El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Señor presidente de la Mesa Directiva, señoras diputadas y señores diputados de la LXI Legislatura. Señor secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, usted acude hoy a este recinto legislativo para cumplir con una obligación constitucional consagrada en el artículo 63 de la nuestra Carta Magna. La seguridad pública es una gran responsabilidad del Estado. Analizarla requiere seriedad y profundidad. No es tema que admita especulación ni lucro político por nadie, partido o grupo de interés, incluye a todos, y particularmente al Ejecutivo federal y a usted. A usted, secretario, se le reconoce capacidad policiaca, formado y experimentado en ese campo, y creador de un nuevo modelo de actuación policial basado en compartimentar información, analizar modos de operación delictiva y actuar con procedimientos tácticos y operativos que mejoran la eficacia policial. En ese plano, táctico y operativo de actuación policiaca, se está en el camino correcto. Por eso no me voy a referir a la pléyade de anécdotas operativas que incluye el informe que se presenta. No obstante, si se tiene una visión clara de Estado, como la tiene el PRI, se perciben errores en la estrategia del Ejecutivo. Errores que se traducen en mayor inseguridad, zozobra en la vida, en los valores, en la salud y el patrimonio. Hay que decirlo con toda claridad, el Ejecutivo federal ha estado y sigue estando equivocado en el planteamiento estratégico en materia de seguridad, tanto en la pública como en la de seguridad nacional. En el capítulo de seguridad presentado es imposible analizarlo seriamente. Las cifras que contiene son parciales, sólo abarcan de enero a junio de 2009 y se omitieron cuatro meses de 2008 y más de dos meses de 2009 del informe, y esto es irresponsable. Con cifras que llaman ustedes preliminares, hay que preguntarnos todos: ¿cómo se elaboró la cuenta pública? ¿Y cómo presupuestaron su ejercicio de gasto para el 2010? Nuestra Constitución en su artículo 93 nos ordena a los diputados hacer un análisis por ramos de la administración pública. El informe enviado sobre seguridad pública es una mezcla arbitraria de programas de muy diversos ramos, lo que viola la Constitución e imposibilita analizarlo con seriedad. Más aún, el informe presentado destaca en acciones que son competencia de otros poderes. Mi partido se sorprende de que se señale que la Policía Federal a su cargo realizó el mayor decomiso de la historia, cuando esa figura jurídica el decomiso le corresponde al Poder Judicial, después de agotar todo un proceso penal y determinar la imposición de una pena, que es el decomiso de bienes. Esta confusión no es semántica, es una confusión estratégica. Quizá por ello habla de sus más de 80 mil delincuentes detenidos y nos esconden los mínimos resultados obtenidos cuando se refiere a sentenciados, a los que se les comprobó la comisión de delitos. En el informe presumen que se confiscó el mayor cargamento de droga, cuando esta figura jurídica está prohibida por la Constitución. Cuando existió fue uno de los detonantes en las luchas sociales que ha tenido nuestro país, por tanto, el PRI no puede compartir esta expresión anticonstitucional. La estrategia contenida en el informe señor secretario se basa en el desprecio a nuestra Constitución que, a fin de cuentas, es el desprecio a nuestra historia. Así, el PRI contempla con asombro y rechazo la concepción y lineamientos del informe. Si las libertades de los individuos estorban la acción policíaca, limitémoslas. Si el respeto a la Constitución impide realizar cateos o detenciones arbitrarias, cambiemos la Constitución. Si la compra-venta de droga al menudeo se convierte en una pesada carga para la federación, que sólo se dedica a combatir el trasiego de drogas a Estados Unidos, trasladémosle la carga a los estados; pero no recursos para atenderla. Si los municipios no tienen recursos para fortalecerlos en las tareas de seguridad pública, ahora vienen a proponer desaparezcan las policías municipales. Si necesitamos penales de muy alta seguridad, hay que mandárselas a Veracruz por ejemplo, que ahí les quedan muy bien. Así, si la policía es ineficaz, metamos al Ejército en tareas que no le son propias. Las que, sin acciones complementarias de carácter social, sólo arriesgan la vida y el prestigio de nuestras fuerzas armadas y posibilita la acción de derechos humanos. El PRI, hace un reconocimiento a nuestras fuerzas armadas por su entrega, valor, coraje y sacrificio de su investidura institucional. El PRI reitera que la llamada "estrategia de seguridad" muestra confusión y está profundamente equivocada, lo cual nos está llevando cada vez más a un país de corte policíaco autoritario, que amenaza gravemente los derechos humanos y esto es a lo que el PRI se opone. Las iniciativas de ley presentadas al Congreso dan cuenta exacta de ello. Afortunadamente, no todas han sido aprobadas en sus términos, gracias a nuestra intervención partidaria. Pero el intento de modificar lo que estorba: la ley, las instituciones y las libertades, ha quedado documentado como la más peligrosa intentona de debilitar al Estado, desde el Estado mismo. Como no funcionan, lo que proponen, alegan necesitar cambio de leyes. El PRI ha apoyado algunos de estos aspectos con el objetivo de que no existan pretextos, para no alcanzar la seguridad pública que merece la sociedad. Como nunca, este gobierno ha tenido modificaciones a la ley; incluso, a la Constitución para apoyar sus tareas en arraigo, cateos, facultades para investigar a las policías preventivas, medidas cautelares, extinción del dominio de bienes, negar acceso a información pública y detenciones en delincuencia organizada, apoyos en la aprobación de nuevos marcos normativos, aumentos de penas, apoyo para recibir recursos económicos de otros países, paga recompensas, infiltrar agentes, irregular los llamados "testigos protegidos", modificaciones al Código Penal, leyes de Seguridad Pública, amparo y procedimientos penales. Como nunca, el Ejecutivo federal ha tenido recursos económicos para modernizar equipos, personal, instalaciones, salarios y tecnología. Sólo en el 2008 la Secretaría de Seguridad Pública tuvo un presupuesto cercano a los 33 millones de pesos, sin aclarar cuánto en realidad se ejerció, y sí creció su nómina de altos funcionarios. Sólo se informa la vergüenza de que en los programas conjuntos para seguridad de casi 9 mil millones de pesos únicamente se ejerció el 6 por ciento. La federación tiene en eso una enorme responsabilidad. Como nunca, el Ejecutivo ha apoyado la operación policíaca en detrimento de la actividad ministerial, que ya cobró como víctima al ex procurador general de la república, de quien hubiera sido importante su comparecencia antes de renunciarlo. Sí, es verdad que la Secretaría de Seguridad Pública está en guerra. Ahí, en la salida del procurador, se encuentra su única victoria. Frente a todos estos apoyos hay que hablar de los resultados: más de 6 mil ejecutados sólo en este año, con menos del 1 por ciento de casos esclarecidos. El PRI se pregunta ¿es ineficacia o estrategia dolosa? Aumento en ocho años en 70 por ciento del número de adictos en México; el debilitamiento institucional, donde el órgano investigador constitucional asume el papel de maquilador de la investigación policiaca; el surgimiento de nuevas organizaciones criminales que compiten con autoridades municipales, y en algunos casos estatales, y mucho es por concentrar parte de esta estrategia en combatir solamente el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, con el epitafio publicitario "que la droga no llegue a nuestros hijos". Al menos pónganlo en inglés, porque aquí en México creció 70 por ciento el número de adictos durante los gobiernos del PAN. En nuestro país, si hay jóvenes que pretenden salir de las adicciones, los ejecutan, como en el caso de Ciudad Juárez, y en eso la estrategia del Ejecutivo federal parece no tener la menor importancia. El PRI tiene una visión de Estado muy distinta a la debacle que hoy nos presenta. Afirmamos que la inseguridad está asociada a los factores que generan crisis económica y pobreza; a la ausencia real de oportunidades para el desarrollo personal, a la educación cuando deja de ser formadora de valores y promotora de permeabilidad social, a la coordinación de esfuerzos entre estados y municipios que potencie su capacidad de respuesta y no su agresión permanente; al respeto a las garantías individuales y sociales, a ver el tema de la seguridad como un tema de Estado y no de polarización en materia de campañas electorales. En conclusión, para mi partido la errática estrategia de gobierno sigue presentando un fracaso en la política de prevención del delito, fracaso en el combate al crimen, fracaso en el sistema carcelario y el gran fracaso de la rehabilitación social. El PRI propuso una agenda de seguridad en el marco de la reforma del Estado que sigue vigente: fortalecer a las autoridades sanitarias creando una instancia contra las adicciones que actúe con firmeza contra el consumo de drogas. Si logramos frenar una epidemia de influenza invisible, ¿no podríamos hacerlo con una epidemia de drogas visible, la autonomía funcional del Ministerio Público, y otras más? Señoras diputadas y señores diputados, con toda responsabilidad y seriedad, el PRI ratifica una visión distinta para resolver los graves problemas nacionales, que para fortuna de todos, la sociedad mexicana reconoció el pasado 5 de julio depositando con su voto su esperanza renovada. Muchas gracias.