El diputado Iván García Solís: Quien suscribe diputado federal a esta LIX Legislatura, en función de los ordenamientos vigentes y a tono con la siguiente exposición de motivos, presento un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en materia de declaración de procedencia, en su artículo 28. El objeto de la presente iniciativa es adecuar el artículo 28 y esto es urgente, urgentísimo- de la ley de referencia, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ello tiene como objetivo hacerle frente a la crisis en que se está conduciendo al país debido a la indebida aplicación e interpretación de leyes fundamentales. El artículo 111constitucional en efecto establece en su 7º párrafo: "El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado, será separado de su encargo en tanto, en tanto, esté sujeto a proceso penal". La palabra clave de este enunciado es "en tanto", que condiciona la separación del cargo a la sujeción a proceso penal, interpretando este precepto a contrariu sensu, el inculpado que no esté sujeto a proceso penal no se encuentra separado de su encargo. Y esto es muy importante decirlo ahora que el Procurador de la República de manera facciosa, como generalmente lo hace y es general más que procurador- ha sostenido, ha sostenido, pese a la corrección que se hizo del error de la mayoría de la Cámara, que suscribió, votó conclusiones en las que se daba por separado de su cargo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal repito- pese a que hubo esa corrección tardía, pero en todo caso recuperable e importante por parte de la Presidencia de esta Cámara, pese a todo la Procuraduría insiste en que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal se encuentra separado de su cargo. Esta situación gravísima para el país, a la que la Cámara de Diputados no debe dar la espalda, sino al contrario, afrontar en todas sus consecuencias, tiene que ser dirimida también no solamente -como de hecho se está haciendo o se debe hacer y los tratadistas más importantes de México lo suscriben- no solamente rescatando la preeminencia del artículo 111 sobre un artículo 28 de la Ley de Responsabilidades, sino también corrigiendo un artículo que fue mal suscrito, mal redactado y mal aprobado en el año de 1982. En efecto, en esa ocasión, cuando se produjo la reforma constitucional que permite inferir, que permite decidir, que permite aclarar que la separación de cargo no es automática, sin embargo no fue concomitante con una redacción adecuada del artículo 28. Ese artículo 28 quedó como un resabio de posiciones autoritarias que hoy han sido aprovechadas, se ha pretendido aprovecharlas para despeñar al país en esta serie de acciones ilegales y que por lo tanto se convierten también en ilegítimas, que en vez de respaldar y resguardar los principios constitucionales, provocan una seria retracción en el orden de nuestro país. Hay que decir, citando a Kelsen; Kelsen es útil ahora, independientemente de la orientación idealista que tiene por sustrato en las concepciones de este pensador, tiene una relación muy importante entre derecho y justicia que aquí exhibo frente a ustedes. Para Kelsen, aquello que no lleva a la justicia no da legitimidad al derecho y esto es clarísimo en el caso de la destitución arbitraria del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Más aún, debemos decir que en este momento en que existen un par de controversias constitucionales, quiero señalar enfáticamente que la primera, la entablada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tiene plena legitimidad, tiene plena legitimidad y corresponde al derecho que tiene también esta entidad fundante del pacto federal, el Distrito Federal, a contar con su propio gobernante y que si es el caso, si es el caso de juzgarlo y eventualmente desconocerlo, es a ellos, a los legisladores del Distrito Federal, del mismo modo que ocurre con los legisladores de los estados de la República, a quienes debiera corresponder la atención de ese caso, lo cual no se ha estado haciendo y es lo que la asamblea reclama. Por lo tanto, esa controversia constitucional busca la justicia invocada Hans Kelsen. ¡Esa es la controversia legítima! La otra, la que ha interpuesto el Presidente de la Cámara, esa es una controversia que busca mantener y ahondar y preservar, si la palabra es buena, el autoritarismo, la dependencia y el tutelaje sobre el Distrito Federal. Cómo es posible decir en esta segunda controversia, que de lo que se trata es de una invasión de facultades de la Cámara de Diputados, cómo se puede decir eso si la palabra "invasión" tiene que ser relacionada con la suspensión de derechos y garantías de un ente jurídico, un ente político, un ente constitucional, como en este caso es el Distrito Federal, entidad que lucha con éxito progresivo el ser autónoma plenamente. Por lo tanto, ciudadanas y ciudadanos legisladores, reivindico y demando la corrección de esta ley, la modificación del artículo 28, para que quede en concordancia del 111. Y comento adicionalmente, como lo hice, la inconveniencia de la controversia constitucional emprendida por la Presidencia de esta Cámara contra la Asamblea Legislativa y la legitimidad de ésta última. Planteo en términos concretos la reforma de ese artículo 28 en los términos escritos en mi ponencia y que pido que junto con esta intervención pase de manera íntegra al Diario de los Debates. Rubrico mi intervención diciendo: ¡No a la provocación, no al golpismo, sí a la autonomía del Gobierno del Distrito Federal; sí a la autonomía y al derecho que le asiste a la Asamblea Legislativa para conocer cualquier reclamación sobre su Jefatura de Gobierno. Gracias.