El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Hoy me encuentro frente a ustedes para puntualizar el tema de la evaluación de la educación en México sin rasgos tendenciosos ni portadas mediáticas. Tengo mis dudas en que ahora, el nuevo Instituto, como se llame, de verdad se ha descentralizado. No voy a defender al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, voy a defender que desparecerlo no es la mejor alternativa. Por ello me encuentro en contra del presente dictamen, lo explico. Las razones más utilizadas para motivar su desaparición son el carácter punitivo de las evaluaciones, lo costoso de mantenerlo y su pasividad. Mis contraargumentos a tales afirmaciones son que, lo que ha fallado es el instrumento, no la estrategia. La facultad del Estado para relegar de su cargo al docente después de reprobado tres veces una evaluación, a pesar de recibir formación entre una y otra, no es tan diferente de la realidad que se vive en países como Singapur con el Sistema de Gestión de la Mejora del Rendimiento, o Finlandia con el Sistema de Inspecciones, así podría seguir con Japón, Perú, Shanghái, según datos de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico. Esto sigue la lógica de que el docente se encuentra ejerciendo una labor que representa la columna vertebral del desarrollo de cualquier región. Lo que reconozco es que el instrumento ha sido tan rígido que no se ha considerado las variables, además de la información que puede poseer el educador. Me refiero a la metodología que se tiene en clase, a la comunicación que se entabla con el alumno y con los padres de familia, a objetivos o metas en cuanto al aumento de habilidades para con los educandos. Es decir, a las aptitudes profesionales y a las aptitudes y escala de valores de los maestros. En cuanto al presupuesto, entre 2018 y 2019 recibió un recorte importante, cerca del 50 por ciento. Además, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha suministrado información, indicadores y conocimiento puntual sobre todo el sistema educativo nacional a través de documentos como el panorama educativo, reconocido por cierto como fuente de datos precisa y rigurosa, y encargado de la aplicación de pruebas de aprendizaje internacionales, como PISA, formación cívica y la que coordina la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Mi postura es a favor de la evaluación, pero también a favor de mejorar las condiciones del docente, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Coincido en que no podemos dejar la evaluación de los diversos componentes del sistema educativo a la misma autoridad encargada de prestar el servicio, porque no conocemos sus limitaciones e imprecisiones. Ya lo menciona Teresa Bracho, hacerlo es equivalente a que de nueva cuenta fuera la Secretaría de Gobernación la que organizara las elecciones y contara los votos. La evaluación constituye una acción importante para mejorar las condiciones de intercambio entre profesores y estudiantes en los salones de clases, siempre y cuando las academias le otorguen la importancia que merece, los directivos no lo conceptualicen como un control administrativo y dejando de equiparar el instrumento de evaluación con el acopio de la información para dar lugar a interpretaciones que conduzcan al perfeccionamiento y a la mejora de la enseñanza. México tiene un presupuesto educativo superior al promedio a nivel mundial, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, y aun así tiene una enorme desconexión entre lo invertido y los resultados obtenidos; mayor gasto corriente. Eso es en lo que más se gasta el dinero, menos infraestructura educativa. Estos montos que se han destinado han sido menores a lo que le han otorgado al combustible y energía, a la protección social y a las participaciones. En gran medida esto se debe a la falta de calidad y eficiencia del gasto público en el país, el uso político del presupuesto, la falta de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, escasos indicadores relevantes para medir el impacto real del gasto. Recalco, sólo se utiliza en este gobierno el término de corrupción como bandera política, pero no se hace nada y como ejemplo está Elba Esther que ahora está en la calle gozando de sus millones. Un gasto público ineficiente y de impacto limitado no puede admitirse en un país que subsiste con tantas carencias sociales y económicas, ya que enfrenta un escenario de recursos públicos escasos. No se trata de desaparecer un instituto por un asunto político electorero, la educación va más allá de ello. Se trata, pues, de darle a cada cual lo que le corresponde y hacer lo que a cada uno le corresponde. Los invito a la toma de decisiones y a traducir propuestas políticas públicas que mejoren la gestión de recursos en bienestar de los ciudadanos. Como diputado sin partido, nos posicionamos en contra de la desaparición del instituto y por ende, por lo tanto, de esta reforma que es una simulación más, esta reforma pudo haber sido mejor, considerando que se llevaron a cabo tantos foros con tantas y diversas especializadas intervenciones. No basta con una buena voluntad cuando se trata de un tema...