La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores. El pasado domingo 6 de septiembre, el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entregaron a las autoridades mexicanas, el informe de sus trabajos de investigación realizados durante más de seis meses, en torno al caso de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que están desaparecidos, así como 3 estudiantes asesinados el 26 de septiembre del año pasado. El informe consta de una introducción, seis apartados y un anexo, todo esto en más de 500 páginas y sus conclusiones son contundentes. En este sentido, la verdad histórica, expuesta por el entonces procurador Murillo Karam, ha resultado ser un engaño, un fraude, una mentira histórica, que deja enormes lagunas respecto al paradero de los estudiantes desaparecidos, pero también un gran deterioro de las instituciones encargadas de impartir y procurar justicia, y por supuesto del gobierno de Peña Nieto. La desaparición de los 43 normalistas, y el asesinato de tres de ellos, rebasó en mucho los límites de un conflicto político, municipal o estatal, para convertirse en un tema nacional e incluso internacional. En muchas de las principales ciudades del país se han realizado movilizaciones de protesta, indignación, que exigen la presentación de los hoy desaparecidos y estas expresiones se han hecho también en varias ciudades del mundo. Es indudable que el gobierno mexicano no ha actuado en la línea de resolver el conflicto, sino simplemente de administrarlo. Bajo la perspectiva, que con el paso del tiempo y la difusión de una versión increíble de los hechos, disminuiría la indignación social nacional e internacional. A casi 12 meses de la masacre de Iguala, se ha demostrado que la política del gobierno de Peña Nieto ha sido profundamente equivocada. Pretendiendo siempre presentarse como una persona al margen del conflicto, el presidente Peña Nieto ha declarado su dolor e indignación, sin entender que sus palabras tienen escasa credibilidad entre las mexicanas y mexicanos y en la opinión pública internacional, alimentando las sospechas de la desaparición forzada y del crimen de Estado. Esta actitud gubernamental ha sido acompañada de un constante engaño a las familias de los desaparecidos, quienes han tenido que soportar el dolor por la desaparición de sus hijos y el desdén, desatención e incumplimiento de la promesa presidencia. Acción Nacional reitera su condena al hecho y la consternación que nos provoca los resultados presentados por el grupo de expertos independientes, ya que este documento pone al descubierto la profunda corrupción e impunidad que imperan en el sistema de procuración de justicia de nuestro país. En México tenemos un gobierno que pregona haber llegado a conclusiones ciertas y objetivas, cuando las pruebas científicas apuntan a que son falsas mostrándose así como un gobierno que usa la mentira y el engaño para encubrir asesinatos y desapariciones forzadas. A casi un años de los hechos, ni se ha encontrado a los estudiantes ni se ha encontrado la verdad, pero eso sí, este gobierno ha sido incapaz de afrontar la violencia política y social. Acción Nacional quiere subrayar aquí algunas de las contradicciones existentes entre el informe del grupo especializado y la versión oficial construida por el gobierno de Peña Nieto. Un punto central es el referente a la pira te fuego en donde supuestamente fueron quemados los 43 estudiantes normalistas. La Procuraduría General de la República sostuvo en diversas ocasiones que los cuerpos de los jóvenes habían sido incinerados en el basurero municipal de Cocula. En contraposición a esta afirmación, el informe de la comisión afirma textualmente que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014. A los panistas nos indigna que el modelo de combate a la violencia de este gobierno sea la manipulación, el maquillaje y la mentira. Según la verdad histórica de la PGR, los policías de Iguala detuvieron a los 43 normalistas en la calle Juan N. Álvarez y luego los entregaron a policías municipales de Cocula, quienes a su vez los entregaron a una célula de cartel conocido como: Gorreros Unidos. Basándose en declaraciones y peritajes realizados por su propio personal, la PGR concluyó que esta célula de sicarios trasladó a los normalistas hasta el basurero municipal de Cocula, donde los asesinaros e incineraron hasta convertirlos en cenizas en un lapso de 16 horas. Según la PGR esta combustión a mil 600 grados, se logró con 15 llantas, ramas y botellas de plástico que los homicidas recogieron de la basura. Sin embargo el grupo de expertos realizó su propio peritaje, para lo cual invitó al doctor José Torero, experto en materia de fuego y seguridad, acreditado por las universidades de Berkeley, de Edimburgo, de Queensland, y reconocido por esta experiencia por la Royal Society, de Escocia; y sus conclusiones fueron contundentes. Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Los expertos indicaron que la evidencia recolectada hasta el momento, no permite inferir mayores conclusiones acerca de los presuntos eventos ocurridos el 27 de septiembre o su correlación con las hipótesis establecidas con base en testimonios. La lista de pruebas que exhibe el grupo de expertos para refutar la versión de la PGR es larga. En primera instancia los peritajes del doctor Torero demuestran que para reducir a cenizas a 43 cuerpos estando al aire libre, habrían sido requeridas no 15 llantas y algunas ramas, sino 30 mil 100 kilos de madera y 13 mil 300 kilos de neumáticos. Además, aun si hubiera sido posible reunir todo este material para incinerar a los 43 cuerpos, la pira debería haber permanecido ardiendo alrededor de 60 horas, y no 16, como asegura PGR. Siguiendo el informe del grupo especializado, la investigación de la PGR en torno a la desaparición de los normalistas contiene graves irregularidades, y por esto sostenemos que deben ser revisadas con detenimiento y en su caso rectificarse. Y sin lugar a dudas deben sancionarse a los funcionarios responsables ya sea por omisión, por comisión, por incompetencia profesional o por complicidad política o delincuencial. Para Acción Nacional sólo hay dos posibilidades: o una aprobada falta de capacidad de quien llevó a cabo la investigación; o lo que sería aún peor, un encubrimiento de los hechos ocurridos, de ser cierto lo informado por el grupo de especialistas. Entonces esto sería algo muy delicado en donde tiene que haber responsables. Recientemente el presidente de la República declaró que él era el primer interesado en dejar claro lo que ocurrió en Ayotzinapa. Creemos que hace meses, muchos meses, esto debió habérselo exigido a su procurador y a su propio equipo de gobierno. Señor presidente, la responsabilidad política no se asume con declaraciones de coyuntura, y los problemas de seguridad tampoco se resolverán con nombramiento como pago de favores políticos, como es el que ayer se hizo y se dio a conocer en la persona de Arturo Escobar, líder del Partido Verde Ecologista de México, como subsecretario de Prevención del Delito, tema que desconoce absolutamente; es una falta de respeto a los mexicanos. De lo anterior se desprende que la versión de la PGR es un mito genial. Es el argumento de un gobierno que emplea la mitomanía para evadir la responsabilidad y que engaña compulsivamente en lo político, en lo económico y en todo lo que puede...