La diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el motivo que me convoca a acudir a esta tribuna es el compromiso que mi grupo parlamentario adquiere ante la sociedad para contar con leyes que atiendan puntualmente sus demandas y les sirvan para el ejercicio de sus derechos. Como toda ley es perfectible, el objeto de esta iniciativa requiere de la mayor precisión posible para cerrarle la puerta a los recovecos y demás entramados jurídicos que puedan utilizarse en su detrimento. La presente iniciativa es consecuencia de la resolución pronunciada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con relación a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza. > Los puntos resolutivos 4o. y 6o. son la base de esta iniciativa. En el 4o. se declara la invalidez del artículo 6o., fracción VI en su porción normativa epiletal. Mientras que en el 6o. se condena al Congreso de la Unión para que legisle y establezca en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza la finalidad del uso de la misma y la sujeción de su uso a los principios de racionalidad y oportunidad, que como previsiones mínimas dicha ley debe contener.> > La manifestación más enérgica del poder coactivo del Estado está constituida por el ejercicio de la fuerza pública debido a que entre sus objetivos se encuentra la protección de la vida, la integridad física, la psicológica y libertad de las personas como bienes jurídicos bajo custodia de las instituciones de seguridad del Estado.> > El espíritu de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza atendió debidamente los principios de legalidad, necesidad y progresividad, lo que respecta a las necesidades de las circunstancias y al nivel de resistencia que se busca controlar, repeler y neutralizar de acuerdo con los estándares internacionales del uso de la fuerza.> > Sin embargo, es necesario enriquecerlos con dos principios más: el de racionalidad y el de oportunidad. El manual del uso de la fuerza y aplicación común a las tres fuerzas armadas ya establecen estos dos principios, mismos que deben ser atendido con estricto apego a los derechos humanos y que en consecuencia retomamos en esta iniciativa.> > Por lo que respecta a la supresión de la porción normativa epiletal del artículo 6o., fracción VI de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, esta iniciativa atiende la invalidez que declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario de Morena desea contribuir en resolver los mandatos judiciales que esta Cámara ha recibido y que debemos dar una respuesta inmediata.> > Por lo que conmino a esta Presidencia turnar de inmediato esta iniciativa a la Comisión de Seguridad Ciudadana para que se dictamine a la brevedad posible y estemos en tiempo para que nuestra colegisladora pueda hacer lo propio y cumplir al 30 de abril con el mandato judicial.> > Antes de concluir, quisiera dejar constancia de mi desacuerdo porque en la Junta de Coordinación Política se haya frenado la inclusión en el orden del día de hoy la creación de la Comisión investigadora del caso de la Guardería ABC.> Ante los evidentes nuevos elementos y la inminente reapertura del caso, es importante y necesario que esta Cámara investigue los hechos ocurridos en el distrito del cual fui electa y donde las familias de las y los 49 pequeños fallecidos y 106 lesionados reclaman justicia. Seguiremos insistiendo en la creación de esta comisión investigadora y también conminamos a la Comisión de Derechos Humanos que preside nuestra compañera Nelly Minerva Carrasco a que también estudie el caso a través de una subcomisión. Es cuanto, señor presidente.