La senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, compañeros legisladores, los servidores públicos tenemos una gran responsabilidad con la gente que representamos. Mientras más alto sea el cargo más alta es la responsabilidad que se tiene con la gente, y por lo tanto más se le debe exigir su pleno respeto y compromiso. Nuestro compromiso no es con nuestros compañeros servidores públicos, es con la gente. Si asumimos fehacientemente la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, entonces debemos aceptar que las faltas cometidas en el desempeño de este gran honor deben ser investigadas y juzgadas. Al asumir nuestro compromiso debemos comprender que las decisiones y acciones de un funcionario afectan miles de personas, territorios, trabajos, vidas e incluso generaciones futuras. Por ello debemos comprender que la conciencia histórica de nuestro pueblo recordará nuestros nombres ligados a nuestras acciones. Debemos velar no sólo por lo que ocurre bajo nuestra responsabilidad, sino exigir el cumplimiento cabal de la justicia, ya que si no lo hacemos nos volveremos cómplices y sin dudarlo la patria nos lo demandará. Es importante recordar que el 15 de enero el ex gobernador del estado de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, profesor Humberto Moreira Valdés, fue detenido por la Policía Nacional española tras una investigación iniciada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, acusado de los delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho, organización criminal. Por supuesto delitos muy graves. La Fiscalía inició una investigación después de cierto tiempo de estar tras él, por la cantidad de 200 mil euros, equivalente aproximadamente a 3.9 millones de pesos. Sin embargo, les digo y les aseguro que ésta es la punta del iceberg y que en Coahuila hay 36 mil millones de pesos de deuda que todavía no nos han explicado dónde están, y eso que no estoy contando todos los millones, 17 mil millones de pesos aproximadamente que se han pagado ya a favor de esta deuda en los cuatro años de gobierno, y que sin embargo seguimos debiendo alrededor de 34 mil millones de pesos. Independientemente de lo que pase en España, compañeros, compañeras, lo que es un hecho es que las autoridades judiciales de Estados Unidos de Norteamérica han acreditado durante los años 2012 y 2013 una red de corrupción de aproximadamente 13 personas, para lavar 3 mil millones de pesos en cuentas y bienes ubicados en dicho país, robados del erario estatal. Quiero decir que espero la palabra del presidente de la República sea honrada, ya que en mayo de 2012, siendo todavía candidato a la Presidencia de la República, a pregunta expresa de los reporteros sobre el moreirazo respondió: Donde exista un delito, la autoridad debe investigar y deslindar las responsabilidades a que haya lugar. Que se castigue y sancione a los responsables. El compromiso de un servidor es que lo que hagamos en materia de justicia realmente sea aplicar la ley en quien sea, cualquiera que sea el responsable. Por ello es necesario advertir la oportunidad que tiene hoy el Estado mexicano de demostrar que es capaz de aplicar la ley por igual a todos aquellos que cometen un delito en contra de los bienes jurídicos tutelados en nuestro país. Sería un error imperdonable que en México siga quedando impune el fraude más grande perpetrado en contra de la población coahuilense y que, en consecuencia, continúe la clara falta de interés por parte del gobierno mexicano de hacer justicia, perseguir a los culpables, transparentar el destino de los recursos obtenidos con la deuda y recuperar el dinero robado de las arcas del Estado. Por último, quiero recordar que desde el 2011, Humberto Moreira ha caído en diversas contradicciones, ya que el 29 de julio de 2011 se tiene identificado a Coahuila como el estado con mayor deuda por habitante. Deslindándose afirmó que la deuda contraída fue después de que él dejó el gobierno del estado. Es un hecho que a finales de 2011, la Auditoría del estado evidenció que la deuda venía del 2008. No obstante lo anterior, temerariamente Humberto Moreira afirma que solo endeudó al estado con 22 mil millones de pesos y que los otros 12 mil fueron en la administración del gobernador sustituto, Jorge Torres. Pero como hoy sucede con la autoridad española, que se encuentra haciendo nuestro trabajo, y qué decir de los fiscales de Estados Unidos, acusando de lavado de dinero a Javier Villarreal, el secretario de Finanzas, a Rolando González Treviño, dueño de medios de comunicaciones en la zona centro del estado. Pregunto, dónde quedó Vicente Chaires, secretario particular de Moreira, y que de cargar el maletín del ex gobernador pasa a ser accionista de súper medios de Coahuila, donde se compraron múltiples radiodifusoras en Saltillo, en Monclova, en Piedras Negras, inclusive un canal de televisión. Dónde quedó Samuel Rodríguez, ex dirigente estatal del PRI, que pasó de ser colaborador cercano a un exitoso empresario en medios, en diferentes partes del Estado. Dónde quedó el ex secretario de la Función Pública Estatal. Dónde quedó el auditor, dónde quedaron todos los secretarios de esa administración, ya que según el documento de declaración de culpabilidad de Rolando González Treviño, las autoridades de los Estados Unidos afirman que entre marzo y julio de 2009, Moreira sostiene diversas reuniones en donde enteró a los secretarios de su Gabinete de sus transacciones. Algo muy importante que quiero hacer del conocimiento de la opinión pública, es que el abogado que defiende a Humberto Moreira en Estados Unidos es Kent A. Shaffer, es el mismo abogado que defendió al narcotraficante comúnmente conocido llamado como La Barbie. Coincidencia, Moreira busca que lo defiendan abogados de pillos de grandes ligas, seguramente el lobo aprendió a aullar en la manada. Por lo anterior, el PAN solicita que se cree una fiscalía especial para la investigación de este y de todos los casos similares, de cualquier color, aquí no estamos defendiendo colores, aquí estamos defendiendo el dinero que es de todos los ciudadanos en tanto no se nombre un fiscal anticorrupción. Que la PGR, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y las autoridades locales inicien ya una investigación de rastreo de cada peso de la deuda contraída con el dinero de los coahuilenses. Sólo por mencionar algo, el hoy procurador de justicia del Estado, que fue el titular del IEPC, el árbitro de la elección, donde se elige y gana el profesor Humberto Moreira, seis meses después era el flamante secretario de gobierno, hoy procurador del Estado. Que esas autoridades colaboren con las dependencias de Estados Unidos y España en las investigaciones sobre el caso y, en su momento, soliciten la extradición de Humberto Moreira a nuestro país. Que se inicien las acciones de extinción de dominio de respecto a los bienes relacionados con los delitos de lavado de dinero, de todos los involucrados. Es cuanto, diputado presidente.