LA C. DIP. SUSANA GUILLERMINA MANZANARES CÓRDOVA: Gracias, señor Presidente. Los diputados que suscriben, integrantes del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, el cual se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones: Antecedentes. Primero. Para que la participación ciudadana sea realidad, además de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en las constituciones de los estados y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se requieren los espacios y mecanismos institucionales específicos con los que la participación ciudadana pueda desarrollarse. Por ello, es que a partir de 1998 se ha aprobado leyes de participación ciudadana en 12 entidades federativas, faltando por hacerlo 20 entidades de la República. Segundo. El 30 de abril de 1998 fue publicada la Ley de Referéndum y el Plebiscito para el Estado de San Luis Potosí; el 21 de diciembre de 1998, se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; el 15 de enero de 2000, se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; el 13 de junio del mismo año, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Sur; el 27 de diciembre de 2000, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos; el 16 de febrero de 2002, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Norte; el 6 de junio de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Tamaulipas; el 8 de septiembre de 2001,la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Zacatecas; el 21 de noviembre de 2001, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes; el 8 de enero de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco, y el 22 de octubre de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato y, finalmente, el 17 de diciembre de 2002, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila. De esta manera, las mencionadas entidades federativas han hecho una contribución para reconocer jurídicamente los mecanismos de participación ciudadana. Tres. En consecuencia, los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, no cuentan con sus respectivas leyes de participación ciudadana. Consideraciones. Primero. Los mecanismos de democracia directa, entre los que destacan la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, lejos de oponerse a la democracia representativa, constituyen un complemento de ésta, ampliándose espacios de participación ciudadana y contribuyen a legitimar las acciones de gobierno al involucrar a los gobernados en las tomas de decisiones de mayor trascendencia para la vida pública. Dos. Los tres instrumentos más reconocidos de la democracia directa son: la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito; sin embargo, junto a ellos se han incorporado otros mecanismos como la consulta y la colaboración vecinal, las audiencias públicas, la rendición de cuentas, la revocación del mandato y el presupuesto participativo, que en conjunto plantean una concepción democrática de las relaciones entre gobernantes y gobernados; promueven la corresponsabilidad, fortalecen la cultura de la participación y dan concreción al principio de soberanía popular. En estas regiones del mundo y especialmente en algunos países de América Latina, se han desarrollado exitosas experiencias de implementación de mecanismos de democracia participativa que han contribuido a elevar el nivel y la calidad de la vida de la población. 3. En los sistemas democráticos, la participación política de los ciudadanos no se restringe a las elecciones de los gobernantes y representantes populares. La transición democrática en México se ha desarrollado durante los últimos años, por lo cual consideramos importante que las leyes de participación aprobadas junto con las iniciativas en las entidades federativas, traerán como consecuencia el objetivo de que la representación contribuya a la ampliación y consolidación de la vida democrática. Por eso es que presentamos el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda dirigir un atento exhorto a los Poderes Legislativos de las 32 entidades federativas para que en el marco de su soberanía: 1o. En aquellas entidades federativas que aún no cuentan con sus respectivas leyes de participación ciudadana, promuevan la aprobación de las leyes que regulen los mecanismos de democracia directa y participación ciudadana. 2o. y último. En aquellas entidades federativas que hayan sido aprobadas las leyes de participación ciudadana, éstas sean revisadas para ampliar y profundizar su contenido de manera que además de la iniciativa propular, el referéndum y el plebiscito, sean incorporados otros mecanismos como la consulta y la colaboración vecinas, las audiencias públicas, la rendición de cuentas, la revocación del mandato y el presupuesto participativo. Es cuanto señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias diputada. Túrnese a la Comisíón de Participación Ciudadana. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo asigne los recursos presupuestales necesarios para el fortalecimiento de la educación agrícola superior y la investigación agropecuaria forestal. Se le recuerda al diputado a quien se le concede el uso de la palabra y a los demás que presenten proposiciones, que de acuerdo con el Pleno de la Cámara, la duración es de 5 minutos. -DIP. ALBERTO JIMENEZ MERINO: Con el permiso de la mesa: La educación agrícola superior y la investigación agropecuaria forestal son pilares fundamentales para el desarrollo del campo en cualquier parte del mundo. Son la base de las transformaciones necesarias para aumentar la productividad, aprovechar los recursos naturales, genera empleo, producir alimentos y mejorar las condiciones de vida de 25 millones de mexicanos. Sobre todo cuando sabemos que crear un empleo en la ciudad cuesta 6 veces más que en el campo y mantener una familia en la ciudad cuesta 22 veces más que en el medio rural. Junto con las facultades de agronomía de las universidades estatales, los institutos tecnológicos agropecuarios de la SEP, Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el Colegio de Posgraduados, el Colegio Superior de Agricultura del Estado de Guerrero y el INIFAV, conforman la base del Sistema de Educación e Investigación Agropecuaria Nacional. Las dos universidades y los dos colegios están sectorizados a la SAGARPA y el INIFAV es un organismo público de investigación. La investigación y la tecnología desarrollada por este último han permitido resolver problemas nacionales y de hambrunas en países como la India y Afganistán . El problema fundamental consiste en que la falta de presupuesto impide a estos centros educativos poder tener una mayor participación en atención a las necesidades nacionales de desarrollo agropecuario, de infraestructura, comercialización, sanidad y reversión del deterioro ambiental que permita mejorar la competitividad del sector rural. El Inifap enfrenta el problema de la reducción de la plantilla de investigadores de dos mil a sólo mil 185, con un alto porcentaje de ellos en vías de jubilación. Esas instituciones representan un capital educativo y de investigación para el desarrollo tecnológico agropecuario que el país debe aprovechar como una fortaleza en el mejoramiento de las capacidades humanas y generación de tecnología para el sector agropecuario, pero han sido limitadas en sus planes de crecimiento y desarrollo académico. Considerando que si no se apoya de forma imperativa al desarrollo científico, tecnológico y educativo de las instituciones agrícolas no sólo se afecta a la ya de por sí golpeada población rural, sino también al país, ya que en la cuestión agrícola está inmersa la seguridad alimentaria de nuestra nación que en un marco de competencia internacional, regulado por el TLC, Estados Unidos aporta a la investigación científica y tecnológica el 2.62 por ciento de su PIB agrícola, mientras que en México solamente el 0.5 por ciento. Con el propósito de fortalecer las instituciones de educación agrícola superior, como patrimonio educativo de los mexicanos, ante la urgente necesidad de desarrollar al sector rural y sus instituciones en un mundo cada vez más competitivo que demanda de tecnologías y conocimientos científicos para aprovechar de manera racional e integrar los recursos para arribar a un desarrollo rural sustentable, proponemos: Exhortar a las dependencias del Ejecutivo federal para asignar el presupuesto necesario a las instituciones de educación agrícola superior y al Inifap, que les permita concretar sus objetivos y metas en el marco de los principios prioritarios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y del Acuerdo Nacional para el Campo, así como de acuerdo a compromisos específicos de mejoramiento académico y calidad en las tareas de investigación, según parámetros que se establezcan en cada caso. Establecer las condiciones necesarias para la conformación de un sistema nacional de educación agrícola superior e investigación agropecuaria para el desarrollo rural, tal como lo estipula la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en sus artículos 22 y 34. Destinar fondos presupuestales adicionales para inversión en infraestructura, equipamiento y desarrollo tecnológico que contribuyan a la modernización de las instituciones de educación agrícola superior, sectorizadas en la Sagarpa, y al Inifap como organismo descentralizado. Exhortar a la Sagarpa para que confiera prioridad a las instituciones de educación agrícola superior en la ejecución y evaluación de programas nacionales de fomento y desarrollo agropecuario, forestal y ambiental en base a programas de vinculación. Firman Alberto Jiménez Merino, por el PRI; Jesús Morales Flores, por el PRI; Alfredo del Mazo González, PRI; Angel Aguirre Rivero, PRI; Oscar Pimentel González, PRI; y Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión Agropecuaria. Muchas gracias, señor presidente.