El diputado Roger David Alcocer García (PRI): Gracias, diputada Presidente. Le solicito por favor que se inscriba el texto íntegro en el Diario de Debates. El que suscribe, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación, a llevar al cabo una auditoría especial sobre los procedimientos de licitación, supervisión de obras y rescisión de los contratos adjudicados a la empresa constructora Facopsa, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo las siguientes consideraciones: Llamo la atención sobre este asunto delicado, abordado ya en nuestra Cámara colegisladora y que es el inconveniente de importantes sectores carreteros del país, con problemas en la ejecución de sus obras de ampliación y modernización por incumplimiento de la empresa Facopsa, a la que recientemente le fueron rescindidos esos contratos. Esta empresa ha demostrado ampliamente que cuenta con suficientes influencias para que se le haya tolerado desde hace 3 años la adjudicación del contrato para la ampliación de 59 kilómetros del tramo Mérida-Kantunil que forma parte de la autopista Mérida-Cancún, habiendo suspendido unilateralmente la obra. Me refiero a estos 3 años que han sido altamente perjudiciales para el transporte en todas sus modalidades entre Mérida y Cancún. El subsecretario de infraestructura, Jorge Fernández Varela, en su comparecencia ante el Senado el 21 de abril pasado, se comprometió públicamente a que a más tardar en julio de ese mismo año pasado la obra se terminaba, pero no fue así. Los medios de comunicación de Yucatán han seguido puntualmente estas anomalías. En su reciente comparecencia de octubre pasado, ante esta soberanía, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola Weber, confirmó la rescisión de los 7 contratos que tenía adjudicados en el sureste la empresa Facopsa, pero resulta que toda la sanción que ha recibido hasta el momento esa constructora, es únicamente la suspensión de la obra. Debemos mencionar que Facopsa tiene gran cantidad de contratos asignados en los estados de Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Morelos y Yucatán, entre otros, siendo que una mayoría de ellos no ha cumplido con los tiempos de construcción y nada pasa, pues mucho menos nadie es responsable. Por estas razones, ciudadanos senadores del estado de Yucatán propusieron a nuestra colegisladora y lograron la aprobación de un punto de acuerdo para requerir a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sendas investigaciones sobre el particular. Nos parece, ciudadanos diputados, que las sanciones que se le han impuesto no corresponden al daño económico, material y humano que la empresa Facopsa ha infligido en nuestra entidad federativa, y que aún falta por revisar la situación que guarda su actuación en los tramos Bacalar-Chetumal y Ciudad del Carmen, Campeche. Por lo tanto, proponemos el siguiente punto de acuerdo: Que esta soberanía solicite a la Auditoría Superior de la Federación conozca, investigue e informe si existe algún hecho o acto que pudiera ser constitutivo de responsabilidad y /o negligencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la Ley Federal de Obra Pública y demás ordenamientos pertinentes, correspondiente a la asignación, avance de obra, rescisión de la obra de ampliación de la empresa Facopsa sobre los tramos mencionados. Segundo. Que se exhorte a la SCT informe a esta soberanía sobre el estatus de los contratos suscritos con esta empresa en el país y al mismo tiempo dar informe sobre la concesión otorgada de la autopista Amozoc-Perote, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, para así tener certidumbre de fincar responsabilidades a los funcionarios correspondientes. Gracias, diputada Presidenta.