La diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón: Compañeras y compañeros diputados, hoy someto a su solidaria consideración un tema en el cual tenemos un enorme pendiente legislativo: se trata de que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. Todas las personas tenemos derecho a participar en todas las expresiones de la vida social, recibiendo un trato digno, justo y apropiado. Históricamente, a las personas con discapacidad se les ha negado el acceso a la justicia y el trato igualitario en las actuaciones judiciales. Ejemplo de ello son el forzoso nombramiento de un tutor por falta de capacidad jurídica y que en algunas materias no puedan ser testigos. En lo que se refiere a comunicaciones, también encuentran limitantes, ya que no todas las actuaciones judiciales se encuentran en formato accesible. Hoy propongo a esta soberanía reformar el artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para armonizarlo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que impone al Estado mexicano el deber de facilitar el desempeño de este sector de la población en todos los procesos judiciales. La reforma que se plantea aportará para disminuir la desigualdad en tanto el juzgador sea capaz de explicar a una persona con discapacidad de forma clara y llana el contenido de una sentencia, utilizando para ello un formato de lectura fácil. Se trata de explicar al quejoso en la sentencia, cuando este tiene alguna discapacidad, por qué ganó o perdió, cuáles son sus derechos y las consecuencias que tiene el juicio en su esfera jurídica, todo ello con un lenguaje de cómoda lectura, redactado con tipografía clara, con enunciados cortos, tamaño de letra conveniente y utilizando una construcción gramatical sencilla, aplicando solo sujeto, verbo y predicado simple. Es indispensable que tanto el juzgador como el personal del juzgado utilicen alternativas de comunicación para coadyuvar en la construcción de la premisa más alta que es la autonomía de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de su vida. Diputadas y diputados, recordemos que México fue el principal promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Este moderno tratado internacional es emancipador, afirma derechos y, sobre todo, cambia el paradigma de un modelo médico y asistencialista que asocia discapacidad con padecimiento a un modelo social, en el que los derechos humanos de las personas con discapacidad se convierten en el centro de la acción social, teniendo como eje estructural la igualdad y la dignidad humana. Recordemos que la discapacidad es una circunstancia personal de vida, que debe entenderse en todo momento como un binomio. Es la suma de las deficiencias en la persona más las barreras sociales. Las adecuaciones, los ajustes razonables y los cambios de actitud siempre lograrán una sociedad inclusiva, favorable a la realidad de cada persona. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la discapacidad es parte de la diversidad humana. Por ello, el tema de la inclusión es prioritario. Vivimos en el mismo espacio público, no existen dos realidades, sino una diversa, que tiene que adecuarse a los requerimientos derivados de las capacidades y las deficiencias de las personas. Compañeras y compañeros, les invito a acompañar esta iniciativa por la seguridad jurídica de las personas con discapacidad. Es cuanto, presidenta.