El diputado Edgar Romo García: Con la venia de la Mesa Directiva. Estimadas compañeras diputadas y diputados, el proceso electoral 2017-2018 será el más complejo e inédito de la historia de la democracia tanto por el número de cargos que se renovarán como por la fiscalización constante sobre los actos, gastos y sus consecuencias en los procesos electorales. Ante ello, la certeza sobre las reglas y su aplicación para garantizar la equidad de las contiendas es una exigencia que tiene obligación de atender la autoridad electoral de fondo y no solo de forma. En la aspiración social de ver garantizada la legitimidad en los procesos electorales existe un imperativo fundamental, que es la fortaleza que las instituciones mexicanas, en particular las autoridades en materia electoral, deben proyectar ante la ciudadanía al cumplir a cabalidad con los principios rectores constitucionales de la función electoral con la imparcialidad, con la independencia, con la máxima publicidad, con la legalidad y con la objetividad. Hablamos en especial de que una autoridad electoral fuerte y respetable es aquella que garantiza su función actuando de manera imparcial e independiente, de manera objetiva y especialmente apegada a la legalidad. Han sido los anhelos del pueblo mexicano que a lo largo de los últimos años en varias reformas electorales han establecido reglas claras, han establecido que se reduzca el despilfarro en las campañas electorales, que supervisen el origen de los recursos, que se acorten los tiempos de campañas y de precampañas, para evitar costos innecesarios a la función electoral en las propias campañas, y también para promover, elevar el contenido propositivo de las mimas, entre otros aspectos. Lastimosamente en estos tiempos, en los que la efervescencia política comienza a presentarse, han sido evidentes los constantes atentados a la ley que ha cometido el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien de manera temeraria, haciendo uso de una dirigencia partidista, ha continuado con su eterna campaña política y electoral por sus más que evidentes y retorcidas aspiraciones y anhelos hacia la Presidencia de la República. No han sido pocos los casos en los que se ha visto a López Obrador celebrar actos proselitistas reales a lo largo y a lo ancho del país, con eventos onerosos, completamente ilegales y fuera de los tiempos electorales correspondientes, y la autoridad electoral simplemente ha actuado como un solo espectador más e implícitamente pareciera legitimar el ilegal actuar de López Obrador. Por citar algunos ejemplos. El 2 de noviembre de 2016 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el único objeto de prevenir, investigar y en su caso corregir fraudes a la ley o a la Constitución o posibles abusos al derecho de los partidos y sus dirigentes, ejemplo Andrés Manuel López Obrador, ordenó al INE adoptar las medidas necesarias para prevenir, para investigar y en su caso corregir las conductas que resulten contrarias a los principios y fines que rigen el proceso electoral. Posteriormente, el 28 de diciembre del mismo año, la misma Sala Superior resolvió de igual forma, que no se justifica la centralidad de un sujeto único como vocero de un instituto político a través de los tiempos de radio y televisión a que los partidos tienen derecho. Y en ese sentido ordenó nuevamente al INE volver a emitir lineamientos para regular el uso debido de las pautas de los partidos políticos en radio y televisión. No obstante ambas resoluciones, tanto en noviembre como en diciembre de 2016, el INE se negó a emitir los lineamientos referidos durante siete meses, permitiendo así que durante todo ese tiempo Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, mediante el fraude de la ley y con la complacencia de la autoridad electoral, continuaran haciendo uso indebido y excesivo de la pauta de sus respectivos partidos para su promoción personalizada, apartándose del objeto partidista con la plena intención de posicionarse para contender a la Presidencia de la República. Esta permisividad o complicidad del INE ha generado un daño o ventaja indebida e ilegal de imposible reparación, que afecta la equidad de la contienda. Así, por permisividad u omisión, si no es por complicidad, los consejeros electorales han dejado impune al dirigente de Morena, que conocido por su mal gusto no deja de promover el culto a la personalidad. Por ello, aquí y ahora los representantes populares amonestamos al árbitro electoral, el INE debe de estar a la altura de las circunstancias...