El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la república, al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados. Estos tres actores de la escena política nacional han utilizado su derecho constitucional atendiendo las más de las veces al interés de grupo, a la oportunidad, al impacto mediático, a la coyuntura, no viendo en el largo plazo o en el beneficio colectivo y en estricto sentido al interes superior de la república. Son muchos los actores políticos, sociales, empresariales que buscan el apoyo de un legislador o de un Congreso estatal para que lleve a término una iniciativa que los beneficie. En México el cabildeo o lobby, actividad añeja de los sistemas anglosajones, no se encuentra regulado, y pese a las iniciativas que sobre el tema se han presentado, nuevamente los intereses particulares se han antepuesto al interés nacional. Hace pocos días volvimos a ratificar la veracidad de lo que acabo de expresar. Por ello es importante precisar el derecho de iniciativa, tanto del presidente de la república, a quien esta iniciativa dota de un esquema preferente para aquellas iniciativas que, en atención a la aplicación de las políticas públicas específicas y que no admiten dilación alguna, se le dará un trámite que requeriría la participación y colaboración de todos los actores políticos para llegar a ser dictaminadas en plazos específicos. Hoy, como ustedes lo saben, cuando el presidente de la república no cuenta ya con una mayoría absoluta de legisladores de su propio partido en ninguna de las Cámaras del Congreso, sus iniciativas han dejado de tener el trato preferente que de manera fáctica se les daba hace algunos años, con un presidencialismo exacerbado de otros tiempos. Hoy las iniciativas del presidente, las iniciativas del país en temas torales sobre la conducción y el destino de nuestra patria deben esperar el tiempo que cada comisión parlamentaria considere necesario para ser votadas en el pleno de la respectiva Cámara. Actualmente en la Cámara de Diputados hay iniciativas del titular del Poder Ejecutivo que llevan más de un año en comisiones sin ser aún dictaminadas, pero el hecho de que las iniciativas del presidente tengan que esperar un tiempo excesivo para su votación en el pleno, no necesariamente nos ilustra de un acto benéfico para el funcionamiento del Estado. El presidente de la república, como responsable de la acción de gobierno mediante la administración pública federal, para dar cumplimiento a lo establecido en el ilusorio Plan Nacional de Desarrollo y en cada uno de los programas sectoriales, requiere hacer valer su facultad de presentar iniciativas, pero si éstas no son siquiera discutidas en el Congreso, el resultado de la acción de gobierno y de sus programas sectoriales puede verse afectado, o si no, se podrá aducir, como se ha venido diciendo en otros tiempos, que es la responsabilidad y la culpa del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. La propuesta respecto del Poder Ejecutivo es, entonces, crear la figura del proceso legislativo preferente, que ya existe en algunos países de América Latina. En obvio de tiempo, por la economía que nos ha inculcado el acuerdo de Conferencia para efecto del uso del tiempo en la presentación de iniciativas, muy amablemente les pediría se remitieran al texto íntegro de la iniciativa, que está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Así pues, finalmente y con el objeto de que el proceso legislativo preferente no se convierta en práctica común, se propone que el Ejecutivo solamente pueda presentar hasta dos iniciativas preferentes por cada periodo ordinario de sesiones. De este modo, sería el propio Ejecutivo quien evaluaría qué iniciativas habrían de merecer, por su relevancia, el carácter de preferente. Por lo anteriormente expuesto, independientemente de que se adiciona una fracción al artículo 71 para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga derecho de iniciativa, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo Primero. Se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete, fracciones I, II, III; y IV. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las iniciativas presentadas por el presidente de la república, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates. Por cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la república podrá presentar hasta dos iniciativas con el carácter de preferente, que deberán ser votadas por el pleno de la cámara de origen en un término máximo de siete días naturales. Esta Constitución describirá el procedimiento subsiguiente. Para que la iniciativa con el carácter de preferente sea rechazada en lo general o modificada en lo particular, se requerirá del voto de las dos terceras partes de los integrantes de la cámara que corresponda, presentes al momento de la votación. No podrán tener el carácter de preferente las iniciativas que el titular del Ejecutivo federal presente en materia presupuestal, al sistema electoral y de partidos, ni modificaciones constitucionales. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión tendrán derecho de presentar iniciativa cuando ésta se apegue a la plataforma electoral del partido político al que estén afiliados, a la agenda legislativa que su grupo parlamentario hubiera presentado, así como a las políticas públicas que el Ejecutivo federal esté aplicando. En el caso de los diputados y senadores sin partido, la presentación de iniciativas se hará previa solicitud expresa que, de conformidad con la ley, hagan a las instancias de gobierno de sus respectivas cámaras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo podrá presentar proyectos de ley o decreto sobre las materias de su competencia. Artículo Segundo. Se reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 72. Los proyectos de ley o decreto presentados en el Congreso de la Unión se someterán a lo siguiente: Base Primera. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de 10 días útiles, a no ser que corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido. C. El proyecto de ley o decreto desechado, en todo o en parte, por el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ley o decreto serán nominales: D. Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara revisora volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración. Y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. E. Si un proyecto de decreto o ley fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse de manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta. Y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Y así, compañeros legisladores, continúa la propuesta que hoy someto a su consideración y que en aras del tiempo, de acuerdo con el formato de la Conferencia, no nos es posible presentarla a plenitud. De tal suerte que en los términos en que está expresado y publicado en la Gaceta es en los términos en los que en la parte última de la modificación del 72 se establece que no podrán tener el carácter de preferente, nuevamente, las iniciativas que el presidente presente en materia presupuestal al sistema electoral y de partidos ni modificaciones constitucionales. Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.