EL C. DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. Vengo a presentar una Excitativa para que la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública emita dictamen sobre la Iniciativa de Ley de Amnistía. La procuración y la administración de Justicia en nuestro Sistema Penal se enfrentan a grandes problemas cuando s e juzgan delitos relacionados con hechos reivindicativos de los derechos políticos y sociales consagrados en nuestra Constitución Política. No se puede anular la relevancia de estos hechos delictivos aún cuando se demuestre ante autoridad designada y bajo un procedimiento establecido la relación de estos eventos con el ejercicio de deberes constitucionales como el de la libre asociación, manifestación, defensa de sus instituciones, decisión, etc. Sin embargo, es un acierto de las sociedades democráticas el reconocer el derecho al disenso entre sus habitantes y la promoción de la pluralidad y las distintas expresiones políticas. El Poder Ejecutivo Federal por su parte y utilizando los elementos jurídicos para resarcir la paz social, ha realizado acciones concretas para liberar a presos políticos y de conciencia como el sonado caso del General Gallardo y el encarcelamiento de los campesinos ecologistas de Guerrero: Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Otros Gobiernos locales como el de Oaxaca han emitido Leyes de Amnistía para liberar a los presos políticos y de conciencia de la región zapoteca de los Xitchas (¿) .El precio de conciencia según Amnistía Internacional, es aquel encarcelado a causa de sus creencias, origen étnico, sexo, color, raza, idioma, origen social económico que no haya recurrido a la violencia. El otro término, el de preso político no existe en el Derecho Positivo Mexicano, por eso recurrimos al Derecho Internacional Humanitario para conceptualizar al preso político como aquella persona que buscando la transformación de la sociedad y por motivaciones políticas, haya pretendido alterar o modificar el sistema de poder e instituciones gubernamentales y por ello se le procese y encuentre culpable de delitos consignados en la Legislación Penal. A efecto de fortalecer el cambio político en las instituciones de nuestro país representadas por el agotamiento del modelo de partido de estado, es fuerza para esta LVIII Legislatura la emisión de una Ley de Amnistía a la cual pueden acogerse todos aquellos procesados o sentenciados por delitos relacionados a conflictos de clase, etnia, etc.. Hoy, cuando estamos celebrando una fecha más del asesinato de Emiliano Zapata, vengo a esta tribuna a recordar a ustedes que junto con muchos otros sentenciados por su relación, creencia, militancia o raza, siguen privados de su libertad campesinos e indígenas de la región zapoteca de los Xitchas (¿) que si bien fueron amnistiados por el Estado de Oaxaca, otros veintitantos siguen recluidos por causas penales federales. También en Hidalgo, Chiapas Guerrero y Veracruz tienen presos campesinos e indígenas que pudieran acogerse a la Ley de Amnistía, que permitiría subsanar las injusticias cometidas contra nuestros conciudadanos indígenas que sin hablar español y sin contar con traductores están sentenciados violentándose su derecho a la defensa. Asimismo, encontramos presos por la injusticia social del sistema como en Baja California, Estado de México y D. F. La representación legal es cara, nuestro sistema penal ha permitido que existan recluidos por su incapacidad económica o por carecer de una buena defensa, o sentenciados cuyos procesos y delitos aparecen como prefabricados en asociación a sus actividades políticas. Siguen documentados cientos de casos penales procesados y sentenciados que pudieran acogerse al procedimiento, autoridad y plazo propuesto en esta iniciativa; algo más a favor de una amnistía y la facultad legislativa que tiene esta Legislatura para promulgarla como un acto de alta consideración democrática pues la integración del Congreso de la Unión garantiza la representación política de las diferentes mayorías y minorías ciudadanas. La Carta Magna nos confiere la atribución de legislar una amnistía. El Congreso de la Unión, a través del artículo 73 fracción XXII y el artículo 92 del Código Penal Federal, como norma reglamentaria, prefigura la necesidad de otorgarla mediante promulgación de una ley específica que reglamente los procedimientos para llevarla a cabo. Por lo antes expuesto y a solicitud de las organizaciones no gubernamentales, Acción Urgente en Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de Askin (¿), Comisión de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Colectivo Heberto Castillo por la Defensa de Derechos Humanos de Presas, Presos y Familiares, Comité Amplio por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencias Humanos CERESO, Comité de Derechos Humanos "Unidad y Movimiento de Tehuacán", Puebla; la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y las Hostilidades, en el estado de Oaxaca y otras más organizaciones, solicito a la mesa directiva excite a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita dictamen que permita la discusión en este Pleno para la promulgación de una ley de amnistía. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. LA C. PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita el dictamen correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar excitativa a la Junta de Coordinación Política, hasta por cinco minutos.