EL C. DIPUTADO SALVADOR ROCHA DIAZ: Con su permiso diputado presidente. Honorable Asamblea. Todos los mexicanos debemos de estar reconocido y satisfechos por la normatividad legal que a partir de 1975 y gracias a la iniciativa del señor presidente don Luis Echeverría Alvarez, tenemos en relación a la protección de los consumidores. Creo que es ocasión pertinente, para rendir igualmente homenaje al primer Procurador del Consumidor que lo fue el señor licenciado don Salvador Pliego Montes, y quien con absoluta entrega se dedicó a la protección de los consumidores y dedicó varios años de su vida a fortalecer a la Procuraduría. Hoy, los consumidores mexicanos, tenemos una protección que debe ser mejorada, como lo propone el dictamen que nos ha presentado la Comisión de Comercio. No merece más que aplauso las disposiciones que contiene esta iniciativa que estamos hoy votando, y por eso creo que todos la hemos votado a favor en lo general. Sin embargo, no podemos dejar pasar algunos de los problemas jurídicos que presenta el Artículo 63, y que son de orden legislativo y de orden judicial. Desde el punto de vista legislativo, en mi carrera parlamentaria siempre me he opuesto a que el Congreso de la Unión renuncie a sus facultades legislativas, en beneficio de las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo. Creo que tenemos la ineludible responsabilidad de incorporar en las normas legales, los principios que en su momento puedan ser reglamentados por el Poder Ejecutivo, pero de ninguna manera podemos renunciar a nuestra potestad legislativa, como lo estamos pretendiendo hacer en el Artículo 63 que hoy impugna. En el primer párrafo dice: Los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, únicamente podrán operar para efectos de la adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles nuevos según la modificación- o inmuebles destinados a habitación, en los términos que señala el reglamento respectivo, y sólo podrán ponerse en práctica previa autorización de la Secretaría. Estoy de acuerdo con el texto, con excepción de que no hay normas legales que permitan emitir un reglamento al respecto. No se señalan los principios que deben contenerse en la ley y que puedan ser materia de ese reglamento. En la fracción II dice: "..entre los requisitos que debe satisfacer el solicitante de la autorización para un autofinanciamiento, que el solicitante acredite su capacidad administrativa, además de la viabilidad económica financiera y operativa del sistema en términos de los criterios que fije la Secretaría". ¿En términos de los criterios que fije la Secretaría? Debe ser en los términos en que se puede hacer una valuación técnica de una viabilidad económica, financiera y operativa de un sistema, no en función de criterios que fije la Secretaría. La Secretaría, para poder fijar criterios, tendría que tener principios establecidos en la ley, que tampoco se encuentran establecidos. Pero los dos puntos más grave es que dice que los requisitos que deben cumplir los solicitantes, se señalan en la ley las fracciones I a V y luego la VI establece: ".. los demás que determine el reglamento". ¿Quiere decir que un reglamento podrá señalar nuevos requisitos para obtener la autorización, además de los que señala la ley? Los únicos que podrían exigirse por la autoridad administrativa son los que contenga la ley, quizá algunos de estos requisitos puedan ser desarrollados en un reglamento en cuanto a su manera de cumplirse, pero de ninguna manera dejar a un reglamento la potestad para fijar requisitos que deben contenerse en la ley. El párrafo final es una monstruosidad jurídica verdaderamente inusitada: ".. el reglamento detallará... y viene una lista que no los voy a cansar con su lectura, que parece el índice de lo que debería ser el contenido de la ley, cuando menos en los principios básicos. Entonces la primera parte de mi objeción estriba precisamente... ¿Me permite terminar, señor Presidente-?