El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, presidente Sauri. Me hubiese gustado que, derivado de la consulta en Tlapa, en el artículo 11, fracción V del dictamen, cuando se refiere a que no podrán ser objeto de consulta la seguridad nacional, se hubiese agregado: salvo los casos en que los consultados tengan un reconocido sistema de justicia indígena y seguridad comunitaria, como se establece en Guerrero. Fue un mandato, pero no se logró consenso para establecerlo en el dictamen y yo alzo la voz para posteriormente presentar una reforma al respecto. Diputada presidente Sauri, diputadas y diputados, mi reserva que propone suprimir el artículo 90 del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Pueblos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, encuentra sustento en lo siguiente. El artículo cuya supresión pido habla del juicio de amparo y su procedencia en esta materia, lo que resulta, en algunos casos, innecesario y en otros hasta contradictorio. Es incorrecto establecer en cualquier cuerpo de leyes en el país la procedencia del juicio de garantías, en razón de que este proceso de rango constitucional tiene su propia regulación en lo dispuesto por los artículos 107 de la Ley de Amparo, en el caso del amparo indirecto, y 170 del mismo cuerpo de leyes en los supuestos del amparo directo. Otra inexactitud en la Ley de Consulta es la literalidad que omite señalar a qué modalidad de amparo se refiere, lo que reviste de falta de técnica y precisión legislativa. Nosotros nos podemos generar una dualidad en una ley distinta de la Ley de Amparo respecto a la procedencia del juicio constitucional. En todo caso, lo correcto sería reformar la Ley de Amparo para adicionarle en los preceptos antes mencionados, que este juicio es procedente en materia de consulta de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ninguna ley, ninguna, por ejemplo, ni el Código Penal ni el Código Civil ni el Código Fiscal, solo por citar algunas normas legales, prevén y establecen la procedencia del amparo. Durante los procedimientos que obligan la aplicación de toda ley, o cuando concluyan, el juicio de amparo puede proceder sin que ninguna ley indique que se puede ir al amparo, pero en automático, por decirlo de alguna manera, si durante ese procedimiento hay una violación sin que proceda algún recurso ordinario, el juicio de amparo procede y es el indirecto. Igualmente, si la resolución o acto nos perjudica y ya se agotaron todos los recursos ordinarios, agotando lo biinstancial de cada proceso y se genera una definitividad, entonces procede el amparo directo. Todo esto sin que ninguna ley lo diga, ¿por qué?, porque lo dice la Ley de Amparo. En consecuencia, las hipótesis previstas en el imperativo que pido suprimir, el 90, que es el penúltimo artículo de este dictamen, y luego se haría el corrido del 91 al 90, que sería el final, ya las garantiza el juicio de amparo, así como también la suplencia de la deficiencia de la queja que es menciona en este asunto. Es muy avezado, por decir lo menos, legislar incluso que, en esta Ley de Consulta, cuándo procede o no decretar una suspensión. No se puede fundar la suspensión en otra ley que no sea la Ley de Amparo, lo cual está establecido de manera concreta de los artículos 125 al 169. Además, dicho sea de paso, ya están establecidas las sanciones y los recursos que de manera ordinaria están en este capítulo, como son por ejemplo la nulidad y el recurso de reconsideración. En consecuencia, por virtud de lo expuesto debidamente fundado, pido su razonado voto a favor. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.