial de la delincuencia organizada, mediante la pérdida de los derechos en relación a los bienes, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse o que sea instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos. Refuerza la autonomía de los procedimientos de naturaleza civil y penal, poniendo énfasis en que la extinción de dominio. No es una sanción a la conducta delictiva de la persona, sino la causa, origen y bien y el uso del bien, dueño o propietario. En Movimiento Ciudadanos estamos a favor de una legislación a seguir, que permita al Estado la acción de nulidad cuando el origen de los bienes es ilícito, obteniendo, en consecuencia, la posesión de los bienes que presenten un interés económico y que sean generadores de beneficios económicos y de utilidad para la sociedad, al tiempo de garantizar los derechos patrimoniales de las personas propietarias o poseedoras de buena fe de los bienes, descartando toda práctica o procedimiento arbitrario que vaya en detrimento o menoscabo de su patrimonio. Y esta es una de las principales reservas que tenemos en Movimiento Ciudadano, pues nos parece que como en muchos otros ordenamientos, los más débiles ante la ley serán quienes no tengan medios de defensa, por carecer de los recursos para defenderse y/o porque también sean víctimas del delito del cuál deriva la extinción de dominio. Una persona propietaria, cuyo derecho está respaldado por el artículo 14 constitucional puede ser amenazada, engañada o utilizada por terceros para cometer un delito contemplado en un amplio catálogo que considera la extinción de dominio que, por cierto, dicho sea de paso, dicha figura ya no será una excepción sino la regla. Esta persona tendrá que seguir un proceso por la vía civil, quedando en ella la responsabilidad de demostrar la propiedad lícita del bien que le ha sido enajenado. Hablo, compañeros legisladores, de campesinos o de simples propietarios de una casa o bien, cuyos bienes han sido utilizados por actos delictivos que estarán en desventaja ante la ley. Es menester comentar que la acción de extinción de dominio deja abierta la puerta para proceder contra personas o propietarios al no profundizar sobre las disposiciones relativas a la buena fe, quedando a consideración del juzgador. Teniendo en cuenta, además, que actualmente no existen juzgadores competentes y por ende, ningún tipo de capacitación en la materia. No omito que, a la entrada en vigor, los jueces de distrito en materia civil serán los encargados de hacer este tipo de procedimientos sin contar con la capacitación necesaria. Por ello, se prevé un artículo transitorio de solo seis meses para que el Consejo de la Judicatura cree, a partir de la publicación del decreto, juzgados competentes. Nos parece que esto a todas luces es un tiempo insuficiente que, además, les dará más cargas a los juzgados civiles. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de la conservación del Estado de derecho y con ello del equilibrio de poderes para garantizar la estabilidad democrática. Por eso, llama la atención que en la Ley Nacional de Extinción de Dominio y en la reforma a las leyes orgánicas de la administración pública federal se cree un gabinete social de la Presidencia de la República, mismo que transgrede facultades constitucionales de esta Cámara de Diputados, en torno a la asignación de recursos, al pago de erogaciones derivadas de la ejecución de programas sociales y no podemos permitir que este gabinete social no tenga un uso transparente, y además, supervisado por parte de esta Cámara de Diputados. En Movimiento Ciudadano estamos a favor, con reservas. Es cuanto. Muchas gracias.