La diputada Roxana Luna Porquillo: Con su venia, señor presidente. Con la reforma al artículo 27 constitucional que permite la asignación de títulos de propiedad sobre las parcelas, ejidos y además los bienes comunales, se da inicio al proceso de privatización de las tierras colectivas que la reforma agraria, impulsada por el general Lázaro Cárdenas, puso en manos de ejidos y comunidades. Es importante que no nos dejemos engañar con la ocupación temporal de las propiedades a favor de las empresas de hidrocarburos y de energía, Es una expropiación temporal que dejará las tierras y sus recursos naturales después de la explotación de energéticos irreversibles. La reforma energética establece en su Ley de Hidrocarburos un sistema coercitivo en contra de los dueños legítimos de la tierra, quienes no tendrán más opción que aceptar las ofertas que presenten las empresas de los energéticos. Esperemos al menos que sean respetadas las áreas protegidas ya legalizadas. Con la Ley de Hidrocarburos se abrirá un nuevo conflicto nacional que pondrá en oposición el dominio del gran propietario del capital contra la resistencia de los pequeños propietarios privados, ejidales y comunales. Se revisará nuevamente el enfrentamiento entre la propiedad privada a favor de los extranjeros y la propiedad colectiva de los nacionales. La magnitud de este nuevo conflicto nacional debe calibrar la disposición de los neoliberales de licitar 200 kilómetros cuadrados de territorio y aguas nacionales para la explotación y extracción de hidrocarburos. Este territorio para licitar a las compañías extranjeras ubica en la franja occidental del país que se extiende del norte al sur y suroeste; afecta la propiedad de 5 mil 866 ejidos, ubicando a 260 municipios y 12 estados de la república. La prioridad que se le otorga a la industria de los hidrocarburos considera esta ley como una actividad de utilidad pública, de interés social y de orden público, crea las condiciones coercitivas contra los legítimos propietarios de la tierra, para que no tengan otra opción más que acordar en las condiciones desventajosas con las empresas del petróleo, del gas y de la electricidad, cuyas actividades, según el artículo 91 de la ley, son colocadas en un nivel de superioridad a cualquier otra que realice en territorio objeto de ocupación. Los legisladores que hoy impulsan la reforma energética, dicen que los propietarios privados los comuneros y los ejidatarios, se verán beneficiados con el contrato que establezcan las compañías del gran capital. Esto es un engaño para entusiasmar a los ingenuos. Las contraprestaciones que se pacten, que se ordenen y en su caso reciban los propietarios de las tierras, no serán asociadas a la producción de hidrocarburos ya que la ley en el artículo 96 establece que los hidrocarburos del subsuelo son propiedad de la nación, aunque una vez extraídos serán propiedad de la empresa explotadora. No dudo que haya propietarios que entren en acuerdo con las compañías de hidrocarburos y la electricidad, pero habrá grupos mayoritarios, sobre todo en los ejidos y en las comunidades que considerarán la tierra y sus aguas y sus bosques como su vida, como su propia madre y que mantienen la digna concepción de que la madre no se vende ni tampoco se alquila. Pero la ley en el artículo 95 deja al libre juego de las fuerzas mercantiles a los propietarios de las tierras y a las empresas de los hidrocarburos para que los desiguales entren en tratos como iguales. Esta legislación es clara e injusta a todas luces pues deja a los propietarios originarios en desventaja ya que en el caso de que se resistan, que no estén de acuerdo con las ofertas de contraprestaciones o pagos, serán obligados por el Estado quien hará efectiva la coerción derivada de la utilidad pública, orden social y orden político, en un proceso expedito que contrasta contra las décadas que han tardado en ejecución de resoluciones presidenciales los jueces de distrito que reciben la promoción de la ocupación de las tierras. Ante la negativa de los propietarios, la Procuraduría Agraria y el Poder Ejecutivo resolverán la asignación de las propiedades a las empresas de energéticos, como lo establecen los artículos 99 y 101. Es cuanto, señor presidente.