EL C. DR. JOSE LUIS SOBERANES FERNANDEZ: Muy buenos días. Señor diputado Eric Villanueva, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Señoras y señores legisladores federales. Señoras y señores. Consolidar la autonomía constitucional de que goza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exigió de la institución a lo largo del 2002, profundizar nuestro compromiso con la sociedad, mismo que asumimos a cabalidad al punto de poder asegurar hoy que la sociedad mexicana percibe que tiene la CNDH, una aliada permanente, activa, capaz, dispuesta a servir y a cumplir cada vez mejor su mandato legal. Con los instrumentos de la ética y el derecho y junto a la sociedad la CNDH esta comprometida con el avance de una cultura de respeto a los derechos fundamentales de nuestro país, como se puede constatar en el periodo que abarca este informe. La CNDH ha ganado respaldo social por sus labores de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos y por su actitud de abierta oposición a cualquier forma de abuso del poder. A poco más de 12 años de su creación, el ombudsman nacional se afianza en México. Su perspectiva son hasta ahora alentadoras, no sólo por el hecho de que su actuación esta inspirada en ideas y corrientes de pensamiento universales de probada validez y eficacia, sino también porque los fundamentos del ombudsman están estrechamente vinculados a los ideales de justicia social y bien común consagrados en nuestra Constitución Política. Una cultura de respeto a la dignidad humana y a los derechos inherentes a la persona, aún no es en nuestro país un hecho consumado. Sabemos que sigue siendo elevado el número de hechos violatorios de garantías, tanto en el ámbito federal como en el local y que hay nuevas expresiones de conductas perniciosas, por completo ajenas al espíritu que debería de caracterizar al servicio público,no sólo por acciones contrarias a los derechos humanos, sino también por omisiones y ausencias, cuyas consecuencias pueden ser igualmente graves. Existen todavía áreas del ejercicio de gobierno donde anidan y prosperan preocupantes tendencias al menosprecio a los derechos humanos. En todas las circunstancias sigue siendo indispensable la activa participación de autoridades, maestros, servidores públicos y de la ciudadanía en general, para conformar una sociedad respetuosa de la ley, de la libertad, de la dignidad y de la diferencia. Insisto, la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos en nuestro país, es tarea de todos. Al dar cumplimiento a lo establecido en el apartado b) del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentar ante esta soberanía el informe anual de actividades 2002, de la institución que me honro en presidir, permítaseme llamar su atención sobre algunos temas que en la CNDH consideramos parte esencial de la agenda de un estado democrático de derecho. Observamos con preocupación que el respeto a los derechos humanos en México, se limite a veces a la búsqueda de imagen y reconocimiento, sin guardar relación con medidas reales de carácter estructural, ni con acciones claramente encaminadas a lograr que amplios sectores de nuestra población puedan ejercer sus derechos esenciales. Las causas de esta situación siguen estando asociadas a problemas como la pobreza extrema, el todavía enorme mapa de impunidad, la incomprensión e intolerancia hacia el diverso, así como vicios arraigados en el cumplimiento de la función pública. En tal sentido se sigue constatando la dramática distancia que hay entre los derechos que consagra nuestro orden constitucional y los niveles reales que disfrute de los mismos. Este es el caso evidente de los pueblos y comunidades indígenas, cuya vida sigue estando atada a la pobreza, a la preocupante falta de acceso a la justicia y a prácticas administrativas ajenas al respeto de la diversidad cultural y frecuentemente a una mentalidad que no alcanza a comprender la naturaleza colectiva de las aspiraciones sociales de esos pueblos. Para la CNDH las acciones encaminadas a fortalecer la protección y la promoción de los derechos humanos de la población indígena, constituyen tareas fundamentales. Nos queda claro que la defensa de sus derechos, no puede limitarse a la atención de las quejas recibidas. El ombudsman nacional esta comprometido a ir siempre un paso adelante, a la convicción de promover el pleno ejercicio de sus derechos y erradicar los abusos que se cometen en su contra. En este sentido nos hemos esforzado por fortalecer nuestra vinculación con quiénes, desde los ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en busca de soluciones para la problemática indígena. Otra de las prioridades inmediatas del ombudsman nacional, es el combate a la discriminación, cualquiera que sea la forma en que esta se manifiesta. El derecho de toda persona a ser tratado en igualdad de condiciones sin ser sujeto a ningún tipo de discriminación, representa un reto para el Estado Mexicano, especialmente ahora que existe el precepto constitucional que tutela este derecho. Esta Comisión Nacional, ha acreditado el trato diferenciado y discriminatorio, que algunos servidores públicos dan a los migrantes, tanto de nacionalidad mexicana como extranjeros, abusando de la condición de alta vulnerabilidad en la que se encuentran. Muchas personas migrantes son discriminadas por su apariencia, su origen social y cultural siendo sometidas a revisiones excesivas, a tratos degradantes e intimidatorios, al grado de que a veces por una irregularidad administrativa se llega al extremo de tratarlas como delincuentes. Este hecho además de ser discriminatorio pervierte y nulifica la esencia del servicio público. Muchas mujeres y adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad y quienes viven con el VIH, SIDA constituyen también grupos altamente vulnerables que suelen ser objeto de actos discriminatorios, tanto en la esfera laboral como en materia de salud y educación, por mencionar sólo algunos. También resulta muy preocupante la frecuencia cada vez mayor con que se presentan quejas contra la atención brindada por las instituciones gubernamentales de salud, debido a la escasez de medicamentos, la insuficiencia de equipo, la negligencia en la atención y en general la inadecuada prestación de los servicios de salud, en tanto que las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos del sector salud ocuparon, hasta diciembre del año 2001, el 5º lugar como la causa de queja ante la CNDH, sin embargo en el 2002 aumentaron hasta el segundo lugar y este año o lo que vamos están ya en primer lugar las quejas contra el sector salud. Esta situación se agrava año con año por el aumento de la población derechohabiente, sin que en la misma proporción se incremente la infraestructura y los insumos de los centros de salud, lo que ocasiona que la atención y el personal médico sean insuficientes. No es necesario insistir en la importancia de la salud como un requisito indispensable para que las personas puedan mejorar su calidad de vida y enfrenten los retos de su desarrollo. Si uno de estos retos principales de quienes plantean y administran servicios de salud, es ampliar y diversificar su capacidad de servicio, no puede ser lo menos el impedir el deterioro de la calidad de aquellos. La omisión e inacción en el servicio público también fomenta la impunidad, coloca a la población en estado de indefensión y en casos extremos la induce a tratar de hacerse justicia por propia mano. Lo hemos advertido incansablemente y lo seguiremos haciendo. El linchamiento y cualquier otra forma de justicia por propia mano equivalen a la negación de la justicia y a la dilución del estado de derecho. Por otra parte, el silencio y la desatención al derecho ciudadano de petición son también violaciones a los derechos humanos y a conductas que, con frecuencia, abren espacios para la ilegalidad y despiertan la desconfianza ciudadana de las instituciones. La grave crisis de la seguridad pública que enfrenta el país ha propiciado que la violencia y la comisión de delitos alcancen niveles preocupantes. Las instituciones encargadas de salvaguardar a la población de tales males no han encontrado los mecanismos para un combate más efectivo de la impunidad, debido, entre otros factores a la carencia de capacitación de los integrantes de los cuerpos policíacos; la permanencia en ellos de personal viciado; la falta de equipamiento adecuado; la ausencia de vocación de servicio, pero sobre todo la corrupción, que sigue siendo el verdadero cáncer social que origina y sostiene los demás males señalados. El rezago y la insuficiencia de la seguridad pública se propician y se reproducen incluso por la adopción de sistemas supuestamente muy modernos para la selección de personal policiaco, como el uso del polígrafo, cuya aplicación además de ser violatoria de las garantías individuales, es probadamente anacrónico y está francamente rebasado al comprobarse científicamente que sus márgenes de error son superiores al 45%. Hay una clara ausencia regulatoria para el uso del llamado detector de mentiras, que es en realidad un detector de respuestas fisiológicas vinculadas al estrés y que no necesariamente están asociadas al hecho de mentir, sino más bien al hecho de controlar tales respuestas fisiológicas. La elevada tasa de delitos impunes vulnera la justicia y es causa de odio, frustración, violencia, venganza, falta de credibilidad y desconfianza en las instituciones públicas. Reconocer la complejidad de este mal y sus efectos nocivos es indispensable para evitar enfoques criminológicos unilaterales, como entre otros, el aumento indiscriminado de las penalidades alcanzables, que ha demostrado no ser un factor disuasivo para que haga descender la criminalidad. Los homicidios insuficientemente esclarecidos de 229 mujeres en Cuidad Juárez son una vergüenza pública nacional. El esclarecimiento de esas muertes y el castigo a los culpables es uno de los reclamos públicos más severos que demandamos los mexicanos al sistema institucional de justicia. Otro punto, particularmente sensible para el cuerpo social, es el incumplimiento de las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos, que da como resultado la frustración de quienes han padecido el abuso del poder y han visto vulneradas sus prerrogativas constitucionales, lo peor es que tal actitud fomenta generalmente, por indiferencia y menosprecio, la impunidad desde la cima de la función pública. Las recomendaciones constituyen el instrumento que la ley al ombudsman para proteger la dignidad del ser humano frente a las autoridades que las conculca. Lamentablemente siguen siendo muchos los servidores públicos que desconocen o que no quieren entender, que trabajos de estos organismos, al evitar que se cometan arbitrariedades, está encaminada a fortalecer la función pública. La CNDH no ha dejado de recordar a las autoridades que tienen el deber de cumplir su labor con estricto apego a la ley y a los derechos humanos, en muchos casos, como se aprecia en los registros estadísticos del Informe, las autoridades fueron reacias a acatar las sugerencias de conciliación y a cumplir las recomendaciones del ombudsman les dirigió, para restituir en sus derechos a los quejosos, hubo incluso quienes las consideraron una afrenta para su gestión, sin tomar en cuenta que, en una sociedad abierta y democrática, la colaboración interinstitucional y la crítica como ejercicio cívico, son elementos que ayudan a corregir errores, a perfeccionar normas, conductas y actitudes, a evitar la impunidad y a fortalecer el estado de derecho. Consideramos que aun peor que el rechazo abierto a las recomendaciones, es la simulación en su cumplimiento. La aceptación aparente, de acuerdo a una amigable composición, como un mero subterfugio y un falso acatamiento contrarios al estado de derecho. Señoras y señores, una educación que en todos sus niveles involucra la enseñanza de los derechos humanos, es la vía más acertada para el desarrollo de las personas, así como para erradicar la discriminación, la intolerancia, la impunidad y la injusticia, entre otros males que aquejan a nuestra sociedad. La educación, por su carácter democrático y de cuestión social, tiene un doble papel en la promoción de los derechos humanos, por una parte, todos los individuos deben estar en posibilidad de acceder al conocimiento en igualdad de circunstancias; y por la otra, los procesos educativos deben inculcar, en los educandos, el respeto a los derechos fundamentales, como una forma de contribuir a una mejor convivencia social. También es válido afirmar de quien es consciente de sus derechos fundamentales, difícilmente permitirá que se le conculquen a él o a los suyos. Sin embargo, debo decir que la educación en derechos humanos, está menospreciada en el sistema educativo nacional, lo que se prueba en tanto que no se ha dado un proceso, serio y constante, de formación de maestros en este campo. Esperamos entonces que próximamente los derechos humanos se incorporen plenamente a los planes de estudio de todos los niveles escolares, con el fin de que, con la participación de maestros y trabajadores de la educación, la población educativa identifique sus derechos y sepa ante que instancias puede acudir para exigir su vigencia. No descubro nada especialmente nuevo, se señalen que los ejes articuladores de una propuesta integral de educación en materia de derechos humanos, debe ser esquemáticamente: conocimientos, valores, actitudes, aprendizajes, habilidades, metodología congruente, materiales, agentes involucrados y proceso de evaluación. Señoras y señores legisladores, quiero señalar que el gobierno actual, como conjunto, en todo momento ha sido respetuoso en la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que hemos ejercido sin cortapisas, plenamente conscientes de que la mejor contribución del a CNDH es cumplir a fondo su tarea como defensora de los derechos básicos de los mexicanos. Por otra parte, el Poder Legislativo autorizó en diciembre pasado, el presupuesto presentado por la CNDH para el presente ejercicio. Ello redundará en la ampliación de nuestra presencia en algunos puntos sensibles de la geografía nacional, como son las fronteras norte y sur, así como en una identificación de las labores permanentes de esta Comisión. Sin embargo, no podemos dejar de manifestar que, el carácter y la diversidad de las actividades inherentes a la defensa, capacitación y promoción de los derechos humanos, sigue siendo insuficiente el presupuesto en la materia. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no cejaremos en nuestro esfuerzo por lograr que en México se brinde un respeto absoluto a la dignidad y a los derechos esenciales de todas las personas. A continuación haré referencia al trabajo consolidado de cada una de las áreas de la CNDH y a su consejo consultivo durante el año 2002 y a sus respectivos resultados. 1. Protección y defensa de los derechos humanos. a) Quejas e inconformidades. Durante el periodo que se informa la dirección general de quejas y orientación, de la CNDH, registró un total de 3 mil 575 expedientes, de los cuales 3 mil 184 fueron de queja y 391 de inconformidades. Los 3 mil 184 expedientes de quejas se sumaron a los 734 que se encontraban en trámite al 31 de diciembre de 2001, concluyéndose al cierre del año pasado, 3 mil 365 expedientes. Por su parte, de los 391 expedientes de inconformidad, 79 fueron recursos de queja y 312 de impugnación. De los que sumados a los 56 reportados en trámite al 31 de 2001, hicieron un total de 447, concluyéndose al cierre del ejercicio 397, esto es, 79 de quejas y 318 impugnaciones. ¿Cuáles fueron los principales hechos violatorios denunciados ante este organismo nacional?, aquí encontramos: ejercicio indebido del cargo; negativa al derecho de petición; negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud; detención arbitraria; trato cruel o degradante; catos y visitas domiciliarias ilegales. Las autoridades señaladas con mayor frecuencia como responsables de la comisión de hechos violatorios son: La Procuraduría General de la República, con 293 casos; el Instituto Mexicano del Seguro Social, 224; la Secretaría de la Defensa Nacional, 105; la Comisión Federal de Electricidad, 68; la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, 650; Policía Federal Preventiva, 60; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 60; Secretaría de Educación Pública, 52; Instituto Nacional de Migración, 51; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 40. Con la finalidad de evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas o la producción de daño de difícil reparación a los afectados, se solicitó la adopción de medidas cautelares en 15 ocasiones. Por vía telefónica se atendió un total de 18 mil 616 llamadas a través de las cuales las personas solicitaron orientación jurídica, información sobre el curso de algún escrito e información diversa sobre derechos humanos. Es de destacarse que de acuerdo con una encuesta de calidad en el servicio, aplicada a 10 mil 170 personas que acudieron a las instalaciones de la Comisión, el 99.4% de las personas, calificó como excelente o buena, la atención recibida. b) Recomendaciones: Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo en este periodo, la CNDH emitió 49 recomendaciones que involucran a 37 autoridades e instituciones, Siete estuvieron dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social; 5 al gobierno del Estado de Morelos; 3 a la Secretaría de Educación Pública; 3 al gobierno de Chiapas; 2 a la Procuraduría General de la República; 2 a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 2 a la Secretaría de Seguridad Pública; 2 al gobierno del Estado de Nayarit; 2 al gobierno del Estado de Yucatán y 1 a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 1 a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 1 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;; 1 a la Secretaría de Relaciones Exteriores; 1 a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 1 a la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingreso; 1 a la Dirección General del Hospital General de México; 1 a la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 1 a la presidencia del Servicio de Administración Tributaria; 1 a los gobiernos de los Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo y Zacatecas; 1 al Supremo Tribunal de Justicia de Chiapas y diversos cabildos de la República. Fueron 4 las autoridades que no aceptaron nuestras recomendaciones, 4. Tal es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la presidencia municipal de Monterrey, N:L:; la presidencia municipal de Caborca, Sonora y la presidencia municipal de Eduardo Neri, Guerrero. De las recomendaciones restantes cinco fueron aceptadas con pruebas de cumplimiento total, 35 con pruebas de cumplimiento parcial, tres sin pruebas de cumplimiento, una en tiempo de presentar pruebas y ocho en tiempo de ser contestadas. Entre las recomendaciones formuladas en el período destacan las siguientes: la recomendación 2, dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la inadecuada prestación del servicio público de salud por parte del personal médico del Hospital General de Zona 45, en Guadalajara, que derivó en la muerte de una mujer y el producto de su embarazo. La recomendación 4, relativa al trato discriminatorio y a la inadecuada prestación del servicio público de salud en que incurrió el personal médico del Hospital General de zona 15, de Reynosa, Tamaulipas, en agravio de un derechohabiente portador del VIH Sida. La recomendación 8, dirigida al secretario del Medio Ambiente y al secretario de Agricultura por actos violatorios de los derechos humanos de los habitantes de la comunidad indígena Kukapá, a quienes no obstante que subsisten básicamente de la caza y de la pesca, les han sido restringidas sus actividades pesqueras, sin establecer alternativas viables para su desarrollo. La recomendación 9, mediante la cual se solicitó al gobernador del estado de Yucatán que se inicie una investigación administrativa en contra del personal del Hospital General Ojorán respecto al trato discriminatorio y la deficiente atención médica que se brindó a dos personas portadoras del VIH Sida, que fallecieron en el año 2000. La recomendación 10, que se envió al gobernador del estado de Yucatán tras comprobarse que en la escuela de educación social para menores infractores de esa entidad el personal de dirección y custodia aplicaba a 50 niños y a 10 niñas castigos degradantes como golpes, encerramiento con animales, ingestión de somníferos para hacerlos dormir hasta por tres días, abusos sexuales y otras graves violaciones contra sus derechos. Por tal motivo, se solicitó al ejecutivo estatal se investigara y ejercitara la acción penal contra los responsables. La recomendación 12 se dirigió al procurador General de la República con motivo de la violación a los derechos a la vida, integridad, seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica, así como protección a la honra y a la reputación de quien en vida llevara el nombre de Guillermo Vélez Mendoza. En este caso se acreditó que el personal de la PGR incurrió en detención arbitraria, trato cruel y/o degradante, homicidio, irregular integración de averiguación previa y ejercicio indebido de la función pública. La recomendación 15, en virtud de haberse acreditado violaciones a los derechos humanos de un trabajador a quien se le negó que su hijo ingresara a un centro de desarrollo infantil, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, con el argumento de que esa prestación es exclusiva de las mujeres, incurriendo así en un trato discriminatorio por razones de género. Por tal motivo, se recomendó al secretario de Educación Pública modificar los lineamientos operativos a efecto de los hijos tanto de madres como de padres trabajadores puedan ingresar a los centros pertenecientes a dicha dependencia, en igualdad de condiciones. La recomendación 27, derivada de las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de alumnos de la escuela secundaria 147 de la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal, cuya integridad fue transgredida por un profesor que hizo caricias obscenas y la negligente actuación de autoridades en ese plantel educativo al no informar de forma inmediata a sus superiores sobre los actos imputados a dicho docente. La recomendación 31, dirigida al director del Instituto Nacional de Antropología por el caso de un indígena maya de Holpechén, Campeche, a quien no se le notificó que sus terrenos se encontraban en zona federal protegida por la ley y fue condenado a una pena privativa de la libertad por haber removido de ellos piedras consideradas parte del monumento arqueológico. La recomendación 39 sobre el caso de cuatro menores que fueron víctimas de violación y abuso sexual por una profesora y sus cómplices en el jardín de niños Arquitecto Ramiro González del Sordo, de la SEP en el Distrito Federal. En este asunto se recomendó al secretario de Educación Pública que se otorgue auxilio psicológico tanto a la víctima como a sus padres, se inicie un procedimiento administrativo a fin de determinar las irregularidades en que incurrieron la profesora señalada y los demás servidores públicos al no informar oportunamente a las autoridades administrativas, ministeriales y superiores jerárquicas, así como que se aporten los elementos necesarios para que la representación social de la federación determine la indagatoria iniciada por esos hechos. La recomendación 45 dirigida a los titulares de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la Procuraduría General de la República y del Servicio de administración Tributaria, debido a que servidores públicos de esas dependencias con apoyo de una orden irregular de visita domiciliaria,, privaron de la libertad a 15 personas, entre ellas a un menor de edad por más de siete horas, antes de ponerlas a disposición del Ministerio Público "La Recomendación 47 formulada a los Secretarios de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente, así a raíz de la queja planeada por distintas asociaciones agrícolas que agrupan a cerca de 15 mil usuarios de riego del estado de Tamaulipas, que se han visto afectados desde hace dos años en sus garantías fundamentales por la reducción del 100 % en la dotación de agua derivada del procedimiento para incorporar volúmenes del Bajo Río Bravo, a las entregas de agua que México realiza a los Estados Unidos. "Mención especial merecen dos recomendaciones generales emitidas en este periodo: la Recomendación General III Sobre Mujeres Internas en Centros de Reclusión, se derivó de las visitas de supervisión llevadas a cabo durante los años 2001 y 2002 a 311 centros penitenciarios en 24 entidades federativas en las que se comprobó la existencia de graves violaciones a los derechos de las mujeres reclusas que ponen de manifiesto la mayor vulnerabilidad sólo por razón de género, tienen las internas. "Por su parte la Recomendación IV con motivo de prácticas administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas respecto a la obtención de consentimiento libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar. En este rubro se constató que personal de las clínicas rurales de instituciones de salud pública, pretenden imponer a las indígenas métodos de planificación familiar sin su consentimiento y sin informarles adecuada y ampliamente en su lengua cuáles son los beneficios para su salud, los riesgos de sus empleos y los posibles efectos secundarios que pudieran presentarse, amenazándolas con la pérdida de apoyos gubernamentales en caso de no acceder a su adopción. "Con esta Recomendación General, la CNDH hizo un fuerte llamado de atención a fin de que se respeten y preserven los derechos reproductivos de las personas en los programas de salud sexual y reproductiva, asimismo para que se cumpla con el principio de consentimiento informado en un marco de absoluta libertad y respeto al derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos. "Informes Especiales. "Con independencia de las recomendaciones a que he hecho alusión, en el año pasado presentamos a la opinión pública dos informes especiales sobre situaciones de particular gravedad que requieren de la atención inmediata de diversas autoridades. "Como resultado de once visitas de inspección a siete Centros de Readaptación Social y Reclusorios Preventivos Varoniles y Femeniles del Distrito Federal, en junio del 2002 emitidos un Informe Especial en el que se expusieron y documentaron diversas acciones y omisiones violatorias de los derechos humanos de la población interna de esos penales. "Por su parte el Informe Especial sobre el caso Agua Fría, se derivó de los inexcusables acontecimientos sucedidos el 31 de mayo del 2002 en la sierra Sur de Oaxaca, en la que perdieron la vida 26 indígenas. "Los problemas observados por este organismo nacional en este caso, condujeron a la valoración del papel que en relación con sus causas desempeñaron diversas instituciones gubernamentales tanto a nivel federal como estatal y municipal. "El caso Agua Fría es un ejemplo de la problemática que enfrentan muchos de nuestros pueblos en donde la inseguridad pública, la deficiente procuración e impartición de justicia, conflictos ancestrales con relación a la tenencia de la tierra y el aprovechamiento de los recursos naturales y en general la insuficiencia de vías para acceder a los beneficios del desarrollo, configuran escenarios de peligrosa conflictividad que degradan la vida y vulneran el tejido social de las comunidades. "De no avanzar sustancialmente en la observancia de los derechos humanos de los pueblos indígenas, la experiencia señala que se irán configurando y consolidando situaciones con una elevada explosividad social cuyas consecuencias son absolutamente incompatibles con el país justo y democrático que los mexicanos queremos consolidar. "Programas Especiales: "1.- Altos y Selva de Chiapas: Independientemente de la atención brindada a las quejas recibidas, en el Programa para los Altos y Selva de Chiapas, se efectuaron 129 visitas a diversas comunidades y cabeceras municipales; 20 visitas a centros penitenciarios y 25 supervisiones a estaciones migratorias de aquella entidad. "Se realizaron 36 actividades en materia de derechos humanos dirigidas tanto a servidores públicos como a población civil, abarcándose un total aproximadamente de 5 mil personas. "2. Asuntos Indígenas. "Esta Comisión Nacional ha puesto especial énfasis en promover la protección y respeto a los indígenas, sus lenguas, su cultura, usos y costumbres, recursos, prácticas religiosas y espirituales, formas específicas de organización social, así como el efectivo acceso a la protección jurídica por parte del Estado. "Es de mencionar que durante el año se realizaron 58 visitas a distintas comunidades, asentadas en 16 entidades federativas, para constatar el respeto a los derechos fundamentales de sus integrantes. De igual forma se acudió a campos de trabajo agrícola con objeto de promover que las condiciones de trabajo, salud y educación de los indígenas sean acordes a la normatividad vigente. "Un aspecto fundamental en las actividades desarrolladas por la CNDH es y seguirá siendo la protección y promoción de los derechos humanos de la población indígena en reclusión. Este rubro es especialmente delicado, pues se ha constatado que en muchas ocasiones sus especificidades culturales como son el hablar una lengua distinta al español, el arraigado sentido de su vida social o los usos y costumbres que practican, son elementos que, al no ser adecuadamente considerados por los sistemas penitenciarios, implican una especie de pena adicional para los indígenas que se encuentran privados de su libertad. "Por ello, durante el periodo que se informa se realizaron 343 propuestas de otorgamiento de beneficios de libertad anticipada ante la autoridad ejecutora federal y 2 mil 250 ante autoridades ejecutoras del fuero común, obteniéndose como resultado la liberación de 1 mil 206 personas, 243 del fuero federal y 963 del fuero común. Pensamos que todavía son muy pocas. "3. Presuntos Desaparecidos. "En relación con el Programa de Personas Desaparecidas es de amplio conocimiento público la recomendación 26/2001 emitida por esta Comisión al Titular del Poder Ejecutivo Federal sobre los acontecimientos de la llamada guerra sucia y sus secuelas, desde noviembre de 2001. Esta Comisión Nacional, como el conjunto de la sociedad mexicana, está a la expectativa de las formas y los tiempos en que esta recomendación sea cumplida a cabalidad, toda vez que se nombró ya al Fiscal Especial, cuya función es parte esencial de dicha recomendación. "Nos queda claro que la justicia exige no solo voluntad sino procedimientos de rigor técnico inobjetable que la materia dice. A raíz del convenio que firmamos en julio del 2002 con la Universidad Autónoma de Sinaloa, atendimos la situación de familiares de 42 personas que figuran en el Informe sobre Desapariciones Forzadas que presentamos. "En cuanto a presuntas desapariciones de personas que se han denunciado con posterioridad al 2000, la Comisión realiza las correspondientes actuaciones de ley y ha informado de ellas a las personas interesadas. Esperamos en breve poder ofrecer a la sociedad información respecto a estas denuncias. "Puedo asegurar que hemos brindado pronta atención a los pasos radicados para localizar a las personas reportadas como presuntamente desaparecidas, con representantes de autoridades gubernamentales. Todo ello de conformidad con el programa permanente de la CNDH en esta materia. "En el ejercicio 2002 al amparo del Programa sobre Desaparecidos se realizaron 409 trabajos de campo en 19 entidades federativas y se tramitaron 1 mil 794 solicitudes de información a diversas instituciones. Se concluyeron 189 casos, encontrándose a 11 personas con vida y 15 sin vida debidamente documentados. "En un afán de servicio a la comunidad y colaboración, en el año 2002 el Programa sobre Desaparecidos se investigó 21 asuntos de menores de edad robados, sustraídos o extraviados, pese a no existir indicios de participación de alguna autoridad o servidor público en tales hechos. Para tal efecto se encuentran 23 trabajos de campo en el Distrito Federal, los estados de México y Veracruz. A partir de las investigaciones llevadas a cabo se confirmó que dos menores fueron entregados a su madre y otro se reintegró al hogar conyugal. "4. Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. "Por el tipo de labores que realizan y las funciones que cumplen hacia la sociedad los periodistas y los defensores civiles de los derechos humanos deben ser considerados como integrantes de grupos particularmente vulnerables. Sin el concurso activo de los periodistas y los defensores civiles no será posible consolidar una cultura de respeto a los derechos fundamentales en nuestro país. "Homicidios e intento de homicidio, lesiones, amenazas directas e indirectas, calumnias, violación al derecho a la libertad de expresión, intimidación y detención arbitraria, son las principales y más frecuentes formas de agravio contra los periodistas. "Por su parte, de los defensores civiles, las principales causas señaladas de queja fueron las amenazas, la negativa al derecho de petición, la detención arbitraria, el incumplimiento y la dilación de la función pública a la procuración de justicia, entre otras. "En ocasiones periodistas en activo llegaron a resentir formas veladas de provocación y de presión, al extremo de señalarlos como personas que deberían ser expulsadas de o a las cuales deberían impedirse el ingreso a tal o cual medio. "No es de extrañarse que periodistas resientan ataques de las estructuras del poder político, con el pretexto de estarles respondiendo a título personal. "En este ejercicio la CNDH recibió 42 quejas y un recurso de impugnación por posibles violaciones a derechos humanos de periodistas y 16 quejas de defensores civiles. Preocupa que a estos hechos de por sí lesivos de garantías, puedan sumarse también el silencio administrativo o la inacción en quienes por ley deberían ejercer tareas de gobierno. "Durante el año 2002 y como parte del programa referido, se documentaron 133 asuntos probablemente violatorios de derechos humanos, mediante la revisión y compilación de información hemerográfica y de esta cifra 97 asuntos correspondieron a comunicadores y 36 a defensores civiles. Después de entrevistar a cada uno de ellos, la CNDH inició al investigación de investigación de 17 casos en los cuales se presumió la participación de alguna autoridad de carácter federal. "En relación con el derecho de informar y a la información, se realizaron reuniones con representantes de medios de comunicación, particularmente columnistas, articulistas y directivos, así como con miembros de la comunidad académica, encaminadas a ampliar los espacios de reflexión y análisis en torno a la transformación de los medios y su posible regulación. "5.- Sistema penitenciario y centros de internamiento. "El Sistema Penitenciario Nacional está muy lejos de cumplir su objetivo primario que es la readaptación social. Es un error del Estado Mexicano olvidarse de la última fase del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque ha hecho de los reclusorios fábricas de criminales y centros de operación de la delincuencia organizada. "De hecho la mayoría de los penales son reflejo de una política criminal completamente rebasada por la realidad, pues ni frena ni inhibe la delincuencia, a pesar del endurecimiento progresivo de las penas y la definición de nuevos tipos penales, lo cual no pasa a ser más allá de un placebo que los legisladores han encontrado para cubrir la inactividad de la autoridad administrativa en esta materia. "En las prisiones mexicanas continúan presentándose condiciones que laceran los derechos humanos de quienes han sido confinados en ellas, como son la sobrepoblación y hacinamiento, deficientes condiciones de vida, extorsión, tráfico de drogas, servicio médico deficiente, formación de grupos de poder, imposición arbitraria de sanciones disciplinarias y escasas actividades laborales y educativas, por citar sólo algunos ejemplos. "En el periodo se visitaron 270 centros de reclusión en 24 entidades federativas. Los reclusorios de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, presentaron condiciones materiales y de operación más deficientes que los otros estados del país, mientras que sólo los de Nuevo León acusaron mejoras sustantivas con respecto a los demás. "De las casi 173 mil personas en reclusión, más de 7 mil son mujeres, en muchos casos confinadas en las mismas áreas que los varones. Solamente 12 de los 447 centros que conforma el Sistema Penitenciario Mexicano son femeniles. Estos 12 centros atienden a la población interna proveniente de nueve entidades de la República. En el resto del país, una vez puestas a disposición del Ministerio Público, las mujeres carecen de lugares y espacios específicos, por lo que frecuentemente conviven hacinadas con los reclusos varones en situación de franca discriminación y desigualdad. "Por lo que se refiere a los menores infractores, se visitaron 54 Centros de Internamiento, lo que permitirá procesar la información necesaria para la formulación de un diagnóstico de la situación que priva en esta materia y hacer los pronunciamientos que el caso requiera. 6. Migrantes. La Migración es uno de los fenómenos sociales que más atención ha requerido de la Comisión Nacional. Cotidianamente los migrantes encaran situaciones de extrema vulnerabilidad no sólo durante su traslado a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida sino también cuando esto ha sido posible en el proceso de su inserción paulatina a la vida laboral, social, cultural y económica del país receptor De manera muy frecuente durante los emplazamientos migratorios estas personas se encuentran en Víctimas de Actos Vejatorios en sus Derechos Humanos por parte de malos servidores públicos, federales, estatales y municipales así como de civiles que lucran con su necesidad y buena fe, sometiéndoles a amenazas, malos tratos, robo, extorsión y privación ilegal de la libertad, además de expresiones de intolerancia odio racial y atentados contra su vida. En virtud de lo anterior y con el propósito de fortalecer nuestras actividades institucionales de Atención y Apoyo a Migrantes, en febrero 2002 la CNDH abrió una Oficina en Reynosa, Tamps, medida que ha comenzado a dar sus primeros resultados. Por lo que hace a la Frontera Sur en nuestra Oficina de Tapachula, Chis., se corroboraron diversas irregularidades entre las que destacan: insalubridad en las instalaciones, falta de agua potable y alimentos y carencia de espacios físicos adecuados y de un servicio médico oportuno. La CNDH seguirá sustentando la necesidad de que tanto en el Norte como en el Sur se garantice un trato respetuoso y digno para quienes emigran a otros países y son víctimas frecuentes de aberraciones y maltratos. De ahí que para el año 2003 tengamos previsto reforzar nuestra presencia en ambas zonas fronterizas con las oficinas que pretendemos abrir próximamente en Ciudad Juárez, Chih., Magdalena de Kino, Son., Tijuana, B. C., el que ya abrimos en Tenosique, Tab. La semana pasada y próximamente Chetumal, Q. R. , sitios de alto flujo migratorio donde la CNDH celebrará sus Servicios al Público. 2.- Programa y Observancia de los Derechos Humanos. A) Programas Especiales. En cuanto a los programas especiales de Promoción y Observancia de los Derechos Humanos, cabe resaltar las siguientes acciones: Beneficio de la libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena demuerte. Mediante el Programa de Beneficios de Libertad Anticipada la CNDH busca por un lado auxiliar a la población penitenciaria de México que cumpliendo con los requisitos legales para tales efectos solicitan las autoridades competentes el otorgamiento de algún beneficio de libertad anticipada o bien su traslado a un Centro de Reclusión a otro; y por el otro, evitar la ejecución de connacionales sentenciados a la pena de muerte en el extranjero así como vigilar que aquellos y sus familias reciban asesoría jurídica. México es el país con mayor numero de connacionales sentenciados a pena de muerte en los Estados Unidos; baste mencionar que al mes de diciembre del año pasado 54 mexicanos estaban sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos, cifra que representa el 44% del total de extranjeros condenados y el 1.4% de los 3 mil 711 personas sentenciadas a pena de muerte en los Estados Unidos. En tal virtud hemos unido esfuerzos con la Secretaría de Relaciones Exteriores para coadyuvar a que los mexicanos acusados de la comisión de delitos de suprema gravedad, cuente con el apoyo técnico, jurídico y operativo necesario para evitar que sean condenados a esta pena o dado el caso, ejecutados con motivo de la misma. 2.- Atención a Víctimas del Delito. En cuanto a la Atención de Víctimas y ofendidas del delito durante el período que se informa, se atendieron 897 personas, del total de asuntos planteados, 417 fueron de naturaleza penal y 480 de materia civil, familiar o adminsitrativa. Con motivo de los mencionados asuntos, a las personas agraviadas se les proporcionó orientación y asesoría jurídica, asimismo se les canalizó ante la Agencia del Ministerio Público respectiva para el inicio de las Averiguaciones Previas correspondientes y/o ante los espacios institucionales de apoyo victimal dando seguimiento a cada uno de sus asuntos a fin de verificar la efectividad de los servicios prestados. En relación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas del Delito, se efectuaron 28 reuniones de trabajo con representantes de las áreas de Atención a Víctimas del Delito, de las Procuradurías de Justicia, los Sistemas DIF, Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. También se llevaron a cabo dos Reuniones Regionales en Nayarit y Zacatecas y la Segunda Jornada Nacional sobre Víctimas del Delito y Derechos Humanos. 3.- Asuntos de la Mujer, la niñez y la familia .- Para la Comisión Nacional resulta de vital importancia promover y divulgar el conocimiento y reconocimiento de los derechos humanos de la niñez, las mujeres, los adolescentes, los adultos mayores y la familia en general desde una perspectiva de equidad de género y del interés superior que representa la infancia, a través de actividades de formación y capacitación tendentes a conformar una cultura de respeto a sus derechos tanto en el seno familiar como en los demás ámbitos de la vida social. Durante el período que se informa, a través del Programa sobre Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, se llevaron a cabo las siguientes acciones: En el rubro de "difusión y divulgación", se distribuyeron entre la población 821,321 materiales promocionales alusivos a los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asimismo se elaboraron e incorporaron a la página Web de la CNDH 16 cápsulas informativas sobre temas relacionados con los derechos de los adultos en plenitud, la discriminación y la violencia familiar entre otros. El Programa de Defensa y Protección de los Derechos Humanos de los Niños y de las Niñas, Niños Promotores, se difundió en diversas comisiones estatales de derechos humanos a fin de que éstas, junto con las Subsecretarías de Educación Pública y las asociaciones de padres de familia de las escuelas de cada entidad, colaboren en su implementación. Para tales efectos se entregaron 334,216 ejemplares del material de apoyo en 16 Estados. En este caso se logró poner en marcha los proyectos en Nayarit, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. En cuanto al Programa Nacional de Protección a la Mujer y la Niñez en contra del abandono e incumplimiento a las obligaciones alimentarias, se elaboraron 29 formularios de apoyo para la gestión gratuita de las pensiones alimentarias de igual número de entidades federativas. Dichos formularios fueron enviados a las comisiones estatales de derechos humanos, de manera que este programa se encuentra ya en operación en Campeche, Durango, Morelos, Tabasco y Zacatecas. Como parte de las jornadas de salud en los centros de reclusión de la República Mexicana, se realizó un diagnóstico sobre las condiciones de atención médica de las mujeres y los hijos que las acompañan en su reclusión, constatándose que su situación es sumamente precaria y carecen de servicios de salud acorde a sus necesidades. Asimismo, se participó en la organización de las jornadas nacionales de análisis de la situación real de la mujer en México con la finalidad de contar con información especializada sobre la realidad de las mujeres mexicanas y, en su momento, formular estrategias, acciones y programas a evitar violaciones a sus derechos humanos. Relaciones institucionales: En coordinación institucional con los Poderes de la Unión y entes públicos federales.- El proceso de desarrollo democrático en el que se encuentra nuestro país requiere de instituciones públicas que respondan oportunamente a las demandas de la sociedad; generen acciones en beneficio de la población; presten servicios de calidad y rindan cuentas claras sobre su desempeño. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha sido ajena a esta exigencia social, de ahí que en el mes de enero de 2002 se creara la Coordinación General de Desarrollo Institucional con la misión de fomentar la cooperación con los Poderes de la Unión y los entes públicos federales así como la generación de proyectos y programas de desarrollo institucional que aseguren el profesionalismo y la calidad de los servicios de la CNDH. La relación cotidiana entre el ombudsman nacional y el Congreso de la Unión constituye una de las principales vías para brindar atención a las demandas y preocupaciones sociales en torno a los derechos humanos. Por ello, se integró una agenda de trabajo conjunto con las Comisiones de Derechos Humanos del Senado de la República y la de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que incluyó, entre otras acciones, la realización de visitas a consulados mexicanos en Estados Unidos como apoyo a nuestros connacionales que emigran a aquél país. Por otro lado, con el objeto de estrechar los vínculos entre esta Comisión y los Poderes de la Unión, se integró una agenda de reuniones de trabajo en la que destacan las sostenidas con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa Directiva y de la Coordinación de Concertación Política del Senado de la República; coordinadores de fracciones parlamentarias de ambas Cámaras; miembros del Poder Ejecutivo Federal y distintos representantes de fuerzas políticas del país. 2.- Enlace con organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos. Otra de las prioridades de la CNDH consiste en estrechar vínculos de cooperación con las comisiones estatales de derechos humanos, con el objeto de fortalecer el sistema nacional, no jurisdiccional, de protección a los derechos humanos así como unificar criterios y realizar acciones conjuntas que intensifiquen la lucha por el respeto y defensa de los niños. Por otra parte, en los meses de febrero y agosto la Comisión Nacional organizó sendas reuniones de trabajo con los titulares de distintas comisiones locales de derechos humanos, en las que se discutieran temas relativos al funcionamiento de los organismos públicos de derechos humanos, los organismos internacionales, la interacción entre estos y los gobiernos, el aprovechamiento óptimo de los recursos y en general la problemática actual de la materia. 3.- Relaciones con organizaciones sociales. La comunicación y el enlace con las organizaciones sociales del país, ha sido una de las líneas prioritarias de este organismo nacional, por tal motivo durante el 2002, se desarrollaron trabajos conjuntos para la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, destacándose además de 99 actividades en la que participaron 6 mil 927 personas, la realización del Segundo y Tercer Encuentros Regionales, entre la Comisión de los Derechos Humanos, las Comisiones Locales y las organizaciones no gubernamentales denominados: " Hacía un Dialogo Permanente". En estos encuentros participaron organizaciones no gubernamentales de 19 estados de la República, acudieron un total de 298 organizaciones civiles, de las cuales 66, suscribieron convenios de colaboración con nosotros. En lo que va de la presente gestión se mantiene ya un enlace permanente con 650 ONGE´s en todo el país. Convenios de colaboración. En el periodo que abarca el presente informe, se suscribieron 92 convenios de colaboración con entes públicos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, asociaciones culturales, etcétera, para la mejor protección y observancia, promoción estudio y divulgación de los derechos humanos. En materia indígena cabe referir el convenio firmado con el Senado de la República, por conducto de las Comisiones de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, a efecto de unir esfuerzos para la protección y defensa de este grupo vulnerable; asimismo el suscrito con el gobierno del Estado de Michoacán, en el que se establecieron las bases de cooperación y apoyo entre ambas instancias para difundir y divulgar los derechos humanos entre las comunidades indígenas. Por lo que hace al ámbito internacional, se suscribió Convenio General de Colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los refugiados y otro más con el Comité Internacional de la Cruz Roja, Delegación para México, América Central, Haití y el Caribe, con el propósito de desarrollar acciones de capacitación, promoción y protección en materia de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene cada vez más presencia en el ámbito internacional, toda vez que estamos plenamente concientes de que la defensa y protección efectiva de los derechos esenciales requiere como nunca, de la cooperación y del apoyo solidario y comprometido con la justicia y la democracia de los diversos factores que conforman el escenario mundial. Cabe agregar que hemos trabajado intensamente con organizaciones no gubernamentales internacionales, a fin de que se encuentre en la Comisión Nacional un espacio de interlocución abierto y respetuoso, que les permita profundizar sobre la labor que realizamos a favor de los derechos humanos, respondiendo puntualmente a las 2 mil peticiones de información que nos fueron formuladas. En el periodo que abarca este informe las actividades de capacitación, estuvieron dirigidas a los 3 sectores específicos, servidores públicos responsables de salvaguardar la seguridad nacional y a quienes prestan los servicios dentro del sistema educativo nacional. De particular importancia resulta la conclusión de la primera fase del Programa de Capacitación en Derechos Humanos para la Educación Básica, realizada con la Secretaría de Educación Público y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, en el que se grabaron seis videos de capacitación en derechos humanos, los cuales serán transmitidos vía satélite a los profesores de educación básica en todo el país. La producción editorial es otra de las actividades en la que hemos puesto especial énfasis a fin de impulsar la cultura del respeto a los derechos humanos en la sociedad mexicana. Las publicaciones de la CNDH han crecido en número y en calidad temática al incluir trabajos e investigaciones provenientes no sólo de las diversas áreas que la integran, sino también de investigadores externos e integrantes activos de la sociedad civil. En total se dictaron un millón 179 mil 805 ejemplares de libros, folletos, trípticos y cartillas sobre diversos temas de derechos humanos. En el año 2002 el ombudsman nacional dio un paso importante para el estudio, intercambio, formación y documentación en materia de derechos humanos, al poner en funcionamiento el Centro Nacional de Derechos Humanos, el CENADE como un nuevo espacio académico y de investigación para que las garantías y libertades fundamentales sean una práctica cotidiana y no sólo simples anhelos o postulados teóricos irrealizables. El CENADE concluyó diversos proyectos de investigación, como por ejemplo el Ombudsman Municipal en México; Dignidad y Derechos Humanos; Pena de Muerte, Derecho a la Vida o a ser Privado de ella Conforme a lo Previsto por las Leyes, entre otros. Respecto al apoyo que presentan investigadores especialistas, el CENADE cuenta con un centro de documentación y biblioteca, atendiendo la demanda de mil 600 usuarios quienes solicitaron préstamo de 3 mil 122 obras. En el 2002 las actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron destacadas en manera importante en los medios de comunicación, lo que permitió que la opinión pública estuviera actualizada sobre el trabajo de la institución. Muchas de las acciones de difusión de la defensa y protección de los derechos humanos realizadas por nosotros, habrían sido prácticamente imposibles de no haber contado con la importante cobertura por parte de los medios de comunicación. La CNDH agradece a los comunicadores su interés, sensibilidad y profesionalismo en el tratamiento informativo de los casos, las causas y los temas que nos atañen. Los 197 comunicados de prensa emitidos por el organismo nacional que pueden ser consultados en nuestra página electrónica, tuvieron amplia difusión por parte de los medios informativos, así, la información generada por esta comisión registró 4 mil 774 impactos en prensa escrita; mil 358 en radio; 657 en televisión, que sumaron 6 mil 489. De éstos, 5 mil 849 fueron notas periodísticas y comentarios positivos, lo que representó el 90% del universo total. De igual forma, se produjeron 6 campañas de promoción de 30 segundos para radio y televisión, los cuales fueron difundidos bajo el esquema de tiempo del Estado en todo el país. Ello significó un total de un millón 211 mil 582 impactos en radio que sumaron 10 mil 96 horas y 56 mil 888 impactos de televisión, casi 474 horas. Por lo que hace a la administración y actualización de la página Internet de esta comisión, se registró un total de 180 mil visitas, lo que representa un crecimiento del 100% respeto al periodo anterior. En el ámbito de cooperación con otros organismos, se otorgó alojamiento en los servidores del a CNDH a las páginas de Internet de las comisiones estatales de Derechos Humanos de Baja California Sur, estado de México, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Además, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México se diseñó un CD roam multimedia interactivo de capacitación en materia de derechos humanos, dirigido al personal de la CNDH y al público en general. En la presente administración la asignación y utilización de los recursos financieros con los que cuenta la CNDH se ha realizado con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y la normatividad interna. La institución opera con un presupuesto vinculado a sus funciones, actividades, programas, indicadores y metas, de modo que la evaluación del desempeño de cada área y de la propia Comisión en su conjunto, así como el correcto, racional y disciplinado uso de los recursos presupuestales, esto tal se transparente en el momento de la rendición de cuentas. Además como parte de la búsqueda de un servicio público de excelencia, se impulsó el proceso de desarrollar el Servicio Profesional de Carrera y la elaboración de las normas internas que regulan, entre otros aspectos, la selección, ingreso, evaluación, capacitación y promoción a los servidores públicos. Implantar una gestión de calidad, innovación y de mejora continua, es otra de las metas de la CNDH. El interés de la Comisión por impulsar el desarrollo institucional y mantenerse al tanto de las innovaciones y proyectos de la vanguardia en la materia, se dio reflejado también en la elaboración de un programa de acciones encaminadas a implantar a corto plazo a las mejoras propuestas, a fin de obtener un certificado de calidad para estándares internacionales. El Programa Anual de Control y Auditoría 2002 contempló un total de 22 auditorías, 21 internas y una externa, destacándose particularmente la promoción y observancia de la transparencia, honestidad y calidad administrativa, mediante la práctica de técnicas de revisión que permiten detectar, y en su caso sancionar dichos u omisiones del personal. Con en el convenio de colaboración con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativa, y con el fin de dar continuidad a la planeación estratégica y desarrollo administrativo, personal de la Unidad de Desarrollo Administrativo de dicha dependencia del Ejecutivo federal, apoyó a la Comisión Nacional en el diseño de indicadores del desempeño y gestión institucional. Dichos indicadores servirán de base, para que en las próximas revisiones y auditorías de desempeño que se realicen, tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por el órgano de control interno. Consejo Consultivo. Los logros obtenidos en este período se deben en gran medida al entusiasta y comprometida participación de quienes integran su Consejo Consultivo. Sin duda su orientación y apoyo fueron decisivos para la definición de grandes líneas de actuación del ombusdman nacional. La excelencia de los Consejeros se ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones, muestra de ello es el reconocimiento que el Senado de la República hiciera al doctor Fitz Zamudio, al otorgarle en el mes de octubre pasado, la medalla Belisario Domínguez, como justo reconocimiento a los servicios que ha prestado a la patria y a la humanidad. Igualmente nos congratulamos que la Cámara Alta haya designado como nuevos integrantes del Consejo Consultivo a la maestra Loreta Ortiz, a la doctora Patricia Cursain y a la doctora Paulette Iteren (?), así como se haya ratificado en este cargo al doctor Sergio García Ramírez. Las nuevas Consejeras sustituyeron en su cargo al doctor Juan Casillas, a la doctora Clementina Díaz y de Ovando y al maestro Guillermo Espinosa, a quienes hacemos un público reconocimiento por sus invaluables aportaciones a lo largo de su gestión. Señoras y señores legisladores. Señoras y señores. El respeto a los derechos, prerrogativas y libertades fundamentales de la persona, es característica y condición insoslayable para la realización efectiva del estado de derecho y la vida civilizada en su conjunto. México no puede quedar rezagado en un mundo que parece dispuesto, pese a grandes tropiezos y dificultades, a reconocer el valor social y la vigencia de los derechos humanos, y su enorme potencial como aspiración colectiva de una auténtica sociedad democrática, en la que nos reconozcamos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante todo el 2002, hizo una apuesta cotidiana por la vida civilizada, el entendimiento posible entre las personas y la solución pacífica de las controversias. Nuestras acciones y resoluciones buscaron siempre restituir derechos a quienes, con diferentes grados, los habían perdido por actos indebidos o abusos de alguna autoridad. Ante situaciones difíciles, hemos recibido de los legisladores, expresiones de comprensión e incluso muestras claras de solidaridad y de apoyo crítico. Hoy puedo decir desde aquí, agradecerles todas. En otras ocasiones hubiéramos querido tener más respuestas y más retroalimentación con este órgano legislativo. Si tuviéramos que mencionar en este momento tres campos de derechos humanos ante los cuales casi cualquier esfuerzo puede parecer infructuoso y que por lo mismo reclaman mayor dedicación, eficacia y compromiso público, estos serían: la protección a los migrantes, la defensa jurídica oportuna de connacionales sentenciados a la pena de muerte y el impulso a la tolerancia como fórmula de respeto y de convivencia social, pues estamos ciertos que aún es escaso el conocimiento que en los hechos se tiene de ella. La institución pública del ombusdman quiso acreditar una vez en el 2002 su buena fe, pero no puede permitirse ser ingenua. Con la ley en la mano fuimos y seguiremos siendo severos, pero siempre buscamos ser justos. Por ello, las probables conductas violatorias de los derechos humanos, las apreciamos con objetividad del Derecho y desde la perspectiva condolida de quien escucha y es capaz de conmoverse con la víctima. Si alguna prevención tengo que hacer hoy, es la de manifestar una vez más, lo mucho que nos falta todavía como sociedad, para formar un verdadero frente común, por la exigencia y el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo expreso mi optimismo, que es el de todos quienes servimos en la CNDH, de que esta causa, la causa de los derechos humanos, por lo mucho que representa para la sociedad justa, equitativa y solidaria, es ya irreversible. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias al doctor Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con este acto se da cumplimiento a lo planteado en el Aparto B-102, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Esta presidencia quiere reconocer el esfuerzo, el trabajo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por avanzar en la cultura de la tolerancia, del respeto al marco de derecho y de respeto a la dignidad humana. Como el señor doctor Soberanes ha señalado, tenemos todavía grandes carencia, particularmente en la relación a los derechos de los pueblos indios. Esta presidencia quiere expresar que ciertamente los funcionarios públicos tendrán que avanzar en el respeto a este sector tan importante de la población . Pero también quiere señalar que es un problema de la sociedad mexicana. Mientras la sociedad mexicana todavía realice ciertos tipos de discriminación con la población indígena de nuestro país, difícilmente podremos avanzar en la cultura de los derechos humanos. Esto es algo que no sólo compete a los funcionarios públicos, compete a toda la sociedad mexicana y desde luego, el otro gran tema es el de los migrantes; maxime, lo debo señalar, ahora que en las primeras horas de este día, regresé de Centroamérica y he sentido un planteamiento permanente de la necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos a los migrantes centroamericanos, sea que vengan a trabajar al país o hacia el tránsito hacia los Estados Unidos. Ciertamente éste avance en la cultura de respeto a los derechos humanos desde mi punto de vista tiene que ir de la mano con el avance en la cultura de la legalidad. Es algo que también obviamente tienen prioridad los funcionarios públicos. Pero todos los mexicanos tendremos que avanzar en la cultura de la legalidad, en el respeto al marco de derecho vigente. Y finalmente también tendremos que avanzar en la medida que nuestra democracia avance, no sólo en el sentido del perfeccionamiento de las instituciones públicas que tienen que ver con las selecciones y el sistema político mexicano, sino sobre todo con la democracia como una práctica cotidiana y que se funda, sobre todo, en la mayor participación de la ciudadanía. Me parece que esto es algo que la sociedad mexicana tiene que asumir como propia para avanzar más rápidamente en la cultura de los derechos humanos. Esta presidencia informa al pleno que el análisis del informe que hoy día presenta ante esta soberanía el doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se realizará el próximo miércoles 19 de marzo de este año, en reunión conjunta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Senadores. Túrnese el informe a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Se pide a la comisión designada acompañar al doctor José Luis Soberanes Fernández cuando éste desee retirarse.