La diputada Marisol García Segura: El día de hoy subo a esta tribuna para hacer del conocimiento de ustedes mi postura respecto al dictamen que se discute, bajo los elementos que durante mi intervención expondré. Para empezar, el principio de inclusión es parte fundamental a nivel internacional al ocupar un nivel central en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que los Estados prometieron que nadie se quedaría atrás. No quedarse atrás, en esta cuarta transformación implica eliminar requisitos que marcan un claro impedimento a nuestros pueblos indígenas para ocupar un cargo público, ya que les es más difícil el acceso al título universitario. Y de acuerdo con los mismos datos de la ONU, los pueblos indígenas constituyen el 5 por ciento de la población mundial y representan al mismo tiempo el 15 por ciento de las personas más pobres del planeta. La agenda de desarrollo compartido para el mundo y de la que nuestro país es parte, promete que nadie quedará rezagado y que los más atrasados serán los primeros en recibir beneficios. Habida cuenta de que los pueblos indígenas del mundo ocupan los últimos puestos en la mayoría de los indicadores de desarrollo social, económico y político, estos pueblos deberían estar en el centro de los esfuerzos de ejecución de la Agenda 2030. Una gran parte de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 conciernen a los pueblos indígenas y están ligados con los compromisos en materia de derechos humanos sociales y económicos, que figuran en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o el Convenio de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo. En ese mismo tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los países de América Latina con mayor presencia indígena viven un proceso de emergencia notable en cuanto a su participación política, pese a múltiples dificultades es una estrategia no solo para reivindicar sus derechos o lograr la representación de las comunidades indígenas en las instancias de gobierno, sino para su realización como colectivos y pueblos con identidad y, sobre todo, como un cuestionamiento a la conformación de los Estados nacionales. Es así que por ser México signante de la Agenda 2030, tenemos el firme compromiso de sumar esfuerzos para cumplir con los objetivos, reiterar que nadie se debe quedar atrás, considerando que en nuestro país contamos con 25.7 millones de personas que se autoadscriben como indígenas, lo que representa el 21.5 de la población nacional, quienes pese a la gran riqueza de sus culturas y formas de organización social y la gran potencialidad de sus tierras, territorios y recursos naturales viven en condiciones de pobreza, marginación y discriminación en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De erradicar esa discriminación es precisamente de lo que trata el dictamen que discutimos en este momento, considerando que la Universidad Nacional Autónoma de México estima que solo entre el 1 y el 3 por ciento de los estudiantes universitarios son indígenas. Bajo esa óptica, las y los legisladores estamos obligados a buscar adecuaciones legales en el marco normativo para lograr la inclusión social de nuestras comunidades indígenas. Esto no significa demeritar los grados académicos, simplemente se trata de ser inclusivo con nuestros pueblos indígenas que en gobiernos neoliberales fueron olvidados y marginados. Es una deuda histórica, por eso los invito a hacer un examen de conciencia y votar a favor de este dictamen. Se trata de pensar en la equidad social a favor de nuestras comunidades indígenas que, como ya se explicó, no solo con retórica, sino con cifras, se enfrentan en desventajas múltiples a la compleja situación mundial y nacional. Solo así lograremos la igualdad y la equidad de las poblaciones indígenas de nuestro país. Solicitar un grado académico es, paradójicamente, discriminatorio, en un país donde la mayoría de las comunidades y pueblos originarios no tienen acceso a la educación y a los servicios básicos de salud, vivienda y alimentación. Se ha dicho por muchos años que las poblaciones indígenas son marginadas por el Estado. Con esta reforma podríamos alcanzar la inclusión del México que aspiramos llegar a ser. Votar a favor de esta propuesta garantiza el derecho a la participación política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, porque en esta transformación nadie, absolutamente nadie, ningún ciudadano, quedará sin derecho a formar parte de las decisiones de nuestro país. Luchemos juntas y juntos por ese propósito, superemos estas diferencias, sumemos nuestro voto a favor de este dictamen, por el derecho a la inclusión social y laboral de nuestros pueblos y comunidades indígenas y por un país con justicia y equidad social, aunque a la derecha se le olvide y hasta quieran quitar Guerrero, Chihuahua, Chiapas, quieren quitar todos los países para ser primer mundo. Se les olvida. Pero aquí lo vamos a lograr. Es cuanto, presidenta.