La diputada Lorena del Carmen Alfaro García: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Ningún delito deja tantos agravios, incertidumbres y desgarramiento social y familiar como lo es la desaparición forzada de personas. El ejercicio abusivo más perverso, alevoso y aterrador de poder se da cuando se desaparece a una persona, dejando a sus seres queridos con la eterna incertidumbre de su existencia, de su agonía o de su muerte. Compañeras y compañeros diputados, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia nos presentan un dictamen de la mayor trascendencia para nuestro país. Con la emisión de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas el Congreso de la Unión paga una deuda histórica en materia de derechos humanos y el Estado mexicano queda obligado a observar los más altos estándares en el respeto de la libertad, ya sea política, de conciencia, de expresión, de militancia o de compromiso social. Las disposiciones que hoy están a nuestra consideración implican la homologación del delito de desaparición forzada, de acuerdo a instrumentos internacionales. Así, esta ley general que habrá de regir en todo el país tiene como objeto prevenir y combatir una de las conductas que mayor lesión generan a los mexicanos. En un Estado de derecho no hay nada más reprobable que el hecho de que las autoridades abusen de los gobernados por sí o coaligándose con otros particulares. Desafortunadamente en nuestro país tuvimos un periodo ominoso conocido como el de la Guerra Sucia, en el que algunos elementos del Estado participaron en la desaparición de líderes sociales y activistas. Se trata de un episodio del pasado con afrentas graves, algunas de ellas se han llevado a la justicia internacional como es el caso de Rosendo Radilla Pacheco. México ha cumplido con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años, además se reformó la Constitución para garantizar la vigencia del régimen universal de defensa de los derechos humanos y es precisamente en esta reivindicación del Estado mexicano a favor de la dignidad humana que se inscribe esta necesaria ley. No obstante, recientemente hemos sido testigos de terribles actos y los que se conjuga el poder político con el crimen organizado, resultando en la desaparición de personas, eventos que aún espera que se haga justicia. Así el Grupo Parlamentario del PAN reitera enérgicamente su exigencia de que en el caso de los normalistas de Ayotzinapa se lleve hasta las últimas consecuencias. No hay ley que valga, ni palabras que devuelvan a muchísimas familias la paz ante la tragedia de que son víctimas. Y hoy quiero reconocer desde esta alta tribuna, la participación activa y comprometida de diversas organizaciones sociales, muchas de ellas en las que participan familiares de víctimas que han sido desaparecidas a lo largo de estos dos años han estado trabajando en el análisis de esta ley con el único interés de que esta nueva ley llegue a buen puerto. La ley que vamos a aprobar y cuyo voto a favor anuncia el Grupo Parlamentario del PAN, contiene componentes muy importantes de 3 categorías: Sustantiva, adjetiva y orgánica. Se unifica el tipo penal de la desaparición forzada con sus modalidades y agravantes. Se disponen elementos en virtud de los cuales se habrán de poner todos los recursos del Estado: Humanos, tecnológicos, legales, para dar con el paradero de las personas desaparecidas y se crea el sistema nacional de búsqueda. El Grupo Parlamentario del PAN entrega esta ley y exhorta a todas las autoridades a su aplicación irrestricta. Al hacerlo queremos rendir un homenaje a todos los ciudadanos que han perdido la vida y a sus familiares que viven en permanente angustia. Para todos ustedes nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Al unísono con la sociedad, el día de hoy queremos afirmar: Ni un desaparecido más en México. Es cuanto, señora presidenta.