La diputada Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, diputado presidente. La suscrita diputada federal Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión del Distrito Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II y demás relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 25; y se reforma el artículo 29, ambos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el fin de redelimitar la aplicación y procedencia del fuero de no procesabilidad de los servidores públicos del Distrito Federal, con fundamento en la siguiente Exposición de motivos Una de las actividades que más regulación requiere debido a la cantidad de atribuciones importantes que la Constitución y las leyes otorgan, es la función relativa al ejercicio del poder público, misma que debe ser realizada con estricto apego a los ordenamientos jurídicos, procurando siempre buscar el bienestar general en la población. Aunado a ello, todos los servidores públicos del Distrito Federal deben seguir el imperativo moral que rige su función, ya que la ética es uno de los principales fundamentos del Estado moderno democrático, actitud que debe ser reforzada con el correspondiente apoyo legal. De ahí que se haya creado la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en respuesta a la llamada renovación moral de la sociedad en el interés de combatir y erradicar la corrupción. La enorme responsabilidad de los altos funcionarios del Distrito Federal señalados en el artículo 111 constitucional, origina la creación de mecanismos protectores para que estos desarrollen libremente las responsabilidades adquiridas tras la aceptación del cargo que desempeñan y en donde el llamado fuero constitucional es el principal mecanismo protector, al establecerse su inviolabilidad por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos, por lo que jamás podrán ser reconvenidos por ellas, según lo previsto en los artículos 61 constitucional y 41 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Esto es el motivo principal que determinó el establecimiento del fuero, que se llama constitucional; fue evitar que una falsa acusación sirviera de pretexto para eliminar a algún alto funcionario de los negocios que le están encomendados e impedir las repentinas acefalias de los puestos importantes de la administración pública. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se refirió al fuero como el privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado dentro de los regímenes democráticos; es decir, es un impedimento legal para que quien goce de esta prerrogativa, no quede sometido a la potestad jurisdiccional. Por todo lo anterior y con la finalidad de otorgar un mínimo de protección al desarrollo de las funciones, que al mismo tiempo evite la impunidad mostrada por determinados servidores públicos a través de la actual garantía de no procesabilidad penal, se propone los siguientes cambios al régimen actual. Sustituir y atenuar la garantía constitucional de no procesabilidad penal por la garantía de procesabilidad en libertad. Prever las siguientes dos excepciones a la garantía de no procesabilidad penal. a) Cuando sea detenido en flagrancia cometiendo un delito calificado como grave por la ley penal federal, o que el juez que conozca el asunto de libre orden de aprehensión contra el servidor público del Distrito Federal cuando se le acuse por estos delitos. b) Cuando se encuentre separado de su encargo por licencia o suspendido por cualquier otro motivo y se le impute la comisión de un derecho calificado como grave por la ley penal. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos cuarto, quinto y sexto, al artículo 25 y reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Primero. Se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar como sigue. Artículo 25. Cuando se presente denuncia o querella por particulares, o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos a que se refiere el artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará en lo pertinente de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional, cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección determinará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado. Si a juicio de la Sección la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara para que ésta resuelva si continua o se desecha, sin perjuicio a reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. Para los efectos del primer párrafo de este artículo la Sección deberá rendir su dictamen en un plazo de 60 días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección. En este caso, se observarán las normas acerca de la ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político. Por cuanto hace los servidores públicos del Distrito Federal, a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, no se actuará de acuerdo con el procedimiento para la declaración de procedencia. Sin embargo, no podrán ser privados de su libertad hasta en tanto exista sentencia firme de la autoridad judicial que así lo imponga. Se exceptúa la posibilidad de libertad otorgada a los servidores públicos del Distrito Federal cuando concurran en alguno de los siguientes supuestos: a) Tratándose de la comisión de delitos graves, así calificados por la ley penal federal, sea detenido en flagrancia, o bien, exista una orden de aprehensión dictada por un juez competente. b) Se separe de su encargo por licencia o sea suspendido por cualquier motivo y se le impute la comisión de un delito calificado como grave por la ley penal federal. En cualquiera de los dos casos anteriores, los servidores públicos podrán ser detenidos?