El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Gracias. La evolución de las instituciones jurídicas y del marco jurídico que rige la vida nacional constituye un factor que influye en el desarrollo económico, político y social de nuestro país y, por consiguiente, en la mayor seguridad jurídica para los gobernados, entre otros muchos beneficios. En nuestro país, la figura de la expropiación ha tenido un avance acorde con la realidad nacional a pesar de que la ley que la rige data del año de 1936. La dinámica económica y política en que el país ha estado inmerso en los últimos años por un lado con la suscripción del Acuerdo de Cooperación Económica con la Unión Europea, en abril de 1991, y del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en diciembre de 1992, y por otro con el avance de la reforma política para el Distrito Federal, que otorgó mayor autonomía de gobierno a esta entidad federativa, ha hecho necesaria la reforma de dicha ley en 1993 y 1997. La Ley de Expropiación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936, y que en esta ocasión se propone reformar, ha tenido en total tres reformas, incluidas las que he señalado con anterioridad. La primera reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1949, con objeto de incorporar como causas de utilidad pública la construcción de oficinas para el Gobierno Federal. La segunda reforma fue publicada en dicho órgano de difusión federal el 22 de diciembre de 1993 y tuvo por objetivo, como se apuntó líneas arriba, realizar una serie de cambios que se requirieron fundamentalmente para suscribir el Tratado de Libre Comercio para América del Norte y que consistieron en otorgar mayor seguridad jurídica a los particulares en los procedimientos expropiatorios, destacándose entre otros aspectos que el precio que se fijara como indemnización deberá ser el equivalente a su valor comercial. La tercera reforma de dicho ordenamiento fue publicada en el referido órgano de difusión el 4 de diciembre de 1997, a fin de dotar al entonces nuevo jefe del Gobierno del Distrito Federal de la facultad para declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio, en los caos en que se tienda a alcanzar un fin cuya realización competa al gobierno local del Distrito Federal, conforme a sus atribuciones y facultades constitucionales. El actual texto del artículo 10 de la Ley de Expropiación dispone que el precio a fijar por la indemnización del bien expropiado será equivalente al valor comercial, sin que pueda ser inferior éste en el caso de bienes inmuebles; y que para su determinación, el actual Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales se basará en el valor catastral del bien. Por su parte, la Ley Agraria, aprobada por este órgano legislativo el 25 de febrero de 1992, como ley sustantiva en materia agraria, determina un régimen jurídico especial para la expropiación de bienes que tienen la característica de ejidales y comunales, estableciendo en su Título Tercero, Capítulo Cuarto, que dicha expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Asimismo, dicho ordenamiento agrario ordena que la expropiación debe hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización; y que el monto de la misma será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, hoy Instituto de Administración de Avalúos y de Bienes Nacionales, atendiendo desde luego, todo ello, al valor comercial de los bienes expropiados. Tanto la Ley de Expropiación como la Ley Agraria determinan la fórmula que debe prevalecer en el pago de la indemnización, la cual deberá tomar en cuenta el valor comercial estricto de los bienes en cuestión. En los últimos tiempos, el Estado mexicano, a través de sus órganos competentes, ha enfrentado una aguda problemática para definir la justa retribución económica por la expropiación de bienes inmuebles, en donde el pago de la indemnización no se efectuó dentro del plazo previsto en la Ley de Expropiación, ya que si bien es cierto que la ley ordena que la misma se cubra a valor comercial, también lo es que no existe una previsión legal clara sobre qué criterio aplicar cuando la indemnización deba cubrirse tiempo después de haberse emitido y consumado el acto de afectación. En efecto, muchos son los casos que reclaman indemnizaciones por expropiaciones de inmuebles efectuadas mucho tiempo atrás y en donde la indemnización que se fijó ya no es equivalente a los índices inflacionarios actuales y que, al no existir normas específicas aplicables, los afectados demandan indemnizaciones superiores y muchas veces desproporcionadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los últimos años, respecto de diversos asuntos en materia de amparo planteados para su conocimiento, ha venido sosteniendo el criterio de que el valor comercial debe estar acotado en el tiempo al justiprecio del inmueble en la época y en las condiciones que tenía en la época en que se dieron las violaciones constitucionales. Asimismo, la propia Corte también ha determinado, ante la ausencia de norma vigente, que además de la aplicación del criterio anterior, el valor comercial deberá actualizarse durante el periodo transcurrido desde que ocurrió la violación constitucional, hasta el momento en el que el propio órgano jurisdiccional determina el pago de la indemnización. Lo anterior mediante el factor de actualización que establece el artículo 7, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estas condiciones, y para lograr una adecuada claridad y coherencia entre las disposiciones legales y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia, estimo indispensable modificar la Ley de Expropiación y la Ley Agraria, a fin de incorporar un criterio único que deba prevalecer en los casos en que los pagos de indemnización derivados de actos expropiatorios se tomen en cuenta las condiciones y características de los bienes expropiados en el momento de su afectación, así como el factor de actualización correspondiente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de la honorable Asamblea y a este Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la Iniciativa de decreto por el que se adiciona la Ley de Expropiación y se reforma la Ley Agraria Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Expropiación, para quedar en los siguientes términos: Artículo 10. El valor comercial que deberá tomarse en cuenta para el pago de la indemnización será aquel que posee el bien en el momento de la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación y se actualizará dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo con el índice más antiguo del mismo periodo. Artículo Segundo. Se reforma el artículo 94 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria; deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población. El monto de la indemnización será determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados en el momento de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el cual se actualizará exclusivamente dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo con el índice más antiguo de dicho periodo. En el caso de la fracción V del artículo anterior, para fijar el monto de la indemnización se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. Transitorio Único. La adición del artículo 10 de la Ley de Expropiación y la reforma del artículo 94 de la Ley Agraria entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2005. Diputado Federal Jesús González Schmal. Muchas gracias, señor Presidente.