La diputada Martha Tagle Martínez: Datos del Índice de Paz México 2018, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, indican que el 2017 fue el año más violento del que se tiene registro en el país, mostrando un deterioro del 10.7 por ciento con respecto al 2016. Las cifras de la violencia colocaron a México en la posición 140 de 163 países en el Índice Global de la Paz 2018. El informe añade que el incremento de la delincuencia organizada en México es resultado de la debilidad institucional. Esta debilidad institucional es consecuencia de los altos índices de impunidad y corrupción, mismas que son un coctel letal para las y los mexicanos. Así, en materia de extinción de dominio tiene una década que el Poder Legislativo inició las reformas que permitieran contar con una legislación que hiciera frente a dicho delito. Sin embargo, los delitos han evolucionado y ampliado su campo de acción, por lo que es necesario actualizar la legislación realizando las modificaciones que permitan la desarticulación financiera de la delincuencia organizada, al tiempo de castigar la corrupción y colusión de los servidores públicos. Uno de los objetivos de la iniciativa es contar con los elementos necesarios que permitan la recuperación de los recursos provenientes de hechos ilícitos en materia de corrupción y se establece que el proceso sea considerado igualmente una causa jurisdiccional, pero caracterizándolo de manera expresa como un proceso de naturaleza civil y autónomo del procedimiento penal, que se siga la investigación y judicialización de los hechos con los que estén involucrados los bienes objeto de la extinción. Y es que en torno de las ganancias ilícitas de las organizaciones delincuenciales, el Global Financial Integrity afirma que durante el periodo de 1970 a 2010 el total de los flujos financieros ilícitos de México se elevó a la impresionante cifra de 872 mil millones de dólares. El promedio de los flujos de dinero ilícito circulando en México representó 5.2 por ciento del producto interno bruto durante las cuatro décadas comprendidas entre 1970 y 2010. El máximo nivel de flujos ilícitos como porcentaje del PIB se alcanzó en 1995 con el 12.7 por ciento. Como porcentaje del PIB, los flujos ilícitos se han incrementado pasando de un promedio de 4.5 por ciento en el periodo previo a la entrada en vigor del TLCAN, en enero del 94, hasta un promedio de 6.3 por ciento del PIB en los 17 años siguientes. Los fondos financieros ilícitos como porcentaje de la deuda externa de México se incrementaron de 15 por ciento en 1970 a 28.7 por ciento en el 2010, con un promedio de 16.8 por ciento en el periodo de 1970 al 2010. El brusco incremento de este índice se produjo, principalmente, después de la entrada en vigor del TLCAN. Por su parte, el documento denominado Flujos financieros ilícitos, las nuevas venas abiertas de América latina, señala, entre otras cosas, que solo en la década de 2004 a 2013, un total de 7.8 billones de dólares salieron de las economías de los países en desarrollo como consecuencia de los flujos financieros ilícitos. Y que pese a que es común creer que son actos criminales los que constituyen la fuente de esas ganancias delictivas, lo cierto es que son las actividades de elusión y evasión tributaria de las grandes corporaciones, las que tienen el mayor porcentaje de manejo ilegal de precios, de transferencia o la falsa facturación. Por eso es que Movimiento Ciudadano apoya este proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, porque consideramos que es una manera oportuna, eficaz y necesaria para atender uno de los principales problemas vinculados con la delincuencia organizada, que es finalmente que el Estado mexicano pueda recuperar los bienes, producto de actos delictivos, particularmente con este nuevo catálogo que se ha incorporado en materia de delitos de corrupción. Por eso, Movimiento Ciudadano apoya el presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.