La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza: Hoy me presento ante este Congreso de la Unión con una preocupación profunda por la iniciativa de la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, que propuso el presidente de México. Esta iniciativa, lejos de ser una solución, parece ser un paso atrás en la protección y la prevención contra los desastres naturales. Es importante destacar la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, en el año 2021, una herramienta que era esencial en la respuesta rápida y efectiva frente a catástrofes. La propuesta actual sugiere que sean los estados los que deban prever recursos para atender emergencias y reconstrucciones, un cambio que impone una carga desproporcionada sobre las entidades federativas y municipios, obligándolos, además, a contratar seguros y a buscar mecanismos financieros bajo una presión constante y muchas veces insostenible. Desaparecieron el Fonden por supuesta corrupción, corrupción que al día de hoy no ha podido probar este gobierno porque no hay ni detenidos, en consecuencia, no hay nadie en la cárcel por esta supuesta corrupción. No podemos tampoco pasar en alto el caso de Guerrero, donde el huracán Otis dejó destrucción y también desesperanza, tres horas fueron suficientes para cambiar el destino de Acapulco y afectar la realidad de casi un millón de personas. Una tragedia, que todos sabemos, pudo haberse reducido si el gobierno hubiera actuado con la previsión y responsabilidad que el momento exigía, desafortunadamente el gobierno no lo hizo de esta manera. A pesar de las alertas emitidas con más de 10 horas de anticipación por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el gobierno mexicano optó por la inacción, dejando a la población indefensa ante un desastre anunciado. Ya sabemos las dolorosas consecuencias y por lo que hoy está atravesando el estado de Guerrero, la ayuda no ha llegado y la que ha llegado pues claramente es insuficiente y mucho del trabajo que se ha hecho es gracias a la iniciativa privada. Esta iniciativa de ley, lejos de fortalecer nuestro sistema de protección civil parece desentenderse de la prevención, centrando sus esfuerzos en la reacción posterior a los desastres. Parece que el gobierno no ha entendido nada de las tragedias por las que hemos atravesado como país. Esta postura no solamente es insuficiente, también es peligrosamente limitada, como la mayoría de las cosas que propone el presidente y su grupo parlamentario. Definitivamente la austeridad y la ineptitud no pueden ser la respuesta de nuestro gobierno ante los desafíos que los desastres naturales representan. El tema de la protección civil resulta que no es importante para este gobierno morenista. Estamos, definitivamente, en muy malas manos. Además, la transición hacia un modelo de acuerdo de situación de emergencia y la sustitución de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios, por comités comunitarios de prevención y reducción de riesgos, sin un marco claro de acción y financiamiento, plantea serias dudas sobre la eficacia y rapidez de nuestra respuesta ante emergencias futuras. Y, no solo eso, compañeras y compañeros, como acostumbran en Morena y también sus aliados así se las gastan, hicieron trampa en la Comisión de Protección Civil, para sacar un dictamen a modo para poder satisfacer al inquilino de Palacio Nacional. Dejaron fuera el dictamen que buscaba asegurar los recursos financieros por parte del gobierno federal en casos extremos. Yo solo les digo desde esta tribuna, que detrás de cada cifra, de cada ley que nosotros discutimos y aprobamos aquí, hay vidas humanas, familias enteras cuya existencia puede cambiar radicalmente en cuestión de minutos, de horas, y el papel de este Congreso es proteger a los ciudadanos, anticipar los riesgos y actuar con responsabilidad y previsión, y no lo estamos haciendo.