El diputado Edmundo Ramírez Martínez: Muchas gracias, señora Presidenta, con su permiso. Con el refrendo de la solidaridad y el compromiso permanente para las mujeres migrantes, que sin duda tuvieron que abandonar a su comunidad y a su familia por mejores causas, para ellas esa expresión de solidaridad y afecto en este día. La migración es un proceso dinámico. Sus tendencias están sujetas a un sinnúmero de fuerzas políticas, económicas, sociales y ambientales. Hoy en día, los movimientos de la población han aumentado su alcance e intensidad y las motivaciones para migrar están cambiando, incluyendo la feminización de la migración. Asimismo, se están experimentando conflictos étnicos y civiles a una escala sin precedente, forzando a millones de personas a dejar sus hogares por temor. La destrucción ambiental ha obligado a que la gente se traslade para ganar su sustento y, a medida que crece la brecha entre las naciones ricas y pobres, la migración laboral aumenta conforme los trabajadores buscan mejores oportunidades y condiciones de vida. En la actualidad Latinoamérica presenta un fenómeno particular en lo que tiene que ver con la migración, en donde transitan dentro o fuera de sus fronteras millones de personas a distintos destinos, lo que necesariamente se debe de traducir en una mayor atención de las agendas nacionales y en un aumento manifiesto de estudios sobre este tema. En el caso de nuestro país, uno de los principales países receptores de remesas en el mundo, éstas, las que superan los 25 mil millones de dólares anuales que equivalen a cuatro veces nuestras exportaciones agrícolas, siendo las remesas el beneficio más directo de la migración internacional para los países de origen, por lo que el fenómeno migratorio en Latinoamérica tiene un comportamiento que ha ido modificándose en el tiempo por distintos factores políticos, sociales, culturales y económicos. Ningún otro país de Centroamérica, de El Caribe o ningún otro país del mundo adquiere la importancia de México, que es fuente de recepción de migrantes de buena parte de los países sudamericanos, centroamericanos, caribeños, y en donde debido a la magnitud de la migración, existe una creciente conciencia de las dificultades y discriminación que sufren las personas migrantes de estas regiones en nuestro territorio nacional. El aumento de la xenofobia ocasionado por la recesión y el desempleo ha exacerbado las hostilidades contra las personas migrantes, incrementando las dificultades que encuentran. Las violaciones a sus derechos, la explotación y el abuso ocurren a gran escala y continúan a pesar de los instrumentos nacionales e internacionales que protegen sus derechos. Hoy más que nunca esta soberanía debe de comprometerse de manera seria y decidida a que desde el ámbito de nuestra competencia garanticemos para los derechos y libertades de todas las personas migrantes y que son reconocidos universalmente por instrumentos internacionales tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Tratado Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como nuestra propia Carta Magna. En este contexto y a pesar de nuestro total rechazo respecto al trato que reciben millones de nuestros connacionales en Estados Unidos, nuestro marco jurídico en lo que respecta al de actividad migratoria, plasmado en la Ley General de Población, promulgada en 1974, considera como delito que se castiga con la privación de la libertad, a las actividades inherentes a la migración, establecidos en los artículo 118 a 123 de dicha Ley; lo que en todos sentidos es una contradicción entre lo que hoy exigimos afuera y ofrecemos adentro de nuestra patria. Conscientes y comprometidos de que dichas reformas no modifiquen las penas relacionadas a que cuando algún migrante ilegal es detenido y recluido sea por la comisión de un delito que se sanciona con la privación legal de su libertad, como lo son el crimen organizado, narcotráfico, robo, asesinato, falsificación de documentos, entre otros. Por lo que el objetivo de la presente iniciativa es el de dar la certeza mediante la modificación de dicha ley, el de reconocer que la acción penal en materia migratoria debe ser mediante querella y no de carácter oficioso de las autoridades. Para que solamente se despenalicen algunas conductas para que estas se sancionen de manera administrativa y posterior deportación a quienes ingresen de manera irregular en territorio mexicano, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos y a su dignidad y, por otro lado mantener el en el ámbito penal, las que se establezcan y definan como un peligro para la seguridad nacional. Por lo que no se plantea modificar el artículo 143 de la Ley General de Población, el cual establece que el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal estará sujeto a la querella que en caso formule la propia Secretaría de Gobernación. Para que de esta manera se genere un marco jurídico moderno y eficaz que establezca condiciones para que nuestras autoridades cumplan su función de vigilar nuestra frontera, combatir el tráfico ilegal de personas y mercancías. El Estado mexicano tiene la responsabilidad y obligación moral de dejar claro que esto sólo lo podemos hacer mediante la Ley para el desarrollo en nuestro país, porque el migrante no es criminal y por ello exigimos el mismo trato para los nuestros. Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente Decreto Único. Se reforman los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125 y 137 de la Ley General de Población, para quedar como sigue: Artículo 118. Se impondrá multa hasta de 450 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en el momento de consumar la conducta, al extranjero que habiendo sido expulsado, se interne nuevamente en el territorio nacional, sin haber obtenido acuerdo de readmisión. Igual sanción se aplicará al extranjero que no exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga un nuevo permiso de internación. Artículo 119. Se impondrá multa hasta de 450 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en el momento de consumar la conducta, al extranjero que, habiendo obtenido legalmente autorización para internarse en el país, por incumplimiento, violación de las disposiciones administrativas o legales, a que se condiciono su estancia, se encuentre ilegalmente en el país. Señora Presidenta, remito a usted en esta intervención, las modificaciones propuestas al artículo 120, 121, 122, 123, 125 y 137, para su respectivo seguimiento. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, compañeros.