El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor presidente. El pasado 31 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, bajo circunstancias que se alejan de cualquier práctica ejecutiva digna de un país democrático. En dicho decreto el Ejecutivo federal manifiesta que el organismo al que da creación es para garantizar la función social en la prestación del servicio público de radio y televisión, lo cual argumenta que es fundamental para el fortalecimiento de la integración nacional, el fomento del respeto y la tolerancia, la promoción de la reflexión y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. En teoría los fines buscados son valiosos, pero en la práctica nuestro Ejecutivo federal se encuentra muy alejado del enaltecimiento de dichas pretensiones sociales. Primeramente destaco la gran opacidad con que se instrumentó la publicación del decreto y la consiguiente creación del organismo. Entre las maniobras de hermetismo que desplegó Gobernación estuvo gestionar que el procedimiento de viabilidad regulatoria, que lleva la Secretaría de Economía se declarara confidencial y que la publicación en el Diario Oficial sucediera el miércoles previo a los días feriados. El decreto nos indica que el organismo ha sido dotado de todo tipo de recursos humanos, técnicos y económicos para instalar y operar estaciones de radio y de televisión, por lo que se convertirá en el nuevo medio de comunicación del Ejecutivo federal. Su naturaleza jurídica prevé que contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, pero se crea como una entidad sectorizada de la Secretaría de Gobernación, por lo que su autonomía no está garantizada. Esto va en contra de las mejores prácticas internacionales, en donde encontramos medios públicos, con autonomía de sus propios gobiernos, como en los casos admirables de la BBC de Inglaterra y la radio-televisión española. En el caso que nos ocupa todo indica que más que creando un medio público, bajo los estándares que demandan los tiempos que vivimos y las mejores prácticas internacionales como señalé, se está creando un medio del gobierno y para el gobierno, federal, por supuesto. Por otro lado, será un organismo productor de contenidos programáticos, vigilado y controlado por la misma Secretaría de Gobernación. De tal manera queda indefinido si esta entidad será un organismo de radiodifusión y que adicionalmente operará y distribuirá contenidos, o si lo hará por conducto de terceros. Entre los múltiples cuestionamientos que tiene mi grupo parlamentario son: ¿Con qué facultades reasignará el Ejecutivo federal partidas presupuestarias que fueron debidamente asignadas por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010? El tema no es menor, considerando que esta soberanía autorizó para el presente ejercicio cerca de mil millones de pesos para el presupuesto de los medios públicos identificados con fines educativos. Peor aún, el decreto establece que la Secretaría de Educación Pública entregará al organismo los recursos que sean de utilidad para el cumplimiento de su objeto, de lo cual se puede inferir que se incluyan las estaciones de radio y canales de televisión que actualmente utiliza para fines educativos. Esto pone en controversia a lo previsto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vivimos tiempo de dificultad nacional, los bolsillos de los ciudadanos y sus oportunidades de empleo se han deteriorado, y mientras tanto el Ejecutivo reasigna recursos destinados inicialmente a medios públicos con un fin predominantemente educativo, que por ley deben permanecer bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública, y los destina a la creación de este organismo, realizándolo en mero tiempo de austeridad y de crisis económica. Mis tres minutos no me permiten invocar a la reflexión sobre las múltiples interrogantes al respecto, tales como, ¿se utilizará este medio para hacer promociones personalizadas de actores políticos afines, o bien ataques o críticas de tinte electoral? ¿Tendrá fines de elección pública, o acaso es el canal del presidente? Para esclarecer éstas y demás interrogantes es que someto a consideración de este honorable pleno el votar a favor de mi punto de acuerdo y con ello citar a comparecer al licenciado Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, y al arquitecto Héctor Ozuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El devenir nacional que nos acontece así nos lo reclama, en aras de continuar con el progreso de nuestras aspiraciones democráticas. Es cuanto, señor presidente.