El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el tema que se discute ahora desde esta tribuna es, desafortunadamente, un mal que aqueja a las familias mexicanas de clase media y sobre todo familias de escasos recursos, principalmente desde hace varias décadas. El incremento exponencial en el número de fraudes financieros por parte de instituciones de ahorro y crédito se debe principalmente a la poca regulación y vigilancia por parte de las autoridades responsables de velar directamente por el patrimonio de los mexicanos. Entre los beneficios que ofrecen estas entidades de ahorro para atraer a sus víctimas se encuentran jugosos intereses, rendimientos incluso por encima de las instituciones bancarias, captando de este modo el interés de aquellos sectores de la población que ven una oportunidad para ver crecer sus ahorros de una forma segura y directa, como una alternativa de subsistir ante la crisis sistémica por la que atraviesa al país. La forma de operar de estas instituciones de crédito es mediante el establecimiento de requisitos mínimos, pues argumentan que no es factible que los usuarios de estos servicios obtengan tantas facilidades de un banco. Una vez ganada la confianza de las personas y después de que estas han acumulado una cantidad considerada de sus ahorros les cierran las puertas o desaparecen por completo, sin garantía alguna de los usuarios para la devolución de su dinero, que con sacrificio han reunido para solventar alguna emergencia o amortiguar el impacto de la crisis económica. Por ello en Movimiento Ciudadano sí estamos a favor del establecimiento de plazos para que las sociedades cooperativas de cualquier tipo se regularicen. Pese a los importantes avances en la materia por parte del Legislativo, han resultado insuficientes para erradicar el terrible problema que aqueja a la clase trabajadora de este país. Hoy nuevamente se proponen modificaciones a la ley en la materia para que las sociedades sean apoyadas por expertos en finanzas populares, la ampliación del universo de sociedades sujetas a apoyo del fideicomiso del Fipago en beneficio de los ahorradores, así como la procuración de la estabilidad, buen funcionamiento y sano desarrollo del sector ahorro y crédito popular. Sin embargo, esta situación merece una profunda reflexión sobre la responsabilidad por parte del gobierno federal, ya que es innegable que la falta de aplicación de la ley por parte de las autoridades competentes, al no ejecutar las investigaciones pertinentes y al tolerar el incremento de fraudes por montos millonarios, fue un verdadero fraude para los usuarios. Si bien el presente dictamen pretende garantizar el futuro y correcto funcionamiento y control de estas figuras, se debe de señalar que se deja a un lado la responsabilidad gubernamental de dar solución a los miles de ahorradores de México que han sido defraudados y que hasta la fecha se encuentran en espera de justicia para ellos. Resulta entristecedor que mientras desde 1990, ante las posibles crisis financieras que propiciaron la insolvencia de las bancas por el incumplimiento de los deudores de la misma y por el retiro masivo de depósitos, se creara el Fobaproa para asumir las carteras vencidas y capitalizar las instituciones financieras y siete años más tarde se creara el programa de rescate carretero se rescataron 23 de 52 autopistas concesionadas y que no sea posible consolidar la defensa y protección de la economía de miles de familias defraudadas por cajas de ahorros. Por eso nosotros vamos a votar a favor. Pero también debemos señalar que hay una responsabilidad de esta Cámara. Miren ustedes, es alarmante el problema que se está suscitando en varios estados del país, principalmente los que han padecido esta situación son Oaxaca. En Oaxaca han perdido sus ahorros más de 15 mil personas. Están en riesgo de perderlo 55 mil. Pero además de las 140 sociedades de crédito, ahorro y préstamo que existen en Oaxaca, en los lugares más pobres, sólo 40 tienen registro; es decir, más de la mitad, casi 100 de las 140 no tienen registro y no están vigiladas por la autoridad. Por lo que presumiblemente pueden cometer fraudes contra estas personas en Oaxaca. Pero no sólo es Oaxaca, también está el problema de Guerrero, de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco y de Puebla. Ahí hay también múltiples cajas de ahorro y préstamo que no están debidamente regularizadas. La Cámara de Diputados debe hacer un llamado a la Secretaría de Hacienda y a las autoridades competentes, para vigilar el funcionamiento de estas cajas y no seguir defraudando a la gente más pobre de este país. Por eso, este dictamen vamos a apoyarlo, vamos a votar a favor, porque no podríamos estar en contra de ampliar los plazos para regularizar las instituciones que se encuentran en estas condiciones, y que si no lo hacemos podría ser en perjuicio de sus ahorradores o de la gente que confía en introducir o en depositar sus pequeños ahorros en estas cajas. Por su atención, presidente, muchas gracias.