El diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas: Con el permiso de la Presidencia. La decreciente credibilidad de las instituciones políticas en nuestro país permite afirmar que la capacidad de los gobernantes de responder a sus gobernados, ha sido insuficiente para normar la relación entre las instituciones gubernamentales y los ciudadanos a favor de un estado de derecho democrático, tal como lo aspiramos en nuestro país. Para alcanzar una nación exitosa en lo económico, en lo social y en lo político, requerimos de instituciones políticas creíbles, es decir una estructura gubernamental que promueva y haga posible que la relación entre gobernantes y gobernados sea efectiva y satisfactoria. En este sentido, resulta imprescindible asumir el papel de legisladores que nos encomendó la ciudadanía y preguntarnos qué esperan los ciudadanos del Gobierno. El interés por responder a esta pregunta es fundamental, pues en la medida en que respondamos correctamente ejerceremos nuestras funciones apegados al mandato ciudadano, no solamente en el terreno del Poder Legislativo sino también en las demás estructuras del Gobierno Estatal, Federal y Municipal. La disociación entre gobierno y gobernados puede generar una relación de confrontación e incrementar el riesgo de ingobernalidad. La ineficacia de la Función Pública sólo puede conducir a México hacia el fracaso, el estancamiento y la pérdida de oportunidades para el país. Por lo tanto, compañeros diputados y diputadas, es insoslayable fomentar mecanismos de comunicación institucionales entre ciudadanos y gobierno que sean más claros, concretos, precisos y funcionales a las condiciones económicas de la población. De tal forma, que los ciudadanos expresen su posición respecto del ejercicio de la Función Pública, no sólo a través del voto, sino a través de la denuncia, de los actos de los servidores públicos, cuya función afecta de manera negativa, directa e inmediata a los ciudadanos. Por desgracia, la promoción del estado de derecho en México se ha visto obstaculizada por los actos de abuso y omisión de los servidores públicos y por la escasa capacidad de denuncia ciudadana. La corrupción se ha vuelto la normalidad en la relación de los ciudadanos con las instituciones gubernamentales y sus empleados. Las prácticas corruptas desprecian el sistema institucional que regula el despacho de los asuntos de interés nacional y atentan contra la integridad de las instituciones; de este modo, se privilegia el sistema de complicidades entre los ciudadanos y los servidores públicos en perjuicio del interés público. Edmundo González Yaka, en su texto "Corrupción: Patología colectiva", advierte que la mayor razón de la impunidad y la corrupción generalizada en nuestro país, ha sido, no sólo la aceptación resignada del abuso en carne propia, sino hasta la admiración popular para los funcionarios que se enriquecieron de forma ilícita y por lo tanto la corrupción sólo se podrá controlar cuando nosotros, los ciudadanos, dejemos de tolerarla. La experiencia en materia de presentación de denuncias contra actos o conductas de los servidores públicos es poco alentadora, debido principalmente a la escasa capacidad de denuncia ejercida por los ciudadanos, la carencia de incentivos para denunciar al servidor público cuando se identifican conductas que dañan el interés público. El predominio de la cultura de la corrupción en la sociedad mexicana y la falta de credibilidad en las instituciones públicas mexicanas, especialmente de aquellas dedicadas a la atención de la denuncia como un problema de baja confianza en las instituciones. Así pues, es preciso fomentar la cultura de la denuncia y mejorar los mecanismos por los cuales los ciudadanos puedan exigir la responsabilidad de quienes ostentan cargos públicos con el propósito de combatir la creencia de que es más barato ser cómplice de un servidor público que falta su investidura, que denunciarlo; al tiempo de generar incentivos suficientes para denunciar, por ejemplo, disminuyendo el alto grado de burocratismo, acrecentando el acceso a la información impulsando la transparencia en las instituciones gubernamentales, pero sobre todo facilitando la presentación de las denuncias. Si bien los servidores públicos son sujetos de responsabilidad jurídica por disponerlo así la ley, los ciudadanos, la sociedad mexicana en general, son el espacio en el que inciden los actos públicos ante la ley y ante los ciudadanos. El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su último párrafo dispone que cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a que se refiere el mismo artículo. En estricto sentido, cualquier ciudadano puede formular denuncias por escrito contra los servidores públicos, pero pese a la generosidad de este párrafo del artículo 109, no prevé las herramientas que faciliten a cualquier ciudadano la integración de tales denuncias; por lo que esto, es el objeto de esta iniciativa, que además de que a cualquier ciudadano, se adicione: "cualquier ciudadano o persona jurídica mexicana". La presente propuesta para incrementar la eficacia del sistema de denuncias contra los servidores públicos, consiste en conceder a las personas jurídicas mexicanas, el derecho de presentar dichas denuncias. Las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, los sindicatos, las cámaras de comercio, las corporaciones empresariales y demás organizaciones obreras y campesinas, dotados de personalidad jurídica, por la representación de intereses específicos, son ciudadanos en activo, que cuentan con motivaciones concretas para presentar denuncias. De igual modo, es más fácil que éstos últimos cuenten con los recursos necesarios, para presentar las pruebas documentales o elementos probatorios que exige la ley, para presumir la responsabilidad del denunciado y a la vez, elevar la eficacia de la denuncia, debido a la posibilidad de observar la procedencia, seguimiento y resolución contra los actos de omisión, abuso y violación, cometidos por los servidores públicos denunciados. Con base en lo anteriormente expuesto, un servidor, diputado federal de esta LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, propongo la iniciativa con proyecto de reforma al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de otorgar a las personas jurídicas mexicanas, la facultad para presentar denuncias contra servidores públicos, hasta ahora facultad de los ciudadanos. Es cuanto, señor Presidente.