El diputado Guillermo Tamborrel Suárez (PAN): Con el permiso de la presidencia. La educación integral infunde afecto y proximidad, forman valores como la libertad, la paz, la vida en sociedad, la responsabilidad, la equidad de género, el respeto al medio ambiente, la solidaridad y la subsidaridad, expresiones humanas necesarias para construir una sociedad que de manera ordenada y generosa, brinde una oportunidad de desarrollo integral a todas y todos sus integrantes. De ahí que el objetivo y último y transcendente del proceso educativo, sea la formación integral de cada persona, para desplegar de manera más amplia posible sus capacidades, talentos y habilidades, proceso que para alcanzar plenamente su propósito, sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, implica la tarea conjunta, solidaria y subsidiaria, del educando, sus maestros y sus padres o tutores, de ahí que sea conveniente establecer, clara y puntualmente, las facultades y responsabilidades de todos los involucrados, proceso que además, y dada la naturaleza del ser humano, no tiene fin y al quien sin discriminaciones de cualquier índole, todas y todos tenemos derecho. En ese sentido, tenemos que es responsabilidad del Estado y en los términos de lo expresado en el Artículo 3º. Constitucional, la de proveer a la población de servicios educativos de alta calidad, para entonces si alcanzar el objetivo de ofrecer un proceso educativo formal que, finalmente si permita la formación integral de los educandos y con ello lograr ciudadanos plenos. Asimismo y en apego a lo establecido en la fracción IV del Artículo 3º. Constitucional, tenemos que la prestación de servicios educativos públicos descansa en el principio de gratuidad, como obligación del Estado y como garantía individual para el gobernado, por ello, pretendemos establecer en el Artículo 6 de la Ley General de Educación, que el acceso a ésta no podrá condicionarse a la aportación, participación, colaboración o inscripción de cualquier índole en asociación, grupo u organización civil alguna, condicionamiento que lamentablemente observamos en no pocas ocasiones y ante el cual no podemos permanecer impávidos. También, y sin minimizar la responsabilidad del Estado de atender el derecho de todo individuo a la educación, tenemos que la participación en el México de hoy es indispensable. Hoy sería irresponsable por parte de padres o tutores, el delegar de manera exclusiva la educación de sus hijos o tutelados al Estado, las razones de ello son muchas y muy importantes. Por el momento basta señalar que el Estado nunca podrá suplir a los padres o tutores en la formación integral de nuestros hijos, circunstancia que de alguna manera ya fue recogida por legisladores anteriores, cuando establecen en la Ley General de Educación un capítulo, el 7º, referente a la participación social en la educación, participación que tiene que ser motivada y apoyada desde diversas perspectivas: la jurídica entre ellas. Todo ello de tal manera que los padres o tutores se involucren responsablemente en el proceso educativo formal de sus hijos o tutelados y se fortalezca la relación entre ellos, participación que también debe perseguir, entre otros, el objetivo de inculcar entre padres y educandos el sentido de propiedad y de respeto para con la escuela en su contexto más amplio; participación que por lo tanto debe ser, tiene que ser solidaria y subsidiaria para alcanzar sus objetivos, razones por las cuales tiene que estar claramente regulada. El no tener una regulación contundente y quizá hasta excesivamente clara y puntual, abre la posibilidad a la presencia de injusticias como la negación al derecho a la educación, al negarse los espacios en las escuelas. Por ello proponemos establecer en el mismo artículo 6º que las aportaciones que efectúen los padres de familia o tutores serán, a propuesta de la Asamblea de Padres de Familia, que siempre serán voluntarias, que se podrán efectuar en un erario, bienes o servicios y que éstas podrán cubrirse en una exhibición o en parcialidades. Asimismo, y en concordancia con el objetivo antes descrito de fomentar la participación social en el proceso educativo, proponemos establecer con claridad en el artículo 67 los lineamientos generales acerca de la conformación, objetos y responsabilidades de las asociaciones de padres de familia. El no hacerlo abre la puerta a la nula o mínima participación de los padres o tutores en las actividades escolares e inclusive en la relación educando-maestro-padre, que es tan necesaria o bien -y lo que también es muy grave- abre la posibilidad a que se presenten casos de fraude y engaño por parte de las mesas directivas, en perjuicio de la comunidad escolar y de la reputación de los maestros directores de las escuelas, posibilidad real que de hecho ya ha sido lamentablemente documentada en múltiples ocasiones, como ocurrió en Tamaulipas, en donde la Secretaría de Educación Pública de la entidad solicitó a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, que iniciara auditorías a diversas asociaciones de padres de familia, o en Guanajuato, donde se presentaron más de 100 casos de fraude durante el año que transcurre, posibilidad hecha realidad al grado que hoy diversas entidades ya desarrollaron algunas acciones para prevenir dichos fraudes, como ocurrió en Sinaloa, donde la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa firmó un acuerdo que claramente indica a las direcciones de los planteles de educación pública, el evitar el exigir aportaciones a los padres de familia durante el periodo de preinscripción, inscripción ni dentro de los primeros 45 días del ciclo escolar. O como ocurrió en Querétaro, donde la Ley Estatal de Educación ya plantea la prohibición del condicionamiento de inscripciones a la aportación de cuotas, prohibición que por cierto ha venido funcionando bastante bien. Por otro lado, el cumplir con este gran objetivo de promover la participación social nos permitirá, además, construir un cimiento más sólido sobre el cual edificar la sana relación que debe existir entre los integrantes de una sociedad, en este caso entre el padre de familia y su comunidad. Con base a lo anteriormente expuesto, de todo aquello que no logré plasmar pero que estamos ciertos, ustedes habrán de aportar, ponemos a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los articulo 6, 65 y 67 de la Ley General de Educación, que está plasmada en la Gaceta Legislativa de la sesión del día de hoy. Por su atención, muchas gracias. (aplausos) Es cuanto, señor Presidente.