El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: México enfrenta una severa crisis en las instituciones del Estado, en particular las de seguridad pública, que no han tenido la capacidad para prevenir y esclarecer los hechos de violencia registrados en todo el país. Muchos han sido los casos que nos han cimbrado como sociedad debido a que las autoridades no han fincado las responsabilidades correspondientes a los involucrados y no han podido aclarar los hechos delictivos. Hemos permanecido en una oscura impunidad. Hay muchos casos que podemos mencionar, por ejemplo: las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, estado de México, la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, o más recientemente los lamentables hechos donde perdieron la vida algunos niños y mujeres, de la familia LeBarón. Desde hace 3 décadas México enfrenta un problema de seguridad que ha generado una crisis humanitaria, en la que se han registrado miles de desaparecidos, muchos más muertos y una cantidad innumerable de casos de tortura y desplazamiento. Hemos vivido el año más violento con más de 35 mil asesinatos y más de 60 mil desaparecidos, según cifras oficiales. En esta crisis el papel del Estado, como garante de los derechos fundamentales, ha sido prácticamente nulo y sus agentes han actuado como cómplices de la criminalidad organizada. Hemos visto como la violación a los derechos humanos se ha constituido como una política de Estado, auspiciada por los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, en la cual los contrapesos de control y fiscalización resultan inválidos, dado que los órganos encargados de realizarlos carecen de facultades para denunciar y evidenciar las nefastas intenciones de un régimen que hoy por hoy se antoja autoritario, como aquellos de los años sesenta y setenta. En la actualidad esta crisis política, social, humanitaria e institucional afecta a todos los niveles de gobierno y a todos los Poderes de la Unión. Resulta por ello de vital importancia que, sin irse a un proceso de estudio, análisis e investigación imparcial de sus causas, y para generar un continuo proceso de conciliación y reconciliación entre la ciudadanía y sus autoridades, que coadyuven al restablecimiento de la paz social y no a un proceso que, guiado por el propio gobierno, intente borrar las huellas del pasado, creando condiciones presidenciales y pasando por encima de toda legalidad. Es por ello que proponemos la creación de una Comisión de Verdad en materia de delitos de desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias durante el periodo 2006-2019, que tendrá por objeto la investigación, el estudio, el análisis y la aportación de elementos históricos, políticos y jurídicos para determinar si los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en México constituyen delitos de lesa humanidad en términos de lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es importante mencionar que esta comisión gozará de autonomía plena en el ejercicio de sus tareas y podrá requerir a las autoridades toda aquella información que pueda serles de utilidad para esclarecer los hechos que permitan determinar las responsabilidades, y construir un esquema de protección a las víctimas y restituir sus derechos en todos aquellos casos en que los agentes del Estado hayan participado en la comisión de delitos relacionados con la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, con la finalidad única de garantizar el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la no repetición del daño. Aunado a lo anterior, para cumplir con su objeto esta comisión gozará de 60 meses calendario y se encontrará integrada por 5 personas designadas por el pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y de víctimas directas o indirectas. Serán invitados permanentes a las sesiones públicas de la Comisión de la Verdad, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un representante de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, un representante del Poder Ejecutivo federal, un representante más del Poder Judicial de la Federación y finalmente un representante de la Fiscalía General de la República, quienes contarán con derecho a voz, pero no con derecho a voto. Es por lo anterior que en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos plenamente convencidos de la pertinencia y la gran oportunidad de esa Ley que crea la Comisión de la Verdad. Es hora de brindar a la sociedad la protección que el Estado le debe, pues han sido las propias autoridades las que incurrieron, propiciaron o favorecieron actos violatorios de los derechos de las personas. Es hora de que frente a la penetración del crimen organizado y a la omisión, negligencia, impotencia o indiferencia. Iniciemos el proceso de construcción de la paz en nuestro país. Es hora de que este Congreso abrace a las víctimas y que, recogiendo sus demandas, empiece a legislar en favor de la concordia entre las y los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.