El diputado Adolfo Oribe Bellinger: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: el 25 de marzo de 2014 señalé en esta misma tribuna que México no se está moviendo y la aprobación de la iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica hará que nos movamos aún menos. El año pasado crecimos sólo a una tasa de 1.1 por ciento. Este año no llegaremos al 3 por ciento y así seguirá siendo mientras no cambiemos de modelo económico porque la concepción de libre competencia que sustenta el actual modelo es un dogma ideológico, no es una realidad. Nunca ha existido y va en sentido contrario a la historia económica de los países exitosos desde el siglo XVIII, cuando se inició la revolución industrial hasta nuestros días, cuyo crecimiento del producto interno bruto y del producto interno bruto per cápita ha estado respaldado en el incremento sostenido de la productividad a lo largo de décadas y no en un supuesto incremento de la competencia económica. Me estoy refiriendo a hechos, hechos constatados por la historia económica del desarrollo del capitalismo. La máquina de vapor, el ferrocarril, las innovaciones en telecomunicaciones y el crecimiento económico impresionante de países como Japón, Corea y China en el siglo XX no son producto de la libre competencia, sino de las decisiones tomadas por sus gobiernos y sus emprendedores de ser más productivos. La tarea para desarrollar la economía mexicana no es la que plantea la Ley de Competencia Económica, sino incrementar las capacidades tecnológicos y organizacionales de las empresas, sobre todo de las Mipymes e incluso de algunas unidades grandes que en algunos sectores no lo son suficiente para competir en los mercados globales, tal y como lo plantea la iniciativa de ley reglamentaria de productividad y competitividad presentada por la Comisión de Competitividad que está en espera de ser dictaminada desde hace ya casi un año. Aun en Estados Unidos y Alemania sus gobiernos han ayudado de varias formas a la Constitución de grandes corporaciones desde finales del siglo XIX, y lo mismo sucedió en el siglo XX en Japón, Corea, Taiwán y ahora China. La promoción, creación y desarrollo de grandes empresas no significa a fuerzas la creación de monopolios ni mucho menos de prácticas monopólicas pero sí significa la concentración de recursos, incluso, mediante la formación de clústers y de cadenas de valor de Mipymes. Ahora, respecto a la minuta en discusión, una buena parte de las modificaciones del Senado son insustanciales, pues son de forma, se adicionan términos, se eliminan otras, y se complementan otros tantos, además de lo que ya indicó el diputado Ricardo Monreal sobre lo que no está en el artículo 129. Debo reconocer que hay unas modificaciones que nos parecen positivas, pues el 25 de marzo en esta tribuna habíamos hecho el señalamiento al respecto, y que se refieren tanto a la inclusión de los requisitos del titular de la autoridad investigadora y las causales para su remoción, artículos 30, 31 y 32 de la minuta, como la eliminación de la palabra órdenes para las autoridades públicas; artículo 94, fracción VII, inciso a). Además, volvemos a insistir como lo hicimos en nuestro posicionamiento pasado, que tanto el de la voz, como el Partido del Trabajo, se oponen tajantemente a la obstrucción que cualquier tipo de práctica monopólica ejerza sobre el crecimiento de la productividad y, por lo tanto, del crecimiento de la economía. Pero debido a que persiste en este Congreso de la Unión como en el Poder Ejecutivo el dogma ideológico de la libre competencia, hay en las modificaciones realizadas por el Senado de la República, dos temas que nos parecen sumamente preocupantes: Primero, la fracción XII del artículo 12 de la ley que otorga a la Cofece facultades reglamentarias amplísimas en materia de sanciones, poder sustancial, mercado relevante, barreras a la competencia, insumos esenciales, desincorporación, concentraciones, investigaciones, suspensiones, beneficios y las demás que se consideren necesarias. Con ello, este Congreso de la Unión renuncia a su facultad legislativa y, en su lugar se la delega a un órgano no electo, con un déficit democrático obvio. Segundo, la fracción XVI del artículo 12 en relación con el capítulo 5, artículo 104 a 110 en materia de procedimiento de solicitudes de opinión de libre competencia económica. Al respecto, es de señalarse que no es claro el objeto de dicho nuevo procedimiento ni sus alcances, pues si bien se eliminó de la fracción XVI la vinculatoriedad de las opiniones, en el último párrafo del artículo 104 se señala y cito que no serán vinculantes las respuestas a las solicitudes de opinión realizadas por los agentes económicos cuando éstas sean planteadas sobre situaciones que no sean reales y concretas, que no coincidan con los hechos o datos, se modifique la legislación. Es decir, serán vinculantes todas las opiniones que no satisfagan dichos requisitos, por lo que me pregunto: ¿cuál será entonces el alcance real de las opiniones que sí van a ser vinculantes? El modelo económico de libre competencia que ha prevalecido en nuestro país durante las últimas tres décadas no ha movido a México. No hay por qué esperar que la muevan con una ley, que lo único que representa es la continuidad de dicho modelo. Es cuanto, diputado presidente.