El diputado Octavio Adolfo Klimek Alcaraz: Muchas gracias. Con su permiso, diputada Presidenta. En virtud de que he solicitado presentar en un solo acto cinco iniciativas, le solicito consideración en el tiempo. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras. La primera iniciativa trata de reformas y adiciones a diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Esta iniciativa es presentada por un servidor, conjuntamente con el diputado Juan Hugo de la Rosa García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La iniciativa señala que es necesario determinar expresamente que las entidades federativas son las facultadas para conocer lo relativo a la gestión integral de los residuos de manejo especial, los residuos que no son considerados peligrosos o residuos sólidos urbanos; lo cual nos obliga a plantear en las reformas a los artículos 7o. y 9o. de la propia Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, ya que son estas disposiciones las que, de conformidad con la generalidad de la ley, se encargan de determinar las facultades en la materia para cada uno de los tres órdenes de gobierno. Estas modificaciones únicamente buscan fortalecer la facultad de las entidades federativas con respecto a los residuos de manejo especial. En segundo término tenemos la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como diversas reformas. En los últimos años la atención de los problemas ambientales ha sido en muchas ocasiones sujetos a disputas de órdenes de gobierno, como si los ecosistemas y el ambiente fueran propiedad o responsabilidad sólo de la federación o de entidades federativas o municipales, siendo que la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, así como la protección del ambiente, son responsabilidad común de la sociedad, aunque de manera diferenciada. Lo que urge es una nueva cultura ecológica de corresponsabilidad diferenciada entre los diversos actores para la atención de los problemas ambientales. Esto deriva en el imperativo de que en el corto plazo exista un mejor marco de cooperación y concertación entre la federación y las entidades federativas. Al respecto, la presente iniciativa propone reformar el artículo 14 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para integrar un Consejo Consultivo Nacional de Autoridades Ambientales en donde se encuentre representada la federación y las entidades federativas. También se busca adicionar un artículo 14 Bis 1 en la misma ley para que en el seno de este consejo se presenten las propuestas de cada entidad federativa sobre programas, proyectos y acciones tanto en los aspectos de desarrollo institucional, como de gestión e infraestructura ambiental. No omito señalar que también hay una adición, un artículo 14 Bis 2 a la misma ley para constituir un Fondo para la Gestión e Infraestructura Ambiental en las Entidades Federativas. La tercera iniciativa es aquella que reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es también de manera federalista. Está buscando contribuir para que en México se establezcan los llamados Tribunales Ambientales. La necesidad de crear Tribunales Ambientales se manifiesta en la medida en que actualmente advertimos que en la actividad administrativa de regulación en materia de política ambiental y de su aplicación, por sí y ante sí ha resultado insuficiente, y que esa tarea además no basta para satisfacer las necesidades ambientales del país, cuya extensión territorial y sus diversas zonas y materias necesitan de la concurrencia de las organizaciones sociales, de la participación de los ciudadanos y de todas las instituciones públicas de los Poderes Ejecutivos federal, estatales y municipales. De ahí esta propuesta de modificar este artículo 73 para establecer que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas competencias, deban de crear Tribunales Ambientales dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que conocerán en competencia concurrente de las controversias que se susciten en materia ambiental. La cuarta iniciativa es de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, que es presentada por un servidor y el diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La iniciativa trata sobre el tema de aprovechamiento de subsistencia de la vida silvestre, un tema que conforme a la interpretación de la Ley General de Vida Silvestre es facultad, básicamente, de las entidades federativas. Dado que éste es un asunto que rebasa el interés único de las entidades federativas, se plantea también en un contexto federalista esta misma iniciativa. En el artículo 92 del texto vigente de la Ley General de Vida Silvestre se establece que quienes realicen aprovechamientos considerando implícitamente, de subsistencia, recibirán apoyo, asesoría técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes. Esto parte de reconocer una realidad que es inevitable en el medio rural mexicano, en donde imperan la pobreza y la falta de oportunidades para obtener ingresos de manera sustentable ilícita. Aunque el artículo 92 de esta ley omite el concepto exacto de aprovechamiento de subsistencia, se comprende que se trata de éste y en el no se excluye la comercialización, aunque tampoco precisa que la venta debe ser, al igual que el consumo, de manera directa por las personas de la localidad. Evitando así que en ningún caso se considere aprovechamiento de subsistencia de la vida silvestre el realizado por intermediarios. En todo caso, se debe precisar en dicho artículo, que tanto el consumo como la venta del aprovechamiento de subsistencia de la vida silvestre deben ser, ambos, directos por las personas de una localidad. Y, además, se trata de incluir la participación expresa de la Semarnat en el apoyo a asesoría técnica, capacitación, en el mencionado artículo 92, y hacer una modificación con una adición al artículo 3o., para que se presente con precisión el concepto de aprovechamiento de subsistencia de la vida silvestre. Finalmente, la quinta iniciativa es la que versa sobre la iniciativa de Ley General de Evaluación Ambiental de los Efectos de Planes y Programas de la Administración Pública y reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación. Esta iniciativa es presentada por un servidor, conjuntamente con los diputados Roberto Mendoza Flores y Diego Cobo Terrazas, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México. Consideramos que es necesario impulsar instrumentos de política ambiental no contemplados en la actual legislación ambiental del país; uno de esos instrumentos es la llamada evaluación ambiental estratégica que en la iniciativa se denomina evaluación ambiental de planes y programas, y que es el proceso que permite, de manera preventiva, la integración de los aspectos ambientales en los planes y programas de las dependencias e instituciones de la administración pública. Es conveniente señalar que con frecuencia es difícil distinguir entre plan y programa, en ocasiones se puede hacer con claridad, pero a menudo, cuando uno se enfrenta al tema real se encuentra con que el plan y programa pueden hallarse dentro del mismo procedimiento o en el mismo documento o sucede que un plan llega a contener elementos de un programa. Yo quisiera señalar que esta iniciativa de ley tiene como base fundamental tanto la Directiva de la Unión Europea 2001/42/CE como la Ley Española del año 2006, del 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente de España. Se trata, finalmente, de transferir, en principio, tanto sus objetivos, fundamentos, conceptos técnicos y un método para la evaluación ambiental de planes y programas ya validados en el ámbito internacional a la legislación mexicana; buscando, además, adecuar y armonizar esto a los propios requerimientos del país. No omito señalar que los dos países socios de México en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ya tienen legislación en la materia sobre evaluación ambiental de planes y programas como requisito legal. Diputada presidenta, le agradecería se inserte íntegro el texto de las iniciativas en el Diario de los Debates, para los efectos que correspondan. Es cuanto.