El presidente Luis Raúl González Pérez: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión. Señoras legisladoras y señores legisladores, consejeras y consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Jesús Orozco, Olga Noriega, Alberto Athié, muchas gracias por acompañarme. Miembros de las organizaciones de la sociedad civil que asisten a este acto, representantes de los medios de comunicación, miembros de las organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores, la renovación constitucional de este órgano legislativo hace que esta sea la última oportunidad para dirigirme a ustedes, integrantes de la LXIII Legislatura, y presentarles el informe anual de labores 2017, de ese año, y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el estado que guarda el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de las personas en nuestro país. Aún con avances significativos en la formulación de nuevos e importantes ordenamientos, y el reconocimiento casi generalizado sobre la necesidad de su cumplimiento, los derechos humanos no son plenamente respetados y vigentes en México. En este sentido, el Poder Legislativo dio un impulso decisivo a la investigación, sanción y prevención en nuestro país de prácticas ilícitas que deben abatirse y son contrarias a la dignidad de las personas, al aprobar disposiciones como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, así como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El 2017 podrá ser considerado un año atípico para los derechos humanos en nuestro país. Si por una parte se registró una disminución respecto de años anteriores, del número de quejas promovidas contra instancias, tales como la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, por otra fue el año en el que esta Comisión Nacional ha emitido más recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Del mismo modo, los índices históricos de violencia e ilícitos registrados en el periodo, así como la percepción mayoritaria de inseguridad entre la población, son evidencia clara y objetiva de que las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población que posibiliten el cabal goce y ejercicio de los derechos fundamentales. Estos factores, aunados a la falta de estrategias objetivas y eficaces en el combate a las organizaciones criminales, en el entorno de pobreza, exclusión, desigualdad y condiciones de precariedad en que viven muchas mexicanas y mexicanos han generado un contexto de violencia, ilegalidad, impunidad y corrupción que afectó y sigue afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables, siendo expresión de ello la violencia feminicida registrada en varias entidades, los ataques y agresiones a periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos, los abusos a migrantes, así como la existencia de las llamadas nuevas formas de esclavitud. En un hecho inédito, la violencia contra defensores de derechos humanos cobró en la persona del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur su primera víctima mortal dentro del sistema de protección no jurisdiccional previsto por nuestra Constitución, caso que al igual que la mayoría de las situaciones a las que me he referido, continúa en la impunidad. Es incontrovertible el abandono a nuestras policías debido al deficiente diseño institucional, inadecuadas políticas y esquemas de reclutamiento y selección, indebida formación y capacitación, así como las fallas de los esquemas de coordinación interinstitucional y en la asignación de los recursos operativos requeridos. Asimismo, esta realidad que nos desafía y confronta deja en claro la falta de políticas públicas integrales y pertinentes en materia de seguridad y justicia, de legislación oportuna, así como la urgencia de acabar con la amplia tolerancia que se tiene ante el incumplimiento y falta de aplicación de la ley. Un claro obstáculo para la consecución de estas metas ha sido la imposibilidad práctica para que los mecanismos anticorrupción y las fiscalías autónomas entren plenamente en operación y ejerzan a cabalidad sus atribuciones, con lo cual se preserva la laxitud en la rendición de cuentas, la impunidad de los servidores públicos que incurren en conductas ilícitas, así como la dificultad para que todas las personas tengan acceso real y efectivo a la justicia, lo cual debilita nuestras instituciones y el Estado democrático de derecho. En 2017, y hoy ante ustedes, señoras y señores legisladores, la CNDH reitera que es posible y compatible la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos humanos, pero es preciso no quitar el dedo del renglón. Es indispensable que haya, no de manera excepcional sino como una constante, servidores públicos capacitados, policías y ministerios públicos preparados y con recursos que logren que la investigación de los delitos, así como las tareas de seguridad pública, sean efectivas y cumplan con lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, en un marco de transparencia y rendición de cuentas, que al tiempo que abata la impunidad inhiba la corrupción. Si bien como lo he indicado las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas contra la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina bajaron en comparación con 2016, ambas instancias continuaron siendo señaladas como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos, que involucrarían conductas de evidente gravedad, como tortura, desaparición forzada, o ejecución arbitraria, entre otras. Es necesario y urgente que las autoridades civiles recuperen el ámbito de la seguridad pública. En tanto las Fuerzas Armadas no puedan retornar a las tareas que les son propias, es previsible que estas imputaciones continúen, desgastando y debilitando la credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones. La tarea desarrollada por esta legislatura, que concluye, tuvo la visión y capacidad de emitir ordenamientos con los que se saldaron varios pendientes históricos que tenía nuestro país en el ámbito de los derechos fundamentales. Su formulación indudablemente contribuirá a su respeto y vigencia. El proceso legislativo relativo a esos ordenamientos, en especial la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares, son experiencias exitosas de vinculación y trabajo coordinado entre las y los señores legisladores y los expertos, académicos, víctimas, organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, así como autoridades, para la construcción de un marco jurídico que haga posible dar mejor atención a las graves problemáticas que regulan, siendo acordes al sentido y alcances del artículo 1o. constitucional y con la reforma del 2011 en nuestro texto fundamental. En contraste, la aprobación de la Ley de Seguridad Interna seguirá siendo uno de los capítulos más polémicos y que mayor trascendencia tendrá en la historia, para ponderar el trabajo de esta legislatura que concluye. Como lo he dicho de manera pública y reiterada y se expresó en la acción de inconstitucional promovida la semana pasada, el articulado de la Ley de Seguridad Interna sería contrario al contenido y esencia de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, en tanto que genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre la federación y los estados y las instituciones, órganos del Estado y Poderes. Si bien uno de los argumentos básicos para promover y fundamentar la Ley de Seguridad Interior fue la necesidad y conveniencia de dar certeza a la población y a los miembros de las Fuerzas Armadas sobre la actuación de estos últimos en tareas de apoyo a la seguridad pública, lo cierto es que la simple lectura de la ley en sus términos actuales permite advertir que no reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los elementos militares que intervienen y arriesgan su vida en esas tareas. La ley es, en su parte sustantiva, un instrumento que posibilita el que, sin parámetros objetivos y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas y materias que trascienden por mucho el ámbito de la seguridad individual, por cuestiones tan imprecisas y subjetivas de interpretación, como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho. La promoción de esta acción de inconstitucionalidad, al igual que en el caso de las demás acciones de este tipo que la CNDH ha promovido, no busca atacar a las instituciones o debilitar nuestro Estado de derecho, precisamente porque tenemos instituciones y leyes que dan la oportunidad de que estos diferendos de opinión se puedan plantear y resolver ante instancias jurisdiccionales para preservar la integridad de nuestro sistema constitucional y de los derechos reconocidos por el mismo, es que se promueven estas acciones en ejercicio de las atribuciones que le competen a la Comisión Nacional. Sumado al combate a la violencia e inseguridad, el abatimiento de la corrupción e impunidad deben ser asuntos prioritarios para el 2018. Desgracias naturales, como los sismos registrados en septiembre de 2017, los cuales motivaron la movilización conjunta de autoridades y sociedad ante una tragedia que afectó a miles de mexicanas y mexicanos y en los cuales la CNDH mantuvo un papel activo de apoyo, ayuda, acompañamiento a miles de víctimas y damnificados, evidenciaron la posibilidad de que la corrupción y laxitud en el cumplimiento de la ley haya terminado costando vidas humanas, que aún cuestiones humanitarias como la entrega de la ayuda y apoyos a damnificados probablemente no haya estado exentas de desvíos y malos manejos. Estos hechos también son investigados por esta Comisión Nacional, pero deben llevarnos a reflexiones más profundas sobre la realidad que enfrentamos, el tipo de país y sociedad que queremos ser. En 2017, el respeto y defensa de los derechos humanos se reafirmó como un elemento indispensable para fortalecer la legalidad e institucionalidad democrática en nuestra sociedad y propiciar la convivencia pacífica entre las y los mexicanos, siendo una vía de acceso a la justicia frente a la arbitrariedad y en contra de la impunidad. En razón de ello, un total de 218 mil 695 personas recurrieron a este organismo nacional para buscar apoyo, atención o asesoría. Se recibieron 38 mil 722 escritos de queja, los cuales previo análisis derivaron en la apertura de 25 mil 959 nuevos expedientes, lo cual significó un aumento de más de 700 casos respecto del 2016. De los cuales 9 mil 331 correspondieron a quejas propiamente dichas, 8 mil 319 a orientaciones directas, 7 mil 682 remisiones y 627 inconformidades. Si bien se inició un número considerable de asuntos durante el periodo que se reporta, el mismo no implicó un aumento en el rezago de los mismos, toda vez que a diciembre de 2017, frente a 25 mil 957 expedientes iniciados se reportó la conclusión de 26 mil 210, con lo que se concluyó un mayor número de los asuntos a los que iniciaron. En materia de quejas, las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos fueron el IMSS en 2 mil 634 casos, el ISSSTE en mil 78, la SEP 656, el Instituto Nacional de Migración 521, la Policía Federal 425, la PGR 422, la Sedena 415, la Sedesol 386. El Órgano Desconcentrado, Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación 377, y la Secretaría de Marina en 259 casos. En este rubro, respecto de los registros correspondientes a 2016, es de señalarse el incremento de 27 por ciento en el número de quejas recibidas en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y de 29 por ciento en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De igual forma, resulta relevante la baja de 329 por ciento en el número de quejas presentadas en contra del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, misma que es consecuencia de la implementación de los servicios de atención inmediata que este organismo nacional lleva a cabo de manera directa en los centros federales de reclusión, donde se atendieron 2 mil 494 casos planteados por personas privadas de su libertad que no llegaron a constituirse en quejas y permitieron una pronta solución a los conflictos señalados. Las presuntas violaciones a derechos humanos que se reclaman con mayor frecuencia o reclamaron en 2017 fueron: prestación indebida del servicio público, en 2 mil 227 casos; faltar a legalidad, honradez, lealtad, parcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, mil 831; omitir proporcionar atención médica, mil 782; obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad a que se tiene derecho, 592; omitir suministrar medicamentos, 496; acciones u omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y de sus familias, 464; negligencia médica, 464 también; omitir fundar el acto de autoridad, 438; prestar indebidamente el servicio de educación, 422; y detención arbitraria, 398. Respecto de 2016, destaca el aumento del 40 por ciento en la denuncia de hechos presuntamente violatorios que implicaron la omisión en el suministro de medicamentos. Por lo que hace a los presuntos hechos violatorios considerados de mayor impacto, se registraron 398 expedientes en los que se denunció detención arbitraria, 319; tratos crueles inhumanos o degradantes, 464. Perdón, 398 expedientes de queja por detención arbitraria; 319 tratos crueles inhumanos o degradantes; 464 negligencia médica, 83 tortura, 25 casos de privación de la vida y 21 de desaparición forzada e involuntaria de personas. En cuanto a la resolución de expedientes de quejas durante 2017, se consolidaron los mecanismos de atención que esta comisión ha promovido para buscar que los problemas o las situaciones que motivan a las personas recurrir a la misma se atiendan o subsanen de mejor forma. Durante el periodo que se reporta del total de quejas registradas, 4 mil 1 se lograron resolver durante el trámite; mil 332 quedaron sin materia al haberse promovido que la autoridad optara medidas para subsanar los actos reclamados y en 146 se alcanzaron arreglos conciliatorios. Todo lo cual representa un total de 5 mil 479 expedientes, lo cual equivale a cerca del 50 por ciento del total de expedientes de queja concluidos. Durante 2017 este organismo nacional emitió 97 instrumentos recomendatorios, que comprenden 81 recomendaciones ordinarias, 5 recomendaciones por violaciones graves, 8 recomendaciones de mecanismo de prevención en la tortura y 3 recomendaciones generales. Las 81 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 62 autoridades, lo cual significó un aumento de 16 por ciento frente a lo registrado en 2016. Las 6 autoridades que fueron destinatarias del mayor número de recomendaciones durante este periodo son: IMSS, en 19 casos. Comisión Nacional de Seguridad, 13. PGR 13. Instituto Nacional de Migración, 7. El ISSSTE, 4. Y la Secretaría de Marina con 4. En este rubro es de destacarse el incremento del 17 por ciento respecto de 2016 en el número de recomendaciones emitidas en contra de la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República, respectivamente. Respecto de las violaciones más graves que se determinaron en el periodo que se reporta. En 9 recomendaciones se acreditó la existencia de tortura. En 9 tratos crueles inhumanos o degradantes. En 9 privación de la vida. Y en 6 desaparición forzada o involuntaria de personas. Del conjunto de recomendaciones ordinarias emitidas en 2017, al concluir ese año tan solo un caso había sido cumplido en su totalidad. Del total de recomendaciones emitidas en 17, no fue aceptada la 39-2017 por el presidente municipal del Ayuntamiento de Choix, Sinaloa. Derivado de lo anterior la Comisión Nacional ha iniciado el procedimiento para que tales supuestos se atiendan conforme lo prevé la Constitución general. Como ya lo he referido, durante 2017 este organismo nacional emitió 5 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, lo cual representa más de la mitad del total de las 9 recomendaciones formuladas bajo tal calificación durante la existencia de la CNDH. Estas recomendaciones fueron dirigidas a 15 autoridades, siendo las 2 instancias que recibieron más recomendaciones de este tipo: el gobierno del estado de Veracruz y la Procuraduría General de la República, 2 casos cada una, sin desconocer que los hechos que les dieron origen son anteriores a 2017. Durante este año se pudieron concluir las investigaciones de casos tan graves como la venta de niños en el estado de Sonora. Las fosas clandestinas localizadas en Cadereyta, Nuevo León. El uso excesivo de la fuerza y la indebida planeación y ejecución de un operativo policial en Nochixtlán, Oaxaca. Las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ocurridas en Papantla, Veracruz, así como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias en Tierra Blanca, Veracruz. Como hemos señalado en otras ocasiones, la atención de las violaciones a derechos humanos no concluye con la emisión de las recomendaciones, ya que es necesario dar seguimiento y constatar su cumplimiento puntual, en caso de que las autoridades responsables las acepten, así como denunciar pública y decididamente las negativas u obstáculos que se presenten para su cumplimiento. En razón de ello, como consecuencia de las recomendaciones emitidas en el 2017, la CNDH presentó 44 denuncias por responsabilidad penal y 110 por responsabilidad administrativa de servidores públicos. Asimismo, con motivo del fortalecimiento de las acciones de la CNDG en el seguimiento de recomendaciones, se tiene conocimiento que durante el periodo que se informa se impusieron sanciones administrativas a 117 servidores públicos, lo cual mantiene una tendencia creciente desde el año 2013 en el que solo se sancionó a un servidor público. Estas acciones contribuyen a que las víctimas obtengan la justicia a la que tienen derecho, así como al abatimiento de la impunidad. Del cúmulo de recomendaciones pendientes de cumplimiento durante el 17, se pudieron concluir 39 recomendaciones dirigidas a 29 autoridades, cifra que, si bien es superior a la de los años previos, no resulta satisfactoria. Las recomendaciones se aceptan pero no se cumplen a cabalidad. Al finalizar 2017 las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite ante la CNDH eran la Comisión Nacional de Seguridad con 63, el IMSS con 50, la Procuraduría General de la República con 37, la Secretaría de la Defensa Nacional con 18 y la SEP con 16. De igual forma, los cinco gobiernos estatales con mayor número de estos asuntos en trámite fueron los estados de Oaxaca con 16, Guerrero con 15, Chiapas con 12, Tabasco con 11 y San Luis Potosí con nueve. Hay cinco casos de recomendaciones emitidas por esta comisión nacional que llevan más de nueve años sin que se cumplimenten. En atención a la relevancia de esta situación, de manera conjunta con la presentación del informe anual de actividades, haré entrega, señor presidente, a esta soberanía, de un informe pormenorizado sobre el cumplimiento de recomendaciones, para su conocimiento y análisis que corresponda. Las recomendaciones generales tienen como propósito que se promuevan las modificaciones a disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos. Durante 2017 la comisión nacional emitió tres, las cuales versaron sobre el expediente clínico como parte del derecho a la información en servicios de salud, las condiciones de autogobierno y cogobierno en los centros penitenciarios de la República mexicana y la tercera, la violencia obstétrica en el sistema nacional de salud. Asimismo durante 2017 la CNDH emitió cuatro informes especiales en los que se puso de manifiesto diversas problemáticas vinculadas a los derechos humanos, tales como la relativa desaparición de personas y fosas clandestinas en México, el de personas mayores en los centros penitenciarios de la República mexicana, el de adolescentes, vulnerabilidad y violencia, y el último, los desafíos de la migración y los albergues como oasis, basado en la Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México. Ante la relevancia de los casos que conoce el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a cargo de la CNDH, emitió ocho recomendaciones propias, las cuales estuvieron referidas a las condiciones de los centros de reclusión que dependen de los gobiernos estatales de: Tamaulipas, Guerrero, Nayarit, estado de México y Veracruz. Los centros federales de readaptación y rehabilitación social y psicosocial, así como los denominados CPS, además de las estaciones migratorias y estancias provisionales en los estados de: Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. Adicionalmente se hicieron públicos 16 informes, seis iniciales y 10 de seguimiento sobre diversos centros federales de readaptación social, estaciones migratorias, estaciones provisionales, lugares de detención e internamiento en varias entidades federativas. Estas fueron aceptadas y se les da el seguimiento especial. En 2017 la CNDH promovió 34 acciones de inconstitucionalidad, con lo cual ha buscado hacer visible los riesgos que algunas normas pueden representar contra el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, y contribuye a mejorar el sistema legal de nuestro país por la vía de impulsar la acción del máximo tribunal como institución garante del orden constitucional. El mandato de este organismo nacional implica no sólo la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, sino también la observancia, promoción, estudio y divulgación de los mismos, funciones que en conjunto constituyen su objetivo esencial. El informe que hoy se presenta detalla puntualmente las actividades que se desarrollaron el año pasado. En el informe también se alude a casos como los de Nochixtlán, Cadereyta, Papantla o Tierra Blanca, cuyas investigaciones concluyeron durante 2017, y que por su complejidad y trascendencia permearon en la sociedad, la cual reclama el cumplimiento cabal de los puntos recomendatorios y que las acciones necesarias para que la atención, reparación y justicia llegue a las víctimas, se implementen oportuna e integralmente. En lo relativo a la investigación del caso Iguala, durante 2017 se continuó con la integración del expediente respectivo y se dio seguimiento al cumplimiento dado por las autoridades a las observaciones y propuestas que esta Comisión Nacional ha hecho en los tres reportes que sobre este caso ha emitido. Al concluir 2017, solo 9 de 57 puntos propuestos habían sido completamente atendidos, 36 se encontraban en vías de atención y 12 no habían sido atendidos, lo cual refleja la complejidad, pero también la falta de una voluntad real y compromiso de diversas autoridades para que la verdad y justicia lleguen a este caso. Durante este año se dio continuidad a la colaboración permanente con los mecanismos regional y universal de derechos humanos, así como con otras instituciones nacionales en la materia, y con los organismos locales de protección y defensa de los mismos en México. En este ámbito es de destacarse la intervención que se tuvo en dos sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como los compromisos que a iniciativa de la CNDH asumieron otros organismos nacionales de otros países para la atención a migrantes en la frontera sur de México. Para el seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU, así como para la defensa de migrantes en los Estados Unidos de América, este organismo nacional asumió un papel activo en las organizaciones internacionales de organismos públicos de derechos humanos, lo cual propició que se llevara la voz de los mismos ante las más altas instancias de Naciones Unidas en la materia, en temas como Desaparición Forzada y Migración. Un aspecto que ocupó de manera especial a este organismo fue la defensa de nuestros compatriotas en los Estados Unidos de América ante el cambio en sus políticas migratorias, emprendimos diversas acciones, la CNDH denunció en foros nacionales e internacionales el surgimiento de un verdadero discurso de odio contra nuestros connacionales e incitó a los mecanismos universal y regional de defensa y protección de los derechos humanos a que actuaran en tal sentido. Solicitó la emisión de medidas cautelares en dos ocasiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se criticó la entrada en vigor de la Ley SB4 en el estado de Texas donde inclusive, por primera vez en un juez, ante un juez extranjero, presentamos una amicus curiae en un procedimiento judicial en los Estados Unidos. Algunos de cuyos argumentos y puede ser verificable fueron tomados en consideración en la sentencia que dejó sin efectos varias disposiciones de esa ley. A nivel global, es cada vez más alarmante el incremento del discurso de odio promovido principalmente por la xenofobia y el rechazo a los refugiados inmigrantes en países industrializados, pero también quienes promueven la animadversión por todo aquello que no está de acuerdo con sus puntos de vista o con sus formas de ver el mundo. Lamentablemente hoy se multiplican los gobiernos y las opciones políticas que hacen de la xenofobia y la intolerancia bandera política. El discurso de hoy busca cancelar nuestro derecho a vivir sin miedo, a la dignidad individual como colectiva, y a la igualdad de trato sin ningún tipo de discriminación o marginación, nuestro derecho a ser diferente, pero a la vez ser iguales en derechos y libertades fundamentales. Nada perjudica más a la democracia que un entorno alimentado por actitudes que alimentan la exclusión, el fanatismo, la violencia contra quienes son distintos y contra colectivos vulnerables y... en riesgo. También hay que ser especialmente cuidadosos de detectar y denunciar el discurso de odio en las épocas electorales. Una democracia genera una mente madura, destierra las diatribas y los agravios en favor de un debate nacional y fundamentado. Hoy que nuestro país inicia un intenso y democrático proceso electoral, vale la pena convocar a los contendientes a la reflexión, para desterrar la animadversión de nuestra elite electoral en beneficio del respeto a las personas y la consolidación de la democracia. El intercambio de ideas y propuestas durante las campañas electorales puede ser vigoroso, pero para beneficio del país jamás debe ser intransigente o fanático. Concluyo señor presidente. Señoras y señores legisladores, las circunstancias de 2018 permiten advertir un panorama político sumamente competido, de grandes dimensiones que implicarán la renovación de autoridades y representantes populares en los ámbitos municipal, estatal y federal. Lo que ocurra en este proceso marcará ineludiblemente el futuro de este país, que el destino parece empujar más por la fuerza de la inercia que por la voluntad política y el compromiso por la consecución de los más altos intereses nacionales. Desde este panorama, México requiere una revisión integral y un replanteamiento urgente sus políticas públicas en materia de seguridad y justicia. Intentar encontrar soluciones atendiendo solo a una dimensión o faceta de la problemática no resolverá las cuestiones de fondo, y en todo caso, producirá resultados parciales. Queremos más y mejor seguridad, la cual es un derecho y un reclamo de la sociedad, pero esa seguridad no puede lograrse a cualquier costo, tiene que ser dentro del marco que dan nuestras leyes y con estricto respeto a la dignidad de las personas. Como decía Jorge Carpizo: no podemos pretender combatir la injusticia cometiendo nuevas injusticias. La respuesta que desde el ámbito legislativo se dé a la violencia e inseguridad, debe contemplar la atención a las causas estructurales que generan tales problemas, no limitarse a atender sus consecuencias. Es preciso generar un andamiaje normativo para la construcción de una cultura de paz y de conciliación en México, y que recomponga nuestro tejido social y brinde opciones reales de vida y desarrollo de las personas evitando centrarse en mecanismos de reacción y el uso de fuerza. Desde la perspectiva de Derechos Humanos, a esta asignatura pendiente para el Poder Legislativo también se le suma la emisión de las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33, la armonización legislativa para que los organismos locales de Derechos Humanos cuenten con los recursos y capacidades necesarias para el desempeño de sus funciones y ejerzan una autonomía plena. Es necesario que la próxima legislatura emprenda la formulación de leyes sobre consulta previa a pueblos y comunidades indígenas, al matrimonio igualitario, al desplazamiento forzado interno, así como para que se realicen las adecuaciones normativas para prevenir y sancionar adecuadamente la violencia que enfrentan las niñas, niños en los centros educativos bajo un enfoque de máxima prevención. Legislar precisamente eliminar la figura del arraigo. Es importante que el tema de discriminación pueda ser eliminado en artículos que se condensan en legislaciones que limitan los derechos del matrimonio y de los pensionados por viudez en los varones, así como las viudas y viudos en matrimonios del mismo sexo. Revisar la racionalidad de la prisión preventiva. La ley debe de contemplar perfeccionar la alerta de género por la violencia que estamos viviendo. Es importante que la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes se armonice debidamente. Sé que estoy fuera de tiempo, hago de lo último simplemente una abstracción. Hago un exhorto para que revisemos lo conducente también desde el Legislativo respecto de los salarios mínimos, me parece que es un tema importante, y pusimos a disposición de este Poder a través de la Cámara de Diputados el que se pueda construir un presupuesto con perspectiva de derechos humanos y que desde luego se complementen los modelos de procuración de justicia y del sistema anticorrupción. Concluyo. Los cambios normativos son elementos que por sí mismos no pueden cambiar la realidad, pero sin los cuales la realidad no va a cambiar. Siendo ustedes representantes populares no resulto ocioso enviar por su conducto un mensaje a la ciudadanía, para que más allá de las filiaciones o intereses políticos, contemple como un elemento para la ponderación de su voto el que se ofrezcan garantías a favor de la legalidad y los derechos humanos. Del compromiso e identificación que tengan las autoridades y los miembros de los distintos poderes públicos con estos postulados dependerá que en los próximos años nuestro país pueda revertir la situación que actualmente enfrenta en materia de legalidad y derechos fundamentales, lo cual marcará el destino de nuestro país. Ofrezco una disculpa por el exceso de tiempo.