El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Con su venia, diputado presidente. Por razones de economía procesal parlamentaria daré lectura únicamente a los puntos que considero sustanciales para fundamentar la propuesta; sin embargo, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, que se ordene la inserción íntegra del texto de dicha iniciativa en el Diario de los Debates. Compañeras y compañeros legisladores, de acuerdo con las cifras que pone a disposición la Procuraduría General de la República en su página electrónica, solamente en un lapso de 10 meses, entre septiembre de 2007 y junio de 2008, se pusieron a disposición del entonces Consejo de Menores a 3 mil 759 adolescentes como presuntos responsables de conductas tipificadas como delitos y se proporcionaron 29 mil 204 asesorías jurídicas a igual número de adolescentes que realizaron alguna conducta tipificada como delito. Aunado a lo anterior, en la actualidad existe una tendencia a nivel nacional que refleja el incremento en el número de los delitos cometidos por adolescentes. En el caso particular del Distrito Federal, de acuerdo con los datos contenidos en el IV informe de labores del procurador general de Justicia, en Materia de Justicia para Adolescentes, durante el último año de actividades los ocho juzgados de proceso inscribieron 2 mil 439 expedientes, de los cuales mil 329 fueron por acción de remisión, y en los seis juzgados de proceso oral se recibieron 530 expedientes, de los cuales 368 fueron por acción de remisión. Asimismo, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, durante su reciente comparecencia ante el órgano legislativo local reconoció que se han incrementado las conductas delictivas realizadas por menores de edad, situación que repercute también al cumplir la mayoría de edad, siendo un dato relevante que el 70 por ciento de los internos en los reclusorios del Distrito Federal tienen entre 18 y 25 años de edad, dentro de un universo de 40 mil reclusos. Por lo anterior, es evidente que se trata de un tema que requiere de una atención urgente e integral en los ámbitos de la atención a grupos vulnerables, de la prevención del delito de la justicia para adolescentes y de la readaptación y de reinserción familiar y social de los jóvenes que hayan cometido acciones ilícitas. De igual modo, entre los motivos que orientan la presentación de esta iniciativa se considera necesario dar cumplimiento estricto al mandato contenido en la reforma del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos cuarto, quinto y sexto, que modificó por completo la manera en que el Estado mexicano concebía a sus jóvenes en conflicto con la Ley Penal, a los cuales ya no se les llamaría menores infractores y estableció un nuevo sistema de justicia integral para adolescentes, postulando los principios fundamentales que deben regirlo. Este decreto procuró acatar diversos instrumentos internacionales signados anteriormente por el Estado mexicano como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de su Libertad. Dicha reforma tuvo un par de momentos importantes; primero, el 12 de marzo en 2006 y, segundo, el 12 de septiembre del mismo año. En la primera fecha entraron en vigor a nivel federal como local, tanto la denominación de los adolescentes como las distinciones etarias, es decir de edad, para establecer las consecuencias jurídicas de su responsabilidad, quedando tan sólo pendiente para la segunda fecha la creación de las leyes de instituciones y órganos que se requieren para la aplicación del nuevo sistema; obligación que, de manera por demás incongruente, se ha interpretado en el sentido de que aplica tan sólo para las entidades federativas y no para la federación. En este orden de ideas, para esta fecha las disposiciones penales, federales y locales deberán estar acorde con el texto constitucional. Sin embargo, en el orden federal se encuentran en franca contraposición con la reforma constitucional previamente aprobada. A este respecto el máximo tribunal de este país ya se ha manifestado en este sentido. Por otro lado, las entidades federativas han emprendido de manera muy variada la forma en que deben instrumentar la reforma, tanto en la nomenclatura que utilizan en el diseño institucional y procesal, debido al diseño constitucional que plantea una materia concurrente, o como lo menciona la jurisprudencia derivada de la Primera Sala de la Corte, un sistema de doble fuero o materia común, que en el pleno se denomina "facultad legislativa coincidente". Es decir, el Constituyente no reservó competencia ni para la federación ni para las entidades federativas. Por lo que, los respectivos órganos legislativos, Congreso General, Congresos estatales y Asamblea Legislativa en el DF, pueden legislar respecto de la misma materia, en este caso penal; pero, en el ámbito de sus competencias, para facilitar la unificación en la aplicación de la justicia para menores de edad y permitir mejor desarrollo, se propone adicionar la fracción XXI del artículo 73 constitucional con un párrafo en que se establezca la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes que fijen la concurrencia y las bases normativas de coordinación a las que deberán sujetarse la federación, los estados y el Distrito Federal en la implementación y aplicación del sistema de justicia penal para adolescentes. La concepción del sistema integral de justicia para adolescentes como una?