El diputado Salvador Martínez Della Rocca: En virtud de que la presente iniciativa está publicada en la Gaceta Parlamentaria, leeré una síntesis, pero solicito atentamente se inserte íntegra en el Diario de Debates. En junio pasado se conoció la primera encuesta nacional aplicada a integrantes del sector científico con la finalidad de saber su opinión sobre el rumbo de las políticas oficiales en ciencia y tecnología. Los resultados fueran absolutamente reprobables, uno de los más inquietantes fue, por ejemplo, que los 4 mil 262 científicos consultados otorgaron en promedio 5.4 de calificación al desempeño del entonces director del CONACYT, Jaime Parada Avila. Pero lo más grave es que la encuesta reveló el desinterés del gobierno foxista por apoyar la ciencia, la tecnología y el desarrollo tecnológico del país y también la comunidad científica confirmó su convicción del grave e inaceptable deterioro que sufrió el CONACYT bajo la dirección de Parada Avíla, así como el fracaso de los planes de gobierno en materia científica y tecnológica. El relevo de Parada Avila al frente del CONACYT no resuelve el problema de fondo, ya que el cúmulo de irregularidades y abusos que cometió, se deben a que la designación del Director General de esta institución, no responde a intereses académicos y científicos, puesto que los actores directamente involucrados, como la comunidad científica y académica y el sector productivo, están al margen de ese proceso; esto a pesar que son los que llevan a cabo las actividades científicas y tecnológicas. Es por ello que en principio el problema está en quién dirige el CONACYT y a la concepción que tiene de la institución y de la ciencia y la tecnología, lo que a su vez se origina por el actual mecanismo para designar al responsable de la institución rectora en materia y es que la designación del director de CONACYT depende exclusivamente y de manera unilateral del Presidente de la República. En otras palabras, el responsable del CONACYT prácticamente es un empleado del Jefe del Ejecutivo que lo nombra y lo remueve a su libre arbitrio. Otros agravantes son las vigentes disposiciones de integración de la Junta de Gobierno al CONACYT, cuyo carácter que debiera ser colegiado, carece de una presencia efectiva o real de la comunidad académica y científica y del sector productivo en esa instancia. Actualmente la Junta de Gobierno está integrada por 13 miembros, 7 son representados de Secretarías de Estado y los 6 restantes son los titulares de la Asociación Nacional Universidades la (ANUIES), del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y dos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y dos representantes del sector productivo. Sin embargo, estos últimos actores tienen carácter de invitados y no de integrantes formales, pues su incorporación a la Junta de Gobierno queda en el terreno de la discrecionalidad. La citada ley estipula que serán invitados a formar parte de la Junta de Gobierno, pero no se precisa por decisión de quién. Habida cuenta de que esta institución es el órgano rector del sector científico y tecnológico del país y cuyas funciones tienen rango constitucional, la designación del director, no debe ser una decisión exclusiva del Presidente de la República, pero además se requiere que quien ocupe ese cargo, sea una persona interesada, comprometida y que realmente vele por los intereses de la ciencia y la tecnología y de su comunidad en términos llanos y simples, que sea una persona preocupada y enamorada de la ciencia. Esto no es un simple capricho legislativo, la presente iniciativa tiene como concepción dotar de todo el poder a la academia, a sus investigadores y a quienes participan en el quehacer científico y tecnológico, con el único fin de transformar de manera sustantiva la visión y la misión del CONACYT y en consecuencia la política científica y tecnológica del país, de forma tal, que el CONACYT, a través de quien lo dirija, hace un espacio de la razón, de las ideas, de los proyectos, de los investigadores, de los jóvenes becarios, del sector productivo; un espacio para el desarrollo de la ciencia y la tecnología que esté al servicio de los intereses nacionales y la solución de los problemas del país. El propósito es restablecer a CONACYT su carácter de institución social y académica y no podrá lograrse bajo el actual mecanismo por el que se designa al director general, sustentado en el presidencialismo extremo sin contrapesos reales y con una visión administrativa y burocrática por parte del Jefe del Ejecutivo Federal y de la persona que designe en su puesto. En ese sentido, la comunidad académica y científica y el sector productivo, deben tener injerencia en la designación de sus líderes académicos, pues posibilita que la organización del trabajo intelectual, científico y académico, encuentre cauces de desarrollo y no obstáculos o se enfrente a intereses ajenos a la ciencia y a la tecnología. Por tal razón, la presente iniciativa propone modificar el mecanismo de designación del director general del CONACYT, el perfil de la persona a ocupar el cargo y la integración de la Junta de Gobierno bajo el siguiente proceso: La Junta del Gobierno del CONACYT, designará al director general tomando en cuenta la participación de los actores involucrados; es decir, la comunidad científica y académica y el sector productivo, a través de instancias representativas como son la Asociación Nacional de Universidades (ANUIES), la Academia Mexicana de la Ciencia, el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, así como dos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores y dos representantes del sector productivo. Estas instituciones y actores integrarán el Consejo para la designación del director general de CONACYT, cuyos miembros presentarán una terna de candidatos a la Junta de Gobierno, para que ésta designe a la persona a ocupar el cargo conforme al perfil que también se propone modificar, dado que el actual carece de características inherentes e idóneas para quien debe ser el líder académico y científico. En cuanto al perfil de quien debe dirigir el CONACYT, se propone, entre otros requisitos, los siguientes: Haber dirigido preferentemente algún centro, instituto o universidad, cuyo ejercicio requiere conocimiento y experiencia en investigación y/o desarrollo tecnológico, así como en materia administrativa. Tener grado académico de doctor, haberse desempeñado como investigador por lo menos durante diez años en una institución de educación superior, preferentemente pública. Ser reconocido líder académico y científico en estos ámbitos y haberse distinguido como investigador, publicando obras en el país o en el extranjero. Conocer la comunidad científica-tecnológica. Poseer visión integradora a corto, mediano y largo plazo del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. Tener buena relación con universidades y centros de investigación, demostrar capacidad y disponibilidad para el diálogo con los actores del proceso de investigación e interés por el desarrollo científico en el interior de la República Mexicana, tanto a nivel estatal como regional y tener capacidad para establecer relaciones internacionales con fines de cooperación. En forma adicional a las atribuciones conferidas en el precepto anterior y en otros ordenamientos legales, en el artículo 9 bis corresponderá al director general las siguientes atribuciones: Impulsar de manera decidida la formación de recursos humanos, así como apoyar investigadores jóvenes y preferentemente a las mujeres investigadoras. Promover la repatriación de los becarios e investigadores y/o su retención en instituciones nacionales. Respetar todas las áreas de la investigación, tanto en las ciencias exactas y naturales, como las sociales y las humanísticas. Reconocer los mecanismos de evaluación por pares para promover la legitimidad y transparencia de los proyectos, de los programas, becas, sistema nacional de investigadores, incentivos fiscales, desarrollo de pequeñas y medianas empresas y todas las acciones sujetas a evaluación; impulsar la relación academia-empresa. También es necesario que cumpla con la aplicación de los recursos de manera transparente y mantener este carácter en la realización de sus gestiones. Promover una plataforma de comunicación y divulgación científico-tecnológica dirigida a la sociedad mexicana. Mantener trato respetuoso con los Poderes de la Unión; y en términos de lo dispuesto por el artículo 93 constitucional y a petición de las Cámaras de Diputados y de Senadores o cualquiera de las Comisiones de Ciencia y Tecnología del Poder Legislativo, comparecer, informar, o proporcionar la información que les sea requerida relacionada con su gestión, sin menoscabo de lo establecido en la presente ley u otras leyes de la Administración Pública Federal. Es necesario precisar que la presente iniciativa de modificar el mecanismo de designación de director general del CONACYT, se fundamenta en el artículo 89 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone excepciones para que funcionarios de la Administración Pública, no sean nombrados directa e unilateralmente por el Ejecutivo Federal. La fracción II del citado artículo estipula que, -leo textual- "El presidente de la República puede nombrar y remover libremente empleados de la Unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes." Creo que es sumamente importante la propuesta. No permitamos que vuelva a haber de nuevo faustos alzatis, bachilleres, que eran gendarmes epistemológicos en este país. Y no permitamos que tengamos gente como Jaime Parada, que entregó todos los recursos a las trasnacionales como la Hewlett Packard, en lugar de pedir donativos y restringió las becas para nuestros jóvenes. Muchas gracias.