La diputada Patricia Terrazas Baca: Con permiso de la Presidencia. Estimados compañeros, diputadas y diputados, me dirijo a esta soberanía a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como del decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016. Resulta importante manifestar que el dictamen, que en este acto se somete a la consideración del pleno, es el resultado del estudio, análisis y discusión al interior de la comisión total de cuatro iniciativas propuestas por diputados de diferentes fracciones parlamentarias, mediante las cuales se presentaron propuestas para reglamentar, regular y atender la materia de disciplina financiera de manera que, manteniendo los preceptos constitucionales, permita su mejor cumplimiento y así atender la emergencia sanitaria generada por el virus Covid-19, brindando certidumbre jurídica para la atención de la población en el marco de la emergencia sanitaria. El dictamen que se propone a consideración de esta soberanía fue cuidadoso en respetar los principios establecidos en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a: 1. Las entidades federativas no podrán contraer directa o indirectamente financiamiento internacional. 2. Los financiamientos deben celebrarse bajo las mejores condiciones de mercado. 3. Los gobiernos locales deben informar a los Congresos locales el ejercicio de la deuda en la Cuenta Pública. 4. Los financiamientos deben ser autorizados por dos terceras partes de los legisladores presentes, quienes también deben analizar el destino y la capacidad de pago. Y, quinto. Los estados y municipios pueden contratar obligaciones de corto plazo, a efecto de atender necesidades temporales de liquidez, las cuales deben ser liquidadas tres meses antes de concluir la administración. Asimismo, el dictamen propuesto es respuesta del marco federalista establecido en la fracción VIII del artículo 73 constitucional, que delimitan a la intervención de la Federación en el caso de que las entidades federativas soliciten su intervención. Por lo anterior, las obligaciones hacendarias de trascendencia y ejercicio responsable de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos permanecen. La nueva realidad nos lo exige para atender a la población ante la emergencia sanitaria, como en la cual aún nos encontramos. Por ello, se hace necesario incorporar a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los elementos mínimos indispensables para sentar las bases de la actuación cuando exista una pandemia o emergencia sanitaria. Por ello, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público pone a consideración de esta soberanía buscar promover acciones que permitan atender a la población afectada por la emergencia, promover la reactivación económica y profundizar acciones que fortalezcan a las haciendas públicas locales mediante las siguientes acciones: 1. Que las entidades federativas y municipios puedan diferir pagos de la deuda de corto, seis, y largo plazo por un período hasta de 12 meses apoyando su liquidez. 2. Las transferencias federales etiquetadas de 2019 podrán devengarse y pagarse en diciembre de 2020 y, las de 2020, podrán devengarse y pagarse en octubre de 2021, siempre que los recursos en ambos casos hayan estado comprometidos en diciembre. 3. Se incrementa el porcentaje de adeudos de ejercicios anteriores, de tal suerte que de manera transitoria inicien el 2021 con un 5 por ciento en lugar del 2 por ciento. En cuanto a la emergencia sanitaria, el dictamen incluye las siguientes propuestas: 1. En servicios personales presupuestados, los estados podrán incrementar sus erogaciones en servicios personales para atender la emergencia. 2. Recursos previstos para desastres naturales. Se incorpora la definición de emergencia o contingencia sanitara. 3. Balances presupuestarios negativos. Incorpora la posibilidad de que los estados tengan balances negativos por emergencias sanitarias, lo cual no existe. Con ello los estados podrán solicitar mayor endeudamiento a sus Congresos locales, si es necesario. En previsiones extraordinarias, mediante la incorporación de un capítulo a la ley denominado previsiones extraordinarias. Se incluye una medida de carácter excepcional que tenga por objeto apoyar a los gobiernos estatales y municipales ante caídas abruptas del producto interno bruto superiores a un 5 por ciento, para que los estados y municipios puedan reestructurar la deuda de corto plazo, que consistirá en reestructuras para ampliar la fecha de liquidación de las obligaciones, así como establecer periodos de pago de capital iguales y consecutivos de la deuda, a efecto de que los gobiernos locales puedan optimizar el flujo de los recursos que reciban de participaciones y de sus ingresos propios, evitando así estresar las finanzas locales en un contexto extraordinario, respetando los principios de transparencia al tener que inscribir las reestructuraciones en el registro público único que administra la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Se propone la incorporación de medidas para la reactivación económica como son: 1. Líneas de financiamiento globales, incluso municipales, para que los estados puedan realizar proceso competitivo, por nombre y cuenta de sus municipios, reduciendo costos para los mismos. 2. Disminución de requisitos para municipios con población menor a 200 mil habitantes. 3. Exclusión de requisitos en proyectos con asistencia técnica para acceder a créditos con mejores condiciones financieras que la banca comercial. 4. Proyectos con alto impacto en ingresos que generen mayores ingresos a la hacienda pública local, que puedan acceder a cadenas productivas y posibilidad de que la banca de desarrollo otorgue financiamiento de corto plazo. Se faculta a los Congresos locales para autorizar de dos a tres años financiamiento, entre otros. Por lo anterior, es que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sometemos a este pleno el presente dictamen para su discusión. Es cuanto, señora presidenta.