El diputado Miguel Sámano Peralta: Compañeras y compañeros diputados. La fiscalización es uno de los mecanismos más importantes para afianzar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, ya que permite vigilar, dar seguimiento y comprobar el destino de los recursos públicos. Si bien, el dictamen de la Cuenta Pública Federal, es una opinión y determinación política, como se señala en el documento, también es oportuno resaltar que se sustenta el trabajo técnico, especializado y objetivo realizado por la Auditoría Superior de la Federación. Ciertamente, una de las principales características del ejercicio fiscal 2020 fue el impacto que tuvo la pandemia de Covid-19 sobre las finanzas públicas, pero también lo fue la insuficiencia de acciones para la protección de la planta productiva y el empleo. De igual forma, los resultados de la Cuenta Pública 2020 nos llaman a una reflexión profunda sobre el ejercicio del gasto público, con base en la información generada por la fiscalización superior y los resultados arrojados por las más de mil 616 auditorías practicadas. En ese sentido, resulta relevante que para ese año se haya compensado la caída de los ingresos públicos mediante el uso de 204 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, aunado a que se registró una significativa disminución en el Fondo de estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que prácticamente se redujo a la mitad en el lapso de un año. Adicionalmente, entre los hallazgos obtenidos por la Auditoría Superior de la Federación sobresalen los 5 mil 640 millones de pesos que están pendientes de aclarar por parte de Segalmex. Así como hay más de 2 mil 500 millones de pesos por explicar en lo que respecta a los recursos destinados por el Insabi para la atención de la pandemia de Covid-19. Tampoco podemos perder de vista que, como lo señalé en la comparecencia de la secretaria de Bienestar, el programa Sembrando Vida otorgó apoyos económicos ordinarios en efectivo por 243 millones de pesos, sin acreditar con la documentación comprobatoria que estos fueron entregados a los beneficiarios del programa. Asimismo, se dieron apoyos económicos adicionales en efectivo por 565 millones de pesos, sin que se acreditara la aplicación de los recursos en los bienes y servicios autorizados. En resumen, este programa tiene más de 900 millones de pesos pendientes por aclarar en el ejercicio fiscal 2020. Tampoco debemos olvidar que, en el análisis de la Cuenta Pública de 2019, se le observaron más de mil 800 millones de pesos, es decir, se trata de un programa con inconsistencias recurrentes y que, a pesar de ello, para el 2023 ejercerá un presupuesto superior a los 37 mil millones de pesos. Los datos antes referidos son algunos ejemplos que nos conminan a revisar con mayor detalle la aplicación de los recursos públicos y estar al pendiente de que se solventen todas las inconsistencias durante las siguientes etapas del proceso de fiscalización. Por estas razones, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos en contra del dictamen, pues consideramos que los recursos públicos se deben ejercer con responsabilidad, transparencia y visión de estado, pensando siempre en el progreso del país bajo una perspectiva incluyente, federalista y democrática. Es cuanto, presidenta.