EL C. DIPUTADO MARCOS AGUILAR MORENO: Gracias señora presidenta. En virtud de que este proyecto está transcrito íntegramente en Gaceta, solicito su permiso para explicar brevemente su contenido a nombre de los miembros de la Comisión de Vivienda. Me dirijo a esta H. Asamblea, compañeros y compañeras diputados, para exponer de manera condensada, el resultado de los trabajos que los miembros de la Comisión de Vivienda, integrada por cinco partidos políticos, hemos venido haciendo desde hace un año de manera continua, sistemática y programada. Estos trabajos se iniciaron en el mes de octubre del año 2001, con cuatro foros de consulta, a los que fueron invitados los diversos actores de este tema, en las 32 entidades federativas. Las memorias respectivas de estos foros de consulta, se entregaron en su oportunidad a todos ustedes, compañeros y compañeras diputados. El proyecto de iniciativa de ley es la culminación de este trabajo y en la publicación se encuentra íntegra la Exposición de Motivos y el articulado completo, el cual se encuentra en este momento en sus curules. Este proyecto de ley, esta iniciativa, que consta de 10 capítulos 79 artículos y 3 transitorios, de ser aprobada por ustedes en su respectiva oportunidad, abrogaría la Ley Federal de Vivienda vigente todavía, que data de 1984 y que hoy en día está rebasada por la dinámica que imprimen los estados de la república y municipios en materia de vivienda, y por la aparición de instituciones que no existían en aquel tiempo, tales como la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda CONAFOVI y la Sociedad Hipotecaria Federal. El proyecto tiene 47 artículos novedosos que equivalen al 59% del total, rescató sin hacerle ninguna modificación 10 artículos de la ley todavía vigente, que equivalen al 12% y 23 artículos con algunas modificaciones equivalentes al 29%. Todos los porcentajes se refiere al número total de 79 artículos del proyecto de referencia. La nueva ley que proponemos a ustedes los diputados y diputadas de la Comisión de Vivienda, tiene como principales beneficiarios escúchese bien- principales beneficiarios a los trabajadores que adquieren sus viviendas con créditos hipotecarios otorgados por los órganos federales como son el INFONAVIT, el FOVISSSTE y otras instituciones públicas y privadas. Esta característica, de que beneficie fundamentalmente a los trabajadores no es casual, es totalmente intencional y responde a la vocación de los miembros de la Comisión de modificar la ley a la que se refiere el párrafo sexto del artículo 4 constitucional, para dar un giro de 180 grados en cuanto al logro de una mejor calidad de vida de los trabajadores, mejorando la calidad de sus viviendas en el futuro inmediato, si esta iniciativa fuera dictaminada en un plazo breve con las mejoras que todavía pueden imprimirse. Todos los días se están otorgando créditos para viviendas, las cuales todavía no tienen de manera obligada la dignidad y el decoro respaldados con la calidad que esta iniciativa le puede dar al hogar de las familias que adquieren vivienda popular y de interés social, que es precisamente el nicho en donde existe el mayor rezago. Hoy, 5 de diciembre del año 2002, mientras ustedes y yo estamos escuchando esta exposición, se otorgarán alrededor de mil nuevos créditos y un número similar día con día para alcanzar un total aproximado de 450 mil acciones de crédito en el presente año. Por cada día que demoremos el dictamen y aprobación de este proyecto y por cada día que se demore en el Senado de la República su revisión y aprobación y posteriormente su publicación, estaremos dejando pasar más de mil posibilidades diarias de coadyuvar con las familias beneficiadas para obtener una vivienda de calidad. Por esta razón, no debemos demorar el dictamen y su aprobación, haciendo rápidamente las aportaciones que la enriquezcan todavía más, ya de por sí rica con las 155 propuestas colectadas durante los foros de consulta. Otras características relevantes encontrarán ustedes en este proyecto, como es por ejemplo el impulso que le da al uso de recursos materiales propios de cada región para obtener componentes de construcción adecuados a la climatología regional. Finalmente, comunicamos a ustedes que hemos sido respetuosos de las facultades propias que en materia de vivienda tienen las entidades federativas y los municipios, para no caer en cuestiones de inconstitucionalidad y hemos hecho, por otra parte, lo que es posible de acuerdo a la normatividad vigente. Estoy seguro que lo que es deseable está aun por venir, si hay tiempo lo haremos y si no, próximas legislaturas tendrán un peldaño más que el que nosotros tuvimos en la Ley Federal de Vivienda todavía vigente, para seguir ascendiendo en una ley que respalde y coadyuve al interés del Presidente Fox, por otorgar 750 mil acciones de vivienda en el año 2006. Y fundamentalmente para tratar de satisfacer la injusticia que hasta hoy han tenido las familias de menos recursos al no poder acceder a una vivienda digna y decorosa. Hago entrega señora presidenta, de un ejemplar de esta iniciativa completa, al señor secretario. Y solicito a usted con el debido respeto que sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates. Agradezco la fineza de su atención. -PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Insértese al texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones de Hacienda y de Desarrollo social. Tiene la palabra el diputado Vitálico Cándido Coheto Martínez, del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que signan diputados del PRD y del PRI, entre los que se encuentra el diputado Héctor Sánche <López y el diputado Feliciano Moo y Can. Una iniciativa que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. -DIP. VITALICO CANDIDO COHETO MARTINEZ: Con su permiso señora presidenta; señoras diputadas; señores diputados: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados de diversos grupos parlamentarios, por mi conducto presentan a la consideración de esta Soberanía, la iniciativa de ley que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y abroga la Ley del Instituto Nacional Indigenista, al tenor de la siguiente: "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS "El Instituto Nacional Indigenista fue creado por ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1948. Condicionado por su momento histórico, la creación del INI respondió tanto al interés del Gobierno Mexicano, por crear una instancia de atención integral a los grupos indígenas de México, como a los compromisos internacionales adquiridos por México en el seno de la Organización de Estados Americanos en el marco del Primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en Patzcuáro, Michoacán, en 1940. "Desde su creación en 1948, el INI instrumentó la política indigenista del Estado Mexicano y en su evolución institucional fue limitado sus posibilidades para abatir las condiciones de aislamiento y marginación de las poblaciones indígenas. "En 1983 al INI se le asignó el rango de organismo público descentralizado y fue ubicado bajos la directriz de la Secretaría de Educación Pública. En 1992, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, pasó a depender de dicha Secretaría. Esta decisión gubernamental demostraba que la cuestión indígena era concebida como un asunto educativo y de combate a la pobreza. El Instituto perdió autenticidad al quedar subordinado a otras estructuras y al no reclamar su campo de acción propio y específico, como es la atención de una población culturalmente diferente. Perdió sus espacios de interlocución institucional y se convirtió en simple mano de obra operativa, El Instituto Nacional Indigenista es una institución que manifiesta inequívocos signos de agotamiento. Se encuentra en una situación de cuestionamiento constante de grupos académicos, organismos de la sociedad civil, del movimiento indígena y hasta de los partidos políticos. En sentido estricto, ha sido el principal y muchas veces el único organismo público encargado de atender las demandas de los pueblos indígenas, situación que corrobora su limitada cobertura de atención y explica, en gran medida, las condiciones de exclusión de los indígenas de los beneficios del desarrollo. En la práctica no ha habido voluntad para transformar la estructura orgánica creada por sus fundadores, diseñada para la acción integracionista y reproduciendo su vocación de asistencia social, manifestada claramente en sus funciones de suplencia institucional. A partir de 1977 se desechó la riqueza conceptual de Aguirre Beltrán y sus contemporáneos, sin que se pusiera un nuevo cuerpo teórico alternativo en la acción indigenista. La extrema pobreza y marginación de los pueblos indígenas es una realidad que ofende a la nación y cuestiona cualquier proclama de desarrollo y progreso de México. Esta situación menoscaba la consolidación democrática de nuestro país y dificulta la gobernabilidad. Esto es así porque el Estado mexicano no cuenta actualmente con una estrategia para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas. El indigenismo de la transición debe ser un replanteamiento profundo del cuerpo teórico, de metodologías, de estrategias, de objetivos, así como también para la aplicación de las políticas públicas. Y esto significa transformar, necesariamente, a las instituciones públicas. Por eso proponemos la creación del Consejo Federal y la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas como la nueva institucionalidad del Estado mexicano encargada de promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas. El Consejo y la Comisión tendrán como objetivo fundamental la promoción del desarrollo integral de los indígenas mexicanos, superando los esquemas que se agotan en políticas asistenciales o que sólo buscan paliar los efectos más lacerantes de la pobreza. Para lograr esos objetivos es preciso que el Consejo y la Comisión tengan amplias facultades en materia de políticas públicas indigenistas en todo el país. De este modo, la Comisión podrá convocar y coordinar a las diversas instituciones gubernamentales para definir las estrategias de desarrollo integral para los indígenas. Si no existen cambios estructurales en la política indigenista no se podrá hablar de una nueva relación Estado-sociedad nacional y pueblos indígenas. La sociedad mexicana y los pueblos indígenas reclaman una institucionalidad que coordine y oriente los esfuerzos para impulsar el desarrollo integral de éstos, que responda a sus demandas, que promueva el uso eficiente y responsable de los recursos públicos. A partir de la reforma al artículo 2 constitucional, en el 2001 se amplió el reconocimiento de la composición pluriétnica y pluricultural del Estado nacional. Como lo expusieron en su momento el constituyente permanente y el Ejecutivo Federal, se debe construir una nueva relación entre Estado, los pueblos indígenas y la sociedad nacional, fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en el diálogo entre culturas y el respeto y asunción de las diferencias. La sociedad mexicana y los pueblos indígenas reclaman una institución que coordine y oriente los esfuerzos institucionales para impulsar el desarrollo integral de éstos, que responda a sus demandas, que promueva el uso eficiente y responsable de los recursos públicos. "La conformación del Consejo Federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es de particular importancia ya que permite elevar a primer nivel la definición de las políticas de las dependencias y entidades de la Administración Pública encaminadas al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. "Al prever que será el Presidente de la República con el apoyo del Consejo quien defina e instruya las acciones necesarias para ese objetivo. "La participación en el Consejo de integrantes de foros indígenas y de académicos, es garantía para tomar en consideración las necesidades y prioridades de los pueblos indígenas. "Con base en estas consideraciones, proponemos a ustedes la propuesta que hoy entrego a esta Mesa y que por ser y tener un articulado muy amplio, el cual se concentra en el documento que aquí entregaré y solamente señalaré que tenemos el primer título que es del Consejo Federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. "En su capítulo uno se crea el Consejo Federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como órgano permanente de política y coordinación del Ejecutivo Federal en materia de desarrollo integral de los pueblos indígenas. "El segundo artículo contempla la creación del Consejo, el cual será presidido por el Presidente de la República y estará integrado por los titulares de los encargados del despacho. "Compañeros y amigos: A partir de que reformamos el artículo 2º. constitucional y en donde se establecen las responsabilidades de los tres niveles de gobierno en el apartado "b", ahora necesitamos de una institución que pueda interpretar cabalmente el espíritu de esta reforma, para que de esta manera podamos contribuir al desarrollo de los pueblos indígenas. "Dejo esta iniciativa con todo el articulado en la Mesa Directiva y pido que este documento pase para su análisis y dictaminación, a la Comisión de Asuntos Indígenas. "Compañeros y amigos: Deseamos y desde aquí convoco a todos los legisladores a que hagamos nuestro mejor esfuerzo para contribuir al pleno desarrollo de los pueblos indígenas de México. Muchas gracias." -