El diputado Rafael Hernández Soriano: Con la venia de la Presidencia. El día de ayer el presidente Peña señaló que los últimos cinco años han sido de progreso constante y que para superar las condiciones actuales necesitaremos cinco años más al PRI. Estamos convencidos de que seguir por ese camino nos conducirá a la debacle social, política y económica. Compañeras y compañeros diputados, México vive una crisis humanitaria de dimensiones sin precedente: homicidios, desapariciones forzadas, casos de tortura cada vez más frecuentes, desplazamiento forzado de muchas poblaciones en nuestro país y un sinnúmero grave de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, en nuestro país el gobierno del presidente Peña sigue manteniendo un discurso triunfalista que contrasta lamentablemente con la realidad, realidad que no es gratuita. El descrédito de las instituciones, los altos niveles de corrupción, la impunidad asociada y un mayor deterior del Estado de derecho han sido los detonadores. No solo hablamos de desconfianza del ciudadano en las instituciones o de la capacidad o indolencia de muchos funcionarios públicos. Tampoco nos referimos solo a la existencia de un Ferrari en una casa de interés social o de un secretario de Estado vinculado familiarmente con la delincuencia organizada que roba hidrocarburos. Tampoco hablamos solo de la cifra negra de delitos no denunciados, que es superior al 23 por ciento. O de la eficiencia magra de un 10 por ciento de la procuración de Justicia o de la falta de garantías que día a día merma el ejercicio de los derechos fundamentales de todas y todos los que habitamos en el territorio nacional. Y qué decir del autoencierro de las personas que prefieren no salir de noche por temor a ser víctimas del crimen. O de nuestros jóvenes, a quienes el gobierno de Enrique Peña solo ha dejado tres opciones: empleos muy mal pagados para sostener la economía nacional, enrolarse en el crimen organizado o migrar al país vecino. No, no podemos hablar de estos hechos en forma aislada, hablamos más bien de la corrupción generalizada en las estructuras del Estado y de la descomposición social que de ello se ha desencadenado y, en ocasiones, también se auspiciado desde ahí: corrupción, impunidad, ineficiencia, patrimonialismo, opacidad, delincuencia rampante en las más altas esferas del poder público que se han traducido en violencia y también desafortunadamente en desesperanza. Los casi 110 mil elementos militares desplegados en promedio mensual a lo largo y ancho de país, no han coadyuvado más que para mantener el control territorial de la delincuencia, mientras que también otros más de 50 mil elementos del Ejército en labores de seguridad pública, solamente ha ocasionado que los gobernadores no asuman la responsabilidad que les corresponde, así lo demuestran los múltiples operativos conjuntos en varias entidades y regiones del país, que es Tamaulipas, el estado de México, Michoacán, Guerrero, Jalisco y las regiones de La Laguna y la Tierra Caliente, pues no se ha contribuido con ello en la disminución de los índices de violencia, mucho menos a reducir la presencia delincuencial. Estos territorios siguen siendo los más violentos e inseguros de la República. Ciudadanas y ciudadanos, el país dista tanto de la realidad peñista que parecen dos lugares diferentes, la inacción de la justicia es estremecedora, para muestra un botón. Debemos señalar que en materia de trata de personas se iniciaron tan solo ocho averiguaciones previas y se consignó a tres personas frente al tamaño de este flagelo que está considerado México como país, el país número uno en trata de personas en toda Latinoamérica y por la ONU también a nivel mundial. Las víctimas también, compañeras y compañeros, siguen en aumento y las instancias de atenderlas son completamente inútiles. Lo mismo sucede con aquellas destinadas a la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, cuántos de ellos han sido asesinados y cuántos acallados por sus investigaciones. La realidad es que nuestro país es el tercero más peligroso para ejercer esta profesión de acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras. En el combate a la delincuencia organizada, siendo esta una prioridad gubernamental, resultan irrisorios los reportes que nos envía el Ejecutivo federal en donde asegura que ha incautado menos de 42 millones de dólares, cuando por cálculos conservadores el monto del lavado de dinero en nuestro país supera los 40 mil millones de dólares. Es decir, nos reporta una eficiencia en este rubro del uno por ciento. Mientras tanto, el compromiso del gobierno peñista con el combate a la corrupción se ha limitado solamente a cubrirse las espaldas con un fiscal a modo. Compañeras y compañeros, el México de hoy reclama justicia pronta, imparcial y expedita. Reclama verdad para las víctimas, reclama protección para los comunicadores, condiciones de seguridad para todas y todos los mexicanos. Reclama esperanza para la juventud.