La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano: Compañeras y compañeros diputados. Hoy damos un paso firme en la transformación del Estado mexicano, al colocar a la ciudadanía y no a las inercias burocráticas en el centro de la vida pública. El dictamen que discutimos responde a una necesidad urgente, simplificar la relación de las personas con su gobierno, abatir los costos de la tramitología excesiva y, sobre todo, cerrar espacios a la corrupción que durante años alimentaron la desigualdad y la discrecionalidad. No se trata, como algunos sostienen, de una centralización autoritaria, se trata de construir un nuevo pacto de confianza entre la ciudadanía y el gobierno. Un gobierno que asuma el compromiso de hacer la vida más sencilla para todas y todos sin distinción. Es importante subrayar que esta ley respeta plenamente la autonomía de los estados y municipios, así lo establece el propio artículo 11 del proyecto, al reconocer que cada autoridad local implementará los mecanismos conforme a su propia realidad y capacidades. No se impone un modelo único ni se vulnera el pacto federal, se crea así una base común que garantiza derechos en condiciones de mayor igualdad. Sabemos que aún existen desigualdades en infraestructura tecnológica y por eso esta transformación no deja a nadie atrás. La digitalización, en los términos de esta ley, prioriza la atención incluyente para comunidades rurales, indígenas y afromexicanas. No es una política de exclusión, sino una política de justicia social que busca cerrar brechas históricas. Tampoco es cierto, como se ha dicho, que eliminar trámites vulnere la protección de datos personales, al contrario, se fortalece la seguridad de la información, se establecen mecanismos de autenticación como la Llave MX y se promueve la interoperabilidad segura entre las autoridades, evitando exposiciones innecesarias de los datos de la población. La vieja burocracia, esa que obligaba a las y los ciudadanos a peregrinar entre oficinas, cargar carpetas y pagar servicios de gestorías ilegales es la que verdaderamente atentaba contra la dignidad humana. Esa burocracia que abría la puerta al coyotaje, a la corrupción, al abuso del poder. Esa burocracia es la que estamos derribando. Por lo anterior expuesto es que subo a esta tribuna para presentar y defender una reserva que fortalece el espíritu y el alcance de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Esta propuesta consiste en agregar un párrafo al artículo décimo tercero transitorio, estableciendo que el plazo se amplíe a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que los Congresos de los estados y el de la Ciudad de México armonicen su normatividad de conformidad con el proceso de decreto. Esta adición tiene un propósito claro, garantizar que la transformación que estamos impulsando llegue a todas las regiones del país. No puede haber un avance efectivo en la simplificación de trámites si en algunos estados persisten normas desfasadas que obstaculicen el acceso de la ciudadanía a servicios más rápidos, seguros y transparentes. La armonización legislativa es una condición indispensable para que esta nueva ley sea verdaderamente nacional y para que todas y todos los mexicanos, sin importar en qué entidad federativa vivan, puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Por eso, les invitamos a votar a favor de esta reserva que refuerce el objetivo de poner a las personas en el centro de la gestión pública. Hoy al aprobar esta ley enviamos un mensaje claro, el Estado está para servir no para poner obstáculos, está para facilitar derechos no para poner barreras. Compañeras y compañeros, esta ley es un paso más en la construcción del México de derechos, de justicia y de democracia que impulsa la cuarta transformación. Sigamos avanzando con decisión y con la certeza de que nuestro deber es siempre poner en el centro de toda política pública a nuestro pueblo. Es cuanto.