El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. En primer lugar quiero darle las gracias a mi grupo parlamentario. Manifestar una vez más mi inmensa lealtad y mi gratitud al Partido Acción Nacional, que respetando una tradición de libertad, de siempre darle la oportunidad a un diputado si no está de acuerdo con lo que decida el grupo, por objeción de conciencia venir a exponer mis puntos de vista, por lo cual voy a votar en contra de la modificación del artículo 116. Lo hago no por las cuestiones de forma a las que aquí se ha aludido, sino porque me parece que la reforma es inconstitucional. Me baso en el artículo 124 de la Carta Magna que señala las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales; se entiende reservada a los estados. Evidentemente, los requisitos para ser gobernador de una entidad federativa corresponde determinarlos al congreso local de esa entidad federativa. Estamos invadiendo el pacto federal. Estamos rompiendo con lo que es el auténtico federalismo. Yo les recuerdo a ustedes que aquí votamos la Ley para la Reforma del Estado y había temas como régimen político y de gobierno; había temas como la reforma al Poder Judicial, reformas electorales, reformas en garantías sociales y estaba el capítulo de federalismo. No hicimos nada con relación a descentralizar la vida nacional. Es una asignatura pendiente que traemos desde hace varias décadas, como en su oportunidad lo dijo don Jesús Reyes Heroles cuando afirmaba que en materia de federalismo era muy pobre lo que se había avanzado desde el surgimiento de la república en 1824. Y el argumento cuando se empezó a centralizar el poder en el caso de don Porfirio Díaz: él sostenía que las entidades federativas, que los estados eran menores de edad para precisar las cuestiones que le corresponden en su ámbito de competencia. Y ese es el único argumento al que se puede aludir en este debate, que los congresos locales no son lo suficientemente maduros, no son lo suficientemente sensatos para efectos de decidir los requisitos para el titular del Ejecutivo. Quisiera que reflexionaran, señores diputados, si de repente un congreso local pusiera los requisitos para ser presidente de la república. ¿Qué le podemos decir cuando nosotros estamos invadiendo su área de competencia? Y si nosotros violando el 124, ponemos requisitos para ser gobernador, preguntaría ¿y por qué no lo hacemos para el Poder Judicial y por qué no lo hacemos para presidentes municipales? Y entonces ya definitivamente, les sugerimos a los congresos locales que hagan a un lado sus constituciones locales y que se apeguen a la Constitución federal. Todavía recuerdo e hice esta referencia, es una gente que aprecio mucho y le reconozco su conocimiento jurídico, al diputado Carlos Armando Biebrich, que el congreso local modifica los requisitos para que él arribara a la gobernatura, para que fuera elegible a ese cargo. En las tesis del PAN, siempre hemos sostenido la subsidiariedad y lo recordaba un compañero diputado en la reunión previa, que no haga la entidad mayor lo que debe hacer la entidad menor, que no haga la federación lo que pueden hacer los estados, que no hagan los estados lo que pueden hacer lo municipios, que no hagan los municipios lo que puede hacer la familia y que no haga la familia lo que puede hacer el hombre. También se recordaba la definición de Manuel J. Clouthier, como una gráfica y una metáfora muy acertada para describir el principio de subsidiariedad: "que no tan sólo estén firmes los escalones de arriba, sino también que sean sólidos los escalones de abajo". Pero hay algo más que me preocupa profundamente: esta reforma a la Constitución tiene dedicatoria y, señores, esto es muy grave, no podemos legislar para el caso, no podemos ceder a una presión de quienes están interesados porque aspiran a esta posición en sus correspondientes entidades federativas. Atropella al estado de derecho, tiene efectos retroactivos, y con toda certeza nos condenaría a la opinión pública si esto lo aprobamos. Teniendo tantos retos nosotros modificamos la edad para ser gobernador. El argumento que dice el dictamen, que está en la exposición de motivos, es "para darle participación a los jóvenes". Señores, eso no se hace con normas jurídicas. La participación de los jóvenes se hace a través de los partidos políticos, a través de capacitación, a través de preparación y a través de consolidar liderazgos, no bajando requisitos para ocupar un cargo público. Y todavía, si eso no fuera suficiente, quisiera aludir al dictamen a discusión cuando se dice que debe tener 30 años cumplidos el día de la elección o menos, si así lo establece la Constitución Política de las entidades federativas, porque el argumento que se ha dicho es que algunos señores gobernadores se resisten a cierta gente y yo diría, si no aquí estamos abriendo la puerta para que un ejecutivo modifique la Constitución, a través de esos compañeros de partido, en el congreso local y pongan 18 años y entonces quieran manipular o quieran continuar su desempeño manipulando a un joven de 18 años. Algo da la edad. En esto debo hablar a título personal, no tan sólo se trata de estimular la juventud. Me adelanto al argumento de que ya el artículo 116 tiene alguna limitación a las entidades federativas, efectivamente el 116 dice: "Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: … —Y ahí dice— "Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección." Efectivamente, aquí sí hay una limitación a las constituciones locales, pero es algo muy claro y está abriendo derechos de la gente que tiene residencia, de la gente que ha nacido en una entidad federativa o tiene residencia. Pero lo más grave de todo. Vean el transitorio segundo: Las legislaturas de los estados deberán realizar las adecuaciones que correspondan a sus constituciones locales, así como a su legislación secundaria, en un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto. No tan sólo aplastamos a los congresos locales, los obligamos a que en 30 días aprueben la reforma constitucional de acuerdo al 135, formando parte del Constituyente Permanente, sino también a su ley secundaria. No puedo concebir que cometamos este atropello. Apelo a la conciencia federalista, apelo a nuestro anhelo de descentralizar la vida nacional. Ya no opera el criterio de que solamente la federación y el centro pueden decidir cosas acertadas. Traigo a colación mi último argumento —y con esto concluyo—: la moral es una cualidad matemática, es la exactitud aplicada a la valoración ética de las acciones. Si los argumentos jurídicos fueran escasos, apelaría a ustedes a la conciencia moral, a la conciencia ética para depositar su voto en contra. Agradezco a mi bancada su comprensión y dejo aquí este testimonio de algo que me parece que dañaría nuestra ya deteriorada imagen y violaría nuestro texto fundamental. Muchas gracias.