La diputada Gloria Romero León: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la matanza de Tlatelolco, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Ayotzinapa, Nochixtlán, entre otros, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, considerados también crímenes de lesa humanidad, porque constituyen una cadena de violaciones de los derechos humanos por parte del propio Estado, en las que se recurrieron a brutales manifestaciones de violencia contra la población civil, acciones que se han quedado sin resolver y mucho menos se nos ha permitido conocer la verdad de lo sucedido. Por eso es que hoy vengo ante esta soberanía, a presentar la siguiente iniciativa. La creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el año 2015, fue un proceso sin precedentes en el cual una mesa plural conformada tanto por representantes de todos los grupos parlamentarios como de representantes de la sociedad civil organizada, dieron origen a esta ley. A tres años de su promulgación, resulta necesario evaluarla a efecto de determinar qué modificaciones son necesarias para su mejor implementación y puesta en práctica, y me refiero a la situación provocada por la falta de una facultad expresa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para garantizar la apertura de la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos. En un país como el nuestro con una incidencia tan alta de casos relacionados con desapariciones forzadas de personas, el acceso a la información es indispensable para ejercer el derecho a la verdad, así como para la reparación del daño a víctimas y familiares y la garantía de no repetición. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho a la verdad de las víctimas, los familiares más cercanos y la sociedad en su conjunto. En esta misma línea, la Corte asiente en que graves violaciones se producen cuando las propias autoridades que deben de proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes en obtener el respeto a las garantías individuales. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación en torno a las alegaciones de que en estas violaciones de derechos humanos, participan autoridades públicas o que se llevan a cabo mediante la complicidad o con el consentimiento o contubernio de autoridades federales, estatales y municipales. La regla general en un Estado democrático de derecho, debe ser el acceso y máxima publicidad de la información. Sin embargo, la regla general presenta algunas excepciones. Una de estas excepciones es el caso de las averiguaciones previas, cuyo contenido debe considerarse como estrictamente reservado, en términos de lo dispuesto en los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales; 13, fracción V y 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los párrafos segundo, tercero y sexto del Código Federal de Procedimientos Penales, trasgreden el derecho humano de acceso a la información respecto a la absoluta reserva en la averiguación previa por lo que ha sido declarado inconstitucional. En este orden de ideas, el juzgador consideró que cuando existan violaciones graves a derechos humanos, estas afectan a toda la colectividad, por lo que debe de operar una excepción a la restricción de la información de las averiguaciones previas, puesto que la sociedad está interesada en conocer la verdad histórica de los hechos y exigir la rendición de cuentas para que la investigación sea llevada con la debida diligencia a fin de sancionar y enjuiciar a los responsables y de esta manera evitar la impunidad y la repetición de dichos actos en el futuro. Por eso, el día de hoy acudo ante el pleno de esta soberanía a proponer la modificación del artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para dar facultades amplias al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con respecto a la apertura de expedientes que contengan el tratamiento de violaciones graves...