El diputado Jorge Tello López: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, les vengo a hablar de un tema que hoy nos ocupa, como la fijación del pago de derechos por una serie de servicios que presta el Estado mexicano. Les vengo a hablar sobre los refugiados. Refugiado es aquella persona o individuo que debido a una persecución política, un conflicto bélico u otra situación que pone en riesgo su vida, debe solicitar refugio en el extranjero. El refugiado, por lo tanto, se ve forzado a marcharse de su país, ya que de permanecer ahí se encontraría en peligro, de este modo, otra nación lo acoge en su territorio y le brinda la protección. El trato a los refugiados en el país de acogida varía de acuerdo a las leyes de cada nación. Hay que destacar de todas formas que convenciones y protocolos internacionales obligan a los países a otorgar asilo y a no enviar por las fuerzas a los refugiados de vuelta a sus lugares de origen, el derecho al refugio por otra parte forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, interviene para velar por que esos derechos sean respetados. Si de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1o. de la Constitución las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. México cuenta con una larga tradición en materia de asilo político y asistencia a refugiados: en la década de los años 30, cuando se les dio refugio a miles de españoles que huían de la guerra civil; en los 70 y en los 80 México se transformó en un oasis para aquellos quienes huían de las dictaduras del Cono Sur e incluso a mediados de los años 80 y principios de los 90 miles de refugiados guatemaltecos se asentaron en los estados del sureste mexicano, dando pie incluso intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNU en nuestro país. Entonces no se explica el porqué de aplicar una condicionante administrativa por parte de la Secretaría de Gobernación a los refugiados, quienes por definición ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. El artículo 18-B de la propuesta que se nos presenta refiere estar exentos del pago de derechos por trámites migratorios, los refugiados deberán obtener de la Secretaría de Gobernación el reconocimiento de la condición de refugiado o el otorgamiento de condición complementaria. Esto es un despropósito, exigirles a quienes han sido orillados a dejar atrás todo, su patrimonio, hogar, familia, patria. Que para darles ciertos beneficios primero se obtenga el reconocimiento de la condición de refugiado es un contrasentido de esta contra los tratados internacionales de los que México es parte, los cuales son de aplicación obligatoria para todas las autoridades en el país. Es simplemente absurdo. No debemos impedir el ejercicio de los derechos humanos. El derecho a ser considerado refugiado y denigrar a nuestro país con una larga tradición internacional, con el solo propósito de cobrar unos cuantos pesos. Por eso, señores diputados, los exhorto a que aprueben las modificaciones que se plantean al dictamen con respecto al artículo 18-B de la Ley de los Derechos que se está votando. Es cuanto.