El diputado Domitilo Posadas Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Honorable Asamblea. La iniciativa que se somete hoy a consideración plantea diversas reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como a la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de resguardar los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía móvil en nuestro país. Dichas reformas plantean establecer un plazo máximo de seis meses para los contratos que regulan la modalidad de post-pago, eliminando las condiciones de indefensión de los usuarios ante irregularidades en que incurran las compañías prestadoras de dicho servicio. Lo anterior resulta imprescindible, pues de acuerdo con información dada a conocer por la Comisión Federal de Telecomunicaciones en fecha reciente, sabemos que el número de las denominadas suscripción de post-pago en nuestro país alcanzaron los 5.6 millones de suscriptores en el año 2012. En el documento intitulado Información y Comunicación para el Desarrollo 2012 -maximizando el móvil- elaborado por el Banco Mundial, se indica que el número de teléfonos celulares pasó de poco menos de mil millones a seis mil millones en el mundo en el periodo comprendido del 2000 al 2012, contribuyendo a modificar la vida de millones de personas generando nuevos negocios y transformando las maneras y formas de comunicación. En el estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México y dada a conocer por el organismo internacional en el año 2012, localizamos información respecto a las tarifas que se cobran en nuestro país concernientes a las telecomunicaciones en general y a la telefonía móvil en lo particular. En el documento mencionado se encuentra la afirmación siguiente: En México la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población. El sector se caracteriza por altos precios entre los más elevados de los países miembros de la OCDE y falta de competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos. Fin de la cita. Respecto a las tarifas de telefonía móvil que se cobran en México, el estudio de la OCDE considera que éstas se mantienen altas en relación con el promedio de los países integrantes del organismo. Actualmente persiste una práctica en la que incurren las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil consistente en establecer largos plazos en la contratación para la modalidad de post-pago. Dichos plazos son fijados de manera unilateral y obligan a los suscriptores al cumplimiento de periodos prolongados en la utilización del servicio contratado sancionando a quienes desean modificar las condiciones de dichos contratos, afectando los intereses de los suscriptores en su componente económico. Por lo que respecta a los ingresos de la industria de las telecomunicaciones durante el año 2002-2011, estos ascendieron a 2 mil 892 millones de pesos de los cuales un total de mil 420 millones de pesos corresponden a la telefonía móvil, representando el 49.1 de las ganancias del sector. Estas ganancias multimillonarias se distribuyen en cuatro compañías que se han posicionado en ofrecer el servicio de telefonía móvil en el mercado mexicano; que el incremento en la utilización de la telefonía móvil exige preservar los derechos de los usuarios dando paso a una verdadera regulación de los prestadores del servicio. Es por ello que se requiere avanzar en las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como a la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de dotarlas de mayores atribuciones en defensa de los usuarios de la telefonía móvil. Por su atención, muchas gracias.