La diputada Martha Tagle Martínez: En primer lugar, quiero decir que algo que me sorprende y ojalá y eso nos lleve a la reflexión seria en este momento en la Cámara de Diputados, es que al aceptar la reserva que presentó la diputada Ramírez Lucero, el tema necesariamente se va a devolver al Senado, porque es una minuta que viene del Senado. Y, por lo tanto, ojalá nos diéramos el tiempo entonces, de discutir seriamente estas reservas, porque hay un dictamen de la Comisión de Justicia que supera, por mucho, la minuta que llegó del Senado, y le dieron prisa a la minuta del Senado para que quedara aprobada. Pero al aprobar la reserva que presentó la diputada Ramírez Lucero, el tema nuevamente queda sin aprobarse, algo que es de celebrarse porque hace falta mucho por hacer a este dictamen. Ojalá, diputados de la mayoría, reconsideren la aprobación de este dictamen, y nos demos el tiempo de discutir el que preparó la Comisión de Justicia, porque insisto, en ese hay muchos mayores elementos para poder realmente regular la prisión preventiva oficiosa. Otra cosa que me parece importante decirles es, que si se tuviera que definir en una sola palabra cuál es el método de legislar de las mayorías en esta LXIV Legislatura, la mejor palabra para definirlo es chimoltrufio, así como legislan una cosa, legislan otra. Apenas el 22 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas en materia de la Ley de Amnistía, que buscan o que tienen como objetivo sacar de la cárcel, particularmente a aquellas personas que han llegado de manera injustificada a la cárcel. Y hoy estamos en la discusión de exactamente lo contrario. Reformas a diferentes ordenamientos legales que tienen como objetivo llevar a la cárcel, precisamente, a aquellas personas que al no tener un medio de defensa idóneo –es decir, que carezcan de los recursos para proveerse de una defensa legal adecuada–, justamente llegarán a la cárcel. Así que, simple y sencillamente habría que apelar a su congruencia porque, o sacan a las personas de la cárcel o las meten, pero simple y sencillamente las dos cosas no se pueden hacer, sobre todo porque estamos hablando de las personas de más escasos recursos y de una violación a los derechos humanos. Quiero, en este momento presentar algunas reservas que me hicieron llegar a través del colectivo Justicia sin Pretextos, que ahora soy la voz de ellos, simple y sencillamente para presentar y poner a consideración de ustedes estas reservas que me parecen fundamentales. En materia de defensa y protección de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, eliminar la prisión preventiva oficiosa por considerarla contraria a estos. Particularmente en el caso del Estado mexicano, la Corte Interamericana ha expresado su preocupación por las diversas reformas legislativas que buscan ensanchar el catálogo de delitos para la aplicación de la prevención preventiva automática u oficiosa. Dado que estas iniciativas son contrarias a los principios que rigen la utilización del uso de la prisión preventiva, lo que convierten a esta medida en una pena anticipada. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado en diversas ocasiones desde 2010, invitando a nuestro país a eliminar la prisión preventiva oficiosa. Si bien, reconoce que la prisión preventiva es una figura permitida por el derecho internacional, siempre y cuando se determine su pertinencia por la autoridad judicial de manera individualizada, caso por caso. Es la prisión preventiva oficiosa la que resulta irreconciliable con los derechos humanos, pues automatiza el encarcelamiento de todas las personas acusadas por un determinado delito, sin permitir que el juez en cada caso, según las circunstancias, haga las consideraciones necesarias. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos en nuestro país ha manifestado en muchas oportunidades que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos, en particular cuando esta trasgrede diversos derechos humanos como la libertad personal, de tránsito, el debido proceso, la seguridad jurídica a la presunción de inocencia y contraviene el derecho internacional de los derechos humanos. Además de que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia, promueve la ineficiencia de fiscales y jueces al ahorrarles la valoración de la procedencia de la prisión preventiva, caso por caso. Es muy importante decirles que, de acuerdo al Inegi, en sus estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en 2017, el uso excesivo de la prisión preventiva ha contribuido –y escúchenlo bien– a llenar las cárceles del mundo. La evidencia mexicana es que más del 40 por ciento de los presos se encuentran sin sentencia. De acuerdo con la proporción de personas sin sentencia, 21 entidades se encuentran por encima del nivel nacional y 14 estados están arriba del promedio de la región. Por si esto no fuera necesario, para el caso femenino, para el caso de las mujeres, se agudiza el problema, 30 estados superan el promedio nacional y 25 el estándar latinoamericano. En Michoacán se reportó que todas las mujeres que están privadas de la libertad carecen de condena. Todas las mujeres que están en Michoacán en cárcel carecen de condena. En Aguascalientes, Baja California Sur y Durango, 78 por ciento de las mujeres reclusas se encontraban sin sentencia, salvo en Michoacán de Ocampo, ninguna entidad alcanza la cifra anterior para el caso de los hombres. En la minuta que el Senado remite a la Cámara de Diputados se establecen nuevas causales para implantar la prisión preventiva oficiosa, una categoría a la que aplicaría la prisión preventiva oficiosa que ni siquiera remite a una figura típica como la zona de los delitos cometidos por medios violentos, como son el uso de los objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de una arma de fuego. Esta ampliación es abiertamente inconstitucional, ya que establece un supuesto demasiado amplio en el que afectaría la libertad de las personas que utilicen juguetes como armas de fuego, y que no está autorizada en la Constitución. Otro caso en el mismo sentido sería la redacción y propuesta de la fracción XI, que pretende introducir el Senado al artículo 167, donde se establece la prisión preventiva oficiosa a delitos que representan un alto número de los catalogados como delitos contra la salud. Antes de tomar una decisión sobre el encarcelamiento automático de personas detenidas por delitos contra la salud, es necesario revisar el impacto que tendría una disposición de esta naturaleza. Hasta mayo de este año había 209 mil personas privadas de la libertad en México, tanto del fuero común como del fuero libertad por delitos contra la salud. De acuerdo con esta información, 40 por ciento de ellas privadas de su libertad no cuentan con una sentencia. La política penal contra delitos por la salud ha implicado que un importante número de personas, especialmente jóvenes, sean criminalizados y encarcelados. Ello ha significado que sectores completos de la sociedad vean vulnerado su derecho a la vida. Además, ha implicado importantes gastos del Estado. Por otra parte, en materia de robo a casa-habitación nos parece importante que el dictamen que se elaboró en la Comisión de Justicia por la Cámara de Diputados acota de manera objetiva los supuestos que aplicaría la prisión automática en estos casos, al establecer con un mínimo del valor de lo robado y además se realice con medios violentos. Esta redacción podría permitir a personas que tienen acceso consentido a un homicidio, escúchenme bien, como son los parientes cercanos y personas trabajadoras del hogar, que son imputadas por el delito de robo llevar un proceso en libertad. No hagamos que las personas trabajadoras del hogar sean acusadas por robo en domicilio y lleguen a la cárcel por este supuesto. Con respecto a la fracción XV, sobre el uso de programas sociales con fines electorales –para quienes han presumido aquí que por fin se va a acabar la corrupción– el Senado es omiso tratándose del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual es erróneo, ya que las facultades legislativas en materia procesal penal, como es la prisión preventiva, solo pueden regularse en una ley de carácter nacional y no simplemente en la legislación federal o local. Los supuestos en materia electoral están más acotados en el dictamen de la Cámara de Diputados. En el caso de la categoría enunciada en la constitución de delitos de corrupción, específicamente en los tipos penales que refiere, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, en el Senado no se acotan los supuestos en los que aplicaría la prisión preventiva oficiosa, solo los menciona en el segundo párrafo del artículo 167. Sobre el robo de transporte de carga, de la reforma constitucional del artículo 219 se declaró el robo de autos, transporte, como un delito del fuero federal. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos que de enero a junio de 2019 se han cometido 6 mil 16 atracos, es decir, el casi el 2 por ciento más que el año pasado. También existen algunas omisiones graves en la minuta del Senado, solo se contemplan los supuestos específicos en la ley federal correspondiente, lo cual es un error por tratarse de normas de delitos cometidos en materia de hidrocarburos y no materia procesal, que debían estar en una legislación de carácter nacional, como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, en el supuesto se introducen, deja en mano de particulares su aplicación. Establecer que si existe voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio puede no aplicarse la prisión preventiva. Finalmente, consideramos que para el trabajo de la elaboración del dictamen de la minuta deberían tomarse en cuenta los trabajos que sobre la materia se desarrollaron en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y que consideran que no es necesaria la repetición de este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, la minuta del Senado incurre en errores sobre la materia. Finalmente, en Movimiento Ciudadano no estamos a favor de la prisión preventiva oficiosa, desde un principio hemos señalado que la reforma no cumple con los propósitos para los cuales fue creada: disuadir el delito. No garantiza el acceso a la justicia de las víctimas. Además, así fue planteada la prisión preventiva oficiosa, debilita aún más a nuestras instituciones. Quiero señalar que la impunidad en México coincide con alta presencia de personas inocentes que esperan su liberación de las cárceles y no pueden aguardar su sentencia en libertad, porque el delito que se les imputa, en muchas ocasiones de manera indebida, está en la lista de prisión preventiva oficiosa. Compañeras y compañeros legisladores, de verdad, espero que se tomen con seriedad la reforma que hoy se está discutiendo, en virtud, además, que han tomado la decisión de aceptar una de las modificaciones y ello nos da el tiempo, de verdad, a que tomemos esta reforma con mucha seriedad, por los impactos que puede tener en la vida de las personas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.