El diputado Martín Vidaña Pérez (PRI): Con su permiso, diputado Presidente. Compañeros y compañeras diputadas: El suscrito diputado Martín Remigio Vidaña Pérez, a nombre de la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 párrafos uno y dos incisos c), d) y e), 38 párrafo uno inciso a), 39 y 45 párrafo seis inciso f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, numerales segundo y duodécimo del Acuerdo Parlamentario relativo a la integración del orden del día, las discusiones y las votaciones, me permito someter al pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa Exposición de Motivos Garantizar la seguridad ciudadana previniendo ha sido un compromiso del gobierno mexicano desde siempre. Sin embargo, fue en 1994 cuando se comprometió a impulsar las reformas constitucionales encaminadas a sentar las bases de un cambio en materia de seguridad pública, quedando estipulado en nuestra Carta Magna como una garantía individual la seguridad de sus habitantes, siendo una función y obligación del Estado respetar y hacer respetar la misma. Si se toma en consideración que la inseguridad es uno de los problemas más importantes que aquejan a nuestro país en todos los niveles de gobierno, es urgente abatirla desde los núcleos más pequeños de nuestro sistema político, es decir, desde nuestros municipios, los cuales desafortunadamente ante la falta de reforma fiscal fue imposible beneficiarlo con mayores recursos. Hagamos, compañeros y compañeras, un acto de justicia, fortaleciendo sus haciendas municipales, para que cada uno en lo particular maneje sus recursos en forma transparente y con rendición de cuentas, pero con la facultad de destinarlo a las propias necesidades de la población que representan. Los que hemos tenido la oportunidad de ser presidentes municipales, sabemos que el alumbrado público forma parte de manera imprescindible de los programas de prevención del delito, elemento sumamente costoso para las arcas municipales que apenas alcanzan a cubrir sus compromisos más indispensables a través de la cuenta corriente, recurso con el que actualmente se paga este servicio. La instalación de un sistema adecuado de alumbrado público tanto en zonas urbanas, semiurbanas y rurales, es una medida precautoria primordial para evitar la propagación de determinados delitos cometidos en la vía pública, como robo a personas, robo de autos, tráfico de drogas al menudeo, prostitución infantil, violaciones, etcétera, por lo cual todos los ciudadanos de todas las comunidades de todo el país demandan a los gobiernos municipales un alumbrado público eficiente y eficaz, que coadyuve a la prevención de los mencionados delitos, ya que la oscuridad en calles, avenidas y centros recreativos, convierte a estas áreas en sitios propicios para alentar la delincuencia y la consecuente inseguridad ciudadana. Las administraciones municipales se encuentran contra la pared, ya que al satisfacer la demandas de sus habitantes de electrificar sus colonias, barrios y comunidades, tienen un gran dilema: ¿cómo pagar el incremento del gasto por la ampliación del alumbrado público, ocasionando que muchas de ellas decidan no realizar la obra o simplemente no dar mantenimiento a las redes existentes, ello representa un lamentable retroceso en el desarrollo y transformación de los mexicanos de cualquier municipio, sobre todo e las áreas rurales y semiurbanas, pues además, quien en más de un 90 por ciento realiza las electrificaciones en este país, son hoy en día los gobiernos municipales y quien cobra el consumo público o privado de la misma, es el gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz. En otros países como Bolivia han tenido la necesidad de concesionar a la iniciativa privada el alumbrado público, como única solución de que éste sea eficaz, ya que por falta de recursos los ayuntamientos no han cumplido con el pago del servicio, ocasionando molestia social del justo reclamo, ante la amenaza constante y a veces el corte de energía, hecho que sería fatal para nuestro país, pues las condiciones de la gran mayoría de nuestros ayuntamientos se encuentran en situación similar. Es por eso, que observando lo que contiene la exposición de motivos de la reforma de 1994 del artículo 21 constitucional, donde se reconoce la necesidad de concertar a los diversos niveles de gobierno, Federación, estados y municipios, para coordinar acciones y esfuerzos de todas las instancias que coadyuven a contener en forma completa y apremiante la seguridad física e integral de los ciudadanos, es conveniente que para el pago del alumbrado público los municipios puedan aplicar los recursos federales del Ramo 033, en específico los del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, suministrado por sus entidades federativas. Lo anterior me obliga a proponer que mediante la adición de un párrafo al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, nuestros 2 mil 443 ayuntamientos logren este urgente y superior objetivo en beneficio de los más de 100 millones de mexicanos. Por lo expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, los ciudadanos Miembros de la Diputación Federal Veracruzana, del grupo parlamentario del PRI, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar de la siguiente manera: Artículo 37.- La aportaciones federales y con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciban los municipios a través de los estados y demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este Artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta Ley. A efecto de eficientar los programas de prevención del delito ene l ramo de Seguridad Pública, los municipios tomando en consideración la situación financiera de su cuenta corriente, podrán aplicar hasta el 10% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al pago del alumbrado público. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de Abril de 2004. Es cuanto, Diputado Presidente. (aplausos) -