El diputado Manuel Rafael Huera Ladrón de Guevara: Evidentemente que vivir en un país donde no existe la democracia, no permite dejar de saber que en un Estado democrático ni siquiera necesitaríamos de este derecho. Aquí con pocos avances se nos quiere hacer ver como que estamos resolviendo un problema de fondo. Los propios servidores del IFAI, comisionados que no estamos inclusive satisfechos de cómo se nombraron, porque fue a partir de cuotas de los partidos políticos en un documento que hacen llegar al Senado, hablan de sus preocupaciones, mismas que no han sido superadas. Preferencia de la ley general en materia de clasificación, cuando ellos en el documento establecen que de manera categórica y no protestativa en las leyes federales no podrán establecerse supuestos de reserva o confidencialidad que contravengan principios y disposiciones de la ley general, mismo argumento que evidentemente sostuvo el colectivo para la transparencia, que al final ante las presiones del Ejecutivo, como se informó en la Comisión de Gobernación, que llegaron los enviados de Presidencia de la República, todavía para hacer una regresión mayor, tuvieron aprobar a bien esta ley. Esta ley como ustedes saben, tiene por objeto reglamentar el 6o. constitucional en materia de derecho a la información. Por lo tanto cito textualmente: Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Haciendo una interpretación sistemática y funcional de los derechos fundamentales y sus garantías, esta Cámara de Diputados como parte del Congreso de la Unión se encuentra obligada a emitir leyes que sean acordes con los derechos fundamentales y garantías viables para la efectiva aplicación y observación de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Diputados, el 1o. constitucional obliga a todas las autoridades para que en el ámbito de su competencia promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de modernidad de conformidad a los principios ya señalados, obligación que se incumple en la ley que se presenta. De nueva cuenta se legisla para ser inoperantes los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el caso particular, el derecho a la información y la obligación del Estado para garantizar dicho derecho. El 6o. constitucional en el apartado A establece principios y bases para el ejercicio del derecho al acceso a la información de la federación, los estados y el Distrito Federal. En el ámbito de todas sus respectivas competencias, el primer principio refiere a que toda, no una porción o parte de ésta, afirma que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En este punto es en el que se está violentando la autonomía que la Constitución otorga al órgano garante del derecho a la información, se trastoca y condiciona a través de diversos procedimientos: El primero de ellos es el control político del órgano, el cual se estableció en el mismo precepto constitucional. El veto presidencial por el cual puede oponerse a la designación de cualquier comisionado designado por el Senado, y que le resulta incómodo, control que se extiende al procedimiento de designación propuesto en la ley. La designación de comisionados sigue la práctica política del reparto de posiciones en función de cuotas partidistas, hecho que vulnera la independencia y autonomía de los comisionados. La autonomía se acota en el ejercicio de sus atribuciones como órgano autónomo del Estado, al determinar que la atribución para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, se subraya que se omiten las leyes generales, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la Republica, que vulnere el derecho a la información se ejercerá cuando así lo aprueben la mayoría de los comisionados. Esto es una función del Estado, queda subordinada a las presiones y negociaciones en las cuales se verán involucrados los comisionados. Una garantía que debe otorgar un órgano autónomo no puede estar condicionada a un voto mayoritario de sus integrantes. Hemos tenido experiencias en este caso, la determinación de los comisionados del IFAI para no interponer la acción de inconstitucionalidad por cuatro votos contra tres de la Ley de Telecomunicaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los artículos que permitieron la geolocalización y creación de bases de datos. La comisionada presidenta, Jimena Puente, y los comisionados María Patricia Kurczyn y Rosendo Evgueni, Francisco Javier Acuñas Llamas se manifestaron contra las acciones inconstitucionales que se pretendían presentar a los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones, pero no se pudo. Por otra parte se acota la autonomía de los órganos garantes al acotar la posibilidad de controvertir leyes generales y federales en la materia, acotándolo solamente a leyes estatales. Y ya nada más recuerden lo del Info DF, presentó acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones ante la Suprema Corte, en contrasentido al IFAI. La posibilidad para que a través de la reserva por supuestas razones de interés público y seguridad nacional, se violente el principio de máxima publicidad en el derecho a la información, es latente. Como hemos dicho, legislaron reformas constitucionales aparentemente con la izquierda y con la derecha hacen estas reformas de carácter a las leyes secundarias. El día de hoy tan sólo el periódico Reforma da cuenta de esta opacidad. La corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, así como la corrupción en el procesamiento del desmantelamiento d Pemex y su entrega a las empresas privadas nacionales y extranjeras. Existen condiciones específicas para continuar con la opacidad, la administración de Peña Nieto, lejos de combatir estas prácticas de opacidad y corrupción, ha impulsado acciones y estrategias de comunicación que encubren lo indefendible, como la Casa Blanca y el tren rápido México-Querétaro, por no decir ahora las casas de Osorio Chong y del subsecretario Miranda. Más de lo mismo, y esta ley por desgracia, a pesar de evidentemente reconocer algunos avances en lo general, es más de lo mismo.