La diputada Ana Lucia Riojas Martínez: En 2008, hace casi 11 años, el Congreso de la Unión obligó al Poder Judicial a encarcelar a las personas que solamente eran acusadas de delitos, sin sentencia, sin pruebas suficientes y violando la presunción de inocencia. Sí, otra vez. En 2008 un Congreso de mayoría calderonista utilizó esta reforma para su inútil guerra, que no distingue las circunstancias del delito, mucho menos las circunstancias de la persona para condenarla a la reclusión, sin condena. ¿Se han preguntado, compañeras y compañeros que van a votar a favor de este dictamen qué guerra están peleando ahora? Porque a todas luces, a todas luces la aprobación de esta reforma les ayuda a dibujar un nuevo enemigo. No a combatir la injusticia y, mucho menos, a reducir la impunidad. Mientras tanto, las elites corruptas que gozan del pacto de impunidad seguirán intactas. El dictamen que quieren aprobar es la continuidad de la política calderonista, es quitar responsabilidad a los Ministerios Públicos y llenar las cárceles a capricho. Este gobierno es la continuidad de una política que, lejos de recomponer el tejido social, profundiza la injusticia y la miseria. Si no ha funcionado durante 11 años, ¿por qué agregar más delitos a este catálogo cambiaría las cosas? La guerra contra el narcotráfico ha dejado miles de muertes, pero también ha dejado miles de cautivos, rehenes de un Estado incapaz de brindar las certezas legales que les corresponden. Este mecanismo pone primero a los pobres, sí, pero en la cárcel. Los años han demostrado que esta medida no ha logrado reducir la delincuencia en nuestro país, pero sí margina a las poblaciones más vulnerables, pues son aquellas personas que no tienen los recursos para una defensa, quienes pasan hasta 16 años sin sentencia, como el caso de Daniel García. Proponen que esta decisión se evalúe en cinco años para ver si funciona o no, ¿y si empezamos la evaluación desde ya? ¿Y si también incluimos a la Academia y a la sociedad civil? ¿Y si ya, por una vez, dejan de simular? Compañeras, los argumentos que utilizan para defender esta propuesta son falsos, la decisión de la prisión preventiva no recae en los y las juezas, dependen del Ministerio Público que arbitrariamente decide ejercer la acción penal o dejar en libertad a personas que cometieron delitos sin pudor. El Ministerio Público es el responsable de la puerta giratoria que permite la liberación muchas veces a cambio de dinero. La encuesta nacional de población privada de la libertad, demuestra que casi la mitad de las personas recluidas en los centros penitenciarios no tienen sentencia. Si nos tomamos en serio los derechos humanos y la presunción de inocencia, de cada dos personas en reclusión el Estado mexicano ha encarcelado a un inocente. Por esto proponemos eliminar la obligatoriedad de la prisión preventiva, dejando al juez la valoración de la pertinencia de esta medida. Terminemos con una medida que solo ha vuelto más asimétrico el acceso a la justicia, recargando sobre la persona la prueba de inocencia cuando tendría que ser la parte acusadora la que muestre las pruebas de culpabilidad. La traición de quienes hoy se dicen de izquierda va en contra de su historia, compañeros, pues olvidan que la prisión preventiva ha sido una herramienta para reprimir a los luchadores sociales, criminalizar la protesta y para desarticular la lucha que lleva años, encarcelando a algunos de los integrantes y dejándolos en la cárcel sin sentencia. Ayer, el presidente emitió el decreto por el que las Islas Marías dejan de ser un centro penitenciario, se cierran cárceles que fueron creadas para el castigo, no para la reinserción, pero hoy condenarán a miles de personas a las cárceles saturadas, sometidas económica y físicamente por las autoridades y el crimen organizado que opera con completa impunidad. Ya dejen de llenarse la boca de mentiras, compañeras y compañeros. No intenten disfrazar sus actos conservadores de dignidad. Aquí no engañan a nadie y allá afuera les están dejando de creer. Lo que ustedes están haciendo no se llama justicia. Se llama populismo punitivo, y esto sólo es en favor de ustedes mismos, no del país. Lamentablemente lo mismo, en favor de ustedes mismos, ha sucedido con la conducción de esta asamblea. Se les olvida, compañeras y compañeros, que somos representantes de las mexicanas y de los mexicanos y que tenemos que velar por el derecho de las minorías. Qué lástima que olviden su propia historia. Muchas gracias.