La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en un Estado democrático y de derecho como el nuestro, es esencial garantizar los derechos humanos de cada uno de los miembros de la sociedad. Impulsar el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de cada individuo, especialmente los que se encuentran en estado de vulnerabilidad ha sido tarea fundamental y quehacer legislativo del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Innumerables ocasiones desde esta tribuna hemos defendido el respeto, la no discriminación, la igualdad, la equidad y la inclusión. En esta ocasión hago uso de esta tribuna para someter a la consideración de este pleno la presente iniciativa, que reforma y adiciona los artículos 7 y 134 de la Ley Federal del Trabajo; el artículo 4o y 198 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La intención de esta iniciativa es garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad. Proponemos modificar la legislación para que las dependencias e instituciones oficiales y entidades públicas, privadas y las federales también, empleen al menos el 2 por ciento en su planta laboral a las personas con discapacidad. De igual manera, se incentiva a las empresas para que brinden oportunidades laborales a personas con discapacidad, mediante beneficios fiscales. Las personas con discapacidad viven con frecuencia al margen de la sociedad, privadas de algunas de las experiencias fundamentales de la vida. Tienen escasas oportunidades de asistir a la escuela, de obtener un empleo, de poseer un hogar propio, de fundar una familia, de criar a sus hijos y disfrutar de la vida social. Pese a los múltiples instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, frecuentemente se les discrimina y obstaculiza su derecho a la inserción social y al empleo. En el mundo existen aproximadamente 610 millones de personas con discapacidad, de las cuales 386 millones están en edad productiva y constituyen una proporción creciente de empleados y clientes potenciales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, hasta 2010 en México había más de cinco millones de personas con alguna discapacidad. En nuestro país todas las personas tenemos derecho a tener un trabajo que nos permita recibir un ingreso económico y gozar de prestaciones laborales y de seguridad social. No obstante, son muchas las barreras y los obstáculos físicos y sociales que las personas con discapacidad deben enfrentar para hacer valer esos derechos. Esta situación les impide desarrollarse profesionalmente y cumplir sus metas personales. Si bien México cuenta con múltiples disposiciones normativas para proteger los derechos humanos, incluido el laboral, las personas que sufren alguna discapacidad no han sido plenamente integradas al mercado de trabajo, a la mayoría de ellas se les rechaza y cuando buscan un empleo, se les menosprecia y las que logran ingresar al campo laboral están subempleadas, reciben salarios ínfimos y trabajan por debajo de su capacidad. Por desgracia aún no hemos entendido que la inserción laboral permite a las personas con discapacidad mejorar sus condiciones de vida, mantener a su familia y apoyar al desarrollo del país a través de un trabajo productivo. La experiencia demuestra que cuando se han brindado a las personas con discapacidad oportunidades de trabajar en puestos que se adaptan a sus competencias, intereses y aptitudes, se obtiene como resultado empleados y empresarios de éxito, comprometidos con sus patrones, comprometidos con las causas de las empresas que les han dado esa oportunidad laboral. Modificar la ley favorecerá una cultura de reconocimiento, respeto e incursión a este sector, además propiciará su integración social y económica. Compañeras y compañeros legisladores, la realidad que viven millones de personas con discapacidad nos demanda el establecimiento de normas jurídicas que eliminen las barreras existentes y que les limitan su participación laboral. Debemos modificar sustantivamente la no discriminación y luchar contra los prejuicios y las falsas ideas sobre las personas con discapacidad, quienes tienen un excelente desempeño laboral en las empresas y en los establecimientos. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que con estas reformas se impulsa la integración e inclusión social de las personas con discapacidad, que vinculando la normatividad con la realidad de este importante sector de la sociedad estamos construyendo un país de oportunidades igualitarias, justas e incluyentes, con una verdadera visión social. Por su atención, muchas gracias.