La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Las niñas, niños y adolescentes son como todos los individuos, sujetos en desarrollo. De tal suerte que tienen características personales propias que emergen que a partir de la interacción entre sus componentes biológicos y sus experiencias de vida. Lamentablemente no en todos los casos estas experiencias contribuyen a un desarrollo sano y armonioso. Durante los siglos los niños fueron vistos como propiedad de los padres o del Estado. Fue hasta finales del siglo XVIII cuando comienzan a notarse ligeros cambios que conducen al reconocimiento de los daños psicológicos del abuso. En 1989 se adoptó la Convención de los Derechos del Niño, la cual recoger los principios mínimos que deben ser garantizados a las personas de 18 años, entre los cuales están aquellos relacionados con la protección del niño frente a toda forma de violencia. A pesar de lo anterior, el grave problema del maltrato infantil persiste en todo el mundo. Aunque los números parezcan inverosímiles, hay que decir que en América Latina no menos de 6 millones de niños, niñas y adolescentes son objeto de agresiones severas, y 80 mil 80 mil, lamentablemente, compañeras y compañeros mueren cada año por la violencia intrafamiliar. En algunos países como Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, los índices de violencia en este contexto suelen dispararse. Las investigaciones sugieren que en todo el mundo, el 20 por ciento de mujeres y entre el 5 y 10 por ciento de los hombres sufrieron abusos sexuales durante su infancia. Aunque no existe un país libre de violencia contra menores, lamentablemente, México tiene uno de los índices más altos desde hace mucho tiempo, al igual que una alta tasa de homicidios de niños y de niñas. Durante los últimos casi 30 años han muerto asesinados diariamente 2 menores de 14 años de edad. Con el objeto de garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto a sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, este Congreso aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este ordenamiento se establece como parte de las obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Asimismo, dispone que en las escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, educadores, maestros o personal administrativo sean responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, explotación en contra de niñas, niños y adolescentes. De manera particular, el artículo 21 de la ley en cita señala que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación y que las normas establecerán las formas de prevenir y evitar estas conductas. Este precepto enuncia que se les protegerá cuando se vean afectados por descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual. Sin embargo, en el texto de la ley en comento, no encontramos ningún precepto que nos indique lo que se debe de entender por abuso, razón por la que se propone incorporar a dicho precepto un párrafo que defina tanto el abuso que se ejerce directamente contra niñas, niños y adolescentes, como aquél que los niños, niñas y jóvenes presencian. Sí quisiera, compañeros, su atención y pedirles un momento para analizar esto: no son únicamente los golpes físicos, la cicatriz y que al rato se le quite. Es el golpe emocional, el golpe psicológico que le dejamos al niño después de presenciar las escenas lamentables que se dan entre un matrimonio. Compañeros, con el fin de protegerlos de este tipo de daño, protegerlos de conflictos que se deriven del proceso de separación de los padres, que éstos son los más dañados, pido su apoyo, que pensemos en conciencia cómo estamos ayudando a los niños, niñas y jóvenes de México. El maltrato infantil es intolerable, es un problema de interés comunitario en el que la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad legal, moral y ética de asumir un protagonismo activo en todas sus formas, con el objeto de organizarse y hacer frente a este problema. No obstante, estamos seguros que liberar a las niñas, niños y adolescentes de la violencia no sólo será posible si los legisladores respetamos nuestros deberes hacia la infancia y los ponemos en práctica. Tenemos la facultad de legislar, de controlar la aplicación adecuada de las leyes, de asignar recursos financieros y de movilizar la opinión pública. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, esta iniciativa es una invitación a cada una y cada uno de todos ustedes a contribuir a que la vida de la niñez sea una vida libre de violencia. Muchas gracias. Le solicito, atentamente, se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.