El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia. Señoras y señores legisladores. La seguridad jurídica es un principio del derecho universalmente reconocido que encuentra su fundamento en la certeza propia del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su propia aplicación. Los derechos de seguridad jurídica de todas las personas deben de estar eficientemente garantizados por el Estado, con la finalidad de fortalecer el desarrollo pleno del individuo y de la misma sociedad. Es uno de los elementos más importantes de cualquier régimen democrático. En éstos concurren el orden jurídico y la función gubernamental real. Así, en mi bancada, Nueva Alianza, lo entendemos como un conjunto de derechos humanos fundamentales que ofrecen la certeza del derecho que tiene el individuo para que su situación jurídica no sea modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos previamente y debidamente publicados. En este sentido, el tiempo es un elemento fundamental de la seguridad jurídica que no es inofensivo en el derecho. La justicia pronta y expedita, cuando no es pronta y no es expedita, no es justicia. El tema de la lentitud de los procedimientos está presente en el derecho. La evidente prolongación a veces de muchos años en la tramitación de los asuntos procesales, obliga a hacer una reflexión sobre la importancia de los plazos y de los términos. Los tiempos en un procedimiento adquieren singular importancia al tratar de buscar un mayor equilibrio entre la potestad pública y el derecho o el interés legítimo de cada uno de los ciudadanos. Es por ello que ha sido necesario plantearse el problema de la dimensión temporal y su incidencia en la calidad de algunas relaciones jurídicas entre la administración y el propio ciudadano. Si no se administra adecuadamente los tiempos en el ejercicio de la potestad sancionadora, la infracción puede prescribir, además de que alarga el proceso de manera negligente, violenta el derecho fundamental a la certeza jurídica de cada individuo. En este contexto, en el proceso administrativo se debe de cumplir con la garantía de la seguridad jurídica de los individuos reduciendo en todo momento los espacios de la indeterminación. Es por ello que en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen que establece la caducidad de los procesos en el caso de que la autoridad por inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento por tres meses, entendiendo que la caducidad es una institución procesal que encuentra su fundamento en razones de seguridad jurídica al evitar o tratar de erradicar la incertidumbre que supone un procedimiento, por lo que las fechas son primordiales. En este sentido, el dictamen va encaminado a agilizar los procesos administrativos fijando un plazo máximo para el término del proceso sancionador. De esta manera se evitan las demoras y alargamiento de los procedimientos al libre arbitrio de la autoridad. Al aprobar el presente dictamen, estoy seguro que abonaremos para que los procesos se lleven a cabo con mayor eficacia y prontitud, sancionando de facto el no ejercicio de las facultades de la autoridad para actuar de manera pronta y expedita en la aplicación de la ley. Es cuanto, señor presidente.