El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Es lamentable que las fracciones del PRI y del PAN no hayan tenido la sensibilidad para buscar y aceptar la propuesta que hizo nuestro coordinador, de una moción suspensiva que nos permitiera sacar con consenso una reforma que todos estamos de acuerdo en que tiene muchas cosas positivas. Y que hay aspectos que tendríamos que afinar y que ésa era la intención de nuestra propuesta para buscar los consensos, y que saliera con el acuerdo de consenso de toda la Cámara de Diputados; sin embargo, las prisas llevaron a votar mayoritariamente porque hoy decidiéramos estos aspectos que son trascendentales. Sin embargo, y quisiera decirlo porque nuestra compañera que me antecedió acaba de decir que la propuesta del PRD era porque estamos queriendo hacer tiempo para los consejeros. Eso es falso. La preocupación de nuestro partido, y lo expresó nuestro coordinador, es el tema de los derechos humanos. Lo de los consejeros, compañeros, ya calificaron en la comisión. Los comisionados calificaron a los consejeros o a los aspirantes a consejeros y creo que ahí tendrán que haber las propuestas, porque fueron muchos candidatos con las capacidades para ser consejeros. Yo creo que ése es un tema aparte. La preocupación de nuestro partido tiene que ver con derechos humanos; por tanto, quisiéramos dar el posicionamiento de nuestra fracción parlamentaria, de los que pensamos que este punto deberíamos haberlo discutido y haber aceptado una moción suspensiva para buscar un consenso. Mucho le ha costado a nuestro país avanzar paulatinamente hacia formas más democráticas de relación y convivencia. Estos avances han ido teniendo su expresión a través de la construcción de una normatividad constitucional y secundaria que permita rebasar aquellas prácticas que, tanto en la vida política como en el sistema de justicia, han impedido la vigencia de la ley y un Estado democrático y social de derecho. La impunidad sigue siendo patente de corso en nuestra vida cotidiana. La reforma en materia de justicia penal y seguridad pública que hoy estamos discutiendo, sin dejar de ser un imperativo para la seguridad humana y ciudadana, tiene su base en la necesidad de Felipe Calderón de llevar a rango constitucional una serie de medidas de excepción para justificar las acciones, esencialmente mediáticas, que han venido impulsando en materia de seguridad pública. Nuestra crítica fundamental es la propuesta de incorporar a la Constitución un régimen de excepción bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada, lo que abre la puerta a la implantación de otras medidas de excepción que irán implantando la base para justificar el estado policiaco, sobre la que se ha ido asentado el Ejecutivo federal, su legitimidad y la comisión de grandes arbitrariedades. No es un nuestra intención oponernos a la lucha en contra de la delincuencia organizada que ha puesto en jaque a las instituciones, muchas de ellas infiltradas del Estado. Sin embargo, nos oponemos a que se constitucionalice la violación de garantías y derechos, pues dejan en total vulnerabilidad no sólo a quienes pertenecen a los grupos de delincuencia mayor, sino a millares de ciudadanos que no podrán ejercer uno de los más importantes instrumentos del derecho positivo mexicano, en el caso de que se violenten sus garantías y al derecho de amparo. Ninguna sociedad democrática en la que imperan sistemas de justicia y de seguridad pública modernos deja sin derechos a sus ciudadanos, ni siquiera a los más peligrosos delincuentes. Actualmente existe una legislación secundaria en relación con la delincuencia organizada y es ahí donde se debieran atender las preocupaciones de la sociedad y de los órganos del Estado, dejando a salvo las garantías que establece nuestra Carta Magna.