El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros, llegamos al análisis de uno de los temas fundamentales para el futuro del país. Los partidos políticos tienen sitiado al país y para cambiar la política tan degradada, según la valoración ciudadana en nuestro país, tenemos que cambiar primeramente a los partidos políticos. Para que nos demos una idea, según el informe 2013 del Latinobarómetro, 45 por ciento de los mexicanos considera que la democracia en nuestro país puede funcionar sin paridos políticos. Éste es el porcentaje más alto de los 18 países latinoamericanos evaluados, cuyo promedio es de 31 por ciento. Después de esa realidad y también después de dos elecciones presidenciales cuestionadísimas, era claro que una reforma al sistema electoral y de partidos se colocaba a golpe de la exigencia social en la agenda política nacional. Sin embargo, la Ley que se nos presenta tiene en la superficie el falso fulgor de la democracia y el avance de la participación ciudadana, pero en el fondo se trata de argucias y retoques legales que están muy lejos de consolidar un sistema de partidos como el que reclama a gritos la ciudadanía. Existen específicamente al menos tres temas claves que no se atienden de manera correcta; el primero es frenar el intento de los partidos, especialmente de los más grandes, de abrir la puerta a las aportaciones de particulares y con ello corromper aún más el sistema político mexicano. El segundo es establecer reglas que hagan realidad un sistema de fiscalización eficiente y verdaderamente transparente en tiempo real, de las campañas electorales, y el tercero es eliminar el prorrateo financiero en la concurrencia de campañas electorales. El prorrateo es un tema de la mayor importancia dada la más reciente experiencia en elección presidencial. Este tema carece de una justificación razonable en el presente dictamen, el prorrateo simple y sencillamente no debería de existir. No olvidemos que en la última elección presidencial el candidato Peña Nieto erogó una inmensa cantidad de recursos para su campaña política, rebasando el topo de gastos de campaña establecidos para la contienda presidencial, pero que gracias a la figura del prorrateo financiero se ocultaron mediante maquillaje legal, millones de pesos destinados a la promoción y compra de votos. Aunque algunos de quienes me precedieron lo han ya señalado, no puedo dejar de referirme a otras dos joyas de la simulación democrática; el caso de las candidaturas independientes y de las candidaturas comunes. Si se aspira a ser candidato a la primera magistratura el viacrucis es francamente de antología, se requiere el 1 por ciento del listado nominal distribuido en por lo menos 17 entidades, y que a su vez se componga de al menos el 1 por ciento del listado nominal de cada una de esas entidades federativas. Esto representa más o menos 780 mil firmas, mientras que para constituir un partido político se requieren sólo 220 mil. Es decir es más fácil organizar un partido político que lograr el registro de una candidatura presidencial independiente. Por otra parte, los partidos en el poder saben que la opción de una candidatura común representaría un riesgo para su permanencia en el poder. No escapa a mi sensibilidad que las candidaturas comunes serían una espada de Damocles en manos de la oposición, pero también sería una espada de Damocles en manos del ciudadano contra aquellos partidos en el poder que no cumplen. Creo que no debemos de regatear al ciudadano que cuente con ese instrumento. Este recurso obligaría al partido en el poder, cualquiera que este sea, a ser más eficaz, transparente y honesto en el cumplimiento de su responsabilidad. La cuestión es que los partidos en el poder no le temen a la raquítica economía ni al desempleo creciente ni a la extendida pobreza ni a los espeluznantes niveles de corrupción. No temen siquiera a la evaporada imagen presidencial de príncipe de telenovelas que tenía el presidente Peña Nieto, le temen tan sólo a las candidaturas comunes para perder el poder, le temen a una construcción electoral de un adversario formidable que termine con sus privilegios mediante una candidatura común. Lo que quieren hacer mediante la prohibición termino, presidente de las candidaturas comunes es mantener permanente lo que en democracia sólo puede ser transitorio. En toda democracia el partido en el poder es por definición transitorio; si se vuelve permanente deja de tener sentido todo proceso electoral. La realidad es que fuera de las candidaturas comunes, los candidatos independientes termino, presidente y el acceso a medios, todo lo demás son detalles contingentes. Por estas razones en Movimiento Ciudadano votaremos en contra. Lo haremos de manera abierta, sin hipocresías y sin simulaciones, como sucedió en la votación del dictamen anterior, en el que sólo 63 diputados votamos realmente en contra. Ojalá en esta ocasión estos elementos generen consciencia y logren un más amplio respaldo en contra de esta iniciativa. Gracias, presidente.