El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal: Con su permiso diputado presidente. Solicitando se registre íntegro en el Diario de los Debates, paso directamente a la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Competencia Económica que presento a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla una de las garantías individuales que menos ha sido explorada y aprovechada por la ciudadanía. Ésta, ha sido reglamentada en la Ley Federal de Competencia Económica con el objeto de impedir los monopolios y las prácticas contrarias al desarrollo económico del país. A la par de la ley existe la Comisión Federal de Competencia, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones en los términos de esta ley y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones. Sin embargo, en la ley se cayó en algunos excesos, como en el caso de los artículos 14 y 15 de la ley de la materia que, al intentar establecer un mecanismo para prevenir prácticas negativas por parte de los estados que atenten contra el comercio entre las entidades federativas, originaron una figura contraria a la propia Constitución, es decir, una especie de control constitucional a cargo de la misma Comisión. Al respecto cito la redacción actual de dichos artículos. "Artículo 14. En los términos de la fracción V del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no producirán efectos jurídicos los actos de autoridades estatales cuyo objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero. "Artículo 15. La Comisión podrá investigar de oficio o petición de parte si se está en presencia de los actos a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, declarar su existencia. La declaratoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser impugnada por la autoridad estatal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Sin embargo, cabe señalar que en este momento los artículos citados fueron declarados nulos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que estos artículos resultan inaplicables ante cualquier situación que se presente. En efecto, de la lectura de estos dispositivos jurídicos se desprende claramente que se le otorga a la Comisión una facultad que es propia del Poder Judicial, es decir, declarar con efectos generales la inaplicabilidad de disposiciones de carácter general expedidas por los estados, lo que considero no debe permitirse. Sin embargo, resulta cierto que la Comisión debe conservar la facultad de prevenir los actos de autoridades estatales cuyo objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero, por lo que esta soberanía no puede conformarse con dejar inexistentes e inaplicables tales artículos sino que, al contrario, debe legislar en este rubro, de tal manera que no sea la Comisión la que declare que no producirán efectos jurídicos estos actos de los estados, respetando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, pero en su caso aprovechando la experiencia e infraestructura de esta dependencia para que sea un medio del Poder Ejecutivo que allegue de elementos a su titular y en caso, ahora sí, busque la nulidad de tales actos por las vías legales adecuadas, en concreto a través de la controversia constitucional. Así las cosas, lo que pretende esta iniciativa es reformar los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Competencia Económica a efecto de que esta dependencia investigue los actos de las entidades federativas cuyo objeto directo e indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero para efecto de allegar la información y los medios de prueba necesarios para que el titular del Poder Ejecutivo federal impugne tales actos. De esta forma se estaría salvaguardando la intención del constituyente plasmada en el artículo 28 de la Carta Magna, pero se dejaría a salvo la división de competencias entre los poderes del Estado mexicano y se evitarían agravios a los estados pues la decisión sobre invalidez de estos actos provendría del Poder Judicial de la federación con respeto al derecho de audiencia y defensa de las partes. "Con lo anterior la Comisión se convierte en un coadyuvante en este procedimiento y no en el titular o autoridad facultada para resolver la invalidez de tales actos, pero se insiste se estaría aprovechando el conocimiento de la materia y la experiencia en ese rubro para salvaguardar el desarrollo y la libertad en materia económica. "A este respecto el artículo 105 fracción I, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 42 de su ley reglamentaria prevén: "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes: "Fracción I. De las controversias constitucionales que con excepción de las que se refieran a la materia electoral se susciten entre -cita once previstos- siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnados por la federación, de los municipios impugnados por los estados o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. En los demás casos la resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efecto únicamente respecto de las partes en la controversia. "Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Competencia Económica. "Artículo único.- Se reforman los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Competencia Económica para quedar como sigue: "Artículo 14. Las autoridades estatales se abstendrán de emitir actos cuyo objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero. "Artículo 15. La Comisión podrá investigar de oficio o a petición de parte si se está en presencia de los actos a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, comprobada su existencia lo hará del conocimiento del Titular del Poder Ejecutivo, quien podrá impugnarlos en los términos señalados por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Es cuanto diputado Presidente.