El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañera presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los privatizadores no han logrado la cereza del pastel ni la lograrán, pero con las privatizaciones que comenzaron a impulsarse en el gobierno de Miguel de la Madrid y se profundizaron en el gobierno de Carlos Salinas, inició el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de nuestro país. Desde entonces esta práctica se ha hecho de acompañar de una intensa campaña de cortinas de humo, para ajustar el marco jurídico y hacer de las privatizaciones una práctica de rapiña para beneficio de unos cuantos. La historia no nos dejará mentir, ya que durante sus administraciones se remataron 18 instituciones de crédito y se enajenaron 251 empresas del sector público, entre las compañías que se privatizaron se encuentra Telmex, Mexicana de Aviación, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, aseguradoras, ingenios azucareros, fábricas de tractores, automóviles y tractores y de cemento, entre muchas otras; corrieron con la misma suerte, autopistas, puertos, aeropuertos y tierras ejidales. Estas privatizaciones fueron el parto de los multimillonarios que hoy engalanan la lista de Forbes. Pero la entrega de bienes se extendió con Felipe Calderón, ejemplo de ello es la desmesurada entrega de concesiones para la explotación de recursos naturales a compañías privadas. Ahora nos corresponde hablar de la comercialización de islas que se encuentran en el territorio nacional por parte de empresas extranjeras, lo cual resulta violatorio de la soberanía nacional y pone en grave evidencia la falta de control y vigilancia por parte del gobierno federal ante las violaciones al régimen constitucional y reglamentario de las normas en la materia. Pero la enajenación a particulares no solo atenta contra la economía nacional sino que repercute también en el desarrollo económico y en el valor ambiental de las regiones por la creciente extinción de especies insulares, las cuales sobrepasan ya 50 por ciento del total de la fauna de la región. Las lagunas legales permiten que en la práctica las islas sean consideradas en el régimen de terrenos nacionales o baldíos, y con ello puedan enajenarse o ser desincorporadas al amparo de la propia ley. Pero esto no significa que la jurisdicción que mantenga la federación sobre las islas le permita conceder su explotación a particulares y, sobre todo, si son extranjeros, ya que el dominio de la nación debe mantenerse inalienable e imprescriptible, tal y como lo marca el artículo 27 de nuestra Constitución. Por estas razones necesitamos fortalecer la legislación en materia de protección integral del territorio insular y de aguas adyacentes, para frenar el daño ecológico y la extinción de especies, con una visión de soberanía y sustentabilidad para el desarrollo de las comunidades y de los pobladores que habitan en ellas. Votaremos, consecuentemente, a favor del presente dictamen, para otorgar certeza jurídica y evitar el saqueo al que nuestro país ha sido sometido por años. Los diputados de Movimiento Ciudadano no solo estaremos al pendiente de los actos que atenten en contra de la soberanía de la nación en materia insular, sino también de los bienes y recursos, como lo es el petróleo, que ya anuncian con bombo y platillo algunos de los más connotados privatizadores. Muchas gracias a todos por su atención.