El diputado Ramón Jiménez López: Con su venia, señor presidente. En cumplimiento al compromiso público que hizo el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 26 de agosto, reafirmado por nuestro coordinador parlamentario, el licenciado Alejandro Encinas, durante su intervención el 1 de septiembre en esta tribuna, presentamos hoy ante esta soberanía y ante el pueblo de México una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Seguro de Desempleo y se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dado el agravamiento de la crisis económica nacional, derivado de la dramática caída del 9.2 por ciento que sufrió la economía durante el primer semestre del año en curso, la cual será sin duda la más alta en la región, se hace necesaria y urgente la intervención del Estado en el proceso económico. No puede dejar, como ha sucedido durante 27 años, al libre juego de las fuerzas del mercado, la economía del país, porque esto ha llevado, por un lado, a la acumulación de riqueza en pocas manos, nacionales y extranjeras; y por otro lado, a la acumulación de males para millones de mexicanos. Uno de estos males es el desempleo, ya que tan sólo en el primer semestre de 2009 el número de desempleados se incrementó en 850 mil. Cuando hablamos de empleo debemos entender que su significado no es un únicamente el de una variable económica, como lo entienden los tecnócratas neoliberales, ya que el empleo también representa un concepto que expresa la dinámica social del país en la parte más delicada para las familias: su bienestar. Se debe tener claro que la falta de empleo merma la capacidad de compra de bienes y servicios de la población, restringiendo el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, entre otros; por tanto, afecta la estabilidad familiar. Además, dado que en los últimos años de gobiernos neoliberales, del PRI y del PAN, el Estado retiró su participación en la economía, privatizó el patrimonio nacional y disminuyó fuertemente el apoyo prestado al grueso de la población; además recordando que el Presidente del empleo en eso fracasó también. En la actualidad los problemas que se presentan en el mercado laboral mexicano permiten cuestionar no únicamente la viabilidad del modelo económico, sino que además se impone la urgente necesidad de instrumentar una serie de medidas de política económica que permitan atenuar los efectos negativos que laceran a la población, y que de no ser corregidas una vez que termine la crisis económica fundamentalmente no se corregirán, porque los desequilibrios que existen no son de coyuntura, sino son estructurales. No puede dejarse de mencionar que es responsabilidad del gobierno federal el solidarizarse con la población en situación de desempleo, principalmente porque este gobierno se equivocó, tanto en la estimación de la magnitud de la crisis como en las medidas necesarias para enfrentarla. De igual forma es preciso mencionar que los problemas de falta de crecimiento y/o empleo tienen su origen en un modelo económico instrumentado sin una relación con las necesidades de la población y de las regiones del país, llevando a que aún en los años de mejor desempeño económico los resultados no se trasladaran a la generación de empleos bien remunerados. Lo anterior se ha conjugado para que en el sexenio actual, el sexenio del empleo, la cifra de desocupación reportada por el Inegi se haya incrementado en alrededor de 1.2 millones de personas; es decir, 75 por ciento más que con lo que inició la presente administración. Con 2.8 millones de personas sin empleo no puede negarse que dichos números ya apuntan a un incremento sustancial de la pobreza que viven los mexicanos. Sin duda lo anterior se corresponde con la alta mortandad de empresas que tuvo lugar en nuestro país entre junio de 2008 y junio de 2009, cuando más de 7 mil 500 patrones tuvieron que darse de baja en el IMSS, planteando con ello la dificultad de que una vez terminada la crisis exista la recuperación de las fuentes de trabajo perdidas durante la parte más cruda de esta crisis, principalmente en los sectores de comercio, construcción, transformación, en donde el retroceso ha sido todavía mayor. Por tanto, al impulso del crecimiento económico se deben aunar, entre otras, las medidas sociales que tutelen a los más vulnerables, y dentro de estas medidas debe procederse al establecimiento del Seguro de Desempleo. Hay que recordar que México es el único país de la OCDE que no cuenta aún con este seguro; pero por encima de todo, la ausencia de este seguro violenta lo previsto en el artículo 123 constitucional que consagra a favor de todos los mexicanos el derecho a un trabajo digno y socialmente útil, poniéndose a cargo del Estado la obligación de promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo. Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25 señala que: "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución". Es evidente para todos que en esto también ha fallado la actual administración. Por lo anterior, con la sensibilidad que debiera caracterizar a esta Legislatura, el seguro de desempleo tendrá que dejar de ser ante los ojos neoliberales una ambición populista, como dicen, para que sea parte del contrato social de este país, cuyas instituciones tienen la obligación de proteger socialmente al individuo que pierde su empleo y que a la vez tienda a generar las condiciones para su reinserción en el mercado laboral, con una presión menor a aquella que tendría si no contara con este apoyo. Pero además de ello y basándonos en el articulado constitucional arriba mencionado, el seguro de desempleo no funciona únicamente como una protección social al ciudadano que pierde su empleo y le brinda una holgura para poder capacitarse y encontrar otro, sino también el seguro de desempleo sirve como una herramienta estabilizadora de la demanda agregada. En consecuencia, en esta iniciativa se propone la creación del seguro de desempleo, el cual implicaría una erogación de un máximo de 4 mil 500 millones de pesos, porque puede ser fondeado para el presente año con reasignaciones del propio Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que sólo los 4 mil 500 millones de pesos representarían el 0.15 por ciento del presupuesto actual. En lo sucesivo se tendrán que asignar los recursos presupuestales necesarios que esta soberanía aprobará en el Presupuesto de Egresos de 2010. Los ejes esenciales de la presente iniciativa son los siguientes: 1.- Se aplicará de manera retroactiva a favor de todos los trabajadores formales que hayan perdido su empleo a partir de enero de 2009. 2.- Se fija un monto acotado del seguro. 3.- Los beneficios de este seguro se otorgarán por un máximo de seis meses. 4.- Se podrá renovar el seguro hasta por tres meses adicionales si el trabajador no ha podido emplearse y ha tomado algún curso de capacitación. 5.- Se establecerán políticas activas hacia el mercado laboral para apoyar el reempleo de los trabajadores. Finalmente, la aprobación inmediata de esta iniciativa, fortalecerá la justicia social que es un reclamo de millones de mexicanos y al propio tiempo será una palanca fundamental para la recuperación económica del país. Por ello, para fortalecer la justicia social y como medida contracíclica emergente, se debe aprobar la ley del seguro de desempleo que permita a los mexicanos más afectados por la crisis económica, garantizar el sustento de sus familias y con ello, óigase bien, contribuir a evitar el colapso social de este país. Gracias por su atención.