EL C. DIP. ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA: Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados: El día 20 de marzo subí a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo en aquel momento para que se iniciara una controversia constitucional por la eliminación del subsidio y el incremento en las tarifas en aquel momento. Quiero señalar que ese día aquí se perdió la votación y no pasó esta controversia. Anunciábamos ya en aquel momento que iba a haber problemas, hoy los hay ya en todo el país, particularmente en el norte, en el centro, de toma de carreteras, de bloqueos y de diferentes acciones para impedir que este decreto siga afectando a millones y millones de familias mexicanas, sin embargo no se hizo nada. Nosotros aquí evidenciamos la votación y claramente identificamos que no había consenso para esta circunstancia. Desde ese tiempo hemos venido señalando que actualmente las tarifas eléctricas son injustas, son arbitrarias. No puede pagar una familia mexicana que no tiene recursos, una tarifa que se disparó por más allá del 184 % y que impacta severamente su dieta y que hoy jubilados, pensionados, amas de casa, pequeños empresarios, madres solteras jóvenes, están en la disyuntiva ya de definir entre pagar la luz o alimentarse. Yo he planteado la necesidad de plantear este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en la tribuna y he sido tolerante en la medida que buscar un acuerdo sería lo más óptimo. Sin embargo quiero señalar que desde mi punto de vista la propuesta que se hace no resuelve el problema de fondo porque el Ejecutivo si quería verdaderamente diferenciar el subsidio a los sectores más desprotegidos de esta población, otorgárselos, debió haber planteado un análisis exhaustivo de cuál era la aplicación, cómo era la aplicación y quiénes iban a ser los beneficiados. Sin embargo no se hizo y a rajatabla se aplicó un decreto que hoy por hoy es verdaderamente dañino, lacerante y está provocando reacciones que en muchos lugares son poco previsibles en virtud de la condición económica en la que estamos. Esto nos ha llevado a una reflexión intensa, buscando vehículos, vías, accesos para encontrar una solución a este problema, sin embargo no lo hemos encontrado No hemos visto la sensibilidad del Ejecutivo para reconocer que esta tarifa está dañando a los más pobres, a la clase media, pero también a un sector productivo de la población que hoy se encuentra también en esta disyuntiva. Aunado a esto hemos señalado que tan sólo en la zona metropolitana, en la zona centro del país que atiende compañía de Luz y Fuerza del Centro, hay más de un millón 200 mil medidores que funcionan inadecuadamente y que provocan disparos en el consumo eléctrico. Ya hemos detectado más de un millón de personas, de usuarios de Luz y Fuerza del Centro, que no están pagando la luz en virtud de no tener dinero para poder solventar esta tarifa. No hablo de los de CFE porque ahí el número está creciendo indeterminadamente. Por lo tanto la gente pobre nos dice en todas las colonias: "Yo quiero pagar, pero quiero pagar lo justo. No puedo pagar donde no me alcanza para pagarlo". Y hoy estamos en el momento oportuno para poder corregir esta circunstancia y me parece que la vía de que este Congreso se manifieste por la derogación del decreto del 7 de febrero del año en curso, es la vía más idónea para encontrar una solución a que el Ejecutivo entienda que puede provocar estallidos sociales esta circunstancia. Por lo tanto, compañeras y compañeros, en nuestra calidad de representantes populares, yo los exhorto a que si queremos verdaderamente solventar este problema, exhortemos al Ejecutivo a que derogue el decreto y entremos después de esto a una revisión exhaustiva de cómo, a dónde, a quiénes se les debe de aplicar un subsidio, pero también donde se corrija la irregularidad que priva en este sector tan importante para la población. Por lo tanto, propongo el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: Uno.- Que la cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo Federal para que derogue el decreto del 7 de febrero del año en curso con el que se cancelan los subsidios a tarifas domésticas y se aumentan las tarifas del servicio público de energía eléctrica hasta en un 185 por ciento. Insisto: las tarifas actualmente son injustas". -