La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venía, diputada Presidenta. Diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para denunciar la represión en contra de los trabajadores de la mina de Cananea al tenor de las siguientes Consideraciones El pasado 16 de octubre de 2007, el diputado Carlos Ernesto Navarro López, integrante de la fracción parlamentaria, presentó ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo para evitar lo que sucedió el viernes 11 de enero y lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy en la mina de cobre Mexicana de Cananea, ubicada en el municipio sonorense del mismo nombre. Lamentablemente, al no alcanzar la votación requerida para ser considerado de urgente y obvia resolución, fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social sin que hasta la fecha haya sido dictaminado. Además de Navarro López, el documento estuvo signado por los diputados Rosario Ortiz Magallón y José Antonio Almazán González, quienes denunciaron las condiciones de inseguridad y falta de higiene que existían, y existen, en la mina propiedad del Grupo Minera México. Como se recordará, el 30 de julio de 2007 los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, pertenecientes a la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana emplazaron a huelga a la empresa Industrial Minera México, SA de CV, subsidiaria de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Su principal petición está basada en exigir mejores condiciones de seguridad e higiene, tal como lo establece la Constitución Política de nuestro país, la Ley Federal del Trabajo y su propio contrato colectivo de trabajo. Desde un principio, los trabajadores mineros han enfrentado la colusión evidente que existe entre Grupo México y las autoridades laborales. Muestra clara de lo anterior es el hecho de que el licenciado Javier Lozano, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, anunciara horas antes de que lo hiciera la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 7 de agosto de 2007, que la huelga en Cananea, junto con las de Taxco y Sombrerete, serían declaradas inexistentes. Ahora bien, respecto del fallo que se notificó el pasado viernes a las 11:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México, resulta necesario enfatizar que en este nuevo intento por desconocer el legítimo derecho de los trabajadores mineros, se procedió de manera similar al anterior. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje volvió ha declarar inexistente la huelga, pese a que el 16 de agosto de 2007 los trabajadores habían logrado un amparo emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Laboral. Así como la determinación de legalidad de la huelga por parte del Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo, el 17 de diciembre. La resolución de la autoridad laboral está basada en una acción por demás mezquina, y hasta burlona, ya que después de cinco meses de que comenzó la huelga, la Junta se dio cuenta de que ésta no inició en el minuto exacto que fue señalado para su emplazamiento. En el mismo resolutivo, la Junta Federal reconoce que las condiciones de inseguridad laboral existen, es decir, reconoce que las demandas de los trabajadores son justas y apegadas a la realidad. La Secretaría del Trabajo señala en su boletín de prensa 2 con fecha 11 de enero de 2007: "La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se mantendrá atenta a los esfuerzos que se lleven a cabo para reforzar las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones de la mina de Cananea y, una vez que sean normalizadas las actividades en este centro de trabajo, se dispondrá del desahogo de una inspección extraordinaria en la materia para verificar que Mexicana de Cananea, SA de CV, cumpla las normas aplicables". Asimismo, nuevamente se volvió a favorecer a la empresa al ser notificada con mucha antelación sobre la declaración de inexistencia. Además, el envío de la fuerza pública federal para desalojar a los huelguistas ocurrió 16 horas antes de que fuera notificado el sindicato, tal como lo documentaron los medios informativos de Sonora. Al enviar la fuerza pública, y seguir costeando su estancia, se están utilizando recursos públicos por montos millonarios para defender los intereses económicos de una empresa privada como lo es la subsidiaria de Grupo México, ya que los trabajadores lograron la suspensión provisional respecto del fallo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, otorgado por el Juzgado Sexto de Distrito en materia de Trabajo en el Distrito Federal, derivada del amparo promovido por el propio sindicato. En este sentido, la presencia de la fuerza policial federal no tiene razón jurídica. Pero lo más grave es la represión que se ejerció por parte de Felipe Calderón, y se siguió ejerciendo en contra del pueblo de Cananea. Durante el desalojo de las instalaciones de la mina se utilizaron gases lacrimógenos y varios mineros resultaron gravemente golpeados. A lo largo de estos días, tal como lo declaró Sergio Tolano, dirigente de los mineros de Cananea, ha habido amenazas, actos de intimidación y hostigamiento por parte de los federales. También, la complicidad del gobierno de Sonora, encabezado por Eduardo Tours, quien prestó auxilio a las fuerzas federales. Se han estado llevando medidas violentas en contra de todos los trabajadores. No sobra mencionar que la intervención estatal de la represión fue con base en un oficio sin validez, toda vez que carecía de firma y que fue emitido supuestamente por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el licenciado Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, solicitándole su colaboración para consumar el desalojo, tal como está consignado en el portal informativo de Internet, Kiosco Mayor. Como se señala en el punto de acuerdo presentado por los legisladores mencionados, es necesario recordar que Grupo México es responsable de la muerte de 65 mineros, ocurrida el 19 de febrero de 2006 en las instalaciones de la mina de carbón Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, por no ofrecer las medidas mínimas de seguridad para laborar ahí y soslayar las denuncias que vaticinaban una tragedia como la que efectivamente ocurrió. De 2005 a 2006, la empresa obtuvo ganancias por más de 148 por ciento, tal y como lo señala el punto de acuerdo presentado por el legislador Navarro López, en octubre del año anterior. Tan sólo en el primer trimestre de este año, en ese entonces 2007, Grupo México reportó ganancias por más de 11 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 48 por ciento respecto de ese mismo lapso del año pasado. Tal y como lo aseguró en su momento el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien vivió de cerca el siniestro de Pasta de Conchos, esas ganancias son a costa de la seguridad de los mineros de todo el país que trabajan para la empresa de Germán Larrea. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía la aprobación de la siguiente Proposición con punto de acuerdo Primero. La Comisión Permanente exhorta al gobierno federal a retirar inmediatamente a la Policía Federal Preventiva, así como a solucionar exclusivamente por la vía pacifica, con estricto apego a la ley y al respeto a los derechos laborales, las demandas de los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que verifique en forma inmediata el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad e higiene en dicho centro de trabajo. Tercero. Asimismo, exhorta al gobierno constitucional del estado de Sonora a respetar las manifestaciones que, en ejercicio de las garantías individuales que consagra nuestra Constitución, realicen los trabajadores a que alude el punto anterior. Cuarto. Finalmente, exhorta a las partes involucradas en este conflicto a encontrar, por la vía del diálogo, una solución a este conflicto en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos consagrados en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo vigente y las demás disposiciones que sean aplicables. Es cuanto, diputada Presidenta.