La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Compañeros y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Justicia presentamos este dictamen, que tiene que ver con ciertos fenómenos dentro de las empresas productivas del Estado, como organismos que durante los últimos años han sufrido constantes afectaciones en sus redes de distribución, y el objeto de este dictamen justamente es atender esta problemática. En este caso las previsiones normativas del Código Penal Federal establecen entre los delitos denominados contra la seguridad de la nación, el delito de sabotaje, consistente en el daño, destrucción, entorpecimiento ilícito de las vías de comunicación, servicios públicos o funciones de las dependencias de Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones. El contenido y las características de los sujetos pasivos protegidos por este tipo penal la convierten en una norma de la cual dispone el Estado mexicano para proteger sus propios bienes. La naturaleza jurídica especial de empresas como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad contempla que son propiedad exclusiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que gozan de autonomía técnica y de gestión. En otras palabras, se trata de órganos productivos más importantes con los cuales cuenta el Estado mexicano para generar ingresos. Esta relevancia hace que sus instalaciones, bienes y productos se encuentren sujetos a un mayor estado de vulnerabilidad, ya que las pérdidas o el detrimento que sufren tienen consecuencias inmediatas y directas sobre los recursos de los mexicanos. El tipo penal de sabotaje que, conforme con las reglas del derecho penal debe ser de estricta aplicación, no contempla hoy en día a estas empresas como posibles sujetos pasivos. Esto provoca que las personas que causen daño o afectaciones a sus instalaciones no puedan ser perseguidas por el delito de sabotaje. En la mente de todos nosotros están presentes innumerables casos en los cuales, como por ejemplo el asunto del robo de combustibles y personas integrantes de delincuencia organizada, han entorpecido y causado daño en ductos, instalaciones de refinerías, así como en medios de transportes de los cuales dependen empresas como Petróleos Mexicanos, para el cumplimiento de sus compromisos económicos y sus actividades ordinarias. Por ello, desde la Comisión de Justicia coincidimos con la propuesta de nuestro compañero el diputado Juan Carlos Villarreal, en aras de brindar la máxima protección a estos importantes órganos del Estado, así como garantizar el principio de legalidad. Por ello, les invito a votar a favor de este dictamen, para dar cumplimiento a este importante principio de nuestro sistema jurídico, que de acuerdo con Guastini, se trata de un solo nombre para tres principios: el principio de preferencia de la ley, el principio de legalidad en sentido formal y el sentido de legalidad en sentido sustancial. Conforme a este principio, es inválido todo acto de los poderes públicos que esté en contraste con la ley, es inválido todo acto de los poderes públicos que no esté expresamente autorizado por la ley, y es inválida toda ley que confiere un poder sin regularlo completamente. Con este dictamen y su contenido se podrá hacer frente a la impunidad que está alrededor de este fenómeno que lacera, que ofende al pueblo de México y que, sobre todo, genera daños importantes al erario y al patrimonio de todas y todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta.