La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Con su permiso, compañeros diputadas y diputados, de conformidad con el artículo 3o constitucional, la educación es un derecho humano fundamental que tiene todo ser humano y es una responsabilidad prioritaria del Estado de impartir educación gratuita y de calidad a todas las y los mexicanos. La educación, como sabemos, es el principal instrumento para el desarrollo del individuo y gracias a ella conseguimos la información y capacitación necesaria para participar en todos los ámbitos de la sociedad como ciudadanos activos. Es también la vía principal para crear una sociedad más igualitaria, para fortalecer la competencia democrática y garantizar el respeto a las libertades individuales y el crecimiento de la cohesión social. Es por ello que la educación es un asunto de justicia social y una poderosa palanca para el desarrollo nacional. La educación es la mejor política social, el factor determinante de equidad y de ascenso personal y colectivo. La equidad es decisiva en una política educativa y la inclusión es no solo un signo de equidad, es también una expresión de calidad de la educación. Por consecuencia, no solo debemos garantizar la educación gratuita y de calidad sino que debemos hacer de la educación nuestra prioridad y apostar por su extensión y desarrollo. Pero para que haya calidad en la educación y equidad debemos atender las necesidades básicas de nuestras niñas y niños, dotándoles de útiles escolares, calzado y uniformes gratuitos para que tengan la oportunidad de estudiar sin la preocupación de sus padres, que no tienen los recursos necesarios para garantizar los mínimos requerimientos para su asistencia a clases. Si bien es cierto que actualmente el Estado tiene el programa de Libros de Textos Gratuitos en Educación Básica y Secundaria, también es cierto que este programa no proporciona todas las herramientas necesarias para apoyar el proceso educativo, por lo que como parte de la gratuidad de la educación pública básica que imparte el Estado, en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, todas las niñas y niños de nuestro país que se encuentren estudiando en escuelas públicas deben recibir, de forma gratuita, un paquete básico de útiles escolares, zapatos y uniformes, con el propósito de apoyar a las familias en situación de desventaja económica, lo cual ayudará a evitar la deserción de los educandos y a fomentar y garantizar la continuidad en los estudios de las niñas, los niños y los adolescentes. Cabe señalar que en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador, ratificado por México en 1996, se establece en el artículo 13, numeral 1, que toda persona tiene derecho a la educación. De igual manera señala en el numeral 3 que los Estados parte en el presente Protocolo reconocen con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación lo siguiente: a) la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible para todos gratuitamente. b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso en la enseñanza secundaria técnica y profesional debe ser generalizada y hacerse asequible para todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, con la implementación progresiva de la enseñanza gratuita. Asimismo, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 12, tercer párrafo, se establece que el derecho a la educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. Aún más, en la Convención de los Derechos del Niño, suscrita en 1990 por nuestro país, en su artículo 28 refiere un marco amplio en diversas garantías efectivas hacia las y los niños en materia educativa, al establecer, en el numeral 1, que los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente, en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán, particularmente: a) implementar la enseñanza primaria y obligatoria y gratuita para todos. b) Fomentar el desarrollo en sus distintas formas de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional. Hacer que todos los niños dispongan de ella y tener acceso a ella y adoptar medidas apropiadas, tales como la implementación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad. En su inciso e) se menciona el adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a clases y reducir las tasas de deserción escolar. En la Ley de Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2000, en su artículo 7 establece que corresponde a las autoridades o instancias federales del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección del ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores y custodios u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin perjuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen, y en general, a todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos. Así también se menciona que el gobierno federal promoverá la adopción de un Programa Nacional para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia es necesario hacer de la educación gratuita una realidad en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, siendo parte de esa gratuidad la entrega de útiles escolares, zapatos y uniformes. Con esta acción se busca abatir la deserción escolar y desde luego alcanzar la igualdad de oportunidades, y con esto reducir las brechas de desigualdad social. Para cumplir con esta responsabilidad cívica es necesaria la asignación de recursos presupuestales para este rubro en el siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal 2013, para incorporar recursos a la Secretaría de Educación Pública, y por este conducto la niñas y los niños inscritos en las escuelas pública reciban al inicio de cada año escolar junto con los libros de texto gratuitos útiles escolares, de conformidad con la lista oficial aprobada por la Secretaría, así como de uniformes y zapatos. Estamos conscientes de que existen dificultades económicas y sociales, pero debemos hacer todos los esfuerzos financieros posibles para encontrar el difícil equilibrio entre lo urgente, que es salir de la crisis económica, y lo verdaderamente importante, que es salir con una ley que garantice a las niñas y a los niños los elementos necesarios para su educación. De ahí que el presente decreto proponga el otorgamiento de útiles escolares, calzado y uniformes gratuitos a las niñas y los niños que se encuentren estudiando en escuelas públicas de todo el país. Agradezco de antemano a todos mis compañeros diputados y compañeras diputadas que se han adherido y me acompañan en este esfuerzo. Y solicito además a la Presidencia que la presente iniciativa con proyecto de decreto de ley se inserte íntegramente el Diario de los Debates y sea inscrita también en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.