EL C. DIP. FERNANDO HERRERA AVILA: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. Hace poco más de un año y medio que en la sesión del día 23 de abril del 2001, esta Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se creó la Ley de Ahorro y Crédito Popular la cual fue también aprobada por la Cámara colegisladora y entró en vigor el día 5 de junio del mismo año. Decíamos entonces que esta ley otorgaba seguridad y certeza jurídica a las denominadas "cajas populares", ya que anteriormente no contaban con un marco jurídico adecuado para las actividades financieras que venían realizando. Igualmente esta ley persigue que los ahorradores tengan la confianza de que su dinero se encuentra seguro. Al emitir el dictamen de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Fomento Cooperativo y Economía Social consideramos que la primera acción de fomento al desarrollo del sector de ahorro y crédito popular era proporcionar una legislación propia que permitiera sentar las reglas claras de esta actividad. Después de varias reuniones de trabajo y de valorar diversas iniciativas y puntos de acuerdo, el vacío legal existente en ese entonces se cubrió con la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. La regulación es el primero de los tres pilares necesarios para un adecuado desarrollo del ahorro y el crédito popular; los otros dos son la supervisión y el fondo de protección a los ahorros de los socios o clientes. Si cualquiera de estos elementos falta, el esquema queda incompleto y susceptible de quebrantos. Anteriormente, el ahorro y crédito popular era llevados a cabo por una amplia gama de intermediarios financieros populares en un número aproximado de 650 entidades en el país bajo figuras jurídicas muy disímiles entre sí. Es así como existían sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades civiles, sociedades anónimas, asociaciones civiles, sociedades de solidaridad social e incluso personas físicas. El hecho de que cada una de estas figuras operara bajo reglas muy diferentes, ocasionó la división del sector; además, es preciso señalar que algunas de estas figuras no contaban con supervisión alguna y otras ni siquiera tenían facultades legales para captar ahorro de terceros. Con la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, se corrige la diversidad de figuras y ordenamientos jurídicos imperantes en esta actividad autorizando únicamente dos clases de sociedades para lleva a cabo esta actividad, estas son la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo y la Sociedad Financiera Popular bajo la figura de sociedad anónima. Cada una de las cajas de ahorro que hoy existen deberán transformarse en alguna de estas dos posibilidades y adicionalmente obtener una autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En la ley, la labor de la supervisión se encomienda a las propias federaciones de las entidades. En este modelo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se auxilia en las federaciones, las cuales por medio de un comité de supervisión vigilarán el cumplimiento de la ley y de la regulación prudencial por parte de las entidades. Así funciona la supervisión financiera popular en Alemania y en la propia provincia de Quebec en Canadá, países de donde proviene nuestra tradición cajista y así funciona también con distintas superintendencias bancarias en Latinoamérica, las cuales se auxilian en las federaciones integradas por las propias instituciones de ahorro y crédito popular para lleva a cabo una debida supervisión que además entienda debidamente las particularidades de este tipo de entidades. En aras de cumplir con el nuevo marco normativo, el primer paso a seguir era la conformación de estas federaciones cuya labor de supervisión es uno de los pilares que mencionábamos para la consolidación del sector de ahorro y crédito popular en nuestro país. Las cajas de ahorro tenían esta tradición de cooperación agrupándose en federaciones, sin embargo por diversas razones se había dado una diáspora cajista perdiéndose la unidad del propio movimiento. Para lograr todo lo anterior, la Ley de Ahorro y Crédito Popular propuso un sistema innovador con el objeto de que los destinatarios de la propia ley puedan sujetarse paulatinamente a su contenido. Si bien la ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, se estableció un período de dos años para que las entidades de ahorro y crédito popular pudieran obtener la autorización debida, es decir, no se pospuso la entrada en vigor de la ley en forma prolongada sino que estando completamente vigente la ley se otorgo un plazo, para poder cumplir con todos sus requisitos. Este plazo de dos años vence en junio del año 2003 y tiene la finalidad de permitir que todas las cajas de ahorro puedan tener un conocimiento suficiente de la nueva legislación, así como de la propia regulación secundaria emitida en las circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no ha emitido toda la regulación secundaria derivada de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, debido a que el contenido de sus circulares se ha discutido ampliamente con los representantes de las instituciones de ahorro y crédito popular, lo cual ha tomado su tiempo. La mayoría de las sociedades que buscan integrarse a la ley y operar como entidades de ahorro y crédito popular, han iniciado ya los actos societarios tendientes a su transformación. Sin embargo requieren de un período mayor para concretar el trabajo iniciado y dar cumplimiento a todos los requisitos legales y así lo han manifestado ante esta soberanía. Por lo expuesto se propone una ampliación del plazo mencionado a dos años más, de esta forma este periodo de transformación terminaría hasta junio de 2005, esto permitirá dar un margen de tiempo adicional, para que las instituciones que realizan la actividad de ahorro y crédito organicen a sus federaciones, acuerden los términos de supervisión y obtengan la autorización por parte de la Comisión Bancaria y de Valores, para operar como entidades en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Asimismo esta iniciativa hace eco de los planteamientos que el sector cooperativo nacional ha hecho respecto de la necesidad de que se mantenga la posibilidad de que diversos grupos de personas físicas, que tengan por objeto exclusivo la captación de recursos de sus propios integrantes para su colocación entre los mismos, puedan continuar operando, sin ser obligados a cumplir con todos los requisitos que marca la nueva ley. En efecto, ante la preocupación real de que en el país existen numerosos grupos de personas denominados grupos solidarios que tienen por objeto exclusivo el de captar recursos de sus propios integrantes para su colocación entre los mismos y los cuales a la luz de las disposiciones en vigor y concluido el periodo de transitoriedad, quedarían impedidos de poder realizando este tipo de operaciones, se conviene en incluir un nuevo artículo 4 bis a la ley en comento, similar al que actualmente se contempla en el artículo 38 P de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, pero incorporando determinados requisitos a cumplir como un número máximo de 250 miembros y activos hasta por 350 mil UDIS. Estos límites buscan prevenir operaciones de carácter fraudulento, que en el pasado reciente han afectado en su patrimonio a muchas personas de escasos recursos. Por otro lado estas comisiones unidas, consideraron conveniente precisar que la referencias a las palabras " sociedad cooperativa, de ahorro y préstamo, caja popular y caja de ahorro", exclusivamente podrán ser utilizadas por las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que son quienes tradicionalmente han usado estas denominaciones y no así las sociedades anónimas, quienes no podrán hacer uso de estas palabras en los nombres de sus instituciones. Adicionalmente en relación con la utilización de las aportaciones hechas por las entidades al fondo de protección se incluyo en forma permanente que dichas entidades no podrán hacer uso del fondo de protección sino hasta en tanto no hayan realizado las aportaciones correspondientes por dos años, informando mientras tanto a sus usuarios que no gozan de la protección de este fondo. También estas comisiones consideran necesario dar la posibilidad de que las instituciones que realizan actividades de ahorro y crédito popular puedan financiar su expansión y programas sustantivos a través de la emisión de obligaciones subordinadas, siempre que esta decisión sea una facultad indelegable del Consejo de Administración. Esto permitirá a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y a las sociedades financieras populares tener mayores posibilidades de capitalización. El dictamen estableced que resulta un exceso el requisito de que las entidades de ahorro y préstamo se sujeten a una auditoría legal, ya que dicha figura ha desaparecido en los demás intermediarios financieros y no tiene sentido conservarla como obligación legal para las entidades de ahorro y préstamo popular. Por último, se presenta hoy un problema respecto de la transformación de las sociedades de ahorro y préstamo y las uniones de crédito para convertirse en entidades de ahorro y crédito popular, ya que la revocación de su actual estatus jurídico las pondría por ministerio de ley en un proceso de disolución y liquidación. En virtud de lo anterior, resulta conveniente que en los artículos transitorios se señale que en los casos en que estas sociedades obtengan la autorización para operar como entidades de ahorro y crédito popular, no será necesario que éstas se disuelvan y liquiden previamente a pesar de la revocación de la autorización con la que actualmente cuentan. Compañeros legisladores, concluyo. Las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público consideramos que con las modificaciones y adiciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular que hoy proponemos, se superan muchas de las observaciones y preocupaciones que han venido manifestando tanto los agentes directamente involucrados en las actividades de ahorro y préstamo, y en particular las sociedades cooperativas como de las propias autoridades encargadas de su fomento, regulación y supervisión, por lo que las Comisiones Unidas consideramos y sometemos a su consideración este decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Es cuanto, señora Presidenta.