La diputada Aleida Alavez Ruiz: Yo tengo muy claro que, en la discusión del Presupuesto de Egresos es la segunda ocasión en que se cancelan los subsidios para energía eléctrica a productores agrícolas. Eso quedó así establecido en el Presupuesto de Egresos de 2008. Ahora, si por alguna otra vía mencionaron o hicieron alusión a este subsidio por parte de Sagarpa, bueno, pues tenemos el problema de que hasta ahorita no sabemos bien a bien cómo Sagarpa va a aplicar los recursos este año. Es una falta, igual de información, pero no mía, sino de todo lo que va a ser la aplicación del recurso en materia agrícola en todo el país. Entonces no sentimos que haya ésa claridad en esta búsqueda de regularización. Y bueno, pues insistir en que la preocupación que nosotros hemos recogido en la Comisión Especial, que además lamentablemente no se le han turnado estas iniciativas para observaciones que creemos necesario dar, porque nuestra tarea es resguardar cómo garantizamos el acceso al agua de diferentes comunidades y también cómo revisamos en qué condiciones están los diferentes humedales en el país, pues entonces no hay forma de equilibrar ambas cosas. O sea, por un lado, cuánto produce un acuífero, cuánto puede seguir otorgando a la comunidad, cuánto esta comunidad tiene que pagar por explotar ese acuífero. Y con la imprecisión de los datos, que además ya mencionaba el compañero Fausto Fluvio, que se han estado deteniendo desde 2003, de cuánto produce cada cuenta. Entonces, digo, es loable la regularización pero si en todos estos datos, que además se nos dice "están en Internet", y no están, pues no podemos tomar una decisión correcta. Por eso yo creo, y además hago hincapié, en que en esta ocasión esta reforma parte de un presupuesto falso y de una percepción errónea y superficial respecto al incumplimiento de usuarios, como si el incumplimiento estuviera fundado en el dolo, la desidia o la propagación de la cultura de la ilegalidad. Las razones para no regularizarse son mucho más complejas y profundas. Acaso el mundo rural indígena encontrará ahora alguna razón para no desconfiar del gobierno a quien ve como la principal amenaza para despojarlos de su acceso al agua que obtiene de manantiales, efluentes y arroyos, y esto lo tenemos documentado en la Comisión Especial de Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos. Acaso los pequeños productores rurales cuyos ingresos apenas les permiten pagar la energía eléctrica para mantener funcionando sus pozos y obtener también el agua para uso doméstico dejará a un lado el recelo que le provoca el saber que de obtener un título de uso de múltiple no podrán recibir ningún tipo de subsidio, como sí sucede en el uso agrícola. Si esta reforma no obligara a la acreditación fehaciente de la operación del aprovechamiento podría beneficiar a cientos de miles de migrantes que han sido expulsados del México rural desde hace muchos años, pero eso tampoco sucederá. En conclusión, el beneficio administrativo no constituye un real incentivo para regularizar a aquellos que ancestralmente han decido no hacerlo. Por eso es que varios diputados y varias diputadas votaremos en abstención, y quiero recordarles que como el agua y los recursos naturales y energéticos de este país no se venden, no se dan al mejor postor, no se otorgan concesiones a quien las pueda pagar. Se respetan primero los derechos sociales de acceso al agua. Es cuanto, diputada Presidenta.