La diputada Rebeca Godínez y Bravo: Con su permiso señor Presidente. Estoy aquí a solicitud de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, quien presenta esta iniciativa y es para reformar los artículos 67 de la Ley General de Salud y 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En su calidad de diputada federal, y con fundamento en la Constitución y en la Ley del Congreso presenta esta iniciativa, haciendo la siguiente exposición de motivos: Son de una creciente frecuencia en nuestro país los casos de solitaria maternidad, las familias monoparentales encabezadas por una mujer, ya ocupan un lugar notable en la estadística. Muy por encima de las cuestiones que a nivel de vida individual puedan estar implicadas en ese estado o decisión, el hecho es que la ley y nosotros no podemos ser indiferentes a esa proliferación silenciosa de familias desprovistas de figura paterna, en la que además se carece de medios legales y probatorios para establecer, inequívocamente, la paternidad, con toda la cauda de obligaciones que nacerían a favor del hijo en situación de virtual orfandad paterna. Por otro lado, la constante y acelerada evolución de los conocimientos científicos y tecnológicos en el campo específico de la biología y la genética, han posibilitado desde hace algunas décadas alcanzar absoluta certeza en la determinación de la ascendencia consanguínea. Históricamente desde la antigüedad se reconoció siempre la necesidad de disponer de medios para establecer la ascendencia paterna, la materna no fue objeto de contestación por el hecho indubitable del embarazo y el parto, en cambio, con respecto a la paternidad se refinó la imaginación, poniéndose en práctica desde las pruebas psicológicas, cronológicas, fisonómicas, las ordalías del derecho germánico, hasta la herencia de carácter patológico. El uso de las pruebas semáticas a partir del Siglo XX marcó un avance significativo, pero el desarrollo de las pruebas genéticas de ADN son una inflexión que cambia por completo el rumbo en cuanto a los medios para la determinación del origen biológico de un ser humano. Van al encuentro, pues, una necesidad social y una posibilidad tecnológica. Solamente hace falta determinar la paternidad de múltiples niños nacidos de forma extramatrimonial, cuyo padre rehusa reconocerla y han surgido, a la vez, medios científico-genéticos que excluyen cualquier asomo de duda en el establecimiento de la ascendencia biológica. Mi compañera diputada María de Jesús Aguirre, hace después una problemática social de este problema, nos plantea una perspectiva legal; inserta el tema de las pruebas biológicas de paternidad de manera legal; nos habla también de los ámbitos competenciales y fuentes legales involucradas y después nos dice de la configuración de la institución propuesta. En la iniciativa de reforma se plantea la institución de las pruebas obligatorias de carácter genético para investigar la paternidad, pero no de manera indiscriminada y con un carácter indefinido, sino que se limita su operación a los supuestos de ausencia del vínculo conyugal, en el entendido de que para el caso del matrimonio, las leyes establecen una filiación que opera ipso jure o automáticamente, y no debe ser trastocada por la reforma para evitar crear situaciones de tensión y conflicto en las familias biparentales. Correspondería a los Estados los detalles en el alcance de las pruebas biológicas de la paternidad y las modalidades en el ejercicio de la acción para investigarla. La praxis o casuística internacional arroja que los Estados han puesto límites a la titularidad y ejercicio de la acción y de la prueba genética. Como referencia se cita que los límites versan esencialmente sobre diversos elementos. Primero. Se otorga la acción para demandar la investigación de la paternidad sólo a ciertos sujetos, por lo que se restringe la legitimación para exigir la práctica de la prueba a ciertas personas limitativamente. Segundo. Se permite la demanda de investigación de paternidad y el desahogo obligatorio de la prueba sólo en ciertos supuestos, que serían básicamente en ausencia de relación matrimonial entre la madre y el presunto padre. Tercero. Se sujeta a la demanda de investigación y la práctica de la prueba a plazos perentorios de prescripción para evitar situaciones de inestabilidad familiar o trastornos a las personas involucradas en las relaciones parentales puestas en entredicho. Cuarto. A efecto de moderar el abuso de las demandas de paternidad y la práctica genética obligatoria, se suelen exigir requisitos especiales deber y similitud para admitirla y proceder a su notificación. Quinta. Negativa general de la prueba en los supuestos de anonimato de donantes en procedimientos de procreación asistida. Por lo que concierne a la forma de desahogo y efectos de la prueba, hay en lo fundamental el sistema de practicarla contra la voluntad del obligado, esto es, a fuerza, como en Alemania o bien, la opción de establecer la prueba genética como carga procesal del presunto progenitor, de manera que cuando rehuse su práctica, se establezca como cierta la paternidad. Cabe precisar que en la actualidad la prueba genética no trae consigo un procedimiento invasivo o doloroso en el cuerpo humano, que es una razón más para admitir su obligatoriedad. En esta propuesta de reforma, sólo se plantea la obligatoriedad de la prueba biológica o genética de paternidad, acotada a las situaciones extra matrimoniales, todas las demás opciones se estima que atañen a las entidades federativas. En apoyo de los lineamientos sugeridos, nos permitimos referir jurisprudencia internacional que en el marco continental europeo ha ido delineando los contornos de una institución que en nuestro país se ha retrasado injustificadamente. La figura de las pruebas genéticas obligatorias para la investigación de la paternidad, dan cabal respeto al derecho de los niños a la identidad biológica, favorecen la igualdad entre el varón y la mujer, consolidan las políticas de salud y planificación familiar y establecen un ejercicio responsable de los derechos reproductivos. Su previsión concierte a dos ordenamientos: la Ley General de Salud y la Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente Proyecto de Decreto que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud y el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Primero. Se reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: "Artículo 67. La Secretaría de Salud, en concurrencia con las secretarías homólogas de las entidades federativas, dispondrán lo necesario para practicar, por orden judicial, la prueba de la paternidad por medios genéticos que será obligatoria en los juicios que se promuevan para investigarla o declararla". Segundo. Se reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para quedar como sigue: "Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por: c) Conocer su filiación y su origen, incluso mediante la prueba genética cuya práctica será obligatoria en los casos de la filiación extramatrimonial, sin perjuicio de excepciones establecidas en otros preceptos legales". Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Las entidades federativas reglamentarán, sin su menoscabo, el principio de obligatoriedad de las pruebas biológicas y genéticas en un plazo de un año, sin detrimento de la aplicación inmediata de los preceptos de esta reforma. Atentamente, diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. Rúbrica". Le solicito, señor Presidente, se mande insertar íntegra en el Diario de los Debates. Gracias.