El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Las reservas que se presentan de nueva cuenta en un ejercicio antidemocrático, que cotidianamente se presenta en esta Cámara de Diputados, de no escuchar y debatir modificaciones a propuestas que ya acordaron las cúpulas partidistas del pacto contra México y quienes los acompañen, no obstante ello dejamos constancia de nuestra posición, la cual estoy seguro es razonablemente aceptable. Miren ustedes. Las acciones de los hombres y mujeres se sustentan en la certeza de sus resultados o consecuencias, certeza con la que ha contado el crimen organizado para secuestrar el Estado mexicano sabiendo que las autoridades no actuarán contra ellos; certeza de que no se atenderá a las víctimas, de que no se aplicará la ley que sanciona sus actos delictivos. Certeza del delincuente que actúa con la complacencia de una clase política corrupta. Con esta certeza de la impunidad, el 6 de noviembre del año en curso el gobierno mexicano, en voz del todavía presidente, revocó el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por una empresa china en asociación con empresas mexicanas, vinculadas estrechamente al PRI y al todavía presidente Enrique Peña Nieto. Entre éstas la empresa Teya, que pertenece al Grupo Higa; la cual edificó obras millonarias para el estado de México cuando Enrique Peña Nieto fue su gobernador, más de 40 mil millones de pesos. Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, también alquiló aeronaves al PRI para la campaña presidencial de 2012 a través de su filial Eolo Plus. Grupo Higa, propietaria de una casa en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, es la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Esta certeza para actuar con impunidad en la desviación de recursos públicos en beneficio propio y de asociados carentes de ética y valores para una competencia leal, es la que se propone eliminar a través de las reservas presentadas a la ley que se presenta. La corrupción no sólo representa un elevado costo en la economía de las finanzas públicas; implica un costo directo a la producción nacional, afecta a empresas productoras de bienes y servicios, que día a día buscan sobrevivir para no cerrar, para mantener los empleos mínimos que requieren para seguir funcionando. La corrupción en este país representa cuando menos un costo equivalente entre el 9 y 12 por ciento del producto interno bruto. Las empresas no sólo tienen que atender a la corrupción de la administración pública federal, estatal o municipal, también tienen que enfrentar la corrupción para acceder a la obra y servicios públicos. Una propuesta de ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional que no atiende a uno de los factores que atrofia el desarrollo económico nacional o regional, es una ley inútil, es una ley que abona a la demagogia legislativa. Si en esta ley, así como la que se encuentra en proceso de dictamen sobre la obra pública, esta Cámara de Diputados no es capaz de establecer las bases para combatir la corrupción que afecta al sector productivo nacional, en nada sirve como instrumento de fomento de la producción y la competitividad nacional. Por lo tanto, la reserva al artículo 1, 3 y 8 de la ley que se presenta atiende a principios internacionales de competitividad. Obviamente que eso a ustedes no les interesa, porque no les interesa nada, más que ya esperar su dieta, su aguinaldo e irse de vacaciones con su jugoso pavo. El pueblo a comer pavorosos frijoles y eso a ustedes no les importa nada. Por eso decimos nosotros, ¿qué se pide? Que la política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad considere reducir las cargas administrativas y regulatorias que inhiban el desarrollo de actividades productivas, así como el ambiente de negocios a través de la transparencia, rendición y máxima publicidad en la gestión gubernamental, el fortalecimiento del Estado de derecho, el impulso de la competencia en los mercados y la conducta ética en las relaciones entre los sectores público y privado. Asimismo se pide adicionar un inciso a la fracción II del artículo 8 del proyecto, para que en el fomento económico regional se promueva la educación superior de alta calidad, especializada, pertinente y oportuna, como un elemento clave para mejorar la competitividad, los valores y actitudes positivas y el desarrollo tecnológico de las distintas regiones económicas del país. Esto es parte del consenso de Santo Domingo y es de los 10 principios generales de competitividad y que obviamente aquí no pasaron por esta ley. En este contexto, para aprobar una Ley de Productividad y Competitividad no sólo es exigible el combate a la corrupción a través de la ley, es exigible e imprescindible asumir la responsabilidad por parte de los servidores públicos que no sólo pretendan ocultar sus actos de corrupción, como ocurre con el presidente, todavía, Enrique Peña Nieto, sino que les molesta, hasta eso, que la sociedad les exija congruencia. Sí, diputados y diputadas, la mayor certeza que se puede establecer para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competencia económica es la congruencia, de la que evidentemente este régimen está muy ausente. No se basta, no sólo se debe denunciar la corrupción, sino se deben investigar los actos que involucran a la clase política y empresarial para sancionar a los corruptos. Si esto sí se hiciera, ya Peña Nieto estaría en prisión. No cabe la menor duda. ¿Por qué es la corrupción la que frena la competencia transparente y leal de los actores económicos leales en México? Es obvio, porque ahí es donde traban, ahí es donde agandallan, ahí es donde tranzan. En tanto no se reconozca y castigue al sistema de corrupción que encabeza el titular del todavía presidente de la república, titular del Poder Ejecutivo y sus asociados en la asignación de obra pública, en la omisión de manifestar el conflicto de intereses, en tanto que esta Cámara encubra esta corrupción y se siga complaciendo con moches, tras moches y más moches, de nada sirve modificar esta ley. Es cuanto, presidenta, en tiempo y forma.