La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Con su permiso, presidente. Señoras y señores legisladores. La reforma constitucional de 2014 en materia político-electoral trajo consigo una reforma al artículo 102 constitucional, por la que se crea la Fiscalía General de la República como órgano constitucional dotado de plena autonomía. Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dotar de autonomía al Ministerio Público fue una bandera impulsada por décadas, lo que se pretendía era buscar que el órgano responsable de la procuración de justicia en el país no respondiera a factores políticos, no tuviera una sujeción al Poder Ejecutivo, tuviera plena independencia y pudiera, a partir de ello, procurar justicia para todos los mexicanos. Generar investigaciones de delitos que fueran suficientes para formar convicción en un tribunal y con ello llevar a los delincuentes a la cárcel, impartir justicia, ésa era la finalidad. Lamentablemente con la reforma también se establecieron una serie de transitorios y disposiciones en el texto del propio artículo 102, que lejos de fortalecer la creación de un nuevo órgano autónomo derivaron en la imposibilidad de transitar a su puesta en marcha y es que hay que decirlo, el artículo 102 constitucional previó la construcción de un órgano autónomo, pero no previó mecanismos adecuados. Por ejemplo, para su nombramiento. Cuando el nombramiento debería estar a cargo del Senado, se establecieron unas cláusulas en donde en los hechos está todavía sujeto a una validación del titular del Ejecutivo. La remoción es otro ejemplo. La remoción queda sujeta al titular del Ejecutivo aun cuando puede ser objetada por el Senado; esta objeción se estableció de manera muy débil. El perfil del fiscal, muy acotado. El perfil que hoy establece la Constitución para los que serán fiscales o las que serán fiscales, pues es muy reducido, en fin. No brinda garantías de funcionamiento que fue el motor de la reforma. Es decir, este órgano autónomo, construido como está hoy en el 102, no es el órgano autónomo que debe responder a las demandas del nuevo sistema penal acusatorio. Querer imponer la técnica y el derecho en la investigación, que no use a la policía ministerial como instrumento de poder y persecución política, sino como órgano de investigación para sostener las causas penales en juicio. Que privilegie la investigación científica en la actuación autónoma de los servicios periciales, que destierre la corrupción que lamentablemente permea en su organización, que se aleja de la dependencia del Poder Ejecutivo y deje de ser su subordinado, que sea coadyuvante, eficaz en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia. Ese no es el modelo que hoy se aprobará. Es que las reformas legislativas siempre son perfectibles, lo importante es reconocer estas falencias y reemprender el camino. Por eso desde hace más de dos años Acción Nacional y una serie de organizaciones de la sociedad civil han levantado la voz para destacar la necesidad que tenemos de reformar el artículo 102, y corregir estas fallas de origen. Hoy, lejos de atender este llamado, y hoy, cuando se puede tener mayorías que pudieran simplificar el proceso legislativo, no se ha podido construir el mismo. Se ha rechazado trazar el camino para una reforma constitucional y nos están entregando una reforma que tampoco ha sido puesta a discusión de los legisladores, tan solo ha sido producto de la nueva mayoría que se impone en la Cámara por encima de todo, por encima de razones y argumentos. Hoy, debido a estas fallas que además tiene esta ley que se traducen, por ejemplo, en un plan de persecución penal que no establece prioridades y líneas de desarrollo dentro de la ley de las actividades de la fiscalía general, de una coordinación general con enormes facultades que no tendrá control parlamentario, de la eliminación de las fiscalías sustantivas para la persecución de delincuencia organizada, trata, secuestro; de la independencia de los servicios periciales, a lo que se hizo caso omiso; de la imposibilidad de establecer faltas graves para el caso de la remoción de los funcionarios de la fiscalía, es que Acción Nacional votará en contra. Hoy, lo que nosotros tenemos que hacer como órgano legislativo no es responder a otro poder, sino responder a nuestra obligación...