La diputada Angélica Moya Marín: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el desarrollo eficiente de la acción penal representa uno de los componentes que asegura la efectividad en materia de procuración e impartición de justicia, en aras de alcanzar el establecimiento pleno del Estado de derecho. La vigencia de la ley se plasma en una serie de ordenamientos que deben su eficacia y eficiencia en la medida que aseguran el respeto, promoción y salvaguarda de los derechos humanos, a la luz de los compromisos que el Estado mexicano ha adquirido con la Comunidad Internacional, en referencia a la defensa de la dignidad humana. De tal suerte que la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene como uno de sus principales objetivos establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Lo anterior, con el fin de regular los medios que faciliten tanto el establecimiento de una justicia restaurativa, como la reinserción social en beneficio de toda la sociedad. No obstante, aún existen problemáticas que es necesario atender con puntualidad, como es el caso de las condiciones de las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en los centros de reclusión de nuestro país. De acuerdo con el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la materia, existe una población total de 618 niños que se encuentran en estos centros, dato que confirma que casi se ha duplicado en los últimos cuatro años. Es por ello que resulta urgente atender la situación de estos menores desde el momento de su nacimiento en los centros penitenciarios, en donde se garantice de manera irrestricta la observancia del interés superior de la niñez, así como los diversos derechos consagrados tanto en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, es menester contemplar dicho principio como uno de los ejes rectores del sistema penitenciario, a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el fin de que se observe en todas y cada una de las actuaciones que tengan como fundamento la citada ley. En este mismo orden de ideas, el derecho a la identidad y el registro de menores, más allá de una obligación, representa un derecho civil de cualquier ciudadano, que no debe ser obstaculizado bajo ningún supuesto, ni quedar condicionado a lagunas de redacción jurídica. Por lo que también se contempla una adición al artículo 33 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el fin de facilitar el cumplimiento de esta acción por parte de las madres reclusas. Compañeras y compañeros legisladores, la realidad que vive nuestro país requiere el fortalecimiento y la adecuación institucional con el fin de atender de manera puntual el desarrollo integral de los menores y procurar su condición de ciudadanía; de tal suerte que la defensa del interés superior de la niñez representa una prioridad, en aras de procurar de manera plena no solo el desarrollo pleno del estado de derecho sino del propio espíritu constitucional de la norma. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4o. y se reforma el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que estamos convencidos de que en la manera en que nuestro marco normativo promueva y proteja los derechos de nuestros menores, podremos asegurar el capital social y humano que México necesita para hacer frente a retos y desafíos del siglo XXI. Es cuanto, señor presidente. El Presidente senador Aarón Irízar López: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para su dictamen. El Presidente senador Aarón Irízar López: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Paola Félix Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.