El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputadas, diputados, hoy damos inicio a una nueva legislatura que además de ser la primera que se configura con una paridad total, inicia con claridad en sus compromisos de no desperdiciar ni un instante en la encomienda de seguir impulsando aquellos proyectos que modernicen el andamiaje legal de nuestra nación. Por eso me presento ante ustedes para dar cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Una de las principales consecuencias de este proyecto será la abrogación de una ley anacrónica, plagada de vericuetos legales e incompatibles con las ideas del combate a la corrupción e impunidad que, puedo asegurar, unen a quienes hemos sido honrados con esta encomienda legislativa. De contar con su voto a favor, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ha de dar un paso a la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Un marco jurídico moderno, respetuoso del debido proceso, pero, sobre todo, que corresponde con agilidad, legalidad y justicia a la demanda colectiva que nos dice no más impunidad. Impunidad que, como todos sabemos, se ha refugiado por décadas en el fuero, esa mal utilizada figura constitucional que concede inmunidad procesal penal a los altos servidores públicos y que en realidad ha servido para fraguar un esquema de protección para las complejas redes de corrupción y delincuencia organizada desde la función pública. El fuero debería cumplir una función de los cargos estratégicos para la estabilidad, permanencia y continuidad de las funciones torales del Estado, pero se ha traducido en un privilegio de franca impunidad. De este modo, trascendemos de un catálogo de cuasidelitos y faltas oficiales que mantenían elementos subjetivos y discrecionales de una normatividad que privilegia las formalidades esenciales del proceso y que mantiene una lógica procedimental que fue muy difícil de hallar en la ley que hoy estamos abandonando. En la iniciativa que se presenta se plasma el resultado de la investigación realizada en su momento por la Comisión de Gobernación y Población de la pasada legislatura, en la que advertimos que la ley vigente, Ley de Responsabilidades, mantiene un intrincado y rebuscado serial de procedimientos que no tienen como finalidad la justicia, sino más bien crear posibilidades para que el funcionario corrupto, pero útil al viejo régimen, encuentre recovecos y eluda la imposición de una sanción. Ante los casos notorios de corrupción de ex servidores públicos que en el pasado se sirvieron del esfuerzo de una nación para forjar su patrimonio, no podemos hacernos ciegos y sordos si se acompaña de pruebas y elementos de convicción, el repudio y reproche social deben transformarse en soluciones que rompan con la impunidad y el cómplice silencio que reinó en el pasado. El reproche social creciente fue escuchado por legisladoras y legisladores que en su momento avalaron la viabilidad de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia que contiene en la iniciativa propuesta a su consideración. Hoy, el reto es refrendar el compromiso con la nación y votar en congruencia con lo que habremos de defender durante toda esta legislatura. Por ello, pido atentamente a la Presidencia que con fundamento en el artículo 65, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados se considere esta propuesta como de urgente resolución. Habrá quienes digan que la dispensa de trámites no es urgente, que no es necesaria, que no se justifica. Quien así lo diga y lo sostenga es obvio que está a favor de que prevalezca la corrupción y la impunidad. Quiero destacar que ya se ha realizado una reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue publicada en el Diario de la Federación el 19 de febrero de 2021, con objeto de eliminar el sistema de impunidad que privilegiaba al presidente de la República. Es precisamente esa reforma la que da materia a la presente iniciativa. Se trata de regular el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio penal al presidente cuando en el ejercicio de función incurra en delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Claro, claro que no somos iguales. Nosotros nos debemos al pueblo, y el pueblo quiere que se acaben prácticamente privilegios y que la impunidad llegue a su fin. Nosotros estamos aquí para cumplir, para cumplirles. Claro que sí, vamos y estamos dispuestos y a combatir y erradicar la corrupción. A nosotros claro que nos urge, a nosotros claro que nos interesa. Por ello pido a todas y, a todos, un voto a favor de esta iniciativa. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros. Muchas gracias.