El diputado Javier Hernández Manzanares: Con su permiso, compañero Presidente. Compañeras y compañeros, en mi calidad de diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de esta LX Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 213 bis y adiciona el Capítulo XIV, al Título Décimo, del Libro Segundo, del Código Penal Federal al tenor de la siguiente Exposición de motivos La libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o las leyes. La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista en distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que México ha ratificado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, primer inciso, establece: "Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta". La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7o., segundo párrafo, señala: "Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala al respecto: "A menos que los ciudadanos estén garantizados en el ejercicio de este derecho, el derecho a la libertad personal, todos los demás derechos quedan en entredicho. Mientras exista la posibilidad de la detención arbitraria, las demás barreras a la acción gubernamental se convierten en esperanzas vacías y la democracia no se puede beneficiar con el juicio libre y espontáneo de un pueblo del que debe depender para dirigir su propia conducta". Al analizar estas disposiciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que "Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma". En consecuencia, la privación de la libertad personal sólo puede efectuarse en los casos, con las normas y por el tiempo previsto en la Constitución o en la ley. En caso contrario, estaremos ante una medida de carácter ilegal que se encuentra prohibida, tanto a nivel nacional como en el internacional. Pero además, existen restricciones a la libertad personal que, a pesar de su conformidad con las normas legales, también se puede prohibir, tal es el caso de las detenciones arbitrarias. Por esta razón, las normas internacionales de derechos humanos no sólo prohíben toda privación de libertad que se realice sin observarse las condiciones legales previstas para tal efecto, sino también cualquier restricción a este derecho es fundamental que resulte arbitraria. Por lo antes expuesto, someto a consideración, y en su caso, aprobación de esta soberanía, de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 213 Bis y el Título Décimo del Código Penal Federal, para quedar como sigue: Artículo único. Se reforma el artículo 213 Bis y se adiciona un capítulo XIV, con el artículo 224 Bis, al Título Décimo del Código Penal Federal, para quedar como sigue: Artículo 213 Bis. Cuando los delitos a que se refieren los artículos 215, 219, 222 y 224 Bis del presente código sean cometidos por servidores públicos, miembros de alguna corporación policiaca, aduanera o migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad y, además, se impondrá destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Capítulo XIV. "Detención arbitraria". Artículo 224 Bis. Comete el delito de detención arbitraria el servidor público que, sin el cumplimiento de los requisitos legales o sin el debido proceso, reciba o retenga a una persona para privarla de su libertad o mantenerla bajo medida de seguridad. Al que cometa el delito de detención arbitraria se le impondrán de uno a ocho años de prisión y de 50 hasta 300 días de salario mínimo de multa. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.