El diputado Jorge Uscanga Escobar: Con su permiso, ciudadana Presidenta: El suscrito, diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente Exposición de Motivos El tema de los custodios y personal que laboran en los penales federales de máxima seguridad se ha vuelto prioritario en la agenda de seguridad pública nacional. Los hechos recientes son contundentes, empezando con los homicidios de Miguel Ángel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, y Arturo Guzmán Loera, El Pollo, por los cuales más de 50 custodios del penal de La Palma están sujetos a investigación. Por otro lado, está el asesinato de seis personas que laboraban en la cárcel de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas. El pasado 14 de enero cerca de un millar de soldados y agentes federales tomaron el control de La Palma y se inició una serie de operativos en las demás cárceles de máxima seguridad del país, con el fin de restablecer el control y el orden. El secretario de Seguridad Pública federal anunció que después de cesar a 105 custodios, un nuevo grupo de agentes resguardaría los penales federales, reemplazando en los próximos meses a la totalidad de los empleados de La Palma. Estos acontecimientos han dejado al descubierto la vulnerabilidad de los penales de máxima seguridad del país, así como la falta de atención que el Gobierno Federal ha dado al papel del personal que labora dentro del proceso de readaptación social de los reos. No es casual que los custodios tengan vínculos, ya sea por temor o por corrupción, con la delincuencia organizada, pues todos sabemos que sus sueldos son bajos, que la capacitación y evaluación que deberían recibir no son otorgadas y que las garantías de seguridad social son escasas y a veces nulas. Por otra parte, es importante señalar que la proporción entre el número de custodios y reclusos en penales de máxima seguridad varía a lo largo del mundo. Sin embargo, mientras en México en casos extremos la proporción llega a ser de 1 custodio por cada 30 reclusos, en algunos países hay un guardia por cada preso. En La Palma, en uno de los tres turnos que hay, los 562 reos llegan a estar a cargo de sólo 75 guardias. La colonia Islas Marías tiene una población aproximada de 630 internos, cuidados por 32 custodios. En Argentina, por ejemplo, existen tres cárceles federales de máxima seguridad, dos de las cuales tienen una proporción de dos presos por cada custodio y la tercera de ellas tiene una proporción de 1.5 presos por agente. Bolivia tiene una sola cárcel de máxima seguridad, en donde hay un carcelero por recluso. Cabe señalar que Bolivia carece de una guardia penitenciaria especializada; sin embargo, todos los oficiales están obligados a trabajar por lo menos una vez a lo largo de un año en una de las cárceles del país, además de cursar tres años en la Escuela Superior de Policía. En Francia no existen cárceles de alta seguridad. Los penales se dividen entre los que albergan detenidos que cumplen penas largas y los de rápida reinserción. La proporción entre guardias y detenidos en las cárceles francesas es de 39 guardias por cada 100 detenidos. El proceso de selección de custodios se basa en un examen de admisión y ocho meses de capacitación en la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria y de Prácticas Penales. Al término del curso se practica otro examen. Éstos son tan sólo unos ejemplos del gran rezago que existe en materia de capacitación, actualización y evaluación de los custodios en México. El 12 de octubre pasado, el secretario de Seguridad Pública federal dio a conocer ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados la creación de un plan para depurar el cuerpo de custodios y aumentar la plantilla, pues admitió que el personal era insuficiente. De acuerdo con la convocatoria de reclutamiento que se emitió, la recepción de solicitudes se cerró el pasado 13 de diciembre y el curso iniciaría el 17 de enero, pero no hubo aspirantes suficientes y el curso se canceló, quedando en emitir nuevamente la convocatoria más adelante. La escasez de custodios y la falta de interés en ingresar deben considerarse focos rojos en materia de readaptación social. El equipo de custodios federal está descuidado y olvidado. Se contrata gente que no está capacitada en materia de prevención y readaptación o, peor aún, personas que cuentan con antecedentes penales. Las acciones deben implementarse ya, de inmediato. Mediante esta reforma que presento el día de hoy se busca que si bien es cierto el personal penitenciario para ingresar a laborar cumplió en su momento los requisitos que establece el artículo 4º de la Ley de Normas Mínimas de Readaptación, como son la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales, es necesario valorar por medio de procedimientos especializados con carácter de obligatorios y periódicos si éstos siguen cumpliendo estos requisitos; de lo contrario, no podrán continuar con el desempeño de su encargo. Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del Pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto Único. Se adiciona un segundo párrafo del artículo 5º de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue: Artículo 5º. Los miembros del personal penitenciario quedan obligados a sujetarse a procedimientos de evaluación, los cuales determinarán si siguen cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 4º de esta ley, a efecto de continuar en el desempeño de su encargo. Estas evaluaciones se realizarán por lo menos cada seis meses. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, ciudadana Presidenta.