La diputada Jaqueline del Río López: Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. El INEGI, es una institución técnica, autónoma y altamente profesionalizada. Reconocida nacional e internacionalmente por la calidad, transparencia y rigurosidad de su trabajo. Desde hace décadas, este instituto ha sido fundamental para la generación de información estadística confiable, oportuna y pertinente para la toma de decisiones públicas y privadas. Su solidez metodológica y su independencia lo convierten en el órgano idóneo para asumir de manera integral la medición multidimensional de la pobreza y la evaluación de las políticas de desarrollo social. En este sentido, la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica nos mandata a reducir la dispersión institucional y eliminar duplicidades que generan gasto innecesario, burocracia redundante y confusión operativa. En este contexto, la coexistencia de dos órganos con funciones técnicas relacionadas como lo eran el INEGI y el Coneval era redundante. Por eso, es necesaria esta adecuación legal como es necesario el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado, para medir con mayor precisión y evaluar con mayor rigor el impacto real de las políticas sociales. El INEGI, ya colabora estrechamente con instituciones públicas, académicas y organizaciones internacionales para la medición de variables socioeconómicas. Sus encuestas y censos son insumos esenciales para conocer la realidad del país. Por ello, dotar al INEGI de atribuciones que anteriormente le correspondían al Coneval no solo es congruente con su mandato legal y técnico, sino que, permitirá un mayor aprovechamiento de los recursos, metodologías y capacidades instaladas. Además, este cambio no significa perder las herramientas de evaluación que tanto necesitamos como país. Por el contrario, significa perfeccionarlas, integrarlas en un ecosistema institucional más robusto y articulado, donde se privilegie la técnica sobre la inercia administrativa. La eficiencia no está reñida con la calidad, al contrario, cuando se trata de información pública, eficiencia y calidad, deben de caminar juntas. La pobreza, como todos sabemos, sigue siendo uno de los principales desafíos de nuestro país y para enfrentarla necesitamos instituciones fuertes, pero también eficientes. Reorganizar las capacidades institucionales no implica retroceder, sino avanzar un Estado que use mejor sus recursos, que genere evidencia confiable y que evalúe con rigor las políticas públicas para así garantizar que cada peso invertido en desarrollo social tenga un impacto real y medible en la vida de las personas. Sabemos que cada peso que se destina al presupuesto público proviene del esfuerzo de las y los trabajadores a través de sus impuestos, y por ello, como servidores públicos tenemos el deber moral y profesional de maximizar su impacto, evitando el despilfarro y priorizando las necesidades más urgentes. Respaldar al Inegi en esta nueva encomienda es confiar en la técnica, en la ciencia y en la transparencia. Es asegurar que nuestras decisiones como legisladores y como gobierno estén sustentadas en la evidencia. Con esta reforma acatamos el mandato constitucional de simplificación orgánica y respondemos con responsabilidad a las exigencias de una ciudadanía cada vez más informada y pendiente del ejercicio del poder público. Desde esta tribuna hago un llamado a respaldar esta transición institucional con visión de Estado, con altura de miras y compromiso con el desarrollo social de nuestro país. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde, nuestro voto será a favor del presente dictamen. Es cuanto, muchas gracias, retiro mi reserva, señora presidenta.