La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. El 3 de enero de 2015 en Boca del Río, Veracruz, se cometió un abuso sexual grupal contra la menor tantas veces mencionada; se le obligó a subirse a un auto con cuatro jóvenes, en el que abusaron sexualmente de ella. El caso en su momento fue altamente mediatizado, puesto que los jóvenes culpables de ese delito procedían de familias adineradas, con poder, en el estado de Veracruz. Lo que estos cuatro jóvenes que sí tienen nombre y que son: Enrique Capitaín Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta, y Diego Cruz Alonso, cometieron, fueron daños al libre desarrollo personal e individual de la menor. Desde abril de 2016 realizamos en esta Cámara una denuncia pública, y desde diferentes ámbitos para mostrar cómo en Veracruz se violentan los derechos humanos de manera cotidiana, y cómo no se hace nada para resolver y ejercer la autoridad. Pasó un año para que se dictara orden de aprehensión contra estos cuatro violentadores de mujeres, quienes fueron encubiertos por las autoridades que fueron omisas, y otro año más para que Diego Cruz fuera detenido en Madrid y extraditado para enfrentar la justicia, y lo que encontró fue a un juez denominado Anuar González Hemadi, Tercero del Distrito del estado de Veracruz que emitió un amparo a su favor, y que revictimizó a la víctima violentando la Ley General de Víctimas, a quien incluso acusa a la menor de no haber demostrado su estado de indefensión frente a cuatro varones, que no demostró el abuso sexual y que la intención de la violación que fue objeto no tenía intenciones lascivas de satisfacer un apetito sexual. En la investigación ministerial se desprende que el abuso a la menor, quien en ese momento tenía 17 años de edad, fue uno de éstos Diego Cruz, le tocó los senos, le metía las manos debajo de la falda y le introdujo los dedos debajo del calzón y en la vagina, aún así el juez no observó intención lasciva, ni que Cruz tuviera la intención de copular, considera lo sucedido como un frotamiento incidental y no como abuso sexual. Esto que hace el juez es violentar los derechos de la menor. El contenido del amparo refleja indignantemente la poca consideración no sólo de los derechos de la menor implicada sino de los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro país, así como una nula comprensión de los instrumentos de impartición de justicia con perspectiva de género que tanto el Poder Judicial está obligado a cumplir como los convenios y acuerdos internacionales en la materia. No nos queda duda de que con este margen legal, aunado a lo que indica el Código Penal de Veracruz, no debería haber si quiera oportunidad de que los delitos cometidos por Diego Cruz se presten a interpretaciones misóginas y anticonstitucionales del juez Anuar González Hemadi. México es firmante de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, denominada Convención Belém do Pará, en la que se especifica en el artículo 7 que los estados parte condenan todas las formas de violencia contra las mujeres y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este amparo del Juez Anuar no sólo es un agravio directo contra la menor y su familia, sino contra el sistema judicial de nuestro país, contra las convenciones internacionales que México ha suscrito y contra las mujeres mexicanas, puesto que exhibe la medida en que el dinero y las influencias superan a la justicia en nuestro país. Debería preocuparnos, como Cámara, que la ley no se cumpla, que se violentan los derechos de las mujeres y que no se haga justicia. El Poder Judicial de la Federación está obligado a revocar la sentencia de amparo y a resolver con perspectiva de género, considerando lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y todo lo relacionado con la protección de los derechos humanos. Es claro que en este caso sólo es un botón de muestra del sin fin de violaciones a la legislación en materia de derechos de las mujeres. Por ello cuatro diputados de Movimiento Ciudadano también interpusimos en esta Cámara un juicio político contra este juez, quien demostró que no es un servidor público, que con base en la Ley General de Servidores Públicos y en la Constitución Política tiene obligaciones fundamentales como juzgador y que no puede favorecer conductas criminales, pasando por alto el respeto y garantía de los derechos humanos. Violentó además bienes jurídicos y minó la confianza en las instituciones de impartición de justicia. Espero que todas y todos ustedes apoyen este juicio contra el juez Anuar. Muchas gracias.