El diputado José Rigoberto Mares Aguilar: Honorable asamblea, uno de los objetivos más importantes del concepto de desarrollo sustentable es la conservación y protección de especies de flora y fauna silvestres y de la zona donde se reproducen y se desarrollan para su disfrute por las generaciones presentes y futuras. La regulación ambiental se ha desarrollado desde hace 30 años, iniciando con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Sin embargo, las disposiciones jurídicas actuales, en especial las de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de terrenos forestales dan un margen muy amplio de discrecionalidad a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, para autorizar proyectos potencialmente perjudiciales en las áreas naturales protegidas de competencia federal. Hemos visto en la península de Baja California y en particular en mi estado, Baja California Sur, cómo proyectos mineros que ponen en riesgo la estabilidad de los recursos naturales han sido autorizados aún y cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se haya pronunciado en contra de su realización por su abierta contradicción con la ley, los decretos de la creación de áreas naturales protegidas y sus programas de manejo. Conforme a las reglas vigentes, la Semarnat puede solicitar opiniones técnicas a dependencias y entidades de la administración pública federal, o bien, consultar a grupos de expertos, para copiar elementos técnicos, científicos y jurídicos que le permitan decidir sobre la autorización de impactos ambientales de proyectos de competencia federal. Sin embargo, esta facultad no está prevista expresamente en la ley, sino en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental. Solicitar opiniones entonces, no es obligatorio y además estas no son vinculantes, es decir, no se establece que se actúe en el sentido de la opinión dada, esto hace que las decisiones públicas que se deben de reflejar en actos administrativos sobre la protección de las áreas naturales protegidas sean proclives a que las diferentes autoridades de la Semarnat que participan en las resoluciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo forestal decidan de formas diferentes sobre la protección de las mismas. En ese sentido, la presente iniciativa propone adicionar la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para establecer los términos bajo los cuales la Semarnat deberá solicitar opiniones en materia de protección de áreas naturales protegidas y darles los alcances de protección eficaces, para que las obras y actividades que pretendan desarrollarse en estas zonas se realicen en congruencia con su vocación natural protectora y con la regulación aplicable. De esta manera, esta iniciativa prevé la facultad de la Semarnat de solicitar informes y opiniones para considerarlas en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental de proyectos de competencia federal, la obligación de la Semarnat de solicitar su opinión a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cuando los proyectos se ubiquen total o parcialmente en estas áreas, el efecto jurídico vinculante de la opinión de la Conam, entendiéndose por ello que si la opinión es positiva la Semarnat podrá otorgar la autorización de impacto ambiental y/o cambio de uso de suelo en terrenos forestales, pero si es negativa, dicha dependencia deberá, obligatoriamente, negar la autorización respectiva por las razones y justificaciones expresadas en esa opinión. Compañeras y compañeros diputados, Baja California Sur es uno de los estados de la República con mayor territorio con áreas naturales protegidas, y por ser estas de alta importancia para la entidad y para el país deben analizarse minuciosamente los proyectos que se desarrollen en ellas para garantizar su cuidado y preservación. Y para ello es indispensable evitar la discrecionalidad con que, con base en la legislación actual, se ha manejado la Semarnat. Es tiempo ya de que establezcamos las bases legales para evitar este tipo de simulaciones que dañan nuestra biodiversidad y provocan un profundo repudio de nuestra sociedad. Y que se actúe con base en lo señalado en las opiniones de instituciones y organismos especializados, y lo haremos con las adiciones expuestas para mejor gestión de la conservación, aprovechamiento, preservación y protección ambiental de dichas áreas, de manera que sean una medida eficaz de desarrollo sustentable para las generaciones que nos siguen. No queremos ya más casos que comprometan a las futuras generaciones por el daño a los recursos naturales, como anteriormente ha ocurrido. No más proyectos que dañen a nuestro capital natural y afecten la vida y la salud de las y los mexicanos. Es cuanto, presidente. Por su atención, muchas gracias.