El diputado Patricio Chirinos del Ángel: Gracias, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados. En ejercicio de mis derechos y en apego al marco jurídico aplicable, como integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de Veracruz, someto respetuosamente a consideración de los integrantes de esta honorable Cámara, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Es de verdad lamentable el escenario económico al que millones de mexicanos estamos sometidos en la actualidad. Esto, como es de todos sabido, deriva de las erróneas políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal durante los últimos años. Sumemos a estas incapacidades la muy lamentable consecuencia de la pérdida desmedida de cientos de miles de empleos que ha deteriorado el bienestar familiar, afectando su poder adquisitivo y la natural necesidad insatisfecha de salir adelante. El mal manejo económico ha ido devastando al sistema crediticio nacional, frenando en gran medida la capacidad de pago de los créditos adquiridos por los deudores, incrementando exponencialmente los casos de la cartera vencida. Es común enterarse a través de la prensa nacional, así como de instituciones, dependencias, entre otros, de informes que corroboran la gravedad de la situación económica, que nos proporcionan cifras alarmantes, confirmando la problemática de los millones de endeudamiento. En lo que va del presente año, 650 mil personas han dejado de pagar sus créditos. Tanto sociedades de información crediticia, como bancos y entidades prestadoras de servicios financieros, violan constantemente los derechos de acceso a la información de los deudores. Entre estas instancias no se intercambia la información de los créditos en tiempo real, de manera expedita, oportuna y adecuadamente actualizada para formar su base de datos. Además, señala a los clientes, de acuerdo con un catálogo de clasificación establecido por las propias sociedades de información crediticia y el Banco de México, en rangos clasificatorios que éstos contemplan, identificando a los deudores con el número nueve, que puede detonar desde un atraso en los pagos del crédito y de más de 12 meses, hasta en fraude por parte del deudor. Esto muy a pesar de ya haber negociado una reestructura o quita en el crédito por parte del consumidor. Pero no basta la reclasificación administrativa en el buró de crédito con el objeto de incluir a casi 2.7 millones de personas que reestructuraron su deuda. Existe la incertidumbre de personas que aun mostrando voluntad de solución siguen siendo señalados como morosos y, en el peor de los casos, como delincuentes, registrándoseles con el número 99, que significa fraude cometido por el consumidor, inhibiendo automáticamente la posibilidad de los afectados para poder adquirir nuevos créditos. Frente a este panorama, citemos, por ejemplo, un cuestionamiento: ¿cómo será posible que el titular de la Condusef, a sabiendas de la terrible situación crediticia, manifestada en la prensa en su informe, no haya solicitado desde hace tiempo reclasificación en los catálogos al Banxico, informando oportunamente de este asunto a los consumidores, deudores, sociedades de información crediticia y bancos o instituciones prestadoras de servicios financieros? Esto sólo significa una cosa: que de cualquier manera el afectado será siempre el consumidor, siempre se verá dañado en sus derechos y siempre tendrá la razón el buró de crédito y las prestadoras de servicios financieros. No obstante los abusos que aquí mencionamos, los bancos e instituciones prestadoras de servicios financieros venden a despachos de abogados sus carteras vencidas, quienes utilizando el hostigamiento en el cobro ilegal a los deudores se valen de arbitrarios argumentos y palabras altisonantes mediante llamadas telefónicas de acoso realizadas en todo momento, incluso en horas de la madrugada y hasta con actitudes prepotentes y amenazantes frente a la presencia física de los deudores. Debemos fortalecer el régimen de sanciones ejemplares ya contempladas en la ley para que estas instituciones cumplan con transparencia y seriedad sus obligaciones legales. Tanto las sociedades como los usuarios deben responder siempre, no solamente cuando haya culpa grave, como dice actualmente el artículo 51, sino en todos los casos de imprudencia o negligencia en el manejo de la información puesto que, independientemente del grado de intencionalidad de la conducta, lo que debe dar lugar a la asunción de la responsabilidad es la consecuencia que sufre el cliente, la cual puede traducirse en un daño a su patrimonio, pero también en un perjuicio cuando deje de obtener un crédito por el registro indebido de una morosidad, cuando por ejemplo su cumplimiento no fue reportado a tiempo. Es incuestionable que sólo se podrá avanzar y dar solución con mano firme. Velar por los intereses de la sociedad es una de las responsabilidades de los legisladores de la república. Por ello incidiremos en la solución del problema de la cartera vencida. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley para Regular a las Instituciones de Información Crediticia, para quedar como sigue: Artículo 51. Las sociedades responderán por los daños y perjuicios que causen a los clientes al proporcionar información falsa o errónea o al dejar de proporcionar a quien legalmente la deban entregar, cuando exista culpa, dolo o mala fe en el manejo de la base de datos. Asimismo, los usuarios que proporcionen información falsa o errónea dejen de entregar a quien legalmente corresponda, responderán por los daños y perjuicios que causen al cliente al proporcionar dicha información cuando exista culpa, dolo o mala fe en el manejo de la base de datos. Es cuanto, señor presidente.