El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputada presidenta. Señora secretaria, el gobierno actual ha significado un enorme retroceso en materia de transparencia y legalidad en el ejercicio de la administración pública. Las irregularidades, opacidad, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias han sido el fiel de la balanza en esta autodenominada cuarta transformación. Los súper-delegados, figura planteada inicialmente como funcionarios todopoderosos en cuanto al control de los programas sociales, ha sido aprovechada para aspiraciones personales, para establecer el nepotismo como práctica común, para continuar con la vieja tradición neoliberal de realizar negocios al amparo del poder. Tal es el caso de Carlos Lomelí, en Jalisco, que se separó de su cargo luego de que se difundiera que sus familiares y colaboradores se vieron beneficiados con contratos por un monto de 164 millones de pesos por la venta de medicamentos a gobiernos. En Tamaulipas, José Ramón Gómez, denunciado por una integrante de los llamados servidores de la nación, por aprovecharse de cargo para buscar la candidatura por Morena a la gubernatura. En Baja California, el repudiable caso de Jaime Bonilla, quien renunció a su cargo para ser candidato y hoy es gobernador electo, el cual, por cierto, busca ilegalmente gobernar por cinco años. De igual forma José Antonio Aguilar, en Chiapas, y Juan Carlos Loera, en Chihuahua, ambos señalados de colocar a sus familiares y allegados en las coordinaciones regionales. Gabino Morales, de San Luis Potosí, acusado de violencia de género. En Colima, Indira Vizcaíno, denunciada por aprovechar su cargo para fines políticos. Cabe señalar el caso de Amílcar Sandoval, en Guerrero, hay quejas de que está sugiriendo a proveedores y proponiendo a empresas constructoras. Por cierto, es hermano de la señora secretaria. Por mencionar solo algunos casos. Este gobierno, en menos de un año, ha traicionado sus compromisos a la ley en los ciudadanos que votaron por la cuarta transformación, por un ejercicio de gobierno transparente, sin influyentismo, sin opacidad alguna. Los números dan cuenta de ello. De 122 mil 55 contratos celebrados en el presente ejercicio, 80 por ciento se han asignado por adjudicación directa, 7 por ciento por invitación restringida y solo un escaso 13 por ciento por licitación pública, violando con ello la Constitución, la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública. Incluso aquellas adjudicaciones que se realizaron por licitación pública estuvieron plagadas de irregularidades. Tal es el caso de la millonaria licitación para combatir el sargazo que afecta el turismo en la Riviera Maya, la cual fue asignada a la empresa familiar del coordinador del Tren maya en Quintana Roo. Así como la adjudicación directa de 3 contratos por un monto de casi 91 millones de pesos para la realización de los estudios de costo-beneficio, asesoría jurídica, desarrollo del plan maestro del Tren maya, la adquisición de 600 pipas para enfrentar la crisis de desabasto de combustible, pese a que se trató de una operación con un monto superior a los 81 millones de dólares. Se hizo sin licitación. Además, sin el acompañamiento de observadores ciudadanos, se entregaron sin concurso tres contratos para el estudio del costo-beneficio, la asesoría jurídica y el plan maestro de la refinería en Dos Bocas. En la distribución de las tarjetas Bienestar ocurrió algo similar, al encargarlas a Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, empresario televisivo, ahora aliado y consejero del presidente, que en una asignación directa, sin licitación, se convirtió en el único banco con esta delicada y jugosa responsabilidad. Por último, el tristemente célebre caso del director de la Comisión Federal de Electricidad, quien está señalado por enriquecimiento ilícito y corrupción, ya que gracias a familiares y prestanombres cuenta con un patrimonio con un valor mayor a los 800 millones de pesos, al cual fue rendido expeditamente por el presidente de la República por usted. Le pregunto, señora secretaria, ante la evidente actuar ilegal repleto de opacidad y que favorece a la discrecionalidad, el tráfico de influencia y el conflicto de interés del gobierno en ejercicio de sus funciones, ¿qué acciones de prevención ha implementado la Secretaría a su cargo? ¿Cuántas investigaciones ha realizado por los hechos aquí señalados? ¿Cuántos servidores públicos han sido sancionados y cuáles son las recomendaciones que ha emitido la Secretaría, para que los funcionarios públicos se apeguen al mandato constitucional y legal? Es cuanto.