La diputada Margarita Corro Mendoza: Con su permiso, diputado presidente. Presento mi reserva al artículo 13. Desde la cuarta transformación, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional no es el fin ni una ocurrencia, es parte de una nueva visión humanista integral que ve como eje central el combate a las causas sociales que originan la violencia en este país. También obedece a la falta de justicia, sobre todo de parte de las instituciones que deberían garantizarla y que no lo hicieron. Así, la reforma al Poder Judicial, las mesas de coordinación para la construcción de la paz a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde la prioridad es la inteligencia, el uso regulado y ponderado de la fuerza pública, los programas del bienestar, el combate a la corrupción, las mejoras de los salarios mínimos, la austeridad en el gobierno, las grandes obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, en fin, muchísimas obras más que generaron cientos de miles de empleos, son estrategias integrales para la búsqueda de la paz, de la seguridad, la justicia y el fin supremo que es la felicidad. A quienes hoy critican nuestra estrategia en materia de seguridad y se oponen de manera oficiosa a todas estas reformas, queremos recordarles la herencia maldita que nos dejaron. Por carecer de tiempo, solo les diré algunas de sus fallidas estrategias como botones de muestra. Empezaré por el doctor Zedillo, sí, ese que anda haciendo aquí turismo político, que es el responsable de la peor crisis económica de nuestro país y del peor saqueo y más grande del siglo, que fue el Fobaproa y lo sigue siendo. Él usó de manera indirecta, por decir lo menos, al Ejército y a las fuerzas del Estado para reprimir a campesinos en Aguas Blancas, Acteal y El Charco, dejando una huella de sangre e impunidad que dura hasta nuestros días. En esa misma política le siguieron Fox con su represión de campesinos en San Salvador Atenco, Felipe Calderón, que para justificar su falta de legitimidad le dio un garrotazo al avispero con su lucha simulada contra el narcotráfico y su cínico argumento de daños colaterales, como se bautizó a las muertes de civiles inocentes, hasta llegar a Peña Nieto y su represión a campesinos y maestros, pero parece que eso ya no importa porque los muertos no hablan. En todos estos gobiernos previo al 2018, la estrategia fue la misma, el uso de la fuerza desmedida como única estrategia y el uso del Ejército en las calles sin un marco jurídico constitucional, acciones que nunca funcionaron, ya que como está demostrado el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, alias el licenciado, y que hoy Estados Unidos está pidiendo cadena perpetua, fue durante tres sexenios el policía favorito, él y sus principales mandos policiacos y que hoy sabemos que solo utilizaron la seguridad pública para hacer jugosos negocios y proteger a unos grupos criminales y combatir a otros. A partir de 2018 el gobierno actual encontró cuerpos de seguridad con graves síntomas de descomposición institucional, corruptos e indisciplinados, unas Fuerzas Armadas limitadas en su operación por la falta de un marco jurídico constitucional y un crimen organizado que dominaba grandes zonas del país y una ciudadanía agraviada que desconfiaba de todo el sistema de seguridad pública. Esto llevó a nuestro gobierno a proponer la creación de la Guardia Nacional, donde sus miembros debieran provenir de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina para lo que se propuso en 2022, primero una reforma constitucional y luego se hizo una reforma leyes secundarias para que la Guardia Nacional dependiera de la Defensa Nacional, pero con funciones de policía civil. Propuestas que fueron rechazadas por los opositores y luego de manera arbitraria por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejándonos como única opción pedir en este 2024 al soberano pueblo de México implementar el plan C. Hoy estamos a favor de una Guardia Nacional que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, que sus miembros tengan la formación, la lealtad, la disciplina de las Fuerzas Armadas y sean capacitados, especialmente en el respeto a los derechos humanos, es decir, su formación será militar, pero en cuanto a su actuación será policial. Por último, debemos dejar muy claro que esto lo hacemos de cara a la ciudadanía, estudios y encuestas de organismos no gubernamentales demuestran la confianza del pueblo hacia el Ejército. Concluyo, la Marina y la Guardia Nacional, según estos estudios los cuerpos castrenses y la Guardia Nacional cuentan con una aceptación cercana al 90 %, la ciudadanía se siente más segura ante la presencia de este nuevo cuerpo policiaco en contraste con las policías estatales y municipales. Es por eso que votaremos a favor de esta reforma constitucional. Retiro mi reserva. Muchas gracias.