La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra: Compañeras y compañeros legisladores, los sistemas de procuración e impartición de justicia en México tienen diversos retos que deben enfrentar para garantizar el goce y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Es en el Poder Legislativo en donde tenemos el deber de perfeccionar el marco jurídico, a efecto de establecer todos los ajustes razonables que sean necesarios, incluidos los procesales, para asegurar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Sabemos que no basta con el mandato de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual estamos obligados a cumplir como Estado parte. Tampoco son suficientes los criterios y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, sino que es necesario establecer dichos ajustes procesales en la ley general, para que no exista duda alguna de las obligaciones a las que están sujetas las autoridades y de los derechos que les pertenecen de manera irreductible a las personas con discapacidad. Estipulando en la Norma General, se abrirá la puerta a un cúmulo de reformas y acciones a escala federal y estatal, con una perspectiva de derechos humanos que den paso al respeto, la igualdad y el establecimiento de la cultura cotidiana de la inclusión. La justicia que llega tarde no es justicia. La justicia que no se entiende, no es justicia. El lenguaje que no dignifica a las personas no es humano y, por lo tanto, se convierte en injusto. Establecer la implementación de formatos de lectura fácil en las instituciones de administración e impartición de justicia, asegura que las personas con discapacidad accedan al contenido y comprendan su significado, el alcance, las consecuencias de las resoluciones y sentencias derivadas de los procesos que le sean parte. De ahí, creen contener un lenguaje simple, directo, cotidiano y personalizado, libre de tecnicismo y conceptos difíciles. Lo anterior, a fin de asegurar que el derecho al acceso a la justicia no se reduzca, simplemente a presentar las resoluciones a las personas con discapacidad, sino también a asegurar la fácil comprensión del contenido, lo cual no significa que deban sustituirse los lineamientos establecidos por la ley para las resoluciones que han de emitir los juzgadores. Al contrario, deben complementarse. Los formatos de lectura fácil para las personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual, son necesarios, ya que el grado de estudios en este sector, en esta población, en la mayoría de los casos se ve limitado. Además, debido a su discapacidad y a la discriminación persistente que han sufrido, se encuentren en una situación de mayor desventaja, lo que les impide comprender a cabalidad las resoluciones judiciales y administrativas, incluso, si le son leídas por un tercero. Agradezco y reconozco a la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, de Movimiento Ciudadano, porque de forma conjunta presentamos esta iniciativa. Y agradezco a mi presidenta, mi querida Laurita, y a toda la comisión que nos acompaña de Grupos Vulnerables, en Atención a Grupos Vulnerables, por haber presentado este dictamen a favor. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, votará a favor porque legislamos permanentemente por el acceso igualitario a la justicia, a favor de los derechos humanos de toda persona, a favor de las personas con discapacidad y de toda persona, porque los representamos desde aquí, orgullosamente. Muchas gracias.