La diputada Julieta Fernández Márquez: Con el permiso de la Presidencia. Me dirijo a ustedes, compañeros diputadas y diputados. Voy a tratar un tema dramático, un tema atroz que reclama con urgencia que todos los legisladores, más allá de los particos políticos, nos comprometamos a fondo para impedir que siga existiendo el abominable crimen del turismo sexual infantil. Este no es solamente un punto de acuerdo; es una responsabilidad histórica. No podemos ser omisos ni cómplices de este infierno que sufren miles y miles de niños mexicanos. Lo digo como madre, como mujer, como legisladora y como mexicana. Nuestros hijos y nuestro país nos harán un grave reclamo histórico si no actuamos de inmediato. El turismo sexual es cuando los turistas extranjeros o nacionales se trasladan dentro del territorio nacional con motivo de negocios u ocio, con el doble propósito de contratar encuentros sexuales con menores de edad durante su estancia en el país. Es importante aclarar que estos menores no llegan por su voluntad a tener relaciones sexuales con los turistas, sino que son contactados por personas relacionadas con el ramo turístico como trabajadores de hoteles, restaurantes, guías turísticos, taxista, los llamados antros, entre otros, cuya complicidad se encuentra a la vista. En México el turismo sexual infantil es un cáncer, un cáncer silencioso que ha crecido exponencialmente durante los últimos 15 años. Nuestro país está considerado dentro de los dos primeros lugares a nivel internacional lacerando gravemente nuestro tejido social y lo más valioso que tenemos: Nuestros niños y nuestras niñas. En una compilación de informes 2004-2010, la Organización de las Naciones Unidas puntualizó la falta de estadísticas y datos confiables sobre el alcance de la explotación comercial infantil en México, en donde incluso no se ha llevado a cabo ningún estudio de manera oficial por las instituciones o dependencias de prevención del delito o de procuración de justicia. Es inconcebible esta ceguera gubernamental. Esta atrocidad es en realidad un negocio muy lucrativo donde no tenemos una cifra exacta para México pero se calcula que por lo menos 20 mil niños son explotados y que esta práctica deja utilidades por más de 24 mil millones de dólares anuales. ¿Qué clase de mexicanos somos? ¿Qué clase de seres humanos somos? Esa indiferencia de la sociedad y de las autoridades mexicanas se convierte en complacencia, en silencio aberrante al no hacer nada por evitarlo, por prevenirlo, por proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas mexicanos. Nos convertimos, señores, en cómplices de esos turistas que destruyen la vida de cada uno de nuestros niños creándoles profundas heridas psicosociales que habrán de afectarles toda su vida, ya que destruye completamente su presente y su futuro negándoles toda posibilidad de desarrollo. Ha habido un avance al considerarse este delito en los códigos penales en materia federal y del fuero común. Colima, Baja California, Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán, Sinaloa y el distrito Federal, han incluido al turismo sexual infantil como delito grave. Lamentablemente existen muchísimos estados de la República que son verdaderamente paraísos para los turistas sexuales, ya que los abusadores atraviesan el territorio nacional sin ninguna consecuencia. La complicidad de los delincuentes está identificada por la sociedad, por las autoridades, y sin embargo no hay denuncias, y si las hay, no ha habido un solo caso enjuiciado en nuestro país por este delito. Es menester que el Estado intervenga con urgencia para prevenir este daño, tiene que existir un compromiso tácito de las autoridades para que este crimen sea prevenido, atacado, erradicado desde los tres órdenes de gobierno para permear y concientizar a la sociedad civil. Este punto de acuerdo es un llamado inaplazable para cada uno de los congresos locales para que legislen y con esto dotemos de todas las herramientas para la protección de nuestros niños y nuestras niñas. Ya basta, señores, es tiempo de decir: basta. En nuestras manos está la solución. Es por lo anteriormente expuesto que leo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Único. Se exhorta a aquellos estados de la Federación de la República Mexicana en donde no esté tipificado el delito de turismo sexual, se legisle en los congresos locales para inclusión dentro de sus códigos penales el siguiente texto propuesto: A quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del Estado con la finalidad de que realice cualquier tipo de acto sexuales reales o simulados con una o varias personas reales, menores de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no se pueda resistir a éste, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión y multa de 200 a mil unidades. Se impondrá una pena de prisión de 10 a 20 años y multa de 500 a mil 500 unidades a quienes ingresen al territorio del Estado con la finalidad de realizar actos sexuales reales o simulados con las personas a que hace alusión el párrafo procedente. Hagámoslo por México y por nuestros niños. Es cuanto, señor presidente. Hoy siendo 21 de octubre, en San Lázaro.