El diputado Shamir Fernández Hernández: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la seguridad pública es indispensable para garantizar el Estado de derecho, para ello se requiere continuar con el fortalecimiento de las instituciones a cargo de dicha labor. El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función del Estado, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como conservar la paz y el orden público social, para lo cual la actuación de las instituciones de seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a los derechos humanos. El combate a la delincuencia es una realidad. La política en materia de la seguridad es un hecho, y a pesar de todo esto, no podemos cerrar los ojos, la delincuencia organizada mantiene redes en diversos objetivos como la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de órganos y de múltiples drogas. El crimen organizado ha sido un denominador común para muchos males, se ha permeado en nuestra sociedad la pobreza y los conflictos regionales y el cambio climático y, por supuesto, la migración forzada. No podemos negar que en nuestro país los grupos de la delincuencia alcanzan niveles de poder irracionales y que ponen en peligro la tranquilidad y la paz social. Recientemente en la pandemia Covid-19, si bien paralizó la economía lícita a escala global, incentivó muchas en el área del comercio ilícito. Para el gobierno de la cuarta transformación es imperativo el combate frontal y sin miramientos al crimen organizado. En tal sentido, no escatimamos esfuerzos para devolver la seguridad en cada rincón de nuestro país, las corporaciones de seguridad pública necesitan un flujo de recursos de manera constante que permitan superar al crimen organizado mediante fortalecer las instituciones. De ahí que la iniciativa que estamos discutiendo el día de hoy pretende tomar recursos ociosos y abandonados, los cuales existen actualmente en el sistema financiero nacional para enfocarlos a la seguridad pública y a la prevención del delito y justicia social, sin descuidar en ningún momento aquellos recursos que por ley prescriben en las instituciones financieras a favor de la beneficencia pública y encomiable labor. Por ello, en primer lugar, se debe considerar el monto total de las cuentas bancarias que han permanecido inactivas por los tres años, estos tres años se deben de transferir a la cuenta global de una institución financiera. Dichos recursos que no son reclamados por el titular en los siguientes tres años, deben de ingresar a una cuenta global que debe de prescribir a favor de la beneficencia pública, siempre que dicho monto no exceda las 540 UMAS. En caso de exceder dicha cantidad, la iniciativa se considera que prescribe a favor de la seguridad pública, siempre apegados a la legalidad y en aras de garantizar seguridad pública y jurídica en el procedimiento que se propone, que es similar al que ya existe, por lo que seguirán en las mismas formalidades y requisitos, siempre respetando el debido proceso a los usuarios de los servicios financieros. Es loable el fin perseguido y, sin duda, es de interés general para la nación el fortalecer la estrategia nacional de ciudad pública en todos los niveles de gobierno. No cederemos en la lucha. No retrocederemos en nuestro empeño, porque México seguro y libre de la delincuencia organizada no es una utopía, lo estamos construyendo. Hoy más que nunca, la nación donde manda unidad contra la lucha del crimen organizado. Por un México libre y seguro para todos. Es cuanto, diputada.