El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial. El senador David Jiménez González.- Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados y senadores: Sin duda, para ninguno de nosotros es ajeno el saber y el conocer que toda ley ordinaria y secundaria, debe de estar acorde con la Constitución; y en ella encontramos -es decir en la Constitución- una serie de preceptos en donde se encuentran plasmadas las garantías que todos los mexicanos conocemos como "garantías constitucionales". Estas garantías constitucionales vienen siendo pieza fundamental dentro de nuestro estado de derecho. Dentro de ellas, destacan, por su naturaleza, dos garantías que son indispensables dentro de los actos de autoridades que pudieran lesionar la esfera de los gobernados. Estas dos garantías se encuentran plasmadas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Fundamental: la garantía de audiencia y la garantía de legalidad. Esta garantía de audiencia y garantía de legalidad, son las que permiten al gobernado el de poder establecer un medio de defensa contra cualquier acto de autoridad arbitrario o ilegal que pudiera lesionar la esfera de todo gobernado. Por eso, el día de hoy, al presentar esta iniciativa con proyecto de decreto, en el cual pido que se reforme el primer párrafo del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, tiene por objeto el de establecer una concordancia entre lo que establece este precepto de la citada ley con la Constitución. Hoy día, el artículo 192, prohíbe, expresamente, entre otras pruebas como la confesional, la testimonial y esto no tiene la menor duda que viene a lesionar un medio de defensa de todo gobernado que se encuentre dentro de los supuestos que establece la propia Ley de la Propiedad Industrial. Nosotros sabemos que en el artículo 14 de la Constitución en el cual se establece con toda claridad que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos si no es mediante un juicio que se siga ante los Tribunales previamente establecidos, en donde se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, para que de esta manera podamos, desde luego, satisfacer los requisitos legales de cualquier acto de autoridad. Ahora bien, podríamos decir que, en relación con esta garantía de audiencia y legalidad, pues procedería contra los actos de las autoridades administrativas o las autoridades judiciales que pudieran tener ese efecto, el de poder lesionar esa garantía cuando uno de sus actos llevaran consigo o por su propia naturaleza, un acto de privación, pero nosotros nos preguntaríamos: ¿Qué solamente estas autoridades, las administrativas o las judiciales, son las que pueden llevar a efecto esto? Yo contestaría que no, sino también nosotros, los legisladores, podemos establecer un acto de privación cuando consignamos en algunos de los preceptos, como es el caso del artículo 192, en donde se establece una prohibición en cuanto a la presentación de las pruebas, tanto testimoniales como la confesional. De ahí resulta que la iniciativa que yo someto a su consideración, tenga por objeto el de que suprimamos dentro de este precepto, la prohibición del ofrecimiento de la prueba testimonial. Sabemos que en todo juicio las pruebas son fundamentales para la demostración de un hecho o de un acto, de su existencia o de su inexistencia. De tal suerte, que si nosotros establecemos en este precepto, en el 192 y lo mantenemos tal y como está, estamos lesionando fundamentalmente una de estas garantías constitucionales, la garantía de audiencia y la garantía de legalidad. Por eso es tan importante el que dejemos a salvo esa garantía constitucional y suprimamos desde el primer párrafo de artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, el de la prohibición de la prueba testimonial. En los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa de marcas y patentes, nosotros habremos de considerar que es admisible todo tipo de pruebas; por consiguiente, no debemos por qué dejar en este precepto, la prohibición de la prueba testimonial. Por eso quiero presentar a consideración de ustedes y pido a la Presidencia que en el Diario de los Debates de esta Comisión Permanente, se inserte íntegramente mi iniciativa, pues quiero dejar la propuesta en el cual suprimamos este impedimento de la presentación de una prueba testimonial, de tal manera que la iniciativa con proyecto de decreto que someto a su consideración, la del primer párrafo del artículo 192 de la Propiedad Industrial, debería quedar como sigue: "Artículo 1. Se reforma el primer párrafo del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar: Artículo 192. En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional, salvo que la confesión esté contenida en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho". Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta ley, se otorgará valor probatorio a las facultades o facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario. De tal manera, estimadas compañeras y estimados compañeros, esta es la propuesta que hago yo de modificación a este precepto que consideramos que es contrario a la Constitución, porque va en contra directamente de la garantía de audiencia y de legalidad. De tal suerte que queda a su disposición, señor Presidente, esta iniciativa para que sea turnada a las Comisiones para su estudio y dictamen. Muchas gracias por su atención. El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor senador David Jiménez. Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores. Esta Presidencia recibió de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática, iniciativa que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Uidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escarraga, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente propone al doctor Jorge A. Bustamante Fernández, como candidato para recibir el Premio Nóbel de la Paz, suscrita por diputados y senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.