La diputada Joaquina Navarrete Contreras: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta alta tribuna de la nación para fijar la posición del grupo parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados, en el capítulo correspondiente a la política social contenida en el Sexto Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, presentado a esta soberanía el pasado primero de septiembre. Tomando en cuanta que el concepto de política social es el conjunto de directrices y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad y conforme a lo enunciado en el apartado denominado e igualdad de oportunidades. El objetivo de la política social de esta administración fue la erradicación de la pobreza en el país, cerrar la brecha de desigualdad. Sin embargo el saldo que se presenta ha sido un rotundo fracaso. La política social asistencialista del presente gobierno ha mostrado su ineficiencia aumentado en 6.5 millones de pobres en el periodo de 2007-2012, al pasar de 45.5 a 52 millones en este periodo. De esto 11.5 millones están en condiciones de pobreza extrema. Este crecimiento en la pobreza es convalido en las categorías alimentarias, patrimonial y de capacidades, utilizadas por el Coneval, en el informe de evaluación de la política de desarrollo social. Respecto a la pobreza alimentaria en el periodo ya citado, se presentó un incremento de 8 millones de personas en esta condición al pasar de 20 a 28 millones, según cifras del Coneval, siendo los casos más frecuentes en las zonas rurales. Esta circunstancia muestra el abandono que ha tenido este sector, situación que ha llevado al país a una dependencia alimentaria y que ha ocasionado el incremento a las importaciones de alimentos, pasando de 16 millones de pesos al inicio de la administración, a 26 millones en el 2011, con un incremento del 63 por ciento. Esta ineficiencia en los resultados para abatir la pobreza en México, se presenta a pesar del elevado incremento de recursos otorgados por la Cámara de Diputados al gobierno federal, recursos que pasaron de 150 mil millones de pesos en el 2007, a 317 mil millones en el 2012, es decir, un incremento de 199 por ciento. Más grave aún, la ineficiencia del gobierno federal si se considera que a pesar de las importantes asignaciones que se han destinado al programa Zonas de Atención Prioritaria, durante el período 2008-2010 aumentó el número de pobres en estas regiones, pasando del 31 al 40.5 por ciento, y en lo relativo a las zonas indígenas, del 38.5 al 40.4 por ciento, siendo precisamente este último sector de los pueblos indígenas el que ha sufrido con mayor énfasis las consecuencias de la política social errática del gobierno federal, viendo deteriorarse sus ya de por sí precarias condiciones de vida. Muestra de ello fue la emergencia alimentaria que en el transcurso de este año vivió la comunidad tarahumara en la sierra del estado de Chihuahua. Es lamentable señalar que alrededor del 72 por ciento de la población indígena no es derechohabiente de alguna institución federal. Su derecho se dificulta o imposibilita, entre otras situaciones, por la lejanía de estas comunidades, lo costoso que resulta acudir a dichos centros y a la baja calidad de servicios. En el ámbito laboral, también se encuentran desigualdades que menoscaban la condición y las expectativas de vida de la población indígena. El 45.9 por ciento de los hombres y el 18.2 de las mujeres trabajan en el sector agrícola. La falta de instrucción y de capacitación en otras actividades refleja la falta de oportunidades para ascender a empleos de alta productividad y mejores condiciones laborales. Las mujeres son las que sufren una mayor desventaja en su vida productiva, ya que una proporción significativa de ellas es trabajadora familiar sin pago. El 38.5 por ciento de los niños indígenas padecen desnutrición infantil crónica, cifra tres veces mayor a la registrada en niños no indígenas. Las enfermedades respiratorias afectan a 39.2 por ciento de los niños indígenas y al 32.6 por ciento de los no indígenas. Todo esto marca una desigualdad de oportunidades que se traduce en desigualdad en la vida adulta, como se observa en estos datos. Los esfuerzos a la población del gobierno federal no han sido suficientes para recortar las brechas en el acceso a más y mejores oportunidades de desarrollo humano. En este sentido no sólo hace falta más intervención pública, sino que dicha intervención sea implementada y redireccionada con criterios de eficiencia en la asignación de recursos y equidad distributiva. Por lo tanto, han sido en vano los esfuerzos de esta Cámara de Diputados para ampliar al Ejecutivo federal los recursos destinados al desarrollo de los pueblos indígenas en estos seis años de gestión pues se incrementaron en un 235 por ciento al pasar de 28 mil millones de pesos en el 2007 a 68 mil en el 2012. El Ejecutivo federal pretende demostrar a esta soberanía que se ha logrado una verdadera transformación educativa; sin embargo, el eje central de su argumento se basa en las becas otorgadas a los estudiantes de educación media superior y superior, lo cual es evidentemente insuficiente para que ésta se considere como educación de verdadera calidad. Incluso, a inicio de este período escolar 2012-2013 han surgido grupos de jóvenes inconformes al no haber alcanzado un lugar en instituciones públicas de educación superior y media superior. La realidad de las cosas es que el presente sexenio deja como una de sus principales deudas la materia educativa. ¿Qué futuro puede tener nuestro país con 5.4 millones de analfabetas? Alrededor de 10 millones sin cumplir la primaria, 16 millones que tampoco terminaron la secundaria, con una educación media superior con apenas cobertura de 60 por ciento, y con 7 de cada 10 jóvenes sin oportunidad de ingresar a la educación superior y que además de acuerdo al movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, el presente ciclo escolar dejó a 200 mil jóvenes fuera de las instituciones de educación superior. Ahora bien, en materia de salud se debe hacer realidad el acceso equitativo al derecho humano a la salud. Ésta y la anterior administración federal han tenido en su seguro popular su programa emblemático que ha sido usado más con fines políticos que con resultados profundos para el bienestar de la población. Lo que exigiría una real cobertura de servicios de salud de calidad a cargo del Estado, como le exige la Organización Mundial de la Salud, o aún mejor, la incorporación de estos cuantiosos recursos a las instituciones públicas de seguridad social. Algunos especialistas señalan que la cobertura aún no es universal. ¿De qué sirve una filiación de papel si no hay disponibilidad de servicios médicos, medicamentos y, sobre todo, de calidad? El balance en materia de política social ha sido un verdadero fracaso si se toma en cuenta el incremento de la desigualdad social del país durante los últimos gobiernos, lo que ha provocado el aumento del índice de la delincuencia, además de los miles de los ciudadanos que se ven obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades. Esta situación es además agravada por el constante incremento a los combustibles y a los cobros excesivos e indebidos a la energía eléctrica, lo cual ha sido un detonante en el costo de los productos de la canasta básica, afectando en mayor medida a las regiones más pobres del país. Como si este panorama no fuera suficiente, ahora el señor Felipe Calderón –termino- pretende imponer una reforma integral laboral, la cual es totalmente inaceptable porque afecta principalmente a la clase trabajadora. En suma, la política social no se debe concebir como asistencialismo sino como derecho de las personas. Ésta constituye uno de los principios esenciales del Partido de la Revolución Democrática, por lo que a lado de las mujeres y hombres de nuestro pueblo lucharemos por su ampliación en la realidad de nuestro país, en bien de su libertad y dignificación, indispensables para una democracia verdadera. Es cuanto, diputados y diputadas, señor presidente.