El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Doctora Irma Eréndira Sandoval, bienvenida a este recinto. El sector público tiene un tema fundamental que está relacionado con la salvaguarda de los recursos públicos y con la, digamos, supervisión permanente para que se gasten con eficiencia y eficacia. Para eso, las instituciones cuentan con mecanismos de control. El control juega un papel fundamental en esta tarea. Desde hace mucho tiempo, el discurso con el que se ha desarrollado el tema de la anticorrupción en México, en el control y la transparencia, ha versado en fortalecer estos órganos de control. Por otro lado, desde 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción ha venido a fortalecerse todavía en un proceso que no ha concluido, pero ha fijado al menos las bases mínimas para la protección y la prevención anticorrupción. Por un lado, la coordinación con entidades competentes, así como coordinación con entidades federativas municipales. Y esta parte fundamental también tiene que ver con el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Fiscalización. En ese sentido, de manera paralela ha ido creciendo también, desde la sociedad civil, un llamado para que los funcionarios públicos puedan transparentar sus recursos, sus procesos, etcétera. Imco, por un lado, desde 2014 impulsó de una manera digamos muy, muy práctica, la presentación de tres declaraciones: patrimonial, la de intereses y la fiscal. También Transparencia Mexicana ha abonado a este trayecto para el fortalecimiento en esta materia. Sin embargo, hoy lo que tenemos entonces, en este desarrollo que, digamos, hay que decirlo, de esta naturaleza, hemos tenido avances significativos y nadie puede estar del lado del discurso del combate a la corrupción. Pero lo que necesitamos aquí ya es, de ese mismo tamaño que es el discurso al combate a la corrupción, de ese mismo tamaño necesitamos ver resultados. Entonces decimos que estas disposiciones que han venido consolidándose y enmarcándose en algunos entes ya de leyes generales, como la de Responsabilidades Administrativas, han ido estableciendo un sistema de evolución patrimonial, la obligación de presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, así como la descripción de faltas administrativas graves y no graves y la posibilidad de sancionar no solo servidores públicos, sino también a los que tienen que ver o están vinculados con el sector privado. La pregunta aquí habría que decir, habría que cuidar, y esta es una parte importante que yo sugeriría que habría que entrarle en el terreno de la evolución anticorrupción, es que no vayamos a caer con estas declaraciones en la burocratización solamente de estos papeles, sino que trascendamos más allá de ellos. Han mostrado alguna vulnerabilidad y lo digo en términos de que habrá que ir pensando en términos muy particulares del perjurio, el perjurio debe de estar incluso vinculado a estas declaraciones. Es decir, a veces ya nos estamos acostumbrando a que el simple hecho de decirlo no es suficiente, hemos escuchado voces de conflictos de intereses y de otras naturalezas, que hacen que se tambaleen o que pierdan vigencia estas tres declaraciones. Entonces por un lado me parece que tendríamos que entrarle a revisar este tema. Por ello, resulta necesario que se explique a esta representación popular lo que se ha realizado para fortalecer los mecanismos de control, que no se tenga que enterar la ciudadanía que existen bienes no declarados por servidores públicos o fortunas cuyo origen no tienen la nitidez suficiente, situaciones que muestran prácticas contrarias a los principios que rigen al servicio público que atentan contra la honradez, imparcialidad, la transparencia y abonan a la opacidad e incrementan la percepción de corrupción. Por eso resulta indispensable que se explique con puntualidad qué acciones se han tomado y qué otras se habrá de implementar para verificar, número 1, el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, los mecanismos de revisión de la evolución patrimonial, la comprobación de la veracidad de las declaraciones patrimoniales, la certeza de las declaraciones de conflicto de interés y las sanciones o procedimientos que se han aplicado por omitir declarar bienes y conflictos de interés y por no presentar la declaración fiscal. Queremos que se informe lo que se ha hecho, si cuentan con un sistema de evolución patrimonial y qué resultados han encontrado. Si ha realizado investigaciones por las anomalías referidas y cuántas se han efectuado, y desde luego si ya hay responsables sancionados y qué medidas se van a tomar para prevenir este tipo de omisiones. Es cuanto, señora secretaria.