El diputado Amadeo Espinosa Ramos: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: acudimos a esta tribuna a plantear una situación que lamentablemente no es nueva. Se trata de otro fraude y desfalco a mexicanas y mexicanos de escasos recursos por parte de empresas que captaban ahorros y operaban de forma irregular y en posible contubernio u omisión de las autoridades financieras. El caso en cuestión implica varias cajas de ahorro, entre las que están la financiera COOFIA, que operaba en 9 estados de la república, así como el Grupo Bienestar Social la Paz, S. C., que operaba en 4 estados de la república, el Grupo SITMA, en 11 estados de la república y Grupo Inmobiliario Verhome, mejor conocido como Invergroup, operando en los estados de Puebla, Aguascalientes, León, Guanajuato y Ciudad Juárez, Chihuahua. En particular voy a hacer referencia a la problemática que han creado estas 4 empresas captadoras de recursos del público: dos inmobiliarias, una financiera y la otra como sociedad civil, en el estado de Puebla, donde, según el último informe proporcionado por la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, publicado a finales del mes de noviembre, se han presentado hasta el momento 9 mil 461 denuncias penales en contra de estos grupos financieros que han defraudado. El daño patrimonial a los clientes se estima hasta el momento en más de mil 300 millones de pesos, sólo en Puebla. En particular la caja de ahorro COOFIA inició operaciones en el año de 1997; sus propietarios son Valente Medina Seoane, Alfonso Colunga Velásquez, Miguel Ángel Corona, Ana María de Gante y Anastasio Pineda, entre otros. El atractivo de estas empresas era ofrecer a los ahorradores rendimientos superiores a los que otorga la banca comercial. Ante esta promesa y el legítimo deseo de acrecentar su patrimonio, miles de ciudadanos poblanos les confiaron sus ahorros con la confianza de que las empresas operaban de manera legal y con los permisos que señala la normatividad vigente. Utilizando figuras públicas y de televisión para promocionar su imagen y dar confianza a los afectados, también algunos funcionarios del gobierno del estado de Puebla y de los municipios, promovieron las bondades de estas sociedades y aseguraban al público que todo era legal y que no se desconfiara de ellos. En el caso de Coofia, el gobierno del estado le autorizó la captación de los impuestos locales en 2008, como la tenencia vehicular, el impuesto sobre la nómina, y otros, pese que desde el 2005 la financiera ya estaba descapitalizada. También presumieron de contar con la certificación ISO-9001-2000 por parte de la organización francesa Bureau Veritas, y a pesar que operaron de manera abierta entre la sociedad poblana, nunca contaron con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar; o bien, esta comisión actuó con omisión y dolo. Sin embargo, Coofia y las demás sociedades empezaron a tener problemas de solvencia, incumplimiento en sus obligaciones desde principios del año en curso. La situación se tornó crítica a mediados del presente año, concretamente en mayo, varios ahorradores solicitaron que se les reintegrara su ahorro, a lo que las empresas se negaban, ofreciendo renovar los contratos con mayores beneficios. Se calcula que los afectados en la entidad poblana ascienden a 50 mil personas, y a nivel nacional a casi 100 mil, con un daño patrimonial total a nivel nacional de 4 mil millones de pesos, según consta en varios documentos oficiales de las mismas empresas. Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración los siguientes Puntos de acuerdo Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que integre el patrón de afectados por el fraude de la Financiera Coofia y el Grupo de Bienestar Social La Paz, con el fin de que puedan ser beneficiados con los recursos del fideicomiso, pago previsto en la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. Segundo. La creación de un fondo estatal y federal para resarcir el daño patrimonial a los afectados de las inmobiliarias Invergroup y Sitma, que entra en el acuerdo anterior. Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a efecto de que investigue los hechos y finque las responsabilidades a los propietarios de estos negocios, y a los funcionarios federales estatales y municipales que se hayan coludido para cometer estos delitos financieros. Cuarto. Se acuerda la creación de un grupo de diputados federales, en forma plural, que dé seguimiento a la investigación de este fraude, con el fin de que se propongan las acciones y medidas legislativas para resarcir el daño causado, y prevengan la comisión de estos delitos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.