EL C. DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA (PRD): Gracias señor Presidente. Gracias compañeras y compañeros diputados. Cualquier cambio en México depende ahora de la posibilidad de una plena transición democrática. Rescatar a la nación es hoy la tarea central. Indudablemente que es tiempo de cambiar el envejecido régimen político por otro plenamente democrático, republicano y federalista. Como consecuencia es momento también de promover las reformas jurídicas necesarias para dotar al Estado de nuevos instrumentos que restituyan a los mexicanos de sus derechos económicos y sociales perdidos, El anhelo de una democratización plena exige también reformas legales plenamente democráticas y ampliamente participativas. Hasta ahora nuestro sistema jurídico ha sido un instrumento manoseado a voluntad del Poder Ejecutivo, sólo a la Constitución General de la República se le han incorporado más de seiscientas reformas parciales e inconexas entre sí en sus 83 años de vigencia, Reformas legislativas autocráticas hicieron perder a nuestro sistema jurídico la capacidad de garantizar la gobernabilidad y un desarrollo económico y social con justicia y equidad, ya que si bien un programa de reforma legislativa adecuado debe contar con directrices y pautas de coordinación de los esfuerzos reformadores, ante todo debe ser también un programa ampliamente abierto y democrático para que aspire a reflejar a cabalidad una realidad social. Toda reforma legal implica necesariamente un ritmo y un tiempo de madurez que no pueden ser violentados bajo pena de resultar ineficaz e intrascendente, ninguna urgencia política justifica el uso de métodos autocrático en el proceso legislativo; una reforma, que a decir de los iniciadores tiene por objeto la adecuación del funcionamiento en la Administración Pública Federal para la consolidación del sistema democrático, no debió ser producto del apresuramiento legislativo, solo por razones de carácter político. Hubiese sido recomendable que antes de traerse a discusión de esta Soberanía, se hubiere convocado un amplio proceso de consulta pública, tanto de partidos políticos y organizaciones sociales como de instituciones académicas especialistas y de la ciudadanía en general, con el propósito de recabar opiniones y propuestas de reformas a la Administración Pública Federal. Al no haberse hecho así, el resultado salta a la vista, una reforma que aporta algunos elementos nuevos a una reforma administrativa en pro de la gobernabilidad democrática y que solo redistribuye funciones entre diversas secretarías y que como consecuencia deja mucho trabajo pendiente para instrumentar el proceso integral de reestructuración de la Administración Pública Federal que anunciaban iniciar los promotores de las reformas. La transferencia de las funciones de seguridad pública de la Secretaría de Gobernación a la nueva Secretaría de Seguridad Pública es acertada para integrar, ordenar y ejercer la estrategia criminal federal mediante una sola estructura orgánica; sin embargo, para completar la acción, es recomendable también que se impulse una reforma a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que la transferencia de facultades a la Secretaría de Seguridad Pública no implica precisamente un cambio cualitativo en la materia. Recordemos que precisamente en esa ley se contienen diversas normas jurídicas que atentan directamente contra las garantías individuales consagradas en la Constitución; en ella se conceptúa la seguridad pública como un asunto de policía, que en ella se considera las acciones del Ministerio Público como una función de seguridad pública cuando estos solo deben estar subordinadas a obtener una adecuada procuración de justicia como función central y primaria del estado en esta materia y que al posibilitar la intervención de nuestras fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública, cuando su función constitucional es la defensa nacional, transforma y distorsiona a la seguridad pública en una cuestión eminentemente civil, de una cuestión eminentemente civil, en una función de seguridad del estado. Por otra parte, se considera un acierto que en un esfuerzo de consenso de todos los grupos parlamentarios haya sido retirada la pretensión de modificar la denominación de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación suprimiendo el concepto "desarrollo rural" como elemento de definición. Las circunstancias que de hecho exigieron y obligaron al legislador a fijar y consolidar las bases para el desarrollo rural dentro de la filosofía agraria que consagra la Fracción XX del Articulo 27 Constitucional subsisten. ¿Quién podría negar que en el plan económico, social y ambiental el México rural vive la peor crisis de su historia contemporánea? ¿Quién negaría la drástica disminución de la producción agrícola y la pérdida de la autosuficiencia alimentaria de los últimos años?. Como consecuencia, las bases constitucionales que encuadraron al desarrollo rural no como un mero ejercicio técnico de la política económica y social sino como una de las tareas fundamentales del estado mexicano, tiene plena vigencia. Es más, las facultades de la Secretaría que se refieren al desarrollo rural permanecen intactas aún en el proyecto de reformas. Entonces ¿cómo se hubiese fundamentado el cambio de denominación de la Secretaría para suprimir el concepto de desarrollo rural como elemento de definición de su actividad fundamental? De igual forma debe reconocerse la disposición de los iniciadores de la reforma y de las demás fuerzas políticas representadas en la Cámara para incorporar en un nuevo Artículo Transitorio que se agregue al proyecto de decreto la obligación implícita de crear el Instituto Nacional de la Mujer como entidad pública y trasladar entonces las facultades hoy reservadas a la Secretaría de Gobernación en la fracción XXV del artículo 27 del decreto en discusión, al citado organismo público. Mención especial merece el hecho de que hayamos evitado que la actual Secretaría de Desarrollo Social se denominara secretaría de desarrollo humano, aquí se trato de una victoria sobre la visión individualista; el problema del hombre no es individual sino social y la solución deriva de concepci6n que se tenga. En lo que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática no puede estar de acuerdo, es en haber trasladado de la Secretaría de Desarrollo Social a la nueva Secretaría de Economía, el manejo y operación de las empresas sociales dado que las empresas del sector social no son solo una franja determinada de la producción ni pueden recibir el mismo trato que el de las micro, pequeñas y medianas empresas, A diferencia de estas, la empresa social constituye además de un instrumento de fomento productivo, una herramienta para la justicia social; el sector social es un ámbito donde la ganancia no es el fin principal de la producción pues además de recuperar lo invertido, se debe cumplir con un compromiso del mismo orden, no se trata de crear unidades productivas sin futuro, se debe mirar tanto a la viabilidad empresarial como a las tasas de recuperación, pero sin dejar de lado objetivos directamente sociales como son la ocupación y la subsistencia. La eficiencia de la empresa social debe medirse no solo a través de los indicadores monetarios como lo hace cualquier empresario privado, sino de los fines sociales que lo animan. Si equiparamos a la empresa social con la empresa privada, estaremos cometiendo una injusticia y se perderá la oportunidad de dar una salida productiva a la pobreza, por esas razones no resulta adecuado integrar la facultad de crear y ejecutar la Política nacional para crear y apoyar empresas que asocie a grupos de escasos recursos a la futura Secretaría de Economía. El Partido de la Revolución Democrática sostiene que el combate a la pobreza necesita un cambio radical, empezando por el modelo económico que excluye del desarrollo a gran parte del aparato productivo, al campo y al mercado interno, una Política social eficaz debe ser acompañada por condiciones internas de crecimiento, la generación de empleos productivos y bien remunerados y el aumento de los salarios y una mejor distribución del ingreso, Finalmente, respecto a las facultades que se reasignan a la Secretaría de Gobernación, existen todavía algunas cuestiones que preocupan: una, que en la redacción de la fracción XIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se presenta en el proyecto de decreto se atribuye a la Secretaría de Gobernación una facultad que atenta directamente contra el derecho a la información. Como sabemos, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la información será garantizado por el Estado lo que conlleva la obligación del Estado de informar y el derecho correlativo de todo gobernado de ser informado de manera veraz, oportuna y objetiva y sin que el Estado pueda establece criterios apriorísticos de veracidad que limiten ese derecho. Por tanto, pretender ahora cuando el derecho a la información no se ha reglamentado a profundidad, que la Secretaría de Gobernación vigile el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de información de interés público, indiscutiblemente que implica una transgresión al derecho a la información. La otra cuestión que preocupa es que en la redacción de la fracción XXIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del proyecto de decreto, se propone establecer y operar un sistema de investigación e información para asegurar la integridad, la estabilidad y permanencia del Estado Mexicano; es decir, contempla la creación de una institución de facto para controlar la seguridad nacional al estilo ni más ni menos que de la tristemente celebre Dirección General de Seguridad, lo que indudablemente lleva implícita la instrumentaci6n de una estrategia gubernamental para garantizar 12 seguridad Política del Estado aún a costa de violentar el estado de derecho con el consiguiente peligro de empezar a transitar en la construcción de un estado policíaco, persecutorio y autoritario que desde ahora rechazamos, porque nunca debemos olvidar que vigilar ha sido una de las pasiones mas enfermizas de los estados modernos, vigilar desde la pesada noche de la Política, los gestos de cada cual, contar las palabras, oír las conversaciones privadas, arruinar la intimidad, socavar la privacidad, pero sobre todo crear un estado de conciencia mal herido, el hombre moderno sospecha que lo miren y teme. Lo más terrible de los procesos de vigilancia es su escandalosa inutilidad histórica, los controles no sirven sustancialmente para nada, los grandes procesos sociales, la historia de las pulsaciones vitales, la cronología de los hechos que de verdad modifican el rostro del mundo no pueden ser mas que observados por quien los ve con b mirada puesta en el futuro. A la iniciativa de reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de su proyecto original al contenido en el dictamen que hoy se discute se le han hecho 34 modificaciones, en su mayoría consensadas entre las distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara, ello habla de la disposición de dialogo de los iniciadores, de la capacidad de los grupos parlamentarios para lograr consensos y por tanto abre la posibilidad de que ya se traigan a discusión ahora temas que están pendientes y que exige la sociedad, como el acotamiento de las desmedidas facultades del Ejecutivo; la ratificación del gabinete por el Congreso y la obligación del mismo para rendir cuentas ante la soberanía de las Cámaras. En el PRD señores, estamos dispuestos a iniciar ese gran debate, la palabra la tienen todos los demás. Muchas gracias.