La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, acudimos a esta tribuna con la convicción de que el diálogo entre Poderes fortalece a la república y a la gobernabilidad democrática. Debemos reconocer que este año ha sido complejo y difícil para el país. A pesar del desánimo social, México llevó a cabo el proceso electoral, tanto a nivel federal como en los estados, tal y como lo señala la ley. Se puso a prueba una nueva normatividad electoral, en la que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación jugaron un papel fundamental para que hoy estemos aquí dirigiéndonos a la ciudadanía. Celebrar elecciones de esta magnitud, en un clima de crispación política y social, es una muestra fehaciente de la consolidación de nuestra democracia electoral. Es cierto que hubo inconformidades sobre la aplicación de la Ley Electoral, particularmente en materia de propaganda y uso de los medios de comunicación. Sin embargo, hemos aprendido que la inconformidad puede ser canalizada por la vía institucional y generar cambios políticos en beneficio de la sociedad. Los resultados electorales confirman que la ciudadanía apuesta por el pluralismo político, el mito de que México está representado políticamente sólo por tres partidos no se sostiene. Hoy, un tercio del electorado optó por opciones diferentes a la de los partidos tradicionales. En Nueva Alianza estamos convencidos que el análisis de la gestión gubernamental debe servir para encontrar las convergencias que contribuyan a que el gobierno haga mejor su trabajo. Como representantes populares tenemos la obligación de señalar las insuficiencias del gobierno, pero también la obligación de reconocer los aciertos. En el último año fuimos testigos de una serie de eventos que cimbraron a las instituciones de los tres órganos de gobierno. El caso Iguala puso en evidencia la colusión de las corporaciones de seguridad pública municipal con los grupos del crimen organizado. Se demostró el nivel de penetración de estos grupos en las estructuras políticas de los municipios en el estado de Guerrero y quedaron de manifiesto las deficiencias en materia de inteligencia del Estado mexicano. Si bien, en los últimos años México ha dado pasos firmes para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, los acontecimientos de Iguala nos muestran la vulnerabilidad de las instituciones para proteger los derechos humanos en todo el territorio nacional. El III Informe de Gobierno nos refiere que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la administración pública federal disminuyeron en un 64 por ciento, al pasar de 50 recomendaciones que se tuvieron en el año 2013 a sólo 18 en el año 2014. Sin embargo, este dato contrasta con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que coloca a México como el país latinoamericano con mayor número de denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Aun reconociendo los esfuerzos del gobierno federal por impulsar medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos de los periodistas, la realidad es que en distintas regiones del país siguen siendo blanco de persecución política y acoso por parte de grupos criminales. Una asignatura pendiente es en este año la erradicación de la violencia contra las mujeres, violencia que han experimentado el 63 por ciento de las mujeres mayores de 15 años, en muchos casos por su propia pareja. En materia de seguridad pública, los avances plasmados en el Informe de Gobierno palidecen frente al fenómeno de la inseguridad que priva en varias partes del país. En Nueva Alianza hacemos un llamado urgente para que las distintas fuerzas políticas en conjunto con los gobiernos federal, estatal y municipal iniciemos un diálogo nacional sobre la propuesta de mando único. Es alentador observar que estadísticas de los delitos muestran una tendencia a la baja. La incidencia delictiva disminuyó de un 6.7 por ciento respecto del año 2012 y eso nos alienta. Los homicidios dolosos disminuyeron en un 28 por ciento. Los secuestros en 1.6 por ciento. La extorsión en un 20.7 por ciento. Estas cifras no pueden motivarnos para echar las campanas a vuelo, ya que la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública del año 2014 estima que el 93.8 por ciento de los delitos que se cometen no son denunciados ante la autoridad ministerial. El reto no es menor y necesitamos todos eliminar ese cáncer social. Diputadas y diputados, la ciudadanía nos exige resultados inmediatos. Tenemos la obligación de resolver los problemas que aquejan a la sociedad, pero solo podremos lograrlo si ampliamos nuestro horizonte que supere las mezquindades políticas. Los problemas de inseguridad pública, de acceso a una justicia expedita y a una plena vigencia de los derechos humanos son temas sensibles a la sociedad. En Nueva Alianza hacemos eco de estas demandas y asumimos el compromiso de trabajar para fortalecer el Estado de derecho, la justicia, la legalidad y la gobernabilidad democrática. Muchas gracias.