EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS PALLARES BUENO: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que presente a la brevedad posible ante esta soberanía la normatividad operativa de la Ley de Capitalización de PROCAMPO, tal y como lo establece en su artículo 20 de dicha ley, a fin de que los productores puedan acceder a dichos recursos, bajo las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S El desarrollo del campo es uno de los grandes desafíos del Gobierno Mexicano; la pobreza lacerante que en él existe, no puede estar siquiera puesta a discusión. Como consecuencia de las precarias condiciones de vida en que se encuentran los hombres y mujeres del campo y de la falta de apoyos adecuados que les permitan mejorar las condiciones de la tierra para obtener mayores niveles de producción, los productores nacionales se han visto en la necesidad de abandonar sus parcelas y emigrar a las ciudades de los Estados Unidos de América en busca de las posibilidades de desarrollo socio-económico que les han sido negadas en nuestro propio país. De esta manera, la mayor parte de los pequeños productores han sido excluidos del proceso de modernización y se ven en la necesidad de incorporarse en actividades laborales distintas a las del Sector Agropecuario, en donde obtienen ingresos muy bajos e inestables. A raíz de la firma del TLC y con el propósito de apoyar a los pequeños productores para competir con los Estados Unidos y Canadá como principales socios comerciales, en el 94 el Gobierno Federal creó el Programa de Apoyos Directos al Campo, es decir el PROCAMPO. Sin embargo esto no ha sido suficiente, ya que existe un severo atraso en el Sector Agropecuario que no ha sido visualizado con la seriedad que lo amerita, ya que en el pasado el campo no fue otra cosa más que un mercado electoral y por ello la política agropecuaria no estuvo más que atada al criterio presidencial. El pasado mes de diciembre, esta soberanía aprobó la Ley de Capitalización del PROCAMPO, la cual tiene como objeto establecer las disposiciones para el acceso anticipado y la utilización como garantía crediticia de los pagos futuros a que tienen derecho los beneficiarios de este programa. Para ello se estableció un sistema de garantías de acceso anticipado a pagos futuros del PROCAMPO, con el propósito de primero, posibilitar a los beneficiarios el acceso por anticipado a pagos futuros del PROCAMPO con el propósito de: Primero posibilitar a los beneficiarios el acceso por anticipado a los recursos previstos en los años restantes de vigencia del PROCAMPO, para capitalizar sus unidades de producción y desarrollar sus proyectos y acciones de modernización. Segundo.- Proporcionar a los productores certidumbre de que recibirán los apoyos para instrumentar los proyectos productivos que permitan una mayor capacidad de negociación al enfrentar los compromisos mercantiles, así como aprovechar las oportunidades derivadas de los acuerdos y tratados internacionales sobre la materia. y Tercero.- Proporcionar condiciones para la disponibilidad y acceso a recursos crediticios. De esta manera, el Poder Legislativo dio muestras claras de su compromiso con los productores mexicanos del sector agropecuario. Sin embargo, vemos con preocupación que aun cuando la Ley de Capitalización señala con toda claridad que a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, le corresponde diseñar e instrumentar los mecanismos para facilitar el acceso a los distintos tipos de beneficiarios del PROCAMPO al Sistema de Garantías y Accesos Anticipados a Pagos y Futuros, tal y como lo establece su artículo 10, ha transcurrido el primer trimestre de este año y aún no se ha metido la normatividad correspondiente. En el grupo parlamentario de Acción Nacional existe inquietud por esta situación ya que nuestro voto unánime fue a favor de la Ley de Capitalización y fue bajo el convencimiento pleno de la necesidad de restituir el valor del sector agropecuario y de su gente. Lograr un desarrollo rural integral que tenga como eje central el desarrollo de las personas, para las personas y por las personas e incrementar de manera sostenible los niveles de bienestar de la población rural. Por lo anteriormente expuesto y ante esta Honorable Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de ustedes el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: PRIMERO: Que esta soberanía solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emita a la brevedad la normatividad operativa de la Ley de Capitalización del PROCAMPO y la presente ante esta Honorable Cámara de Diputados y ante la Honorable Cámara de Senadores, con el objeto de que ésta elabore las observaciones correspondientes de conformidad con el artículo 20 de dicha ley, a fin de que los productores nacionales cuenten con la información necesaria para el acceso de esos recursos. SEGUNDO.- Que la SAGARPA informe a esta Honorable Cámara de Diputados, sobre el financiamiento que será utilizado para otorgar los recursos anticipados a los productores. Es cuanto, señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Túrnese a la mesa directiva para que solicite la información. Tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del gurpo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, sobre la política y asignación del financiamiento para la educación superior. -DIP. JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: Con su permiso ciudadano presidente; compañeras y compañeros diputados: Es claro que la educación es un factor estratégico para el desarrollo de las naciones. De ahí que el financiamiento gubernamental a la educación refleje directamente la importancia que un país le otorga a ésta. En este sentido la inversión que una sociedad realiza en educación superior, es un signo inequívoco de su interés por mejorar el nivel de vida de la población, así como las oportunidades que ésta tiene. En suma, la educación superior es una de las mejores herramientas para mejorar la distribución del ingreso. En distintas reuniones, foros y seminarios organizados en todo el país, se ha debatido de manera amplia el método inercial del financiamiento de la educación superior pública en México. Todos sabemos que de acuerdo a nuestro marco legal vigente, la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión, es quien recibe cada año el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para su análisis, discusión y aprobación, por lo que considero pertinente empezar a trabajar en la construcción de un nuevo esquema de financiamiento basado en el desempeño institucional, que además sea simple, multivariado y de aplicación gradual y así de esta manera poder adecuar los montos presupuéstales que en la actualidad se asignan de manera mecánica y discrecional. De la misma manera la Ley de Coordinación de la Educación Superior en su capítulo tercero, sobre la asignación de recursos, establece que el financiamiento a las instituciones de educación superior, tomará en cuenta las necesidades de docencia , investigación y difusión de la cultura de estas instituciones. Además, se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y en consideración a la participación de cada institución en el desarrollo de la educación nacional, con base en sus esquemas de planeación, superación académica y mejoramiento administrativo. En virtud de que existe la necesidad y la inquietud por parte del sector educativo a nivel superior y por ende de esta Honorable Cámara de Diputados para modificar los modelos de asignación del financiamiento a la educación superior pública, y con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, propongo el siguiente punto de acuerdo. Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que diseñe un nuevo esquema de financiamiento público de las instituciones de educación superior del país, el cual se discuta con los actores involucrados y sirva como base para la distribución de los recursos presupuéstales del ejercicio fiscal del 2003. Segundo. Las bases de transparencia y equidad que definan el nuevo esquema deberán articularse con base en los siguientes criterios: Se diferencie el esquema de financiamiento a la docencia de los de investigación y los de difusión de la cultura. Se introduzcan la eficiencia y calidad como criterios centrales de asignación de recursos. Se incorpore en las fórmulas de financiamiento a la investigación un indicador relacionado con el número de programas de apoyo de posgrado incorporados en el padrón el CONACYT. Por último, en el mismo sentido, y dada la reciente aprobación de un padrón nacional de programas de posgrado, se incluya en estos programas los factores de calidad en las tres categorías existentes: especialidad, maestría y doctorado. Es cuanto, ciudadano presidente.