La diputada Ana Patricia Peralta de la Peña: Para nadie es ajeno la inseguridad que vivimos las mujeres en el país, basta un simple recorrido por los medios de comunicación, por las redes sociales, por lo que viven las mujeres, para comprobar que la violencia en nuestra contra va en aumento de forma alarmante. Desde hace décadas, las mujeres encabezamos un movimiento por la lucha de igualdad de oportunidades, un movimiento que ha sido lento, pero firme, donde poco a poco hemos ido conquistando espacios y cuyos frutos se han visto reflejados en los ordenamientos jurídicos que nos rigen, a medida que la sociedad va cambiando. Esta Legislatura ha sido prueba de ello. Y con esa convicción debemos seguir trabajando, pues aunque los avances han sido grandes, es también evidente que son insuficientes. En teoría las leyes nos reconocen los mismos derechos y obligaciones, sin embargo, en la realidad es que a nosotras nos sigue costando más trabajo ejercerlos en plena libertad por cuestiones atribuibles al entorno. Por ejemplo, las leyes nos permiten a ambos géneros el libre tránsito para salir a estudiar, trabajar o divertirnos, pero la agresión sexual en el transporte público al que estamos expuestas, limitan en muchas ocasiones nuestra movilidad, provocando que salgamos con miedo que incluso prefiramos no salir. Esta violencia que se vive diariamente vulnera los derechos humanos de las mujeres y nos impide el goce y disfrute de los mismos, por lo que ante esta situación el Estado es responsable de garantizarnos una vida libre de violencia a través de instrumentos que vayan más allá de un simple reconocimiento de derechos y obligaciones. Uno de estos mecanismos es precisamente la declaratoria de alerta de violencia de género, contemplada en la ley que hoy se pretende reformar, la cual es definida como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, cuyo procedimiento tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra. Actualmente, en el país existen 18 estados donde se ha emitido esta declaratoria que parte de reconocer y visibilizar el problema para emprender acciones efectivas, sin embargo, han sido insuficientes. Si bien la violencia contra las mujeres se ha ido visibilizando socialmente gracias a los trabajos de organizaciones feministas y familiares que han hecho públicas las denuncias de esos acontecimientos, la divulgación también ha contribuido a extender mitos y estereotipos en torno a la interpretación de la violencia. Es por eso que resulta necesario fortalecer los instrumentos y mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres, entre ellos el de la alerta de violencia de género contra las mujeres, a fin de perfeccionarlo y hacerlo acorde a la realidad en que estamos viviendo. Estoy convencida de que en esta batalla la educación es nuestra arma más poderosa. Resulta vital que a largo plazo se modifiquen patrones, actitudes y comportamientos para sensibilizar a la población, visibilizar el fenómeno y cambiar la actitud de la sociedad y de los servidores públicos. En este sentido, las propuestas planteadas se vuelven necesarias para que con ello las autoridades no contribuyan a extender mitos y estereotipos en torno a la interpretación de la violencia y encaucen y direccionen las políticas públicas con una perspectiva de género en los temas de violencia contra las mujeres, contemplándose incluso la posibilidad de sancionar a aquellos servidores públicos omisos o negligentes. Este dictamen de la Comisión de Igualdad abona en la manera de clarificar cómo deberán coordinarse las autoridades de los tres niveles, para implementar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia contra las mujeres en el país y promover la igualdad de género. Resulta necesario y urgente atender a nivel nacional las causas que dan origen a esta situación, mediante mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos desde una perspectiva de género y la procuración y fomento en todo momento de una participación activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada, y el fortalecimiento de este instrumento a través de las modificaciones de la ley nos acerquen a cumplir este objetivo. Es por eso que anticipamos nuestro respaldo a este dictamen, que sin duda será una acción contundente en favor de las mujeres. Es cuanto. Muchísimas gracias.