El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, presento una iniciativa para atender el reclamo de miles de pequeños ahorradores defraudados en las cajas de ahorro. Lo que ha ocurrido y en este momento sigue ocurriendo, es que la gente deposita sus recursos y las remesas que reciben desde el extranjero en las cajas de ahorro, donde se presentan miles de abusos cuando los administradores actúan como vivales y desaparecen de un día para otro, convirtiendo en humo los ahorros de toda una vida. Ante la falta de sucursales bancarias, las familias buscan alternativas para resguardar su patrimonio, pero eso permite que se abuse de la necesidad, en especial en las zonas con menor nivel educativo y donde no hay conocimiento de los sistemas financieros. Así, muchas familias de Oaxaca, Puebla, Tabasco, Guerrero, Zacatecas y Veracruz que confiaron en las cajas de ahorro, han perdido lo único que tenían. El marco regulatorio de esta actividad, emitido hace 12 años, ya está rebasado pese a la buena voluntad con que se aprobó en el año 2000, cuando se estableció la Ley del Fipago. ¿Cuáles son los principales problemas? En primer lugar, es injusto mantener el límite temporal que no permite recuperar su patrimonio a las personas defraudadas en las cajas constituidas después del 2003. Por la falta de control por parte de la federación, existen miles de casos, sin atender, de personas que fueron víctimas de defraudación en fecha posterior al 2002 y a quienes se les niegue el acceso a los recursos del Fipago. En segundo lugar, el monto de acceso para la recuperación del recurso afectado es inadecuado. Hay casos de 5 mil a 9 mil pesos, pero como el monto básico del Fipago es a partir de 10 mil pesos, esas personas nunca son atendidas y eso es una verdadera injusticia. En tercer lugar, la operación del Fipago es casi unilateral, ignorando que las demandas sociales no se presentan en las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria o en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, sino en los gobiernos estatales. Incluso, si se realizan aportaciones por parte de las entidades, la ley no les reconoce el carácter de fideicomitentes ni derecho de voz. En cuarto lugar, hay discrecionalidad en los criterios para suspender las aportaciones federales y no existe proporción entre la cantidad de las aportaciones que deben hacer la federación y las entidades. El contenido de la iniciativa es el siguiente: Reforma al artículo al artículo 8 de la Ley del Fipago, para permitir que las personas defraudadas en cajas constituidas después del 2002 sean beneficiadas del Fipago, extendiendo su cobertura al último día de 2011 en beneficio de las familias afectadas. Reforma al artículo 11 para establecer las cifras de 5 mil pesos como pago básico para que la cobertura incluya a los pequeños ahorradores. Reforma al artículo 3o., para que los gobiernos que suscriban convenidos tengan voz en el Comité del Fideicomiso. Reforma al artículo 6o., para reconocer el carácter de fideicomitente a las entidades que en la actualidad realizan aportaciones. Reforma al artículo 10 para limitar la suspensión de los recursos federales al incumplimiento de las obligaciones de las entidades y establecer que la proporción que debe guardar la aportación federal respecto de la estatal tenga un mínimo de tres por uno. Debe destacarse que esta propuesta de iniciativas tiene importantes antecedentes y un proceso de construcción de consenso. Así hay que señalar, la iniciativa que presentó en agosto de 2011 el Congreso del estado de Oaxaca ante el Congreso de la Unión, esta determinación fue unánime y tuvo el respaldo del PRI, del PAN, del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano. Los mejores testigos de este acuerdo son los compañeros diputados Martín Vázquez Villanueva, del PRI, entonces Presidente de la Junta de Coordinación Política; y Eufrosina Cruz Mendoza, diputada del PAN, entonces Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Oaxaca, quienes ahora promueven esta iniciativa con un grupo plural de legisladores federales del PT, de Nueva Alianza, de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI y del PRD, a quienes les agradezco su apoyo a nombre propio y de la diputada Alliet Bautista Bravo, presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. Además, el proyecto que hoy presentamos fue discutido y consensuado con las organizaciones de los afectados, como el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, además de procesarlas con las autoridades gubernamentales de la entidad. Compañeras y compañeros, demos el primer paso en la revisión del marco legal del ahorro popular, actuemos de inmediato ante lo urgente, que es corregir las deficiencias de Fipago que perjudican a los ahorradores que actuaron de buena fe y que les impide recuperar su patrimonio. Termino, señor presidente. No dejemos, compañeros y compañeras, solas a las familias ante requisitos y plazos ineficientes. Demostremos el sentido social de la actividad legislativa. Logremos que la gente no solo recupere su ahorro sino también la confianza en las instituciones. En atención al tiempo de todos ustedes no daré lectura al nombre de todos los diputados que suscriben esta iniciativa, y por ello, le solicito a la Presidencia que sea integrada al Diario de los Debates. Muchas gracias.