La diputada Miroslava Carrillo Martínez: Gracias, presidente. Buen día, legisladoras y legisladores. Expongo a este pleno el dictamen conjunto con proyecto de decreto que modifica los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato. La mayor motivación de este dictamen es la pluralidad e interés que se ha manifestado a favor del tema. Se integra por una decena de iniciativas presentadas por legisladores de los grupos parlamentarios del PRI, del PT, Movimiento Ciudadano y Morena, que fueron sometidas a discusión y que son coincidentes en su núcleo esencial con la revocación de mandato y la consulta popular. Desde la perspectiva y estudio de los asuntos legislativos considerados en el proceso de análisis, se deja constancia que los proponentes y sus grupos parlamentarios están de acuerdo en impulsar mecanismos participativos para fortalecer la democracia directa, la rendición de cuentas, la evaluación del desempeño institucional y el control del poder político desde la ciudadanía. En dichas propuestas se asume que la consulta popular y la revocación de mandato impactan positivamente en la cultura política mexicana, en el desarrollo de las libertades democráticas y la participación de la sociedad en las acciones públicas y en las instituciones del Estado mexicano. En la mayoría de los asuntos legislativos del dictamen que se presenta se fortalecen otros principios fundamentales de nuestra historia constitucional como es el de soberanía, expresado en el artículo 39 de nuestra Constitución que instituye lo siguiente: Cito. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Este principio que nace en el constitucionalismo gaditano de 1812, que recoge la Constitución de Apatzingán y que siguió vigente a pesar de la imposición centralista, retoma nuevos bríos en nuestra Constitución de 1857 y se consolida en el Constituyente de Querétaro. La consulta popular y la revocación de mandato son herederos de esta tradición de desarrollo político. En el mismo sentido durante el estudio que realizó la Comisión de Puntos Constitucionales detectó que las diferentes propuestas con las que se construyó el dictamen, buscan estimular la gobernanza democrática, el ejercicio de poder político bajo la participación y el control de los ciudadanos en la toma de decisiones, con lo que se legitima y vigoriza la capacidad de las instituciones. Dicho fortalecimiento, porque la consulta popular y la revocación de mandato tiene la finalidad de inhibir la tendencia abusiva, unilateral o arbitraria de quien ejerce el poder público. Estos instrumentos son propios de democracias modernas en las que se contempla a la democracia representativa con instrumentos de participación ciudadana. El funcionamiento de estos instrumentos dependerá en gran medida del diseño y puesta en marcha de una ley secundaria que organiza y garantice los derechos de participación de manera equitativa y con la mayor cobertura posible, en el que se incremente gradualmente el universo de votantes con la utilización de las nuevas tecnologías. Así, de aprobarse este dictamen, el ejercicio participativo de la sociedad mexicana se impulsaría y el ejercicio del poder público se encaminaría a su puntual y fiel cumplimiento. La consulta popular con carácter revocatorio será la herramienta del pueblo para evaluar, y el ejercicio de evaluar y, en su caso, cambiar a gobernantes, aquellos que desde el poder del Estado no cumplieron con su mandato constitucional. En el derecho comparado se encuentran ejemplos de diversos procesos de conducta revocatoria de mandato, por decir solo algunos, este se realiza en 14 entidades federativas, actualmente cinco países latinoamericanos y más de 20 ciudades de los Estados Unidos de América. La Comisión de Puntos Constitucionales, durante el proceso de dictaminación ha concluido y ponderado que la revocación de mandato y la consulta popular, además de ser una modalidad de la democracia directa, con parte del fortalecimiento de los derechos políticos de las y los mexicanos independientemente del lugar donde se encuentren. Por lo tanto, esta comisión ha considerado resolver en positivo el dictamen conjunto que se comenta que incluye las 10 iniciativas en estudio de diputados proponentes integrantes de varios grupos parlamentarios, como ha quedado expresado. Considero importante que se fortalezca el texto constitucional actual la figura de consulta popular, y se integre la revocación de mandato para permitir la destitución de aquellos servidores públicos que hayan incumplido con sus obligaciones frente a la sociedad, como ha queda asentado. De igual manera, la comisión perfeccionó la puesta en marcha de la consulta popular para distintos temas gubernamentales en las que se considere prudente realizar procesos que requieran o exijan la participación de las y los ciudadanos, sobre todo en aquellos casos en lo que serán impactados por las decisiones del poder público del Estado. Vale la pena aclarar que en caso de la consulta popular no se busca sustituir a la democracia representativa ni el mandato que tienen los poderes constituidos del Estado tanto de manera directa como indirecta, porque se considera a este tipo de consulta como un elemento incisivo que fortalece a las decisiones públicas. En ello entendemos la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado. Para el caso de la revocación de mandato del gobernante, se busca incentivar el cumplimiento del servicio público de manera tal que si no lo hace, la ciudadanía tiene la posibilidad de buscar su sustitución. Esto, desde la perspectiva de Comisión de Puntos Constitucionales, alienta prevenir el daño a las instituciones sobre la base del cumplimiento del servicio público. En ello entendemos que la revocación de mandato es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir, por medio de una votación, a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido, abre la posibilidad a la ciudadanía para que una vez satisfechos los requisitos correspondientes, someta a consulta del cuerpo electoral la remoción de un funcionario electo antes de que venza el plazo para el que fue designado. Ambos instrumentos, como se ha dicho, le dan la oportunidad a la participación ciudadana para fortalecer la soberanía y los derechos de participación política, en el marco de los instrumentos internacionales, asimismo para regular los órganos estatales de poder, en aras de consolidar un gobierno moderno, democrático, estable y equilibrado en su ejercicio. Este nuevo modelo de participación ciudadana impide, entre otras cosas, poner a consulta popular los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las garantías para su protección, también las bases y las tasas impositivas, los montos de financiamiento público y el Presupuesto de Egresos de la Federación, permite consultas populares con menores requisitos y mayor factibilidad por parte de los interesados. En el mismo sentido extiende al ciudadano el derecho a participar en consultas con carácter de revocación del mandato, lo que no se encuentra actualmente en nuestra normatividad vigente. Mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, al resolver sobre la constitucionalidad de la materia de consulta, interpretara las disposiciones constitucionales conforme a lo que resulte más favorable al derecho ciudadano, es decir, se aplica el principio propersona que se dicta en el artículo 1o. constitucional. Actualmente la Constitución establece que, a petición de un número de ciudadanos del 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, alrededor de 1 millón 800 mil firmas se realice una consulta, lo que resulta sumamente complicado. Ahora dispone que se solicite con el 1 por ciento con la finalidad de hacerlo más viable. Establece la posibilidad de aceptar propuestas para que las consultas populares se lleven a cabo en las fechas que así marquen las convocatorias y flexibiliza su realización. Por otro lado, fortalece el ámbito de derechos a la participación política, pues ahora se podrá votar en los procesos revocatorios el mandato del presidente de la República. Se define además que los procesos de revocación del mandato del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tienen como objetivo que la ciudadanía decida la permanencia del titular del Poder Ejecutivo y se realizarán en los tres primeros años del mandato de este. Estos procesos de revocación serán convocados por el Congreso de la Unión a petición del propio presidente de la República o por el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión. Ambos supuestos de solicitud deberán ser aprobados por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión. También serán solicitados por ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores en los términos que determine la ley y la votación se realizará el mismo día de la jornada electoral federal en la que solo se elijan diputados federales. Este modelo considera que la revocación del mandato será vinculante siempre y cuando se dé por mayoría absoluta de los votos depositados en las urnas y que hayan ocurrido a votar al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. También remite en el sistema de medios de impugnación nuevas disposiciones. Establece que cuando sea determinada la revocación por el Instituto Nacional Electoral, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene el derecho a impugnar dicha declaratoria en un plazo de 30 días naturales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si no procede o no impugna, este cesará en sus funciones en un plazo improrrogable de 60 días. Faculta al Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito de sus atribuciones participe en los procesos de consulta popular y de revocación de mandato a través de convenios en la medida de que dichas entidades federativas así se lo soliciten. También se faculta al Congreso federal para que legisle en esta materia de consulta revocatoria y popular. Para el caso local establece que las constituciones estatales podrán establecer que se realice el proceso de revocación del mandato del gobernador o gobernadora del estado, o de la Ciudad de México, el cual es de carácter democrático y tiene por objeto que la ciudadanía decida sobre la permanencia de la o del mandatario en su encargo. Este proceso revocatorio se llevará a cabo durante el tercer año del período para el cual fue elegido. Se aclara que durante el período constitucional de gobierno solo podrá realizarse un proceso de revocación de mandato, y que la legislación electoral local establecerá los procedimientos de conformidad con la Constitución federal. Se trata de establecer mecanismos para que los servidores públicos se apeguen a las leyes y a la observancia de la sociedad, incentivar un buen gobierno que acata la premisa de servir a la ciudadanía bajo el principio de bienestar común. En pocas palabras, pasar del desengaño a la confianza en el poder público. De igual manera, fortalecer las condiciones para que los procesos político-participativos favorezcan la gobernabilidad y gobernanza democrática y participativa. Todo ello para promover el cumplimiento del servicio público acompañado de la ciudadanía y para vigorizar a la democracia representativa. Diputadas y diputados, por lo anteriormente expuesto y fundado los invito a ser parte de este cambio democrático, de este nuevo horizonte de fortalecimiento institucional de nueva democracia participativa. De este nuevo momento histórico en el que las y los ciudadanos fortalecerán el ejercicio del poder público. Los invito a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias.