La diputada Olga Catalán Padilla: Buenas tardes compañeras y compañeros. Quiero expresarles que he recibido algunas solicitudes de modificación del punto de acuerdo, las cuales ya en consenso con mi grupo parlamentario hemos aceptado. Y bueno, pues agradecer a quienes se han de sumar a este punto de acuerdo. La Secretaría de Desarrollo Social, a través del programa de Estancias Infantiles, opera 9 mil 447 de estas estancias a nivel nacional, esto de acuerdo al último censo publicado en su sitio de Internet. A estas instalaciones asisten 316 mil niñas y niños menores de edad que reciben educación equivalente al preescolar. Las estancias operan con un subsidio otorgado por el programa que cubre parcialmente el costo de los servicios de cuidado y atención infantil. Además, se cobra una cuota a las madres o padres de familia que utilizan los servicios en estos centros. Para la operación de una estancia se requiere que el espacio destinado sea el suficiente para brindar los servicios de cuidado, atención y alimentación infantil. Además de cumplir con lo establecido en el estándar de competencia Eco 435, que describe el desempeño de las personas que atienden y cuidan a niñas y niños en edad lactante, maternal y preescolar, considerando la preparación de las áreas donde se llevarán a cabo las actividades. Asimismo, describe el desempeño para desarrollar integralmente a niñas y niños lactantes y maternales, a través de la elaboración de una planeación y ejecución de actividades para su desarrollo, cuidando en todo momento la integridad física y emocional de las niñas y los niños. Este programa tiene un noble fin: beneficia a las madres y padres trabajadores. Sin embargo, en su operación se presentan serias deficiencias que ponen en peligro la salud, integridad e incluso la vida de los niños. Y eso no es solamente un ejemplo sino que hemos visto, nos hemos enterado de las muertes de muchos pequeños, lo cual es lamentable. La Sedesol pretende deslindar su responsabilidad bajo el argumento de que las unidades donde ocurrieron los decesos de niños y niñas se encontraban operando fuera del programa, ya que se les había retirado el registro. Sin embargo, de acuerdo con sus bases de datos, estas estancias a la fecha del deceso de los niños aún conservaban el registro; lo que implica que no se ha llevado a cabo una adecuada supervisión sobre las condiciones en las que operan cada uno de estos centros. Consideramos que el Estado, a través de la Sedesol, tiene plena responsabilidad en estos hechos, toda vez que fue omiso en informar a los padres o tutores de los menores de la cancelación del registro; así como de no activar los procedimientos para que, a través de las instancias correspondientes, se llevara a cabo la clausura o cierre de las instancias que no cumplieran con las normas. Niñas y niños tienen derecho a recibir los cuidados adecuados que garanticen su seguridad e integridad. Las madres y padres de familia tienen derecho a la certeza de que sus hijos se encuentran bajo el cuidado de expertos y en las mejores condiciones posibles. Y la sociedad merece programas que cumplan estándares de calidad y que respondan a sus necesidades. Para el gobierno federal la muerte de los niños inocentes no es más que parte de su estadística, no le son representativos. Para nosotros cada uno de ellos debe tener un peso específico. La pérdida de su vida y de sus sueños no puede quedar impune, no debe quedar impune. Hago un llamado a la empatía que como padres debemos sentir por los familiares de estos pequeños. Ponernos cada uno de nosotros en su lugar y preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar, qué haríamos nosotros ante la pérdida de nuestro hijo en una estancia que se supone debe cumplir ciertos requisitos, en la que se supone dejamos a nuestros hijos seguros. Dado lo anterior, propongo exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, para que a través de sus delegaciones en los estados, fortalezca los mecanismos de supervisión de las estancias infantiles y apliquen los mecanismos establecidos que correspondan al incumplimiento detectado, en su caso, y sea retirada la propaganda o cualquier otro tipo de material que las identifique como estancias afiliadas a Sedesol. Una vez que se determine la baja definitiva de la estancia respecto del programa por haber prescrito el derecho de la persona responsable, de interponer el recurso respectivo o, en su caso, se haya resuelto el recurso a favor de Sedesol. Es cuanto.