El diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la acuacultura se ha convertido en una de las mejores técnicas para la producción de alimentos en México, mostrando un crecimiento continuo que ha desarrollado una gran cantidad en este sector. Al respecto, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesca, estima que en nuestro país más de 56 mil productoras y productores acuícolas viven de este sector. De acuerdo con el informe Estado de la Pesca y Acuacultura en el 2018, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha incrementado. México se colocó como el segundo productor de pesca continental o de agua dulce en América Latina y del Caribe, además de ocupar el décimo cuarto lugar a nivel mundial entre los países productores de pesca continental que incluye la acuacultura y pesca en otros embalses como lagos y presas. Además el informe pronostica que la producción de la pesca y la acuacultura seguirán creciendo en un 15 por ciento hacia el año 2030, siendo mayoritario este crecimiento en un 43 por ciento en su producción. Las estadísticas dan cuenta que las actividades acuícolas constituyen fuentes alimentarias muy importantes a nivel nacional, por su importancia para garantizar la seguridad alimentaria y nutrición balanceada de la población, así como por colocarse como la principal fuente de sustento económico de miles de familias mexicanas. Compañeras y compañeros legisladores, la acuacultura representa una oportunidad y posibilidad real para cumplir con los retos de seguridad alimentaria y nutrición que tiene nuestro país, sobre todo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para el 2030. Por ello, como legisladores federales resulta urgente promover acciones legislativas encaminadas a impulsar el fortalecimiento del marco jurídico en materia acuícola, a fin de proporcionar las herramientas necesarias que coadyuven con el desarrollo integral de la acuacultura, a la par de generar mejores oportunidades y condiciones que permitan combatir el rezago social y la pobreza que enfrenta el sector más vulnerable. Una de las exigencias constantes que han manifestado en talleres y reuniones de trabajo por productores acuícolas, investigadores y especialistas, es solucionar los precios elevados que suelen pagar, el consumo de energía eléctrica necesaria para realizar sus actividades de producción. Que requieren de sistemas de bombeo de gran capacidad para la reversión del agua, utilizando además en dicho proceso equipos e implementos que implican consumo importante de energía. Si bien es cierto que desde 2005 existe el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica para uso acuícola, sin embargo, este programa ha sido insuficiente para atender las necesidades exigidas por los productores, toda vez que continúan pagando precios elevados y muy superiores a los que pagan los agricultores y los ganaderos. Por ello, con la presente iniciativa que reforma la Ley de Energía para el Campo, se busca dar una solución a esta problemática, promoviendo el desarrollo de las zonas rurales e impulsando a los productores acuícolas de nuestro país. Para lograr este objetivo, resulta fundamental que la cuota energética que actualmente se otorga a las actividades agrícolas y ganaderas también sea otorgada y entregada en igualdad de condiciones a los productores que se dedican a la actividad acuícola, y con ello lograr una homologación. Estamos seguros de que dichas acciones vendrán a fortalecer la generación de empleo en las regiones que representan en nuestro estado y, sobre todo, coadyuvarán a garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo de la acuacultura en México. Nuestro objetivo es preciso, brindemos a la acuacultura un trato igualitario en condiciones al que se otorga a los sectores agrícola y ganadero. Es cuanto, señora presidenta.