La diputada Juana Acosta Trujillo: Buenas tardes a todas y a todos, la reforma en materia de contratación pública en México marca un hito fundamental hacia una administración más moderna, más eficiente alineada con los más altos estándares internacionales. Esta transformación se articula a través de las diversas medidas que buscan optimizar la gestión pública, fortalecer la transparencia y reducir los riesgos de corrupción en los procesos de contratación. Uno de los avances más significativos de esta reforma es la implementación de la plataforma digital de contrataciones públicas, esta herramienta tecnológica representa un cambio crucial en la manera en que el gobierno gestiona las contrataciones permitiendo que los procedimientos sean más visibles y accesibles y auditables para todos los ciudadanos y actores involucrados. La plataforma facilita el acceso a la información de manera más ágil y segura, gracias a su transversalidad los procesos de contratación se vuelven más verificables, ya que antes se manejaba todo esto en lo oscurito, evidentemente promueve una mayor rendición de cuentas. Además, la digitalización contribuye a la eficiencia operativa, lo que permite una mejor gestión de los recursos públicos, al eliminar procedimientos innecesarios y optimizar tiempos de respuesta. La reforma también introduce cambios en la Ley de Obra Pública, buscando integrar tecnologías avanzadas en la gestión de los proyectos. La incorporación de herramientas digitales y sistemas de gestión más modernos mejora la optimización de los recursos disponibles y permite una mayor competitividad en los procesos de contratación. La introducción del mecanismo de oferta subsecuente de descuento fomenta una sana competencia entre los contratistas, lo que no solo favorece la transparencia en las adjudicaciones, sino que también puede resultar ahorros significativos para el Estado, ya que los contratos se adjudicarán a aquellos que ofrezcan las mejores condiciones económicas, sin comprometer la calidad de los proyectos. Adicionalmente, los diálogos estratégicos, previos, entre las autoridades y los contratistas, se presentan como una medida innovadora para asegurar que los proyectos sean visibles y bien fundamentados desde el inicio. Este tipo de interacciones facilita la identificación de posibles riesgos y permite ajustar los proyectos a las realidades del mercado, antes de su ejecución, al contar con un panorama claro desde las etapas iniciales. Se incrementa la probabilidad de éxito en la ejecución de obra y servicios públicos. A su vez, la investigación de mercado complementa la toma de decisiones, brindando a los responsables de la adjudicación del contrato información precisa y relevante que asegure que los proyectos sean adecuados a las necesidades del país y estén alineados en las condiciones de entorno económico. La reforma también pone un énfasis especial en la adjudicación directa, un tema que ha sido históricamente controversial, establecer criterios para su uso es fundamental para reducir el mal uso en las decisiones de la adjudicación, lo que refuerza la transparencia y la equidad en el proceso. La adjudicación directa, que en ocasiones puede generar dudas sobre su legilidad o justificación, quedará restringida en casos específicos y justificados, lo que contribuye un mayor control y vigilancia por parte de las autoridades. Esta medida es esencial para garantizar que los recursos públicos no sean mal gestionados o utilizados de manera inapropiada, sino que sean destinados a proyectos que verdaderamente beneficien a la sociedad. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, por otro lado, constituye un pilar esencial en la lucha contra la corrupción dentro del sector público. Esta entidad tiene como misión supervisar y garantizar la legilidad de todos los procesos relacionados con obra pública, asegurando que cumplan las normas establecidas y que cualquier irregularidad o acto de corrupción sea detectado y sancionado de manera eficiente...