La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Compañeras y compañeros legisladores, decía el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, que en política quien piensa que el camino más corto entre dos puntos es la dicotomía entre un túnel o un laberinto, termina por extraviarse en el túnel. Hoy, por la urgencia y la prisa en sancionar y erradicar los delitos de defraudación fiscal y expedición de facturas falsas, el grupo mayoritario está a punto de extraviar la economía de toda la nación en un túnel. Pero no solo eso, sino que, bajo la premisa de combatir estos delitos, no se reparó en que este dictamen vulnera derechos humanos, atropella garantías y, en términos generales, vulnera el Estado de derecho. El contenido de la minuta que proviene del Senado de la República pretende evitar la discusión constitucional de la incorporación de los delitos fiscales en el catálogo de las hipótesis delictivas que ameritan prisión preventiva oficiosa. En lugar de ello, la creatividad legislativa pretende incluir estas conductas en el catálogo de delitos considerados como delincuencia organizada, y así puedan ser privados de manera oficiosa de su libertad. Con este galimatías jurídico se plantean dos problemas de origen. El primer problema es que se abre la puerta a una profunda confusión conceptual de lo que es la delincuencia organizada. La exposición de motivos de la ley federal correspondiente, que fue promulgada en 1996, expresa de manera consistente la intención de poner fin a la comisión de actos violentos que vulneren la seguridad pública y la seguridad nacional y que ponen en riesgo la viabilidad misma del Estado. En este sentido, cabría preguntarse si el delito de defraudación fiscal está o cumple con estos requisitos, con estas características. Por lo que estamos incurriendo en la irresponsabilidad de romper los límites conceptuales de la delincuencia organizada, lo que significa de entrada vulnerar la seguridad jurídica de los ciudadanos. El segundo problema de origen es que también se pretende incluir las conductas señaladas como amenazas a la seguridad nacional, con lo que se pretende habilitar al Centro Nacional de Inteligencia, Cisen, para investigar estas conductas con la utilización de técnicas de investigación que incluyen intervención de comunicaciones y la ruptura del secreto bancario. Esta es una inconsistencia jurídica mayúscula, porque ahora los encargados de la seguridad nacional ya no estarán investigando posibles amenazas provenientes de una nación extranjera, o de una organización criminal establecida en otro país, que pongan en riesgo la seguridad del Estado, sino investigando prácticamente a todos los contribuyentes mexicanos. Por eso en Acción Nacional no acompañaremos este desmantelamiento de nuestro Estado de derecho, y esta afrenta a los principios de nuestro sistema penal acusatorio. No podremos ser cómplices del atropello que significa vulnerar la seguridad jurídica de las y los mexicanos, y la formalización de la falta de certeza que puede y de hecho ha empezado a espantar a las inversiones en nuestro país. Ni en nombre de la recaudación ni de otro bien pueden tener cabida en una auténtica democracia este tipo de reforma, que lo que es en realidad es colocar a los contribuyentes formales en la misma categoría de los peores criminales, sin controles procesales, vulnerando el principio de presunción de inocencia y haciendo que cualquier contribuyente esté en riesgo latente de ir a prisión, cuando de forma equivocada o incluso mal intencionada algún funcionario de Hacienda emprenda una investigación. En Acción Nacional compartimos la preocupación por combatir estas conductas, pero por qué no vamos por la vía de la profesionalización de nuestros policías, por la profesionalización de los peritos, por la profesionalización en términos generales del sistema penal acusatorio, por el fortalecimiento de las instituciones. Estamos escogiendo la salida más fácil, pero a final de cuentas nos costará muy caro como país. Es cuanto, presidenta.