El diputado Fernando Torres Graciano (vía telemática): Muchas gracias, presidenta. Hoy en nuestro país la inseguridad es un tema que sigue preocupando. Hemos visto que este planteamiento, esta promesa de campaña, ese compromiso que hizo el presidente de la República, de pacificar al país, no solamente no se ha logrado, sino que pareciera que cada día aumenta el número de delitos, de secuestros, extorsiones. El crimen organizado hoy reina y campea a lo largo y ancho del país. Hoy parece que la investigación es más política y las persecuciones más a los políticos que a la delincuencia. Esto ha generado que la gente que es víctima de un delito no vaya y denuncie, porque no hay confianza en las instituciones responsables de la investigación, porque muchas veces funcionarios públicos responsables de la investigación, del proceso de salvaguardar las pruebas terminan por actuar de manera indebida, incumpliendo sus deberes, y terminan revictimizando a la gente. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública última señala que alrededor de 6.8 de las personas que sufren o son víctimas de un delito van y lo denuncian. Es decir, queda un gran número de personas y de delitos que se cometen sin ser denunciados y, por ello, sin ser perseguidos, sin ser investigados. Y esto tiene que ver también con esa falta de credibilidad que hay por parte de la gente, de las víctimas en las instituciones que imparten justicia. También la encuesta del Inegi señala que hay falta de credibilidad en la Fiscalía General, en los Ministerios Públicos. Porque ha habido muchos casos donde la víctima vuelve a sufrir y vuelve a ser perseguida, y pareciera que se atiende más a quien cometió el delito que a la propia víctima. Es por eso que hoy presentamos una propuesta que busca evitar que se filtre información, que se filtre parte del proceso y de la investigación a medios, o que se incumpla con el debido proceso de la cadena de custodia, para poder garantizar que el proceso finalice bien. El artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. Desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Esto es con el fin de salvaguardar el proceso y evitar que en esta investigación se puedan alterar las pruebas. Hay muchos ejemplos. Hace poco vivimos el ejemplo de Ingrid Escamilla, que además de haber sido asesinada arteramente, después tomó relevancia porque salieron filtradas las fotos y la información del cuerpo en varios medios, en varias plataformas y en varios medios digitales. Entonces, lejos de hacer justicia, se vuelve a victimizar y se vuelve a violentar derechos humanos, tanto de la víctima como de la familia. Por otro lado, esta información que llega a ser filtrada por servidores públicos puede ser un proceso que afecte directamente el resultado de la investigación y que pueda afectar a la victima o incluso al indiciado, incluso al señalado, porque se altera la parte de lo que es la investigación. Es por eso que hoy venimos a presentar estas propuestas de reformas al artículo 214 del Código de Procedimientos Penales y a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. Con este fin lo que buscamos es detener y evitar la sustracción de evidencia física, digital o documental por parte de servidores públicos que revictimizan, degradan, humillan a las víctimas y familiares con estas filtraciones. Y que, por supuesto, también buscamos que se garantice, que se salvaguarde siempre esa cadena de custodia, lo que son las pruebas, documentos, hechos. Con ello lo que queremos buscar es que no vuelvan a hacerse filtraciones indebidas por parte de servidores públicos. Por eso la reforma al artículo 214 del Código de Procedimientos Penales lo que busca es que aquel servidor público que en ejercicio de su función, de manera ilícita no cumpla con su cometido y que por sí esta persona sustraiga, difunda, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información, documentación y multimedia que se encuentra bajo su custodia, a la cual tiene acceso y tiene la responsabilidad de detener, que sea sancionado si se descubre, si se prueba que hizo mal uso de la información que tenía bajo su resguardo en una investigación. Y el segundo artículo que buscamos modificar es el 29 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes. Este artículo 29 propone lo siguiente: El servidor público que, en el ejercicio de su encargo, como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación o marginación, veje, maltrate, degrade, humille, insulte a una persona, ya sea física o a través de multimedia, se le aplicará una sanción de 3 meses y hasta 3 años de prisión y hasta 200 días de multa. Insisto, lo que buscamos es que no se dé el abuso de autoridades y funcionarios públicos en la investigación, como pasó con aquel video que se filtró, donde funcionarios en la investigación del caso Ayotzinapa se ve un video donde están torturando a uno de los testigos y que están abusando y violentando los derechos humanos. O, el otro caso, de que filtran información que viene a alterar el proceso y a romper la cadena de custodia de las pruebas, que son importantísimas para poder concluir ese proceso. Y buscamos que la víctima, que las personas recuperen la confianza en las instituciones. Y que demanden, que denuncien cada día más los delitos, porque muchos de ellos se quedan impunes por la falta de denuncia. Buscamos generar e incentivar la cultura de la denuncia y que la gente recupere la confianza en las instituciones responsables de investigar y de hacer justicia. Por su atención, muchas gracias.