La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la migración es un derecho humano al que el Estado mexicano ha dado la espalda. Servicialmente construimos el muro del presidente norteamericano y por medio de soldados con metralletas detenemos a las personas que, en búsqueda de una vida mejor, cruzan nuestro territorio arriesgando su vida, abandonando su familia y sus historias. La migración es un derecho, pero, en México lo criminalizamos y perseguimos, encarcelamos ilegalmente a nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos, no importando si son mujeres, hombres, familias enteras, niñas, niños o adolescentes. Entre enero y junio de 2019, del total de las personas presentadas ante la autoridad migratoria en México, 33 mil eran menores de edad y el 26 por ciento de ellos, es decir 8 mil 500, no estaban acompañados por un adulto. El número de adolescentes deportados o devueltos a su país bajo la figura del retorno asistido de México durante el mismo periodo fue de 21 mil 900, y en muchas ocasiones este retorno se realizó violando sus derechos. Es importante señalar que la información existente indica que los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias, sobre todo cuando han regresado de manera irregular o se encuentran sin autorización de residencia, sufren de manera particular las restricciones de sus derechos derivadas de políticas normativas o prácticas fuera de los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente los que surgen de la Convención Sobre los Derechos del Niño. No cabe duda de que México se ha convertido en el actual contexto de globalización por ubicación y fronteras, en un referente del tránsito de personas migrantes a nivel mundial. Por ello, es indispensable garantizar en todo momento los derechos humanos de las personas migrantes. En este contexto hemos desarrollado diversos mecanismos relativos a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, mecanismos que desgraciadamente no son aplicados ni respetados por la autoridad migratoria, que día a día violenta los derechos de la niñez migrante. En múltiples ocasiones hemos sostenido con firmeza que la detención y deportación de niñas, niños y adolescentes son contrarios a lo establecido en las reglas del derecho internacional y al interés superior, resultando en medidas desproporcionadas e injustificadas que ponen en peligro su integridad. Es por ello que resulta urgente cimentar una política de migración en infancia que esté orientada por el principio de protección integral al que se encuentra obligado el Estado mexicano por diversos instrumentos internacionales de la materia. El Grupo Parlamentario del PRD celebramos la presentación del dictamen que discutimos porque desde nuestro punto de vista armoniza lo ya dispuesto en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizando el respeto y la protección de todos los derechos de la niñez migrante como sujetos de protección internacional. Esta protección incluye los derechos a la información, opinión y participación activa antes y durante la evaluación del interés superior en las acciones migratorias que se tomen. Asimismo, privilegia la evaluación del interés superior de la niñez y la determinación del plan de restitución por una entidad competente de acuerdo a los más altos estándares de protección de los derechos de niñas y niños. Prohíbe cualquiera de sus manifestaciones, la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes migrantes lo cual prohibirá la privación de su libertad en estaciones migratorias y estancias provisionales dependientes del Instituto Nacional de Migración. Establece, además, el principio de unidad familiar siempre deberá ser garantizado por sobre la valoración migratoria y que este solamente se verá limitado en caso de que sea contrario a su bienestar. El Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen porque consideramos que todos los esfuerzos y acciones que han venido realizando numerosas instituciones y organizaciones sociales, como el grupo de trabajo sobre política migratoria en los últimos años, se ven reflejadas en este dictamen. Estamos convencidas y convencidos de la necesidad de que las autoridades migratorias de nuestro país entiendan la premisa fundamental del derecho a la migración, ningún ser humano es ilegal. Nos solidarizamos con todas las personas que han encontrado en México un obstáculo para alcanzar una vida digna, que huyen de la violencia y la pobreza. A ellos y a ellas les ofrecemos velar por sus derechos y por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y generar las condiciones para que en situación de libertad encuentren en nuestro país un lugar seguro para vivir. Es cuanto, presidenta.