EL C. DIPUTADO GUMERCINDO ALVAREZ SOTELO: Gracias señora Presidenta. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros Diputados. Los suscritos, Diputados Federales de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71 Fracción Segunda y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 55 Fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa. Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un Capítulo VII así como un artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier delito cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio. Acción Nacional siempre ha sostenido, la persona humana tiene una inminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente este destino. En efecto, el ser humano que es una persona con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales, inviolables e inalienables a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social. Por su dignidad, los hombres iguales por naturaleza no deben ser reducidos a la categoría de mero instrumento de personas, grupos o instituciones privada o públicas, con menoscabo de su propio destino por cuestiones étnicas nacionales, de género, condición social, estado civil, religión, entre otras pues toda persona tiene derecho al derecho y la obligación de ejercitar responsablemente su libertad e igualdad para crear, gestionar, aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas para una mejor convivencia humana. El respeto a las prerrogativas que la dignidad a la persona humana impone es esencial para la vida de toda sociedad, es por ello que en un estado en el que la vida las formas esenciales de la libertad, la igualdad y la propiedad de los ciudadanos no se encuentren garantizadas con firmeza, se considera intolerable. Por tal motivo es obligación ineludible de todos y cada uno de nosotros respetar la dignidad y la libertad de las demás personas y cooperar no sólo a la conservación sino también al desenvolvimiento de un orden social justo que armonice los aspectos individuales y sociales de la vida humana. Asimismo, se hace necesario propiciar la convivencia justa, libre y ordenada entre las personas con miras a lograr su perfeccionamiento. Actualmente el máximo ordenamiento de nuestro país prevé en su artículo primero la garantía de igualdad de todos los individuos que se encuentren en territorio nacional, sin distinción alguna por cuestiones de nacionalidad, origen étnico, raza, religión, sexo, condiciones sociales, económicas, opiniones, estado civil o cualquier otra. En tal sentido debemos señalar que la igualdad como garantía individual constituye un elemento consubstancial al individuo en su situación de persona humana frente a sus semejantes, independientemente de sus condiciones particulares que igual pudiese reunir en otras palabras. La garantía de igualdad constituye una situación negativa en toda diferencia entre los hombres proveniente de circunstancias y atributos originarios emanados de la propia personalidad humana en particular, por lo que esta garantía es inherente a todo hombre desde que nace; es así que en nuestros días la igualdad la podemos concebir como un principio de no discriminación. En este sentido, diversas han sido las definiciones que se le han conferido a la discriminación; sin embargo, en términos prácticos por discriminación podemos entender todo aquél acto que basado en prejuicios, convicciones u omisiones relacionadas con el sexo, raza, pertenencia étnica, color de piel, nacionalidad, lengua, religión, creencias políticas, origen y condición social o económica, estado civil, estado de salud, trabajo o profesión, carácter físico, preferencias, discapacidad física, intelectual o sensorial o una combinación de éstas u otros atributos que generen injustamente la anulación, menoscabo o la restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas. En este orden de ideas bien es sabido que la discriminación constituye hoy en día un fenómeno complejo con múltiples vertientes que puede tener lugar en la escala social, económica, política, cultural, jurídica, civil o cualquier otra de la vida pública o privada, el cual tiene presencia en todas partes del mundo manifestándose en algunos lugares de manera más aguda que en otros. En tal contexto, debemos señalar que a nivel internacional la lucha contra la discriminación ha emprendido por la comunidad internacional, tiene su punto de partida en la declaración universal de los derechos humanos de 1948 adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General de la ONU. En la exposición de motivos anexo una serie de argumentos ya ratificados por el Senado de la República, son convenios internacionales en la materia que en la exposición de motivos puesta a su consideración podrán conocer a detalle. Como resultado de estos esfuerzos y por la mayoría de los países integrantes de la comunidad internacional, las cláusulas de no discriminación incluidas en la mayoría de las constituciones del mundo han llegado a constituir instrumentos jurídicos fundamentales que permiten concretar el principio general de igualdad entre los hombres. En tal sentido, nuestro país reconoce y concurre que desde varias décadas en esta convicción internacional en la que la dignificación y el respeto e igualdad de la persona humana como tal constituye un derecho humano y que por tanto el Estado se encuentra obligado a proteger y garantizar las condiciones de igualdad que deben existir entre todas las personas, independientemente de creencias, razas, condiciones sociales, entre otros factores. Sin embargo, a pesar de la participación de México en diversos convenios, pactos y pronunciamientos internacionales en contra de las prácticas discriminatorias, hasta el momento nuestro país no ha quedado al margen de dichas prácticas tendientes a menoscabar la igualdad y dignidad de las personas, pues desgraciadamente el daño que con el paso del tiempo han causado estas prácticas en México es tan agudo que no sólo ha logrado impedir el pleno desarrollo de la persona humana y las formas de convivencia social, sino que consecuentemente continúa afectando hasta nuestros días la estructura fundamental de nuestras instituciones. Abrevio varias hojas de esta exposición de motivos solamente para solicitarles su aprobación a esta iniciativa y decirles que Acción Nacional en un afán de congruencia con sus ideales proclamados desde 1939 y en la prevención y lucha contra toda forma de discriminación en nuestro país, así como el respeto a la dignidad e igualdad humana como unidad indisoluble de toda persona, se presenta con todo respeto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto con el que se adiciona un capítulo 7º, así como un artículo 23 Bis al Título Primero del Código Penal Federal, a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier delito cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio. Artículo único. Se adiciona un capítulo 7º, así como un artículo 23 Bis al Título Primero del Código Penal Federal, para quedar como sigue: "Capítulo 7º, de las circunstancias que agravan la responsabilidad. Artículo 32 Bis: Las penas previstas a los delitos contemplados en el presente código, se aumentarán hasta en una cuarta parte cuando éstos sean cometidos por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religiones, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". Firman la presente iniciativa: diputada Beatriz Grande, Diputada Alba Leonila, diputada Silvia Alvarez Bruneliere y el de la voz. Muchas gracias, con su permiso.