EL C. DIPUTADO ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a este Congreso de la Unión en su artículo 73, fracción XXIX, inciso g), para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Es decir, el mandato constitucional señala con claridad la necesidad de que los tres niveles de gobierno concurran o compartan dicha facultad en el ámbito de sus respectivas competencias. En base a dicho fundamento el 28 de enero de 1988 fue expedida la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que si bien es cierto persigue el aprovechamiento de nuestros recursos naturales dista mucho de atender el criterio federalista que demandan los tiempos actuales. Y es que de acuerdo a dicha normatividad las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción y en la que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas son sujetas a ser declaradas zonas naturales protegidas. En consecuencia los propietarios poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades establecidas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Dicha legislación considera en su artículo 46 a las reservas de la biósfera, los parques naturales, los monumentos naturales, las áreas de protección de recursos naturales, las áreas de protección de flora y fauna, los santuarios, los parques y reservas estatales, así como las zonas de preservación ecológica de los centros de población como sujetas a ser declaradas áreas naturales protegidas. Con excepción de los parques y reservas estatales y las zonas de preservación ecológica de los centros de población las otras áreas naturales protegidas ya señaladas son de competencia exclusiva de la federación, es decir, ni los de los gobiernos de los estados ni el del Distrito Federal tienen competencia alguna en materia de regulación ya que el establecimiento, administración y manejo de dichas áreas compete a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. NO hay duda del interés generalizado por conservar nuestros recursos naturales. Toda sociedad ha venido trabajando en sus mejores esfuerzos por el aprovechamiento sustentable de su flora y fauna. "México no es la excepción, en 1994 el número de áreas naturales protegidas de competencia federal era de 99, con una superficie de 10 millones 581 mil hectáreas. Hoy en día, de acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas existen ya 149 áreas naturales protegidas reguladas por la Federación, con una superficie de 17 millones 849 mil 867 hectáreas. Dicho crecimiento representa un incremento del 50 por ciento de esas áreas, así como un 65 por ciento de incremento en la superficie de las mismas. "Ahora bien, si bien es cierto que en materia de declaratoria de áreas naturales protegidas se busca proteger los entornos naturales y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos, también debe propiciar el desarrollo integral de la población, haciéndoles partícipes en el establecimiento, administración y manejo y de dichas superficies. "Desafortunadamente el procedimiento actual no cumple con este propósito y contraviene al mandato constitucional, para hacer partícipes a las entidades federativas en la toma de decisiones. "En efecto, el artículo 58 de la Ley del Equilibrio Ecológico señala, previa la declaratoria para el establecimiento de un área natural protegida, que: "... la Secretaría deberá solicitar la opinión de: 1.- Los gobiernos locales, en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate". "Dicho en otros términos, la facultad de los gobiernos locales no limita la discrecionalidad del gobierno federal en esta materia, puesto que sólo lo obliga a solicitar su opinión, independientemente del acuerdo o desacuerdo por el manejo que se le quiera dar a dicha reserva. "Esta facultad ha generado discrepancias en torno al tema entre los gobiernos federal y los estados. Sonora es una muestra de ello, en donde comunidades pesqueras se han visto afectadas ante la falta de certidumbre en su actividad. "Por ello se propone una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que esté acorde al mandato constitucional y que promueva una participación más activa de las entidades federativas, así como del Congreso de la Unión, una reforma que busque y que dé certidumbre a las actividades económicas que dependen directa o indirectamente del aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales. "Por lo anterior y con fundamento en los artículos 25, 40 y 73 fracción XXIX inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone la reforma y adición al tenor del siguiente "Proyecto de Decreto "Artículo Primero.- Se reforma el artículo 56 bis para quedar de la siguiente manera: "La Secretaría constituirá un Consejo Nacional de Áreas de Protegidas, que estará integrado por un representante de la Secretaría, representantes de dependencias y entidades de la administración pública federal, representantes de instituciones académicas y centros de investigación, representantes de agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales con reconocido prestigio en la materia, organizaciones también de carácter social o privado, así como personas físicas con reconocido prestigio en la materia. "El Consejo fungirá como órgano de consulta y apoyo de la Secretaría en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas. "Para emitir sus opiniones y recomendaciones, dicho Consejo deberá evaluar y atender las opiniones de los gobiernos locales, en cuyas circunscripciones se localice el área natural correspondiente o aquellos gobiernos locales adyacentes, tratándose aguas comprendidas dentro del mar territorial mexicano. "Las opiniones que formule el Consejo, así como los gobiernos locales señalados en el párrafo anterior, deberán ser consideradas y atendidas en el establecimiento del área natural protegida". "Artículo Segundo.- Se adiciona el artículo 57 para quedar de la siguiente manera: "Artículo 57.- Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracción I al VII del artículo 46 de esta ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Poder Ejecutivo Federal conforme a éstas y las demás leyes aplicables. Dicha declaratoria deberá contar con la autorización expresa de los gobiernos locales, en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate, en los términos previstos por la presente ley. "Tratándose de aguas comprendidas dentro del mar territorial mexicano sobre las que se pretenda proceder a decretar un área natural protegida, el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas deberá contar con la autorización de los gobiernos locales adyacentes". Artículo 3º.- Se reforma el Artículo 58 para quedar de la siguiente manera: "Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del presente Capítulo, mismos que deberán ser publicados en los diarios de circulación nacional, así como en los principales diarios locales de la región que está siendo afectada , 15 días naturales previos a la declaratoria. Una vez publicados los estudios señalados en el párrafo anterior, los Gobiernos de los Estados y los Municipios cuyas jurisdicciones territoriales se localice el área de que se trate, podrán hacer valer las observaciones correspondientes en un plazo no mayor de 10 días naturales posteriores a la publicación. Dichas observaciones deberán ser observadas por el Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas. Asimismo, la Secretaría deberá solicitar la opinión de: Fracción 1.- Las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones. Fracción 2.-Las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas y demás personas físicas o morales interesadas , y Fracción 3.- Las universidades, centros de investigación , instituciones y organismos del sector público social y privado, interesados en el establecimiento, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas Transitorio.- Artículo 1.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Es cuanto, señor Presidente. -EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado don Antonio Francisco Astiazarán. Como lo solicita, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene el uso de la palabra, la Diputada doña Norma Patricia Saucedo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para una Iniciativa que Reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de Participación Infantil y Juvenil. -