El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola: Con la venia del señor presidente; compañeros, compañeras, diputados. La Comisión de Puntos Constitucionales ha trabajado de manera comedida, de forma productiva y con un alto sentido de consensos y de acuerdos en torno a aquellos temas que les son importantes a México. Es por ello que dentro del dictamen que se discute el día de hoy, y reconociendo la labor de los integrantes en conjunto de la Comisión de Puntos Constitucionales, fundamentamos la iniciativa, el conjunto de proyectos que enviara el Poder Ejecutivo de la República en torno a la homologación y criterios en materia de justicia en nuestro país. Se plantean reformas a los artículos 25 y 73 de nuestra Carta Magna. El primer elemento que se busca reformar tiene que ver con los aspectos económicos; es la mejora regulatoria, que además y a pesar de que ya en diversas entidades federativas los gobiernos de los estados han modificado sus legislaciones distintas para perfeccionar el encuentro entre el ciudadano y la autoridad, ese momento en donde la gente acude con su gobierno y la administración pública para realizar un trámite, para aperturar una empresa, para tener cercanía, autorización y regulación en torno al desempeño económico que tendrá, busca esta reforma que nuestra Constitución homologue los criterios en el país para que tengamos un solo lenguaje, un elemento que permita unificar que estados y ayuntamientos tengan mayor transparencia en el proceso regulatorio de las entidades públicas. Se tengan menores costos para la sociedad y para las dependencias. Los trámites simplificados, rápidos y homologados para la obtención de distintos servicios, que esto es un reclamo y un sentir muy profundo y muy constante por parte de la ciudadanía la facilidad para la apertura de sus empresas y mayor competitividad económica al mismo tiempo. En ese mismo sentido, se plantea en este dictamen reformar el artículo 73 para dotar de la facultad al Congreso de la Unión de legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Este uso de mecanismos alternativos de solución, le permite que se asimile de mayor y con mayor profundidad el Sistema Nacional de Justicia en el país. Sin embargo a la fecha no existe unidad de criterios ni estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación de mediadores y conciliadores. Actualmente 23 entidades federativas ya cuentan con leyes que regulan los mecanismos alternativos de solución de controversias, sin embargo para que dichas leyes permitan un ejercicio eficaz y efectivo, se requieren criterios de homologación. Justicia cívica e itinerante. Esta debe ser el detonante del encuentro de la ciudadanía con los conflictos menores que pueden ser resueltos por la autoridad de manera ágil y simplificada. Por ello esta iniciativa pone más en el relieve la falta de criterios homogéneos en los diseños normativos para las entidades federativas, por lo que se persigue dotar de facultades al Congreso de la Unión para emitir una ley general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de gobierno distintos en el ámbito de su competencia en materia de justicia cívica e itinerante a fin de acercar, aproximar la justicia a la vida diaria y de manera más próxima a los ciudadanos. Finalmente lo que tiene que ver con el tema de los registros civiles, que es un tema que importa a las entidades federativas, toda vez que el estado civil de las personas, de acuerdo al artículo 124 de nuestra Constitución, está reservado para legislarse en materia local y en materia estatal. No obstante a ello volvemos al mismo punto de homologar y equilibrar un lenguaje que sea para todos y todas en el país, en este tema. La identidad es el umbral para garantizar el ejercicio de todos los demás derechos reconocidos en nuestra Constitución. De acuerdo con el diagnóstico elaborado por el CIDE, en México existe un alto índice de subregistro, así como de personas que no cuentan con documentos oficiales o con datos fidedignos, y esto dificulta al Estado proteger de manera eficiente y de manera certera el derecho a la identidad de la población, y garantizar así todos los demás derechos que se encuentran consagrados en nuestra Constitución. La legislación que se expida deberá prever de acuerdo a este dictamen al menos, la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción, con la estandarización de las actas de nacimiento a nivel nacional, medidas de seguridad física y electrónica, la posibilidad de realizar trámites con firmas digitales, de realizar consultas y emisiones vía remota, el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginación, mecanismos homologados de captura de datos, simplificación de procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas. Como ustedes lo observan, es un conjunto de iniciativas que tienen como centro la justicia en nuestro país, mejorarla, hacerla más eficiente, darle condiciones a los mexicanos y mexicanas para que se sientan más seguros y para que encuentren en sus causas y en sus anhelos, y en aquellos conflictos, el derecho otorgado por los tribunales y por el Poder Judicial para encontrar salida pronta a sus problemas. Sería cuanto, señor presidente.