El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia. Los suscritos, diputados federales Miguel Alonso Raya y Francisco Javier Saucedo Pérez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y en ejercicio de las facultades que nos otorgan la Constitución y el Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan iniciativa de decreto que reforma y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social, con base en la siguiente Exposición de Motivos Como es reconocido ampliamente, las cooperativas de producción constituyen alternativas viables para la generación de puestos de trabajo y de ingresos dignos para amplios sectores de la población que no encuentran posibilidades de empleo y de desarrollo personal bajo los esquemas tradicionales de su contratación como obreros o empleados de empresas públicas o privadas. No obstante lo anterior, la política fiscal que se ha aplicado a este tipo de empresas sociales en los últimos años, lejos de alentarlas para que continúen desarrollando una importante labor como factores distributivos de la riqueza y estimularlas a la reinversión productiva de sus excedentes, se ha distinguido por su clara orientación mercantilista, discriminatoria, inicua y meramente recaudatoria. Atendiendo dicha lógica, una serie de medidas regresivas y francamente violatorias del espíritu social de nuestra Constitución dio al traste con las escasas disposiciones de fomento del cooperativismo. Y 1997 vio nacer una nueva Ley del Seguro Social que enterró el sistema de tributación bipartita vigente desde 1973, que si bien únicamente aplicaba a los seguros de enfermedades y maternidad y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, al financiarse con recursos públicos en 50 por ciento y permitir a la propia sociedad como ente moral cubrir el otro 50 por ciento de aportaciones, se libraba al trabajador socio de la carga de aportaciones personales al Seguro Social, estimulando así el autoempleo en sociedades de trabajo filosófica y moralmente muy diferentes de las sociedades de capital. En cambio, con la reforma de la Ley del Seguro Social no se contempla el beneficio del régimen bipartita para las sociedades cooperativas creadas a partir de la reforma, limitándose a insertar el artículo transitorio 23 en la ley para permitir a los cooperativistas que ya se hubieran encontrado disfrutando del beneficio del régimen bipartita continuar con él, con la salvedad de que no tienen derecho al mismo los nuevos socios, incluso los que se incorporen a las cooperativas que sí disfrutaban de ese beneficio desde antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Así, la reforma de la Ley del Seguro Social de 1997 constituye un atentado a los principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y justicia que deben distinguir las contribuciones fiscales en nuestro país. Contrario a lo anterior, en la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997, las cooperativas de producción en general estaban obligadas a efectuar aportaciones al IMSS de forma bipartita por lo referente a los seguros de enfermedades y maternidad e invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, los cuales se transcriben a continuación para mayor comprensión de los mismos: Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio del 1997 por lo que corresponde a enfermedades y maternidad, así como invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, artículos 116 y 179, que a letra dicen: "Las sociedades cooperativas de producción, las administradoras obreras o mixtas, las sociedades locales, grupos solidarios o uniones de crédito cubrirán 50 por ciento de las primas totales y el Gobierno Federal contribuirá con el otro 50 por ciento". Como puede deducirse, a raíz de la reforma efectuada a la Ley del Seguro Social se eliminó del texto de la misma el beneficio que otorgaba a las cooperativas de producción en el sentido de pagar cuotas de manera bipartita, trasladándose dicho beneficio al multicitado artículo transitorio 23. De lo anterior se desprende que el beneficio continuará sólo para los socios registrados ante el IMSS de las cooperativas de producción que hayan iniciado operaciones antes del 1 de julio de 1997, mas no así para los que sean registrados en fecha posterior. Precisamente por ello es fundamental para las sociedades cooperativas en general que se reconozca de manera expresa en la ley la figura del socio cooperativista, que es diametralmente distinta de la figura del obrero o trabajador de una empresa de capital, motivo por el cual a continuación nos permitimos exponer el concepto de lo que es una sociedad cooperativa, concepto que encuentra su fundamento legal en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que a la letra dice: "La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios". De la lectura del citado precepto se desprende que en una sociedad cooperativa por esencia y naturaleza no tienen cabida las figuras obrera y patronal, ya que sus miembros tienen la función de ser ambas a la vez, formando una tercera figura, que es la del socio cooperativista. En el mismo sentido, lo establecido en el artículo 25 constitucional y la recomendación 193 de la OIT de 2002 está dando por sentado las mismas características. Otro aspecto igualmente importante, por destacar, es que en las disposiciones de la nueva Ley del Seguro Social se obliga a las cooperativas a cumplir la inscripción y el pago de las cuotas obrero-patronales de sus integrantes sin importar a qué actividad se dedican. De este modo, se ignora que los ingresos de las cooperativas que se dedican a las actividades primarias –agricultura, ganadería, silvicultura y pesca–, así como las dedicadas al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, están sujetos a diversos factores contingentes que muchas veces no pueden ser previstos, como los cambios climáticos y variaciones de los precios en el mercado. Significa esto que entre las cooperativas de producción industriales y las que se dedican a actividades primarias y al autotransporte existe diferencia esencial, que tiene que ver con el hecho de que mientras las cooperativas de producción industriales pueden tener seguridad de recibir un ingreso mínimo, dicha seguridad no existe en modo alguno en las cooperativas del sector primario del autotransporte terrestre. En las sociedades cooperativas no existen utilidades. En todo caso, de existir remanentes, éstos deben distribuirse equitativamente entre los socios de acuerdo con el trabajo aportado por cada uno de ellos, tal como lo establece el artículo 28 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Sin embargo, la Ley del Seguro Social ordena que para integrar el salario base de cotización deben tomarse en cuenta todas las percepciones recibidas, lo cual incluye toda cantidad que los cooperativistas perciban por concepto de remanentes, situación que no acontece en ningún tipo de sociedad. En el caso de los trabajadores ordinarios, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa, se excluyen como integrantes del salario base de cotización. En tal virtud y de manera compensatoria a las desigualdades y desventajas que se hallan en las cooperativas de producción, exigimos que los remanentes distribuidos entre los socios sean excluidos como criterio para la determinación del salario base de cotización. En ese sentido, corresponde también la derogación del artículo 28-A, con objeto de que, a través de la concertación entre las autoridades del Seguro Social y las sociedades cooperativas de producción, se determine la base de cotización. Por lo expuesto anteriormente, nos permitimos someter ante la Cámara de Diputados el siguiente Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 19, y se derogan los artículos 28-A y vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social Artículo Único. Se reforman artículos 12 y 19, y se derogan los artículos 28-A y vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue: Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: Fracción II. Los socios de sociedades cooperativas de producción; y Artículo 19. Para los efectos de esta ley, las sociedades cooperativas de producción cubrirán las cuotas que conforme a la misma corresponden a patrones y trabajadores, a excepción de las correspondientes a los seguros contemplados en las fracciones II, III y IV del artículo 11 de esta ley, respecto de los cuales cubrirán 50 por ciento y el Gobierno Federal contribuirá con el otro 50 por ciento. Artículo 28-A. Se deroga. Es cuanto, señor Presidente.