El diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados del honorable Congreso de la Unión. El objetivo de los sistemas de agua es atender a la ciudadanía que le confiere la administración del sistema de aguas. Los beneficiarios de sus servicios, los usuarios, sus clientes, son ciudadanos con poder de voto y decisión en el sistema, patrones del organismo y copropietarios de la infraestructura; y no, desde luego, con objeto de lucro. El usuario le ha conferido a los sistemas de agua la obligación de mantener, acrecentar y administrar su patrimonio, hacerlo eficientemente útil y duradero. Además, los sistemas tienen la facultad de preservar el recurso para no afectar los intereses de las generaciones futuras. El marco legal ha sido creado por instituciones especializadas o por representantes electos para prever riesgos y ofrecer las mejores garantías posibles al ciudadano que solicita servicios públicos; sin embargo, esas disposiciones pueden estar incompletas y, por tanto, son perfectibles. Es por ello que es necesario reconocer la problemática financiera que estos organismos operadores de agua tienen dado que el servicio que brindan tiene características sociales, pero no los servicios públicos que éstos pagan. Los energéticos como la gasolina, el diesel, el combustóleo y la energía eléctrica que son empleados directamente en las actividades para satisfacer el servicio de agua potable para uso doméstico, así como para atender las demandas de sus comunidades por contingencias climatológicas, para lo cual, entre otros, se requieren motores para bombeo y rebombeo, vehículos de fuerza motriz, maquinaria y motores fuera de borda. Los sistemas de agua potable son considerados como cualquier empresa de la iniciativa privada, verbigracia, en los últimos tres años la tarifa H6 impuesta por la Comisión Federal de Electricidad a dichos organismos se ha incrementado más de 30 por ciento, y qué más que añadir el deslizamiento gradual de las gasolinas y sus derivados. El fin del marco legal en torno a los derechos y obligaciones de un sistema de agua es preservar los recursos hídricos e hidráulicos para que la ciudadanía actual y futura proporcione un servicio de calidad, pero también el objeto más importante que es el interés social. Cuando una disposición legal o su vigilancia fallan suele haber quejas, peticiones y demandas de la ciudadanía, transformar esas inquietudes en leyes y reglamentar apropiados y establecer mecanismos para asegurar su cumplimiento es nuestra responsabilidad como legisladores. El principal sustento legal para la administración del agua en la República Mexicana es el artículo 27 de la Constitución, que establece que las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional son propiedad de la nación. El Ejecutivo federal puede autorizar la explotación, el uso o el aprovechamiento a particulares mediante concesiones y a los gobiernos estatales y municipales mediante asignaciones. En la actualidad la federación ejerce tales funciones a través de la Comisión Nacional del Agua. El artículo 27 constitucional está reglamentado por la Ley de Aguas Nacionales, el artículo 115 de la Constitución establece a partir de las reformas del 23 de diciembre del 99, la responsabilidad plena de los municipios de prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales dentro de su jurisdicción, el municipio podrá operar dichos servicios mediante órganos descentralizados. Deseo subrayar el hecho que no existe una ley reglamentaria para el artículo 115 constitucional de la materia. En relación a lo anterior, los gobiernos estatales han creado las comisiones estatales de agua que procuran respetar la soberanía de los municipios y a la vez observar las leyes federales. Estas comisiones coordinan a los Sistemas de Agua Municipales, que de otra manera estarían aislados. Las comisiones estatales brindan asesoría, apoyo financiero y promueven el cumplimiento de la normatividad. La actuación de estas comisiones suele ser normativa y está respaldada por la correspondiente ley estatal del agua. La presente iniciativa propone la Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, reglamentaria en el artículo 115 constitucional, que tiene por objeto apoyar a las familias mexicanas en el consumo de agua para su uso domestico, estableciendo una cuota energética con precios y tarifas para los sistemas de agua potable, la cual el Ejecutivo deberá determinar a través de la Secretaría de Hacienda, en el proyecto de decreto de la Ley de Ingresos, y en el decreto del Presupuesto de Egresos que se haga llegar a esta soberanía. Los ahorros obtenidos en la operación para el uso de agua domestico por parte de los sistemas de agua deberán ser trasladados al usuario y verse reflejados en su recibo de pago. Por lo anteriormente fundado y expuesto, y teniendo como objetivo el bienestar de los mexicanos, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de ley que crea la Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. En espera de recibir su total apoyo a esta iniciativa, le reitero mi agradecimiento por la atención a dicho documento. Es cuanto, señor presidente.