La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con la venia de la Presidencia. La crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19 nos ha causado mucho dolor y sufrimiento, pero también nos ha dejado lecciones que, si bien son muy duras, resultan de mucha utilidad si sabemos entenderlas y aprovechamos el momento para replantear el modelo de sociedad que hoy tenemos y cuyas debilidades han sido claramente exhibidas por la pandemia. Nos enfrentamos al enorme reto de reencauzar a un país duramente golpeado por el coronavirus, pero también la gran oportunidad de encontrar soluciones efectivas y duraderas a todos los problemas que han emergido con la pandemia o se han visto agravados por ella. La cuestión no es solamente cómo salir de la crisis, sino discutir qué tipo de Estado necesitamos para ello y poder hacer de México un lugar mejor para vivir del que era antes. La coyuntura actual debe servir para identificar y enfrentar las fallas en las estructuras institucionales que hemos construido y que, a pesar de los valiosos esfuerzos de mucha gente para enfrentar la crisis del Coronavirus, se han visto rebasadas. Hoy nadie cuestiona la importancia de garantizar una inversión más robusta y suficiente en los sistemas públicos de salud para asegurar el acceso a la misma en condiciones dignas para todos, y desinhibiendo su mercantilización. En el mismo sentido, tampoco hay duda de la necesidad de fortalecer o en su caso construir instituciones que apunten hacia la solidaridad y a garantizar la igualdad de oportunidades para todos. El Covid-19 ha expuesto con gran rudeza las enormes desigualdades existentes en nuestro país, y nos ha demostrado que estas son un factor determinante en la forma y la magnitud de las afectaciones causadas por eventos catastróficos e inesperados, en las personas y en las personas y en las comunidades. Ha quedado claramente demostrado que son los más pobres, los marginados y excluidos, los que durante mucho tiempo fueron objeto de abandono en este país, quienes más sufren frente a circunstancias como la que hoy estamos atravesando. Es evidente que los contagios, el riesgo y las muertes causadas por el Coronavirus se multiplicaron entre quienes, por su circunstancia económica no pudieron quedarse en casa para evitar la propagación del mismo, porque eso significa dejar de percibir un ingreso y no llevar comida a su mesa o no poder pagar la renta o dejar de atender cualquier otra necesidad básica. Hoy no queda duda de que es imprescindible la intervención estatal para corregir las fallas del mercado en la asignación de los recursos y responder de mejor manera a las demandas y necesidades de la sociedad en su conjunto. Hoy, está más que clara la urgencia de redireccionar los recursos públicos hacia las tareas de cuidado y asistencia social para todos, pero fundamentalmente para los grupos más vulnerables, aquellos que sin el apoyo del Estado ven reducidos considerablemente sus posibilidades de desarrollo y su bienestar. En este contexto se inscribe el dictamen que hoy está a nuestra consideración, el cual tiene como propósito principal el reconocimiento constitucional del derecho de las personas a cuidar y a ser cuidados, lo cual representará no solo un impacto muy positivo para las condiciones de vida y de bienestar de millones de mexicanos, sino que también será una buena señal de que hemos entendido que para transformar realmente la realidad de nuestro país se requiere hacer cosas diferentes. El cuidado es concebido actualmente como una responsabilidad primaria de las familias, que debe resolverse en el ámbito privado, y no está mal que así sea, pero debemos reconocer la existencia de millones de hogares de mexicanos que no cuentan con la capacidad para responsabilizarse y atender a personas que requieren el apoyo de otros de manera temporal o permanente, para solventar incluso sus necesidades más básicas. Por ello, es necesario fortalecer el soporte y las prestaciones del Estado hacia las personas, las familias y las redes comunitarias para satisfacer necesidades fundamentales de los hogares vinculados al cuidado infantil y de los adultos mayores o de otros miembros dependientes como las personas con discapacidad. Por otra parte, debemos reconocer que hasta ahora en nuestro país ha venido restringiéndose la protección del derecho al cuidado de las personas que cuentan con un trabajo formal, dejando excluidos a grandes sectores de la población tales como trabajadores no registrados, informales y trabajadoras domésticas. La ausencia de servicios y políticas públicas enfocadas a la asistencia social, o bien su deterioro por falta de inversión, pone en evidencia los conflictos que enfrentan las familias para asegurar la permanencia de sus integrantes en el mercado laborar, sin descuidar sus responsabilidades familiares. Por eso, celebro la voluntad existente para el reconocimiento en nuestra Carta Magna del derecho al cuidado. Lo anterior, dará pie a la creación del sistema nacional de cuidados en nuestro país, que en su momento deberá de materializar, en una ley general como garantía, el establecimiento de políticas y servicios públicos con accesibilidad, pertenencia, suficiencia y calidad a fin de proporcionar cuidados a toda persona que lo requiera, dando prioridad a quienes se encuentran en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad o ciclo vital. Por otra parte, celebro igualmente que las reformas propuestas al artículo 4o. constitucional contemplen la obligación del Estado de promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado. Es una realidad innegable que nuestro país, el cuidado del hogar y de sus miembros recae, fundamentalmente, en las adolescentes y las mujeres, incluso, a pesar de que en muchos casos realizan actividades similares a las de los varones y aportan también buena parte de sus ingresos al sostenimiento de la familia. No se trata solamente de cómo se distribuye el cuidado dentro del hogar, sino de cómo el Estado, el mercado y la comunidad contribuyen a proveer servicios para reducir la carga dentro de los hogares, aligerando así la responsabilidad de que históricamente o injustamente han sido asignadas a las mujeres y por las cuales casi nunca obtienen ningún reconocimiento ni remuneración alguna. Con lo anterior, daremos a las mujeres mayores oportunidades de acceder a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones y de mantener esta condición durante todo el desarrollo de su desempeño laboral, pues no se puede soslayar que el tener responsabilidades en el hogar y asumirlas sin el apoyo de los demás miembros de la familia también puede convertirse en un factor de segregación ocupacional. En suma, votaremos a favor del presente dictamen porque constituye una medida igualadora que busca corregir no solo las desigualdades derivadas de una mala distribución del ingreso y la riqueza, sino también, las asimetrías existentes entre hombres y mujeres en relación con las responsabilidades y los cuidados en el hogar. Es cuanto, muchas gracias.