EL C. DIPUTADO DANIEL ORDOÑEZ HERNANDEZ: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas: el suscrito, diputado federal de la 59 Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo de la nación que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, convoque a las asociaciones religiosas, instituciones académicas, así como a la ciudadanía en general a la discusión amplia y abierta para la emisión del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El 15 de julio de 1992 se publicó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Su fundamento básico establecido en el artículo 1º enuncia el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como la libertad de creencias religiosas. Han transcurrido más de 11 años desde la publicación de este ordenamiento jurídico y desde entonces carece de un reglamento que norme su aplicación y actualice las sanciones por incumplimientos o violaciones a la misma. Con indignación fuimos testigos de la postración del titular del Poder Ejecutivo ante la presencia del jefe del Estado Vaticano, cuya visita a nuestro país se llevó a cabo con carácter de visita pastoral, siendo representante de una de las opciones religiosas existentes. "Pero eso no es todo. En el proceso electoral que concluyó el 6 de julio, en actos a todas luces violatorios de la ley, observamos como diversos ministros religiosos se manifestaron abierta y directamente a favor o en contra de determinado partido político o candidato, influyendo así en el ánimo de sus fieles. "Da testimonio de tales hechos las más de 150 declaraciones en prensa, los documentos emitidos por sus instancias oficiales y los diversos actos religiosos de clérigos a lo largo y ancho del país. "Otro hecho que constituye una clara violación a la ley es el caso del contrato de exclusividad de licencia de uso de derechos de propiedad intelectual, celebrado el pasado 31 de marzo de 2002, por el actual rector de la Basílica, Diego Monroy, a la empresa estadounidense Viotrans, propiedad de la ciudadana Teresa Herrera, por la cantidad de 12.5 millones de dólares, mediante el cual se autorizó utilizar la imagen oficial de la Virgen de Guadalupe para efectos de comercializar dicha imagen, tal y como se puede apreciar en la cláusula sexta del referido contrato. Lo cual representa un acto violatorio clarísimo del artículo 8º de la Ley de Asociaciones Religiosas, al haber obtenido un lucro en el ejercicio de atribuciones como Iglesia. "Por otro lado, la transmisión de las homilías por el Canal 4 de Televisa y en el sistema de cable privado por Claravisión, constituye una flagrante violación a lo dispuesto al artículo 21, párrafo segundo de la Ley de Asociaciones Religiosas, toda vez que dichas transmisiones no se realizan de manera extraordinaria como lo indica este precepto jurídico, ya que desde hace bastante tiempo se transmiten de manera periódica, domingo a domingo y en el mismo horario. "Actos de intolerancia religiosa quedaron manifiestos en los exhortos para la cancelación del programa sobre el uso del condón para prevenir el VIH, que hizo el Arzobispo de Acapulco Felipe Aguirre Franco y una semana después la Secretaría de Salud del Estado decidió suspender dicho programa, dando pie nuevamente a la impunidad, pues el artículo 29 fracción IV de la citada ley señala que las asociaciones religiosas cometen infracción al promover conductas contrarias a la salud. Esta fue una de ellas. "Esta serie de sucesos han generado el quebranto silencioso del Estado laico. Por un lado, los abusos de políticos como de clérigos que no entienden los límites que el orden jurídico les impone; y por el otro, la carencia de un reglamento de la ley en la materia que ha generado impunidad sobre los actos de violación al Estado laico. "En la versión preliminar del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público circulado por la Secretaría de Gobernación, se pretende vulnerar el carácter laico del Estado y por ende resulta preocupante que se publique en esos términos, toda vez que se justificaría la presencia de funcionarios públicos en actos religiosos y así mañosamente incorporan en esta propuesta que la asistencia con carácter oficial a un acto de culto público se entenderá sólo cuando durante la realización de éstos se lleve a cabo cualquier acto jurídico, en uso de las atribuciones que legalmente les corresponden. Esto violentaria lo dispuesto por el artículo 25 de la citada ley. "No se trata de inhibir la libertad religiosa que existe para todos los individuos, pero siendo la obligación de las autoridades garantizar imparcialmente a la ciudadanía el ejercicio de tal libertad, se requiere que durante el tiempo de su encargo reserven para el ámbito personal el ejercicio de sus convicciones religiosas. "El proyecto de reglamento de la Secretaría de Gobernación establece que las instituciones responsables de brindar asistencia en materia de salud, readaptación social y migración, tengan la obligación de permitir a las asociaciones religiosas brindar asistencia espiritual a internos y usuarios. La intervención de la autoridad encargada de dichos centros vulneraría los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, lo que lejos de garantizar la libertad religiosa daría pauta a un ejercicio de discriminación, al separar a la población usuaria según su credo religioso. "Por todo esto, es impostergable recordarle al Ejecutivo que el Estado mexicano es laico y que el laicismo es la mejor herramienta para el respeto y equidad entre las religiones. Necesitamos darle vigencia a la libertad de culto y evitar que cualquier régimen se sirva de una religión para su beneficio. "Es impostergable la emisión del reglamento, empero la Secretaría de Gobernación debe ser sensible a la necesidad y urgencia de emitirlo a partir del consenso ciudadano, convocando a los académicos, a los intelectuales, a los estudiosos del tema y a las asociaciones religiosas, todo en congruencia con nuestra Constitución y la ley de la materia. Honorable Asamblea, un estado laico es aquél en el que las autoridades garantizan a la población el ejercicio de sus derechos. Para el espíritu y sus misterios se reservan los templos. La sociedad mexicana basa en esa separación su libertad política y religiosa. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente: Punto de Acuerdo Primero. Se exhorte al Poder Ejecutivo de la Nación, que por conducto de la Secretaría de Gobernación convoque a las asociaciones religiosas, a las instituciones académicas, así como a la ciudadanía en general, a la discusión amplia y abierta para la emisión del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Segundo. Que la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía mediante la Comisión de Gobernación sobre los avances de dicho asunto. Dado en el Palacio Legislativo, a los 30 días de septiembre de 2003. Firman los diputados que integran la fracción parlamentaria del PRD. Muchas gracias. -