El diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther: Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados, en 1856, durante los debates que dieron origen a nuestra Constitución, el diputado Ponciano Arriaga advertía con una claridad que sigue impresionando hasta hoy: abusar del poder militar es incompatible con los elementos de la pacífica y verdadera libertad. Estas palabras, pronunciadas hace más de siglo y medio, no sólo son una advertencia histórica, sino una guía que debemos seguir hoy, cuando discutimos una reforma que pone en peligro la esencia misma de nuestro régimen constitucional. Lo que debería ser una excepción se ha convertido en regla. La militarización de la seguridad pública, que inicialmente fue presentada como una medida temporal y controlada, ha crecido, hay que decirlo, sin límites. La Guardia Nacional, concebida como una institución civil, ha sido paulatinamente absorbida por la lógica militar. Y esta reforma busca consolidar de manera indefinida el control militar, vulnerando los principios de excepcionalidad y subordinación civil, que nuestra Constitución y tratados internacionales protegen. Nos encontramos ante una iniciativa que plantea la subordinación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, trastocando con ello principios fundamentales que han regido la relación entre el poder civil y el militar desde la fundación de nuestro Estado moderno. Esta reforma no sólo contraviene nuestro marco constitucional, sino que también ignora claramente principios establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de organismos internacionales, como lo es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Permítanme desarrollar brevemente los argumentos principales que sostiene nuestra postura en contra de esta reforma. Primero. La reforma constitucional es contraria al régimen convencional de derechos humanos y trastoca la estructura básica de la Constitución mexicana. El artículo 129 de nuestra Constitución, que ha permanecido inalterado desde 1857, establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que aquellas estrictamente relacionadas con la disciplina militar. Este principio es la piedra angular diseñada para impedir que el poder militar se extienda crecientemente en la vía civil. Cualquier intento de ignorarlo o reinterpretarlo de manera laxa pone en peligro el equilibrio de nuestro sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, esta reforma constitucional pretende otorgarle de manera permanente a las Fuerzas Armadas, a través de la Guardia Nacional una participación en la seguridad pública, contraviniendo los límites básicos de nuestra Constitución. Al hacer esto se violenta el principio de subordinación civil, un principio que han defendido tanto nuestra Carta Magna, como la jurisprudencia y la Suprema Corte de Justicia. Es importante y ya se ha dicho en esta tribuna que Morena y sus aliados fueron quienes impulsaron la inclusión de estos principios en el quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019, como un límite necesario para garantizar que la participación militar en seguridad pública fuera temporal y sujeta al estricto control y escrutinio civil. Sin embargo, ustedes mismos ignoran ahora su propia postura, al impulsar una reforma que contraviene lo que debería ser excepcional y temporal por algo que sea permanente e indefinido. Segundo. En el caso Alvarado, Espinoza y otros contra México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, queda claro cómo México debe regirse en esta materia. En este fallo la Corte estableció cuatro principios fundamentales: que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en labores de seguridad pública de manera constitucional y compatible con los derechos humanos. Esos principios los conocemos bien, sin excepcionalidad, subordinación, complementariedad, regulación y fiscalización. La excepcionalidad no está presente en la reforma que hoy estamos discutiendo. De la misma manera, la subordinación y la complementariedad no se presentan, puesto que coloca a la Guardia Nacional bajo el mando directo de la Sedena, creando una estructura militar que no está subordinada a ninguna institución de corte civil. Tercero. En cuanto a la regulación, la reforma no presenta ningún esquema claro para regulación del uso de la fuerza bajo el control militar. Y cuarto. No existe fiscalización sobre los mecanismos para el uso de dicha fuerza. Tercero. Las Fuerzas Armadas están sujetas a un régimen de justicia y transparencia que resulta claramente incompatible con los valores democráticos que rigen la seguridad pública bajo el mando estrictamente civil. En efecto, hay que decirlo, las Fuerzas Armadas están diseñadas para operar en contextos de guerra y conflicto, donde los valores de obediencia incondicional y la disciplina estricta y de sacrificio son primordiales. Sin embargo, estos valores no necesariamente se alinean a los principios democráticos que deben de guiar a las instituciones civiles y de seguridad pública. Compañeras diputadas y diputados, quizá sí haya que retomar ahora los temores del diputado Ponciano Arriaga, de 1856, y reconocer que existen razones profundas para defender hoy el gobierno civil sobre el militar. Hoy, al igual que entonces estamos, en una encrucijada histórica, debemos decir si permitimos que las Fuerzas Armadas, cuyo diseño institucional está preparado para la guerra y la represión, se conviertan en el eje de nuestras políticas de seguridad. O bien, como debe ser, si defendemos el principio fundamental de que la seguridad pública debe estar en manos de instituciones civiles, transparentes, responsables y comprometidas con los derechos humanos. Defender la civilidad no es un capricho, es una exigencia constitucional, y para nosotros es una clara responsabilidad histórica. El futuro de la nación así nos lo exige. Es cuanto, diputados.