La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Gracias. Con la venia de la Presidencia y mi agradecimiento, compañeras y compañeros diputados. En la primera reserva, artículo 41, fracción VI. En cuanto a las causales de nulidad inmediata de un proceso electoral, el presente dictamen propone que proceda cuando existe un dictamen que acredite de manera objetiva y material la infracción. Asimismo se propone en la minuta que las violaciones son graves, dolosas y determinantes si se excede del gasto de campaña en un 5 por ciento del monto total autorizado. Sin embargo el Partido del Trabajo, considera que si no existe un control efectivo sobre el dinero que se gasta en las campañas electorales no hay equidad en las elecciones, para que queden garantizadas las condiciones de real competencia política es indispensable asegurar que las organizaciones participantes en una elección estén en libertad e igualdad de oportunidades para acceder al electorado, lamentablemente en México esto no es así, el dinero sigue siendo la determinante para ganar las elecciones; en nuestro país ganan las elección, el que más dinero invierte. Ahora bien, podríamos hablar de objetividad o imparcialidad en los dictámenes de las autoridades electorales. En 2007 se le asignó al IFE la obligación de fiscalizar todos los recursos a través de una unidad técnica especializada de fiscalización, misma que a la fecha no cuenta con los medios suficientes para vigilar todo el dinero que se invierte en las elecciones, cada una de las entradas, cada una de las aportaciones, ni todos los egresos de los partidos políticos. Habría que recordar el dictamen del IFE sobre fiscalización del proceso electoral del 2012, en el cual se definió que el candidato presidencial del PRD fue el único que rebasó el tope de campañas. Sorprendentemente la campaña electoral del Presidente Enrique Peña Nieto, no fue sancionada a pesar de las numerosas evidencias de su rebase del tope. Tendríamos que cuestionarnos si es una autoridad electoral como el IFE el ente imparcial que debe dictaminar si una elección debe ser anulada por el rebase de gasto de campaña. Esta facultad es fundamental del nuevo órgano que se va a crear ahora en lugar del IFE INE, nada más cambio de nomenclatura, se supone que es proteger el voto del ciudadano y asegurar que dicho voto efectivamente se vea reflejado en las autoridades que nos gobiernan. Esto es estar en conflicto con anular la decisión del voto de las personas por causales monetarias. Se debe perfeccionar por lo tanto la instrumentación de los mecanismos de control por parte de la autoridad electoral que permitan verificar los topes de gastos de campaña si fueron efectivamente respetados. Uno de los aspectos esenciales de toda democracia es contar con condiciones propicias para la competencia electoral, para crear espacios de verdadera representación institucional de mayorías, minorías, grupos vulnerables y las diversas demandas que tiene la sociedad. Se deben crear condiciones de equidad entre ellos, especialmente en las contiendas mediante medidas de distribución de recursos, de tiempos en radio y televisión y el dinero gubernamental. En este sentido el Partido del Trabajo se cuestiona ¿cómo garantiza la presente propuesta que habrá por un lado una fiscalización efectiva del gasto de las campañas por parte de los partidos y candidatos? Y, por otro, ¿existirán mecanismos de equidad entre los participantes de las contiendas? Con el tratamiento que da la minuta a este tema no se resuelven estas interrogantes y por lo tanto los problemas del sistema electoral del país van a continuar. En tal virtud, en relación a esta reserva el grupo parlamentario propone señalar que existirá una violación grave, dolosa, determinante si se excede el gasto de campaña sin importar el porcentaje subrayo el porcentaje del monto en que se excedió y que la acreditación no dependa de los candados como un dictamen objetivo y material. La segunda de las reservas es en relación al mismo artículo, el 41, Apartado D, que tiene por objeto precisamente el puntualizar y quedaría redactada si se acepta la reserva en los siguientes términos: Las infracciones a lo dispuesto en la base serán sancionadas por el Instituto Nacional Electoral mediante subrayo procedimientos expeditos que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones de radio y televisión de concesionarios y permisionarios que resultan violatorias a la ley. Como está redactado es que se tomarán medidas cautelares y pone la palabrita, nada más la palabrita: podrá el INE; podrá. Es decir, a su discrecionalidad y gusto cancelar de manera inmediata las transmisiones de radio y televisión cuando precisamente sean contrarias al ordenamiento que se está aprobando. Por último la tercera reserva. Ésta está vinculada con el artículo 102, fracción VI. Es de todos conocido no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta- que el procurador general de la República no es autónomo como para poder depender de su decisión el nombramiento de las dos fiscalías especializadas, sin embargo en esos términos está en el texto de la minuta que hoy se nos presenta, por cuanto depende directamente del presidente de la república. Por esas razones hemos propuesto esta reserva al artículo 102, apartado a), para crear fiscalías especializadas; una en materia de delitos electorales y otra en el combate a la corrupción, cuya naturaleza jurídica será la de órganos constitucionales, subrayo, autónomos, y cuyos titulares sean designados por la Cámara de Diputados mediante votación calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes. Se cometen delitos electorales y al final la fiscalía, como ha venido ocurriendo, no consigna las averiguaciones previas, presuntamente porque no hay elementos y delincuentes y quedan como es la costumbre, en la absoluta impunidad. Con la redacción actual la historia será la misma. No hay ninguna garantía que la situación vaya a cambiar. En materia de corrupción, hay un indebido manejo de los recursos públicos y los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados no se ejercen en aquello para lo cual fueron autorizados. Los controles internos de la administración pública no funcionan, la Secretaría de la Función Pública, menos y las contralorías internas de las distintas dependencias y entidades no investigan y cuando finalmente así ocurre, sólo dan los procedimientos disciplinarios internos pero no denuncian ante los ministerios públicos. Por ello consideramos que dos fiscalías especializadas totalmente, vuelvo a subrayar, autónomas, sí serán capaces de conocer, investigar y en su caso ejercer acción penal ante los tribunales sosteniendo las acusaciones ante los mismos, sin esperar consignas políticas u órdenes de nadie. Compañeras y compañeros legisladores, si efectivamente tiene la voluntad, subrayo, política de transitar a un sistema de procuración de justicia verdaderamente imparcial, estoy segura que aprobarán esta propuesta. Es cuanto, diputado presidente.