El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados: hoy que la pobreza, la desesperanza y la inseguridad campean a lo largo y ancho de nuestra patria, iniciamos el segundo periodo ordinario de sesiones, en el marco de la conmemoración del Bicentenario. Tenemos la oportunidad idónea para discutir ampliamente qué proyecto nacional debe seguir la república; pero al mismo tiempo corremos el inmenso riesgo de perdernos en los temas de coyuntura, mientras el país va a la ruina económica, social y política. El Congreso de la Unión ha jugado un papel muy importante en la transformación del régimen autoritario. No debemos permitir que en esta coyuntura juguemos un papel secundario mientras los poderes fácticos se convierten en los principales reformadores y beneficiarios de la riqueza nacional. La Cámara de Diputados es la expresión de la soberanía popular derivada de una elección que representa los intereses diversos de una sociedad plural y que debe asumir su responsabilidad histórica para poner en manos de la ciudadanía el poder de decidir, de cambiar y de proponer el rumbo nacional. Se han presentado propuestas que van encaminadas a reformar el régimen de gobierno y para hacer una nueva reforma política y el Congreso debe de actuar con inteligencia y sentido republicano. No debemos ser cómplices en la aprobación de una reforma deshilvanada, parcial y perversa. Los legisladores del Partido del Trabajo no partimos de la idea de asumir compromisos parciales al abrir espacios restringidos de participación para los ciudadanos. No se trata de construir la participación democrática por goteo. Apostamos por hacer realidad un amplio catálogo de instrumentos de democracia participativa. No sólo el plebiscito, el referéndum y la iniciativa ciudadana, sino también la revocación de mandato, el presupuesto participativo, la consulta ciudadana y la auditoría social, como control del ejercicio de los recursos públicos. La siguiente reforma electoral debe ser resultado de un consenso entre todas las fuerzas políticas, como lo fue la alcanzada en 1996. La reforma electoral que debamos emprender en este período ordinario deberá culminar en una mayor y mejor representación de los ciudadanos en los espacios de poder. Por ello, ampliar la proporcionalidad en el sistema electoral y evitar la injerencia de los poderes fácticos en las campañas, es avanzar hacia el reconocimiento de los partidos como auténticas entidades de interés público. Para el Partido del Trabajo la transformación del régimen de gobierno pasa necesariamente por transformar la organización y funcionamiento del Congreso de la Unión y de esta soberanía. Es la ocasión de avanzar hacia una funcionalidad democrática ejemplar, revitalizando la vida parlamentaria en dos ejes centrales: debate político y legislación efectiva. Sobre medios de comunicación, es necesario que el Poder Legislativo construya un régimen constitucional incluyente, plural, democrático, acorde a la revolución tecnológica y la sociedad del conocimiento. Que vaya más allá de los parámetros e intereses comerciales, lo que necesariamente implica que se abran espacios a los medios comunitarios, educativos y públicos de comunicación. Ha llegado el momento de garantizar plenamente el derecho a la información, a constituir un ente autónomo y regulador, facultado para reglamentar y sancionar las conductas excesivas de los medios de comunicación que desalientan la competencia en el sector de telecomunicaciones y que inciden de manera negativa en los procesos electorales. Todo ello en perjuicio del bolsillo de los consumidores y de la calidad de los contenidos. Debemos ser los constructores de una reforma integral que genere una nueva república para todos, sin excepción, que rompa con las prebendas de las que gozan unos cuantos y que brinde mayores oportunidades de desarrollo económico y social a todos los mexicanos. No debemos permitir que transcurra el presente período de sesiones sin que se establezca en la Carta Magna de manera clara la laicidad del Estado. No podemos permanecer impávidos ante la influencia indebida de las jerarquías eclesiásticas en las decisiones que sólo le atañen a la república y que atentan contra las libertades públicas. Independientemente del tipo de régimen político que se elija ante la crisis del presidencialismo, es requisito evitar la concentración de poder en el Ejecutivo. Seguiremos insistiendo en una política de seguridad pública garantista, integral y respetuosa de los derechos humanos, donde la prevención del delito y el desmantelamiento de la estructura financiera del crimen organizado, sean los ejes primordiales. Nos pronunciamos por el retiro de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y terminar con la impunidad que permite hoy el fuero militar. La preocupante situación de los derechos humanos, observada por la sociedad civil nacional e internacional, hace urgente adoptar una reforma constitucional de largo alcance, como la que propusieron todas las fuerzas políticas en la CENCA (Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos) para la reforma del Estado, que no ha sido dictaminado por esta soberanía. En concordancia, debe ampliarse el catálogo de derechos humanos a los ámbitos económicos, social, cultural y especialmente laboral. Especial atención merece el proyecto de reformas sobre pueblos indígenas, que ha sido lastimosamente ignorado. Hay que repensar el pacto federal, de acuerdo a la diversidad nacional y las asimetrías de las distintas localidades. Debemos recuperar el carácter originario del municipio, como unidad básica del ejercicio de la soberanía popular. Creemos firmemente que tenemos que descentralizar las decisiones como un requisito hacia la reforma de los poderes públicos, ya que crea contrapesos y pluralidad donde el mando jerárquico ejercía la autoridad. Al mismo tiempo, la reforma federalista devuelve la soberanía a las unidades sociales que conforman la nación. La reforma federalista baja necesariamente por la reforma política del Distrito Federal. Es tiempo de dar a la ciudad el estatus jurídico-político de que gozan las demás entidades federativas. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México requiere revisar a fondo su política fiscal y hacendaria. No debe seguirse tolerando el tratamiento fiscal de excepción del que gozan unas cuantas empresas. Los diputados del Partido del Trabajo seguiremos impulsando una reforma fiscal de Estado en la que pague más él que más tiene y que redistribuya la riqueza nacional. Rechazamos tajantemente cualquier incremento a los impuestos al consumo, particularmente la perversa intención de aplicar IVA (impuesto al valor agregado) a medicinas y alimentos. La clave de una hacienda pública sólida se encuentra en captar recursos suficientes de las grandes empresas protegidas por los regímenes de excepción y ejercer el gasto público con responsabilidad, autoridad y eficiencia. Todo ello, debe ser vigilado por un órgano de fiscalización dotado de capacidad de sanción y de persecución de delitos en contra del erario. Estamos a favor de una nueva ley laboral, donde el eje articulador sea la recuperación del nivel de los salarios, donde los derechos históricamente conquistados por los trabajadores garanticen su estabilidad económica y la de sus familias. No claudicaremos en la defensa del carácter universal de la seguridad social y en la obligación del Estado para promover servicios de salud y para hacer digna la vivienda, la pensión y la jubilación de los mexicanos. Requerimos rebasar la estrecha visión de que el libre mercado es la única vía hacia el desarrollo. Por ello, proponemos políticas de Estado que tengan criterios de sustentabilidad y equidad social, que manejen de forma eficiente y soberana los recursos energéticos. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy vemos las dramáticas consecuencias de haber abandonado la adecuación del andamiaje institucional bajo criterios democráticos e igualitarios. Ello a cambio de reformas parciales para satisfacer a los intereses hegemónicos que ya no se instalan en un solo partido. Queremos reivindicar que el Partido del Trabajo y sus legisladores seguirán comprometidos con el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la economía popular y la soberanía que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Seguimos apoyando la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y de los trabajadores ex braceros. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reitera su compromiso de llevar a cabo una reforma de Estado integral refundando la república a 200 años del surgimiento de México como nación. El mejor homenaje que podemos rendir a los fundadores de la patria es poner en práctica sus anhelos de libertad y justicia para nuestro pueblo. Como lo expresó José María Morelos y Pavón, ante el Congreso de Chilpancingo: que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo; moderen la opulencia y la indigencia. Esto es lo que demandan las mexicanas y los mexicanos hoy. Muchas gracias.