La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidenta. El pasado 13 de diciembre, durante la discusión que se llevó a cabo en esta honorable asamblea a la iniciativa que reformaba y adicionaba diversas disposiciones constitucionales en materia educativa, Movimiento Ciudadano, en voz del diputado Ricardo Mejía Berdeja, hizo notar la inconveniencia de aprobar apresuradamente el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales en algunos de los artículos de la misma, en específico al quinto transitorio en su fracción III, inciso A). En aquella ocasión, el diputado Mejía señalaba que al aceptarse el contenido que enunciaba en dicho artículo se establecían las condiciones para constitucionalizar el cobro de cuotas escolares. De hecho durante el proceso de aprobación la diputada Luisa María Alcalde, argumentó en una reserva al quinto transitorio la pretensión inverosímil de pretender abrir la puerta legal para oficializar la solicitud de cuotas a padres de familia. Días después, el 19 de diciembre, y luego de un procedimiento parlamentario extrañamente expedito por no decir lo menos-, se discutió la minuta que devolvió el Senado de la República. Durante su discusión en lo general de nueva cuenta salieron a la luz objeciones que desestimaban la procedencia de aprobar una iniciativa educativa que facilitaba la posibilidad de legitimar la generalización de las cuotas escolares. Esta discusión adquirió un matiz y un tono cada vez más absurdo y contradictorio, pues precisamente los miembros del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista fueron quienes defendieron con mayor ahínco y firmeza los cambios constitucionales, siendo que poco tiempo atrás, durante la pasada campaña electoral federal, se habían constituido como los principales promotores y baluartes de un total de gratuidad de la educación en México. Pero el asunto de las cuotas escolares no es un necio debate ni una visión contumaz ni tampoco una estructura mental surgida de las Academias Velázquez, como se ha señalado en esta asamblea. Es un asunto relevante que más allá de las disputas partidistas cobra enorme significancia cotidiana para una amplia esfera de la sociedad mexicana. Resulta evidente que la educación que imparte el Estado de México es gratuita. El problema radica en otro orden de ideas que resulta independientemente de las bondades que pudieran tener los cambios que se llevaron a efecto en nuestra Norma Máxima. Lo único cierto es que en este momento existe una redacción constitucional que pondera a la ambigüedad en esta temática. La consigna de fortalecer la autonomía de gestión de escuelas resulta imprecisa y, por lo mismo, sujeta a una interpretación discrecional de ciertos grupos o actores y con ello la posibilidad de otorgarle un carácter de obligatoriedad a las llamadas cuotas voluntarias en las escuelas. Sin embargo, esta ambigüedad jurídica que solamente es en perjuicio de la población de los educandos y sus familias, la quieren hoy subsanar gracias a la iniciativa que estamos discutiendo. Iniciativa presentada con toda prontitud al inicio de ese segundo periodo ordinario de sesiones, lo que hace dudar de la inexistencia de casualidades afortunadas. Originalmente la adición propuesta al Código Penal Federal presentada, enunciaba una sanción de tres días a tres años de prisión. No obstante el dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia en el entendido de que no todo se puede penalizar, sólo se sanciona con una multa administrativa a quien en el ejercicio de sus funciones de autoridad escolar condicione el ingreso y la permanencia o retenga la documentación de los alumnos a cambio de una contraprestación económica. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del presente dictamen porque esta adición viene de alguna forma a atenuar por otra vía legal los excesos que se generaron al aprobar irreflexivamente el cuerpo de los cambios constitucionales en materia de educación, porque hoy los diputados del Partido Verde quieren lavar culpas porque esta multa no terminará con el cobro de las cuotas escolares, inclusive las va a aumentar. Dudo mucho que los padres de familia en nuestro sistema procesal vayan a presentar una denuncia en contra de la autoridad escolar para que sólo lo multen. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que este proceso se desahogue? Tal vez pase mucho tiempo para que un certificado sea entregado. Esto sólo provocará más injusticias de las que ya existen en nuestro país, pero al tiempo. En un país con tantas carencias, en donde la pobreza y el desamparo institucional se extienden por todo el territorio de la nación, donde la educación que imparte el Estado resulta insuficiente e insatisfactoria, donde las condiciones materiales del proceso educativo son escasas y deplorables, donde la solicitud de cuotas escolares es una práctica recurrente y evidente, donde muchas veces los padres de familia se ven impedidor a solucionar estos requerimientos inmorales e inconstitucionales, donde el abuso de las autoridades escolares resulta escandaloso, no sólo por condicionar la educación, sino por exhibir a los alumnos y padres que no pueden solventar las imposiciones, pulverizando con ello su integridad emocional, su dignidad como personas y sus mínimos derechos humanos. Todo individuo tiene derecho a recibir educación -dice la Constitución- y ésta deberá de ser gratuita. De ninguna manera convenida y restringida. Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para alumnos, maestros y padres de familia tal como reza el quinto transitorio, sólo es un largo eufemismo para señalar la procedencia de las cuotas escolares. Ojalá que esta experiencia parlamentaria nos señale las rutas de la prudencia y la sensatez y no los meandros de la confusión y desolación jurídica, ello abonaría en la tarea comunitaria de desterrar todo acento de soberbia y arrogancia. Muchas gracias.