La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar: Con su venia, señor Presidente. El patriota es aquel que defiende su espacio; quien no lo hace no merece tener patria ni nada. Lo que hoy está ocurriendo en esta Cámara de Diputados es muy grave. Me permito presentar a consideración de este pleno las siguientes reservas a los artículos 99, 101, 102, 103, 108 y 109 de la Ley de Hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos que se discute hoy de manera simulada pretende legalizar el despojo de terrenos a comunidades y pueblos rurales indígenas y comunales, donde se apliquen proyectos productivos en materia energética. Con ello se contraviene el artículo 1o de la Constitución política que garantiza que todas las personas gozarán de iguales derechos, cuyo beneficio no podrá restringirse ni suspenderse. Resulta difícil creer que no habrá expropiaciones de tierra para la explotación y extracción de hidrocarburos. La propuesta de cambiar de nombre a esta afectación de terrenos por ocupación temporal, donde el contratista tendrá que llegar a algún tipo de arreglo con el dueño de la tierra, para poder explotar e, incluso, tendría que pagarle con un porcentaje de sus ganancias, esto entre el 0.5 por ciento al 2.5 por ciento de la utilidad. Este cambio de nombre no frenará los abusos y el despojo de muchas tierras, principalmente del área rural y de la propiedad comunal. Y resulta especialmente negativo, cuando como en muchos casos su población vive del autoconsumo, de lo que producen sus tierras y ahora ya no lo podrán hacer. El artículo 27 de la Constitución establece que las expropiaciones pueden hacerse por causa de utilidad pública, y existe una ley de expropiación que la regula. Por lo tanto, en la práctica, la expropiación podrá seguir utilizándose como moneda de cambio para forzar a los propietarios a negociar la renta de sus terrenos. El derecho humano a la propiedad es considerado sustantivo en la Carta Magna, y en los tratados internacionales, por lo que ninguna ley segundaria podrá aplicarse contra los bienes-inmuebles de los mexicanos. Sin embargo, estas reformas carecen de una perspectiva de respeto a los derechos humanos y representan un despojo territorial legalizado para favorecer a las empresas nacionales e internacionales y colocan en total desventaja a las comunidades rurales, indígenas y comunales de nuestro país. Los pueblos tienen derecho sobre los recursos existentes en sus tierras, y establece con toda claridad que deben ser los propietarios de las tierras los que decidan el tipo de desarrollo regional que deseen, así lo plasma el convenio 169 en materia de tierras de propiedad comunal y ejidal de la Organización Internacional del Trabajo. Con ello, se ignora el reconocimiento jurídico que protege la propiedad sobre la tierra que la propia Constitución otorga a estos pueblos. Con esta reforma se establece un proceso para permitir la expropiación en cubierta bajo la llamada ocupación temporal. Con ello se origina una grave afectación al derecho de la propiedad privada y social al violar el principio de la expropiación por utilidad pública. Al tiempo estas ocupaciones temporales se convertirán en despojos permanentes. Se abre la puerta al despojo de tierras por utilidad pública. El despojo de tierras privadas, sociales, e incluso públicas, en favor de las empresas extranjeras que llegarán al país a explotar el petróleo, la electricidad, aspecto que ya está incluido en la ley de Hidrocarburos, se amplía, en la Ley Órganos Reguladores coordinados en materia energética. Esta iniciativa de Ley de Hidrocarburos violenta realmente el régimen del a propiedad social, desde el momento en que se impone una figura diferente a todo el régimen especial de la propiedad social que está regulado por el artículo 27 constitucional y sus reglamentos. Los campesinos y propietarios rurales de este país, exigen que se respete la legislación en materia agraria para que no sea cambiada por la legislación mercantil y civil. Que se recuerde que los derechos agrarios que se establecen en nuestra Carta Magna son producto de muchos esfuerzos de tantos años. Quiero referirme a tres derechos que se consideran relevantes en el desarrollo regional de las comunidades rurales: 1. El derecho a vivir con dignidad en el campo, y está ley que se ha aprobado viola los derechos de los pueblos, viola el derecho a la propiedad y viola el derecho a la pertenencia cultural de los pueblos. 2. El derecho a la producción de los alimentos del país., todo lo que consumimos se genera en el campo, debemos defender el derecho a los campesinos para que sigan produciendo los alimentos que el país requiere. 3. Los campesinos tienen peno derecho a vivir en sus propiedades y de seguir en el campo. Los campesinos no deben ser usados sólo como proveedores de la materia prima, sino que deben ser pate del desarrollo pleno del país sin afectarlos en su entorno. Se requiere una propuesta que genere desarrollo regional de las comunidades, en ese sentido lo primero que tenemos que hacer es consultar a los propietarios de la tierra para la forma de utilizar los recursos naturales que existan en sus propiedades. Quienes hoy han avalado la reforma han aludido que los dueños de la tierra tendrán mayores ganancias, pero los campesinos mal que bien siempre han vivido de las tierras porque saben que la tierra debe ser de quien la trabaja. Los inversionistas no acaban de entender que la tierra es un ser viviente, que la tierra gime por tanta degradación y que el ser humano se alimenta de ella, pero en lugar de protegerla y cuidarla la destruye. Las campañas publicitarias a favor de la reforma energética son pagadas por las propias transnacionales, y quienes gobiernan este país se benefician de ello. Los mismos argumentos y las mismas campañas que han tratado de vender una mentira disfrazada de verdad, de que los precios del gas, gasolina y energía eléctrica bajarán en los próximos años con la reforma energética. Se miente al pueblo mexicano, la realidad es otra. ¿Los precios de la gasolina van a bajar? Los analistas estiman que el precio de la gasolina podría llegar el año que viene a 20 pesos por litro, precio que superaría por mucho el precio internacional actual de este energético. Es importante resaltar que las experiencias internacionales en la privatización no demuestran bajas tarifas a los usuarios finales. Las más exitosas sólo demuestran la creación de riqueza para las empresas privadas que prestan el servicio. Vale la pena detenerse a revisar algunas d estas experiencias internacionales. Con las leyes secundarias de esta reforma que permitirá la ocupación temporal de las tierras para las empresa privadas en caso de que haya yacimientos petroleros se pierde en lo absoluto la libertad de los mexicanos, quienes no decidirán por sí solos, sino que lo harán las transnacionales y la iniciativa privada. Voy a refirme a lo que establece la fracción VI del artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos en cuanto a la prestación, y se establece que deberán ser proporcional a los requerimientos asignados o contratistas, lo que deja en un segundo plano los intereses de las personas que habitan en dichos terrenos. Por otro lado, aunque este mismo artículo señala que en el caso de los proyectos que alcancen la extracción comercial, la empresa deberá pagar un porcentaje de sus ingresos una vez descontados los pagos al Estado mexicano, a los propietarios. Éste será calculado poniendo énfasis en la promoción de la competitividad del sector. Esta disposición hace patente que en todo momento las negociaciones se harán anteponiendo los intereses comerciales de las empresas, y no los derechos de los propietarios de la tierra, sus necesidades y el grado de afectación ya sean ejidos, comunidades pequeñas o grandes propiedades. Quiero finalizar mencionando las desventajas que ofrece la reforma energética de acuerdo a los expertos en la materia. Permitirá que los extranjeros tengan refinerías, no hay claridad sobre los beneficios y el reparto de utilidades, pérdida de autonomía y de la soberanía mexicana. Dependencia del Estado mexicano a las compañías extranjeras, reducción al ingreso presupuestal, ya que este problema puede ser solucionado con sólo una reforma fiscal en Pemex. La reforma no aborda ni propone soluciones a la corrupción que hay en Pemex. La agencia de calificación crediticia Stand y Ford consideran que las medidas incluidas en la reforma energética, entre las que figura una metodología de redistribución para el régimen especial, podría golpear duro al sector de las renovables. La reforma energética no plantea mecanismos que garanticen ganancias directas y transparentes para los mexicanos, producto de la renta petrolera. La reforma plantea un apartado en cuanto al otorgamiento de contratos, las asignaciones y el manejo de los recursos, pero es un apartado que manejará el gobierno pero para que funcione de forma transparente debe ser avalado por la ciudadanía. Por las razones que he enumerado no me prestaré a la vergüenza y a la traición que hoy se está cometiendo en contra del pueblo mexicano. La historia pondrá a cada uno en su lugar. Defendamos a México, no a la privatización. Concluyo con la siguiente frase de José María Morelos y Pavón: Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Es cuanto, señor presidente.