El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con su autorización, señor presidente. Señoras y señores legisladores, la LXI Legislatura se instala en medio de la más profunda crisis económica que haya vivido nuestro país en los últimos 80 años. El papel político que el Congreso desempeñe será determinante para el futuro del país. Se trata de una legislatura con muchas peculiaridades ya que además de enfrentar el fin de sexenio y, por tanto, la sucesión presidencial, atenderá la crisis económica en un escenario de violencia e inseguridad que da cuenta del profundo deterioro de la vida institucional y del debilitamiento del Estado. La economía del país se encuentra en franca recesión. Tan sólo durante el primer semestre del año el producto interno bruto acumuló una caída de 9 por ciento, lo que se ha traducido en la pérdida de 850 mil empleos, lo que representa que más de 5 millones de mexicanos o no tienen trabajo o trabajan menos de 15 horas a la semana. La caída de la economía será la más alta de la región en el 2009 y una de las más altas en el mundo, lo que alentará el crecimiento de la economía informal, que representa ya la tercera parte de la economía del país, así como los flujos migratorios hacia Estados Unidos en momentos en que las remesas que envían los trabajadores mexicanos se han desplomado en casi 18 por ciento. De 2000 a la fecha, los salarios mínimos han perdido el 47 por ciento de su poder adquisitivo, mientras que los precios a los productos de la canasta básica han aumentado en más de 50 por ciento. Cincuenta y cinco millones de mexicanos viven en la pobreza. Tan sólo el año pasado, antes de que estallara esta crisis, 4.5 millones de personas descendieron al nivel de pobreza patrimonial y 880 mil al nivel de pobreza alimentaria. El deterioro social y político, y los riesgos de inestabilidad social aumentan por el desmantelamiento de los esquemas solidarios de seguridad social y por la fallida estrategia de combate a la delincuencia organizada, que no resuelve el problema y violenta las garantías de los mexicanos. Los poderes fácticos consolidan sus privilegios. En tanto el titular de Hacienda señala una caída en los ingresos del sector público y en la captación de impuestos y derechos por la venta de hidrocarburos, las grandes empresas evaden al fisco. Este año la evasión alcanzará 172 mil millones de pesos por concepto de impuesto al valor agregado y por los llamados "gastos fiscales". Así, las grandes empresas nacionales y extranjeras seguirán pagando entre 1 y 2.5 por ciento de impuesto sobre sus ganancias, mientras se suman devoluciones millonarias de impuestos a estas empresas. La economía se debilita, y el Estado y las instituciones también. La inseguridad crece. Delitos que habían sido controlados, como el secuestro, repuntan; mientras la delincuencia organizada pone en riesgo a nuestra democracia. La militarización y la presencia de las fuerzas federales avanza en el territorio nacional. El Ejército mexicano asume responsabilidades que competen a la autoridad civil y lo mismo persigue delincuentes del fuero común, que hace decomisos de piratería. Éste es el saldo de la mala conducción del gobierno y que exige cambios profundos en la vida pública del país. Estamos conscientes que en esta legislatura la correlación de fuerzas nos es desfavorable, y que presumiblemente se consolidará la alianza del priismo con un Ejecutivo debilitado y sin legitimidad. Sin embargo, la crisis nos obliga ?más allá de la inevitable confrontación ideológica y de las acciones que desde el movimiento social surjan para frenar las medidas antipopulares que se pretendan imponer? a asumir la iniciativa política e impulsar cambios que permitan transformar el modelo económico, y retomar el camino de la transición a la democracia. Desde nuestro grupo parlamentario impulsaremos una agenda legislativa que implica atender por los menos los siguientes aspectos: la crisis económica y los problemas del desarrollo con la equidad, atendiendo los aspectos fundamentales para el bienestar de los mexicanos. La responsabilidad del Estado en la rectoría de la economía y frente a la desigualdad; la redistribución del ingreso, la producción y abasto de alimentos, el desarrollo regional, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y una política que consolide los derechos sociales. Queremos enfrentar los problemas de seguridad y el combate a la delincuencia adoptando acciones, que sin conculcar derechos y garantías de los ciudadanos permitan la prevención del delito, y el desmantelamiento del poder del crimen organizado entendiendo que muchos de los problemas que derivan en inseguridad son resultado de la exclusión social. Propugnaremos por la ampliación de las libertades democráticas, el desarrollo humano y la equidad de género, fomentando el desarrollo de una cultura democrática con valores, como la tolerancia, el respeto a la diversidad sexual, el reconocimiento, promoción y defensa de los derechos de las mujeres combatiendo toda forma de exclusión, discriminación y violencia, así como la defensa de los derechos de los pueblos indios. Impulsaremos la reforma del Estado estableciendo un nuevo federalismo que descentralice el poder público, fortalezca la autonomía y las finanzas de los gobiernos locales y del municipio, establezca la Constitución Política del Distrito Federal e implante una nueva generación de derechos que democraticen los medios de comunicación y favorezca la democracia directa y la construcción de ciudadanía. Propugnaremos por la defensa del medio ambiente y los recursos naturales incorporando la dimensión ambiental como un eje transversal del trabajo legislativo, abanderando la defensa de nuestro capital natural y promoviendo acciones que permitan revertir los daños ambientales garantizando el desarrollo de las futuras generaciones. Queremos superar el divorcio entre el trabajo legislativo y las causas de la sociedad, y haremos de la Cámara de Diputados una caja de resonancia de las preocupaciones sociales, sin embargo, la respuesta a la crisis no puede esperar, por lo que es necesario establecer un conjunto de medidas de emergencia que puedan implementarse de manera inmediata. Por lo que el próximo jueves propondremos como iniciativa de ley las siguientes acciones: Primero. El establecimiento de un paquete de estímulo fiscal dirigido a proyectos de inversión pública, por un monto menor al 2 por ciento del producto interno bruto, de los cuales, por lo menos 130 mil millones de pesos deben ser aplicados en lo que resta del año en proyectos ya iniciados, y en obras de mantenimiento en los estados y municipios, lo que permitiría transferir los efectos del gasto a otros sectores de la economía. Segundo. El establecimiento de un seguro de desempleo dirigido a los trabajadores que perdieron su empleo a partir de enero de este año, considerando un apoyo durante seis meses, con la posibilidad de renovar el seguro si se demuestra que el trabajador no se ha podido colocar. Tercero. Utilizar los fondos ociosos conformados en años anteriores con los excedentes petroleros pertenecientes a las entidades federativas, a fin de resarcir el daño causado a sus finanzas. Cuarto. Proponemos un programa alimentario de emergencia que atienda a la población que vive en pobreza alimentaria, más aún, frente a la eventualidad de una caída en la disponibilidad de alimentos derivado de la sequía y que permita la reactivación del campo mexicano. Quinto. Convocamos además, a todos los legisladores, en particular a los egresados de las instituciones públicas de educación superior a crear un frente parlamentario en defensa de la educación y de la universidad pública como una pieza estructural del desarrollo del país. Sabemos que un modelo de desarrollo más equitativo requiere de fuentes de financiamiento sólidas y permanentes. En este sentido manifestamos nuestra disposición para diseñar, junto con todas las fuerzas políticas, una nueva arquitectura fiscal que mejore y vuelva más eficientes al gasto y los ingresos públicos; sin gravar alimentos y medicinas, sin incrementar los precios del gas, la gasolina, la electricidad y sin dañar más la ya de por sí precaria economía popular. Una propuesta como la que aquí planteamos puede ser el primer paso para construir un acuerdo nacional para el cambio del modelo económico, que permita retomar nuestra frustrada transición a la democracia. La alternancia en el poder en nuestro país no significó un cambio de régimen, ni permitió consolidar un pacto social basado en la convivencia democrática. Se desaprovechó la oportunidad. Los gobiernos del PAN se han sustentado en el mismo andamiaje autoritario del priismo, que es incompatible con la instauración de un modelo democrático. El PAN optó por sellar una alianza con el PRI a cambio de mantener los pilares del autoritarismo mexicano, el corporativismo, la manipulación de la opinión pública, la aplicación selectiva de la ley y la estigmatización del adversario. Incluso hoy resurge una plática deleznable: la violencia política, como es el caso del homicidio del diputado Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado de Guerrero, al que se suman otros 24 asesinatos de militantes perredistas en lo que va del año, en un clima de violencia que urge detener. En este contexto, señor presidente del Congreso, solicito su autorización para que se guarde un minuto de silencio en contra de la violencia y en memoria del legislador Armando Chavarría Barrera.