La diputada Julieta Mejía Ibáñez: La revocación de mandato cumple tres anhelos fundamentales: la posibilidad de empoderar a las y los ciudadanos, la capacidad de exigir cuentas y el poder formar una democracia participativa. En Movimiento Ciudadano lo tenemos claro, es por ello que hablar sobre la revocación de mandato en México no podría justificarse sin voltear a ver la lucha y la experiencia de Jalisco, en donde Movimiento Ciudadano lo ha impulsado y sus gobiernos se someten a la evaluación popular, para que verdaderamente sea el pueblo quien decida si se quedan o se van a la mitad de su ejercicio. Queremos que la voz de las y los ciudadanos sea escuchada y no esperar tres o seis años si no están cumpliendo. Estimadas diputadas y diputados, me dirijo a ustedes con preocupación en torno al contenido del dictamen, que en su artículo 8o., fracción IV, pretende menoscabar la dignidad humana de toda persona privada de la libertad, dañando, además, la democracia mexicana. En resumen, esta fracción excluye a determinadas personas privadas de su libertad de poder participar en el ejercicio de la revocación de mandato, anulando su voz sobre el desempeño de la autoridad en materia de políticas penitenciarias. Debo subrayar, que acorde al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la cual México forma parte, toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a su dignidad, sin excepción alguna, lo cual incluye ser escuchado. Así, como es del conocimiento de todas y todos ustedes, el Poder Ejecutivo es el encargado de administrar el sistema penitenciario, y en este sentido toda persona privada de la libertad tiene total legitimidad para decidir si la autoridad en funciones debe continuar en ella con el motivo de su correcto o inadecuado desempeño en la materia. Pero, ¿qué tipo de cuestiones podrían llevar a una persona privada de la libertad a decidir sobre revocar o no el mandato del presidente? Claramente aquellas relacionadas con la reforma y la readaptación social de los penados, es decir, que las condiciones de alimentación, agua potable, albergue, higiene, vestido, entre otras, sean adecuadas para cumplir los fines del régimen penitenciario. Por poner un ejemplo, acorde al diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2020, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se registró que los incidentes violentos presentados en 2020 llegan a 1 mil 349 personas, que perdieron la vida dentro de los establecimientos penitenciarios por riñas, motines, abusos, homicidios, entre otros, lo cual además representa un incremento del 12 por ciento respecto a las cifras del 2019. Esta sola circunstancia es la razón válida para que una persona privada de su libertad exija que el presidente ya no continúe en su cargo, pues durante un año se incrementaron las posibilidades de morir por falta de condiciones de seguridad. Por otra parte, la revocación de mandato es un ejercicio democrático y, en ese tenor, la participación de toda persona en las decisiones concernientes a su propio desarrollo no solo es un derecho y una responsabilidad, sino una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Si el espíritu de esta figura participativa es escuchar a la gente para aprobar o reprobar la gestión del presidente, esto debe hacerse respecto de todas las áreas que impactan la vida de las y los mexicanos, no solo respecto de algunas, sino existir justificación alguna que permita discriminar a otras. Por ello someto a su consideración de todas y todos ustedes, la reserva por la que se propone eliminar la fracción IV del artículo octavo del dictamen que se discute, para que las personas privadas de su libertad con sentencia ejecutada tengan la posibilidad de participar en los ejercicios de revocación de mandato y, en ese tenor, reforzar el espíritu democrático del mecanismo. Tenemos la obligación de legislar conforme a la realidad actual de México y a la progresividad de los derechos humanos de toda ciudadanía. Muchas gracias.