La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, muy buenos días. El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas con el objeto de sensibilizar a la opinión pública internacional respecto al grave problema que representa la violencia en contra de las mujeres y el cual ha servido para ser evidente una vez más que a nivel mundial una de cada tres mujeres fue víctima de violencia física o sexual durante este año. De los factores más significativos que generan violencia en contra del género femenino ha sido reiteradamente la discriminación, el abuso y la inequidad entre hombres y mujeres a lo largo de diversas sociedades, tanto en escenarios públicos como en privados. A nivel global, el acceso a la justicia para las mujeres que han sufrido violencia en muchos de los casos se ha visto paralizada por los prejuicios de género, estigmas sociales o mayormente por limitaciones financieras que nos les permiten una defensa adecuada. Que si bien es de reconocer los avances normativos que han tenido varios países para promover leyes a favor de erradicar la violencia de género, en muchas ocasiones éstas no van acompañadas de la adecuada asignación de recursos para proveer infraestructura o personal para su eficaz atención o simplemente no prevén estrategias específicas para los casos en concreto. Eliminar la violencia contra la mujer es una prioridad mundial, y en México ha significado un compromiso por la equidad y empoderamiento de nosotras las mujeres a través del fortalecimiento de capacidades de una educación objetiva y del decisivo respeto a nuestra dignidad y derechos mediante el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Gobierno de la República. Pero no solo es la violencia física la que nos ocupa, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, Inegi, precisa casos de violencia emocional, sexual, económica, patrimonial y laboral entre las más recurrentes, donde aproximadamente 80 de cada 100 mujeres en México, mayores de 15 años, han padecido distintos tipos de violencia. Como legisladores requerimos endurecer las sanciones penales, civiles, laborales y administrativas para castigar y reparar los agravios a las mujeres que son objeto de violencia. Es necesario el conferir una seguridad jurídica solida e imparcial. Es un hecho que en muchas sociedades las mujeres nos desarrollamos en casi todos los sectores de la vida, y es conveniente que podamos desarrollar plenamente las funciones según la propia índole, sin discriminaciones y sin exclusiones de los empleos, pero al mismo tiempo, sin perjudicar las aspiraciones familiares y el papel específico para contribuir al ambiente de la sociedad junto con el hombre. Por lo anterior, para el Partido Encuentro Social, la dignidad de la mujer exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales porque cada mujer indígena, la mujer migrante, la indigente, la que está en reclusión, aquella que padece discapacidad, mis adultas mayores, mis niñas, quienes padecen situaciones de conflicto armado y en general cualquiera que se encuentre en un estado vulnerable, ocupará nuestra atención y esfuerzo por constituir un orden social más justo. Diputadas y diputados, hagamos conciencia. Es cuanto, diputado presidente. Por su atención, muchas gracias.