El diputado Sergio López Sánchez: Con su venia, diputado presidente. Las reformas estructurales que promueve e instrumenta el presidente Peña Nieto, son la continuidad de un proyecto económico fallido que se inició desde la década de los 80 y que ha mostrado serias dificultades para corregir los grandes desequilibrios estructurales que tiene nuestra economía. La reforma hacendaria presenta problemas serios en términos de equidad distributiva, ya que capta recursos fiscales crecientes de los contribuyentes pero son gastados ineficientemente y en forma muy poco transparente. La mayoría de estos recursos fiscales tienen un destino improductivo al destinarse crecientemente a gasto corriente en lugar de ser invertidos en áreas estratégicas en beneficio del país. Uno de los principales argumentos de la reforma hacendaria fue el ampliar el déficit con el objetivo de instrumentar una política de gasto contracíclico para incentivar la inversión y el crecimiento de la economía; sin embargo, las cifras son contundentes, en 2016 el crecimiento será de 2.1 por ciento y el promedio del crecimiento de la economía de los últimos 30 años es de sólo 2.4 por ciento. México seguirá imposibilitado de crecer si sigue con esta política fiscal tan restrictiva en el gasto y con la gran limitación de no poder aumentar la presión fiscal por el acuerdo de certidumbre tributaria. Esto da lugar a un régimen de excepción que implica una renuncia a la recaudación tributaria. Por lo tanto, tiene un importante costo, ya que la hacienda pública deja de captar importantes niveles de tributación de diferentes impuestos. Por otro lado, de acuerdo con información del propio Ejecutivo, contenida en los criterios generales de política económica para 2017, la deuda pública neta pasó de representar un 37.7 por ciento del producto interno bruto en 2012, hasta un 50.5 por ciento estimado para 2016, lo que significa un incremento de 12.8 puntos porcentuales del producto interno bruto en solo cuatro años. Sin embargo, si nos referimos exclusivamente a la deuda del sector público presupuestario, la que se incluye en la cuenta pública, el crecimiento fue aún mayor al pasar de 34.3 por ciento en 2012, a una proporción de 48.5 por ciento en 2016, con un aumento de 14.2 puntos porcentuales del PIB en los primeros cuatro años de la actual administración. La justificación del Ejecutivo era la supuesta productividad de los proyectos de inversión en las empresas productivas del Estado. Con esta situación, a pesar de que el déficit debió reducirse tal y como lo comprometió el propio Ejecutivo a un 3 por ciento, se mantuvo el mismo nivel del 3.5 por ciento del 2013 y 2014, situación que se volvió a presentar de manera abusiva para este año. Con ello el panorama suena peligroso, pues contrario a lo que se ha anunciado no se vislumbra una intención por detener el gran crecimiento de la deuda pública, lo anterior a fin de que se cumpla de verdad lo establecido por otros ordenamientos, entre ellos lo establecido por el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por todas estas consideraciones, proponemos una modificación al artículo 29 del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2017, con el fin de transparentar y evaluar los gastos fiscales y suprimir del artículo 1o. del mismo dictamen el párrafo séptimo, que menciona que para el gasto de inversión del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado no será contabilizado hasta por un monto equivalente a 2.5 por ciento del PIB correspondiente a Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad e inversiones de alto impacto del gobierno federal en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Es cuanto, diputado presidente.