La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros: desde hace más de dos décadas, el artículo 4 constitucional ampara el derecho a la protección de la salud para toda persona, mismo que está consagrado como un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra nación y un mandato inalienable para el Estado mexicano. El artículo 4o. constitucional, además de amparar ese derecho, establece que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Es en este rubro en el que se enmarca la iniciativa cuyo dictamen positivo nos ocupa en este momento. En la última década la democratización del acceso a los servicios de atención médica se ha convertido en un signo distintivo del ejercicio del derecho a la protección de la salud de nuestro país. Es preciso recordar que el 40 por ciento de la población amparada por el Seguro Popular recibe atención gratuita, en virtud de sus bajos ingresos registrados; a ello se agregan las acciones realizadas para beneficiar a las personas cuya residencia se encuentra en lugares de difícil acceso, como las que realizan las caravanas de salud. Los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de que entre los componentes de la calidad en la atención médica se encuentra la accesibilidad administrativa. Es necesario garantizar la equidad en el ejercicio del derecho a la protección de salud, ello significa que debemos realizar las acciones legislativas necesarias para garantizar que las personas con menores recursos puedan acceder geográfica y administrativamente a los servicios de atención médica, los cuales han sido diseñados para proteger la salud de las personas. Un elemento fundamental de justicia en materia de acceso a los servicios de salud es que los usuarios no se empobrezcan o comprometan su patrimonio a tal grado de perderlo completamente a causa de solventar la enfermedad propia o de algún familiar. Por ello esta iniciativa propone una reforma que permita la extinción del pago de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamento a todo menor a partir de su nacimiento, hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Lo anterior siempre que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres primeros deciles establecidos por la Secretaría de Salud y que ello no se encuentre sujeto a interpretación ni a la aplicación discrecional de la ley. El artículo 36 de la Ley General de Salud vigente posee una inconsistencia, pues establece el derecho a la gratuidad para aquellos niños cuyas familias se encuentren en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles. En virtud de que los deciles de ingreso se cuentan de manera ascendente con relación al ingreso, de tal manera que el que se encuentra en primer decil es el de menor ingreso y el que se encuentra en el último es el de mayor ingreso, de ahí la inconsistencia del precepto y el riesgo de aplicación discrecional del mismo. El perfeccionamiento de nuestro marco legislativo es una tarea del honorable Congreso de la Unión. Por ello los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos que el derecho a la protección de la salud debe ejercerse de manera justa, equitativa, democrática y votaremos a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto.