La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros diputados. La creciente diversificación de las problemáticas en la república en pocas ocasiones ha rebasado la capacidad gubernamental de los tres niveles y órdenes de gobierno. Es una realidad innegable y cada vez más frecuente que la ciudadanía demuestre insatisfacción en lo desarrollado por su gobierno municipal, estatal y federal en áreas tan diversas y cotidianas como el uso de suelo, la preservación del delito, la infraestructura urbana; los servicios básicos y sobre todo en la toma de decisiones sobre las comunidades. Tradicionalmente, los gobiernos en todos los niveles han propuesto las medidas y soluciones que a su criterio creen son mejores para estas comunidades, muchas veces sin consulta ni diagnóstico de por medio, lo anterior no demerita en efecto que vivimos en una democracia representativa, en donde la ciudadanía elije, se supone, libremente a sus gobernantes. Sin embargo, los recientes desencuentros nacionales en materia electoral y la poca transparencia con las que se conducen muchas autoridades, ha redundado en una importante desconfianza por parte de la ciudadanía. Ahora no sólo es importante conocer al representante, también es importante y necesario vigilar el cumplimiento de lo que haya prometido en campaña, y más aún integrarse sin corporativizarse al gobierno, ya sea a nivel comunitario, municipal, estatal o incluso nacional. Según la investigadora Julieta Camacho Granados, desde la LVIII Legislatura se han presentado más de 50 iniciativas de ley en materia de participación ciudadana, en mayor o en menor medida han girado en torno a los instrumentos clásicos de la participación ciudadana, es decir, en torno al plebiscito, referéndum, iniciativa popular. De hecho, apenas hace unos meses en la legislatura pasada, en abril, en el Senado se presentó por parte del legislador Eugenio Govea, del Partido Movimiento Ciudadano, una iniciativa en materia de participación, la cual en la presente iniciativa de su servidora se retoma en parte, pero sobre todo en el apartado de instrumentos de participación directa. Sin embargo y sin restar ni demeritar importancia alguna a cualquiera de éstas 50 iniciativas, es indispensable presentar un proyecto que innove con la fuerza de la aplicación y de la experiencia a cuestas, es decir, es importante proponer fórmulas que han sido exitosas en mayor o menor medida, y que en los hechos han demostrado viabilidad; fórmulas y propuestas que no buscan ni mucho menos logran la perfección, pero que sin embargo pueden hacer la diferencia en una colonia, en un barrio, en una unidad habitacional o en un núcleo poblacional mínimo de cualquier municipio del país, como en el Distrito Federal, que fueron electos ya hace dos años los mil 800 comités ciudadanos y que ahora cuentan para poder decidir sobre las políticas públicas de un total del 3 por ciento del presupuesto total de cada una de las 16 delegaciones. En esta iniciativa ciertamente se retoman los instrumentos de participación directa tradicionales, arriba mencionados, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa. Más se incorporan nuevos esquemas, como el presupuesto participativo y los órganos de representación ciudadana, que en ningún momento buscan rivalizar con experiencias representativas tradicionales o que se fundamentan en los usos y costumbres de, por ejemplo, pueblos originarios. Y muy por el contrario, esta iniciativa busca fortalecer estas nuevas formas de representación ciudadana, dotarlas de una formalidad y de un reconocimiento que llegue al ámbito federal e incluso potenciarlas, claro, en donde existan, y en aquellos núcleos mínimos poblacionales en donde no existan órganos de representación ciudadana, generarlos. Por ello, se requiere un andamiaje mínimo que pase por lo federal, estatal y municipal y llegue a lo que denominamos, en la presente iniciativa, unidades territoriales mínimas de un fondo de aportaciones federales, que llegue directo a los municipios de los estados y de las delegaciones del Distrito Federal, para que sin dilación y de inmediato se pongan a disposición de la ciudadanía, bajo mínimas reglas de operación, estos recursos. También se realiza una propuesta con base en el supuesto de la colaboración federal, no sólo de los órganos del Ejecutivo, sino sobre todo en muchos de los casos de organismos constitucionales autónomos, como lo es el Instituto Federal Electoral, además de los órganos electorales estatales. En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, creemos que la democracia representativa se debe contemplar cada vez con fórmulas de democracia directa y cada vez más participativa. Por ello, no sólo se propone en la presente iniciativa el control y regulación de los instrumentos clásicos de participación ciudadana, que reitero son el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. La presente iniciativa además es una propuesta de órganos de representación ciudadana electos, también como se propone el ejercicio de una parte del presupuesto, para que los ciudadanos de las diversas entidades y municipios, a través de sus comunidades, decidan lo que más les conviene, y sus prioridades a través de un presupuesto participativo, como lo explica Álvaro Aragón Riviera, en derechos fundamentales y democracia. La democracia entendida como una forma de gobierno supone que el poder fluye desde los ciudadanos hacia arriba, Bobbio la caracterizó como un conjunto de reglas primarias fundamentales que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. La ventaja de la definición de Bobbio es muy clara, si se parte del hecho de que toda sociedad tienen que tomar decisiones obligatorias y válidas para todos los miembros de la colectividad. Entonces, la definición nos dice quién está autorizado para tomar esas decisiones. La definición nos dice que efectivamente es el ciudadano, dejando a los miembros de cada grupo la elección de cuáles son las decisiones que más le convienen a la colectividad, si se parte del hecho de que las sociedades actuales están caracterizadas por su tendencia a la aceptación de la pluralidad y la diversidad. Por tanto, cada colectividad tiene intereses, problemas y necesidades distintas, y quizá lo más recomendable es que cada colectividad decida cuáles son las prioridades que más le convienen, en función de sus características. Ahora bien, para poder impulsar tanto los órganos de representación ciudadana como los proyectos del presupuesto participativo, es menester generar un fondo de aportaciones federales, ubicado presupuestalmente dentro del Ramo 33, en función del número de habitantes y la participación de la sociedad, así como de su extensión territorial. Dicho fondo se distribuirá entre los municipios de los estados y las delegaciones del Distrito Federal para fomentar la participación ciudadana y el fondo municipal de participación se propone se denomine Fomupaci. Este esfuerzo que representa esta presente iniciativa también se inscribe en el marco de la declaratoria del Parlamento Latinoamericano, el cual suscribe nuestra nación sobre bases mínimas para la gobernanza local, cuyos resolutivos en un fragmento dicen: exhortar a los Estados miembros del Parlatino a reconocer la existencia y diversidad dentro de nuestras comunidades latinoamericanas y sus gobiernos, en la amplia gama de problemática y necesidades que atañen a los ciudadanos en su espacio natural de convivencia. Que la participación decidida de las ciudades, municipios, autoridades locales de los países latinoamericanos constituya un factor determinante en la posibilidad de enfrentar con éxito y superar los rezagos sociales, económicos, ambientales, institucionales que padece nuestra nación ante la falta de participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y los programas de Estado. Que la capacidad local para tomar decisiones es una condición indispensable para el desarrollo y debe ser apoyada. Que la participación ciudadana es un proceso fundamental para la gobernabilidad democrática y que se debe promover a través del Estado. Es claro, compañeros diputados y diputadas, que la presente iniciativa presenta unidades mínimas territoriales, que es el municipio, la unidad administrativa de política territorial y que se buscará generar con ello un mayor desarrollo de nuestras comunidades. La iniciativa, por ello, pretende abonar el esclarecimiento de los tres niveles de gobierno en sus facultades y responsabilidades, a fin de dotar con mayores elementos para la toma de decisión a los ciudadanos de toda nuestra República Mexicana. Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que los exhorto a participar, a enriquecer esta iniciativa y que podamos llevarla en el debate a las comisiones a las que sea turnada. Es cuanto, diputado presidente.