El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Ya ven, es un tema tan importante que nos peleamos para tomar la palabra en torno al tema. Muy bien. Diputado presidente, con su venia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, se dice que la transparencia es la palabra de la década, que se cita millones de veces en discursos, entrevistas, proclamas, declaraciones, desplegados, reclamos ciudadanos, artículos académicos. Está en boca del periodista, del legislador, del opositor, del ciudadano inconforme. Y resulta que contradice a la transparencia nuestra propia Constitución. No deja de sorprender que un país que promueve, entre otros, el derecho a la información, mantenga vigente en su ley suprema el oscuro concepto partida secreta. Partida secreta dije, nomás que lo dije así como en secretito pa que vaya siendo congruente. Cuando pensábamos que realmente habíamos avanzado con la promulgación de la primera Ley de Transparencia, cuando se creó un órgano garante de ese derecho y cuando todavía más allá, fuimos más allá todavía al proteger los datos personales en posesión de particulares, e incluso cuando modificamos el artículo 6o constitucional para sentar las bases del derecho a la información en todo el país e impedir que leyes obsoletas en algunos estados no fueran impidiendo el avance a la transparencia, sí, pensábamos que todos estos avances serían una herramienta eficaz para combatir la corrupción y la impunidad para empoderar al ciudadano y que este pudiera fiscalizar a sus gobiernos, tanto los municipales o estatales, hasta el federal y exigir el correcto uso de los recursos públicos. Y sí, fueron pasos muy importantes que incluso inspiraron a otros países a sumarse a la tendencia de gobiernos abiertos, siguiendo incluso el modelo mexicano. Por eso resulta vergonzoso que en nuestra Carta Magna existan conceptos retrógrados que atentan contra el principio de máxima publicidad en el que descansa el derecho de acceso a la información. Tan solo en el sexenio pasado, de 2013 a 2016 el gasto confidencial y opaco de la llamada partida secreta 33 mil 701, representó un gasto total de 40 mil 545 millones de pesos, a pesar de que la Cámara de Diputados en el uso de sus facultades presupuestarias le había destinado solamente 2 mil 915 millones, lo que significa un aumento presupuestal discrecional, sin justificación ni reporte de mil 291 por ciento en términos nominales. No sobra decir que la propia Auditoría Superior de la Federación señala en sus revisiones que esos recursos se usan sin que cumplan con las premisas de urgencia, riesgo y confidencialidad extrema, que indica la definición proporcionada por la Secretaría de Hacienda y que en ningún caso se detalla el destino de las compras o el uso específico de esos recursos millonarios. Las partidas secretas permiten más bien a gobiernos autoritarios, a dictaduras, en donde los ciudadanos no tienen derecho a saber cómo es utilizado cada centavo que aportan a la hacienda pública para lograr un Estado de bienestar, y los diputados ciudadanos tenemos la convicción de impedir por las vías democráticas ese retroceso que asoma en los gobiernos a la voluntad de un solo hombre. Ni las dictaduras del pasado ni las dictaduras de un solo hombre. Tenemos que seguir adelante con la ampliación de los derechos ciudadanos, para que todos los ciudadanos sepamos realmente en qué se gasta cada peso y en que finalmente funciona. Por el contrario y precisamente porque sabemos que el acceso a la información es una herramienta que tiene importantes implicaciones en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y en la autodeterminación individual y colectiva, defenderemos la supremacía de los derechos. La transparencia tiene claramente una naturaleza instrumental para el ejercicio de otros derechos. Es decir, que su ejercicio pleno es a su vez garantía para la realización de otros derechos. Así lo ha reconocido el sistema interamericano, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico Social de la ONU y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Y es que el derecho de acceso a la información ha ido evolucionando, la información exigible, no solamente debe limitarse a las generalidades sobre la gestión de los recursos públicos del Estado, sino también a la información específica y útil para facilitar la toma de decisiones por parte de los ciudadanos en materia de educación, salud, seguridad, actividades económicas y políticas, entre otras. En ese sentido, es posible afirmar que la discusión sobre la materia se está dirigiendo desde la transparencia de una primera generación hacia una segunda generación. Nuestras leyes no son perfectas, desde luego, por eso tenemos que ajustarlas a la realidad de los tiempos en que vivimos, y en este caso es imperativo que pongamos el derecho a saber por encima de los obstáculos que nos hacen de opaca y difícil información. En este sentido, Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor del presente dictamen, para eliminar la partida secreta a la que se refiere el artículo 74 constitucional. Pero también propone que en adelante los avances contra la opacidad y a favor del derecho de acceso a la información, materialicen esa segunda generación de derecho denominada transparencia focalizada que logrará eventualmente que la información ayude a tomar mejores decisiones de la vida cotidiana, incentive la competencia más sana y más equitativa de los ámbitos económico, financiero, empresarial, social, laboral, académico y deportivo, entre otros, y sirva para tomar decisiones de inversión, preparación de mercados futuros, elaboración de planes de emergencia y hasta para salvar vidas. No podemos permitir regresiones de ningún tipo, los mexicanos no merecemos más gobiernos autoritarios...