La diputada Laura Arizmendi Campos: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestra Constitución Política establece en el artículo 130, las bases sobre las cuales se asienta nuestro Estado laico. Para entender a cabalidad el contenido de sus postulados basta con acercarse a la historia política y social de nuestro siglo XIX. Una vez consumada la independencia de España, la lucha contra el enemigo exterior se transformó en un enfrentamiento intestino entre liberales y conservadores, quienes enarbolaban proyectos de nación irreconciliables entre sí. Los liberales tenían puesta la mira en la construcción de un Estado republicano y laico, que limitara los privilegios de la iglesia. Por su parte, los conservadores buscaban preservar el carácter confesional del Estado, siguiendo los preceptos heredados de la Constitución de Cádiz, la cual proclamaba a la religión católica, apostólica y romana como la única verdadera. Tan enconada fue la lucha, que el clero brindó todo su apoyo a la guerra civil, misma que estalló para oponerse al texto constitucional de 1857, el cual facultaba al Estado para legislar en materia religiosa. Luego de tres años de lucha, la entrada de Juárez a la capital del país en 1861, dejó constancia del triunfo liberal y con él, de la abolición del poder económico y de la potestad eclesiástica en materia de nacimientos, defunciones y uniones matrimoniales. Este periodo, ha escrito la historiadora Patricia Galeana, constituyó el tiempo eje de la historia mexicana, porque fue cuando se definió su estado republicano y laico. México se puso así a la vanguardia continental, pues solamente Haití había establecido un Estado laico con anterioridad. Los postulados del texto original de la Constitución Política de 1917, como la educación laica; la prohibición para que agrupaciones religiosas y ministros de culto establecieran y dirigieran escuelas primarias; la prohibición para que las asociaciones religiosas adquirieran o administraran bienes raíces; las limitaciones al culto fuera de los templos, entre otros, responden al empuje anticlerical heredado de los liberales del siglo XIX, el cual se fue suavizando a partir de la presidencia de Emilio Portes Gil y ha permitido a la iglesia ganar fuerza política. En razón de ello, desde hace cuando menos dos décadas, nos encontramos enfrascados en una lucha de carácter ideológico entre los defensores y los detractores del Estado laico. En el editorial aparecido en el Semanario Católico Desde la fe, de fecha 30 de octubre del presente año, titulado Vergüenza Legislativa, da cuenta de una nueva violación al Estado laico, impulsada por la jerarquía eclesiástica que se siente con el derecho de cuestionar el poder civil, con el objetivo de ejercer presión sobre éste y ganar espacios de decisión en los terrenos político y económico. Cuestionar el Estado laico es una forma de increpar libertades y derechos individuales y colectivos que se han ido consolidando a lo largo de 200 años de vida independiente. Recordemos que la laicidad está ligada a la conformación de instituciones y formas democráticas de ejercicio del poder, que hemos logrado consolidar a través del diálogo, la negociación y la participación social. Llama la atención, sin embargo, que la naturaleza laica de nuestro Estado haya quedado establecida en una ley secundaria, la de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y que en el texto constitucional que hoy nos rige el término laico sea mencionado sólo en el artículo 3o. para establecer que la educación se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa. Al artículo 24 constitucional hay que referirse cuando de libertad de creencias y de culto se trata, y al 130 por lo que hace al principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. En la legislatura pasada nuestro Grupo Parlamentario presentó una iniciativa de ley, para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano, reforma que nos parece fundamental para asegurar un trato igualitario a los seres humanos que profesen diferentes religiones y convicciones, para mantener el respeto al ejercicio de los derechos ciudadanos, cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión, para elaborar normas colectivas libres de convicciones particulares que estén por encima del Poder Civil y las instituciones públicas. Por lo anterior, condenamos toda manifestación de corte confesional termino, presidente que pretenda ir en contra de la libertad de conciencia y que busque imponer normas particulares para favorecer a un grupo. Movimiento Ciudadano refrenda su convicción a favor de la plena vigencia de un Estado laico. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.