EL DIP. BERNARDINO RAMOS ITURBIDE: Con su venia, diputado Presidente. Compañeros y compañeras diputadas y diputados: Los suscritos, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Honorable Asamblea, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Gobiernos Federal y de los estados de Querétaro y Tabasco, a tomar las medidas conducentes para la liberación de los zapatistas presos, conforme a los siguientes: Considerandos. Con el propósito de sentar las bases jurídicas del diálogo y la conciliación para alcanzar una solución justa, digna y duradera al conflicto armado, iniciado en el estado de Chiapas, el Congreso de la Unión aprobó el 9 de marzo de 1995 la Ley para el Dialogo la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. De esa manera, durante el último tercio de 1995 y los primeros meses de 1996, se llevaron a cabo numerosas reuniones entre los representantes del Gobierno Federal y los del EZLN, dando lugar a una firma de los acuerdos de San Andrés Larrainzar que versaban sobre el tema de Derechos y Cultura Indígena. En noviembre del 96, la Comisión de Concordia y Pacificación anunció la conclusión de la iniciativa de reforma en Materia de Derechos y Cultura Indígena. A principios de 1997 el EZLN, rechazó las observaciones realizadas por el Gobierno Federal a la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación, mostrándose contrario a la renegociación de los mismos. A finales del 2000, los zapatistas demandaron el cumplimiento de tres señales que acreditaran la disposición real al diálogo y a la negociación: el compromiso de llegar a acuerdos y cumplirlos para construir una paz duradera, una de ellas, era la liberación de todos los zapatistas presos en cárceles de Chiapas y en otros estados. Al respecto, tenemos los casos de los ciudadanos Jerónimo Sánchez Sáenz y Anselmo Robles Sánchez, quienes permanecen presos en Querétaro desde el 7 de febrero de 1998; sobre ello el gobierno estatal ha rechazado la posibilidad de un indulto en tres ocasiones consecutivas. Durante los meses de junio y julio de 2002, representantes de Gobernación y de la COCOPA, entablaron pláticas con el gobierno de Querétaro, siendo el acuerdo básico encontrar las formas legales para liberar a los presos. En cuanto a Tabasco en el mes de mayo de 2001, los integrantes de la COCOPA lograron reunirse con los titulares del ejecutivo local y del Tribunal Superior de Justicia del estado, para analizar los casos de los presos de origen Chool, Carrillo Vázquez López, Francisco Pérez Vázquez y Angel Concepción Pérez Gutiérrez. Por ello, el Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Diputados en apego al espíritu de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, debe pugnar por allanar el camino que permita retomar el diálogo y proseguir el desahogo de la agenda pendiente. En ese tenor, tanto el Gobierno Federal como los gobiernos estatales, sin demérito de sus soberanías, deben junto con el Congreso de la Unión, mandar señales claras de que el diálogo es la única vía de transito para arribar a la paz digna que todos deseamos, de ahí, la necesidad de solicitar la liberación de los presos enlistados por el EZLN en el año 2000. En ese sentido el artículo 89 fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala como facultad del Presidente de la República conceder conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal. Por su parte el artículo 57 fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, señala como facultad del gobernador del estado conceder indultos y conmutación de penas, en los términos y condiciones que establezca la legislación penal en la materia de la entidad. El artículo 51 fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, expresa que el gobernador del estado tiene la facultad de conceder indultos por los delitos...