La diputada Ana Patricia Peralta de La Peña: En la última década, México pasó de ser un país principalmente de origen de migrantes a uno preponderadamente de tránsito, destino y retorno. Este nuevo escenario sin duda obliga al gobierno a adoptar nuevas iniciativas que atiendan este fenómeno desde una perspectiva que priorice el respeto a los derechos de los migrantes, garantice su seguridad e involucre la cooperación internacional regional. La situación actual en la frontera entre México y Estados Unidos no deja de representar uno de los grandes retos para la administración actual. Ha sido uno de los temas más recurrentes por motivos político-electorales del presidente Donald Trump, su retórica posiciona a los migrantes como una amenaza a la seguridad pública desde que anunció su candidatura en 2015 y el discurso antiinmigrante se ha convertido en uno de los ejes de su plataforma política. Es importante que en el Primer Informe de gobierno de la República se exprese que para México la política migratoria es un asunto de soberanía nacional, y ante la situación anteriormente descrita, el gobierno federal haya puesto en marcha estrategias para la defensa de los connacionales mediante el uso de todos los instrumentos legales al alcance. Particularmente para la atención de los migrantes y la prevención de las violaciones de sus derechos, una de las estrategias fue la protección al migrante en Estados Unidos de América, que tiene como objetivo fortalecer la Red de Abogados Consultores en ese país para brindar asesoría legal a mayor número de connacionales. Es de destacar el trabajo por el programa de asistencia jurídica a casos de pena capital en el cual se logró evitar o revertir la imposición de la pena capital en 18 casos. Actualmente, 64 mexicanos enfrentan procesos penales que pudieran derivar en la imposición de una pena capital. En ellos, habrá que hacer un esfuerzo significativo para revertir las sentencias. Aunado a esto, México debe enfrentar la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos adoptada en 2018, de regresar a nuestro país a todos los migrantes que buscan asilo sin importar su nacionalidad. Esta práctica se ha institucionalizado y se ha hecho extensiva a lo largo de toda la frontera. Será fundamental en lo consecuente fortalecer las acciones destinadas a la protección y asistencia consular para brindar un adecuado y pronto servicio a los mexicanos en la frontera en todos los ámbitos, incluidos los derechos de la familia, la salud y la educación. Por otro lado, y ubicándonos en nuestra frontera sur, el gobierno de México manifiesta que nuestra política migratoria se realiza en congruencia con los mecanismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, lo cual resulta fundamental. Es innegable que nuestro país enfrenta un nuevo desafío. El paso de grandes grupos de migrantes centroamericanos, sumados a otros como la migración de venezolanos. Ante los constantes flujos de migrantes centroamericanos ahora llamados caravanas provenientes de los países del triángulo norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y República de El Salvador, el gobierno manifiesta que se otorga apertura y flexibilidad replanteando estrategias de atención y ayuda humanitaria en pro de niños, mujeres y hombres, y se intensifican las campañas contra posturas xenofóbicas y racistas. Dicha labor es realizada a través de la participación de oficiales de protección a la infancia, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, los grupos Beta de protección a migrantes perteneciente al Instituto Nacional de Migración, organizaciones de la sociedad civil y la instalación de mecanismos como el seguimiento a recomendaciones en materia migratoria por parte de comités y órganos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Sin embargo, este trabajo parece insuficiente y no cuenta con procedimientos estándares e institucionales para coordinar las filas de migrantes que esperan para pedir asilo. Esta situación ha resultado en un mayor deterioro de las condiciones de los migrantes, poniendo de manifiesto que existe una necesidad urgente de fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en sus capacidades de recepción, procesamiento y resolución de solicitudes de refugios. La comunidad internacional está observando y nuestra obligación es demostrar que la migración puede ser atendida desde una perspectiva humanitaria y con respeto pleno a los derechos humanos. Una solución en el largo plazo implica invariablemente la colaboración multidimensional intergubernamental y acelerada entre Estados Unidos, México y los países de Centroamérica, así como la adopción de un nuevo diálogo que determine un marco de cooperación real y efectivo. De otra manera será muy complicado poder realizar una verdadera transformación. Por ello, estaremos al pendiente de las acciones emprendidas por una política migratoria vanguardista y a la altura de los retos actuales. Es cuanto, muchas gracias.