La diputada Paloma Canales Suárez: Compañeros y compañeras legisladores, constituyen aspectos sustancial en nuestra tarea legislativa continuar desarrollando el derecho humano a la igualdad entre mujeres y hombres consagrado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna. Asimismo, a partir del reconocimiento del principio de igualdad y de no discriminación establecido en el artículo 1o. constitucional, surge el recordatorio elemental de que a pesar de que aunque mujeres y hombres no somos biológicamente iguales, no existen diferencias entre ambos en el tema de las capacidades y habilidades intelectuales como queda consagrado en nuestra Carta Fundamental, así como en las declaratorias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas. No obstante, como bien se destaca en el primer dictamen que nos ocupa, en el ámbito deportivo pareciera que las necesidades de las mujeres no son importantes, por lo que no se prevén medidas para otorgarles las mismas oportunidades de participación y desarrollo, de tal suerte que las mujeres deben desenvolverse en ámbitos deportivos creado por y para los hombres masculinizando de alguna forma su actividad, por lo que la mujer continúa quedando en una marcada desventaja. Es necesario recordar también, que de acuerdo a datos del conteo de población realizado en el 2015 por el Inegi, hay 3.4 millones más de mujeres que de varones en el país. Es decir, por cada 94 hombres existen 100 mujeres mexicanas. Derivado de lo anterior, resulta necesario que la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres fomente el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas que se practican en nuestro país. Por esta razón es prioritario reconocer la necesidad de crear un andamiaje legal que contribuya al desarrollo de la participación igualitaria de mujeres y hombres en el ámbito económico y de toma de decisiones, así como en la vida social, deportiva, cultural y civil de nuestro país. Paralelamente, en cuanto al segundo dictamen, resulta indispensable avanzar en un tema tan importante y delicado como es la igualdad laboral entre mujeres y hombres a través de la revisión permanente de los ordenamientos relativos que integran nuestra legislación nacional. Partiendo de lo consagrado por el artículo 1o. constitucional que prohíbe cualquier tipo de discriminación, y pasando por el contenido de las leyes Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, sin dejar de mencionar por supuesto los instrumentos internacionales adoptados por nuestro país, podemos apreciar fielmente el compromiso del Estado mexicano por erradicar el fenómeno de la violencia laboral. Sin duda alguna el que se les niegue el acceso a las mujeres a más y mejores oportunidades laborales, además de ser un acto discriminatorio por razones de género, también representa una violación a los derechos humanos y a un trabajo digno, a un salario bien remunerado, de acuerdo a las actividades que realizan. En México, cifras del Inegi evidencian que el 26.6 por ciento de las mujeres asalariadas han enfrentado alguna vez actos de discriminación laboral tales como la negativa al acceso o permanencia en el trabajo por cuestiones relacionadas con la edad, estado civil o la maternidad. Finalmente, por lo que se refiere al tercer dictamen que hoy nos ocupa, es incuestionable la importancia de desarrollar las medidas de protección establecidas en la ley para los casos de agresiones cometidas en el ámbito laboral, por lo que es bienvenida la reforma propuesta, ya que establece una nueva acción de tutela de las víctimas que sufren este tipo de violencia. Por lo anterior, en el Partido Verde Ecologista de México nos pronunciamos a favor de los dictámenes que hoy nos ocupan, ya que consideramos fundamental la creación de acciones afirmativas en favor de las mujeres que contribuyan a la eliminación de estereotipos y fomentar condiciones de igualdad en la práctica deportiva que realizan mujeres y hombres en nuestro país. De igual manera, nos sumamos al esfuerzo por consolidar el proceso de armonización de nuestro sistema jurídico buscando en todo momento la promoción y protección de los derechos humanos, especialmente en este caso que se refiere en asegurar los derechos de las mujeres al acceso equitativo a sus condiciones laborales, así como aquellos que tiendan a garantizar con la implementación de medidas concretas la protección de las víctimas de agresiones ocurridas en espacios de trabajo, en función de su interés superior. Es cuanto, diputada presidenta.