El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: La casa nuca pierde, es la regla dominante en juegos de apuesta y efectivamente los organizadores de negocios de apuestas nunca pierden, en muchos casos se emergen con protección gubernamental, son negocios que despelucan, que dejan en la ruina a personas y familias. Resulta que en el proyecto que se propone se establecen como medios de regularidad o control legal los procedimientos de reclamación y el administrativo sancionador, medios de control legal que son insuficientes e inoperantes para una ley de orden público e interés social. En la exposición de motivos y en el contenido normativo se evita atender el problema social, económico fiscal y de salud que representan las más de 300 mil máquinas tragamonedas instaladas en forma legal e ilegal en farmacias, tlapalerías y tiendas de menudeo. Por otra parte, el procedimiento de registro, de permisos, homologación y certificación, no se consideran las tecnologías de información y comunicación para un control estricto de juegos y sorteos en casinos y máquinas de juego de destreza y tragamonedas. Con la tecnología desarrollada en la UNAM, en el Poli y la empresa Normalización y Certificación Electrónica, AC, quienes han establecido las bases para la norma mexicana para el control electrónico en juegos y sorteos, se puede garantizar y controlar al momento, tanto por la autoridad reguladora del sector como de la Secretaría de Hacienda, el ingreso y resultado de operaciones en máquinas de juegos y sorteos. Esto es, existe la tecnología para el control y transparencia al momento de este jugoso negocio. Luego hablaré de la propuesta del dichoso Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, pero para ahorita es la misma gata nada más que revolcada y cada vez peor. En resumen, por qué, porque la estructura responsable de los permisos sigue siendo la Secretaría de Gobernación, en términos reales no se modifican las atribuciones de la autoridad que los gobiernos anteriores del PRI y del PAN y el actual se han beneficiado con este lucrativo negocio, al otorgar licencias a permisionarios cuyas relaciones pueden identificarse plenamente con los partidos y políticos de esos partidos políticos. Ya se ha citado aquí el caso del Hipódromo de Agua Caliente, del priísta y zar del juego, Jorge Hank Rhon, cuya licencia permite abrir un número ilimitado de casinos, siendo única en su clase. Así como los casinos autorizados a empresarios identificables con el partido de Acción Nacional, como el zar de los casinos, Juan José Rojas Cardona, propietario de Entretenimiento de México y socio del grupo español Codere. De igual forma, se encuentran autorizaciones vinculadas al Partido Verde Ecologista y al duopolio televisivo Televisa y Televisión Azteca. La estructura de la ley y las disposiciones transitorias dejan intocado el imperio de casinos autorizados, regularizando su funcionamiento a través de permisos individuales y dando margen para que con las autorizaciones otorgadas a la fecha puedan expandir sus centros de juegos y apuestas. Los zares del juego y el lavado de dinero quedan intocados. Para preservar la autonomía del poder político y económico del país, los responsables del Instituto que se propone no deberían de ser nombrados por el presidente a través del secretario de Gobernación en función de cuotas partidistas o intereses políticos. Para los federalistas debería de llamar la atención que en este jugoso negocio se excluye la participación de los gobiernos estatales y municipales, no sólo en el control de la legalidad de la actividad, sino en el regreso de las tasaciones de ley. Ahorita, presidente, culmino. La gestión y la supervisión de la industria deben corresponder a la sociedad civil, debe ponderarse la participación de los rectores, académicos, periodistas, organismos civiles auténticos y reconocidos para hacer posibles juegos y apuestas estrictamente controlados, que atiendan verdaderamente intereses sociales y no al lucro de los zares del juego que corrompen a las instancias del gobierno federal, estatales y municipales, probablemente esta misma Cámara de Diputados. La organización de una consulta ciudadana para legislar correctamente el tema daría la legitimidad frente a los poderosos grupos que la usurpan. He culminado, nada más quiero señalarle, presidente, que cuando hablan los que favorecen esta normatividad no les dice usted nada...