La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la obligación de las y los ciudadanos mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, está previsto en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna. El cobro de impuestos se justifica porque son el sustento del Estado mexicano para cumplir con sus diversas obligaciones constitucionales y legales. Sin ingresos, el Estado queda incapacitado para hacer efectivos derechos fundamentales como la seguridad, la salud, la educación, la inversión pública, la seguridad social y la provisión de diversos bienes y servicios públicos. Dice el artículo 134 de nuestra Carta Magna, que además de estos recursos deben administrarse bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Igualmente, conviene tener presente que todas las modalidades contributivas contienen excepciones a la regla, las cuales responden a situaciones transitorias y/o coyunturas específicas que facilitan su operatividad y se ajustan a condiciones y circunstancias específicas. Otro ejemplo, son la tasa cero a los productos agrícolas, la tasa cero del impuesto al valor agregado a alimentos y medicinas, o las exenciones al ahorro voluntario e individual para el retiro, entre otras. La condonación es la figura jurídica por medio la cual el Estado perdona a un contribuyente la obligación tributaria derivada de un crédito fiscal, precisada a través de la ley y con reglas aplicables a un caso concreto y a una persona concreta. La condonación se distancia de la excepción yendo más allá de los límites previstos, ya que puede llegar a nulificar la potestad del Estado de allegarse recursos, incluso cuando se ha verificado el acto impunible recaudatorio a los contribuyentes de consumarse la condonación fiscal a personas físicas o morales, en la medida en que ello implica dejar de percibir para el erario público el valor monetario que ya le pertenece, y esto no es propio solamente del ámbito federal. En el mes de abril la jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció un programa de condonaciones del 100 por ciento de adeudos, multas y recargos de 2014 a 2018 de diversas contribuciones, como predial, agua, impuesto sobre nóminas, prestación de servicios de hospedaje y otros, y la condonación total de los adeudos del año 2013 y anteriores. Es decir, la condonación de impuestos y accesorios no es por sí misma algo extraño o perverso, puede darse en casos de incobrabilidad o por situaciones de emergencia, como explicaremos un poco más adelante. Lo grave no es la existencia de la facultad de condonación de créditos fiscales, sino la discrecionalidad y opacidad en que los hechos ha ejercido el SAT para favorecer a empresas importantes con perdones fiscales, lo cual no solo afecta al fisco, sino que crea un efecto negativo al crear una resistencia al cumplimiento de las obligaciones al percibir al fisco como un sistema inequitativo, opaco y corrupto. Todas las personas pueden solicitar que sus adeudos sean perdonados, pero en los hechos los principales beneficiarios han sido las empresas y personas físicas de mayores ingresos en la mayor opacidad, y seguramente a cambio del contubernio en el grupo en el poder y grandes capitales. El problema resulta cuando este mecanismo se usa para beneficiar a grupos empresariales específicos, cuando es una medida sin transparencia ni rendición de cuentas y cuando se hace sin la debida justificación, y esto es lo que ha sucedido en los últimos años. En el año 2000 se condonaba entre el 10 y el 12.5 de créditos fiscales a cambio del pago del resto, en tanto que entre 2007 y 2013 se condonaba el 80 por ciento a cambio de liquidar el 20 por ciento nada más, de acuerdo con cifras del Sistema de Administración Tributaria. Un estudio de Fundar, que ha circulado en los medios de comunicación, rebela que en el periodo de 2007 a 2018 se identificaron 628 mil 937 millones de pesos por concepto de condonaciones de deudas y créditos fiscales, de los cuales 54 por ciento se concentraron en 108 contribuyentes, que vale resaltar corresponden a 58empresas que cotizan en la Bolsa de Valores. De estos, 45 se ampararon para evitar que se conocieran sus nombres. El monto perdonado a contribuyentes morosos equivale al gasto en salud de este año. La condonación de estos adeudos fiscales fue aprobada en diversos decretos que expiden la Ley de Ingresos a través de programas de condonación masiva, con el argumento de regularizar a cientos de morosos para que por fin declararan cuánto debían y pagaran una parte, pero lo pagaran en ese momento. Sin embargo, el efecto no se ha verificado en la realidad, la Auditoría Superior de la Federación encontró que estos programas no favorecen el cumplimiento y, por el contrario, fomentan la evasión fiscal, pues terminan beneficiando a muchos reincidentes, incentivando el no pago a cambio de nuevos programas de amnistía fiscal. En ese sentido, es correcto que el dictamen establezca en el marco constitucional la prohibición de condonaciones fiscales, pero nos parece insuficiente al remitirse a la ley, así como se busca regular este mecanismo de corrección de las finanzas públicas desde la Constitución, es en este marco donde deben desarrollarse las condiciones de su aplicación como una medida de excepción. Precisamente los programas que eximen el cobro de impuestos federales ya se dan en los términos del Código Fiscal de la Federación y es el artículo 39 del Código vigente, y cito textual: “El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá: I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en una Ley Tributaria Federal o Tratado Internacional.” Termino la citación. Fuera de los límites normativos que tiene el mecanismo de condonación, no debe ser admisible el perdón del Ejecutivo, del SAT o de este Congreso de manera discrecional, como un favor o una gracia a grandes contribuyentes, eso afecta la equidad de la contribución, que es un principio constitucional. Dice el estudio de Fundar, al que hemos aludido, que el 1 por ciento de los mexicanos son los más ricos y son dueños de 40 de cada 100 pesos de la riqueza nacional. En el otro extremo, el 50 por ciento de la población vive en pobreza y solo tiene 3.5 pesos de cada 100. Para corregir esto, el Estado debe recuperar los recursos de quienes más tienen y luego usarlos en favor de las personas con menos ingresos. Sin embargo, el uso faccioso de mecanismos como la amnistía fiscal es utilizado para dar más beneficios a las personas y empresas que más tienen. Varios grupos empresariales fueron favorecidos con los mecanismos de condonación sin que haya quedado fundamentado si se cumplían las condiciones legales previstas en el Código Fiscal de la Federación. De entre los mayores beneficiarios por condonaciones fiscales tenemos a televisoras, farmacéuticas, empresas automotrices, mineras, tiendas departamentales, grupos financieros y hasta equipos de fútbol, entre las 170 principales empresas del país, las cuales además buscan que sus nombres y los montos perdonados sean dados a conocer entablando, como hemos dicho, una lucha en tribunales. Según el periódico Reforma, entre las empresas litigantes se encuentran las siguientes: del sector bancario, Banamex, Banorte, Banco Azteca, BBVA, GNP, HSBC, Inbursa, Santander, American Express, Scotiabank, Inverlat y Servicios Financieros Soriana. De telefonía está, América Móvil y AT&T. En el sector automotriz, General Motors y Volkswagen. En alimentos, Jumex y Herdez. En equipos de fútbol, el Club América y Necaxa. En la industria farmacéutica, Farmacias del Ahorro y Pfizer. En industrias están Cemex, Condumex, Minera de México, ILSA y Ferrocarril Mexicano. En las tiendas departamentales se encuentra Chedraui, Liverpool, Palacio de Hierro, Elektra y Sanborns. En televisoras se encuentra Televisa, TV Azteca y Cablevisión. En otras empresas Seven eleven, Grupo Carso, IBM y Cinépolis. En el Grupo Parlamentario del PRD coincidimos en que un Estado fuerte debe fincar sus finanzas sanas en contribuciones justas y equitativas, pero también estrictas. Es decir, apegadas a derecho. Por ello, actuar con firmeza y rigor, transparencia y equidad es imperativo cuando de invocar e instrumentar la modalidad de la condonación. No obstante, tampoco podemos caer en la intransigencia y la intolerancia, pues la figura de la condonación sigue siendo una hipótesis jurídica excepcional, valida y susceptible de invocarse frente a la ocurrencia de catástrofes naturales o eventos extraordinarios que ameriten el reconocimiento de interés público o colectivo y, al mismo tiempo, reclame la inmediata intervención pública para superar la crisis o restablecer el orden y la sana convivencia cotidiana de la sociedad. Acompañaremos esta importante reforma constitucional no sin antes dejar claro que deberán incluirse en el decreto las condiciones mínimas que deberán acompañar las propuestas de condonación. Que estas sean debidamente fundamentadas por condiciones mínimas que prevea la Constitución y no solo la remisión a la ley. Que las propuestas de condonación deben ser remitidas del Ejecutivo al Congreso y ser sancionadas por este. Que las condonaciones deben estar sujetas a los principios del artículo 6o. constitucional y las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública. Debemos darle certeza a la aplicación de mecanismos extraordinarios. No puede haber la prohibición absoluta de las condonaciones ni tampoco una mera remisión a las leyes. Podrá servir muy bien como bandera, pero será inocua sin los mecanismos que fortalezcan las facultades recaudatorias del Estado. Por todo lo anterior expuesto, nuestro voto favorecerá el presente dictamen con la reserva en comento. Es cuanto, diputada presidenta.