El diputado Leonardo Alvarez Romo (PVEM): Con su venia, diputado Presidente por tempo. Compañeras y compañeros legisladores: Las funciones básicas del Estado en el ámbito económico, son la asignación de recursos, distribución, estabilidad, crecimiento y vigilancia de un perfil de desarrollo sustentable. En este sentido la intervención que el Estado tiene en la economía, debe ser con fines compensatorios o correctivos ante la pérdida de actividad o ante el creciente deterioro del ambiente. En este sentido como legisladores preocupados por el desarrollo de los pueblos indígenas y teniendo como objetivo su plena incorporación al desarrollo nacional, debemos fortalecer la responsabilidad constitucional que el Estado tiene de conducir el desarrollo nacional e incorporar a éste los procesos de planeación, coordinación y orientación de la actividad económica. Como Partido Verde defendemos que el campo y todo lo que representa desde el punto de vista social, productivo y ambiental, debe ser considerado como estratégico y prioritario para el crecimiento y desarrollo sustentable de los pueblos indígenas. El deterioro ambiental en el campo es evidente. Paralelamente a este proceso se observan grandes debilidades productivas y poco apoyo a las comunidades indígenas. El sector tiene un crecimiento pobre derivado del débil apoyo gubernamental para el fomento de las actividades agrícolas y el desarrollo del sector agropecuario. Las reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero del ´92, así como su legislación reglamentaria, no han dado de ninguna manera los resultados esperados para el desarrollo del campo ni en lo productivo ni en la protección al ambiente y mucho menos al desarrollo social en el campo, olvidando deliberadamente el desarrollo de los pueblos indígenas. Por lo anterior, consideramos apremiante tomar medidas que permitan modificar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el fin de que se incorpore dentro de sus funciones el apoyo y fomento de actividades agrícolas con el fin de que las actividades mencionadas sean sustentables, permitiendo con esta iniciativa una mejor inserción de los pueblos indígenas en el desarrollo del sector campesino, social y de los mismos olvidados y los pobres entre los pobres: los hermanos indígenas. La promoción de esquemas de producción agrícola y sustentable en nuestras comunidades indígenas deben tener en cuenta criterios fundamentalmente de rentabilidad social que permitan dar a nuestras comunidades arraigo, certidumbre económica y mejores niveles de adaptabilidad al campo. El sistema de apoyos debe impulsar nuevas alianzas entre el mismo sector social con el sector privado en forma de asociaciones, organizaciones y sociedades capaces de enfrentar los retos de la competitividad, mediante la adopción de tecnologías más avanzadas que respeten el medio ambiente. Es necesario que los apoyos contribuyan, sobre todo a la recuperación y conservación de bosques y selvas y a la reducción de la erosión de los suelos y la contaminación de las aguas, favoreciendo así el desarrollo de una cultura de conservación de los recursos naturales. En este sentido es necesario poner en marcha programas que implementen esquemas de producción agrícola que permitan un desarrollo rural sustentable, que tomen en cuenta no solo indicadores de rentabilidad social sino también de sustentabilidad ambiental en un marco de respeto al conocimiento productivo tradicional de las comunidades indígenas y rurales involucradas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente. Por ser del más alto interés nacional apoyar el desarrollo sustentable de nuestras comunidades indígenas y de sus productores, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias.