La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado: Compañeras y compañeros legisladores, hoy alzamos la voz en contra del dictamen que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esta reforma, lejos de combatir la corrupción, abre brechas peligrosas que podrían perpetuarla. ¿A quién sirve esta reforma? ¿Al pueblo de México o a la opacidad y a los intereses al margen de la ley? Nos dicen que la reforma busca transparencia reduciendo las adjudicaciones directas. Falso, en los hechos en el sexenio del expresidente López Obrador, 8 de cada 10 contratos del gobierno federal se asignaron por adjudicación directa. La excepción se volvió regla, minando la competencia y propiciando favoritismos. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, encargado del Tren Maya, adjudicó de manera no competitiva el 93 % de su gasto contractual en 2022. La Secretaría de Marina hizo lo propio en 99 % de sus contratos ese mismo año. Con estos niveles alarmantes pretender que una reducción teórica del umbral del 30 al 20 % en la ley ¿resolverá el problema? Es ingenuo. Máxime cuando el propio artículo 43 reformado permite exceder ese 20 % en casos excepcionales, con sola una justificación interna, abriendo la corrupción discrecional. La administración anterior prometió erradicar la corrupción, pero las cifras cuentan otra historia. ¿Dónde quedó aquel ideal de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre? Si el dinero público se manejó como diga mi dedito. El dictamen introduce artículos y disposiciones sumamente preocupantes. El nuevo artículo 1o. Quater, exime de esta ley a las obras consideradas programas prioritarios o proyectos estratégicos ejecutados por las Fuerzas Armadas. En cristiano, si el Ejército hace la obra, no aplica la Ley de Obras Públicas. Bastará un convenio entre dependencias para entregar proyectos millonarios sin licitación, sin transparencia ni controles, como ya se ha venido haciendo, como le gusta a Morena. Este cheque en blanco a las Fuerzas Armadas contradice el principio de legalidad, pues la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no facultan al Ejército para construir obras civiles. ¿Vamos a legalizar prácticas opacas bajo el manto de proyectos estratégicos? Claro que no. Otra píldora envenenada es la ambigua excepción por seguridad nacional. Se jacta la reforma de impulsar un habitáculo electrónica de obra pública obligatoria, lo cual suena bien, pero luego añade que si actualizarla pone en riesgo la seguridad nacional, se podrá llevar por medios convencionales, léase en papel, escondida del escrutinio público. ¿Quién decidirá eso? El mismo gobierno de Morena que en 2021 decretó todas sus obras como seguridad nacional para ocultar información. No estamos hablando en abstracto, la historia reciente nos urge a no ser ingenuos. En el sexenio del expresidente López Obrador se realizaron adjudicaciones sin control. Segalmex estalló como el mayor caso de corrupción de este sexenio, más de 15 mil millones desaparecidos. ¿Y cómo operaba el fraude? Mediante convenios y subcontrataciones simuladas entre entes públicos y empresas fantasmas, evadiendo licitaciones. Justo lo que esta reforma ahora está legalizando al permitir contratos entre dependencias sin licitar, mientras nos subcontratan más del 49 %. Segalmex nos demuestra que donde la ley se hace de la vista gorda, florece la corrupción. Los ventiladores Covid a sobreprecio en plena emergencia 2020 de la empresa de León Bartlett. ¿Cómo ocurrió? Adjudicación directa bajo el decreto de emergencia firmada por el expresidente López Obrador el 27 de marzo de 2020. Y así un sinfín de obras prioritarias sin transparencia, el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, proyectos emblemáticos manejados con opacidad. La plataforma Compranet inoperante. Para colmo, la herramienta sufrió caídas prolongadas en 2023, dejando en la oscuridad miles de contratos. Estos ejemplos reales evidencian que no es retórica vacía. Los riesgos de corrupción existen y ya nos han costado caros. Esta reforma pudo haber sido una oportunidad para corregir vicios, pero tal como está representa un retroceso. Es inviable aprobar disposiciones que legalicen la opacidad. Compañeros legisladores, centralizar compras no es sinónimo de limpiar compras, se requieren controles, contrapesos, transparencia total, la ciudadanía espera de nosotros firmeza para frenar cualquier intento en instituir la corrupción por ley, no podemos traicionar la confianza popular dando manga ancha a manejos turbios. Votar a favor de este dictamen sería votar a favor de más Segalmex, de más sobre costos, de más oscuridad y corrupción. Desde Acción Nacional, hacemos un último llamado a la conciencia, rechacemos este dictamen...