La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, presidenta. Hago uso de esta tribuna para presentar dos iniciativas sobre derechos humanos, uno de los temas que nos debería preocupar más por la grave situación que atraviesa nuestro país. La primera de ellas es reformar la Ley del Seguro Social, ya que los avances en materia de igualdad deben entenderse como aquellos dirigidos a eliminar tratos diferenciados entre mujeres y hombres sin que se ignoren las necesidades específicas de cada sector. Si bien es cierto que son necesarias acciones afirmativas para compensar los desequilibrios por razones de género, no debemos dejar de lado la necesaria participación de los hombres en los cambios culturales e ideológicos de nuestra sociedad. Uno de los ámbitos donde se refleja mayor la desigualdad es en lo laboral, pues se concibe que las mujeres debemos dedicarnos con mayor tiempo a los quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos e hijas, mientras que los hombres deben contar con la mayor responsabilidad del trabajo remunerado; es decir, como proveedores en la pareja. Surge así, entonces, la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral que debe traducirse en un reconocimiento de la participación de hombres y mujeres en las responsabilidades que surjan de las relaciones familiares. Sin embargo, la Ley del Seguro Social hace una distinción innecesaria sobre el beneficio del servicio de las estancias infantiles, pues lo otorga en forma exclusiva a las mujeres aseguradas por su única condición de ser mujeres, mientras que para los hombres establece una serie de requisitos como ser viudo, divorciado o tener la custodia de sus hijos e hijas, o ejercer la patria potestad y la custodia. Este tipo de tratos diferenciados no se justifica, por lo que proponemos eliminar es estereotipo de género y reconocer el derecho de hombres y mujeres para acceder a los servicios de estancias infantiles sin ninguna condición más que contar con la seguridad social. Las responsabilidades en el seno de las familias deben ser compartidas por hombres y por mujeres de manera igual, es decir, las labores de mantenimiento de las escuelas, de las casas, tienen que hacerse por todos los integrantes de las familias como una forma de compartir el trabajo que ello nos lleva. La segunda iniciativa tiene que ver con la decisión de elegir ser madres o no. A pesar de los avances para erradicar la discriminación, la Ley General de Salud establece una disposición que contrapone el ejercicio de la autodeterminación de las mujeres que deciden ser madres, pues se obliga a las mujeres a obtener el consentimiento de su cónyuge en caso de que busquen el proceso de inseminación artificial. Esta autorización ignora circunstancias multifactoriales por las que las mujeres deciden tomar una decisión que va desde ejercer un derecho libre a su desarrollo sexual y reproductivo, hasta un diagnóstico de infertilidad. En el caso del matrimonio la libertad de procreación debe ser de común acuerdo entre los cónyuges, sin embargo los ordenamientos civiles locales establecen supuestos para que se respete el derecho de cada persona para decidir de manera libre el número y ejercicio y el esparcimiento de los hijos, por lo que resulta contradictorio que se siga manteniendo en la ley un elemento de subordinación de la mujer hacia el hombre y no se le permita el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. De esa manera proponemos derogar el segundo párrafo del artículo 476 de la Ley General de Salud, y eliminar el consentimiento del esposo hacia la mujer para que pueda ceder a un procedimiento de reproducción asistida. Ser madre para muchas mujeres constituye uno de los principales objetivos biológicos en sus ciclos de vida, por lo que no debe estar sujeta a ninguna autorización. Si hay algún tipo de contradicción, esta se dirimirá en otros ámbitos, por lo que la maternidad es un derecho, no es una asignación social. Es cuanto, diputada presidenta.