EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado Hernández Raigosa. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El punto de acuerdo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sobre la exhortación a Semarnat para solicitar mayor vigilancia en las áreas naturales protegidas, se pospone para la siguiente sesión. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, en relación con el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2003. En virtud de no encontrarse en este momento en el salón, tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Méndez Alarcón, a nombre de los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para presentar una propuesta con Punto de Acuerdo, por el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, expedir el decreto que asegure el cabal cumplimiento de los propósitos y compromisos del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, conforme a las normas y objetivos consensuados por las autoridades educativas. -DIP. HECTOR MENDEZ ALARCÓN: Con su permiso, señor Presidente. "Los que suscriben, ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Quincuagésima Octava Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, nos permitimos presentar la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por el que solicitamos al Titular del Poder Ejecutivo Federal, expedir el decreto que asegure el cabal cumplimiento de los propósitos y compromisos del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, conforme a las normas y objetivos consensuados por las propias autoridades educativas. "La Comisión de Educación y Servicios Educativos conformó la Subcomisión de Artículos de la Ley General de Educación, para la creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, la cual realizó los siguientes trabajos: "a) Llevó a cabo reuniones periódicas para el análisis de la iniciativa a lo largo de varios meses, en las cuales participaron además de los integrantes de ésta, los funcionarios y asesores de la Secretaría de Educación Pública. "En mesa de trabajo con los representantes de la Secretaría de Educación Pública y los Secretarios de Educación de los estados de Sinaloa, de Jalisco, de Quintana Roo, Tlaxcala, de Nuevo León, la Subcomisión valoró que el mecanismo legal que da mayor viabilidad y celeridad para alcanzar el objetivo de crear el Consejo, es la vía administrativa, por lo que se acordó, a solicitud expresa de las autoridades educativas, promover un Punto de Acuerdo mediante el cual se solicite al Ejecutivo expedir las normas reglamentarias y que por su parte la Secretaría de Educación Pública presentara el proyecto de reglamentación trabajado y acordado por los Secretarios de Educación de los respectivos estados. "Se lograron además los consensos en los siguientes puntos: "Primero.- La creación del Consejo significa avanzar adecuadamente hacia un verdadero federalismo educativo. "Punto dos.- Es el primer paso para una agenda más amplia en la discusión de los temas educativos nacionales, con una visión de mediano y largo plazo, enfatizando aquellos que se refieren a la culminación de los procesos de descentralización pendientes. "Punto tres.- Se pretende que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, sea un organismo que permita el permanente seguimiento y evaluación del sistema educativo, para la toma de decisiones conjuntas sobre las políticas y aspectos de descentralización de la educación y construyendo una vía de cooperación entre las autoridades, para delinear conjuntamente el esquema de planeación del modelo educativo. "Punto cuatro.- Que el Consejo sea presidido por la autoridad educativa federal e integrado por autoridades educativas de las entidades federativas, como lo establece la Ley General de Educación en su artículo 17. "Punto quinto.- El Consejo tendrá, según se definan los mecanismos en su reglamentación, facultades consultivas. "Así, los Secretarios de Educación de los estados han elaborado mediante la integración de mesas de trabajo y consenso, un Proyecto de Reglamento relativo a la Integración, Funcionamiento y Operación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas . Este Reglamento se titula Reglamento Interno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y se estructura en cuatro capítulos. Honorable Asamblea, los consensos y acuerdos a los que se llegaron son resultados de mesas de trabajo responsable y madura de los Diputados Federales de esta Comisión de conformación plural. Asimismo esta Comisión hace un reconocimiento a la disposición de la Secretaría de Educación Pública para establecer un diálogo y coordinación con el Poder Legislativo por lo que establece un precedente para posteriores temas a discusión. Se ha actuado con responsabilidad en un ámbito de vital importancia para el desarrollo y progreso de nuestro país, como es el tema de la Educación, es el que nos puede prevalizar (¿) los intereses individuales o de grupo por ser de preeminencia nacional. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 58 y 59 del Reglamento del gobierno Interior para el Congreso General, los Diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, promovemos el siguiente Punto de Acuerdo: 1º.- Se solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, expida con base en el Artículo 17º de la Ley General de Educación, las normas reglamentarias para formalizar y asegurar el adecuado funcionamiento del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y lograr el cabal cumplimiento de sus objetivos y propósitos, tomando en consideración el proyecto de Normas Internas consensuadas por las autoridades educativas, mismo que se adjunta al presente y al que se ha señalado con anterioridad. Por los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, es nuestra propuesta señor Presidente. -EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Señor Diputado Méndez Alarcón, no escuché las Comisiones a las que solicitaba en su turno. -ELC. DIPUTADO HECTOR MENDEZ ALARCON: Era a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señor Presidente. -EL C. PRESIDENTE. Correcto señor Diputado, muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el señor Diputado Armín José Valdéz Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional para presentar propuesta con Punto de Acuerdo sobre el derecho de los trabajadores a una vivienda digna. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. -EL C. DIPUTADO ARMIN JOSE VALDEZ TORRES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Legisladores. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional consagrado en la Constitución General de la República en su Artículo 4º en el cual se establece con toda precisión, que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Señala también, que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios, a fin de alcanzar tales objetivos. Asimismo en el Título VI de nuestra Carta Magna en el Apartado del Trabajo y la Previsión Social, señala en su artículo 123 Fracción XII, precisa, que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier clase de trabajo, está obligada, según lo determinan las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de Vivienda, a fin de constituir depósitos a favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una Ley para la creación de un organismo integrado por Representantes del Gobierno Federal de los trabajadores y los patrones, que administren los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. Dicha Ley regirá las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones. Estas disposiciones del más alto nivel jurídico constitucional, que otorgan derechos sociales a los trabajadores, están siendo violadas en la Delegación Coahuila del INFONAVIT, me refiero concretamente al caso de los trabajadores de la empresa ALTOS HORNOS DE MEXICO, la cual tiene su sede en Monclova, Coahuila y sostiene en buena medida la economía de la región Centro del Estado con una contratación de más de 10 mil trabajadores Dada la situación financiera por la que atraviesa actualmente, los pagos de las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda o los pagos al INFONAVIT, se han retrasado en el último año con rezagos mínimos de 1 ó 2 bimestres. esta situación administrativa de la empresa ha generado que la delegada del INFONAVIT en el Estado, ingeniero Imelda González Zavala, ha dado instrucciones precisas a sus subalternos de que (sic) de no recibir expedientes personales de los trabajadores que solicitan créditos para vivienda e incluso han girado indicaciones de que no se libere el pago de aquellos créditos que habiendo sido autorizados se encuentran en programación para su liquidación. Esta disposición administrativa es desde todo punto de vista anticonstitucional en virtud de que cancela la posibilidad de que miles de trabajadores de esta empresa accedan a un crédito para adquirir una vivienda digna. Por otro lado, la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la cual se crea para dar vigencia al precepto constitucional de referencia, determina en el artículo 30 que las obligaciones de efectuar las aportaciones así como su cobro, tienen carácter fiscal. Asimismo, en la fracción IV del mismo artículo, se establece la facultad de resolver en los casos que proceda los recursos previstos por el Código Fiscal de la Federación relativos al procedimiento administrativo de ejecución con lo cual se protege o salvaguarda el interés fiscal del Instituto. Como se puede apreciar, en la Ley del INFONAVIT no existe disposición alguna en la que se determine que el incumplimiento del pago de las aportaciones por parte de los patrones deba afectar los derechos constitucionales de los trabajadores a quienes se les descuenta de su nómina la aportación del fondo de vivienda. Estos comentarios y razonamientos se han hecho de manera directa a la delegada del INFONAVIT, buscando con el diálogo resolver esta problemática de los trabajadores de Altos Hornos. Hasta la fecha, la actitud de la funcionaria se mantiene en el mismo nivel de intolerancia y despotismo argumentando que tiene instrucciones precisas del Director General de no recibir expedientes de los trabajadores de esta empresa hasta en tanto no mejore su situación financiera ya que son créditos que a su juicio no podrán ser recuperados. Termino. -