LA PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados. Para presentar una iniciativa vinculada a la realización de reformas al Primer Párrafo del Artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, se concede el uso de la palabra al diputado José Gerardo de la Riva Pinal, del grupo parlamentario del PRI. Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. El Partido Revolucionario Institucional, debe asumir la necesidad de adecuar el desarrollo de las relaciones laborales de las nuevas realidades del país y del mundo, para hacer mas dinámico, eficiente y productivo el sistema laboral pero sin convertirlo en una relación meramente civil o mercantil, abandonada a la libre voluntad de las partes y sin atentar jamás contra los derechos de los trabajadores. (Socorro Diaz Palacios.) Iniciativa de decreto que modifica el primer párrafo del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, que presenta el diputado José Gerardo de la Riva Pinal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del día. El que suscribe, José Gerardo de la Riva Pinal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido en los numerales 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Soberanía, iniciativa de decreto que reforma el actual primer párrafo del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS En la evolución histórica de nuestro derecho del trabajo, destacan tres grandes eventos, el primero de ellos, lo encontramos en la Constitución Política que rompió paradigmas al incorporar antes que ninguna otra legislación de esta naturaleza en el mundo, los derechos y garantías sociales, como un conjunto de principios e instituciones que asegurarían condiciones justas a la clase trabajadora; el segundo, la trascendencia del espíritu del Constituyente de Querétaro en el artículo 123 y en una Ley Reglamentaria, que tuvo nacimiento en el año de 1931; y, el tercer gran momento lo es la expedición de la Ley Federal del Trabajo en 1970 que vino a regular conceptos que no habían sido considerados en la primera. Este ordenamiento jurídico que desde 1970 ha tenido como finalidad el cumplir con equidad en los conflictos entre trabajadores y patrones, en el establecimiento de las condiciones y jornadas de trabajo, vacaciones, participación de utilidades del trabajador, riesgos profesionales, derecho a la habitación, antigüedad, trabajos especiales, huelga, por citar algunos de los conceptos que reflejan la inquietud del Legislador en la impartición de la justicia social. Como toda norma jurídica perfectible, a partir de 1980 la Ley Federal del Trabajo ha tenido modificaciones con el objeto de ir aplicando a las situaciones de hecho a la de derecho para apoyar a la clase trabajadora, lo cual nos hace recordar las palabras del ilustre maestro don Mario de la Cueva: "Las normas jurídicas son una fuerza ética entregada por el pueblo a la conciencia de los hombres para la justicia en la vida social. Cuando son incumplidas corresponde a los titulares de los derechos y a los órganos Estado el deber de exigir su cumplimiento; a los primeros porque quien consiente en la burla de su derecho principia a tener alma de esclavo; a los segundos, porque frente a su deber de actuar para reparar la violación, se convierten en los titulares de una facultad que pueden usar para imponer la justicia del derecho. Ignoramos la suerte del derecho nuevo, pero ante la fuerza del capital en la vida política nacional ante el dominio por parte de pequeños sectores, ante el disimulo, o ante las aberrantes interpretaciones del orden jurídico, al Estado le toca decidir entre la justicia del derecho y los valores humanos ". En efecto, nuestra Ley Federal del Trabajo, ha regulado el aspecto procesal individual y colectivo con preeminencia en el campo de la economía; el proceso para dirimir los conflictos individuales y en los colectivos la huelga; procedimientos tanto para el trámite de tercerías, como el de carácter voluntario conocido como "para procesal", entre otros; sin embargo, considero que el término previsto en el primer párrafo del artículo 945 de la ley en comento, referente a la ejecución de laudos, contiene un desfasamiento con el término de quince días contenido en el artículo 21 de la Ley de Amparo para la interposición de la demanda de garantías, pues si bien es cierto que en el artículo primeramente anotado se ha establecido que "Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación...", también no menos cierto es que en la práctica esta disposición jurídica no se cumple a cabalidad, como acontece en las juntas de Conciliación y Arbitraje, haciendo que los trabajadores tengan un derecho y la autoridad no lo satisface por la contradicción jurídica que he mencionado, incluso es del conocimiento de las partes litigantes que los Secretarios de Acuerdos y Secretarios Actuarios de las propias juntas, llevan a cabo diversas diligencias, dando pauta a que transcurra el término para la interposición "del amparo" en contra del laudo que les interesa, no otorgando seguridad jurídica a los procesos laborales. Por ello, es imperante que jurídicamente se adecue el término a que se refiere el artículo 945 del Título Decimoquinto de la Ley Federal del Trabajo, al término que prevé la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales en su Artículo 21, lo que dará por resultado que para el supuesto de que sean los trabajadores a quienes les sea adverso el laudo, tengan un plazo legalmente que les de seguridad jurídica, permitiéndoles elaborar con toda acuciosidad y razonamiento los conceptos de violaciones jurídicas que les ocasione, independientemente de la suplencia en la deficiencia de la queja que tienen por parte del órgano jurisdiccional obligación de otorgar, garantizándose de esta manera con certidumbre los derechos de la clase obrera, en virtud de que la actual redacción del referido artículo 945, propicia que con frecuencia se tengan que formularse el escrito de demanda de garantías en un plazo muy breve, lo que considero inequitativo; y por otra parte, si el inconforme lo fuera el patrón, con la adición que se propone, no se conculcan los derechos de la clase obrera, pues quedan garantizadas el cumplimiento de las obligaciones, como en la práctica lo llevan a cabo la junta federal y local de Conciliación y Arbitraje, que al tener conocimiento de la interposición de una demanda de "amparo" en contra del laudo condenatorio, les fija caución para garantizar el cumplimiento de las prestaciones salariales a que han sido condenadas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno el siguiente: Artículo único. Se modifica el artículo 945, primer párrafo del Título Decimoquinto de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al que surta efectos la notificación. ARTICULO TRANSITORIO Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al que surta efectos la notificación. ARTICULO TRANSITORIO Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, D.F., a 11 de diciembre de 2001. Diputado proponente José Gerardo de la Riva Pinal, del grupo parlamentario del PRI.