El diputado Samuel Aguilar Solís: Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a presentar una iniciativa de ley que le dé marco jurídico y regule las pensiones de los ex presidentes de la república. Esta iniciativa, de aprobarse por esta soberanía, habrá de ahorrarle al país de manera inmediata 205 millones de pesos. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la seguridad social se identifica como parte de un sistema de protección social, resultado de la conformación de los Estados modernos así como de las demandas de trabajadores para conseguir mejores condiciones de vida y debe estar orientada a promover la universalidad, equidad y solidaridad en el acceso a esas prestaciones. En nuestro país existe una gran diversidad de sistemas de pensiones y algunos pocos con muchos privilegios. El número de pensionados en el IMSS son 2.5 millones. El promedio anual de pesos por pensionado es de 22 mil. Del ISSSTE son 612 mil pensionados. El promedio anual en pesos por pensionado es 68 mil pesos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son 53 titulares y 28 viudas. El promedio anual de pensionado es poco más de 1 millón 600 mil pesos. Los ex presidentes de la república son cinco y se conoce que cada año el pago de pensiones cuesta en promedio más de 1 millón 900 mil pesos. Esto es parte de las inequidades que tienen que resolverse. Si se busca un sistema de seguridad social que sea acorde con el país para que todos puedan gozar de una pensión básica, sería suficiente con respetar principios generales referidos a aportaciones, de acuerdo al nivel salarial y a fijar topes en los montos de las pensiones. Según un estudio del Senado de la República, la protección para los ex presidentes mexicanos incluye 78 elementos de las fuerzas federales para cada uno de ellos: 45 del Ejército (32 de tropa, 8 oficiales, 4 jefes y un general); 22 de la Armada (16 de tropa, 4 oficiales y 2 jefes); 11 de la Fuerza Aérea (8 de tropa, 2 oficiales y un jefe). También tienen a su disposición a 25 empleados de la federación, tres choferes y personal de oficina. Incluso se cubren los servicios de telefonía, tienen acceso a viajes nacionales o al extranjero y en su pago reciben primas mensuales, aguinaldo, bono, prima vacacional, estímulos especiales y apoyo para despensa. Las pensiones de los ex presidentes no tienen sustento legal, toda vez que no están incluidos en ninguna ley o cuerpo normativo, son acuerdos de carácter administrativo sin ninguna fuerza jurídica que los sostenga, por lo que es indispensable poner fin a la discrecionalidad con la que se erogan los recursos públicos. En México, el Poder Legislativo federal no ha participado directamente en el establecimiento de las prerrogativas y beneficios que reciben los expresidentes de la República. La determinación de tales prebendas está basada en prácticas discrecionales y en acuerdos dictados por los propios presidentes en turno, quienes se beneficiaron de sus propias decisiones siendo juez y parte en la asignación de sus propios ingresos. El 25 de noviembre de 1976, por acuerdo del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, se dispuso, cito: "que al concluir el mandato, el ciudadano que hubiese desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, requiere disponer para el desempeño de servicios generales, a sus órdenes directas, de personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea". El 31 de marzo de 1987, mediante acuerdo, el presidente Miguel de la Madrid formalizó el disfrute de una pensión, prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe un secretario de despacho y se reguló el derecho de la cónyuge para disfrutar de la pensión presidencial y de los seguros de vida y gastos médicos mayores incluyendo a los hijos. Estas y otro tipo de prerrogativas son las que gozan los expresidentes de la República. De manera concreta, ¿qué propone esta iniciativa que estoy presentando a esta soberanía? La aplicación y seguimiento de esta ley por conducto de las secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública. Que el expresidente constitucional tendrá derecho a disfrutar de una pensión vitalicia equivalente al 60 por ciento del salario del presidente constitucional en funciones. Dicha pensión será suspendida si el beneficiario recibe otro ingreso de cualquier otro cargo público, por ejercicio profesional o actividad laboral incluido los pagos en especie, si fuere condenado por juicio político o algún delito grave y por algún acto que atente contra la seguridad, las autoridades o las instituciones nacionales. En caso de muerte del exmandatario, su cónyuge disfrutará de una pensión equivalente al 50 por ciento del salario del presidente constitucional en funciones. En caso de muerte del cónyuge viudo, la pensión beneficiará de la misma cuantía a los hijos, hasta alcanzar la mayoría de edad. El expresidente contará con cinco puestos de trabajo de naturaleza eventual, sin ser el familiar de tercer grado. Para preservar la seguridad del expresidente, la Secretaría de la Seguridad Pública dispondrá de ocho elementos de la Policía Federal Preventiva, los cuales tendrán funciones sólo en territorio mexicano, así como de tres vehículos oficiales. El expresidente gozará de las prestaciones establecidas para pensionados y jubilados en el sistema de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. Concluyo, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy presento a esta soberanía, busca poner orden donde hay abuso. Se busca establecer disciplina presupuestal y desplegar la mayor solidaridad posible frente a una sociedad empobrecida. Los invito a considerar la propuesta pues sólo con acciones concretas y precisas convertidas en ley, estaremos defendiendo los intereses del pueblo y haciendo valer la soberanía de nuestras instituciones. De aprobarse esta iniciativa de manera inmediata, vuelvo a reiterar, el país se estaría ahorrando anualmente 205 millones de pesos. Los actuales son tiempos de puntual rendimiento de cuentas y de plena revisión de las normas. Son tiempos de austeridad republicana para hacer vigente el principio juarista que exige a los servidores públicos mantenerse dignamente con la honrosa medianía de sus ingresos. Por su atención, muchísimas gracias.