El diputado Arturo Cruz Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Quiero, antes de iniciar, hacer un reconocimiento a nuestro presidente de la Comisión de Protección Civil, el diputado Alfonso Durazo Montaño, puesto que él había presentado inicialmente una iniciativa parecida y dio lugar, dando muestras de madurez política, para que se pudiera llegar a un consenso. Sólo así es como se puede consensar en esta Cámara de Diputados. Enhorabuena, diputado presidente. El nacimiento de protección civil en México no ha sido casualidad, si bien es cierto, en años anteriores existían algunos vestigios sobre la materia, fue el sismo de 1985 y la incapacidad de un gobierno sobrepasado en sus responsabilidades, salvado por la solidaridad del pueblo, lo que orilló a la implementación de diversos programas enfocados a instituir una débil cultura gubernamental en protección civil. Posteriormente a las eventualidades del sismo de 19 de septiembre y después de que la naturaleza evidenció las precarias condiciones para enfrentar situaciones de ese calibre, surge la necesidad inmediata de crear el programa y sistema nacional de protección civil. De esa fecha hacia acá, México ha enfrentado diversos eventos, ya sea de carácter natural o provocado por la mano del hombre, llámese deslaves, erupciones, sismos, huracanes, incendios, explosiones, fugas, derrumbes en minas, contingencias ambientales, entre otros, esto ha provocado la imperiosa necesidad de reforzar el ámbito legal y operacional para enfrentar cualquier tipo de vicisitud, ya que somos vulnerables a que cualquier agente sea capaz de generar una emergencia, o bien, un desastre, ya sea de carácter hidrológico, geológico o humano. El día de hoy todavía no estamos preparados para enfrentar una contingencia similar a la ocurrida en otros países, nos falta todavía mucho camino que recorrer. En aquel acontecimiento del 85, uno de los elementos que agravó y que se sumó a la serie de vicisitudes que aquejaba al pueblo mexicano, fue la falta de gestión operativa y administrativa para enfrentar a la brevedad tan desafortunado acontecimiento. La falta de transparencia para el ejercicio de los recursos quedó al descubierto. Quiero mencionar que la declaratoria de un desastre y liberación de recursos no es la conclusión de todo este proceso. Debe haber eficacia para la emisión y designación de los recursos. Los funcionarios deben conducirse con probidad y honradez, principios básicos del servicio público. Su actuación debe estar encaminada a prestar un servicio de carácter público y los recursos deben llegar a quien los necesita. Por último, continúa una etapa muy importante, la rendición de cuentas. La autoridad está obligada a informar cómo, cuándo y dónde se destinaron los recursos que específicamente se crean para atender los desastres. Esta etapa no puede ser menos que las otras, pues de qué serviría la agilización para la declaratoria y liberación de recursos si estos no se agilizan para lo que están destinados. El Estado por ley está obligado a implementar las medidas necesarias para apoyar a la población, a los gobiernos municipales y estatales, buscando aminorar las consecuencias derivadas de un desastre. Pero su actuación no acaba ahí, es necesario vigilar que esos recursos lleguen a sus destinatarios de una manera pronta, así como dar cuenta de cuál es el destino de los apoyos. El trámite de declaración y liberación de los recursos no debe tener connotaciones partidistas, no deben privilegiarse municipios o estados en razón del partido que los gobierna. Si se aplican los principios de honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos, ayudaría a aminorar las vicisitudes por las que atraviesan las familias que fueron vulneradas por una emergencia o desastre natural. La sociedad no necesita de buenas intenciones, necesita una legislación en materia de protección civil fuerte y garantista que incentive la cultura, que fortalezca la prevención y que garantice la inmediatez, transparencia y rendición de cuentas de la asistencia del Estado. El principal objetivo de la iniciativa en cuestión, como el propio dictamen señala, es modificar la Ley General de Protección Civil en su artículo 63, en el sentido de que para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, tendrán como base la honradez, la eficacia y la eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos. Por estas razones, el Partido de la Revolución Democrática votará en sentido positivo el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.