EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con el permiso de la presidencia. Compañeros y compañeras legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en el análisis que realizamos del Informe del titular del Ejecutivo Federal, encuentra pocos avances en lo referente a seguridad pública. Una de las demandas más sentidas de la población es la que se refiere a las medidas de prevención y combate a la delincuencia. Sabemos que en el ámbito de competencia de la dependencia de la que usted es titular sólo le corresponde el aspecto de la prevención. Resulta difícil conocer a una persona que no haya sido objeto de una experiencia en relación con hechos delictivos. Vivimos en estado de zozobra a causa de esta inseguridad, lo que niega cualquier proyecto de vida armónico en la sociedad. En nuestro país se ha configurado una tipología delictiva que sustenta y alimenta el grave deterioro que tenemos en la seguridad pública. Los delitos se derivan directamente de la crisis económica y social que hemos vivido en las décadas recientes, que se cometen por hambre e ignorancia. Otros son los delitos que comete el delincuente individual como oficio o modus vivendi; otros son los delitos realizados por las bandas organizadas y otros los delitos cometidos por la delincuencia gubernamental. Este último está asociado con otros dos factores esenciales que han deteriorado la seguridad pública: la corrupción y la complicidad. Estas prácticas han puesto en cuestionamiento los aparatos encargados de la seguridad pública y su desprestigio ha desvinculado a la sociedad de las instituciones de prevención de la delincuencia, procuración y administración de justicia. La corrupción y la complicidad echan por tierra cualquier esfuerzo que se realice en el establecimiento de los instrumentos jurídicos y materiales para el combate a la delincuencia; sin embargo, y no obstante la creación de esta Secretaría en noviembre del 2000, separando las funciones de seguridad pública del ámbito de la Secretaría de Gobernación, cualitativa y cuantitativamente poco se ha avanzado. En consecuencia cabría preguntarnos qué es lo que ha fallado si consideramos que el Poder Legislativo ha aprobado diferentes tipos de reformas tanto constitucionales como legales para combatir a la delincuencia. Tal es el caso de la reforma al artículo 21 constitucional para establecer, en los párrafos 4º. y 5º. lo referente a los conceptos de seguridad pública y del sistema nacional de seguridad pública. De igual forma, la ley general que establece que las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal para la Delincuencia Organizada y la Ley de la Policía Federal Preventiva. No obstante, la existencia de los ordenamientos jurídicos señalados y otros más, en la ciudadanía existe la firma convicción de que en esta materia poco o nada se ha avanzado. Los mexicanos resentimos los efectos de la delincuencia sin establecer distinciones si es delito del fuero común o del fuero federal, ni qué nivel de gobierno está obligado a combatirlo. Conocemos los diferentes ámbitos de competencia en la prevención y combate a la delincuencia y en consecuencia nos queda claro que a su Secretaría le corresponde, tal y como nos indica en el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el desarrollar las políticas de seguridad pública. Sin embargo, en este punto específico no se han notado resultados concretos. Otro de los aspectos que en la ley se otorgan como atribución de su dependencia es el que se refiere a presidir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sistema en el que por disposición constitucional participan los tres niveles de gobierno, pero del cual sus resultados no han sido los óptimos que se quisieran. Supuestamente el objetivo fundamental de este sistema es establecer la coordinación entre autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipios en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, se tiene un altisimo porcentaje de impunidad en la comisión de los delitos, lo cual significa dos cosas: uno que el sistema de prevención de la comisión del delito no funciona y, Dos, que el sistema de persecución de delitos tampoco opera adecuadamente. Lo anterior resulta aplicable tanto para el fuero federal como para el furo común. Por ello afirmamos categóricamente que la percepción de la ciudadanía es que en materia de seguridad pública no han existido avances sustanciales. A la dependencia a su cargo corresponde lo referente a la Policía Federal Preventiva, cuerpo policial que se regula por su correspondiente ley. Sobre este particular nos preocupa que la mayoría de los elementos que integran dicho cuerpo sean militares con licencia, para incorporarse a este organismo. Nos enteramos por los medios de comunicación masivos que la delincuencia cuenta con mejores armas o al menos más modernas que las de las propias corporaciones policiales. Además de que el delito del tráfico de indocumentados debe ser prevenido antes de su comisión, en las fronteras del país. Y de que las personas que ingresan sin documentos a nuestro territorio, deben de ser tratadas con respeto. A nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo le preocupa el crecimiento exponencial de lo que se ha dado enllamar: "delincuencia organizada". Este fenómeno se ha generado dada la incapacidad de la autoridad para combatirla. Sin embargo consideramos que esa modalidad de delincuencia no puede existir sin que tenga vínculos con las corporaciones policiales encargadas precisamente de combatirlas. No afirmamos que la corrupción haya permeado a la totalidad de los integrantes de los cuerpos policiacos, pero sí desafortunadamente la actuación de algunos malos elementos afecta la totalidad de las instituciones. Por así disponerlo en el decreto del 30 de noviembre del 2000, a la dependencia a su cargo corresponde la ejecución de las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario. Por así establecerlo el artículo 18 párrafo segundo constitucional, corresponde al Gobierno Federal y al de los estados organizar el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Sin embargo vemos cómo en la práctica los centros carcelarios se han convertido en auténticas universidades del crimen, con lo cual los internos no sólo se readaptan para su incorporación a la sociedad, sino que salen con conocimientos todavía más sofisticados para seguir afrentando a la sociedad. También nos preocupa el conocer qué tan efectivas pueden resultar las medias tendientes a que los presos una vez purgada su sentencia puedan reincorporarse a la sociedad. Señor Secretario: La sociedad toda nos exige resultados. A nosotros los legisladores como integrantes del Poder Público encargados de elaborar los instrumentos jurídicos que permiten la sana convivencia en la sociedad, y al Poder Ejecutivo y a los auxiliares del mismo, el cabal cumplimiento de las atribuciones que en la ley se les otorga. Por eso y en cumplimiento de las funciones que a cada uno nos corresponde, y en cumplimiento de las funciones evaluatorias que nuestra Ley Orgánica nos faculta en su artículo 39, los legisladores estaremos atentos a que el Poder Ejecutivo, a través de la dependencia de la que usted es titular, actúen adecuadamente en la prevención del delito. Por su atención, muchas gracias. -