El diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: uno de los principales problemas que lacera a nuestro país es el hambre. Dicho fenómeno es producto de un contexto generalizado de pobreza, desigualdad, marginación y concentración de la riqueza. Desde la aplicación, ajuste y reducción del gasto social a través de la implementación de medidas neoliberales, el problema se ha agudizado. El Estado mexicano ha desprotegido a los sectores más vulnerables de la población. Por más de 70 años, el sistema de partido hegemónico utilizó de manera corporativa y electoral el problema del hambre. La evidencia más recordada fue el programa nacional de Solidaridad, programa que dentro de su estructura operativa generaba criterios con claros sesgos e intencionalidad electoral para asignar el gasto social a las comunidades, regiones, municipios y colonias que votaban por el partido hegemónico. En la actualidad, el PRI ha vuelto al poder y con ello regresa el fantasma de la desconfianza y el temor de la represión. Asimismo, surgen dudas de la forma en que el gobierno utiliza el aparato de la administración pública con la intención de perpetuarse en el poder, tratando de eliminar y extinguir a la oposición. Una herramienta para continuar con el autoritarismo es la operación facciosa de los programas sociales con el objetivo de promover política y electoralmente a los candidatos del partido en el poder. Nuestra preocupación es legítima. Tenemos desconfianza de que se lucre con el hambre y la dignidad del pueblo. Sabemos de la importancia que tiene combatir el hambre y la pobreza. No estamos en contra de combatir el hambre, por el contrario, ofrecemos nuestra colaboración y participación. Es de resaltar que en el Partido de la Revolución Democrática todos los días emprendemos acciones para ayudar a quienes más lo necesitan. Por ello, me presento ante esta soberanía para exponer nuestra preocupación sobre la aplicación del decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. En este sentido expongo ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, que tenemos dos dudas fundamentales: la primera tiene su origen en el proceso de elección de los 400 municipios que integran la primera etapa de dicha cruzada. Al analizar con detalle los indicadores de carencia social de cada municipio, en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social hemos detectado que no se contemplaron a los municipios con los mayores índices de pobreza. El municipio de la ciudad de Querétaro presenta un índice de pobreza del 91.1 por ciento, lo cual lo coloca en el primer lugar respectivamente de los municipios que tienen menor índice de pobreza. En contraste, el municipio de Pinal de Amoles tiene un índice de pobreza del 55.4 por ciento y el de Amealco de Bonfil, presenta un índice del 40.3 por ciento que no fueron incluidos esta primera etapa. Esta misma circunstancia se encuentra en Tijuana, Baja California, que presenta un índice de pobreza del 3.5 por ciento y el municipio de Aguascalientes con un solo 2.3 por ciento, indicadores sumamente bajos en contraste con el de los municipios de San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, con un 56.1 por ciento, y Zirándaro, Guerrero, con un 57.4 de pobreza, mismo que tampoco se encuentra en esta primera etapa. En las cifras anteriores podemos construir la hipótesis de que deliberadamente se utilizó de manera sesgada el criterio del número de población en condición de pobreza. Si bien es cierto, se atiende a un número mayor de personas, el tipo de pobreza es mayor en zonas rurales y en zonas urbanas, en todo caso se debió de privilegiar un mayor número de municipios y se debió de establecer un tope en el número de personas. Por tanto, el decreto del Ejecutivo nos genera duda en su propósito. Por lo anterior expuesto, creemos que la Cruzada contra el Hambre es una estructura política electoral que se basa en las necesidades de la gente y por ello estamos en contra de la forma que va a operar dicha cruzada, y estamos a favor del exhorto y la propuesta del diputado Manuel Ladrón de Guevara, y nos sumamos a la modificación que presentó. Muchas gracias, señora presidenta.