El diputado Renato Josafat Molina Arias: La reserva que ahora se presenta tiene que ver con la aplicación de la ley. Parece increíble que aprobemos cambios en el Código Penal en las definiciones sobre los delitos y los sujetos a quienes se considera responsables, pero dejemos sin definir a la fecha para su entrada en vigor. El presente decreto señala en su artículo 1o. que entrará en vigor a partir del nombramiento que el Senado de la República realice del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Esto en el ámbito jurídico se llama vacatio legis, es decir, se crea vacío legal temporal, lo que da lugar a la interpretación de la ley, porque tendremos que coexisten dos leyes: la antigua y la nueva, creando con ello inseguridad jurídica y problemas a procesos que se inicien o ya estén siendo sustanciados con la antigua ley y que tendrán que sentenciarse con la nueva ley procesal. ¿Qué tipo penal vamos a aplicarle a un sujeto que cometa un delito el día de mañana? La antigua norma. Y cuando se apruebe el podrá ampararse y decirnos que la nueva tipificación ya no le aplica y, por tanto, podrá salir libre. Esto no parece ser un simple error, más bien da la impresión de que este transitorio fue cuidadosamente pensado para proteger a quienes han cometido delitos y a quienes los siguen cometiendo. A lo largo de la semana el Grupo Parlamentario de Morena ha señalado que las reformas aprobadas a la Ley General de Fiscalización, a la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción son reformas sin dientes, que se queda corta, que traiciona el espíritu constitucional que les dieron origen. Que se retrasó su discusión para construir un sistema que simule que combate a la corrupción, pero con las lagunas suficientes para que los grandes capos sigan sin ser realmente molestados. Sucedió lo mismo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la que deja sin autonomía la Fiscalía Anticorrupción. Y por último, ahora cuando definimos las conductas delictivas se deja una puerta abierta para que los delincuentes se escapen de la justicia, porque no se establece la temporalidad para que entre en vigor. Por ello, les pido que no simulemos, les pido que acepten esta propuesta. El Senado no ha funcionado y tiene secuestrada la Constitución porque no cumple con el mandato establecido en el artículo décimo octavo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. El pleno de la Cámara de Senadores emitió las convocatorias de procedimiento para seleccionar y nombrar al fiscal anticorrupción desde noviembre de 2014. Hasta cuándo vamos a padecer los ciudadanos la corrupción, cuando son los partidos mayoritarios los que han incumplido con su obligación constitucional para nombrar el fiscal anticorrupción. Desde aquí podemos mandar la señal que la Cámara de Diputados cumple con su mandato constitucional, de ser la Cámara revisora, una auténtica colegisladora y no una mera oficialía de partes de lo que envía el Senado de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la coparticipación dolosa se actualiza cuando existe la participación consciente y ejecutada en forma voluntaria o cuando existe un acuerdo entre los delincuentes que puede ser previo a la comisión del delito o concomitante al hecho y de la naturaleza tácita entre los coparticipantes, aun cuando la aportación de un sujeto al hecho delictivo no pueda formalmente considerada como una parte de la acción. Diputadas y diputados, no se conviertan en coparticipes. No todo el tiempo, recuerden, no todo el tiempo van a tener fuero. Acuérdense de lo que votaron el lunes, sean sensibles y no permitan que la impunidad sea norma. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Molina. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.