La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Vengo a esta tribuna a presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al dictamen de la Comisión de Justicia, sobre el lavado, terrorismo, financiamiento, tema por cierto muy polémico y que aún estamos debatiendo en el ánimo de lograr la mejor redacción y el mejor establecimiento de los términos para el resguardo de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Muchos se preguntan cuál es la pertinencia de aprobar una legislación antiterrorista de vanguardia en nuestro país, similar a la que se ha impulsado en otros países. Los actos de terrorismo, definidos como actos dolosos que deliberadamente buscan producir terror y alarma en la población, utilizando medios explosivos, incendiarios u otros para presionar a una autoridad o particular a tomar una determinación, se limitan a unos cuantos casos perpetrados por el crimen organizado, como el del Casino Royale, conocido por todos, y la Plaza de Armas de Morelia. Sin embargo, México es parte de diversos espacios internacionales donde países aquejados por actos terroristas han impulsado la expansión de instrumentos que permitan investigar y sancionar dichas conductas. En este sentido, la cooperación que podría darse entre México y otros países debe estar regulada estrictamente por los convenios que se han firmado en la materia, que buscan desarticular las redes de financiamiento y apoyo al terrorismo, así como el lavado dinero en su dimensión global. En este dictamen, además se incluyen nuevas figuras como el testaferrato, como los actos contra una persona internacionalmente protegida o contra las instalaciones diplomáticas o de organismos internacionales, que permiten proteger adecuadamente la paz y la seguridad en un marco internacional coherente. Atendiendo las obligaciones internacionales de nuestro país, el Grupo Parlamentario del PRD se adhiere a este dictamen y aprovecha para hacer un llamado a que el Estado mexicano cumpla cabalmente con sus obligaciones en derechos humanos, que se han señalado reiteradamente en los órganos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en la materia. Así sea una conducta excepcional en nuestro país, las sanciones al terrorismo y su financiamiento deben quedar establecidas para evitar, en su caso, la impunidad, en virtud del principio jurídico que establece que no puede haber una pena sin una ley previa. Este dictamen no transforma, y no debe hacerlo de ninguna manera, la comprensión del terrorismo más allá de cómo lo han definido las instancias internacionales, por ello la autoridad cuenta con instrumentos legales que le permiten distinguir entre un manifestante que arroja una bomba y un terrorista que pretende incendiar un edificio público. Debemos nutrirnos de la experiencia de países de nuestra región, como Perú, Chile y Colombia, que tienen desde hace más de dos décadas legislaciones antiterroristas que se han modificado paulatinamente gracias a la intervención de organizaciones sociales, tribunales y órganos internacionales, quienes han señalado la necesidad de no perseguir y criminalizar a grupos opositores al gobierno con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Con este propósito, el grupo del PRD presentamos diversas observaciones sobre los estándares de derechos humanos, mismos que se incorporaron al dictamen en la Comisión de Justicia. En primer lugar, logramos que en la exposición de motivos se mencione que estos tipos penales no se aplicarán a las manifestaciones públicas, así como hicimos la propuesta de una redacción garantista que las expresiones o manifestaciones de las personas o grupos realicen, en ejercicio de sus derechos humanos, no se consideren terrorismo. Se alude explícitamente al bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, es decir, todos aquellos derechos reconocidos, ya sea en la Constitución o en los tratados internacionales. En segundo lugar, y muy importante, planteamos incorporar explícitamente la intencionalidad, la intencionalidad como concepto, a fin de que se verifique el delito de terrorismo, con esta modificación se cumple con la obligación que tenemos como legisladores, de garantizar la máxima protección a las personas, específicamente se atiende la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que destacó en sentencias como la del caso García Asto y Ramírez Rojas contra Perú, del 5 de noviembre de 2005, donde se recuperaron los principios asentados en la resolución del Tribunal Constitucional del Perú, emitida en 2003. Creemos, sin embargo, que es importante tener en cuenta lo que nos dice el caso peruano. El tribunal peruano y el interamericano coincidieron en que el delito de terrorismo exige la concurrencia de tres elementos objetivos y uno subjetivo de tipo penal. El primer elemento subjetivo es con respecto al atemorizar a la población. El segundo, respecto a los actos cometidos contra bienes o servicios. Y el tercero sobre los medios típicos utilizados: explosivos, armamento, materiales inflamables. Estos tres elementos objetivos deben concurrir con un elemento subjetivo: la intencionalidad de la gente, para que se pueda configurar el delito. Por ello, ha sido de suma importancia incorporar explícitamente, en el dictamen, el concepto intencionalidad del sujeto activo en la realización del acto. Por tanto, será responsabilidad de todos los jueces y autoridades de procuración de justicia, aplicar los máximos estándares de protección a los derechos humanos en la eventual aplicación de estas nuevas disposiciones. De acuerdo con el derecho penal del acto, no se puede sancionar la colaboración por una persona u organización que tenga la característica de terrorista, pues nuestro paradigma jurídico establece que no se considerará punible a la persona u organización en tanto terrorista, sino por las conductas cuya comisión se haya probado plenamente. Asimismo, es obligatorio aplicar, sistemáticamente, los artículos 12, 52 y 63 del Código Penal Federal, de tal forma que para aquellos actos en grado de tentativa, no se les aplique la sanción máxima. Sería absurdo castigar a una persona en posesión de explosivos, como si se tratara de Luis Posada Carriles o argumentando que pretendía cometer un atentado similar a los de Madrid, Nueva York o Balí. En los jueces está sancionar proporcionalmente los actos, de acuerdo a la magnitud del daño causado o de acuerdo a los elementos objetivos para establecer claramente el fin que se pretende cometer. Es, sin embargo, importante señalar, si bien en los trabajos de la Comisión de Justicia votamos a favor de este dictamen, que es muy importante el tema de terrorismo, compañeras y compañeros. Es importante decir que para nosotros, aun es necesario hacer una corrección en el artículo 139, en donde la redacción claramente se apegue a los principios que acabo de leer en el texto en donde planteo la adhesión del grupo del PRD a este dictamen. Hago un llamado al presidente de la comisión. Hago un llamado también a los compañeros y compañeras legisladores de los otros partidos, a que hagamos un esfuerzo último por corregir la redacción del artículo 139, para que queden plenamente garantizados los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, y que esta ley que pretende combatir el terrorismo no haga actos...