El diputado José Guadalupe Vera Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Me permito presentar esta iniciativa en esta alta tribuna con la finalidad de someter, por su conducto, a consideración del poder reformador de la Constitución la presente iniciativa de reforma constitucional, que pretende la creación de la figura de testigos sociales como medios garantes de la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de licitación que llevan a cabo los órganos públicos. Sin duda, hasta hace pocos años la práctica cotidiana -y comúnmente aceptada- era la falta de honradez y claridad en el manejo de los recursos públicos. En ese sentido, la corrupción ensombrecía el porvenir de nuestra nación. Afortunadamente, a partir del sexenio anterior, derivado de la comunión entre la voluntad política y la exigencia ciudadana, se han realizado esfuerzos importantes por dotar de instrumentos jurídicos claros que transparenten la gestión gubernamental y rindan cuentas a la ciudadanía respecto del destino de los recursos públicos. Sin duda, la fundamentación para una rendición de cuentas se sintetiza en la razón de ser de todo gobierno, en el hecho de que es la ciudadanía mediante elecciones quien delega en ciudadanos la administración de su hacienda pública, que para su gestión le paga con salarios decorosos y en ocasiones excesivos. Por ello, debe informar sobre toda su gestión y ser reconocido por mantenerse dentro de la ley o ser sancionado por haberla violado. Es precisamente por lo anterior que, la iniciativa que se presenta pretende involucrar a la sociedad en la revisión de los procesos de decisión para la asignación de los contratos de obra pública o de prestación de servicios. Así las cosas, actualmente la figura de testigos sociales son personas físicas o morales, representantes de la sociedad civil, que participan con voz en las contrataciones que llevan a cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal y cuando aplican recursos federales de las administraciones públicas estatales emitiendo al término de su participación un testimonio sobre el desarrollo de las mismas, además de que en cualquier momento de la contratación alertan sobre presuntas situaciones irregulares. Los testigos sociales -por la propia complejidad de la contratación y la alta responsabilidad que conlleva- son expertos en contrataciones con alto reconocimiento, prestigio, experiencia y compromiso social. Como es posible observar, la participación no sólo de la sociedad, sino de órganos técnicos con los conocimientos y capacidad suficiente para validar los procesos de licitación y representar los intereses sociales es un imperativo para fomentar el escrutinio público y evitar actos de desvío y de corrupción. Ahora bien, la presente propuesta pretende potencializar la figura de los testigos sociales, al proponer que sean las universidades públicas e instituciones de educación superior las que participen en los procesos de licitación. Así, bajo este esquema, se garantiza que la supervisión de los procesos se realizará por personas con los conocimientos técnicos requeridos para llevar a cabo dicha encomienda, así como también, al existir una contraprestación promedio, se fomenta el ingreso de recursos para dichas instituciones. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en suma a la presente reforma constitucional pretende fortalecer la legitimidad democrática de nuestras instituciones y propiciar la transparencia y rendición de cuentas de los actos públicos. Espero que en fecha próxima, en esta tribuna, estemos discutiendo la aprobación de la misma. Muchas gracias.