EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Gracias señora diputada Presidenta. Seguramente la reserva del artículo 123 que ahora me ocupa en mi participación, definitivamente no tenga la trascendencia, la relevancia y la necesidad del análisis que el dictamen ahora reclamaría. En la participación anterior, un servidor planteaba que de manera alguna las reformas que ahora se plantean resolverán de modo estructural la problemática de los regímenes de seguridad social en nuestro país. El contemplado en el artículo 123 de la Constitución Federal en el apartado A, que se refiere a los cotizantes, a los aportantes al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social, es apenas una pequeña parte del asunto de seguridad social. ¿Por qué?, porque tenemos un ISSSTE sin reservas actuariales, con dos millones 400 mil trabajadores en activo, un buen número de trabajadores en retiro, con derechos adquiridos que no sólo expectativas de ellos mismos y de sus derechohabientes, tenemos regímenes de seguridad social en quiebra franca de estados y de municipios, regímenes de seguridad social de las universidades públicas de nuestro país y si esto fuera poco, compañeros y compañeras diputadas, regímenes especiales o complementarios sobre todo de organismos públicos descentralizarlos -y hay que decirlo- de aquellos trabajadores que legítimamente han ido reivindicando derechos, como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya lo planteaba el señor diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, con relación a un régimen doble, al que los trabajadores en su relación laboral del instituto tienen derecho, es decir al ordinario de la Ley del Seguro Social y el derivado de su relación laboral y que lo contempla el contrato colectivo de trabajo. El asunto no es sencillo, el asunto no se agota en la aprobación del dictamen, que seguramente será aprobado. Este tema me parece, es incluso uno de los que debería escribirse como necesarios de la reforma estructural del Estado Mexicano, la transición del régimen del Seguro Social, del ISSSTE, de universidades, es más de un mil millones de pesos. Yo no sé si esto sea una alternativa o una pauta para agravar esta situación complicada, que no necesariamente es para algunos paliaguados del pasado, decir que ahora la demagogia es la que reina, no, hay una responsabilidad bien identificada en el ejercicio de la función pública en el pasado, pero bueno. Decía que he reservado, ciudadana Presidenta, el artículo 123 del Proyecto de Decreto que engendra el dictamen en discusión. Este numeral establece que se crea un régimen dicho de modo preciso- un Consejo Nacional de Pensiones y entre otras facultades el artículo 123 señala que el consejo tendrá como función conceder conocer las políticas de administración de las cuentas individuales, por las administradoras de fondos para el retiro, las políticas de inversión de los recursos de los trabajadores y sobre las comisiones que se apliquen a sus cuentas individuales, así como dar recomendaciones a los consejos de administración de las diversas administradoras. Este cuerpo colegiado que integra el Consejo Nacional de Pensiones, se compone por 18 miembros: 6 de trabajadores, 6 de patrones y 6 de las administradoras. Entonces quizá sea la reserva, compañeros, quizá sea menor frente al aspecto sustancial de debate, al eje central pero a lo mejor tiene efectos prácticos. Cuando haya un manejo desleal o delictivo de los fondos, dirán los administradores: "lo acordamos en la sesión". Es reconocerle a las administradoras el carácter de juez y parte. Ciudadana Presidenta, someto a la consideración de la asamblea la adición de un tercer párrafo del numeral 123 que seguramente tendría efectos prácticos importantes, cuando menos yo así lo concibo. El tercer párrafo a la letra para que los ciudadanos secretarios tomen nota, rezaría: "En todo caso la participación de los representantes de las administradoras se limitará a ilustrar, opinar e informar sobre los asuntos competencia del Consejo, sin derecho a voto en sus acuerdos, determinaciones o recomendaciones". Es la propuesta, señoras y señores diputados, que en el contexto de este gran tema, quizá pudiera de sí a tener un efecto práctico, por lo demás, por lo demás finalmente es el Estado Mexicano el que habrá de asumir el costo, el costo bastante elevado. ¿Por qué no lo transparentamos, cuánto le cuesta, no al Estado, a su elemento fundamental, a la población mexicana, los pasivos laborales y de seguridad social para ver si es viable pero de modo estructural y de fondo el tema que hemos tocado. Por su simpatía y por su voto les anticipo, aún con ciertos, seguramente con algunos llamamientos, para orientarlo les anticipo mi agradecimiento en nombre también de la fracción. Muchas gracias. -