El diputado Rubén Acosta Montoya: Señor diputado presidente. Diputadas y diputados, antes de manifestar nuestra posición, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, expresamos nuestras condolencias a las familias de los señores Ignacio Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Contreras, quienes lamentablemente, como ya se ha señalado, fueron asesinados el pasado 22 de octubre. Nos sumamos a las manifestaciones de dolor, indignación y reclamo de justicia que han expresado compañeros, familiares y amigos de los difuntos. El señor Solorio Urrutia se distinguió por encabezar, a través de su organización el Barzón, la defensa de causas sociales. El caso más reciente y que hizo público antes de su muerte, es la denuncia a las autoridades estatales y federales por el aparente uso, explotación y sobreexplotación irregular de mantos acuíferos y del subsuelo por parte de una empresa minera, hechos que afectan considerablemente la vida productiva de agricultores y fruticultores, ubicados en el ejido Benito Juárez, del estado de Chihuahua. El Barzón ha señalado, incluso, que ya los daños ecológicos se pueden percibir desde hace ya algunos meses. No vemos a las autoridades competentes ejerciendo una reacción oportuna sobre las denuncias que se presentan y mucho menos una acción proactiva para identificar problemáticas y resolverlas, ejemplo de ello es la burda justificación que hace el titular de la Comisión Nacional del Agua hace unos días, señalando que se han visto impedidos a actuar para clausurar pozos clandestinos porque no han tenido el apoyo de las autoridades estatales. Sin embargo, no clarifica si también ha solicitado el apoyo de las autoridades federales, si ha presentado las denuncias correspondientes y cuáles son los resultados de ello. Asimismo, vemos a todo un aparato burocrático: Secretaría de la Función Pública, Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría Federal del Medio Ambiente, sin llevar a cabo o sin hacer públicas acciones y resultados tendientes a identificar actos de corrupción por el posible otorgamiento irregular de permisos, sin intervenir el tiempo de la clausura de proyectos mineros como el que se denuncia, y mucho menos, sin hacer públicos resultados derivados de visitas de inspección. Las armas ecológicas no son nuevas para el gobierno federal, un ejemplo de ello es que el Partido Verde advirtió el día de ayer a la Secretaría del Medio Ambiente sobre el peligro que representa para los ecosistemas de la explotación de minas a cielo abierto, como es el proyecto de la biósfera de la Sierra de la Laguna, ubicado en Baja California Sur, y pidió a dicha Secretaría no otorgar la autorización correspondiente, a fin de salvaguardar el medio ambiente y la salud de los habitantes de la región. Éste solo es un ejemplo por el que está pasando Chihuahua. En el Partido Verde Ecologista de México apoyamos este punto de acuerdo y exigimos de las autoridades competentes que se haga justicia y se esclarezca el asesinato de los señores Ignacio Solorio y Manuela Martha Solís. Que su muerte no sea parte más de la estadística. Asimismo, estamos de acuerdo en que se exhorte a las autoridades competentes para que se haga una revisión a fondo de los posibles daños ecológicos que se están ocasionando actualmente, sus consecuencias futuras, y sobre todo, determinar aquellos que pueden afectar, de manera grave, la vida productiva real de la zona. Es cuanto, señor presidente.