EL C. DIP. JOSE ALFREDO BOTELLO MONTES: Con el permiso del señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: La reforma del Estado avanza, aun cuando a pasos lentos y prueba de ello es el dictamen que nos ocupa. Los retos y necesidades propias de la democracia, así como las expectativas que la sociedad mexicana ha fincado en sus representantes, obliga a que los Poderes del Estado trabajen en su respectivo ámbito de competencia y con apego a las facultades que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga. La nación mexicana necesita hoy más que nunca de la presencia responsable y dinámica de los depositarios del Supremo Poder de la Federación, los cuales no pueden menos que interactuar en armonía institucional fundados en reglas claras y objetivas. Sabedor de un sólido equilibrio entre Poderes, el Constituyente Permanente estableció en el texto constitucional, una serie de mecanismos y sistemas de pesos y contrapesos aplicables a cada uno de los Poderes Federales, tal es el caso de la figura jurídica conocida como: "Veto Presidencial", la cual no es otra cosa que la facultad del ejecutivo Federal de realizar comentarios a los proyectos de ley o decreto que le envíe el Congreso de la Unión. Esta facultad del Presidente de la República es, a juicio de reconocidos juristas y doctrinarios, una herramienta hoy, más vigente en un país que comienza a transitar por los caminos de la democracia y en el que tanto el congreso de la Unión como el Presidente, se encuentran en un escenario de diálogo, consenso, acuerdo y negociación política. El llamado "Veto Presidencial", sirve además como un invaluable recurso para que el Ejecutivo esté en condiciones de hacer llegar al Congreso de la Unión la información, supuestos, objeciones, cuestionamientos y opiniones adicionales que pudieron no haber sido tomados en cuenta al discutirse y aprobarse el respectivo proyecto de ley o decreto durante el proceso legislativo. Dar claridad y certidumbre al proceso de creación de leyes, es hoy, como antaño, una de las principales preocupaciones de los diputados de Acción Nacional. Es por eso que el día 20 de marzo del año 2002, el grupo parlamentario del PAN presentamos una propuesta de reforma al artículo 62 constitucional, a fin de clarificar los tiempos, modos y circunstancias en los que el Presidente de la República puede hacer uso de su facultad constitucional, ya que como está redactado actualmente el citado artículo 72, no define qué sucede en el caso en el que el Ejecutivo Federal no decrete la promulgación y publicación de algún proyecto de ley o decreto, pero tampoco lo devuelva al Congreso de la Unión con sus respectivos comentarios. Esta laguna constitucional ha sido bautizada por la doctrina como: "Veto de Bolsillo" o "Veto Suspensivo". La imprecisión, la vaguedad y la ambigüedad son características indeseables en el marco de un Estado de derecho responsable, transparente y democrático. Es por eso que el grupo parlamentario del PAN emitiremos nuestro voto favorable al dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, por medio del cual se le da trámite a su proyecto de reforma constitucional, a fin de aclarar, precisar y acotar la facultad constitucional del Presidente de la República para intervenir en el proceso legislativo previsto en el artículo 72 de nuestra Carta Magna. De aprobarse este dictamen, el Ejecutivo contará con un plazo razonable de 30 días para realizar a los proyectos de ley o decretos que le envíe el Congreso de la Unión, para su conocimiento, cualquier comentario que juzgue oportuno. Sin embargo, en el caso de que el Presidente omitiera realizar estos comentarios o en su caso decretar la promulgación y publicación respectiva, el Presidente de la Cámara que le envió el citado proyecto deberá ordenar, después de transcurridos diez días naturales más, su publicación en el Diario Oficial de la Federación. De esta manera se acaba con la incertidumbre e indefinición producto de la actual redacción. Otro punto a favor del dictamen en comento es que a través de éste la Comisión de Puntos Constitucionales actualiza el primer párrafo del citado artículo 72 constitucional, ya que elimina la referencia al reglamento de debates, el cual no existe en nuestro actual parlamento y la sustituye por el correcto reenvío a la vigente Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento respectivos. De esta manera se avanza en la tarea de poner al día el texto de nuestra Ley Fundamental. Así, pues, el PAN se pronuncia a favor del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por contener éste los mecanismos institucionales necesarios para apuntalar la eficiencia en las relaciones entre los Poderes del Estado. Reconocemos la necesidad de que exista la facultad del Ejecutivo Federal para realizar comentarios a los proyectos de ley que le envía el Congreso de la Unión. Sin embargo, también reconocemos la necesidad, y es en este tenor que votamos, de la existencia de certidumbre en los tiempos y en las formas. Aprovecho la ocasión para exhortar a quienes trabajamos en la Reforma del Estado para avanzar más rápido y podamos entregar buenas cuentas a los ciudadanos. Muchas gracias. (Aplausos) -