La diputada Julisa Mejía Guajardo: Gracias, diputado presidente. Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a formular reserva a los artículos 29-B y el 69-B del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. El dictamen que nos presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público ha sido modificado en 30 puntos que permiten mayor certidumbre fiscal a los contribuyentes y detiene los posibles abusos de las autoridades en este país. Es por ello que invito que apoyen estas dos modificaciones que propongo para darle mayor certidumbre al contribuyente sin dañar la capacidad de fiscalización que tiene la Hacienda. Por un lado se debe permitir que los esfuerzos de simplificación administrativa complementen la propuesta de uso ampliado de medios electrónicos a fin de emplearlos también para las retenciones que se efectúen a las contribuciones, el cual, por cierto, no es posible para sueldos y salarios. Con el propósito de contar con toda la información que la autoridad fiscal requiere a través de estos medios y estar en posibilidad de eliminar en breve tiempo la obligación de presentar declaraciones informativas, de retenciones y de expedir constancias. Pero una situación es la obligación de expedir los comprobantes fiscales por los ingresos recibidos y otra muy diferente la facilidad y complementariedad para que un contribuyente pueda deducir sus gastos mediante comprobantes alternos que han merecido, por su tipo de operación y control financiero, el reconocimiento de que también son eficaces medios de información y fiscalización como los estados de cuenta impresos o electrónicos que expidan las entidades financieras, las sociedades financieras comunitarias y los organismos de integración financiera rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular o las personas morales que emitan tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria con los requisitos que ha autorizado la autoridad y que en su momento implicó la intencionalidad de lograr una simplificación administrativa y reconocer operaciones que en la práctica no emiten comprobantes fiscales, pero sí tienen la intervención de un fedatario público, como lo son las escrituras públicas y demás documentos con fe pública. Sería prudente que para evitar una cacería fiscal de forma o de fondo se pudiera aceptar que sigan siendo comprobantes fiscales. También es plausible que la autoridad impida que un comprobante que fue expedido por operaciones inexistentes o por contribuyentes no localizados no producen o no produjeron efecto fiscal alguno, pero permitirle a la autoridad fiscal que tenga efectos generales para todas las operaciones con todos los contribuyentes con los que hayan tenido relaciones de negocios me parece, nos parece un exceso, ya que no permite que las demás operaciones demuestren que sí fueron reales e impide la posibilidad del contribuyente a ser oído y vencido ante las instancias respectivas, pudiendo generarle contingencias fiscales incalculables y además agregamos la forma de conducirse de los auditores al practicar sus facultades de revisión para calificar como inexistentes operaciones en donde, al mostrar algún documento, la autoridad lo califica como no válido. Ponemos a los contribuyentes en riesgos que pueden terminar generando cierres de enormes negocios. Como efectos secundarios están el desempleo o malas prácticas fiscales para favorecer competidores de grupos no favorables a un poder político o al poder político en turno. Si aspiramos a un estado de justicia que respete los derechos de los contribuyentes no hagamos posibles los cambios propuestos que nos dañan, sino al contrario, apoyar los objetivos de las autoridades fiscales en el país. Para tener una mejor contribución requerimos apoyo verdadero a los contribuyentes. Muchas gracias.