El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores, a nombre de esta comisión especial doy cuenta a esta soberanía de este primer informe de actividades, mismo que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria, entregado en la Junta de Coordinación Política. Asimismo, esta comisión agradece a la Junta de Coordinación Política el que haya hecho de las recomendaciones manifestadas en el informe, un punto de acuerdo a someter a esta soberanía. Los pobladores de Cananea, los sonorenses y la comunidad nacional han sido dañados por el mayor desastre ecológico en nuestra historia, alterando la vida cotidiana, las actividades productivas, el ingreso y el gasto familiar, así como el valor de las tierras de la región, asuntos que subrayan la relevancia del trabajo que esta comisión ha venido realizando. El daño ambiental y las afectaciones referidas siguen sin cuantificarse totalmente ni han encontrado remedio. Sonora, así lo constatamos, no se ha beneficiado de la actividad minera, mientras que el enriquecimiento del Grupo México, concesionario de Buenavista del Cobre, es sistemático. La empresa violó la normatividad nacional e internacional que rige la industria minera, sin que el estado disponga de la legislación propicia para enfrentar adecuadamente la contingencia ambiental y sus consecuencias socioeconómicas. Además de la responsabilidad ecológica y los daños y perjuicios ocasionados a la población, subsisten los relativos a los problemas de salud presentes y futuros en la sociedad sonorense. En el recorrido de la zona afectada que realizó esta comisión el 3 de septiembre, se evidenció la falta de disposición del Grupo México para asumir su responsabilidad ante el incumplimiento de las normas ambientales y de seguridad industrial, y su desinterés por los derechos de los trabajadores. La falta de compromiso social es inaceptable para una empresa mexicana con proyección global que gana diariamente 4 punto 4 millones de dólares por la extracción de la riqueza nacional, sin aportar beneficios concretos ni a la región ni al propio estado de Sonora. ¿Cómo explicar el hospital de la zona cerrado, y que como atestiguamos, un requisito para contratarse como minero en esa empresa sea no ser originario del municipio de Cananea, cuna de la Revolución, símbolo de los derechos sociales? Señoras y señores legisladores, esta comisión especial, responsable y consecuente con la situación expuesta, plantea un conjunto de recomendaciones inmediatas y la realización de reformas considerando esta lamentable experiencia actualizando el marco jurídico con base en tres principios básicos: primero, el que contamina tiene que pagar; segundo, dotar al Estado con la capacidad y el marco jurídico para poder enfrentar estas emergencias; y tercero, el reparto equitativo de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos mineros de la nación para garantizar oportunidades de progreso y bienestar para la región. Esta comisión aún no conoce los términos del fideicomiso que correrá a cargo de Grupo México y que cuenta con un piso inicial de 2 mil millones de pesos. Tampoco conoce quién lo administrará, ni cómo se asignarán los recursos. Por ese motivo desde esta tribuna le pedimos, tanto a Grupo México, como a las autoridades involucradas, que envíen a esta Cámara el documento que constituye el fideicomiso, así como los detalles de su operación. La prioridad debe ser atender a las personas afectadas, evaluar hasta dónde ha llegado la contaminación y vigilar la presa El Molinito que abastece de agua la ciudad de Hermosillo. En esta comisión estimamos que la solución de fondo para esa región no es solamente un fideicomiso, sino un Fondo de Desarrollo Regional solventado por la empresa responsable y con un piso inicial de 5 mil millones de pesos para la reactivación económica y social de la región y para que Sonora se beneficie de sus recursos naturales. Recomendamos garantizar inmediatamente el abasto suficiente de agua para consumo humano en los municipios afectados, por cada municipio una planta potabilizadora. Exhortamos a que las autoridades competentes cumplimenten las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre además de mantener la suspensión de actividades y evaluar con seriedad la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México. Resulta prioritario garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, así como velar por la seguridad sanitaria de los consumidores finales de los productos agropecuarios de la región. Es urgente hacer valer el imperio de la ley en todas sus vertientes: civil, penal, administrativa, laboral, y aplicar las sanciones correspondientes. Reiteramos nuestro compromiso de realizar las reformas necesarias, conforme a las mejores prácticas internacionales en las que se debe legislar para garantizar y fortalecer la rectoría del estado sobre los recursos mineros, propiedad originaria de la nación. Establecer sanciones y multas oportunas proporcionales al daño y prejuicio generados, considerando las ganancias percibidas, la reincidencia en ilícitos garantizando su pago efectivo, perdiendo la concesión y pagando quien contamine y ponga en riesgo el ecosistema y la vida humana. Aquí hablamos no solamente de la minera, sino de toda actividad que atente contra el ambiente. Establecer la suspensión inmediata de actividades al presentarse una contingencia o daño. Asegurar el otorgamiento y conservación de las concesiones a empresas social y ambientalmente responsables. Robustecer la autoridad del Estado en materia de litigios sobre daños ambientales y agilizar los juicios que con particulares tienen los concesionarios mineros. Nuestro país requiere de mayores inversiones y empleos, pero también de mejores empresarios, responsables ambiental y socialmente, que contribuyan al desarrollo regional. Esta Legislatura, comprometida con la población afectada, asume la obligación de garantizar la no repetición de esta dolorosa experiencia. El Estado contará con las facultades para garantizar seguridad y derechos laborales en la industria minera, el reparto equitativo a beneficios y el aprovechamiento sustentable de los recursos que son propiedad originaria de todos los mexicanos. Si anteriormente el Estado carecía de estos instrumentos jurídicos, esta experiencia nos obliga a legislar para dotarlo de las capacidades legales e institucionales que aseguren el interés público en la actividad minera y en beneficio justo para sus comunidades. Así entendemos el mandato de esta comisión. Muchísimas gracias.