La diputada Crystal Tovar Aragón: Con su venia, señor presidente. El dictamen de la justicia por el que se expide la Ley Federal de Justicia para los Adolescentes, es una tarea pendiente que tenemos para avanzar en la protección de los derechos fundamentales y garantías individuales de las y los jóvenes, en especial aquellas que se encuentran entre los 12 y los 18 años de edad. La aprobación de este dictamen no pudo haberse dado en mejor ocasión. El balance de este último sexenio, debo decirles, no es para nada alentador para las y los jóvenes de México. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de 2006 a septiembre del 2011, murieron más de 101 mil personas a causa de la violencia en México; cerca de 2 mil eran menores de 18 años. Cifras aproximadas a las muertes violentas a causa de la guerra en Irak. Según el último informe de averiguaciones previas reportadas por la Procuraduría de Justicia estatal, de enero del 2008 a diciembre del 2011 también desaparecieron más de 14 mil personas y sólo un poco más de dos mil personas aparecieron vivas o muertas, casi nueve mil fueron secuestradas o levantadas por el crimen organizado. En términos generales, el sexenio de Felipe Calderón nos hereda cerca de 50 mil muertes víctimas del narcotráfico; al menos 20 mil migrantes secuestrados; 140 mil desplazados; más de 40 mil huérfanos como consecuencia de la violencia. La Red por los Derechos de la Infancia en México, reportó que en los primeros tres años y medio de su gobierno fallecieron más de 900 menores de edad a causa de la violencia, fuego cruzado u operativos militares. En los últimos 10 años el consumo de drogas entre los mexicanos casi se duplicó al pasar de 0.8 en el 2002 a 1.4 por ciento en el 2008. Asimismo, 1.5 por ciento de los de habitantes en este país ha utilizado algún tipo de narcóticos en el último año. Lo más preocupante es que la edad promedio de inicio en el consumo de drogas disminuyó significativamente a partir de los 18 años en hombres y de 20 años en las mujeres. Así es que a nivel nacional el saldo para la sociedad no es favorable, y eso que no hemos mencionado la crisis permanente, la falta de empleos dignos, bien pagados y en general la falta de oportunidades para las y los jóvenes para acceder en mayor proporción a los servicios educativos y de salud. La población más afectada por tales condiciones de exclusión e inequidad somos precisamente las y los jóvenes. La población entre 12 y 29 años de edad es la que padece en mayor escala los efectos de desigualdad y pobreza. De manera indudable, los legisladores del PRD apostamos a una visión que ponga el acento en la prevención antes que en la privación de la libertad. Queremos que las y los jóvenes tengan acceso a una vida digna. Esta ley permite el acceso a algunos de los principios constitucionales en materia de jóvenes y en específico al acceso a la justicia, pero el dictamen que hoy nos ocupa establece que el sistema penitenciario se deberá organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, al trabajo, a la capacitación, a la educación, la salud y el deporte como medios de reinserción social de las juventudes. Coincidimos con la postura de la diputada Zuleyma Huidobro González en que el dictamen es limitado, totalmente limitado y pudo haber incluido algunos otros temas para garantizar un verdadero acceso a la justicia; pero también vemos que es un inicio y sobre la base del esfuerzo debemos avanzar. Por ello el voto del PRD será a favor de los cuatro artículos, pero con obligación de someter a discusión la Ley Federal de Prevención del Delito, y todo lo demás es perfectible y está sujeto a revisión, por lo que votamos en contra el resto de los artículos. Repito, votamos a favor los cuatro artículos que sólo nos dejaron discutir en la comisión. Gracias.