El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados, las propuestas de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, así como de modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal a la Ley de Derechos que se encuentran contenidas en el dictamen que ahora discutimos, pone de manifiesto el alcance y la esencia de estas reformas energéticas. La reforma energética que ahora estamos discutiendo fue presentada como la panacea para que nuestro país logre el desarrollo económico, se impulse la innovación tecnológica y se generen empleos, sin embargo, al analizar los destinos y distribución de los ingresos presupuestarios que tendrá el gobierno federal sale a la luz que no hay un cambio sustancial que pueda entenderse como voluntad de progreso, y si se releva que todo ha sido diseñado para favorecer las grandes empresas trasnacionales. Por un lado, la estructura fiscal que se le da a las empresas productivas del Estado dista mucho del trato que se le da a las empresas privadas. Mientras que a las públicas se les carga por un lado derechos de utilidad compartida del 68 por ciento, derecho a la extracción, derecho de la explotación, el impuesto sobre la renta y otros derechos y aprovechamientos determinados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente; a las privadas, las empresas contratistas se les dará un trato preferencial, ya que sólo se considera la cuota contractual para la fase de exploración, las regalías por un monto de 7.5 por ciento creciente, aunque hay que apuntalar que cuando el precio del barril se estime en 100 dólares, las empresas sólo pagarán 14 por ciento de regalías. La contraprestación que será una decisión discrecional de la Secretaría de Hacienda, con la que no estamos de acuerdo por sus implicaciones y si no acordémonos de cómo hasta ex presidentes de la república, como Ernesto Zedillo Ponce de León, una vez que se privatizó la banca y Ferrocarriles Mexicanos se fueron a trabajar con ellos al extranjero. En cuanto a las regalías, tenemos que manifestar nuestro rechazo a que estas sólo sean de un 14 por ciento, en el caso de los 100 dólares el precio de barril, ya que vemos cómo en países sudamericanos, como Venezuela, Bolivia y Ecuador retienen cifras superiores al 50 por ciento y en algunos casos llega hasta al 80 por ciento. Con lo anteriormente expuesto es evidente que la renta petrolera sí se transfiere a las empresas privadas transnacionales, en contra de las afirmaciones oficialistas de que eso no ocurriría. Este es un golpe muy serio a la soberanía nacional y a la propiedad de los hidrocarburos, patrimonio del pueblo mexicano. Es decir, aquí es donde se esconde que la renta petrolera se va para las empresas extranjeras, ya que vemos que mientras a las empresas productivas del Estado se les trata con un régimen fiscal excesivo, duro y altamente restrictivo, para las empresas contratistas existe una gran flexibilidad y opacidad en cuanto a su aportación a las arcas de la federación y a la contribución que realmente harán a la riqueza nacional. Nosotros rechazamos rotundamente este esquema, que ya estamos convencidos de que otro modelo es posible, nuestros hermanos latinoamericanos lo han demostrado y lo han hecho viable. Sabemos que a la derecha no le gusta, pero hoy los países que más crecen, los que más se desarrollan, los que se encuentran a la vanguardia económica, productiva y sobre todo social, son aquellos que han roto con el neoliberalismo. Tienen gobiernos comprometidos con sus pueblos y no responden a los intereses imperialistas de las corporaciones trasnacionales. Ahora bien, una de las bondades que se ha dicho sobre la reforma es que esta traerá desarrollo científico y tecnológico al país, impulsará la innovación nacional y se generarán las bases de una economía moderna, competitiva y sustentable en el tiempo. Sin embargo, al contrastar los montos y las finalidades del presupuesto que se destinará a esta materia, se advierte que lo que tanto se ha pregonado es sólo un discurso más, sin la voluntad real de impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología nacional. Estas reformas energéticas continúan con el papel histórico que los países imperialistas nos han impuesto: ser sólo productores de materias primas, llevarse nuestras riquezas naturales para después vendernos productos elaborados con valor agregado, convirtiéndonos en un país subdesarrollado, atrasado tecnológicamente y sin desarrollo industrial. También vemos en esta iniciativa un golpe a los estados y municipios en sus finanzas públicas y su derecho a la protección ambiental y la autodeterminación al desarrollo sustentable, tanto económico como ambientalmente. Este dictamen carece del estudio de impacto presupuestario requerido por la ley y tampoco presenta estimaciones ni proyecciones de la evolución de los ingresos presupuestarios con este nuevo esquema fiscal. Los pocos estudios que se han realizado muestran conceptos significativos como los siguientes. Se anota que las modificaciones presupuestas a la Ley de Coordinación Fiscal, un porcentaje participable fijo de 79.73 por ciento a los ingresos petroleros, que se basan en lo que se estimó como ingresos presupuestales petroleros -termino, presidente-, para este año en la Ley de Ingresos. Sin embargo, con el actual esquema las participaciones son variables y dependen de los ingresos observados. Es decir, de lo realmente obtenido por el producto de la venta y exportaciones de hidrocarburos. Con este porcentaje los estados perderán alrededor de 12 mil millones de pesos para el próximo año y se estima que para el 2015 será de 23 mil millones. Es incuestionable que se requiere clarificar el tema de los ingresos sobre hidrocarburos, a efecto de que quede claro que la Ley de Ingresos de la Federación, la manera cómo se fondeará el presupuesto. Finalmente, el tema que discutimos es quizá uno de los más importantes para el pueblo de México, cuánto ganará el Estado mexicano, cómo se repartirán los ingresos entre el gobierno y las empresas, cuánto le corresponde a estados y municipios, cuánto al combate a la pobreza, cuánto al desarrollo de infraestructura, quién gana, quién pierde. Estos temas son los que en esta ley debemos discutir. Recordemos que los ingresos petroleros equivalen alrededor del 35 por ciento del presupuesto gubernamental. Hoy quienes están arrebatando la esperanza para el pueblo de México, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que juntos, el pueblo de México y las fuerzas progresistas, lograremos que la esperanza se convierta en realidad. Por ello les decimos, el proyecto de la izquierda es viable, el proyecto de la izquierda es deseable, y el pueblo de México en las calles y en la consulta popular tendrá la última palabra. Es cuanto, presidente.