El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Con su venia, compañero presidente. Diputadas, diputados, en mi calidad de presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta legislatura presento ante ustedes el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentados por la ciudadana presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para someter a su consideración. Este dictamen se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política de la República, el cual establece claramente que los recursos económicos de que disponga la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Enfatizamos la pertinencia jurídica y técnica de los elementos claves contenidos en esta reforma, mismos que fortalecen sustancialmente los mecanismos de transparencia de la contratación pública. Dicha iniciativa representa un avance significativo en materia de transparencia, eficiencia y competitividad del gasto público, alineándose plenamente con los objetivos que han sido señalados en el Plan Nacional de Desarrollo. En primer término, quiero referirme a la plataforma digital de contrataciones públicas. Esta propuesta no solamente es una herramienta innovadora que materializa los principios de transparencia y publicidad contenidos en nuestra Carta Magna, sino que además va a garantizar el acceso inmediato, imparcial y eficiente de la información, permitiendo en tiempo real la fiscalización oportuna del ejercicio de los recursos públicos por parte de toda la ciudadanía, organizaciones sociales e interesados en la materia. También contempla la figura de la oferta subsecuente de descuento, incorporada en esta propuesta que promueve un entorno competitivo, sano y eficiente en los procesos de contratación. Esta modalidad permitirá alcanzar mejores condiciones económicas para el Estado, facilitando economías y ahorros significativos en beneficio del interés público, sin descuidar en ningún momento la calidad y la viabilidad técnica de las obras y servicios contratados. En adición a las figuras mencionadas, se establece la figura de los diálogos estratégicos, que representan un procedimiento innovador innecesario. A través de estos diálogos el Estado podrá identificar claramente las necesidades reales del mercado y ajustar los procesos licitatorios para incentivar la participación efectiva del aprovechamiento pleno de la capacidad técnica y financiera del sector privado. La inclusión explícita de la investigación de mercado fortalece también jurídicamente los procedimientos de licitación. La reforma establece una metodología clara y rigurosa que asegura que la contratación pública responda siempre a condiciones reales de mercado, evitando los sobrecostos injustificados y garantizando eficiencia y racionalidad en el ejercicio del gasto público. Destaco también, la importancia de la figura del testigo social, cuya intervención obligatoria en determinados procedimientos constituye un mecanismo eficaz y probado para prevenir actos de corrupción y aumentar la confianza social en los procesos de contratación de obra pública. La ampliación y fortalecimiento de esta figura son congruentes con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en términos de transparencia y rendición de cuentas. Otro aspecto muy importante en materia de adjudicación directa es que se plantea en este dictamen reducir del 30 % al 20 % el monto de contratar bajo esta figura jurídica, ello con la finalidad de disminuir el margen de discrecionalidad de las dependencias y entidades, para llevar a cabo los procesos de contratación a través de excepciones a la licitación pública. Por tanto, la iniciativa establece con claridad legal y precisión técnica los criterios para la aplicación excepcional de la figura de adjudicación directa, garantizando así la seguridad jurídica y evitando posibles discrecionalidades que pudieran derivar en actos de irregularidades y de corrupción. Todas estas innovaciones que utilizan las tecnologías y cierran la puerta a la corrupción, aseguran la certeza jurídica y la transparencia en la contratación pública. En suma, compañeras y compañeros, esta propuesta de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados es congruente con la transparencia, el combate a la corrupción, el fortalecimiento institucional y la eficiencia administrativa para impulsar el desarrollo integral y sostenible del país. Por las razones jurídicas y técnicas expuestas, solicitamos respetuosamente a todas las fuerzas políticas aquí representadas, aprobar este dictamen que constituye un paso decisivo para fortalecer la integralidad y eficiencia del sistema nacional de contratación pública en beneficio de las y los mexicanos. Es cuanto, presidente. Compañeras y compañeros diputados.