El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, los que suscriben, diputados Carlos García González y Adriana Rodríguez Vizcarra Velásquez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II y deroga la fracción III del artículo 112 y adiciona el Capítulo I Bis y los artículos 111 Bis y Ter, al Título VI de la Ley Federal de Metrología y Normalización, al tenor de las siguientes consideraciones. Para establecer un marco jurídico aplicable a las normas y regulaciones técnicas fue que se expidió la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, misma que fue publicada el 1 de julio de 1992. Dentro del contenido de dicha ley se desprende el artículo 112, el cual se encuentra en el Título VI Capítulo II, denominado De las Sanciones, mismo que contempla entre otras, la clausura temporal o definitiva, parcial o total y el arresto administrativo hasta por 36 horas. En esta tesitura conforme a lo dispuesto en el artículo 19, fracción XV del reglamento interior de la Secretaría de Economía, corresponde a la Dirección General de Normas la verificación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de su competencia; así como la imposición de medidas precautorias y sanciones correspondientes en los términos de la ley referida. De igual forma la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, cuenta también con facultades en materia de verificación, encaminadas a vigilar las normas oficiales mexicanas, pesas y medidas, información comercial y especificaciones industriales de los productos. Por lo que esta autoridad administrativa fundaba sus resoluciones en el artículo 112 de la ley en cita como sustento legal para la imposición de sanciones en los procedimientos iniciados y tramitados por la Profeco, dada la correlación de sus funciones con la Dirección General de normas. En atención a que algunos de los afectados por las resoluciones emitidas por la Profeco recurrieron judicialmente a los referidos fallos, en particular la aplicación de la sanción de clausura temporal o definitiva conforme al texto del artículo 112 mencionado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el 20 de octubre de 1997 declaró que la aplicación de dicho precepto legal era violatoria al artículo 16 constitucional. Dentro de los razonamientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se mencionaba que el artículo 112 no señala con precisión el marco a través del cual las autoridades administrativas deben aplicar las facultades que les fueron otorgadas para imponer sanciones a quienes incurran en el incumplimiento de la ley referida. En ninguno de ellos se especifica la clase de infracción que provoca la sanción administrativa impugnada, de manera tal que se deja a la autoridad aplicadora de la ley la facultad de determinar el tipo de infracción a la ley que se da en el caso concreto. En estas condiciones es dable concluir que la fracción II del artículo 112 que se viene examinando viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional, al no definir los elementos de juicio que permitan a la autoridad establecer la conducta infractora que da lugar a la clausura. Es por ello que se propone una adición a la fracción II del artículo 112 en la que se especifiquen los casos en los que proceda la clausura de establecimientos o instalaciones y la derogación de la fracción III, relativa a los arrestos administrativos hasta por 36 horas, ya que dicho sea de paso, no ha tenido aplicación desde el inicio de la vigencia de esta ley. Por otra parte, de la debida correlación de los artículos 112 y 112 A, ya no se deja a los particulares en estado de indefensión por no permitirse a la autoridad imponer sanciones de diferente rango a cualquier incumplimiento legal, con independencia de su gravedad. Resta por tanto, añadir un capítulo a la ley, en el que se señale el procedimiento al que deberá sujetarse la autoridad, en el que se permita al gobernado su derecho de audiencia. Todo ello con el propósito de otorgarle al ciudadano las garantías de legalidad y seguridad jurídica para el efecto de subsanar las omisiones constitucionales de que adolece. Por lo anteriormente expuesto es que presentamos ante esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en los siguientes Términos Artículo Único. Se adiciona el Capítulo I Bis y los artículos 111 Bis y Ter al Título VI, se reforma la fracción II del artículo 112 y se deroga la fracción III del mismo artículo 112 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para quedar como sigue: Capítulo I Bis. Procedimientos por infracciones a la ley. Artículo 111 Bis. Para determinar el incumplimiento de esta ley y en su caso para la imposición de las sanciones a que se refiere la misma, la Secretaría notificará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará un término de 10 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga y rinda prueba. En caso de no rendirla la Secretaría resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga. La Secretaría admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar del presunto infractor o de terceros, las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de las pruebas la Secretaría notificará al presunto infractor para que presente por escrito sus alegatos, dentro de los dos días hábiles siguientes. Transcurrido el plazo la Secretaría resolverá dentro de los 15 días hábiles siguientes y determinará las sanciones que procedan. Artículo 111 Ter. Para la sustanciación del procedimiento por infracciones a la ley, a que se refiere el presente Capítulo, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 112. ... Fracción II. Clausura de establecimientos o instalaciones cuando: a).- Realicen actividades industriales comerciales o se ofrezcan productos sujetos a normas oficiales mexicanas, al amparo de un documento alterado en cualquier forma o falsificado que pretenda denotar ilegítimamente su evaluación de la conformidad. b).- Se ponga en riesgo la integridad física o la salud de los consumidores y usuarios de bienes, servicios, procesos, actividades o instalaciones sujetos a normas oficiales mexicanas. Para efectos del inciso a) de esta fracción, no se considerará sancionable la simple pérdida de vigencia del documento legítimo que denote la evaluación de la conformidad realizada, salvo que una norma oficial mexicana en particular o su procedimiento de evaluación de la conformidad obliguen a mantener la vigencia del documento para seguir realizando las actividades industriales, comerciales u ofrecimiento de productos regulados por dichos ordenamientos. Fracción III. Se deroga. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por último, solicito que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.