El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que suscriben la presente, Margarita Licea González, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Ramón Antonio Sampayo Ortiz y el proponente Carlos Alberto García González, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de nuestra Carta Magna, así como el artículo 6o., numeral uno, 77 y 78 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, presentamos a su consideración los fundamentos que sustentan la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III, se adiciona la fracción IV, recorriéndose la actual a V, del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de acuerdo a lo siguiente: Los que suscribimos la presente iniciativa estamos convencidos de que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, siempre ha impulsado reformas legales para fortalecer la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad. Y hoy específicamente venimos a proponer que se apoye de manera especial a todas aquellas familias que tienen entre sus integrantes a personas con alguna discapacidad. El pasado 30 de mayo de 2011, se publicó la Nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que establece que su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones para que el Estado promueva, proteja y asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Sin duda la aprobación de esta Nueva Ley fue un gran avance en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, quienes hasta la fecha son propensas en todo momento a sufrir diferentes tipos de discriminación; sin embargo, uno de los obstáculos más fuertes para que estas personas mejoren sus condiciones de vida sigue siendo lo que tiene que ver con su nivel de ingreso económico. Por consiguiente, compañeras y compañeros, es nuestra labor como legisladores adecuar un marco legal con apoyos específicamente dirigidos a las personas con discapacidad. Caso concreto en aquellas familias en condiciones de pobreza con un integrante en condiciones de capacidades diferentes y por supuesto con el propósito de contribuir en sus gastos, permitiendo así que cuenten con condiciones que ayuden a mejorar el nivel de vida que sin duda todos ellos merecen. En México lamentablemente las personas con discapacidad se enfrentan no sólo a la discriminación, sino a la falta de oportunidades de empleo y educación. Cabe señalar que más de la mitad de estas personas no reciben ningún ingreso y que casi el 20 por ciento ganan menos de un salario mínimo. Además, en muchas ocasiones al menos algún miembro de la familia tiene que renunciar a su vida laboral y social para cuidar a su ser querido, con todas las repercusiones económicas y sociales que ello conlleva. Si bien la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad prevé que la Secretaría de Desarrollo Social tiene la responsabilidad de promover la mejora continua de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, ésta no deja claro cómo y con cuánto se deberá de apoyar a las personas con discapacidad, por lo que la modificación que estamos proponiendo estaría contribuyendo a la plena inclusión de las personas objeto en todos los ámbitos de la vida mediante un marco de igualdad y equiparación de oportunidades, sin discriminación y con respeto a su dignidad y a sus derechos, tal como lo establece nuestra Carta Magna. En mérito de lo expuesto es que el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea se adicione una fracción IV al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue: Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá... Fracción IV. Otorgar un apoyo económico bimestral equivalente a 30 salarios mínimos vigentes en la zona geográfica donde habiten a las familias en situación de pobreza o marginación que tengan entre sus miembros alguna persona con discapacidad permanente que limite su autonomía. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por último, solicito atentamente a esta presidencia que mi participación, así como la mención de mis pares que también la suscriben se inserte íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.