El diputado José Luis Valle Magaña: Con su permiso, presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, aunque Manuel Ferrer Muñoz, en Apuntes sobre la historia del Congreso de México, menciona que el Poder Legislativo desde sus inicios gozó de más facultades que el Ejecutivo éste último conforme fueron apareciendo los ordenamientos fundamentales de 1824 a 1857 fue conquistando el terreno institucional y el control de un mayor número de facultades. Durante el porfiriato y al término de éste la figura del Ejecutivo fue ganando terreno a pasos agigantados con respeto al Poder Legislativo. En el proyecto constitucional de don Venustiano Carranza se puede apreciar la preeminencia que se daba a la figura del Ejecutivo, en detrimento de las facultades del Poder Legislativo. A medida que se han ido depurando los canales políticos en nuestro país y la pluralidad a pisado fuerte en los umbrales de una incipiente democracia el Poder Legislativo ha ido adquiriendo paulatinamente la relevancia que de suyo le pertenecía como principal depositario de la soberanía y la representación nacional. En la actualidad el depositario del Poder Legislativo ha recuperado diversas facultades constitucionales, sobre todo por lo que ve a sus funciones de control, lo que la ha colocado como un verdadero contrapeso del Ejecutivo. México está transitando a una era de transparencia del ejercicio del presupuesto público y de la función pública en general. La actuación del Congreso ha sido vital en este sentido. Por otro lado, desde la dimensión normativa e institucional se han diseñado instrumentos al servicio de los gobernados para acceder a la información pública gubernamental de su interés, a efecto de garantizar el derecho al acceso a la información y a estar informados. Esto es precisamente la sustancia de las reformas que hoy se discuten. Sin embargo, como en muchos otros casos, el ejercicio del derecho a la transparencia y al acceso a la información pública gubernamental tiene ciertos límites en razón de la preservación de otros derechos fundamentales, como: El derecho a la seguridad para salvaguardar los secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos. Evitar poner en riesgo el funcionamiento del sistema financiero o bancario; o para no comprometer los derechos o interese legítimos de terceros. Así, los distintos poderes públicos y autoridades están facultados para clasificar la información o documentación que manejan como reservada o confidencial. Ahora bien, no puede confundirse la naturaleza jurídica de las solicitudes de información propias de los particulares, las cuales tienen limitantes como se ha explicado en párrafos anteriores con las solicitudes de documentación e información llevadas a cabo por los órganos de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, pues éstas últimas atienden a una naturaleza jurídica, política, diametralmente distinta en tanto que tales solicitudes se efectúan en ejercicio de una facultad constitucional, que forma parte de sus funciones de control y en atención a uno de los principios republicanos, como es el equilibrio de poderes, por lo que los órganos legislativos estarían actuando como representantes del pueblo y de los intereses nacionales, posición que justifica su fuero constitucional. Las funciones de control del Poder Legislativo son trascendentales en un sistema político basado en la división de poderes, por lo que no se justifica que existan trabas de orden burocrático para poder acceder a la información o documentación pertinente, para realizar su trabajo, si lo que se quiere es transitar a la consolidación democrática. En consecuencia, en la propia Carta Magna se debe establecer que los órganos del Congreso deben estar concluyo, señora presidenta exentos de restricciones para acceder a información o documentación de la administración federal, pues de lo contrario se entorpecería flagrantemente no sólo la tendencia de posicionar al Poder Legislativo como el máximo órgano político y soberano de nuestro país, sino también la capacidad para que éste pueda fungir como la principal herramienta para transparentar y optimizar el ejercicio de la función pública. Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva: Único. Se reforma la base octava, sexto párrafo, de la fracción I, apartado A, del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar diputadas, diputados como sigue: La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. Las solicitudes de información o documentación del Congreso, procederán aun cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones aplicables. Es cuanto. Gracias, señora presidenta por su tolerancia, gracias a quienes me escucharon.