El diputado Juventino Víctor Castro y Castro: Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados: la Constitución liberal de 1857 y la Constitución social y revolucionaria de 1917 coinciden en el reconocimiento de muchas garantías individuales y colectivas, así como en muchas disposiciones orgánicas, pero sobre todo, en el reconocimiento amplísimo de la libertad personal, que constituye la suprema garantía para que se pueda gozar del resto de las garantías reconocidas. Según nuestros textos, para que el Ministerio Público averigüe una conducta y prive legalmente de la libertad a una persona se requiere que previamente exista una denuncia, una acusación o una querella de la parte que denuncie que se ha cometido un delito castigable con pena corporal; practicar a continuación una averiguación previa y, hasta entonces, el Ministerio Público podría consignar a un juez la averiguación que practique, y al señalar al probable indiciado, le pida al propio juez que gire una orden de aprehensión en contra del presunto responsable de esa conducta y así motive la causa legal y constitucional de los procedimientos como lo ordena la Carta Magna. Sin cumplirse tales condiciones, nadie puede, constitucionalmente, ser privado de su libertad, salvo que fuere sorprendido in fraganti. El Ministerio Público que hubiere solicitado la orden, y el único que puede ejecutarlo, tiene la obligación de poner a disposición del juez, de inmediato, al detenido. En 1996 se autorizó al Ministerio Público a retener por 48 horas a un detenido y tan sólo por ese término. La discreción subsiste, está vigente. Por otro lado, el vigente artículo 20 establece como garantía de toda persona imputada, que se presuma su inocencia mientras no se declare en sentencia del juez de su causa, una presunta responsabilidad a su caso. Yo mismo tuve la enorme oportunidad, bajo la autoridad de don Sergio García Ramírez, como director jurídico de la subprocuraduría, de cumplir con la garantía de que se investigara para aprehender y no que se aprehendiera para investigar. El Ministerio Público en esos tiempos era eficiente y cumplía con su misión constitucional. ¿Qué ocurrió para convertirlo en corrupto e ineficaz ante los ojos de la sociedad? Podríamos intentar explicarlo pero es indicativo subrayar que los jueces comenzaron a poner en libertad a los delincuentes organizados bajo cargos insuficientes y el Ministerio Público a afirmar que ellos persiguen y aprehenden a los delincuentes y los jueces continuamente los ponen en libertad inmediata de forma arbitraria. Por esta última circunstancia y para evadir su obligación de investigar, antes de aprehender, se acostumbró utilizar caprichosamente el arraigo penal de cualquier persona a quien considerara el Ministerio Público como presunto componente de un miembro de la delincuencia organizada, cuando así lo considere pertinente. Este ilegal procedimiento motivó que nuestra Suprema Corte resolviera, en jurisprudencia firme, que el arraigo viola las garantías de la libertad personal y de tránsito. Por ello, el Ministerio Público prefirió promover y lograr una reforma constitucional y legalizar los arraigos penales en el artículo 16 constitucional. Así, lo inconstitucional se convirtió en perfectamente constitucional. Inclusive el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 7 de abril de este mismo año, abordó así las observaciones que hizo relacionadas con el arraigo en México. El comité dice textualmente: expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del arraigo en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada que prevé la posibilidad de detener a una persona sin cargos, durante un máximo de 80 días, sin ser llevado ante un juez y sin las necesarias garantías jurídicas, según lo prescribe el artículo 14 del pacto. El Comité lamenta la falta de aclaraciones sobre el nivel de las pruebas necesarias para una orden de arraigo. El Comité subraya que las personas detenidas en virtud del arraigo corren peligro de ser sometidas a malos tratos. Artículos 9 y 14. Y tomó la siguiente medida a la luz de la decisión del 2005 de la Suprema Corte federal sobre la inconstitucionalidad de la detención preventiva y su clasificación como detención arbitraria, y del grupo de trabajo de las Naciones Unidas: el Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la detención por el arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal. Esto es un balón para nuestra Constitución y debe concluir en beneficio de la dignidad y de la legalidad mexicanas. Sin embargo, toda prohibición que se dictara sería insuficiente si el Poder Legislativo no refuerza además el garantismo en la libertad personal. Éste es el origen de nuestro juicio de amparo, copiado por toda Iberoamérica y por España. Toda atribución con efectos jurídicos reconocida a los seres libres constituye derechos humanos, pero sólo se consolidan éstos cuando la propia Constitución los garantiza mediante una acción procesal especial. Por ello propongo en mi iniciativa la creación en México de un habeas corpus. El procedimiento es sencillo, más que el latinasgo con el que es conocido y que quiere decir: traigan ante mi presencia al que se dice abusado y a su aprehensor para resolver de inmediato la situación legal del detenido. Consiste en que el agraviado o alguien a nombre de él plantee jurisdiccionalmente ante juez competente que ordene la presencia de él ante su jurisdicción en unión del detenido y así con rapidez y agilidad la propia autoridad retenedora se confirmara en sus procedimientos y en sus determinaciones que fueran legales, ser respetuosos del derecho y se continúe normalmente los procedimientos constitucionales, o bien se declare la arbitrariedad en la aprehensión. En este último caso ponerlo en absoluta libertad y en el pleno goce de sus garantías. Esto reforzaría la garantía de la absoluta libertad de ser individual y social protegidos por nuestra Constitución. En obvio del tiempo, me abstengo de leer aquí las concretas derogaciones de los párrafos séptimo y octavo del artículo 16 de la Constitución y las adiciones y modificaciones que se proponen introducir en el artículo 107 de la Constitución, en cuya virtud solicito atentamente a la Presidencia ordene transcribir textualmente el texto de mi iniciativa en el Diario de los Debates. Mis agradecimientos por su atención. Muchas gracias.