La diputada Zuleyma Huidobro González: Algo que debería en lo particular darme gusto hoy debo decirlo es una simulación nuevamente por parte de esta Cámara de Diputados, y me explico. El 28 de noviembre de 2012, tan sólo 19 diputados votamos en contra de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes que se publicó en el Diario Oficial casi un mes después, y hoy ustedes mismos, con el primer artículo transitorio la van a abrogar. La están abrogando con esta reforma constitucional, pero esto no es lo peor, sino que cuando se discutió la reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión para legislar un Código Nacional de Procedimientos Penales, también se advirtió de esta reforma y ustedes fueron oídos sordos. En la Ley de Adolescentes se encuentran normas que son más rígidas aún que para los adultos. Por señalar un ejemplo, el catálogo de delitos graves a los que es aplicable la medida de internamiento permanente es aún más extenso que el catálogo previsto en la Constitución para adultos, sin contar la parte de tortura hacia los adolescentes, que inclusive diputados de todos los grupos parlamentarios reconocieron que habría de reformarse posteriormente. Sí, el artículo 26 en su fracción VIII y que nunca, nunca se reformó. Tampoco fueron consideradas en aquel momento leyes de los estados que se encuentran más avanzadas en este tema, como es el caso de los estados de Veracruz y Tamaulipas. La ley que ustedes aprobaron y que hoy están abrogando es ambigua y en ocasiones omisas en esclarecer cuáles son las premisas o el modelo de reintegración social a seguir, cuáles son los protocolos terapéuticos necesarios o cuáles son las prácticas coercitivas genuinamente especializadas. En marzo de 2011 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la anterior legislatura de esta Cámara de Diputados informó de los resultados del estudio y análisis que llevaron a cabo del proyecto de decreto que hoy consideramos, el aplicar una ley para adolescentes. En opinión de aquella Comisión, el impacto presupuestario para establecer el Sistema de Justicia para Adolescentes ascendería a la cantidad de 676 millones, 405 mil 820 pesos sólo en el primer año de ejercicio. La fuerte erogación presupuestal y que por supuesto no está actualizada, era un presupuesto de 2011, que implica la ejecución de la ley que examinamos, resulta a todas luces significativa y abrumadora. En verdad creen ustedes que con las políticas del gobierno federal, al establecer un Presupuesto base cero, recortes al Presupuesto y la simulación, creen que este Presupuesto, para prevenir en vez de sancionar, en crear más burocracia de la calle en México y que no se va a destinar mejor a la cultura o a la educación en los adolescentes de nuestro país. Es pura demagogia de su parte. Este sistema de justicia para adolescentes va a traer más desgracias para nuestros niños y adolescentes. Lo que realmente necesita nuestro país, repito, es cultura y educación. En un país como el nuestro, donde las carencias están al orden del día, donde los problemas, la marginación, la inseguridad pública o educación prevalecen de manera alarmante, como consecuencia de las irresponsables políticas económicas del Estado mexicano, resulta incongruente dirigir los escasos recursos presupuestales a un sistema de justicia, que por su propio diseño institucional resultará en la práctica obsoleta, por no decir retrógrada. Muchas gracias.