El diputado Carlos Iriarte Mercado: Con permiso de la Presidencia. La tortura es un atentado contra la humanidad de las personas y es un acto de injusticia en toda su expresión, como dijo Martin Luther King. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. La tortura es una grave violación a las personas, está condenada en el artículo 5o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cito aquí a John F. Kennedy: Los derechos humanos de todos los hombres son disminuidos cuando los derechos de un hombre son amenazados. Es por ende nuestra responsabilidad, como seres humanos, como mexicanos, como mexicanas, como legisladoras y como legisladores, garantizar que los derechos humanos se respeten y se protejan. Pongo unos datos a su consideración. De acuerdo con Amnistía Internacional en 2016, entre 2003 y 2013 se incrementó el número de denuncias de tortura y otros malos tratos en un 600 por ciento, y en los primeros cuatro años de esta década se recibieron 7 mil 741 denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En abril de 2015, la Procuraduría General de la República contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado sólo registra 15 sentencias condenatorias por casos de tortura desde 1991. Ante esta realidad, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que en el país debemos afrontar y superar los episodios de tortura con toda determinación. Tenemos que acabar con estos flagelos que atentan contra la dignidad humana y nos agravian como sociedad. Firme con ese compromiso, el gobierno del presidente Peña ha impulsado acciones y transformaciones institucionales, cuyos resultados han mostrado lo siguiente. Una disminución del 46 por ciento en el número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a autoridades de la administración de la pública federal. Destinar más de mil 500 millones de pesos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para víctimas del delito y de violaciones de sus derechos. Y concretar la reforma a la fracción del artículo 73 constitucional que facultó al Congreso de la Unión a emitir leyes generales en materia de tortura y malos tratos. Ahora, a nosotros nos corresponde legislar para garantizar un país sin tortura. Si bien nuestro país cuenta con una Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, ésta no ha sido autorizada desde 1994, como aquí ya se enunció, por lo que resulta insuficiente para combatir el delito eficazmente. En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor de expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, porque prohíbe de manera absoluta, estricta, completa, incondicional e imperativa cualquier tipo de tortura o trato o pena cruel inhumana o degradante. Distribuye competencias claras y fortalece la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Define con base en estándares internacionales, los tipos penales y determina sus sanciones, previendo medidas cautelares, incluida la suspensión del cargo e imponiendo de 10 a 20 años de prisión tratándose de servidores públicos o de 6 a 12 años en el caso de particulares. Flexibiliza la investigación y persecución del delito y puede originarse por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial. Prevé que la investigación y persecución de la tortura serán imprescriptibles. Obliga a las entidades federativas a contar con fiscalías especiales que investiguen los delitos relacionados con la tortura, al tiempo que robustece la competencia de la federación. Precisa que las declaraciones o entrevistas de las víctimas deberán registrarse por cualquier medio, brindado certeza respecto de las personas que intervinieron en los cuestionamientos. Implementa el Registro Nacional de Información, lo que permitirá contar con datos y estadísticas sobre los casos de tortura y otros tratos crueles. Regula el mecanismo nacional de prevención como la instancia encargada de supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional, dotándolo de autonomía presupuestaria e incorporando un procedimiento específico, transparente y con perspectiva de género para la elección de sus integrantes. Y finalmente, robustece a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de la emisión de dictámenes médicos, psicológicos con motivo de quejas interpuestas ante dicha instancia. En suma, se dota al Estado mexicano de una herramienta eficaz y novedosa para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, otros tratos crueles e inhumanos y armoniza nuestro marco jurídico para darle operatividad a la misma. Aunado a lo anterior, fueron escuchadas, dialogadas y atendidas las peticiones de organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el tema. Asimismo, es importante destacar que el dictamen que votaremos a favor recupera recomendaciones emitidas por el informe del relator especial sobre la tortura, de la Organización de las Naciones Unidas, en 2014, entre ellas expedir una ley general en materia que tipifique la tortura en toda la república; consagrar el principio expreso de la prohibición absoluta de la tortura; garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral; asegurar que la tortura y malos tratos sean investigados prontamente, y prever la suspensión administrativa de todo funcionario sujeto a investigación por tortura y malos tratos. Concluyo. El ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, expresó que nadie puede disfrutar la seguridad sin desarrollo y del desarrollo sin seguridad, y sin el respeto por los derechos humanos. Por lo que en nuestro Estado constitucional de derecho, como el nuestro, garantizar los derechos humanos significa apostar por un México democrático, próspero, justo y en paz. Es cuanto, señor presidente.