La diputada Lorena Piñón Rivera: No, yo creo que, de una vez, ¿no? Como verán, pues no estamos preparados, ¿verdad?, en esta sede, desgraciadamente. Pero, bueno, les comento que ya hay tres suspensiones a este debate. Primero, ante todo, mencionar la solidaridad del Grupo Parlamentario del PRI con los trabajadores del Poder Judicial, a los jueces, magistrados y ministros. Su protesta es legítima y se reconoce el apoyo actuante que han recibido de los jóvenes universitarios que se resisten a vivir en el autoritarismo. Esta adhesión también se extiende a los colegios de profesionistas, barras de abogados, académicos, defensores de derechos humanos y todos los colectivos que estén en contra de la demolición del Poder Judicial. Quieren desmantelar el Poder Judicial bajo la premisa engañosa de democratizar la justicia. Lo que no se nos presenta es en realidad la instauración de una justicia populista que sacrifica la competencia y la independencia en el altar de la popularidad. ¿Acaso queremos que nuestros juzgadores sean elegidos como si se tratara de un concurso de simpatía? La justicia no es un espectáculo y los tribunales no son un escenario para ganar aplausos. La elección de los juzgadores por voto popular conlleva riesgos insospechados. En lugar de fortalecer el Estado de derecho lo debilita, permitiendo la influencia de poderes fácticos y, peor aún, del crimen. La reforma debería estar encaminada en reforzar el trabajo del Poder Judicial para que sea más eficiente y no como ahora proponen, que los juzgadores resuelvan a la carrera y que sean supervisados con criterios discrecionales por el Tribunal de Justicia Inquisitoria que pretenden instituir. ¿Saben el incentivo que tendrán algunos jueces para dictar sentencias de manera equivocada solo porque el tiempo apremia y deben cumplir con un plazo para que no los destituyan? Esta reforma no solo es jurídicamente incorrecta, sino también inconvencional. Y por esto me refiero a que contraviene a los tratados internacionales que México ha suscrito. La Convención Americana de Derechos Humanos obliga a los estados a garantizar que sus ciudadanos cuenten con un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. ¿Cómo puede ser independiente un juez que debe ser puesto, que debe su puesto a las urnas y no a sus méritos? Esta distorsión de los principios fundamentales de derecho nos lleva a una regresión inaceptable en materia de derechos humanos, anulando la histórica reforma del 2011 que consolidó un avance sin precedentes en la protección de estos derechos en nuestro país. México no es una isla, formamos parte de un entorno global, donde la progresividad de los derechos humanos es una obligación. Retroceder es traicionar nuestro compromiso con la comunidad internacional y con los mexicanos. Los mercados ya han comenzado a reaccionar y la incertidumbre económica que se avecina no es solo una posibilidad, sino una certeza si se aprueba esta reforma. Rechazo la reconfiguración propuesta a los requisitos en el artículo 96, porque además de carecer de una redacción acorde a la técnica legislativa, resulta absurda, hablan de promedios de 8 y 9 con este despropósito. Estarían impedidos los egresados de las universidades en donde el sistema de calificaciones no va del cero al diez, sino del cero al 100, así de absurdos y extraviados están. Pueden ganar la votación, pero serán derrotados por la realidad. Como oposición estamos aquí para cumplir nuestra función social parafraseando a Churchill: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar. Y así continuaremos, estoicos, argumentando con valentía y con razonamientos que empequeñecen la retórica iracunda de quienes pretenden dinamitar por venganza a un Poder Judicial que ha osado declarar inconstitucionales los caprichos del régimen. En los últimos años los mecanismos de la carrera judicial han permitido...