El diputado Felipe González Ruiz: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La participación comunitaria es un elemento que otorga eficiencia al proceso de toma de decisiones y a la instrumentación de programas públicos dirigidos a identificar, con mayor grado de certeza, las necesidades de la población y con ello definir estrategias para tratar de responder, con oportunidad, a sus demandas. Por tal motivo, la inclusión de la sociedad, tanto en el diseño como en la instrumentación de las políticas públicas dirigidas a elevar la calidad de vida de la población, se sustenta en la idea de que ésta, la participación de la ciudadanía, es necesaria para aumentar eficiencia a la acción social del Estado. Estas organizaciones civiles cuando desarrollan su objetivo social ya sea en materias como salud, educación, recreación, vivienda, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios o cualquier otro, necesariamente se interrelacionan con el Estado y con la población de muy diversas maneras, que pueden ser desde el manejo de los recursos públicos y privados, así como en la atención de la población objetivo y hasta en la influencia de esa organización en la misma comunidad para su protección, desarrollo y prosperidad general. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se han convertido por ende en organizaciones importantes para la evolución social y son permanentemente observadas por el Estado y la comunidad, y de ellas se espera un adecuado comportamiento en cada una de las esferas en que desarrollan su actividad, ya que el principal activo con que cuentan es su credibilidad. La base de esta credibilidad y legitimidad se encuentra en su capacidad de demostrar el progreso y los avances en su misión, en particular de quienes supuestamente son sus beneficiarios, ya que esto permite que sus donantes y afiliados continúen realizando precisamente sus donaciones y sus contribuciones. Esto nos conduce a percibir, que una manera de conservar este intangible la credibilidad y legitimidad es por medio de una adecuada rendición de cuentas. Por eso, en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil se obliga a aquellas que reciben recursos públicos a informar anualmente a la Comisión de Fomento a las Actividades de las OSC sobre sus actividades realizadas y sobre el cumplimiento de sus propósitos, así como información financiera, contable y patrimonial para transparentar su funcionamiento. Esta obligación sirve como un primer paso que permite conocer el funcionamiento de dichas organizaciones, sin embargo resulta insuficiente en lo que se refiere a la rendición de cuentas. Debido a lo anterior, se hace necesario realizar una evaluación que permita constatar lo declarado por ellas. Evaluación que reconozca las buenas prácticas de aquéllas que demuestren tenerlas y sancione a las que no cumplan con los objetivos para los que recibieron fondos gubernamentales. En tal virtud, estas propuestas consisten en establecer que la Secretaría Técnica de la mencionada Comisión de Fomento a las Actividades de las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) realice una evaluación de esos informes presentados por ellas para conocer el impacto de acciones realizadas con apoyos y estímulos públicos. Asimismo, en caso de considerarlo necesario también pueda examinar los estados financieros y los archivos de las organizaciones para verificar lo declarado en el informe. Dicha evaluación será un requisito para seguir teniendo acceso a los estímulos y apoyos que otorgue la administración pública federal. Con esta medida se buscaría dar certidumbre y eficacia al uso de los recursos públicos por parte de esas OSC. Por tanto, la Secretaría Técnica mencionada sería la encargada de recibir y realizar una evaluación de los informes presentados por las organizaciones, así como de los documentos que permitan cotejar lo declarado por éstas, para finalmente emitir un dictamen con el resultado de la evaluación. Este dictamen resultante, positivo o negativo, deberá ser sistematizado por el Registro Federal de Organizaciones para, a su vez, mantener actualizado el sistema de información a su cargo y una copia será entregada al representante de la organización. Si este dictamen resultara negativo, será motivo de penalización y podría incidir en la no obtención de recursos públicos en subsecuentes períodos, ya que se agregaría como infracción el no obtener un dictamen favorable respecto al informe anual de la organización. Es decir, se busca penalizar a las organizaciones que no cumplan con los objetivos planteados o que hagan mal uso de los recursos otorgados. Con estas reformas y adiciones a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, se plantea la creación de este mecanismo, por medio del cual se evaluarían los informes anuales de las OSC para tener no sólo certeza en el uso de los recursos públicos, sino también en el cumplimiento de sus metas. Esta acción que no sólo beneficia al sector gubernamental, sino también a las propias organizaciones, ya que les permite contar con un dictamen que les otorgue la legitimidad y la credibilidad tan necesaria para su funcionamiento. Por lo antes expuesto, someto a su distinguida consideración el siguiente proyecto de decreto. Artículo Único. Se reforma la fracción V y se adiciona una fracción IX al artículo 7; se adiciona un último párrafo al artículo 11; se adiciona una fracción XI, recorriéndose el numeral de las subsecuentes al artículo 30 y se reforma la fracción II del artículo 31, todos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Señor Presidente, solicito respetuosamente sea inscrito el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.