La diputada Araceli Saucedo Reyes: Gracias, Presidente, recientemente nos hemos enterado gracias a la difusión de información por parte de organizaciones de la sociedad civil que el SAT llevó a cabo cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales por montos grandes a contribuyente preferentes, sin que los ciudadanos tengamos la certeza de cuáles son los criterios o los principios que se toman en estas decisiones. La decisión de cancelar adeudos fiscales o condonar el cobro a una persona física o moral, debería pasar por razones transparentes, específicas y previamente determinadas, y no simplemente a la incapacidad recaudatoria de la autoridad hacendaria. La presente iniciativa pretende transparentar esas decisiones que toma el SAT. Compañeros diputados, en el contexto económico actual caracterizado por la fuerte caída de los precios del petróleo, los continuos recortes presupuestarios, la disminución del gasto social, el crecimiento del endeudamiento público, debemos asegurarnos que los impuestos y las deudas fiscales sean captadas de manera justa y que cuando el Estado decida dejar de recaudar nos rinda cuentas por qué lo hace. Es fundamental saber que se están realizando todos los esfuerzos por cobrar deudas tributarias a aquellos contribuyentes que sí cuentan con la capacidad de pago y de esta forma evitar que se abuse de las figuras de cancelaciones y condonaciones de los créditos. Para lograr lo anterior es necesario que la autoridad tributaria dé a conocer información respecto a los fundamentos y motivos que justificaron la cancelación o condonación de cada crédito fiscal, como: la quiebra o insuficiencia total del deudor, la muerte del contribuyente o la condonación fiscal para zonas afectadas por eventos catastróficos. En este sentido, la difusión de la información es uno de los mecanismos para que la sociedad evalúe si el SAT está cumpliendo correctamente con la atribución de recaudar eficientemente y evitar la evasión fiscal. La decisión de cancelar o condonar un crédito fiscal no involucra solamente al SAT y a la persona que se le condona o cancela el adeudo, sino involucra a toda la sociedad y a todo el pueblo mexicano en tanto que por disposición constitucional todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. La transparencia fiscal va más allá de otorgar información sobre ingresos y los gastos, es la disposición continua de información de las decisiones sobre el dinero público. La apertura de la información contribuye al escrutinio de la actuación de las autoridades con la finalidad de favorecer la transparencia, la rendición de cuentas y la buena administración de los recursos públicos. La Secretaría de Hacienda estima que en el 2016 el gasto fiscal alcanzará 36 mil millones de pesos. Eso significa que el erario dejará de percibir 36 mil millones en el 2016, lo que significa 0.77 por ciento del total de los ingresos programados. En 2017 se prevé una reducción en términos reales de casi 2 por ciento de los ingresos. En términos del presupuesto proponen una reducción nominal de 12.3 por ciento en educación, en salud del 8 por ciento, en desarrollo social del 4 por ciento, lo que significa 50 mil millones de pesos menos respecto al presupuesto aprobado en el 2016. El objetivo de esta iniciativa es reformar el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que el Sistema de Administración Tributaria publique los motivos por los que son cancelados o condonados los créditos fiscales. Para el Partido de la Revolución Democrática la política fiscal tiene un enorme potencial de transformar las realidades de pobreza y desigualdad en que vivimos los mexicanos. Por ello resulta inmoral renunciar a la recaudación porque significa declinar a la capacidad institucional para solucionar los problemas públicos que está pasando nuestro país. Es cuanto, presidente.