El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática compartimos la preocupación de la mayoría de los legisladores por modernizar nuestro sistema penal mexicano. Estamos conscientes de la importancia que representa el proyecto de reformas que hoy se debate. Todo trabajo o proyecto siempre estará sujeto a la perfección y el dictamen de análisis no es la excepción. Contempla grandes reformas que modernizan nuestro sistema de justicia penal, empero también contempla algunas propuestas que considero no son merecedoras de un proyecto tan ambicioso y completo. Por tal razón considero necesario reservar la aprobación de los artículos 16 párrafo XII; 20 apartado c, inciso 4), y 21 párrafo I y IX del proyecto de iniciativa en estudio. En primera instancia quiero referirme al artículo 16, que varios de los compañeros se han referido, relacionado con que la policía podrá ingresar sin la orden judicial correspondiente a su domicilio. Al respecto, considero importante destacar el grave riesgo que puede implicar facultar a los cuerpos policiacos para violentar un domicilio, so pretexto de estar en la persecución de un delincuente en flagrancia. Todos conocemos los excesos y abusos de muchos cuerpos de seguridad, bajo el argumento de investigar un delito, evitar su comisión o perseguir a un delincuente. Si bien es cierto, debemos proporcionar a los policías un marco jurídico apropiado para el buen desempeño de sus funciones, también lo es que debemos ser muy cuidadosos para evitar violaciones graves a la esfera jurídica de los ciudadanos. Considero que no es necesario otorgar esta facultad a la policía, toda vez que ya están protegidos legalmente ante un caso de fuerza mayor, donde tengan que intervenir y su participación pueda violentar un bien jurídico tutelado, como lo señala la seguridad domiciliaria, tal y como lo señalan también las causas de exclusión del delito que se encuentran contempladas en el Código Penal Federal, en su artículo 15, fracción VI, que a la letra dice: "Causas de exclusión del delito. El delito se excluye cuando la acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que éste último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro". Luego entonces, si ya existe disposición expresa en una ley secundaria, no agravemos el problema y pongamos dentro de la Constitución General de la República una disposición que entraña más riesgos que beneficios. En lo relativo al artículo 20, apartado C, fracción VI), relativo a los derechos de la víctima o del ofendido, para que se le repare el daño en los casos en que sea procedente, señala el dictamen que el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador, dice: "no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria". Al respecto, es pertinente señalar que en los últimos años se han hecho esfuerzos extraordinarios para garantizar el respeto a los derechos de las víctimas y evitar una doble victimización. Dentro de ello han sido fundamentales las reformas legales al numeral 20 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, en esta loable labor se ha llegado a extremos contrarios a la razón y a la lógica jurídica. Tal es el caso que la ley contempla que siempre que la autoridad judicial dicte una sentencia, se sancione al inculpado a la reparación del daño dejando fuera diversas consideraciones de hecho y de derecho que debería tomar en consideración el juez al individualizar la pena en lo concerniente a la reparación del daño como pudieran ser