El diputado César Camacho: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, Hamilton, uno de los creadores de Estado constitucional, importante para el mundo occidental, escribió que el primer deber de la sociedad es la justicia. Efectivamente, en este país por más de un siglo, es decir a partir de la vigencia de la Constitución de 17, padecimos un sistema penal de corte inquisitorial. Si pudiera abreviarse en un breve juego de palabras diríamos que durante decenas de años se detuvo para investigar. Esta es la primera expresión de un sistema típicamente inquisitorial. Los procesos eran, y en algunos casos siguen siendo, largos, costosos, excesivamente formales y la confesión a veces obtenida por medio de tortura, se consideraba prueba plena. El juez solía ratificar la conclusión de la pesquisa realizada por el Ministerio Público y la prisión preventiva era una regla. En 2008, después de un par de años de intensos debates, impulsando iniciativas provenientes del Ejecutivo federal de entonces y varios diputados y diputadas de todas las fracciones legislativas logramos un gran acuerdo en lo fundamental, trayendo a cuento a Mariano Otero, cuyo bicentenario del natalicio estamos prácticamente celebrando. Se cambió en 2008 un sistema, este sistema penal por otro de corte acusatorio, adversarial y oral, en donde para echar mano del mismo juego de palabras, ahora se tiene que investigar para detener y la presunción de inocencia es un asunto que se tiene que aplicar en forma categórica, salvo breves excepciones de las que haré mención enseguida: Los procesos deben ser orales, lo que da transparencia, agilidad, confiabilidad; las investigaciones deben ser científicas y las pruebas debidamente corroboradas; es un juez el rector del proceso penal y no el Ministerio Público, como antaño. Entre muchas ventajas, se hace indispensable para un Estado social y democrático de derecho el que todas las personas nos sometamos al imperio de la Ley Penal. En este ínterin hubo noticias muy importantes entre 2008 y 2016, el 18 de junio, en el que entró en vigor cabalmente en todo el país, el fuero común y el fuero federal, la reforma en comento. Decía que hubo buenas noticias, porque en 2011 ocurrió la reforma en derechos humanos más trascendente de la historia constitucional mexicana: se incorporó el principio pro persona, se expandieron los derechos, no solo se cambió el nombre, esto es mucho más trascendente; las llamadas garantías individuales, porque la garantía es el mecanismo para hacer valer un derecho, entonces se establecieron los derechos ensanchados y las garantías para su correcta observancia; se introdujo el concepto de verificar la convencionalidad de la actuación de las autoridades. Es decir, no solo el apego a la Constitución, sino a los tratados internacionales de los que México es Estado parte o Estado miembro. Este sistema penal, no obstante su evidente bondad y vale la pena decirlo que fue impulsado por prácticamente todas las expresiones partidarias en el Congreso; es decir, políticamente es reivindicable por todos, este sistema, el acusatorio, constitucionalmente consagrado, ha evidenciado necesidades, la urgente obligación de colmar lagunas legales o llevar a cabo ajustes que sólo emergen cuando el sistema es puesto en operación, y debo decirlo, porque es mi convicción, que nos llevaría todavía un rato largo su cabal y completa implementación. Por eso la iniciativa que colma insuficiencias formativas, entre otras cosas, mantiene el compromiso con garantizar la integridad de las personas y la convivencia pacífica, dota a las autoridades de herramientas de investigación para hacerlas todavía mucho más ágiles. Para no abrumarlos, les debo decir que son 73 los artículos que se proponen modificar de 9 ordenamientos legales, ya dicho por el presidente de la Mesa. Entre otros beneficios, ¿qué es lo que la iniciativa permitiría? Dotar de mayores herramientas a la investigación en aras de combatir el crimen. Considerar delitos graves en contra de la seguridad de la nación, los de portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército. Dictar prisión preventiva oficiosa por el delito de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, que no sólo ha generado una auténtica organización criminal de altísima peligrosidad que atenta contra la economía del país y, por supuesto, pone en aprietos a los propios delincuentes. Lo mismo, hacer que haya prisión preventiva oficiosa por el delito de tráfico de personas, que junto con la venta ilegal de armas y el narcotráfico constituyen los delitos transnacionales que dejan mayores ganancias a los delincuentes. Crear una Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en Adolescentes, que a partir de esos años, al cambiar el artículo 18 constitucional, se les considera en un régimen de excepción, no el adolescente, porque algo le falta, sino el adolescente que crece y por estar en situación de crecimiento debe ser tratado conforme a la ley pero con un sistema legal hecho exactamente a su medida. Otro. Asegurar que no se comentan delitos desde la prisión, bloqueando o anulando las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen desde los centros de internamiento. Sancionar el financiamiento al terrorismo, que parecía un delito distante, hoy la situación de la seguridad hemisférica nos obliga a hacer buenos vecinos, porque esa es la responsabilidad con esta y las futuras generaciones. Algo más, donar bienes que se hayan usado en la comisión de delitos en materia de propiedad industrial o derechos de autor. Esas y muchas ventajas que habrá que discutir, seguramente, en la Comisión de Justicia y en las que la Mesa Directiva determine. Para terminar, parece haber un dilema y yo creo que es falso. Hay sectores de la sociedad que le exigen al Estado mexicano eficacia, es decir, buenos resultados en materia de seguridad sin tener contemplación respecto de los derechos humanos. Y hay quien sugiere que nunca se podrá impulsar ninguna acción pública si ésta vulnera los derechos humanos. El dilema es falso porque lo que la sociedad está exigiendo, y tiene razón, es eficacia en la acción pública, especialmente de las policías, y respeto cabal a los derechos humanos. La idea es que este paquete fortalezca los esquemas de seguridad y seguirle haciendo frente a un reto que no ha dejado atrás este problema. No perdamos la estrella polar para navegar y llegar en su tiempo a buen puerto. Hay que hacer compatible, y con esto termino, señor presidente, la eficacia en el trabajo de las fuerzas de seguridad y el respeto cabal a los derechos humanos. Éste es el Estado democrático de derecho que nos merecemos los mexicanos. Justicia, sí, con libertades, eficacia, desde luego, con respeto cabal a los derechos humanos. Porque si en algo nos ponemos de acuerdo es que todos queremos vivir en libertad, en justicia y en paz. Gracias.