La diputada Rosi Orozco: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Me presento ante ustedes para invitarlos a hacer una reflexión con respecto al punto de acuerdo que he entregado a la Junta de Coordinación Política y que hoy presento ante ustedes. El tema que hoy traigo ante este pleno, es un tema que nos une como mexicanos y mexicanas y sobre todo, como seres humanos. Este es un tema en el que coincidimos sin importar la ideología o partido al que representamos, pero, sobre todo, este es un asunto que nos debe preocupar a todos y en el que el país necesita de la participación de cada uno de nosotros, esto es: el combate a la trata de personas, un crimen que ha infiltrado nuestra sociedad y a los distintos niveles de gobierno. De acuerdo al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, se entiende por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión, o recepción de pagos, o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Desde hace varios años en nuestro país se han dado pasos importantes en el combate a este flagelo, que arremete a personas de los más diversos entornos económicos y sociales de nuestro país, sobre todo a nuestras niñas y nuestros niños. En este sentido, México fue uno de los primeros países en comprometerse en la Comunidad Internacional a través de la ratificación de este protocolo en 2003 y a partir de ese momento el gobierno mexicano se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para prevenir, combatir y proteger a las víctimas de este fenómeno delictivo. Pudiera pensarse que actualmente contamos con los mecanismos necesarios para poder emprender una lucha frontal contra la trata de personas. Sin embargo, la realidad nos señala que a la fecha no existe ningún tratante sentenciado y que las acciones de prevención y atención a las víctimas se encuentran detenidas, mientras que las redes de tratantes siguen operando en nuestro país de manera impune. Consideramos de gran relevancia que el Poder Legislativo pueda dar seguimiento a la labor que esta comisión debe desarrollar de acuerdo a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su reglamento. Es por este asunto que hoy los invito a que nos unamos a esta lucha. Los invito a que tomemos como bandera de ésta, la LXI Legislatura, el ser la voz de aquellas niñas y niños, mujeres y varones que hoy son víctimas y se encuentran bajo condiciones de esclavitud. Luchemos juntos, sin importar partidos o ideologías, hasta lograr erradicar de nuestro país la impunidad, la ineficiencia y el desinterés que ha permitido que este crimen continúe. Garanticemos a cada niño y niña mexicano las condiciones suficientes para el desarrollo de una vida plena, comenzando con su integridad física y moral. Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes Puntos de acuerdo Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, y una vez realizado lo anterior lo someta a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados. Segundo. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación. Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados. Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables y organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo en el ámbito de sus competencias. Quinto. La Comisión Especial tiene como objeto el presente punto de acuerdo y funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones. Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial será a agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada. Es cuanto, señor presidente.