La diputada María Guadalupe García Almanza: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el marco de los profundos problemas que aquejan al país, la intervención del presidente Calderón en el proceso electoral federal que se avecina, ha propiciado un nuevo flanco en la crisis que se ha instalado en México de manera permanente, que no abona a la estabilidad política y a la gobernabilidad que todos los mexicanos queremos. La intromisión abierta y desmedida del gobierno federal en el proceso electoral, abona la incertidumbre que nadie desea. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano condena la pretensión del gobierno federal de hacer un uso electoral de la entrega de recursos a los ex trabajadores migratorios braceros, recursos que fueron aprobados y designados por esta soberanía. Resulta inaceptable que un elemental acto de justicia, consiste en la aprobación por la Cámara de Diputados, de un monto de recursos económicos que ascienden a 3 mil 816. 2 millones de pesos, para entregar a personas que trabajaron en los Estados Unidos durante el periodo comprendido entre 1942 y 1964, se conviertan en un programa con fines político-electorales por parte del titular del Ejecutivo federal. Esta utilización se inserta en el activismo político desenfrenado al que acusa al presidente Calderón en los meses recientes y contraviene, sin lugar a dudas, el espíritu que animó su aprobación, la cual contó con el consenso de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara. El debate no es nuevo. Nosotros hemos insistido en que el avance democrático del país requiere fijar límites en la entrega de los programas sociales y de gobierno cuando se avecina una elección, para que no se conviertan en un instrumento político que beneficie a determinado partido o candidato. El artículo 134 constitucional, particularmente en su penúltimo párrafo es muy claro y no debe dar pauta a interpretaciones donde se enarbolen, más que argumentos, artilugios que buscan evadir la legislación aplicable para favorecer ha determinado servidor público o partido. Reiteramos lo expresado en ocasiones anteriores por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, no corresponde a esta soberanía formular meros exhortos a las autoridades de todos los niveles para que modifiquen su actuación, sino que ésta debe ajustarse estrictamente a lo que establece la ley. La resolución reciente que adoptó el Consejo General del Instituto Federal Electoral, de eximir de cualquier responsabilidad a Felipe Calderón por su intromisión en el proceso electoral en curso, abre una serie de interrogantes en torno a la actuación de los órganos electorales. En este sentido, basta con recordar lo sucedido en el año 2006, cuando la falta de aplicación de la ley, generó un clima de crispación y de confrontación política que el país no ha superado todavía. Ante la peligrosa combinación de actitudes obstinadas de diversos actores políticos y de actitudes equivocadas por instituciones que debieran aplicar la normatividad sin ningún temor, nos estamos acercando peligrosamente a la repetición de condiciones como las que prevalecieron durante la campaña presidencial del 2006. Recordemos que ante la inminencia del inicio de las campañas, la situación puede escalar peligrosamente y salirse de control ante la falta de rigor de las instituciones responsables. Por ello, en nuestra calidad de representantes populares debemos estar muy atentos ante la actuación de personajes o instituciones que violenten la normatividad correspondiente, a fin de denunciar las prácticas contrarias a la vida democrática que deber regir su comportamiento en coyunturas como la que hoy vivimos. No podemos aceptar, ni mucho menos alentar las actitudes que lo único que hacen es generar un clima de polarización al que nos hemos referido, mismo que no es el idóneo para una contienda electoral tan importante como la que se avecina. Lamentamos profundamente que en lugar de debatir en torno a programas y propuestas se elige nuevamente el sendero de la utilización de todos los recursos de que dispone el Estado para favorecer a su candidata, actuando como en las peores etapas de un autoritarismo que se niega a desaparecer ante la falta de una verdadera cultura democrática. Movimiento ciudadano se pronuncia porque el proceso electoral en curso se desarrolle con el respeto tanto a la legislación vigente, así como en un estricto apego a la civilidad política que debe suplir a los golpes bajos y prácticas desleales. La ciudadanía espera que todos quienes participan en la contienda electoral lo hagan privilegiando el respeto al debate de ideas y desterrando, de una vez por todas, las tentaciones de retornar a un pasado autoritario que a nadie conviene. Particularmente en el clima de los profundos esfuerzos emprendidos por la sociedad mexicana para lograr el anhelado avance al que todos aspiramos en todos los órdenes. Es cuanto, diputado presidente.