El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, Presidente. Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta soberanía, el siguiente Punto de acuerdo En días pasados fuimos testigos de la aprobación por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Ley de Comisiones Militares, que a contracorriente del derecho internacional, legaliza la tortura. En vista de que la aplicación de dicha ley puede afectar irremediablemente a nuestros connacionales, pues corren el riesgo de ser catalogados como terroristas con las fatales consecuencias que esto implica. Debemos tomar en consideración que esta medida será adicional a las penurias que de manera cotidiana padecen, las cuales incluyen entre otras, la posibilidad de morir en el trayecto, los abusos de los llamados coyotes, la deportación, si son capturas por las autoridades migratorias norteamericanas. La amenaza de ser cazados por los minuteman y el racismo. Es fundamental que de ninguna manera permitamos que, con el pretexto de la guerra antiterrorista, civiles inocentes sean torturados y despojados de sus más elementales derechos. Conviene recordar que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, formulada en 1948 y luego de la experiencia de los tribunales militares de Tokio, existe el principio de derecho internacional de no tolerar conductas que vulneren la dignidad de las personas, entre ellas, la tortura, debido a que es uno de los delitos que destruye lo más preciado del ser humano. Por lo tanto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula la prohibición absoluta en el artículo séptimo que a la letra dice: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos". Ello significa que a diferencia de la regulación de otros derechos humanos, no existe ninguna justificación para admitir la tortura, en consecuencia, inclusive en situaciones excepcionales, se preserva la protección a la persona de esta práctica, tal disposición es recogida en el artículo cuarto de dicho pacto que alude a la exclusión de restricciones relativas a este derecho. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna a los artículos 6o, 7o, 8o, párrafo primero y segundo, onceavo, quinceavo, dieciseisavo y dieciochoavo. De la misma forma el Sistema Interamericano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohibe la tortura en el artículo 5o. En 1975 la Organización de las Naciones Unidas aprobó una Declaración sobre protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, base de la posterior aprobación de la Convención contra la Tortura del día 10 de diciembre de 1984. El 15 de marzo de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60-251 que establece el Consejo de Derechos Humanos como uno de los órganos subsidiarios, en sustitución de la actual Comisión de Derechos Humanos. Dicho acto elevó el nivel jerárquico de los derechos humanos, como uno de los tres pilares que sostienen la acción colectiva de la comunidad internacional junto a los temas de desarrollo y el mantenimiento de la paz y la seguridad. México presentó su candidatura al Consejo el 16 de marzo del 2005. Para sustentar el 11 de abril del mismo año presentó ante la Comunidad Internacional sus contribuciones y promesas voluntarias en materia de derechos humanos. México resultó electo el pasado 9 de mayo por la Asamblea General como uno de los 47 miembros fundamentales del Consejo por un período de tres años, con 154 votos a favor en un universo de 191. El 19 de mayo del 2006 los 47 países que integran el grupo fundamental del Consejo de Derechos Humanos acordaron que México ejerciera la presidencia en su primer año de existencia en la persona del embajador Luis Alfonso de Alba, representante permanente de México ante organismos internacionales. En razón de que México preside en estos momentos el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual nos coloca en una condición de responsabilidad ante la comunidad internacional para la defensa de los derechos humanos y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior, para que sea considerada de urgente resolución, respetuosamente sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo Unico. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que instruya al embajador Luis Alfonso de Alba, para que en su carácter de presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, exhorte al gobierno de Estados Unidos de América a que se apegue de manera estricta a la legislación internacional en materia de tortura y no se aplique la Ley de Comisiones Militares. Atentamente grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto señor Presidente.