La diputada Florentina Rosario Morales: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente: El Estado mexicano debe garantizar la defensa y protección intrínseca de la libertad de expresión de cada uno de los ciudadanos mexicanos y específicamente debe de proteger, sin miramiento, la integridad de los responsables de informar desde diversas trincheras de la comunicación, lo que acontece en nuestro país. Pero la inacción del Estado y la creación de la burocracia ineficiente devienen de la falta de investigación y sanción en contra de los responsables por la violencia contra periodistas. Con gran preocupación vemos que ésta es una constante y va en aumento. Sólo en el 2009 se han registrado más de 90 denuncias, de las cuales el 80 por ciento son contra funcionarios públicos, lo cual hace que las investigaciones se vean entorpecidas por el sistema de corrupción que protege a muchos de ellos. Las autoridades federales y estatales omiten prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de las violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal y al trabajo, convirtiéndose en un aliciente para los agresores de periodistas. Bajo este contexto, en días pasados se ha citado, por un artículo periodístico, a declarar al director del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio, quien el 3 de septiembre, posterior al cobarde asesinato del presidente de la Cámara de Gobierno, el diputado local Armando Chavarría Barrera, escribió ejerciendo su derecho a la libertad de expresión sobre este crimen y hoy, ante esta supuesta pista, se le ha citado a declarar. Lo anterior demuestra la grave falta de respeto a la libertad periodística y se confabula un grave atentado a la libertad de expresión contra un medio de comunicación y un periodista destacado. No omito mencionar que ese crimen sigue impune y, ante la falta de resultados de la procuraduría estatal, se convierte esto en una ofensa grave ante las solicitudes de esclarecimiento. No olvidemos que los medios de comunicación basan sus investigaciones periodísticas bajo la libertad de prensa, expresión y protección de fuentes. Éstos son derechos fundamentales que todo gobierno debe respetar. Ante esto, diversas organizaciones de derechos humanos del estado de Guerrero se han inconformado y presentado diversos recursos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual dictó medidas cautelares a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, a fin de evitar la detención, con fines de presentación y declaración sobre el caso del homicidio del diputado local Armando Chavarría, al director del periódico El Sur, Juan Angulo, ya que de citarlo se aseguraría que puede proporcionar datos que esclarezcan dicho crimen; y hay que dejar en claro que no es testigo presencial, solamente un periodista que ejerce su derecho a expresarse. Por lo expuesto, realizo la siguiente proposición con Puntos de acuerdo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta con total respeto a la división de poderes, al gobernador de Guerrero, contador público Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, a acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre el director del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio. Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con total respeto a la división de poderes, al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justica del estado de Guerrero, licenciado Albertico Guinto Sierra, a respetar y garantizar los derechos relativos a la libertad de expresión y dar garantías a los periodistas y miembros del periódico El Sur. Por su atención, gracias.