EL C. PRESIDENTE: Gracias, secretaria. En consecuencia, no se considera de urgente resolución y túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con el secreto profesional de los periodistas. Adelante LA C. DIP. CRISTINA PORTILLO AYALA: Con su venia, señor Presidente. "Con Punto de Acuerdo para que se exhorte al ciudadano Procurador General de la República a fin de que las directrices institucionales a sus subordinados, asuma el criterio de que el secreto profesional de los periodistas constituye garantías para el buen desempeño de su labor informativa y condición necesaria para que la sociedad mexicana ejerza su derecho a saber todo aquello considerado de interés público. "La que suscribe, diputada federal Cristina Portillo y demás integrantes diputadas y diputados de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes "CONSIDERACIONES. "Como es del dominio público, el día 4 de septiembre pasado agentes enviados de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), dependiente de la Procuraduría General de la República, se presentaron en las instalaciones del periódico La Jornada para interrogar al reportero Gustavo Castillo García; sin identificarse, sin informar que efectuaban una investigación de cierto tipo y sin cumplir los requisitos que la ley obliga para efectuar un interrogatorio, los agentes pretendían que el periodista Gustavo Castillo revelara que fuentes le proporcionaron informes sobre la identidad de Luis Antonio Félix, presunto sobrino de Ismael "el Mayo" Zambada, que fue detenido en junio pasado durante un operativo en Culiacán. "Lamentablemente no se trata de un hecho aislado, se suma éste al igual denunciado por el diario La Jornada en su edición del 18 de noviembre del 2002, cuando seis de sus reporteros fueron citados y presionados para que revelaran sus fuentes de información en los casos PEMEX-Gate y Raúl Salinas, como se suma también a otros tantos casos de acoso del Ministerio Público contra periodistas que se han dado en distintos puntos de la República por el mismo motivo. "En respuesta, a través del Subprocurador de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República ofreció establecer directrices institucionales que normarán las circunstancias, condiciones y casos en los que un periodista será requerido para rendir su testimonio en la integración de una averiguación previa, respetando ante todo su derecho de no revelar sus fuentes de información, según se dijo. "La actitud de inducción e intimidación de agentes del Ministerio Público contra periodistas al presionarlos para que revelen sus fuentes de información, preocupa profundamente a la sociedad toda porque atenta directamente contra una de las bases y fundamentos esenciales de nuestro estado democrático: el derecho a la información, y pone nuevamente en el centro del debate nacional, la necesidad de regular en México el derecho al secreto profesional de los periodistas. "A 26 años de haberse esbozado en nuestra Carta Magna la base constitucional del derecho a la información, al contrario de lo que acontece en más de 80 países, el secreto profesional de los periodistas carece de una regulación legislativa expresa en nuestro país. Pero no de ello debe considerarse que en este derecho no está reconocido ni protegido en nuestro sistema jurídico. "El derecho al secreto profesional de los periodistas se encuentra incorporado al derecho mexicano como una garantía integrante del derecho a la información, contenido en el último enunciado del artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Del mismo modo está inserto a través de diversos tratados internacionales que se refieren al derecho a la información y que han sido ratificados por México, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Acto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en particular en la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 13 establece a la letra: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento a su elección. "Por tanto, toda autoridad pública y desde luego la Procuraduría General de la República debe reconocer y proteger al informador como un transmisor de información, como un medio entre la noticia y el público, que está amparado por el secreto profesional como garantía integrante del derecho a la información y nunca pretender tergiversar el rol jurídico social del periodista al requerirlo para que revele la fuente de información o los datos que conduzcan a ella, a modo de pretender convertirlo en un simple delator llamado a declarar sobre algo que cayó bajo sus sentidos en la legítima búsqueda de noticia. Claro, siempre en la lógica que la invocación de este derecho expira en el momento mismo en que el periodista es autor de un delito, toda vez que el secreto profesional protege al periodista únicamente como sabedor del acontecimiento en la busca del material noticioso, nunca como autor o encubridor del hecho. "Al carecer de toda facultad para emitir disposiciones de observancia general sabemos que las directrices que dicte el ciudadano Procurador General de la República no abordarán a plenitud ni mucho menos resolverán el tema del secreto profesional de los periodistas. "Sin embargo, en tan trascendente cuestión es preciso cuando menos, mediante disposiciones de carácter interno, unificar el criterio de actuación de agentes del Ministerio Público y Agentes de la AFI en la investigación y persecución de los delitos de su competencia, cuidando en todo momento que en el contenido de estas directrices se reconozca al derecho de reserva de las fuentes como una garantía con un doble hálito de eficacia para la libertad de conciencia de los informadores y como instrumento para que la sociedad reciba una información libre y veraz. "En vista de las consideraciones anteriores y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente " P u n t o d e A c u e r d o : "Unico.- Se exhorte al ciudadano Procurador General de la República para que las directrices institucionales a sus subordinados asuma el criterio de que el secreto profesional de los periodistas constituye garantía para el buen desempeño de su labor informativa y condición necesaria para que la sociedad mexicana ejerza su derecho a saber todo aquello considerado de interés público. "Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de septiembre de 2003". Muchas gracias. -