La diputada Modesta Flores Alonso: Con su permiso, diputada presidenta. El 21 de agosto de 1942 los gobiernos de Estados Unidos y México suscribieron un convenio internacional de trabajadores temporales, que tenía como finalidad hacer posible la entrada a los Estados Unidos de trabajadores mexicanos, para cubrir el déficit de mano de obra originado a raíz de la participación de este país en la Segunda Guerra Mundial. Fueron más de 4.6 millones de trabajadores mexicanos los que trabajaron como braceros en los Estados Unidos. Dicho convenio establecía la creación del llamado Fondo de Ahorro Campesino, el cual se constituía mediante la deducción de un 10 por ciento de los salarios de los trabajadores mexicanos braceros. Los patrones hacían la deducción y depositaban esos recursos en cuenta del gobierno estadounidense y este a su vez, al término de cada año fiscal transfería todo este dinero al gobierno de México, quien tenía la obligación de reembolsarles sus ahorros a los trabajadores ex braceros, una vez que ya estuviese de regreso en sus comunidades. Cosa que nunca ocurrió. Cabe mencionar que el 20 de febrero de 2016, la jueza segunda de distrito en materia administrativa, Paula María García Villegas Sánchez Cordero emitió sentencia en la que se señala que de acuerdo con estimaciones de especialistas, el dinero retenido más los intereses generados en 65 años, suma más de 5 millones 90 mil 231 millones de pesos, lo que repartido entre 4 millones 678 mil contratos firmados en dicho programa, se presenta un aproximado de un millón 96 mil pesos para cada trabajador o beneficiario. Ahí se precisa que la cantidad de 38 mil pesos entregado a una parte de los quejosos, en marzo de 2012, por el gobierno de Felipe Calderón, constituye una falta de respeto a los braceros. Además, ordena al gobierno mexicano la creación de un banco de datos y nombre de los ex braceros y beneficiarios de estos, a efecto de determinar qué personas tienen derecho al pago del fondo de ahorro. Ante esto, el presidente de México interpuso un recurso de revisión que fue turnado al Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Días ante de que este resolviera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición de la Procuraduría General de la República atrajo el caso. La Segunda Sala de la Suprema Corte analiza los expedientes que amparan a 5 mil 600 ex braceros cuya edades entre los 70 y 90 años, así como de sus viudas e hijos que reclaman se les entreguen los recursos generados por su participación en el programa Bracero, que pacta México-Estados Unidos. En estos años la conducta del gobierno ha sido de ocultar la verdad, de evadir su responsabilidad y de afectar, a sabiendas del daño a millones de trabajadores. A la fecha siguen existiendo trabas burocráticas para no cumplir con lo señalado en la ley que crea el fideicomiso que administrara el Fondo de Apoyo Social a Ex Trabajadores Migratorios de 2005. Es por eso que hoy, el Grupo Parlamentario de Morena presenta esta iniciativa, con el fin de que se abran nuevas mesas receptoras y se acepten los documentos en los que cuentan nuestros hermanos ex braceros, para que el gobierno federal termine de una vez de pagarles lo que por derecho les corresponde. Es hora de hacer justicia. Gracias, diputada presidenta.