La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los juicios penales para adolescentes en nuestro país se han caracterizado por ser procedimientos predominantemente escritos, secretos y tardados. En ellos podemos constar una serie de formalismos caducos y obsoletos, como son las grandes montañas de expedientes, la violación sistemática de derechos humanos y garantías, altos índices de impunidad y el aumento indiscriminado de las medias cautelares, entre otros, contrarios a la Convención de los Derechos del Niño. Estos elementos son factores que hacen necesario transitar de un sistema de justicia penal para adolescentes, de corte tutelar a uno plenamente garantista. Para nuestro grupo parlamentario uno de los ejes rectores de nuestra agenda legislativa fue el hacer accesible la justicia para todas y todos los adolescentes de este país. Profesionalizar la investigación de los hechos que la ley señala como delito, y otorgarle, además, a las víctimas, un papel preponderante en el procedimiento de justicia penal para adolescentes. De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática tiene el presente dictamen. Somos conscientes de que México requiere urgentemente una transformación radical al sistema penal para adolescentes, para otorgarle a la justicia un papel central en la lucha contra las modernas formas que utiliza la delincuencia organizada. Siempre en un marco de respeto a los derechos humanos y al debido proceso penal como se caracteriza en cualquier país democrático. Congruente con estos principios, no queremos dejar de advertir que al inicio de esta Legislatura nuestro grupo parlamentario pugnó siempre para que se reformara el artículo 18 constitucional, para regular el proceso penal acusatorio y adversarial en el que se observe la garantía del debido proceso legal, se garanticen los derechos humanos que tiene todo ser humano, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas de tratamiento. Creemos que estos aspectos han sido considerados en el presente dictamen, ya que se trata de un cambio radical del sistema de justicia penal para adolescentes que va a permitir entre otras cosas, disminuir los altos índices de corrupción e impunidad que existen en la impartición de justicia y que necesariamente también va a obligar a los operadores del sistema de justicia penal a capacitarse en el sistema acusatorio, pero sobre todo los juicios serán, deberán ser, más rápidos, transparentes y equitativos que los actuales. Además, impactará enormemente en la administración y la procuración de justicia para adolescentes con la capacitación de jueces y magistrados, la reestructuración para adecuar salas de audiencia, sistemas de grabación, así como otras medidas que implican la erogación de recursos presupuestales para su implementación. De igual manera, con la capacitación de Ministerios Públicos, policías de investigación y personal de los servicios periciales, así como los defensores públicos, abogados y centros de internamiento especiales para adolescentes en todo el país. Estos son los objetivos que deben alentar al legislador para garantizar plenamente el sistema de justicia para adolescentes. Estamos conscientes de que aún falta también implementar la nueva ley secundaria, como sería la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes, que cuente con un sistema acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Éste sin duda será un gran reto en la agenda de los derechos de las y los adolescentes. Solo para tener una idea del alcance de esta nueva ley federal, digamos que será una alternativa para disminuir el número de adolescentes que actualmente se encuentran internados en los 56 centros para adolescentes, conocidos también como Centros de Tratamiento Interno, que existen en los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, cuya cifra de población asciende a los cuatro mil 734, entre los cuales se encuentran cuatro mil 448 hombres y 286 mujeres. De este universo, mil 841 se encuentra sujetos a procedimiento y dos mil 893 están cumpliendo una medida de tratamiento. Asimismo, cuatro mil 438 de ellos están internados por delitos del fuero común y 296 por delitos del fuero federal, según datos que se han presentado en el informe especial por los centros de tratamiento interno para adolescentes que infringen las leyes penales que presentó el día pasados la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También será un reto el lograr que ellas y ellos reciban la atención adecuada para su reintegración a la sociedad, así como la restitución de sus derechos. Por lo anteriormente expresado, compañeras y compañeros diputados, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor del dictamen. Es cuanto, señor presidente.