El diputado Rogelio Flores Mejía: Con su permiso señora presidenta: Compañeras y compañeros legisladores: Pues les traemos otra del gober "precioso" en Puebla. El espionaje es una práctica deleznable, es un delito que debe ser castigado; es una situación grave y más cuando es practicada por el gobierno en contra de los ciudadanos. Después del 14 de febrero, fecha en que fueron reveladas las grabaciones telefónicas que evidenciaron la complicidad del gobernador de Puebla Mario Marín, con el empresario Jamel Nacif en detrimento de la periodista Lydia Cacho, lo que prevalece en el Estado de Puebla es una situación de ingobernabilidad y desconfianza. El gobierno del Estado de Puebla fue descubierto en flagrancia espiando al Frente Cívico Poblano. Los espías fueron identificados como personal adscrito al Consejo Estatal de Seguridad Pública en Puebla, fueron aprehendidos y consignados por cometer un delito. Se comprobó además, que la camioneta en la que iban y el equipo tecnológico para realizar las labores de espionaje, son propiedad del gobierno del Estado. Finalmente tanto el Secretario de Gobernación en el Estado, como el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, admitieron que sí, que en efecto estaban espiando; que los detenidos cobran en el gobierno para hacer trabajos, entre comillas, especiales y además se les dota de equipo sofisticado para hacer dicha actividad. El caso de los espías del gobierno estatal es quizás más grave aún que el de Lydia Cacho. En aquél Marín tendió una cortina de humo al asumirse víctima de un complot, precisamente producto del espionaje telefónico. En este nuevo caso de manera irónica el gobierno estatal lo encubre y por supuesto se le descubre espiando. Es del dominio público que el Frente Cívico Poblando es una organización conformada por ciudadanos que se han dado a la tarea de convocar a manifestaciones pacíficas para exigir la renuncia del Ejecutivo del Estado. Y precisamente estos actos de vigilancia ocurrieron en el momento en el que el Frente Cívico Poblano realizaba una reunión previa para la organización de la segunda marcha ciudadana por la dignidad, misma que se llevó a cabo el pasado domingo 27 de marzo. El espionaje institucional representa un retroceso más en el Estado de Puebla. Los dirigentes de las organizaciones son sometidos a la vigilancia institucional, lo que representa que ya no se vive en un estado de derecho, sino en un Estado policía en el que pensar de manera diferente se considera un delito. Los poblanos pedimos que en Puebla prevalezca el estado de derecho y que por lo tanto se respete el precepto institucional de libertad de reunión, expresión y manifestación. Lo que exigimos es que se respete la Constitución y que se eliminen las prácticas de espionaje en contra de grupos y ciudadanos. El espionaje institucional realizado el pasado 22 de marzo en contra del Frente Cívico Poblano, es un acto de ilegalidad y el gobierno estatal deberá responder por los delitos de uso indebido de atribuciones, la intimidación y las amenazas proferidas a sus detractores. Por lo tanto compañeras y compañeros, el grupo parlamentario del PAN votaremos a favor de este punto de acuerdo que ha hecho suyo la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias.