La diputada Sofía Castro Ríos: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Hago uso de esta tribuna para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del artículo 123, de la Ley Federal de Trabajo y por supuesto los artículos 148 y 149 de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en razón de las siguientes consideraciones. Cuando un trabajador del gobierno federal es despedido injustificadamente y ejerce su derecho de llevar a juicio a su patrón, lo hace con la firme convicción de resarcirse del daño económico que se le originó a su patrimonio. Los laudos que ahí se emiten tienen el mismo carácter obligatorio que tienen todo tipo de sentencias emitidas por jueces competentes de cualquier materia; sin embargo, los funcionarios públicos carecen de una fuerza coactiva que los obligue a cumplir un laudo favorable. Hoy en día, la multa es de mil pesos, sanción por reinstalar al trabajador de acuerdo a como lo previene el artículo 148 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, lo cual es una cantidad sumamente irrisoria al nivel de los ingresos que percibe cualquier funcionario público. Por el contrario, lo estimula a pagar una multa de mil pesos para no permitir que un trabajador en específico reasuma su puesto laboral, lo cual resquebraja el espíritu de la ley. Esto deja en total indefensión al trabajador y propicia que, por causas totalmente apartadas de la eficiencia laboral, éste no sea devuelto a su actividad productiva. Sin embargo, el servidor público, al cubrir el monto de la multa, puede seguir ejerciendo su cargo, dejando a quien le precede, la obligación de pagar los salarios caídos y la reinstalación respectiva, sin que para él haya algún tipo de perjuicio a su posibilidad de seguir desempeñando cargos públicos en cualquier dependencia federal, estatal o municipal. Es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la conducta de los ciudadanos en tiempo, en modo, en lugar. Cuando ese supuesto no se cumple, esa facultad de quien se siente vulnerado a iniciar un proceso legal ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como lo mandata el 123 Apartado B, fracción XII, al llegar a su término debe cumplirse con la resolución definitiva del juzgador. Sin embargo, debido a la laxitud de las sanciones de los servidores públicos, no es preponderante para ellos acatar los laudos que emite el juzgador. Es necesario, pues, hacer que los funcionarios públicos se conduzcan de conformidad con el marco jurídico vigente para así evitar prácticas discriminatorias por género, preferencia sexual, raza, condición socioeconómica o por alguna discapacidad. Una de las medidas eficaces para que el servidor público atienda el laudo a favor de un trabajador despedido de forma injustificada es la suspensión o destitución, o en su caso la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, sea federal, estatal o municipal, porque la legislación mexicana no contempla una sanción real a los funcionarios públicos que violen de manera flagrante los derechos laborales, de cualquier pena pecuniaria, sin duda saldría también de las arcas del Estado. Ningún puesto público es un coto de poder, ningún puesto público implica la posibilidad de dejar al libre albedrío las decisiones de la autoridad en la relación patrón-trabajador, pero sobre todo ningún funcionario público debe estar al margen de la ley. Por lo antes expuesto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, someto a su consideración, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, para incorporar la fracción XI, que establece: En caso de separación injustificada tendrá derecho al pago de sus salarios caídos y podrá optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. El Estado deberá acatar la preferencia del trabajador para no ser sancionado. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley. Por supuesto, artículo primero?