La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Gracias, presidenta. El pasado mes de diciembre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo público un comunicado oficial en relación al proceso de consulta indígena sobre el Tren maya, tras haber participado como observador en el mismo, en el que señala las numerosas deficiencias en el proceso de consulta por las cuales no se puede considerar que cumpla con las condiciones de previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las que el Estado mexicano se ha comprometido, y que constituyen elementos indispensables para preservar los derechos humanos de los pueblos indígenas. En el comunicado se señala especial preocupación respecto a la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso, lo que por sí solo sería motivo suficiente para deslegitimar la consulta. La respuesta de la Presidencia de la República, lejos de demostrar interés y voluntad en subsanar las deficiencias, acusa a la Oficina del Alto Comisionado de incurrir en descalificaciones, críticas simples sin sustento, ligeras y parcializadas, y faltar al respeto a la supuesta legítima voluntad de las comunidades indígenas. Resulta en extremo lamentable que la postura oficial del gobierno mexicano ante las recomendaciones de un organismo dedicado a la protección de los derechos humanos sean acusaciones de parcialidad y falta de sustento, en especial cuando lo que está en riesgo son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El desprecio de los derechos y al legítimo interés jurídico de los pueblos indígenas forma parte de la desigualdad estructural que la administración actual sistematiza, al pretender imponer decisiones ya tomadas mediante una burda simulación de consulta y diálogo. Existen numerosos ejemplos de megaproyectos en los que se ha mostrado el mismo desprecio a los derechos de las comunidades por parte de las autoridades federales, entre los que podemos mencionar el Acueducto Independencia en el valle Yaqui de Sonora; las concesiones mineras en territorio del pueblo wixrárika en San Luis Potosí; los permisos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada en agravio de habitantes de comunidades indígenas en siete entidades; la comunidad de San Francisco Cherán, en Michoacán, que ha combatido exitosamente la imposición de procedimientos electorales ajenos a sus usos y costumbres, así como las reformas a la Constitución local en materia indígena respecto de la cual no se les consultó; y, por supuesto, el parque eólico en Juchitán, Oaxaca, que fue inaugurado con bombo y platillo por la Secretaría de Energía en mayo del año pasado, pero no ha traído ningún beneficio a los juchitecos. Estas circunstancias ya fueron abordadas desde 2016 por una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces autónoma, al emitir su recomendación en la que se recomienda al Ejecutivo federal a presentar una iniciativa sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas y a los Congresos federal y estatales a estudiar las iniciativas presentadas desde el Ejecutivo, así como a contemplar la legislación específica en la materia. Por lo anterior, la iniciativa que hoy presento a nombre propio y agradeciendo el respaldo de diversas compañeras y compañeros de varios grupos parlamentarios, propone hacer explícito en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que en el sistema de consulta y participación indígena operado por dicho instituto, se garantice el respeto cabal de los principios que el derecho internacional considera elementos esenciales, es decir, que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, mediante procedimientos culturalmente adecuados y con pertinencia cultural. Ello como un primer paso para contar con un marco jurídico que efectivamente garantice el respeto al derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, consentimiento que implica la participación de los sujetos de la consulta en un proceso de retroalimentación sobre diseño, implementación, mitigación de consecuencias, precauciones a tomar, compensaciones, beneficios y otros aspectos del proyecto con el objetivo de asegurar el respeto de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas afectados, y de lograr un consenso sobre su viabilidad. No se trata de un mero trámite ni una formalidad que se pueda subsanar con simulaciones, sino de un reconocimiento auténtico al derecho y a la capacidad de autodeterminación de los pueblos indígenas, así como del respeto a su cultura, territorio, lengua, usos y costumbres. Es cuanto, presidenta.