El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Para que se entienda mejor lo que voy a plantear para ilustrar y para que no se aceleren los diputados de la derecha PRI, PAN y aliados, cada vez que yo diga Peña Nieto, me refiero al presidente Enrique Peña Nieto; cada vez que con mi dedito haga así, me estoy refiriendo a que es un traidor a la patria, para abreviar mi discurso. En la reforma constitucional en materia energética, en particular el artículo 28, párrafo octavo, se estableció que el Poder Ejecutivo contará con órganos reguladores coordinados en materia energética denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. Aquí quiero aclarar que como en los intereses económicos que están en juego no hay tintes partidistas, aquí he sostenido que PRI y PAN es lo mismo y ahora los aláteres que traen ahí pegados, que a este capítulo le llaman la ley de las pagas. Es decir, quieren que darse con esos huesitos y su carnita. Miren, en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 43 que se propone en el dictamen, se establece que la administración pública centralizada, la que depende directamente de Peña Nieto, contará con órganos reguladores coordinados en materia energética con personalidad jurídica propia y autonomía técnica y de gestión con competencia y mecanismos de coordinación con la Secretaría de Energía que determina la ley. En esta tribuya se ha subrayado la urgencia de contar con un marco legal que fortalezca a las empresas del Estado para una competencia en un libre mercado, con la finalidad de fortalecer a nuestro país en la producción de hidrocarburos y en la generación de electricidad. Si atendemos al diseño institucional y a las atribuciones que se establecen e las leyes secundarias, que tienen su origen la iniciativa presentada por Peña Nieto, las pretensiones de desarrollo y crecimiento en el sector son falsas, son demagogia. Una garantía para el desempeño funcional de los nuevos organismos y empresas productivas, es la capacidad para tomar decisiones en forma autónoma que garantice una operación en la que no incidan intereses encubiertos que favorezcan a las empresas privadas en la industria de hidrocarburos y electricidad. Un diseño institucional que pretenda crear condiciones de competencia exige contar con un sistema de controles administrativos y legales, esto es un sistema de pesos y contrapesos que garanticen la adecuada toma de decisiones y la responsabilidad en la conducción de las empresas lo que s logra a través de la autonomía para decidir en función de objetivos y estrategias el rumbo más adecuado. En la ley que se propone, de órganos reguladores, no se presenta un diseño institucional que garantice la autonomía de los responsables de cada órgano para decidir en asuntos de trascendencia para su desempeño. En el supuesto nuevo paradigma de apertura de los energéticos al libre mercado, no existen condiciones que permitan un buen desempeño de los involucrados. La estructura organizativa propuesta subordina al sector a la voluntad omnímoda del Poder Ejecutivo. Diputado Camarillo, quiero entender que usted no entendió bien la ley y no quiero ni imaginar que es un operador de Peña Nieto en esta política entreguista de los traidores a la patria. ¿O será? Porque de Añorve no me extrañaría; él está en eso, pero de Camarillo no puede ser posible. Les voy a explicar. En el esquema existe un control administrativo y político que atiende esta voluntad omnímoda de Peña Nieto y su camarilla porque desde el primer nivel del control, donde están señalando que estos órganos tienen comisionados que incluyen al presidente, la secretaria ejecutiva, está decidida por Peña Nieto, aunque la mande al Senado, como ya lo dijo la diputada Alcalde. En el segundo nivel de control, que es el artículo 2 de la ley, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la reguladora de energía, sucede lo mismo; están designados por Peña Nieto. Los órganos reguladores dependen y se subordinan a Peña Nieto. Quien designa manda. En el tercer nivel, el artículo 19 propone crear un consejo de coordinación del sector energético compuesto por el secretario de Energía, comisionados, presidentes de los órganos reguladores, los subsecretarios de la Secretaría de Energía, todos ellos designados por Peña Nieto. En el cuarto nivel de control, el director general del Centro Nacional del Control de Gas Natural obviamente también será propuesto por Peña Nieto. Los anteriores, todos, todos, son designados a voluntad de Peña Nieto. Dónde queda el espíritu empresarial y corporativo de la reforma energética que en esta tribuna se presenta como el nuevo paradigma. El diseño institucional fortalece una visión presidencialista centralista en la que impera la voluntad del Poder Ejecutivo con un proyecto de nación para unos cuantos y al servicio del capital extranjero. No existen equilibrios ni procedimientos de control ni responsabilidad. Se abona la cultura de la impunidad. Todos y cada uno de los servidores públicos responsables de los órganos regulados atienden a la consigna de que el que paga manda, no a los intereses nacionales. Esta discrecionalidad con quien pone y quita reproduce la corrupción que demagógicamente anuncian que terminará con este nuevo esquema en la industria de hidrocarburos y de energía. Es un esquema que no determina responsables en la desviación del servicio público. Es un diseño institucional que sin lugar a dudas llevará a reproducir esquemas en los que los servidores públicos que desvían recursos son premiados con cargos de dirección o de elección popular. Léase Romero Deschamps o el diputado Ricardo Aldana que hoy es noticia de los periódicos nacionales por las operaciones fraudulentas de los recursos del país a través del sindicato de Pemex. Esta propuesta se reprueba por su diseño institucional culmino. Si se somete a la revisión de investigadores y académicos en materia de políticas públicas, lo único malo es que ellos no votan aquí en esta Cámara, los que votan son los traidores a la patria, que van a votar a favor de esta iniciativa. Es cuanto, y así exigimos que el procurador informe sobre la denuncia que el Morena, muchos ciudadanos y López Obrador, hemos presentado por traición a la patria contra Peña Nieto y toda su camarilla. Es cuanto.