La diputada Anita Sánchez Castro: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. La iniciativa que hoy presento reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. El régimen laboral que rige las relaciones entre el gobierno y los empleados de los organismos descentralizados, ha sido desde hace décadas materia de enorme confusión y desacuerdo entre jueces, autoridades laborales, sindicatos y trabajadores. Esto ha generado interminables pleitos judiciales para determinar si el régimen aplicable para ellos es el contenido en el apartado A o el apartado B del artículo 123 constitucional. El apartado B del artículo 123 constitucional dispone de manera muy clara que el Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: “B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores”. Estas relaciones laborales están precisadas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Sin embargo, el artículo 1 de dicha ley amplía de manera injustificada su cobertura al agregar un tercer párrafo relativo a las relaciones laborales de los organismos descentralizados de carácter federal con sus trabajadores, enumerando varias instituciones. Nuestro máximo tribunal ha señalado que los organismos descentralizados son entidades paraestatales que, si bien integran la administración pública federal, no forman parte del Poder Ejecutivo federal, sino unidades auxiliares que ejecutan los programas establecidos por las secretarías de Estado a que corresponda el sector dentro del cual se encuentran agrupadas. Hay pues una errada interpretación que se ha dado durante décadas al régimen laboral que rige las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal y local con sus trabajadores. Es por ello que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha disipado toda duda en ese sentido al establecer mediante jurisprudencia que dichas relaciones laborales, al no emanar del Ejecutivo, deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa que hoy presento, tiene tres objetivos principales. Por un lado, busca armonizar nuestra legislación burocrática con el importante Catálogo de Jurisprudencias que al respecto ha emitido la Suprema Corte. Esta modificación erradicará las múltiples interpretaciones discordantes entre jueces y autoridades laborales, que solo generan confusión e incertidumbre entre las partes y graves injusticias al momento de su aplicación. Asimismo, busca reducir sensiblemente la carga de trabajo, los tiempos procesales y los altos costos materiales que representan los innumerables juicios de amparo que se suscitan en torno a la situación laboral de los trabajadores de empresas y de organismos descentralizados. Finalmente, el cambio de régimen de los trabajadores de las empresas y organismos descentralizados al apartado A del artículo 123 constitucional, conlleva múltiples beneficios laborales entre los que se encuentran una serie de derechos colectivos que les han sido negados, tales como el derecho de huelga y negociación colectiva. Esta iniciativa presentada inicialmente por diputados de Morena en la LXII Legislatura, y que de nueva cuenta hoy expongo, además de ampliar sustancialmente los derechos colectivos de los trabajadores de las empresas paraestatales y los organismos descentralizados, armonizará la ley burocrática con la jurisprudencia en la materia, evitando así que los tribunales laborales sigan inundándose de largas y costosas controversias sobre un problema de la Suprema Corte de Justicia que ya tienen solución. Es cuanto, presidenta. Gracias.