La diputada María Eloísa Talavera Hernández: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, hoy, con toda responsabilidad acudo a la máxima tribuna de la nación para presentar esta iniciativa a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. México está viviendo momentos difíciles. La economía por los suelos; la pobreza en aumento; la corrupción que sigue latente y esto ha provocado un déficit de credibilidad y de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Ante este escenario, en Acción Nacional creemos que es necesario y pertinente que los partidos políticos se ajusten a la realidad imperante. La voz ciudadana es clara, los partidos políticos salen muy caros, gastan mucho y todo a costa del erario público. La sociedad mexicana ha hecho durante muchos años señalamientos justos en este sentido, de que es desproporcional y descomunal el presupuesto que se destina actualmente para el funcionamiento y viabilidad de los partidos políticos. Ello obliga no solamente a reflexionar o disertar sobre el mismo tema, sino también nos obliga a actuar y a tomar decisiones al respecto. Durante muchos años, el PAN se pronunció en contra del financiamiento público a los partidos políticos. Sin embargo, también reconocimos que es uno de los elementos más importantes en el proceso de transición a la democracia, para que los partidos tuvieran piso parejo para enfrentar los procesos electorales y que se redujera el financiamiento privado para evitar conflictos de interés y contiendas desproporcionadas. La reforma postelectoral de 1996 fue de los diversos avances de reforma del marco constitucional sobre el financiamiento de los partidos políticos. De manera inédita se estableció una suma anual para cada uno de los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias y otra suma igual a la asignada por el concepto citado en el año de la elección federal ordinaria. Aquella reforma tuvo como objetivo principal establecer límites en el financiamiento público, así como darle prioridad a dicho financiamiento sobre el financiamiento privado. En enero de 97, el Partido Acción Nacional, por conducto de su entonces presidente nacional Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, devolvió a la Tesorería de la Federación la cantidad de 29 millones de pesos, que correspondían al 39 por ciento del financiamiento público de los meses de noviembre y diciembre de 1996. El PAN consideró que el financiamiento excesivo impuesto por el PRI gobierno en la reforma electoral de 1996 ofendía y lesionaba a la nación entera por las condiciones de pobreza extrema que prevalecían en aquella época y en las cuales aún persisten desgraciadamente millones de familias mexicanas. En ese entonces Acción Nacional señaló que se trataba de una reforma que en lo económico había sido hecha a la medida del PRI y del gasto descomunal que de manera ilegal hacía y aún hace el PRI de las arcas públicas. Al paso del tiempo se hizo necesaria una valoración de la reforma de 1996, sobre todo en el sentido de disminuir el gasto de los partidos políticos en sus actividades ordinarias y en sus gastos de campaña. Con ese tenor y después de una discusión al respecto, en el 2007 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia electoral, sustentada en tres ejes primordiales: la disminución en forma significativa en el gasto de las campañas electorales, el fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales y federales, el diseño de un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y los partidos políticos. Con aquella reforma se logró la reducción del financiamiento público de los partidos nacionales. Sin embargo, la situación actual económica exige que se analice la posibilidad de reducir en mayor cantidad el financiamiento público en lo que respecta a las actividades ordinarias que realizan. Proponemos reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos nacionales para sus actividades ordinarias, con la modificación de la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo de 65 a 35 por ciento la proporción del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, el cual se multiplica por los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo cual traería como resultado la disminución aproximada de un 50 por ciento del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos. También es necesario eliminar el financiamiento que las autoridades locales otorgan a los partidos políticos, en el entendido de que el Instituto Nacional Electoral ya destina recursos para este concepto, por lo que se duplica. Y el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos. Es decir, reciben dinero por partido doble. Señoras y señores diputados, la iniciativa que hoy presentamos es congruente con lo que históricamente hemos dicho y propuesto. Hoy, como ayer, el PAN considera que no se justifica ni es aceptable el despilfarro y el gasto desproporcionado de los partidos políticos, mientras que la mayoría de la población vive en la pobreza y en condiciones adversas que le impiden tener un nivel de vida digno. Consideramos como una acción justa recortar el presupuesto destinado al financiamiento público de los partidos políticos, y así como fortalecer la fiscalización y la vigilancia de los recursos públicos que se les otorgan para sus actividades. Los convoco a actuar con responsabilidad, México lo demanda. Es cuanto, señor presidente.