El diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez: Con su venia, señor Presidente. El que suscribe, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, diputado de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía, la siguiente iniciativa. Exposición de motivos Es conveniente hacer una breve sinopsis de la evolución que ha tenido la figura del municipio desde la Constitución de 1917, para el efecto de entender cuál ha sido la tendencia de las diversas reformas constitucionales en cuanto a esta forma de organización político-administrativa del Estado, como lo es precisamente el municipio. Desde el constituyente de 1917, al elaborar el artículo 115 constitucional surgieron, con motivo de la Revolución Mexicana, diversas ideas en cuanto a la forma de administración de la hacienda municipal. A este respecto varían en ese Congreso Constituyente dos posiciones: la segunda definía la libertad municipal y la autonomía del ayuntamiento, con el argumento de que el municipio debería tener su hacienda propia, porque desde el momento que tuviese intervención del Estado o de la federación o en ambos, aquél dejaría de subsistir. De la anterior discusión se denota la gran preocupación que había de dar a los municipios mayor libertad para lograr así la autonomía municipal. De esta manera, se buscaba que los municipios fueran la primera célula de la organización democrática del país y el primer órgano de representación política del individuo dentro de la sociedad. El Constituyente consagró la libertad municipal en el artículo 115 constitucional de la Carta Magna, estableciéndose en la parte conducente que cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa, administrando libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las Legislaturas de los estados y que en todo caso serán las suficientes para atender las necesidades municipales. Posteriormente hubo una serie de reformas constitucionales referentes a la institución del municipio. Una de las más importantes y trascendentes es la efectuada en el año de 1982, por iniciativa del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que en lo referente al patrimonio de los municipios establecía lo siguiente: "Elevar a rango constitucional el derecho de los municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen". El Constituyente ha querido que los ayuntamientos, como expresión directa de la voluntad del pueblo, sean los administradores de sus intereses y constituyan la base de una organización política y administrativa de todo punto independiente. Sin embargo, para fortalecer a nuestros municipios es necesario participarles de mayores recursos, a efecto de que éstos puedan hacer frente a las necesidades que constitucionalmente tienen a su cargo. El artículo 115 de nuestra ley suprema ha fortalecido al municipio libre a través de sus reformas constitucionales. Sin embargo, hay mucho por avanzar para consolidar al municipio como el espacio privilegiado para la participación política y para la búsqueda de soluciones a las demandas sociales. En este sentido, el federalismo debe estar fundado en ayuntamientos fuertes que sean la base de gobiernos locales fuertes y sólidos, que reconozcan la diversidad municipal del país. Asimismo, debemos abocarnos a promover al municipio como ámbito de gobierno, vinculado directamente a las necesidades básicas de la población. La Ley de Coordinación Fiscal constituye el medio para regular las relaciones fiscales intergubernamentales, las que hoy enfrentan nuevos retos debido a las presiones financieras y la urgencia de mayores ingresos. Así como para una mejor colaboración administrativa bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas. Debido a esto, es imperativo participar de mayores recursos a nuestros municipios con lo que dotaríamos a estos de las herramientas necesarias para hacer frente a cada vez mayores necesidades de la sociedad. El artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en su primer párrafo, enuncia que las participaciones federales que recibirán los municipios, del total del fondo general de participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20 por ciento de las cantidades que correspondan al estado, el cual habrá de cubrírselas. Las Legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general. Es importante señalar que los Congresos de los estados, en el ejercicio de su soberanía y jurisdicción, establecen los más variados criterios de distribución a las participaciones federales. Dichos criterios de distribución se encuentran en leyes de coordinación fiscal locales. De la simple lectura que se le preste al artículo anteriormente citado, se destaca que el porcentaje es el mínimo que corresponde a los municipios, facultando a las Legislaturas locales determinar cómo se distribuirá. En este mismo orden de ideas algunos gobiernos estatales únicamente otorgan a los municipios el mínimo establecido, siendo que la mayoría de nuestros municipios padecen de rezago de infraestructura social básica. Por lo consiguiente, se propone se incremente el porcentaje mínimo que establece la Ley de Coordinación Fiscal para que nuestros municipios tengan mayores recursos para abatir el rezago que padecen. Prevalece también, en la realidad económica municipal, una diversidad en cuanto al porcentaje de las participaciones federales que los gobiernos estatales entregan a los municipios y que deben ser por lo menos de 20 por ciento. Algunos estados destinan a sus municipios un porcentaje mayor, otros estados otorgan lo mínimo señalado en la ley y algunos proporcionan hasta un porcentaje menor. Con el objeto de combatir el rezago de infraestructura que padecen nuestros municipios y que estén en posibilidades de atender con oportunidad y suficiencia la demanda colectiva de servicios públicos, se requiere se incrementen a un 21 por ciento las participaciones federales que los gobiernos estatales entreguen a los municipios, con lo que se conseguirá fortalecer la figura del municipio. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 6o de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar de la siguiente manera: Artículo 6o. Las participaciones federales que reciban los municipios del total del Fondo de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 21 por ciento de las cantidades que correspondan a los estados, el cual de cubrírselas, las Legislaturas locales, establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de septiembre de 2007. Es cuanto, señor Presidente.