EL C. DIPUTADO JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es una importante vía general de comunicación sobre la cual se respalda en buena medida gran parte del desarrollo del país, en donde el crecimiento de las operaciones comerciales y el aumento del número de pasajeros actualmente ya atraviesa por una crisis de saturación, que entorpece el transporte de mercancías y de pasajeros. La trascendencia de la instalación de un aeropuerto alterno, radica no solamente en el suministro de recursos para su consumo en la Ciudad de México y área conurbada, sino que del lugar donde vayan a operar modificarán su entorno social, económico, urbano y el ambiental, existiendo la posibilidad de que se extiende en buena medida la mancha urbana a otras regiones cercanas al Distrito Federal. Su proceso de conurbación con entidades y municipios vecinos, hacen que su potencial de demanda de servicios laborales generales y especializados, así como de recursos institucionales se multiplique constantemente. El Partido Verde Ecologista de México ha cuestionado en innumerables ocasiones la viabilidad de la construcción del proyecto de Texcoco, manifestándose en contra por el impacto a la vida silvestre, la contaminación de suelos y cuerpos de agua, así como por la falta de infraestructura en la zona. Si bien esto sería uno de los más graves problemas que enfrentaría el proyecto de Texcoco, también existen innumerables consecuencias de tipo social y económicos, que repercutirán directamente en cada uno de los habitantes de la zona metropolitana, lo que se estima en unos 20 millones de seres humanos. La falta de una justicia social y el hacinamiento que vivimos en esta gran urbe, ha propiciado una carencia en servicios de salud, de educación, de acceso a recursos productivos o de empleo remunerado, favoreciendo con ello mayor delincuencia, reducción de las esperanzas de vida, marginación, adicciones y la vulnerabilidad. Las pérdidas directas como consecuencia del delito, sólo el año pasado superaron a los 62 mil millones de dolares, o sea, todo un presupuesto nacional de un país de mediano tamaño, eso sin contar lo que gastan los particulares en seguridad y los empresarios que dejan de invertir por temor a los delincuentes. La construcción de un aeropuerto, como el que se pretende establecer en la zona metropolitana, producirá sin exagerar, la autodestrucción de nuestra sociedad en la capital del país y como la concebimos ahora, situación provocada por beneficiar a los intereses meramente económicos, sin mediar en las particularidades sociales, como son: la disponibilidad de servicios y en la calidad de los mismos. Las preguntas que tendremos que hacer no son, ¿por qué un día antes del anuncio para la designación del nuevo aeropuerto, ya estaban publicados en el Diario Oficial los decretos de expropiación en donde además la Secretaría de Medio Ambiente había solicitado esa expropiación desde el 3 de octubre de este año, fecha en que ya estaba tomada la decisión del nuevo aeropuerto?; ¿cuál es el verdadero estudio de impacto ambiental de los dos realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México en su programa de medio ambiente solicitado por ASA en el 95 o el PUMA, actualmente solicitado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Sobre esto no hemos obtenido respuesta alguna. Debemos establecer un nuevo aeropuerto cuyo principal objetivo consista en vigorizar nuestra economía haciendo frente a las necesidades y demandas que se presentarán en los años venideros. En suma, un aeropuerto más seguro, eficiente y moderno que propiciará una mejor calidad a los servicios contribuyendo al fortalecimiento del transporte multimodal, al crecimiento regional equilibrado y considerando en construcción y operación la preservación del medio ambiente. Apoyamos el punto de acuerdo presentado por el Partido de la Revolución Democrática, a excepción de su artículo 4º. para el que proponemos la siguiente redacción: Artículo 4º. "Las personas y organismos que participaron en la realización de los estudios de impacto ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México en su programa de medio ambiente solicitado por ASA en el 95 y el PUMA, solicitado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentarán a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes sus opiniones, resultados, conclusiones y respectivos fallos para que sean estas Comisiones las que determinen la transparencia en el proceso". Por su atención, muchas gracias.