La diputada Maria Hilaria Domínguez Arvizu: Gracias, diputado Presidente. Honorable Asamblea. Apreciables diputadas y diputados. Pueblo de México. Medios de comunicación: El tema que hoy nos ocupa es la Ley Agraria. Es el sentimiento puro, ideológico, de una lucha de los mexicanos y de las mexicanas de 1910 ante el "Porfiriato" y ante las tierras en unas cuantas manos que ha costado vidas, muchas vidas de mexicanos. No es fácil, no se puede legislar rápido y a la ligera irresponsablemente. Aquí se ha dicho, la Ley Agraria de 1915, el Constituyente del 17 en donde plasma nuestro artículo 27 constitucional, habiendo algunas reformas en el 34, en el 40 y en el 42; pero la reforma que viene a afectar enormemente y a desmantelar los núcleos agrarios, la familia campesina, los ejidos y las comunidades de bienes comunales, es la reforma "Salinista" de 1992, en donde desmantela todas las entidades, todas las instituciones que venían a fortalecer el núcleo, la economía, la producción, la productividad, la transformación y la comercialización, la capacitación y la organización de los núcleos agrarios y los sujetos agrarios. Ahora, se pretende dizque hacer unas reformas con esta Ley Federal Agraria. Pero ¡qué grave! qué grave y por eso subo a esta tribuna porque no sólo la del 92 y no profundiza todavía más en las facultades que le da la Asamblea General de Ejidatarios, les faculta entre otras muchas cosas a que las o los ejidatarios o los comuneros en asamblea general decidan el régimen, renuncien al régimen que quieren para que se vayan al dominio pleno. Y dominio pleno significa la privatización o la venta de las tierras para convertirlas en propiedad. Por otra parte, los artículos 47, 48, 49 y 50 sobre los contratos mercantiles, en donde da la apertura, abre la puerta para que se privatice y se vendan nuestras tierras de los núcleos agrarios llámese ejidos o comunidades de bienes comunales. Y no, no regulariza a sujeto agrario, no lo apoya para que en caso de incumplimiento de ese contrato mercantil haga entonces la restitución de las tierras; por el contrario todavía en el 155 dice que los extranjeros podrán tener el 49% en proporción a la compra de los terrenos que tengan, que adquieran ya sea de ejidos o de comunidades. Por otra parte, apreciables compañeros, en el dominio pleno cancela toda posibilidad como el tema de los posesionarios. Cómo es posible que el ejidatario o el comunero que ha luchado en un comité particular solicitante de tierras, que trae una lucha social para la constitución de sus ejidos o comunidades, lo traten igual que un posesionario. Y un posesionario no es más que un comprador de tierras que ni siquiera ha vivido la comunidad. Y tampoco, tampoco en esta ley lo obliga, no lo obliga a tener una sola proporción o porción o superficie en un solo ejido o comunidad; puede tener las que quiera y la superficie que quiera y ahí se van a ir creando los latifundios, los acaparamientos de tierra. Privatizar nuestros ejidos y nuestras comunidades no es la solución agraria al país, es darle los instrumentos en una ruralidad mexicana en donde tengamos crédito, capacitación, organización, infraestructura, transformación y comercialización de nuestros productos. Esto es lo que ocupamos precisamente y no una ley que viene a desproteger, a abrirle el camino a los extranjeros o a los narcotraficantes para que nos compren las tierras y acapararlas en unas cuantas manos. Por eso apreciables diputadas y diputados: el compañero diputado Lamberto Díaz Niebla y su servidora, somos secretarios de la comisión y votamos desde ahora en contra de esta iniciativa.