El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Con su permiso, diputado presidente. La seguridad pública es un derecho y una garantía. El Estado debe proporcionarla a la sociedad y, en ese sentido, constituye un inexcusable factor de gobernabilidad para la tranquilidad social. Se ha convertido en la más alta prioridad de las políticas públicas del país, dado el crecimiento de los índices delictivos que dañan y ponen en riesgo la cohesión y el tejido social. El narcotráfico, el secuestro, el robo, la trata de personas y la violencia son fenómenos que se vuelven cotidianos y ya ni nos sorprenden las noticias de descabezados, las noticias de muertos empaquetados, en los periódicos, que amanecen día con día. Esto, señor secretario, no lo podemos admitir. Los datos que se manejan en el Tercer Informe del Ejecutivo federal, a nuestro juicio no corresponden a la realidad. En casi todos los sectores sociales se tiene la percepción de que las políticas implementadas por el gobierno federal han sido un fracaso. En Nueva Alianza reconocemos el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno en el combate a la delincuencia, pero no basta la disculpa de que "hace falta mucho por hacer". Estamos conscientes de que la responsabilidad no está depositada única y exclusivamente en una sola autoridad, pero no hay excusas que valgan para delegar responsabilidades y justificar ineficiencias que prevalecen. Consideramos que una estrategia certera y contundente para combatir al crimen debe partir, entre otras muchas estrategias, de un ataque frontal a sus finanzas. Para ello, el gobierno federal tiene cómo implementar los mecanismos financieros para que lleven a cabo esta acción de supervisión de los recursos económicos. También proponemos que se ponga un mayor énfasis en acciones como el desarrollo de programas, estudios, diagnósticos y, sobre todo, cómo estudiar el hecho delictivo; en instrumentar y aplicar políticas cuyo contenido sea la prevención en la promoción de una cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana, sobre todo en la administración y la procuración de justicia. La sociedad reclama que los operativos realizados por las corporaciones policíacas, sean con apego verdadero a los derechos humanos y llevados a cabo con profesionalismo. Y de veras, también es insultante saber que en muchos de esos actos delictivos hay involucramiento de corporaciones policíacas. También es importante en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y estamos convencidos de ello, que una solución integral de largo plazo a éste y otros fenómenos pasa por la educación, forzosamente. La sociedad mexicana vive una situación en la que los valores se trastocan por actitudes contrarias al respeto a la legalidad. El estado de impunidad asociado con la inseguridad que se vive, fomenta la falta de disposición para respetar el estado de derecho, desde los aspectos más simples hasta los más complejos de la vida cotidiana. Los procesos de ilegalidad aumentan día con día. Vivir sin respeto a las leyes equivale a estar en una sociedad caótica en la que la convivencia deja de ser pacífica y respetuosa. Así pareciera ser que nos encontramos. Ante este panorama, es urgente que se entienda que la educación debe ser el espacio insustituible para fomentar la cultura de la legalidad entre los alumnos, sus familias y la sociedad. El objetivo es, para todo nosotros, construir una sociedad que privilegie los valores como un entorno fundamental para su convivencia. Este sin duda es un tema en que la sociedad civil, el poder público, todos nosotros, tenemos que caminar de la mano para hacer un frente común a una realidad que ya no podemos aceptar. En tanto, señor secretario, es imperativo que el área que usted atiende cumpla verdadera y profesionalmente con su encargo constitucional. Muchas gracias.