La diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente. Pedí hacer uso de la tribuna a efecto de referirme a la iniciativa de reformas al artículo 11 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, formulada por la diputada Yari del Carmen Gebhardt y la cual compartimos y suscribimos todas las diputadas del Grupo Parlamentario del PRI. En primera instancia, es importante mencionar que la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin lugar a dudas, significó un avance sustantivo en el proceso de la transformación democrática de México. En virtud de la naturaleza de la Comisión de Derechos Humanos, es evidente que su fuerza moral depende del propio desempeño que alcance como institución, y también de la calidad y capacidad de quienes laboran en ella, especialmente de quien la preside. Tan es así que el nombramiento del presidente de esa Comisión recae en la honorable Cámara de Senadores, requiriéndose para ello el voto calificado de las dos terceras partes. Los derechos humanos son un conjunto de principios que garantizan la dignidad del ser humano. Estos derechos tienen como objetivo primordial establecer un código de conducta a aquellos gobiernos que en el ejercicio del poder violan derechos de los ciudadanos. En un Estado democrático los derechos humanos legitiman y fundan al Estado mismo, es decir, los poderes funcionan al servicio de la garantía de los derechos fundamentales, lo que se traduce en un deber de impedir transgresiones de los derechos de libertad y de satisfacer derechos sociales. En México la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, significó un gran paso hacia la consolidación de un Estado democrático de derecho. En este sentido el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos representa en su persona toda la fuerza política y moral del ombudsman. Por ello el proceso de su nombramiento es crucial para crear y mantener la confianza en toda la institución. La legitimidad del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se deriva primordialmente de su autonomía frente al Ejecutivo federal. El artículo 102 fracción B de la Constitución federal, establece la base para su reelección, en aras de que ésta misma sea transparente y legítima. La autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la independencia de su presidente, forman un binomio indisoluble y absolutamente necesario para garantizar la imparcialidad de sus resoluciones. Sin autonomía, el organismo puede quedar supeditado a los designios de aquella autoridad a la que se encuentre vinculado, mientras que sin independencia su presidente siempre estará dispuesto a rendirse frente a los poderes o a los que sirva y de manera irremediable dejará la defensa de los derechos humanos atada a intereses ajenos. Por ello para garantizar la independencia de los derechos humanos, y que estos no estén supeditados a intereses políticos y partidistas, es necesario que la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en conjunto con la sociedad civil, aseguren que el próximo ombudsman cumpla cabalmente con todos los requisitos que exige la ley en la materia. En razón de todo lo anterior, es por lo que se pretende reformar el artículo 11 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que el presidente dure en su cargo siete años estipulados y no pueda ser reelecto al mismo cargo. Con el aumento de dos años al periodo de ejercicio, se pretender otorgar más tiempo a fin de que no se interrumpan asuntos prioritarios y con ello dar continuidad para que resuelva o se cumplan las recomendaciones emitidas por la comisión. El impedimento para ser reelectos se debe a la necesidad de garantizar que no se burocratice o desvirtúe la función del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual atentaría gravemente contra la democracia y defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Señor Presidente, pido que esta iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Gracias.