El diputado Gustavo Cárdenas Monroy: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados; señoras y señores. Las concentraciones urbanas generan demandas crecientes de seguridad pública, empleo, salud, educación, transporte, suelo urbano, vivienda, agua potable y en general, infraestructura y servicios, cuya magnitud muy pronto rebasa las posibilidades financieras de los municipios y las entidades federativas en lo individual, con consecuencias cada vez más difíciles de controlar y resolver. México es uno de los países en vías de desarrollo con zonas urbanas mayores, 70 de cada 100 mexicanos están establecidos en las 364 ciudades que integran el sistema nacional de ciudades, de entre los que destaca el territorio mexiquense, por ser asiento entre sus dos zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca, del 12.6 por ciento de la población nacional. Las respuestas que generan los mecanismos de coordinación metropolitana son inadecuadas, ineficientes, mediáticas y fuera de tiempo, debemos ir más allá del diagnóstico, de la búsqueda de intenciones de colaboración; la ordenación del territorio y el desarrollo urbano requieren de una administración pública eficaz y cercana a las necesidades e intereses de la ciudadanía, que responda con oportunidades a los cambios que exige la sociedad mediante el uso eficiente de los recursos públicos y privados. Ante el imperativo social que pugna por la definición de responsabilidades entre los diversos ámbitos de gobierno que le permita a la población, fundamentalmente de las zonas metropolitanas de todas las conurbaciones de nuestro país, esta LX Legislatura en respuesta al alto compromiso social que le da ser el más representativo de los poderes de la nación, impulsa la reforma de los preceptos constitucionales 115, fracción VI, y 122, Base Quinta, apartado G, de nuestra Carta Magna, que establezca la obligatoriedad en la coordinación para la ejecución de obras y acciones en materia metropolitana, a partir de la constitución de un fondo financiero común que permita la concentración de la gran obra con visión metropolitana, que impulse los niveles de bienestar a los habitantes de las zonas metropolitanas. Si no existe la obligación en la coordinación entre gobiernos y quienes confluyen geográficamente a partir de sus conurbaciones demográficas, difícilmente podrán establecerse compromisos que se concreten en acciones a favor de los habitantes que por circunstancias de crecimiento poblacionales les ha tocado compartir una forzada vecindad. Es usual que a partir de la posición opcional que establece la Máxima Carta, los diversos ámbitos de gobierno encuentran justificación para escatimar soluciones a quienes como habitantes de las zonas metropolitanas parecen vivir en un territorio neutral, no se puede argumentar la ausencia de corresponsabilidad cuando la ley es precisa en su determinación. No debemos continuar con posiciones ambiguas en la definición del quehacer de la administración pública; no es justificación suficiente argumentar la falta de atribuciones o facultades de los gobiernos cuando quien de origen ostenta la soberanía conforme nuestro texto constitucional, exige se configure una norma que precise la corresponsabilidad de los diversos ámbitos de gobierno que determine los derechos y obligaciones de todos los involucrados en materia metropolitana. En los umbrales de la conmemoración de la centuria del último movimiento social de México, origen de la primera constitución política social del mundo, los principios que le dieron sustento y perfil exigen ser replanteados sin perder de vista los elementos fundamentales de autonomía y soberanía que han hecho posible el equilibrio en el ejercicio del poder, pero que deben ser examinados a la luz de nuevos planteamientos conforme a las exigencias y necesidades de quien es el principio y fin del ejercicio del poder, el pueblo mexicano, tenedor absoluto del poder soberano. Esta LIX Legislatura, tiene la oportunidad y la alta responsabilidad de impulsar las adecuaciones constitucionales que habrán de articular el desarrollo ordenado y sustentable de las concentraciones urbanas del país, por ser este el territorio que han privilegiado los mexicanos de los diversos rincones de nuestra patria para establecer su lugar y el de sus hijos, dando origen a una de las concentraciones urbanas más grandes del planeta en el valle del altiplano mexicano en un espacio equivalente al 0.23 por ciento de la superficie nacional, espacio de vida de las interrelaciones metropolitanas y la política nacional. Lo anterior, a partir de la reforma de los artículos 115 fracción VI y 122 base quinta del apartado G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la obligatoriedad en la planeación, regulación conjunta y coordinada de las zonas metropolitanas, así como la constitución de fondos financieros comunes en los casos previstos en la fracción VI del propio artículo 115 constitucional. La propuesta de reforma encuentra su fundamento en lo previsto en la propia Carta Magna, al establecer que en el sistema de planeación democrática para el logro de una mejor gestión urbana, es indispensable la participación conjunta de gobierno, iniciativa privada, sociedad organizada y población en general que permita estructurar reglas claras y precisas que regulen, organicen y concreten las obligaciones y derechos de quienes confluyan en las zonas metropolitanas. De ser aprobadas en sus términos las reformas propuestas, permitirán a la federación, al Estado, al Distrito Federal y municipios, participar de manera obligada y canalizar recursos públicos de forma oportuna y eficiente para la solución de los requerimientos de las conurbaciones existentes. En consecuencia, se adjunta el proyecto de decreto para su trámite en términos del artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a las comisiones correspondientes. Proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 115 fracción VI y 122 base quinta en el primer párrafo del apartado G, para quedar como sigue: Artículo 115 fracción VI. "…cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la Ley Federal de la materia, debiendo constituir fondos financieros comunes para la eficaz prestación de los servicios establecidos en la fracción III del presente artículo. Artículo 122, base quinta, apartado G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115 fracción VI de la Constitución en materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos deberán suscribir convenios para la creación de instrumentos y figuras jurídicas de coordinación metropolitanas en las que concurran y participen en la constitución de fondos comunes, financieros, con apego a las leyes aplicables. Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 14 días del mes de septiembre del año 2006. Atentamente, los diputados de la bancada del PRI en el Estado de México. Muchas gracias. Pido su atención Presidenta, para turnarla a las comisiones correspondientes. Muchas gracias.