El diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, señora Presidenta. Antes de abordar el punto, sólo quiero decir una cosa. Si el punto anterior no es de urgente u obvia resolución, sobre todo de urgente, no sé qué sería de urgente. Porque resulta que es un tema que todavía no está publicado y para el próximo miércoles ya estará publicado, realmente, perdón, pero no entiendo que no se vea la urgencia del tema. El suscrito Javier González Garza, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolución Democrática de esta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones El 2 de enero del año en curso, la empresa HSBC Holdings con sede en Londres, Inglaterra, mediante un comunicado informó que el que fuera responsable de la política hacendaria de México y durante la administración de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, se integró como director al consejo de esta institución crediticia. En dicho comunicado, también se señaló que Gil Díaz es actualmente miembro del consejo asesor de la empresa JE Roberts, relacionada con la compra de cartera vencida, lo que hace sospechar que el exfuncionario público ocupaba este puesto durante su gestión como secretario de Hacienda, lo cual explicaría que esta empresa, como según ella misma informó, recibió en 1991 uno de los contratos de gerencia más grandes de activos concedidos por una entidad de gobierno para recuperar cuatro mil 800 millones de dólares en cartera vencida de Bancrecer. Como consecuencia, en el 2000, Gil Díaz fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público, como todos sabemos, entre sus responsabilidades se encontraba la de ser presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro, IPAB, así el señor Gil Díaz se desempeñaba como presidente de la Junta de Coordinación Política de Gobierno del IPAB y a su vez, consejero miembro de la Junta de Gobierno de la empresa JE Roberts Coss. Otra cosa que debe señalarse es que de 1997 al 2000, Gil Díaz fue director de Avantel, de la cual Banamex posee el 51 por ciento de sus acciones, institución a la que privilegió durante su gestión como secretario de Hacienda. Lo anterior no es un conflicto de intereses, es la práctica corrupta de un servidor público que aprovechándose de su cargo favorecía a empresas particulares de las cuales él era parte. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito pone a su consideración de este Pleno la siguiente: Proposición con punto de acuerdo, no de urgente u obvia resolución, porque no entienden el asunto de la urgencia. Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al titular de la Procuraduría General de la República para que, en el cumplimiento de sus atribuciones inicie una indagatoria en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz por el delito, en virtud de que ya hay una denuncia penal, por el delito de ejercicio abusivo de funciones en términos del Código Penal Federal. Y segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos inicie un procedimiento administrativo en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz y en su caso aplique la sanción correspondiente por las violaciones cometidas a la misma. Quiero decirles compañeras y compañeros que el asunto de Gil Díaz no sólo es que se haya ido a trabajar a HSBC, el asunto de Gil Díaz tiene que ver con una cantidad de transferencias y con una cantidad de información y de privilegios a una serie de empresas, sobre todo Holdings y empresas extranjeras. Nos preocupa enormemente que este asunto sólo vaya a quedar como un asunto administrativo, requiere de una investigación de carácter penal. Muchísimas gracias.