El diputado César Agustín Hernández Pérez: Con la venia de la Presidencia. De acuerdo con cifras proporcionadas por la Organización Transparencia Internacional, el Estado mexicano y el desarrollo integral de nuestro país pagan la factura de nuestra convivencia diaria con los actos de corrupción, perdiendo 347 mil millones de pesos anuales, mientras que el Fondo Monetario Internacional estima que la corrupción mexicana equivale a 2 por ciento del producto interno bruto. Asimismo, Transparencia Internacional señala que la estadística referente a México, coloca a la policía con un 47 por ciento en el grado de corrupción, y los impartidores de justicia con el 40 por ciento. Por otra parte se considera que en el ámbito de los empresarios la corrupción permea en un 36 por ciento de estos, y entre la población de empleados de gobierno, señala que en un 37 por ciento ellos se conducen de forma corrupta. La corrupción tiene varias aristas que deben ser detenidas. Por ejemplo la impunidad vertiginosa que impera en nuestro territorio, el altísimo número de funcionarios que incurren en actos de corrupción, además del índice del 51 por ciento de la población que recurre a medios transgresores de las disposiciones administrativas y jurisdiccionales. Es muy probable que los corruptos y corruptores ni siquiera imaginen la cadena de elementos perniciosos que engarza en su totalidad sus actos de corrupción. No es ninguna exageración decir que la corrupción no sólo cuesta dinero y desarrollo, la corrupción puede llegar a costar vidas directa e indirectamente. Debemos fortalecer más el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que hoy en día la corrupción más allá de un asunto individual ha pasado a ser un tema estructural. Muestra de ello es el caso de alguien que está por concluir su sexenio presidencial, y que lo dejará marcado por escándalos de corrupción, de violencia, de impunidad. Por lo anterior, hoy presento una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Primeramente, propongo adicionar, como una sanción administrativa la inhabilitación permanente para aquellos casos en que el monto de la afectación sea mayor a 205 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización. Para el caso de los servidores públicos, la inhabilitación permanente consistirá en la prohibición para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Esta sanción administrativa también será aplicada por faltas de particulares, ya sean personas físicas y/o morales, con lo que se unen servidores públicos para realizar actos de corrupción, y consistirá en una negativa rotunda para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en tanto que, tratándose de personas morales, estas y sus socios tampoco podrán participar en actos de representación o vigilancia. Lo anterior, con la finalidad de evitar que las personas físicas corruptas, cambien el nombre de la persona moral, su razón social que en su momento han constituido en el interés de continuar actuando corruptamente. Además, en un segundo término, se plantea introducir la figura de la prevaricación judicial en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que el dictado de resoluciones injustas y contrarias a la ley, abonan al hundimiento y retroceso de nuestro país en todos sus ámbitos, por lo que además de ser considerada en el Código Penal como uno de los delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, se busca incluirlo formalmente como una falta administrativa grave. La corrupción de jueces, magistrados y/o ministros, constituye una flagrante traición al estado de derecho y una violación a los derechos humanos. Por ello, y a efecto de que esta reforma sea implementada en todos sus términos, posteriormente estaremos solicitando la adición de la sanción administrativa consistente en la inhabilitación permanente en el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Desde este momento solicito a esta soberanía, diputadas y diputados, sumemos esfuerzos para que iniciativas como esta se vuelvan una realidad. Juntos terminemos con la corrupción, haciéndole frente a la impunidad, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Es cuanto, señora presidenta.