La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Gracias, presidente. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de supremacía constitucional, de acuerdo con el cual todas las leyes que integran el orden jurídico nacional deben ir acorde con la Constitución, pues ésta es considerada como la base angular de nuestro Estado de derecho, toda vez que, entendida en su sentido formal, constituye el fundamento de validez de todas las normas de carácter secundario, ya que en sus preceptos radican los valores supremos de la comunidad política y la organización del supremo poder. En este sentido, la Constitución necesariamente requiere del desarrollo y el Estado del estudio de instrumentos jurídicos y procesales que garanticen no sólo su defensa ante posibles violaciones y el desconocimiento de éstas, sino también su desarrollo y evolución, de conformidad con los cambios políticos, sociales y económicos que se experimentan en el seno de la sociedad que regula. Sin embargo, la interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecida a través de tesis P9/2007, correspondiente a la novena época emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro Tratados Internacionales, es parte integrante de la ley suprema de la unión y se sitúa jerárquicamente por encima de las leyes generales federales y locales. La interpretación del artículo 133 constitucional de fecha de abril de 2007 ha determinado que los tratados internacionales se sitúan jerárquicamente debajo de la Constitución federal y por encima de las leyes generales federales y locales, situación que se traduce en la posibilidad de impugnar los derechos consagrados en los instrumentos internacionales por considerar que no están acorde con las disposiciones de la Constitución, hecho que atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos, pues si bien las constituciones contienen los principios y ejes rectores de un Estado, no se puede considerar que los tratados internacionales de derechos humanos, que son consensuados en su creación y sometidos a análisis rigurosos para su ratificación e incorporación a los estados como instrumentos normativos, puedan ser contrarios a ésta, pues en ellos se plasman las especificidades de un instrumento de orden constitucional que, dada su propia naturaleza, sería imposible especificar y prever. Por ello considero que elevar a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos sería una medida legislativa importante que garantizaría que los órganos jurisdiccionales recurrieran a su análisis y aplicación de manera que, dentro del espectro de derechos fundamentales de las personas que se encuentren en el país, sea más amplio y claro, no obstante que los tratados en esta materia sean reconocidos como leyes supremas de toda la unión. Es necesario también reconocer que éstos tienen el mismo rango que la Constitución para que, al ser incorporados en el derecho interno, adquieran la máxima jerarquía normativa dentro del ordenamiento jurídico. Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 133. Los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con la aprobación del Senado, las leyes del Congreso de la Unión que de ésta y de ellos emanen, serán ley suprema de toda la unión. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como aquéllos que contengan disposiciones en las que se reconozcan, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan disposiciones sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, tratados y leyes, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados, debiendo interpretar los derechos y deberes consagrados en esta Constitución, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado mexicano. Es cuanto, diputado Presidente. Le pido que se publique el texto íntegro en el Diario de los Debates.