La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona la fracción VII del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente Exposición de Motivos Existe un grave problema para la víctima o el ofendido de un delito que, por dolo, sus propios defensores o asesores jurídicos e incluso del Ministerio Público se aprovechan del desconocimiento jurídico de la víctima u ofendido para dejar de interponer los recursos necesarios, los cuales dan inicio a la instancia procesal siguiente: es cierto que mediante la última reforma del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el apartado B, relativo a garantizar a nivel constitucional los derechos de las víctimas o el ofendido del delito, si bien es cierto existen seis fracciones en ese apartado, pero olvidaron proteger a nivel constitucional el derecho por parte de la víctima de acceder a las instancias del procedimiento mediante su pleno conocimiento e importancia que le representa en la búsqueda de la justicia en un juicio penal. La víctima o el ofendido pierde un juicio cuando su propia defensa por falta de ética profesional, dolo y corrupción, como en delitos graves de homicidio, secuestro o violación, se realizan una serie de actos por parte del procesado para ganar un juicio no porque le asista el derecho, sino por fraude procesal, que se está generalizado en la práctica forense penal de sobornar a la contraparte para no interponer los recursos por la defensa y también por el Ministerio Público para que, una vez notificada la sentencia y transcurrido el plazo de ley, la sentencia cause ejecutoria en perjuicio de la víctima o el ofendido. La ley penal obliga al juez, sobre todo hablando del procesado, de que al momento de la notificación de la sentencia se le haga del conocimiento su derecho a interponer el recurso procedente. Incluso, la falta de esto duplica el plazo en beneficio del reo. Estamos de acuerdo; lo lamentable es que la víctima o el ofendido en lo forense esté siendo burlado como un acto reiterativo por sus defensores, ministerios públicos y actuarios, que al momento de notificar la sentencia que le agravia en cualquier dimensión, por ignorancia, engaño y confianza, se da por enterado de la sentencia sin conocer el daño irreparable de no interponer en un plazo el recurso procesal a que tiene derecho y que abre la instancia que le permite llegar hasta el juicio de amparo, según sea el caso. Considero que, ante esta realidad social, donde existen mujeres que han sido violadas, secuestradas, y que por el mal proceder de sus abogados, asesores y del propio representante social quedan burladas, toda vez que de manera sumaria les notifican la sentencia sin ninguna formalidad, de simple trámite, y la defensa jamás les informa, por lo que se pasa ese plazo perentorio y la víctima se convierte de nuevo en víctima, con un daño irreparable, toda vez que, por mandato constitucional federal, del artículo 23, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. La responsabilidad en que incurra la defensa por ningún motivo subroga o sustituye la garantía de ser vencido en juicio agotando las instancias, sino por ignorancia jurídica, dolo y perversión de unos sujetos se daña gravemente a las víctimas u ofendidos en sus derechos, aunado a que el vencimiento del plazo manifiesta una voluntad tácita y no expresa. Por eso, lo que se propone es que exista la garantía constitucional de toda víctima o del ofendido de un delito de acceder a las instancias, la cual sólo salvaguarda que al ofendido o víctima de cualquier condición social o conocimiento sobre la materia jurídica se le debe informar en una audiencia pública por el juez de la necesidad y de la importancia de manifestar su voluntad o no de seguir un juicio. Por ningún motivo el juez será parcial, parte o asesor. Lo que se propone es que haya una audiencia formal para que le quede claro por el representante del Estado, que es el juez, de que existe un derecho de notoria importancia y trascendencia para lograr la justicia, aunado a que esto no representa un gasto al Estado ni retrasa el procedimiento sino, únicamente, obliga al juez a que antes de dictar el auto de sentencia ejecutoriada, tendrá que haber constancia de realizar esa audiencia, de vital importancia para el ofendido; y, de no existir ésta, el vencimiento del plazo no procede para dictar el auto de sentencia ejecutoriada. Con esto, de ser aprobado a nivel constitucional, estaremos garantizando el espíritu de las seis fracciones del apartado B, que otorga entre otras reparación del daño; atención médica y psicológica urgente; tratándose de menores de edad, no carearse con el inculpado por delitos de secuestro y violación; sin el juicio y todo el esfuerzo del Estado, el ofendido y familiares estarán lacerados por no garantizar en la Constitución una audiencia elemental, necesaria y ágil que hacen respetar los artículos 20 y 23 de la Constitución federal. Por lo expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo Único. Se adiciona la fracción VII en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 20. En todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías: VII. Acceder a las instancias. El juez en audiencia pública proveerá lo necesario para garantizar su conocimiento y la importancia para la víctima o el ofendido de iniciar otra instancia cuando la sentencia le sea adversa. El vencimiento de plazo sin la audiencia no producirá efectos. Artículo Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Diputada Rosalina Mazari Espín Es cuanto, señor Presidente.