La diputada Claudia Pastor Badilla: Buenas tardes, diputados y diputadas. Permítanme compartirles las razones de esta propuesta que firmamos varios integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. La reforma constitucional de diciembre del 94, ya lo hemos mencionado, significó un parteaguas en el Poder Judicial, en ella se incorporaron las figuras centrales de la defensa de la Norma Fundamental. Esta reforma incorporó al artículo 105, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, dos mecanismos que pretenden mantener los poderes políticos dentro de los límites de sus atribuciones, lo que permite un desarrollo armónico de sus actividades y repercute en el respeto de los derechos humanos. Quiero concentrarme en la acción de inconstitucionalidad, la cual faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva como única instancia la posible contradicción entre una norma general o un tratado internacional con la Ley Fundamental, lo cual, de existir, hace invalida la norma impugnada. Uno de los requisitos para la procedencia de este mecanismo es la legitimación. Es decir, el reconocimiento normativo para determinados sujetos colectivos o institucionales para que puedan promover la acción ante la Suprema Corte. La inclusión de los derechos de las minorías y sus garantías jurídicas constituyen el eje central de un estado democrático y se vinculan profundamente con la tolerancia. La tolerancia es la obra de la voluntad, no hay virtud humana más admirable, implica el reconocimiento a los demás. Otra forma de conocerse uno mismo. No hay himnos a la tolerancia, carece de poemas y de esculturas que la magnifiquen es una virtud que requiere un esfuerzo y una vigilancia constante, pues carece de prestigio popular. La tolerancia es, en muchos, vista como debilidad. Pero la democracia política y la convivencia civilizada entre nosotros exigen la tolerancia y la aceptación de valores e ideas distintas a las nuestras, en palabras de Octavio Paz. Así, la norma al 105 se ha modificado hasta la fecha en su naturaleza jurídica para convertir a la acción de inconstitucionalidad en un mecanismo de control abstracto de la regularidad constitucional y convencional de normas generales, a través de las cuales algunos órganos del Estado o entes de carácter político legitimados someten a consideración de la Corte la invalidez de una norma para considerar que esta vulnera a algunos el bloque de constitucionalidad. Aquí voy al tema específico. Hay muchos organismos autónomos que no han sido reconocidos aún como legitimados para interponer este mecanismo de control. Lo tiene reconocido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo tiene reconocido el Instituto Nacional de Transparencia, la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Fiscalía General, pero no la tiene el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué es fundamental que la tenga el Instituto Nacional Electoral? Olvidémonos un poco de la viabilidad jurídica, pero hace no muchos meses vivimos el caso Baja California, en el cual, al no tener reconocida la legitimación el Instituto Nacional Electoral, tuvo que esperarse hasta la toma de protesta del nuevo gobernador para que los entes legitimados pudieran promover ante la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad. Eso lo dejo claro y pone de relieve la necesidad de que esta Cámara reconozca y ponga de una vez en orden esa legitimación del INE. El INE debe de poder acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver si es válida o no alguna norma que pueda afectar al sistema de partidos políticos. Así que nuestra propuesta es concreta. Hacemos una modificación al 105 para agregar entre los sujetos legitimados, al Instituto Nacional Electoral para promover las acciones de inconstitucionalidad como un compromiso más de esta Cámara con el sistema democrático. Con eso concluyo. Muchas gracias.