La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidente. El conjunto de reservas que les presento tienen que ver, el primero, el artículo 3 con una redacción que contiene la fracción X del dictamen a discusión, en particular sobre los datos que estamos tratando de entender qué son los datos personales y qué son los datos sensibles. Y quisiera decirles que hemos propuesto en esta reserva que con excepción de creencias religiosas, filosóficas y morales, así como opiniones políticas, el resto de los datos que se contienen en la fracción X que se nos presenta se mantenga, porque excluir las creencias religiosas, filosóficas y morales, así como las opiniones políticas, porque son éstas las que determinan la cultura y la conducta de un individuo en su conducta pública, por eso es muy importante que no confundamos datos personales con datos sensibles. Pero que, además, tenga que haber un periodo de tiempo suficiente para que los datos sensibles puedan ser consultados sin afectar al individuo. En relación con la reserva a la fracción VI del artículo 5o., se hace con el propósito de que se considere como fuentes de acceso público a los archivos históricos. Yo dije hace un rato acá que la Asociación Nacional de Estudios Históricos nos dice que es muy importante que cualquier archivo se considere un archivo histórico, pero que además esa es su materia de trabajo. Estamos seguros que cuando no aprendemos de la historia volvemos a repetirla, por eso les proponemos que no cometamos los mismos errores y que nos ocupemos de que la información en posesión de los sujetos obligados sea verdaderamente pública y accesible a todos los interesados. Los archivos que hoy se generan en las dependencias públicas pueden contener hoy información trascendental para que el día de mañana podamos entender por qué y cómo se hicieron o dejaron de hacer algunas cosas. En relación al artículo 21, proponemos que se elimine el consentimiento tácito. Es importante porque en el artículo 8o. constitucional ya se regula el derecho a la petición y se obliga a que la autoridad, por escrito, tiene la obligación de contestar al peticionario. En un sinnúmero de leyes se le da efectos al silencio administrativo y se establece de manera expresa en cada ley los efectos que produce de manera afirmativa ficta o negativa, según el caso. O sea, la afirmativa ficta ya está presente en la ley; ya está en otros elementos de la Constitución. Por eso en esta no debería estar presente como afirmativa tácita. Por ejemplo, en materia fiscal se aplica la negativa ficta. ¿Por qué? Porque los efectos que se le dan al silencio administrativo, transcurrido cierto plazo sin que la autoridad conteste, se entiende en sentido negativo. Y así en distintas leyes existe, por eso creemos que en esta materia de datos personales no debe existir. En el artículo 59 proponemos en el primer párrafo que la relación entre el responsable y el encargado sea únicamente mediante contrato, eliminando la palabra o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, con el propósito de evitar que se puedan hacer negocios ilícitos en este tema y otros. En el transitorio séptimo se propone un término de 18 meses para que los sujetos obligados ajusten su normatividad. Éste es un plazo excesivo el que se está proponiendo, ya que cuando se discutió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el transitorio tercero que establecía también un plazo de 18 meses mediante reserva presentada por mí, y de acuerdo a todas las fracciones se establecieron solo 12 meses. Por eso les hacemos hoy un llamado en éste, porque es una dificultad administrativa que en la Ley de Transparencia exista un plazo y que en la de Datos Personales exista otro, porque las ambas leyes son vinculantes. Muchas gracias, presidente.