El diputado Alberto Amaro Corona: Con su venia, diputado Presidente. El suscrito diputado federal Alberto Amaro Corona, integrante de la fracción parlamentaria del PRD, de ésta LX Legislatura. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, referentes al destino de los recursos que se obtengan por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales, comentamos lo siguiente: México es un país que sigue teniendo un gran déficit en materia de transparencia, fiscalización y mecanismos de rendición de cuentas del conjunto de acciones de la Administración Pública en sus tres órdenes de gobierno. En este contexto que resalta la falta de transparencia y certeza en los actos derivados del aseguramiento y destino de bienes, producto de actividades ilícitas como narcotráfico, tal situación quedó evidenciada en fechas muy recientes con el llamado "caso Zhenli Ye Gon", encontrándose 205.6 millones de dólares, así como miles de euros y pesos, todas cantidades en efectivo. Casi de manera inmediata, el procurador Medina Mora adelantó que de decretarse la incautación judicial, el dinero tendría tres destinos conforme al marco legal: una parte sería destinada al Poder Judicial, otra a la Secretaría de Salud y una más a la procuración de justicia. Bajo una serie de argumentos del destino, distribución, nos dimos cuenta de que se estaban falseando varias cosas. En estos mismos días, el 13 de julio, en un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAE informaron que los recursos provenientes del aseguramiento de Zhenli Ye Gon se encontraban depositados en el país, en el Banco de México, a favor de la Tesorería de la Federación. En esta misma fecha cuando se filtra el oficio DGF/528/2007, de fecha 20 de abril, emitido por el Banjército, mediante el cual se precisa que el Bank of América determinó que se hiciera la exportación. Por medio de esta publicación periodística, que hasta dos meses después de haberse ejecutado los actos, tanto este órgano legislativo como la opinión pública, nos enteramos con precisión de que el 26 de marzo el bando Santander concluyó el recuento de los dólares, que además preparó el dinero bajo estándares de exportación para su envío al Bank of América. Por estos servicios otorgados Santander cobró un millón 438 mil 960 dólares. En este mismo momento, cuando nuestro compañero de fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Luis Sánchez señala la gravedad de la contradicción de las autoridades al informarse que el dinero no estaba en México, siendo que se había enviado a Estados Unidos. El nuevo marco de transparencia que permea el ejercicio de la Función Pública hace inadmisible que se presente esta falta de transparencia y la falsedad en el manejo de la información. Sin embargo, los cateos y detenciones continúan. En fecha reciente se realizó la detención de Sandra Ávila Beltrán, conocida como "La Reina del Pacífico", quien también constituía un eslabón fundamental en la coordinación de importantes cárteles de droga. Y aunque los bienes asegurados hasta el momento no han centrado la atención como en el caso Zhenli Ye Gon, es indudable que de nuevo nos topamos con procesos de aseguramiento que aún cuentan con vacíos que dan incertidumbre sobre el manejo y destino de los mismos. De esa manera, la vertiginosidad de los hechos hace impostergable que esta soberanía realice la adecuación de las normas que regulen el aseguramiento de bienes de origen ilícito. Debemos considerar que la lucha contra las actividades ilícitas no sólo se debe dar por medio de actos correctivos y punitivos, ángulo en el que, por cierto, ha centrado su atención el gobierno federal. Más importante que la corrección es la prevención, y la prevención solamente puede ser desarrollada fomentando la educación de nuestros niños y jóvenes de las futuras generaciones. Por otra parte, la pobreza, el estado de miseria en el que se encuentra la mayoría de los municipios del país; lo que crea un ambiente propicio y favorece para el desarrollo de actividades ilícitas como el narcotráfico, pues se ofrece como una opción atractiva de ingresos en comunidades donde la escasez prevalece. No dejemos de observar que son 31 millones de mexicanos que viven con 30 pesos al día. Por todo lo anterior, propongo modificar el destino de los recursos confiscados, otorgándolos en partes diferenciadas a programas sociales a saber: educación, desarrollo municipal, salud, vivienda, así como el combate al narcotráfico, siendo prioritaria la educación, la salud y el desarrollo municipal; el poder municipal, en este sentido, quedaría excluido. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa para quedar como sigue: Primero. Se reforma el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales. Y se adiciona un último párrafo que dice de la siguiente forma: En partes diferenciadas, a programas sociales a saber: educación, salud, vivienda, desarrollo municipal y combate al narcotráfico, siendo prioritarios la educación, la salud y el desarrollo municipal. En el caso del combate al narcotráfico, el otorgamiento de recursos se condicionará a un esquema de fiscalización, producto del cual se logre una evaluación objetiva del desempeño de la institución, basado en el planteamiento de metas y logro de resultados en el mismo combate al narcotráfico. Los recursos que se destinen para salud, educación, desarrollo municipal y vivienda deben beneficiar esencialmente a los municipios con mayor grado de marginación, con una cobertura de atención representativa de todos los municipios del país. Esto será independiente de los programas de los ejecutivos federal y estatales, para lo cual se deberá presentar una propuesta de distribución de recursos a la Cámara de Diputados para su aprobación y ejecución. De este procedimiento se informará a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. De la misma forma, reformamos y adicionamos la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en su artículo 1o., y adicionamos el último párrafo para quedar como sigue: De este procedimiento se informará a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Y una última fracción… cuatro últimas fracciones del artículo 89 de la citada ley. Los recursos que se otorguen por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados en partes diferenciadas a programas sociales de educación, salud, vivienda y desarrollo municipal. En el caso del combate al narcotráfico, el otorgamiento de recursos estará vinculado a un programa de fiscalización, producto del cual se logre una evaluación objetiva del desempeño de la institución, basado en el planteamiento de metas y logro de resultados en el combate del narcotráfico. El ejercicio de estos recursos y las acciones a las que se encaminen serán totalmente distintos de los recursos destinados a programas ordinarios ni ningún otro. Los recursos que se destinen a salud, educación, desarrollo municipal y vivienda deberán beneficiar esencialmente a los municipios con mayor grado de marginación, con una cobertura de atención representativa de todos los municipios del país. Esto será independientemente de los programas de los Ejecutivos federal y estatales, para lo cual se deberá presentar una propuesta de distribución de recursos a la Cámara de Diputados para su aprobación y ejecución. De este procedimiento se informará a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.