La diputada Claudia Sofía Corichi García: Con su venia, presidente. Gracias compañeras y compañeros legisladores, legisladoras. Ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso. Estudiantes que nos visitan el día de hoy. Como antecedente a esta iniciativa, comento que el 10 de diciembre de 2012, el Ejecutivo publicó un decreto por el que se establecen medidas para el uso eficiente, transparente, eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal. Dicho instrumento señala, por escrito, un puntual interés por eliminar la duplicidad de acciones o programas con la finalidad de proporcionar austeridad en el gasto público. Sé que muchos no están aquí, justamente por tratar temas de presupuesto, pero ojalá esto siente un precedente, justamente, para cuando hablamos de presupuesto y de duplicidades. El artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su cuarto párrafo que en materia menciona, que en materia de seguros que se contraten a favor de los servidores públicos de las dependencias, incluido el seguro de vida de los pensionados, se implementarán procedimientos de contratación consolidada y celebraran los contratos correspondientes siempre y cuando no impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos. El artículo 1 de la Ley del ISSSTE señala las prestaciones a las que las y los funcionarios públicos acceden, y dentro de ellas claramente se contemplan rubros como los servicios médicos, la atención funeraria, pensiones entre otros. Bajo ese entendido, la contratación de seguros de gastos médicos mayores para altos funcionarios, evidentemente, prioritariamente para altos funcionarios de la administración pública federal representa una duplicidad de beneficios. Incluso, si algún alto funcionario no hiciera uso de estos servicios no significa, en los hechos, que no cuente con ellos. La última licitación para otorgar un contrato bianual del seguro colectivo de gastos médicos mayores para las secretarías, entidades y organismos autónomos participantes, en las que se incluyen trabajadores de 178 dependencias, publicado el 9 de septiembre del año pasado, se tradujo en un contrato que firmó la Secretaría de Hacienda con la aseguradora GNP por más de 2 mil 200 millones de pesos. Claro, también quiero mencionar, cuyo director general de GNP es uno de los empresarios consentidos del sexenio. Actualmente, en la administración pública federal laboran poco más de 4 millones de personas. Todas y todos ellos cuentan con las prestaciones que establece el artículo 1 de la Ley del ISSSTE, por lo que el pago de la póliza de seguro de gastos médicos mayores para unos cuantos funcionarios altos representa un gasto duplicado por la federación, un gasto que fue de 2 mil 200 millones de pesos, lo repito. En contraste, 21.8 millones de mexicanos y mexicanas no tienen acceso a la salud. Según datos de Sedesol estos son, digo, más de 21 millones de mexicanos y la erogación para el pago de seguro de gastos médicos mayores resulta un privilegio innecesario y excesivo. Al inicio de esta legislatura y como acto congruente, los diputados y diputadas ciudadanos marcamos en la agenda legislativa del grupo parlamentario la renuncia al seguro de gastos médicos mayores y de vida en un compromiso con la eficiencia presupuestaria con las ciudadanas y ciudadanos que nos eligieron, ya que esto le costaría más de 18 millones de pesos en tres años al país. Por lo anterior es que propongo que en congruencia adicionemos un quinto párrafo al artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que diga lo siguiente: la Secretaría de la Función Pública no podrá autorizar la contratación de seguros de gastos médicos mayores, toda vez que estos representan una dualidad de beneficios para los servidores públicos inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Y adicionar un segundo párrafo al artículo 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional para que diga: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrá autorizar seguros de gastos médicos mayores como parte de los beneficios o prestaciones que reciban los servidores públicos incorporados a la administración pública federal. Creo, compañeras, compañeros, que es tiempo de acabar en los hechos con la duplicidad, de acabar con los privilegios de unos a costa de otros, y es tiempo también de acabar con los despilfarros, actuar desde el Ejecutivo y por supuesto desde el Legislativo y dando muestras de que podemos aprobar iniciativas como esta, por la austeridad y también, sin duda, por la racionalidad del gasto. Esto que se gasta en estos seguros de gastos médicos mayores para unos cuantos privilegiados puede ser utilizado en cosas que realmente son importantes. Solamente esto que se está quitando, que se está gastando, estos más de 2 mil millones, son parte del recorte al presupuesto de salud, implican la mitad de lo que se ha dicho del recorte al presupuesto de salud planteado para este año, por eso la importancia. Es cuanto, señor presidente, diputado presidente, amigas y amigos diputados.