LA C. DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas. Con fecha de octubre 11 del 2001 presenté ante el pleno de esta Cámara de Diputados, un Punto de Acuerdo respecto a las reformas constituciones aprobadas por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, que se publicó mediante decreto del 18 de julio del mismo año en el Diario Oficial de la Federación y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Que en dicho Punto de Acuerdo signado por 43 legisladores se propone la creación de una Comisión Especial plural, para que lleve a cabo consultas con los pueblos indígenas del país, a fin de dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual dispone que, al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. b). Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en adopción de decisiones en instituciones selectivas y órganos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan. c). Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para ese fin. Las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este convenio, deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr consentimiento acerca de las medidas propuestas. Segundo. Que en la elaboración y aprobación de las reformas constitucionales en materia indígena que dieron lugar a la presentación del punto de acuerdo mencionado, no se cumplieron las decisiones del convenio, el cual por disposición constitucional, rige con fuerza de ley según lo dispone el artículo 133 constitucional. Este mandato constitucional no fue cumplido por el Congreso en la aprobación de las reformas constitucionales, al no ajustarse a los Acuerdos de San Andrés, los cuales recogieron en su momento la anuencia de los pueblos indígenas del país. Que la Junta de Coordinación Política emitió el pasado jueves 5 de septiembre un acuerdo mediante el cual expresa que desahogará la proposición una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo conducente respecto de las controversias constitucionales que se presentaron a causa del descontento de estados, municipios, comunidades y organizaciones con el contenido de las reformas en materia de derechos y cultura indígena. Cabe aclarar que estas no contaron con la aprobación de prácticamente ninguno de los pueblos afectados por dichas disposiciones de nuestra Carta Magna, los cuales muy por el contrario, efectuaron múltiples y enérgicos pronunciamientos. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto de 322 de las 330 controversias interpuestas contra la reforma, resolviendo por mayoría declararlas improcedentes por carecer de facultades para revisar modificaciones a la Constitución Política. Que nuestro máximo órgano judicial se pronunció respecto al procedimiento como corresponde, no al fondo del asunto que queda de esta manera igual que al ser aprobado y promulgado. Que en el estado de Oaxaca, donde un porcentaje mayoritario de las poblaciones indígenas, hace años se aprobó una Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas que es más amplia y respetuosa que el texto aprobado por el Congreso de la Unión. Los diputados federales priístas representantes de esta entidad, votamos en contra las reformas constitucionales en esta Cámara de Diputados. Que estamos obligados a tomar conciencia de la situación de nuestros indígenas, compatriotas unidos en su inmensa mayoría en las situaciones de pobreza, las más extremas, como nos acaban de mostrar con gran fruición los técnicos en estadística. Que no es lógico ni comprensible que festejemos que llegamos al número de 4 millones en programas de ayuda para los pobres más pobres; entendería que se festejara la reducción de la necesidad, el abatimiento de la miseria; nuestros pueblos indígenas están siempre en el extremo de esa cadena de dolor y privaciones. Que es por eso que hoy subo nuevamente a esta alta tribuna de la Nación para plantear a la Honorable Cámara de Diputados que tenemos que impulsar un proceso consultivo que nos informe de la voluntad de los pueblos indígenas que nos lleve a la formación de una legislación equitativa, que se reconozca su importancia y sus opiniones, sus proyectos y estrategias de vida y desarrollo. Los diputados somos representantes de la población, de los que nos votaron y de los que no; tomemos el desafío de ser responsables e inaugurar rutas nuevas dentro del derecho y de la práctica. Demos todo el respeto a quienes decimos que son iguales, pero tratamos como menores de edad imponiéndoles leyes y reformas que no les reconocen los derechos a que son acreedores como pueblos, comunidades y grupos indígenas del México del siglo XXI. Por lo que antecede, me permito presentar ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: Primero. Que se integre a la brevedad, una Comisión Especial plural con el cometido de organizar consultas con los pueblos indígenas, mediante los procedimientos apropiados a que hace mención el Convenio 169 de la OIT para conocer su voluntad y necesidades respecto a las reformas legales que les conciernan. Segundo. Que el resultado de las consultas realizadas se recoja en una legislación de nivel y contenido adecuados, para que comprenda disposiciones relativas a la situación jurídica, social y económica de los pueblos indígenas de México sin lesionar su pluralidad ni formas particulares de organización y expresión. Firman este punto de acuerdo compañeros diputados de diversas fracciones parlamentarias: del Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, y diputados priístas, que suman un número de 70 diputados. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias diputada Irma Piñeiro Arias. Túrnese esta proposición con Punto de Acuerdo en relación con la resolución a las demandas interpuestas en contra de las reformas constitucionales en materia indígena, que han sido declaradas improcedentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Junta de Coordinación Política. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha solicitado se difiera para la siguiente sesión, la presentación de un Punto de Acuerdo en relación con la problemática en que se encuentra el municipio de Ocoyoacac, Estado de México. A continuación tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, a fin de solicitar a la CONAPESCA, información referente a las empresas extranjeras que pescan en litorales mexicanos tiburón y especies afines. -DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quiere referirse a la situación que prevalece en el sector pesquero mexicano, en particular la relativa a los tiburones y especies afines. La apertura económica del país ha permeado todas las actividades productivas del país; la pesca no ha sido la excepción. Una de las mayores riquezas con las que cuenta nuestro pueblo está en peligro de desaparecer. Las desregulaciones en materia pesquera a las que ha sido sometida en los últimos años, ha vulnerado de manera sistemática los recursos de la fauna marítima en nuestro mar territorial. Información reciente de los estudiosos de los océanos, han declarado que casi el 70% de las reservas de los principales peces comerciales ha sido agotada; explotado en exceso más allá de su rendimiento sustentable máximo. Casi el 60% de los arrecifes de coral, fuentes vitales de biodiversidad y productividad marina, está amenazada por las actividades humanas. México no escapa a esta situación mundial. El deterioro de nuestros mares es evidente y las medidas gubernamentales hasta ahora han sido insuficientes para revertir estos hechos. También como sabemos, en nuestro país las condiciones de la pesca son deplorables. Después de un relativo auge en la segunda mitad del siglo pasado, las medidas desregulatorias y desprivatizadoras, dejaron en ruina a la pesca. Salvo unas cuantas empresas que son rentables en pesca de altura, seguimos en el nivel de sobrevivencia de la pesca ribereña. En este entorno altamente desfavorable, la norma 029 repercutirá de manera negativa a la captura de una de las especies más castigadas que es el tiburón y especies afines. Particularmente en el noroeste de la República los escualos han sido objeto de captura desmedida, lo que implica que si no se pone un alto en este sentido, en unos cuantos años desaparecerían estas especies, afectando con ello el equilibrio ecológico de nuestros mares. Por todas las anteriores consideraciones y con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Sobranía el siguiente: "PUNTO DE ACUERDO "ARTICULO UNICO: Que comparezca el titular de CONAPESCA para que nos dé información detallada sobre las empresas extranjeras y nacionales que pescan en litorales mexicanos tiburón y especies afines. "Asimismo solicitamos la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Marina para el mismo objeto. "Atentamente por el grupo parlamentario del partido del Trabajo, diputado Victor Antonio García Dávila y de la voz Rosalía Peredo". Muchas gracias. -PRESIDENTE. Gracias diputada Rosalía Peredo. Túrnese a la Comisión de Pesca. A solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pospone para la siguiente sesión la propuesta con Punto de Acuerdo, en relación con los derechos de propiedad en el parque nacional del Cofre de Perote, Veracruz. Tiene el uso de la palabra el diputado Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un Punto de Acuerdo en relación con las universidades públicas. En virtud de no encontrarse presente en el Salón de Sesiones, se pasa al final de este capítulo. A solicitud del diputado Luis Miguel Barbosa Huerca, se difiere para la siguiente sesión la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados acuerde la integración de una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones del Consejo General del IFE sobre el financiamiento a las campañas electorales del 2000. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con la situación política en el estado de Veracruz. El diputado Vaca en lugar de la diputada Méndez Herrera. Adelante, diputado, hasta por cinco minutos.