La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar posición en relación con el dictamen que nos presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones. En principio, es conveniente tener presente que el 24 de agosto del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos destaca el contenido del artículo 127 constitucional. En el artículo 127 se establece, en su fracción II, que ningún servidor público podrá recibir una remuneración por su empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos correspondiente. Este precepto constitucional debió ser cumplido a partir del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal de 2010. Sin embargo, en las iniciativas correspondientes de 2010 a la fecha, en 9 años los ejecutivos federales Calderón y Peña Nieto no cumplieron el mandato de la Constitución, porque infinidad de servidores públicos y de órganos constitucionales autónomos o del Poder Judicial de la Federación ajustaron sus salarios al del Ejecutivo federal, que eran excesivos y ofensivos para el pueblo de México. En esta LXIV Legislatura, cuando se expidió la vigente Ley Federal de Remuneraciones, misma a la que le ha resultado pertinente hacerle los ajustes que se requieren, a efecto de que a partir del ejercicio fiscal 2009 las percepciones de todos los servidores públicos se ajusten a la propuesta salarial del presidente de la República. Destaca el dictamen que nos ocupa las reformas tanto a la Ley Federal de Remuneraciones, al Código Penal y a la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Destaca en el artículo 1, que se refiere a la Ley Federal de Remuneraciones, al artículo 3. fracción V, en el concepto de igualdad laboral, que establece el derecho de todo servidor público que realice una tarea determinada a percibir lo mismo que percibe otro, sea hombre o mujer. También en la fracción VIII, en la que se adiciona el concepto de no discriminación y que alude a que la remuneración de los servidores públicos se determinará exclusivamente por la calidad y capacidad que muestran en su cargo, sin que haya factores subjetivos que influyan en la fijación de la percepción. Asimismo, en el artículo 7, fracción III, se adicionan diversos incisos para establecer con claridad a los tribunales administrativos, órganos constitucionales y autónomos, Fiscalía General de la República y órganos reguladores coordinadores en materia energética como sujetos obligados por esta norma, cuyos integrantes no deben percibir más que el Ejecutivo federal. En el artículo 8 se establece la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de expedir el denominado Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde las obligaciones al cumplimiento de la norma se sujetan al aprobado en el presente Presupuesto de Egresos. Para garantizar la correcta aplicación de la disposición normativa, se propone en el artículo 15, como la facultad de la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de las cuentas públicas de fiscalizar que nadie haya percibido más que el presidente de la República y que si así ocurriera se muevan las denuncias penales correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores, en el tiempo que lleva en vigor la Ley Federal de Remuneraciones que fue impugnada vía acción de inconstitucionalidad por la Comisión de los Derechos Humanos y por el Senado de la República, la manera contraria a lo que se establece en la Ley Reglamentaria de la Fracción I y II del Artículo 105 Constitucional en donde el ministro instructor ordenó su suspensión de la norma impugnada. Hay que precisar que si bien es cierto, la ley les otorga a impugnar, lo que pretende es mantener un régimen de privilegios que el pueblo de México con su voto el primero de julio determinó que se extinguiera. Por las consideraciones antes expuestas, votaremos a favor del presente dictamen porque está en el ánimo de la cuarta transformación en lo que se refiere a la justa medida en lo que debe vivir el servidor público. Es cuanto.