El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: A nombre del diputado Rubén Aguilar Jiménez y del de la voz, me permito someter a su atenta consideración la siguiente Iniciativa. El 20 de diciembre de 1995 fue promulgada la Ley de Aeropuertos vigente. A partir de entonces se han dado cambios estructurales en el otorgamiento de concesiones y la participación de particulares, en la construcción, explotación, operación y administración de un número significativo de los aeropuertos que integran la red nacional. La nueva relación entre el Estado, el concesionario y el usuario de los servicios en los aeropuertos hace necesario adecuar la legislación vigente a la nueva realidad, atendiendo a la transparencia de cada proceso y al logro de condiciones que contribuyan a la mejora de la infraestructura aeroportuaria y la calidad de los servicios en este país. La enorme importancia económica y social que representa para el país la transportación aérea demanda un cambio en la legislación para dotar a este importante segmento de la economía del sustento jurídico que propicia equidad y fortalecimiento en su conjunto. Es necesario también garantizar el cumplimiento de los títulos de concesión otorgados por el Estado, mediante la creación de una comisión federal de aeropuertos que coadyuve con la autoridad en la vigilancia y supervisión de su cumplimiento, al tiempo que apoye las labores relacionadas con la cuantificación y supervisión de la regulación económica de la red aeroportuaria. La expansión, consolidación y modernización de la red aeroportuaria precisa de una legislación que otorgue seguridad jurídica al inversionista como a los usuarios de los servicios, al tiempo que fortalezca la rectoría del Estado mediante una supervisión eficaz y una regulación transparente y congruente con el resto de las disposiciones legales que rigen al sector de comunicaciones y transportes. Los cambios sustanciales ocurridos en México, en los últimos años, han impulsado la transformación paulatina de la infraestructura aeroportuaria, lo cual hace necesario realizar cambios a la legislación vigente. De tal forma que la transformación y fortalecimiento de la red evolucione atendiendo a las crecientes necesidades de los usuarios de los servicios, entendidos éstos como pasajeros, aerolíneas y prestadores de servicios, en el marco del estricto cumplimiento con las concesiones otorgadas por el Estado y propiciando el fortalecimiento del sector en su conjunto. Esta iniciativa recoge los planteamientos y el análisis detallado de iniciativas previamente presentadas en la Cámara de Senadores y en esta Cámara. También ha sido enriquecida con las aportaciones de diversos agentes del subsector aeronáutico y reforma y se propone alcanzar los siguientes Objetivos Primero. Promover el desarrollo y fortalecimiento de la red aeroportuaria nacional, atendiendo al cumplimiento de las disposiciones legales que rigen al sector de comunicaciones y transportes y en lo particular a la normatividad del subsector aeronáutico. La red aeroportuaria del país, sujeta a un proceso de reestructuración desde el 9 de febrero de 98, incentivó la descentralización del sistema de administración aeroportuaria, dotó de mayor autonomía y flexibilidad a la gestión individual de cada aeropuerto y alentó la participación de los sectores locales y regionales. Ese proceso de reestructuración al sistema aeroportuario originó el concesionamiento de 35 aeropuertos, su transformación a sociedades mercantiles agrupadas en cuatro sociedades controladoras, cuyas acciones fueron colocadas a particulares, excepto por el control que la Secretaría de Comunicaciones mantiene de la tenencia accionaria del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las etapas de reestructuración y descentralización de la administración aeroportuaria, su concesionamiento parcial y la colocación de las acciones a nuevas administraciones, no contempló la reorganización de las entidades gubernamentales para establecer los mecanismos que permitieran vigilar el puntual cumplimiento de las concesiones otorgadas. A pesar de que todos los concesionarios y permisionarios debieron ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Aeropuertos, en lo relativo a la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles, así como en la prestación de los servicios aeroportuarios complementarios y comerciales, es relevante precisar que a la fecha la red nacional de aeropuertos opera bajo criterios jurídicos diferentes y mientras unos se mantienen bajo el régimen paraestatal, los otros grupos operan bajo esquemas aplicables a concesionarios privados, lo que vulnera el principio de generalidad. La insuficiente capacidad de supervisión aceptada y reiterada por el Ejecutivo federal, en el curso de estos años, hace impostergable la creación de una comisión federal de aeropuertos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica operativa presupuestal y de gestión, con el objeto de vigilar la regulación económica de los aeropuertos concesionados y supervisar el desarrollo eficiente y seguro de la operación de los aeródromos civiles en el país y proteger los intereses de los usuarios. Se pretende también fortalecer la rectoría del Estado a través del fortalecimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como dependencia reguladora. Asimismo, reformar los requisitos generales que replanteen los principios para el otorgamiento y adjudicación de concesiones y permisos para la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles; y la aplicación de esquemas de supervisión eficaces que otorguen garantía de cumplimiento, tanto al Estado como a los usuarios. Cuarto. Fortalecer lineamientos para el diseño de aplicación y supervisión de esquemas óptimos de seguridad y vigilancia en los aeródromos civiles, atendiendo a la legislación aplicable. Quinto. Precisar la responsabilidad del concesionario en la prestación de los servicios cuando éstos sean prestados por terceros designados. Sexto. Otorgar al Comité de Operación y Horarios la capacidad de emitir resoluciones vinculatorias y no sólo recomendaciones, y le permitan extender su participación en la evaluación de las condiciones operativas de los aeródromos, la calidad y los niveles de servicio. Séptimo. Reconocer el carácter público de toda la información financiera y estadística, útil para la elaboración de los programas maestros de desarrollo, y la regulación económica. Octavo. Promover la actividad comercial en los aeródromos civiles, para que ésta contribuya a la disminución de los costos de los servicios para los usuarios, sin detrimento de la capacidad operativa y funcionalidad de cada aeródromo civil. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las reformas al marco jurídico contenidas en esta iniciativa de reforma de la Ley de Aeropuertos tienen como propósito contribuir, en forma congruente, con el compromiso de eficiencia y calidad, al tiempo que se otorgan elementos que habrán de coadyuvar, con la autoridad de Aeronáutica, en los procesos de perfeccionamiento y regulación de las concesiones aeroportuarias otorgadas, lo que habrá de fortalecer los instrumentos del Estado, necesarias para el desarrollo de una infraestructura aeroportuaria moderna y eficiente. Señor presidente, por razones de tiempo, he de agradecer que la versión completa de la iniciativa sea incorporada a los debates. Por su atención, muchas gracias.