EL C. DIP. SALVADOR COSIO GAONA: Con la venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Para fortuna de los jaliscienses, especialmente los habitantes de Tomatlán, y de un numeroso grupo de productores agrícolas de la zona costera norte de Jalisco, el Ejecutivo Federal construyó a principios de los años 90, la presa denominada "Cajón de Peñas" que es una de las más grandes e importantes de Jalisco y la región occidental del país. Para efectuar la construcción del envase citado, el Ejecutivo Federal expropió aproximadamente mil hectáreas del ejido Nuevo Santiago, enclavado en Tomatlán, Jalisco, mediante decreto de fecha 11 de marzo del 91 a favor de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Desde esa fecha de expropiación, transcurrieron casi cinco años de gestión administrativa infructuosa que incluye un centenar de visitas de la directiva ejidal para un número muy grande de oficinas gubernamentales federales, tanto en Guadalajara como en la ciudad de México, con el consecuente desgaste físico y la erogación de sumas cuantiosas de recursos económicos a cargo de los campesinos, con traslados costosos desde Tomatlán a cinco horas de Guadalajara y en ocasiones obligados a venir a ciudad de México. Ninguna instancia federal resolvió nada a favor de ellos y fue en el año 1997, que con el argumento de requerir fundamentar la acción de pago a los ejidatarios afectados, la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, solicitó a la Mesa Directiva del Ejido Nuevo Santiago que procediera a presentar demanda ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Guadalajara, como requisito indispensable a fin que la Tesorería General de la Federación pudiera entregar el pago correspondiente al afectado, con la promesa de allanarse a dicha demanda y emitir de inmediato el documento de pago a favor de ellos. Pero todo fue un engaño, el Ejecutivo Federal decidió alargar el trámite en forma injusta, producto de su influencia y en la complacencia de autoridades agrarias, encontrando diversas formas de continuar evadiendo el pago, inventado pretextos fútiles para dilatar el proceso y ocasionar gastos millonarios a los campesinos, que llevan ya más de 10 años en busca de obtener la compensación que les corresponde por la afectación que recibieron y casi 6 años de batallar en un proceso legal muy desigual, 6 años de enfrentar la influencia del gobierno que se niega a pagar lo que debe y que no le importa que el procedimiento dure muchos años más y sea cada vez más costoso para los campesinos, que continúan gastando elevadas sumas de honorarios de abogados, peritajes, certificaciones, traslados diversos, entre otros y para los que, cuando llegue el pago que merecen, será de un valor muy menoscabado en relación de los bienes que poseían. Finalmente la lucha de los campesinos en busca de justicia tuvo un primer fruto, el Tribunal Agrario Unitario Décimo Cuarto de Distrito, emitió resolución el 5 de abril del año pasado, en el expediente 489/97 y determinó una sentencia que condenó al Ejecutivo Federal, a través de la SAGARPA, al pago inmediato de indemnización correspondiente a las hectáreas afectadas a los ejidatarios de Nuevo Santiago en Tomatlán Jalisco. Pero el víacrucis de los campesinos no termina aún, no obstante la promesa que hiciera la SAGARPA de liquidar el pago en cuanto resultará sentencia condenatoria y evitar recurrirla. Esto fue de nuevo una promesa incumplida, fue un engaño más. Más aún, la SAGARPA ha obstaculizado sistemáticamente por casi un año, la ejecución de la sentencia del Tribunal Agrario con recursos denostables, como la ausencia premeditada en audiencias judiciales, para promover se fije nueva fecha, misma que en contubernio con la autoridad agraria se determina sistemáticamente a mucha distancia, para dilatar aún más, el procedimiento de ejecución de sentencia. Además de incumplir sistemática y premeditadamente también, con la presentación de documentos como peritajes y avaluós para dilatar más las audiencias y seguir complicando el proceso. Es muy claro, la SAGARPA se niega por mero capricho a pagar a los afectados campesinos y se propone alargar el proceso con artimañas legaloides y la complicidad de autoridades agrarias para, en su caso, quizá, cumplir y pagar pesos alrededor de corcholatas en al menos 5 o 6, años más. Es por ello que solicito la intervención inmediata del Poder Legislativo, a favor de los campesinos de Nuevo Santiago en Tomatlán Jalisco, los cuales su único reclamo es de justicia, es decir, que cese el imperio legal del más fuerte o sea el Gobierno Federal, sobre el más débil, que son ellos, los campesinos. La exigencia de los campesinos es muy clara y es muy justa que el Poder Ejecutivo Federal, cumpla con su responsabilidad de pagarles por lo afectado. Por los motivos expuesto, solicito que esta Comisión Permanente, intervenga y requiera de inmediato al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, de la SAGARPA, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la información oficial del caso, exhortando a liquidar de inmediato a los campesinos de Nuevo Santiago, en Tomatlán, Jalisco y de ser necesario, para hacer este exhorto requiera la comparecencia de cualquier funcionario que esté involucrado en el asunto que venga a aportar la información que esclarezca el fundamento del por qué la negativa a liquidar lo que les corresponde. Ante hechos como éste no podemos quedarnos callados y dejar en la desesperación a campesinos que son pisoteados por el único reclamo de exigir lo que se les expropió, dejándolos en el desamparo, sin tierras y sin pago. Por lo anteriormente expuesto es que presento el siguiente punto de acuerdo que dice así: Primero. Que esta Comisión Permanente requiera de inmediato al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la SAGARPA, Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la información oficial en cuanto a la expropiación y el pago a los afectados por la construcción de la Presa Cajón de Peñas, en el Ejido Nuevo Santiago, en Tomaltán, Jalisco. Se citen a comparecer ante esta Comisión Permanente a los funcionarios de las diversas dependencias federales que les corresponda y se exhorte de entregar el pago correspondiente reclamado. Solicito a la Presidencia por ser conducente, se turne esta propuesta de punto de acuerdo a la Primera Comisión de la Comisión Permanente, que ve asuntos de justicia, para que pueda resolver el tema. Muchas gracias.