El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Compañeras y compañeros diputados, estamos hoy aquí, en una discusión artificial, en la que se ha querido desde hace meses entrampar a esta Cámara de Diputados con una interpretación a modo y carente de lógica jurídica del artículo 111 constitucional, cuando señala que los miembros de los organismos públicos a los que las Constituciones locales les otorguen autonomía tendrán inmunidad constitucional. Pero, da la casualidad que quienes han subido aquí, no han sabido diferenciar entre organismos y entre órganos con autonomía. El espíritu de este Constituyente Permanente cuando reformó el 111 constitucional era en función de darle inmunidad procesal a los integrantes de los organismos dedicados a la defensa del derecho de acceso a la información y a la transparencia, no a las fiscalías. Y la propia Constitución de Morelos establece las diferencias entre organismos públicos con autonomía y órganos autónomos. La Constitución de Morelos, en su título segundo, cuando habla de los poderes públicos tiene un capítulo III, donde establece cuáles son los organismos públicos autónomos. Y dice: Artículo 23-A. El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Artículo 23-B. La Comisión Estatal de Derechos Humanos. Artículo 23-C, define los órganos de control que tendrán esos organismos públicos autónomos. Y artículo 23-D. El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Y más aún, esa misma Constitución de Morelos, en su título cuarto, cuando habla del Poder Ejecutivo, se refiere a la Fiscalía General del estado y determina que dicha fiscalía es la siguiente, el ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizará por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos como órgano constitucional autónomo. En ningún momento dice que sea un organismo con autonomía. Aquí, compañeras y compañeros, ha quedado claro también que el 136 de la Constitución de Morelos, en su párrafo quinto, establece que no hay inmunidad procesal para el fiscal. Ha quedado también claro que no se viola el 288 del Reglamento Interno de la Cámara, porque no se trata de un dictamen, sino de solo una resolución. Y también hay que señalar que tampoco se está violentando la suspensión definitiva. Lo que está aquí en juego en realidad, no es un asunto jurídico, compañeras y compañeros, aquí hay dos ejes que hay que sacar a relucir. Lo primero es la connivencia que se da entre los funcionarios del antiguo régimen anclado en la Fiscalía General de la República y el del Poder Judicial de la Federación, porque la juez que emitió la resolución fue más allá de sus atribuciones, porque incluso hay jurisprudencia que señala que los efectos y consecuencias derivados del indicado procedimiento constitucional no son susceptibles de suspenderse con relación a lo que trabaja la Sección Instructora. Pero más aún, lo que está en el fondo, es el deseo de ustedes, de establecer precedentes de inmunidad para una cofradía de fiscales a modo. Cuando a ustedes les interesaba únicamente acabar con el erario público, dejaban a los titulares de los órganos superiores de fiscalización a modo, pero como ahora ha aumentado su larga lista de delitos, ahora también quieren dejar fiscales generales a conveniencia. Ahí está el caso de Edgar Veytia, en Nayarit, que está detenido en Estados Unidos, el ex fiscal de Nayarit. Ahí está el caso del impresentable Jorge Winckler, en Veracruz. Hoy, ustedes no están defendiendo únicamente a Uriel Carmona, están defendiendo también Graco Ramírez y están defendiendo al fiscal, al impresentable fiscal de Guanajuato y a toda la camarilla de fiscales a modo que tienen...