El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muy bien, gracias. La primera iniciativa que someto a la consideración de este pleno tiene por propósito proponer un marco constitucional jurídico distinto para la Auditoría Superior de la Federación. Sabemos que hace algunos años existió una reforma, se dio una reforma principalmente al artículo 79 de la Constitución y se expidió una nueva ley federal de la entidad o para la fiscalización superior y la rendición de cuentas. Creo que la Auditoría Superior de la Federación hasta el momento ha ido cumpliendo de manera más o menos satisfactoria sus objetivos constitucionales y legales, pero creo que ya es el momento para que en nuestro país la Auditoría Superior de la Federación se transforme en un órgano constitucional autónomo, y es lo que estoy proponiendo en esta iniciativa: la transformación de la Auditoría Superior de la Federación como un órgano constitucional autónomo, cuyo titular sea elegido por los propios ciudadanos mediante el voto directo y secreto de los ciudadanos. Desde luego los aspirantes y candidatos a auditor no podrán realizar campañas ni podrán estar patrocinados por partidos políticos ni podrán recibir financiamiento público ni privado; pero sí podrán utilizar los tiempos del Estado para proponerles a los ciudadanos los programas de sus planes de trabajo, para que una vez estando en ese encargo, pues realicen el plan de trabajo que han propuesto a la ciudadanía. Esta iniciativa propone que la Auditoría Superior de la Federación tenga facultades de iniciativa de ley, de la ley de la materia, que pueda promover la Auditoría Superior acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y controversias constitucionales para defender sus competencias. Establece también, la iniciativa que someto a la consideración de todos ustedes, que la Auditoría Superior de la Federación cuente con un presupuesto determinado en la propia Constitución; es decir, que su presupuesto no esté sujeto a los vaivenes presupuestales de esta Cámara. Propongo igualmente que el auditor superior de la Federación pueda conocer de las responsabilidades administrativas derivadas de los señalamientos que hace en los informes de resultados, de aquellas observaciones no solventadas, que el propio auditor superior inicie estos procedimientos de responsabilidad administrativa e imponga las sanciones correspondientes. También propongo en esta iniciativa, que el auditor superior de la Federación pueda presentar ante la Procuraduría General de la República, las solicitudes de consignación correspondiente ante los jueces federales y ante la Procuraduría General de la República. Hay una problemática a este respecto, en la que han insistido los auditores superiores de la Federación en México, el hecho de que las denuncias penales que se presentan ante el Ministerio Público de la Federación, no son debidamente desahogadas ante la procuraduría y como estas denuncias se quedan en el ámbito de la procuraduría, sin que las denuncias de carácter penal pasen a los jueces penales federales. Aquí estoy proponiendo que la Auditoría Superior de la Federación, cuando existan violaciones graves a la legislación penal, pueda presentar directamente ante los jueces penales, federales, las consignaciones correspondientes. También estoy pidiendo en esta iniciativa que se limite el principio de anualidad, para que la Auditoría Superior de la Federación pueda conocer de cuentas públicas del pasado. Asimismo, insistimos, en esta iniciativa de carácter constitucional, que la Auditoría Superior de la Federación pueda fiscalizar las participaciones federales y también que las auditorías de desempeño tengan consecuencias y no impliquen solamente recomendaciones. En general, estoy proponiendo un marco constitucional nuevo para la Auditoría Superior de la Federación. Esto es por lo que ve a esta primera iniciativa. Por lo que ve a la segunda iniciativa, que tiene que ver con el Ministerio Público federal, estoy proponiendo también una reforma de carácter constitucional, al artículo 102 de la Constitución, para que el Ministerio Público federal y los Ministerios Públicos de los estados y del Distrito Federal se constituyan como órganos constitucionales autónomos. Estoy proponiendo que el Procurador General de la República, los procuradores de los estados y del Distrito Federal, sean elegidos por el voto directo de los ciudadanos. Que exista en el Ministerio Público un consejo del ministerio público y de la policía conformado por cuatro integrantes que serán elegidos con el mismo procedimiento del Procurador General de la República. Que exista un presupuesto de 0.5 por ciento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ministerio Público federal y que las reuniones y sesiones de la Procuraduría del Ministerio Público se realicen de manera pública. Esta iniciativa también está acompañada por una propuesta para que en el ministerio público federal, estatal y del Distrito Federal exista un servicio civil de carrera. Un servicio civil de carrera tanto para los agentes del ministerio público federal, como también para las policías federales. Algo importante en esta iniciativa consiste en determinar que la policía federal estará subordinada, desde luego, en su totalidad al ministerio público federal. Una consecuencia obvia en caso de que se aprobara esta propuesta de reforma a la Constitución, implicaría, por ejemplo, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública con las atribuciones que actualmente tiene. Implicaría que en materia de investigación, de persecución de los delitos, la policía federal tendría que estar totalmente subordinada al ministerio público federal. En eso consisten básicamente las propuestas para que el Ministerio Público federal, el Ministerio Público de los estados y del Distrito Federal se conformen como un órgano constitucional autónomo. Se trata de una propuesta, repito, de reforma al artículo 102, Apartado A de la Constitución, al igual que una propuesta de reforma al artículo 116 y 122 de la Carta Magna. En cuanto a la tercera iniciativa, la que tiene que ver con una propuesta de reforma, una adición al párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución, que a mí me parece una iniciativa de gran importancia para modificar la cultura jurídica de este país, esta iniciativa se centra en la inclusión de tres principios fundamentales: Primer principio. La obligación de todos los jueces del fuero común de nuestra república y de las autoridades administrativas para que interpreten las leyes secundarias y las disposiciones administrativas desde la Constitución. Implica en buena medida esta iniciativa romper con el absurdo monopolio que tiene el Poder Judicial de la Federación para interpretar la Constitución. Implica que cualquier autoridad de este país pueda interpretar la ley secundaria y pueda interpretar, también, las disposiciones administrativas desde los parámetros y principios de la Constitución. Éste es el primer punto que estoy proponiendo para la adición de un párrafo tercero al artículo 14 de la Constitución. Otro aspecto que estamos incorporando en este párrafo tercero, del artículo 14 de la Constitución es para que en el derecho mexicano no exista un método o un solo método o un método privilegiado de interpretación jurídica. El artículo 14, de alguna forma, privilegia al método gramatical en la interpretación de las normas. Consideramos que todos los métodos de interpretación: el método sistemático, el método teleológico, el método gramatical, el método que acude a la voluntad del legislador, el método histórico, etcétera, todos los métodos de interpretación deben tener el mismo reconocimiento en el orden constitucional y jurídico mexicano que debe admitirse este principio de la pluralidad de métodos. Finalmente, el tercer principio que estamos incorporando al párrafo tercero, del artículo 14 de la Constitución, es para que en la interpretación constitucional se admita el principio de ponderación o el principio de proporcionalidad para interpretar las normas constitucionales. Es evidente que la Suprema Corte cuando interpreta principios de la Constitución acude a este principio de ponderación. Ya lo ha hecho la Suprema Corte de nuestro país, lo hace el Tribunal Electoral de nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre? Que este método de interpretación no está plenamente reconocido en el derecho constitucional mexicano. Por eso el principio de proporcionalidad, que es el mecanismo que tienen los tribunales constitucionales en el mundo para interpretar normas constitucionales, se exprese, se asuma en el derecho constitucional de nuestro país. En eso consiste esta tercera iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución. Estoy proponiendo, presidente, también en la cuarta iniciativa que he presentado, una Ley para Regular las Candidaturas Ciudadanas. El Congreso de la Unión, el poder revisor de la Constitución y este Congreso de la Unión no ha querido legislar en materia de candidaturas ciudadanas. Hay un reclamo ciudadano muy importante en nuestro país para que se regule en la legislación secundaria esta figura. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Jorge Castañeda, hace algunos años reclamó al Estado mexicano para que legislara en materia de candidaturas ciudadanas. Durante el proceso electoral de 2009 hubo un sector muy importante de los ciudadanos que pidieron que ya bastara, que existía un monopolio indebido en los partidos para promover candidaturas, que las candidaturas también tenían que estar en manos de los ciudadanos. En este momento, estoy presentando esta iniciativa que propone regular las candidaturas ciudadanas o independientes, para los cargos de presidente de la república, senadores y diputados. Estoy proponiendo que un porcentaje de ciudadanos, el 0.5 del Padrón Electoral pueda proponer la candidatura ciudadana en un distrito para diputado, en un estado para senador, o en la república para presidente. Estoy también proponiendo que estas candidaturas ciudadanas no reciban financiamiento privado, para que el candidato ciudadano no sea rehén o correa de transmisión de los intereses económicos. Pero estoy proponiendo aquí que los ciudadanos que sean candidatos independientes puedan recibir financiamiento púbico y también que reciban tiempos del Estado para hacer su promoción política. Espero que esta iniciativa reciba el beneplácito de todos los partidos políticos y se apruebe la posibilidad de que los ciudadanos sin partido puedan presentar sus candidaturas ante el electorado. Creo que este cambio democrático hace falta en nuestro país para consolidar la transición a la democracia en México. Si no regulamos las candidaturas ciudadanas estaremos fortaleciendo a las cúpulas de los partidos, que detentan en los hechos un monopolio indebido de las candidaturas. Finalmente, presidente, la quinta iniciativa, que someto a la consideración de mis compañeras diputadas y compañeros diputados, tiene que ver con una idea que algunos legisladores, señaladamente don Juventino Castro ha presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados. Tiene que ver con la incorporación en el artículo 103 y 107 de nuestra Constitución, de lo que don Juventino Castro acertadamente ha llamado: El amparo social. Es inadmisible que en México el juicio de amparo solamente proteja derechos de corte individual, los derechos que llamamos civiles y políticos, y que los más importantes derechos para garantizar la plena igualdad entre los mexicanos, como son los derechos económicos, culturales y sociales, no estén plenamente tutelados por el principal medio de defensa de los derechos fundamentales en México, que es el juicio de amparo. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho al empleo, etcétera, deben ser derechos que puedan ser esgrimidos, dirimidos ante los tribunales federales, de manera directa mediante el juicio de amparo indirecto, ante los jueces de distrito y posteriormente, ante los tribunales colegiados, para que estos derechos económicos, sociales y culturales, estos derechos que puedan ejercerse de manera individual y colectiva, estén debidamente tutelados por el derecho mexicano. Aquí tenemos un atraso enorme, países de nuestra latitud latinoamericana, como Colombia, como Brasil, recientemente como Ecuador y como Bolivia tutelan debidamente los derechos de carácter económico, social y cultural. Estos derechos deben ser exigibles ante los tribunales. Basta ya que los sectores sociales en México, cuando reclaman la insatisfacción de un derecho económico, social y cultural, tengan que recurrir solamente a la movilización, a la protesta social, a los plantones, a la toma de las vías de comunicación y que no seamos civilizados en México y no tengamos los mecanismos jurídicos, vía el amparo, vía la acción de tutela, que debe ser el amparo, para reclamar ante los tribunales federales mediante el juicio de amparo, la violación a los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos aquí una deuda el Poder Constituyente Permanente, y el Congreso de la Unión tiene una deuda con los derechos económicos, sociales y culturales. No seremos Estado constitucional ni Estado democrático mientras no tutelemos debidamente, mediante vías como el amparo, estos derechos. Estos derechos deben ser exigibles ante los tribunales; estos derechos no solamente pueden estar tutelados en el Presupuesto o en la movilización social; estos derechos deben reclamarse ante los tribunales de nuestro país. Tenemos, compañeros diputados, compañeras diputadas, que conformar en México un estado de derecho pleno, y para ello necesitamos establecer vías como el amparo para proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Agradezco mucho la atención de los que me han visto y observado, porque creo que estas iniciativas contribuyen a fortalecer el estado de derecho en nuestro país. Ojalá que en las comisiones correspondientes, principalmente en la de Puntos Constitucionales y en la de Gobernación, estas iniciativas tengan el visto bueno de mis compañeros diputados y mis compañeras diputadas, y sean dictaminadas para ser planteadas en este pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado de la República y en las que corresponda también en las legislaturas de los estados. Por su atención y por su benevolencia a todo este tiempo que he empleado, muchas gracias compañeras diputadas, compañeros diputados.