La diputada Ana Laura Huerta Valdovinos: Compañeras y compañeros legisladores. Nuestro país se encuentra en un momento de transformación y cambio institucional, el cual se centra en impulsar una forma de ejercer el servicio público y adoptar una nueva cultura política. De acuerdo a nuestro orden jurídico, el Poder Judicial es garante de la legalidad y del Estado de derecho. Asimismo, se señala que será en la Suprema Corte donde reside el mandato para asegurar a los individuos que todo acto de autoridad se apegue estrictamente al orden que la Constitución consagra. Mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la instancia encargada de vigilar el adecuado funcionamiento de nuestras instituciones democráticas de manera complementaria, el Consejo de la Judicatura Federal vigila la correcta administración de los recursos indispensables para su funcionamiento. En este sentido, la construcción de un buen sistema judicial se debe integrar por un entramado institucional, capaz de aplicar y ejecutar la ley con equidad y eficacia, el cual se apegue a los criterios de imparcialidad, independencia, rendición de cuentas y austeridad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han realizado por consolidar la aplicación y el pleno ejercicio de dichos principios, aún quedan importantes pendientes por atender, principalmente con lo relacionado a la rendición de cuentas, la transparencia y la austeridad. La falta de avances en dichas materias ha generado frente a la ciudadanía una percepción negativa respecto al funcionamiento del Poder Judicial, agravada por una cultura del privilegio arraigada en algunos servidores públicos. En este contexto diversos medios de comunicación han publicado notas periodísticas documentando los múltiples beneficios económicos adicionales a su salario, a los cuales tienen acceso las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generando molestia entre la opinión pública. Asimismo, otro elemento cuestionado por la ciudadanía es lo referente a la existencia de fideicomisos en el Poder Judicial de la Federación cuya suma de fondos supera los 20 mil millones de pesos. Se trata de recursos que son utilizados principalmente para mantener las prestaciones de las y los ministros, consejeros y magistrados, durante toda su vida. De dichos fideicomisos únicamente uno se encuentra contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia. Por su parte, el Fondo para la Administración de los Recursos provenientes de Sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas está contemplado en el Código Federal de Procedimientos Civiles. En este sentido, los 12 fondos y fideicomisos restantes no cuentan con un respaldo legal que avale su existencia. Otro motivo de críticas ha sido la falta de transparencia respecto al manejo y operación de dichos instrumentos. En este contexto, una problemática recurrente con los fideicomisos es que la mayoría de las ocasiones, perdón, son utilizados para ocultar fondos públicos, su extinción se traducirá en mayor rendición de cuentas, pues sin estos instrumentos los fondos públicos podrán ser gestionados directamente a través de las estructuras gubernamentales existentes, lo que hará más fácil para las instituciones responsables rendir cuentas ante la ciudadanía y los órganos de control gubernamental. Lo decimos claramente, en esta escisión no solo se contribuirá a una mayor transparencia, sino que también se busca aprovechar de manera óptima los recursos remanentes en beneficio de la nación. Se trata de un paso crucial para garantizar una gestión eficiente de los recursos que son del pueblo de México. Es por eso que los legisladores y las legisladoras del Partido Verde votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, presidenta.