La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señora presidenta. Con el permiso de mi coordinador, diputado César Camacho Quiroz. Compañeras y compañeros diputados. Pies, para qué los quiero, si tengo alas para volar. Frida Kahlo, pintora mexicana. Compañeras y compañeros diputados, los diputados César Camacho Quiroz, Jorge Carlos Ramírez Marín y la de la voz, presentamos a su consideración la presente iniciativa con la certeza de que es de gran trascendencia para las personas con discapacidad en este país. México tiene una larga lucha de larga data en favor de las personas con discapacidad. La década de los 80, en el siglo pasado, inició un proceso de amplia discusión y organización en el mundo entero y en nuestro país en el marco de lo que se denominó el Decenio de las Naciones Unidas, el decenio para la incorporación y los derechos de los impedidos; y con el plan de acción se dio un avance mayúsculo que cambió la historia de la visión con que se atendía o se veía a las personas con discapacidad, y se reconceptualizó el término, la concepción, eliminándolo exclusivamente de lo que era la visión clínica, pasamos de la visión de la enfermedad a la visión de los derechos humanos. En la década de los 90, en nuestro país, se dieron pasos relevantes, trascendentes, que cambiaron la historia en México y se construyó el primer programa integral bajo la denominación de Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que fue un acuerdo presidencial en 1995 y que consideró la primera política pública en materia de discapacidad en este país. En el 2000, con el presidente Fox, se creó la oficina de atención a personas con discapacidad, que generó también una visión especial de la atención que se requería después de lo que había hecho el presidente Zedillo. En la década de 2000, recogiendo años de trabajo y de autoridad moral, don Gilberto Rincón Gallardo dio una gran lucha en la Organización de las Naciones Unidas y él impulsó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y fue en nuestro país, con la autoridad de Gilberto Rincón Gallardo, que promovió e impulsó en el mundo esta convención de la que nosotros nos sentimos muy orgullosos. Y en la presente administración, con el presidente Enrique Peña Nieto, que desde su campaña se comprometió con este sector de la población y que tiene compromisos claros y precisos, se elaboró en armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado el 30 de abril de 2013. Compañeras y compañeros, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su ratificación por el Estado mexicano, marcó un precedente más en la historia de los derechos humanos de nuestro país y junto a la afortunada y gran reforma de junio de 2011, dimos un gran salto en el 1 constitucional, gracias al cual se pasó del paradigma de las garantías individuales al paradigma de los derechos humanos. Haber reconocido con rango constitucional al conjunto de los derechos humanos y a los tratados internacionales ratificados por el Estado, implica además de manera implícita que tenemos la obligación de adecuar nuestro marco jurídico nacional incluyendo nuestra propia Constitución. Por eso en este sentido los diputados que suscribimos esta iniciativa consideramos de suma relevancia incorporar al artículo 4o constitucional este nuevo principio, que permita dotar de criterios marco las decisiones de las instituciones públicas en materia de garantía y acceso de las personas con discapacidad, al conjunto de los derechos actualmente reconocidos. Quizá el ejemplo más relevante que tenemos está ahí, en haber elevado a rango constitucional el interés superior de la niñez, porque todas y todos sabemos lo que ha pasado, cómo ha dotado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de herramientas para que tengamos hilos rectores, hilos conductores de lo que tiene que ser la actuación del Estado en materia de niñez, al reconocer el principio en la Constitución. De manera similar, estamos convencidos que dotar en el marco constitucional de este principio incluyente rector, permitirá que las decisiones del Estado, de los tres órdenes de gobierno, instituciones públicas y privadas, su actuación y visión sea bajo el principio de inclusión, que es lo que requerimos las personas con discapacidad. Termino pidiéndoles su apoyo para esta iniciativa, porque va a permitir que las cosas cambien, porque los diputados que proponemos esta iniciativa, al igual que todos ustedes, tengo la certeza, anhelamos para las personas con discapacidad horizontes plenos, donde cada uno pueda desplegar sus propias alas y emprenda su propio vuelo; que decida su vida, cómo la quiere, qué quiere hacer y que no haya barreras para que pueda tomar sus propias decisiones. Y como dijo Frida Kahlo, podamos tener alas para volar. Por su atención, muchísimas gracias.