La diputada Rosaura Denegre-Vaught Ramírez: Con su venia, diputada. La suscrita, diputada federal Rosaura Denegre-Vaught Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Se entiende como reparación del daño "la obligación impuesta al delincuente de restablecer el statu quo y resarcir los perjuicios derivados de su delito; asimismo, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el proceso penal será acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, concentración, continuidad e inmediación. Igualmente, el contenido del artículo se divide, para su mejor estudio, en los principios generales de los derechos de toda persona imputada y los derechos de la víctima o el ofendido. Dicha medida, en su caso, deberá ser revisada por autoridad judicial mediante el proceso penal correspondiente en los términos y condiciones que establezca la ley. En los procesos penales no sólo hay garantías para el inculpado, sino también para la persona o personas que se hayan visto afectadas en virtud de la conducta antijurídica cometida por aquél. El artículo 2o., fracción IV de la presente iniciativa que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales establece como una de las principales obligaciones del Ministerio Público en la averiguación previa, el solicitar a la autoridad judicial que se repare el daño. El artículo 123, párrafo primero, de la presente iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Penales establece que inmediatamente que el Ministerio Público o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de la probable existencia de un delito, que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas, así como garantizar la reparación del daño, impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas de objeto o efectos del mismo; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante. Esta reforma tiene por objeto el sumar la obligación de garantizar la reparación del daño respecto a las providencias precautorias. Expuesto todo lo anterior sometemos a consideración de este órgano de legislativo la siguiente propuesta de proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo primero. Se reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: En la fase de investigación, el Ministerio Público, previa autorización judicial, en la que mediará audiencia al imputado, podrá implementar, a petición de la víctima u ofendido del delito, medidas tendientes a garantizar la reparación del daño en los términos que establezca la ley. Dicha medida, en su caso, deberá ser revisada por autoridad judicial durante el proceso penal correspondiente, en los términos y condiciones que establezca la ley. Artículo segundo. Se reforma el artículo 2, 123, se adiciona el artículo 133 Bis pasando el actual a ser el artículo 133 Ter, 149 y se adiciona el artículo 161 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como siguen: IV. Solicitar a la autoridad judicial que se establezca como medida tendiente a garantizar la reparación del daño, el embargo precautorio de bienes, de conformidad con lo señalado en el artículo 133 Bis y 149 del presente. Artículo 133 Bis. En la averiguación previa, el Ministerio Público, previa autorización judicial, en la que mediará audiencia al imputado, podrá implementar, a petición de la víctima u ofendido del delito, el embargo precautorio tendiente a garantizar la reparación del daño. Una vez que la víctima u ofendido formule la petición a que se refiere el párrafo anterior, el Ministerio Público podrá determinar la procedencia de la misma y, en su caso, solicitará a la autoridad judicial emita la autorización respectiva sin perjuicio de que, en caso de negarse la imposición de dicha medida, por medios posteriores de prueba se actúe nuevamente en contra del inculpado. La negativa u omisión de solicitar esta medida dará lugar a que pueda ser impugnada por la víctima u ofendido, presentando su inconformidad ante el Procurador General de la República dentro de los cinco días contados a partir de que se le haya hecho saber la determinación, a través de un escrito en el que exponga los argumentos o elementos que considere que el Ministerio Público dejó de atender, con los cuales se hace necesaria la imposición de la misma. El Procurador General de la República oyendo el parecer de sus agentes auxiliares y analizando los argumentos del escrito de inconformidad y de las causas de dicha determinación del Ministerio Público, decidirá si se debe o no solicitar la medida a la autoridad judicial correspondiente. Para estimar el monto por el cual debe garantizarse la reparación del daño se tomará en consideración la probable cuantía de estos, pudiendo el Ministerio Público solicitar informes y/o documentación relativa a operaciones y servicios realizados por instituciones de crédito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Artículo 149. Si durante la fase de investigación no se hubiera solicitado el aseguramiento de bienes tendientes a garantizar la reparación del daño, el Ministerio Público, el ofendido o sus legítimos representantes solicitarán al Juez, y éste dispondrá con audiencia del inculpado, salvo que éste se haya sustraído a la acción de la justicia, el embargo precautorio de los bienes en que pueda hacerse efectiva la reparación del daño, tomando en cuenta la probable cuantía de éstos, según los datos que arrojen las constancias procesales se negará el embargo o se levantará el efectuado cuando el inculpado u otra persona en su nombre otorguen caución bastante a juicio del órgano jurisdiccional para asegurar la satisfacción de la responsabilidad del daño causado. Artículo 161 Bis. Al momento de dictarse el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, la autoridad judicial deberá resolver la procedencia del embargo precautorio pudiendo ratificarlo, modificarlo o revocarlo en los términos de lo dispuesto en los artículos 133 Bis y 149 respectivamente. Transitorios Artículo primero: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo: Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán aplicables a los procesos penales que se generen a partir de la entrada en vigor del mismo. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Ciudad de México, Distrito Federal, a 26 de marzo de 2009. Gracias.