El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Primero solicito que se inserte en el Diario de Debates las reservas que se presentan, de cada uno de los artículos. Ante un Estado fallido no queda más que establecer las condiciones para que los operadores políticos hagan inviable e inoperante esta Ley General de Víctimas. El sexto transitorio de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de enero de 3013, estableció la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con nueve integrantes. Una reforma posterior del 3 de mayo de 2013, determinó que esta comisión se integraría con siete integrantes. El 9 de mayo de 2013, el Ejecutivo federal, a través del secretario de Gobernación, previa consulta a organizaciones vinculadas con víctimas y la defensa de sus derechos, presentó al Senado 61 propuestas de ciudadanos para ocupar el cargo de comisionados en esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El Senado de la República el 23 de septiembre establece el procedimiento de selección de estos comisionados y el 8 de octubre de 2013 aprueba siete comisionados, por cinco, tres y dos y un año del encargo. ¿Por qué modificar esta estructura de una comisión colegiada para cambiarla a un órgano unipersonal? ¿Qué justifica esta modificación legal para que un órgano colegiado que podría acceder a datos de víctimas de secuestro, de extorsión, de desaparición forzada, de desplazamiento interno, sea manejado por una sola persona? Se ha politizado el tema. Un órgano colegiado no garantiza al Ejecutivo el manejo de esta información; información grave ante el anuncio de organismos internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano ha fallado en la protección de derechos humanos. Información grave de víctimas que de acuerdo a la Constitución tienen una garantía para la protección de sus bienes, de su persona, y esta ley se manipula para cercenar esa información de estas víctimas. El artículo quinto transitorio, del cual presentamos una modificación, refiere en su segundo párrafo que los comisionados nombrados el 8 de octubre dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido una vez entrado en vigor el decreto. Quedan sin efecto sus nombramientos. ¿Por qué la urgencia de quitar a este órgano colegiado? Porque no garantiza la secrecía, no garantiza la discrecionalidad en el manejo de las víctimas en nuestro país. Más de 28 mil desaparecidos, más de 200 mil desplazados internos, más de 100 mil víctimas en el fuego cruzado de esta guerra fallida, de esta estrategia militar contra la delincuencia organizada que es lo que se quiere encubrir al cambiar a los operadores políticos de esta ley. Un órgano unipersonal de un comisionado propuesto por el Ejecutivo para ser aprobado por el Senado en dos terceras partes de sus integrantes. ¿Por qué esta modificación al diseño institucional? Porque no queremos rendir cuentas, porque no queremos dar anuncios del Estado fallido que tenemos ante la violación reiterada y grave de derechos humanos. Eso es lo que justifica esta modificación a esta ley. Esta ley no la modifica el interés primordial de la niñez; los operadores de esta ley la harán ineficiente. No modifica o no justifica esta modificación desplazados internos; los operadores de esta ley la harán ineficiente. Un operador unipersonal, acompañado de una junta de gobierno donde intervienen cuatro secretarías que no se vinculan con la justicia; salud, educación no se vinculan con la justicia, pero integran un órgano colegiado que le quita autonomía a la operación de esta Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Esto le resta fuerza y autonomía en sus decisiones. No tiene una autonomía. Hay simulación en la participación ciudadana; se habla de una asamblea consultiva de nueve elementos electos por la Junta de Gobierno. Los mismos secretarios que integran la Junta de Gobierno van a elegir a la parte que representa a la sociedad civil. Es un absurdo. Este organismo no tiene autonomía, no tiene una operación ni pesos ni contrapesos que efectivamente transparenten la información de las víctimas en nuestro país. Ante un Estado fallido el Ejecutivo tiene una urgencia; en el mismo quinto transitorio, primer párrafo, determina que hará una propuesta al Senado a quien ocupe el cargo de este comisionado de este órgano unipersonal para que dure en el encargo tres años, tres años; al Ejecutivo le quedan dos años de gobierno, suficiente para acreditar que este organismo es inoperante y anima a la opacidad y a la falta de transparencia de las víctimas. No hay datos oficiales de personas desaparecidas, no hay datos oficiales de desplazados internos; se oculta la verdad a todos los mexicanos, se oculta la gravedad de la violación de derechos humanos. Esta ley será una ley inoperante porque así lo determina la mayoría en esta Cámara de Diputados. Todas y cada una de las reservas que se han presentado al artículo 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 87, 88, 90, 96, 135, y el quinto transitorio, tienen la finalidad de otorgar autonomía plena a esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De no aprobarse las modificaciones que se presentan, estamos ante una ley inoperante. Esta Cámara de Diputados ha emitido leyes inoperantes que los operadores políticos las convierten en ineficientes y en demagogia legislativa. Es cuanto, señora presidenta.