La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros: Muchas gracias. Es un honor volver a la máxima tribuna del país para informar a esta soberanía sobre el estado que guarda la Secretaría de la Función Pública. Si el primer año de nuestra administración dimos una vuelta de timón en el combate a la corrupción, este segundo año hemos acelerado la marcha para terminar con la impunidad y construir una administración pública orientada a la legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia, que verdaderamente contribuya al bienestar de los mexicanos. Este gobierno será recordado por moralizar la política y por inaugurar una nueva ética pública. Con hechos estamos demostrando que no encubrimos a nadie, que no actuamos bajo consignas y que no permitimos la impunidad. Hemos sancionado a algunos de los peores defraudadores del régimen pasado y estamos pintando una línea de cero tolerancia a las irregularidades del nuevo gobierno. Hemos impuesto más de cinco mil sanciones a servidores públicos, entre las cuales destacan más de mil 500 inhabilitaciones, casi mil suspensiones, más de 900 amonestaciones públicas, más de 800 amonestaciones privadas, casi 400 sanciones económicas y 282 destituciones. Todas estas sanciones se han determinado sin importar el nivel jerárquico o las conexiones políticas de los involucrados. A diferencia de otros tiempos, cuando los altos funcionarios se iban tranquilamente a sus casas a disfrutar el botín que le habían arrebatado al pueblo, en este gobierno desde la nueva función pública hemos sancionado a funcionarios de los más altos niveles, exsecretarios de Estado, exdirectores generales de empresas productivas del Estado, exgobernadores y otrora miembros del gabinete de seguridad, enfrentan ya procesos judiciales y administrativos. Rosario Robles, Emilio Lozoya, Edgar Torres Garrido y algunos de sus cómplices han recibido, de parte de la Secretaría de la Función Pública, la sanción administrativa más alta posible y, a diferencia de gobiernos pasados, esta administración no ha protegido a nadie. La impunidad ante violaciones a los derechos humanos también es historia. La tragedia de la Guardería ABC, la masacre de Tanhuato o la matanza de Nochixtlán, episodios llenos de oprobio del régimen pasado que fueron encubiertos, contrastan con la rápida inhabilitación que la Función Pública impuso a los responsables de que una niña guatemalteca perdiera la vida por negligencia médica en una estación migratoria por culpa de funcionarios de esta administración. Igualmente, concluimos en tiempo récord la investigación para sancionar a los responsables del incendio ocurrido en las instalaciones de migración en Tenosique, donde dolorosamente también se perdió una vida. Esta nueva Secretaría de la Función Pública hace honor a su nombre y auspicia la prevalencia del interés público sobre cualquier otro. En esta administración hemos aplicado todas las sanciones administrativas a nuestro alcance y, además, hemos promovido procesos judiciales. De hecho, en solo dos años, he presentado ante la Fiscalía General de la República más de 513 denuncias penales, dos veces más que en todo el sexenio pasado. Estamos construyendo también una andamiaje jurídico que permita una lucha eficaz contra la corrupción y la impunidad. Hemos participado como todos saben en iniciativas de leyes y normas diversas destinadas a mejorar el funcionamiento del gobierno federal. En el inicio del gobierno, para abrir un resquicio de impunidad a los servidores públicos de la administración pasada, se nos dejó una manzana envenenada con la nueva ley. Cuando llegamos a esta administración, no quedaba claro si la facultad de sancionar esos casos de impunidad del pasado correspondía a la Secretaría de la Función Pública o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nosotros adoptamos un criterio administrativo que defendimos en todos los tribunales, incluso acudimos a la Suprema Corte de Justicia donde su servidora, en mi carácter de titular de la Secretaría de la Función Pública, denuncié la existencia de una contradicción de tesis que fue reconocida por el máximo Tribunal constitucional. Así pues, este año, con éxito promovimos esa contradicción de tesis ante la Suprema Corte para hacer valer la actuación sancionadora de la Secretaría de la Función Pública en los actos de corrupción ocurridos antes de 2017, pero investigados después de la entrada en vigor de la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hace muy poco, el 23 de octubre quedó ya publicada en el Semanario Judicial de la Federación esta nueva tesis de jurisprudencia. En adición al puntual cumplimiento de la ley, la imposición de sanciones obedece también a una política que, como se ha constatado, incluye a particulares que han buscado desviar hacia fines inconfesables la función pública. Durante mi gestión al frente de esta dependencia hemos sancionado a 321 proveedores y contratistas. Hemos impuesto multas resarcitorias por un monto de más de mil 500 millones de pesos, en particular, mil 581, 21 millones de pesos. Hemos asumido nuestra responsabilidad como garantes de la legalidad y la probidad en el servicio público. Especialmente a lo largo de la pandemia se han realizado acompañamientos fiscalizadores y de asesoría a más de 3 mil 300 procesos de contratación en el sector salud por más de 9 mil 500 millones de pesos. Estamos pues realizando una revisión escrupulosa de todas las contrataciones para asegurar que la emergencia no sea pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México. Este gobierno auspicia el derecho a la salud y asegura que este prevalezca por encima de cualquier interés de lucro. Estamos construyendo un nuevo andamiaje nacional e internacional de compras justas y honestas. Por eso, el pasado 15 de octubre de 2020, en mi carácter de representante del Poder Ejecutivo federal ante el Sistema Nacional Anticorrupción y durante la cuarta sesión ordinaria del Comité Coordinador del SNA, propuse el nuevo protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas elaborado desde la Unidad de Ética e Integridad y Conflicto de Interés de la Secretaría de la Función Pública. Estamos decididos a terminar con las prácticas corruptas que anteponían intereses privados al interés general. Desde septiembre de 2019, hemos recibido y atendido más de 27 mil denuncias por posibles actos de corrupción. En las últimas semanas hemos aplicado multas por más de 21 millones de pesos a una docena, más de una docena, de proveedores, muchos de ellos monopolios que a través de mentiras, incumplimientos y defraudaciones afectaron la operación del ISSSTE y sus usuarios. Asimismo, el 16 de octubre inhabilitamos y multamos a las empresas Fisa y Vimesa, que participaron de manera conjunta en una adjudicación directa del IMSS para servicios de anestesiología. Ambas empresas falsearon información y actuaron con dolo contra el Estado y nuestro sistema de Salud. Desde el 11 de septiembre de este año, se le rescindió también el contrato a la empresa Fénix Farmacéutica, que subrogaba los servicios para el abasto, administración y dispensación de medicamento en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Actualmente, este proveedor cuyo contrato está, como ya dije, rescindido, se encuentra sujeto a un proceso por la Función Pública, para reintegrar los pagos en exceso. Con la ayuda de los ciudadanos, la transformación de México y su cruzada contra la corrupción avanza con paso firme. Por eso, este 19 de octubre publicamos en el Diario Oficial de la Federación el nuevo protocolo de los alertadores internos y externos de la corrupción, en el cual se establecen los pasos para elaborar el análisis de riesgo y las medidas de protección para quien tiene el valor de denunciar actos de corrupción. Hemos realizado también visitas de seguimiento para atestiguar, personalmente, cómo se prestan servicios a la ciudadanía en las entidades y dependencias de la administración pública federal. El 18 de septiembre pasado visitamos, junto al comisionado Francisco Garduño, las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Ahí verificamos mejoras evidentes en los trámites para los usuarios. Desde principios de año, durante todo el mes de febrero acudí junto con el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud en nuestro país, el doctor Gustavo Reyes Terán, a varias visitas de inspección a los hospitales de alta especialidad para asegurar que teníamos las capacidades necesarias para enfrentar la pandemia y todas las necesidades de salud de los mexicanos. Nunca antes se habían realizado estas visitas de inspección por parte de funcionarios de estos niveles. También con la maestra Raquel Buenrostro, el pasado 21 de febrero visitamos las instalaciones del Centro de Formación Tributaria de Comercio Exterior, en Querétaro, y junto con el administrador central de aduanas, el maestro Duarte, también hemos venido trabajando para blindar las aduanas del lastre de la corrupción. Sumando esfuerzos, hemos dado resultados. En particular, en este tema de las administraciones portuarias integrales, ahora la Función Pública ha implementado un plan integral para acompañar a la Secretaría de Marina a lo largo de esta transformación. Aprovecho para reconocer a la Armada de México y, en especial, al almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, por su voluntad y disposición para trabajar con la Función Pública. En las Apis hemos realizado más de 200 investigaciones sobre corrupción, colusión, conflictos de interés y diversas faltas administrativas y hemos realizado casi 100 auditorías, sancionando ya a media centena de servidores públicos involucrados en estas investigaciones. Por supuesto, hemos acompañado a los proyectos prioritarios, como el tren maya, las becas Benito Juárez, donde hemos constatado que se hayan otorgado los recursos millonarios para ellas, los apoyos y se hayan erogado correctamente los miles de millones de pesos. En el proyecto de la refinería Dos Bocas también, en Paraíso Tabasco, estamos trabajando con clara voluntad. Este proyecto de la nueva refinería está siendo fiscalizado con seis servicios de auditoría, lo que permite tener una fiscalización integral en cada uno de los procesos que intervienen en Pemex Transformación, en la Dirección Corporativa de Finanzas, en la filial PTI, además de las auditorías concomitantes que realiza la Auditoría Superior de la Federación. Para el proyecto de rehabilitación de las seis refinerías del país, también estamos innovando en la fiscalización con un servicio de prevención, que incluye asesoría en procesos que tienen que ver con Pemex Transformación Industrial, con lo cual se da seguimiento al cumplimiento normativo. Y también, advertimos de los riesgos y posibles irregularidades para cerrarles el paso a buen tiempo. El régimen anterior heredó deudas millonarias y colocó a Pemex como la empresa petrolera más endeudada del mundo. Hoy la Secretaría de la Función Pública, a través de su Unidad de Responsabilidades, y junto a la Auditoría Interna de Pemex están revisando todos estos adeudos, para el pago conforme a derecho y procediendo a las denuncias correspondientes. En el último año también, la Auditoría Interna de Pemex y su Delegación de Auditoría de Pemex Exploración y Producción efectúo auditorías que derivaron en recuperaciones y ahorros por 7 mil 225 millones de pesos. Hemos presentado también denuncias administrativas y penales por más de 462 millones de pesos y ello nos ha permitido erradicar prácticas indebidas y generando ahorros en esta materia por más de mil 237 millones de pesos. Con estas acciones no permitiremos que se usen los elevadores, que los tramposos quieran subirse a ellos, mientras nosotros, la mayor parte del pueblo, barremos la corrupción de arriba hacia abajo. Les saldremos al paso a ellos, porque México ya cambió. Señoras y señores, la cuarta transformación avanza con el apoyo del pueblo. Hoy el 65 por ciento de los mexicanos confía en la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente de la República, y que coordinamos con gran honra desde la Secretaría de la Función Pública. Gracias al trabajo que hemos realizado se duplicó la confianza en el gobierno federal y se redujo en más de 23 por ciento la percepción de corrupción en este orden de gobierno. La cuarta transformación avanza y la corrupción se reduce. El Índice de Percepción de la Corrupción Internacional, el indicador más importante, ha reflejado que hemos escalado ocho posiciones en él. Pero el juicio más importante, más allá de los rankings es el juicio del pueblo y de la historia. Y ahí no hay deuda, tenemos la conciencia tranquila. La cuarta transformación avanza y México se engrandece. Porque, como decía el poeta José Martí, servirse de los dolores de un pueblo es la mayor ignominia. Pero respetar a un pueblo que espera de nosotros es la mayor grandeza. Muchas gracias a todas.