El diputado Enrique Ochoa Reza: Compañeras y compañeros, empecemos por lo bueno, reconociendo lo positivo. Reconocemos la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en hacer un firme combate al robo de hidrocarburos, y desearíamos tuviera un mejor equipo de trabajo para lograr que los objetivos que le ha planteado al país se cumplan en la realidad. En el caso de la estrategia implementada por el gobierno de la República, los resultados no son positivos y los costos económicos y sociales son altos. Tuvimos desabasto de combustible por una serie de errores producto de decisiones no acertadas, esto aunque no guste escucharlo, poco o nada tiene que ver con una decisión de política pública como la que impulsó el presidente López Obrador. Se estima que el costo por el desabasto de combustible fue cercano a los 40 mil millones de pesos, el cual afectó a productores, comerciantes, transportistas y al turismo, entre otras actividades económicas del país. La compra en Estados Unidos de los autotanques por adjudicación directa, que ascendió a 92 millones de dólares y que ciertamente es un presupuesto equivalente al destinado anualmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que podamos magnificar el gasto que se llevó a cabo, en esa compra por adjudicación directa en Estados Unidos de autotanques. Pero habrá que recordar que según Presidencia de la República, solamente 280 de aquellas más de 600 pipas se encuentran en México, de las cuales solamente, de acuerdo a datos oficiales, 80 están circulando porque cerca de 220 están aún en proceso de revisión. En consecuencia, una estrategia que iba a atender una emergencia y que fue señalada por el presidente López Obrador como urgente, meses después todavía no contamos en México con esos autotanques que costaron millones de dólares por adjudicación directa y que se compraron de esa manera. Pero vamos a otro dato duro. En enero, cuando se fortaleció la estrategia contra el robo de combustibles, se identificaron mil 565 tomas clandestinas, 49 por ciento más que las que se reportaron en enero de 2018, un año antes. Al cierre del primer bimestre de este año, Petróleos Mexicanos registró 2 mil 907 tomas clandestinas, cifra que representa un aumento del 28 por ciento con respecto al mismo bimestre medido en el año anterior. Si bien todos estamos a favor del combate al robo de hidrocarburos, la estrategia señalada por el gobierno de la República no ha dado los resultados que todos deseamos y que tenemos que ofrecerle al pueblo de México. En consecuencia, nosotros en el Poder Legislativo seguiremos haciendo el trabajo y seguiremos dotando de herramientas para que el Poder Ejecutivo sí cumpla las instrucciones del presidente López Obrador y disminuya el robo de combustibles. En consecuencia, en el Grupo Parlamentario del PRI apoyaremos la propuesta que fue presentada en la Comisión de Justicia para fortalecer las determinaciones que establece la ley, para que cuando una empresa sea detectada que participa en el robo de hidrocarburos, el juez de control pueda someter a la Comisión Reguladora de Energía la solicitud precisamente para que se ponga en pausa el permiso que tiene de operación. Lamento que esta propuesta, que fue turnada a la Comisión de Justicia y muy importante en materia de combate al robo de hidrocarburos, no haya sido sometida también a la Comisión de Energía, porque en la Comisión de Energía hemos tenido debates importantes sobre esta materia también. De haberse sometido, se pudo haber enriquecido la propuesta con un elemento fundamental, hace unos momentos una compañera del Partido Encuentro Social y un compañero del Partido del Trabajo mencionaron que efectivamente era necesario que el transportista de hidrocarburos pudiera acreditar documentación fiscal o documentación legal que acredite el traslado legítimo del hidrocarburo. Hay un vacío en la ley que vamos a modificar, que se tiene que corregir. Fíjense ustedes, se propone en el artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos que, para alegar legítima posesión, el conductor tiene que ofrecer al menos uno de tres documentos: el original de la factura electrónica o comprobante fiscal, la escritura pública o inscripción en el Registro Público de los mismos, o la presentación de medios de prueba idóneos y suficientes. Pero no se especifica cuáles son esos medios idóneos o suficientes. La propuesta que llegó a la Comisión de Energía es que ahí se agregue que sea una carta de porte debidamente documentada, tal y como está en la Ley de Transporte Federal. Es una homologación de leyes que ayudaría a combatir el robo de hidrocarburos. Discutiremos esto a mayor decisión, pero hubiera sido mejor que la Comisión de Justicia también hubiera oído la opinión de la Comisión de Energía. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad.