El diputado Pablo Vázquez Ahued: Muchas gracias, presidenta. Pues desde luego que en Movimiento Ciudadano no podemos avalar este paquete de reformas producto de la mal llamada reforma judicial. Lo que siempre hemos sostenido en Movimiento Ciudadano es que cualquier reforma judicial debería perseguir dos objetivos: en primer lugar, crear mejores condiciones para que las y los mexicanos tengan acceso a la justicia, y segundo, crear instituciones judiciales que realmente defiendan y protejan los derechos de todas las personas. Y estas reformas no contribuyen a ello, porque, entre otras cosas, se aniquiló de un plumazo la carrera judicial que se ha construido en nuestro país, lo que es el error fundacional u originario de la reforma constitucional al Poder Judicial promovida por el régimen. Se supondría que en esta discusión de las leyes secundarias se debería hacer un esfuerzo, aprovechar la oportunidad para corregir los vicios o errores de origen, para perfeccionar la reforma, para reglamentar de manera coherente y adecuada la integración y funcionamiento del Poder Judicial y no se está haciendo en este proceso de dictaminación. Se argumenta que estas reformas servirán para combatir el nepotismo, para garantizar la paridad de género que no habrá más corrupción en el Poder Judicial, pero la realidad es que no se están planteando adecuadamente mecanismos, normas o disposiciones concretas, específicas que permitan que los espacios del Poder Judicial los ocupen las mejores y los mejores mexicanos. Al contrario, recordemos que la reforma judicial ignoró que hay juezas, jueces, magistrados, magistradas, personas con una carrera honorable que permitieron el avance de derechos en nuestro país que ha sido contrapeso al poder político, que han defendido los derechos de las personas a lo largo de años. Por ejemplo, las mujeres juezas y magistradas que entraron al Poder Judicial de la Federación abriendo brecha, rompiendo techos de cristal, rompiendo estereotipos de género y conquistando no solo los espacios de toma de decisión, sino conquistando derechos, derechos reproductivos, derechos políticos, derechos laborales para las mujeres, y hoy todas ellas sin excepción están o serán despedidas de los espacios del Poder Judicial de la Federación sin mayor criterio. Y así, pues, cientos de personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que con sus méritos y capacidades lograron tener una carrera judicial al servicio de México quedarán fuera sin ningún criterio objetivo por parte de esta mayoría y este régimen. Y vendrá esta renovación de los órganos y cargos judiciales, pero el problema de esta renovación, de estas reformas como tantas otras impulsadas por este régimen es que parecen constituir un salto al vacío, no contribuyen de manera concreta a mejorar los procesos de selección de los aspirantes a los cargos del Poder Judicial de la Federación, no contribuyen a la formación y consolidación de las carreras judiciales ni al fortalecimiento de las instituciones jurisdiccionales de su autonomía, de su independencia. Deberíamos, se supone en estas legislaciones secundarias propiciar las mejores prácticas para la implementación de esta reforma constitucional para la selección, permanencia y evaluación objetiva de las y los funcionarios judiciales, deberíamos propiciar la creación de mecanismos internos de rendición de cuentas en el Poder Judicial y de la profesionalización permanente de los funcionarios judiciales. Se debería, por ejemplo, fortalecer la autonomía al Poder Judicial por las vías presupuestales como se hizo en el estado de Jalisco por parte del Ejecutivo y del Congreso de esa entidad, creando un presupuesto constitucional que le garantice autonomía al Poder Judicial, como se hizo, repito, en el estado de Jalisco. Pero, pues nada de eso se está haciendo en esta discusión del día de hoy, de las reformas secundarias del Poder Judicial. Al contrario, se están creando instancias, como este Tribunal de Disciplina Judicial, que funcionará más como un tribunal de la Inquisición, como un instrumento de persecución política dentro del propio Poder Judicial, contra jueces y juezas al servicio de camarillas políticas en turno. O, como el otro órgano agigantado, el Órgano de Administración Judicial, que centralizará y concentrará un poder indebido para el control de personal del Poder Judicial de la Federación. Y hay que recordar que todo esto se trasladará a las entidades federativas, generando consecuencias que yo creo que no están midiendo las y los compañeros de la mayoría legislativa. Toda esta reforma en cuestión no propiciará un mejor funcionamiento de las instituciones judiciales ni garantizará la independencia del personal judicial y, por lo tanto, tampoco propiciará un mejor acceso a la justicia para las y los mexicanos. Debido pues a que estas leyes son claramente un proyecto de captura del Poder Judicial de la Federación, como lo hemos denunciado en Movimiento Ciudadano de manera constante, es que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con toda convicción votará en contra de estos tres dictámenes. Y conminamos, una vez más, a la mayoría legislativa, a no perder de vista las consecuencias negativas que tal vez no han sido advertidas o dimensionadas de manera clara, dado que estas reformas, pues generan lo que hemos nosotros y muchos académicos denunciado, como un mercado de jueces de consigna al servicio de poderes fácticos, o peor aún, proclive a la penetración del crimen organizado. Movimiento Ciudadano plantea y siempre ha propuesto que al Poder Judicial de la Federación y las entidades federativas accedan las y los mejores mexicanos al servicio de la justicia. Queremos que la impartición de justicia les sirva a las personas y salvaguarde sus derechos de manera constante. Pero este andamiaje que se propone el día de hoy, pues nos impone, como ya lo señalaba mi compañero Juan Zavala, un Poder Judicial menos independiente, menos profesional, un Poder Judicial más sometido al control político y que producirá más injusticias contra las y los mexicanos. Por todo ello, porque no convalidaremos la instauración de un modelo de autocracia institucionalizada en México de concentración del poder, de centralización indebida de atribuciones que pone en riesgo el estado de Derecho y los derechos conquistados por las y los mexicanos, es que movimiento ciudadano votará en contra de estas reformas. Muchas gracias, presidenta.