La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Debo reconocer en primer lugar la discusión que se dio sobre este dictamen en la Comisión de Justicia, así como la sensibilidad de las diputadas y los diputados al observar ciertas deficiencias jurídicas a la minuta del Senado y por su voluntad para poder transitar a este tema. De igual manera, debo reiterar la voluntad de Movimiento Ciudadano para mejorar el mismo. En la minuta enviada por el Senado se está adicionando un artículo, el 97 Bis, para facultar entre otras cosas, al pleno de alguna de las Cámara del Congreso de la Unión para pedir al Ejecutivo federal conceda el indulto, y esto es lo rescatable, porque como sabemos, en el artículo 89 fracción XIV de la Constitución, ya está facultad del Ejecutivo conceder, conforme las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los Tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal. Es decir, el indulto como sabemos, ya se encuentra contemplado en la Constitución, pero ahora el Poder Legislativo tendrá la facultad para solicitar al Ejecutivo que lo conceda, y esto cobra una gran importancia porque una de las manifestaciones más claras del deterioro institucional en el país es sin duda alguna la procuración e impartición de justicia. Los procedimientos en materia que van desde la presentación del probable responsable ante la autoridad competente, el conjunto de acciones a cargo de la defensa y de la parte acusadora, hasta la sentencia emitida por el juez pueden ser objeto de un sinnúmero de cuestionamientos. La vulneración a los derechos más elementales de las personas en esta materia, que van desde actos de tortura, aislamiento, incomunicación, detenciones arbitrarias, no ser informado sobre la razón de la detención, entre otros. Conductas violatorias a prerrogativas constitucionales del detenido, materializadas principalmente por integrantes de las corporaciones policiacas y el Ministerio Público, que sin duda alguna provocan importantes consecuencias jurídicas en un proceso, el cual ya se encuentra viciado de origen. En la práctica es muy común que sea la autoridad quien designe al defensor, principalmente por un motivo preponderantemente económico cuando el acusado no cuenta con los medios para contratar un abogado particular. El estudio denominado La cárcel en México, para qué, revela que alrededor del 78 por ciento de los indicados recurren a los servicios de los representantes legales del Estado, pero también en un 45 por ciento de las ocasiones éstos son reemplazados por uno privado, cuando en opinión de los acusados y de sus familias consideraron que no hacían nada para defenderlos. Sin lugar a dudas, el derecho a una defensa adecuada no se agota con la designación de un defensor de oficio, cuando éstos con motivo de la carga de trabajo se ven obligados a tener que atender varias audiencias en forma simultánea, lo que les impide estar presentes en éstas o poderse entrevistar con su cliente antes de que rinda su declaración. Tan es así que, de conformidad con el informe rendido por la Dirección de Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica del Distrito Federal, sólo en esta demarcación territorial, en 2012, los defensores de oficio capitalinos atendieron un total de 11 mil 242 asuntos en materia penal y justicia para adolescentes. Las cifras hablan por sí solas, al grado de convencernos de que la justicia en nuestro país lamentablemente adolece de asimetrías económicas, ya que ésta se vende y compra al mejor postor, y que por tanto, las cárceles en la mayoría de los casos alojan casi en exclusiva a los presuntos culpables por la comisión de hechos delictivos de más bajos recursos del país. Como lo hemos visto, en aquellas situaciones en la que la tercia indígena, procesado y víctimas se alinean casi naturalmente, pues según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el año 2012, un total de 8 mil 502 indígenas fueron encarcelados ilegalmente, acusados por delitos, tanto del fuero común como del federal; por delitos contra la vida y la integridad física; por delitos patrimoniales o contra la salud, pero que en la gran mayoría de los casos eran susceptibles de libertad bajo caución. Sin embargo, no pudieron ser beneficiados por esta alternativa, por no contar con el dinero para el pago de la fianza o porque no se les designó un traductor. Lo anterior, es motivo de una profunda preocupación, que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia decidan ignorar las graves irregularidades en los procesos penales en los que se han visto involucrados connacionales de origen indígena, como fue el caso, por ejemplo, de Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, tres mujeres indígenas que en 2010 fueron liberadas luego de casi cuatro años en prisión, acusadas por presuntamente secuestrar a seis agentes federales, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que hubo inconsistencias en el proceso que condujo a su detención. En atención a la imperante necesidad de mecanismos que permitan cumplir con la garantía y protección a los derechos constitucionalmente reconocidos a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, es que consideramos que la propuesta a incorporar una nueva variante para hacer justicia en aquellos casos en las que las violaciones procesales hubiesen sido tales, que hubieran acarreado la imposibilidad de la persona sentenciada de defensa es correcta. No obstante, es de considerarse que en ningún momento la autonomía del Poder Judicial puede estar supeditada a la indiscriminada voluntad del Ejecutivo, por lo que esta facultad que se le reconoce debe estar siempre fiscalizada bajo el más estricto escrutinio. Por lo anteriormente expuesto, Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.