La diputada Sonia Rocha Acosta (vía telemática): Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de usted y de la Mesa. Lo que el día de hoy vamos a votar, no es solo una Ley General de Gestión Integral de Riesgos, lo que vamos a votar es el desmantelamiento de la protección civil, tal y como lo conocemos en el país. Este proyecto de nueva ley en términos generales adolece de una visión integral, estratégica y previsora, que realmente sirva de base para el establecimiento a la gestión integral de riesgos en nuestro país, y que permita su desarrollo en los estados y los municipios. Es cierto que la anterior ley tenía muchas áreas de oportunidad, atribuciones, sanciones y un mayor impulso a la prevención de desastres, eran tareas pendientes. Sin embargo, la ley que hoy se presenta no atiende ninguna de estas evidentes necesidades y toma un modelo que funcionaba para sustituirlo por otro, que es más burocrático e ineficiente. El texto de este dictamen quedó corto, en esencia y en operación. Uno de los problemas fundamentales es que no establece ni las atribuciones básicas por orden de gobierno ni mucho menos define los mecanismos institucionales de colaboración que permitan delimitar correctamente los tramos de control y responsabilidad de cada uno de los participantes. De nada valieron las aportaciones del Consejo Consultivo que integró a especialistas en el área de gestión de riesgos que dedicaron su tiempo a través de meses de trabajo. Tampoco se escuchó a la sociedad civil y académica, que acudió a los foros regionales de consulta. Todos señalaron la importancia de que la Coordinación Nacional de Protección Civil recobrara su papel preponderante en la gestión integral de riesgos y que regresara a la Secretaría de Gobernación, o que se integrara dentro de la estructura de la Presidencia de la República. No los oyeron. La Coordinación Nacional de Protección Civil depende erróneamente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y se encuentra en un tercer escalón en la toma de decisiones, por si esto fuera poco. Se incluye la creación de una agencia de gestión financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Controla con independencia... (falla de origen) ... y cuantificación financiera de los peligros y riesgos y a la contratación de los seguros asociados, a la atención de daños relacionados con los desastres. Lo cual generará una fractura en el proceso de gestión integral de riesgos entre las dos secretarías. Fieles a su costumbre la mayoría de esta Cámara de Diputados, toma una buena idea en los hechos y termina haciendo algo mucho peor de lo que estaba en la ley vigente. Lo peor estaba por llegar. Las modificaciones que realizaron a partir de la extinción de los fideicomisos rompen con el esquema subsidiario para la atención de emergencias y desastres. En ambos casos las declaratorias tenían la finalidad de formalizar el compromiso del gobierno federal de brindar ayuda a la población afectada, de hacerlo de manera coordinada con las instancias locales, brindando apoyo logístico y financiero. La federación tenía la obligación de otorgar recursos en la nueva ley. Se sustituye, compañeros, por un podrá otorgar. Lo que deja a la población afectada a la merced de lo que el gobierno federal, es decir, el presidente decida que merece el apoyo. El ataque a los estados y municipios va mucho más allá. Anteriormente los fondos que constituían, servían para fortalecer las áreas operativas de las unidades estatales, así como su programa de capacitación. En el proyecto actual se incluye, antes de estas funciones, la de brindar atención a emergencias, lo que en la práctica deja a los estados y a los municipios como primero responsables financieramente y operativamente perdón de las tareas de atención de la reconstrucción. Ojo, no existe en este país estado que pueda cumplir con la obligación sin la ayuda necesaria y subsidiaria de la Federación. En resumen, compañeros, este dictamen presenta una ley con una armado institucional débil que condena al país a continuar en un esquema más reactivo que preventivo, cosa que aquí hemos escuchado diferente, que desmantele el apoyo financiero a estados y municipios a los que por cierto, los legisladores representamos para centrarlo en la federación y que privilegia a la opacidad y la discrecionalidad que tanto pregonaron combatir. Por esto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, votaremos en contra. Gracias, presidenta.