La diputada Ariadna Montiel Reyes: Con su venia, presidenta. Acudo a esta tribuna para someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales, con el objeto de regular como delito electoral la violencia política de género. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género, que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. México ha suscrito tratados internacionales para la protección de los derechos de las mujeres. La participación política de las mujeres en México ha sido un proceso lento y paulatino, en el que muchas hemos participado de manera a veces limitado. La incursión en espacios de toma de decisiones y de representación popular ha sido producto de una lucha permanente por el reconocimiento de nuestros derechos ciudadanos y políticos. En el contexto nacional, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dependencia encargada de sancionar estos ilícitos, tiene registrados 141 casos de violencia política de género, de los cuales en 2015 se atendieron 38 y en lo que va del 16 se tiene conocimiento de 103, en donde la víctima es una mujer, por lo que ha implementado en su línea de denuncia de delitos electorales una opción relacionada con la violencia política de género, para dotar oportuna detección y seguimiento a estos casos. Sin embargo, es necesario dotar de un marco jurídico pleno, en el que la violencia política de género sea integrada en el Catálogo de Delitos Electorales. En enero de 2017, la Fepade, a través de un comunicado institucional, informó que mantiene 52 investigaciones abiertas, en las que se presume se cometió un acto de violencia política por motivos de género. Cabe señalar, que en México solamente dos estados de la república han legislado en esta materia, a pesar de que a nivel nacional las agresiones hacia las mujeres que participamos en la actividad política ha ido en incremento de manera constante. El concepto de violencia política se ha construido a partir de la Convención de Belém do Pará, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Es por ello que en nuestra propuesta planteamos integrar al catálogo de delitos electorales el concepto de violencia política de género, como toda acción u omisión, agresiones físicas, psicológicas, sexuales en contra de las mujeres, pre candidatas, candidatas y electas en el marco del ejercicio de sus derechos político electorales, y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o nuestras prerrogativas por el cargo público. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 3, la fracción XXII al artículo 7, la fracción XXII al artículo 8 y la fracción XI al artículo 9, todas de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el objeto de regular como delito electoral la violencia política de género. Es cuanto, diputada presidenta.