La diputada Minerva Hernández Ramos: Con su venia, diputado presidente. Amigos legisladores, la corrupción es el mal que aqueja al gobierno y a la sociedad en el siglo XXI, con la entrada en vigor de las leyes que constituyen la columna vertebral del sistema nacional anticorrupción apenas dimos un paso en el combate frontal a la impunidad. En el Congreso de la Unión debemos preocuparnos por sacar adelante la siguiente andanada de reformas legales, que fortalezcan el Estado de derecho, que permitan una mejor aplicación de la ley y que otorguen certeza jurídica a los ciudadanos. Hemos pasado por alto que la corrupción juega un significante papel en los flujos financieros ilícitos, quienes se han beneficiado de sus posiciones de poder apropiándose indebidamente de los recursos públicos del pueblo mexicano, buscan legitimar esos recursos a través de la simulación jurídica y del blanqueo de capitales. La Evaluación Nacional de Riesgo, elaborada en 2016 por la Secretaría de Hacienda, reconoce que se trata de 10 mil millones de dólares que se pueden estar involucrando en el lavado de activos, cifra que consolidaría un complejo de delitos, como delincuencia organizada, defraudación fiscal y, por supuesto, corrupción. México ha soslayado contar con una sólida política pública en materia de prevención del lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera, GAFI, hizo un duro señalamiento en el último informe de evaluación del pasado mes de enero, dijo que nuestra Procuraduría no había considerado como una prioridad la identificación e investigación del lavado de activos. Este lavado no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática. También advirtió que la cantidad de acciones penales y condenas por lavado de activos es muy baja y que raramente se persigue penalmente como un delito autónomo. Si la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera quisieran demostrar al mundo su compromiso institucional en la investigación y persecución de delitos de lavado de dinero, comenzarían por rastrear los mega escándalos de los funcionarios involucrados en Odebrecht, comenzando con Lozoya, del fraude colosal que es la estafa maestra y de los desvíos de recursos por más de 2 mil millones de pesos ocurridos del 2014 al 2016, con Rosario Robles al frente de Sedatu y Sedesol, lucrando con la pobreza y la dignidad humana. No hay que olvidar que mientras ocurría este abuso de recursos públicos, el candidato del partido gobernante estaba al frente de la Secretaría de Hacienda y que los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera necesariamente pasaron por sus manos, quedando guardados en un cajón de su escritorio. Seguramente hay más escándalos de corrupción que implican blanqueo de capitales, pero a la PGR únicamente le interesa fabricar un presunto caso de lavado en contra de Ricardo Anaya, próximo presidente de la coalición Por México al Frente. De las redes de corrupción que construyeron los Duarte, los Moreira y otros notables priistas que incluso tuvieron la improbable suerte de ganarse dos veces la lotería, y de los recursos financieros que fueron indebidamente obtenidos, pues de eso mejor ni hablamos. Diputadas y diputados, es claro, la PGR es un arma electoral de este gobierno. Antes de iniciar las campañas presidenciales, en los últimos tres años la Unidad de Inteligencia Financiera envió a la PGR 176 denuncias, de las que solo cuatro se han convertido en acción judicial. Ahora dicen que la compra-venta de un terreno es un caso emblemático, pero de lo único que es emblema la facciosa actuación de la Procuraduría es de su transformación servil en beneficio de los intereses de este gobierno corrupto y corruptor. Por eso, hoy se denomina la PRIGR. Con su proceder, el encartado del despacho de la Procuraduría reafirma que es urente nombrar al titular y convertirla en una Fiscalía que sirva. Reformemos el 102 constitucional. Para fortalecer las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y establecer mecanismos de control y rendición de cuentas por parte del Legislativo en la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, esta iniciativa que hoy nos ocupa propone reformar el marco jurídico a efecto de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sea considerado como empleado superior de Hacienda, para que su nombramiento sea ratificado por el Senado de la República. Establecer que el secretario de Hacienda y el titular de la UIF comparezcan ante la Cámara de Diputados para exponer los resultados de la política pública en materia de detección y prevención de lavado de dinero y la recuperación de los activos relacionados con hechos de corrupción, así como otorgar autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera. Es cuanto, diputado presidente.