La diputada Luisa María Alcalde Luján: El día de hoy presentaré una reserva con respecto al inciso a) de la fracción III del artículo Quinto transitorio del dictamen de la reforma educativa, estableciendo de antemano que considero inverosímil e hipócrita el hecho de que quienes en campaña criticaron el cobro de cuotas escolares para lograr persuadir al electorado, ahora vengan a proponer la implementación de un artículo que las legaliza. El artículo establece a la letra que se harán adecuaciones al marco jurídico para, cito mejorar la infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren. Me parece sorprendente pretender abrir la puerta para oficializar la solicitud de cuotas a padres de familia. No podemos permitir que la ley contemple disposiciones como ésta, que lo único que generan es que se continúe pervirtiendo el sistema educativo. Una y otra vez se ha convenido que el significado de la educación gratuita en este país es justamente ése, la ausencia total de cobros o de participación económica de ningún tipo en las escuelas con cargo a los padres de familia, alumnos o maestros. Sin embargo lo anterior no significa que estemos en contra de la participación ciudadana, al contrario, que se aumente lo más posible. Indudablemente los padres deben comprometerse en el proceso educativo de sus hijos, pero en este país el compromiso de los padres debe ser a un nivel social y humano, no económico. Lo que deseamos resaltar es que corresponde al Estado garantizar la gratuidad de la educación para favorecer el principio de igualdad. No podemos pretender legalizar lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente: Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Esto establece nuestra Carta Magna y no tiene vuelta de hoja, porque de lo contrario permitiríamos que se siga extorsionando a quienes menos tienen, que se les discrimine y se les haga notar que sin dinero de por medio la educación de sus hijos no será de la misma calidad. Además, de que se impulsará la deserción estudiantil, que de por sí ya es bastante alarmante. En las aulas absolutamente todas las niñas, niños y jóvenes se deben de sentir iguales y con el mismo derecho a recibir educación, por ello el motivo de la reserva es cerrar la posibilidad de que se lleve a cabo un atropello contra la gratuidad educativa. Proponemos eliminar el inciso que se reserva, que además puede interpretarse como una oportunidad para deslindar al Estado de obligaciones directas a su cargo, como lo son el mejoramiento de la infraestructura y la suficiencia de materiales educativos. Si los recursos no son suficientes, a propósito de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación que en breve realizaremos, incluyamos lo necesario para que se garantice este derecho humano tan trascendental. Por lo menos deberíamos proponernos garantizar el 8 por ciento del producto interno bruto establecido para el rubro en la Ley General de Educación. Derivado de lo anterior, es que someto a su consideración la presente reserva que busca impedir la continuación de un esquema indebido e inconstitucional a favor de los educandos nacionales, y por supuesto de todo el país. Éste será el momento para identificar a quiénes están a favor de la gratuidad de la educación y quiénes no lo están. El artículo que reservamos no es poca cosa, votar a favor de la reserva representará no sólo garantizar legalmente una obligación constitucional, sino afianzar la promoción del derecho humano a la educación. Muchísimas gracias.