La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señor presidente. A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y elaboración el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el artículo 1o., de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En fecha 21 de febrero de 2013 esta iniciativa fue presentada por el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde. La minuta en referencia, en resumen, propone incorporar a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el término medio ambiente sano. Esto a efecto de equiparar a las legislaciones secundarias en concordancia a la reforma reciente al artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior guarda sustento con la reciente reforma constitucional que en materia de derechos humanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades del Estado mexicano, a velar por los derechos humanos que consagran el texto constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 8 de febrero de 2012, en donde se incorpora al artículo 4 constitucional el derecho a un medio ambiente sano, que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos de lo dispuesto por la ley. Lo valioso de esta iniciativa es el reconocimiento de la relación entre el ambiente y la afectación al ser humano, cómo ha venido fortaleciéndose poco a poco a lo largo de las últimas décadas no sólo internacionalmente, sino en el ámbito local en la mayoría de las legislaciones de los estados. El derecho a un medio ambiente sano es una norma imperativa del derecho internacional general, pues protege un interés fundamental de la comunidad internacional y de la humanidad, de donde deriva para el Estado el deber de no dañar al ambiente ni permitir que éste sea dañado. En consecuencia, las y los integrantes de la dictaminadora coincidimos con el criterio de la colegisladora en el sentido de incorporar el término derecho a vivir en un medio ambiente sano a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Insisto. Es importante el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano. También a esta comisión le fue turnado para su estudio y elaboración el dictamen correspondiente al expediente mil 329 que contiene iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, iniciativa presentada por el diputado Gerardo Peña Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y secretario de esta comisión dictaminadora. La iniciativa manifiesta que el gobierno mexicano tiene el compromiso y la obligación de cuidar adecuadamente las áreas naturales protegidas, ya que un medio ambiente sano equivale a una mejor calidad en la salud y en la vida de todos sus habitantes y también que el derecho ambiental es el encargado no sólo de proteger un bien particular, sino que protege una cuestión de efectivo interés general y que el cumplimiento o incumplimiento de este grupo de reglas que conforman esta rama del derecho puede afectar las posibilidades del desarrollo, el nivel y la calidad de vida de toda persona. En ese orden de idear, existe la necesidad de elementos sancionadores que inhiban las actividades que provocan daño ambiental. La normatividad ambiental mexicana necesita de instrumentos eficaces que garanticen la adecuada protección, así como sanciones al daño ocasionado, en cuyo caso las sanciones pecuniarias deberán ser severas para rescatar de forma adecuada la zona afectada y al mismo tiempo inhibir, en lo posible, la conducta infractora y el daño que se pudiera ocasionar, por lo que las sanciones administrativas que se mencionan en el artículo 171, fracción I de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuya sanción máxima es de 50 mil días de salario mínimo general vigente no es suficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño ambiental, ya que el beneficio económico pudiera ser mayor a la sanción correspondiente, lo que haría rentable cometer un ilícito y no evitarlo. Es por eso que la presente iniciativa pretende que se incremente la sanción máxima a 60 mil días de salario mínimo. Asimismo, el párrafo cuarto del artículo mencionado anteriormente califica de reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto en un máximo de dos años. Se propone que este período de dos años como lapso mínimo sea incrementado a un período de tres años. Por las razones expuestas, la iniciativa propone reformar la fracción I del párrafo primero y el párrafo cuarto del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Los invitamos a todas las legisladoras y legisladores a formar parte de integrar en nuestro país el derecho a vivir en un medio ambiente sano.