La diputada Gloria Sánchez López: (Habla en lengua originaria). Hoy no convoca una discusión crucial para el presente y futuro de México. La propuesta de reconfiguración institucional que analiza esta soberanía busca corregir errores históricos y poner nuevamente en el centro de nuestras decisiones el bienestar de las y los mexicanos. En este marco es fundamental abordar con responsabilidad la reconfiguración de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Energía. Esta decisión, lejos de ser un retroceso, como lo señalan los conservadores, representa una oportunidad para reparar años de insensibilidad social y falta de compromiso con el pueblo de México. La Comisión Reguladora de Energía, creada y mantenida por los gobiernos del PRI y del PAN, se enfocó en la autorización de permisos y concesiones, priorizando a empresas privadas, nacionales e internacionales, cuyo único objetivo fue maximizar sus ganancias. La reforma energética del 2013 le quitó facultades a la Comisión Federal de Electricidad, como la planeación del sector eléctrico, e incluso la CRE sometió a la CFE a participar en las convocatorias y las licitaciones para decidir si podía generar electricidad en condiciones de desventaja, ya que aplicaba los mismos criterios de rentabilidad de las empresas privadas. El último año de Peña Nieto la CRE autorizó mil 600 permisos para generar energía eléctrica, que de no haber sido detenidos por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy la Comisión Federal de Electricidad se hubiera reducido a solamente el 15 % de generación de energía eléctrica en el país. De igual manera, durante los gobiernos del PRI y del PAN, el sistema energético del país estuvo controlado por los grupos de poder económico. Las y los integrantes del Consejo de Administración de la CFE y de Pemex, así como de los órganos reguladores, eran los dueños o representantes de las principales empresas nacionales y extranjeras. Es decir, la Comisión Reguladora de Energía no tenía autonomía, estaba al servicio de esas grandes empresas privadas. Como diputada indígena, debo señalar que las comunidades indígenas de nuestro país han sido las más afectadas por esta política regulatoria. Un ejemplo claro fue la instalación de la empresa Eólica del Sur en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mi pueblo, que comenzó su instalación en el 2016 y entró en operación en el 2018. Este proyecto es considerado el parque eólico más grande de América Latina. Antes del inicio de su instalación, se llevó a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada, de conformidad con los derechos de los pueblos indígenas en el marco jurídico internacional. Sin embargo, el proceso de consulta resultó ser un fraude, una burla y una simulación. En primer lugar, la Comisión Reguladora de Energía ya había otorgado el permiso desde el 2013, dos años antes de la consulta. En segundo lugar, los resultados del proceso de consulta nunca se respetaron, nunca se cumplieron. Hoy, con esta reforma constitucional, la Secretaría de Energía tiene la oportunidad de corregir el rumbo bajo el liderazgo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, comprometida con la justicia social y con la visión del segundo piso de la cuarta transformación. Devolvamos a la CFE el papel relevante que merece como garante del desarrollo nacional, por el bien de nuestras comunidades y por el bien de nuestra soberanía energética. Es cuanto, presidenta. (Habla en lengua originaria).