La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: inicio esta intervención en principio reconociendo el trabajo que se ha venido realizando desde la Comisión de Puntos Constitucionales. Reconozco el trabajo de cada uno de sus integrantes. Sabemos que sus debates han sido intensos, pero sabemos también que desde ahí se preserva y se defiende el interés superior de las niñas y los niños de México. Asimismo hago un reconocimiento en particular a mi compañero Julio César Moreno Rivera, quien preside esa comisión y quien ha estado impulsando también distintas iniciativas, pero sobre todo sabemos que desde el trabajo que está realizando junto con los compañeros de esta Comisión de Puntos Constitucionales han hecho un trabajo extraordinario a favor de los derechos de las niñas y los niños de México, como lo es con esta reforma que hoy estamos discutiendo. Para todas y para todos es bien sabido que el derecho a la identidad en cualquier parte del mundo es un elemento fundamental para el reconocimiento jurídico y social de una persona, como sujeto de derechos y responsabilidades, y a su vez de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas. El artículo 4o. constitucional señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. De esta forma en México los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran protegidos a través de la Constitución. Desde el momento de su nacimiento las niñas y los niños necesitan contar con una identidad, ya que su registro de nacimiento facilita su inclusión en la vida económica, política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros derechos esenciales, como es el derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección y aquellos derechos a ejercer en la edad adulta. Por ello, el incumplimiento a la inscripción del nacimiento de un niño o una niña en el Registro Civil constituye una clara violación a sus derechos humanos. En ese sentido el registro de nacimiento es un derecho humano, así reconocido por diversos instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por México, entre los que se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y en particular la Convención de los Derechos del Niño. Gran parte de la Convención sobre los Derechos de las Niñas y Niños está formado por un número notable de normas que claramente exigen hacer valer principios, como: el interés superior del niño, el derecho a ser reconocidos como somos sujetos plenos de derechos, el derecho a la no discriminación, a la supervivencia, al desarrollo y a la identidad, entre otros. Una de las mayores muestras de exclusión que sufren los niños y las niñas en todo el mundo es la de no ser registrados al nacer y en consecuencia carecer de identidad legal y acceso pleno al goce y ejercicio de sus derechos, pues cuando los niños y las niñas cuyos nacimientos no han sido registrados son estadísticamente invisibles en todas las esferas sociales, lo que les afectará en múltiples aspectos de su vida. De ahí que elevar a rango constitucional el derecho a la identidad y a la gratuidad del acta de nacimiento implica que las niñas y los niños tendrán el reconocimiento inmediato por parte del Estado de su existencia y la formalización de su nacimiento conforme a la ley. Por ello, con la reforma constitucional que hoy nos ocupa, las niñas y los niños, en particular los que pertenecen a la población más pobre y marginada, las niñas y los niños indígenas, migrantes, o hijos o hijas de migrantes, que viven en área rurales, así como remotas o fronterizas, ya podrán tener garantizado su derecho al goce del ejercicio de la identidad a través de un nombre, un origen familiar, un lugar, la fecha de nacimiento, que se hará constar en el acta de nacimiento correspondiente, la cual deberá de ser universal, gratuita y oportuna. Cabe señalar que en nuestro país el porcentaje de registros de nacimiento de la población menor de un año en 20010, según datos proporcionados por la Red por los Derechos de la Infancia en su informe La Infancia Cuenta, México 2012, menciona un total de 2 millones, 100 mil 505 niñas y niños, lo cual indica que sólo el 79.4 de esta población cuenta con un registro oportuno. Esta cifra muestra que aún deben aplicarse acciones eficaces para lograr la cobertura total en nuestro país. Reconocemos que en algunos casos los costos asociados al registro y emisión del acta de nacimiento constituyen una limitante importante, sobre todo para las poblaciones más pobres y marginadas. Así, el costo de un acta de nacimiento en el país puede ir desde 45 pesos en el estado de Durango, hasta 92 pesos en el estado de Sonora. Para los casos en que el registro no se hace con oportunidad, una constancia de inexistencia de registro puede costar desde 59 pesos, como es el caso de Tabasco y de Tlaxcala, hasta 434 su precio en Baja California Sur. En algunos estados o municipios se pide también una constancia de extemporaneidad, cuyo costo puede ascender hasta los 312 pesos, pues muchas familias que viven en pobreza para ellas el costo del acta de nacimiento, aunado a los gastos de movilización para llegar a las oficinas de Registro Civil a realizar el trámite correspondiente, lo que hace muchas veces su pone gastos adicionales como son el transporte, la alimentación, la pérdida de jornadas laborales, entre otras, se convierte en una barrera que obstaculiza seriamente la realización del mismo. Para lograrlo será necesario modificar las condiciones de vida de los municipios más pobres y rezagados, diseñando la implementación de políticas y acciones específicas que permitan superar las limitaciones, revertir la situación y cerrar la brecha existente para podre alcanzar con éxito la universalidad del registro oportuno de nacimientos para el año 2015, como se ha establecido en el Programa Interamericano para el Registro Civil y Derechos de la Identidad, impulsado por la OEA, que por cierto México forma parte. México fue impulsor y promotor de este programa, y además presidió las mesas de trabajo de este grupo correspondiente. Este principio, el de la identidad, deberá de guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación, como hemos dicho, de políticas públicas dirigidas a la niñez y de forma complementaria las madres y los padres, los tutores, los custodios, tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios registrando de forma inmediata el nacimiento de la niña o niño. Reconocemos además en el presente dictamen, las modificaciones de amplitud y alcance que ha realizado la Comisión de Puntos Constitucionales para garantizar que toda persona sea registrada bajo los mismos parámetros, dando certeza a toda niña o niño y a toda persona indistintamente de la entidad federativa en la cual se lleva a cabo el registro correspondiente. En ese sentido, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen, porque estamos convencidas y convencidos que la mejor manera de preservar el interés superior de la niñez, como lo señala nuestra Carta Magna, es legislar a favor de las niñas y los niños de México, a fin de que gocen del ejercicio de la identidad universal oportuna y gratuita, eliminando de esta forma todo obstáculo que limite el ejercicio pleno de este derecho. No me quisiera ir de esta tribuna sin reconocer además todos los esfuerzos que se han hecho de otros espacios, como es desde las fundaciones, de las distintas organizaciones de la sociedad civil y también de los distintos legisladores que nos han acompañado en la lucha de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como es mi compañera Lucila Garfias Gutiérrez, mi compañera Carmen Lucia Pérez Camarena, que nos han acompañado en esta iniciativa. Pero esto no es nuevo, lo sabemos, esta es una minuta que viene también desde el Senado. También reconocer, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la doctora Victoria Adato Green, que junto con nosotras y la Comisión de los Derechos de la Niñez ha venido acompañándonos en esta gran lucha por hacer visibles toda la problemática que viven las niñas y los niños de México. Es cuanto, presidente.