El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Compañeros diputados. Por mandato de ley el VI Informe de gobierno que el Ejecutivo federal presentó a consideración de esta soberanía, es el instrumento más importante para evaluar el cumplimiento de las metas propuetas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de una administración que está por concluir sus funciones. Hoy me corresponde fijar la posición de mi grupo parlamentario en lo que respecta a la política social, la cual es informada en el capítulo correspondiente a la meta nacional de lograr un México incluyente, para lo cual se propusieron y realizaron acciones dirigidas a reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales. En el informe, así como en las promociones con que inundaron los medios de comunicación, se insiste en que se redujo la pobreza, situación que si bien es cierta en la comparación de las cifras de los años 2014 y 2016 al pasar de 55.3 millones de personas a 53.4. Si la comparamos con las cifras del año de 2012 en que la pobreza se estimó en 55.3 millones, resulta que el logro de esta administración fue el dejar al país casi en el mismo número de pobres que había cuando inició. Claro, en el informe se enfatiza que en términos porcentuales hubo disminución, pero tratándose de vidas humanas lo que importa son las cifras absolutas que indican que esta administración en sus dos primeros años la pobreza creció, en los siguientes dos años disminuyó y queda por ver en el próximo año, cuando se reporte la siguiente medición de pobreza, a cuánto ascenderán los pobres, lo cual es muy probable que incremente si tenemos en cuenta los aumentos en los precios de los alimentos y otros bienes de consumo generalizado que provocaron los incrementos en los precios de los combustibles. El logro más importante, que es de reconocer, es la disminución de la pobreza extrema, la cual pasó de 11.3 millones de personas en el 2012 a 9.4 en el 2016, lo cual significa que se redujo en 2.1 millones de personas, logro que puede revertirse en el 2018 por el aumento de los precios que hemos comentado y porque las causas estructurales de la pobreza aún persisten en el país y se reflejan en que la población tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar. Con el Prospera se alcanzó una cobertura de 6.8 millones de familias. Este programa contempla transferencias monetarias con un promedio de 875.9 pesos mensuales por familia. Esas acciones contribuyeron a que la población con carencia de acceso a la alimentación disminuyera en 2.8 millones de personas en el 2016. No obstante lo anterior, la población con carencia en ese año se estimó en 24.6 millones de personas, cifra bastante alta. La reducción de la desigualdad continúa siendo una asignatura pendiente en el país. De acuerdo a la estadística proporcionada en el Sexto Informe de Gobierno, es por ello que el medio fundamental para reducir la desigualdad no sólo debe provenir de la política social, sino que se origina principalmente en la política económica que es cobrar más impuestos a los que obtienen mayores ingresos y menos a los de menores ingresos, debiendo redistribuir los ingresos fiscales hacia ese último sector de la población. En lo anterior radica, además de otros temas, que el programa estelar del combate a la pobreza del presidente Peña Nieto en la Cruzada Nacional contra el Hambre no haya logrado concretar sus metas. La garantía de los derechos económicos y sociales como son los de la salud, la alimentación, el agua potable, la vivienda digna, reconocidos en nuestra Carta Magna, requieren de acciones más allá de los apoyos monetarios. Si bien han demostrado que pueden reducir la pobreza, también ha quedado claro que ante acontecimientos económicos que provocan desempleo, inflación, resultan insuficientes tal como lo demostró la crisis financiera del 2008. La política social en nuestra opinión, debe tener como objetivo el lograr que la población en pobreza mejore sus capacidades para atender por sí mismo...