El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: en nuestro concepto, víctima es todo aquél a quien se cause un daño en lo individual o colectivo, físico o mental, patrimonial o moral. A partir de 1993, por reforma al artículo 20 constitucional, se agregó un párrafo en el que se consagran por primera vez los derechos de las víctimas u ofendidos, a fin de que reciban asesoría jurídica, satisfacción del pago de la reparación del daño, la atención médica de urgencia, a coadyuvar con el Ministerio Público, entre otros. En el 2000 se aprobó una nueva modificación al artículo 20 constitucional que incluía dos apartados: el A, relativo a los derechos del inculpado, y el B de las víctimas u ofendidos del delito, señalando recibir asesoría gratuita, ser informados de sus derechos constitucionales, así como ser igualmente informados del desarrollo del procedimiento penal, a coadyuvar con el Ministerio Público, pudiendo aportar datos o elementos de prueba, tanto en la averiguación previa como en el proceso, entre otros derechos. Por la reforma penal de la Constitución mexicana en 2008, se adopta un rol de igualdad de derechos tanto de los imputados, procesados o sentenciados con las víctimas u ofendidos, pues de nueva cuenta se modifica el artículo 20, y el apartado B pasa a ser el C, por lo que se amplían los derechos de la víctima u ofendido, respetando en lo general los otorgados con las anteriores reformas y reconociendo otros, como es el resguardo de su identidad y otros datos personales. Con esta reforma se incluyó que la víctima pueda solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. En nuestra perspectiva, el panorama de las víctimas u ofendidos del delito se ha transformado. Esta Cámara de Diputados ha otorgado mayor apoyo en el reconocimiento de sus derechos como sistema de garantías en el proceso penal, sin embargo, creemos que podemos hacer aún más, pues no olvidemos que la Ley de Amparo no contempla la posibilidad de que se le pueda suplir la deficiencia de la queja ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, como acontece en materia penal, concretamente en el artículo 76 Bis. De igual manera pretendemos en esta iniciativa establecer una fracción IV al artículo 10 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución federal para establecer los supuestos que señala la norma constitucional en el artículo 20, apartado C, pues en la praxis los jueces de distrito sobreseen los juicios de garantías que promueven las víctimas u ofendidos, argumentando que los supuestos de los que se duelen no están contemplados en la Ley de Amparo, teniendo en su actuar una visión estrictamente letrista, dejando a los solicitantes del juicio constitucional en total estado de indefensión. Esto es así, pues desde nuestro punto de vista la norma constitucional le permite a la víctima u ofendido tener una participación activa en el proceso penal y cualquier restricción a la misma implica una afectación directa, personal y concreta a su esfera de derechos. En este tenor se concluye que si la víctima u ofendido del delito es titular de las garantías establecidas en el apartado C del artículo 20 constitucional, está legitimado para acudir al juicio de amparo cuando se actualice una violación a cualquiera de ellas, cuando se cause un agravio personal y directo. Como conclusión existen nuevas reflexiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un lado, obliga a los jueces de distrito a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios a favor de las víctimas u ofendidos; y por otro, permite la legitimación activa a favor de éstos. Lamentablemente estos nuevos criterios no están reflejados en la actual Ley de Amparo, estando ante una evidente omisión legislativa, pretendiendo con esta iniciativa resarcir dicho vacío. Compañeras y compañeros diputados, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la norma que regula el juicio de garantías, el cual representa en el sistema jurídico mexicano la piedra angular para la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos. El juicio de amparo es la forma más elevada para asegurar la vigencia de la voluntad popular, ya que con la labor del juez de amparo se convierte en el principal instrumento a partir del cual se garantiza la vigencia del orden constitucional que permite una pronta, completa e imparcial administración de justicia. Señor presidente, respetuosamente le solicito que se inserte de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y ésta pueda ser turnada a la Comisión de Justicia. Por su atención, muchísimas gracias.