El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy, cuando nos enfrentamos a los esfuerzos de superación de una de las crisis más grave que se ha presentado en la historia reciente de nuestro país, la cual ha afectado profundamente el bienestar de los mexicanos, son momentos que nos llevan a reflexionar, porque las crisis al mismo tiempo que son dolorosas y severas pueden ser la oportunidad para reinventarnos. En México hoy precisamente enfrentamos una disyuntiva: o nos reinventamos mediante el diseño de políticas públicas y marcos legales que incentiven la generación de valor agregado y riqueza, a través de la innovación y la competencia, o seguimos manteniendo una inercia que nos ha dejado en los últimos años estancados en un proceso donde lamentablemente los incentivos a los agentes económicos han sido fundamentalmente orientados a la búsqueda de rentas. Cuando un marco legislativo no satisface ni al regulador, ni al regulado, ni al público que pretendemos beneficiar, es momento de cambiar. Creo que en el marco de competencia económica, ese momento ha llegado en México. En ello coinciden la mayor parte de los organismos internacionales. En su análisis sobre la economía mexicana la OCDE, el Banco Mundial y el World Economic Forum coinciden en que el marco regulatorio mexicano para promover la competencia es obsoleto. Por ello, la Comisión de Economía, que me honro en presidir, desde su instalación en octubre de 2009 estableció como uno de sus objetivos para su primer año de acción legislativa, garantizar una competencia sana en todos los mercados, para proteger al consumidor y fortalecer la competitividad en nuestros sectores productivos mediante una reforma integral a la Ley Federal de Competencia Económica. Para ello, procedimos, en consecuencia, organizando foros y audiencias públicas, con la participación de todos los actores interesados en la materia, a fin de discutir y debatir las propuestas que contribuyan a reformar el marco regulatorio y avanzar en este campo en beneficio de todos los mexicanos. Tres son los grandes pilares que conforman el grupo de reformas que hoy nuestra comisión presenta a este pleno. El primero tiene que ver con los que van a fortalecer institucionalmente al órgano regulador. El segundo tiene que ver con los que van a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de dicho órgano. El tercero, y muy importante, el que fortalece los instrumentos de persuasión para garantizar condiciones de competencia en los mercados. En el primero, en materia de fortalecimiento institucional, la presente ley impulsa un mayor equilibrio en la forma de decisiones al interior del órgano regulador en el marco de la relación entre el secretario ejecutivo, los comisionados y el comisionado presidente, bajo un esquema de pesos y contrapesos. Dicho equilibrio se sustenta en la dotación de mayores facultades al pleno de la comisión, en investir de una mayor capacidad investigadora al secretario ejecutivo y en la creación de la figura del comisionado oponente. Por otra parte, en materia de transparencia y rendición de cuentas, la reforma establece una serie de rubros a los cuales debe de referirse el informe anual de la comisión, así como la fecha límite para su presentación, lo que permitirá tener un conocimiento más preciso respecto del funcionamiento, resultados y eficacia del órgano encargado del combate contra los monopolios. También, de conformidad con prácticas internacionales y a favor de dar mayor certeza jurídica a los agentes económicos, se obliga a que la Cofeco expida criterios técnicos sobre los temas relevantes para la aplicación de la Ley Reglamentaria del Artículo 28 constitucional, con el objetivo de asegurar que quienes estén sujetos a dicho cuerpo normativo tengan el mayor conocimiento posible sobre la manera en que el órgano regulador interpretará y aplicará el marco jurídico correspondiente. En este sentido, este Legislativo introduce a la ley la consulta pública obligatoria para todos los agentes interesados. En materia de sanciones económicas, ante lo irrisorio de las vigentes en comparación con las que imponen nuestros socios comerciales en el mundo, se hace necesario cambiar la base de cálculo para pasar de salarios mínimos a ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta a fin de que en el marco regulatorio existan elementos tremendamente disuasivos, con el propósito de que no se cometan prácticas anticompetitivas. Asimismo, y tomando en consideración las mejores prácticas internacionales, se introduce la figura de la medida cautelar en la ley, con el propósito de que durante el procedimiento de competencia podamos suspender y restablecer las condiciones competitivas del mercado, suspendiendo las acciones que lo han distorsionado. Compañeras y compañeros diputados, la Comisión que me honro en presidir solicita de su apoyo en esta ley, que sin duda en materia económica será la más trascendente que este órgano legislativo aprueba en su primer año de gestión. La sociedad mexicana lo demanda, es nuestra obligación. Gracias, por su atención.