El diputado José Alberto Rodríguez Calderón: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros. El trabajo formulado en el transcurso de esta legislación se ha destacado por la elaboración y aprobación de reformas de vital importancia en el país entre las cuales encontramos las constitucionales en materia electoral, mismas que ordenaban, entre otras cosas, la promulgación de la Ley General en materia de Delitos Electorales ordenamiento que ahora es objeto del dictamen que tenemos a discusión. Esta ley de reciente creación como todos lo sabemos incluye los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas. Debe contar con conceptos precisos para su aplicación, de forma que resulta trascendental que la misma cuente con claridad en su redacción. Es por esto que a efecto de clarificar las descripciones típicas, se incluyen términos como sin causa legalmente justificada al sancionarse la negativa a instalar o clausurar una casilla electoral. La adición de la frase dentro del ámbito de sus facultades, permitirá fortalecer la rendición de cuentas por parte de los partidos o los candidatos, así como de los recursos remanentes de partidos o agrupaciones políticas que hayan perdido su registro. Así las cosas, la normatividad se verá ampliamente beneficiada pues serán llenadas aquellas lagunas legales que pudieran presentarse al momento de su aplicación, lo cual resulta importante más aún cuando hablamos de un tema de primordial importancia para la vida social de los mexicanos como lo es la materia electoral. Las precisiones a que se refiere el presente documento, buscan ajustar el contenido de la ley a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, el cual establece que: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el referido dispositivo no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional, esto es, a los jueces, que se abstengan de interpretar por simple analogía o por mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma, por lo que al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta delictiva de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de los ilícitos, descripción que no es otra cosa sino el tipo penal, el cual debe de estar claramente formulado. La descripción típica que interpreta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debe ser vaga ni imprecisa ni mucho menos abierta ni amplia, al grado de permitir la arbitrariedad. El mandato de exactatividad, esto es, de limitar ese grado de arbitrariedad en el momento de aplicar la norma, supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica, sea tal que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma, por lo que la legislación debe ser, como lo decíamos al inicio, precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ello. Normas claras es lo que la sociedad mexicana nos impone y nos exige a todos, compañeras y compañeros. Por lo anterior y en tal virtud, toda vez que el presente dictamen busca conciliar el contenido de la ley con el principio de exacta aplicación de la legislación penal, es que los diputados priístas de esta Legislatura daremos con certeza, con claridad y con responsabilidad, nuestro voto favorable. Gracias, compañeras y compañeros; señor presidente. Es cuanto.