El diputado Mariano Lara Salazar: El desarrollo de la industria minera no puede ser pretexto para dañar el medio ambiente. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, con la finalidad de que esta industria se encuadre en un contexto adecuado de gestión ambiental que permita prevenir y mitigar los posibles impactos negativos. Todos recordamos aquella lamentable catástrofe ambiental ocurrida en agosto de 2014, originada por una falla en un contenedor de la minera Buenavista del Cobre, que resultó en un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, entre otros metales pesados, en los ríos Bacanuchi y Sonora, hecho que provocó afectaciones a unas 22 mil personas en siete municipios del estado de Sonora. No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir. Nuestra Constitución Política es muy clara en señalar en el párrafo quinto de su artículo 4o. la obligación que el Estado tiene de garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Es preciso incorporar en la Ley Minera disposiciones mucho más severas para prevenir que este tipo de casos se vuelvan a presentar. La industria minera es fundamental para nuestro país. En 2014, de acuerdo con datos de la Cámara Minera de México, esta se colocó en un quinto lugar en cuanto a la generación de divisas en nuestro país, con más de 17 mil 53 millones de dólares, por encima del turismo, y justo después de las remesas, el petróleo, la electrónica y la industria automotriz. Las ganancias generadas pueden ser un enorme impulso en el desarrollo del país, pero solo si están acompañadas de las mejores prácticas para prevenir el deterioro ambiental. Queremos que quede claro, ningún daño ambiental puede repararse con dinero. Es preciso cambiar nuestra visión. Antes que las ganancias de empresas sin un compromiso social están la protección de la salud y el medio ambiente para las futuras generaciones. Lamentablemente, gran parte de los proyectos mineros se localizan en estados con estrés hídrico, lo que resulta más preocupante, ya que en el uso del agua para los procesos mineros se puede poner en peligro este recurso vital. Si una mina no utiliza prácticas que minimicen el impacto hidrológico puede generar grandes pasivos ambientales. Desafortunadamente, la Ley Minera carece de disposiciones que protejan real y eficazmente el medio ambiente. Un ejemplo de ello es que los requisitos y obligaciones para los titulares de concesiones y asignaciones mineras se remitan a otras disposiciones legales, en lugar de establecer en la ley la que debe sujetarse a la exploración, explotación y beneficio de los minerales, así como las salinas formadas por las aguas marinas. La falta de claridad vigente provoca que se presenten cifras de escándalo. Según la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, Profepa, de las mil 130 instalaciones y proyectos mineros establecidos oficialmente 658 presentaron irregularidades menores de carácter administrativo y 71 centros de operación y extracción presentaron irregularidades graves que resultaron en clausuras. Esto significa que 729 minas incumplían las normas ambientales, solo el 35 por ciento de las minas que operan legalmente en México cumplen cabalmente con la legislación en materia ambiental. No podemos permitir que esto siga sucediendo. No permitamos que ocurra otra tragedia como la del río Sonora. Por tal motivo, propongo que en el artículo 27 de la Ley Minera, que se refiere a las obligaciones de los titulares de concesiones se especifique de manera expresa e inequívoca la obligación ambiental administrativa más importante, obtener la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. De igual manera, se plantea establecer explícitamente la obligación para el titular de cualquier concesión minera que pretenda realizar obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de minerales en un área natural protegida, el contar con la debida autorización, en este caso expedida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde quede constancia que la compatibilidad de dichos trabajos con las actividades permitidas en el área en cuestión, así como la correspondiente autorización del impacto ambiental de la Semarnat. En Nueva Alianza sabemos que tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones. No permitamos que la codicia acabe con nuestros recursos naturales. Es cuanto, señor presidente.