El diputado José Amado Orihuela Trejo: Con su permiso, señor Presidente. Durante décadas la agricultura mexicana cumplió cabalmente su papel asignado históricamente en la economía de todas las naciones, intercambio económico para empujar a los sectores de la producción y generación de alimentos suficientes y a buen precio para la población urbana. Hoy en día, la situación en el campo mexicano es muy diferente, presenta serios problemas estructurales, entre los cuales podemos mencionar, la falta de un sistema financiero rural eficiente que vincule todos los eslabones de la cadena productiva, desde la compra de semillas hasta la recolección de la cosecha y su posterior comercialización. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los productores mexicanos es la falta de créditos accesibles para la realización de sus actividades agropecuarias, debido a innumerables factores; entre los que podemos mencionar, la falta de planeación en base a programas de formación, para que los productores estén capacitados para llevar a cabo proyectos factibles, eficientes, realistas y bien fundamentados, para que tengan la posibilidad de obtener créditos y poder pagarlos con el fruto de sus cosechas. La cartera vencida es un problema añejo que sigue sin resolverse plenamente en el campo mexicano. En 1991, el gobierno mexicano inició la privatización del Sistema de Banca Múltiple para promover una economía abierta. Este nuevo sistema financiero mexicano fue tan sólo una de las causas que originaron la crisis financiera del año de 1995. Crisis que originó el ingente incremento en los montos de las deudas de todos los usuarios del crédito, personas físicas y morales, originando el quebranto financiero de numerosas empresas; además, debido al sorprendente incremento de las tasas de interés, los usuarios del crédito vieron de un día a otro cómo se incrementaban sus deudas de manera tal que ya resultaban impagables. Este fenómeno originó el surgimiento de movimientos sociales en defensa del derecho al crédito y del pago justo de éstos, como es el caso de El Barzón, siendo los más afectados los campesinos y los pequeños productores. Once años después vemos que los esfuerzos realizados por el gobierno federal han sido insuficientes. Miles de familias campesinas siguen con enormes problemas de acceso a créditos, principalmente debido a que no han podido pagar sus adeudos anteriores. Actualmente la situación en el campo mexicano es muy alarmante, pues si bien los datos del Sexto Informe de Gobierno del ex Presidente Fox muestran una importante tendencia a la disminución del importe de la cartera vencida agropecuaria, silvícola, pesquera, tanto de la banca comercial como la banca de desarrollo, ubicándola a junio de 2006 en 949 millones de pesos y 483 millones de pesos, respectivamente, la realidad en los campos de cultivo de nuestro país es que miles y miles de familias se encuentran en esta situación y, lejos de visualizar una solución, se encuentran inmersos en un círculo vicioso que día con día empeora su situación financiera, patrimonial y de salud. El gobierno federal ha tenido que instrumentar cuantiosos rescates, entre los que podemos destacar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que llegó a 991 mil 828 millones de pesos para rescatar la banca. Instrumentó el rescate carretero, el cual alcanzó 157 mil 316 millones; también expropió ingenios. Por otro lado y en contraste con esto, con los campesinos y productores rurales producto de su reclamo y movilización nacional, solamente se comprometió y firmó el pasado 28 de abril de 2003 el Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentaria el cual, en su numeral 35, señala que el Ejecutivo federal se compromete a la instrumentación de un programa de apoyo a deudores en cartera vencida en la banca de desarrollo del sector agropecuario, forestal, pesquero y rural que promueva su reingreso al financiamiento a través de quitas parciales y sustantivas a los productores medianos y pequeños, respectivamente. Si bien se han venido implementando programas que coadyuvan a la solución de este problema, éstos no han sido suficientes, los campesinos siguen en cartera vencida. El enorme otorgamiento de créditos agropecuarios en los 90 se debió a la visión excesivamente optimista del progreso y bienestar que se avecinaba. Visión compartida por empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, el gobierno y sobre todo la población que de un momento a otro se había convertido en sujeto de crédito, el cual era algo diferente para ellos, ya que durante años no habían contado con suficiente financiamiento o crédito. La crisis surgida a partir de la devaluación le dio el golpe letal al sistema bancario, así como la caída de los precios en los productos agropecuarios, los precios controlados de los productos básicos, en contraste con las constantes alzas de los insumos. La combinación de todos estos factores originó el abultamiento de la cartera vencida en el sector agropecuario. La situación se torna más preocupante debido a la inminente entrada de la última etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, por lo tanto, la entrada sin ninguna restricción de prácticamente todos los productos agropecuarios. Ante este panorama es necesario hacer uso del marco jurídico nacional existente. Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en su artículo 25 la obligación que tiene el Estado de ejercer la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades que otorga esta Constitución. Es obligación del Estado dictar políticas públicas que coadyuven al fomento del crecimiento económico. Sin duda, la reactivación del crédito, los agentes de la sociedad rural y la eliminación de la cartera vencida coadyuvarán con este objetivo. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece un sistema de estructuras e instrumentos de planeación para fortalecer el federalismo e incrementar la eficiencia y la eficacia de las acciones del desarrollo rural que encuentra su centro en el Programa Especial Concurrente, el cual integra y concerta las propuestas sobre los muy diversos aspectos de un desarrollo auténticamente integral, por medio de las diferentes instancias creadas en ella. Es en el marco de este Programa Especial, en donde las políticas públicas dirigidas al sector agropecuario se van a definir, la iniciativa que se propone hoy es la adición de un inciso XVIII recorriendo el último XIX al artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en donde se determinan las acciones que fomentará el Programa Especial Concurrente, incluyendo entre estas acciones el impulso a los programas orientados a eliminar la cartera vencida de los agentes de la sociedad rural y su acceso al crédito. La iniciativa que someto a su consideración propone adicionar un inciso VIII al artículo 71 de la Ley, para orientar apoyos con base en lo estipulado en el PEC al pago de la cartera vencida. Sin duda alguna, un esfuerzo de esta naturaleza coadyuvará al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros productores y de nuestros campesinos. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 15 y 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Artículo primero. Se adiciona un inciso XVIII al artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se recorre el inciso XVIII al XIX para quedar como sigue: Inciso XVIII. Impulso a los programas orientados a eliminar la cartera vencida de los agentes de la sociedad rural y su acceso al crédito. XIX. Las demás que determine el Ejecutivo federal. Artículo segundo. Se adiciona un inciso VII y se recorre el actual al VIII del artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue: Inciso VII. El pago en base a programas incluidos en el PEC de la cartera vencida de los agentes de la sociedad rural. VIII. Los demás que establezca la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Por su atención, muchísimas gracias.