La diputada Ana Lilia Guillen Quiróz: Con su venia diputado presidente. Compañeras, compañeros. Esta participación viene a fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD respecto a la propuesta de nueva Ley Federal Agraria. Compañeras y compañeros diputados: La nueva Ley Federal Agraria que se cristaliza en este dictamen, representa la profundización de la contra reforma agraria que modificó el artículo 27 constitucional en 1992. A trece años de la reforma constitucional, la bonanza no ha llegado al campo, por el contrario: se observa un creciente proceso de pauperización de la población rural que se vincula con la falta de una política de Estado que promueva un desarrollo propio para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y que enfrente la desigual competencia con el exterior. Tal parece que el avance de la descapitalización del agro nacional se orienta a subastar las tierras para convertir a ejidatarios y comuneros en jornaleros de las sociedades mercantiles. En el diagnóstico de la Ley Agraria, se reconoce que los propósitos de la reforma constitucional del 92 y la Ley Agraria vigente, no se han cumplido. Esto es, acabar con el mini fundismo en el campo y apoyar la concentración de tierras para hacerlas técnicamente rentables, resaltando que el funcionamiento del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y titulación de solares, PROCEDE, ha sido un instrumento a través del cual los campesinos ven allanado el camino para vender sus tierras con menores trabas al no encontrar alternativas para sobrevivir, además de que existen dos grandes problemas en el campo: el envejecimiento de los titulares de la propiedad rural y la falta de opciones de los jóvenes para acceder a la tierra y evitar disminuir las masivas migraciones de mano de obra campesina. Por lo tanto, la Ley Federal Agraria constituye un intento por reforzar los mecanismos de privatización de la propiedad social rural y que se puede observar en lo siguiente: Se argumenta que ante la imposibilidad inmediata de reformar la Constitución, es procedente apoyar las reformas de la Ley Agraria para fortalecer el ejido y las comunidades cuando se limitan las facultades de la Asamblea General para determinar el otorgamiento de los derechos parcelarios y comunales, reforzando la actuación de los tribunales agrarios para resolver los conflictos que se presenten en el núcleo agrario, siendo que ahora el tribunal agrario cuenta con facultades para resolver los casos de sucesión de los derechos ejidales por sorteo o bien actuar como agente inmobiliario al contar con atribuciones para subastar las parcelas al mejor postor. En el artículo 30 que se refiere al quórum de la Asamblea, en segunda o ulterior convocatoria, se disminuye el porcentaje de ejidatarios asistentes de tres cuartas partes al 50 por ciento. Ello para favorecer la autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, entre otros aspectos. La integración de la Junta de Pobladores, es otro instrumento que atenta contra la supremacía de mando de la Asamblea de Ejidatarios, dado que incorpora a posesionarios y avecindados siendo que las tierras ejidales comprendan las destinadas al asentamiento humano, de uso común y parceladas, lo cual es contrario a las disposiciones que otorgan a la asamblea del ejido la facultad de determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho regularizar la tenencia en los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Se postula que las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier convenio o contrato celebrado por el núcleo de población ejidal o por los sujetos agrarios, siendo que se incluyen como sujetos agrarios no sólo a los ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios, entre otros, sino también a poseedores y colonos, cuando éstas últimas figuras no se encuentran plenamente identificadas en el cuerpo de proyecto de dictamen, aunque para el primer caso se establecen disposiciones que le otorgan derecho sobre la tierra, aun cuando la posesión se realice de mala fe. Por lo tanto, los poseedores de parcelas adquieren los mismos derechos para celebrar contratos agrarios que involucran los derechos o bienes de naturaleza agraria. Las modalidades de la propiedad de la tierra en este dictamen pierden su carácter social y la concepción de propiedad social, con lo que se abre la posibilidad real de la compra-venta de las tierras, así como su renta y asociación con particulares. Revisar las reformas al artículo 27 constitucional para fortalecer la propiedad social, continuar el reparto, concluir el rezago agrario y dar seguridad en las distintas formas de la tenencia de la tierra, restituir al ejido el carácter imprescriptible e inalienable, reducir los límites de la propiedad privada, eliminar el derecho de las sociedades mercantiles a ser propietarias de tierras productivas, son algunos de los propósitos de los programas del PRD, además de precisar que los derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas de México deben ser plenamente reconocidos. El dictamen establece que las disposiciones en esta sección reglamentan lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción VII del artículo 27 constitucional y en una sola línea señala que la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. No dejamos de señalar que el código político de 1917 ni siquiera reconoce a las colectividades indígenas como pueblo, sino como grupos indígenas. El dictamen retoma la definición del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce a los pueblos indígenas, pero se limita el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades al sujetar las disposiciones de los tratados internacionales y los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas a los principios contenidos en la iniciativa de ley y a la legislación civil y mercantil federal. Además, conforme al artículo 277, los usos y costumbres están sujetos a prueba, por lo que se limita el reconocimiento pleno de las autoridades, las formas de organización y las prácticas de los pueblos y comunidades indígenas. Tenemos una enorme deuda histórica con los pueblos indígenas y ésta sólo podrá ser saldada cuando con una reforma reconciliemos étnicamente al país y se les restituya la dignidad y la autonomía históricamente perdidas. Señoras y señores diputados, además esta ley mantiene su carácter discriminatorio en cuanto al género, pues en el dictamen, de manera muy concreta, las mujeres no aparecen como sujetas de pleno derecho agrario,. Aunque el trabajo rural sea llevado a cabo de manera fundamental por ellas, no está consagrado el dominio pleno ni es obligatoria la dotación a las mujeres de la parcela de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, la Uaim, debiendo ser explícitos los derechos de las mujeres y la equidad de género. Por lo anterior, son sobradas las razones para votar en contra del dictamen con proyecto de decreto de la Ley Federal Agraria. Con el conocimiento de los problemas del campo a los cuales hemos tenido acceso a raíz de nuestra participación en esa comisión, nosotros hacemos un llamado respetuoso para que sea una reforma más de fondo, donde la certeza legal a los sujetos agrarios sea un compromiso de este congreso. El compañero González Schmal lo decía muy bien cuando habla de lo que ha sucedido, como muestra de lo que en este país se puede seguir dando de manera impune, del arrebato que sufrieron los ejidatarios del Tamarintillo, en Michoacán, no de 269 hectáreas como se supone que compró y que los Tribunales Agrarios las dieron como una venta legal, sino de más 400, ya que al haberse vendido a bulto y no tener los ejidatarios la certeza en algunos momentos de la probidad de quien procura e imparte justicia en algunos elementos, los deja en una indefensión que en este momento es lastimosa. Y esto nos deja a nosotros con un compromiso cada vez más grande, ya que no le podemos dar a los ejidatarios la libertad para hacer con su tierra lo que quieran, sin tener en este país una idea muy clara, una ley de planeación de subsidios, de planeaciones en cuanto a la producción rural, un sistema de evaluación; no le podemos decir al ejidatarios: "Ahí tienes tu tierra, véndela o como puños de tierra" La desmecanización del campo, lo caro de los insumos, la situación de migración que se vive, señoras y señores diputados, debiera de darnos una idea muy clara de que no podemos estar legislando sólo porque estamos aquí en este momento. Debiera ser en un contexto más actual y más influyente. Gracias.