El diputado Arturo Nahle García: Gracias, diputado Presidente. La información pública gubernamental se ha constituido en uno de los temas de mayor relevancia para la sociedad mexicana. Actualmente los ciudadanos no sólo están atentos al actuar ordinario del quehacer gubernamental, sino que su participación es cada vez más activa, ya que ahora se le exige al gobierno que los asuntos públicos, se hagan del dominio público. Tal es la importancia que reviste la información pública gubernamental, que el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, en los lineamientos relativos al combate a la corrupción, transparencia y desarrollo administrativo, dispone que en el seno de las instituciones gubernamentales, se cuente con información limitada sobre las áreas proclives a la corrupción y se observa una clara resistencia a reconocer y documentar conductas irregulares. Asimismo, estipula que si bien la participación ciudadana se ha incrementado en los últimos años, por medio de mecanismos, como la Contraloría Social y los sistemas de quejas y denuncias, éstos han sido insuficientes e ilimitados para atender debidamente los intereses de la sociedad. Para revertir lo anterior, dicho instrumento de planeación, propone como estrategias, instrumentar normas y procedimientos dirigidos a prevenir la discrecionalidad y el abuso de autoridad de los servidores públicos en la prestación de los servicios bajo su responsabilidad. Con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública con el carácter de órgano de la administración pública federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, cuya principal función consiste en promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información. Pero si bien es cierto, esa relativa independencia le otorga un estatus similar a organismos como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Banco de México, también lo es que resulta necesario e imprescindible fortalecer sus atribuciones para que se convierta en un órgano capaz de promover y garantizar uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano: el derecho al acceso a la información pública gubernamental. El IFAI cuenta con tres atribuciones esenciales en que se basa su actuación: 1.- Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información. 2.- Resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información; y 3.- Proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Pero surge la necesidad de reflexionar sobre el alcance de sus facultades. ¿Cuenta actualmente con las potestades necesarias para posicionarlo como un organismo confiable y a la altura de las necesidades que en esta materia demanda la población? ¿Acaso el hecho de que carezca de facultades para sancionar por sí mismo a los servidores públicos infractores a la Ley Federal de Transparencia lo subordina a otro órgano y por ende le resta confiabilidad y funcionalidad? Esta reflexión nos invita a remitirnos a lo previsto en la fracción X del artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia, que señala como una facultad del IFAI hacer del conocimiento del órgano interno de control de las dependencias y entidades las presuntas infracciones a dicha ley y su reglamento. En síntesis, para que el IFAI sancione a un servidor público por violaciones a la Ley Federal de Transparencia, es necesario que dicho Instituto presente la denuncia correspondiente ante el órgano interno de control de la dependencia o entidad a la que esté adscrito el funcionario infractor; y es aquí donde radica el problema, ya que el órgano interno de control es un área administrativa de la dependencia o entidad en la que labora el servidor público y por ende su resolución puede ser parcial y obedecer a cuestiones políticas, clientelares o de amistad. En tal virtud, en tanto continúe el IFAI notificando a los órganos internos de control de las dependencias y entidades las violaciones a la Ley de Transparencia, sin poder de muto propio sancionar directamente a los servidores públicos infractores, continuará supeditado a un organismo externo, lo que como se mencionó anteriormente, le resta credibilidad a su actuación. Resulta contradictorio que por ejemplo en el cuarto párrafo del artículo 34 de la referida Ley de Transparencia, se señale que el IFAI no está subordinado a autoridad alguna y que adoptará sus decisiones con plena independencia y, en otros artículos de la misma ley se le subordine, al grado de tener que presentar las denuncias ante órganos externos. Esto es, ante los órganos internos de control de las dependencias y entidades. Por ello, es necesario reformar la ley que nos ocupa, para que el IFAI directamente pueda sancionar a los servidores públicos que contravengan la citada Ley de Transparencia. En otro orden de ideas, para tener concordancia con la reforma propuesta en los puntos anteriores, es necesario también modificar la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con la finalidad de integrar al IFAI dentro de las autoridades facultadas para imponer las acciones consignadas en dicho ordenamiento, para que en adelante pueda aplicar las sanciones correspondientes aplicando el procedimiento consignado en la citada Ley de Responsabilidades Administrativas. En ese contexto, con la presente iniciativa de reformas, tanto a la Ley de Transparencia, como a la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el IFAI contará con las atribuciones suficientes para sancionar directamente a los servidores públicos que contravengan las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, teniendo como marco para tal efecto la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lo cual coadyuvará a que este organismo público no esté subordinado a órganos externos y consecuentemente goce de la independencia necesaria para que pueda emitir sus resoluciones con plena autonomía, lo que le permitirá además, cumplir a cabalidad con las expectativas de la sociedad mexicana en materia de acceso a la información pública gubernamental. Es cuanto.