El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el dictamen emitido en el seno de la Comisión de Justicia, que analiza el proyecto de reforma que el Ejecutivo federal presentó en el pasado mes de mayo, en el cual plantea se reformen y adiciones diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a lo sensible o problemática que el terrorismo nos plantea hoy en día es sumamente importante. El terrorismo se aprovecha de la evolución y la mejora continua de las nuevas tecnologías, las cuales brindan nuevos mecanismos y escenarios que pueden llegar a poner en riesgo a nuestra sociedad, razón por la cual es necesario actualizar el marco jurídico vigente en esta materia para defender la integridad del Estado mexicano. En ese sentido, y bajo la premisa de fortalecer el Estado de derecho, consideramos acertada la propuesta que desde el Ejecutivo federal se envió a esta soberanía, para que las acciones que tengan la intención de desestabilizar al gobierno y a la sociedad mediante actos terroristas se sancionen de manera enérgica, así como aquellos actos o acciones tendientes a financiar, encubrir o facilitar la consecución de dichos actos de cobardía. Un elemento positivo a señalar es la ampliación del objeto pasivo de la acción terrorista, ya que en la norma vigente solamente los bienes y servicios de orden público están considerados como destinatarios de la misma ante un ataque que busque generar temor o terror, por lo que la propuesta de reforma que nos ocupa amplía el espectro el espectro de la norma para que también los bienes y servicios de naturaleza privada estén protegidos en este sentido. El espíritu del dictamen aprobado en la Comisión de Justicia, refleja de manera adecuada lo plasmado en diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, armonizando de manera concreta nuestra legislación con el orden jurídico internacional para facilitar el combate frontal y compartido contra el terrorismo, el cual no respeta fronteras y afecta a regiones enteras generando escenarios de riesgo y amenazas compartidas. Es prioridad de las distintas instancias, niveles, entidades que conforman al Estado mexicano, el salvaguardar la integridad de las y los mexicanos, así como su patrimonio, por eso es imperativo para nosotros como sus representantes, el tener una legislación antiterrorista que esté acorde a la realidad tecnológica y política que nos ha tocado vivir para que desde la prevención y el uso de la inteligencia financiera y de seguridad se fortalezca la lucha en contra de los que buscan generar terror y destrucción para amedrentar a la sociedad y a su gobierno. En Nueva Alianza nos adherimos a las reformas que buscan dar al Estado democrático los mecanismos legales para proteger y prever las acciones y políticas pertinentes para contener y, en su caso, reducir las acciones de los diversos grupos que tanto en el extranjero como dentro de nuestras fronteras intentan esclavizar a base de miedo y el terror a la población civil y reducir el poder legítimo del Estado. Sumemos esfuerzos para dotar a nuestro marco jurídico de las herramientas que protejan y salvaguarden a nuestra sociedad. Es cuanto, señor presidente.