La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Justicia Penal pronta, expedita para todos, gratuita, imparcial y completa es lo que queremos para México. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy estamos discutiendo un dictamen de la mayor trascendencia por el impacto que tendrá en materia de justicia, es un anhelo para todos los que aspiramos tener un mejor país. Nos referimos al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 10 ordenamientos jurídicos entre los que se encuentran tres códigos y siete leyes reglamentarias federales, generales y orgánicas. Con lo anterior quiero dejar de manifiesto el esfuerzo de la Colegisladora y de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados para armonizar este conjunto de normas que permita dar una mayor operatividad al nuevo sistema de justicia penal. Hace ocho años nuestro país eligió tomar un rumbo distinto en materia de justicia. El 18 de junio de 2008 con la reforma constitucional respectiva, se inició el cambio de paradigma en la impartición de justicia penal para la transición de un modelo inquisitorial al tipo acusatorio adversarial. En Nueva Alianza, conscientes de que existe un malestar frente a la política, los representantes políticos y las instituciones, nos hemos comprometido a cambiar las cosas y por esa razón votaremos a favor del presente dictamen. Un tema que resulta prioritario para Nueva Alianza y que se adopta en el presente dictamen tiene que ver con el principio del interés superior de la niñez. Lo anterior obedece a que los menores de 12 años que son víctimas de la comisión de un delito, suelen ser revictimizados al someterlos a diversas audiencias para testificar. De este modo, la adición referida impone una excepción en los casos de niñas y niños, atendiendo a su interés superior. Quiero aprovechar este espacio para reconocer a la comisión dictaminadora el valorar procedente una de las propuestas incluidas en la iniciativa que presenté el 29 de septiembre de 2015 y por la que se adiciona un quinto párrafo al artículo 3089 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La adición establece que el Ministerio Público o su superior jerárquico incurrirán en responsabilidades pertinentes de no presentarse a la audiencia inicial en la que el imputado o detenido se encuentre en flagrancia y se corra el riesgo de que quede libre. Esta disposición obliga a los servidores públicos a cumplir cabalmente con su responsabilidad. En Nueva Alianza sabemos que es fundamental que se garanticen el orden público, la protección y la defensa de los ciudadanos. Esa es la única manera de devolver la confianza ciudadana en las instituciones. Este dictamen brinda al juzgador también un término mayor para el estudio del caso y pleno respeto a los derechos fundamentales de las partes, además que es coincidente con los principios de continuidad, concentración que rigen este sistema acusatorio. El nuevo sistema de justicia penal es un instrumento al servicio de la sociedad. Es una forma de contribuir a garantizar una impartición de justicia pronta, imparcial, expedita. En fin, es un gran avance que hoy reconocemos con nuestro voto a favor. Es cuanto, presidente.