El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias. Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Hace poco más ya de dos décadas que aparecieron las primeras disposiciones legales en materia ambiental en nuestro país. El gobierno federal ha puesto especial atención al diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a la protección de los recursos naturales con los que contamos en nuestro país. Dichas políticas se han buscado siempre sustentar en diferentes preceptos jurídicos, cada día más especializados. Tan es así que nuestra propia Constitución el día de hoy señala y reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, lo que sin duda establece bases sólidas para la conformación de nuevos cuerpos normativos que garanticen la adecuada protección y defensa de este derecho. No obstante lo anterior, el constante deterioro de los ecosistemas, y por ende de los recursos naturales, principalmente a causa de la intervención negativa del ser humano, nos advierte que desafortunadamente no se ha logrado generar una conciencia colectiva de respeto y compromiso por el cuidado del medio ambiente. A pesar de que las conductas degradantes de la naturaleza se encuentran reguladas de una u otra manera a través de las responsabilidades administrativas, civiles o penales, estas no han sido suficientes ni han alcanzado los objetivos para las que fueron creadas, y menos aún la responsabilidad penal a una persona por el cumplimiento de la ley ambiental, lo cual frecuentemente ha sido percibida como un ejercicio jurídico excepcional, imperfecto y poco eficaz. En este sentido, nos parece que es absolutamente urgente escalar el incremento en la punibilidad de los delitos ambientales para poner un alto a la creciente tasa de acciones que constituyen un delito contra la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Aunado a lo anterior, resulta oportuno puntualizar, como muchas veces lo hemos dicho aquí, que México es uno de los países más megadiversos del planeta. Sin embargo, encabeza la lista de países con más zonas donde habitan especies en peligro de extinción. Actualmente la Semarnat reconoce alrededor de 2 mil 500 especies, tanto vegetales como animales, que se encuentran con algún tipo de amenaza. En ese contexto, mientras el país ocupa los primeros lugares en extinción de especies, las políticas de conservación no han logrado frenar los fenómenos de deforestación y defaunación. Es que la riqueza biológica de México ha propiciado que el comercio ilegal y la utilización de especies de flora y fauna hayan sido una actividad cotidiana altamente lucrativa desde tiempos muy remotos y que lamentablemente esto continúe y sea cada vez más grave y difícil de controlar. Estas especies de flora y fauna son extraídas y comercializadas ilegalmente con diversos fines, que van desde el uso doméstico, como mascotas exóticas o materia prima para la elaboración de productos, hasta incluso su utilización en prácticas religiosas y de otro tipo de tradiciones. El tráfico de especies genera una crisis ambiental que amenaza la biodiversidad a nivel mundial. No obstante, también representa una de las actividades ilegales más lucrativas en el mundo, lo cual dificulta por supuesto su erradicación, ya que en esta participa de manera demostrada el crimen organizado. Si bien, tanto a nivel nacional como internacional existen cada vez más regulaciones en cuando al tráfico de vida silvestre, lo cierto es que la misma no ha sido suficiente para inhibir la conducta antisocial, o bien para establecer parámetros objetivos de sus alcances, dimensiones, perjuicios y los daños irreversibles que esto genera al medio ambiente de manera global. La finalidad de incrementar las sanciones no es otra más que generar la ejemplaridad en la pena y, con ello, inhibir la realización de una conducta que aunque no lo parezca, nos termina afectando a todos de manera muy seria. Por lo anterior y en concordancia con lo dictado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, mismo que indica que le corresponde al Estado garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, así como que el daño y deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque, celebramos la aprobación del presente dictamen que tiene su origen en dos iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con objeto de inhibir las acciones dolosas contra el medio ambiente, incluyendo, por supuesto, el tráfico de especies. Es cuanto, diputado presidente.