La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, presidenta. En el dictamen que acabamos de votar junto con la adenda presentada por las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, existen tres elementos importantes, que aunque están contemplados, a mi consideración es importante que pudiéramos dejarlos mucho más definidos. Me refiero al artículo 13, que habla, por ejemplo, de la responsabilidad de los superiores jerárquicos. En un de los dictámenes, en una de las propuestas hechas en el dictamen de la Cámara de Senadores se habla también de lo relativo a las personas con alguna discapacidad y a la necesaria intervención del Estado para garantizar que no se realicen procedimientos médicos o científicos a estas personas. La propuesta que estamos presentando, la reserva, agrega un párrafo en el artículo 24, en donde señala que no solamente se realicen procedimientos médicos o científicos, que esté prohibido realizar procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo, sino que profundiza que no se realicen esos procedimientos sin el consentimiento libre e informado, y que no se garantice la capacidad plena, los límites a la sustitución de la voluntad y los apoyos efectivos con los que las personas con discapacidad deben contar. Sabemos que el marco jurídico que tenemos en el país cubre muchas de estas necesidades, pero abundar particularmente en el tema de las personas con discapacidad nos parece fundamental. En cuanto al artículo 22. Si bien se establece en esta ley la capacidad de atracción, nos parece fundamental que se señale cuáles son estas posibilidades de que se atraiga una investigación. Y se señala en este artículo diciendo que la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la Ley para Prevenir la Tortura estarán a cargo de las autoridades federales, cuando nosotros agregamos un párrafo quinto que dice: El Ministerio Público de la Federación, de oficio solicita a la fiscalía especial de la entidad federativa, en ejercicio de la facultad de atracción, y le remita la investigación correspondiente atendiendo a que la fiscalía especial de la entidad federativa, que debiera conocer el asunto, no inicie de inmediato la investigación, existiendo elementos para ello. b) Existan indicios suficientes de que la investigación que se lleva a cabo por parte de la entidad federativa no es pronta, imparcial, exhaustiva y diligente. c) Las condiciones para la investigación requieran las capacidades técnicas especializadas cuya falta pueda convertirse en un obstáculo para que se dé una exitosa realización. d) Lo solicite la fiscalía especial. e) El hecho constitutivo trascienda el ámbito de una o más entidades federativas o, finalmente, existan razones para presumir que los delitos fueron cometidos por el personal adscrito a la procuraduría o fiscalía general de la entidad federativa a la que compete la investigación. Estas reservas y estos agregados que estamos proponiendo han sido también sugeridos y propuestos por la propia Oficina de las Naciones Unidas y han sido consultado con diversos organismos especializados en materia de derechos humanos. Si bien, como lo hemos señalado ya, la ley general que acabamos de votar es un esfuerzo y es un resultado importante en materia de garantizar los derechos humanos, abundar en estos temas y ser más específicos no afectaría absolutamente nada. Por el contrario, atenderíamos recomendaciones internacionales, tratados y convenciones suscritos por nuestro país, armonizando así esta nueva norma con los compromisos internacionales que tenemos como mexicanos. Es cuanto, presidenta.