La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Buenos días. Compañeras y compañeros diputados. Los derechos humanos entendidos como el conjunto de libertades, facultades, instituciones y principios básicos con los que cuenta el ser humano por su simple condición natural de existir, han sido una exigencia constante desde la formación de las primeras sociedades organizadas y de la aparición de las autoridades formalmente establecidas hasta nuestros días. En ese sentido, el derecho internacional en esta materia ha influido a efecto de que los países del orbe hagan su reconocimiento efectivo del mismo. Las reformas constitucionales del 6 de junio del 2011 permitieron ampliar el espectro de protección por parte de la Carta Magna a aquellos derechos humanos que no están reconocidos implícitamente por la norma suprema. Ello implica llevar más allá la protección reconociendo que hay instrumentos de derecho que se expresan en tratados, resoluciones internacionales. Ello deriva de la exigencia de la comunidad internacional que día a día pide mayores libertades que deben ser reconocidas, protegidas, garantizadas y respetadas por los órganos del Estado. A efecto de evitar el retorno a épocas autoritarias que han surgido en diversos periodos de la historia del país y que se han apartado de los principios de libertad, igualdad, respeto y dignidad de la persona humana, si bien es cierto que el Estado mexicano ha avanzado en las garantías de protección de los derechos humanos, aún se requieren mecanismos que hagan efectiva dicha protección, no sólo en el ámbito administrativo sino sancionando penalmente a aquellos funcionarios públicos que han cometido o encubierto la violación a los derechos humanos. En los años recientes y como consecuencia de la llamada guerra contra el crimen organizado, la violación a los derechos humanos se ha vuelto un problema recurrente, donde se ven envueltos los organismos y el gobierno del Estado mexicano, principalmente de aquellos encargados de la seguridad pública. Esta situación es la que nos lleva a presentar esta modificación al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales para castigar este tipo de acciones y preservar la protección de los derechos humanos y la integridad de las víctimas. La realidad es que los procedimientos de carácter administrativo, previstos en la Ley Federal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no han sido útiles para sancionar de manera efectiva a los servidores públicos que han realizado actos tendentes a trastocar los derechos humanos, ya que carecen de un carácter coercitivo. Lo anterior nos lleva a concluir que el único efecto de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos terminan en un regaño público, como lo fue el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, quien el 2007 fue violada y asesinada por militares en la sierra de Zongolica, Veracruz, tema que se resolvió con la complicidad de diversas autoridades, incluyendo la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cuales en su cinismo abyecto determinaron que el fallecimiento de la indígena se debió a un problema digestivo de úlceras gástricas. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en ese sentido estamos proponiendo tipificar en el Código Penal Federal, específicamente en el capítulo correspondiente a los delitos cometidos por los servidores públicos, la violación a los derechos humanos como una conducta antijurídica, acusable y punible. La conducta delictiva se persigue de oficio, independientemente de la exigencia de otros delitos que pudiera cometerse o de la existencia de sendos procedimientos administrativos ante la Comisión de Derechos Humanos o judiciales ante los juzgados de distrito en materia de amparo, los cuales puedan llevarse de forma simultánea. Finalmente, debemos decir que también se acota al tipo penal propuesto a la violación que atenta contra la vida, la integridad física o patrimonial de las personas, ello por considerar que son esas tres esferas las que con más gravedad lesionan la integridad humana. Derivado de lo anterior y a efecto de seguir haciendo efectiva la protección de los derechos humanos, aparte de incluirlo como un delito autónomo, la presente iniciativa también pretende que dicho delito sea incluido dentro del catálogo de delitos graves que prevé el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales con doble propósito, el preventivo y el de evitar la reincidencia. Solicito a la Presidencia de la Mesa incorporar a la versión estenográfica y en el Diario de los Debates el texto íntegro de la presente iniciativa. Muchas gracias.