La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (vía telemática): Gracias, presidenta. Esta es una reforma que nos hace cuestionarnos por qué, ¿por qué la 4t, teniendo todo para hacer las cosas bien, se empeñan en hacerlas mal? Regular la presencia de los agentes extranjeros en México ha sido una demanda añeja de las izquierdas para que se transparenten y apeguen al marco legal y convencional los acuerdos de cooperación y colaboración, para compartir información de investigaciones que tengan como fin seguir el rastro de la delincuencia organizada que pone en jaque la seguridad en ambos lados de la frontera, y también con otros países. Pero en lugar de ello, en la 4T voltean al pasado y reviven un acuerdo de 1992. Proponen salidas en desuso de un gobierno que buscaba y busca controlar y perseguir agentes extranjeros y pretender que todos los funcionarios públicos informen de relaciones, reuniones e incluso llamadas con agentes extranjeros. Un Estado que, en lugar de centrar sus esfuerzos en perseguir a la delincuencia organizada, pondrá su mirada en agentes y funcionarios con un tufo persecutorio que además en muchos casos será totalmente inoperante, pero, que tensará más las relaciones bilaterales o multilaterales de México con otros países. Es totalmente inverosímil que con esta reforma incorporen a la Ley de Seguridad Nacional un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación durante el gobierno de Salinas de Gortari firmado por el secretario de Gobernación en ese entonces, Fernando Gutiérrez Barrios y el procurador Morales Lechuga, cuando este gobierno de la 4T repite una y otra vez que no son iguales y que pretenden una transformación, pero, que terminan pareciéndose tanto. Guste o no, el hecho es que cerca del 70 por ciento de los narcotraficantes y políticos mexicanos vinculados al narcotráfico del mayor nivel, detenidos en los últimos 20 años en México han sido arrestados gracias a la información emanada de la DEA. Algunos ejemplos: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del cártel de Sinaloa. Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo y Los Zetas. Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez. Alfredo y Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel de los Beltrán Leyva, este último asesinado en 2019 durante el operativo para su captura. Dámaso López Núñez, El Licenciado, operador y brazo derecho de El Chapo. Gerardo Álvarez Vázquez, del cártel de Sinaloa. Martín Villegas Navarrete, de los Beltrán Leyva. Felipe Cabrera Sarabia, del cártel de Sinaloa. Juan Manuel Álvarez Inzunza, operador financiero del cártel de Sinaloa, hasta Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, detenido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gracias, justamente a la DEA sin que mediara ninguna queja de violación a la soberanía por parte del gobierno y quien fue extraditado rápidamente a Estados Unidos este año, solo por mencionar algunos. A la larguísima lista de narcotraficantes, también se añade la lista de narcofuncionarios políticos mexicanos detenidos o con orden de aprehensión en Estados Unidos: García Luna. El gobernador Tomás Yarrington, acusado por una Corte de Estados Unidos de recibir sobornos del cártel de Los Zetas, actualmente preso en Texas. El exfiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia, alias El Diablo, detenido en Estados Unidos por trabajar para el cartel H2, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval también acusado por narcotráfico en este país, actualmente prófugo y un largo etcétera. Muchos de ellos ni siquiera tienen orden de arresto en México ni había investigaciones abiertas en su contra, la única razón por la que han sido detenidos es bajo el esquema de detención provisional con fines de extradición, gracias a que un juez estadounidense giró una orden de arresto y giró la orden de arresto porque alguna agencia de Estados Unidos presentó pruebas suficientes en su contra. Pruebas obtenidas por la tarea de inteligencia que esos agentes llevaban a cabo en México, a través de convenios de colaboración. Si no fuera por agencias estadounidenses, estos criminales, muchos de ellos, parte de las mismas instituciones del gobierno mexicano, estarían libres y seguirían cometiendo sus crímenes. En la práctica, lo que defiende a la reforma a la Ley de Seguridad Nacional es la soberanía de la impunidad y por eso es que Movimiento Ciudadano estamos a favor de que se regule la presencia de los agentes extranjeros, que insistimos, debe de darse en el marco de la legalidad y la convencionalidad, pero, no de la forma que lo están haciendo. En la Ley de Seguridad Nacional no se puede tratar de regular un asunto que tiene que ver con las relaciones exteriores de México, porque estos convenios y acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación para investigación corresponden a tareas de relaciones exteriores y no de seguridad nacional. Por eso, de entrada, lo primero que tendríamos que estar discutiendo aquí es si efectivamente es en una reforma a la Ley de Seguridad Nacional o tendría que actualizarse a que el acuerdo de 1992, pero, pensando en la realidad que tenemos ahora. Por otra parte, nos parece que la definición de agente extranjero busca abarcar no solamente a los agentes que están relacionados en investigaciones en materia de seguridad, sino incluso pueden abarcar a otros agentes extranjeros relacionados con temas de cooperación internacional, lo que además pondría en riesgo a las personas con las que se relacionan las investigaciones o trabajos de cooperación que realizan y también vulnerarían a las víctimas. Por ello, en Movimiento Ciudadano votaremos en contra de este dictamen que hoy se presenta para su discusión. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.