EL C. DIPUTADO JUVENAL VIDRIO RODRIGUEZ: Con el permiso de la presidencia. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Iniciativa de decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cargo del suscrito diputado federal Juvenal Vidrio Rodríguez, del grupo parlamentario de Acción Nacional a fin de que en la ley se establezcan las bases de competencia entre la Federación y las entidades federativas en los casos de conexidad, es decir, de delitos del fuero federal y común, con lo que se fortalecería la debida colaboración de los órganos de gobierno en la investigación y persecución de los delitos, propuesta que se justifica bajo la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra al federalismo como la máxima organización política, jurídica y social del Estado mexicano. Así, nuestro sistema constitucional instaura la coexistencia de tres órdenes de gobierno: la Federación, las entidades federativas y los municipios, con competencias y límites debidamente definidos, sin que existe subordinación entre ellos. De esta forma, en los artículos 73 y 124 de la Constitución federal se establece que las autoridades federales tendrán atribuciones en todo aquello que expresamente disponga la Constitución como principio para la distribución de competencias. Sin embargo, también se contempla lo que la doctrina ha denominado comúnmente como las facultades coincidentes restringidas, en donde la atribución se otorga tanto a la Federación como a las entidades federativas, pero se concede a la primera la facultad de ,,, a las bases o a los criterios para la división o ejercicio de esta función. En los últimos tiempos la evolución de la sociedad mexicana y las nuevas circunstancias imperantes en la nación han impulsado la exigencia social de la coordinación eficiente entre los órganos de gobierno, por lo que en nuestra Constitución se ha adoptado cada vez más con mayor frecuencia el sistema de facultades coincidentes. Es así como a las facultades coincidentes en materia de educación, salubridad y ecología, entre otras, se han sumado las relativas a la seguridad pública, consagrada recientemente en el artículo 21 y 73 fracción XXIII de la Constitución Federal. El nuevo escenario de esta materia impuesto por los preceptos citados precisó la promulgación por parte del Congreso de la Unión de la ley general que establece las bases de coordinación del sistema de seguridad pública. En el ordenamiento citado se establecen las bases de coordinación entre la Federación y las entidades federativas tendientes a garantizar la coadyuvancia y cooperación permanente entre ambos órganos de gobierno, solución que da a los problemas existentes en esta materia, desarrollando sus atribuciones en diversos ámbitos de la competencia pero en forma ordenada y uniforme. Sin embargo, la actuación coordinada de las autoridades competentes de los órganos de gobierno en materia de seguridad pública, no obstante el avance obtenido no se ha reflejado en la prontitud y eficacia deseada en la vida diaria de la sociedad pues sus facultades no han impactado en el índice delictivo del país y, en consecuencia, en proporcionar la seguridad pública que exige la ciudadanía. En efecto, los esfuerzos realizados en materia de seguridad pública no han sido suficientes, ya que una de las causas que originan la inseguridad es el hecho de que haya delitos de competencia exclusiva federal pero que ocasionan una gran inestabilidad en la paz pública de las entidades federativas, cuyas consecuencias se traducen incluso en las finanzas. La concentración de facultades de la Federación en delitos de suma gravedad no sólo afecta a las entidades federativas como tales sino que se traduce en una afectación también a los gobernados en cuanto al derecho a su seguridad por parte de las autoridades más inmediatas, en este caso las autoridades locales. Esta exclusión total de las autoridades estatales en la investigación de los delitos de competencia federal y conexos provoca la inoperancia de la coordinación en la procuración de justicia, afectando negativamente los esfuerzos realizados en materia de seguridad pública. "Esto es lo que sucede cuando las autoridades de los estados inician una investigación en torno a un delito del fuero común, relacionados con acción del ámbito federal, ya que estas autoridades se ven obligadas a abandonar la investigación sin concluirla, para poner en manos de la Federación la persecución de tales ilícitos, cIrcunstancia que evidentemente retrasa la buena marcha de la procuración de la justicia en perjuicio de las víctimas y de la sociedad y en beneficio de los delincuentes. "Con base en la exposición y en la demanda de la población en relación con el mejoramiento de la seguridad pública y de la procuración de justicia, presento ante esta soberanía esta Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 73 fracción XXI de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar a las entidades federativas y al Distrito Federal para conocer e investigar los delitos de actual competencia federal, cuando estos tengan conexidad con los del fuero común, de conformidad con las bases que al efecto se establezcan en la ley. "Por lo hasta aquí expuesto me permito poner a consideración de este pleno la presente iniciativa por lo que solicito que sea insertada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y que sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.". Atentamente, diputado federal Juvenal Vidrio. Gracias. -