El diputado Antonio Soto Sánchez: Con su permiso, Presidenta. El pasado 29 de agosto la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un amparo en revisión declarando inconstitucional la segunda parte del primer párrafo del artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito que hoy estamos reformando, el cual concede a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la posibilidad para que, mediante reglas generales, autorice a los bancos para ceder o vender a instituciones nacionales o extranjeras la cartera vencida. La propuesta de redacción que acaba de hacer el diputado Horacio y que es una propuesta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde participamos todos los grupos parlamentarios, pone a consideración de esta honorable asamblea, la resolución a la inconstitucionalidad que prevalecía en el artículo 93. Estamos cumpliendo con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, con el dictamen se otorga certeza jurídica a los deudores que se encuentran tramitando amparos contra dicho artículo, ya que se incluye en las consideraciones de la comisión, que el presente decreto se aplicará a la sesión y descuento de la cartera vencida que se haga posterior a la entrada en vigor de la misma, aunado a que a las personas físicas y morales que las adquieran, se les aplicará la normatividad financiera en la materia. Eso, en fe de erratas, entró en la exposición de motivos. No obstante que es muy importante lo que se ha logrado y que hay avances en este sentido, es de señalarse que el problema de la cartera vencida es un verdadero foco rojo que debe atenderse de manera urgente. Es un asunto social en crecimiento en el que tenemos que poner especial atención para resolverlo ya que, por ejemplo, se ve que la cartera vencida de tarjetas de crédito a junio de 2007, asciende a 24 mil millones de pesos y se espera cerrar el año con 22 millones de tarjetahabientes. Este problema se agrava con la cesión de créditos vencidos a compañías nacionales y trasnacionales que intimidan a los deudores y los someten a acuerdos poco benéficos para la liquidación de sus créditos, que los lleva incluso a perder su patrimonio. Por otro lado, las condiciones económicas del país derivadas del modelo económico que seguimos, seguirá presentando morosidad en los créditos hipotecarios, aunado a que en la práctica de contratación de los trabajadores existen vicios de discriminación por edad y sexo, lo cual repercutirá en el mediano plazo en montos ascendentes de deudas de créditos que estas personas tengan, además que se prevé otorgar créditos hipotecarios a personas que perciban menos de cuatro salarios mínimos en un futuro, lo cual incrementa el universo de personas vulnerables a perder su patrimonio. Por lo anterior, no tenemos resueltos los problemas de créditos vencidos para pequeños y medianos deudores, y sobre todo si estos provienen del ejercicio de sus derechos sociales, por lo cual se puede seguir lucrando con las necesidades y derechos básicos de los mexicanos. En consecuencia y siendo responsables con nuestro deber como legisladores, es necesario que armonicemos el marco legal para dotar a todos los mexicanos de instrumentos que les garanticen el acceso al crédito, pero no de manera indiscriminada y que a su vez permita a las instituciones financieras tener la certeza de que los mismos serán pagados en tiempo y forma, de lo contrario estaremos siendo responsables por omisión, del deterioro de la economía nacional y de poner en riesgo el patrimonio de las familias y usuarios de los servicios financieros. Es importante destacar que lo que se establece en la fe de erratas, diputado Presidente, es una propuesta consensuada de todos los grupos políticos, para que nadie porque fue una condición de que no se dijera que el PRD hizo esta propuesta, pero cómo no se va a decir, si es una propuesta que ha defendido y ha luchado nuestro partido desde hace mucho tiempo, que vamos a seguir insistiendo en ir mejorando este tipo de modificaciones a leyes tan importantes para nuestro país. Por su atención, muchas gracias.