El diputado Rafael Hernández Soriano: El dictamen que hoy pone a nuestra consideración la Comisión de Gobernación, no solo es cuestionable en su contenido, constituye un verdadero atentado a la Constitución General de la República y a todo el marco convencional que nos rige. No solo cuenta con la oposición de más de 250 organizaciones nacionales e internacionales, sino que ha logrado que tanto la representación del alto comisionado de las Naciones Unidas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncien en contra de su aprobación, señalando que puede dar origen a graves violaciones a los derechos humanos, abusos por parte de las fuerzas del orden y a la desestabilización de nuestra incipiente democracia. Lo decimos con claridad, el Grupo Parlamentario del PRD reconoce el heroísmo de las Fuerzas Armadas, lo hemos dicho en muchas ocasiones y, especialmente, el día de hoy. Sin embargo, lamentamos que el grupo parlamentario del presidente, como ellos mismos se califican, los haya engañado diciéndoles que con esta ley se resolverán los problemas a los que enfrentan. El propio general secretario de la Defensa ha señalado en muchas oportunidades que las Fuerzas Armadas se encuentran hoy en las calles y que ello deriva en un problema mayor de la seguridad pública, la oportunidad de redefinir la relación entre los diversos órdenes de gobierno en materia policial quedó clausurada el día de ayer, cuando el priismo votó en contra a la minuta de reforma constitucional en materia de mando mixto, cancelando con ello la posibilidad de que se reinstaure la normalidad democrática de nuestro país y de que las Fuerzas Armadas regresen paulatinamente a los cuarteles. Ténganlo presente, si aprueban esta ley no solo no van a resolver el gravísimo problema de seguridad pública que tenemos, sino que van a perpetuar la presencia militar en estas labores policiales, ya que este ordenamiento no contiene ningún incentivo, para que tanto los gobiernos de los estados como los municipios atiendan lo que les corresponde y cumplan con las obligaciones que les confiere la Constitución. La ley que hoy se propone aprobar no es constitucional, porque el Congreso no tiene facultades para ello, aunque vengan a aquí a sostener que las tiene no nos da facultades la Constitución para este fin, porque compromete también el Estado de derecho y violenta el régimen federalista y a su cédula fundamental, el municipio libre. Atribuye su propuesta obligaciones y responsabilidades a estos niveles de gobierno sin que medie la autorización constitucional respectiva, contraria resulta al marco convencional debido a que establece un estadio intermedio entre la normalidad democrática y la suspensión de garantías que supone la actuación supletoria subsidiaria de las Fuerzas Armadas, esto en detrimento de las atribuciones constitucionales y legalmente concedidas a las entidades federativas y a los municipios, que no existe legalmente, lo cual constituye requisito fundamental para garantizar la vigencia de los derechos humanos, según lo establece el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La propuesta que nos hace llegar el presidente y su partido confunde conceptos, no existe claridad teórica ni tampoco abona nuevas definiciones, no aporta nada nuevo y al contrario revuelve conceptos contenidos en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley de Seguridad Interior que nos proponen. Es discrecional y opaca, posibilita al Ejecutivo actuar sin ninguna autorización, saltándose incluso a las que hoy pretenden que se apruebe, y resguardándose las espaldas clasifica toda información que se genere a partir de la aplicación de esta ley, como reservada por motivos de seguridad nacional. Adicionalmente, el proyecto en comento no contempla ningún sistema de pesos y contrapesos que debe existir en un sistema democrático y en consecuencia no establece mecanismos de control que regulen la actuación de quienes ejercen el mando de nuestras instituciones, lo cual resulta imprescindible para evitar recesos y discrecionalidades. La ley que hoy discutimos carece de cualquier elemento de este tipo, generando no solo opacidad, discrecionalidad y abusos, los cuales quedarán en la impunidad. Es por lo anterior que nosotros, el Grupo Parlamentario del PRD, expresamos nuestro contundente rechazo al dictamen que se nos pone hoy a consideración. Reiteramos, sí, nuestro compromiso con la ciudadanía...