El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, la reforma constitucional en materia de energía, publicada el 20 de diciembre de 2013, es un acto que revierte dos de las decisiones más trascendentales de la historia independiente de nuestra nación; la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río el 18 de marzo de 1934, en beneficio del pueblo de México, la clase trabajadora, la soberanía y el desarrollo nacional, y la nacionalización de la industria eléctrica por el presidente Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960, para que sus beneficios llegaran a los hogares de todos y a favor de la industrialización de nuestro país. Con la reforma se pone al servicio del capital todas las actividades relacionadas con la industria petrolera y eléctrica, las tierras, el agua, el subsuelo y el aire, sin consideración de los derechos de propiedad pública y social, la sustentabilidad ambiental e incluso la salud de la población. Al cederse a particulares funciones, facultades y responsabilidades exclusivas del Estado mexicano se reduce su capacidad de dominio y control sobre recursos y bienes estratégicos fundamentales para la economía y el bienestar social. Se instaura un modelo basado en la explotación acelerada del petróleo y el gas natural, que agota el patrimonio no renovable en favor de las trasnacionales y los intereses energéticos y geoestratégicos de Estados Unidos, y socaba la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. La reforma deja en letra muerta los principios de soberanía, independencia y seguridad nacional. El argumento central de la política de privatización es que deben suprimirse empresas únicas, abrirse áreas exclusivas y prioritarias a la inversión extranjera nacional e internacional, no obstante que los resultados de esa política están a la vista; la economía ha crecido 1.9 por ciento en promedio en los últimos 30 años; el 60 por ciento de los empleos se crean en la informalidad; los salarios han perdido el 70 por ciento de su valor real; México es el único país en América Latina en que la pobreza ha crecido desde 2006 y es el que registra la mayor desigualdad del ingreso en todos los países de la OCDE. Se han incrementado la violencia, la falta de oportunidades de educación y empleo para los jóvenes, la migración forzosa y el abandono del campo, se mantiene un gobierno en que prevalece la corrupción y el despilfarro. La reforma es contraria con la necesidad de modernizar el sector energético y convertirlo en palanca del desarrollo, empleos, ingresos para la inversión productiva, de respeto al medio ambiente, a los derechos de los trabajadores y a las comunidades. Tampoco se avanza en la transición energética y generación de tecnologías y energías limpias y sustentables. Se institucionaliza la explotación del petróleo y la electricidad por particulares, a costa de que la nación pierda ingresos que han servido para educación, salud, seguridad, empleo y crecimiento económico. Se deja a los privados la venta de servicios esenciales como los combustibles y electricidad, lo que de ninguna manera reducirá los precios del gas, electricidad, gasolinas ni transportes. Con el régimen laxo de contratos que se pretende imponer se perpetuará el control de empresas trasnacionales, enajenando la propiedad y la soberanía del país sobre sus recursos naturales. Con la aprobación de la ocupación temporal y de la servidumbre legal se abrirán litigios que conducirán al despojo de tierras ejidales, comunales, indígenas y de auténticos pequeños propietarios, en favor de empresas privadas con contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Se sientan las bases para desmantelar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas que por más de siete décadas han sido estratégicas para la industrialización y el desarrollo del país. En el caso de Pemex se mantiene el régimen fiscal de derechos que le impidió destinar recursos para su expansión, mejoras tecnológicas y ampliación de infraestructura. La CFE tenderá a desaparecer, porque se decreta su fragmentación, dejando al sector privado el segmento rentable del mercado. Se crea un régimen laboral de excepción, en que los trabajadores no podrán ejercer derechos elementales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por nuestro país. El despido y la pérdida de derechos que pende sobre la cabeza de miles de trabajadores será el resultado inmediato de estas reformas. Termino, presidente. La propuesta que se discute es irresponsable, pues no contiene medidas de controles fuertes y precisas. Se mantendrá la corrupción en beneficio de intereses privados y de una casa de burócratas insaciables. Tal como se van a someter a consideración de este pleno, no tenemos bases para asegurar que los precios de los combustibles y energía eléctrica van a bajar. Si acaso el costo de la generación de electricidad podrá bajar en cinco años, en el hipotético caso de disponer de gas suficiente y barato, pero la reducción del costo en un mercado abierto no implica en automático la reducción de precios. Tampoco sabemos la proporción de la renta petrolera que va a ser apropiada por los contratistas particulares. Esto quedará determinado discrecionalmente en cada contrato y en cada licitación por la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, no está garantizado siquiera que en 2015 se va a recuperar el 4.7 por ciento del PIB para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo que sí sucederá como resultado de esta reforma es el aumento de la deuda pública al absorber los pasivos pensionarios de Pemex y CFE, sin que se deslinden responsabilidades, con total opacidad y sin la intervención del Congreso, que le mandata la Constitución y el pueblo de México pagará los excesos de la burocracia y los liderazgos corporativos, financiando pensiones de 70 mil pesos mensuales. El secretario de Hacienda debe explicar cómo se justifica la función de un pasivo de este tipo y el costo que se tendrá en el mediano y largo plazo para el pueblo de México. Finalmente, de mantenerse en sus términos la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal costará a la hacienda pública, estatales y municipales, 23 mil millones de pesos, por la reducción que se quiere imponer a la recaudación federal participable. A lo largo del debate, como se ha hecho en la colegisladora y en las comisiones dictaminadoras, aquí y en el pleno demostraremos la justicia de nuestras propuestas y las razones que nos animan en este momento histórico, que el pueblo de México a pesar de lo que le están imponiendo no se rendirá y sabrá en su momento revertir estas reformas. Muchas gracias, compañeras y compañeros.