La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, para esta comisión la ampliación y total claridad de los derechos fundamentales de las personas, así como garantizar la congruencia y vigencia de nuestro orden jurídico, han sido criterios rectores de nuestra actividad. Asimismo, consideramos prioritario establecer los mecanismos que permitan el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía, que forman parte del catálogo de derechos humanos que nuestra Constitución y múltiples instrumentos internacionales reconocen y garantizan. Por eso, acudo ante ustedes a presentar el dictamen con de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. Como saben, es una ley reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, que fue expedida el 14 de marzo de 2014, sin que desde su entrada en vigor haya sido modificada hasta el día de hoy. Es importante señalar que se trata de una propuesta marcada por la pluralidad, pues el dictamen considera un total de ocho iniciativas presentadas por las diputadas y diputados: Pablo Gómez Álvarez, Jorge Arturo Espadas Galván, Julieta Macías Rábago, Frida Alejandra Esparza Márquez, José del Carmen Gómez Quej, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Javier Ariel Hidalgo Ponce y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Así, la comisión precedió a un estudio amplio que resultó en la modificación de 35 de los 65 artículos con que cuenta actualmente la Ley Federal de Consulta Popular. La primer y más evidente aportación es la armonización del texto legal, que ya no guarda congruencia con el texto constitucional a consecuencia de las reformas publicadas el 20 de diciembre de 2019. Además, como consecuencia de la desvinculación de las consultas populares del proceso electoral federal, se instrumenta el derecho a celebrar consultas anuales el primer domingo de agosto, subsanando la disparidad de fechas y ajustando los mecanismos y los procedimientos de consulta. Desde el año pasado, nuestra Constitución declaró la posibilidad de organizar consultas regionales respecto de temas de competencias de la federación, las que con las reformas que se contienen en el dictamen se podrán organizar con reglas claras para su procedencia. De igual forma, se amplían las causas por las que no proceden las consultas populares, destacando la referencia a la permanencia o continuidad en el cargo de personas servidoras públicas de elección popular. Respecto del procedimiento de consultas, las y los promoventes sugirieron diversas modificaciones, las que en algunos casos eran coincidentes respecto de las fechas para la presentación de los avisos de intención, tema en el que se consideró procedente ampliarlas al menos a noviembre de cada año. Con la reforma se agiliza el proceso de recolección de firmas, al establecerse que los formatos tanto de aviso de intención, como el correspondiente a su recolección, siempre deben de estar actualizados y disponibles en formato impreso y en electrónico, eliminado con ello la práctica de que cada vez que exista un aviso de intención las Cámaras tengan que establecer el formato, lo que implicaba una pérdida de tiempo valioso en la obtención de firmas. Se establece además que la pregunta contenida en la consulta sea accesible y, en su caso, traducida a lenguas indígenas. Respecto del trámite parlamentario se incorporan plazos específicos para la aprobación de los dictámenes ante cada una de las Cámaras y se perfecciona el contenido de los dictámenes, abonando al cumplimiento del principio de certeza jurídica. La digitalización es también un tema de la reforma, al incorporarse la participación en la consulta a través de medios digitales tanto en la obtención de las firmas como en la votación, cuestión que será en su caso instrumentada por el Instituto Nacional Electoral. Es necesario dejar claro que las presentes reformas no serán aplicables a los procesos de consulta en desarrollo, los que deberán proseguir su implementación conforme al régimen que al día de hoy se encuentran vigentes. En suma, este dictamen aclara, agiliza, actualiza y moderniza el proceso de consulta popular en beneficio de la ciudadanía de México, razón por la cual los invito a votar a favor. Es cuanto, diputada presidenta.