El presidente Luis Raúl González Pérez: Agradezco la formulación de estas interrogantes, de estas inquietudes muy válidas. La primera intervención, de la diputada María Candelaria, hablaba de los primeros temas que tendrían que ver con los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales y, efectivamente, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos estamos atendiendo el tema de estos derechos. Desde luego que comparto la parte de que estamos por cumplir un centenario de nuestra Constitución, fuimos, como país, los pioneros en incorporar derechos sociales en nuestro país y de eso debemos de sentirnos orgullosos. Sin embargo, todavía la materialización de estos derechos de manera más extendida, para que se pueda hablar de un disfrute real de esos derechos, todavía hay un camino largo por recorrer. Sobre el tema quiero comentar con ustedes, que estamos haciendo estudios sobre la situación de diversos derechos en ese tenor y puedo comentar uno en particular que se da cuenta en el informe que hoy presentamos, el salario mínimo. Hay un estudio por ahí que formulamos, que dimos a conocer, lo hicimos llegar a las autoridades federales, a las asociaciones de patrones y asociaciones de trabajadores, precisamente con los fundamentos de los derechos fundamentales, tanto del ámbito interno como internacional, para, precisamente, establecer que no podemos entender la satisfacción de derechos como a una vivienda digna, a la alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, a la protección de la salud, el derecho a la educación, si no se tiene este mínimo vital. Y desde luego, entendemos cuando usted se refería al derecho a la vida, nosotros lo entendemos, no solamente desde la perspectiva de la parte biológica, sino también del sustrato en cuanto a una vida digna, una vida en donde, como se establece también en el artículo 3o. constitucional cuando habla de la democracia, entendida esta precisamente cuando se tienen los satisfactores que permiten esa realidad. Efectivamente, el tema de los periodistas en México es un tema sensible, es un tema donde también nuevamente vuelvo a reiterar, que nosotros ya emitimos el año pasado, el año pasado, una recomendación general también sobre periodistas, recomendamos varias cosas, hemos estado trabajando con el gobierno federal en esa materia, hemos trabajado con la Subsecretaría de Derechos Humanos a través del mecanismo de protección de defensores y periodistas, y estamos fortaleciendo ahí las acciones conjuntas, incluso se declaró una alerta en materia de periodistas en Veracruz, ahí se trabajó conjuntamente con la Secretaría de Gobernación. Y yo hago nuevamente aquí el exhorto respetuoso, de que efectivamente creo que parte de lo que tenemos que focalizar es fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH. Creo que ese entendimiento se puede construir con las autoridades de los gobiernos federal y locales, a través, por ejemplo, de los locales de la Conago. Un factor fundamental representa, tanto en defensores de derechos humanos como en periodistas, la participación de las distintas entidades federativas. Construir, por ejemplo, unidades de protección, mecanismos de protección para periodistas y defensores en las entidades federativas. Desde luego, como dije, en México la coyuntura de derechos humanos es crítica. Y sobre el tema, y aquí lo ligo precisamente con lo que se planteaba por la diputada Nahle, en cuanto al tema de la Ley de Seguridad Interna o los proyectos de seguridad interna y que se citaba, incluso, algunas expresiones que yo he dado, quiero ser muy puntual sobre esto que se comenta. Se dijo que un servidor público había dicho que la necesidad había hecho que las fuerzas armadas estuvieran en las calles. Y lo reitero, efectivamente, las fuerzas armadas no están por su propia voluntad, sino ante una necesidad, porque las corporaciones policiales de las distintas entidades federativas se vieron rebasadas, ya sea en sus capacidades o porque como han sido policías, y conocemos de casos municipales, han estado contaminadas con el crimen organizado. Pero también he dicho, y lo dije puntualmente, que esto debe de ser transitorio, y lo he dicho no desde que soy presidente de la Comisión Nacional, sino desde la Universidad Nacional, en el tema de los elementos para la construcción de una política de estado en materia de seguridad y justicia. Señalábamos que tiene que darse un programa gradual verificable de retorno de las fuerzas armadas, pero en paralelo, se tienen, como lo dije en el informe, que fortalecer las capacidades, precisamente, de las policías para contender con otro derecho humano que es la seguridad de las personas. De ahí que, ante la pregunta de ¿cuáles son los límites que cualquier regulación jurídica debe de tener? lo he dicho, me he pronunciado, de que ninguna regulación puede sustituir competencias que tocan a otros órganos de la estructura de procuración de justicia, como es la persecución de los delitos que corresponde, de acuerdo al artículo 21, al Ministerio Público. Como también he dicho que en materia de seguridad pública la autoridad civil es la que debe presidir la conducción de esa seguridad, desde luego auxiliado por lo que prevean las normas de otras corporaciones. También he dicho y reitero que tiene que ser transitoria esa participación, pero los límites son el respeto a los derechos humanos y las competencias constitucionales. En ese sentido, se mencionaba por la diputada Norma Nahle sobre algunos instrumentos jurídicos, como es el Código de Justicia Militar. Quiero recordar con ustedes que nosotros interpusimos la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, de los códigos en esta materia, como hemos puesto otras acciones, 30 en el año, sobre esa cuestión. Desde luego creo que con esto atiendo... Me decía sobre la Ley de Puertos Marítimos. No fue una acción en que observáramos alguna circunstancia en ese sentido, sin embargo, le voy a pedir al Jurídico que revise esa circunstancia. En todo caso, ustedes tienen en sus manos también la capacidad de modificar leyes. Por otro lado, me decía el diputado Javier Octavio Herrera sobre la política de Estados Unidos y la gente, y que ante esto se puede incrementar que varios inmigrantes que huyen de la violencia o de la pobreza de Centroamérica o vienen de otros países como Cuba, en donde se cambió también la política hacia los cubanos, de los pies secos, pies mojados, y que ahora ya no tienen esa posibilidad que tenían antes, de que se puedan quedar allá. En el tema de los haitianos y africanos el dato que tenemos, de acuerdo a las cifras del propio Instituto Nacional de Migración, es que hay alrededor de 20 mil en la frontera, cerca de 5 mil personas en Tijuana. Realmente por eso digo, en mi exposición mencioné que tiene que haber una política integral; no solamente hacia el norte sino también hacia el sur para, repito, tener una cara humanitaria en el tema de migración, tanto para el norte, como para el sur. Entonces, creo que ese tema, y es parte de lo que nosotros estamos haciendo, digo rápidamente, conjuntamos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a cónsules, a los ombudsman centroamericanos, a autoridades de migración, organizaciones no gubernamentales en Tapachula para ver también esa problemática. Y me da oportunidad la pregunta, de porqué de un bono de 500 mil pesos que habría recibido, se dijo en la prensa a finales de año. Quiero decirles que esa circunstancia, primero precisar que eso se identificó como bono. Lo constituyen cuatro conceptos: entre ellos la prima de antigüedad, un estímulo mensual que reciben solamente los mandos superiores, sino todos los mandos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el presidente no recibe ese estímulo. Está también considerado ahí, si no mal recuerdo, la prima vacacional y también está considerado un pago de riesgo. Y quiero decirles que lo que se habló de 250 millones de pesos no es tal, representa toda esa erogación, 146 millones de pesos. Sin embargo, la política, lo que hemos analizado ahora y lo que vamos a plantearle al Consejo Consultivo, precisamente es lo que anuncie de una reducción de poco más de 50 millones de pesos, de acuerdo a la proporcionalidad del presupuesto, sin afectar ninguna de las tareas sustantivas de la Comisión Nacional.