El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El alcance de la reforma energética y sus implicaciones son tan amplias y diversas, que en ocasiones se torna difícil registrar todos los efectos perniciosos que tendrá esta legislación. Las modificaciones al artículo 25, 27 y 28 de la Constitución en diciembre de 2013, así como las 21 leyes secundarias, algunas nuevas y otras reformas sobre tal alcance su proposición, su debate y aprobación deberían merecer casi la convocatoria a un Congreso Constituyente, pues implican cambios fundamentales en asuntos esenciales para el país como la propiedad de la tierra y del agua, las actividades de su uso y el traspaso de una masa de riqueza común a manos privadas sin que se consultara a los mexicanos. Estas leyes destruyen a la nación y al Estado mexicano de cara a la actividad de la industria eléctrica de utilidad pública y preferente por encima de cualquier otra actividad, subordina el interés público al privado, aniquila la garantía constitucional sobre la propiedad social, pública y privada legalizando el despojo del patrimonio familiar de los mexicanos en beneficio de negocios privados, al tiempo que mantiene la intervención del gobierno federal en Pemex y la Comisión Federal de electricidad que lejos de organizar las actividades bajo criterios estratégicos, técnicos, financieros elementales para garantizar la seguridad energética del país, alienta su desmantelamiento como ha venido ocurriendo en las últimas décadas con otras empresas del Estado como Teléfonos de México. En la reforma de la industria eléctrica se reproduce el mismo esquema de la privatización de España que ha tenido resultados negativos para los ciudadanos y donde ha resultado perjudicial la mezcla de negocios con la política, donde muchos de los funcionarios y legisladores que participan en las modificaciones a los llamados cambios estructurales, son empresarios o están vinculados con los empresarios de los grandes consorcios. La reproducción de las políticas y mandatos neoliberales, independientemente del partido político y su ideología, han hecho supuestos avances en detrimento del bienestar de la comunidad. Se pierde la concepción de Estado y su rectoría para transformar al gobierno federal. Se convierte a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en las empresas del presidente de la república. Al suceder esto se elimina la noción de Estado y la responsabilidad de éste en la rectoría de la actividad económica, así como la responsabilidad de Pemex como empresa pública. Tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad se regirán bajo un régimen de excepción que oscila entre el derecho privado y público que excluye a sus integrantes de una verdadera transparencia y rendición de cuentas. Los recursos naturales de México dejan de ser de la nación y pasan a ser una ficticia entidad jurídico-política denominada Norteamérica. Bajo la falacia del desarrollo urgente, se justifica la creciente demanda de energéticos en nuestro país. Lo que es una realidad es que se busca asegurar las necesidades energéticas de los Estados Unidos de Norte América. Nos reduce lamentablemente al papel de exportadores de crudo importadores de petrolíferos y petroquímicos, lo que es increíble, absurdo y reprobable en un país que se caracteriza por su riqueza petrolera. Por lo anterior el grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos en contra de delegar el control a privados que poco a poco aniquilen a la Comisión Federal de Electricidad, por lo que proponemos eliminar el artículo 63 y eliminar la palabra privado del artículo 6o., del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.