El diputado Sabino Bautista Concepción: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México es un país que se caracteriza por su gran diversidad social y cultural a lo largo de todo su territorio, particularmente, por la gran variedad de lenguas indígenas que aún existen y se siguen practicando. La reforma constitucional en materia indígena de 2001 tuvo como objetivo lograr el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, esta no respondió a los planteamientos plasmados en los acuerdos de San Andrés. En materia de defensoría pública la reforma constitucional estableció la obligación de realizar modificaciones a diversos ordenamientos en materia penal, señalando que los indígenas tuvieran la asistencia de un intérprete o traductor en cualquier procedimiento judicial. Sin embargo, esto no se ha logrado que se lleve a la práctica, por lo que la violación de los derechos procesales de los indígenas sigue siendo una constante en nuestro sistema judicial. La realidad del sistema de justicia penal, en materia indígena nos demuestra otras circunstancias. En teoría desde hace nueve años todos los indígenas que enfrentan un juicio por haber cometido presuntamente un delito federal y que no cuenten con dinero para pagar a un abogado particular tienen el derecho de ser atendidos por un defensor público que hable su lengua y que conozca la cultura del grupo al que pertenece. Pero, en la práctica en un país habitado por alrededor de más de 12 millones de indígenas la realidad es otra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado en reiteradas ocasiones que el Instituto Federal de Defensoría Pública, sólo cuenta con alrededor de 14 abogados con estas características. Los cuales hablan el tzotzil, tzeltal, zapoteco, zapoteco del istmo, el rarámuri, el náhuatl, el maya, huichol, yaqui, chontal, chinanteco, purépecha, zapoteco del valle y zoque. Mientras tanto, día con día en las cárceles de todo el país encontramos a presos indígenas enfrentando procesos judiciales, que lejos de ser justos y equitativos prevalece el abuso de autoridad y altos grados de discriminación. En donde las autoridades encargadas de la impartición de justicia, ignoran las costumbres jurídicas indígenas, impidiendo con ello garantizar el respeto de sus derechos. En tanto, el problema que enfrentan los defensores públicos es que al no conocer la lengua indígena deben de apoyarse en traductores, lo que propicia que los procesos se alarguen, corriéndose el riesgo de que se comentan errores en las traducciones. Eso sin contar que si no conocen la cultura de sus defendidos no pueden recurrir a sus usos y costumbres para librarlos de la prisión o garantizar una pena menor. Es justa la demanda que hacen nuestros hermanos indígenas, exigiendo una defensa pública adecuada, defensores de oficio y traductores que los asesoren en su propia lengua indígena, que les permitan conocer y comprender los procesos que enfrentan, permitiendo con ello mejores oportunidades para defenderse. Es trascendental y urgente que el derecho a un traductor y a la defensa a favor de los indígenas se haga valer desde que inicia la averiguación previa. Por tal razón, por ello acudo a esta tribuna a presentar una iniciativa que tiene como objetivo consolidar y garantizar la responsabilidad de contar con un defensor público certificado en los procesos judiciales para los indígenas, con la finalidad de disminuir los altos índices de discriminación y abuso que sufren los mismos durante el proceso judicial. Por tal motivo, solicito a los integrantes de las comisiones dictaminadoras de este proyecto su voto aprobatorio al mismo y en breve, en este pleno, estemos dando avances significativos al sistema de justicia penal en materia indígena. No olvidemos que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado acuerdos en esta materia como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por lo que tienen la obligación de respetar y cumplir los principios ahí plasmados. Es cuanto, señor presidente. Solicito sea insertado el texto íntegro de mi propuesta en el Diario de los Debates. Gracias, por su atención.