El diputado Ricardo Villarreal García: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: el día de hoy comparezco ante ustedes para presentar una iniciativa que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer procesos de evaluación de control y de confianza a diversos servidores públicos del Poder Judicial federal y de los poderes judiciales de los estados. A través de los años el crimen organizado, cimentado durante el viejo régimen, fue evolucionando e incrementando su poder económico y operativo, convirtiéndose en un cáncer que se propaga y contamina todo lo que queda a su alcance. De esta manera, las bandas delictivas fueron penetrando a las distintas instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y de impartición de justicia. Así, el crimen organizado se fue apoderando de nuestras instituciones, poniendo en jaque el debido funcionamiento de las policías, los ministerios públicos y los tribunales de justicia. Lo anterior derivó en que cada criminal o grupo delincuencial encontraba aliados en todas las instancias del Estado mexicano, en especial en aquéllas que por razón de su competencia tienen mayores atribuciones en la investigación y enjuiciamiento de los delitos. Todo esto generó una situación de violencia insostenible que ha vulnerado la libertad de muchas familias mexicanas en varias regiones del país. Ante tal situación, el presidente Felipe Calderón, desde el inicio de su administración, decidió emprender una lucha frontal sin precedentes contra la delincuencia organizada. Dicha lucha ha tenido grandes avances; desafortunadamente debido a lo corroído de nuestras instituciones, los avances no han sido los suficientes. Fue el mismo presidente Calderón quien, como uno de los mecanismos para lograr limpiar las corporaciones involucradas en la seguridad pública y en la procuración de justicia, promovió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la obligación para que dichas corporaciones, tanto en el ámbito local como en el federal, evalúen a su personal mediante controles de confianza. En tal virtud, hoy existen mecanismos que permiten realizar evaluaciones permanentes de control y de confianza a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública y de la procuración de justicia, tanto en los ámbitos federal como estatales y municipales que incluyen exámenes médicos, toxicológicos, sicológicos, poligráficos y socioeconómicos. Dichas evaluaciones ya han tenido resultados muy relevantes en el combate al crimen organizado. Gracias a ellas se ha iniciado la mayor depuración de las corporaciones policiales y de procuración de justicia en la historia de nuestro país. Prueba de ello es que en el presente gobierno ha habido un gran número de funcionarios cesados y sujetos a procesos penales. Hemos llegado incluso a procesar penalmente a subprocuradores y delegados federales por estar coludidos con la delincuencia organizada. No obstante lo anterior, nos hemos quedado cortos. De poco sirve depurar las corporaciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia si los miembros del Poder Judicial federal y de los tribunales superiores de justicia de los estados no están obligados a llevar a cabo este tipo de medidas. Esta situación requiere tomar medidas urgentes, toda vez que es evidente que los impartidores de justicia también pueden ser corrompidos por los delincuentes. Es imposible pensar que la delincuencia organizada sólo ha penetrado el Poder Ejecutivo, cuando las decisiones que se toman en el Poder Judicial son trascendentales para la operación de los grupos delictivos. Hemos visto en reiteradas ocasiones cómo decisiones absurdas de miembros del Poder Judicial tienen como consecuencia la liberación de los delincuentes, delincuentes que tantos recursos materiales y humanos le cuestan al Estado mexicano; lo que es peor, delincuentes que una vez liberados vuelven inmediatamente a las actividades ilícitas que desempeñaban. Un claro ejemplo de lo anterior fueron los lamentables hechos sucedidos en 5 de octubre pasado en la ciudad Acuña, Coahuila, donde un delincuente de nombre Roberto Sifuentes Cadena, alias El Shaggy, quien había sido liberado por el Juez Séptimo de Distrito con cede en Jalisco, apenas un par de meses atrás, asesinó cobardemente a José Eduardo Moreira, hijo del ex gobernador de dicho estado, y ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Es por esas razones que convoco a las diversas fuerzas políticas que integran esta Cámara, aprobar de manera urgente la presente iniciativa, toda vez que la presente debe de formar parte integral de la lucha contra la delincuencia organizada. Compañeros, la paz y la seguridad de las familias mexicanas no pueden esperar más. Compañeros y compañeras legisladores, obliguemos a que los funcionarios públicos de los poderes judiciales estatales y del Poder Judicial Federal nos acrediten que no tienen nexos con la delincuencia organizada, tal y como ya lo hicimos con las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia. Sigamos esta lucha incansable por recuperar la paz y la tranquilidad de nuestras familias, pero hagámoslos seguros de que todos los miembros del Estado mexicano estamos del lado de los ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.