La diputada María Mercedes Colín Guadarrama: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Señoras y señores. Entre las organizaciones abocadas a la conformación de una conciencia respecto de los excluidos, las clases populares cada vez más débiles, así como de la población en general, están en los partidos políticos. Mal estarían en organizarse para obtener y mantener el poder y no para transformar a la sociedad. Conducir hacia nuevas coordenadas es tarea partidaria. Los partidos políticos inducen a la sociedad en torno a la visión de su presente y destino, reflejan diferentes formas y sentimientos, ideologías y estrategias para abordar y solucionar problemas nacionales. Nuevas formas de convivencia imaginadas y practicadas por actores y grupos sociales demandan la reestructuración del marco normativo y del poder desde abajo. A partir de la reforma política de 1977 al artículo 41 constitucional, el Estado mexicano estableció como objetivo fortalecer su sistema de partidos, al considerar a éstos como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado para hacer posible el acceso ciudadano al ejercicio de cargos públicos, con base en la postulación de ideas, principios y programas, lo que nos muestra que un sistema de partidos sólidos es consustancial al desarrollo y fortalecimiento de la democracia política y electoral, aunque no se reserve para sí el monopolio del ejercicio del poder ciudadano. Requerimos un sistema de partidos que sostenga ideas, principios y programas para que la decisión del ciudadano encuentre opciones políticas que nos permitan superar el riesgo de que la mercadotecnia domine el proceso electoral. Necesitamos avanzar hacia la consolidación de un régimen democrático, en el que todos los grupos significativos y actores políticos en lo individual respeten y obedezcan a sus instituciones políticas como el único marco legítimo para la concertación política, hecho que implica una actitud y un criterio de comportamiento, de acuerdo con el cual una norma o serie de normas es respetada y asimilada por todos los grupos políticos. La gobernabilidad se sustenta en la fortaleza del sistema de partidos. La eficacia de éste requiere de la integración de todas las opiniones de los contendientes del juego político, quienes deben su formación a organizaciones políticas representativas de corrientes de pensamiento con programa, principios e ideas que postulan como partido político. Es pertinente considerar el sentido que en su momento tuvo la figura del registro condicionado al resultado de las elecciones para los partidos y reflexionar sobre todo a la adopción de normas para regular desplazamientos oportunistas de precandidatos y candidatos entre partidos, asunto que constituye un elemento fundamental para la democracia, punto nodal en el orden interno de la vida de los partidos. Nadie está en contra de la pluralidad, del aporte de los candidatos externos provenientes de partidos diversos, así como su contribución a la estabilidad de nuestro entorno político. Sin embargo, las escisiones producidas por diversos intereses y conflictos de grupos conformados en los partidos, no se pueden considerar por sí solas como elemento principal en la consolidación de un sistema plural de partidos y de la gobernabilidad democrática. Cuando se ahonda en las razones políticas y éticas, en cada actor político y su afiliación a organizaciones diversas a las que se debe su formación, surgen dudas razonables sobre su filiación ideológica y representación de intereses. Y ante la ausencia de reglas claras y precisas sobre la filia de ciudadanos a las diversas organizaciones políticas, se ha dejado a los electores la nada fácil tarea de enfrentar candidatos camuflados en cada proceso electoral. Es indispensable transitar hacia una política constitucional y establecer medidas contra el transfugismo y sobre todo, contra actos irregulares en los procesos y jornadas electorales que tienen como resultado el fenómeno de la corrupción política; Avanzar hacia un control político que impulse el respeto de los acuerdos, convenios o pactos establecidos entre las fuerzas políticas y el gobierno, a fin de equilibrar un estado de partidos democráticos, así como la transparencia de la financiación pública y privada; Establecer nuevas reglas de participación partidaria, en donde se estimule e impulse un mejor desarrollo de pluralismo político, el respeto a la diversidad de las ideologías partidarias; Que la democracia no sólo sea la arena política electoral, sino en la relación entre partidos, mediante el combate al transfugismo, prohibiendo —según sus estatutos— la admisión como candidatos a ciudadanos integrados en otros partidos, cuando menos tres años después de su renuncia en el partido de origen; Disposición obligatoria en los estatutos de todos los partidos, a partir de su encuadramiento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Avancemos hacia la integración de una legislación secundaria, que impulse y consolide un sistema de partidos en respuesta a la exigencia de una plena democracia interna en los partidos y en las relaciones democráticas entre partidos mexicanos. En momentos en que en el país se discuten alternativas para el desarrollo es imperioso que gobierno, actores políticos, sociales y población en general estemos conscientes de que el camino al desarrollo, la preservación de la paz social y el estado de derecho pasa necesariamente por el fortalecimiento de las instituciones. Es necesario avanzar hacia la consolidación de las instituciones con la construcción de reglas claras que generen eficiencia, competencia, competitividad, gobernabilidad y reduzca la incertidumbre en las interacciones inter-intrapartidarias y sobre todo la recuperación de la confianza y certeza de la ciudadanía en nuestro país. La propuesta de reforma resguarda los derechos fundamentales de los ciudadanos que participan en los partidos políticos y de la sociedad, además de estimular la consolidación de la gobernabilidad democrática y procurar la estabilidad política. Entre otros, permitirá impulsar con certeza la democracia interna y los principios democráticos que deben introducirse en los partidos como condición que nos permita contribuir al impulso y la consolidación de un sistema de partido, garante de la credibilidad democrática y del estado de derecho. La presente iniciativa reforma el segundo párrafo, fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 41, fracción I. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, sin que pueda ser candidato un ciudadano que provenga de partido diverso al postulante a no ser que evidentemente se haya separado de manera formal y definitiva del partido de origen al menos tres años antes de la fecha de registro para las candidaturas de la elección de que se trate, y de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Dado en el Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de octubre del año 2006. Atentamente, diputados del PRI del Estado de México. Diputado Gustavo Cárdenas Monroy, diputada Martha Hilda González Calderón, diputada Elda Gómez Lugo, diputado César Camacho Quiróz, diputado Jesús Alcántara Núñez, diputado Alejandro Olivares Monterrubio, diputado Rogelio Muñoz Serna, diputado Isael Villa Villa y diputada María Mercedes Colín Guadarrama. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.