EL C. DIP. JUAN JOSE GARCÍA OCHOA: Muchas gracias, Presidente. Quiero antes que nada aclarar que la iniciativa la presento y así me lo pidió el grupo parlamentario del PRD, en carácter estrictamente personal. Para entender el carácter y los alcances de las propuestas de reformas que hacemos en la presente iniciativa, es menester entender tanto el concepto de fuero y sus orígenes en nuestra vida institucional. El fuero ha sido históricamente una situación de privilegio, ya sea por razón de rango o del linaje de las personas. En una época del virreinato se otorgaban una serie de privilegios a determinadas capas sociales que iban desde la exención de impuestos, el otorgamiento de gracias, mercedes o inmunidades transitorias o definitivas para la persona o los bienes del beneficiario. Estos privilegios daban la posibilidad y de hecho obligaban a sus beneficiarios a aplicar el derecho derivado de su categoría social para llevar sus pleitos al conocimiento de tribunales exprofesamente creados para conocer este género de negocios. Así se llegaron a reconocer hasta 35 fueros distintos. Su proliferación creó una gran confusión por lo cual se hacía imposible aplicar las normas y dictar resoluciones e inclusive distinguir los procedimientos especiales que vendrían al caso. Le existencia en nuestro país de los fueros, fue quizás el origen de la desigualdad social que estableció una sociedad dividida por estancos, teniendo por un lado unos pocos privilegiados y por otra una inmensa mayoría que no gozaba de ningún privilegio. Llegando a nuestra vida independiente, aunque fueron conservados varios de ellos, entre los que se cuenta el privilegio de la inmunidad legislativa, ya existencia la tendencia a su acotamiento o desaparición, lo cual es significativo puesto que la transición política que se llevó a cabo producto de la Independencia, reconoció en los fueros uno de los vestigios más claros del orden colonial que debía de ser eliminado dando paso al principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, principio fundamental de las proclamas de Hidalgo y Morelos, así como de innumerables pensadores y libertadores. El mantenimiento del fuero de los servidores públicos en nuestra historia independiente y en nuestro sistema constitucional fue concebido como una salvaguarda jurídica para preservar la independencia y la libertad de acción de los funcionarios públicos, tratando con ello de mantenerlos a salvo de presiones políticas, acusaciones infundadas o detenciones arbitrarias, sin que tuvieran más motivación que menoscabar su función pública para influir en sus decisiones. El fuero constitucional fue fundado con toda razón en la necesidad de garantizar los poderes públicos del libre ejercicio de funciones que intenta al mismo tiempo salvaguardar tanto el buen desempeño del servicio público que podría estar amenazado, así como también los derechos de los servidores públicos, su integridad física y moral. En la medida que el principio democrático se ha tornado, poco a poco en realidad, la extensión de los fueros en cuanto a la persona y en cuanto a la materia deben hoy más que nunca mudar su carácter de privilegio o de inmunidad por el freno jurídico a la conducta de los servidores públicos, confirmando con ello que no se debe considerar una inmunidad a la persona sino más bien una protección inherente a la función pública. El principio que consagra el artículo 61 de la Constitución, que se refiere a la inviolabilidad del fuero constitucional, debe considerarse estrictamente como un instrumento de protección a la función del legislador para que en ejercicio de ésta puedan expresarse y desempeñar su cargo con libertad y que la inmunidad que el fuero confiere se limite a su función constitucional. Desafortunadamente en nuestro país esto no ha sido así. La concentración del poder político y el autoritarismo han hecho equivalentes en no pocos casos la inmunidad con la impunidad, puesto que se ha desvirtuado por las inercias políticas el concepto mismo del fuero constitucional. Lo cierto es que en las últimas décadas el fuero constitucional ha dejado de ser una protección para garantizar el equilibrio de poderes para convertirse en una excepción jurídica que permita el quebranto del principio de igualdad jurídica que fomenta la impunidad desde la función pública. Esto ha generalizado entre los ciudadanos una actitud de condena y de rechazo al ejercicio del fuero por lo que hoy su existencia antes de fortalecer el servicio público lo debilita. Esto es particularmente grave en el caso de los legisladores que en la actual transición política que vivimos estamos llamados al fortalecimiento de nuestra institución que es el propio Congreso de la Unión. Un argumento contundente a favor de la eliminación del acotamiento del fuero constitucional es que los legisladores sean los primeros en desconfiar de la justicia y siguen por tanto manteniendo su fuero como garantía de independencia y libertad. Si los propios legisladores no confían en las leyes que ellos mismos hacen, si no confían en la aplicación imparcial y objetiva de esas leyes, ¿qué le espera al ciudadano común? No tiene sentido entonces sujetarse a procedimientos especiales, que por cierto casi nunca han dado como resultado la acción penal y lo único que hacen es generar impunidad e indignación ciudadana, debilitando la imagen del Congreso. Lo que estamos proponiendo es que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 108 y 111, en lo que se refiere al procedimiento de Declaración de Procedencia que se aplica a los servidores públicos desde gobernadores de los estados, diputados a las legislaturas locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales sean responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como también por las violaciones a las leyes locales y que en estos casos dichos funcionarios respondan de manera directa ante las autoridades competentes, con relación a lo dispuesto en el artículo 111 de esta Constitución, en el cual se propone que el fuero constitucional del que gozan los servidores públicos respondan ante las autoridades competentes sin que se requiera Declaración de Procedencia en los casos de violaciones o delitos graves del fuero federal o común o se dañe el patrimonio del Estado o de particulares de conformidad con la ley respectiva. Para los efectos de esta reforma, propuesta en el artículo 111, proponemos que se adiciones un artículo 213 Ter al Código Penal Fedeal para que se consideren delitos cometidos por servidores públicos que no requieran declaración de procedencia de la Cámara de Diputados, los siguientes: Traición a la patria, terrorismo, tráfico de armas, asociación delictuosa, delincuencia organizada, narcotráfico en todas sus modalidades, tráfico de personas, lenocidio, peculado, robo con violencia, homicidio doloso, genocidio, violación, privación de la libertad, secuestro, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. También, para los efectos de esta iniciativa, se propone una modificación del primer párrafo y una adición al cuarto párrafo, recorriéndose los párrafos primero, segundo y tercero del 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para establecer igualmente la misma precisión. Por las anteriores consideraciones, proponemos el siguiente Proyecto de Decreto, que para efecto de tiempo, toda vez que he resumido la propuesta, pediría que se obviara esto y que se pudiera publicar. Señor Presidente, muchas gracias. -PRESIDENTE, DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos. Tiene la palabra el diputado Maximino Fernández Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma la fracción VII del artículo 5º de la Ley de Organizaciones Ganaderas. -DIP. MAXIMINO ALEJANDRO FERNÁNDEZ AVILA (PVEM): Con su venia, señor Presidente. "Compañeras y compañeros diputados: Los productos alimenticios mexicanos han alcanzado altos niveles de calidad y han obtenido el reconocimiento tanto del mercado nacional como internacional, sin embargo enfrentan el reto de constituirse como alimentos saludables, nutritivos y de buen sabor, pero sobre todo inocuos y capaces de competir en el mercado extranjero. "Lograr lo anterior, requiere que las personas involucradas en la cadena alimentaria, desde la explotación hasta el consumidor final, se responsabilicen del manejo de sus productos mediante la aplicación de buenas prácticas de producción. "El incremento en las relaciones comerciales internacionales se ha acompañado de un aumento en el nivel de exigencia del os consumidores. Anteriormente se hablaba siempre de alimentos de buena calidad, pero el desarrollo de epidemias ocasionadas por productos alimenticios portadores de agentes patógenos, han provocado la búsqueda de mecanismos que permitan mantener niveles de inocuidad aceptables en dichos productos. "Todos los alimentos son susceptibles de contaminación y la ingestión de un producto contaminado con substancias venenosas o microorganismos, puede ser causa de enfermedades que tienen un considerable impacto socioeconómico. Identificar y controlar las causas que producen estas enfermedades no siempre es sencillo, pero tristemente muchas veces radica en la falta de prevención. "En el sector pecuario nuestro país tiene una producción elevada, somos productores y en ocasiones exportadores de materias primas agropecuarias y productos elaborados de porcinos, ovinos, bovinos, caprinos, aves y abejas, y la preservación de la calidad del producto obtenida en la fase de manufactura o industrialización, es imperante. "En nuestro país desafortunadamente la mayor parte de los animales son sacrificados en rastros ilegales, que no cuentan con las medidas de seguridad e higiene necesarias, ni con la supervisión veterinaria, a fin de verificar si el animal estaba enfermo o si el producto final está contaminado. "A pesar de que existe la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual contiene el capítulo, el trato humanitario y la normatividad correspondiente, frecuentemente esta legislación no se aplica debidamente, dando lugar al sufrimiento innecesario de los animales en los procesos de sacrificio. "Resulta inconcebible que a pesar de contar con las técnicas modernas para sacrificar animales, aún se utilicen métodos rudimentarios y crueles con consecuencias graves desde el punto de vista ético, sanitario y económico, ya que el trato cruel a los animales repercute en menor calidad y cantidad de los productos obtenidos, además de que no es justificable provocarles un dolor y traumatismo que podría ser evitado. "El mejor lugar para sacrificar a los animales y garantizar la calidad del proceso y del producto, es mediante un rastro Tipo Inspección Federal, TIF, en los cuales ya se implementan las buenas prácticas de manufactura, que incluyen entre otras: la forma del sacrificio, la inspección antes y post-mortem, la conservación de productos cárnicos y la aplicación de programas tendientes a fomentar la higiene y la seguridad del personal que ahí labora. "Es importante mencionar que en estos rastros se verifica el estado general del animal desde el momento del arribo y se analiza la presencia de contaminantes, lo cual permite identificar enfermedades o agentes dañinos y retirar el producto oportunamente. "En el sector pecuario existe todavía un número elevado de rastros que no cuentan con el sello TIF, debido en muchas ocasiones a los elevados costos y a la resistencia de productores y trabajadores ya que se requiere de un mayor control de los procesos. El reto dentro del sector es obtener el sello RTIF a fin de un mayor número de productores mexicanos, logren productos de calidad y puedan incursionar en el mercado internacional. Actualmente el sello RTIF es aceptado a nivel internacional como garantía de inocuidad de productos cárnicos. La Ley de Organizaciones Ganaderas tiene por objeto promover y fomentar entre sus asociados la adopción de tecnologías adecuadas para el desarrollo sustentable y sostenible en la explotación de las diversas especies ganaderas. También promover la integración de la cadena producción, proceso, comercialización y el abastecimiento de los mercados y fomentar el consumo de los productos de origen animal de producción nacional, así como introducir la participación en el comercio exterior, además de garantizar la oferta de productos ganaderos de calidad e identificar y difundir las opciones que beneficien a sus asociados, entre otras. El Artículo 5º de la mencionada Ley en su Fracción VII nos menciona la instalación de plantas empacadoras, pasteurizadoras, refrigeradoras, lavadoras, que son necesarias para la industrialización, conservación y comercialización de los productos ganaderos y no obstante que la Ley dice:- "". y todas aquellas que sean necesarias, consideramos que es necesario que dentro de este artículo se incluya textualmente a la matanza como parte del proceso, pero en un rastro DIG ya que este cumple con los estándares de calidad reconocidos nacional e internacionalmente. Por lo antes expuesto, queremos mencionar que para la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país: por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente Iniciativa de Decreto, por el que se reforma la Fracción VII del Artículo 5º. De la Ley de Organizaciones Ganaderas. Artículo Unico.- Se reforma la Fracción VII del Artículo 5º. De la Ley de Organizaciones Ganaderas, para quedar como sigue: Artículo 5º.- Las organizaciones ganaderas a que se refiere esta Ley, tendrán por objeto, Fracción VII: propugnar por la instalación, en los lugares que crean convenientes, los Rastros Tipo Inspección Federal, TIF, plantas empacadoras, pasteurizadoras, refrigeradoras, lavadoras y todas aquellas que sean necesarias para la realización, conservación y comercialización de los productos ganaderos. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Le pido al a Presidencia que sea incluido el texto íntegro de esta Iniciativa. Es cuanto, señor Presidente. (aplausos) -EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates y Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Tiene la palabra el Diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa que reforma el primer párrafo de la Fracción II del Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 76 de la Ley de Amparo reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -