El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: En diversos medios han publicado un desplegado con el logotipo del PRI, en el que puntualizan nueve supuestos beneficios de la reforma de telecomunicaciones aprobada en el Senado, entre ellos el no pagar servicio de larga distancia en telefonía fija y móvil, cambiar de compañía celular en menos de 24 horas. Varios de lo que ya han venido a decir aquí y que inclusive otros compañeros, con un poco de miedo, dicen que es de lo positivo que trae esta reforma. De nueva cuenta la demagogia para justificar reformas que benefician a los que más tienen. No se engañen, diputados, diputadas, los supuestos beneficios que señalan para los usuarios finales son los que determina el mercado internacional, pues algunos de estos supuestos beneficios ya se aplican en paquetes que ofrecen las empresas. Usan de nueva cuenta el clásico trueque de cuentas de vidrio por oro. La manipulación mediática de los alcances de la reforma de telecomunicaciones encubre los negocios multimillonarios en favor del duopolio televisivo y del monopolio en telefonía, que han abusado durante décadas de los bienes nacionales y hecho de las telecomunicaciones un factor de negociación y presión con gobiernos y partidos políticos, que de nueva cuenta se subordinan a sus intereses. Miren, nada más el valor de mercado de las telecomunicaciones es de alrededor de 50 mil millones de dólares, de los cuales el generar las comunicaciones móviles contribuyen con más de 60 por ciento de los ingresos del sector, seguido de los accesos fijos 32 y la TV de paga el 12 por ciento. Ya un estudio del CIDE y de la desaparecida Cofetel reportan el valor del mercado de la publicidad en la televisión abierta, equivale al 4 por ciento del producto interno bruto. Y esto equivale a cerca de 60 mil millones de pesos, de los cuales Televisa tiene el 70 por ciento, TV Azteca el otro 30 por ciento, es obvio que esto se refleja en el 95 por ciento de las concesiones, el 96 por ciento de la audiencia y en el 99 por ciento de los ingresos por publicidad. Estos datos anteriores, sin lugar a duda, determinan las posturas del PRI, del PAN, y también hay que decirlo, aunque el PRD proyecta votar en contra, la clase política al igual que el Poder Ejecutivo y los gobernadores se subordinan a lo que ellos mismos llaman poderes fácticos. Esta reforma no sólo no cumple con los compromisos del mal llamado Pacto por México, cuyo padre Enrique Peña Nieto, ¿verdad?, una vez más miente y no los cumple. Eso no es novedad, eso ya lo saben la mayoría de los mexicanos. Pero yo nada más quiero recordar que el compromiso 40, donde él habla de reforzar la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere con reglas de transparencia, independencia, no se cumple. Ni el 43, que habla sobre la licitación de más cadenas nacionales de televisión abierta. Y miren, por qué. En el proyecto que hoy se discute, se propone que los actos del Comité de Evaluación de aspirantes a ser designados como comisionados del Instituto serán inatacables, por lo que no procederá medio de defensa algún ordinario o extraordinario, incluyendo el juicio de amparo ni podrá ser modificado o revocado por autoridad alguna; en el artículo 11. Aunado a ello, se determina que la información y documentación relativa a los exámenes y reactivos de evaluación, la metodología de calificación de dichos exámenes y demás información sobre la calificación obtenida por los respectivos aspirantes, tendrá carácter confidencial, por lo que los servidores públicos y particulares que intervengan, en ningún caso podrán revelar dicha información a persona alguna. Dicha confidencialidad legaliza la opacidad en un proceso que por su propia naturaleza debería de contar con la máxima transparencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, con el fin de evitar que intereses políticos o económicos de las partes que la ley que hoy regula, se sobrepongan al interés público general. El artículo 28 de la Constitución determina que este Comité de Evaluación por cada vacante enviará al Ejecutivo un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las más altas calificaciones aprobatorias, dentro de las cuales el presidente hará una propuesta al Senado. Por eso, cabe preguntar, ¿cuál es la razón por lo que en la ley secundaria se determine confidencialidad y reserva de los exámenes, evaluaciones y resultados de los aspirantes a comisionados del Ifetel? Encuentro solamente una, la subordinación del Estado a los intereses de las empresas de telecomunicaciones, lo que aconteció con la actual integración de comisionados del Ifetel, en cuyo procedimiento se coló a última hora un comisionado a modo. El control atiende intereses fácticos puesto que se establece que el Ifetel es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Es la autoridad competente para el otorgamiento y revocación, así como autorización de cesiones o cambios de control, accionarios, titularidad, operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Este acotamiento a la autonomía constitucional del Ifetel, entre otros temas que se desahogarán durante la discusión del proyecto que nos ocupa, obliga en forma razonada a votar en contra del proyecto. Culmino, presidente. Los procedimientos y competencias establecidas en el artículo 6, apartado B, fracción III de la Constitución determinan que la radiodifusión deberá ser un servicio público de interés general. Que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde beneficios a la cultura de la población, preservando pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines del artículo 3 de la misma Constitución. Y de igual forma se incumple con lo dispuesto en la fracción V, sobre la autonomía técnico-operativa de decisión y de gestión del Ifetel, cuyo objeto es proveer el servicio de radiodifusión, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica. La igualdad entre mujeres y hombres. La difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Demagogia legislativa que justifica la distribución del mercado de telecomunicaciones a las empresas privadas, las cuales se confabulan con la clase política violentando derechos fundamentales. Culmino, presidente, como el derecho a la información y al de réplica. Legislación que permite un sistema de comunicación política y social enajenante y parcial, en beneficio de empresas que lucran con las telecomunicaciones, lo que violenta los principios de un Estado democrático de derecho. Miren, presidente, culmino. Es cierto lo que dijo la diputada Puri, como le dicen ahora. Pero no fue un gol, fue un golazazo, fue más que el penalti de Holanda lo que le están haciendo a los mexicanos. Ya nada más falta que pronto ustedes traigan una iniciativa de ley, sí, los del PRI y sus alcahuetes, que aquí hay bastantes de ellos. ¿Y qué van a venir a proponer? Esto, miren, que pongan ahí en letras de oro, en lugar de La patria es primero, Televisa es primero. Eso ya nada más falta para que acaben con su tarea que les mandaron aquí estas empresas, estos sectores privados a los que ustedes están protegiendo. Es cuanto, presidente.