LA C. PRESIDENTA: Gracias, señora diputada. Insértese en el Diario de los Debates el texto íntegro y túrnese a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley General de Educación. (LECTURA DE INICIATIVA, INSERTESE) Cámara de Diputados. Presente. Miguel Bortolini Castillo, en mi carácter de diputado federal, de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad Constitucional que me concede el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Soberanía la iniciativa que reforma La Ley General de Educación en el Capitulo II, Sección Cuarta, artículo 31, para lo cual me permito hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En el México del Siglo XXI, el desafío de hacer de la educación una prioridad nacional, pasa necesariamente por la modernización de sus instituciones y esquemas de gestión. Desde su institucionalización como responsabilidad del estado, el sistema educativo nacional ha tenido un crecimiento constante que le ha llevado a atender en la actualidad a prácticamente 1 de cada 3 mexicanos. No obstante, tal progresión en muchas ocasiones se ha dado de manera desordenada e incoherente, lo que le ha impedido cumplir con la misión establecida en el artículo 3o. de nuestra Carta Magna, que consagra el acceso, cobertura, calidad y oportunidad de los servicios educativos para todos los mexicanos. En la Ley General de Educación de 1993, se dieron pasos en el sentido de fortalecer las bases de la gestión del sistema, entre ellas y de manara destacada, aquellas referidas a la evaluación, estableciendo para ello un apartado específico que se denomina justamente "De la Evaluación del Sistema Educativo Nacional". En efecto, en el Capitulo II, Sección Cuarta, artículos 29, 30 y 31, al delimitar las responsabilidades del Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, se pretendió hacer de esa función sustantiva, una actividad "sistemática y permanente", que sirviera como base para adoptar las "medidas procedentes". No obstante esa pretensión, hoy en día la función evaluativa del sistema educativo no cumple con los requisitos básicos que en la ley se establecen. Como el propio Ejecutivo Federal reconoce en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, además de carecer de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa y de una instancia con la capacidad técnica para conformarlo y dirigirlo, no existe una cultura de la evaluación entre los actores de la educación, lo que entre otras cosas ha generado un manejo poco transparente de los resultados de las mismas. Hoy en día no se sabe con precisión cuestiones clave para iniciar la transformación de la educación mexicana, como por ejemplo, el nivel de comprensión de los contenidos educativos que desarrollan los educandos; las actitudes, aptitudes y valores que adquieren; la disposición de los docentes frente al cambio; el nivel de eficiencia de la mecánica institucional; las condiciones para el mejor aprovechamiento de la infraestructura; el impacto de las nuevas tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje; el tipo de investigación educativa que se realiza en nuestro país y su vinculación con los problemas que enfrenta el sistema, entre otros. Pero existe mucha información que resulta de evaluaciones que se hacen por iniciativa de algunos actores de la educación, o incluso de aquellas que realizan agentes externos, a la cual no tiene acceso la sociedad en general. Y no tienen acceso porque la autoridad educativas en el antiguo régimen asumían que no era conveniente dar más información de la debida, acomodándose ventajosamente a la máxima que dice "información es poder". Compañeras diputadas y diputados: En días pasados, luego de que un diario de la capital del país denunció el ocultamiento por más de 6 años de una evaluación realizada por un organismo internacional de educación, el cual muestra del estado de atraso que vive la educación en México, quedó de manifiesto la importancia que tiene regular el acceso a la información, en particular aquella que se refiere a la evaluación de programas y políticas públicas. Recientemente diversos sectores de la sociedad civil, corrientes de opinión y partidos, han enarbolado propuestas para contar con una Ley de Acceso a la Información, a fin de hacer transparente la gestión pública y contar con mecanismos de participación que los involucre a los ciudadanos de manera real en la definición y control de las políticas públicas. Es en este marco, que a fin de hacer más transparente, oportuna y eficiente la difusión de los resultados de las evaluaciones que se hacen al Sistema Educativo Nacional, me permito proponer a esta soberanía la reforma de la Ley General de Educación en su artículo 31, a fin de que la autoridad educativa de a conocer con oportunidad y amplitud los resultados de cualquier evaluación que se realice al Sistema Educativo Nacional. En virtud de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se presenta la siguiente propuesta de reformas y adiciones a la Ley General de Educación, para quedar como sigue: CAPITULO II Del Federalismo Educativo Sección Cuarta De la Evaluación del Sistema Educativo Nacional Artículo 31. Las autoridades educativas darán a conocer con oportunidad a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen, tanto instancias internas como externas al propio sistema educativo nacional, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada entidad federativa. De manera particular, la secretaría enviará periódicamente a las comisiones de Educación del Congreso de la Unión el resultado de tales evaluaciones, a fin de que sirvan como insumo para el mejoramiento y actualización de las leyes y normas que regulan al Sistema Educativo Nacional. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Las disposiciones contenidas en este Decreto, relativas al envió al Congreso de la Unión de las evaluaciones realizadas al Sistema Educativo Nacional, considerarán aquellas que se realizaron durante la administración presidencial anterior, las cuales se remitirán en un plazo no mayor los 30 días naturales, a la fecha de la publicación del Decreto. Por lo anteriormente expuesto, solicito que esta iniciativa se turne a la comisión correspondiente. Atentamente. México D. F., a 29 de noviembre de 2001. El diputado Miguel Bortolini Castillo.