La diputada Fabiola Rafael Dircio: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, garantizar el derecho de todas y todos sin exclusión es una labor que desde el Poder Legislativo debemos continuar fortaleciendo. Desde el Grupo Parlamentario del PRD tenemos claro que una tarea tan noble no solo debe ser institucional. Por el contrario, requiere ser de nuestros pueblos y comunidades, demanda armonizar la legislación con la realidad. Esa es la forma de reconocer el pacto social y cultural que nos une con nuestro origen. La propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable nace bajo la concepción de que levantar a los pueblos originarios para favorecer el medio ambiente, a través del desarrollo sustentable con base en el conocimiento de sus pueblos y comunidades que permitiría una mejor planeación y organización. Hagamos valer el discurso institucional de proporcionar atención especial a los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país en algo que, concordamos, es que es una triste realidad la pobreza y la marginación en la que vivimos. Estos datos son validados por el Consejo Nacional de Evaluación Institucional que señala que el 69 por ciento de la población indígena se encuentra en situación de pobreza. De ese total, 41 por ciento de la población se haya en pobreza moderada y 28 por ciento en pobreza extrema, lo que se convierte significativamente atendible si partimos de un censo de 12 millones de personas indígenas y afromexicanas, lo que representaría el 10 por ciento de la población mexicana. Ese escenario es contrario a los beneficios aprovechables de los pueblos originarios y, por tanto, debe modificarse bajo el entendido de que nuestro país es la cuarta nación de diversidad biológica en el mundo y que la mayor parte de esta biodiversidad se encuentra en regiones indígenas y afromexicanas y que se combina con la riqueza cultural de los pueblos. Los datos anteriores nos indican que una gran parte de la propiedad social del país se encuentra asentada en territorio de los pueblos indígenas y afromexicanos y son del orden territorial de 4 mil 786 ejidos y 258 comunidades agrarias. Además, existen 304 mil unidades de pequeña propiedad, sumado a lo anterior, hoy conocemos que los pueblos originarios cuentan con una reserva de petróleo en un 70 por ciento de su territorio, agua en un 21 por ciento, electricidad mediante hidroeléctricas. Madera a través de bosque y selva en el orden del 50 por ciento, una basta diversidad de plantas, con cerca de 15 mil especies y una pluralidad de animales alrededor de 925 mil 620 especies, así como minerales y conocimiento necesario de esos recursos. No obstante, a lo anterior y la importancia que tiene para el país, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación manifestó que, en cuestión de ejercicio de derecho y acceso a oportunidades para el desarrollo de vida satisfactoria y digna existe una gran desigualdad. Esa desigualdad se acentúa en las conductas, prejuicios y concepciones sobre el origen étnico, los rasgos culturales o el color de piel, reincidiendo en los pueblos originarios. Por todo lo anterior aludido, la propuesta que se presenta va encaminada en el sentido de que a través del desarrollo rural sustentable se aproveche la articulación de las dependencias y entidades del gobierno federal para impulsar e incorporar a los pueblos indígenas y afromexicanos en la aplicación y alcance de políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y garantizarles bienestar, su participación e incorporación al desarrollo nacional. Con la implementación de la presente reforma se fortalecería el aprovechamiento del conocimiento de las comunidades indígenas y afromexicanas, impulsando el desarrollo económico con la base sustentable sentada en el conocimiento de la tierra. Me voy a permitir darles un breve mensaje en mi lengua materna sobre el tema. (Habla en lengua originaria). Es cuanto, diputada presidente.