El diputado Ricardo Flores Suárez: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy se presenta para la discusión y aprobación de esta soberanía tiene como origen la experiencia, que como miembro de algún ayuntamiento hemos tenido algunos diputados presentes, en materia de gestión de recursos federales destinados al financiamiento de proyectos en materia de obra, de infraestructura deportiva. Es por eso que, para la mayoría de los 2 mil 440 presidentes municipales de nuestro país, resulta en verdad desalentador impulsar el uso y aprovechamiento óptimo de inmuebles destinados a la práctica del deporte o a la cultura física, cuya construcción fue ejecutada al 100 por ciento durante uno o dos ejercicios fiscales inmediatos anteriores; y estos no requieren presupuesto federal para crear, ampliar y mejorar los espacios destinados al deporte en general o del alto nivel competitivo. El presupuesto público en materia de infraestructura deportiva se caracteriza por la ausencia del equipamiento deportivo al 100 por ciento y por ende es limitativo para el cumplimiento efectivo de la adquisición de equipamiento diverso. Respecto al material deportivo, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 no lo reconoce en ninguno de sus preceptos ni fondos relacionados con infraestructura física-deportiva y menos aún el clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal. Adicional a lo citado, la realidad que día a día converge a distintas y diversas agrupaciones de la sociedad civil, así como a los padres y madres de familia de esos niños y atletas y deportistas, cuando se trata de su equipamiento y material deportivo para el uso óptimo de las situaciones públicas, cuál es su encargo, pues el asumir el gasto por concepto de compra de equipamiento faltante y material deportivo, requerido para hacer el uso de esa infraestructura deportiva. En esta situación, se sintetiza por sí misma si el estado en que se encuentra el derecho constitucional a la práctica del deporte y a la cultura física en el país, en este marco de principio de progresividad de los derechos fundamentales previstos por el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación del Estado mexicano tener una mayor protección y garantía de los derechos humanos, en este caso el acceso a la cultura física y a la práctica del deporte. De acuerdo con esta premisa fundamental, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos que los conceptos de equipamiento y material deportivo deben ser reconocidos como recursos de interés público en la ley de la materia, y de esta forma delimitar la discrecionalidad hasta hoy ejercida en materia presupuestada. Por eso felicito al diputado Fernando Larrazábal Bretón, pues el 15 de diciembre de 2014 propuso la iniciativa de reforma a los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y finalmente quiero hacer un reconocimiento a cada de las diputadas y a cada uno de los diputados integrantes de la Comisión del Deporte que aprobaron el presente dictamen y quienes han coincidido en que los recursos públicos que se destinan a los programas dirigidos a la construcción, mantenimiento, remodelación de la infraestructura deportiva garanticen también un presupuesto a la adquisición de material y equipamiento deportivo, que permita su uso y funcionamiento viable de estas unidades y esta infraestructura deportiva, todo con la pertinencia y sustentabilidad de dichas entidades. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.