La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Presidenta. Los mexicanos y las mexicanas del siglo XXI claman justicia, protección y seguridad. Por tanto, los legisladores debemos atender urgentemente ese llamado garantizando plenamente la vigencia del estado democrático de derecho y la sana convivencia en comunidad de la sociedad. El órgano para la seguridad pública requiere de un compromiso ético, honrado y eficiente por parte del Estado. El sistema nacional de seguridad pública debe crear políticas de prevención y medidas de vigilancia que garanticen el respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres, la elaboración de estudios multidisciplinarios sobre los fenómenos delictivos, la eficiente persecución de los actos ilícitos no denunciados, la atención de víctimas de delitos en colaboración con las instituciones públicas y privadas para brindar protección a la integridad física de las mujeres en situaciones de peligro con motivo de violencia de género. En ese sentido, es importante precisar que la presente iniciativa persigue el siguiente objetivo: vincular al sistema nacional de seguridad pública con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objeto es actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligado a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Esta iniciativa busca fomentar las medidas de protección integral en lo correspondiente a la seguridad pública, a fin de prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y presentar asistencia a sus víctimas reorientando lo ya existente y proporcionando los recursos y medios necesarios para lograrlo. El sistema nacional de Seguridad Pública deberá considerar que la violencia de género es todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones, la trata o la privación arbitraria e ilegal de la libertad, conforme al sistema establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por otra parte, se deben considerar como ejes rectores de la presente iniciativa un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines: Fortalecer las medidas de sensibilización, educación, formación y capacitación de los funcionarios y policías, para brindar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género. Establecer en el marco del sistema de seguridad pública y del sistema para prevenir la violencia de género, el fomento de una cultura ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, los servicios sociales, de salud, publicitario y mediático para detectar y prevenir la violencia de género. Consagrar los derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género exigibles ante el Poder Ejecutivo y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios de seguridad pública establecidos al efecto. Pretende también reforzar el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con los principios y objetivos establecidos en las leyes mencionadas. Asimismo, garantizar derechos económicos en lo concerniente a la seguridad pública para las mujeres víctimas de violencia de género con el fin de facilitar su protección e integración social. También pretende coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso la sanción adecuada a los culpables de los mismos. Con base en lo expuesto, los principios que guían la política de Estado orientada a erradicar la violencia contra las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia, son los de igualdad jurídica, respeto a la dignidad humana, la no discriminación, la libertad de las mujeres y el conjunto de los derechos inalienables e indivisibles contenidos en la ley fundamental y reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Para alcanzar una solución integral a la violencia de género se debe considerar que la prevención no sólo le corresponde al sistema nacional de Seguridad Pública y a la Secretaría de Seguridad Pública; ésta requiere una participación coordinada entre el sector de la educación, la salud, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el sistema nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y no sólo de la intervención policial. Finalmente con esta iniciativa obedecemos a la exigencia social de superar el vacío normativo que subsiste en la actual política de Estado. Es fundamental que los legisladores demos el marco legal necesario para que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pueda ser aplicable, y para ello armonizar todos los instrumentos legales que existen al respecto. Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que establece las bases de coordinación del sistema nacional de Seguridad Pública y le solicito atentamente a la Presidencia de esta Mesa Directiva, que sea turnada a la Comisión de Seguridad Pública y a la Comisión de Equidad y Género, para su dictamen en conjunto, asimismo, le solicito sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.