El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Saludo respetuosamente a la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Secretaria, bienvenida. El discurso del actual gobierno federal tiene como eje la lucha contra la corrupción en México. Tema en el que tenemos punto de coincidencia, ya que históricamente el grupo de Movimiento Ciudadano ha planteado y ha impulsado leyes que fortalezcan la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas. El pasado 4 de abril de presente año, el presidente de la República aseguró que se acabó la corrupción tolerada en el país y aseguró que había sido un gran logro, empezando de arriba hacia abajo, porque los grandes negocios hechos al amparo de los recursos públicos eran construidos desde el presidente. Sin embargo, hemos visto que durante este primer año de ejercicio nos encontramos con un tema delicado: el 78 por ciento de los 28 mil 458 contratos para compras, en varios rubros, se han otorgado por adjudicación directa. Mientras que solo el 18 por ciento han sido a través de licitaciones públicas, a pesar de que esto debería de ser el mecanismo obligatorio. Por ejemplo, la adquisición de los libros de texto, donde el 87 por ciento fue adquirido a través de compra directa, donde además 2 empresas fueron premiadas con contratos que ascienden a los 388 millones de pesos, sin siquiera considerar que había sido acusadas penalmente, anteriormente, por vender libros a sobreprecio. O que la compra que se hace de los medicamentos, donde hasta el 29 de junio se contemplaba asignar a través de la compra directa, el 62 por ciento de estas compras. Si bien no es responsabilidad de la Secretaría la adquisición de bienes o servicios, el artículo 37 de la Ley Orgánica habla de que se debe de vigilar, inspeccionar las contrataciones públicas y la Ley de Obras y los demás servicios relacionados con la misma. Señora secretaria, le pregunto puntualmente: en este primer año de ejercicio, ¿qué acciones de prevención, vigilancia e inspección se han realizado desde la Secretaría, para combatir la corrupción, el conflicto de interés y el beneficio a unos cuantos? Le pregunto, ¿cómo es posible que la Secretaría de la Función Pública no hiciera mención alguna sobre la validez de los contratos con las empresas acusadas penalmente de fraude por vender libros a sobreprecio? ¿Cómo es posible que estas empresas no figuraran siquiera en alguna de las listas de directorio de licitantes, proveedores y contratistas sancionados con impedimento para celebrar dichos contratos? ¿Cuál es la valuación que hay en este directorio, por lo visto que no funciona, para prevenir que proveedores corruptos no puedan volver a ser beneficiados con jugosos contratos? Por último, ¿qué avances puntuales se tiene en las investigaciones respecto al Grupo Lomedic y Laboratorios Solfran y empresas relacionadas a estas en Jalisco, empresas involucradas en el conflicto de interés en la compra de medicamento, y a las que se les adjudicaron más de 160 millones de pesos en la actual administración? Concluyo diciendo. También el presidente de la República planteó un tema muy importante, que se implementarán acciones de acompañamiento y fiscalización ciudadana en las adquisiciones y contratos de obras y servicios públicos, y le pregunto. ¿Cuáles y cómo se han implementado estas acciones y cuáles han sido los resultados en la participación ciudadana en estos procesos? Por sus respuestas, muchas gracias, secretaria.