La diputada Martha Laguette Lardizábal: Con su venia, señor Presidente. Es ésta una iniciativa con carácter de decreto que pretende adicionar la Ley General de Población, a efecto de que en lo sucesivo quede prohibida la utilización de las cárceles públicas federales, estatales o municipales para el alojamiento de los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional por la Secretaría de Gobernación de la Federación, así como de aquellos extranjeros que deban ser expulsados del territorio nacional. Los efectos del fenómeno de migración son una cuestión social con múltiples consecuencias, entre otras, y la más importante, es el reconocimiento de los derechos humanos y respeto digno que se les debe a aquellos que inician un viaje buscando mejores condiciones de vida. Para efectos de la presente reforma, debemos centrarnos en la variable de los inmigrantes que se internan ilegalmente a nuestro país donde en el mayor de los casos provienen del sur y que en su trayecto para buscar internación en los Estados Unidos de Norteamérica, son detenidos en nuestro territorio ya que han violado con ello la Ley General de Población y su Reglamento, mismos que prohíben y sancionan, a todo extranjero que se interne ilegalmente en nuestro país, con penas de hasta dos años de prisión y multa de 300 a 5 mil pesos. Elementos de las distintas direcciones de seguridad pública y comandancias de policía del país, al detectar en primera instancia la presencia de extranjeros ilegales en sus comunidades, recluyen a esos inmigrantes en las áreas destinadas a compurgar sanciones administrativas por considerables periodos de tiempo, antes de ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo la incomunicación de que son objeto estos inmigrantes ilegales, no obedece a ningún capricho de las autoridades municipales, pues así les es solicitado por las autoridades de migración, quienes con fundamento en el artículo 73 de la Ley en comento, y al no contar con un lugar adecuado para concentrar a estos extranjeros, a menudo solicitan la colaboración de las autoridades estatales y municipales, para emplear los separos de sus direcciones de seguridad pública o comandancias de policía, comandancias municipales. Estimamos que se ha hecho una excesiva interpretación de éste y de oros numerales de la Ley, ya que estos extranjeros son detenidos, asegurados y consignados a las autoridades migratorias, pero no por cometer un delito per sé, sino porque no reúnen el o los requisitos para que se les otorgue la calidad migratoria que les permita el libre tránsito por nuestro territorio mexicano. En estas condicione se hace visible la necesidad de resguardar la dignidad y los derechos humanos de los extranjeros internados ilegalmente en nuestro país, detenidos en tránsito por el mismo, limitando el uso de las cárceles públicas para que estas no sean utilizadas como estaciones migratorias para la estancia provisional de los extranjeros carentes de algún requisitos migratorio que no puedan satisfacer en el momento de la revisión de la documentación o para alojar, como medida de aseguramiento a los extranjeros que deban ser expulsados. Se debe precisar que tanto el artículo 128 de la Ley en comento así como su Reglamento, establecen la previsión expresa para que la Secretaría de Gobernación establezca estaciones migratorias para los efectos que aquí se señalan. Por lo que o resulta lógico ni jurídicamente posible, más sí atentatorio contra la dignidad y los derechos humanos inmigrantes, que se les trate como delincuentes. Es preciso que las cárceles federales, estatales o municipales no continúen prestando el servicio de estaciones migratorias con el propósito de que la Federación, en atención a lo dispuesto por los ordenamientos citados, proceda al establecimiento de recintos adecuados para el alojamiento de los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como de aquellos que deban ser expulsados. Si exigimos el mejor trato y las mejores garantías a las autoridades norteamericanos para con nuestros connacionales, lo justo es que asumamos la misma condición con los inmigrantes detenidos en México en similares condiciones. Por lo anteriormente expuesto someto ante esta soberanía el siguiente proyecto con carácter de decreto: "Artículo único.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 128 de la Ley General de Población para quedar de la siguiente manera: Son de orden público para todos los efectos legales la expulsión de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para el aseguramiento de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habitacionales para ello, cuando tengan por objeto su expulsión del país. Queda prohibida la utilización de las cárceles públicas, federales, estatales o municipales para el alojamiento de los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional por la Secretaría de Gobernación de la Federación, así como de aquellos extranjeros asegurados que deban ser expulsados del territorio nacional. Transitorios "Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Dado en este Palacio Legislativo a los veinte días del mes de octubre del año en curso. "Esta fue una versión resumida de la iniciativa in comento, señor Presidente, por lo cual solicito se dé cuenta de su texto íntegro en el Diario de los Debates. "Atentamente, "Marta Laguette Lardizábal" Por su atención muchas gracias. Gracias, señor Presidente.