La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias. El sonido está fallando un poco, ojalá le puedan subir muchísimas gracias. Se trata de que nos escuchemos todos, cómo de que no. Es sorprendente que una reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas tan necesaria para el país y tan defendida por un amplio sector de la sociedad civil emane de un proceso legislativo tan cerrado y opaco, carente de información oportuna y de las consultas públicas que debieron caracterizar a todo parlamento responsable, democrático y desde luego transparente. Recibimos del Senado una minuta ejemplar y progresista que lanzamos al remolino de las rebatingas, la transacción, la conveniencia. Somos como el Rey Midas, pero a la inversa: convertimos en miseria todo lo que tocamos. El único ingrediente original que emanó de esta Cámara, pero desde luego no se incluyó en el dictamen, fue incluir como sujetos obligados de transparencia a los grupos parlamentarios. El artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso establece que la Cámara de Diputados le otorgará a cada grupo parlamentario una subvención económica mensual además de los recursos materiales de oficina, integrada por una cantidad fija y también por una cantidad variable, dependiendo del número de diputados que integran cada grupo, lo cual significa que los grupos parlamentarios obtienen recursos públicos. Sin embargo, tales recursos son administrados a placer por los partidos y éstos no están obligados a rendir cuentas absolutamente a nadie sobre cómo se utilizan. Pero continuando con todo lo que echamos a perder de la minuta del Senado, con respecto a la inatacabilidad de las resoluciones del órgano de transparencia y acceso a la información, abrir la posibilidad a que la consejería jurídica las combata en los hechos representa que toda la administración pública de la federación se pueden conformar y evitar entregar la información, lo cual anula en la práctica la esencia del propio organismo. Desde luego, la minuta del Senado establecía la definitividad de las resoluciones de forma categórica, pero aquí se privilegió la opacidad y la visión autoritaria y patrimonialista de la información pública. Es ridículo, compañeros, que le demos tanta autonomía al órgano de transparencia y al mismo tiempo le arrebatemos toda su autoridad y su poder. Por otro lado, consideramos prioritaria la intervención de la sociedad para opinar en un consejo consultivo sobre los mecanismos de acceso a la información, los medios de impugnación, el plazo de cumplimiento de las resoluciones, la temporalidad de las reservas de información, los supuestos de restricción en la información pública y tantos más temas que son trascendentales en esta reforma. Señoras y señores diputados, la transparencia en México que ahora está en boga en nuestro quehacer legislativo no es una novedad; obedece a un proceso histórico político y social de más de 30 años. Es una lucha ciudadana que se ha ido perfeccionando cada vez más no sólo a nivel nacional, sino desde luego también en el internacional. No podemos violentar ese proceso ignorando el espíritu progresista que se ha revestido durante todo este tiempo. Debemos enfatizar que excluir lo que propuso el Senado y dejar de considerar los reclamos de la ciudadanía en materia de transparencia y protección de datos, es negociar y limitar a lo que el sistema internacional de derechos humanos denomina coto vedado. Aquello que por su transcendencia material queda fuera de la voluntad del Poder Legislativo aun siendo soberano para preservar la protección de los derechos fundamentales, que es el eje rector de un Estado democrático contemporáneo. Tenemos que recordar una cosa, el acceso a la información no es un derecho que mediante actos legislativos otorguemos a la ciudadanía. El derecho a la información es un derecho humano y, por lo tanto, no se otorga, se reconoce. Es nuestra obligación incorporarlo a la ley de manera absoluta y categórica. Muchísimas gracias.