El diputado Roberto Antonio Marrufo Torres (PRI): Con su venia señor presidente. El suscrito diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso Federal, pongo a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción XC del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 128 fracción III inciso b) del Código Federal de Procedimientos Penales. EXPOSICION DE MOTIVOS Esta soberanía tiene la obligación de coadyuvar con las instancias correspondientes para que la impartición de justicia dentro de nuestro país sea clara, pronta y expedita creando reformas, leyes y reglamentos para que los acusados y acusadores se encuentren los respaldos adecuados cuando requieran la intervención del Ministerio Público para solucionar ofensas o daños a su persona, familia o propiedades. Más lo que aquí nos ocupa hoy es en relación con el artículo 20 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo en este párrafo la figura "persona de confianza", figura decorativa que sólo sirve para convalidar una declaración ministerial; ésta puede ocasionar agravios irreparables en sentencia condenatoria contra un reo al que se le considera inocente, pero no contó con una defensa particular ni se le asignó defensor de oficio. El artículo 28 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativo al ejercicio de la profesión en el Distrito Federal dispone en materia penal: "El acusado podrá ser oído en defensa por sí o por medio de persona de su confianza, o por ambos, según su voluntad. Cuando la persona o personas del acusado designados como defensores no sean abogados, se le invitará para que designe además un defensor con título. En caso de que no hiciere uso de ese derecho, se le nombrará el defensor de oficio". El artículo primero de la Ley Federal de Defensoría Pública establece: "La presente ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del Fuero Federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que la misma establece." Aquí debo precisar que en los términos del artículo quinto, fracción II de la Ley Federal de la Defensoría Pública, "para ingresar y permanecer como defensor público, se requiere ser profesional del derecho y contar con la cédula respectiva expedida por la autoridad competente". Esta conclusión se robustece si tenemos en cuenta además, que en el mismo sentido el artículo 159 y el 128 fracción III, inciso b), del Código Federal de Procedimientos Penales, prevé tanto para el Ministerio Público como para el juez, que: " cuando el inculpado no quisiere o no pudiere designar defensor, se le asigne uno de oficio; esta designación garantiza una adecuada defensa, pues recae en un profesional del derecho, además evita la obtención de las confesiones mediante métodos reprobables." La figura de persona de confianza es inusual en los tribunales federales. Al percatarse el juez federal de que el inculpado nombró una persona de confianza, inmediatamente es asignado por el propio juez el defensor de oficio federal adscrito a dicho tribunal. Con esto, se evita dejar en estado de indefensión a un reo y no se viola la garantía constitucional que establece el artículo 20 fracción IX de nuestra Carta Magna. El Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal, ha hecho lo necesario para que en la mayor parte del territorio nacional se cuente con un defensor de oficio federal adscrito a los tribunales federales, así como a las agencias del Ministerio Público Federal, pero sin embargo existen fiscales federales que utilizan en averiguaciones previas la figura de persona de confianza para convalidar su actuación ministerial, lo que trae como consecuencia prejuicios al acusado, que después puede ser considerado inocente. En la mayoría de los estados de la República, en el fuero común, se sigue utilizando la figura de persona de confianza no obstante que existen defensores públicos del Estado, que en algunos casos no se prestan a componendas para convalidar la declaración de un detenido; por lo anterior, le nombran al reo la persona de confianza que en muchos de los casos son parientes cercanos al acusado, sin el más elemental conocimiento del derecho, que sin saber lo que declaró su familiar, firman a ciegas una declaración de culpabilidad probablemente de un reo que no fue de un delito que no fue cometido. Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, es necesario no sólo reformar el artículo 20 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino también el Código Procesal Federal en su artículo 128 fracción III, para que desaparezca la figura persona de confianza, constitucional y procesalmente hablando, y no dar pauta a que los defensores de la sociedad se escuden en dicha figura para convalidar una declaración arrancada presumiblemente con métodos reprobables. La Honorable Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, han sustentado jurisprudencia al respecto para que el inculpado sea asesorado por un defensor que deberá ser titulado de derecho. Por eso la figura de persona de confianza debe de desaparecer constitucional y procesalmente y se sustenta lo anterior en los siguientes criterios: Novena época. Instancia de Primera Sala. Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 2001, página 9: "Defensor público en materia penal debe contar con título de licenciado en derecho". Novena época. La instancia: Tribunal Colegiado de Circuito. Fuente: Semanario judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, octubre de 1999, tesis 22, primero "j" 17, página 11 72; Confesión Ministerial: "Carece de valor probatorio cuando la designación hecha por el Ministerio Público para recibirla no recae en un defensor de oficio, hoy defensor público". Novena época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII. Diciembre de 1998. Tesis 11.segundo "p", j-17, página 9 61: "Defensor constituye una violación al procedimiento su ilegal designación si la misma recae en un pasante de derecho porque con ello se viola la garantía individual de adecuada defensa". Legislación del Estado de México. Novena época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X. Octubre del 99. Tesis 23 Primera "j" 15, página 1178: "Defensor. La designación hecha por el Estado debe recaer en un defensor de oficio, hoy defensor público," Novena época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, primera "j" 16, página 1179. "Defensor Público. Carece de valor probatorio la declaración del inculpado cuando la designación hecha por el Ministerio Público para recibirla no recae en un defensor de oficio". Compañeras legisladoras y compañeros: Quiero precisar que la figura d persona de confianza que solicito deroguemos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código de Procedimientos Penales, es una figura decorativa al no estar obligada a protestar y aceptar el cargo conferido. Por ello se presupone que no adquiere ninguna responsabilidad penal Por lo tanto su presencia no ayuda, sino perjudica con su presencia la declaración de un acusado que bien puede ser inocente. Compañeros diputados: Es necesario y de estricto derecho que realicemos estas reformas para derogar la figura de "persona de confianza" de los anales del derecho, que sólo es utilizada para convalidar declaraciones que presumiblemente fueron arrancadas con métodos reprobatorios. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción IX del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diciendo Artículo Unico: Se reforma la fracción IX del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: En todo caso de orden penal el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrá las siguientes garantías: IX: Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigne esta Constitución y tendrán derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado, y si no quiere o no quiere nombrar su defensor después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y tendrá derecho-obligación a hacerlo cuantas veces se le requiera. Es cuanto, compañeros diputados. Muchas gracias, señor Presidente.