El diputado Mariano González Aguirre: Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, vengo a expresar nuestra postura acerca de este dictamen que busca modificar la manera en que se ocupa la titularidad del Conapred. Como ustedes saben, esta institución es resultado de una lucha histórica de diferentes sectores de la sociedad que han buscado construir un espacio de justicia y de liberación. Desde el 2003, este organismo ha sido una piedra angular en nuestro cumplimiento como país con ordenamientos internacionales y con la garantía de que salvaguarda los derechos humanos de todas las personas. No obstante, en los últimos cuatro años, este organismo ha sido desatendido estructuralmente, generando daños permanentes en sus funciones. Basta con recordar la crisis pública que atravesó apenas, durante el 2020, bajo la incertidumbre de ser reubicado y desmantelado para reorientar su funcionamiento. Cabe destacar que la trayectoria de esta institución ha sido incremental, aunque la evolución de su presupuesto ha visto desatenciones generales. El Conapred, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, está obligado a atender a más de 200 entes públicos para promover y proteger el derecho a la igualdad y no discriminación. Sin embargo, con las reducciones de hasta el 15 por ciento en su presupuesto, su ejercicio se encuentra en riesgo. Es importante mencionar que el Conapred también lucha con aspectos que se encuentran arraigados en la conciencia social. El Inegi ha señalado que al menos el 20 por ciento de la población, es decir, uno de cada cinco mexicanos ha sido víctima de discriminación en su vida. Y aunque existen diversos tipos de conductas, existe una tendencia clara hacia las tareas con las que debe cumplir el Estado mexicano, como la suficiencia de empleos y los apoyos en programas sociales. Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ha señalado que estos últimos representan en su conjunto, más del 36 por ciento de los motivos que generan actos discriminatorios en la sociedad mexicana. En este sentido, en el PRI, estamos convencidos que ante los enormes retos que prevalecen en este consejo, quien busque legítimamente su titularidad debe cumplir con los criterios establecidos en la ley, que mantenga la eficacia, eficiencia y experiencia probada en la materia. Compañeras y compañeros, nuestro voto como grupo parlamentario en este dictamen será en contra, porque no creemos en las modificaciones de ley a modo que beneficien de manera individual a unos cuantos, dejando de lado el beneficio entero de la sociedad. Con este dictamen, bajo la falsa bandera de querer supuestamente eliminar un requisito válido y no discriminatorio para ocupar la titularidad del Consejo, considerando lo que en otros casos similares ha determinado el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo único que se quiere es beneficiar a una persona en particular. Este dictamen tiene nombre y apellido. Estamos aquí para trabajar en beneficio de todas y todos los mexicanos y no para diseñar ordenamientos a la medida. Por ello exhortamos, dirijan sus esfuerzos para consolidar un organismo con objetivos claros, funciones específicas y lo más importante, que el personal que esté al frente tenga experiencia, capacidad y talento para defender los derechos humanos y garantizar la igualdad de las y los mexicanos. Que no quede duda, estamos de acuerdo en eliminar obstáculos para la exclusión y los problemas más críticos del país. Sin embargo, no podemos estar por firmar un cheque en blanco frente a las condiciones sociales y políticas que enfrentamos como nación. Nuestro fin debe ser reafirmar la confianza en la defensa de los derechos humanos, la dignidad de la persona y el valor y honor que ostenta un cargo que vela por los intereses de todas y todos los mexicanos. Es cuanto.