La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputada presidenta. Coincido con la diputada Ernestina, este dictamen es un paso muy relevante en materia de derechos humanos y justicia. Implica un avance trascendente que debemos destacar en esta tribuna, no solo porque se están atendiendo una serie de recomendaciones internacionales hechas al Estado mexicano en distintos momentos, algunas de ellas desde 2009 en el examen periódico universal de Naciones Unidas. También se atienden sentencias del Estado mexicano y, por supuesto, además esta iniciativa, esta ley incluye y atiende los estándares internacionales más altos que forman parte de tratados internacionales, de los que México ha firmado y de los que somos parte, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo de Estambul y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, la adenda hecha a este dictamen toma en cuenta importantes observaciones hechas tanto por organizaciones de la sociedad civil, como por Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a temas específicos que causaban controversias de la minuta que venía del Senado y que fueron aquí atendidos con sensibilidad y me permito reconocer, en ese sentido, hecho por los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia. Con esta Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, a la que ahora me referiré como la ley contra la tortura, derivada de una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal ante el Senado de la República, se busca contribuir a la erradicación de un delito y de una violación grave a los derechos humanos que en los últimos 15 años ha generado un número importante de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso coincido también en decir que, qué bueno que hoy estamos legislando en este tema, pero que también será indispensable verificar la implementación de esta ley a fin de que su implementación sea una realidad y se reduzcan el número de casos de tortura que han existido en nuestro país. Ése ha sido el compromiso del presidente Peña Nieto durante su mandato, la construcción de un marco jurídico y administrativo sólido que garantice y salvaguarde los derechos humanos y el fortalecimiento institucional con el mismo fin, y con el voto del Partido Verde Ecologista de México a favor de este dictamen suscribimos y reiteramos nuestro compromiso a favor de los derechos fundamentales. Me permito destacar, ya lo han hecho aquí mis compañeros, pero muy brevemente algunos de los aspectos más relevantes de esta nueva ley. Primero decir, que el tipo penal se establece de manera clara y se incluye además en la tipificación otras conductas como otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante y no solo la tortura per sé. Se establecen agravantes de las conductas para reforzar la tutela a grupos vulnerables, justamente a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, adultos mayores y personas con discapacidad. También implica un importante avance en la inclusión de los particulares como sujetos activos de este delito. Se incluye el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico, y este es un tema muy importante, ya que se establece que no constituyen causas de exclusión de la comisión de este delito de tortura la obediencia a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico. Se establece la imprescriptibilidad de este delito a fin de evitar la impunidad, se crean además fiscalías especializadas en la investigación de este delito tanto en el ámbito local como a nivel federal. Se crea este es un tema importantísimo un registro nacional que cuente con información estadística actualizada. A la fecha este es un tema lamentable somos incapaces de tener datos concretos de cuántos casos de tortura hay denunciados y eso es por la falta de construcción de un registro nacional. Esta ley establece y prevé que exista un registro nacional al que tanto las procuradurías como las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones de Atención a Víctimas de las entidades federativas aporten datos que permitan construir este registro. Se establecen las disposiciones necesarias para la realización de los registros adecuados que den certeza del lugar y forma en que se lleva a cabo una detención y que arrojen los datos sobre la cantidad e identidad de los detenidos, su paradero y condiciones de detención, cadena y custodia. Para garantizar de manera integral además la prevención de la tortura, se crea el mecanismo nacional de prevención como un instrumento encargado de la supervisión permanente de los lugares de privación de la libertad, y este mecanismo estará a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una participación importante de su Consejo Consultivo, así como de la sociedad civil y otros actores que podrán estar presentes en sesiones donde sesione este mecanismo. Se establece que las autoridades deben proceder de oficio y de inmediato para realizar investigaciones de casos de tortura y también que serán excluidas o declaradas nulas por carecer de valor probatorio todas las pruebas obtenidas bajo tortura. Se señala que toda investigación de tortura es competencia de autoridades civiles este es otro dato muy importante y se atiende a la importancia de que los dictámenes periciales tienen que observar los más altos estándares internacionales, y en particular las directrices establecidas en el Protocolo de Estambul. También se señala la importancia de que haya peritos calificados, así como la posibilidad de que los dictámenes puedan ser hechos por peritos independientes o por organismos públicos de protección a los derecho humanos, sin que por ello se pierda el valor probatorio de los mismos, y esto a petición de las víctimas; y las víctimas además también tendrán derecho a ser examinadas por médicos especializados y/o psicólogos de su elección. Y muy importante, cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, los dictámenes se harán respetando la legislación en la materia. Además se incluyó de que en caso de violencia sexual contra las mujeres, la asistencia médica sea proporcionada por un médico especializado en ginecología, de sexo femenino o del sexo que la víctima decida. Y se establece la obligación de quien haga el reconocimiento, de expedir de inmediato el certificado médico. Estos son los puntos que me parece importante destacar de esta reforma, y por todos estos elementos señalados y porque la relevancia que tiene este esfuerzo que hoy se está concluyendo aquí en esta Cámara, en el Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del dictamen. Es cuanto. EL Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Lia Limón. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.