La diputada Jisela Paes Martínez: Muchas gracias, diputado presidente. Con la venia de la Presidencia. Señoras diputadas y señores diputados, saludando con afecto al público que nos sigue a través de la señal del Canal del Congreso. México dio un paso histórico en materia de protección de derechos humanos el 10 de junio de 2011, al publicarse la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta reforma constituyó un nuevo paradigma constitucional al cambiar de un estado que otorga derechos a uno que los reconoce, estableciéndose que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección. Mediante dicha reforma se estableció como premisa en materia de derechos humanos la observancia de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que en la interpretación de las normas relativas a estos derechos se favorezca en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. El principio de progresividad nos da la pauta para la presente iniciativa, ya que la conjunción del reconocimiento de los derechos humanos y su visualización en sentido estricto nos conduce a reconocer que existe la posibilidad de incluir otros derechos humanos que aunque se infieran no se encuentren contemplados expresamente dentro de nuestra legislación nacional. Hoy en día he sabido de todos el gran problema de inseguridad que vive nuestro país, inseguridad ciudadana que se traduce en una general sensación de peligro físico de las personas o de sus seres cercanos o en contra de sus bienes personales. En este contexto, resulta importante traer a colación cómo visualiza la seguridad pública la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, y en el que se establece que esta cobra una vital importancia ya que constituye un requisito previo esencial para la determinación del alcance de las obligaciones de los Estados miembros, conforme a los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos aplicables. Destaca en dicho informe que en el orden jurídico internacional de los derechos humanos no se encuentra consagrado expresamente el derecho a la seguridad pública frente al delito o a la violencia, y considera que la base de las obligaciones exigibles al Estado se encuentra en el orden normativo que exija la garantía de derechos afectados por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control debe ser el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana. Desde esta perspectiva en materia de derechos humanos, sostenida en el informe al que se hace alusión, se puede expresar que el derecho humano a la seguridad pública se traduce en el derecho que tienen los gobernados de exigir al Estado les garantice vivir dentro de un clima de paz y seguridad que les permita desarrollar una vida tranquila y productiva. En nuestra Constitución, en particular en el artículo 21, se visualiza a la seguridad pública como una función del Estado, cuyo objetivo ampliamente comprendido es mantener el orden público, proteger la integridad de las personas y sus bienes. Prevenir la comisión de delitos e infracciones a las leyes y reglamentaciones. Colaborar en la investigación y persecución de los delitos, delincuentes e infractores, entre otros. En esa virtud es que se considera que dentro del marco del neoconstitucionalismo y del reconocimiento de derechos fundamentales por parte del Estado se debe realizar un cambio de paradigma constitucional, dejando de ver a la seguridad pública no sólo como una función del Estado mexicano, sino también considerarla como un derecho humano que debe ser protegido y garantizado por el Estado. Creemos que la seguridad pública debe ser ante todo un derecho humano, entendido este como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, y que establecido en la Constitución y en las leyes debe ser reconocido y garantizado por el Estado. Por tanto, si visualizamos el derecho humano a la seguridad pública, como consecuencia lógica debemos hacerlo también con la participación ciudadana en labores de prevención social de la violencia y la delincuencia. Con ello se obligará a las autoridades a garantizar en todo tiempo la participación ciudadana en la elaboración, implementación, ejecución y evaluación de políticas públicas, programas, estrategias y acciones en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, consolidando con ello uno de los pilares de los verdaderos gobiernos democráticos. Por ello se propone adicionar lo siguiente al párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Esta Constitución reconoce el derecho humano de las personas a la seguridad pública y a participar en las acciones que se realicen para la prevención social contra la violencia y la delincuencia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.