El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Señores y señoras legisladoras: en los próximos días, en ocasión del bicentenario de la lucha por la Independencia y el centenario de la Revolución habremos alcanzado la cifra de 30 mil personas que han perdido la vida en el caos que erróneamente se ha llamado estrategia de combate al crimen organizado. Habremos de escuchar banales estribillos, de presenciar fastuosos festejos para ocultar esa cifra que ilustra la tragedia nacional. Difícilmente podremos celebrar, pues el país está en vilo y el Estado ha perdido toda dirección, como lo acredita la resignación de quien ocupa de facto el Poder Ejecutivo, quien ha dicho que es esperable el incremento de la violencia y que en realidad el saldo fatal no importa porque supuestamente la mayoría son delincuentes que se están matando entre ellos. Desde la comodidad aduladora que le brindan las elites del poder político y económico, protegido por miles de policías y soldados, a Calderón debe resultarle fácil hablar con tal desprecio por el pueblo de México, con total ausencia de humanismo, sin ningún viso de haber asumido plenamente la responsabilidad que implica ocupar una posición gubernamental. La ciudadanía vive una realidad muy distinta que ningún fuego de artificio puede disfrazar. Quisiéramos traer a esta tribuna a los 10 mil huérfanos, a los 60 mil desplazados de Ciudad Juárez, a los cientos de miles de personas a quienes les han arrebatado su empleo, a los innumerables ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos fundamentales quienes desesperan por recibir justicia; recibir aquí a aquellas voces que nadie escucha, para que fueran ellos quienes evaluaran la situación de la política interior de Calderón. Sin duda alguna sus observaciones serían desoladoras. Hoy estamos en medio de un periodo negro de nuestra historia. El discurso oficial desprecia los avances para generar instituciones que reconozcan la plena dignidad de las personas. Se niegan derechos a los homosexuales, se criminaliza la libre elección reproductiva de las mujeres, se justifican los crímenes de Estado al hablar de que los delincuentes pierden su carácter de seres humanos y los convierten en piezas de cacería; y más tarde comprobamos que estas víctimas, además de personas con derechos, eran estudiantes, líderes sociales o personas sin el menor vínculo con cuestiones delictivas. Sorprende el cinismo de quien alguna vez etiquetó como un peligro para México al líder de millones de mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ya que es Calderón el mayor responsable de la polinización política y social. Es él quien con un lenguaje dogmático, belicoso e intolerante repite una cantaleta: la de la supuesta guerra contra el crimen organizado; mientras contemplamos el desmoronamiento del estado de derecho. Nos indigna que Calderón ignore mencionar en este informe de gobierno su indiferencia ante las demandas de solución a los electricistas del SME, ante las quejas de grupos sociales que sufren la opresión y el despojo: en Cananea, en Tenacatita, en Tema Capulín, en San Juan Copala. Todo ello, mientras se utilizan las instancias de política exterior para firmar reprobables convenios, a fin de dar curso al aumento de los impuestos, a cambio de la promesa de no establecer alianzas electorales, como fue el episodio vergonzante del PRI y del PAN. Se ha vulnerado el estado laico, uno de los pilares fundamentales de la modernidad. Algunos ministros de culto disfrutan de libertad absoluta para entrometerse en los asuntos públicos y afectar la imagen de las fuerzas progresistas. La Secretaría de Gobernación ha sido omisa, ya no digamos para sancionar, si no, cuando menos, para reprobar los excesos verbales de los obispos de Guadalajara, de la Ciudad de México y de Ecatepec. En contra de ello, días más tarde se vio al titular de Gobernación en armonía con los altas jerarcas de la iglesia católica. Las perspectivas de reactivar la transición democrática se han esfumado en el horizonte. El Ejecutivo presentó una farsa de reforma política, que eludía los anteriores consensos entre amplios sectores, políticos y sociales, para transitar hacia un régimen de equilibrio de poderes, descentralización, transparencia, rendición de cuentas y democracia participativa. Por el contrario, envío una propuesta que afectaría seriamente la vitalidad del legislativo y su representatividad. Las candidaturas ciudadanas y la segunda vuelta fueron meras cortinas de humo para ocultar las perversas intenciones y alterar irremediablemente el orden jurídico para fortalecer al presidencialismo, así como el esfuerzo paralelo para reglamentar un estado de sitio con la reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Desde esta tribuna el Grupo Parlamentario del Trabajo y los diputados que militamos en el movimiento que encabeza Andrés Manuel, han denunciado el abuso de poder por parte de las autoridades. Han hecho un llamado para cancelar las torcidas interpretaciones del ordenamiento jurídico que extienden el fuero de guerra y con ello se normaliza el privilegio de la impunidad para quienes han utilizado indebidamente sus atribuciones. Al igual que en el pasado, hoy la procuración de justicia es un instrumento de persecución política, una fábrica de culpables, una maquinaria de ineficiencia y corrupción. En febrero de 2006, un candidato a la presidencia que protestaba en Puebla por la represión que sufrió la periodista Lydia Cacho a manos del gobernador priista Mario Marín, expresó: si permitimos que ese atropello se consume y quede impune, también ocurrirá en otras partes. Más de cuatro años después, ése candidato que se jacta de su valentía para combatir a los criminales, no ha tenido el arrojo para frenar el atropello y la impunidad que se ejecutan desde cargos públicos de la Federación y los estados. Se ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos, y por si fuera poco, han surgido a la luz pública múltiples evidencias de que las personas migrantes en nuestro país, sufren de un maltrato igual o peor del que sufren nuestros connacionales que han tenido que emigrar a los Estados Unidos. Los organismos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, han documento el incremento de prácticas como la tortura, la desaparición forzosa, la detención arbitraria, el allanamiento de morada y el homicidio por parte de agentes del Estado. El extravío del Ejecutivo en el plano internacional denigra nuestra herencia histórica y traiciona las obligaciones que hemos contraído. Estamos a punto del rompimiento de relaciones con el régimen internacional de los derechos humanos. La agenda bilateral con los Estados Unidos ha derivado en la ejecución de las políticas de nuestro vecino en territorio nacional. La iniciativa Mérida es muestra de ello. Hoy nos encontramos al borde del abismo. No obstante, estamos convencidos de que la solución no se encuentra en la restauración del antiguo partido hegemónico, el PRI. Consideramos urgente un nuevo pacto social donde el espacio público sea patrimonio común y no una colonia de las élites, donde una ciudadanía dinámica conduzca al Estado hacia una política de equidad y bienestar, donde la dignidad nacional recupere una posición sólida en el ámbito internacional y, sobre todo, en nuestra gran comunidad latinoamericana. El saldo de las políticas interior y exterior es negativo.