La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, diputado presidente. A nombre de los integrantes de la Comisión de Justicia, me permito fundamentar el dictamen que a continuación se somete a la consideración de todos ustedes. En la sesión del 19 de noviembre del año en curso se recibió al interior de la comisión iniciativa con proyecto de dictamen para reformar el Código Penal Federal. La citada iniciativa presentada por la diputada Rocío Abreu tiene por objeto adicionar un artículo 284 Bis para instituir como delito la cobranza extrajudicial ilegal, a fin de que esta práctica deje de trasgredir los derechos fundamentales de toda persona a la dignidad humana, la vida privada, la paz, la seguridad personal y la certeza jurídica. Así como también el ejercicio de la violencia psicológica por medio de documentos intimidatorios que contienen información falsa y sellos de instituciones de procuración de justicia, son prácticas recurrentes que no pueden considerarse legales. Quienes integramos la Comisión de Justicia reprobamos esas prácticas y coincidimos con las consideraciones que sustenta la iniciativa de la diputada Abreu, al reconocer que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer miedo para reclamar su derecho, y ratifican que la administración de la justicia es facultad de los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Lo anterior porque en la práctica cotidiana existen esas conductas y hechos que trasgreden esta norma e, inclusive, constituyen flagrantes violaciones a los derechos humanos conferidos y protegidos por la Constitución. Ése es el caso del cobro extrajudicial ilegal que llevan a cabo algunos empleados, trabajadores y representantes de/o despachos de cobranza contratados por personas físicas o morales dedicadas al otorgamiento de crédito y financiamiento, en donde en algunas ocasiones para el cobro de saldos se hace uso de medios ilícitos e ilegítimos del engaño, actitudes amenazantes y en muchas ocasiones con la usurpación de funciones públicas o de profesión. Al interior de la Comisión de Justicia estamos convencidos de que la cobranza extrajudicial ilegal debe ser considerada delito y objeto de sanción referente por tratarse de una conducta típica, antijurídica y punible, siendo el sujeto activo culpable, limitando de forma clara sus alcances de tal forma que no se afecte la legítima recuperación de los recursos de las personas dedicadas al otorgamiento de crédito y financiamiento. Cabe señalar que algunas entidades federativas han establecido en sus leyes lo anterior; sin embargo, las actividades de personas dedicadas al otorgamiento de créditos y financiamiento no están sujetas a la legislación local, haciéndose necesario el establecer, como delito de jurisdicción federal, la cobranza extrajudicial ilegal realizada en relación a operaciones, como el otorgamiento habitual y profesional de crédito y financiamiento. Con esta reforma, para la cual solicitamos su valioso apoyo con su voto a favor, incluiríamos en el Código Penal Federal la sanción de uno a cuatro años de prisión, y multas de 50 mil a 300 mil pesos, a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. Además si utiliza documentos o sellos falsos la pena y la sanción económica aumentarán una mitad, así como también si incurre en usurpación de funciones o de profesión se aplicará lo señalado para el efecto. Finalmente se estaría estableciendo de manera clara la situación en la que incurriría en el delito de la cobranza extrajudicial ilegal, excluyendo los procesos para informar las consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago. Respetosamente quienes integramos la Comisión de Justicia sometemos a su consideración el presente dictamen en sentido positivo. Es cuanto, diputado presidente.