El diputado Ricardo Medina Fierro: Con su venia, señor presidente. Los hechos que nos ocupan son de suma gravedad porque se trata de afectación a una importante actividad económica, de la vulneración de derechos fundamentales de trabajadores del campo y abuso a los derechos de la gente indígena tarahumara y que nos representan en cada uno de los estados. Los casos de San Quintín y Comondú reflejan una situación que afecta al campo mexicano y que merecen atención prioritaria. El sector es el escenario donde se despliegan buena parte de las posibilidades para lograr la inclusión social de amplios grupos de población en desventaja, para aprovechar y potenciar nuestros recursos naturales y para impulsar un modelo de desarrollo agrícola sustentable, sostenible y de alta productividad que fortalezca la base económica del sector primario. Los jornaleros mexicanos han enfrentado históricamente condiciones adversas. El campo mexicano es campo bipolar en el que conviven realidades diferentes. Por una parte un segmento comercial altamente competitivo, con empresas que generan divisas por más de 20 mil millones de dólares anuales, y por la otra parte la mayoría de las unidades económicas rurales que son subsidio y autosuficientes. El rezago del campo revela hoy aspectos críticos que tornan urgente la necesidad de fortalecer acciones para su adelanto. Todos conocemos y estamos preocupados por los hechos que sucedieron en Ensenada, Baja California y en Comondú. En el caso de San Quintín las acciones para atender la demanda de los jornaleros y restaurar las condiciones de la paz social requieren prioridad en el más alto nivel de gobierno, pues la situación ya rebasa a los funcionarios estatales de Baja California, que no han dado la cara en Baja California porque están involucrados en los temas, los empresarios, los grandes empresarios que generan más de 20 mil millones de pesos, en dólares, de los cuales son representan ni siquiera el apoyo para el sector que estamos comentando, hablando de dónde están las utilidades, dónde está la Comisión de Asuntos Indígenas, dónde está la Comisión de Seguridad e Higiene, que defienda a los trabajadores jornaleros por parte del gobierno del estado. El Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo en suscribir este llamado para que las autoridades federales, estatales y municipales, en el ejercicio de sus facultades tomen acciones especiales para resolver ambos problemas, que se llegue al fondo de la investigación en el caso de las empresas o personas que abusan de jornaleros y delitos de trato y esclavizan a los trabajadores indígenas y en contra de los responsables de actos vandálicos que enturbiasen el tema de que puedan ellos llegar a un derecho que por ello les corresponde a los jornaleros hablando de una huelga. Desde esta tribuna los diputados de Baja California de la fracción del PRI estaremos dando puntual seguimiento a estos hechos para que les haga justicia laboral y social a todos los compañeros y amigos de San Quintín y de Comondú. Hago un llamado exigente al gobernador del estado de Baja California, a Francisco Vega de la Madrid. Debe entender la diferencia entre ser administrador de gobierno del estado y gobernar el estado de Baja California. También, ¿dónde están los diputados del PAN y senadores de Baja California, que no han dado la cara en nuestro estado? Eso es todo, compañero presidente.