El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Con el permiso de la Presidencia. En relación con la reserva, es de hacer notar que el compromiso con la movilidad ya está considerado en la ley que se reforma. La reforma que hoy discutimos no es menor, busca devolver al Estado mexicano la rectoría sobre el sistema ferroviario nacional después de casi tres décadas de haber sido abandonado a manos del interés privado bajo criterios estrictamente comerciales. Desde finales del siglo XIX el tren fue motor de integración para poblar regiones remotas y canal para movilizar el progreso. Bajo el liderazgo del presidente Lázaro Cárdenas, Ferrocarriles Nacionales fue nacionalizado en 1938 y consolidado como una empresa estratégica para el Estado mexicano. Sin embargo, en 1995 el modelo cambió drásticamente. La desincorporación de Ferrocarriles Nacionales de México y la promulgación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario abrieron la puerta a un proceso de privatización que entregó más de 15 mil kilómetros de vía a intereses privados, sin suficientes salvaguardas públicas, se creó un sistema cerrado en el cual los concesionarios obtuvieron derechos exclusivos de vía y quedaron libres de toda obligación de expansión, cobertura social a/o servicio a pasajeros. Qué resultado nos dio esa política entre 1997 y 2017. La red ferroviaria nacional creció apenas 23 kilómetros. Hoy, el 80 % de las concesiones están en manos de 3 empresas: Ferromex, Ferrosur y Kansas City. Se consolidó un duopolio que no construye, que no conecta regiones marginadas y que responde a una lógica de rentabilidad, no de interés público. En contraste, la participación del tren en el transporte de personas es marginal, menos del 1 % de los viajes nacionales se hacen por ferrocarril. El sistema está diseñado para el beneficio de unos cuantos, no para servir a las mayorías. Por ello, esta reforma es necesaria. Se propone la creación de Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, como organismo público descentralizado, técnico y con patrimonio propio. Su función será recuperar la capacidad del Estado para planear, construir, supervisar y regular el sistema ferroviario bajo criterios sociales, ambientales y territoriales. Permitirá dar continuidad a los proyectos emblemáticos de este gobierno, como el Tren Interoceánico, el Tren Maya y los nuevos corredores anunciados en el decreto del 20 de noviembre del 2023. Su función será también acompañar a estados y municipios para desarrollar trenes suburbanos, turísticos o regionales que reactiven economías y reduzcan las desigualdades. Esta reforma reconoce expresamente que el transporte ferroviario de pasajeros es un área prioritaria para el desarrollo nacional. Se actualiza el régimen de seguros supervisores de proyectos y mecanismos de verificación, para garantizar que las nuevas obras cumplan con estándares técnicos y de seguridad. No buscamos expropiar ni cancelar concesiones legalmente otorgadas. Lo que buscamos es recuperar la conducción estatal de una infraestructura crítica para la movilidad, la economía, la sustentabilidad y la equidad regional. Queremos un sistema ferroviario que conecte a más de 49 millones de personas, que revitalice 18 mil kilómetros y que duplique el volumen de carga movilizada por el tren. No podemos seguir sujetos a un sistema diseñado para evitar la competencia, ignorar el servicio público y excluir regiones completas. México necesita una red ferroviaria moderna, accesible, planificada y regulada por el Estado, que construya a la seguridad vial, a la reducción de emisiones contaminantes y al fortalecimiento del mercado interno. En resumen, ¿la reforma que discutimos es jurídica? Sí. ¿Es técnica? También. Pero, sobre todo, es una reforma con visión de país. Por todo lo anterior, mi voto será a favor y tengo la seguridad de que estamos tomando una decisión histórica, a favor del país, a favor de los mexicanos y las mexicanas más pobres de nuestro país. Recuerden que mucha gente usa los trenes en las regiones más despobladas y, sobre todo, las regiones más necesitadas de transporte. Es cuanto, presidenta. Retiro mi reserva.