El diputado Jesús Martínez Álvarez: Con su permiso Presidenta; con su permiso señor Secretario. Compañeras y compañeros diputados: El episodio del Gobernador de Puebla no implica sólo una llamada telefónica, sino una llamada de atención al Estado Mexicano; al menos hay dos vertientes en este hecho, la conversación en sí, que es una radiografía de los abusos que pueden cometerse desde el poder y su intervención y grabación. Es cierto, esta conversación en particular contiene información de interés público, pues revela a qué grado puede llegar la arbitrariedad, la impunidad de un gobierno. No se trata pues de defender a los interlocutores, por el contrario, el episodio debe ser investigado y en su caso castigado. Los instrumentos legales del Estado, parecen estar demasiado acotados para que dentro de la ley se sancione a los responsables y sin duda, habrá que revisarlos para agilizar la actuación del Estado en su conjunto en este tipo de casos que tan justificadamente irritan a la sociedad. La otra vertiente es la de la impunidad para quienes se dedican a grabar conversaciones privadas; ello daña al estado derecho, convierte a todos los ciudadanos en rehenes del espionaje propios de un estado totalitario o un estado sin leyes, no de una sociedad democrática. No basta afirmar que el Gobierno Federal no ha sido el responsable de la intervención telefónica ¡Por supuesto que no basta!, si así fuera cada vez que ocurre un secuestro o un asalto a un banco, la tarea del gobierno se reduciría a declarar que el gobierno no fue el que cometió el secuestro o que el gobierno no fue el que cometió el asalto. El gobierno no sólo debe cumplir la ley, sino debe hacer que se cumpla; por ello, no basta que el gobierno se deslinde de la grabación, es necesario que sus instancias investiguen y nos digan quién fue el responsable y que se le sancione, de no hacerlo, la omisión es una invitación para que se siga transgrediendo el derecho a la privacidad, es una invitación a la impunidad. La gravedad de lo que se revela en la conversación, la que reitero debe ser investigada, hace que el otro hecho grave, la intervención telefónica pase a segundo término, sino se investiga ni se dan a conocer los nombres de los responsables. No habrá motivo de queja de parte del gobierno, si se empieza a especular o se sigue especulando, que ha sido el mismo Gobierno Federal, el trasgresor de la privacidad. Todos saldremos ganando, si la autoridad actúa como autoridad. Mi primera pregunta es: ¿qué hace, qué está haciendo el Gobierno de la República, para impedir que la intromisión a la privacidad se convierta en un hábito, válido de facto por la propia autoridad?, ¿cuándo se dará a conocer el resultado de la investigación sobre este caso? Insisto, no estoy defendiendo a los interlocutores de la ya famosa conversación, sino un principio imprescindible en un estado democrático, que es el de la privacidad. Aprovechando su presencia y hablando del tema del proceso electoral y de la publicidad del Gobierno Federal, las evidencias nos llevan a afirmar que éste gobierno está haciendo lo mismo que hacían los anteriores, tomar ventaja de su posición y desde ella, impulsar la candidatura de su partido a la Presidencia de la República. A menos que se nos dé una explicación satisfactoria, los hechos nos dicen, que tanto los programas sociales, como los recursos del Estado, se están utilizando para difundir con intenciones electorales, los logros reales o supuesto de la actual administración. Son los partidos políticos los que están en campaña, no el gobierno, esto es, lo que debe ser. Los hechos sin embargo, parecen contradecir este deber ser, porque lo que vemos es, que estamos viendo un gobierno en campaña. Como candidato el ahora presidente Vicente Fox, denuncio el uso de recursos públicos a favor del entonces candidato del partido en el gobierno. Como presidente vuelve a ésas prácticas, defiende su derecho a hacerlo, califica como legítimo, lo que antes censuraba. La pregunta es señor Secretario, ¿cuál es la posición del actual gobierno, la del candidato Fox, o la del Presidente Fox?. Se trata no sólo de un hecho en sí, sino de lo que representa como factor de desconfianza hacia la imparcialidad del gobierno en el actual proceso electoral por el bien de nuestra democracia. Necesitamos creer en esa imparcialidad, lo demandamos, porque ello contribuirá a la transparencia del proceso y a la confianza y credibilidad de éste. Las predicciones de los más diversos analistas señalan que la jornada electoral del 6 de julio tendrán un resultado cerrado. Ante ello, necesitamos creer en la imparcialidad del gobierno, en la fortaleza de las instituciones, en la transparencia y en la equidad. Queremos elecciones creíbles. Con un gobierno en campaña se debilita a las instituciones. Como responsable de la Política Interior, señor Secretario, ¿cuál es su posición al respecto? En este mismo sentido, es imprescindible que estemos preparados ante un eventual resultado que divida en tercios la votación. ¿Lo estamos ahora? Se trata no sólo de un tema de legalidad, sino de un tema de legitimidad. ¿Podrá tener un Presidente de la República legitimidad si sólo 3 de cada 10 mexicanos lo eligieron? ¿No debería ya desde ahora sentar las bases para fortalecer esa legitimidad? ¿Y cómo gobernará, si la decisión ciudadana divide, como va a ser, la fuerza representada en el Congreso? Sé que el actual marco electoral lo permite, pero ¿qué previsiones tomó o está tomando el gobierno ante la eventualidad de un probable conflicto postelectoral? En el Congreso no recibimos ninguna iniciativa al respecto. Por lo tanto, el grupo parlamentario de CONVERGENCIA ha venido insistiendo en sentar las mínimas reformas indispensables que nos garanticen la gobernabilidad. Necesitamos un nuevo régimen político de gobierno. Sé que es responsabilidad de esta administración y de los actores políticos. Posiblemente argumentemos de que el tiempo se ha acabado, pero estoy convencido, señor Secretario, de que estamos a tiempo de hacerlo todavía. Por sus respuestas, muchas gracias.