La diputada Dulce María Sauri Riancho: Tengo una difícil tarea en el debate de esta reforma al artículo 4o. constitucional. El Grupo Parlamentario del PRI dice sí a establecer como mandato la pensión a las y los adultos mayores, las becas a las personas con discapacidad y a las y los alumnos de todos los niveles educativos, así como también al propósito de elevar a rango constitucional el Sistema de Salud para el Bienestar, pero no es suficiente. No es suficiente incorporar tres políticas públicas y un sistema institucional cuando perdemos la oportunidad de elevar a rango constitucional el derecho al bienestar como un principio fundamental que se vuelva el centro de todos los programas sociales y de la planeación democrática del país. Varias y muy relevantes políticas públicas quedaron excluidas, incluyendo aquellas derivadas de derechos consagrados en el mismo artículo 4o., como el derecho a la vivienda digna, a un medio ambiente sano, a la decisión sobre el número y espaciamiento de los hijos, entre otras, y no incluimos otros derechos humanos establecidos en distintos artículos constitucionales. Un derecho es universal, progresivo e interconectado con el sistema jurídico en su conjunto. El derecho al bienestar nos hubiera abierto la puerta para avanzar en todos ellos para hacerlos exigibles para toda la ciudadanía, no solo para sectores específicos definidos por grupo de edad. Estamos a favor de las becas para la población con discapacidad permanente, pero no es suficiente porque no están considerando la necesidad de construir una política pública de Estado para desarrollar la inclusión, tanto en infraestructura que permita movilidad, como estrategias para su incorporación a trabajos formales para bastarse a sí mismos. No es suficiente que las becas para personas con discapacidad permanente abarquen a menores de 18 años e indígenas hasta 64. ¿Qué sucederá con las personas no indígenas entre los 19 y los 64 años? Presentaremos una reserva para garantizar la cobertura total de 0 a 64 años para todas y todos por igual. Estamos de acuerdo con elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores, pero no es suficiente. No lo es, porque no se plantea como un primer paso hacia la pensión universal, pero también se queda corta porque no establece la urgente necesidad de impulsar un conjunto de políticas integrales para otorgar garantías a las mujeres y los hombres en la etapa final de su ciclo de vida. No es suficiente, porque no hubo un análisis demográfico serio que permitiera dimensionar el incremento de la esperanza de vida, menos aún que las mujeres viven más que los hombres, 78 años versus 72. Estamos a favor de la creación de un sistema nacional de salud, tal como lo demostramos con el voto por el Insabi, pero no es suficiente. No contiene los principios de universalidad, atención integral de alta calidad, pero, sobre todo, excluye el principio de gratuidad. Estamos de acuerdo con establecer el compromiso de otorgamiento de becas a la población escolar de todos los niveles, pero no es suficiente, las becas deben ser de carácter universal, para todas y todos los estudiantes, mujeres y hombres, que concurran a las escuelas públicas del país. Seleccionarlos por el poco preciso criterio de situación de pobreza o de lugar de residencia, se prestará a todo tipo de desviaciones o a la creación de un gigantesco aparato burocrático. Estamos de acuerdo en la imaginación y la audacia para ampliar el ejercicio de los derechos humanos del país, pero no es suficiente, cuando nos enfrentamos a un escenario de incertidumbre sobre los recursos necesarios para cumplirlos. El impacto presupuestal que acompaña al dictamen es por lo menos insuficiente, pues solo se refiere al año 2020. La coyuntura económica actual es claramente adversa para incrementar los compromisos gubernamentales sin una amplia revisión sobre la viabilidad de su cumplimiento. No es un decreto de presupuesto, es una reforma constitucional, con derechos exigibles por parte de la población ante la Suprema Corte de Justicia. Sí a la reforma constitucional, pero no es suficiente, porque carece de perspectiva de género que ponga en la discusión la diferencia entre mujeres y hombres en materia de becas escolares, personas con discapacidad permanente. El enfoque de género está completamente ausente en la pensión de adultos mayores, cuando son las mujeres las que viven más años y quienes tienen menos acceso a la seguridad social. Ante esta reforma constitucional, el Grupo Parlamentario del PRI damos un sí, pero un sí preocupados, preocupados por su viabilidad, por su impacto real, por su lugar jurídico para hacerla efectiva, y ocupados en lograr que se cumpla. Muchas gracias.