La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy está a consideración de este pleno y ya fue votada en lo general la reforma constitucional en materia de extinción de dominio sobre el artículo 22 constitucional. Recordemos que este concepto de extinción de dominio se estableció en nuestra Constitución en 2008 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2009 y es un instrumento que buscaba acotar el poder financiero de la delincuencia organizada. Es un tema de la mayor importancia y esto se reflejó en esa ocasión en la propia exposición de motivos, al señalar que uno de los incentivos de la actividad criminal consiste en que en diversos casos las autoridades se encuentran imposibilitadas para acreditar la procedencia ilícita de diversos bienes utilizados para la comisión de delitos, así como su relación directa con los imputados en un proceso penal aun cuando existen elementos suficientes para establecer un vínculo con la delincuencia. Esta figura de la extinción de dominio nace para atacar uno de los incentivos de la actividad criminal consistente en que en diversos casos las autoridades se encuentran imposibilitadas para acreditar la procedencia ilícita de diversos bienes utilizados para la comisión de delitos o como productos de los mismos, sin que existan elementos suficientes para establecer un vínculo con la delincuencia, de tal manera que la delincuencia logra evadir el decomiso de esos recursos mal habidos entre otras sanciones, generando un espacio de impunidad. Es así que vino esta reforma, que tuvo alguna modificación el 27 de mayo de 2015 en donde se adicionó a los delitos de delincuencia organizada previstos originalmente en el enriquecimiento ilícito, entendido este como el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público. Hoy finalmente se presenta una modificación constitucional porque esta figura a lo largo de su creación y en su desarrollo ha tenido muchos problemas, y el problema fundamental que tiene esta figura es que se encuentra ligada a una determinación sobre la comprobación del cuerpo del delito, a la comprobación del delito mismo. Incluso la prescripción en materia penal que es la misma regla que aplica en materia de extinción de dominio, en el sentido de que se lleva a un proceso a la persona responsable de un delito, que tiene bienes, que están sujetos bajo el amparo de la extinción de dominio y resulta la dicotomía en el resultado de una acción y de otra cuando viene la posible absolución de la acción penal al autor del delito y, en consecuencia, pues este repite una acción contra el Estado, donde el Estado también tiene que devolver y recuperar esos bienes. De tal manera que hoy tenemos ese problema, el cual se acentúa con una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la primera sala, en donde justamente lo que hace es señalar esta dependencia que tiene la extinción de dominio respecto de la acción penal. Lo que dice la Corte, entre otras cosas, y que me parece muy importante para el debate que estamos sosteniendo es que la disociación, es decir la independencia de ambas acciones, de la extinción de dominio o de la acción penal, no se aplica en la calificación de los elementos del cuerpo del delito pues en cuanto a ese preciso aspecto existe una vinculación total, de manera que generalmente el juez de extinción de dominio debe sujetarse a la decisión que adopte el especializado en elementos del cuerpo del delito que no quedaron acreditados, o al dictar sentencia definitiva. Esto, dice la Corte, porque los hechos que dieron origen a la averiguación sin duda dan lugar a dos tipos de juicio, el penal y el de extinción de dominio y estos están vinculados tal como establece el texto constitucional vigente. Sin embargo, y como bien ya lo refería el diputado que habló a nombre del Grupo Parlamentario del PAN en su exposición general, este problema subsiste pues en la redacción del dictamen que se está poniendo a consideración de este pleno se habla todavía de delitos. Es decir, se habla de delitos y con ello de una averiguación de delitos, de tal manera que con esto estamos eliminando la posibilidad de que las dos acciones sean autónomas, y como ya se refería hoy, la extinción de dominio no ha tenido resultados en nuestro país. Ha tenido resultados nulos.