EL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ: Con su permiso, señor Presidente. El día de ayer, la Comisión de Hacienda de esta Cámara recibió del Subsecretario de Ingresos, otra variante de los planes del Ejecutivo en materia económica. Convergencia considera que es fundamental que quienes integramos esta legislatura, modifiquemos radicalmente los mecanismos de trabajo de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de la Presupuesto y Cuenta Pública. Durante varias legislaturas han venido aceptando las inercias que propicia la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como ustedes recordaran los integrantes de legislaturas anteriores se han visto obligados a actuar con una visión cortoplacista, lo que ha conducido, no a pensar en soluciones de fondo, sino a tomar decisiones coyunturales que incidieron en su momento en la Ley de Ingresos y de Presupuesto y Gasto Público, cuyas iniciativas lo sabemos, están totalmente vinculadas. Por ello, Convergencia sostiene que debemos ser los legisladores quienes establezcamos los criterios que deben contener estas iniciativas. No debemos discutir sólo acerca del presupuesto, sino sobre la manera en la que pretendemos financiar nuestro desarrollo y la forma en que deseamos que debe gravitar en la vida de los mexicanos para su beneficio. Tampoco podemos entrar a discutirlo, acorralados por el tiempo y sobre todo por las circunstancias, menos aún cuando el planteamiento del Ejecutivo se basa en una lógica del "todo o nada" o aceptamos las reformas o no crecemos o hay reforma eléctrica o se acaba la energía o hay reforma laboral o no se crean empleos. Además de fomentar la cultura del cortoplacismo, esto ha propiciado que el Estado Mexicano haya transformado su rol en el desarrollo nacional, cediendo su iniciativa a cambio de una extraña fe en las fuerzas del mercado. Por ello no extraña que la Secretaría de Hacienda se limite a jugar el papel de un contador eficiente que busca que los números cuadren, sin entender las implicaciones que eso tiene. Ya no se ve al presupuesto como un instrumento de desarrollo, sino que se ha convertido en el recogedor de las asignaturas pendiente que el mercado no puede resolver o que resolvió mal. Ahí están los rescates bancarios y carreteros; ayer monumentos ejemplares de privatizaciones realizadas con la promesa de que esto sería mejor para los contribuyentes y hoy, deudas monumentales que gravitarán por generaciones en todos los mexicanos. Ahí están los programas asistencialistas, que buscan atender a quienes el mercado no atiende o incluso expulsa, porque para el mercado sólo existen los que tienen recursos para ingresar en él. El balance de las cuentas públicas no debe ser un fin en sí mismo, la efectividad de la política fiscal debe juzgarse en la medida en que contribuya a los objetivos nacionales. Sin desconocer que los tiempos fiscales nos obligan a resolver lo inmediato, nuestra propuesta es que en lugar de concentrarnos en la mera discusión sobre el presupuesto del próximo año, asumamos una perspectiva de mucha mayor amplitud, alcance y profundidad. Es imprescindible, antes que trabajar sobre el presupuesto del 2004, que acordemos los principios fundamentales sobre los cuales plantear una estrategia nacional. Discutir el IVA y todas sus posibles variantes sin saber qué queremos en lo general, es debatir sin contexto y por lo tanto, sin rumbo. Si logramos un consenso respecto de esos principios fundamentales, será más fácil discutir alternativas y opciones; en cambio, si entramos a debatir sin entender qué es lo que deseamos alcanzar, seguiremos como hasta ahora: entrampados en el qué y acaso en el cómo, sin entender el para qué. Por ello proponemos los siguientes principios: 1º. Ingreso, gasto y deuda pública deben considerarse de manera integral y ser proyectados con un horizonte de 3 años, con revisiones anuales. Esto permitiría fijar metas concretas para dichas variables, al considerar simultáneamente monto y destino del gasto público y la forma de su financiamiento, lo que daría al causante y al inversionista, un marco de certidumbre del cual hoy carece. 2º. A partir de lo anterior, la política fiscal debe servir para mitigar la tendencia excluyente de la economía del mercado, lo que implica que su carácter no sólo debe ser recaudatorio, sino también distributivo. 3º. La recaudación debe hacerse al menor costo para el país y su integración debe abarcar los costos en que incurre la Federación y los estados. Esto se logrará mediante reglas y procedimientos fiscales, si entendemos que la simplificación y la equidad son elementos más eficaces que el exceso de regulación y la vigilancia estrecha. 4º. Es indudable que se debe profundizar en el federalismo fiscal, pero sería prácticamente imposible hacerlo en las semanas que nos quedan y este tema debe considerarse como fundamental y debe incluir desde luego, los esfuerzos de la recaudación local, así como el transparentar y rendir cuentas, tanto de los recursos federales como estatales, de los 3 niveles de Gobierno. 5º. La estrategia fiscal debe estimular la distribución del desarrollo a lo largo del territorio nacional. 6º. Por lo que se refiere al presupuesto, éste debe incluir exclusivamente los ingresos, gastos y deuda pública que corresponden solamente al sector central y que corren por cuenta del contribuyente. Esto permitiría darle a estas variables su justa dimensión y su verdadero significado. Así, al sector paraestatal, entre potros beneficios, se le quitaría un pesado bagaje regulatorio que afecta su eficiencia y nos daría la posibilidad de tener una visión totalmente clara del sector paraestatal, principalmente por lo que se refiere al sector energético, concretamente a PEMEX, Comisión Federal y Compañía de Luz y Fuerza del Centro. 7º. Al tener la correcta visión de lo que son los ingresos, gasto y deuda pública del sector central y por otra parte del sector paraestatal, estaríamos en condiciones de tener un diagnóstico preciso tanto del sector central como de cada una de las empresas del sector paraestatal, en el que podríamos definir con toda claridad cuál sería su objetivo fundamental y su visión de largo alcance, de modo que realmente nos comprometamos a que se conviertan en empresas productivas, competitivas y con una visión social bajo la rectoría del Estado. 8º.- El gasto público social debe ser expresado con claridad en términos absolutos y relativos, así como en sus objetivos, grados de prioridad y parámetros de medición para evaluar la eficacia de la acción pública y saber en qué medida trasciende en el nivel de vida de los mexicanos menos favorecidos, propósito que justifica este tipo de erogaciones. 9º.- La estructuración del Presupuesto debe responder a criterios modernos en los que se señalen con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar y la forma de medir los avances. No podemos seguir con presupuestos que son muy puntuales en el señalamiento de acciones, pero muy pobres en proponer la forma de evaluar los resultados. 10º.- Los subsidios deben considerarse como parte de la estrategia fiscal, pero al igual que los egresos, deben estar claramente justificados, cuantificados y regulados en términos de su vigencia. Entendamos que los subsidios son una herramienta fiscal tan válida y efectiva como los impuestos, ahí están los productos agrícolas que importamos y cuyos subsidios han desbastado al campo mexicano. Ante esta situación considero conveniente que las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Gasto Público, a la mayor brevedad informemos a la Secretaría de Hacienda los criterios de lo que debe ser una verdadera reforma fiscal y los criterios de lo que debe ser un presupuesto que permita orientar debidamente el gasto público al desarrollo nacional. Muchas gracias.