La diputada Sofía Castro Ríos: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En esta ocasión hago uso de la tribuna atendiendo a las facultades constitucionales que previene el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por supuesto el 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Traigo a la consideración de esta honorable asamblea, una preocupación que surge de las grandes necesidades y reclamos que nos han planteado las instancias estatales, dentro de la Comisión Sur Sureste que está a nuestra responsabilidad y que hoy en día no sólo es un obstáculo sino también es una necesidad urgente. La reforma al artículo 1o., fracción II de la Ley de Expropiación y la reforma al artículo 93, fracción VII de la Ley Agraria, por las siguientes consideraciones, por lo que me permito exponer los siguientes Motivos La red carretera nacional por su importancia para el desarrollo del país es considerada como un proyecto prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo y, sin duda, pilar fundamental para el desarrollo nacional y regional del país. Para el caso del sur sureste de México, las nueve entidades federativas, los proyectos carreteros considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 son prioridad en la búsqueda de mejor desarrollo social y económico para los habitantes de las nueve entidades federativas que conforman esta mesorregión. Lograr presupuestos suficientes para las necesidades de mantenimiento, ampliación y creación de nuevas redes carreteras, de ésta y del resto de las regiones del país, representa un reto importante en las negociaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sumado a este reto, se presenta una segunda etapa que es la aplicación de los recursos ya aprobados por proyectos carreteros específicos que enfrentan una problemática de vacíos legales en la tenencia de la tierra y que ha sido también, por muchos años, la preocupación de los núcleos de población ejidal y comunal para preservar y garantizar sus derechos agrarios. De ahí que el Estado está obligado a proveer lo necesario para otorgar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra. Un problema que se ha tornado recurrente en la región sur-sureste es la falta de aplicación de los presupuestos aprobados para la red carretera nacional, por inconformidades de ejidatarios y comuneros que aducen afectaciones a sus bienes y propiedades, reclamando la falta de pago establecida en la Ley de Expropiación. Es precisamente en este sentido que, buscando garantizar plenamente los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal y comunal, se debe considerar a los derechos de vía como parte de las propiedades afectadas por la ampliación y mantenimiento de la red carretera ya existente y la creación de nuevas vías carreteras. Los obstáculos, en unos casos plenamente justificados y en otros solamente pretendiendo lucrar y aprovechando vacíos legales, generan subejercicios presupuestales en materia de infraestructura carretera, dado a conocer recientemente por el propio secretario de Comunicaciones y Transportes en su pasada comparecencia. Asimismo, hay estudios que ha realizado el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, con datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público que estiman que la SCT dejó de gastar alrededor de 11 mil 332 millones de pesos, en comparación con el monto aprobado originalmente en el PEF 2009. Por lo cual, el espíritu que anima a esta iniciativa es lograr la certeza jurídica, tanto para los proyectos en las vías generales de comunicación, particularmente en lo que se refiere a los derechos de vía, como para los afectados en sus bienes y propiedades. Por lo anterior, someto a su consideración el presente decreto a la Ley de Expropiación que adiciona el artículo 1o para quedar como sigue: Se consideran causas de utilidad pública, fracción II, incluyendo los derechos de vía previstos en la fracción III del artículo 2o de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. En cuanto a la Ley Agraria, la adición que se propone es la fracción VII al artículo 93 para quedar como sigue: Artículo 93, fracción VII, incluyendo los derechos de vía previstos en la fracción III del artículo 2o de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales. Ésta es la iniciativa que solicito que sea incluida de manera íntegra en el Diario de los Debates y sea sometido a consideración, en su oportunidad, de los integrantes de las comisiones respectivas a efecto de otorgarle al Ejecutivo facultades para delimitar las vías carreteras nacionales que desde los 60, desde los 40 se crearon y el día de hoy han sido invadidas por particulares, en detrimento de la sociedad mexicana en su conjunto. Solicito a todas y a todos mis compañeros legisladores tengan a bien considerar esta iniciativa, que es de sumo interés para las entidades de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Le agradezco su atención.