El diputado José María de la Vega Lárraga: Con su venia, Presidente. Honorable Asamblea. En esta oportunidad vengo a expresar a ustedes la posición de Acción Nacional para la Ley de Restauración y Conservación de Tierras. En principio, quisiera comentarles que este Dictamen carece de fundamento técnico y jurídico que hacen el proyecto inviable. Asimismo, la Ley que se- pretende expedir a través de dicho Dictamen, tiene graves imprecisiones jurídicas que violan la Constitución, amplían sin fundamento alguno, el campo de aplicación del Tratado Internacional que dice, reglamentar y derogan tácitamente disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, entre otros muchos ordenamientos. A continuación, me permito demostrar lo anterior, con dos ejemplos a simple vista. Primero- La Iniciativa que se propone, tiene claros objetivos ambientales, tan es así, que la propia Iniciativa fue concebida como reglamentaria de los Artículos 4 y 27 del párrafo tercero de la Constitución. En este sentido, debe considerarse que la materia ambiental es concurrente por el Artículo 73 Fracción XXIX-G (?), es decir, por definición constitucional debe de limitar los ámbitos de competencia de los órdenes federal, estatal y municipal. Sin embargo, la Iniciativa que nos ocupa, plantea exclusivamente competencias federales, lo cual es inconsistente con la distribución concurrente de atribuciones que ordena la Constitución en materia de Medio Ambiente. Del mismo modo la iniciativa contiene disposiciones que regulan aspectos de asentamientos humanos, materia también concurrente de acuerdo a lo previsto en el Artículo 73 fracción 29/ CD de la Constitución, a través de la delimitación de zonas periurbanas, la iniciativa impone la coadyuvancia federal en una materia que corresponde exclusivamente a los municipios, de acuerdo con lo que señala el Artículo 115 Constitucional y la propia Ley General de Asentamientos Humanos. 2º.- La iniciativa pretende entresacar de la materia ambiental al componente suelos e incluirlo dentro del concepto tierras que dicha iniciativa propone, sin embargo, al hacerlo pasa por alto y deroga tácitamente regulaciones que consideraron a los suelos como parte integrante de los ecosistemas, fragmentando entonces la regulación integral, que varios ordenamientos legales vigentes han impulsado, tales como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Cabe advertir que incluso en la materia forestal el suelo se considera como un recurso forestal, no maderable, sujeto a una regulación especial. Del mismo modo, la iniciativa viola la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su Artículo 22 fracción IV creando un Consejo Nacional así como Consejos Estatales, Regionales y Municipales de Lucha contra la Desertificación como órganos de consulta y espacios de participación ciudadana, y en el Consejo Nacional se pretende la participación de la Sagarpa, Secretaría de la Reforma Agraria, Sedeseol, INEGI y otras. Es decir, se extrae al Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales del ámbito de la Ley de Desarrollo Rural sustentable y la participación de las citadas dependencias del Poder Ejecutivo sólo tendrán carácter consultivo, lo cual rompe con el esquema de coordinación indispensable en esta materia. Estas inconsistencias se reflejan en los Artículos 11, 12, 13, 14, 16 y 17 de la ley indicada en el Tercero del dictamen. En segunda instancia analizaré el procedimiento parlamentario que se violentó nuevamente por las dictaminadoras: 1.- No se contaba con el quórum reglamentario cuando se inició con el análisis y la discusión del análisis del dictamen por parte de los integrantes de las Comisiones Unidas. 2.- El proyecto de ley fue dictaminado de manera dispersa por las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural no así en la de Medio Ambiente llamado falazmente economía procesal. 3º.- Ya en la reunión de Comisiones Unidas, estando presentes 21 diputados y habiendo solicitado rectificación de quórum por parte de mi compañero de bancada, Guillermo Tamborrel del PAN, éste fue negado por el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, argumentando que existía antecedente con la dictaminación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente modificados, donde había presentes 38 diputados y 14 de ellos pertenecían a varios de las dictaminadoras, es decir, creando confusión entre los compañeros diputados presentes. 4º.- No se discutió el dictamen de fondo sino que se dedicaron a atacar a Acción Nacional por no presentarse a algo que se dictaminaría, sin tomar en cuenta sus opiniones jurídicas y que la misma bancada no está convencida de dictaminar, puesto que consideramos que ya existen ordenamientos al respecto. Por último, no quisiera abandonar la tribuna sin antes otorgar mi máximo reconocimiento a un gran amigo y presentador de la iniciativa, el diputado Antonio Mejía Haro. No dejo de admitir su esfuerzo y entrega al proyecto, su buena intención y genuina preocupación por la recuperación del medio ambiente, sin embargo, compañeros, hay que ser conscientes de que nuestro trabajo es sólo aprobar iniciativas por el simple hecho de cumplir. Las cosas deben hacerse correctamente y por el bien de la población, no por votos o reflectores. Insto a mis compañeros de las diferentes bancadas a votar el dictamen en sentido negativo y reformar las leyes existentes que den certidumbre al sector. Muchas gracias.