El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. Amigas y amigos diputados. En México uno de los principios fundamentales del orden jurídico es el de la supremacía constitucional, tutelado en el artículo 133 que significa la garantía de que ninguna ley de carácter secundario se encuentra por encima de nuestra Carta Magna. El orden establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rompe no sólo cuando se violan las garantías individuales de los gobernados, sino también cuando los órganos legislativos emiten normas de carácter general contrarias al pacto federal. La Constitución federal requiere normas de carácter procesal para llevar a cabo su justa aplicación, por lo que el medio procesal eficaz para protegerla es la llamada acción de inconstitucionalidad, la cual es estudiada y forma parte del derecho procesal constitucional. El espíritu jurídico de la presente iniciativa tiene que ver con la protección irrestricta de la Constitución, pues está claro que el estado social del derecho o el estado constitucional está basado en los principios de la legalidad. El concepto genérico de la defensa de la Constitución se desdobla en dos categorías fundamentales: la protección de la Constitución y las garantías constitucionales. La protección de la Constitución se integra por todos los actores políticos, económicos, sociales e incluso de técnica jurídica incorporados a los textos fundamentales con la finalidad de limitar el poder y lograr el funcionamiento de los poderes públicos. El estudio de las garantías constitucionales cobra especial relevancia en México a partir de la reforma constitucional del 97 y especialmente la del 94, debido a que la Suprema Corte de Justicia materialmente realiza las funciones de un tribunal constitucional, a pesar de conservar todavía algunas competencias de mera legalidad, conociendo ésta de las acciones de inconstitucionalidad. La intención de la presente participación es reformar el artículo 60 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional con el objeto de que haya coherencia para la aplicación de la iniciativa que propuse reformar el artículo 115 de la Carta suprema, en noviembre del año pasado, con la finalidad de ampliar el término para la presentación de la demanda de las acciones de inconstitucionalidad. De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, para quedar como sigue: Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de 45 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. Transitorio Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Le solicito, señor Presidente, de manera respetuosa, se incluya esta participación en el Diario de los Debates. Es cuanto.