La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Para que el engranaje del nuevo sistema de justicia penal funcione, la profesionalización y probidad de los cuerpos policiacos es indispensable. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, con la intención de incorporar conceptos que contribuyan a mejorar el texto vigente y de este modo garantizar que el combate a la delincuencia se emprenda de manera integral, coordinada, armónica y congruente con el respeto a los derechos humanos. Uno de los clamores más sentidos de la sociedad es, sin lugar a dudas, la inseguridad que afecta en distinta medida todo el territorio nacional, impidiendo el desarrollo de las comunidades del país. En este sentido, en Nueva Alianza nos comprometemos a plantear las reformas necesarias para el fortalecimiento del Estado de derecho y que conduzcan a la implementación de un modelo de seguridad pública eficaz en el combate a los delitos. La reforma constitucional establece que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio tiene como plazo para su pleno funcionamiento el 18 de junio de 2016. ¿Están nuestros cuerpos policiacos preparados para ello? Nos hemos concentrado en capacitar a jueces, a magistrados, postulantes, en fin, a todo el Poder Judicial que está comprometido en esta tarea. De eso no queda duda, reconocemos y agradecemos ese esfuerzo. Sin embargo, para su funcionamiento el sistema requiere y depende en gran medida de la labor de la policía. Su papel resulta de la mayor trascendencia, ya que le corresponde el resguardo de todos aquellos elementos que involucren a los implicados en un hecho delictivo y en la cadena de custodia. Es tan importante este aspecto que del correcto desempeño en la cadena de custodia depende la cadena de un hecho delictivo. Según los datos arrojados por la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2015, se estimó que existen 22.8 millones de víctimas del delito, lo anterior sin contar los delitos como narcotráfico, delincuencia organizada o trata de personas. El dato más alarmante de la encuesta tiene qué ver con la cifra negra. Es decir, el nivel de los delitos no denunciados o que no derivaron de una averiguación previa alcanza increíblemente el 92.8 por ciento de cifra negra en el país. Las víctimas del delito no denuncian por circunstancias completamente atribuibles a la autoridad. Es urgente cambiar esta situación. En Nueva Alianza consideramos que ese cambio es posible, por eso proponemos reformas sustantivas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como incorporar el concepto de la prevención social del delito y de la violencia, ya que para que se recupere la seguridad en las comunidades es imperativo reconstruir el tejido social, tenemos que dignificar la profesión policial en este aspecto. En Nueva Alianza consideramos que la educación siempre es el mejor camino. En suma, se pretende que la ley contenga los instrumentos legales necesarios para que la actuación de las fuerzas del orden esté completamente apegada al derecho y de este modo contribuir a que el nuevo sistema consiga sus objetivos. Podemos recuperar la confianza ciudadana y abatir esa cifra negra con resultados. Por su atención, muchas gracias.