La diputada Rosi Orozco: Con su venia, señor presidente. Antes que nada, me congratula y celebro que en los primeros días de sesiones encontremos coincidencias y aceptemos esa invitación del señor presidente, Felipe Calderón Hinojosa, a estar a la altura de miras que hoy mexicanos y mexicanas exigen por tender puentes de diálogo y entendimiento entre quienes queremos lo mejor para México, como es el caso de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara. La reciente reforma constitucional relativa al sistema de justicia penal y seguridad pública, aprobada por el Congreso de la Unión, tuvo entre sus principales objetivos la introducción de figuras como la presunción de inocencia que, según lo establecido en el artículo 8o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia no se puede considerar como el simple deber del Estado de proveer en abstracto un recurso ante los tribunales, sino de proveer uno efectivo. Hace referencia el artículo 8o, que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Como derecho humano, el acceso a la justicia debe ser un servicio público que el Estado debe garantizar a todos los habitantes de su territorio, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, pertenencia a un grupo indígena, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entre los recursos contra violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario, figuran los siguientes derechos de la víctima: acceder a la justicia, reparación del daño sufrido y acceso a la información pertinente sobre las violaciones. El artículo 18 de la Declaración Americana y los artículos 8o. y 15 de la Convención Americana establecen que todas las personas tienen el derecho de acceder a recursos judiciales, es decir, a ser oídas en juicio con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un tribunal competente, independiente e imparcial, cuando creen que sus derechos han sido violados. La protección de estos derechos se ve reforzada por la obligación general de respetar, impuesta por el artículo 1o., fracción I. Para prevenir la impunidad el Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 1o. de la Convención Americana, de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible la víctima, en plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a estas personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se cree que los particulares o grupos de éstos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos reconocidos en la Convención. Por lo señalado, las organizaciones encargadas de la defensa de Jacinta, su excarcelamiento no significa que se le haya hecho justicia. El Estado está obligado a reparar el daño causado y tener las mismas consideraciones que ha tenido con Jacinta Francisco Marcial, con las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara. En este sentido el Grupo Parlamentario de Acción Nacional pide: a) Se analice la procedencia del mecanismo para la reparación del daño. b) Se adopten medidas simbólicas o emblemáticas para la víctima, con impacto en su comunidad y entorno social. c) Se establezcan y ejecuten garantías de no repetición. d) En seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las medidas de reparación, se dé cumplimiento y seguimiento a estas medidas. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.