EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO: Compañeras y compañeros diputados: Durante mucho tiempo se ha visto al consumo como una simple satisfacción de necesidades y deseos, en donde el mercado nos ofrece los bienes y el público en general los adquiere, fijándose principalmente en el precio y no en la calidad; sin embargo, muchas personas en todo el mundo, hacen esfuerzos por adquirir productos y servicios menos dañinos para el medio ambiente local y mundial. Estas actividades son parte de un movimiento más amplio hacia formas de producción y consumo sustentables, últimamente se ha generalizado una tendencia internacional sobre el consumo de productos y servicios ambientalmente amigables, mejor conocidos como consumo sustentable, cuyo objetivo final es concientizar sobre la importancia y consecuencias que tiene para el medio ambiente y la salud cada una de nuestras elecciones en el consumo. Es importante enfatizar en el deterioro y la presión que se ejerce al medio natural no sólo en la fase de consumo final de mercancías,sino también en su producción y distribución, ya que una mercancía no sólo daña el ambiente cuando se desecha sino también por la cantidad de energía y materia prima empleadas en su producción, distribución y las estrategias para promover su consumo. Aunado a lo anterior, existe el grave problema de la generación de basura por desechos sólidos, en México la basura es uno de los grandes problemas ambientales, ya que su generación se ha multiplicado en los últimos años, su compensación hace más difícil su adecuada manejo y cada vez existen menos lugares para su disposición final, creando impactos negativos sobre el aire, agua y suelos. Es así que en respuesta al gran deterioro natural que se ha dado en las últimas décadas, una fuerte ola en pro de la ecología ha invadido la conciencia de la población mundial, ante esto resulta importante cambiar la forma de consumo y reorientar las modalidades de producción, creando conciencia en los consumidores sobre el efecto que los productos tienen sobre la salud y el medio ambiente, así reducir la generación de desechos. Al respecto el Capítulo Cuarto de la Agenda 21 señala los principales objetivos en cuanto al consumo sustentable que la comunidad internacional se comprometió a cumplir y tener muy presente. Como medidas concretas tendientes al consumo sustentable el grupo de países, entre ellos México, se comprometieron principalmente a fomentar la introducción de productos más racionales desde el punto de vista ecológico, brindar asistencia a personas y familias para que adopten decisiones de compra ecológicamente racionales, utilizar instrumentos económicos adecuados, con el fin de influir en el comportamiento del consumidor, como gravámenes e impuestos ambientales, sistemas de pago y reembolso de depósitos. Tal actitud de la humanidad se ha extendido a todos los ámbitos y los negocios no han sido la excepción, pues la demanda de productos y servicios que preservan y son amigables con el ambiente, crece a pasos agigantados, lo que representa naturalmente una inmensa oportunidad y reto para los empresarios. En México la demanda actual de productos se encuentra en una etapa incipiente, pues hoy los clientes potenciales sólo son la clase media alta, es decir, hasta el momento los productos ecológicos se catalogan más que como un lujo que como una necesidad, adicionalmente son pocas las empresas que están dedicadas a atender el mercado y las oportunidades son innumerables, ya que lo natural abarca todo tipo de negocio, desde alimentos hasta consultoría empresarial y servicios como el ecoturismo. Sin embargo, el poder dar a las personas opciones de elección de consumo de bienes y servicios que actualmente en el mercado y que se consumen día con día, es una forma de incentivar a la conciencia ambiental. Los consumidores podemos exigir y elegir productos como detergentes que no dañen el medio ambiente, alimentos que hayan sido cultivados sin fertilizantes químicos ni pesticidas, productos con poco envase o con envase reciclable, productos con certificación confiable que no dañen el medio ambiente, pero toda iniciativa debe estar acompañada por una decisiva acción del Estado que facilite y fomente estas iniciativas, y de una acción responsable por parte de los productores que mediante la utilización de tecnologías limpias, pongan en el mercado productos que sean ambientalmente menos dañinos. Hoy, existe un mayor conocimiento y una prevaleciente voluntad política hacia ese horizonte, así la propia legislación ambiental de México establece los lineamientos que se deberán seguir en cuanto al fomento al consumo y producción ambiental, contemplados dentro de la sección de instrumentos económicos y del autorregulación y auditorías ambientales. No obstante estas consideraciones son principalmente la delimitación de los instrumentos económicos, por los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generan sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente tales como los incentivos de mercado, en donde se consideran a las concesiones autorizaciones de licencias y permisos. Sin embargo, se dejan de lado las certificaciones, principalmente las voluntarias que promueve la misma LEGEPA en su artículo 38. Algunos ensayos sobre el certificado de bienes y servicios, se han realizado en nuestro país. Sin embargo, son estos últimos los servicios, los que no están incluidos dentro de la propia ley. Cabe enfatizar que el fomentar la autocertificación de procesos productivos, productos y servicios es, para la consecución de un mercado sustentable, una herramienta indispensable ya que es la forma por la cual los consumidores podrán discernir sobre los productos que van a comprar. Así, el objetivo de esta reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es el de fomentar el consumo por parte de la sociedad civil de bienes y servicios ambientalmente amigables con el entorno, así como ir generando una conciencia de consumo sustentable por lo cual se debe considerar el fomento a la creación de un mercado verde, al etiquetado o certificación voluntaria, la diseminación de la información a la sociedad sobre los productos que cuentan con este certificado. De esta forma se fomentará que los productos y prestadores de servicios modifiquen y mejoren sus productos y servicios y se incentivará el certificado voluntario de gran parte de los procesos que generan un consumo final de bienes y servicios. El desarrollo sustentable y el fomento al consumo sustentable de bienes y servicios, requiere forzosamente de un uso más amplio de instrumentos económicos regulatorios, informativos y educativos y de incentivos claros que promuevan la sustentabilidad entre productores, inversionistas, consumidores y la sociedad en general. En atención a lo anteriormente expuesto y observando los intereses del fomento a productos y servicios ambientalmente amigables, los suscritos diputados sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se modifiquen los artículos 22, 22 Bis y 38 de la Ley General de Equilibrio Ecológico. Por la limitante de tiempo omitiré la lectura del articulado pero solicito a la mesa directiva se integre de forma íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto diputado presidente. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no haya aparecido en el número del día de hoy. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del partido del Trabajo, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. -DIP. PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ: Con su venia diputado presidente: ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, presente: Los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de adiciones y reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con base en la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Recientemente los medios informativos publicaron que la policía preventiva en el marco de sus atribuciones y conforme a su organización y funcionamiento previsto en los artículos 4o. capítulo dos de la propia ley, interviene con la finalidad de prevenir la comisión de ilícitos que dañan la economía nacional, en la vigilancia, supervisión, despacho y transportación de diversos fluidos energéticos elaborados por algunas de las refinerías e instalaciones localizadas en diversos puntos geográficos del país, en los que Petróleos Mexicanos exporta, produce, refine y entrega a diversas empresas transportistas los energéticos necesarios para el consumo tanto en el país como fuera de él, entregándose los mismos a efecto de que se distribuyan entre sus consumidores. La vigilancia y prevención de la Policía Federal Preventiva y que actualmente realiza se debe a que éste es un hecho público y notorio el daño que sufre Petróleos Mexicanos y consecuentemente nuestro país, y que ha propiciado la venta de gasolina adulterada por concesionarios o en puntos específicos, lo cual daña al particular, quien ajeno a la adquisición de energéticos adulterados sufre cuantiosos daños en sus vehículos, amén del que se produce con una competencia desigual entre quienes expenden gasolinas y diesel de procedencia lícita y quienes la adquieren de origen ilícito, por lo que es obvio que las conductas anteriores son objeto de intervención de más de tres personas que intervienen en la preparación, transportación y venta de gasolinas cuyo origen es ilícito y por ello, a efecto de proveer herramientas de carácter legal a las autoridades investigadores y jurisdiccionales, con la sana intención de que se sancione a quien daña la economía nacional y también al patrimonio de los particulares, a quienes a veces de buena fe adquieren a precio oficial gasolinas o diesel cuyo valor, calidad y octanaje no es el que se publicita y, por ende, ocurre un enriquecimiento en perjuicio del adquiriente de buena fe y la consumación de un ilícito que provoca la evasión fiscal del expendedor de mala fe y en perjuicio de la economía del país. Actualmente, los artículos 367 y 368, fracción IÍ, del Código Penal Federal, en el título correspondiente a los delitos que se realizan en contra de las personas en su patrimonio, define como equiparable al robo y se castiga como tal a quien se apodere, use o aproveche cualquier fluido sin derecho y sin consentimiento de las personas que legalmente puedan disponer de los mismos. Por otro lado, el artículo 14 del mismo Código Penal Federal establece como delitos contra el consumo y la riqueza nacional y sanciona a las personas que sin derecho realicen cualquier sustracción o alteración a equipos o instalaciones de la industria petrolera que se refiere a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Dentro del catálogo de ilícitos contemplados por el Código Penal Federal en relación con los delitos cometidos contra la economía pública no existe una precisión respecto de las conductas delictivas que ahora se advierten en cuanto a las características que la delincuencia organizada adopta para dañar al país, en primer término, y a los consumidores de buena fe de energéticos adulterados, y si bien es cierto que los daños y perjuicios ocasionados por ambos supuestos pueden ser reclamados tanto por el Ministerio Público federal en representación de la parte ofendida en el proceso correspondiente, en la realidad el particular debe de seguir un difícil y a veces inútil proceso para reclamar los daños causados a los vehículos por la adquisición de gasolinas o diesel adulterados que provoca cuantiosos daños al particular de difícil recuperación. Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que se dispone en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de adiciones y reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue: Artículo 1º. Se adiciona una fracción VI al artículo 2 y se reforma el primer párrafo del artículo 3, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: Artículo 2. fracción VI. Delitos contra el consumo y la riqueza nacional, particularmente el señalado en el artículo 253, inciso j), relacionado con la interrupción o interferir en la distribución de gas natural, artificial o licuado de petróleo". Y fracción IV: "Alterar o reducir por cualquier medio, las propiedades que las mercancías o productos debieran tener", delito establecido en la fracción VII del artículo 254 del Código Penal Federal que se refiere a responsabilizar a quienes sin derecho realice cualquier sustracción o alteración a equipos o a instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo. Artículo 3º.: "Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y VI". Transitorio. Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de marzo del año 2004. Atentamente, firma el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y le hago entrega a la Secretaría de la iniciativa en comento. Muchas gracias, ciudadano Presidente. -