La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es un dictamen de suma importancia que atenderá en la parte del flujo de efectivo, que no llega al sistema financiero, uno de los principales motivos por los cuales nuestro país se encuentra en las condiciones económicas actuales, que es el blanqueo de los capitales del crimen organizado. Este lavado de dinero que legitima a los capitales, es el fin último de legalizar el dinero mal habido, de quienes especulan con el sufrimiento de las ciudadanas y de los ciudadanos de este nuestro país. Esta minuta tiene como objetivo la prevención de operaciones con recursos provenientes de actividades ilegales o criminales que consisten en seguir procesos para identificar y conocer a sus clientes, para vigilar los actos u operaciones que realizan, y para reportar a éstos a la autoridad competente, eliminando la obligación de conocer las actividades económicas del cliente y concentrar la obligación en la identificación de los clientes o usuarios que realizan las actividades vulnerables, evitando que el ciudadano se convierta en el investigador, además de que podrán agruparse voluntariamente en torno a una entidad colegida para que ésta presente los avisos. Propone imponer la obligación de reportar las operaciones que se realicen por concepto de la venta de vehículos y donativos, y que resulten en recibir pagos en efectivo por montos iguales o equivalentes a 3 mil 210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, equivalentes a 200 mil pesos. Así como restringir el uso de efectivo en determinadas operaciones vinculadas a activos considerados de alto valor para obstaculizar al crimen organizado y que pueda colocar el alto volumen de efectivo que genere su actividad criminal dentro de la economía formal, así como limitar que lleve a cabo procesos de lavado de dinero, protegido por el anonimato que el uso del efectivo permite, ello bajo la supervisión y sanción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Procuraduría General de la República y su nueva unidad especializada de análisis financiero. No se trata sólo de que México supere el nivel de prevención bajo y reprobable en el que actualmente se encuentra por la evaluación del grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, el GAFI, sino que México en realidad vaya a la parte central con la que debió iniciar esta lucha contra el crimen organizado, que es el usufructo que hacen con las ganancias provenientes de actividades ilícitas y no al contrario, donde hemos tenido estas graves y devastadoras consecuencias. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estiman en 10 mil millones de dólares el excedente que registra el Sistema Financiero Mexicano y que presuntamente tiene su origen en actividades ilícitas. Asimismo se estima que en Estados Unidos se destinan anualmente 65 mil millones de dólares para la compra de drogas. Lo anterior nos indica que al terminar con el lavado de dinero o el blanqueo de capitales, implica sólo una revisión de la normatividad vigente en materia financiera en el país, a fin de revisar el secreto bancario y de una estrecha colaboración internacional, con el debido respeto a nuestra soberanía y la de los demás países, pero con la claridad de la existencia de grandes áreas de opacidad financiera y fiscal mundiales que no nos ayudan a este tipo de esfuerzos que hemos venido realizando en nuestro país. Necesitamos entonces de una nueva arquitectura financiera que mejore y vuelva más eficiente el combate al lavado de dinero, que sea capaz de identificar a los verdaderos dueños de este negocio y a hacer verdaderamente efectivo el estado de derecho que establece nuestra Constitución, ante el fracaso de la lucha contra el crimen organizado y la falta de estrategia y el fortalecimiento d las instituciones encargadas de ello, y dado que se debió comenzar por este tipo de leyes por el bien del país, para evitar la simulación y el enriquecimiento de los grupos del crimen organizado, pero también que a la vez proteja, por encima de todo, los derechos humanos de la ciudadanía de nuestro país. Por su atención, compañeras y compañeros, es que el Grupo Parlamentario y por estas razones que hemos expuesto aquí votaremos a favor de esta minuta.