La Secretaria diputada Gloria Romero León: Articulo 2o. Deberá decir: Fracción V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad, la seguridad, el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta ley. Fracción VI. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. El artículo 3o. deberá decir. Fracción II. Perspectiva de género, entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad que permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas, a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos. Fracción VII. Derecho a la reparación del daño, entendida como la obligación del Estado y los servidores públicos, de tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la víctima la restitución de sus derechos, indemnización y rehabilitación por los daños sufridos, así como de vigilar la garantía de no repetición, que entre otros incluye la garantía a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se perpetuo no volverá a ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que permita conocer lo que verdaderamente sucedió, la justicia que busca que los criminales paguen por lo que han hecho, y a la reparación integral. Fracción IX. Laicidad y libertad de religión, garantía de libertad de conciencia, asegurando a las víctimas la posibilidad de vivir y manifestar su fe y practicar su religión sin ninguna imposición en los programas de acciones, llevados a cabo por las instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que otorgue protección y asistencia. El artículo 4o., en la fracción XVIII. Situación de vulnerabilidad, condición particular de la víctima derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito. a) Su origen, edad, sexo o condición socioeconómica precaria. b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación, sufridas previas a la trata y delitos relacionados. c) Situación migratoria, trastorno físico mental o discapacidad. d) Pertenecer a ser originario de un pueblo o comunidad indígena, ser una persona mayor de 60 años, cualquier tipo de adicción o una capacidad reducida para formar juicios por ser una persona menor de edad o cualquier otra característica que es aprovechada por el sujeto activo del delito. El artículo 10 debe decir: al que enganche, transporte, transfiera, retenga, reciba, acoge o entregue para sí o para un tercero a una o varias personas con fines de explotación, se le impondrá de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil días de multa. Se entenderá por explotación, explotación laboral, trabajos o servicios forzados, explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, matrimonios forzados o serviles, esclavitud o prácticas afines o similares a la esclavitud, servidumbre, adopciones ilegales, corrupción de personas menores de 18 años, turismo sexual infantil, pornografía infantil, explotación de la mendicidad ajena y alquiler de personas con el mismo fin, venta de persona o tráfico de órganos, tejidos o sus componentes. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que corresponden para cada uno de los demás delitos cometidos, previstos y sancionados en esta ley y en los códigos penales correspondientes, atendiendo a las reglas del concurso real, establecidas en el artículo 64 del Código Federal. El artículo 26 deberá decir, en la fracción IV. Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad en beneficio directo de la misma y por consiguiente pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad local, nacional o a una organización internacional, a grupos o asociaciones de la sociedad civil e instituciones de beneficencia pública o privada. El artículo 78 deberá decir, además de garantizar las medidas previstas en el artículo 141 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales a las víctimas, ofendidos y testigos, el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán asegurar, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 66 de la presente ley, que durante las comparecencias y actuaciones de estos, sus declaraciones se desarrollen libres de intimidación o temor por su seguridad o la de sus familiares y personas cercanas, por lo que al menos garantizar: IV. Medios remotos de distorsión de voz y rasgos. Fracción V. Comparecencia a través de la cámara de Gesell. VI. Resguardo de la identidad y de otros datos personales. En los casos en que la víctima, ofendido o testigo, declare en contra de grupos de la delincuencia organizada, el Ministerio Público y Poder Judicial adoptarán un conjunto de medidas de carácter excepcional para resguardar su vida, libertad, integridad, seguridad e identidad. Artículo 90. Debe decir: podrán participar en las reuniones de la Comisión Intersecretarial, con derecho a voz pero sin voto, un representante de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, designado por los respectivos plenos camarales: un representante del Poder Judicial de la Federación designado por el Consejo de la Judicatura Federal. Tres gobernadores designados por la Conferencia Nacional de Gobernadores. Un representante de cada una de las organizaciones de municipios designados por el pleno de las propias organizaciones. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un representante del Consejo Nacional de Población. Tres representantes de la Organización de Organismos Oficiales de Defensa de los Derechos Humanos. Tres representantes de la Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia. Un representante del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil. Tres expertos académicos con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de trata de personas. El artículo 111 debe quedar así: queda prohibida toda publicidad o inserción pagadas en los medios de comunicación masiva de cualquier índole, que incluya en sus publicaciones anuncios de contacto sexual o que promueva la prostitución y la pornografía que puede propiciar la trata de personas y demás delitos previstos en el presente ordenamiento. Quienes publiquen anuncios clasificados o con contenido para adultos u otro que pueda fomentar o encubrir la demanda de personas sujetas a trata se sujetarán a lo siguiente: 1. Proporcionar copia simple de los contratos que se celebren con personas físicas y morales y cuyo objetivo sea la contratación de espacios publicitarios en medios impresos con contenido para adultos, como en el caso de anuncio masajes, escorts, acompañantes, edecanes, spas, prestación de servicios sexuales o cualquier otro equiparable. 2. Los contratos con personas físicas se celebrarán con la persona que se anuncie, requiriéndole copia de comprobante de domicilio e identificación oficial. 3. En los contratos que se celebren con personas morales se solicitará comprobante del domicilio del establecimiento y registro federal de contribuyentes del mismo, y los pagos deberán realizarse mediante tarjeta crédito, transferencia electrónica o cheque. Es cuanto, señor presidente.