El diputado Eligio Cuitláhuac González Farias: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy votaremos es producto de un largo y muy intenso proceso de debate en el que todos, todos hemos participado, y al que la sociedad ha estado muy atenta, en espera de que concretemos los cambios que habrán de darnos un sistema de telecomunicaciones y radiodifusión moderno, abierto a la competencia que atraiga inversiones, que genere empleos y que al mismo tiempo sea accesible para los ciudadanos acorde con nuestras aspiraciones democráticas. En ese sentido es fiel en letra y espíritu a la reforma constitucional que le dio origen y que fue producto del más amplio consenso emanado de una exigencia social. Consenso y debate, en el que incluso la izquierda de este país ha sido actuante, su urgencia y necesidad son innegables para darle a México las oportunidades de desarrollo que no pueden seguirse posponiendo más. Por eso, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen. Durante los últimos años hemos presenciado la transformación de economías modestas en protagonistas a nivel nacional, gracias a su dinamismo y a su capacidad de innovación. Mientras esto ha ocurrido nuestro país se ha movido de forma lenta, sin poder insertase adecuadamente a la interdependencia que en materia de comunicaciones distingue al siglo XXI. Es por ello que necesitamos construir una economía que nos permita atemperar la desigualdad social, pero buscando aprovechar las fuerzas existentes de nuestra sociedad. Requerimos de un mayor crecimiento que fomente el empleo y fortalezca el salario, de un cambio de rumbo que vaya dirigido a mejorar la productividad y la competitividad, y las telecomunicaciones son motor para hacer crecer exponencialmente dichos conceptos. Nos referimos a un instrumento legislativo que tiene como eje central a los usuarios, a las audiencias, a la competencia económica efectiva en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Una herramienta parlamentaria que busca llevara la realidad el imperativo contenido en el artículo 28 constitucional, el cual prohíbe la existencia de monopolios. El dictamen por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es producto de un importante, importantísimo, consenso político destinado a proyectar la reforma constitucional publicada el 11 de junio de 2013, para sí establecer un marco regulatorio en este ámbito tan importante y necesario para el desarrollo económico y la gobernabilidad del país. El dictamen refleja el sentir del constituyente permanente en un tema tan debatido, como es la preponderancia, el cual fue definido en el artículo octavo transitorio del decreto antes referido, estableciendo que el Ifetel deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia, y con ello por supuesto a los usuarios finales, circunstancia que adicionalmente se corrobora con lo señalado en las motivaciones del proceso legislativo derivado de la reforma constitucional. Pretender lo contrario es buscar limitar las decisiones que ya inició el Ifetel y beneficiar a los actuales agentes económicos preponderantes, que han sido declarados con esta característica, que no nos confundan, diputados, en suma se daría un duro golpe a lo que el constituyente persigue con la reforma constitucional. Este dictamen constituye pues un correlato fiel a nuestra Carta Magna en este rubro, también contiene disposiciones expresas sobre aquellos concesionarios o que por su poder sustancial en el mercado específico impongan barreras a la competencia en un mercado relevante, tal y como lo contempla el articulado transitorio. Más aún, establece un plazo fatal para el Ifetel para que inicie procesos de investigación para determinar agentes con poder sustancial en el mercado, incluido por supuesto la televisión de paga. El dictamen contiene temas importantes que se reflejan en beneficios inmediatos y a largo plazo para todos los mexicanos. Por ejemplo, la portabilidad numérica será gratuita y se realizará en no más de 24 horas. Todos tendremos la cobertura de roaming con independencia del proveedor del servicio. Tendremos el derecho a consultar nuestro saldo de forma gratuita; a que no sea congelado el saldo acumulado en las tarjetas de prepago; a cancelar el contrato de servicios en caso de que los operadores cambien las condiciones pactadas, entre muchos otros que ya mis compañeros han de manera muy acertada enumerado. El respeto a la libre manifestación de las ideas en la información permanece en el decreto fiel al espíritu del artículo 6o constitucional, pues gracias a las contribuciones realizadas por diversos grupos parlamentarios no se incluyen en el decreto normas tendientes a la censura o a la intromisión discrecional por parte de las autoridades. El apego del presente dictamen al espíritu de la Constitución se acredita nuevamente cuando leemos de manera armónica el contenido del artículo 4o de la Constitución con lo ahora establecido en los artículos 161 y 200 de la Ley Reglamentaria, ya que mientras el primero se previene la proscripción de la discriminación por razones de discapacidad, en lo segundo se establecen las medidas tendientes a fortalecer y a favorecer a un sector desprotegido de la población, tales como las siguientes. Las páginas de internet o portales de internet de los entes federales, estatales y municipales deberán contar con funcionalidades de accesibilidad para personas con discapacidad. Los números telefónicos y los centros de atención al púbico de los concesionarios deberán contar con funcionalidades de accesibilidad para discapacitados. Los canales de televisión deberán contar con servicios de subtitulaje y doblaje al español en lenguas de señas mexicana, para accesibilidad de las personas. Concluyo, presidente. Son muchas las bondades que tiene esta reforma y quiero recalcar la perfecta correspondencia que existe entre lo aprobado por el Constituyente Permanente y el legislador, y que estas diferencias es válido que las tengamos, que podamos disentir en la manera de ver nuestra realidad social. Disentir en este rubro no nos vuelve enemigos ni algo parecido; la diferencia de opiniones constituye por supuesto un rasgo distintivo de toda democracia y en ello, en vez de entorpecer a la nuestra la enriquece y la vigoriza. Nuestra invitación está dirigida a procesar las divergencias en el marco de las instituciones y el derecho. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.