El diputado Arturo Nahle García: Gracias diputado Presidente. El 30 de diciembre de 1980 el Presidente López Portillo promulgó la Ley de Información Estadística y Geográfica que creó el INEGI como herramienta fundamental para la integración de la información, base de los planes y programas de Gobierno. Eran tiempos en los que estaba de moda la función de la Planeación y la Programación del Desarrollo, a cargo de una dependencia federal facultada para ello y de la que por cierto surgió el sucesor del entonces Presidente. En 1983, ya siendo Presidente de México Miguel de Lamadrid, se elevó a rango Constitucional la obligación del Estado de organizar un Sistema de Planeación del Desarrollo Nacional con la participación de la sociedad. Esta obligación quedó consignada en el artículo 26 de nuestra Carta Magna. En ese entonces, se argumentó que el desarrollo del país no era adecuadamente planeado y en la elaboración de las políticas públicas y los programas de Gobierno, no se tomaba suficientemente en cuenta la opinión de los distintos sectores de la sociedad. Se aceptaba entonces que simplemente se elaboraban documentos desde las oficinas del gobierno o del partido en el poder y se imponían de manera vertical, como los ejes sexenales, para alcanzar metas casi siempre indefinidas. El INEGI era entonces un órgano desconcentrado de la Secretaría de Programación y Presupuesto a cargo de Carlos Salinas de Gortari, sin embargo, el propio Salinas, siendo presidente de la república, extinguió la Secretaría de Programación y Presupuesto y las facultades en materia de planeación y programación, las transfirió a la dependencia encargada de la recaudación de los impuestos: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El criterio se limitaba en ese momento, a que el área encargada de recaudar, podía y debía programar el gasto de dicha recaudación, la planeación del desarrollo nacional a cargo del Tesorero. Fue en esa coyuntura, cuando el INEGI quedó adscrito y hasta la fecha a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como un simple órgano desconcentrado, sin personalidad jurídica, sin patrimonio propio, sin autonomía ni independencia, sin nivel, sujetándose en otro momento la información de que dispone, a la voluntad, conveniencia, criterio político y económico del gobierno, a través de quien cobra los impuestos. Cuántas veces se han sesgado o adulterado los indicadores nacionales, utilizando la INEGI para tratar de torcer o manipular realidades evidentes. Eso ya no puede volver a suceder, la reforma del Estado exige que la información, la disponibilidad de los datos estadísticos y el acceso público a los mismos, estén sometidos a criterios que trasciendan cualquier interés y se caractericen por su objetividad y transparencia. No se puede soslayar, que la información que genera la INEGI es piso para la construcción de políticas, planes y programas no sólo del gobierno federal, lo es también para la acción de las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios y los sectores académico, social y privado del país. De ahí la necesidad de contar, con un sistema nacional de información, estadística y geográfica, que esté a cargo de un organismo caracterizado por su independencia política, administrativa y financiera y, por supuesto, con especialización técnica. Una sociedad cada vez más compleja y en continuo proceso de transformación, requiere del fortalecimiento de las labores de captación, procesamiento y divulgación de la información estadísticaq y geográfica de interés nacional, para estar en condiciones de brindar a todos los sectores del país, información objetiva y confiable, como base para la toma de sus decisiones. Votaremos a favor de elevar a rango constitucional, la obligatoriedad del Estado, no sólo de contar con un sistema nacional de planeación democrática, como se hizo más de 20 años sino también de contar con un sistema nacional de información de estadística y geográfica, a cargo de un organismo público, con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios. Votaremos a favor, y con esto concluyo, porque esta reforma constitucional, es producto de diveras iniciativas presentadas desde hace más de tres años en ambas Cámaras por legisladores de todos los partidos, lo que refleja el grado de consenso que existe para darle un nuevo status jurídico al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, un status similar al de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral o el Banco de México. Es cuanto.