La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado Presidente. El pasado martes 17 de octubre, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación, Leonel Castillo, durante la presentación de su Informe de labores 2005-2006 —entre otras cosa— señaló la decisión del Tribunal Electoral de cancelar tres fideicomisos que había suscrito para sufragar bonos de retiro de los magistrados electorales y del personal administrativo de alto nivel. El 30de agosto de 2000, la Comisión de Administración del Tribunal, emitió el acuerdo 052/S42, que ordena la creación de tres fideicomisos para el retiro o jubilación de los servidores públicos de mandos medios y superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El uso de recursos públicos utilizados por el Tribunal para la contratación de los fideicomisos citados fueron constituidos con las economías del año 2000; es decir, recursos que no se ejercieron, lo que presupone a simple vista la violación a lo dispuesto por el artículo 38 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, el cual dispone en su primer párrafo que: "… las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre no podrán ejercerse". En cumplimiento al acuerdo citado, el 25 de julio de 2001 fueron constituidos los fideicomisos con Banco Internacional, siendo el primero de ellos el número 158984 que para septiembre de 2006 cuenta con la cantidad de 52 millones 709 mil 186 pesos. Del cuerpo de este primer Fideicomiso se advierte que en caso de que el magistrado electoral deje el cargo, cada uno de ellos recibirá una séptima parte de este fondo; lo que equivale a una cantidad superior a los 7 millones de pesos. El segundo Fideicomiso, con número 158976, buscaba privilegiar los bonos de retiro de dos servidores del Tribunal; al secretario general de Acuerdos y al secretario administrativo El tercer Fideicomiso pretendía financiar pensiones de los más altos funcionarios del Tribunal Electoral, cuyo monto asciende a 31 millones 717 mil 516 pesos. La suma de estos recursos alcanza la cantidad de 88 millones, 173 mil 177 pesos, contabilizados al 30 de septiembre de 2006. De la información que ha difundido la Auditoría Superior de la Federación contenida en el Tomo 2 de la página 158 del informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2003, se advierte que los recursos originales para la creación de los fideicomisos citados provenía de un remanente presupuestal del año 2000 que no había sido reintegrado a la Tesorería de la Federación, por lo que se exigió fueran reintegrados los recursos con los intereses que hubieran generado. El secreto fiduciario se impone como una barrera que parece infranqueable y que fomenta la opacidad, la impunidad, la corrupción, pues con dinero de erario se han constituido fideicomisos inescrutables que manejan recursos cercanos al ocho por ciento del producto interno bruto. Ante estos hechos, la Cámara de Diputados no puede evadir su obligación constitucional de velar por el interés público. El Poder Judicial no es ajeno a la rendición de cuentas y a la transparencia, tiene el deber fundamental de dar publicidad y certeza al manejo de recursos asignados por la hacienda pública. Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente Punto de acuerdo Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pleno de la Cámara de Diputados integra una comisión especial que investigue el origen, monto y destino de los recursos públicos destinados para el retiro o jubilación de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los ejercicios fiscales 2000 al 2005. Segundo. La comisión especial deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto para su vigencia, un informe en el que se asientan las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos. La Junta de Coordinación Política adoptará las medidas necesarias a efecto de hacer del conocimiento del Ejecutivo Federal y del Consejo de la Judicatura Federal los resultados de la investigación desarrollada por la comisión a la que se refiere el presente acuerdo. Tercero. La comisión especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política. Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los 30 días del mes de octubre del año 2006. Es cuanto, diputado Presidente y solicito se pueda integrar el texto completo en el Diario de los Debates.