El diputado José Sigona Torres: Muchas gracias, muy buenas tardes, con su permiso señor presidente, compañeros diputados. El suscrito diputado federal José Sigona Torres integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, 56 y 62 y demás relativas al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones legales a la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de prevención del delito, mismo que se fundamenta y motiva bajo la siguiente Exposición de Motivos Sin duda alguna en la actualidad la seguridad pública constituye una de las asignaturas que más preocupa a la sociedad y al gobierno mexicano. Al efecto, la magnitud de este problema debe ser objeto de atención y de urgente propuesta de solución. El fenómeno de inseguridad constituye una condición esencial de retroceso que atenta, en todo momento, contra el modelo de desarrollo y bienestar de la población, por ello, modernizar la capacidad inhibitoria del delito, constituye una tarea prioritaria del Estado, siendo la delincuencia en estos momentos el peor enemigo de la sociedad mexicana. En tal virtud, el Estado Mexicano, entendido éste en sus distintos ámbitos de gobierno, se encuentra obligado a formular con la colaboración directa de la sociedad, políticas que tiendan a la estructuración de un eficiente sistema de seguridad pública. En este sentido, la importancia que juega el aspecto de la prevención dentro de la política criminal del país es fundamental para poder encarar con eficiencia el agudo fenómeno delictivo que enfrentamos en la actualidad. Por tal motivo, los legisladores de Acción Nacional hemos conceptualizado a la seguridad pública no sólo como una acción estatal de persecución de conductas delictivas, sino también como una política que deberá estar basada en la prevención científica de la comisión de delitos, entendiéndose ésta como el conocimiento anticipado de la probabilidad de una conducta antisocial disponiendo de los medios adecuados para evitarla. En efecto, no es posible concebir hoy en día a la prevención como una acción aislada, toda vez que una concepción limitada sin duda contribuye al fracaso de cualquier medida implementada por el Estado en la lucha contra la delincuencia, ya que la seguridad pública implica un conjunto de asignaturas: prevención, procuración, administración de justicia y readaptación social, que deben funcionar de manera estructurada y perfectamente coordinada en cuanto a sus acciones y resultados. Es por ello que también desde el ámbito legislativo del cual formamos parte, se hace necesario establecer una base legal firme de prevención del delito, erradicando las viejas prácticas que se centran únicamente en la represión del delito, en donde sólo se plantea como supuesto que el individuo que comete el delito habrá de ser castigado, es decir; se ataca el hecho delictivo, no las causas que lo producen o los factores que lo favorecen. En este sentido, la política criminal se plantea como un intento de hacer frente a la gravísima crisis que padece en general el sistema de justicia de nuestro país, y en donde la sociedad se encuentra ávida de respuestas y resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia que día a día carcome con mayor brutalidad el tejido social sobre el que descansa la estructura misma del Estado. Por las consideraciones anteriormente expuestas, los legisladores del grupo parlamentario de Acción Nacional, preocupados por contar con disposiciones legales eficaces, que propicien la conformación de un adecuado marco jurídico en materia de seguridad pública, presentamos con todo respeto a consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones legales a la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de prevención del delito. Unico. Se adiciona el Título 4º denominado "De la Prevención del Delito", recorriéndose en consecuencia el actual Título 4º para quedar como Título 5º, así como que se adicionan los artículos 51 Bis y 51 Ter a la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue: Título 4º, "De la Prevención del Delito". Artículo 51Bis: Las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública tienen como misión primordial la prevención del delito. El Consejo Nacional de Seguridad Pública estará facultado en el ámbito de su competencia, para establecer mecanismos e implementar acciones tendientes a evitar los factores que generan o favorecen las conductas antisociales, así como a inhibir la realización de conductas delictivas. Para tal efecto, los miembros de las instituciones policiales, principalmente los pertenecientes a la Policía Preventiva, podrán desarrollar labores de recolección, procesamiento, análisis, interpretación y difusión de información que permita la planeación de la vigilancia y de los operativos para inhibir la realización de conductas que puedan constituir delito y, en su caso, detener a presuntos responsables de la comisión de conductas antisociales en flagrancia, debiendo hacer del conocimiento inmediato del Ministerio Público, hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Artículo 51 Ter.- En las actividades de prevención del delito y para la obtención de información, las instituciones de seguridad pública, podrán instalar y operar en lugares públicos, así como en vehículos oficiales debidamente identificados, cámaras de circuito cerrado de televisión o de cualquier otra tecnología con propósitos de vigilancia en los términos que dispongan las leyes demás ordenamientos respectivos. Las policías preventivas podrán desarrollar operativos de vigilancia para detener en flagrancia a presuntos responsables de la comisión de delitos mediante el uso de los medios idóneos para tal fin, respetando en todo momento los derechos humanos y ajustando su comportamiento a lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y demás ordenamientos aplicables. Título Quinto, que es el que se recorre, que es referente a los servicios privados de seguridad con sus artículos 52 al 54. Transitorios El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es tanto, señor Presidente. Muchas gracias.