La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Con su venia, presidente. Tienes derecho a vivir sin violencia, denuncia. Lo decimos todas y todos como si fuera tan fácil. Valeria estaba decidida, su marido nuevamente la golpeó después de 12 años de matrimonio. Acompañada por su vecina, quien ahora le da refugio, llegó al Centro de Justicia para las Mujeres, Cejum, dispuesta a levantar una denuncia y solicitar una orden de restricción que la proteja. Valeria se acercó a la puerta de entrada de la oficina pública y se topó con un primer obstáculo, un policía que le indica que hay cambio de turno y no hay quien la atienda, a pesar de trascendidos que aseguraban que estaría abierto para dar atención continua 24 horas y 7 días de la semana. Aun así, Valeria espera y una vigilante le explica que todas las denuncias que no sean de alto impacto se deben hacer por teléfono, pero ¿qué significa de alto impacto? Pregunta Valeria, que vengan violadas o muy golpeadas, responde la vigilante. Un mes y medio después Valeria dice que no ha podido llamar ni volver al centro, porque ahora tiene que trabajar horas extras. Ha desistido. En el Cejum de Cuautitlán Izcalli hay una lista de espera con 24 nombres anotados, la vigilante informó que el horario es de 9 a 6 de la tarde, no las 24 horas que prometían. Las mujeres aguardan sentadas en las sillas de una sala improvisada al aire libre y no hablan entre ellas. Una pareja de padres acompañaron a su hija de 16 años a levantar una denuncia en contra de su exnovio por violencia de género. Vienen desde Santa Teresa Huehuetoca, una colonia a 24 kilómetros al norte de ese centro. Allá el MP local les dijo que no podían atender el asunto y que deberían ir al centro de mujeres en Cuautitlán Izcalli. Para llegar tomaron dos camiones en un trayecto que les llevó dos horas. Temen por su seguridad y no pueden pedir otro día libre en el trabajo para acompañarla a hacer ese trámite. Estos son ejemplos reales. Llegan a tardar hasta 12 horas para atenderlas. Las envían de un lugar a otro para denunciar. Cuando lo logran ese solamente es el comienzo de un viacrucis que probablemente no termine con la sanción del agresor, porque nuestro país, el mayor porcentaje de denuncias no llegan a la etapa de sentencia. Peor que la violencia que sufren diariamente las mujeres es la impunidad, en un sistema de justicia fallido que no sanciona, que no acredita los elementos del delito, que no juzga con perspectiva de género, que no asigna presupuesto para ayudar y proteger a las mujeres, que revictimiza y que nos castiga por denunciar, pero es necesario alzar la voz y es necesario denunciar. Cuando una mujer denuncia violencia puede perder muchas cosas además del tiempo. Muchas veces pierden el trabajo, otras tantas se pierde la libertad, la seguridad, la confianza, la vida social, la casa que habitaba en compañía de sus hijas y de sus hijos, sus ingresos, etcétera. El Estado no ha logrado protegerlas ni garantizar sanciones ni dar seguimiento a sus denuncias. En México carecemos de normas que garanticen los derechos laborales de todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia de algún tipo. Si bien es cierto que la Constitución en el artículo 123 garantiza los derechos en igualdad de condiciones al derecho al trabajo, también es cierto que la legislación laboral no prevé ciertas circunstancias fundamentales para garantizar el derecho de mujeres trabajadoras violentadas. Por consiguiente, en la mayoría de los casos cuando una mujer sufre algún tipo de violencia y por la angustia que esto genera, se ven obligadas a cambiar de residencia, a modificar sus horarios laborales, a dejar de presentarse a su centro de trabajo entre otras, la normatividad vigente de ninguna manera garantiza la permanencia del empleo. En el ámbito internacional podemos encontrar modelos donde se prevén como medidas de protección integral de violencia de género, medidas de protección en el ámbito laboral para justificar las ausencias del puesto de trabajo de las víctimas de violencia de género, posibilitar su movilidad geográfica, la suspensión con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato. Es por ello que hoy les propongo, compañeras legisladoras y legisladores, tutelar laboralmente a las mujeres que han sido víctimas de violencia y a sus hijas e hijos. La propuesta que pongo a su consideración tiene por objeto plasmar en la legislación laboral distintos derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, con la finalidad de garantizar sus derechos fundamentales al trabajo y a una vida libre de violencia. Es decir, que las mujeres que han sido víctimas de violencia y han logrado denunciar o bien tienen que acompañar a sus niñas o a sus niños a denunciar, tengan derecho a la suspensión laboral del trabajo con reserva del puesto, al cambio del centro de trabajo a solicitud de la trabajadora y a la reducción de la jornada laboral, en tanto se encuentra su denuncia en proceso o se encuentra en tratamiento físico o psicológico derivado de la violencia. Concluyo. Pongámonos de verdad en los zapatos de las mujeres trabajadoras. Hoy tenemos la oportunidad de evitar que la violencia les quite todo, que denunciar no tenga un costo. Es cuanto, presidente.