El diputado Mario Alberto López Hernández: Con la venia de la Presidencia. Nos encontramos hoy en un momento histórico ante una responsabilidad crucial para el futuro de nuestra nación. Esta iniciativa es mucho más que un conjunto de reformas, es un compromiso renovado con la dignidad, la justicia y progreso. México ha sido, desde su fundación, un país que lucha por garantizar los derechos de todas y todos, sin embargo, los desafíos del siglo XXI nos exigen actuar con visión y decisión, el mundo avanza rápidamente, la tecnología transforma nuestras vidas, las demandas sociales cambian y las amenazas a nuestros derechos adoptan nuevas formas. Esta ley busca responder a estos retos. En ese contexto, se inscribe el paquete económico 2025, presentado por el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, del cual forma parte el dictamen que hoy discutimos. Es decir, los cambios a la Ley Federal de Derechos. Este paquete se destaca por priorizar el gasto en rubros fundamentales que han caracterizado la transformación de la vida pública en nuestro país, además de devolver la trayectoria de la deuda pública a los niveles registrados antes del año 2024, en que se realizaron inversiones históricas para la conclusión de los proyectos que se establecieron como prioridad al principio del sexenio anterior. En la misma línea, un punto especialmente relevante del dictamen es la recuperación del cobro de derechos como herramienta para financiar las acciones del gobierno. Este esquema busca alcanzar una retribución justa por el uso de medición y control fiscal e incrementar los ingresos que se dirigen a la reparación de las afectaciones derivadas de la explotación de recursos de la nación. En cuanto al primer eje, la retribución justa por el uso deviene reflejada en la cuota de derecho. La propuesta enviada por el Ejecutivo federal contempla un incremento en la tasa del derecho especial sobre minería, que pasa de 7.5 al 8.5 y también la tasa del derecho extraordinario sobre minería que se eleva del 0.5 al 1 %. Esos ajustes reflejan el compromiso del gobierno de garantizar que quienes se benefician de los recursos naturales de la nación, contribuyan de manera justa al derecho social. Es cierto que estos cambios generan debate y habrá quienes intenten descalificarlos. Sin embargo, es crucial subrayar dos premisas fundamentales. No se trata de nuevos impuestos ni de un incremento generalizado en la carga tributaria, se trata del aumento de la cuota que se cobra por un derecho, con esto reafirmamos nuestro compromiso de no crear nuevos impuestos. De igual forma, estas medidas reflejan un cambio significativo respecto a administraciones anteriores en el sentido de que tanto la actual como la pasada, han asumido la responsabilidad de garantizar un cobro justo por los beneficios derivados del uso de recursos nacionales fomentando así la progresividad fiscal. Paralelamente el dictamen incluye disposiciones para eficientar y transparentar el proceso de determinación y pago de derecho. Ejemplo de lo anterior son las deducciones al pago de derecho relativos al agua por la compra de medición, los cuales ahora deberán estar respaldadas por comprobantes fiscales y dichos aparatos deberán cumplir con las especificaciones técnicas emitidas por la Conagua. Estas medidas, junto con la incorporación de comprobantes fiscales y ajustes en los parámetros para el cálculo de derechos facilitan el cumplimiento de las obligaciones, comparte a los contribuyentes y refuerzan el control gubernamental. En cuanto a los incrementos en las cuotas por el uso de áreas naturales protegidas, se debe señalar que estas medidas no solo fortalecen la conservación de nuestros ecosistemas, sino que también incorporan descuentos para residentes nacionales y amplían las extensiones para grupos vulnerables garantizando su acceso a derechos y servicios. Los ingresos adicionales obtenidos a través de los cambios tanteados beneficiarán directamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, promoviendo el manejo sustentable de estos espacios. Esta última acción refleja una aspiración colectiva, lograr una contribución justa por la explotación de los recursos que son propiedad de la nación y garantizar que los beneficios obtenidos se destinen a su conservación. Por las razones que aquí he expuesto, en el Partido Verde votaremos a favor del dictamen. Es cuanto, presidente.