La diputada Claudia Báez Ruiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el secuestro es uno de los delitos que mayor daño ha ocasionado al país, ha destruido el tejido social, ha vulnerado los derechos humanos de muchas y muchos mexicanos y ha atemorizado a la sociedad por largos periodos de tiempo. Por su naturaleza, este delito no solo implica la privacidad de la libertad, sino también una vulneración patrimonial, física, mental de las víctimas, atentando así contra su dignidad humana. Desafortunadamente el secuestro ha evolucionado con los años, los delincuentes emplean novedosas técnicas para su ejecución, direccionándola a nuevos sectores de la población. En este sentido, el dictamen que hoy discutimos tiene por objeto sancionar con mayor severidad el secuestro en contra de las personas que sufren alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. Lo anterior, considerando que las personas con discapacidad son más vulnerables, por lo que se requiere un marco legal de protección diferenciado al resto de la población. Justamente de esto se trata la igualdad, de emparejar las desigualdades, y qué mejor manera de hacerlo que a través de mandatos legales específicos e irreductibles. Así, la igualdad no es solo una noción política, sino es también una verdad jurídica que tiene aplicación cotidiana y tangible en beneficio de este sector poblacional, otorgándoles certeza y seguridad jurídica. En el aumento de la pena lleva implícita una perspectiva de prevención, ya que pretende no solo castigar con mayor severidad, sino disuadir la comisión de la acción ilícita. Resulta importante precisar que, dada la condición especial que tiene la víctima, al agravar la pena se atiende al principio de proporcionalidad, debido a la condición vulnerable en que se encuentra el sujeto pasivo del delito. Es decir, que la gravedad de la pena resulta proporcional a la del hecho antijurídico y al grado de afectación del bien jurídico tutelado. Por lo que la aprobación de esta reforma que está a consideración de este pleno, constituye un paso más en favor de la protección de las personas con discapacidad y representa un avance sustantivo en materia de impartición de justicia. En este sentido, es nuestra responsabilidad perfeccionar y actualizar la norma penal, a efecto de que el juzgador pueda atender su mandato para que la justicia llegue de manera pronta, rápida y expedita a las víctimas. Así, en el marco de la división de poderes, el Legislativo y el Judicial conformen su respectivas atribuciones y competencias, actúan en beneficio de la sociedad, imponiendo el orden para dar paso a la tranquilidad y a la paz que todos y todas anhelamos. De ahí, la pertinencia y la necesidad de reformar el Código Penal Federal. Recordemos que en México viven aproximadamente 7.1 millones de personas con alguna discapacidad, quienes representan aproximadamente el 6 por ciento de la población total. La inclusión no escapa a la justicia penal, al contrario, se objetiva en esta, al garantizar a las víctimas un trato adecuado a su condición especial, salvaguardando así sus derechos humanos y fundamentales. Compañeras y compañeros legisladores, con esta reforma reducimos la brecha que existe entre los derechos y al acceso a la justicia, reducimos la brecha entre el ideal normativo y la realidad. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena, expresa su voto a favor del dictamen. Gracias. Es cuanto.