El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: La seguridad jurídica es un derecho fundamental, reconocido por nuestro texto constitucional desde su concepción y es considerado al día de hoy como uno de los pilares que sostienen nuestro contrato social. La teoría del contrato social, planteada por filósofos, como Hobbes, Locke y Rousseau, establece que las personas ceden parte de su libertad al Estado a cambio de seguridad y la protección de sus derechos. Dentro de este acuerdo, la seguridad jurídica es el compromiso que el Estado adquiere de manera decidida para evitar la arbitrariedad y asegurar que las leyes se apliquen de forma clara y predecible. Este compromiso garantiza que toda persona pueda vivir con la confianza de que la totalidad de sus derechos serán protegidos sin temor a cambios arbitrarios en la ley, a interpretaciones sesgadas o de mala fe. En palabras simples, este derecho proporciona una base de certidumbre que evita que las personas queden a merced de decisiones discrecionales o inesperadas por parte de los órganos del Estado. Sin el derecho a la seguridad jurídica el contrato social se resquebraja, pues los ciudadanos dejan de confiar en sus instituciones legalmente constituidas. Sobre este aspecto diversos tribunales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que la seguridad jurídica es esencial para la protección de la libertad, ya que permite prever cómo serán aplicadas las leyes y cómo el sistema judicial resolverá los conflictos de manera uniforme. Para que este derecho humano se cumpla cabalmente las autoridades asumen un compromiso institucional en su implementación, porque todos los servidores públicos, desde la titular del Poder Ejecutivo hasta los integrantes del Poder Legislativo y Judicial, al momento de tomar protesta del cargo prometimos todos defender la Constitución. Al respecto, el juicio de amparo protege la seguridad jurídica de diversas maneras: 1. impide la aplicación retroactiva de normas en perjuicio de las personas, asegurando que nadie pueda ser afectado por disposiciones que no estaban vigentes al momento del acto. 2. Permite la revisión de actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, garantizando que todo procedimiento administrativo o judicial cumpla con los principios de legalidad y debido proceso. 3. Finalmente, protege contra la indefensión, al otorgar a las personas una vía efectiva para impugnar resoluciones que afecten sus intereses de manera injusta o desproporcionada. El juicio de amparo sigue evolucionando. Las últimas reformas constitucionales han ampliado su alcance, fortaleciendo su eficacia y permitiendo una mayor tutela de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, su correcta aplicación depende no sólo de los jueces, sino también de una sociedad informada y crítica por el bien común. Un ejemplo es la improcedencia del amparo contra reformas constitucionales, establecida de manera explícita en el artículo 61 de la ley, la cual es una cuestión regulada desde antes de la reforma constitucional al Poder Judicial. Pero es necesario mencionarlo, porque así se previó, pensando justamente en el mantenimiento de la regularidad y jerarquía constitucional. Por eso, por eso hoy sepultamos el uso abusivo de recursos ordinarios, como las tan recurrentes suspensiones provisionales en las acciones de inconstitucionalidad, que usaban de manera diversa ministros para favorecer intereses personales y de grupo, pretendiendo, a través de un recurso ordinario, tumbar una reforma constitucional. Hoy abrogamos esta costumbre de meterle tijera a la Constitución, violando descaradamente la soberanía del Constituyente Permanente. México despierta ese día sabiendo que, y que quede claro, el único que puede reformar la Constitución es el Constituyente Permanente, elegido por el pueblo. El pueblo defiende su Constitución en esta soberanía plena y legítimamente representada. Por estas razones termino, presidenta...