La diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez: Honorable asamblea, en México contamos con un reconocimiento constitucional de los derechos sociales, como garantía para el acceso al desarrollo. Esta garantía está plasmada en la Ley General de Desarrollo Social, la cual establece que son derechos la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y los relativos a la no discriminación. Sin embargo, el ejercicio pleno de los derechos sociales es todavía una quimera en nuestra sociedad. Los factores de la desigualdad y de la pobreza son múltiples y los recursos económicos que se asignan nunca serán suficientes si la prioridad del gasto público no se orienta a invertir en las personas. México requiere invertir en su gente, su capital más importante, para salir del atraso y de la pobreza. Es necesario invertir, sobre todo, en aquellos grupos que dada su condición y situación de discriminación son sumamente vulnerables no sólo a los vaivenes de la economía y a los desastres naturales. Son vulnerables, sobre todo, a las múltiples redes de delincuencia organizada en nuestro país. Fenómenos como la trata de personas, la explotación laboral, la explotación sexual comercial, el tráfico de personas, la inserción en delitos tipificados como delitos contra la salud, como el narcomenudeo y el narcotráfico, son delititos que están directamente vinculados a la pobreza como una dimensión de vida real y simbólica donde priva la carencia. Carencia no sólo de servicios de calidad, como tendrían que ser la educación y la salud, por ejemplo, es una carencia, sobre todo de oportunidades para el desarrollo. Me refiero a aquellos grupos sociales que históricamente han padecido la discriminación en nuestro país: las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños y niñas en situación de calle, migrantes, personas con capacidades distintas, los jornaleros y las jornaleras agrícolas, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales, entre otros grupos sociales. Una política que pretende orientar sus principales esfuerzos a combatir la pobreza requiere más que voluntad política. Necesita que en su presupuesto se establezca una jerarquía en la distribución de su gasto público, buscando siempre combinaciones eficientes entre el gasto de contingencia, vinculado a la compensación y al alivio de la pobreza extrema, y el gasto destinado a formar capacidades, a fortalecer las habilidades y ha garantizar las libertades de su población. La presente iniciativa tiene el objeto de establecer de forma explícita en la Ley General de Desarrollo Social, la promoción de la igualdad, la equidad de género, la no violencia y la no discriminación, como programas prioritarios y de interés público dentro de la política nacional de desarrollo social. La idea básica es garantizarles montos presupuestarios específicos que puedan ser objeto de seguimiento y de evaluación, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria. Es decir, garantizar montos presupuestarios que bajo ninguna circunstancias puedan ir a la baja; pero también dar seguimiento y evaluación de su impacto en la vida de la gente. Si damos seguimiento al gasto social destinado a tales grupos nos encontramos con importantes variaciones en la asignación presupuestaria destinada a ellos. De modo tal que por ejemplo, en el año de 2005, los montos destinados en Cuenta Pública, en materia de equidad de género y mujeres, población indígena, políticas para personas con discapacidad, para migrantes, para adultos mayores y en contra de la discriminación, ascienden apenas al 1.3 por ciento del presupuesto de egresos de ese año. Consideramos, sin dejar de reconocer los distintos esfuerzos presupuestarios para combatir la pobreza en todas sus expresiones, la necesidad de establecer ahora, dentro de la política de desarrollo social, programas y recursos específicos para los grupos con mayores rezagos a causa de la discriminación. De tal forma que contemos con una perspectiva integral para un desarrollo social equitativo. Conforme a lo anterior, proponemos que dentro de los programas que constituyen la política de desarrollo social del país deben ser formal y explícitamente incluidos el fomento a medidas para la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación. Tal modificación permitiría que estos programas encaminados a dichas materias fueran considerados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación como presupuestos irreductibles. Lo que significa que no pueden desaparecer de los siguientes ejercicios fiscales, que no pueden ser disminuidos y que se puedan adecuar a las necesidades especiales del desarrollo social de la nación. En consecuencia, la propuesta que presentamos modifica los artículos 6, 14 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer como prioritarios los programas destinados a la equidad de género, a la igualdad de oportunidades, a la no violencia y a la no discriminación. Muchas gracias.