La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Diputadas, diputados, no tengo duda de que hay un consenso entre todos quienes integramos esta Cámara. Todos queremos abatir la inseguridad y la impunidad. Todos queremos mejorar el sistema de justicia. Donde no hay consenso es en cuál es la mejor forma y cuáles son las mejores herramientas para lograrlo, este, este es un ejemplo de ello. Mientras para ustedes en el oficialismo, la prisión preventiva y esta reforma servirá para abatir la delincuencia, la impunidad y para generar mayor percepción de justicia, para nosotros en la oposición implica un mayor debilitamiento de los derechos fundamentales. Y también es un intento de desviar la atención y los esfuerzos de donde verdaderamente deberían estar, en el fortalecimiento integral del sistema de procuración e impartición de justicia. Esta es una falsa solución a la crisis de violencia y de inseguridad que padecemos todas y todos los mexicanos. Hace cinco años la misma mayoría oficial nos dijo que esta medida era indispensable para hacer frente a los delitos de alto impacto, para abatir la impunidad, para tener mayor justicia. Incluyeron en la reforma de 2019 en el catálogo, por ejemplo, el robo de transporte de carga y los delitos electorales. ¿Bajo la incidencia de esos delitos? No. El robo a transporte de carga aumentó 380 % desde entonces y en este año, en 2024, ha habido el doble de denuncias por delitos electorales que en 2018. Por eso no han cumplido con la obligación que se estableció en 2019 cuando aprobaron esta reforma, de presentar informes a los cinco años, es decir, ahorita en 2024, para evaluar la eficacia de la prisión preventiva, para bajar la incidencia de los delitos de alto impacto, por eso nadie conoce esos informes, porque esos informes muestran que esta no es una medida eficaz para abatir la inseguridad y la delincuencia. Bajar los delitos que más preocupan a la sociedad, no es un asunto de leyes o de penas más altas, sino de prevención, de investigación, de judicialización, de aplicación de la ley. O sea, es un tema de policías suficientes, capaces y con capacidades bien pagadas. Es un tema de ministerios públicos y fiscales profesionales, autónomos, que investiguen y que integren bien las carpetas de investigación. Es un tema de jueces que conozcan la letra de la ley, sí, claro, pero que también conozcan los tratados internacionales y los principios que informan a nuestra Constitución para que puedan interpretar la ley y aplicarla a cada caso concreto. Entonces, no nos engañemos y no engañemos a la ciudadanía. La prisión preventiva oficiosa no baja la inseguridad, no mejora la justicia, no mejora la impunidad. Lo que sí hace, es violar derechos humanos, principios constitucionales y tratados y convenios internacionales. Lo que sí hace, es afectar a los más vulnerables y a las personas inocentes, y hace que los ministerios públicos investiguen menos e investiguen peor. Por eso estamos en contra no solo de esta reforma, sino de la prisión preventiva oficiosa, punto. Es falso el dilema entre seguridad y protección de los derechos humanos. La única manera aceptable de tener paz, seguridad y justicia en un Estado democrático es en clave de derechos humanos. Desde luego que hay una situación inaceptable de violencia, de inseguridad, de impunidad, de falta de acceso a la justicia. Claro que eso nos indigna, claro que eso nos preocupa y claro que como legisladores, eso nos obliga a legislar y actuar en consecuencia, pero hay que hacerlo con seriedad, aprendiendo de los errores del pasado, hablando con la verdad y reafirmando un compromiso con los derechos humanos. Si no nos gusta el sistema de procuración e impartición de justicia, si los resultados no son los que queremos, vamos a debatirlo de fondo y estructuralmente y hay que invertir en capacitación y construcción de capacidades de policías, de investigadores, de ministerios públicos, de servicios periciales, revisemos el sistema penitenciario y de reinserción social. De verdad, hablemos con objetividad, de qué situaciones ameritan medidas de excepción y establezcamos con pulcritud por qué, cuáles, cómo, dónde y con qué reglas. Hay que distinguir la gravedad de las conductas y hay que sujetar a las autoridades a parámetros muy estrictos de legalidad, de transparencia y de respeto a los derechos humanos. Señoras y señores diputados, la prisión preventiva ha dejado de ser una medida excepcional, sujeta al criterio especializado de las autoridades jurisdiccionales voy a concluir ya, diputada presidenta para convertirse en un mecanismo automático sujeto a la absurda imposición de las mayorías parlamentarias. Y no nos engañemos, cada vez va a ser más utilizado con propósitos políticos. Si queremos un México en paz, con seguridad, con tranquilidad y con justicia, esta no es la vía, esto es más de lo mismo, pero peor. Por eso vamos a votar en contra. Muchas gracias.