El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Decía un escritor español, Noel Clarasó, que un hombre de Estado es el que se pasa la mitad de su vida haciendo leyes, y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas. Así se definen los diputados y diputadas del PRI, PAN y sus aliados, ante esta reforma que llaman reforma de Estado. Esta frase representa lo que estamos haciendo el día de hoy. Nos convocaron para iniciar los trabajos de un nuevo período extraordinario, en el cual se debatirán y votarán diferentes dictámenes relativos al sector energético. Dichas iniciativas vienen a desmantelar las dos empresas paraestatales, últimas, casi últimas que nos quedan: Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que son el ícono de un modelo económico en el cual el Estado mexicano se asumía como el garante de proveer bienes y servicios a la población en materia energética. Así lo hicieron en el pasado con Ferrocarriles Nacionales y con Telmex. Los mismos argumentos, de que eran empresas que no avanzaban, que no se modernizaban, que representaban una carga para el Estado. Se vendieron al mejor postor, y una de ellas, Teléfonos de México; ha significado darle riqueza a un hombre que realmente no es el hombre más rico de México, sino del mundo. Y hoy vamos a enriquecer, seguramente, aún más a las empresas trasnacionales. Este dictamen es todo lo contrario a ese principio. Este dictamen deslinda al Estado de responsabilidades en beneficio del capital privado. Este dictamen no asegura el grueso de la población en beneficios reales, por el contrario legaliza disfrazando de ocupación temporal el despojo de las tierras y los territorios de los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas, y sin duda generará una alta conflictividad social. Para nuestros pueblos indígenas y campesinos ante las crisis también representa una oportunidad para reorganizarnos y dar la lucha por la tierra y el territorio. Al tiempo, compañeras diputadas y compañeros diputados. Sirva como ejemplo de lo fallido de este tipo de reformas las declaraciones que el mismo Poder Ejecutivo ha hecho en voz del comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación, quien afirma que hoy los indígenas son más pobres que hace más de 20 años. Es decir, las reformas de corte neoliberal impulsadas más abiertamente en el periodo salinista y en los últimos 12 de gobiernos panistas son los responsables de tener en la miseria a 14 de los 15.7 millones de indígenas que habitamos en esta nación. Como muchos saben el territorio es vital para los pueblos indígenas y campesinos, y su tutela jurídica está garantizada en diversos instrumentos internacionales. Sin embargo, con las reformas neoliberales se ha concesionado más del 90 por ciento de las tierras y el territorio ancestrales de los pueblos indígenas y campesinos, con fines de exploración y explotación para la industria extractiva. No lo digo yo, lo dicen las páginas oficiales de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son muchos los ejemplos de decisiones unilaterales por la parte gubernamental de concesiones mineras, de aprobación de mega proyectos de infraestructura hidroeléctrica y carretera, en territorios comunitarios donde no se ha respetado la voluntad de los afectados. Recuerden Atenco, represas como Las Cruces, El Zapotillo, La Parota, en Guerrero, o la imposición de carreteras como en Tepoztlán. Es por leyes como éstas que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en Ginebra una resolución histórica, que establece la creación de un grupo intergubernamental que diseñe un instrumento internacional vinculante capaz de responder a las violaciones de los derechos humanos cometidos bajo la complicidad de autoridades y empresas multinacionales. Le pido un minuto más de tolerancia, presidente. Hago un llamado al movimiento campesino indígena y popular a unirnos, porque a eso le teme más el capital y sus empleados prianistas, más que los discursos en esta tribuna. La oligarquía les teme a los ciudadanos informados, es por ello que la gran mayoría modernizadora de diputados se negaron a transmitir estos debates en televisión abierta. Los pueblos indígenas y sus territorios y sus derechos consuetudinarios son anteriores al derecho positivo del Estado mexicano. Esta figura de la ocupación temporal no es más que la continuación de un colonialismo permanente que los investigadores le llaman el colonialismo interno, y que yo le llamo los vende patrias. Es cuanto, señor presidente.