El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Los embates del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y su pueblo no tiene límite ni precedente en la historia reciente. Uno de los hechos más vergonzosos y aberrantes es la detención y encarcelamiento, en septiembre de 1998, de cinco héroes cubanos que realizaban labores de inteligencia antiterrorista en territorio norteamericano. Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Landaniño Salazar, Fernando González Lort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González sólo estaban protegiendo a su patria, Cuba, de la violencia terrorista de grupos contrarrevolucionarios asentados en Miami. Estos ciudadanos cubanos descubrieron toda una red de organizaciones anticubanas, que contaban con la complacencia y apoyo del gobierno de Estados Unidos. Una de estas organizaciones denominada "Hermanos al rescate", promovió la incursión de avionetas en el espacio aéreo cubano, que culminó con el derribo de dos de ellas el 24 de febrero de 1996; de este lamentable hecho fue responsabilizado Gerardo Hernández, acusado de homicidio en primer grado. La realidad es que Hernández no tuvo nada que ver con el incidente; el gobierno norteamericano fue avisado de la alta posibilidad de que se diera una incursión de este tipo. Gracias a las investigaciones hechas por Hernández, la Fuerza Aérea de Cuba alertó a sus pares de Estados Unidos, advertencia que encontró oídos sordos. No obstante ello, el gobierno norteamericano no detuvo a ningún miembro de la organización "Hermanos al rescate" y no emprendió ninguna acción para prevenir tal tragedia. Es preciso dejar asentado que los cinco acusados se encontraban en Miami en el momento del derribo de las avionetas y ninguno de ellos estuvo implicado en transmitir o ejecutar la orden de derribar las avionetas, luego de que éstas ignoraran las advertencias de no penetrar al espacio aéreo de Cuba. Las acusaciones de espionaje y de asesinato relacionados con el derribo de estas avionetas en aguas cubanas, no se registraron como crímenes realmente cometidos sino como conspiraciones. El hecho de ser presentados como conspiradores, eximió a la fiscalía de tener que probar que los hechos delictivos realmente hubieran ocurrido. Los cinco presos sufrieron una sistemática violación a sus derechos procesales. No tuvieron derecho a fianza, fueron aislados e incomunicados por razones de seguridad nacional. La defensa tuvo acceso limitado a la evidencia y a las pruebas presentadas por la fiscalía. Varios integrantes no cumplían con los requisitos de imparcialidad y objetividad; la defensa solicitó un cambio de sede del juicio, buscando un entorno neutral para efectuarlo, el cual no fue concedido. Sin importar todas estas irregularidades, los cinco acusados fueron encontrados culpables y entre abril y mayo del 2003, los abogados defensores apelaron la decisión de la Corte de Miami y consiguieron que un panel de tres jueces del Onceavo Tribunal de Circuito de Apelaciones de Georgia, revisara el caso. En agosto de 2005, dicho panel, tras un exhaustivo análisis del caso, determinó que hubo irregularidades en el juicio, por lo que revocó el fallo y las sentencias que se les habían impuesto y determinó que se llevara a cabo un nuevo juicio. Ante esta nueva determinación, la fiscalía apeló y logró que el caso fuera revisado por el pleno del Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito, que en una nueva decisión desestima lo determinado por el panel inicial y ratifica las condenas. Este insólito hecho se da un año después del año del 2006. No queda duda que el gobierno de Estados Unidos ha avalado un proceso judicial, en que los cinco héroes que han sido sometidos a una serie de vejaciones que lesionan su dignidad y sus derechos, no hay duda que están injustamente presos y deben ser liberados de inmediato. Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone el siguiente punto de acuerdo: Artículo único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se pronuncia porque el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica acate la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Que exhorte al gobierno de Estados Unidos a que sean puestos en libertad los cinco presos políticos cubanos. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de septiembre del año 2006. Atentamente. Grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto Presidente.