El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su venia, presidente. Le pido que se puedan insertar íntegras en el Diario de los Debates estas dos reservas que fundamentalmente se refieren a inconsistencias que hay entre el artículo 102 constitucional y el artículo 15 de la ley que discutimos. Porque, en la Constitución, el artículo 102 prevé un régimen de suplencias que será determinado por la ley, sin embargo en esta ley que estamos discutiendo no se establece con claridad, sino que se remite a su vez a un reglamento; es decir, que el fiscal general será suplido en sus escusas, ausencias o faltas temporales por el titular de la dice fiscalía, pero en los términos del reglamento, lo cual nos parece una anomalía, sobre todo porque hay dos fiscalías especializadas que tienen rango constitucional, como es la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía en materia de Delitos Electorales. Nos parece, insisto, que esto genera una serie de situaciones que pueden permitir que, en el caso de que se meta una queja o una denuncia contra el fiscal, el fiscal va a ser alguien que el propio fiscal habrá nombrado y esto va a generar impunidad, contubernio, va a generar una coraza para que se siga blindando y protegiendo los errores, las omisiones, las averiguaciones previas mal integradas y toda la serie de anomalías que han generado que en muchos casos se consignen ante los tribunales, pero salen libres los delincuentes, tanto aquellos de delitos graves vinculados a la delincuencia organizada, como también delitos que tienen que ver con el fuero federal y que no son necesariamente de delincuencia organizada. Nosotros vemos también que la mención a hechos que pueden ser afectaciones a la libertad de expresión y agresiones a quienes practican el periodismo también está muy restringido y hemos visto en este sexenio agresiones graves a medios de comunicación, a comunicadores, homicidios no aclarados; hechos de violencia, y aquí esta ley sigue siendo omisa. Nosotros creemos que el gran problema de la procuración de justicia en el país no está necesariamente en una ley, sino en la falta de capacidad del Ministerio Público para integrar averiguaciones previas sólidas, lo cual puede ser por falta de pericia y capacidad profesional o lo que es peor, por contubernio, por complicidad y por ocultar hechos de carácter delincuencial. Por ejemplo, en el caso de Oceanografía, que el actual titular del Ministerio Público, Murillo Karam, insisto en que es un delito cometido entre particulares, cuando ya el encargado de la Función Pública ha señalado que hay una afectación de cuando menos 500 millones a Petróleos Mexicanos por operaciones realizadas por Oceanografía. Sin embargo, el Ministerio Público insiste en que es un hecho entre particulares. Ahí definitivamente, o hay incapacidad o hay complicidad del procurador Murillo Karam. Yo me sumo a lo que han dicho varios compañeros cuando se habla de la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre, en Iguala y en Cocula. Resulta extraño, resulta por demás sospechoso que César Peñalosa, alcalde de origen priista del municipio de Cocula, no esté detenido y tras las rejas. En su municipio se perpetró la desaparición forzada, los policías y los mandos policiacos intervinieron. En el basurero municipal se habrían incinerado y victimado a jóvenes estudiantes normalistas, y el señor César Peñalosa goza de impunidad. Por eso nosotros no sabemos si el que lo protege es Murillo Karam o Enrique Peña, porque debía concluyo debía estar ya tras las rejas y sin embargo está en la impunidad. Nosotros creemos que verdaderamente habremos de contar con una Fiscalía General autónoma y una fiscalía anticorrupción de verdad, cuando el fiscal anticorrupción procese por enriquecimiento ilícito a Enrique Peña Nieto. Si no todo lo demás son tapaderas, son complicidades, es gatopardismo. La verdadera prueba de fuego es que procesen al presidente por enriquecimiento ilícito. Es cuanto.