EL DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN: Con su venia, señor Presidente; señores legisladores: Como es todos conocido, la agrupación "Amigos de Fox, A. C.", fundada por el señor Lino Korrodi y en beneficio del ciudadano Vicente Fox Quesada, habría sido la vía para que recursos del extranjero se apartaran de las disposiciones legales y aportaran financiamiento ilícito a la campaña política del Presidente de la República. La misma Asociación y sus beneficiarios podrían haber Incurrido en delitos de carácter grave al haber utilizado el sistema bancario nacional para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia presumiblemente ilícita. Más sin embargo, señores, se hace evidente una creciente campaña y se puede afirmar campaña cuando se observa el método, el sistema, la frecuencia, el ritmo, que pretende apuntar hacia la discusión sobre la honorabilidad de quienes fundaron las denuncias, en lugar de resolver el fondo del asunto, el por qué y la razón de las denuncias. En el péndulo con el que se acostumbra el tratamiento de los asuntos en el Poder Ejecutivo Federal se va de la gravedad a la frivolidad y el gobierno pone énfasis en los presuntos métodos y obras del señor Fernández, y pasa por alto el asunto fundamental y radical que nos interesa a nosotros que es: la resolución del caso Amigos de Fox. Bromea con las gravísimas denuncias que se hacen, se convierten en un asunto estrictamente trivial, porque a lo mejor es trivial que uno de los implicados sea el hoy Secretario de Relaciones Exteriores; otro de los implicados el ex Secretario de Relaciones Exteriores. Acaso insignificante que se ponga en tela de juicio la calidad de la actuación de las instituciones de la República como la Procuraduría General de Justicia y la propia Presidencia de la República. Está en entredicho la institución presidencial, está en entredicho la autoridad investigadora, está en entredicho, para mayor gravedad, el Estado de derecho en nuestro país. La procuración de justicia y la aplicación de la ley tiene sombras de duda sobre la imparcialidad a que está obligada. Hay una campaña para denunciar al soplón, pero seguimos sin conocer a los que cometieron los ilícitos. Las denuncias públicas sobre el financiamiento con recursos del extranjero contra la agrupación Amigos de Fox, tiene una seria y grave implicación que afecta la legitimidad de la institución presidencial y lesiona a toda la República. Los titubeos, señores diputados, refuerzan las sospechas. La tardanza en unas cosas y la celeridad de otras crean fundadas suspicacias, ya rayanas en la certeza. Por ello es urgente que se disipen las dudas y salga a relucir la verdad, sin presiones ni hostigamientos que impidan una actuación ética, legal, imparcial, para dar respuesta a un asunto por demás delicado. Es inaceptable y sospechoso, por decir lo menos, que un asunto penal los denunciados estén libres. ¡Qué clase de impunidad puede llegar a tenerse trabajando en una campaña presidencial! Y los denunciantes secuestrados o arraigados, según se entienda el término, ¡pasándose por alto disposiciones legales! ¿Dónde queda entonces el llamado para que la ciudadanía tenga el valor civil de denunciar conductas ilícitas para acabar con la impunidad? ¿Qué seguridad jurídica pueden tener los denunciantes frente a estas conductas poco claras de quienes se supone representan de buena fe a la sociedad? ¿Cómo garantizar que la ley se aplique sin distingos y sea pareja para todos? Lo primero, cumplir con el principio general de derecho de que no se puede ser juez y parte cuando existe y hay conflicto de intereses, y la dependencia del cargo aún superior hace suponer que no hay imparcialidad en el ejercicio de la impartición de justicia. No hay línea, pero el anuncio se da por televisión y en red nacional 24 horas antes. El asunto es grave porque la acusación no puede ser trivial, ¡es contra el propio Presidente de la República! Por ello, a fin de evitar mayor deterioro a la imagen y funciones del Jefe de las Instituciones, debe analizarse a fondo esta denuncia, hasta llegar a sus últimas consecuencias. Decíamos en la Cámara de Diputados, cuando se trataba simplemente de presentar un exhorto, que cualquier hombre de buena fe obraría en consecuencia exigiendo de inmediato el esclarecimiento de los hechos. No hacerlo con imparcialidad, con profundo compromiso ético y legalidad, pone en riesgo a todas las instituciones republicanas que están en tela de juicio, que pierden la legitimidad necesaria para conducir los destinos del país. Conocemos y reconocemos, señores, que la facultad de investigación y persecución de los delitos compete a la Procuraduría, que con autonomía técnica depende del Poder Ejecutivo Federal. Pero es inadmisible que dicha facultad pueda estar sujeta a arbitrios del Procurador o del propio Presidente, si fuera el caso: que al contrario, siendo acusados, están obligados a exigir plena objetividad de imparcialidad en la aplicación de la ley y en el ejercicio de la acción persecutoria. En particular al Procurador General de la República lo ciñe en el cumplimiento de sus actos el artículo 102 constitucional, que es tajante en su párrafo quinto. No pretendemos que unos hagan a un lado responsabilidades y otros asumamos las que no nos competen. Sin embargo, expresamos aquí que nuestra fracción examina con cuidado la posibilidad de exigir el cumplimiento de la función investigadora del Poder Legislativo, que recae exclusivamente en la Cámara de Diputados y se ciñe a los términos del artículo 74 constitucional fracción V y en lo relativo al Presidente de la República, en lo referente al artículo 108 y demás relativos de la Constitución. Hoy presentamos este punto de acuerdo, basándonos en el artículo 11 fracción A y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con un exhorto al Poder Ejecutivo, para que pueda resolver lo que le compete a su ámbito, sin que sea necesaria la intervención de otro poder, para que se resuelva lo que no se ha resuelto en tres años, para que se preserve la credibilidad de las instituciones. Por eso, señores Legisladores, y confiados en que nos anima el espíritu de Ponciano Arriaga, que en el Constituyente señalaba a todos que si en una República no debe haber funcionarios impunes, es inadmisible en una República que el Titular de su Poder Ejecutivo sea inviolable, pedimos a ustedes crear, votar para que se cree una Fiscalía Especial APRA llevar a cabo la investigación de la organización denominada Amigos de Fox, A.C., cargo que deberá recaer en una persona de probada honorabilidad y reconocimiento profesional y de reconocida imparcialidad política. Asumimos aquí las palabras que decía nuestro compañero Eduardo Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN, cuando en la Cámara debatíamos sobre el exhorto al Presidente de la República: "Los grupos parlamentarios sólo podemos estar comprometidos con la justicia". Esperamos que así se cumpla. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. -DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN: Con su permiso señor Presidente. Le solicito respetuosamente lo turne a la Primera Comisión de la Comisión Permanente y a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. -PRESIDENTE: Túrnese a la Primera Comisión de la Comisión Permanente y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. -DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN: Y quiero subrayar para constancia, y además nuestra gratitud, a los señores diputados Ramón León Morales, por el Grupo Parlamentario del PRD, a la diputada Julieta Prieto Furhken, por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Gracias. -PRESIDENTE: ¿Sí diputado Zapata? -DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO (desde la curul): Pido la palabra para hechos. -PRESIDENTE: Estamos en puntos de acuerdo y ahí no hay hechos señor diputado. No hay debate por temas. Si lo quieren platicar entre los coordinadores, con mucho gusto. -DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN (desde la curul): Señor Presidente, nada animaría más nuestro ánimo que tener la oportunidad aquí de debatir el punto, en tal caso lo hubiéramos solicitado de urgente resolución. Por respeto a la asamblea y al turno que le dimos ayer y solicitamos ayer, en esta ocasión no podemos acceder a la petición del diputado Zapara Perogordo y le solicitamos atentamente nos signamos al reglamento. Sí, sonido a la curul del Diputado Zapata. -