La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Subo a esta tribuna a hablar como representante popular y de la clase obrera y trabajadora de este país. La iniciativa que reforma los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo será votada en sentido afirmativo, nadie puede estar en contra de que el Servicio Nacional de Empleo diseñe, conduzca y evalúe programas que garanticen la inclusión de los jóvenes al trabajo; así como la adición de un inciso al 539, que establece que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en materia de promoción diseñe en coordinación con las entidades federativas y el sector empresarial políticas y programas para generar oportunidades que garanticen la inclusión de jóvenes, adultos y grupos en situación vulnerable. Recordemos, y nos recuerda esto, lo que decía Morelos: Hay que dictar las leyes o las leyes que dicte este Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y al patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejándolo de la ignorancia, la rapiña y el hurto. En el presente dictamen desde su discusión en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que fue el 19 de febrero pasado, aniversario, un año más de Pasta de Conchos, propusimos que incluyeran a las personas con discapacidad dentro de las acciones específicas para acceder al empleo. Nos parece que existe una gran responsabilidad al marginar a quienes son discriminados, es decir las personas con discapacidad que deberíamos apoyar de forma específica para que ellas, ellos puedan contar con un empleo, pues las cifras no mienten, más del 60 por ciento de estas personas se encuentran desempleadas. El hecho de que los principios generales de la Ley Federal del Trabajo, particularmente el artículo 2 se haga alusión a los discapacitados, no exime la necesidad de consagrar de manera destacada las acciones concretas de políticas públicas para que se les respete su derecho humano al trabajo digno. Estamos convencidas y convencidos de que al no aceptar nuestra solicitud quizá no fue muy buena intención, pero con muy mal tino. Estaríamos distinguiendo y prefiriendo sectores de la población como al establecer de manera concreta programas para jóvenes y adultos para el empleo, dado que el propio concepto de trabajo dignó establece el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Hoy ya señala que tampoco debe haber discriminación en razón de la edad, lo que incluye a los adultos y a los jóvenes. Tampoco podemos concluir que las personas con discapacidad clasifican en el grupo genérico de vulnerables que contienen los artículos 537 y 539, pues también se conceptúan como grupos vulnerables a los jóvenes y a los adultos, destacadamente a las y los adultos mayores que son excluidos del trabajo. Esto de acuerdo a la CEPAL, a la ONU y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este sentido, los artículos en mención no se dividen en jóvenes y adultos por un lado y grupos vulnerables por el otro, sino que todos son grupos vulnerables incluidos los jóvenes y los adultos. Pregunto, si todos son grupos vulnerables, unos y otros, ¿por qué sólo destacar a los jóvenes y a los adultos para impulsar a su favor acciones específicas de empleo? De acuerdo a la OIT, las personas con discapacidad experimentan un índice de desempleo entre el 80 y 100 por ciento superior a los trabajadores sin discapacidad. Si la no discriminación de los discapacitados se consagra en la normatividad general sustantiva de la Ley del Trabajo, por el contrario se exige la consagración de las autoridades del trabajo y servicios sociales sobre la situación de los discapacitados para aterrizar jurídicamente las acciones a cargo del gobierno. Sería una noticia loable, entre tanto padecimiento que vivimos todos los mexicanos, que hoy un sector de la población fuera reconocido por esta soberanía para mitigar la falta de oportunidades permanentes en las que se encuentran muchos de los millones de mexicanos en este país. Aprobaremos la iniciativa, pero eso no basta. El cambio verdadero viene del pueblo, de obreros y campesinos, de profesionistas, de hombres y mujeres honestos, de la energía y la indignación ante la injusticia, de los jóvenes, de los trabajadores agrícolas. Como se ha mencionado ya en varias ocasiones lo ocurrido en San Quintín, en Baja California, que ante tanta explotación exigen respeto a los derechos laborales, revocación del contrato colectivo firmado por la CT y la CROC, afiliación al Seguro Social, pago de todas las prestaciones de ley, como aguinaldo, vacaciones, horas extras, desaparición del salario compactado, sueldo de 300 pesos por día, respeto a los derechos de las madres trabajadoras y fin al acoso sexual por parte de los mayordomos y patrones. No es mucho pedir, hay que atender obviamente puntualmente esos problemas. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder garantizar que haya el pleno respeto a este derecho? Tiene que incorporarse que haya el empleo, un salario remunerador. Todo presupuesto debiera estar encaminado a detonar el crecimiento y desarrollo de una economía que se refleje en un salario bien remunerado para reactivar el mercado interno. Salario sí, empleo sí. Salario tiene que ser remunerado para que realmente pueda mejorar las condiciones en este país. Por su atención, muchas gracias.