La diputada Omeheira López Reyna: Con su venia, señora Presidenta. Los crímenes de lesa humanidad son una catástrofe del humanismo. Son crímenes de alcance universal y de los cuales desafortunadamente se tienen múltiples datos históricos. Cómo olvidar el ascenso de Adolfo Hitler como canciller del Partido Nazi y que de ahí se desencadenara una de las masacres más brutales y masivas del mundo, con el exterminio de todos los judíos europeos y de la población gitana-europea. Tampoco podemos olvidar los hechos atroces perpetrados en 1939 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la creación del Tribunal Internacional de Nuremberg y del proceso de líderes nacionales en el periodo de 1950 y 1987, los crímenes masivos siguieron ocurriendo, producto de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, por mencionar algunas. El conflicto de Bosnia, las guerras de Yugoslavia, que dieron como resultado la muerte de 7 mil 800 personas, entre hombres y niños asesinados. A raíz de esta masacre se creó el Tribunal Criminal Internacional de la ex Yugoslavia, en La Haya. Otro hecho devastador sufrido por la humanidad fue el conocido genocidio de Ruanda, que a su vez dio lugar a la creación del Tribunal Criminal Internacional para Ruanda. Es innegable que todos estos acontecimientos atroces no se pueden ignorar. Es así cómo la perpetración de múltiples hechos inhumanos hicieron inolvidables a personajes como Stalin, Mao, Franco, Salazar, Hirohito, Pol Pot, Kim, Nixon, Kissinger, Amin Dada, Mobutu, Somoza, Pinochet, Stroessner, Fujimori, entre otros, y Saddam, quienes valiéndose y abusando de la posición de que gozaban cometieron actos crueles e inhumanos. Es por tanto que tenemos la necesidad de emplear los mecanismos legales idóneos para evitar que se sigan repitiendo estas conductas criminales a través de la historia. Como ya se mencionó, se han creado distintos órganos para juzgar y sancionar a otros individuos, cuyo comportamiento está catalogado como un crimen en contra de la humanidad y está regulado por el derecho internacional público. Sin embargo, el punto débil del derecho internacional público es curiosamente el punto más fuerte y me refiero a la disposición y voluntad de los Estados, porque desde su perspectiva y en virtud de su voluntad se pueden lograr acuerdos, elaborar marcos jurídicos e instancias internacionales que tengan como función el respeto a los derechos humanos. Pero de esa voluntad también pueden surgir problemas que si es el Estado en situaciones que se violen los derechos humanos, no permita la injerencia de organismos internacionales protectores de derechos humanos. Aunque el Estado mexicano es parte del Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos, hay mucho por hacer para que este Sistema de Protección sea más eficaz, es decir, el Estado mexicano debe tener la capacidad suficiente para enfrentar las obligaciones derivadas de una firma o una ratificación de un instrumento internacional, como es el ejemplo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Éste último, un instrumento que ratificó el 15 de marzo de 2002 y dispone en su artículo 1o. que los crímenes de guerra y lesa humanidad —entre los que se menciona también el genocidio— sean imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. El Estatuto de Roma en el numeral 29, señala que los crímenes de guerra de competencia de la Corte, no prescribirán. Aquí se menciona el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. México como Estado parte del Estatuto, está obligado a cumplir la imprescriptibilidad. Por ello consideramos oportuno que dicha propuesta de imprescriptibilidad de esos crímenes deberá ser adoptada y clarificada por el Estado mexicano, elevándola a rango constitucional para que los crímenes de lesa humanidad y genocidio, crímenes de guerra, sean imprescriptibles, fortaleciendo así la protección a la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de las personas; llevarlo a cargo constitucional en virtud de no encontrar una clara excepción al principio de imprescriptibilidad, además de que por ningún motivo podrá ser criticado este punto y menos sería declarado inaplicable por contravenir nuestra propia Constitución. Al insertar la propuesta en el artículo 22 de la Constitución federal se dotaría armonía y congruencia, por tratarse esta propuesta de un régimen de excepción, características del contenido del artículo en comento. Asimismo, a fin de destacar el respeto a los derechos humanos y humanitarios, por su trascendencia se anteponen a cualquier otro principio vigente en la Constitución federal, pues la protección de los valores fundamentales interesa a toda la comunidad internacional y al Estado mexicano como parte de su postura en la comunidad internacional. Debemos pensar que nuestro país no está exento de sufrir estos males fatales. México ha pugnado siempre por un respeto irrestricto a los derechos humanos. Ésta no puede ser la excepción. Actuemos en forma responsable y solidaria. No permitamos que la sociedad mexicana sea víctima de una mente perversa. No permitamos que la sociedad mexicana sea víctima y convoquemos a la responsabilidad por estos crímenes. Y deben ser sometidos a instancias jurisdiccionales, internacionales o nacionales y se debe implementar un sistema firme que inhiba la comisión de tales atrocidades a la humanidad. Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primero. Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en consecuencia los actuales párrafos segundo y tercero, para quedar como tercero y cuarto respectivamente, todos del artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 22. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Es cuanto, señora presidenta.