El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, me gustaría poner en contexto la alarmante situación de inseguridad que se vive hoy en el estado de Michoacán, en donde a causa del abandono por parte de los gobiernos estatales y federales precedentes a las actuales administraciones la población de esa entidad había resentido un grave deterioro de sus condiciones de vida. Cabe resaltar que la deficiente implementación de programas y políticas públicas adecuadas en la entidad arrastraron a Michoacán a una situación de notable rezago en cuanto se refiere a los indicadores sociales, basta echar un vistazo a la evolución de estos indicadores que el estado registró hasta antes de 2012 para darnos cuenta del por qué de las lamentables circunstancias que hoy padecen los michoacanos. El clima de inseguridad que se vive en una parte de Michoacán exigía tomar medidas drásticas, como las que han adoptado el gobierno federal y el gobierno estatal para devolver la paz y la tranquilidad a millones de personas que han llegado al extremo de armarse para defenderse de los embates del crimen organizado, que en 12 años incrementaron significativamente su poder ante la incapacidad y en ocasiones hasta la complacencia de las autoridades. No olvidemos que incluso en esta soberanía se dio un muy lamentable suceso, cuando un grupo parlamentario permitió que un diputado federal de su bancada, electo, tomara protesta y entrar a escondidas al recinto de San Lázaro para evadir el requerimiento de la justicia. Las aberraciones de esta magnitud fueron las que motivaron la desconfianza de la población en las autoridades, y las que han orillado a algunos michoacanos a asumir funciones que no les corresponden. A pesar de que en el Partido Verde consideramos que la demanda de seguridad de los ciudadanos es absolutamente legítima no creemos que sea conveniente bajo ninguna circunstancia que las personas se procuren justicia pos su propia mano, pues ello va en contra del más elemental Estado de derecho. La existencia de los denominados grupos de autodefensa en el estado, que surgieron desde el 2013, constituye un riesgo para la gobernabilidad y la paz social, pues sus integrantes portan armas de uso exclusivo del Ejército y realizan operativos en los cuales se cometen arbitrariedades y abusos de poder, con lo cual se atenta en contra de los derechos humanos del resto de la población a la cual dicen proteger. La firma del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad en Michoacán tiene por objeto poner todos los recursos de los cuales dispone el estado para encontrar una solución definitiva al conflicto en la entidad y regresar así la tranquilidad a los ciudadanos, a las familias y a las empresas para vivir y trabajar en paz, y de este modo salir adelante. En cuanto a las preocupaciones de los proponentes del punto de acuerdo puesto a discusión cabe señalar que la estrategia del gobierno de la república para reinstaurar el orden constitucional en algunos municipios del estado de Michoacán se implementará en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos y al Estado de derecho que las fuerzas federales actuarán con toda cautela para no empeorar la situación que se está viviendo. Queremos recalcar que el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto tiene un firme compromiso tanto con la seguridad como con la función esencial del Estado y un derecho fundamental de los ciudadanos, como con el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, por lo cual tenemos plena confianza en que los esfuerzos desarrollados por las instituciones encargadas de la seguridad interior y de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, se realizarán con estricto apego a la legalidad. Es cuanto, presidenta. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Gerardo Flores. Ahora tiene le uso de la palabra, para hablar a favor, el senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.