El diputado Gregorio Hurtado Leija: Compañeros y compañeras diputados, acudo el día de hoy a esta máxima tribuna a hacer eco de la demanda de la ciudadanía responsable, para esclarecer y transparentar el bochornoso caso del incautamiento de 25 millones de pesos en efectivo por parte de la PGR a un funcionario de la Secretaría de Finanzas del estado de Veracruz, hace apenas unos días, en el aeropuerto de Toluca, estado de México. El argumento simple y vulgar de la urgencia de liquidar las cuentas por pagar por obligaciones previamente adquiridas, hace suponer que los funcionarios de Veracruz nos perciben a los mexicanos como si fuéramos estúpidos y faltos de conocimiento de las nuevas tecnologías. Una transferencia electrónica tarda minutos, incluso, segundos en registrarse en la cuenta del beneficiario. Un vuelo y el riesgo de transportar esa importante cantidad de efectivo parece no tener comparación aun a pesar de la urgencia de efectuar el pago en caso de que así fuera, por supuesto. Diputadas y diputados, ¿cuántas observaciones aparecen año con año en las revisiones de la cuenta pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación? Ahí está una de las principales causas de la urgencia de este pago que los lleva a realizarlo en lo obscurito, a la sombra de la luz pública, a la sombra de los mecanismos legales y legítimos y cosechando nada más que opacidad pura, esa falta de transparencia que pareciera que el PRI de siempre tiene bien arraigado. Recordemos también, por poner sólo otro ejemplo, la insultante deuda de Coahuila, de Moreira, por poner solamente un ejemplo, que afecta profundamente a la población. Es increíble que el gobierno federal realice importantes esfuerzos para combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal, el contrabando y todo tipo de transacciones económicas fuera de la ley para hacer valer el Estado de derecho mientras funcionarios, representantes de autoridades estatales corrompen las disposiciones a discreción cuando debieran ser un ejemplo para los ciudadanos. Es más que obvio entonces que correr un riesgo así sólo es válido si algo muy importante pretendían ocultar: la compra de mercancía ilegal, el pago de una estructura de trabajo fuera del marco de la ley o, peor aún, aportaciones económicas ilegales a alguna campaña electoral priista, porque si pensamos mal hasta el crimen organizado o al tráfico de sustancias ilegales podría estar dirigido ese dinero. Y si no había nada qué ocultar por qué no realizar la transacción como todos los mexicanos lo hacemos, que es además como lo exige la ley, a través de una transferencia electrónica o cheque nominativos para registrar el gasto o la inversión y justificarla relación comercial con la documentación necesaria. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Para qué rubro social estaba originalmente destinado o presupuestado dicho recurso? ¿Dónde están las facturas que comprueban la legalidad de ese acto? A la par de comparaciones que cada uno pudiéramos aventurar sobre el raciocinio y sano juicio de qué se podría hacer con esos 25 millones de pesos. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nuestro México requiere de unidad en el combate a la corrupción sin importar de dónde o de quién venga, debemos ser honestos y aplicar la ley a quien la infrinja de manera transparente, oportuna y eficaz. Aunque parezca increíble, el gobernador Duarte exige sínicamente que le devuelvan el dinero incautado por la PGR, cuando ha incurrido en ilegalidades atroces que a cualquier ciudadano mexicano común le podría costar la cárcel. O qué, a caso no recuerda que por mucho menos Duarte decidió aplicar discrecionalmente la fuerza del Estado a un twittero que ni siquiera había infringido la ley. Basta ya de esta cultura política de la impunidad para los amigos; y para la persecución a quienes no lo son. No, señores del gobierno de Veracruz, miembros del mismo PRI, del mismo PRI de siempre. Los mexicanos estamos cansados de sus mentiras y de sus robos. Si no tenemos de inmediato una respuesta veraz, contundente y documentada sobre el hecho, que renuncien ya el secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz y su jefe, el gobernador Duarte. Es cuanto, diputadas y diputados.