El diputado Luis Enrique García López: Muchas gracias, diputada presidenta. durante los últimos años en México se implementó una política de abrazos y no balazos, que abordó el combate a la violencia desde las diversas causas que lo originan, pero en lugar de abatir los índices de la delincuencia estos se incrementaron y para muestra el secuestro, la extorsión y el cobro de piso. Y dejaron al descubierto una presunta red de amiguismo, complicidad, impunidad con los partidos políticos y principalmente con Morena. Recuérdense cómo en el proceso electoral reciente tanto locales como federales en diversas regiones del país hubo influencia de organizaciones delictivas para candidatos que ganaran, fuesen aquellos que les generaran algún tipo de beneficio o bien servidores públicos electos democráticamente que al llegar al cargo pactan con el crimen organizado para que el gobierno les permita llevar a cabo sus actividades delincuenciales o incluso militantes o simpatizantes de partidos políticos que han colaborado en distintas formas con el crimen organizado. Es lamentable que las actividades delictivas generen un serio impacto en el modelo republicano y democrático de división de poderes, pues ponen en riesgo los fundamentos que dan soporte al Estado mexicano a través de instituciones y la elección democrática de sus titulares. Lamentable ha sido que la presión ejercida por los gobiernos extranjeros ha generado un incentivo para que hoy sí el gobierno tenga acciones más contundentes en el combate a la corrupción y al crimen organizado, pero en el gobierno de México no podrá combatirlo mientras se mantengan estas alianzas perversas con capos de la droga. Es urgente eliminar de raíz esta relación de complicidad de forma inmediata y presentar ante la justicia los autores responsables de esta alianza con el crimen. México no podrá acabar con la violencia mientras exista una clase política que proteja a los delincuentes. Y es claro, compañeros diputados, que no existe crimen organizado fuerte si no es con una clase política que lo protege. Que servidores públicos se vuelven cómplices de la delincuencia organizada y sus cadenas productivas que generan y exportan narcóticos o que militantes simpatizantes de partidos políticos coadyuven con el crimen organizado es atentar contra el estado de derecho. Y, por lo tanto, presento la siguiente iniciativa que tiene como propósito estos cuatro puntos: Primero establecer la imprescriptibilidad y la pena más alta de 80 a 140 años a quienes cometan estos delitos, en términos prácticos es una pena que resulta como cadena perpetua y es equiparable a la establecida por el delito de secuestro. Aplicar dicha pena a miembros del crimen organizado que atenten contra las instituciones democráticas, mediante cualquier acto que busque influir en la toma de decisiones de los poderes públicos o pretenda incidir en los resultados de una elección popular. Imponer esta pena a los titulares del Ejecutivo federal o estatal, de las secretarías federales o estatales, de Fiscalía General de la República, de las fiscalías locales, así como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que participen o colaboren con los integrantes del crimen organizado. Investigar y sancionar la conducta tipificada como delito de colusión, de acuerdo con lo que establece la presente iniciativa y en los términos que ya yacen en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los casos previstos en el primer párrafo de este artículo 2. Mientras los ciudadanos exigen seguridad, justicia y desarrollo, algunos servidores públicos trabajan para proteger intereses del crimen organizado. Desde Acción Nacional impulsamos esta reforma, para que cualquier político coludido con el crimen sea castigado con prisión, sea inhabilitado y pierda su cargo de manera inmediata. En el Partido Acción Nacional tenemos una plena convicción de que para que exista un verdadero Estado de derecho resulta indispensable generar condiciones que permitan ejercer legítimamente el uso de la fuerza en el combate contra el crimen. Compañeros diputados, la soberanía no sólo se pierde cuando se amenaza a un gobierno desde el extranjero, también se debilita cuando el crimen dicta quién y cómo gobiernan zonas del país. País en donde los carteles tienen mayor control que las propias instituciones no es un país soberano. La seguridad nacional debe incluir la lucha frontal contra la narcopolítica y la corrupción gubernamental. Morena y su gobierno han normalizado la presencia del crimen en política, permitiendo que candidatos sean impuestos por carteles, que campañas sean financiadas con dinero ilícito y territorios completos que están entregados a la delincuencia. No se puede hablar de democracia mientras el crimen siga decidiendo quién y cómo se gobierna. México enfrenta una crisis de violencia sin precedentes y Morena ha sido cómplice de su iniciación. Desde Acción Nacional impulsamos estas iniciativas porque creemos en un país en donde las víctimas sean escuchadas, los criminales y los políticos corruptos llevados ante la justicia. No más complicidad, no más simulaciones. México merece seguridad, justicia y verdad. Pena máxima a todos los narcopolíticos. Es cuanto, diputada presidenta.