La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, comparezco ante este pleno a efecto de explicar a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, los alcances y objetivos del dictamen por el que se reforma y adiciona la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Concebido hace más de dos décadas como un instrumento jurídico destinado a evitar los abusos del poder en contra de la población, este ordenamiento vino a constituir un verdadero avance en el respeto de los derechos humanos. La Comisión dictaminadora decidió corregir una confusión consistente en identificar el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como si se tratase de una sola figura o concepto en sí, lo cual es inexacto y contrario a lo previsto en la Convención Universal de la materia. Como consecuencia de esto, se aprobó cambiar la denominación del ordenamiento para transformarla en Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura. Es decir, se ha agregado el verbo erradicar en su título. En el dictamen se establece que la prohibición a la tortura es absoluta, y por lo tanto el Estado mexicano en ningún caso podrá invocar circunstancias excepcionales para justificar hechos de este tipo. También se señala que los órganos dependientes del Ejecutivo federal relacionados con la procuración de justicia y la seguridad nacional y pública, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para la orientación y asistencia a la población, con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de aquellas personas involucradas en la comisión de algún ilícito penal. La organización de cursos de capacitación de su personal, para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. La profesionalización de las instituciones de seguridad pública en una cultura de respeto a éstos. La profesionalización de todos los servidores públicos que participan en la custodia y tratamiento de todas las personas que se encuentran sometidas a arresto, detención o prisión. También, se prohíbe el empleo de la tortura hacia toda persona sometida a arresto, detención, prisión o cualquier otra medida. Se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para realizar las visitas y supervisiones que consideren sean pertinentes, a fin de denunciar y evitar los actos de tortura en el sistema penitenciario y de reinserción social del país, y también se incluye, en los órganos dependientes del Ejecutivo federal, encargados de la procuración de justicia. En esta reforma se adoptó la definición de tortura establecida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la cual no califica de graves a los dolores o sufrimientos ocasionados a una persona por actos de tortura, esto porque se consideró, al interior de la comisión, que el calificativo de graves es indeterminado y además subjetivo, lo que podría dar cabida a la impunidad de actos de tortura. Cabe señalar, que este carácter ambiguo y confuso de la definición de tortura, empleada en la actual Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, había sido reconocido no sólo en nuestro ámbito interno, sino que incluso diversos órganos internacionales se habían pronunciado recomendando al Estado mexicano modificar su actual redacción y definición de tortura, y así hacerla compatible con los estándares y exigencias del derecho internacional de los derechos humanos. Esto ha sido señalado, entre otros, por el Comité contra la Tortura, conocido como CAT, que señaló, el 23 de noviembre de 2012, que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en este país, sigue sin reflejar completamente la definición que figura en el derecho internacional, por lo que instó al Estado parte, México, a modificar la ley señalada, para que la definición de tortura abarque todos los elementos que figuran en la Convención, incluidos, entre otros, los actos de tortura cometidos por terceros, a instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público. Lo que así se hizo y queda plasmado en el dictamen que se somete a su consideración. Es de resaltarse que en el decreto no se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales, incluyéndose los supuestos previstos en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley reglamentaria que en su momento se apruebe. La Cámara de Diputados, en tanto miembro de un poder público y depositaria de una representación popular, ha venido trabajando a fin de dar contenido a los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, logrando así que nuestro texto constitucional se proyecte asimismo, a través de sus diversas leyes reglamentarias. De aprobarse el dictamen que ahora se pone a su consideración, habremos dado un paso importantísimo en la ampliación de las prerrogativas contenidas en nuestro sistema jurídico. Reconozco sobremanera, que en este proceso hayamos podido caminar juntas todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, pues con ello hemos puesto por delante los intereses de la población y la construcción de un país más justo para todos y para todas. Muchas gracias.