La diputada Mónica Almeida López: Con su venia. Compañeros diputados, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los primeros siete meses del año el gobierno federal ha mantenido cerrada la llave del gasto, al reportar un subejercicio de 197 mil 800.9 millones de pesos en diversos programas y en detrimento de los derechos humanos de muchos mexicanos. Por lo anterior presento la siguiente iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo objetivo principal es regular los subejercicios y definir las sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con el correcto ejercicio programático y los genere de manera injustificada. Tiene como objetivos específicos establecer como margen el 10 por ciento de acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios por ente ejecutante. También equiparar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades a quien incumpla con los objetivos de los planes y programas, insisto, de manera injustificada, con sanciones que van de los 6 meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días de multa. Establecer asimismo, que los recursos generados por subejercicios se reasignen en prioridad a programas e inversión e infraestructura en rubros de salud, educación, ciencia y tecnología, energías renovables y economía, que expresamente la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. Con lo anterior, de ser aprobada esta iniciativa, estaremos coadyuvando a resolver la problemática que hoy enfrenta la Auditoría Superior de la Federación, pues se encuentra mermada legalmente para poder hacer más exhaustiva y coercitiva la aplicación del gasto público de manera oportuna y eficiente. Actualmente ya existen resquicios legales que permiten al Ejecutivo federal contar con gastos discrecionales, como es el caso de los subejercicios, y si bien, compañeros diputados, la legislación actual señala que los subejercicios que no se subsanen en un plazo de 90 días se reasignarán a programas sociales y de inversión en infraestructura, pues cosa curiosa, compañeros diputados, pues con esto al mismo tiempo se está otorgando al Ejecutivo la oportunidad de recortar los recursos a diversos sectores, con la finalidad de que estos excedentes o ahorros se puedan aplicar de manera discrecional en los proyectos y programas de su mayor interés. Que, si bien pueden ser bien intencionados, en estos no media a un proceso participativo y transparente, que garantice a los mexicanos que estas estrategias son correctas y consensadas democráticamente para el desarrollo económico y social de largo alcance. Ustedes conocen, a los siete meses de gestión de este año, existen casos críticos en los cuales diversas dependencias han rebasado desde un 30 y hasta un 100 por ciento de subejercicio. Enlistaré algunos. El Programa de Inclusión Social, solo ha ejercido el 2.6 por ciento; Vacunación, solo ha gastado el 6.7; para las Personas con VIH Sida y Otras Enfermedades Sexuales, solo se ha gastado el 8 por ciento; para las Personas con Discapacidad, ellas solo han recibido el 20 por ciento del total del gasto asignado; para Prevención y Control contra las Adicciones, apenas se ha ejercido el 29.7; para el Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, hay un 100 por ciento de subejercicio. Qué decir de todos los programas sujetos a reglas de operación, en el que solo se ha gastado el 13.1 por ciento. No hay justificación alguna de que los recursos no sean ejercidos para atender las problemáticas de las personas que más lo necesitan y no podemos esperar a que estos sean reasignados al final del año. Se ha reestablecido con esta propuesta la regulación de los subejercicios, las sanciones a quien no cumpla con lo programado y, por supuesto, a que se otorgue la oportunidad de designar de manera consensada las prioridades para el desarrollo de México y, por supuesto, en favor de todos los derechos de los mexicanos. Muchísimas gracias por su atención.