El diputado Zita Beatriz Pazzi Maza: Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes compañeros diputados. El día de hoy vengo a esta máxima tribuna de la nación para proponer una iniciativa de suma importancia en el desarrollo del país. El derecho a la alimentación es un derecho humano, reconocido actualmente a nivel internacional, nacional y regional. Es universal y pertenece a toda persona o grupo; es decir, no es una opción política que los estados puedan seguir o no seguir. Su reconocimiento implica, por tanto, obligaciones para los estados. No es normal ni tolerable que los estados cumplan únicamente sus compromisos económicos y comerciales a nivel internacional en detrimento de sus compromisos en materia de derechos humanos. Sin embargo, la primacía de los derechos humanos sobre todo acuerdo económico o comercial ha sido afirmada en muchas ocasiones por las resoluciones adoptadas en las instancias de la ONU por estos mismos estados. En la práctica, los medios para reivindicar la realización de los derechos a la alimentación y las posibilidades de obtener reparación o compensación, dependerán en gran medida de la información de los mecanismos de control disponibles en los niveles nacional, regional e internacional. En 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció por primera vez, a nivel internacional, el derecho a la alimentación, señalando en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia la salud, el bienestar, y en especial a la alimentación. Lo que deja en claro la postura de todos los estados al aceptarla. Diversos documentos a través de la historia que reconocen dicho derecho, tales como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que obligan a los estados sujetos a englobar el derecho a la alimentación en la legislación nacional para asegurar el ejercicio de este derecho y de erradicar la mala nutrición, a perfeccionar los métodos de producción y de aprovisionamiento y la distribución de los alimentos y a alentar una mayor cooperación internacional, en apoyo de las políticas nacionales relativas a este tema. En México, la reforma constitucional clave fue la de marzo de 2011, en la que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el 17 de agosto la reforma había sido aprobada por más de la mitad de los estados, por lo que el Congreso de la Unión solicitó al Diario Oficial de la Federación la publicación el 13 de octubre. Éste se llevó a cabo y entró en vigor el día 14 de octubre de 2011, estableciendo que: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Con esta modificación el Estado mexicano puede definir nuevas políticas que permitan afrontar la crisis alimentaria global, además puede fomentar la mayor participación de la población en la solución de sus problemas alimentarios. También es factible ajustar la legislación y crear instituciones y generar nuevas políticas para la garantía del derecho, entre otras facultades. Sin embargo, el marco jurídico se podría mejorar aún más si se aprobara una legislación marco sobre el derecho a la alimentación, como han hecho varios países de la región y como recomienda el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en las directrices voluntarias en apoyo a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. En conclusión, podemos decir que en México se debe adicionar el enfoque del párrafo tercero del artículo 4º, y del párrafo segundo de la fracción XX del artículo 27 constitucional, para que contengan las disposiciones relativas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por los que se reforman y adicionan el párrafo tercero del artículo 4º y el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad alimentaria y de las familias mexicanas. Primero. Se reforma y adiciona el párrafo tercero del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: Artículo 4º. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, adecuada y de calidad. El Estado garantizará que las instituciones especializadas coordinen sus acciones entre sí o con organismos internacionales, para lograr la suficiencia alimentaria de las familias mexicanas. Segundo. Se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 27, fracción XX. El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice la suficiencia alimentaria de las familias mexicanas que la ley establezca. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012. Es cuanto, señor presidente.