El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. En los últimos años el Estado mexicano ha emprendido importantes reformas legales e institucionales, con la finalidad de cumplir con los compromisos derivados de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 y garantizar su efectiva aplicación. Por lo anterior, para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es fundamental la aprobación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, porque esta tiene su fundamento en la reforma al artículo 18 constitucional realizada en el año 2005, la cual sentó las bases para la creación de un nuevo sistema integral de justicia para los menores de edad, acusados de la comisión de actos sancionados por las leyes penales como delitos. Sin duda alguna, con la aprobación y posterior entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, México ratifica su compromiso de cumplir con los criterios internacionales en materia de sanciones penales para adolescentes, tales como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, los cuales representan los fundamentos de la doctrina de protección integral de los derechos humanos de la infancia. Con la aprobación de esta ley estamos propiciando que se incorporen al sistema procesal penal las mejores prácticas en lo que se refiere a los adolescentes en México, por ejemplo, los principios de mínima intervención, de responsabilidad, de justicia restaurativa, especialización, legalidad, aplicación de la ley más favorable, entre otros, los cuales convierten al ordenamiento referido en un instrumento vanguardista en materia de protección de derechos humanos y de debido proceso. Además, no puede pasar inadvertido el hecho de que de la nueva norma se establece de manera clara la integridad que exige el nuevo modelo de justicia para los adolescentes, pues en la misma se establecen criterios sobre la aplicación de la ley a quienes se atribuye la participación en un delito y tengan entre 12 y 17 años de edad, por lo cual transitamos de un modelo tutelar a uno en el que los menores estén en posibilidad de asumir su responsabilidad frente a la comisión de conductas delictivas. Por cuanto hace a la figura del internamiento, este sólo se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. Por otra parte, las personas menores de 12 años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un delito solo podrán ser sujetos de asistencia social. En este contexto es que estamos convencidos quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México que la creación de esta ley representa un verdadero cambio de paradigma que refuerza la concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. De igual forma, se garantiza el pleno respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política para toda persona, y en específico, aquellos derechos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los menores de edad. Es por todo lo anterior que votaremos a favor del presente proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, porque con ello se protege el interés superior del menor hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.