EL DIP. ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: El Programa de Educación, Salud y Alimentación, mejor conocido como PROGRESA, operó durante seis años a propuesta del financiamiento internacional en nuestro país. El Banco Mundial perfiló una estrategia cuya aplicación en México se convirtió en un mínimo recurso mensual para cerca de 3 millones de madres de las familias más pobres del territorio nacional. Sin embargo, de 40 millones de pobres PROGRESA sólo atendía alrededor de 15 millones de mexicanos en la extrema pobreza. Siempre y cuando cumplieran con la norma de garantizar el control de la salud, educación y alimentación de sus hijos. Las principales aristas de este Programa social provenían de la insuficiencia económica. Por incapacidad financiera PROGRESA excluyó de este beneficio al 70% de los más pobres del país, lo que provocó que sus padrones de beneficiarios fueron constantemente cuestionados por romper con la equidad a la que constitucionalmente estamos obligados así como su manejo discrecional a beneficio o en orientación con los intereses político-electorales de las regiones del país. El 6 de marzo pasado el Ejecutivo Federal hizo pública la sustitución de este programa social de combate a la pobreza por otro que brindará oportunidades. Sería fundamental pensar que el cambio de nombre sustitución significaría algo más que el criticado por la prensa, segundo frente de las políticas públicas del Presidente Vicente Fox. El señor Presidente se comprometió a diseñar programas sociales que rompieran con el clientelismo político y el asistencialismo. Al presentar el nuevo programa resaltó entre sus bondades que en México el clientelismo era cosa del pasado y que iban a asegurar que nadie recibiera el doble y nadie se quede sin nada. Sin embargo, la buena intención de Vicente Fox quedará en el mundo de las aspiraciones si esta Legislatura no asume un compromiso histórico con el pueblo de México y dictamina y aprueba el marco jurídico para el desarrollo social. El 14 de diciembre del 2001, el de la voz presentó una iniciativa de Ley General de Desarrollo Social cuya propuesta legislativa se une al esfuerzo de una iniciativa del Partido de la Revolución Democrática presentados en esta Cámara de Diputados en la Legislatura pasada y otras dos iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores de esta Legislatura por Acción Nacional y el de la Revolución Democrática. Y es que el problema de la pobreza como una dificultad, producto del sistema económico nos obliga a reconocer al desarrollo social como una prioridad de gobierno y por qué no de legislación. No obstante lo anterior esta propuesta programática de Vicente Fox seguirá siendo clientelar y excluyente pues ningún programa focalizado será legítimo a nuestro país si no se desprende o surja de un cuerpo normativo aprobado por este Poder Legislativo. Mientras no se establezcan principios, se precisen políticas y objetivos, el Estado Mexicano seguirá ejerciendo el gasto social de manera paternalista, discrecional, excluyente y por intereses electorales. El Ejecutivo Federal como es el caso de oportunidades diseña políticas sociales enfocadas principalmente a la atención prioritaria de los más pobres. Sin embargo, al no existir ley reglamentaria los esfuerzos programáticos en materia de desarrollo social para el combate a la pobreza seguirán las dos inercias políticas gubernamentales del pasado, el uso clientelar del presupuesto en la materia y la implementación de los esfuerzos gubernamentales como asistencia, más que como reivindicación de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En un marco jurídico que norme los esfuerzos concurrentes en materia de combate a la pobreza permitirá un avance sustantivo en la tarea rectora del Estado Mexicano, el desarrollo económico. Entonces, a efecto de aliviar los efectos de la política económica sobre el desarrollo desigual de los mexicanos mediante el establecimiento de un sistema de garantías de los derechos sociales, esta Legislatura deberá votar por un marco jurídico o cuerpo legal que evite el uso político del gasto social tanto de partidos como de políticos, caciques o presidentes. Por todo lo anterior, con fundamento en lo que disponen las fracciones III, XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito a esta presidencia se sirva excitar a la Comisión de Desarrollo Social para que dictamine sobre la iniciativa presentada en esta Cámara de Diputados como Ley General de Desarrollo Social. Atentamente. Diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez. Muchas gracias por su atención. LA C. PRESIDENTA; Gracias ciudadano diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de Desarrollo Social, para que emita el dictamen correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Francisco Agundis Arias del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una excitativa a la Junta de Coordinación Política.