La diputada Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señora Presidenta. "La prescripción de la acción penal es la cesación de la potestad punitiva del Estado, provocada por el transcurso de un determinado periodo fijado en la ley. El Estado en estos casos declina el ejercicio de su potestad punitiva y el derecho de aplicar una determinada pena o hacer ejecutar la pena ya impuesta en un caso concreto, lo que tiene su origen en la necesidad de respetar el principio de seguridad jurídica de las personas. "Ante el poder y deber del Estado de aplicar la ley y perseguir el delito, surge también el derecho de resistir ese poder, y es por eso que el legislador establece ciertas reglas para limitarlo y proteger a las personas. Así, el derecho de defensa y sus derivados, el derecho al debido proceso, base de la seguridad jurídica, es una de las garantías indispensables en una sociedad democrática que busque equilibrar los intereses de las y los gobernados y los del Estado. Por tanto, la prescripción penal, se trata de un instrumento procesal que surge ante la necesidad de garantizar a las personas que no habrá arbitrariedad frente a la prosecución del delito porque ante él opera la plena vigencia de los parámetros objetivos establecidos en la Ley y no otros. Existen diversas teorías que fundamentan la existencia de la prescripción, algunas de las razones de orden práctico justifican la existencia de ese Instituto con el hecho de que con el transcurso del tiempo la pretensión punitiva se debilita y su ejercicio termina por considerarse inconveniente, tanto desde el punto de vista retributivo y de prevención general como en relación con los fines resocializadores de la pena. Conocemos también los fundamentos de origen criminalístico que esgrimen que con el paso del tiempo las evidencias se destruyen o se hace difícil su obtención, lo que complica la instrucción razonable de un proceso; a ello se añade la teoría de que al transcurrir del tiempo borra todo en la memoria de las personas y por tanto debe cesar la posibilidad de ser juzgado por un delito que por las razones señaladas y otras más, ya no tiene interés procesal ni real para la sociedad. La aplicación de la prescripción y de sus plazos, no presenta excepciones ni consideraciones específicas dependiendo del sujeto pasivo al delito, sino únicamente del tipo del delito y su sanción, de la situación específica del sujeto activo del delito y de los requisitos de procedibilidad específicos para la acción penal; sin embargo, la consideración del sujeto pasivo del delito se vuelve significativa cuando las conductas antisociales son cometidas en contra de niñas, niños o adolescentes y esto, por diferentes motivos necesariamente debe afectar la aplicación de la prescripción y de sus plazos. La primera consideración que debemos tomar en cuenta en el interés, es el interés superior de la infancia, es pues un deber del Estado atender, prioritariamente y por sobre cualquier otros, los derechos de las personas que aún no cumplen los 18 años de edad. En segundo lugar, la seguridad jurídica es que el debido proceso debe otorgar y que es la garantía de que cuando han sido violadas las libertades básicas de un individuo este debe tener la posibilidad de presentar, de mutuo o por iure propio, querella o denuncia, o demanda, ante autoridad judicial competente, a fin de que se inicie el ejercicio de la punidad, de la acción punitiva del Estado. Esta garantía está limitada en estos casos, ya que cuando la persona ofendida es menor de 16 años, según el Código de Procedimientos Penales, esta se encuentra legalmente imposibilitada para presentar querella por ella misma y es requisito que, quienes ejercen sobre él o ella, la patria potestad o la tutela , presenten la querella respectiva para la iniciación del procedimiento que lleve a la acción penal. Esto se vuelve especialmente relevante cuando convergen distintas circunstancias que son comunes en las víctimas de delitos sexuales, debido a que algunas de las reacciones frecuentes que presentan as víctimas de esos delitos, son el aislamiento y la culpa, en niñas y niños sometidos a abusos sexuales, estas reacciones son mucho más severas ya que no suelen atreverse a mostrar abiertamente lo que les está sucediendo, principalmente por miedo a que el perpetrador quien usualmente utiliza amenazas para mantener el silencio de la víctima, puede hacer algo en contra de ellos y además, porque las niñas y los niños piensan que son ellos quienes han hecho algo malo. Por otro lado, no es poco frecuente que las personas que cometen estos delitos en contra de personas menores de 18 años, sean precisamente quienes ejercen la patria potestad o tutela sobre ellos o quienes están ligados, familiar o (?) cimentalmente con quienes la ejercen. Si para las víctimas de estos delitos es revelar la situación que están padeciendo, para las niñas y los niños, el silencio constituye incluso un recurso de autodefensa. Bajo estas circunstancias es prácticamente imposible que estas víctimas puedan querellarse y denunciar la conducta ante instancias usualmente y por cuestiones del nivel conogcitivo relacionado con su edad desconocen, por lo tanto, los fundamentos para la existencia de la prescripción en estos casos son la verdad, diputados y diputadas, rebatibles. El Estado no puede renunciar al ejercicio de su potestad punitiva y al derecho de aplicar una determinada pena, cuando el Estado no tuvo conocimiento del delito dentro del plazo establecido para la extinción de la acción penal, como es el caso del delito contra niñas y niños. El derecho al debido proceso es una de las garantías básicas de todo ciudadano, este derecho incluye la garantía de que el Estado ejerza su potestad punitiva por la defensa de los bienes tutelados, cuando el sujeto pasivo del delito se encuentra en la capacidad plena por sí mismo, para la denuncia de la conculcación de estos. Por último, las huellas sicológicas que deja el abuso sexual, en una persona menor de 18 años, no se borran por el simple transcurso del tiempo, frecuentemente si la víctima no recibe el tratamiento médico y sicológico adecuado, las repercusiones del abuso se agravan, los síntomas más comunes que presentan las niñas y los niños, los y las adolescentes que han sido abusado sexualmente, son manifestaciones ansiosas y depresivas, sentimientos de inseguridad, terror, cambios notorios en la personalidad, falta de confianza, desarrollos de estados jóvicos o de pánico, miedos repentinos, tristeza, culpabilidad y vergüenza. A nivel social podemos mencionar las fugas, aislamiento de amigos y familia, agresividad excesiva y la hostilidad, ideas o intentos suicidas o conductas antro-auto-destructivas, entre muchos otros. El abuso sexual, sufrido por una niña, por un niño, por un adolescente no se olvida, por lo tanto, hoy estamos presentando ante esta plenaria la reforma al Artículo 105 del Código Penal Federal que diría, es la adición de un párrafo segundo: "Si el delito de que se trate fuere alguno de los establecidos en los Títulos Octavo o Décimo Quinta o los establecidos en el Capítulo Séptimo del Título Décimo Noveno del Libro Segundo de este Código o el del tráfico de menores establecido en el Artículo 366 Per y hubiere sido cometido en contra de una persona menor de 18 años, el plazo para la prescripción comenzará a correr a partir del día en que la víctima u ofendido cumpla la mayoría de edad". Es cuanto, señora presidente, le dejo la iniciativa para que textual sea inscrita en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.