La diputada Eva Florinda Cruz Molina: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados de este honorable Congreso de la Unión, la fracción parlamentaria del PRD, por mi conducto, viene a proponer la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 17 y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas. La contratación de obras públicas es el escenario privilegiado de la corrupción nacional en estos momentos, mucho hay por corregir en su legislación, son familiares en este escenario dos imágenes: gubernamental y otra real. La imagen gubernamental en el informe sobre acciones relevantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, enviado a esta representación nacional y registrada en el orden del día 6 de septiembre de este presente año en esta honorable Cámara de Diputados se dice en el mes de junio del presente año se suscribieron contratos con más de 3 mil 780 empresas de total de contrataciones, que el 72 y medio por ciento ha sido suscrito en empresas de carácter local y el 27 y medio por ciento, con empresas de representación nacional. No se dice el monto de lo contratado para cada uno de los casos, la imagen real que esta formación contrasta con otra realidad de la que se ocupa la presente iniciativa, es la imagen presentada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que precisa que el escenario nacional para el sector social de la construcción es complicado. La causa de la falta de oportunidades de trabajo para las empresas locales, del sector social, es en gran medida el favoritismo del gobierno federal hacia grandes empresas por privilegiar a empresas que son del sexenio, es decir, las que son de reciente creación o las que están constituidas únicamente y exclusivamente por el beneficio que les pueden dar a un servidor público o a un gobernante. Otra causa es la participación de empresas extranjeras, que vienen a desplazar a quienes en este país tienen la capacidad de llevar a cabo la obra pública. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción conforma que el 95 por ciento de las empresas constructoras, micro y pequeñas, en el país enfrenta esta situación complicada, debido a que el gobierno federal favorece algunas industrias consentidas, como las que construyeron las Casas Blancas. Este organismo manifiesta que hay números positivos en la industria de la construcción, pero donde se ve reflejada la falta de estas oportunidades es en las micro y las pequeñas empresas. La preocupación por esta situación es real, pues en este mismo sentido de favorecer el desarrollo regional y local, aunque insuficiente, propició aprobar recientemente en esta Cámara de Diputados el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esta iniciativa fortalece el avance anterior; propone adicionar un criterio, una orientación en su artículo 17, para que desde la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas que se pretenden realizar, se considere lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a la expansión de la actividad económica del sector social y el principio de regionalización a fin de dar prioridad a la contratación de empresas locales adicionando este párrafo a una fracción IV a las tres existentes en este artículo 17. Se propone también reformar las fracciones XX, XXI y XXII del artículo 31, relacionados con las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para establecer explícitamente la obligación de las empresas concursantes en las licitaciones de obras públicas, de señalar el porcentaje de contratación regional o por localidades. En la fracción XXII del artículo 31 se propone que la información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse se especifique la subcontratación a empresas regionales o locales donde se localicen las obras y servicios a realizarse. En cada uno de los estados de nuestro país y en cada lugar, como en mi estado de Oaxaca, que es parte de las zonas económicas especiales, las empresas locales y regionales están esperando estos dos años que le faltan a Peña Nieto, que haya un milagro para las empresas locales para que sean contratadas y puedan poder en cada uno de los estados de la república, pues ahora sí trabajar para poder abonar algo a nuestros estados.