El diputado Cruz Pérez Cuéllar: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El suscrito diputado Cruz Pérez Cuéllar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente decreto que reforma los artículos 118, 119, 120 y 123 de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Subo a esta tribuna sobre un asunto que de antemano sabemos es una preocupación general de los distintos partidos políticos aquí representados y de una demanda social que ha permanecido al margen, que es la situación de los migrantes que se integran a territorio mexicano de forma ilegal. En efecto, mediante el documento "México frente al fenómeno migratorio", un grupo integrado por funcionarios del gobierno, encargados de la gestión de este fenómeno, senadores y diputados, académicos, expertos en asuntos migratorios y representantes de organismos de la sociedad civil acordaron iniciar un esfuerzo conducente a la consolidación de una política migratoria nacional a partir de un diagnóstico y plataforma comunes. Se establecieron algunos principios y compromisos que deben ser atendidos, como lo son: principios como el desarrollar y aplicar leyes y políticas migratorias con pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio y compromisos, como el evaluar y actualizar la actual política migratoria del Estado mexicano, así como su marco legal y normativo ante las nuevas realidades regionales e internacionales en materia de inmigración, trasmigración y emigración, con un horizonte de 15 a 20 años. Lo anterior, compañeros diputados, viene a colación ante el evidente rezago en que se ubica actualmente la Ley General de Población, vigente desde 1975, sobre un asunto que debe ocuparnos no sólo por los principios y compromisos arriba descritos y asumidos sino por un sentido elemental de congruencia y respeto a los derechos fundamentales de todos los migrantes, esto es el trato que se les da a los migrantes extranjeros que se internan en territorio mexicano de forma irregular. Según cifras del Instituto Nacional de Migración, en los últimos cuatro años han aumentado considerablemente las detenciones de indocumentados extranjeros que se internan en suelo mexicano. Lo anterior indica claramente la magnitud del desafío que las autoridades mexicanas enfrentan y más aún la trascendencia de renovar ciertos aspectos de la Ley General de Población, en este caso, con la intención de garantizar siempre y en todo momento la protección y salvaguarda de sus derechos fundamentales. En apenas cuatro años se ha duplicado el número de indocumentados devueltos por México a su país de origen, lo que resulta en un llamado urgente de atención. Dicha atención adquiere también su especial importancia en el marco de la negociación o impulso por una reforma migratoria en los Estados Unidos. Como ejemplo, resulta conveniente mencionar y recordar lo ocurrido durante la presentación de la llamada HR-5523, iniciativa de ley presentada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el congresista John Linder. Dicha Iniciativa, irónicamente, pretende trasladar ciertas restricciones y endurecer las políticas de entrada de inmigrantes al territorio estadounidense, tal y como lo establece la Ley General de Población Mexicana. De hecho, en una visita que realizamos al Congreso de los Estados Unidos, varios legisladores que apoyan o impulsan una reforma migratoria en Estados Unidos que proteja los derechos de los migrantes mexicanos o latinoamericanos argumentaron que los congresistas más conservadores de Estados Unidos usan la Ley de Población Mexicana como su principal argumento; y esta iniciativa es una copia de la Ley de Población de nuestro país. En efecto, llama la atención como en los Estados Unidos, país con el que la migración ocupa un espacio trascendental en la agenda bilateral y donde el respeto a la dignidad y derechos de nuestros migrantes es un tema permanente, se propusiera incorporar ciertos elementos de nuestra Ley General de Población para fortalecer la legislación migratoria de dicho país. Sin duda, nuestra Ley de Población debe ser urgentemente revisada pues se encuentra francamente rebasada por el contexto actual. De manera específica debemos revisar el trato que la propia ley establece para los migrantes extranjeros que se internan a territorio mexicano de manera irregular. El principio de partida debe ser el mismo que se exige. La búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida, no es un crimen. Como sabemos, el derecho penal garantista tiene como fin la protección de bienes jurídicos, fundamentales por ello, si tomamos en consideración que el objeto de la Ley General de Población es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, resulta necesario reflexionar respecto sobre si la legislación migratoria en la actualidad, particularmente los delitos especiales previstos por la norma se encuentran adecuados a la nueva realidad social y política por la que atraviesa nuestro país, así como si llega a cumplir los fines para los que se creó en un inicio. De esta forma, actualmente resulta obligado el replantear algunas disposiciones penales previstas en la norma que se estima han quedado rebasados y no son propios de un Estado democrático de derecho bajo la óptica de que no cualquier infracción a las disposiciones migratorias debe implicar una conducta delictuosa. En efecto, la facultad punitiva del Estado sólo debe funcionar como última instancia y en aquellos casos en donde la conducta cometida implique la conculcación de los valores fundamentales de la sociedad. En tal virtud, se plantean reformas para despenalizar conductas migratorias que hoy se consideran un delito y que están sirviendo de pretexto para que los más radicales en Estados Unidos ataquen a los migrantes mexicanos y latinoamericanos. Finalmente, cabe reiterar que resulta este esquema actualmente rebasado y no corresponde a una visión de Estado caracterizada por altos flujos migratorios que dirigen tanto transito y estancia, por lo tanto estamos proponiendo esta iniciativa de ley. Solicitamos que se inserte íntegro el texto, señora Presidenta, en el Diario de los Debates y los exhortamos a apoyarla para ser congruentes con lo que estamos exigiendo en Estados Unidos, para no ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Es cuanto.