El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor presidente; compañeras, compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para exponer ante ustedes la necesidad de detener el saqueo histórico de que han sido objeto nuestros recursos mineros, y por tanto de modificar nuestra Ley Orgánica para crear la comisión ordinaria de Asuntos Mineros y dar así la debida atención a las diversas aristas normativas, políticas, económicas y fiscales que han posibilitado este saqueo y propiciar las condiciones que permitan poner en el centro de debate nacional a nuestro pujante sector minero, no solo como generador de riqueza de unos cuantos, sino como motor de desarrollo de todos los mexicanos. La industria minera en México se encuentra hoy en pleno esplendor. En el 2010 inició su despunte, gracias al auge internacional del mercado de metales. Actualmente se ubica entre los primeros 15 lugares del mundo en la producción de 22 minerales diferentes, ocupando el primer lugar en producción de plata y encontrándose entre los 10 principales en la extracción de oro, bismuto y plomo. Lo anterior se traduce en que en 2011, después del referido repunte que inició en el 2010, el valor de la producción minera fuera de 16 mil 761 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 46 por ciento respecto a 2010 de acuerdo a cifras oficiales. En ese mismo año, conforme a la Cámara Minera de México, las exportaciones tuvieron un valor de 22 mil 526 millones de dólares, ubicándose como el cuarto generador de divisas netas al país. Estas cifras adquieren aún más relevancia; si consideramos que la exploración en nuestro país alcanza apenas el 30 por ciento de los yacimientos, es decir, si atisbamos que existe un 70 por ciento que resulta apto para el desarrollo de proyectos de exploración y explotación. Por mencionar sólo un caso, en las montañas de Guerrero región que vergonzosamente destaca por sus altos índice de pobreza y marginación y bajos niveles de desarrollo humano se han descubierto depósitos que compañías mineras piensan que podrían convertirse en las minas de mayor concentración de la historia reciente. La pujanza económica de este sector no encuentra, sin embargo, referente equiparable en el marco normativo que lo rige, ni en las condiciones laborales de quienes representan el inicio del eslabón de los cuantiosos dividendos que produce, ni en la derrama económica que deja para las comunidades en donde se instala, ni en la protección y el cuidado al medio ambiente y el patrimonio cultural. Los procesos de apertura y liberalización de la economía que significaron la modificación sustancial del marco normativo con el objeto de crear entornos favorables y competitivos para la atracción de inversiones, lejos de promover la regulación, vigilancia y promoción del proyecto económico y social, contribuyen a aumentar la opacidad y el régimen de privilegios que privaba en el sector, pero que ahora bajo el auspicio del capital extranjero cuentan con el apoyo. De esta forma, la Ley Minera y las prácticas administrativas gubernamentales favorecen la promoción de la inversión en el sector sobre la salvaguarda de los ecosistemas y la protección de diversos derechos consagrados en nuestra Carta Magna. Por si fuera poco, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Economía, el territorio nacional concesionado a empresas aumentó 35 por ciento en cinco años y medio del gobierno del Felipe Calderón, al pasar de 21 millones 248 mil hectáreas en 2007 a 32 millones 573 mil hectáreas hasta junio del presente año. Comparativamente tal cifra equivale al 16.6 por ciento del territorio nacional, superficie que supera los territorios de Chihuahua y Chiapas. En contraste, el número de puestos de trabajo en este sector durante este gobierno, creció tan solo 12.7 por ciento. Los trabajadores laboran en medio de precarias condiciones de higiene y seguridad, violentando sus derechos laborales y propiciando diversas tragedias humanas, así como el lanzamiento a huelga en estados como Guerrero, Sonora y Zacatecas, varias de las cuales continúan sin resolverse en detrimento de las familias y comunidades enteras. Conforme al informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, diversas irregularidades y anomalías se han presentado en lo que respecta al registro de las concesiones y el pago de derechos correspondientes. Las cuotas se pagan por una concesión que por cierto, tiene una duración hasta 50 años con posibilidad de renovarse otro medio siglo. Son inferiores a los costos de los trámites administrativos para otorgarla e infinitamente menores si se les compara con el valor de la producción. Esto es, a diferencia de lo que ocurre en otros países en los que las empresas entregan al fisco una regalía proporcional a la ganancia obtenida, en México pagan sólo un derecho de explotación que más que simbólico resulta ofensivo, si consideramos que los recursos minerales son propiedad de todos los mexicanos. Compañeras y Compañeros, en el marco de estas discusiones y aprobación de las comisiones ordinarias en esta Cámara de Diputados, esta iniciativa busca someter a la consideración de esta soberanía, la inclusión de la comisión ordinaria de asuntos mineros a fin de que en su seno se atiendan, discutan, orienten, cuestionen y normen, todos los asuntos relacionados con el tema de la minería. Es cuanto, señor Presidente.