El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences: Ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso, el país exige nuevas formas de gobernar en beneficio de todos los mexicanos. El proceso de cambio democrático iniciado por los electores consultados el pasado primero de julio debe continuar. Después de la crisis política de las décadas de 1960 y 1970, se somete a análisis la legitimidad de los representantes populares y se hace énfasis en la necesidad de una democracia electoral en la cual los ciudadanos tengan verdaderamente la posibilidad de participar en la elección de representantes que les garanticen sus derechos humanos y el ejercicio pleno de estos. En 1990 se da un paso adelante en el reconocimiento de los derechos ciudadanos. No se trata solo de reconocer el derecho de participar en las elecciones, sino el derecho a participar en las decisiones públicas. Se habla ya, entonces, de democracia participativa, que consiste en una visión en la que la sociedad debe de participar de manera activa en las decisiones que incluyan a la sociedad en general. El referéndum y el plebiscito, que son formas de consulta popular, tienen la ventaja indiscutible de fortalecer a las autoridades en sus decisiones y a otorgarles legitimidad, en caso de no contar con ellas. Al gobierno de López Obrador no le hace falta legitimidad y, sin embargo, respeta el derecho de los ciudadanos a opinar sobre decisiones importantes. Consular al pueblo sobre decisiones importantes debe ser un derecho constitucional. El Fobaproa y la reforma energética no fueran problemas para México si al pueblo lo hubieran consultado. El problema, diputados, no debe ser la consulta sino no consultar al pueblo. No se entiende entonces por qué algunos legisladores y legisladoras temen tanto a la consulta popular. La conclusión es que en el fondo los diputados y diputadas que se oponen a consultar a la población es porque subyace en ellos una actitud profundamente autoritaria que disfrazan con un ropaje democrático, una actitud sostenida durante décadas y que ha detenido el avance democrático en nuestro país. El recuento anterior muestra que el reconocimiento a los derechos democráticos de los ciudadanos se ha sacado gota a gota, milímetro a milímetro. No se debe tener miedo a cualquier forma de empoderamiento ciudadano. No debe seguirse considerando a los ciudadanos un simple instrumento electoral para acceder al poder en beneficio de sus grupos económicos y políticos. Otro tanto sucede con la revocación de mandato propuesta durante la campaña por el hoy presidente de la República. No lo consideran un derecho, no lo consideran un mecanismo de democracia participativa orientado a mejorar la calidad de los servidores públicos que ocupan cargos de representación popular, sino que lo ven como un peligro para sus intereses y los intereses de sus grupos de interés y de poder, el cual disfrazan en diferentes figuras terroríficas como la amenaza de la reelección, el totalitarismo y por supuesto dejan de lado el enorme riesgo que implica someterse al enjuiciamiento popular. En ningún momento piensan que la revocación de mandato puede propiciar y fortalecer la rendición de cuentas, garantizar el mejoramiento del ejercicio del poder en beneficio de la ciudadanía y sobre todo el debate y discusión de la ciudadanía acerca de qué es lo que le conviene y qué no. Señoras y señores legisladores, ha llegado el momento de darle la voz al pueblo y reconocerle el derecho de opinar, de decidir y de ordenar acerca de lo que le conviene. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.