EL C. PRESIDENTE (A las 15:58 horas): muchas gracias, señor Secretario diputado Medellín. Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo jueves 19 de abril a las once horas. ----------------------------------------------- APENDICES DE LA SESION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2001. APENDICE No. 1 H. Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión PRESENTE Los CC. diputados coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, emitieron un Punto de Acuerdo en relación a la muerte del C. Roberto Chávez Reséndiz, originario y vecino de Mixquiahuala, Hgo., mismo que fue aprobado por el Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el día de hoy, del cual le estamos enviando copia para su conocimiento y efectos. Sin otro particular por el momento, le reiteramos las seguridades de nuestra consideración distinguida. Atentamente El Secretario de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado Dip. Pedro Porras Pérez (rúbrica) Honorable Asamblea: Los CC. diputados Gerardo Arturo Saucedo Delgado. Jorge Rocha Trejo, Pedro Porras Pérez y Arturo Aparicio Barrios. coordinadores de los grupos legislativos de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional. de la Revolución Democrática y del Trabajo, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en relación a la muerte del C. Roberto Chávez Reséndiz, vecino del municipio de Mixquiahuala, Hgo., se permiten someter a su consideración el siguiente: Punto de Acuerdo Primero. Que nuevamente la sociedad hidalguense padece las lamentables consecuencias del deceso de un conciudadano, que el pasado S de marzo del año en curso, fuera asesinado de un balazo durante una redada, por un agente de migración del vecino país del norte, en el condado de Prima cerca de la ciudad de Tucson, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Segundo. Desde luego, los integrantes que conformamos esta Quincuagésima Séptima Legislatura, nos sumamos a la pena que embarga a la familia del joven Roberto Chávez Reséndiz, originario y vecino del municipio de Mixquiahuala, Hgo., asimismo manifestamos nuestra más enérgica protesta en relación a estos hechos que constantemente afectan la paz y la tranquilidad de las familias hidalguenses. Tercero. En atención a lo antes manifestado, los que suscribimos, solicitamos por conducto de la Secretaría. se giren oficios a los CC. Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Jorge G. Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores. Lic. Ernesto Ruffo Appel, titular de la Comisión de Asuntos para la Frontera Norte, Dr. Juan Hernández Bell, Titular de la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior, al representante en México de la Organización de Estados Americanos, al Departamento de Justicia de la Unión Americana, así como al Honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados, a efecto de que se sumen a esta protesta y se solicite a quien corresponda: 1. Se haga justicia y se castigue ejemplarmente al policía responsable de estos lamentables hechos; 2. Se indemnice a la familia del occiso, de conformidad con lo que establece la ley de la materia; 3. Se envíe una nota diplomática de enérgica protesta por los sucesos mencionados, al C. Procurador de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica; 4. Se agende en la Reunión Parlamentaria Binacional del próximo mes de mayo, el asunto referente a los migrantes y a las constantes agresiones de que son víctimas. a efecto de que las respectivas Comisiones de Derechos Humanos y los congresistas participantes. planteen soluciones que pongan fin a estos lamentables acontecimientos. Atentamente Pachuca de Soto, Hidalgo, a 22 de marzo del 2001. El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional Dip. Gerardo Arturo Saucedo Delgado (rúbrica) El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Dip. Jorge Rocha Trejo (rúbrica) El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Dip. Pedro Porras Pérez (rúbrica) El coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo Dip. Arturo Aparicio Barrios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 7 CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión. PRESENTES La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación. solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37. inciso C, párrafo II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona: Nombre: Rafael Bernal Jacinto Puesto: Ayudante general en mantenimiento Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México Nombre: José Hernández Caletre Puesto: Chofer Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México Nombre: Jesús Manuel Franco Martínez Puesto: Asistente de embarques Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas Nombre: Abel Espinoza Zavala Puesto: Afanador en el Departamento de Limpieza Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas Nombre: J. Piedad García Puesto: Ingeniero residente Lugar de trabajo: Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco Nombre: Raúl Chacón Fernández Puesto: Empleado de mantenimiento Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México Nombre: Edén Hernández Hernández Puesto: Ayudante de mantenimiento Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México. Nombre: Martín Pedro Islas Labra Puesto: Empleado de mantenimiento Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México. Nombre: Gabriela Peñaloza Anaya Puesto: Asistente en visas Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México. Por lo anterior. me permito anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes. Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración distinguida. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, DF, 10 de abril de 2001. Por acuerdo del Director General El Director Lic. Gustavo Alejandro Morales Rivera (rúbrica) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 8 CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados PRESENTES Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Embajador Javier Barros Valero y General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Filiberto Paz Orta. para aceptar ,v usar condecoraciones conferidas por el Gobierno del Reino de Suecia y por el Gobierno de la República de Chile respectivamente. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. México, DF. a 9 de abril de 2001. Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica) Presidente Minuta Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Embajador Javier Barros Valero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella Polar, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia. Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Filiberto Paz Orta, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en Grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le confiere el Gobierno de la República de Chile. Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 9 de abril de 2001. Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica) Presidente Sen. Yolanda González Hernández (rúbrica) Secretaria --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 9 CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados PRESENTES Para los efectos legales correspondientes me permito remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Embajador Enrique Eugenio Fernández Zapata, actuario Enrique Vilatela Riba, licenciado Luis Héctor Alvarez Alvarez y Luis Angel Domínguez Brito, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el Gobierno de Rumania. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. México, DF, a 9 de abril de 2001. Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica) Presidente Minuta Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Embajador Enrique Eugenio Fernández Zapata, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano actuario Enrique Vilatela Riba, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Luis Héctor Alvarez Alvarez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Luis Angel Domínguez Brito, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania. Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 9 de abril de 2001. Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica) Presidente Sen. Yolanda González Hernández (rúbrica) Secretaria ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 11 Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso al ciudadano Embajador Ariel Buira y Seira, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Conmemorativa de la Ciudad de Atenas, que le confiere el Alcalde de dicha ciudad. La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud. de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de Decreto Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano Embajador Ariel Buira y Seira, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Conmemorativa de la Ciudad de Atenas, que le confiere el Alcalde de dicha ciudad. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 6 de abril de 2001. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 11 Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso a los ciudadanos maestro José Luis Barros Horcasitas, Lic. Lorenzo Sánchez Rivera, Marco Aurelio Provencio Muñoz, Eduardo Sosa Cuevas, Lic. Juan Rebolledo Gout, Lic. Edgar Ricardo Navarro Soto. Lic. Federico Sada González, Lic. Luis Enrique Ramos Solorio, Gral. de Div. DEM Roberto Miranda Sánchez, Gral. Brig. DEM Ignacio Luquín Pérez, Emb. Enrique Gabriel Jiménez, Lic. Reyna María Aurora Martínez López, Emb. María del Rosario Gloria Green Macías, Lic. Genaro David Góngora Pimentel, Lic. Luis Eduardo Garzón Lozano, Lic. Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, Dip. Eloy Cantú Segovia, Ministro Luis Alberto Germán Barrero Stahl, Gral. Brig. Ret. Enrique Aranda Salamanca y Adolfo Miguel Aguilar Zínser, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el Gobierno de Rumania. La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60. segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano maestro José Luis Barros Horcasitas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Lorenzo Sánchez Rivera, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Marco Aurelio Provencio Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Sosa Cuevas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano licenciado Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano licenciado Edgar Ricardo Navarro Soto, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Federico Sada González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Luis Enrique Ramos Solorio, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano General de División Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania para Militares, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Décimo. Se concede permiso al ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Ignacio Luquín Pérez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Décimo Primero. Se concede permiso al ciudadano Embajador Enrique Gabriel Jiménez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Décimo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana licenciada Reyna María Aurora Martínez López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Décimo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Décimo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Genaro David Góngora Pimentel, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania. en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Décimo Quinto. Se concede permiso al ciudadano licenciado Luis Eduardo Garzón Lozano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Décimo Sexto. Se concede permiso al ciudadano licenciado Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León. para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Décimo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano diputado Eloy Cantú Segovia, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Décimo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Ministro Luis Alberto Germán Barrero Stahl, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Décimo Noveno. Se concede permiso al ciudadano General Brigadier Retirado Enrique Aranda Salamanca, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos Militares, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania. Artículo Vigésimo. Se concede permiso al ciudadano Adolfo Miguel Aguilar Zínser, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 6 de abril de 2001. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 12 C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS. Honorable Asamblea: Con fecha 26 de octubre, a la Comisión de Seguridad Social fue remitido para continuar con su trámite legislativo, el expediente que contiene el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dictamen reservado por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados en la sesión del pleno de fecha 29 de abril del presente año y dejado a disposición de la misma como resultado de la aprobación de una moción suspensiva. La Comisión de Seguridad Social en uso de las facultades que le confieren los párrafos 1 y 3 del artículo 39 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y acorde a lo que prescribe el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedió, para la elaboración de este dictamen, primero al análisis de los argumentos expuestos en la presentación y posterior aprobación de la moción suspensiva, para, en segundo lugar, pasar al estudio y análisis del dictamen con proyecto de decreto motivo de la moción suspensiva y, tercero, analizar las iniciativas que dieron lugar a dicho dictamen, para terminar con la presentación de conclusiones y la elaboración del nuevo dictamen con proyecto de decreto para ser presentado al pleno de la H. Cámara de Diputados. Siguiendo esta metodología, los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social aprobaron el siguiente Dictamen I. Antecedentes A. Moción Suspensiva. En la sesión referida del 29 de abril del 2000, el C. Dip. José Antonio Alvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, expresó que ''...han surgido otros argumentos que nos sugieren que es necesario dedicar más tiempo para estudiar a fondo el tema", agregando a continuación que "Tampoco hasta el momento nos ha sido posible contar con estimaciones precisas y confiables del impacto y trascendencia de la aprobación del dictamen sobre los fondos del presupuesto nacional"; en seguida expresó que "Adicionalmente, la importancia de mejorar el sistema de pensiones del ISSSTE, nos obliga a buscar el pleno consenso de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, para que este dictamen sea realmente concretado en el beneficio que los jubilados y pensionados del ISSSTE esperan que nosotros sus representantes, construyamos para ellos". Por lo que se refiere a dedicar más tiempo para estudiar a fondo el tema, la Comisión que dictamina considera que la referencia se hizo principalmente en relación a las propuestas de reforma a los artículos 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que la modificación a los mismos tiene, en efecto, otras implicaciones además de las estrictamente económicas. Estas dos propuestas, de reforma a los artículos 62 y 64, se refieren concretamente al cómputo de los años de servicios que sirven de base para determinar el porcentaje de la cuantía de la pensión a la que se tiene derecho de acuerdo con los años de servicio (art. 62) y al sueldo básico que se utiliza para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión (art. 64). Las reformas propuestas a la ley de I.S.S.S.T.E. merecen. sin duda alguna, como todas aquellas que representan la búsqueda de beneficios colectivos, un estudio profundo por que representan un cambio en específico la propuesta del artículo 62que afectaría no únicamente a esta ley sino también a las del Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.) y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (I.S.S.F.A.M.), en las que, al igual que en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.), el derecho a la pensión está en relación al tiempo laborado pero sin sumar éste en dos o más empleos, ya que de ser así se estaría en el supuesto de que se pudieran alcanzar treinta años de servicio en quince años calendario al acumular el tiempo laborado en dos entidades diferentes. Por lo que hace a la reforma propuesta al artículo 64, si bien es cierto que representa un avance importante en el mecanismo para establecer las bases de cálculo de la cuantía de las pensiones, también es cierto que debe de valorarse con madurez para encontrar el equilibrio deseado entre los beneficios que pueden ser otorgados y los que las condiciones económicas permiten cristalizar. Conforme a lo anteriormente expresado, la Comisión que dictamina, por lo que hace al primer argumento con el que se sostuvo la moción suspensiva, considera que el tiempo transcurrido ha sido suficiente para profundizar en el estudio del tema y presentar nuevamente este dictamen. Por lo que se refiere a contar con "estimaciones precisas y confiables del impacto y trascendencia de la aprobación del dictamen sobre los fondos del presupuesto nacional", como textualmente se manifestó en la propuesta de moción suspensiva, esta Comisión de Seguridad Social, una vez que tuvo nuevamente en el ámbito de su competencia el dictamen con proyecto de decreto que tenía reservada la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, se abocó a recopilar la información precisa y confiable a que se hizo referencia en el sustento de la moción suspensiva y solicitó a la Dirección General del I.S.S.S.T.E. se proporcionaran datos relativos a las pensiones y los pensionados de esa Institución. Esta institución, a través de la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, informó que "respecto a la estimación del costo fiscal que representaría modificar el párrafo tercero del artículo 57 de la ley invocada ( la Ley del ISSSTE) el importe de cada punto porcentual de diferencia entre los aumentos que se autoricen a los trabajadores en activo y al salario mínimo general en el Distrito Federal implicaría un costo anual de 176.3 millones (de pesos)". Esta información se complementa con el dato del total de pensiones a cargo del I.S.S.S.T.E. que a la fecha del informe suman 412,954, de los cuales el 43.48 % son pensiones cuyas cuantías están entre 1 y 2 salarios mínimos y 35.89 % son pensiones cuyas cuantías varían entre 1 y 2 salarios mínimos (es decir, 79.37 % del total de pensiones 327,761 tienen una cuantía que va de 1 a 5 salarios mínimos). Por otra parte, la propuesta de reforma al artículo 57, pospuesta en razón de la citada moción suspensiva, ha dado tiempo suficiente para que los trabajadores jubilados y pensionados del I.S.S.S.T.E. expongan en innumerables ocasiones la razón que les asiste para que los incrementos a sus pensiones se otorguen en la misma proporción y en las mismas fechas en las que aumenten los sueldos de los trabajadores en activo, como era anteriormente, demostrando el deterioro que sus cuantías han sufrido al recibir aumentos relacionados con el salario mínimo, mientras que los trabajadores en activo los reciben en un porcentaje que, en los años transcurridos desde la reforma de 1993, ha sido siempre superior al incremento al salario mínimo del Distrito Federal. Este último, el salario mínimo general del Distrito Federal, en el año de 1997 fue de $26.45 diarios y a la fecha es de $37.90, es decir, ha tenido un incremento de $11.45 en ese lapso, que equivale a un aumento porcentual del 43.28. Por otro lado el sueldo de los trabajadores en activo en el mismo periodo (1997-2000) ha tenido un incremento del 60 % en promedio, sin considerar para establecer este promedio el tope máximo de cotización de once salarios mínimos burocráticos, o sea incluyendo para determinarlo desde la mayor hasta la menor percepción, con lo que se demuestra la injusticia con que han sido tratados los jubilados y pensionados al modificarse el tercer párrafo del artículo 57 de la ley del I.S.S.S.T.E. El tercer argumento relativo al consenso de los diferentes grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados queda también subsanado con la presentación de este dictamen que está apoyado por la mayoría de los integrantes de la Comisión. B. Dictamen de la Comisión de Seguridad Social de la LVII Legislatura. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión elaboró un dictamen del cual el capítulo de antecedentes refiere las iniciativas presentadas por el Dip. Miguel Angel Solares Chávez y otros ciudadanos Diputados del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la presentada por el Diputado Ricardo Cantú Garza. del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y la presentada por el Diputado Javier Paz Zarza y otros Diputados del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, que son coincidentes en la propuesta de reforma al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aunque con diferentes redacciones; en este mismo capítulo, el dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Social de la anterior Legislatura refiere las excitativas que se presentaron en el transcurso de los años 1998, 1999 y el presente, para que se dictaminaran esas iniciativas. La Comisión que suscribe ratifica los datos expresados en el apartado de Antecedentes de ese dictamen, y los hace suyos en este documento. En el capítulo de Consideraciones del dictamen que se analiza, la anterior Comisión de Seguridad Social establece que las iniciativas motivo de ese dictamen, buscan como propósito central mejorar la situación de ingreso y, por lo tanto, las condiciones de vida de cientos de miles de trabajadores jubilados y pensionados del I.S.S.S.T.E. y, de manera particular, señala que las propuestas se orientan a mejorar las pensiones y jubilaciones al modificar el referente actual en el que se sustenta el incremento anual a la cuantía de las pensiones, al cambiar la base para el cálculo de las pensiones, así como modificar el criterio para el cómputo de los años de servicio que dan derecho a la pensión. Igualmente, esa Comisión estableció que en la evolución de los cambios aplicados por el Poder Legislativo a esa ley se buscó siempre encontrar mecanismos que mejoraran con justicia social la situación de los trabajadores que durante un determinado número de años prestó sus servicios al gobierno federal, hasta la reforma vigente a partir de 1993 en la que se cambió el mecanismo de revisión de las pensiones para utilizar como referencia el salario mínimo general fijado para el Distrito Federal, estableciendo que las cuantías de las pensiones aumentarían en las mismas fechas y en la misma proporción en que aumentara el salario mínimo referido. Refiere el dictamen que se analiza que en el año de 1999 el sueldo promedio mensual del magisterio creció en un 17 % y en ese mismo año el incremento al salario mínimo fue de 14 %, con lo que se demuestra la afectación real en el poder adquisitivo de las pensiones incrementadas con base a esa modificación a la ley aprobada en 1992. El mismo capítulo de consideraciones argumenta, en relación a las propuestas de modificaciones a los artículos 62 y 64 de la ley referida, que considera conveniente que el promedio del sueldo integral disfrutado a la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento sea el que se considere para efectos de calcular la cuantía de la pensión que corresponda, así como que para los mismos efectos se tomen en cuenta la totalidad de las cotizaciones que se hayan aportado al ISSSTE independientemente de que hayan sido efectuadas en uno o varios empleos. C. Iniciativas. En fecha 7 de diciembre de 1998, por conducto del C. Dip. Miguel Angel Solares Chávez, un grupo de diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propuso la reforma del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. que en la ley vigente establece que "la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario, se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el Instituto", para quedar como sigue: "Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo". En fecha 10 de diciembre de 1998, el Diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa que entre otras reformas incluía la del tercer párrafo del artículo 57, cuya redacción vigente se reproduce en el párrafo anterior, proponiendo su reforma para que quedara como sigue: "La cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumenten los salarios de los trabajadores en activo, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el Instituto". En fecha 26 de abril del presente año, el Diputado Javier Paz Zarza a nombre de diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 57, 62 y 64 de la ley del ISSSTE, en la que propone, por lo que hace al artículo 57, que su redacción sea: "La cuantía de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los salarios de los trabajadores en activo, de acuerdo con la plaza en que se desempeñaba al jubilarse". El artículo 62 de la Ley del I.S.S.S.T.E. vigente, establece que "El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno sólo de los empleos, aún cuando el trabajador hubiere desempeñado simultáneamente varios, cualesquiera que fuesen; en consecuencia para dicho cómputo se considerará, por una sola vez, el tiempo durante el cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de trabajador". La propuesta de esta iniciativa es para que la redacción de dicho artículo sea la siguiente: "Para efectos de la pensión habrán de considerarse número de cotizaciones que el trabajador haya aportado al Instituto, con independencia los servicios que hubiese desempeñado en activo, aunque fueran varios y ante diferentes dependencias gubernamentales". El artículo 64 de la Ley del I.S.S.S.T.E. vigente, establece que "Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 60, 63, 67, 70 y demás relativos de esta ley, se tomarán en cuanta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento". La propuesta de esta iniciativa es para que la redacción de dicho artículo sea la siguiente: "Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 69, 63, 67, 76 y demás relativos a esta ley, se tomará en cuenta el promedio del sueldo integral disfrutado a la fecha de baja del trabajador o su fallecimiento". En fecha 16 de noviembre del 2000, el Congreso del Estado de Durango presentó iniciativa de reforma al tercer párrafo del artículo 57 de la ley del I.S.S.S.T.E., proponiendo quede con la siguiente redacción: "La cuantía de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo". Previamente a esta iniciativa formal, en fecha 26 de octubre del 2000, el mismo Congreso del Estado de Durango acordó solicitar al Congreso de la Unión que "se modifique la fracción III del artículo 57 de la Ley General del I.S.S.S.T.E. en los términos que se encontraba hasta antes de su modificación de fecha 4 de enero de 1993. II Consideraciones Con base en los señalados antecedentes y considerando: Primero: Que esta Cámara está facultada para legislar en la materia, atento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción XXX, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo: Que esta Comisión es competente para dictaminar este asunto, a la luz de lo dispuesto por los artículos 39, sección 3, y 45, sección 6, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y Duodécimo, inciso a), del Acuerdo Parlamentario relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados; Tercero: Que los argumentos presentados como fundamento para la moción suspensiva, que en su oportunidad fue aprobada por el pleno de la H Cámara de Diputados, han quedado resueltos como se menciona en el apartado de Antecedentes de este dictamen; Cuarto Que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es el instrumento que garantiza los derechos a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, por lo que el concepto de pensión dinámica, adaptado a las circunstancias económicas que proporcionan aumentos a los trabajadores en activo, debe de ser lo más justo posible y estar relacionado para determinar su incremento, en primer término, con el ingreso de los trabajadores en activo y, en segundo término, con el Indice Nacional de Precios al Consumidor y no con el salario mínimo general, que en la Ley Federal del Trabajo se aplica a los trabajadores cuya relación laboral se rige por las disposiciones del apartado "A" del artículo 123 constitucional Quinto: Que el Indice Nacional de Precios al Consumidor debe servir de referente para revisar anualmente las cuantías de las pensiones e igualarlas a ese indicador si el incremento a las pensiones hubiere sido inferior, para garantizar que no se deteriore su poder adquisitivo. Esta revisión deberá hacerse en el mes de febrero para utilizar los datos oficiales del Indice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior que el Banco de México proporciona en el mes de enero. Sexto: Que relacionar el incremento a la cuantía de las pensiones del ISSSTE con el salario mínimo general no es la mejor referencia, toda vez que este se aplica a los trabajadores cuya relación laboral se rige por el Apartado A) del artículo 123 Constitucional y no a los trabajadores al servicio del Estado; Séptimo: Que las tres iniciativas que dieron lugar al dictamen primero de la Comisión de Seguridad Social de la LVII Legislatura tienen, por lo que se refiere a la propuesta de reforma del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE, diferentes redacciones, mismas que han sido reproducidas textualmente en el apartado II de este dictamen; Octavo: Que la ley del I.S.S.S.T.E. vigente hasta el 4 de enero de 1993, establecía en el párrafo tercero del artículo 5~ que "las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo". Noveno: Que si bien es cierto que la definición de sueldos básicos es una de las muchas que aparecen en la ley del I.S.S.S.T.E. para referirse al ingreso de los trabajadores en activo, también lo es que este concepto es el que mejor se adapta para efecto de igualar el aumento en los ingresos de los trabajadores en activo con los de los pensionados o jubilados; Décimo: Que el artículo 62 vigente de la multicitada Ley del I.S.S.S.T.E. se refiere expresamente al cómputo de los años de servicio y no a las cotizaciones que se hagan al Instituto, y que referir las cotizaciones en lugar de los años de servicio en uno o varios empleos, daría lugar a un aumento en las expectativas de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio y a una inequidad para aquellos que por razones de horario de trabajo solo tienen la posibilidad de acceso a un solo trabajo; Décimo primero: Que aún cuando la mejor expresión de justicia social pudiera ser considerar que el sueldo básico del trabajador en activo fuere el que se considere para establecer la cuantía de la pensión, hay que recordar que el derecho a dicha pensión proviene de las aportaciones que los trabajadores y su patrón, el gobierno, hacen para ese propósito, por lo que al momento actual, considerar al mismo tiempo que la modificación al incremento de las pensiones el promedio del último sueldo percibido para el cálculo de la pensión no se considera viable; Décimo segundo: Que dado que el Gobierno Federal en su doble calidad de patrón y de garante de la seguridad social de sus gobernados es el responsable de aportar el faltante que sea necesario para cubrir las pensiones de sus ex trabajadores, como de hecho lo viene haciendo, deberá incrementarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001 la cantidad que se requiera para cumplir con las disposiciones de la Ley que se reforma en la partida del ramo 19, aportaciones a Seguridad Social, y tomar las providencias para que en los años sucesivos se considere la cantidad que corresponda por esta reforma dentro del Presupuesto del I.S.S.S.T.E. III. Conclusiones En base a las anteriores consideraciones, la Comisión que dictamina concluye: Primero: Debe aprobarse la reforma al tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del I.S.S.S.T.E., para quedar con la redacción que el mismo tenía antes de su reforma publicada el 4 de enero de 1993, agregándole la referencia. como mecanismo de revisión anual de la cuantía de la pensión, al Indice Nacional de Precios al Consumidor; Segundo: No es de aprobarse la reforma al artículo 62 de la Ley del I.S.S.S.T.E. Tercero: No es de aprobarse la reforma al artículo 64 de la Ley del I.S.S.S.T.E. En mérito a lo anteriormente expuesto, los suscritos integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la LVIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de la misma el siguiente Proyecto de: DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ART+CULO 57 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Artículo Unico: Se reforma el tercer párrafo del artículo 57 para quedar como sigue: Artículo 57. ... Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo y serán revisadas anualmente en el mes de febrero, para que si en el año calendario anterior, el Indice Nacional de Precios al Consumidor hubiere sido superior porcentualmente al incremento otorgado a las cuantías de las pensiones y jubilaciones en el mismo período, se aumente a estas la diferencia que falte para igualarlas. Transitorios Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo: Si antes de la fecha de inicio de vigencia de este decreto hubiese una modificación del salario mínimo vigente para el Distrito Federal y se aplica a las cuantías de las pensiones y jubilaciones, la diferencia que haya entre el aumento a los salarios mínimos y cualquier incremento que se otorgue a los trabajadores en activo después del primero de diciembre del año 2000. se pagará retroactivamente a los jubilados y pensionados. Dado en la Sala de juntas de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados a los 13 días del mes de diciembre del año 2000. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 10 off CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PRESENTE. Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 49 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS; 40 Y 41 DEL CDIGO PENAL FEDERAL; Y 193 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 49 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS; 40 Y 41 DEL CODIGO PENAL FEDERAL; Y 193 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ARTICULO PRIMERO. Se reforma el párrafo primero del artículo 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados: y se adiciona un segundo párrafo a la misma disposición legal, para quedar como sigue: Artículo 49. Los aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior, una vez descontados los costos de Administración del Servicio de Administración y gastos de mantenimiento y conservación de los bienes asegurados conforme a la presente Ley, se enterarán a la Tesorería de la Federación, y se destinarán, en partes iguales, a apoyar los presupuestos de egresos del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Salud. La parte de los aprovechamientos que corresponda a la Secretaría de Salud, deberá destinarse a programas de rehabilitación de farmacodependientes. ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 40, párrafo segundo; y 41 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: Artículo 40. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o '''producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 400 de este Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación que aquél tenga con el delincuente, en su caso. Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación y en el proceso. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito. Si los instrumentos o cosas decomisados son sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, en los términos previstos por el Código de Procedimientos Penales, pero aquélla, cuando lo estime conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o investigación. Respecto de los instrumentos del delito, o cosas que sean objeto o producto de él, la autoridad competente determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la procuración e impartición de justicia, así como de la Secretaría de Salud, para los efectos a que se refiere el artículo 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Se procederá a su inutilización, si fuere el caso, de conformidad con las disposiciones aplicables. Artículo 41. Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales, que no hayan sido decomisados y que no sean recogidos por quien tenga derecho a ello, en un lapso de noventa días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si notificado, no se presenta dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación, el producto de la venta se destinará, por partes iguales, al mejoramiento de la impartición y administración de justicia, así como de la Secretaría de Salud, para los efectos del artículo 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, previas las deducciones de los gastos ocasionados. En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad y que no se puedan conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en subasta pública, y el producto se dejará a disposición de quien tenga derecho al mismo por un lapso de seis meses a partir de la notificación que se le haga, transcurrido el cual, su aplicación se hará en los mismos términos del párrafo que antecede. ARTICULO TERCERO. Se reforma el párrafo quinto del artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: Artículo 193 ... Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin el Ministerio Público dispondrá dentro de la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo, por partes iguales, al mejoramiento de la impartición y administración de justicia, así como de la Secretaría de Salud, para los efectos del artículo 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o sus productos reciban la misma aplicación. El Ministerio Público deberá promover, en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables. TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Of1cial de la Federación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 2 C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PRESENTES. Los suscritos diputados federales coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el inciso b) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hacen del conocimiento de la H. Asamblea, lo acordado por este órgano de dirección política. CONSIDERACIONES I. Con fecha 16 de noviembre de 2000 fue turnado por la Mesa Directiva a esta Junta de Coordinación Política una proposición con punto de acuerdo presentada ante el Pleno de esta Cámara de Diputados por el ciudadano Diputado Sergio Acosta Salazar, para solicitar la creación de una comisión especial encargada de recabar la información necesaria sobre el paradero de los fondos de los trabajadores mexicanos braceros. II. En 1942, al firmarse el Programa Bracero, se estableció la creación del Fondo de Ahorro campesino mediante la retención del 10% de los salarios que percibían los trabajadores en los Estados Unidos, mismo que debía ser depositado en el Banco Nacional de Crédito Agrícola S.A. III. El 21 de febrero de 1948 se ratificó nuevamente el Acuerdo Relativo a la Migración de Trabajadores Agrícolas Mexicanos, y que todos los salarios descontados, retención del 10%, debían ser entregados a los trabajadores mediante un cheque bancario certificado a su nombre. IV. El 7 de abril de 1976 el Banco Nacional de Crédito Agrícola se fusionó al Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C, y revisado el proceso de fusión, no se detectaron antecedentes de transmisión a Banrural de recursos provenientes del Fondo de Ahorro Campesino o de depósitos en lo individual relacionados con dicho fondo. V. El proponente fundamenta su petición en hechos que merecen ser analizados respecto de la ardua labor de los trabajadores migratorios mexicanos a lo largo de varias décadas y de la formación en el Banco Nacional de Crédito Agrícola S.A:, de un fondo constituido por el 10% del salario de los trabajadores, del que no se sabe si fue revocado o liquidado, o si sigue vigente en el Banco Nacional Crédito Rural, al que se fusionó el mencionado Banco Nacional de Crédito Agrícola, en 1976. Por considerarlo de justicia y que ante la Nación entera quede claro que los legisladores mexicanos son solidarios con la clase trabajadora más esforzada de nuestro país, esta Junta de Coordinación Política considera procedentes los argumentos del Dip. Sergio Acosta Salazar y resuelve proponer a la H. Asamblea el siguiente ACUERDO PRIMERO. Es procedente la creación de la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, en razón de las consideraciones mencionadas anteriormente, cuya duración será hasta el 15 de diciembre de 2001, a partir de la fecha de su integración conforme al presente Acuerdo. SEGUNDO. El objeto de la Comisión será recabar la información necesaria sobre el paradero de los fondos de los trabajadores mexicanos braceros. TERCERO. La Comisión Especial objeto del presente acuerdo se integrará por dieciocho diputados en la siguiente proporción: Siete serán designados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, siete por el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, dos por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, uno por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y uno por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Los coordinadores de los grupos parlamentarios realizarán las designaciones de los integrantes de su propio grupo; la directiva de la Comisión Especial será propuesta por la Junta de Coordinación Política, dando aviso de ello a la Mesa Directiva, para los efectos procedentes. CUARTO. Los resultados de los trabajos de la Comisión Especial serán remitidos para su estudio y demás efectos, a las Comisiones ordinarias vinculadas en la materia QUINTO. La Comisión Especial deberá rendir un informe final cuya fecha de lectura será determinada por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. SEXTO. Notifíquese a los interesados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 3off AUTORIZACION PARA DAR POR SUPERADOS PROYECTOS DE RESOLUCION DERIVADOS DE TEMAS CUYA VIGENCIA RESULTA EXTEMPORANEA En virtud de que las circunstancias y hechos sobrevenientes han dejado prácticamente sin materia asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara a esta Junta, procede autorizar su envío al archivo, sin menoscabo de que los interesados promuevan su reactivación debido a motivos que lo justifiquen. La autorización mencionada será cumplida por la Secretaría General de la Cámara, en los términos del párrafo 2, del artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los asuntos que a continuación se enlistan y cuya extemporaneidad se explica por sí misma; de manera que esta Junta adopta el siguiente ACUERDO PRIMERO. Archívense los siguientes expedientes como asuntos concluidos: 1. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 7 de septiembre de 2000 al Pleno por el ciudadano Diputado Francisco Patiño Cardona, referente a la integración de una comisión especial que exhorte a la Honorable Cámara de Senadores dar trámite legislativo al proyecto de Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehícular Mexicano y el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 2. Proposición con Punto de Acuerdo en relación con la detención de Miguel Angel Cavallo, presentada por el Dip. Luis Miguel Barbosa Huerta, el 29 de septiembre de 2000. 3. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 19 de octubre de 2000, por el Dip. César Augusto Santiago, para dejar sin materia la Comisión Especial para observar, en los términos legales aplicable, el proceso electoral de renovación del Poder Ejecutivo, Congreso local y Ayuntamientos en el Estado de Tabasco. 4. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 17 de octubre de 2000, por el Dip. Feliciano Calzada para que la Cámara de Diputados manifieste su respeto al pueblo del Estado de Tabasco y a su voluntad ciudadana expresada en las elecciones del 15 de octubre. 5. Proposición con punto de acuerdo presentada el 19 de octubre de 2000, por el Dip. Auldárico Hernández Gerónimo para facultar a la Comisión Especial de seguimiento del proceso electoral de Tabasco para recibir y canalizar las denuncias sobre el posible desvío de recursos públicos federales en el proceso electoral. Además de presentar un informe sobre denuncias recibidas, así como el mecanismo para atenderlas. 6. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 17 de octubre de 2000, por el Dip. Martí Batres Guadarrama para que se haga un pronunciamiento para limpiar la elección en Tabasco y hacer un enérgico llamado a las autoridades estatales y federales a fin de que se respete la voluntad popular expresada el 15 de octubre. 7. Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Dip. Auldárico Hernández Gerónimo para ampliar la duración de la Comisión Especial de seguimiento del proceso electoral de Tabasco, presentada el 24 de octubre de 2000. 8. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 26 de octubre de 2000, por el Dip. José Narro Céspedes para que se sigan las vías legales y se de transparencia al proceso electoral de Tabasco. 9. Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez, el 31 de octubre de 2000, para solicitar al Presidente de la República el pago del Bono Sexenal. 10. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 31 de octubre de 2000, por el Dip. Bulmaro Rito Salinas para exhortar al Ejecutivo Federal se otorgue complemento a las medidas de fin de año a los trabajadores al servicio del Estado. 11. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 14 de noviembre de 2000, por el Dip. Juan Carlos Regis Adame para exhortar a los Gobiernos Federal, al del Estado de Chiapas y al Congreso local a emprender acciones de distensión para que el próximo Gobierno Estatal tome posesión con tranquilidad y sin hostigamiento. 12 Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 28 de noviembre de 2000, por el Dip. Juan Manuel Carreras López para que las autoridades hacendarias, aduaneras, migratorias y policía federal preventiva se apeguen estrictamente a la legalidad y al marco del Estado de Derecho de los migrantes, en época decembrina. 13. Comunicación de fecha 22 de diciembre de 2000, relativa a la solicitud para celebrar reuniones con los diputados integrantes de las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de la Junta de Coordinación Política, con los Jefes Delegacionales. SEGUNDO. Infórmese de este Acuerdo a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y notifíquese a los interesados. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2001. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- off APENDICE No. 4 CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS. PRESENTES En relación a las proposiciones con puntos de acuerdo presentadas por los ciudadanos diputados Roger Antonio González Herrera en nombre de diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PVEM, y Jorge Carlos Berlín Montero en representación de diputados del Grupo Parlamentario del PRI, referentes a diversas cuestiones relacionadas con el virus de la tristeza de los cítricos, los suscritos diputados federales integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hacen de su conocimiento lo acordado por este órgano de dirección política, de conformidad con las siguientes CONSIDERACIONES 1.Con fecha 26 de octubre de 2000 fueron turnados por la Mesa Directiva a esta Junta de Coordinación Política las proposiciones con puntos de acuerdo referentes a virus de la tristeza de los cítricos en el Estado de Yucatán, presentadas por: a) El Diputado Roger Antonio González Herrera, con diversas propuestas, entre las que destacan: instrumentar un proyecto nacional para enfrentar de manera integral los problemas de la citricultura relativos al VTC y al pulgón café; el respaldo al acuerdo sobre el tema, signado entre el gobierno del Estado y la SAGAR; la solicitud a las autoridades de la Administración Pública Federal de que se informe permanentemente a la Cámara de Diputados sobre las campañas de sanidad correspondientes; la integración de una subcomisión de diputados que vigile la instrumentación del dispositivo nacional de emergencia decretado el 27 de junio de 2000; el exhorto a la SAGAR para redoblar esfuerzos e intensificar las campañas de sanidad en los huertos yucatecos; la instrumentación de apoyos subsidiarios a los citricultores, así como la asesoría y asistencia técnica a los mismos. b) El Dip. Carlos Berlín Montero, en 13 que se propone que la Federación destine más recursos para la actividad citrícola del Estado de Yucatán, especialmente para las campañas en contra del virus de la tristeza, además de hacer un exhorto a la Secretaría de Estado competente, a fin de que invite a los gobiernos de las entidades federativas con actividad citrícola y a los productores de las mismas a solidarizarse con dichas campañas de sanidad. De igual forma propone que se cree una comisión de legisladores a la que mantenga informada la Secretaría sobre los avances de las campañas en la entidad. II. La mayoría de las proposiciones enunciadas en el considerando anterior constituyen una facultad del Ejecutivo en virtud de que implican instrumentación de programas de apoyo, razón por la que se considera conveniente intercambiar posicionamientos y puntos de vista con el Ejecutivo Federal por conducto de la dependencia competente, en este caso a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. III. Por lo que se refiere a la necesidad de que esta Cámara de Diputados se mantenga informada de la situación que guarda el problema citrícola del país, especialmente, en el Estado de Yucatán, se considera que la Comisión de Agricultura y Ganadería de seguimiento a las acciones y programas que lleve a cabo el Ejecutivo Federal, así como de las necesidades más imperantes de los productores de cítricos. De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Junta de Coordinación Política propone al H. Pleno el siguiente A C U E RD O PRIMERO. Se instruye a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara, para que, en uso de las atribuciones que a las comisiones otorga el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación información sobre la situación que guardan los cítricos en el país, así como oportunamente invite al Subsecretario del ramo y a los responsables del área de sanidad vegetal, para que comparezcan ante las comisiones y dialoguen respecto del problema del Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC) en México y los programas que desarrolla el Gobierno Federal para combatirlo. SEGUNDO. La Comisión de Agricultura y Ganadería deberá informar al Pleno, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y a la Junta de Coordinación Política sobre el cumplimiento de esta encomienda, cuyos resultados deberán difundirse entre los citricultores de la República. TERCERO. Notifíquese a los interesados y túrnese copia del expediente a la Mesa Directiva de la Cámara. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 5 off INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DE LA C. DIP. ADELA DEL CARMMEN GRANIEL CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Los suscritos diputadas y diputados a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la siguiente Exposición de motivos El móvil más poderoso que impulsan al niño a trabajar desde temprana edad y para ingresar en la vida activa, es la necesidad de aliviar en lo posible la miseria en que vive su familia y contribuir así a satisfacer sus necesidades esenciales. La más modesta remuneración, en dinero o en especie, será apreciada. Sin embargo, es sabido que en muchos casos, el propio jefe de familia es quien se encarga de hacer trabajar a sus hijos. A pesar de estos motivos, se debe subrayar que, la causa fundamental de todo trabajo infantil es evidentemente la miseria. Las tareas que realizan los niños, se traducen en un aporte económico apreciable, siempre con relación a los bajos ingresos familiares, por su parte la insuficiencia de la seguridad social impone también al niño que trabaja el papel de sostén de sus padres ancianos, enfermos o desempleados. Los niños que trabajan entregan la totalidad de sus ganancias a los padres o familiares con que viven. Para una familia necesitada lo más urgente es ganar con qué sobrevivir, y las demás necesidades, no estrictamente vitales, sólo se satisfacen si es posible. Otra razón de la ocupación de los niños es la situación en el hogar: puede haber tensiones e incertidumbre, engendradas o aumentadas por la miseria, el padre puede haber abandonado la casa es posible que la madre sea soltera; el padre o la madre o ambos pueden estar enfermos, ser inválidos o haber fallecido. Por otra parte, también esta el deber moral, inculcado por el ambiente de trabajar desde temprana edad por solidaridad con el grupo familiar, para compensar la carga económica que él mismo representa y ayudar a mantener al resto de su familia, generalmente muy numerosa. En la medida que se ha ido tomando conciencia de la nocividad del trabajo infantil y de la necesidad de instaurar la escolaridad obligatoria y brindar a los niños los esparcimientos necesarios, se han adoptado medidas legislativas y de orden práctico. Es sabido que los niños que ingresan en la fuerza de trabajo van a realizar ul1a tarea que podría ser efectuada por un adulto al mismo tiempo que el niño acepta trabajar por una remuneración mucho menor que la que debería recibir un adulto. Se puede decir que estamos en presencia de un circulo vicioso: por una palle, el trabajo de los niños aumenta el desempleo y comprime los ingresos de los adultos, pero, por otra, el desempleo y los bajos ingresos de esos mismos adultos los obliga a hacer ingresar a sus hijos en el mercado de trabajo para mejorar los ingresos familiares. Los niños que deben trabajar no tienen posibilidades de instruirse y calificarse para poder salir de su pobreza, de modo que la extrema indigencia los hace buscar un medio inmediato de subsistencia, y la falta de calificaciones, a su vez, los mantiene en la pobreza. En estas condiciones, las familias seguirán necesitando mandar ilegalmente a sus hijos al trabajo y los empleadores seguirán prefiriendo contratarlos clandestinamente. En la mayor parte de los países desarrollados la explotación del trabajo infantil pertenece al pasado, gracias a la evolución económica, moral y legal. Ello no significa que, a pesar de su carácter ilegal, el trabajo de los niños haya desaparecido completamente del escenario laboral. Mientras que el trabajo infantil es algo que ha quedado arraigado en las tradiciones y actitudes de algunos países pobres como un vestigio del pasado, como una resistencia al cambio. La ilustración más patente es la confianza que sienten los habitantes de las regiones menos desarrolladas en las ventajas económicas de tener muchos hijos para que aporten sus brazos a la actividad familiar. La culpa de que los niños tengan que trabajar no la tiene la familia, que está encerrada en un número muy reducido de posibilidades de acción, sino la sociedad en su conjunto. Casi en todos los países el trabajo infantil está legalmente prohibido, condiciones de extrema pobreza y abandono obligan a los niños a realizar distintos tipos de actividades para poder subsistir. En los países pobres, la proporción de niños de menos de 15 años con respecto a la población total, es de 40 a 50 por ciento, es evidente que se plantean tremendos problemas socio laborales, pues no es fácil planificar su mantenimiento, su empleo y sus ingresos. En los países menos desarrollados todavía no se ha logrado hacer desaparecer en la práctica el trabajo de los niños, a pesar de que en casi todos existen legislaciones al respecto. En estos países se da por un hecho que los menores tienen que trabajar, de manera que suelen cumplir un papel productivo relativamente importante para sus respectivas familias, tanto en las ciudades como en el campo. Cuando un niño disfruta del derecho a la educación, está protegido contra una multitud de amenazas, como la condena a una vida de pobreza, al trabajo en condiciones de esclavitud, a la servidumbre doméstica, a la explotación sexual y al reclutamiento militar durante los conflictos armados. De acuerdo con el documento "Estado Mundial de la Infancia 2001", del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En muchos de los países pobres se considera normal continuar con la tradición familiar de no asistir a la escuela cuando se es niño y empezar a trabajar a edad temprana, independientemente del grado relativo de pobreza de su familia. En tanto que si los padres sólo pueden permitirse mandarlos a la escuela por unos años, lógicamente esos niños tendrán más dificultades para aprender que los niños de las familias más acomodadas. Aunque la mayoría de los niños del mundo asiste a la escuela, hay más de 110 millones que no lo hacen, un 60% está constituido por niñas, que en algunas sociedades resultan víctimas de la creencia de que para ser esposas o madres no necesitan educación. El UNICEF recomienda que, todos los niños deberían recibir y completar su educación básica en ambientes limpios y seguros que les estimulen intelectualmente y les otorguen confianza y aptitudes para la vida. Recientemente se percibe al trabajo infantil como un problema social y consiguientemente la idea de que es necesario proteger al niño, en la medida que el trabajo infantil, es la explotación del niño por empleadores ajenos a su familia. De acuerdo con el UNICEF el trabajo infantil reviste condiciones de explotación si se dan las siguientes características: trabajo a tiempo completo a una edad demasiado temprana; horario laboral demasiado prolongado; trabajos que producen tensiones indebidas de carácter físico, social o psicológico; trabajo y vida en la calle en malas condiciones; remuneración inadecuada; demasiada responsabilidad; trabajos que obstaculizan el acceso a la educación; trabajos que socavan la dignidad y autoestima de los niños tales como la esclavitud o el trabajo servil y la explotación sexual; trabajos que perjudican el pleno desarrollo social y psicológico. Entre los aspectos del desarrollo infantil que pueden verse afectados negativamente por el trabajo se encuentran los siguientes: desarrollo físico, que abarca la salud general, la coordinación, la resistencia, la visión y la audición; desarrollo cognitivo, que abarca la alfabetización, el cálculo esarrollo cognitivo, que abarca la alfabetización, el cálculo numérico y la adquisición de conocimientos necesarios para la vida ordinaria; desarrollo emocional, que abarca la autoestima, la afectividad esarrollo emocional, que abarca la autoestima, la afectividad familiar, y los sentimientos de aceptación y amor; desarrollo social y moral, que abarca el sentido de identidad grupal, la habilidad de cooperar con otros y la capacidad de distinguir el bien del mal. Los niños trabajaban con su familia, aprendiendo poco a poco por observación, asociación e imitación, casi inconscientemente, sus futuros papeles de adultos, A estas actividades placenteras se oponen las ejercidas por oposición o por explotación con un esfuerzo que sobrepasa las posibilidades físicas y psíquicas del niño que las ejecuta, porque son pesadas, nocivas, aburridas y demasiado prolongadas, porque son causa de preocupaciones y porque excluyen la posibilidad de gozar de instrucción, esparcimiento y bienestar. Por reducido que sea el esfuerzo físico, la duración de las tareas y el aburrimiento que supongan, y por satisfactorio que sea el medio de trabajo del niño, éste inevitablemente se interesara por la buena marcl1a de la empresa familiar y compartirá con los padres problemas, preocupaciones e incertidumbres que son habituales para los niños de su edad. El trabajo que efectúan los niños es ilegal. No obstante, para los menores de 14 años la legislación no prevé la protección de sus condiciones de empleo, de modo que la mano de obra infantil queda al margen de la legislación y de sus beneficios y no tiene derecho a reclamar las prestaciones laborales que les corresponderían. En otras palabras es una mano de obra sumisa e indefensa, sin poder para negociar sus condiciones de trabajo, sin sindicato que la defienda y las más de las veces sin el amparo de un seguro de enfermedad o accidente de origen profesional, ni de los regímenes de seguridad social. Muchas de las conquistas sociales obtenidas por los trabajadores adultos no cuentan para los niños que trabajan, los que son explotados como si las mismas no existieran. Como los niños deben asumir papeles de adultos sin poseer la capacidad física y psíquica que requieren las tareas, el trabajo que ejecutan no suele ser tan eficaz como el de un adulto; si económicamente resulta rendidor para el empleador, es porque está remunerado a un nivel aún inferior al de su eficacia. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha fijado la edad mínima de admisión al empleo en 15 años y recomienda su elevación gradual hasta la edad de 16, no obstante, muchas legislaciones nacionales fijan mínimos que varían entre los 12 y los 16 años. En algunos países el trabajo infantil realizado a partir de los 12 o 13 años, no es clandestino, sino perfectamente legal. Entretanto, la OIT recomienda que los países donde esa edad mínima legal sigue siendo muy baja deberían tomar enérgicas medidas de carácter práctico para ofrecer a esos niños una protección especial. La fijación legal de una edad mínima por debajo de la cual el trabajo de los menores está prohibido tiene por objeto preservar su salud física y psíquica, así como su moralidad, al mismo tiempo, que posibilitar su asistencia a la escuela. La escolaridad obligatoria es un factor que tiende a limitar el trabajo infantil, ya que no suele estar por debajo de los 14, 15 o 16 años, según el país. En algunos países se fija una norma inferior a la general para los trabajos livianos o no industriales, para las ocupaciones peligrosas o perjudiciales, por el contrario, la edad mínima es superior a la norma general, mientras que en muchos países el servicio doméstico suele estar excluido del ámbito de la legislación pertinente. Según la OIT en pocos países está permitido trabajar a partir de los 12 años, por lo que las legislaciones prevén ciertas salvaguardias. El cumplimiento de la legislación sobre la edad mínima de admisión al empleo es muy irregular según los países y los sectores de actividad. A pesar de que el sistema jurídico mexicano establece la prohibición del trabajo de los menores que no han cumplido 14 años, la realidad es bien diferente. En México, se encontraban laborando, durante 1997, 5 millones 693 mil 453 niños, niñas y jóvenes, entre los 12 a los 19 años, de los cuales 3 millones 371 mil 751 eran niños y 1 millón 961 mil 702 eran niñas de acuerdo con el documento "Estadísticas de Empleo con Enfoque de Género", del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). De acuerdo con el documento del INEGI, de la población económicamente activa, la que se encuentra entre los 12 a los 19 años, trabaja I millón 725 mil 920; trabaja y estudia 605 mil 514; trabajan y quehaceres domésticos 2 millones 241 mil 306; trabajan, estudia y realizan quehaceres domésticos 1 millón 120 mil 713 personas. Es importante destacar que, en México ha habido avances legislativos recientes, como las reformas al artículo 4 Constitucional, así como la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Dichas reformas se inscriben en el proceso gradual para mejorar la situación de los niños trabajadores. En este contexto, la Ley Federal del Trabajo, establece en el artículo 173 que, el trabajo de los mayores de catorce años y menores de dieciséis queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo. No obstante, en la agricultura donde el trabajo infantil está más difundido, la inspección del trabajo es prácticamente inexistente. La insuficiencia de personal y medios materiales impide asimismo a la inspección del trabajo visitar la gran cantidad de pequeños establecimientos del sector informal, donde ninguna de las empresas ha previsto un seguro de enfermedad u otra medida de seguridad social. Las medidas legislativas destinadas a proteger a los niños del trabajo nocivo en las fábricas, minas y otras industrias, no han incluido a la agricultura, convirtiendo así a los niños trabajadores agrícolas en los menos protegidos de todos. Se necesitan medidas de tipo legal, social, económico y educativo para proteger a los niños contra los peligros de los trabajos nocivos, especialmente en el caso de los trabajadores agrícolas. El artículo 176 la Ley Federal del Trabajo señala que, las labores peligrosas o insalubres, son aquellas que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presentan, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores. No obstante, en México los niños recogen cosechas con las plantas todavía cubiertas de pesticidas o las rocían ellos mismos con productos químicos. Familias enteras de trabajadores inmigrantes o jornaleros agrícolas, incluidos los niños, ayudan a plantar y cosechar las frutas y los vegetales. Los niños están expuestos a picaduras de serpientes e insectos venenosos y debido a que comienzan a trabajar desde muy temprano en medio de la humedad y el frío, a menudo descalzos o vestidos con ropas inadecuadas desarrollan infecciones respiratorias crónicas y neumonía. Además, las jornadas laborales para los niños en el campo son prolongadas, en general de 8 a 12 horas diarias y en lugares alejados del abastecimiento del agua corriente. Por otra parte, están los países que no reglamentan en la agricultura el trabajo de los mel1orcs. En la agricultura hay una cantidad enorme de niños que trabajan durante e, ya sea en violación de la ley, cuando ésta existe, o de plano en ausencia de cualquier precepto legal. En las regiones aún no desarrolladas, es prácticamente imposible hacer cumplir las leyes y sus eventuales reglamentos de aplicación cuando se trata de edad mínima legal para el trabajo agrícola. A pesar de que no se dispone de datos sobre el número de niños que trabajan en los campos de todo el mundo, un informe reciente de la OIT, indica que en algunos países la tercera parte de la fuerza de trabajo agrícola está compuesta por niños. Los que recogen té, café, caña, caucho, cacao conocen el trabajo extenuante realizado con pocos medios mecánicos y en condiciones deplorables. Un sector que ocupa importantes cantidades de niños trabajadores es el "informal", el cual no cumple ninguna de las disposiciones legales relativas a la edad mínima de admisión al empleo y a la protección de la infancia en general: las relaciones profesionales no suelen estar regidas por la legislación, sino por la tradición y la costumbre y muchos empleadores y asalariados desconocen la existencia de las respectivas leyes protectoras. Al menos un millón de niñas al año caen en todo el mundo, mediante engaños o por la fuerza en las redes de la explotación sexual, de acuerdo con datos de Organismos No Gubernamentales (ONG), pero los niños varones también son explotados sexualmente. En México, un estudio preliminar del Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (CIESAS) para siete ciudades; Distrito Federal, Tijuana, Ciudad Juárez, Tapachula, Cancún, Acapulco y Guadalajara, en cada una de ellas, salvo la capital del país donde se calculan siete mil, se estima un total de entre 500 y mil niños y niñas víctimas del comercio sexual, en cualquiera de sus modalidades: prostitución, pornografía, turismo sexual y tráfico. Sus edades oscilan entre 13 y 17 años, pero hay más pequeños. El daño físico y psicológico infringido por la explotación sexual con fines comerciales hace que este abuso sea una de las modalidades más nocivas del trabajo infantil. Independientemente de cuán alto sea el salario o de las pocas horas de trabajo, los niños y niñas envueltos en la prostitución deben enfrentar riesgos para la salud, entre ellos las enfermedades respiratorias, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y la adicción a estupefacientes. Por su parte, la protección de los derechos de los adolescentes constituye una eficaz "inmul1ización" que ayuda a prevenir las enfermedades venéreas, incluso la infección con el SIDA, y a reducir las tasas de deserción escolar, el consumo de drogas y los comportamientos violentos. Los adolescentes, como todos los niños, tienen derecho a que se les escuche y a participar, en función de su edad y madurez, en las cuestiones que les afecten y en las cuales sean partes interesadas Es preciso asegurar los derechos de los niños en todas las etapas de sus vidas, incluido el derecho a la atención en un entorno acogedor durante los primeros años, y a recibir educación e información, aprendizaje para la vida práctica y apoyo durante la adolescencia. A fin de promover en mayor medida el progreso de la infancia, es necesario establecer las siguientes prioridades: Todos los niños tienen derecho a la salud, educación, a vivir en familia, a la no discriminación, a la tutela plena e igualitaria sin distinción de posición económica, raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, origen étnico, discapacidad suya o de sus ascendientes, a así como a la protección contra la violencia, el maltrato y la explotación. Las disposiciones legales destinadas a prohibir el trabajo infantil constituye un ideal avanzado, una meta para el futuro, así como también, pautas normativas que puedan hacerse cumplir de inmediato y con rigor. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presento la siguiente Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo Unico. Se adiciona el artículo 3, con un inciso H; el artículo 14, con un inciso E; el artículo 21, con un inciso D; y el artículo 28, con un inciso K; de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: Artículo 3 ............................................................................................................................... A . B ................. C ................ D.................. F ..............................................................................................................................................................G.......... H. El goce pleno del derecho a la salud. El Estado, la sociedad y la familia son corresponsables en la adopción y aplicación de medidas tendientes a procurar los servicios de salud. Artículo 14...................................................................................................... A............................................................................................................... B................................................................................................................ ..............................................................................................................................................D................................................................................................................ E. En la adopción de políticas públicas dirigidas a proteger el derecho a la salud, especialmente para aquellos que no cuenten con acceso a los sistemas de seguridad social. Artículo 21 . .............................................................................................................................A.............................................................................................................. B.............................................................................................................. ..............................................................................................................................................D. Contra los trabajos insalubres, peligrosos y dañinos para la salud, especialmente en el caso de los trabajadores agrícolas, de la calle y del sector informal de la economía. Artículo 28 .. ............................................................................................................................A.............................................................................................................. B................................................................................................................ C .............................................................................................................................................. D E .. F . ..............................................................................................................................................G................................................................................................................ H.............................................................................................................. I.................................................................................................................. J................................................................................................................. K. Proporcionaran servicios de salud gratuitos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en condiciones de desventaja social, especialmente a los trabajadores agrícolas, de la calle y del sector informal de la economía. Transitorio Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 6 CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION. Con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente envío a ustedes la siguiente Iniciativa de: LEYDECAPITALIZACIONDELPROCAMPO Documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes. Reitero a Ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. CIUDADANO DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES, PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, PRESENTE. El desarrollo agropecuario y rural de los Estados Unidos Mexicanos representa una prioridad nacional, porque se refiere al estrato social y productivo que con mayor urgencia requiere de nuevas y mayores oportunidades y soluciones que encausen definitivamente la economía agrícola en beneficio de la colectividad. Durante las últimas décadas se ha procurado dar atención a los problemas de los hombres y mujeres del campo en México, pero los esfuerzos realizados al respecto no han logrado encontrar las suficientes respuestas satisfactorias que permitan elevar auténticamente las condiciones de vida, el ingreso per capita y la situación no menos preocupante de potenciar el rendimiento productivo en el sector rural. Igualmente, se considera como otro de los elementos centrales de política pública, la afirmación hecha en los foros internacionales en el sentido de que ningún país debiera ser dependiente de la producción de ciertos insumos alimenticios generados en otras latitudes, ya que ello propiciaría una indeseable incertidumbre en su obtención y la consecuente elevación en sus costos de compra. De ahí, que lo más recomendable es tender los puentes necesarios que conlleven a los sujetos involucrados en este proceso, a alcanzar niveles más eficientes que nos permitan contar con una adecuada seguridad alimentaria, que tenga como eje la potencialización de este tipo de actividades productivas propias del sector rural. Ante la problemática del crecimiento poblacional y de la escasez de oportunidades, sabemos que se encuentra también directamente vinculada la migración de la gente del campo a las grandes urbes y aun más allá de nuestras fronteras, con el propósito de encontrar fuentes de trabajo y generar recursos para su subsistencia. Los crecientes índices de desempleo en el campo y la incapacidad de encontrar medios de subsistencia para la vida campesina están conllevando a un serio deterioro en el tejido social. Durante años se propició y difundió la idea de que si se contaba en un amplio número de brazos para las actividades propias del campo, se tendrían mayores posibilidades de éxito al momento de levantar la cosecha. Ahora, observamos que aquella afirmación, en términos generales, no corresponde ya a esa realidad; por lo que las acciones y los apoyos gubernamentales que se otorguen, deberán ser empleados en la modernización de la infraestructura que el productor posea, en la adquisición de nuevos equipos que faciliten su labor y que además pueda contar con mejores plantaciones e instalaciones que hagan más rentable su propio centro de trabajo. Para propiciar esta tendencia es necesario instrumentar acciones de mediano y largo plazos, que permitan una verdadera capitalización en el campo, que generen beneficio económico para los millones de mexicanos que dependen del desarrollo rural, y para que las futuras generaciones cuenten con perspectivas más adecuadas que les motiven a ir hacia delante y aprovechar los elementos tecnológicos de la modernidad. Se tiene la certeza de que al incorporar la población rural a la dinámica del desarrollo nacional, en un escenario de mediano plazo se convertirá en un detonante de la demanda de bienes y servicios. Por ello, es del más alto interés nacional apoyar a los productores del campo, mediante aquellas acciones que hagan viable elevar sus condiciones de vida, conservar los recursos naturales y fomentar su desarrollo. Cabe señalar que de la población nacional en condiciones de pobreza, actualmente la mayor parte de ella se ubica en el campo, siendo ésta una situación que hace impostergable que la sociedad y el Estado renueven su compromiso con los grupos rurales más desprotegidos. Subsiste por ello la obligación del Estado de propugnar por que su población cuente con mayores oportunidades de desarrollo, partiendo de la premisa de que éste se encuentre en aptitud de generar mayores fuentes de empleo, aunque habrá que reconocer que no es una tarea fácil. Del universo poblacional en edad laborable, alrededor de quince millones se encuentran en las zonas rurales y a ello habría que agregar que el fenómeno migratorio que se ha citado es más frecuente en los estratos de población menor a treinta y cinco años, principalmente por la falta de oportunidades. Por todo ello es vital brindar mayores expectativas y oportunidades a nuestros connacionales ubicados en esta situación. Sabemos también que es una mínima parte de la Población Económicamente Activa, ascendiendo a una cuarta parte de ella la que se encuentra empleando su fuerza de trabajo en las actividades propias del sector rural, generando únicamente un porcentaje menor al diez por ciento de nuestro Producto Interno Bruto. Mientras que en otros países más desarrollados tecnológicamente, con tan sólo el diez por ciento de la población concentrada en producir insumos agropecuarios, se arroja una producción que equivale a poco mas de una quinta parte de dicho producto. De ahí la necesidad de impulsar a estas actividades como una condición necesaria que nos permita paulatinamente ser más eficaces y competitivos en esta importante materia de producción primaria, basándonos en una adecuada capacitación para el trabajo que arroje como consecuencia mano de obra calificada y especializada, lo cual podrá ser un mecanismo de impulso, entre otros, a las comunidades indígenas que sufren condiciones de marginación. El desarrollo rural en México no podrá resolverse sin una visión de largo plazo. El desarrollo rural en nuestro país debe orientarse siempre al alcance de futuras épocas positivas y a que se genere un balance favorable que además eleve las condiciones de vida del sector campesino y redefina el peso de estas actividades primarias en beneficio de la población y de la economía nacional. Habría que agregar el hecho de que no se está impulsando adecuadamente a la competitividad, paralelamente con el evidente advenimiento de nuevas tecnologías, lo cual nos está rezagando aún más en el contexto de competencia internacional que enfrenta la Nación, en un entorno comercial de orden global en el que los países en desarrollo tienen que importar productos alimenticios a precios inferiores a los que nosotros podemos producir. Por lo que también debemos revertir esa tendencia. Es un hecho innegable que nuestros socios comerciales de otros países otorgan también a través de diversos mecanismos una serie de apoyos a la producción de mercancías, destacando sobre todo los impactados en los productos agrícolas a los que se adicionan las campañas al consumo de sus derivados. Siguiendo este esquema, el Ejecutivo Federal está emprendiendo un conjunto de acciones en varias vertientes de carácter educativo, asistencial, económico y social, para enfrentar con responsabilidad las exigencias de la población. Al efecto, se estima indispensable promover que nuestro país cuente con una producción de granos, hortalizas, frutales, cárnicos y otro productos, que sea suficiente para satisfacer la demanda primaria de los propios productores rurales y que además permita su comercialización en el mercado nacional a precios competitivos con el exterior. Por lo que esta propuesta es consecuente con ese reclamo frecuentemente manifestado en las distintas regiones del país y que pretende, guardadas las proporciones de recursos, se aumente y potencie nuestra producción agropecuaria con la obtención adelantada de los apoyos directos derivados del PROCAMPO que se encuentran previstos en forma anual hasta el año de 2008, con lo cual los sujetos de la ley podrán disponer de mayores recursos y aplicarlos a su proyecto productivo enfocándolo con una visión a más largo plazo y a aquellos insumos que ellos mismos consideren más necesarios para el ejercicio propio de su labor. Es sabido que el PROCAMPO se encuentra ya en su octavo año de vigencia de los quince inicialmente programados. Desde la época de su puesta en marcha, en que se nos situó en el entorno de una transición económica derivada de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se tuvo como propósito que este instrumento pudiera mejorar las condiciones comerciales de nuestros productores en el marco de un libre mercado y franca competencia, permitiendo una asimilación paulatina entre las distorsiones y ventajas comparativas entre los actores involucrados de los tres países. Igualmente, se considera que la capitalización del Procampo, permitirá también a sus beneficiarios utilizar cualquier tipo de esquema legal que sea vigente y que a la vez sea planteada esta posibilidad en forma individual o partiendo de la base de cualquier tipo de figura asociativa prevista por la propia ley. La estrategia de apoyar decididamente los requerimientos del Sector Agropecuario Nacional implica la generación de múltiples proyectos productivos viables y la posibilidad de financiarlos. La presente iniciativa de Ley de Capitalización del Procampo, que someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, presenta una modalidad en la previsión de las disponibilidades del gasto público, ya que propone la posibilidad de que los beneficiarios del PROCAMPO, puedan acceder ahora, vía los mecanismos financieros que se determinen, a recursos equivalentes a los que restan de dicho programa. La capitalización de recursos que propone esta iniciativa, de merecer su aprobación, contempla la existencia de una disposición legislativa con una vigencia determinada y preestablecida al 31 de diciembre de 2008, lo cual permitirá que, en cumplimiento de un mandato legislativo, se otorguen los correspondientes montos anuales de recursos económicos que permitan su cabal y puntual aplicación. La presente propuesta se apega al principio de anualidad del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual no implica que la vida nacional tenga que nacer y terminar cada año fiscal, ya que las actividades de planeación y prospectiva se verían irracionalmente limitadas. Un sano criterio de interpretación de las disposiciones constitucionales en la materia, señala que debe existir la necesaria simetría entre los ingresos y los gastos públicos, de tal manera que las finanzas públicas nacionales encuentren la debida correspondencia entre las contribuciones que se impongan y las disponibilidades presupuestales que al efecto se aprueben para sufragar los gastos públicos. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si bien la Ley de Ingresos de la Federación es un ordenamiento legal de vigencia limitada al Ejercicio Fiscal en turno, ello no significa que las leyes fiscales que establecen las contribuciones, impuestos y derechos, por ese solo hecho deban considerarse como de vigencia anual. Por el contrario, la interpretación de nuestro máximo Tribunal sostiene con claridad que las leyes fiscales son de vigencia permanente. Es en este mismo sentido es que, en correspondencia a la simetría existente entre las disposiciones de ingreso con las de gasto, se sostiene la tesis de que efectivamente el Presupuesto de Egresos de la Federación es un ordenamiento legal de vigencia limitada única y exclusivamente al Ejercicio Fiscal en turno, pero que ello no es óbice para que existan leyes que prevean la viabilidad de programas de mediano y largo plazos, como es el caso de la presente iniciativa. Lo anterior es consistente con la actual redacción que presenta la fracción IV del Art. 74 de nuestra Ley Suprema, en donde a partir de 1977 al reformarse los artículos 65 y 74 de la propia Constitución, se modificó el concepto de "Aprobar el Presupuesto anual de gastos", para pasar al de "aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación". Posiblemente ha existido una inercia interpretativa de lo que fue durante muchos años un concepto radicalmente restrictivo del principio de anualidad del Presupuesto. Sin embargo, y no porque se trate de un mero formulismo o de la interposición de los vocablos, sino porque el mandato Constitucional así lo señala expresamente, se debe hacer hincapié en que es muy distinto hablar de la aprobación de un Presupuesto Anual, que hablar de la facultad de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. En tal virtud, la iniciativa de Ley de Capitalización del Procampo, que se somete al H. Congreso de la Unión, está basada en el mismo razonamiento, en el sentido de que aún cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación debe ser aprobado anualmente, esto no significa que las previsiones del gasto establecidas en las leyes programáticas que requieren de recursos fiscales para su cumplimiento deban agotar anualmente su vigencia. La insuficiencia de recursos económicos y financieros ha constituido por un periodo significativo la principal restricción para instrumentar estrategias y proyectos suficientes, para mantener y consolidar la modernización y el desarrollo del Sector Agropecuario y Rural mexicano. Por ello se presenta una propuesta que pretende contribuir a resolver esta problemática. Por todo lo expuesto, la presente iniciativa de Ley de Capitalización del Procampo, tiene como propósito dar certidumbre, integralidad y suficiencia a los apoyos gubernamentales dirigidos al sector rural, agroalimentario y forestal de México. Este ordenamiento permitirá a los productores conocer con precisión que los apoyos gubernamentales a través del Programa de Apoyos Directos al Campo van a estar disponibles en los próximos años y bajo qué condiciones serian elegibles para recibirlos. Sabemos todos que el Procampo, ha sido un instrumento de política agropecuaria con finalidades de apoyo para toma de decisiones de inversión que indudablemente han repercutido en beneficios para el sector rural. Con base en la experiencia institucional, derivada de los años de la vigencia del Programa, se han logrado mejoras en sus procedimientos técnicos y otros medios materiales y aún normativos conllevando a que sea éste un instrumento confiable de capitalización en el sector rural, por ello considero es viable la propuesta de elevar sus directrices esenciales y los instrumentos financieros de anticipación al rango de ley, atendiendo los requerimientos no sólo de la gente del campo, sino de la población en general que nos demanda cada vez más y mejores esquemas para la obtención y alcance de satisfactores. La Ley no solamente propiciaría un uso más apropiado de tales apoyos por parte de los beneficiarios y de los diversos actores que concurren al desarrollo de la actividad, sino que como se ha afirmado, otorgará una mayor certidumbre al negocio agroalimentario y una mayor capacidad de negociación a los productores primarios. Por otra parte, este ordenamiento hará explícitas las políticas de fomento que son requeridas para otorgar ciertos apoyos a los productores agropecuarios al asegurar un flujo de recursos a !os productores y facilitará la negociación de ellos y su aplicación eficaz a proyectos de inversión. Dadas las finalidades del sector, cuyas actividades son prioritarias para el desarrollo nacional, el hecho de proporcionar una señal normativa coadyuvará en el logro adecuado de asociar en tiempo y espacio los recursos necesarios para emprender los proyectos que el sector rural requiere para la transformación agropecuaria e integral que en las diversas regiones debemos darnos los mexicanos; por lo que sin modificar las bases previstas para el Procampo, ni su destino presupuestal expresado en términos constantes, nos proporciona las bases para conjuntar esfuerzos en beneficio del sector. La permanencia de las políticas de fomento y de los instrumentos de apoyo en el mediano y largo plazos es fundamental para permitir la emergencia de un moderno sector agroalimentario, que requiere de una transformación radical de sus formas de producción y organización, de su tecnología, de su infraestructura y de su capital humano, además de una más equilibrada relación con el resto de la economía de la sociedad. Dicha transformación requiere necesariamente de un periodo que brinde seguridad y que contribuya a madurar la cultura de la capitalización de la reconversión productiva en la actividad agroalimentaria. En el ordenamiento propuesto, se incorporan previsiones que hacen flexible su manejo para cumplir con el resto de las prioridades en materia inflacionaria, cambiaría, de equilibrio presupuestal, de desarrollo industrial y de desarrollo urbano, que han tenido un gran peso en las decisiones gubernamentales y, que junto a la excesiva centralización de las decisiones, han marginado al campo de los beneficios de las políticas públicas de impulso y modernización. Es por ello imprescindible restituirle al campo los apoyos que conduzcan a un desarrollo integral y le den gran dinamismo. La importancia del desarrollo del sector rural como eje de las economías regionales, como proveedor de alimentos de una población creciente, como componente básico de múltiples cadenas agroindustriales, y como generador de bienes exportables, debe ser considerada en su real dimensión. También debe serlo la ineludible necesidad de establecer condiciones de digna subsistencia a la población rural, contribuyendo al incremento de sus percepciones económicas y en general en el mejoramiento de sus condiciones de vida. En esa virtud, el Ejecutivo Federal a mi cargo, al someter a la elevada consideración del Honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa de Ley de Capitalización del Procampo, lo hace partiendo de la base de que el orden jurídico debe mantener permanentemente abiertos los caminos de la justicia social, postulado fundamental inmerso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del articulo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de "LEY DE CAPITALIZACION DEL PROCAMPO TITULO PRIMERO Objeto y Aplicación de la Ley Capítulo Unico Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto fomentar las labores productivas agrícolas, ganaderas, piscícolas, acuícolas, forestales y silvícolas, englobando a estas como actividades de producción rural previstas dentro del Programa de Apoyos Directos al Campo, en lo sucesivo Procampo, a la vez que las reconoce como eje de las economías regionales para coadyuvar al desarrollo rural del país. Sus disposiciones son de interés público. Para alcanzar el cumplimiento de ese propósito, tomando como base los derechos derivados de la tenencia de la tierra y el directorio de beneficiarios del Procampo, se concede a estos sujetos la posibilidad de acceder al sistema de pago adelantado de sus apoyos directos, que podrán ser otorgados al productor para la realización de sus proyectos productivos. Artículo 2. En el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en lo sucesivo "la Secretaría", con la participación de otras dependencias y entidades participantes en el Sector, podrá coordinar, concertar e inducir diversos mecanismos que permitan identificar los incentivos más acordes para alcanzar la capitalización de los beneficiarios del Procampo, escuchando las propuestas de las entidades federativas y de los propios productores dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Artículo 3. El establecimiento del pago adelantado del Procampo, es un apoyo que se instituye para impulsar el desarrollo nacional, como parte de un proceso de transformación social y económica que conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades de producción rural. Dicho apoyo estará disponible a partir de la entrada en vigor de esta Ley y permitirá que los productores rurales lo conozcan con precisión, a la vez que se encuentren en posibilidad de satisfacer las condiciones y requisitos que deberán cumplir para ser elegibles y poder recibirlo oportunamente. Artículo 4. El Estado impulsará la organización de los productores y las formas de asociación económica determinadas en las leyes vigentes, a fin de propiciar con ello una mejor vinculación de las actividades de producción rural con los otros agentes de la cadena agroalimentaria y el consumidor final, así como del resto de la economía. Artículo 5. Las acciones del Estado, encabezadas por la Secretaría, en los sectores recurrentes de actividades de producción rural, tendrán el tratamiento que se establece en la presente ley y les serán aplicables los criterios de equidad social, integralidad y sustentabilidad y podrán concurrir a su realización los sectores público, social y privado, mediante diversos mecanismos de cooperación. Los compromisos y responsabilidades del Gobierno Federal frente a los particulares y frente a los otros órdenes del gobierno, quedarán establecidos en los programas sectoriales y regionales que sean aplicables. Dichos compromisos y responsabilidades se atenderán en los términos de las disponibilidades presupuestarias y sin menoscabo de otras actividades prioritarias a cargo del propio Gobierno Federal, en atención a las disposiciones jurídicas vigentes. Artículo 6. Para impulsar el desarrollo rural en los términos que dispone esta Ley, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante el apoyo directo a los productores del campo, con la finalidad de que éstos puedan realizar las inversiones necesarias para incrementar la productividad de sus unidades de producción y, por esta vía, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad. Artículo 7. La Secretaría con objeto de dar cabal cumplimiento a los objetivos y propósitos previstos en el Procampo, buscará instrumentar diversas formulas para que los productores estén en condiciones de recibir por adelantado los beneficios que asegura el Programa hasta su terminación. La Secretaría a través de su órgano administrativo desconcentrado, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, "ASERCA", estará facultada para apoyar y coordinar a los productores en sus gestiones financieras y en la definición de sus proyectos de capitalización, utilizando para ello figuras legales que estén a su disposición. TITULO SEGUNDO De la Federalización y Descentralización. Capítulo Unico Artículo 8. La aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley y que correspondan a !as entidades federativas, se coordinará por las dependencias encargadas del fomento de las actividades de producción rural en cada estado de la República, en el marco de la federalización de la gestión pública y basándose en los acuerdos de coordinación suscritos dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, podrán constituir instancias que permitan la participación de los agentes productivos locales, en la identificación de prioridades, programas y acciones de alcance regional. Artículo 9. En esta Ley se prevé la posibilidad de que se presente la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, en atención a sus propios marcos normativos, como condición que permita estar en aptitud de cumplir con los postulados que la misma busca alcanzar y bajo la premisa de que en los diversos acuerdos de voluntades que sean suscritos, se puedan alcanzar los siguientes objetivos: I. Promover el bienestar social y económico de los trabajadores del campo, de sus comunidades, y, en general, de la población rural, mediante la generación de empleo en el medio rural, así como el incremento del ingreso y la diversificación del empleo; II. Combatir el desequilibrio económico regional, a través de la atención diferenciada a las regiones, mediante acciones que impulsen la transformación y la reconversión productiva y económica de dichas regiones con un enfoque productivo sustentable; III Contribuir a la seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso del desarrollo rural, y IV. En su caso, complementar las disponibilidades de recursos económicos, necesarias en cada ciclo agrícola, a la vez que en este supuesto reforzarán la certidumbre jurídica y económica del productor beneficiario. Artículo 10. De conformidad a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Sectorial se definirán los criterios de federalización y descentralización que normarán la corresponsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno, en lo referente a la ejecución de las acciones vinculadas al fomento del desarrollo rural integral y constituirán el marco de referencia para la orientación regional del sector y la aplicación de los recursos presupuestales derivados del Procampo. Articulo 11. La Secretaría promoverá un marco normativo general para el fomento y desarrollo sustentable del sector rural con el objeto de dar integralidad a la política de desarrollo correspondiente; las propuestas emanadas de las dependencias y entidades paraestatales de los estados y municipios serán invariablemente consideradas en su conformación. Artículo 12. La constitución de los foros de participación de los agentes productivos estatales que promuevan las dependencias encargadas del fomento de las actividades de producción rural de cada estado, deberá ser representativa de la composición productiva, económica y social del Sector. Así mismo, la Secretaría en coordinación con dichas dependencias, dentro del marco del fortalecimiento al federalismo y la descentralización de la gestión pública, promoverá la participación de los productores y los municipios en el foro de análisis y decisiones en la materia. TITULO TERCERO Del Fomento a la Producción y a la Transformación Capítulo I Del Fomento al Desarrollo Rural Artículo 13. El Gobierno Federal, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales, a los municipios y a los propios productores, impulsará las actividades de producción rural, su transformación, industrialización y comercialización. Artículo 14. La Secretaría apoyará a los productores con los recursos económicos derivados del Procampo, en los términos de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio fiscal, así como para implantar nuevas tecnologías que las hagan más eficientes, competitivas y sustentables. Artículo 15. De conformidad con las disposiciones de esta Ley y a través de las correspondientes disponibilidades presupuestarias para cada ejercicio fiscal, el Gobierno Federal otorgará a los productores del campo apoyos debidamente definidos en una previsión de mediano plazo, que no será inferior a la vigencia del Procampo. Artículo 16. El titular del Ejecutivo Federal al enviar al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada uno de IGS ejercicios fiscales en que se encuentre en vigor el presente ordenamiento, establecerá las previsiones de recursos y disponibilidades presupuestales que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. Artículo 17. La Cámara de Diputados, durante la vigencia de la presente Ley proveerá en los correspondientes decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación, partidas y disponibilidades presupuestales para el Procampo. Los incrementos correspondientes a dichas partidas y disponibilidades presupuestales podrán considerar el Índice Nacional de Precios al Consumidor como referente económico fidedigno para el año de que se trate. Artículo 18. La proyección a mediano plazo de los recursos correspondientes, perseguirá los siguientes propósitos: I. Que los productores estén en posibilidad de recibir por anticipado los recursos previstos en los años restantes de vigencia del Procampo, para capitalizar sus unidades de producción y poder desarrollar sus proyectos y acciones de modernización, y II. Proporcionar a los productores certidumbre de que recibirán los apoyos que les garanticen implementar los proyectos productivos que permitan entre otras cosas, una mayor capacidad de negociación al enfrentar los compromisos mercantiles y aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y tratados internacionales sobre la materia. Artículo 19. Los apoyos que se otorguen deberán orientarse para: I. Modernizar la infraestructura del productor y sus equipos; II. El establecimiento de convenios entre industriales y productores primarios; III. La constitución de empresas de carácter colectivo y familiar; IV. La asociación de productores mediante la figura jurídica que más convenga a sus intereses, siempre que se sitúe en el marco legal vigente, y V. La adopción de tecnologías ahorradoras de energía y ecológicas. Artículo 20. Las previsiones de recursos y disponibilidades presupuestales para un ejercicio y las proyectadas en un horizonte de mediano plazo, promoverán la producción de bienes y servicios que contribuyan a fortalecer la producción interna y la balanza comercial agroalimentaria, las adecuaciones estructurales a las cadenas productivas, el acceso a alimentos con menor precio y la reducción de las condiciones de desigualdad entre los productores, así como los mecanismos que permitan lograr su competitividad en el entorno de la globalización económica. Capítulo II De los Apoyos al Campo a Mediano Plazo Artículo 21. Para los efectos de la presente Ley, se continuarán aplicando todas y cada una de las disposiciones del Decreto de creación del Procampo, publicado en el Diario Oficial del 25 de julio de 1994, así como sus modificaciones y adecuaciones correspondientes. Los apoyos directos a los productores rurales a que se refiere dicho Decreto, se otorgarán para mejorar las condiciones de vida de la población rural y responde! a los desequilibrios del mercado internacional. Artículo 22. Mediante la presente Ley se apoyará a los productores, a través de proyectos productivos financiera y técnicamente viables, a fin de favorecer que cada terreno produzca aquello para lo que tiene aptitud natural y se desplegará una política de fomento al desarrollo rural que les permita tomar las decisiones de producción que mejor convengan a sus intereses. De conformidad con las disposiciones de la presente Ley, se establece la modalidad para anticipar en los primeros meses del año y hasta antes de iniciar el respectivo ciclo agrícola, el pago de los apoyos correspondientes y la posibilidad de otorgar otros adelantos económicos de mediano plazo, cumpliendo los requisitos que en este ordenamiento se señalan. Artículo 23. Los beneficiarios del Procampo podrán obtener simultáneamente recursos de otros programas, previo cumplimiento de la normatividad que al efecto expida la Secretaría, o bien, de la dependencia estatal que corresponda en el supuesto de que algún gobierno local los establezca. Artículo 24. Los productores que deseen incorporarse a éste esquema, para estar en aptitud de disponer anticipadamente de los recursos del programa de mediano plazo, deberán cumplir con los siguientes requisitos: I. Acreditar que sus predios estén vigentes para que les sean otorgados los derechos del Procampo; II. Presentar solicitud donde manifiesten acogerse a este mecanismo de financiamiento, señalando los ciclos agrícolas para los cuales se requiere, lo cual se calificará en atención a su proyecto; III. Anexar él o los proyectos que pretenden realizar con dichos apoyos, comprometiéndose a materializarlos en un plazo determinado y que deberán destinarse a algunos de los siguientes rubros: a) Tecnificación del riego, b) Reparación o adquisición de equipo, c) Adquisición de material vegetativo mejorado, d) Cultivos bajo condiciones climáticas controladas, e) Reconversión de cultivos o desarrollo de plantaciones y f) Otros que el productor proponga y que cumplan con lo previsto en esta Ley; IV. Presentar para personas físicas, copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, la Clave Unica de Registro de Población (CURP) u otra identificación oficial con fotografía y firma o huella digital; para productores personas morales, copia de su Cédula de Identificación Fiscal por conducto de su representante debidamente acreditado, y V. Comprobar estar en uso pleno de los derechos del predio base del apoyo. Adicionalmente, los proyectos coadyuvarán a la inscripción de sus predios en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos al igual que a la regularización de concesiones de aguas subterráneas. Artículo 25. Los demás beneficiarios del Procampo que deseen mantenerse conforme a lo establecido por el Decreto correspondiente y sus normas de operación seguirán recibiendo los apoyos de conformidad a sus previsiones naturales. Artículo 26. La Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones, deberá promover que los apoyos que se otorguen a los productores les permitan operar bajo las directrices siguientes: I. Certidumbre de su temporalidad al fijar en esta Ley la vigencia del programa y la posibilidad de solicitar por adelantado los recursos previstos en él; II. Precisión en cuanto a su naturaleza generalizada o diferenciada por tipo de productor, ubicación geográfica y nivel socioeconómico del beneficiario; III. Transparencia mediante la difusión de las reglas para su acceso y la publicación de los montos y el tipo de apoyo por beneficiario; IV. Responsabilidad de los productores, respecto a la utilización de los apoyos, y V. Posibilidad de evaluarlos para medir su eficiencia y administración, conforme a las reglas previstas. Artículo 27. Los productores beneficiarios de los apoyos directos derivados del Procampo, con el apoyo de ASERCA, podrán destinar los recursos correspondientes para que éstos sirvan como fuente de pago o bien como garantía de proyectos a desarrollar por los propios productores o mediante las figuras asociativas que se consideren pertinentes. Artículo 28. La Secretaría con sujeción a las disposiciones establecidas en la presente Ley, emitirá la normatividad operativa para otorgar los anticipos de mediano plazo a que se refiere este Capítulo y aplicará e interpretará para efectos administrativos lo establecido en este ordenamiento. Articulo 29. La operación, administración y control de la modalidad de anticipos de mediano plazo será normada por la Secretaría y se ejecutará conforme a los criterios de federalización y descentralización señalados en la presente Ley. Con tal propósito, la Secretaria establecerá los mecanismos de seguimiento y control sobre los recursos que en su caso se otorguen, y verificará su correcta aplicación en los proyectos aprobados. Artículo 30. La Secretaría resolverá las inconformidades que presenten los productores en la aplicación de la modalidad de anticipos de mediano y largo plazo previstos por esta Ley. TRANSITORIOS Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y sus beneficios serán aplicables a partir del 1° de enero de 2002, para lo cual se tomarán las previsiones administrativas necesarias. Segundo. El presente ordenamiento concluirá su vigencia el 31 de diciembre del año 2008. Tercero. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la entrada en vigor de esta Ley, promoverá las acciones de fomento a la capitalización rural y la instrumentación de los mecanismos financieros que se requieran para el cumplimiento de sus disposiciones." Reitero a Usted, ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. Palacio Nacional a 10 de abril de 2001 El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------