LA C. PRESIDENTA: Gracias señor Diputado. Insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en La Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos. Esta Presidencia quiere corregir el turno dado a la Iniciativa presentada por la Diputada Silvia Alvarez Bruneliere, la cual fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y debe agregársele: la Comisión de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, así que queda turnada a tres Comisiones. La siguiente Iniciativa que sería presentada por el Diputado Juan Carlos Pallares Bueno se pospone para próxima reunión. Igualmente la agendada por el Diputado Rogaciano Morales Reyes. Tiene la palabra el Diputado Jaime Salazar Silva, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar una Iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Federal. -EL C. DIPUTADO JAIME SALAZAR SILVA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados. La presente Iniciativa tiene por objetivo fundamentalmente reglamentar la reciente Reforma al Artículo 113 Constitucional en su segundo párrafo, ampliar la esfera jurídica de los gobernados, combatir la impunidad en la Administración Pública Federal, establecer medios de defensa en contra de los actos irregulares de la propia Administración Pública Federal, equilibrar el interés privado con el interés público y generar estándares de eficacia en la Administración Pública Federal. La responsabilidad directa y objetiva de la Administración Pública Federal se apoya en los conceptos de la teoría del órgano y de la titularidad de los servicios públicos Esto es, que el propio Estado resulta directamente responsable por su actividad administrativa estableciéndose la posibilidad de repetir contra el servidor público que cause el daño cuando este prevenga de una falta grave. Esta teoría se ha calificado de objetiva en tanto se espera separa definitivamente de los principios subjetivos civilistas de la culpa ya que estos últimos son insuficientes cuando el Estado con su actividad infiere daño a los particulares. El contenido de la presente Iniciativa con proyecto de Decreto se resume en la creación de un cuerpo normativo que consta de 44 artículos integrados en 6 capítulos así como donde el Capítulo Primero se contienen las disposiciones generales con prevenciones de orden público e interés social. Se insertan los principios, bases, límites y procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial, así como el principio de que la responsabilidad patrimonial se deriva como consecuencia de los actos y omisiones que de manera irregular cometen sus servidores públicos en su función o actividad administrativa y que ocasiona una lesión a los bienes o derechos de las personas, mismas que deben ser resarcidas mediante una indemnización al afectado en los términos señalados en la Ley. Se prevé como excepciones el caso fortuito de fuerza mayor o porque los hechos sean imputables a un tercero o al propio reclamante, la lesión debe de ser evaluada económicamente e individualizada con relación a una persona o grupo de personas. Por último, se faculta al Ejecutivo Federal para proponer a la Cámara de Diputados el monto de la partida presupuestal que deberá destinarse para cubrir las erogaciones en esta materia. El Capítulo Segundo regula los límites y las características de la indemnización que ésta deberá ser pagada en moneda nacional; no obstante lo anterior, podrá substituirse por una compensación en especie cuando exista acuerdo con el reclamante. El monto de la indemnización se calculará de acuerdo a los criterios establecidos por la Ley de Expropiación, el Código Fiscal de la Federación y la Ley General de Bienes Nacionales tomándose en cuenta los valores comerciales o de mercado. Cuando el pago de la indemnización exceda las 10 mil veces el salario mínimo general vigente diario en el Distrito Federal, podrá pagarse en diversos ejercicios. Aunado a lo anterior se establece un pago diferenciado de acuerdo al monto de la lesión cometida; en este contexto si el monto excede de 500 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal se indemnizará en un 100%; más de 500 pero menos de 5 mil, se indemnizará hasta en un 100% sin que pueda ser menor al 70% de la lesión causada. En más de 5 mil pero menos de 10 mil, se indemnizará hasta en un 70% pero nunca menor al 70% del daño inferido cuando exceda los 10 mil. Los casos de concurrencia acreditada se enmarcará en el contenido del capítulo tercero. A cada dependencia o entidad deberá atribuirse los hechos o actos dañosos que provengan de su propia organización u operación. Cada dependencia o entidad responderá de los hechos u actos dañosos que hayan ocasionado a los servidores públicos que les estén adscritos. La dependencia o entidad que haya proyectado obras y que hayan sido ejecutadas por otras, responderá de los hechos u actos dañosos causados cuando las segundas no hayan tenido el derecho de modificar el proyecto por cuya causa se generó la lesión patrimonial reclamada. Cuando en los hechos u actos dañosos concurra la intervención de la autoridad federal y la local, la primera deberá responder del pago de la indemnización en forma proporcional a su respectiva participación quedando la parte correspondiente a la entidad federativa a lo que su propia legislación disponga. Cuando exista concurrencia de 2 ó más dependencias y entidades en la producción de la lesión patrimonial, la SECODAM deberá conocer y resolver acerca de la distribución de la indemnización. En caso de que no se pueda cuantificar la exacta participación se establecerá una responsabilidad solidaria frente al reclamante, debiéndose distribuir el pago de la indemnización en partes iguales. Compañeros diputados, la presente iniciativa lo decía al inicio de mi intervención- tiene por objeto reglamentar el segundo párrafo del artículo 113 constitucional. Esta iniciativa sin lugar a dudas no tendrá que dormir en la congeladora porque resulta que los artículos transitorios de la reforma de ese artículo constitucional establece obligatoriamente establecer la ley reglamentaria antes del primero de enero del 2004 por lo tanto pido a la Presidencia se inserte la presente iniciativa y se turne a la comisión correspondiente para prever su dictamen a corto plazo. Muchas gracias. - LA C. PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias a usted señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates; publíquese en la Gaceta Parlamentaria; y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Esta Presidencia corrige el turno a la iniciativa presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano y se le agrega: con opinión de la Comisión Especial de Reforma del Estado. Tiene la palabra el diputado Francisco Guadarrama López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma los artículos 73 fracción XXIX-1; 116 fracción VII; 117 fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.