LA C. DIPUTADA MARTHA OFELIA MESA ESCALANTE: Señores presidentes de las comisiones unidas de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, compañeras y compañeros diputados, Licenciada María Teresa Herrera Tello, Secretaria de Reforma Agraria: Agradecemos su comparecencia ante esta soberanía y le damos la más cordial bienvenida. La reforma agraria en México es un proceso que derivó de las legitimas demandas revolucionarias planteadas por los campesinos durante casi un siglo y que dio lugar, en su etapa más importante, al reparto agrario, bajo el fundamento legal y político de la Constitución de 1917. No obstante que en gran parte de este proceso se entendió a la reforma agraria fundamentalmente como un proceso de reparto de la tierra, en la que como un proceso de reparto en que en la actualidad la disponibilidad físicas y geográficas permiten considerar la etapa de reparto como ya concluida. No obstante la conclusión del reparto agrario, la reforma agraria aún tiene importantes asignaturas pendientes. Los legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tenemos compromisos no únicamente con el campo actual, sino también con el campo futuro porque nos interesa el destino del sector social en el mundo agrario. México se inscribe en materia agraria como uno de los países o tal vez el país que ha realizado la reforma agraria más intensa y más profunda de la historia contemporánea. De unos cuantos miles de familia que detentaban la tierra a principio del siglo pasado, actualmente alrededor de 6 millones de familias del campo trabajan la tierra. Durante el siglo XX se constituyeron alrededor de 27 mil ejidos y se regularizaron cerca de 3 mil comunidades indígenas, mediante procedimiento de dotación de tierras o de reconocimiento o titulación o restitución de bienes comunales. Nos estamos refiriendo a 3.5 millones de ejidatarios y comuneros, y 2.5 millones de pequeños propietarios. En síntesis, la distribución de la tierra en el sector social, que constituye más del 55 por ciento de la superficie agrícola del país, se realizó casi a plenitud y solo perduran los conflictos generados por la misma dinámica del sector agrario; conflictos que son un reto para la administración agraria. Dotar de tierra a estos millones de familias de campesinos generó una dispersión de la propiedad rural, que será un reto organizar para hacerla producir. Nuestro país requiere de políticas y programas públicos que respalden la producción masiva de productos básicos para el consumo de la sociedad mexicana, así como de otros que atiendan la organización campesina para integrar unidades de producción y el apoyo para el autoconsumo. Estamos seguros de que nueve meses no son suficientes. Estamos seguros que el problema del campo no se inició ayer ni hace un año. No vemos en el Informe sobre los resultados de la actual administración pública federal la aplicación de programas efectivos y prácticos que mejoren lo que recibieron. No vemos planes concretos que se estén llevando a cabo en la Reforma Agraria, que convierta a los campesinos en nobles. Pero lo más grave es que no vemos que mejoren las condiciones del sector rural que disminuya la migración de los mexicanos del campo a los Estados Unidos. Se ha reducido el papel de la Secretaría al de la certificación. La individualización de la tenencia de la tierra es su propósito principal: otorgar títulos de propiedad. Pero si no organizamos, si no capacitamos, si no promovemos la capitalización, si no hay una política de defensa del campesino y su tierra, estamos multiplicando la miseria. Porque sin apoyo los campesinos y sus familias se quedarán sin la riqueza prometida y sin la tierra que es legítimamente suya. No ha planteado la Secretaría de la Reforma Agraria alternativas reales para la organización y la capacitación técnica en el campo. Tal parece que estuviéramos convencidos en la necesidad de desaparecer a esta dependencia, cuya importancia radica principalmente en dar seguridad y certeza jurídica a los campesinos en la tenencia de la tierra. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional seguirá pugnando porque el Estado mexicano dé una alta prioridad a la reforma agraria, instrumento fundamental y eje articulador de una política agraria que garantice su éxito pleno mediante el desarrollo, el fortalecimiento y la conciliación de la propiedad social, que es la forma de tenencia de la tierra de la que dependen la gran mayoría de las familias campesinas, que representan la tercera parte de la población nacional y que es el sector donde radica la extrema pobreza que debemos de erradicar. ¡Urge la formulación de programas públicos destinados a apoyar la producción y la productividad de los ejidos y comunidades, ya que su existencia es fundamentalmente para combatir la marginación social y la pobreza! Los legisladores el PRI seguiremos impulsando decididamente la iniciativa de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con cuya aprobación habremos de subsanar el inoportuno veto con que fue anulado el anterior proyecto aprobado por el Honorable Congreso de la Unión. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable será el marco jurídico que dé luz a la planeación y a la coordinación de las políticas públicas para el desarrollo rural integral, que establezca las instituciones legales para atender el fomento agropecuario y el desarrollo rural. Será sin duda la normativa que adicionalmente permita a la Secretaría de la Reforma Agraria participar realmente en los trabajos coordinados que menciona el señor Presidente con todos los interesados genuinamente en el desarrollo rural. Es importante señalar que no se vislumbra en el Plan Nacional de Desarrollo ningún planteamiento de fondo en materia política-agraria, sólo generalidades. Se requiere de la Secretaría a su cargo, que recupere su función titular de la política agraria y que ésta se encamine hacia la consideración de su objetivo fundamental de hacer productiva la tierra, dotada de campesinos para que las familias del campo eleven substancialmente su nivel de vida y se incorporen al desarrollo nacional. Tenemos absoluta certeza de todas las complicaciones y factores que convergen en la problemática del campo: los culturales, por siglos de prácticas y creencias arraigadas; los políticos, que caracterizan las limitaciones que persisten en algunas organizaciones, pero todos con la misma meta de sacar de la pobreza al os hombres del campo, y los sociales, que son los derivados precisamente de la dispersión geográfica de los productores rurales, de sus bajos niveles de capacitación y los propios del minifundio, con sus secuelas llamadas bajas economías de escala y eficiencia productiva y comercial de su producción. Lo importante de nuestras preocupaciones no es la coincidencia del Ejecutivo con nuestras tesis para lograr el desarrollo rural, lo importante es que a través del diálogo, el debate amplio, establezcamos los puntos de convergencia de nuestra visión de las políticas públicas para el campo y busquemos traducirlas en un programa de inversiones, gastos y acciones institucionales que nos permitan avanzar en las tareas que tenemos pendientes, para culminar el proceso de la reforma agraria. Por su atención, muchas gracias. (aplausos) -