La diputada Luz Carolina Gudiño Corro: Con su permiso, diputado presidente. La que suscribe, diputada Carolina Gudiño Corro, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, del estado de Veracruz, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un título sexto y los artículos 136 a 146 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en base en la siguiente Exposición de motivos. La soberanía nacional se traduce en la facultad del Estado para dictar sus propias normas y en los términos del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Los Poderes como órganos constituidos deben limitar su actuar al conjunto de facultades que le otorga la Constitución teniendo como directriz los principios emanados de la misma. La función esencial del Poder Legislativo es dictaminar leyes conforme al texto, bases y principios establecidos en la Constitución Federal, que regulan las relaciones entre los órganos de poder y los gobernados. Por ello, como legisladores debemos ser un reflejo de nuestros representados y cambiar también, garantizando a través de la ley, procesos que permitan a los ciudadanos hacer llegar de manera directa y con efectos jurídicos sus legítimos intereses. La actividad del cabildeo, conocida en otros países como lobbying, tuvo su origen en los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1829, en el capitolio del estado de Nueva York. En 1884 se institucionalizó en la estructura parlamentaria formal de Inglaterra, con el objeto de regular estas actividades que realizan los grupos de poder, que generalmente influyen en la expedición de determinadas disposiciones legales o en la toma de decisiones públicas. En Estados Unidos tiene una regulación normativa al respecto. Por su parte, Costa Rica, Argentina y Perú han preparado proyectos relativos a este tema, introduciéndose términos como el de gestores de interés. En México, el diputado Efrén Leyva, integrante del PRI, presentó en la anterior Legislatura una iniciativa de Ley Federal para la Regulación de la Actividad Profesional del Cabildeo y la Promoción de Causas. A su vez, en el Senado de la República, en 2004, el entonces senador Fidel Herrera Beltrán, comprometido con la ciudadanía presentó una iniciativa en estos términos, hoy propuestos por una servidora, ratificando su compromiso de legislar de forma cercana a la población. Estos esfuerzos han tenido como común denominador la preocupación de establecer un mecanismo de control que garantice la transparencia en la representación de intereses, promoción de causas y atención a grupos de interés, considerando que el Poder Legislativo, por su naturaleza representativa, es el espacio donde desembocan las inquietudes de la sociedad sobre la agenda legislativa. Ante el planteamiento de emitir una legislación que regule actividades privadas, exigiendo, por ejemplo, una determinada certificación para ejercerlas profesionalmente, nos encontramos, entre otros, con el conflicto de que la facultad para determinar qué profesiones requieren de una cédula profesional, corresponde para su ejercicio constitucionalmente a los estados y no a la federación, por lo que el Congreso de la Unión no tiene potestad para legislar en la materia. Otra dificultad es que en diversas iniciativas presentadas al respecto se establece como limitante que la atención de intereses sólo podrá ser solicitada a través de los cabilderos, lo cual vulnera la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional. Por ello me permito proponer la creación de un título en la Ley Orgánica del Congreso General, que regule la actividad para planear y supervisar las reuniones que se llevan a cabo entre los grupos de interés y los legisladores, en donde también se establezca la creación de una unidad especializada de enlace que dé respuesta a los planteamientos y realice las diligencias que se deriven de estas actividades, pero sobre todo, que establezcan claramente que esos procedimientos de comunicación y análisis de propuestas serán gratuitos. De esta forma, se prevé un proceso que condense los intereses ciudadanos y que al estar regulado por el propio Estado garantice una efectiva atención al interés colectivo sin miras individuales. Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea el proyecto, mismo del que ?por encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria? omitiré su lectura. Es cuanto, diputado presidente.