La diputada Lourdes Alonso Flores: Con su permiso, diputado Presidente. La presente iniciativa tiene la finalidad de regular el uso del agua industrial dentro de la Ley de Aguas Nacionales. De acuerdo a datos oficiales y estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua, se afirma que la ubicación de la población y de los principales polos de desarrollo industrial están inversamente relacionados con la disponibilidad del agua; es decir, la parte norte y centro del país es, sin lugar a dudas, la zona donde se encuentran las principales concentraciones de la actividad industrial y, a su vez, es la región con menos recursos hídricos del país por ser caracterizada como árida o semiárida. El hecho que los principales corredores industriales se ubiquen en lugares que tienen menos de la tercera parte de los recursos hidráulicos. Le dan al agua subterránea un papel esencial en el abastecimiento del recurso, por lo que de los 653 acuíferos identificados por la gerencia de aguas subterráneas de la Conagua, se calcula que por lo menos 102 acuíferos están siendo sobreexplotados, o sea que el balance de extracción recarga es negativo, aspecto que incide en el abastecimiento para un 51 por ciento de la población total del país. En ese contexto, las autoridades encargadas de la gestión del agua, reconocen que como sus usos principales del agua, el uso agrícola que utiliza un 70 por ciento de las extracciones, seguido por el denominado uso público urbano que representa alrededor de 22 por ciento. Dentro de este uso se reconoce que muchas industrias medianas y pequeñas están conectadas a los sistemas de los servicios de agua potable y saneamiento, y el tercero, el uso industrial con concesión a diferencia de las industrias que usan agua de uso público urbano son poco más de un 6 por ciento. De extracción misma que conforme al Consejo Mundial del Agua (World Water Counsil-WWC) y la UNESCO, incrementará a más de 25 por ciento para el año 2025. Aunque en promedio la extracción de agua limpia para el uso industrial es menor a la de los demás usos, las descargas de contaminantes son muy superiores, ya que anualmente se acumulan entre 300 y 500 millones de toneladas de metales pesados, disolventes, detergentes, aceites, lodos tóxicos y otros desechos provenientes de la industria. Además de los contaminantes sólidos suspendidos inorgánicos, los industriales también utilizan materias primas orgánicas del sector alimentario, las que son reconocidas como las que más contribuyen a la descarga de contaminantes con parámetros muy altos de demanda bioquímica de oxígeno. Respecto a la producción de contaminantes inorgánicos y orgánicos, Estados Unidos y otros países industrializados vierten más del 80 por ciento del total de los desechos peligrosos del mundo, mientras que en los países en vías de desarrollo el 70 por ciento de desechos industriales son vertidos en cuerpos de agua limpia sin ningún tipo de tratamiento. En consecuencia, el desarrollo industrial mexicano como segundo país contaminador de Latinoamérica solamente superado por Brasil tiene que contemplar el crecimiento económico con equidad social y sustentabilidad ambiental como parte de las políticas públicas del Acuerdo de Desarrollo Sustentable. Históricamente, desde la Revolución Industrial se incrementó la utilización de los combustibles fósiles en las actividades industriales y de transporte, aumentando la cantidad de óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono emitidos a la atmósfera. Si a estas actividades se le agregan otras conductas humanas depredatorias, como la deforestación, la que nos pone al límite de la capacidad regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono, principal responsable del efecto invernadero, el cual, según el consenso de la comunidad científica de todo el mundo, ha aumentado dramáticamente en los últimos años, lo que está contribuyendo determinantemente al calentamiento global del clima de la tierra. Dado que el cambio climático es un problema global y es muy difícil que los países lo puedan resolver de manera individual, en 1998 se estableció el Protocolo de Kioto, en Japón, del cual México forma parte, instrumento para que todos los países firmantes participen en la reducción de las emisiones de gases invernadero como el dióxido de carbono, metano y otros, al menos al 5 por ciento por debajo de los niveles de emisión de 1990 al año 2012. Para el caso mexicano, la actual Ley de Aguas Nacionales no contempla el uso industrial en forma específica, además las personas físicas o morales sólo requieren un permiso expedido por la autoridad del agua para descargar los desechos industriales en los cuerpos de agua, es decir el pago por el mismo es como si se cobrara por contaminarla, pero no hay disposición legal que obligue en forma efectiva a limpiarla. El resultado es que el saneamiento y restauración de los cuerpos de aguas contaminadas quedan sin control ni mecanismos que obliguen a las autoridades a normar y regular esta agua. Solamente el capítulo cuarto, referente a otras actividades productivas, contiene un párrafo en el artículo 82, que señala la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en actividades industriales, de acuacultura, turismo y otras actividades productivas, se podrá realizar por personas físicas o morales previa la concesión respectiva otorgada por la autoridad del agua. En los términos de la presente ley y sus reglamentos, este señalamiento muestra la gran diferencia que hay entre el inexistente marco jurídico que regula y norma este uso, de lo que realmente significa este recurso para la industria. En este sentido, hay que recordar que el agua puede ser utilizada de diferentes maneras en la industria, ya sea para limpiar, calentar y enfriar, generar vapor, transportar sustancias o partículas disueltas, también puede ser la materia prima o parte constitutiva del producto, por ejemplo el agua embotellada o la industria de bebidas, o como disolvente. Tal es el caso de la industria del papel y detergentes. Por las consideraciones antes expuestas, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 82, adiciona el capítulo 4 Bis del título sexto al artículo 82 Bis, todos ellos de la Ley de Aguas Nacionales. Solicitando a esta Presidencia que por razones de economía y táctica parlamentaria, la misma se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.