El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputada presidenta. La Ley del Seguro Social en sus artículos 201 y 205 establece que el servicio de guardería que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social es exclusivo para las mujeres trabajadoras aseguradas y que solo de manera extraordinaria se otorgará esta prestación a los trabajadores asegurados, quienes por tal efecto deben acreditar que son viudos, divorciados o una resolución judicial les dio la custodia de sus hijos. Lo anterior, siempre y cuando, no contraigan matrimonio nuevamente. Esta distinción es injustificada y discriminatoria, toda vez que en términos de lo dispuesto por el artículo 4o. de la Constitución federal, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. El derecho de igualdad entre el hombre y mujer que contemplan esta disposición constitucional buscan en ambos sean tratados equitativamente frente a la ley, lo cual, necesariamente implica que tanto la mujer como el hombre goce en el caso concreto, en su calidad de trabajadores, asegurados de los mismos beneficios que brinda la seguridad social, entre otros, el servicio de guardería. De igual forma, este trato diferenciado deriva también en la asignación a la mujer del rol del cuidado de los hijos, por el solo hecho de serlo, lo que implica un estereotipo de género. Esto es la preconcepción de que es la mujer a la que corresponde la responsabilidad de la crianza, la atención y el cuidado de los hijos, sin considerar que esta es una responsabilidad compartida de los padres que deben participar en igual medida. Este trato asimétrico ni siquiera atiende el papel de madre de la mujer, pues si se examinan los supuestos en los que la ley concede al trabajador el beneficio de recibir el servicio de guardería, condiciona el servicio a los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, a que no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato. Esto es, mientras no establezcan una relación de matrimonio o concubinato, que se supone contar con una mujer para hacerse cargo de los hijos del trabajador, podrán contar con el servicio, lo que conlleva una diferenciación estructural que subyace en las normas asignado a la mujer un determinado papel en razón exclusivamente de género, reafirmando la visión estereotipada, situación de desventaja que permea en la norma reduciendo a la mujer el papel de cuidar del hogar y los hijos. De ahí que sin que exista justificación objetiva para un trato diferenciado, la norma cuestionada deriva en una situación de discriminación al restringir a determinados supuestos el derecho del trabajador a gozar del servicio. Lo anterior en contravención a lo dispuesto en el último párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, el Estado está obligado a garantizar a través de la ley igualdad de condiciones para que ambos padres puedan contribuir en pleno desarrollo de la familia, velando siempre el interés superior de menor, máxime si se toma en cuenta que los niños tienen derecho humano a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educción y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Como consecuencia de lo anterior, se considera que se violan los derechos de la niñez y el interés superior del menor al privarlos del acceso del servicio de guardaría que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su padre y limitarlo en forma discriminatoria únicamente a las mujeres aseguradas. Conviene tener presente que legislar con perspectiva de género constituye un método de que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género. Es decir, legislar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discrimina e impiden la igualdad. Es por ello que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.