EL C. DIP. RAFAEL HERNÁNDEZ ESTRADA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Se ha puesto a consideración del pleno el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, respecto a la Iniciativa de Reformas a la Ley General de Protección Civil, la cual fue presentada por el grupo de trabajo de dicha materia, el pasado 18 de septiembre. El objetivo central de la iniciativa que se dictamina, es la utilización de recursos remanentes del Fondo Nacional de Desastres, en labores de prevención de riesgos. El pleno de la Comisión de gobernación y Seguridad Pública, al aprobar por unanimidad el dictamen, estableció que de ninguna manera se recortarán los recursos del FONDEN que están a disposición de los estados, para enfrentar los desastres ocurridos, pues se dispondrá para fines de prevención exclusivamente de recursos remanentes de ejercicios anteriores. Asimismo, se estableció el compromiso de revisar las reglas de operación del Fondo contenidas en la Ley General de Protección Civil, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el Reglamento expedido por el Ejecutivo federal, e manera que se agilice la declaratoria de desastres y los avalúos de los daños, y se establezca que la disposición efectiva de los recursos del Fondo Nacional de Desastres sea verdaderamente oportuna y vaya a la par de las situaciones de emergencia producidas por un fenómeno de este tipo. Fenómenos de todo tipo evidencian constantemente la fragilidad de la vida humana y del tejido social ante circunstancias adversas. Con los sismos del 19 y 20 de septiembre del 85, con los que han ocurrido con posterioridad, las erupciones de los volcanes Popocatépetl y el de Colima, la naturaleza nos ha recordado dramáticamente que México está sujeto a toda clase de fenómenos geológicos, sismos, erupciones volcánicas, inestabilidad de laderas y hundimientos locales y regionales. En el siglo pasado ocurrieron 71 grandes sismos, la tercera parte de la población nacional vive en zonas de alto y muy alto peligro sísmico incluyendo la capital del país y los estados con el mayor grado de marginación social, como son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Nuestro país se enfrenta a riesgos también por los constantes fenómenos hidrometeorológicos, ciclones por un lado y sequías por el otro, afectan gravemente amplias regiones del país. Penetran al territorio nacional cuatro ciclones destructivos en promedio cada año, produciendo intensas lluvias, que traen como consecuencia inundaciones y deslaves, el más reciente de tales meteoros bautizado como Juliette, ocasionó el desastre que en estos días sufren nuestros compatriotas en Baja California Sur. A los fenómenos naturales hay que añadir la ocurrencia de desastres producidos con la intervención humana, los fenómenos químicos-ambientales y los socio-organizativos, tales como los producidos por la afectación del medio ambiente y los accidentes industriales, han contribuido también al cuadro de desastres que han afectado a nuestro país. Según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, en los últimos 20 años México ha experimentado 75 desastres de magnitud significativa, los cuales han causado alrededor de 10 mil muertos, decenas de miles de heridos y centenares de miles de damnificados. Los daños directos, calculados durante el mismo lapso, alcanzan los 9,600 millones de dólares. Los desastres naturales y los originados con la intervención humana, afectan gravemente el desarrollo nacional y el de las regiones en que se producen. Sus efectos se resienten en las variables macroeconómicas y afectan a todas las capas sociales, sin distingo de costumbr4es o de preferencias políticas. Pero sobre todo, hay que subrayarlo, los desastres contribuyen a elevar los niveles de pobreza y desigualdad. Los desastres afectan más a las familias más pobres, porque su nivel de ingresos les da menos posibilidades de responder a los choques repentinos. Estos destruyen sus escasas pertenecientes y dañan de modo grave y a veces irreparable su gasto familiar. El dictamen que está a consideración, reforma y adiciona diversas fracciones de los Artículos 12, 30, 31, 32 y 36 de la Ley General de Protección Civil. Se propone que los estados puedan solicitar recursos del Fondo Nacional de Desastres para acciones preventivas, dichos recursos serán tomados del remanente no ejercido del año anterior, esto es, después de que se hayan atendido debidamente situaciones de emergencia y de desastre. Se establece además que en ningún caso, se dispondrá de más del 20% del total de los recursos que se hubiesen destinado al FONDEN para el ejercicio respectivo, con la finalidad de que se sigan constituyendo reserva para los casos de desastre o emergencias. Asimismo, se propone que si el año del ejercicio respectivo no quedara remanente alguno, se podrá utilizar la cantidad que del fideicomiso correspondiente a juicio de la instancia facultada para autorizarlo, se determine para acciones preventivas. En este caso se precisa que tampoco se podrá disponer más del 20% de los recursos que estuviesen destinados al fondo para el ejercicio del año anterior. La aprobación de la iniciativa que está puesta a consideración del pleno, implica una nueva estrategia de protección civil, la que no debe limitarse a reaccionar ante los desastres ocurridos. En adelante, la política de protección civil de los distintos niveles de gobierno, debe poner el acento en la prevención. Con el consenso de las fracciones parlamentarias que en él participan, el grupo de trabajo en materia de protección civil conformado por integrantes designados de la Comisión de Gobernación y Seguridad pública de esta Cámara, ha propuesto políticas preventivas tales como la promoción de la cultura de la protección civil, la educación para la autoprotección y la prevención de los desastres, la realización de los atlas de riesgos en cada municipio, región y estado; la creación de cuerpos especializados de socorro y auxilio, la fundación de una escuela nacional de protección civil, la adquisición de alta tecnología para la detección temprana de riesgos, así como el fortalecimiento de las capacidades del Estado Mexicano para mitigar las consecuencias de los desastres. En cumplimiento con nuestras tareas como representantes populares, estaremos pendientes de que esta orientación se plasme en el nuevo Programa Nacional de Protección Civil que el Poder Ejecutivo Federal debe emitir a la brevedad. Compañeras y compañeros diputados: Conservemos el espíritu de participación y solidaridad como la mejor enseñanza que nos han legado las terribles experiencias de los desastres. Honremos a quienes perdieron la vida como consecuencia de desastres con una mayor conciencia de los riesgos que enfrentamos y con mejores y más eficaces medidas de prevención. Sin distingo de banderas políticas, procuremos mejores y más modernas medidas de protección civil para nuestra población. Muchas gracias.