La diputada Elena Edith Segura Trejo: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, saludo con gusto a quienes nos observan desde el Canal del Congreso. Les voy a contar dos historias basadas en hechos reales. La primera. En 2017 estalló uno de los mayores escándalos de corrupción en México, el caso Odebrecht. La constructora brasileña admitió haber pagado sobornos millonarios en toda América latina y, por supuesto, México no fue la excepción. Uno de los principales implicados fue Emilio Lozoya, ex director de Pemex, acusado de recibir más de 10 millones de dólares por contratos irregulares. En ese tiempo se presentaron ante el Inai 280 solicitudes sobre este caso. En 92 se declaró la inexistencia de información, en 32 se clasificaron como información reservada y en 2 ni siquiera hubo información. Hoy, como todos sabemos, Emilio Lozoya es parte de un proceso penal y les manda saludos atentamente Enrique Peña Nieto. La segunda historia, entre abril y agosto del 2010, Proceso solicitó información vía transparencia sobre el número de ejecuciones civiles en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. El 19 de mayo del 2010, el Comité de Información de la Presidencia de la República notificó la inexistencia de información sobre el número de ejecuciones, pese a que semanas antes había dado una cifra de algunos homicidios por la guerra contra el narco. Entonces, la revista Proceso ingresó un recurso de revisión ante el entonces IFAI. La contestación del organismo autónomo también fue de rechazo. La comisionada ponente, asignado a este caso, confirmó la declaratoria de inexistencia de información de la Presidencia, el 14 de julio del 2010, atentamente Felipe Calderón. Ese, ese era el nivel de compromiso de transparencia de una institución que nació noble, con fines nobles, pero que fue pervertida por el poder político. Ahora bien, recordemos que hace 10 años la ONU publicó el acuerdo de los estados miembros para cumplir 17 Objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. El objetivo décimo sexto Paz, justicia e instituciones sólidas, sugirió 10 estrategias sobre transparencia y rendición de cuentas en instituciones públicas. De acuerdo con la ONU, la transparencia se refiere a la apertura y accesibilidad de la información en las instituciones públicas, esto implica que la información debe estar disponible de manera clara, completa y oportuna, para que todos los ciudadanos puedan conocer y comprender las decisiones y acciones tomadas por la autoridad pública. Las leyes que hoy estamos aprobando cumplen con el acuerdo de la ONU, pero, sobre todo, cumplen con la reforma constitucional que aprobamos aquí, el pasado 20 de diciembre. ¿Qué cambia respecto del modelo que impulsó el Prian con respecto a esta iniciativa de la cuarta transformación? Primero sí, la creación de un órgano desconcentrado, transparencia para el pueblo, que hace más accesible y sin tanta burocracia el acceso a la información y la protección de datos. Se sustituye el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos por el Sistema Nacional de Acceso a la Información. La plataforma, sí, sí va a estar a cargo de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción. Prevale el principio de máxima publicidad, se terminan los privilegios y el nepotismo y el uso discrecional de la información, pero además se adicionan cuatro principios rectores: la congruencia, la documentación, la excepcionalidad y la exhaustividad. Hoy, con nuestro voto a favor, garantizamos un acceso real, ágil y efectivo a la información pública concluyo, presidente sin burocracia dorada, sin privilegios, sin corrupción...