El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich: Con su permiso, señora Presidenta. En la construcción de este acuerdo los legisladores del Partido Acción Nacional hemos optado por honrar nuestra rica tradición legislativa, adoptando una postura de tolerancia, de generosidad y de apertura al diálogo y así lo seguiremos haciendo. Celebramos la construcción de este acuerdo y ojalá esta intentona que hoy cristalizamos continúe en otros temas que son indispensables y urgentes para México. Quiero citar a un amigo que visitamos hace poco en un penal de Huixtla, Chiapas, y lo quiero citar porque me parece que vale mucho la pena traer a colación sus argumentos. Se llama Guillermo Domínguez, a quien desde esta tribuna saludo. Me decía: "Diputado, le agradecemos mucho que vengan a supervisar las condiciones de vida que tenemos en este penal, pero le pedimos encarecidamente que se concentren en otra cosa: dénos la capacidad de defendernos dignamente, permítanos defendernos como cualquier otro ser humano lo podría hacer. Dénos la oportunidad de demostrar que somos inocentes". Traigo a cuento la frase de Guillermo, porque México se encuentra atrapado en un sistema de justicia propio de la edad de piedra. El sistema de justicia penal en México no funciona y no funciona desde hace mucho. Que sólo el 2 por ciento de los delitos cometidos en México encuentren sanción, que poco menos de la mitad de los ciudadanos en este país se sientan seguros habla no sólo de una realidad aterradora en este país, sino de una red de complicidad y conformismo que alcanza a todos y que es propiciada por todos y que tenemos que combatir desde todos los frentes. Nos estamos enfrentando, amigas legisladoras, amigos legisladores, a un auténtico y verdadero problema de Estado. Hablar de miles y miles de mexicanas y mexicanos presos, sin sentencia y de decenas de miles de presos por delitos menores revela un sistema penal que lejos de cumplir con el propósito de proteger ciudadanos y reinsertar eficazmente en la sociedad a quienes violen la ley, irónicamente promueve la inseguridad al estimular la comisión de delitos. Lo más triste de todo, amigas, amigos, es que a esos presos no los tiene recluidos su conducta, los tienen presos nuestra indiferencia. En México la realidad de la justicia penal es tan dolorosa que hemos decidido hacernos de la vista gorda. Es tan dolorosa que le hemos cerrado nuestros corazones y nuestro entendimiento a una realidad que hemos preferido ignorar que aceptar, o mucho menos combatir. No sólo estamos dejando, amigas, amigos, que mueran de pie los miles de mexicanos que se encuentran recluidos; estamos dejando morir la posibilidad de que México se convierta en un Estado moderno al privilegiar la comisión de delitos en este país. Saber que en México el 85 por ciento de los delitos no se denuncian revela un sistema que está lejos de ser tomado en serio por los ciudadanos. Entender que en México es indispensable la instauración definitiva de un estado de derecho, en el que el respeto a los derechos humanos sea el valor supremo, es adquirir la noción del rumbo que debemos tomar para solucionar el estado de cosas. La Comisión de Justicia presenta hoy, ante ustedes, un proyecto de reforma a nuestra Carta Magna que tiene varios ejes rectores, pero que fundamentalmente se afana en procurar el equilibrio entre garantías individuales: los derechos humanos, la seguridad pública y la justicia penal. La iniciativa en la que el Ejecutivo federal y el Grupo Parlamentario del PAN han tenido una participación decisiva es una expresión viva del reclamo que a lo largo y ancho del país hemos venido escuchando. Primero. Darle vigencia al principio de presunción de inocencia, ha sido una preocupación que ha quedado expresada en forma de iniciativa en el dictamen que tienen en sus manos. Difícilmente podremos convertirnos en un Estado moderno, con justicia moderna, si privamos a los mexicanos de la mínima posibilidad de ser juzgados con condiciones de seguridad. Segundo. La humanización de la justicia ha quedado debidamente consignada en esta iniciativa. De hoy en adelante los estados y la federación deberán juzgar a seres humanos, no a montañas y montones de papel. La relación juez-víctimas-procesados y Ministerio Público deberá ser estrecha y constante. Deberá quedar atrás toda práctica judicial asentada en una fría búsqueda de la verdad, para concentrarnos en adelante a darle un rostro digno a la impartición de justicia. Urge, urge una reforma integral que permita dejar de ver al indiciado como objeto de investigación para reconocerlo como sujeto de derechos, así como darle mecanismos alternativos de solución de conflictos que aseguren a las víctimas negociaciones sencillas, cuyo objetivo final sea la reparación del daño sufrido. Así, de ahora en adelante todo individuo será inocente hasta que se le pruebe lo contrario. No como sucede actualmente. La presunción de inocencia quedará reconocida en nuestra Carta Magna. Y la confesión, que hasta hoy ha venido siendo la prueba reina, dejará de serlo. Esta iniciativa procurará que en México nuestras cárceles se despresuricen para que sólo la gente verdaderamente peligrosa se encuentre presa. Que las víctimas se encuentren y se sientan protegidas para dignificar las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan y quienes nos juzgan. En suma, para que la gente se sienta y se encuentre más segura. Acción Nacional contribuye así a la construcción de un auténtico y verdadero estado de derecho. Muchas gracias.