El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Gracias, presidente. Con su permiso. Compañeros legisladores, compañeros diputados, quienes somos los representantes de la sociedad no podemos permitir más atropellos en cuanto a la importancia que tiene nuestra labor, esa labor por la que fuimos elegidos muchos de nosotros como representantes del pueblo, y es que, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, ya hasta parece un cliché esta frase que escuchamos constantemente, pues este honorable Congreso de la Unión ya parece una oficialía de partes, y no es ocioso repetirlo nuevamente; una oficialía de partes del Ejecutivo y de su titular, que ha vulnerado los principios de separación de poderes, porque finalmente ¿cuál es la prisa, cuál es la urgencia por aprobar esta reforma, a tan sólo unos días de ser enviada a esta honorable Cámara de Diputados por el Ejecutivo? No creo que sea porque de verdad pensemos que el fin del mundo va a ocurrir en unas horas más, según algunos charlatanes que andan por ahí promoviendo esta idea, o quizás sea por la idea también charlatanesca de que con esta reforma realmente vamos a cambiar a la educación como por arte de magia, como si con todas estas supuestas reformas las cosas fueran a cambiar sin atacar lo sustancial, lo importante, lo corrupto dentro del sistema educativo. No acaso por ser una reforma trascendental en el ámbito educativo debe de discutirse ampliamente, invitando a todos los actores involucrados a realizar espacios de debate, foros o mesas de análisis de la misma, esto sería lo más lógico, pero esto no existe y lamentablemente por lo que estamos viendo esta noche no existirá en la actual legislatura, pero en fin. Sabemos que este proyecto de decreto quedará aprobado en sus términos por la mayoría de quienes se supone representan al pueblo, aún así, aún así queremos dejar muy en claro que no estamos en contra de lo que significa un avance en cuanto al control de aptitudes de quienes son los encargados de impartir las clases en cada uno de los centros educativos de nuestro país; para eliminar la compra de plazas y el ingreso al ejercicio de la docencia, sin certificación de conocimientos; y de atacar la estancia de profesores improductivos en el servicio. Eso creo que nadie en su sano juicio estaría de acuerdo. Manifestamos nuestra aquiescencia, además, a la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como organismo autónomo para la medición de la educación. Es por ello, que proponemos modificar los requisitos para formar parte de este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en virtud de que a manera discrecional deja abierta la posibilidad de que ese organismo se aleje de sus funciones esenciales. En este sentido, a través de mi grupo parlamentario ya se ha manifestado proponer, que los miembros de la Junta de Gobierno deben de tener nombramiento vigente de investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, al Conacyt, siendo que este candado reduciría ampliamente las posibilidades de que personas ajenas al propósito del instituto puedan tener cabida en el mismo. A su vez, cabe resaltar que no existe ninguna incompatibilidad para que investigadores nacionales formen parte de la Junta de Gobierno, conforme al reglamento vigente del Sistema Nacional de Investigadores del propio Conacyt. Por lo tanto, y la propuesta que hacemos en el texto quedaría como sigue, la propuesta de modificación sería la siguiente. Artículo 3o. fracción IX, párrafo cuarto: Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del instituto, con reconocimiento de investigadores nacionales del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y cumplir los requisitos que establezca la ley; desempeñarán su encargo por periodo de siete años en forma escalonada, y podrán ser reelectos por una sola ocasión; en caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo; sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del título cuarto de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Por otra parte, se propone elimina la fracción III del artículo quinto transitorio en su totalidad, en virtud de que, uno, el término fortalecer la autonomía de gestión de escuelas y la propuesta que conlleva este inciso, el inciso a) es bastante ambigua y se presta a una interpretación discrecional y a conveniencia, de ciertos grupos o actores y en donde cabría la posibilidad de darle un carácter de obligatoriedad a las llamadas, entre comillas, cuotas voluntarias en las escuelas, mismas que representan una contradicción al carácter de gratuidad que nos marca la Constitución para la educación pública. En todo caso, lo que la reforma educativa debería tener es una prohibición explícita a las cuotas en las escuelas, así como una fuerte sanción para quienes las pretendan cobrar. Ya casi termino. Dos. En relación al inciso b) habría que destacar que existen las escuelas de tiempo completo en operación y fueron creadas por iniciativa presidencial en el año 2007. Por tanto, resuelta redundante al igual que lo referido al inciso c), en donde se menciona que se encuentra vigente la Ley para Prevenir la Obesidad y que a su vez, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se prevén elementos para su observancia y operación. Ojalá que no pase lo que está ocurriendo vergonzosamente esta noche, que sin ningún razonamiento, sin utilizar lo que nos caracteriza como, entre comillas, seres inteligentes, no lo utilicemos más que para votar por consigna en contra de propuestas que pensamos son en beneficio de la educación. Gracias.