La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. Una cuestión me parece curiosa y es que muchos que hoy apoyan esta Ley Ficrea, no lo hicieron para el caso de Mexicana. Se ve que cuando se trata de los trabajadores no existe esa solidaridad. Recordemos que muchos de ustedes que hoy están impulsando esta ley, rechazaron que los trabajadores siguieran trabajando, apoyar para que pudieran seguir operando aquella empresa. Dijeron No, bajo ninguna circunstancia; es ridículo financiar con el dinero de los contribuyentes ese tipo de apoyos. Sólo hoy me llama la atención porque son muchos los que hoy se paran en esta tribuna e imparten o predican solidaridad. Compartimos o por lo menos lo hago sin duda la indignación de los ahorradores defraudados que fueron víctimas no sólo del estafador Antonio Olvera Amezcua, sino también de las autoridades que debían supervisar y fiscalizar a esta institución. Ellas fallaron en prevenir y alertar a los ahorradores ante las absurdas tasas de interés que manejó Ficrea durante años, y por tanto su responsabilidad en este fraude es evidente. Una cosa me preocupa porque me parece un tema sumamente complejo que tiene que ver con las pequeñas corporativas de ahorro y crédito popular que no valen la pena me parece tomar una decisión atrabancada, una decisión rápida sin escucharla, sin atenderla, sin entender su funcionamiento para que no vayamos a cometer un enorme error y acabemos golpeándola. La propuesta representa un riesgo en la operación de instituciones financieras populares que otorgan créditos a las familias y productores más vulnerables. La propuesta también comete el desatino de desaparecer de un plumazo figuras e instituciones financieras básicas de acceso al crédito como las Sociedades Financieras Comunitarias, Sofinco, y las obliga a migrar al régimen de sociedades financieras populares de manera unilateral. Esto significa que las 25 Sofinco de las 369 cajas de ahorro que actualmente brindan servicios de ahorro y crédito en poblaciones marginadas, tendrán que satisfacer en el plazo de un año y medio, una enorme cantidad de requisitos burocráticos y solventar gastos de traslado y costos de operación altísimos, lo cual podrá suponer un riesgo en su viabilidad económica y hará peligrar el crédito a más de 72 mil familias mexicanas. Asimismo la propuesta reduce el tope de ahorro permitido dentro de las sociedades de orientación popular a 400 mil Udi, para personas físicas y un millón 400 mil Udi para personas morales. Esta medida afectará la capacidad de fondeo en estas instituciones crediticias, y hará peligrar la disponibilidad de créditos, ya que al eliminar el ahorro se incrementará el costo de fondeo, lo cual resultará en el aumento de las tasas de interés del costo de los créditos y, en consecuencia, en menores posibilidades para las familias más vulnerables de acceder a estos créditos. No es posible que Olvera Amezcua, haya lavado sumas multimillonarias de dinero y operado impunemente durante más de dos años, sin que la Condusef, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se hubiera percato de la triangulación y los flujos realizados de Ficrea a sus empresas tapaderas en el extranjero. Se tiene que investigar, tiene que haber funcionarios responsables que den la cara por todos estos fraudes. Pedimos por ello que de manera responsable podamos darnos el tiempo para atender a las cooperativas, no vayamos a cometer un error aquí y acabemos golpeando a los que son más vulnerables. Yo les pido que este dictamen sea regresado a las comisiones, nos demos el tiempo y, en todo caso, podemos llamar a un periodo extraordinario para estar votando una ley que sea absolutamente responsable. Muchas gracias.