El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. Los problemas más recurrentes en las cárceles de nuestro país se resuelven fundamentalmente en el deficiente ejercicio de las funciones de autoridad, lo cual da pie al autogobierno o cogobierno con los grupos delincuenciales, pero también en el hacinamiento y la sobrepoblación, en la inadecuada separación de reos, en la falta de infraestructura para el acceso a servicios tan elementales como la salud, la alimentación, la educación, lo que representa indudablemente un serio obstáculo no solo para la reinserción social, sino también para el respeto y la protección de los derechos humanos de los internos. Cabe recordar, que la situación descrita prevalece tanto en las cárceles de las dependencias federales como en los centros de reclusión que son responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales, por lo tanto una reforma integral al sistema debe considerar una transformación en los tres ámbitos de gobierno. La ejecución de sanciones penales siempre ha sido tratada a través de diversas leyes que establecen los mecanismos bajo los cuales se habrán de organizar los centros penitenciarios como sitios especializados en la materia, sin embargo los trabajos legislativos al respecto se habían quedado inmóviles frente a los retos que plantean los nuevos tiempos, dejando de observar el dinamismo requerido para encarar las recientes necesidades del sistema. Este atraso también se hizo patente en cuanto respecta a los compromisos adquiridos por nuestro país en materia de protección a los derechos humanos. En este sentido, la expedición a mediados del presente año de la Ley Nacional de Ejecución de Penal, representó un avance legislativo de gran relevancia, pues este nuevo ordenamiento contempla tanto aquellas adecuaciones y necesidades requeridas para seguir fortaleciendo nuestro estado de derecho, con afán de que éste garantice la seguridad jurídica que deben tener todos los imputados, a través del establecimiento de normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución jurídica con estricto apego a los principios de equidad, legalidad, respeto al proceso, transparencia, proporcionalidad y una auténtica reinserción social. Es en este tema en donde mi partido hace énfasis, pues no se puede perder de vista que por mandato constitucional nuestro sistema penitenciario deberá organizar, sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para éste prevé la ley. Se insiste en el tema de la reinserción social. Es importante porque esta es la única vía para lograr que los centros penitenciarios cumplan verdaderamente su función, la cual requiere de esfuerzos conjuntos para consolidar el éxito de las políticas en materia de seguridad y justicia hasta ahora implementadas a nivel federal con base en la nueva legislación en la materia. El Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen fundamentalmente porque creemos que todo aquello que contribuya a la plena reinserción social de las personas que incurren en algún delito, debe ser respaldado por esta soberanía, pero además consideramos que con ello se ponen bases firmes para que con la eventual expedición de una ley que establezca las bases y principios generales en materia de administración de centros penitenciarios en todo el país, se avanza en el cumplimiento de lo establecido en los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal en materia de derechos humanos. En este sentido, en el Partido Verde ratificamos nuestro compromiso para impulsar leyes y políticas en materia de ejecución penal que permitan recuperar la tranquilidad social, pero fundamentalmente que respeten la dignidad y garanticen la reinserción social de quienes se encuentran privados de su libertad. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.