La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. En México hemos elevado a rango constitucional el interés superior de la niñez en un esfuerzo para evitar situaciones que pretendieran pasar como normal la vulneración en la esfera de los derechos de este sector de la población, con la aplicación de políticas, legislaciones y en gran medida también por la cultura de la sociedad. Sin embargo, aun existen prácticas que consideran como normal, como un derecho el infligir violencia a las niñas y a los niños para que sean educados, es lo que se conoce como el derecho a corregir, que se traduce en nuestra cultura con la frase la letra con sangre entra. Esta medida de disciplina se manifiesta en manotazos, bofetadas, palizas con la mano o con algún objeto, tales como zapatos, cucharas de madera o bien producirles quemaduras y obligarlos a ingerir alimentos hirviendo. Ese supuesto derecho a corregir es una conducta que se convierte en apología de la violencia y que es contraria al respeto y a la dignidad de las niñas, niños, provocando graves consecuencias psicológicas y que atenta contra su integridad física, incluso, atenta contra su vida. Aunque el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha definido a la violencia contra las niñas y niños como el abuso, maltrato físico y mental, el abandono o el trato negligente, la explotación y el abuso sexual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre el castigo corporal y derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes documentó que en el 2009 solo 24 países en el mundo prohíben este tipo de castigos. En el caso de México, si bien la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes contempla una serie de disposiciones para la crianza responsable y evitar el denominado derecho a corregir, existen aun legislaciones en entidades federativas que son una verdadera licencia para los padres en el castigo de las niñas, niños y adolescentes. Un claro ejemplo es el Código Civil del estado de Guerrero, que señala en su artículo 589: Las personas que tengan al menor bajo su patria potestad y custodia deberán educarlo convenientemente y tendrán la facultad de corregirlo y castigarlo mesuradamente. Es decir, una licencia que infringe daño y violencia a las niñas y los niños. Si bien la función principal respecto a la crianza recae principalmente en las madres y en los padres o, en su caso, a los representantes legales, esa responsabilidad va ligada a la obligación de velar por el interés superior de la niñez y coadyuva en todo para su desarrollo y el respeto a sus derechos humanos. Ser responsable de niñas y niños no da ningún derecho para castigar o ejercer violencia contra ellos. Por otro lado, es deber del Estado coadyuvar para que la crianza de niñas y niños sea parte de sus padres y sus madres o representantes legales, se preste con un enfoque de derechos y no se argumente la autoridad sobre ellos para que sean objeto de maltratos físicos o psicológicos, atentando contra su integridad. Por ejemplo, en la Ciudad de México opera el Centro de Formación Docente y Escuela para Padres, el cual busca capacitar a padres y madres de familia en la formación de niñas y niños a efecto de rechazar todo tipo de violencia y que convivan de manera armónica. En Chile se trabaja con una guía práctica para la crianza de nuestros niños, la cual es una cartilla educativa para contribuir a la generación de buenas prácticas de crianza, basadas en el efecto y la comunicación entre padres e hijos. Bajo esas consideraciones, se propone facultar a las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de la Ciudad de México, para diseñar, implementar y difundir mecanismos de asesoría y orientación dirigidos a madres, padres y en general a las personas que ejercen patria potestad, tutela, guarda y custodia. Lo anterior permitirá que lleven a cabo su responsabilidad de crianza sin que limiten, vulneren o restrinjan el derecho de las niñas, los niños y adolescentes. En suma, lo que se trata es de eliminar cualquier posibilidad de un supuesto derecho a corregir, que en la práctica es una licencia para ejercer violencia contra las niñas y los niños, y que esto es poco contemplado. Por otro lado y para finalizar, decirles que se dice que no nos enseñan ni nos educan para ser padres y madres. Creo que esta visión es errónea, toda vez que como política pública se pueden diseñar acciones que den a los padres y a las madres y a los representantes legales de las niñas y los niños, herramientas para tener una mejor comunicación y para contribuir en su aprendizaje. Es cuanto, diputado presidente.