La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor presidente, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1989 adopta, en Nueva York la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que se le reconoce como el tratado más confirmado de la historia, convirtiéndose en el instrumento de derechos humanos más ampliamente refrendado por la humanidad. La Convención representa el consenso de las diferentes culturas y sistemas jurídicos de la humanidad, en aspectos tan esenciales como la relación del niño con la familia, los derechos y deberes de los padres y del Estado y las políticas sociales dirigidas a la infancia. Consta de 54 artículos, los cuales establecen los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas y los niños. Asimismo, reconoce que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles, y que por tanto, estos menores de edad necesitan de especial atención. En numerosos países, incluso el nuestro, la vida de las niñas y los niños está amenazada por la violencia en todas sus diversas manifestaciones. De los conflictos armados, de la falta de acceso a la educación, de la desnutrición, del trabajo infantil, de las adicciones, de la trata de personas, de la explotación sexual y otras violaciones a sus derechos humanos. Las niñas y los niños que viven en las zonas rurales tienen menos oportunidades de desarrollo, como una educación de buena calidad o el acceder a servicios de salud, a otros servicios en términos de igualdad de condiciones con las niñas y los niños de las ciudades. La Convención afirma que tales disparidades en el marco de las sociedades son también una violación a los derechos humanos de las niñas y los niños. La Convención otorga la misma relevancia a todos y cada uno de los derechos de las niñas y de los niños. No existe ningún derecho pequeño ni tampoco una jerarquía en los derechos humanos, todos los derechos enunciados en la convención, tanto los derechos civiles, políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales, son indivisibles, están relacionados entre sí y su objetivo principal es que el Estado proteja y desarrolle la personalidad integral de la niña y del niño. Éste es el verdadero desafió al que hoy nos encontramos. La convención busca la construcción de nuevas perspectiva en torno a las niñas, los niños y los adolescentes. Con ella estas personas pasan a ser objetos de protección a sujetos de derechos. En este sentido las niñas, los niños y los adolescentes son personas en formación y, por tanto, no son propiedad de sus padres ni de sus madres, ni de las personas que se encuentren a su cargo. Son personas con derechos plenos y responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo. Al reconocer sus derechos de esta manera la convención orienta firmemente su mandato hacia la personalidad integral de la niña o el niño. Datos estadísticos nos demuestran que en 2010 había más de 39 millones de niñas y de niños menores de 18 años, lo que representaba el 34.9 por ciento. De estos, de acuerdo al estudio de pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México 2008-2010, realizado por la Unicef y el Coneval, nos dicen que 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes viven en pobreza, que 56 por ciento de los menores de cinco años son pobres, que siete de cada 10 niñas y niños indígenas viven en la miseria, que tres de cada cuatro niñas y niños menores de 17 años presentan alguna carencia de sus derechos sociales. Lo anterior nos indica que este grupo poblacional es el que más enfrenta y reciente la inequidad, la pobreza, la injusticia social, y también la violencia familiar, el problema del narcotráfico en las comunidades, la prostitución infantil, la pornografía, el tráfico de personas, la migración de las niñas y de los niños no acompañados, la explotación laboral infantil, las niñas y los niños en instituciones de cuidado alternativos y en conflicto con la ley, niños y niñas con discapacidad y con VIH-Sida, entre otros. Hasta el momento las leyes nacionales carecen de disposiciones para que los niños, las niñas y los adolescentes que hayan sido víctimas de maltrato o cualquier otro acto discriminatorio puedan beneficiarse de medidas que permitan su recuperación física y psicológica, y su reintegración social, como lo estipula el artículo 39 de la Convención de los Derechos del Niños. Por ello es urgente lograr la modificación de esta problemática que afecta profundamente a la niñez mexicana, impulsando entre otras cosas la firma del tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicación. Este protocolo es un gran paso dentro del marco internacional de los derechos humanos de las niñas, de los niños y adolescentes. En primer lugar amplia y fortalece el reconocimiento de ellos y de ellas como sujetos de derechos, ya que permite que ellos mismos y sus representantes realicen directamente ante el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, a presentar sus quejas sobre violaciones de sus derechos siempre y cuando las instancias legales a nivel nacional se hayan agotado o que los mecanismos regionales o nacionales sean insuficientes. La convención, junto con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, representa un cambio sin precedentes para el sistema jurídico mexicano en general y en particular para las Legislaturas de los estados, quienes tienen el deber y la obligación de armonizar sus leyes para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y para promover la equidad al ser de carácter vinculante directo y de interpretación que concede deberes y obligaciones al Estado a los que México se ha comprometido. Ésta es la punta de lanza para la realización del cambio cultural y social que requiere nuestro país para concretar un verdadero estado de derecho a favor de la niñez. Sirva pues este aniversario, el número 24 de la Convención de los Derechos del Niño, para hacer un llamado a todas las Legislaturas locales, para hacer un llamado a todos los diputados federales, a todos los legisladores, para que podamos armonizar la convención con nuestras leyes, para garantizar de esta forma los derechos de las niñas, niños y adolescentes a lo largo y ancho de todo el país. Ojalá que muy pronto podamos ser congruentes y podamos tener lo que ya se mencionaba aquí, una Ley General de Garantías para Niñas, Niños y Adolescentes, ésa será una respuesta inmediata a todas las omisiones que hemos tenido con ésta parte de la población que carece de una serie de cosas y que sus derechos han sido vulnerados. Es cuanto, señor presidente.