EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputada. Tiene, para dar respuesta, el uso de la palabra el ciudadano Diódoro Carrasco, Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos, EL C. LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, Secretario de Gobernación: Muchas gracias, señor Presidente. La señora diputada Rosalía Peredo Aguilar, nos ha planteado la preocupación que hay en relación a la situación social de rezago, de marginación, en estados del sur sureste de la República, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y plantea que si esto, como se afirma en algún párrafo del Sexto Informe de Gobierno, es o ha sido una de las causas que explican el surgimiento de grupos armados como EPR, ERPI, EZLN. Permítame abordar primero este primer tema, porque me parece que se ha insistido como una tesis que queda perfectamente explícita en el informe del Presidente Zedillo, de que el compromiso, la preocupación central además de las medidas de contención, además de los esquemas de acota miento, pero sobre todo además del esfuerzo político por impulsar y recuperar espacios de confianza y de diálogo a los que me he referido con la carta de 1999 en el caso particular de Chiapas que es un muy buen ejemplo para contestar este comentario ha sido precisamente la búsqueda de alternativas de solución a las razones, a las causas que a juicio del Gobierno de la República explican en buena medida el surgimiento de este tipo de conflictos. En el caso de Chiapas en particular, se ha desplegado una muy intensa, profunda política social, que ha significado no solamente recursos muy importantes sino un esquema de coordinación y de participación de dependencias federales y estatales, para atender los retos principales en materia de rezago social. Entre 1995 y este año 2000 se han invertido en Chiapas del orden de 76 mil millones de pesos a precios constantes del último año, que nos permiten hoy evaluar y ponderar resultados muy importantes en un tema que a juicio del gobierno es un tema que explica no por sí solo, pero que explica en una buena proporción el origen de estas muchas legítimas inquietudes de carácter social que han derivado desafortunadamente en este tipo de movimientos armados. Y estos recursos que se han destinado a educación, a salud, a resolver problemas de agua potable, de comunicaciones, que se han destinado a impulsar solución de problemas agrarios, de proyectar y generar alternativas productivas en materia agropecuaria, de proteger recursos naturales, de impulsar esquemas de desarrollo regional y de empleo temporal, sin duda, como lo establece el informe, han permitido arrojar resultados muy importantes; resultados tan importantes como el incremento de más de 24 por ciento de la matrícula escolar en este periodo; resultados tan importantes como la creación de 140 nuevos centros de salud y clínicas que incrementan sustancialmente la infraestructura hospitalaria y de salud pública; resultados tan importantes como la construcción de varios sistemas de agua potable, 24 en grandes zonas urbanas, núcleos urbanos, y 1,216 en zonas rurales, aumentado la cobertura de servicios de agua potable de 65 a 76 por ciento en este periodo, o la construcci6n de una gran cantidad de caminos que ha permitido ampliar para fines de seguridad, pero también de desarrollo regional, la red carretera en el estado o la firma de acuerdos agrarios para generar esquemas de estabilidad y desarrollo con 60 organizaciones campesinas y 112 grupos independientes. Bueno, este es el esfuerzo en materia de política social, entre otros temas fundamentales que se están haciendo en Chiapas, además por supuesto de la creación de 300 mil empleos temporales en seis años o la atención de casi 288 mil familias dispersas en más de 5 mil localidades, como el programa de educación, salud y alimentación. Yo creo que este es el reto fundamental que tenemos en entidades como Chiapas, como Oaxaca y como Guerrero, entre otras cosas; además por supuesto de seguir insistiendo, ratificando en los conductos de la negociación y diálogo para encauzar y dirimir demandas sociales que se han expresado por vías armadas y por supuesto la vigilancia y la observancia estricta de la ley para evitar problemas de inestabilidad y de surgimiento de acciones de violencia que pongan en riesgo a la propia población. Eso es lo que se ha vendió haciendo en coordinación con las autoridades loca les y con los distintos niveles de gobierno en estados como Chiapas, como Guerrero y como Oaxaca con fenómenos particulares de Ezeta, CPR y ERP. Comentaba la señora Diputada también el tema de los indocumentados y del papel que tiene el Instituto Nacional de Migración y las políticas de la Secretaría de Gobernación en este particular. Yo le quisiera comentar que desde 1995 la Secretaria de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración ha puesto en marcha un Programa Nacional de Protección a Migrantes como lo referí en mi primera intervención y este Pro grama, entre otras cosas, responde precisamente al reconocimiento de los migrantes por sus condiciones precarias, por su situación jurídica, social y económica son permanentes víctimas de agresiones de delincuentes o de incluso cuerpos de seguridad y autoridades deshonestas que atentan contra sus derechos elementales consagradas en todas las leyes mexicanas. Una de los vertientes, uno de los aspectos importantes de este Programa es la creación precisamente de los grupos de protecci6n a migrantes, estos son mecanismos, sistemas de cooperaci6n entre niveles de gobierno que nos está permitiendo a través del Instituto Nacional de Migración utilizarlos para brindar protección amplia y oportuna a los migrantes. Tenemos diez grupos de protección a migrantes en el país, ahora coordinándose con la Policía Federal Preventiva, ahora coordinándose muy estrechamente con las autoridades locales y nos ha permitido por ejemplo este año, del lo. de junio de este año rescatar a 6, 346 migrantes en situaciones de emergencia, es el trabajo y el papel que hacemos en los grupos Beta y ahora con la Policía Federal Preventiva. Termino mi comentario señora Diputada, atendiendo su preocupación en relación al papel de los criterios que utilizó la Secretaría de Gobernación y el Gobierno para la expulsión de los nacionales españoles. En el caso de la expulsión de cuatro nacionales españoles efectuado en el mes de enero de este año, no se aplicaron la Ley de Expedición Internacional ni del Artículo 33 en virtud de que se instruyó el procedimiento administrativo migratorio previsto en al Ley General de Población en el Capítulo X de nuestra Ley de Población, en virtud de la violaci6n de distintos artículos, es decir, estos nacionales españoles se internaron ilegalmente al territorio nacional y en ningún momento acreditaron su estancia permaneciendo por un tiempo importante en el país bajo esta consideración, es decir, de manera ilegal y ese caso particular es competencia del Instituto Nacional de Migración conocer y resolver sobre violaciones, como es en este caso al Capítulo X de la Ley General de Población, Esa es la raz6n específica por la cual tuvieron que abandonar el territorio nacional de manera inmediata y sin necesidad de previo oficio como lo establecen las propias disposiciones de la Ley Federal de Poblaci6n que es nuestra facultad observar y aplicar.