El diputado Mario Francisco Guillén Guillén: Con su permiso, presidente. El espíritu liberal de los constituyentes de 1857 llevó a establecer, en nuestra Carta Magna, el derecho de los ciudadanos a poseer armas en su domicilio para usarlas en legítima defensa de su propia seguridad y de su vida, así como para defender a su familia. Los legisladores de 1917 otorgaron a esta prerrogativa la categoría de derecho fundamental, del cual debe gozar toda persona en territorio nacional, al ubicarlo dentro los primeros 29 artículos de nuestra Carta Magna. Si bien es cierto que poseer un arma es un acto de libre determinación, pues son las propias personas quien deciden ejercer o no su derecho, resulta importante destacar que el hecho de que los ciudadanos de una nación se encuentren armados no es lo más adecuado, pues ello, en cierta medida, va en detrimento del monopolio legítimo del uso de la fuerza de parte del Estado, lo cual se traduce en desconfianza de la población hacia las instituciones políticas y civiles de nuestro país. La existencia de armas en posesión de la población civil ha traído efectos nocivos para la sociedad, pues cuando las armas son utilizadas por civiles no solo se generan costos para ellos mismos sino que en muchas ocasiones las consecuencias alcanzan a otros miembros de la comunidad y generan costos al Estado, derivado de la implementación activa de la seguridad pública, los servicios de salud y los órganos judiciales. No obstante lo anterior, la salvaguarda de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades civiles constituyen un binomio inseparable y ambas son condiciones básicas para la convivencia de una sociedad liberal y democrática, para lo cual el Estado tiene la obligación de conjugar. En este sentido, el propio artículo 10 de la Constitución Política vigente establece que es la ley federal de la materia la que determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los ciudadanos, tanto la posesión como la portación de armas. Lo cual implica que el control y la regulación de las mismas y sus respectivas municiones es facultad estatal. Por tanto, el propósito fundamental de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es evitar el mal uso de las armas por parte de quienes las poseen, asegurando con ello el respeto a la vida y a los derechos humanos del resto de nuestra comunidad. Así pues, resulta primordial para la seguridad pública que todas las armas en posesión de civiles sean declaradas y registradas ante la autoridad correspondiente, a efecto de tener un adecuado control sobre las mismas, evitando con ello que éstas sean utilizadas con el propósito de atentar en contra de la vida y el patrimonio de la ciudadanía. Desafortunadamente, lo dispuesto por la ley en comento, que data de 1972, no ha sido suficiente para evitar el tráfico ilícito de armas, lo cual ha tenido un impacto muy negativo para la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de nuestra sociedad. Tomar medidas serias para erradicar el tráfico ilegal de armas de fuego es un tema prioritario en el combate a las bandas del crimen organizado y de narcotraficantes que tanto daño le han causado a nuestro país durante los últimos años, y que han incrementado sustancialmente su poder de fuego frente a las instituciones del Estado, desatando con ello una alarmante espiral de violencia que atenta seriamente contra la tranquilidad de la ciudadanía. Bajo esta lógica, resulta de gran relevancia revisar las normas jurídicas que se relacionan con la posesión y portación de armas de fuego para adecuarlas al contexto actual de nuestro país, por lo cual es imperiosa la necesidad de actualizar las multas contempladas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la finalidad de que tengan una proporcionalidad similar a lo dispuesto en el Código Penal Federal en lo que respecta a los delitos en contra de la seguridad pública. Resulta inverosímil que en el país existan sanciones pecuniarias que castigan más severamente infracciones de tránsito que conductas delictivas tan graves como las relacionadas con el tráfico de armas. Hasta ahora las modificaciones que ha sufrido la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos han incorporado la sanción a nuevas conductas delictivas, sin embargo no han elevado las multas para quienes infringen lo dispuesto en la misma, motivo por el cual se ha ido perdiendo la proporcionalidad que éstas deben guardar respecto del bien jurídico que se pretende tutelar, en este caso la seguridad de las y los mexicanos. Ahora bien, además de actualizar las multas relacionadas con la posesión y la portación ilegal de armas de fuego hace tiempo que se observaba la necesidad de sancionar la posesión de otros elementos complementarios de las cuales las bandas delincuenciales han hecho acopio y que resulta fundamental cuando se presenta un enfrentamiento entre policías y criminales, nos referimos al caso de los dispositivos impulsores y de almacenamiento de municiones tanto para armas cortas como largas. En virtud de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde apoyamos los dos proyectos de decreto que presenta la Comisión de Defensa en esta Cámara, pues consideramos que con ello se limita la acción de los grupos delincuenciales, del mismo modo que se contribuye en la reducción de los preocupantes índices de violencia. Es cuanto, señor presidente.