La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros y compañeras legisladoras. Cada vez es más común en nuestro país ligar toda política social con el combate a la pobreza. Se habla de la pobreza como si ésta fuera una condición natural de millones de personas en nuestro país. El discurso sobre la pobreza se ha convertido en un artilugio del poder, de la clase política y empresarial de siempre para conservar y aumentar sus privilegios. Pero no es sólo la pobreza sino la desigualdad, el grave problema que enfrenta nuestro país. La desigualdad es el tatuaje que marca nuestro pasado y nuestro presente. ¿Quién puede poner cara de satisfacción por tener entre nosotros al tercer hombre más rico del planeta, al mismo tiempo que en nuestro país es uno de los países más desiguales del mundo en cuanto a distribución del ingreso? En México la desigualdad se profundiza por las actuales estructuras sociales y económicas y por prácticas discriminatorias como son la diferencia de género, por preferencia sexual, de origen social y étnico, regionales, por discapacidades físicas. En nuestra visión pobreza y desigualdad no son problemas sectoriales que se puedan solucionar sólo con políticas sociales compensatorias. El crecimiento económico con equidad social y con sentido distributivo puede hacer que México enfrente seriamente el problema de la pobreza, ahí reside la solución de fondo. En el VI Informe de Gobierno impera una visión de política social compensatoria, necesaria en el corto plazo pero insuficiente para construir una dimensión de vida buena para las presentes y las futuras generaciones. Por ejemplo, se presenta a la educación como el eje indiscutible para el desarrollo. No obstante, el gasto social pro estudiante es uno de los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y lo más preocupante, según los analistas de esta organización, México ha descendido dos puestos en su clasificación en sólo dos generaciones. Otro dato preocupante y que esta Legislatura tendrá la responsabilidad y posibilidad de revertir, es la decreciente inversión del gasto social para la educación superior, el desarrollo de la ciencia y la tecnología que en 1998 fue del 0.48 por ciento del producto interno bruto hoy es apenas del 0.36 por ciento. Aunado a lo anterior, se agrava el problema del desempleo en jóvenes. Menos del 20 por ciento de los egresados del sistema educativo, consiguen un empleo adecuado en su primera inserción laboral. Las tasas de desempleo abierto para jóvenes duplican y hasta triplican las tasas de los adultos. Otra población agraviada son las mujeres. Las deudas de este gobierno con las mujeres son muchas y diversas. En lo relativo a la procuración de justicia, no sólo no se pudieron erradicar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Debido a la impunidad y a la negligencia de servidores públicos de los gobiernos locales y el federal, el feminicidio se extendió a otros lugares del país. Estado de México, Sonora y Morelos, son sólo un ejemplo de que en nuestro país la impunidad tiene permiso. ¿Y qué decir de la salud? Según el contrainforme elaborado por integrantes del movimiento feminista, durante este sexenio fallecieron ocho mil mujeres por causas asociadas al embarazo, al aborto y al parto; 20 mil por cáncer cérvicouterino; 15 mil por cáncer de mama; tres mil por suicidios; decenas murieron por VIH, SIDA, pérdidas de vidas dolorosas e injustas, porque pudieron evitarse con programas y recursos suficientes para otorgar servicios integrales de salud. En el terreno de la transparencia y la rendición de cuentas, sigue en la impunidad la desviación del recurso que llegó a manos de Provida con la complicidad de Luis Pazos, diputado de la LVIII Legislatura. Serrano Limón, líder de esta organización, lejos de estar en proceso penal, formó parte de quienes acompañaron la campaña electoral de Felipe Calderón. Sin embargo, y sin embargo, es justo reconocer que fue desde la Secretaría de Salud donde se dio la mejor acción de una política social no compensatoria para las mujeres: la inclusión de la píldora de anticoncepción de emergencia en la norma de planificación familiar y consecuentemente, en el esquema básico de medicamentos del sector salud. Este es, sin duda, uno de los aciertos del sexenio, pues con ello se avanzó un trecho en el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas, especialmente de las mujeres. La cultura. La política cultural no sólo fue un desastre, fue el mejor espejo de la ignorancia y del desprecio que este gobierno tuvo y tiene por la cultura; tan es así, que se despide vetando la Ley de Fomento a la Lectura. Respetuosamente, pedimos al Senado de la República que repare este agravio a la ciudadanía y a la comunidad cultural del país y dé prioridad a esta iniciativa. La atención adecuada a la problemática de las comunidades indígenas es otra factura pendiente. Xóchitl Gálvez hizo su esfuerzo, pero la solución al problema de fondo espera su turno en un documento que esta Legislatura está obligada a rescatar: los Acuerdos de San Andrés. Al partido del Presidente, que prometió solucionar el problema de Chiapas en 15 minutos; al PRD, que traicionó esta causa; al PRI, que tiene en sus haberes una deuda casi centenaria y a todos los demás partidos, los convocamos para rescatar del olvido a los pueblos indígenas de nuestro país. Legislemos los Acuerdos de San Andrés. Sabemos que la política social y el buen desarrollo de nuestro país es responsabilidad de todas y de todos. Alternativa hará su parte. Muchas gracias.