La diputada Julisa Mejía Guardado: Gracias, diputado presidente. Presentamos esta reserva con la intención de ser responsables hacia nuestro electorado, ya que en el actual estado de cosas cualquiera podría ser privado de su libertad sin ninguna prueba en su contra ante la subsistencia de la figura del arraigo. Hemos tenido oportunidad de conocer distintos espacios en nuestros propios distritos, las experiencias de las personas que han sido arraigadas y que después han sido liberadas. Los datos que han ofrecido las organizaciones de derechos humanos son contundentes. Sólo 3.2 por ciento de las personas arraigadas a nivel federal han recibido una sentencia judicial. Aún suponiendo que todas estas sentencias son justas, tenemos un 96.8 por ciento de personas que han sido arraigadas sin un motivo real y demostrable para serlo. La mayoría ha sufrido torturas, intimidaciones, privaciones y afectaciones a su salud dentro del centro de arraigo con el fin de obtener o forzar una confesión. Pero cuando logran salir, estas personas regresan a su hogar y encuentran que se ha destruido su vida. Han acabado con su reputación, han perdido el empleo y no cuentan con el derecho para ser reinstalados. En su comunidad, incluso dentro de su propia familia enfrentan cuando menos la sospecha de que cometieron algún delito. Son condenados socialmente como criminales. En la escuela a sus hijos los señalan, los estigmatizan. Han tenido que pagar de sus propios recursos un médico para sanar sus heridas o un sicólogo para superar sus conflictos. Si les queda fuerza, tienen que pagar también por sí mismos a un abogado para denunciar a los responsables de los actos arbitrarios o para exigir una reparación. Consideramos que disminuir de 80 a 35 días el límite para que una persona permanezca arraigada es insuficiente para evitar las secuelas de esta medida. Tomemos por ejemplo dos casos que se han presentado en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. El caso de 25 policías arraigados en un cuartel militar en 2009. Durante días enteros fueron golpeados con tubos, recibieron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo y además de sufrirlas en todo su cuerpo, con los pies sumergidos en agua. Además ahogamiento mediante bolsas de plástico. Algunos de ellos fueron privados de alimentos por tres días. O el caso de los cuatro civiles de Rosarito, arraigados en la misma base militar de Tijuana, que fueron torturados cruelmente en repetidas ocasiones y forzados a firmar una declaración ante el Ministerio Público. Ninguno de ellos recibió atención médica. Por todo ello su caso fue objeto de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta Cámara ha aprobado con gran aclamación la Ley General de las Víctimas, y recientemente una reforma integral para hacerla operativa. Termino, presidente. Con estas reservas nuestra intención es tender un puente entre este proyecto de decreto y la legislación sobre víctimas mediante un artículo cuarto transitorio. Consiste en que las personas sujetas a arraigo que hayan sido absueltas o reconocidas como víctimas por una recomendación, puedan ejercer su derecho a una reparación integral en los términos de la legislación vigente lo que incluye la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición del daño. Hago un llamado a garantizar los derechos humanos, por los que, estoy segura, tendré el voto aprobatorio de todos ustedes. Muchas gracias.