El diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Wualther: Honorable asamblea, compañeras y compañeros diputados. La iniciativa de reforma constitucional nos plantea un grave dilema. Aprobarla, lo que implicaría modificar abruptamente el modelo energético vigente y con ello impediríamos o, en el mejor de los casos, estaríamos postergando la suficiencia eléctrica del país o bien rechazarla, como debe de ser, y lograr con ello detonar las inversiones al ritmo que requiere el país, logrando los propios objetivos que ha postulado en esta materia la administración. Les expongo en poco menos de cinco minutos las cinco razones para votar en contra de esta iniciativa: Primera razón. El sector público no puede asumir el reto eléctrico solo. México requiere 37 gigavatios o, dicho de otra manera, 37 mil millones de vatios adicionales para aprovechar el nearshoring y cumplir con la meta de 45 % de energía limpia que esta incluido en el Plan Nacional de Energía de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto implica añadir anualmente 6.2 gigavatios o, dicho de otra manera, 6 mil 200 millones de vatios cada año de aquí a 2030 y detonar inversiones por 36 mil 300 millones de dólares. Y, al mismo tiempo de lo anterior, garantizar que la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución puedan recibir esta nueva energía. Está grande el reto. Segunda razón para rechazarla. El marco legal actual permite perfectamente cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Energía que ha postulado la presidenta de la República. Bajo el control centralizado de la Secretaría de Energía y de la propia CFE, que ya existe, se puede desarrollar inversiones públicas y privadas, incluyendo generación descentralizada en las modalidades distribuida y de abasto aislado. También se pueden desarrollar proyectos de la propia CFE o privados de gran escala. No hay obstáculo alguno para que haya nuevos productores independientes de energía renovable, licitados en concursos regionales y que transfieran la propiedad de los activos al final de la vida del contrato. Y también se pueden operar sin problema alguno con el actual marco legal los proyectos de Finadin en coinversión público o privada. No se requiere la reforma constitucional. Tercera razón para rechazarla. Los cambios que se proponen en la reforma constitucional imposibilitaría la inversión privada por tres motivos fundamentales: primero porque se impone el predominio de la Comisión Federal de Electricidad, segundo porque se define un sistema eléctrico orientado en la seguridad, en lugar de la eficiencia que debe normar el sector, y tercero porque establece la prohibición de lucro razonable en la cadena de valor del sector eléctrico. Cuarta razón para rechazarlo. La adecuación del marco legal y regulatorio tomaría tiempo. Por su complejidad pudiera ser hasta varios años. Y con esto se van a postergar las nuevas inversiones hasta la segunda mitad del sexenio, en el mejor de los casos. Se requeriría reformar 12 leyes y varios reglamentos, mediante un proceso que es técnicamente complejo. Adicionalmente a lo anterior, la licitación de nuevos proyectos con los cambios, con las nuevas reglas, podría demorarse hasta dos años a partir de la eventual aprobación de la reforma. Quinta razón para rechazarla. La reforma constitucional, como está planteada, detonaría conflictos nacionales y, especialmente, internacionales. Por qué. Porque la reforma afectaría los acuerdos del T-MEC, en particular las disposiciones que México ha suscrito de trato nacional, de trato de nación más favorecida y de empresas de propiedad del Estado. Segundo. Las inversiones de empresas con activos que están amparados con la actual Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y con la Ley de la Industria Eléctrica, seguramente demandarán que sus derechos como fueron adquiridos sean respetados y el valor de sus activos preservados. Y tercero. Los consumidores, que están suministrados al amparo del marco actual, seguramente van a enfrentar incertidumbre si sobrevienen estos cambios. Estimadas colegas, diputadas, diputados, especialmente nuestros compañeros de la mayoría, les convoco a votar en contra del dictamen de la reforma constitucional. Es lo que debe de hacerse, es lo que conviene hacerse para que se pueda cumplir con el Plan Nacional de Energía. Además es lo mejor, no moverle, para la gestión exitosa de la presidenta de la República. Pero finalmente, y sobre todas las cosas, dejar el texto como está es lo que más le conviene a México. Muchas gracias.