El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Muchas gracias compañera Presidenta. Mil disculpas por la distracción. En el grupo parlamentario del PRD tenemos un sentimiento de insatisfacción como resultado de los escasos resultados obtenidos después de 9 meses de haberse creado en el Senado de la República la Comisión Especial de Investigación del Funcionamiento del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en la que han comparecido el titular y los cuatro actuales vocales del Instituto y se han sostenido reuniones de trabajo con 4 ex vocales. No se han cumplido los propósitos de la Comisión, de alcanzar la transparencia, la seguridad jurídica y el fincamiento de responsabilidades a quienes cometieron quebrantos contra la Hacienda Pública durante el proceso de rescate bancario, tal como lo dispone el artículo 5º transitorio de la Ley del IPAB, proceso que por cierto es un asunto concluido para la Junta actual del Gobierno del Instituto. La conclusión es categórica, sin lugar a dudas se puede afirmar que las actuales autoridades del IPAB no han hecho los esfuerzos necesarios para resarcir el daño ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las operaciones ilícitas que no fueron suficientemente corregidas, ni se procedió penalmente para castigar a los responsables de ello. Los cuantiosos recursos transferidos a través del Presupuesto de Egresos de la Federación durante los últimos 10 años para cubrir el pago de los intereses de los pagarés emitidos por el FOBAPROA ascienden a los 400 mil millones de pesos, lo cual permite dimensionar la magnitud del problema. Asimismo, durante el presente año el IPAB absorberá recursos presupuestales superiores a los 30 mil millones de pesos. El reto que implica para el Estado cumplir satisfactoriamente con dicho compromiso le impide enfrentar adecuadamente otros compromisos constitucionales en la promoción del desarrollo económico y social, baste señalar que los recursos del FOBAPROA-IPAB ascienden a un billón de pesos. Hoy se nos pide olvidar este pasado vergonzoso que representa una afrenta a los mexicanos y mirar al futuro, no obstante, consideramos que como legisladores tenemos la responsabilidad de velar por el eficiente desempeño de las instituciones de la República, por ello sostenemos que la pretensión de ratificar como Vocal por un periodo de cuatro años, al señor Ernesto Zamarripa no puede recibir el beneplácito de los legisladores perredistas. Estamos de acuerdo en la necesidad de que funcionarios capaces y comprometidos con el país desempeñen cargos de tan alta responsabilidad en el IPAB, en tal virtud no podemos votar por la ratificación señalada, debido a que el señor Zamarripa ha sido parte de la Junta de Gobierno en el que ha avalado las decisiones de una Junta incapaz de hacer cumplir la Ley del propio Instituto. Son múltiples las evidencias de los ilícitos cometidos en el proceso de rescate bancario que se pretenden mantener impunes. El informe de las auditorías realizadas por Mackey a petición de la Cámara de Diputados sostiene que algunos bancos, debido a su alto índice de capitalización nunca debieron entrar al Programa de Capitalización y Compra de Cartera, lo cual representó una seria irregularidad. Otro banco convino con el FOBAPROA en que no repartiría utilidades mientras era apoyado con recursos públicos, no obstante, en 1966 dicha institución distribuyó utilidades entre sus accionistas evidenciando así que nunca debió ingresar al programa de rescate referido. El propio IPAB detectó a través de su auditoría interna, diversas irregularidades en la realización del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, entre los que sobresalen créditos otorgados sin garantías e intereses moratorios excesivos. Considerando en conjunto la corrección de estos actos sin sustento legal, se hubieran traducido en una reducción sustancial que habría permitido un menor daño al Erario Público, sin embargo, la pregunta es: ¿Por qué las autoridades del IPAB avalaron esas acciones irregulares, por qué no se aplicó la ley y se invalidaron los títulos de deuda correspondientes? Por último, cabe hacer énfasis que recientemente las auditorías gel (¿) han arrojado resultados positivos reducidos, ya que se llevaron a cabo sobre la base de las auditorías de Mackey y no sobre una base ampliada de revisiones que hubieran aportado mayores evidencias respecto de probable nuevas irregularidades. Quiero adicionalmente a ellos, hacer un comentario que me han hecho llegar algunos senadores, tanto de mi grupo parlamentario como de otros grupos, acerca de la improcedencia constitucional para que la Comisión Permanente retome la aprobación del nombramiento de Ernesto Zamarripa como Vocal del IPAB. No soy abogado y en consecuencia, daré lectura y estoy convencido de que los distinguidos juristas que hay aquí de todas las bancadas, podrán hacer una reflexión en voz alta y seguramente nos podrán ilustrar al respecto. El artículo 63 constitucional dispone expresamente un quórum de más de la mitad del número total de sus miembros, para que puedan sesionar cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. Tal quórum, precisamente por ser constitucional, es necesariamente observable y definitivamente inmodificable por las leyes secundarias o por reglamentos o acuerdos del propio Congreso o de alguna de sus Cámaras, independientemente de los niveles de votación, dígase, relativa, absoluta o calificada, que exijan la propia Carta Fundamental o las leyes secundarias para los diversos asuntos. Pues bien, en ejercicio de sus potestades constitucionales y de lo establecido en la propia Ley del IPAB; el pasado 15 de diciembre la Cámara de Senadores, sesionando con el quórum constitucional, atendió y resolvió un dictamen debidamente tramitado por la comisión legislativa encargada del asunto, por el que se proponía el nombramiento de un vocal del IPAB. La asamblea de los senadores tomó una votación también amparada en la Constitución y en nuestra Ley Orgánica y toda vez que el dictamen no alcanzó la votación requerida por la Ley del IPAB, la Mesa Directiva determinó desechar el dictamen, es decir, desechar la propuesta del Ejecutivo. En la ley no existe, no puede existir disposición alguna que amplié el quórum necesario para la discusión de algún asunto y esta ampliación; tampoco puede hacerla ningún acuerdo parlamentario, pues en ambos casos se iría en contra de la Constitución. Así, el dictamen se voto debidamente y la Mesa Directita emitió un acto jurídico formal. La del 15 de diciembre, compañeros y compañeras, es una resolución soberana del Senado de la República, haciendo uso de una facultad exclusiva, por lo que no puede ser revertida por un órgano diverso de este Congreso, como lo esta Comisión Permanente. Por su atención, muchas gracias. Nuestro voto en contra, por supuesto.