El diputado José Gildardo Guerrero Torres: Cono su venia, diputada Vicepresidenta. Por encontrarse publicado el texto íntegro de la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, a continuación citaré algunos de los argumentos que ponen en evidencia y refuerzan los motivos de la necesidad de la presentación y aprobación de la iniciativa, pidiéndole se inserte íntegro el contenido de la presente en el Diario de los Debates. Compañeras y compañeros diputados. Con el ánimo de acrecentar el grado de confianza de los usuarios de los servicios que proporcionan las instituciones financieras, así como para fortalecer a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en el desempeño de sus funciones, el día de hoy me complazco en poner a la consideración de esta honorable Asamblea la reforma de la fracción II del artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Cabe destacar que la concepción de esta reforma se originó de la práctica, pues personal de la Condusef nos indicó que en el mismo procedimiento de conciliación, si el usuario presenta una reclamación en el cual el nombre de la institución no fuera preciso, al solicitar ellos a la autoridad financiera o bien a las comisiones del sistema financiero algún tipo de información para proceder a la plena identificación de la institución financiera y éstos no contestan, es imposible allegarse de los elementos necesarios para continuar con su acción. Pero tampoco pueden sancionar a aquella autoridad o comisiones nacionales, pues la ley no es clara en la aplicación de sanciones. Considero entonces que es de vital importancia impulsar las prerrogativas relativas a la defensa de los derechos e intereses de los usuarios del sistema financiero. Por ende, esta iniciativa es con la finalidad de precisar que, dentro del procedimiento de conciliación administrado por la Condusef, esta Comisión tiene la facultad de imponer una sanción de 200 a 1000 días de salario a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas, y Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, cuando éstas no cumplan con la obligación que se desprende establecida en el artículo 64 que establece: "Las autoridades a que se refiere la fracción IV del artículo anterior deberán contestar la solicitud que le formule la Comisión Nacional —es decir, la Condusef, en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud, consistiendo la misma en aportar los datos necesarios para proceder a la identificación de la institución financiera". Y me refiero a precisar en consideración que la fracción II del mencionado artículo 94 ya sanciona la omisión de la obligación contemplada en el artículo 12, que a la letra dice: "Artículo 12. Para el debido cumplimiento de las facultades que esta Ley atribuye a la Comisión Nacional, las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Comisiones Nacionales, así como las instituciones financieras, deberán proporcionarle la información y datos que les soliciten". Ahora bien, siendo que la primera obligación sería especie dentro del género de la segunda obligación —es decir, la del artículo 64—, es de considerarse que son de la misma naturaleza y por lo tanto su omisión debe ser también sancionada en los mismos términos, en un acto de congruencia. No obstante, la fracción II del artículo 94 a la letra sólo establece: "La comisión nacional estará facultada para imponer las siguientes sanciones: multa de 200 a 1000 días de salario. La institución financiera que no proporcione la información que le solicita la comisión nacional para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo solamente con los artículos 12, 53 y 58 de la ley". Por si lo anterior fuera poco, se observa que aun cuando la obligación establecida en el artículo 12 establece como sujetos obligados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a las multicitadas comisiones nacionales y a las instituciones financieras, únicamente se sanciona la omisión de las instituciones financieras, lo cual es a todas luces, inequitativo. Por lo anteriormente expresado, propongo la siguiente reforma de la fracción II, artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros en los siguientes términos: "Artículo 94. La comisión nacional estará facultada para imponer las siguientes sanciones: II. Multa de 200 a mil días de salario a la institución financiera y autoridades que no proporcione la información que le solicite la comisión nacional para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con los artículos 12, 53, 58 y 64 de esta ley". Muchas gracias, es cuanto diputada Vicepresidenta.