El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea. Es innegable que los efectos de la crisis económica en nuestro país son evidentes y cada vez más tangibles para los más de 50 millones de mexicanos y mexicanas que viven en pobreza y los casi 20 millones más que no cuentan con un ingreso para adquirir una canasta básica de alimentos. La realidad de México es que el 47.4 por ciento del total de la población que tiene como garantía constitucional el derecho a la educación, a la igualdad, a la no discriminación, a la protección de la salud y a la satisfacción de necesidades como la alimentación y la vivienda gana mensualmente un ingreso inferior a los mil 905 pesos en áreas urbanas y menos de mil 282 pesos en áreas rurales, sin olvidar los 949 y 707 pesos que gana al mes el 18.2 por ciento que se encuentra en pobreza extrema. Aunado a ello, la radiografía del mercado laboral en México es devastadora. La desaceleración económica y caída en el consumo interno han dejado como saldo un incremento sin precedentes en el número de trabajadores informales, así como de desocupados y subempleados. Tan sólo la semana pasada las 15 empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa de Valores como Cemex, Grupo Carso, Vitro, entre otras, anunciaron que en los últimos 12 meses despidieron a 44 mil 832 de sus empleados. En el mes de agosto el índice de confianza del consumidor disminuyó 9 por ciento, acumulándose con esta cifra 32 meses de caídas consecutivas en la percepción económica de los hogares mexicanos. Según la encuesta del Banco de México sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, la expectativa de crecimiento para 2009 continúa a la baja, previéndose un decrecimiento de 7.19 por ciento. La paradoja de este escenario tan abrumador e incierto para la mayoría de las mexicanas y los mexicanos es que el gobierno federal afirma no haber descuidado en estos tres años la responsabilidad de conducir a México hacia el desarrollo humano sustentable entendido, según el propio informe, como la ampliación de capacidades y libertades para que todos vivamos mejor. Si bien la actual administración ha logrado mantener e incluso asignar mayores recursos a programas para combatir la pobreza y apoyar a los más necesitados, como el Seguro Popular, tal y como se plantea en la Ley de Desarrollo Social, los presupuestos en la materia no pueden ser menores a los del año anterior y en el sentido de que deberá procurarse no afectar el gasto social en caso de una disminución en los recursos disponibles. El actual panorama de crisis, los subejercicios y las medidas de austeridad y recorte presupuestal para 2010 ponen en entredicho la voluntad y la capacidad del Estado mexicano para impulsar la economía y proteger a la población más vulnerable; evidenciando con ello, claramente, la falta de perspectiva y objetivos a corto y largo plazo. La palabra desarrollo implica una evolución, un cambio. Cuando aplicamos este término en materia de definición social, política o económica, el término advierte, por lo mismo, un mejoramiento. El desarrollo económico implica mejores niveles de vida, el desarrollo político implica mejoras en la institucionalidad del país y consensos que superen los intereses particulares a cambio de un beneficio común. En cuanto al desarrollo social, este término implica también un mejoramiento. En ese sentido, la propia página de Internet de la Secretaría de Desarrollo Social señala la creación consistente de prosperidad y equidad mediante el desarrollo de oportunidades con la participación de toda la sociedad. Se tiene equilibrio regional así como bienestar generalizado, proporcional al desempeño de la economía mexicana y su relación con el contexto global. Este contexto presupone lo siguiente: uno, que el desarrollo individual deriva en desarrollo social; dos, para el desarrollo individual se requiere generar oportunidades y desarrollar las capacidades del individuo; tres, el desarrollo social es proporcional al desarrollo de la economía; cuatro, y en conclusión, una economía mala no va coadyuvar, necesariamente, al desarrollo de las capacidades del individuo; o no, por lo menos, desde las oportunidades que genera el gobierno. Ahora bien, para el desarrollo social la secretaría ha implementado diversos programas destinados a combatir la pobreza y generar habilidades en los individuos. Puedo señalar, por ejemplo, el programa Oportunidades, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, entre otros. Estos programas y su filosofía advierten que la prioridad de la secretaría radica en la generación de políticas de combate a la pobreza, protección a grupos vulnerables y desarrollo de habilidades en sectores poblacionales desprotegidos. Esto, para el desarrollo de sus capacidades; es decir, que los programas, efectivamente, tienden a la atención de las metas que persiguen. Ahora bien, tengo en mis manos la iniciativa de Ley de Contribución para el Combate a la Pobreza, remitido por el Ejecutivo federal a través del titular de la Secretaría de Hacienda a esta soberanía para su aprobación y que viene incluido dentro del paquete fiscal de 2010. En este documento se advierte, en su tercera página, que los resultados de los programas son insuficientes; que la cobertura de seguridad social es incompleta y que el gasto en salud es reducido con relación a estándares internacionales. Por ello, continúo el documento. Se solicita al Poder Legislativo apruebe un aumento del 2 por ciento al consumo en general, a fin de combatir la pobreza, manteniendo los programas y fortaleciéndolos a través del aumento en los recursos que percibe. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hemos vivido en México un vaivén de supuestos económicos que van de lo benéfico a lo adverso, pues mientras en la pasada administración se señaló que la cantidad de pobres había disminuido, en este sexenio, en contraparte, se tiene un panorama en el cual los recursos actuales no son suficientes. Siguiendo esta línea de argumentación de la lectura del documento a que me he referido, no está lo suficientemente especificada la cantidad global de beneficiarios de todos los programas, ni de qué manera serán seleccionadas las personas que se beneficiarán con el aumento del 2 por ciento que el Ejecutivo solicita aplicarnos a todos los consumidores dentro de este país. No es mi intención en esta tribuna ocasionar confusión, malentendidos ni aspavientos. Es mi intención la de clarificar las dudas que nos surgen de carácter técnico. Si el Ejecutivo solicita, como acción de gobierno, la de aumentar impuestos para combatir la pobreza, lo lógico es que haya existido un diálogo extenso, entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para calcular montos respecto de lo necesario para extender la cantidad de personas beneficiadas con los programas sociales. Es decir, se advierte que si el secretario de Hacienda solicita recursos para combatir la pobreza, la Secretaría de Desarrollo Social le habrá comunicado cuántos recursos eran necesarios para atenderlos. Las dudas que se presentan entonces son: ¿cómo se determinó la cantidad de recursos necesarios para este aumento del 2 por ciento? ¿Era el único medio viable el aumento del 2 por ciento en el consumo, para cubrir estas necesidades? ¿Se contemplaron alternativas para cumplir estas necesidades? ¿Se descartaron otras opciones para cubrir los montos? ¿Cuál es la metodología que se utilizó para determinar a los beneficiados y la cantidad de ellos que era necesario atender? Creo que éstas resultan ser las preguntas que nos permitirán un primer acercamiento a manera de determinar la viabilidad del 2 por ciento, ya que se trata de un impuesto que afectará a toda la población, y una medida en ese sentido debe tener antes que nada una verdadera aproximación social. Del mismo modo, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, cumplir con nuestras responsabilidades en un mundo que sabemos imperfecto, es la apuesta, es tarea y obligación de todas y todos los que estamos en este Congreso. El desafío de la gobernabilidad en nuestro país es la de consolidar la política y la protección social como componentes imprescindibles para la integración que hagan que el derecho al desarrollo sea una realidad para las personas que hoy viven en situación de pobreza. Tenemos pues una doble tarea. Por un lado, el deber de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de la sociedad mexicana; y por el otro, garantizar que las y los titulares de estos derechos exijan tal respeto, protección y realización. Para Nueva Alianza, aun cuando la erradicación de la pobreza requiere de un incremento de los ingresos de las familias para lo cual los programas deben destinar mayores recursos para crear empleos de calidad, aumentar la capacitación y generar mayores oportunidades de desarrollo y atención de necesidades; también debemos considerar que sin el esfuerzo y la participación activa y responsable de todas las partes involucradas, todos los esfuerzos son inútiles. Por ello, para Nueva Alianza educar y generar conciencia en las familias sobre sus derechos y deberes son condiciones indispensables, y de igual importancia que las que tiene el gobierno federal para lograr el éxito de los distintos programas sociales. Muchas gracias.