La diputada María del Carmen Pinete Vargas: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, estamos convencidos en que la consolidación de una cultura de derecho, como fundamento del Estado democrático, precisa en diversas reformas a nuestros sistemas normativos vigentes. Sabemos que la cultura de los derechos humanos es una responsabilidad compartida entre todos los poderes y ámbitos de gobierno: los organismos públicos de derechos humanos, partidos políticos, instituciones públicas y privadas, y la sociedad civil. De ninguna manera podemos olvidar que, en los momentos más trascendentales de nuestra nación ha existido un vínculo claro entre el avance de la protección de los derechos humanos y la lucha por la libertad, la democracia y la justicia. De ahí, la necesidad de impulsar una política de Estado en materia de protección, promoción y defensa de los derechos humanos. Bajo el anterior orden de ideas, hablar de retos y desafíos de los derechos humanos en México es referirse a la posibilidad de llevar a cabo una reingeniería estructural del andamiaje institucional y legal, que toque la médula de los sistemas jurídico, político, económico, social y cultural del país. Muchos son los temas que resulta urgente atender. En todos y cada uno de los sectores que integran la sociedad existe una flagrante violación a los derechos fundamentales. Si miramos a los menores de edad, sabemos que son víctimas de explotación sexual, laboral, de violencia, de abandono, de humillaciones, muchos de ellos carecen de educación y de una adecuada alimentación. ¿Cuándo van a tener acceso a espacios recreativos? De igual manera, todos sabemos lo que pasa con los hombres y las mujeres de la tercera edad, con los indígenas, con las personas con capacidades diferentes y con los demás grupos en estado de vulnerabilidad. Por ello la urgente necesidad de tomar conciencia, desde el ámbito institucional hasta el individual, de la existencia y vigencia de los derechos humanos. No podemos negar que prevalece una falsa idea de lo que son estos derechos. La mayoría de la gente en las calles percibe que los derechos humanos han sido creados para proteger delincuentes. Así lo manifiesta el taxista, así lo manifiesta el ama de casa, el ingeniero, el estudiante y/o el obrero, entre otros. Además, entre la sociedad existe el estereotipo de que el derecho es manipulable. De que la fragilidad de la ley facilita todo tipo de arreglos y desarreglos, de que se puede justificar con igual razón tesis contrapuestas acomodadas de acuerdo al interés del cliente. En este sentido, uno de los grandes retos, recordando al gran jurista mexicano Diego Valadés, y al propio Bobbio, es interesarnos de manera verdadera por el indiscutible nexo entre el derecho, la educación y la cultura. Bajo este orden de ideas es que tenemos ante nosotros el gran reto de vincular el tema de los derechos humanos, no sólo al sistema jurídico, sino al sistema económico, al político, y desde luego articulado, al sector educativo. Por ello, es este último de donde parte el rumbo y es lo que queremos para que nuestra nación sea grande, próspera y muy sólida. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está cierto de que sólo por medio de la educación se podrá establecer una nueva cultura de respeto a la no violencia y a la legalidad. Estamos ciertos de la obligación de las instituciones, particularmente de la escuela: velar por los niños y las niñas, desde la infancia y que reciban instrucción sobre valores y actitudes, comportamientos y estilos de vida que les permitan resolver conflictos por medios pacíficos y en un espíritu de respeto por la dignidad humana, de tolerancia, de no discriminación y de respeto a la ley, fortalecida ésta con lo bien aprendido en el hogar. Por lo anterior, es que pedimos su consideración y voto favorable para este dictamen a discusión que adiciona la fracción VI al artículo 7o. de la Ley General de Educación. Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, gracias.