El diputado Edmundo Ramírez Martínez: Con su permiso, señor Presidente. La disminución y erradicación de las desigualdades y la pobreza que presenta México constituyen un reto prioritario para el Estado. Por ello es necesario implantar mecanismos fiscales que permitan a los sectores más vulnerables del país subsanar sus carencias y sus necesidades. El Estado mexicano cuenta con un conjunto de elementos que le permita atender a la población más vulnerable a través de mecanismos de asignación del gasto del gobierno federal. Tal es el caso de la Ley de Coordinación Fiscal, en la cual se establecen los lineamientos generales respecto de cómo el gobierno federal redistribuye los ingresos a cada una de las entidades federativas del país, a través de las denominadas "participaciones". El objetivo fundamental de la Ley de Coordinación Fiscal es redistribuir de manera equitativa el Fondo de Participaciones Federales que tiene a su cargo el gobierno federal y con ello subsanar las diferencias que existen entre los estados del norte, centro y sur del país. Lo anterior, en beneficio de la población que habita en dichos lugares. Sin embargo, los recursos destinados en la mayoría de los casos resultan insuficientes, ya que el grado de marginación y de pobreza es muy alto. La pobreza y la marginación se han convertido en una característica de la población que habita en la región centro-sur del país, en donde las oportunidades de desarrollo son limitadas, la infraestructura básica es insuficiente, y en muchos casos carecen de los beneficios de los programas sociales. El problema de la pobreza lo podemos considerar como un desafío importante, ya que un alto porcentaje de la misma está asociada con la desigualdad y la exclusión social, principalmente de los grupos indígenas. Si bien es cierto que en el periodo 2000 y 2002, según el Banco Mundial, la pobreza extrema se redujo, dicha disminución es efecto de la gran cantidad de remesas que los mexicanos en Estados Unidos han enviado a sus familias, las cuales se ubican primordialmente en zonas rurales. Es importante destacar que 44 por ciento de los indígenas se encuentra en el extremo más pobre del ingreso y sufren los mayores niveles de privación en términos de salud, educación y acceso a los servicios básicos. En 2004 la mitad de la población en México se ubica en algún nivel de pobreza y una quinta parte de los mexicanos en pobreza extrema. La marginación es otro de los elementos que afectan a una gran cantidad de mexicanos. Lo anterior lo podemos corroborar mediante los Índices de marginación, que elaboró el Consejo Nacional de Población para 2004. En ese documento se señala que las entidades federativas del país que presentan el mayor grado de marginación son Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. Además de que en dichos estados se concentra el mayor número de población indígena del país. La importancia de considerar a la población indígena del país dentro de la fórmula de las participaciones en entidades federativas radica en que no debemos perder de vista que, del total de población de México, el 10.5 por ciento es indígena. De los 2 mil 443 municipios del país, 871 de ellos cuenta con población indígena, el 48 por ciento de los municipios de México cuenta con una población mayoritariamente indígena, la proporción llega en esto a superar el 70 por ciento del total de la comunidad. He de destacar que en Chiapas el porcentaje de la población hablante de lengua indígena es de 24.7 por ciento: en Guerrero del 13.9, en Hidalgo del 17.3, en Oaxaca del 37.2 y finalmente en Veracruz de 10.9. Estos datos reflejan lo importante que resulta considerar a la población indígena y el papel que desempeñan en el desarrollo de los estados donde radican. Las entidades anteriormente mencionadas tienen el enorme reto de combatir la pobreza y la marginación con recursos limitados. Lo anterior hace necesario adecuar la Ley de Coordinación Fiscal con el objeto de incluir una variable en la fórmula del Fondo General de Participaciones, con la finalidad de que se considere la existencia de población indígena y marginada que habita en las entidades del país, con el propósito de que se les proporcione una mayor cantidad de recursos que les permita contar con las condiciones propicias para el desarrollo pleno de los grupos marginados y en situación de pobreza. Es importante señalar que se han realizado varias propuestas para modificar las fórmulas de participación que forman parte de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que se considera que la distribución de las participaciones es inicua. Los programas sociales han dado —en algunos casos— buenas cuentas; sin embargo, resultan insuficientes ya que muchas comunidades no son beneficiarias de los mismos debido a que por sus características no cubren los criterios diseñados por la Secretaría de Desarrollo Social. Este caso se presenta, primordialmente con menos de 2 mil 500 habitantes, en las que vive la mayor parte de personas en situación de pobreza y marginación. En este sentido, los grupos sociales marginados y en pobreza, requieren que se les proporcione apoyo de manera inmediata, el Estado tiene la responsabilidad de velar porque los mexicanos cuenten con las oportunidades suficientes que le permitan lograr subsanar sus diferencias económico-sociales, a fin de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de dichos grupos. En razón de lo anteriormente señalado, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente decreto. Único. Se modifica el artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: Artículo 3: La cantidad que a cada entidad federativa corresponda en la parte del Fondo General de Participaciones a que se refiere la fracción II del artículo 2 de esta ley, se obtendrá mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará conforme a la siguiente fórmula. Se expresa en la Gaceta Parlamentaria la fórmula y se incluye un índice, que es: el indicador de población indígena que habita en la entidad. Transitorios Primero. El decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar las adecuaciones correspondientes al presupuesto de egresos del año en curso en un plazo no mayor de 60 días. Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, firma el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, el diputado José Luis Blanco Pajón. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.