El senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia sus señorías; compañeras y compañeros, como es de su conocimiento y a riesgo de caer en obviedades, el país vive una situación delicada, la corrupción, la infiltración del crimen organizado en los diferentes niveles del Estado mexicano, se ha traducido en una menor potencia, credibilidad y seguridad de las instituciones. Es de la mayor urgencia fortalecer al Estado, y creo que estaremos de acuerdo que la mejor forma de hacerlo es combatiendo a la corrupción. Cuando hablamos de esto normalmente pensamos en el Ejecutivo o los titulares de los ejecutivos de los estados, o incluso en los legislativos. Hoy quiero llamar su atención sobre la necesidad de disminuir los riesgos de corrupción en el Poder Judicial. El Poder Judicial no es ajeno a la realidad nacional. De acuerdo con Yamila Mizrahi, experta en el combate a la corrupción en América Latina y consultora del Banco Mundial, uno de los mayores focos en el país de corrupción, es el sistema judicial, donde impera la impunidad, lo que no ayuda a fortalecer el combate a la corrupción, señala. Nadie niega esta realidad, incluso podemos citar al ministro de la Suprema Corte, Fernando Franco, que reconoció que los órganos jurisdiccionales y administrativos de la Corte o del Poder Judicial en genérico, no están exentos de que entre los servidores públicos haya quien caiga en conductas indebidas. Señala con puntualidad, estas conductas no deben de ser toleradas por el Poder Judicial, por el contrario, han de ser perseguidas y sancionadas. Y adicionaría, mejor aún prevenirlas. Quiero ser muy claro, ni se presume ni se generaliza la existencia de la corrupción, pero tampoco se puede negar el riesgo o la existencia de la duda razonable. Por esto, la presente iniciativa tiene como objeto dar mayores herramientas al Consejo de la Judicatura para establecer procesos de evaluación y control de confianza para los juzgadores y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, a fin de determinar la idoneidad de su perfil, y en su caso la probidad al momento de ingreso, permanencia y desarrollo dentro de la carrera judicial. Los indicadores globales no señalan que hay un reto importante, por ejemplo está The World Justice Project, Rule of Law, el índice de 2015 que evalúa varios factores. Voy a tocarlos de manera muy sucinta. En cuanto a ausencia de corrupción, México ocupa el lugar 88 de los 102 países, con una puntuación de 0.33 sobre la base de uno, y el Poder Judicial de la Federación nos reporta el documento, se ubica en 0.39 sobre uno. En cuanto a justicia civil que evalúa la eficacia del sistema para el acceso a la justicia libre de discriminación, libre de corrupción, en estos parámetros México ocupa el lugar 82 de 102 países, con una puntuación de 0.44 sobre uno. En el caso de justicia penal, el tema tampoco es mejor. México ocupa el lugar 93 de los 102 países, con una puntuación de 0.31 sobre uno. Estos datos muestran el tamaño del reto y el camino por delante, en la agenda de justicia ya es conveniente fortalecer los mecanismos de control de confianza. Podemos afirmar que estamos avanzando en seguridad y justicia, a partir de estos datos honestamente creo que no. Afirmar que ya existen candados, resulta desproporcionado y fuera de la realidad. Los instrumentos actuales son obviamente insuficientes, los magros resultados del Consejo de la Judicatura como órgano de control, muestran la falta de herramientas para hacer su trabajo más efectivo, y si a eso le sumamos que los pocos que son sancionados son reinstalados después de un proceso, pues el escenario es más pobre aún. Es preciso señalar que este poder, el Poder Judicial, es el único que no tiene un control democrático, por su misma naturaleza, no está sujeto a la auditoría ciudadana ni a una elección posterior. Por ello es sano para la república que quienes tienen en sus manos asuntos de tal complejidad e importancia, como la libertad y el patrimonio de las personas, cuenten con un control de confianza con absoluto respeto a sus derechos humanos, pero que genere la confianza en las instituciones que es necesaria. Básicamente la propuesta consiste en incluir la facultad y mandato al Consejo de la Judicatura para la evaluación y control de confianza de jueces, magistrados, secretarios y altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Esta iniciativa es respetuosa del Poder Judicial de la Federación, ya que se elaboró sobre la base de la premisa del control interno realizado por la misma institución, atendiendo a la función de disciplina y vigilancia del cumplimiento a la legalización aplicable. Queda claro que es conveniente que los juzgadores sean sometidos a exámenes de control de confianza en respeto a su dignidad, autonomía y derechos humanos, como una medida que potenciaría al Poder Judicial de la Federación. Asimismo, es una medida que sería armónica con otras que se están tomando en interés de la república con otras instituciones. Una democracia constitucional se basa en la división y contrapesos, pero también en la confianza y el autocontrol. El control de confianza no vulnera ni la autonomía ni los derechos humanos, pero sí fortalece a las instituciones. Los hechos de los últimos meses nos muestran que es posible el peor de los mundos, un Estado con una gran capacidad militar y policiaca, pero con capacidades legales e institucionales, civiles limitadas. Esta simetría no la podemos ignorar, y así esta propuesta es parte de un paquete de medidas que presentaremos para potenciar al Estado y disminuir la corrupción. Con franqueza comparto que mi optimismo sobre esta iniciativa es limitado, porque es probable que el destino de esta sea la resistencia o, peor aún, la indolencia, porque es probable que duerma el sueño de la inacción y no sea dictaminada, porque a momentos pareciera que no hay prisa en combatir a la corrupción. Sé que habrá resistencias y que todos los argumentos son atendibles, pero un argumento que tenga como origen la defensa del status quo disfuncional, la comodidad o de plano la ignorancia pues no puede ser un contrapeso contra la conveniencia para el Estado y la nación mexicana. Por eso, de manera muy especial, les pido su apoyo a esta iniciativa con independencia de los símbolos políticos. Hay que hacerlo, hay que hacer que pase, porque con estas acciones se incrementa la credibilidad y el prestigio del Poder Judicial de la Federación, disminuimos los riesgos de corrupción y ayudará a dar mayor certeza jurídica frente a la ciudadanía y fortalecer el verdadero sentido de justicia, pero principalmente principalmente porque es lo correcto. Es cuanto, señor presidente.