El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Son dos iniciativas: la primera tiene una importancia constitucional indudable. Voy a relatarles brevemente, en 1 minuto y medio, 2 minutos, la historia de la primera iniciativa, que tiene que ver con el control constitucional a las reformas constitucionales. En pocas palabras, la pregunta que se hace esta iniciativa es, ¿si una reforma a la Constitución puede ser inconstitucional y si existe algún mecanismo para controlar las reformas a la Constitución? Este debate ha provocado en la Suprema Corte, desde los años 90, una gran discusión. Hay dos famosos amparos que se conocen como Amparos Camacho, los amparos promovidos por Manuel Camacho Solís en contra de la reforma constitucional electoral de 1996, en donde la Corte estimó que una reforma a la Constitución sí podía ser inconstitucional por violar el procedimiento del artículo 135 de la Constitución. Posteriormente, en otras controversias constitucionales, con motivo de la reforma indígena de 2001, la controversia 48 y 82 del 2001, la Corte dijo que por ningún motivo una reforma a la Constitución podía ser inconstitucional ni por violaciones al procedimiento ni por violaciones a la materia o a la sustancia de la reforma. Esta discusión continuó y en un amparo en revisión muy importante, el amparo 186-2008 la Corte volvió a aceptar como en los amparos Camacho, que una reforma a la Constitución sí podía ser inconstitucional si se violaba el procedimiento del artículo 135 de la Constitución. Pero en dos últimos amparos, el amparo 519 del 2008 y el amparo 2021 de 2009, amparos que tuvieron que ver, amparos en revisión con la reforma electoral constitucional del 2007, ahí la Corte canceló totalmente la posibilidad de que una reforma a la Constitución pueda ser inconstitucional por violación al procedimiento del 135 o por violación al núcleo básico de la Constitución. Este asunto no solamente es mexicano. Es un asunto que se ha tratado en tribunales constitucionales europeos y americanos, cortes supremas de todo el mundo, y puedo decirles por ejemplo en Alemania se admite que una reforma a la Constitución puede ser inconstitucional por violaciones al procedimiento o por violación a lo que se llama en Alemania clausulas de intangibilidad o decisiones políticas fundamentales. Y en Colombia, en América Latina, una reforma a la Constitución puede ser inconstitucional. ¿Qué estoy proponiendo en esta iniciativa? Que a través del juicio de amparo o de las controversias constitucionales o de las acciones de inconstitucionalidad se impugnen reformas a la Constitución que violen el procedimiento del 135 constitucional o que viole los principios de soberanía, de división de poderes, de federalismo, de forma de gobierno, de autonomía municipal o los derechos fundamentales. En esos casos el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales podrían ser procedentes para impugnar reformas a la Constitución. La finalidad de esta iniciativa es que ninguna norma quede fuera del control de la constitucionalidad, que exista plena defensa a la Constitución en el derecho mexicano. Ésa es la primera iniciativa. En los segundos que me quedan comento la segunda iniciativa. Tiene que ver con la vacatio legis que está prevista en los artículos 3 y 4 del Código Civil Federal. Ahí hay una serie de problemas; hay por ejemplo en el método que se llama, o sistema sucesivo, reformas que podrían entrar en vigor a los tres días en el Distrito Federal y que entran en vigor en Tijuana dos meses después, o posibilidad en el artículo 4º para que una reforma que se publica el mismo día entre en vigor ese día, con lo que se causan o se pueden afectar derechos a terceros o a sectores sociales, como ocurrió recientemente con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas u otro problema cuando se establece una vacatio legis hasta de ocho años, como ocurrió en la reforma penal aprobada en 2008. Lo que proponemos es que estas reglas se ajusten y que, por ejemplo, en el sistema sucesivo todas las reformas, cuando no se indique cuándo entran en vigor, entren 10 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación en todo el territorio de la república, para evitar que el mismo día que una reforma se publique entre en vigor, para evitar abusos como lo que ocurrió con Luz y Fuerza del Centro, y para evitar también que haya plazos tan largos de vacatio legis de hasta ocho años; establecer una vacatio legis máxima de un año. En eso consiste esta segunda iniciativa. Por su atención, espero su apoyo compañeras diputadas, compañeros diputados, y le solicito al presidente que se integren ambos textos íntegros, que se incluyan íntegros en el Diario de los Debates. Muchas gracias.