El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Con la venia de la Presidencia. El sector eléctrico tiene una gran importancia en sentido estratégico en todas las economías del mundo. Esto porque el suministro de la energía eléctrica de manera confiable, continúa y a un costo accesible es fundamental para el desarrollo de las actividades productivas, es un elemento básico del que depende directamente el bienestar de todas las familias de un país. Independientemente del modelo económico implementado en una nación su importancia estratégica y sus características de monopolio natural implican una dominación por parte del Estado a través de sus empresas paraestatales, contrario a lo que se propone en esta reforma. Existen casos de países que cuentan con una economía abierta pero con empresas estatales fuertes en el sector eléctrico, que sin duda corroboran la importancia y las ventajas de mantener en manos del Estado la participación del sector en cada una de las cadenas del sistema. En la Ley de la Industria Eléctrica existen definiciones que dejan espacio para la confusión y en otros casos dejan de lado conceptos importantes como el de la distribución de energía eléctrica y el de la potencia, las cuales son definiciones de las que no se deber prescindir. No se promueve el uso de energías limpias, solo se estipula la promoción de criterios de sustentabilidad, lo cual no genera ningún compromiso u obligación a los participantes del sector. No se incluyen los actos de corrupción como un caso que implique una separación legal de un participante de los sectores de generación y suministro de la industria eléctrica, siendo uno de los problemas más graves que no aseguran el funcionamiento adecuado del sistema eléctrico nacional. Al igual de lo que sucede en el caso de los hidrocarburos, no se determinan impactos económicos ni fiscales, por lo que no podemos saber qué resultados puntuales se presentarán como resultado de la implementación de esta reforma. Por otro lado, es inaceptable que se permita producir energía eléctrica para usos exclusivos de exportación bajo la figura de abasto aislado, es decir, seguimos con ese esquema de ser el patio trasero de los Estados Unidos, permitiendo que produzcan y contaminen aquí energía eléctrica que no usaremos. Lo peor de esto es que se justifica que las tarifas de electricidad bajarán por la incursión de nuevos productores de electricidad extranjeros y usarán gas natural para generar cuando los productores de Estados Unidos generan principalmente electricidad a base de carbón, usándolo como insumo para producir el 53 por ciento de la generación, siendo que el carbón genera severos daños al medio ambiente. En la Ley de la Industria Eléctrica no se propone ninguna restricción sobre este tema. No se establece la restricción de actividades relacionadas con el sector eléctrico en zonas de salvaguarda ni en áreas de reserva, así como la prohibición de llevar a cabo actividades en áreas protegidas o en áreas que la puedan afectar. No se menciona nada al respecto. Se deja gran parte del trasfondo del funcionamiento del sector a lo estipulado en las reglas del mercado, lo cual influirá directamente y de manera negativa a los usuarios de suministro básico, es decir, a los hogares; esto porque los precios de la electricidad dependerán de negociaciones en etapas previas al suministro. En el artículo 139 del dictamen se establece que la Comisión Reguladora de Energía determinará tarifas máximas de los suministradores de último recurso que están relacionados con el mercado mayorista, pero no se establecen tarifas máximas para el suministro en los hogares, es decir, parece que habría una protección a las empresas, pero no para los hogares. Existe un conflicto claro respecto a la ocupación de terrenos para las actividades de explotación y exploración de hidrocarburos y las relacionadas con las actividades del sector eléctrico; al ser ambas de utilidad pública y ambas con capacidad de ocupación sobre las demás actividades existirá un enfrentamiento entre un sector y otro, la coincidencia es que tanto en esta ley, como en la de hidrocarburos quieren obligar a campesinos a ceder sus tierras. CFE se divide en subsidiarias o filiales actuando de manera independiente entre ellas imponiendo barreras para que éstas no operen en conjunto y peor aún, se pretende vender segmentos de la CFE hasta que desaparezca. Habrá dependencia de la producción de privados quedando a expensas de los productores de electricidad sujetándose a los costos de producción que estos impongan. Algo que nos parece sumamente preocupante es que no se contemplan medidas para el ahorro de energía en ningún apartado de la ley. Una reforma que no contemple cómo reducir el consumo no es una reforma integral; los casos de regulación de demanda son generalmente más efectivos que los de privatización, ya que estos generan que las personas destinen menos recursos al gasto de electricidad manteniendo una demanda estable. Se contemplan apoyos focalizados y se eliminan los subsidios a las tarifas de electricidad. Los apoyos no serán obligatorios si solo se determina la posibilidad de que se implementen. Este tema es delicado ya que estos apoyos focalizados podrían ser utilizados como propaganda de voto en favor del partido político en el poder. Los privados carecen de incentivos para llevar la red a zonas de baja rentabilidad, por lo que el tendido eléctrico no está garantizado a toda la población, se olvidan que las decisiones de una empresa están determinadas por cuestiones de rentabilidad y nunca con sentido social. Las tarifas no van a bajar para la población en general o por lo menos no con el esquema que han promocionado de disponibilidad de insumos baratos y productores privados. Esta aseveración es falsa hoy y lo ha sido en los últimos años, han bajado los costos de los insumos y los privados generan casi el 40 por ciento de la electricidad y no se refleja esto en la reducción de tarifas a los consumidores. Insistimos en los riesgos de pérdida de control por parte del Estado sobre una industria eléctrica y en las dificultades para limitar los beneficios excesivos de los inversionistas privados. La acción reguladora del Estado en industrias eléctricas liberalizadas es conflictiva y fácilmente manejable por los intereses privados; no se trata de defender el estatus quo, es trata de poner reglas justas que regulen a los competidores, estabilizar la demanda y fortalecer a las empresas del Estado, dada la importancia de su participación en los sectores estratégicos. No se pueden imitar modelos económicos cuando partimos de una cultura distinta. Estamos en contra de esta minuta porque no garantiza la existencia de un sistema eléctrico integrado y porque no se permiten participaciones de privados que no tienen por consigna el servir al público, sino sólo de generar utilidades para sí mismos. El eje central del control de la soberanía nacional que no sólo es la transmisión y distribución de la energía eléctrica sino también su emisión, quedará en manos ajenas implicando terribles consecuencias. Lo que estamos buscando son puentes entre las necesidades de la sociedad y las leyes que emanan de este Congreso. Los temas tratados en esta reforma obligan a pensar en un sentido nacionalista que cobra sentido en un mundo lleno de frivolidades financieras, en un país en donde se crean distracciones que invitan al olvido en donde la victoria del capital deforma la virtud del legislador. Es cuanto, diputado presidente.