La diputada Beatriz Dominga Pérez López: Con el permiso de la presidencia e integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, público que nos acompaña y medios de comunicación. La iniciativa que hoy presento es producto de una aspiración personal y de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Personal, porque por mis venas corre sangre de mis pueblos originarios triqui y mixteca. De los pueblos indígenas porque ha sido siempre nuestra aspiración contar con un reconocimiento pleno de nuestros derechos, mismos que se ven limitados con el reconocimiento que se nos hace en la Constitución federal como sujetos de interés público. He vivido de cerca la carencia, olvido y marginación que padecen nuestras comunidades indígenas por falta de interés gubernamental en detonar el desarrollo de nuestra gente, los problemas que se enfrentan al querer ejercer su libertad y capacidad de disponer, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones respecto de sus tierras, tradición, cultura y forma de organización interna. La discriminación contra los pueblos indígenas se manifiesta también en la distribución de la riqueza, los bienes y servicios públicos, siendo las principales afectadas nosotras las mujeres y los niños indígenas, así como los migrantes. Asimismo, la reforma constitucional de 2001, en materia indígena reduce la protección de los derechos humanos, de los pueblos indígenas al dejar como un tema de atención local el reconocimiento de los pueblos indígenas al establecer en la fracción VIII, párrafo dos del artículo 2o., apartado A, constitucional, que las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público, dejando con ello sin posibilidad a los pueblos y comunidades indígenas a formar parte de las estructuras de gobierno, ya que para hacerlo debería de darse el reconocimiento de sujetos de derecho público, en lugar de sujetos de interés público, siendo además un tanto irresponsable dejar en manos de las entidades federativas definir las características y alcances de sus derechos individuales y colectivos, lo que ocasiona una disparidad legislativa respecto de los derechos de los pueblos indígenas entre un estado y otro. La diferencia entre ser sujeto de interés público y sujeto de derecho se puede decir que en el primer caso tenemos la orientación hacia concebir los derechos indígenas como sujetos de atención, sin mayor atribución que el ser receptores de las políticas públicas, es decir sin reconocernos la capacidad de ejercicio, como si fuéramos personas menores de edad subordinados a la tutela de los padres. En el segundo caso se trata de sujetos colectivos, con personalidad jurídica, misma que les reconoce facultades para ser titulares de derecho, representar y ser representados. Tiende a dar atribuciones, es decir, facultades y competencias para obrar como autoridades y por ello para mandar hacerse obedecer. En este sentido, podemos observar que en el Convenio 169 reconoce que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Exige también la libertad que deben tener los pueblos para gozar de sus libertades y derechos, sin ningún obstáculo. Es decir, es necesario que las comunidades tengan la libertad y capacidad de disponer, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones respecto de sus tierras y toda su cosmogonía, tradición, cultura y demás cosas propias. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado por aplicar el control de convencionalidad, es decir, en todas y cada una de las resoluciones y actos deben estar fundamentados e incluidos los tratados internacionales. En esta tesitura de ideas podemos claramente observar que a través de muchos años de lucha y esfuerzo se han podido alcanzar o asentar algunas bases, tanto nacionales como internacionales, que establezcan la obligación del Estado mexicano de reconocer a las comunidades originarias como sujetos de derecho público y no solo de interés público. Con esta iniciativa se pretende otorgarles a los pueblos indígenas la capacidad para poder decidir sobre sí mismos y dejar atrás el sistema paternalista que sobre ellos se tiene. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta ciudadanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto y el inciso a), fracción VIII, párrafo segundo del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comunidades indígenas, para que los pueblos y comunidades indígenas seamos reconocidos como sujetos de derecho. Es hora de comenzar a resarcir la deuda histórica que se tiene con nuestros pueblos originarios. Por ello no habrá cuarta transformación sin el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país. Es cuanto.