El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Gracias, diputado presidente. Compañeros legisladores, la historia nos ha demostrado que sólo la democracia ofrece un marco institucional que permite impulsar cambios y transformaciones en el uso de la violencia y con el privilegio de la razón de los asuntos públicos. Como grupo parlamentario, en Nueva Alianza valoramos los avances logrados en la consolidación de nuestra vida democrática. Respetamos nuestro pasado, sí, aprendimos de la historia pero no nos anclamos a ella. Somos conscientes que la democracia liberal que hoy alumbra a diferentes sociedades, exige, entre otras muchas cosas, un control efectivo del Estado que debe regir su acción por la ley, ajustándose a los preceptos constitucionales y manteniendo las condiciones para una relación coordinada y respetuosa entre los poderes y los órganos autónomos. Para el Partido Nueva Alianza y su grupo parlamentario, los órdenes de gobierno deben estar sujetos, debidamente sujetos al escrutinio de una sociedad civil y de una prensa libre, objetiva y veraz. Las ciudadanas y los ciudadanos de México deben disfrutar de igualdad política con apego a la ley, y los grupos minoritarios tener la libertad de practicar su cultura, creencias y ejercitar sus derechos como plenos ciudadanos. Por ello, hoy es preocupante el hecho que nuestras instituciones estén sujetas a un desgaste, ya sea primordialmente por la ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones o por cualquier otro factor. En este sentido, la seguridad pública que el Estado debe y está obligado a proporcionar a la población, constituye una preocupación determinante para la gobernabilidad, y se ha convertido en un verdadero problema. Ante el crecimiento de los índices delictivos, de la violencia que día con día dejan ya inclusive, hasta de sorprendernos en los titulares de los diarios. En el tercer informe del Ejecutivo federal, los datos que se manejan no corresponden con la percepción social, en donde prevalece la sensación de que la estrategia implementada por el gobierno federal no ha logrado los resultados esperados, y que incluso, las autoridades se han visto ampliamente rebasadas. En Nueva Alianza reconocemos el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno en el combate a la delincuencia; sin embargo, es evidente que se requiere urgentemente revisar las estrategias que hasta hoy se han implementado, pues han resultado definitivamente ineficaces. Hoy, ante este panorama, se suma también la profunda crisis económica que se vive en el país. Enfrentamos un crecimiento negativo del producto interno bruto, lo que es una situación verdaderamente de alarma. Como resultado de lo anterior, el consumo interno está cayendo y se han cerrado miles de empresas de distintas ramas productivas, con graves consecuencias en el empleo. Y no tan sólo en este periodo por el efecto en las familias, sino por el efecto en toda la cadena productiva que esto implica. En este cercano periodo tan sólo se han perdido más de 750 mil empleos. La incertidumbre, como aquí se ha dicho ?y lo dicen los millones de mexicanos?, es creciente, y los resultados que reporta nuestra economía imposibilitan dar plena cobertura a nuestras necesidades de educación, infraestructura, ciencia y tecnología, empleo, ingreso y otros muchos servicios para nuestra población. El gobierno federal, por un lado, aplica medidas contracíclicas para fortalecer infraestructura; sin embargo, por otro, de manera contraria presenta graves subejercicios y en especial recortes presupuestales en apoyo a sus planes de austeridad, que al mes de agosto suman alrededor de 85 mil millones de pesos. Por si esto fuera poco, y adicionalmente a esta difícil situación, se suma ahora el paquete económico que se ha presentado para 2010 y que también presenta un perfil férreamente restrictivo en materia de gasto y probablemente regresivo respecto del ingreso. El proyecto de Presupuesto atenta contra la equidad y contra una política de apoyo al crecimiento y al mejoramiento de los niveles de bienestar social, haciéndolo económica y políticamente inaceptable. Se propone una reducción de 218 mil millones de pesos en el gasto programable, respecto a lo aprobado en 2009, y presenta un ajuste equivalente o aproximado al 2 por ciento del PIB. Esto presenta pérdidas importantes en la asignación presupuestal para los diversos sectores, como la educación, la seguridad pública, la salud, la agricultura, entre otros no menos importantes. Ramos como la educación, ciencia, tecnología e innovación, que tienen una función estratégica para toda nación en su desarrollo, en su crecimiento y en su competitividad, se encuentran totalmente desfasados y rezagados. No existe para este sector una política de inversión sostenida por parte del Estado. Nuestro país vive, lamentablemente, un rezago tecnológico de 30 años, lo que nos lleva a comprar la tecnología desarrollada por otros países. Es urgente poner atención a este sector, que la crisis no sea un pretexto para regatearle recursos a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Es nuestra obligación hacer el mejor de los esfuerzos para fortalecer nuestras universidades públicas y nuestros centros de investigación. En ello se sustenta, aunque muchos lo duden y no le apuesten por eso, el verdadero futuro de México. Por otro lado, el campo mexicano, el baluarte, es sin duda una de las áreas que han venido enfrentando quizá los más graves problemas. Las consecuencias del progresivo deterioro de los productores se han introducido en una caída de sus ya precarias condiciones de vida. La política agrícola y la aplicación del presupuesto público destinado a este sector tienen repercusiones amplias, no sólo desde el punto de vista de la producción, sino de los subsectores productivos que lo integran, así como del nivel de ingreso y la vida de las familias que de él dependen. Y la verdad es que muchos de los problemas que se enfrentan es la corrupción asociada a la asignación y a la distribución de los productos y los apoyos. Un solo dato. El 5 por ciento de los agricultores más ricos de México concentra el 44 por ciento de los recursos totales entregados en la historia de Procampo entre 1994 y 2008. En contraste, el 80 por ciento de nuestros campesinos, los más pobres, recibieron apenas 27 por ciento de los fondos de Procampo durante este periodo. El Poder Legislativo, todos nosotros y nuestros compañeros senadores, debemos evaluar la eficacia del gasto, su transparencia y garantizar que los recursos lleguen a quienes lo necesitan. En materia de política exterior seguramente se abundará con mayor tiempo, pero habría que decir que no se han obtenido los avances. Hay algunos atisbos, pero falta mucho por hacer. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconoce como necesaria, como urgente, la intervención de este Poder Legislativo, con el fin de posibilitar el incremento económico. Disminuir las inequidades, propiciar la tan necesaria igualdad de oportunidades para todas y todos los mexicanos. El mecanismo fundamental, el instrumento por naturaleza para lograrlo es, sin duda, el presupuesto. Por ello, es de suma importancia que el proyecto del paquete económico para el próximo 2010, que se nos envió, sea un verdadero instrumento para dar la cobertura a los requerimientos de justicia social del pueblo de México. Sí, es cierto, México tiene que innovar. México tiene que encontrar reformas. México tiene que encontrar un camino, pero un camino que lleve a abatir desigualdades y contrastes que ya son inaceptables; nuevas fórmulas de concertación para transformar esta economía nuestra y superar obstáculos que impiden el progreso. En ello está la responsabilidad de todos nosotros. Ojalá que con esta voluntad, que con esta coincidencia, que con este aparejamiento de ideales que se han venido expresando ?y ojalá también que no fuese solamente eso: ideales?, logremos el crecimiento económico para que la justicia social para los millones de pobres en México, sea una realidad. Muchas gracias.