El diputado Javier Martín Zambrano Elizondo: Con su permiso, señor presidente. A nuestra Constitución Política se le atribuye el calificativo de rígida, en virtud de que el órgano capaz de reformarla, y que sigue un procedimiento especial y formal, es distinto del órgano que reforma y adiciona las leyes ordinarias. En efecto, el artículo 135 de la Constitución Política establece tanto un procedimiento para hacerle reformas como una combinación de órganos competentes para hacerlas. Una simple lectura del contenido del artículo confirma nuestra aseveración. Es indudable que el carácter rígido, además de someter un procedimiento formal a todo proceso de reforma a la Constitución, persigue ante todo la posibilidad de que se reflexione a plenitud y se sopese a cabalidad toda propuesta de reforma o adición, a fin de que nuestro máximo orden legal no sea objeto de exabruptos o caprichos legislativos en detrimento de los propósitos de certeza y seguridad que todo orden jurídico debe estructurar y reflejar. Ahora bien, resulta paradójico y preocupante, por contrariar los propósitos de certeza y seguridad, y a su vez contrario al principio de rigidez constitucional, lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, que faculta al Congreso de la Unión a ampliar mediante la expedición de una ley ordinaria, las áreas estratégicas enumeradas en dicho párrafo. En efecto, el artículo 28 de la Constitución, textualmente dispone en su cuarto párrafo, lo siguiente: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalan las leyes que expida el Congreso de la Unión". No cabe duda de que la atribución otorgada al Congreso de la Unión en el párrafo cuarto del artículo 28 es un caso de flexibilidad constitucional, que contraría el espíritu de rigidez asentado en el artículo 135 y que de utilizarse por el Congreso de la Unión, sin la flexibilidad, serenidad y templanza necesaria, pudiese llegar a restringir intempestivamente las libertades económicas de particulares y de grupos sociales, y cuya vigencia actual inhibe mucha inversión potencial generadora de empleos. Resulta paradójico, a su vez, que el caso de flexibilidad constitucional que nos ocupa tiene su asiento en un artículo cuyo propósito original tuvo como objetivo primordial prohibir los monopolios que afectan en gran medida la libertad económica y la productividad de los pequeños y medianos productores. Asimismo, el caso que nos ocupa, de flexibilidad, viene a romper con el principio de facultades expresas y limitadas que la técnica constitucional conformó en nuestra Constitución a partir de 1917. Dicho principio busca otorgar a los particulares la certeza de que las atribuciones de los poderes federales se constriñan al ejercicio de las facultades expresas, y por ende, limitadas otorgadas en el texto constitucional. Precisamente en el caso que nos ocupa, y en particular por lo que respecta a la inversión en los diversos rubros de la actividad económica, la certeza de que el marco legal del entorno económico sea lo suficientemente sólido y no pueda modificarse mediante una simple reforma ordinaria, otorgando a quien invierte la certeza y seguridad de que su inversión será respetada; así, pues, la presente iniciativa busca que la facultad para constituir áreas estratégicas corresponda al Congreso de la Unión, siempre y cuando éstas estén debidamente justificadas en razón del interés general o la seguridad nacional, contribuyendo de esta manera, en el tema que nos ocupa, a preservar el espíritu de rigidez constitucional establecido en 1917. En vista de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28, párrafo cuarto: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y telegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que, debidamente justificadas en razón del interés general o la seguridad nacional, señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión". Señor presidente, le pido que la iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.