El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, México está actualmente sumido en una grave situación de corrupción e inseguridad pública, por lo que es apremiante actuar y atender en conciencia todas las causas que generan esos problemas y proponer soluciones. El Estado mexicano en sus tres ámbitos de gobierno tiene para con sus gobernados como principal obligación garantizar la seguridad pública, y como parte fundamental de esta obligación el Constituyente formuló el artículo 21 constitucional, donde estableció la institución del Ministerio Público, quien en su ámbito federal o estatal deberá coordinarse con los otros niveles de gobierno para cumplir con los objetivos de su investigación y persecución de delitos. Para cumplir con el objetivo de garantizar la seguridad pública, se hicieron reformas constitucionales importantes. La primera, en 1994, en el sentido de que el nombramiento del procurador general de la República que hiciera el titular del Poder Ejecutivo tendría que ser ratificado por el Senado. Este es el primer antecedente de pesos y contrapesos para que el perfil de un verdadero procurador de la República fuera imparcial, objetivo, eficiente y, sin embargo, a varias décadas de esa reforma constitucional los resultados no fueron los esperados. Al contrario, estamos igual que en 94 de índices criminales. La segunda reforma fue en 2008, significó un paradigma en el sistema de justicia penal. Y la tercera reforma de 2014 es con relación a la creación de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, nombramiento, remoción y sustitución del fiscal general y sus fiscalías especializadas. La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 con el que se crea el sistema penal acusatorio adversarial y eminentemente oral contempla, a su vez, mecanismos alternativos de solución de conflictos como salidas que despresuricen el proceso y ejecución de la pena. Todo en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Fue realizada en razón de la crisis que viene enfrentando nuestro país en materia de procuración e impartición de justicia, así como para evitar la discrecionalidad en el procedimiento penal y garantizar el mayor respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales en materia de justicia penal. A más de 9 años de su publicación, sin dejar de observar que esta reforma por su impacto y trascendencia entró gradualmente en los estados de la República y obligatoriamente en todos los estados a partir del 18 de junio de 2016 y que en el ejercicio de su obligatoriedad ya han transcurrido 1 año 8 meses y días, evidentemente no se ha logrado lo esperado, no ha mejorado la procuración de justicia ni la seguridad pública. No hay resultados tangibles a favor y, por el contrario, crece incesantemente la criminalidad en México. El Inegi diseñó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana con el propósito de proporcionar una medición periódica, amplia e integral del tema de seguridad pública, la cual cuenta con una periodicidad bimestral. Entre sus datos esta que durante junio de 2017, 74.9 por ciento de la población de 18 años y más, consideró que vivir en ciudad es inseguro. Por otra parte, de acuerdo con la información de Transparencia Internacional y transparencia Mexicana, en cuanto a la percepción de corrupción en el sector público de 180 países en el mundo, México cayó 1 punto en el índice de percepción de la corrupción 2017, la calificación de México empeoró por 1 punto, pasando de 30 a 29. Esto ubica a México en la posición 135 de 180 países evaluados en materia de anticorrupción. Transparencia Internacional refiere que a nivel regional, México se encuentra entre los peores posiciones de América Latina y El Caribe, por debajo de Brasil, Argentina y Colombia, y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. De la región latinoamericana solo Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela están peor que México. Transparencia Internacional afirma que México junto a Rusia, es el país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE. No puede dejarse de mencionar lo trascendental de tener una fiscalía que esté al servicio de la legalidad y la justicia, no como acontece al servicio de intereses ajenos, a la procuración e impartición de justicia encaminados a la impunidad. Por ello debemos poner atención especial en equilibrar los pesos y contrapesos para su real autonomía y en la elección de su titular, ya que este último tendrá entre sus responsabilidades dirigir y resolver satisfactoriamente los asuntos de la Fiscalía General de la República. Entre los que están pendientes de resolver: Ayotzinapa, Tlatlaya, La matanza de Allende, y otros en los que están involucrados funcionarios públicos como los denunciados recientemente por la Auditoría Superior de la Federación. Mencionarlos aquí sería interminable, por eso mencionamos los más icónicos o representativos para que lo que hoy argumentamos quede de evidencia que México necesita un cambio de timón en materia de justicia. No se puede seguir haciendo lo que se está haciendo hasta hoy. Los datos son innegables y las reformas, incluso las más recientes, las que ya mencionábamos como la del 2008 que ha sido paradigmática, la de 2014 que aún no termina de concretizarse de la autonomía de la fiscalía, la del sistema nacional anticorrupción, entre otras, no han podido aterrizar para que México sea un país seguro, un país donde la impunidad no siga reinando. La realidad es que México hoy está peor que hace décadas. En una década tenemos 250 mil homicidios. En esa década también contabilizamos más de 30 mil desaparecidos. El sufrimiento y la incertidumbre de miles de familias de mexicanos no parecen parar. Por eso hoy, esta esta iniciativa que presentamos es para darle realmente una autonomía a la Fiscalía General de la República. Esta autonomía de la que mucho se ha hablado en la que han participado académicos expertos, es importante como un eje fundamental donde debe gravitar la democracia de este país y un verdadero estado de derecho. Por eso, lo primero que proponemos es que el perfil del fiscal tenga que ser un perfil idóneo, y que eso también se replique a todas las fiscalías o procuradurías del país donde se lleva el 80 por ciento de los casos criminales. Dos. Que ese perfil pase no solamente por un abogado de experiencia, sino que sea un abogado que tenga experiencia en el ámbito de procuración de justicia. Tres. Que no haya pertenecido a un partido político o haya tenido un cargo público. Necesitamos realmente perfiles idóneos con experiencia pero alejados de los intereses políticos. Cuatro. Es importante también que haya un presupuesto para las fiscalías. Un presupuesto constitucional, un presupuesto que no pueda estar como parte de la coacción de grupos de interés. También es importante que la participación ciudadana encamine este perfil y este nombramiento. La rendición de cuentas es importantísimo. Ya no puede quedarse al arbitrio solamente de los grupos políticos, de la partidocracia el nombramiento del fiscal general, porque eso ya lo hemos tenido. Desde 1994 tenemos la posibilidad de que el Senado ratifique al procurador de la República, y sin embargo estamos peor que en 1994. Hoy tenemos más homicidios y más desaparecidos. Esta rendición de cuentas implica la supervisión dentro de un consejo de la sociedad civil organizada para que permanentemente esté siendo evaluada, que cada dos años el fiscal general de la República pueda estar siendo ratificado por el Senado, y que el nombramiento pase por una elección transparente completamente donde participe, por supuesto, el Senado y el presidente de la República, pero también la sociedad civil organizada. No podemos permitir que algo tan importante como el nombramiento de un fiscal quede en manos de políticos. Hoy la sociedad tiene que estar volcada a observar el nombramiento del fiscal. Es importante también que estos pesos y contrapesos se den para que pueda haber justicia en este país, de otra manera seguir con estos procesos oscuros de nombramientos de funcionarios, seguir queriendo imponer funcionarios afines a grupos políticos o de poder o grupos fácticos, va a seguir trayendo los resultados terribles. México no puede seguir viviendo con miedo, en un estado de terror. México no puede seguir al nivel de democracias de corrupción, de incertidumbre y de impunidad, como países que han tenido guerras civiles como: Siria, como Irak y como ese tipo de países. México tiene una grandeza y en esa grandeza debe de estar la altura de miras para nombrar al fiscal que los mismos partidos políticos. No más fiscales carnales, no más fiscales políticos. Sí a una fiscalía que sierva, sí a un México sin miedo y en paz. Es cuanto, diputada presidenta.