La diputada Teresa Ginez Serrano: Compañeras y compañeros legisladores, el combate frontal a las drogas ha sido una de las políticas más consistentes y prioritarias del Estado mexicano desde hace más de 18 años. En esta lucha por liberar a nuestro país del terrible flagelo del narcotráfico se han presentado complejidades y dificultades que han aletargado el proceso y que han puesto en relieve la importancia de todos los esfuerzos institucionales para fortalecer la posición gubernamental frente a la delincuencia organizada. Reformas como la Constitucional de 2008 que estableció un nuevo sistema de justicia penal o como la miscelánea penal de 2016, son ejemplos de cómo los cambios normativos pueden crear un parteaguas positivo para que el gobierno y las autoridades cuenten con mejores herramientas para hacer frente a la delincuencia. En contraste, la reforma constitucional que hoy está a discusión nos deja un sabor de un cambio normativo incompleto, discordante, de una reforma que no puede celebrarse en absoluto porque se queda muy corta en sus alcances, pero que tampoco puede rechazarse. La reforma a los artículos 4o. y 5o. de la Constitución, llevarán al texto constitucional una declaración en la que todas y todos estamos de acuerdo: prohibir la producción, la distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito de fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas. Sin embargo, no va más allá de ser una mera declaración, una buena intención, un buen deseo. Esta reforma se queda en nada si a la par de la propuesta no se establecen directrices de política pública, acciones concretas u obligaciones para que las dependencias de la administración pública federal garanticen que existe una estrategia integral y una profunda revisión del narcotráfico como problema de salud pública. Apenas hace dos semanas otorgamos mayores facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el problema de la inseguridad. En el mismo sentido, esto puede ser una oportunidad para fortalecer a la Secretaría de Salud y hacer frente a esa dimensión de problema del que poco se habla: la prevención, la atención y el combate a las adicciones. En este orden de ideas se encuentra la segunda crítica toral, desde Acción Nacional hacemos a esta reforma constitucional, me refiero a la política prohibicionista de vapeadores y cigarrillos electrónicos que hoy se pretende establecer. De acuerdo con la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos 2023, el número de consumidores de estos productos aumentó de 975 mil en 2019, a 2.1 millones en 2023, con una marcada tendencia creciente de las demandas en el mercado es evidente que el prohibicionismo solo traerá como consecuencia el surgimiento de un mercado negro, cuyo valor se estima en más de 5 mil millones de pesos al año. El surgimiento de un nuevo mercado negro traerá aún más problemas para enfrentar a la delincuencia, pero lo más grave es que expondrá a un sector muy importante de la población al consumo de productos de dudosa calidad, elaborados con sustancias tóxicas y provocará consecuencias nocivas en la salud, contra las cuales aún no existen tratamientos definidos ni suficiente evidencia científica para contrarrestarlas. En síntesis, de ser aprobadas tal como está esta reforma, traerá dos efectos: el establecimiento declarativo de una prohibición que no traerá efectos sustanciales en la realidad y la instalación de una prohibición que potencialmente sí traerá serias consecuencias negativas para la sociedad. Si hoy estamos ante este escenario es porque se cometió un grave error en la elaboración de esta iniciativa, mezclar un tema que únicamente tiene consecuencias en el ámbito de la salud pública con la política de drogas del Estado mexicano. Dicho en otras palabras, este dictamen confundió la gimnasia con la magnesia. Por ello, desde Acción Nacional, como la oposición propositiva que somos, pondremos a consideración de esta soberanía algunas reservas que permitan evitar que un problema legislativo se convierta en un problema de salud pública. Con ello, hoy me dirijo especialmente a las jóvenes y jóvenes mexicanos para decirles que, si hoy Acción Nacional votará a favor de esta reforma, será porque también exigiremos que se fortalezca la política de prevención, atención y combate a las adicciones. Si hoy daremos nuestro respaldo a la prohibición constitucional de las sustancias ilícitas, es porque queremos que existan mejores oportunidades y alternativas para que ustedes desarrollen su potencial y su proyecto de vida. Acción Nacional quiere una juventud fuerte, sana, capaz de lograr sus sueños y salir adelante, una juventud que tenga posibilidades de crecer en un país libre de criminalidad, pero también libre de la oferta del mal camino de las drogas. No queremos que ningún joven vaya a la cárcel por adquirir un vapeador, pero tampoco queremos que por ninguna mala política pública ese mismo objeto pueda mermar irreversiblemente su salud. Los jóvenes son la prioridad de Acción Nacional y por un México mejor, en donde ellas y ellos puedan ser esperanza presente, hoy votaremos a favor de esta reforma. Es cuanto.