LA C. PRESIDENTA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL: Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra a continuación, el señor diputado Gregorio Urias Germán, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 93, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DIP. GREGORIO URIAS GERMAN: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: He tomado la decisión de presentar esta iniciativa de reforma constitucional porque tengo el presentimiento de que en los últimos años bastante hemos discutido sobre la transición a la democracia en este país. De alguna manera, desde 1988 a la fecha se ha constituido en el tema central, sin embargo tengo también el presentimiento de que en los últimos meses, como que pareciera nos alejamos de este debate y de esta gran meta, de este gran objetivo que se propuso la sociedad mexicana fundamentalmente en la elección del 2 de julio del 2000. El 5 de febrero del presente año, el actual Presidente de la República expuso un discurso cuyo contenido central fue el tema de la reforma del Estado. Tuvimos aquí la presencia de los delegados zapatistas exponiendo el tema de los derechos y de la cultura de los pueblos indios en México. Han llegado acá un conjunto, un paquete de iniciativas de reforma fiscal, y estos temas, uno y otro y otros más vendrán se colocan como los temas centrales en la opinión pública nacional y en el debate público, en el debate político en este país. Y da la impresión que no se contextualizan en el gran tema de la reforma del Estado y en el gran tema de la transición mexicana hacia un nuevo estado democrático, moderno, plural, social, constitucional. En la LIV Legislatura, de 1988 a 1991, nosotros discutíamos una y muchas veces de forma confrontada y aspira, cuando se trataba de constituir en la Cámara de Diputados una comisión especial en los términos del párrafo 3° del artículo 93 constitucional, y había una férrea oposición a pesar de que la Constitución faculta a las Cámaras del Congreso de la Unión, a constituir comisiones especiales para investigar organismos y empresas descentralizadas. Sin embargo, había una gran oposición porque predominaba entonces con una gran omnipotencia, el presidencialismo que sometía al Poder Legislativo y al Pode r Judicial, y entonces dentro del propio Poder Legislativo encontrábamos el obstáculo fundamental para poder ejercer las facultades constitucionales que el poder mismo tenía otorgadas. Era ése un poder envilecido y estoy hablando sobre todo del presidencialismo de triste memoria de Carlos Salinas de Gortari y así se discutía y se negaba y se votaba en contra para constituir comisiones que investigaran la enorme corrupción que había en Petróleos Mexicanos, violaciones graves a garantías individuales, como el asesinato en Sinaloa de la doctora Norma Corona, luchadora y defensora de derechos humanos, y en legislaturas ulteriores, previas a la presente, lograron constituirse algunas comisiones especiales sobre todo en dos legislaturas, para investigar la corrupción en CONASUPO. Este tema, como muchos otros, en este país han expresado la incapacidad, la dependencia del Poder Legislativo con relación al Ejecutivo y la omnipotencia del Ejecutivo. No habrá transición a la democracia en este país, no habrá una verdadera reforma del Estado y no habrá un estado democrático y una sociedad democrática en México, si no le damos facultades fundamentales al Poder Legislativo y a esta Cámara de Diputados. Esta Cámara es un escenario de debate político cotidiano, esta Cámara es una instancia de resonancia, esta Cámara legisla, esta Cámara cada día tiene más presencia en la vida política del país, impacta más en las decisiones de políticas públicas, tiene más presencia, más fuerza y más respeto de los otros Poderes del Estado, sin embargo, a veces me da la impresión que nos perdemos en temas y en cuestiones que no son, que no debieran de ser competencia o atención de esta Cámara. Sin negar la discusi6n política de cualquier tema de interés nacional o local, pero aquí a veces se viene a defender hasta agentes del Ministerio Publico con relación a un proceso o a la integración de una averiguación pública, o se viene a defender a algún gobernador local indefendible. Creo que podemos discutir crítica y autocriticamente y sea del partido que sea el gobernador o el funcionario público pero no podemos ser nosotros defensores oficiosos de tal o cual funcionario del Poder Ejecutivo sea del partido que sea este debe ser un poder aut6nomo, un poder independiente, un poder que cada día se fortalezca y se haga respetar más por la sociedad mexicana y por los otros poderes. En los últimos años se ha desarrollado en México un intenso debate cuyo aspecto fundamental tiene que ver con la imperante necesidad de construir un régimen democrático como garantía para superar rezagos hist6ricos que han postrado a la gran mayoría de los mexicanos, relegándolos de toda expresión de progreso y avance social. En la actual etapa de transición democrática es pertinente ubicar los aspectos de diseño normativo institucional que han contribuido para la construcción de un sistema no democrático, ahora en crisis y cuya razón de existencia ha perdido sentido, de ahí que resulte fundamental para la construcción del nuevo escenario democrático el rediseño de los aspectos normativos abrogando o derogando aquellas disposiciones legales que han servido de sustento para la distorsión en diversos aspectos del actuar del Estado Mexicano y dando vida a nuevas normas que corrijan tal distorsión y contribuyan en la construcción del nuevo marco legal que haga posible la existencia de un estado social y democrático de derecho. El régimen político imperante en las últimas siete décadas se diseñó con base en sus sistema presidencialista en el que la figura imperial del Presidente de la República se erige en forma absolutista como el centro del actuar estatal, en detrimento del esquema universalmente aceptado de di visión de poderes, mismo que mantiene su vigencia con todas las adecuaciones propias de la evolución histórica que la creación humana debe experimentar. Por lo que a la idea aristotélica se suma los importantes aportes de Locke (?) y desde luego la definición teórica que condensa el pensamiento de Montesquieu quien supo dar forma a la idea de la necesaria distribución de las tareas estatales en distintos poderes ubicándolos a todos en un mismo plano, es decir, una indispensable coexistencia desarrollando cada uno en su ámbito de atribuciones las tareas que le corresponde conforme a la función estatal asignada,. El éxito de tal esquema se funda en que ninguno de los poderes sobreponga su función sobre los otros y menos aún se ocupe de las tareas que no le son propias. En México se ha caminado en sentido contrario a la esencia de la teoría de la división de poderes, la cual a la luz de la modernidad es pertinente asumirla como separación de funciones para que el actuar del estado sea eficiente y así los mexicanos alcancemos la armonía y el bienestar social a que tenemos derecho. Con el actual diseño constitucional y legal se ha construido un exacerbado modelo presidencialista en el que los poderes Legislativo y Judicial gravitan en torno a la figura del Presidente quien conforme al texto del artículo 80 de la Constitución General de la República es el depositario del ejercicio supremo, poder Ejecutivo; es obligado a reconocer que al crecimiento de la población se acompaña el aumento de las necesidades que el estado debe atender, principalmente en materias de servicios públicos, de ahí que es explicable la gran expansión de los órganos de la administración pública. Sin embargo esto no justifica la existencia de un predominio del Poder Ejecutivo, tal como se asume en el orden jurídico mexicano, por lo que la primera gran tarea en el proceso de cambio democrático que ahora cursamos pasa por conceder mayores facultades a los poderes Legislativo y Judicial. En tal esquema consideramos pertinente que el Legislativo gane terreno en materia de control y supervisión de las actividades del Ejecutivo; es oportuno dar un paso más en cuanto al actual contenido del artículo 93 constitucional puesto que no encontramos sustento alguno para que el Congreso de la Unión limite su intervención mediante comisiones investigadoras solo a organismos descentralizados y empresas de participación estatal, y no tengan estas mismas facultades frente a los órganos que componen la administración pública centralizada. Esto resulta una paradoja en virtud de que es precisamente en dichos órganos en quienes recae la principal tarea de orden administrativo y cuyo desempeño impacta de manera directa en la esfera de derechos de los gobernados, Asimismo es un imperativo que el resultado de las investigaciones desarrolladas cuando de las mismas se deriven consecuencias de orden penal, civil, administrativas o de cualquier otra índole, el Poder Legislativo sin perjuicio de poner al tanto al titular del Ejecutivo Federal esté facultado para ejercer la acción legal correspondiente y acuda ante la instancia competente a solicitar se inicie el procedimiento en los términos de las leyes aplicables superando el actual planteamiento constitucional en virtud del cual los resultados de las indagatorias sólo se hacen del conocimiento del Presidente de la República. En consecuencia de lo anterior se requiere eliminar todo tipo de impedimento para que el Legislativo asuma su importante función de control frente al Ejecutivo. Por tanto debe de modificarse el texto del Artículo 89 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suprimiendo del mismo lo referente a la reserva de información de determinados asuntos, ya que no tiene sentido y sustento alguno que bajo el pretexto de tal reserva, se pretenda frenar la intervención del Poder Legislativo. Por lo antes expuesto y con fundamento en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de este Honorable Organo Legislativo, la siguiente Iniciativa de Decreto: Artículo Unico. Se reforma el artículo 93 párrafo tercero de la Constitución General de la República, así como el Artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue; Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Las Cámaras a pedido de una cuarta parte de sus miembros tratándose de los diputados, y de una tercera parte si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de la Administración Pública Centralizada, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, para lo cual el Titular del Ejecutivo Federal proveerá en todo momento lo necesario. Los resultados de las investigaciones se darán a conocer tanto al Titular del Ejecutivo como a la Cámara respectiva, sin perjuicio de que ésta última cuando haya lugar a ello, ponga a disposición de la autoridad competente el asunto para que se procesa conforme a las leyes aplicables o en su caso se aplique el Título Cuarto de la presente Constitución." Artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: "Las comisiones por medio de su Presidente podrán pedir a cualquiera archivos y oficinas de la Nación todas las informaciones y copias de documentos que estimen conveniente para el despacho de los negocios, en la inteligencia de que la lenidad o negativa a proporcionar dichas copias dentro de los plazos pertinentes, autorizará a las mencionadas comisiones para dirigirse oficialmente en queja al C. Presidente de la República, sin perjuicio de iniciar los procedimientos a que tal conducta dé lugar en los términos de la legislación aplicable." Firman: Diputado Jesús Garibay; diputada María de los Angeles Sánchez Lira; diputada Adela Graniel Campos; diputado Luis Herrera Jiménez; diputado Eric Villanueva Mukul; diputado Rufino Rodríguez; diputado Rafael Hernández Estrada; diputado Enrique Herrera; diputado Alfonso Elías; diputado Rogaciano Morales; diputado Ricardo Moreno; diputada Alejandra Barrales; diputado Rafael Servín; diputado Gregorio Urías. Muchas gracias.