EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: gracias ciudadana Presidenta. Amigas y amigos Legisladores. He reservado el Artículo 34º porque mas que una propuesta quiero expresar una enorme preocupación por la consecuencia que trae este artículo que se buscó y se redactó pensando en una forma inteligente de resolver el problema pero creo que puede institucionalizar el conflicto entre dos poderes. ¿Por qué lo digo? Primero quiero hacer un enorme reconocimiento, absoluto reconocimiento por parte del Partido Alianza Social, al enorme esfuerzo que hizo la Comisión por sacar una ley tan importante y coincido en que es el legado histórico parlamentario más importante que dejará esta Cámara. Por otra parte, entiendo pues, que el esfuerzo no fue sencillo y tuvieron que buscarse formas eclécticas o incluso algunas no necesariamente constitucionales para que la ley saliera y respondiera a las necesidades sociales. También eso lo entiendo. Sin embargo, la preocupación radica en lo siguiente: Constitucionalmente era imposible que se ratificara por parte del Senado a los miembros del Instituto Federal de perdón, en la ley era imposible que se ratificaran porque constitucionalmente no existe un precepto en el cual se detuviera y se cimentara el artículo 34 de la ley que en este momento se está discutiendo. Entiendo que se buscó la forma que se llama "objeción", pero quiero comentarles lo siguiente: La ratificación, según los constitucionalistas, es una forma de control parlamentario en un sistema presidencial como el nuestro; es uno de los rasgos que permite que un poder en este caso el Poder Legislativo- controle al Poder Ejecutivo. Así mismo la ratificación, según el Diccionario de Derecho Parlamentario, es un acto que constituye la confirmación de una función o encargo en los órganos de la Administración del Gobierno. La ratificación es un acto jurídico, administrativo, político y social que significa la confirmación a un ciudadano o ciudadana para la prestación de sus servicios en cualquiera de los órganos del Gobierno. La forma pues jurídica, adecuada para controlar por parte de esta Cámara, por parte de este Congreso, por parte de la Cámara de Senadores para ser más específico- al Ejecutivo, era la ratificación pero como lo señalamos, la ley no lo podía prever porque la misma Carta Magna no lo pedía. Y ¿cuál es la salida que se buscó? Bueno, pues la objeción. Entiendo más bien que la objeción se trata de un instrumento político más que jurídico porque si la ratificación no podía estar en la ley que hoy se discute pero que al fin de cuentas es un concepto jurídico, con qué razón existe entonces la objeción que no solamente no existe en la Constitución, sino que nace de una ley pero que no tiene como aquí se dijo- ningún valor jurídico. Es decir, la salida que entiendo fue de la mejor fe puede dar no solamente al traste porque legalmente, si la ratificación no se puede bueno pues la objeción es solamente un concepto político que no jurídico. Pero suponiendo que no exista ningún problema en que se conserve el concepto de objeción, lo más grave amigas y amigos legisladores es la consecuencia que trae o que traería que se mantenga el concepto de objeción. ¿A qué voy? Pongámonos en las tres hipótesis que podrían suceder según el artículo 34. Que el Presidente propone a los comisionados y que el Senado no los objeta. Bueno y sano. Segunda hipótesis: que el Presidente propone, que el Senado objeta y que entonces el Presidente cambia la actitud y nombra a otros que finalmente el Senado ya no vuelve a objetar. Tampoco habría problemas. Pero suponiendo que el Presidente nombra, el Senado objeta y el Presidente no acepta la objeción cuál sería el resultado por la experiencia política que hemos estado viviendo últimamente, que se quiebran lanzas, que uno al otro se dice, por una parte el Ejecutivo seguramente en la televisión dirá que el Senado es un grupo de grillos, y el Senado, qué dirá en la televisión: que el Presidente no tiene la sensibilidad política como para que se nombre mediante un consenso a este órgano que jerárquicamente cubrirá una función extraordinariamente importante para hacer cumplir la ley. ¿Saben qué es lo grave, saben qué es lo peligroso?, que este órgano y este instituto, que busca cubrir un impasse importante en la transparencia de la información, estaría si no herido de muerte, por lo menos cargando con un enorme lastre de falta de legitimidad. Esa es la preocupación, amigas y amigos legisladores, que tenemos. No es nuestro ánimo ni nuestro afán venir a estar en contra de un instrumento jurídico que me siento orgulloso de haber votado a favor, pero repito, por la experiencia que hay, el concepto de objeción puede institucionalizar el conflicto, porque no será entonces una recomendación, ¿o sí es una recomendación? Jurídicamente no existe, ¿cómo se tendría que tomar en cuenta ese concepto de objeción? Entonces concluyo. Lo correcto es que el Poder Legislativo vía el Senado, pudiera controlar en el nombramiento al Presidente de la República, de los miembros del instituto, pero como constitucionalmente es imposible la cuestión de la objeción viene a ser más grave aún, el remedio viene a ser peor que la enfermedad y tendríamos entonces dos alternativas: o que pase sin el concepto de la objeción, cosa que pudiera ser lamentable porque Alianza Social cree que debe haber control, o bien que se apruebe sin objeción y que nos vayamos eventualmente a una posible reforma, que entiendo también esto detendría el asunto. Simplemente entonces y no voy a hacer ninguna propuesta porque sé que es difícil- solamente dejo la enorme preocupación que el concepto objeción podría traer como institucionalización del conflicto, hoy que por cierto la Cámara, las Cámaras son independientes del Ejecutivo. Gracias.