El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Muchas gracias, presidenta. Con su permiso y con la venia de todas las compañeras diputadas y diputados. Derivado de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Instituto Nacional de Migración, de fecha 13 de enero del año 2016, por la violación a los derechos humanos de 15 mexicanos asegurados en estaciones migratorias. El organismo nacional acreditó violaciones a la seguridad pública, a la seguridad jurídica, a la libertad personal y de tránsito, y a la no discriminación, cometidas por 22 servidores públicos del instituto referido. En donde los principales señalamientos expuestos en las quejas fueron: privación de la libertad; disparidad de criterios en la resolución de los procedimientos administrativos; imprecisiones en los informes sobre el aseguramiento de los agraviados; desestimación de documentos oficiales que acreditaban la nacional; y abuso de su condición de vulnerabilidad en la que se encontraban, ya que algunos de los quejosos salieron de sus comunidades de origen sin saber leer ni escribir y con poco o nulo dominio del idioma español. Asimismo, de la recomendación de fecha del 14 de junio del 2016, por violaciones a derechos humanos de 4 personas indígenas, una mujer y 3 hombres originarias de Chiapas, 3 de ellas fueron detenidas y retenidas por agentes migratorios quienes aseguraban que eran de nacionalidad Guatemalteca, aunque presentaron actas de nacimiento, y alguna de ellas, credencial de elector de nuestro país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicita implementar protocolos de atención para personas que sean presentadas en un recinto, estancia o estación migratoria. Que el Instituto de Migración tenga dudas razonables de su nacionalidad, afín de que se pueda verificar la documentación que aporte para acreditar la misma. Se pide contar con la infraestructura necesaria y de acceso a bases de datos, para que en el lugar de que se realice la revisión migratoria se corrobore de manera inmediata los datos de identificación proporcionados por personas que declaren ser de nacionalidad mexicana, y de esta manera evitar que sean trasladados y detenidos ilegalmente en un recinto migratorio. Por lo antes expuesto y considerando que el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, decide que el Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del estado en lengua indígena nacional de que sean hablantes. Por lo que las autoridades promoverán lo necesario para que los indígenas sean asistidos gratuitamente en todo tiempo por intérpretes defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura. Someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo número 31 y un artículo número 32 al Capítulo III, De las autoridades auxiliares en materia migratoria, de la Ley de Migración, recorriéndose el resto en el orden subsecuente. Lo anterior con la finalidad de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de personal traductor en cada estación migratoria que permita y proporcione a las autoridades migratorias capacitación en materia de los derechos de los pueblos indígenas. Que el Registro Nacional de Población celebre convenios de colaboración con los registros civiles de las distintas entidades federativas y con el Instituto Nacional de Migración, para cotejar de manera eficaz y oportuna los documentos de identificación que presenten los migrantes y con ello verificar la autenticidad de la nacionalidad mexicana, cuando sea el caso, y con ello garantizar los derechos consagrados en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, donde dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.