El diputado Emilio Suárez Licona: Gracias. Respuesta a la diputada. ¿Qué ha hecho el PRI? Instituciones, programas sociales, IMSS, ISSSTE, Metro, incluso, los supuestos logros de la izquierda, incluso están fundados hasta en el Tratado de Libre Comercio, hasta en el Tratado de Libre Comercio. Compañeras y compañeros, ya desde hace varios meses veníamos anticipando, no cuidar el buen nombre de nuestro país es relevante y transcendente. ¿De qué manera había que cuidarlo? Garantizando el Estado de derecho y la certeza en las inversiones mediante la desmilitarización de la seguridad pública y la salvaguarda de un Poder Judicial independiente. Sin embargo, ayer amanecimos con la noticia de que el gobierno federal emitió una deuda en el mercado estadounidense por alrededor de 7 billones de dólares para repagar unos bonos a una sobretasa de más de 200 puntos base, derivado de la degradación de nuestra calificación soberana. Este incremento del costo de la deuda le costará a la hacienda pública aproximadamente 140 millones de dólares al año. La señal es evidente, no cuidar el buen nombre de México tiene serias repercusiones para el presente y futuro de nuestro país. Esto es esta reforma que vamos a aprobar. En este sentido, esta reforma sigue la misma lógica que nos tiene dicha trayectoria. Lo que se plantea no solo perpetua, sino que profundiza un modelo fallido, riesgoso y contrarios a los principios fundamentales que enmarcan la convivencia democrática y la protección de los derechos humanos. La premisa es clara, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Este fue el gran consenso nacional que permitió dar origen a la Guardia Nacional bajo una visión irrenunciable de garantizar su carácter civil. Sin embargo, el gobierno se ha empeñado en enquistar la noción de la militarización permanente sin evaluar, sin corregir, sin escuchar y lo más grave, ignorando las sentencias de los tribunales internacionales. Los precedentes no dan lugar a duda a interpretación y son vinculantes para el Estado mexicano. La Corte Interamericana ha establecido con toda claridad que la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden interno son responsabilidad y deben recaer en cuerpos policiales de carácter civil. Lo que tenemos ante nosotros no es una estrategia de seguridad pública, se trata de un proceso de desmantelamiento institucional, disfrazado de una respuesta a la inseguridad. Militarizar de manera permanente expone innecesariamente a los propios militares, profesionales que no fueron formados para tareas de proximidad social, prevención del delito o preservación de derechos y libertades. Por si fuera poco, esta reforma entrega poderes inconstitucionales a una corporación militarizada para vigilar clandestinamente espacios públicos, intervenir comunicaciones y realizar operaciones en cubiertas. Yo les pregunto: ¿Empezarán por los gobernadores de Morena? ¿Empezarán por Sinaloa? ¿O es una consigna contra la oposición? ¿Estas atribuciones, como ya lo ha señalado la Suprema Corte, van en contra del orden constitucional, ya que carecen de controles suficientes y abren la puerta a violaciones graves a la privacidad, al debido proceso y a los derechos fundamentales? Incluso, en la práctica derivarán en la obtención de pruebas ilícitas, al vulnerar el derecho a la no autoincriminación, dando cauce a la liberación de presuntos delincuentes. El fracaso salta a la vista. Después de casi dos décadas con los militares en las calles, la violencia y la inseguridad no sólo persisten, sino que van en aumento. Conforme a datos del propio gobierno federal, de diciembre del 18 hasta el 24 se han registrado más de 200 mil muertes violentas. Eso nos deja en un escenario del sexenio más sangriento de la historia de México. Insistir en este modelo no sólo es un error, es un acto de necedad y demagogia que seguirá lastimando el presente y futuro de nuestro país. Desde el PRI hemos planteado otra ruta: fortalecer las policías estatales y municipales, profesionalizar a los cuerpos civiles, reformar a los Ministerios Públicos, apostar por la justicia cotidiana y priorizar la atención a las causas estructurales de la violencia. Hay que reiterarlo con absoluta claridad: el PRI no avalará la consolidación castrense de la seguridad pública, en franca erosión del Estado democrático de derecho. La paz y la seguridad del país deben derivar indefectiblemente en la construcción y apuntalamiento de instituciones civiles fuertes. Por cierto, quedará en la memoria de este Congreso lo que aquí se dijo por el Partido del Trabajo. Y cito: Estoy orgulloso de que las Fuerzas Armadas y del Ejército mexicano... Qué bueno que la seguridad va a estar en manos de nuestro glorioso Ejército Mexicano. Le recomiendo, presidenta, que refuercen las letras de oro al movimiento estudiantil del 68, que están por caerse.