La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Le solicito que sea incluido el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con el fin de responder a las necesidades de las mujeres mexicanas, que por su condición se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor, vengo hoy a esta tribuna para exponerles la problemática de desigualdad que sufren las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en todo el país. Aun cuando el acceso a la justicia es un derecho contemplado en nuestra Constitución, los vacíos e irregularidades de la investigación, las deficiencias en el juzgamiento y sanción, la falta de efectividad de mecanismos preventivos de prevención, así como las barreras que enfrentan las víctimas al procurar acceder a las instancias judiciales, reflejan sólo parte de la problemática que sufren las mujeres reclusas en nuestro México. Por tal motivo es necesario incorporar a la realidad que se juzga, elementos de análisis, interpretación y valoración jurídica de conformidad con el ordenamiento nacional e internacional en la materia de derechos humanos de las mujeres, tomando en cuenta los principios de la no discriminación e igualdad sustantiva contemplada en el artículo 1o., de nuestra Constitución. En ese sentido podemos decir que para que estos elementos se institucionalicen en los procesos de impartición de justicia a nivel nacional, es indispensable que las autoridades que participan en él, reconozcan las condiciones que discriminan a las mujeres e impiden el acceso y garantía de sus derechos, así como que se observen y atiendan las lagunas que se encuentran inmersas en la legislación penal. Cabe señalar que los factores que inciden para que las mujeres intervengan en cierto tipo de delitos, se ven acompañados de la violencia de género, como un hecho causal del hecho delictivo, ya que la presencia de ésta en la vida de las mujeres que enfrentan una acusación penal, es frecuente y está íntimamente ligada al hecho delictivo que se le imputa. Asimismo la mayoría de las mujeres que permanecen en reclusión, lo están, entre muchas otras razones, por una nula o mala defensa jurídica de los casos, aspecto que se profundiza por no contar con los recursos económicos para sostener los gastos de su defensa y la evidente falta de mecanismos oficiales idóneos en la normatividad penal mexicana. Por tal motivo se propone la incorporación de la perspectiva de género como figura jurídica inmersa en la legislación procesal penal que deberán atender las autoridades a quienes les compete la resolución de estos conflictos. Dicha figura tendrá por objeto establecer que la comisión de un delito estuvo motivada por cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento sicológico, físico, patrimonial, económico o sexual. En este tenor se establece que el juez que conozca el proceso deberá de tomar en cuenta los antecedentes de violencia y en su caso considerarlos como atenuantes de la sentencia. Las resoluciones, sean autos o sentencias, deberán incluir el análisis de la perspectiva de género a efecto de evitar que sea vulnerado el principio de imparcialidad de la ley penal previsto en la fracción II del artículo 17 de nuestra Constitución, es decir, que no se debe actuar conforme a intereses específicos o privados a efecto de evitar discriminaciones arbitrarias. Por ello, es importante establecer que el principio de imparcialidad de la ley deriva del principio de igualdad plasmado en el artículo 4 de la nuestra Constitución y que obliga al servidor público encargado de la administración de justicia a actuar de manera neutral e imparcial. Por tal motivo, se propone que al momento de integrar la averiguación previa el Ministerio Publico evite emitir aseveraciones o descalificaciones derivadas de patrones socio-culturales que discriminen a la víctima o a sus familiares. En tal virtud, debido las irregularidades de la investigación, deficiencias en el juzgamiento y sanción y la falta de efectividad de los mecanismos preventivos de protección, con el objeto de fortalecer la protección de las víctimas que sufren violencia, la iniciativa propone que las autoridades encargadas de practicar diligencias de averiguación previa puedan establecer la evaluación del riesgo de las víctimas y de sus familiares. Por último, la presente propuesta busca reformar la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados para que el tratamiento impuesto a los internos se efectúe con base en perspectiva de género. Es cuanto, señor presidente.