El diputado Miguel Ángel García Granados: Muchas gracias, señor presidente. En nombre propio y del diputado Aarón Irízar, vengo a plantear ante ustedes y ante esta soberanía la necesidad de una enmienda, una propuesta de iniciativa que va fundamentalmente a la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el 2002, la LVIII Legislatura aprobó que se gravase con el impuesto sobre la renta a aquellos pensionados y jubilados que percibiesen por ese concepto más de 9 salarios mínimos. Es inadmisible que ante la crisis económica que golpea por igual a todos los estratos sociales, ahora jubilados y pensionados se vean obligados a pagar con cargo de sus percepciones mensuales el impuesto sobre la renta. Y si bien hay quien señala que esto solamente afecta a 75 mil contribuyentes de los más de 3 millones de jubilados y pensionados que tenemos en el país, también es cierto que tenemos que hacer una profunda reflexión. El artículo 123 de la Constitución no establece que se puedan gravar las pensiones. Ésta es una prestación que al amparo de la fracción III, del 109, del impuesto sobre la renta, aplica la autoridad hacendaria y contraviene, definitivamente, lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución, ya que éste nunca refiere que las pensiones, producto del ahorro de años de los trabajadores, deban ser gravables. La pensión es una compensación, más no una prestación. Y ésta obedece a un plan de jubilación cuyo monto se integra con el fondo de ahorros generado durante los años de trabajo en activo. Por ello, la pensión que el trabajador recibe al momento de su retiro no constituye una fuente capital y mucho menos un rendimiento que esté generando intereses. Es más bien, un fondo constitutivo generado por el trabajador en activo que a lo largo de los años pagó los impuestos correspondientes. Habría entonces que preguntarnos: cuánto representará realmente de ingresos fiscales para el país esta aplicación del 30 por ciento al impuesto sobre la renta a aquéllos que ganan más de 14 mil pesos, y si con esta cantidad el país saldría adelante. Reitero, la medida fiscal en referencia vulnera sensiblemente a la economía y, en particular, deja en el desamparo el ingreso de más de 75 mil pensionarios que día a día sufren la angustia de la carestía de bienes y servicios. Jubilados y pensionados del país ya lo han denunciado en reiteradas ocasiones, y no es ocioso retomar el tema en esta soberanía, como ya se han referido algunos otros compañeros legisladores. Por ello esta iniciativa hace eco de una queja de irritación, generalizada y justificada. Es así que atendiendo a un mínimo y elemental sentido de justicia social no podemos ni debemos permitir que continúe el gravamen en referencia en los términos de las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. La ecuación es sencilla: la pensión que persigue un jubilado es producto de su trabajo, cuyo salario devengado a lo largo de los años laborados fue sujeto ya del pago de impuestos. Por tanto, no es equitativo que ahora se le quiera cobrar de nueva cuenta. Por lo anteriormente señalado, con el fundamento legal correspondiente, quiero someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa para reformar la fracción III, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue: Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: I. ? II. ? III. Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, así como pensiones vitalicias u otras formas de retiro. El texto quedaría íntegro, eliminando lógicamente el párrafo correspondiente al señalamiento de los 9 salarios mínimos percibidos en el caso de las pensiones. Quisiera llamar a la reflexión de todos ustedes para hacer eco del justo reclamo de una gran cantidad de pensionados y trabajadores, y que las cuatro o cinco iniciativas que se han presentado en este sentido sean sometidas en forma inmediata para su dictaminación. Muchísimas gracias, señor presidente.