El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Con su permiso, señor presidente. Es de señalarse que con el dictamen de la Cuenta Pública 2009, que hoy se presenta, concluye la responsabilidad constitucional de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXI Legislatura, de dictaminar las Cuentas Públicas 2007, 2008 y 2009. Y debo decir que continuaremos trabajando durante el receso para avanzar en lo posible en el dictamen de la Cuenta Pública 2010, competencia de la próxima Legislatura. Y procuraremos dejar los proyectos de dictamen de las cuentas públicas de los años anteriores que no fueron dictaminadas por la Legislatura anterior. Como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, corresponde no formular opiniones personales que las tengo, sino presentar lo más objetivamente posible el dictamen que aprobó la propia comisión. La Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2009, se formuló bajo los mismos criterios que la del año anterior. Es decir, se atendió al mandato constitucional que señala que deben evaluarse los resultados de la gestión financiera. En lo que se refiere a la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación practicó 945 auditorías. Siete de cada 10 auditorías practicadas arrojaron un dictamen negativo o de opinión con salvedad, como ocurrió en el 2008. El órgano superior de fiscalización emitió siete mil 296 observaciones, de las cuales algunas de ellas ya están atendidas. Sin embargo se resalta que las promociones de responsabilidad sancionatoria siguen su curso legal en los órganos internos de control competentes y, en su caso, podrían deslindarse las responsabilidades penales que procedan. El 2009 fue un año particularmente complejo para nuestro país y para el mundo debido a los efectos de la crisis financiera que sacudió al conjunto de las naciones. En México fue algo más que un catarrito, porque significó el desplome de los principales indicadores macroeconómicos, pérdida de empleos, del poder adquisitivo de las familias. A ello se agregó la pandemia de influenza que acentuaron los problemas económicos con la disminución del turismo y la mala imagen internacional, al llamársele gripe mexicana. El Ejecutivo federal estimó dentro de los criterios generales de política económica en 2009, un crecimiento económico del tres por ciento: el precio de la mezcla mexicana de petróleo a 80 dólares por barril y el tipo de cambio a 10.6 pesos por dólar, la inflación a 3.8 por ciento. El resultado, después de presentar el Ejecutivo modificaciones, fue que al concluir el año el producto interno bruto presentó una caída del 6.21 por ciento, es decir casi ocho puntos debajo de lo proyectado. El precio del barril del petróleo estuvo muy por debajo de los pronósticos, la paridad peso-dólar se fue hasta 13.07 y la inflación quedó finalmente y artificialmente en 3.6 por ciento, invadiendo el Ejecutivo facultades del Banco de México, controlando a través de servicios el control de la inflación. Las exportaciones de mercancías disminuyeron en 21 por ciento con respecto al 2008. Por su parte las importaciones también se redujeron en un 24 por ciento. El número de trabajadores asegurados se redujo en 181 mil 271 respecto al año anterior, incluyendo los 800 mil empleos que se prometió generar por el Ejecutivo federal cada año en su sexenio. Quedó a deber el Ejecutivo 981 mil 271 empleos para ese año. Los resultados revelan deficiencias en la capacidad del Ejecutivo para identificar correctamente los embates externos y actuar con oportunidad y adecuadamente para proteger el mercado interno. La orientación de la política macroeconómica de México en los últimos años, fue garantizar las condiciones de equilibrio macroeconómico sin importar el bajo desempeño económico en materia de crecimiento, desarrollo, igualdad y sustentabilidad. Destaca el gasto en servicios personales de las dependencias del Ejecutivo federal, particularmente en las instituciones de seguridad pública y nacional, las cuales crecieron en conjunto 12 por ciento. Sin embargo aun el incremento en este rubro de seguridad del 2009, que fue el año más violento de la primera década de este siglo y las autoridades responsables no dieron cifras oficiales de las llamadas ejecuciones. El Ejecutivo federal obtuvo durante 2009, ingresos excedentes por casi 26 mil millones de pesos que arrojó que en siete años se obtuvo más de 1 billón de pesos de excedentes que no se reflejaron en el crecimiento y en el mejoramiento de la población. Al cierre del 2009 el Ejecutivo federal mantenía como disponibilidad en fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos, un monto de 399 mil millones de pesos. El Ejecutivo federal mantuvo la forma de recursos líquidos al cierre de cada año fiscal, contraviniendo lo dispuesto en normatividad en la materia. Por eso se concluyó en la comisión, junto con la Auditoría Superior de la Federación, que careció de los elementos de control interno relativos a la consolidación de la rendición de cuentas, la transparencia, el combate a la corrupción y la gestión de los gastos...