El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Con su venia, señor presidente. Clarificar que vamos en contra en lo general de la Ley de Ingresos. Diputadas y diputados, pocos países, como México, han demostrado con tanta claridad el impacto negativo que puede tener en una época de crisis la aplicación de una política de puertas abiertas en su comercio internacional. Hoy nuestro país tiene celebrado un total de 11 acuerdos comerciales con 44 países y en el marco de esos muchos acuerdos nuestra balanza comercial es deficitaria. Esta estrategia obedece a la intención de los gobiernos de frenar el conocimiento de precios internos mediante la importación de bienes adquiridos a otras economías que cuentan con un mayor desarrollo tecnológico cuyas ventas son respaldadas por sus países de origen con apoyos financieros preferenciales, actuando de manera muy agresiva y con prácticas de comercio desleal. Eso ha provocado la destrucción de la planta productiva del país, limitando la capacidad de aumentar la recaudación al grado de que cada año los tecnócratas se dan cuenta de que la cobija se encoge y las necesidades crecen. Por eso cada año caer en la tentación de cobrarles incluso a los que menos tienen, como sucede hoy con la decisión que se tomó en esta Cámara por parte del PAN y del PRI, en aumentar en un punto porcentual la tasa del Impuesto al Valor Agregado; ya no es posible ignorar que no se pueden extraer más recursos de la inmensa mayoría de los mexicanos desposeídos, que han sufrido y pagado las consecuencias de esos errores. Por eso, ya no podemos seguir aplicando esta política económica que fue incapaz de aprovechar la gran cantidad de divisas de las que se dispusieron en el país hasta octubre del año pasado, hasta antes de la crisis, cuando a pesar de la abundancia, la política económica casi agotó el mayor yacimiento de petróleo y propició la destrucción de empleos, la migración y la erosión familiar. Por eso preocupa lo que ha hecho el Ejecutivo con la facultad que, de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución, le puede ser delegada por el Congreso para administrar el comercio exterior de nuestro país. A pesar del impacto negativo que tiene la importación de todos los bienes, en diciembre de 2008 el Ejecutivo aplicó nuevas reducciones arancelarias, desprotegiendo, en medio de la crisis, a la planta productiva nacional. El Ejecutivo se ampara en una práctica de colaboración entre Poderes, en apego con el segundo párrafo del artículo 131 de nuestra Carta Magna como una práctica parlamentaria ancestral del Estado mexicano. El Congreso de la Unión ha delegado en el Ejecutivo las facultades para regular situaciones referentes al comercio exterior. Cabe hacer hincapié en que la facultad originaria de regular el comercio exterior por disposición constitucional es del Congreso de la Unión, pero el concepto en comento regula la posibilidad de otorgar al Poder Ejecutivo una facultad extraordinaria para legislar en materia comercial cuando así lo estime conveniente. La propia Constitución dispone al menos de dos condiciones o dos condicionantes legales que se adquieren para así preservar la constitucionalidad de la facultad extraordinaria a la que nos estamos refiriendo; una, el presidente de la República para hacer uso de la facultad delegada debe referir las razones de urgencia para preservar los objetivos que establece el propio precepto, mismas que determinan la adopción o modificación de una medida y dos, de forma anual el Congreso de la Unión debe aprobar o desaprobar el uso de que el Poder Ejecutivo hubiere hecho de tal facultad. En consecuencia, la delegación de tal facultad es anual y su renovación está condicionada a una calificación por parte del Congreso del uso que hubiere hecho la facultad delegada y por ende, las medidas adoptadas por el Ejecutivo son provisionales hasta en tanto no se convaliden por el acto de aprobación del Congreso de la Unión. En la práctica la administración ha dejado de prestar cabal cumplimiento a los requisitos señalados. Como ejemplo, en los decretos por los cuales se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, si acaso sólo se refieren a justificaciones políticas o de política económica general y abstracta, pero no razones de urgencia. Por tal razón, nos parece conveniente la propuesta de la colegisladora de retirar esa facultad del Ejecutivo modificando los artículos 7, fracción IV, décimo séptimo y segundo transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación, promoviéndose para que durante el ejercicio fiscal 2010 se suspenda la vigencia de las disposiciones contenidas en la fracción I del artículo 4o de la Ley de Comercio Exterior, por lo que queda sin efecto?