El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias, diputada Presidenta. Diputada Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados: el suscrito, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior de este Congreso General, se permite someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente Exposición de Motivos Como sabemos, el pasado 22 de diciembre del año 2004, la paraestatal Petróleos Mexicanos derramó más de 5 mil barriles de hidrocarburo al cauce del río Coatzacoalcos, del estado de Veracruz, ocasionando daños ambientales, sociales y económicos en la región. Posteriormente, el día 24 del mes de enero del año 2005, se produjo otra fuga de nafta, gasolina ligera, en el río Aguadulcita, o Agua Dulce, derivado de la ruptura de un gasolinoducto de 12 pulgadas de diámetro. Consecuentemente, en ambos casos se propició por parte de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente la aplicación del artículo 175 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que establece las multas correspondientes a Pemex como infractor responsable de los daños señalados con anterioridad, cuyo fin es implementar el desarrollo de programas de inspección y vigilancia. Dichos recursos regularmente no se aplican en las zonas afectadas como debería ser en un ejercicio lógico del gasto público. Sin embargo, hasta el día de hoy las consecuencias de estos lamentables accidentes continúan; los trabajos de limpieza y saneamiento de nuestras playas se realizan de forma deficiente y con mucho retraso. Además, es palpable el deterioro en nuestra flora y fauna, como lo han dado a conocer organizaciones ecologistas no gubernamentales en los principales medios de comunicación tanto a nivel estatal como nacional. Aunado a ello, muchas familias de escasos recursos, como es el caso de pescadores, permisionarios y libres, así como de prestadores de servicios, hoteleros y restauranteros, han visto mermados sus ingresos por estos desastres ecológicos. Aplicando el marco jurídico vigente a esta situación, las medidas estipuladas resultan insuficientes y, sobre todo, poco oportunas para la pronta solución de esta problemática. Estamos conscientes de que están en marcha el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación y las investigaciones pertinentes de las causas del accidente. No obstante, es indispensable sentar las bases para que contingencias de este tipo no se vuelvan a presentar. Como legisladores, ante estos hechos debemos exigir e impulsar trabajos de restauración ecológica y de gestión integral de las zonas afectadas por estos desastres ecológicos con miras de largo plazo. Es un imperativo garantizar la voluntad política de las partes involucradas a fin de que esto sea viable de forma inmediata. Por ello se propone una reforma del artículo 175 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que si bien es cierto que el artículo establece que el dinero de las multas que se genere por daños ecológicos sea destinado a programas de inspección y vigilancia, también es necesario que estos programas se canalicen directamente a la restauración de las zonas afectadas, en coordinación con el municipio correspondiente, pues así el compromiso de los responsables se cumple al restituir aún más los daños ocasionados dentro de la misma localidad. Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del Pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto Único. Se reforma el artículo 175 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: Artículo 175 Bis. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones de lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella deriven, así como los que se obtengan del remate en subasta pública por la venta directa de los bienes decomisados, se destinarán a la integración del fondo para desarrollar programas vinculados con la inspección y vigilancia y restauración de la zona afectada que dio origen a la sanción, en coordinación con el municipio que correspondiere. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Diputada Presidenta: en virtud de las modificaciones del proyecto preliminar a la presente iniciativa de reforma, agradeceré sea publicado el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.