El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros diputados. Al celebrar un año más el Aniversario de la Expropiación Petrolera, estamos obligados a hacer un recuento del estado que guarda esta industria y cuáles son sus principales retos. Sabemos que el petróleo ha sido tradicionalmente codiciado por las principales potencias, especialmente por los Estados Unidos, quienes tienen necesidad de abastecer sus requerimientos internos. En 2008 ese país consumió 20 mil millones de barriles, produjo ocho mil y por lo tanto, registró un déficit de 12 mil millones y sus reservas fueron del orden de los 28 mil millones de barriles. Así que con sólo el 5 por ciento de la población mundial, consume el 28 por ciento de la producción global de petróleo, es decir, más que América Latina, África y Asia juntas. Por ello, los Estados Unidos no han cejado en su empeño de apoderarse del petróleo mexicano y del petróleo de todo el mundo, bien sea mediante guerras, guerras como la de Irak o de las políticas que impulsa por conducto de los órganos financieros internacionales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera. América Latina ha tenido que estar peleando constantemente por su soberanía petrolera y obviamente, México ha tenido que luchar sin desmayo con el fin de defender sus recursos petroleros. El año pasado tuvimos que hacerle frente a la embestida privatizadora desatada por el gobierno federal, inspirada en el propósito de transnacionalizar nuestros recursos petroleros y sujetarnos al arbitraje de los organismos jurisdiccionales internacionales. Tuvimos que dar una gran pelea para evitarlo. Se hizo una reforma que tuvo logros, pero que no resolvió de raíz sus problemas, porque aún subsisten imprecisiones y ambigüedades que dejan la puerta abierta al apetito de las transnacionales, siempre dispuestas a hacer negocios con el patrimonio de los mexicanos. Por ello los afanes privatizadores continúan y también persisten sus lastres. Asimismo, el saqueo de que es víctima la empresa continúa con la corrupción imperante. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en la Sonda de Campeche, en donde hemos visto la gran cantidad de irregularidades existentes. Ahí prolifera la simulación de contratos, las certificaciones de cursos de capacitación de equipos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores, que se consiguen sin mayores problemas ya que las casas clasificadoras y certificadoras los venden al mejor postor. Hace apenas unos días, en reciente visita a Ciudad del Carmen, sostuve relaciones con trabajadores del mar integrantes del Frente Unido de Marinos Mercantes. Se planteó que la inseguridad y la constante violación de los derechos humanos de los trabajadores asignados a las actividades de perforación y producción aún persisten. A pesar de la gravedad de los accidentes que allí ocurren, como fue la pérdida de 22 vidas humanas en la tragedia del Usumacinta, no obstante las llamadas de atención recibidas del Congreso de la Unión y a pesar de las observaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Petróleos Mexicanos se lava las manos. Evade su responsabilidad, tolera la corrupción imperante y encubre a los responsables de los accidentes, como el que se registró en octubre del 2007, el de la plataforma Usumacinta, que fue el último pero no el único. Por eso es muy grave que Pemex haya rechazado la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a esa tragedia, donde perdieron la vida 22 trabajadores del mar y además 68 resultaron lesionados. Al hacer caso omiso del resultado de la indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pemex sienta un precedente negativo que no coadyuvará a corregir de raíz actos de omisión, corrupción e impunidad y negligencia en la zona de Campeche y, lamentablemente, deja intactas las condiciones para que sigan ocurriendo accidentes. Resulta inaceptable que en los trabajos de explotación petrolera, realizados por la paraestatal, se toleren las cadenas de errores que originaron tal accidente, es decir, la falta de criterios técnicos que justificaran la ubicación de la plataforma accidentada en un lecho marino, por demás endeble; así como maniobras en el Usumacinta cuando ésta fue desplazada previamente por el mal tiempo. Además, se subestimaron los riesgos originados por el frente frió. Hubo indiferencia ante el alto índice de gas sulfridico registrado antes de las operaciones. Personal de Pemex obstruyó las puertas de los dormitorios debido a que supuestamente las ráfagas de viento eran muy fuertes, pero en realidad impidieron la salida de los trabajadores. Los equipos de salvamento estaban encadenados con la consiguiente dificultad para su uso en el momento de la contingencia. Las alarmas de emergencia nunca sonaron, los trabajadores se enteraron de la evacuación sólo cuando se dio la voz de alerta entre ellos mismos. Hubo deficiente capacitación en materia de seguridad de los trabajadores, falta de equipo de seguridad necesario en el desempeño de las tareas laborales, ausencia de embarcaciones de salvamento en la cercanía de la plataforma de los botes salvavidas, que tenían las micas de las escotillas pegadas con silicón, situación que propició que el agua penetrara en la Mandarina Uno, cinco minutos después de zarpar. Asimismo, fue notoria la falta de capacitación para el manejo del equipo especial de radio y comunicaciones. Desafortunadamente, al señalar que Pemex deja intactas las condiciones para que sigan ocurriendo accidentes, no es una frase discursiva, sino una trágica realidad en la zona de Campeche. A últimas fechas han ocurrido dos accidentes: el primero, el 2 de febrero en Dos Bocas, Tabasco, en el barco Bucanes; el segundo, donde murió un trabajador, mismo que resultó ahogado. Toda esta información ha sido ocultada por Pemex. Aquí traigo los testimonios gráficos y fotografías. Tengo un conjunto de fotografías donde se demuestra realmente que han seguido ocurriendo tragedias, y Pemex se muestra impermeable y resistente a reconocer que hacen falta medidas de fondo para corregir esa situación. De igual modo, la PGR ha incubierto a los responsables de los accidentes. El caso más patente ha sido el de la plataforma Usumacinta, en donde se han negado a entregar la información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pretextando que es parte de una investigación en curso. Pemex utiliza la opacidad para encubrir sus manejos, convertirse en defensora de intereses particulares y, de paso, olvida que la vigencia de la legalidad y de los derechos humanos en nuestro país es una responsabilidad primordial de las autoridades, de todos los ámbitos del gobierno, y no sólo de los organismos protectores de los derechos humanos. El Grupo Parlamentario de Convergencia insistirá por todos los medios a su alcance para que este lamentable suceso no pase a engrosar la lista, de por sí larga, de casos de impunidad, y no descansará hasta que se realice una investigación a fondo para que se castiguen a los responsables, sin importar de quien se trate. Convergencia luchará por que la transparencia y la rendición de cuentas sean los instrumentos para evitar la corrupción. Asimismo, combatirá la opacidad y será intolerante ante éste tipo de conductas. En suma, Convergencia seguirá defendiendo la soberanía de México sobre su petróleo y pugnará invariablemente por que éste se maneje con base en el interés nacional, y no de grupos corporativos y empresariales que lo aprovechan para su beneficio personal. Pemex debe, sin más motivo, ser de los mexicanos. Es cuanto presidenta.