El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañeras presidenta. La tragedia de Michoacán tiene que ver en gran parte porque ha sido el campo experimental, el laboratorio perverso para estrategias de seguridad pública desde el gobierno federal que más allá de pacificar y combatir al crimen organizado, han generado más problemas, más deterioro social y más criminalidad. En diciembre del 2006, Felipe Calderón, enfundado en un traje militar, arranca con teatralidad el operativo conjunto Michoacán, y los resultados son conocidos, hay un deterioro de la gobernabilidad, de la seguridad, carteles que se disputan las principales regiones, con mayor medida tierra caliente por su vecindad geográfica con diferentes entidades federativas. Hoy, el gobierno federal que preside Enrique Peña Nieto, ha continuado la misma línea del PAN y tanto el PRI como el PAN han demostrado un profundo fracaso en materia de seguridad pública. Hoy el país enfrenta graves problemas de gobernabilidad, de cohesión social y de armonía comunitaria, lo cual se vuelve todavía más grave por los problemas de desempleo por la recesión económica y por la falta de horizontes para millones de jóvenes. Este cáncer de la inseguridad amenaza con colapsar al estado nacional. Michoacán es, finalmente el caso más extremo, pero hay inseguridad y hay grupos que han surgido para combatirla, precisamente por la incapacidad del Estado para cumplir su función básica y esencial, asegurar y proteger la libertad y la seguridad de las personas y de su patrimonio. En ese sentido, el Estado mexicano está fallando y Michoacán es su ejemplo más trágico. Si a esto le sumamos que al parejo de los problemas de inseguridad hay contubernio político entre autoridades y narcotraficantes cuando para llegar al poder se negocia o se tranza con los narcos, cuando se abren espacios en plazas y regiones, o se les da el derecho, incluso, para nombrar a los titulares de las corporaciones policiacas, es evidente que hay un colapso de la seguridad pública. En el caso de Michoacán, el tema de las autodefensas sin duda fue alentado desde el gobierno federal, y ahí vemos la mano perversa del principal asesor de seguridad pública, el colombiano general Óscar Naranjo, que en su país natal, para enfrentar al crimen organizado, alentaron también que grupos civiles, que grupos paramilitares se armaran y combatieran en las regiones donde se daba este flagelo. Estamos viviendo, compañeras y compañeros legisladores, la colombianización del país, ése es el resultado. Es decir estas autodefensas fueron toleradas, auspiciadas por el Estado mexicano y hoy, cuando este Frankenstein ha crecido y cobra vida propia tratan de frenarlo. Pero además de ello, el país vive una proliferación de armamento. Se habla de 15 millones de armas en el país. Evidentemente que este es un problema grave no sólo de Michoacán, es un problema de todo el país, los flujos de armas y los flujos de dinero involucrados en la actividad delictiva, y de eso tanto el gobierno federal anterior como el actual han fracasado rotundamente. Por eso hay esta capacidad de armamento en Michoacán, donde se habla de 10 mil personas que conforman estas autodefensas que están armadas. Urge detener este posible baño de sangre que se puede generar en Michoacán. Ya cuando se anunció esta estrategia nueva por parte del gobierno federal se dieron estos hechos que hoy motivan el punto de acuerdo, estos hechos en la tenencia de Antúnez, en el municipio de Parácuaro, pero está latente el grave problema y nosotros le pedimos el gobierno federal que actúe con eficacia y con responsabilidad, no solamente para desarmar a las autodefensas, sino para combatir a los grupos delincuenciales. No sólo desarmar a las autodefensas, sino exhibir y detener ya a los grupos que estén generando esta situación caótica y delincuencial en Michoacán, porque el problema del país es que el gobierno federal, el anterior y el actual, son muy buenos a veces para combatir algunos cárteles y muy tolerantes para permitir la actividad delictiva de otros grupos criminales, que haya mano firme también para perseguir a todos los grupos delincuenciales. Nosotros queremos también, y propondríamos como una adición a este punto de acuerdo, que le pedimos respetuosamente, presidenta, lo pueda someter a consideración, que se cree un grupo, una comisión especial de legisladores que coadyuve a la resolución del conflicto político, social y de seguridad en el estado de Michoacán. No solamente es un problema policiaco, es un problema de reconstrucción del tejido social. Es un problema de reconstituir las bases democráticas del estado y limpiar la política del poder corruptor del dinero del narcotráfico. Esa es la profundidad de lo que se debe hacer en Michoacán, y me parece que hasta ahora la actuación del Ejecutivo ha sido insuficiente. Por eso nosotros, cuando se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública no estuvimos de acuerdo en que la Secretaría de Gobernación concentrara también las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Me parece que hay una saturación en la agenda de la Secretaría de Gobernación y en tanto los problemas están desbordando al país. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Concluya, diputado.