La diputada Yolanda de la Torre Valdez: “Pies... para qué los quiero si tengo alas pa’ volar”. Frida Kahlo, pintora mexicana. El esfuerzo permanentemente de las personas con discapacidad, de sus familias, de organizaciones en la sociedad civil, por asegurar sus principales derechos hoy vive con ánimo renovado una de sus más importantes etapas, con la participación de los diversos sectores de la sociedad en las propuestas, las ideas, los señalamientos que se expresan y se expresaron claramente en el Foro Nacional de Consulta a los Derechos del Siglo XXI para las Personas con Discapacidad, realizado por el Congreso de la Unión, celebrado el 23, 24 de noviembre, así como con la voluntad política de los diversos grupos parlamentarios representados en la Comisión de Atención a Grupos vulnerables, la disposición al diálogo y la capacidad de discutir y construir las diferencias y las propuestas, con el compromiso de fortalecer y actualizar el marco jurídico de protección a los derechos de las personas con discapacidad es posible que hoy votemos un dictamen mediante el cual se expide un nuevo ordenamiento para la inclusión de las personas con discapacidad, ordenamiento que armoniza la Convención de las Naciones Unidas en la inclusión de las personas con discapacidad. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reglamenta lo conducente al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones que el Estado deberá promover, proteger y asegurar en el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Armonizado como la ley que vale la pena rescatar, convención que fue promovida por un gran mexicano, don Gilberto Rincón Gallardo, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades De manera enunciativa y no limitativa señala los derechos de las personas con discapacidad, así como las dependencias y entidades de la administración pública, encargadas de tutelarlos. Establece las facultades del Ejecutivo federal en la materia, entre éstas, establecer la política pública para las personas con discapacidad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ratificadas por nuestro país. Se crea –y me parece que ésta es una parte importantísima y trascendente de este nuevo ordenamiento jurídico– un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como respuesta a un legítimo reclamo de contar con un organismo público cuya naturaleza jurídica permita respaldar los trabajos de coordinación y articulación entre las diferentes dependencias y entidades de la administración pública federal. Se concibe el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, integrado por el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios, así como las personas físicas y morales del sector social y privado que presten servicios a personas con discapacidad, con el objeto de coordinar y dar seguimiento a los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales, públicos y privados, que permitan la ejecución de políticas públicas y la prestación de servicios en la materia. En síntesis; esta nueva ley viene a brindar mejores herramientas para impulsar el desarrollo y el avance de las personas con discapacidad, de 10 millones de personas en este país que además representa el interés de brindar a millones de personas y familias la certeza de que es posible ofrecer mayores oportunidades y dar el ofrecimiento de una mejor calidad de vida a través de la norma. En este momento quiero expresar mi profunda gratitud y reconocimiento a la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables del Senado de la República, en su presidente, el senador Guillermo Tamborrel, que nos acompaña. Muchas gracias por tu gentileza, tu actitud de construir, senador. Mi cariño y mi reconocimiento. Al igual, de manera muy particular quiero reconocer a mi coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, a don Paco Rojas. Don Paco, mi cariño, mi aprecio a su solidaridad. De verdad aprecio mucho cómo nos ha acompañado en este tema. A mi vicecoordinador, Martel. Pero quiero hacer una mención específica, que de verdad lo hago con todo mi corazón, a quien, desde mi partido ha impulsado el tema, que ha sido una causa en el partido y que hoy tres mujeres estamos encabezando la causa de la discapacidad en mi partido; a mi presidenta, Beatriz Paredes. Beatriz, gracias amiga. También quiero reconocer a la diputada Vázquez Mota, a Josefina, por su sensibilidad y compromiso de acompañarnos en este nuevo ordenamiento. A don Alejandro Encinas. Alejandro, gracias porque no nos has dejado solas. Por supuesto a Juan José Guerra Abud, que tiene una extraordinaria representación el Partido Verde en nuestra comisión, y a todos y cada uno de los coordinadores, porque sin ustedes y su voluntad no sería posible. Finalmente, compañeras legisladoras y compañeros legisladores; por supuesto PT, Convergencia, todos, aquí todos estamos juntos. Gracias. Saldemos una deuda de justicia social con un sector de nuestra población en condiciones de alta vulnerabilidad. Votemos a favor de mejores oportunidades de educación, de trabajo, de acceso a los servicios de salud, de transporte, de accesibilidad y vivienda, de desarrollo social para las personas con discapacidad. El ideal democrático es indispensable con la inclusión y el desarrollo de todos, de todos los mexicanos. Finalmente para terminar y pidiendo su apoyo, quiero decirles que yo, como Daniela Nadal, como Nelly Miranda, como Claudia Anaya y como cada uno de ustedes –estoy cierta de hecho–, anhelo para cada niño y niña de este país, anhelo para cada adulto de este país con discapacidad, horizontes plenos donde cada uno pueda desplegar sus alas y volar su propio su horizonte donde cada quien lo decida.