EL C. DIPUTADO JOSE BAÑALES CASTRO: Con su permiso señora presidenta. Ruego a esta presidencia de instrucciones para la inserción del texto íntegro de esta propuesta en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria por economía de tiempo, y solicito su autorización para la lectura de lo siguiente, relativo a la propuesta de la iniciativa entregada. Compañeras y compañeros legisladores. José Bañales Castro, diputado de la LVIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los diputados de la misma Legislatura, que al calce de nuestros nombres firmamos la presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 122 inciso a) fracción I, ambos de la Constitución Política de la República así como en las demás normas que con dichos preceptos se relacionan, venimos a promover la iniciativa que reforma, adiciona y deroga lo siguiente: artículo 4º. Párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; artículo 2º. fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; artículo 177, 201 bis, 201 Bis-3, 201 Bis-2, 201 Bis-1 y 203 y el artículo 208, todos ellos del Código Penal Federal. Los mexicanos frecuentemente somos confrontados con la impotencia en que nos sume una legislación obsoleta en muchos de sus textos, por carecer de tipos penales adecuados para perseguir y sancionar a responsables de conductas que agravian a la sociedad. Uno más de esos dramas sociales que nuevamente la obsolescencia legislativa nos presenta por la carencia de normas tutelares y sancionadoras, es la prostitución de menores e incapaces y sus modalidades. Este tema hace varios años que es motivo de estudio y sus niveles de gravedad en el mundo entero, han dado origen a convenciones y tratados internacionales de los que México es parte. En nuestro entorno han sido constante las llamadas de atención en todos los medios de difusión y sólo a manera de ejemplo citaré una reciente, publicada en la revista proceso, en cuyo número 1,323 correspondiente al 10 de marzo del presente año, que ofrece un reporte especial, firmado por Alejandro Caballero, en el que existe una expresión que centra el tamaño del problema: Asunto de Salud Nacional, dice su autor, confirmando lo que en este proyecto se propone como Asunto de Interés Nacional y por ello competencia del Legislador federal. Cuando Acción Nacional llega a esta Legislatura, llega ya con la preocupación y los antecedentes sobre este ataque a los menores de edad, y nos abocamos durante más de un año al estudio, a la investigación del marco legal vigente, del marco internacional, y de encontrar la correcta adecuación entre ellos, como trabajo prioritario de nuestro grupo parlamentario, afirmación que encuentra justificación en lo siguiente: Los puntos de vista valorativos, constitucionales, de consenso internacional, de derecho comparado, de semántica jurídica y de prioridad social, que se exponen y analizan en esta iniciativa desde la perspectiva de una tipología distinta y nueva a la que hasta hoy existe, lo que necesariamente dada la naturaleza del derecho penal sujeto a principios que le dan rango de precisión, nos hace afirmar sin la menor duda que el tema, de que nos ocupamos, no ha sido correctamente en nuestra legislación ni en el ámbito federal ni en el de las entidades federativas. Cuando el ser humano pone su potencial económico, su capacidad organizativa y su imaginación al servicio de aquello que pervierte y degenera su propio cimiento social, se realiza un ataque grave al todo y no a la parte. No se ataca a la ciudad o al municipio ni siquiera a un estado o a la federación misma, se ataca a las naciones y sus habitantes, por lo que las soluciones deben ser aquellos instrumentos que la solidaridad internacional ha generado para precaverse de ese ataque. En el ámbito internacional, son 58 los instrumentos internacionales sobre derechos de género, políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, así como derecho humanitario jurídicamente vinculantes de los que México es parte. Entre ellos y en relación al tema que nos ocupa, mencionaré la Declaración de los Derechos del Niño y el compromiso surgido del Congreso Internacional Contra la Explotación Sexual de los Menores, reunido en Estocolmo, Suecia el año de 1996 y su siguiente en Yukahama, Japón en diciembre de 2001; así como las actividades específicas de la ONU, UNICEF, UNESCO, OEA, etcétera. Cada uno de esos compromisos internacionales, requieren en el caso de México, la aprobación del Senado de la República y su instrumentación en una legislación interna que no puede ser sino federal, habida cuenta que además provienen de una de las atribuciones del Ejecutivo Federal: dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado. Igual conclusión nos debe imponer la consideración de que toda actividad que atenta contra sus elementos, le den unidad al Estado Nacional; debe tener rango eminentemente Federal en cuanto a ataques al todo y no a la parte; tales elementos que la teoría del Estado nos señala son pueblo, gobierno, territorio, soberanía y orden jurídico fundamental. Nuestro orden jurídico fundamental está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo dispone su artículo 133 y sus artículos 103 y 104 validan esta afirmación, por lo que un ataque al pueblo mexicano debe entenderse cuando se ataca a sus niños, ya que la génesis de ese pueblo es la misma niñez y juventud y toda norma protectora del pueblo mexicano es competencia Federal, pues ni las entidades como partes tienen competencia sobre el todo ni la salvaguarda de lo fundamental puede ser sujeto a una decisión autónoma de los estados. Esta consideración típicamente valorativa del Estado Federal, de sus elementos y de las consecuencias que siguen de su naturaleza política, permitió a Acción Nacional adentrarse en el estudio de una propuesta que consideramos viable y no solamente un discurso efímero en tribuna. Así podemos preguntarnos ¿cuáles podrían ser los delitos contra la Federación, sino precisamente las conductas antijurídicas que puedan lesionar los elementos que componen el Estado Federal?, por lo que no es el patrimonio de las personas, no es la propiedad privada o la posesión, tampoco los instrumentos del cambio ni el dinero ni el sistema nacional de pagos; no lo son las empresas ni las personas morales ni el estado civil de las personas ni el ejercicio indebido de las profesiones, etcétera, sino su territorio, su Gobierno Federal, su soberanía, su orden jurídico fundamental y su pueblo. La vox pópuli dentro y fuera de la Cámara, nos exige un cambio en la legislación porque la legislación moderna debe contar con instrumentos modernos también y debe ser coincidente entre los países, porque una legislación obsoleta y atrasada respecto de otras impide combatir estos delitos. En ese sentido, daré lectura al texto del artículo 34 de la Convención de los Derechos del Niño que señala: "Los estados partes se comprometen a proteger al niño contra las formas de explotación y abuso sexual. Con este fin los estados partes tomarán en particular todas las medidas de carácter nacional bilateral y multilateral que sean necesarios para impedir: a). La incitación a la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal. b). La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales. c). La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos". El proteger a los niños y adolescentes de México contra lo que se ha convertido en un riesgo latente para todos ellos y en una vivencia cruel para los que ya han caído en la prostitución y la pornografía, debe ser un asunto de prioridad nacional. La investigación realizadas nos llevó a varias conclusiones: Primera. Las Legislaturas de los estados, del Distrito Federal y aún el Código Penal Federal, en desuso, no dan un tratamiento adecuado al delito al no definir la conducta que pretenden tipificar, al tipificar varias conductas en una confusión de actividades y al señalar penas y multas que no corresponden a la gravedad del daño. Segundo. La investigación observó los cambios en la comisión del delito, en la organización para realizarlo y en el avance a nivel mundial y nacional de estas conductas. De la revisión de los tratados internacionales se observó el descuido en su cumplimiento. De la revisión de estudios psiquiátricos y psicológicos se entendió el daño inconmensurable en los niños atacados; de múltiples reportes se entendió el riesgo de fallecimientos, se conoció de la reincidencia de los delincuentes. Nuestra Constitución, en su artículo 133, coloca la ley suprema por encima de todo y de todos, pero ahondando en artículos constitucionales que van encadenando facultades, es muy claro que las tiene el Congreso de la Unión, es decir, diputados y senadores, y que de los tratados internacionales que celebra el presidente de la República corresponde al Senado su ratificación, por lo que las facultades del Congreso señaladas en el artículo 73 constitucional son verdaderas normas reguladores de las llamadas facultades expresas, y en este tema la fracción XXI establece, y cito el artículo 73: "El Congreso tiene la facultad XXIpara establecer los delitos contra la federación y fijar los castigos que por ellos deban exponerse". Y del mismo, su fracción XXX, al decir: "Para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión". Esto no representa conceder más facultades al Congreso; es simplemente el medio práctico de ejercer las que están expresamente concedidas. Los intereses de la federación deben ser protegidos por leyes que se vayan adecuando a los cambios de la sociedad y así, a manera de ejemplo, podemos analizar el término esclavitud que pasa a la modernidad no en el sentido que se tenía del esclavo hasta el Siglo XIX, sino en el derecho internacional actual que encuentra en la prostitución una forma de esclavitud y, siguiendo el principio de interpretar la ley, es propio del que la da. Los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional pretendemos adecuar no solamente el lenguaje sino el tipo de conductas en una forma clara, comprensible y que repare los daños que la oscuridad y la debilidad de la legislación han dañado a tantos niños y niñas mexicano. Por lo tanto, esta iniciativa incorpora las definiciones correspondientes a las diferentes conductas delictivas, incrementa las sanciones y establece el marco legal del cual se desprenderá una legislación nacional acorde a la nueva situación internacional y particular de México. Señoras y señores diputados: esa situación para la que las palabras son insuficientes al pretender describir la violencia que se ejerce y el dolor y las lesiones que se causan en los más indefensos se llama, en derecho, prostitución de menores e incapaces, como nueva conducta típica, antijurídica, punible y genérica, así como la de sus modalidades específicas: pornografía de menores e incapaces, turismo sexual con menores e incapaces y uso indebido de la red pública de telecomunicaciones y de los servicios de valor agregado a la misma en lo referente a la pornografía de menores e incapaces. Me pregunto si reconociendo lo que significan los niños y adolescentes en nuestro país como presente y como futuro de él, por qué continuar considerando que la prostitución, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes no es de la magnitud y violencia que verdaderamente tiene. Por qué mantenernos los legisladores en complicidad con los proxenetas por nuestra pasividad e indolencia. Por qué no la LVIII Legislatura da el ejemplo a toda la sociedad de cuidar a los niños que a menudo hasta sus mismos padres explotan. Para combatir esos delitos otros países latinoamericanos están tratando de crear bases de datos. En Europa, de registrar a los pedófilos de endurecer su legislación, de establecer convenios para la persecución internacional del delito y hasta de llegar a considerarlo como delito de lesa humanidad, y así construir la conciencia de que existe, avanza y poder enfrentarlo con mejores herramientas. En México merece reconocimiento la importante campaña que recientemente ha iniciado el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia contra el comercio sexual infantil, campaña que va más allá de anuncios en los medios. Pero, como podemos observar, a pesar de los años de instituido es probablemente hasta ahora que el DIF toma conciencia de la realidad mundial y cómo nos afecta y a ellos mismos para el mejor desarrollo de sus programas y el aumento de probabilidades de eficacia se hace indispensable la legislación adecuada. Se ha dicho hasta la saciedad que los niños son el futuro de México, pero también sabemos que muchos de ellos no llegarán o lo harán lesionados, por no permitirnos ser estrictos en construir un marco legal moderno, pero sí ser estrictos en conservar requisitos legales que se construyeron a principios del siglo XX y bao circunstancias especiales de la Revolución y del incipiente país que éramos, sin querer ver que ahora la evolución del mundo ha permitido un cambio enorme para bien, pero al mismo tiempo para crear rapidez y diferentes modalidades en la comisión de delitos. La protección a la seguridad sexual amerita su inclusión en las garantías individuales consignadas en nuestra Constitución, ya que de ella se derivan las reformas indispensables, no sólo por el obligado cumplimiento de los tratados internacionales y nuestro compromiso de trabajar eficientemente en el combate a estos delincuentes organizados o individuales, sino porque la importancia de proteger a niños y adolescentes, debe engrandecerse ante nuestra sociedad,, pero también para no continuar confundiendo los términos de salud con seguridad sexual, ya que el primero de ellos consagrado en el artículo 4º. Constitucional, no está incluyendo la prevención de la seguridad sexual. El avance de la tecnología ha representado la creación de herramientas útiles a la vida y al trabajo moderno; pero también conocemos del mal uso que se ha dado en ello par ala comunicación expedita entre pedófilos, pedrastas y proxenetas que de esta manera a través de la red pública de telecomunicaciones ofrecen y solicitan las imágenes y la posibilidad de relaciones sexuales con niños. En muchos países se habla y se legisla sobre crímenes cibernéticos llamando siempre la atención los daños a la información que causan los jackers, pero en un segundo plano queda el daño causado a los niños del mundo. El costo en el primero, es dinero, en el segundo, es la vida. Es ya urgente establecer el delito de uso indebido de la red pública de telecomunicaciones, en lo relacionado a la pornografía de menores e incapaces, pero tiene perfecta cabida entre los delitos federales que señala nuestro Código Penal Federal que pareciera en muchos casos legislar para un país de fantasía y no para cien millones de seres humanos. Convoquemos a los estados en un esfuerzo en conjunto de persecución al delincuente; cumplamos rápidamente con nuestro compromiso internacional y logremos que México desaparezca de la oferta de destino exótico para los pedrastas y pedófilos extranjeros y aquellos mexicanos de igual connotación que abusen de sus connacionales por ser pequeños e indefensos, encuentren en la ley un castigo mayor por su crimen, sin olvidarnos que en realidad ninguna sanción repara jamás el daño. Firman la presente iniciativa alrededor de 50 diputados federales del Partido Acción Nacional, plasmados en la misma. Es cuento, señora Presidenta. Muchas gracias.