El diputado Ricardo García Escalante: Gracias, presidenta, con su permiso. Con su permiso, diputado vicepresidente. Reserva del artículo 4o. fracción VII. Uno de los mayores retos que enfrentamos en la actualidad es lograr un gobierno realmente abierto, principalmente para que nuestras percepciones como funcionarios públicos sean dadas a conocer como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero, de acuerdo con los propios informes del INAI, aún cuando ya existe mucho avance en la materia algunas autoridades se resisten a publicar datos veraces respecto a su nómina en la plataforma nacional, y como consecuencia, también en su portal electrónico. Aprovechando que ya se aprobó por ustedes esta ley que regulará los sueldos de todos y cada uno de los funcionarios públicos, y para coadyuvar en la concientización de las autoridades, de que nuestros salarios son públicos y que existe una disposición legal que le ordena claramente como una obligación de transparencia. En este caso el artículo 70, fracción VIII que a su letra dice: en la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan. Fracción VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. Disposición a la cual, si la concatenamos con lo que establece el artículo 4o., fracción VII del presente dictamen, estaríamos enfatizando y siendo muy claros en la obligación de transparencia que tienen todas las autoridades de publicar en sus medios electrónicos la percepción total de toda su plantilla de personal. Por ello, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, propongo una reforma al artículo 4o., fracción VIII para que diga: fracción VIII, transparencia y rendición de cuentas. Las remuneraciones públicas, toda autoridad está obligada a informar y rendir cuentas, debiendo cumplir en tiempo y forma con la publicación que establece el artículo 70, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, privilegiando el principio de máxima publicidad. Esto es lo referente al artículo 4o. fracción VII. Ahora, me gustaría hablar de la segunda reserva que es la del artículo 16, penúltimo párrafo. Cuando legislamos tenemos que salvaguardar, ante todo, que no se violen derechos fundamentales de la ciudadanía, en caso concreto, el de los servidores públicos al aprobar la presente Ley Federal de Remuneraciones. Sin embargo, dentro del artículo 16 existe un párrafo que podría violar los principios esenciales de un procedimiento de determinación y aplicación de sanciones. Se los explico con mucho gusto, compañeros diputados, la ley propuesta permite que los funcionarios públicos puedan tener más de un empleo dentro de la función pública y entre otros requisitos exige que se tramite una constancia de compatibilidad ante el área administrativa, ya sea por el horario de labores o para verificar que no exista conflicto de intereses entre estos empleos. Pero, en el párrafo en comento proponen que cuando se acredita que un servidor público declare información falsa para obtener dicha constancia se quedará sin efecto su nombramiento o vínculo laboral. Es decir, sin mediar procedimiento administrativo alguno se está determinando y aplicando una sanción, por lo que es claro que viola el derecho humano de acceso a la justicia para los funcionarios públicos que se pudieran encontrar en este caso. Por otro lado, este párrafo tampoco aclara si el vínculo laboral a que se dará fin es el que se contratará o el que ya se venía desempeñando. Como todos lo sabemos, un director administrativo de cualquier dependencia, no se encuentra facultado para determinar, y menos para aplicar sanciones de manera unilateral. Para ello existen los órganos internos de control, los cuales son los facultados por la ley. Es necesario modificar esta disposición que a todas luces es inconstitucional, porque se deja la potestad de una autoridad incompetente para que determine y sancione una probable falta. Lo correcto sería que se tienen que seguir los procedimientos que establece la ley de la materia, para determinar si un funcionario público es responsable o no, de alguna falta administrativa por autoridad competente, en este caso, el órgano interno de control. Asimismo, se debe dejar claro que únicamente se suspenderá su nombramiento o vínculo laboral de la nueva contratación, hasta que la contraloría que le corresponda resuelva el procedimiento. Por ello, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento, propongo una reforma al artículo 4o., fracción VIII, para que diga: cuando se tengan indicios de que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información requerida, para obtener...