La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su venia, presidente. El saqueo del país a los estados, la violencia, la corrupción, la impunidad, la falta de trabajo, los salarios ínfimos, la devaluación, la creciente deuda pública del país generada por los gobernantes en turno, nos tienen sumidos en una grave crisis económica, por eso nuestra labor como legisladores debe ser primordialmente en función de recuperar desde nuestra trinchera la estabilidad económica del país, generando medidas de control efectivas para evitar el saqueo que tanto daño nos ha hecho, realizando leyes que incentiven políticas públicas de inclusión de nuestros conciudadanos, donde todas las cadenas de producción sean incluidas. Debemos de favorecer el consumo nacional sobre la compra de productos extranjero. No olvidemos que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da la facultad al Estado mexicano para ser el rector del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. En ese sentido para el Grupo Parlamentario de Morena es necesario tomar medidas de control con el fin de evitar el mal uso de los recursos que el día de hoy se pretenden aprobar a través del PEF 2017, por lo que se propone, para que los recursos económicos de que disponga la federación se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados de conformidad con el artículo 134 de nuestra Constitución Política. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incluya en los tomos del presupuesto y en sus informes trimestrales, y que entregue al Congreso el desglose del gasto neto total por programas y, en su caso, por proyecto, incluyendo las asignaciones correspondientes, así como el informe de adquisiciones de mecanismos de transparencia de riesgos significativos y de protección de los ingresos presupuestarios, es necesario que los conozcamos para poder tomar decisiones en beneficio del país. El artículo 79 de nuestra Carta Magna establece, entre otras, las facultades de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la de fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda, las garantías que en su caso otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y municipios, el manejo la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. De igual manera establece la facultad de fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos públicos o privados o cualquier otra figura jurídica de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Sin embargo, dada la opacidad con la que se manejan dichos recursos, no se pueden determinar los grados de cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y de aquellos contenidos en los programas derivados del Plan Nacional del Desarrollo. Si damos un vistazo al cuarto informe de labores correspondiente al libro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se demuestra el contexto de desinformación que existe respecto de la opacidad en el manejo de los avances y resultados obtenidos de monitoreo que se hace respecto del cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y de aquellos contenidos en los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-1018 por parte del Ejecutivo, por lo que para el Grupo Parlamentario de Morena resulta por demás grave que no se contenga de manera explícita la actualización de las metas en los indicadores de los programas presupuestarios, y que estas incluyan las que correspondan a indicadores de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En ese sentido, se propone que dichas metas deban ser registradas en las matrices de indicadores para resultados a más tardar el último día hábil de febrero de 2017, en los términos que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto, señor presidente.