El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, por sus preguntas, diputada Dolores Del Río. Para darle respuesta, el ciudadano secretario tiene la palabra hasta por cinco minutos. El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta: Con su venia. Señora diputada, señoras diputadas y señores diputados, hoy, en un momento en que se reflexiona sobre la estructura constitucional del país, sobre la manera en cómo la alternancia y la transición política ha modificado el esquema de división de poderes, es fundamental partir y aceptar que hoy los gobiernos estatales tienen una participación mucho más importante y preponderante en la vida nacional. Buena parte del desplazamiento del poder que en su momento se concentraba en el Ejecutivo Federal hoy descansa, a raíz del avance del federalismo, también en los titulares de los gobiernos estatales. Si como sistema político hemos transitado a formas de transparencia y rendición de cuentas, a una auténtica división de poderes a nivel federal como condición de desarrollo político, esto puede y debe ser garantizado en los niveles estatales y municipales. Desde esta soberanía, en su carácter de Constituyente, podemos y debemos analizar qué hacer para fortalecer la autonomía y la independencia de los poderes judiciales estatales. Déjenme darles una cifra que debe movernos a todos a preocupación. Al Poder Judicial federal en el presente año le fue autorizado un Presupuesto de Egresos de alrededor de los 31 mil millones de pesos y todos los poderes judiciales de los estados se les concedieron sólo 17 mil millones de pesos. La distribución de las cargas de trabajo de ninguna manera representa esa simetría en las asignaciones de los recursos. Pasar por la modernización del sistema político en México es, entre otras cosas, reconocer la necesidad de poderes judiciales más creíbles y de maneras más aceleradas, transparentes y que generen certidumbre para resolver las controversias entre actores económicos, políticos, sociales. Hoy por hoy, por ejemplo, la Corte juega un papel muy importante para resolver controversias entre las mayorías y las minorías en el orden parlamentario o entre las diversas instancias de gobierno. Ésa ha sido una señal de avance político. Consolidar la credibilidad de los poderes judiciales estatales con suficiencia de recursos y analizar modos y mecanismos para fortalecer su credibilidad en la sociedad es un imperativo democrático. Asimismo, los órganos de derechos humanos. Si en la federación aceptamos que éstos sean autónomos, ¿por qué no a nivel estatal? ¿Cuál es el principio de la eficacia de ciertas operaciones contrapuestas al federalismo? ¿Por qué deben existir calidades distintas y exigencias distintas en lo federal de lo que opera en lo local o lo municipal, sobre todo cuando son estos niveles de autoridad los más cercanos a la comunidad y los que muchas veces de mejor y mayor manera afectan a la vida de las personas? Esta es la reflexión que hoy debemos hacer. El gobierno no puede olvidar que la mejor construcción de la legitimación en este país debe venir de abajo para arriba, y desde las autoridades más cercanas a la comunidad hacia arriba. Para ello debe consolidar la institucionalidad de estos niveles de gobierno. Todos los partidos aquí han tenido experiencias a nivel municipal, estatal, y en algunos casos, a nivel federal. A todos toca encontrar un nuevo equilibrio entre estos tres niveles de gobierno, y la consolidación de instituciones que transparenten el ejercicio de gobierno, y que permita rendir cuentas a la comunidad, porque autoridad sin responsabilidad no puede ser democrática; y porque responder implica responder en las urnas, pero también responder en las cuentas. Y para ello, el gobierno federal será una voz que privilegie este análisis para ahondar en las reformas necesarias para que los principios que ustedes han impuesto en la vida política nacional, a nivel federal, bajen a lo local y a lo municipal; si es que todos aceptamos que sobre esos principios se construye democracia, responsabilidad política, transparencia y honradez en la actividad de gobierno.