La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. En esta ocasión no me quiero dirigir a mis compañeros. Me ha quedado claro que los diputados de la mayoría no tienen intenciones de escuchar. A quienes me quiero dirigir es a las y los ciudadanos, porque nosotros desde Movimiento Ciudadano estamos haciendo lo que nos corresponde para, por una parte, generar los mecanismos legales y fiscales que permitan combatir delitos tan importantes como la defraudación fiscal, y apoyaremos todas aquellas medidas que se impulsen desde el gobierno para tal fin. Sin embargo, y lo hemos hecho en diferentes momentos de reformas que se han empeñado a aprobar en esta Cámara de Diputados, sin ningún tipo de discusión, porque lo que tenemos ahora no es discusión sino soliloquio. Hemos advertido que no vamos a permitir que se afecten y vulneren derechos de ciudadanos, y en este caso, de contribuyentes o de empresas que no tienen como fin hacer un acto de defraudación fiscal. Es por eso que esta reserva en particular, la que hemos presentado prácticamente todos los grupos parlamentarios en cuanto al Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene que ver con lo mismo, con la posibilidad o no de mandar a prisión preventiva oficiosa a un contribuyente que, cometiendo un error, pudo haber comprado una factura falsa, adquirido o enajenado una factura falsa y que por eso, por ese solo hecho, puede tener prisión preventiva oficiosa. Y que no distingue entre aquellos contribuyentes que además tendrán recursos para defenderse legalmente de la aplicación de esta ley, que realmente tienen ese objetivo. Hoy hemos presentado diferentes opciones desde los grupos parlamentarios para atender ese tema y no afectar a los contribuyentes. La propuesta que hoy les quiero presentar tiene que ver con esta otra posibilidad, no sin dejar de advertir que sin duda en este artículo en particular, se encuentra un tema de inconstitucionalidad que espero que muy pronto pueda llegar a la Corte, porque además este tema de defraudación fiscal no está en el artículo 19 de prisión preventiva oficiosa que, como ustedes saben, también combatimos en esta tribuna por la afectación de los derechos ciudadanos que puede tener esa reforma. Pero si aun así insisten en que se quede este artículo, particularmente la fracción II del séptimo párrafo, lo que les venimos a proponer aquí son medidas que dejen a salvo a los contribuyentes que no tienen como objetivo hacer un delito de defraudación fiscal, y en ese sentido dejarlos a salvos a ellos. Es una reserva muy atendible y que ojalá escucharan. Pero como no escuchan, como partí del hecho de que no escuchan, quiero que los ciudadanos que después puedan ver este debate sepan que estamos haciendo el trabajo para evitar que se les afecte directamente a los contribuyentes. Una forma de distinguir la propensión o intención de defraudar al fisco federal puede configurarse en el valor de lo defraudado, con relación al valor total de sus operaciones o el monto total de los ingresos de un año fiscal. Si el monto de las operaciones que se presuman amparadas en operaciones inexistentes o el monto de lo defraudado no rebasare el 6 por ciento del valor total de sus operaciones o el monto total de sus ingresos en el ejercicio de que se trate, estamos ante un contribuyente que a todas luces no acredita la propensión o intención de haberse creado para defraudar, sino que al margen de su operación pudiera verse involucrado involuntariamente con empresas que a la postre pudieran ser calificadas como empresas con operaciones inexistentes. Al respecto, se puede adicionar la condición para que en el caso de rebasar dicho por ciento amerite la prisión preventiva oficiosa. Ojalá los diputados de la mayoría estuvieran dispuestos a escuchar y a debatir a fondo este tema, no solamente a llenar sus curules sentados ahí. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.