El diputado Cipriano Charrez Pedraza: Compañeras y compañeros diputados, la crisis del agua es ya una crisis que tiene que ver con la gobernabilidad mundial, y en este nuevo siglo el agua, su saneamiento y su distribución equitativa representan grandes desafíos sociales para nuestro mundo. “Debemos poner a salvo el suministro mundial del agua potable y garantizar que todos tengan acceso a la misma”. Kofi Annan, ex secretario general de la ONU. El agua es un recurso natural vital para todos los seres vivos, sin ella la vida en general no es posible. En sus actividades diarias el ser humano depende de ella para su higiene y desarrollo personal, la realización de sus actividades productivas y la obtención de sus satisfactores. Su importancia estratégica para este mundo globalizado obliga a que varios países implementen mecanismos de preservación y cuidado en su distribución, por considerarlo un tema no solo de salud pública, sino de soberanía sobre este recurso natural. El Consejo Mundial del Agua coloca el tema del agua en el punto más alto de la agenda política de las naciones y enfatiza que la crisis hídrica internacional no tiene que ver con tener poca o mucha agua. Es una crisis de gobernanza del agua que tiene como resultado que millones de seres humanos, así como el medio ambiente, sufran gravemente. Hasta 2012 la crisis del agua a nivel mundial implicaba mil 500 millones de personas sin acceso al agua potable sana, 2 mil 400 millones sin servicios sanitarios, 3 mil millones sin sistema de tratamiento de aguas residuales, además de que se estimaba que 3 mil personas morían diariamente en el mundo por enfermedades relacionadas con la ausencia del agua potable. En el caso mexicano, debido al mantenimiento del Sistema Cutzamala, en estos últimos días la Ciudad de México experimentó la carencia de este vital líquido, dejando a miles de personas sin poder realizar sus actividades cotidianas, dejando de manifiesto la importancia del vital líquido. Sin dejar pasar este momento, también señalar que hace unos meses el gobierno federal peñista que ya termina, tramposamente pretendió concesionar a la iniciativa privada, vía decretos, su explotación a través del cambio del sistema de veda con el propósito central de favorecer a grupos particulares con intereses distintos del grueso de la sociedad y así seguir garantizando que los recursos naturales estratégicos del país sigan generando ganancias privadas y por ende seguir reproduciendo en el centro de gravedad de nuestros problemas nacionales, la corrupción en todas sus variantes. Para el caso de la presente iniciativa mencionaré que la seguridad hídrica es definida como la capacidad determinada para salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas de cantidad aceptable, que permita la salud humana como la del ecosistema basándose en las cuencas hidrográficas, así como garantizar la protección de la vida. María del Carmen Carmona, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que para encontrar soluciones a los problemas de gobernabilidad en materia hídrica, estas deben sustentarse en la reconstrucción del Estado de derecho en materia hídrica y en el reconocimiento de los derechos emergentes asociados al acceso a los recursos hídricos. Es justa la interpretación anterior, donde encontramos sustento a la necesidad de reconocer el agua como un tema de seguridad nacional e incorporar dicho derecho a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Baste analizar las actuales circunstancias ambientales en la que vivimos. Habrá un sinnúmero de situaciones, intereses y conflictos que tratarán de inferir en la distribución del agua e inferirán en la gobernabilidad de las instituciones. Sin embargo, el interés superior de las y los mexicanos debe prevalecer ante todo. La idea de establecer ese derecho del agua como de seguridad nacional requiere ser relacionada abiertamente con la capacidad del Estado para actuar en favor de la preservación en la soberanía con la participación activa de todas las instituciones y niveles de gobierno que resulten pertinentes en correspondencia a los derechos humanos, tutelados en los tratados internacionales y en nuestra propia legislación. Compañeros diputados y diputadas, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que someto a esta soberanía republicana, tiene como objetivo central aplicar un marco legal para que el Estado mexicano implemente una política pública que propicie un uso racional del recurso hídrico y garantice para nuestro país la disposición de agua a las futuras generaciones como un asunto de seguridad nacional.