La diputada Melisa Torres Sandoval: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en Encuentro Social estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestro sistema de seguridad y justicia penal. La reforma constitucional de 2008 transformó nuestro sistema de justicia penal de mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral. Dentro de la misma reforma se estableció como fecha límite para su implementación en todo el país la del próximo 18 de junio. Asimismo, con la reforma constitucional de 2013 se facultó al Congreso de la Unión a expedir un ordenamiento único para todo el país en materia procedimental penal de mecanismos alternativas de solución de controversias y de ejecución de penas. A causa de dichas reformas, el Congreso expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento que se encargó de homologar el proceso penal en todo el país; además de servir de normatividad base para la aplicación a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. Como resultado de la implementación gradual del nuevo sistema de justicia penal y de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ha podido identificar una serie de lagunas y aristas legales que requieren ser solventadas para garantizar la adecuada aplicación de nuevo sistema de justicia penal. Del mismo modo, resulta necesario hacer algunas adecuaciones a nuestro marco jurídico penal, para posibilitar la aplicación del sistema acusatorio a nivel federal. Derivado de lo anterior, es que se hizo necesario plantear una miscelánea penal de reformas legales, las cuales tienen como finalidad mejorar, facilitar y robustecer el sistema procesal acusatorio y garantizar su adecuada instrumentación y operación. La llamada miscelánea penal contempla reformas a diez ordenamientos legales, destacando el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Defensoría Pública, entre otras más. En dicha reforma se regula el uso de dispositivos electrónicos, brazaletes o shift, para la ubicación de la persona que está sujeta a investigación o proceso penal. Igualmente se armoniza la intervención de comunicaciones privadas y de geolocalización de dispositivos móviles a lo resuelto por nuestro máximo tribunal constitucional. Además, se establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporcione, siempre que se determine que existió inobservancia de control por parte de la organización. En el PES sabemos de la necesidad urgente por fortalecer nuestra justicia penal. Conocemos y sabemos las graves consecuencias que trae la mala o nula aplicación de la ley. Por tal razón, estamos comprometidos con los mexicanos para integrar dentro de la reforma penal todas las propuestas legales que ayuden a fortalecer la instrumentación y operación del Sistema Penal Acusatorio. Estamos convencidos que solo con un sistema penal sólido, profesional, transparente, eficaz, eficiente y justo, será posible revertir los graves daños que la ilegalidad y la falta de aplicación de la ley han dejado en el tejido social de nuestra nación. Es cuanto, señor presidente.