EL C. DIP. RAMON LEON MORALES: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: En el estado de Colima se ha cometido una injusticia, pues se ha privado de su libertad a la señora Marra Eugenia Cruz Martínez, una mujer indígena de 65 años de edad, quien por mas de 40 años ha defendido los derechos agrarios del poblado indígena de Xuchitlán. Fue detenida junto con su hijo Pedro Rivera Cruz, acusados de ser los autores intelectuales del homicidio de otro ejidatarios indígena, dirigente también del mismo poblado. La señora Marra Eugenia Cruz, ha sido una incansable luchadora social por los derechos humanos de los suyos; líder histórica en la defensa de la tierra de la zona indígena en que vive; se ha opuesto sistemáticamente a prácticas caciquiles de Iíderes locales que han despojado a los campesinos de sus tierras, lo que le ha valido ser acusada falsamente en varias ocasiones y su familia hostigada por tres décadas, por lo menos. La señora Marra Eugenia Cruz es viuda desde hace 30 años; su familia como la gran mayoría son de muy escasos recursos, por lo que ha solicitado la intervención de legisladores de todos los partidos políticos y de diferentes organismos de derechos humanos nacionales e internacionales quienes han respondido debido a la evidente violación de sus derechos humanos. Para una mayor comprensión de lo expuesto, me permito exponer algunos antecedentes. A 25 kilómetros de la ciudad de Colima, se encuentra un pueblo llamado Suchitlán, ubicado dentro de una zona indígena, que al igual que todas han sido marginadas y explotadas por muchos años. Suchitlán es un ejido, al que le fue dotado de una superficie de 1,755 hectáreas en el año de 1918, a la fecha es uno de los atractivos turísticos del estado por su clima, vegetación y paisaje, lo que ha ocasionado que el valor de la tierra vaya en aumento constante. Lo anterior provocó que durante muchos años, caciques agrupados en una organización campesina y adherida como sector de un partido político, en complicidad con las autoridades ejidales y algunos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, hayan despojado poco a poco de los mejores terrenos a la población. El control político ejercido sobre los indígenas de la zona, se daba a través del señor Vidal Ascensio Cruz, quien durante el tiempo en que fungió como Comisario Ejidal, avaló varias posesiones ilegales de tierra, lo que afectó a sus legítimos posesionarios. Después de su período continuó ejerciendo el poder, pues los integrantes la mesa directiva siempre eran propuestas suyas y avaladas por su organización campesina nacional. Ante lo anterior y desde hace 30 años aproximadamente, varios ejidatarios se manifestaron en contra de que sus compañeros fueran perdiendo sus tierras a causa de las decisiones de la mesa directiva, que obedecían más a intereses de los grupos poderosos que de sus agremiados. Del grupo que se manifestó en contra sobresale la señora María Eugenia Martínez Cruz, quien era media hermana del señor Vidal Ascensio Cruz. El se ñor Vical Ascensio se refugió en el apoyo de su central campesina, la señora María Eugenia en los ejidatarios. El primero continúo afectando a los ejidatarios y con varios más apoyó in condicionalmente a un partido político que hoy gobierna a la entidad. La segunda lo defendía ante las autoridades, y hace unos años junto con otros ejidatarios también, se unieron al Frente Zapatista de Liberación Nacional, pues apoyaban las demandas de los indígenas chiapanecos, que son similares a las de ellos. Las diferencias entre ambos siempre fue por cuestiones de posesión de las tierras, y dentro de las más importantes destaca, el que siendo la señora María Eugenia, secretaria del Comisariado Ejidal, se negó, según consta en el expediente, junto con el presidente y el tesorero a recibir un millón de pesos de aquel entonces de manos de un exdiputado priísta y del señor Manuel Orozco, para que éste último se quedara con las tierras de un ejido, de un ejidatario difunto. Lo que ocasionó que a los pocos días, en una asamblea llena de irregularidades la destituyeran de su cargo, junto con el presidente y el tesorero, nombrándose en su lugar a gente de las confianzas del señor Vidal Ascensio, que por supuesto firmaron el acta en la que el señor Manuel Orozco se quedaba con las tierras, afectándose de esta manera a los familiares herederos y de otros con mayores derechos sobre las mismas. El 20 de noviembre de 1998 el señor Vidal Ascensio Cruz fue encontrado sin vida en su parcela, por lo que la Procuraduría General de Justicia inició las investigaciones correspondientes, habiendo declarado ante la misma más de 25 personas. En un principio la Procuraduría determinó que el ejidatario Filiberto Gamboa era presunto responsable del homicidio, la razón que era amigo de la señora María Eugenia Martínez, y porque en una ocasión lo vieron armado. Sin embargo, a más de un año, se determinó que nada tuvo que ver con el homicidio, por lo que fue puesto en libertad. Pero en el mes de enero del presente año, la Procuraduría determinó que la señora María Eugenia y su hijo Pedro Rivera Cruz, eran los autores intelectuales, el fundamento: las diferencias que se tenían ambos. Y por esa razón desde ese mes se encuentra privada de su libertad en el Centro de Readaptación Social del Estado. Consideraciones. Jurídicamente no existe ninguna base para determinar la presunto responsabilidad de la madre y su hija en la comisión del delito de homicidio, ya que ninguno de los más de 25 testigos, afirma que la señora Eugenia y su hijo, hayan intervenido en la comisión del delito, sin embargo la Procuraduría determinó que ellos eran los responsables y los mandó encarcelar. Políticamente existen motivos de sobra para concluir que a alguien o a algunos les beneficia que la señora María Eugenia y su hijo estén en la cárcel y no afuera defendiendo derechos agrarios y a los ejidatarios indígenas de su pueblo . En el ejido de Zuchitlan, el ejido de Zuchitlán tiene un faltante de más de mil 600 hectáreas, producto de la inejecución de los derechos de los decretos de dotación 402 hectáreas y ampliación de tierras mil 200 hectáreas. Respecto de las 402 hectáreas que en gran parte corresponden a la zona urbana, el gobernador del estado propuso una solución que consistía en que la Comisión Reguladora de la Tierra, organismo público descentralizado federal, pagaría al ejido por ese terreno la cantidad de 250 mil pesos y el ejido se comprometería a aceptar tal cantidad como indemnización y a no hacer ninguna reclamación posterior. El señor Vidal Ascencio Cruz y la señora María Eugenia Martínez, haciendo a un lado sus diferencias coincidieron en no aceptar la citada propuesta, pues se les pagaba a un precio irrisorio, ya que hay gente que ha pagado la hectárea en más de 25 mil pesos y el gobierno propone pagarlo sólo 600 pesos por hectárea. Sin embargo, coincidentemente la propuesta fue aceptada por las autoridades ejidales, una vez que falleció el señor Vidal Ascencio Cruz, por lo que la señora María Eugenia y un numeroso grupo de ejidatarios se opusieron a la firma del convenio. Hoy la señora Eugenia está en la cárcel pagando su osadía. Los caciques y varios funcionarios públicos son los únicos beneficiados de lo anterior, ya que tienen interés en que estas hectáreas dejen de ser del ejido; ahora las dos personas que lidereaban en el ejido ya no están para obstaculizar sus fines. Uno está muerto y la otra en la cárcel, de tal manera que tienen la vía libre para continuar adquiriendo los terrenos y dejar a los campesinos indígenas en la calle. Lo anterior, señores y señoras legisladoras, es un abuso en contra de un pueblo indígena marginado y empobrecido; y lo sucedido a la señora Eugenia Martínez y a su hijo Pedro Rivera, es una violación a los derechos funda mentales del hombre y a la Constitución, pues nadie debe ser preso por cuestiones políticas, por defender lo suyo de manera pacífica y ante las autoridades. Los ejidatarios de Zuchitlán, organizaciones campesinas de derechos humanos del estado y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, exigimos su inmediata libertad. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito integrante del grupo parlamentario del PRD, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: UNICO. Que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, examine las constancias que integran el expediente que como anexo se acompaña, con el objeto de que emita una opinión dentro del plazo establecido en la reglamentación interna del Congreso sobre la violación a los derechos humanos de la señora María Eugenia Cruz Martínez y de su hijo Pedro Rivera Cruz y proceda, en el ámbito de sus atribuciones a realizar las acciones correspondientes. Muchas gracias. LA C. PRESIDENTA. Gracias, señor diputado. Para referirse al mismo tema ha pedido hacer uso de la palabra el diputado Roberto Preciado Cuevas del Partido Revolucionario Institucional y tiene la palabra hasta por cinco minutos. EL C. DIPUTADO ROBERTO PRECIADO CUEVAS. Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados. El punto de acuerdo que ha propuesto mi compañero Ramón León Morales, diputado por mí mismo estado y él por el Partido de la Revolución Democrática, quiere decir que en un ambiente de coincidencia hemos manifestado en una plática que hemos sostenido en que cualquier asunto que se ventile y en donde exista la duda vale más llegar a la indagación, que podamos hacer una ampliación de algo que no está plenamente sustentado. Por ello, yo le propongo aquí en el pleno de la tribuna de la Cámara de Diputados, que efectivamente se haga una indagatoria referente a los asuntos que se suscitaron con la muerte de Vidal Ascencio; que hubo una pequeña omisión de parte de mi compañero diputado Romolio Morales, de decir que él también era indígena y que por cierto, era el jefe virtual de todos los indígenas de esa comunidad de Suchitlán y que fue victimado con dos balazos, uno que le desprendió el brazo y un pulmón y estando hincado lo ultimaron con un balazo deshaciéndole la cabeza. En la detención que se logra de parte de una persona de nombre Isidro y que aquí voy a dejar los testimonios en donde hace referencia al expediente y a la declaratoria del propio victimario, en donde dice que él fue contratado y al mismo tiempo se le proporcionó una escopeta y una pistola, por parte de la señora María Eugenia, que de esa forma siendo también media hermana, no llevó a cabo precisamente un acto de buena fe. El se declara precisamente contratado para victimar a Vidal Ascencio. Vidal Ascencio era el jefe de los indígenas y reconocido como una persona de provecho, una persona a la cual todo mundo respetaba en esa comunidad y por diferencias efectivamente, de tenencia de la tierra y que hay otra situación que quiero dejar aclarada: no es una cuestión de negocio que se esté realizando en esa comunidad de Suchitlán, sino que por el contrario hay una resolución ejecutada, compañero Romolio Morales, en donde no existe tal conflicto y que le puedo proporcionar si gusta, lo que le estoy refiriendo en este momento para mayor información y que de esta manera pueda terminarse con una especulación que se pueda dar, de un grado mayor. El asunto de Colima fue que victimaron un indígena y están presos otros dos indígenas, pero hubo una muerte de un indígena. Con permiso, muchas gracias. VICEPRESIDENTA MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Muchas gracias señor diputado. Esta presidencia pregunta respetuosamente al señor diputado Ramón León Morales, si el turno estaría de acuerdo en que lo hiciera al Comité de Información, Gestoría y Quejas, ya que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, no tiene funciones de investigación. Sería más adecuado el turno a esa comisión, si está de acuerdo. DIP. RAMON LEON MORALES (desde la curul) Sí estoy de acuerdo. De nuevo solicito la palabra para hechos. C. VICEPRESIDENTA: Por lo tanto, queda turnada al Comité de Información, Gestoría y Quejas. Tiene la palabra para hechos el señor diputado Ramón León Morales, hasta por 5 minutos. DIP. RAMON LEON MORALES: Sobre este caso han declarado alrededor de 25 testigos. Y hay una declaración del propio inculpado como el asesino de este indígena, que por cierto señor diputado, sí menciono en mi escrito que es indígena. En una primera declaración del inculpado del asesinato, efectivamente afirma de que recibió armas por parte de la señor María Eugenia. Voy a dar lectura a una declaración posterior que no se ha tomado en cuenta por parte de la Procuraduría, no se ha tomado en cuenta por parte de las autoridades competentes para liberar a la compañera. Es la declaración del procesa Isidro Pérez Juárez: "Resultó por su parte que el procesado Isidro Pérez Juárez, quien manifiesta: Quiero aclarar que no estoy de acuerdo con mi declaración ministerial porque a mí me presionaron para declarar, y esto lo hizo el comandante de la policía preventiva de Armería. Además de que yo no conozco a mi careada Eugenia Cruz Martínez, hasta ahorita que la veo. "Y en cuanto a mi declaración pesparatoria tampoco estoy de acuerdo porque ese día todavía no sabía qué terreno pisaba, es decir, si también la gente del comandante que me presionaba, que también incluso en la policía judicial pregunté por la señora y los demás coacusados y ahí me dijeron que ellos ya se habían ido pero para el otro mundo y que por eso yo tuve miedo. Siendo todo lo que tengo que decir. " Esto es lo que declaró, es decir, la Procuraduría, el juez correspondiente está diciendo que su declaración preliminar inculpa a la señora. Aquí hay una declaración en el careo, en donde él niega y alega presiones precisamente para inculparla. Efectivamente nos duele mucho que un indígena de Suchitlán haya sido asesinado y exigimos se investigue hasta las últimas consecuencias para dar con los asesinos. Pero también estamos plenamente convencidos de que dos indígenas más están en este momento injustamente encarcelados y que hay elementos para poder decir que solamente una acusación, que fue sacada por presiones, según la declaración posterior del inculpado. En ese sentido, ratificamos la postura de los diputados del Partido de la Revolución Democrática de que se libere inmediatamente a los dos indígenas injustamente encarcelados en el estado de Colima. Muchas gracias. EL C. DIPUTADO ROBERTO PRECIADO CUEVAS (desde la curul) (Solicita la palabra para alusiones personales)