El senador Carlos Lozano de la Torre: Hace casi 14 años fue creada la empresa ISOSA, con el objeto de prestar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el servicio de procesamiento electrónico de datos. Como es del conocimiento público, la operación de esta empresa ha sido abiertamente impugnada con motivo de la revisión de las cuentas públicas correspondientes a los años 2001, 02 y 03 efectuada por la Auditoría Superior de la Federación, al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no entera a la Tesorería de la Federación muchos de los ingresos generados por derechos de trámites aduaneros. Estos recursos presumiblemente habrían sido destinados de manera irregular a la mencionada empresa. Como consecuencia de las irregularidades detectadas, el gobierno federal procedió a la liquidación de la controvertida empresa privada, más como medio de obstruir cualquier investigación sobre la ilicitud de sus actividades, como remedio para sancionar una serie de latrocinios cometidos en contra del erario de la nación. Sin embargo, a las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador, debemos de sumar otras derivadas de la operación de esta empresa en las aduanas de nuestro país. Entre los múltiples contratos obtenidos por la empresa Hildebrando, S.A. de C.V., cuyo socio principal es el señor Diego Hildebrando Zavala, relacionados con estas áreas estratégicas del gobierno federal, sobresalen tres de software y servicios informativos para el Servicio de Administración Tributaria al amparo del Fideicomiso Aduanas 1 y de ISOSA. En conjunto, el importe de los contratos obtenidos es de casi 13 millones de pesos, pero uno, el SL171, tuvo como objeto la prestación de servicios de mantenimiento y desarrollo del sistema denominado Júpiter. Según versiones periodísticas que citan documentos oficiales del SAT, el sistema Júpiter integra desde 1998 todos los procesos legales y administrativos de la administración general jurídica de un sistema de información que apoya la toma de decisiones y a la operación diaria. A través de este sistema, las administraciones locales y centrales jurídicas realizan el inventario, control y seguimiento de los juicios de nulidad, consultas, autorizaciones, recursos administrativos, asuntos penales, amparos contra actos y asistencias legales, entre otros. De acuerdo con el contrato referido, entre los trabajos encomendados a la empresa figuran algunos que muestran la capacidad de Hildebrando para introducir datos claves para eliminar secciones de aplicación o agregar viables en los sistemas de captura de software. De resultar cierta la información publicada en los medios de comunicación, el sistema instaurado por Hildebrando tendrá acceso abierto a la información relacionada con los amparos contra actos, asuntos penales, asistencia legal, mesa de trámites, agenda de abogado, catálogo de contribuyentes, donativos deducibles, reportes de requerimientos generales y reportes de servicios al contribuyente, así como de juicios de nulidad, situación que resulta a todas luces contraria al interés general, toda vez que la información que obra en el Registro de Autoridades Federales debe de quedar a resguardo de éstas y no de particulares. Sin embargo, éste no es el único caso reciente en el que la información pública se encuentra de manera ilícita en manos privadas. Cabe recordar que un tribunal federal resolvió que el Instituto Federal Electoral sufrió un daño superior a los mil 600 millones de pesos ante la venta ilegal del padrón electoral mexicano a la empresa estadounidense "Choice Point" en 2003, por lo que sentenció a una mujer a pagar esta cantidad al organismo por concepto de reparación del daño ante la comisión del delito de revelación del secreto. En las pesquisas realizadas se determinó que empleados de la empresa Soluciones Mercadológicas en Base de Datos que prestan su servicio al Instituto Federal Electoral, sustrajeron la información del padrón electoral que contiene los datos de 60 millones de mexicanos que cuentan con credencial de elector. También es importante recordar que con fecha 14 de septiembre de 2004, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo en que le fue solicitado al SAT se abstuviera de proporcionar información de los contribuyentes morosos al buró de crédito, así como para que se retire la información que había proporcionado a esta institución de información crediticia. Esto, en virtud de que el SAT anunció que los adeudos fiscales exigibles formarían parte del historial crediticio de las personas, por lo que se hace énfasis en la impartición de cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales. Aunado a lo anterior, es válido traer a la memoria la experiencia del Registro Nacional de Vehículos, cuya operación era un servicio a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el cual tenía como fin la identificación de los vehículos que se fabricaban, ensamblaban, importaban o circulaban en el territorio nacional, así como de brindar el servicio de información al público. Si bien es cierto que la Ley del Registro Nacional de Vehículos buscaba llenar el hueco que dejó la derogación de la antigua ley que regulaba el llamado Registro Federal de Automóviles, ayudando a combatir el robo y tráfico de vehículos de manera más eficaz, ya que permitiría establecer un control nacional por parte de la autoridad, no lo es menos que tal situación devino en fracaso cuando fue licitado a favor de la empresa propiedad de Ricardo Miguel Cavallo, oscuro personaje probablemente ligado con la comisión de delitos de lesa humanidad de su natal de Argentina y lo que es peor, con el robo de automóviles en El Salvador. En tal virtud, expresamos nuestra inconformidad con tales formas de operación, pues en el fondo lo que subyace es la pretensión de seguir privatizando irresponsablemente los servicios relacionados con el despacho aduanero, dejando de lado que las aduanas no son un punto sensible de nuestra seguridad nacional. De seguir adelante esta clase de prácticas voraces, no sería de extrañar que en un futuro cercano los servicios del Registro Civil, las licencias de manejo o el Registro Federal de Electores cayeran en manos de gente presuntamente ligada al tráfico de influencias como Diego Hildebrando. Por lo anterior expresado es necesario que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública dediquen sus esfuerzos a investigar la posible fuga de información cometida por la empresa Isosa, durante su larga operación en las aduanas mexicanas y al mismo tiempo, que la Procuraduría General de la República asigne a personal especializado en delitos cometidos por servidores públicos, a fin de que se investigue la posible comisión de ilícitos derivados de los desfalcos cometidos por esta empresa en contra del fisco federal y de aquellos particulares que tienen en su poder datos derivados de los despachos aduaneros. Por las razones y fundamentos antes planteados solicito a esta soberanía sea aprobado con el carácter de punto de acuerdo único; se insta al secretario de Hacienda y Crédito Publico, secretario de la Función Pública y procurador General de la República, a efecto que se investiguen en el flujo de información generado por las operaciones de la empresa Isosa en las aduanas mexicanas. Atentamente, senador Carlos Lozano De la Torre.