La diputada María Victoria Mercado Sánchez: Con su venia, señor presidente. El 14 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuyos artículos 189 y 190 se estableció la obligación de los concesionarios para informar la localización, conservar y proporcionar a las autoridades las comunicaciones realizadas por las personas hasta por dos años. La redacción establecida permitía el acceso a las comunicaciones privadas de las personas sin la previa autorización de un juez en contravención a nuestra Constitución, dejando al arbitrio de las autoridades el acceso a información constitutiva de datos personales. Dichas disposiciones fueron motivo de debate y controversia. Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil las consideraban invasivas y de la privacidad excesivas y presumiblemente inconstitucionales. Ante ello, en su momento interpusieron demandas de amparo en contra de los artículos 189 y 190 y estos juicios permitieron que dichos artículos fueran revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte en su resolución aprobada por unanimidad de los ministros integrantes de la segunda sala, el 7 de mayo del 2016, estableció los controles y condiciones a las que las autoridades y los concesionarios se deben sujetar en torno al manejo de las comunicaciones privadas de los ciudadanos. En primer lugar la Suprema Corte acotó que las geolocalizaciones a través de los aparatos móviles, sólo pueden realizarse ante un riesgo o peligro de la vida e integridad de las personas, ello para evitar su generalización y evitar que la localización de las personas se realice con fines distintos al de la investigación de los delitos, para indebidamente dirigirse hacia el espionaje e invasión de la privacidad. Y en segundo lugar, la Corte también determinó que toda vez que el acceso al registro de las comunicaciones privadas sí implica una restricción del derecho humano a la inviolabilidad de la comunicación, condicionó su acceso a que exista previa autorización judicial estableciendo en su sentencia que las autoridades no podrán solicitar a los concesionarios la información conservada ni estos entregarla sin antes contar con la autorización y orden de un juez federal competente. En ese tenor y en aras del fortalecimiento del Estado de derecho de la debida investigación de los delitos penales y de la seguridad jurídica de las personas, el día de hoy presentamos a nombre del coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, esta iniciativa para adecuar la redacción de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en sus artículos 189 y 190 para que en correspondencia con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la redacción de los mismos se ciña claramente a los límites constitucionales definidos por la propia Corte, pues justamente la defensa de la privacidad es una de las grandes batallas que debemos dar en contexto a los avances tecnológicos. Adicionalmente proponemos reducir de dos a un año el plazo de conservación de los registros de comunicaciones privadas en posesión de los concesionarios, por considerar que los fines de seguridad y procuración de justicia o se vean alterados por dichas medidas, y en cambio dos años constituye un periodo excesivo de resguardo de información, que vulnera el derecho humano a la privacidad. En ese sentido la presente reforma busca fortalecer nuestro Estado de derecho y avanzar en la construcción de un modelo de derechos digitales y protección a los datos personales. Es cuanto, señor presidente.