La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: El devenir histórico de la cultura democrática y la participación ciudadana en nuestro país en el ámbito federal marca un paso histórico con el dictamen que hoy se nos ofrece. Ello, debido a que propone inaugurar la posibilidad constitucional de mecanismos extraordinarios, de rendición de cuentas y participación ciudadana, como lo es la revocación de mandato y la consulta popular. La revocación de mandato permitirá que la ciudadanía pueda retirar la confianza del gobernante ante una crisis extrema de legitimidad política. Asimismo, la consulta popular es una herramienta de corresponsabilidad en las decisiones públicas, que permite ampliar y fortalecer los espacios de interacción entre la ciudadanía, sus representantes y el ejercicio del poder político en México. La revocación de mandato, institución de origen anglosajón, fue ideado en sus orígenes como un mecanismo contingente, que bajo determinadas circunstancias pueda ser usado por las sociedades para defender el poder. Así la herramienta que hoy buscamos poner constitucionalmente en manos de la nación mexicana ante eventuales estados de emergencia que impliquen la pérdida de la legitimidad del gobernante ante la ciudadanía, permitirá institucionalizar la rebeldía. Es decir, brindará la posibilidad constitucional de rebeldía, que como diría Ermanno Vitale, no es otra cosa que poder corregir, enmendar y resolver el orden constituido que se ha alejado de sus principios, que ha desarrollado en su interior patologías degenerativas y que es considerado fundamentalmente ilegítimo. Lo anterior ha sido una aspiración presente en nuestra sociedad, y con motivo del debate en diversos espacios de nuestra vida institucional, por lo menos desde la década de 1990. En este sentido, un diseño responsable para el mecanismo de la revocación de mandato debe ser concebido con una herramienta que fortalezca a la ciudadanía, pero evite la creación de incentivos para nuevas amenazas a la estabilidad democrática, tal y como se plantea en la minuta del Senado que hoy estamos por votar. Consecuentemente, con este espíritu de responsabilidad y ampliación de los mecanismos de rendición de cuentas, las ciudadanas y los ciudadanos libres que integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano desde hace años, hemos promovido en la cultura cívica de nuestro país la práctica de la consulta ciudadana, y conozcan la posibilidad de ejercer la revocación de mandato. En esta lógica, Movimiento Ciudadano ha llevado a ambos instrumentos democráticos a materializarse en ejercicio de participación ciudadana durante los últimos años, siempre con el cuidado y la responsabilidad de ser claros con sus alcances, serios con la metodología y austeros con los costos. En el regateo argumentativo sobre este tema dimos un paso en marzo, pero fue un paso con fallas graves, que de haberse ratificado en el Senado de la República habrían constituido dinamitar nuestra vida pública. Afortunadamente el rol de contención de la Colegisladora funcionó en esta ocasión, y hoy estamos ante una propuesta que amplía las posibilidades de poder de la ciudadanía y no ante un mecanismo propagandístico al servicio de quien detente el gobierno. Si bien la revocación de mandato en su calidad de mecanismo constitucional emergente del derecho anglosajón no encuentra muchos antecedentes de su uso, la historia mundial nos muestra muchos ejemplos de mecanismos similares que han permitido que las sociedades salven coyunturas políticas como en Chile en la década de 1980 o en la construcción de la Europa que hoy conocemos. Por todo lo anterior, las diputadas y diputados ciudadanos reiteramos el compromiso con la democracia y con la expansión de herramientas viables y responsables de poder ciudadano ante el poder constituido. Ello a través de propuestas como la del dictamen que nos permitirá construir límites jurídicos que eviten poner este mecanismo en manos de facciosos, ambiciones individualistas o intereses ajenos a la República. En consecuencia, votaremos a favor del dictamen de esta minuta porque consideramos que blinda el mecanismo para evitar excesos. Derivado de todo lo anterior, y con la congruencia, la convicción democrática y la responsabilidad pública que nos exige la representación popular, solicito a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que este pleno respalde el dictamen en virtud de que a diferencia de lo que votamos en marzo, cumple con tres aspectos que consideramos indispensables en un diseño constitucional congruente con la perspectiva de la gobernabilidad en democracia, tal y como a continuación los enlisto. Primero. La minuta desvincula las fechas de la elección de medio término y la fecha hipotética de un eventual ejercicio de revocación de mandato. Ello disminuirá la contaminación de este proceso con la elección legislativa federal de mitad del periodo presidencia y las elecciones concurrentes que se registren en las entidades federativas. Segundo. La minuta corrige adecuadamente y fija esta herramienta como un recurso exclusivo de la ciudadanía y no al servicio del presidente de la República, evitando así un conflicto de interés que debilitaría la credibilidad en el mecanismo y una contradicción constitucional, toda vez que el mandato popular debe ser irrenunciable; y Tercero. La minuta abona a fortalecer el sistema de pesos y contrapesos aumentando las vías de participación ciudadana ante los vacíos de legitimidad sin generar incentivos para que facciones desestabilicen fácilmente a gobiernos democráticamente electos al plantear los porcentajes de respaldo a cualquier propuesta de revocación de mandato, y los porcentajes para que una vez realizada sea vinculante. Con el dictamen de la minuta se corrigieron varios vicios de origen, por lo que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que nuestra responsabilidad ante la nación se cumplió, y en tal virtud estamos por votar un mecanismo que abonará a nuestra vida democrática sin propiciar inestabilidad ni empoderar innecesariamente a algún actor político en específico. La minuta, compañeras y compañeros, amplía las posibilidades de que ante una crisis severa de legitimidad el soberano, el mandante, la ciudadanía mande y su mandato sea acatado por las instituciones, a pesar del parecer, gusto o humor del mandatario que hubiese desviado su principal función que es obedecer al soberano y velar por los intereses nacionales. Es cuanto, señor presidente.