El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a lo largo de los siglos se han buscado distintos instrumentos que permita la defensa de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, con el afán de crear un equilibrio de poder eficiente entre los gobernantes y gobernados. Los derechos humanos se han convertido en un referente permanente de la opinión pública internacional y de la actividad de la sociedad civil organizada, encontrando en la causa de la defensa y promoción de los mismos un espacio incluyente y plural para la expresión y canalización de las demandas de la sociedad. La incorporación de México a la dinámica mundial de estos derechos se dio desde la implementación del sistema de tutela no jurisdiccional de los derechos fundamentales con la creación de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nuestra Constitución Política establece las bases que deberá regir el procedimiento de elección del presidente de la Comisión Nacional, así como de los consejeros del Consejo Consultivo de ésta, contemplando expresamente que corresponde a la legislación secundaria precisar sobre los términos y las condiciones bajo las cuales deberá realizarse el procedimiento para la designación de los cargos antes mencionados. En el caso particular del dictamen que nos compete el día de hoy, consiste en la armonización de la legislación secundaria, con la enmienda constitucional aprobada en el mes de junio de 2011 al propio artículo 102, apartado B de nuestra Carta Fundamental, que a la letra dice: La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley. No obstante, la falta de regulación en la materia ha orillado a que los lineamientos para elección del presidente de la propia Comisión Nacional y de sus consejeros se lleven a cabo mediante acuerdos parlamentarios, situación que permite la construcción de escenarios cambiantes en cuanto a la formulación de la propia convocatoria. De lo anterior es que surge la importancia de armonizar el contenido de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con lo estipulado en el mandato constitucional, a fin de evitar lagunas o vacíos jurídicos. En este sentido consideramos por demás convenientes las modificaciones contempladas en el proyecto objeto a discusión, tendentes a facultar expresamente a la Cámara de Senadores, o en su caso, a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como la instancia autorizada para la elección del ciudadano presidente o presidenta de este organismo, así como de su Consejo Consultivo, al menos 10 días antes de que concluya el periodo del funcionario saliente. Por medio de la convocatoria publicada tanto en la Gaceta del Senado como en el Diario Oficial de la Federación y en al menos tres periódicos de circulación nacional, 30 días antes en que tenga que concluir el cargo que se renovará, la cual habrá de señalar a detalle los requisitos que deberán cumplir los aspirantes, así como el proceso mediante el cual se desahogará la elección. Dar publicidad por los mismos medios al listado con los nombres de los candidatos o candidatas que hayan cumplido con los requerimientos señalados, el formato, la hora y la fecha en las que tendrán verificativo cada una de las comparecencias que permitirán a los senadores o integrantes de la Comisión Permanente evaluar a estos que integran la terna, que con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del órgano en comento elegirán a los nuevos titulares en cada uno de los puestos vacantes. Sin embargo, debemos mencionar que la deuda del Estado mexicano, de erradicar las profundas deficiencias que presenta la tutela de los derechos fundamentales forma parte de una tarea que corresponde llevar a cabo tanto a los jueces, legisladores integrantes de los Poderes ejecutivos, comisiones de derechos humanos y a la sociedad civil, en su conjunto. Por lo anterior, compañeras y compañeros, el grupo legislativo del Partido Movimiento ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.