El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el pasado 4 de septiembre se dio a conocer, a través del programa Punto de Partida de Denise Maerker una serie de inversiones millonarias realizadas sobre el rancho Pozo Nuevo ubicado en el estado de Sonora, propiedad del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y su familia. En dicha investigación ampliamente documentada por Fátima Monterrosa y Marco Tinoco, se da cuenta de una serie de obras realizadas en los últimos años que distan mucho de tener una justificación legal y económica. Se narra, por ejemplo, la construcción de una presa a la que por cierto Guillermo Padrés llamó represo, con una capacidad de cuatro millones de metros cúbicos de agua y que tiene una cortina de 120 metros de largo por 80 de altura. Pero no sólo eso. El programa da cuenta también de la construcción de un acueducto con una superficie aproximada de siete kilómetros para trasladar el agua desde ese punto hacia un reservorio que asegura el riego tecnificado de 300 hectáreas de nogal. Así como ustedes escucharon, compañeras y compañeros diputados. Inversiones superiores a los 300 millones de pesos sobre una propiedad que apenas en el 2009 le había sido señalada para embargo a la familia Padrés Elías por el incumplimiento en el pago de unos invernaderos que habían sido construidos años anteriores. La concentración de toda esta agua en la presa provocó escasez del vital líquido en las comunidades aledañas. A juicio de los habitantes de la comunidad de Bacanuchi ubicada en el municipio de Arizpe, esta sequía trajo como consecuencia pérdidas económicas sin precedentes a los productores de la región. En nuestro país el agua es de la nación. Independientemente de su condición política nadie tiene derecho de apropiarse de los bienes de la nación, más en un estado como el nuestro en donde las limitaciones de agua nos han llevado a una confrontación política y social sin precedente. Es verdad que el sector agropecuario tiene el derecho de utilizar las aguas superficiales para sus fines, pero esto deberá hacerse mediante una concesión que la Comisión Nacional del Agua otorga en base a un estudio que dé cuenta de la suficiencia del recurso. Como consecuencia de las denuncias ciudadanas, la Conagua anunció el pasado 10 de septiembre el inicio de una investigación sobre estas propiedades a fin de determinar si cumplían con los requisitos de ley. Lejos de aceptar esta instrucción, el gobernador solicitó la expulsión de los delegados federales. Era importante, en principio, que la Conagua se pronunciara respecto de si había título de concesión de las aguas, si la presa en este caso contaba con la concesión de la zona federal y si la construcción de esta presa y la cortina contaba con las especificaciones de seguridad. Era importante hablar en tiempo pasado porque sorpresivamente la cortina de la presa fue reportada rota el pasado sábado 20. De acuerdo con la versión del gobernador, el crecimiento del afluente del río provocó la ruptura de la presa; sin embargo, versiones de vecinos del lugar hablan de explosivos que se llevaron a cabo. Aquí está, compañeras y compañeros, la presa antes y aquí está la presa después, en donde las explosiones que registraron los compañeros de la comunidad Bacanuchi, hablan de que esta presa no fue rota por la naturaleza, sino derivada con el uso de explosivos. Por eso queremos también que se investigue, incluso, una línea de investigación adicional para saber si se utilizaron explosivos y si estos explosivos contaban con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ponemos en consecuencia, que es importante además que la Semarnat se pronuncie para conocer si las 300 hectáreas de Nogal, si toda la superficie que fue en su momento desmontada, contaba con los permisos ambientales requeridos, manifiesto de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal, permisos por parte de la Comisión Nacional del Agua para la utilización de los pozos para estos riegos tecnificados de más de 300 hectáreas. En consecuencia, solicito presidente, que se integre el texto completo del exhorto que fue suscrito por más de 150 legisladores de esta soberanía, a fin de que las autoridades competentes se pronuncien sobre la legalidad de estas obras. Es cuanto, presidente.