El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Con el permiso de los compañeros de Cámara, legisladoras y legisladores. Los órganos jurisdiccionales, a partir de la reforma del artículo 1o. constitucional han estado conduciéndose a base de principios derivados de criterios que ellos mismos han estado construyendo. La Suprema Corte lo hace, el Tribunal, los tribunales administrativos lo hacen. Pero el Tribunal de Justicia electoral, que ahora es parte del Poder Judicial de la Federación lo hace con más frecuencia porque tiene la facultad de revisar las decisiones de las autoridades administrativas electorales, federales y de los estados, pero también las decisiones de los partidos, y también revisar si cualquier otra autoridad está afectando en los derechos políticos electorales a las personas como ciudadanos. Con base en ello, y en esa facultad que deriva de una idea que tienen los jueces y los magistrados y los ministros en este país, de que existe la supremacía del Poder Judicial sobre los otros dos Poderes, de que no obstante que es un tercer poder constituido por los otros dos que tienen origen legítimo de elección popular, no obstante eso, los jueces del país se han arrogado la facultad prácticamente de revisar todos los actos de autoridades administrativas y legislativas de cualquier orden de gobierno en México. En últimas fechas, en los últimos años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estado pronunciando resoluciones sancionatorias contra dirigentes, contra individuos, contra candidatos, contra partidos políticos y aún contra directivos de órganos legislativos como los de esta Cámara de Diputados del Congreso federal. Lo que ha estado sucediendo es algo que a muchos nos alarma, porque el Tribunal Electoral ha llegado a insinuar, prácticamente a amenazar, a usar como un instrumento de apremio, como un procedimiento de ejecución de sus resoluciones, que la sanción por desobedecer al tribunal, a juicio del propio tribunal, la desobediencia, puede llegar a ser fíjense ustedes a perder una de las condiciones que son premisa constitucional para que cada individuo en este país, mujer u hombre, tenga la condición política más apreciable, que es la ciudadanía. Nuestra Constitución sabia, desde hace casi dos siglos, dice que para ser ciudadano se requiere una cierta edad, ahora es mínima, 18, y tener un modo honesto de vivir. Y qué es un modo honesto de vivir. Dedicarse a cualquier cuestión que sea lícita. Aun quien ha sido procesado, sentenciado o convicto, después puede tener un modo honesto de vivir, desde luego. A veces la sanción penal es por una impericia, por una negligencia, por una culpa simplemente, no por un dolo. En otras palabras, esa condición de modo honesto de vivir se presume para todo individuo en México. Amenazar con quitarla o, más aún, quitarla es algo muy grave. Es una pena que no está en la Constitución. De establecerse esa sanción como tal se estaría hablando de una pena inusitada, es decir de una pena que no se usa, que no tiene precedente, que no tiene preexistencia histórica, que no tiene un antecedente. Es algo tan grave como lo que prohíbe el artículo 22, maltratamiento físico, multa excesiva o penas inusitadas. Quitarle la condición a una persona de quien tiene modo honesto de vivir es algo muy grave. No puede tener ningún juez de este país esa atribución, si se sale de lo que estrictamente dice la propia Constitución en el artículo 37, inciso c), o en el artículo 38. El artículo 37 ya termino, presidenta establece las causas por las cuales se puede suspender la ciudadanía, perder la ciudadanía. El artículo 38, las causas por las cuales se puede suspender. Solamente por esas razones gravísimas puede un juez de este país, tenga el rango que tenga, atreverse a amenazar y, mucho más todavía, atreverse a imponer una sanción tan grave, tan inconstitucional, tan antihistórica, tan inusitada como perder la condición de tener un modo honesto de vivir. Esta propuesta es para que se revise...