LA C. DIPUTADA MARIA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, señor Presidente. Señoras, señores legisladores: He solicitado la palabra para fundamentar la necesidad de que sea aprobado por obvia y urgente resolución, un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a enviar a esta Comisión Permanente sus propuestas para integrar la Junta de Gobierno del IPAB. Este es un asunto fundamental, dado que la mayoría de los vocales aprobados en su momento por el Legislativo, unos ya concluyeron su mandato y otros han renunciado al cargo. Todos conocemos y lamentamos las circunstancias en que renunciaron los vocales independientes Bernardo González Aréchiga y Adalberto Palma Gómez. Otro de los vocales, el Gobernador del Banco de México, está impedido por ley para participar en la Junta de Gobierno por incurrir en conflicto de intereses. Un caso muy grave es el caso de Héctor Tinoco Jaramillo, quien no cubre los requisitos de elegibilidad al cargo, ya que los vocales deben ser electos por dos terceras partes de los miembros del Senado o por la misma proporción de los integrantes de la Comisión Permanente, de acuerdo al artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. El 26 de febrero del 2003 en este mismo salón, en sesión de Comisión Permanente, se nombró a Héctor Tinoco como vocal en forma económica y no con el procedimiento que marca la ley. Tengo aquí un vídeo donde se puede constatar la forma en que fue electo extralegalmente el señor Héctor Tinoco y quien no cubre los requisitos que manda la ley y también tengo aquí las actas, el pase de lista, donde se consta que ni el currículum ni el número de presentes en la sesión dan las dos terceras partes y es que se elaboró toda una estrategia para imponerlo en la Junta, ocultaron parte de su currículum donde se señala que en calidad de suplente del Banco de México participó en el Comité Técnico del FOBAPROA, contraviniendo el espíritu de la ley por incurrir evidentemente en conflicto de intereses. Otro es el caso de Jonathan Davis, quien fue Tesorero de la Federación y firmó los pagarés que endeudaron al país sin haber solicitado tal endeudamiento al Congreso, así se consta en las cuentas públicas 95, 96 y 97; fue hasta 1998 cuando Ernesto Zedillo solicitó a conversión de deuda pública, la cantidad de 552 mil millones de pesos que a la fecha representa ya un costo fiscal de 820 mil millones de pesos firmados en esos pagarés; ahora la Junta de Gobierno del IPAB tiene que calificar estos pagarés. ¿Cómo va a calificar la legalidad de los documentos Jonathan Davis, si fue él quien los firmó y los entregó a los banqueros? Este caso incurre en un franco y muy grave conflicto de intereses. Tengo también, aquí en mi curul, las Actas Nos. 32, 34, 35, 42, 45 y 47, firmadas por Francisco Gil Díaz, quien en su calidad de fiduciario del Banco de México, también participó en el Comité Técnico del Fobaproa, y presentó en dicha instancia beneficios excepcionales para varios bancos, muy especialmente para Banamex, un banco al que se le dio ingreso al Programa de Capitalización y Compra de Cartera, a pesar de que tenía un 11% de capitalización, cuando la ley establece como mínimo el 8% de capitalización. Hoy, estos bancos tienen pagarés no avalados por el Congreso, dado que no se ha querido cumplir con el Quinto Transitorio de la Ley del IPAB ni se ha querido hacer válida la auditoría ordenada por la Cámara de Diputados a Michael Mackey para cumplir este requisito. Si a todo lo anterior le sumamos, que con presiones renunciaron el exsecretario ejecutivo Julio César Méndez y Margarita de la Cabada, por la simple razón de intentar auditar a los banqueros en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera como lo ordena la ley, y que en otro momento fueron obligados a dejar sus cargos Fortunato Alvarez y María Fernández por haber hecho las observaciones a la Secodam al Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Entonces, señoras y señores legisladores, estamos ante un asunto muy delicado -