La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Con su venia, diputado presidente. En México, la madurez social y fortaleza de nuestras instituciones permitieron la transición democrática sin que se pusiera en riesgo la vigencia del Estado de derecho. Sin embargo, la consolidación de nuestra democracia depende de un rediseño constitucional y legal que nos permita adecuar la organización del poder público y el funcionamiento de las instituciones, a las exigencias de una sociedad plural. Esta iniciativa propone cambios al proceso por el cual los poderes Ejecutivo y Legislativo federales trabajan juntos para reformar las leyes, a fin de que la claridad en las reglas del proceso legislativo abone a la legitimidad con la que se toman ciertas decisiones. La iniciativa versa sobre cuatro aspectos: cambios en las reglas de procedencia del veto presidencial; eliminación del veto de bolsillo; clarificar los supuestos de reenvío de minutas entre Cámaras y ampliación de materias cuya discusión debe iniciar en la Cámara de Diputados. En nuestra tradición constitucional, el veto nunca fue conceptualizado como instrumento que entregara al Ejecutivo la decisión última en el proceso legislativo; es una institución de alcances limitados, superable y de efectos suspensivos. Las normas que regulan el veto presidencial contienen imprecisiones que hasta hace pocos años no representaban riesgo alguno. Estamos frente a nuevas realidades que pueden distorsionar la naturaleza jurídica del veto y potenciar los conflictos entre poderes. En aras de incentivar la cooperación y la sana división de funciones, esta iniciativa propone que el veto no proceda contra la convocatoria que se emita para cubrir las vacantes del Poder Legislativo, los decretos del Senado, o en sus recesos, de la Comisión Permanente, que resuelvan en definitiva si se ratifica o no a ciertos servidores públicos, y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. A partir de 1874, en la que se adoptó el bicamarismo, se distribuyeron las facultades del Poder Legislativo entre ambas Cámaras y se decidió que correspondiera a la de Diputados la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto anual de gastos. Esta facultad exclusiva no lo es sólo frente a la colegisladora, sino también frente al Poder Ejecutivo. Si se analiza en su integralidad el ciclo presupuestal, vemos que la participación del Poder Legislativo es bastante acotada frente al Poder Ejecutivo, quien domina el proceso, a pesar de que la facultad legislativa de aprobación del presupuesto es la participación que se dio a un poder, distinto del Ejecutivo, para ejercer control y prevenir abusos de poder como contrapeso en el proceso presupuestal y no en el contexto del proceso legislativo. ¿Qué sucedería si el Ejecutivo federal observase las partidas destinadas al Poder Judicial de la Federación o a alguno de los órganos constitucionales autónomos? ¿Qué pasaría si observase partidas relativas a gastos de inversión o a las aportaciones de las entidades federativas? ¿Qué podría hacer el Poder Legislativo o cualquiera de estos actores, si quedaran suspendidos los recursos destinados a su sostenimiento? No hace sentido que el Poder Ejecutivo pueda decidir, casi unipersonalmente, el destino de los recursos públicos. De ahí que el Constituyente Permanente haya mantenido la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, en las 14 distintas reformas que ha sufrido el artículo 74 desde 1917. Por otra parte el veto de bolsillo, a diferencia del parcial o total, impide la auténtica colaboración entre poderes y termina por dejar al Legislativo indefenso frente al Ejecutivo, resultando nocivo para las relaciones entre ambos poderes. Se propone su eliminación. Asimismo, la presente iniciativa busca establecer reglas más ágiles para cuando las colegisladoras no logran ponerse de acuerdo en la totalidad del texto en un proyecto de ley o decreto. Finalmente, esta iniciativa propone la ampliación de las materias cuya discusión debe iniciar en la Cámara de Diputados. Las solicitudes de suspensión de garantías y de declaración de guerra que somete el Ejecutivo al Congreso de la Unión, en cumplimiento de los artículos 29, 89 y 118 constitucionales, implican situaciones de fragilidad excepcional de los derechos humanos. Por ello propongo que ambas solicitudes se hagan primero del conocimiento de esta Cámara. La redacción del artículo 72 constitucional data de 1923. Su revisión es urgente. La reforma política debe contribuir a encauzar y dar salidas institucionales al conflicto. Por ello debe revisarse el rol del Poder Ejecutivo en el proceso de formación de las leyes. Diputado presidente, solicito que el texto de esta iniciativa sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y se incluya en el Diario de los Debates. Es cuanto.