El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que hoy presentamos un grupo de diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios tiene relación con dos temas importantes y vitales para nuestro desarrollo como país: el municipio y el agua. En reiteradas ocasiones en esta Asamblea se ha mencionado el tema del agua; sin embargo, son mínimas y eventualmente poco impactantes las decisiones que hemos concretado para incidir positivamente en este asunto que también se ha reiterado aquí es un recurso vital para la existencia de los seres vivos de nuestro planeta. A manera de ejercicio, y como lo hacen algunos académicos, quisiera que por un momento reflexionáramos las ocasiones en las que en el transcurso del día solamente hayamos tenido la necesidad de emplear el agua en la dinámica de nuestra existencia. Sabemos que con el objeto de mejorar la utilización del agua se han establecido algunos consensos, entre los que destacan las reformas que se hicieron a la Ley de Aguas Nacionales, por decreto, el 22 de diciembre de 2003, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril del 2004, así como el cobro de derechos a los organismos operadores de agua del país, tanto por la utilización de aguas nacionales como por el empleo de los cuerpos receptores de aguas residuales en bienes de la nación. Sin embargo, el uso dispendioso y desmedido de grandes volúmenes de agua potable en todos los edificios donde se desarrollan funciones del servicio público a cargo de la Federación, de los estados y de los municipios, continúa siendo un factor que incide sustancialmente tanto en los usos como en el deterioro y bajos niveles de eficiencia de los organismos operadores de agua potable. Por lo anterior, es necesario eliminar el trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en lo que concierne al pago de servicios públicos ya que, como se recordará, el artículo 115 constitucional, precisamente permite exenciones de pago de estos servicios a todos los bienes de dominio público de los tres niveles de gobierno. La disposición constitucional anteriormente citada, resulta enormemente onerosa, ya que por un lado, a las Juntas de Agua Potable se les cobra por los volúmenes de agua cruda que obtienen, debiendo invertir altas sumas por la captación, conducción, potabilización, almacenamiento, distribución, drenaje y saneamiento. Asimismo, deben pagar por la utilización de los cuerpos receptores de aguas residuales, propiedad de la nación, y por otra parte constitucionalmente están impedidas para cobrar por los servicios que proporcionan a la gran cantidad de edificios donde se desarrollan actividades de gobierno, sin dejar de soslayar el aspecto más importante que redunda en el mal uso y derroche de considerables cantidades de agua, debido al poco valor que se le otorga al líquido, porque como no se paga, así hay que gastarlo. Fundamentalmente la argumentación nodal de la presente iniciativa es que las exenciones contenidas en la norma constitucional que se propone reformar contribuyen al dispendio y uso no sustentable de un recurso escaso, como lo es el agua y que además promueve el empobrecimiento de las finanzas municipales y de los organismos operadores de agua potable y drenaje. En esa tesitura, se reitera que la exención del pago de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado a las oficinas públicas e incide en forma sustancial en el deterioro de las finanzas de los municipios de los organismos operadores de agua de todo el país. Eliminar estas exenciones en el pago de servicios que dispone el artículo 115 constitucional evitaría el desperdicio de recursos, además de que contribuiría a fortalecer estas finanzas públicas municipales. Consecuentemente, se ampliarían las coberturas y calidad de dichos servicios públicos. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue: Artículo único. Se reforma el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Inciso c). Las leyes federales no limitarán la facultad de las entidades federativas para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) ni concederán exenciones en relación con las mismas, a favor de persona o institución alguna, sea de dominio público o privado en sus tres niveles de gobierno. Señora Presidenta, toda vez que quienes presentamos esta iniciativa hicimos algunas precisiones de último momento. Solicito se tome en cuenta esta última versión que en este momento entregó, incorporándose a la Gaceta Parlamentaria y al Diario de los Debates. Atentamente. Alfonso Izquierdo Bustamante, PRI; María Soledad López Torres, PRD; Javier Bolaños Aguilar, Acción Nacional; Manuel Cárdenas Fonseca, Nueva Alianza, Layda Sansores, Convergencia; Diego Cobo Terrazas, Partido Verde Ecologista y un servidor Gerardo Vargas, del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto.