La diputada Adriana Fuentes Téllez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. Quiero pedirles el apoyo de todos y cada uno de ustedes para esta iniciativa, la cual es muy noble y consta en instalar bebederos de agua potable en todas las escuelas públicas y privadas. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy complicados en cuestiones de obesidad y de diabetes infantil y juvenil. El problema de sobrepeso y obesidad se ha acentuado en México, registrando un incremento significativo en los últimos años. Por su magnitud y ritmo de crecimiento, el sobrepeso, la obesidad, y de manera particular la diabetes, representan ya un grave problema sanitario que afecta de manera importante la productividad de las empresas, el desempeño escolar y el desarrollo económico del país. El problema es tal, que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el segundo país con mayor obesidad, al ubicarse en 30 por ciento de su población adulta, superado sólo por Estados Unidos de América. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud en 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad de adultos en México fue del 71.3 por ciento, lo que representa 48.6 millones de personas. La prevalencia de obesidad en este grupo fue del 32.4 por ciento y la de sobrepeso del 38.8 por ciento. Indicadores de México, respecto a países seleccionados, nos muestra que México tiene el número uno en el índice de masa corporal de 30, con el 32.8, siendo que Estados Unidos de América ocupa el número dos con el 31.8; Brasil, tercer lugar con el 19.5 y el Reino Unido con el 24.9. Además, ocupamos el octavo lugar de obesidad infantil en niños y el cuarto en obesidad infantil de niñas. Este diagnóstico ha sido compartido por la actual administración. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se afirma que la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población, de tal forma que de acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, el costo de esta enfermedad fue de 67 mil millones de pesos en 2008 y, en caso de no actuar, en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática. Además de los costos que significa para el sector salud, la atención de las enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad, debe considerarse que existen otros costos indirectos asociados, entre los cuales se encuentran aquéllos relacionados con la muerte prematura y la reducción de la productividad laboral, así como los problemas financieros que enfrentan las familias al tener que asumir los elevados gastos de un tratamiento contra enfermedades crónicas no transmisibles. Asociado a este problema se encuentra el consumo de bebidas azucaradas, el cual se ha duplicado entre los adolescentes y se ha triplicado entre los adultos, fenómeno que resulta preocupante toda vez que esta clase de productos poseen una alta densidad energética y un nulo aporte nutricional. Partiendo del hecho de que la formación de hábitos alimenticios se adquiere durante la edad escolar, proponemos a través de la presente que se facilite a los educandos la disponibilidad de alimentos saludables y de agua potable justo en los centros escolares. Dicha medida busca revertir una inercia presupuestaria que se traduce en que el gasto para la disponibilidad de agua potable en las escuelas sea menor al siete por ciento respecto del total que se invierte en educación básica. La adopción de esta medida evitará no sólo que los alumnos opten por el consumo de bebidas azucaradas, sino que incidirá favorablemente en sus consumos de hábitos que tienen. Si estamos siendo innovadores al fijar impuestos a los factores alimenticios que inciden en la obesidad, debemos serlo también al rescatar la infraestructura de oferta de agua de calidad en las aulas, para así fomentar hábitos alimenticios saludables. Por ello, a nombre de mis compañeras y compañeros legisladores es que presento ante esta soberanía la presente iniciativa que reforma la Ley General de Infraestructura Física y Educativa, la cual busca establecer bebederos en las escuelas públicas y privadas, de forma tal que se garantice un abasto de agua en forma gratuita y de calidad para el consumo humano. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.