El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores. Someto a la consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones: Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a nuestra propia naturaleza que necesitamos para desarrollarnos en una forma plena y armónica, siendo uno de ellos, sin duda, el derecho reconocido en el artículo 5o. de la propia Carta Magna, relativo a la libertad de trabajo, esto es, a la profesión, oficio o trabajo lícito que nos permita el obtener, además, el recurso económico necesario para vivir con dignidad, conjuntamente con nuestros seres queridos. Sin embargo, derivado de la aplicación del sistema penal mexicano, miembros de nuestra sociedad en forma institucional y social, dichos derechos fundamentales se les ve violentados por el estigma de las llamadas cartas de antecedentes penales. En México, aquellos que son condenados por la comisión de un delito que amerite pena privativa de la libertad son sometidos a un tratamiento institucional en alguno de los cientos de centros penitenciarios que existen y dicho tratamiento tiene la finalidad de lograr la reinserción social del individuo, concepto que según la Organización de las Naciones Unidas es el proceso por el cual las personas en rehabilitación o rehabilitadas inician o retoman actividades de estudio, trabajo, recreación, construcción de redes de relaciones familiares y otras para su desarrollo personal y social en condiciones de seguridad y respeto pleno a sus derechos. Congruentemente con lo anterior, el segundo párrafo del artículo 18 de la propia Carta Magna contempla algunas premisas al respecto. Por lo anterior, uno pensaría que sólo deben ser encerradas las personas cuyo delito esté plenamente comprobado y que una vez que tengan el carácter de compurgadas no volverán a transgredir las leyes. Sin embargo, hoy en día muchos de los internos de los sobrepoblados centros penitenciarios están pagando condenas respecto de delitos que no cometieron, violentándose su derecho fundamental al principio de presunción de inocencia. En otros casos, las penas de prisión son excesivas a consecuencia de las deficiencias en la defensa de los inculpados, además existen muchos casos en que los internos tienen que tolerar ser sometidos a prisión preventiva por no tener los recursos para pagar una fianza. La Organización de las Naciones Unidas, hace más de 20 años, tomó la iniciativa de proponer a los Estados nuevos mecanismos para que el individuo que ha cometido algún delito menor no sea necesariamente apartado de la sociedad. Sin embargo, qué pasa en México cuando las personas que fueron sentenciadas a una pena privativa de la libertad compurgan su sentencia en su totalidad o son favorecidas con un beneficio como el de la pre liberación, además de sufrir el flagelo de un sistema penitenciario que en la práctica no procura la reinserción social de los individuos, que no persigue satisfactoriamente su reinserción y que por el contrario, alimenta el estigma de la otredad, la exclusión y la inmolación propia de sistemas retrógradas meramente punitivos, los que han compurgador una pena privativa de la libertad tienen que arrastrar el pesado lastre de los llamados antecedentes penales. Existe una marcada discriminación en contra de quienes pisaron la cárcel, hayan estado pocos o muchos años, siendo culpables o no. La carta de antecedentes penales o carta de policía es muestra de ello. Este documento es requerido obligatoriamente en múltiples fuentes de trabajo para efectos de acceder al mercado laboral. Por increíble que parezca, la discriminación, la marginación y la exclusión con la que se estigmatiza a los que compurgaron una pena de prisión, no solo se manifiestan en la esfera de los particulares sino incluso en la esfera gubernamental en los tres órdenes de gobierno. Las áreas o dependencias encargadas de la contratación de personal ponen especial énfasis en la ausencia de antecedentes penales para ofrecer una oportunidad de trabajo. El Estado mexicano está obligado a respetar a estar personas, a respetar estas premisas establecidas en la Carta Magna y en disposiciones internacionales, como la propia Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Políticos, Económicos y Sociales y el Convenio sobre la Discriminación de la Conferencia General de la OIT. Derivado de lo anterior, la propuesta que se somete a su consideración en esta iniciativa con proyecto de decreto es en reformar el último párrafo del artículo primero de nuestra Carta Magna, con objeto de reforzar la prohibición de prácticas discriminatorias en atención a los antecedentes penales de las personas. Por ello, se pretende adicionar la no exigencia de los antecedentes penales en el texto constitucional de referencia como parte de los motivos específicos por lo que se prohíbe tajantemente la discriminación en el Estado mexicano e institucional, ayudando con ello al propósito final de eliminar el estigma del que son objeto los compurgados al momento de que querer insertarse en el mercado laboral, formal y, al mismo tiempo, a la sociedad. Es cuanto, señor presidente.