El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, una de las transformaciones que ha modificado profundamente la manera de administrar los recursos financieros de los gobiernos es la integración de los conceptos de eficiencia y eficacia en las funciones de la administración pública. En un intento por resolver el desequilibrio existente entre los recursos y necesidades, se ha tratado de operar bajo un sistema político-administrativo, cuyo diseño demanda el seguimiento y surgimiento de instituciones especializadas en cada ramo de la administración pública, sobre todo en el manejo de los recursos nacionales. Sin embargo, la malversación de fondos públicos se observa en diversos ámbitos de la administración pública y en todos los niveles de gobierno. Por lo cual, el balance de poder, finanzas y sociedad tiene que convertirse en uno de los ejes principales para el fortalecimiento de las instituciones y el combate urgente a la corrupción. En 2015 México obtuvo una calificación de 35 puntos sobre 100, ocupando el lugar 95 de 168 países, de acuerdo con Transparencia Internacional. En cuanto a indicadores de control de la corrupción, nuestro país fue calificado con 26 puntos de 100, de acuerdo a los datos del Banco Mundial. Es decir, México sigue siendo uno de los países con más problemas en la materia. En el ámbito económico, países competidores como Brasil, China e India han mejorado en los niveles de percepción de acuerdo a la corrupción en 11, 16 y 11 puntos, respectivamente. Mientras que México se ha estancado al aumentar solo 4 puntos en los últimos 21 años. Adicional a lo anterior, el 82 por ciento de las empresas que operan en nuestro territorio consideran que las prácticas de soborno y corrupción ocurren de manera común al interior de las organizaciones. Precisamente este es uno de los grandes problemas del sector Salud, sobre todo en la adjudicación de contratos para surtir los medicamentos a las diversas instituciones de salubridad pública, señalándose prácticamente indebidas tales como licitaciones dirigidas, compras menores que las requeridas, robo de producto y enriquecimiento en sus funciones de los funcionarios, efectuando el financiamiento de dicho sector y con ello afectando de manera directa a los derechohabientes de estas instituciones. Tan solo para el programa del Seguro Popular, la Auditoría Superior ha detectado irregularidades en la adquisición de medicamentos que van de 70 millones a los mil millones de pesos, encontrando quebrantos en 5 estados hasta por mil 772 millones de pesos entre 2012 y 2014. Ante este panorama es imperativo lograr que los recursos públicos sean ejercidos de manera transparente, privilegiando la eficacia y la eficiencia en el actuar de los funcionarios públicos. En este sentido, se tomaron medidas como las modificaciones en la integración del concepto de compra, consolidadas como la parte de un proyecto de contención de costos implementado desde 2012 en el IMSS, el ISSSTE y otras instituciones de salud. Este esquema de contrataciones consolidadas permite adquirir servicios o productos a precios competitivos, cuyas reglas de operación privilegian las ofertas con mayor calidad, ahorro para las finanzas públicas. Por mencionar algunos de los beneficios que ha dejado esta estrategia, en 2016 se estimó un monto de 48 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, siendo instancias como el IMSS las que han aceptado la aplicación de esta estrategia para adquirir medicamentos considerando el impacto positivo en materia económica para la institución y sus derechohabientes. A raíz del éxito obtenido en diversas instituciones de salud que han participado en esquemas de compras consolidadas de medicamentos, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista ha trabajado constantemente por la mejora de las condiciones de atención de la salud de los mexicanos, sobre todo en cuanto a la solución del problema de desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública, como consecuencia de diversos factores que impiden a los pacientes adquirir sus medicinas. Es por esto que, ante este panorama y la participación de las instituciones de salud pública con el mayor número de derechohabientes, consideramos necesario incluir en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la obligación de adquirir insumos y servicios en el esquema de compra consolidada de medicamentos, incorporando un párrafo en su artículo 17 para estos efectos. Todo lo anterior, expreso, pretende contribuir a erradicar la corrupción en el IMSS y en el ISSSTE y abonar al incremento de disponibilidad de medicamentos en el sector salud en beneficio de los mexicanos.