El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Presidencia. Diputados, diputadas, pues tenemos de nueva cuenta un dictamen que carece de legitimidad y de legalidad en el procedimiento legislativo, es un dictamen fraudulento, es un dictamen que pretende burlar un mandato de un órgano jurisdiccional, un órgano que aun cuenta con instrumentos para que los quejosos hagan acatar su resolución. Incurrimos, como ya han señalado los diputados precedentes, en el incumplimiento, en el desacato de una resolución judicial. Es penoso reconocerlo, pero esta Legislatura ha sido omisa en un mandato constitucional para reglamentar la propaganda oficial determinada en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Nos encontramos reunidos hoy para un dictamen que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no por el cumplimiento de nuestra obligación de legislar en la materia, hemos desperdiciado dos años y medio, retomamos tareas pendientes de la legislatura anterior y no cumplimos con ese mandato de legislar, derivado del tercero transitorio de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014. Como ya lo han señalado, la Suprema Corte en su Primera Sala reconoce que hay omisión legislativa, que este órgano legislativo es responsable, no la legislatura anterior, es el Congreso de la Unión el que está fallando. La Primera Sala entiende que la falta de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social en las distintas instancias de gobierno constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión. Quien haya leído el dictamen, quien haya leído el proyecto que hoy discutimos se dará cuenta que no hay reglas claras para la asignación, para el gasto del presupuesto en comunicación social. De nueva cuenta, en una ley fraudulenta pretendemos suplir un mandato judicial. En dos artículos determinamos esta obligación que ordena la Primera Sala de la Corte, artículo 19 y artículo 20 del dictamen que se presenta. Artículo 19. Las contrataciones de tiempos comerciales que realicen los entes públicos en los medios de comunicación se apegarán a la legislación y normatividad de los medios aplicable. Artículo 20. Las secretarías administradoras, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo y en las leyes competentes en la materia emitirán anualmente los lineamientos que contengan las reglas relativas a la difusión de las campañas de carácter industrial, comercial, mercantil y de promociones y publicidad que promuevan la venta o servicios que generen ingresos para el Estado. Con esto pretendemos cumplir la resolución de la Corte. Eso es falso. Simulamos crear una ley que no cumple mínimamente el mandato judicial. Simulamos una ley reglamentaria del párrafo octavo. No solamente es la distribución o el costo de la publicidad gubernamental, es también la propaganda oficial. Y, más aún, en estos tiempos electorales. Es penoso decirlo, pero el reglamento que emite la Secretaría de Gobernación para regular las campañas de publicidad tiene más trabajo, tiene más detalle que esta iniciativa que se presenta. También es penoso reconocer que los lineamientos que emite el Instituto Nacional Electoral para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los estados tiene más trabajo que el dictamen que se presenta. Estamos simulando con una ley cumplir una resolución judicial. Es falso. Dos años y medio en que esta Cámara de Diputados, como parte del Congreso de la Unión, no ha hecho su trabajo. Ahora pretendemos simular el acatamiento de una orden judicial. Estamos simulando, estamos incurriendo en desacato. El quejoso tiene un incidente ante la Primera Sala para hacer que se garantice el cumplimiento de la resolución de la Corte. Será penoso volver a un periodo extraordinario y pretender resarcir lo que en este momento se puede componer. Por ello les pido, diputadas y diputados, que devolvamos este dictamen a la comisión. Revisemos cada uno de los temas y cada uno de los puntos que resolvió la Corte, y atendamos los principios que contiene el párrafo octavo del artículo 134 constitucional para regular la propaganda oficial, más aún en procesos electorales y no simulemos. La ciudadanía ya está harta de la simulación. La ciudadanía ya está harta de la ineficacia de los órganos del Estado, que no funcionan y que generan una incertidumbre, una estabilidad institucional y política. Quizá en ustedes recae de nueva cuenta un dicho que se ha aplicado en la guerra sucia contra Andrés Manuel: al diablo las instituciones. Están mandando al diablo a la Corte con su resolución y una simulación de acatamiento a su sentencia. Es cuanto, señor presidente.