El diputado Vicario Portillo Martínez: Con su permiso, diputado presidente. Si hablamos de libertad la comunicación debe ser reconocida como un derecho vital, pues la manifestación de las ideas es una necesidad esencial para la democracia; a pesar de los discursos de apertura a la libre competencia en telecomunicaciones que tanto se pregona en este recinto, la propuesta de legislación que nos ocupa margina y excluye a las radios de uso social, las indígenas y comunitarias, prohibiéndoles acceder a mecanismos de financiamiento comercial supeditándolas a vivir de la publicidad y capricho gubernamental. El libre acceso de los pueblos indígenas y sus comunidades a medios de comunicación debe ser un eje rector en los contenidos de la legislación secundaria, pues se trata de garantizar el ejercicio del derecho de contar con sus propios medios de comunicación conforme lo establece nuestro ordenamiento constitucional e instrumentos de derechos internacional en la materia. Las leyes secundarias en telecomunicaciones deben otorgar la certeza legislativa para que las radios comunitarias e indígenas puedan ejercer su derecho a utilizar el espacio radioeléctrico, así como su independencia financiera y editorial. Por lo antes expuesto acudo a esta tribuna a fin de proponer a su consideración la aprobación de dos principios fundamentales en materia de comunicación indígena contenidos en el artículo 2o., apartado B, fracción VI de la Constitución y el artículo 16 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que son: Primero, otorgar condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, operar y administrar sus radiodifusoras; dos, la difusión a través del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano de la diversidad cultural del país y los derechos de los pueblos indígenas en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la naturaleza de la configuración pluricultural de la nación. Es necesario que en los contenidos de estas leyes secundarias se eliminen las restricciones para desarrollar con fortaleza en los pueblos indígenas y sus comunidades para instalar y operar sus propias radios comunitarias. Esto solo constituye el establecimiento de mecanismos mínimos para operar los derechos existentes en la materia. No hay razón alguna para establecer porcentajes raquíticos en una banda y un tipo de servicio de un segmento determinado. Eso va contra principios básicos en la regulación en telecomunicaciones. La experiencia nos muestra la importante contribución para ampliar la información que la asignación de espectro para fines sociales ha posibilitado, así como la incorporación de programación con contenidos indígenas que algunos concesionarios comerciales realizan, lo que ha permitido difundir la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Debemos crear las condiciones a través de la presente ley para que los medios comunitarios e indígenas participen en condiciones de equidad con respecto a los medios comerciales y públicos, creando las bases comunes y diferenciadas a su especificidad a las distintas clases de concesiones para resolver con imaginación y voluntad políticas las asimetrías existentes entre las mismas, propiciando un diálogo entre todos los sectores de la población cumpliendo las disposiciones nacionales e internacionales sobre pueblos indígenas, lo que haría de ellas un acto histórico de justicia social en modificar el artículo 7 que añade la fracción XIV: Promover la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas; y, fracción XV, los demás principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Muchas gracias.