El diputado José Antonio de la Vega Asmitia: Muchas gracias, diputada Presidenta. Los suscritos diputados José Antonio de la Vega Asmitia y Sergio Penagos García, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un título cuarto al libro primero y diversos artículos del Código Civil Federal y se derogan los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente Exposición de Motivos La vida humana misma es en esencia la propensión a obtener felicidad. Sin embargo el hombre requiere de ciertas condiciones para llevar a cabo su teleología, destacándose la libertad y el respeto a su persona, como los medios para que sin limitaciones o intromisiones, se haga imposible o impracticable los conductos necesarios para el cumplimiento de sus metas y el desarrollo de su personalidad. Dichas condiciones dan pie al fundamento filosófico de los derechos humanos como un mínimo indispensable para que el hombre pueda desarrollar una vida plena y normal en sociedad. Uno de estos elementos mínimos indispensables lo constituye la libertad de expresión. Sin duda, es la libertad de expresión la que representa un derecho universal del hombre y es por sí misma una de las garantías más sólidas de las democracias y el desarrollo moderno de los estados. El núcleo esencial de este derecho incluye la libertad de formar opinión propia, la de imprenta y prensa. Esto es, la de imprimir, difundir, informar y comunicar pensamientos e ideas por cualquier medio. Su reverso es el ejercicio de la libertad de censura, típico de los gobiernos autoritarios. En nuestro sistema jurídico la libertad de expresión de manera genérica se encuentra tutelada por los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Varios fueron los ordenamientos jurídicos y documentos que dispusieron en su texto la necesidad de respetar el derecho de expresión, así como de establecer límites al mismo. Desde el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana expedido en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, hasta la promulgación de nuestra actual Ley Fundamental de fecha 5 de Febrero de 1917, el derecho a expresarse, a manifestarse por escrito, ha sido inherente a nuestros derechos fundamentales. Esta garantía aparece de manera explícita por primera vez en la Constitución de 1857, en su artículo 6o. del que literalmente y sin afectarlo, pasa a ser parte textual de la Constitución de 1917. Con la declaración universal de los derechos humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217, de fecha 10 de diciembre de 1948, se cristaliza la evolución de la doctrina sobre el derecho de expresión y se reconoce la necesidad de proteger no solamente el ejercicio del derecho del sujeto que manifiesta sus ideas, sino también de tutelar el derecho que tiene el sujeto que recibe dicho mensaje, toda vez que la desinformación o tergiversación de la misma, es tan nociva para el desarrollo pleno del ser humano, como la represión del derecho de expresión. De igual manera en el año de 1969, se celebra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, este instrumento internacional en su artículo 13, prevé como una obligación de los estados miembros de dicha Convención, el respetar la libertad de pensamiento y de expresión, estableciéndose en el numeral 2 de este precepto, el que dicho derecho no puede estar sujeto a previa censura, sino responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. El Estado Mexicano se adhirió a este instrumento internacional el 24 de marzo de 1981 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo del mismo año. Ahora bien, conviene apuntar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido al interpretar la prohibición de censura previa, contenida en este instrumento internacional, que la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de responsabilidades para quien lo haya cometido y que el hecho de establecer una sanción de índole penal, actúa como una especie de mecanismo de censura previa al limitar dicho ejercicio por la amenaza del inicio de un proceso penal con las consecuencias que ello conlleva. Derivado de lo anterior la Comisión Interamericana de Derecho Humanos y su relator sobre la libertad de expresión, se han pronunciado para evitar toda normativa penal y ubicar en cambio los ilícitos cometidos por la prensa únicamente por la vía civil. En efecto, en el informe anual del relator especial que fue emitida en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, cuyo artículo décimo a la letra dice: "Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública, o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público." Bajo este contexto y considerando que el artículo 133 de la Constitución Federal establece que los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión, es que se propone derogar los artículos uno y treinta y uno de la Ley sobre Delitos de Imprenta referentes a las sanciones punitivas por transgredir determinados actos y aspectos de la vida privada, lo que además vendrá a dotar de eficacia normativa a las propuestas presentadas ante este Pleno referentes a despenalizar las conductas tipificadas en el Código Penal Federal concernientes a las injurias, difamación y calumnias. En efecto, es de advertirse que la Ley sobre Delitos de Imprenta a la postre reglamentaria de los artículos sexto y séptimo de la Constitución, no obstante que dada su génesis normativa es considerada pre-constitucional, no puede negarse que forma parte de nuestro marco jurídico vigente, tal como lo ha resuelto en diversas ocasiones los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ante la realidad evidente de que la libertad de expresión no consiste en un derecho limitado sino que por interés general o conveniencia social existen límites a su ejercicio, se estima que es necesario de manera correlativa llevar a cabo reformas al Código Civil Federal. Por ello es preciso reconocer que por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión actualmente se pueden desprender responsabilidades tanto del orden penal como civil. Por lo que se refiere al orden civil, el artículo 1916 del Código Civil Federal prevé lo que se conoce como daño moral, mismo que en términos de nuestro sistema jurídico requiere del cumplimiento de determinadas hipótesis para la procedencia de su reclamación. Así, en términos de lo previsto en el numeral anterior es necesario que se produzca el daño moral por un hecho u omisión ilícitos, con independencia de que se haya causado daño material o no por responsabilidad contractual o extracontractual. De manera que para que en esta hipótesis se produzca, la obligación de reparar el daño moral por responsabilidad contractual se requieren tres elementos como la existencia de un hecho u omisión ilícita de una persona; que produzca una afectación a la persona en cualesquiera de los bienes tutelados en el citado numeral; y que exista una relación de causa-efecto entre el daño moral y el hecho u omisión ilícitos. Por lo que la ausencia de cualquiera de estos elementos impide que se genere la obligación resarcitoria, esta hipótesis que establece la acción autónoma de la reclamación del daño moral. La segunda hipótesis consiste en que el obligado haya incurrido en responsabilidad objetiva prevista en el artículo 1913 del citado código. La tercera hipótesis a que se refiere la procedencia de la reclamación del daño moral en contra del Estado cuando los servidores públicos causen un daño moral a una persona, a la postre ya resulta inaplicable por virtud de la reforma al artículo 113 de la Constitución General y la publicación de la Ley Reglamentaria en Materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En congruencia con la primera hipótesis, se considera que debe tutelarse de manera expresa en el Código Civil Federal los derechos de la personalidad. Nuestro sistema jurídico en el ámbito federal no reconoce de manera expresa estos derechos de la personalidad. Si bien es cierto estos pueden inferirse en la interpretación de diversos artículos de nuestra Carta Magna con la finalidad de evitar toda serie de confusiones e interpretaciones negativas, es necesario plantearlos expresamente en el Código Civil Federal y determinar que las transgresiones de los mismos es considerado como un hecho ilícito. Por ello, solicitamos a este honorable Pleno para que pueda modificarse los artículos, agregarse al libro primero del Código Civil Federal denominado "Los derechos de la personalidad", y modificar los artículos 34 bis, 34 bis-1, bis-2, 34-bis-4, bis-5, bis-6 de este ordenamiento jurídico y derogarse los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta. Es cuanto diputada presidenta.