EL C. DIP. CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ: Gracias, señor Presidente. Voy a presentar una iniciativa en las soledades del mediodía de esta Cámara nuestra, y pretendo que si me autoriza la Presidencia, hacer un comentario sobre el texto del documento, en vez de leer la Exposición de Motivos que podría parecerles cansado. ¿De qué se trata, amigas y amigos diputados? Yo veo que independientemente de la importancia de los temas que hemos estado discutiendo en estos días de nuestro período ordinario, hay dos te mas que llaman poderosamente la atención, los dos son definitivos y definitorios: el primero, es el que tiene que ver con la lucha de los indígenas, para obtener un reconocimiento, yo diría, que enaltecimiento a su cultura y a sus derechos, en una ley mal llamada de la Cocopa, que el Presidente de la República sometió a la consideración del Senado. Ese es un tema toral, la nación enterado lo conoce, y creo que también hemos finalmente arribado a coincidencias muy afortunadas. El otro tema, es el tema publicitariamente llamado, de la Nueva Hacienda Pública Redistributiva, que independientemente de su nombre se concreta en una serie de leyes, que afectan distintos ámbitos de la economía de es te país, pero que desde mi punto de vista tienen el objetivo muy claro, de motivar un volumen de recursos extraordinario al Poder Ejecutivo Federal, para que pueda cumplir con sus programas nuevos. Yo intento hacer una pequeña iniciativa, de tan sólo un artículo, para aprovechar la buena fe, yo no tengo porqué dudar de la buena fe del Presidente, que es autor de las dos iniciativas, y quiero aprovechar su buena fe y la de todos ustedes, señores diputados, no tengo porqué poner en duda, que en el fondo de los dos asuntos hay cuestiones verdaderamente de reconocimiento real a las causas de los indígenas, y a la necesidad de que esta Nueva Hacienda de verdad sea redistributiva, y en ese sentido va mi propuesta. Yo creo que en materia hacendaria, lo que debe regir los trabajos de la Cámara de Diputados, es la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución, esa fracción debe ser leída y valorada literalmente en su integralidad. ¿Qué dice esa fracción?, compañeras y compañeros diputados. Establece la facultad exclusiva de la Cámara, para examinar, discutir y en su caso aprobar anualmente, anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y las contribuciones para sufragarlo. Hay ahí dos elementos fundamentales: el primero, es un procedimiento anual, ¿por qué?, porque tiene una lógica constitucional, que es fácilmente explicable; y en segundo, compañeras y compañeros diputados, lo que rige en materia presupuestal, no son los ingresos y las contribuciones sino la justificación del gasto público. Quiero gastar en esto y lo demás, lo someto a la consideración de la Cámara, si la Cámara cree que es prudente ese gasto, entonces vamos a pedirle a la gente que contribuya, no es al revés, y eso lo dice el Artículo 74 de la Constitución en su fracción 1. Entonces, amigos, en esta propuesta que hemos visto del Ejecutivo, encontramos que el énfasis está en la parte impositiva, y cuando se trata del renglón del gasto, se queda siempre en generalidades. Vamos a hacer más programas de educación, de salud y vivienda, etc., si, pero el presupuesto debe ser exacto, debe ser con detalle, debe ser preciso, ¿en qué se va a gastar y cuándo? No hay un sólo gobierno en el mundo que no necesite más dinero, todos necesitamos más dinero, en la medida en que nos den dinero, bueno, bien venido, todo mundo quiere más dinero, pero la sociedad no puede estar a expensas de ver cuándo se le antoja al Jefe del Ejecutivo conseguir más dinero, el procedimiento es anual, cada año ya se entiende que la lógica es que durante todo ese año, haya la posibilidad de planear tanto para los individuos como para las empresas; saber cuánto voy a gastar y cuánto tengo que pagar de contribuciones. Bueno, amigos, pues ese es el tema que hoy traigo a colación y yo pienso que quiero invitarlos a que contribuyamos a esa buena fe presidencial que quiere reconocer la autonomía indígena por un lado, y que quiere una hacienda redistributiva; y yo creo que es una iniciativa correcta las dos cosas, yo creo que la Cámara de Diputados no se puede quedar ausente, nosotros tenemos que contribuir porque está bien que seamos una Cámara con dificultades porque somos una entidad plural, pero eso no quiere decir que no tengamos una estrategia común para contribuir a estas cuestiones que nos parecen de buena fe del Presidente. Entonces miren amigos qué sugiero: sugiero un cambio, una adición al artículo 20 de la Ley de Planeación; el artículo 20 de la Ley de Planeación es muy sencillo y establece aquellos rubros que cuidadosamente se tienen que atender cada año para mandar el Presupuesto a la Cámara y yo sostengo, les pido que piensen en la conveniencia de aprobarlo, que le pongamos una fracción VII que le haría justicia a esa intención presidencial, según yo, a pie juntillas; ¿y qué diría la fracción VII del artículo 2 de esta, perdón es el artículo 2 de esta Ley de Planeación? Diría: "El apoyo generalizado y oportuno, hay que entender que la parte enunciativa del artículo señala que es obligación de atender estas cuestiones, por eso mi fracción diría "el apoyo generalizado y oportuno a todas las comunidades y pueblos indígenas garantizándoles el otorgamiento de partidas presupuestales anuales, el monto de la asignación será en adición a aquellos recursos que les corresponda por los distintos programas de la administración pública federal y del ramo 33"; y esta es la parte que yo sugiero como adición importante: "y no podrá ser menor del 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado al conjunto de fusiones de desarrollo social para todo el país". Para ser consecuente con la nueva iniciativa de Ley de Derechos y Cultura Indígena que seguramente vamos a aprobar por aclamación, sugiero este párrafo final: "las asignaciones deberán ser proporcionales a la población indígena de cada entidad federativa y entregadas directamente a las comunidades y pueblos indígenas para que bajo su propia administración y manejo, den sustento económico a su desarrollo autónomo". Cumplamos, pues, con las dos motivaciones de estos temas que han ocupado la atención de la Nación y también la de los señores diputados de esta Cámara. En primer lugar, ayudemos a que la iniciativa de nueva Hacienda Pública Distributiva, contenga ya un rubro preciso de asignaciones presupuestales para los pueblos indígenas. En segundo lugar, correspondamos con nuestra lucha para que los pueblos indígenas tengan autonomía y autoricemos que esos recursos se entreguen directamente a las comunidades para que de verdad le den sustento económico a su propuesta de autonomía política. Miren, amigos, para mí fue muy difícil saber cuánto proponer a una Cámara como esta, ¿cuánto?; pero pienso que haciendo un análisis de lo que gasta, de lo que gasta el Ejecutivo en todos los programas, en todas las funciones del llamado gasto programable, digo esto para que vean que yo también sé esos terminajos, en materia de desarrollo social veo que el porcentaje total alcanza a una pequeña proporción del Producto Interno Bruto. . alcanza a una pequeña proporción del Producto Interno Bruto. Entonces surgieron un 10%, que sería apenas, un incremento de 1 punto porcentual al Producto Interno Bruto de nuestro país anualmente. Pero esto significaría un volumen de recursos muy importante, para darle sustento verdadero al desarrollo de los pueblos indígenas. Esta iniciativa señor presidente la voy a dejar aquí, espero que cuan do venga la discusión correspondiente, mi iniciativa sea considerada. Yo estoy seguro que la buena fe del presidente me corregirá la plana señores diputados. Estoy seguro que no le va a parecer suficiente el 10% y estoy dispuesto a aceptar el aumento que el señor presidente quiera. Esto es todo, muchas gracias. PRESIDENTE: Señor diputado, un segundo nada más. El turno de su iniciativa la mesa directiva lo había considerado exclusivamente Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Desea usted que se turne a una comisión adicional? DIP. CESAR AUGUSTO SANTIAGO: NO, señor. C.C. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE DVUTADOS: INICIATIVA DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTICULOS 2° Y 20° DE LA LEY DE PIANEACION CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA EQUIDAD PRESUPUESTAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS. RAZONES Y MOTIVOS. Hay coincidencia nacional en la necesidad de satisfacer jurídica y económicamente la deuda histórica de la Nación Mexicana con los Pueblos Indígenas. Más allá de la coincidencia y de la diversidad en sus expresiones, se han producido Iniciativas y propuestas concretas que permiten pasar de la mera expresión discursiva a las realizaciones concretas. Los Partidos Políticos, señaladamente al que pertenezco, mantienen en sus documentos básicos, propuestas programáticas orientadas a la construcción de políticas públicas que sustenten un desarrollo social democrático que haga viable la justicia social. Por eso, frente a las Iniciativas del Ejecutivo, en estos mismos renglones, los Partidos buscan contribuir y aportar para que el discurso político de objetivos comunes, encuentre una concresión eficaz en la Ley y consecuentemente, una posibilidad práctica al disponer de oportunidades económicas reales y muy concretas. Dos temas dominan la agenda del Gobierno en este Periodo de Sesiones: la justa Iniciativa de los Pueblos Indígenas para construir un marco legal, de la mayor jerarquía, que reconozca, postule y enaltezca la cultura y los derechos propios de los Pueblos Indígenas, en un contexto de autonomías políticas; el otro tema, es el contenido en una serie de Iniciativas que el Ejecutivo publicitariamente ha denominado "una nueva hacienda pública redistributiva" y que en la práctica se actualiza en una serie de Iniciativas de carácter hacendario, dominadas por objetivos claros de encontrar mayores recursos para los programas del Ejecutivo, a través del aumento en las contribuciones públicas, para poder sufragarlos. Frente a estos temas de enorme trascendencia, el Poder Legislativo, reacciona y aporta; pero yo sugiero, que debiera además, construir una dinámica propia que dentro del debate nacional, pudiera significar una aportación del Legislativo en la consolidación de una nueva forma de atender los problemas de la Nación. Más allá de las diferencias conceptuales y de los objetivos políticos que cada Partido sostiene, debieran expresarse las coincidencias esenciales y en éstas, avanzar de manera común para acelerar las cuestiones que la sociedad demanda y dejar al debate político la solución de las diferencias ideológicas. En este sentido, he sostenido que el Artículo 74 de la Constitución en su fracción IV que es la que establece una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, de la mayor trascendencia, debe ser observada en su redacción literal para encontrar que lo que rige la disposición de los fondos públicos, es la presentación anual de un Presupuesto de Egresos de la Federación cuyo examen, discusión y aprobación, corresponde exclusivamente a la Cámara. Ahí hay dos elementos sustanciales: el carácter anual del presupuesto y su prioridad jerárquica normativa antes de la facultad, también conferida, para establecer las contribuciones necesarias para sufragar al presupuesto. Debemos entender que el presupuesto señala los rubros y montos que el Ejecutivo pretende gastar para que en examen de las condiciones de la economía y de la circunstancia social prevaleciente, la Cámara determine si hay necesidad, si es posible, si resulta conveniente, autorizar ese gasto en esos volúmenes y para esos propósitos. Si las condiciones sociales prevalecientes no soportan una carga impositiva como la que resultaría al pretender satisfacer todas las exigencias presupuestarias, entonces, es obligación de la Cámara, reducir los volúmenes del Presupuesto y ajustarlos para que sólo se puedan realizar aquellos programas que la economía de la sociedad pueda permitir en un momento dado. Es obvio que no hay un solo Gobierno en el mundo, que no requiera mayores volúmenes de dinero público del que puede disponer en un momento dado. Las carencias y los problemas son tantos, que la exigencia de dinero siempre es mayor a las posibilidades reales de la sociedad para poder contribuir sin deterioro y menoscabo de sus posibilidades de supervivencia. De otra parte, la lucha de los Pueblos Indígenas establece con gran claridad la necesidad inaplazable de acudir con volúmenes importantes de recursos para que puedan construir ellos, los andamiajes de su propio desarrollo. Son ellos quiénes en la autonomía que tendremos que reconocerles, decidirán la forma, los énfasis, las razones propias, de su cultura y derechos, en los que deberán incidir para garantizar su desarrollo. Pero para que esto pueda ser realidad, se requiere de volúmenes presupuestales mucho mayores que los contenidos en los montos de los programas tradicionales del desarrollo social; porque la lógica elemental indica que si esos programas hubieran sido eficaces, suficientes o apropiados para la comunidad indígena, no estuviéramos inmersos en la lucha que con toda razón los indígenas han estado dando. Tiene que cambiarse esa lógica tradicional y sustituirse por una que sea consecuente con la magnitud del problema y las soluciones que desde la vía jurídica se empezarán a dar con la aprobación de la legislación en la materia de derecho y cultura indígenas. Por eso creo que es importante hacer coincidir los dos temas en una propuesta muy sencilla pero muy importante de adiciones y reformas a la Ley de Planeación para darle contenido práctico a las razones expresas de estos dos grandes temas que discutimos. Sugiero que se obligue por razón de la Ley a que el presupuesto anual que presente el Ejecutivo, además de las previsiones normales en los rubros del llamado gasto programable en todas las funciones del desarrollo social, además de las asignaciones correspondientes al Ramo 33, contenga un volumen especial de recursos que se asignen directamente a las comunidades y territorios autónomos para que puedan disponer en ejercicio de manera libre y autónoma. Esta asignación anual propongo que no debiera ser menor al 10% del total del gasto que se programe para todas las funciones de desarrollo social y para la generalidad de la población. Para ilustrar el por qué de la propuesta, simplemente quiero comentar que para el 2001 el gasto programable en las funciones de desarrollo social equivale al 9.6% del PIB y que la propuesta de un 10% apenas llegaría a significar un 1.0 del PIB y a un 4.3% del Gasto Neto Total. La adición al artículo 2° de la Ley de Planeación estaría orientada hacia esos propósitos y la adición que propongo al artículo 20 de la Ley de Planeación es simplemente, para reconocer en ese artículo, a las comunidades y Pueblos Indígenas objeto de previsiones presupuestales especiales, cada año. Es difícil conciliar una cifra y es posible que ésta pueda ser aumentada al nivel necesario para garantizar una rápida mejoría a los Pueblos Indígenas. Es debatible el monto y por supuesto, la integralidad de los nuevos planteamientos que en materia de desarrollo social tendrán que hacerse con el detalle que el presupuesto anual exige; pero lo que no es posible, es que la Cámara no proponga, no contribuya, con los instrumentos que tiene a su alcance a establecer, en la claridad presupuestal, la demanda y la coincidencia ya vertida en el debate público, y próximamente en la Ley para enaltecer los Derechos y Cultura Indígenas. Por lo tanto, con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados someto a la consideración de la Asamblea, la siguiente Iniciativa: Artículo único. se adiciona la fracción VII del artículo 2 y se reforma el segundo párrafo del artículo 20, de la ley de planeación, para quedar como sigue: ARTICULO 2. I. II. III. IV. V. VI. VII. El apoyo generalizado y oportuno, a todas las comunidades y pueblos indígenas, garantizándoles el otorgamiento de partidas presupuestales anuales. El monto de la asignación será en adición a aquellos recursos que les corresponda por los distintos programas de la administración pública federal y del ramo 33 y no podrá ser menor al 10% del presupuesto de egresos de la federación aprobado al conjunto de funciones de desarrollo social para todo el país. Las asignaciones deberán ser proporcionales a la población indígena de cada entidad federativa y entregadas directamente a las comunidades y pueblos indígenas para que bajo su propia administración y manejo den sustento económico a su desarrollo autónomo. Artículo 10. Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, comunidades y pueblos indígenas así como de grupos populares; ... Esta iniciativa señor presidente la voy a dejar aquí, espero que cuando venga la discusión correspondiente, mi iniciativa sea considerada. Yo estoy seguro que la buena fe del presidente me corregirá la plana señores diputados. Estoy seguro que no le va a parecer suficiente el 10% y estoy dispuesto a aceptar el aumento que el señor presidente quiera. Esto es todo, muchas gracias. PRESIDENTE: Señor diputado, un segundo nada más. El turno de su iniciativa la mesa directiva lo había considerado exclusivamente Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Desea usted que se turne a una comisión adicional? DIP. CESAR AUGUSTO SANTIAGO: No, señor. PRESIDENTE: Muy bien. Inscríbase la iniciativa íntegra del diputado César Augusto Santiago y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para presentar una iniciativa de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Melchor Ocampo, con la frase: "Es hablándonos, no Matándonos, como Habremos de Entendernos. " Se le concede el uso de la palabra al diputado Agustín Trujillo Iñiguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. DIP. AGUSTIN TRUJILLO IÑIGUEZ: Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: "El que suscribe diputado integrante de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política (LEYO INICIATIVA INSÉRTESE) CON SU VENIA SEÑOR PRESIDENTE; COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORESS El que suscribe, diputado integrante de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, facción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía una iniciativa de Decreto, al tenor de la siguiente: Exposición de motivos El valor fundamental de la historia es la experiencia que aporta a las nuevas generaciones para evitar la repetición de episodios que en el pasado significaron conflagraciones, incertidumbre y rompimiento del orden nacional. De ahí que mantener en la memoria del pueblo los nombres y apotegmas que han dado cuerpo y espíritu a la nación mexicana, es un imperativo para evitar que se desanden los caminos que nos han llevado a la consolidación de la vida institucional del país. Es el legado de nuestros próceres un referente indispensable para construir mirando hacia delante por los intereses superiores de la nación. Los logros alcanzados por las luchas que libraron los mexicanos que nos antecedieron, en contra de los enemigos de la patria de dentro y de fuera, deben ser la base de la estructura en la edificación de un país que busca su constante mejoramiento. El más grande error de un pueblo es la amnesia histórica y lamentablemente es un mal que está afectando de manera especial a las nuevas generaciones de mexicanos. La situación es grave, porque en la medida en que se ignoren los hechos y los protagonistas que destacaron en la conformación y desarrollo del país, se augura un futuro incierto ante la ausencia de un hilo conductor entre pasado y presente, que le otorgue certeza al proyecto nacional. La historia es factor de identificación y unidad que nos da rostro y sentido de pertenencia, por eso, la ignorancia de la misma provoca conductas antipatrióticas en detrimento de la ciudadanía. Cuando hay ausencia de conocimientos y falta de identidad con la historia, los cambios no son en beneficio del pueblo, sino a favor de quienes indica el sentido pragmático de las decisiones, que casi siempre son a favor de los poderosos y no los que menos tienen. Tenemos la fortuna de ser los protagonistas de una etapa en la vida del país en que se impone reconocer y9 sobre todo, conocer a quienes con sus hechos y palabras han contribuido de manera sobresaliente en la construcción de esta gran nación. El testamento de nuestros prohombres debe ser fortaleza para defender la estabilidad y la paz que México requiere para transitar la senda de la superación y el desarrollo. En estos tiempos en los que existen amagos de inestabilidad, por los legítimos deseos de los indígenas de reclamar una justicia aplazada, resulta oportuno rescatar de una de las páginas de la historia y fijar en la memoria de los mexicanos una elocuente sentencia de Melchor Ocampo que dice "Es hablándonos no matándonos, como habremos de entendernos", esto con el fin de alejar el fantasma de la violencia de la geografía nacional. Este proverbio que los mexicanos debemos tener presente lo pronunció el Filósofo de la Reforma el 16 de septiembre de 1852 en la conmemoración del LVIII Aniversario del Grito de la Independencia, considerando que en esos momentos la patria estaba en peligro por las amenazas de sublevación. Las condiciones de ahora no son del todo diferentes por las turbulencias que provocó la protesta indígena, por lo que el contenido del concepto de Melchor Ocampo resulta oportuno y servirá para recordar que existen mejores caminos que las armas para transformar un país. A Melchor Ocampo le tocó vivir etapas de constantes turbulencias e incertidumbre que sumieron a México en un largo periodo de improductividad. Sintió la fragilidad de la independencia por los afanes entreguistas de malos mexicanos; acompañó a Benito Juárez como ministro de Relaciones y de Guerra en su gobierno itinerante, lo que le permitió participar activamente en la elaboración de las Leyes de Reforma, que habrían de complementar el sentido liberal de la Constitución. Le correspondió también intervenir en la negociación y firma del polémico tratado MacLane Ocampo. Su trabajo trascendió, asimismo, los ámbitos de las ciencias como la botánica y la literatura. Podemos asegurar que casi ningún campo le fue ajeno, por eso la profundidad de sus axiomas. La filosofía que contienen su conceptos refleja claramente a un mexicano forjado en la lucha por construir una nación con proyecto y futuro cierto. Es nuestro deber como depositarios de la representación nacional, mantener viva en el espíritu de los mexicanos su aportación a la Patria, y que mejor que con una máxima que acrisola pasado y presente. Sobre todo hoy que hemos inaugurado una nueva etapa en la vida institucional de país, dando la oportunidad para que representantes del EZLN y del Congreso Nacional Indígena ocurrieran a esta tribuna a manifestar libremente sus, demandas. Fue una experiencia que debe sentar precedente por el clima de respeto en que se dio el diálogo y por su contribución para abrir una puerta al entendimiento razonado. Nunca más en la historia parlamentaria de este país, se deben cerrar las puertas del Congreso para escuchar la voz del pueblo. No debe ser fuente de debates y Votaciones antagónicas la obligación de los legisladores de oír a la ciudadanía, ya que nuestra naturaleza es la de representar al pueblo una vez electos por éste; sobre todo tratándose de asuntos prioritarios para el país, como lo es el tema de la paz. Estoy cierto que todos los mexicanos coincidimos en que no es el lenguaje de las armas el que nos habrá de encaminar al país plenamente justo, libre y democrático al que aspiramos. El diálogo supera cualquier posibilidad de transformación por la vía beligerante, porque la guerra destruye y el diálogo, cuando se asume en forma propositiva, construye posibilidades de superación. En adelante, ni los indígenas, ni ningún otro grupo de mexicanos deben verse en la necesidad de acudir a la beligerancia para que sean escuchados sus clamores de justicia. Las demandas, reclamos, aspiraciones y anhelos de los mexicanos deben ser escuchados en todo tiempo y lugar, para no orillar su manifestación al clandestinaje. Compañeras y compañeros congresistas, demos entrada a los tiempos de la palabra, para que sea ésta el valuarte de la lucha por mejores condiciones de vida; abramos puertas y amplias avenidas a la libre circulación del sentir del pueblo de México. Por lo anteriormente expuesto y porque resume la experiencia que nos deja la historia; porque responde al momento que vivimos; porque es un referente indispensable en la construcción de una patria más igualitaria, y porque es una sentencia que debe guiar nuestro accionar en el futuro; someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa de decreto para que se inscriba con letras de oro en los muros de honor de ésta H. Cámara de Diputados el proverbio: "Es hablándonos no matándonos, como habremos de entendernos" de Melchor Ocampo, para quedar en los siguientes términos: El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: Artículo único. Inscríbase con letras de oro en los Muros de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el apotegma de Melchor Ocampo: "Es hablándonos no matándonos, como habremos de entendernos". Transitorio Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de abril del 2001