La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Con su venia, señora presidenta. Nuestro país es una de las potencias megadiversas más importantes del planeta, debido a que en nuestro territorio podemos encontrar entre el 10 y 12 por ciento de la biodiversidad mundial, integrada por más de 200 mil especies diferentes de flora y fauna. En cuanto a la flora, México ocupa el cuarto territorio más rico al contar con más de 26 mil especies distintas y considerando el número de ecosistemas que forman parte de nuestro patrimonio, somos la segunda potencia mundial. Ante tal responsabilidad, a lo largo de muchos años hemos dispuesto que más de 170 mil kilómetros cuadrados de nuestro territorio sean consideradas áreas naturales protegidas. Entre ellas hemos incluido 34 reservas de biosferas o ecosistemas, 64 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 26 áreas para proteger la flora y la fauna, 4 áreas para la protección natural y 17 santuarios. Todo ello acompañado con la firma de más de 76 documentos internacionales, en materia de protección ambiental. Y, hasta antes de esta administración, destinábamos montos presupuestales muy importantes para proyectos de conservación. Desafortunadamente, además de la merma presupuestal que hemos observado durante los últimos dos años en estos esfuerzos, no hemos sido capaces de erradicar prácticas, como: la tala clandestina, el despojo, la invasión de predios y consecuentemente la ocupación ilegal de terrenos y lotes, correspondientes a este patrimonio natural, en prácticamente todo el territorio nacional. Ello nos ha ubicado como la quinta nación que más deforesta su territorio, con alrededor de 500 mil hectáreas de bosques y selvas anualmente, a uno de los países que más prácticas ilegales de daño intencional a espacios naturales protegidos con fines de explotación comercial presenta. Cuando este tipo de comportamientos antisociales suceden en centros urbanos o en espacios que tienen bien definida la titularidad de la propiedad, existen condiciones para que quien sustente la propiedad legal de los terrenos defienda su patrimonio. Sin embargo, cuando estos comportamientos criminales se desarrollan en áreas protegidas o santuarios para la protección de especies, los despojos e invasiones en muchas ocasiones encuentran el manto protector de la impunidad. Desafortunadamente, el andamiaje institucional y legal en materia de protección ambiental vigente, no es suficiente para evitar que la delincuencia o algunos grupos de vividores usurpen la titularidad de la nación en el uso, aprovechamiento y defensa de muchas áreas protegidas y santuarios. El modus operandi de este tipo de depredadores medioambientales generalmente opta por la construcción de asentamientos en selvas y bosques, lechos de laguna, presas y ríos, con la finalidad de que pasado algún tiempo la corrupción y la inconciencia en algunas autoridades les permita la apropiación ilegal de estos sitios, a la que por lo regular se suma daño o sabotaje de los mecanismos de abastos de agua a los cuerpos de agua para facilitar dicha invasión. Sin lugar a dudas, parte de la respuesta a esta situación pasa por temas legislativos en materia ambiental y vivienda, así como ejercicios de concientización, pero es un hecho que también parte de la solución debe pasar por la sofisticación de la protección de la propiedad pública y privada. En consecuencia, el dictamen que hoy discutimos y votaremos plantea el endurecimiento de algunas medidas punitivas y la ampliación de la protección de los recursos naturales a través del Código Penal Federal, buscando integrar entre las conductas delictivas aquellas acciones de sabotaje o daños a los mecanismos de cargas de diversos cuerpos de agua, cuando estos forman parte de las áreas protegidas o catalogadas en los convenios internacionales firmados por nuestro país. Asimismo, plantea consecuencias penales específicas contra la enajenación del patrimonio natural de nuestro país. Compañeras y compañeros, solo el concurso de todas las fuerzas y de todas las conciencias nos permitirá generar mecanismos que inhiban la destrucción de nuestros recursos naturales para la apropiación ilegal de tierras. Por ello, les invito a votar a favor del presente dictamen, con la conciencia de que al hacerlo estaremos legislando a favor del futuro del patrimonio natural de nuestras hijas e hijos. Es cuanto, diputada presidenta.