El diputado Gerardo del Mazo Morales: Los tiempos que vive nuestro país, los tiempos que vive el mundo, de violencia, de terrorismo, nos obligan a garantizar a la sociedad seguridad; pero nunca, nunca podemos permitir que se violen los derechos humanos. En México existen 85 aeropuertos de los cuales 59 son internacionales y 26 son nacionales. Se transportan 74 millones 920 mil 348 pasajeros y 768 mil 526 toneladas de carga por el sistema aeroportuario mexicano, de los cuales el 68.19 por ciento de los pasajeros y el 81.44 por ciento de la carga fluyen a través de los cuatro principales aeropuertos del país: Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Monterrey. Es todos sabido que en los últimos años los aeropuertos de nuestro país han sido el escenario de acontecimientos en los que la vida e integridad de cada pasajero se ha puesto en riesgo inminente. Incluso se ha abusado y lastimado los derechos humanos de las personas. A finales de julio de 2010, tras una auditoría de la administración federal de Aviación de Estados Unidos en el marco de la Organización de Aviación Civil Internacional, la Aviación mexicana fue degradada de nivel 1 a nivel 2. Dicha auditoría no calificó a las empresas operadoras, sino a la autoridad responsable del espacio aéreo, en este caso la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En tanto persistió la degradación, los efectos fueron, entre otros, imposibilidad por parte de las aerolíneas mexicanas para realizar el aumento de aeronaves ni la creación de nuevas rutas hacia los Estados Unidos. Por ello, el 9 de noviembre de 2010 Nueva Alianza presentó una iniciativa para reformar los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el plan de verificación constante aplique estrictos controles de acceso sin dañar los derechos humanos en los aeropuertos, controles de pasajeros, equipajes y del personal, incluida la tripulación y su equipaje, reduciendo significativamente el margen de errores con la única finalidad de garantizar la vida y la integridad de las personas que otorgan y hacen uso de los servicios de la Aeronáutica Civil en México. Aunado a lo anterior, la cooperación internacional exige esfuerzos de todos los Estados y de todos los que participan de un modo u otro en la industria de la aviación, teniendo como piedra angular la seguridad de la navegación aérea. Por tanto, el Estado mexicano debe lograr el más alto grado de uniformidad en sus reglamentaciones, normas y procedimientos justificándose así la adopción de medidas de seguridad en toda su industria aeronáutica y que están consideradas en el dictamen que motiva el posicionamiento del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. El Congreso mexicano debe ser sensible y atender los cambios normativos y de operación que se exigen para afrontar las nuevas circunstancias imperantes garantizando seguridad, pero en un marco de respeto a la integridad de las personas. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy nos convoca a votación es para reconocer en primer término el impecable trabajo de la Comisión de Transportes, al precisar la necesidad de establecer un periodo específico para elaborar el plan de verificación de los mecanismos de seguridad de los aeropuertos, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Segundo. Para votar en sus términos una reforma que se traducirá, si la colegisladora así lo confirma, en una garantía de seguridad nacional exigible, y por último, en las bases del progreso de la aviación civil mexicana en el siglo XXI. Por su atención, muchas gracias.