El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, presidente. Felicitar, en primer término, a la proponente, la diputada Merilyn Gómez Pozos, por esta iniciativa transformadora del Congreso; y por otro lado, a esta comisión que ha venido haciendo aportaciones sustantivas para mejorar y transparentar el trabajo parlamentario; a su presidente Marcos Aguilar, también nuestro reconocimiento. Hay dos tipos de cabildeo: el cabildeo legislativo que es objeto de esta regulación y el cabildeo de los grandes grupos de poder económico en el país con el gobierno. Debemos, por un lado, distinguir lo que es cabildeo en su acepción de tráfico de influencias, de corrupción política, en su acepción de ser moneda de cambio para favores en función de la conducta política del legislador, de lo que es el diálogo y la democracia participativa. El tema del cabildeo, compañeras y compañeros diputados, es el tema de la corrupción política, del tráfico de influencias, de los negocios al amparo del poder que son temas que han marcado la vida política del país. De manera escandalosa, a partir de los años oscuros del salinismo depredador, corrupción política y privatización han ido de la mano; el adelgazamiento del Estado, su transformación y privatización ha sido el instrumento para que funcionarios públicos hagan negocios al amparo del poder. El interés que ha movido a la camarilla neoliberal y tecnocrática en el poder es hacer negocios a cargo del interés nacional y del Presupuesto público. Servidores públicos pasan de la administración pública al sector privado de manera incesante y viceversa. Por eso decía el diputado Alfonso Durazo no sin razón- que se están quedando sin cabilderos muchas empresas porque éstos se han convertido en funcionarios públicos. De cabildero a funcionario y luego de funcionario a cabildero. Ése ha sido el camino. Pero los verdaderos cabilderos son aquéllos que fueron servidores públicos y ahora aparecen como representantes de empresas o viceversa. Emilio Lozoya, director de Pemex; Alberto Beaurregard, exdirector de Finanzas de Pemex, antes de estos cargos eran consejero y director de Finanzas de OHL México. Esta empresa a su vez tiene la participación de otros distinguidos exfuncionarios como Carlos Ruiz Sacristán, que ahora a través de la empresa Sempra ha ganado negocios jugosos en el gasoducto Los Ramones en la primera etapa de la licitación; en el gasoducto que va también a Guaymas. Es decir, traficantes de influencias. Por eso nosotros estamos a favor de esta iniciativa, pero es un paso para acabar con la corrupción política en México; un primer paso porque la historia insisto-, desde el salinismo, ha sido la corrupción. Quien firmó los pagarés del Fobaproa como subsecretario con Zedillo, Martín Werner, apareció después en la empresa Goldman Sachs. Georgina Kessel, de secretaria de Energía, a funcionaria de Iberdrola. Luis Téllez, de secretario de Comunicaciones, a presidente de la Bolsa y también funcionario de Sempra. Es decir, ha habido todo este entreveramiento entre los funcionarios y las empresas privadas haciendo negocios al amparo del poder. A partir de 1997, llegaron al Congreso cuando el PRI pierde la mayoría en 1997. Es a partir de ahí cuando han empezado a operar estos cabilderos en la Cámara concluyo, presidente.- Y, ahora, a partir de la reforma energética y la reforma hacendaria, han convertido la Cámara en una subasta, en un mercado y los cabilderos actúan como aquél programa de Atínale al precio, viendo de cuánto con cada legislador. Por eso qué bueno, Mery, por tu iniciativa, pero falta más. Falta más para acabar con esta lacra política del país que es los negocios ligados al poder público.