El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez (PRI): Con su permiso diputado Presidente. Compañeros y compañeras legisladores: Los suscritos, diputados federales Martín Remigio Vidaña Pérez y Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 párrafos 1° y 2° inciso c), d) y e), 38 párrafo 1° inciso a), 39 y 45 párrafo seis, inciso f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General, numeral 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter al pleno de esta soberanía, esta iniciativa con base en la siguiente: Exposición de Motivos Por tortura se entiende según la definición internacional, todo acto realizado intencionalmente por el cual se infrinjan a una persona penas, sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva o con cualquier otro fin, así como también la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad de la victima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia síquica. Uno de los principios sobre los que descansa el estado de derecho, es el irrestricto respecto a la integridad de las personas, siendo obligación intransferible del poder público, ofrecer a los ciudadanos la seguridad de preservar sus libertades y garantizar la igualdad jurídica como requisito para mantener la paz social, buscando en todo momento la tolerancia y el respeto a la dignidad de cada individuo. Uno de los intereses fundamentales de esta reforma, consiste en establecer medidas más estrictas para la prevención y sanción de las conductas lesivas a dicha dignidad, como es el caso de aquellas prácticas en las que se pudieren incurrir, servidores públicos que apartándose de la ley se valgan de instrumentos, mecanismos o actos para infringir tortura. Es importante mencionar que México, junto con otros 20 países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, signo el acuerdo que creaba la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en febrero de 1986, ratificándose al año siguiente. Asimismo, en 1991 entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, por lo que nuestro país cuenta con el marco legal para proteger a los individuos de este grave delito. A pesar de ello, es sabido por todos que la tortura sigue siendo una práctica vigente en el país, por lo que consideramos que se deben fortalecer las penas para erradicarla. Si un funcionario público comete este delito considerado internacionalmente de lesa humanidad, traiciona la confianza pública ciudadana depositada en él, por lo cual debe perder la oportunidad de volver a ser representante del estado de derecho. Así lo establece el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Sin embargo, la inhabilitación del funcionario público no es permanente, sino hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta. Consideramos que ante la gravedad del acto que representa la tortura, ningún funcionario que la aplique debe volver a tener la posibilidad de ser representante del gobierno. Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su artículo 7 establece: "...que los estados partes, tomarán medidas para que en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura". En conclusión, este delito debe ser erradicado como práctica de extorsión en nuestro país, las autoridades deben responsabilizarse íntegramente en caso de cometerlo y la sociedad debe ser implacable para evitarlo. Reafirmando que todo acto de tortura constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la declaración americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Constitución Política de nuestro país. Debemos tomar medidas drásticas que aseguren la erradicación total de nuestra sociedad. Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para quedar como sigue: Unico. Se reforma el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Artículo 4. A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de 3 a 12 años, de 200 a 500 días de multa e inhabilitación perpetua para el desempeño de cualquier cargo o empleo o comisión públicos. Para los efectos de la determinación de los días multa se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal. Transitorio Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 5 de enero de 2005. Atentamente. Diputado Federal Martín Remigio Vidaña Pérez; diputado Federal Jorge Uscanga Escobar. Es cuanto, diputado Presidente.