El senador César Raúl Ojeda Zubieta (PRD): Gracias compañero Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores: Desde hace algunos años se habla insistentemente de la actividad de las fuerzas armadas en la escena nacional. Esa percepción parte de varias situaciones más o menos recientes. Primero la masiva presencia militar permanente en Chiapas de mediados de 94 en adelante, después de al aparición del EZLN y la situación de paz armadas prevaleciente, donde se calcula que están acuartelados cerca de 40 mil efectivos militares dedicados a acciones de patrullaje, instalación de retenes móviles, otorgamiento de labor social, recopilación de información, entre otras. Segundo, la campaña castrense antinarcóticos, que cambia de estados y zona geográfica según la estación el año y las nuevas zonas de cultivo y tránsito de drogas detectadas, campaña que implica un despliegue de 20 mil efectivos. Tercero, las movilizaciones de tropas debido a la aparición del Ejército Popular Revolucionario a mediados de 96, movilizaciones que comprenden las entidades de Guerrero, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Puebla; presencia militar provisional pero masiva estimada en contingente de 10 mil soldados, lo cual combina a soldados de la zona militar respectiva con fuerzas especiales de contraguerrilla. Y, cuarto, la presencia militar se detecta también en un aspecto selectivo y cualitativo, mediante la asignación de altos y medianos mandos en corporaciones policiacas estatales, en tareas de procuración de justicia, la Policía Judicial Federal, Seguridad Pública y en algunas penitenciarías y aeropuertos, como respuesta a la corrupción e ineficiencia de dichas corporaciones y al escandaloso aumento de la delincuencia profesional y ocasional a nivel nacional, así como del narcotráfico internacional. Ciertamente se alega a favor de la participación de fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, porque siendo la institución que goza de mayor confianza y credibilidad entre la sociedad civil, se tiene la percepción de que es posible disminuir los índices delictivos y mejorar la seguridad pública. Asimismo se afirma que la participación de castrenses en mandos policíacos, altos e intermedios, disminuye considerablemente la corrupción e ineficiencia de las policías, el entrenamiento militar a la policía capitalina, elevará su capacidad técnica y operativa, enriqueciendo a los cuerpos policíacos de actitudes y valores positivos, como la honestidad, la disciplina, el espíritu de servicio, incluye se argulle que los mandos castrenses acuden a los puestos sin su tropa y armamento, la cual queda en los cuarteles, y además que el titular de todos es una autoridad civil. Sin embargo, también debemos reconocer el riesgo que corren los institutos armados, al utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, se les expone a medios corruptores, como los del multimillonario narcotráfico y el del atractivo crimen organizado. Y es cierto, pese a no ser un fenómeno generalizado, el crimen organizado pudo coptar y corromper, tanto a generales como a soldados rasos, sin duda, la expansiva criminalidad profesional y ocasional, la profunda corrupción y prepotencia policíaca y el corrosivo círculo del narcotráfico-drogadicción, son situaciones que preocupan y atentan cotidianamente contra el ciudadana en su seguridad física o familiar y en sus propiedades. El argumento de que estos fenómenos son problemas de seguridad nacional, aparece claro e incuestionable, pero no tanto cuando se pretenden solucionar sólo con métodos de poder discrecionales o incluso arbitrarios, al margen de cualquier contraloría social y sin tocar las raíces de los problemas de seguridad pública. En otras palabras, el uso discrecional del poder presidencial sobre las fuerzas armadas y en instancias de supervisión, por ejemplo, del Poder Legislativo u otras instancias legales y legítimas, se presta a no saber hasta dónde la participación militar obedece a criterios de seguridad nacional o de mera seguridad gubernamental. Por ello, se requiere supervisar el funcionamiento de los cuerpos policíacos, el entrenamiento de policías por militares, renovar a fondo las instancias de procuración y administración de justicia del Poder Judicial, de donde son liberados con relativa facilidad, importante e influyentes narcotraficantes y delincuentes y son condenados otros de menor jerarquía. Si bien resulta básico el otorgar más dinero o lograr una mejor coordinación y delimitar una nueva tipificación jurídica, no es suficiente apostarle a medidas técnicas, monetarias y legales, como únicos conductores prácticos de la estrategia nacional de seguridad pública, si no se remueven las raíces materiales mencionadas y no se convoca a la participación ciudadana la estrategia tendrá resultados magros, provisionales, y hasta contraproducentes para los propios militares, quienes descuidarán otras labores y deteriorarán su imagen pública. Todas estas consideraciones son oportunas, dada la evidencia de vulnerabilidad y fracaso dl esquema de las cárceles de alta seguridad del gobierno federal. Está por demás decir que la seguridad de las cárceles mexicanas, quedó nuevamente quebrantada con la fuga de tres narcotraficantes de las Islas Marías, y mientras esto sucede el Ejecutivo federal no hace sino elaborar soliloquios afirmando falsamente que se libra la madre de todas las batallas contra la corrupción den las prisiones. Cabe señalar que el caso de Islas Marías, es un caso patético, porque hay toda un ordenamiento acerca de cuales son las características de los que puede ser trasladado a esa penitenciaría, y se señala el perfil de no alto riesgo, no narcotraficantes, para garantizar que no haya una expedición, como seguramente aconteció y puedan ser liberados de las prisiones de alta seguridad. Así que aquí hubo una omisión gravísima y es más lamentable cuando habíamos observado un mes antes, todo un desplazamiento y una intervención transmitida a todo el país en red nacional, donde el actual Secretario de Seguridad Pública, hablaba sobre una serie de cosas, que, bueno, evidentemente quedó en entredicho ya a muy corto plazo de su intervención. Recordemos que tras el asesinato de Arturo Guzmán Loera en las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad, el Ejecutivo federal no ha tenido más que desatinos y justificaciones, escudándose en renuncias desasosiegas de funcionarios menores, y todo ello para exculpar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública por su falta de competencia y para exonerarlo de su responsabilidad. Confiamos que las fuerzas armadas garantizarán la seguridad como se debe, dentro y fuera de las penitenciarías federales, ante la desconfianza en la Secretaría de la Seguridad Pública, celebramos que el Ejecutivo federal haya escuchado la sugerencia de ciudadanos preocupados por la ineptitud de esa dependencia. Esperamos que la ocupación militar sea transitoria, como transitoria debiese ser la permanencia de Martín Huerta. Por otro lado, si la ingerencia de las fuerzas armadas en la seguridad pública no parte de articular la fuerza moral y material de la nación, como sin militarización o con policía militarizado, la guerra contra la inseguridad pública y por la estabilidad política estará perdida aunque se ganen algunas batallas. Por lo anterior, someto a la consideración de la H. Comisión la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- Se solicita al Secretario de Seguridad Pública que informe detalladamente a la Comisión Permanente sobre Los resultados de las políticas de readaptación social; y Las tareas específicas de la intervención de las fuerzas armadas en cárceles federales de alta seguridad. SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informe sobre el estado que guardan las recomendaciones que haya emitido ese organismo a causa de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos adscritos a las cárceles mexicanas. Muchas gracias.