La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, las mexicanas y los mexicanos vivimos una era de crisis desde la económica, social, moral, de seguridad, de valores y no digamos en el ámbito político. En medio del desastre nacional que hoy vivimos, ante el insulto recurrente de la actual política económica para generar millones de pobres en México y en el mundo. Resulta inmoral e inhumano empobrecer a las familias y luego traficar con su pobreza en cada proceso electoral. Hoy podremos decir, después del insultante veredicto de un tribunal electoral venido a menos como una corte medieval, que la elección federal de 2012 y su producto televisivo pasará a la historia como la elección de la pobreza. Y éste, como muchos temas que a millones sí nos preocupan y que no compartimos el traficar con la pobreza y marginación para hacernos de cargos públicos, generaron mi inquietud para presentar a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión ordinaria de Alimentación. Honorable asamblea, todos sabemos quiénes han sido los responsables de esta crisis alimentaria, así como la cesión de nuestra soberanía alimenticia en detrimento de todas las familias del campo, hombres y mujeres del maíz que provocaron una crisis no sólo de alimentos, sino humanitaria y de miles de desplazados de los campos a las grandes ciudades. Y, más grave aún, provocando con ello el aumento de la inmigración a los Estados Unidos, en particular a sus campos agrícolas en muchos casos expuestos a los productos agroquímicos que les ocasionan daños irreversibles a su salud y sin garantías de seguridad social ni contratos de por medio. Esta crisis alimentaria se ha acentuado considerablemente en los últimos tiempos, generando considerables aumentos de precios a la canasta básica, según ha sido avisado por organismos internacionales como la FAO, el Banco mundial, la CEPAL y algunos expertos y universidades públicas y privadas. Esta Honorable Cámara de Diputados debe de estar a la altura de las circunstancias que el país necesita y debemos dar respuesta como parte del Estado mexicano, correspondencia al marco constitucional que otorga el reconocimiento al derecho a la alimentación, por lo que el Congreso debería de emitir una ley de emergencia alimentaria y la ley general del derecho a la alimentación, iniciando por reformar la Ley Orgánica del Congreso General para crear la comisión ordinaria de la alimentación como instancia garante de este derecho constitucional y encargada de implementar las reformas y adecuaciones al marco jurídico, así como las recomendaciones a las políticas públicas necesarias en la materia. Existen razones importantes para crear esta comisión de la alimentación y existen datos alarmantes que obligan a dar celeridad en la atención al problema alimentario en nuestro país. Permítanme comentarles sólo algunas consideraciones: 1. Que el pasado 13 de octubre de 2011 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 4o., donde se reconoce el derecho a la alimentación sana y suficiente de todos los mexicanos, así como una adición a la fracción XX del artículo 27 de la misma Constitución donde se establece que deberán de adecuarse las políticas públicas del desarrollo rural para atender este propósito. Éste fue un proceso legislativo de gestión, de cabildeo y de concertación que significaron 17 años de intenso trabajo hasta llegar a la aprobación por la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y 18 congresos locales, de la reforma constitucional del artículo 4o., de nuestra ley suprema. Mientras que la adición a la fracción XX del artículo 27 establece: El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entres sus fines, que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 2. Que por su parte la Cámara de Diputados en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, autorizó un monto de 38 mil 830 millones de pesos en acciones para la instrumentación del programa del Derecho a la Alimentación, de los cuales 33 mil 982.3 millones de pesos fueron asignados a la Sedesol y 4 mil 848.4 millones a la Sagarpa, identificados como programa 11 del PEC. 3. Que la reforma constitucional tiene como propósito atender la difícil situación de pobreza alimentaria en la que vive aproximadamente el 25 por ciento de la población del país, principalmente la población rural, por lo que esta reforma parte de las siguientes consideraciones: Según el último reporte del Coneval, en México existen 58 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, 28 de ellos con la consideración de pobreza alimentaria, de los cuales 20 millones viven en el campo. Señores diputados: pongo a su consideración que tomen en cuenta que es urgente hacer que la propuesta que hoy traemos para crear la comisión de alimentación la aprueben ustedes. Muchas gracias.