El diputado Carlos Rojas Gutiérrez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, cada vez resulta más urgente que las acciones y programas para enfrentar los problemas económicos muestren ya resultados concretos. México ha vivido diversas crisis económicas, las cuales ha logrado remontar esencialmente por el trabajo, capacidad y talento de millones de mexicanos, quienes han realizado enormes esfuerzos para recuperar y mejorar sus condiciones de vida. Hoy, la economía nacional enfrenta nuevas adversidades que representan un importante obstáculo para el desarrollo y amenazan con convertirse en un nuevo retroceso para la sociedad. Las circunstancias en las que ocurre la primera crisis del siglo XXI son drásticamente distintas a otras que ha padecido el país. En esta ocasión, se trata de un fenómeno económico de alcance mundial provocado, en gran medida, por el fracaso contundente de las tesis neoliberales que impusieron las políticas económicas en al menos las últimas dos décadas. Los alcances y la profundidad de la actual crisis todavía son impredecibles. Estamos ante un fenómeno inédito en el mundo. Al inicio de esta difícil etapa ? recuerden ustedes? hubo quien pretendió minimizar los efectos de lo que otros advertían que se trataba de un problema mayor. Algunos más, incluso, llegaron a celebrar porque el estallido del sistema financiero, sobre todo en la economía más poderosa del planeta, ponía de manifiesto el fracaso del modelo neoliberal. Quizás todos hayan tenido algo de razón en su momento, pero lo cierto es que nadie actuó con oportunidad y auténtico sentido de la responsabilidad. En México se ha dado una especie de impasse, como esperando que las decisiones y acciones tomadas en el exterior arreglen, como por arte de magia, nuestros problemas. Sin embargo, la hipótesis de que así como la crisis vino de fuera, la solución también vendrá de otra parte; no ocurre ni ocurrirá. Al paso de unos cuantos meses, la situación empeora. Ahora, nadie, hasta los más optimistas que opinaban que sólo enfrentábamos algo pasajero, habla de que se trata de un fenómeno extraordinario que tendrá graves consecuencias. Y para advertir estos efectos catastróficos, no hace falta ni ser experto ni agorero de la desgracia, ya lo han dicho las propias autoridades, los representantes y directivos de las empresas y, sobre todo, lo percibimos todos los mexicanos. Es indispensable sustituir el actual modelo económico y construir uno nuevo. Pero, en lo que eso sucede, nosotros no podemos permanecer estáticos, esperando a que alguien nos diga qué hacer. La situación en diversas regiones del país es dramática. Se han perdido cientos de miles de empleos en los últimos seis meses. La inflación vuelve a reaparecer, el tipo de cambio está descontrolado y se nos diluyen como agua entre los dedos las reservas del Banco de México. Todo indica que al disminuir el ya de por sí raquítico crecimiento económico que teníamos, las desigualdades se profundizarán. Por ello, nosotros no podemos seguir esperando. El Congreso tiene que asumir su responsabilidad, no podemos ser omisos ante la gravedad de la situación nacional. Junto con el gobierno, los estados, los municipios, todos debemos actuar de inmediato. Necesitamos responder ante una circunstancia muy compleja y poner todo nuestro compromiso y capacidad para ayudar a superar obstáculos que ya está visto que el mercado por sí mismo, no podrá salvar. Nuestra obligación es darle la máxima certidumbre a la economía en momentos tan convulsos. De eso se trata esta iniciativa, lo que buscamos es darle instrumentos jurídicos al Ejecutivo federal para que pueda agilizar el gasto, pero no cualquier tipo de gasto, sino aquel que incida especialmente en la inversión. Lo que proponemos tiene un doble propósito: por un lado, facilitar el gasto para generar empleos y compensar, en la medida de lo posible, la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, y por otro lado, buscamos que los recursos se inviertan en proyectos que tengan un efecto duradero en el desarrollo nacional. Se trata de una iniciativa que crea una ley temporal, para incidir sólo en aquellas acciones de gobierno que tienen un mayor impacto en el empleo. Actualmente, hay que reconocerlo, algunas normas jurídicas contenidas en las Leyes de Obras Públicas, de Adquisiciones, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal o de Responsabilidades de los Servidores Públicos, resultan ineficaces para enfrentar con oportunidad los retos que impone la crisis. El ejercicio del gasto, especialmente el de inversión, el que genera una gran cantidad de empleos y una importante derrama económica, es demasiado complicado; es un proceso tortuoso y burocrático que impide que el gasto público llegue con eficacia y rapidez a donde se necesita. Debe quedar claro en esta iniciativa que no se trata de expedir cheques en blanco o retroceder en los avances logrados por los procesos de contratación previstos en la ley, como son las licitaciones públicas, pero sí hay que utilizar de mejor manera, con certidumbre jurídica y plena transparencia los mecanismos de adjudicación directa y de invitación restringida previstos ya en nuestro marco legal, así como superar algunos obstáculos operativos que se han vuelto insalvables para tener un ejercicio eficiente del gasto. Esta ley, si es aprobada por ustedes, permitirá que el gobierno federal actúe sin dilación; que los proveedores de bienes y servicios puedan participar de manera más efectiva en la recuperación económica, y que se generen empleos, ante los escenarios desalentadores que anuncian la pérdida casi irremediable de las fuentes de trabajo. Éste es un primer paso. El gobierno y los ejecutores de la obra pública tendrán que poner su parte. Será una buena manera para iniciar la construcción de un nuevo modelo que constituya lo que podemos denominar como una nueva vía: la vía mexicana para el desarrollo del siglo XXI. Muchas gracias por su atención.