El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con el permiso de la asamblea. La vida es un estado biológico. Las sociedades contemporáneas del mundo lo reconocen en sus respectivos derechos como el bien jurídico tutelado más importante de todos. La vida es valiosa porque está ligada a la idea de existencia y sólo con ella se puede llegar a trascender. En este caso la vida le concede a su poseedor autonomía, conciencia estética, labor altruista, comportamiento cívico, entre otras circunstancias. En este sentido la vida es una expresión personal protegida por los derechos humanos, tal como se aprecia en el artículo 6o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el mismo Pacto de San José y como lo consagra nuestra Constitución en su artículo 22. Por lo anteriormente expuesto, queda claro que cegar la vida de alguien implica atentar por extensión contra todos los demás derechos de un ente como la personalidad, el nombre, la salud, la nacionalidad, la alimentación, entre otros. La vida descrita se elige como un derecho: el de la inviolabilidad de la misma, mismo que se estableció en nuestro país desde la Constitución de 1857 en el tema de la suspensión de garantías y en la presente Constitución de 1917 a partir de junio de 2011, en su artículo 29 en el tópico de suspensión de los derechos humanos. En el marco aludido devela lo valioso que es la vida y por ello nos llama poderosamente la atención las graves implicaciones que tienen los hechos acontecidos el 30 de junio anterior en el municipio de Tlatlaya, estado de México, en donde perdieron la vida 22 personas y en donde las contradicciones sobre los hechos acontecidos son manifiestas, ya que las versiones de testigos, fuentes periodísticas y Fuerzas Armadas no coinciden. En cualquier caso la muerte de una persona por vulneración a sus derechos humanos es lástima, pues además de lacerar la esfera jurídica de las personas le roba a la sociedad su seguridad y su tranquilidad. Los lamentables resultados de Tlatlaya se potencian cuando se ven involucradas las Fuerzas militares, pues en ello implica un abuso de poder con una alevosía y una ventaja, ya que los cuerpos castrenses fueron adiestrados para el enfrentamiento en sus diversas modalidades. En cambio la mayoría de las personas, quienes integran la sociedad civil, no. Pero las agravantes descritas se agudizan más en la medida en la cual se identifica como ejecutor de la vulneración de la vida a un órgano del Estado, pues éste está para procurar a los derechos de cualquier tipo y no para suprimirlo. En este sentido se debe recordar que la primera función del Estado y la más importante es proveer la paz y la tranquilidad, implicando en ello la seguridad de todos los mexicanos. Por otro lado, como parte integrante de uno de los poderes públicos, creemos importante poner énfasis en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, ya que colocan a México en el ojo del huracán en el concierto internacional. Tan es así, que Christof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias en atender, en el de Tlatlaya, pudo actualizarse una ejecución sumaria, ya que éstas son aquellas que se representan con la pérdida de la vida resultando un uso excesivo de la fuerza y sin observar los principios de necesidad y de proporcionalidad. Por todo lo anterior estamos a favor de que las ópticas de la justicia y los derechos humanos, las respectivas comisiones en esta Cámara integran grupos de trabajo que propicien criterios que acompañen a los de la procuraduría. Asimismo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita las recomendaciones a las personas o instituciones que hayan vulnerado la vida de las personas señaladas. No obstante lo anterior, no debemos de confundirnos, estamos en el momento de indagar y dilucidar los hechos llevados a cabo en Tlatlaya. Sólo hasta estar seguros de cómo acontecieron los mismos podremos exigir se castigue a los culpables. Atentar contra la vida es una lástima para todo el género humano. Por ello compañeras y compañeros diputados, exijamos resultados; pidamos los peritajes diversos y esperemos que la Procuraduría General de la República llegue a dilucidar la verdad de los hechos prontamente para tranquilidad de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.