El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Gracias, compañero presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Parece que hay mucha atención, mucho cuidado en el desarrollo de este pleno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la revisión de constitucionalidad de las consultas populares emitió una resolución profundamente conservadora y restrictiva de los derechos humanos, pues no evaluó la tendencia nacional de la materia de la consulta. Desconoció lo previsto en el artículo 1 de la Ley Fundamental y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos civiles y políticos. También determinó que era improcedente la consulta popular sobre la reforma en materia energética, solicitada por varios millones de ciudadanos. Sus criterios exceden los límites impuestos por el Constituyente Permanente, pues los ministros al rechazar la consulta se apartaron de lo dispuesto en el artículo 1o. de nuestro Código Político, que señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y políticos. La consulta popular que promovió nuestro instituto político no tiene que ver con los ingresos del Estado, sino con el uso y destino del patrimonio de la nación y de la propiedad de la renta petrolera, de lo que depende el bienestar de los mexicanos. En la práctica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anula un derecho humano de naturaleza política, concebido para mejorar la calidad de la democracia y para dar mayor legitimidad a nuestro régimen representativo. Ahora bien, las referencias que en el texto de la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, publicadas con fecha 20 de diciembre de 2013, se hacen en el sentido de obtener ingresos, los ingresos derivados, maximizar los ingresos de la nación, obtener en el tiempo ingresos, disponer de los ingresos, ingresos petroleros, ingresos del Estado mexicano y otros similares, son lo que la doctrina ha conceptualizado como principios en el sentido de norma programática o directriz, que son normas que se establecen con el propósito de perseguir determinados fines. Las normas programáticas son directrices con las que se pretende dar lugar a un cierto estado de cosas en la mayor medida posible. Para que una norma general tengan un contenido normativo específico debe regular la materia mediante normas de acción. En el presente caso, en los artículos 27 y 28 constitucionales no se establece el contenido tributarista ni el contenido proporcional y correlativo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos. En suma, se pretende dar a la reforma en forma expresa una naturaleza impositiva, misma de la que carece para enmarcarlo dentro de los supuestos previstos del apartado tercero en la fracción VIII del artículo 35 constitucional. Proponemos, en cuanto a los temas que no podrán ser objeto de consulta popular y a efecto de que no deban extenderse los conceptos de ingreso y gasto del Estado, más allá de lo estrictamente necesario para adoptar el significado constitucionalmente obligado en su acepción más restrictiva. Modificamos estos conceptos y los sustituimos por impuestos, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. Establecemos un procedimiento en que se otorgue a los peticionarios la garantía de audiencia, previo al resultado de la decisión de la revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta, para no dejar a los mismos en estado de indefensión. Cuando el resultado sea vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, establecemos como supuestos que deberán reformarse y adicionarse los ordenamientos jurídicos en los términos de lo dispuesto por los artículos 72 y 135 constitucionales. La consulta popular debe ser un freno democrático que coloque al pueblo en condiciones de intervenir real y directamente en sus asuntos propios, sin dejarlos jamás en manos irresponsables o mayorías coyunturales, constituyendo así un organismo siempre activo y listo para adaptarse a las necesidades públicas. Las tareas de gobierno son responsabilidad del conjunto de la sociedad. En el perfeccionamiento democrático y a cuestiones fundamentales no pueden ser unos pocos los que tomen las decisiones y que la mayoría de la sociedad carezca de instrumentos legales para participar en decisiones de gobierno. Más aún, cuando las instituciones de la república viven una crisis política profunda, nada más veamos hoy Cocula, Ayotzinapa, Tlatlaya y otros ejemplos, así como el descrédito de los Poderes, incluyendo el nuestro. Sólo una muestra, incluso ayer la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias desechó una iniciativa de la diputada Aleida Alavez, la cual pretendía regular dentro del Reglamento, dice institución. Por eso, desde esta tribuna invito a todos los grupos parlamentarios, en especial a los que ya han hecho uso de la misma en el mismo sentido que la presente, a sumarse a la aprobación de esta iniciativa y suscribirla. Por su atención, muchas gracias, compañero presidente.