La diputada Jessica Salazar Trejo: Compañeras y compañeros diputados, velar por la salud, avanzar hacia su practicidad, sobre todo en estos tiempos difíciles, en donde día a día se suman casos en donde la atención médica y la negligencia médica son de preocupación para los ciudadanos, es obligación fundamental del Estado mexicano y, sobre todo, de nosotros estar al pendiente de que los ciudadanos reciban una atención médica adecuada. Razón por la cual votaremos a favor de este dictamen. La optometría como ya todos lo sabemos en los términos más sencillos es la ciencia encargada de estudiar el sistema visual, sus alteraciones y su tratamiento. La salud visual es de tal importancia, que se prevé como materia de salubridad general en la Ley General de Salud. En tal virtud, el Estado debe tutelarla de manera prioritaria a favor de todos los mexicanos, aplicar para su logro todos los instrumentos en el marco de sus atribuciones. La salud visual de ninguna manera debe limitarse al uso de lentes, sino a un cuidado integral que debe permitir la prevención, tratamiento y corrección. Los lentes deben ser el último recurso. Esto contrasta con la realidad actual, en la que el uso de lentes se ha mercantilizado a extremos inaceptables. De tal manera, que hasta en los lugares más inesperados se ofrecen adaptación de lentes, como si se tratara de una cosa intrascendente, de trámite o de una moda, cuando su uso es cuestión central para el bienestar de las personas, sobre todo tratándose de las y los niños. A esto debe agregarse que es muy común la improvisación del personal encargado de llevar a cabo los exámenes de la vista, en perjuicio de las personas. Cualquier individuo, con un mínimo entrenamiento puede hacer los diagnósticos y las graduaciones respectivas, situación que puede llevar a los pacientes a un agravamiento de su problema visual o incluso provocarles la incapacidad, con perjuicios humanos en los ámbitos escolares, laborales o, en lo general, en lo social. Esto hace urgente que se regule el ejercicio de la optometría. De manera que quienes la desempeñan sean profesionales o técnicos debidamente capacitados y autorizados. Esto permitirá que se aproveche a los egresados de las instituciones, como la UNAM, EL Instituto Politécnico Nacional, y otras entidades de educación superior o técnica que no sean sustituidos por charlatanes que sólo buscan el lucro sin importarles la salud de las personas. En suma, hay que poner fin a pseudo optometristas que carecen del nivel profesional para atender la amplia diversidad y complejidad de padecimientos de la visión, lo que además permitirá impulsar la investigación científica y tecnológica en este ámbito del conocimiento. Todo esto en armonía con el hecho de que la salud es ante todo un derecho humano que debe estar por encima de cualquier fin de lucro e impedir todo fraude que en el campo de la salud lleve de por medio valores fundamentales. Si bien este dictamen permitirá que la optometría se establezca como el ejerció de una actividad profesional, por lo que se deberá contar con un título profesional o con un certificado de especialización que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Así la optometría dejará de ser una profesión marginada, menospreciada y obtendrá toda la dignidad de importancia en bien de una de las áreas fundamentales de la salud, dándose así el cumplimiento del mandato constitucional de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, que es sinónimo de vida y de desarrollo. Finalmente la optometría en general, la salud visual, deberá tener como objetivo central la prevención y la atención temprana para prevenir los diagnósticos tardíos, lo que sólo se puede realizar en manos de profesionistas y con la visión amplia de un Estado comprometido con la salud de sus habitantes, poniendo fin de manera urgente a lo que bien podríamos llamar la piratería en este caso de la salud. Estamos a favor de este dictamen si consideramos importante que la implementación de los programas que se van a implementar al cumplir el presente objetivo no sean intereses particulares los que se vean beneficiados; esto es, que sea el Estado mediante sus instituciones de salud quienes se hagan cargo de manera directa de proporcionar el servicio. Es cuanto, diputado presidente.