El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. La aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Organización de las Naciones Unidas es un triunfo, pero es un triunfo de los que se resistieron y se negaron a desaparecer. El origen de un partido como Alternativa está estrechamente vinculado con las causas de los más desprotegidos. Manifestar nuestra posición respecto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para nosotros, no es sólo importante sino indispensable. Desde que en 1789 la Revolución Francesa asentó las bases de lo que posteriormente, y hasta el día de hoy, sería la línea de los derechos humanos como condición básica de las personas en todo el mundo, mucho se ha avanzado. Se cuenta ya a nivel internacional con un marco de protección por sectores, que ha ido estableciendo la protección de derechos específicos para grupos y sectores de la población mundial, sectores que históricamente han sido excluidos. Los derechos humanos de las mujeres se han visto favorecidos con los tratados y convenciones internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; o como la Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, 1995. Los niños y las niñas han encontrado protección internacional con la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. Se ha avanzado también en el establecimiento de materias como la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. No obstante, en pleno siglo XXI, ni las declaraciones antidiscriminación ni los tratados internacionales sobre protección de derechos políticos y económicos han logrado proponer las condiciones necesarias para buscar el desarrollo en igualdad de condiciones de las más de 370 millones de personas pertenecientes a comunidades indígenas en todo el mundo. Nuestro país no es la excepción. Todos y todas fuimos testigos de las acciones que emprendieron en 1994 los hombres y mujeres indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También conocimos los infructuosos esfuerzos que se hicieron cuando se discutieron los Acuerdos de San Andrés. Y conocemos las injusticias cotidianas que sufren nuestros compatriotas indígenas en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, entre otros, cuando son desplazados de sus territorios por motivos políticos, económicos o de credo religioso. Esta deuda histórica con las comunidades indígenas del mundo, y en especial con las de México, ha sido tenido, el pasado 13 de septiembre, un primer resarcimiento. Y digo un primer resarcimiento, porque es indispensable que no nos perdamos en elogios y reconocimientos. Podemos perder de vista que una declaración no resuelve la realidad ni genera por sí misma condiciones favorables donde nunca las ha habido. En México son muchas las comunidades indígenas y demasiadas las injusticias. Son casi nulas las acciones de real incidencia para reconocer los aportes que las comunidades indígenas hacen a la cultura, el desarrollo humano, el campo y el desarrollo sustentable. Los indígenas viven en muchas de las zonas biológicamente más ricas y han acumulado sabiduría sobre el medio ambiente. Con la riqueza de conocimientos sobre su entorno, los pueblos indígenas cumplen un papel decisivo en el esfuerzo global para responder al cambio climático. Así lo afirmó el secretario general de Asuntos Económicos y Sociales. La firma de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es la puerta por la que todos los pueblos del mundo debemos pasar para iniciar el recorrido. En Alternativa estamos convencidos de que entre los más discriminados y excluidos, entre los más lastimados y con mayores desventajas de la humanidad están las mujeres, pero en especial las mujeres indígenas, porque es sobre sus hombros sobre los que se ciñen con mayor crudeza el analfabetismo, la desnutrición y la violencia. En este punto será necesario establecer medidas compensatorias que abonen en la disminución de las brechas de desigualdad. Nos unimos, pues, a esta celebración mundial con nuestros hermanos y hermanas indígenas. Queremos hombres y mujeres indígenas, dueños de sus territorios, con pleno respeto a sus usos y costumbres. Queremos que en México las comunidades indígenas de todos los estados de la república, los zapotecos, los del istmo de Tehuantepec, los yaquis de Sonora, los tarahumaras, en fin, tengan aseguradas las condiciones a que aspiramos para todos y todas: vivienda, alimentación, seguridad social, empleo bien remunerado, derecho de participación política en igualdad de condiciones, acceso a la justicia, educación de calidad; pero al mismo tiempo, conservar sus lenguas, sus tierras y sus costumbres. La Declaración cuya firma celebramos, establece los estándares mismos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo que incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación y el respeto por sus lenguas originales, y la medicina tradicional. Lo que nos toca a nosotros es generar condiciones para que los derechos sean viables y exigibles y la mejor forma de celebrar este logro es honrar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Muchas gracias.