La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes: Con su venia, diputado presidente. No soy diplomático, vengo a aprender. Este, diputadas y diputados, es nuestro canciller quien al día de hoy su aprendizaje ya nos está pasando facturas. Los 21 mil millones de dólares en los que se calcula la fortuna del Chapo Guzmán, están a punto de quedarse en poder de nuestro vecino del norte y todo aquello porque no ha existido por parte del gobierno federal una postura clara al respecto. Es por lo anterior que como legisladores estamos obligados a generar acciones que no permitan sucesos tan desafortunados como el descrito, y toda vez que la ley, objeto de la presente reforma, tiene como finalidad regular cuáles son los pasos a seguir por el Estado mexicano en el procedimiento de extradición, además de señalar las autoridades responsables y la metodología de dicho procedimiento. Es ahí donde estableceremos un candado. La Ley de Extradición Internacional se funda en el principio irrestricto de respetar y garantizar los derechos humanos de aquellas personas que cometieron delitos, garantizando la defensa y el acceso a los recursos legales para su correcta defensa. Si bien es cierto que en la ley en comento están contempladas todas aquellas aristas legales relacionadas a la defensa del acusado, las condiciones que se llevará a cabo el traslado y los requisitos por los que el Estado mexicano dará su consentimiento para que se conceda la extradición; en este último punto es menester remarcar que no se encuentra contemplado ningún aspecto relacionado al manejo de los recursos de la procedencia ilícita. Durante los últimos días de enero de 2017, funcionarios de gobierno de Estados Unidos señalaron que una posibilidad de financiamiento del muro entre la frontera que separa a México de este país, podría proveerse del dinero incautado a los narcotraficantes mexicanos. Haciendo a un lado el tema del muro del que propone el presidente de los Estados Unidos, el Estado mexicano tiene derecho a captar los recursos de procedencia ilícita que han amasado los cárteles del narcotráfico y más aún, cuando nuestro país está accediendo a trasladar a sus connacionales a que pugnen una condena en otro país. En el moderno paradigma de prevención y combate al crimen organizado, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, diversos tratados internacionales y los expertos en la materia, señalan que ahora no es suficiente el enfrentar dicho fenómeno persiguiendo a los presuntos delincuentes. De semejante o mayor importancia es el de desarrollar acciones tendentes a propiciar la recuperación de activos del crimen organizado. En esta virtud es que se han desarrollado diversos instrumentos tanto a nivel internacional como domésticos, y es en estos últimos donde se debe de realizar los ajustes necesarios en materia de recuperación binacional de activos. Ahora bien, y personalizando a los actores involucrados, en este tipo de actividades criminales calculan los fiscales que los ingresos de Joaquín Guzmán Loera oscilan en los 21 mil millones de dólares. El poder económico de este narcotraficante mexicano fue de tal magnitud que en repetidas ocasiones apareció en la lista de la revistas como Forbes dentro de las personas más ricas del planeta. Así como El Chapo Guzmán, un sinnúmero de narcotraficantes han realizado operaciones tanto en Estados Unidos como en México, a los cuales se les han incautado bienes y recursos en aquél país. Sin embargo, ignoramos si a México le fueron entregados parte de los recursos incautados en Estados Unidos a estos delincuentes. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta en este contexto de cooperación internacional los recursos que son confiscados a estos delincuentes se distribuyan de manera equitativa entre los países con los que se signen los acuerdos de extradición. Es por lo anterior que los diputados de Acción Nacional, mis compañeros, el diputado Federico Döring, el diputado Jorge Ramos y la de la voz, proponemos modificar la Ley de Extradición Internacional a fin de establecer a fin de establecer que se concederá la extradición a cambio de que cuando menos, el 50 por ciento del valor total de los recursos confiscados, incautados o entregados por los delincuentes dentro del proceso que se le efectúe en otro país, le sean entregados al Estado mexicano. Es justo que nuestro país haga exigible la entrega de estos recursos para futuras extradiciones, pues mientras en Estados Unidos con las extradiciones este gobierno capta cantidades millonarias de dinero, aquí en México se lucha contra el narcotráfico ofreciendo la vida de los funcionarios mexicanos. Diputadas y diputados, nos encontramos en un escenario de política exterior sumamente complejo y confuso. Han quedado atrás todas aquellas buenas prácticas diplomáticas con nuestro vecino del norte, y lo único que vemos constantemente son embates políticos y económicos hacia nuestra nación. Es sumamente necesario generar acciones concretas que permitan a nuestro México contener dichos embates, pero además que nos den la oportunidad de obtener esto. Un tema de nacionalismo democrático debe ser un tema de acciones que defiendan nuestra dignidad nacional. Es cuanto, diputado presidente.