La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy iniciamos el análisis del primer Informe del Poder Ejecutivo federal, tal como lo mandata el artículo 69 de nuestra constitución política. Este ejercicio, republicano y democrático tiene la finalidad no sólo de dar cuenta del estado de la administración, sino también de conocer las prioridades del gobierno de la república en los distintos rubros de la agenda nacional. Durante el análisis del Informe de Gobierno que habremos de realizar, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, expresamos nuestra voluntad de hacerlo con responsabilidad, reconociendo aciertos, pero también señalando lo que consideremos insuficiencias de los programas de gobierno. Asumiremos nuestros rol de representantes de la nación siempre mirando por el bienestar general sin mezquindades o prejuicios políticos o ideológicos. Consideramos que el diálogo constructivo entre poderes es la mejor forma de resolver los grandes problemas nacionales. Nuestra convicción es y será sumar las voluntades de todos, quienes tenemos la responsabilidad de velar por los intereses de la sociedad. Un aspecto que despierta el mayor interés y expectativa de la ciudadanía es sin duda la política económica. Todos coincidimos en que el crecimiento y desarrollo económico es la base fundamental para la prosperidad de cualquier país. Resolver las necesidades materiales de una sociedad es uno de los principales factores para la gobernabilidad democrática, ya que las libertades sólo se pueden disfrutar cuando existe un piso social que impulse la igualdad de oportunidades. Debemos reconocer que la interacción de las economías del mundo tiene ventajas competitivas, pero también tienen riesgos en un contexto de crisis mundial. Riesgos que afectan el desempeño de las economías nacionales y repercuten en la vida de las personas. La situación económica actual de México presenta claroscuros: en algunos aspectos pueden observarse avances, pero en otros existen resultados negativos. Bajo el rubro México próspero el gobierno en turno prevé un desarrollo económico sostenible e incluyente, basado en crear las condiciones adecuadas para que todos los mexicanos podamos ser más productivos y así llevar a México a su máximo potencial. No obstante la política económica y fiscal, que no ha logrado los objetivos de contar con finanzas públicas sanas ni propiciar el crecimiento sostenido, generar empleos formales de calidad o mejorar el bienestar social. En los últimos años la economía mexicana ha crecido por debajo de su tendencia histórica, en parte de debido a la desaceleración de la actividad económica mundial, derivada de la crisis del 2009, pero también propiciado por un bajo dinamismo de la productividad de nuestra economía. A pesar de lo anterior la política económica nacional privilegió la disciplina presupuestal y la responsabilidad fiscal, generando resultados aceptables, como la reconocida estabilidad macroeconómica, pero insuficientes estos para generar los empleos que necesita el país o las oportunidades que ayuden a superar los umbrales de la pobreza en la que se encuentran millones de nuestros compatriotas. Un dato significativo es que en el segundo trimestre del 2013 el crecimiento de nuestra economía fue sólo del 1.45 por ciento, cifra menor al 4.2 por ciento del mismo trimestre del año anterior y la segunda más baja de los últimos 14 trimestres. Lo preocupante es que las expectativas de crecimiento durante el 2013 han disminuido al pasar del 3.5 por ciento al inicio del año, al 1.8 en el último reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una de las consecuencias más importantes del magro crecimiento económico es la falta de empleo. En la actualidad hay 2.6 millones de personas desocupadas, lo que significa que el 5 por ciento de la población económicamente activa está sin empleo; además, el 60 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad con las implicaciones que esto tiene en términos de la seguridad social de las y los trabajadores y sus familias. A esto se suma la grave situación en materia de vivienda que en otras condiciones se ha convertido en un generador empleos directos o indirectos, que dinamiza la economía local e incrementa el consumo, el acelerado deterioro financiero del sector cuyo valor de capitalización se redujo en cerca de 85 por ciento; provocó que algunas constructoras anunciarán un proceso de reestructura de pasivos. Compañeras y compañeros diputados, nuestra economía no crece al ritmo que reclama la creciente demanda social, se necesita incrementar sustancialmente los niveles de productividad para ser competitivos y hacer de nuestra economía un espacio atractivo para las inversiones nacionales e internacionales. Con una economía estancada, restrictiva y con importantes prácticas monopólicas, difícilmente se generarán los empleos que necesitamos, empleos que además sean formales, con crecientes niveles de calificación y bien remunerados. Por otra parte, la reducida base fiscal del Estado es uno de los obstáculos mayores que impiden dar impulso y coherencia a los grandes proyectos necesarios para modificar el rumbo de México; se requieren pues, un nuevo enfoque en la recaudación de impuestos y en el ejercicio del gasto público. La estructura fiscal que tenemos es inaceptable, pues coinciden en ella una alta informalidad, regímenes que permiten a las empresas evadir impuestos de manera sistemática y una enorme presión sobre los contribuyentes cautivos, por lo que corremos el riesgo de una crisis de financiación del Estado con todas las consecuencias para la inversión pública y las posibilidades de atender las demandas más urgentes de la sociedad. Por ello, consideramos necesario mejorar la calidad en el ejercicio del gasto público. Es imprescindible hacer más eficientes las reglas de operación, indicadores, definición de poblaciones objetivo, focalización y, en general, su funcionamiento, así como garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. La aplicación eficiente del gasto deberá contribuir a cumplir con los compromisos del Estado mexicano en materia de salud, seguridad social, alimentación y educación. Más aún, cuando se ha aprobado en días pasados una reforma educativa que requiere no solo un cuerpo normativo para elevar la calidad de la educación, sino de recursos suficientes para atender la expectativa que ha generado dicha reforma. Por lo que esperamos que en el próximo presupuesto de egresos se asignen los recursos suficientes para acercarnos a la meta del 8 por ciento del PIB a la educación, tal como lo obliga el artículo 25 de la Ley General de Educación. De igual forma, esperemos que en el paquete económico del año 2014, que será entregado a esta soberanía en los próximos días, se establezcan los incentivos necesarios y adecuados para contar con una política económica que atraiga inversiones y propicie el tránsito de la informalidad al sector formal. El reto que tenemos es fortalecer las finanzas públicas del Estado mexicano. Para ello será necesario considerar la ampliación de la base contribuyente, evitar la evasión fiscal, así como mejorar la coordinación tributaria entre la federación, los estados y municipios. Sin embargo, es muy importante señalar también que el camino para fortalecer la estructura de ingresos no debe ser a través de una reforma fiscal agresiva. Las condiciones políticas, la gran exigencia social y la importancia de la agenda de reformas que debemos sacar adelante, hacen de este momento el momento del Legislativo. Por ello hoy debemos demostrar competencia y compromiso para abordar los temas sustantivos y aportar soluciones de acuerdo con las reglas que nos rigen. Gracias. Es cuanto, señora presidenta.