La diputada Sayonara Vargas Rodríguez: Durante nuestra vida hay dos momentos importantes en que nos hemos cuestionado, por un lado, con el tema ético y por el otro lado la parte científica. Y me refiero precisamente al inicio y al final de la vida humana. En ningún otro momento se nos presenta tanta complejidad como en estos dos momentos, como algunos autores lo han mencionado a lo largo de la historia. Hace algunos meses se acercaron conmigo unas personas para compartirme su necesidad de contar para una de ellas la voluntad anticipada. Durante la plática que sostuve con ellas me compartieron de cómo no dejar que la familia, por una parte, sufriera una agonía larga, cansada. Eso sí, llena de amor, pero al final ambos sufriendo en el final de su vida. Era la primera vez que tenía un comentario tan cercano al fin de la vida de una persona y me dejó reflexionando, y hoy lo comparto aquí, sobre el contar con una vida digna hasta el último minuto de mi vida y, por supuesto, de todas las personas en nuestro país. Al revisar este tema con mayor profundad encontramos que hay estudios que reflejan que 71 % de las personas piensa que la familia no respetará la voluntad del enfermo y solo un 21 % ciento que sí será respetada, y que el 64 % de las personas que otorgan su voluntad anticipada son mujeres. Los avances en la investigación para la salud han logrado tratamientos médicos para mantener vivas a personas en situación terminal, por motivo de alguna enfermedad o que hayan sufrido algún accidente. Se asume que en algunos casos se cuenta con el consentimiento de quien lo recibe, pero también pudiera haber casos de personas que quedaron en invalidez mental, que no fueron capaces de externar sus deseos. La obstinación terapéutica implica que se les coloquen sondas, catéteres y, en el peor de los casos, ventiladores mecánicos para mantenerlos con vida e, incluso de manera inconsciente y en contra de su propia voluntad, prolongando su agonía y el sufrimiento. La voluntad anticipada es una alternativa más sensible a este tipo de casos. Es un proceso mediante el cual una persona decide los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en un futuro, en particular, para el momento en el que ya no es capaz de tomar decisiones. Esto es parte de un derecho de una persona a una vida digna. La voluntad anticipada solo está regulada en 14 entidades federativas como una alternativa de decisión médica, pero con criterios distintos de aplicación: Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala, pero en el resto del país no es legal. Estas leyes simbolizaron un parteaguas en la promoción del respeto de la voluntad, la dignidad y la autonomía de los pacientes, por lo que el principal interés radica en el consentimiento informado, en la relación médico-paciente y en la atención de cuidados paliativos. El requisito persistente es que fuera externada dicha voluntad en un documento notarial o un formato de suscripción, sin embargo, esto limita su acceso por falta de disponibilidad de estos profesionales y el alto costo del servicio notarial. Por ello, se busca establecer un criterio único nacional sobre los requisitos para externar el deseo de voluntad anticipada. La demanda permanente al respeto de los derechos humanos, en concordancia con los principios de libertad de decisión de los pacientes, da cabida a la voluntad anticipada como una opción al fortalecimiento de los preceptos jurídicos nacionales e internacionales y esta tiene implicaciones científicas, legales y éticas que aún no están reguladas a nivel federal. Por lo que es necesario que se incorporen a la legislación de todos los estados del país. La voluntad anticipada tiene el espíritu de abonar al precepto constitucional del derecho de libertad de decisión para que en determinado momento la familia o el personal médico responsable de tomar y emplear las acciones para preservar la vida en una situación de riesgo de muerte atienda los derechos personales sobre continuar recibiendo las atenciones médicas o supeditarlas aún cuando la muerte sea inminente. Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 166 Bis y 164 Bis 4 de la Ley General de Salud para unificar los criterios y sea totalmente gratuito y de acceso universal para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.