La diputada Nayeli Salvatori Bojalil: Bienvenidos. Con su venia. Diputadas y diputados, la discusión del presente dictamen no es un tema menor, no se trata en este caso de colores partidistas ni de ideologías políticas. Así que todos los grupos parlamentarios deberíamos estar a favor, es una asignatura pendiente de resolver. Se trata de ir avanzando en un tema muy sensible; la violencia, la inseguridad, la impunidad son parte de la debilidad de nuestro Estado de derecho y lo ha sido por años. Hoy hay una realidad que nos obliga a genera condiciones de ley para aminorar que un número considerable de mexicanas y mexicanos abandonen sus lugares habituales de residencia para buscar no solo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física o su familia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 6 de cada 100 migrantes que se fueron a vivir a otra entidad federativa lo hicieron motivados por la inseguridad pública o la violencia. No es un dato que hay que perder de vista, es muy significativo y nos dice la gran problemática que nos negamos a ver. Los desplazados forzados internos están entre las personas más vulnerables, este sector de la sociedad no cruza fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país. Pero en muchas ocasiones el precio de cambiar la residencia es muy alto, hay que dejar toda una vida atrás, y créanme, que no por decisión propia. Debemos detener este fenómeno, se trata de darle ya importancia a los derechos humanos de los desplazados forzados. El desplazamiento forzado interno solo se menciona en algunos artículos de la Ley General de Víctimas, como una de las situaciones de vulnerabilidad en las que pueden encontrar las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, pero no es suficiente para sancionar a quienes cometen actos encaminados a generar el desplazamiento forzado de personas. Por ello, ente esta innegable realidad resulta necesario tipificar el delito y diferenciar cuando se debe considerar un ilícito penal y cuando una violación de derechos humanos. La importancia del reconocimiento del desplazamiento forzado interno es esencial en la implementación de acciones para la protección de las víctimas y para determinar su calidad de víctima. Por ello, se considera indispensable la creación de un tipo penal que identifique el desplazamiento forzado como una conducta delictiva y quienes son las víctimas de este en ausencia de una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno. De esta manera con el presente dictamen se propone adicionar un capítulo tercero denominado Desplazamiento Forzado Interno, al título décimo octavo que comprende el artículo 287 bis y que dispone que: comete el delito de desplazamiento forzado interno quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo realizado contra una persona o grupo de personas, ocasione que abandonen su lugar de residencia. Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a sumarse a este dictamen. Tenemos que legislar por aquellas familias que han sido obligadas a desplazarse de su lugar de origen. Abonemos a la certeza y a restaurar paso a paso el Estado de derecho en nuestro país. Vayamos avanzando y quitémonos esos estigmas de que, si lo proponen en el grupo mayoritario, entonces no apoyemos. Hoy se trata de mexicanas y mexicanos de carne y hueso, se los debemos a todos. Ante esta realidad urge legislar. Por ello, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votaremos a favor del dictamen. Felicidades, es cuanto.