El diputado Juan José García Ochoa: Muchas gracias. La política exterior, es la política pública o de los estados orientada hacia el mundo exterior, su función principal es la de salvaguardar la independencia y la integridad territorial del estado-nación. En una democracia, como la que vivimos en nuestro país, la política exterior, debe también representar y defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Durante los últimos años la actividad internacional cada vez más intensa a la que se enfrenta el Estado, ha motivado el desarrollo de una creciente actuación en el ámbito exterior de las distintas dependencias del gobierno, del Congreso de la Unión, de las entidades académicas, de asociaciones civiles, de organismos no gubernamentales y empresariales entre otros. Debido a estas nuevas realidades, la política exterior de México ha comenzado a entenderse como la suma de todos los esfuerzos de carácter internacional y no solamente el ejercicio de la diplomacia tradicional. En nuestro país, durante mucho tiempo, la política exterior gozó de un enorme consenso interno, en parte debido a la falta de competencia democrática, no obstante en los últimos años, tal vez la característica de política más importante sea la confección de un gobierno dividido, con una gran fragmentación partidaria en el Congreso y con una enorme pluralidad en la representación de los gobiernos estatales, situación que ha influido para que no exista más el control total del Ejecutivo en una multiplicidad de materias. El fin del régimen de partido único en México, ha tenido un significativo impacto en la capacidad del Ejecutivo para definir e instruir la política exterior mexicana. Estos fenómenos han otorgado los incentivos para que nuevos actores busquen participar activamente en los asuntos de política exterior en nuestro país, con la finalidad de avanzar sus intereses particulares. En el Congreso de la Unión, por ejemplo, en los últimos años hemos sido testigos de una proliferación de iniciativas, que tienen por objeto modificar la distribución de las facultades legales formales en esta materia, pero no sólo el Congreso ha reclamado mayores márgenes de participación en la política exterior, también lo han hecho los estados de la federación, las organizaciones empresariales, las no gubernamentales, los sectores académicos entre otros. Adicionalmente nuestra política exterior se enfrenta al reto de definir con claridad una agenda internacional, que reconozca y pueda jerarquizar la diversidad de objetivos nacionales que en su conjunto responden al interés nacional de nuestro país, así como a la posición y el papel que deseamos y debemos ocupar en el mundo actual. La política exterior del Estado requiere de la creación de un Consejo de Política Exterior, el cual deberá estar integrado por especialistas en el delicado mundo de la diplomacia, mexicanos comprometido con las mejores tradiciones de política exterior de nuestro país que puedan contribuir en la construcción de una agenda clara de prioridades, en la cual coincidamos la mayoría de los actores políticos. Creemos también necesario revisar el propio nombramiento del Secretario de Relaciones Exteriores, para que éste pueda ser ratificado por el Senado de la República. Esta iniciativa ya fue presentada también hace unos días por un servidor e intenta englobar esta idea de cómo construir una política de Estado. Si nosotros nombramos al Secretario de Relaciones Exteriores en el Senado y le creamos un Consejo Nacional que cree los consensos en torno a la política exterior y tercero, si revisamos el funcionamiento del Servicio Exterior Mexicano, el nombramiento de embajadores y cómo se va generando la carrera diplomática, estaremos abonando a la construcción de esta política de Estado. En esta ocasión el Consejo de Política Exterior que presentamos, facilitará el diálogo y la construcción de acuerdos entre la representación de todas las partes interesadas e involucradas en las relaciones exteriores de nuestro país, dicho organismo tendrá, además, un efecto democratizador acorde con el cambio que vive el país. El Consejo contribuirá también a blindar nuestra política exterior del riesgo de convertirse en una política de intereses coyunturales o motivada por agendas personales o de grupo político. Por legítimas que éstas puedan ser, siempre es más legítima la construcción de consensos. El Consejo será un organismo autónomo e independiente en sus decisiones, sus funciones primordiales serán las de establecerse como un órgano consultivo del Gobierno Federal y del Congreso de la Unión; formular recomendaciones públicas no vinculatorias y promover el diálogo y la búsqueda de consensos entre los actores políticos, sociales y económicos, en relación a la política exterior. Las recomendaciones del Consejo ayudarán al Gobierno Federal a definir las prioridades de la agenda de política exterior de México, así como a la coordinación de las diferentes agencias gubernamentales y organismos públicos. El Consejo deberá actuar en concordancia, por supuesto, con los principios normativos contenidos en la fracción X del artículo 89 constitucional. El Consejo se integraría en esta propuesta, por 9 mexicanos distinguidos expertos en la relación de nuestro país con el mundo, con una altísima calidad moral para servir de puente entre los diversos sectores que tienen incidencia en la política exterior de nuestro país. Los consejeros durarían 3 años en su encargo y su cargo sería honorífico. Se integrarán al Consejo, además, 36 invitados permanentes, pertenecientes a los Gobiernos Federal, estatales; al Congreso de la Unión; a los centros de investigación; instituciones de educación superior y colegios y asociaciones de profesionistas; a las asociaciones civiles y organismos no gubernamentales y a los organismos del sector privado, quienes darán elementos a los consejeros con plenos derechos para la toma de decisiones. La creación del Consejo Nacional de Política Exterior será un paso más para construir en México una política exterior de Estado, que sea congruente con los principios contenidos en nuestra Constitución y que procure ser el resultado de los consensos posibles a alcanzar entre las fuerzas políticas, sociales y económicas, de manera que nuestras aspiraciones nacionales se reflejen en una agenda de prioridades internacionales que relacione correctamente las políticas públicas a implementar, con la defensa de los verdaderos intereses de nuestra nación. Muchas gracias.