El diputado Raciel Pérez Cruz: Con su permiso, ciudadana Presidente. El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Ley Fundamental y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Diversos estudios sobre las causas que dieron origen a la Revolución Mexicana, a pesar de tener diferentes enfoques, plantean una convergencia al definir que el movimiento armado de la primera década del siglo pasado en nuestro país, es ante todo, un movimiento anticentralista; es decir, un movimiento social de la periferia contra el centro. Paradójicamente, al término de la lucha armada la nación estaría dividida bajo un ordenamiento político y legal sustentado en un centralismo más agobiante sobre las bases de un partido hegemónico, el poder absoluto de la figura presidencial y las corporaciones de sectores sociales que otorgarían estabilidad política durante algunas décadas. En consideración, los gobiernos estatales y municipales, se desarrollaron dentro de la estrechez del poder vertical surgido de la Federación y dirigido por el Presidente de la República. Los gobernadores y presidentes municipales reprodujeron, en distintas escalas, las formas, prácticas y costumbres también de poderes locales sumamente centralizados. Por ello, no sorprende que la Carta redactada en Querétaro en 1917 integrara como orden constitucional en su artículo 115, el fundamento para establecer que la organización de los estados tendría, como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre; y asimismo este artículo constitucional planteara las bases de su organización, sobresaliendo especialmente las siguientes: El ayuntamiento electo en votación popular directa, sin autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado. La administración libre de su hacienda dependiente de las contribuciones que señalaren las Legislaturas de los estados y otorgara personalidad jurídica al municipio para los efectos legales pertinentes, dejando en la indefinición las facultades específicas de los cargos con que integra o de que debe componerse el gobierno del ayuntamiento. A lo largo del siglo pasado, el municipio como entidad de gobierno tuvo una función nula, marginal en el sentido de su soberanía gubernamental y política. Su acceso a la justicia federal hasta hace poco más de una década no existía en los hechos, aun a pesar de contar con los recursos de controversia constitucional y amparo. Cabe hacer la crítica de que, a pesar de ampliar las facultades de los municipios, las reformas de los años 1982 y 1999 sólo plantearon la función de los ayuntamientos para asociarse, ser prestadores de servicios, fijar y ser recaudadores del impuesto inmobiliario, pero no modificaron el de su función como entidad de gobierno ni sus facultades políticas. Actualmente los conflictos municipales se evidencian en la asignación presupuestal participable que confiere la Federación a los estados y estos últimos a los municipios, tal como lo establece el artículo 73 de nuestra Carta Magna. Es importante señalar que a todo lo largo y ancho del país se identifican 55 zonas metropolitanas que integran cientos de municipios, desde Tijuana a Cancún, y municipios de grandes dimensiones poblacionales hasta con casi cuatro millones de habitantes, como los de la zona oriente del Valle de México. Municipios altamente industrializados como los del estado de Nuevo León, lo que los convierte en entidades político-administrativas con un manejo de recursos considerable, superior en muchos casos a algunos gobiernos de los estados. Asimismo, municipios que viven en una gran precariedad de recursos, incluso aquéllos regidos por los usos y costumbres, como los del estado de Oaxaca, que en los últimos años han solicitado a la Auditoría Superior de la Federación auditorías para sus ayuntamientos, por la presunta irregularidad en los manejos de los recursos de la hacienda municipal. Estas asimetrías y desproporciones se agudizan y cobran fuerza en el ámbito de las sobreatribuciones que ejerce el presidente municipal como jefe o quien preside al ayuntamiento. Hay una indeferenciación en las facultades expresas entre los presidentes municipales, los regidores y los síndicos. En todo el artículo 115 constitucional no existe una sola línea que defina las funciones específicas de los cargos de los integrantes del ayuntamiento, lo que provoca concentración del poder personal del presidente municipal y centralización de la administración municipal. Es fundamental dotar de contrapesos y equilibrios al municipio. Compañeras y compañeros. Esta Cámara de Diputados obtuvo una facultad reformadora, cuando en el artículo 74 constitucional se estableció de manera expresa que esta soberanía tuviera, entre otras de sus facultades, aprobar o modificar el Presupuesto anual enviado por el Poder Ejecutivo federal. Facultó a cada uno de nosotros, en virtud de nuestra representación popular y como Asamblea deliberante, a tomar parte en uno de los aspectos más significativos y donde cobra vida una de las formas expresas de equilibrios entre poderes. Al diferenciar tan solo la aprobación y modificación de los presupuestos de egresos de los municipios, que sea facultad exclusiva de los síndicos y regidores, a propuesta del presidente municipal, se contribuiría a sensibilizar a los gobernantes de los municipios, originaría que las Legislaturas de los estados modificaran las leyes locales para facultar con exclusividad a regidores y síndicos dando apertura a la descentralización de la administración municipal y comenzar a sentar las bases para el funcionamiento democrático del gobierno del ayuntamiento. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma el penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único. Se reforma el penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. "Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos municipales serán aprobados en cabildo por los síndicos y regidores, previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el presidente municipal, con base a sus ingresos disponibles". Es cuanto, ciudadana Presidente. Muchas gracias.