La diputada Delfina Gómez Álvarez: Buenas tardes, compañeros diputados, diputadas, y muy en especial a asociaciones civiles y organizaciones que han luchado por este logro. Este dictamen que estamos discutiendo por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es precisamente como respuesta a lo que han luchado las asociaciones civiles y lo que ha luchado la participación social. Ante el descrédito de las instituciones, la corrupción y la inoperancia de las autoridades encargadas de procuración e impartición de justicia y el silencio de muchos actores políticos, ha sido la sociedad civil la que eleva la voz y han logrado que se escuche y tengan eco como nunca antes se ha tenido. El grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos ha sido bandera de lucha y símbolo de resistencia de organizaciones civiles y familiares de víctimas, académicos, amas de casa, estudiantes, periodistas, campesinos y todos aquellos que han vivido, padecido o conocido la tragedia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos claman todos aquellos que se identifican y se acuerpan en el empeño de la presentación con vida de los nuestros, de dar forma a los miles de personas anónimas que no salen en los medios pero que tienen rostro, nombre y apellido. Aquellos que en el mar de violencia en que vivimos pasan desapercibidos y son uno más en la cuenta macabra de números que han hecho de todo México un cementerio clandestino. Exigimos verdad y justicia. La presión internacional, además de la participación ciudadana, ha sido, sin duda, otro factor que el poder permite la realización de estas reformas. Por su parte, el Grupo Parlamentario Morena también ha luchado por la expedición de esta ley, a fin de poder afrontar la crisis humanitaria en México sobre desaparición forzada. Sin embargo y aun cuando votemos a favor de este dictamen es necesario señalar que México vive la más profunda crisis de derechos humanos de su historia y el Estado mexicano tiene la responsabilidad y la obligación directa en esa solución de la desaparición. Miles de connacionales que se toparon con la irracionalidad del poder y con instituciones de procuración e impartición de justicia caducas e insensibles. El Registro Nacional de Datos del Personal Extraviado nos ha señalado que existen 34 mil 277 personas desaparecidas. Junto con ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la conexión entre la impunidad por los crímenes de la Guerra Sucia y los trágicos acontecimientos sufridos en Ayotzinapa. Es decir, que desde Díaz Ordaz hasta Peña Nieto han quedado impunes y estamos en un Estado sin derecho. Sin embargo, lo que ahora tenemos que preguntarnos es qué hacemos nosotros como funcionarios. Da vergüenza, o en lo personal me da vergüenza que sean organizaciones civiles, organizaciones de ciudadanos y jóvenes muy en especial, que luchan con lo que nos correspondería a nosotros como servidores públicos. Por ello, la pregunta que nos queda es por qué han continuado este baño de sangre, si sabemos que en nuestro país la desaparición forzada de personas ocurre desde hace cincuenta años. Que se transformó de ser una actividad criminal, selectiva y dirigida fundamentalmente contra los opositores políticos o militantes de izquierda o sindicalistas o líderes obreros y campesinos, y pasó a ser un delito sistemático que en el agudizado contra toda la población para qué y a quién beneficia. Sin embargo, hoy podemos decir que hay un factor que no van a poder acallar, que es la participación civil, hombres y mujeres y en especial jóvenes que luchan por una mejor calidad de vida y un mejor Estado de derecho. Ellos son quienes merecen nuestro respeto...