El diputado Pedro Jiménez León: Compañeras y compañeros diputados, en los últimos meses hemos visto con preocupación cómo ha venido aumentando el precio de las gasolinas, generando un incremento en cascada de los productos de primera necesidad contenidos en la canasta básica. Pese a la difícil situación económica que la mayoría de los hogares viene padeciendo, consecuencia de la profunda crisis económica que vive el país, el Ejecutivo mantiene una política de incrementos mensuales a los precios de las gasolinas, dando con ello la puntilla a los ya de por sí escasos recursos que hay en los hogares mexicanos. Pese a la firma del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familias y el Empleo, que entre otros compromisos contenía el de congelar el precio de las gasolinas durante todo el año pasado, tan sólo en el primer trimestre del presente año se reportaron incrementos entre 10 y 44 por ciento en promedio en los precios de los productos de la canasta básica. Lo anterior se agrava si consideramos que en 2009 la canasta básica aumentó 63 por ciento, al pasar de 812 pesos a mil 326. Un dato más: en diciembre de 2006 eran suficientes 134 horas de trabajo de salario mínimo para adquirir la canasta básica, alrededor de 54 pesos por hora, y actualmente se requieren cerca de 193 horas laborales para adquirirla. El fondo del problema radica en la ausencia de una política nacional de precios de los combustibles y se enmarca en un modelo económico que ha mostrado evidentes signos de agotamiento, con un saldo a todas luces negativo para economías como la de nuestro país. Ahora, con el deslizamiento a la alza de los precios de la gasolina, se busca --nos dicen-- eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles; no obstante, que esa política ya provocó que los precios nacionales de las gasolinas Magna y Premium rebasen a los que se cobran en Estados Unidos. En este contexto cabe preguntar: ¿Quién fija los precios de la gasolina? La respuesta es simple: hoy lo está siendo el Ejecutivo sin estar constitucionalmente facultado para ello. Nuestra norma fundamental establece la facultad del Congreso de aprobar cada año la Ley de Ingresos, entre los cuales los precios y tarifas del sector público deberían estar comprendidos. Por las razones antes expuestas, Convergencia considera indispensable asumir una posición clara en materia de precios de los servicios y productos del sector público, y como un primer paso, debemos sustraerlo de la opacidad y la discrecionalidad con la que actualmente el Ejecutivo se desempeña al fijar los precios de gasolinas y el diesel. Por tal motivo, con la presente iniciativa proponemos: 1. Fortalecer las facultades de la Cámara de Diputados, particularmente la de control, al evitar dejar a la discrecionalidad del Ejecutivo la atribución de establecer de manera arbitraria los precios de los combustibles. 2. Facultar a la Cámara de Diputados para que sea la responsable de fijar los precios de las gasolinas y el diesel, escuchando la opinión de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 3. En un ánimo de transparencia, la determinación de los precios contaría con la asesoría de las instituciones de educación superior para su revisión técnica. Por razones de tiempo, solicito a la Presidencia se sirva insertar el cuerpo íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.