La diputada María Lucero Saldaña Pérez: Dada la importancia que tiene el sector energético en nuestro país, y sobre todo de manera estratégica, es que pongo a su consideración una iniciativa que retomo como poblana, como legisladora, para reformar el artículo 19 constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer la prisión preventiva oficiosa a toda aquella persona que represente y que cometa delitos en materia de hidrocarburos. Este tema es un tema que tiene que verse integralmente y dado que aporta un 7 por ciento al producto interno bruto el sector energético, es un recurso de gran valía para nuestro país y que hemos enfrentado en los últimos años un exponencial crecimiento en el robo de combustible a través de las tomas clandestinas. De acuerdo con Pemex, la pérdida económica ha sido de 30 mil millones de pesos por robo en sus ductos, y la detención y presentación al Ministerio Público ha sido de 2 mil 500 personas, pero solamente ha habido un proceso judicial del 2 por ciento. El robo de combustible es un delito grave que ha llegado a constituir la segunda fuente de ingresos para los grupos del crimen organizado. Hemos hecho algunas reformas pero esta iniciativa vendría a complementar varias de las que ya se han presentado. Así que siendo la segunda fuente de ingresos este delito que ha escalado y sigue en franco crecimiento. De acuerdo también a cifras de Petróleos Mexicanos, se han detectado desde 2016 a 2017, un incremento del 50 por ciento en tomas clandestinas, que fueron de 10 mil 363, pero lo mismo sucedió un incremento adicional, un 50 por ciento de 2017 a 2018. Así que sabemos que no es solamente de un estado en particular, pero sí Puebla ha tenido graves afectaciones y hace unos días nada menos también hubo resultados negativos, con la necesidad de evitar mayores riesgos a la vida y la salud de la población. Los efectos negativos son como la pérdida de la paz. Si vivimos en lugares donde hay estos ductos, no tenemos esa tranquilidad, hay riesgo inminente a la vida, al patrimonio de miles de habitantes. El clima de inseguridad y violencia permanentes. Se cometen otros delitos en torno, como el robo de vehículos, de carga, violencia feminicida, trata de personas, violencia hacia los jóvenes, por decirles algunos de los delitos. Afectaciones al medio ambiente y a la salud. Están expuestos precisamente a contaminación ambiental, pero también de la piel. El abandono escolar y el involucramiento de adolescentes y jóvenes en la comisión de este delito como halcones y directamente involucrados también. La corrupción de autoridades y complicidad de las familias, lo que ha implicado una ruptura del tejido social. El enfrentamiento y pérdida de vida de civiles, policías y militares. Vemos estados como Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, en fin, con tomas clandestinas, cifras altas. Pero también en hectáreas, y ahí está Tabasco, Guanajuato, Puebla. En los propios centros de población. Ha cambiado de las zonas rurales a las zonas también urbanas, y es como precisamente el 12 de septiembre, en la ciudad de Puebla, hubo un grave problema donde se tuvo que recurrir a evacuar a decenas de colonias ante una fuga de gas. Esta afectación implicó nada menos que el cierre, suspensión de planteles, la pérdida de un día laboral de familias afectadas, en fin. Hay tanto que ver con los temas de economía, sí, de pobreza, del tejido social, sobre todo una nueva cultura que estamos viviendo y no podemos permitir que este delito siga en crecimiento. Por eso, dada la gravedad de este delito, de ilícitos, consideramos que queda plenamente justificada esta iniciativa, de acuerdo a tratados internacionales, donde también se respetan los derechos humanos, pero que se evite la sustracción de la acción de la justicia a quien presuntamente comete este delito. Por la gravedad y la preocupación de este tema...