El diputado José Arturo Salinas Garza: Gracias, diputado presidente, con su venia. Quiero iniciar agradeciendo también la intervención del diputado Damián Zepeda Vidales, por sus aportaciones a este proyecto de iniciativa que como se ha comentado, reforma la Ley General de Procedimiento Administrativo. Los diputaros de esta Legislatura hemos hecho muchísimos esfuerzos para implementar mejores prácticas en materia económica. Hemos dado facilidades financieras y crediticias que actualmente se encuentran vigentes para ayudar a detonar el mercado económico y regular todos los trámites y servicios que una empresa y especialmente las pequeñas y medianas empresas necesitan para poder tener operaciones en México. Como sabemos, establecer una empresa en México no es cosa fácil, sobre todo tratándose de emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas, porque hay muchísimos trámites, documentación que hay que llenar, se tienen que acreditar ante diversas instancias, pues muchos requisitos, hacer pagos y una serie de gestiones que además de ser tardados son costosos y desgastantes para los emprendedores, pequeñas y medianas empresas. El reporte Doing Business señala que en México toma 28 días hacer un trámite de apertura de una empresa, el promedio de los países del G7 es menos de 12 días, y esto implica que haya un sobrecosto en el proceso de abrir una empresa en México, que más o menos cuesta alrededor de un 12.5 por ciento de lo que en otros países puede costar. Esta iniciativa de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pretende que, a partir de la aprobación de la misma, los servidores públicos que no presten con diligencia labores para ayudar a que las empresas hagan negocios en México cometan obstrucción empresarial. Pero, ¿qué es la obstrucción empresarial? La obstrucción empresarial es incumplimiento en plazos de respuesta, pedir información de más, el extravío de documentación, solicitud de dádivas, alteración de procedimientos, negativa de servicio, falta de conocimiento de la normatividad y, sobre todo, perjudicar la operación de las empresas. Todas éstas son problemáticas que en el día a día sufren los pequeños y medianos empresarios, y esta iniciativa pretende poner fin a estas conductas y a muchas otras que comenten los servidores públicos y que, si bien es cierto en el marco jurídico actual establece sus obligaciones, no establece cuáles serían las sanciones aplicables por el incumplimiento de las mismas. Por eso queremos fomentar una nueva cultura para apoyar a los empresarios y emprendedores de este país, para poder retomar el vigor de la actividad económica en México. Actualmente sólo algunos estados, como Sinaloa y Coahuila contemplan esta figura de la obstrucción empresarial y es hora de llevar esta regulación al ámbito federal para que se pueda establecer una regulación que facilite la gestión de negocio de una empresa o de un pequeño comerciante. También en todos estos trámites concurren muchas de las instituciones federales, como puede ser Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, el IMPI, entre otros. Esta propuesta pretende de manera puntual que cuando un ciudadano considere que se está llevando a cabo una omisión por parte de un servidor público para obstaculizar cualquier tipo de trámite, pueda acudir ante la Cofemer, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y darle vista a la Secretaría de la Función Pública para llevar a cabo el análisis y la aplicación de las sanciones administrativas que correspondan, las cuales pueden ser apercibimiento, amonestación, destitución, sanciones económicas o inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos. Por eso creemos que la presente iniciativa colabora en la labor de modernizar el marco jurídico del comercio en México, regulando conductas y sanciones para aquellos funcionarios que obstruyan el ejercicio del comercio y de la labor empresarial en México, porque hoy aunque exista ya un catálogo de trámites y servicios con tiempos de entregas, no existen sanciones para el caso de incumplimiento. En el Partido Acción Nacional somos conscientes de esta realidad y sabemos que el país está pasando por una mala situación económica, y es por eso que impulsamos propuestas como ésta que tienden a fomentar y desarrollar actividades económicas en México. En conclusión. Derivado de los trabajos de simplificación empresarial que hemos llevado a cabo legislativamente, creemos que esta iniciativa tiende a fortalecer y modernizar el mercado económico en México y podemos llevar a que los empresarios tengan una mejor competitividad y una mejor respuesta por parte del gobierno. Es cuanto, diputado presidente.