El diputado Arturo Nahle García: Gracias diputado presidente. En una democracia moderna la equidad debe ser la piedra angular en las contiendas políticas. Dicha equidad debe entenderse como la igualdad de condiciones para contender por un cargo de elección popular. Un apotegma relacionado con la equidad en los procesos electorales es la afirmada por el insigne Manuel González Oropeza, misma que señala que los candidatos a la presidencia no deben manipular al pueblo elector ni ejercer poder o influencia para acceder o continuar en el cargo público más importante de nuestro sistema político. Los servidores públicos sea cual fuere su jerarquía o carácter, en pleno respeto a los principios consignados en nuestra Carta Magna, deben separarse de su encargo por razones de equidad política en un término prudente, ya que es necesario eliminar por completo la influencia que dichos funcionarios pudieran hacer valer en las elecciones con el propósito de hacer triunfar su candidatura. Entre los servidores públicos que ineludiblemente tienen la obligación de separarse de su cargo para contender en un proceso electoral, están los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los cuales en virtud del cargo que ostentan además de su importante presencia en la opinión pública gozan de diversos elementos que pueden allanarles el camino en sus aspiraciones políticas y por ende facilitarles la realización de una campaña ventajosa. En ese sentido hoy más que nunca es imprescindible darle al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un tratamiento similar al de los gobernadores de los estados ya que guardan una gran semejanza en la función que desempeñan, son elegidos democráticamente mediante votación universal, libre, directa y secreta y de igual forma se encuentran a cargo del Ejecutivo y de la Administración Pública Local en sus respectivas demarcaciones. Las similitudes entre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de los estados, han sido ratificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sostener que como consecuencia de la conformación política que se le confirió al Distrito Federal en 1996, sus órganos políticos en el caso concreto del Jefe de Gobierno, guarda semejanzas fundamentales con los titulares de los ejecutivos locales. En tal virtud, si los gobernadores de los estados al igual que los secretarios y subsecretarios de Estado, así como el Procurador General de la República, tienen la obligación de separarse de su cargo 6 meses antes del día de la elección, es necesario incorporar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de que se incluya en los requisitos de elegibilidad consignados en la fracción VI del artículo 82 de nuestra Ley Suprema. Con la reforma a esta fracción VI del artículo 82 constitucional que a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales someto a su consideración, se establecería explícitamente la obligación del Jefe de Gobierno de separarse de su cargo 6 meses antes del día de la elección para contender por la Primera Magistratura de la Nación, y al mismo tiempo se eliminaría del texto lo referente a los jefes o secretarios generales de departamentos administrativos mismos que fueron creados durante el mandato del Presidente Venustiano Carranza, pero que desaparecieron durante las últimas décadas. Muchas gracias.