La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados: El Partido del Trabajo se pronuncia en contra de la aprobación de la Ley de Juegos y Sorteos porque no contribuye a enaltecer al ser humano; por el contrario, abonará al deterioro del tejido social tan lesionado en nuestros días. Sin embargo, considero que debemos recordar primeramente que la Comisión Especial de Juegos y Sorteos se conformó, como su propia denominación lo describe, para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, no para ser un cuerpo colegiado integrado por legisladores al servicio de la Secretaría de Gobernación. Desde este punto de vista es evidente que no cumplió con el objetivo para el cual fue creada. El resultado de su trabajo fue la ley que nos impone el gobierno federal a cambio de no indagar el fondo del asunto relativo al otorgamiento de permisos para el funcionamiento de los casinos en nuestro país que tuvieron su auge durante el sexenio pasado. Debería ser suficiente el traer a la memoria los trágicos acontecimientos que en 2011 se verificaron en Monterrey cuando delincuentes organizados provocaron la masacre de 52 personas aquel día 25 de agosto en el Casino Royal por oponernos a la legalización de los casinos en nuestro país. Pero no, ahora se impulsa por parte del PRI el juego con apuestas en sus diversas expresiones con la autocomplacencia de la mayoría de la comisión respectiva, claudicando así a su objetivo inicial de indagar el otorgamiento de permisos que propiciaron la amplia instalación de casinos en el territorio nacional con el argumento falaz expresado por la actual directora de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que lo que no se puede prohibir hay que regularizarlo. Pero esto tiene una explicación muy sencilla. El presidente Enrique Peña Nieto tiene aún facturas pendientes por cubrir con quienes lo postularon como candidato y lo impusieron en la silla presidencial y, descubierto el mecanismo para el otorgamiento de licitaciones públicas inducidas por su gobierno para beneficiar a sus amigos, hay que desarrollar ahora otros medios para favorecer a los cuates y obtener beneficios adicionales de ello, y el otorgamiento de permisos para casinos es uno de ellos. Ese es el trasfondo que vemos hoy en la ley que se somete a nuestra consideración: el negocio y la transa. Pero también hay que señalar, como lo enfatiza la propia exposición de motivos de la ley, que fueron presidentes de la República emanados del PRI, del viejo PRI, como Abelardo L. Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio y su propio fundador Plutarco Elías Calles, los que permitieron la apertura de los primeros casinos en el territorio nacional que dieron pauta para que se desarrollaran en torno de ellos otros negocios ilícitos que hoy se encuentran en auge como son el narcotráfico y la trata de personas. Pero también hay que decir que el presidente traicionado en esta época por el nuevo PRI, el presidente Lázaro Cárdenas fue quien con una auténtica visión de Estado, prohibiría los casinos en nuestro país consciente de que lo que necesitaba el pueblo era educación, no actividades que contribuyeran a su destrucción con el argumento de que por su propia naturaleza –y lo cito textualmente– los casinos son focos de atracción del vicio, las mafias y la explotación por parte de apostadores profesionales. La educación enaltece al ser humano y el juego con apuestas contribuye a su deterioro. Cuántas historias de terror se pueden contar en torno al juego con apuestas en sus diversas manifestaciones, suicidios, hogares destruidos, carreras truncadas, patrimonios familiares perdidos y atentados como el referido, así como el problema de salud pública conocido como ludopatía, que no es sino la adicción al juego y que el Estado mexicano tendrá que atender. Lo que me parece realmente incongruente, es que partidos que se pronuncian en contra del maltrato a los animales no se opongan a las peleas de gallos que quedan regularizadas en el dispositivo legal, o que no se reglamenten las peleas de perros que continúan verificándose de manera ilegal, retomando lo que nos dijeron, que hay que reglamentar lo que no se puede prohibir, en palabras de la directora. Compañeras y compañeros diputados, México no necesita casinos, lo que necesita es justicia pronta, seguridad, educación y trabajo, pero sin conculcar principios y valores. La ley que hoy habrán de aprobar no contribuye en lo absoluto a enaltecernos como sociedad, por el contrario, va en contra de los principios esenciales que nos dan identidad como nación. Lo que queda claro con la presentación de esta ley, es que a quienes están al frente de la administración pública federal, no les interesa propiciar el bienestar de la población, y este ordenamiento lo confirma, pues su objetivo es crear derechos para favorecer a permisionarios afines al nuevo régimen, tan es así que en el cuerpo legal no se contempla el fortalecimiento de disposiciones de protección civil con las que deberían de contar los inmuebles en los que desarrolla el juego con apuestas. No. Lo que importa nuevamente es el negocio a costa de lo que sea, aunque se ponga en riesgo una vida humana. Finalmente quiero destacar que el juego con apuestas no es el tipo de esparcimiento consagrado en nuestro texto constitucional.