El diputado Juan Antonio González Hernández: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. El dictamen que hoy discutimos sobre la Ley Federal de Derechos para 2025, representa una muestra clara del compromiso del gobierno con la justicia social y la eficiencia en el uso y manejo de los recursos públicos. Eso es la cuarta transformación, así de fácil, así de sencillo. Este marco normativo establece criterios para la recaudación y también redefine el destino de los recursos obtenidos de actividades clave como la minería, para beneficiar sectores fundamentales como la educación, la salud y los programas sociales, que transforman la vida de millones de mexicanas y de mexicanos. El artículo 275 es uno de los pilares de esta propuesta. Se plantea que la recaudación total de los derechos sobre minería no forme parte de la recaudación federal participable, y se destine un 69 % de estos recursos a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud. Este ajuste asegura que las áreas de mayor impacto social cuenten con los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos, ¿sabrán de los objetivos? La educación y la salud no solo son derechos constitucionales, sino también herramientas esenciales para romper los ciclos de pobreza y desigualdad. Pero algunos ¿sabrán de pobreza y desigualdad? Yo creo que no. Con esta medida se garantiza que el potencial económico de los recursos minerales del país se traduzca en bienestar directo para la población. Los recursos recaudados con esas contribuciones no afectarán el monto que actualmente reciben las dependencias encargadas de estos sectores, ya que los ajustes compensan cualquier diferencia, permitiendo que los programas prioritarios mantengan su continuidad. Las dependencias y entidades de la administración pública federal contarán con los medios necesarios para cumplir con las responsabilidades que se les han encomendado, asegurando que las políticas públicas sigan teniendo un impacto positivo en la vida de las personas. La educación es uno de los sectores prioritarios que recibirá estos recursos. Los fondos destinados a la Secretaría de Educación Pública representan una inversión en el futuro del país, que es la niñez y la juventud. Con estos ingresos se fortalecerán las escuelas públicas, se garantizará la continuidad de programas sociales como el de Becas Benito Juárez y se mejorará la infraestructura educativa en comunidades más alejadas, en comunidades marginadas. Además, este dictamen reconoce la importancia de los programas sociales como una herramienta fundamental para reducir la desigualdad y combatir la pobreza. Los recursos generados por la educación, por la recaudación de derechos que no tengan un destino expreso en el artículo 275, se utilizarán para financiar programas y proyectos prioritarios del gobierno federal. Programas como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y Jóvenes Construyendo el Futuro, son ejemplos claros de cómo estos recursos pueden transformar la vida de millones de mexicanas y de mexicanos. Así, así se gana la confianza del pueblo. Cada ajuste propuesto tiene como objetivo fortalecer al Estado para que pueda cumplir con su responsabilidad de garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. Vayamos por una educación humanista, cuya filosofía es el bienestar y la felicidad de los agentes educativos, una educación inclusiva, igualitaria, una educación de excelencia como lo establece el artículo 3o. Constitucional. No cabe duda que la transformación les duele y el segundo piso de esta transformación les cala...