El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, presidente. El pasado 10 de junio de 2011, tuvo lugar la reforma constitucional más importante y trascendental en nuestro país desde 1917. La reforma al artículo 1o. constitucional en materia de derechos humanos establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, así como de las garantías para su protección. También obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a tener la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en nuestro país. Así es, todas las autoridades, sean estas ejecutivas, legislativas, o bien judiciales se dediquen a impartir justicia o a los procesos legislativos o de políticas públicas, todas están obligadas a hacer efectivo los derechos humanos, tanto a nivel constitucional como convencional, y recurrir, en la interpretación o la aplicación de las normas, al principio pro-persona, otorgando a estas la protección más amplia. La respuesta para mejorar nuestra democracia, mis amigos, será siempre más democracia. Y en el primer paso es respetar a cabalidad los derechos humanos y en particular el derecho de todos los ciudadanos mexicanos, a poder participar y acceder a cargos y a los asuntos públicos de nuestro país en condiciones de igualdad. En México, el ejercicio del derecho humano de participación política no basta que se reconozca constitucional y legalmente, sino que debe existir la oportunidad real y efectiva de poder ejercerse. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Castañeda, y al mismo tiempo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Sub-JDC-612/2012, han manifestado que el derecho humano de participación política, en su vertiente pasiva, es decir, el derecho a ser votado, es un derecho humano de configuración legal. Mis amigos, las candidaturas independientes ya existieron en este país, de 1918 a 1946, y éstas se eliminaron en la legislación mexicana para consolidar el modelo de Partido Único o Partido de Estado, en 1946. Después de 69 años los mexicanos reconquistamos este derecho que se nos había robado, y hoy tenemos reconocido en nuestra Constitución y en la ley el derecho a votar y ser votado, sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político. Lo cierto, es que las candidaturas independientes se tratan de un derecho humano de participación política de todos los ciudadanos mexicanos y nadie puede anular este derecho con trabas legales que promueven requisitos arbitrarios, irrazonables, inequitativos, discriminatorios o desproporcionados. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman contra Uruguay, en 2011, nos dijo: La protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a las reglas de las mayorías. Es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de las mayorías en instancias democráticas. Así pues, los precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son referentes obligados en la tarea legislativa y establecen criterios convencionales y constitucionales que deben ser considerados en las leyes. Y en particular, ampliando el derecho de las candidaturas independientes. Hoy buscamos, a través de la iniciativa que presento, que estos criterios constitucionales y convencionales se inserten en la ley para que garanticen el derecho humano de participación política de todos los ciudadanos mexicanos y no solo de aquellos que recurren a la defensa legal de sus derechos. Y así, mis amigos, hacer de la Constitución y la ley el instrumento fundamental de nuestra democracia para garantizar la oportunidad real y efectiva de ejercer nuestros derechos políticos ahí reconocidos. Y no como algunos quieren, una carta de buenas intenciones, o peor, como otros señalan, un mapa recurrente de cálculo político, con intereses partidistas de cara al proceso electoral en puerta. Queremos pues llevar resoluciones del Tribunal Electoral a que sean ley para que apliquen a todos los mexicanos y no tener que estar obligando a todos a tener que recurrir a instancias legales para que se les reconozca su derecho. Muchas gracias.