El diputado José Porfirio Alarcón Hernández (PRI): Con su permiso, diputada Presidenta. Muchas gracias. Gracias al señor diputado Guillermo Arechiga que nos hizo favor de pedir la verificación del quórum. Compañeras y compañeros diputados: Permítanme un paréntesis que hago con un gran respeto. Yo había pensado dirigirme, por supuesto, a las compañeras y compañeros diputados, como lo hago y como lo seguiré haciendo durante esta intervención. Pero también había yo pensado, sólo lo pensé pero lo voy a decir como parte de la anécdota parlamentaria, decir: "estimadas curules", que están por un momento liberadas del peso político de su correspondiente diputada o diputado. Lo expreso con un gran respeto, bueno, pues es parte de nuestro quehacer, es parte de nuestro trabajo y nos permite llevar a cabo el uso de la tribuna, conforme a las facultades que tenemos como representantes. Acudo en función de las disposiciones constitucionales correspondientes, a presentar una iniciativa de proyecto de decreto, para adicionar un Apartado "C" al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de darle existencia y jerarquía jurídica a la Defensoría Federal de Oficio, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, con base en la exposición de motivos que naturalmente no leeré por encontrarse ya publicada en el órgano correspondiente, pero que explicaré de manera breve. Así como la Constitución dispone la existencia del Ministerio Público y así como existen agentes del Ministerio Público y está definida y determinada la existencia de esta institución, así también como lo expresa la Constitución en su fracción X de este artículo 102, estamos haciendo la propuesta presentando esta iniciativa, con el propósito de que además de que exista este derecho de la Defensoría de Oficio, de la Defensoría Pública, exista la correspondiente institución que tenga su fundamento en la Constitución. Hoy existe la Defensoría de Oficio, la Defensoría Pública Federal, pero tiene sólo su fundamento en una Ley Secundaria, hay millones de mexicanos que son asistidos por un defensor de oficio pero su trabajo es altamente ineficaz e ineficiente, por eso es fundamental el que tengamos primero la comprensión y luego el apoyo en las condiciones correspondientes, y también por supuesto de cada uno y de cada una de ustedes, compañeros diputados, para que siguiendo el proceso legislativo correspondiente, en su momento se presente aquí el dictamen de la Comisión y pueda verdaderamente dársele fundamento jurídico constitucional a la defensoría pública, a la defensoría de oficio, y así muchos millones de mexicanos que habría de ser acusados por el Ministerio Público, también tengan la garantía de la defensa a través del defensor de oficio. Sólo me concreto a leer este proyecto de iniciativa: Artículo 102 inciso c) La ley organizará a la Defensoría de Oficio de la Federación, cuyo titular será nombrado por mayoría simple por el Senado de la República, previa consulta y propuestas de Colegios y Asociaciones de Doctores, Maestros y Licenciados en Derecho de todo el país, Directores de Facultades y Escuelas de Derecho, Académicos y otros organismos similares. El Instituto Federal de Defensoría Pública estará presidido por un director general, que durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelecto, podrá ser removido por causas graves también por mayoría simple del Senado de la República. Para ser director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública, deberá reunir para su elección los mismos requisitos que se siguen para ser Procurador General de la República, el Senado de la República preferirá, en igualdad de circunstancias a quien haya desempeñado el cargo de defensor público, Agente del Ministerio Público, o juez o magistrado. El Instituto Federal de Defensoría Pública tendrá autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Incumbe al Instituto Federal de Defensoría Pública la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos de fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia, mediante la orientación y asesoría y representación jurídica, en términos que la ley respectiva establezca. Sus disposiciones son de orden pública y de aplicación en todo el territorio nacional. El servicio de Defensoría Público será gratuito y se prestará bajo los principios de providad, honradez y profesionalismo y de manera obligatoria en los términos de la Ley de Instituto Federal de Defensoría Pública. Igualmente habrá que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensa Pública vigente, contenidos que se han publicado como lo disponen nuestras normas internas. Yo quiero particularmente agradecer a la Mesa Directiva y a ustedes compañeras y compañeros, el que hayamos tenido esta oportunidad, para poder presentar esta iniciativa. Muchas gracias.