La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Y también, presidente, por los arteros hechos ocurridos el día de ayer que tuvieron como consecuencia el asesinato del presidente municipal de Tlaxiaco. Estamos aquí para hablar desgraciadamente de la violencia, específicamente por violencia política en el estado de Guerrero y de Oaxaca. El pasado 30 de diciembre de 2017, Arturo Grande Corraltitlán y Martimiano Lorencito, encargados de seguridad y policía del municipio de Zitlala en la región de la Montaña baja, en Guerrero fueron asesinados a balazos en el barrio de San Mateo. Reportes de la policía estatal refieren que minutos antes de las 8 de la mañana recibieron reportes de disparos de arma de fuego y después se confirmó que una patrulla de la corporación municipal había sido atacada por sujetos fuertemente armados. A estos asesinatos se suman los de tres directores de la Secretaría de Seguridad Pública asesinados en los municipios de la región de la Montaña baja, dos en Chilapa de Álvarez, en un Zitlala, municipio que se encuentra ubicado a 12 kilómetros de Chilapa durante 2018. Abdón Castrejón Leguideño, director de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilapa, fue asesinado el 5 de abril, en tanto que Isidro Casarrubias Tlatempa, desapareció el 28 de abril y posteriormente apareció desmembrado en la ciudad de Chilpancingo junto con otro compañero. Además de estas desgracias, el 31 de diciembre, por la tarde durante una balacera en un negocio de venta de mariscos, hirieron a una consejera del PAN, a una empleada municipal y a un menor de edad, hecho que motivó que el dirigente panista Carlos Arturo Millán Sánchez escribiera que exigía a las autoridades que, si no pueden garantizar la seguridad de los acapulqueños, renuncien. Si no pueden, renuncien. Cuántos muertos más para que se ponga a trabajar. Estos hechos se dan en la costera, una de las zonas más vigiladas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno que diseñaron una operación para el periodo vacacional a fin de prevenir que se den hechos violentos. Es claro que policías y políticos se han convertido en un blanco de la delincuencia organizada. La violencia es un lenguaje y el mensaje es: O te alineas, o nos dejas trabajar, o mueres. Plata o plomo, dice un dicho, y la mina de plata ha cerrado. Si destruyo la violencia es condenable e inaceptable. La falta de seguridad ciudadana constituye una de las principales amenazas a la estabilidad, la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano sostenible. Si a esto le sumamos la indolencia y la frivolidad con que algunas autoridades tratan de minimizar el problema, los ciudadanos se encuentran y nos encontramos toda la clase política en un verdadero estado de indefensión. Todas las autoridades en su ámbito de competencia deben reconocer el problema a partir de datos duros y sin politizaciones. Lo que no puede suceder es que el mismo gobernador de Guerrero intente soslayar los terribles hechos, y recalco que lo intenta porque no lo logra cuando sale a decir que los hechos de violencia ocurridos en Acapulco son asuntos de alto impacto mediático como si la vida de las personas no valieran nada, y de que ahí la llevamos. Sobre todo los homicidios ocurridos la mañana del domingo del encargado de Seguridad Pública de Zitlala y un policía municipal, el gobernador diga que son parte de la violencia que se ha desarrollado en esa zona y que se debe de reforzar la vigilancia. Esa no puede ser la respuesta institucional. No es con frases domingueras o con obviedades como se solucionan los problemas. Así no. Por lo anterior, quiero poner a consideración de los legisladores, pero no sin antes hacer una referencia al artero crimen que se dio el día de ayer al presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio, que murió tras ser atacado después de su toma de protesta. Al parecer fueron dos individuos quienes agredieron a los integrantes del cabildo mientras se dirigían al sistema de agua. Desde luego que en ambos casos, tanto en el caso de Guerrero como en el caso de Oaxaca, exigimos en ese tono lo digo que actúen exhaustivamente los fiscales correspondientes que tienen la responsabilidad de aclarar estos crímenes. Pero además decirles, darles un dato y con esto finalizo que nos debería poner en atención este tema a todos los políticos. Quiero darles un dato, que desde el primero de julio del año pasado hasta la fecha, han sido asesinados al menos al menos 42 políticos electos, y 24 de sus familiares, y podemos hablar de datos más graves que ocurrieron en 2017 y 2018 donde el saldo fue de 152...