El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Antes de entrar en materia, quisiera informarles que hace 3 minutos, por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias en el Senado de la República, se aprobó la Ley de Competencia Económica con un gran paso histórico en materia regulatoria para la libre competencia. Ése es un mérito de todos ustedes, compañeros diputados, donde demostramos que cuando podemos construir consensos y trabajamos en armonía se pueden dar grandes pasos a favor de México. El dictamen que nos trae a tribuna el día de hoy es el que conocemos con el nombre corto de acciones colectivas. Déjenme recordarles que hace prácticamente un año, compañeras y compañeros diputados, en este honorable recinto aprobamos la reforma constitucional al artículo 16, introduciendo por primera vez en el derecho mexicano un concepto que estuvo ausente por muchos años: el concepto de acciones colectivas, que ya en el siglo XX formaba parte de un buen número de las legislaciones de países, tanto en América Latina como en América del Norte. Con esta acción realmente establecemos la posibilidad de darle la defensa en tres grandes campos a los agentes y a los actores sociales: en el campo económico, en el campo financiero y en el campo ambiental. La obligación de los legisladores, después de haber quedado plasmado en la Constitución al haber sido aprobado también por todos los Congresos locales la reforma constitucional, era producir la ley reglamentaria a dicha reforma. Así, el Senado de la República nos turnó una minuta en diciembre pasado que contiene precisamente esa ley reglamentaria con las modificaciones a todas las leyes que se han mencionado al presentar este dictamen. Creo que con este proceso, el Senado, observando la aplicabilidad que ha tenido este marco legal en el mundo, trató de posesionarse en el punto intermedio más prudente sin llegar al extremo de la legislación norteamericana, donde el marco legal ha producido un exceso de judicialización de procesos y de negocios que sólo son rentables lamentablemente para abogados, encareciendo los costos de transacción del funcionamiento de una economía eficiente pero sin llegar al otro extremo de que no represente una defensa real en favor de los intereses de los ciudadanos y los consumidores. Es así como en esta Cámara, tanto la Comisión de Economía como la Comisión de Justicia, procedieron a dictaminar. En la Comisión de Economía fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes. En la Comisión de Justicia en lo general fue aprobado hasta donde tengo información también por unanimidad. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con este paso adelante estaremos dando un paso histórico en el marco legal mexicano. Adicionalmente quiero dejar claramente establecido que se distribuyó junto con el dictamen una fe de erratas, a la cual me permito hacer referencia directa para que sea aprobada por este pleno. El Senado de la República dio como alcance a su minuta una fe de erratas donde establece en el artículo 614, el cual en la fe de erratas queda claro que debe de decir el 614 del Código Federal de Procedimientos Civiles debe de decir: La sentencia no recurrida tendrá efectos de cosa juzgada. Asimismo, por falta involuntaria hay que establecer una fe de erratas en el mismo código en el artículo 609, donde en la primera circulación sólo aparece un párrafo. Debe incluir un segundo párrafo que a la letra dice: en el caso de la colectividad la apelación podrá ser promovida por el representante, cuya designación haya sido autorizada por el juez. En ese supuesto el juez hará del conocimiento de los hechos que correspondan al Ministerio Público. Compañeras diputadas y compañeros diputados, les pedimos el apoyo a esta trascendente minuta del Senado. Gracias, señor presidente.