El diputado José Hernán Cortés Berumen: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, México no pide más verdades históricas. México merece solamente la verdad. Desde que se conocieron los lamentables acontecimientos en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, Acción Nacional ha expresado nítidamente su posicionamiento sobre estos lamentables hechos. El día de hoy, a casi un año de los terribles hechos que cimbraron a todo el país, esta Cámara de Diputados asume una importante responsabilidad con la historia, que sin duda será necesario recordarla para no repetirla. Se trató de un hecho verdaderamente abominable, que despertó el descontento, la tristeza y el luto en todo el país, así como la solidaridad nacional e internacional con decenas de familias que hoy sufren esta lamentable situación. Acción Nacional, quiere que el 26 de septiembre de cada año, México recuerde el pesar de los desaparecidos, de los ausentes, de las familias incompletas, de los hijos, de los hermanos y los padres que lloran sin lugar la pérdida de un familiar. Expresamos que se debe aplicar la justicia de manera expedita, objetiva, imparcial y que se concrete en una investigación seria, eficaz y profunda por parte de las autoridades, castigando tanto a los culpables materiales, como a quienes dieron las órdenes de estos asesinatos y desapariciones forzadas, lamentablemente hasta el día de hoy esto no ha ocurrido. Basta con mencionar que en días pasados el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, señaló que el gobierno de México no llevó a cabo una investigación profunda de los hechos en Iguala, e incluso sugieren que hubo quienes obstruyeron de forma dolosa dicha investigación. A ello se suman los informes emitidos por Amnistía Internacional, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, entre otros, así como diversas investigaciones de algunos medios de investigación que han denunciado una situación crítica de derechos humanos en nuestro país y han documentado la impunidad, la complicidad, las carencias y deficiencias de diversas autoridades tanto federales, estatales y municipales en los temas de desaparición forzada, tortura y abusos en contra de los ciudadanos. Aclaro que Acción Nacional no está en contra de la integración de una comisión bicamaral, pero es necesario arroparlo jurídicamente para que tenga la eficiencia y la contundencia deseada. El Día Contra la Desaparición Forzada, que se convertirá a partir de hoy en un día nacional, honrará la memoria de los que se han quedado sin voz ante las arbitrariedades del Estado. El 26 de septiembre será el día de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero también por los desaparecidos en Guerrero, en Oaxaca, en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y por los cientos de personas en todos los estados de la República mexicana, de las que hoy desconocemos su destino. Los diputados del PAN insistimos, primero, en la necesidad de concretar la legislación en materia de desaparición forzada como un instrumento que haga que el gobierno reconozca la problemática que hasta hoy se pretende ocultar o negar, por la sinrazón del Estado. Segundo y más importante, para que el ciudadano no quede en la indefensión ante estos actos. Está claro que este Congreso de la Unión está obligado a sacar adelante la ley general que permita castigar estos crímenes, pero la ley deberá, por obligación moral, por coherencia, por ética, por compromiso y por responsabilidad, escuchar a los familiares de las víctimas quienes deberán en todo momento acompañar la construcción de este instrumento legal que permita sanear, en la medida de lo posible, un poco de la profunda herida que el Estado les ha provocado. También es cierto que los estados se encuentran a la espera de esta legislación que pueda dictar este honorable Congreso de la Unión, para partir de una base sólida en el combate de este tipo de actos. Ya decía Carlos Castillo Peraza que son las tiranías las que hacen listas de indeseables que rápidamente se transformar en ejecutables. ¿Quiénes son estos indeseables, los que critican al gobierno, los que estorban, los que tienen otra ideología, o serán los que claman justicia? La desaparición forzada de personas es un acto abominable. Ningún régimen que se precie de democrático puede permitirse que haya ciudadanos desaparecidos por razones desconocidas o por mantener, según algunos, la seguridad del propio Estado. La obligación primordial del Estado es la seguridad de los ciudadanos. Hoy, ante esta obligación, el Estado mexicano lamentablemente está en deuda. El gobierno mantiene la negación sistemática y oculta las verdades sobre la desaparición forzada. Es momento de brindar garantías a todos y cada uno de los ciudadanos que no hayan tenido algún ejercicio o intervención de mera justicia. Por todas estas razones en este día, por duelo, por el tributo, por la memoria, por Rosendo Radilla, por los 43 de Ayotzinapa, por México, los queremos vivos y los queremos de vuelta. Aquí soy sólo yo el porta voz de lo que están exigiendo en cada rincón de la República mexicana; queremos justicia y queremos justicia para todos. Es cuanto, señora presidenta.