La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Qué bueno que me toca después del diputado Carbajal, porque se ha negado a discutir y a debatir de frente y entonces quiero empezar por tres cosas fundamentales de las que dijo. Dice el diputado Carbajal que hay órganos autónomos tanto los que se establecen en la Constitución, y fíjense, compañeros, los que están aquí presentes y los que se encuentran comiendo y que nada más vienen a votar porque se los pidió su coordinador, cada artículo de la Constitución que le da vida a un órgano autónomo tiene diferente redacción; solamente el que establece la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le da autonomía presupuestaria. Todos los demás no. Y, efectivamente, parte de que es jurídicamente un órgano autónomo. Éste es el estudio que entregó la UNAM a la Cámara de Diputados el 5 de noviembre y que nos entregaron a los diputados, después de estar insistiendo —como diputada— que les dieran acceso al conocimiento de este estudio. Aunque era un documento oficial, la Junta de Coordinación, presidida por un diputado del PAN, no quería darla a conocer al pleno. ¿Y saben por qué no le han dado ese valor al estudio de la UNAM? Porque no dice lo que ellos quieren. Porque dice, efectivamente, lo que sospechamos. Más de 130 diputados de esta legislatura le dijimos a la Junta de Coordinación que había sospechas de inconstitucionalidad de la ley, que valdría la pena mandar hacer un estudio a la UNAM para comprobar su inconstitucionalidad. Y todos los partidos políticos representados en la Junta de Coordinación votaron a favor de que se mandara hacer el estudio de la UNAM, reconociéndole al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM su alta calidad, capacidad y profesionalismo en el estudio de las leyes. Pero llegó el estudio y en el estudio podemos ver en la cuarta hoja que afirma la UNAM, dice: Después de un examen minucioso del dictamen en comento, así como de las tesis jurisprudenciales y relevantes aplicables, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha concluido que existen varios artículos que violan, tanto la letra como el espíritu del Apartado B del artículo 26 constitucional. Se recomienda reformar estos artículos antes de aprobar la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para asegurar mayor coherencia en el texto de la reforma constitucional y la ley reglamentaria; así prevenir la posibilidad de una exitosa acción de inconstitucionalidad o de controversia constitucional. —Dice y sigo leyendo el estudio que entregó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM—. Existen tres áreas donde habría inconsistencias entre el dictamen de la Cámara de Diputados y el Apartado B del artículo 26: a) Violaciones a la autonomía constitucional del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica —o sea el nuevo INEGI—, así como de los principios de objetividad e independencia del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. b) Violaciones a la organización coherente, unificada y federal del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. c) Violación a los principios de transparencia y accesibilidad del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como la falta de coherencia entre el texto del dictamen y las reformas al artículo 6o. constitucional en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de julio. Cité esto por lo siguiente: no hace falta, no es suficiente, no es argumentativo que solamente alguien venga, se suba porque viene de la fracción mayoritaria del PAN, a decir "la minuta es constitucional". ¿Porque lo dice el PAN? No. La minuta es inconstitucional después de un exhaustivo estudio de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que merece todo nuestro respeto, porque, compañeros, es la mejor universidad de América Latina y está dentro de las 100 universidades mejores del mundo. No sabemos si es el mejor diputado, eso lo calificará su comunidad, pero la UNAM sí es y tiene la capacidad suficiente de plantearnos un análisis no parcial, no convenenciero, sino objetivo y profesional. Por eso quiero remitir a que efectivamente hay tantos organismos autónomos como lo dice la Constitución, nada más que los tratan como organismos autónomos, no como organismos descentralizados de la administración pública federal. Y dentro de este estudio, viene la cita de lo que dijeron los diputados, bueno, perdón, los senadores de las fracciones parlamentarias que trabajaron y que aprobaron la reforma constitucional. Quiero citar, porque merecen y porque merece quien nos escucha, saber qué dijeron cuando se reformó el artículo 26, los diputados de otras fracciones. Y cito: "a partir de hoy el INEGI dejará de ubicarse en la esfera del Poder Ejecutivo, dejará de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y será autónomo. Nace así un nuevo órgano constitucional". Eso dijo Dulce María Sauri, del PRI, cuando aprobaron la reforma constitucional al 26, apartado b). O séase, no había duda de que se trataba de un organismo autónomo, sin limitante. También el PAN expresó, en ese entonces, que se trataba de un organismo autónomo. Voy a referirme y quiero buscar, perdón porque esta parte… hemos estado estudiando tanto este estudio que entregó la UNAM, dijo el senador Adrián Alanís Quiñones, pronuncio. "que el proyecto de decreto bajo discusión, dice, se refiere a la transformación del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática en un organismo de autonomía constitucional para otorgarle independencia de los poderes el cual gozará de personalidad jurídica y patrimonios propios y será el responsable de la política nacional y de los sistemas estadísticos y geográficos en el marco de la nueva cultura de transparencia y acceso universal a la información que fortalece a la planeación democrática nacional". ¿Cuándo se arrepintieron, diputados, legisladores del PRI? Y sigo. Finalmente el senador Alfredo Martín Reyes Velázquez, sostuvo que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, dice, "hemos buscado desde hace 15 años que instituciones como la que hoy nos ocupa —INEGI— tengan un marco normativo que les permita actuar con independencia y objetividad, para que de esa forma su función técnica no se vea opacada por intereses particulares". O séase, quien está tergiversando el espíritu del legislador cuando se reformó la Constitución, son los diputados actuales del PAN, ignorando incluso el trabajo que llevó más de cuatro años para concretar una reforma constitucional. ¿Por qué insistimos en el tema? Sigo insistiendo, porque se pensó en un organismo autónomo que generara cifras auténticas, confiables, objetivas, reales, porque además se le dio una responsabilidad como institución del Estado: generar los indicadores, los indicadores que serán obligatorios para los tres niveles de gobierno y para cualquier institución del Estado y que ésa será la base o punto de partida para aplicar o autorizar políticas de Estado. En fin, este debate nos tiene que dimensionar porque va a venir, después de mi intervención, un diputado del PRI que va a venir a contarnos y a leernos y a echarnos un rollo sobre la teoría jurídica. Quiero comentarles, para que sea comprensible para todos y no nos chutemos un rollo jurídico, que quién sabe si además sea comprensible, que le demos validez a este estudio de la UNAM, que vale la pena darle su lugar a una institución tan prestigiada y a un Instituto de Investigaciones Jurídicas conformado pluralmente, que no se equivoca. Voy a darle lectura a los 16 artículos.