La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias. Vengo a razonar mi voto particular a favor del dictamen por las razones siguientes: Durante dos años de la carrera de derecho trabajé en un juzgado penal en Santa Martha Acatitla, en donde tuve la oportunidad de darme cuenta del gran abismo que existe entre la teoría y la práctica y vivir en carne propia las terribles deficiencias de nuestro sistema de justicia. En principio me sorprendió ver que la mayoría de las mujeres que estaban ahí era por delitos insignificantes: por riñas entre vecinas, venganzas amorosas o por no poder pagar una fianza. Me impactó la facilidad con la que se diferían las audiencias por dos o tres meses cuando no asistía un testigo, sin importar que eso significaba dejar dos o tres meses más a una persona tras las rejas. Debido a la excesiva carga de trabajo la juez raramente podía estar presente en las audiencias. Incluso el secretario de acuerdo no podía partirse en cuatro para asistir a todas, así que al poco tiempo de llegar, dejaron en mis manos el desahogo de varias audiencias. Me acuerdo en especial de una de las primeras veces que desahogué un careo. Estaba frente a la computadora, abría el archivo de machotes de careo, les pedía a los testigos que se sentaran frente a mí y respondieran a las preguntas. Uno le dijo al otro lo que le pareció ver aquel día, pero hablaba tan rápido que no alcancé a teclear todo lo que estaba diciendo. Después el otro testigo le contestó que eran mentiras y describió lo que él vio; pero como había varias audiencias desahogándose al mismo tiempo en la sala, no podía escuchar bien lo que decían. Al final del careo le pregunté a la procesada si tenía algo que argumentar y, el solo hecho de preguntárselo, me avergonzó porque era evidente que no pudo escuchar nada, ya que mi computadora se encontraba del otro lado de la rejilla de los imputados. El compañero en seguida de mí se limitó a decirme: déjalo que llene el machote. Imaginen ustedes, si en eso consistió una audiencia de careos. Ni más ni menos que una de las garantías constitucionales más importantes del imputado ¿Cómo se desarrollaron las demás audiencias? Así como en aquella ocasión todas las declaraciones quedaban impresas y cosidas en expedientes para que al final los proyectistas las leyeran y determinaran el número de años de cárcel que se merecían aquellas mujeres y la juez diera su visto bueno. Nunca pude poner entre paréntesis como información adicional, las miradas, gestos, risas, nervios, gritos, los apuntadores en papelito que les pasaban los abogados, si se secreteaban en plenas declaraciones, en fin, toda la información con la que contaba por el simple hecho de haber estado presente. Todo ese tiempo que pasé en el juzgado me permite hoy darme cuenta de la enorme importancia de transitar hacia un sistema de justicia más lógico, más transparente, más expedito, más cercano a la gente; un sistema donde se garantice que el juez esté presente y donde los acusados y las víctimas tengan rostros y adquieran voz para argumentar y revertir lo que desean. En eso radica la importancia de aprobar el código nacional de procedimientos penales. Su aprobación representa un paso fundamental para asegurar que este nuevo sistema sea implementado en todo el país. Actualmente sólo tres entidades federativas han logrado dejar atrás el sistema tradicional e implementar el nuevo en todo su territorio. 13 más lo han implementado en forma parcial, pero han aplazado una y otra vez la entrada en vigor en todas sus regiones. Entre los aspectos más destacables del nuevo código se encuentra la excepcionalidad de la prisión preventiva, una figura que se ha prestado a abusos gravísimos por parte de los jueces. Resulta absurdo que el 40 por ciento de la población penitenciaria en los estados todavía no reciba una condena y que a nivel federal el porcentaje ascienda a más de la mitad. En este sentido se proponen medidas alternativas a la prisión preventiva como el arraigo domiciliario, embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias o la obligación de portar un localizador electrónico. También se incluyeron medios alternativos de solución de controversia como la mediación y la conciliación a fin de que la víctima y el acusado lleguen a un acuerdo reparatorio cuando se trate de delitos imprudenciales, patrimoniales o aquellos que se persiguen por querella. Cabe señalar que el 59 por ciento de los presos en el país cumplen condenas menores a tres años por delitos patrimoniales que eran fácilmente reparables. La diversidad de códigos procesales no sólo dificulta la implementación exitosa del nuevo sistema de justicia, también motiva criterios de interpretación contradictorios entre las entidades federativas, dificulta la coordinación entre las autoridades y fomenta la improvisación legislativa. Creo que la unificación de las leyes procesales en materia penal es el mejor camino para remediar la enorme disparidad en la implementación del modelo acusatorio, permitiendo además concentrar los esfuerzos académicos en la capacitación de los futuros operadores y la difusión y enseñanza de la legislación procesal. Asimismo, brindará certeza jurídica a la sociedad, evitando que exista desigualdad en la manera de juzgar a los ciudadanos por el solo hecho de residir en distintas entidades federativas. Si bien la expedición de este código es un paso adelante, queda aún camino pendiente. Urge la reglamentación de los estándares de comportamiento de la policía, sobre todo ahora que jugarán un papel tan relevante en la investigación. Poco o nada lograremos si nos centramos únicamente en lo que pasa en los tribunales y no regulamos la actuación de los policías, si no regulamos el camino que recorre un sospechoso desde que es aprehendido hasta que es llevado ante un tribunal, si no se establecen reglas para aprehender a una persona, interrogarla y para identificarla. Estos son focos rojos en el actual sistema de justicia que urge sean atendidos. Los reglamentos de policías, leyes de seguridad pública y leyes orgánicas de las procuradurías tendrán que ser atendidos cuanto antes. Indudablemente son muchos los desafíos que tenemos en puerta luego de la aprobación de este código, lo que va más allá de retos de carácter presupuestal y normativo. Aunque estos son necesarios, existen conceptos más profundos de cultura, educación, honestidad y vocaciones en los que es preciso continuar trabajando. Sin ello será imposible cambiar estructuras corruptas y anquilosadas, remover conciencias conformistas, recobrar la confianza de la sociedad en las instituciones y avanzar en la búsqueda de un país más justo. Muchas gracias.