La diputada Dora Patricia Mercado Castro: Posiciono en contra de esta reforma. Uno, porque no resuelve el problema de la violencia y la inseguridad en nuestro país. Y dos, porque proponemos una estrategia distinta y alternativa, una propuesta que parta desde lo local, es decir, con énfasis en fortalecer las capacidades locales, estatales y, por supuesto, la federal, sí con la presencia de la Guardia Nacional civil y solo en situaciones extraordinarias las Fuerzas Armadas. El planteamiento del Ejecutivo al inicio del sexenio fue responder a las necesidades inmediatas para la seguridad con la formación de la Guardia Nacional y de manera unánime la decidimos, que esta prepararía el terreno para formar una gran policía civil. La reforma que hoy se presenta va en sentido contrario a esa promesa, pues hace permanente esta participación y elimina los escasos controles democráticos como transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. En lugar de esta reforma, esperábamos que el Ejecutivo actuara frente a la presunta responsabilidad de elementos militares en casos como los de Allende, Iguala o Tlatlaya. Nada de eso ocurrió, por el contrario, siguieron ocurriendo ejecuciones arbitrarias múltiples como las de Nuevo Laredo, León y Culiacán. Involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas como el control migratorio, también ha vulnerado especialmente a las mujeres que han sido afectadas por la violencia sexual. Vamos contra corriente de la evolución legislativa que se dio entre 2008 y 2018, por cierto, ganas... gracias a las propuestas y a la tenacidad de las izquierdas partidistas. Con acuerdos sobre la construcción del sistema penal acusatorio, el acotamiento del fuero militar, la Ley de Víctimas, la protección a personas defensoras y periodistas o la reinserción social. En las audiencias públicas que se realizaron hace cinco años, resalta lo que señalaron las autoridades de las entidades federativas y municipios, no contamos con una estrategia de seguridades de lo local, esto a pesar de que las experiencias más exitosas de disminución del crimen, como Ciudad Juárez, Chihuahua y ciudad Nezahualcóyotl, toman en cuenta la cohesión social, la articulación entre autoridades y un enfoque de prevención en las comunidades, sobre todo, las que enfrentan exclusión y violencia. Necesitamos saber exactamente, exactamente, cuál es el objetivo del cambio al artículo 129 constitucional, cuál es exactamente lo que se quiere de esta militarización. En el artículo 129 que planteaba que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, ahora dicen tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Qué quiere decir este cambio, en términos de cuestiones específicas que se le entregarán a las Fuerzas, a las Fuerzas Armadas? Necesitamos una política de acuerdos y apoyos mutuos entre los órdenes de gobierno, sobre todo en tareas de inteligencia y de prevención. Necesitamos cambiar por completo la política de drogas, con una visión diferenciada que privilegie la salud y comience con la regulación del cannabis. Necesitamos una política racional de construcción de paz arraigada en los derechos humanos y la democracia y fortalecer el sistema de justicia penal acusatorio. Termino, presidenta. Es posible encontrar un camino fuera de la lógica de guerra, un camino que amplíe las libertades y derechos que atienda la vulnerabilidad de las comunidades y ofrezca soluciones institucionales con transparencia y rendición de cuentas. Por estas razones es que votaremos en contra de este dictamen. muchas gracias.