La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Presidente, compañeras, compañeros. El Estado debe ser garante del cumplimiento de la ley, de fortalecer la institucionalidad formal y de procurar mantener como imagen pública la credibilidad y certeza de todos sus actos. A fin de que los ciudadanos tengan confianza sobre el actuar del Estado y la honestidad de sus funcionarios públicos. Por ello, es importante evitar conflictos de intereses y posibles actos de corrupción como una de las tareas fundamentales de la legislación, de las asociaciones público-privadas. La ley actual en el artículo 42, establece una serie de supuestos y restricciones a participar en actos privados a fin de evitar posibles conflictos de interés. La participación también se norma de agentes privados de dudosa reputación que están inhabilitados por la función pública. No queremos más casas blancas, ni palacetes, ni casas moradas, doradas, azules, amarillas, ni tampoco OHL, ni nada parecido. Sin embargo, para ello tenemos que dar el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, de que se requiere un archivo público de las sociedades mercantiles que contenga la información necesaria sobre los socios, a fin de que las disposiciones sean extensivas hacia ellos. Recordemos que actualmente varias sociedades mercantiles están formadas por personas, que en lo individual, se encuentran inhabilitadas para participar en el Estado, con el Estado, pero que a través de las sociedades mercantiles la restricción se difumina. Esto en los hechos es un artilugio legal para evadir la responsabilidad y evitar cumplir con las sanciones. Por eso una de las limitantes también al desarrollo de nuestro país se encuentra en la corrupción y el tráfico de influencias. Las asociaciones público-privadas si se dejan sueltas pueden ser uno de los principales caldos de cultivo de estas prácticas nocivas, por el contrario, mantener la transparencia y el monitoreo constante de las acciones y los agentes participantes, garantizará que estas asociaciones funcionen como un mecanismo que haga más eficiente el desarrollo del servicio público y mejore el bienestar de la población. Por ello presentamos la reserva que adiciona un artículo transitorio quinto, el cual busca que para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 y 42 de la presente ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público integre un archivo público de sociedades mercantiles con sus actas constitutivas, a fin de que se tenga certeza que los socios de las mismas no tengan conflicto de interés. Respecto al artículo 27, creemos que es muy importante mantener que uno de los escenarios en donde existe diferencia tecnológica entre los actores, puede impactar en la forma en cómo se configuran estas asociaciones. Por ello es muy importante que el desarrollo de la tecnología específica, dentro de las instituciones del Estado, hagan necesaria la realización de un esquema de asociación pública privada en donde cobre relevancia la tecnología identificada, no solamente en el extranjero, sino la mexicana. Por ello proponemos una adición para que consideremos que en aras de desarrollar las capacidades tecnológicas e incentivar la innovación nacional, es necesario establecer en la presente legislación, que en aquellos casos que sean susceptibles de generar transferencia tecnológica e impulsar el aprendizaje nacional, se establezcan los requerimientos mínimos necesarios de contenido tecnológico nacional. Con ello, estamos convencidos que se fortalecerá el compromiso de participación, la cooperación y la alianza entre actores. Asimismo se generarán mayores condiciones de competitividad e impulso a las empresas y recursos humanos nacionales. Por ello creemos que es muy importante que se impulse el desarrollo e integración de las cadenas de valor y se fortalezca el aprendizaje tecnológico y el ambiente de innovación nacional. Es cuanto, presidente; muchas gracias.