El diputado Humberto Ambriz Delgadillo: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, aún recuerdo el año de 2006 cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Felipe Calderón, fue entonces que López dijo: al diablo con las instituciones. Y miren, hasta dónde ha llegado, con semejante doctrina de la devastación institucional y programática, tan tóxica como ramplona, para muestra de las víctimas orgánicas de la transformación de cuarta unos botones, Instituto de Salud para el Bienestar, Instituto Nacional del Emprendedor, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Consejo Nacional de Promoción Turística de México y ProMéxico, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Agencia de Noticial del Estado Mexicano, cientos de fideicomisos, mandatos públicos y análogos y por si fuera poco, escuelas de tiempo completo, estancias infantiles y refugio para madres violentadas. Y ahora se les ocurre ir por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. La transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, el control, la regulación y la vigilancia externa, la libre competencia, la búsqueda de la máxima calidad de los servicios y, en general, toda fiscalización, evaluación y limitación al poder en favor de los ciudadanos y el libre mercado, son rasgos de un estado moderno que solamente le puede repugnar a quienes no entienden en qué mundo vivimos y, sobre todo, con vocación autoritaria. El dictamen que hoy discutimos representa una mezcla de rencores, berrinches, complejos y resentimientos tanto aldeanos como autócratas, bajo el burdo disfraz de la simplificación orgánica y los ahorros profundamente mal entendidos. Los organismos constitucionales autónomos representan un contrapeso al Poder Ejecutivo y significan controles para evitar ocurrencias y desmesuras como los, yo tengo otros dato, la opacidad, las distorsiones del mercado, la corrupción y al autoritarismo. Asimismo, dichos organismos constituyen exigencias mínimas que solicitan, por parte de los socios comerciales, cuando se celebran acuerdos económicos y de colaboración entre naciones. La torpe y miope decisión de confundir una misma entidad al evaluador y al evaluado, al fiscalizador y al fiscalizado, al regulador y al regulado significa, además de un despropósito colosal, la manifestación exterior e indudable del fracaso en el camino de una gestión pública de avanzada. Así, al interior se deja al ciudadano sin herramientas para contar con mejores servicios y calidad de vida, al mercado sin un escenario idóneo para la sana competencia y, al propio gobierno, sin márgenes de evaluación razonable para prever y planear. Al exterior, México se rezaga en el concierto de las naciones y nos mandan hasta atrás en las fotografías de los grandes eventos globales, arriesgándonos, además, a sanciones y paneles por violentar los compromisos asumidos. ¿Eso quieren? Es cuanto, presidente.