El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. La democracia es una forma de vida y como consecuencia se traduce en una forma de gobierno a través de la cual se avala el ejercicio de la voluntad del pueblo, cuyo carácter debe de expresarse siempre mediante mecanismos que garanticen a éste el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos con atención a los principios de igualdad, libertad, pluralismo y tolerancia. Contrariamente a lo que generalmente se piensa, la democracia no se reduce a la facultad que tiene la población de elegir a sus gobernantes; pues ésta es también el derecho de los ciudadanos de participar activamente en las políticas públicas que diseñen estos. Asimismo, la democracia como régimen político o forma de ejercer el poder público, resulta ser una condición necesaria para garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos fundamentales. La figura de la participación ciudadana es una prerrogativa consagrada en nuestra Carta Magna, como bien lo saben ustedes en los artículos 25 y 26, como son también reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros. En este sentido, la participación ciudadana debe necesariamente incidir en la vida democrática de nuestro país y, por tanto, en el forjamiento y construcción de todas las instituciones públicas de todos los órdenes de gobierno. Pese a lo anterior en México, contamos con instituciones que no generan respeto, ni el más mínimo grado de credibilidad desafortunadamente, claramente derivado de la ineficacia en la prestación de servicios públicos. Funcionarios corruptos todavía sin el menor sentido social, propiciando inclusive violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La seguridad nacional debe entenderse como el conjunto de acciones políticas, sociales, económicas y culturales que las autoridades gubernamentales emprendan para garantizar la integridad territorial, el bienestar social y la soberanía con apego a los principios constitucionales. Lo cierto es que hoy por hoy, la sociedad mexicana enfrenta una de las peores crisis en su historia en lo que al ámbito de seguridad pública se refiere, pues de conformidad con la Encuesta México Confía en sus Instituciones 2012, la policía es la institución que genera mayor desconfianza ocupando el penúltimo lugar de las 15 instituciones públicas analizadas. Lo anterior se traduce en que el forjamiento de los niveles de seguridad en el país y la confianza en sus instituciones debe ser una prioridad nacional en la que, a través de personal debidamente capacitado, se permita conformar organismos de seguridad pública sólidos, eficaces y honestos. En este sentido y, en atención a que el Consejo Nacional de Seguridad es la instancia superior de coordinación y definición de las políticas públicas sobre la materia y, dada la importancia que este tema reviste tanto para las instituciones públicas y privadas y para la sociedad civil en su conjunto, es que los integrantes del Grupo legislativo de Movimiento Ciudadano coincidimos con la necesaria integración de cinco miembros de la sociedad civil como parte permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública. De tal forma que éstos puedan participar de manera activa en el establecimiento de instrumentos y políticas públicas integrales que permitan dar cuenta verdaderamente a los requerimientos que en materia de seguridad pública tenemos como sociedad. Por lo anteriormente expuesto, nuestra fracción legislativa votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.