La diputada Araceli Madrigal Sánchez: Con su venia, diputada presidenta. La creación de la Secretaría de Cultura, como uno de los pilares de la administración pública federal, fortalecerá las identidades y culturas existentes en el país, dando cumplimiento al mandato del artículo 2o. de la Constitución, el cual caracteriza a la nación como una composición pluricultural. Sin embargo y pese a estos avances, las facultades conferidas en materia de lenguas indígenas que determinan planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas indígenas, así como fomentar su conservación, contenidas en la fracción IX del 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presenta serias limitaciones por debajo de los estándares internacionales. Por lo expuesto y a fin de homologar los contenidos del orden legal conforme a los compromisos internacionales signados por el Estado mexicano y lo establecido en nuestra Constitución, es imperativo otorgar los estándares internacionales en materia de facultades conferidas a la Secretaría de Cultura en lo referente a lenguas indígenas. De acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Inali, algunas lenguas maternas y sus variantes presentan ciertos riesgos de extinción. Lamentablemente el Ejecutivo federal recorta drásticamente el presupuesto de 2017 para la conservación y fomento de las lenguas indígenas. Se olvida que las lenguas son síntesis y expresión de la cultura de los pueblos, son el vehículo de transmisión, fortalecimiento y recreación de una cultura. Es a través de la lengua en que se comunican los haberes, normas y principios que dan cohesión a una organización y a una colectividad humana determinada, su configuración tiene una profundidad de miles de años de historia cultural. Cada vez que una lengua se extingue, la humanidad pierde una historia y riqueza de conocimientos milenarios y no se trata solo de conservar las lenguas cual piezas de museo inerte, sino de garantizar las condiciones de uso cotidiano, familiar y público. En esta perspectiva se ha desarrollado un marco constitucional, así como una diversidad de instrumentos internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas, la Declaración Universal de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, la cual considera a las lenguas como medio de comunicación y cohesión social de una comunidad lingüística, entendida ésta como toda sociedad humana asentada históricamente en un espacio de territorial determinado. Establece también que todas las comunidades lingüísticas tienen derecho en su ámbito territorial a desarrollar todas las actividades públicas en su propia lengua, a acceder al conocimiento de la lengua propia, ser considerada como oficial, que las actuaciones judiciales y administrativas, los documentos públicos y privados y los asientos en registros públicos realizados en su lengua propia sean válidos. Que las leyes y otras disposiciones jurídicas que le conciernen se publiquen en su propia lengua. En el ámbito individual estima que todo miembro de la comunidad lingüística tiene derecho a relacionarse y ser atendido en su lengua por los servicios de los poderes públicos o de las administraciones centrales, territoriales, locales y supraterritoriales a las cuales pertenece el territorio de donde es propia la lengua; a usar en los tribunales por escrito o hablado y ser juzgado en su propia lengua y a obtener gratuitamente un intérprete. Por su parte, la Ley de Derechos Lingüísticos determina como sus objetivos regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Para la realización de estos objetivos se otorgó al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Inali, órgano descentralizado de la administración pública federal sectorizado a la Secretaría de Cultura, las facultades necesarias para tal efecto. En consecuencia, existe un amplio desarrollo al alcance de los derechos de las comunidades lingüísticas para su fortalecimiento, desarrollo, uso cotidiano y público, en un marco de respeto al pluralismo lingüístico y sin embargo y pese a este amplio desarrollo, las facultades conferidas a la recién creada Secretaría de Cultura en materia de lenguas indígenas contiene un limitado alcance al considerar solamente el fomento a su conservación. Se considera necesario la armonización de los contenidos en la fracción IX del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los contenidos de la Ley de Derechos Lingüísticos. Por lo antes expuesto, la que suscribe somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX al artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo único. Se adiciona la fracción IX al artículo 159 de la Ley de la Administración Pública Federal para quedar como sigue. Artículo 41 Bis. A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos... Fracción IX. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas indígenas, así como reconocerlas, protegerlas y promover su preservación, desarrollo y uso. Es cuanto, presidenta.