El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De acuerdo, Presidenta. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para referirme al artículo 16, párrafo VII, y al artículo 16, párrafo XIII. Me refiero al párrafo VII del artículo 16. El primer párrafo del artículo 5o. del proyecto de la Constitución Mexicana de 1857 decía: "Todos los habitantes de la república, así en sus personas, así en sus familias, como en su domicilio, papeles y posesiones están a cubierto de todo atropellamiento, examen o cateo, embargo o secuestro de cualquier persona o cosa; excepto en los casos prefijados por las leyes y con las indispensables condiciones de que se proceda racionalmente y que la autoridad competente exprese en su mandamiento escrito la causa probable del procedimiento". Traigo a colación esta cita porque entonces Ponciano Arriaga aclaraba con este artículo que quería evitar de manera bárbara y salvaje que, como en México, se hace en las prisiones y cómo toda clase de autoridades maltratan y atropellan a los ciudadanos. ¿De entonces a ahora qué ha cambiado? ¿Acaso los maltratos y atropellos de las autoridades han disminuido, se han atenuado? Pregunten en todo caso los recientes conflictos en Atenco, en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas. Con estos antecedentes, de verdad queremos darle oportunidad al agente del Ministerio Público de que pueda solicitar el arraigo de un ciudadano sospechoso de delincuencia organizada. Es nuestra obligación pensar que las autoridades encargadas de administrar la justicia penal, sin menoscabo de la capacitación y de planes de superación que se tienen para ellos, no van a cambiar de actitud de la noche a la mañana y van a dejar de lado esa especie de furor que utilizan para maltratar a los ciudadanos. Es nuestra obligación pensar mal, porque como legisladores tenemos el deber de asumir la naturaleza imperfecta de ser humano. No nos toca a nosotros asumir la buena fe irrestricta de la autoridad. Por lo anterior, proponemos a esta soberanía la supresión del párrafo séptimo, del artículo 16. Me refiero al artículo 16, párrafo décimo tercero. Coincidimos en que el modelo de justicia penal vigente ha sido superado por la realidad en que nos encontramos inmersos, como sostiene el propio texto del dictamen en cita, dentro de sus consideraciones. Y coincidimos que es hora de impulsar una reforma en tal sentido. Sin embargo, ni los jurisperitos más audaces pueden dejar de advertir que quienes pretenden elaborar leyes y éste es nuestro caso no pueden limitarse a la copia de modelos exitosos en éste u otro lugar. Es indispensable ser conscientes del contexto nacional de las costumbres y de la idiosincrasia mexicana. No podemos considerar que, por desgracia, para vergüenza de nuestro sistema de justicia, los órganos gubernamentales de investigación y policía hayan sido empleados consistentemente como aparatos represivos. He manifestado que estoy de acuerdo con la necesidad de mejorar el sistema de justicia íntegramente. Y me consta que en el marco de la Ley para la Reforma del Estado se han realizado foros y mesas de trabajo, pero ante una adecuación de una parte de la Constitución, ante un caso evidente de ingeniería jurídica constitucional, ¿por qué correr este riesgo? Por lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, proponemos que se suprima el párrafo décimo tercero del artículo 16. Es cuanto, Presidenta.