El diputado Muñoz Ledo acaba de hacer una disección de por qué el gobierno no puede intervenir en la vida interna de un sindicato: porque lo prohíbe una convención internacional, la Convención 87 de la OIT. Pero así como ese tema es fundamental, me parece también que debe quedar muy claro el razonamiento de por qué debe proceder una controversia constitucional. El artículo 15 de la Ley de las Entidades Paraestatales dice que para la extinción de un organismo descentralizado debe seguirse el mismo procedimiento que para su creación. Estoy convencido de que el gobierno federal no siguió ese procedimiento. Cuando fue creado el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, hubo primero un mandato, una orden del Congreso de la Unión al Ejecutivo. El 27 de diciembre de 1989 se modifica el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En la parte conducente, ese artículo transitorio señala: El decreto de creación del organismo se establecerá con arreglo a esta disposición. Quiere decir que parte de la creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro fue a instancias del Congreso de la Unión, parte del procedimiento. Luego entonces, para su extinción debe tomar en cuenta al Congreso de la Unión. El Ejecutivo, al determinar el domingo 11 de octubre la extinción del organismo descentralizado, no solicitó la autorización del Congreso de la Unión. Esa autorización sí fue determinante, fue establecida por el Congreso de la Unión en el año de 1989. Sin esa autorización, en el año de 1994 el Ejecutivo no hubiese podido crear el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Por esa razón debe observarse el mismo procedimiento. Ya no aludo a razones constitucionales, sino simplemente a las razones de la propia ley secundaria, de la Ley de Entidades Paraestatales. Sigamos el mismo procedimiento. No se siguió. Por lo tanto, el Ejecutivo federal violó el principio de división de Poderes porque el Congreso no fue tomado en cuenta, no fue atendido, sobre todo, como decía en mi intervención anterior, cuando se trata de un organismo descentralizado que tiene por función, por objetivo constitucional, un área estratégica del Estado. No es cualquier organismo descentralizado, es un organismo descentralizado que se ocupa de la energía eléctrica. La energía eléctrica, según el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, es un área estratégica del Estado; por lo tanto, exclusiva del Estado. Lo dice también el artículo 27 de la Constitución, en su párrafo sexto, que se trata de una explotación, un uso y aprovechamiento exclusivo de la nación. Por lo tanto, el procedimiento de extinción de un organismo descentralizado de esta naturaleza, que tiene que ver con un área estratégica y exclusiva del Estado, en donde para su constitución legal tuvo que existir una autorización previa del Poder Legislativo, obviamente también su extinción debe contar con la previa autorización del Congreso de la Unión. Por lo tanto, este decreto de extinción es un decreto que deviene anticonstitucional. Pero no solamente es anticonstitucional, es un decreto ilegal, que no se funda, que no se motiva adecuadamente, en el último párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Yo quiero llamar nuevamente la atención de todos ustedes, porque en los próximos días vamos a elaborar una propuesta de controversia constitucional, y espero así, con la controversia en la mano, poderlos convencer de que es importante garantizar la constitucionalidad y la legalidad en este país. Este decreto, además de ser inconstitucional, es ilegal. Muchas gracias, compañeros.