La diputada Joaquina Navarrete Contreras: Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Según se desprende del contenido del artículo 16 constitucional, párrafo tercero: La autoridad judicial no podrá liberar orden de aprehensión alguna si no han sido satisfechos los requisitos de procedibilidad, indispensables para la investigación o persecución de la averiguación previa por parte del Ministerio Público, razón por la cual no hace falta mencionar que nuestro código fundamental destaca como únicas formas de iniciar la investigación de los delitos a la denuncia y a la querella. No obstante, lo cual, en la actualidad siguen empleándose como formas paralelas de investigación de los hechos jurídicos ilícitos de naturaleza penal tipificados por la ley. La delación secreta y anónima, la pesquisa general o particular y de la averiguación oficiosa. Ahora bien, y teniendo en cuenta la aplicabilidad generalizada en todo proceso penal del principio según el cual la ley es igual para todos, resulta no menos importante destacar que existen sendas excepciones al mismo, determinadas en diversos preceptos de nuestro código político fundamental, tal y como lo son las establecidas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del antes citado artículo 16º constitucional, referentes a los casos de detención por motivo de flagrancia, cuasi flagrancia y flagrancia por equiparación respectivamente. En razón de lo antes expresado propongo a esta honorable soberanía sean consideradas en el cuerpo del dictamen las modificaciones incluidas en las reservas que he interpuesto y que se refieren a los artículos 146, 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de establecer con claridad y precisión los presupuestos jurídicos, los que procederá a la detención en flagrancia, cuasi flagrancia y flagrancia por equiparación como excepción, a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14º, párrafo segundo y 16º, párrafo primero de nuestra norma suprema, según los cuales ninguna persona podrá ser privada de su libertad sino mediante el juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y con estricto apego a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En donde la autoridad competente funde y motive por escrito la causa legal del acto de molestia referido. Así pongo que en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales sean estipulados de manera correcta y entendible cada uno de los presupuestos jurídicos en que la detención del sujeto activo del hecho ilícito podrá ser realizada por cualquier persona en presencia del flagrante y delito determinados como tales. A saber, cuando el inculpado sea detenido al momento de estar cometiendo el delito. Flagrancia, cuando inmediatamente después de ejecutado el delito el inculpado sea perseguido y detenido. Cuasi flagrancia cuando el inculpado sea señalado como responsable por la víctima del delito, algún testigo presencial de los hechos delictivos o quien haya participado con él a en la comisión de delito, o bien, se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito. Así como cuando aparezcan huellas o se encuentren indicios que permitan presumir de manera fundada y motivada su participación en la realización de la conducta sancionada por la ley sustantiva penal. En relación con lo anterior, el hecho tipificado por la ley sustantiva penal deberá ser considerado por la misma como grave, debiendo respetar y salvaguardar el Ministerio Público en todo momento los derechos humanos consagrados en el artículo 20, apartado B, de la Constitución a favor del indiciado. Por lo que respecta al artículo 147, propongo derogar su primer párrafo a efecto de armonizar su contenido con lo prescrito en el artículo que le precede. Y al cual ya he hecho referencia en lo concerniente a la regulación que el Código Nacional de Procedimientos Penales debe ser de los supuestos en que procederá la detención en flagrancia, con el imperativo ineludible de que la autoridad competente promueva, proteja, respete y garantice el pleno y absoluto ejercicio de los problemas responsables en el desarrollo del proceso penal. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.