EL DIP. EMILIO ZEBADUA GONZALEZ: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados: En su mensaje con motivo del Tercer. Informe de Gobierno, el Presidente Vicente Fox, hizo un reconocimiento grave a la mitad de su sexenio al hacer suyo el reclamo que la nación entera comparte sobre la falta de experiencia de quienes integran el Ejecutivo Federal y la exigencia de una mejor gestión como gobierno en su conjunto. Frente a su propio diagnóstico, el Presidente Fox determinó instruir a todo su equipo de trabajo a privilegiar la política. Sin regatearle al Ejecutivo su convocatoria a recurrir a la política y dejando a un lado por ahora, los rezagos, equívocos y omisiones que implica esta confesión por parte del Presidente, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática recoge el llamamiento y expresa su compromiso firme de trabajar a favor de los acuerdos, privilegiando las vías del diálogo y la negociación. El PRD, está convencido que el proceso de cambio democrático debe avanzar y que el vacó y el estancamiento en que han caído la marcha de la política interior y las reformas al marco institucional del Estado, durante esta primera mitad del sexenio, no pueden ni deben extenderse más tiempo. En el PRD, nos hacemos cargo de que la ciudadanía y la nación exigen resultados tangibles y concretos que redunden en mejores niveles de bienestar. México necesita de política, pero de política con responsabilidad cívica y de política con rumbo y con liderazgo. El PRD en el Congreso pondrá de su partes, para buscar que la política de Estado, responda a las demandas sociales y a las exigencias de seguridad, de justicia y de derechos humanos, de las mujeres, de los pueblos indios, de los migrantes y de las mayorías más vulnerables de todo el país. Las mexicanas y los mexicanos exigen que la política de la República, no sólo sea democrática, sino que a la vez sea eficaz y funcional. El Presidente Fox igualmente lo reconoce, pero a tres años de su gobierno la falta de resultados pone a prueba la confianza de los ciudadanos, nosólo en los poderes públicos, sino en la misma democracia. La ausencia del gobierno mexicano en tareas fundamentales y esenciales que le son propias al Estado, a cualquier estado, en cualquier régimen o modelo político, ha pasado de ser anecdótica, a volverse crítica y grave en muchas instancias. Frente a la tragedia en Ciudad Juárez, donde las mujeres han carecido de la más mínima protección a su integridad física y sus derechos humanos, el gobierno ha preferido regatear los ámbitos de competencia en materia de seguridad pública y de procuración de justicia. Igualmente, la casi inexistencia de autoridades federales que resguarden el orden público en los municipios del sur, en Suchiate, en Tapachula o Frontera Hidalgo y Coacahuatán, han permitido que los grupos ilegales de drogas, vehículos, armas y todo tipo de mercancías, así como el tráfico de migrantes indocumentados, se traduzcan permanente en un deterioro de las condiciones de seguridad y justicia en la frontera sur. La ineficacia del llamado orden y respeto Foxista, implica el riesgo cotidiano que tienen las mujeres a la salida de las maquiladoras y de los niños y adolescentes a las afueras de las escuelas y más ampliamente del tejido social que nos une como nación desde la frontera norte hasta el estado de Chiapas. La premisa central y el mínimo denominador de la política interior del Presidente Fox, ha sido su insistencia de que habiendo en México un cierto nivel de gobernabilidad democrática y un respeto formal al Estado de derecho, ello resulta más que suficiente y satisfactorio para su gobierno. En la práctica, sin embargo, ante la inminencia real o latente de conflictos agrarios, inconformidades sociales y asuntos sin resolver, su argumento no convence a la gente y da la impresión nuevamente de que la política Foxista se mantiene flotando en el aire, apartada de la realidad que aqueja a muchos estados de la República, centros urbanos y comunidades rurales del país. Pero es que la doctrina Foxista y la política interior se han mantenido en el ámbito del "ese fer", de dejar hacer, de dejar pasar, del ¿ yo, por qué? En el discurso existe la voluntad de paz, pero el conflicto zapatista ha sido marginado, si no es que ignorado . Al plan original para los primeros 15 minutos del sexenio y la falta de voluntad para lograr que se concretaran los acuerdos de San Andrés en las leyes constitucionales, el Gobierno Federal abandonó cualquier iniciativa o esfuerzo creativo y serio para darles una respuesta a los pueblos indios de México. En el tercer Informe de Gobierno, el conflicto con el EZLN no fue siquiera digno de una mención. De la misma manera en el discurso existe una vocación federalista; en la práctica, sin embargo, se sabe en los estados que el esfuerzo por introducir equilibrios políticos y fiscales más justos a favor de las entidades federativas, no ha encontrado el aliento, menos el apoyo decidido del centro, al contrario; promesas y compromisos del Presidente Fox con los estados no reciben seguimiento de su equipo de trabajo o simplemente quedan nuevamente en el aire. La Convención Nacional Hacendaria es también una propuesta surgida del interior de la República para exigir en la práctica y en un marco formal y extraordinario, lo que a través de los canales normales de gestión y atención en las ventanillas del Gobierno Federal no se ha recibido. Nuevamente en el discurso el Presidente Fox ha expresado su respeto al Congreso, pero en la práctica ha buscado mantener las ventajas y desequilibrios de un sistema que formal y materialmente sigue siendo presidencialista. Los avances en el fortalecimiento del Congreso han respondido más bien a las iniciativas propias y a las nuevas correlaciones de fuerzas dentro del propio Poder Legislativo. La concepción de su gobierno sobre cómo fortalecer al Congreso se reduce a impulsar la reelección de los legisladores, como si ésa fuera una prioridad para los ciudadano y no el contar con un Poder Legislativo que disponga de los instrumentos necesarios para participar con verdadera capacidad política de acción y concreción. Ahora sabemos que sencillamente no hay un plan político y proyecto concertado para, en el ejercicio de los instrumentos que otorga la política y el marco de la ley, resolver desde el Ejecutivo las demandas más apremiantes de la sociedad. La reforma del Estado, otro de los compromisos iniciales de la actual administración, se ha dejado a la deriva y ahora se reduce a lo más a una serie de planteamientos utilitarios que busca el gobierno para fortalecer al Ejecutivo y darle continuidad a los miembros de su partido en los poderes públicos. Y ante todo esto, el Presidente está satisfecho porque en sus propias palabras: "No están a la orden del día conflictos inmanejables", aunque a la vez él mismo reconoce que el ambiente político no puede ser sino complejo. Es justamente por la complejidad del entorno político por la falta de liderazgo presidencial y por el mal diseño institucional que heredamos del régimen autoritario, que el PRD considera urgente revisar la agenda de la reforma de Estado y así actualizar y poner al día anticipando los futuros desafíos, los grandes retos de la política nacional. En particular es indispensable promover un nuevo federalismo, mediante el cual los estados y municipios cuenten con los recursos y las herramientas necesarias para atender los grandes rezagos en materia de educación, salud y seguridad pública, temas en los que las demandas sociales ya desbordan las capacidades de atención de los gobiernos locales ante la indiferencia o desatención de las secretarías de Educación, Salud y Seguridad Pública federales. Un federalismo integral debe pasar necesariamente por la conclusión de una reforma al status jurídico del Distrito Federal y un desarrollo equilibrado de las áreas metropolitanas en nuestro país. Es necesario además, analizar los alcances y retos de la COCOPA en la actual coyuntura y ante los más recientes acontecimientos suscitados en la zona de influencia zapatista. Más allá de la retórica, se requiere una reforma a la reforma constitucional, si verdaderamente el Estado Mexicano va a poder dotarse a sí mismo de un marco jurídico que sea al mismo tiempo viable, práctico y legítimo en relación con las comunidades indígenas del país. El PRD tiene un compromiso fundamental con los derechos humanos, la justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad, por ello reiteramos la inconformidad con la lentitud e ineficacia en la persecución de los delitos contra los grupos más desprotegidos y vulnerables de la sociedad, así como la falta de resultados en las investigaciones sobre los crímenes del pasado contra miembros de los movimientos políticos y sociales. Por otra parte, existe un compromiso muchas veces postergado para la extensión de los derechos políticos plenos a los varios millones de mexicanas y mexicanos que a pesar de gozar de derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución, no pueden ejercer su derecho al voto y a la representación directa en el Congreso. Desde 1998, cuando el IFE concluyó sus estudios técnicos sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, desaparecieron las justificaciones oficialistas y las excusas para no concretar la última fase de su incorporación a la nación política. En nuestra agenda inmediata se encuentra la renovación del Consejo General del IFE, es nuestra obligación elegir a los integrantes del próximo consejo en atención a su carácter apartidista e imparcial. En materia electoral debemos igualmente alcanzar consensos para lograr una mayor racionalidad en el presupuesto público destinado al financiamiento de los partidos políticos y de la autoridad electoral. De forma paralela, es necesario fortalecer los instrumentos y la capacidad fiscalizadora del IFE. Esperamos en este marco una resolución pronta del caso de "Amigos de FOX". En el ámbito del derecho a la información, la Ley Federal de Transparencia significa un avance indudable, sin embargo, en el marco de una política democrática de comunicación, la campaña proselitista y de propaganda en los medios de parte del Presidente Fox durante el pasado proceso electoral es inaceptable. Debemos rediseñar el marco de participación.