El diputado Jesús Arredondo Velázquez: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el suscrito, diputado federal Jesús Arredondo Velázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de este Honorable Congreso el proyecto de iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La naturaleza jurídica del presente proyecto de iniciativa consiste en elevar a rango constitucional la obligatoriedad que debe tener todo servidor público para atender en un término realmente breve, las solicitudes de información que se le formulen al organismo o entidad a la que pertenezcan y evitar con ello retardos innecesarios o en su defecto, omisiones que impliquen un vacío en la prestación de un servicio público. El derecho de petición, jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la obligación que tiene el Estado de permitir al ciudadano elevar ante los diversos órganos de gobierno una solicitud. Asimismo, existe el derecho de respuesta que se entiende como la facultad que tienen los ciudadanos de, una vez ejercido el derecho de petición, recibir una respuesta en los términos legalmente establecidos. El derecho de petición debe entenderse como un derecho de seguridad jurídica, en tanto que supone una vía formal de relación y diálogo entre los particulares y las autoridades. Lo hasta aquí expuesto nos permite establecer que las personas tienen la potestad de acudir ante cualquier autoridad para formular una solicitud o instancia escrita de cualquier índole. Por su parte los servidores públicos, en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo 8 constitucional, tienen como obligación el deber de dictar en breve término y de manera congruente, la respuesta escrita a la solicitud que el gobernado les haya realizado satisfaciendo de este modo el imperativo constitucional mencionado. Existen casos en que se solicita información concerniente a la actuación en cualquier materia; es decir, en procesos judiciales, civiles, penales, administrativos, laborales, etcétera, ante diversas instancias, sin que las autoridades emitan su respuesta en un término considerablemente breve, provocando con ello confusión para el peticionario, incurriendo así en prácticas que en nada benefician a la transparencia. Como consecuencia, el peticionario puede interponer un juicio de amparo. En la práctica encontramos también solicitudes que no se sustentan, por su naturaleza, en otras leyes u ordenamientos jurídicos ni están vinculadas con algún procedimiento seguido en forma de juicio, sino son solicitudes relacionadas con las áreas de atención y/o gestión ciudadana, las cuales deben tener un trato especial por lo que deben ser acatadas en los términos para ser atendidas, prescribiéndose como plazo genérico máximo para la emisión de la respuesta escrita el de tres meses, atendiendo así a los criterios adoptados en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y en lo previsto en criterios sustentados por nuestros más altos tribunales federales. Es por ello que el presente proyecto de iniciativa evitaría que las autoridades jurisdiccionales federales tengan la carga de analizar, de forma casuista y conforme a las peculiaridades de cada caso, el concepto de breve término, en la omisión de la respuesta alegada. Por consiguiente, resulta necesario el consignar la obligatoriedad, en el artículo 8 constitucional, para que los servidores públicos emitan una respuesta a las solicitudes de los ciudadanos conforme a los términos que establezcan las leyes y reglamentos en cada materia; y con ello establecer un verdadero régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sujetos al título cuarto de la Constitución federal, ya que dicha obligatoriedad permitirá señalar, como conducta de omisión, el no dar respuesta en los términos establecidos en cada materia. Por todo lo dicho hasta ahora, la iniciativa que se propone aquí es modificar al segundo párrafo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que a la letra diga: Artículo 8. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Este acuerdo deberá ser congruente con la solicitud pedida y la autoridad tiene la obligación de hacerlo conocer en los plazos que dispongan las leyes u ordenamientos jurídicos de cada materia y, en caso de no preverse, se tendrá un plazo de tres meses. Es cuanto diputada Presidenta.