La diputada Dulce María Sauri Riancho: Hace siete meses, en marzo, en esta Cámara se discutió y aprobó la reforma constitucional sobre consulta popular y revocación de mandato. Entonces, una mayoría de diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos en contra. Hoy está de nuevo a consideración del pleno que podrá aceptar o rechazar las modificaciones realizadas por el Senado de la República. El Grupo Parlamentario del PRI respalda y apoya la minuta procedente de la colegisladora. Votará a favor porque en lo esencial responde a las preocupaciones y demandas que el PRI expresó el 14 de marzo pasado desde esta tribuna. Cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, se definió que la consulta de revocación de mandato se haría al mismo tiempo que la elección intermedia de 2021, cuando se renovará la totalidad de esta Cámara, gubernaturas en 12 o 13 estados, dependiendo de lo que suceda en Baja California y elecciones municipales en 30 de las 32 entidades federativas. En marzo Morena logró sumar los votos suficientes para conseguir la mayoría calificada que requiere cualquier modificación a la Ley Suprema del país. Así pasó al Senado, que actuó como Cámara revisora de las determinaciones tomadas por los diputados. No hay que ser suspicaz opositora para imaginar al presidente de la República haciendo campaña en todo el territorio nacional, con el propósito aparente de lograr que la ciudadanía refrendase la confianza en su gobierno. Su figura política y su carisma serían convenientemente aprovechados por candidatas y candidatos de su movimiento para triunfar arrolladoramente y, de esta manera, asegurar y consolidar su predominio en esta Cámara de Diputados y desde luego en las gubernaturas y presidencias municipales. La reforma constitucional de revocación de mandato en los términos aprobados por la Cámara de Diputados en marzo tenía el tufo de una estratagema para que el presidente de la República estuviera en la boleta electoral del 2021, y después de ganar quién sabe qué seguiría, tal vez aniquilar el principio pétreo de la no reelección presidencial. ¿Qué hacer si el pueblo se encapricha en que extienda su mandato por otros seis años? ¿Cómo decirle no? Desde luego que estas suspicacias ameritaron enérgicos desmentidos del propio Ejecutivo, quien incluso firmó el compromiso ante notario de concluir el periodo para el cual fue electo. Ni más ni menos que respetar la Constitución. Las calenturas de marzo parecieron enfriarse ante la realidad de la correlación de fuerzas políticas en el Senado de la República un poco menos favorables al presidente y su partido, en números, a la existente en la Cámara de Diputados. Las oposiciones en las dos Cámaras sabemos que no podemos, por nosotros mismos, aprobar alguna ley o su reforma, pero sí podemos impedir que prospere cualquier modificación a la Constitución, que requiere una mayoría de dos terceras partes de los presentes. Las y los senadores de mayoría y las oposiciones negociaron salidas a la minuta de revocación que les había llegado de esta Cámara, con el peligroso error de marginar a la ciudadanía. En los regímenes parlamentarios como en Reino Unido o España, cuando un sector de la ciudadanía está inconforme con las acciones de gobierno, exige a sus representantes, sea la Cámara de los Comunes o el Congreso de los Diputados, que los remueva anticipadamente. El primer paso consiste en promover lo que se denomina voto de censura, si la oposición se impone y cae el gobierno, se convoca a elecciones anticipadas. Esto no sucede en el caso de los sistemas presidenciales como el mexicano. En un sistema presidencial, la razón de la existencia de la figura de revocación de mandato solo puede ser otorgarle poder a la ciudadanía para enfrentarse a los posibles excesos del gobierno. En este caso, justo en ella, en las y los ciudadanos que la componen, deberá estar el derecho de activar el mecanismo de revocación de mandato, no en el gobierno, no en el presidente de la República, no en el Congreso, sino en aquellos grupos de la sociedad que quieran que el presidente se vaya antes de que haga más daño. Como es una medida de excepción, tendría que demostrar que sus opositores cuentan al menos con el apoyo de determinado porcentaje del electorado, 2, 3 por ciento, validado por el Instituto Nacional Electoral, de manera que pueda activarse el mecanismo de consulta. El mero hecho de solicitar el inicio del procedimiento ya sería una especie de censura al gobierno, porque un sector, así fuera minoritario, quiere que se vaya antes de agotar su periodo. La mayoría en la Cámara de Diputados votó en marzo por el refrendo presidencial, no por la revocación de mandato, a mitad del periodo, hizo caso omiso de las voces de alerta en que la coincidencia de fechas abriría la caja de Pandora de la reelección. Optó por concentrar el poder en el gobierno, en vez de otorgárselo a la ciudadanía. Pasó la minuta al Senado, donde fue objeto de una cuidadosa revisión. El diálogo y la negociación política enmendaron la plana a esta Cámara de Diputados. Afortunadamente, para eso es el sistema bicamaral, tal como sucedió en el complicado tema de la Guardia Nacional. Revocación de mandato, derecho de la ciudadanía, no atribución del gobierno. Solo la ciudadanía puede activar el mecanismo constitucional para revocar el mandato del presidente de la República, así, no será ni el Ejecutivo, en este caso el presidente López Obrador, ni tampoco las cámaras del Congreso de la Unión, los que podrán pedirlo. Solamente el 3 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, distribuidos, al menos, en 17 entidades federativas, 3 por ciento en cada una de ellas. El Instituto Nacional Electoral calificaría la calidad de las firmas de la solicitud y una vez declaradas válidas se haría cargo de organizar el proceso. Solo podrá solicitarse y aplicarse, en una ocasión, al iniciar el cuarto año, pues no se trata de ir amagando cada jueves y domingo con la conclusión anticipada del mandato presidencial. Sin embargo, el cambio más significativo de la minuta que nos regresó el Senado, se da en los tiempos del verbo solicitar. En lo aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados, en marzo, es mandatorio, dice: se solicitará. En tanto que la minuta que nos devuelve el Senado es potestativo o condicionado: podrá solicitarse. Es decir, si en diciembre de 2021, cuando se hayan cumplido los tres años de gobierno del presidente López Obrador, existen cuando menos 2.7 millones de ciudadanas y de ciudadanos sobre un listado de 90 millones de electores dispuestos a solicitar que el presidente de la República concluya anticipadamente su encargo, la consulta se aplicará en los meses de marzo-mayo de 2022. Estas modificaciones realizadas por el Senado despejan la idea de refrendo de mandato. Si se pide revocación es para que se vaya el presidente, no para medir su popularidad ni para refrescar su legitimidad. Claro que la propia Constitución condiciona a que en la consulta participe, cuando menos, el 40 por ciento de la lista de electores y que, de esta, la mitad más uno vote por la salida anticipada del Ejecutivo. El umbral es muy alto, pero el PRI considera que así debe de ser. Remover al Ejecutivo, bien sea federal o de algún estado, es una determinación sumamente compleja no solo por la realización de la consulta, sino por las posibles consecuencias de la medida. La minuta devuelta también trae otro importante apartado respecto a la consulta popular. Con menos ruido que la revocación tiene sus propias aristas, mismas que trataremos de dilucidar mediante presentación de reservas. La figura de revocación de mandato aplicará igualmente a las y los gobernadores, quienes no podrán durar en su encargo más de seis años. Ahora serán las Constituciones de los estados y de la Ciudad de México donde queden establecidas las normas relativas al proceso de revocación. En estos casos la solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente al menos al 10 por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios y alcaldías de la entidad. Compañeras y compañeros diputados, este Congreso no termina su tarea el día de hoy ni cuando concluya el Constituyente Permanente de revisar esta minuta. Concluirá cuando nos ajustemos al mandato de los 180 días siguientes a la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación y expidamos la ley en materia de revocación de mandato. No hay que olvidarlo. Si este es un instrumento que impulsará la calidad de nuestra democracia y en consecuencia detonará la participación ciudadana, claro que en el PRI decimos sí a la consulta popular, sí a la revocación de mandato, con reglas claras. Muchas gracias.