EL DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Muchas gracias ciudadano Presidente. Amigas y amigos diputados: La cadena de agresiones físicas y hostigamiento psicológico en contra de los defensores de los derechos humanos es resultado de la impunidad que a lo largo de años ha existido en México, La alternancia de partidos políticos en el ejercicio del poder público en el ámbito federal no ha sido obstáculo para que los enemigos de los derechos humanos realicen atentados contra la dignidad y la vida de las personas. Esto es algo que debe preocuparnos ya que es el reflejo de que grupos o individuos que realizan este tipo de actos poco les interesa el desarrollo y la consolidación de las instituciones democráticas. Cuando las agresiones a los defensores de los derechos humanos son contra atacadas de manera ineficiente, no se podrá llegar muy lejos en cuanto a que estos derechos sean efectivamente respetados. No proteger la integridad física y psicológica de los defensores de estos derechos es sin duda avanzar en sentido contrario a lo que recientemente hemos conseguido en nuestro país. No sirve de mucho generar una conciencia de que los derechos humanos deben ser protegidos, sino además, si no se crea un marco legal que genere las condiciones necesarias para que estos derechos sean respetados en la realidad y no sólo expresiones de buena voluntad, ya que ante esto la corrupción es la que prevalece. Cuando un Estado se compromete a combatir la corrupción y la impunidad que generan los violadores de derechos humanos, debe proteger también la integridad física y moral de los defensores de éstos mismos. La delincuencia organizada, mediante su sistema de justicia alterno y el uso de la violencia, da a la sociedad el aviso de que todo aquel que ponga en peligro sus intereses, sea quien sea, será intimidado mediante una violencia que en el mayor de los casos, y dependiendo de los intereses que son afectados, puede ser cruelmente manifestada. Las precarias condiciones con las que realizan sus actividades los defensores de derechos humanos, provocan vulnerabilidad en su persona, lo cual los hace constantemente víctimas de autoridades municipales, estatales, pero lamentablemente y sobre todo, de grupos organizados que desean intimidar a los ciudadanos. Por lo anterior, la defensa de los derechos humanos implica fortalecer el estado de derecho y la soberanía nacional. Cuando en el ámbito nacional se eliminan con violencia exacerbada a los defensores de las libertades inalienables y básicas del ser humano, ¿cómo podrá ser posible asumir una postura de defensa internacional de estos mismos valores?, a fin de cuentas, cuando el asesinato se convierte en advertencia, éste acto se comete no sólo contra la sociedad en su conjunto, sino contra el Estado y contra la gobernabilidad del país. A este asesinato debemos añadir también las amenazas contra seis luchadores sociales, luchadores en pro de los derechos humanos y esto está generando un ambiente de dificultad que si no buscamos calmarlo, el país corre riesgos de entrar en una situación poco aconsejable. Por último, amigas y amigos diputados, para el Partido Alianza Social esclarecer este artero atentado así como el origen de las amenazas, es una cuestión que está en el primer punto de la agenda nacional, porque también de esto depende que nuestra normalidad democrática se siga consolidando. Nos pronunciamos a favor de los planteamientos que se han hecho y por tanto estamos a favor de los puntos de acuerdo presentados. Muchas gracias.