El diputado Javier Octavio Herrera Borunda: Con la venia de la Presidencia. Me queda muy claro que es un tema que genera mucha irritación social. Por eso primero quiero dejar muy puntualmente establecido que en el Partido Verde apoyamos a las instituciones de este país. Pero de las instituciones de este país la principal es la familia, es decir, el pueblo. Claro está que la obra del mundo es complicada y que se ve agravada por la incertidumbre de las políticas recientes, que se han generado por los acontecimientos políticos en Estados Unidos. Y sin embargo, lo que debe prevalecer frente a todos los grandes problemas, los riesgos, las injusticias, debe ser el valor de las instituciones democráticas, el respeto y el respaldo a las familias y a la sociedad mexicana y la toma de decisiones oportunas que consideren también todas las posibilidades para evitar daños mayores, medidas necesarias que consideren equilibrios y distribución de costos sociales con un amplio sentido de solidaridad social. Y eso es precisamente lo que hacen los gobiernos responsables. Veamos el problema. En noviembre se vendieron 828 mil barriles diarios de gasolina automotriz en el país y solo se produjeron en México 254 mil de ellos. Quiere decir que ese mes en México importamos el 70 por ciento de las gasolinas que se vendieron en el país. Resulta que en el mundo la gasolina incrementó debido al alza en los precios, pero también por la diferencia en la paridad peso-dólar, en un orden del 41 por ciento. De no haber aplicado el mecanismo de bandas, la gasolina magna hubiera aumentado cerca del 16 por ciento, y sin embargo, el año pasado tan solo se le incrementó al usuario final en 3 por ciento. ¿Cómo se logró eso? Pues muy fácil, de algún lado tenía que salir el dinero. Se destinó un subsidio multimillonario en el orden de cerca de 200 mil millones de pesos, para subsidiar esa gasolina. Económicamente, les voy a explicar cuál es el problema de ese modelo. Económicamente está aprobado que el 30 por ciento de las gasolinas las consumen, el 30 por ciento de los hogares de mayores ingresos consumen el 70 por ciento de las gasolinas. Es decir, de cada peso que destinamos al subsidio, 70 centavos se los llevan las familias más ricas y eso impide destinar recursos a otros programas sociales. Claro que hay una distorsión. Tan solo para dar un ejemplo, 200 mil millones de pesos son el doble de lo que dedicamos al Programa Prospera, que beneficia casi a 7 millones de familias de las más pobres. Es 100 veces más lo que cuesta abastecer de leche a 10 millones de niñas y niños de escasos recursos. El discurso malicioso de que la gasolina subió porque el gobierno cobra más impuestos es falso y hay que dejarlo claro, pues tanto el presidente como los miembros de esta soberanía nos comprometimos y cumplimos en no cargar más la mano a los contribuyentes. El incremento al precio de la gasolina, en términos reales, no significa que va a haber mayores ingresos para el gobierno. Además, hay que recordar que el IEPS nutre bolsas importantísimas, como el fondo participable de los estados, de donde 10 de los estados con más alta marginación sacan recursos para hacer obras sociales. Disminuirlo tampoco es una opción. El hecho real es que la intervención por la vía del subsidio a las gasolinas era regresiva, además de que promovía externalidades graves que afectan la salud pública y el medio ambiente. Los autos son sumamente contaminantes, la mayor parte de las economías del mundo no los premian porque entienden que fomentar su uso genera daños colaterales mayores y gastos colaterales mayores. Por eso, los invito a la reflexión antes de que se proponga en esta mesa regresar al modelo anterior o eliminar los impuestos que promueven el uso del automóvil y la contaminación. Por eso apoyamos este punto de acuerdo que propone un diálogo con el Ejecutivo. Claro que necesitamos entender el problema, es grave y está lastimando a los mexicanos. Eso no lo negamos. Es una medida altamente impopular, pero el debate que debemos dar no puede ser simplista. Hemos perdido grandes oportunidades, como país, para generar políticas reales en otros tiempos, precisamente por poner soluciones sin visión de largo plazo. Quizá si en otros tiempos, en los de la bonanza petrolera hubiéramos políticas de movilidad sustentable, hoy no tuviéramos esos dilemas. Pero lo real es que no lo hicimos y no podemos caer nuevamente en esos errores. Apostemos por una política realmente redistributiva, con una visión de mediano y largo plazo. Olviden por unos momentos las elecciones y apostemos por generar condiciones reales para que México sea competitivo. Más energías limpias, más transporte público. Apliquemos la ley. Y cuando digo apliquemos la ley, todo el peso de la ley a los que roban combustibles. De ahí podemos sacar 50 mil millones de pesos que podemos impactar directamente al costo de las gasolinas. Busquemos alternativas en la cadena de suministro que está anquilosada, en la de almacenamiento. Promovamos el uso de energías renovables, renovemos parques vehiculares, utilicemos más el gas natural y nuestro transporte público. Movámonos hacia el futuro. Insisto, entendemos la molestia. A nadie le gusta pagar más por lo que consume, pero reprobamos por eso la violencia. No podemos ser los que estemos dando esa desinformación. No vale sacar tajada política, desinformar. No vale generar pánico, no vale venir a la tribuna sin proponer. Hay que cuidar las instituciones. Por eso, retomamos lo que hace dos días dijo el presidente Peña Nieto, y lo cito: El gobierno de la República está trabajando para adoptar medidas particulares con los sectores más vulnerables de nuestra población. Por eso apoyamos este punto de acuerdo, que venga el Ejecutivo, que venga y entable un diálogo. Claro que les digo a los compañeros: no basta con que venga, no es suficiente, pero es un punto de partida para empezar a construir soluciones reales. Hagamos un debate real que traiga soluciones y no un discurso populista que genere distorsiones. Muchas gracias.