La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago: Muchas gracias, señora Presidenta. México es heredero de un presidencialismo y de un sistema de partido de Estado que obstruyó durante más de 70 años toda forma de participación política y estableció en los hechos, un régimen fuerte, autoritario y antidemocrático. Este sistema utilizó los peores métodos para sostener el poder. Se crearon organismos irregulares de represión como la Brigada Blanca; se establecieron cárceles clandestinas y se utilizó el equipo y las instalaciones del Ejército y la policía para perseguir a los adversarios políticos y se realizaron las peores violaciones de derechos humanos; el genocidio, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la tortura. Es decir, se implementó toda una política de Estado para eliminar a los adversarios políticos. Actualmente las cosas no han cambiado significativamente. Los conflictos sociales se han intensificado, lo que ha generado que la cifra de presos políticos aumente considerablemente. El acoso a las y a los luchadores sociales en México es un asunto de suma preocupación. Las autoridades lo tratan como si suya fuera la actividad delictiva o subversiva y lo someten a formas degradantes de persecución, que van desde las acusaciones falsas de delitos como asesinato, narcotráfico o robo, hasta calumnias, humillaciones y acusaciones públicas de estar relacionados con el terrorismo o la corrupción. Por tanto, no es extraño que México, un pueblo con una larga historia de lucha, tenga dentro de las prisiones a un gran número de defensores de los derechos humanos, de los derechos económicos sociales y culturales, defensores del entorno ecológico, miembros de movimientos sociales, en una palabra, disidentes del sistema económico que prevalece en nuestro país. No hay que olvidar que en nuestro país se han documentado casos por los organismos internacionales de derechos humanos, en los que los motivos son por asuntos meramente políticos. Dolosamente se acusa a los luchadores sociales de pertenecer a la delincuencia organizada. Una muestra de cómo el Estado ha manipulado el concepto de delincuencia organizada para reprimir la lucha social es la sentencia de 67 años a los dirigentes de San Salvador Atenco, sentencia que contrasta con los 40 años a los que condenaron a Mario Aburto, supuesto asesino de Colosio, a los 13 años de prisión a los que fueron sentenciados narcotraficantes del nivel del Güero Palma, el Chapo Guzmán y Benjamín Arellano Félix. En el año 2007 se confirmó la tendencia a la represión a las legítimas demandas de los movimientos sociales. El discurso oficial enfatizó la necesidad de enfrentar eficazmente al crimen organizado y garantizar la seguridad pública, dejando de lado lo relativo a la protección de los derechos humanos. Prueba fehaciente de esta afirmación son los trágicos hechos de Oaxaca, donde numerosos participantes en las manifestaciones realizadas en esa ciudad fueron víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas, violencia y actos de intimidación, tales como los que reporta el Observatorio Internacional de Derechos Humanos. Estos hechos muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar la adecuada protección de las víctimas. Los luchadores sociales siguen expuestos a la criminalización de sus acciones, a la descalificación y a la limitación de sus actividades. Mientras tanto, los agentes del Estado responsables de estos actos continúan gozando de constante impunidad en México. Por tanto, el sentido de esta propuesta es que se aplique todo el rigor de la ley a los narcotraficantes, a los que corrompen a nuestros menores y los utilizan como carnada sexual para los turistas, a los tratantes de personas y a todos los demás delincuentes que atentan contra nuestra sociedad. Pero queremos evitar a toda costa que se manipule el sentido de la ley para reprimir a la ciudadanía que no está conforme con un determinado gobierno, que no se repitan los presos y desaparecidos del 68, las víctimas del halconazo y el fracaso rotundo de la fiscalía creada para investigarlos. Las recientes reformas a la Constitución en materia de combate al crimen organizado fueron voluntad del Constituyente Permanente, que estableció dentro de las consideraciones al dictamen al precisar: "Las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo a las facultades conferidas en contra de las y los luchadores sociales o aquellas personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado". Vale la pena enfatizar que no es voluntad de estas comisiones incluir dentro del régimen de delincuencia organizada las conductas de personas en ejercicio de las garantías de libre manifestación del las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho a la asociación, libre ejercicio de la profesión y derecho a la petición, toda vez que éstas son expresiones de un Estado democrático de derecho que postula nuestra Constitución. Por las razones anteriormente señaladas, esta iniciativa agrega un segundo párrafo al artículo 1o. de la citada ley, con la finalidad de establecer claramente que las disposiciones de la misma no podrán aplicarse, en ningún caso, a lideres e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político que de manera legítima se oponen a un régimen determinado o bien, que se denuncian actos de corrupción de aquéllos que ostentan el poder. Asimismo, se modifica el primer párrafo a fin de establecer la definición de delincuencia organizada, siguiendo los lineamientos precisados en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se agrega un segundo párrafo con el objeto de adecuarlo con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución. Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. y se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 2, ambos de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: Artículo único. La presente ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y la aplicación en todo el territorio nacional. Estas disposiciones no podrán ser aplicadas, en ningún caso, a líderes e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político que de manera legítima se oponen a un régimen determinado o bien se denuncian actos de corrupción de aquéllos que ostentan el poder. Artículo 2. Por delincuencia organizada se entiende un grupo de tres o más personas formado fortuitamente para cometer delitos en forma permanente o reiterada y en el que no necesariamente se hayan asignado sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya continuidad con la condición de miembro o exista una estructura desarrollada que tenga además como propósito obtener un beneficio económico y material. Cuando tres o más personas se organicen de hecho, para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por si o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes serán sancionadas por el solo hecho, como miembros de delincuencia organizada. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Por lo anterior solicito a la Presidencia de esta honorable Cámara, se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias. La Presienta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Claudia Cruz. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Seguridad Pública. Se concede el uso de la tribuna a la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma la fracción V del Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.