La diputada Alejandra Soria Gutiérrez: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, para Acción Nacional siempre ha sido importante defender el reconocimiento y el ejercicio pleno del derecho a la cultura de las y los ciudadanos mexicanos. No tenemos duda de que hacerlo así, contribuirá al pleno desarrollo de la dignidad de las personas y a la integración de una nación más justa y solidaria. Por ello, tenemos en cuenta que, en la materialización de los derechos culturales, como parte de los derechos humanos, las bibliotecas tienen una gran relevancia social, pues para nosotros las bibliotecas no solo deben concebirse como un paso obligado del conocimiento, sino también como un requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de las personas y del país. De ahí, que nuestro grupo parlamentario el día de hoy celebremos la discusión y promovamos la aprobación del dictamen a la minuta que se discute. Esta propone la aprobación de una nueva Ley General de Bibliotecas y responde, en primer lugar, a la demanda de actualización de la Ley General de Bibliotecas vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988. En Acción Nacional reconocemos que la ley vigente, al estar esencialmente dirigida a garantizar materiales de consulta para estudiantes de educación y media superior ha resultado de gran utilidad. Sin embargo, hoy a la distancia, y con base en el desarrollo e influencia de las tecnologías de la información, es imperativo contar con nuevas directrices de política pública de mayor especificidad, para apoyar el desarrollo y consolidación de estos servicios. En segundo lugar, la propuesta del dictamen a la minuta manifiesta la necesidad de asignar nuevas responsabilidades públicas en torno a las bibliotecas. Es de subrayarse, que la legislación vigente no establece de manera precisa las bases de coordinación necesarias entre los órdenes de gobierno y esto fomenta simetrías en la calidad de los servicios que se prestan a través de las bibliotecas, incluso en una misma entidad federativa. Y tercer lugar, la propuesta responde a la exigencia de establecer disposiciones que contribuyan a la profesionalización de los servicios bibliotecarios, en especial de los que se prestan en los recintos públicos a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Lo anterior porque, entre otros, prevalece el hecho de que a nivel municipal la movilidad del personal que labora en las bibliotecas públicas incide directamente en la calidad del servicio y, a pesar de contar con personal entrenado, continuamente son sustituidos cuando los ciclos de gobierno son renovados. En nuestro grupo parlamentario entendemos la importancia de una nueva legislación general de bibliotecas. Consideramos grave el hecho de que 175 municipios, 175 municipios del país no cuentan con ningún servicio bibliotecario y muchos otros solo tienen un recinto, lo cual sin duda deja sin cobertura a numerosas comunidades en el país. Resaltamos de la propuesta la incorporación de nuevas definiciones a la ley que esclarecen las acciones que se relacionan con la prestación de los servicios bibliotecarios, la catalogación, el descarte, el inventario, entre otros. Reconocemos el fortalecimiento de las atribuciones de las entidades federativas y de las redes estatales bibliotecarias. Observamos que se empatiza el uso de normas técnicas de catalogación, que se establecen bases para la dotación de materiales y de su conservación. Acompañamos la importancia de la continuidad de los bibliotecarios y su justa remuneración. Concordamos con las atribuciones específicas para los municipios respecto de los recintos a su cargo, con la finalidad de garantizar la permanencia, conservación de sus instalaciones y considerar la posibilidad de abrirse a un mayor número de actividades culturales. Destacamos, asimismo, la inclusión en la ley de la figura del depósito legal, por ser un mecanismo que permitirá constituir un acervo editorial de grandes proporciones, útil a la investigación y que, a diferencia de un acervo bibliotecario, constituirá un patrimonio cultural que dará cuenta del trabajo editorial desarrollado en nuestro país a lo largo del tiempo. Compañeras y compañeros, ante todos estos aportes Acción Nacional no tiene duda de que la propuesta es coincidente con los objetivos de promoción y garantía del derecho humano de acceso a la cultura. Por eso votaremos a favor de este. En estos tiempos de tanta incertidumbre y de charlatanes de la información, la cultura y la historia, es una necesidad aprobar propuestas para que las personas puedan alcanzar la libertad, prosperidad y desarrollo, y con ello ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro de la sociedad. Sin duda, el dictamen que discutimos está en esta línea. Muchas gracias.