La diputada Aleida Alavez Ruiz: El artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene gran relevancia para la conformación del Estado democrático y de derecho, y para sustentar la seguridad jurídica de la sociedad mexicana, pues es una de la bases de la organización del Poder Judicial de la Federación. En 1985 el Ejecutivo federal solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la terrible matanza de campesinos ocurrida en el vado de Aguas Blancas, Guerrero. No obstante el encomiable esfuerzo de la Suprema Corte y de los dos comisionados designados, el esfuerzo quedó de alguna manera desvirtuado por la falta de coercitividad de sus decisiones respecto del asunto sobre el cual se solicitó su intervención, a pesar de las evidencias de graves violaciones a las garantías individuales. De las recientes discusiones en la Suprema Corte, derivadas de la solicitud que esta misma Cámara de Diputados realizó para que se nombraran comisionados especiales para investigar los sucesos violentos ocurridos en el estado de Oaxaca, y del Senado para los casos de Atenco y Puebla, se cita lo expresado por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, que aclaró la necesidad de realizar las investigaciones por las violaciones a garantías de la sociedad, y en consecuencia, la reglamentación del precepto en cuenta. Dijo el ministro: "Se ha dicho que no nos han hecho caso en los asuntos en que hemos intervenido. No es exacto en el caso del ametrallamiento de los anarquistas en la ciudad de León, Guanajuato, el gobernador renunció. "Veía yo en la imaginación al general Ávila Camacho, presidente de la república, diciéndole al gobernador: ‘Hermano, mira, no es cosa mía. Son estos ministros, mira’, y el gobernador renunció. "En el caso de Aguas Blancas, un gobernador con tanta fuerza como el que había, también renunció después de que el presidente Zedillo le dijo: ‘Mira nada más lo que hizo la Corte, se excedió la Corte, pero ni modo’, y renunció. Ahora, ¿nos hará caso? Si todos, los quinientos diputados de la nación pidieron la investigación, ¿nos hará caso el Estado mexicano? ¿Qué alcance tiene la investigación? Es el reproche moral de la Suprema Corte. ¿El Ejecutivo federal puede ignorar un dictamen de la Suprema Corte?, ¿de la Suprema Corte? No, ya ha dicho que no ignorará ningún dictamen o recomendación de la Suprema Corte. Se ha dicho que hay que estar en contra de la investigación porque no es una función jurisdiccional. ¿Qué dice don Felipe Tena Ramírez? Citémoslo para darle firmeza a esto. Señala, de aquello que pasó en Veracruz, antes de la Constitución del 17: ‘De esa autorización quiso dotarle al primer jefe cuando el presidente Porfirio Díaz ordenó al gobernador "mátalos en caliente". De esa autorización quiso dotarle al primer jefe, joven espectador de aquellos acontecimientos, y cuya experiencia personal parece haber sido la única inspiración del párrafo que glosamos. El antecedente referido, dice don Felipe Tena Ramírez: ‘Nos permite orientarnos en la exégesis del actual precepto, no es cualquier violación de garantías individuales lo que significa esta intervención especial de la Suprema Corte, cuyo instrumento ordinario para reparar aquélla es el juicio de amparo’, pero ya dijimos que no se puede hacer a través del juicio de amparo porque las violaciones ya están consumadas y entonces sería un sobreseimiento. Ya se torturó, ya se mató, si no, la intervención es una violación. No dice don Felipe grave, sino tan significada una violación, tan significada que provoque irritación y alarma en la opinión pública, un género de violación que por incontenible y general no alcance a ser detenida ni remediada por la protección particular del amparo. La investigación de la Corte acaso sea impotente en varios de estos casos, pero se traduce en la única forma de protesta que la Constitución le concede frente a los poderes que abusan de la fuerza. Como escribía don Felipe: "Si ello trae consigo implicaciones políticas, no se debe a que la Corte invada jurisdicciones ajenas, sino débase, por el contrario, a que los actos atentatorios han ocurrido dentro de la zona de garantías individuales, cuya custodia corresponde precisamente a la Corte". La vigilancia de las garantías individuales constituye la misión indeclinable de la Corte y de no existir el párrafo actual del artículo 97 —que se ha dicho que está mal escrito— pero de no existir habría que deducir, de su misión en general, la existencia de la facultad en lo particular, tal como lo hizo la Corte de Vallarta. Esto comentó el ministro Góngora Pimentel precisamente al discutir sobre este reglamento a una facultad de la Suprema Corte. En este sentido, sería un retroceso despojar de tan insigne facultad a la Suprema Corte, último espacio para el acceso a la justicia en nuestro país. Los hechos sucedidos en Aguas Blancas pusieron de manifiesto la necesidad de intervención del Congreso de la Unión, sin embargo ha sido omiso hasta la fecha y ha visto ante sí severas agresiones a la sociedad mexicana, dejándola en un estado de indefensión. La excitativa para el ejercicio de esta facultad extraordinaria de la Corte constituye una salida cuando en las entidades federativas o dependencias federales no se permite el acceso a la justicia y, por el contrario, se avasalla a la población que busca en sus gobernantes la solución a los problemas que los aquejan. En fechas recientes hemos sido testigos de la brutalidad policiaca de Estado con la que ha sido reprimida la población en los casos de Atenco, de Oaxaca y la confabulación del gobierno de Puebla en contra de la periodista Lydia Cacho y, sin embargo, un solo servidor público ha sido sancionado. Las solicitudes para la intervención de la Corte evidencian la descomposición del sistema político y de impartición de justicia y, en consecuencia, se tiene que recurrir al alto tribunal en busca de lo que no se ha querido impartir a la población: justicia. En el marco del estudio y análisis de reformas de gran alcance, este Congreso debe velar por la ampliación y no por la contracción de los derechos y de los medios para hacerlos valer, como debe suceder en un verdadero estado democrático de derecho. El ánimo que impulsa la presente iniciativa es la reivindicación de una facultad enunciada en la Constitución, de la que no podemos permitir su limitación en cuanto a los alcances de las investigaciones que realiza la Corte y el señalamiento de los responsables de violaciones a garantías desde una posición de poder. Este hecho, por consiguiente, no debe considerarse como una intromisión sino, por el contrario, como el espacio que oriente y corrija la actuación estatal en beneficio de los gobernados. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 97 constitucional, para quedar de la siguiente manera: Artículo único. Se reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar a alguna o a alguno de sus miembros o a algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar a uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía de carácter individual o social que establezca esta Constitución. También podrá solicitar el Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar, de oficio, la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de este proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los procedimientos de investigación a que se refieren los dos párrafos anteriores, se llevarán a cabo ajustándose los comisionados en lo conducente a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Penales para practicar las averiguaciones previas en materia de investigación de delitos federales y el pleno de la Suprema Corte, al momento de nombrar a los comisionados o en cualquier etapa del procedimiento de investigación. En este último caso, siempre a petición expresa de los comisionados, tendrá la facultad para interpretar o aclarar, para el caso concreto, las disposiciones del código federal mencionado, respecto de la aplicación de las normas que generen dudas o sean suficientemente contempladas o en el código sustituto. Solicito, Presidenta, sea integrado el texto en el Diario de los Debates y sí señalar que es muy importante que con la iniciativa que acaba de presentar un diputado del PRI que me antecedió, podamos discutir cuál es la interpretación que le damos a esta facultad de la Corte y entonces sí hablar de un reglamento o de una reforma constitucional, de acuerdo con lo que requiera esta reforma y sobre todo, con los hechos que están aconteciendo en este país. Es cuanto, diputada Presidenta.