LA C. DIPUTADA BEATRIZ PATRICIA LORENZO JUAREZ (PAS): Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes a todos. Señoras diputadas; Señores diputados: Los integrantes del órgano legislativo de los Estados Unidos Mexicanos, representantes del Partido Alianza Social acudimos ante esta tribuna para hacer un enérgico pronunciamiento respecto de la deficiente e inconstitucional actividad legislativa que se está realizando en el Estado de Michoacán con motivo de la reforma electoral local. Como ustedes recordarán, el 22 de agosto de 1996 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales electorales que aprobó el Constituyente Permanente, previa la emisión de las conclusiones a las que llegaron los partidos políticos con la Secretaría de Gobernación; dichas reformas surgieron de la idea de fortalecer e impulsar la creación de un sistema de partido plural como símbolo de inclusión, tolerancia y coexistencia de las diferentes formas de concebir la política en nuestro país. Acorde con esto se dieron las condiciones tendientes a garantizar la igualdad y equidad de las fuerzas Políticas, priorizando el financiamiento público sobre el privado y otorgando a los partidos el acceso a la radio y la televisión, en virtud de que éstos fueron los elementos que provocaron mayormente la desigualdad, ya que mientras una sola fuerza política tenía a su favor la infraestructura y recursos estatales, otros carecían de la capacidad material y económica para poder competir con el partido hegemónico. Dichas condiciones se establecieron jurídicamente en el artículo 41 constitucional, en el que se otorgaron diversas prerrogativas a los partidos políticos a fin de garantizar el cumplimiento pleno de los fines políticos que constitucionalmente deben cumplir. Gracias a estas reformas, la alternancia política y la transición a la democracia ha avanzado en nuestro país, aunque sabemos que es una reforma electoral inacabada y que aún debe surgir serias transformaciones para poder garantizar por completo la equidad en la participación de los partidos políticos. Estas transformaciones deben empezar por crear los mecanismos que permitan garantizar que los lineamientos básicos que en materia electoral se han establecido en nuestra Carta Magna, sean respetados en las constituciones de los estados que conforman la República Mexicana. El primer paso para lograrlo es hacer respetar lo dispuesto por el artículo 2° transitorio del decreto de las reformas de 1996, en el que se establecen los plazos para que las legislaturas locales adecuen su marco constitucional y legal a las prevenciones contenidas en la reforma al artículo 116 de la Carta Magna, que también fue incluido dentro de dicho paquete de reformas a fin de fijar los parámetros generales que en materia electoral deben contener las constituciones y leyes de los estados, y que son irrenunciables dado el pacto que une a las entidades federativas. Dichos plazos son de un año a partir de la conclusión de los procesos electorales respectivos para las entidades federativas que tuvieron proceso electoral antes del 1° de enero de 1997, y de seis meses para el resto de los estados. Dicha disposición ha sido inobservada por varios estados, sin embargo no se ha hecho nada al respecto, ahora tenemos como ejemplo el caso del estado de Michoacán, en el que apenas el 15 de septiembre del presente año se aprobó el decreto de reforma constitucional electoral. Es decir, tres años después de lo que se había establecido. Pero lo más lamentable del asunto no estriba en el retraso que han tenido para adecuar su marco legal electoral al federal, sino que éste contraviene lo dispuesto en nuestra Carta Magna, es decir, es inconstitucional. Los legisladores de esta entidad han vulnerado el contenido de los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al negar de forma arbitraria a los partidos de reciente incorporación a la vida política y democrática, el cumplimiento de las prerrogativas a las que se tienen derecho. Lo peor es que las autoridades electorales estatales han defendido dichas reformas, en las que se condiciona el acatamiento de ese mandato a los diversos partidos políticos que hayan obtenido como mínimo el 1.5 por ciento de la votación estatal emitida, ignorando con ello que cuando un partido político nacional obtiene su registro ante la instancia correspondiente, es decir, ante el Instituto Federal Electoral, la legislación local de manera concurrente reconoce dicho registro y tiene alcance jurídico dentro de la instancia electoral de la entidad federativa respectiva, con todos los efectos que dicho registro conlleva. Tal vez hay que recordarle a las autoridades de Michoacán que las prerrogativas a los partidos políticos deben otorgarse sin mayor condicionante que contar con registro, por lo que está de más la exigencia de haber participado primero en una elección y obtener un porcentaje determinado de votos. Con dicha reforma al Constituyente Permanente del estado de Michoacán, parece desconocer que en nuestra Carta Magna se han establecido los lineamientos que fortalecen el régimen partidos, y de que con base en los principios de supremacía constitucional y de jerarquía de leyes, se obliga a todas las leyes y constituciones estatales expedidas dentro del territorio nacional, a ajustarse a dichos preceptos y no ir más allá de lo que ahí se establece ni poner más requisitos que los que ésta exige. Pese a las notorias violaciones a nuestra ley suprema, los poderes públicos de Michoacán persisten en impulsar su reforma electoral, olvidando que empecinarse en el error es el único que la democracia no perdona, pues podrán cometerse errores en el ejercicio del gobierno, sin embargo la virtud del gobernante estriba en enmendarlos inmediatamente. De esta manera tenemos que el Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, ignora las disposiciones constitucionales en las cuales establece que todos los partidos políticos deben participar en forma equitativa en la distribución de prerrogativas, lo que implica proveer a los institutos políticos de recursos suficientes que aseguran el cumplimento de sus fines y objetivos impuestos en la Constitución y una competencia equilibrada sin dejar de tomar en cuenta el grado penetración, fuerza y presencia Política que cada partido tenga en el electorado, haciendo a un lado además de la interpretación sostenida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación con el contenido del artículo 116 de la Constitución General de la República. Pues la Sala Superior de dicho Tribunal ha sostenido que la referida disposición constitucional prevé que tanto los partidos políticos que vayan a participar por primera vez en un proceso electoral local, como aquellos que hayan obtenido su registro definitivo estatal, les corresponde recibir una cierta cantidad por concepto de financiamiento publico ordinario, así como por financiamiento público de campaña. Aunque la primera se asigna cada ano sin importar si en dicha anualidad ocurre o no un proceso electoral, mientras que la segunda tiene como finalidad desarrollar actividades tendientes a la obtención del voto en el año del proceso electoral y sólo se otorga durante este, pues el invocado artículo 116 de nuestra Carta Magna no discrimina a ninguno de los partidos políticos sea cual fuere su categoría, es decir: partido político estatal con registro condicionado; partido político estatal con registro definitivo y partido político nacional acreditado ante el órgano estatal. La Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, con fecha 12 de octubre del presente año, emitió sendas resoluciones con motivo de los juicios de revisión constitucional promovidos por el Partido Alianza Social, el Partido Convergencia por la Democracia y el Partido de la Sociedad Nacionalista, ordenando a las autoridades electorales realizar los ajustes para otorgar las prerrogativas correspondientes a dichas fuerzas Políticas. Sin embargo, el Magistrado Carlos Arroyo Carrillo de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Electoral del estado de Michoacán, en franco desacato a la determinación del máximo Tribunal Electoral del país, se atrevió a declarar ante los medios de comunicación su desacuerdo, reflejo de su ignorancia jurídica, olvidando así los principios de independencia, probidad y veracidad que está obligado a observar cualquier árbitro electoral, Lo manifestado con anterioridad es un botón de muestra del sin número de obstáculos a los que nos hemos tenido que enfrentar los representantes de las nuevas fuerzas Políticas, no sólo en el ámbito federal sino también dentro del ámbito estatal, para poder participar activamente dentro de la Política de nuestro país y hacer llegar a todos los mexicanos nuestras propuestas e ideología. Sirvan estas palabras para hacer un respetuoso llamado al Congreso de Michoacán a y su gobernador para que se conduzcan con respeto a nuestro orden constitucional o de lo contrario será nuestra Suprema Corte de Justicia a instancia del Partido Alianza Social, la encargada de defenderlo con energía y convicción nacionalista como ya lo ha hecho en otros estados de la República donde ha dejado sin efecto arbitrarias reformas aprobadas por los Congresos locales. Solicito a la Presidencia que la versión estenográfica de este pronunciamiento, pudiera ser turnada al ciudadano gobernador del estado de Michoacán, así como al Congreso local de esa entidad. Apoyan este pronunciamiento la de la voz y por el Partido Alianza Social igualmente el diputado José Antonio Calderón Cardoso; por el Partido Convergencia por la Democracia, el diputado José Manuel del Río Virgen y por el Partido de la Sociedad Nacionalista, los diputados: diputado Gustavo Riojas Santana, la diputada Bertha Alicia Simental y la diputada Norma Patricia Riojas Santana. Muchas gracias. (aplausos)