La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. Presento reserva al artículo tercero transitorio en relación al dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal. De acuerdo a un estudio realizado por Marcos Ávalos, consultor de la Unidad de Comercio Internacional e Industria, de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL en México, la situación de la política de competencia tiene el siguiente obstáculo: el sistema judicial es el principal obstáculo para la aplicación efectiva de la política de competencia. El proceso judicial en México ha afectado la aplicación de esta política a través de los amparos. Este problema legal ha ocasionado que 90 por ciento del total de las multas no se hayan podido cobrar. Desde el punto de vista operativo, el sistema judicial es el principal obstáculo para la puesta en práctica, efectiva, de la política de competencia, como lo ha evidenciado, sobre todo, el caso de Telmex. Existe el riesgo de que cualquier caso se estanque en el sistema judicial, debido al recurso de amparo y la Cofece, Comisión Federal de Competencia no pueda hacer efectiva su política. En las cortes mexicanas hace falta experiencia en la aplicación de las políticas de competencia. Por lo general, los jueces no tienen un entrenamiento en economía y mucho menos en esta área particular de competencia y regulación económica. Además, el sistema judicial en México se ha ganado una mala reputación en términos de eficiencia. Si bien se ha pensado en la creación de tribunales especializados en aspectos económicos, incluyendo competencia y anti dumping, se han presentado obstáculos políticos, quizá por la relativa autonomía que podría adquirir esta entidad judicial frente a la autoridad de competencia, y por supuesto, también obstáculos financieros para llevar a cabo esta estrategia. De acuerdo a los especialistas, el problema principal para la aplicación efectiva de la política de competencia en México es el sistema judicial. No solo por la posibilidad de ampararse, como lo hemos comentado ya anteriormente, que imposibilite el cobro de las multas, sino también porque la implementación de las prácticas monopólicas relativas, descritas en el actual artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, en base a los criterios del artículo 7 del Reglamento no ha sido fácil para la actual Comisión Federal de Competencia Económica. Hasta el momento la Cofece ha perdido, ante el Poder Judicial, todos los casos en los que se han involucrado tales conductas. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que esta disposición es inconstitucional, con el argumento de que solo señala criterios generales sobre el daño al proceso de competencia y libre concurrencia, pero no establece los parámetros necesarios que debe seguir la Comisión para sancionar las prácticas monopólicas relativas, asociadas a esta regulación. Por todo lo anterior, se puede considerar necesario que el Consejo de la Judicatura Federal informe sobre la reforma constitucional en materia de competencia económica, así como la Comisión Federal de Competencia Económica también informe al Congreso de la Unión sobre los resultados de los asuntos judicializados en materia de competencia para su evaluación y seguimiento de los riesgos en los procesos judiciales que se deben considerar y corregir. Por tanto, proponemos que se adicione un segundo y tercer párrafo al transitorio tercero para quedar como sigue: el pleno de la Comisión deberá adecuar su estatuto orgánico a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo que no excederá de 30 días contados a partir de su entrada en vigor, en tanto se efectúe la adecuación. Se continuará aplicando el estatuto orgánico vigente al momento de la entrada en vigor del presente decreto en lo que no se oponga a éste. El pleno de la comisión deberá informar al Congreso de la Unión a través de sus Comisiones de Economía cada año, en el mes de noviembre sobre los resultados de los asuntos judicializados en materia de competencia económica para su evaluación y seguimiento de los riesgos en los procesos judiciales que se deben considerar y corregir para el mejor funcionamiento de la Comisión de Competencia Económica y del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal deberá informar al Congreso de la Unión a través de sus Comisiones de Economía, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito especializados en materia económica, sobre su número, división en circuitos, competencia territorial y resultados de los casos que haya resuelto cada año. Esa información se presentará durante el mes de noviembre. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su tolerancia.