La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Continúo. Definitivamente hacen falta requisitos para los integrantes de la Junta de Gobierno que es necesario incluir, así como un procedimiento de remoción democrático, no la voluntad de quien ocupa ilegítimamente hoy la silla presidencial y un objetivo útil para una verdadera autonomía constitucional. Deberán establecerse requisitos más estrictos, pensando en la profesionalidad y la función del órgano a fin de que la remoción de sus miembros, así como su designación, no esté sujeta a la voluntad del Ejecutivo, por lo que aquí se propone cambiar el texto de los artículos 70 y 71, porque el procedimiento para nombrar al presidente de la Junta de Gobierno en caso de vacante, se le deja discrecionalmente al Ejecutivo federal como si se tratara de un órgano subordinado a éste, dejando a los miembros de la Junta de Gobierno en completo estado de indefensión actuando siempre con el temor a la remoción, limitando su autonomía y su papel, ya que se pretende establecer como mecanismo de purga o escarmiento o sanción o castigo a la no subordinación, que por propuesta de tres miembros de cinco de la Junta de Gobierno y del presidente de la república en turno, cualquier miembro incómodo podría ser removido. Con esto no pedimos asegurar la remoción inmediata de los integrantes de la Junta de Gobierno, sino un procedimiento claro y preciso señalado en la ley, por lo que es necesario definir y ampliar el listado de las causas graves que motivan la remoción de los miembros de la Junta de Gobierno, ya que como ésta está planeada anula cualquier posibilidad de crítica, de profesionalismo o de autonomía entre sus miembros. Por lo que hace al segundo párrafo del artículo 37 de la ley en comento —la que van a aprobar y que no conocen—, éste no tendría por qué restringir la información de los datos que proporcionen los informantes del sistema a las unidades. Éstos deberán tener un tratamiento igual al que se le da a toda información pública, según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, puesto que contraría su artículo 3, mismo que establece que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado, información de calidad, pertinente, veraz, confiable y oportuna. Este proyecto de ley está formulado atendiendo a requerimientos democráticos, al temor del PAN, al control y centralismo del PRI, pues sólo podrá ser considerada información de interés nacional y por ende, materia del sistema, si es necesaria para la formulación de políticas públicas. Es decir, los usuarios para este sistema no existen, como son los investigadores, los académicos, los ciudadanos, además de que los requerimientos que llegasen a tener las entidades federativas o cualquiera de los Poderes, Legislativo o Judicial, simplemente no podrán ser considerados en este sistema, puesto que sería el Poder Ejecutivo quien determine qué información es necesaria, o sea, si al presidente ilegítimo, Felipe Calderón, no le interesa la verdad ni la realidad económica del país, no le interesa saber cuántos millones de pobres ha dejado su administración, no considerará necesario un censo para que se determine el nivel de vida de los mexicanos. Regreso. Simplemente no podrán ser considerados en este sistema puesto que sería el Poder Ejecutivo quien determine qué información es necesaria para el diseño de las políticas públicas, con su sobrerrepresentación en el Consejo Consultivo Nacional, además de que paradójicamente la información de interés nacional la van a determinar las secretarías de Estado, no los diferentes niveles de gobierno. En otro orden de ideas, resulta imprescindible que el INEGI emita la información que la ley le autoriza, pero sin indicadores, toda vez que éstos lo único que hacen es entorpecer la labor de los usuarios del Sistema de Información. Es decir, que los académicos, profesionistas, investigadores de este país no solamente requieren los indicadores que, maquillados, produce el Ejecutivo federal, o ahora el INEGI, que va a hacer lo mismo. No, necesita los datos de base, los datos reales, no la proyección de indicadores a 24 años. Somos 50 millones de pobres, 15 más en la extrema pobreza pero van a ser ricos dentro de 20 años. Eso es lo que nos puede estar diciendo el INEGI. Por último, se plantea una intromisión del Banco de México en el Sistema Nacional Estadístico por lo que es necesario aclarar que el Banco de México es el que dicta la política monetaria nacional, y el artículo 28 constitucional, restringe su actuación a procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, excluyendo su participación en el fomento de crecimiento económico y del empleo, como lo establecen los bancos centrales de otros países como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Canadiense y el propio Banco Central Europeo. El Banco de México, por mandato constitucional y del artículo 1o. y 2o. de la Ley del Banco de México, se ha convertido en un simple instituto de control de la inflación, con el objetivo de lograr sus propósitos legales. Para lograr estabilizar los precios aplica diversas políticas monetarias de contracción de la demanda efectiva y posteriormente la cuantifica a través de la elaboración y publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor y al Productor. Esto lo lleva a ser parte del diseño de políticas públicas y a evaluar al mismo tiempo, su propio desempeño a través de cuantificaciones estadísticas de inflación. Esto le denomina en términos coloquiales, ser juez y parte de un asunto de relevancia nacional como es la política monetaria, es decir, éste cuenta con todo un sistema de cuantificación e información para lograr sus objetivos constitucionales y legales; no necesita meterse a la función del INEGI. En el caso de la reforma que nos ocupa, se pretende que sea el Banco de México quien le determine las normas relativas a la información que produzca y requiera para la conducción de la política monetaria. Sin embargo, el Apartado B del artículo 26 constitucional es muy claro al establecer que, además de que el Estado contará con un sistema nacional de información, estadística y geográfica, faculta a un ente público con autonomía técnica y de gestión para regular la captación —éste es el nuevo INEGI—, procesamiento y publicación de la información que genere, por lo que se considera que el artículo 33 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en su último párrafo, es inconstitucional del artículo 26 de nuestra Constitución y que el Banco de México se estaría extralimitando de las facultades que le confiere la propia Constitución y su ley. Por tanto, se propone su exclusión. En términos prácticos, la autonomía del Banco de México implica que ninguna autoridad puede exigirle la concesión del crédito, con lo cual se garantiza el control ininterrumpido del instituto central sobre el monto del dinero, billetes y monedas en circulación. La finalidad de la autonomía es que la operación del banco central sea conducente a la conservación del poder adquisitivo de la moneda nacional. Voy a tener más oportunidad de estar insistiendo, porque voy a insistir en que esta ley se haga bien, compañeros; no las hagamos con las patas. Nos pagan mucho los ciudadanos. Quiero aprovechar el micrófono para invitar a todos los ciudadanos que queremos a nuestra nación a defender la riqueza nacional; el petróleo es de todos, no de la familia Mouriño. El petróleo es de todos, no del PRI y del PAN. Invitamos a todos los ciudadanos este martes 18 a asistir al Zócalo. 70 Aniversario de la Expropiación Petrolera.