El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz: Con su venia, señor Presidente. El Servicio de Administración Tributaria estima que el gasto comprobado con facturas apócrifas, en el consumo de combustibles, asciende a 20 mil millones de pesos, lo que significa una evasión fiscal de aproximadamente 7 mil 600 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta e IVA. En respuesta a lo anterior, esta soberanía aprobó en noviembre de 2004, la modificación propuesta por la Cámara de Senadores al segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con objeto de fortalecer los requisitos relacionados con la deducción del consumo de combustibles, aprovechando las ventajas que ofrece el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al os medios de pago. Cabe recordar que durante el proceso de instrumentación de la disposición fiscal, se revelaron algunos problemas colaterales relacionados con el mercado de los combustibles, que no necesariamente están relacionados y tienen que ver con la aplicación de la medida, entre los que destacan la venta de litros de combustible incompletos, la obsolescencia de la infraestructura para el despacho de combustibles y la falta de dispositivos para procesar los pagos con medios electrónicos. No obstante lo anterior, tanto las autoridades como los agentes económicos involucrados, han realizado un esfuerzo conjunto para atender las deficiencias y lograr una adecuada aplicación de la medida fiscal. Al respecto, el SAT ha otorgado facilidades temporales para comprobar el consumo de combustible pagando en efectivo y ha permitido la utilización del estado de cuenta como un comprobante fiscal, autorizando a la vez un número importante de emisores de monederos electrónicos. Por otro lado, las instituciones de crédito han convenido en no generar cargos o comisiones por el uso de tarjetas de crédito y débito, y adecuando sus sistemas para que los estados de cuenta cu9mplan con los requisitos establecidos por el Sistema de Administración Tributaria. Asimismo, la Secretaría de Hacienda ha realizado esfuerzos para apoyar la ampliación de la infraestructura necesaria para procesar los medios de pago electrónicos y promover su utilización, lo que da como resultado que ahora más de 4 mil estaciones de servicios, alrededor del 55 por ciento del total y que representan el 80 por ciento de las ventas de combustible en nuestro país, cuenten con terminales de punto de venta. Adicionalmente, para no afectar la actividad de los expendedores de combustibles, PEMEX ha aumentado el margen comercial de la gasolina y el diesel, situación que les permite absorber el impacto económico que significa ampliar la infraestructura de los medios de pago y mejorar los estándares de calidad de servicios a sus clientes. En forma complementaria, la PROFECO ha participado en la verificación de las bombas de gasolina y ha promovido la sustitución de las mismas, para garantizar que los consumidores no se vean afectados en las adquisiciones de combustibles que realizan. Es decir, las medidas instrumentadas por las diferentes dependencias federales para atender esta problemática, implican una importante inversión de recursos humanos y económicos que permiten avanzar en la aplicación de la medida fiscal generando beneficios como la mejora en el servicio de adquisición de combustibles, seguridad y transparencia de las operaciones y un mejor control de gasto. Por ello, derogar el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, significaría ignorar el esfuerzo realizado por los actores involucrados, contribuyentes, estaciones de servicio, proveedores, medios de pago, instituciones financieras y autoridades, y desaprovechando recursos invertidos y la oportunidad de avanzar con medidas concretas, para fortalecer y hacer más justo el sistema tributario mexicano. Debo también subrayar que este dictamen no fue elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público ni fue objeto de conocimiento, análisis ni discusión dentro de la Comisión que me honro en presidir, por lo que no asumo la responsabilidad legislativa que existe de la presentación al pleno de este dictamen. Eliminar la medida fiscal implicaría, promover una cultura de indiferencia, ante el evidente problema que para el país representa la evasión fiscal. Compañeras y compañeros legisladores, reflexionemos y no abramos más huecos a nuestro sistema tributario ni contribuyamos a reducir la ya exigua carga fiscal, por ello, solicito a ustedes no aprobar el dictamen que pretende derogar el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 del impuesto sobre la renta. Es cuanto señor presidente.