El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, resulta inconcebible y es verdaderamente vergonzoso que un país que cuenta con casi 20 millones de personas que viven en condiciones de pobreza alimentaria, tenga un gobierno tan dispendioso como el nuestro. Los tres últimos gobiernos de nuestro país han ido incrementando su gasto corriente de manera exponencial. Por ejemplo, durante los dos primeros años de gobierno de Ernesto Zedillo, el gasto corriente tuvo incremento por un monto de 538 mil 697 millones de pesos. Posteriormente, en el gobierno de Vicente Fox, el gasto corriente se incrementó a un millón 668 mil 183 millones; y en los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón el gasto remontó a 3 millones 197 mil 513 millones de pesos. Es decir, duplicó la cifra de su antecesor, que ya era de por sí muy onerosa. Pero lo más escandaloso es que esta cantidad representa el 74 por ciento del gasto programable total. Es decir que el gobierno se gasta prácticamente todos los recursos en gasto corriente y solamente destina el 26 por ciento del gasto a inversión. Estas cifras nos demuestran que ha habido una distribución absolutamente injusta de los recursos, y los legisladores somos parcialmente responsables de esta situación porque somos nosotros los que aprobamos el Presupuesto de Egresos. Es por eso que hoy vengo a proponer a nombre de mi grupo parlamentario una Ley de Austeridad que detenga tal dispendio. No es justo que un país que cuenta con 70 millones de personas que no perciben un salario digno que les permita satisfacer sus necesidades más elementales, tengan un gobierno con un gasto corriente tan elevado. Adicionalmente, nuestro país cuenta con 50.6 millones de personas que son consideradas pobres en su patrimonio, es decir, que no cuentan con un ingreso suficiente para poder satisfacer sus necesidades mínimas de salud, educación, vivienda, vestido y transporte público. De continuar por este camino el país se dirige al precipicio. Es necesario actuar para evitar un colapso. No podemos permanecer inermes bajo el argumento de que somos víctimas de la crisis mundial. Es necesario asumir que la crisis es nuestra y, por tanto, es nuestra responsabilidad poner el mayor esfuerzo para enfrentarla. Sin el ánimo de ser apocalípticos, pero sí realistas, debemos ser conscientes de que esta crisis podría llegar a convertirse en la peor crisis que hayamos vivido y que las consecuencias pueden derivar cosas terribles. Los exhorto a que tengamos una poco de sensibilidad. Ya no es posible continuar denigrando de esta manera a los ciudadanos pidiéndoles que, además de su raquítica situación, tengan que aportar mayor cantidad de recursos a través del pago de impuestos. Los integrantes del sector público de alto nivel debemos dar el ejemplo, debemos comenzar por recortar nuestros ingresos que son suficientes. Un país con altos índices de pobreza, como México, no puede dilapidar sus pocos recursos económicos en una clase política llena de prebendas y privilegios; por tanto, debemos poner un alto a esta mala práctica. En estos momentos de crisis, los legisladores, como representantes populares debemos ser los primeros en solidarizarnos con nuestros representados y promover la equidad entre todos los sectores de la población. Si todos los ciudadanos pagan la gasolina de su automóvil, para ir a trabajar, hagamos lo propio, paguemos nuestra gasolina. Y si los servicios del ISSSTE no nos satisfacen debemos trabajar en lo necesario para mejorar a los mismos para toda la población. Hagámonos cargo de nuestra cuenta de teléfono celular, como lo hacen los demás ciudadanos, etcétera. Con una distribución tan injusta de los recursos, no nos podemos sentir sorprendidos cuando vemos que los índices de delincuencia se incrementan o cuando vemos que los delincuentes son ahora más jóvenes y más rudos. Por eso, necesitamos reordenar los recursos del presupuesto federal, dando prioridad a los asuntos más sensibles de nuestro país, como la prevención de la delincuencia. Debemos poner especial atención en las causas que generan la descomposición social e invertir en las áreas rurales o urbanas de alto riesgo; es decir, aquellos espacios con altos índices delictivos, de desempleo y de pobreza. Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto a que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los tres poderes de la Unión, y de los organismos de autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto.