El diputado Pedro Jiménez León: Compañeras diputadas y compañeros diputados, cualquier balance objetivo que se quiera realizar sobre la industria eléctrica en México y la situación que hoy vive Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene que partir forzosamente del desempeño y el papel que juegan para la prestación del servicio público de energía eléctrica dos empresas: Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad. Poco en realidad se ha valorado el papel que juega Luz y Fuerza del Centro en el contexto nacional. No olvidemos que opera en la Ciudad de México que tiene una densidad de población comparable con Tokio, 7 veces más densa que Madrid y 25 veces más que Berlín. Luz y Fuerza del Centro atiende a dos de las entidades con mayor número de habitantes: el estado de México, con casi 15 millones, y el Distrito Federal, con 9 millones de habitantes. Esta empresa enfrentó múltiples problemas, como la dificultad que representa la construcción de una red subterránea compleja, obstruida por el ambulantaje, y alimentadores de más de 100 kilómetros de extensión. Con todos los trabajadores lograron constituir una organización industrial que le permitiera crear un conjunto de procesos para autoabastecerse de los insumos necesarios para el desarrollo de la industria eléctrica. Se crearon talleres que le dieron la capacidad suficiente para reparar transformadores de distribución y de potencia, que reportaron a la empresa un beneficio de hasta un 50 por ciento. Además, a diferencia de la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza tiene la capacidad para reparar transformadores, fabricar torres de transmisión, postes, herrajes y tableros. Por lo tanto, es claro que la deficiencia que se le pretende atribuir al sindicato en realidad es sólo un pretexto para agraviar a los trabajadores y poder crear las condiciones de privatizar el sector eléctrico. El otro asunto al que me quiero referir es que el artículo 9o. del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994, a través del cual se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que se fundamentó en otro decreto de fecha 27 de diciembre de 1989, a través del cual se reformó el artículo cuarto transitorio de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, el cual dispuso la constitución, estructura y funcionamiento de un organismo descentralizado que tendría a su cargo la prestación del servicio eléctrico. El artículo transitorio referido, modificado por el Congreso, mandató al presidente de la república a la emisión de un decreto para crear la compañía Luz y Fuerza del Centro. Por tanto, el Ejecutivo debió enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con el propósito de que el Congreso le facultara a emitir el decreto de extinción. Al no haberse seguido el procedimiento en los términos del artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales que señala: "en la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción o liquidación", es evidente que el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es a todas luces ilegal. El decreto violó la Constitución. Yo quiero recordarles que quien llegó a la titularidad del Ejecutivo, "haiga sido como haiga sido"; en esta tribuna haya entrado como haya entrado, protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República; y, ésta, en su artículo 73, en su fracción XI señala que otorga al Congreso la facultad exclusiva para crear y suprimir empleos públicos de la federación y señala, aumentar o disminuir sus dotaciones. Ya que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es un organismo descentralizado de la administración pública federal, estaba sujeta a la normatividad emitida por el Congreso. Por esa razón debimos haber presentado la controversia constitucional. Los seis diputados de Convergencia firmamos a favor de ello y lo sostenemos por ser inconstitucional.