La diputada Laura Lynn Fernández Piña: Diputadas y diputados, con la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero del mismo año, se puso fin a la Revolución Mexicana y el Porfiriato, donde el Congreso Constituyente estaba dividido en dos grupos: los radicales y los renovadores carrancistas, mismos que presentaron el documento base para iniciar el proceso de la construcción de nuestra Carta Magna, que retoma conceptos del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 y su intención era corregir fallas y dictar una nueva Constitución que velara por los intereses de todos los mexicanos, principalmente de los más vulnerables. Es importante señalar que no estuvieron de acuerdo todos los actores que participaron en la Revolución. Sin embargo, fue posible dar vida a la Constitución de 1917, donde fueron integrados por primera vez, los derechos sociales de los mexicanos, la tenencia de la tierra, el derecho a la educación, los derechos de los trabajadores, las garantías individuales. Asimismo, se integraron grandes aportes como lo son la no reelección, limitar el periodo presidencial de cuatro y posteriormente a seis años, establecer las jornadas laborales limitadas a ocho horas y el derecho a la libertad de expresión. En las últimas décadas se han integrado a nuestra Constitución instituciones fundamentales como son los órganos autónomos. Me vienen a la cabeza por lo menos dos muy importantes y vigentes en este momento crucial de nuestro país, como lo es el INE y los tribunales electorales. La división de Poderes es fundamental para el ejercicio del poder, y hoy en día cobra un papel relevante, ya que como se sostiene en diversas teorías, cada uno de los poderes ejerce un contrapeso que equilibra a los demás, uno de ellos es la Suprema Corte, quien es ahora mismo un actor fundamental para que el Ejecutivo no se exceda en sus funciones y observe, en todo momento, lo mandatado por la ley y garantice que no se violen los derechos de las y de los mexicanos. Hago referencia al plan B del Ejecutivo federal, en torno a la reforma del INE, donde la misma es violatoria de la Constitución y atenta contra la democracia de nuestro país y, de aprobarse en el Senado, como se avizora, por parte de una mayoría sorda y ciega, es que cobra relevancia el actuar de la Corte, a cargo de la nueva ministra presidenta, de la ministra Norma Piña, donde tendrá que hacer valer lo consagrado en nuestra Constitución Política. Y es que este régimen de gobierno consagrado en nuestra Carta Magna ha permitido que se salvaguarde la vocación del país frente a pretensiones tiránicas que han acabado en la inconstitucionalidad de las mismas. Gracias a esta división de poderes que ha permitido que el Poder Judicial sea autónomo y pueda actuar a favor de la justicia, aun frente a los reiterados ataques del gobierno en turno. Desde la bancada del PRD hacemos votos para llegar a los consensos y que dentro del proceso de elección de los nuevos consejeros del INE se considere la imparcialidad y la capacidad de los perfiles, que es interés de todas y de todos los mexicanos y se deje de lado los intereses de una mayoría simple. Diputadas y diputados, compañeras y compañeros, hago un llamado a la reflexión, a ponderar en todo lo que cabe el articulado de nuestra Ley Suprema, a no abusar del ejercicio del poder, de las mayorías o los intereses de grupos, dejemos de hacer mal uso de los artículos transitorios, que son muchos por cierto y kilométricos, donde se plasman, en letras chiquitas, intereses particulares que solo favorecen a unos cuantos. Las y los ciudadanos demandan al Congreso de la Unión y a los Congresos locales, quienes somos los responsables de cambiar la Constitución, que salvaguardemos los intereses de las y de los mexicanos y no del grupo de poder en turno o mucho más allá de una sola persona. Seamos congruentes con la gran responsabilidad y obligaciones que nos han conferido. Que viva nuestra Constitución. Es cuanto.