El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Compañeras y compañeros diputados, prometimos actuar de forma distinta a los tecnócratas neoliberales. Asumimos el compromiso de no buscaren el endeudamiento la salida rápida, mucho menos cuando el financiamiento no autogenera los recursos que le den la solvencia necesaria. Ello no significa que desconocemos que el financiamiento constituye uno de los tres pilares de la política fiscal de cualquier gobierno. Lo que se cuestiona es que ante de pensar en alternativas distintas, se privilegie la que tendría que ser nuestra última defensa. Yo pregunto al pleno: ¿por qué sí una reforma que otorga laxitud a las entidades federativas y municipios para contratar o refinanciara su deuda? ¿Por qué no una reforma fiscal progresista? La respuesta es muy sencilla: la contienda electoral del próximo año les hace inviable en términos discursivos una propuesta de fondo. Varios de mis compañeros diputados han argumentado a favor, señalando que esto da un respiro a las finanzas públicas subnacionales, sin embargo, el problema de fondo subsiste, más del 90 por ciento de los ingresos de las entidades federativas y municipios provienen de las transferencias federales y a ello hay que adicionarle que un porcentaje importante de los recursos de libre disposición ya están comprometidos para el pago de servicio de la deuda. Si uno revisa los datos al segundo trimestre de 2020, podremos advertir lo siguiente: dos entidades federativas están en semáforo rojo, es decir, con un endeudamiento elevado. Estas dos entidades son Coahuila y Quintana Roo. Para el caso de Coahuila, su deuda pública representa 1.6 veces sus ingresos de libre disposición y tan solo para afrontar el costo financiero de esta deuda, tiene que destinar el 15.6 por ciento de estos recursos. Para el caso de Quintana Roo, su deuda es de 1.4 veces los ingresos de libre disposición y solo el costo financiero de esta representa el 17 por ciento de estos recursos. Entidades como Nuevo León y Chihuahua están en todos los indicadores en amarillo, es decir, con un endeudamiento en observación, ello porque para ambos casos el monto de su deuda representa más del 100 por ciento de los ingresos de libre disposición y destinan más del 15 por ciento de estos recursos al pago del servicio de la deuda. ¿Se imaginan la discrecionalidad con la que se va a poder actuar desde los gobiernos locales por no estar obligados de recurrir a sus Congresos locales para realizar cualquier tipo de restructuración de estas millonarias deudas? Claro que ya estaba previsto esta modalidad si se cumplían las siguientes condiciones: una mejora considerada en la tasa de interés, el no incremento en el saldo insoluto y la no ampliación en el plazo de vencimiento original de los financiamientos respectivos cuando se contemplara el otorgamiento de plazo o periodo de gracia, ni cuando ello no modificara el perfil de amortizaciones del principal del financiamiento durante el periodo de la administración en curso. Pero ahora lo amplían, para que en caso de modificaciones contractuales cuando se trate de instrumentos derivados, o garantías de pago que cubran financiamientos que sean objeto de refinanciamiento y para el caso de desastres naturales y/o emergencia sanitaria, es decir, la excepción se vuelve la regla y dejan a los Congresos locales sin los instrumentos que les garanticen el poder actuar y vigilar. Pero, eso no es todo, van más allá y prevén que la contratación de financiamiento pueda hacerse a través de adjudicaciones directas o procedimientos similares, algo que ni el régimen pasado se atrevió a plasmar en la norma. Si esto no fuera suficiente, pretenden obviar la restricción anual del Presupuesto por medio de un transitorio, a pesar de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga a que los recursos no erogados tengan que reintegrarse 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Por todas estas consideraciones no podemos apoyar el presente dictamen, porque da entrada a la desregulación en el actuar de las y los gobernadores, porque asume que las participaciones y aportaciones federales no están vinculadas a la recaudación federal participable, y sobre todo porque no obliga en nada a las entidades federativas para buscar una reconfiguración en sus presupuestos. Hemos hecho mucho para que la austeridad sea la norma en todo el gobierno federal, yo hoy que tenemos la oportunidad de llevarla hasta el ámbito local simplemente renunciamos. No creo que con esto podamos ayudar...