La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, fue puesto en marcha en los Estados Unidos de América en agosto del año de 2012, durante la administración del entonces presidente Barack Obama, con el objetivo de proteger a los migrantes llevados a este país sin autorización, y cuando aún eran menores de la deportación, y otorgarles permisos de trabajo. Este sector beneficiado por el mencionado programa es reconocido bajo el nombre de dreamers, apelativo que surge de la idea que tienen todas aquellas personas que salen del territorio nacional para alcanzar el sueño americano. Dicho programa tenía una durabilidad de dos años con opción a renovarse. Asimismo, protege a 790 mil 77 migrantes no autorizados, cerca del 80 por ciento son nacidos en México, que pudieran demostrar haber entrado a territorio estadounidense sin haber cumplido 16 años, haber residido en el país interrupción durante varios años y sin cometer delitos. Gracias a este programa pueden trabajar en aquel país sin ser deportados, tener un número de seguro social, licencia de conducir, entre otros beneficios; 8 de cada 10 personas que lograron beneficiarse son mexicanos, le sigue: El Salvador, con 28 mil; Guatemala, 19 mil 792; Honduras, 18 mil 262; Perú, con 9 mil 66; Corea del Sur, con 7 mil 250; Brasil, con 7 mil 361; Ecuador, con 6 mil 696; y Colombia, con 6 mil 591. Aunado a lo anterior, bajo la violenta retórica antimigrante durante su campaña, el presidente del vecino país, Donald Trump, aseguró que acabaría con el programa que protege a los dreamers, pues según su argumento esta protección significa un abuso de poder por parte de Barack Obama. La directora interina de Seguridad Interior, Elaine Duke, declaró en un comunicado de prensa que el presidente decidió desactivar el programa de una manera ordenada, que proteja a los beneficiarios de en el mediano plazo, mientras trabajan con el Congreso para pasar la legislación. Es decir, Donald Trump está dejando el programa en manos del Poder Legislativo de este país. El pasado martes 5 de septiembre, el fiscal general de los Estados Unidos de América ofreció una conferencia de prensa en la que anunció de manera oficial el fin de DACA, bajo el argumento de que no se pueden recibir a todas las personas que lleguen al país en comento, pues caerían en una política de fronteras abiertas, lo cual es bien sabido que es rechazado por Trump. Según él, la nación norteamericana debe definir y defender un límite de cuántos inmigrantes admite cada año, y eso significa que no todos pueden ser aceptados. Ante este escenario, el Congreso de los Estados Unidos tiene seis meses para crear la legislación. Es por ello, que siendo conscientes de que el problema que enfrentan los dreamers tiene su origen en México, ante la incapacidad del gobierno por generar las oportunidades que necesita este sector, también es cierto que es evidente que se están violentando los derechos humanos y es necesario pronunciarse oportunamente ante este atropello, por lo cual exigimos que el gobierno de México aborde de manera directa y sin cortapisas, este y otros temas de carácter binacional, en una agenda seria que nos permita avanzar el marco del derecho internacional al respeto irrestricto de los derechos humanos, y sobre todo se pronuncie oportunamente ante cualquier declaración que atente contra la dignidad de los mexicanos. México debe privilegiar los postulados del derecho internacional y las instituciones multilaterales, como valiosos instrumentos de equilibrio ante Estados Unidos, para restablecer un piso parejo en sus relaciones bilaterales. Es cuanto.