El diputado Jorge Arana Arana: Con su venia, diputado presidente. El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, somete a este pleno la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 145 del Código Penal Federal; se adiciona un inciso VII al artículo 2; se modifica el primer párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y se modifica el quinto párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, circunscritos en materia de espionaje y sustracción de información, sobre todo confidencial o clasificada por parte de los servidores públicos señalados en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la actualidad el espionaje y la sustracción de información clasificada, confidencial o privada se ha convertido en una práctica recurrente debido al creciente interés por dicha información, sin importar que violen derechos y sólo con la finalidad de obtener información de manera personal. Las formas más comunes de espionaje se basan en interceptar las comunicaciones o lograr que personas relacionadas con organizaciones que delinquen penetren en instituciones públicas o privadas para sustraer información en su beneficio. En particular, el espionaje político es llevado a cabo por instituciones públicas o privadas, así como particulares. Asimismo, gobiernos locales, dependencias vinculadas con la seguridad pública poseen por lo regular un área dedicada a recabar información confidencial. El espionaje realizado por instituciones públicas ha adquirido dos posiciones: por un lado, y que desgraciadamente no ha sucedido, combatir la delincuencia organizada con los recursos adecuados y, por el otro, el interés para dirigir este aparato con objetivos en contra de la nación. México ha demostrado su debilidad al espionaje debido al rezago tecnológico, así como a la incapacidad y a la falta de ética y profesionalismo de funcionarios públicos para realizar sus tareas; así como a las infiltraciones de miembros de la delincuencia organizada en las estructuras de gobierno, la proliferación de aparatos o herramientas de intervención de teléfonos inalámbricos, celulares, fax e Internet. Además, se encuentra la fuga de información de diversa índole a través de ex policías, autoridades, funcionarios públicos, trabajadores de compañías telefónicas, instituciones bancarias, ex empleados de seguridad privada; así como la operación de oficinas de presuntos detectives privados -que hasta en los periódicos se anuncian en muchas ocasiones- que se dedican, sin ningún control, a ofrecer servicios de espionaje y divulgación de información privada. El reto que tiene el Estado es decidir hasta cuándo terminará con este problema, así como desarticular las redes delictivas que operan en el país vinculadas o dependientes de grupos de poder, autoridades, empresas, particulares, incluso grupos con influencia de otros gobiernos. El fin es recuperar el control de la información y de la inteligencia perdida durante los últimos años, así como la confianza. Es imprescindible legislar al respecto y tipificar como delitos graves y en su caso como traición a la patria, el espionaje y la sustracción de información clasificada, reservada, confidencial o privada por parte de servidores públicos que la utilicen para fines distintos a los permitidos. En la práctica, sobre todo, cuando se involucra al Poder Ejecutivo federal pone en peligro todas las instituciones públicas y privadas de nuestro país y la seguridad nacional, principalmente cuando se trata de organizaciones delictivas o grupos subversivos, así como armados, ajenos a nuestro país. Asimismo, cuántas veces no hemos conocido de la pérdida, robo, mutilación y sustracción de hojas de los mismos expedientes de los tribunales federales y del fuero común, así como de diferentes materias, lo que provoca un desarrollo ineficiente de la administración de la justicia. Nosotros, desde el Poder Legislativo, otorguemos las herramientas jurídicas y legales para la procuración e impartición de la justicia, para que regrese la seguridad a la sociedad, así como la confianza; de todas aquellas personas que atenten contra personas e instituciones, para que reciban castigos ejemplares, que inhiban a los delincuentes a cometer delitos como los que comúnmente vemos en las calles. Por tal motivo, señores legisladores, propongo las reformas y adiciones mencionadas, al Código Penal Federal y las leyes federales Contra la Delincuencia Organizada y las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Solicito a la Presidencia que turne esta iniciativa a la Comisión de Justicia de esta Honorable Cámara de Diputados para su discusión, dictamen y aprobación en su caso, y que se incluya íntegramente el documento contenido en el proyecto, en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.