EL DIP. FEDERIO DORING CASAR: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y la fracción III del inciso a) del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Deuda Pública del Distrito Federal, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos Mantener el equilibrio de las finanzas públicas constituye una prioridad fundamental para cualquier gobierno, sea éste federal o local. La experiencia histórica permite observar un hecho con más o menos consustancial en el manejo de las finanzas públicas; la generación de un círculo vicioso al contratarse deuda pública que conduce a la posterior contratación de créditos o empréstitos por montos superiores para poder cubrir los compromisos anteriormente adquiridos. El abuso y la contratación de crédito ha causado que algunos países destinen un gran porcentaje a su Producto Interno Bruto, al pago de los mismos descuidando así la realización de sus principales funciones y responsabilidades. Los gobierno deben procurar el desarrollo social a través de la generación de riqueza, no mediante la entrega de subvenciones ya que esta política constituye un infinito espiral que no soluciona el problema medular consistente en la falta de instituciones y mecanismos que promueven la creación de empleos productivos bien remunerados, siendo éstos la mejor forma de promover el desarrollo social. Uno de los factores que más ha influido en la falta de condiciones para el desarrollo de nuestra nación ha sido el elevado monto que representa el pago de servicios de la deuda pública, que constantemente genera intereses, comisiones y gastos al que se asigna un alto monto de recursos. De esta forma, las deudas públicas se convierten en una enorme carga para gobierno y ciudadanía, un obstáculo para el desarrollo nacional y un factor de crisis política, económica y social. Un gobierno responsable debe preferir, para sufragar obras o proyectos prioritarios, realizar las adecuaciones necesarias a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos respectivo, aumentar la base gravable y combatir la evasión y elusión fiscal en lugar de contratar de créditos o empréstitos especialmente si estos provienen de organismos financieros comerciales. Aumentar ilimitadamente el monto de créditos públicos constituye sin eufemismos o hipérbole alguna, un verdadero acto de traición a la patria debido al sometimiento a que conducen al Estado. La dependencia de los recursos de deuda para sufragar el presupuesto de egresos supone que para cubrir esos compromisos se empeñe en buena medida el patrimonio de los gobernados y someta al Estado por esta razón, automáticamente a poderes metaconstitucionales y supranacionales, que pueden influir en sus decisiones políticas debido a la carga y presión que implica la deuda contratada. Los legisladores debemos evitar que el Estado solicite créditos como sustitutos de ingresos que pueden percibir a través de las adecuaciones pertinentes a sus leyes fiscales y a la Ley de Ingresos. El punto de partida debe ser que el gobierno gaste sólo lo necesario para el cumplimiento de sus funciones. En la presente iniciativa se establecen los principios que deben regir en materia de deuda pública del Distrito Federal, con el objeto de evitar que su órgano ejecutivo local contrate sin motivo suficiente y en perjuicio del erario público, créditos y empréstitos. Las claves del marco normativo que se establece en la presente iniciativa de ley son las siguientes: 1. El gobierno del Distrito Federal no podrá contratar crédito o empréstitos públicos si puede obtener los recursos correspondientes a través del aumento de la base gravable, el combate a la evasión fiscal y elusión y las adecuaciones necesarias al Código Financiero del Distrito Federal y a la Ley de Ingresos correspondiente. 2. Los créditos públicos contraídos por el Gobierno del Distrito Federal deberán ser complementarios de las otras fuentes de ingresos a las que puede recurrir, nunca deben utilizarse como recursos sustitutos de dichas fuentes. 3. La solución de los problemas sociales del país descansa en las políticas estatales orientadas a promover condiciones óptimas para impulsar el crecimiento económico y la generación permanente de empleos productivos bien remunerados, lo cual se conseguirá si las variables macroeconómicas son estables y esa estabilidad en buena medida depende que el Gobierno Federal y los gobiernos locales no estén sobreendeudados. 4. La mejor manera de evitar el sobreendeudamiento es a través de limitaciones razonables a la contratación de crédito público y a través del diseño de mecanismos de financiamiento que no impliquen la hipoteca de los bienes de las entidades y mayores cargas fiscales para el futuro. Por ejemplo, a través de una reforma hacendaria para el Distrito Federal que respete el principio de equidad en las contribuciones y puede generar mayores ingresos sin requerir de crédito público. 5. La autorización y aplicación de los recursos de deuda contratados para financiar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal, deberán orientarse exclusivamente a obras y proyectos productivos, que además de apoyar el bienestar de los ciudadanos, generen los recursos necesarios para hacerle frente a las obligaciones derivadas de su contratación. 6. La actual política de endeudamiento del Gobierno de Distrito Federal puede llevarle a una seria crisis de pagos y provocar un fuerte desequilibrio en las finanzas públicas de la entidad, ya que de continuar de la misma forma modificará el destino de recursos públicos y obstaculizará la realización de proyectos de infraestructura para el desarrollo económico, urbano y social de la capital, lo cual generará un círculo vicioso, ya que sin desarrollo de infraestructura será más difícil recaudar ingresos y financiar así el desarrollo integral de la Ciudad de México, teniendo como consecuencia que la entidad afecte a un mayor porcentaje en sus ingresos, al pago de la deuda, lo que impedirá la eficiencia del gobierno y representará una utilización inapropiada del dinero de los contribuyentes. Séptimo. Se establecerán las condiciones necesarias que garanticen un manejo responsable de la deuda pública, a efecto de asegurar que se logre la disminución continua del saldo neto de la deuda como proporción de los ingresos netos totales, de tal manera que en el mediano plazo disminuya en cinco puntos porcentuales cada año, hasta situarse en 25% del total de los ingresos esperados para el año correspondiente. Además, el entorno público internacional representa un alto riesgo para que se contrate deuda pública ilimitadamente. En efecto, la acumulación de pasivos combinada con la alta volatilidad de los flujos de capital internacional, que ante mínimas señales de incapacidad de pago y de desequilibrios financieros de las autoridades mexicanas, abandonan el territorio nacional, hace necesario que se desaliente y se desaconseje la contratación de créditos o empréstitos y se dé preferencia a la generación de ingresos propios, ya que así se evitará una crisis en la situación financiera de la ciudad. Las necesidades sociales serán siempre superiores a los recursos disponibles, pero sólo se resolverán de manera permanente mediante la creación de un entorno favorable para la generación de empleos bien remunerados y para la inversión en proyectos productivos de desarrollo social y de infraestructura que sean resultado de una eficiente gestión pública, que genere ahorros para canalizarlos a la inversión productiva y al empleo, en lugar de destinarlos al pago de los créditos. Por ello, con la presente iniciativa se pretende que se controle el destino de los recursos obtenidos a través de la contratación de créditos y empréstitos públicos, para que no sean destinados a gastos que no generen recursos al Distrito Federal, ya que de esta forma nunca se alcanzará el desarrollo social y se agravará en forma alarmante la deuda pública del Distrito Federal. Todo esto nos lleva a proponer la siguiente limitación a la contratación de deuda pública. Los recursos obtenidos, deben ser utilizados para proyectos y programas que generen ingresos para el Distrito Federal, conteniendo dichos proyectos y programas los planes que se desarrollarán para su pronto pago y menor carga financiera. En la presente iniciativa, introducimos como obligación de las entidades que solicitan ser financiadas a través de créditos y empréstitos públicos, dar a conocer estos planes tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, para que se autoricen sus solicitudes de contratación de crédito y pueda el gobierno local fungir como su aval. Al final, lo que se pretende con estas medidas es lograr que poco a poco el Distrito Federal vaya extinguiendo su deuda y logre un mejor equilibrio en sus finanzas públicas y una mejor orientación al destino de los recursos que recauda. Se observa con preocupación, que el gobierno del Distrito Federal prefiere endeudarse en vez de realizar una reforma financiera que aumente sustancialmente su recaudación y le permita poco a poco liberarse de la pesada carga de sus créditos, la cual cada año crece y se convierte en un serio peligro para la economía, no sólo de la entidad, sino de todo el país. A fin de contribuir a enriquecer esta discusión, la iniciativa que se comenta el día de hoy, incluye los resultados en materia de deuda pública en el período reciente como marco para evaluar el estado actual del endeudamiento de la capital y valorar los resultados sucesivos de los programas de reestructuración de deuda instrumentados a partir de 1998 por las sucesivas administraciones del gobierno del Distrito Federal. Señor Presidente, por economía parlamentaria no daré lectura a toda esta evaluación que está en la parte expositiva del decreto; sin embargo, le suplico que tanto la parte expositiva como el decreto, al cual tampoco daré lectura por economía parlamentaria, se puedan escribir íntegramente en el Diario de los Debates. Simplemente quiero señalar que suscriben la presente iniciativa la diputada Patricia Garduño Morales, el diputado Ernesto Rea Tovar, el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, la diputada Margarita Saldaña Hernández y el de la voz. Hago entrega de la iniciativa, señor Presidente. -