La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El día de hoy se ponen a su consideración dos importantes reformas a nuestra Constitución, reformas que no quedarán sólo en el papel, sino que cambiarán la vida de millones de infantes en nuestro país. Niñas y niños que están en estos momentos en sus casas, en la escuela o en la calle y que esperan que sus representantes, lejos de protagonizar disputas, a veces estériles, o de dejar correr largas sesiones donde los acuerdos no llegan, escuchen su voz débil, llegada desde abajo, pero potente en razones. Niñas y niños que hoy tienen hambre; no van a la escuela, no tienen un padre, no juegan, no ríen, sufren de violencia, abuso o maltrato, o son explotados o tienen que trabajar. El Partido Acción Nacional nació hace 71 años, por el reclamo ciudadano de los derechos fundamentales, derechos que no sólo son prerrogativa de los adultos, sino de la infancia, que es nuestro futuro. Hoy, la reforma al 4o constitucional para incorporar el concepto del interés superior de la infancia y el artículo 73, para facultar al Congreso de la Unión para legislar en la materia, representan, sin duda alguna, el avance más importante en nuestra legislación en el tema de la infancia. Aún cuando nuestro país ha firmado tratados internacionales, que lo obligan a armonizar las leyes mexicanas y en efecto, existe la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y nuestro país cuenta también con instituciones dedicadas a la protección de la infancia, sin las reformas constitucionales que hoy se proponen a esta asamblea, esta ley no es más que un catálogo de buenos deseos, porque no obstante la existencia de los ordenamientos antes señalados y de las instituciones precisadas, es necesaria la reforma constitucional, ya que no contemplan sanciones a su inobservancia. Es por ello que la presente reforma constitucional no sólo se coloca como un avance a la regulación de los derechos de los niños, sino que estaría cumpliendo con lo preceptuado en los diversos documentos jurídicos de carácter externo, a los cuales no podemos substraernos. Aunado a esto, la reforma al artículo 4o constitucional produciría como efecto la liberación de dicho principio del interés superior de la infancia, para que sea oponible a cualquier autoridad y en cualquier materia, ya sea administrativo o jurisdiccional mediante la verdadera garantía, que es el juicio de amparo. Con ello se dará pauta al reconocimiento de diversos derechos que son inherentes, como el derecho a la identidad, a tener un nombre, a la adecuada salud y nutrición, a la educación, a vivir en un medio ambiente sano, a vivir libre de todo tipo de violencia, abuso y maltrato, al libre desarrollo de su personalidad, a no ser explotado y a gozar de todas las demás prerrogativas y derechos que la Constitución les otorga. Por lo que toca a la reforma al artículo 73 constitucional, sería facultad del Congreso de la Unión legislar en esta materia, otorgando una concurrencia de materia para que las entidades federativas y el Distrito Federal puedan legislar en el ámbito de su competencia, con la participación de los municipios. Ello en atención a una correcta distribución de facultades. Pese al gran abanico de temas en los cuales el Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes, el tema de los derechos de la infancia sigue siendo uno de los que menos trabajo legislativo ha procesado, aun y cuando las niñas y los niños merecen una preocupación extrema por las condiciones de abandono en las que muchas veces se encuentran, incluso desde el momento de nacer. Para el caso de los hijos e hijas no reconocidos por su padre, como consecuencia directa de haber nacido fuera del matrimonio, según la legislación vigente, la insuficiencia alimentaria no es la única pérdida que sufre el niño, en espera de una resolución judicial o de un acto de la voluntad paterna, sino que además el abandono o la ausencia de estímulos provocan la pérdida del potencial de desarrollo. Es decir, no sólo se trata de desnutrición sino que el desentendimiento de un padre constituye un elemento que contribuye a colocar al infante en una situación de exclusión social que conduce al empobrecimiento evolutivo. Los alimentos, al igual que la filiación, conforman entre otros, derechos reconocidos a la infancia, mismos que se encuentran plasmados en instrumentos jurídicos nacionales, así como el instrumento de carácter internacional vinculantes por el Estado mexicano. Con relación a los derechos de filiación y alimentación, es necesario recalcar la gama de responsabilidades que se entrelazan para su cumplimiento, sin embargo, la legislación civil en el tema de alimentos, reconocimiento de la paternidad y en general de los derechos civiles, al ser un tema reservado a los estados abre la posibilidad de que existan tantas maneras de regular esta rama del derecho como legislaciones estatales existen, complicando en muchos de los casos trámites que se realizan con respecto al derecho familiar. Es por eso que la inclusión de estos temas al artículo 73 constitucional tiene una gran importancia, pues abrirá la puerta legislativa para que puedan ser aprobadas la Ley en materia de Paternidad Responsable, Alimentos y Adopción, entre otros, con el único y objetivo principal de reconocer la exigibilidad de los derechos de la infancia. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de mi partido, el Partido Acción Nacional, les pido el voto a favor de estas importantes reformas en nuestra Carta Magna. Hagamos del día de hoy el día en que demostremos a nuestras hijas, a nuestros hijos, que no hay nada más importante para nosotros que su bienestar y que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para heredar a México la infancia fuerte, bien alimentada, segura y protegida que lo hará más grande, más próspero y más feliz. Muchas gracias.