La diputada Juanita Guerra Mena: Gracias, presidente. Honorable asamblea, un Estado de derecho es eficaz cuando es capaz de asumir con responsabilidad y hace lo que debe hacer para establecer el marco legal idóneo que permita el cumplimiento. La inseguridad es en el Estado mexicano provocada por variables de tipo social, económico y hasta cultural. Es corrosiva en las instituciones y las leyes que dañan a la sociedad, particularmente a los más vulnerables. Esta Cámara, y de manera muy particular las comisiones unidas que presentan los dictámenes en las minutas que contiene la legislación complementaria en materia de Guardia Nacional, hemos hecho un importante esfuerzo de consenso y diálogo para lograr un instrumento plural y objetivo. Instrumento legislativo que busca, por un lado, ser solidarios con quienes han sido víctimas de delitos y quienes han sido afectados en sus bienes, libertad, tranquilidad por culpa de la inseguridad. Y es que esta Cámara es representación plural del pueblo. Por ello, desde esta tribuna ese preciso afirmar que las mexicanas y los mexicanos ya nos cansamos de escuchar que la inseguridad es el principal problema del país. Nos cansamos de los diagnósticos coincidentes, en voces de los especialistas de siempre. De los inacabados debates acerca de las estadísticas del delito que son invocados a conveniencia de quienes los citan. De que nos cansamos de las soluciones parciales, van y vienen, y el resultado siempre es el mismo. El...institucional y la implementación de medidas temporales. La sociedad mexicana no debe ser más laboratorio de pruebas de quienes hoy rechazan la mano dura contra la delincuencia, pero cuando tuvieron la oportunidad de combatirla, optaron por cerrar los ojos a la realidad. Los datos duros de la delincuencia y la inseguridad son alarmantes, sin embargo, es hora de enfrentar la situación de forma distinta y esa diferencia se logra a partir de un trabajo en conjunto, coordinado, articulado de las distintas fuerzas políticas que conforman la Cámara de Diputados. Ya no hay margen para acciones improvisadas, es hora de cerrar la llave del flujo de las políticas públicas de coyuntura, para establecer las bases institucionales y legales de lo que debe ser la gran reforma en materia de seguridad pública. Privilegiando el cumplimiento de la ley en busca del alto grado de eficacia y dando resultados inmediatos. Todo ello porque es preciso tomar consecuencia de lo que está en juego es la vida de las personas, la felicidad y el futuro de las familias enteras y cohesión y estabilidad de nuestra sociedad en conjunto. Las y los legisladores tenemos una responsabilidad con nuestra gente, un compromiso irrenunciable con la democracia, la legalidad y los derechos humanos. Ello nos obliga a dejar a un lado nuestras diferencias ideológicas para enfrentar al enemigo común de manera concreta y eficaz. Nos corresponde romper la inercia en la que a lo largo de 20 años ha fluctuado el discurso de seguridad pública y que se ha movido solamente en la superficial del problema, concentrando en un síntoma de enfermedad y no de causa, que es la provocada. El hecho de que hubiese convocado a un periodo extraordinario de sesiones para someter a consideración el Congreso de la Unión el paquete de las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional, formulados y aprobados en la colegisladora y en las comisiones de dictamen, con un inusitado consenso es un digno reconocimiento y sobre todo de alto grado de importancia que tiene para esta Cámara y para cada uno de sus integrantes el resolver el grave problema de inseguridad. El proceso legislativo de estas normas se realizó privilegiando el consenso y escuchando en la construcción de cada uno de los dictámenes y todas las fuerzas políticas. Es signo claro de una nueva realidad jurídica y política. Hoy es claro que cada quien desde su trinchera tuvo algo que aportar y algo que recibir, sin excepciones ni excusas. La Ley Orgánica de Guardia Nacional, la Ley Nacional que Regula el Uso de la Fuerza, la del Registro de Detenciones y las reformas de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública son el primer paso de la ruptura de este paradigma en el establecimiento de un nuevo y robustecido andamiaje legal que será base de todo trabajo institucional desde una perspectiva punitiva y de reinserción social. Se trata de un conjunto de normas cuyo objeto es el regular el actuar tanto de la Guardia Nacional, que es la institución base, y de las políticas en materia de seguridad, como el de las demás autoridades encargadas del control social. A partir de ahora, con la Ley de la Guardia Nacional, esta contará con lo que sin duda será una de las normas orgánicas más completas y actualizadas que existe en el órgano jurídico nacional. En sus contenidos se establece su organización, mecanismos de transversalidad, estructura y definiciones, así como su marco de actuación serán regulados en esta Ley Orgánica. Una de las grandes ventajas de esta ley, es en que la estructura de Guardia Nacional como uno de los pilares institucionales de las labores de seguridad, se mantendrá a nivel de la ley y ya no desde decretos o acuerdos administrativos como sucedía en el pasado. En cuanto a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se actualiza este importante marco legal a fin de establecer en sus contenidos las debidas previsiones en aspectos tan decisivos como los sistemas de plataformas que resguardan información, clave de materia de inteligencia policial y de combate a la inseguridad. De esta forma se da estructura uniforme a la Ley que Regula las Bases de Coordinación en los tres niveles de gobierno, el actuar de las y los elementos incorporando estrategias innovadoras que permitan una mayor supervisión, mejor información y la implementación de reglas acordes al Sistema de Fiscalización Ciudadana. Un aspecto relevante del paquete de leyes que presentamos es que, por primera vez en la historia moderna de México y derivada a un importante clamor social, de las organizaciones y del ámbito internacional, este Congreso saldará una importante deuda pendiente al expedir la Ley Nacional que Regula el Uso de la Fuerza. La Ley Nacional del Uso de la Fuerza incorporará en sus contenidos los protocolos de actuación, la escala y los grados de utilización de la fuerza por parte de los elementos, a fin de que esos sepan de forma clara actuar a cada situación en un nivel que están obligados en el mismo. Nunca más deberán repetirse hechos como el caso de Atenco, o casos de abuso policial que ponen en riesgo la vida de dignidad de poblaciones enteras. Con esta ley se brinda certeza al actuar a la policía y se mandata a que las instituciones del órgano estatal y municipal elaboren adecúen sus protocolos en el contenido del marco de esta ley. Los hechos han documentado que la democracia sin Estado de derecho pierde sentido de existencia si no hay respeto a la ley, si la autoridad excede su facultad al pretender imponer la legalidad, si se considera que cualquier uso de la fuerza sin regulación o control, imponer la voluntad estatal, es permitido, nos encontraremos en la nada de la democracia, ante una situación de todos contra todos y al final ni orden, ni democracia, ni nada. Señoras y señores diputados, la inseguridad como fenómeno multifactorial debe ser combatida desde una perspectiva integral cada hecho de violencia suscitado por la ausencia del orden social y de la autoridad en el fracaso de la política del Estado de derecho y de la propia ley, la política y el diálogo que enriquecen es cuando se impone en ese sentido y resulta útil a favor del derecho. Es por ello que las leyes que este Congreso expide el día de hoy y estamos dando por primera vez en las varias décadas pasos sobre terreno firme, dotando de instituciones de marco legal que necesitan para que sea capaz el regreso a la paz a cada casa, a cada calle, a cada ejido, a cada colonia y a cada estado dentro de las 32 entidades. Nuestra obligación es cumplimiento de operativo establecido en la Constitución que se traduce en la elaboración de leyes que beneficien y eleven la calidad de vida de los mexicanos sin distinciones y la emisión de la legislación secundaria que brinde el soporte y solidez de la labor de los cuerpos de seguridad pública. Las leyes que estamos por aprobar si bien perfectibles, permiten el fortalecer en cada uno de nosotros la convicción de que es posible recuperar el terreno frente a los hechos antisociales, sobre todo el alto grado de consenso porque en esta forma estamos enviando un mensaje de solidez institucional en donde se puede ver que será el país seguro que todos queremos. Porque recuerden, compañeras y compañeros legisladores, la seguridad la hacemos todos y así como todos han venido a sumarse, pues hoy las diferentes fracciones parlamentarias han mostrado que para la seguridad de México los requieren a todos. Muchas gracias, compañeros diputados. Es cuanto, presidente.