El diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, vemos con gran preocupación los efectos potencialmente graves que para nuestros connacionales pudiera acarrear en materia de derechos civiles la aprobación definitiva de ciertas iniciativas de ley como la SB 1070, aprobada la por la Legislatura del estado de Arizona, en los Estados Unidos de Norteamérica. Bien lo han señalado las distintas organizaciones de protección de los derechos civiles, al afirmar que las iniciativas que se limitan a criminalizar a los migrantes dejan la puerta abierta para aplicar la ley en función de aspectos racionales o de nacionalidad, lo que nadie, en ningún lugar, debemos de permitir. Resulta alarmante conocer que una legislación, ya aprobada por los diputados de Arizona, permite a todo policía a detener a cualquier persona por el simple hecho de parecer sospechoso de ser migrante indocumentado. De adquirir vigencia sería un golpe contundente a los derechos civiles de nuestros connacionales, que lo único que buscan es un empleo digno y un ingreso decoroso, que desafortunadamente no les hemos podido brindar nosotros como país. De manera respetuosa, solicitamos a la gobernadora de Arizona se sensibilice ante esta situación e impida que prospere esta iniciativa, que pudiera parecer atenta contra el libre tránsito de la población y la buena vecindad, y lo más grave, pudiera parecer que toma tinte de ser una política migratoria recargada hacia cuestiones raciales. Debemos puntualizar oportunamente que los migrantes aportan hasta el 90 por ciento de la riqueza generada por ellos mismos, sólo enviando el 10 por ciento restante a México, fortaleciendo de esta manera la propia economía norteamericana. La evidencia es clara y contundente. Los mexicanos no solicitan ayuda del gobierno, los vemos en cambio realizando labores con dignidad y entrega. A los sonorenses, de manera particular, nos agravia y ofende que un estado vecino tome estas decisiones que lastiman y laceran las relaciones políticas. Un estado como Arizona, al cual consideramos hermano, un estado con el cual se entretejen y convergen las vidas, las culturas, la historia y las tradiciones de tantos sonorenses y tantos arizonenses. Un estado que ha salido adelante empujado por el comercio con Sonora por los servicios, que ha salido adelante precisamente como resultado de la buena vecindad y la comprensión de la política prevalente. Basta preguntar a los empresarios arizonenses establecidos en los centros comerciales y a todos ellos en general, sobre el posible impacto que podría tener en sus ingresos una medida como la que se pretende establecer. No es necesario mencionar las cifras económicas para saber que ciudades como Douglas, Sierra Vista, Nogales, Tucson, dependen en gran porcentaje del comercio orientado hacia los sonorenses. Apropiado igualmente resulta apuntar la gran cantidad de trabajadores de origen mexicano, que se desempeñan cumpliendo con todas las normas establecidas en la Unión Americana. La gran mayoría de la población del estado de Arizona reconoce la participación activa y pacífica de los mexicanos en la cultura, la economía y la sociedad. La gran mayoría de la población de aquel estado reconoce la presencia pacífica de los mexicanos y las aportaciones culturales y sociales, aparte de las que en gran medida económicas realizamos a la entidad estadounidense. Es insultante, en cambio, no sólo a la población de Sonora, sino a todos los mexicanos, que se pretendan promulgar preceptos de contenidos imprecisos, ambiguos y faltos de certeza jurídica con toda la ley que debe poseer. La aparente oscuridad y lo posiblemente indeterminado e inexacto de la norma parece llevar la clara consigna de establecer un campo para la indefensión de los ciudadanos, no sólo mexicanos, sino todos aquellos que por sus características físicas, principalmente, puedan ser sujetos de detención. Se trata, al parecer, de un procedimiento legislativo en el que se busca autorizar a los cuerpos policiacos para actuar de forma persecutoria y alejada de las garantías contenidas en los tratados internacionales de derechos civiles más elementales. Aparentemente se trata de una licencia de corso para la persecución y la intimidación. Es imposible sustraer el elemento de raza y nacionalidad a las disposiciones que entrarán en vigor si la gobernadora de ese estado norteamericano le otorga su aval. Se trata de una torpeza diplomática y parlamentaria. Demuestra el poco valor que se le otorga a las relaciones diplomáticas con nuestro país. Lo reitero, es en verdad insultante la forma en que se esquivan caminos más acordes con la realidad global y con la amplitud que debería explorarse en una relación tan intensa y cercana en todos los ámbitos. No puede concebirse que los legisladores arizonenses no hayan estudiado terceras vías para una problemática tan compleja. Es lamentable que se haya escogido la comodidad de lo que se autorretrata como autoritarismo racista, como el estado policiaco intolerante que ellos, los norteamericanos, rechazan en otras naciones. El Partido Verde se manifiesta en contra de una medida que pinta como un retroceso en materia de derechos civiles y manifestamos igualmente nuestra lucha por la salvaguarda de cualquier garantía fundamental como la libertad de tránsito, de trabajo digno, de salud y acceso a la justicia; derechos que parecen conculcados en la ley que pudiera aprobarse. Conminamos a la Secretaria de Relaciones Exteriores para que asuma una postura enérgica, digna de México y en defensa y cobijo de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.