La diputada Rosa María González Azcárraga: Como todo acto humano la migración es un fenómeno complejo. Diseñar leyes y políticas públicas que permitan la movilidad ordenada y segura para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, no solo se tienen que tomar en cuenta para desplazarse, sean entre otras, laborales, climáticas o de refugio, también es de vital importancia tener en cuenta que las poblaciones tienen distintos grados de vulnerabilidad, por lo que es necesario también garantizar su protección. Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2020 había en nuestro país 1.2 millones de migrantes internacionales, el 0.9 por ciento de la población. De ese stock, el 49.8 por ciento eran mujeres, el 60.7 por menores de 19 años y el 4.5 por ciento mayores de 65 años. Lo anterior, sin contar particularidades como las capacidades de movilidad o la identificación de género. Atender poblaciones tan diversas obliga a distinguir problemáticas. La migración femenina ha crecido a nivel mundial, gracias a su cada vez mayor presencia en la vida económica. Sin embargo, no solo hay que garantizar su integridad física, sino también reconocer que son vulnerables a delitos como la trata. De manera similar la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad exige diseñar normas y políticas específicas, como fue el caso de las reformas a la Ley de Migración, publicadas en noviembre de 2020, donde no solamente se establecían protocolos de atención, sino instituciones encargadas de su atención, como la Procuraduría Federal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y las correspondientes procuradurías locales. La diversidad obliga a visibilizar poblaciones, el primer recurso para hacerlo es el lenguaje, cuidando que sea incluyente. Al respecto, el artículo 1o. constitucional deja claro el término a usar en su primer párrafo: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. A partir de este fundamento, ha sido una preocupación de organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales, armonizar a la Ley de Migración con el texto constitucional, por los motivos ya señalados. Por lo anterior, el presente dictamen aprobado por el pleno de la Comisión de Asuntos Migratorios el 27 de abril pasado y fruto del consenso de quienes la integramos, armoniza la Ley de Migración con la Constitución Política usando un lenguaje incluyente. Esto no solo ayudará a visibilizar a las diversas poblaciones y su problemática, sino que contribuirá a romper prejuicios, reconociendo la dignidad de todas las personas, sea cual fuere su condición, estatus migratorio o estilo de vida. Finalmente, quiero agradecer el trabajo de quienes integran la Comisión de Asuntos Migratorios, en la aprobación de este dictamen, es una muestra sobre cómo podemos abonar nuestras naturales diferencias políticas y trabajar en una agenda que, no solo beneficia a la ciudadanía mexicana, sino a toda persona que ingrese a nuestro país, sea en tránsito o destino, independientemente de su estatus. Es cuanto, diputada presidenta.