La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Volantes, pintas de bardas, carteles, espectaculares, publicaciones en redes sociales y en medios de comunicación con las frases amante, fichera, niña caprichosa, plañidera, las mujeres no saben gobernar, las mujeres cargadas y a la esquina. Fotografías y videos de candidatas desnudas o en connotaciones sexuales, candidatas levantadas, secuestradas y extorsionadas, son algunos ejemplos reales de casos denunciados ante las autoridades electorales por candidatas de todos los partidos políticos, en los que el tribunal ha resuelto la existencia de violencia política en razón de género en perjuicio de una mujer política. Muchas de las víctimas han sido mujeres políticas indígenas en situación de precariedad que, al formar parte de un grupo en desventaja, deberían contar con la mayor protección jurídica por parte de las autoridades, atendiendo la situación en particular de cada una de las víctimas. Sin embargo, a pesar de acreditarse la existencia de violencia política en razón de género, en ninguna de estas sentencias electorales se ha logrado la reparación del daño a favor de las víctimas, debido a la dificultad que representa para los tribunales determinar qué tanto influyeron estas agresiones en los resultados de la votación. La gravedad de los casos de violencia política por razón de género ya exige flexibilizar la carga probatoria, ya que lo contrario se traduce en la imposición de requerimientos excesivos para acreditar el impacto directo de estas conductas. Imponer la carga de acreditar la transcendencia de estas conductas en la voluntad del electorado, revictimiza a las mujeres al imponerle un estándar probatorio muy alto, pues es prácticamente imposible conocer cómo votó el electorado y si su voluntad fue influida o no por los actos de violencia política en razón de género. Ya de por sí, acreditar los elementos de género en la violencia política es un reto complejo, pero se agregan mayores cargas probatorias a las víctimas al tener que acreditar la denominada determinancia cuantitativa, es decir, que la diferencia de la votación entre ella y el primer lugar sea mínima. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que la mujer siga pagando un alto costo por atreverse a hacer política? La violencia política por razón de género en una conducta reprochable y quien la comete, comete violencia en su familia, comete violencia en el trabajo, comete violencia en la comunidad, porque es una conducta contraria al orden social, la cual estamos obligados a evitar y a erradicar. Hemos sido testigos de cómo la quema de una urna ha sido causa suficiente para anular una elección. Hemos sido testigos de cómo el uso de un vehículo oficial ha sido causa suficiente para anular una elección, pero quemar la reputación y el honor de una mujer y de su familia, y usar su cuerpo en connotaciones sexuales que se exhiben ante el electorado, no han sido causas suficientes para aplicar la máxima sanción prevista en materia electoral, que es la nulidad de elección. No debemos olvidar que la autoridad electoral está obligada a realizar una individualización de la sanción, y ese análisis depende de la gravedad del acto. Es decir, dependiendo de lo grave que sea el acto, depende la gravedad de la sanción, por lo que en el caso de la violencia política en razón de género acreditada, se deberá enlistar la nulidad de la elección como parte de las sanciones que puedan decretarse por parte de la autoridad electoral jurisdiccional. La aprobación de esta iniciativa puede ser un triunfo para la democracia paritaria, será una restitución, en parte, de la deuda histórica con las mujeres y un mensaje a la sociedad y a las mujeres que no hay más precio que pagar, México no va a tolerar más ningún tipo de violencia. Las mujeres hemos entrado a lo público y no hay marcha atrás. Es cuanto, presidente.