El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con su venia, presidente. Compañeros y compañeras legisladores, a partir de 1996 algunos programas sociales comenzaron a funcionar con reglas que establecían su mecanismo de operación y administración. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999 estableció, por primera vez, la obligación de las dependencias y entidades de elaborar reglas de operación para los programas sociales, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para el Ejercicio Fiscal del año 2000, en el decreto del Presupuesto ya se definen los programas sujetos a reglas de operación. Es en el año fiscal 2002 que se reguló la normatividad para que todos los programas federales contaran con dichas reglas. Esas reglas de operación establecen los criterios generales y particulares para la operación de los programas gubernamentales. Por ejemplo, los criterios de selección de la población objetivo, la forma y los tiempos de entrega de los apoyos, los montos de los mismos, los derechos y obligaciones de los beneficiarios. Actualmente existen avances importantes en su aplicación. Muchos programas funcionan de manera ineficiente, inequitativa y poco transparente. Al respecto, aun falta mucho por hacer. Como sabemos, corresponde al Ejecutivo federal la atribución exclusiva de diseñar y promulgar las reglas de operación de los programas gubernamentales, tal y como se establece en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Planeación y en lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por su parte, la definición de los programas sujetos a reglas de operación es atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para el caso que nos ocupa, debemos recordar que la Ley General de Desarrollo Social tiene como parte de sus objetivos, garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; así como regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas de desarrollo social. La finalidad de la presente iniciativa es adicionar un párrafo a dicha ley, con el fin de incluir lineamientos generales y criterios a las reglas de operación, que garanticen la transparencia en la aplicación de los recursos y la simplificación de los trámites. Asimismo, para que se garantice que dichos programas no se utilicen con fines electorales, tal y como se ha realizado en los procesos electorales recientes o de promoción personal de los servidores públicos. Busca regular y acotar los márgenes de discrecionalidad en la operación de los programas y los riesgos potenciales de manipulación político-electoral o de un uso distinto para el que fueron concebidos. Con la adición de un segundo párrafo al mismo artículo 26, se establece una serie de criterios que el Ejecutivo federal deberá observar en la materia. Destaca el mandato de que las reglas deberán garantizar el no uso de los programas sociales para fines electorales o de promoción personal de los funcionarios. Es preciso aclarar que tal adición no duplica lo establecido en el artículo 28 de la ley. Este último artículo plantea que la publicidad e información relativa a los programas sociales debe incluir la leyenda: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. La publicación de esa leyenda no es suficiente. Asimismo se habla mucho del blindaje de los programas sociales, sin embargo es hablar de un tema que en nuestro país se maneja sin mucho éxito. Blindar los programas sociales no es dejar de salir al aire dos semanas antes de la elección o difundir los programas sociales. No existe un blindaje como tal y una de las formas de lograrlo sería eslabonar esta cadena y mitigar con ella su discrecionalidad. En nuestra legislación se requiere instrumentar una serie de medidas adicionales al llamado blindaje de los programas sociales, permitir que en la ley se incluya una mayor definición en cuanto a las reglas de operación. En México, el que los programas de desarrollo social no sean utilizados para fines distintos o ajenos de aquellos para los que fueron creados, es una práctica al que todavía no accedemos como país. De ahí nuestra propuesta para dotar de mecanismos útiles para vigilar que los recursos públicos se apliquen para el fin al que han sido destinados. La instrumentación de una política permanente de protección de programas sociales debe, a la par de reducir las posibilidades de manipulación, generar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y responsabilidades frente al estado. Blindar los programas sociales no es sólo un deber impuesto por la ley, es en el fondo un imperativo que deriva del deber moral de los gobiernos de igualar a los mexicanos en sus derechos y oportunidades. Diputadas y diputados, en un contexto de profundas desigualdades sociales con millones de mexicanos en situación de pobreza como el que enfrenta México, la protección de los programas sociales se torna una prioridad de la agenda nacional. Aún más. El hecho de que persistan prácticas de manipulación o condicionamiento en la entrega de apoyos sociales a población vulnerable, hace de la protección de sus derechos fundamentales una obligación irrenunciable del Estado mexicano y en general de la sociedad en su conjunto. No hay una ofensa mayor a los ciudadanos ni contradicción ética más grave que los autores de las conductas corruptas sean los mismos que tienen la obligación de velar por el interés público y a la vigilancia del estado de derecho. Por lo anterior expuesto, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social. Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo social para quedar como sigue Artículo 26. El gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales la distribución a los municipios de los recursos federales. Las reglas de operación deberán garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, la simplificación de trámites y procedimientos y establecer mecanismos que garanticen que los programas de desarrollo social no serán usados con fines electorales o de promoción personal de los servidores públicos. Muchas gracias, compañeros.