El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, vengo a presentar una moción suspensiva al dictamen por distintas razones jurídicas que expondré a continuación. La reglamentación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que contiene el dictamen representa una contradicción y una regresión al espíritu legislativo, trasgrede la letra de la Constitución. Podemos destacar un sinnúmero de ejemplos de eso. Entre las disposiciones de esta legislación habremos de mencionar algunas. Por cierto, qué bueno que no se pague el servicio de larga distancia nacional a partir del 1 de enero de 2015, qué malo que se hayan tardado y que con la Ley secundaria se desapruebe que el órgano regulados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita declaraciones por sector y no por servicio. Esto es, la declaración de preponderancia que deberá hacer el Ifetel, o sea la determinación por agente con poder sustancial en el mercado de las telecomunicaciones se hará por sector de manera general, no por servicios, como lo establece la Constitución. Lo cual indica que no se desagregarán todos los servicios ofrecidos por cada operador de telecomunicaciones o radiodifusión, tales como Internet, telefonía, televisión de paga, servicios de venta y publicidad, entre otros. ¿Qué implica esto? Que en la aplicación y observancia de la norma jurídica con la declaración de preponderancia no se tocará el monopolio o duopolio televisivo, concretamente en televisión de paga cuyo crecimiento está en expansión y en la que Televisa concentra en estaciones el 47 por ciento y en audiencia el 54 por ciento. Tales porcentajes podrán aumentar sin restricción. Ello representa un privilegio inadmisible en cualquier democracia moderna. Sin embargo, lo más grave es que en la práctica esta ley crea el más poderoso y peligroso poder fáctico, el cual podría tornarse ingobernable en algún momento. Qué bueno que puedas cambiar de compañía celular de manera gratuita en menos de 24 horas y sin condiciones. Qué malo que se haya fortalecido el predominio privado sobre el espectro radioeléctrico, con la amenaza de que se perpetúe. Ello evidencia a un Estado claudicante y sometido, que renuncia a su obligación de tener instrumentos que garanticen los derechos y libertades de los gobernados. Qué bueno que reciba bonificaciones o descuentos de las compañías de telecomunicaciones, que no te presten servicios de calidad. Qué malo que se subordine lo público a lo privado. Es un error histórico que enfrenta la posibilidad de eternizar la violación del derecho a la información, a la libertad de expresión, sometiéndolo al poder económico, al sentido mercantilista y a su comercialización al mejor postor. Esta medida, además de ser contraria a la reforma constitucional, significa que los actuales oligopolios que concentran el espectro radioeléctrico no serán tocados para efectos de diversificar la oferta y abrir el mercado. La Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión es un proyecto confeccionado a la medida de los concesionarios, que son actores preponderantes en México. No es una regulación auténtica que otorgue beneficios a los nuevos competidores y mejores ofertas de servicio y contenido a usuarios y audiencia. Ninguna de las 24 fracciones para regular la radiodifusión es asimétrica, se trata de un rosario de obligaciones generales que no modifican la concentración que genera un oligopolio de este sector. Al no establecer medidas efectivas para la desconcentración, no habrá reducción en las tarifas de servicio de Internet, telefonía ni televisión de paga, tampoco se mejorarán los contenidos audiovisuales que se ofrecen a la sociedad. Qué bueno que te conectes a Internet gratuitamente en 250 mil parques y sitios públicos. Qué malo que el acceso a Internet no sea un derecho universal gratuito y que ahora, como siempre, las comunidades más pobres estarán privadas de esta posibilidad. Y es que en la legislación secundaria a Telecom fue ofrecido con las mismas promesas engañosas que otras reformas de reciente aprobación: mejores servicios a precios más baratos, y nació vinculada con otra ley de contenido económico, que busca combatir los monopolios. No fue diseñada preponderantemente para mejorar el servicio final o reducir las tarifas de manera significativa, sino para repartir el mercado económico de las telecomunicaciones en el país, que en el 2013 facturó en sus tres segmentos más importantes: telefonía fija, móvil y televisión restringida, un total de 430 mil millones de pesos. Una de las propuestas que los defensores de la reforma abanderan es que es un beneficio para los ciudadanos y radica en las figuras de must carry, must offer dichos mecanismos ponen que las televisoras de señal restringida estarían obligadas por ley a la retransmisión de las emisiones de las televisoras de señal abierta, a su vez, éstas deben de proporcionar, en primera, dicha señal y de manera gratuita. En ambos procedimientos no puede haber pago alguno ni las televisoras de cable ni por satélite pueden cobrar a sus suscriptores las señales de la televisión abierta. Ésta sola posibilidad de apertura generó reacciones inmediatas de parte de las televisoras, que alegó supuestas violaciones a derechos de autor, y con diversas acciones atrasó la deliberación sobre los lineamientos de must carry, must offer, con el afán de incidir en la reglamentación secundaria. El resultado es, que si bien se mantuvieron las condiciones de estas figuras, ahora éstas carecen de sentido, debido a las reformas que se pretenden realizar a la Ley Federal de Derechos de Autor, en las cuales se estipulan que los organismos de radio y difusión tendrán el derecho de autorizar o prohibir, respecto de sus omisiones la retransmisión, la transmisión directa y la distribución, con ello se cobrarán derechos de autor por programa y por contenido, una verdadera simulación y una traición a la Constitución y a la población que creyó ingenuamente que esto pasaría. Según datos de IFT, la televisión de paga la constituyen 15 millones 185 mil suscriptores, con un crecimiento del 10 por ciento anual, ésta se convertirá en el instrumento más poderoso de comunicación al que se le ha autorizado el aumento de publicidad por hora. Qué bueno que haya más competencia en servicios de telecomunicación y radiodifusión para que tengan más opciones y mejores precios. Qué malo que esto sea sólo un discurso retórico porque en la práctica habrá más publicidad. Es sólo un argumento engañoso y simulado, usado como señuelo en la aprobación de todas las reformas. Ninguno de los potenciales beneficios de la Ley Telecom, que tanto se han aclamado en los medios masivos se equipará con los elementos perniciosos para la vida pública, que traerá consigo, entre ellos, la requisa de los medios de comunicación, la legalización del espionaje, generalizado, indiscriminado, con fines de colaboración con la justicia y la censura de contenidos audiovisuales, a cargo de la Secretaría de Gobernación, así como la inhibición de señales y la geolocalización. No les parece extraño que todos aquellos que insultaron y repudiaron a Hugo Chávez, aquella derecha dogmática que lo cuestionó, ahora vote a favor de disposiciones en materia de telecomunicaciones, que parecieran copiar la letra de la Ley de Requisa, que en su momento promulgara el ex presidente de Venezuela. Es un Estado totalmente de sitio electrónico. Qué bueno que puedas consultar el saldo de tu teléfono sin costo. Qué malo que la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculta el Ministerio Público pueda ahora intervenir sus comunicaciones. La formación e improvisación de nuestros ministerios públicos es alarmante. Imaginémonos a los ciudadanos en sus manos, sin ningún control judicial. Esto es un exceso, una limitación de garantías y derechos individuales, un retroceso en materia de derechos humanos. Aquí hay un claro intento de restauración del viejo régimen. También en tiempos oficiales hay regresión. En bloqueo de pautas en campañas políticas, así como sanciones descafeinadas, light, que no hay defensores de audiencia con fuerzas o reglas claras. Las concesiones comunitarias e indígenas están limitadas y sobre reguladas. La voluntad política del gobierno nos impide independencia editorial y pluralidad en la información. Existen suficientes elementos para regresar este dictamen a comisiones. Si las televisoras fueron capaces de imponer al presidente de la República, con este poder que ahora les otorga la ley podrán hacer prácticamente lo que quieran, al estarles ustedes concediendo este rasgo y este rango de supremacía constitucional. Pero será la historia la que se los demande. Nunca en la historia de México se había dado tal paso para esta desnaturalización jurídica y política de tener un instrumento privado, situado por encima del Estado. Nunca el Estado había claudicado y renunciado voluntariamente a la responsabilidad constitucional. Tenemos en los hechos un poder Ejecutivo y un Legislativo pusilánimes, medrosos, temerosos y al servicio de los poderes fácticos. La aprobación de esta legislación, así como de las todas llamadas reformas estructurales, traerán una profundización de la crisis de representatividad que vive la vida pública del país. Ahora más que nunca los legisladores serán considerados por la población como representantes de todo tipo de intereses, desde personales hasta corporativos y de los poderes fácticos pero no de los ciudadanos. Concluyo, presidente. Los que aprueben esta ley no tienen idea del daño que le están causando a la patria. Están creando un supra poder que será una amenaza a la libertad de expresión, a la democracia y al derecho a la información y se equivocan quienes ahora acuden, solícitos y obsequiosos a los llamados de los altos ejecutivos de las televisoras, pensando en que éstas son indispensables para su promoción política. Con su voto están dando vida a un monstruo que tomará decisiones políticas fundamentales, sin contrapesos, sin equilibrios, sin regulación que podrá acabar con todos ustedes sin el menor pudor, ya que solo los mueve el interés económico. No tengan temor. Regresemos a comisiones este desatino legislativo, corrijámoslo, otorguémosle congruencia constitucional. Actúen por una vez, por una sola vez en beneficio de la población. No tengan miedo a los poderes fácticos. No los van a destruir, a menos que ustedes estén buscando su protección y su complicidad a sus fechorías. Por si no fuera así, actúen con principios. Las televisoras, los medios de comunicación no podrán hacerles daño. No, si les ponemos freno aquí y ahora. De otro modo, enfrenten el juicio que les harán la historia y la patria. Gracias, presidente. Un recuerdo anecdótico me traslada a este acto y a esta posición de regreso a comisión. Hace unos dos años en una celebración futbolera, un alto ejecutivo con un gran júbilo se quitó el saco y en su playera decía: para que me odien más. Esa frase ahora se remueve, pero ahora se hará realidad: para que me odien más. Ahora los legisladores, los ciudadanos van a odiarles más por su incongruencia, por haberse hincado, por haberse subordinado a los poderes fácticos. Allá ustedes; la historia se los demandará.