El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, Presidente. Antes de iniciar estas palabras, quisiera reconocer el gran esfuerzo, la gran capacidad de negociación, el escuchar a todos los grupos parlamentarios, fue un gran trabajo que hicieron los dos presidentes de las Comisiones de Competitividad y de Economía, y debo reconocer también en el diputado Adolfo Orive y de Mario Sánchez, su gran capacidad de comprender que el país necesita instrumentos como éstos para poder crecer, para poder tener caminos unidos que nos lleven a un desarrollo que a su vez nos lleve también a satisfacer la mayor necesidad que debe satisfacer un estado, y es el bienestar social. Muchas felicidades a los dos. La competitividad de un país es fundamental para alcanzar su desarrollo y crecimiento, y por supuesto, también alcanzar sus niveles de bienestar. Sin embargo, para ello es necesario forjar un sistema económico sólido que permita la libre concurrencia y competencia económica mediante un estado capaz de detectar, combatir y prevenir la explotación abusiva de agentes económicos dominantes, pero al mismo tiempo, sustentando esto bajo una política de desarrollo y fomento a la competitividad y productividad nacional. Es por ello que la consolidación de nuevos órganos y sistemas regulatorios relacionados con actividades productivas en nuestro país, es un tema de gran trascendencia para el desarrollo nacional, y es en el tema en particular que esta legislatura se ha abocado, ya que es a través de ellos que lograremos conformar un estado eficiente, fuerte y justo que responda a las necesidades de la sociedad; sin embargo, para tener éxito en lo anterior, resulta fundamental tener directrices y normas claras respecto a la productividad y competitividad de nuestro país. La expedición de la ley que hoy nos ocupa tendrá un gran impacto sobre nuestro país, pues nos permitirá conformar una nación más equilibrada económicamente hablando, más justa, pero fundamentalmente nos ofrece la oportunidad de contar con una clara política nacional de fomento económico, obligatoria para la administración pública federal con componentes transversales, sectoriales y regionales. Del mismo modo, esta nueva ley ofrecerá los mecanismos e instancias de coordinación necesarios para incluir la participación de las empresas, la de los trabajadores e instituciones académicas, lo cual permitirá contar con un proyecto integral de desarrollo. Lo anterior es primordial para lograr implementar políticas públicas que efectivamente eleven el nivel de competitividad en nuestro país, que a su vez se traduzca en mayor crecimiento y, sobre todo, en un beneficio directo a las familias más pobres de nuestra nación, pues al incrementar la productividad y competitividad nacional será posible disminuir la situación de vulnerabilidad de este sector al no tener que soportar precios desorbitantes de bienes y servicios de baja calidad. La falta de competitividad y productividad es también una de las más grandes barreras en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y es un freno a la inversión y al crecimiento. Por ello, la aprobación de este nuevo ordenamiento, sin duda, representa un progreso importante en las decisiones que el Estado comenzará a tomar respecto a la verdadera regulación para el fomento económico. Por otro lado, nuestra balanza comercial en las últimas dos décadas ha mostrado un saldo deficitario, lo cual es una clara muestra de la situación que enfrenta el mercado mexicano a nivel internacional. Esta situación debe y tiene que cambiar, y para ello nuestro país debe contar con un instrumento legal que ofrezca directrices claras, concretas y medibles para alcanzar una mayor competitividad y productividad en el país. Para nuestro grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México, es de gran relevancia manifestar el voto a favor del dictamen a discusión, ya que es uno de los trabajos legislativos que tendrá un impacto directo sobre la estructura productiva nacional. Si bien las propuestas que hoy aprobamos no carecen demérito y no tienen un impacto presupuestal es preciso señalar que una reforma sustantiva del régimen de productividad y competitividad requiere el apoyo del Ejecutivo para la creación, ejercicio y especialización de las autoridades correspondientes. Finalmente debemos reconocer que las reformas en materia de competencia, telecomunicaciones, energía, competitividad y productividad económica, que hasta ahora se han discutido y aprobado por el Congreso de la Unión, son apenas el inicio de un largo camino hacia la adecuada regulación y desarrollo de los mercados mexicanos, y hacia una nueva visión de Estado que como ya lo señalamos deje satisfecho las necesidades de la sociedad y en particular fomente el bienestar social. Es cuanto, presidente.