El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Compañeras, compañeros diputados. Nos queda claro que esta reforma que se está proponiendo y que se está debatiendo, para poderse llevar a cabo requiere precisamente de un esfuerzo presupuestario del Estado mexicano. Entre sus bondades se han destacado muchas, yo quisiera no ser tan reiterativo, pero sí ver que el interés superior es precisamente las niñas, los niños, los adolescentes y como valor a tutelar en materia educativa, elevar a rango constitucional el derecho de los maestros a la formación, la capacitación y la actualización a las medidas de sus necesidades y a la actualización, de tal manera que permita mejorar su práctica docente de énfasis a la equidad, la inclusión educativa, la multiculturalidad y deja intacta la autonomía universitaria, que es un tema que han peleado mucho los rectores de cada una de las universidades públicas de las diferentes entidades de nuestro país. En particular establece la obligación para que el Estado mexicano otorgue educación superior a toda persona que tenga el interés de estudiar una carrera universitaria, pero que también cumpla para poder llevar a cabo el acceso para sus estudios en las universidades. El artículo 3o. constitucional señala que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la les otorga autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de generarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo constitucional, respaldando la libertad de cátedra, de investigación y examen a discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como una administración de su patrimonio. Para cumplir todo esto ocupan de recursos que la reforma no asegura, por lo que proponemos una reserva que adiciona un párrafo a la fracción VII del artículo 3o. constitucional, a fin de dejar clara la obligación del Estado mexicano de proporcionar recursos suficientes para que las instituciones de educación superior cumplan con sus obligaciones. También estamos proponiendo la adición al segundo párrafo de la fracción X del artículo 3o. constitucional, a fin de establecer la obligación de destinar al menos recursos públicos equivalentes al 2 por ciento del producto interno bruto nacional para garantizar las funciones sustantivas de las universidades autónomas por ley. Estos recursos significarían una inversión que permitiría solventar por un lado los pasivos y los gastos corrientes de instituciones que hoy se encuentran verdaderamente en quiebra financiera y además de fortalecer a las universidades públicas en general como es la Universidad del Estado de México, de la cual me siento orgulloso de ser egresado. Terminar con los problemas financieros que frenan los trabajos universitarios y la formación de miles de alumnos que esperan una educación a la altura de lo que es este nuevo milenio. Debe aclararse con la incertidumbre presupuestaria de las universidades públicas que llevan a cabo conflictos laborales, como es la Universidad Autónoma Metropolitana, que ya lleva más de 80 días, conflictos laborales como la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Agraria, de Coahuila. Compañeras, compañeros diputados, debemos de ser sensibles a la problemática de las instituciones que forman nuevos profesionistas, que realizan investigaciones innovadoras y que buscan extender los beneficios de la cultura. Amigas, amigos diputados, hagamos una verdadera reflexión y los invitamos a que apoyen esta reserva de las fracciones VII y X del artículo 3o. constitucional, para darles viabilidad financiera a nuestras universidades públicas para que impartan verdadera educación, una educación de excelencia, una educación de seguridad en beneficio de miles y de miles de mexicanas y de mexicanos...