La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Gracias, señor presidente. Con la venia de la Presidencia; compañeras; compañeros legisladores, el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente en el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal a dar cumplimiento a las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición contenidas en las sentencias dictadas al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno a los casos Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, es favorable dentro de todos los integrantes de la comisión. Este exhorto al Ejecutivo federal se da en razón de que precisamente el que goza de la subjetividad jurídico internacional y representa al Estado mexicano, es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo federal. Las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son sentencias que responsabilizan al Estado mexicano, por tanto el que debe de velar por su cumplimiento es el Ejecutivo. La fundamentación para hacer este exhorto la podemos manifestar en el siguiente sentido: se dictó la sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto del 2010. En esta sentencia la Corte Interamericana encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, dignidad, la vida privada, las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos del niño, así como de incumplir con la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, tanto de Valentina Rosendo Cantú como de Inés Fernández Ortega. La Corte Interamericana señaló todo un programa para dar cumplimiento a esta sentencia; sin embargo, las mesas de conversación para dar cumplimiento a la sentencia se encuentran suspendidas. La sentencia ordenó investigar los hechos, y los principales puntos resolutivos de la sentencia no se han cumplido. Dentro de ellos están: investigar los hechos en el fuero ordinario e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de la violación sexual, así como iniciar acciones disciplinarias administrativas o penales a los responsables de las distintas irregularidades procesales e investigatorias. Segundo. Reformar la legislación federal y militar situación que no se ha cumplido con el fin de que se establezca de manera clara y precisa, sin ambigüedades, que la justicia militar debe abstenerse en cualquier supuesto de conocer sobre las violaciones a derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas armadas mexicanas, sin importar si éstas se encuentran o no en servicio activo. A pesar de que ya tenemos avances de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una última sentencia, hace falta, para dar cumplimiento a esta sentencia de la Corte Interamericana, precisamente que se hagan las reformas en este tenor. Pagar una indemnización económica por el daño material e inmaterial a Valentina Rosendo Cantú y a su hija, así como el reintegro de los costes y gastos y brindarles tratamiento médico y sicológico y otorgarles becas de estudios en instituciones públicas hasta la conclusión de estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios. Además, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de los indígenas. Éste es otro factor que subraya este caso, que las dos violadas son indígenas. En base a esta sentencia es precisamente que se hace esta solicitud de exhorto. El pasado primero de octubre se cumplieron ya dos años de que la Corte Interamericana notificara a las partes la sentencia en contra del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de las indígenas guerrerenses a los que me referí. Desde entonces, a pesar de que se ha insistido en darle cumplimiento a esta sentencia, y la Segob se comprometió a realizar todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de la Corte, no se ha visto muy clara su actuación para cumplir con estos compromisos. Por si fuera poco los puntos en los que aún no se ha dado pleno cumplimiento corresponden a los aspectos medulares de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En razón de esta fundamentación se propone el acuerdo en virtud del cual se exhorta al Poder Ejecutivo federal, y en razón de que no se exime de la responsabilidad internacional Estado mexicano hasta en tanto no cumpla en su totalidad con la sentencia de la Corte Interamericana a que dé cumplimiento cabal a la sentencia de dicha Corte, en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. En razón de que la anterior administración cumplió parcialmente con los puntos resolutivos contenidos en dicha sentencia. Es cuanto, señor presidente.