EL C. DIPUTADO ESTEBAN SOTELO SALGADO: Con su permiso señora Presidenta. Los Diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente Punto de Acuerdo en relación a la alta influencia de la delincuencia en el estado de Guerrero, en base a las siguientes consideraciones. La sangre entre los guerrerenses ha vuelto a correr, la ola de asaltos, secuestros y crímenes en general ha crecido sin que la autoridad estatal encuentre aún la manera de combatir eficazmente la delincuencia, quizá porque para el señor Gobernador del Estado René Juárez Cisneros es más importante su seguridad personal. De acuerdo con información publicada en un diario de circulación nacional el martes 3 de Abril del presente año, el Estado de guerrero cuenta con mil 96 elementos operativos de la policía judicial, de los cuales nada menos que el 11%, 120 judiciales están asignados como escoltas del Gobernador y de su familia. De acuerdo con un documento de la Dirección General de la Policía Judicial de Guerrero, 251 de los mil 96 elementos operativos estatales, realizan labores de escolta para el Gobernador y otras personas. A grandes rasgos nos encontramos ante el siguiente panorama; personal operativo, mil 96, asignados como escolta 251, aparte de los que cuidan al señor Gobernador y a su familia, los otros 131 están aclamados e ilustres personajes guerrerenses, 23 cuidan al ex Gobernador Rubén Figueroa acusado por los bochornosos actos de Aguas Blancas así como a sus familias, 17 vigilaban al ahora ex Procurador Rigoberto Pano, nótese que el 4 de este mes renunció a la Procuraduría y es el momento que no hay sustituto. 17 al ex Procurador Gustavo Adolfo Borlet, 6 al ex Gobernador Ángel Aguirre y uno respectivamente a Humberto Calvo y Jesús Bernal, líderes priístas en Chilpancingo y Acapulco. Estamos hablando de que cerca del 20% del personal operativo de la Policía Judicial del Estado realiza funciones de escolta , haciendo pues un cálculo aproximado podemos concluir que con otras 30 personas a las que tuvieren que proteger el Estado se quedaría sin policía ministerial. La seguridad pública no es solamente una función del Estado, ante tal panorama no puede aducirse falta de recursos públicos para poder combatir la delincuencia pues la presente Administración Estatal desde 1999 ha recibido del Fondo Federal para la Seguridad Pública más de 450 millones de pesos; no obstante la delincuencia ha crecido como se demuestra en las cifras oficiales. Los índices de criminalidad además de los grados de inseguridad pública son al extremo preocupantes en esta entidad, por no mencionar que paralelamente el nivel de respeto a los derechos humanos no es nada envidiable. Ante tal situación, que no solo no mejora sino que tiende a agravarse, las autoridades guerrerenses responden sustrayendo a la policía ministerial de las funciones que les son propias y asignando, como ya mencionamos, Un número ofensivo de elementos a funciones de protección personal. Debemos de hacer un llamado para que los recursos y acciones sean llevados a cabo con transparencia, de cara a la sociedad, para que las policías estatales y quienes las tienen bajo su mando materialicen los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, a eso apostamos con el presente punto de acuerdo. En tal virtud, consideramos conveniente solicitar la intervención de la Auditoria Superior de la Federación a efecto de aclarar las probables irregularidades cometidas en el Estado de Guerrero. A esta realidad no debemos sustraernos. En el Estado de Guerrero, los índices delictivos son alarmantes, la impunidad es la nota; la inseguridad pública y el crimen organizado, lejos de solucionarse se ha venido agravando con el paso del tiempo, por lo tanto resulta inaplazable para esta soberanía en tantos representantes de la nación, proponer las medidas necesarias a fin de dar respuesta a esta problemática. En tal virtud, compañeras y compañeros diputados, proponemos el siguiente PUNTO DE ACUERDO: Primero. Que esta Cámara de Diputados solicite respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales fiscalice el manejo, custodia y aplicación de los fondos federales que ejerce el gobierno del Estado de Guerrero en el rubro correspondiente a seguridad pública. Segundo. Que en caso de detectar irregularidades se proceda a fincar las responsabilidades legales a que haya lugar. Firman el presente punto de acuerdo más de cincuenta diputados de Acción Nacional, diputados del Partido de la Revolución Democrática, del Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo. Es cuanto, señora Presidenta.