El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Las reformas y los reformadores que impulsan estas reformas de los energéticos han perdido el juicio o son ingenuos o de plano ignorantes de las características del mercado de los energéticos. No se han cansado de vanagloriar al mercado y sobre todo a la libre competencia como la tabla de salvación de México. Su estrategia de desmantelar el monopolio estatal para abrirlo a la libre competencia es muy peligrosa, ya que los competidores no son pequeños y medianos, sino los gigantes de los energéticos. Nos dicen que con la libre competencia aumentará el nivel tecnológico de la industria petrolera, la producción, la productividad y los ingresos petroleros, al mismo tiempo que bajarán los precios. Esta propuesta hay que decirlo con claridad es irrealizable, es una ilusión, es un engaño para las y los mexicanos. Los neoliberales ya no quieren que sean Pemex y la CFE las empresas dominantes de los energéticos de México. Cuáles son sus empresas favoritas y con las que bajarán los precios, cuáles son: Exxon Mobil, que comercializa 5.3 millones de barriles al día; Petrochina, 4.4; British Petroleum, 4.1; Shell 3.9 millones de barriles por día; y la Chevron con capacidad de 3.5 millones de barriles diarios. Estas empresas piden libre competencia precisamente para dominar los mercados. Todas ellas son consorcios más poderosos que Pemex, más integrados y con un sistema productivo que articula la exploración, la extracción de la materia prima y su industrialización y comercialización. Estas son las principales empresas dominantes del mercado mundial. Son transnacionales que buscan garantizar para el largo plazo el control de reservas probadas y probables de hidrocarburos en el mundo y ante ellas los reformadores, los grandes reformadores desmantelan a Pemex y a la CFE. No se debe dudar que el de los energéticos es un mercado difícil de regular por cuanto sus agentes son grandes consorcios monopolistas, cuyo sistema de operación nada tiene que ver con la libre competencia del mercado. Por lo tanto, no se pueden olvidar que los organismos reguladores actuarán en un mercado de competencia monopolista, en donde actúan consorcios que poseen enormes recursos financieros y políticos, que presionan para lograr a toda costa sus propósitos con las licitaciones, asignaciones, contratos, asociaciones o simplemente para tener protección en las relaciones laborales que establecerán con los trabajadores mexicanos. Por esta razón, los órganos reguladores requieren de atributos, mecanismos y capacidades suficientes para librarse de las prácticas monopolistas de gestión económica. El mercado no es la simple circulación de mercancías y dinero, sino principalmente un sistema de fuerzas económicas y políticas representadas por personas de carne y hueso que defienden sus particulares intereses centrados en la obtención de la máxima ganancia. Del mercado energético dominado por los grandes consorcios y el capital monopolista, los órganos reguladores tendrán que ser muy fuertes y eficaces, y no caer en la peligrosa ingenuidad de que regularán la libre competencia. Los mercados monopolizados no operan con la lógica de la mejor calidad y el menor precio. La competencia monopolista opera mediante relaciones políticas administradas con dinero para conseguir el control de la información necesaria para la toma de decisiones. Pemex, tiene un banco de información geológica procesada que permite saber con certeza en dónde están los yacimientos más prometedores, ¿en qué condiciones se encuentra? ¿Cuál es su potencial de producción? ¿Qué tipo de hidrocarburos posee, etcétera? Información que ha costado millones de dólares en investigación y formación de recursos humanos y científicos. Las petroleras ambicionan esta información y la Ley de Hidrocarburos; y la de los órganos reguladores obligan a Pemex a entregar esos datos a la CNH cuando ésta no tiene los suficientes sistemas de seguridad para resguardarlos y hacer uso eficiente con ella. Para controlar la información estratégica, las petroleras no sólo dispararán misiles como en Irak, su especialidad es disparar cañonazos no de 50 mil pesos como en la época de Álvaro Obregón, que nadie resistía en ese entonces, sino de millones de dólares que en esta época del individualismo extremo, tampoco los neoliberales podrán resistir. El mercado de competencia monopolizada en un mar de corrupción y las leyes de la reforma energética, y en particular de los órganos reguladores que supuestamente fortalecen a la CNH y a la Comisión Reguladora de los Energéticos, no crean herramientas jurídicas para evitar que los políticos que administrarán la industria energética, sigan cometiendo actos de corrupción. En los mercados de competencia monopolista, los órganos reguladores para ser eficaces deben contar con conocimientos profundos del ámbito técnico que regulan, y experiencia ganada después de muchos años de vida profesional en el tema, objeto de la regulación. También deben contar con independencia frente al poder público de gobierno y al poder económico de los regulados. De igual modo, un buen regulador debe actuar con honestidad y transparencia, debe tener atribuciones y recursos para actuar, así como un blindaje a prueba de altísimas presiones económicas y políticas. La iniciativa de los órganos reguladores es muy pobre y falla rotundamente en su pretensión de fortalecer a los reguladores. Estos reguladores en realidad serán organismos sujetos a las decisiones políticas de la Secretaría de Energía, con el riesgo de que en su integración queden personas que actúen como representantes de las empresas reguladas. Tanto la CNH como la CRE no tienen autonomía presupuestal, y serán una especie de organismos subordinados a la Secretaría de Hacienda y a la Sener; es decir, a la estrategia del Poder Ejecutivo federal. La iniciativa, en lugar de prescribir medidas para incrementar la independencia frente al poder político, hace exactamente lo contrario. Las figuras novedosas de órganos reguladores coordinados y Consejo de Coordinación del Sector Energético, no tienen otro objetivo que acrecentar el control de la Secretaría de Energía sobre las que hoy son sus órganos desconcentrados, por lo que es notable el retroceso en las perspectivas de tener instituciones de mercado realmente autónomas. El Consejo de Coordinación del Sector Energético no será un mecanismo de coordinación, sino de imposición de los proyectos y de las políticas de la Secretaría de Energía. Así, en aras de suplir la ausencia de una homogeneidad en la coordinación interinstitucional de los órganos reguladores coordinados en materia energética, se propone la creación del Consejo de Coordinación del Sector Energético y todos sus comisionados y presidente comisionado los habrá de nombrar el Ejecutivo federal. No se evita el efecto puerta giratoria, con el cual de los altos cargos de las empresas reguladas salen funcionarios para los órganos reguladores. Y de estos órganos reguladores salen especialistas para ocupar altos cargos en las empresas reguladas, como bien ha señalado el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Por otra parte, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos queda como un órgano dependiente de la administración pública centralizada, cuyo director ejecutivo será nombrado y removido libremente por el titular del Ejecutivo federal. La subordinación de los órganos reguladores al Poder Ejecutivo los hará inoperantes. Miren, quisiera hacer unas preguntas: ¿Acaso los órganos reguladores servirán como pago a favores políticos? En la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, ¿acaso no es un premio para el Partido Verde Ecologista y sus focas por su solidaridad hacia el PRI? ¿Se trata de crear burocracias innecesarias para colocar a los amigos serviles, como los diputados y las diputadas que votan a favor de esta reforma para darles chamba? ¿Es esta legislación un mecanismo para legitimar el saqueo de los recursos naturales de nuestro país? Culmino, señor presidente. Estas preguntas surgen al constatar que la legislación de los reguladores no está relacionada con principios mínimos de imparcialidad, legalidad, profesionalismo, pues se veta a los investigadores o bien a los técnicos profesionales de Pemex, en el caso de la agencia para su conformación. El PRD está a favor de órganos reguladores con la suficiente fortaleza parta regular la competencia, no como agencias de colocación. No podemos estar a favor de una política que fija la prevalencia del interés energético sobre cualquier otro, y que bajo el amparo de la utilidad pública lesiona, trasgrede, despoja y violenta los derechos de las personas sobre su único patrimonio, sobre la seguridad económica de las familias y sobre el interés nacional. Ladren. Votaremos en contra. Muchas gracias, presidente.