EL DIP. LAZARO ARIAS MARTINEZ: Con su permiso diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los suscritos, diputados federales integrantes del sector campesino del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los coordinadores de las fracciones priístas de los Estados cañeros y además con la adhesión de cinco diputados del Partido de la Revolución Democrática que se suman a esta adhesión, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente propuesta con base en los siguientes: CONSIDERANDOS: El licenciado Vicente Fox Quesada, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en su III Informe de Gobierno el pasado primero de septiembre nos informó literalmente: "No ha habido atropellos revestidos de motivos jurídicos ni víctimas de la transición. Este es un Gobierno con las manos limpias. No se ha registrado un solo acto de represión institucional ni existe un solo preso político". Condición indispensable para la convivencia pacífica de la Nación es el respeto irrestricto a los derechos humanos de los gobernados. No se puede hablar de vigencia del estado de derecho cuando son las propias autoridades quienes por encima de la ley conculcan las garantías individuales y sofocan las expresiones de inconformidad de los ciudadanos. La transición democrática supone, por un lado, la creación de espacios plurales de expresión y una mayor participación de la sociedad en la vida política del país y por el otro, un permanente espíritu de diálogo y una mayor tolerancia para solucionar los problemas en forma amigable y conciliable. Los derechos de los ciudadanos y la aplicación de la ley no están sujetos al criterio de los gobernantes ni a las alianzas inconfortables (?) que pudieran gestarse entre autoridades y particulares. La seguridad jurídica sustentada en la garantía de la legalidad no puede ser rehén de la privatización ni mucho menos existir sólo para los poderosos. La paz social no se sustenta en interpretaciones legalistas que pretendan imponer el orden y el respeto a partir del sovocamiento de la justicia, sino en el apego a los textos jurídicos y a los principios básicos de la equidad. El día de ahora 25 de septiembre del 2003, se cumplen 200 días del arbitrario encarcelamiento del líder cañero Luis Félix Rodríguez Sosa, detenido el día 27 de febrero de este año bajo la acusación de sabotaje y su único delito consiste en haber dado cumplimiento al acuerdo tomado el día 3 de octubre del año del 2002 por la Asamblea General de Asociados de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, del Ingenio Casazan, situado en el estado de Morelos, mediante el que instruyó a su Comité Ejecutivo para que reclamara la devolución de las cuotas del Seguro Social retenidas ilegalmente por la empresa azucarera. A la luz de dicho mandato los días 3, 4, 5 y 6 del mes de octubre del 2002, los cañicultores de la zona del Ingenio de Casazano, encabezados por su dirigencia local llevaron a cabo una manifestación pacífica de reclamo al ingenio, es decir, una acción plenamente legal enmarcada en la garantía individual consagrada en el artículo 9° de nuestra Constitución, que reconoce la libertad de asociación y el derecho de reunirse pacíficamente con cualquier fin lícito. Así, en legítimo ejercicio de su representación gremial y cumpliendo con las funciones propias de su cargo, Luis Félix Rodríguez Sosa se puso al frente de los productores locales de caña, sin proferir injurias ni causar daño patrimonial alguno, en un justo reclamo de que por ley le corresponde en contra de los abusos de la mencionada empresa azucarera. Tal es el delito. Sin embargo, las cosas no habrían de parar ahí. En el curso de los siguientes días la Agencia del Ministerio Público Federal en connivencia con la administración del ingenio, se encargó de integrar un expediente de averiguación previa con elementos claramente prefabricados, aunque de manera tan burda que el 18 de octubre del año del 2002 , el Juez Segundo de Distrito del Décimo Octavo Circuito con sede en Cuernavaca Morelos, se negó a obsequiar el auto de formal prisión al considerar que no se acreditó ni el pretendido daño patrimonial, ni la su supuesta intención de la conducta delictuosa del inculpado. Pero por desgracia, en resolución de la apelación interpuesta por la Agencia del Ministerio Público Federal, el Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, también con sede en Cuernavaca Morelos, el 19 de febrero del 2003 revocó el auto dictado en primera instancia sobre las bases de razonamiento carente de fundamento y de lógica. Y el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, retomando casi íntegramente las aberrantes consideraciones y la confusión de los conceptos de seguridad nacional e interés público, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Luis Félix Rodríguez Sosa confirmó el auto de formal prisión que fue dictado por el Juzgado II de Distrito del VIII Circuito mencionado. Lo que sigue es fácil de imaginárselo. Sin duda estamos a todas luces ante un típico caso del dirigente incómodo que se debe meter en cintura para que no cunda un mal ejemplo, en el que el Gobierno Federal juega el doble papel de juez y parte., pues por un lado denuncia un delito como presunto dueño del ingenio y por el otro lo investiga y consigna al juez como representante social, mismo que para su fortuna encontraron un tribunal carente de criterio y ecuanimidad que hiciera eco a sus pretensiones. Esto hace recordar los mejores años de la época porfirista. Desde su detención, además de la correspondiente defensa en juicio, el caso ha sido denunciado en distintos foros, instancias y espacios, llegando a oidos del propio Gobernador del estado, del titular de la SAGARPA y del Secretario de Gobernación, sin que se hayan obtenido resultados positivos. Dentro de ello, el calor del proceso de negociación conducirá la firma del Acuerdo Nacional para el Campo el 28 de abril del 2003, en el que diversas organizaciones campesinas plantean un programa de amnistía y liberación de presos y perseguidos políticos. Fueron presentadas gruesas listas de campesinos, indígenas y líderes sociales involucrados en la demanda, entre los que se encuentra Luis Félix Rodríguez Sosa. Dicha exigencia dio pie al establecimiento de un acuerdo específico de gobernabilidad democrática en el campo, estampado en los puntos 267 y 268 del Acuerdo Nacional, en el que se propone encauzar y gestionar la revisión de los presos penales planteados y promover la liberación y suspensión cuando así proceda, para cuyo efecto se integraría un grupo de trabajo entre el Ejecutivo Federal y las organizaciones. No obstante, pese a las evidencias, Rodríguez Sosa continúa encarcelado en el Penal de Tlacochoala, del estado de Morelos. La gobernabilidad el campo no se logra poniendo la mano dura, sino con el más absoluto sometimiento a la ley, del mismo modo en que la tranquilidad social no se logra escatimando a los campesinos lo que por derecho les corresponde, sino responde a sus legítimas conquistas. Un dirigente preso por el ejercicio social de su representatividad, por exigir el respeto del estado de derecho, por defender sus intereses, por ejercer su libertad de expresión y su derecho de manifestación. Es por ello que es un preso político. En todo ello y en base a los artículos 58 y 59, pongo a consideración el siguiente punto de acuerdo económico: Se instruya a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, una vez constituida, para que sin demora para que sin demora y con pleno respeto a la división de poderes se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se acelere la revisión de los procesos penales y se agilice la liberación de este compañero y gran dirigente cañero. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.