La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, desde hace 18 años se lleva a cabo en México un evento, a través del cual medios de comunicación convocan a la ciudadanía en general a donar dinero por diferentes vías, para la construcción de centros de rehabilitación infantil. Académicos, sociedad civil e incluso organismos internacionales de derechos humanos, han advertido elementos perniciosos de este tipo de recaudación de recursos públicos, y se destaca lo siguiente. Que se deducen impuestos con recursos provenientes de terceros a los que ni siquiera se informa de ello, e incluso se devuelve al donador, que es el recaudador, el remanente de su obligación fiscal. Que una parte significativa proviene de recursos ya fiscales, pues los gobiernos municipales, estatales y federales entregan cuantiosos donativos. Se sustituye por particulares la obligación que tiene el Estado mexicano de atender a un sector vulnerable de la población, y que se ha dado un trato indigno a las personas con discapacidad al exhibirlas como sujetos de caridad, para promover la recaudación. Lo que se presenta en los medios de comunicación como un acto filántropo altamente humanitario, esconde diferentes intereses perniciosos y despropósitos, en los que el lucro y el beneficio mercantil se imponen sobre otro tipo de consideraciones. Las empresas que apoyan al fondo Teletón tienen la posibilidad de deducir de sus impuestos lo que están obligados a pagar por ley, finalmente es el fisco el que lo está subsidiando. En algunos casos, las empresas que aparecen como donadoras obligan a sus altos mandos y medios a aportar dinero para el Teletón. Sin embargo, al poderlo deducir las empresas altruistas se apropian de un recurso económico que es de sus trabajadores, haciendo así un doble negocio. Una vez terminada la fiesta mediática de diciembre, las empresas participantes que ya han materializado el beneficio económico y logrado su intencionalidad comercial, se desatienden y abandonan a su suerte a los CRIT, cuyos directivos tienen que acudir a los apoyos gubernamentales para poder subsistir y así ofrecer servicios de rehabilitación para los miles de niños solicitantes. En algunos casos, la carga presupuestal para las finanzas públicas es considerable. Por ejemplo, en 2003 la aportación del gobierno del Estado de México fue de 30 millones de pesos. En el estado de Coahuila 20, en Guanajuato 20, Oaxaca 8 y en Aguascalientes 6. A esto hay que agregar donaciones de los gobiernos municipales y del gobierno federal. Lo que aparece en los medios como un evento altruista, propiamente empresarial, disfraza una triste realidad. La sociedad es la que financia el Teletón, pero el beneficio principal lo reciben las empresas, como es el caso de Televisa. En este sentido, no es descabellado pensar y deducir que lo que en realidad está pasando es lo que estas compañías multimillonarias se benefician con los impuestos de los mexicanos haciendo su agosto en diciembre, convirtiendo a Teletón en un verdadero negocio, en un negocio redondo. En octubre de 2014 el Comité de la ONU para personas con discapacidad emitió un informe en el que critica la entrega de recursos públicos al Teletón. El reporte indica que México debe distinguir entre el apoyo a la iniciativa privada y lo que destina a la rehabilitación de las personas con discapacidad en instituciones públicas. Del análisis del artículo 27 y 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se pueden advertir los siguientes vacíos: deducción de impuestos con recursos provenientes de terceros, a los que ni siquiera se informa de ello. La aplicación de recursos fiscales sin transparencia, pues una parte importante de estos donativos proviene de gobiernos municipales o federales o estatales. La devolución de recursos deducidos cuando la recaudación de donativos del público supera la obligación fiscal. La suspensión del cumplimiento de obligaciones sociales de los gobiernos donantes hacia los niños con discapacidad, que puede estar sucediendo cuando consideran que se cumple con esta donación. Y la manipulación por parte de los medios de comunicación, respecto de la compasión y solidaridad. En esta presente iniciativa se busca evitar que las personas físicas o morales puedan deducir impuestos, fundamentalmente el impuesto sobre la renta, que es la principal fuente de ingresos de la hacienda pública mexicana, con recursos provenientes de la recaudación directa de la ciudadanía en general. Se pretende preservar la naturaleza de las contribuciones que integran el conjunto de la hacienda pública, pues el impuesto sobre la renta busca gravar la riqueza de los mexicanos y al pagarse con dinero ajeno al propio, las empresas dejan de cumplir equitativa y proporcionalmente como obliga el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna. Cabe aclarar que no se persigue de ninguna manera acabar con las prácticas altruistas o filantrópicas de las empresas mexicanas, sino por el contrario, promover dichas prácticas de manera real, es decir, con un compromiso social no simulado, que sucede cuando las empresas o los ciudadanos mismos donan dinero propio para causas humanitarias. Por lo que se propone adicionar un inciso i) al delito de defraudación fiscal establecido en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Es cuanto.