La diputada María del Pilar Torre Canales: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, desde hace algunos años se manifestaba como un problema grave la inseguridad del país, sobre todo ante el preocupante incremento de los hechos delictivos como el secuestro, el robo a casahabitación, a transeúntes, etcétera. La inseguridad empezaba a adueñarse de nuestras calles. Ante este escenario, sectores representativos de la sociedad exigieron el estable cumplimiento de una de sus funciones fundamentales: garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos. Hoy la situación ya no sólo es grave. Es insostenible. Además de la delincuencia común, estamos en medio de una ola de violencia que afecta a todos, que daña nuestra economía, nuestra competitividad y que tiene a varias entidades de la república en un estado de sitio. El desaliento e inquietud social es evidente. El incremento a la violencia e inseguridad en nuestras calles constituyen factores que dañan la cohesión social. Las víctimas inocentes de violencia se suman día a día. Es imperativo recuperar la confianza de la gente. Garantizar seguridad y tranquilidad de las familias es obligación que el Estado no puede eludir. Los esfuerzos del gobierno federal deben orientarse a impulsar políticas que generen empleo, a fortalecer las instituciones e impulsar el desarrollo. La gobernabilidad pasa por el bienestar y la creación de oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. Qué mejor manera de combatir la inseguridad que impulsando la educación, para construir una cultura de legalidad en una sociedad más próspera y con más oportunidades para nuestros jóvenes. Por ello nos preguntamos, ¿por qué se ha limitado la estrategia al combate de la inseguridad al uso de medios coercitivos del Estado? ¿Dónde está el trabajo de inteligencia? ¿Por qué existen tantos problemas de coordinación entre los estados y la federación? Es evidente que la delincuencia organizada se ha expandido. Tiene presencia en todo el territorio nacional. Por ello consideramos que éste problema es de seguridad nacional. El Ejército es una de las instituciones más respetables del país, pero se le ha incorporado en una lucha para la que no fue concebido, así lo han exigido las circunstancias que enfrentamos, pero no basta con la acción punitiva. Es urgente replantear la estrategia que se ha venido implementando. Insistimos en que es urgente reforzar las acciones en materia de capacitación y equipamiento de los cuerpos de seguridad. Por ello es forzoso operar de manera conjunta y coordinada, porque la dispersión favorece a quienes tienen intereses opuestos a la sociedad. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hemos sostenido decidida y permanentemente, que la prevención del delito debe de ser un eje estratégico de corto y largo plazo. Consideramos que una de las formas de persuadir al crimen organizado, es a través de la educación, infundiendo a nuestros hijos valores cívicos como la promoción de la cultura a la legalidad, que se traduzcan en respeto a la ley, al orden y a la observancia de los derechos humanos. Estas son acciones que no se reflejan de inmediato, pero a la larga resultan mucho más efectivas que una lucha armada. Convocamos a que se revise lo que se está haciendo, a llegar a un acuerdo nacional que concrete los esfuerzos de toda la sociedad con una lucha contra la delincuencia, que logremos construir consensos que una a la sociedad en contra de quienes amenazan la paz y la tranquilidad de los mexicanos y las mexicanas. Es nuestro compromiso y obligación el promover acciones necesarias para recuperar la seguridad y garantizar el Estado de derecho en cada uno de los rincones de la república. Por su atención, muchas gracias.