La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. La ley que se pretende aprobar es reglamentaria de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y según su texto señala que busca promover el desarrollo sustentable dela industria de la energía eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente, segura, en beneficio de los usuarios. Lamentablemente, en el propio texto de la norma, no se piensa en los usuarios domésticos ni en los usuarios agrícolas, pues sólo se dirige a establecer medidas d desarrollo y promoción de los consumidores de energía eléctrica privados a los sectores industriales y comerciales, que por cierto son los que actualmente le generan los mayores ingresos a la Comisión Federal de Electricidad. Esta ley abre todas las cadenas del sector eléctrico la inversión privada, incluso aquellas cadenas que son clasificadas como estratégicas, en el artículo 2, y que se centran en la transmisión y la distribución cediendo no sólo el control y el manejo de estas cadenas a las empresas particulares, sino por ende el control de todo el sistema eléctrico nacional a agentes que no buscarán el beneficio colectivo y la satisfacción de las necesidades de la población, sino sus intereses particulares. Es preocupante la redacción del artículo 4 de la misma norma, en donde establece que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, olvidando que el suministro de la energía eléctrica es un servicio público y no de interés público, como se redacta en ese mismo artículo. No es lo mismo que el suministro de energía eléctrica sea un servicio público o que se convierta en un servicio de interés público. Desde luego que es un tema de interés público, pero precisamente por ello se debería asegurar que el Estado mexicano sea el principal proveedor, regulador, generador y distribuidor de la energía eléctrica, pues de lo contrario se comprometería nuestra soberanía energética y se colocaría a los usuarios domésticos en un riesgo de pagar los precios del mercado sin apoyos gubernamentales y subsidios, convirtiendo a la energía eléctrica en un bien del mercado inalcanzable para muchos sectores de la población. Estos artículos son la base que sustenta el espíritu mercantilista de este dictamen, a partir de estas premisas el resto de la legislación continua estableciendo las condiciones y los requisitos para que la energía eléctrica sea regulada por los criterios de la oferta y la demanda, olvidando que antes que un producto la energía eléctrica y el acceso a ella es considerado como un derecho humano indispensable para la realización y alcance de otros derechos más. La fragmentación del sistema eléctrico nacional en una red nacional de trasmisión y sus sistemas de redes generales de distribución, impide tener control desde el Estado mexicano del propio sistema nacional, pues incluso se faculta a los transportistas y distribuidores a participar en la fijación y establecimiento de las normas que regularán su propia operación. Esta división en subsistemas generales de distribución emula la estructura utilizada en Estados Unidos, en donde existen redes de distribución por zonas y en donde cada empresa mayorista fija y establece sus condiciones de operación y de costos. Baste recordar que hace ocho años la principal empresa de distribución eléctrica en la costa oeste de este país, Enron, colocó a millones de usuarios sin servicio eléctrico tras una administración fraudulenta de sus propios activos, sin que el gobierno estadounidense pudiera intervenir o evitar ese colapso energético, justo por haber fijado un esquema como el que hoy se propone en el dictamen que discutimos. Por qué no replicamos fórmulas exitosas de inversión y desarrollo de la industria eléctrica en otras o de otras partes del mundo, y sólo replicamos fórmulas que han probado su fracaso rotundamente. Siguiendo con este análisis, por ejemplo en el artículo 26 de la minuta se establece que los transportistas y distribuidores son responsables de la red nacional de trasmisión y las redes generales de distribución. Es decir, mientras le facultad la Secretaría de Energía a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía la fijación de regulaciones para la operación de ambas redes, en esta artículo se deposita la responsabilidad de operación de las mismas en los agentes que participan en ellas. Sigue siendo preocupante que en aras de promover la inversión privada, el Estado mexicano renuncie a toda responsabilidad, manejo y administración del sistema eléctrico nacional. Lamentablemente resulta que no se promueve un esquema de inversión privada con la coparticipación y la corresponsabilidad social del Estado y que se opte por renunciar a todas las responsabilidades constitucionales, argumentando un ficticio crecimiento de la industria eléctrica cuyos beneficios sólo favorecerán a unos cuantos por sobre los intereses de la mayoría de la población. El repliegue del Estado mexicano de sus obligaciones queda patente de nueva cuenta en la redacción del artículo 40, en donde se posibilita que los transportistas y distribuidores particulares corten y suspendan el suministro de energía eléctrica a los usuarios domésticos finales, sin que se medie ninguna notificación o aprobación de alguna autoridad para tal acto. Es decir, los particulares que brinden estos servicios podrán suspender o cortar sin que ninguna autoridad reguladora tenga conocimiento de ello, y por ende sin que el usuario pueda ejercer su derecho de audiencia y de defensa, facilitando con ello mayores abusos y cobros indebidos a los que hoy ya estamos viviendo. Una reflexión sobre las contradicciones de redacción y de contenidos integrados en esta minuta, pues mientras en los artículos iniciales establece que la energía eléctrica es de interés público, en el artículo 42 la fija como un interés social y de orden público, pero sólo para los efectos de aprovechamiento de las tierras y subsuelos, donde se pretenda explotar o instalar infraestructura para este servicio. Es decir, para transmitir, generar y vender energía eléctrica no se considera de interés social, pero para afectar las tierras de los pequeños propietarios, de ejidatarios, de comuneros y de pueblos indígenas, sí se considera de interés social y, por ende, se prioriza por sobre cualquier otro derecho. Esta última redacción resulta notoriamente inconstitucional y violatoria de los derechos humanos de estos grupos sociales, que durante años han defendido sus tierras y su territorio por sobre cualquier acción del gobierno, que ha pretendido arrebatárselas. El contenido del dictamen de la Ley de Industria Eléctrica en materia de energéticos reviste todo un diseño, en el que predomina el mercantilismo, que incorpora la figura de rentabilidad razonable. La mentira más grave en este dictamen es que ocultan la desaparición del subsidio de las tarifas eléctricas, lo que elevará en automático con el consecuente daño a la economía familiar. Esto agudizará la disyuntiva que ya enfrentan millones de familias mexicanas, entre pagar el recibo de luz o comer. Si vemos las reformas energéticas desde un plano supra o de una perspectiva integral, advertiremos las traiciones de la mayoría legislativa a la ciudadanía. Y si no es así, a ver, que me digan y que le digan a todos los mexicanos, ¿en qué parte del mundo bajaron las tarifas después de una privatización? En ninguna, porque los empresarios no están interesados por un bienestar de la población, sino por sus ganancias. Para que se entienda, las personas que vean su recibo, éste trae dos cantidades, una con subsidio y otra sin él. Bueno, pues los usuarios tendrán que pagar la electricidad en la cantidad sin subsidio y tendrán que esperar hasta que el Ejecutivo federal les haga un regalo o un beneficio. El dictamen en toda la estructura tarifaria de los artículos 137 al 147 violan el artículo 28 constitucional, que establece que el servicio básico de suministro debe ser subsidiado. Sin embargo, en su propuesta los desaparece de un plumazo. El Ejecutivo federal contemplan tendrá facultades discrecionales para establecer tarifas finales para determinados grupos de usuario y suministro básico. Lo que da tintes electoreros. Sin embargo, esta facultad es inconstitucional, discriminatoria, no distribuye riqueza y es inequitativa. Esta reforma energética es tan injusta socialmente, que estamos cayendo en el absurdo de quitarles el subsidio y, al mismo tiempo, obligarlos a pagar el pasivo laboral de CFE y Pemex, que ascienden a casi dos billones de pesos. El monto de subsidio anual de la tarifa eléctrica actual es de 50 mil millones de pesos, lo que representa un promedio del 10 por ciento del pasivo laboral. Los pasivos de CFE ascienden a 500 mil millones de pesos, es decir, 10 años de subsidios a la tarifa eléctrica. Las tarifas eléctricas en lugar de carácter social, serán establecidas bajo premisas netamente comerciales o especulativas, violan entonces el artículo 27, en donde se establece que la energía eléctrica será un servicio público, y en la ley le dan totalmente un trato de mercancías con fines comerciales. Ya termino, diputado presidente, y muchas gracias por la tolerancia. El suministro de energía eléctrica deja de ser un servicio público prestado por organismos no lucrativos, ahora será prestado por empresas comercializadoras que tendrán como principal fin obtener sus ganancias. El dictamen, en el artículo 3, fracción IX se incorpora la figura también de comercializador. Es decir, un particular que sea titular de un contrato de participante del mercado tendrá como fin comercializar la energía eléctrica. La definición de comercialización, en términos generales significa, que alguien presta un servicio a cambio del pago de una cantidad, predominando el fin especulativo que busca una ganancia. Finalmente, en el artículo 144 abre la puerta a la incorporación del prepago, quien en su estado, en su entidad, en su municipio no ha padecido esta figura del prepago en donde nos obligan a pagar antes de consumir la luz y si no tenemos crédito, pues simplemente no tendremos luz. Esto es la peor arbitrariedad que pudieron haber incorporado en esta Ley de Energía Eléctrica. No podemos, como representantes populares, avalar una norma como la propuesta en esta minuta. No se trata de posiciones ideológicas, sino de respeto a los principios del servicio social que nos corresponde desempeñar y, sobre todo, de respeto a los intereses y derechos de las mayorías, de todas y todos aquellos que han tenido la oportunidad de conocer estas normas y que depositan en nosotros su confianza no podemos defraudarlos y entregarles a empresas privadas nuestro sistema eléctrico nacional en una bandeja de plata, con los ojos cerrados y con nuestras manos atadas. Es cuanto, diputado presidente.