El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Con su permiso, Presidente. También espero la tolerancia que tuvo con el anterior. Compañeras y compañeros legisladores, inicio esta intervención con la convicción de que la mayoría de los legisladores compartimos teóricamente el propósito de elaborar leyes que favorezcan a los productores del campo y de la ciudad, como lo demuestran algunos antecedentes de declaraciones, puntos de acuerdo conjuntos en defensa de la soberanía alimentaria. Lo afirmo porque la soberanía alimentaría es un tema estratégico en el que se ha ido construyendo paulatina, pero firmemente, una conciencia social de que por varias razones nos hemos vuelto peligrosamente vulnerables, pero también de que en esa soberanía alimentaria se fundamenta uno de los principios que aseguran estabilidad social en nuestro país. Los legisladores del PRD hemos propuesto que en lo relativo a la producción de bioenergéticos se legisle en pro de una diversificación de fuentes alternativas, pero a la vez, hemos afirmado que los granos alimentarios estratégicos, como maíz y trigo, sean excluidos de este uso. Hemos afirmado que los alimentos deben destinarse para alimentar a la gente; no a los automotores. Desde el 2005 hemos insistido en el PRD, de lo vulnerable para la soberanía nacional alimentaria del país, el no excluir los alimentos de esta legislación. En palabras llanas planteamos: biocombustibles sí; combustibles a partir de vulnerar la producción y consumo de agroalimentos, no. Este planteamiento responde a una posición racional y muy responsable de fortalecer y desarrollar el campo a partir de nuestra propia realidad y no a partir de la copia irresponsable de políticas surgidas en el extranjero, en condiciones diametralmente opuestas a las que vivimos en México. Personalidades tan destacadas ya mencionaban al Premio Nobel, Mario Molina afirman que no es congruente vestir de ambientalistas procesos que no lo son; como tampoco de sentido común usar alimentos como combustibles. Y aún más, nos han ilustrado que contaminar produciendo y usando fertilizantes químicos y luego usarlos para producir alimentos que alimentarán motores, es un tema contrario al sentido común, y otros dirán, contrario al bien común. Estamos ante una situación técnica y políticamente digna de reflexionar y hacer reconsideraciones. Ni la mayoría de legisladores promotores de la iniciativa original en la pasada Legislatura ni los diputados de la Cámara revisora hicieron los cambios que a la luz de nuevos argumentos sólidos, son deseables y necesarios, y hoy son informalmente reconocidos por una mayoría de legisladores, pero se encuentran en la disyuntiva procesal legislativa de elegir entre la construcción innovadora o la inercia tradicional. Aprobar un dictamen inercial es, tanto a los ojos de los especialistas como de la opinión pública, de la mayoría de las organizaciones de productores rurales, e incluso, de funcionarios de diversas secretarías de Estado, un objeto jurídico indeseado, un bien jurídico que nacerá muerto. Nosotros no nos cansaremos de proponer alternativas, tantas como sea posible construirlas con ayuda de compañeros legisladores que desean hacer bien su tarea. Para nosotros hoy caminar constructivamente con todos, significa hacer propuestas y compromisos de construir una iniciativa integral que conjunta el marco jurídico de las energías renovables, incluyendo a biocomustibles producidos a partir de especies, residuos o esquilmos, pero no de granos alimenticios, construirla en un plazo fijo que podría ser el próximo periodo legislativo. Ésa es nuestra propuesta constructiva. A la vez, queremos dejar constancia de que ante la eventual inercia tradicional en este caso, reivindicaremos la firme defensa de los derechos constitucionales que van de la mano de la construcción de un futuro mejor para los pobladores rurales de México y ese futuro requiere soberanía alimentaria. Por lo anterior, estamos en contra de ese dictamen pero estamos a favor de trabajar junto con ustedes en la construcción de una nueva iniciativa de ley sobre energías renovables en las que se incluya la regulación de bioenergéticos. Finalmente, los inversionistas extranjeros y nacionales interesados en el etanol no tienen limitantes. Acaba de declarar Bioenergía Integral, una empresa de extranjeros, que anuncia una plaza de etanol en el Valle del Yaqui, en Sonora, de 70 mil hectáreas que se van a utilizar para esto; que el retraso en la aprobación de la ley no afecta, no retrasa, no altera los planes de esta empresa extranjera; y entonces, compañeros diputados del PRI y del PAN, yo les solicito que no aprobemos sospechosamente esta ley con esta prisa que no tienen ni siquiera los inversionistas. Les solicito que puedan reflexionar en que esto no sea un golpe, también, certero a los alimentos y a los productores de maíz en el país. Gracias.