El diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther: El derecho de acceso a información pública es un pilar fundamental de toda democracia constitucional. No es una concesión graciosa del Estado ni una facultad discrecional de la autoridad, es un derecho humano reconocido en la Constitución y en diversos tratados internacionales que son vinculantes para el Estado mexicano. Pero el ataque a la transparencia que hoy es claro, no se concreta con la eliminación del INAI, que aquí ha sido referido. Ahora, con la iniciativa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que estamos discutiendo, se introducen restricciones adicionales que consolidan la opacidad como regla general y reducen el acceso a la información a una excepción sujeta a condiciones arbitrarias. Me refiero a las tres reservas que he presentado. En primer lugar, la reforma al artículo 112 amplia los supuestos bajo los cuales la información pública podrá ser clasificada como reservada. Si bien es legítimo que el Estado proteja ciertos intereses estratégicos, la redacción ambigua de la norma permite que prácticamente cualquier información sea declarada reservada bajo el pretexto de comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa. La Suprema Corte ha sostenido en múltiples precedentes que las excepciones al derecho de acceso a la información deben interpretarse restrictivamente y no pueden convertirse en un instrumento de encubrimiento gubernamental. Sin embargo, hay que decirlo, esta reforma revierte de facto ese criterio y dotará al Ejecutivo de una facultad ilimitada para negar información bajo argumentos que pueden ser totalmente genéricos. A esta regresión se suma, y ahí está la otra reserva, la modificación al artículo 114, que condiciona la publicad de la información sobre corrupción a que el caso esté, entre comilla, acreditado. Este cambio es absolutamente inaceptable. En el régimen vigente cualquier información relacionada con actos de corrupción está exenta de esa reserva. No es necesario esperar una resolución firme para acceder a documentos vinculantes con una investigación en curso. Sin embargo, bajo la reforma propuesta solo podrá conocerse la información cuando una autoridad competente haya determinado la existencia de forma firme del acto de corrupción. Esto implica que hasta que n o haya una sentencia definitiva la información podrá permanecer oculta. Es un candado diseñado o al menos ese será su efecto para garantizar impunidad, pues en un sistema de justicia caracterizado por la dilación procesal la reserva de la información puede ser perpetuada de facto. Casos emblemáticos de corrupción de varios gobiernos hoy no tienen resolución firme y, por lo tanto, bajo esta redacción estarían todavía ocultos. El problema se agrava. Y ahí está la tercera reforma en el artículo 115, que establece la confidencialidad absoluta de las denuncias y procedimientos administrativos que aún estén en trámite. Esta medida blinda a los funcionarios públicos al impedir que la ciudadanía conozca qué funcionarios están siendo investigados y por qué razones se les investiga. Con esto se institucionaliza el sigilo y se imposibilita la vigilancia ciudadana sobre la administración pública. La información sobre investigaciones en curso es un elemento fundamental para la rendición de cuentas. Restringir su acceso hasta que haya una sanción firme significa que una denuncia no prospera y la sociedad jamás sabrá que existió. Estas reformas en su conjunto consolidan un modelo de opacidad institucionalizada. Primero se elimina el órgano autónomo que garantiza el acceso a la información. Luego se amplían desproporcionadamente las causales de reserva, permitiendo que la autoridad oculte información bajo pretextos generales. Posteriormente se impone un candado procesal que exige la acreditación judicial de la corrupción para que la información pueda ser consultada. Y, finalmente, se establece el carácter confidencial de toda denuncia en trámite, impidiendo que la ciudadanía conozca qué funcionarios están bajo investigación. Compañeros y compañeras diputadas, si aprobamos la reforma tal como está planteada estaremos votando en favor del encubrimiento y en contra de un derecho fundamental de información. Si, por el contrario, respaldamos las reservas a los artículos 112, 114 y 115 lograremos construir una Ley de Transparencia que cumpla con este derecho humano básico al acceso a la información y a la transparencia. Muchas gracias, presidenta.