El diputado Renato Josafat Molina Arias: Gracias, señor presidente. Buenas tardes diputadas y diputados. El dictamen que se está debatiendo en este momento, no representa un avance para el desarrollo del país. Como ya se ha señalado, las asociaciones público privadas, las APP, son un esquema de financiamiento que como todos los esquemas de financiamiento tiene un costo que representa el rendimiento de la inversionista privado. También tiene un costo en la balanza de servicios del país del que no se habla en el dictamen. Finalmente vale la pena apuntar que tiene un costo en lo relativo a la participación de los diferentes actores sociales. Todo ello en contraste con los beneficios para algunos cuantos. Se argumenta que es una solución ante la falta de recursos para inversión por parte del sector público. Eso, sin embargo, es una falsedad porque en muchos proyectos el sector público debe aportar recursos para iniciarlos. Por ejemplo, en la Ley de Asociaciones Público Privadas se establece la posibilidad de que el sector público constituya fideicomisos para financiar esos proyectos. Esto por sí mismo desmiente la idea de que las APP son una solución a la falta de recursos económicos por parte del gobierno. Por otra parte, hay que estar conscientes de que estos esquemas financieros no evitan que el sector público aumente su cartera de compromisos financieros, es decir, su deuda, es decir, nuestra deuda. Incluso para apoyar al desarrollador en el mejor de los casos el gobierno se ve obligado a constituir garantías para que obtenga el financiamiento que le cobrará al gobierno. En otros casos debe aportar recursos presupuestales. Lo más grave es que el esquema que se está impulsando con estas reformas no se basa en la aportación de recursos propios por parte del sector privado, sino que con la creación de fondos y fideicomisos para infraestructura, se pretende cerrar el círculo de beneficios, constituyendo los vehículos financieros que permitan destinar los recursos de los trabajadores acumulados en las Afore, para que financien la participación privada a las APP, en beneficio, por supuesto, de los empresarios afines al régimen. Se argumenta que las APP se crean, entre otras razones, porque los empresarios privados son mejores administradores que los del sector público. Lo terrible es encontrar a muchos de los funcionarios públicos que promueven las APP, como consejeros o como socios de las empresas privadas que los administran. Además no debemos perder de vista que esos esquemas de financiamiento que aparentan ser muy exitosos, no lo serían si no fuera porque se basa en la posibilidad de operar con una gran discrecionalidad en el cobro de los servicios que supuestamente deberían beneficiar a la población. Es una de las ventajas de contar con socios que estuvieron en el sector público. En consecuencia, los ciudadanos que deberían ser beneficiados de esos servicios, no lo pueden utilizar por lo elevado de las cuotas. En realidad, las APP no son una solución a las necesidades de la población. El caso de OHL es un ejemplo claro del tipo de contubernios que se pueden presentar en el esquema de APP, entre empresas privadas y funcionarios gubernamentales. Sería terrible que sigamos aprobando leyes que facilitan y legalizan ese comportamiento poco ético de los funcionarios. Independientemente de ello, los proyectos de asociación público privada como otras decisiones que se ha optado en los últimos años, que abren mercados cautivos en el país a inversiones privadas, nacional o extranjera, pueden ser también un vehículo para la salida de recursos generados en México hacia el exterior, vía remisión de utilidades. Sólo por mencionar algunos datos, en promedios anuales las salidas de recursos por remisión de utilidades de inversionistas extranjeros han crecido 56 por ciento en tanto que las salidas de mexicanos que depositan en bancos del exterior en este gobierno, ya suman 45 mil millones de dólares, ése es un efecto de esas inversiones. Por otra parte, el gobierno aún tiene la capacidad para obtener financiamiento, y podría por sí mismo emprender los proyectos que paradójicamente los mismos funcionarios del gobierno de manera afanosa, buscan dejar que los hagan empresas privadas. Por todo esto, en Morena consideramos que las APP y los diferentes esquemas que vinculan al sector público de manera sometida, no son los esquemas que requiere el desarrollo del país. Por esa razón los integrantes de Morena votamos en contra de este dictamen y presentamos estas reservas. Es cuanto, señor presidente.