La diputada Adriana Soto Martínez: Compañeras y compañeros diputados. La presunción de inocencia es un derecho fundamental consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo consagra en el artículo 20, apartado B, fracción I. Respeto a este principio la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido sendos criterios jurisprudenciales que lo hacen aplicable a todas las materias jurídicas en las que existan procedimientos sancionadores sea en materia administrativa o penal. En relación a este principio, la ministra Olga Sánchez Cordero, señala reconocer inocente a un hombre durante la secuencia del procedimiento y luego de ser procesado y sentenciado darle la oportunidad de alegar en su defensa circunstancias ineludibles que demuestran su no culpabilidad. Son garantías de seguridad jurídica que le permiten a quien realmente es inocente en un procedimiento de orden criminal, demostrarlo no solo durante la secuencia del juicio sino durante el cual se presume inocente hasta su terminación, sino con posterioridad a él, cuando ya ha sido declarado culpable siempre que ocurran las circunstancias previstas en la ley. Asimismo, el tema de presunción de inocencia ha sido ampliamente discutido e investigado por esta Honorable Cámara de Diputados, por lo cual resulta extraño que se permita que el proyecto de decreto sustente una clara violación al derecho fundamental de presunción de inocencia. En primer término el proyecto del dictamen en su artículo 115, fracción II, señala: no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, lo cual significa que en actos de corrupción no aplica la reserva y en una interpretación a contrario se podrá dar el acceso a la información siempre que se cumplan los dos requisitos establecidos, que se trate de información relacionada con actos de corrupción y que esté de acuerdo con las leyes aplicables. Lo anterior permite que los ciudadanos tengan acceso a la información en cualquier momento siempre que se cumpla con los dos requisitos de esta ley general señalada. Es decir, no es necesario que se concluya el procedimiento sancionador por actos de corrupción. Para que se pueda acceder a la información basta que esté relacionada con actos de corrupción para acceder a la información, lo que vulnera el derecho humano de presunción de inocencia. En efecto, por lo cual la gravedad consiste en que como la ley general no regula el acceso a la información no es clara y precisa en su redacción y sólo establece que esté relacionada con actos de corrupción para no hacer aplicable la reserva de información, lo cual establecerá una lengua jurídica que las entidades federativas en este momento realizan sus respectivas leyes. Se aplicará la ambigüedad, por lo que se corre el riesgo que se cometan violaciones a los derechos humanos y principalmente el de presunción de inocencia. Compañeras diputadas y diputados. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano comprende la urgente necesidad de luchar con toda la fuerza del Estado mexicano en contra de los actos de corrupción que laceran, corrompen y pervierten a nuestra sociedad, pero no podemos permitir que sea con actos arbitrarios. Quedaría de la siguiente forma: No podrá involucrarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción y el procedimiento sancionador haya causado estado en términos de las leyes aplicables. Con la presente redacción se eliminará la ambigüedad y se respetará el derecho fundamental de presunción de inocencia. Es cuanto, señor presidente.