El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señora presidenta. México representa uno de los nichos más atractivos para el mercado de seguros y fianzas y, a pesar de esto, la actividad aseguradora dentro del país no ha podido aumentar su penetración a más del dos por ciento del PIB desde el año de 1990. En cambio, otras nacionales latinoamericanas cuentan con niveles de cobertura mucho más elevados que el nuestro como es el caso de Brasil con el 3.4 por ciento y Chile con el cuatro por ciento. Es por esto que resulta necesario el replantearnos las reglas de operación de dicha área en nuestro país. De acuerdo con la información presentada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en el año 2012 operaban 99 compañías de seguros y, del total de éstas, el 63 por ciento trabajan con capital extranjero, las cuales concentran una cuota del 70 por ciento del volumen de materias primas, mientras que el restante 37 por ciento sólo se manejan a través de capital local. Hasta el año 2002 cinco compañías de seguros concentraban el 67 por ciento del mercado, lo cual ha ocasionado que 15 compañías, el decir el restante 15 por ciento, acaparen el 80 por ciento del negocio. Con base en estas cifras podemos inferir que nos encontramos ante un sector altamente heterogéneo, lo que nos obliga a fijar reglas adecuadas. Regular a las corporaciones de seguros y fianzas, representa una tarea de suma importancia debido a los montos que se manejan dentro de esta área. Al cierre del año 2010, las primas del sector asegurado mexicano ascendieron a 241 mil 891 millones de pesos, en el que el principal producto asegurado es el de autos con el 20.8 por ciento de las primas; le sigue el de daños, con el 19 por ciento; mientras que las primas por accidentes y enfermedades, equivalen al 13.4 por ciento y los seguros de pensión sólo al 6.6 por ciento. Los bajos niveles observados se deben, entre otras cosas, a la poca exigencia que hay para los dueños de automóviles de contar con un seguro, y a diferencia de otros países del mundo, incluyendo a los conductores de vehículos de transporte público; tan sólo cuatro de cada diez autos que transitan por nuestro territorio, cuentan con algún tipo de cobertura. Con base en lo anteriormente expuesto consideramos que lo planteado en la nueva Ley de Instituciones y Fianzas, sobre la posibilidad de que estas instituciones cuenten con un modelo interno para calcular su requerimiento de capital y solvencia, significa un primer paso, pero demasiado importante. Con esto cada institución podrá tomar en cuenta sus propias necesidades en el cálculo sobre el monto del capital que demandan, a diferencia de lo ocurrido hasta el momento, donde es la autoridad quien establece una regla única aplicable. Debido a las facultades que se otorgarán, es menester que el modelo sea autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para evitar impunidad en las decisiones tomadas por los sujetos a regular. Del mismo modo la incorporación del seguro de caución el cual consiste en el pago de una indemnización al asegurado, a título del resarcimiento o penalidad por los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites previstos en el contrato del seguro al producirse las circunstancias abordadas, en relación con el incumplimiento por el contratante del seguro, representa un factor de estabilidad para la actividad económica, lo cual permitirá condiciones más óptimas y eficientes. Entre las principales ventajas de este seguro, se encuentran, la regulación de las asociaciones público privadas, con lo cual se podrá proteger al gobierno, al representar un menor costo que cualquier tipo de garantía o aval bancario y una mayor accesibilidad por las partes involucradas. Por último celebramos la reforma a la Ley sobre el Contrato de Seguro, ya que con esto se perfecciona el régimen de los seguros obligatorios y se otorga mayor certidumbre para los asegurados. Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.