El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente. En Morena resolver el problema de la corrupción no es un asunto coyuntural que persiga obtener la simpatía de los ciudadanos en la víspera del proceso electoral. Desde el inicio de la legislatura, o sea desde que esta fracción parlamentaria llegó al Congreso, Morena se ha manifestado por combatir el enriquecimiento ilícito, reducir el gasto excesivo y mejorar las condiciones de las clases más desprotegidas. Hemos presentado diversas iniciativas a lo largo de la legislatura, pero han sido soslayadas, están esperando dictamen sin éxito alguno hasta el momento. La primera iniciativa que presentamos en esta tribuna fue la de austeridad republicana, que no es del agrado de quienes reciben toda clase de beneficios, sueldos y prestaciones radicalmente distintos a la percepción de los trabajadores que sostienen el país. En mayo de 2016 presentamos nuestra propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con faltas administrativas graves, que establecía sanciones vinculadas con procesos penales a funcionarios corruptos. Si bien se tomó en cuenta para el dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no se consideraron los elementos sustanciales que propusimos para un real combate a la corrupción. Quince días después, en coordinación con el PT en el Senado, presentamos la iniciativa que reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana en la Cámara de Senadores. Esta iniciativa propone el mecanismo para que el presidente de la República pueda ser acusado también por delitos y faltas que constituyan corrupción además de por traición a la patria y por delitos graves del orden común durante el tiempo de su encargo. También se propone crear una comisión ciudadana para investigar actos y omisiones de corrupción, tanto del presidente de la República y de expresidentes, como de los empresarios nacionales y extranjeros vinculados por esos mismos actos y omisiones. Se establece la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de interés y fiscales para todos los servidores públicos de primer nivel en los Poderes e instancias de la autoridad, además de los particulares que ejerzan o administren recursos públicos, reciban contratos, privilegios fiscales, concesiones, permisos y autorizaciones de cualquier instancia de autoridad, tanto propias como de sus cónyuges y parientes en primer grado. Se establece que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción producirá resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades y deberá estar integrado exclusivamente por ciudadanos. Finalmente, se establece que el régimen transitorio que el Congreso deberá aprobar la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente, sea en un periodo máximo de tres meses, después de publicada la reforma constitucional. Lamentablemente en el Senado no hay acuerdos para dictaminar esta iniciativa. El tiempo para el dictamen se acabó y la iniciativa ya no pudo ser dictaminada. Cabe señalar que gran parte de nuestra iniciativa se incluye en la propuesta que el candidato del PRI ha promovido en medios y que los legisladores de su partido han manifestado que la harán propia. Veamos si es cierto. Pero a la fecha no vemos en el orden del día nada al respecto. Nosotros no cejaremos en nuestra lucha por ello y nuevamente presentamos la iniciativa ante esta soberanía, con la esperanza de que los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales hagan el análisis y el dictamen correspondiente para llevar a cabo una acción contundente en el combate a la corrupción. Muchas gracias.