El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Antes de iniciar quiero hacer un reconocimiento. Hoy nos visitan los señores Roberto Hernández y Layda Negrete, que son los realizadores del documental más visto en la historia del país, Presunto culpable. Sean muy bienvenidos. En Movimiento Ciudadano estamos a favor del apego irrestricto sin claudicaciones por los derechos humanos. En este tema no hay gradualismos ni concesiones. La justicia penal en su parte adjetiva y sustantiva implica la libertad de las personas. Es por ello un derecho que tiene que tener la mayor sensibilidad, el mayor apego a los derechos humanos en claudicar en su carácter punitivo y justiciable. Para Movimiento Ciudadano entendemos que las fuerzas progresistas de izquierda, los social-demócratas, tenemos que ver cualquier afectación a los derechos humanos como un tema en el cual no podemos simplemente hacernos de la vista gorda diciendo que, como hay avances, son peccata minuta, son temas que se pueden ver para después. Nosotros en la reforma constitucional que establece la facultad de crear el Código Único de Procedimientos Penales, estuvimos a favor; pero no podemos estar a favor de cualquier código nacional de procedimientos penales. Tenemos que estar a favor de uno que acredite todas las características para un efectivo sistema de justicia acusatorio, para juicios orales, pero también tenemos que cuidar la parte de la investigación. La parte del apego irrestricto a los derechos humanos por parte de las policías que investigan los delitos y que en muchas ocasiones cometen actos arbitrarios, criminales en contra de las personas. Nosotros tenemos claro que el marco está en el artículo 20 constitucional. No es ninguna concesión el que haya un código nacional, tenemos que darle gracias a la mayoría priista porque vaya finalmente a dictaminarse. Es un mandato constitucional. Y nosotros, insisto, vemos partes positivas, partes progresistas en este Código, pero también vemos un tufo fascista, y no es casual que quien venga por ejemplo, a posicionar del lado del PAN, sea quien está planteando regular las marchas en el Distrito Federal. Y si a eso le sumamos que esta Legislatura ha aprobado cárcel a deudores, terrorismo fiscal, regulación de marchas aunque está todavía en comisión y el tema de la criminalización de la protestas, pues es claro que nos podemos descontextualizar algunas partes de este Código, de este mecanismo autoritario que ese está construyendo, porque es claro que este gobierno está reprobado en materia de derechos humanos y no lo dice nuestro Grupo Parlamentario, lo dice Amnistía Internacional, lo dice la ONU, lo dicen todos los organismos prestigiados de derechos humanos, y no hubo voluntad política para acabar en este gobierno con una figura perniciosa como es el arraigo; simplemente se redujeron los días. Tampoco ha habido voluntad para que prevalezca el principio pro persona y no podemos dejar de ver la mano del gobierno en la resolución de la Corte en la contradicción de tesis sobre la prevalencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Contrario al artículo 1 constitucional, fue la Corte la que estableció candados para restringir los derechos humanos y si a esto le sumamos que el ombudsman nacional es un personaje que carece de la ética para el cargo y que ha hecho de la Comisión de Derechos Humanos un organismo faccioso y parcial, es claro que México vive una crisis en materia de derechos humanos. Por eso nosotros no podemos estar a favor como establece el artículo 290 de este proyecto, que se legalice la autorización del ingreso de una autoridad sin autorización judicial. Esto va a generar que sean las policías quienes puedan estar entrando a diestra y siniestra, a entrar en la intimidad de los domicilios para afectar la privacidad y el derecho legítimo que tiene la gente a un domicilio. Tampoco podemos estar a favor de que la minuta sea omisa en una prohibición tajante a la tortura. Tampoco podemos estar a favor de una presunción de inocencia limitada simplemente a una sentencia que todavía no ha causado estado. Por último, aunque hay más temas y los iremos viendo en las reservas, el tema de la localización geográfica a través de teléfonos móviles. El artículo 303 le da facultad irrestricta al procurador para que esté interviniendo la ubicación de las personas vía teléfonos celulares, un gran Big Brother que va a estar vigilando la actuación seguramente de líderes sociales, seguramente de gente incómoda al régimen y al poder. Ya nos imaginamos al procurador Jesús Murillo Karam diciendo a Telcel que diga dónde está tal o cual dirigente. Por eso no podemos estar a favor de este atraco, y diríamos también que se está yendo en contra de la transparencia y la publicidad que establece el artículo 20 constitucional. Nos referimos a la prohibición en los artículos 55 y 58, a que se graben los juicios orales que ya actualmente se permiten en Estados que tienen esta regulación. Y aquí queremos señalar que tenemos reservas para tratar de conciliar el derecho de las víctimas con la transparencia. Por estas razones no vemos en este Código la panacea, sino que a la par de avances vemos un truco fascista, pernicioso en materia de derechos humanos, y por eso estaremos en contra.