La diputada Eva Diego Cruz: Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Los derechos de las personas mayores han ido corando importancia para algunos gobiernos y desde hace varios años esta preocupación se ha traducido en la creación de marcos legales de protección. Sin embargo aún existe una amplia brecha para lograr garantizar y hacer efectivos esos derechos. Durante la última década, la preocupación de la comunidad internacional se ha reflejado en la adopción de políticas específicas y diversos instrumentos internacionales. En la ONU tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las resoluciones a favor de las personas mayores, adoptadas por la Asamblea General, los planes de acción internacional sobre el envejecimiento, de 1982 y 2002. En la Organización de los Estados Americanos se encuentran la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, la resolución C-130-R19 sobre salud y envejecimiento, de la Organización Panamericana de la Salud y el Protocolo de San Salvador que establece la protección de las personas mayores, en su artículo 17, donde los Estados parte se comprometen a proporcionar de manera progresiva instalaciones adecuadas, alimentación y atención médica especializada a las personas mayores que carezcan de ello, crear programas laborales destinados a conceder la posibilidad de realizar una actividad productiva y estimular la formación de organizaciones sociales que mejoren la calidad de vida. Dicho Protocolo ha sido ratificado por varios países de América, incluyendo a México. En las constituciones de Brasil y el Ecuador se identifica a las personas mayores como un grupo vulnerable, otorgándoles prioridad de atención, además de establecer la obligatoriedad de ésta en casos de violencia doméstica. Costa Rica y Ecuador establecen una tutela específica para este sector en caso de violencia doméstica. En Colombia y Brasil se garantiza la participación e integración de las personas mayores a la vida de la comunidad. Brasil, Ecuador y Perú adicionalmente establecen el voto facultativo para personas mayores de 60 o 70 años, homologando su situación con aquellas que no saben leer ni escribir. México se ha limitado a establecer la discriminación por edad. Todos sabemos, compañeras y compañeros diputados, que los adultos mayores siguen siendo víctimas de abandono, maltrato, marginación y hasta de la indigencia. Aun en el seno familiar, el despojo, las agresiones y la violencia son parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana de los ancianos. Las condiciones desiguales por las cuales se margina a este sector del empleo y de los ingresos disminuyen su economía. Las desventajas sociales y laborales, la enfermedad, la discapacidad, el deterioro moral y emocional agudizan el proceso de desgaste, limitando sus relaciones afectivas sociales y familiares. Hoy en día el reclamo justo de los adultos mayores es el de avanzar hacia una cultura de respeto y solidaridad, de la valoración de sus capacidades y experiencias, la aceptación y la comprensión de sus limitaciones, su derecho a vivir, el derecho a vivir de manera digna de las personas de la tercera edad. En nuestro país contamos con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002; sin embargo, es necesario que la protección a los adultos mayores sea establecida en nuestra Carta Magna, que es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional y obliga a su cumplimiento. Es indispensable que la protección de los adultos mayores sea considerada en todas las áreas de la agenda pública. La legislación, la creación de políticas públicas y principalmente, la asignación de presupuesto. Elevar a rango constitucional la protección de los adultos mayores garantiza que el Estado establezca las medidas necesarias para promover el pleno goce de sus derechos, así como el deber de establecer las condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que permitan su desarrollo íntegro. Por otro lado, es necesario propiciar un cambio efectivo en las condiciones de muchos mexicanos y mexicanas que afrontan una situación difícil en esta etapa de su vida, fomentando la participación de la sociedad y la familia para su protección. Tengo la firme convicción que muchas de nuestras mujeres y hombres que ahora rebasan los 60 años, tienen un gran potencial que no se debe ni se puede desaprovechar. Sus habilidades, experiencias y probados conocimientos constituyen una riqueza que debemos cultivar, y ello sólo se logrará generando las condiciones para que sigan siendo productivos, sigan sintiéndose útiles y se convenzan que son un elemento importantísimo que favorece la cohesión social y dinamiza el desarrollo del país. La contribución de los adultos mayores se refleja en la grandeza de nuestra nación. No podríamos entender un México tan rico en costumbres y tradiciones sin el talento, la voluntad, el trabajo de los adultos mayores. No es posible brindar un desarrollo armónico y construir un futuro promisorio si no se reconoce, respeta y se trata cual merecen a nuestros adultos mayores. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera: Artículo 4o., párrafo 11. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para brindar una protección integral de las personas adultas mayores, promoviendo su integración en la vida activa y comunitaria, que permita su desarrollo. Es cuanto, señor presidente. Gracias.