La diputada Irene García Martínez: Con su venia, presidente. Hablar de soberanía y seguridad energética para México, no implica hacer las cosas arbitrariamente. En este recinto debe prevalecer el diálogo, así como en las discrepancias razonadas y argumentadas. Existe el delito de contrabando en el Código Fiscal de la Federación, pero solo para mercancías, bajo hipótesis que no se aproximan a la finalidad de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, por consiguiente, esta reforma no tendrá el fin que se busca. En Movimiento Ciudadano reiteramos que estamos en contra de la corrupción y buscamos promover el mejor manejo de las empresas productivas del Estado, pero estas reformas no dan una respuesta clara. Estamos dejando otra vez a la interpretación a nuestros juzgadores, porque no se están determinando bien las conductas en materia de hidrocarburos. Los vacíos legales no abonan a disminuir la corrupción, por lo contrario, la aumentarán. Estas reformas vuelven a tener un enfoque político y, sobre todo, son discrecionales y por lo tanto serán inconstitucionales como las que ya han precedido en esta administración cuando hablamos de las empresas productivas del Estado. Una de las consecuencias que, de no darse tiempo para legislar de manera seria, se vislumbra cuando se establecen disposiciones que no corresponden a la legislación vigente, en relación a la redacción del artículo 59 Bis, la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 12, determina que: para la coordinación de acciones orientadas a preservar la seguridad nacional, se establece el Consejo de Seguridad Nacional y del cual no forma parte la Secretaría de Energía. Y, por otro lado, dicha porción normativa, no contempla la posibilidad de invitar a otras autoridades a sus reuniones, por lo que la Comisión Reguladora de Energía, así como la propia Secretaría, tampoco pueden participar en las deliberaciones que dicho Consejo realice. El artículo 13 del mismo ordenamiento establece que el Consejo de Seguridad Nacional es una instancia deliberativa, cuya finalidad es establecer y articular la política en la materia. Por lo que la redacción propuesta en el dictamen que nos ocupa, en su artículo 59 Bis, otorga a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía facultades que, como bien dijimos, no tienen legalmente. De igual manera, no existe referencia a qué entender por peligro inminente. Ni siquiera en la Ley de Seguridad Nacional, dejando con ello a discreción de la Secretaría de Energía determinarlo, lo cual nos parece un error grave. Por otro lado, no es la Comisión Reguladora de Energía la encargada de la seguridad energética nacional, sino la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39, fracción III, de la Ley de los Órganos Reguladores, coordinados en materia, el cual establece entre sus atribuciones ser garante de la seguridad energética de la nación. Por último, consideramos necesario eliminar la propuesta que establece que la suspensión tendrá la duración que la autoridad determine, ya que nos parece que la redacción otorga a la Secretaría de Energía una facultad discrecional, y todo lo que se ejerce discrecionalmente puede ser injusto. Además, que la sanción no es proporcional al hecho, porque no está determinada, lo cual puede dar lugar a arbitrariedades por parte de la autoridad, cuando lo que se busca es evitar la corrupción. Por lo anteriormente expuesto, se presentan las reservas a los artículos 56 y 59 Bis del dictamen a discusión, a fin de atender las consideraciones vertidas por la de la voz. Por su atención, gracias. Es cuanto.