El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Con su venia, diputado Presidente. Colegisladoras, colegisladores. A dos años de la muerte de 65 mineros, las malas condiciones que dieron origen a una explosión de alta magnitud que pudo evitarse, desafortunadamente prevalecen a nivel nacional en todo el sector energético. Desafortunadamente, compañeros colegisladores, a pesar de las pésimas condiciones en que actualmente se explotan las minas en nuestro país y que han motivado diversos accidentes y la pérdida de vidas humanas, no se han logrado grandes avances en esta materia. Si bien es cierto que la Secretaría de la Función Pública, casualmente, a seis días de que se cumplieran dos años del accidente dio a conocer que determinó inhabilitar y destituir por un año a cuatro servidores públicos adscritos a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado de Coahuila, por incurrir en responsabilidad administrativa al efectuar inspecciones de seguridad de manera inadecuada y no dar seguimiento al resultado; es decir, compañeros, los sancionó por haber tenido responsabilidad en la explosión de la mina de Pasta de Conchos, donde perdieron 65 mineros su vida. En este punto debemos destacar que los cuatro funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que fueron destituidos e inhabilitados podrán en un año volver a prestar sus servicios en la administración pública federal, lo que equivale, compañeros, a que la muerte de 65 personas sólo merece la sanción administrativa de un año y la destitución de quienes ocupaban cargos menores. Definitivamente esta sanción resulta a todas luces cuestionable si tomamos en cuenta que derivado, en su momento, de las prácticas de inspección en la mina unidad Pasta de Conchos, se determinó que existían condiciones que impedían garantizar íntegramente la salud y vida de todos los trabajadores. Compañeros legisladores, la injusticia que comenzó con la muerte de 65 mineros continúa a dos años de la tragedia; aun cuando la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila remitió a la Procuraduría General de la República el resultado de sus investigaciones, de la que se desprende la probable responsabilidad penal de diversos servidores públicos de la delegación de la Secretaría del Trabajo de aquel estado. A la fecha, la Procuraduría General de la República no ha informado sobre el particular. Compañeras y compañeros, según información disponible, hasta el 17 de enero de 2007 han muerto en las minas de la región carbonífera aproximadamente 1 mil 600 mineros; repito la cifra: 1 mil 600 mineros. En consecuencia, resulta evidente que la explotación minera demanda urgentemente reformas legales y que las dependencias competentes de la administración pública federal cumplan cabalmente con las funciones de diversos ordenamientos legales vigentes en materia de seguridad y apliquen, en caso de incumplimiento, todas y cada una de las sanciones correspondientes; como sería el caso de la Secretaría de Economía, quien, en términos de la ley minera, está obligada a la práctica de visitas de inspección para determinar que se mantengan las obras permanentes de fortificación, los ADM y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de todas las minas del país. Debemos reconocer que la mayor responsabilidad en materia de explotación de minas corresponde, entonces a la autoridad que tiene la obligación de tutelar la protección de un bien jurídico de la mayor importancia, como es la vida. Por ello, exigimos que en este caso se sancionen a todos los que incurrieron en responsabilidad, sea penal, sea administrativa o civil. Finalmente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reitera su solidaridad con los familiares de los 65 trabajadores mineros que perdieron la vida en tan lamentable accidente, y quienes lo integramos estamos convencidos de que los diputados de la honorable Cámara continuaremos en la lucha por que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para evitar otra tragedia; que se apliquen las penas y sanciones correspondientes a los responsables del accidente minero ocurrido hace dos años en Pasta de Conchos. Por su atención, diputados, muchísimas gracias. Es cuanto, diputado.