El diputado Ricardo Ramírez Nieto: Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, con fundamento en el artículo 26, numeral 1; 27, numeral 1; 28, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento que se presentó una propuesta de modificación al presente dictamen, por lo cual al momento que termine mi intervención le solicito respetuosamente ponga a consideración de la asamblea la propuesta de adenda, presentada por la junta directiva de esta comisión dictaminadora. Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quater al Código Penal Federal que hoy se somete a votación, propone establecer delitos y sanciones aplicables a conductas específicas que agreden en principio el patrimonio del particular, con el objetivo de salvaguardar la riqueza ganadera del país, así como la economía y seguridad de ese sector, siendo esa la teleología de estas normas; es decir, que se pretende crear un tipo específico para sancionar las conductas de apoderamiento, disposición y sacrificio indebido de ganado que atentan contra ese específico patrimonio de las personas que tienen esa actividad y fuente de riqueza. El sector pecuario constituye una fuente básica de alimentación para los mexicanos, una importante fuente de divisas extranjeras por medio de las exportaciones, así como el ingreso y sustento económico para las personas que viven de ese sector. La industria ganadera representa la mitad del valor bruto de la producción agropecuaria y más de 6 millones de personas están empleadas directamente por este sector. Sin embargo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el abigeato, es decir, el robo de ganado, ha aumentado en un 24 por ciento del 2012 al 2015 generando pérdidas millonarias. Una de las máximas garantías en la aplicación del derecho penal, es el principio de legalidad, figura creada desde los albores del siglo XIX y vigente hasta el día de hoy que instituye que no hay delito ni pena sin ley previa. De esta manera nuestra Constitución consagra el principio de legalidad en materia penal en su artículo 14 al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, o aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Por eso, debe contarse con la precisión de cada delito, así como del alcance de las penas que trae consigo la consecución de los mismos. Esto, en congruencia con la estricta aplicación del derecho penal que asegure una adecuada impartición de justicia para todos los mexicanos. Actualmente el Código Penal Federal contempla en su artículo 381 Bis el delito de abigeato. Sin embargo, el tipo penal tiene poca claridad, ya que no profundiza sobre sus sanciones ni sus agravantes, provocando con ello la consecuente incertidumbre jurídica. Asimismo, la ausencia de un tipo penal preciso en sus alcances ha ocasionado que las entidades federativas estén legislando de manera dispersa. Por ello la necesidad de reformar el artículo 381 Bis y adicionar los artículos 381 Ter y 381 Quater al Código Penal Federal, para clarificar el delito de abigeato, para castigar hasta con 10 años de prisión a quien por sí o a través de interpósita persona se apodere de una o más cabezas de ganado sin el consentimiento de quien legítimamente pueda hacerlo. Se describe ampliamente y acorde con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que debe entenderse y considerar como ganado. Se equipara al abigeato el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legítimamente pueda hacerlo. De igual manera, para establecer las agravantes del delito, contempla entre otras cuando sea cometido por quien tenga alguna relación laboral o de parentesco con el propietario del ganado, sea cometido con violencia física o moral, o cometido por un servidor público, en cuyos casos la sanción se incrementará hasta una mitad. Cabe destacar que la ley vigente prevé como sanción mínima la de tres días, motivo por el cual se determinó elevar esta sanción mínima a dos años, con el fin de combatir de manera eficaz este delito. Por otra parte, en el dictamen se contempló como agravante del delito cuando sea cometido por tres o más personas. Asimismo, si se comete y se da en delincuencia organizada, banda o pandilla, la sanción será por ambos delitos. En suma, dotaremos de certidumbre jurídica a los ganaderos de nuestro país y castigaremos a quienes atenten contra su patrimonio. Por ello, votar a favor de esta propuesta es votar a favor del desarrollo económico y de la seguridad alimentaria de los mexicanos. Los retos del campo son desafíos para el país y el futuro del segundo depende del presente del primero, por eso nos corresponde legislar para que el primer sector de nuestra economía siga impulsando el bienestar de todos los mexicanos. Finalmente quiero agradecer al presidente de la Comisión de Justicia, al diputado Álvaro Ibarra, que me haya permitido fundamentar el presente dictamen. Y, desde luego, agradecer a mi líder parlamentario, doctor César Camacho, extraordinario jurista y constitucionalista. Es cuanto, presidenta.