La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Tras el complejo y accidentado proceso de aprobación de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, nos hemos reunido ahora para discutir y votar las leyes secundarias con las que se orquestará la operación e implementación de las disposiciones de nuestro Texto Fundamental. El ejercicio democrático que hoy abordamos tocante a la Ley de la Guardia Nacional, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Nacional del Registro de Detenciones y la ya ansiada durante años Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, constituye el marco ideal para construir, aclarar, dirimir y saldar los pendientes que las organizaciones de la sociedad civil y las necesidades que la violencia vigente en nuestras entidades nos han exigido incluir en esta discusión. Sin duda en términos generales nuestra realidad nos obliga a respaldar este esfuerzo nacional. No obstante de ello, en ningún momento debe de ser entendido como un cheque en blanco ni como una declaración de inamovilidad. Si bien son textos necesarios como es el caso de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza solicitados por nuestra nación desde hace décadas, hay aún varias cosas que sería deseable cambiar, moderar o aclarar. Uno de estos aspectos consiste en definir con mayor claridad los supuestos en los que la Guardia Nacional debe actuar coordinadamente y no esperar a que se solicite algún convenio que pueda lesionar las finanzas de las entidades federativas. Concretamente me refiero a que no me parece que quede claro qué esquema de colaboración y responsabilidades financieras sucederá en los municipios o entidades federativas en donde confluye infraestructura estratégica, vías federales de comunicación, aduanas, cuerpos de agua, etcétera, y que por esos motivos indirectamente la situación de responsabilidades locales esté al punto de ser desbordada. Por ejemplo, los aeropuertos, autopistas como las que unen a Guadalajara con la Ciudad de México en las que se involucran a tres entidades federativas y en las que se presenta una de las mayores incidencias delictivas en materia de delitos de hidrocarburos, asaltos al autotransporte y otros ilícitos. Ahí en esas zonas se concentran actividades de la delincuencia organizada del fuero federal, cuya operación derivada colateralmente en el fuero común, en la gobernabilidad de los municipios, entonces ahí quién va a pagar o quién se hará responsable. Para que no quede duda de las competencias y de las responsabilidades, para que no existan malos entendidos y las autoridades federales se puedan coordinar plenamente con las locales, sin generar gastos injustificados a las autoridades estatales y municipales, exhorto a esta asamblea a pensar en sus representados a pensar en la viabilidad financiera de municipios que contextualmente se han visto inmersos en situaciones de violencia por la geopolítica de las cadenas productivas de la delincuencia, no por negligencias locales, sino por circunstancias nacionales e internacionales. No obstante ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano respaldará el dictamen en lo general y en lo particular. Sin embargo, no podíamos dejar pasar la observación que acabo de plantearles y en consecuencia les propongo que en cuanto inicie el próximo periodo ordinario de sesiones nos pongamos a trabajar con un espíritu crítico y voluntad política para mejorar lo que haya que mejorar en ese gran paso que estamos dando en materia de seguridad pública. La creación de la Guardia Nacional ha sido un ejercicio enriquecedor, y sin duda un signo de vitalidad democrática. Hoy lograremos una Guardia Nacional gracias al esfuerzo conciliador de actores políticos de todos los colores, gracias a la aceptación de realidades tanto en la federación como en los estados, y gracias al reconocimiento muto de que todos y todas deseamos, desde nuestras perspectivas y trincheras, aportar lo mejor de nosotros para el bien del país. Sin duda alguna el debate se enriquece con la diversidad de opiniones y por eso hoy tenemos un consenso plural para las leyes secundarias. Sin duda, como legisladoras y legisladores, hemos concurrido con el presidente de la República en el esfuerzo por abatir la inseguridad que aqueja a todos. Hemos aceptado que vivimos una crisis en materia de violencia e inseguridad pública sin precedentes en nuestra historia moderna, que nuestras Fuerzas Armadas indiscutiblemente son un apoyo para que hoy no se colapse el espacio público en muchos lugares, que sería irresponsable retirarlas súbitamente de las calles, que urge profesionalizar cuerpos policiales civiles, que debemos transformar los paradigmas punitivos predominantes, que necesitamos inferir a través de la cooperación internacional en la transformación de las dinámicas delictivas trasnacionales y que para hacer todo eso, debemos aprovechar el capital humano del país que vibra en la academia. La sociedad civil, los organismos defensores de derechos humanos, en quienes desde el servicio público sacrifican todo por el país y entre nosotros, que debemos representar y proteger los intereses de toda la nación. Dicho todo lo anterior, recordemos que nuestro compromiso más importante y trascendental es con la nación. No con un partido o con un presidente. Asumamos nuestra responsabilidad y así como hoy nosotros damos el apoyo para salir avantes en nuestra responsabilidad parlamentaria, pido su apoyo para clarificar tan pronto como sea posible los aspectos pendientes en los textos que aprobaremos. Es cuanto, señor presidente.