El diputado Carlos Sánchez Romero: Con la venia de la Presidencia. A título propio y de mi grupo parlamentario, me permito extender mi reconocimiento a las comisiones que participaron del presente dictamen, pues el mismo abona elevar la eficiencia en el ejercicio del gasto público, a través del establecimiento de reglas claras en cuanto al tema de procedimientos de contratación para el desarrollo de obras, de infraestructura y priorización de proyectos de obras públicas, con base en su rentabilidad social. Lo anterior, por supuesto, es muy valioso si consideramos que resulta impensable que puedan obtenerse las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes si para la toma de decisiones respectivas no se conocen las características y la estructura del mercado de una obra pública. Es por esto, que consideramos una contribución importante del presente dictamen, que en el mismo se precisa que será la Secretaría de la Función Pública la que emitirá los lineamientos para establecer la metodología que deben utilizar las dependencias y entidades para realizar la investigación de mercado. Otra de las virtudes a resaltar del dictamen, es que establece diversos supuestos jurídicos relacionados con los procedimientos de contratación que la ley vigente no considera, cuya omisión genera actualmente incertidumbre y da lugar a conflictos. A manera de ejemplo, por primera vez se establecen reglas mínimas para el procedimiento de adjudicación directa. Se precisan los requisitos que los servidores públicos deben observar para la omisión del fallo de adjudicación, las causales para desechar una proposición, y se pormenorizan las hipótesis para declarar desierta una licitación. Además de establecer reglas que reduzcan arbitrariedades de los servidores públicos, también se establecen medidas que evitan se prolonguen las situaciones de conflicto, como son las siguientes. Prevé la existencia de un procedimiento excepcional de recisión abreviado en supuestos urgentes, precisa el mecanismo a seguirse en caso de que el contratista no acepte el finiquito que le propone la dependencia o entidad, hace más claros y ágiles los procedimientos que dirimen las controversias que se susciten con motivo de los contratos de obra pública, e incorporar medidas de apremio para servidores públicos y particulares que incumplan los requerimientos de la Secretaría de la Función Pública. El dictamen otorga mayor certeza a los particulares respecto de la normatividad jurídica aplicable, pues propone que los criterios de interpretación que tengan efectos generales para las dependencias y entidades deberán ser publicados en compra net. En materia de seguridad social, en la iniciativa se establece la obligación del contratista, y en su caso, del subcontratista, de entregar a la dependencia o entidad, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de cuotas y aportaciones de seguridad social de los trabajadores. En caso de que de dicha constancia se desprenda algún incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los contratistas, las dependencias o entidades que hayan licitado obra pública tendrán la obligación de dar aviso al Instituto para que éste ejerza sus obligaciones fiscales. Lo anterior se encuentra acorde con las obligaciones establecidas a cargo de los patrones para registrar e inscribir a sus trabajadores en el IMSS. Comunicar sus altas y bajas. Llevar registros con el número de días trabajados y los salarios percibidos. Proporcionar los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo. Expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido semanal o quincenalmente conforme a los periodos de pago establecidos, entre otros...