El diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, señor presidente. Honorables legisladoras y honorables legisladores, diputados integrantes de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Hoy, en nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me complazco en dirigirme a ustedes para compartir los resultados de nuestros trabajos relacionados con la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro. No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por su disposición y apertura al diálogo y a los acuerdos adoptados en beneficio de nuestro país. Como todos saben, es responsabilidad de esta Cámara de Diputados analizar con detenimiento todos y cada uno de los elementos que se presenten en las propuestas que nos son remitidas a fin de que durante la discusión y el análisis lleguemos a los acuerdos y consensos más adecuados para el país, pero sobre todo para lograr los mayores beneficios para la población. Así debo de decir que en el caso particular, la economía mexicana requiere de la adecuación de muchos elementos a fin de dotarla del dinamismo necesario para alcanzar ritmos mayores de crecimiento que permitan la elevación del ingreso de nuestra población, y con ello el mejoramiento de sus condiciones de vida. Uno de esos elementos es, sin duda, contar con un sistema financiero sólido y dinámico. El proyecto legislativo en materia de seguros y fianzas que hoy se somete a consideración de esta soberanía se inscribe en el proceso de modernización de la regulación financiera que se ha venido desarrollando en nuestro país, con el propósito de fortalecer el marco normativo a que se encuentra sujeto el sistema financiero y con ello sentar las bases para un desarrollo sano y sostenido de la economía mexicana. Resulta importante comentar que este proceso dio varios pasos importantes, desde hace tiempo, con la expedición de la Ley de Mercado de Valores en 2005, así como con las reformas sustantivas a la Ley de Instituciones de Crédito en el 2008. Ahora, con el anteproyecto para la expedición de una nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas que abrogará las actuales Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como con las reformas y adiciones propuestas a la Ley sobre el Contrato de Seguro, estaremos dando un nuevo paso firme en esa dirección; ahora en estos importantes ámbitos del sistema financiero mexicano. ¿Qué objetivos tiene el proyecto, compañeras y compañeros diputados? En términos generales, el proyecto de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara considera cuatro objetivos principales: El primero de ellos es un propósito de solvencia mediante el cual se busca fortalecer la posición financiera de las entidades aseguradoras y afianzadoras, así como robustecer las labores de regulación y supervisión a cargos de autoridades responsables. En esta materia, el proyecto se sustenta en un marco de normas prudenciales de tipo solvencia II; se trata del modelo de solvencia más avanzado en materia de seguros y fianzas a nivel internacional, el cual enfatiza en, primero, un balance apropiado entre requerimientos cuantitativos y cualitativos, y así como en una adecuada identificación y medición de los riesgos a los que se encuentran expuestas este tipo de entidades financieras en su operación. El modelo que se incorpora en la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas está basado en el cuidado de la solvencia de las entidades aseguradoras y afianzadoras en tres pilares. Un primer pilar que establece mecanismos para una determinación más precisa de los requerimientos cuantitativos, que en materia de reservas técnicas y requerimientos de capital deben de cubrir este tipo de instituciones. En este sentido, el proyecto fortalece el régimen actual de suficiencia de las reservas técnicas y plantea la determinación de los requerimientos de capital, a partir de la medición de riesgos que enfrentan de manera específica cada una de estas entidades. Esta mejor medición de los requerimientos cuantitativos basada en riesgos proveerá de mayores elementos para garantizar la capacidad de las instituciones de seguros y fianzas, de hacer frente a sus obligaciones ante los usuarios de estos servicios financieros. El modelo recogido en el proyecto que se somete a su consideración contempla también de manera complementaria un segundo pilar, orientado a fortalecer el sistema de gobierno corporativo de las aseguradoras y afianzadoras, como un elemento coadyuvante en el cuidado de la solvencia de estas instituciones. En este sentido, la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas prevé que el sistema de gobierno corporativo será una responsabilidad del Consejo de Administración, debiendo cumplir con las funciones relativas a la administración integral de riegos; el control interno; la auditoría interna; la función actuarial y la relativa a la contratación de servicios con terceros. En este punto es importante destacar que si bien el sistema de gobierno corporativo es responsabilidad del consejo de administración, ello nunca implica que las autoridades reguladoras y supervisoras dejen de dar puntual seguimiento al adecuado funcionamiento del mismo. Como lo prevé el proyecto, las autoridades reguladoras deben establecer los mecanismos para verificar que el sistema de gobierno corporativo de las instituciones sea eficiente y se apegue a lo señalado en la nueva ley. Adicionalmente, el proyecto contempla un tercer pilar complementario a los requerimientos cuantitativos y al gobierno corporativo, que se centra en el fortalecimiento del marco de transparencia y revelación de información de parte de las aseguradoras y afianzadoras para el mercado, con ello el proyecto busca aumentar la información a disposición de los usuarios y de esa forma estimular una mejor conducta de mercado. Un segundo objetivo general del proyecto de la nueva ley y de las reformas y adiciones a la Ley de Contrato de Seguro, tiene que ver con estimular la competencia en estas áreas del sistema financiero. En este sentido, el proyecto considera diversas adecuaciones al sistema de registro de productos de seguros y de fianzas, a fin de incentivar la innovación, la competencia y la eficiencia en el mercado, ello estimulará el diseño de nuevos productos que se ajusten de mejor manera a las necesidades de protección y ahorro de los usuarios de estos servicios financieros. Especial mención debe hacerse a la creación del seguro de caución, el cual se plantea como un complemento a la figura de la fianza y la carta de crédito y permitirá ampliar la gama de garantías financieras en la economía mexicana. Al aumentar el número de opciones disponibles en este mercado, no sólo se estimula la competencia, sino que se crean elementos que permiten hacer más ciertas y ágiles las transacciones económicas entre particulares y con el gobierno, incentivando con ello un funcionamiento más dinámico de nuestra economía. El tercer objetivo del proyecto que se pone a consideración de esta soberanía, es aumentar la seguridad de los usuarios en este tipo de entidades financieras y en los servicios que prestan. Aumentar la confianza de la población en estas instituciones es un factor esencial para estimular su crecimiento, por ello el proyecto de la nueva ley prevé, entre otros aspectos, la obligación para que estas entidades remitan a la Condusef sus contratos de adhesión, para que como ya ocurre con el resto de las instituciones financieras, formen parte del Registro Público de Contratos de Adhesión. Aquí la Condusef forma una especie de defensora, de ombudsman de los usuarios de los derechos financieros. Asimismo, el proyecto establece mecanismos para la regulación en la presentación de estados de cuenta, para el caso de los seguros con componentes de ahorro e inversión. De igual forma, prevé un marco regulatorio apropiado para los ajustadores de seguro, de forma tal, que se eleve la calidad del servicio que estos profesionales, los ajustadores de servicio, prestan a los usuarios al momento de presentarse los siniestros. Esta figura no estaba contemplada antes, diputadas y diputados, en el tema de los seguros, hoy ya se contempla el tema la figura de los ajustadores. De igual forma, el proyecto plantea una mejora sustancial al procedimiento de liquidación de entidades aseguradoras y afianzadoras, a fin de hacerlo más expedito y privilegiar la protección del interés de los usuarios de estas instituciones. Y el cuarto propósito general de la nueva legislación, es el de promover el desarrollo en estas actividades en el marco del sistema financiero mexicano. Un sector financiero sólido constituye una precondición para estimular el crecimiento a la economía, en este sentido, el crecimiento de los sectores asegurador y afianzador, no sólo redundará en una mayor protección patrimonial y personal para las familias, las empresas y el gobierno y mayor seguridad en las transacciones económicas, sino también, en un sentido más amplio, en la posibilidad de canalizar mayores recursos al financiamiento de actividades productivas y a la creación de empleos, a través de la función que cumplen estas instituciones como inversionistas institucionales, y aunque la ley es muy técnica para la asamblea, debo de mencionar, señor presidente, los beneficios para los usuarios y para el país. Con el proyecto de Ley de Instituciones y Seguros de Fianzas, así como las reformas y adiciones a la Ley sobre el Contrato de Seguro, esta soberanía estará dotando a México de un marco legal moderno, eficiente y apegado a los estándares y mejores prácticas en la materia, colocando a nuestro país a la vanguardia a nivel internacional. Al mejorar la posición de solvencia de las aseguradoras y afianzadoras, como al elevar la profesionalización de su gobierno corporativo, se fortalecerá la primera red de protección de los usuarios de estos servicios financieros. Asimismo, al aumentar la transparencia de estas entidades, los usuarios contarán con la mayor información para decidir con qué institución realizar sus operaciones de seguros y fianzas. Además, la mayor transparencia estimulará una más apropiada conducta del mercado, y con ello, una mejor atención a los usuarios. Por otra parte, al estimular la innovación de estos mercados, término, señor presidente, se inducirá el diseño de nuevos tipos de productos, cada vez más acordes a las necesidades de protección de la población. En suma, en este proyecto de nueva legislación en materia de seguros y fianzas, esta soberanía establecerá instrumentos para que el crecimiento en estas actividades se dé sobre bases sólidas. Diputados y diputadas, en este contexto la Comisión de Hacienda está convencida de que el proyecto de la nueva ley, esta propuesta que se presenta a consideración de la soberanía, constituye una pieza de la mayor importancia en el desarrollo del sistema financiero mexicano. Es cierto que de aprobar este nuevo marco normativo estaremos dotando a México de uno de los elementos que resultan indispensables para crear una ruta de crecimiento dinámico y sostenido para nuestra economía. Les pedimos su voto, señoras diputadas y diputados. Muchas gracias.