El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, de nueva cuenta traemos ante este pleno el tema que ha puesto a México en el ámbito internacional como un país en el que no se respeta la dignidad y la vida de las personas. Esta ley que se propone, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, atiende a la necesidad urgente de atender el reclamo de miles de ciudadanos que aún siguen con la esperanza de encontrar a sus seres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres en esta búsqueda incansable; búsqueda incansable que no es solo de un día, es de todos los días. Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados se presentaron organizaciones de ciudadanos que claman por sus familiares. Presentaron propuestas que deben considerarse en una ley general que atienda esta problemática nacional. Ante la emergencia de la situación, no es posible hacer oídos sordos o mostrar una actitud insensible. En una intervención que tuve en días anteriores preguntaba cuántos diputados tenían familiares desaparecidos. Al menos fueron dos manos que se levantaron. Yo volvería preguntar si en el transcurso de estos días han encontrado una esperanza en encontrar a sus familiares o han encontrado o un eco en la autoridad ministerial, en la autoridad investigadora de estos delitos. Yo creo que no, seguimos siendo un estado que no atiende a la necesidad de su población, un estado que difunde noticias de un bienestar que no existe, un estado que no tiene una política pública en el presupuesto que se presenta para el año 2016 sobre desaparición forzada. La desaparición forzada es un problema que tiene múltiples efectos, no solamente destroza a los familiares, sino destroza a su economía familiar, cambia la dinámica social de la comunidad que padece ese crimen, cambia la dinámica social entre los ciudadanos y sus familiares porque genera una crisis familiar económica, una crisis de convivencia. Debemos atender a esta necesidad. Existen en el ámbito internacional diferentes tratados que ha suscrito el Estado mexicano que lo obligan a atender este problema en forma urgente. La última actualización del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de acuerdo a la información que proporciona el Sistema Nacional de Seguridad, es de 25 mil 398 personas. Esta ley que se propone busca atender en forma urgente esta demanda de justicia, busca atender esta demanda de esperanza que tienen todas las mañanas los familiares de personas desaparecidas. El objeto de esta ley es prevenir la desaparición forzada de personas, tipificar el delito de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por particulares. Sanciona a las o los autores, cómplices e encubridores del delito de desaparición forzada, así como la tentativa e incitación a la comisión del mismo. Pretende inhibir la práctica de la desaparición forzada estableciendo una sanción bajo cualquier circunstancia, incluyendo a aquellas acciones que se realicen por situaciones de emergencia, peligro, disturbio público, catástrofe natural o cualquier otra. Establece directrices para la creación de protocolos de búsqueda inmediata de personas desparecidas y protocolos de investigación del delito. Realiza acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así como la pronta localización de su paradero. Asimismo, propone establecer las acciones a seguir para el respeto y protección de los derechos de las víctimas o de sus familiares en los casos de desaparición forzada, especialmente se pretende garantizar el derecho a la vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la integridad personal. Buscar el derecho a la verdad es una demanda de miles de ciudadanos, de miles de familias que siguen buscando a sus familiares desaparecidos. La tragedia ocurrida en Iguala, donde 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos fueron desaparecidos, fue simplemente un detonador para que el tema de las desapariciones forzadas se planteara de nueva cuenta como un asunto de interés nacional y de prioridad en la política de seguridad pública. Es un asunto sobre el que toda la sociedad reclama justicia y poner fin a la impunidad. Impunidad que está soslayada y encubierta por la corrupción de los cuerpos policiacos y de los cuerpos de las procuradurías de los estados, y la propia procuraduría federal. La muestra se tiene con la investigación que se realizó en el caso de Ayotzinapa, el procurador Murillo Karam sabía desde junio de 2013 que en Iguala actuaba un grupo de delincuentes que habían masacrado a dirigentes sociales que pertenecían al PRD. El propio Senado de la República solicitó y exigió a Murillo Karam, a través de la Secretaría de Gobernación, que atrajera la investigación de esos crímenes que estaban solapados por la alcaldía del municipio de Iguala, situación que no se oyó, situación que llevó a esta situación trágica de los 43 estudiantes de la Normal Rural. Estas cifras no son nuevas, desde el 2013 la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, informó que la Subsecretaría hizo entrega de una base de datos en donde se registraban 27 mil casos de desaparición. Este problema es grave y es urgente atenderlo, por eso apelo a la sensibilidad, apelo al compromiso de ustedes como legisladores para acelerar los trabajos que nos permitan presentar una respuesta a las miles de familias que han venido a este Congreso a exigir justicia, que han venido a este Congreso a pedir que se les escuche y se les dé una esperanza para crear un mecanismo que garantice encontrar a sus familiares con vida. No solamente a los 43 estudiantes, sino también a todos los miles de desaparecidos, a los que han surgido en las fosas en el municipio de Iguala, en esta búsqueda que realizó la sociedad civil, en la búsqueda que se hace en todos los estados por familiares desaparecidos. Esperamos dar buenas cuentas a los ciudadanos que nos eligieron, para garantizar ese derecho de acceso a la justicia. Apelamos a su sensibilidad para que la comisión a la que sea turnada esta ley presente pronto un dictamen a este pleno y se atienda la demanda ciudadana. Es cuanto, señor presidente.