El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: En cumplimiento del numeral segundo de este acuerdo para la realización de esta comparecencia, se otorgará el uso de la palabra al consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, hasta por quince minutos. El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días, diputadas y diputados. Saludo a mis colegas, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, a las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva aquí presentes, así como a todas y a todos mis compañeros del Instituto, tanto del Servicio Profesional Electoral como de la rama administrativa. Gracias por los innumerables mensajes y muestras de apoyo que me han hecho llegar en estos días, pero sobre todo por su inquebrantable vocación de servicio y compromiso democrático. Es un honor y un gusto atender la invitación que me ha hecho este pleno para sostener con ustedes un diálogo institucional y democrático sobre los requerimientos presupuestales del INE para el ejercicio fiscal 2022. Como investigador y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde luego como titular de un órgano constitucional autónomo, estoy convencido de que la Cámara de Diputados es el espacio primordial en donde se recrea nuestra rica pluralidad democrática, sede de la representación popular de la nación y uno de los órganos que hacen posible la división de Poderes consagrada en la Constitución como base de nuestra forma de gobierno y de nuestro modelo de convivencia pacífica. Desde los albores de nuestra Independencia, José María Morelos concibió al Congreso en Los Sentimientos de la Nación, como el poder supremo en el que se ejerce la soberanía que dimana del pueblo. El Congreso, y en particular esta Cámara, ha sido escenario y sus escenarios protagonistas de la construcción de nuestra nación, tanto la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma que sentaron las bases de la república laica y federal. Como la Constitución de 1917, que consagró en la Carta Magna el alto ideal de justicia social de la Revolución Mexicana, son evidencia del peso que tiene el Poder Legislativo en el devenir histórico de la nación. Lo mismo puede decirse de las reformas discutidas y aprobadas en el Congreso mexicano en los últimos 45 años. Reformas pactadas por todas las fuerzas políticas que dieron forma a la transición a la democracia y permitieron la construcción de normas e instituciones que hoy garantizan que las elecciones se efectúen bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Ese conjunto de múltiples reformas, desde la de 1977, que detonó el proceso de democratización gracias a la introducción de la representación proporcional, pasando por la que creó el IFE en 1990, por la que lo dotó de autonomía plena en 1996, por la que sentó las bases del modelo de comunicación política en 2007 y hasta llegar a la que constituyó el sistema nacional de elecciones en 2014 son obras de este Congreso. Fruto precisamente de la pluralidad y de un régimen de división de poderes, que han permitido que México dejara atrás un pasado ominoso, en el que la lucha por el poder se daba fuera de los cauces institucionales, democráticos y pacíficos. Un pasado en el que las elecciones se decidían desde el poder y en el que los fraudes electorales daban pie a graves conflictos políticos y sociales. Antes, en el sistema electoral mexicano las normas eran inciertas y los resultados previsibles: siempre ganaban los candidatos oficiales. Hoy pasa exactamente lo contrario, las normas e instituciones dotan de certeza, legalidad y equidad a la contienda política, y lo único incierto hasta antes de las elecciones son los resultados, como debe ocurrir en una auténtica democracia. El día de hoy acudo ante la atenta invitación que se me ha formulado para explicar la solicitud de recursos que ha planteado el INE para el próximo año, mismos que permitirán al país seguir contando con una democracia funcional y un sistema electoral eficiente, profesional y confiable. Como ustedes saben, el monto global solicitado para el próximo año asciende a casi 24 mil 650 millones de pesos, una cifra que se compone de tres grandes rubros. Primero, 5 mil 821.8 millones de pesos corresponden al financiamiento público de los partidos políticos, que se distribuirá conforme a las reglas constitucionales entre los 7 partidos con registro. Ese monto, como saben, no lo decide el INE, sino que se calcula anualmente con base en la fórmula establecida en el artículo 41 de la Constitución, que mandata multiplicar el número de personas inscritas en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la unidad de medida y actualización. El financiamiento público de los partidos políticos ha sido uno de los pilares de la equidad en la contienda electoral. Explorar mecanismos para su eventual racionalización es, en todo caso, un asunto que corresponde decidir exclusivamente al Poder Legislativo. Un segundo rubro corresponde al presupuesto precautorio necesario para la eventual realización de ejercicios de democracia participativa, consulta popular y revocación de mandato, contempladas en el artículo 35 constitucional, y que le corresponde al INE organizar a nivel federal. La inclusión de este monto deriva de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que el Instituto debe contemplar la posibilidad de que ejercicios de esta naturaleza puedan realizarse y, por lo tanto, debe incluir en su proyecto de presupuesto los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Es por ello que para 2022 el INE está solicitando una partida precautoria por 5 mil 743.5 millones de pesos, de los cuales mil 913.1 millones corresponden a una posible consulta popular, que aún podría ser promovida por el Ejecutivo, por alguna de las Cámaras o por la ciudadanía. Y 3 mil 830.4 millones para organizar el proceso de revocación de mandato, si así lo decide el 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal. Si ello ocurre, el INE deberá organizar estos ejercicios con la misma calidad técnica y las condiciones de calidad y certeza que caracterizan los procesos electorales. Llevar a cabo una revocación de mandato es equiparable a organizar una elección federal de principio a fin. Por ello los requerimientos presupuestales son altos. Para 2022, a diferencia de la consulta popular del primero de agosto pasado, el INE no contará con la inercia que supuso la elección federal y que permitió aprovechar muchos de esos gastos para la consulta. En esta ocasión partiríamos de cero. Por ello, aunque aún no sabemos si se reunirá el número de firmas necesarias para realizar la revocación del mandato, en el INE ya nos estamos preparando para ello, tomando decisiones como el diseño de la boleta, la definición de los calendarios y cronogramas, y la planeación de las tareas de capacitación y organización electoral. Incluso ya hemos destinado recursos, 117 millones de pesos, para que, si así lo decide la ciudadanía, todo esté debidamente preparado para una organización exitosa de este ejercicio, tal y como ha ocurrido puntualmente con los procesos electorales de los últimos años. Es falso que el INE pretenda bloquear los ejercicios de democracia participativa, todo lo contrario. La solicitud de recursos suficientes para organizarnos de manera profesional y seria dan cuenta del compromiso del INE con sus obligaciones constitucionales y con la ciudadanía. Cabe destacar finalmente que, en caso de que no se lleven a cabo los ejercicios de democracia directa mencionados, el monto solicitado sería reintegrado integra e inmediatamente a la Tesorería de la Federación para que se destine a otras prioridades del gasto público. En tercer lugar, figura el presupuesto institucional, por un monto de 13 mil 84.1 millones de pesos, que incluye el presupuesto base para la operación del Instituto y la cartera institucional de proyectos. Al respecto cabe destacar que un 28.4 por ciento del presupuesto base, casi una tercera parte, se destinará a la expedición de la credencial para votar y a la actualización del padrón electoral, esto es 3 mil 719 millones de pesos que son necesarios para seguir brindando este servicio gratuito a la ciudadanía de manera eficiente, profesional, segura y con todas las medidas de protección sanitaria del que depende la principal herramienta de identidad en el país, nuestra INE. En ese mismo rubro se comprenden 3 mil 498.7 millones de pesos para la operación de la estructura desconcentrada del INE, 32 juntas locales y 300 juntas distritales en la que labora el 70 por ciento de los miembros del Servicio Profesional Electoral. Además, 338 millones de pesos para llevar a cabo la fiscalización de los partidos y las campañas electorales y 275.9 millones para operar el sistema de monitorio de radio y televisión en el país. En el presupuesto operativo destaca también una partida de mil 37 millones de pesos para que el INE cumpla con sus funciones en la coorganización de las seis elecciones locales de 2022, en las que se renovarán seis gobernaturas. Estos rubros mencionados, representan sumandos casi el 70 por ciento del total del gasto operativo del INE. Un dato relevante es que el presupuesto solicitado por el INE, excluyendo las prerrogativas de los partidos políticos, representa el 0.27 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación proyectado para 2022 y si quitamos los recursos de la revocación de mandato y de la consulta popular, hablamos de apenas 20 centavos de cada 100 pesos del gasto público o, lo que es lo mismo, 1 apenas de cada 500 pesos. En los últimos siete años, desde la reforma de 2014 que dio origen al INE, hemos organizado exitosamente 308 procesos electorales bajo el actual modelo. A nivel federal se han celebrado tres elecciones de diputaciones, una de senadurías y la de la Presidencia de la República en 2018. En el plano local, hemos organizado 240 procesos ordinarios, incluyendo 51 elecciones de gobernaturas, en las cuales en 35 hubo alternancias, lo que significa el 70 por ciento del total y, además, 189 elecciones de ayuntamientos y Congresos locales. Adicionalmente, hemos organizado 59 elecciones extraordinarias. Asimismo, se llevaron a cabo la elección de la dirigencia nacional del PRD en 2014, la elección del Congreso Constituyente de la Ciudad de México en 2016, la encuesta para definir la dirigencia nacional de Morena en 2020 y el pasado primero de agosto la primera consulta popular convocada conforme a las normas establecidas por la Constitución. Para hacer posible todos esos comicios, desde 2014 a la fecha, el INE ha visitado en su domicilio a más de 46 millones de personas, hemos capacitado a más de 5 millones de funcionarias y funcionarios de casilla y hemos instalado más de 60 mil casillas en todo el territorio nacional. El INE también se ha convertido en un referente a nivel mundial por los protocolos sanitarios adoptados en la pandemia de Covid-19, tanto en las elecciones locales de 2020 como en los comicios más grandes y complejos de la historia, los de 2021. Gracias a esos protocolos, a la colaboración institucional con los gobiernos federal y locales y a la vocación democrática de la ciudadanía, México le ha demostrado al mundo que el derecho fundamental a la salud no tiene porqué cancelar o entrar en conflicto con los derechos políticos. Asimismo, a pesar de la contingencia sanitaria el INE ha mantenido el servicio al público en sus casi mil módulos de atención ciudadana, en donde diariamente atendemos en promedio a 120 mil personas. Así, desde 2014 el INE ha producido y entregado casi 110 millones de credenciales gratuitamente. Son muchos los asuntos en los que el sistema electoral surgido de la reforma de 2014 ha contribuido al fortalecimiento de la democracia y de la vida institucional de México. El INE es muy celoso de su autonomía constitucional, la cual ejercemos en cada decisión que tomamos, pero también asumimos que somos una institución del Estado mexicano y sabemos colaborar con otras incluso las del gobierno, para generar bienes públicos en beneficio de la ciudadanía. Permítanme cerrar esta primera intervención remembrando un debate ocurrido en este recinto hace más de 40 años, en los primeros meses de la LII Legislatura, cuando la izquierda mexicana recién legalizada era una oposición casi testimonial, pero muy importante para el debate público y la construcción de un México plural y democrático. Al discutirse una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, uno de los integrantes de la bancada del PSUM hizo en esta misma tribuna una memorable reivindicación de la división de Poderes que en los años del régimen de partido hegemónico era más una aspiración que una realidad tangible. En diciembre de 1982, el diputado Arnaldo Córdova dijo: La democracia solo puede darse como una posibilidad al alcance de la sociedad cuando la organización política nacional se funda en la real división de Poderes. En nuestro régimen constitucional, la división de Poderes no solo está concebida como una mera distribución de funciones o una simple división del trabajo político, es también, como en la doctrina clásica del Estado, un continente y a la vez un instrumento para la instauración de una vida democrática en la sociedad. No hay democracia posible, decía, sin que haya división de Poderes, aunque también es cierto que puede haber división de Poderes sin que haya democracia. Nos corresponde hoy a nosotros honrar esas palabras señeras de la democratización de nuestro país a partir del respeto y del ejercicio de los pesos, controles y contrapesos constitucionalmente diseñados en donde los órganos constitucionales autónomos como el INE juegan un papel central, ello pasa inevitablemente por reivindicar la historia de nuestra democracia como un proceso evolutivo y progresivo. Reconocer a los precursores y a los autores de la transición implica revalorar y defender un sistema electoral construido durante muchos años de diálogo y entendimiento entre fuerzas políticas de muy diversas ideologías, es reivindicar a nuestra democracia como una obra colectiva y un patrimonio de todas y todos los mexicanos que debemos aquilatar y cuidar. La democracia es una de las inversiones públicas más importantes que hemos hecho las y los mexicanos en las últimas décadas, pero también una de las que más ha retribuido al país. La posibilidad de renovar los Poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza y paz social con cada vez menos conflictos postelectorales ha permitido transitar por tres alternancias en la Presidencia de la República, renovar al Congreso de la Unión y convertirlo en el mosaico plural que como ocurre en esta legislatura representa la diversidad y la riqueza de la nación mexicana. Todo ello ha contribuido a la estabilidad económica y a la gobernabilidad democrática. Hace apenas poco más de 30 años las elecciones eran un problema en México, quizás una de las principales fuentes de inestabilidad y conflicto. Hoy, es indudable que las elecciones ya no son un problema, sino todo lo contrario. Parafraseando a Ortega y Gasset, la democracia en su dimensión electoral es el piso mínimo para que México pueda resolver, algún día, ojalá, los grandes problemas nacionales que aún nos siguen aquejando. Muchas gracias. Honrado de estar aquí y quedo atento a sus posicionamientos y preguntas.