La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Efectivamente, presento esta iniciativa en nombre de mi compañera diputada Frida Alejandra Esparza Márquez. Al día de hoy, el reconocimiento, goce y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia sigue siendo una deuda social. Estamos viviendo un momento coyuntural caracterizado por el aumento de la violencia contra las mujeres en sus distintas modalidades, aunque también una mayor indignación y conciencia para atender con urgencia este fenómeno. Sin embargo, es una realidad que no hemos hecho lo suficiente para avanzar más rápido en la protección y el pleno respeto de los derechos de las mujeres. En ese sentido, reconocemos el esfuerzo de las instituciones del Estado en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, esos esfuerzos no han sido suficientes para hacer efectivos los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que proponemos en primer término, ya que durante la emergencia sanitaria no se controló el fenómeno de violencia que preexistía en el país, sino que aumentaron muchos indicadores de violencia contra las mujeres dentro del hogar, sin la presencia efectiva de las autoridades que presentan servicios de atención y urgencia, se propone establecer la obligación de brindar servicios de atención telefónica especializada las 24 horas durante los 365 días del año, así como la aplicación de medidas alternativas y emergentes para que se puedan acercar los servicios de emergencia a las mujeres, niñas y adolescentes que viven violencia en sus hogares. En este sentido, se incluye como una facultad de la federación realizar las acciones necesarias en las instancias especializadas para la atención de las mujeres, así como celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación para garantizar que permanentemente exista información y el debido funcionamiento de estos servicios. La segunda propuesta tiene que ver con el contexto de violencia a la que se enfrentan las mujeres migrantes, desde la violencia comunitaria de la cual escapan, hasta la violencia institucional que se ejerce en México por las distintas autoridades que intervienen de forma directa en su tránsito por el país, como los cuerpos de seguridad pública municipal, estatal y federal, las autoridades de migración, militares y personal de procuración de justicia, por lo que se propone que la ley, sin contravenir las normas migratorias, se convierta en un marco de protección para las mujeres migrantes por su condición de vulnerabilidad, a fin de que puedan acceder a servicios de orientación, atención médica, psicosocial y representación jurídica, de albergue y seguridad física, patrimonial o económica. La tercera propuesta está orientada a la obligación que tienen los estados y los municipios para observar, actualizar y cumplir con las disposiciones y principios de la ley, por lo que se propone obligar expresamente a los Congresos de los estados y a los cabildos municipales a homologar o armonizar sus leyes o disposiciones normativas, por lo menos conforme a los estándares de las leyes generales nacionales. De lo contrario, los avances que se tienen en la promoción, defensa y protección de los derechos de las mujeres seguirán rezagados justamente en los lugares donde las mujeres tienen mayor contacto con sus autoridades. Adicionalmente, se propone incorporar a la ley como parte de las acciones con perspectiva de género que debe contener el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La generación de estándares mínimos de comportamiento ético a los que deben sujetarse las personas servidoras públicas vinculadas con la atención a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia. De igual forma, se incorpora como una obligación de las entidades federativas y los municipios realizar las gestiones necesarias para propiciar que las instituciones vinculadas con la atención a la violencia de género elaboren e implementen adecuadamente códigos de conducta y normas éticas que incorporen dichos estándares. Por último, se propone una reforma para que la Secretaría de Educación Pública incorpore como parte de sus obligaciones la de otorgar información y contar con mecanismos de prevención y denuncia en los casos de violencia contra mujeres y niñas, que sea detectada a través de los medios electrónicos o clases en línea en todos los niveles de escolaridad. Con esta iniciativa, el Grupo Parlamentario del PRD reitera su compromiso con los derechos humanos de las mujeres, particularmente el derecho a una vida libre de toda violencia. Es cuanto, diputado presidente.