La diputada Nora Elena Yu Hernández (PRI): Con su permiso, señor Presidente. La suscrita diputada, Nora Elena Yu Hernández, y los diputados de Chihuahua, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, que instruya al Secretario de Seguridad Pública, así como al Procurador General de la República, reasigne personal para apoyar el Programa de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua, a tenor de las siguientes CONSIDERACIONES PRIMERA.- Ante la creciente ola de ejecuciones y homicidios que se han incrementado en los últimos años en el estado de Chihuahua, las autoridades federales responsables de prevenir el delito y combatir la delincuencia organizada, han asumido el expediente fácil de aplicar a sus compromisos subrogándolos en las entidades federativas en vez de diseñar programas que inhiban a la industria del crimen. En tanto la delincuencia organizada prospera, el gobierno sólo ofrece paliativos ante este fenómeno que lo rebasa. El panorama no es promisorio, ya que no existen prospectivas confiables, que nos permitan prever que se revertirá el fenómeno, nuestro estado continúa siendo escenario de violentas ejecuciones entre narcotraficantes y bandas organizadas y no ha habido autoridad capaz de frenar esa escalada de violencia. Como respuesta el gobierno federal nos da cuentas alegres, declaraciones triunfalistas, manipulación de cifras, pasividad, ineficiente coordinación institucional, pobre investigación y combates aislados basados en chihuatazos. Por eso no bastará, nos llama poderosamente la atención, el hecho de que a partir del anuncio sobre cambios en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se avisó del retiro del personal de dicha dependencia asignado a nuestro estado, teniendo como consecuencia un descarado incremento en hechos trágicos y delictivos, sin que hasta el momento se haya tenido un pronunciamiento del gobierno federal ante este grave problema. Es lamentable la indiferencia y el desinterés por quien se supone es la autoridad competente en los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- Se exhorta al presidente de la república para que intervenga a instruya a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República su definición respecto a los hechos que aquí denunciamos. SEGUNDO.- Se solicite a la Secretaría de Seguridad Pública que informe sobre los resultados obtenidos durante el tiempo que duró el operativo en el combate de delitos de narcotráfico y bandas organizadas, y que informe de las causas o razones del retiro de la PFP y demás autoridades del estado de Chihuahua. TERCERO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo instruya al Secretario de Seguridad Pública para que permanezcan los efectivos que estaban asignados al estado e informe trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre los resultados de dicho operativo a partir de que sed restaure el programa. Atentamente, los diputados del estado de Chihuahua del grupo parlamentario del PRI. Gracias señor presidente.