El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza hemos insistido en la necesidad de robustecer nuestro marco normativo en materia ambiental. Hoy, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona el artículo 65 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, con la finalidad de mejorar el procedimiento y los mecanismos de gestión del área natural protegida o mejor conocido como ANP. Nuestra Constitución establece claramente en su artículo 4° párrafo quinto el derecho que toda persona tiene a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar mismo que será garantizado por el Estado. México está obligado por más de 20 convenios internacionales a proteger el medio ambiente, dentro de los cuales incluye el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático así como el Protocolo de Kioto y más recientemente el Acuerdo de París quienes varios legisladores de aquí fueron presentes, porque fue ratificado también en el Senado de la República. Asimismo, contamos con una Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que tiene como uno de sus objetivos primordiales la preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y la administración de las áreas naturales protegidas. Para efectos de la ley se entenderá que las áreas naturales protegidas son aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y su jurisdicción. En donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o porque requieren ser preservadas o restauradas. Este régimen se establece en el Título Segundo, Capítulo Primero de la ley, y en su artículo 65 se señalan los plazos que tiene la Secretaría para formular el programa de manejo del área natural protegida, así como las disposiciones sobre la asignación del director del área, a quien se hace responsable de la misma. Compañeros y compañeras, apreciables televidentes que nos ven por el Canal del Congreso, pareciera, y digo pareciera que tenemos suficientes disposiciones para proteger nuestros ecosistemas. ¿No es así? Pues no es nada más falso que eso. No las tenemos. Lamentablemente estos preceptos son laxos, no establecen plazos precisos ni sistemas de control o evaluación y generan una falta de cumplimiento. Así lo señala la Recomendación General número 26 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, falta y/o actualización de programas de manejos en áreas naturales protegidas, de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos. En la misma que se menciona que en México existen numerosas áreas protegidas de competencia federal que no cuentan con su respectivo programa de manejo, a pesar de ser obligatorio y a pesar de ser un mandato legal. Estas omisiones ocasionan que las áreas naturales protegidas no cuenten con un respectivo programa de manejo ni tampoco se consignan los objetivos de la conservación que dieron origen a esa declaración. Dicha Recomendación señala además que la obligación que tiene la autoridad no se cumple en más de la mitad de dichas áreas de competencia federal, o si se cumple es de forma espontánea, circunstancia que ha generado daños irreparables a la autoridad y al equilibrio ecológico de dichos territorios. Lo anterior da lugar a que una autoridad administrativa reduzca el polígono de protección de estas áreas, lo que ocasiona que se vayan mermando estas áreas cada vez más. Ante la inexistencia de una normatividad estricta se suscita un incumplimiento de las obligaciones técnicas que tiene la autoridad administrativa respecto a la gestión de las áreas naturales protegidas. Esto no puede seguir ocurriendo, compañeras y compañeros, no debemos de permitirlo. No podemos hipotecar la viabilidad del país por ineficacia de la autoridad durante la falta de normas claras. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es imprescindible tomar acciones efectivas y terminar con el daño que cada día sufren nuestras áreas naturales protegidas. Entendamos de una vez, no hay dinero que repare el medio ambiente y no hay dinero que ajuste para dejar un mejor medio ambiente para nuestros hijos y para nuestros nietos. Es por esa razón que propongo una reforma al artículo 65 de la ley para incorporar instrumentos y mecanismos de monitoreo y evaluación del desempeño de la autoridad en materia de administración de áreas naturales protegidas. Concluyo, presidenta; concluyo, compañeros. Es urgente proteger al planeta, es urgente que veamos esa herencia que les dejaremos insistoa nuestros hijos y a nuestros nietos. Compañeras y compañeros, no esperemos a que sea demasiado tarde. Hoy es la hora de actuar, hoy es el momento de comprometernos para dejar un mejor México, dejar un mejor país, para dejar un mejor planeta. Es cuanto, presidenta; por su atención, muchísimas gracias.