El diputado Gastón Luken Garza: Buenas tardes. Gracias, señor presidente. El propósito es someter a la consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 79 de la Constitución federal, con el fin de implementar un mecanismo respetuoso de nuestro esquema federal a través de la cual la entidad superior de fiscalización de la federación fiscalice precisamente las participaciones federales, al tenor de lo siguiente. La razón para presentar esta iniciativa obedece a que se ha generado en los ámbitos estatal y municipal, espacios de opacidad y presunción de corrupción, así como de desvío en el uso y destino de los recursos que con tanto esfuerzo destinamos todos los mexicanos para cubrir el gasto público. Por ello, propongo que la Auditoría Superior de la Federación cuente con atribuciones para fiscalizar el uso y destino de las participaciones federales siempre y cuando exista solicitud de al menos la tercera parte de los miembros que integran los Congresos locales. Dicha propuesta encuentra su sustento en el principio de subsidiariedad que, como eje troncal, sostiene nuestro sistema federal, es decir, si existe duda razonable sobre mal manejo de los recursos públicos federales, aunado a las circunstancia de que los órganos de fiscalización locales tácticamente están integrados por personas nombradas por el gobernante en turno; los representantes populares en las entidades federativas podrán ocurrir ante la federación para que ésta lleve a cabo el proceso de revisión del uso de recursos públicos que tengan la naturaleza de participaciones. Para ubicar la dimensión exacta de esta propuesta debe reflexionarse sobre los elementos que existen en nuestro sistema jurídico en materia de rendición de cuentas y del derecho de acceso a la información y la transparencia. Mediante reformas a la Constitución federal publicadas en el 2007 y 2008 se sentaron las bases para construir un nuevo régimen de rendición de cuentas, no solamente en el ámbito federal sino también en las entidades federativas y los municipios. Uno de los primeros antecedentes de estas reformas fue la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que actuó como detonante en la materia en el país. Esta ley fue emulada en la legislación de varios estados y entonces empezó a ser notorio que no todas las entidades federativas garantizaban por igual el derecho de sus ciudadanos a acceder a la información pública y que en general sus normas tenían estándares inferiores a los criterios comúnmente aceptados. Así las cosas, la aplicación de dicha ley ha permitido combatir buena parte de los problemas identificados en las legislaciones estatales previa a la reforma, como son las restricciones al ejercicio del derecho a la información pública, criterios para considerar tal información como reservada que son excesivamente laxos, interpretaciones restrictivas del derecho a la información y organismos sin autonomía de los gobiernos estatales. En este grupo de reformas, uno de los cambios más trascendentes fue en materia de rendición de cuentas, que viene de la mano con la transparencia y el acceso a la información pública. Es acerca de la rendición de cuentas, de la obligación de homogeneizar los sistemas de contabilidad gubernamental. Hasta ahora, cada estado tiene su propia manera de llevar la contabilidad, sus propios conceptos y catálogos y, además, son distintos. La rendición de cuentas no puede darse si cada estado presenta cuentas distintas, con bases distintas y con criterios distintos. Por eso, esta homologación es importante para nuestro país para avanzar en la dirección correcta, en términos de transparencia y rendición de cuentas. Los efectos de esta armonización contable no sólo insisten en la transparencia de la información oficial sobre los recursos presupuestales, sino también en muchos otros componentes de la rendición de cuentas; las evaluaciones y las auditorías; la explicación del ejercicio del gasto y su eficiencia y eficacia; la calidad de gasto público y la relación costo-beneficio de las políticas y programas del gobierno. En lo que respecta a este nuevo régimen de rendición de cuentas en las entidades federativas, la reforma constitucional incluye dos vías para mejorar la rendición de cuentas: consolidar la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para auditar los recursos federales ejercidos por esas entidades y fortalecer los órganos de fiscalización estatales. Así pues, es claro que cada peso que se gaste debe de satisfacer los objetivos a los que están destinados y realizarse con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. El suscrito hace la propuesta para reformar el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo único se reforma en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 79, para quedar de la siguiente forma: Esta Entidad de Fiscalización Superior de la Federación tendrá a su cargo, entre otros, fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales, salvo que sea solicitado por al menos la tercera parte de los miembros integrantes de los órganos legislativos de las entidades federativas?