LA C. DIPUTADA MAGDALENA NUÑEZ MONREAL: Con su permiso señora presidenta. El pasado 27 de marzo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó que los trabajadores indocumentados carecen de los mismos derechos laborales que los demás trabajadores. Esta Resolución que deja en la total indefensión a más de 7 millones de trabajadores que se calcula trabajan en ese país sin documentos migratorios, redondea una serie de medidas legales y de gobierno, que criminalizan la presencia de trabajadores extranjeros y que ocultan el enorme aporte económico de esa fuerza laboral a la economía estadounidense, en particular en el sector agrícola de estados como Texas y California, hecho reconocido incluso por las autoridades laborales norteamericanas. Esta criminalización deja el campo libre para que avance la xenofobia y la discriminación en contra de los mexicanos, a quienes primero se culpó de ser la causa de las crisis de desempleo en Estados Unidos, para luego llegar a la aprobación plebiscitaria en 1994 de la ley más racista y antimexicana de la historia de las relaciones bilaterales, la llamada Propuesta 187 del estado de California. Cabe señalar que la producción agrícola es el principal renglón de exportación para esta entidad, que equivale a la tercera parte de la producción agrícola total de Estados Unidos, riqueza producida por una fuerza de trabajo que es 90% de origen mexicano, que ahora enfrentará condiciones de esclavitud. Sin duda alguna el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica tiene el derecho de decidir sobre sus asuntos internos, sin embargo, sus decisiones no pueden tomarse en contra de disposiciones contenidas en acuerdos y convenios internacionales, firmados y ratificados por ese país, sobre todo lo relativo a la protección y defensa de los derechos humanos. Es decir, no se trata de que se desaparezcan sus derechos soberanos, sino que éstos no pueden ejercerse en violación de los derechos universales del hombre, sobre todo cuando ese país se presenta como adalid de los derechos humanos en todo el mundo y que además ha aceptado una normatividad internacional, que lo obliga a protegerlos sin distinción de nacionalidad, habiéndoles otorgado una preeminencia sobre sus propias leyes, como lo hace el artículo 1°. de la Carta de Los Derechos y Deberes del Hombre de la Organización de Estados Americanos. Con medidas como la Resolución 187, la Operación Guardián y ahora la Resolución de la Suprema Corte, para eliminar todo derecho laboral a los indocumentados, las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes se vuelven aun más oprobiosas y significan una carta abierta para una explotación, todavía mayor de la que ya padecen los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Como legisladores de la república, no podemos mantener una actitud pasiva frente a estos despropósitos. Recordemos que días antes de los atentados del 11 de septiembre, el presidente Vicente Fox aseguraba que estaba próximo un acuerdo sobre emigración con el gobierno norteamericano que incluía, entre otros puntos, la protección de sus derechos humanos y su regularización migratoria. Evidentemente el tema se borró de la agenda de nuestro vecino, y hoy nos encontramos con un verdadero atentado contra los derechos humanos de los trabajadores indocumentados, y nuestro gobierno no se ha manifestado con la energía que el asunto amerita. De conformidad con lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo: Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, rechaza y condena enérgicamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en torno a los derechos laborales de los trabajadores indocumentados mexicanos, por considerarla violatoria de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad de los millones de trabajadores que allá laboran. Segundo. Se exhorte al Gobierno de México para que, con la colaboración de especialistas y de esta soberanía, analice la posibilidad de proceder ante los tribunales internacionales competentes la defensa jurídica de los trabajadores indocumentados mexicanos, de manera que se siente un precedente internacional para evitar la violación de los derechos universales del hombre en todo el mundo y en particular de los trabajadores indocumentados mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica. La Cámara de Diputados integrará un grupo de trabajo que dé seguimiento a el o los procesos iniciados. Tercero. Se exhorte al Secretario de Relaciones Exteriores, para que nuestro país emita una enérgica condena de esa resolución, en el contexto de la próxima reunión de la ONU a celebrarse en Ginebra y en particular a la Organización Internacional del Trabajo, a efecto de que discuta y emita una resolución al respecto, así como que se instruya al Embajador de México en ese país para que tome las medidas necesarias para proteger y apoyar a los connacionales indocumentados que trabajan en ese país. Cuarto. Se solicita al Secretario de Relaciones Exteriores presente a la brevedad a esta soberanía, un informe completo y detallado sobre los convenios firmados con el Gobierno Norteamericano en materia de migración y seguridad fronteriza, realizados durante el encuentro de Monterrey en marzo pasado. Signan esta proposición con punto de acuerdo compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, del Partido del Trabajo, del Partido Convergencia por la Democracia, el Partido Verde Ecologista y del Partido de la Revolución Democrática. Solicito a la Presidencia se turne esta proposición con punto de acuerdo a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social. Es cuanto, muchas gracias. LA C. PRESIDENTA. Muy bien, diputada. Atendiendo su solicitud, se turna el punto de acuerdo a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social. Para hechos, ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz. EL C. DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ. Ciudadana Presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Hoy, en días pasados, Castro fue condenado por la Corte Norteamericana a vivir sin la satisfacción plena de sus derechos. Este Castro no fue Fidel, fue Juan Castro, un mexicano como todos nosotros que se fue a Estados Unidos; un patrón, sabiendo de su condición de indocumentado lo contrató, incurriendo también en una ilegalidad, -si así pudiéramos llamarle no le respetó sus derechos al trabajador y sin embargo la Corte Norteamericana, como lo ha dicho aquí la compañera Magdalena Núñez, sí avala la actitud del patrón y no la del trabajador y por lo tanto, nuestros compañeros mexicanos en Estados Unidos que trabajan en condición de indocumentados, están destinados a vivir en las condiciones que tenían los propios esclavos en esa etapa en Estados Unidos. Este asunto no es menor para México; este asunto adquiere la mayor relevancia para la agenda bilateral con Estados Unidos. Aquí la pregunta es: llevamos mas de un año de pláticas con el gobierno norteamericano, nos preciamos de ser sus amigos, incluso se jacta el Gobierno Federal, de tener una relación muy estrecha. La pregunta es: ¿cuándo esa amistad va a pasar al terreno de los hechos y a concretarse en acuerdos sólidos que garanticen los derechos de los mexicanos en Estados Unidos? Es muy bueno el gobierno norteamericano para solicitar el respeto a los derechos humanos en otros países, es decir, que la ley se aplique en cualquier lado menos en el país que ostenta el poderío militar más grande del mundo. Hoy, con la independencia que la historia de México caracteriza a sus hombres y a sus mujeres, con la soberanía que este pueblo ha venido ganando a través de muchos años, podemos construir un valladar para enfrentar esta política que atenta contra los derechos humanos de los mexicanos. Por ello, he subido a esta tribuna a apoyar en todos sus términos el punto de acuerdo planteado por la compañera diputada Magdalena Núñez, y a exigirle al gobierno mexicano que de una vez por todas, deje de estar pasando spots publicitarios en la televisión, y se ponga a trabajar de lleno en una agenda donde en primer lugar estén el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Es cuanto ciudadana. -PRESIDENTA: Gracias diputado Martínez Veloz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como último punto de la agenda que trataremos el día de hoy, se ofrece el uso de la palabra al diputado Adolfo Zamora Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con punto de acuerdo en relación al cobro excesivo de las tarifas eléctricas de uso doméstico en el Estado de Chiapas. -DIP. ADOLFO ZAMORA CRUZ: Con su venia señora presidenta; compañeras y compañeros diputados: Chiapas cuenta con 37 plantas hidroeléctricas que representan el 53% de producción de energía eléctrica a nivel nacional bajo este sistema, con un total de producción de 17 mil 342 kigawatts, lo que significa el9.6% con respecto a la generación de energía total nacional, ocupando el tercer lugar en producción en el país. Esta aportación energética nos debería traer beneficios adicionales ampliando las redes eléctricas y mejores tarifas adecuadas a la realidad geográfica del Estado, a sus situación económica, a su entorno social y a su entorno político. Por el contrario, de 20 mil 100 localidades solamente 10 mil 300 de ellas están electrificadas, lo que representa apenas el 51%. Además, los altos cobros en el consumo de energía han obligado a que miles de familias chiapanecas de por lo menos 70 municipios de los 118, hayan entablado una demanda judicial masiva en contra de la Comisión Federal de Electricidad, utilizando la instancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde el organismo público descentralizado, ha ocupado el primer lugar en demandas en su contra en el ámbito estatal en los últimos años, por lo que no puede la Comisión Federal de Electricidad, vanagloriarse de ser una empresa de clase mundial. La electricidad se mide y vende en kilowatts-hora,; todo aparato eléctrico requiere para su funcionamiento de determinada cantidad de energía que depende de la potencia o capacidad del aparato y tiempo de utilización. Un kilowatt-hora, equivale a la electricidad necesaria para encender 10 focos de 100 watts durante una hora . Lo que determina el importe del recibo depende de los kilowatts-hora o la cantidad de energía eléctrica que las familias chiapanecas utilizan en dos meses. Los estados de Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, comprendidos en la región sur, carecen de una condición climatológica que en promedio supere los 30° centígrados. Chiapas es el único, a nivel nacional, más cercano al Ecuador, por lo que supera a los demás, que tienen una costa y es también el único que su temperatura en promedio anual es la más alta del país, superando incluso los 40° centígrados, con una humedad de 73%. Chiapas representa, entonces, una situación climatológica diferente a todos los estados de la República mexicana. Dado que el 92% de los usuarios de energía eléctrica en Chiapas se ubican dentro del sector doméstico, consumiendo el 51% del total de la energía eléctrica requerida, se solicita se adecuen los mecanismos de compensación, ya que la gran mayoría de ellos consume de 250 a 500 kilowatts-hora. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las secretarías de Economía y Energía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo. Dado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la única facultada para fijar las tarifas, se solicita a la misma haga un análisis en Chiapas a fin de que se cobre a esta entidad, durante los 12 meses del año, la misma tarifa que se aplica dentro del período de verano para que las dependencias tales como la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Electricidad tengan conocimiento y apliquen las mismas tarifas de manera permanente. Con base a la situación climatológica de Chiapas, única e individual en la República Mexicana, exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el estado se considere como una sola región independiente, tal y como se aplica en la de Baja California Sur, y se le dé conocimiento a la Comisión Federal de Electricidad. Es necesario reconsiderar la postura de la Comisión Nacional del Agua para que se estandarice el estado como una región cálida durante todo el año, como ocurre en otras entidades, para que los beneficios y subsidios no estén limitados a 6 meses solamente. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 39, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece en su parte conducente, su competencia corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal y puesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la única facultada exclusivamente para la fijación de tarifas eléctricas, por su naturaleza eminentemente fiscal. Solicito pues que sea este documento entregado a las comisiones de Energía y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su veredicto final. Por último, este documento deseo sea impreso en su totalidad, ya que por la obviedad de tiempo no fue leído completo. Gracias.