El diputado José Luis Valle Magaña: Qué tal, buenos días. Con su venia, señor presidente. La primera reserva que estamos presentando tiene que ver con el artículo 192. En México hemos perdido el equilibrio generado por las fuerzas del mercado en telecomunicaciones, ya que se ha concentrado en un grupo de empresas que dominan el sector, quienes imponen barreras de entrada a competidores, además de controlar los precios de productos y servicios. Un estudio de la OCDE sobre políticas y regulaciones de telecomunicaciones en México notifica que Telmex controla el 80 por ciento del mercado de telefonía fija, Telcel controla el 70 por ciento de telefonía móvil y Televisa controla el 45 por ciento del mercado de televisión de paga en el país. En telefonía fija México se encuentra entre los cinco países más caros de la OCDE; en arrendamientos de enlaces de llamadas somos el país más caro con un precio de 23 mil 553 dólares mensuales, mientras que el más barato es Islandia con 954 dólares al mes. Son seis compañías que proveen servicios en telefonía e Internet móvil a los mexicanos: Telcel, Movistar, Nextel, Iusacel, Unefon, Maxcom y Megacable. Lamentablemente somos presos de unas cuantas compañías que además de cobrar altos precios tomando en cuenta que las tarifas de telefonía móvil subieron en 2013, 50.9 por ciento frente a lo que costaban en 2012. Los servicios son de mala calidad y sin soluciones para los clientes. Las fallas del servicio, las caídas de red, la lentitud en Internet móvil, la saturación constante de líneas y la incapacidad de resolver problemas técnicos y operativos son quejas de todos los días hacia las empresas responsables del mercado y las autoridades no ven por el interés de millones de usuarios. Por lo anterior, nuestra reserva modifica el primer párrafo del artículo 192 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de proponer que todo usuario o suscriptor reciba una compensación por parte de los concesionarios o autorizados que no cumplan con lo establecido en los términos convenidos por sus contratos. Por esto someto a consideración de la asamblea esta reserva para que se modifique éste primer párrafo del artículo 192 y quede de la manera siguiente. Artículo 192. En los contratos que celebren los concesionarios o autorizados con los usuarios y suscriptores para la prestación de los servicios, se deberá observar lo establecido en esta ley debiéndose compensar a todo consumidor que no reciba los servicios en los términos convenidos. En segundo término, la reserva que también presento al artículo 193, quiero exponer los siguientes motivos. De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, un contrato de adhesión se refiere a aquél documento que se realiza de manera unilateral por el proveedor con el propósito de establecer los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio. Debido a que lo anterior se realiza sin la participación del consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene la facultad de revisar que éstos no contengan cláusulas abusivas, lesivas y/o inequitativas a los intereses de los clientes. Para cumplir con esta tarea la Profeco cuenta con un registro obligatorio de contratos de adhesión, al cual se deben incorporar de forma obligatoria los proveedores cuando así lo establezca la Ley Federal de Protección al Consumidor, las normas oficiales mexicana o cualquier otro ordenamiento legal aplicable. No obstante lo mencionado, vale la pena resaltar que en nuestro país dichos contratos han funcionado como instrumentos de los que se valen los proveedores para cobrar tarifas excesivas u ofrecer servicios inexistentes y atar a los consumidores a plazos que exceden el tiempo que éstos desean contratar la prestación. Dentro de los contratos de adhesión que más inconformidades presentan se encuentran los que involucran servicios de telecomunicaciones, ya que en éstos el factor común ha sido la existencia de monopolios que utilizan precios artificiales que no reflejan el verdadero costo del bien. El monopolio telefónico ha causado daños por seis millones de dólares al año a los habitantes que utilizan el servicio, lo cual se traduce en un promedio de 78 mil millones de pesos. Si deseamos eliminar las disparidades existentes entre el poder de los proveedores y de los consumidores en materia de telecomunicaciones, es necesario incluir en la ley el derecho de los usuarios a rescindir un contrato de adhesión cuando exista incumplimiento del mismo por parte del o de los concesionarios. Por lo anterior someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 103 para que quede como sigue. Artículo 193: Los concesionarios o autorizados deberán registrar ante la Profeco previamente a su utilización los modelos de contratos de adhesión que pretendan celebrar con los usuarios, los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en esta ley, en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones aplicables. Los usuarios tendrán el derecho de rescindir un contrato de adhesión cuando exista incumplimiento del mismo por parte de los concesionarios o autorizados. Y por último la tercera reserva que aquí ponemos a su consideración, tiene que ver con el artículo 204. Por todos es sabido que desde hace muchos años nuestro país es víctima de los grandes grupos económicos. El artículo 199 de la presente minuta, abre una avenida para que estos grupos sigan operando. Estos monopolios y oligopolios extraen rentas a los consumidores, pues producen a un precio mayor del que tendrían en un mercado con competencia, más aún, llevan a una asignación ineficiente de los recursos del país reduciendo el bienestar de los mexicanos. La tarea de la autoridad debe ser evitar que los actores dominantes impongan condiciones de precio o accesos que vayan en contra de la competencia y por ende de los ciudadanos. De ahí la importancia de una legislación reguladora fuerte. Las empresas dominantes venden caro porque pueden. Es el comportamiento racional de una compañía con poder de mercado. Dejar la fijación de sus tarifas a criterio de los concesionarios, es continuar con esa dinámica nociva, especialmente en un país como el nuestro donde precisamente esos concesionarios se han visto renuentes a observar la regulación que afecte a sus intereses. Tan sólo en servicios telefónicos desde el año 2005 los usuarios mexicanos hemos pagado un sobreprecio de 13 mil 400 millones de dólares al año. La industria de las telecomunicaciones es de suma importancia no sólo por su impacto en toda la economía, sino por su papel en la construcción de un régimen democrático pues éste requiere medios de comunicación confiables, no guiados únicamente por los intereses empresariales. Lo que México requiere es un gobierno capaz de imponer una regulación guiada por un doble principio. Por un lado estimular la productividad a través de una mayor competencia y por el otro ampliar los derechos de los usuarios. La regulación debe buscar incrementar la productividad de la economía en su conjunto mediante mecanismos de mercado que permitan una mejor asignación de los recursos mediante la competencia. El artículo que reservamos apunta en sentido contrario. Las empresas que cuentan con capacidad para fijar precios son un problema para la competitividad del país y el bienestar de sus ciudadanos. De ahí la importancia de contar con una regulación sólida, un Estado más robusto y más fuerte. La iniciativa enviada por el Ejecutivo presenta un Ifetel diluido. Parece que una vez más el poder que otorga el dinero quiere imponerse para enfrentar instituciones débiles. Por estos motivos someto a la consideración del pleno esta reserva al artículo 204 para quedar como sigue: Artículo 204. Las tarifas de los usuarios de los servicios que presten las concesiones del servicio de telecomunicaciones para uso comercial o para uso social estarán sujetas a aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es cuanto, señor Presidente. Por su atención gracias.