La diputada María del Rocío Corona Nakamura: A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde presento esta iniciativa, donde declaramos como delito grave el tráfico de armas. Para el Partido Verde tu seguridad es nuestra prioridad. Un arma de fuego está diseñada únicamente para herir y matar, genera miedo, carcome al tejido social. Son instrumentos de muerte que nos roban la tranquilidad y nos pueden llegar a arrebatar la vida, que es lo más preciado que todos nosotros tenemos y de la cual no tiene un valor específico, porque es incalculable. La vida de una persona vale todo y es lo más importante. El canciller Marcelo Ebrard señaló que, entre el 2011 y 2020, alrededor de 250 mil armas provenientes de Massachusetts fueron confiscadas en México. Nuestro apoyo y reconocimiento al canciller en su lucha permanente contra el tráfico de armas, que no busca ganar una guerra, sino que busca generar la paz. Es preocupación del Partido Verde que el número de muertos está relacionado con la cantidad de armas que entran a nuestro país. Tan solo en el 2020, 3 de cada 4 robos en el país se realizaron con armas de fuego, según el Inegi. Asimismo, 7 de cada 10 diez homicidios dolosos se cometen con armas de fuego, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. No podemos cruzarnos de brazos, este delito debe ser grave y debe de ser castigado con todo el peso de la ley. Hoy en día, cuando agarran a los delincuentes con las manos en la masa, se le decomisan armas, pero salen libres los angelitos y ahí andan todavía por las calles. Actualmente, con este delito que tanto daña a la sociedad, no pisan la cárcel por ser un delito no grave, el tráfico de armas desangra al país y tenemos que frenarlo, ponerle un hasta aquí. El tráfico ilícito de armas es una de las razones principales por las que la violencia en nuestro país ha aumentado de manera exponencial, los cárteles han aumentado su poder de fuego, arrebatado la paz y la tranquilidad de diversas regiones del país. Además, esta actividad delictiva representa una de las tres primeras fuentes de ingresos de estos delincuentes en el país, junto con el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Sin embargo, este delito no se considera grave, pues carece de una pena proporcional al daño que causa. Las estadísticas de uso de armas de fuego en la comisión de delitos contra la población, hacen patente la necesidad de hacer algo para frenar el tráfico ilícito de armamento y sancionarlo con la severidad que lo amerita. Tampoco se puede soslayar que alrededor del 80 por ciento de los 15 millones de armas ilegales que circulan en todo México, están en manos del crimen organizado, según lo estimó la compañía Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. En este sentido reconocemos el esfuerzo del Estado mexicano por la interposición de una demanda ante las Cortes de los Estados Unidos en contra de los fabricantes de armas y las armerías de aquel país, así como la celebración de acuerdos entre nuestro país y la Unión Europea para combatir este delito. Es necesaria una colaboración entre todas las instituciones del Estado para enfrentar este desafío, porque ello es nuestro deber como legisladores, el proveer de un marco jurídico que permita erradicar la comercialización, transporte y distribución de armamento ilegal, sea o no exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por ello, proponemos imponer de 3 a 10 años de prisión y multas que van de 500 a mil veces el valor de las UMAs. De esta forma esta conducta será considerada un delito grave y los sentenciados por este delito no tendrán los beneficios procesales de libertad preparatoria. Hoy, más que nunca, necesitamos unir esfuerzos, para lograr la paz que anhelamos. Nuestro país enfrenta a uno de los mayores retos en las últimas décadas, por lo que es necesario una coordinación de todos los niveles de gobierno para llevarla a cabo. Menos armas. Menos violencia. Es cuanto, diputada presidenta.