El diputado Eduardo Mendoza Arellano: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores. Acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa que considero de gran importancia ante los índices de inseguridad e impunidad que enfrenta nuestro país, problemas que también deben ser atacados desde el sistema penitenciario mexicano. En 1917 el Estado mexicano ya contemplaba un mecanismo donde los ciudadanos que violentaran la ley purgarían penas como una forma de resarcir a la sociedad del daño; pero el sistema se consolida en el 71 con la creación de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Sin embargo, hoy por hoy, la evolución en los perfiles delictivos, el nivel de violencia con la que se comete el delito, la pérdida de confianza como de respeto y credibilidad en las autoridades, las repetitivas crisis económicas y la consolidación de organizaciones delictivas con capacidad económica, operativa y de organización, entre otras, han llevado a que dicho sistema penitenciario, como su función, esté agotado y totalmente rebasado por la realidad. Muestra de ello es que en 2009 existen 433 penales para una población de 227 mil reclusos. Doce centros menos que en 2006, pero con un incremento de población en las cárceles de 16 mil 881 personas, que significa una sobrepoblación de 56 mil 797 reclusos, según el Tercer Informe del gobierno federal. Mientras que el modelo de readaptación social ha demostrado que ya no es viable, pues el elemento humano no cuenta con el perfil adecuado, la infraestructura no corresponde con las necesidades y no es un secreto que la corrupción al interior de los centros prevalece, resultando en los hechos que los centros de reclusión son paraísos de impunidad para la delincuencia, convirtiéndose en universidades del crimen y centros de operación delictiva. De hecho, en el año pasado sólo se reincorporaron a la sociedad 12 internos de una población de 8 mil 579; es decir, el 0.01 por ciento. Contradictoriamente, desde 2006 el presupuesto para orden, seguridad y justicia se incrementó, pasando de 49 mil 461.5 millones de pesos a 91 mil 153.2 millones, que representa en 2009 un aumento superior al 84 por ciento Lo anterior nos ilustra que los incrementos presupuestales no necesariamente son la única solución para obtener resultados. Con los números enunciados podemos entender por qué la delincuencia ha impuesto la cultura carcelaria en nuestras calles, convirtiéndonos irónicamente en reos de sus pugnas, intereses, visión. Inclusive, hoy la moda carcelaria envenena a nuestros jóvenes y les inculca un modelo de sociedad basado en el culto a la delincuencia, el desprecio por la ley y la falsa idea de que existen delincuentes exitosos. No obstante, hace algunos meses el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, anunció el proyecto de crear 12 nuevos centros penitenciarios. Esta propuesta, en principio, no se escucha mal cuando sabemos de los graves problemas de sobrepoblación. Pero no sólo se trata de crear más penales, se trata también de cambiar de fondo la estructura penitenciaria, terminando con los grandes vicios que enfrentan las cárceles del país. ¿O acaso se han cuestionado cuánto le cuesta a los mexicanos mantener a la población penitenciaria y cuántos de estos realmente logran modificar su conducta en bien de sí mismos, de sus familias y de la sociedad? ¿Se han preguntado qué clase de individuos estamos liberando de las prisiones y regresando a las calles? ¿Están conscientes del daño que ocasionan los delincuentes reincidentes en las colonias y en nuestros hijos, quienes son reclutados para delinquir o son envueltos en el mundo de las drogas para incrementar los negocios ilícitos? Señoras diputadas y señores diputados, por lo anterior expuesto hoy propongo esta Ley Reglamentaria del Artículo 18 Constitucional en Materia de Reinserción Social, misma que es congruente con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y los Centros Nacionales de Control de Confianza, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Ley Federal de Reinserción Social que hoy propongo se entiende como el conjunto de acciones dirigidas a promover un mejor estilo de vida, mediante programas soportados en la educación, el trabajo, la salud y el deporte. Se propone que el Sistema Penitenciario funcione a través de direcciones generales, donde los representantes de instituciones públicas de salud, educación, derechos humanos, de defensoría de oficio y aquéllas que presten servicio de forma permanente en los centros de reclusión, podrán asistir a estas sesiones del Consejo Técnico con derecho de voz y voto. La exigencia de profesionalización del personal, en cumplimiento al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ayudará sin duda a sanear los problemas de corrupción; porque la Ley Federal de Reinserción Social, exige cumplir con la certificación, acreditación, seguimiento, evaluación y control de confianza. Para que el sistema de reinserción sea eficaz también ordena la separación de internos, no sólo por género, sino por procesados o sentenciados. Mientras que los procesados o sentenciados por delitos de delincuencia organizada ocuparán instalaciones especiales, contará con una organización que será acompañada por una adecuada clasificación según el perfil criminológico, soportado por estudios psicológicos, socioculturales, económicos y físicos, con seguimientos de conducta durante los programas de capacitación y trabajo. La educación y el trabajo son parte sustantiva del tratamiento de reinserción social que hoy propongo. Finalmente, la iniciativa de ley contempla que los internos que sean liberados, después de pagar su pena, tendrán asignado un oficial de custodia con quien deberán reportarse por lo menos una vez al mes, o cuando sean requeridos, y de no atender el llamado regresarán de forma inmediata a los centros de reclusión. Amigas legisladoras y amigos legisladores, es momento de escuchar a la sociedad. Es momento de traducir en leyes las legítimas aspiraciones de nuestro electorado. Es momento de dar continuidad a esta serie de iniciativas de vanguardia en materia de seguridad pública. Por ello les solicito, respetuosamente, que primero en comisiones, y en su caso, en este pleno sea votada favorablemente la Ley Federal de Reinserción Social. No sobra reiterarles que tengo la profunda convicción de que esta iniciativa será de gran beneficio para la sociedad en su conjunto. Es cuanto, señor presidente.