La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señora presidenta. Compañeros legisladores. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue creada en 1992. Desde entonces ha experimentado la ampliación de sus facultades. En 2001 se le asignaron importantes funciones para detectar y denunciar delitos contra el ambiente, así como para coadyuvar activamente en la persecución de dicho delitos, como auxiliar del Ministerio Público de la Federación. Las atribuciones y facultades que se le han otorgado desde su creación, han sido reconocidas como un avance en la importancia de la ecología y de las normas que regulan su protección, pero no han sido suficientes. Con el paso del tiempo se ha visto que la procuraduría, creada como órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal, y en particular de la Secretaría de Medio Ambiente, requiere de autonomía de gestión e independencia, pues desgraciadamente los cargos de procurador han sido ocupados y utilizados como un mero trampolín político y no han sido dirigidos por personas con conocimientos en derecho ambiental, situación que demerita la función social y pública de esta autoridad administrativa. En efecto, durante estos 21 años de gestión, se han detectado fallas en la eficiencia y autonomía de la Profepa. Una de las que más preocupa es la imposibilidad de fungir como verdadero garante del cumplimiento de la ley ambiental, frente a los actos de la propia Semarnat, toda vez que al ser un órgano desconcentrado de ésta, la procuración de justicia ambiental se presenta como un conflicto de intereses. La Profepa, por ejemplo, no podría demandar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la nulidad de una autorización expedida contra derecho por dicha secretaría, aun y cuando esta facultad se encuentra ya prevista en la legislación procesal vigente. A la Profepa se le dificulta la inspección de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en virtud de que carece de mecanismos jurídicos que le permitan actuar con imparcialidad. Otro de los problemas medulares de la Profepa, es la carencia de recursos económicos, materiales y humanos, para garantizar la protección y conservación de nuestros recursos naturales, lo cual es producto de la insuficiente dotación de medios económicos, cuya decisión nuevamente recae en la cabeza de sector. Otro medio de control sobre la autonomía e independencia de la institución, que no cuenta, insisto, con los recursos suficientes para desempeñar óptimamente sus funciones. La existencia misma de la Profepa es un contrasentido al recibir múltiples menciones y mandatos en las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, siendo que la institución nace y continúa operando con base a un reglamento administrativo. La procuraduría se ha convertido en una institución fundamental de la república que debe de ser reconocida por y desde la ley. En el establecimiento de las políticas de procuración de justicia y defensa al medio ambiente, debe intervenir y participar el Poder Legislativo a través de la expedición de normas que reconozcan la importancia de la Profepa y le concedan un mandato claro que le dé personalidad jurídica y patrimonio propio, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que exige nuestra sociedad. Reconocer a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como una institución fundamental de la república, requiere que su mandato, permanencia, estructura, objetivos, mecanismos de profesionalización de su personal e instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, sean conferidos por una ley federal que prevea un mecanismo claro de participación ciudadana y de rendición de cuentas, del cual carece hasta la fecha. La Profepa, como cualquier otra procuraduría, debe cumplir con las funciones básicas de prevención de daños e infracciones, detección eficaz de ilícitos y determinación irrestricta de responsabilidades. La estructura actual no sólo refleja estas funciones, sino que frecuentemente las hace imposibles. No existe en la institución una subprocuraduría dedicada a la prevención. La función de determinación de responsabilidades se ve coartada al no haber una subprocuraduría que determine los casos que han de ser resueltos administrativamente, civil o penalmente. Esto conduce a la imposición de multas por montos diversos en casos similares, al encubrimiento de casos delictuosos que nunca llegan al Ministerio Público, así como cuantiosos casos de daños ecológicos que lamentablemente quedan sin reparación. Por otro lado, resulta alarmante que la Profepa no se encuentre obligada por ley a expedir un programa de procuración de justicia y a rendir cuentas sobre su cumplimiento. Actualmente no existe un mandato legal para que la Procuraduría comunique a los ciudadanos sus objetivos, estrategias y metas, mucho menos la creación de indicadores de eficacia y de eficiencia, lo que impide que los ciudadanos conozcamos el grado de avance en la procuración de justicia. El programa de procuración de justicia ambiental fue editado y difundido en una limitada distribución en una sola ocasión, sólo para ser olvidado por administraciones posteriores. Así, para garantizar que la Profepa actúe con libertad en las facultades que le son conferidas, en la presente iniciativa se propone un mayor grado de autonomía y gestión presupuestal de la Profepa, mediante su descentralización en el sector ambiental. Asimismo, se propone un nuevo modelo de designación, inamovilidad y remoción del titular de la Procuraduría, un perfil profesional claro de los principales servidores públicos, así como mecanismos de rendición de cuentas. Por último, resulta sumamente importante mencionar que la función de procuración de justicia, la persecución de ilícitos y delitos, la sustanciación de procedimientos administrativos, la imposición de sanciones y la acción jurídica de reparación del daño de carácter ambiental puedan permitir ante el Poder Judicial que son claramente funciones de carácter jurídico. En virtud de lo anterior y no obstante que la labor de la Profepa es altamente indisciplinaría, debe reconocerse que la conducción de estas actividades, que implican la delicada tarea de imponer actos de molestia y privación a los gobernados, exigen que el procurador federal de protección ambiental sea un perito en derecho, de la misma manera, que resulta impensable que un juez o un fiscal tengan una profesión distinta a la jurídica. La Profepa debe contar con un titular experto en estas tareas. Incrementar el nivel jurídico de la institución es un requisito para incrementar la eficacia de los actos de la institución que continúan siendo nulificados en los tribunales por deficiencias jurídicas en la toma de decisiones institucionales. Por estas razones se establece también en esta iniciativa que los requisitos que deba cumplir cualquier candidato a procuración sean justamente el hecho de acreditar un modo honesto de vivir, de que sea un mexicano, de que sea abogado con 10 años de antigüedad en su célula y acreditar conocimientos suficientes en materia ambiental. En fin, hay una serie de tareas pendientes en la materia de procuración de justicia ambiental que esta iniciativa busca clarificar, acrecentar y atender. Es necesario que como mexicanos reconozcamos que aunque hay avances importantes en la materia ambiental y particularmente en este caso en materia de procuración de justicia ambiental. Todavía nos falta mucho por hacer, y hoy tenemos la oportunidad de posibilitar esta eficiencia y esta eficacia en la materia que es tan necesaria para garantizar lo que el artículo 4o constitucional nos dice, garantizarle a los mexicanos el derecho a un medio ambiente sano. Muchas gracias.