El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, muy buenas tardes. Como bien se dice en el dictamen en comento, el 27 de agosto del año 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas al Código de Comercio y al Reglamento del Registro Público de Comercio, con el propósito de crear el Registro Único de Garantías Mobiliarias, cuya finalidad era el potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las empresas pudieran contar con mejores condiciones y estímulos de inversión, así como el crecimiento y la competitividad de la economía. Con la puesta en marcha del Registro Único de Garantías Mobiliarias, se obligó al acreedor o fedatario público a identificar en el sistema de información la garantía mobiliaria para determinar su prioridad. Con la reforma del Código de Comercio se pudo establecer de manera clara que tanto empresas como ciudadanos accedieran a más fuentes de financiamiento. De esta manera los ciudadanos interesados en solicitar un crédito podrán disponer de artículos establecidos en el catálogo de bienes-muebles, y con ello poder solventar sus pagos. Las garantías sobre bienes-muebles resultó ser una alternativa útil sobre las garantías mobiliarias, pues al constituirse sobre casi cualquier objeto susceptible de apreciación patrimonial, se abrió un abanico de una importante gama de bienes para darle certeza a un crédito. De esta forma se dio paso en la generación de un mecanismo de información eficiente y de bajo costo para difundir el otorgamiento de garantías individuales inmobiliarias. Sin embargo quedaron vacíos legales para subsanar, como lo es, la ausencia de un mecanismo jurídico en el Código de Comercio que establezca la obligación de consultarlo, tanto para el usuario como para las autoridades jurisdiccionales. Este vacío legal afecta de manera considerable cuando, ya en la etapa de sentencia del proceso de demanda, se inicia la ejecución del pago del crédito sin tomar en cuenta el derecho de registro, violando de esta manera el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sin lugar a dudas, una de las más importantes garantías dentro de cualquier régimen jurídico es la garantía de audiencia, ya que implica la principal defensa que dispone todo gobernado frente a actos del poder político que tienden a privarlo de sus más caros derechos y de sus más preciados intereses, por no haber sido llamados a juicio, cuando se tenía el interés jurídico sobre el bien objeto del proceso. Al tomar en cuenta el registro que el acreedor inscribió con el fin de hacerlo oponible a terceros, estaríamos evitando una desbandada de posibles juicios de amparo, donde además del objeto de garantía también se corre el riesgo de que se exija la reparación del daño y perjuicio por omisiones en el debido proceso. De aprobarse el presente dictamen consolidaría la figura del Registro Único de Garantías Mobiliarias, ya que con su inscripción se llegaría al conocimiento si el bien está o no libre de gravámenes o anotaciones preventivas. Sin lugar a dudas es un avance importante en la materia, pero lamentablemente no es una garantía fehaciente que permita que se reduzca el riesgo de los individuos a ser víctimas de un despojo en sus bienes o en sus derechos elementales. Derivado de lo anterior y en virtud de que se establezca un debido proceso, así como el respeto de sus derechos, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votará a favor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros.