La diputada Holly Matus Toledo: Con su venia, diputada presidenta. El consentimiento informado es el proceso social por el cual las personas entran en contacto de una manera particular de conversación, de diálogo. Es un procedimiento técnico por medio del cual se respeta la autonomía de las personas y se manifiesta finalmente como un producto social en una terminación exitosa de un tratamiento médico. Diversos expertos internacionales nos hablan de que el consentimiento informado debe reunir cuando menos tres requisitos básicos: uno es la voluntariedad; es decir, los sujetos deben decidir libremente entre someterse a un tratamiento o participar en un estudio sin que haya persuasión, manipulación ni coerción. El carácter voluntario del consentimiento es vulnerado cuando es solicitado por personas en posición de autoridad o cuando no se ofrece un tiempo suficiente al paciente para reflexionar, consultar y decidir. También debe de tener información comprensible, de preferencia en el mismo idioma, e incluir el objetivo del tratamiento o del estudio, su procedimiento, los beneficios y riesgos potenciales y la posibilidad de rechazar un tratamiento o estudio, una vez iniciado, en cualquier momento, sin que ello le pueda perjudicar en otros tratamientos. Tener la capacidad para que el paciente comprenda la información, para que ésta pueda ser analizada y contextualizada de acuerdo a sus propios modelos de creencias. Sin duda alguna, la inclusión de este concepto en la Ley General de Salud abre un parteaguas en la atención médica que otorgan las instituciones públicas y privadas del país, en donde el personal médico ya no es la figura omnipotente que decide todo lo que tiene que ver con los pacientes y los enfermos. El ideal de toda iniciativa es tener neutralidad, objetividad y universalidad; sin embargo, la iniciativa del senador Döring adolece de esos valores debido a que no incluye el concepto de consentimiento informado en la redacción del artículo, aunque sí lo considera en la exposición de motivos. También el concepto de consentimiento informado se encuentra limitado y da pie a que la información otorgada al paciente tenga sesgos culturales y no científicos, por parte del personal médico. El hecho de que la información que se otorgue a él o la paciente esté basado en evidencias científicas, que es lo que estamos proponiendo, implica que para otorgar, recomendar o desaconsejar determinada práctica o tratamiento médico, éste debe ser estadísticamente confiable con una relación causa-efecto y con un alto grado de confianza, por lo que las decisiones que se tomen por parte del paciente deben someterse a este tipo de consideraciones. Éste es un concepto claramente actual que busca mejorar la calidad de la atención médica, que no minimiza la experiencia laboral de los médicos, pero busca que estén acorde con las necesidades de los pacientes. Necesitamos también especificar las responsabilidades en el ámbito de la salud señalando qué personal médico y del Sector Salud es el que debe proporcionar este tipo de información para evitar los traslapes u omisiones. También se requiere señalar qué protocolo se debe seguir cuando el o la paciente se niegue a recibir el tratamiento. La inclusión de todos estos elementos sin duda alguna nos permitirá garantizar la calidad de la atención médica. Por todo lo mencionado, el Grupo Parlamentario del PRD apoya la modificación a la redacción del artículo 33 de la Ley General de Salud y rechaza el dictamen original. Aquí no importan los tiempos, compañeros, importa la calidad de la atención que se dé y que esto pueda ser garantizado como un derecho. Muchas gracias por su atención.