La diputada Lorena Corona Valdés: Con su permiso, diputado presidente. Licenciado Gómez Mont, secretario de Gobernación; compañeros diputados y compañeras diputadas, en los últimos meses se han conjugado en el país diversos factores que amenazan la estabilidad social de la que hasta ahora hemos gozado. Una crisis económica que se gestó en el exterior y no encontró en nuestro país un campo fértil para asentarse, la escalada de inseguridad y violencia que parecen no tener fin; un gobierno que ha mostrado capacidad limitada para solucionar estos problemas, y que ahora pretende imponer nuevas cargas fiscales a los contribuyentes, constituyen una fórmula que en muy poco contribuye a la estabilidad social del país. Desde el inicio de la presente administración el gobierno puso en marcha una serie de operativos en contra de la delincuencia organizada. En el Partido Verde coincidimos en que la delincuencia y el narcotráfico deben ser enfrentados con toda la fuerza y decisión del Estado. Por ello celebramos el empeño decidido del presidente Calderón en esta difícil tarea. Combatirlos tibiamente sólo contribuiría a su fortalecimiento. No obstante, las acciones emprendidas por el gobierno han evidenciado el grado de deterioro y la infiltración que sufren algunas de las instituciones más importantes del país; sin embargo, no deja de llamar nuestra atención y nos preocupa el hecho de que las autoridades que participan en estas tareas sean frecuentemente acusadas de violar los derechos humanos de la población. De acuerdo con el último informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional fue la dependencia que más recomendaciones recibió por parte de ese organismo durante el 2008; 14 de los 67 instrumentos emitidos. El empleo de las fuerzas armadas en estas labores los expone a un desgaste que podría ocasionar un desprestigio social de difícil reparación para una de las instituciones que más confianza genera entre los mexicanos. Reconocemos que el empleo de las fuerzas armadas en estas tareas ha sido fundamental; la amenaza a la que nos enfrentamos justifica su intervención. Sin embargo, su participación debe ser temporal y no debe verse como la solución del problema. Por tanto, en el Partido Verde somos conscientes que además de estos esfuerzos debemos tener las armas jurídicas que se traducen en decisiones duras, pero necesarias, como es la iniciativa para establecer la pena de muerte para secuestradores que maten o mutilen a sus víctimas, ya presentadas por mi partido. Por otra parte, en el tercer informe se reconoce el considerable aumento del tránsito de personas por la frontera sur de nuestro país, y se indica la necesidad de regular y llevar a cabo mecanismos de repatriación de migrantes centroamericanos. No obstante, el informe sólo refiere una serie de datos, convenios y procedimientos que poco o nada nos dicen de la situación real de la zona sur del país. Por citar un ejemplo, se reporta una cifra de 48 mil 816 centroamericanos repatriados, durante el periodo de septiembre de 2008 a julio de 2009, número que en forma aislada no nos dice nada, pues se omite reportar el número total de centroamericanos que efectivamente transitan en la frontera sur. Así las cosas, lo único que podemos concluir sobre este particular es que la política migratoria de México tiene un serio problema que día a día se agrava en la frontera sur, caracterizado por los maltratos y las extorsiones de las que son víctimas los migrantes, sin dejar de mencionar el problema de la trata de las personas. Llama la atención que desde el 2005 sólo se haya identificado 98 posibles víctimas, y en el primer semestre de 2009 hayan sido únicamente 59. Las situaciones antes expuestas ponen en evidencia que la política migratoria actual demanda mucho más que la dignificación de las estaciones migratorias, y la garantía de una repatriación ordenada y ágil de los migrantes. En este sentido reiteramos que todavía falta mucho trabajo por hacer en el rubro de la frontera sur, sin olvidar que el tema sigue abierto en la frontera norte. La gobernabilidad de un país depende en gran medida de la confianza que el gobierno y sus instituciones generan en la sociedad. En la medida en que las instituciones públicas cumplan con la finalidad para las que fueron creadas, la sociedad las reconocerá y confiará en que son la mejor forma de canalizar sus peticiones y dirimir sus controversias. Esta sencilla ecuación es, sin embargo, sumamente frágil. Si las instituciones no cumplen con su finalidad y compromisos perderán credibilidad ante la sociedad, ya que en última instancia ésta ha aceptado someterse a un gobierno a cambio de que éste le garantice sus necesidades básicas, entre otras, la certeza jurídica y procuración de justicia. En este contexto resulta necesario mencionar que la primera evaluación del Acuerdo Nacional sobre la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, elaborada por México Unido contra la Delincuencia y la fundación México SOS, muestra que de los 28 compromisos que adquirió el Poder Ejecutivo sólo cumplió con uno, 10 más presentaban niveles de cumplimiento alto, otros 10 de cumplimiento medio y los restantes 7 fueron calificados con niveles bajos de cumplimiento. Cabe indicar que este acuerdo fue suscrito hace poco más de un año por los tres Poderes de la Unión y los tres ámbitos de gobierno, y por virtud del cual se comprometieron a realizar diversas acciones para mejorar la seguridad pública del país. Hasta la fecha no se puede considerar que realmente se hayan realizado las suficientes acciones para combatirlas, y en este sentido se puede decir que todos los involucrados se encuentran en falta. Es inevitable mencionar el caso de Jacinta Francisco Marcial, ampliamente discutido en este pleno hace unos días. Si bien el Partido Verde aplaude su liberación apenas el día de ayer, no podemos dejar de señalar la forma tan arbitraria bajo la que actuaron las autoridades en la integración de este caso, atropellando de manera flagrante los derechos de Jacinta. Y estaremos atentos e insistiremos en que de igual forma en los próximos días también sean liberadas Teresa González y Alberta Alcántara. Exhortamos a todas las autoridades involucradas en la procuración de justicia en nuestro país, para que casos como el de Jacinta, nunca jamás se vuelvan a presentar en México. Sobre todo, porque a un año de celebrar el bicentenario de la Independencia, todos los mexicanos, sin excepción, deberíamos gozar de un clima de respeto a nuestros derechos fundamentales y de una procuración de justicia apegada a derecho. No podemos dejar de mencionar el tema de la violencia contra las mujeres, en donde el informe reporta únicamente la celebración de cinco sesiones del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sin que se refleje algún otro dado, sólo buenas intenciones. Lo mismo puede decirse respecto del caso de las mujeres de Ciudad Juárez, del que a la fecha sabemos muy poco, recalcando que en el informe presentado sólo se indica que se han llevado a cabo una serie de programas y reuniones, incluyendo la firma del Protocolo Alba. Sin embargo, no se indican datos concretos sobre el avance de las investigaciones correspondientes. En este punto no podemos quitar el dedo del renglón. No obstante, el Partido Verde reconoce las acciones de la Secretaría de Gobernación para coadyuvar en el manejo de la crisis generada por el virus de la influenza, en particular la exitosa coordinación a través de RTC, de la difusión de la campaña informativa sobre la pandemia de la influenza, actuación que ha sido considerada un ejemplo para muchos países, según lo expresado por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde reconoce la coordinación y prontitud con la que ha funcionado el Sistema Nacional de Protección Civil. Podemos tener diferencias respecto de algunos aspectos, como la falta de celeridad con la que se entregan los recursos del Fondo de Desastres Naturales; sin embargo, en lo esencial, que es la preservación de vidas humanas, debemos reconocer que sí se han logrado avances importantes. Finalmente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde reconoce la plena disposición del presidente Calderón y de la Secretaría de Gobernación, para mantener un diálogo constante y abierto con el Congreso de la Unión. Los exhortamos a que ello continúe así, durante la presente Legislatura, sobre todo, en aras de lograr las reformas que tanto requiere nuestro país, para elevar el bienestar de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.