El diputado Víctor Roberto Silva Chacón: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy en día es común que empresas proveedoras de bienes y servicios realicen prácticas comerciales que a simple vista perjudican a los consumidores, en razón de que la obligación de contratar un cierto bien o servicio por un plazo forzoso o determinado, muchas de las veces resulta inequitativo y desleal para la economía de los consumidores. Cabe destacar que la amonestación pecuniaria respecto a los contratos cancelados de manera anticipada en la mayoría de los casos corresponde a un valor similar o igual al que se hubiera obtenido por el goce del bien o servicio durante el tiempo de vigencia del contrato. Lo anterior con clara intención de que al consumidor le resulte más costoso cancelar el contrato de adhesión que continuar con su vigencia. Como muchos sabemos dichos contratos de adhesión son regidos, en su mayoría, por ordenamientos civiles y en los que comúnmente son elaborados por el proveedor para establecer los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio. Los casos más típicos que atañen coerciones económicas contra los consumidores se concentran en los contratos por servicios en telecomunicaciones, energía, vivienda y transportes, por mencionar algunos. Cabe destacar que uno de los motivos a gran escala que han propiciado que los consumidores tengan la necesidad de cancelar en su momento este tipo de contratos es el relativo al cambio de residencia o domicilio por cuestiones inherentes a la dinámica demográfica y laboral. Otro de los casos comunes es el que resulta por causas no imputables al consumidor y sí al responsable de proveer ciertos bienes o servicios y que por motivos externos al consumidor éste es ve afectado en cuanto a la satisfacción de la eficiencia y calidad del bien o servicio por no ser proporcionado de acuerdo a lo pactado en el contrato. Actualmente la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé que la Secretaría de Economía, mediante normas oficiales mexicanas podrá imponer a los proveedores a registrar contrato de adhesión ante la procuraduría cuando un servicio pueda implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o de altas probabilidades de incumplimiento. De lo anterior, se desprende la obligación de varios proveedores y otros que, de manera voluntaria, han decidido registrar sus contratos de adhesión ante dicha instancia administrativa. Sin embargo, cabe destacar que desde el último lustro, se han incrementado en más del 40 por ciento la tramitación de procesos conciliatorios y de arbitrajes administrativos entre particulares por inconsistencias e irregularidades en ciertas disposiciones normativas prescritas en los contratos multicitados. En congruencia con lo anterior, se hace imperioso que la legislación de protección al consumidor establezca los casos, razones o situaciones en las cuales se pueda dar por terminado este tipo de contratos, sin vulnerar la satisfacción y certidumbre del consumidor. En consecuencia, se propone modificar el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que los proveedores que ofrezcan bienes o servicios al público en general de manera masiva tengan la obligación de registrar su contrato de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Asimismo, proponemos se modifique el artículo 86 Ter de la misma ley, a efecto de establecer cuatro causales para que a solicitud del consumidor pueda darse la rescisión del contrato aun de manera anticipada, sin amonestación o penalización alguna por no ser imputable al mismo consumidor. Sobre las causales proponemos las siguientes: Primera. Cuando existan prácticas comerciales coercitivas o desleales; Segunda. Cuando exista cambio de residencia o domicilio del consumidor; Tercera. Cuando existan condiciones no imputables al consumidor que afecte el abastecimiento de la prestación del bien o servicio; Cuarta. Cuando el proveedor sea sancionado por una práctica monopólica. Estas reformas, sin duda alguna, pretenden sentar nuevas bases para que los proveedores ofrezcan bienes y servicios en mejores condiciones para los consumidores. Además, de que se estará incentivando a los proveedores a mantenerse en constante innovación y a procurar una adecuada y esmerada atención hacia los consumidores. Presidente, de la manera más respetable, le solicito que esta iniciativa sea inscrita en el Diario de los Debates. Con esto concluyo, diputado presidente. Gracias.