El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros. El trabajo infantil es producto de una compleja combinación de situaciones económicas, sociales históricas e incluso culturales. Sin embargo, es innegable que nuestro país tiene su origen en la pobreza y la falta de oportunidades, por lo que desafortunadamente las prácticas generales y la idiosincrasia no se transforman únicamente modificando leyes, pues son concepciones que dependen de visiones enraizadas y normalizadas cuya transformación requiere de un esfuerzo constante. La ocupación infantil tiene serias repercusiones sobre el acceso a la educación de niños y niñas, cuyas familias requieren del ingreso extra que pueden proporcionar. Esta necesidad limita seriamente el derecho a la educación, que es sumamente relevante para el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Esta situación es de alto impacto en nuestro país. De acuerdo a los datos del Módulo de Trabajo Infantil, elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se estima que en 2013 habían 29.3 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad, de los cuales 2.5 millones se encontraban realizando alguna actividad económica. Por otra parte resulta pertinente señalar que 673 mil menores trabajan en el sector agropecuario, lo cual es aún más grave, pues quienes laboran ahí están en los hechos al margen de cualquier legislación. La población infantil que habita y trabaja en el agro, se encuentra en condiciones de explotación. El gran problema en lo que al trabajo infantil atañe, es que de acuerdo a especialistas y a estudios en la materia, tiene un efecto pernicioso sobre el desarrollo educativo y emocional de los infantes, interfiriendo entonces con el goce pleno de los derechos de la niñez. Es por ello que resulta menester un esfuerzo serio e integral tanto del Estado como de la sociedad para garantizar que el desarrollo de los menores se realice con protección, educación y oportunidades, de lo contrario la falta de acceso a mecanismos de desarrollo representará en su vida adulta desventajas laborales, intelectuales e incluso emocionales y la imposibilidad de romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza. En México es recurrente la utilización del trabajo infantil en labores de autoconsumo o dentro del núcleo familiar. Esto como resultado de condiciones económicas precarias y la carencia de medios de producción propios. Esto tiene como consecuencia que se estén violando flagrantemente los derechos de la niñez. Es natural que se homologuen los criterios estipulados en la Ley Federal del Trabajo con aquellos que regulan el ámbito educativo. Es por ello que resulta positivo que se eleve a los 15 años la edad mínima para trabajar, tendiendo a acercarse a aquella en la que al menos en la teoría se cumplirá con la formación educativa, como lo establece la ley. Además se da cumplimiento a la recomendación de la OIT que establece como regla general los 15 años como edad mínima permitida para trabajar, al tiempo que recomienda que esta edad no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, de tal modo que se garantice la finalización de la educación básica de todos los niños, niñas y adolescentes. Aun cuando en materia legislativa se den avances, es necesario seguir tomando medidas para garantizar desde ese punto de vista un mejor y más amplio acceso a los derechos de niños y niñas en nuestro país, pues la atención e inversión en la infancia y la adolescencia es clave para la cohesión social, el desarrollo y la prosperidad de la nación, por lo que no escatimamos apoyo para las medidas que tienen a proteger los derechos fundamentales de la infancia. Dado que en México establecer una promesa en la ley no significa necesariamente que se cumpla, es tentador simplemente prometer, pero esta modificación será letra muerta si no se logra la transición hacia nuevos paradigmas que supongan que la niñez goce de los mismos derechos que los adultos, además de contar con derechos específicos en función de su edad. Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen pero, compañeras y compañeros, a propósito de que este dictamen seguramente se va a aprobar, en donde contempla defender los derechos fundamentales de la infancia, también es un imperativo para mí manifestar ante este pleno la situación del Estado fallido en que vivimos, un Estado autoritario, un Estado en donde se aplica la ley del garrote, donde se criminaliza la protesta social, se reprime y se encarcela a los dirigentes sociales, se reprime con brutalidad a la sociedad civil que se manifiesta por la aparición de los 43 jóvenes normalistas, por los crímenes de lesa humanidad, por la represión y encarcelamiento de dirigentes sociales, y qué decir de los infantes, de los 49 niños, entre niños y niñas de la Guardería ABC de Sonora y que los responsables están viviendo en la total impunidad. Es cuanto.