El diputado Enrique Ochoa Reza: Compañeras y compañeros. Este es un tema fundamental que hemos discutido ampliamente en las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, y que ha generado un muy interesante debate que aquí se ha expresado por las distintas diputadas y diputados que me antecedieron en el uso de la voz. Nosotros, en el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos que este es un tema de fundamental importancia y nos solidarizamos con la solución de encontrar un espacio de diálogo en el Poder Legislativo para encontrar salida a quienes, de manera injusta, por condiciones de pobreza o de desigualdad, están en la cárcel. Sin embargo, debemos establecer los elementos técnicos objetivos para poder discutir si esta es la mejor manera de resolverlo. Empecemos por la numeralia. ¿Quiénes se benefician de esta legislación? ¿Cuál es la población penitenciaria de nuestro país? De acuerdo a los datos del Primer Informe de Gobierno del presidente López Obrador, al 30 de junio de 2019 se encontraban más de 200 mil personas en centros de reclusión, 170 mil de ellos por delitos del fuero común, 30 mil de ellos presos por delitos del fuero federal, 94 por ciento hombres y menos del 6 por ciento mujeres. De hecho no hay ningún caso registrado por aborto a nivel federal, porque ese delito es del fuero común y el robo también está catalogado como delito del fuero común. En consecuencia, esos dos tipos delictivos que forman parte del catálogo de la Ley de Amnistía no se verían beneficiados por esta legislación porque es de carácter federal, más no es de carácter general. Por lo tanto, no impactaría necesariamente a nivel estatal. ¿Qué sucede entonces con la legislación que está presentada? ¿Cuál es el mecanismo procedimental que se establece para llevarlo a cabo? Advertimos que tiene tres problemas inconstitucionalidad. Primero, se establece la creación de una comisión que no tiene facultades constitucionales para existir y que tampoco en la ley se establece quién la integraría, ni qué procedimiento de debido proceso va a establecer para resolver los casos que se acerquen a ella. Sin embargo, esa comisión tiene, de acuerdo a la ley, dos facultades que afectan claramente a las víctimas del delito y las víctimas están desprotegidas en esta legislación porque no aparecen. Por lo tanto, los derechos de las víctimas que están en el artículo 20 constitucional, Apartado C no se están respetando en esta ley. De hecho, se están violentando porque las víctimas tienen derecho a aportar para su beneficio las pruebas que pueden señalar sobre los actos que se cometieron a esta comisión. No les está dando el espacio. Pero, además, las víctimas tienen derecho a que se les repare el daño y esta comisión no integra en sus trabajos a esas víctimas. Adicional a esto, la comisión sí puede determinar que le dicte a un juez cómo es que va a proceder sobre un caso en particular y este es un elemento problemático, porque la Constitución también establece en el artículo 21 los 2 elementos torales de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Los jueces son los únicos facultados para establecer una sentencia y el Ministerio Público es el único que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, una comisión que se establece en Gobernación, que no tiene facultades constitucionales, no tiene por qué, no tiene facultad para decirles a los jueces qué hacer. Y estos jueces tampoco pueden decirle, como dice la ley, a la Fiscalía General de la República que se tiene que desistir de establecer procesos en contra de las personas que se van a beneficiar por la Ley de Amnistía. Dos violaciones constitucionales a los elementos torales que tenemos en el sistema de procuración e impartición de justicia. En tercer lugar, encontramos un problema de incongruencia. El sistema de justicia penal va a seguir procesando este tipo de problemas hacia adelante, pero esta Ley de Amnistía no puede beneficiar porque en caso de ser aprobada aplicaría para atrás, no para adelante. Deberíamos estar discutiendo una reforma al sistema de justicia penal que resuelva este problema hacia adelante, para que no tengamos que estar en un año tratando de aplicar una nueva Ley de Amnistía para resolver los problemas que se generen de aquí a un año por venir. Pero, además, hay una incongruencia adicional. Cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos por la mayoría de esta Cámara se le quitó presupuesto al Poder Judicial de la Federación en casi 19 por ciento con respecto a 2018. Se le quitó presupuesto a la Fiscalía General de la República en casi 5 por ciento en lo que pidió y se le quitó presupuesto a la Secretaría de Gobernación. Los 3 cuerpos que esta ley establece que tendrán más trabajo para procesar exactamente la carga de la Ley de Amnistía. Por lo tanto, tenemos instituciones que no tienen el presupuesto para llevar a cabo las nuevas facultades que les están estableciendo en la propia ley. Más aún, hay un transitorio que específicamente señala que no se les dará más presupuesto.