La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, Presidente. Amnistía proviene del griego amnesia, olvido, y para el caso que nos ocupa significa que el gobierno olvide los delitos que presuntamente cometieron los presos y les dé libertad. En ningún caso es perdón. El término amnistía tiene un significado equivalente a la cancelación de la conducta ilícita y aparentemente disocial del preso para que se reintegre plenamente y jurídicamente al seno de la sociedad. Este concepto se encuentra recogido en la legislación mexicana, en el artículo 92 del Código Penal Federal. Cuando se habla de amnistía para presos políticos en principio se reconoce la existencia de ciudadanos inconformes que se han manifestado a través de diferentes formas de lucha en contra del gobierno establecido y que se encuentran recluidos o son perseguidos por las fuerzas de seguridad gubernamental. La amnistía ha sido una facultad exclusiva del Congreso de la Unión prevista desde la Carta Magna de 1824, las siete leyes de 1836, las bases orgánicas de 1843, así como las constituciones de 1857 y 1917. Por otro lado, son abundantes los casos donde fue decretado el olvido para subsanar heridas que causaron confrontación y angustia social. En 1870, Benito Juárez promulgó una ley que buscaba restañar las heridas causadas por la guerra de intervención. Sebastián Lerdo de Tejada hizo lo propio en 1873 para resolver el alzamiento armado que personificaba Porfirio Díaz. En 1937, Lázaro Cárdenas cambió la estrategia política ante los restos del Movimiento Cristero. En 1940, Manuel Ávila Camacho impulsó una amnistía para quienes expresaron su rechazo a las compulsas elecciones presidenciales de ese año. Luis Echeverría en 1976, buscó superar la crispación derivada del conflicto estudiantil del 68 con una legislación que beneficiaría a 230 personas. Como la medida acabó por ser insuficiente, dado el activismo de los grupos guerrilleros, durante 1978 José López Portillo promulgó una ley mucho más amplia. Si bien esta ley se aplicó en distintas etapas en el curso de los años 1978 y 1979, anulando la relevancia penal y por ende dando por extinta la responsabilidad punitiva de los responsables, si bien es cierto que la Ley de Amnistía de 1978 resultó idónea para satisfacer las necesidades de la vida jurídica, social y política de la época, y como base para lograr la tranquilidad, concordia y paz, también lo es que hoy, como parte del marco jurídico mexicano, resulta inaplicable. Me explico: la amnistía es una forma de lograr la libertad del preso, sobre todo políticos, y que ha sido una exigencia de movimientos sociales alrededor del mundo, pero también es una realidad que en México la ley no es igual para todos, porque no todos los presos políticos están libres. Además hay una diversidad de presos políticos acusados por delitos que no son precisamente políticos. Por ejemplo, acusados de secuestro o ataques a las vías de comunicación. Para ellos, la Ley de Amnistía no se les puede aplicar porque esta normatividad ya ha cumplido con todos sus efectos jurídicos; es decir, esta ley ya se aplicó para los hechos, situaciones que le dieron origen, tal y como lo establece el artículo 1o del ordenamiento, el cual expresamente reconoce el otorgamiento de amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal por delitos de sedición, hasta la fecha de la entrada en vigor de esa ley. La Amnistía surtió efectos con su publicación en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 1978 por lo que surge la necesidad de abrogar la Ley de Amnistía de 1978, porque a más de 35 años de su promulgación ha cumplido con el fin de reincorporar a la vida pública a los integrantes de aquellos grupos disidentes. No obstante, no podemos dejar de mencionar que si bien esta ley ha cumplido su propósito, resulta menester la creación de un nuevo ordenamiento que contempla las actuales persecuciones políticas que vive el país, ya que cálculos de organizaciones no gubernamentales sostienen que más de mil personas en los últimos años han sido encarceladas por motivos políticos, se habla de activistas presos en por lo menos nueve estados, muchos de ellos son indígenas y las causas de la detención son de diversa naturaleza, campesinos en lucha por la tierra, obreros en defensa del empleo, promotores de derechos humanos, líderes de movimientos comunitarios, indígenas en defensa de su autonomía quienes en su gran mayoría fueron apresados bajo grandes operativos político-militares, pero a quienes esta Ley de Amnistía no se les puede aplicar. En Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen, agradeciendo a la Comisión de Justicia y a sus integrantes la disposición para la aprobación del mismo. Felicitamos a los diputados Ricardo Mejía Berdeja, al diputado Ricardo Monreal y al diputado Alonso Durazo, autores de esta iniciativa. Muchas gracias.