EL C. DIP. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Me es muy grato traer a consideración de ustedes una Iniciativa que desde mi punto de vista tiene un carácter excepcional. Se trata de un Proyecto de Decreto que prohiba la importación de jarabe de maíz de alta fructosa y de maíz subsidiado para su elaboración. No es un Punto de Acuerdo, es una Iniciativa con Proyecto de Decreto que viene sustentada por las Fracciones Parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista y del Partido Convergencia por la Democracia. Y me informaban, si estoy en lo correcto, se suma también el Partido del Trabajo. Insisto, siendo importantes los Puntos de Acuerdo, no constituyen otra cosa más que opiniones, opiniones que pueden también emitir otros millones de mexicanos, pero nosotros fuimos electos no para opinar, sino para gobernar. El gobierno en su sentido amplio, abarca todas las instituciones del Estado que tienen capacidad para emitir actos de autoridad, y se trata aquí de un acto de autoridad del Congreso mexicano en defensa de una industria fundamental para nuestro país, como es la industria de la caña de azúcar. Nuestro papel es ese. Aquí estamos 500 gobernantes, no opinantes. Nuestra función es convertir nuestras opiniones en actos de gobierno y éste debe llegar a convertirse porque viene con un aval muy amplio, en un acto de gobierno fundamental que, insisto, para una industria nacional que genera dos y medio millones de empleos entre directos e indirectos, que afecta a quince estados de la República Mexicana, pero que nos afecta a todos porque eventualmente podríamos tener que estar pagando o pretendiendo hacer pagar a los contribuyentes 19 mil millones de pesos de adeudos que deben de ser cubiertos con recursos que surjan de la propia industria. Y la industria no puede hacer frente a esos compromisos porque hay un incumplimiento del Tratado de Libre Comercio por parte de los Estados Unidos, que estarían obligados a recibir todo nuestro excedente de producción azucarera de acuerdo al Tratado como fue firmado, no lo que digan otras cartas que dicen que existen por ahí y cuya validez ha sido correctamente desconocida por el Senado de la República; se trata de que si se cumpliera ese Tratado de Libre Comercio, no tendríamos un millón de toneladas de azúcar en bodega, si esa azúcar que está garantizando los compromisos de la industria azucarera, debe ser vendida en el mercado nacional para que no tengan los contribuyentes que llevar una nueva carga al estilo del llamado FOBAPROA. Por esa razón y considerando que la industria azucarera nacional atraviesa por una profunda crisis a legislar en materia de comercio y el artículo 131 ya mencionado, de la propia Constitución. Que este último artículo permite al congreso otorgar facultades al Ejecutivo cito: " para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Que dicha facultad si bien puede ser delegada al Ejecutivo por definición, puede ser ejercida por su titular original que es este Congreso de la Unión." Que con fundamento en el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones del Congreso pueden tener el carácter de ley o de decreto. Que por las características del asunto que nos ocupa, la naturaleza del acto jurídico a emitir por este Congreso, debe ser el decreto. En esa virtud nos permitimos presentar por el digno conducto de ustedes, señores secretarios, la siguiente iniciativa de decreto que prohíbe la importación de jarabe de maíz de alta fructuosa y de maíz, destinado a la elaboración de la misma: Artículo 1º.- Se prohíbe la importación de jarabe de maíz de alta fructuosa, de maíz destinado a su fabricación y el tránsito de estos artículos por el territorio nacional. No se utilizarán las importaciones bajo cuotas o cualquier forma de subsidio o reducción de impuestos para la fabricación nacional de jarabe de maíz de alta fructuosa. Artículo 2º.- Los importadores de maíz en condiciones preferentes, sólo podrán utilizarlo para los fines declarados y no podrán desviarlo a la producción de jarabe de maíz de alta fructuosa en cualquier presentación o calidad. La desviación dará lugar a la reversión del subsidio y el cobro de los aranceles aplicables. Artículo 3º.- El Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, dictará las medidas necesarias para que en el ámbito de sus atribuciones se haga efectivo el presente decreto. Artículo 4º.- Los responsables de las oficinas de aduanas en todo el país, serán directamente responsables de impedir la importación y el tránsito de los artículos a que se refiere el presente decreto. El incumplimiento del mismo dará lugar a que se finquen las responsabilidades administrativas que correspondan y en su caso, las responsabilidades penales derivadas de la comisión del delito de contrabando. Artículo 5º.- Cualquier cantidad de jarabe de maíz de alta fructuosa y de maíz amarillo destinado para su fabricación, que se encuentre en bodegas o centros de acopio, deberá permanecer en ellos y los responsables de su custodia serán y darán cuenta inmediata a la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público. Artículo 6º.- En caso de duda en cuanto a la interpretación del presente decreto, las autoridades administrativas deberán dirigirse en consulta a las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para que establezcan la interpretación que debe darse a su contenido, de acuerdo al inciso f) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Transitorios: Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la aplicación del presente decreto, en relación con los productos que son objeto del mismo. Suscribimos esta iniciativa además de su servidor Eduardo Andrade, el diputado Martí Batres, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Bernardo de la Garza, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia Democrática; el diputado Feliciano Calzada Padrón, los diputados Augusto Gómez Villanueva, Federico Granja Ricalde, Gustavo Carvajal, Roberto Preciado, Jorge Esteban Sandoval, Victor Gandarilla, Edilberto Buenfil Montavo, Julián Luzanilla, Enriqueta Basilio, Efrén Leyva, Timoteo Martínez Pérez, Lorena Bouregard, Carlos Aceves del Olmo, Simón Villar, Jesús Alejando Cruz Gutiérrez, Alberto Vallarta, Jaime Alcántara, Agustín Trujillo, Miguel Angel Moreno Tello, Juan Manuel Carreras, Gustavo Lugo Espinosa, diputado Roque Gracia, Marcos López Mora, Martha Silvia Sánchez, Pedro Manterola, Eduardo Leines, Enrique Herrera, Pedro Manterola, Eduardo Leines, Enrique Herrera, Nemecio Domínguez Domínguez, Librado Treviño Gutiérrez, Jorge Schettino Pérez, Francisco Cárdenas Elizondo, Edgar Consejo Flores, Arturo Herviz, Jorge Sandoval Ochoa, Enrique Meléndez Pérez, Miguel Vega Pérez, Jesús de la Rosa, José Yunes, José Luis González Aguilera, Rubén Aguirre, Miroslava García Suárez, Tomás Torres Mercado, David Augusto Sotelo Rosas, Pedro Miguel Rosaldo, Raúl Cervantes Andrade, Jesús Orozco Alfaro, José R. Escudero, Oliverio Elías Cardona, Salvador Rocha Días y José Delfino Garcés. Muchas gracias por su atención.