La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, la tendencia actual del derecho, sobre todo cuando ya se encuentra en vías un juicio, ha sido la de buscar mecanismos alternativos de solución, a efecto de que las partes puedan dirimir sus controversias de una manera personal y más amigable, como la mediación y conciliación. La Ley Agraria no es la excepción y ha retomado dichas ideas con la finalidad de que durante el procedimiento agrario los tribunales, invitada en todo momento a las partes a solucionar sus conflictos de una manera amigable, logrando su composición, firmando el convenio respectivo. Como es sabido, el convenio de las partes debe de ser sancionado y calificado por el Tribunal Unitario Agrario, a efecto de que con posterioridad dicho convenio se pueda elevar a la categoría de sentencia definitiva. Ahora bien, si el convenio que se firme entre las partes con posterioridad adquiere la categoría de sentencia, la propia Ley Agraria establece que dichas sentencias deben cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia. Por tal motivo los convenios firmados también deben cumplir con dichos principios, lo que actualmente no está establecido en la Ley Agraria. El principio de exhaustividad consiste en que a sentencia se pronuncie respecto a todas y cada una de las pretensiones que las partes hayan interpuesto. Por su parte el principio de congruencia, de acuerdo a Aragonés Alonso, quien es citado por el catedrático José Becerra Bautista, consiste en: aquel principio normativo dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente. Por lo que en ese orden de ideas la Ley Agraria establece que las sentencias que dicten los tribunales tienen que ser constantemente a los principios de exhaustividad y congruencia, por lo que en ese sentido esa misma exigencia legal debería ampliarse a los convenios en que se logren avenir las partes, dando por terminado el juicio. En ese orden de ideas, la finalidad de las leyes tutelares a los sujetos agrarios en cuanto a sus derechos y pretensiones corresponde precisamente al Tribunal Agrario dar forma tanto interna como externa al convenio, teniendo facultades para ordenar de oficio la práctica de las diligencias que estime conducentes. Así, una vez que el acuerdo de voluntades sea elevado a la categoría de sentencia y llegado el momento de la ejecución, sus alcances se encontrarán delimitados para procurar el cumplimiento exacto, por lo que el citado órgano agrario, antes de sancionarlo, debe verificar que se colmen los principios de exhaustividad y congruencia. Como la Ley Agraria no lo contempla de manera clara y precisa, se han suscitado en la práctica diversos problemas legales en los que el convenio celebrado por las partes no incluyó todos los puntos litigiosos, ya fuese como acción o excepción, lo que en el momento de la ejecución del convenio viola los derechos y garantías constitucionales de los sujetos agrarios, siendo de imposible reparación dado que el convenio se elevó a la categoría de cosa juzgada. Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa radica en modificar la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria a efecto de que de manera clara y precisa se contenga expresamente en la obligación de exhaustividad agraria que en el convenio que las partes realicen previo a su calificación se analice si el mismo cumple con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad con la finalidad de que no se vulneren derechos y garantías de partes. Por último, solicito a la Presidencia que la presente intervención sea insertada íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.