EL DIP. JESUS ALI DE LA TORRE: Muchas gracias diputado Presidente. Honorable Asamblea: He solicitado hacer el uso de la palabra para presentar a la consideración de Poder revisor de la Constitución por conducto de esta Honorable Re presentación Nacional, una iniciativa de adiciones y reformas al artículo 33 de la Carga Magna con objeto de precisar la atribución del Estado Mexicano para decidir la expulsión de los extranjeros en nuestro territorio, a la luz de la conciliación de los principios de seguridad nacional y de imperio de la ley con justicia para los gobernados. El órgano de difusión parlamentaria, nuestra Gaceta, ha impreso el dirá de hoy una amplia exposición de motivos que fundamentan, como debe ser, una iniciativa de reforma constitucional de la que se trata. Al mismo tiempo para los trabajos de la Comisión correspondientes para su discusión y dictamen hago entrega de un acusioso estudio comparativo tanto de trata dos como convenios y leyes internacionales para que sirvan al propósito de la iniciativa, Conforme al texto vigente del Artículo 33 constitucional, el Presidente de la República puede hacer abandonar al país a cualquier extranjero cuya presencia juzgue inconveniente, en forma inmediata y sin necesidad de juicio previo. Esta facultad discrecional tiene antecedente en las bases de organización política de la República Mexicana de 1843. Se explica por razones de legítima tutela del interés nacional y convive con la facultad de regular, por parte de la dependencia federal con competencia para expulsar del país a aquellos extranjeros que ameriten esa determinación, por haberse apartado del cumplimiento de las obligaciones legales que le impone la hospitalidad del Estado Mexicano. A partir de la tendencia de la universalización de los derechos y las libertades del hombre que se dio en el mundo, como consecuencia del establecimiento e inicio de los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas, así como otros foros multilaterales dedicados al objetivo de alentar la convivencia pacífica entre estados, la Comunidad Internacional adoptó diversos instrumentos para acreditar su compromiso con la vigencia efectiva de los derechos fundamentales del hombre, en particular nuestro país se adhirió al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 13 establece la esfecha de derechos de los extranjeros en un estado soberano. Esa norma señala que la expulsión de un extranjero debe sujeterse al debido proceso legal y que únicamente como resultado del mismo han de llevarse a cabo los actos ejecutivos de esta decisión. A su vez establece una importante salvedad: tratándose de cuestiones que impliquen la seguridad nacional del estado anfitrión, no será necesario agotar ningún procedimiento previo. Al adherirse a esta Convención multilateral, México hizo reserva expresa de la parte relativa del artículo 13 a la luz de la disposición del artículo 33 de nuestra Carta Magna. En su momento esta norma encontró apoyo en la previsión de la norma suprema, en el sentido de que cualquier tratado o convención internacional debe adecuarse a las disposiciones de la Constitución General de la República. Nuestro país alienta, por las vías más disimbolas el cauce de la vida nacional a través de la ley, emitir disposiciones para regular las conductas individuales y colectivas que así lo requieran, pero sobre todo propiciar la efectiva vigencia de las leyes, contar con un orden normativo, pero asegurar su vivencia en la realidad cotidiana. Al mismo tiempo la participación de México en los compromisos fundamentales de la Comunidad Internacional por asegurar un catálogo de libertades y derechos para todo individuo por el solo hecho de ser persona. Esto ha venido a expandir la esfera de prerrogativas que a todo sujeto concede el orden jurídico nacional. Al considerar, tanto la disposición vigente del artículo 33 para hacer abandonar el territorio nacional a un extranjero, como la previsión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y valorar también el procedimiento ordinario de expulsión de un extranjero en el término de la Ley de Población, estimamos que es necesario y conveniente plantear la adecuación de la Carta Magna a una regulación integral de estas instituciones. Sí, se propone mantener la amplia esfera de derechos de los extranjeros que por alguna causa se encuentren entre nosotros, así como la limitación para que intervengan en cuestiones políticas; expresar que la expulsión de un extranjero queda a cargo de la dependencia competente de la Administración Pública Federal en términos del procedimiento administrativo ordinario, que desde luego admite medios de defensa con posibilidad de suspender la ejecución del acto, y precisar que la atribución discrecional con que hoy cuenta el Presidente de la República sólo proceda en cuanto asuntos en donde está implícita la seguridad nacional, es decir, que al expulsión inmediata y sin necesidad de juicio previo de un extranjero se mantendría dentro de la esfera de las atribuciones del Ejecutivo Federal, pero sólo cuando median causas de seguridad nacional, entendiéndose por éstas toda aquella razón que ponga en riesgo la integridad del Estado Mexicano, a través de vulnerar o pretender vulnerar alguno de sus elementos esenciales o de los recursos o instrumentos necesarios para que cumpla con sus fines de mantenimiento de la paz pública, la seguridad interior o el orden social. Compañeras y compañeros diputados, en síntesis y con base en lo expuesto y ampliamente fundamentado en la exposición de motivos de la Gaceta publicada el día de hoy en nuestro órgano parlamentario, se presenta una iniciativa de modificaciones al artículo 33 constitucional para afirmar la voluntad del Estado Mexicano con el imperio de los derechos humanos en nuestro país, a la luz de los cirterios acuñados por la Comunidad de Naciones, particularmente tratándose de la presencia entre nosotros de extranjeros; conservar la atribución presidencial pero sin riesgo de un ejercicio arbitrario, y precisar que a través de la autoridad ejecutiva competente, se desarrollarían los procedimientos administrativos de expulsión, en los cuales la ejecución de la determinación deberá esperar el legítimo ejercicio de los medios de defensa que le impugne. Con esta propuesta se amplía el ámbito de las libertades que nuestra Carta Magna otorga a los extranjeros, al darse mayor seguridad jurídica a las condiciones de su estancia y permanencia entre nosotros. Por otro lado, México reafirma su vocación y práctica de aliento al respeto de los derechos fundamentales de las personas. A su vez, existe plena salvaguarda de los intereses del Estado Mexicano al contemplarse la tutela de la seguridad nacional como causa de expulsión. En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo señalado por la fracción segunda del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículo 55 fracción segunda y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Poder Revisor de la Constitución por conducto de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto por la cual se reforma y adiciona el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo Unico. Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un segundo párrafo a esa disposición y se recorre el actual segundo párrafo para quedar como tercero. Artículo 33: Son extranjeros quienes no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo Primero del Título Primero de la presente Constitución, así como a los derechos y prerrogativos que se contienen en los demás preceptos constitucionales, salvo aquellos que sean exclusivos de los mexicanos. El Estado, por conducto de la autoridad ejecutiva competente, podrá disponer la conclusión del período autorizado para la estancia en el país de un extranjero y determinar su expulsión mediante el procedimiento administrativo correspondiente, confiriéndose al extranjero el derecho de impugnar la determinación por los medios legales procedente. Unicamente cuando medien causas de seguridad nacional, el Presidente de la República determinará la expulsión inmediata y sin necesidad de juicio previo de cualquier extranjero cuya presencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Transitorio Unico. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Firman esta iniciativa la diputada Irma Piñeyro, el diputado Salvador Castañeda Salcedo, el diputado Neftali Jiménez Solan y un servidor. Muchas gracias. HONORABLEASAMBLEA: En las deliberaciones del Congreso Constituyente que sesionó en la ciudad de Querétaro en 1916 y 1917 se establecieron diversas disposiciones con respecto a la situación jurídica de los extranjeros en nuestro país. En particular, a la luz de la evolución de la concepción del orden jurídico hacia la universalización de los derechos y las libertades fundamentales de los individuos, desde hace varias décadas ha sido objeto de análisis y atención lo preceptuado por la parte final del segundo párrafo del artículo 33 de la Constitución General de la República, en el sentido de que si bien todo extranjero tiene derecho a las garantías individuales que la propia Carta Magna otorga en sus artículos 1° al 29, el Presidente de la República tiene la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, en forma inmediata y sin necesidad de juicio previo. Es sabido que en el artículo 1° de la Ley Fundamental de la República se prescribe que todo individuo goza de las garantías que otorga la Constitución, mismas que sólo pueden restringirse en los casos y con las condiciones que la misma establece. Así, si bien el artículo 11 de la Carta Magna concede a todo hombre, incluidos desde luego los extranjeros, el derecho para entrar en la República, viajar por su territorio y establecer y mudar su residencia en el mismo, sujeto a las respectivas facultades de las autoridades judiciales y administrativas, el artículo 33 de la propia Constitución señala una limitación específica al derecho de estancia y de residencia en el país para todo extranjero cuya permanencia se estime inconveniente, conforme a la consideración del Ejecutivo de la Unión. Al efecto, la parte final del propio articulo 11 constitucional establece que el ejercicio de los derechos inherentes a la movilidad, estancia y residencia de los extranjeros en el territorio nacional queda subordinado a lo que dispongan las leyes en materia de "extranjeros perniciosos residentes en el país." Con respecto a la situación jurídica de los extranjeros en nuestro país, la Carta de Querétaro establece importantes previsiones especificas en el sentido de conferirles la libertad y protección de las leyes cuando hayan tenido la condición de esclavos en un país extranjero; otorgarles el derecho de petición ante todas las autoridades del país, salvo en lo relativo a la materia política, por ser ésta de exclusiva competencia de los ciudadanos mexicanos; establecer a su favor los derechos de asociación y reunión, con la salvedad hecha de que son exclusivos de los ciudadanos de la República, cuando se trate de tomar parte en los asuntos políticos del país; limitar la celebración de tratados para la extradición de extranjeros que en otras latitudes tengan el carácter de reos políticos o para aquellos delincuentes del orden común que hubieren tenido la condición de esclavos en el país donde incurrieron en la conducta penal ilícita; y determinar que los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos federales o del fuero común puedan compurgar la pena impuesta en su país de origen o de residencia, de acuerdo a lo previsto por los tratados internacionales celebrados en la materia. Lo anterior sin demérito de que la disposición toral es la ya aludida: otorgarles la totalidad de las garantías individuales, salvo cuando la propia Carta Magna señale una restricción o una condición para su disfrute. Por otro lado, en el ámbito de las limitaciones a la esfera de derechos de los extranjeros, adicionales a las ya referidas de los artículos 11 y 33 de la Constitución General de la República, en el articulo 27, párrafo noveno, fracción 1, se regula lo relativo a la posibilidad de que los extranjeros adquieran el dominio de tierras y aguas u obtengan concesiones de explotación de minas o aguas en el territorio nacional, siempre que se consideren como nacionales respecto de dichos bienes y renuncien a invocar la protección de sus gobiernos. En esta misma disposición se prescribe que los extranjeros no podrán adquirir el dominio sobre tierras y aguas en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 a lo largo de las playas. A su vez, en el artículo 32 de la propia Constitución General de la República se limita la posibilidad de que los extranjeros sirvan en el ejército y las fuerzas de policía o de seguridad pública, cuando el Estado Mexicano se encuentre en tiempo de paz. Esa misma restricción se dispone para el desempeño de los extranjeros de cualquier encargo en la tripulación de embarcación o aeronave amparada con la bandera o insignia mercante mexicana, o. para desempeñar los cargos de capitán de puerto y los servicios, de practicaje y comandante de aeródromo. A lo anterior se aúna la previsión de que en igualdad de circunstancias, los mexicanos serán preferidos a los extranjeros para el otorgamiento de concesiones y para la obtención de empleos gubernamentales en que no resulte indispensable la calidad de ciudadano. Como puede apreciarse, las disposiciones de la Constitución General de la República en torno a los extranjeros implican el otorgamiento de un amplio régimen de libertades y derechos, que sólo encuentra limitaciones en materia de: derechos políticos; adquisición de propiedad privada; y desempeño de determinados encargos, pudiéndose señalar que esas restricciones obedecen a una connotación propia de lo que resulta exclusivo o preferente para los mexicanos por razones de congruencia elemental, seguridad nacional y atención a las necesidades de empleo de los mexicanos. En cuanto a lo primero, resulta claro que sólo el pueblo del Estado participa en las actividades y definiciones políticas del mismo; por lo que hace a lo segundo, nos hallamos ante la hipótesis de que la presencia en el país de un extranjero sea juzgada inconveniente o ante la concepción del derecho de propiedad que sobre las tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional se contiene en el artículo 27 de la Carta Magna, como expresión de la soberanía nacional; y con relación a la tercera cuestión, se asume como uno de los deberes del poder público la promoción de empleo para todo mexicano. Es indudable que el artículo 33 de la Carta Magna estableció una atribución a favor del Presidente de la República para tutelar el interés nacional, a partir de concederle la facultad discrecional de hacer abandonar el territorio nacional a cualquier extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, sin que para ello deba recurrir a un juicio previo. Si consideramos esta disposición a la luz de lo previsto por el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, en el sentido de que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos y en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, apreciaremos que en el supuesto referido existe la posibilidad de un acto ejecutivo que si bien no conculca el despliegue de un juicio por parte del interesado para ser oído y vencido en el mismo, sí entraña hacerlo abandonar el territorio nacional y que la hipótesis de su reinternación sólo se dé como resultado de la resolución correspondiente. En los antecedentes constitucionales de lo previsto por el artículo 33 de nuestra Ley Fundamental, es pertinente señalar que la primera aparición de una referencia similar fue en la fracción XXIV del artículo 86 de las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843, al concebirse como obligación del Presidente la de "expeler de la República a los extranjeros no naturalizados, perniciosos a ella." Posteriormente, en el proyecto de Constitución de 1856 y la Constitución Política de la República Mexicana de 5 de febrero de 1857, no se estableció previsión semejante a la de las Bases Orgánicas, haciéndose referencia a la obligación de los extranjeros "de respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que los que las leyes conceden a los mexicanos." Es hasta el proyecto de Constitución de Don Venustiano Carranza, de fecha 1° de diciembre de 1916, que reaparece la referencia a la atribución presidencial conferida originalmente en las Bases de Organización Política de 1843, justamente en el artículo 33 del propio proyecto, bajo la redacción que hoy tiene la parte relativa del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en el proyecto se establecía un segundo párrafo con el texto siguiente: "Las determinaciones que el ejecutivo dictare en uso de esa facultad, no tendrán recurso alguno." En cuanto a la normatividad zoosanitaria, en México existe la norma oficial mexicana 030/ZOO/1995, que se refiere a las especificaciones y procedimientos para la verificación de canales, vísceras y despojos de importación en puntos de verificación zoosanitaria que marca la estricta revisión documental del origen y procedencia del producto, número de lote y fecha de sacrificio y procesamiento. Sin embargo, la carencia de instalaciones nacionales y personal oficial suficiente dejan sin efectividad esta normatividad, además de que esta falta de efectividad en la inspección ha dado lugar a que se intensifique la importación de carnes que, por su baja y preferencia en Estados Unidos, se rematan y exportan muy por debajo de los costos de producción. Ya léase muslo y pierna de pollo, careta, cuero, grasas, espaldilla y pecho de cerdo. Cabeza, espaldilla, pecho y pierna de bovino. De esta manera se ha propiciado un alud de importaciones sin preceden te que dañan a la planta productiva nacional y que erróneamente son aludidas como necesarias ante el hipotético e infundado argumento de desabasto nacional. A la fecha y a solo unos días de que concluya el año que la modificación a la ley estableció para que se dejaran de verificar en el extranjero, es de suma importancia definir el procedimiento jurídico que brinde la certidumbre a potenciales inversionistas nacionales para desarrollar esta infraestructura que el país está requiriendo para lograr un efectivo control de calidad de los productos cárnicos que entran a nuestro país y el control de nuestro mercado interno. La introducción a México de una enfermedad exótica conllevaría elevados costos, no solo desde el punto de vista económico sino social, como sería un repentino desabasto de productos alimenticios. El riesgo de que enfermedades de este tipo como fiebre aftosa y encefalopatía espongiformebovina se muevan de países afectados a países libres como México, se acrecenta día a día, especialmente por incremento de tráfico y comercio internacional de animales y sus productos. Al evaluar en toda su magnitud el grave problema que esto implica y siendo México un país libre de enfermedades exóticas, nos debe conscientizar de la enorme importancia de prevenir su difusión y garantizar la permanencia como país libre de la enfermedad y de la importancia que tiene elaborar y hacer cumplir los reglamentos, acuerdos o convenios que regulen la importación de animales y sus productos. Como ya lo mencioné, se han percibido graves deficiencias relacionadas con la prevención en los puntos donde se registran los mayores volúmenes de ingreso de productos, así como la falta de cumplimiento de normas oficiales, a pesar del importante problema al que se enfrenta la ganadería nacional y la población mexicana en general. Razón por la cual consideramos en el seno de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y lo exponemos en este pleno, que es sumamente importante que se apruebe este dictamen, países de lo contrario el 12 de junio de 2001 se estará violando la Ley Federal de Sanidad Animal, ya que a menos de un mes de la entrada en vigor de las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal no existen aún puntos de verificación en territorio nacional. A pesar de que los particulares han manifestado su disposición por participar en su establecimiento y de los esfuerzos de las autoridades federales y estatales. Por otro lado, existe incumplimiento respecto a la toma de muestras para análisis, ya que pues según el 4.2 de la norma y tomando en consideración que se registraron en el 2000 76 mil 838 operaciones de importación de carne, se debería tener como resultado en el Centro Nacional de Parasitología Animal y en las plantas autorizadas, por lo menos 19 mil 219 resultados de análisis toxicológicos, 25 por ciento del total importado. Lo cual no ha su cedido. Esto provoca que los productos ingresen al territorio y son comercializa dos, no tienen la posibilidad de darles un seguimiento y aviso en caso de haber obtenido resultados negativos al análisis que según la norma hubiese ameritado el rechazo. Por todo lo anterior y expuesto es que consideramos que es urgente que tengamos un marco jurídico que estimule la inversión del Estado y de los particulares nacionales, en la construcción de la infraestructura para que la inspección y control de los productos cárnicos que pretenden ingresar al país con lo cual se tenga un control al 100% de la calidad y precios de estos productos. Del Dictamen que sometemos a su consideración concluimos que solo es necesario modificar dado como plazo el 12 de Diciembre próximo de este año; Que el Artículo 1o. Transitorio de la Reforma antes mencionada, otorgando un plazo pues solo de seis meses para que estén en funcionamiento estos puntos de verificación dentro del territorio nacional. Por todo lo anterior, a nombre de todos los miembros de la Comisión de Agricultura y Ganadería invito a ustedes a votar en favor de este Dictamen que redundará en beneficio directo de nuestros productores nacionales y del pueblo de México en general. Muchas gracias. (aplausos)