El diputado Elio Bocanegra Ruiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la discusión de este dictamen de Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y Ganadería, para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y promover el fortalecimiento de los productores nacionales de leche, se encuentra muy a tono con el debate que realiza actualmente el país para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En nuestra opinión, en el presente dictamen no se trata únicamente de interés de los productores pecuarios, sino también de un asunto de interés nacional, pues tratarse de un producto básico y estratégico implica una discusión más de fondo relacionado con el problema de la soberanía alimentaria de los mexicanos puesta en riesgo por las cláusulas onerosas para México que contiene el Tratado de Libre Comercio. En los últimos años, ciertamente el sector lechero, al igual que otros sectores productores del campo, han venido enfrentando múltiples dificultades relacionadas con el precio de la leche, al grado que los meses de mayor producción en algunas ocasiones los ganaderos han preferido tirar el producto que venderlo al precio de mercado, y es que dicho precio se establece de manera desleal, por debajo de los costos de producción, Como resultado de los grandes volúmenes de leche en polvo subsidiada e importada principalmente de los Estados Unidos. Es importante que anualmente en promedio de 3 mil millones de litros de leche que equivalen al 20 por ciento del total de la demanda del mercado, siendo la paraestatal Liconsa la principal empresa compradora de este producto importado. El problema original que plantea la iniciativa de ley en discusión era para resolver la demanda del mercado de la leche con producto nacional, garantizando la adquisición a productores locales hasta en un 90 por ciento, como compromiso del Estado, a través de Liconsa. En este dictamen de las comisiones unidas este planteamiento fue modificado con el argumento de que contraviene las disposiciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio, en el apartado 4, donde se plantean las consideraciones del dictamen, las comisiones unidas señalan las modificaciones propuestas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al establecer la obligación a Liconsa de adquirir preferentemente a productores locales, constituye una barrera al comercio en el marco del Tratado de Libre Comercio, lo cual contraviene lo señalado en el artículo 1006 de ese tratado, relativo a la prohibición de condiciones compensatorias especiales. Son precisamente este tipo de cláusulas del Tratado de Libre Comercio las que no solo dejaron desprotegidos a los productores agropecuarios nacionales, sino que también ponen en grave riesgo la soberanía alimentaria de los mexicanos, pues no debemos olvidar que además de leche en polvo importamos 11 millones de toneladas de maíz, 2.5 de trigo, 120 mil toneladas de frijol, 80 mil toneladas de arroz y más del 80 por ciento de las oleaginosas, todo lo cual equivale a importar más del 40 por ciento de los alimentos que necesita nuestra población. Estos son algunos de los motivos por los cuales en su momento el PRD condenó las condiciones bajo las cuales se firmó el Tratado de Libre Comercio: la situación de abandono por la que atraviesan los productores del campo y la vulnerabilidad en que se encuentra hoy nuestra nación ante el vecino del norte. Lamentablemente viene a demostrar que teníamos la razón. Por todo ello, votaremos a favor del presente dictamen, al mismo tiempo que demandamos que en la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio se ponga en primer plano el carácter de interés público, que de acuerdo con nuestra Constitución tiene la producción agropecuaria, su industrialización y su comercialización. Asimismo que en dicha negociación participen los tres Poderes de la Unión, los diversos sectores productivos, sociales y centros de investigaciones y no únicamente la iniciativa privada, como lo ha propuesto el Ejecutivo. Es cuanto, presidenta.