El diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 64/292, reconoció que el derecho al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, exhortando a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y saneamiento. Así, la anterior resolución plantea en estricto sentido que el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna y que a la par es fundamental para materializar otros derechos humanos como el derecho a la vida, a la vivienda, a la alimentación y a la salud. En pocas palabras el acceso al agua y su saneamiento es una condición natural para la realización de estos derechos. En el caso particular de nuestro país, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer párrafo dicta que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Bajo este tenor el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su cuarto eje rector la sustentabilidad ambiental como tema fundamental de política pública, ya que uno de los principales retos que enfrenta nuestro país es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Tal y como se ha señalado anteriormente, el acceso al agua potable y saneamiento, es fundamental para que todas las personas puedan tener una vida digna y próspera, ya que actúa como catalizador indirecto para que las sociedades incrementen sus indicadores de salud pública, educación y reducción de la pobreza, permitiendo incrementar su desarrollo económico y social. Sin embargo uno de los retos que enfrenta nuestro país para asegurar el abastecimiento de agua, es la creciente concentración de la población en las localidades urbanas, implicando presiones sobre el medio ambiente y las instituciones, ya que según datos de la Comisión Nacional del Agua, casi 8 de cada 10 personas se concentran en las regiones donde se cuenta sólo con el 31 por ciento de la disponibilidad hídrica natural. Lo anterior señalado se ve reflejado en que la disponibilidad natural media per cápita del agua ha disminuido considerablemente en los últimos 60 años. Respecto a esto, al año 2010 a nivel nacional, se colectó mediante el sistema de alcantarillado el 89.9 por ciento de las aguas residuales y de las cuales sólo recibió tratamiento el 43.3 por ciento en las 2 mil 186 plantas instaladas. Se estima que para el presente año esta cobertura se ampliará al 60 por ciento de las aguas residuales colectadas. En este escenario en donde en el año 2030, según estimaciones de la Comisión Nacional de Población, la población del país se incrementará en 12.3 millones de personas. El principal problema de calidad de agua en todo el país será la falta de infraestructura de tratamiento de las aguas residuales. El Estado tiene el deber no sólo de reducir las brechas de acceso al agua, también debe atender el saneamiento y tratamiento de las mismas a efecto de garantizar ese derecho universal y una mejor calidad de vida a las próximas generaciones. Por ello resulta indispensable que en el tema de dotación de agua y su correspondiente tratamiento, sean los gobiernos municipales quienes asuman el compromiso de reducir las brechas de acceso, pero de igual manera contar con los mecanismos ambientales suficientes para reducir los impactos negativos que genera el uso del vital líquido. Entre los conceptos de uso de los recursos del fondo, encontramos la inversión en tres temas relacionados con el agua: inversión en proyectos de agua potable; inversión en proyectos de alcantarillado; inversión en drenajes y letrinas. Sin embargo la ley no considera en ningún momento el tratamiento de aguas residuales, rubro importante si pensamos en el ciclo de inversión y cuidado del recurso natural. El problema podría erradicarse si dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 33, inciso a) especificamos como un rubro adicional de inversión el tratamiento y disposición de las aguas residuales. Es importante señalar que el tema es de suma relevancia para nuestro grupo parlamentario. Por ello, en legislaturas anteriores y partiendo de las demandas fundadas de los presidentes municipales, se ha presentado una serie de iniciativas orientadas a dar solución a la problemática planteada. Por lo anterior señalado, la presente iniciativa tiene por objeto que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los municipios puedan financiar obras para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, a fin de consolidar la política hídrica de sustentabilidad de nuestro país. Por su atención muchas gracias.