EL C. SENADOR CESAR JAUREGUI ROBLES: Con su permiso, Señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: En Yucatán, como en cualquier parte, la única negociación posible debe partir de la ley. Desafortunadamente, actores políticos como el Gobernador Víctor Cervera Pacheco están empecinados en ser protagónicos no por las obras, los servicios o el bien común que generan y que debe generar, desde luego todo gobierno, sino por el rechazo a las actuaciones que viene desarrollando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En efecto, ante el último episodio de este expediente político, se ha atrevido a calificar de inquisitorial a las autoridades jurisdiccionales de la materia. Ha desatendido los requerimientos de garantías que le han formulado los institutos políticos y las organizaciones ciudadanas. Ha convocado a la ciudadanía a la rebeldía frente a actos de autoridad y, en general, ha asumido una actitud lejana al cumplimiento del orden legal que protestó cumplir en las dos ocasiones en que ha detentado el cargo de Gobernador. Es entendible esta posición para un hombre que siempre pegado al poder está hoy cerca de dejarlo. Por ello se explica que nunca justifica el ampararse bajo románticos conceptos como defensa de la soberanía, constitucionalidad local, legitimidad ampliada, etcétera, para dar cabida a lo que en realidad es una actuación parcial, tramposa y chapucera a la hora de designar al árbitro electoral, a los señores ciudadanos del Consejo Electoral del Instituto Electoral de Yucatán. Designar en dos ocasiones, la mayoría priísta en el Congreso yucateco, a los consejeros afines a su posición partidista es muestra del desprecio que en esa entidad se observa de las formas democráticas que obligan al consenso y al acuerdo en éste y en cualquier asunto político. La página de los absolutismos que creíamos superada con las elecciones del 2 de julio pasado y con preocupación observamos que aún subsisten, inercias autoritarias que no reconocen más derecho que el impuesto por ellos mismos, están hoy en día más que vigentes. Cierto estoy que tal conducta no es compartida por muchos de los aquí presentes, y recién escuchamos la iniciativa que presentó nuestro colega legislador, Senador César Camacho, que provenientes de todos los partidos políticos ejercen la tarea política con seriedad y desde luego con convicción democrática. Quien de los presentes en cualquier contienda le gustaría jugar con cartas marcadas o tener un árbitro plenamente identificado y comprometido con el adversario. Eso es precisamente lo que acontece en Yucatán, donde un grupo impone condiciones fuera de los principios rectores del proceso electoral, a saber: legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia. Esta situación ha dado pauta a que las autoridades encargadas de la procuración de justicia sean notificadas del desacato legal, donde las consecuencias se circunscriben al campo jurídico. Respetuosos de la ley siempre estarán de acuerdo con la sanción calificatoria del comportamiento humano y esto dentro de todo estado de derecho es válido, más en el cumplimiento de las atribuciones de autoridad siempre habrá cabida para la interpretación y es precisamente donde los parlamentarios tenemos que hacer la distinción entre la política y el derecho y las tensiones que muchas veces se generan precisamente por la aplicación de dispositivos que cargados de una gran dosis de cuestión ideológica, están inmersos hoy con el carácter de imperatividad, Por ello nosotros, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentamos a la consideración de esta asamblea, el siguiente "PUNTO DE ACUERDO "PRIMERO, Que habiéndose demostrado plenamente la constitucionalidad y legalidad del resolutivo del Tribunal Electoral, exigimos categórica mente que las autoridades locales del estado de Yucatán, el Poder Legislativo y Ejecutivo de ese lugar, den cumplimiento a todos y cada uno de los efectos jurídicos producidos por la sentencia de referencia con respecto a la insaculación de los integrantes del Consejo Estatal Electoral, reconociéndolo en consecuencia como el único órgano válida mente constituido para organizar y calificar las elecciones de la entidad. "SEGUNDO. Que en el marco de respeto a la autonomía de las entidades federativas y en un ejercicio de responsabilidad constitucional y legal, las autoridades locales en el ámbito de sus respectivas competencias otorguen todas las garantías necesarias y suficientes para que el Consejo Electoral del Estado pueda desarrollar las tareas inherentes a la organización de los próximos comicios en un clima de seguridad y certidumbre que permitan la celebraci6n oportuna de la elección. "TERCERO. Que las autoridades federales y/o locales que conozcan de diversos procedimientos de carácter político, penal, administrativo o cualesquiera otro que mantenga relación directa con el desacato del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n sobre la integración del Consejo Electoral en el Estado de Yucatán, provean todas las diligencias que conforme a derecho estén a su alcance, para desahogar las probanzas necesarias y determinar, en su caso, las responsabilidades a las que haya lugar". Dejo en la Presidencia el punto de acuerdo. (aplausos) C. PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION. PRESENTE. Los suscritos legisladores de la LVIII Legislatura de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a presentar la siguiente proposición. CONSIDERACIONES 1. La sentencia emitida en su oportunidad por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con relación a la insaculación de los miembros del Consejo Estatal Electoral cumple cabalmente con los requisitos de constitucionalidad, legalidad y legitimidad. Por lo que toca a la Constitucionalidad, debemos atender a lo dispuesto por el artículo 99 párrafo IV de la Constitución Federal, que a la letra dice: Art. 99. . . Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo disponga la Ley sobre: IV: Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y . IV. Las impugnaciones de ac~os o resoluciones defnitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan entre los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones.... Así, el Congreso Local del Estado de Yucatán emitió un acto, que consistió en la ratificación de los Consejeros Electorales que formalmente es legislativo, pero materialmente es administrativo electoral. Dicho acto es impugnado por un Partido Político con capacidad jurídica y personería de conformidad con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta demostrado así que el órgano encargado constitucionalmente para dirimir esta controversia de manera definitiva e inatacable no es otro sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo que corresponde a la legalidad, ésta se encuentra plenamente demostrada, mediante lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. La primera refiere en sus artículos 186 fracción III inciso b) y 189 fracción I inciso e) que determinan: ARTICULO 186. En los términos de lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, 60, párrafos segundo y tercero, y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, de conformidad con lo que siguen la propia Constitución y las leyes aplicables, es competente para. III. Resolver; en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten por: b) Actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado penal de las elecciones. ARTICULO 189. La Sala Superior tendrá competencia para: I. Conocer y resolver; en forma definitiva e inatacable las controversias que se susciten por: e) Los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los términos provistos en la ley de la materia por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas . . Aún más, el Tribunal al realizar el procedimiento de insaculación de los miembros del Consejo Electoral no hace más que aplicar la fracción IV del artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, que establece que de no lograrse la elección de los Consejeros conforme a la mayoría que se señala en la ley, "se procederá para completar el número de Consejeros a la insaculación . . ." 2. Existe un desacato reiterado por parte de las autoridades locales con respecto al reconocimiento de los Consejeros Electorales insaculados por el Tribunal Electoral, al tiempo que se empeñan en demostrar la falsa legitimidad y legalidad del Consejo establecido por el Congreso Local. Así lo hace constar el Acuerdo emitido apenas ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que se dice que se encuentra acreditado el desacato del Gobernador del Estado, así como de los Supuestos Consejeros electos por el Congreso Local al no desalojar las instalaciones del propio Consejo y permitir el normal desarrollo de las actividades de organización de las elecciones. En tal documento el propio Tribunal anuncia que se da vista a la Procuraduría General de la República sobre las omisiones y desacatos en que han incurrido todas las autoridades locales desde el inicio del Conflicto. Finalmente, hemos de subrayar que el Gobernador del Estado, al reconocer como autoridad electoral de la entidad a personas distintas de las insaculadas por el Tribunal Electoral y más aún al permitir el uso de recursos públicos por personas extrañas a este procedimiento, el Gobernador contraviene una norma jurídica individualizada que se deriva de una norma constitucional y de numerosas leyes federales (Ley del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, etc.) Por lo anteriormente expuesto, los suscritos, proponemos el siguiente: PUNTO DE ACUERDO PRIMERO. Que habiéndose demostrado plenamente la constitucionalidad y legalidad del resolutivo del Tribunal Electoral, exigimos categóricamente que las autoridades locales del Estado de Yucatán, el Poder Legislativo y Ejecutivo de esa entidad, den cumplimiento a todos y cada uno de los efectos jurídicos producidos por la sentencia de referencia, con respecto a la insaculación de los integrantes del Consejo Estatal Electoral, reconociéndole en consecuencia como el único órgano válidamente constituido para organizar y calificar las elecciones de la entidad. SEGUNDO. Que en el marco de respeto a la autonomía de las entidades federativas y en un ejercicio de responsabilidad constitucional y legal, las autoridades locales en el ámbito de su respectiva competencia, otorguen todas las garantías necesarias y suficientes para que el Consejo Electoral del Estado pueda desarrollar las tareas inherentes a la organización de los próximos comicios en un clima de seguridad y certidumbre que permitan la celebración oportuna de la elección. TERCERO. Que las autoridades federales y/o locales que conozcan de diversos procedimientos de carácter político, penal, administrativo o cualesquiera otro que mantenga relación directa con el desacato del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la integración del Consejo Electoral en el Estado de Yucatán, provean todas las diligencias que conforme a derecho estén a su alcance para desahogar las probanzas necesarias y determinar en su caso las responsabilidades a las que haya lugar. México D.F. a 14 de febrero de 2001 EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. JOSE ELIAS ROMERO APIS: Muchas gracias señor senador Jáuregui Robles. Para referirse a este tema, han solicitado el uso de la tribuna el diputado Jaime Cervantes Rivera, la senadora Sara Isabel Castellanos Cortes, el diputado Uuc-Kib Espadas Ancona y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el diputado Jaime Cervantes Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. EL C. DIP. JAIME CERVANTES RIVERA (PT).Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores: El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para plantear su posición con respecto a la situación político electoral prevaleciente en el estado de Yucatán, como resultado del conflicto existente entre los poderes estatales y el Tribunal Federal Electoral en la designación de los consejeros electorales del organismo electoral de dicho estado. Como sabemos, a raíz del diferendo reside en lo fundamental la practica viciada del PRI de imponer a toda costa un Consejo Electoral que este acorde con sus intereses en la eminente elección de gobernador, diputados locales y presidentes municipales el día 27 de mayo del presente año. El cacique político Víctor Cervera Pacheco, fiel a su personal estilo de gobernar, impuso de manera arbitraria en el Congreso Local, haciendo caso omiso de las resoluciones emitidas por la Sala del Tribunal Electoral de la Federación hasta en dos ocasiones. El TRIFE, ante esta negativa, por su parte procedió a conformar el Consejo Electoral Estatal mediante el procedimiento de la insaculación para cumplir con la obligación de tener conformado dicho órgano para garantizar la legalidad del proceso electoral de Yucatán. Sin embargo, el Tribunal del Ejecutivo Estatal y la Legislatura del mismo Estado han actuado en forma contumaz, ya que se han negado a dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Federal, actitud que pone en riesgo la celebración del proceso electoral de Mayo de este año. Por ello el grupo parlamentario del Partido del Trabajo exige que se respete el Acuerdo del Tribunal Electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Febrero, nuestro Partido no acepta sino el cumplimiento estricto de la ley, bajo ninguna circunstancia aceptaremos concertasesiones. Parece que es pertinente recordar a los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional ya que fueron los Legisladores de su Partido quienes en la LVI Legislatura aprobaron solos las reformas a los distintos ordenamientos en materia electoral entre los que se encontraban la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Tal parece que en su oportunidad no previeron las consecuencias jurídicas que el imponer su mayoría mecánica en aquella ocasión ahora se reflejan en lo que consideran una actuación del TRIFE en perjuicio de este Instituto político. Compañeras y compañeros Legisladores, por las consideraciones antes expuestas, exigimos al Gobierno Federal, al Tribunal del Poder Ejecutivo Federal provea el auxilio que corresponda al Poder Judicial Federal para el debido cumplimiento de las resoluciones de este último Poder. Es cuanto, señor Presidente.