La diputada Estela Carina Piceno Navarro: Diputadas y diputados, el día de hoy vengo a hablarles no sólo como diputada de Morena, como abogada y como mujer mexicana con convicciones y principios de izquierda. El Estado mexicano, a través del poder reformador de la Constitución, ha sido dotado de las facultades para realizar cambios a nuestro marco jurídico. En ese orden de ideas, como todos sabemos, hace casi cuatro meses el pueblo de México votó por la continuación de la transformación. Es así que, en esa consonancia, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia del Poder Judicial, misma que ordena una nueva reestructura, tanto a nivel federal como en las 32 entidades federativas. Hoy esta reforma es una realidad. Lo que hacemos hoy no es más que acatar lo que nosotros mismos, como parte del Constituyente Permanente, aprobamos hace unas semanas. Es un acto de mera congruencia con lo que el pueblo soberano nos encomendó: dar cuerpo y vida al plan C, que fue ofrecido en campaña y aprobado por más de 35 millones de mexicanos, ni más ni menos. La reforma que nos ocupa el día de hoy deviene de lo dicho en el artículo octavo transitorio de la precitada reforma, el cual concede un plazo perentorio para que este Congreso de la Unión pueda expedir las reglas claras para que las y los mexicanos puedan escoger quiénes serán ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito y jueces de distrito a lo largo y ancho del país. Con esta reforma se le está dando cauce legal a lo aprobado el mes pasado, y se está dotando de certeza jurídica a una de las elecciones más importantes de nuestro país. Por primera vez desde el siglo XIX, en el que México se constituyó como una república representativa, democrática y federal, se está dando verdadero sentido a esta afirmación. Ello, toda vez que hasta hoy solo dos de los tres Poderes que conforman la federación son electos por la ciudadanía. Esto está a punto de cambiar al hacer que, por fin, los tres Poderes de la Unión sean electos y adquiera real carácter el decir que nuestro país es, ahora sí, una república representativa, democrática y federal. En ese orden de ideas, resulta fundamental la aprobación de esta reforma para la ejecución de lo que ordena nuestra Carta Magna. Ello, pues, en caso de que no se aprobase esa reforma, tal y como se encuentra en el dictamen que hoy nos ocupa, se corre el riesgo de que esta soberanía caiga en incumplimiento de una norma constitucional, ya que generaría la imposibilidad de que el Senado de la República emita la convocatoria en tiempo y forma, y se vulnere potencialmente el proceso electoral para elegir más de mil 500 cargos de elección popular en materia judicial. Tal convocatoria será reglamentaria justamente de la reforma que hoy nos ocupa, debiendo especificar a detalle todo lo relativo a etapas, fechas, plazos, mecanismos, formatos y medios de contacto para inscribirse en la convocatoria. Vale la pena mencionar que para cada uno de los cargos existirán postulaciones nacidas de cada uno de los tres Poderes de la Unión, quienes, al ser calificados por los respectivos comités evaluadores, serán evaluados por el Comité del Poder Ejecutivo, el del Poder Legislativo, en cada una de sus Cámaras y, por supuesto, el del Poder Judicial. Como es del dominio público, ya se publicó la lista de cargos a elegir, a saber: la totalidad de los ministros de la Corte, la totalidad de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las vacantes y la mitad de los cargos ocupados de las magistraturas y juzgados de distrito. Por lo cual, será un trabajo enorme para el Instituto Nacional Electoral y para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y desde esta soberanía estamos en el deber moral de darles las herramientas para poder trabajar de manera adecuada y que tengan todo el éxito en la misión que se les encomendó, que es por el bien de todos. En ese sentido, mucho se ha dicho sobre la inviabilidad de que los juzgadores sean electos por el pueblo, pero yo les pregunto: ¿porqué la ciudadanía sí está capacitada para elegir a quienes hacen las leyes e incluso a quien dirige a la nación, pero no a quienes interpretan y aplican las leyes? ¿Qué los hace tan diferentes como para no poder ser electos por el pueblo una vez cubiertos los requisitos que deben tener por mandato constitucional? Yo les respondo, nada, absolutamente nada. El pueblo de México puede y debe elegir a los integrantes de los tres Poderes de la Unión y sus equivalentes en las entidades federativas. Vale la pena recordarlo y nunca olvidarlo, esa es la génesis de nuestro movimiento, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. No se puede permitir que el pueblo de México...