El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para dar cumplimiento al punto tercero, fracción primera del Acuerdo parlamentario, tiene la palabra hasta por diez minutos la ciudadana Ana Teresa Aranda Orozco, secretaria de Desarrollo Social. La Secretaria de Desarrollo Social Ana Teresa Aranda Orozco: Señoras y señores legisladores, asisto ante el Poder Legislativo a dar cumplimiento a lo que ordena el artículo 93 de nuestra Constitución. Juntos, Ejecutivo y Congreso, hemos avanzado en la institucionalización de una política social de Estado integral y con visión de largo plazo, a través de nuevos instrumentos jurídicos que se han construido sobre la base de un diálogo plural y respetuoso. México cuenta hoy con nuevas estrategias de desarrollo social y humano, para romper el círculo vicioso de la pobreza, diseñadas con base en el análisis científico y sujetas a una rigurosa evaluación para informar a los ciudadanos lo que hacemos con los impuestos que pagan. Hemos instrumentado las políticas públicas en público. Detrás de cada programa hay un padrón que reporta con claridad quién, cómo y por qué se beneficia con los apoyos del Estado mexicano. En un mundo global, donde las políticas locales están sujetas al escrutinio y valoración de la comunidad internacional, México ha sido reconocido por la solidez y seriedad de sus programas para superar la pobreza. Este gobierno le dio continuidad a los programas exitosos de las administraciones anteriores, reforzándolos con nuevos componentes de ciudadanía, corresponsabilidad, eficacia y transparencia. Y el ejemplo más claro —sin duda— es Oportunidades. Un programa que ha contado con todo el apoyo del Congreso, lo que ha permitido expandir su cobertura y enriquecerlo con nuevas vertientes para atender a jóvenes y adultos mayores. Oportunidades ha logrado resultados importantes de corto plazo en nutrición, salud, matrícula escolar y eficiencia terminal en el ciclo básico, medio y medio superior de educación. Sin embargo, como todo programa de capital humano, Oportunidades implica una inversión a largo plazo que rendirá frutos cuando los niños y niñas de estas familias crezcan y se incorporen de manera más ventajosa a la vida productiva rompiendo con ello el círculo vicioso de la pobreza y su transmisión intergeneracional. En esta administración hicimos del territorio el espacio para la instrumentación de nuevos programas como Hábitat. En un marco auténticamente federalista, Hábitat ha concertado proyectos con autoridades locales de todas las filiaciones políticas, duplicando prácticamente los recursos de que disponen para el equipamiento urbano de las ciudades que gobiernan. Hábitat es más que tubos de drenaje y más que cables de energía eléctrica; significa redes sociales y comunitarias más sólidas, barrios y colonias más seguros, ciudades más cuestionadas e incluyentes. Hábitat ha creado una red de protección social y de inclusión para los grupos más vulnerables de las zonas urbanas, niños, jóvenes, discapacitados, adultos mayores. A través de la estrategia microrregiones, por otra parte, avanzamos en este sexenio en la construcción de un piso mínimo de infraestructura para el desarrollo de las zonas rurales más aisladas y marginadas. La tarea que sigue, es aprovechar estos activos para detonar proyectos que permitan a las comunidades generar ingresos y empleo para lograr plena sustentabilidad. No quisiera dejar de mencionar que gracias a las acciones con enfoque territorial de la política social, sumadas éstas a las inversiones en infraestructura de los gobiernos locales, los hogares de las comunidades urbanas y rurales más marginadas cuentan hoy con un mejor equipamiento de servicios como lo demuestran los datos censales y el conteo de población 2005. Mientras entre 95 y 2000 el número de hogares sin drenaje a nivel nacional se redujo en 8.7 por ciento, entre 2000 y 2005 la reducción fue del 44 por ciento. En la administración anterior, los hogares que no contaban con electricidad, bajaron en 29 por ciento en este quinquenio en un 47 por ciento. Los que no disponían de agua entubada tuvieron una tasa de cambio, entre 95 y 2000, del 12 por ciento. Y en los últimos cinco años, un descenso del 23 por ciento. Estos logros pudieron conseguirse a pesar de que entre 2000 y 2005, el número de hogares en México se incrementó en 2.8 millones, lo que implicó atender los rezagos y satisfacer paralelamente la nueva demanda por servicios. Cabe subrayar que la pobreza es más que un problema de bajos ingresos. Se expresa también en carencia de una vivienda digna equipada con buenos servicios; agua, drenaje, luz significan habitabilidad; disfrute de los espacios cotidianos donde conviven las familias, mejor salud, reducción de enfermedades y es aquí donde las acciones de infraestructura básica adquieren su dimensión verdaderamente social. En este sexenio, señoras y señores legisladores, la pobreza mostró una clara tendencia a la baja. Esta administración recibió un país con 23.7 millones de personas en pobreza alimentaria. En los primeros cinco años de este gobierno casi 4.8 millones de mexicanos habían superado esta condición. Ello, a pesar de que en este mismo lapso la población total en nuestro país creció en 5.6 millones de personas y de que las líneas de pobreza que los mexicanos nos hemos fijado superan considerablemente las contempladas en los estándares internacionales. Cabe señalar que nuestro país fijó su línea de pobreza extrema en dos dólares al día, porque creemos que la línea internacional de pobreza de un dólar diario no es una medida aceptable de bienestar, porque no garantiza una vida digna y sustentable. De hecho, si tomáramos este estándar, la pobreza extrema en zonas rurales bajaría de 32 por ciento a 9.4 y, en general, estaría bajando de nueve por ciento de mexicanos en pobreza extrema a 4.5. Nuestro nivel de desarrollo económico y la infraestructura de que disponemos nos permite trazarnos metas más ambiciosas. Hemos rechazado el conformismo y la simulación y esto es algo que no debemos pasar por alto. Acorde con los estándares establecidos por el Consejo Nacional de Población, nuestro país registró un avance sustancial en combate a la marginación, un logro alcanzado gracias a la suma de esfuerzos y la corresponsabilidad entre Federación, estados y municipios. El índice de marginación que utiliza dicho organismo evalúa el impacto global de las carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación, vivienda inadecuada, ingreso monetario insuficiente y la residencia en localidades menores a cinco mil habitantes, generalmente dispersas y aisladas y con severos déficit de infraestructura. Este índice tiene cinco posible grados de marginación: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. A través del análisis de todas las variables para determinar la marginación se observa una mejoría consistente. Entre 2000 y 2005 siete estados alcanzaron un menor grado de marginación y ninguno pasó a un mayor grado. Veracruz e Hidalgo lograron abandonar la clasificación de muy alto grado, con lo que el número de entidades pasó de cinco a tres. En este mismo período Nayarit, Zacatecas y Guanajuato avanzaron de un grado de marginación alto a uno medio. Además, Quintana Roo y Morelos transitaron de la media a baja marginación. Se redujo también a la mitad la cantidad de mexicanas y mexicanos que sobreviven en condiciones de muy alta marginación. Todos estos avances ponen a México en una ruta segura para cumplir a tiempo con los objetivos de desarrollo del milenio. Sin embargo, aunque los valores promedio del país indican una evolución positiva desde 1996 en la reducción de la pobreza, existe todavía un rezago importante en regiones, entidades federativas y localidades, así como en ciertos segmentos de la población. Por ello afirmamos con toda honestidad que los resultados son aún insuficientes; todavía el 47 por ciento de la población enfrenta el reto de la pobreza que significa, sobre todo, ausencia de libertad y de ciudadanía plena. Sin embargo, puedo afirmar que si continuamos con programas sociales sólidos, si garantizamos un crecimiento sostenido y la generación de empleos, estaremos en condiciones de ir accediendo y acercando —perdón— y reconciliando cada vez más a los méxicos distantes. La labor realizada en este sexenio ha estado animada por el profundo deseo de servir a México. Hemos actuado con claros principios de transparencia y rendición de cuentas. Estamos convencidos que los acuerdos entre Ejecutivo y Legislativo son vitales, para seguir avanzando y ello nos obliga a ver más allá de lo que impone la doctrina partidista o la consignan política para la coyuntura. Por eso, invitamos a esta soberanía para continuar en la ruta de una política social de estado federalista, incluyente y plural. La lucha contra la pobreza es un imperativo ético y político y lo seguirá siendo en las futuras generaciones. Este país no podrá reconciliarse con su diversidad, con su rica cultura, ni con su historia, ni tendrá plena viabilidad en este mundo global complejo y cambiante que nos aguarde en las próximas décadas si no creamos desde ahora las condiciones para superar definitivamente la pobreza. Ejecutivo federal y Congreso deben sentarse a la mesa para generar las respuestas que satisfagan el anhelo de buen gobierno de los ciudadanos. Es hora de pensar en México. Muchas gracias.