La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores. Con su permiso, señora presidenta. Para el PRD la atención a los casos de desapariciones forzadas ha sido un tema de suma importancia y considera que debe de ser y contar con la atención del Estado, siendo un tema de alta prioridad. Este fenómeno a menudo forma parte de una inaceptable cadena de violaciones a derechos humanos. Gran número de las personas desaparecidas fueron previamente amenazadas, detenidas arbitrariamente, torturadas o sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes y en el transcurso de la desaparición son ejecutadas extrajudicialmente. La desaparición de una persona tiene un impacto sicológico emocional y socioeconómico enorme sobre sus familiares; la imposibilidad de dar cierre y saber con certeza qué pasó, junto con la esperanza, a menudo fundada, de que la persona siga viva. Los obstáculos económicos y sociales para los dependientes económicos son inmensos. Las averiguaciones previas frecuentemente están plagadas de lagunas. Los familiares organizados han levantado su voz y en un foro reciente que hubo en Saltillo lograron proponer un conjunto de recomendaciones al respecto. Sin embargo, no hay ninguna autoridad que haya dado cuenta de estas recomendaciones. Se ha solicitado también, por parte de los familiares y de la sociedad organizada, la tipificación de la desaparición forzada en los códigos penales, lo que no debe ignorarse, como tampoco la exigencia de aumentar la capacidad de búsqueda y de investigación de los operadores de justicia. Además, muchos peritos, médicos forenses y agentes investigadores no cuentan con las instalaciones, equipo y presupuesto suficiente para realizar su labor. Muchos policías y ministerios públicos no tienen idea de qué hacer para buscar una persona desaparecida o cómo llevar a cabo la investigación en estos casos. Sobre el tema de investigación ya hay un consenso acerca de los protocolos sobre manejo de pruebas, preservación del lugar de los hechos, identificación de cadáveres, cadena de custodia, entre otros, que trató la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Lo necesario es que las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas implementen cuanto antes estos protocolos, aceleren la capacitación para agentes, peritos y médicos forenses y garanticen el material y los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Hace una semana se presentó el primer avance de la base de datos de personas desaparecidas. Como hemos insistido desde el inicio de esta Legislatura, se requiere dar celeridad a la depuración de datos, primero para verificar si las personas están desaparecidas o no y, en segundo lugar, determinar si se presume que son casos de desapariciones forzadas o involuntarias. En tanto el Congreso de la Unión define si el marco legal que atienda el problema es materia de una ley general o de disposiciones a nivel federal, es urgente que la base de datos sea accesible para todas las delegaciones regionales, para las fiscalías o procuradurías de las entidades para que se tomen de inmediato las decisiones necesarias para la búsqueda y la investigación. Hacemos énfasis en ello pues, según lo que han declarado representantes de la PGR, la base de datos será capaz de generar cruces de información entre cadáveres no identificados y personas que han sido reportadas como desaparecidas. Es fundamental establecer las bases para la coordinación y la colaboración eficaz entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la PGR, en particular a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como de éstas con las autoridades de seguridad y justicia de las entidades federativas. Asimismo atender con prontitud las solicitudes que pudieran hacer tanto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en beneficio de las víctimas de desaparición, sus familiares y defensores. Finalmente, es necesario que aprovechemos esta oportunidad para hacer un compromiso de todos los grupos parlamentarios y elaborar en las próximas semanas una propuesta para asignar un presupuesto suficiente en recursos humanos, materiales y financieros a las instancias encargadas de la búsqueda e investigación de personas desparecidas y mantener una estricta vigilancia para que nunca más una autoridad sea responsable por acción u omisión de la desaparición de una persona que estaba obligada a proteger. Por su atención, muchas gracias.