El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados y diputados y solicitando a la presidencia se inserte el texto en sus términos en el Diario de los Debates para efecto de presentar una breve reflexión de la propuesta que hoy presento a esta asamblea y lo dejo en la Secretaría. En la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Estado mexicano se compromete a implementar medidas preventivas a través de la formulación, aplicación de políticas contra la corrupción, que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas y de evitar situaciones en las que se presente el conflicto de interés. Esto ya en el artículo 108 constitucional, se establece que los representantes de elección popular son servidores públicos responsables por los actos u omisiones en que incurran al desempeño de sus respectivas funciones. Y en la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de los Servidores Públicos, describe que será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en la misma, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. Dice el refrán. no hagas cosas buenas que parezcan malas. En esta casa legislativa existe la presunción no sólo en esta Legislatura, sino también en las anteriores, que se hacen cosas buenas que parecen malas. Por ejemplo: en la integración de las comisiones que representa un rejuego que presume conflicto de intereses. En la integración de comisiones se encuentran perfiles de diputados y senadores que generan ruido en la opinión pública. Ya nuestros coordinadores parlamentarios han sido emplazados por el hashtag 132 para que expliquen esta situación, y de ahí sale esta reflexión. Por ejemplo, encontramos antecedentes de legisladores que trabajaron como personal directivo o de confianza, el caso de asesores jurídicos, o bien se dice que algunos son accionistas en las dos principales empresas televisoras de este país que integran o son secretarios e incluso han presidido la Comisión de Radio, Televisión, entre otras, generando duda de una actuación imparcial, situación similar que se puede encontrar en otras comisiones. Es por ello, y con el objeto de eliminar el conflicto de intereses en la integración de las cámaras del Congreso de la Unión y con la pretensión de garantizar una representación popular en la que se combata el denominado conflicto de intereses, que se propone: Primero, modificar los requisitos que deben cumplir quienes pretenden ocupar un cargo de elección popular para evitar conflictos de intereses, así como blindar las condiciones para la libre emisión del sufragio y la equidad en la competencia electoral, para lo cual se reforman las fracciones IV y V, párrafos primero y cuarto, del artículo 55 constitucional con la finalidad de homologar la renuncia con un año de anticipación al día de las elecciones de los servidores públicos que señala cada una de esas fracciones. Establecer una sana distancia entre el ejercicio de poder y los intereses privados fortalece la autonomía de las instituciones y su actuación con base en principios de imparcialidad y legalidad para una efectiva rendición de cuentas y fiscalización de recursos en campañas políticas para impedir espacios de corrupción institucional y de impunidad, como sucedió en la reciente elección federal del 2012, en la que se hace un derroche de recursos públicos, sin ninguna responsabilidad, obviamente por el candidato presidencial que quieren imponer el próximo 1 de diciembre. En el segundo, proponemos una adición a la fracción VI del mismo artículo 55 para establecer que no podrán ser diputados o senadores los miembros de los órganos de dirección de asociaciones de trabajadores o patronales con registro oficial o miembros de los órganos de dirección de asociaciones o partidos políticos nacionales, a menos que se separen de su encargo en forma definitiva un año antes de la elección. Estoy seguro que esta propuesta contará con el aval hasta del PAN puesto que en sus estatutos ya prevé la renuncia de sus miembros de órgano de dirección cuando pretendan participar en procesos internos de selección de candidatos, un año antes de la elección constitucional. En tercer lugar, con el afán de evitar conflictos de interés, también se propone la adición de la fracción VII al mismo precepto constitucional para establecer que no podrán ser diputados o senadores las personas físicas o quienes tengan la calidad de accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores o contratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en las contrataciones públicas o concesión de bienes y servicios en los ámbitos federal o estatal, a menos que rescinda o renuncie al cargo o empleo que corresponda un año antes de la elección. Debe destacarse que en las restricciones que se propone para acceder al cargo de diputados y senadoras se considera a las personas físicas o morales que cuentan con concesiones de bienes y servicios públicos, toda vez que la concesión pública es un acto administrativo por medio del cual la autoridad administrativa faculta a los particulares la utilización, explotación de bienes y servicios del Estado. Resulta necesario establecer restricciones a las personas físicas o integrantes de personas morales que se benefician de estas concesiones de bienes y servicios públicos y que pretender acceder a cargos de elección popular, porque lo que se determina, que no podrá ser diputado o senador la persona física, socio o miembro de los órganos de dirección y administración de personas morales de los sectores privado o social que cuenten con concesiones del Estado para la explotación de bienes o prestación de servicios públicos, a menos que renuncie a éstas o deje de formar en seguida culmino, presidente parte de la sociedad, dirección o administración de la persona moral, según corresponda, un año antes de la elección. Justamente, por lo que hablamos al principio de la mala fama de algunos diputados que conforman las comisiones y que parece que traen consigna a defender los intereses de las empresas que seguramente los promovieron aquí. Las reformas y adiciones que se proponen tienen por objeto fortalecer los principios de igualdad y equidad en los procesos electorales, atendiendo a la distancia de las actividades o funciones en las que se puede hacer uso de recursos humanos o materiales por el ejercicio de un cargo público o disposición de bienes del Estado, que pueden producir inequidad en la competencia electoral, contribuyendo y culmino a la independencia y legalidad del Congreso de la Unión, además de evitar ruidos y descalificaciones en su quehacer institucional. Lo hacemos por salud pública, por el Congreso de la Unión y por la patria, que muchos de lo que estén aquí no vengan con esa carga de que vienen a defender los intereses de sus empresas televisoras. Muchas gracias.