El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Compañeras, compañeros diputados, una de las partes sustanciales precisamente del quehacer de los legisladores, es la actualización y homologación de las normas secundarias que nos rigen, la cual es una labor muy importante para que nuestros ordenamientos jurídicos mantengan su racionalidad y coherencia. En este caso el de las reformas a la fracción V del artículo 66, a la fracción I a la V y el tercer párrafo del artículo 74, así como la fracción I a la III del artículo 74 Bis, todas de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Con estas modificaciones, la Comisión de Comunicaciones y Transportes nos propone adecuar la norma para utilizar las Unidades de Medida y Actualización como referente para el cálculo de las sanciones. En el mes de enero, como lo comentó el señor diputado, de 2016, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación dos decretos que modificaron sustancialmente el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el decreto citado se ordenó el cambio de la denominación del Distrito Federal por la Ciudad de México, así como la desindexación del salario mínimo como unidad de medida o referencia para el cobro de multas, cuotas y contribuciones. En su momento resultaron claros los efectos legales y económicos que se pretendían mediante el uso del salario mínimo como unidad de cuenta. Dichos efectos se expresan claramente en más de 140 ordenamientos legales de carácter federal, cuya modificación debe realizarse con base en la reforma constitucional citada. No obstante, los cambios realizados en nuestra Carta Magna son muestra en muchas de las leyes que conforman el orden jurídico mexicano, aun se emplea el término salario mínimo para calcular el pago de sanciones y el cumplimiento de obligaciones de carácter administrativo con efecto patrimonial. A pesar de que han transcurrido más de tres años desde su promulgación de la reforma constitucional citada, aun no se han realizado de manera expresa las adecuaciones legales y reglamentarias que el régimen transitorio del decreto en cuestión ordenaba llevar a cabo en un máximo, un plazo máximo de un año. En virtud de que la ley que se pretende reformar regula los servicios de autotransporte que operan en los caminos y puentes federales, así como los servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías, resulta de la mayor importancia entonces mantenerla actualizada, pues no podemos soslayar la importancia de dichos elementos para el desarrollo de nuestro querido México. A través de las adecuaciones planteadas se evitarán imprecisiones jurídico-administrativas que podrían generar efectos negativos de carácter económico en el sector del transporte. Pero, sobre todo, es de dar certidumbre a las ciudadanas, a los ciudadanos, cerrando la puerta de cualquier tipo de confusión que pudiera prestarse a una interpretación personal de los servidores públicos en cuanto a esta norma. Con la finalidad de cumplir con el propósito anterior, resulta indispensable que el texto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, exprese claramente el mandato de la reforma constitucional en materia, para lo cual, el Congreso de la Unión está obligado, las y los diputados estamos obligados a realizar las adecuaciones que correspondan a su competencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Partido Verde ratificamos nuestro compromiso con la actualización permanente de la legislación en materia de comunicaciones y transportes, como un instrumento para el ejercicio del derecho de los mexicanos a contar con vías de comunicaciones, con infraestructuras modernas y seguras. Las y los diputados del Partido Verde votaremos, por supuesto, a favor de la aprobación del dictamen para brindar certeza jurídica al cambio y al ámbito de las comunicaciones y transportes, y homologar la norma secundaria a lo que marca nuestra Constitución. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputadas, diputados.