El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, un Estado laico respeta y garantiza los derechos de libertad de pensamiento, conciencia, creencia, culto, expresión y asociación. La laicidad es requisito esencial para la existencia de un gobierno que posibilite el pluralismo, la democracia y la diversidad. La laicidad supone la armonización de cuatro principios: respeto a la libertad de conciencia y la práctica individual y colectiva; la autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares; igualdad ante la ley sin excepción y la no discriminación directa o indirecta hacia las personas. Asuntos relacionados con la educación sexual y reproductiva de las personas, la planificación familiar, la prevención y atención de las enfermedades de transmisión sexual, la educación sexual dentro de la familia y en las escuelas y en diversos temas, y su relación con determinadas creencias religiosas, han derivado enfrentamientos y conflictos entre las leyes y los dogmas. Ejemplo de ello es la presencia de funcionarios públicos con posturas conservadoras respecto al uso del condón; la anticoncepción de emergencia, la educación sexual a jóvenes; el ejercicio de la sexualidad; la diversidad sexual, las cuales anteponen creencias personales y religiosas a la responsabilidad de diseñar e instrumentar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, apegadas meramente a criterios científicos y laicos. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones de orden político y/o jurídico, es de suma importancia que ninguna religión o convicción particular se relacione con las decisiones y acciones del gobierno, en la elaboración de normas jurídicas y en el diseño e instrumentación de las políticas públicas relacionadas con la protección de la salud sexual y reproductiva. Las manifestaciones de la propia religión y creencias tienen límites que deben estar contenidos en las leyes, para no obstaculizar el acceso a este derecho. Acorde con ello y dado el carácter laico del Estado mexicano, es condición imprescindible para garantizar el acceso a la protección de la salud sexual y reproductiva. En mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a la consideración de esta soberanía los siguientes Puntos de acuerdo Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública, a vigilar que las políticas públicas y programas instrumentados en materia de salud sexual y reproductiva; población, planificación familiar, educación sexual y prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual, se apliquen con base a criterios laicos, científicos, y acordes con los estándares previstos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano. Segundo. Se exhorta a las legislaturas locales para poner en marcha mecanismos para asegurar y supervisar los procesos de armonización legislativa necesarios en materia civil y penal, entre los ámbitos federal y local, para proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Señor presidente, le solicito que el texto íntegro quede inscrito en el Diario de los Debates. Quiero agradecer a mis compañeros diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista, del PRI, del PRD, del PT, de Convergencia y al mismo Grupo de Nueva Alianza el apoyo que han dado a este punto de acuerdo. Muchas gracias, compañeros diputados.