La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada Presidenta. La reserva al artículo 16, tiene las siguientes Consideraciones La enmienda constitucional en materia jurídica que discutimos el día de hoy es una reforma que institucionaliza la violencia de Estado. La posibilidad de que la policía ingrese a los domicilios de la población sin orden judicial pone en riesgo la seguridad y certeza jurídica de las familias. Casos como las reiteradas violaciones a la garantías individuales que suceden en los estados de Oaxaca, México, Guerrero, Michoacán, Puebla y Chiapas, tendrán la legitimación necesaria para el uso de la fuerza bajo el pretexto de la persecución de la delincuencia organizada. La criminalización de la lucha social es una estrategia de Estado que no sólo implica la modificación y el uso de leyes para detener y condenar con altas penas a luchadores sociales. También se manifiesta en otras medidas que fuera de la ley señalan, hostigan, persiguen, encarcelan y torturan, y asesinan a quienes luchan por mejores condiciones de vida, comparándolos con delincuentes y terroristas. El gobierno de Calderón continúa reforzando las estrategias represivas que comenzaron durante el último año de la administración de Fox. Un año después del rescate de Atenco, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusados de secuestro, fueron sentenciados a 67 años y medio de prisión. En Oaxaca a la ocupación policiaco militar de 2006, siguieron detenciones y desapariciones selectivas previas a la elección del Congreso local, como la detención de concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la desaparición forzada de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario, la muerte de dos personas a causa de un conflicto agrario en San Isidro Aloapam, la desaparición de dos mujeres vinculadas al movimiento de unificación y lucha trique y la represión contra la celebración de la Guelaguetza popular, en la que resultaron varios heridos de gravedad, 12 indígenas loxicha permanecen presos desde hace 11 años acusados, sin pruebas, de pertenecer al EPR. Estos datos son muestra de lo que puede suceder a gran escala si no ponemos freno a la discrecionalidad de la aplicación de estas nuevas medidas. Es indispensable llamar la atención y señalar que estas reformas se dan en el marco del inicio de la llamada Iniciativa Mérida, como parte de los acuerdos del gobierno federal con el de Bush. Artículo 16, párrafo octavo. Es de todos sabido que nuestra ley fundamental se encuentra dividida en dos partes: la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es aquella que establece las llamadas garantías individuales y los derechos humanos, es decir, el conjunto de facultades que corresponden a todos los seres humanos como consecuencia de su innata dignidad, destinados a permitir el logro de sus fines y aspiraciones en armonía con las de otras personas y que deben ser reconocidos y amparados por los ordenamientos en cada estado. La parte dogmática de la Constitución, contenida desde el artículo 1o. al 29, tiene como característica fundamental proponer y perseguir como fin último del Estado y de su organización institucional la defensa de los derechos y libertades del hombre, limitar al Estado y dar seguridad al individuo frente a él. En este sentido, la propuesta de adición del párrafo ocho para establecer en esta parte la definición de delincuencia organizada es contraria a toda técnica legislativa; aunado que nuestra Constitución no tiene por qué establecer definiciones de lo que debe entenderse por "ciertas conductas ilícitas". Si bien es deber de esta soberanía establecer todos los mecanismos necesarios para el combate a la delincuencia organizada, no por el hecho de establecer en nuestra ley suprema la definición de la misma vamos a contribuir a su combate y erradicación. Para ello, es necesario modificar un sinnúmero de leyes secundarias que ayuden a todas nuestras instituciones de seguridad a la persecución de los delitos. No podemos olvidar que ya existe la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aunado a que se corre el riesgo de que, establecer un régimen especial para combatir la delincuencia organizada podría dar lugar a, que las autoridades federales, el argumento legal mediante el cual se podrían aplicar medidas judiciales y castigos penales a líderes sociales. Un ejemplo claro es el ocurrido con los habitantes de San Salvador Atenco y Texcoco, quienes, por los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo del año próximo pasado, en defensa de su tierra, fueron acusados del delito de delincuencia organizada; tres de ellos encarcelados en un penal de máxima seguridad, compurgando penas privativas de libertad de más de 67 años. Artículo 16, párrafo trece. El artículo 16, párrafo trece del dictamen establece que las comunicaciones son inviolables y que la ley sancionará cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ella. En ese tenor encontramos una contradicción, ya que por un lado, se establece una prohibición y, por otro, se faculta a particulares a que intervengan cualquier comunicación privada en cualquier materia; y las hacemos legales siempre y cuando las aporte alguno de los particulares que participen en ellas. Además, se les otorga de cierta manera valor probatorio, ya que se deja al juez la valoración y el alcance de las mismas; siempre y cuando tengan relación con la comisión de la misma. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe ser una unidad. No podemos establecer como poder revisor de la Constitución una contradicción. Por un lado, establecer como derecho fundamental la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y en contrapartida, la obligación exigible tanto a las autoridades como a los gobernadores de respetar dicha prerrogativa; y, por otro, facultar al gobernado a realizar la intervención de alguna comunicación privada sin el consentimiento expreso irrefutable de los que la entablan. Es decir, ¿a qué incurrir en un ilícito constitucional? Por ende, si dentro de un juicio en cualquiera de sus especies una de las partes ofrece como prueba la grabación de una comunicación privada que no fue obtenida legalmente, tal probanza debe estimarse contraria a derecho. Por tanto, no debe