La diputada Patricia Terrazas Baca: Con la venia de la Presidencia. Estimados compañeros diputados y diputadas, el segundo de los dictámenes de la minuta enviada por la colegisladora para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, es el relativo al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación. El segundo párrafo del artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente establece que los Poderes de la Unión no podrán reunirse dos o más en una sola persona. Por ello, la discusión y análisis de la iniciativa del Ejecutivo federal en relación a la miscelánea fiscal alberga confianza en que el Poder Legislativo marcaría un camino alterno al propuesto por el Ejecutivo, quien, mostrando una desconfianza total a los ciudadanos y emprendedores, propuso aumentar mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria para generar un ambiente muy hostil, en lugar de plantar propuestas que incentivaran la economía y otorgaran un respiro a las familias mexicanas que se han visto afectadas por el distanciamiento social y el paro de actividades económicas derivadas de la emergencia sanitaria, promovidas por el virus SARS-CoV-2. La esperanza de los ciudadanos y el respeto que tienen las instituciones del país, como lo es esta soberanía, fue palpable en la alta participación del parlamento abierto que la Comisión de Hacienda y Crédito Público celebró el pasado mes de octubre. Existieron múltiples propuestas para incentivar la economía, pero, no hubo una propuesta para no pagar impuestos, sino propuestas que pretendían rehabilitar la generación de empleos y, con ello, mantener el sustento de las familias mexicanas. Sin embargo, la mayoría se plegó a la voluntad del poder, quedando en entredicho el principio de que los dos Poderes no pueden reunirse en una sola persona, toda vez que fueron prácticamente nulas las modificaciones que esta soberanía y la colegisladora incorporaron en los dictámenes de la Miscelánea Fiscal enviada al Ejecutivo federal. En tal sentido, la minuta que la colegisladora remite de lo que coloquialmente se conoce como Miscelánea Fiscal y que hoy se presenta en este pleno, presenta solo dos modificaciones: una al artículo 113-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de retenciones por actividades efectuadas por medio de plataformas tecnológicas, y la segunda para eliminar las reformas remitidas a esta por el Ejecutivo federal a los artículos 45, 69 y modificó la reforma al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, mediante la cual se invadía la privacidad de los ciudadanos. Por lo anterior, las modificaciones al artículo 113-A a que la minuta de la colegisladora incorporó, disminuyen las tasas de retención a las actividades y servicios prestados por medio de plataformas digitales en la prestación de servicios de transporte terrestre y de entrega de bienes a la tasa de retención que pasará del 2.8 al 2.1 por ciento. La retención por servicios de hospedaje del 5 por ciento quedaría en una tasa de retención del 4 por ciento y respecto a la enajenación de bienes y prestación de servicios, la tasa de retención propuesta pasaría del 2.4 por ciento al 1 por ciento. Es indudable la disminución de las tasas de retención. Son un paliativo temporal a las actividades realizadas por los ciudadanos por medio de las plataformas digitales, toda vez que las tasas de las contribuciones aplicables a los ciudadanos a nivel anual, en materia de impuesto sobre la renta, no disminuyeron a pesar de haber sido propuestas en el parlamento abierto, realizado dentro de los trabajos de análisis de la miscelánea fiscal. En materia de Código Fiscal de la Federación, la minuta de la colegisladora eliminó tan solo una de las medidas coercitivas que para incrementar la percepción de riesgo de los ciudadanos el Ejecutivo federal propuso y que con el aval de la mayoría de esta Cámara fueron aprobadas, por lo que la facultad para que el Servicio de Administración Tributaria pudiera entrar a la privacidad del hogar de los ciudadanos mediante la obtención de imágenes y video que estaban contenidas en el artículo 45, 69 y 137 del citado ordenamiento. Esta, fue eliminada por la colegisladora. Por lo que con esta propuesta se estaría atendiendo a una de las observaciones recurrentes que los ciudadanos e inclusive la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente expresaron en el parlamento abierto que la Comisión de Hacienda realizó durante el mes pasado. Sin embargo, la minuta de la colegisladora mantiene las facultades para que las autoridades fiscales citen a los contribuyentes para que acepten las propuestas de pago de impuestos que la autoridad fiscal considere deban pagar los contribuyentes sin siquiera analizar la situación particular de cada empresa. Dos. Limita el alcance de los acuerdos conclusivos disminuyendo así los derechos de los ciudadanos a defenderse de las autoridades fiscalizadoras. Mantiene la posibilidad de que la autoridad fiscal envíe mensajes a los ciudadanos sin incorporar reglas que delimiten el sentido de los mismos. Tres. Cambia la prelación del aseguramiento de bienes, regresando a que en primera instancia se congelen las cuentas bancarias de los ciudadanos, disposición que la Corte ha considerado inconstitucional entre otras muchas medidas de esta declaratoria. En este contexto, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público someten a este pleno el dictamen de la minuta anteriormente expuesta, para su discusión y aprobación. Es cuanto, señora presidenta.