El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez: Con su venia, presidente. En días pasados los integrantes de la Comisión de Energía analizamos a detalle el contenido de esta ley que hoy se discute. Reconocemos la participación seria y comprometida de los integrantes de todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara en un debate que se llevó a cabo de manera plural y equitativa, en algunas ocasiones encendido, pero siempre en un marco de respeto y civilidad. Si bien buena parte de la discusión se ha centrado en los aspectos vinculados a hidrocarburos, un tema central de la reforma energética es el de la transformación de la industria eléctrica nacional, que también enfrenta enormes retos para su modernización y expansión en beneficio de los hogares y del desarrollo económico. El propósito central de este dictamen es lograr que el país cuente con inversiones suficientes, tecnologías adecuadas y que su producción no genere elevados costos ambientales, al tiempo que sea accesible en precio para el consumo familiar y productivo, sobre todo que asegure su abasto suficiente a largo plazo y en un contexto de transición energética global y nuevas condiciones de mercado. Sus disposiciones contribuyen a la seguridad y confiabilidad energética del país al mantener en manos del Estado la planeación del sistema eléctrico nacional, su control operativo, transmisión y distribución de la electricidad se garantiza la rectoría económica estatal en esta área estratégica de la nación. El dictamen fortalece a las empresas productivas del Estado en materia eléctrica al otorgarles las capacidades institucionales y los mecanismos de gobierno corporativo necesario para generar valor, al tiempo que incluye nuevas reglas de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. La Comisión Federal de Electricidad seguirá siendo un actor preponderante en la industria eléctrica nacional, ofrecerá el servicio eléctrico bajo tarifas reguladas y se mantendrá como suministrador para los usuarios pequeños y medianos de tipo residencial, comercial e industrial. De igual forma fortalece la rectoría del Estado al otorgar a la Secretaría de Energía la responsabilidad de emitir el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, documento que concentrará la planeación del sistema eléctrico. El dictamen fortalece a los órganos reguladores del sector. La Comisión Reguladora de Energía contará con facultades para regular los precios e introducir incentivos en áreas de una mayor eficiencia en los segmentos de transmisión, distribución de energía eléctrica en el mercado mayorista de electricidad. La participación de empresas privadas en el sector busca promover inversiones y generar condiciones de competencia que ofrezcan a los usuarios opciones más accesibles y alienten el desarrollo de la industria con más oportunidades de empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. El dictamen que ponemos a su consideración establece el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado de la administración pública federal, mismo que estará encargado del control operativo del sistema eléctrico. El Cenace llevará a cabo de manera transparente las subastas para la celebración de contratos de cobertura eléctrica con el nuevo mercado mayorista de electricidad, otorgando así certeza jurídica a todos los jugadores. Asimismo, el nuevo marco jurídico incluye diversas modalidades de asociación entre actores del sector privado y el Estado. La experiencia y tecnología que aportarán los particulares al nuevo esquema eléctrico nacional abonará a la mayor eficiencia del sistema, reduciendo pérdidas en beneficio de los consumidores. El dictamen incluye la obligación de adquirir certificados de energías limpias que contribuyan con una proporción cada vez mayor de fuentes de electricidad renovable, abonando así en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales a los que el país se ha adherido en esta materia. Se establece, además, la creación del Fondo de Servicios Universales Eléctricos, el cual estará encargado de financiar las obras de electrificación necesarias para dar acceso a los más de dos millones de mexicanos que todavía carecen de energía eléctrica. El nuevo modelo promueve una industria eléctrica socialmente responsable que establece la obligación de presentar una evaluación de impacto social para todos los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura eléctrica. Por lo que corresponde a la Ley de Energía Geotérmica se buscan ampliar las capacidades de México en la generación de electricidad renovable a partir de fuentes geotérmicas, en los cuales nuestro país cuenta con recursos abundantes de experiencia aprobada. La reforma permitirá atraer mayor inversión a través de la garantía, de certeza jurídica para quienes decidan incursionar en esta energía limpia. Compañeras y compañeros legisladores, el nuevo paradigma para la Industria Eléctrica Nacional cuenta con los mecanismos institucionales, la estructura de incentivos y las disposiciones regulatorias para que nuevas empresas, pequeñas, medianas y grandes se incorporen al mercado eléctrico nacional bajo condiciones de competencia efectiva. Más inversiones, con más jugadores en el sector permitirá generar muchos más empleos y contribuir al combate a la desigualdad y a la pobreza que lastiman al país. Al contar con electricidad abundante y a precios competitivos contribuimos a mejorar las condiciones de bienestar y la calidad de vida de nuestra gente. Por su atención, muchísimas gracias.