La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos invitados, compañeras y compañeros legisladores, en México son aún muchos los problemas que el Estado y la sociedad debemos combatir de manera conjunta para alcanzar mejores condiciones de vida. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que, como representantes sociales, somos los responsables de impulsar reformas que favorezcan a los distintos sectores. Es por esto que proponemos en nuestra agenda legislativa para el primer período de sesiones ordinarias del tercer año legislativo acciones que coadyuven, desde nuestro ámbito de competencia, al desarrollo de nuestro país. Si bien durante esta LX Legislatura hemos aprobado diversas reformas legales y se han logrado importantes acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara, también es cierto que el período que hoy inicia constituye una posibilidad real para darle continuidad al trabajo legislativo que hemos realizado. Nuestras propuestas en el ámbito social atenderán al fortalecimiento de la legislación en materia de cooperación y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para avanzar hacia un desarrollo equitativo e incluyente. El desafío de gobernabilidad democrática continúa siendo el de consolidar una política social que permita que el derecho al desarrollo sea una realidad para la población y más aún para aquellas personas que, por su condición de pobreza y marginación, son en extremo vulnerables. Propondremos diversas reformas y acciones para prevenir, manejar y superar los riesgos de la población que ésta representa, ampliando las opciones y el nivel de bienestar de las personas, en donde la educación sea la herramienta principal para proporcionar los elementos que nos permitan alcanzar la meta de un desarrollo humano sustentable. Fortaleceremos, a través de acciones legislativas, el sistema educativo nacional. Por ello, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2009 es el momento oportuno para eliminar rezagos y dar a la educación un lugar prioritario en la agenda nacional. En aras de un ejercicio político, democrático e incluyente, nuestra participación será contundente para destinar más recursos mediante un presupuesto multianual. La formación y capacitación de la población infantil y juvenil exige propuestas con contenidos y disciplinas que atiendan la demanda que genera las relaciones económicas internacionales. El nuevo paradigma educativo, con un perfil técnico y humanista, debe atender exigencias que trasciendan metas microrregionales para insertarse en nuevos procesos y niveles de conocimiento. En cuanto a la cultura sabemos que ésta desempeña un papel de suma importancia. Por ello, propondremos reformas para mejorar la calidad y ampliar la cobertura social y geográfica en materia de instituciones culturales que brindan servicios para apoyar la creación artística y para preservar y difundir nuestro patrimonio cultural. Impulsaremos la cultura a través de iniciativas que fortalezcan la identidad nacional como una expresión de nuestra diversidad étnica, lingüística y social. En el rubro del deporte propondremos la creación de una instancia rectora dependiente de la Secretaría de Educación Pública que coordine los recursos humanos y administre el presupuesto de las instituciones encargadas de esta actividad. Propondremos también la creación de una ficha deportiva por cada estudiante, desde primaria hasta bachillerato, a fin de detectar sus fortalezas en ese rubro. Respecto a los derechos de los niños impulsaremos una lucha contra todas las formas del maltrato infantil, por el respeto a su derecho a la información, así como a la difusión de los mismos para continuar con su crecimiento y con su desarrollo. En equidad de género apelaremos a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes, programas, presupuestos y gestiones de instituciones públicas, en los tres órdenes de gobierno y en los tres Poderes de la Unión. En materia de salud, para nosotros las metas indispensables —para proteger y preservar la salud de todos los mexicanos y las mexicanas— son alcanzar una mayor equidad en la cobertura y en la efectividad de los servicios de salud; fortalecer al sistema nacional, especialmente en su infraestructura; otorgar mayor financiamiento a este ámbito y garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la integración de las personas con discapacidad al desarrollo del país es un compromiso. Por ello, propondremos reformas a la legislación para prevenir y sancionar la discriminación en contra de las personas con discapacidad o con necesidades especiales, así como el apoyo a las instituciones educativas que ofrezcan un adecuado tratamiento para su real integración a la sociedad. Por otro lado, consideramos que el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y su protección, así como la erradicación de la discriminación y los obstáculos que impiden su ejercicio pleno, son tareas pendientes y por ello pugnaremos por la creación de un Programa Nacional de Atención Emergente para la Incorporación de Grupos Étnicos Marginados. El medio ambiente y los recursos naturales forman parte de nuestra agenda legislativa. En esta materia propondremos el desarrollo de estrategias para mejorar el acceso de las mujeres a los recursos ambientales y asegurar que las poblaciones marginadas puedan enfrentar los problemas derivados del cambio climático a través de programas como el de Empleo Temporal, Conservación para el Desarrollo Sustentable, Pro-árbol y Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental. Exhortaremos a las instancias competentes a promover campañas permanentes que formen el respeto de las áreas naturales protegidas, clasificadas en áreas de protección de recursos naturales, áreas de flora y fauna, reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales y santuarios para impedir su alteración por parte de particulares. Abordaremos temas como la política económica ya que estamos convencidos de que el Estado debe contar con fuentes de ingresos sanas y más seguras pues es definitivamente indeseable sostener y acrecentar la dependencia que hoy registran las finanzas públicas respecto de los ingresos petroleros. Nuestra estrategia legislativa contribuirá con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas buscando fuentes alternativas de ingresos menos volátiles y que sean sostenibles a largo plazo. En política exterior seguiremos proponiendo acciones legislativas en materia de defensa de los derechos humanos, apoyando la evaluación y actualización de la política migratoria del Estado mexicano, ante la nueva realidad regional e internacional en materia de migración. Atención prioritaria merece también el tema de la migración interna, fenómeno social en el que miles de personas se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar de residencia habitual, como resultado de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal o internacionalmente reconocida. El desarrollo nacional no puede prescindir de la ciencia, la tecnología y la innovación, la competitividad y la calidad de vida de los mexicanos son el resultado directo del nivel de inversión y de las capacidades construidas en esta materia. La normatividad y el marco regulatorio de las instituciones académicas que desarrollan conocimiento científico y tecnológico debe ser revisada para que cuente con mecanismos ágiles de vinculación con las empresas y otros sectores. Esta vinculación debe ser un instrumento que haga posible que los productos de la investigación científica y tecnológica sean aprovechados en beneficio de la sociedad. En cuanto a seguridad pública y la justicia penal, éste último rubro nos atañe a todos los mexicanos, en virtud de la abrumadora y creciente inseguridad que impera en nuestro país. La función de seguridad pública tiene por objeto: preservar la libertad, el orden y la paz pública, garantizar los derechos humanos, prevenir la comisión de delitos, fortalecer la política de seguridad pública, diseñar la política criminal, administrar el sistema penitenciario y el relativo al tratamiento de menores infractores. Sin embargo, la crisis generalizada en materia de seguridad pública y que año con año aumenta, ha motivado infinidad de acciones estériles y discursos por parte de los integrantes de las dependencias responsables, con propuestas que no se han concretado o que no reflejan los resultados esperados. México reclama y exige cambios ante el estado de indefensión que día a día enfrentamos. Hoy la realidad de nuestro país es crítica y al grado que la sociedad civil se está organizando para sufrir las deficiencias de las funciones básicas del Estado. La inseguridad pública es cada vez más difícil de solucionar, sobre todo porque hay elementos de los cuerpos policíacos, de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, vinculados con el crimen organizado. Los esfuerzos institucionales siguen siendo insuficientes, hoy la sociedad está vulnerada por los actos sistemáticos de violencia generalizada. Para que la impunidad, la corrupción y el delito mismo sean eliminados o reducidos a su mínima expresión, se necesita la voluntad y el compromiso de todos los actores políticos y de la coordinación de esfuerzos de los tres órganos de gobierno. Ante tal escenario consideramos que la responsabilidad en materia de seguridad pública no es competencia del Ejército mexicano y, por ello, exigimos el cumplimiento real y efectivo por parte de todas las policías del país. La sociedad se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades; asimismo como el ambiente de inseguridad y violencia. En este sentido, el Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad es una vía para afrontar y enfrentar al hampa. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que es urgente la implementación de una política de prevención del delito, más que una de represión. Una vía eficaz de afrontar este problema nacional, además del impulso al fortalecimiento de las instituciones encargadas del combate al crimen es educar en la prevención del delito. La función preventiva consiste en atacar los factores que pueden llevar a un joven a delinquir. Para crear la cultura de la prevención es primordial comenzar en la primera infancia, de esta forma se inculcará el conocimiento de que delito va en contra del bienestar de todos. En la medida de que se otorguen mejores oportunidades para la educación y se fortalezca la cultura cívica, se fomentará el respeto a la legalidad. En este sentido, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza celebra la reincorporación de la materia de civismo en la currícula de educación básica. El sector educativo es un sistema que, junto con la familia, tiene un papel central en el desarrollo de hábitos y de valores de la niñez y la adolescencia. Como legisladores tenemos el compromiso de propiciar un entorno social en el que se pueda vivir sin delinquir. Por ello en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en el periodo de sesiones que hoy comienza, propondremos reformas al marco jurídico encaminadas al fortalecimiento y efectividad en el combate de la delincuencia, haciendo énfasis en la prevención del delito para hacer de la seguridad pública una política de Estado, con la finalidad de México recobre la paz y la seguridad. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.