El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Ciudadano presidente; compañeras y compañeros diputados. Presento esta iniciativa a nombre de mi coordinador parlamentario, Silvano Aureoles, y el mío propio. Agradeciéndole al diputado Aureoles la gentileza de permitirme de presentarla en conjunto. La iniciativa que vengo a presentar tiene como finalidad incorporar el concepto de error judicial, al rubro de la responsabilidad patrimonial del Estado, que hoy día desde el ámbito constitucional se circunscribe solamente a la actividad administrativa y regular de la administración pública federal o local, sin que actualmente comprenda esta base constitucional la posibilidad de que los ciudadanos que vean afectados sus derechos por una irregular actuación de los jueces reciban la indemnización correspondiente. Se trata de brindar a los ciudadanos, mayores herramientas jurídicas que garanticen la salvaguarda de sus derechos frente al poder estatal, indudablemente que la persona individual constituye la base de los derechos y las libertades públicas, pero no se puede concebir un Estado constitucional en el que la salvaguarda de esos derechos no estén plenamente garantizados. La función jurisdiccional es fundamental para el funcionamiento de las instituciones. Es por ello, el diseño constitucional moderno, que se le ha considerado como una de las ramas en que para cuyo ejercicio se divide el poder público. Pero tal distinción no tendría razón de ser, si no fuera porque su finalidad principal y última es la materialización de la justicia. La justicia puesta en manos de los órganos dirime los conflictos en las relaciones intersubjetivas conforme a las reglas que nos hemos dado para que en el marco de los procesos respectivos priven, entre otros, los principios de igualdad entre las partes, certeza y seguridad jurídica con los que se ha procurado proteger los bienes jurídicos más preciados de las personas como son la vida, la integridad, el patrimonio y su libertad. Si embargo, no podemos dejar de lado que la realización de esta función tan primordial al final de cuentas esté encomendada a hombres y mujeres de carne y hueso, que en su actividad cotidiana deben apelar a su buen juicio, a sus conocimientos, al criterio serenos y maduro de la experiencia, a la sensibilidad para entender y comprender la dimensión de los bienes y derechos de las personas puestos bajo su custodia. Los jueces, en su generalidad, representan la posibilidad de conciliar la aspiración normativa con la realidad concreta al decidir el derecho aplicable. No podemos sustraer al sistema judicial de la característica de los órganos en que se deposita la función, ni a éstos del perfil de las personas a las que se encomienda la tarea, como tampoco podemos desconocer las circunstancias particulares ni el contexto en el que se desenvuelven los procesos judiciales actualmente en sus diversas materias, que dista de ser pronta y expedita. La condición humana vinculada a las presiones del entorno sin descartar la impericia, negligencia ni la mala fe, constituyen factores propicios de equívocos en la realización de una determinada función, los cuales trascienden en perjuicio de las personas que están sometidas a la jurisdicción de los órganos encargados de la impartición de la justicia. Las motivaciones, los factores, así como los elementos que conducen a la toma de una decisión no apegada a la normatividad ni a los principios de justicia, traen como consecuencia afectaciones en los bienes jurídicos de las personas que sin duda merecen ser reparadas por el Estado y tal es el planteamiento para el caso de la función judicial. Por ello, el diputado Aureoles y su servidor, proponemos que se incorpore al texto del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refiere a la responsabilidad del Estado, el concepto de error judicial, lo que a nuestro juicio vendrá a reforzar el imperativo para todo el sistema de justicia de funcionar con la eficacia debida. Con ello también se estaría adecuando nuestro texto constitucional a lo establecido en el artículo 10 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de la que México es parte y en donde expresamente se reconoce que cito textualmente- toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial fin de la cita. Podría argumentarse que al estar establecido en el pacto internacional ya no sería necesaria su inclusión en nuestra Constitución, contra lo cual podemos anticipar la importancia de su armonización ante la posibilidad de que con ello aplique para todas las materias, así como que nos permita desde nuestra experiencia constitucional un desarrollo más completo, acorde a las características de nuestro orden jurídico y una difusión que incremente su conocimiento por parte del grueso de la población, para que ellos nos conduzca a hacer de este precepto un derecho aplicable, efectivo y eficaz. Por lo anterior, diputado presidente, solicito que los presentes argumentos se incorporen al Diario de los Debates y se remitan junto con la iniciativa propuesta a la comisión respectiva. Muchas gracias.