El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, legisladores y legisladoras. El dictamen que hoy se somete a consideración de esta soberanía, de la mal llamada simplificación administrativa representa verdaderamente una regresión que va en perjuicio de las y de los mexicanos, por eso el Grupo Parlamentario del PRI votaremos en contra. Esta propuesta que se ha sostenido y argumentado a partir de una narrativa que es simplista, que es improvisada, que es superficial y que es irresponsable, pretende socavar la estructura institucional compuesta por muchos servidores públicos que durante varios años han trabajado para consolidar esquemas de gobernanza que estén anclados sobre la autonomía de las funciones reguladoras sobre evaluaciones para ser garantes de la transparencia del Estado mexicano. Las siete instituciones a las cuales hoy pretenden extinguir, siete instituciones que, como dijeron en el pasado, las van a mandar hoy al diablo, desde su origen han respondido a una simple, pero importante exigencia, garantizar que las decisiones eminentemente técnicas del gobierno se adopten bajo criterios de objetividad e imparcialidad, desde una posición de independencia del Poder Ejecutivo. Los organismos públicos... los organismos constitucionales autónomos y organismos reguladores que son coordinados, en su gran mayoría, fueron creados por consensos entre las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. Se coincidía que las autonomías orgánicas deben cumplir un propósito, el crear espacios institucionales que estén desprovistos de los vaivenes y criterios de los mandos políticos del Estado, en el marco de la regulación económica de los mercados, la evaluación de la política social y la salvaguarda de los derechos de acceso a la información y protección de los datos personales. En ese sentido, esta reforma de manera paradójica va en detrimento de garantizar la separación del poder político del poder económico, ya que el efecto centralizador del ejercicio de las atribuciones que hoy se encuentran conferidas a estas instituciones habrán de reflejarse en vincular la decisión política a la discrecionalidad de los mandos políticos, sí, a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, en sectores que demandan verdaderamente garantizar y dar certeza jurídica y que garanticen imparcialidad en las decisiones de vigilancia y protección y regulación del gobierno y los datos de la sociedad. Pero podemos ir caso por caso, pero esta propuesta que el oficialismo plantea implica una manifestación más clara, precisa de la irresponsabilidad legislativa del oficialismo, de una mayoría que de manera sistemática y reiterada se ha negado al diálogo para evaluar con objetividad, con sensibilidad el impacto de esta reforma, que más allá de representar supuestos ahorros va a infringir daños irreversibles en perjuicio de la competitividad en nuestro país. En materia económica y de telecomunicaciones, la Cofece y el IFT realizan una función que es fundamental para el Estado mexicano al tener como en encomienda combatir los monopolios y garantizar la competencia en beneficio de los consumidores. El ejercicio de las atribuciones, se requieren de instituciones profesionalizadas, técnicas, con capacidades sólidas de investigación. Con su desaparición estas decisiones esenciales desde el Ejecutivo carecerán de la imparcialidad necesaria, la cual va a erosionar el clima de inversión y la certeza en las empresas sobre la existencia de los órganos del Estado, que garanticen la emisión de fallos que estén basados en una posibilidad técnica y una evidencia científica, y no en intereses particulares o criterios políticos. Por si fuera poco, la eliminación de estos órganos nos va a poner en un incumplimiento de las obligaciones comerciales, en el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, particularmente en los capítulos 18 y 21 de este tratado, el cual, los cuales exigen la existencia de una autoridad de competencia y un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente y que sea imparcial. Más allá pues de estas aseguraciones hay que ser claros y hay evidencia que el oficialismo tiene una memoria selectiva y omite destacar. Y para muestra un ejemplo, las multas que se impusieron en el 2021 por la Cofece a diversas empresas del sector farmacéutico que detectaron conductas para manipular el abasto, los precios y la distribución de medicamentos, sanción que fue superior a los mil millones de pesos. La Cofece incluso dio cause a una acción colectiva para exigir a estas empresas indemnizaran con más de 2 mil millones de pesos en beneficio del IMSS-Bienestar que hoy es la estrella de la corona del oficialismo. El IFT en su constitución, y a partir de las reformas que se hicieron, han permitido que las tarifas, las tarifas que se tienen, hayan caído en un 33 % y los precios en telefonía celular han bajado más de un 50 %. Sí, aunque les duela, en una reforma que se hizo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la narrativa que se pretende imponer para impulsar esta reforma insiste en hacer creer a los mexicanos que estos órganos no dan resultados, que se han convertido en protectores de intereses particulares. Pero hoy la evidencia clara y objetiva debe de ser la valoración técnica. En materia de transparencia, quieren desmantelar a la institución encargada el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. El Inai permite trabajar a la sociedad civil y a todos para poder garantizar con acabar con la opacidad y evitar la corrupción. Con esta reforma, el Poder Ejecutivo quiere ser juez y parte. Y ahora, escándalos de corrupción como el caso de Segalmex o el manejo discrecional de los programas sociales sin información pública disponible podrán ocultarse a una vez... o mucho mejor en las nuevas dependencias, con el aval de la mal llamada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Compañeras y compañeros, la retórica verdaderamente al oficialismo no le va a alcanzar para sustituir la necesidad de buenas prácticas de políticas públicas. El discurso de los votos no será suficiente para sostener estas barbaridades que pretenden hacer. Toda institución sí requiere una evaluación, una revisión, una transformación y un ajuste, pero a partir, reitero, de la evaluación y la rendición de cuentas, y no a partir de la improvisación, y no a partir de la irresponsabilidad que representa esta decisión que hoy el oficialismo va a tomar, y que van a dar un salto al vacío solamente para cumplir el capricho del expresidente. La evaluación de los niveles de pobreza va a estar al arbitrio de la Secretaría de Bienestar y de la narrativa presidencial. La regulación de competencia comercial y el régimen de usos de industria van a estar sujetos a los criterios del gobierno. La mejora continua en la educación se quedará en manos de un organismo público descentralizado, sin un criterio adecuado que permita a las maestras y a los maestros potenciar sus habilidades, mejorar su condición económica. Esteremos a capricho de los acuerdos. Y en la revisión del tratado estaremos en desventaja. Vamos a ir a esa revisión del tratado vulnerables. Vamos a dejar que nuestros socios comerciales pongan las reglas sobre la mesa y no los criterios de competitividad y no los criterios de la industria, del comercio, de los servicios y del sector primario. Concluyo mi intervención, presidenta, diciéndoles que el PRI no va a acompañar esta reforma, porque esta reforma es regresiva y esta reforma va en contra de los intereses de las y de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.