El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez: Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea. Señor secretario, la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, del ICESI, establece que una persona de cada 10 mexicanos fue víctima de algún tipo de delito el año pasado. Un estudio también del año pasado del BID calcula que el costo directo o indirecto de la inseguridad en México se aproxima al 15 por ciento del PIB. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, según datos de los respectivos informes de gobierno, en los primeros 2 años del sexenio 88-94, hace 10 años, se aseguraron en promedio 50 toneladas de cocaína, mientras que en los primeros 2 años del sexenio de Felipe Calderón sólo se aseguraron 34 toneladas. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, entre 2002 y 2008 el número de adictos graves en México se incrementó 51 por ciento, llegando a la cifra récord de 307 mil. Todo lo anterior resulta aún más preocupante si consideramos que el presupuesto para el Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 98 y 2008 ya se multiplicó por 3. De igual forma que desde 2001, también se multiplicó por 3 la fuerza de la policía federal. Lo anterior, sin considerar la participación relativamente reciente de las fuerzas armadas en ese tipo de operaciones de lucha contra el crimen organizado, en las que antes no participaba. Señor secretario, los números no mienten. No dudemos sobre la ineficacia de la actual estrategia. Llegó el sano momento de seguir construyendo lo que sí sirve y de replantear lo que no. Proponemos, primero, una nueva mezcla que aumente el peso relativo de los recursos destinados a la prevención del delito, bis a bis, los recursos destinados a la operación policial. Hoy, mientras aumentamos los efectivos policiales y sus equipos, la prevención, por ejemplo en materia de lucha contra el narcotráfico, parece desproporcionadamente limitada a algunos talleres, y la distribución a estudiantes de información en un modesto encarte de una página en materiales distribuidos dentro del programa Escuela Segura. No existe, a pesar de la feroz guerra contra el crimen organizado, una verdadera campaña de comunicación que eduque a los más vulnerables: los jóvenes, y ayude así a debilitar las estructuras criminales, reduciendo el tamaño de la demanda de droga y mercado que les da recursos para operar. No sorprende que, lejos de reducirse el consumo de drogas, éste se haya incrementado radicalmente. ¿No resultaría tal vez más efectivo impedir el crecimiento en el número de personas que se drogan, en vez de anular a un traficante sólo para ver que al día siguiente ya fue reemplazado por otro? Tenemos que apoyarnos en esta lucha con una fuerza enorme, con la fuerza de la educación cuando logra informar y sensibilizar, corregir prácticas y actitudes, y transmitir valores de amor a la vida y repudio a las drogas, así como una verdadera cultura de la legalidad y respeto del ambiente. Proponemos en segundo lugar un análisis estratégico, serio, respecto a la mezcla de recursos que deben destinarse para combatir delitos contra los ciudadanos frente a los destinados a atacar la operación de organizaciones criminales: primero, porque creemos que resulta más eficiente atacar estas últimas, como dije, por el lado de la prevención; y, segundo, porque aunque entendemos que ambas luchas son esenciales, no somos ajenos a la impunidad que enferma a México, con sólo 2 de cada 100 delitos que se castigan. Hagamos análisis sin dogmas ni nociones a priori, estudios internacionales, y veamos en otros países qué tanto del total de la fuerza policiaca se destina a perseguir delitos directos contra los ciudadanos y qué tanto se destina a combatir las mafias de la distribución de drogas. La actual estrategia no sólo descuida la seguridad del ciudadano común sino que propone una embestida frontal contra organizaciones criminales, que se combaten mejor cuando se vulneran sus finanzas, no con muertos en la calle. Seamos razonables: ¿cuándo podrá nuestra policía federal estar preparada en cantidad, capacidades y recursos para mantener una guerra a la escala de la que ya se lleva, sin éxito, y con la importante y valiosa ayuda del Ejército? Dicho de otra forma: ¿cuánto tiempo más tendremos al Ejército mexicano en las calles exponiendo su prestigio y vulnerando su fuerza? Necesitamos por fin una estrategia enfocada a atender de forma directa los problemas de inseguridad, ahí donde los ciudadanos comunes más los enfrentan. Urge que adoptemos un sistema más eficiente que privilegie la razón y no la fuerza como factor principal de orden y convivencia entre nosotros. Gracias, presidente.