EL C. DIP. JESÚS EMILIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ: Con su permiso, señor Presidente. El grupo parlamentario de Convergencia recibió diversos listados, con cerca de 60 mil nombres de servidores públicos presuntamente sancionados por la Secretaría encargada de la fiscalización de los recursos públicos del año de 1984 al año 2003. Esta información fue solicitada a la Secretaría de la Función Pública por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y complementada por diversas áreas del Gobierno Federal. El contenido de esta información revela, entre otras cosas, lo siguiente: de 1984 al 2003, se han impuesto sanciones económicas solamente a cinco mil de los 60 mil servidores públicos, por un monto de 13 mil 800 millones de pesos. No se tiene conocimiento si la cantidad antes mencionada ya fue recuperada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y si fue así, ¿a dónde se canalizaron estos recursos? Independientemente de lo anterior aparece un listado de servidores públicos que han sido sancionados por la cantidad de 4 mil 500 millones de pesos y que al parecer ni siquiera han sido notificados. De los dos listados que se tienen, al cruzar la información nos encontramos o tenemos la impresión, de que es factible la desaparición -entre comillas- de servidores públicos sancionados, porque insistimos, no existe claridad en la información sobre si los servidores públicos sancionados solventaron sus responsabilidades o bien cubrieron las multas o simplemente desaparecieron sin saber el motivo o la causa. Es importante destacar que el presupuesto real de los años 2000 al 2003, por parte de la SECODAM hoy Secretaría de la Función Pública, y aquí estoy incluyendo más de 200 órganos de control interno que existen en el sector central y en el sector paraestatal, llegaron a la cantidad prácticamente de 20 mil millones de pesos y que supuestamente tienen la obligación de vigilar, supervisar, auditar, secretarías y dependencias del sector paraestatal. De los 20 mil millones de pesos que le costó al ciudadano el aparato del control interno del Gobierno Federal, del año 2000 al 2003, la secretaría encargada de la fiscalización sólo generó sanciones por 6 mil millones de pesos; en cambio, la Auditoría Superior de la Federación, en ese mismo periodo y con sólo 2 mil millones de presupuesto, obtuvo ingresos por concepto de sanciones por más de 3 mil 600 millones de pesos. Tenemos conocimiento que esta información también se encuentra en la página web, es decir los 60 mil nombres ww.índicepolítico.com, del periodista Francisco Rodríguez, que contiene todos los listados con nombres, apellidos y estadísticas que en estos momentos dejo en entrega de esta mesa directiva. Por lo anterior, solicito a esta Soberanía que independientemente de que sea analizada en la Comisión de Vigilancia, se haga del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación, con el objeto de que podamos hacer un diagnóstico detallado de toda esta información, que nos pone de manifiesto los ineficaces controles que tenemos sobre el gasto público federal. El resultado de este trabajo puede poner en evidencia que por un parte no se castiga a los responsables ni se conozca las cantidades que se recuperaron y que por otra parte que la ley se aplica de manera discrecional a los funcionarios que incurren en delitos de daño patrimonial. Por todo lo anterior y para reivindicar la función de fiscalización que tiene el Poder Legislativo en su lucha contra la corrupción y la impunidad, nos permitimos proponer el siguiente: Punto de Acuerdo Primero. Que esta soberanía a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, analice los documentos antes mencionados, los turne a la Auditoría Superior de la Federación, para que se audite la legalidad de éstos y el desempeño de la Secretaría de la Función Pública, para que sea finalmente este Pleno quien lo conozca. Segundo. En caso de que procedan omisiones y procedan sanciones a dependencias y servidores públicos, se dé cuenta a las áreas administrativas y judiciales en su caso. Independientemente de lo anterior, el grupo parlamentario de Convergencia, presentará en la próxima sesión, que sea el órgano superior de fiscalización, quien tenga las plenas facultades para vigilar todos los recursos públicos que hace el gobierno federal. Muchas gracias. .PRESIDENTE: Gracias diputados. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Tiene el uso de la palabra la diputada Gema Isabel Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con una proposición que contiene punto de acuerdo para exhortar a las procuradurías de Justicia, atiendan de manera integral a las víctimas de los delitos.