El diputado José Luis Jaime Correa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Acudo a esta tribuna a nombre y representación de la Comisión de Puntos Constitucionales y quiero agradecer de manera especial y reconocer al diputado presidente de la Comisión, don Juventino Castro y Castro, que nos dio esta oportunidad. Asimismo, quiero hacer un reconocimiento especial al diputado Guillermo Cueva Sada, del Partido Verde Ecologista quien impulsó una importante dictaminación en esta iniciativa. Esta iniciativa es para fundamentar el dictamen por el que se aprueba la reforma al artículo 4o. constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua para consumo humano. Esta reforma implica la modificación del cuarto párrafo y la visión de un quinto párrafo al artículo 4o. del texto constitucional. En el párrafo propuesto por la dictaminadora se distinguen dos momentos argumentales: el primero de ellos nos expresa el objeto y sujeto del derecho, y un segundo momento nos indica cómo plasmarlo y hacerlo efectivo en la legislación secundaria. Estamos hablando de una disección que distingue el qué y el cómo respecto al derecho al agua. La definición de derecho al agua aquí plasmada surge de la establecida por los instrumentos del derecho internacional, de manera tal que se retoma la definición del derecho humano al agua establecida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Es así que cuando se expresa el derecho al agua, como el que tiene toda persona, de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, no se trata de un conjunto de adjetivaciones ideológicas como erróneamente se ha llegado a interpretar, sino de un conjunto de características y factores indispensables para la realización de este derecho. Quiero, en ahorro del tiempo, partir de algunas consideraciones. Por elementales que parezcan las condiciones en que se encuentra el pueblo de México, es importante decir que en nuestro país existen más de 10 millones de personas que no cuentan con suministro alguno de agua potable; al grado tal que incluso en comunidades indígenas y rurales las personas, que fundamentalmente son mujeres y niñas, caminan decenas de kilómetros para acceder al agua y poder acarrearla a sus casas. Muchas veces esta agua es insalubre, razón por la cual el índice de mortalidad infantil sigue siendo preponderantemente notorio en los sectores más empobrecidos del país. Además, cerca de 20 millones de mexicanos y mexicanas carecen de la infraestructura para saneamiento y drenaje. Es por ello que la reforma a discusión pretende generar una política pública consistente y que por mandato constitucional se instrumente para resolver esta lamentable e inaceptable situación. De esta magnitud es la importancia de esta reforma. Quiero plantear también que el criterio de sustentabilidad plasmado en esta reforma es una condición para el ejercicio futuro del derecho al agua, implica una cláusula de responsabilidad para con las generaciones futuras. No podrá otorgarse el disfrute y acceso al agua a costa de comprometer la sustentabilidad del recurso, no sólo en y para consumo humano, sino en cualquier tipo de explotación y aprovechamiento de agua. La actual legislación secundaria es, por demás, permisiva en cuanto al otorgamiento de concesiones y asignaciones para la explotación de las aguas y demasiado limitada para restringir aprovechamientos y para establecer medidas como las destinadas a habitar, conservar, reservar volúmenes de agua. Lo anterior explica por qué en el México de hoy poco más de 75 por ciento de los cuerpos de agua estén contaminados y que ocupemos el cuarto lugar en el índice mundial de deforestación de bosques y selva. Por ello, la trascendencia de la reforma que proponemos al párrafo cuarto en materia de responsabilidad ambiental. No quisiera terminar -y pido paciencia al señor presidente para poder concluir mi intervención- sin decir que concluyo esta intervención señalando que la redacción vigente del párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional establece que el ambiente debe ser adecuado para el desarrollo y bienestar de los individuos. Sin embargo, el término adecuado tiene un carácter eminentemente subjetivo, lo que dificulta su certeza y da pie a la incertidumbre terminológica de la disposición, puesto que impide establecer parámetros concretos para determinar cuáles son las condiciones adecuadas para un desarrollo y bienestar. Por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, respetando y reconociendo el rigor, cuidado y responsabilidad que la Comisión de Puntos Constitucionales ha tenido en la construcción del dictamen que está a la consideración de esta honorable asamblea, solicito su voto favorable para la aprobación de esta trascendente e inaplazable reforma constitucional. El pueblo de México y las familias necesitadas del agua nos lo van a agradecer a esta Cámara de Diputados. Por su atención, muchas gracias.