La diputada Mónica Almeida López: La obligación de las y los ciudadanos mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, está prevista en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna. Para que constitucionalmente el Estado pueda cumplir con sus fines es necesario que cuente con los recursos suficientes, los cuales provienen principalmente de la recaudación de la riqueza de los gobernados con apego en la aplicación de la norma impositiva de la administración de su patrimonio y de la erogación de los gastos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad. A estos actos en conjunto se denominan actividad financiera y se debe de actuar con probidad y evitar a toda costa que se dilapiden estos recursos nacionales. El Grupo Parlamentario del PRD, coincide en el fondo y forma del dictamen propuesto por la Comisión de Puntos Constitucionales respecto de la reforma en materia de condonación de impuestos, la cual tiene por objeto lograr la exigencia social de evitar que una herramienta jurídica que fomenta el dinamismo de los sectores económicos sea utilizada de manera discrecional para favorecer intereses personales distintos al interés general de la población, en detrimento de la Hacienda y las finanzas públicas. En un contexto en el que observamos que la recaudación tributaria del gobierno federal cayó 7.5 por ciento en el séptimo mes del año respecto al mismo periodo de 2018, debido a caídas en las captaciones del ISR e IVA y una desaceleración en el rubro correspondiente del IEPS a las gasolinas, debemos promover medidas que aseguren la recaudación para la reactivación de la economía Esto nos obliga, compañeros diputados, a tomar medidas al respecto para garantizar finanzas sanas y –ojo– evitar que se utilicen medidas desesperadas como la utilización del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios creado para casos de extrema urgencia, y que hoy se utilizan como herramienta para subsanar las deficiencias en materia económica. Hoy en día nos encontramos ante un panorama económico preocupante donde el servicio de administración tributaria tiene por objeto realizar mayores actos de fiscalización a través de la persecución de empresas fantasma, el combate al comercio ilegal de cigarros, bebidas alcohólicas o ropa, entre otros productos, que sin duda desencadenará en un terrorismo fiscal en detrimento de la economía nacional, que sumado al quebrantamiento de las promesas de campaña de no crear o aumentar nuevos impuestos, da muestras del debilitamiento de nuestra economía y la necesidad de contar con mayores recursos. En ese sentido consideramos necesario evitar que exista la posibilidad de implementar condonaciones de manera discrecional que contiene esta reforma. La figura de las condonaciones, estímulos fiscales y exenciones, de manera histórica, han fusionado a las economías emergentes, principalmente para potenciar el desarrollo de diversos sectores económicos o para disminuir las cargas contributivas con efectos adversos temporales ocasionados por factores externos no controlables, que pongan en riesgo a la sociedad o a la estabilidad económica de las naciones. Lamentablemente estas figuras han sido utilizadas en muchos casos bajo la figura presidencial al no tener restricciones para ser utilizadas a conveniencia personal y política e incluso con trasfondos de corrupción. Es por ello que consideramos necesario fortalecer y brindar los recursos de los mexicanos, pero esto va más allá de una prohibición simple y llana. Es necesario realizar un análisis transversal de nuestra economía que permita regular estas figuras en beneficio de nuestro país. Si bien es cierto el día de hoy se logra un gran avance al evitar que como tal se perdonen las obligaciones tributarias que a manera de costumbre siempre beneficiaron a las grandes compañías, también vale la pena señalar que aún tenemos mucho por hacer desde esta Cámara en materia económica. Las condonaciones, estímulos, incentivos y las exenciones fiscales deben regularse, no sólo entre establecimientos genéricos sino en sus condicionamientos y circunstancias en que procedan. En consonancia con lo que sostuvimos durante la anterior discusión del dictamen, esta reforma redundará en una mayor recaudación para la hacienda pública, y eso es lo que debemos resaltar, con lo cual se dispondrá de mayores recursos para la reactivación de la economía que, insisto, hoy se encuentra paralizada y que afecta la actividad económica y la captación de recursos tributarios. Los preceptos constitucionales deben relacionarse para su interpretación unos con otros. La prohibición general establecida de manera constitucional es un parteaguas para regular las excepciones en los ordenamientos jurídicos aplicables ya que se rompe el principio de generalidad de los impuestos que forman parte de la justicia que exige la Constitución en el artículo 31, fracción IV, a lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado en el sentido de que en su aplicación se deben regular sus efectos esenciales, señalando detalladamente los requisitos necesarios para su procedencia. Aunado a que tal mecanismo presupone la desaparición real de la capacidad contributiva del gobernado. De ahí que guarda relación con el diverso principio de proporcionalidad tributaria y, por ende, también debe dar un trato equitativo para evitar en la medida de lo posible su uso indiscriminado o injustificado entre sujetos obligados. Con esto se da, sin duda, un gran avance en la materia, esperando que exista el mismo compromiso para dar el siguiente paso en este tema. Es por ello que desde el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que, desde el Ejecutivo, en caso de que se estime pertinente establecer exenciones o incentivos fiscales, estos puedan generarse siempre y cuando se cuente con el sustento técnico, jurídico, económico y social que permitan evaluar y garantizar la viabilidad en beneficio de los mexicanos. Es por ello que, de manera complementaria a esta esta reforma, se encuentra ya ingresada y a su disposición la iniciativa que regula las figuras fiscales antes mencionadas bajo los siguientes criterios. 1. Establecer que será el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien se encargue de proponer, previa justificación técnica de impacto social, las condonaciones, exenciones e incentivos fiscales que se pretendan otorgar. 2. La propuesta tendrá que ser evaluada y dictaminada su viabilidad por el SAT, el Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública. 3. Los dictámenes serán remitidos a la Cámara de Senadores y deberán ser tomados en cuenta para la aprobación de la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 4. Las acciones contributivas derivadas deberán sujetarse al establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es por todo lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD se expresa a favor de prohibir constitucionalmente las condonaciones de impuestos de manera general y a criterio de la figura presidencial sin ninguna regulación, tal como se plantea por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara. Por lo tanto, estamos comprometidos a evitar el uso discrecional de los recursos, a promover la correcta regulación de los mecanismos fiscales, la transparencia, la igualdad social, el desarrollo económico y el correcto uso de los impuestos de todos los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.