El diputado Luis Antonio González Roldán: Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la Mesa. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas México aspira a construir una nación en la que impere el Estado de derecho, su aplicación y todos sus efectos, que hombres y mujeres sin importar edad, origen, ocupación o religión podamos convivir de manera pacífica, un Estado que proteja eficazmente los derechos humanos y promueva un desarrollo económico sustentable. Sin embargo, de manera alarmante, debemos reconocer que en los últimos años esta aspiración ha sido abruptamente interrumpida por una falta de visión de Estado. Establecer como imperativo categórico, proteger a las mexicanas y a los mexicanos a través de la lucha contra el crimen organizado como un eje toral para el cumplimiento del Estado de derecho no tiene justificación cuando se deja al país en una situación de emergencia nacional, 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos, resultado que deviene en dudas razonables sobre la estrategia del gobierno federal, deudas que la ciudadanía y la historia juzgarán por encima de mosaicos megalómanos. Máxime cuando esta estrategia sólo ha buscado combatir un fragmento del crimen organizado, dejando de lado varios sectores que laceran desmedidamente y cada vez con mayor obstinación al pueblo de México. Tratan de justificar la estrategia contra el crimen organizado como un imperativo categórico. Señoras y señores, es una falacia. El titular del Ejecutivo federal pretende asaltar nuestra inteligencia con su mensaje del VI Informe de Gobierno. Un imperativo categórico debe estar relacionado con un fin ético, como la felicidad traducida en un mayor bienestar para la mayoría. Pero de ninguna manera se puede considerar esta absurda lucha como un fin en sí mismo. La manifiesta insatisfacción e impotencia que se observa en la sociedad mexicana es un hecho tangible y alarmante, esta forma obstinada de la lucha contra el crimen organizado, y recalcamos: únicamente contra un sector del crimen organizado basado en un modelo policíaco y un enfoque de violencia criminal versus violencia estatal ha provocado lo que se ha experimentado en varios estados de la República, donde se ha generado un estado de psicosis permanente y difícilmente reversible a la población. Ante un compromiso tan fundamental con la nación mexicana no se puede eludir responsabilidades ni tratar de culpar a los gobiernos estatales y municipales de las fallidas y trágicas secuelas de una estrategia en la que no fueron considerados para su diseño e implementación y dicho sea de paso, respecto de la cual no se tiene o más bien no se quiere dar a conocer el documento que la sustenta. Son los gobiernos estatales y municipales y su población quienes hoy resienten y padecen en carne propia las consecuencias de la violencia que ha traído esta fatídica estrategia y simplemente expreso que esto no es de la estatura de un jefe de Estado de la nación mexicana. Formulo la siguiente pregunta: ¿De qué le sirve a las mexicanas y mexicanos saber que de 2006 a 2011 se sumaron 30 mil integrantes a la Policía Federal? No sirve de nada. Esta Policía Federal ha quedado muy lejos de demostrar ser eficaz. Pero también preguntémonos: ¿Cómo salen a las calles? ¿Con qué insumos? ¿Con qué estrategia? Tenemos que reconocer que por ahora solo el Ejército y la Marina pueden y han dado la cara por los mexicanos en el combate contra el crimen organizado. Sin embargo a México le urge una policía de clase mundial, no olvidemos que se encuentra pendiente el planteamiento del mando único en los estados e incluso la posibilidad de desaparición de policías municipales; este tema en la agenda legislativa no se podrá omitirse. Desde esta tribuna señalo que no es suficiente incrementar el número de policías, falta erradicar la corrupción al interior en estos cuerpos policíacos, capturar a los supuestos líderes de los grupos delictivos tampoco devuelve la seguridad y tranquilidad al pueblo de México, cuando es evidente que detrás de estos capturados hay decenas de criminales que se disputan esos espacios, y estas fracturas al interior de esas células delictivas generan la multiplicación de las mismas. Más policías, más detenidos, más encarcelados, no es un síntoma de mayor seguridad. Por el contrario, muestra la fuerza y capacidad de acción y replicación del crimen organizado. El sistema penitenciario es un claro ejemplo de esta situación. Sólo basta recordar lo sucedido en febrero de este año en el penal de Apodaca, Nuevo León, donde además de revelarse el problema tan grave de corrupción, murieron 44 personas. Uno de los argumentos de la actual administración federal para justificar su estrategia fallida contra la delincuencia organizada fue el grave problema de impunidad; sin embargo, reportes de organismos internacionales de protección a los derechos humanos señalan que las serias deficiencias en el sistema judicial en los mecanismos de supervisión y en los casos de violaciones a derechos humanos, la impunidad ha sido la norma. Es vital aceptar que en el estado de derecho la justicia no puede perseguirse a cualquier costo, ni violando las normas del debido proceso legal. En los últimos 20 años se ha podido acreditar el incremento en los casos de tortura, trato inhumano o degradante, violaciones a los domicilios de las personas sin orden judicial, detención arbitraria, entre otras; y, paradójicamente, los verdaderos criminales pueden ser puestos en libertad por éstas mismas razones. Este sexenio sin duda ha repuntado en violaciones a los derechos humanos. A un año de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y del artículo 107 de la Constitución General de la República referente al amparo, hace falta la mayoría de las leyes reglamentarias, siendo la Ley de Amparo una de las carencias más importantes y apremiantes. Compañeras y compañeros legisladores, hago un llamado a repuntar esfuerzos. Los exhorto a impulsar una protección efectiva de los derechos humanos. Con la finalidad de lograr un verdadero Estado de derecho, no bastan las buenas intenciones ni el voluntarismo político, menos aún la demagogia. Entendamos que los derechos son el sistema de valores de la comunidad y que el Estado es responsable de ellos. Esa responsabilidad no es pasiva, incuestionablemente implica el ejercicio de acciones positivas por parte de las autoridades. Sin duda la impunidad y la falta de certeza jurídica han llevado a una desconfianza generalizada. Las y los ciudadanos dudan de sus instituciones. Resulta más fácil confiar en lo que se publica en las redes sociales o en el rumor de los vecinos, a lo que la propia autoridad pueda afirmar o desmentir. Esta desconfianza, tenemos que reconocerlo, no es espontánea, surge de una débil cultura de la legalidad; una cultura que no se construye a partir de foros o publicaciones, tampoco con programas impulsados por las entidades de la administración pública federal. Requiere más que un simple esfuerzo burocrático o con cifras para engrosar un informe de gobierno. Una verdadera cultura de la legalidad surge de que se interioricen, gobernante y gobernados, el respeto a la ley. En este proceso la sociedad mexicana debe regirse bajo un orden de libertad y participación activa y no mediante la imposición, por más que las normas se presenten como indispensables o legales; la imposición difícilmente tendrá valor alguno si las normas no son legítimas. Sólo con normas legítimas alcanzaremos la verdadera cultura de la legalidad y el respeto irrestricto a la misma. Es evidente que las mexicanas y los mexicanos convergen en un reclamo: en cada rincón del país se garantice su seguridad. No más violencia, no más sangre. Ese es el mandato que nos dio la ciudadanía en su participación en la pasada jornada electoral. Es tiempo de responderles oportuna, completa y efectivamente. Señoras y señores legisladores, un estado de derecho es aquel que está facultado para hacer normas pero al mismo tiempo está sujeto a la norma que hace. Ese debe de ser nuestro gran compromiso. Es cuanto, señor presidente.