La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, ante el contexto global y nacional en el cual vivimos, en el que de manera ágil y sencilla se puede compartir de forma inmediata, ya sea total o parcialmente una obra sujeta a protección por parte de las leyes en materia de autor, es necesario que se desarrollen medidas adecuadas para inhibir la comercialización ilegal de las mismas, toda vez que esto representa afectaciones directas a sus creadores. La protección de los derechos de autor en nuestro país requiere acciones afirmativas que garanticen a los creadores de cualquier tipo de obra en el ejercicio efectivo de sus derechos, así como la remuneración adecuada por la utilización de sus creaciones. Toda medida legislativa que garantice la protección de los derechos de los creadores debe ser apoyada, pero cuidando en todo momento que la normatividad que se proponga no impacte de forma no deseada o desproporcionada a terceras personas. En este sentido, el dictamen que se pone a nuestra consideración el día de hoy por parte de la Comisión de Cultura y Cinematografía, si bien pudiera tener el noble objetivo de proteger a los creadores del uso y paralelamente combatir el usufructo ilegal de sus obras, el mismo sin duda alguna repercutirá de forma negativa en las y los mexicanos, toda vez que establece una contribución extraordinaria afectando la economía de las familias y el acceso y disfrute a diversos bienes tecnológicos, que ya deben ser considerados esenciales. Y, prueba de ello, la tuvimos todos al padecer las consecuencias de la pandemia, misma que puso de manifiesto la necesidad, y lo subrayo, la necesidad de contar con un medio de comunicación que nos permitiera continuar con nuestra vida laboral, educativa, familiar y social. Pensamos que, de aprobarse el dictamen en sus términos, se generaría una carga adicional para los fabricantes, importadores y comercializadores de equipos, aparatos, soportes o instrumentos técnicos, o cualquier otro que permita la reproducción sonora, visual, o audiovisual de obras protegidas en la ley. Lo anterior afectará a quienes adquieran dispositivos inteligentes y equipos de cómputo que tengan capacidad de gravar y almacenar contenidos, pasando por el más sencillo medio de almacenamiento, hasta los decodificadores de servicio de internet. Lo anterior limitará el acceso de estos productos a nuestro país, y aumentará los precios en los que son ofertados a los consumidores finales, que somos los sujetos percutidos. Por ello, tenemos la convicción de que el dictamen a discusión no puede ser aprobado, toda vez que impactará la economía de millones de mexicanos y mexicanas, especialmente de los que menos tienen, al suponer que los mismos harán mal uso de los aparatos tecnológicos a los que tengan acceso. Bajo esta lógica consideramos que las reformas propuestas no cumplen con el objetivo primordial que es el de preservar y salvaguardar los derechos de autor en nuestro país, pues atenta contra los derechos de terceras personas. Estamos conscientes de que los derechos de autor deben ser fortalecidos para garantizar que los creadores de cualquier tipo de obra, objeto de protección, reciban una justa retribución por las contribuciones a la sociedad. Sin embargo, compartimos el compromiso del presidente de la República, de no generar nuevas contribuciones o cargas a las personas. Esto que hoy nos proponen aprobar, debe decirse con claridad. No es otra cosa que establecer de alguna manera una carga adicional que en nada contribuirá para reducir una brecha digital existente en nuestro país, y lejos de garantizar que los recursos obtenidos lleguen realmente a nuestros creadores y creadoras, promueve la opacidad y hasta la apropiación indebida de los mismos, por parte de las sociedades colectivas en gestión que se proponen. No podemos pagar justos por pecadores, y lo único que vamos a lograr es hacer menos accesibles los bienes que hoy son indispensables para el bienestar y el desarrollo de las personas y no ir al verdadero fondo del asunto, que es perseguir de mejor manera los delitos en contra de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, garantizando que se castigue a los delincuentes que los cometen realmente y que se compense a los creadores por los daños y perjuicios que estos provocan. Es cuanto, presidenta.