El diputado Antonio Ortega Martínez: Compañeras y compañeros diputados, no logro entender por qué razón oradores del bloque opositor vienen a hablar en contra en lo general de la iniciativa, pero sabemos que van a votarla a favor en unos cuantos minutos más. Parecería que la trampa que hay detrás de los nombres de estas iniciativas, de estos proyectos, de las intenciones como aquí se dijo de populismo legislativo, calan hondamente. Entre los pasillos se dice que en el PAN están quizá los abogados más destacados de la Cámara, diputados abogados más destacados de la Cámara. Se dice que en el PRI hay diputados experimentados y abogados, y no lograron localizar lo que hay en la ley, el crimen ha acumulado grandes fortunas, mismas que en un proceso judicial al día de hoy es muy difícil recuperarlas para el beneficio de la sociedad. Somos conscientes de que la actual ley federal es una norma que poco o nada ayuda en el proceso de aseguramiento y disposición de los bienes, producto de actividades ilícitas. Durante 10 años hemos tenido en vigencia una ley federal que reglamentaba al artículo 22 constitucional, en materia de extinción de dominio, dicha ley es muy difícil de aplicar, de tal forma de que muchos de los casos los terminaba perdiendo el Estado. Giovanni Falcone, famoso por los acertados golpes que logró dar a la mafia italiana, ha dicho que hombres en la delincuencia van y vienen, que la verdadera fuerza es el dinero y que este puede caminar con otras piernas. Por eso, se muestra necesario perfeccionar nuestro marco jurídico para lograr debilitar financieramente al crimen. La minuta que hoy se presenta pretende ese esfuerzo, lograr certeza en los procesos de aseguramiento y extinción. Este fin se logra con un articulado que permite que desde el inicio de la investigación se puedan asegurar los bienes del indiciado, protegiendo los mismos del dispendió y derroche por parte del acusado. El fin se logra, pero en contra también de garantías individuales de los indiciados. Ya lo dijimos, con modificaciones al Catálogo Federal de Delitos, esta ley lejos de ayudar a arreglar el problema, dejan más vacíos y vulnera totalmente las garantías individuales, pero el aseguramiento sin garantía de retorno en caso de no comprobar culpabilidad vulnera garantías. El artículo 227 de la ley que hoy se pretende aprobar expresa que la autoridad administradora podrá proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes sujetos a proceso de extinción de dominio, con excepción de los que las autoridades consideren objeto de prueba que imposibiliten ese destino, lo que significa que si un juez accede a la petición del Ministerio Público, de aseguramiento como medida cautelar, estos bienes pueden ser enajenados o puestos a disposición de dependencias federales para su aprovechamiento sin aún haber comprobado la culpabilidad del acusado. Violaciones gravísimas a garantías individuales. Existen dos principios en la impartición de justicia: el principio de presunción de inocencia y el de la certidumbre jurídica y esta ley los vulnera, los debilita de manera flagrante. Partimos de que, en México, con el actual Ministerio Público y con los mecanismos que se han expuesto a lo largo de muchos años, que una persona es inocente hasta que la falta de dinero y poder demuestren lo contrario. Y es cierto, las personas afectadas serán aquellas que no tengan los recursos para defenderse. Hablamos de agricultores y ejidatarios que podrán perder sus tierras o viviendas arrendadas que habían sido usadas por el crimen organizado. Hablamos de personas que pueden convertirse en carne de cañón del crimen, no del verdadero delincuente. Compañeras y compañeros, no caigamos una vez más en las trampas de esta transformación de cuarta. Ni en tiempos de guerra habíamos tenido leyes tan inhumanas y abandonadas a la Constitución. Compañeros, ¿cuántas veces en nuestros grupos parlamentarios dudamos de la Ley de Remuneraciones? ¿Cómo votarla? De la Ley de Austeridad, ¿cómo votarla? Bajo una razón vamos a vernos mal ante los ciudadanos votando estas leyes. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Leyes con amparo, leyes que la Corte las tira, leyes que no están sirviendo para resolver de fondo el problema. No es populismo decir que esta inicialmente fue llamada la ley Robín Hood. Después se dijo y se ha insistido que esta es la ley para devolver al pueblo lo robado. Es populismo lo que hay detrás. Un llamado al bloque opositor a que revisen el sentido de su voto. Gracias, presidenta.