El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Muchas gracias, diputado presidente. En los países desarrollados las licencias de conducir son expedidas únicamente a personas que, mediante exámenes prácticos y médicos, comprueban poseer conocimientos teóricos, habilidades técnicas y un estado de salud adecuado para desempeñarse como conductores. Desafortunadamente, en nuestro país cualquier ciudadano puede obtener o renovar una licencia de conducir de manera casi automática, sin restricción alguna; sólo necesita pagar los derechos para lograr que ésta le sea otorgada. En la mayoría de los casos, existe la irresponsabilidad por parte de las autoridades para expedir licencias sin comprobar si el solicitante maneja algún tipo de vehículo, y en estos casos no hay una investigación previa de la persona a quien se le otorga una licencia, no se aplican exámenes de conocimientos prácticos y médicos, lo cual aumenta la inseguridad de millones de conductores y transeúntes que diariamente circulan en todo el país. Lo anterior es preocupante si consideramos que la mayoría de los accidentes son provocados por imprudencias de los conductores, del incumplimiento de las señales de tránsito, de la alta velocidad, incapacidades físicas, ingesta de alcohol, drogas y utilización de teléfonos celulares. De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, en México se registran cada año cuatro millones de accidentes de los cuales 24 mil personas pierden la vida, 750 mil resultan heridas de gravedad y alrededor de 40 mil personas quedan discapacitadas. Es lamentable que de los 10 millones de personas que padecen alguna discapacidad a nivel nacional el 20 por ciento la adquiera en un accidente automovilístico. Peor aún, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes de entre 15 y 29 años de edad están falleciendo ocho mil cada año por este tipo de accidentes. Un sector que se vería afectado en los accidentes de tránsito son los adultos mayores de 60 años. De acuerdo con la iniciativa mexicana de Seguridad Vial, en promedio 113 mil ancianos quedan lesionados y dos mil 500 fallecen anualmente por esta causa. Un problema serio es la gran cantidad de peatones fallecidos y lesionados por atropellamientos, pues de acuerdo con el INEGI estos accidentes ocupan el primer lugar de mortalidad a nivel nacional con un promedio anual de ocho mil 500 muertes. Es decir, el 34 por ciento de los accidentes totales. Ante la gravedad que representan los accidentes automovilísticos, es necesario que la autoridad realice pruebas prácticas, teóricas y médicas antes de otorgar una licencia. Tanto el diputado Acosta como yo, estamos convencidos de que los accidentes no solamente son responsabilidad de los conductores, sino también de los gobiernos que no aplican restricciones y de manera puntual los reglamentos al momento de expedirlas. Por ello acudimos a esta honorable asamblea para proponer cambios a los artículos 30 Bis, 36 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elabore lineamientos nacionales para la expedición o renovación de licencias y permisos de conducir de vehículos automotores de transporte terrestre. El objetivo es contar con una normatividad federal que permita, en el mediano plazo, homologar los reglamentos internos de las Secretarías de Tránsito y Vialidad de los estados de la República, a efecto de estandarizar los requisitos para el otorgamiento de licencias que, entre otros aspectos, prevea Uno. La realización obligatoria de exámenes teóricos, prácticos y médicos a los conductores. Dos. Responsabilidad y obligaciones a las que son susceptibles. Tres. Tipos y modalidades de licencia según la edad y la salud del solicitante. Cuatro. Licencia según el tipo de transporte; y Cinco. La temporalidad. Asimismo, resulta inaplazable que la Secretaría de Seguridad Pública constituya el Registro Nacional de Licencias y Conductores, el cual contribuya a formar una base de datos con información de los conductores, accidentes en los que han participado, la frecuencia y motivos de las infracciones y por supuesto las penalizaciones de tránsito, así como verificar si el conductor tiene problemas en otro estado de la República y con ello contribuir que las autoridades correspondientes cuenten con información confiable al momento de renovar y/o, en su caso, suspender o cancelar definitivamente una licencia o un permiso de conducir.