El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Con su permiso, señor presidente. Por economía procesal le solicito que ordene la inserción íntegra de esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54, fracciones I, II, IV, V, VI; 56, 63 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exposición de motivos La Constitución General de la República Mexicana establece que la Cámara de Diputados debe instalarse con 500 legisladores: 300 electos según el principio de mayoría relativa y 200 según el principio de representación proporcional. Los ejes rectores de las modificaciones que se han registrado en la conformación de la Cámara de Diputados ha sido el incremento en el número de sus integrantes, por cierto, superior a un 100 por ciento en un periodo de apenas 32 años; la incorporación de la representación de minorías en la misma, y la ampliación del porcentaje que representan los diputados de representación proporcional respecto del total. Todo ello con el propósito de atender las exigencias que la pluralidad y la competencia política traían consigo en el marco del avance democrático que se registra en nuestro país, sobre todo en los últimos años. En lo que se refiere a la Cámara de Senadores, nuestra Carta Magna dispone que se debe integrar por 128 legisladores: 64 electos según el principio de mayoría relativa, 2 en cada estado y en el Distrito Federal, 32 por el principio de primera minoría, 1 en cada entidad federativa y 32 según el principio de representación proporcional mediante un sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Se puede advertir que las reformas constitucionales respecto de la integración de la Cámara de Senadores estuvieron enmarcadas en los reclamos partidarios de representatividad y pluralidad, lo que llevó a duplicar el número de sus integrantes en un periodo de sólo 16 años. No hay duda que las condiciones políticas imperantes en el país en las últimas décadas explican y en gran medida justifican las modificaciones registradas en la integración de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión; como tampoco hay duda de que hoy el grado de madurez alcanzado por la democracia mexicana y su sistema de partidos nos obliga a revisar y modificar la integración de las mismas, con el objeto de posibilitarlas para atender los reclamos de eficiencia y eficacia que los ciudadanos plantean de manera permanente y generalizada. Con base en lo anterior, se presenta esta iniciativa con el objeto de fortalecer las disposiciones constitucionales relativas a la representatividad social y territorial que debe prevalecer en la integración del Congreso: preservar y garantizar la pluralidad que la democracia impone; recuperar y respetar la naturaleza diferente que de acuerdo con la filosofía política tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores; como también atender la necesidad de facilitar los acuerdos que contribuyan a impulsar el desarrollo integral que México exige. La propuesta consiste en disminuir el número de integrantes de la Cámara de Diputados de 500 a 250, lo que implicaría reducir de 300 a 200 los electos por el principio de mayoría relativa y de 200 a 50 los correspondientes a la representación proporcional. Con esta reforma se incrementaría de manera significativa el peso relativo que actualmente tiene el principio de representación mayoritaria relativa y se disminuiría el correspondiente a la representación proporcional, con lo que se fortalecería el vínculo y el compromiso de la gran mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados con quien los elige y a quienes representan: el pueblo. Se garantizaría con ello el anclaje territorial de quienes representan a la población en la Cámara de Diputados, es decir, de quienes toman decisiones que afectan la vida de los habitantes de toda y cada una de las entidades federativas, con lo que el federalismo resultaría beneficiado. Esta reforma pretende contribuir a garantizar que la pluralidad política que se registre en nuestro país se exprese en el Poder Legislativo federal, con base en su representatividad social y territorial, y de forma tal que facilite la construcción de consensos. Adicionalmente existe la convicción de que esta modificación al contribuir a facilitar los acuerdos entre las diversas corrientes políticas representadas en la Cámara de Diputados permitiría a la misma elevar su eficiencia y eficacia en beneficio de nuestro país, independientemente de que esto se traduzca en importantes ahorros para el erario. En lo que se refiere a la Cámara de Senadores, la propuesta consiste en reducir el número de sus integrantes de 128 a 96, de los cuales 2 serían electos por el principio de mayoría relativa y uno por el principio de primera minoría en cada una de las entidades que conforman la federación mexicana. Con lo anterior se recuperaría y respetaría el principio filosófico político de igualdad en la representación de cada una de las entidades que conforman al Estado mexicano, que desde su nacimiento adoptó al federalismo como forma fundamental de su organización política. Con la aprobación de esta reforma se eliminaría la sobrerrepresentación y subrepresentación de las entidades federativas que actualmente se registra en el Senado, derivado de la existencia del principio de representación proporcional, lo que permitiría retomar la representación territorial que por naturaleza tiene este órgano del poder público federal. Al privilegiar el principio de mayoría relativa y al considerar el principio de primera minoría se atienden los fundamentos filosóficos de pluralidad y representatividad, pero también, y de manera significativa, se apoyaría el logro de los fines últimos de esta iniciativa: gobernabilidad, eficiencia y eficacia?