El diputado Adrián Chávez Ruiz: Honorable Asamblea: A nombre de la Comisión de Pesca, vengo a presentar el dictamen de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y a pedirles a todos su respaldo y voto aprobatorio a este importante esfuerzo de los diputados y diputadas, de las distintas fracciones parlamentarias que concurren en dicha comisión. Con fecha 9 de diciembre de 2004, diversos diputados y diputadas integrantes de la Comisión, presentamos ante el pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. A fin de enriquecer el dictamen, la Comisión de Pesca realizó una amplia consulta nacional al sector pesquero y en general a todos los interesados en la materia y en tal virtud, se llevaron a cabo 18 foros de consulta en distintos puntos del país, además de reuniones de trabajo con sectores relacionados con la actividad, como el industrial, el social, el académico, el acuícola, las dependencias involucradas con el sector, entidades federativas, por citar a las más importantes. A partir de distintas iniciativas recibidas en la comisión con anterioridad, de dicha iniciativa de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y en gran parte, de las propuestas recibidas en los diversos foros de consulta, la Comisión de Pesca, elaboró el dictamen que es motivo de ésta intervención y que fue aprobado por unanimidad en la sesión del 6 de abril, al seno de la Comisión de Pesca. Cabe destacar, que dentro de la elaboración del dictamen se hizo una revisión minuciosa del texto de la Ley de Pesca vigente, con el propósito de mantener en el dictamen, aquellas disposiciones que han probado su eficacia a través de su aplicación cotidiana. Por otra parte en el mes de abril del 2004, la Cámara de Diputados, previa opinión de la Comisión de Pesca, aprobó una minuta de reforma al artículo 73 fracción XXVIII-L, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 27 de septiembre de 2004, para brindar al Congreso de la Unión, la facultad de establecer la concurrencia entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en materia de pesca y acuacultura, con la participación de los sectores productivos. La pesca es una actividad productiva de alto contenido social que representa en grandes regiones del país, la principal opción de desarrollo económico para algunos de los sectores más desfavorecidos. El sector pesquero, incluyendo el acuícola, contribuye en forma importante a la economía del país, a la seguridad alimentaria, a la generación de empleos, al desarrollo regional y al ingreso de divisas. De tal manera, que los principios en que debe fundamentarse la política pesquera y que reconoce el presente dictamen son: El pleno reconocimiento del Estado Mexicano, de que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación. Que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo. Que deben orientarse a la producción de alimentos para el consumo humano directo, para el abastecimiento de proteínas de alta calidad y de bajo costo para los habitantes de la nación. En el mismo orden de ideas, la legislación en materia de pesca, es uno de los instrumentos claves para promover el desarrollo de la actividad pesquera, la reordenación y reorganización de la pesca y de la acuacultura y debe partir de nuevos de esquemas normativos y regulatorios que las conviertan en los principales motores para un desarrollo sustentable en nuestras costas. Para lograr el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, su conservación, restauración y la protección de los ecosistemas en los que se encuentran, éste aprovechamiento debe ser compatible con su capacidad natural de recuperación y disponibilidad. Estos objetivos para concretarse requieren la participación y compromiso de los productores y sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar en forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuicolas. Para concretar los principios de conservación, aprovechamiento racional y uso sustentable de los recursos pesqueros contenidos en la legislación internacional y nacional, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables los considera dentro de sus objetivos y para tal efecto, incorpora una serie de nuevas figuras y mecanismos, dentro de los que destacan los siguientes: La sustentabilidad pesquera y acuícola y el derecho al medio ambiente adecuado. La concurrencia y competencia entre federación, entidades federativas y municipios, bajo el principio previsto en la fracción XXIX-L del artículo 73 constitucional. Se propicia como nunca la participación activa de productores en la toma de decisiones por medio de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Se reconocen los derechos indígenas bajo los principios del artículo 2º. constitucional. Se considera la pesca y la acuacultura como asuntos de seguridad nacional y como prioritarios para el desarrollo del país. Se delimitan de manera clara las atribuciones del Ejecutivo Federal en el marco de la coordinación interinstitucional. Por primera vez se incorpora un título que regula la actividad acuícola. Se promueve el acceso a los mercados nacionales e internacionales, incorporando el tema de la sanidad, inocuidad y calidad. Se fortalece la investigación y su vinculación con el sector a través de una red de instituciones de enseñanza, en coordinación con el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Se fortalece el tema de inspección y vigilancia. Se establecen medidas de fomento a la actividad pesquera y acuícola y se crea el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola del país. Se fortalece la figura de la Carta Nacional Pesquera, considerándola un elemento fundamental para el ordenamiento pesquero, siendo vinculante en la toma de decisiones de la autoridad. Se crean como instrumentos de la política pesquera los programas de ordenamiento pesquero y los planes de manejo pesquero. Se definen con claridad el procedimiento para otorgar permisos y concesiones y el régimen de transferencia de los mismos. Para su aplicación efectiva, se reduce la discrecionalidad de la ley y se promueve la transparencia. Compañeras y compañeros legisladores, este trabajo que hoy se refleja en el presente dictamen es producto de casi dos años de la participación de los productores, del esfuerzo de elaboración y asesoría de distintos investigadores; es resultado de recorridos en todo el país, es suma de la pluralidad y de las distintas ópticas que concurren en la actividad pesquera y que a través de un gran esfuerzo de consenso pueden hoy permitir dar un paso más en acercar la certeza, la justicia y la atención que requieren los hombres y mujeres del mar. Les pedimos su voto aprobatorio para este dictamen. Muchas gracias.