El diputado José Jacques y Medina: Con su venia, señor presidente. En la accidentada formación de un régimen democrático que muchos mexicanos y muchas mexicanas nos hemos empeñado en construir, nos congratula haber logrado ya plasmar, aunque sea de manera incipiente, ciertos derechos políticos electorales de nuestros compatriotas residentes en otros países, en nuestro marco jurídico. Sin embargo, a pesar de que algunos estados progresistas de la república han avanzado considerablemente en el perfeccionamiento y en la ampliación de estos derechos, como Michoacán y Zacatecas, seguimos teniendo una legislación federal atrasada. El PRD ha sido un incansable promotor de los derechos políticos de nuestros paisanos avecindados en el extranjero, y muchos militantes dirigentes, gobernantes y legisladores de nuestro partido han emprendido innumerables acciones, en diferentes ámbitos, para la consecución de este objetivo. México tiene que actualizar y dinamizar su marco constitucional y legal respecto de la ampliación de los derechos políticos para nuestros paisanos residentes en el extranjero, ya que somos el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta, según los datos del Banco Mundial. En esta iniciativa de reforma constitucional estamos agregando una circunscripción electoral más sobre las cinco en que actualmente se divide el país, dentro de nuestro sistema electoral mixto. Esto es, se trata del establecimiento de la forma en que será electa una de las partes de la Cámara de Diputados, la que representaría a los mexicanos avecindados en el extranjero. Ellos podrían elegir hasta 15 diputados representantes de los mexicanos residentes en el exterior. De esta manera, el conjunto de los integrantes de esta institución se elevaría a la cantidad de 515. Serían 300 de mayoría y 215 de representación proporcional. La sexta circunscripción se establecería en la ley fundamental para hacer posible el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Estos ciudadanos mexicanos en el extranjero deberán tramitar su credencial con fotografía para votar, expedida por el IFE, y acreditar su residencia en el exterior por tres años cuando menos, la cual no se perdería por ausencia con motivo del desempeño de cargos públicos de elección popular. De esta manera, nuestros paisanos estarán representados en el Congreso de la Unión por personas ligadas a las necesidades y a la vida cotidiana de ellos. Esta iniciativa contempla, desde luego, como impedimento para ser candidato en la lista de los partidos, el prestar sus servicios, ya como trabajador, o bien, como funcionario, en la esfera pública de la nación extranjera. También proponemos una reforma para que los mexicanos residentes en el exterior puedan elegir cinco senadores que cumplan requisitos similares a los ya expuestos por los diputados, mismos que serían electos en una lista presentada por los partidos políticos nacionales conformando una circunscripción mundial. Estados Unidos de América es el país donde se concentra el mayor número de mexicanos avecinados en el extranjero, pero es importante tomar en cuenta para el propósito fundamental de la presente iniciativa a las comunidades de mexicanos residentes en el resto del mundo. Es por ello que el voto postal es la opción más práctica y segura para el ejercicio del sufragio de los mexicanos en el exterior. Las crisis recurrentes en la vida económica y social de nuestro país y la vecindad con una nación que requiere fuerza de trabajo han conducido a millones de connacionales a buscar medios de vida en el extranjero, pero ello no los priva de su nacionalidad ni de sus derechos ciudadanos y la Constitución Política de los Estados Unidos es contundente en este sentido. A este respecto son claras e ineludibles las prerrogativas del ciudadano, consignadas en las fracciones I, II y III del artículo 35 constitucional. Según éstas, el ciudadano mexicano tiene el derecho de votar en las elecciones populares, a ser votado para todos los cargos en la elección popular, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. No se trata y no puede tratarse de una demanda coyuntural. Satisfacerla es un acto estatal que tiene gran relación con el concepto de soberanía, ya que ésta reside esencial y originalmente en el pueblo. El Estado mexicano no debe seguir privando de sus prerrogativas ciudadanas a poco más de una quinta parte de la población que reclama ejercerla. Esta iniciativa atiende los compromisos internacionales que México ha signado como la Convención Internacional sobre la Protección y los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1990 y suscrito por el gobierno mexicano el 22 de mayo de 1991. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, la Carta Democrática Interamericana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Presidente, en virtud de que el texto que presento ante esta soberanía tiene algunas modificaciones mínimas, solicito sea publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates de esta Cámara y que sea turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación. Es cuanto, señor presidente.