El diputado Rodolfo Lara Lagunas: Compañeras y compañeros diputados. Para la opinión pública nacional el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre todo su dirigencia, se ha convertido en el principal obstáculo para el buen desempeño de la escuela pública del nivel básico. Esto es preescolar, primaria y secundaria. Un sector de la población y del Magisterio se ilusionó con el ascenso del Partido Acción Nacional al poder presidencial. Se esperaba un cambio radical en el sistema educativo nacional por lo menos en la relación del Ejecutivo con el SNTE. El partido de la derecha por años y, mientras fue oposición, mantuvo una crítica constante al corporativismo y cacicazgos sindicales al enarbolar la bandera de la democracia. Desgraciadamente no se pudo. La verdad nos fue peor. Con el PRI se mantuvo la relación con el cacicazgo en un plan hegemónico; esto es la presidencia siempre tuvo el control de la organización sindical de sus dirigentes. En cambio, con Felipe Calderón la relación se ha invertido. Es el SNTE quien controla, a través del yerno de la presidenta vitalicia, el sistema educativo nacional, violándose así el espíritu del artículo 3o. y la Ley General de Educación. En la Secretaría de Educación Pública no manda el Presidente de la República, sino el cacicazgo sindical. Ya el investigador Pablo Latapí Sarre nos había informado que el poder sindical vigila sobre medidas que pueden serle contrarias: amenaza, intimida, moviliza. En suma, actúa constantemente conforme a su racionalidad de ente político. Lamentablemente señala: las actitudes de las autoridades educativas han sido demasiado complacientes. Hoy el Estado es víctima de sus propias complicidades. Recientemente la Coalición Ciudadana por la Educación enfatiza atinadamente el peso del cacicazgo sindical: El poder de la vigencia sindical señala distorsiona el ingreso y el desarrollo profesional de las y los docentes, y las decisiones del sistema educativo. Este poder se ha incrementado con el tiempo y se ha agravado con la alternancia política, que eliminó el único contrapeso aceptado hasta entonces en la figura del presidente, y termina. La intromisión de la cúpula del SNTE en los estados llega al grado de nombrar a más de una veintena de secretarios de Educación. La pregunta es, ¿de dónde se origina la fuerza al SNTE? Independientemente de que la fuerza política le viene del poder presidencial y de los gobernadores beneficiados por el voto conseguido por la estructura sindical y partidista, ya que el SNTE tiene hasta partido, la hegemonía del SNTE nace, surge, entre otras situaciones, con el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Este artículo señala que las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurriere, y previo estudio por el titular de la dependencia, tomando en cuenta la opinión del sindicato, que justifique su ocupación, serán cubiertas en un 50 por ciento libremente por los titulares y el restante 50 por ciento por los candidatos que proponga el sindicato. Y cabe la pregunta: ¿con qué criterio la dirigencia sindical propone al personal de nuevo ingreso? ¿Habrá preocupaciones pedagógicas al proponer o serán las relaciones de amistad o compadrazgo las que prevalezcan? Si desde el principio la selección del personal que va a educar a las nuevas generaciones falla, ¿cómo mejorar el trabajo educativo posterior con elementos incompetentes? Hemos conocido secretarias que no saben mecanografía, profesores que deben enseñar carpintería pero que no son carpinteros, maestros que dan matemáticas y que no saben matemáticas. Y así por el estilo. Recientemente ya se modificó este aspecto, en el sentido de que para este año va a ser el cuarto en que se hacen concursos públicos para la selección de estos compañeros. Desgraciadamente no se ha reformado el artículo 62 y por lo tanto hay una contradicción entre lo que postula Alianza y lo que postula el artículo 62. Y termino por el tiempo. En la propuesta que hacemos es que este artículo sea modificado, de tal manera que ese 50 por ciento que le corresponde al sindicato, sin ningún control, sean cubiertas por el titular de la dependencia, considerando los resultados obtenidos a través de los concursos públicos de oposición. Es decir, queremos legalizar estos concursos, de lo contrario la contradicción va a seguir subsistiendo. Muchas gracias, presidente.