El diputado David Mendoza Arellano: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros, celebro esta verificación de quórum para que se pueda escuchar esta iniciativa que presentamos el día de hoy. El pasado viernes 14 de abril entró en vigor la Ley para la Reforma del Estado que fue aprobada con un amplio consenso por las dos cámaras del Congreso de la Unión. Uno de los temas al respecto, sobre los que deberá pronunciarse el Poder Legislativo y los partidos políticos, precisamente es el que vengo a presentar ante esta tribuna y que versa sobre el régimen de Estado y gobierno que necesitamos para lograr que nuestro sistema pueda funcionar. El agotamiento del sistema político mexicano se debe a que desde hace algunos años los presidentes electos han asumido el gobierno con las reglas del pasado, por eso su ejercicio inoperante. Esta experiencia nos deja una enseñanza y nos obliga a diseñar nuevas reglas que sean congruentes con la pluralidad que hoy define a nuestro país. Desde el 97, el partido que gobierna en el Ejecutivo no cuenta con la mayoría en el Congreso; por lo tanto, su ejercicio permanece limitado al grado que el Presidente y su partido no pueden por sí solos aprobar el presupuesto y llevar a cabo las reformas que necesitan para implementar los programas de su gobierno. Esto no sucedía en el pasado, cuando el partido hegemónico se desempeñó libremente con un sistema presidencial, cuyos liderazgos unipersonales hacían del Poder Ejecutivo el sitio de la concentración de la toma de decisiones, supeditando su voluntad a los otros Poderes de la Unión, tanto al Legislativo como al Judicial. Ese fue el signo que prevaleció durante muchos años y que permitía que la voluntad del Presidente fuera acatada sin cuestionamientos. En la medida en que el partido del gobierno no posee la mayoría, el poder que representa tendría que ser proporcional al número de votos que le otorgó la ciudadanía. El partido del Ejecutivo hoy en día no cuenta con la mayoría suficiente para gobernar apoyado de la mano de su bancada. Su representación actual en las cámaras del Congreso de la Unión no es superior al 40 por ciento, mientras que la oposición representa la mayoría aproximadamente con un 60 por ciento. Ante este escenario resulta injusto que la necesidad de sus programas de la mayoría no sean tomadas en cuenta en las políticas públicas. El partido en el poder gobierna con la oposición en su contra y excluye de sus prioridades la voluntad del sector más nutrido de nuestra sociedad. ¿Dónde se ven reflejadas las necesidades y programas que la mayoría de la sociedad demanda? Preguntamos. México debe aspirar a un gobierno de coalición y no de grupos o de intereses unipersonales. El México del partido único, donde las diferencias de pensamiento no eran tomadas en cuenta, no existe desde que la pluralidad llegó a esta Cámara. Hoy tenemos la oportunidad de diseñar y de discutir una serie de cambios que requiere el país con urgencia para funcionar mejor. Está a prueba nuestra capacidad para llegar a acuerdos y reformar a nuestras instituciones. El tema en cuestión es la gobernabilidad. Llevamos 10 años padeciendo la inoperancia e ineficacia de este sistema. La disyuntiva que se nos presenta es mayoriteo y albazo o acuerdo entre las fuerzas políticas; presidencialismo unipersonal o cooperación entre los Poderes; parálisis legislativa y de gobierno o coaliciones de gobierno basadas en estructuras programáticas que consideren la correlación de fuerzas expresadas en el Congreso; continuar un sistema político agotado e inoperante por las reglas del pasado o construir una nueva arquitectura y visión en el ejercicio del poder. La iniciativa que presento, incluye justamente algunos mecanismos que permitirán construir coaliciones legislativas estables y un gobierno capaz de funcionar en un país con las características del nuestro. Se propone una nueva fórmula para dotar al Ejecutivo de un instrumento que le asegure contar con una mayoría política para llevar a cabo su proyecto de gobierno. Ya que lo corresponsabiliza con funciones de gobierno al contar con la facultad de ratificar y remover a los secretarios del despacho, de llamarlos a rendir cuentas contando con herramientas más contundentes de evaluación. El Presidente de la República es el Jefe del Estado y mantiene las funciones sustantivas en el ejercicio del gobierno y en la definición del gabinete. El jefe del gobierno interior y de la administración pública, figura que hoy vengo a proponer, es quien coordinaría los trabajos del gabinete y fungiría como un operador político del Presidente, cuando el partido del mismo represente la mayoría política o tenga la capacidad de articular una coalición de mayoría. Y fungiría como un contrapeso y jefe de una mayoría alterna, cuando el partido del Presidente pierda soporte y no logre articular una coalición legislativa de mayoría. Esto, sin embargo, permite el funcionamiento en ambos casos del gobierno y que pueda mantenerse y darle estabilidad al país. La incorporación de la figura de jefe de gobierno interior y de la administración pública federal, garantiza la ecuación entre el Presidente de la República y la mayoría legislativa, ya sea de un partido o de una coalición de partidos. Establece una estrecha cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como un control del Legislativo sobre el Ejecutivo. Y, en caso extremo, es decir, ante la pérdida del soporte social y político del Presidente y su partido facultaría al Congreso a buscar una mayoría estable, ajena al Presidente, que pueda desarrollar una alternativa de gobierno dentro del mismo periodo presidencial y que implica desde luego un relevo del jefe del gobierno interior y de la administración pública federal. Siendo estas las ideas principales de la iniciativa que presento, en obvio de tiempo y en virtud de que está publicada, le solicito, señor Presidente, sea insertada íntegra en el Diario de los Debates y se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la de reforma del Estado para su opinión. Muchas gracias por su atención.