La senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. El Estado mexicano en el año 2011 ratificó sus compromisos con la defensa de los derechos humanos mediante la reforma constitucional en esta materia. Elevando al máximo rango estos preceptos que protegen la dignidad humana y los derechos mínimos de todas las personas. Los derechos fundamentales sientan las bases para que los Estados generen las condiciones para el desarrollo personal y social. Estos preceptos propios del individuo, deben ser garantizados y respetados en todo momento por el poder público a través de un marco jurídico apropiado, que garantice a la ciudadanía el pleno respeto al Estado de derecho. La Constitución federal consagra en su artículo 4, párrafo noveno, el principio del interés superior de la niñez como uno de los ejes rectores de protección de los derechos fundamentales de este sector. En congruencia con el texto constitucional, en octubre de 2014 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción integral de los derechos humanos de la infancia. Entre los mecanismos de protección la ley estableció la conformación de un Sistema Nacional de Protección Integral, así como un Sistema de Protección Local en cada entidad federativa, los cuales deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial. Sin embargo, el tema para las entidades se ha agotado, ya que contaban con 108 días para adecuar su legislación en la materia. La urgencia de constituir todos los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes es por demás obvia. El clima de violencia, la inseguridad que vive el país es propicio para que este sector poblacional quede desprotegido y al alcance del crimen organizado, ya sea para incorporarlos a sus filas o hacerlos víctimas de las drogas y la delincuencia. De acuerdo con investigaciones periodísticas de 2006 a 2015, la Procuraduría General de la República hizo la detención de más de 7 mil niños menores involucrados en el narcotráfico. Tan sólo en el año 2010 se registraron mil 200 detenciones, para 2011, mil 212 y para el año 2013, mil 183, siendo este periodo donde hubo un incremento en las detenciones de menores de edad. Por otro lado, el aumento en el consumo de algún tipo de droga por parte de niños y jóvenes debe ser un motivo más para que a la brevedad se instalen los Sistemas Locales. De acuerdo con especialistas en el tema, la edad promedio en que los jóvenes prueban por primera vez una droga da inicio y cada vez éste se reduce más. En la actualidad se estima que es a los 14 años, siendo la mariguana la de mayor consumo, seguida de la cocaína. Tan sólo en el Distrito Federal, de 2009 a 2012 el consumo de drogas ilícitas entre estudiantes de secundaria y bachillerato se incrementó de 4 a 6 por ciento en el caso de la mariguana. Si a esta situación se le suma que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas en el país en los últimos 25 años murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes menores de 14 años, además el 62 por ciento de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida y 10.1 por ciento de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5 han sido víctimas de violencia sexual y un 16.6 por ciento por violencia emocional, lo que lleva a una categórica conclusión: el panorama resulta desolador. En este sentido, es de gran relevancia y urgencia que a la brevedad el sistema de protección de la niñez en todo el país, en su conjunto, funcione de manera integral. El trabajo del Congreso de la Unión de legislar en materia de protección de niñas, niños y adolescentes ha dotado, tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales, de mayores facultades para trabajar y garantizar la protección de los derechos de la niñez. Sin embargo, si no existe voluntad política para constituir los sistemas locales, la ley será letra muerta. En este sentido, el voto de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo es a favor del presente dictamen, ya que los derechos de la niñez deben ser una prioridad para los tres niveles de gobierno y, por lo tanto, los Congresos locales deben redoblar esfuerzos para adecuar sus legislaciones y constituir su sistema local de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Frente a la protección del principio superior de la niñez no se deben escatimar esfuerzos ni recursos, ya que invertir en las niñas, niños y jóvenes es la mejor manera de garantizar un mejor futuro para todos. Es cuanto, presidente.