LA C. CLAUDIA HERNANDEZ: Muchas gracias, buenas tardes. La mesa 7, Institucionalización de la perspectiva de género. Reformas legislativas en la administración pública y en el Poder Judicial. Presidió la mesa Ana Rosa Payán Cervera, presidenta municipal de Mérida. La secretaria, Angeles Cortés. Escrutadoras Blanca Ambriz Flores y Lucía Arriaga Sánchez. Relatoras, Patricia Barrera y su servidora. Se recomienda a los órganos legislativos estatales y federales instrumentar estrategias puntuales para sugerir a las instituciones formas concretas de incorporación de la perspectiva de género, pero además contemplar instrumentos de evaluación, verificación y seguimiento a las mismas. De igual forma es conveniente que los institutos o instancias estatales de las mujeres encargados de la institucionalización de la perspectiva de género a nivel federal y en los estados de la República revisen y evalúen cómo las instituciones están llevando a cabo este proceso a fin de evitar la mutilación de lo que comúnmente es objeto esta perspectiva al convertirla en algo neutro y casi caritativo para las mujeres. Para garantizar la aplicación de la perspectiva de equidad de género como eje rector de la administración pública en los tres ámbitos de gobierno se propone: introducir, en el artículo 25 constitucional, la frase "equidad de género", con la finalidad de que el Estado garantice la rectoría del desarrollo nacional que permita el pleno ejercicio de la libertad, equidad de género y dignidad de los individuos. Introducir, en el artículo 26 constitucional, la frase "y con equidad de género" para que diga que la planeación será democrática y con equidad de género. Introducir, en el artículo 113 constitucional, la frase "respeto a la equidad de género" para que se señale: "Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinen sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, respeto a la equidad de género y eficacia en el desempeño de sus funciones". Que sea obligatorio presupuestar, con enfoque de género, y de garantizar que las mujeres participen en el proceso. Para contribuir al proceso de homologación de las leyes nacionales con los compromisos adquiridos con la Sedao se propone modificar algunos artículos de la Ley de Planeación, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y sus reglamentos para que se aplique con equidad de género, incluyendo los mecanismos de la rendición de cuentas. La transversalización de la perspectiva de género en las políticas significa que los programas del Estado se modernicen para incluirla. Convocar a una nueva alianza para que todas las mujeres accedan a un programa básico de derechos y oportunidades, en especial que se incluya a las mujeres indígenas. Pago igual por trabajo igual no al examen de gravidez. Propiciar que las mujeres, y en particular las madres solteras y jefas de familia, tengan acceso a programas de apoyo como créditos a la vivienda en los ámbitos estatales y federal. Promover que los medios de comunicación utilicen una imagen participativa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Solicitar una legislación en materia laboral que proteja en las áreas de salud y en sus derechos civiles, políticos, a las mujeres artistas profesionales de la música, la danza, la literatura y las artes plásticas en general. No basta que las leyes prohíban la discriminación, se requiere del establecimiento de políticas destinadas a erradicar las actitudes discriminatorias, aplicar los convenios internacionales de la OIT, que evitan la discriminación laboral, la revisión de los derechos de maternidad. Hay la necesidad de realizar políticas de acción positiva, como incluir en la Ley de Ingresos de la Federación, estímulos fiscales a favor de las empresas, que contribuyan a la educación de sus trabajadoras y trabajadores a través de programas de capacitación y desarrollo y establezcan políticas de apoyo para el cuidado de las hijas y los hijos. Se propone la reducción del 1 % del importe de su nómina general en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta. Legislar para que el producto interno bruto (PIB) sea destinado a la seguridad social un porcentaje que sea prioritario para el Estado, antes que el pago de la deuda externa. Instrumentar mecanismos para que sectores como el de la maquila, empleadas del hogar y sectores informales tengan acceso a la seguridad social en todos los rubros. Legislar para que las instituciones como el ISSSTE y el IMSS, se mantengan como instituciones de seguridad social sin riesgo de ser privatizadas. La procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de las hijas y los hijos exige la responsabilidad compartida entre mujeres y hombres. Se propone replantear políticas públicas de empleo para facilitar que se compartan las responsabilidades familiares y se promueva el pleno desarrollo de ambos. Se requieren esfuerzos para facilitar la reestructuración familiar de manera que se promueva la distribución de cargas de responsabilidades de hombres y mujeres en la familia mediante leyes e incentivos apropiados. Se reflexionó sobre la necesidad de entender que la familia en México hoy, es diversa y plural y que su composición tradicional ha cambiado. Se requieren medidas apropiadas para tener en cuenta el papel y las funciones reproductivas de las mujeres y eliminar las prácticas discriminatorias de empleadores, tales como no contratar o despedir a mujeres debido a embarazo o lactancia materna o exigir pruebas de utilización de métodos anticonceptivos; medias eficaces para garantizar que mujeres embarazadas con licencia de maternidad o que se integran al mercado laboral después de la maternidad, no sufran discriminación alguna. Campesinas y pescadoras de Yucatán pidieron crear granjas de agua dulce para generar fuentes de empleo, sobre todo después de los huracanes en las épocas de norte porque son personas que mueren de hambre. La red de refugios de mujeres en la República señaló que es urgente e importante contar con un refugio de este tipo en cada entidad de la República, como un derecho a vivir, las mujeres, libres de violencia. En cuanto al seguimiento de la CEDAO y de la Conferencia de Belem do Pará y las recomendaciones de las expertas a México, se propuso bajar todos los programas para evaluar el impacto en los tres niveles de gobierno. Se dijo: "Tolerancia cero a la problemática social de la violencia hacia las mujeres". Combatir la trata de niñas y mujeres y crear mecanismos de seguimiento y aplicación para tales convenciones. Propiciar alianzas en todos los movimientos sociales y en especial con los de mujeres a fin de emprender la lucha por la reivindicación de las mujeres indígenas, ya que las mujeres indígenas son los grupos más vulnerables. Es urgente que las mujeres indígenas hagan valer su diversidad cultural sin discriminación, con políticas públicas específicas, que ellas demanden el derecho de cambiar las cuestiones culturales que aún las oprimen, así como la consolidación de redes y organizaciones de mujeres, a fin de pronunciar y denunciar las violaciones de que son sujetas. Promover políticas públicas que garanticen programas de salud integral para las mujeres, que la maternidad sea respetada como decisión. En cuanto al Instituto Nacional de las Mujeres, se señaló que éste cuenta con un presupuesto nueve veces superior al que tenía la ComMujer y con amplias facultades. Es necesario dar a conocer el trabajo realizado y el destino de los recursos rindiendo cuenta detallada a los sectores. (Aplausos) "Se señaló que es lamentable que el Proequidad sea ajeno a muchas organizaciones que debieron haber participado. "Se señaló que existe poca coordinación con los institutos estatales y se debe apoyar decididamente, sobre todo a aquellos que son más débiles económicamente o no tienen respaldo de sus respectivos gobiernos. (Aplausos) "Se dijo que Inmujeres asigne mayores recursos, previa presentación de programas consistentes y mayormente necesarios, a organizaciones no gubernamentales, independientemente de cualquier signo partidista. (Aplausos) "Se consideró la participación de hombres en sus órganos auxiliares. "Se propuso la creación de la Procuraduría Federal de las Mujeres, como un órgano autónomo, para tener una instancia a la que se pueda acudir cuando las mujeres sientan violentados sus derechos laborales, políticos, educativos, civiles, de todos. "Manteniendo el pleno respeto de las instituciones del país para el fortalecimiento del federalismo mediante mecanismos democráticos, proponemos que se modifique la Ley del Inmujeres para que integre en su consejo consultivo y junta de gobierno, con derecho a voz y voto, a los organismos estatales. Que se reconozcan plenamente la oficinas estatales de las mujeres como instancias de decisión y mediación entre el Inmujeres y estos organismos. Que se haga del conocimiento de las instancias estatales de mujeres, en forma oportuna, la asignación de los presupuestos a favor de la población femenina. "El Proequidad, se dijo en esta mesa, no ha brindado las respuestas esperadas y ha existido falta de comunicación, negociación y consenso con el Instituto Nacional de las Mujeres. "Se propuso también la creación de partidas presupuestales para el desarrollo de políticas públicas y una instancia y un reglamento para ella y programas de trabajo para la institucionalización de la perspectiva de género y la aplicación de presupuestos etiquetados de forma tripartita. "Se propuso emplazar a Inmujeres a rendir cuentas y vigilar la transversalidad de la perspectiva de género y que se exija además la segregación de datos por separado en cuanto a estadísticas. "En otro rubro se pidió la institucionalización de esta Comisión Bicamaral para darle certidumbre a este evento y a sus resolutivos. "Pedir al Poder Legislativo cuidar el avance de estas sesiones y en especial se propuso también la creación de un Parlamento de Niñas y Niños, donde además se trate el asunto del respeto de la laicidad en la educación. "Como estrategia se propone el diseño de indicadores de evaluación de desempeño, así como de gestión con perspectiva de género y en el Presupuesto de Egresos de la Federación incluir estas evaluaciones. "Con equidad programar también el diseño de programas y dar a conocer los resultados cuantitativos y cualitativos y buscar la colaboración con las entidades y sumarse a la revisión de los programas que incluyan la perspectiva de género en un tiempo más corto. "Generar políticas públicas que promuevan el respeto de los derechos de las mujeres, su participación equitativa y una cultura de equidad de género y aplicar acciones afirmativas en las que se sumen el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones políticas, así como implementar instrumentos como diplomados con funcionarios, programas con jóvenes y atender las circunstancias específicas de mujeres jóvenes de 15 años en adelante y buscar programas de financiamiento para acciones de igualdad. "Se tiene también en esta mesa la reflexión de que la política hoy tiene elementos inéditos y la comprensión de la condición y la situación de las mujeres implica un proceso que atraviesa por la información, la orientación, la capacitación y formación para promover su empoderamiento a nivel personal y llevar a las mujeres a un liderazgo más social, más integral, con perspectiva de género, como un eje transversal y para ello, se propuso también, es necesario acotar el asistencialismo. "SE mostró un sistema de indicadores de género a nivel municipal por parte de Inmujeres. "Para combatir la discriminación laboral, la violación, la violencia y todos estos asuntos se propuso modificar la Ley Federal del Trabajo, los Códigos Penales Civiles y demás legislación vigente que permita establecer una relación de género equitativa con una clara y estricta tipificación de los delitos y abusos cometidos en contra de las mujeres. (Aplausos) "Morelos se pronunció por su necesidad de creación de una Ley de Igualdad de Oportunidades en su Estado. "Se propuso también en esta mesa crear juzgados de distrito y tribunales colegiados especializados en materia familiar y capacitación constante y formal con equidad de género para el personal que integran los organismos de procuración e impartición de justicia y reformar programas de estudio en universidades para incluir materias sobre derechos humanos y equidad de género. "Las integrantes de la Mesa 7 también nos sumamos al pronunciamiento de ¡no a la guerra! y de exigir el esclarecimiento y resolución al caso de las mujeres de Ciudad Juárez". Muchas gracias. (aplausos) -SECRETARIA: Muchas gracias Claudia. Ponemos a consideración las propuestas incluidas de la Mesa 7 en la relatoría. Las que estén a favor, levanten la mano por favor. (VOTACIÓN) Las que estén en contra. (VOTACIÓN) Evidente mayoría visible. Muchas gracias. -PRESIDENTA: Ahora le damos la palabra a la licenciada Rosa María Bernal Roque, quien estuvo de relatora en la Mesa 1, sobre Violencia de Género en los ámbitos público y privado. -LIC. ROSA MARIA BERNAL ROQUE: Buenas tardes. La Mesa número 1 trató el tema La violencia de género en los ámbitos público y privado. Las conclusiones a que se llegaron fueron las siguientes: "Concebimos la violencia como un acto verbal o no verbal que viola la integridad de las personas en el nivel físico, psicológico o moral o en su ejercicio de derechos, incluyendo los derechos sexuales, reproductivos, económicos, sociales, políticos y religiosos. "Constatamos que la violencia de género se ejerce primordialmente por parte de los hombres hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida. "Se consideran factores que propician la violencia contra las mujeres: la socialización de niñas y niños, mujeres y hombres, para cumplir roles diferentes y para ocupar espacios sociales diferentes, las mujeres en el ámbito privado y los hombres en el ámbito público; su derecho a acceder plenamente a la justicia; las penas que le son aplicadas son mayores que aquellas que se aplican al hombre por las mismas conductas y sus denuncias son cuestionadas y explicadas como parte de sus hábitos de vida, costumbres, cualidad moral o desequilibrio mental. "Se considera que la violencia es una fuente de violaciones a los derechos humanos, una causa de daños graves a la salud y al bienestar de las personas y un obstáculo para el desarrollo de las mismas. "Es necesario hacer notar que en muchos estados la violencia familiar no está todavía tipificada como figura jurídica, sino considerada en la figura de lesiones en el espacio privado y no existen procedimientos judiciales que preserven la integridad física y psicológica de las personas violentadas. "No existen aún albergues para dar protección a las familias que sufren violencia. No se ejecutan las disposiciones de la ley. No existe un registro único de delitos y el registro médico de los casos de violencia detectados todavía no se pone en marcha adecuadamente. "Es necesario considerar que la violencia puede conducir al embarazo y de esta manera al deterioro de las vidas de mujeres adolescentes, de jóvenes violadas y de sus hijos, si éstos llegan a nacer. "La violación también puede conducir al VIH y otras enfermedades de contagio sexual. "Existen otras formas de violencia que es necesario atacar. El proceso de empobrecimiento que se está dando en nuestra sociedad es muy violento y permite medios violentos en la forma de créditos para vivienda y para cubrir otras necesidades que se aprueben en condiciones de desinformación y de incapacidad de pago; éstas tienen como consecuencia el deterioro y la destrucción de las familias, como consecuencia del hostigamiento ejercido por parte de las instituciones crediticias y judiciales en el proceso de desalojo, donde se humilla y destruye a las mujeres y sus familias. "Es necesario que las instituciones consideren todas las formas posibles de fortalecimiento, de la solidaridad familiar y del fortalecimiento de cada uno de los integrantes. "Propuestas. "Impulsar un marco jurídico que homologue las legislaciones en los estados, sin violentar las Constituciones estatales, en torno a la prevención, atención de la violencia familiar y al acceso a la justicia de las mujeres, tomando en cuenta el marco normativo internacional. Que se impulse la formulación , aprobación y aplicación de una Ley Integral Nacional que abarque la prevención de las causas de la violencia y el desarrollo y la perpetuación de esta, concebida en el marco de los derechos humanos. Esta Ley deberá involucrar la participación de las instituciones gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil. Se propone que la Legislación contempla la revisión de todo el sistema de impartición de justicia, esto implica el funcionamiento de los Ministerios Públicos de manera que escuchen las denuncias de las mujeres, levanten las actas correspondientes, den seguimiento a la averiguación previa y a todo el caso con todo el rigor de la ley. Reforma al Artículo 21 Constitucional de la Imposición de las Penas por la Autoridad Judicial y el Ministerio Público, que en el ámbito penal exista un Inspector Judicial en las instituciones Procuraduría General de Justicia del D.F. y la Procuraduría General de la República. Que el Inspector Judicial tenga una Maestría en Ciencias Penales, de preferencia mujer, que su módulo o cubículo esté interno en esta Dependencia para que se percate de las denuncias de hechos o bien del proceso que esté ventilado en delitos graves. Se propone que se establezcan albergues suficientes en lugares de fácil acceso para las víctimas de violencia familiar, adaptados a las necesidades de las mujeres y de sus hijos. Los albergues deberán disponer de servicios de atención emocional y laboral para las mujeres y de servicios educativos y de recreación para los hijos. Se propone que existan sistemas adecuados y eficaces de Asesoría y Asistencia a la situación de riesgo a la salud en caso de violación sexual. Se propone que existan sistemas adecuados y eficaces de Asesoría y Asistencia para los casos de embarazo por violación de manera que la mujer pueda decidir en torno a este y tenga acceso a los medios para lograr que su libre decisión pueda hacerse realidad. Se propone que las dependencias tanto federales como estatales desarrollen políticas públicas con perspectiva de género para la capacitación de funcionarios en torno a la prevención y atención a las mujeres. Se propone también que en estas, se conformen Comisiones de Equidad y Género desde las cuales se vigile el cumplimiento de políticas de prevención de la violengia y el acceso efectivo de las mujeres a la justicia. Que se etiqueten y apliquen presupuestos para que la violencia se convierta en un tema de interés público con acciones de difusión y capacitación amplias. Se propone que se articulen a las Secciones Sanidad Gubernamental en forma de programas integrales, que respeten y refuercen el sentimiento de capacidad y autonomía de las receptoras. Que en todo momento se contemplen los derechos de los hijos e hijas en el marco de las propuestas para la prevención y la atención a la violencia. Que en los Sistemas de Salud Estatales se aborde la presencia de la violencia y que se dé un cauce de atención a esta y no sólo a su registro. En materia de la violencia que se desprende de las instituciones crediticias se propone que se legisle con el fin de asegurar un manejo honesto por parte de estas instituciones. Que haya instancias que atiendan a las familias que se encuentran en situaciones de hostigamiento y desalojo de manera que no caigan en un deterioro grave. Se propone la incorporación de consecuencias legales cuando exista violación de la normatividad acordada a través de convenios internacionales. En relación al tema Mujeres Reclusas que se presentaron varias ponencias, se concluyó , constatamos que el Sistema Judicial asigna al delito de las mujeres una mayor gravedad que al delito que cometen los hombres y que las condiciones en que las mujeres cumplan sus condenas, son considerablemente peores que las condiciones en que los cumplen las suyas. Estas condiciones se concretan en los siguientes aspectos: infringiendo lo estipulado por la propia Ley, la mayoría de las reclusas en el país se encuentran en instalaciones designadas y construidas para hombres y sólo ligeramente adaptadas para ellas. NO se han adecuado los servicios sanitarios, la atención a la salud en la que cuesta trabajo y salario para mantenerse a sí misma y a sus hijos, existen formas de convivencia forzada con los hombres reclusos, los custodios son hombres en su mayoría y no mujeres. Las condiciones asimismo no contemplan los derechos de los hijos de las reclusas a estar con sus madres en condiciones de desarrollo, muchas de las mujeres reclusas son indígenas con cargos de transporte de droga, existen fuertes violaciones en el manejo de su situación jurídica incluyendo la imputación de la culpa sin pruebas suficientes. La aplicación de penas más largas que aquellas que se aplican a los hombres. Falta de acceso a servicios de traducción para la comprensión de su situación. Falta de acceso al ejercicio de su derecho a cumplir la pena en el reclusorio más cercano a su lugar de domicilio, con el fin de facilitar la reincorporación social. PROPUESTAS: Crear una instancia especializada de vigilancia periódica del respeto a los derechos humanos de las mujeres reclusas, con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de INMUJERES. Que utilice la información proporcionada por las investigaciones del PRONACAP. Reformar la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados para incluir la presencia de un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Centros de Readaptación Social. Se propone que haya un respeto irrestricto a sus derechos humanos, especialmente a un debido proceso que incluya el respeto a su integridad física, sicológica y sexual durante la detención. Que en las declaraciones, cuente con la presencia además de un abogado o persona de su confianza, de un traductor o traductora que conozca la lengua. Reformar la ley que establecen las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados para que se incluya atención sicológica especial que ayude a evitar secuelas sicológicas y emocionales en los menores. Respetar el derecho humano y garantía constitucional que tienen las madres para educar a sus hijos en la religión de su elección y dar facilidades para ellos. Reformar la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados para que exija expresamente que se solicita el consentimiento expreso informador de las reclusas para cualquier tratamiento quirúrgico de diagnóstico, aunque no implique riesgo para su vida o integridad física. Establecer programas coordinados por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio y especialistas del INMUJERES que aseguren una buena atención sicológica y motivacional para las reclusas. Crear dentro de los Reclusorios, departamentos especializados que sirvan de vínculo entre el sector empresarial y laboral con las reclusas en tratamiento preliberacional a fin de facilitar su reinserción en la vida productiva. Institución de un juez de ejecución penal, prevención a través del control social y formal de la atención y protección de los derechos de los menores que habitan en los Reclusorios para evitar una futura conducta delictiva. También en el tema, algunas ponencias trataron sobre mujeres adultas mayores. La adulta mayor no solo es violentada física o psicológicamente sino también en lo económico, social, afectivo y moral y por la administración legal. PROPUESTAS: Exigir a las instituciones gubernamentales, paragubernamentales y de la sociedad civil, con fundamento en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la concientización individual del fenómeno de envejecimiento. Integración de grupos de análisis y estudios de la Ley del Adulto Mayor o de las leyes secundarias omisas en la protección a la mujer, a fin de proponer iniciativas, enmiendas, adiciones, que culminen en la protección integral de la mujer de más de 60 años, Que culminen en la protección integral de la mujer de más de 60 años, entre ellas salud, educación, trabajo, servicios sociales. Instauración de programas multisectoriales que conduzcan al logro de la cultura de la tercera edad, en énfasis en la sensibilización social para cultivar el conocimiento sobre la adultez mayor. Exigir políticas gubernamentales con instrumentos que aseguren la atención integral para los adultos mayores, con énfasis en la capacitación socio familiar, la atención a la salud oportuna y al acceso de las mujeres a una pensión de retiro hubieran o no formado parte de la población llamada "activa". (aplausos) En relación al tema mujeres migrantes, se consideró que no cuentan siempre con el apoyo del Consulado ni cuentan, en muchas ocasiones, con recursos económicos, por lo tanto se propone más apoyos por parte del Gobierno Federal, bufete de abogados para su apoyo, creación de albergues alrededor de la frontera para los hijos de las mujeres migrantes en prisión. Algunas otras propuestas sobre la violencia de género, son las siguientes: Crear una cultura de concientización en la población, de tal forma que se comprenda que todos somos parte del compromiso para la prevención y erradicación de la violencia familiar y no hay pretextos que la justifiquen. (aplausos) La violencia doméstica tiene repercusión en el ámbito laboral en Estados Unidos, donde se considera un alto riesgo para la empresa; en México ni siquiera se toma en cuenta. Proponer a la SEP impartir materias tales como desarrollo humano y valores humanos tanto en primaria como en secundaria. Fomentar la cultura de la denuncia de delitos de violencia familiar y querella. Atacar patrones de conducta, las causas para evitar sus efectos a través de una investigación y análisis para ver la magnitud, distribución e impacto de la violencia familiar en cada estado de acuerdo a sus propias características. Establecer programas de prevención, denuncia y sanción, que cada estado tenga una ley que atienda la violencia de género y familiar, que los estados que ya las tienen la revisen y complementen de acuerdo a las nuevas situaciones y circunstancias. Promover la educación de los padres de familia con temas relacionados a mejorar las relaciones familiares y evitar la violencia. Crear en cada estado centros de ayuda psicológica a las víctimas de violencia. Combatir todo tipo de agresión como forma natural de vida. Que se contemplen las leyes y normas de la igualdad en derecho y obligaciones de los dos géneros y evitar la situación de subordinación de la mujer. Existe falta de aplicación de los Tratados Internacionales. Educar desde las aulas y la familia misma, la no violencia. Prevención del delito, la violencia y las adicciones con jovenas y jóvenes. Una de las ponentes, utilizó el término "jovenas", no queremos abundar en esto, porque nos llevaríamos más tiempo, pero bueno se aceptó. Enfrentar desde el análisis la crítica y el desarrollo de alternativas propositivas y desde diferentes ámbitos constitucionales, educativos, familiares, sociales, culturales, políticos y económicos, la cuestión de la cultura de la violencia que cada vez parece extenderse más, incorporarse como un valor positivo para obtener reconocimiento, status y poder incluso, para las mismas y los mismos jóvenes. En esta perspectiva la especialidad de atención que se requiere a partir de la perspectiva de géneros, donde es indispensable ubicar y atender con diferentes elementos y recursos las problemáticas del delito, violencia y adicciones que enfrentan los distintos sujetos sociales, según la edad, según el sexo, según la ubicación educativa, económica, cultural. Considerar los derechos humanos de los jóvenes, derechos que se encuentran en construcción social, económica, política, cultural, de donde dicha perspectiva se requiere, se exige, se plantea como indispensable un trabajo informativo de conocimiento y ejercicio de los jóvenes. Revisar prácticas, preceptos y leyes de procuración de justicia, con respecto a las jovenas y los jóvenes, lo cual tiene que ver con la consideración en un sentido amplio del sistema nacional de justicia de menores, comprendiendo éste dentro del marco de la seguridad pública. Violencia y victimización a la mujer adulta mayor, se encuentra en estado de indefensión, por lo tanto fomentar el conocimiento de las leyes y normas a las cuales acogerse. Distribución de ejemplares de la Ley de los Derechos de Adultos Mayores. Se propone que conduzcan al logro de la cultura de la tercera edad, con énfasis en la sensibilización social, para cultivar el respeto, la consideración y el buen trato. -