El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, las contribuciones que hacemos por el uso, aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por los servicios que presenta el Estado, son fundamentales para que se cumpla con las obligaciones del Estado mexicano. En ello radica la importancia de adecuar la Ley Federal de Derechos. El dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que hoy se pone a consideración del pleno, tiene como objetivo adecuar el catálogo de costos administrativos que han caído en desuso, así como armonizarlos a las reformas estructurales que fueron aprobadas en el seno del Poder Legislativo. En Nueva Alianza hemos impulsado, como un principio económico, la simplificación del sistema tributario y administrativo, ya que es sumamente complejo y dificulta que los ciudadanos den pronto cumplimiento a sus obligaciones, tanto fiscales como administrativas. La excesiva y compleja regulación dificulta la determinación y pago de las contribuciones implicando altos costos, situación que constituye un factor que desalienta no sólo su cumplimiento, sino que genera gastos innecesarios en el erario público en costosos aparatos burocráticos. Al armonizar y derogar el cobro de derechos que han dejado de ser vigentes en la administración, nos orientamos hacia un sistema mucho más sencillo y menos complejo, la intención es facilitar el pago de los derechos a los contribuyentes y agilizar los trámites administrativos a los que deben acudir. Cabe destacar, que en el dictamen de mérito se hicieron los ajustes derivados de la reforma financiera, otorgando una mayor certidumbre jurídica que les permita transitar esquema de cobro por los servicios que la autoridad en materia financiera llevará a cabo con motivo del nuevo esquema financiero. Las nuevas atribuciones otorgadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos obliga a reestructurar los derechos por los servicios que presta, incluyendo los nuevos trámites, así como el procedimiento para otorgar concesiones sobre el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales. Finalmente, se proponen una serie de medidas orientadas a exentar el pago de ciertos derechos, con la intención de apoyar a los ciudadanos de determinados sectores, tal es el caso de la expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento en los consulados mexicanos, o bien, liberar el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de uso común del dominio público federal, para labores de investigación científica. Con lo anterior, se logrará obtener el horizonte de recaudación establecido en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016, de 41 mil 761 millones de pesos por el concepto de derechos, principalmente por la prestación de servicios, lo que se refleja en un 3.4 por ciento en términos reales de lo estimado a recaudar en 2015. Como grupo parlamentario nos abocamos a que el sistema de derechos se apegara a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad a través del pleno respeto al costo del servicio que genera para el Estado la prestación de los servicios públicos. El costo del servicio debe implicar la adecuada proporción entre el servicio público y la cuantía del derecho. Y de una razonable o prudente proporcionalidad entre ambos términos. Este criterio permite al Estado fijar el importe de los derechos, no solo con base en el costo total del servicio sino que se deben tomar en cuenta sus ingresos, aspectos y circunstancias especiales, como son el valor de oficinas, instalaciones, equipo, pago de personal y demás gastos que origina la prestación del servicio en sus diversos tipos, a efecto de que se genere un costo abstracto e igual para todos. Hoy damos nuestro voto a favor del dictamen con la consigna de que Nueva Alianza seguirá proponiendo las adecuaciones que sean necesarias para mejorar las finanzas públicas del país y facilitar el sistema tributario y administrativo del país. Es cuanto, señor presidente.