El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez: Señoras y señores diputados: Presento el día de hoy ante ustedes, una iniciativa que adiciona los artículos 25 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar plena autonomía a las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas, del Sistema de Ahorro para el Retiro y la del Servicio de Administración Tributaria, que ahora realizan sus funciones en materia económica por órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la capacidad técnica que su realización demanda, pero aún hay un amplio margen de posibles mejoras en su estructura y en el resultado del Ejercicio de sus atribuciones. La exposición de motivos que presento a su consideración, establece la necesidad de los organismos autónomos, a fin de contar con órganos apolíticos, evitar la ingerencia de otros poderes en sus funciones técnicas, equilibrar el ejercicio del poder y procurar la permanencia de instituciones y objetivos estatales a largo plazo. La importancia de promover la autonomía de los órganos que nos ocupan, radica en el carácter de las funciones que se les encomienda, es decir, de supervisión y regulación de las personas físicas y morales que participan en el sistema financiero, así como en aspectos recaudatorios y aduanales. A pesar de la diferencia en su sustancia, todas esas materias tienen algo en común para el Estado por su grado de especialización e impacto en la economía, se requiere que las funciones relativas, recaigan en órganos con alta capacidad técnica y profesional, que sean independientes en su actuar, que promuevan el desarrollo de políticas y programas de mediano y largo plazos que trasciendan a los ciclos políticos, sin sujetar su actuación a las renovaciones periódicas de los titulares de la administración centralizada y por tanto, su gestión supere políticas de corto plazo que beneficien únicamente a coyunturas especificas y qué decir también, de la realización o no de auditorías fiscales y de la imposición o no de sanciones económicas. La no alineación de ciclos que permite la autonomía es un factor de confianza para la ciudadanía y para los inversionistas, lo cual sin duda es un promotor del desarrollo económico. Por otro lado, al darle a los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero, la posibilidad de adoptar políticas de largo plazo, se les facilitará cumplir con su objetivo de procurar la estabilidad de las entidades financieras y se contará con órganos de Estado fortalecidos en sus funciones de autorización, regulación y supervisión de los participantes en aquel sistema. Actualmente funciones tales como la autorización de intermediarios o bien la intervención de instituciones en problemas, puede derivar en presiones políticas o de grupos de interés, que podrían orillar a las autoridades supervisoras a, en el primer caso dar entrada a participantes con poca solvencia moral o económica en beneficio de intereses particulares o en el segundo, a postergar la decisión de intervenir a una institución en problemas, en virtud, de por ejemplo, la cercanía de un proceso electoral. La trascendencia de la regulación del sistema financiero es obvia, ya que ese sistema constituye el principal medio por el cual el ahorro generado por la sociedad es canalizado a áreas productivas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores está encargada de supervisar y regular a más de 1,100 entidades que en valor de activo representan más del 40% del Producto Interno Bruto. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro, es responsable de cuidar el corrector funcionamiento del ahorro de los trabajadores, a través de 15 Afores, que al día de hoy manejan el ahorro de 34 millones de cuenta habientes con valor de 550 mil millones de pesos y que crecerá, entre 60 y 80 mil millones de pesos cada año. En materia contributiva el Estado requiere contar con una estructura que logre una recaudación eficiente y moralmente reconocida. No menos importante son los actos de control en materia aduanera al constituir éstos actividades fundamentales para la seguridad del país. La necesidad de dar continuidad a los trabajos de mejora en la operación de la función recaudatoria es impostergable, a pesar de que el número de contribuyentes activos ha registrado un importante incremento al pasar de casi 6 millones en 1997, a cerca de 11 millones para el 2004, la proporción de la carga impositiva respecto al PIB sigue siendo muy baja, apenas 11%, incluso en comparación con otros países de menor desarrollo relativo. La cantidad de recursos invertidos, así como la creatividad que se requiere de los expertos involucrados en el diseño de las mejores soluciones para mejorar la operación del servicio de recaudación tributaria, serán insuficientes, si no son continuados de una manera consistente a través del tiempo, mediante el diseño y aplicación de estrategias de largo plazo, con plena independencia de la instancia responsable de la política fiscal. Para lograr sus objetivos la autonomía de dichos organismos no sólo debe estar referida a las funciones que realizan, sino que debe trascender a su administración y la forma en la que cada uno de ellos se gobierna en su interior. Así, para que los organismos cuenten con autonomía funcional, deben tener al mismo tiempo libertad para ejercer sus funciones en la forma en que sus órganos de gobierno lo decidan, de conformidad con su mandato y no estar jerárquicamente subordinados al Ejecutivo Federal, sin perjuicio de los mecanismos de coordinación, supervisión y rendición de cuentas que sean necesarios. A los órganos autónomos, les sería aplicable el régimen de responsabilidades de servidores públicos, con la administración y aplicación que se prevean en las leyes y tendrían que presentar informes ante el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo respecto del cumplimiento de sus objetivos y funciones, así como rendir cuentas ante el Poder Legislativo sobre el ejercicio de su presupuesto. Como organismos autónomos, estas autoridades contarían con la flexibilidad necesaria para contratar, capacitar y retener, a los mejores profesionistas disponibles en el mercado laboral. Para garantizar la autonomía de estos organismos, se propone que sus juntas de gobierno se integren por siete miembros, dos de los cuales serían funcionarios gubernamentales encargados de las políticas fiscal y monetaria y los otros cinco, incluyendo al presidente del organismo, serían nombrados a propuesta del Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en su caso, la Comisión Permanente. En lo referente al SAT, dos de los cinco miembros propuestos serían sugeridos por la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, a efecto de fortalecer el federalismo. Como se aprecia, en ningún caso el Ejecutivo Federal tendría la mayoría. Para evitar que el nombramiento de los miembros de las juntas de gobierno se empalme con el inicio de un régimen presidencial, la duración en su encargo sería escalonadamente de ocho años para las comisiones financieras y de seis años para el SAT. Las leyes reglamentarias determinarían los requisitos que deban reunir los miembros de las juntas de gobierno y las causas para su remoción. La creación de organismos autónomos va en línea de restarle facultades discrecionales al Ejecutivo. La pluralidad y la alternancia han llegado para quedarse. La negociación en la búsqueda de acuerdos debe ser la norma a seguir. No es posible ya permitir la arbitrariedad, la discrecionalidad, la opacidad y el uso de las funciones públicas para fines políticos, represivos de la democracia y las libertades ciudadanas. Así como la reforma energética requiere necesariamente de la reforma fiscal, las acciones a que nos referimos en esta iniciativa deben complementarse con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuya aprobación se vuelve urgente para completar la reforma de los instrumentos de política económica. La autonomía del Banco de México, la del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, la de las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas, del Sistema de Ahorro para el Retiro, la del Servicio de Administración Tributaria y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, constituyen en su conjunto una reforma estructural para modernizar y democratizar el ejercicio responsable del poder, acorde con una profunda reforma del Estado. Por todo lo expuesto, con base en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Constituyente Permanente esta iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos 25 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria correspondiente al día de hoy. Muchas gracias.