El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que presento este día, ante ustedes, tiene el propósito de regular la operación y la actividad que llevan a cabo las casas de empeño mercantiles. Esta iniciativa pone atención en el hecho de que, hoy en día, un creciente porcentaje de las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, que son las que llevan a cabo estas casas de empeño, son promovidas por empresas privadas, asociaciones civiles o sociedades mercantiles que buscan una utilidad en su operación. Desafortunadamente, como resultado de la política económica que ha pauperizado amplios sectores de la población, dichas empresas se han multiplicado. Aprovechando la ocasión de las actividades del sector hacendario, financiero, esas casas de empeño actúan de manera informal, sin regulación y disponen de recursos cuyo origen se desconoce. Lo más grave, es que incurren en condiciones usureras en contra de quienes utilizan sus servicios. Con ello, despojan de su patrimonio a millones de familias de los estratos de ingresos medios y bajos agravando la perversa concentración de recursos. Las casas de empeño privadas, también, han encontrado un terreno fértil, para crecer debido a que en la actualidad un alto porcentaje de la población mexicana no encuentra una atención adecuada por parte del sistema bancario existente en este país. Cierto, actualmente, hay un sector de casas de empeño que son operadas por instituciones de asistencia privada y que se rigen por las leyes que ya existen, para esas instituciones. Están reguladas y tienen una normatividad, con esas no hay problema. El campo en el que no hay reglas de juego es en el que las casas de empeño mercantil, la falta de la regulación adecuada ha propiciado todo tipo de abusos desde la usura, hasta la desaparición de los supuestos responsables con todos los bienes dejados en prenda. En varias entidades del país las autoridades locales ya han tomado cartas en el asunto, es el caso de Baja California; Tamaulipas; Coahuila; Sonora y Tabasco, entre otras, que han emitido sus propias leyes en la materia, facultando a sus secretarios de Finanzas o de Gobierno para la expedición de permisos que operen estos establecimientos. Antes de esta iniciativa ya se habían presentado propuestas que buscaban regular a las casas de empeño mercantiles a nivel federal, sin embargo no fueron tomadas con la importancia requerida. De hecho, la Norma Oficial Mexicana NOM 179 SCFI 2007, para servicios mutuo con interés y garantía prendaria, publicada en noviembre de 2007, fue resultado de recomendaciones que el Senado hizo al Ejecutivo, así como de reformas al Código de Comercio y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Sin embargo, esas disposiciones no tienen la fuerza suficiente y ante la complacencia gubernamental el problema persiste. Por ello, y en respuesta a la problemática de los electores, más diputados y senadores han presentado iniciativas para regular esta actividad. Desafortunadamente, mientras se pospone la decisión de aprobar una regulación adecuada, la magnitud del problema crece y afecta a más sectores de la población. La propuesta que yo pongo a su consideración reconoce las propuestas hechas con anterioridad, así como los avances que ya se tienen en la legislación de los estados. Esta propuesta establece desde el Código de Comercio, el carácter comercial que diferencia a las casas de empeño mercantiles dedicadas a la búsqueda de rentabilidad y aquellas que llevan a cabo las instituciones de asistencia privada. La propuesta incorpora con pleno reconocimiento a las operaciones de mutuo con garantía prendaria, como una operación financiera, con ese propósito se reforma la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Al clasificarse en esos términos las casas de empeño mercantiles, deberían ser reguladas por Hacienda y el Banco de México, por lo que ésta deberá girar disposiciones que permitan castigar los cobros excesivos, leoninos que hacen las casas de empeño mercantil. En el mismo sentido, se propone reformar la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para incorporar a la Condusef a la vigilancia y aplicación de sanciones contra quienes abusen de los usuarios de esos servicios. Finalmente, se propone a la Ley Federal para Regular las Casas de Empeño Mercantiles, con las que se busca definir sus operaciones, sus obligaciones y derechos y las sanciones a las que puedan hacerse acreedores en caso de no cumplir con la ley. Puede parecerles una legislación excesiva, sin embargo estimamos que es un paso necesario para corregir y ordenar una actividad que es necesaria, pero que ante la omisión de las autoridades se ha utilizado como instrumento para expropiar el patrimonio de la población. No hay que olvidar, un sistema financiero sano requiere, entre otros, de intermediarios eficaces y solventes, de mercados eficientes, completos y de un marco legal que establezca claramente los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Esta regulación es indispensable para fortalecer las medidas para combatir el lavado de dinero, cerrando una vía más al desarrollo de actividades ilícitas. Es cuanto, señor presidente.