El diputado Elpidio Tovar de la Cruz (PRD): Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros y compañeras diputadas: La poca información o el desconocimiento que los migrantes mexicanos o extranjeros tienen sobre la ley mexicana, ha facilitado la violación de las garantías de éstos y propiciado actos que pueden redundar en actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia por parte de los servidores públicos o incluso responsabilidades de tipo penal, los cuales están encargados de los servicios aduanales y migratorios, obligándolos a pagar infracciones ficticias que fácilmente pueden ser arregladas mediante gratificaciones o regalos. En el caso de que los migrantes sean sujetos a ser parte de acciones inaceptables, por parte de los servidores públicos, se presenta la existencia de 2 vertientes: una en el sentido de que algunos funcionarios mexicanos crean obstáculos para el ingreso de artículos, que en muchos de los casos son absolutamente personales y permitidos por la ley; y otra, debido al desconocimiento de los migrantes, al pretender ingresar a nuestro territorio artículos que por su naturaleza no es posible considerarlos como de legal ingreso sin los trámites y pagos aduanales respectivos, situaciones por las cuales son víctimas por parte de servidores públicos, además se produce un detrimento al erario público como consecuencia del ingreso de mercancías sin el debido pago arancelario. Diversas fuentes de información señalan que aproximadamente la mitad de los atropellos y conductas delictivas que sufren los migrantes son cometidas por la autoridad, incidiendo principalmente en responsabilidad administrativa y penal. Independientemente de las citadas violaciones, los migrantes en México sufren también de una falta de acceso al debido procedimiento de intercepción y detención, puesto que es común que las autoridades soliciten documentos sin que exista motivo, ya que las características físicas, vestimenta e incluso el olor, son razones suficientes para generar sospecha de que la persona se encuentra indocumentada. En algunos casos, las autoridades injustificadamente decomisan los documentos de los migrantes y para el caso de que sean detenidos suele suceder que no se otorgue información alguna en cuanto al motivo de su captura. Estos abusos serán disminuidos o erradicados designando un asesor jurídico en funciones de procurador del migrante, a efecto de garantizar que la función pública de las autoridades encargadas sea apegada a las garantías individuales de las personas que ingresan al territorio nacional. Por ello, a efecto de evitar que los migrantes sean presa fácil de los servidores públicos, se propone otorgar a las oficinas consulares la facultad de difundir, asesorar y proteger los derechos de los migrantes desde que éstos preparan su viaje a nuestro país, evitando así el abuso de los servidores públicos, ya sean aduanales o migratorios; previniendo de esta manera las conductas en que pudieran incurrir y la posibilidad de ingresar artículos que tienen un límite de internación al territorio nacional; por lo tanto, se propone adicionar un inciso al artículo 44, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. La presente iniciativa también atiende el espíritu de las recomendaciones del alto comisionado para los Derechos Humanos, en las cuales se planea la creación de una procuraduría de atención y defensa a migrantes, que tenga mandato para defender los derechos de todos los migrantes, mexicanos o extranjeros, incluyendo a los que se quedan y a los que sólo transitan por México. De esta situación no se pretende con esta medida, generar nuevos órganos burocráticos para la defensa de las garantías de los migrantes. Esta propuesta se encuentra basada en instituciones con las que ya cuenta el Estado mexicano, únicamente lo que se hace es ampliar las facultades ya otorgadas y se propone que en uso de las facultades con que actualmente cuentan los asesores públicos, de acuerdo con el artículo 4, inciso II de la Ley Federal de Defensoría Pública, sería posible hacer una adición de un tercer párrafo, en el cual se les habilitaría a dichos servidores para asesorar y en un momento dado a procurar, a favor del migrante, en la protección de sus derechos ante los puntos fijos de revisión migratoria y las aduanas en los cuales estén adscritos. Asimismo, se propone la modificación de los artículos 50 inciso II de la Ley Aduanera y 10 de la Ley General de Población, a efecto de que los referidos defensores estén legalmente constituidos en las oficinas federales competentes. Se propone actualizar en la Ley General de Población las denominaciones de las Secretarías de Estado contempladas en el artículo 10 a fin de ser congruentes al referirse a ellas. Por otro lado, tiene como pretensión proporcionar un mejor conocimiento de los derechos de los migrantes, su defensa y la disminución de las conductas señaladas, evitando, como consecuencia, el detrimento del erario público. En otro orden de ideas, es necesario destacar la honorabilidad con que se ha desempeñado el cuerpo de defensores y asesores públicos, dependiente del Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano del Poder Judicial de la Federación, situación por la cual, si no se erradicaría al menos se reducirían las hipótesis planteadas en las aduanas y puntos fijos de revisión, de tránsito de personas al territorio nacional. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente proyecto que reforma los artículos 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública; 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; 50 de la Ley Aduanera y 10 de la Ley General de Población. Artículo primero. Se adiciona un inciso al artículo 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue: Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de: III. Asesores en funciones de procuradores en las aduanas y en los puntos fijos de revisión migratoria, en defensa de los derechos de los migrantes que ingresen al territorio nacional. Artículo segundo. Se adiciona un inciso al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para quedar como sigue: Artículo 44. Corresponde a los jefes de oficinas consulares: VIII. Difundir, asesorar y proteger los derechos de los migrantes que pretenden ingresar al territorio nacional. Para efectos del último párrafo, la secretaría podrá establecer las oficinas consulares de mayor prioridad para la realización de los programas masivos de difusión. Artículo tercero. Se adiciona un párrafo al inciso segundo del artículo 50 de la Ley Aduanera para quedar como sigue: Artículo 50. Inciso II. Activar el mecanismo de selección automatizado que determine si el reconocimiento a que se refiere la fracción anterior debe practicarse. Los asesores jurídicos en funciones de procuradores, designados por el Instituto Federal de Defensoría Pública, tendrán acceso a lugar físico en el cual se practique el reconocimiento de mercancía a que se refiere la fracción I del presente artículo. Las empresas que presten el servicio internacional de transporte de pasajeros tendrán la obligación de proporcionarles la forma oficial de declaración señalada en este artículo. Artículo cuarto. Se adiciona un párrafo al artículo 10 de la Ley General de Población para quedar como sigue: Artículo 10. Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados al tránsito de personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salud, Relaciones Exteriores, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y en su caso, la de Marina. Asimismo consultará a las demás dependencias y organismos que juzgue conveniente. En los puntos fijos de revisión establecidos conforme a las disposiciones de esta ley habrá por lo menos un asesor jurídico en funciones de procurador, designado por el Instituto Federal de Defensoría Pública, a efecto de asesorar y proteger los derechos de los migrantes que pretendan ingresar al territorio nacional. Artículo Transitorio: Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solicito, señora Presidenta, sea incluido íntegramente el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.