La diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, mi participación, como secretaria de la Comisión de Reforma Agraria, es para sustentar el dictamen de la Comisión de Reforma Agraria a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas. La iniciativa reconoce el trabajo milenario de las mujeres en el campo que aún en contextos de pobreza extrema, alimentan a sus comunidades y mantienen patrones de consumo congruentes con el cuidado de la tierra y la colectividad. Reconociendo ésta importante labor de la mujer campesina, se propone reformar la Ley de Asociaciones Agrícolas, a efecto de impulsar su participación en el desarrollo económico rural, a través de la organización de cadenas productivas y comercializadoras de productos agrícolas, constituidas por mujeres. Se prevé también que las asociaciones agrícolas locales, además de estar integradas por productoras especializadas, también lo estén por mujeres productoras. De igual manera, se propone que las uniones regionales agrícolas acrediten ante la Confederación Nacional de Productores Agrícolas, la participación de mujeres en los cargos de delegadas propietarias y suplentes, para que se encuentren representadas las asociaciones agrícolas conformadas por mujeres. Durante el proceso de dictaminación, la comisión consultó a los actores interesados y se recibieron por parte del gobierno federal las opiniones de la Secretaría de la Reforma Agraria y del Instituto Nacional de las Mujeres, dependencias que compartieron la necesidad de incorporar la participación de las mujeres en las organizaciones en igualdad de oportunidades que los hombres, ya que no contraviene disposición constitucional ni secundaria alguna. Asimismo, la comisión se abocó a recopilar datos sobre la participación de la mujer en la actividad rural y de ahí tenemos que según datos del noveno censo ejidal, 13 millones de mujeres viven en el medio rural. De éstas, 833 mil 805 son ejidatarias o comuneras; 33 mil 570 son posesionarias y 282 mil son propietarias privadas. Sólo el 18 por ciento de las mujeres son titulares de tierra, mientras que el 30 por ciento de los hogares campesinos las mujeres son el único sostén de la familia y en otro 30 por ciento contribuyen a su sostenimiento. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las agricultoras aportan el 50 por ciento del sustento mundial y hasta 80 en los países en vías de desarrollo. Otra consideración que fue tomada en cuenta por esta comisión lo es el hecho de que ante la migración de los campesinos hacia los Estados Unidos, las mujeres quedaron al frente de las familias campesinas, lo que las ha motivado a organizarse para acceder a programas y proyectos productivos, aportando con su trabajo al desarrollo de sus comunidades para ejercer plenamente los derechos de asociación. Las mujeres del campo requieren organizarse, por lo que necesitan la protección de la ley en igualdad de oportunidades que los varones, no sólo para incorporarse, sino también para tomar decisiones en las organizaciones productivas. Respecto de la iniciativa originalmente planteada, esta comisión consideró pertinente establecer que la finalidad de las asociaciones agrícolas será la de impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico a través de la organización de cadenas productivas y comercializadoras de productos agrícolas constituidas por mujeres, o en igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Además de ello, la comisión, a nivel potestativo, dejó que las uniones puedan acreditar ante la confederación la participación de las delegadas propietarias y suplentes para que en ella se encuentren representadas todas las asociaciones agrícolas formadas por mujeres, sin que sea una imposición legal, como se había propuesto originalmente. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos el apoyo del pleno de esta Cámara de Diputados, como máxima instancia de decisión, para que sea aprobado este dictamen que complementa el mandato del artículo 4o. constitucional sobre la igualdad de los derechos de las mujeres y de los varones ante la ley, en concordancia con lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por México en 1981, por lo que es viable social, económica, política y jurídicamente, y no se contrapone, sino que abunda y complementa los mandatos de igualdad y libre asociación contenidos en la Carta Magna. Muchas gracias.