El diputado Guillermo Sánchez Torres: Con el permiso de la Presidencia. De acuerdo con el dictamen en comento, con el fin de mantener el porcentaje de ingresos participables por concepto de derecho bajo este nuevo esquema de ingresos petroleros, la iniciativa prevé en el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, que el 85.31 de la recaudación obtenida por la suma del derecho ordinario, del derecho especial y del derecho adicional a que se refieren los artículos 40, 49 y 52 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, respectivamente, será participable. En virtud de que los ingresos petroleros derivados de los contratos son de nueva incorporación para el sistema de coordinación fiscal y están sujetos a un tratamiento constitucionalmente diferenciado, en la iniciativa se propone establece un coeficiente para que dichos ingresos sean participables en un 79.73 por ciento, lo anterior ya que la base para determinar los ingresos petroleros participables estará integrada por el monto total de las transferencias que conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria realice el Fondo Mexicano del Petróleo y por el impuesto sobre la renta que se genere por los mismos contratos. Sin embargo se puede identificar los efectos de la reforma energética en materia de hidrocarburos sobre la magnitud de la recaudación federal participable, es decir su impacto sobre el monto de los ingresos petroleros que recibirán las entidades federativas y los municipios. En la propuesta se reforma a la Ley de Coordinación Fiscal presentada por el Ejecutivo incluyó un claro sesgo a favor de la Secretaría de Hacienda y por tanto en contra de las haciendas de las 32 entidades federativas, las cuales verían mermados sus ingresos en 11 mil 779 millones de pesos al aplicarse el nuevo mecanismo que se propone. Para evitar lo anterior se concluyó proponiendo que el coeficiente del 79.73 incluido en la iniciativa del Ejecutivo para determinar la magnitud de la recaudación fiscal participable, asociada a los ingresos derivados de los contratos para la explotación de hidrocarburos se eleve a 86.39 con el fin de eliminar el sesgo identificado y lograr una solución equilibrada al problema señalado. El cociente de 79.73 resulta de un cálculo de los ingresos observados por las entidades federativas en 2013, suponiendo que ese año pueda considerarse normal o típico, sin embargo al revisar las cifras observadas en promedio entre 2010 y 2013 se encontró una pérdida promedio de 7.7 para las entidades federativas, con un coeficiente de 86.39, el efecto en contra de las haciendas estatales se desvanece. De darse esta modificación se estaría fortaleciendo las finanzas locales y a los habitantes de las mismas, lo cual sería una salvedad en medio de todas estas repercusiones negativas para los mexicanos. Compañeras y compañeros, la reforma energética no significa la pérdida de la soberanía energética en manos de intereses privados, especialmente extranjeros, sino también un golpe profundo al derecho de la propiedad privada así como al de la propiedad agraria, y más grave aún, a la propiedad de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas. Implica también un retroceso en materia de libertad personal y laboral. Se deja al desamparo a propietarios, ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas, al permitir una libre negociación por parte de las empresas energéticas, con la amenaza de ser expropiado si no aceptan el ofrecimiento de la empresa. Se posibilita de tal manera que se presenten abusos de las empresas para conseguir los terrenos, provocando graves violaciones a derechos humanos por parte de estos corporativos. Compañeras y compañeros, mi partido rechaza esta reforma energética por ser regresiva, por empobrecer a la mayoría del pueblo y si no al tiempo. Democracia ya, patria para todos.