La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Quiero que me digan de qué sirvió la reforma al artículo 28 constitucional, que ustedes aprobaron el año pasado aquí en esta Cámara, si hoy de manera irresponsable en el Senado se han abalado estos monopolios y estamos aquí viendo a todos los que bailan a favor de Televisa. La libertad de expresar el pensamiento individual es un derecho fundamental de todo ser humano y, sobre todo, de su propia existencia. El porcentaje camaral es incontenible, yo sé que van a rechazar lo que voy a proponer, pero quiero decirles que al menos tendré mi conciencia tranquila, cosa que ustedes no la tienen porque ni siquiera se pueden parar en sus distritos. En México, como en un número importante de países, el debate sobre la libertad de expresión es ilimitado, pasando de ser reconocida como una reivindicación natural a una garantía a favor de los gobernados y sancionada por la ley fundamental. En nuestro país, hemos visto una tendencia en la que el derecho de expresión se ha ubicado como una prerrogativa individual, sin una reglamentación objetiva, carente de sujeción a las condiciones indispensables, tan es así que en el pleno goce de esta libertad se enfrentan graves y diversos obstáculos, entre los cuales destacan la multiplicidad de asesinatos a periodistas, así como un conjunto de cuestionables actos de violencia en nuestro país, en contra de todas las personas que difunden información, ideas u opiniones. En muchos de los casos, hechos de represión encuentran cobijo en nuestra propia legislación vigente, la cual permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de libertad de expresión, tanto a nivel federal como también en un importante número de entidades federativas. No olvidemos una frase muy importante, que un gobierno que quiere poner de rodillas a sus ciudadanos, es un gobierno fracasado. En atención a lo anterior, la reserva que hoy sometemos a consideración de esta asamblea, se fundamenta en el hecho de que la iniciativa pretende modificar el contenido del artículo 140 del Código Penal Federal, consistente en sancionar con pena de 2 a 20 años de prisión a toda personal que dañe material o moralmente las vías de comunicación, servicios públicos y funciones de los órganos constitucionalmente autónomos o sus instalaciones. En este sentido, es que consideramos que de permanecer la redacción del artículo en comento, en los mismos términos que así lo plantea el dictamen que hoy estamos discutiendo constituirá una traba para el desenvolvimiento verdadero de un ejercicio crítico de la libertad de expresión. Respecto al artículo 178, quiero decirles que tengan mucho cuidado, porque lo que le pasó al doctor Mireles nos puede pasar el día de mañana a cualquiera de nosotros. Lo usaron, lo explotaron y lo encerraron violando sus derechos constitucionales y sus derechos humanos. ¿Por qué el PRI no ha procesado y sigue protegiendo a Cuauhtémoc Gutiérrez? A quien se le ha descubierto esta red de trata de personas. Y les aseguro que lo siguen protegiendo porque muchas y muchos de ustedes le deben a este personaje el estar ocupando una curul en esta asamblea legislativa. Hoy en día los mexicanos sufrimos de una corrupción abrumadora. Éste es un tema tan complejo que afecta gravemente a la sociedad. Se padece en todos los niveles socioeconómicos y se encuentra en todas las áreas de gobierno institucional. La reforma al artículo 178 señala las penas propuestas para las personas físicas o representantes morales que estén relacionados con investigaciones de crímenes organizados, que sean requeridas por el Ministerio Público o por la autoridad competente para aportar información sobre la localización geográfica de una persona. ¿Quién le da seguridad al informante de que en los cuerpos de investigación no exista la intromisión de una banda? O el delincuente a investigar y después se tomen represalias en contra del informante y de su familia. Lo preocupante de esta reforma es que desgraciadamente en nuestro país no existe ni la capacidad ni la transparencia ni la capacitación adecuada de la administración pública para ejercer estas funciones. Movimiento Ciudadano lo que pretende con esta reforma es asignar a los ministerios públicos el poder de obligar a las personas a brindar información sobre localización geográfica, pero no sin la autorización ni la resolución previa de un juez. En la mayoría de los ministerios públicos la corrupción es una constante, el factor económico y el tráfico de influencias es tan oneroso que de esto depende si se sanciona o se libera a un ciudadano, ya sea inocente o sea culpable. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone esta reserva al artículo 178, ya que consideramos que la modificación propuesta, lejos de agilizar o disminuir los procesos de extorsión, amenazas o secuestros, se presta a que se pueda hacer mal uso de la localización geográfica. Es cuanto. Muchas gracias y muy buenos días.