EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO (PAS): Gracias, ciudadana Presidenta. "El suscrito, diputado federal integrante de la representación política del Partido Alianza Social, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo sobre la importancia de la ratificación del Estatuto de Roma por parte de México al tenor de las siguientes " C o n s i d e r a c i o n e s : "El 17 de julio de 1998 en la ciudad de Roma, Italia, es aprobado el Estatuto de Roma, documento que da origen a la Corte Penal Internacional, la cual será de naturaleza única al tener un carácter complementario en relación con las distintas instancias legales de índole nacional. "El Estatuto de Roma es fruto del consenso entre distintas naciones y cuyo espíritu dará lugar a la acción independiente e imparcial pero a la vez legal de la futura Corte Penal Internacional, en donde se buscará y exigirá el respeto a los derechos humanos tanto para víctimas como para acusados. "En una democracia los conflictos se solucionan de manera pacífica y bajo un Estado de derecho, donde la impunidad no debe tener cabida. Contradictoriamente a lo anterior, son los Estados generalmente quienes abusan de los derechos humanos. "Los actos sobre los cuales tendrá jurisdicción la Corte han sido a lo largo de la historia de la humanidad actos que han estremecido al espíritu humano. Por ello, el juicio de atrocidades contra la raza humana no debe corresponder a un solo Estado o a un solo individuo, sino a todos los pueblos de la tierra. Así los delitos contemplados para la intervención de la Corte Penal serán, entre otros, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, los cuales tienen su origen en los segundos. "Si bien la Corte Penal Internacional no podrá juzgar actos cometidos con anterioridad a su instalación oficial, recordemos que existe el convenio sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Protocolo por medio del cual México tiene un firme compromiso con la comunidad internacional en relación con la protección de los derechos humanos en el ámbito mundial, ya que estos delitos podrán ser perseguidos en todo momento al no existir tiempos límites que dieran origen a la prescripción de los mismos. "Es de suma importancia destacar que la Corte tiene una complementariedad en las distintas jurisdicciones nacionales, por lo que sólo será admisible la competencia de la Corte cuando un particular presente ante ésta su caso específico por la violación de algunos de sus derechos y el Estado no tenga la capacidad de juzgar o no tenga la voluntad de cumplir con su responsabilidad en la impartición de justicia, será entonces o sólo entonces cuando la Corte podrá intervenir como instancia legal. "Si bien existen leyes de amnistía necesarias, cuando la convivencia social depende de un perdón de índole estatal para concretar la paz social, si hay una Ley Nacional de Amnistía que promueve la impunidad o un Estado impide la impartición de justicia, la Corte adquiere la facultad de intervenir como instancia legal. "Si se comprueba que un proceso no fue desarrollado de buena fe y se buscó la impunidad del delito, entonces la Corte podrá promover un nuevo juicio exento éste de vicios. Así, un proceso interno con irregularidades y violaciones legales en el proceso mismo, da la posibilidad a que las facultades de la Corte sean utilizadas. Más por el contrario, la actuación de un tribunal parcial independiente, libre de toda sospecha, de haber beneficiado al inculpado, da lugar a derecho de cosa juzgada. "Por lo anterior, es importante dejar en claro que la legislación nacional debe estar de acuerdo con las legislaciones internacionales, para no entorpecer la acción de la justicia, sea cual sea ésta, y dar lugar a procesos de cooperación rápidos y eficientes. Si hablamos de globalización, la impartición de justicia en contra de la impunidad debe también internacionalizarse. "Los derechos del hombre provienen del uso de la razón en los sistemas sociales y políticos existentes. Por ello toda relación jurídico-política entre naciones, debe realizarse protegiendo los derechos más elementales como son los de la dignidad humana y que se antepongan a otro cualquier fin. "La cooperación internacional sustentada en la justicia, es el único camino para evitar la auto degradación de la raza humana por el abuso del poder. El poder absoluto ha dado lugar a decisiones irracionales, cuyo único efecto ha sido la injusticia y la impunidad. "El 7 de septiembre del 2000 México firmó el Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional comenzará a funcionar una vez que sea ratificado el Estatuto por parte de 60 naciones. A diciembre pasado se habían ratificado 47 naciones, faltando únicamente 13 por hacerlo. "Lo más importante de la ratificación por parte de México, es que ello le daría el derecho a participar en la conformación de los miembros de la Corte, con la posibilidad de proponer para la incorporación de la misma a jueces y juristas mexicanos. "Quizá por el hecho de que no hay plazo que no se cumpla, México no puede ser parte de los primeros 60 países en ratificar el Estatuto de Roma, lo cual sería sin duda una lástima, ya que negaría la oportunidad a excelentes juristas y jueces mexicanos de poner el nombre de nuestro país muy en alto, más de cualquier manera México debe apresurar la ratificación en comento si es que deseamos realmente que los derechos humanos sean respetados en nuestro país, no por concesión o buena voluntad, sino por observación constitucional". Unos segundos nada más por favor, Presidenta, para concluir. "Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer el siguiente "PUNTO DE ACUERDO "UNICO.- Se exhorta al Senado de la República para que acelere los trámites necesarios, a fin de que México ratifique lo antes posible el Estatuto de Roma, con lo cual se daría lugar a la instauración de la Corte Penal Internacional". Por su atención, muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo relativo a la alta fructuosa. -DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señora Presidenta. Hace rato que se dio la discusión aquí entre diferentes partidos sobre la industria cañera, quería hacer uso de la palabra para pedirle a los partidos que discutían con tanta pasión, que lo que hay que hacer es un gran frente mexicano para apoyar a los productores de azúcar y para apoyar que no se siga importando alta fructuosa. En diciembre pasado, compañeras y compañeros, el Congreso decidió gravar con un 20 por ciento todas las bebidas que en su elaboración utilizan edulcorantes distintos a la caña de azúcar, en virtud de que 12 millones de personas en 15 estados subsisten con la explotación de este producto. Los diputados asumimos una de las más importantes decisiones para apoyar a los mexicanos del campo, que pidieron formalmente al Ejecutivo la suspensión de la importación del total de la fructuosa y maíz estadounidense. Estados Unidos ha exportado a México 1.3 millones de toneladas de alta fructuosa de 1994 a la fecha y a partir de 98 se han producido en nuestro país 700 mil toneladas de fructuosa con maíz subsidiado libre de arancel proveniente de Estados Unidos, mientras que México sólo ha exportado 105 mil toneladas de azúcar al mercado estadounidense. La importación de fructuosa nos ha obligado a exportar al mercado mundial de excedentes 2 millones de toneladas de azúcar con pérdidas para la industria y el sector cañero mexicano de 600 millones de dólares; el sector mexicano de la azúcar está integrado por 60 ingenios, da empleo a 2 millones 500 mil trabajadores y para este año produciremos más de 5 millones de toneladas de azúcar. El colmo es que Estados Unidos importa 200 mil toneladas de fructuosa y 300 mil toneladas de maíz para su industrialización en México y lo utilizan en la industria refresquera nacional. La importación de fructuosa se paga de contado mientras que a los cañeros la zafra 99-2000 y la zafra 2001 se fueron cubriendo gracias a las manifestaciones de protesta frente a la Secretaría de Comercio antes y ahora de Economía. No compartimos la decisión del Ejecutivo de suspender revocando el gravamen, resulta increíble pensar que bajo el argumento de la responsabilidad compartida internacional y las buenas relaciones comerciales se pretenda pasar por alto la decisión de esta soberanía de gravar la alta fructuosa bajo una serie de criterios legaloides. Unas disposiciones del Código Fiscal Federal que son para apoyar a los mexicanos, son usadas en contra de un plumazo que revoca una disposición del Legislativo que determinó beneficiar al sector azucarero del país. Con las presiones del exterior y la falta de apoyo a la industria azucarera nacional, el panorama es el siguiente; la agroindustria azucarera de México tiene pocas posibilidades de subsistir en las condiciones en que ha operado en los últimos años y con un modelo de libre comercio como el que tenemos. Los costos de producción promedio de los ingenios, es cierto, están por encima de los internacionales implicando que su competitividad sólo podrá garantizar mediante mecanismos de protección que nos e tienen en México. La posibilidad de colocar azúcar en el mercado de América del Norte dentro del Tratado de Libre Comercio, se ha reducido considerablemente por la redefinición del Tratado en materia de excedente exportable. Los jarabes de fructosados son una competencia real para la azúcar mexicana, la liberación del precio de la azúcar en 1996 no basta para alentar las inversiones que requiere la industria para modernizarse. Debemos modernizar la infraestructura para potenciar la productividad que repercutirá en la vida de los cañeros, además de mejorar los modelos actuales de comercialización. Hay que invertir montos cuantiosos en la remodelación de las instalaciones y en la reposición de maquinaria y equipo obsoletos de baja eficiencia recuperando más azúcar por unidad procesada de caña. Debemos capacitar y adiestrar a los campos cañeros, a los campesinos sobre todo y en los ingenios lograr respuestas favorables a la introducción de nuevas tecnologías, se requiere aplicar políticas gubernamentales que den certidumbre a las inversiones de largo plazo a ingenios y campos cañeros consolidando modelos de protección efectiva acordes con los referentes internacionales. Los mexicanos requieren del apoyo del Congreso de esta soberanía para evitar la concreción de una desafortunada decisión del Ejecutivo Federal contra los productores de caña de azúcar. Compañeras y compañeros, solicito que sea esta soberanía la que exhorte al Ejecutivo Federal a fin de que se reconsidere la medida unilateral de suspender el gravamen impuesto por esta soberanía a la alta fructuosa con lo que estaría en posibilidad de reconsiderar el pleno respeto al Acuerdo Político para e Desarrollo Nacional que signó el 7 de Octubre del año pasado con los partidos políticos nacionales cuyos representantes populares se encuentran en esta LVIII Legislatura. Muchas gracias compañeras y compañeros. (aplausos). -LA C. PRESIDENTA. Túrnese a la Junta de Coordinación Política el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Del Río Virgen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra la Diputada Mónica Serrano Peña, del grupo parlamentario de Acción Nacional , para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para transferir el Cuidado, Preservación y Administración del Cerro de la Estrella del Gobierno del Distrito Federal al Gobierno Federal. -