EL C. DIP. ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA: Con su permiso, señor Presidente. El problema del acceso a la justicia en México puede ser analizado desde diversas ópticas, pero las conclusiones son casi siempre las mismas; las dificultades metodológicas, técnicas y económicas han dado como resultado diagnósticos sobre los mismos problemas: Lentitud en los procesos, honerosidad de los juicios, excesivos formulismos en los códigos procesales, deficiente organización en los tribunales, así como burocratismo y corrupción en muchos de los funcionarios públicos. Ante los contrastes, las desigualdades y la inequidades, cabe plantearnos si en la sociedad actual, con las condiciones que prevalecen se garantiza el acceso y el ejercicio de los derechos y libertades prescritas por las leyes, si todos los gobernados cuentan con los medios para actuar y defenderse ante cualquier órgano o autoridad jurisdiccional, administrativa o particular. Y si el Estado cuenta con los medios para asegurar una resolución oportuna y justa en lo material. Es de esta manera como nosotros visualizamos que hoy por hoy en una sociedad democrática que se precia de vivir en un Estado de derecho no podemos soslayar que la defensa del consumidor juega un papel determinante en las relaciones comerciales y en las relaciones en una sociedad de consumo como la sociedad mexicana. Por ello nuestra fracción parlamentaria ha reconocido en sí que el asunto de los consumidores no puede ser un asunto solamente coyuntural, sino se convierte en un asunto central que beneficia directamente cuando hay una aplicación transparente de la justicia al consumidor, aquel consumidor que históricamente ha sido desvalido, desprotegido y dejado en un estado pleno de indefensión en muchos de sus aspectos comerciales y de consumo. Por esa razón, desde que llegamos a esta Legislatura tomamos en nuestras manos la defensa de luchas que por muchos años habían quedado de lado, como el asunto del ultraje cotidiano de los gaseros a las madres, a los consumidores y a las amas de casa que compran un cilindro de gas o compran litros en sus tanques estacionarios. Tomamos también en nuestras manos, como una bandera verdaderamente importante y prioritaria para nuestra fracción parlamentaria el asunto del respeto a los consumidores de energía eléctrica, porque cotidianamente se le ven violados sus derechos sin la posibilidad de una defensa. También desde esta tribuna denunciamos con precisión y con claridad que entre una autoridad y otra no hay la capacidad de entendimiento, de reconocimiento y mucho menos de solución para proteger el bolsillo de millones de mexicanos que utilizan el medio de compra-venta para satisfacer sus necesidades cotidianas. De esta manera nuestra fracción encabezó un paquete de reformas que intenta darle una protección a aquellos que no tienen voz, que no han tenido voz y que hoy queremos reconocer desde esta tribuna, que desde el consumidor más humilde hasta aquellos que hacen grandes transacciones con esta iniciativa se tiene una protección que garantice, primero, una coordinación entre autoridades como la hemos vivido nosotros, entre Profeso, Energía y Hacienda, donde ni siquiera puede haber un elemento de coordinación obvio para resolver los problemas que he señalado ya en diferentes momentos en esta tribuna. Por ello, creemos que es central aprobar esta reforma, porque le estamos dando oportunidad a una instancia del gobierno federal que aparece con un reconocimiento importante por parte de la sociedad al mediar en los asuntos de los consumidores y de los proveedores. Sin embargo, la Profeco seguirá chata, seguirá limitada, si nosotros no le damos alas para volar en una sociedad donde un ombudsman como es el del Profeco debe de dar esta protección a los consumidores e ir a fondo para sancionar la voracidad, el abuso, el atraco vil, de muchos de los proveedores que todos los días, desde el propio servicio público y privado, hacen escarnio y lastiman, laceran, el bolsillo de los mexicanos cuando van a hacer una operación comercial o una operación de consumo. Esta iniciativa, pues, intenta revalorar lo que en el mundo hoy es una franja importante de la sociedad, darle la contundencia el peso y los apoyos necesarios a todos aquellos consumidores que lamentablemente no han tenido esta oportunidad de defensa y que solamente se ha quedado en la alegre composición y no han ido al fondo para sancionar a aquellos que abusan y que lastiman, como ya lo he señalado, el bolsillo del os consumidores. Creemos pues, que con esta iniciativa los trámites se deben de agilizar. No puede existir pretexto para que un consumidor que ha sido vejado o abusado por parte del proveedor, no tenga expedita la aplicación de la justicia y la solución a la problemática que presenten en concreto, porque para una ama de casa que va y compra tortillas o gas o aceite u otro producto de primera necesidad, cualquier merma, cualquier exceso en el cobro o en el kilogramo o en el producto que se consume, que tenga una limitación, afectará en la semana, en la quincena o en el mes, lo que llaman las familias mexicanas "el chivo". Por esa razón, para nosotros en el PRD esta iniciativa la sentimos como una propuesta que tiene que ver con nuestras diversas facetas en la sociedad mexicana y que ello representa esta posibilidad de que hoy la PROFECO retome con certeza, con un pliego de normas y de herramientas con las que se pueda defender con mayor eficiencia a los usuarios y a los consumidores. Es por ello que en nombre de nuestra fracción parlamentaria, la del PRD, hoy nos congratulamos y también nos debemos de felicitar porque en sí mismo la posibilidad de aprobar esta iniciativa beneficiará a los que estamos sentados en estas curules, pero también a aquellos que tradicionalmente no han tenido voz para hacer efectivo su derecho ante los tribunales, ante los órganos administrativos o ante cualquier autoridad. Por ello los exhorto, compañeras y compañeros diputados, en nombre de nuestra fracción parlamentaria, a que aprueben este dictamen en beneficio de millones y millones de consumidores en nuestro país. Por su atención, muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el diputado Antonio Silva Beltrán. -DIP. REYES ANTONIO SILVA BELTRÁN: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados: Acudo a esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respecto a la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta iniciativa es resultado de un profundo y largo análisis con todos los sectores económicos de la sociedad, con todos los partidos políticos, con el sector gobierno y con los consumidores, a la iniciativa del Ejecutivo Federal y a la iniciativa del diputado Alfredo Hernández Raigosa, en donde como priístas antepusimos la preocupación que tenemos para fomentar una adecuada regulación de los derechos del consumidor, lo cual adquiere cada día más importancia ante la situación económica que se vive en el país. Se hace indispensable dotar a los consumidores de las herramientas e instrumentos necesarios que le permitan ejercer sus derechos de manera ágil y eficaz. En suma, una ley que proteja los intereses, patrimonio y derecho de los consumidores en un mundo globalizado. En este momento la PROFECO no cuenta con las herramientas jurídicas necesarias y actualizadas para que en su ámbito de competencia pueda actuar quedando el consumidor sin defensa real ante los embates de la mercadotecnia y publicidad que utilizan los prestadores de bienes o servicios. En muchas ocasiones el consumidor abandona su reclamación dejando impune la falta cometida por el proveedor lo cual trae como consecuencia que este último siga vendiendo o prestando malos bienes, productos o servicios lo que provoca la frustración y decepción de la sociedad. Esta honorable Asamblea consciente del compromiso que tiene con la sociedad en general de cuidar sus intereses, ha incrementado el presupuesto a la PROFECO en los tres ejercicios fiscales dotándolo en el año 2001 de 538 millones 870 mil pesos teniendo un incremento con respecto a 2000 de 16.71%. Para el siguiente año, 2002, de 665 millones con un incremento de 23.49% y para el presente ejercicio un incremento del 5.15%. Lo anterior, considerando que la economía de nuestro país pasa por un amplio proceso de globalización, modernización y avance en las técnicas, formas y estilos de promoción del consumo de bienes o servicios, se requiere con urgencia hacer una serie de adecuaciones a la Ley en comento. Por tanto, propusimos entre otras, las siguientes adecuaciones a las Iniciativas antes comentadas. Incorporamos en el cuerpo de la Ley que los consumidores podrán solicitar a los proveedores en los establecimientos en donde enajenen bienes o presten servicios, ejemplares de esta Ley con el objeto de que puedan consultarla y puedan hacer valer sus derechos. Definimos la figura del Consumidor Intermedio que no se contemplaba antes para transacciones de un monto máximo de 300 mil pesos. Se estableció la facultad de Obligatoriedad para la PROFECO en cuanto a la emisión de material informativo y establecer módulos de atención y orientación a lo largo del año y de esta forma no dejar desprotegido al ciudadano consumidor en ninguna temporada. Por mi grupo Parlamentario promovió, como medida de protección, la prohibición de servicios adicionales por parte de los proveedores a los que originalmente contratados y que no hubieran sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, con lo que se protege la decisión, libertad, integridad y privacidad de la elección del consumidor. Se dejó abierta a la Procuraduría la posibilidad de llevar un Registro Público de Consumidores que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios. Como Instituto Político, creemos que es necesario fomentar una cultura de educación para el consumo, para ello se estableció que de entre las atribuciones de la PROFECO está el formular y realizar programas de Educación para el Consumo. Buscando que las sanciones y medidas de apremio sean acordes con las infracciones cometidas por parte de los proveedores y prestadores de servicio buscando la disminución de las mismas en beneficio del consumidor en los Artículos 126, 127 y 128 modificamos el criterio para la cuantificación de multas, estableciéndose que las mismas habrán de referirse en cantidades fijas. También se otorgó a la PROFECO la facultad de poder ordenar al proveedor, que suspenda la información o publicidad que viole las disposiciones de esta Ley y también al medio que la difunda. Asimismo, queda estipulado que cuando la PROFECO instaure algún procedimiento administrativo relacionado con la veracidad de la información, podrá ordenar al proveedor que en la publicidad o información que se difunda, se indique que la veracidad de la misma no ha sido comprobada ante la autoridad competente. Cuántas veces hemos sido afectados por proveedores de bienes o servicios que establecen condiciones, preferencias o discriminación respecto a los términos para suministrarlos. Por eso, propusimos adicionar que para la prestación de un bien o servicio, no podrán condicionar el consumo para obtener íntegramente el bien o servicio adquirido. Conscientes que existen consumidores más vulnerables que otros, se hizo mayor énfasis en que deba abstenerse el proveedor de utilizar estrategias de venta o publicidad que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente, sobre todo lo ofrecido en especial tratándose de prácticas de Mercadotecnia dirigidas a la población como niños, ancianos y enfermos. Dentro del cuerpo de la ley se asentó que los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupo de consumidores mejor conocidos como autofinanciamiento, que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, únicamente podrán operar para efectos de adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles o inmuebles destinados a la habitación y sólo podrán ponerse en práctica previa autorización de la Secretaría de Economía, en donde el plazo de operación en dichos sistemas no podrá ser mayor a cinco años para bienes muebles y diez años para bienes inmuebles. En la operación de los sistemas de comercialización queda prohibida la comercialización de bienes que no estén determinados o no estén determinables; también se estableció la venta o preventa de un servicio de tiempo compartido, sólo podrá iniciarse cuando el contrato esté registrado en la Procuraduría. En toda operación de crédito al consumidor, se deberá informar al consumidor del monto total a pagar por el bien, producto o servicio al que se trate que incluya en su caso número y monto de pagos individuales, los intereses, comisiones y cargos correspondientes. De igual modo se estimó conveniente también incrementar el monto de las medidas de apremio cuyo monto máximo es de doscientas veces el salario mínimo y ocho mil pesos en la actual ley, hasta un máximo de quince mil. Precisamente por la múltiple deficiencia y abuso de algunos proveedores, los consumidores tienen como derecho la bonificación o compensación que esta no podrá ser menor al 20% pactado. Dentro de las consideraciones que la PROFECO debe tener para determinar las sanciones, adicionamos que la reincidencia de un proveedor es decir el número de infracciones cometidas- será el elemento fundamental para aplicarle sanciones más severas y así buscar una disminución en número de faltas cometidas por los prestadores de bienes y servicios. Cada una de estas modificaciones reflejan el interés, la preocupación y el compromiso social que los legisladores del PRI tenemos con la ciudadanía. Recordemos, todos somos consumidores. Por todo lo anterior, exhorto a esta honorable Asamblea a que apoyen el dictamen con las modificaciones propuestas por la Comisión. Es cuanto señor Presidente. -