El diputado Javier Casique Zárate: Compañeras y compañeros diputados, ¿por qué es importante la Ley General de Protección Civil? Porque en este marco jurídico es donde se establecen las bases de coordinación y actuación entre las distintas órdenes de gobierno para la atención de desastres. En esta ley se definen las grandes directrices para que el gobierno fomente la cultura de participación colectiva en materia de protección civil entre la población y, por supuesto, marca las políticas públicas necesarias para proteger y prevenir a los ciudadanos ante peligros y riesgos inminentes. En definitiva, es una ley imprescindible en momentos de emergencia nacional porque su cumplimiento ayuda a salvar vidas. Es por ello que tenemos la responsabilidad de mantener vigente y actualizada esta normativa para que responda a la realidad nacional y se mantenga debidamente homologada en el marco jurídico federal. Estoy cierto que una armonización legislativa no debe ser vista como solo un mero trámite, por el contrario, es un ejercicio permanente del proceso legislativo por demás útil y necesario, porque evita conflicto y duplicidad de funciones, porque esclarece confusiones u omisiones y porque deja en claro las responsabilidades y obligaciones de cada ente del Estado. Esta es la intención de la presente iniciativa con proyecto de decreto. El propósito fundamental es armonizar la Ley General de Protección Civil de conformidad con lo establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018. Actualmente, la Ley General de Protección Civil no contempla a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como la responsable de la protección civil nacional. Y, por otro lado, la Ley Orgánica de la Administración Pública federal sí le confiere esta responsabilidad. A la letra, la Ley Orgánica dice que dentro de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana están las de conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados y la Ciudad de México, con los gobiernos municipales y con las dependencias y entidades de la administración pública federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concentrar las instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo. Como pueden observar, esta es una enorme responsabilidad conferida por decreto a la dependencia encargada de la seguridad ciudadana desde hace cuatro años. A pesar del tiempo transcurrido, todavía la Ley de Protección Civil contempla que es la Secretaría de Gobernación quien tiene bajo su tutela tal encomienda. Claramente esto se contrapone a lo que está establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que trasladó dichas funciones a la Secretaría de Protección Ciudadana. Por ello, este dictamen con iniciativa de decreto de reforma, que reforma los artículos 2o, 27, 28, 31 y 33 de la Ley General de Protección Civil, armoniza el marco jurídico en la materia. Agradezco cumplidamente a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres que dictaminaron en positivo la iniciativa que hoy está a su consideración. Resulta relevante y oportuna esta reforma ante los argumentos expuestos. Con este antecedente solicito respetuosamente a las diputadas y diputados de este pleno, la aprobación del proyecto de reforma en los términos presentados. Esto da certeza jurídica, evita confusiones y brinda claridad de las funciones del gobierno cuando se trata de enfrentar situaciones de riesgo para la población. Compañeras y compañeros diputados, proteger a los ciudadanos, velar por el patrimonio e integridad de las familias mexicanas y, principalmente, cuidar su vida, es tarea de todas y todos nosotros. No olvidamos que honrar, honra. Es cuanto. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.