El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, presidente. Buenas noches, diputadas y diputados Esta Cámara le cuesta al presupuesto público lo suficiente como para dedicarnos y abocarnos a hacer buenas leyes. La reserva que presento es del artículo 2o., fracción IV, segundo párrafo y tercer párrafo. Esos párrafos que señalo dan puerta y dan paso a la impunidad en la administración de la nueva empresa, nueva empresa que se encargará del destino del fondo de ahorro de los trabajadores al servicio del Estado, fondos que para muchos de ellos representa su futuro y su condición de vida como adultos mayores. Nuestro sistema de pensiones ha ido de reforma en reforma tratando de parchar la mala administración, tratando de parchar el mal diseño de un sistema de pensiones. Lo tenemos con el sistema de pensiones del IMSS, del 92; reforma en 97; reforma 2007. Varias reformas que quieren parchar el mal resultado de un sistema de pensiones. ¿Quién ha sido responsable de este desfalco a los trabajadores? Trabajadores que entregaron su vida a este país y tienen pensiones de mil pesos; pensión que les prohíbe recibir la Pensión de Adulto Mayor del gobierno federal, porque tienen un sistema de pensiones. No tienen un trato digno, y nosotros no tenemos derecho a conseguir una reforma que siga con ese trato indigno a todos los trabajadores de nuestro país. Esta reforma da pauta a un trato indigno de los trabajadores al servicio del Estado. Se pretende usar sus fondos de ahorro, fondos de ahorro de toda su vida para incidir en un déficit menor del gobierno federal, porque se dispondrá de 120 mil millones de pesos que la nueva administración podrá disponer a través de financieras, a través de grupos de inversión, rompiendo el control y la seguridad que la actual ley genera al sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. El artículo 108 de la Constitución señala en la fracción III: las sanciones administrativas por el mal uso de los recursos públicos o el mal desempeño de los servidores públicos. Con la aprobación de esta reforma damos pauta a la impunidad y a la discreción de los usos de los recursos de los trabajadores. Se está haciendo una excepción en la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa, o de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación. Por excepción, en este artículo que se reservó, se impiden auditorías. Dice el artículo que queremos reformar: no podrán realizarse auditorías o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los señalados en este artículo. Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control no podrán ejercer en ningún caso la facultad en materia de control, revisión, verificación, comprobación, evaluación y vigilancia. ¿A quién no puede revisar la Auditoría Superior de la Federación? Al secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda es el presidente del Consejo de Administración de la nueva empresa, pero resulta que también es presidente de la Junta de Gobierno de la Consar. Dos funciones de servidor público, que esta norma está disponiendo no sea verificada, no sea auditada, damos pauta a la discrecionalidad, va a manejar recursos que los trabajadores han ahorrado en toda su vida, va a disponer de recursos para inversión en el sistema financiero, en riesgo bajo y alto. Eso dependerá de su decisión política, pero aquí estamos dándole pauta, violando una norma constitucional para que su actuación sea impune. Nosotros estamos señalando en esta reserva que todo servidor público que administre el sistema de pensiones, debe rendir cuentas, debe ser responsable, porque es el futuro de nuestros trabajadores que quiera o no han entregado su trabajo al Estado mexicano. Es cuanto, señor presidente.