El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Y más allá de lo que ya se ha señalado aquí en el antecesor a mí, decir que además la anticonstitucionalidad viene porque no contemplan lo que el 85 del Reglamento mandata, de la valoración del impacto presupuestal, que debería de atender la Mesa Directiva. Pero a mí me gustaría entrar en materia señalando lo que Guillermo Zamarripa, director general de Estudios Financieros del ITAM y ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria dice sobre esta reforma. Los efectos de la iniciativa tardarán hasta una década en reflejarse en una penetración de crédito de 40 por ciento del producto interno bruto. La reforma financiera tendrá un potencial de largo plazo para que el crédito de México crezca, impacte la economía y básicamente, las actividades productivas. Tiene que ser un proceso gradual y ordenado para no incurrir en sobreapalancamientos con consecuencias no deseadas. Y luego, uno de los ideólogos del salinismo, que ya ustedes conocen, Guillermo Ortiz, actualmente presidente del Consejo de Administración dice: la reforma financiera no va a tener impacto notable en el corto plazo, éste es un proceso en el que si es exitoso, al cabo de dos o tres años veremos una aceleración de la penetración financiera en la economía. Tomando en cuenta estas dos opiniones de expertos en el sistema financiero mexicano cabe preguntar ¿cuál es el fondo real de esta reforma a la normatividad financiera? Pues claro que es solamente el de garantizar las inversiones del capital nacional e internacional con cargo al presupuesto federal. Esto es lo que les urge aquí por aprobar el día de hoy, dentro del marco de todas las reformas que están haciendo. Hay que decir que ustedes están proponiendo en esta iniciativa el realizar cambios sustanciales a la Ley de Instituciones de Crédito y estos van a impactar a los comités de estabilidad financiera, crearán el Comité de Regulación Bancaria de Liquidez y van a limitarle responsabilidades al Comité de Estabilidad Bancaria. No los considerarán ya responsables por daños y perjuicios cuando hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y entender o los posibles efectos que no hayan sido previsibles con base en la información disponible al momento de su decisión. O sea, les van a limitar la responsabilidad. Y por tanto, las autoridades financieras, como ya se ha señalado, son responsables de la supervisión a través de visitas de inspección y vigilancia a las instituciones de crédito. Y obviamente, hay facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a otras áreas financieras para proporcionar, fíjense bien esto, proporcionar a las autoridades financieras del exterior toda clase de información que estimen procedente para atender requerimientos que les formulen, aun las protegidas por disposiciones de confidencialidad, sin que ello implique transgresión alguna, las obligaciones de reserva, confidencialidad, secrecía o análogos que deben observar conforme a las disposiciones legales aplicables. Obviamente, este acceso de información que no salvaguarda para garantizar la autonomía del sistema financiero mexicano, poniendo en riesgo su funcionamiento y seguridad por la información sensible sobre operaciones de entidades financieras y los sujetos de las transacciones financieras. Los medios juegan un importantísimo papel en el proceso de legitimación política. La falta de espacios de análisis plural de la propuesta sesga los alcances de esta reforma, como bien se dice, todo es según el color del cristal con que se mira. Y se presentan argumentos empleados en su momento por Carlos Salinas, Pedro Aspe, Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, para justificar una supuesta modernización del sistema financiero, dicen: La necesidad de fortalecer la rectoría del Estado en el desarrollo, la soberanía nacional y el régimen democrático, de fomentar. Puras patrañas, puro verbalización de patrañas, por lo que nosotros pensamos que es necesario establecer medidas de control y salvaguardia en la información de las entidades del sistema financiero mexicano, con el objeto de no volver a los errores del pasado, en perjuicio de los ahorradores y los usuarios, y que siguen gravando la hacienda pública. Se deben considerar los antecedentes de las metas que se publicaron en las reformas financieras de la banca nacionalizada, durante 1982-89, los objetivos de la banca reprivatizada en la reforma constitucional y reglamentaria del 90. En esta última, la reforma modernizadora, se abrieron los mercados de dinero y bursátil a la rapacidad financiera, se le otorgó la autonomía al banco central con la consecuente pérdida de soberanía monetaria cambiaria, destruyó a la Banca de Desarrollo y convirtió regladores de ineficiencias y corrupción de las entidades intermediarias. Con la crisis económica del 94-95 se provocó la quiebra de la banca privada, quiebra que pagan todos, mexicanos y mexicas, a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, antes Fobaproa, que administra una deuda de 800 mil millones de pesos en números redondos, para lo cual en días pasados colocó bonos entre diversos inversionistas para obtener 3 mil 400 millones de pesos, herencia de una privatización que inicia con Salinas y que concluyó Vicente Fox con la venta de Banamex a Citigroup. Ante la omisión de los costos de la implantación del sistema de regulación y corrección del sistema financiero, así como la presentación de datos financieros estoy culminando, presidente y proyecciones de la deuda que éste tiene es necesario considerar la devolución del dictamen que se presenta a las comisiones dictaminadoras para su debida fundamentación y motivación. Por lo tanto, conforme a lo que dispone el artículo 20, le solicito a la Mesa Directiva como punto único que se suspenda la discusión en lo general del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y Justicia, con proyecto de decreto para esta reforma que pretenden. Ya no es posible seguir engañando al pueblo de México. Esto quedó demostrado el día domingo, que tuvieron que echar para atrás su idea de los del PRI, que hasta sus estatutos habían modificado para subir los impuestos en medicinas y alimentos. Tuvieron que recular con un éxito a la movilización que hizo el pueblo de México a convocatoria de Andrés y ustedes van a tener que echar atrás muchas de estas medidas aunque no lo quieran. Gracias al movimiento popular, a la movilización ciudadana, este país va a cambiar, porque de este Congreso no esperamos nada. Por eso si ustedes persisten en la idea de continuar adelante con esta reforma me es grato informar que el Partido del Trabajo votará en contra.