El diputado Jesús Ramírez Rangel: Con su venia, diputado presidente. El presidente Calderón cumplió su promesa hecha hace un año y presentó una iniciativa de reforma política en el 2009, en diciembre, que aún no se resuelve en el Senado de la República. El común denominador de esta propuesta está en darle más poder al ciudadano sobre sus representantes. Hay quienes dicen que es muy poco, que debemos avanzar a una reforma del Estado, para transformar todas nuestras instituciones de un golpe deseable sin duda, pero llevamos más de 10 años y no hemos avanzado, salvo el trabajo invaluable de cientos de mexicanos con cientos de propuestas. Y, por otro lado, están quienes no quieren cambiar nada. Quienes le siguen apostando a que el legislador le deba su cargo y le rinda cuentas a la cúpula partidista en lugar de al ciudadano, tal como era en el hiperpresidencialismo. Lo deseable, sin duda, es una reforma del Estado de gran calado, pero en la reforma política está una base mínima de lo que necesitamos para avanzar hacia una transformación integral del Estado. En el avance de un estado democrático, se requieren ajustes a las grandes líneas trazadas por la reforma electoral de 2007, para fortalecer nuestro sistema electoral y dar la cara para un buen proceso electoral en el año 2012. Lo mismo, en la renovación parcial del Instituto Federal Electoral, en donde todos debemos acudir con responsabilidad buscando fortalecer ante todo al Instituto y a su autonomía. Pero para todo ello, compañeros, al menos nos debemos dar la oportunidad de debatir, sin prejuzgar, analizar y discutir en comisiones teniendo a México como principal beneficiario o perjudicado del resultado. Las propuestas ahí están. Está esta reforma política, es lo mínimo indispensable, y la elección consecutiva como mecanismo de rendición de cuentas frente al ciudadano; es sin duda, lo más urgente. El gobierno federal ha demostrado su interés en escuchar el reclamo del ciudadano sobre regulación de trámites. Las dependencias federales se han encargado de revisar cuáles de ellos resultan engorrosos y estorbosos provocando como primera consecuencia la corrupción. La simplificación de los trámites trae aparejada una mayor competitividad, ya que se minimizan los costos para los ciudadanos y el gobierno. Este ejemplo lo deberían de retomar los gobiernos locales, donde se presenta a menudo una sobrerregulación. Con la reforma regulatoria base cero, se han eliminado 23 por ciento de los trámites y 35 por ciento de las normas que rigen la administración pública federal. Así, la reforma emprendida por el gobierno federal, generará a su término ahorros para los ciudadanos del orden de los 48 mil millones de pesos equivalente al 0.4 por ciento del producto interno bruto. En el combate al crimen organizado se comenta que no hay avance. Mienten los que afirman que el país no tiene rumbo, se equivocan porque no escuchan los llamados del presidente. Se les olvida a los críticos dejar alguna contrapropuesta y se les olvida también que de lo que sucede en nuestra república, para bien o para mal, es corresponsable esta Cámara de Diputados. El crimen tiene un antes, un durante y un después. En el antes la única manera de prevenir el crimen está la educación, los valores y el empleo. Para tener más y mejores empleos requerimos de un país más competitivo. Para lograr esto es menester que este Poder Legislativo apruebe las reformas que a México le urgen, ésas en las que llevamos más de 10 años insistiendo y la generación del no insiste, una y otra vez, en decir no. Por primera vez al tema de la profesionalización de la policía se le da prioridad, en atención de que son la base toral de la lucha contra la delincuencia. Desde diciembre de 2006 se han incorporado a la Policía Federal más de 7 mil jóvenes con formación universitaria. También se ha ampliado el diseño curricular y reactivado la Academia de Policía en San Luis Potosí para formar y capacitar a policías federales e incluso locales. Ahora que habremos de discutir el nuevo diseño policiaco impulsado por gobernadores y el Ejecutivo federal, que no se nos olvide la academia, la formación, la escuela. De nada nos sirve cambiar de uniforme y de jefe, el cambio debe ser de raíz. Si los gobernadores quieren tener una buena policía, única, estatal, se requiera una buena academia estatal de policía con estándares internacionales. Si no lo pueden hacer, o mientras lo hacen, es necesario seguir fortaleciendo la Academia Nacional de Policía, un logro sin duda, del presidente Calderón. Y como lo único que tenemos es la policía federal y por sí misma es insuficiente ante la nulidad de los mandos locales, hoy México tiene la solidaridad y el apoyo invaluable de su Ejército, las Fuerzas Armadas de nuestro país. En una situación extraordinaria los soldados mexicanos están dando la cara por nosotros. Mientras nosotros aquí definimos qué policía queremos y cómo la queremos, ellos tendrán que dar la cara junto con la Policía Federal, mañana y pasado mañana, hasta que las primeras generaciones de policías bien preparadas se gradúen e inicien una carrera con un buen sueldo. No podemos pretender éxito si no apoyamos a nuestras fuerzas armadas en esta situación extraordinaria, con recursos suficientes. Finalmente, está la parte posterior al crimen; la administración y procuración de justicia. La pasada legislatura aprobó una reforma de justicia, pero la justicia penal, su reforma no se puede reducir a un simple cambio de leyes o códigos; la reforma de justicia penal es esencialmente una política pública y como tal requiere de esfuerzos orientados a su implementación en la realidad. De los siete estados que comenzaron con la implementación, algunos aun antes de la reforma constitucional, sólo Chihuahua ha implementado la reforma en todo su territorio y con muchas adversidades no atribuibles a la reforma, como los emisarios de pasado pretenden hacer creer. Para este año, sólo Baja California inició con la reforma en una parte de su territorio con gran éxito; en el horizonte 2010-2011 sólo Hidalgo y Guanajuato. La mayoría de las entidades no han definido cuándo se incorporan a pesar de que el término constitucional se cumple en junio de 2016. Aunque ya existen propuestas para un nuevo Código de Procedimientos Penales, el esfuerzo legislativo no se puede quedar ahí; se tiene que avanzar en las leyes orgánicas de la PGR, del Poder Judicial y Seguridad Pública orientadas al nuevo rol de estos actores en el nuevo sistema., también en normas sustantivas como el Código Penal, la Ley de Amparo y la Ley de Salidas Alternas. Las leyes más urgentes por los tiempos establecidos en los propios transitorios constitucionales, son la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que está en el Senado desde el año pasado, y la Ley de Ejecución de Sanciones, cuya implementación se debe de dar a menos de un año y todavía no se tiene ni el marco normativo. Un ejemplo de la ineficiencia actual del sistema, de este sistema perverso, es que la tasa de detenidos por cada 100 mil habitantes se ha incrementado casi 5 veces. Es decir que contra la creencia de que con más prisión preventiva se mejora la seguridad pública, vemos que la tasa de imputados no impacta en la reducción de los delitos registrados. Es urgente que la reforma de justicia penal pase del papel y del discurso a la realidad, y por ello en Acción Nacional seguiremos trabajando por un sistema de justicia transparente, con juicios orales; con presunción de inocencia, en donde la autoridad se vea obligada a demostrar la culpabilidad del criminal. Está en el interés de todos que los detenidos en realidad sean los culpables. La cifra atroz que nos persigue a todos, esa que dice que en México hay un 98 por ciento de impunidad, sólo se puede resolver con la transformación de una institución autoritaria hecha para un sistema autoritario, y pasar a instituciones de justicia propias de una democracia. Si hay quienes, en su afán de partidizar todo, piensan que esto es responsabilidad del Ejecutivo federal, están muy equivocados. La abrumadora mayoría de los delitos que se cometen en nuestro país son del fuero común -93 por ciento- y de ahí la urgencia de que las autoridades locales corrijan sus estrategias e implementen esta reforma a la brevedad. De no hacerlo, seguiremos viendo casos dramáticos como los señalados en este libro Prisión sin condena; casos como los de Eugenio Lugo Becerra en Monterrey; Sócrates Tolentino González en la montaña de Guerrero; y David Meza en Chihuahua. Todos ellos acusados injustamente por un sistema perverso. Uno de ellos incluso asesinado estando en prisión y ni siquiera le comprobaron su culpabilidad. Todos ellos en el fuero común, que es responsabilidad de los estados. Es claro que muchas de las fallas están en la productividad legislativa. Manos a la obra. En Acción Nacional estamos listos desde siempre. Ya es hora de empezar a decir que sí. Ya es hora de que la generación del no, empiece a decir que sí a las grandes transformaciones que México requiere. Nosotros estamos listos y los estamos esperando desde hace más de 10 años. Muchas gracias.