El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que la Comisión de Presupuesto estudiará el informe general que presente la Auditoría Superior de la Federación, un análisis de la comisión y el propio contenido de la Cuenta Pública, para presentar al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la Cuenta Pública de cada año. De la misma manera, se señala que el dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado del contenido del Informe general de la Auditoría Superior de la Federación y estar sustentado en conclusiones técnicas, recuperando las discusiones técnicas de la comisión. El dictamen que se nos presenta no cuenta con las características técnicas de objetividad que establece la ley. Es a todas luces una suma de juicios de valor. La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera del gobierno, la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados. Además, busca constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado. El ejercicio de fiscalización también tiene como objeto revisar que los egresos se ejercieron adecuadamente en los conceptos y partidas autorizados incluido, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, la adquisición de arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo. Por ejemplo, este dictamen que se presenta no menciona los logros palpables de combate a la pobreza y a la desigualdad. No menciona que 2.2 millones de mexicanos dejaron de vivir en la pobreza extrema y 1.9 millones dejaron la pobreza extrema alimentaria, la cantidad de personas en esta situación se redujo de 7 a 5.1 millones. El porcentaje de la población en pobreza se redujo de 45.5 por ciento en el 2012 a 43.6 por ciento en el 2016 y la pobreza extrema disminuyó del 9.8 al 7.6 respectivamente. La mortalidad materna continúo su tendencia a la baja, del 2012 al 2016 se redujo en 13 por ciento, es decir, pasamos del 42.3 al 36.7 de defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. El dictamen tampoco valora que, debido al cambio de la política social, 1.3 millones de mexicanos más superaron el rezago educativo, 1.2 millones cuentan con acceso a servicios básicos en la vivienda, 1.1 millones cuentan con calidad y espacio en sus viviendas. Debemos de ser claros, el ejercicio responsable del gasto público nos atañe a todos los órganos del Estado, a los órganos constitucionales autónomos y a los gobiernos estatales y municipales. La fiscalización es un sano ejercicio para corregir desviaciones y para castigar abusos. Los procesos de auditoría se encuentran solventándose por aquellos organismos auditados y por las instancias autónomas correspondientes. Es decir, la fiscalización y el correcto uso de los recursos públicos siguen adelante. Compañeras y compañeros diputados, no hagamos de este proceso de fiscalización un juicio sumario que busca poner en duda la honradez y capacidad de todo funcionario público, por el simple hecho de no compartir una misma ideología. Es cuanto, señora presidenta.