El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal: Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Diputados integrantes de la Mesa Directiva, apreciadas compañeras y estimados compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, ciudadanos que dan seguimiento a las labores de esta Cámara a través del Canal del Congreso y de las redes sociales, nuestra Carta Magna, eje rector de la vida nacional y producto genuino de la nación, desde su expedición en 1917, se ha nutrido de las aspiraciones de todas las mexicanas y mexicanos para una mejor y mayor calidad de vida, entre las cuales se encuentran las relativas al respeto y protección de la dignidad e integridad de las mujeres. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer permitió a esta legislatura, hace unos días, hacer un recuento de los más de 90 resultados legislativos y avances, logrados en aras de contar con un marco normativo que fortalezca su protección, elimine las barreras que limitan su desarrollo y participación con igualdad de oportunidades, erradique cualquier tipo de discriminación y combata a la violencia en la vida cotidiana de toda mujer. No obstante lo anterior, en la ruta por brindar atención integral a las mujeres de México y lograr su bienestar, aún quedan pendientes por atender y debemos continuar e intensificar nuestra labor en esta asamblea, específicamente en áreas de oportunidad que siguen siendo perfectibles para abonar en la erradicación, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres. Por tal motivo, el día de hoy acudo a esta tribuna para exponer la inquietud de muchas mujeres de México, asumiéndolo no solo como un deber, sino como un aliado convencido de su causa, siendo que junto con mi coordinador parlamentario, Carlos Iriarte, de compañeras y compañeros legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, promovemos la iniciativa por el cual se propone incorporar a la violencia obstétrica en el contenido del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como un tipo de violencia. Atendiendo a que en los últimos años han tomado relevancia sucesos de violencia que no han encajado adecuadamente en alguno de los tipos considerados por la norma vigente y que se da en una de las etapas más vulnerables de la mujer, que incluye el embarazo, el parto y el llamado puerperio, mismos que no distinguen esfera social, pero parece concentrarse en mujeres en situación de vulnerabilidad. La violencia obstétrica genera secuelas en la mujer, que inclusive pueden ampliarse a los propios recién nacidos y a su desarrollo inicial. De ahí la necesidad de contenerla. En el combate y la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer tenemos que construir respuestas juntos, involucrando a todos los ciudadanos independientemente del rol que ocupen, sea desde la sociedad o en la estructura de servicios que brinda el gobierno, siendo solidarios en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Por tal motivo, proponemos también en el contenido de la Ley General de Salud se establezca que la organización de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias establezcan acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, incorporándolas al sistema nacional de salud como una política para eliminar la violencia obstétrica. Asimismo, consideramos importante que la Secretaría de Salud emita un reglamento aplicable para todo el sistema nacional de salud, con la finalidad de definir que la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el posparto deberá considerar elementos de calidad, humanismo médico y trato humanitario, consentimiento informado, privacidad y dignidad. Precisar las situaciones específicas que la propia Secretaría de Salud ha identificado y que se encuentran relacionadas con la violencia obstétrica, por las cuales externando su preocupación, inclusive realizando recomendaciones, como aquellas de que debiera enfrentarse la problemática desde la propia formación académica de los profesionistas de la salud y en su praxis posterior. Estas situaciones específicas múltiples han sido identificadas y atendidas en la medida de lo posible y lo reconocemos, pero debieran ser de conocimiento e impulso en todo el sistema nacional de salud. En términos prácticos, que a través de lo antes expuesto, se homologuen esfuerzos para elevar la calidad de los servicios de salud relacionados y con ello salvaguardar la integridad y dignidad de las mujeres mexicanas. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, no podemos permitir que por lagunas en la ley ni un solo caso más de mujeres que tengan que dar a luz en condiciones inseguras e insalubres, tras ser rechazadas por los servicios de salud. Las fallas en el sistema nacional por deficiencia y falta de homologación en los protocolos circulares y lineamientos en cuanto a la atención médica de las mujeres embarazadas durante el parto, resultan inaceptables e inhumanas. Para seguir avanzando en la protección jurídica y garantizar el respeto pleno a los derechos y a la dignidad de las mujeres antes, durante y después del embarazo, es necesario eliminar cualquier tipo de violencia en su contra y de sus bebés, particularmente al momento del parto. Nacer es el primer hecho jurídico de todo mexicano y debemos establecer las condiciones para evitar que el recién nacido o su madre sean violentados por desconocimiento, omisión o ignorancia. Bajo cualquier circunstancia tengamos siempre presente que la violencia deja huella, pero la protección, el cuidado y el amor a la mujer dejan más. Gracias por su atención.