El diputado Gerardo Priego Tapia: Muy buenas tardes. Como presidente de la Comisión Especial al Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación quiero sumarme a muchas de las consideraciones que se han hecho antes por mis compañeros de otros partidos y quisiera tratar de evitar los lamentables números de los casos de periodistas que han sido asesinados o desaparecidos o todos aquellos que han sido agredidos, en lo general. Pero sí quisiera compartir con ustedes una reflexión. La libertad de expresión constituye, como todos sabemos, una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de cualquier Estado. Esta libertad no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también toda la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible. La violación de la libertad de expresión y de prensa constituye una violación a la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos. La libertad de expresión, pues, es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es, por supuesto, parte. Hoy, en lo particular, condenamos el brutal y cobarde asesinato del corresponsal de Televisa en Guerrero, de Amado Ramírez, ocurrido el viernes pasado. Este asesinato se une a una larga lista de agresiones cometidas en contra de periodistas en todo el país. ¿Cuántos asesinatos más tendrán que darse para que, en conjunto, sociedad y gobiernos, pongamos finalmente término a esta ola de represión y de violencia en contra de la libertad de expresión y del derecho a la información de todos los ciudadanos, en contra de periodistas y medios de comunicación? Quiero comentarles que mañana estaremos en Guerrero muy temprano un grupo plural de esta Cámara, de la Comisión para dar Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Quisimos hoy dejar muy claro, por parte de todos los partidos, la indignación que nos generó este asesinato, pero que además se arrastra de una serie de asesinatos, como ya hemos dicho, desde hace varios años. Mañana estaremos en toda una agenda de trabajo con diferentes tipos de organizaciones de derechos humanos en Guerrero, con medios de comunicación, por supuesto con el gobierno del estado y las instituciones de procuración de justicia en el estado de Guerrero. En nuestro país la libertad de expresión se encuentra tutelada por el artículo 6o. como todos recordamos de la Constitución, y establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; y que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Por otro lado, la libertad de prensa se encuentra también garantizada en el 7o. de la Carta Magna. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores e impresores ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En términos de nuestra Constitución, podemos decir que existe definición sobre la función de los comunicadores en nuestro país, partiendo de la base que toda persona tiene el derecho a ser informado. Aquí se ha hecho mucho énfasis en el derecho a la libertad de expresión. Por supuesto que es importante, pero el derecho a ser informados es precisamente con base en esa fuente de información, de ese escrutinio público que hacen los comunicadores todos los días, en que la sociedad puede tomar información y tomar decisiones, precisamente como en el caso desafortunadísimo caso de Amado, en el estado de Guerrero. Existe además la libertad para comunicar pensamientos de opiniones, incluso publicándolos, por supuesto. Resulta evidente que la práctica del periodismo es una manifestación perfecta de la libertad de información y de prensa en nuestro país. Todos aquellos periodistas comprometidos en la corresponsabilidad social de conducir al país y el compromiso con la verdad, están en una manifestación perfecta de la libertad de información. En esa tesitura es irrebatible que los medios de comunicación, los periodistas y demás comunicadores, tienen el derecho de informar a los habitantes y de manera correlativa surge la obligación para que los órganos del Estado mexicano tutelen ese derecho. Los periodistas cumplen con una función clave, importantísima, ya que ofrecen al público esa fuente de información independiente que permite tener información clave para la toma de decisiones. Es por eso que todo lo que se pueda hacer para la prevención también en estos casos de delitos, tiene que se realizado en México. Cabe señalar pues y recordar que es deber del Estado prevenir, investigar y castigar a los responsables del asesinato y otros actos de violencia perpetrados con el objeto de acallar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Las agresiones contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión restringen los derechos de los demás ciudadanos también, ya que ven limitado su derecho a la información. Se trata por consiguiente, de evidentes violaciones, muchas veces manifestadas de manera grosera y criminal como algunas de las que hemos comentado y otras de forma sutil y disimulada, pero igualmente dañina. En el PAN impulsamos fuertemente, firmemente, la creación de esta Fiscalía Especial de Seguimiento a Delitos contra Periodistas y Medios de Comunicación que fue constituida en el último año, como ustedes recuerdan, del gobierno del Presidente Fox. En adición resulta indispensable la adopción de mecanismos que garanticen hablemos del futuro, todavía desafortunadamente esto puede seguir pasando la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación entre todas las instancias federales competentes, para garantizar la seguridad y el pleno ejercicio del derecho a realizar actividades periodísticas para cumplir con su labor de informar a la sociedad. No basta pues, no basta pues con que se esclarezcan los delitos, los asesinatos, los abusos ya cometidos; se trata de que no existan más. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente Punto de acuerdo Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría Federal, implementen programas de prevención para la protección de los periodistas en nuestro país. Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno federal a que profundicen en la investigación del caso de Amado Ramírez, corresponsal de Televisa, en Guerrero, y resuelva el caso lo antes posible. Por su atención, muchísimas gracias.