La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (vía telemática): Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, un proverbio sioux afirma que cuando el último árbol sea cortado, el último río sea envenenado y el último pez pescado, solo entonces las personas se darán cuenta que el dinero no se puede comer. Esta reflexión sin duda resulta aplicable ante la imperiosa necesidad de preservar la biodiversidad, una de las mayores riquezas naturales para nuestro querido México, y es uno de los 12 países considerados como megadiversos. Esto refleja la enorme riqueza de las especies de la fauna con la que cuenta nuestro país. En este caso nos referimos específicamente a la fauna marina, cuya explotación en nuestro país tiene diversas dimensiones, desde la pesca en mar abierto hasta la cría en espacios artificiales, mejor conocida como acuicultura. El reforzamiento de medidas tendientes a salvaguardar el desarrollo de la acuicultura no solo representa una generación de ingresos y una constante fuente de empleo que mitiga la urbanización y que crea mayor demanda de bienes y servicios, pues la ejecución es una actividad también otorgada de seguridad alimentaria a los pobladores locales que dependen de estos productos. En nuestro país, la producción a gran escala se realiza en jaulas, pero los altos costos de electricidad y la dificultad de instalar infraestructura en aquellos complejos lugares ubicados de algunos poblados, se absorben algunos gastos como insumos, y en consecuencia la mayoría de ellos optan por mantener sus jaulas a oscuras. Sin embargo, esta situación ha desencadenado una serie de inconvenientes que atentan contra la garantía de esta actividad productiva, tales como el estrés de los animales o su mal sabor, pero particularmente los constantes robos de estos productos, ya sea para subsistencia o a gran escala, que ocurren generalmente al caer la noche. En estados como Tabasco, la comisión de este ilícito se ha incrementado. Hasta el año 2010 es recurrente este tipo de delitos. Desde este año se ha convertido una de las actividades que forman parte de la delincuencia organizada, provocando pérdidas de cientos de toneladas y en la mayoría de los casos los individuos que cometen este delito lo han adoptado como su modus vivendi, y actualmente no es sancionado. Frente a este lamentable hecho, conviene señalar que esta conducta no se encuentra tipificada como delito en nuestro sistema jurídico mexicano, ya que en atención al principio de estricta aplicación que rige el derecho penal, estas conductas no configuran el delito de abigeato, que es el más parecido en los presentes en el Código Penal Federal. Por ello, en la Comisión de Justicia coincidimos con la gravedad del problema, así como la intencionalidad de esta iniciativa que pretende combatir el robo acuícola. De esta manera se propone establecer un tipo penal tendiente a castigar toda aquella conducta que cometan el robo acuícola por sí o por interpósita persona, y que se apodere de uno o más ejemplares de especies de flora o fauna acuáticas destinadas al cultivo, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas. En este sentido, se prevén distintas sanciones en atención a las diversas cantidades que los sujetos activos roben, de tal forma que por el robo de cinco unidades o menos se impondrá una pena de uno a tres años de prisión e imposición de una multa que deberá exceder el triple del valor de lo sustraído, mientras que por el robo de más de cinco unidades se impondrá una pena de dos a diez años de prisión e imposición de una multa que deberá de exceder el triple del valor de lo sustraído. A su vez, uno de los novedosos aportes de este dictamen es la equiparación al delito de robo y la sanción con la misma pena que del robo es de cinco o más unidades a quien provoque el sacrificio, envenenamiento o enfermedad de especies de flora y fauna acuáticas destinadas al cultivo será punible esta conducta. Con esta reforma se obedecen las normas demandadas de los productores acuícolas del país, quienes viven en comunidades rurales que en su mayoría sufren condiciones de marginación. Ellos no solo necesitan de instrumentos jurídicos que posibiliten a las autoridades el ofrecer apoyos necesarios para el desarrollo sustentable, sino también de normas claras y precisas que les brinden seguridad y certeza jurídica, a fin de que estos actos puedan ser perseguidos y sancionados en aras de brindar seguridad a una de las actividades económicas más importantes del país y, sobre todo, que en muchas regiones de nuestro México ... es una potencia para la clave del desarrollo. Por ello, compañeras y compañeros legisladores, los invito a que votemos a favor de este dictamen. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.