La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a lo largo de nuestra historia han quedado lamentablemente rezagadas, y en algunos casos marginadas y excluidas del desarrollo del país, pues en muchos casos no han sido tomadas en cuenta sus opiniones en temas de incidencia nacional que repercuten en sus intereses. Esta situación no solo impide su inclusión y obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos humanos, sino que además pone en riesgo su preservación. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que integran nuestra nación, demandan eliminar toda distinción sobre la cual se erija la existencia de mexicanos de primera y de segunda, incluidas aquellas limitantes o condicionantes impuestas por aspectos culturales, políticos o económicos. Toda persona que nazca en el territorio nacional tiene el derecho de desenvolverse de forma plena y de participar en los asuntos de interés público que impacten directamente en su comunidad y su entorno. Para ello es imprescindible contar con mecanismos eficaces con el propósito de conocer sus puntos de vista y opiniones. Así pues, resulta un imperativo categórico poner fin a la exclusión o marginación de la que ancestralmente han sido objeto las comunidades indígenas y reconocer de forma plena que tienen la capacidad de participar e incidir en la vida pública de nuestro país, tanto en el ámbito local o regional, como en el nacional, porque a ello está obligado el Estado mexicano por su propia legislación y por los acuerdos y tratados internacionales de los que es parte. En este sentido, compañeras y compañeros, la expedición de la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, representan un instrumento idóneo a fin de asegurar los mecanismos adecuados para realizar las consultas que tengan lugar en los pueblos y comunidades indígenas, pues su propósito es regular el derecho de consulta de nuestros pueblos originarios en los términos establecidos por nuestra Carta Magna, en el Convenio 169 OIT y en otros instrumentos internacionales en la materia. La aprobación de esta ley es a todas luces benéfica porque a la realización de consultas incide de forma directa en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que ven sus intereses vulnerados frente a sectores de la población con mayor poder de injerencia en las decisiones públicas. No olvidemos que el derecho a la consulta se ha configurado como un medio efectivo para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos, al ser este una condición sine qua non para el ejercicio de otros derechos esenciales para el desarrollo pleno de las personas. Asimismo, se debe destacar que el proyecto de ley que se somete a nuestra consideración el día de hoy maximiza la oportunidad que tienen los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de comunicar sus decisiones y hacer que estas sean respetadas, pues se establecen los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Quiero también destacar que esta nueva ley es producto de la participación activa y decidida de diversos actores de la sociedad, pues no solo se recogió el punto de vista de miembros de nuestros pueblos y comunidades, sino que se escuchó a académicos, a representantes empresariales y líderes políticos sociales, entre otros. En razón de lo anterior, a las y los diputados de mi grupo parlamentario votaremos a favor del presente dictamen porque lo consideramos como una acción afirmativa en pro de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que abona a la construcción de un México inclusivo y sin discriminación de ninguna índole. Es cuanto y muchas gracias.