La diputada Julisa Mejía Guardado: Gracias, diputado presidente. En el primer año del peñanietismo, dos mil feminicidios han ocurrido en México, la cuarta parte de ellos en el estado de México y de la alerta de género, ni sus luces. En México el 54 por ciento de las mujeres que trabajan tienen al menos un grado universitario; en contraste, solo el 22 por ciento de los hombres que trabajan tienen al menos un grado universitario; sin embargo las mujeres ganan en promedio 30 por ciento menos que los hombres por el mismo trabajo realizado. La violencia de género tiene diferentes aristas y está insertada en cada espacio público y privado de nuestra vida, permeando todo tipo de relaciones culturales, sociales, políticas, laborales, siendo éstas últimas el tema que compete a este proyecto de dictamen que ahora nos ocupa. El proyecto de dictamen en cuestión plantea centralmente la armonización del artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la Ley Federal del Trabajo para considerar como violencia laboral exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso o ascenso en el empleo y despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de sus hijos menores; como lo señala el artículo 133 en sus fracciones XIV y XV de la Ley Federal del Trabajo. La equidad de género laboral es un tema aún pendiente para México. La desigualdad de salarios, el acoso y la subestimación de habilidades son algunos de los problemas a los que las mujeres deben enfrentarse en sus espacios de trabajo. A éstos se suman la estigmatización del embarazo, el tema del cuidado de los hijos y las hijas y el estado civil de las mujeres, argumentos esencialistas que degradan y minimizan las capacidades de las mujeres por roles sociales impuestos. Es por ello que no sólo debemos manifestarnos a favor de esta iniciativa, sino comprometernos a trabajar para incorporar la igualdad de género como parte de las políticas integrales en los espacios laborales del país y promover la conciliación de la vida familiar y laboral. Nuestras instituciones deben garantizar efectivamente el ejercicio y acceso a nuestros derechos laborales para construir un marco legislativo verdaderamente garantista de los derechos de las mujeres que pueda ser traducido en cambios sustanciales en la vida de todas. Debemos luchar para modificar las condiciones laborales desfavorables para las mujeres que existen en México. Es por esto que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de esta iniciativa. Enfaticemos la necesidad de incluir de manera transversal a los marcos legislativo, jurídico e institucional la perspectiva de género con una visión de derechos humanos. Sólo así lograremos la inclusión real, sin discriminación de todos los programas, políticas públicas, leyes e instituciones de todas las mujeres. Exijamos la no violencia hacia las mujeres institucional, gubernamental, laboral y familiar. Ni un feminicidio más en México. La alerta de género debe ser decretada ya. El sistema debe funcionar para que no existan más mujeres asesinadas en nuestro país impunemente. Muchas gracias.