EL C. DIP. ALEJANDRO RAFAEL GARCIA SAINZ ARENA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México pone a consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo: Mediante el programa de las 250 micro regiones de la SEDESOL, así como dentro del proyecto sexenal de electrificación de poblados rurales de más de 100 habitantes, se ha proyectado introducir energía eléctrica a la región del Gran Nayar en la sierra Madre Occidental, específicamente en los estados de Nayarit y Jalisco. Se tiene proyectado instalar una red de cableado eléctrico de 200 kilómetros, atravesando de oeste a este sin haber sido sometida al procedimiento de valuación de impacto ambiental que de acuerdo al artículo 28 fracción II de la Ley General de Equilibrio Ecológico y para la Protección al Ambiente, la Comisión Federal de Electricidad debe presentar a la Secretaría de Medio Ambiente. Este proyecto contradice la propia política energética propuesta por esta Administración; viola la misma LEGEPA; la Ley Forestal, la Ley de Vida Silvestre, diversos programas sectoriales así como diversos convenios internacionales suscritos por México, incluyendo el convenio sobre biodiversidad, así como el Protocolo de Kioto sobre cambio climático; el artículo 169 de la Organización Internacional de Trabajo y particularmente el Programa de Electrificación Rural con Energía Renovable que promueve la Secretaría de Energía. Fomentar la generación de energía eléctrica en la forma en que se ha venido haciendo no sólo produce más contaminación, sino que pone en seria desventaja estratégica a nuestro país, ya que estaríamos condenando a las próximas generaciones de mexicanos a un grave problema energético. Tenemos ahora la responsabilidad de tomar decisiones y realizar acciones que no comprometan el futuro energético de los mexicanos. Pero no sólo a nivel agregado la obra que hoy cuestionamos pondría en riesgo al medio ambiente y a la población, sino que a nivel local la creación de la aparatosa infraestructura amenaza el contexto natural y cultural de los habitantes del Gran Nayar. Es una obra ineficiente que promueve la inequidad, tan sólo una octava parte de la población de la región se verá beneficiada. De no realizarse la evaluación de impacto ambiental, los supuestos beneficiarios por el proyecto, así como las comunidades aledañas, podrían sufrir graves daños en su patrimonio natural, así como en términos económicos, culturales y de otra índole. Para la ejecución del proyecto del Gran Nayar, se elaboró un convenio entre la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, la SEDESOL, la Comisión Federal de Electricidad, los Gobiernos de los Estados de Nayarit y Jalisco, el municipio de Mixquitic, Jalisco, y otros municipios de Nayarit. Cabe mencionar que la población involucrada en la obra no participó en la definición del proyecto, ni tan sólo se preguntó a algunos miembros de la comunidad si tan sólo querían electrificación o no. Tampoco se les presentaron alternativas tecnológicas de vanguardia ni se les ha dado la oportunidad de reflexionar sobre las repercusiones de la obra a la autonomía de sus territorios. Con base en cotizaciones de empresas mexicanas, la Organización "Conservación Humana, A.C.", por ejemplo, ha propuesto como alternativa la electrificación con energía solar, la que tendría un costo de aproximadamente 40 millones de pesos y que además beneficiaría a una población de 43 mil habitantes; estas cifras difieren con el costo del proyecto de gobierno, que se estima en más de 60 millones de pesos. Ya es momento de que en nuestro país se dejen de tomar decisiones que afectan a la sociedad en general por un grupo reducido de funcionarios, sin considerar todos los aspectos sociales, económicos, técnicos y naturales relacionados y sin involucrar a la población afectada por las mismas, o peor aún, con el caso en cuestión, ya que se toma la decisión faltando a las instancias que el propio orden jurídico establece, por lo cual presentamos el siguiente "PUNTO DE ACUERDO "PRIMERO.- Se mandata a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, para que en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, realice las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados y acto seguido se emita la resolución correspondiente. "SEGUNDO.- Con base al mismo ordenamiento, se mandata a la Comisión Federal de Electricidad para que someta su proyecto de electrificación al procedimiento de evaluación del impacto ambiental conforme a la legislación ambiental. "TERCERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en el proyecto de Electrificación del Gran Nayar, considere las alternativas presentadas por grupos ambientalistas y de la sociedad civil, así como el Programa de Electrificación de Zonas Rurales con energías renovables de la Secretaría de Energía, considerando los aspectos económicos, sociales y ecológicos y para que en un ejercicio transparente y democrático de construcción de la política pública, involucre en la decisión a las comunidades afectadas por el proyecto". Es cuanto y firman al calce el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Energía y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Bortolini Castillo, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre el posible desalojo de comunidades indígenas de la reserva natural de Montes Azules, Chiapas.