El diputado Carlos Carreón Mejía: Con su venia, diputada presidenta. Estimadas y estimados diputados, hoy vengo a hablar a favor de todos los municipios del país. La figura de la exención en materia fiscal ha sido utilizada a lo largo de la historia del derecho positivo mexicano, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por las legislaturas en las entidades federativas. Esta figura supone para el gobernado un beneficio o ventaja fiscal, tomando en cuenta su particular situación de vulnerabilidad frente a la obligación fiscal. Sin embargo, esta ventaja supone una afectación mayor para la colectividad, tomando en cuenta la merma que se ocasiona al erario público municipal. La baja recaudación a nivel municipal es un círculo vicioso que encierra a los municipios y los limita para disponer de recursos propios que contribuyen a su incremento presupuestal y con ello generar desarrollo para la comuna. Adicional a lo anterior, en el paquete económico 2020 recortan más los recursos municipales impactando de manera directa en temas como es la inseguridad, una asignatura pendiente de este gobierno. Una vez que se ha puesto un freno más al gasto federalizado y se ha propuesto reducir en mil millones de pesos al Fortaseg, uno de los principales subsidios de los municipios para afrontar los problemas de inseguridad, que es un tema que va en constante crecimiento. Es importante también recalcar que con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existe un aproximado de 103 mil 853 inmuebles del gobierno federal exento de pago predial, de los cuales 80 mil 130 pertenecen a oficinas de gobierno. Además, hay en el país 449 mil 274 predios de propiedad pública, de los cuales 60 mil 27 son federales y 120 mil 962 son estatales que no pagan dicho impuesto. En el mismo sentido, alrededor de 76 instalaciones aeroportuarias tanto nacionales e internacionales, que tampoco pagan el impuesto predial. Cabe destacar que de acuerdo con el índice de información presupuestal municipal 2018, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, Imco, del total de los ingresos municipales, el 21.5 proviene de ingresos propios, mientras que la mayor cantidad proviene de transferencia federal que son el 73 por ciento. Si se eliminaran las exenciones dentro de marco constitucional, los municipios recibirían por concepto de impuesto predial un monto por alrededor de 9 mil millones de pesos. De ahí la necesidad de impulsar desde la Cámara de Diputados esta iniciativa de ley que promueva la captación de impuesto en buena parte de los municipios del país, pues la figura de exención en materia fiscal es un mecanismo que juega en detrimento de los municipios, pues son quienes sufren una afectación directa y significativa en su capacidad de captación. Razón por la cual se colocan en la imposibilidad material de hacer uso de dichos recursos por el simple hecho de que los mismos no ingresan al erario. La iniciativa que presento tiene la finalidad de fortalecer los mecanismos de recaudación municipal, pues al eliminar la exención de la que gozan los tres órdenes de gobierno del pago de contribuciones inmobiliarias, los municipios podrán captar más contribuciones para otorgar los satisfactores necesarios a la población, incrementar los recursos destinados al combate a la delincuencia, a la educación, a la salud, a la infraestructura y a los demás recursos que necesiten. Por otra parte, consideramos que al reformarse el texto constitucional deberá mantenerse la exención solamente a las escuelas y a los hospitales con una visión social, en beneficio de la educación y la salud de los ciudadanos. De ahí que pongo a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa para reformar el artículo 115 constitucional, fracción IV, inciso c), a fin de que se eliminen la exenciones en el pago del impuesto predial a los inmuebles de la Federación, quedando exentos solamente los que tengan que ver con lo que es educación y salud. Estos beneficios para aquellos que sean utilizados para acciones educativas y de salud. Es cuanto, diputada presidenta.