La diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Hoy presento ante ustedes un tema central en la agenda de derechos humanos, uno que nos desafía a revisar el marco conceptual y normativo que guía nuestras políticas públicas, el uso del concepto grupos vulnerables. La reforma que propongo es a los artículos 27, 73, 115, 185 y 192 de la Ley General de Salud, con el objetivo de reemplazar y de realizar una armonización legislativa con el artículo 1o. de nuestra Constitución, poniendo como eje central el principio pro persona. De tal manera que las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos y, por ello, reconocer que es obligación del Estado mexicano la implementación de políticas públicas que cumplan con esos derechos. Esta propuesta está acorde con la visión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque este gobierno se caracteriza por ser un gobierno de derechos, no de privilegios, prebendas o dádivas. La salud es derecho fundamental y lo hemos repetido en innumerables ocasiones, este derecho debe ser protegido y garantizado de manera prioritaria para aquellos grupos sociales que han sido históricamente discriminados. Este término, aunque útil en su momento, ha demostrado sus limitaciones en un contexto donde la igualdad sustantiva y el enfoque de derechos humanos deben prevalecer como principios rectores de nuestro quehacer legislativo. En este discurso invito a reflexionar sobre los riesgos que implica perpetuar una narrativa que etiqueta y estigmatiza a sectores poblacionales y a emprender una reconcepción que privilegie el empoderamiento, la autonomía y la titularidad plena de derechos de todas las personas, particularmente aquellas que enfrentan desigualdades estructurales. El término grupos vulnerables nació como un recurso lingüístico y político para identificar a colectivos que enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso pleno a derechos. Sin embargo, al centrar la atención en la vulnerabilidad como una característica inherente, se corre el riesgo de construir narrativas asistencialistas que refuerzan la dependencia al Estado, perpetuando la exclusión y la estigmatización. Como bien lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos paradigmáticos como campo algodonero, la vulnerabilidad no es una condición intrínseca, sino el resultado de contextos históricos, culturales y estructurales que generan desigualdades y limitaciones. Es fundamental que desde este pleno revisemos cómo nuestras leyes y políticas contribuyen, en algunos casos, a perpetuar esta narrativa en lugar de combatirla. Como se ha reiterado en esta tribuna, al analizar las recientes reformas constitucionales en materia de derechos a los pueblos originarios y afromexicanos, igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como el acceso a derechos sociales de las juventudes, el enfoque de derechos humanos nos obliga a trascender la igualdad formal ante la ley y avanzar hacia la igualdad sustantiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia ha dejado claro que la igualdad sustantiva es una dimensión indispensable del derecho a la igualdad jurídica. La igualdad sustantiva, y cito, se configura como una faceta del derecho humano a la igualdad, que tiene como objetivo remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales y económicos que impiden a ciertas personas o grupos ejercer sus derechos en condiciones de paridad. Desde esta perspectiva, los llamados grupos vulnerables no requieren únicamente protección pasiva, requieren medidas para la igualdad, tales como medidas de inclusión, de nivelación y acciones afirmativas, en suma, de políticas públicas transformadoras y un compromiso legislativo que atienda las causas estructurales de su desventaja. Proponemos reemplazar el término grupos vulnerables con el concepto de grupos de atención prioritaria, definiendo a estos en el artículo 27, fracción X, como los grupos que, en razón a desigualdades estructurales, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, violencia o barreras físicas y estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos. La Constitución Política de la Ciudad de México ya ha dado un paso significativo al incluir en su artículo 11 el concepto de ciudad incluyente y grupos de atención prioritaria. Este ejemplo nos demuestra que es posible transitar hacia un lenguaje y un marco normativo que empodere en lugar de estigmatizar. Trabajemos para construir un México más inclusivo, donde la igualdad sustantiva sea una realidad para todas las personas. Muchas gracias.