La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. El 26 de agosto pasado Artículo XIX y Fundar presentaron el informe Libertad de expresión en venta acceso a información y censura indirecta en publicidad oficial. Es un diagnóstico que detalla los abusos de la publicidad oficial. La opacidad persiste, la rendición de cuentas es disfuncional y el diseño institucional y legal permite prácticas contrarias al buen ejercicio democrático y a la libertad de expresión e información. El informe da cuenta de que, solo a nivel federal, en sus dos primeros años de gobierno el presidente Peña Nieto gastó más de 14 mil 663 millones de pesos en publicidad, cantidad que rebasa por mucho a cualquiera de sus antecesores. También indica que más de la mitad de los estados gastaron más recursos de los que originalmente presupuestaron y que la mayoría de estos, aunque reportaron gastos totales, no dieron a conocer en qué medios y campañas se gastaron más de 2 mil 413 millones de pesos. En la actualidad sigue prevaleciendo un criterio de absoluta discrecionalidad y de opacidad del Estado mexicano para disponer a entera conveniencia los recursos públicos que integran ese presupuesto. La asignación arbitraria de publicidad oficial con el objetivo de premiar o castigar a comunicadores y/o medios de comunicación en relación a sus líneas editoriales e informativas atenta, sin duda, contra la libertad de expresión y debe estar expresamente prohibido y regulado en la ley. Los recursos públicos en México que se destinan a los medios de comunicación siguen siendo manejados como un instrumento por parte del gobierno en mucho de sus casos para inhibir a empresas de comunicación crítica opuestas a sus políticas, o por el contrario, para recompensar a aquellas afines a sus programas e intereses. Muchos son los casos en nuestro país que se han documentado, antes Excélsior, Proceso, el Diario de Irapuato, Canal 40, Radio Monitor. Crónica de Mexicali, Cuarto Poder de Chiapas, el Sur, periódico El Centro, junto con muchos otros medios locales y nacionales. Para poner un ejemplo de esos tiempos, el programa de radio de la periodista Carmen Aristegui, ¿les suena? Legislar sobre esta materia es tarea inaplazable para evitar que la publicidad del Estado siga siendo una herramienta de presión y manipulación, a fin de compensar y castigar a las expresiones de los medios de comunicación en función de su contenido. Sostenemos que el Estado debe y puede asumir un rol activo para asegurar la diversidad y pluralidad en los medios de comunicación sin desconocer a las voces minoritarias ni a las posturas críticas del propio gobierno. Sólo así se garantizará un debate amplio y realmente democrático, y propiciaría mayores posibilidades de circulación de noticias e ideas de opinión. Específicamente el proyecto que presentamos propone regular la publicidad del Estado, considerado ésta en su más amplia acepción; los tres Poderes y los órganos autónomos en los tres niveles de gobierno, determinar los contenidos de la publicidad oficial considerando que deben de cumplir una función de interés público. Indicar los criterios para la distribución de publicidad, estableciendo porcentajes por tipo de medios de comunicación, electrónico, impreso y otros, como los de impacto comunitario. Determinar las tarifas únicas para la adquisición de publicidad aplicables a todos los medios y modalidades de contratación, con el fin de que las variaciones de pago se deban exclusivamente a un tiraje o un auditor mayor. Establecer un cuerpo ciudadano honorario, que vigile el cumplimiento de las normas de distribución de la publicidad y programar la aplicación de estímulos a medios de comunicación cultural y comunitario. Determinar las soluciones aplicables a los servidores públicos responsables en caso de violación a las normas de distribución, asignación, contratación y pago de la publicidad oficial y crear un juicio de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, competente en caso de violación a las normas de distribución, asignación, contratación o pago de publicidad oficial. Compañeras, compañeros, la falta de lineamientos legales claros y concretos en la regulación del gasto público en medios de comunicación atenta contra la transparencia, favorece la discrecionalidad que tanto daña la aspiración del pueblo de México, para avanzar a un régimen genuinamente democrático. Es por lo anterior que vengo a presentar esta iniciativa, mediante la cual se expide la Ley que Regula la Publicidad del Estado. Es cuanto, señor presidente.