LA C. DIPO. PATRICIA GARDUÑO MORALES: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. La que suscribe, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que crea la Ley General de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito, a fin de especificar y dotar de contenido al artículo 20, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañeras y compañeros legisladores: Una de las principales misiones que tienen las instituciones en un estado de derecho, es consolidar las acciones de gobierno a favor de la sociedad bajo principios de colaboración y corresponsabilidad que posibiliten la atención eficaz de los diferentes problemas y necesidades sociales. En ése sentido, uno de los reclamos más recurridos de la población tiene que ver con el acceso a la justicia por parte de las víctimas y ofendidos por el delito, sobre todo en un contexto caracterizado por altos índices delictivos que convierten al problema de la inseguridad pública en la preocupación principal de los mexicanos. Resulta evidente que la actividad criminal tiene innumerables víctimas en nuestro país y que frente a un sistema criminal que prospera día a día, el sistema de administración y procuración de justicia en nuestro país no marcha al ritmo que exige la comisión de actividades criminales, encontrándose además rezagado, incapaz de proporcionar a los mexicanos y a las mexicanas la justicia que demandan y lo que es peor, profundizando en la mayoría de los casos la injusticia a que fueron sometidos con motivo de la comisión de un ilícito. Las organizaciones civiles dan cuenta de la negligencia de las autoridades encargadas de investigar los delitos y de procesar a los perpetradores, así como de la ineficacia global de la administración de justicia, siendo el común denominador de los crímenes la imposibilidad de las víctimas o sus familiares, de obtener pronto acceso a protección y garantías judiciales. Al respecto es preciso reconocer que la desprotección de la víctima u ofendido por el delito se encuentra también asociada a un sistema normativo caracterizado tradicionalmente por ser en materia penal un derecho centrado en la protección de los delincuentes, dejando de lado la protección de la víctima. No obstante, hemos ido dando pasos en la construcción de un sistema penal equilibrado; las reformas que tuvieron lugar en 1993 y 2000 constituyen en marco garantiza que caracteriza a nuestra máxima ley; sin embargo, el desarrollo y promoción de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito, aún resulta insuficiente al no darse la vinculación de hecho y de derecho de sus demandas con el comienzo y desarrollo del proceso, así como con sus intereses efectivos. En Acción Nacional consideramos que resulta esencial para el fortalecimiento del estado de derecho desarrollar los principios que la Constitución consagra a través de leyes reglamentarias que sean instrumento eficaz para el tratamiento integral de problemática que enfrentan las víctimas del delito porque ello representa una garantía para el logro de cambios profundos en la política criminológica de Estado y de comportamiento social. En tal virtud, esta propuesta tiene como objetivos: Primero, la certidumbre del ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados para las víctimas y ofendidos por el delito. Segundo, posibilitar las estructuras jurídicas y materiales para apoyar a las víctimas y ofendidos por el delito, previendo la creación tanto en la Federación como en todas las entidades federativas, de una unidad de atención y protección a víctimas y ofendidos por el delito. Tercero, logra de hecho y de derecho un equilibrio entre las garantías del delincuente y los derechos de las víctimas a través del establecimiento claro de los derechos de ésta durante el procedimiento penal. Cuarto, la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas. Quinto, la utilización de mecanismos que faciliten la conciliación y la pronta reparación del daño. Sexto, adoptar medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas y ofendidos por el delito, proteger su intimidad y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos contra todo acto de intimidación y represalia. Séptimo, el otorgamiento de asistencia jurídica y representación legal apropiada durante el procedimiento, así como de apoyo económico, con el fin de que la víctima u ofendido se encuentre en situación adecuada de plantear la defensa de sus derechos. 8°.- El establecimiento de un fondo nacional para la atención y protección de víctimas y ofendidos por el delito, a través del cual la Federación y las entidades federativas dispongan de los recursos económicos que posibiliten la ejecución de acciones y otorgamiento de beneficios a quienes sufrieron la vulneración de sus derechos. 9°.- Propiciar la difusión de información a la sociedad para que sea menos susceptible a la victimización. 10°.- La creación del Programa General de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito, el cual se establece como un programa que articula el conjunto de políticas, estrategias, acciones e instrumentos para brindar atención y protección a las víctimas y ofendidos por el delito. 11°.- La articulación de estrategias, acciones, esfuerzos y resultados en el marco del Sistema Nacional de Atención y Protección a Víctimas del Delito, definido como el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del Sector Público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados y del Distrito Federal, a fin de efectuar acciones coordinadas, oportunas y eficaces, destinadas a la atención y protección y víctimas y ofendidos por el delito. Las propuestas enunciadas son fruto de nuestro profundo interés por reivindicar a quienes han sufrido un daño moral o material a consecuencia de un delito, con especial preocupación por aquellas personas que se encuentran en precaria situación económica, porque no podemos permitir que a la marginación económica se agregue la marginación de la justicia. En suma, conscientes de la responsabilidad del Estado Mexicano de impartir justicia y poner fin a la impunidad y que dicho fin sólo podrá realizarse con la participación sustancial y decidida de todos los ordenes de gobierno y de la sociedad civil, es como Acción Nacional se suma a este esfuerzo a través de la presentación de esta propuesta. Es nuestro compromiso que las disposiciones constitucionales no permanezcan en el ámbito de las buenas intenciones y de las disposiciones jurídicas inaplicadas, porque en la sociedad no es posible el orden social, si no se garantiza a los gobernados el ejercicio de sus derechos. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto, que crea la Ley General para la Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito, en los términos expuestos. Por razones de tiempo no daré lectura a todo el articulado de la iniciativa, por lo que solicito de la manera más atenta a la Presidencia, girar sus apreciables instrucciones para que sea publicado el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente. -