La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Junta de Coordinación Política, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Auditoría Superior de la Federación que investiguen y, en su caso, determinen presuntas irregularidades por la entrega de recursos públicos por parte del gobierno del estado de Jalisco, para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral primero, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo con base en la siguiente Exposición de motivos Antecedentes. El día 24 de marzo del presente año, Emilio González Márquez, gobernador constitucional del estado de Jalisco, anunció en rueda de prensa en Casa Jalisco y en presencia del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, la donación de 90 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos de la Iglesia católica. El gobierno del estado anunció que se entregarían 30 millones y que los siguientes 60 millones de pesos se entregarían durante los años 2009 y 2010. El gobierno del estado de Jalisco ha realizado otras donaciones a favor de la asociación religiosa consistentes en: Primero, 15 millones de pesos para el Banco Diocesano de Alimentos, el 30 de mayo de 2007; un millón de pesos para la restauración del Templo de la Inmaculada Concepción de Yahualica, Jalisco, el 2 de marzo del presente año; el 25 de marzo de 2007 el gobernador anunció que invertiría 90 millones de pesos más para la Ruta del Peregrino, en Talpa, Jalisco. Y, según las siguientes Consideraciones De acuerdo con lo declarado por parte del mismo gobernador del estado el 24 de marzo de 2008, los recursos tienen objetivos espirituales y turísticos, al mencionar: "sin desconocer que tienen objetivos espirituales para quienes están impulsando esta obra, el gobierno ve la posibilidad de una gran derrama económica en la capital, de una gran derrama a los servicios turísticos que alrededor de ella se generarán". Como reacción al donativo, el día 26 de marzo del año en curso, Salvador Beltrán del Río, titular de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, aseguró que la donación hecha por el gobernador de Jalisco sí viola el Estado laico. No obstante, el 27 de marzo de este mismo año, el vocero del Arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño, aseguró que el donativo no es ilegal ya que el dinero no se entregó directamente a la Iglesia Católica; el cheque salió a nombre de una fundación legalmente constituida que se llama Fundación pro Construcción del Santuario de los Mártires. En una actitud de falta de transparencia por parte del gobierno del estado, no se ha precisado el origen de los recursos públicos donados a la construcción del santuario, incluso existen claras contradicciones. Por un lado, el gobernador de Jalisco afirmó que los recursos son producto de ahorros en el rubro de gasto corriente y serán a fondo perdido, lo cual resulta incongruente en virtud de que nos encontramos en el primer cuatrimestre del año. En tanto que el titular de la Secretaría de Finanzas indicó no estar en condiciones de informar qué partida sería afectada; si se trataría del presupuesto anual de la Secretaría de Turismo o de excedentes financieros o ahorros en el gasto corriente. Es claro que la donación de recursos públicos por parte del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, estaría violando en primer término el principio histórico de la separación del Estado y la iglesia, consagrado en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de vulnerar principios como el de discriminación y la libertad religiosa consagrados en los artículos 1o. y 24 de la misma Constitución. Asimismo, se estarían violando distintas disposiciones como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2008 y las reglas de operación de la partida 4304 denominada "Instituciones sin Fines de Lucro". Dichas reglas establecen claramente que las instituciones beneficiarias no deberán ser asociaciones religiosas y no estar afiliadas o hacer promoción a algún partido político. A mayor abundamiento, el donativo no fue incluido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2008 ni en el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco, por lo que se violaría lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución, que establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. De probarse la desviación de recursos públicos a fines distintos a los que fueron destinados, estaríamos también en presencia de acciones de carácter penal por ubicarse en los supuestos de peculado. El gobierno del estado pretende eludir la responsabilidad, argumentando que los 30 millones de pesos fueron entregados a la asociación civil Fundación pro Construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos, a través del ciudadano Juan Manuel Hernández como miembro del Comité de Finanzas de dicha asociación civil, y no a la Arquidiócesis de Guadalajara. Es evidente que el gobierno del estado de Jalisco ha intentado hacer una simulación, triangulando la entrega de los recursos públicos a una asociación civil para destinarlos a la construcción del santuario y favorecer con ello a la Iglesia católica. Lo anterior, violando lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que dispone que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna; tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Así también, violando lo dispuesto en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil que, en su artículo 3o. establece que no podrán entregarse apoyos ni estímulos a las agrupaciones u organizaciones que persigan fines religiosos. Los promoventes consideramos que resulta, a todas luces, incongruente querer argumentar que dicha asociación no persigue fines religiosos, cuando el propio nombre precisa que es para la construcción del santuario. Además, en el Consejo de dicha asociación civil, el mismo cardenal Juan Sandoval Iñiguez aparece como coordinador general, el obispo auxiliar Rafael Martínez Sáenz como integrante de la Comisión de Finanzas y el sacerdote Gildardo Partida Núñez como integrante de la Comisión de Atención Pastoral. Hay que señalar enfáticamente que los promoventes no planteamos una postura anticlerical, ya que la propia Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, aprobó recursos para el rescate histórico de los templos religiosos, como es el caso del municipio de Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México. Sin embargo, esta asignación se justifica plenamente ya que estamos en presencia de edificios históricos que forman parte del patrimonio cultural de la nación. En suma, y con el fin de deslindar responsabilidades, es necesario que la Secretaría de Gobernación, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, forme una comisión que investigue y determine presuntas infracciones a la misma ley. Lo anterior, toda vez que se presumen acciones de discriminación, preferencia y privilegio por parte del gobierno de Jalisco, a favor de una determinada asociación religiosa, consistente en la donación de recursos públicos para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 3o. de la mencionada ley. Asimismo, es indispensable que la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 36, 37, 38, inciso a), y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, lleve a cabo una revisión de situación excepcional; ello a efecto de determinar si los recursos públicos donados por el estado de Jalisco para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos son de carácter federal, total o parcialmente. Cabe señalar que dicha donación asciende a 100 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que justifica —de acuerdo a la fracción a) del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación— la procedencia de la revisión de situación excepcional. Así, se solicita que de ser el caso, determine los daños y perjuicios a la Hacienda Pública federal y finque directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta asamblea los siguientes Puntos de acuerdo Primero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, proceda a conformar una Comisión que investigue y determine las presuntas infracciones a dicho ordenamiento, en la donación de recursos públicos por el titular del estado de Jalisco, para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos. Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo una revisión de situación excepcional, a efecto de determinar si los recursos públicos donados por Jalisco para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos son de carácter federal, total o parcialmente, y de ser el caso, proceda, en los términos del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de abril de 2008. Firman, Javier González, Marina Arvizu, Alejandro Chanona, Emilio Gamboa, Gloria Lavara y Ezequiel Reynoso. Es cuanto, Presidenta. En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.