LA C. DIP. MARTHA TAMAYO MORALES: Gracias Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Los suscritos legisladores miembros de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, nos permitimos proponer la adopción de un punto de acuerdo mediante el cual esta soberanía solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la emisión de un criterio de aplicación general y su correspondiente publicación en el Diario Oficial de la Federación en los términos del artículo 33 inciso g), y 35 del Código Fiscal de la Federación, con fundamento en los hechos siguientes. El uso y aprovechamiento doméstico del agua potable en el país enfrenta diversos problemas a saber. A pesar de los otrora abundantes recursos naturales, el agua es un recurso que empieza a escasear en muchas regiones del territorio nacional, lo advertimos claramente en cuencas, las que sufren estragos por la erosión y el deterioro ambiental, como en el caso de la Lerma-Chapala que surte el Lago de Chapala, el agotamiento de mantos acuíferos en la región de Chihuahua y la falta de lluvias y escurrimientos en Sonora, por citar sólo algunos. La potabilización tiene su propia conflictiva, pero los organismos que se encargan de ello y del suministro del agua para uso doméstico enfrentan también enormes problemas en el renglón de tuberías de conducción y redes de distribución, ya que la mayoría de las ciudades se encuentran obsoletas, nunca son suficientes y requieren de grandes inversiones que definitivamente no pueden absorber los organismos, ni tampoco los municipios. Se estima que existen alrededor de 2 mil 500 organismos operadores en el país, de los cuales se encuentran registrados ante la asociación nacional de empresas de agua y saneamiento 350, que corresponden a ciudades grandes e intermedias y de la totalidad son superavitarios únicamente 30 en todo el país y eficientes sólo 5 de ellos. La situación financiera de los organismos no es ni por asomo equilibrada, ya que enfrentan fuertes pasivos con la federación por concepto del pago de derechos de agua y saneamiento por alrededor de 62 mil millones de pesos, adeudo que el gobierno federal se encuentra en disposición de condonar a condición de que no se incurra en adeudos posteriores, existiendo en este momento la posibilidad de que se apliquen medidas coercitivas por parte de la federación para obtener el pago correspondiente. Estos pagos o los descuentos de participaciones que llegaron los ayuntamientos a sufrir en este renglón hacen difícil la situación económica de estas instancias, puesto que en su mayoría serán los propios organismos quienes absorberán grandes cantidades. En cuanto a la situación de los usuarios se encuentra una dicotomía que agrava la problemática. Por una parte, existe algún segmento de la población que lejos de valorar el costo real de recibir agua potable a la puerta de su casa mantiene una conducta de dilapidación del recurso y de no pago por el servicio. Frente a ellos se encuentra el otro lado de la moneda, la población que no tiene recursos para hacerle frente a la cascada de cargas económicas con salarios extremadamente bajos, los cuales no pudieran enfrentar el alza de tarifas por sí ya inaccesibles para ellos, por ello el ámbito fiscal es tan importante. Y debemos recordar cuál ha sido el tratamiento al servicio de suministro de agua potable para uso doméstico, encontrando que a partir del año de 1996 y para entrar en vigor en el año de 1997 la Ley del Impuesto al Valor Agregado estableció en su artículo Noveno Transitorio, Fracción II que el servicio o suministro de agua para uso doméstico se causará a la tasa del cero por ciento, tal disposición se reproduce íntegramente en la Fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto del 31 de diciembre del 98, al igual que en la Fracción III del Numeral Séptimo Transitorio del Decreto del 31 de diciembre de 99 y por último, en la Fracción II del artículo Sexto del Decreto de 2000 para el ejercicio fiscal de 2001. Al haber quedad intocada la Ley del Impuesto al Valor Agregado durante el período legislativo que recientemente concluyó y por tanto la falta de un transitorio expreso que reproduzca esta disposición que ha venido repitiéndose por cinco ejercicios fiscales de gravar con tasa cero el servicio o suministro de agua para uso doméstico, respecto del ejercicio fiscal 2, tomando en consideración además que las reglas de este tipo deberán entenderse prorrogadas como cuando en el caso el cuerpo de leyes de que se trata no fue modificado, resulta procedente, por tanto, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita un criterio de carácter general que ampare esta circunstancia y establezca que se encuentra prorrogado el efecto del artículo transitorio Sexto, Fracción II en materia de servicio o suministro de agua para uso doméstico, con la causación de la tasa cero del cero por ciento para el ejercicio fiscal del año 2002. Lo anterior para llenar el vació jurídico que existe en este punto y a fin de que ninguna duda o interpretación permita que tanto organismos operadores como usuarios del vital líquido, agraven su de por sí deteriorada situación económica. Por lo anterior nos permitimos proponer la aprobación del siguiente: Punto de Acuerdo UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión considera que ante la falta de disposición expresa para el presente Ejercicio Fiscal 2002 acerca de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado respecto del servicio o suministro de agua potable para uso doméstico, se deberá considerar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prorrogado el efecto del artículo transitorio sexto, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece tasa cero para tal rubro y ordenar su publicación como criterio de observancia general en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de enero de 2002. Me acompañan alrededor de 16 firmas de compañeros legisladores prisitas. Solicito que se le dé el turno a la Comisión de Hacienda, señor Presidente. Gracias.