El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias presidente, con su venia, compañeras y compañeros legisladores. El día de ayer en la sesión exprés de la Comisión de Puntos Constitucionales, vimos renacer al Pacto por México, salió nuevamente de los escombros esta expresión política cupular y ayer eran todo alabanzas hablando y festinando esta gran reforma anticorrupción. Y yo les preguntaba a mis compañeros, ¿de qué han servido todas sus reformas regresivas? ¿En qué le han servido al país? Y yo diría que en nada. Hoy el país está en crisis económica, con el dólar a la alza, con los precios del barril desplomados, con inseguridad, con descredito internacional y con violaciones graves a los derechos humanos. Hoy México está peor con todas las famosísimas 11 reformas estructurales y, hoy, para lavarse la cara, ya al final de esta Legislatura y ante el calor de los tiempos electorales, sacan esta reforma llamada pomposamente anticorrupción. Decíamos ayer que era por un lado para tratar de lavarle la cara al PRI por los escándalos de corrupción presidencial, por los negocios al amparo del poder que han sido comentados en todo el mundo y que han dado pie a que incluso el titular del Ejecutivo cancele participaciones en foros tan importantes como el Foro Económico Mundial, y por otro lado, Acción Nacional montó toda una campaña mediática en torno a este tema y por eso el acuerdo fue sacar esta reforma anticorrupción. Sin embargo lo que vemos, más allá de la propaganda, es que se deja intocada la médula de la corrupción en el país; el epicentro de la corrupción en el país; el centro de la corrupción, que es la Presidencia de la República. Haber reformado el artículo 108 constitucional y haber establecido que el presidente de la República puede ser juzgado en el ejercicio de su encargo por corrupción, desvío de recursos o conflicto de interés, ésa sí hubiera sido una genuina reforma anticorrupción. Pero fue precisamente el artículo 108 el que no se quiso tocar en esa parte sustantiva, porque todos son ahora partícipes –entre comillas– de este Sistema Anticorrupción. Todos pueden ser fiscalizados, todos pueden ser señalados, menos el presidente de la República. Esto fue parte de lo que trae o no trae, mejor dicho, esta reforma. Por otro lado, en el caso del llamado Sistema Nacional Anticorrupción, lo que en realidad vemos es un sistema nacional de simulación. Todos los que participan son nombrados directa o indirectamente por el presidente de la República. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se va a crear, los magistrados son nombrados por el presidente de la República y ratificados por la mayoría mecánica del Senado. El presidente, que no puede ser juzgado en términos del 108 constitucional, es el que va a nombrar a los magistrados. Y además en un transitorio se establece que van a seguir desempeñando la función los ahora magistrados del Tribunal Fiscal y Administrativo. Una simulación. Puros Andrade, para decirlo en lenguaje coloquial, puros nombrados por el Ejecutivo que van a revisar a todos menos al presidente de la república. Y por otro lado advertimos también otro tipo de deficiencias. Es una reforma que no atiende el aspecto de la prevención efectiva de las causas de la corrupción y la corrección de los procesos de ejerción pública afectados por actos de esta naturaleza. No desarrolla adecuadamente dos cuestiones centrales para el éxito de una reforma anticorrupción como es la participación ciudadana y la función y responsabilidades de los gobiernos municipales. En el caso de la participación social, se limita a la selección de cinco expertos –no ciudadanos– como parte de un comité que previsiblemente sólo tendrá capacidades de recomendación y no de definición de los alcances de operación del sistema. No considera esta reforma los factores de prevención, no considera actos como los testigos sociales, no considera aspectos de denuncia ciudadana y simplemente se centra en una reforma punitiva y de instrumentos de control y auditoría. La reforma es pobre y limitada para conceder a los ciudadanos una mayor capacidad para participar y para denunciar actos de corrupción. Anula la posibilidad de que se lleven a cabo actuaciones de entradas en detectar actos de corrupción a partir del uso de herramientas preventivas como los mapas de riesgos, el usuario simulado, el testigo social o los observatorios ciudadanos. Por esa razón nosotros consideramos que la reforma quedó corta. Si bien reconocemos el tema de fortalecer las capacidades de la Auditoría Superior de la Federación, advertimos la impunidad presidencial, advertimos que no hay voluntad para ir a fondo en el combate de la gran corrupción en México, que no tiene que ver propiamente en ocasiones con el ejercicio presupuestal sino con el contratismo, con los negocios al amparo del poder, con los permisos, con los usos de suelos, con el tráfico de influencias, con el uso de información. Y ahí no se hace absolutamente nada y creemos que esta reforma sólo tiene un propósito propagandístico. Nosotros vemos que se quieren lavar la cara de las corruptelas presidenciales, que quieren cerrar este expediente que les incomoda, que quieren ir a campaña diciendo que ya combatieron la corrupción, cuando hoy México, con el Ejecutivo actual y con el Pacto por México, es más corrupto que nunca. Y por eso esta reforma la voy a votar en contra y el grupo parlamentario votará en libertad, pero sí llamamos la atención que es una simulación, no se toca al centro de la corrupción en el país, que es la presidencia de la República. Es cuanto.