EL DIP. JOSE NARRO CÉSPEDES: Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Los suscritos diputados federales de esta LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable pleno de la Cámara de Diputados por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 7, así como la fracción XIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, bajo la siguiente exposición de motivos: El sector agropecuario se encuentra en crisis desde hace varias décadas, pero no todo el campo está en crisis; los productores que se dedican a la producción de hortalizas y de frutas para el mercado exterior no presentan esta situación; ellos son los que se benefician de los mayores recursos que destina el Gobierno Federal hacia el sector agropecuario. Los que sí están en crisis son los productores comunales, ejidales y pequeños propietarios que aún producen con técnicas de producción que rayan en el atraso. Estos productores se abaten entre la miseria y la ignorancia, así como ante la exigencia de abandonar a sus familias y emigrar hacia la búsqueda de mejores oportunidades. El balance sobre la situación de los productores ejidales y comunales es contundente; hoy tenemos más pobres en el área rural. El propio INEGI reconoce que el 80.1% de los hombres y de las mujeres que viven en el campo de a población rural de nuestro país se encuentra en condiciones de pobreza. Hoy tenemos niños que ya no crecen en condiciones normales; desnutrición de las mujeres y en particular de las embarazadas; el 40% de los niños del medio rural tienen condiciones de desnutrición, así como de nuestros infantes y ancianos. La pobreza rural abarca también el 55.3% de su población que se encuentra en pobreza extrema, no nada más en pobreza. Ahora también tendrá que enfrentarse a la desgravación arancelaria de casi todos los productos del sector agropecuario como parte de los acuerdos suscritos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que serán, sin duda, la última puñalada que el Estado Mexicano propinará a los hombres del campo para llevarlos a su ruina total. Tenemos claro que la propiedad social de vastas extensiones de tierra en el medio rural, no puede ser vista como las causantes del atraso del campo, creemos que existen alternativas superiores que implican un uso adecuado y eficaz de los recursos para salir de esa crisis. El campo necesita mayor presupuesto y financiamiento para salir de su atraso. Actualmente el sector agropecuario representa el 10% del Producto Interno Bruto, además de que emplea el 20% del personal ocupado y genera el 5% de las exportaciones totales, con una población total de cerca de 25 millones de habitantes; con todo ello los recursos públicos no llegan en forma suficiente al sector rural de nuestra nación. Hoy los productores ejidales y comunales no sólo enfrentan la carencia de recursos públicos, sino también problemas de financiamiento de parte de las instituciones financieras privadas y de los bancos de fomentado abocados a tal fin. En la actualidad, sólo el 12% del financiamiento al campo proviene de las instituciones de crédito oficiales y el 88% es financiamiento informal. Los productores rurales prácticamente no tiene acceso al crédito, por eso creemos que ha llegado la hora de hacer llegar los recursos crediticios que requieren los productores rurales tanto ejidales como comunales, creando una infraestructura financiera que responda a sus necesidades y capacidad de reflujo monetario. Este crédito debe de canalizarse preferentemente, como lo señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a los productores de maíz, fríjol, arroz, chile y trigo, entre otros productos básicos para el consumo humano que están asentados en la propiedad social, así como los pequeños productores rurales. Paralelamente se debe avanzar hacia la reestructuración productiva de la economía campesina para asegurar que el establecimiento de los mecanismos de crédito apoye la realización de proyectos productivos que combatan a la pobreza y arraiguen a los productores rurales. Estamos convencidos de que México necesita crear un sistema de financiamiento rural que movilice el ahorro dentro de los sectores productivos de la propiedad ejidal y comunal. Asimismo, que aliente de forma prioritaria la inversión fija-bruta, acompañada de la creación de una infraestructura productiva ligada a la propiedad social, así como la infraestructura comercial que responda a la necesidad de los productores rurales. Por las consideraciones anteriormente expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presenta la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por lo que se adiciona la fracción I al artículo 7, así como la fracción XIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural para quedar como sigue: Artículo único.- "Se reforma la fracción I del artículo 7, así como la fracción XIII del artículo 27 para quedar en los siguientes términos: Artículo 7.- "Primero. Otorgar préstamos o créditos a los productores dando prioridad a los productores ejidales y comunales que se dedican a la producción de maíz, fríjol, arroz, chile serrano y trigo, entre otros productos básicos para el consumo humano generalizado, así como a los pequeños propietarios rurales". Artículo 27.- "Fracción XIII. En representación del Congreso Agrario Permanente y otro integrante de las organizaciones campesinas nacionales". Artículo Transitorio.- "El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de abril, del presente año. Es cuanto, Presidenta.