El diputado Lino Celaya Luria: Con su autorización señor Presidente. El suscrito, integrante de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reforma que adiciona un párrafo tercero al artículo 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral con el objeto de dar certeza y certidumbre jurídica al principio de difitinibilidad (sic) en materia electoral, bajo lo siguiente: El 26 de julio de 1996, los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD y PT, de la Cámara de Diputados; PAN, PRI y PRD de la Cámara de Senadores y Ejecutivo Federal, presentaron una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el que se introdujeron nuevos mecanismos jurídicos que otorgaban mayor eficacia y confiabilidad al sistema de justicia electoral. Dicho decreto de reformas y adiciones se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996. Como producto de esta reforma político electoral, el actual artículo 41 constitucional establece, en su fracción IV, lo siguiente: "Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución." En tanto que el artículo 99, fracción IV, dice: "Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e intachable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre el artículo 4, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. "Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos." Asimismo, el artículo 116, fracción IV, inciso e) indica: "Las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales". En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido, en una de sus tesis de jurisprudencia, que: "El proceso electoral de una entidad federativa concluye hasta que la sala superior del el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el último de los juicios de revisión constitucional electoral o para la protección de los derechos político electorales del ciudadano". Promovidos para impugnar los actos o resoluciones de las autoridades electorales, emitidos al final de la etapa de resultados en virtud de que las ejecutorias que se dictan en los referidos juicios son las que se proporcionan realmente la certeza de que dichos actos impugnados han adquirido definitividad. No obstante lo anterior, la realidad ha demostrado que existe una dilación en la impartición de justicia electoral, toda vez que las resoluciones se han emitido prácticamente un día antes de la toma de posesión de los representantes populares, lo que lejos de generar una certidumbre jurídica ha generado una inestabilidad social sujeta al vaivén metajurídico de factores político-sociales, en el menor de los casos, porque en otros ha generado violencia poselectoral. Aunado a lo anterior cabe mencionar que el período de transición que vive México, por no decir de simple alternancia, inauguró un nuevo escenario: el de la incertidumbre democrática donde nadie sabe cuál es el desenlace de los intereses en juego de los diferentes grupos o personas; es decir, estas nuevas relaciones de la sociedad y el poder se encuentran anquilosadas y atadas a prácticas autoritarias que no responden a los reclamos ciudadanos ni mucho menos a las necesidades de los escenarios. Debido a ello, debemos institucionalizar la consolidación de nuestra democracia electoral a través de instituciones sólidas que garanticen, entre otras cosas, el respeto a la legalidad y a la perfección de la ley, y qué mejor garante de ello que sea a través del Poder Judicial. En ese sentido vale la pena señalar que el voto popular constituye la única fuente de legitimidad y legalidad del poder público, ya que el constituyente originario de 1917 reconoció en el Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza lo siguiente: "Siendo el sufragio una función esencialmente colectiva, es la condición indispensable del ejercicio de la soberanía; debe ser atribuido a todos los miembros del Poder social que emprendan el interés y el valor de esa altísima función". En tal virtud, una consecuencia práctica de la soberanía en la aplicación del sufragio universal, que otorga a cada ser un voto independientemente de su condición social, económica o cultural. Ahora mismo el impacto que tienen estas disfuncionalidades en la eficacia y viabilidad del sistema electoral, dista mucho de ser una de las causas primordiales del menosprecio ciudadano hacia la política y las instituciones, más bien introduce un conjunto de conflictos alternos al clima de descontento ciudadano, los cuales puedes ser subsanables de forma satisfactoria, ya sea por medio de una modificación legislativa, por conducto de la intervención de los órganos entre actores políticos, siendo éste último una vía de resolución identificada como practicas antidemocráticas de nuestro pasado reciente. En suma, se adiciona el párrafo tercero del artículo 93 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para que pueda quedar como sigue. Artículo 93, tercera parte: "El juicio de revisión constitucional deberá ser resuelto a más tardar treinta días antes de que tomen posesión los representantes populares a que se refiere el artículo 87 párrafo primero de esta ley". TRANSITORIO Primero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Segundo.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente. Su servidor Lino Celaya. Muchas gracias, señor Presidente.