LA DIP. MARIA GUADALUPE LOPEZ MARES: Señor presidente, señores diputados: Vengo a esta tribuna ante uno de los tres poderes supremos de la patria, con la conciencia plena y el compromiso firme de que por quien se está hablando es por la nación, y en el particular por un connacional. En el PAN creemos que toda persona por el hecho de serlo tiene una dignidad que le viene de su origen y de su destino, origen divino y destino de trascendencia, que por esa dignidad humana el hombre y la mujer tienen el derecho a vivir y a seguir viviendo, derecho inalienable de cada ser que no otorga el Estado, pero que éste debe, no sólo reconocerlo sino proteger y defender. Consideramos que toda persona posee una dignidad que debe respetarse, que toda persona tiene como derecho natural el derecho a la vida; derecho humano que es condición necesaria para que existan y se respeten los demás. Derecho humano por excelencia, el valor de la vida humana se encuentra sobre todo tipo de razonamiento en favor de la pena de muerte. La Organización de las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de Derechos Humanos, prescribe que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, así como que nadie será sometido a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, dicha organización ha esgrimido los siguientes argumentos en contra de la pena de muerte: " La ejemplaridad de la pena no está demostrada y parece discutible. Hágase lo que se haga, existe una innegable posibilidad de que se cometan errores judiciales". Si de lo que se trata con la pena de muerte, es de proteger a la sociedad de manera eficaz, para ello basta la condena perpetua. Como señala un erudito criminólogo: "El homicidio y la pena de muerte no son contrarios que se neutralizan, sino semejantes que se reproducen". México ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que señala en su artículo primero: "El derecho a la vida es inherente a la persona humana, ese derecho está protegido por la ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente". Finalmente, coincidimos con el ilustrísimo jurista Ignacio Vallarta, que sentenciaba: " La pena de muerte es impía para el condenado que la sufre; inmoral para el pueblo que la presencia; peligrosa para el legislador que la decreta y repugnante para el juez que la aplica". En la ley de algunos estados del país vecino del norte se plasma la equívoca idea de que el Estado, bajo el pretexto de conservar el orden público, está facultado para quitar la vida a quien delinque de la misma forma. Ahí se olvidan que es precisamente el Estado quien debe tutelar los derechos del hombre, entre ellos el principal: el derecho a la vida. Se olvidan los estadounidenses que no puede el Estado cometer el mismo delito o mayor, y aún con impunidad del que se pretende sancionar. Se olvidan también que con matar a quien delinque no se acaba la delincuencia. Por estas consideraciones principalmente es por lo que los diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional apoyamos la propuesta con Punto de Acuerdo sobre, primero, el aplazamiento de la ejecución de la pena de muerte del mexicano Miguel Angel Flores Rangel, y segundo, solicitamos la intervención de México a través de su Secretaría correspondiente, para que se analice la posibilidad de suprimir esta sanción penal, porque con matar a quien delinque no se acaba la delincuencia, Muchas gracias. (aplausos)