El diputado Francisco José Coronato Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, por lo que respecta a la reserva del artículo 251 señalaré que la existencia de medios de comunicación oficial o de contenidos designados por el poder público debe estar claramente determinado en cuanto a que no exista parcialidad en la información emitida a través de los mismos. Los ejemplos de modelos funcionales y democráticos de televisión pública no son abundantes en el mundo. Sin embargo, un ejemplo de medio masivo público, que cuenta con eficacia y prestigio, nos refiere a la BBC en Inglaterra. Este consorcio de medios surgió en 1922 por medio de un decreto real, en el que si bien se le consideró como un sistema público, se le dotó de autonomía e independencia, pues desde un inicio se consideró el efecto pernicioso para el ejercicio de poder público. Las condiciones históricas y sociales del surgimiento de este medio de forma masiva, sin duda alguna han condicionado su desarrollo a través del tiempo, pues debido a la falta de información veraz sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y de forma específica el uso de la propaganda por parte de los medios alemanes, obligaron a que la agencia de medios Inglesa buscara sobre todo la información fidedigna. En el desarrollo de esta corporación siempre se ha privilegiado la objetividad, imparcialidad en la difusión de información y contenidos, constituyéndose como un ente autónomo, carente de influencia determinada por el poder público. Este exitoso modelo tiene sus cimientos en la formación de una entidad distanciada del poder, presupuesto esencial en el manejo de los medios de comunicación, lo que ha tenido como consecuencia que incluso exista un gran desarrollo de contenidos, ya no únicamente para el mercado británico, sino para el resto del mundo, potenciando el crecimiento de la agencia. No obstante este modelo en nuestro país pretendemos que le uso de medios masivos por parte del poder público, esté determinado por el Ejecutivo, lo que invariablemente constituirá una tentación para la administración de los mismos. El otorgar la posibilidad a la Secretaría de Gobernación para que determine y administre el uso de tiempos gratuitos del Estado, no constituyen ejercicio imparcial, por el contrario, la administración atenderá a los intereses parciales, propios del ejercicio de poder. En ese sentido, se propone la presente reserva para fragmentar el control de los tiempos públicos de acuerdo al contenido de los mismos, correspondiendo a los fines educativos, culturales y meramente sociales, en tal circunstancia propongo que en la parte correspondiente del artículo 251 se agregue lo siguiente para quedar en estos términos. Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación y el contenido será determinado por la Secretaría que corresponda, de acuerdo a los fines educativos, culturales y de interés social. Por lo que corresponde a la reserva del artículo 259 señalaré, que la comunicación es un elemento básico de toda sociedad, el proceso comunicativo está constituido por una multiplicidad de elementos, a través de los que ampliamos nuestro conocimiento y compartimos nuestras vivencias, por ello, resulta esencial que la estructura de telecomunicaciones y radiodifusión garantice al público calidad en contenidos de información y entretenimiento. La audiencia en nuestro país requiere contar con mecanismos eficaces que le garanticen una comunicación veraz, oportuna y de calidad, así como instancias para presentar sus opiniones de respaldo o queja frente a los contenidos que ésta recibe. La reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, recogió este principio como un mecanismo para el mejor ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información, consagrados en los artículos 6º y 7º, respectivamente, en el sentido que será la propia ley la que establecerá los derechos de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. No obstante, lo anterior, consideramos que la propuesta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no ha definido ni regulado adecuadamente los derechos de las audiencias, así como tampoco los mecanismos de defensa, promedio de los que se va a garantizar su ejercicio, ya que si bien la experiencia internacional ha demostrado en esta materia que la autorregulación es un mecanismo idóneo para regular los contenidos dirigidos al público en general, la propuesta de ley, los concesionarios de radio y televisión estarán obligados a contar con una defensoría de audiencia para que reciba, documente, procese y dé seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que conformen la audiencia. La práctica en nuestro país no ha confirmado que a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión poco se interesan por temas que no representen una oportunidad para maximizar su capital. Consideramos que de permanecer esta figura en los términos en los que el dictamen contempla, se violenta la enmienda constitucional al artículo 6º en este tema, pues el encargado de vigilar y proteger los derechos de audiencia, de conformidad con la propuesta, podrá ser el mismo concesionario, ya sea en representación de uno o más concesionarios, lo que resulta a todas luces absurdo, pues éste se constituirá como juez y parte a la vez. En tal virtud, la reserva consiste en el artículo 259 para agregar en la parte final lo siguiente: Asimismo, el Estado deberá garantizar a favor de la población, a través de los tribunales especializados en la materia, la defensa pertinente en caso en los que se vulneren los derechos de audiencia de los que son titulares, todas y todos los ciudadanos, cuando haya estimado que el representante de la empresa no ha cumplido a cabalidad su encargo. Es cuanto, señor presidente.