El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se propone la aprobación de diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Guardia Nacional. Una de las obligaciones sustantivas de todo Estado, es proveer las condiciones que permitan la seguridad de sus gobernados en su persona y bienes. En el caso de nuestro país, en pasadas administraciones el tejido social se desintegró de tal forma que la confianza en las instituciones públicas encargadas de procurar y administrar justicia, fue prácticamente nula. La delincuencia organizada dedicada al narcotráfico, secuestros, trata de personas, robo de vehículos, robo de autotransportes y robo de combustibles, por mencionar sólo algunos, se adueñó del país a grado tal que en muchas ocasiones resultaba difícil distinguir si un delincuente formaba parte de alguna institución policíaca, o si la policía se dedicaba a actividades delictivas. Las organizaciones criminales han ejercido dominio territorial en amplias zonas del país. A grado tal, que muchas de ellas se autoreconocen como del lugar donde iniciaron sus actividades ilícitas. Por ello es imperativo que el presidente de la República y los mexicanos, todos, contemos con una institución a nivel nacional que garantice la seguridad de todas y todos, y que tengan la capacidad de reacción inmediata en la prevención de los delitos. Queremos resaltar el amplio consenso que se dio en el Senado de la República y en esta Cámara donde la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios ahí representados. Sin lugar a dudas, estamos construyendo un pacto en favor de la nación. En la Cámara de Diputados bajo el formato de parlamento abierto se escuchó a la sociedad y se atendieron sus planteamientos. Esto es una importante lección que nos demuestra que toda iniciativa es materia de ser enriquecida en la pluralidad de visiones que en esta Cámara están representadas. Esperemos que no sea la única que tenga que pasar esta lección. La gran lección es que tenemos que aprender a escuchar y a escucharnos nosotros mismos. El rasgo distintivo de la democracia es la suma y la conciliación de visiones y no la resta que solo conduce a la imposición de una sola opinión. No obstante que el Poder Legislativo ha aprobado infinidad de leyes para fortalecer la capacidad de los órganos del Estado en el combate a la delincuencia, los resultados no son nada óptimos. Contamos con un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo propósito era unificar en una sola legislación nacional lo que antes era facultad de los estados. El nuevo sistema penal acusatorio, del que Código Nacional de Procedimientos Penales es parte importante, no ha permitido que los delincuentes estén en la cárcel, ya sea por las fallas en el procedimiento, lo cual se traduce en la gran impunidad que se vive en el país, o porque los elementos policiacos y ministerios públicos o jueces se quedaron en la etapa anterior. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del primero de enero al 31 de diciembre de 2018, se cometieron en el país un millón 858 mil 236 delitos del fuero común, entre los que se encuentran homicidios, lesiones, feminicidios, delitos contra la libertar personal, delitos contra la libertar y la seguridad sexual o patrimoniales, por señalar solo algunos. La cifra anterior demuestra que casi en promedio 1 de cada 10 mexicanos ha sido sujeto pasivo en la comisión de algún delito. Evidentemente, las cosas no pueden seguir así, ni se puede hacer lo mismo que se hacía antes en el combate a la delincuencia porque el resultado sería igual. Ineficiencia en la persecución de delitos, lo que es más grave, complicidad de las instituciones encargadas de perseguir a la delincuencia con las organizaciones delictivas. Por ello, las y los diputados que conformamos la coalición Juntos Haremos Historia, hicimos eco de la demanda de millones de mexicanos y hemos impulsado la creación de un grupo de seguridad, de un cuerpo de seguridad pública de carácter nacional llamado Guardia Nacional. Del dictamen destaca en el artículo 21, párrafo 10, el carácter de la Guardia Nacional como una institución de carácter civil, independiente, de que conforme al transitorio segundo del presente decreto, se constituye con elementos de las Policías Federal, Militar, Naval, dicha corporación será de carácter eminentemente civil. Además, en la medida que se emitan las convocatorias correspondientes y los elementos sean admitidos a los cursos de formación y egresen para integrar la Guardia Nacional, podrá darse un paulatino regreso de los elementos militares a sus respectivas secretarías. De igual forma, en este párrafo 10 se prevé la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el que deberá contar, según se dispone en el inciso B de dicho párrafo, con un Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, el cual se nutrirá con la información que le proporcionen las entidades federativas, municipios y, desde luego, también la federación. El carácter civil de la Guardia Nacional se ve reforzado en el párrafo 12, donde se establece categóricamente que estará adscrita a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, esto es de conformidad con lo que se prevé en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Será una institución respetuosa de los derechos humanos y de los gobiernos locales. En el artículo 73, fracción XXIII, se le otorga la facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones. Esta facultad es de gran relevancia, porque vinculado con el transitorio cuarto, fracción II, III y IV, cuando ejerzamos esta facultad legislativa lo haremos conforme a los parámetros que la propia Constitución nos señala. Además de que como leyes nacionales su aplicación es de cumplimiento obligatorio para la federación, estados, municipios, alcaldías y Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de tener procedimientos homólogos y únicos, en particular en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Todos sabemos que al Estado corresponde el monopolio del uso legítimo de la fuerza, pero su uso debe ser racional y proporcional a las conductas que amerita su uso. Estamos ciertos que con esta nueva ley y los protocolos de actuación que de ella deriven, no deberán presentarse excesos y abuso de poder. El Estado mexicano, producto de la cuarta transformación, no será más un Estado represor. En la reforma que analizamos existen controles del Poder Legislativo al Ejecutivo, puesto que este último deberá rendir un informe anual al Senado de la República sobre las actividades de la Guardia Nacional y será facultad de la colegisladora aprobar dicho informe. Además, en la fracción XI de este mismo artículo se otorga a la colegisladora la facultad para analizar y aprobar la estrategia nacional de seguridad pública. Por primera vez en la historia del Poder Legislativo mexicano, una de sus Cámaras contará con la facultad constitucional para aprobar el informe de actividades de la Guardia Nacional y la estrategia nacional de seguridad pública. En los artículos transitorios de las reformas se nos señalan plazos perentorios de actuación, ya que, conforme al transitorio Primero, párrafo segundo, una vez que esta reforma constitucional sea publicada en el Diario Oficial de la Federación contaremos con un plazo de 60 días naturales para aprobar la Ley de la Guardia Nacional y dentro de los 90 días naturales, al inicio de vigencia del decreto deberemos expedir la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Es muy importante destacar que a este nuevo gobierno le importa la seguridad de los mexicanos, por ello en el transitorio quinto estamos autorizando al Ejecutivo federal para que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de este decreto, en tanto la Guardia Nacional se desarrolla y consolida, el presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas permanente para tareas de seguridad pública de manera extraordinaria y esto no será la normalidad, sino solo excepción plenamente justificada. Las entidades federativas tienen la gran responsabilidad de realizar el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento de los cuerpos policiacos estatales y municipales que de ellos depende. Como se aprecia, la seguridad pública es una tarea que exige la corresponsabilidad de la federación, entidades federativas y municipios. Aunado a lo anterior, los ejecutivos locales deberán enviar anualmente a la legislatura local y al Consejo General de Seguridad Pública, la evaluación integral de sus corporaciones policiacas. Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas el dictamen que hoy aprobaremos es de gran importancia para la sociedad mexicana. Con ello, no evitaremos que se cometan delitos, en ningún país del mundo dejan de cometerse, pero los ciudadanos tendrán la seguridad de que quienes los afecten en su persona y patrimonio serán llevados a los tribunales y sancionados. Evidentemente, para lograr este propósito deberemos contar con policías ministeriales públicos y jueces que hagan su tarea bajo los principios de responsabilidad, honestidad y apego a la ley. No más, pero tampoco menos. Este dictamen es producto del acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo y que construimos en favor de México y los ciudadanos. Por estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.