El diputado Ernesto Javier Nemer Alvarez: Con su venia, señora presidenta. El derecho a la protección de la salud es esencial para el desarrollo de todo ser humano, preservarla y fomentarla es responsabilidad compartida del gobierno, individuos y organizaciones de la sociedad civil. Para nadie es un secreto que las enfermedades como el cáncer, leucemia, el VIH Sida y cirrosis hepática, entre otras, generan un fuerte impacto en la economía de las familias y en el erario. El panorama pone en perspectiva el reto de cumplir con la meta 3.4 de los Objetivos para el desarrollo sostenible, la cual insta a reducir las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles en un 33 por ciento para el año 2030. Estos padecimientos, entre los que se encuentran los diferentes tipos de cáncer, son la causa del 77 por ciento del total de muertes en México y a nivel mundial de 41 millones de personas. 15 millones en etapa productiva, entre 30 y 69 años de edad y más del 85 por ciento ocurren en países como el nuestro. Sin la existencia de bases financieras para este grupo poblacional, el camino se torna muy complejo. En el mundo hay diversas variantes en este tema, como reducciones, exenciones fiscales o acceso a créditos privados. Sin embargo, no hay un solo caso de garantía universal a la economía de los que combatieron esta afectación a su salud. Por ejemplo, en Estados Unidos los alumnos universitarios quedan exentos del pago mensual de la colegiatura, cuando se encuentran en tratamientos y durante los seis meses posteriores. Otras instituciones privadas otorgan un crédito hasta del 50 por ciento del total del seguro de vida, que previamente tenga contratado el solicitante. En 2016, Chile optó por diseñar una estrategia integral contra el cáncer, considerando acciones para mejorar los beneficios, seguros y créditos en aras de monitorear la calidad de vida de los sobrevivientes de cáncer. Con la estrategia Juntos Contra el Cáncer 2018-2024, se propuso en evidencia la necesidad de replantear los estándares de los seguros de gastos médicos públicos y privados para afrontar este reto. Precisamente la iniciativa busca atender esta problemática, a fin de que las personas en etapa productiva, sobrevivientes de cáncer, puedan acceder a un crédito o subsidio a través del Banco del Bienestar. Al respecto, la Ley Orgánica del Banco señala entre sus objetivos promover, facilitar, gestionar y financiar toda clase de proyectos dirigidos a quienes no cuentan con servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica. Ambos criterios se cumplen para la población objetivo de esta iniciativa. Para dimensionar el número de beneficiarios, basta recordar que anualmente se registran 190 mil nuevos casos de pacientes con cáncer, según el Instituto Nacional de Cancerología. Afortunadamente ya contamos con un Registro Nacional de Sobrevivientes de Cáncer en México, el cual reporta más de 3 mil 700 inscritos. La propuesta es que se les conceda un subsidio durante un año, a partir de que se den de alta en el propio registro para reincorporarse a sus tareas productivas. Este apoyo sería igual a los 2 mil 620 pesos bimestrales que reciben de pensión los adultos mayores de 68 años. En suma, la idea central es adicionar una fracción VI al artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, para agregar como vertiente de atención en la política nacional de desarrollo social, el fomento a la calidad de vida de las supervivientes de cáncer, conforme al registro nacional que elabora la Secretaría de Salud. Honorable asamblea, todos conocemos cuando menos a una persona que ha sufrido de cáncer, algunos se han adelantado en el camino y otros son guerreros ante esta terrible enfermedad. Debemos hacer visibles a quienes tienen la fuerza de voluntad para reincorporarse a sus tareas cotidianas, a pesar de las secuelas neurológicas, psicológicas y físicas como la fatiga crónica y las náuseas. Nuestra sociedad está llamada a ser solidaria. Es cuanto, señora presidenta.