EL C. DIP. ELIAS MARTINEZ RUFINO: Con su venia señor Presidente. Los abajo firmantes, diputados federales de la LVIII Legislatura, someten a esta soberanía la iniciativa de reforma del artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS: El 18 de mayo de 1992, en el marco del proceso global de descentralización y federalización que se promovió desde la cima del Estado Mexicano, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El acuerdo tuvo como propósito unir los esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno para extender la cobertura de los servicios educativos y elevar la calidad de la educación; asimismo, se proponía resolver los rezagos educativos, enfrentar los retos futuros, comprometer recursos crecientes para la educación pública, reorganizar el sistema educativo y revalorar la carrera magisterial. El acuerdo establecía que a fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas de la República, celebrarían en esa misma fecha convenios para concretar responsabilidades en la coordinación y operación del Sistema de Educación Básica y Educación Normal. De conformidad con esos convenios, a partir de entonces correspondió a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos de los que la SEP se había hecho cargo hasta entonces. Para darle sustento a ese acuerdo el Gobierno Federal en 1993, promovió la transformación del marco legislativo que norma la educación a fin de enmarcar el nuevo rol que desempeñarían los actores educativos, tanto sociales como institucionales. Ese proceso de federalización de la educación básica significó una amplía transformación de la organización del Estado Mexicano, para garantizar el derecho a la educación, lo cual implicó pasar de un modelo basado en la impartición exclusiva de los servicios por parte de la Federación, a otro basado en la atención de los servicios por parte de los gobiernos estatales bajo un conjunto de facultades y responsabilidades concurrentes. Desde la firma de acuerdo y luego con la expedición de la Ley General de Educación, los gobiernos de las entidades federativas asumieron el control de la educación básica, todos excepto el Distrito Federal, la razón no era que éste no fuera una entidad federativa, pues a pesar de que el Distrito Federal no lo es plenamente, contaba desde entonces con todas las atribuciones para hacerse cargo de los servicios educativos. La razón de no transferir el control de los servicios básicamente fue de orden político y se estableció justamente por medio del artículo 4° transitorio que hoy buscamos reformar. Este artículo puntualmente señala: " el proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical". Mediante, este candado el Gobierno Federal sujetó el proceso a la disposición y voluntad de las secciones sindicales y de la dirigencia nacional del CENTE, pero en 10 años muchas de las cosas en este terreno han cambiado sustancialmente, ha cambiado con respecto a que existe un Gobierno del Distrito Federal, que hay un Jefe de Gobierno, que hay un proyecto educativo. Ha cambiado de tal modo que durante la Primera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se creó la Ley de Educación para el Distrito Federal, ley que fue objetada por el gobierno de Zedillo y que sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante esa demanda de controversia constitucional falló a favor del Gobierno del Distrito Federal. Hoy en día también se cuenta con la anuencia de buena parte de los trabajadores de la educación, de las secciones 9, 10 y 11 del CENTE que se encuentran en el Distrito Federal, cuyas corrientes se han expresado por una amplia descentralización de los servicios, entre otros en el primer Congreso de Educación Pública en la ciudad de México llevada a cabo en colaboración con el Gobierno del Distrito Federal, a lo largo del 2002. En este Congreso se pronunció por completar ya la transferencia de los servicios educativos a partir de acordar con el Gobierno del Distrito Federal, cuestiones como estudiar el cómo se financiará el costo salarial y de prestaciones de los trabajadores, calcular cuánto cuesto la descarga académica para preparar clases y cuánto cuesta el año sabático, todo ello para hacer una transferencia que cumpla con la Ley de Educación del Distrito Federal. Asimismo, se resolvió demandar que esta federalización se lleva a cabo garantizando, sobre todo, lo que se mantiene en el artículo 3° constitucional. Todas estas demandas se han venido consensando con varias expresiones del magisterio en el Distrito Federal y se inscriben plenamente en el proyecto educativo del Gobierno del Distrito Federal, que en sólo dos año de gestión ha constituido un subsistema de Educación Media Superior con 16 preparatorias y un subsistema de Educación Superior junto con la Universidad de la ciudad de México. Con la transferencia de los servicios educativos se daría un mayor impulso a estas políticas educativas para un mejor gobierno en el Distrito Federal. Según datos de la propia SEP para 2002, los servicios educativos del Distrito Federal dispusieron en conjunto de un presupuesto autorizado por la Federación del orden de 20 mil millones de pesos. Actualmente el gobierno ejerce respecto del nivel básico recursos propios, sólo por el mantenimiento de escuelas, el cual para el ciclo 2002-2003 se estimó poco más de 700 millones de pesos. Cabe señalar que el Gobierno del Distrito Federal tampoco recibe recursos para la educación, del Ramo 33. Hoy, diez años después, existen mejores condiciones para que las propias dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de las seccionales 9, 10 y 11 promuevan que el Gobierno del Distrito Federal asuma ya la dirección de los servicios de educación básica para con ello beneficiar a los más de casi 2 millones de alumnos en este nivel educativo. Con lo que respecta al Gobierno Federal, en marzo del 2002 la Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal, Silvia Ortega Salazar, manifestó que antes de que concluya el sexenio de Vicente Fox la transferencia de los servicios educativos al Gobierno capitalino se habrían cumplido. Reconocemos lo complejo del proceso, pero resulta a todas luces pertinente que luego de dos años y medio de gestión y de que de hecho el proceso de descentralización está mandatado por la ley desde hace diez años, es tiempo de concretarlo, mas cuando está plenamente claro que es una demanda de la mayoría de la ciudadanía en este Distrito Federal. Es el momento de tomar decisiones sobre este proceso de federalización y para ello sólo se necesita la voluntad política del Gobierno Federal y el acuerdo con el SNTE, pues el Gobierno del Distrito Federal tiene proyecto, políticas y la suficiente solvencia administrativa para hacerse cargo de esta importante función social. Es con ese propósito y con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, que me permito presentar la siguiente propuesta de reforma al artículo 4º transitorio de la Ley General de Educación: Propuesta de decreto. Artículo único. Se reforma el 4º transitorio de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: Artículos transitorio primero, segundo y tercero quedan igual. Artículo 4º: "El proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial básica, incluyendo la indígena y especial en el propio Distrito, se concluirá a más tardar el inicio del ciclo escolar 2003-2004, para lo cual se acordarán los términos con la organización sindical. "A partir de la entrada en vigor de la presente ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la educación inicial básica, incluyendo la indígena y especial, que los artículos 11, 13 y 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias, corresponderán en el Distrito Federal a la Secretaría. A la conclusión del proceso citado, entrará en vigor el primer párrafo del artículo 16 de la presente ley". Transitorio. "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 25 de marzo de 2003. Solicito a la Presidencia sea turnada ésta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Firman la presente el profesor Juan Nicolás Callejas, del PRI, el profesor y diputado Oscar Ochoa Padrón, del PAN y su servidor por el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.