El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz: Con su venia, diputado presidente. Antes de dar inicio, quisiera hacer un reconocimiento público a la diputada Beatriz Manrique Guevara, presidenta de esta honorable comisión, por los trabajos que ha desempeñado siempre pensando en la protección del medio ambiente. Un elemento indispensable para que una ley cumpla con su objeto, es que sea clara. Es decir, que sea comprensible para todos los ciudadanos y a la vez permita que el juzgador no tenga dudas en su interpretación y aplicación. Precisamente esta es nuestra función, actualizar, armonizar y perfeccionar el marco jurídico para otorgar certeza jurídica a las y los ciudadanos y evitar así la discrecionalidad e interpretaciones distintas. Hay que reconocer que muchas veces el complejo abanico técnico y jurídico dificulta la cabal comprensión de las leyes para el ciudadano común. Por ello, a tal complejidad no debemos de abonarle imprecisiones normativas derivadas de la falta de armonización o de la obsolescencia jurídica, ya que puede darse paso a lagunas, dobles interpretaciones y, sobre todo, a una incorrecta aplicación de la ley en perjuicio de las y los ciudadanos, lo cual retrasa el acceso a la justicia debido a obstáculos derivados de una inadecuada comprensión de la norma. De ahí el presente dictamen que pretende armonizar diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con las últimas reformas en materia procesal penal. Es decir, propone corregir las referencias erróneas a instituciones ya desaparecidas y a códigos ya abrogados. Actualmente los artículos 49, 51, 52 y 55 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental nos remiten al Código Federal de Procedimientos Penales abrogado desde el 2014 con la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual es pertinente que dichos artículos hagan referencia a la nueva legislación procedimental vigente. Situación similar presenta el artículo 53 de la citada ley, mismo que hace referencia a la Procuraduría General de la República, institución que, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, desapareció y en su lugar se creó un nuevo órgano de justicia, autónomo, denominado Fiscalía General de la República. Asimismo, el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, actualmente nos remite al párrafo cuarto del artículo 17 constitucional, cuando en realidad debería ser la remisión al párrafo quinto debido a la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017. En suma, las referencias planteadas en el dictamen resultan de fundamental importancia para la adecuada procuración e impartición de justicia, así como para la exigencia de responsabilidades en materia ambiental. En tal virtud, dotar a la ley de claridad es objetivar la garantía de seguridad jurídica establecida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, a fin de que una norma cumpla con dicha garantía es necesario que satisfaga los siguientes requisitos: generalidad, publicidad, prosperidad y claridad. Precisamente la claridad es lo que se está perfeccionando en este dictamen. Por congruencia y en cumplimiento de las atribuciones que nos han sido conferidas por la Ley Fundamental, es de vital importancia otorgar certeza jurídica a las y a los mexicanos. De ahí que es necesario reformar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de tal forma que sus referencias a otras leyes complementarias e instituciones involucradas estén dotadas de la precisión que la ciencia jurídica reclama. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.