EL C. DIP. ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Vengo a esta tribuna para pedirles su apoyo en un dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con las opiniones correspondientes de las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Honorable Legislatura. Este dictamen implica modificar cuatro ordenamientos jurídicos para efectos de proteger a los menores y de prevenir y castigar los abusos sexuales en contra de ellos. También me voy a permitir proponerles una modificación al propio dictamen contenida en el artículo 261 del Código Penal Federal. Este dictamen, compañeras y compañeros diputados, tiene por objeto modificar los artículos 261, 262, 266 y 266 bis del Código Penal federal; reforma el artículo 2º., y adiciona y crea un nuevo artículo que es el 268 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo reforma el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y modifica el artículo 33 de la Ley General de Educación. Todas estas modificaciones tienen como efecto principal, proteger a los menores contra abusos sexuales, pero sobre todo darle instrumento a las autoridades encargadas para efecto de que esta protección no solamente se concrete a un incremento en la penalidad, sino que también vaya acompañada de facultades a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ministerio Público de la Federación para que se le dé tratamiento diferente a los menores cuando han sido víctimas de los llamados "delitos de pederastia y pedefilia". Quiero también decirle a esta Honorable Asamblea que estos delitos, aunque no están tipificados como tales en el Código Penal Federal, el tipo correspondiente a la acción delictiva está contenida incluso en los artículos que nos permitimos proponer a su consideración. Elementos hay de sobra para estos hechos abominables. El iniciador de este trabajo legislativo, fue el maestro Romero Apis, nuestro compañero diputado y Presidente de esta Comisión, que en su exposición de motivos plantea con mucha claridad las razones por las cuales se proponen las modificaciones que he expuesto. En primer término se eleva la pena de prisión de los pederastas y pedéfilos. Discutimos ampliamente en la Comisión, porque hay quienes sostienen que el solo incremento de las penalidades no disminuye la comisión de los delitos. Sin embargo, también es conveniente que este incremento en la penalidad vaya acompañada de una serie de modificaciones procesales y de acciones que tendrá que realizar el Ministerio Público, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad Pública Federal para efecto de integralmente proteger a los menores. ¿Por qué esta protección y este análisis tan exhaustivo y este incremento de la penalidad y estas nuevas atribuciones de dependencias federales? ¿Por qué este delito no es un simple delito de abuso contra una persona, aún tratándose un menor? Es un delito que cuando conlleva el incesto generalmente termina en un crimen que muchas veces quedan impunes. Quedan impunes porque normalmente los hechos violentos tan abominables que tienen como respuesta o como efecto de la comisión delictiva, van más allá de la comprensión de las propias autoridades encargadas del caso y de las sociedad en lo general. Muchas veces cuando un ascendiente atenta sexualmente contra un menor descendiente y que este hecho para que no se sepa esta conducta, se convierte en un delito que a veces llega hasta la muerte al menor y se presenta ante la autoridad correspondiente al autor del delito y señala que su hijo murió porque se cayó de la casa, porque se cayó de una escalera o porque sufrió un accidente de una naturaleza tal que le causó la muerte. También tiene como efecto inhabilitar para el desempeño de la profesión, cargo, ocupación o empleo en el que se hubiese delinquido. Todos sabemos los casos públicos que hay recientemente en tratándose de este tipo de delitos. Otra razón muy importante es que en las confrontaciones procesales, es decir, los careos entre el menor y el victimario normalmente atemorizan, lesionan, no solo la sique del menor sino también su propia personalidad y reduce muchas veces y afecta todo lo que es la personalidad del menor. Entonces estamos previniendo la circunstancia de que los llamados careos entre la víctima y el victimario, sean siempre ante la presencia del Ministerio Público Federal. Luego también queremos que con esta modificación se propicie que en toda investigación para efecto de determinar la culpabilidad del indiciado y de establecer la sanción correspondiente, sean siempre Ministerios Públicos, peritos o personal especializado en la materia de abuso de menores, los que se encarguen de la investigación y de la consignación correspondiente. No es posible que un Agente del Ministerio Público Federal que normalmente se encarga de otro tipo de delitos como el narcotráfico, lleve a cabo una investigación para integrar la averiguación previa en tratándose de abuso contra menores. También resulta conveniente darle facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para que a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública establezca políticas de prevención de este delito, para que intente crearse toda una cultura en los menores y en los mayores que prevengan las comisiones de estas acciones delictivas. También tiene en el artículo 20 constitucional, que a mi juicio indebidamente se modificó desde el 22 de marzo del año 2001, que obliga a una precisión establecida en la ley, mandato del que este Congreso ha hecho omisión y que ahora a través de estas modificaciones pretendemos que se cumpla. Por último, compañeros diputados, si me permite la señora Presidenta, quiero decirles que la Comisión hace suya la propuesta de nuestro compañero diputado David Rodríguez Torres para hacerle una adición más, con base en lo que está en el dictamen, al artículo 261, que si me permite la señora Presidenta voy a leerlo y les voy a decir cuál es la omisión. La propuesta en el dictamen dice lo siguiente: <<Artículo 261. Al que sin el propósito de llegar a la cópula ejercite un acto sexual en una persona menor de doce años o en contra de persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de tres a siete años de prisión>> Así dice el dictamen. La propuesta en la que la Comisión está de acuerdo y que fue hecha por el diputado Rodríguez Torres, pretende añadir y nosotros y yo en lo personal estoy de acuerdo en que esta Cámara lo apruebe así, que la persona menor no sea de 12 años, sino que sea menor de 14 años y que además este privada de razón, aún cuando mediare su consentimiento. Consecuentemente, compañeros diputados, con base en el dictamen que ustedes tienen en sus manos, la modificación que propone la Comisión es que el artículo 261 quede como sigue: "Al que sin propósito de llegar a la cópula ejercite un acto sexual en una persona menor de 14 años de edad o privada de razón, aún cuando mediare su consentimiento o en contra de persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 3 a 7 años de prisión". Compañeras y compañeros diputados: La Comisión de Justicia y Derechos Humanos discutió durante más de cinco horas el texto y la modificación reciente que hoy se propone y llegamos a la conclusión de que esta es una medida que debe tomar el Congreso no solamente para prevenir y sancionar este delito, sino para proteger aún más a los menores que son víctimas de abuso sexual. Muchas gracias, señora Presidenta. (aplausos) -PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Muchas gracias ciudadano diputado. En consecuencia, está a discusión en lo general. Para fijar posiciones en esta iniciativa, se han inscrito los siguientes ciudadanos diputados: El diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido de Alianza Social; el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Grupo Parlamentario del PT; la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Grupo Parlamentario del PV; el diputado David Augusto Sotelo Rosas, del Grupo Parlamentario del PRD; la diputada María Guadalupe López Mares, del Grupo Parlamentario del PAN, y el diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, del Grupo Parlamentario del PRI. Se ofrece el uso de la palabra al diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social, hasta por cinco minutos. -DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Gracias diputada Presidenta. Amigas y amigos Legisladores: El abuso sexual contra niños constituye una de las conductas más aberrantes que puede darse en una sociedad, ya que no sólo atenta contra vidas que empiezan a vivir, sino que dejan huellas que de por vida marcarán esas existencias. Mediante esta enferme conducta son violados tanto los derechos humanos como los derechos de los niños, en donde éstos últimos corren el riesgo de perder toda dignidad humana y convertirse en mercancías u objetos sexuales. Los agresores normalmente racionalizan su conducta con argumentos que atentan contra la razón y la moral, asumiendo una posición en donde no existe el más mínimo rastro de arrepentimiento o vergüenza. La pedofilia es un problema de salud pública con afectación física y psicológica de las víctimas y familiares. Desgraciadamente México es uno de los cinco países en América Latina en donde la prostitución infantil alcanza las mayores dimensiones. Desgraciadamente este problema no sólo se da en las calles, sino que en el seno de las mismas familias esta conducta antinatural se comete en contra de seres indefensos, tanto física como mentalmente: los niños; en donde los mismos familiares en ocasiones son los criminales que con toda alevosía y ventaja hacen del poder algo aberrante. Las relaciones se dispersan y penetran en todos los ámbitos de la sociedad y es en la institución de la familia en donde en ocasiones el ejercicio de esos poderes se manifiesta en condenables actos de violencia, como es la pedofilia, ya que se viola el derecho a la libertad a elegir y en ocasiones el derecho a la propia vida de los menores. La explotación sexual de menores de edad en el ámbito mundial representa un negocio de millones de dólares en ganancias, representando en algunos países el equivalente al 50 por ciento de su PIB nacional. La responsabilidad para dar fin a este cáncer social es de todos: padres de familia, servidores públicos, sector privado, organismos no gubernamentales, etc., el problema no es coyuntural, es un problema que pone en riesgo la vida de millones de personas en el ámbito mundial, que hoy son niños convirtiendo así que evitemos, combatamos y sancionemos ejemplarmente esta deshumana actuación en una responsabilidad impostergable. El menor victimado no sólo carga sobre sus espaldas la agresión física y sicológica del ataque, sino que tiene que sobrellevar la amenaza de guardar silencio, llegando así a vivir un verdadero calvario al compartir en ocasiones en la misma vivienda con su agresor. Desgraciadamente existe un alto porcentaje de probabilidad en cuanto a que una víctima de este tipo de agresión sexual se convierte en un futuro agresor repitiendo con el tiempo esta aberrante conducta. Por todo lo anterior las leyes destinadas a dar solución de fondo a este grave problema, no pueden ser permitibles, flexibles o dar lugar a su fácil tergiversación, por el contrario, deben ser leyes que promuevan un castigo ejemplar, que condenen al victimario a una pena directamente proporcional al daño físico y sicológico propiciado a la víctima. Un estado de derecho auténtico es aquel en donde las leyes se cumplen, donde el Poder Judicial hace cumplir la ley y no dar cabida a la impunidad o a la comisión. Por todo lo anterior, amigas y amigos Diputados, la Representación Política del Partido Alianza Social en el Congreso de la Unión, se suma a favor del Dictamen presentado y puesto a discusión esperando que acciones legislativas como esta, den a las víctimas del delito no sólo una retribución en la medida de lo posible, sino que den a los victimarios un castigo que inhiba la repetición del mismo delito por parte de otras personas. Muchas gracias. -LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado. Se ofrece el uso de la palabra al Diputado Víctor Antonio García Dávila, del Grupo Parlamentario del P. T. hasta por diez minutos. -