LA DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, compañeras diputadas: Con todo respeto, doctor Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación, a casi un año de ejercicio del Gobierno Federal, en materia educativa aún no se perciben cambios. En el Gobierno del cambio nada resulta más evidente que la continuidad. Los llamados del Presidente a promover en México una revolución educativa han sonado tan confusos para su gabinete, que difícilmente los 35 millones de mexicanos con rezago educativo y nuestros 10 millones de analfabetas, entre otros sobrevivientes del neoliberalismo, podrán encontrar respuesta a sus preocupaciones en este día. Con el Gobierno del Presidente Fox se mantienen vigentes las políticas de abandono de la responsabilidad de la educación pública en favor de la educación privada, se utilizan prioritariamente programas compensatorios y focalizados de bajo impacto educativo, como es el caso de PROGRESA para la atención de los educandos pobres del país. Se le apuesta a la readecuación de los planes y programas de estudio en función exclusiva de las necesidades del mercado y en detrimento de la formación universitaria y humanística. Se continúa con la política de marginación de los maestros, de los procesos de evaluación y transformación de la oferta educativa. Se ahonda en la lógica que condiciona los presupuestos escolares a una evaluación muy ajena a los actores centrales del proceso educativo. Acciones como éstas, entre otras, que de sobra ya han demostrado su inoperancia es lo único que venimos observando en su administración. Lejos de cumplir con lo dicho en esta tribuna por el Secretario Reyes Tamez, las acciones administrativas del Gobierno Federal en esta materia, según se lee en el primer informe, tienden a reforzar tres grandes tendencias adversas a las aspiraciones planteadas en el marco legal que rige la actuación de todos los actores del proceso educativo: El enfoque privatizador de la educación; La falta de equidad en la oferta educativa, Y la creciente exclusión de los sectores más desprotegidos. Para ilustrar esto ubiquemos como punto de partida el problema de la cobertura. Iniciemos por analizar la educación básica, la cual mantiene una de las tasas más altas de matriculación de alrededor del 92%. No obstante ese aparente alto porcentaje, existen aún 2 millones de jóvenes y niños entre 5 y 14 años de edad que no asisten a la escuela. La situación que se vive en la educación media superior y superior, es aún más dramática. Conforme el educando avanza de nivel escolar, las amenazas de exclusión se acrecientan. En el caso de la educación media superior, el gobierno sólo está en la posibilidad de atender a dos de cada cinco jóvenes, mientras que en la educación superior, esta proporción disminuye a uno de cada cinco. Es claro que la demanda es superior a la oferta en varios niveles, lo cual ha sido una herencia terrible de gobiernos del pasado. Pero, ¿qué ha hecho la nueva administración federal frente a esta situación? Agudizar la inequidad, la exclusión y el abandono de la responsabilidad histórica del Estado en la educación de la nación. El perfil de su administración educativa, señor Secretario, es idéntico al modelo y ritmo de crecimiento de la cobertura del sistema educativo de los últimos diez años, el cual generó y seguirá generando más exclusión. Contrariamente a lo que se señala en su informe, aún estamos lejos del escenario en el que los niños en edad de cursar la primar disminuyan sensiblemente por el efecto demográfico que vive nuestro país. Ante el rezago educativo de la última década y esta nueva realidad democrática, ¿qué nos propone el nuevo gobierno? Propone ampliar la matrícula en sólo 42 mil lugares, decreciendo la educación pública en 6 mil espacios, los cuales se pretende sean cubiertos a través de la educación privada. En el nivel de pre-escolar sucede lo mismo, pues durante el ciclo escolar 2000-2001, de los 30 mil nuevos lugares requeridos, la escuela particular aportó 25 mil. Ante estos resultados es claro el fracaso del Ejecutivo Federal. La perspectiva de hacer realidad el derecho constitucional de todas y todos los mexicanos de contar con la educación básica, hoy se torna desoladora. En el nivel medio y superior, la oferta de la SEP no responde a lo que se requiere, sobre todo para revertir la tendencia excluyente, la cual se agudizará en los próximos 10 años por efecto del aumento de los adolescentes en la pirámide poblacional. De ahí que en el ciclo 2000-2001, de los 63 mil nuevos lugares que se crearon en educación media superior, prácticamente la mitad fue cubierta por instituciones particulares. Y en el caso de la educación superior, el sector privado se hizo cargo de 62 mil lugares de los 85 mil que se aportaron. Las cifras son claras, el espíritu privatizador del salinismo define fielmente nuestra política educativa, pues como se señala en el informe, la tendencia privatizadora del sistema educativo nacional avanza y avanza de manera creciente. Por primera vez en la historia, señor Secretario, las instituciones privadas, por encima de las públicas, educarán a la mayor parte de nuestros estudiantes de postgrado. Cabe señalar que la creciente participación de la iniciativa privada en la educación no es una cuestión que por sí misma sea negativa, sino fuese porque nuestro país cuenta con un enorme rezago en la atención educativa de sectores marginados, precisamente aquellos que la educación privada no atenderá y si no fuera también porque cada vez hay menos personas en las clases medias que pueden pagar su educación. Además, como hay muchas evidencias, buena parte de ese crecimiento se da a partir de la apertura de escuelas de muy baja calidad y que dicho sea de paso, en la práctica se encuentran sin supervisión efectiva por parte de la Secretaría. En resumen, habrá menos oportunidades en un sistema educativo que es cada día más inequitativo y excluyente. En cuanto al rezago educativo, según datos del último censo, existen en nuestro país 32.5 millones de personas mayores de quince años que no iniciaron o terminaron la enseñanza básica, a pesar de que el informe señala un crecimiento en la certificación de adultos, en términos reales ésta ha decrecido paulatinamente. Prueba de ello es que en los últimos años el número de servicios de alfabetización, proporcionados por el iNEA, pasaron de 488 mil, en 1990, a 128 mil en el 2000. Y usted dirá con razón que estas son cifras de la anterior administración. Lo que sí ya es de su competencia, son las aún más bajas estimaciones que prevé su administración en este aspecto para el año 2000. A pesar de que el gobierno actual afirma que la educación es el eje estratégico para acortar las brechas entre los grupos y las regiones del país, las políticas educativas planteadas para el próximo ciclo escolar hacia esas regiones y grupos marginados, acortarán su impacto, sobre todo si la atención a estos sectores siguen girando en torno a la aplicación de programas asistenciales y sumamente costosos como es el famoso PROGRESA, que de acuerdo a evaluaciones realizadas desde hace tres años se coincide en señalar que aunque el programa a incidido de manera positiva en la permanencia escolar, no impacta de forma considerable en la asistencia y sobre todo en el rendimiento académico. Para revertir la situación de la baja calidad y pocas oportunidades de acceso que caracterizan al Sistema Educativo Nacional, señor Secretario, hace falta contar con un plan de desarrollo educativo centrado en el fortalecimiento estratégico de la educación pública que vaya más allá de modestas insinuaciones como lo son el Programa Nacional de Becas y financiamiento, y el de Escuelas de Calidad, que no representan juntos ni siquiera el 0.3 % de inversión del presupuesto asignado para educación. Se requiere también un incremento presupuestal mayor al que su Secretaría tiene estimado ejercer para el año 2002, el cual debe orientarse a fortalecer una educación pública de calidad y para todos, lo que implica un incrementos sustancial del salario magisterial. La ampliación y acondicionamiento integral de los espacios educativos, el fortalecimiento de la educación media y superior que permita una sustancial inversión en el renglón de la ciencia y la tecnología y la promoción real de un federalismo en materia educativa que baje acompañado de incrementos presupuestales para los estados. En este sentido el PRD desde hace un año propuso la necesidad de garantizar la suficiencia de recursos mediante una medida legislativa que estableciera mínimos precisos y obligatorios al gasto que en educación pública realiza el Estado mexicano; concretamente presentamos la propuesta de que el gasto en educación pública que anualmente realizan tanto la Federación como los gobiernos estatales, se elevara de manera constante en un lapso de cuatro años al 8 % del Producto Interno Bruto. Señor Secretario: Hoy más que nunca necesitamos contar con recursos suficientes, operados con transparencia y enmarcados en un plan que garantice el derecho constitucional de los y las mexicanas a la educación. Transparencia en la práctica de los recursos implica no favorecer a las instituciones privadas, canalizándoles dinero del erario público a través de la inscripción de alumnos becados por el Sistema Educativo. Por último, señor Secretario, termino, quiero recordarle que por primera vez en la historia de este país y en consideración de la alternancia, aunque sin la consulta de este Poder Legislativo, el equipo de transición estuvo trabajando durante meses con recursos públicos para sentar las bases del programa del Sector Educativo 2001-2002, que dicho sea de paso, poco de lo ahí propuesto fue retomado en el Programa Nacional de Desarrollo. Hoy, nueve meses después, aún no contamos con la versión final del Programa Sectorial en materia educativa que usted deberá aplicar. En consideración de los elementos aquí enunciados y de los excesivos tiempos acumulados en la planeación de los deberes educativos, en el Partido de la Revolución Democrática consideramos que ya no hay lugar para excusas, no más promesas. Los mexicanos necesitamos resultados, señor Secretario. -