La diputada Karen Orney Ramírez Peralta: Con su permiso, señor presidente. Someto a consideración de esta soberanía proyecto de decreto que reforma el artículo 41 constitucional, con el fin de que se incremente la presencia de jóvenes en las instancias de decisión del Estado mexicano. Es socialmente aceptado que se debe de incorporar en todos los órdenes de la vida el vigor, la preparación, el dinamismo, la perspectiva, la frescura de las y los jóvenes, pues ello influye positivamente en el ámbito social en donde participan, como en el conocimiento y experiencia que adquieren en el ejercicio directo que implica asumir responsabilidades. Por ello resulta en extremo preocupante los miles de mexicanos y mexicanas menores de 30 años cuyos talentos, conocimientos, fuerzas y expectativas renovadoras no encuentran un lugar en donde desarrollarse y así mismo aportar lo mucho que tienen para engrandecer a nuestro país. Es energía que cotidianamente se desperdicia. Las causas de esta triste y preocupante situación son múltiples y diversas, pero su denominador común es la ausencia de políticas públicas ideadas por jóvenes para jóvenes, incorporando sus realidades específicas y concretas. El desempleo y, particularmente, la violencia azotan a todos, pero de manera más intensa a los menores de 30 años. Más del 80 por ciento de los miles que diariamente salen del país son jóvenes. En suma, cualquier problema grave que afecte a los mexicanos, como el narcotráfico, la drogadicción, hacinamiento carcelario o accidentes, el que sea, tiene como principales víctimas a los jóvenes. El porcentaje de afectación es mayor que el que los jóvenes representan en el conjunto de la población. Por ejemplo, el 44.9 por ciento de los jóvenes sufre algún tipo de pobreza y siete de cada diez carecen de acceso a seguridad social. Y ni qué decir de aquellos problemas en ámbitos que son propios de la juventud. Por ejemplo, la falta de acceso a la educación o la deserción escolar han registrado en los últimos años incrementos alarmantes. Por ello consideramos necesario legislar para que desde la Carta Magna, que nos rige, se ordenen la inclusión de jóvenes en candidaturas a legisladores federales y locales, en un porcentaje proporcional a su presencia poblacional. Esto sería en el segundo párrafo de la base I del artículo 41 constitucional, inmediatamente después de la parte relativa a las reglas para garantizar la paridad entre los géneros. Está demostrado que este tipo de impulso normativo a la inclusión política da resultados positivos. En el caso de la paridad de género, ordenada constitucionalmente, los resultados han sido altamente positivos. La LIX Legislatura, por ejemplo, de esta soberanía, estuvo compuesta por 384 diputados que representaba el 77.4 por ciento, y 112 diputadas que representaban el 22.6 por ciento; 12 años después, nuestra actual legislatura se compone de 287 diputados que representan el 57.6 por ciento, y 211 diputadas que representan el 42.4 por ciento, esto es un incremento cualitativo y cuantitativo del 20 por ciento, lo que sin duda ha repercutido en normas con perspectiva de género. Una vez aprobada la reforma constitucional, deberán reformarse la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de los Partidos, planteando la inclusión de menores de 30 años en un porcentaje mínimo del 25 por ciento de las candidaturas, respetando, claro está en ellas, la paridad de género. Nos parece que ese mínimo garantiza la adecuada proporción poblacional, pues la población joven de México entre 12 y 29 años está compuesta por 37.9 millones de personas, es decir, casi el 32.1 por ciento. Mientras que el porcentaje de los jóvenes en edad de votar, de 18 a 29 años, es del 29.6 por ciento. Este porcentaje no está ni remotamente representado en los órganos de gobierno, en esta LXIII Legislatura sólo hay 4.2 por ciento de jóvenes que está representado en esta Cámara, por lo que resulta imperativo legislar para que mediante acciones afirmativas se establezca la obligación de los partidos políticos para que postulen jóvenes a los diversos cargos de elección popular en un porcentaje mínimo del 25 por ciento, en una perspectiva legislativa similar a la realizada para hacer realidad la paridad de género. Tengan, compañeros, la plena seguridad que la presencia juvenil amplia en los órganos de gobierno traerá una perspectiva renovadora, dinámica, progresista, fresca, que favorecerá no solo a las y los jóvenes sino al país en su conjunto. Es todo, señor presidente.