El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Compañeros legisladores y legisladoras. EL acuerdo de formato que aprobó esta asamblea impide el ejercicio democrático del análisis, por lo tanto éste se convierte en un acto de posicionamiento político de los grupos parlamentarios que demeritan las atribuciones del Congreso de la Unión, que es un sistema representativo federal y republicano y que debería tener un sistema de pesos y contrapesos políticos para la viabilidad de un Estado democrático de derecho. Por lo que en decoro del Poder Legislativo, los invito a reflexionar sobre la necesidad del análisis objetivo e imparcial del informe que hoy se comenta. Siguiendo el formato que se ha impuesto y atendiendo al sentido común, para resolver un problema es necesario conocer sus causas y tener una percepción real del mismo. Oficialmente, se presenta una imagen de la administración pública que deviene en la falsedad, en el ocultamiento, en la complicidad con un periodo presidencial opaco y corrupto que vulneró derechos fundamentales de millones de mexicanos. Si consideramos que la demagogia se manifiesta a través de las falacias como la que se presenta en los argumentos que no tienen lógica, así como en la adopción de premisas evidentemente inaceptables; o, bien, la manipulación del significado de las palabras en la construcción del discurso, entre otras, resulta que el contenido del informe que el Ejecutivo federal presenta a esta asamblea, encontraremos diversas manifestaciones de demagogia. No atiende a los principios de objetividad y certeza al segmentar información estadística y de los programas y acciones realizados por las distintas secretarías y dependencias del gobierno federal. Omite los antecedentes, el contexto social, económico y político en que se realizan dichas acciones y presenta un discurso neutro que impide la seguridad y certeza de los hechos, información con los que da cuenta. Premisas falsas conducen a conclusiones falsas. Señala el Ejecutivo federal cito una parte textual-: A fin de alcanzar un México en paz, el Ejecutivo federal se ha fijado como prioridades fortalecer la gobernabilidad democrática del país y mejorar las condiciones de seguridad de la población. En este primer informe destaca las acciones realizadas por el gobierno de la República para responder a las demandas ciudadanas y los desafíos de nuestro tiempo en un contexto de legalidad, de estabilidad y democracia. Para alcanzar un México en paz, no se informa el estado en que se ejerce la administración pública federal. No existen datos oficiales objetivos que permitan conocer las dimensiones de la inseguridad y consecuentemente ingobernabilidad que existe en la mayor parte del territorio nacional. El Ejecutivo federal y su administración no ha sido capaz de atender las demandas de la mayoría de la población. Por obviedad del tiempo concedido solamente enumero unas. Esto de las elecciones locales de 2014, como estrategia en el informe se hace mención del diálogo respetuoso y constructivo con los Poderes de la Unión, con la ciudadanía, sus organizaciones y las fuerzas políticas; discurso que se contrapone con los hechos. Las elecciones del pasado 7 de julio en 14 entidades del país, primeras de este sexenio en el cual el PRI ha regresado al poder, demostraron los alcances y deficiencias del sistema electoral en las entidades, procesos electorales en los que permeó la ilegalidad e inequidad electoral desde la etapa de construcción de coaliciones hasta la calificación de cada una de ellas. Hablar de procesos democráticos en donde el control de la radio, televisión y periódicos de cobertura local y regional atienden a los intereses del gobernador o de caciques políticos locales y se constituyen en factor importante en el juego de la mentira que justifica la corrupción y la impunidad en las administraciones públicas estatales y municipales, y que hacen propaganda electoral a través de entrevistas o noticias de campaña en abierta transgresión a disposiciones constitucionales, corrupción que irrumpió en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales locales que legalizan los actos de las autoridades electorales locales para dejar intocados los cacicazgos políticos locales. En los 14 procesos electorales locales, fue evidente el clima de violencia y denuncias en que se desarrollaron. En PAN a nivel nacional fue un actor activo que denunció irregularidades en los procesos de organización y en el condicionamiento de los órganos electorales locales a los intereses de los gobiernos estatales; de las denuncias en el uso y abuso de programas sociales; activismo de protesta acotado por el pacto contra México. Después del addendum se callaron y de los 11 compromisos relativos a los procesos electorales, no revirtió ni frenó el uso de los aparatos gubernamentales y recursos públicos para garantizar el triunfo del PRI en la mayoría de los estados. ¿Dónde quedó el compromiso para garantizar procesos democráticos y equitativos que respetarían la emisión del voto libre, secreto, directo y personal? ¿Qué resultados tuvo la denuncia del uso político de los programas de la Sedeso que presentaron los partidos políticos en la Comisión Plural Nacional de Preservación, etcétera? En la ignominia. Esto es por señalar ejemplos. Podríamos hablar de Durango, Veracruz; todo eso está muy plasmado. En relación a las personas desaparecidas, en febrero del 2013 Lía Limón habló de que hay un registro de más de 26 mil personas no localizadas, de las cuales cerca de 21 mil están relacionadas con alguna averiguación previa, acta circunstanciada o carpetas de investigación, y 5 mil se encuentran presentes de validación de datos, omisiones; datos obtenidos al mes de diciembre del 6 a noviembre del 12, en el Cenapi, que depende de la PGR. Existe una demanda ciudadana que exige información de padres, madres, hijos, que se encuentran desaparecidos. Esto obviamente no es posible. Cuando las víctimas del delito, sus familiares enfrentan ministerios públicos, que atienden a un sistema de corrupción y complicidad con la delincuencia organizada, cuando son sujetos de vejaciones y violaciones a la dignidad humana. A la demagogia del compromiso que públicamente realizó el secretario de Gobernación de atender a los familiares a través de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas ¿cuál es el estado que guarda el supuesto Registro Nacional de Personas Desaparecidas? ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones que sobre cada uno de los casos realiza la PGR y las procuradurías locales de los estados? ¿Cuál es la respuesta a los ciudadanos que buscan a sus familiares en dependencias burocráticas que evaden una atención inmediata y con respeto a la dignidad humana de los familiares de la víctima? En relación a los derechos humanos, el 15 de febrero Osorio Chong informó que los registros cuentan con un reporte de más de 70 mil muertos a consecuencia de la guerra contra el narco emprendida por Calderón. Manifestó que en la administración de Calderón había descoordinación y falta de coordinación entre las dependencias, por lo que no cuenta con un conteo más preciso, no sólo sobre la cifra de muertos, sino de desaparecidos. Setenta mil muertos que son borrados de las acciones del Ejecutivo federal. ¿Ésta es la protección de derechos humanos que señala el Ejecutivo federal? ¿Qué responsabilidad se establece para el gobierno de Felipe Calderón por parte del gobierno de Peña Nieto? ¿Qué atención se proporciona a los familiares de más de 70 mil muertos en la guerra de Calderón? ¿Ha cambiado el panorama de inseguridad? Evidentemente esto no; no existen cambios sustanciales en la política anticrimen y se pretende borrar de la memoria la consecuencia de políticas y estrategias de seguridad permeadas por la complicidad y la corrupción. Quien omite manifestarse y ejercer acciones legales para determinar la responsabilidad de los responsables de las muertes de miles de mexicanos y mexicanas, se convierte en cómplice. ¿Por qué el silencio ante esta masacre? ¿Por qué el silencio ante los más de 250 mil desplazados de la violencia en zonas y municipios controlados por la delincuencia organizada? Evidentemente que vivimos en una sociedad del miedo, miedo que se produce y reproduce por la estrategia de comunicación del gobierno federal y de los medios de comunicación quienes, a través del juego del discurso demagógico, pretenden evadir una realidad que padecen millones de mexicanos que viven en extrema pobreza. Tan sólo una encuesta de Mitofsky habla de que el 55 por ciento ésta es muy reciente, es del mes de mayo el 55 por ciento dejó de cargar mucho dinero, 53 por ciento dejó de usar joyas, 48 dejó de salir a la calle en la noche, 44 prohibió a los niños jugar en la calle, 39 dejó de cargar tarjeta de crédito y debito, 28 dejó de usar taxis y 25 dejó de visitar parientes o amigos. Y podríamos seguir dando datos sobre cómo ha incrementado el miedo en la población. Ésta era la percepción de la ciudadanía hace tres meses, percepción del miedo que se ha pretendido modificar a través de la manipulación de la información en noticieros de radio y televisión, cuyo contenido queja sujeto a la consigna política y no a garantiza el acceso a la información señalado en el 6o constitucional. La información manipulada, distorsionada de la inconformidad social que tacha de delincuente a quien se inconforma con el estatus quo no ha sido capaz de romper la percepción en la falta de gobernabilidad y seguridad del ciudadano de a pie. Esta realidad es la que se debe confrontar con la información que presenta el presidente y cada una de sus secretarías y la PGR con el objeto de asumir una postura crítica que reoriente las políticas públicas del Estado mexicano. La falsedad de una sociedad democrática plural e incluyente con un gobierno que no acredita su eficiencia administrativa, coludido con la corrupción en diferentes niveles, desde la presidencia de la república y en los procesos productivos, a través de la entrega de los recursos y bienes nacionales a una oligarquía nacional e internacional, no es la base para la implementación de políticas públicas que atiendan el interés general. Seguiremos en esta tribuna exigiendo que se reoriente la política económica de un régimen que cada vez se pudre más y ocasiona estos resultados en la sociedad. Estaremos en la lucha por la defensa de la economía popular y el petróleo. Ya paramos el aumento del IVA en medicinas y alimentos gracias a Andrés Manuel y el 22 de septiembre, a las diez, esperamos a los patriotas a que estén en el Ángel de la Independencia marchando para parar las cargas tributarias en contra de las clases medias...