La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, presidenta. Decía que se puede decir mucho sobre la nociva reforma energética de los gobiernos neoliberales, que durante más de 30 años se volcaron en entregar los recursos de la nación a capitales privados. Se suponía que en manos de los privados llegaríamos a generar tanta riqueza que se desbordaría y los recursos llegarían a todos. Esto, por supuesto no sucedió. Por el contrario, perdimos la soberanía energética. La reforma que hoy analizamos no es lo que la derecha señala, solo buscan espantar con el petate del muerto. Esta reforma es muy simple, pero muy profunda. Busca erradicar la corrupción y los negocios mal habidos al amparo del poder. Establece la posibilidad de orientar la estrategia energética que sea más favorable para la nación. Pasa de un modelo de despacho económico a un modelo de despacho con compromiso de entrega física. Se equivocan y callan grandes verdades. Nadie de los que han hablado en contra ha señalado que en ningún país de los llamados desarrollados han entregado la rectoría del sector a los privados, como lo hicieron ellos con la reforma de 2013. A quienes les gusta comparar a la CFE con empresas de clase mundial, les decimos que la compañía de luz pública de Francia tiene el 86 por ciento de las acciones de la empresa y lo mismo pasa en China y en Rusia. ¿Qué significa esto? Algo muy sencillo, que las potencias no diluyen su influencia en el mercado, incluso el Banco Mundial después de tres décadas de políticas privatizadoras, ha recomendado repensar estas políticas y elegir los caminos que mejor convengan, porque no hay recetas universales, como se nos presenta o nos quieren presentar los liberales tecnócratas. La presente reforma solo implica la restitución del Estado de derecho, que parece no gustarles. ¿A qué obedece la desproporcionada protesta de la oposición? ¿Será que existen contratos y obras que se pactaron en contra de interés público y de la ley? ¿Y por eso temen que este gobierno los revise? En principio, debe decirse que todos los contratos y permisos vigentes se mantienen. ¿Cuál terminación anticipada de contratos? No obstante, tanto los permisos de autoabastecimiento como los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compra-venta de energía eléctrica serán revisados, sin que ello implique, de entrada, su revocación. En el caso de los permisos, se revisará que hayan sido obtenidos sin cometer fraude a la ley, de manera que solo quienes hayan incurrido en este supuesto de fraude a la ley deberán preocuparse. Vamos por partes, los contratos se revisarán para garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal, todo esto teniendo como soporte a la propia Constitución. En este caso se respeta el derecho constitucional de audiencia previa, en términos del artículo 14 constitucional. Esta reforma es consecuente con el artículo 134 de nuestra Carta Magna, al advertir que los recursos públicos de que se disponga deben ser administrados con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos para los que están destinados. Y eso es lo que hace la reforma, no más, no menos. El PRI, ejecutor de las reformas estructurales, renunció a su lado social para poder votar los cambios de la Constitución. No se les olvide que tuvieron que hacer una votación fast track de su Consejo Nacional, para aprobar en sus estatutos que pudieran votar por la privatización de los energéticos. Aquí está documentado, se los hicieron hacer a la llegada de Peña Nieto y ahora se espantan y no entienden esta reforma que regresa la rectoría del Estado en el sector energético. Con esta reforma no solo se restituye, como decía, la rectoría del Estado en el sector, sino que se impone el Estado de derecho. No cerramos los caminos jurídicos que puedan alegarse ante una supuesta lesión jurídica. Ese es el Estado democrático de derecho, de instituciones. La Rectoría del Estado no es un dogma, es un principio de viabilidad de la nación. No se desdeña a la inversión privada, pero se requiere de la del tipo responsable, la que cumple y honra con sus compromisos y obligaciones. No aquella que reclama apoyos fiscales a costa de las contribuciones que todos pagamos, mientras fugan sus recursos a cuentas en el extranjero. Otra de las tantas mentiras que se han expuesto en este debate y que tiene que ser aclarada y desmentida, es la que señala que esta reforma aumentará los precios finales de la energía que pagan las y los consumidores. Eso también es falso. No le sigan mintiendo al pueblo de México, porque cuando se hace esa afirmación, es parte de una idea global imprecisa y tramposa, que señala que priorizando la producción de CFE, que es más costosa, se aumentarán los precios automáticamente. El criterio económico discriminatorio actual origina que los centros de la CFE, que brindan la generación firme, la regulación de voltaje y las reservas de regulación necesarias para mantener la confiabilidad y seguridad en el sistema eléctrico nacional, no recuperen sus costos totales, ya que es común que la generación renovable, intermitente, eólica y fotovoltaica no provee estos servicios. Por lo tanto, los costos de los servicios conexos, no incluidos en el mercado, no se refleja en el despacho económico, por lo que las centrales de CFE resultan ser aparentemente más costosas que las privadas de tecnología renovable intermitente, eólicas y solares, pues los costos variables de estas tecnologías que falsamente se le atribuyen valores cercanos al cero y no prevén ningún servicio conexo, provocando que la energía que proporciona la confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico sea desplazada, la de la CFE. Esta situación conduce a una competencia desleal, ya que en el esquema de despacho actual la CFE proporciona, a través de sus generadores, todos los servicios de estabilidad y confiablidad del sistema eléctrico nacional, sin recuperar sus costos totales y además se propicia un daño acelerado de sus unidades de generación al mantener regímenes de operación flexible. Si aprobamos esta reforma, estaríamos facilitando que la CFE pudiera recuperar en el mercado sus costos reales de producción y de sus servicios conexos, permitiendo con ello no solo recuperar la inversión generada, sino, sobre todo, producir a menor costo y con mayor eficiencia. Esta reforma permitiría en el corto y mediano plazo revisar los esquemas tarifarios actuales de las y los usuarios finales, formulando un esquema de fijación de tarifas de la que millones de mexicanas y mexicanos podrían verse beneficiados. Es cuanto, presidenta.