La diputada Aleida Alavez Ruiz: Del texto del artículo 27 constitucional se desprende que la explotación de todos los hidrocarburos corresponde en forma exclusiva a la nación y, expresamente prohíbe la participación de particulares en la explotación, mandato que se revalida en la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo, en los artículos 2o. y 4o. con base en los cuales sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos por conducto de Petróleos Mexicanos. Es importante destacar y recordar que Pemex es la empresa más rentable y solvente de América Latina. En 2006 sus ingresos superaron los 102 mil millones de dólares y sus utilidades antes de impuestos que alcanzaron un monto de 72 mil 100 millones de dólares sólo fueron superadas a nivel mundial por la transnacional Epson y Petrobras, empresa que se quiere poner de ejemplo para Pemex, sólo obtuvo 24 mil millones de dólares de utilidades antes de impuestos en el mismo periodo. Asimismo, los activos de Pemex son de casi 100 mil millones, con una plantilla de 139 mil trabajadores y está en el sitio 11 de entre las mayores petroleras del mundo. La importancia de Pemex a nivel internacional habla por sí misma; es la décima compañía de crudo y gas a nivel mundial, la tercera en producción de petróleo. Está considerada en el decimoprimer lugar mundial de reservas de oro negro, la décimo tercera en producción de gas y en capacidad de refinación. Ahora bien, las contradicciones de cifras tienen múltiples orígenes, la paraestatal aporta alrededor de 40 por ciento de los ingresos presupuestales del sector público, 890 mil millones de pesos aproximadamente, lo cual implica que sólo tenga recursos indispensables para su mantenimiento y desarrollo, con lo cual la empresa se ve obligada a endeudarse, aunado que las administraciones neoliberales, desde Miguel de la Madrid, han mantenido una política fiscal de saqueo y depredación de la mayor empresa del país y una gran corrupción que afecta el funcionamiento de la empresa. No podemos olvidar que aún cuando existen prohibiciones expresas en nuestra ley fundamental para evitar la participación de los particulares en la explotación de este recurso, se ha realizado al amparo de los contratos ilegales la privatización de esta empresa, so pretexto de capitalizar y elevar la eficiencia operativa de Pemex. Ejemplo de ello son los Pidiregas, contratación de deuda con particulares que actualmente representa alrededor del 10 por ciento del PIB nacional, los cuales a 10 años de haberse creado a su valor total de este pasivo alcanzará, a finales de 2008, un billón 904 mil millones de pesos. En tanto, el pago de amortizaciones a intereses en el próximo año ascenderá a 117 mil 537 millones de pesos, de los cuales 80 mil 607 millones serán para la amortización de capital y 36 mil 930 millones se canalizarán sólo para el pago de intereses, este último monto, similar al destinado al combate a la pobreza. De esta manera, la deuda de los Pidiregas es equivalente al 73 por ciento del gasto público total, que para 2008 ascenderá a 2 billones 569 mil millones de pesos y es un pasivo adicional a los 2 billones 690 mil millones de pesos, que el gobierno federal tiene contratados como deuda interna en el marco de dinero para financiar parte de su gasto. Asimismo, tenemos a los contratos de servicios múltiples, los cuales no son contratos de servicios sino de riesgo, a través de los cuales Pemex otorga a empresas privadas exclusividad en una zona específica para desarrollar actividades petroleras consistente en desarrollo, infraestructura y mantenimiento de gases no asociados, a cambio de un ingreso garantizado para el Estado. Es decir, de una especie de regalía, lo que equivale otorgar una concesión. La contradicción se acentúa si consideramos que Pemex, como empresa líder nacional, es sujeta de crédito en el mercado de capitales internacional con tasas de interés preferenciales, con lo cual resulta absurdo los contratos de servicios múltiples que son financiamientos muy onerosos en términos de costo financiero. Así también tenemos los denominados contratos alianza, cuyo objetivo es permitir a empresas nacionales o extranjeras, optimizar, operar y desarrollar un campo maduro de petróleo. En este tenor debemos tener claro que el contratismo es una actividad lucrativa de la industria privada, la cual se acrecenta en perjuicio de la industria nacional, situación que nuevamente se hace evidente con la noticia de da a conocer el periódico La Jornada, en el que se señala que la trasnacional Shell, explora el campo petrolero de Chicontepec, toda vez que logra un convenio con Petróleos Mexicanos, para realizar actividades de explotación en el mencionado campo petrolero, como parte de una estrategia de mayor alcance para tomar posiciones en el país, ante una posible eliminación de la prohibición que establece la Constitución para que el capital extranjero participe en la industria energética nacional. Asimismo, se señala en la nota, que en la información entregada a La Jornada se reveló la existencia del proyecto Margarita, acuerdo entre ambas partes de carácter confidencial, del cual Pemex rechazó que exista, aunque confirmó que —a ese diario—hay un acuerdo entre la petrolera mexicana y Shell. Con varias cláusulas de carácter confidencial, la paraestatal mencionó que el único acuerdo que tiene con Shell fue firmado en septiembre de 2007, cuando ya había empezado la actual administración federal, con vigencia de 6 meses y tiene, entre estos objetivos, estudiar un conjunto de opciones para mejorar la producción de hidrocarburos y más específicamente pretende caracterizar yacimientos, lograr incrementos en el factor de recuperación y aumentar la productividad en pozos. Por ello, el asunto de los contratos suscritos por la paraestatal no es tan simple. En el caso de la industria petrolera, la constitución del país es muy clara. No se otorgarán concesiones ni contratos. Sin embargo, y de facto, se ha avanzado considerablemente en la indebida privatización de esta industria de manera velada, silenciosa e incondicional, aunado a la contratación de cifras que presenta esta paraestatal, patrimonio de todos los mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración como asunto de obvia o urgente resolución, la siguiente proposición con Punto de acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía y de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, para que en el marco de la ley garanticen el irrestricto apego a la Constitución, en todas y cada una de sus actuaciones. Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Energía, doctora Georgina Kessel, así como al director general de Petróleos Mexicanos, doctor Jesús Reyes Heroles González-Garza, para que informen sobre el programa de inversión sexenal de la paraestatal, así como los compromisos contractuales transexenales adquiridos por el sector. Es cuanto, diputada Presidenta.