La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con su permiso, señor Presidente. Cincuenta y cuatro años, poco tiempo para hablar de democracia y de igualdad. Sin embargo, la posibilidad de votar y ser electas, como un legítimo derecho ciudadano para las mujeres mexicanas, que fue reconocido el 17 de octubre de 1953, dentro del gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, representó ese momento la concreción de una demanda colectiva impulsada años atrás por organizaciones de mujeres promotoras de este derecho a nivel federal. Contar con una memoria clara y firme como mujeres, acerca del proceso que implicó poder votar, es importante para no perder de vista que los derechos nunca derivan de una concesión voluntaria. Se han conseguido a base de muchos esfuerzos. Hablar del derecho al voto y del derecho a ser electa, en los diferentes cargos de elección popular, es hablar de una serie de peldaños y una serie de tramos y trechos que nos hace falta por recorrer. Arribar a esta etapa conlleva también a revalorar esfuerzos previos que en diferentes ocasiones se han hecho en nuestro país. En el año de 1975 se realizó la primera Conferencia Mundial de la Mujer y es declarado "El decenio internacional de la mujer" por la ONU. En 1981 se ratifica por México la Convención Internacional para la eliminación de la discriminación hacia las mujeres. En 1995, como resultado de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, se incluye el requerimiento de implementar desde la legislación y desde los gobiernos, acciones positivas dentro de las dos esferas de especial atención de la plataforma de acción mundial. En 1998 se instala el Parlamento de Mujeres de México, que es un espacio inédito que se construyó para impulsar avances a favor de los derechos humanos de las mujeres. En el 2000 se firma el primer pacto entre mujeres candidatas de los distintos partidos políticos nacionales, así como estuvieron presentes organizaciones feministas. En diciembre del 2001 se ratifica, por el Senado de la República, el protocolo facultativo de la CEDAW. En el 2002 se reforma el Cofipe y se establece el sistema de cuotas por el género para ser aplicadas en las elecciones del 2003. En el 2005 se llevó a cabo la reunión del Parlamento de Mujeres, que de alguna manera busca fomentar una mayor participación también desde los estados de la República. Una de las cuestiones más recientes que tenemos y que se hizo aquí en esta Legislatura en marzo del 2007, la firma del Pacto Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la participación de ambas cámaras y del Instituto Nacional de las Mujeres. Pero para los siguientes períodos, para lo que viene, es importante hacer un llamado a todos los actores políticos y sobre todo ahora en la reforma electoral, para que pasemos del discurso a los hechos y para que en la reforma electoral se impulse el criterio de paridad en materia de representación política, por medio de reformas al Cofipe, que se garanticen no sólo a nivel de candidaturas sino también en los cargos de elección popular que se obtengan al final de las contiendas. También tenemos que promover, desde el marco de la reforma del Estado, la capacitación para mujeres desde los partidos políticos nacionales, por lo que desde aquí hacemos un llamado para que en el presupuesto se etiquete un porcentaje obligado para tal actividad. Es una tarea pendiente que tenemos los diputados y diputadas de esta Legislatura, el avanzar en políticas de conciliación familiar y laboral, en calidad de un sistema interinstitucional básico para la equidad de género a nivel nacional. Finalmente, creemos que es importante eficientar la relación y los resultados entre el Instituto Nacional de las Mujeres y las comisiones de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Como pueden ver, tenemos tareas pendientes que podemos hacer los diputados federales y diputadas de esta legislatura. Nos hace falta mucho para avanzar pero podemos hacerlo. Muchas gracias.