La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Como la diputada más joven de esta legislatura me da mucho gusto y una enorme satisfacción subir a esta tribuna representando a mi grupo parlamentario, pero, sobre todo, representando a todas las y los jóvenes de nuestro México. México también es nuestro. Somos más de 30 millones de jóvenes, entre 12 y 29 años y, en consecuencia, somos un grupo protagonista en la historia socio-política y cultural de nuestro país. Y a pesar de la representación tan importante que tenemos como grupo poblacional, nos enfrentamos a un panorama muy complejo, un panorama marcado por falta de oportunidades y marcado también por insuficiencias que ponen en riesgo todos los días nuestro desarrollo. La juventud de nuestro país ha quedado fuera de nuestra Carta Magna. Hemos luchado históricamente contra carencias, contra carencias muy importantes en materia de seguridad social, en acceso a los servicios de salud, en rezago educativo, en calidad de vivienda, servicios básicos, alimentación, empleo, espacios para la participación y muchos otros aspectos cruciales para alcanzar nuestro desarrollo pleno e integral. A pesar de que México, como país miembro de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, ha estado comprometido a cumplir lo establecido en el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades, en la actualidad no contamos con una legislación que atienda la problemática a la que se enfrentan las juventudes. La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, por ejemplo, destaca la importancia estratégica de las personas jóvenes para el desarrollo del país, pero no establece un catálogo de derechos ni sus mecanismos de exigibilidad. Se limita a determinar la organización burocrática del mencionado instituto. Hasta ahora nuestro país ha sido incapaz de reconocer a las y los jóvenes como sujetos plenos de derecho y, por lo tanto, no nos ha reconocido como un sector con características singulares relacionadas con factores culturales, geográficos, socioeconómicos, psicosociales y de identidad que requieren por parte del Estado la implementación de acciones específicas e integrales. El tema de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes fue un tema recurrente a lo largo de pasadas legislaturas por diversos grupos parlamentarios y también por parte de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, e incluso a manera de exhorto a Congresos estatales. Sin embargo, la gestión democrática de políticas de juventud es todavía un asunto pendiente y con grandes rezagos. La herencia de un Estado centralista, la diversidad de actores juveniles poco coordinados, la falta de nuestro reconocimiento en nuestra Carta Magna y la cada vez más grave exclusión social que sufrimos, son algunos de los factores que condicionan la posibilidad para el diseño e implementación de las políticas de proyectos y de programas enfocados a la juventud. Estos factores nos obligan a observar dentro del análisis de nuestra legislación los mecanismos que rigen el desarrollo del sector juvenil, teniendo presente que el comportamiento de las y los jóvenes reflejan el bienestar de la sociedad. Por ello, y por varios aspectos más, es necesario buscar instrumentos que coadyuven a la participación de la juventud en su desenvolvimiento. Esto conlleva también la necesidad de coordinar políticas. Desde luego, con la participación juvenil como eje central para generar condiciones favorables de vida. Por ello, la importancia de que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de jóvenes. Veintiséis de 32 entidades federativas de la República han realizado trabajo a favor de este grupo poblacional, a través de disposiciones legales locales. Estas disposiciones y leyes locales eran hasta el día de hoy la mayor protección y consideración a la que los jóvenes podíamos aspirar, y era también el nivel de compromiso que reflejaba el Estado mexicano. Sin duda, existía una deuda enorme. Ahora se impone la necesidad de que toda política pública no solo contemple las particularidades locales, sino que sean políticas integrales que obliguen a los tres órdenes de gobierno. Asimismo, nos permitirá establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas por parte de la sociedad civil, el Estado, la administración pública federal, las entidades federativas y también los municipios. Por todo esto y más felicito la discusión de este dictamen, que prueba el carácter plural que tenemos a favor de los derechos de las juventudes en México. Este dictamen tiene por objeto reconocer el derecho de las y los jóvenes a un desarrollo integral. Esto permitirá hacer visible el peso significativo que tiene la juventud dentro del contexto nacional. No solamente por nuestra importancia numérica, sino principalmente por el desafío que significa para la sociedad, garantizar la satisfacción de nuestras necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de nuestras capacidades y potencialidades particulares. Tenemos en la juventud parte de la riqueza de nuestro país y debemos aprovechar esta situación para crear un nuevo panorama, donde nosotros los jóvenes seamos ese eje rector para la reconstrucción de un nuevo tejido social. En la situación actual de crisis en la que vivimos, donde el país se ha visto rebasado por la emergencia sanitaria, generando una situación extremadamente compleja en cuanto a los impactos económicos y sociales, así como de los retos en el país que han evidenciado y agudizado temas que siempre han adolecido a nuestra sociedad, y en específico y en particular a las y los jóvenes. La pandemia no ha sido ajena a este sector de la población. Al contrario, los efectos sociales, económicos y psicológicos los han puesto en una verdadera situación de vulnerabilidad, donde es imperante tomar en cuenta la opinión y la voz de las juventudes. El ser humano tiene ese rol y capacidad de poder adaptarse a las circunstancias más adversas y es en este contexto donde los jóvenes, junto al avance de las tecnologías de la información y comunicación, hemos buscado generar nuevos espacios para hacer escuchar nuestras opiniones y propuestas. La juventud siempre ha sido protagonista de las transformaciones sociales, trayendo renovación, creatividad y compromiso con las causas comunes. De esta manera la población de jóvenes y las organizaciones siempre han reaccionado de inmediato y respondido a las necesidades de los demás. Lo mismo está sucediendo durante esta pandemia. No hay joven en México que no tenga en mente preocupaciones y necesidades, y es importante que de notros mismos surjan las nuevas soluciones que permitan transformar las formas en todo espacio de la vida cotidiana, por lo que esta propuesta, esta reforma servirá para generar justicia para las juventudes, especialmente, en medio de la pandemia. Estos cambios en nuestra Constitución son un gran paso en la defensa de los derechos y, además, nos permitirá seguir por el camino en la construcción de una ley general que fije las bases y principios para articular acciones y políticas en beneficio de las juventudes. Camino que hemos emprendido ya en el seno de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual desde el inicio de esta legislatura. En el PRD estamos a favor de todos los cambios que promuevan el desarrollo integral de la juventud y es por eso que acompañamos el sentido de este dictamen. Pero también reconocemos y exigimos ir más allá. Busquemos generar políticas públicas con un enfoque transversal, que estén acompañadas de una planeación real del presupuesto destinado a este sector. Como legisladoras y como legisladores, necesitamos dotar de herramientas, con una visión integral, con la finalidad de garantizar derechos que hasta hoy se nos ha negado, como el acceso a la salud, educación, trabajo formal y bien remunerado, entre otras varias deudas y pendientes más. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por la discusión y, espero, aprobación de este dictamen.