El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso diputada Presidenta. Compañeros diputados. Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política Mexicana, y como integrante del grupo parlamentario del PRI, ocurro a presentar proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del dispositivo 366 del Código Penal Federal que tiene relación con el tema que en forma coloquial se le ha denominado secuestro virtual. En efecto, el Código Federal en su artículo 366 tipifica la conducta delictiva de la privación de la libertad, estableciendo las penas que se harán acreedores aquellos que se coloquen en los supuestos ahí previstos. Si bien estas penas son consideradas altas, no han logrado la inhibición de dichas conductas delictivas relacionadas con la privación de la libertad, misma que es variada y compleja, la libertad de las personas, que estamos conscientes representa uno de los valores más elevados, por lo que no es de extrañarse que sea titulado por diversas disposiciones de nuestra Carta Magna. Es por ello que los diversos ordenamientos legales de nuestro sistema jurídico mexicano, prácticamente la totalidad de sus disposiciones se ven permeados por este principio de libertad de los individuos. No cabe duda que cuando un individuo mediante el uso de tecnologías modernas como el Internet, el teléfono o medios electromagnéticos priva de la libertad, de discernimiento a las personas al ser amenazadas y alteradas emocionalmente con expresiones de realizar daños a personas cercanas, efectivamente a éste, a través de la comunicación de tener privada de la libertad a otra persona a la que se amenaza, se le hará un daño no sólo con el hecho de comunicar esta privación de la libertad, debe ser motivo de su tipificación penal grave. Sabemos que recientemente se han venido incrementando de manera verdaderamente escandalosa el número de comunicaciones que aluden al secuestro de familiares cercanos con el fin de obtener un rescate por la persona, operando básicamente a través de medios de telefonía. Estos individuos conforman verdaderas estructuras de organizaciones criminales que se están convirtiendo en un elemento de alteración de las personas y su libre convivencia social. Por lo anterior es que debe ser considerado dentro de los agravantes del crimen organizado. No hace mucho un diario de circulación nacional destacaba un reporte de la Agencia Federal de Investigaciones en la que se detallaba que en los dos últimos años esta forma de conducta delictiva había aumentado de manera verdaderamente alarmante. Se establecía entre 2001 y 2004, en un incremento de mil 700 por ciento, un crecimiento desmesurado si se toma en cuenta que aún esta última cifra es conservadora, ya que muchas víctimas no denuncian estos ilícitos. Sólo por mencionar un caso, en el estado de Jalisco se considera que esta conducta ha aumentado en un 200 por ciento para un período similar. Pero en este estado, para que estas conductas delictivas sean reportadas solamente una de cada cuatro, por lo que es de esperarse que el caso que se menciona anteriormente sea semejante por lo menos a mil 700 por ciento, sea una cantidad mucho mayor. Abunda esta información: que el 80 por ciento de las comunicaciones tienen como origen los diversos penales, lo que haría evidente—en el mejor de los casos— la ineficacia de los sistemas para bloquear las señales telefónicas de los penales que ya se han venido instrumentando; y en todo el sistema penitenciario lo ineficiente de lograr una readaptación de quienes ahí se encuentran recluidos y que desde ahí siguen operando. Y lo más grave, ponen de manifiesto la enorme corrupción que se da al interior de los mismos para poder operar con este grado de impunidad. Así con sólo una llamada de estos delincuentes, obtuvieron ganancias por un monto de alrededor de 11 millones 452 mil pesos en el período que se menciona; cifra muy inferior al daño real que se ocasiona a la persona, por lo que no es un problema de pesos, va mucho más allá; afecta a la integridad emocional de la persona y su familia y afecta a la convivencia misma de la sociedad por el temor permanente en el que se le hace vivir la zozobra. Se insiste porque es realizada, en su mayoría, desde dentro de los penales con una absoluta impunidad y complicidad policíaca. Los rescates supuestos a cubrir —como sabemos— van desde sumas realmente considerables hasta solamente tiempos libres de aire de celulares para seguir cometiendo más fechorías. Todo ello con la cada vez mayor impunidad y a veces pareciera ser que la complicidad de las autoridades carcelarias y de los mismos cuerpos policíacos. Sólo baste recordar que el año pasado se reconoció en los medios masivos de comunicación que los sistemas de inhibición de las señales celulares de los reclusorios en el Distrito Federal habían sido desactivados ante su mal funcionamiento, coincidiendo con el incremento de estas conductas delictivas. Pero ello de ninguna manera significa que debemos de acostumbrarnos a verla como una conducta delictiva poco grave, a la luz de las cantidades económicas que se ven involucradas, que repito, en la mayoría de los casos son cantidades importantes que a veces representan sumas que van más allá de lo que una persona puede ganar en su vida. Por todo ello, estas organizaciones criminales sabemos que están actuando cada vez con mayor intensidad; por lo que es necesario contar con instrumentos jurídicos y materiales eficaces para que las instituciones del Estado logren su inhibición en aras de lograr una mayor tranquilidad de la sociedad, garantizando la seguridad de las personas; estableciendo un marco jurídico que permita al Estado actuar de manera decidida en contra de aquéllos que transgreden la armonía social mediante estos medios de comunicación a distancia. Con base en lo anterior se propone el siguiente proyecto de decreto por el cual se modifica la fracción I del artículo 366 del Código Penal Federal, agregándosele un párrafo para quedar como sigue: Artículo 366. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán de 15 a 40 años de prisión y de 500 a dos mil días de multa si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de —ésta es la reforma— se considerará además de lo anterior, como privación de la libertad, en los términos del presente artículo, aquellas acciones realizadas mediante medios cibernéticos, electromagnéticos y de telefonía, que a través de la declaración expresa o implícita por estas vías, tiendan a privar de la libertad emocional o física a las personas, argumentando la privación de la libertad de un ser humano cercano, mediante la cual se pretende obtener un beneficio indebido de la persona con la que se establece comunicación. Muchas gracias.