El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente. Compañeros legisladores, en una sociedad como la mexicana, en donde la información fluye de manera directa, instantánea y masiva a través de los diferentes medios de comunicación y difusión, no se debe dejar de lado la necesidad de establecer un marco regulatorio que defienda a las personas de aquellas informaciones que les causen agravio, pues la libertad de información tiene límites precisamente los derechos de terceros. Es así como el derecho de réplica es la facultad de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los medios de comunicación, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, y cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada o imagen. Este derecho tuvo su primera aparición en México en 1917 a través de la Ley sobre Delitos de Imprenta, cuyo artículo 27 establece a cargo de los periódicos la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quisieran dar a las alusiones que se le hubieran hecho. Este artículo establecía, sin embargo, de manera muy limitada y poco garantista las características de la réplica, así como las penas por la infracción a esta obligación. Un instrumento internacional que, suscrito por México, vino a garantizar el derecho de réplica como un derecho humano fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también conocida como Pacto de San José. Sin embargo, como se puede apreciar a nivel nacional el derecho de réplica solamente estaba precariamente regulado por la Ley sobre Delitos de Imprenta e iba dirigido únicamente hacia las informaciones difundidas en periódicos, no existía disposición alguna respecto a la réplica en otros medios de comunicación como lo son la radio y la televisión. Fue hasta el 10 de octubre de 2002, cuando a través del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión se intentó regular lo referente al derecho de réplica en estos medios masivos de comunicación. Sin embargo el gran impulso al derecho de réplica se dio con la reforma electoral de 2007, pues se introdujo en el artículo sexto constitucional su reconocimiento. Sin embargo la incorporación de la réplica como un derecho reconocido por la Constitución no ha sido reglamentado por el legislador, pues claramente establece nuestra Carta Magna que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, ley que a la fecha no ha sido publicada. Por lo tanto queremos poner a consideración de esta Cámara de Diputados esta Ley Reglamentaria del artículo 6o. constitucional en materia de Derecho de Réplica que estará integrada por cuatro capítulos en los que se encuentran de manera general los siguientes aspectos: Capítulo I, Disposiciones generales Se establece el objeto de la ley, así como que toda persona física o moral podrá ejercer el derecho de réplica por la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación y que considere le cause un agravio. Igualmente se reconoce el derecho de réplica a favor de los partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. Capítulo II, Del procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados En este capítulo se establece la posibilidad de que la réplica se haga en la misma transmisión en la que se dio la información agraviante, y se señala que cuando ello no sea posible, se hará valer el derecho de réplica mediante un documento escrito en un plazo no mayor a cinco días después de que se publicó o transmitió la información que se desea rectificar o responder. Una vez recibido el escrito de réplica, el sujeto obligado tendrá tres días para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica. Si ésta procede, se publicará o transmitirá al día hábil siguiente o en la siguiente transmisión. Asimismo se establecen también las causales por las cuales el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, imponiéndole la obligación de justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante. Capítulo III, Del procedimiento judicial en materia de derecho de réplica En este capítulo se reconocen a las autoridades federales como las únicas competentes para la aplicación, observancia e interpretación de esta ley, y a los tribunales de la federación como los únicos competentes para conocer de los procedimientos judiciales que se promuevan con motivo del ejercicio del derecho de réplica. El interesado podrá iniciar el procedimiento judicial cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se negó, no se transmitió o publicó la réplica, o no se otorgó como lo solicitó. Y una vez, admitida la solicitud, el juez de distrito de inmediato tendrá la posibilidad de emplazar al sujeto obligado, para que en las cuarenta y ocho horas siguientes conteste por escrito, y haga valer las excepciones y defensas que estime pertinentes. El procedimiento implica la comparecencia de las partes a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a la cual citará el juez dentro de las 48 horas siguientes a que se presente la contestación de la demanda o, en su caso, concluido el término legal. En dicha audiencia el juez podrá dictar sentencia y si no lo hace, lo tendrá que hacer dentro de las 24 horas siguientes. Un capítulo cuarto que versaría sobre las sanciones en el cual se establece precisamente un catálogo de las mismas, que implican una multa que va desde los 500 a los 10 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, dependiendo de la gravedad de violación de los sujetos obligados. Por último, en esta misma iniciativa que hoy presentamos ante esta Cámara de Diputados se propone la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de facultar a los jueces de distrito civiles federales para conocer de los litigios que surjan con motivo del ejercicio del derecho de réplica. Para el Partido Acción Nacional es un mandato constitucional la debida reglamentación del derecho de réplica por ser un derecho fundamental, pero antes que nada es un derecho cuyo ejercicio debe garantizarse a todas y todos los mexicanos. Por ello retomamos los trabajos realizados en Legislaturas anteriores por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Dora Alicia Martínez Valero, Héctor Larios Córdova, José Antonio Díaz García, Rocío del Carmen Morgan Franco y Rogelio Carbajal Tejada durante la LX Legislatura, convencidos que es un tema que abona en gran media a la consecución de dicho fin. También reconocemos el trabajo del senador Javier Corral que ya presentó una iniciativa similar, aunque distinta en algunos aspectos esenciales, en la actual Legislatura. Asimismo, también retomamos como base los lineamientos expedidos por la Comisión de Gobernación del Senado de la República en la LXI Legislatura que se utilizan también como sustento para fundamentar la presente iniciativa. Los diputados federales de Acción Nacional estamos seguros que con la aprobación de esta Ley Reglamentaria del artículo 6o. constitucional se fortalecerá el sistema garantista y de derechos humanos en nuestro país y, además, también se fortalecerá el derecho a la libre expresión de las ideas. Es cuanto, diputado presidente.