El diputado Armando Luna Canales: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La propuesta que hoy presento ante ustedes, busca incluir dentro de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un mecanismo claro y sencillo para que el cobro del crédito de la vivienda de un trabajador víctima del delito de desaparición forzada se suspenda temporalmente hasta que no se sepa su paradero. Con esta iniciativa buscamos reforzar nuestro ordenamiento jurídico, a fin de atender de manera integral las consecuencias derivadas de la desaparición forzada de una persona y asegurar a las víctimas y familiares condiciones más justas e igualitarias de vida. Recordemos que el pasado 12 de octubre de 2017 aprobamos una de las reformas más importantes, quizás la más importante de toda la legislatura, la hoy vigente Ley General en materia de desaparición de personas. Una ley que se forjó sobre el dolor y el trabajo de miles de familias de personas desaparecidas. Se elaboró con el apoyo y la asesoría de distintas instancias internacionales, misma que contó también con el decidido apoyo de todas las instancias nacionales. Como se comentó en aquél entonces, la ley general fue solo el primer paso para dar respuesta y hacer justicia. La iniciativa que hoy se presenta da continuidad al compromiso pactado ese día, dotando de más sentido y forma al contenido de la ley en materia de desapariciones. Una de las más valiosas herramientas que prevé la nueva legislación, es la Declaración Especial de Ausencia, mediante ella se crea la figura jurídica de la persona desparecida con efectos de orden civil que permiten la garantía de los derechos, tanto de las personas que están en situación de desaparición, como de sus familiares y beneficiarios. Dentro de esos derechos se establece que mediante esta declaración, se permitirá a los beneficiarios de un régimen de seguridad social, derivado de una relación de trabajo, seguir gozando de todos los beneficios aplicables a este régimen. Como sabemos, los créditos de vivienda contemplados en la legislación, pertenecientes tanto al Infonavit como al Fovissste, son una de las prerrogativas de las que gozan los trabajadores una vez que cumplen con determinados requisitos. La lógica del funcionamiento de estos créditos es que serán liquidados paulatinamente conforme se generen los pagos. Es a través de este mecanismo de descuento posterior que se cumple con el pago del crédito contratado. El caso de una persona trabajadora que ha obtenido un crédito de vivienda y desgraciadamente resulta ser víctima del delito de desaparición, se sujeta a una situación especial que pone en riesgo no sólo su relación laboral, sino todos los derechos que de ella derivan como es el caso del pago del crédito hipotecario por su vivienda. La Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas ha venido a establecer un piso mínimo para que todas las autoridades de los diversos órdenes de gobierno deben respetar, y uno de ellos es la garantía a los derechos laborales y sus prerrogativas mediante la figura de la declaración especial de ausencia. La ley general también nos obliga, de acuerdo con sus transitorios, a adecuar toda la legislación a modo de que hagamos un efectivo cumplimiento de la ley. Por este motivo, la iniciativa que hoy presentamos desarrolla el contenido de la ley general reglamentando el derecho a los créditos de vivienda. Concretamente proponemos reformas al párrafo primero del artículo 182 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al párrafo primero del artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, para indicar en ambos casos que tratándose de créditos de vivienda, cuando se trate de una persona víctima de desaparición forzada, una vez solicitado el procedimiento de declaración especial de ausencia, se suspenda el cobro del crédito hasta no saber el paradero de la persona. Con esta propuesta aseguramos los derechos del trabajador, abonamos a una mejor calidad de vida para las familias de las víctimas del delito de desaparición, armonizamos nuestra legislación sin duda y cumplimos con el mandato al que nos instruye la Ley General en materia de Desaparición Forzada. Con este camino avanzamos en una ruta para llevar justicia a miles de familias de víctimas de desaparición. Es cuando, diputada presidenta.