La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputado presidente. Quiero decir que este proyecto de ningún modo es un proyecto ambiguo. Este proyecto es un proyecto que busca armonizar nuestra legislación con el nuevo sistema de justicia penal. Es un proyecto que busca también dar herramientas a las autoridades encargadas de investigar delitos en los que participa la delincuencia organizada, a fin de que las investigaciones sean más eficaces. Es un proyecto, no solo que se ajusta a la definición establecida en la Convención de Palermo, contrario a lo que aquí se ha dicho, sino que además es un proyecto que se ajusta a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que México es parte, además de ajustarse también a nuestra Constitución. El modelo rector en todo el país para el sistema de justicia penal es acusatorio y oral y será aplicable en todo el país en su totalidad en los próximos días. Este sistema no es exclusivo para el procesamiento de delitos comunes, sino que se hace extensivo para los delitos cometidos bajo el régimen de delincuencia organizada. Al respecto, la reforma constitucional de 2008 estableció algunas previsiones especiales para las personas procesadas o sentenciadas por delitos cometidos bajo el régimen de delincuencia organizada. Por lo tanto, la minuta que estamos aquí discutiendo, no solo tiene por objeto armonizar la persecución y sanción de delitos de alto impacto con el nuevo sistema de justicia penal, sino que además contempla la incorporación de nuevas conductas calificables como delincuencia organizada tales como el uso, a sabiendas, de moneda falsificada, del agravio a los derechos de autor y el contrabando. Además, la minuta precisa las facultades y procedimientos especializados para poder desarticular al crimen organizado, así como la coordinación entre policías y con otras autoridades como la Secretaría de Hacienda, fundamental para poder avanzar en el tema de sancionar la delincuencia organizada no solo desde la parte penal, sino también en lo que se vincula a la cuestión financiera. Como aspectos centrales de esa ley están los siguientes: Primero. El procedimiento penal para el régimen de delincuencia organizada será acusatorio y oral, acorde con este nuevo régimen que estamos adoptando y cuyo plazo concluye esta misma semana. Se garantiza a los imputados el derecho a un debido proceso el cual se regirá por los principios del procedimiento penal, fundamentalmente los relacionados con la concentración, la continuidad, la inmediación y la contradicción, y además dentro de un sistema de audiencias. Esto, acorde y en absoluto respeto a los derechos humanos. Se establece la posibilidad también de restringir la publicidad de las audiencias ponderando la seguridad de las víctimas u ofendidos. Se dota al Ministerio Público de más y mejores técnicas de investigación como ya lo mencionaba a fin de garantizar el éxito de las mismas, esperando que con ello se logre avanzar en sancionar a personas que hubieran cometido delitos vinculados con la delincuencia organizada. Se faculta al Ministerio Púbico de la Federación para emplear instrumentos extraordinarios para la obtención de información y en su caso medios de prueba, aunado a que se le faculte para apoyarse en el criterio de oportunidad, a fin de alcanzar el éxito de la investigación, con absoluto respeto a los principios establecidos en nuestra Constitución. También se crean incentivos para las personas que colaboren eficazmente en alguna de estas investigaciones, por lo que se precisan los mecanismos en materia de cooperación eficaz de un integrante de la delincuencia organizada con la investigación del delito, a quien se le podrá reducir la pena si aporta información útil para la investigación. Los sentenciados, además, por delincuencia organizada no tendrán derecho a los beneficios de libertades anticipadas establecidos en la ley que aprobamos anteriormente. Se establecen mejores reglas de coordinación con autoridades del sistema financiero como ya lo mencioné para que se pueda obtener información y documentación que resulte conducente para determinar la responsabilidad penal. En fin, estos son algunos de los elementos que hacen que esta legislación sea una legislación que permita a las autoridades actuar con mayor eficacia cuando de delincuencia organizada se trata, y en beneficio y para la protección de todos los ciudadanos de nuestro país. Por eso el Partido Verde votará a favor de este dictamen, porque sin duda alguna es un dictamen que guarda un equilibrio entre las reglas del debido proceso y el procesamiento y el combate al régimen de delincuencia organizada. Y también hay que decirlo, porque busca la armonización que permita la efectiva implementación de nuestro Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Es cuanto.