El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Con su venia, presidente. Los órganos que se crean desde la Ley de los Órganos Reguladores coordinados en Materia Energética sin duda parecen ser una serie de requisitos necesarios para justificar la apertura del sector energético, y no para contribuir con especificaciones técnicas ni políticas que contribuyan a la creación de un sistema eficiente de control. Por un lado se le dan atribuciones a una Comisión Nacional de Hidrocarburos que ha servido de muy poco desde su creación para que a nombre del gobierno federal realice los trámites en materia de asignaciones y licitaciones de contratos de exploración y extracción, en donde contra toda lógica no tendrán injerencia ni en la determinación técnica sobre qué tipo de contratos realizar ni de la determinación económica. La primera a cargo de la Secretaría de Energía y la segunda a cargo de la Secretaría de Hacienda. Es decir, se va a dedicar a una mera organización de un proceso de licitación, cuando su naturaleza debería ser técnica. No resulta convincente el cómo justifican la intervención de las Comisiones que ahora se supone actuarán de manera coordinada. Se dice que la inclusión de nuevos participantes en el sector energético, así como de esquemas, mecanismos, reglas, instrumentos nunca antes pensados en nuestro país, implican otorgar un rol preponderante a los reguladores y se propone un esquema basado en las mejores prácticas, que por cierto nunca se dice de quién ni de dónde. Esto no quiere decir que no consideremos adecuada la existencia de los reguladores, el problema es que parecen en todo caso unas oficinas de trámite de permisos y organización de eventos, dejando en duda el papel técnico a desempeñar, además de la autonomía que presumen otorgarle. Consideramos que los organismos que se crean tenían que haber sido fortalecidos previo a la apertura del sector. Es necesario que obtengan credibilidad y, sobre todo, resultados claros que aseguren un papel firme de control y regulación en un sector complejo y expuesto a corrupción, con desafíos de conocimientos técnicos y humanos, dada la evolución tecnológica en la exploración y la extracción. Incluso en los órganos reguladores de muchos países desarrollados con experiencia en regular sectores con participación privada se han visto superados por no ir a la vanguardia en todos los aspectos requeridos para ejercer su papel. En el artículo 29 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, se contempla que estos podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamiento relacionados con sus servicios, los cuales serán la emisión y administración de permisos, las autorizaciones, las asignaciones y los contratos. Esto significa que los órganos reguladores se financiarán con recursos autogenerados o con recursos propios, dejando pasar por alto las decisiones de la Cámara de Diputados. Además, se contempla que los órganos reguladores coordinados en materia energética podrán instruir a un fiduciario la aplicación de los recursos a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones y no podrán acumular recursos superiores equivalentes a tres veces el presupuesto anual de la Comisión de que se trate. Esto no es admisible, ya que no se justifica a cuenta de qué los órganos tendrán hasta tres veces su presupuesto, cuando se supone que lo asignado en el Presupuesto de cada año asegura su funcionamiento, por lo que esta disposición sólo puede verse como un reparto de ingresos extraordinarios no justificados. Hay un claro conflicto de intereses en lo relativo a los nombramientos de los comisionados. En el artículo 8 se establece que para ser comisionado es necesario no haber ocupado en el año previo a su designación ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a la revolución de los órganos reguladores en esta materia. Esto no es ni cercanamente un tiempo suficiente para limitar el conflicto de intereses, por lo que tiene que ampliarse, si quieren de verdad tener órganos que no sean manipulables. Por otro lado, los órganos reguladores serán los que abran el camino a las empresas privadas para que puedan disponer de los predios que requieran para llevar a cabo la explotación de hidrocarburos. El otorgar contratos, permisos y autorizaciones de los órganos reguladores implicará una declaratoria de utilidad pública. Con ello, la ocupación de predios quedará en manos de los contratistas. Sin duda es mucho poder para organismos que no han mostrado fortaleza. Respecto a la Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, en el artículo 2 de la ley se establece que conducirá sus actividades con sujeción a lo dispuesto en esta ley y los instrumentos que se emitan en el marco del sistema nacional de planeación democrática y las políticas que determine el titular del Ejecutivo federal. Este tema sin duda plantea una situación de total manipulación del Ejecutivo sobre la agencia, tomando en cuenta que será desde el gobierno federal a través de la Secretaría de Energía la que determine cuáles son las áreas de explotación, por lo que al obedecer las acciones que determine el Ejecutivo como se dice en este artículo 2 la agencia nunca podrá ir en su contra, aunque se consideren áreas de explotación que tengan un impacto negativo en sentido ambiental, por lo que su función se vuelve completamente inútil. Para ver un ejemplo de lo poco que le va a importar al Ejecutivo esta Agencia, podemos mencionar lo que se establece en el artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos respecto a las autorizaciones para la perforación de pozos. La autorización a que se refiere este artículo se ajusta a los plazos establecidos conforme a la regulación que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En caso de no emitirse una respuesta a la solicitud por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dentro del plazo establecido en dicha regulación, ésta se entenderá en sentido favorable, es decir, la afirmativa ficta. Esto implica que la Comisión Nacional de Hidrocarburos podría no atender una solicitud de autorización respecto a un área de exploración, que de ser explotada implique un daño ambiental o de seguridad industrial y la agencia jamás sería consultada, teniendo el camino libre las empresas para perforar. No se toman en cuenta las recomendaciones hechas por las agencias internacionales de transparencia y anticorrupción del sector, respecto a una serie de condiciones necesarias para el desarrollo eficiente y transparente de la explotación de gas y de petróleos, siendo una de las más importantes la profesionalización de servidores públicos, con un sentido técnico y honorable y no simplemente oneroso y mercenario. La regulación del sector energético es, sin duda, la piedra angular que determina el desarrollo de proyectos que sean responsables, tanto con el ambiente, los trabajadores y en general con la población. El riesgo evidente que existirá de perder ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos, así como el funcionamiento eficiente y con enfoque social del sector eléctrico nacional, obligan a tener un cuidado pormenorizado que derive en un esquema regulatorio capaz de poner un límite a los abusos comprobados por parte de los explotadores, que vendrán con intenciones de saqueo voraz. Por desgracia en nuestro país la falta de un Estado de derecho y la legalidad harán el camino fácil para la existencia de organismos corruptibles y manipuladores. Por las razones mencionadas, es porque votaremos en contra de este dictamen. Muchas gracias.