El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Antes que nada, quiero agradecer a las y los integrantes de la Comisión de Justicia, desde luego a la diputada presidenta de la comisión, María del Pilar Ortega, por haber aprobado en comisión esta iniciativa que presenté. Reconocer la amplia labor y rendimiento legislativo de esa comisión y el respaldo que nos han dado para ser aprobada. Derivado de la reforma constitucional de 2014, en materia político electoral, por el que la Procuraduría General de la República dejó de estar al servicio del Ejecutivo federal y se creó un organismo autónomo, con carácter constitucional y que desde entonces forma parte de los pesos y contrapesos de los Estados democráticos de derecho. El organismo del que les hablo es la Fiscalía General de la República. Esta reforma constitucional, en cuanto a la forma, cambió la denominación de procuraduría por Fiscalía, pero en el fondo conllevó la creación de un organismo constitucional autónomo que tiene por objeto fortalecer la distribución del poder público y, en especial, impulsar la investigación y persecución de los delitos, pues el espíritu de la Fiscalía es el de conducirse con imparcialidad, objetividad y ejemplaridad. Por muchos años, los juristas mexicanos debatieron y criticaron a la entonces procuraduría, ya que no formaba parte del Poder Judicial y era utilizada por el Ejecutivo para persecuciones políticas, por lo que llevaron al centro del debate la especialización, autonomía de investigación e independencia de un organismo autónomo, separado del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que tuviera la profesionalización de la investigación y persecución de los delitos en materia federal. La crítica de la academia, de los especialistas en la ciencia del derecho y de la propia experiencia nacional, obligaron a realizar un cambio sustancial, a dejar un sistema de persecución de los delitos en manos del Ejecutivo y llevar esas funciones a un organismo con capacidad técnica, de gestión y autónomo en sus decisiones para la persecución de los delitos. Esta reforma, además, provocó la construcción de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que contiene, entre otras cosas, sus fiscalías especializadas y la autonomía e independencia de sus actos, además, contiene el proceso de participación de los otros poderes en la designación del fiscal general de la República y sus atribuciones. Sin embargo, diversas leyes aún hacen referencia a la extinta denominación de procuraduría, aun cuando formalmente dejó de ser parte integrante del Ejecutivo federal, y para que la Fiscalía tenga efectos plenos, debemos modificar la redacción que constituyen nuestras leyes. Es por ello que con el fin de armonizar nuestras leyes reglamentarias, el pasado 22 de octubre de 2020 presenté la iniciativa que reforma diversas leyes, a fin de homologar el lenguaje normativo de acuerdo con el término que la propia Constitución le otorga al órgano constitucional autónomo. Fruto de dicha iniciativa, es la discusión del presente dictamen de la Comisión de Justicia por el que se reforman diversas disposiciones de las Leyes de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; del Registro Público Vehicular y; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, esto tiene por objeto armonizar nuestro sistema jurídico. En especial, este dictamen permitirá que otros cuerpos normativos dejen de hacer referencia a la extinta Procuraduría y hagan referencia al órgano constitucional autónomo, ahora denominado Fiscalía General de la República. Es por ello, que solicito su apoyo en la aprobación del presente dictamen. Por su amable atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.