El diputado Uriel López Paredes: Con su permiso, diputado presidente. A partir de las elecciones federales de 1997, los partidos que han conquistado la Presidencia de la República no han podido obtener la mayoría en el Congreso federal. Desde entonces, las relaciones entre ambos Poderes políticos ya son más equilibradas, lejos quedaron las épocas del presidente todo poderoso y el partido prácticamente único. Lejos quedó también la época del Legislativo subordinado al Ejecutivo. La sociedad cambió y su régimen político también, pero no sólo ellos, este empuje transformador también impactó a la administración pública federal, la obligó a reformarse, por supuesto, también existieron otras causales que incidieron en su reforma. Entre los aspectos más sobresalientes de las modificaciones al aparato administrativo destaca el esfuerzo por transparentar sus actividades y rendir cuentas ante la sociedad. Pero, a pesar de los avances en esta materia aún hay tareas pendientes, la Constitución General de la República reconoce a los diputados como los representantes de la nación y a los senadores de la república como los garantes del pacto federal. La Cámara de Diputados, además de legislar es la representación popular, por eso, fiscaliza a la administración pública federal y más ampliamente vigila los recursos federales. Sin embargo, aún hay titulares de dependencias federales, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y organismos autónomos que se niegan a rendir cuentas ante el Congreso de la Unión. Estos funcionarios olvidan que la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico dependiente de esta soberanía ya ejerce la facultad y fiscalización de los recursos públicos que tiene la Cámara de Diputados. Por eso, es necesario perfeccionar la facultad que tiene el Congreso de hacer comparecer a los secretarios de Estado, el procurador general de la República; los directores y administradores de las entidades paraestatales; los titulares de los órganos autónomos y los funcionarios que dependan jerárquicamente de ellos, y de solicitarles información o documentación, pues en la actualidad no pasa nada si se niegan a comparecer. La atribución que actualmente tiene el Congreso adolece de la parte coactiva, es una facultad mostrenca. Algo que caracteriza a las normas jurídicas es que, además de mandatar el cumplimiento de un deber señalan con toda claridad cuál es el ente que debe exigir su cumplimiento, con qué facultades cuenta para ello y cuáles son las sanciones a que se hacen acreedores quienes incumplan con esta obligación. Extremando el argumento puede afirmarse que la Cámara de Diputados ya tiene la facultad de imponer sanciones a los servidores públicos, aunque de manera indirecta a través de su órgano técnico de fiscalización. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que reglamenta las facciones II y IV del artículo 74 y el artículo 90 constitucional, le otorga facultades a la Auditoría Superior de la Federación para imponer sanciones a los funcionarios que no atiendan los requerimientos de información o el apoyo solicitado en las formas y plazos establecidos. Esto es, la Cámara de Diputados ya ejerce la facultad coactiva a través de la Auditoría Superior de la Federación, ahora lo que procede es asentar con toda claridad den la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que las Cámaras pueden imponer directamente medidas coactivas a los servidores públicos que incumplan con su obligación de comparecer o que se nieguen a proporcionar la información o documentación requerida por las comisiones o el pleno. Para cumplir con este objetivo, esta iniciativa con proyecto de decreto se adiciona un artículo 13 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en él se subraya la facultad del Congreso de la Unión de citar a comparecer a los servidores públicos enlistados y se señala qué sanciones se pueden aplicar al funcionar que se niegue a asistir, salvo que se derive de causas ajenas a su voluntad o responsabilidad. También proponemos la modificación de los artículos 45 y 97 de la ley incita, que regulan las atribuciones de las Cámaras de Diputados y Senadores para pedir información o documentación a las dependencias o entidades u organismos autónomos. Con esta reforma, el Congreso General podrá aplicar las medidas sancionatorias señaladas en el artículo 13 Bis, a los funcionarios que dejen de cumplir con esta obligación. La adición y modificaciones legales propuestas le permiten al Congreso General avanzar en el objetivo de transparentar las actividades de la administración pública federal, el ejercicio del gasto público, el cumplimiento de metas y en general de la toma de decisiones en las instituciones públicas. En síntesis, la reforma que ponemos a consideración de esta soberanía otorga facultades a los diputados y senadores para exigir a los funcionarios enlistados, que rindan cuentas a la ciudadanía, también para sancionarlos en caso de que se nieguen a hacerlo. Es cuanto, diputado presidente.