El diputado Fernando Cuéllar Reyes: Con su venia, presidente. Éste es el mismo artículo que acaba de referir mi compañera diputada y antes de entrar al contenido específico de este artículo que sin duda efectivamente nos remonta a varias décadas atrás en donde esa separación entre lo que es el Estado y la vida privada de los mexicanos no tenía límites y donde el Estado intervenía directamente en la vida privada de los mexicanos. Cómo lograr un Estado moderno, un Estado democrático, un Estado que efectivamente pueda darles a los ciudadanos la seguridad de que sus pertenencias, de que sus creencias, de que sus diferencias sociales no puedan ser reprimidas, y eso es lo que nos lleva a que insistamos en que este artículo debe ser revisado. También quisiera comentar que sin duda, como Grupo Parlamentario del PRD y esto lo decimos de frente, de cara al país nos parece, y yo invito a todas las compañeras y compañeros a revisar esos grandes objetivos que se trazaron en el Pacto por México. Sin duda habría que revisar porque no le pueden reclamar al PRD que no hicimos la tarea, que no fuimos congruentes y que no fuimos a trabajar por México. Esa parte quisiera reiterarla porque no quisiera que quedara en el ambiente un ánimo como el que se quiere crear de manera artificial de que pareciera que los perredistas estamos en contra de lo que se ha logrado, porque además fuimos los grandes impulsores de este tema, y pareciera que la imagen que se quiere dar es que nosotros como que estamos ahora diciendo que no tuvo sentido el pacto y que prácticamente nos chamaquearon, y eso no es cierto. Fuimos responsables y lo seguiremos siendo. Vamos a seguir dialogando, construyendo; creemos que es el camino correcto. Pero también creemos que cuando en esas reformas constitucionales no se respeta el espíritu y los grandes objetivos que se trazaron en los tres partidos, ahí es donde ya no podemos acompañar y donde el pueblo de México tiene que saber que nosotros tenemos grandes diferencias. En este artículo que les he comentado sobre la geolocalización de un dispositivo móvil, dice el dictamen que será realizado por los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso por los autorizados por proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos a petición, por mandamiento debidamente juzgado y motivado de la autoridad competente en los términos que señalan las leyes. Ponemos a consideración la propuesta para modificar el texto del artículo 189 del dictamen que incurre en injerencias indebidas respecto a los derechos de los ciudadanos y en violaciones a los preceptos constitucionales, ya que con esta disposición se permite la intervención de comunicaciones sin orden judicial en contra de la Constitución que señala que de manera exclusiva la autoridad judicial federal, a petición del titular del Ministerio Público de la entidad correspondiente, podría autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Se trata de dar certeza para que los dispositivos móviles que sean geolocalizados en tiempo real lo sean al amparo de una orden judicial, cumpliendo con el respeto a los derechos humanos de los gobernados. Por otro lado, se busca dar certidumbre jurídica a las actuaciones de los servidores públicos. Son varios los compañeros que se reservaron este artículo y les insistimos que no vayamos a repetir esas prácticas donde no alcanzamos a distinguir lo que es el papel de las instituciones del Estado y lo que representan los derechos y la vida privada de los mexicanos. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias por su atención.