El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa tiene relación también con temas de democracia participativa, pero no solamente con la democracia participativa, sino también con la defensa de la Constitución. En concreto propone que cualquier ciudadano, sin acreditar interés jurídico, es decir, sin existir agravio personal y directo, pueda estar legitimado para presentar ante la Suprema Corte acciones populares de inconstitucionalidad. A mí me parece, como ocurre en otras latitudes de América, que esta iniciativa redundaría en el respeto a la Constitución. Cuántas leyes en México son aprobadas a nivel federal o a nivel de los estados, y son leyes que contradicen la Constitución, contienen normas contrarias a la Constitución y no existen los mecanismos procesales constitucionales, para hacer valer estas inconstitucionalidades. Porque como todos sabemos, solamente se puede proponer la inconstitucionalidad de una ley mediante las acciones de inconstitucionalidad que en el sistema jurídico mexicano pueden ser promovidas por el 33 por ciento de legisladores en cada una de las Cámaras, o por el 33 por ciento de legislaturas locales, por los partidos políticos en materia electoral, por el procurador general de la República o por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero los ciudadanos no tienen acceso a este mecanismo procesal para directamente impugnar la constitucionalidad de una ley o de una norma general. Tienen, eso sí, o tenemos, el amparo, pero el amparo para ser procedente y para que el juez de distrito o el tribunal conozca el fondo del mismo, se debe acreditar el agravio personal y directo, porque si no se demuestra ese agravio personal y directo, el amparo será desechado, será declarado improcedente y sobreseído. Es fundamental en México ?si queremos que se abra la Constitución y el respeto de la misma a los ciudadanos? que los ciudadanos puedan impugnar individualmente o colectivamente las leyes y las normas generales que sean contrarias a la Constitución. En algunos países de América Latina, es el caso señalado de Colombia, que en su Constitución actual de 1991, en su artículo 40, cualquier ciudadano pueda impugnar directamente cualquier ley sin interés jurídico, que sea contraria a la Constitución, y en Colombia existe esta norma, este principio desde 1811. Fue refrendado en la Constitución colombiana de 1910 y es ahora refrendado en la actual Constitución de 1991. También esta figura ha existido en constituciones de Venezuela, Panamá, El Salvador. La Constitución vigente de Panamá establece la acción popular de inconstitucionalidad en el artículo 203 de su texto fundamental. ¿Qué importancia tendría que se reformaran los artículos 105 y el 35; y la ley reglamentaria del Artículo 105 constitucional? ¿Qué importancia tendría una acción ciudadana y una acción popular de inconstitucionalidad? La importancia que tendría consistiría en cuatro cosas que a mí me parecen fundamentales: en primer lugar, estaríamos salvaguardando el principio de supremacía constitucional. Habría un mecanismo para que cualquier ciudadano revisara si las leyes federales o locales son o no conforme a la Constitución. También estaríamos salvaguardando el principio de validez jurídica. Las normas para que sean válidas deben ser conforme a la Constitución. Así como, en tercer lugar, el principio de jerarquía normativa. Pero lo más importante ?esto me parece lo más importante?, la acción popular de institucionalidad lograría que la Constitución en México fuese normativa; es decir, que la norma coincida con la realidad. ¿Por qué en México no tenemos Estado de derecho? Porque lo que dice la Constitución no se ajusta a los hechos; la Constitución está en un lado y la realidad va por otro; la Constitución habla del derecho al empleo y en la realidad el derecho al empleo no se practica; la Constitución garantiza el derecho de salud y en la realidad no tenemos derecho a la salud. Esto es más importante que el tiempo que me está reclamando el diputado, o quien lo esté señalando. Tiene que ver con la coincidencia entre la realidad y la norma. ¿Queremos Estado de derecho en México? Solamente lo lograremos cuando la Constitución establezca principios y normas, y esos principios y normas se materialicen, se concreticen en la realidad. La acción popular, la acción ciudadana de inconstitucionalidad permite que los ciudadanos garanticen el cumplimiento irrestricto de la Constitución. Es una forma de democratizar la obediencia y el acatamiento al texto constitucional. Pido el respaldo para esta iniciativa. Muchas gracias, compañeras y compañeros.