EL DIP. EMILIO ZEBADUA GONZALEZ: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados de esta Honorable Cámara: En la última década se ha desarrollado un marco jurídico, en el ámbito del derecho internacional, para establecer principios rectores que protegen a los desplazados internos. La Organización de las Naciones Unidas ha establecido que se entenderá por desplazados internos, a aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Cabe aclarar que esta categoría del derecho internacional humanitario, difiere del refugiado, ya que aunque en ambos casos las personas se ven forzadas a abandonar sus hogares, los desplazados no pueden acceder a la categoría de refugiados con derecho a la protección específica que les proporcionan los instrumentos internacionales de la materia, puesto que justamente no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida. Los principios rectores de la ONU contemplan normas aplicables a los fenómenos del desplazamiento en su conjunto, dado que reconocen el abanico de posibilidades que van desde la protección contra desplazamientos arbitrarios, es decir, acciones preventivas para evitar dicho desplazamiento, a la situación concreta del desplazamiento cuando éste ya se ha manifestado, así como a las normas que se aplicarían al regreso y a la reintegración de los desplazados a sus comunidades de origen. Es importante destacar que estos principios rectores representan un mínimo de normas aplicables a la materia como estándares reconocidos por el derecho internacional, que son declaraciones moralmente vinculantes que, sin embargo, los gobiernos nacionales deben reconocer como obligaciones que surgen del derecho internacional y que sirven de referencia para la necesaria armonización de las legislaciones nacionales a la letra y el espíritu del derecho internacional. Cabe también hacer mención que ante la magnitud del problema que reviste en el mundo la situación de los desplazados internos, en 1992 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, requirió al Secretario General la designación de un representantes especial para los desplazados internos, recayendo dicha designación en el doctor Francis Deing (¿) que realizó una visita oficial a nuestro país entre el 18 y el 28 de agosto del 2002, por invitación del Gobierno Federal Mexicano. De su informe se destacan algunos puntos que es necesario abordar en esta exposición de motivos, ya que el documento representa un punto de encuentro sobre la situación del fenómeno de desplazados internos en nuestro país. En dicho documento se reconocen como causas de desplazamiento forzoso en México a lo largo de los últimos años el conflicto en Chiapas, así como las disputas por tierras, el tráfico de drogas, intolerancia religiosa, proyectos de desarrollo y desastres naturales que por aquel entonces se habían registrado en los estados de Oaxaca, Tabasco y Sinaloa, pero al mismo tiempo dicho informe reconoce que no existen estadísticas oficiales sobre el número, la ubicación y las necesidades de dichos desplazados internos. En el informe igualmente se destaca de manera muy especial, la situación de extrema vulnerabilidad de los que además de ser desplazados, son mujeres y niños. En el cuerpo del informe, destaca asimismo una serie de recomendaciones que tienen que ver con la adopción y aplicación de políticas por parte del gobierno para abordar efectivamente ésta problemática, la necesidad, entre otras cosas, de recabar datos para determinar su magnitud, seleccionar las necesidades especiales para atender a los desplazados con programas y proyectos, mecanismos de coordinación, protección y asistencia, asistencia para su retorno, reasentamiento o integración local, cooperación internacional y fortalecimiento de intervención de los distintos niveles de gobierno. Por otra parte, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó en el año de 2003, un diagnóstico sobre los derechos humanos en nuestro país, en el cual se pretende o pretendió, identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos con base en un análisis no coyuntural. En el diagnóstico de referencia se señaló que a raíz del conflicto armado de 1994, quedaron desplazadas más de doce mil personas, algunas de ellas recibieron ayuda del gobierno o de organizaciones humanitarias nacionales o internacionales, pero en general, se reconoce que sus condiciones de existencia han sido por lo general sumamente difíciles. Por cuanto hace a las recomendaciones de dicho informe, se presenta para la atención de los desplazados internos, destacan las siguientes: 1. El Gobierno Federal debe adoptar medidas de protección legal para atender las necesidades identificadas por el relator especial de la ONU sobre desplazados internos, así como el establecimiento de áreas de especial vulnerabilidad de estos grupos. Se recomienda igualmente al Poder Ejecutivo, analizar distintas opciones para coordinar el trabajo en esta materia, pudiendo facultar a una dependencia ya existente como la COMAR o crear un organismo descentralizado o autónomo intersecretarial. Otro aspecto que destaca el informe de la ONU sobre desplazados internos, es la urgente necesidad de establecer mecanismos de resolución no violenta de los conflictos y se le recomienda al Gobierno Federal que se involucre directamente en buscar mecanismos de mediación, conciliación, negociación e intermediación, para que las partes en conflictos agrarios, religiosos, territoriales, políticos o étnicos, puedan resolver sus diferencias sin alterar el orden público. Entre otras de las recomendaciones, destaca el que es necesario que el Poder Legislativo, en coordinación con instancias del Poder Ejecutivo como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, incorporen los lineamientos establecidos en los principios rectores aplicados a los desplazamientos internos de la ONU a la legislación nacional. Los desplazados consultados a través del proceso de diagnósticos diversos que han realizado organizaciones no gubernamentales y distintos niveles de gobierno, enfatizan reconoce la ONU- la importancia que tiene la relación tradicional que guardan con sus tierras los indígenas, quienes constituyen la mayor parte de esta población desplazada. Es necesario que en los procesos de reforma legislativa y de política pública en materia de población, se conduzca al reconocimiento de los desplazados internos como sujetos de derecho y que se reconozcan explícitamente las necesidades territoriales de los desplazados indígenas. Es con estos elementos que se propone la presente iniciativa de reforma constitucional, tomando en cuenta que ciertamente nuestro marco jurídico vigente cuenta con una serie de garantías individuales consagradas en la Carta Magna que inciden de manera directa en el fenómeno del desplazamiento interno, pero que no se cuenta en la misma con las herramientas institucionales para poder enfrentar en todas sus dimensiones y aristas esta problemática, debido fundamentalmente, a como lo reconoce el propio Informe del Representante Especial de la ONU para Desplazados Internos, que en México se carece de los elementos mínimos para propiciar una coordinación intergubernamental adecuada, integral y suficiente. Por lo que de entrada estamos proponiendo introducir una nueva categoría del derecho internacional humanitario en nuestro sistema constitucional, una categoría que no está contempladas hasta ahora, puesto que trata de reconocer a la vez una situación de hecho y una responsabilidad jurídica del Estado, para atender las causas como las consecuencias del desplazamiento interno. Se ha querido, como ya mencioné, confundir este tipo de desplazamiento con otros fenómenos de carácter jurídico distinto, por ello, se ha destacado la garantía constitucional de libre tránsito establecida en el Artículo 11, o bien, con obligaciones del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para atender los desplazamientos por causas naturales con programas de auxilio. Y lo cierto es que ninguna de estos fenómenos o figuras, recogen en todas sus dimensiones y alcance, la figura de desplazado interno. Por las anteriores consideraciones, es que se propone adicionar un párrafo noveno al Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desplazados internos, en los siguientes términos: UNICO.- Es responsabilidad del Estado garantizar la atención, la seguridad así como la restitución de derechos de los desplazados internos, ya que de grupos o de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de un conflicto armado de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano dentro de sus fronteras, según lo disponga la ley en la materia, la cual establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. Es cuanto señor presidente. -