El diputado Abel Octavio Salgado Peña: Compañeras y compañeros diputados, subo a esta tribuna en representación de las y los diputados que integramos la Comisión de Gobernación, con la alta responsabilidad de fundamentar el dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. El proyecto de Ley General que hoy tenemos frente a nosotros, ha implicado muchos días, semanas y meses de trabajo por parte, tanto de la Colegisladora como de esta Cámara de Diputados. Hace unos días tuvimos la oportunidad de reunirnos con los siete comisionados del IFAI en una muy productiva reunión de trabajo. Los integrantes de todos los grupos parlamentarios pudimos externar nuestras dudas y escuchar su opinión sobre los alcances y las bondades de este proyecto de ley general. Todos los comisionados y parte importante de los diputados y diputadas integrantes de la comisión coincidimos en reconocer cuatro puntos fundamentales sobre este proyecto. Uno. El enorme trabajo que se ha invertido en el proceso de dictaminación de la Ley General de Transparencia, escuchando todas las voces y todas las sugerencias emanadas de la sociedad civil y de los órganos garantes. Dos. La apertura que tuvieron ambas cámaras del Congreso de la Unión para perfeccionar el dictamen y satisfacer el decálogo con las observaciones que en su momento realizó el propio IFAI. Tres. La congruencia y pertinencia del proyecto, a la luz de la reforma constitucional que aprobó el constituyente permanente en febrero del año pasado. Y cuatro. La oportunidad histórica que tenemos frente a nosotros para empoderar, en definitiva, a la ciudadanía a través de esta ley general en los temas relacionados con el acceso a la información pública. Es cierto que aun pudieran existir sugerencias para perfeccionar el proyecto, pero estoy convencido de que con el dictamen que tenemos frente a nosotros se está materializando el mayor avance con relación al derecho humano de acceso a la información desde la reforma constitucional del 1977. No pasamos por alto las importantes reformas constitucionales de 2007 y 2013, por supuesto, la ya comentada reforma de febrero de 2014 que hoy reglamentamos con la emisión de esta nueva ley. Amigas y amigos, se ha convertido en lugar común pero no por ello es menos cierto, el afirmar que todo acto legislativo es perfectible porque es producto de la falible razón humana. Por ello, en caso de que el dictamen sea avalado por esta soberanía, su función y su aplicación deberán ser observadas y, en su caso, de ser necesario, se deberá procurar en su momento las correcciones pertinentes a efecto de pulir la ley. Este proyecto es muestra clara del oficio político de nuestros líderes parlamentarios, de las Mesas Directivas de ambas Cámaras, de las Juntas Directivas y por supuesto de cada uno de los integrantes de la comisión dictaminadora; sin embargo no podemos perder de vista que es también y sobre todo producto del trabajo incansable de la sociedad civil organizada, de los órganos garantes del derecho al acceso a la información en toda la República de la labor proactiva y promotora de los comisionados del IFAI y del impulso de las diversas instancias de la administración pública federal. Recogiendo todas estas opiniones se logró un entramado jurídico autosuficiente, coherente y pleno. No es posible mencionar todos los beneficios que se desprenden del proyecto en este pequeño espacio, por lo que únicamente comentaré algunos puntos que consideramos de suma relevancia. En primer lugar, se termina cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos. En atención a la demanda ciudadana, se amplió el catálogo de sujetos obligados, ahora, estarán sujetos a esta ley, a la par de las dependencias y entidades tradicionalmente obligadas. Se crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se facilita el acceso y construcción de los portales de transparencia a través de la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia que será integrada por el Sistema de solicitudes de acceso a la información, por el Sistema de gestión de medios de información, por el Sistema de portales de obligaciones de transparencia y por un Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados. No más opacidad en el uso de recursos públicos, para ello se amplía el catálogo de obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados para pasar de 17 a casi 50 entre las que destacan las relacionadas con los montos destinados a gastos relativos a la comunicación social y publicidad oficial; los montos, criterios y convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes por cualquier motivo se les asigne o permita usar recursos públicos; las concesiones, contratos, convenios permisos licencias o autorizaciones otorgados; la información sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. En general, una serie de obligaciones que la ley considera de relevancia toral para su difusión pública, constante, proactiva y creciente. Se incorporan figuras como la prueba de daño y la prueba de interés público para los casos que pretenda reservar información o deba ser pública y se establece la imposibilidad de invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad o, bien, cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción. Insisto, numerar todos los detalles en este breve lapso de tiempo es prácticamente imposible, sin embargo con el puntual estudio que hemos realizado en la Comisión de Gobernación les podemos garantizar que estamos presentando un proyecto normativo de alta calidad, de una inmejorable técnica legislativa y respaldado por el consenso construido a lo largo de muchos meses de trabajo. Compañeras y compañeros. Entendámoslo bien. El derecho a la información pública no es ninguna concesión. Es una demanda ciudadana por años. Es de ellos, de los ciudadanos, esta propuesta y por ello nadie tiene el derecho de usar la transparencia como bandera política. No debemos regatear las obligaciones de esta Cámara ni mucho menos hacer oídos sordos de nuestros representados. El mandato que nos han dado es claro. Debemos respetarlo y debemos cumplirlo. La ley que aprobaremos hoy es de los mexicanos, no de los partidos políticos. Por último. ¿Por qué debemos apoyar sin mayor dilación esta Ley General de Transparencia? Primero. Porque la transparencia es un prerrequisito para el debate público informado y es una exigencia para la construcción de Estados modernos, eficientes y honestos. Segundo. Porque el acceso a la información abonará en la reivindicación de otros derechos y obligaciones como la rendición de cuentas, y en otras funciones de gran relevancia como lo es el combate a la corrupción. Tercero. Porque los ciudadanos tienen el derecho de conocer el destino del gasto público, tanto como el correcto ejercicio de la función pública a cargo de autoridades y representantes populares. Cuarto. Porque la transparencia es una exigencia que crece exponencialmente y cuya satisfacción debe dar forma plena y exhaustiva, y Quinto. Porque el derecho de acceso a la información es más que un derecho ciudadano, es piedra angular de un Estado democrático y constitucional de derecho. Compañeras y compañeros, por su atención y sobre todo por su voto a favor de este dictamen muchas gracias. Es cuanto, presidente.