EL DIPUTADO NICOLAS ALVAREZ MARTINEZ (P.R.I.): Con su permiso señor Presidente, Señoras Diputadas y señores Diputados. Esta participación me gustaría que llegue al estado de Chiapas, que la lengua materna es el Tzot Tzil. (HABLA EN SU LENGUA REGIONAL) El domingo 12 de noviembre del año en curso en el estado de Chiapas, personal de la Procuraduría General de la República realizó un operativo en 18 comunidad de San Miguel Otrilla, Los Chorros, Municipio de Chenalhó. Bajo el argumento de dar cumplimiento a diversas órdenes decretadas por la autoridad judicial, a realizarse en diversos domicilios ubicados en esa comunidad indígena con el objeto de decomisar armamento de supuestos grupos paramilitares durante el operativo. La actuación prepotente en los excesos cometidos por parte del personal de la Procuraduría ocasionó la indignaci6n de los habitantes de la comunidad, quienes con palos y piedras obligaron a los Agentes Federales a abandonar el lugar. Como consecuencia de los hechos varios indígenas sufrieron lesiones de diversa naturaleza al igual que algunos elementos de la Procuraduría General de la República causándose estos últimos una serie de los daños materiales en viviendas de los pobladores del lugar, por lo cual los Legisladores integrantes de la LVIII Legislatura, considerando: 1. Que las autoridades de la Procuraduría General de la República y en general cualquiera autoridad pueden ceñir su comportamiento a los principios contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido por las disposiciones legales de carácter secundario, bajo la premisa indispensable de respeto absoluto a los derechos de los particulares, 2, Que ninguna autoridad con pretexto de cumplir con las facultades que la Ley le concede se encuentre en condiciones de incurrir en excesos atropellando los derechos y bienes de las personas sin nacerse acreedora a las sanciones que las disposiciones normativas señalan por tal comportamiento . 3. Que si bien es cierto que e1 personal de la Procuraduría General de la República realizó el operativo mencionado en la comunidad de Miguel Otrilla, Los Chorros del Municipio de Chenalhó en cumplimiento a lo establecido por un Mandato de la autoridad judicial. También lo es el que bajo ninguna circunstancia dicho personal se encontrara legitimado para atentar contra las derechos y bienes de los habitantes de la misma. Que en la mayor parte de los casos no encontraban relacionados con los hechos que se investigan. 4. Que el comportamiento de la naturaleza señalada por parte de las autoridades involucradas en los hechos, lejos de contribuir a la paz y conciliaci6n del conflicto vivido en el Estado de Chiapas, ocasionan una situación de tensión entre los actores fundamentales del mismo evitando que se generen las condiciones para el diálogo y los consensos como elementos indispensables para solucionar las controversias que viven en esa entidad. 5. Que si bien es cierto que el Gobierno de la República se encuentra obligado a castigar a todo aquel ciudadano que posea armas de fuego sin cumplir los requisitos que para tales fines prescribe la legislación de la materia, también lo es que al incrementar las condiciones necesarias para castigar a los responsables de tales comportamientos. Se debe actuar siempre dentro de las atribuciones que la ley le concede, sin incurrir en excesos que afecten los derechos y bienes de quienes nadie tiene que ver con los comportamientos sancionados, por lo que con base en lo antes expuesto, los diputados federales del grupo parlamentario del PRI someten a la consideraci6n de esta soberanía, el siguiente PUNTO DE ACUERDO: UNICO. Esta soberanía, bajo el respeto absoluto a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace un llamado a las autoridades de la Procuraduría General de la República para que en ejercicio de las facultades que la ley concede, evite excesos en el cumplimiento de sus atribuciones, sancionando en su caso a los funcionarios que incurran en los mismos. Gracias.