El diputado Victor Gilberto Aguilar Espinosa: Gracias, presidenta. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las reservas que presentamos a nombre del Grupo Parlamentario del PRD las vamos a dividir en dos grandes temas. El primero es, sin duda, la necesidad de desaparecer el consumo de la cannabis y la segunda, el problema que representa que la Conadic se haga cargo de los trámites administrativos que se establecen a partir de la emisión de la Ley Federal de Regulación de la Cannabis, como la expedición de permisos y licencias. En el primer tema debemos señalar que ha sido la bandera histórica de nuestro partido la despenalización del consumo de drogas, particularmente la cannabis. Hemos sostenido que, en diversas ocasiones, que las políticas prohibicionistas promovidas durante la segunda mitad del siglo pasado, únicamente han generado violencia y sangre en nuestro país. Hoy tenemos la oportunidad de generar una nueva política que, en congruencia con lo que se está impulsando en otros países, establezca condiciones de convivencia en las cuales el consumo responsable de la cannabis sea un problema individual y el consumo problemático se atienda en las instituciones de salud sin criminalizar a las personas que son usuarias. Debemos ser conscientes de que en la actualidad los ingresos de las organizaciones delincuenciales por el tráfico de estupefacientes no provienen del tráfico de marihuana sino, particularmente, de sustancias como el fentanilo, cuya acción adictiva supera por mucho al de la cannabis. Diversos autores han sostenido que debemos de avanzar en la despenalización de la posesión de las drogas para el consumo personal, ya que el Estado debe regular las condiciones que hagan posible el acceso a las mimas de forma responsable. Desde nuestra perspectiva debemos promover la responsabilidad de las y los ciudadanos, no establecer legalmente la promoción de planes de vida que respondan a un mandato moral, como el que pretende el dictamen que se ha puesto a consideración de esta asamblea, porque ello entra en conflicto con la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionalmente los planes de vida que mejor le convengan de acuerdo a sus preferencias. Por ello, que desde que se tomó la decisión de enfrentar al narcotráfico con las fuerzas armadas, el país es más violento e inseguro, más de 500 mil muertes, importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas llevaron a nuestro país a ser observado por organismos internacionales de derechos humanos. Y, en consecuencia, que desde el PRD hemos propuesto un cambio de paradigmas al modelo prohibicionista insostenible por el gran sufrimiento humano que ha provocado, truncado la vida de muchas familias, imponiendo a los consumidores penas desproporcionadas en una condición precaria, lamentables, consecuencia de lógica, pero no legítima de estas políticas es que el sistema judicial y la capacidad de las prisiones han sido rebasadas. Y la persecución de estas personas ha absorbido una cantidad enorme de recursos que se podrían haber destinado a una política social de prevención de las instituciones más efectiva. El mantener este sistema prohibicionista, continuaría una restricción de los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual. Todo en relación con un principio de dignidad humana, así como el derecho a la disposición de la salud, ya que el Estado no puede socavar o suprimir las acciones que realice cualquier individuo para individualizarse dentro de la sociedad, a menos de que existe un interés superior que lo justifique, pues el individuo tiene el derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida y la manera en que logrará los objetivos que considere relevantes. Todo lo anterior hace evidente que la prohibición para consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, por lo que el Estado, al asumir una postura paternalista, que trata a los ciudadanos como si no fuesen seres lo suficientemente racionales para tomar sus propias decisiones. Lo cual podría llegar al extremo de prohibir sustancias como el tabaco, el alcohol, el azúcar, la grasa o la cafeína. La elección de consumir marihuana es una decisión estrictamente personal, pues el individuo es quien padece el cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia. Por tanto, a través de estas medidas prohibicionistas el Estado asume que el individuo no tiene capacidad racional para disponer de su cuerpo, mente y persona. Las presentes reservas plantean que se eliminen todos los supuestos en los cuales el cultivo y el consumo del cannabis sean penalizados. Adicionalmente, debemos señalar que diversas especialistas han propuesto, en muchos foros, que tratándose de la marihuana es necesario modificar la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, establecida en el artículo 479 de la Ley General de la Salud. Y planteando que es necesario proponer reformas para que se establezcan otros criterios, con la finalidad de evitar la discreción que se da en las dosis mínimas, por lo que proponemos eliminarla de la tabla. Esto permitirá evitar, como actualmente sucede, que se tenga por acreditado, sin más elementos, el delito de narcomenudeo, por la simple portación de una cantidad indeterminada de marihuana, que puede ser incrementada o sembrada. En este momento los consumidores que rebasan la cantidad prevista en la tabla, se les somete a un proceso penal en un sistema carcelario injusto e impune, ya que para policías, ministerios públicos y jueces no es necesario evaluar las circunstancias de la posesión ni las evidencias concretas, aunque estas existan y sugieran que la posesión era con fines de consumo personal. El resultado de este uso de umbrales para fijar montos máximos de portación para consumo, por encima de los cuales se presumen la comisión de un delito con fines de comercio, es no solo la criminalización de consumidores, sino también de violación del derecho de presunción de inocencia de estas personas. El uso de sanciones, de cárcel implica importantes costos para las personas que son detenidas y encarceladas. Significa no solo la privación de la libertad, sino la vulnerabilización de otros derechos básicos, como el derecho a la salud, la limitación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la libertad de conciencia y al derecho a la libertad de expresión, y una carga para los familiares de estas. Implica, además, importantes costos para sus dependientes, familias y comunidades, que son empobrecidas por el encarcelamiento de su familiar. Por tanto, el reconocimiento a las personas usuarias de drogas como sujetos plenos de derecho es imprescindible, lo que nos conduce al segundo bloque de reservas que presento en este momento y que están destinadas a designar a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Cofepris, como la autoridad competente para ejercer la rectoría sobre la cadena productiva de cannabis psicoactivo y sus derivados y su consumo, en lugar de la Comisión Nacional contra las Adicciones, que es la Conadic, como se establece en el dictamen que discutimos. Debemos señalar, el 12 de enero de 2021 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia del control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos, en el que establece su artículo 7, que corresponde a la Cofepris, la regulación, control y fomento sanitario relacionados con los fines médicos y de investigación y fabricación de la cannabis, sus derivados y farmacológicos y medicamentos, así como su control y seguimiento conforme a lo establecido en la Ley General de Salud y, además, disposiciones jurídicas aplicables. En este sentido, la propuesta que analizamos señala que será la Conadic la instancia en la que se convierta el órgano regulador. Hemos revisado cuidadosamente la normatividad de esta comisión y debemos señalar que ninguna de las facultades y atribuciones de la Conadic tiene que ver con el ámbito regulatorio que se pretende dar a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. En ningún momento ha recibido solicitudes ni ha expedido licencias y mucho menos ha realizado supervisión. La Conadic surge en el 2016, a partir del decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, el cual operaba desde el 2011, para transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, teniendo como tarea fundamental la prevención de las adicciones. El darle las facultades que se plantean en la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis a este órgano, resulta estigmatizante y discriminador, debido a que no contempla el consumo responsable, y el señalar a los y los consumidores como adictos, sin reconocer su derecho al desarrollo de la libre personalidad desde el diseño mismo de la arquitectura institucional, motivo por el cual se busca que sea la Cofepris la autoridad que regule la producción y comercialización de la cannabis, ya que en la actualidad este órgano desconcentrado tiene a su cargo la regulación y fomento sanitario de la cannabis. Lo cual evitaría adicionalmente desvirtuar la naturaleza jurídica de la Conadic. Es por todo lo anterior, que las reservas que proponemos tienen por objeto sustituir en la propuesta de las comisiones dictaminadoras a la Conadic por la Cofepris, como órgano regulador en esta materia. Es cuanto, presidenta.