El diputado Francisco Hernández Juárez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, el que suscribe, diputado federal Francisco Hernández Juárez, de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes Consideraciones En julio de 2004 la empresa española Abengosa-Befesa presentó el proyecto de Sistemas de Desarrollo Sustentable, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con una inversión en la primera etapa de 9 millones de dólares. El proyecto plantea construir un confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos. El confinamiento es el más grande de México y América Latina, en 133 hectáreas, a escasos 6 kilómetros de la cabecera municipal de Zimapán, Hidalgo. Este confinamiento tiene capacidad de tratamiento de residuos sólidos, semisólidos y líquidos, con la finalidad de estabilizarlos, mediante un proceso en el que se utiliza cal, cemento y arcilla. Al entrar en operación éste recibirá 170 mil toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos cada año. El municipio de Zimapán, cuya explotación minera ha ocasionado el índice de mayor contaminación ambiental y la más alta concentración de arsénico en los mantos acuíferos del país, y de tener un alto rango de enfermedades de cáncer y diabetes en su población, se encuentra en riesgo mayor con la instalación de este basurero de desechos tóxicos. La instalación de este proyecto ha ocasionado conflictos agrarios, ya que los integrantes del ejido de Mezquite Segundo han demostrado en los tribunales que el confinamiento se edificó en su propiedad y no en el ejido de San Antonio, como se cita en el manifiesto de impacto ambiental. El pueblo de Zimapán se ha organizado para rechazar la edificación del confinamiento por el impacto ambiental y las violaciones que la empresa española ha efectuado a las normas establecidas para su autorización. Se desacató la orden judicial emitida por el Tribunal Colegiado de Distrito con sede en Pachuca, Hidalgo, que otorga suspensión provisional al amparo interpuesto por el consejo municipal de suspender sus actividades hasta que se comprobara que su funcionamiento no pondría en riesgo la vida y salud de los habitantes de este municipio. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, en el resolutivo GPA.DGI-RA.646.04, admite que no se realizó ninguna consulta pública del proyecto. A pesar de estas resoluciones a favor del pueblo de Zimapán, la respuesta a sus peticiones ha sido la represión por parte del gobierno federal y estatal a lo largo de más de dos años de lucha jurídica y movilizaciones para defender su calidad de vida, ante la empresa Befesa, cuyo historial de contaminación por el mal manejo de los materiales tóxicos ha sido denunciada por los grupos ambientalistas en Huelva, España. El consejo municipal, a través de su presidente, ha buscado a las autoridades federales para encontrar una salida a su petición de cancelar este proyecto. Para ello han solicitado a expertos en geología y medio ambiente, estudios independientes que permitan conocer el impacto real de este basurero tóxico. El dirigente de la resistencia contra el confinamiento de Befesa, José María Lozano Moreno, ganó la presidencia municipal de Zimapán; la Secretaría de Gobernación lo citó el 2 de septiembre de 2009 a una reunión con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Jerónimo Gutiérrez Hernández; y el secretario de Gobernación de Hidalgo, Gerardo González Espínola. Ante el temor de sufrir alguna medida judicial, el presidente municipal solicita a organizaciones sindicales y de derechos humanos que lo acompañen. El subsecretario de Gobernación planteó que, dada la resolución judicial, la empresa ha cumplido los requisitos establecidos, y le dan 24 horas para que entre en operación, con o sin el consentimiento del poblado y la representación municipal. El ultimátum de la Segob pone en alerta a la comunidad de Zimapán, ante la posible entrada de la fuerza pública para permitirle a la empresa Befesa empezar a funcionar a pesar de que la población se opone. La Secretaría de Gobernación se ofreció a instalar una mesa de diálogo permanente para atender las peticiones de la comunidad, y se comprometió a convocar a las organizaciones para analizar las propuestas, y hasta la fecha esto no ha operado. Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente Proposición Primero. Se exhorta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, a convocar a la instalación de esta mesa de diálogo a la brevedad posible, con la representación del municipio de Zimapán, a fin de analizar y tomar las medidas conducentes que beneficien a la comunidad y evitar la salida represiva a este problema. Segundo. Convocar a las autoridades competentes, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal del Consumidor, para evaluar los impactos ambientales bajo las normas nacionales e internacionales a través de un tercero, para garantizar la objetividad del resultado y evaluar la viabilidad de la planta de residuos industriales, la afectación al medio ambiente y la calidad y la vida de la población. Muchas gracias.