El diputado Francisco Antonio Rojas Toledo: "El suscrito, diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud en materia de responsabilidad profesional de los prestadores de servicios de salud, al tenor de la siguiente " Exposición de Motivos: "El ejercicio de la medicina es una de las actividades más respetadas en nuestras sociedades, las personas ponemos en manos de los médicos los bienes más preciados con los que contamos: la salud y la vida. "Como pacientes confiamos en que sus conocimientos y experiencia nos ayudarán a mantener y restablecer nuestra salud y a salvar nuestras vidas. Ésta ha sido por mucho tiempo la premisa que ha dominado la relación médico paciente. No obstante en muchos factores ha intervenido para que en las últimas décadas esta visión armoniosa esté tendiendo hacia el cuestionamiento del quehacer médico, llevando al profesional a enfrentar demandas por mal ejercicio de la práctica médica, mismas que no solo sitúan en entredicho su honorabilidad sino que ponen en riesgo su patrimonio cuando se incurre en multas y se obliga a la reparación del daño. "Hay que tener en cuenta que el desempeño en la actividad del médico aunque científica tiene un alto componente de arte. Por lo tanto, difícilmente podría encajar en el grupo de servicios técnicos considerados enjuiciables a través de resultados objetivos. "La medicina no es una ciencia exacta y por lo tanto nunca puede garantizar resultados, de tal manera que el médico se compromete en una obligación de hacer que lleva implícita una actuación conforme a la lex artris. En este sentido el deber como profesionista de la medicina es sobre todos los medios, es decir, aplica sus conocimientos y habilidades sin asegurar su éxito. De tal manera que entre el paciente y el médico encargado de atenderlo se establece una relación contractual y extracontractual en la que cabe la posible responsabilidad personal del médico, pues la obligación del médico no es de obtener en todo caso un resultado positivo en la recuperación del paciente, sino de proporcionarle todos los cuidados que requiera según el estado de la ciencia. En términos simples, la responsabilidad es la obligación de responder por nuestros actos. Aplicado este concepto a la responsabilidad profesional del médico, significa la obligación que tiene este profesional de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones o errores voluntarios e incluso involuntarios dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión. En México el proceso de industrialización junto con el crecimiento de las actividades relacionadas con el sector de servicios y la modernización tecnológica, ha traído como resultado un incremento en las posibilidades de perjuicios a terceros por parte de empresas y profesionistas, como es el caso de los médicos. El número de quejas y demandas empieza a crecer de manera exponencial, dando como resultado a lo que hoy se conoce como "medicina defensiva", la que significa la adopción de riesgos mínimos por parte del médico en la atención de un paciente, ante el tenor de que pueda ser denunciado por mala práctica. El punto es que la acreditación de la responsabilidad frente a los perjuicios puede representar importantes pérdidas patrimoniales a los profesionales de la salud. Por esta razón, en las diversas ramas de la actividad económica a las que no escapa la medicina, ha surgido la necesidad de adquirir protección mediante sistema de aseguramiento contra reclamación de terceros. Los seguros de responsabilidad civil comprenden el pago de indemnizaciones que el asegurado debe a un tercero, como consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el contrato de seguro, es decir, la obligación de las aseguradoras consiste en el pago de los daños materiales, morales y perjuicios por los que el asegurado sea responsable, así como el pago de los gastos de defensa jurídica que éste pudiera erogar hasta agotar la suma asegurada. En general hay dos modalidades del seguro, la primera se refiere a la responsabilidad civil para los médicos, mediante el cuál éstos quedan protegidos por los riesgos de la práctica profesional dentro de la República Mexicana, independientemente de dónde se realicen, así como los que pudieran enfrentar los empleados, ya sean enfermeras, laboratoristas o camilleros que se encuentren trabajando bajo la responsabilidad del especialista. La segunda modalidad consiste en la protección que se brinda a hospitales, sanatorios o clínicas, donde se amparan los daños de médicos y empleados en general que se encuentren registrados como tales. En el caso de estos últimos, están cubiertos todos los servicios profesionales que se proporcionan dentro de las instalaciones, así como los servicios adicionales que, en su caso, pudiesen otorgarse, como son los laboratorios de análisis clínicos y las farmacias. Con la reforma que someto a la consideración de esta honorable asamblea, se establece la obligación de los trabajadores de salud, de las instituciones públicas, de contar con una garantía financiera, preferentemente en forma de seguro, para hacer frente a los reclamos por daños ocasionados a los pacientes de nuestro actuar profesional. Lo anterior permitirá mantener a salvo los derechos del paciente de recibir una indemnización cuando se determine responsabilidad objetiva, producto de la acción de un profesional de la salud. De esta manera, se busca enfrentar las posibilidades de insolvencia de los potenciales dañadores, lo cual afecta negativamente a uno de los objetivos del derecho de daños, que es la compensación de las víctimas, asimismo se lograría una mayor celeridad en el pago de compensaciones, con la consecuente reducción del costo social. En este orden de ideas, la posibilidad de que resulte ineficiente el seguro obligatorio por la presencia de riesgo moral, es decir, que el asegurado pueda influir en su conducta, en la probabilidad de que ocurra el hecho contemplado en la cobertura, aparte de los incentivos que contemplen las propias pólizas, se establece un tercero transitorio a la obligación de la Secretaría de Salud de trabajar con una mejor comunicación entre médico y pacientes, ello en virtud de que según la CONAMED cerca del a mitad de los asuntos atendidos por esta institución se deben a información incompleta y distorsionada y a trato inadecuado, aspectos que no están relacionados directamente con la responsabilidad objetiva. Por lo anterior expuesto, me permito someter a la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 44 bis, 44 bis 1 y 44 bis 2, de la Ley General de Salud. ARTICULO UNICO.- Se adiciona a los artículos 44 Bis 1 y 44 Bis 2 a la Ley General de Salud. Artículo 44 Bis.- El personal sanitario que preste sus servicios en las unidades de atención médica y hospitalarias de las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud, deberán contar con un seguro de responsabilidad u otro aval financiero que garantice el pago de las eventuales indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a personas como consecuencia de los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que preste la institución. La contratación de las coberturas de las unidades públicas de Salud, se realizará en conformidad con los lineamientos sobre los riesgos incluidos y excluidos que establezcan en su ámbito de competencia la Secretaría de Salud, las entidades federativas y el Distrito Federal y las instituciones públicas de seguridad social. El costo de la prima del seguro será absorbido por los trabajadores y la institución en términos acordados por las partes. Artículo 44 Bis.- Los prestadores de servicio de Salud de carácter social y privado, con excepción de servicio personal independiente, están obligados a contar con un seguro de responsabilidad civil profesional, que responde a las indemnizaciones por daños a los usuarios en ejercicio de su actividad sanitaria. Artículo 44 Bis 2.- La persona afectada así como la aseguradora, en su carácter de representante asegurado, podrán recurrir a los mecanismos de conciliación y proceso arbitral que ofrece la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y las Comisiones de Arbitraje Médico existente en las entidades federativas, a fin de determinar la existencia de responsabilidad civil y la posibilidad de indemnización a la víctima, paciente o tercero afectado que de esto se derive. ARTICULO TRANSITORIO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Las instituciones públicas de Salud contarán con 90 días a partir de la publicación del presente decreto para emitir los lineamientos para la contratación de los seguros de responsabilidad profesional personal e institucional que les competan. TERCERO.- La Secretaría de Salud impulsará programas formativas de mejoras de la comunicación entre prestadores y los usuarios del servicio de Salud. Es cuanto señor presidente.