La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados. A 64 años de que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin duda posee sentido recordar que la misma nació de la devastación, de los horrores y la violación sistemática de los derechos humanos que se daba durante la Segunda Guerra Mundial. Al terminar ésta y conformarse un nuevo orden global, surge la Organización de las Naciones Unidas. En los dos años que duró la elaboración de la Declaración Universal, las y los miembros del Comité de Redacción no siempre estuvieron de acuerdo sobre todas las cuestiones, pero mantuvieron un objetivo común. El respeto de las libertades fundamentales. Decidieron incluir en el documento los principios de la no discriminación, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Decidieron asimismo que la declaración debía tener un carácter universal. Eleanor Roosevelt, al hablar ante la asamblea general, luego que se aprobara la declaración, recalcó su valor histórico. Estamos hoy en el umbral de un gran acontecimiento, tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. Esta declaración puede muy bien convertirse en la Carta Magna internacional de todos los hombres en todas partes. Sin duda la señora Roosevelt tenía razón. Nunca antes en la historia del mundo la comunidad de naciones había identificado con tanto éxito derechos y libertades específicos no sólo para una nación o para una raza, sino para todas las personas en todas partes y para siempre. En la actualidad la declaración universal ha sido tan aceptada por los países del mundo que es considerada la norma internacional que permite evaluar el comportamiento de los Estados. Este instrumento internacional busca que todos los pueblos y naciones se esfuercen a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en la propia declaración promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, con medidas progresivas, el carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación. Se trata entonces de construir una sociedad en donde impere la cultura de igualdad, respeto, tolerancia, inclusión, justicia, dignidad y bienestar individual y colectivo. Sin embargo no se puede evitar mencionar la realidad que en muchas regiones de nuestro país subsiste, en donde poblaciones, grupos e individuos, todavía son víctimas de la intolerancia, la discriminación y el prejuicio. Lamentablemente el ideal de la paz, justicia, libertad, igualdad y equidad social, no son todavía una verdad para todas y todos los mexicanos. Pero no debemos de ser fatalistas. En esta vida no todo es blanco o negro. Se ha tomado conciencia de la necesidad de avanzar en la edificación de una comunidad más justa, más equitativa, más humana. Y aún cuando puede considerarse que en México ha sido lenta la gestación de una nueva forma de relacionarnos, la firmeza de los avances impiden dar marcha atrás. Es a partir de la década de los 90s, del siglo pasado, que la sociedad empezó a encontrar cauces institucionales para la protección y defensa de los derechos humanos, generándose así, un cambio en la forma de ser y los valores de la población. El reconocimiento y protección de tales prerrogativas, ha sido consecuencia de la importante movilización de ciudadanos, pensadores y juristas, todos ellos humanistas, que han pugnado por resaltar la dignidad y el desarrollo del individuo dotándolo de igualdad. En el México de hoy la construcción de nuevos referentes éticos que permitan generar condiciones de integración social, el respeto de identidades individuales y colectivas y la protección del ser humano mediante condiciones que le permitan un entorno básico en el que sea posible desarrollar sus capacidades, es una labor que implica la participación de todos los sectores de la sociedad. Conscientes de que sin respeto a los derechos humanos nuestra democracia es deficitaria, el constituyente permanente aprobó el año pasado una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera se colocó a los derechos humanos como eje fundamental del sistema jurídico, político mexicano y cobró plena vigencia lo contenido en los tratados e instrumentos de derecho internacional. El grupo parlamentario del Revolucionario Institucional al que pertenezco, tiene claro que debemos aportar nuestro trabajo en aras de dotar a México de la legislación ordinaria aún pendiente para dar forma a aquella reforma constitucional de 2011, así como para armonizar el marco jurídico nacional con la normativa internacional, porque la globalización de los derechos humanos, es ahora fundamental y elemento indispensable para la gobernabilidad democrática. Es cuanto.