El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Diputadas y compañeros diputados, como dijeron hace un momento los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, la discusión de este dictamen obedece a una minuta que nos envía el Senado para corregir algunas deficiencias de la ley que este pleno había aprobado en diciembre pasado, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, y como mencionó muy bien la diputada Guillén Vicente, pues se trata básicamente de garantizar principios de derecho penal como: no hay pena sin ley estricta; no hay pena sin ley previa y, no hay pena sin ley cierta. Esto, desde luego, parece correcto. Yo me inscribí en contra porque, como recordarán, cuando se votó esta ley antisecuestro sostuve que el espíritu de esta reforma legal, de esta ley general, propiciaba lo que la doctrina jurídica, la doctrina penal denomina como el derecho penal del enemigo. Voy a repetir brevemente en qué consiste este derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo propone un Estado policiaco y no un estado de derecho. No constituye un derecho garantista o mínimo, sino máximo. No incluye a los ciudadanos infractores para rehabilitarlos sino que los excluye del tejido social. No forma parte del derecho penal ordinario sino que es un derecho de excepción. No busca corregir o rehabilitar, sino eliminar. No es consecuente con la dignidad de las personas sino que destruye la dignidad. No maximiza derechos humanos, sino que los minimiza. Y, es propio no de un Estado constitucional y democrático de derecho, sino de un Estado autoritario. El dictamen que votamos en esta materia en el pleno de la Cámara de ley antisecuestro establecía una serie de elementos restrictivos con los derechos procesales de los detenidos, de los indiciados y establecía, o establece, también penas altísimas para sancionar el delito de secuestro. Yo en su momento hice consistir 14 críticas a esta ley, que fue aprobada por el pleno de la Cámara, que me permito recordar: 1. No prevé –decía en aquella ocasión– garantizar el equilibrio procesal de las partes, tal como lo establece en el artículo 1 y 3 de la ley. 2. El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones, como recordaremos, son imprescriptibles en materia de secuestro. 3. No hay reserva de averiguación previa, el Ministerio Público está obligado en todos los casos a ejercitar la acción penal; artículo 6. 4. Las penas son desproporcionadamente altas, mayores que en otros tipos penales; artículos 9, 10 y 11. 5. Se establece la figura de la inexcusabilidad del testigo. 6. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la ley, no tienen derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución o conmutación de la pena, o cualquier otro que implique reducción de la condena; artículo 19. 7. La autoridad judicial puede ordenar vigilancia policial hasta por cinco años después de que los reos hayan compurgado su sanción y ya hayan sido liberados; artículo 20. 8. Establece un sistema de testigos protegidos que ha demostrado en México su ineficacia; artículo 26. 9. Las atribuciones de la policía son excesivas e imprecisas; artículo 43. 10. A los procesados y sentenciados se les pueden aplicar medidas especiales de vigilancia; artículo 46. 11. Hay adelantamiento de la punibilidad; artículo 55 del Código Penal Federal. 12. Debiendo aplicarse las reglas del concurso ideal de delitos, en el secuestro siempre se aplican las del concurso real; artículo 64 del Código Penal Federal. Y otras deficiencias que constituyen derecho penal del enemigo, a las que en su momento me referí. Por las mismas razones que en aquella ocasión, en esta ocasión votaré en contra. Creo, que la letra y el espíritu de esta Ley Antisecuestro constituyen un derecho de excepción inaceptable en un derecho penal democrático. Por su atención, muchas gracias, y votaré en contra de esta minuta.