La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Como ya se ha dicho en esta tribuna, la reforma del 2008 del sistema procesal penal y la reforma de derechos humanos, nos dejaron como gran pendiente la creación de una Fiscalía General, que finalmente viniera a poner a México a la par de las democracias del mundo. Desgraciadamente la reforma constitucional sin embargo contemplaba un detalle importante, que no podemos dejar de mencionar en esta tribuna, la autonomía que debería de tener la Fiscalía General que debe de actuar como un órgano autónomo en realidad se ve menguada por el formato de remoción del fiscal general. El fiscal general que cumple en todo su procedimiento para ser nombrado por el Senado a propuesta del presidente, como cualquier órgano constitucional autónomo puede ser removido por causas graves por el presidente de la República. Esta forma de mantener control ante el fiscal general, que se aprobó en la reforma constitucional y que evidentemente en esta ley secundaria no se mejora, es una de las grandes nubes de duda que deja esta ley. Sin embargo, una Fiscalía General autónoma dado el estado de cosas que se presentan en este país, dada la falta de creencia en las instituciones, y si por una cuestión extraña en ésta al Ejecutivo le sale bien y lo hace bien y verdaderamente nombra a un fiscal general autónomo, entonces estaremos en el camino de poder creer que se pueden refundar las instituciones. Actuar conforme a derecho y bajo los estándares de un sistema de justicia moderno es necesario, no ha sido así el actuar de la actual Procuraduría. Esta actual Procuraduría, que hoy se transforma finalmente con esta ley secundaria y se termina el proceso para construirlo en un órgano constitucional autónomo, no hay duda que la persecución de los delitos debe ser una función autónoma del Poder Ejecutivo, la independencia garantizará finalmente imparcialidad ante violaciones legales cometidas en aras de satisfacer los intereses mezquinos, políticos u obscuros de los gobernantes. El saldo político en estos dos años es de preocupación doble, porque avanza a la regresión y la represión que hemos visto, no solamente en las frases conocidas y ahora mundialmente famosas del procurador, sino también en la forma de actuar de la Procuraduría a la hora de reprimir y de violentar los derechos de aquellos a los que eventualmente han llamado delincuentes o a narcos, pero a los que finalmente se les ha violentado sus derechos a la hora de tratar de procesarlos, donde violentamente han sido detenidos contrario a todo Estado de derecho que dice este gobierno guardar. La transformación de la PGR en Fiscalía, es un reto que debe de contar con procesos y operadores capaces de investigar y argumentar en juicio. Ésta no debe de ser una reforma de papel, como han sido muchas de las conocidas reformas estructurales. La PGR actualmente no solamente se encuentra saturada y operando en un sistema de procuración de justicia desacreditado, sino que la Procuraduría ha demostrado ser ineficiente en los casos más graves que se han presentado en este país, como es el caso de Tlatlaya y de Ayotzinapa. En lo que va de su gestión la Procuraduría de Justicia todavía deja mucho que desear. Las cifras de la PGR muestran que de enero de 2013 hasta julio de este año se han iniciado 162 mil averiguaciones previas, más o menos, pero solamente éstas terminaron el 28 por ciento en consignación. Ahora, no estamos pidiendo que se consignen todas las averiguaciones previas pero sí que haya transparencia en el proceso que sigue. Los datos a la vista corroboran la percepción que tiene la ciudadanía en la calle, seguimos siendo pues rehenes de la delincuencia y el crimen organizado, aunado aún clima de impunidad que la gente ya no está dispuesta a soportar. Tenemos entonces, frente a esta reforma, tres retos: garantizar el respeto a los derechos humanos y de las víctimas. Ya hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tarde pero lo hizo, ha declarado que los derechos humanos y su respeto en este país son de dudoso respeto. El segundo reto es alcanzar una verdadera autonomía y eficiencia. Y en esto creo que nos urge una reforma constitucional para quitar la atribución única del presidente de remover al fiscal general. De no ser así, entonces el fiscal seguirá siendo un empleado del presidente. Esta reforma que nosotros votamos en contra y específicamente en este tema, debe garantizar autonomía y debe ser modificada desde la Constitución. Si no, entonces tendremos a la PGR simplemente con cambio de siglas, como ya ha sido una costumbre de esta legislatura. El tercer reto es combatir eficientemente la corrupción y los delitos, y sobre todo los delitos electorales. Esta reforma crea una superestructura, pero solamente gubernamental, que será ineficiente si no hay una voluntad real de atacar la corrupción. El día de ayer que se instalaba la comisión especial, y con esto culmino, señor presidente, para investigar lo del tren México-Querétaro, se hablaba mucho en el discurso de combatir a la corrupción, pero no en los hechos. Necesitamos, compañeras y compañeros mexicanos, mandar acciones, no palabras ni discursos hacia la ciudadanía. Algo muy grave que se perfila y que nos deja como duda en esta reforma, y con esto cerraría mi intervención, es que se dice por ahí que se perfilará al actual procurador por otros nueve años en el encargo. Lo que nos preocupa es que el procurador ya está cansado. Entonces, hacemos un llamado a que realmente se refunde la Fiscalía General y tengamos no solamente un fiscal autónomo sino que apliquemos el Estado de derecho, tal y cual lo han dicho y lo han expresado no solamente en el papel sino también en los hechos. Es cuanto, señor presidente. Le agradezco su paciencia.