El diputado Óscar Saúl Castillo Andrade: Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados. En innumerables ocasiones a esta tribuna se ha traído el concepto de igualdad. Este concepto se ha definido como el trato idéntico que el Estado o las empresas, las organizaciones, las asociaciones, los diferentes grupos sociales y los propios individuos deben brindar a las personas sin que medie ningún tipo de diferenciación por concepto de raza, de sexo, de clase social u otra circunstancia que pudiera presumir alguna diferencia en concreto. Para efectos prácticos, la igualdad es la ausencia de la discriminación en cualquiera de sus presentaciones. Tratada como problemática social, la igualdad desde todos los tiempos, ha sido un tema fundamental de lucha y de motivación e la evolución y desarrollo de la humanidad. Ha sido el ingrediente catalizador en la evolución de las ideas de una mejor forma de vida en sociedad y, por lo tanto, en la constitución de los Estados modernos. Para dar sustento a esta realidad sólo basta echar un vistazo a la historia moderna y sus documentos y observar que la conceptualización de la igualdad se ha enmarcado como un componente fundamental de los derechos humanos. No puede haber ejemplo más claro que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento adoptado en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Documento y postura, por supuesto, orgullo de la humanidad. Ahora bien, sin ir más lejos, en nuestra legislación específicamente en la que ahora nos ocupa y está a discusión, encontramos en el ordenamiento que se hace referencia a que las audiencias celebradas en los procesos mercantiles se deberán celebrar manteniendo la mayor igualdad entre las partes. Este componente calificativo de la igualdad permite que los jueces puedan actuar con discrecionalidad, justificando en ello la posibilidad de la desigualdad de sus resoluciones. Por esto, los diputados de Acción Nacional apoyaremos este dictamen, ya que con la eliminación de la palabra mayor, del artículo 1080 del Código de Comercio, se deberá mantener la igualdad de las partes sin grado ni regateo alguno. A partir de su aprobación y publicación, los jueces deberán emitir sus resoluciones en igualdad plena. Asimismo, respecto a las modificaciones del segundo párrafo del artículo 1255, en Acción Nacional estimamos oportuno la previsión en dicho ordenamiento para que el perito tercero en discordia no sea sancionado por no rendir su peritaje cuando exista una causa justificada no imputable al perito, y facultar al juez para que en ese caso dicte las providencias que permitan el desahogo de dicho medio de convicción. Por supuesto que esta reforma en nada modifica la sanción a que se debe sujetar el perito tercero en discordia, cuando sin causa justificada no rinda su peritaje. Así pues, señoras y señores diputados, con las modificaciones anteriores estaremos contribuyendo a conformar un marco legal adecuado para garantizar a las personas una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, tal y como lo mandata nuestro texto constitucional y, por supuesto, en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.