El diputado Jesús González Macías: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y diputadas. La participación de los adultos mayores en la sociedad resulta cada vez más evidente, incluida la importancia de incorporarlos en el proceso de desarrollo y utilizar su productividad de manera que beneficie tanto a ellos como a la sociedad. En los últimos años se ha dado mayor énfasis a esta cuestión, debido a que en el mundo la expectativa de vida ha aumentado en alrededor de 20 años, mientras la tasa de fecundidad va en descenso. Esto da lugar al aumento de las personas adultas mayores tanto en proporción como en números absolutos. La preocupación que este tema suscita a nivel internacional desde hace ya tiempo quedó de manifiesto en las Cumbres de Viena y Madrid, celebradas, respectivamente, en el año 1982 y en el año 2002, fechas en las que se elaboraron planes de acción internacional sobre el envejecimiento. Situación a la que no debemos restar importancia ya que nuestro país se comprometió a través del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento a brindar oportunidades de empleo a todas las personas de edad que deseen trabajar, mediante la eliminación de obstáculos que por razones de edad en el mercado de trabajo estructurado se den; fomentando la contratación de personas de edad, impidiendo que los trabajadores vayan envejeciendo y comiencen a experimentar desventajas en materia de empleo. Más aún en nuestro país, en la medida que avanza el proceso de envejecimiento no sólo habrá cada vez más adultos mayores sino que éstos vivirán por más años como consecuencia de la reducción de la mortalidad en edades avanzadas. Con base en las proyecciones poblacionales realizadas en el Consejo Nacional de Población en el año 2006, la población en México se estimó de 107 millones de habitantes, de los cuales ocho millones 340 mil son de 60 años y más, y se espera que para el 2050 este sector de la población pase a los 36 millones 960 mil habitantes. Cabe precisar que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, cada 24 horas, 790 personas llegan a los 60 años, entonces el envejecimiento de la población implica un peso cada vez mayor de los adultos mayores en la población total. Este cambio trae consigo complejos y variados desafíos tanto a la sociedad como a sus instituciones, entre los que destaca el ámbito laboral, ya que existe una tendencia de minusvalorar las capacidades y experiencias de nuestros adultos mayores. Sin embargo, diversos estudios científicos han demostrado la falsedad de muchos estereotipos sobre la inevitable e irreversible decadencia que trae consigo la edad, por lo que es inexorable proporcionar a los adultos mayores que deseen y puedan hacerlo, posibilidades de continuar en el mercado laboral. Lo anterior, resulta apremiante si consideramos que uno de cada dos adultos se encuentran en condiciones de pobreza patrimonial. De acuerdo con la información del Consejo Nacional de Población, el envejecimiento demográfico en México ocurre en un contexto de altos niveles de pobreza, profunda desigualdad en la distribución del ingreso e insuficiencia en la creación de empleos, que alimenta la informalidad, la precariedad laboral. Es así que más del 75 por ciento de nuestros adultos mayores que trabajan reciben una remuneración menor a dos salarios mínimos. Actualmente las oportunidades de empleo para este sector de la población son menores, a pesar que muchos adultos mayores cumplirían con los requisitos laborales, son discriminados por su edad. Si se continúa así en México habrá graves problemas sociales, una población envejecida, sin ingresos, pero con capacidad de desempeñar un trabajo, lo que deriva en un crecimiento desmesurado de la miseria. En tal virtud, resulta ineludible impulsar —tal y como lo hacen otras naciones— acciones orientadas a revalorar el trabajo y la experiencia que aportan los adultos mayores, y por consiguiente, impulsarles en la obtención del mantenimiento de un empleo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, que les asegure independencia económica y cierta calidad de vida. Por lo anterior, se considera necesario implementar una política de Estado para el empleo del adulto mayor, a través del otorgamiento de estímulos fiscales a los patrones que los contraten en su planta productiva. Para tal efecto, se propone reformar el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que los patrones que contraten adultos mayores puedan reducir de sus ingresos un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de éstos, reteniendo y enterando en los términos de la Ley, siempre y cuando los patrones estén cumpliendo respecto a dichos trabajadores con las obligaciones contenidas en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social relativa al aseguramiento del régimen obligatorio. Compañeras y compañeros diputados, la reforma propuesta resulta apremiante. Actualmente el 70 por ciento de la población con 60 años está desempleada y con amplias posibilidades de desempeñar algún tipo de actividad productiva. Por lo que es urgente que en ejercicio de nuestra facultad constitucional legislemos sobre esta materia. Es cuanto, señora Presidenta.