El diputado Pedro Jiménez León: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en todos los países del mundo las redes del crimen organizado ganan día a día espacios en los ámbitos social y económico. De ahí la necesidad de que los Estados cuenten con las herramientas jurídicas para prevenir la comisión del delito de lavado de dinero. La economía criminal global es uno de los mayores problemas que enfrenta el planeta, además del tráfico de drogas que representa entre el 50 y el 60 por ciento del volumen total de esta economía. Se incluye el tráfico ilegal de armas, personas, órganos humanos y dinero. La Organización de las Naciones Unidas estima en al menos 1 billón de dólares el flujo anual de los recursos que circulan en los circuitos financieros y de blanqueo de dinero a nivel internacional. Si bien esta cifra no ha podido ser verificada, sí nos da una idea de la magnitud del problema frente al que nos encontramos. En sociedades capitalistas donde la lógica del consumo guía el accionar de los seres humanos, el dinero se convierte en el bien más preciado, afectando conductas y conciencias, y es como lo señala el filósofo español Fernando Savater, el único producto social que cruza todas las fronteras sin detenerse en consideraciones de orden moral. Estamos en presencia de un reto mayúsculo: el de prevenir, identificar y castigar a las redes que se encuentran involucradas en las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que por cierto esas operaciones son las que hoy nos llevan a tener la cifra de casi 70 mil muertos y las víctimas, los representantes de las víctimas que hoy están aquí, son producto de este modelo económico y de la tolerancia y de la complicidad con que desde los Estados nacionales en el mundo internacional, se protege a estos grupos que se benefician del dinero del crimen organizado. Para tal fin el dictamen que hoy se encuentra sujeto a discusión establece topes para las transacciones en efectivo que se realicen en operaciones con activos considerados de alto valor como la compra-venta de bienes inmuebles. La reforma obliga a instituciones como la Bolsa Mexicana de Valores, el Sistema de Ahorro para el Retiro, las uniones de crédito, las sociedades de inversión, las cooperativas de ahorro y aseguradoras a diseñar medidas para prevenir y detectar posibles operaciones inusuales. Un tercer aspecto a destacar de este dictamen consiste en fortalecer a la Procuraduría General de la República en sus áreas dedicadas al combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a través de la creación de la Unidad Especializada de Análisis Financiero en contra de dicha delincuencia, cuyo personal deberá aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica para su ingreso y permanencia en la unidad. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que la aprobación del dictamen ayudará a frenar las estructuras financieras que dan soporte a las bandas delincuenciales que operan en territorio nacional y contribuirá a proteger nuestro sistema financiero. Es por ello que nuestra bancada votará a favor del dictamen y hace votos porque cuando llegue el momento de aplicar esta ley a nadie, a nadie le tiemble la mano. Muchas gracias.