La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Compañeras, compañeros, vale mucho la pena hablar de cómo quedó el artículo 30 Bis, porque se han dicho aquí muchas cosas que a la letra de la ley, en el dictamen no las dicen. Más de 250 mil personas asesinadas. Más de 37 mil personas desaparecidas. El año más violento en la historia de México. Veintidós alertas de violencia de género declaradas y en proceso. Ciento treinta periodistas asesinados en los últimos años. Un aumento de 400 por ciento en los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y decenas de datos más son solo la carátula de la grave crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa nuestro país desde hace 2 sexenios. En incontables diagnósticos se ha sentenciado que la intervención de las fuerzas de seguridad pública federales y la estrategia de inteligencia para combatir los crímenes ha resultado un rotundo fracaso. Por lo que resulta urgente rediseñar, reestructurar una estrategia desde una visión distinta, de donde la violencia y el uso de la fuerza sea solo uno de los componentes de las acciones del Estado mexicano, no la única opción frente a la violencia de los grupos criminales. Por ello, aparejado a las nuevas facultades que se le confieren a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, resultan relevantes también las nuevas facultades conferidas a la Secretaría de Bienestar, como coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo humano, fomentando un mejor nivel de vida, pues estas constituyen junto con la atención de grupos en condiciones de vulnerabilidad los ejes de actuación para combatir las causas de la violencia en buena parte del país y las causas que han derivado en una fragmentación del tejido social. Hoy la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no solo será la cabeza del sector para coordinar los esquemas de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para hacer frente a la grave crisis de inseguridad y violencia, también coordinará las políticas y lineamientos en materia de carrera policial, programa rector para la profesionalización de las policías, los criterios para establecer academias e institutos para ello, el desarrollo de programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia de régimen disciplinario policial. Estos rubros resultan fundamentales porque precisamente uno de los problemas que nos han conducido a la crisis de confianza institucional por la que atraviesan los cuerpos de seguridad se debe a la falta de profesionalización, a la ausencia de una carrera policial consolidada y al laxo régimen disciplinario que se les aplica. Estos aspectos que han permitido en buena medida que la corrupción permeé prácticamente a todas las corporaciones policiales a nivel nacional. Se separan claramente las tareas de seguridad pública de las tareas de seguridad nacional en las facultades y competencias de esta secretaría, estableciendo que los mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas, así como para el análisis y la sistematización de la investigación e información de seguridad nacional será una de las tareas prioritarias de esta dependencia, organizando, dirigiendo y supervisando al Centro Nacional de Inteligencia, el cual fungirá como un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano, así como contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión a dar sustento a la unidad nacional y a preservar la cohesión social, a fortalecer las instituciones del gobierno. Nunca más un centro de inteligencia para servir al gobierno para espiar a grupos políticos, a periodistas, activistas, a defensores de derechos humanos. Por ello, resulta de suma relevancia que dentro de las facultades de esta secretaría se establezca la de coordinar, operar e impulsar la mejora continua de los sistemas de información, los reportes y registros de datos en materia criminal y desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido suministro de permanente intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes, entre muchas otras funciones. Porque para establecer un nuevo esquema de seguridad ciudadana a nivel nacional es primordial que contemos con una instancia fortalecida, con facultades claras, con una nueva visión operativa cuya base sea siempre la protección, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Les invito a sumarnos a aprobar este dictamen, pues la propuesta que reforma el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica estaremos abonando a la construcción de un México más seguro y con menos violencia y, sobre todo, a cambiar la estrategia de seguridad actual que ha sido un rotundo fracaso. Gracias.