LA C. DIPUTADA ROSALÍA PEREDO AGUILAR: Con su permiso, Presidenta. Ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Los suscritos, diputados federales de LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, Fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, con base en la siguiente exposición de motivos. La Constitución General de la República, en su artículo 73, Fracción VII otorga al Congreso de la Unión la facultad de establecer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. De esta fracción se desprende la facultad de las cámaras del Congreso de la Unión para que de manera separada y sucesiva imponer a los mexicanos cargas tributarias. También al artículo 31 en su Fracción IV establece como obligación de los mexicanos la de contribuir a los gastos públicos de la Federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De igual manera el artículo 72 en su Inciso H, establece que en la formación de leyes o decretos que tengan que ver con la materia de contribuciones o impuestos, la Cámara de Diputados será siempre Cámara de origen. Por una cuestión de carácter histórico se ha conocido el derecho de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes representan al pueblo determinar las cargas tributarias que los habitantes de un país deben pagar. Las obligaciones tributarias son por esencia obligaciones (¿), lo que supone que para garantizar el principio de seguridad política de los gobernados, las modalidades de contribuciones deben estar determinadas en una ley, acto formal del Poder Legislativo. En tal virtud, para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo resulta importante dejar en claro que la Constitución General de la República otorga al titular del Poder Ejecutivo Federal cinco facultades en las cuales éste puede legislar de manera extraordinaria. Por tanto, su actuación de emisión de normas de carácter general debe circunscribirse de manera estricta a esas cinco hipótesis. Entendemos bien que los modernos sistemas constitucionales no plantean una división de poderes estricta y tajante, antes al contrario, señalan una colaboración entre los distintos poderes públicos y como bien sabemos, en México con independencia de que el Legislativo lo haga, el Presidente de la República participa en el proceso legislativo ejerciendo su facultad de iniciativa de formular observaciones a un proyecto de ley que le envía el Congreso o bien en la promulgación de una ley. A lo que se opone nuestro grupo parlamentario es que el Presidente de la República, ejerciendo facultades que no derivan de la Constitución aunque le hayan sido otorgadas por el Legislativo, puede en la práctica derogar las determinaciones del Poder Legislativo a las que teniendo oportunidad el Ejecutivo de formular observaciones, no lo haya hecho y que al promulgarlas se hace, junto con el Poder Legislativo, corresponsable del contenido de dichas normas. Nos referimos específicamente al decreto por el que se exime de pago de los impuestos que se indican y se amplía el estímulo fiscal que se menciona, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del presente. Como todos recordamos, el Presidente de la República en el ejercicio de su facultad de iniciativa envió a esta soberanía su autodeterminado reformón fiscal con el que pretendía obtener cuantiosos ingresos públicos fundamentalmente al gravar con el Impuesto al Valor Agregado a medicinas y alimentos y que con los ingresos obtenidos se le distribuiría en forma completita y copeteada a los mexicanos de menores recursos. Dicha iniciativa no prosperó. En razón de lo anterior, en diciembre pasado esta soberanía aprobó modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y a la ley que lo regula, que en conjunto daría al Gobierno Federal un ingreso por 155 mil 75.1 millones de pesos. Una parte importante de dicha modificación es la que se refiere al Impuesto a las Bebidas Edulcorantes elaboradas a base de jarabe de fructuosa. Como es de todos conocido, la industria azucarera mexicana ha sufrido durante décadas una severa crisis que afecta a productores de caña y dueños de ingenios. En este sentido, el presente gobierno como los anteriores, no han sabido o no han querido obligar al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a que cumpla con las cuotas de importación previstas en el Tratado de Libre Comercio y que ante la ineficiencia de las autoridades del Ejecutivo, las Cámaras del Congreso de la Unión determinaron en apoyo a los productores de azúcar mexicanos, gravar con una mayor tasa la importación de jarabe de fructuosa. Resulta paradójico que en los considerandos del decreto del 3 de septiembre del año pasado el Ejecutivo haya señalado que la agroindustria azucarera es una actividad de alto impacto social por su producción y por el empleo que crea en el campo mexicano, que el azúcar como producto generado por ella, es un artículo de consumo necesario y constituye un elemento básico para la alimentación de la población de bajos ingresos por su alto contenido energético y que las actividades que comprende, como es el caso de la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, son de interés público. Esto es, el propio Ejecutivo Federal reconocer la importancia de la actividad económica de la caña de azúcar y no obstante de hacer este reconocimiento en el decreto del cinco de marzo mencionado, da un golpe mortal a esta actividad. Por otro lado, en el artículo 5º del mismo decreto antes citado, el Ejecutivo Federal exime totalmente a los contribuyentes que vivan en el estado de Baja California y en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales de norte y sur del país, del pago del Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios. Es de destacarse que el Partido del Trabajo considera que es pertinente gravar este tipo de productos, sin embargo, en diciembre, al llegarnos la minuta de la colegisladora con los cambios que decidió introducir en cuanto a los artículos 7º y 8º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, nuestro grupo parlamentario decidió abstenerse por no estar conformes con el procedimiento legislativo que se dio. Compañeras y compañeros legisladores: como mecanismo de reivindicar los actos legislativos emanados de las Cámaras del Congreso, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para que el Presidente de la República a través de un decreto no derogue disposiciones legislativas máxime que el propio Presidente de la República tuvo la oportunidad de formular observaciones totales o parciales a los proyectos que le envió a la Cámara Revisora y que al haberlos promulgado los sanciona como legales y apegados a la Constitución. Y estas condonaciones o exenciones que se den únicamente en la tres hipótesis que se contienen en la fracción I y que sólo pueden ser por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. De todos es sabido que las exenciones decretadas por el Ejecutivo Federal son resultado de las presiones que realizaron los productores de jarabe de fructuosa de los Estados Unidos de Norteamérica y que con esta actitud acreditó que más le interesa estar en buenos términos con los productores norteamericanos y que éstos los sigan considerando paladín de libre mercado sin importar las lacerantes condiciones de miseria en que viven los productores de azúcar nacionales. Compañeras y compañeros diputados: Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue: Artículo 1°. Se reforma la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue: "Artículo 39. El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá: Condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo diferido o en parcialidades sólo tratándose de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias". Transitorios UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de marzo del año 2002. Atentamente Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Alberto Anaya Gutiérrez, diputado José Narro Céspedes, diputado Jaime Cervantes Rivera, diputada Rosa Delia Cota Montaño, diputado Félix Castellanos Hernández, diputado Víctor Antonio García Dávila, diputado Juan Carlos Regis Adame; diputado José Manuel del Río Virgen por el Partido Convergencia y la de la voz diputada Rosalía Peredo Aguilar. «Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Presente. Los suscritos, diputados federales a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, con base en la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS La Constitución General de la República en su articulo 73 fracción VII otorga al Congreso de la Unión la facultad de "establecer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto". De esta fracción se desprende la facultad de las cámaras del Congreso de la Unión, para de manera separada y sucesiva imponer a los mexicanos cargas tributarias. También el articulo 31 en su fracción IV establece como obligación de los mexicanos la de "contribuir a los gastos públicos de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." De igual forma el articulo 72 en su inciso h establece que en la formación de leyes o decretos que tengan que ver con la materia de contribuciones o impuestos la Cámara de Diputados será siempre Cámara de origen. Por una cuestión de carácter histórico se ha reconocido el derecho de la Cámara de Diputados cuyos integrantes representan al pueblo, determinar las cargas tributarias que los habitantes de un país deben pagar. Las obligaciones tributarias son por esencia obligaciones "ex lege"; lo que supone que para garantizar el principio de seguridad política de los gobernados las modalidades de contribuciones deben estar determinadas en una ley, acto formal del Poder Legislativo. En tal virtud para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo resulta importante dejar en claro que la Constitución General de la República otorga al titular del Poder Ejecutivo Federal cinco facultades en las cuales éste puede legislar de manera extraordinaria, por tanto su actuación de emisión de normas de carácter general debe circunscribirse de manera estricta a esas cinco hipótesis. Entendemos bien que los modernos sistemas constitucionales no plantean una división de poderes estricta y tajante, antes al contrario señalan una colaboración entre los distintos poderes públicos y como bien sabemos en México, con independencia de que el Legislativo lo haga, el Presidente de la República participa en el proceso legislativo ejerciendo su facultad de iniciativa, de formular observaciones a un proyecto de ley que le envíe el Congreso o bien en la promulgación de una ley. A lo que se opone nuestro grupo parlamentario es a que el Presidente de la República, ejerciendo facultades que no derivan de la Constitución aunque le hayan sido otorgadas por el Legislativo, pueda en la práctica derogar las determinaciones del Poder Legislativo, a las que teniendo oportunidad el Ejecutivo de formular observaciones no lo haya hecho y que al promulgarlas se hace junto con el Poder Legislativo corresponsable del contenido de dichas normas. Nos referimos específicamente al decreto por el que se exime del pago de los impuestos que se indican y se amplia el estimulo fiscal que se menciona, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del presente. Como todos recordamos el Presidente de la República en el ejercicio de su facultad de iniciativa envió a esta soberanía su autodenominado reformón fiscal, con el que pretendía obtener cuantiosos ingresos públicos fundamentalmente al gravar con el Impuesto al Valor Agregado a medicinas y alimentos, y que con los ingresos obtenidos se le redistribuiría en forma completita y copeteada a los mexicanos de menores recursos. Dicha iniciativa no prosperó. En razón de lo anterior en diciembre pasado esta Soberanía aprobó modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y a la ley que lo regula, que en conjunto daría al Gobierno Federal un ingreso por 155 mil 75 punto 1 millones de pesos, una parte importante de dicha modificación es la que se refiere al impuesto a las bebidas edulcorantes elaboradas a base de jarabe de fructosa. Como es de todos conocido la industria azucarera mexicana ha sufrido durante décadas una severa crisis que afecta a productores de caña y dueños de ingenios. En este sentido, el presente gobierno como los anteriores no han sabido o no han querido obligar al gobierno de Estados Unidos de Norte América a que cumpla con las cuotas de importación previstas en el Tratado de Libre Comercio y ante la ineficiencia de las autoridades del Ejecutivo las cámaras del Congreso de la Unión determinaron, en apoyo a los productores de azúcar mexicanos, gravar con una mayor tasa la importación de jarabe de fructosa. Resulta paradójico que en los considerandos del decreto del 3 de septiembre del año pasado, el Ejecutivo haya señalado "que la agroindustria azucarera es una actividad de alto impacto social por su producción y por el empleo que crea en el campo mexicano; que el azúcar como producto generado por ella es una articulo de consumo necesario y constituye un elemento básico para la alimentación de la población de bajos ingresos por su alto contenido energético y que las actividades que comprende, como es el caso de la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar son de interés público." Esto es, el propio Ejecutivo Federal reconoce la importancia de la actividad económica de la caña de azúcar y no obstante de hacer ese reconocimiento en el decreto del 5 de marzo mencionado da un golpe mortal a esta actividad. Por otro lado, en el articulo 5o. del mismo decreto antes citado el Ejecutivo Federal exime totalmente a los contribuyentes, que vivan en el Estado de Baja California y en la franja fronteriza de 20 kilómetros, paralela a las líneas divisoras internacionales de norte y sur del país, del pago del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios. Es de destacarse que el Partido del Trabajo considera que es pertinente gravar este tipo de productos; sin embargo en diciembre al llegarnos la minuta de la colegisladora con los cambios que decidió introducir en cuanto a los artículos séptimo y octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, nuestro grupo parlamentario decidió abstenerse por no estar conformes con el procedimiento legislativo que se dio. Compañeras y compañeros legisladores: Como mecanismo de reivindicar los actos legislativos emanados de las cámaras del Congreso sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para que el Presidente de la República a través de un decreto no derogue disposiciones legislativas, máxime que el propio Presidente de la República tuvo la oportunidad de formular observaciones totales o parciales a los proyectos que le envió la Cámara Revisora, y que al haberlos promulgados los sanciona como legales y apegados a la Constitución y estas condonaciones o exenciones se den únicamente en las tres hipótesis que se contienen en la fracción I y que sólo pueden ser por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. De todos es sabido que las exenciones decretadas por el Ejecutivo Federal son resultado de las presiones que realizaron los productores de jarabe de fructosa de los Estados Unidos de Norteamérica y que con esta actitud acreditó que más le interesa estar en buenos términos con los productores norteamericanos y que éstos lo sigan considerando paladín de libre mercado, sin importar las lacerantes condiciones de miseria en que viven los productores de azúcar nacionales. Compañeras y compañeros diputados: Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del articulo 39 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: Artículo primero. Se reforma la fracción I del articulo 39 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: Artículo 39. El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá: I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, solo en tratándose de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. II. . . III. . . ARTICULO TRANSITORIO Único. E1 presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2002. Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila, Juan Carlos Regis Adame y José Manuel del Río Virgen.»