La diputada Leticia Amparano Gámez: Con su permiso. Vamos a dar entrada pues, compañeras y compañeros diputadas, diputados, el grave desastre ecológico en el estado de Sonora, por parte del Grupo Minero Buenavista del Cobre, ocurrido el 6 de septiembre de 2014 debido a la derrama de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, asimilado en el arroyo Tinajas, del municipio de Cananea, sigue dando de qué hablar. Sigue dando de qué hablar y las autoridades siguen siendo omisas ante las consecuencias de este derrame y de este terrible daño ambiental. Siguen dando de qué hablar porque no hay respuesta, siguen dando de qué hablar porque siguen haciendo caso omiso de la problemática humana que tenemos en los siete municipios. Recordemos que la contaminación no sólo ocurrió en diversos cuerpos de agua de la zona, también se contaminó el suelo provocando afectaciones a la salud de la población y pérdidas por parte de los productores agropecuarios que dependen de los ecosistemas locales. Se trata de un asunto que ya ha cumplido dos años, dos largos años del peregrinar de los alcaldes, del peregrinar y solicitud de los habitantes de las siete comunidades, siete municipios donde no hay respuesta y siguen pidiendo se actúe de manera más contundente, que obliguemos por normatividad a que se dé respuesta. Aún faltan las potabilizadoras de agua que fueron comprometidas, la clínica especializada para atender a quienes sufrieron afectaciones a su salud, que son personas, son humanos, que provendrían de fideicomiso pactado para atender los efectos del derrame. Por supuesto, señores, que se debe apelar a la responsabilidad de la empresa minera, pero también a la responsabilidad de las autoridades federales, que han sido omisas ante la problemática y no han hecho valer la normatividad correspondiente. Estoy hablando de la Semarnat, estoy hablando de la Comisión Nacional de Protección al Ambiente, que siguen sordas y siguen trabajando a favor de no sé quién, menos de los interesados. Es importante mencionar que para el manejo de residuos mineros y descarga de aguas residuales en cuerpos de agua existen normas oficiales. Se los vamos a recordar siempre, por si a los señores se les olvidó. Normas que establecen criterios obligatorios, a cumplir parte de las responsabilidades. La normatividad existe y las leyes y reglamentos para sancionar y obligar a los responsables que causen algún daño son claros. Sin embargo, las autoridades federales no han cumplido, no han tomado las medidas necesarias para hacer efectivo el resarcimiento del daño y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa. Esto nos refleja una parte de interés, planeación y prevención en la gestión de riesgos ambientales en el país. Así es, compañeras y compañeros diputados, en Acción Nacional nos sumamos al exhorto para que el Grupo México cumpla con sus compromisos, pero de la mano con las autoridades federales de la Semarnat, la Profepa y la Conagua, que deben ser siempre atentos y vigilantes a que se cumpla su normatividad. Es cierto, aquí está San Felipe de Jesús, está Baviácora, Arizpe, Aconchi, Huépac, Ures, Banámichi, haciendo presencia y exigiendo que se le dé respuesta a esta tremenda problemática, que sería peor si no se hubiera construido, por supuesto, el acueducto Independencia, que surte de agua a Hermosillo y que construyó la administración pasada y, sin lugar a dudas, no tendríamos nosotros agua, porque antes estábamos alimentándonos de la presa El Molinito. Es todo, señores, esperamos respuesta.