El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que hoy presento propone dotar de seguridad jurídica a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, al reformar el numeral 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales dando derecho al imputado para que los escritos de declaración preparatoria y cualquier otro documento que requiera rúbrica durante el proceso esté escrito en la lengua que habla el imputado cuando éste pertenezca a un pueblo o comunidad indígena. Esto, para que el imputado pueda tener la certeza de lo que firma y no se sigan cometiendo injusticias como hasta hoy siguen sucediendo. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay cerca de ocho mil personas privadas de la libertad que provienen de algún pueblo indígena, siendo muchos de ellos víctimas de procesos llenos de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. Desafortunadamente en México hablar alguna lengua indígena es sinónimo de discriminación, vejaciones, impunidad y criminalización, a pesar de que en la República Mexicana se hablan alrededor de 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas. El artículo 17 constitucional, en su segundo párrafo, establece el derecho de toda persona a la administración de justicia por medio de tribunales que la impartan de acuerdo a la ley; sin embargo, en la práctica, las deficiencias son enormes para la población en general y tristemente aumentan para la población indígena. Para la administración de justicia en nuestro país, los indígenas deben de enfrentarse a una serie de problemas como lo son discriminación, abusos, falta de intérpretes y defensores, procedimientos lentos, juicios con irregularidades y sentencias severas en proporción al delito, entre otros. Desafortunadamente los encargados de la impartición de justicia en México carecen de una preparación adecuada y falta de sensibilidad para poder garantizar a los indígenas el acceso a la justicia. Muchos de los indígenas que se encuentran privados de su libertad, fueron criminalizados desde el momento de su detención, y al no contar con un intérprete fueron partícipes de procesos llenos de impunidad. Compañeros, es momento de afrontar la magnitud del problema. En nuestros reclusorios existen indígenas purgando condenas excesivas por delitos menores o por delitos, incluso, que ni siquiera cometieron. Gracias a que los hicieron firmar un documento sin saber qué decía de su declaración inicial, y porque nunca contaron con una defensa adecuada, personas cuya libertad fue arrancada, que llevan proceso plagados de irregularidades y donde no se respetaron en absoluto sus derechos humanos. La Constitución Política, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y los tratados internacionales, reconocen el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional del que sean hablantes; sin embargo, dentro de la procuración de justicia, falta mucho por hacer. De nada sirve que existan leyes que reconozcan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas cuando en la práctica sabemos que es un tema que queda siempre pendiente. Es cuanto, señor Presidente.