El diputado Marco Antonio Barba Mariscal: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, creemos en un régimen democrático y por ello estamos comprometidos con el cumplimiento de lo previsto en la Constitución y las leyes que de ella se derivan. Estamos convencidos de la necesidad de mantener nuestro estado de derecho, pasándonos para ello en un orden legal que garantice la seguridad y la certeza legal en las prerrogativas y patrimonio de las personas, promoviendo así el acceso a una justicia imparcial, pronta y expedita. Creemos en la necesidad de contar con un Estado fuerte y eficaz, que incentive y promueva el respeto a los derechos laborales y de organización de los trabajadores. Estimamos que nuestra democracia será imperfecta si no se cumple a cabalidad con los postulados previstos en nuestra Carta Magna. Sería impensable un estado de derecho, si no se acata lo resuelto en las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales. No podremos hablar de respeto a los derechos de los trabajadores si sus prerrogativas no se observan puntualmente. Sin embargo, el respeto a las prerrogativas y derechos laborales mencionados no se deben de llevar a cabo al margen de la ley, de manera congruente y en búsqueda de un beneficio para los trabajadores, pero sin causar un menoscabo grave a nuestras instituciones. El equilibrio logrado entre ambos principios garantiza al Estado un buen funcionamiento que los organismos públicos descentralizados en beneficio a los mexicanos, toda vez que se garantiza con ello la adecuada prestación de los servicios públicos, objetivo que se busca en el ejercicio de la administración pública, en este caso federal. Las resoluciones que emitan las instancias creadas para la administración de justicia deben ser responsables y buscar en todo momento que la impartición de la justicia se lleve a cabo sin distingo alguno respetando en todo momento los principios generales del derecho. Todo lo anterior se menciona porque el tema que nos trae aquí es la presunta falta de pago de un adeudo que tendría la Comisión Federal de Electricidad con un grupo de trabajadores quienes habrían aportado recursos a un fondo mutualista durante el periodo comprendido entre 1950 y 1990, el cual habría sido sustituido por un seguro colectivo obrero hace dos décadas. Si como se ha señalado, existen sentencias emitidas por tribunales colegiados en materia de trabajo, lo conducente sería conocer el contenido de tales fallos, así como de los incidentes de ejecución que de ella se deriven para así estudiar sus alcances y entonces apegarnos a la verdad legal, siendo así los resolutivos judiciales la medida ideal para la resolución de los problemas aquí planteados. Derivado de lo anterior, los legisladores priistas votaremos a favor del presente punto de acuerdo, toda vez que coincidimos en que el cumplimiento de la sentencia es una cuestión de orden pública e interés social lo cual no obsta para requerir, tanto el del diputado promovente como de las autoridades involucradas, toda aquella información que sea útil para precisar el verdadero alcance de los fallos a que se hace referencia en la proposición que ocupa nuestra atención en este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.