El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez: Con su venia, señor presidente. En mi carácter de presidente de la Comisión de Energía presento el dictamen de la Ley de Hidrocarburos puesto a consideración de esta asamblea. El actual es un momento de definición posterior a un intenso y dilatado debate en el que los legisladores de esta comisión contribuimos a definir un modelo mexicano de desarrollo y seguridad energética, el cual se ha tornado indispensable para revitalizar el conjunto de las actividades asociadas a la industria de los hidrocarburos y volver a hacer de este sector el motor de las inversiones y el crecimiento sostenido del país. En el centro de nuestras preocupaciones ha figurado la consolidación de la soberanía que ostenta la nación sobre los recursos del subsuelo para aprovecharlos de modo que generen un desarrollo sustentable y un bienestar del que participen las generaciones presentes y futuras. La complejidad del tema ha requerido una respuesta integral y precisa a la realidad del mercado energético regional y global, la cual confiere una sólida base a nuestro dictamen como eje del cambio de paradigmas de un esquema recaudador a uno que impulse las inversiones y el desarrollo de la industria nacional. Desde que el presidente Peña Nieto propuso esta reforma, con el respaldo de un acuerdo político nacional en diciembre del año pasado, un largo proceso de deliberación pública y el trabajo de la colegisladora esclarecieron y facilitaron nuestra labor para llegar al dictamen que votaremos. En los foros de trabajo realizados en el Senado de la república, en los cuales participaron diputados de distintas comisiones, así como en la discusión parlamentaria producto del acuerdo de la junta directiva de la Comisión de Energía, colaboramos con diversos funcionarios públicos, legisladores y múltiples audiencias públicas. Los miembros de la comisión asumimos que en los albores del siglo XXI se requiere promover la transformación integral de los instrumentos jurídicos y las estrategias de planeación para convertir la industria de los hidrocarburos en una renovada palanca de desarrollo nacional. Desestimar la magnitud de las transformaciones del mercado energético nos hubiera llevado a limitar las oportunidades de crecimiento, empleo y bienestar que demandan millones de mexicanos y, en el plazo inmediato, a desatender las demandas de energía y de abasto seguro para industria y familia. El presente dictamen responde al sentido de la modernización integral que dispuso la reforma constitucional y ratifica el dominio y la propiedad inequívoca de la nación sobre los hidrocarburos y fortalece la rectoría del Estado para que, en un contexto de competencia y apertura, se asegure el desarrollo de la industria de hidrocarburos en toda su gama de actividades. Hubo pleno consenso en que el propósito básico es que la renta proveniente de la riqueza del subsuelo sea optimizada a favor de un desarrollo con equidad. Esta iniciativa contempla criterios de competencia y productividad mediante órganos reguladores debidamente articulados como son la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía. Además de las entidades del Ejecutivo federal que tienen el mandato de promover el interés general en un mercado abierto, competitivo y eficiente. Se plantea la modernización integral de Petróleos Mexicanos como una empresa productiva del Estado, con opciones de preferencia como la ronda cero, áreas de exploración y explotación en aguas profundas, así como yacimientos transfronterizos para asociarse si así conviene- y acceder a tecnologías de punta. Asimismo, en atención a posturas de distintos miembros de la comisión, se asegura la plena autonomía de las empresas del Estado, tal como lo ratifica el dictamen de la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Se responde a la inquietud de robustecer el régimen de transparencia, rendición de cuentas, revocaciones, recisiones y sanciones, el cual no sólo considera al sector público sino a todo agente económico de carácter privado nacional o extranjero que participe en el sector energético. Queda garantizada la transparencia de toda licitación y ejecución de contratos y permisos y su acceso público, además de que se respaldan los recursos del Estado en el Fondo Mexicano del Petróleo con propósitos de desarrollo en el largo plazo, de financiamiento del desarrollo científico, la innovación tecnológica y la formación de capital humano. Esta reforma incluye un aspecto que es crucial para el fomento de la industria nacional y su encadenamiento productivo, la obligación de estipular en los contratos un porcentaje mínimo de contenido nacional, mismo que aumentará gradualmente a partir de 2015 de 25 por ciento hasta 35 por ciento en 2025, lo cual constituye una estrategia de política industrial asociada con la modernización del sector energético. Como también se expresó en la comisión, tendremos una palanca eficaz para la industrialización de las regiones con potencial en hidrocarburos que incluirá la mano de obra local sujeta a capacitación, asimilación de nuevas tecnologías, inversión e infraestructura local y el desarrollo y una proveeduría nacional que generará más empleos. Se establece un régimen de tutela de los derechos sociales o privados sobre los terrenos, bienes o derechos al otorgar asignaciones o contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, de tal manera que los propietarios tendrán certeza jurídica en cuanto a su propiedad y las condiciones favorables para negociar contra prestaciones por el uso de sus tierras, lo cual corresponde y responde a la inquietud que nos transmitieron agricultores, ejidatarios y ganaderos a diversos integrantes de la comisión. Compañeras y compañeros diputados, reconozco el trabajo legislativo de cada integrante de la Comisión de Energía y de sus coordinadores parlamentarios, así como la labor de la comisión homóloga en el Senado de la República; me consta el compromiso de los diputados con el debate y la confrontación de ideas en un marco de respeto y ánimo auténtico por sacar adelante un dictamen que recoge la pluralidad y puntos de vista conciliados en favor del interés público. Mantuvimos intactos los principios esenciales de nuestra Constitución termino, señor presidente con esta reforma reglamentaria sin perder de vista el objetivo de que el desarrollo y el uso eficiente, y sustentable, de nuestros recursos energéticos se traduzcan en un crecimiento sostenido, una mayor competitividad y bienestar para todos los mexicanos. Estoy seguro de que los consejos expresados en este dictamen se refrendarán el día de hoy con el propósito compartido de beneficiar a nuestra gente, impulsar al desarrollo energético y garantizar la seguridad energética de nuestra soberanía. Muchísimas gracias.