La diputada Irene Aragón Castillo: Con su venia, señor presidente. El artículo 3o. de nuestra Constitución Política consagra el derecho de toda persona a recibir educación con el objetivo de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; mientras que la Ley General de Educación establece algunas disposiciones para el pleno ejercicio del derecho a la educación en condiciones de equidad y de igualdad de oportunidades. Sin embargo, la discriminación en todas sus formas, la violencia en sus distintas modalidades y la desigualdad de oportunidades en torno al desarrollo sociocultural de las mujeres y las niñas, son condiciones de vulnerabilidad que obstaculizan el cabal cumplimiento de nuestras garantías constitucionales. Paradójicamente, uno de los indicadores que demuestran que las prácticas discriminatorias y vejatorias de los derechos humanos de las mujeres no han disminuido es el que se refiere sí, precisamente, a la educación. Cuando se limita el acceso de las mujeres a la educación básica que imparte el Estado, también se limitan las cualidades esenciales y las capacidades que las mujeres mexicanas podemos aportar en la construcción de un país equitativo e igualitario. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha señalado de manera categórica, en diversos informes, que para alcanzar las metas mundiales de desarrollo es necesario incrementar el número de niñas que asistan a la escuela, en virtud de que las tasas de analfabetismo son todavía más elevadas entre las mujeres, en comparación con los hombres; y advierte que las niñas sin educación son más vulnerables a la pobreza, al hambre, a la violencia, al maltrato y a la explotación. Cifras del Instituto Nacional de las Mujeres contenidas en el informe Pasos hacia la igualdad de género en México, 2007, reflejan que 9.6 por ciento de las mujeres de 15 años y más, no posee ningún tipo de escolaridad; 20.4 por ciento de las mujeres en México no cuentan con la educación básica y tan sólo 30.5 por ciento de las mujeres cursaron nivel alguno de educación post básica. Lo anterior deriva en la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, dado que un tercio de las mujeres obreras ganan el 67 por ciento menos que los hombres con el mismo puesto, de manera que la privación y limitación del derecho a la educación de las mujeres es un factor desencadenante de otras condiciones de desigualdad de los diferentes ámbitos de vida. Por tales razones, en nuestro grupo parlamentario consideramos indispensable la armonización de nuestra legislación con perspectiva de género, con el objetivo de prevenir y erradicar la discriminación en contra de las mujeres. Consideramos imperioso avanzar, desde temprana edad, en un tipo de educación que fomente el respeto de los derechos humanos y los principios de igualdad. Respecto al ámbito internacional el dictamen de comisiones unidas que hoy se somete a su consideración, incorpora algunos de los principios señalados por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a efecto de establecer la obligación del Estado mexicano para instrumentar acciones que garanticen el derecho de las mujeres a la educación a través de la aplicación de programas que abatan la deserción y estimulen su participación y reingreso en el proceso de aprendizaje. De modo que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se pronuncia a favor de la incorporación del principio de igualdad en la educación que imparte el Estado mexicano, con el objetivo de promover la cultura de los derechos humanos de las personas y especialmente de las mujeres. De manera congruente con nuestros principios e ideologías, nos pronunciamos a favor de una cultura que propicie la erradicación de la violencia de género, de la discriminación contra las mujeres, adolescentes y niñas. Es cuanto, señor presidente.