El diputado Pablo Alejo López Núñez: Con su permiso diputado presidente: Honorable Asamblea, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, iniciativa que reforma los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 18 constitucional, con el objeto de adecuar el sistema penitenciario, la readaptación social y la administración de la justicia a los nuevos requerimientos de nuestra sociedad. La realidad del sistema penitenciario en nuestro país nos ha llevado a la reflexión de la urgente necesidad de dotar de un nuevo marco jurídico a los procesados y sentenciados recluidos en los centros del país, así como a las autoridades federales y estatales encargadas de ellos. La falta de control de las prisiones, la ausencia de una real responsabilidad de las autoridades para procurar un lugar con las mínimas condiciones mínimas para los condenados, es uno de los argumentos en los cuales fundamento la reforma al artículo 18 constitucional que hoy se propone. Sobre todo para elevar a rango constitucional la precisión de que en los centros de readaptación social del país, sean y deban mantenerse como lugares dignos de la presencia de seres humanos que son los internos, los reos procesados o sentenciados. Siendo ello una garantía elemental para combatir las condiciones infrahumanas en las cuales los sentenciados purgan actualmente sus condenas. La presente iniciativa contempla la precisión de distinguir entre la separación que deberá existir entre los lugares destinados a la prisión preventiva y los referidos para la extinción de las penas; ello no significa, desde un punto de vista material, que deba de existir un inmueble exclusivo para la prisión preventiva, nos referimos a la necesidad adecuar diferentes áreas, una dedicada a la prisión preventiva y otra área específica para los sentenciados. La readaptación social debe entenderse como el objetivo principal y fin último de todo sistema penitenciario, es por ello que uno de sus enfoques va dirigido a la prevención especial de la pena; es decir, encuentra a su justificación plena bajo la premisa de la enmienda o corrección del individuo desadaptado a quien otorgándole determinados elementos resocializadores como la instrucción, el deporte, la capacitación y el trabajo penitenciario, se le estimula a efecto de lograr una adecuada rehabilitación, las cuales se actualizan dada la demostración objetiva de la buena conducta del sentenciado que supone el dominio por el mismo de la causa que lo obligó a delinquir, así como con la existencia de hechos positivos que demuestren su propósito de enmienda. El propósito de la iniciativa en comento es procurar mejorar condiciones de readaptación social de los sentenciados. Proponemos una distinción en el sistema para la ejecución de las penas al considerar subrayadamente la condición de ser mujer, para lo cual es importante atender a consideraciones propias y especiales de las personas del sexo femenino. En tal virtud, esta medida pretende constituirse como una acción positiva a favor de la mujer en aras de conserva su inminente dignidad humana, situación que incluso se encuentra respaldada en instrumentos internacionales signados y reconocidos por nuestro país, respecto de los cuales se obliga a hacer dichas diferencias. En ese sentido, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de tensión o prisión adoptado el día 9 de diciembre de 1988, se desprende pues la posibilidad de establecer medidas tendientes a proteger los derechos y la condición especial de las mujeres sujetas a prisión. En ese sentido, la administración del sistema penitenciario para la ejecución de las penas debe ser una responsabilidad tanto del Ejecutivo Federal, de los gobiernos locales y del Distrito Federal; por ello proponemos una reforma que garantice con responsabilidad y que permita enfrentar responsabilidades equitativas permitiendo que se pueda exhortar a los gobiernos locales para que los reos sentenciados por delitos del orden común, puedan extinguir su condena en establecimientos federales o bien en los propios establecimientos locales. Con ello pretendemos resolver un problema fáctico que actualmente se da en el sistema penitenciario, ante la sobre población que en muchas ocasiones azota a los propios centros de readaptación. En efecto, en la práctica los sentenciados del fuero federal, mayoritariamente son los que cumplen sus sanciones en centros de readaptación social locales; de esta manera se da sustento constitucional a dicha situación logrando una solución de readaptación viable para el sentenciado. En este sentido, una situación similar de urgencia es el tema de los menores infractores. Nuestra legislación vigente los considera personas inimputables de sus actos, sin embargo vemos como los índices de delincuencia en el país reflejan que el problema de la delincuencia se ve protagonizada inclusive por adolescentes, entendidos a estos como menores de edad y ello nos permite adecuar el precepto constitucional para que la Federación y los gobiernos locales establezcan además instituciones propias para los menores, un sistema especializado y profesionalizado de justicia para los adolescentes. Actualmente, respecto al traslado de reos sólo puede realizarse con consentimiento del mismo, dejando a la autoridad sin facultad para realizar los traslados aunque estos en ocasiones se requieran de suma urgencia, por ello se propone esta reforma para que en casos extremos que la propia ley determine, se puedan realizar traslados observando en todo las formalidades del procedimiento y con pleno respeto a los derechos fundamentales de los trasladados. Por último, en atención al tema antes mencionado de la sobre población de los centros de readaptación social, tanto federales como locales, consideramos necesario adecuar la norma constitucional para permitir que la autoridad preferentemente considere la opción de que un reo sentenciado cumpla su condena en los centros más cercanos a su domicilio, dejando sólo a la autoridad como responsable de procurar esta situación. De esta manera someto a esta soberanía la presente iniciativa, exhortándolos para lograr la reforma integral que debemos juntos impulsar en materia de seguridad pública y administración de justicia. La conciencia de una nueva concepción de la readaptación social es por demás urgente. Debemos atender los reclamos de una población cada vez más amplia de procesados y sentenciados, quienes al compurgar una pena, además de la sentencia legal, asumen la de vivir en condiciones infrahumanas, donde autoridades, gobierno y sociedad civil no hemos cumplido del todo. Una verdadera readaptación social en el sistema penitenciario en nuestro país debe ser uno de los grandes retos de los mexicanos y un paso hacia la prevención de la delincuencia, la disminución de la reincidencia y con ello impactar a los cada vez más crecientes índices delictivos, buscando en todo momento el estricto apego al respeto de las condiciones mínimas del respeto a la persona y a la dignidad del ser humano. Solicito a la presidencia se incluya íntegra la iniciativa que hoy presento en el Diario de los Debates y sea turnada en los términos de ley. Es cuanto, señor presidente.