El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en los últimos años el crecimiento de instituciones de educación privada en nuestro país ha sido un fenómeno relevante, al grado que ha llamado la atención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sin embargo, el crecimiento de instituciones de educación superior privada no siempre ha estado provisto y respaldado de una regulación pertinente, rigurosa, eficiente y que dé consistencia a su desarrollo. Este proceso es preocupante, ya que el impacto social que estas instituciones tienen es central, al ser estas universidades e institutos los formadores de tres de cada 10 alumnos de nivel superior en este país. En este sentido, es necesario y urgente actualizar y profundizar su regulación, recomendando la construcción de marcos normativos más estrictos y pertinentes, que coadyuven a combinar libertad, pluralidad, pertinencia social, pero sobre todo estándares mínimos de calidad académica. Al mismo tiempo, es necesario reforzar la regulación y vigilancia de las universidades e institutos de educación superior, con el fin de que cumplan plenamente con sus obligaciones fiscales. Consideramos que el flujo de recursos que reciben las instituciones privadas, registradas la mayoría de las veces como asociaciones civiles, debe vigilarse por parte de la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria, principalmente cuando sabemos que los ingresos por el cobro de colegiaturas son altos y crecientes, y que la mayoría de ellas se declaran como instituciones no lucrativas. Por ello, es necesario que las instituciones de educación superior privada cumplan con sus obligaciones fiscales, como claramente lo señala el artículo 31 de nuestra Constitución, que establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del estado y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En Nueva Alianza asumimos el compromiso de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos y cada uno de los ciudadanos e instituciones obligadas, con el fin de posibilitar una mejor integración social. Por ello es que proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se adiciona una fracción V al artículo 32-A, del Código Fiscal de la Federación, para quedar en los términos siguientes: Artículo Primero. Se adiciona una fracción VII al artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue: Artículo 101. Las personas morales? VII. Las sociedades y asociaciones civiles que conforme a este título no sean consideradas contribuyentes del impuesto sobre la renta, por tener como objeto la enseñanza con reconocimiento oficial, deberán dictaminar sus estados financieros dentro de los términos que se refieren en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Artículo Segundo. Se adiciona una fracción V al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue: Artículo 32-A. Las personas físicas? V. Las asociaciones y sociedades civiles dedicadas a la enseñanza, que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta no sean consideradas como contribuyentes de este impuesto, por tener reconocimiento oficial. Señor presidente, por economía parlamentaria le solicito que el texto íntegro quede inscrito en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.