El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros. La guerra contra la delincuencia organizada, tema de seguridad y violencia que se vive en México, se ha agravado de manera drástica en los últimos años. Casos de tortura, detenciones ilegales y desapariciones forzadas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares, que se traduce en privación de la libertad por agentes del Estado. Son temas que el gobierno federal no ha podido solucionar, además de violar los derechos humanos al involucrar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública se señalan algunos grupos de cárteles del narcotráfico como principales responsables de las desapariciones forzadas, que se da en forma compartida con el Estado mexicano. Temas que tanto organismos internacionales como nacionales de derechos humanos han llamado la atención por este fenómeno, como ciudadanos debemos exigir una legislación integral en la materia y manifestar nuestro respaldo a distintas manifestaciones públicas en el país por estas inexplicables desapariciones. El actual gobierno argumenta que combatirá la desigualdad, la carencia, el hambre y la pobreza con armas, policías y un Estado de gendarmería. Es decir, le han apostado a la violencia que a la implementación de programas sociales o a la erradicación de la corrupción que disminuya la desigualdad prevaleciente en nuestro país. Uno de los daños colaterales de este error gubernamental ha sido sin duda la desaparición forzada de miles de mexicanos; la ruptura del tejido social consecuencia de la violencia y desigualdad prevaleciente, abrió la puerta a la intensidad y a la pérdida de valores que tanto han caracterizado en este sistema neoliberal, considerada por Amnistía Internacional como una situación crítica que va en aumento. La desaparición forzada ha arrojado hasta el 21 de agosto de 2014 más de 22 mil víctimas que no han recibido justicia ni atención, pues el gobierno de nuestro país se ha visto sobrepasado e indiferente ante tal caso. Lo anterior empeora cuando los familiares encuentran insensibilidad y la corrupción de autoridades judiciales e indolentes, ante la tragedia se vuelven sordos y mudos. He de mencionar algunos casos de las detenciones arbitrarias como el caso de la hermana indígena Nestora Salgado y del doctor Juan José Mireles y tantos luchadores sociales privados injustamente de su libertad por ser ciudadanos de pensamiento libre y que el Poder Judicial de este país como siempre ha actuado por consignas, con procedimientos judiciales plagados de irregularidades en forma por demás vergonzante, como es el caso del maestro indígena tzotzil Alberto Patisthán que fue por la presión social, por eso es que los poderes fácticos decidieron ponerlo en libertad. No es de sorprendernos que en este estado fallido los delincuentes de cuello blanco, los que roban y saquean las arcas municipales, las tesorerías de los estados, los líderes sindicales corruptos que se han robado el dinero de los trabajadores y que se autoexilian en otros países para vivir en la impunidad. Estos mismos delincuentes que ahora ya son socios de las transnacionales para hacer negocios, seguramente con lo que era el patrimonio de los mexicanos, Pemex. Los malos gobiernos en la actualidad han implementado una política de prepotencia, de terror, de intimidación, de impunidad, han sido instrumentos aún vigentes, como el caso del gobernador de Sonora, que es un digno heredero del porfiriato y de los genocidas del mundo, al ser coludido en negligencia y colusión de la compañía minera del Grupo México y su corresponsabilidad en el derrame de desechos tóxicos en perjuicio de millones de sonorenses. Además de apropiarse de aguas, propiedad de la nación, de manera indebida, construyendo una presa de manera particular mientras miles de campesinos indígenas no tienen agua para regar sus sembradíos. Esta actitud autoritaria de varios gobernantes en nuestro país tiene como fin criminalizar la protesta social mediante fabricación de delitos y el desprecio hacia nuestro pueblo, hacia nuestra nación indígena; es por eso que las cárceles están llenas de indígenas, líderes sociales que lo único que han hecho ha sido denunciar los atropellos, el despojo a sus territorios, a su lengua, a su cultura y alzar la voz para reclamar legítimas demandas, en cambio el gobierno ha utilizado la ley del garrote reprimiendo y encarcelando a mujeres y hombres de pensamiento libre. Vivimos en un país en donde a las voces críticas se les sigue torturando, desapareciendo, llegando incluso hasta el asesinato. Por eso desde esta tribuna manifestarle a todos los presos políticos de México y del mundo, que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano acompañan ya siempre en esta lucha justa que hacen de manera diaria y decimos desde acá: ya basta de la criminalización de la protesta social. Exigimos la inmediata libertad de Nestora Salgado, dirigente social de uno de los municipios más pobres del país. Exigimos la libertad inmediata del doctor Juan José Mireles, preso también de manera injusta y por supuesto el caso más reciente del compañero indígena de la Tribu Yaki, Mario Luna Romero. Nos solidarizamos con todos los presos políticos del país y del mundo. Presos políticos, libertad. Es cuanto, compañeras y compañeros.