El diputado Javier Joaquín López Casarín: Muy buena tarde queridas compañeras, compañeros, diputadas, diputados, me encuentro ante ustedes para presentar una iniciativa que tiene como objetivo modificar y adicionar el contenido de los artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esto para fortalecer el marco preventivo nacional y coadyuvar a combatir las estructuras financieras que utiliza la delincuencia organizada en nuestro país y por supuesto también coludidos con organizaciones internacionales delictivas. Comparto con ustedes que esta iniciativa se suma a los esfuerzos para robustecer la adopción de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, GAFI, como es conocido, en razón de los resultados de evaluación mutua de 2018, en las que se observaron en las recomendaciones 22 y 23 sobre actividades profesionales no financiera designadas y otras medidas calificaciones de parcialmente cumplida y no cumplida. Estos resultados partieron principalmente de la evaluación de los criterios relacionados con la debida diligencia del cliente o usuario, identificación de beneficiario final, la descripción del propósito de las relaciones comerciales y en su caso de proporcionar información adicional a las autoridades por parte de los sujetos obligados. Por lo anterior, las reformas y adiciones proponen una regulación normativa que permita garantizar que contemplemos con información precisa y actualizada del beneficiario final, la de las operaciones vulnerables y que dichos datos estén disponibles para las autoridades federales de forma oportuna y en tiempo, así como reforzamiento de medidas y reportes por parte de los sujetos obligados. Las finalidades principales de la iniciativa que hoy presento ante este pleno son: perfeccionar los mecanismos que recaban la información que proporcionan los distintos sujetos que prestan servicios de fe pública, como lo son los notarios y los corredores, en virtud de que las funciones que realizan originalmente corresponden al Estado, y las desempeñan por medio de la autorización para el ejercicio de la función notarial. Asimismo, la iniciativa pretende lograr identificar de manera efectiva al destinatario final de las personas que celebren actos con quienes realizan actividades vulnerables y facilitar la gestión de información en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las adiciones propuesta al contenido del artículo 3o. de la ley, menciono que se incorpora la definición de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo trabajo en el ámbito nacional e internacional ha sido y es fundamental para el régimen de prevención, dirección y combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde el Poder Legislativo y bajo un enfoque que contemple el principio de juridicidad y convencionalidad, tenemos que pensar y materializar esfuerzos de reingeniería institucional para dotar de herramientas eficaces y prácticas a los órganos de inteligencia que se encargan de recibir los reportes de operaciones financieras y actividades vulnerables, para que estas puedan realizar un ejercicio de análisis exhaustivo que les permita integrar de manera efectiva los productos de inteligencia y combate al lavado de dinero y sus delitos predicados. Consecuentemente, la fortaleza institucional nos permitirá crear un andamiaje, un andamiaje jurídico de prevención y combate a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, que es donde radica la resistencia de estas. Asimismo, este régimen preventivo ataca, dentro de tantos, al delito de lavado de activos, pero también a los ilícitos predicados como el narcotráfico, el secuestro, el robo, la extorsión, la corrupción, la corrupción política, el enriquecimiento ilícito, por mencionar algunos. Por esto, esta iniciativa es una alternativa clara, contundente para continuar impulsando el desarrollo económico y social de nuestra nación, pues tener un mecanismo que genere un ecosistema financiero sólido aporta también confianza y la confianza genera inversión. Asimismo, el fortalecimiento de un marco normativo que prevé la protección a la economía nacional, dé certidumbre a la inversión, ya que esta, siendo un terreno parejo para todos creará las condiciones de equidad. Por estas modificaciones se busca contar con elementos para trabajar en acciones preventivas, contar con un procedimiento que permite identificar plenamente al destinatario final de las operaciones vulnerables, por lo que se busca desarticular a otros delitos, como el robo de identidad o la operación de empresas fantasma. El trabajo para combatir a la delincuencia organizada, a través de esquemas que desactiven las operaciones económicas y financieras con recursos de procedencia ilícita, es un eje prioritario en un Estado que trabaja en potencializar la pacificación del país. Pues claro, el combate efectivo al lavado de activos es la herramienta principal...