El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. A nombre de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someto a su consideración el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XV, XVII y adicionan la XXII y XXIII del artículo 25 de l a Ley Federal de Seguridad Privada. La problemática en el aumento de incidencia delictiva, además de exigir una mayor eficiencia en el funcionamiento de los cuerpos policiales, propicia que la sociedad busque medios y mecanismos alternativos para proteger su patrimonio y su integridad personal. Es así como el sector de la seguridad privada cobra auge al constituirse como una actividad estratégica coadyuvante a la seguridad pública. Al respecto, el artículo 2o. de la Ley Federal de Seguridad Privada la define como la actividad a cargo de los particulares autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores incluido su traslado, instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad. Aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares en la función de seguridad pública. En el marco del combate a la delincuencia es importante actualizar el contenido de la ley en comento. Es por esto que la Comisión de Seguridad Pública emite el presente dictamen, a fin de que las empresas dedicadas a prestar los servicios de alarmas y de monitoreo electrónico eleven el nivel de seguridad de los usuarios estableciendo los requisitos que se deben cumplir, así como las condiciones mínimas de seguridad que deben guardar las propias empresas de esta manera, para ser identificadas de forma clara y precisa sin suplantar las autoridades de los tres niveles de gobierno encargadas de dicha función, coadyuvando a consolidar la seguridad pública en este orden de ideas, debiendo perfeccionar el ordenamiento regulador en el plano federal de la seguridad privada. Como legisladores tenemos el gran compromiso de garantizar la seguridad de los ciudadanos, resultando necesario regular de manera clara y expresa la utilización de diversos sistemas tecnológicos, reforzar los requisitos a cumplir por las empresas privadas que ofrecen servicios de vigilancia, rastreo, monitoreo y seguimiento de personas y vehículos, así como dispositivos de localización que operan vía satélite integrado, que pueden ser un sistema de localización satelital de vehículos y personas, entre otros. Al ser uno de los principales problemas en nuestro país el delito del secuestro, en materia de localización de las víctimas se piensa que el uso de ese tipo de equipos se puede usar como dispositivo antisecuestro. No obstante y sorprendentemente, las empresas que prestan este servicio no incluyen la utilización de este tipo de dispositivos en la Ley Federal de Seguridad Pública, aún cuando las autoridades de seguridad pública trabajan muchas veces con algunos de esos operativos y a pesar de todas las expectativas que se tienen en estos equipos, así como la importancia que se tiene para la salud de los usuarios de dichos dispositivos. Por ésta y un sinnúmero de razones más, consideramos necesario que las fracciones XV, XVII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Pública, ya que al incluir el término telecomunicaciones y la red de telecomunicaciones, se incluya a las empresas dedicadas a prestar los servicios de alarmas y de monitoreo electrónico, pues dicho término corresponde a una red de enlaces y nodos ordenados para la comunicación a distancia, donde los mensajes pueden pasarse de una parte a otra de la red sobre múltiples enlaces y a través de varios nodos. Con la utilización de este tipo de equipos en el ámbito de la seguridad personal se abre una alternativa viable que coadyuvará a enfrentar el terrible mal de la delincuencia, teniendo la plena confianza que a través de la vinculación directa entre empresas y los cuerpos de seguridad pública se agilizará la captura de bandas de secuestradores y de delincuentes en general que operan en el país. Cabe señalar que durante la LX Legislatura, diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron iniciativas en torno al tema, mismas que fueron objeto de dictaminación por parte de la Comisión de Seguridad Pública, siendo aprobado y enviado al Senado de la República, sin que a la fecha se haya emitido el dictamen respectivo, razón por la cual esta comisión considera impostergable regular la utilización de dispositivos de tecnología que sea utilizada por parte de las empresas de seguridad privada, a efecto de garantizar el adecuado funcionamiento de las mismas, con estricto apego y observancia de las instituciones encargadas de brindar seguridad a los ciudadanos. Por lo antes expuesto solicito su voto a favor del presente dictamen. Al ser el tema relativo a la seguridad, uno de los temas más sensibles para el país, es necesario contar con herramientas jurídicas que permitan dar certeza al funcionamiento y desarrollo tecnológico de actividades por parte de las empresas de seguridad privada, mismas que son coadyuvantes a las instituciones encargadas de tan importante labor. Es cuanto, señor presidente.