La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Los temas que hoy nos convocan a la máxima tribuna de la nación son medulares para el bienestar de la sociedad mexicana. La procuración y la administración de justicia son elementos indispensables para el desarrollo de nuestra nación. Por ello no debemos perder de vista que requerimos instrumentos legales acordes para combatir la impunidad que aqueja desde hace décadas nuestro país. Como ejemplo me permito citar que, según el Índice Global de Impunidad 2020, México se ubica en la posición 60 de 69 países analizados, con un índice de 49.67 por ciento, que representa 10 puntos más de impunidad frente al promedio global: 39.9. Aunque también, lejos del país peor evaluado, que Tailandia, con el 62.3. Mientras en este índice 2015, México se ubica en la posición 58 entre 59 países y en el índice 2017 en el lugar 63 entre 69 países, ahora se encuentra en la posición 60 de los 69 países donde es posible medir la impunidad. Esa es la verdadera lucha que no debemos perder de vista. Por ello, se requiere de instrumentos jurídicos que fortalezcan a nuestras instituciones. Otros instrumentos como el Índice de Impunidad de las Américas también señalan la necesidad de recomponer estructuralmente a las instituciones de administración e impartición de justicia. No nos confundamos, la investigación y persecución del delito son facultades intocadas que devienen del texto constitucional. Las fallas no solo están en la estructura de la Fiscalía General, sino en la revisión de un sistema penal acusatorio, que fue presentado en 2018, como la solución a nuestros problemas y que durante los gobiernos neoliberales se invirtieron más de 15 mil millones de pesos y los problemas siguen latentes. Tampoco se debe olvidar que la historia lamentable de terror no deviene de esta administración. Aquellos que hoy se muestran como paladines de la justicia, son los mismos que llevaron el terror a todos los rincones del territorio nacional. Son necrófilos que lucran con la desgracia del pueblo. No evadimos la responsabilidad con la sociedad, existe un compromiso desde los tres Poderes de la Unión para acabar con la impunidad, la corrupción e injusticia que privan en nuestro país, herencia del régimen neoliberal. Las sentencias condenatorias de 2019 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos emblemáticos como el de Rosendo Radilla y el campo algodonero, todavía retumban en la omisión legislativa de los Congresos del país. La tarea y responsabilidad no es solo de una persona, es estructural. Nuestra solidaridad con las víctimas de delitos y sus familiares. Estamos, desde ayer, y bueno, no solamente un día, se llevan varios días, diría yo meses, discutiendo esta ley y estamos en la idea de trabajar para traer a este pleno modificaciones al dictamen para atender los justos reclamos expuestos en las audiencias públicas. No somos omisos como legislaturas pasadas, en donde podrían venir a sentarse aquí las víctimas a reclamar justicia y atención, y no fueron escuchadas. Estamos con toda sensibilidad y responsabilidad atendiendo estas observaciones a diferentes disposiciones de la ley orgánica para que en unos momentos incluyamos esto en el texto que estamos por dictaminar. Si son justos y legítimos los reclamos y los atendemos como grupos parlamentarios, obviamente tendremos un dictamen de consenso y que atienda este rubro, que creo es el que falta en cuanto al dictamen. Estamos pues, comprometidos con la justicia y el derecho a la verdad. Es cuanto, diputada presidenta.