La diputada María de Fátima García León: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, he subido a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hacer una reserva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública. En general, reconocemos el derecho de la titular del Poder Ejecutivo, de reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el fin de adecuar la estructura orgánica a su plan de gobierno y así trabajar en beneficio de la ciudadanía. Por eso hemos votado a favor, votaremos el dictamen en lo general, pero tenemos observaciones en lo particular, como en el caso de lo referente a los servicios de salud. Estamos de acuerdo en que deben mejorar los servicios de salud, pero no estamos de acuerdo en que se construya una base de datos de carácter nacional con datos nominales, porque se corre el riesgo de violentar el derecho a la protección de los datos personales. Los datos de salud son de carácter personal y sensible, y por lo mismo no pueden ser parte de una base nacional de datos sin antes establecer de manera clara y anticipada la forma en que se protegerá dicha información. Estamos de acuerdo en que es necesario contar con estadísticas de carácter nacional para poder planear y diseñar los programas de atención de salud, especialmente los destinados a las personas que más lo necesitan. Pero para construir estas estadísticas no es necesario recabar la información nominal como lo establece la reforma. Por otro lado, es importante señalar que, si bien en la Constitución se ha establecido el derecho a la salud, en las comunidades rurales e indígenas este derecho sigue siendo un deseo, una aspiración, porque no contamos con la infraestructura y los servicios necesarios para darles una atención adecuada. Esperamos que, con esta reforma, el artículo 39 de la Ley de la Administración Pública, realmente se mejoren los servicios de salud en las comunidades indígenas y afromexicanas, porque en gran parte de ellas no se cuenta con infraestructura de salud y mucho menos con médicos y medicinas. En muchas regiones del país las comunidades indígenas se ven obligadas a hacer largos recorridos para poder recibir atención médica. Esta situación no fue corregida en la administración anterior. Al contrario, empeoró en algunas regiones como en el estado de Oaxaca. A los responsables de salud les pedimos que instrumenten programas que mejoren los hábitos de higiene y la nutrición infantil, programas que puedan incidir de manera significativa en la reducción de enfermedades curables entre la población con menores ingresos y que viven en las zonas más apartadas y marginadas en nuestro país. Consideramos también de vital importancia que en el artículo 39 se establezca de manera clara la responsabilidad del Poder Ejecutivo de garantizar la distribución y acceso de los medicamentos en todas las regiones del país. Es inaceptable actuaciones como la de la administración anterior, que lejos de mejorar la distribución de medicamentos se dedicó a buscar culpables y a malgastar el dinero en proyectos como el de la Megafarmacia. Teniendo presente lo anterior, le hacemos un atento llamado a la presidenta de la República para que les ponga especial atención a los servicios de salud.