EL DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL: Ciudadanas y ciudadanos diputados: Punto de acuerdo con exhorto al Congreso del Estado de Quintana Roo para promover y crear un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, dado el estado de indefensión en el que se encuentra el ciudadano en la materia de justicia fiscal y administrativa, bajo los siguientes CONSIDERANDOS El Estado de Quintana Roo alcanzó el estatus jurídico-político de entidad federativa el 8 de octubre de 1974, fecha desde la cual se rige con su propia Constitución Política y bajo el ordenamiento federal que prescribe también la división de poderes en el orden local, por lo que este importante estado cuenta con un Poder Legislativo facultado para emitir leyes necesarias para mantener la vigencia del orden jurídico en sus relaciones internas. A pesar de la riqueza del estado en cuanto a recursos naturales, prodiga en hospitalidad y poseedora de una gran cultura autóctona y colonial, la administración pública de la entidad ha venido a menos y pareciera que a medida que los grandes y espléndidos centros turísticos del estado se han desarrollado principalmente en el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra el desarrollo turístico de Cancún, más evidente resulta ya el atraso administrativo y fiscal y conocimiento y el desconocimiento de estas materias cruciales en vida y desarrollo de un polo de esta dimensión. Es el caso evidente que el Estado de Quintana Roo no cuenta con una instancia jurisdiccional administrativa para revisar los actos de autoridad en esta especialidad y a la fecha sean ya pocos los estados que no han creado un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que permita al ciudadano recurrir los actos arbitrarios en esta vía, que por cierto, son éstos cada día más evidentes en el gobierno del señor Joaquín Hendriks Díaz, quien parece tener el deliberado propósito de situar en la Secretaría de Hacienda y en la Procuraduría Fiscal del Estado, a personas notoriamente incapaces y arbitrarias a sabiendas que contra sus actos violatorios de la garantía de legalidad, no hay un recurso administrativo al cual recurrir y necesariamente el afectado tiene que interponer el juicio de amparo con los gastos, tardanzas y falta de especialidad del juzgador federal que ello implica para resolver los conflictos. Por estas razones y en vista de que el estado de Quintana Roo recibe cada día mayor número de inversiones en el ramo turístico, se hace indispensable que en cumplimiento de las garantías de defensa del ciudadano, se constituya el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para la impartición de justicia en el ramo fiscal y administrativo y en consonancia con el artículo 73, fracción XXIX de la Constitución General de la República y su correlativo en el inciso 21 del artículo 71 de la Constitución del Estado, para que se resuelvan las controversias tan constantes entre la Administración Pública estatal y los ciudadanos contribuyentes, a fin de que sirva de contrapeso al crecimiento de la improvisación y despotismo de las autoridades del estado. Esto se hace ineludible, en el momento en que los estados están solicitando mayor cuantía de recursos de la federación, cuando en su régimen jurídico interno el ciudadano contribuyente carece de instancias expeditas de justicia. Por lo expuesto, solicito a esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo Único. Se solicita respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, se sirva estudiar, aprobar y emitir, en su caso, la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa para la constitución de un tribunal con facultades jurisdiccionales, para dirimir conflictos, los conflictos que se presentan en esta materia. Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de noviembre de 2003. Muchas gracias. -