La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con su venia diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El derecho a la información constituye un elemento fundamental para consolidar el sistema de libertades que permite también garantizar el ejercicio de los demás derechos inherentes a las personas. Diversos profesionistas y periodistas, por las actividades que realizan, tienen acceso a información y a fuentes de la misma, cuya difusión pública puede afectar a grupos o personas de diferentes creencias o ideologías provocando diversas reacciones, incluso agresiones en diversas modalidades. Resulta esencial garantizar y proteger el ejercicio pleno de algunas profesiones y actividades tales como la abogacía, periodismo, el ministerio de cultos, el desempeño de algunos empleos o cargos públicos, de manera que cuenten con bases legales suficientes para desarrollar sus actividades de manera adecuada, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. El secreto profesional y la reserva de información son dos instituciones que garantizan el derecho de las personas que desempeñen cualquiera de las actividades descritas a no revelar información que con motivo de éstas, les sea proporcionada. El derecho a no revelar información se encuentra íntimamente relacionado con la libertad de expresión consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el supuesto que ataque a la moral, los derechos de tercero provoque algún delito o perturbe el orden público. Nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en los cuales se compromete a garantizar la libertad de expresión, de imprenta e implícitamente el derecho de aquellas personas que obtienen alguna información con motivo del desempeño de su actividad a no ser obligadas a declarar. A partir de lo anterior, resulta congruente concretar las reformas necesarias en la legislación nacional para hacer más efectiva la protección de los profesionistas, comunicadores sociales y profesionistas que dependen de la información para el adecuado desarrollo de sus actividades. La declaración de principio sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108 período de sesiones en su artículo 8 expresa: "Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales". Se reconoce que los compromisos establecidos en los instrumentos internacionales deben de ser incorporados en los ordenamientos penales tanto sustantivo como procesal para dar lugar a un marco eficaz de protección. Es por ello que la Minuta aprobada otorga la facultad a los profesionistas, periodistas o ministros de algún culto, de abstenerse a declarar si lo desean, como un beneficio procesal y tipificar como delito la conducta que implique la inobservancia de la voluntad de declarar o no. En este sentido se contempla la adición del artículo 243 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales con la finalidad establecer el secreto profesional y la reserva de información. Asimismo, para dar congruencia a la adición, se proponen reformas y adiciones a los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal. Podríamos hacer un desafortunado recuento de las agresiones a periodistas en diversos estados en la República, publicados en diversos medios informativos; sin embargo, considero que es innecesario por ser éstas del conocimiento público. Resulta por tanto impostergable legislar con responsabilidad en materia de secreto profesional y reserva de información. Consideramos que de aprobarse la reforma en los términos presentados, estaremos avanzando en la estructuración de un marco jurídico que contribuya a la protección de los periodistas, comunicadores sociales, ministros de culto y profesionistas, que por la actividad que desarrollan tienen acceso a información diversa y esencial en el desarrollo de sus actividades. Congruentemente se crearan las condiciones jurídicas e institucionales básicas para inhibir y frenar las agresiones a periodistas, comunicadores sociales, ministros de culto y profesionistas que no deben existir en un régimen democrático independientemente de las ideologías y sistemas de creencias existentes en una sociedad. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del decreto, por el que se reforma el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal. Artículo 1°. Se adiciona un artículo 243 Bis, al Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: "Artículo 243 Bis. No estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder, los abogados, consultores técnicos y los notarios, respecto de los asuntos en los cuales hubieran intervenido y tengan información que deban reservarse para el ejercicio de su profesión. 2. Los ministros de cualquier culto con motivo de las confesiones que hubieren recibido en ejercicio del ministerio que presten. 3. Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa, indirecta, pudiera llevar a la identificación de las personas, que con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustentan cualquier publicación o comunicado. 4. Las personas o servidores públicos que desempeñen cualquier otro empleo, cargo, oficio o profesión, en virtud del cual, la ley le reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional y, 5. Los médicos, cirujanos o especialistas y sicólogos clínicos, respecto de la información concerniente a la salud de sus pacientes, que conozcan con motivo de su ejercicio profesional. En caso de que alguna o algunas de las personas comprendidas en las fracciones anteriores, manifiesten su deseo de declarar y cuenten con el consentimiento expreso, de quien les confió el secreto, información o confesión, se hará constar dicha circunstancia y se recibirá su declaración o testimonio. La reserva de información que por disposición de la propia ley deben guardar los servidores públicos, se hará del conocimiento de la autoridad que requiera la declaración o testimonio y en todo caso, se estará a lo dispuesto en la ley que rija las facultades del servidor público correspondiente. Al servidor público que viole lo dispuesto en este artículo, se le aplicarán las penas a que se refiere el artículo 215 del Código Penal Federal, pero si el delito es cometido contra la administración de justicia, se le aplicarán las penas a que se refiere el artículo 225 del mismo ordenamiento. Artículo 2°. Se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 215, se reforman las fracciones XI y XII, así como el párrafo tercero del artículo 215. Se adiciona una fracción XXIX al artículo 225. Se reforman las fracciones XXVII y XXVIII, así como el párrafo tercero del artículo 225, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: Artículo 215. Fracción XI. Cuando autorice o contrate, quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar, empleo, cargo o comisión en el servicio público, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación. Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público, a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión, a que se haga referencia en dicha identificación. XIII. Obligar al inculpado a declarar usando la incomunicación, la intimidación o la tortura y, XIV. La obligación a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 243 Bis, del Código Federal de procedimientos Penales, acerca de la información obtenida con motivo del desempeño de su actividad. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a la IX, XIII y XIV, se le impondrán de 2 a 9 años de prisión, de 70 hasta 400 días multas y destitución, inhabilitación, de 2 a 9 años para desempeñar otro empleo o cargo o comisión públicos. Artículo 225. Fracción XXVII. No ordenada la libertad de un procesado, decretado su sujeción a proceso, cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada pena privativa de libertad o alternativa. XVIII. Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información, que obren en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales y, XIX. Obligar a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, acerca de la información obtenida con motivo del desempeño de su actividad. A quien cometa los delitos previstos en estas fracciones, incluso la XIX, se le impondrá pena de prisión de 4 a 10 años y de mil a dos mil días de multa. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Compañeros diputados, compañeras diputadas, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, les invitamos a que voten a favor el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Presidente.