EL C. DIP. OSCAR ALFONSO DEL REAL MUÑOZ: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputado; señor Procurador: Es una constante debatir sobre la participación del Ejército en actos de aparente naturaleza policíaca. Algunos de los propios militares opinan que las acciones que efectúan miembros del Ejército dentro de algunas corporaciones policíacas, deben ejecutarse exclusivamente por personal civil. De lo dicho hasta este momento, nos queda muy claro que independientemente de la legalidad o ilegalidad de la participación de miembros del Ejército en estas actividades, es con la colaboración del Ejército como se ha logrado la erradicación y la nulificación de actividades relativas al narcotráfico. Se evidencia también que este hecho ha sido de un costo significativamente menor que si se hubiera contratado un cuerpo de policía de 25 mil elementos, y es muy posible que, pese a tener en contra opiniones de peso, el grado de corrupción de las fuerzas policíacas que en México combaten al narcotráfico, sea mucho menor con la participación de las fuerzas armadas de mar, tierra y aire. Estamos en el punto en que objetivamente, tenemos que reconocer que la participación del Ejército en estas labores es insustituible, pero no obstante, nos preguntamos por que la normatividad no ha sido adecuada a la realidad para transparentar la participación del Ejército en estas acciones. Por otro lado, los esfuerzos del Estado Mexicano por erradicar y desaparecer hasta su última expresión el narcotráfico han sido tan significativos que implican forzosamente la participaci6n de los múltiples cuerpos policíacos que intervienen en la coordinación y la del Ejército como ya ha quedado asentado. De lo anterior deviene que afirmemos que no obstante esos esfuerzos, las acciones de la Procuraduría General de la República, con fuerzas propias y de otras instituciones, siguen siendo insuficientes y son insuficientes porque no se ha hecho el esfuerzo presupuestal adecuado para cubrir el costo de todas estas actividades. Adicionalmente no queda muy claro en el contexto internacional cuál es el esfuerzo económico real que se efectúa en cooperaci6n con otros países para combatir las acciones de narcotráfico que dañen a todos los signantes sin excepción. Es injusto que pese a los esfuerzos realizados, el gobierno de los Estados Unidos de América se empeñe en certificar o desertificar las políticas y las acciones que en materia de narcotráfico realiza el gobierno y el pueblo de México. La cuestión es s~ tenemos alternativas jurídicas en el derecho internacional para hacer una exigencia formal al gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de que él mismo debe participar más en erradicar el consumo de drogas en el vecino país. Sin embargo, pese a los grandes logros obtenidos por la Procuraduría General de la República en el cumplimiento de sus obligaciones y al margen de la desestima de esta institución en el sentir popular, hay un saldo negativo que no podemos ignorar: las tendencias apuntan al crecimiento de la actividad del narcotráfico; al involucramiento corrupto cada día mayor de autoridades relacionadas con el combate a esta actividad; al crecimiento de acciones de procuración de justicia que intimidan a los ciudadanos en las carreteras, los caminos, sus vehículos y sus hogares; en la privación de bienes a personas inocentes; en la multiplicación de fortunas cuyo origen es el lavado de dinero; en el creciente número de madrinas que ejercen violencia en los ciudadanos. ¿Qué opinión nos ofrece el señor Procurador ante estas expectativas? Muchas gracias.