El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Gracias. Tlashtlaui ueyi tlacome. Gracias, señor presidente. Estimadas diputadas y estimados diputados de esta honorable asamblea, el reconocimiento en el artículo 2o. constitucional de México como una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas ha tenido un fuerte impacto en el sistema judicial del país. Asimismo, la reforma en materia de derechos humanos del 2011, al artículo 1o. que reconoce a los tratados internacionales a la par de nuestra Carta Magna significa un mito en el acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Consiente de todas estas reformas la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien publicar un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de miembros, comunidades y pueblos indígenas. Esto con el fin de unificar criterios acorde a las reformas constitucionales y a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos. El artículo 2o., también de la Constitución, en su apartado B, en el numeral VIII, reconoce y garantiza el derecho de los indígenas para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, para garantizar este derecho en todos los juicios y procedimientos que sean parte, individual o colectivamente establece este artículo, se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución. Los indígenas dice también tienen todo el tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. El Convenio 169 de la OIT también establece en su artículo 9 que las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales, deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Y la declaración de Naciones Unidas sobre los mismos derechos en su artículo 13 refiere también que los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. La Ley General de Derechos Lingüísticos para los Pueblos Indígenas, también en su artículo 10 establece el de garantizar este derecho a la plena jurisdicción del Estado en las lenguas nacionales reconocidas como tales, las más de 60 lenguas indígenas que se establecen en la Constitución. Por ello vale la pena recalcar que en el mismo protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia para quienes imparten justicia en pueblos indígenas, que fue publicado por la Suprema Corte, establece también los principios rectores del documento del derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Es por ello que ante la iniciativa de la ley que hoy discutimos, los legisladores debemos garantizar y ratificar la existencia de una nueva Fiscalía General de la República, de una Unidad Especializada para la Atención de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, la cual ya existe actualmente en la Procuraduría General de la República. Por ello estoy proponiendo que en el artículo 7o se incorpore en la fracción V, la creación por ley y no a criterio del futuro fiscal, esta Unidad Especializada. Señor presidente, no puedo dejar de pronunciar que es necesario no solamente un cambio cosmético o de nombre en las instituciones de seguridad y de procuración de justicia; es necesario también un cambio de fondo, un cambio sustancial. Las instituciones en la materia están agotadas en la credibilidad para toda la nación. Por ello es necesario también que renuncie el gabinete de seguridad y de procuración de justicia. No necesitamos solamente un titular que está ya cansado, como lo ha manifestado, para que continúe en el cargo. Que renuncie el gabinete y por último presidente, yo le pido en igualdad de condiciones, unos minutos, un segundo más de tolerancia. Se dan con la piedra en la boca, sobre todo el diputado Flores Gómez y los demás diputados del PRI, porque justo falta credibilidad en las decisiones de procuración de justicia para el caso de Tlatlaya, Iguala. El alcalde de Iguala está en la cárcel, el alcalde de Cocula, a quienes sus policías municipales recibieron por parte de la Policía Municipal de Iguala a los jóvenes normalistas y estos se los entregaron a la delincuencia organizada, es un presidente municipal del PRI. Ni ustedes ni el presidente Peña Nieto son Ayotzinapa, ustedes son Atlacomulco, ustedes son Díaz Ordaz, ustedes son los Salinas de Gortari, ustedes son los que han criminalizado la lucha social de nuestros pueblos.