El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Con la venia de las diputadas y de los diputados. Efectivamente, esta iniciativa está firmada tanto por el compañero Gerardo Fernández Noroña como por su servidor, y busca la reforma, la adición, la modificación a 4 artículos constitucionales: al artículo 4o., al artículo 27, al artículo 73, fracción XVII de la Constitución y al artículo 115, en su fracción III, inciso a). El propósito de esta iniciativa es elevar a carácter constitucional el derecho humano de acceso al agua. Nuestra propuesta se apoya en precedentes tanto internacionales como de derecho comparado. Desde hace varios años tanto Naciones Unidas como la UNESCO han insistido en el acceso al agua como derecho humano fundamental. De hecho existe la observación número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que regula y establece las condiciones de acceso al agua. Algunas Constituciones de América Latina, como la Constitución Boliviana y Ecuatoriana, muy recientes, han establecido que este derecho es un derecho humano y fundamental. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Nuestra propuesta se apoya en los siguientes aspectos: En primer lugar, recuperar el agua para la nación; es decir, para toda la población. Tanto para las generaciones presentes, como las futuras. En segundo lugar, derogar las atribuciones del Ejecutivo para aprobar reglamentos autónomos en la materia como hoy sucede. En tercer lugar, la imposibilidad para que los particulares, sean nacionales o extranjeros, puedan adquirir el dominio o propiedad sobre el agua. En cuarto lugar, el reconocimiento de que toda persona tiene el derecho fundamental a acceder y a utilizar el agua potable en cantidad y calidad suficientes, bajo condiciones de no discriminación y asequibilidad para su uso personal y doméstico. En quinto lugar, la determinación de que la federación, las entidades federativas y los municipios, según lo disponga la Constitución y la ley secundaria en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen la obligación de asegurar el goce de efectivo de este derecho fundamental. También se señala que los servicios de acceso a los servicios de alcantarillado no podrán privatizarse ni serán susceptibles de concesión. Se establece que la gestión y supervisión del agua debe ser pública, pero también social, colectiva, participativa, equitativa y no comercial. Consideramos que el cobro por los servicios del agua para consumo humano y doméstico debe ser de carácter social, y el no pago de derechos dará lugar a las acciones que determine la ley, pero nunca a la suspensión de los servicios cuando el agua se use para consumo humano o doméstico. El Estado debe garantizar la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Asimismo se establece que toda actividad relacionada con el agua no debe afectar la calidad y la cantidad del agua ni el equilibrio de los ecosistemas, en especial de las fuentes y zonas de recarga de agua. También consideramos que es importante mantener el principio de sustentabilidad de los ecosistemas y que el consumo humano sean prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. Las autoridades a cargo de la gestión del agua deben ser responsables de la planificación, regulación y control en los términos de la ley. La explotación y el aprovechamiento del agua deben estar sujetos a procesos de consulta libres, previos e informados con las poblaciones afectadas. Y se debe garantizar la participación ciudadana en todos los procesos de gestión y promover la conservación de los ecosistemas. Asimismo, los núcleos ejidales y comunales, así como en las comunidades indígenas, deben ser consultadas cuando se afecte su derecho al agua, respetando sus normas y procedimientos. En estos y en otros puntos más consisten nuestras propuestas, que intentan elevar el derecho al acceso al agua como derecho humano previsto en la Constitución. Establecer la prohibición de la privatización de estos recursos y establecer, también, que es un recurso del dominio directo de la nación. Muchas gracias a ustedes, señoras diputadas y señores diputados.