La diputada Miroslava Carrillo Martínez: Gracias, presidente. Legisladoras y legisladores, como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, expongo a este pleno el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que modifica los artículos: 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional que devolvió el Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Hoy es un día histórico para esta Cámara de Diputados, para las fuerzas políticas representadas en este pleno, para los estados y municipios, para el pueblo de México y para sus instituciones en materia de seguridad pública. Hoy seguramente aprobaremos el dictamen de la Guardia Nacional con el que inauguró el Poder Legislativo federal una nueva forma de legislar y dialogar. Se trató de un tema polémico en la historia contemporánea de México porque tiene que ver con una disertación precisa sobre el papel que juega la policía civil, la Marina y el Ejército Mexicano en este momento de la transición política de México. Relevante porque le antecede un ejercicio de dialogo legislativo ejemplar que detonó el 20 de noviembre de 2018 con la presentación de la iniciativa de modificación para crear una nueva guardia nacional y enfrentar el reto que tiene el Estado en materia de seguridad pública. Fue una propuesta que nos llevó a un intenso proceso de discusión y diálogo plural, incluyente y democrático, que puso al Poder Legislativo ante el reto y la exigencia de un acuerdo satisfactorio de grandes dimensiones. No solamente entre los legisladores, sino también con la diversidad de voces y sectores de la sociedad mexicana. En el Congreso de la Unión se escucharon las voces de los presidentes municipales, gobernadores, secretarios de la Defensa, de la Marina, de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, de constitucionalistas, académicos, asociaciones civiles y organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos. Se originaron así las audiencias públicas de este Poder Legislativo con la sociedad, como una práctica del parlamento abierto en las que se escucharon voces plurales a favor y en contra de la Guardia Nacional, una práctica que ya se hizo regla para esta legislatura, y que seguramente se maximará en las legislaturas locales y en otras decisiones fundamentales para la vida nacional. En el ejercicio democrático y republicano, se enalteció el federalismo mexicano, participaron de manera activa la Confederación Nacional de Gobernadores en voz de su presidente y algunos de sus integrantes. También se escucharon las demandas de las diversas asociaciones de municipios de México y de diversos ayuntamientos en los que la delincuencia y la impunidad han dejado vestigios permanentes. Se fortaleció la estructura bicameral del Poder Legislativo, en el que cada Cámara hizo lo suyo. La de Diputados como Cámara de origen abrió el camino de la discusión, de la apertura democrática para enfrentar el tema, y el Senado de la República como Cámara revisora abrió la brecha de los acuerdos mayoritarios, todos hicimos nuestro trabajo. México está cambiando porque de aprobarse este dictamen y posteriormente en las legislaturas, México contará en sus postulados constitucionales, con un modelo de seguridad pública basado en una función del Estado para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad, el patrimonio de las personas, la generación y preservación del orden público y la paz social. Con este modelo, las instituciones de seguridad estarán compuestas por las policías de los tres órdenes de gobierno y la Guardia Nacional. Esta, de naturaleza civil disciplinada y profesional que, en coordinación y colaboración con los estados de la República y municipios, salvaguardarán también los bienes y recursos de la nación. Contará con una Guardia Nacional integrada inicialmente por la Policía Naval, la Policía Militar y la Policía Federal, en la que elementos de las policías naval y militar que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango, prestaciones y en caso de reinstalación su antigüedad y sus derechos. Este nuevo modelo estará adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quien formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para regirse por una doctrina policía bajo los principios de servicio a la sociedad, disciplina y respeto a los derechos humanos y al imperio de la ley, el mando superior y la perspectiva de género. Asimismo, el presidente de la República designará al titular del órgano del mando superior de la Guardia Nacional y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional por representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es menester mencionar que la discusión de la Guardia Nacional fue compleja para obtener los acuerdo, no obstante, se logró convenir que justamente por ser una institución de seguridad pública no tendrá acceso a portar armas exclusivas de las fuerzas armadas permanentes y los cuerpos de reserva de acuerdo a lo que disponga la ley de la materia. De igual manera, para fortalecer la esfera jurídica de las personas, se logró disponer que las detenciones en flagrancia hechas por la Guardia Nacional por cualquier persona, elementos de instituciones policiales o integrantes de instituciones de seguridad pública, deberán necesariamente poner a disposición a la persona ante la autoridad civil más cercana. Esto también para evitar detenciones ante instancias militares y así impedir la violación a los derechos humanos pendientes a la comisión de los delitos como la desaparición forzada. Ello en la misma manera con la finalidad de contribuir a la protección y fortalecimiento de los derechos humanos, que fue una de las demandas más sentidas en los procesos de consulta. Aunado al reclamo de una mayor eficacia en las instituciones policiacas y de aprobarse este dictamen, también se creará el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, para asegurar la disponibilidad de la información, la operatividad institucional de seguridad y facilitar la planeación. De aprobarse se fortalecerá a la instituciones policiales estatales y municipales, debido a que cuentan con 180 días a partir de la publicación del decreto para presentar un diagnóstico y un programa de fortalecimiento ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En este sentido, para la implementación del programa de fortalecimiento policial se tomarán previsiones en los presupuestos de Egresos de la Federación y de los estados y se presentará anualmente la evolución de los avances de los programas. Este modelo se contará con una Guardia Nacional de carácter civil, con su propia estructura orgánica, organizacional, con una ley que homologue en lo conducente a las disposiciones de las Fuerzas Armadas, como el establecimiento de una estructura jerárquica, un régimen de disciplina, cumplimiento de responsabilidades y tareas, de servicios, de carrera en lo relativo a ingreso, ascensos, educación, capacitación, profesionalización y prestaciones. Dicha ley deberá prever los supuestos de coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, las aportaciones a entidades federativas que soliciten colaboración de la Guardia Nacional, los criterios de evaluación de desempeño individual, la regulación sobre la portación de armas y las características del informe anual que se debe presentar ante el Senado. Otros elementos que constituirán a la Guardia Nacional en caso de aprobarse son: la adecuación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la creación de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, para establecer las bases conceptuales y de clasificación de armas; sujetos obligados, principios, mecanismos de adiestramiento, así como niveles para servidores públicos y reglas de actuación, portación y uso, y la creación de la Ley Nacional del Registro Nacional de Detenciones, de carácter procesal penal, que contará con reglas procedimentales y de registro de los actos de los servidores públicos que, en términos de las disposiciones procesales penales de la Constitución, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales estarán facultados para llevar a cabo detenciones. En lo que respecta a otros cambios relativos a las obligaciones de los ciudadanos, establece servir a los cuerpos de reserva, ya no en la Guardia Nacional, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. En el mismo sentido, tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, y no en la Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones. Así, de aprobarse esta histórica reforma en materia de Guardia Nacional, como he dicho al principio de mi exposición, México contará con instituciones de seguridad pública compuestas por las policías de los tres órdenes gobierno y la Guardia Nacional de naturaleza civil, disciplinada y profesional. No obstante, de aprobarse este dictamen quedará saldado uno de los temas torales de la historia de México reciente, este derivado de la problemática que se generó por omitir durante varios sexenios la solución al uso del Ejército para labores de seguridad pública. Ahora, en este nuevo gobierno de México y en esta nueva legislatura del Congreso de la Unión, hemos enfrentado el problema constitucionalizando el uso del Ejército y la Marina de manera excepcional y transitoria, por cinco años, sometidas a la supervisión, fiscalización y rendición de cuentas, mientras que la Guardia desarrolla su estructura, capacidades e implementación de estrategias de seguridad pública. Señoras y señores, por lo anteriormente expuesto, pido su apoyo a este dictamen, con el anhelo y la firme convicción de construir una Guardia Nacional que permita construir la paz y la seguridad. Con esta reforma, el Congreso de la Unión dará respuesta a la crisis de inseguridad que vive nuestro país. Los Poderes del Estado mexicano debemos actuar, permanecer pasivos ante una emergencia de tal magnitud sería una irresponsabilidad, sería condenar a nuestra sociedad a la incertidumbre y a la desesperación. Con esta reforma no solo damos sustento a nuestras Fuerzas Armadas, también garantizamos el pleno respeto a los derechos humanos. Las instituciones, organizaciones y activistas defensores de los derechos humanos, tienen la garantía de que ninguna violación a las libertades y a los derechos será tolerada. Advierto sobre la necesidad urgente de avanzar en la construcción de corporaciones policiales a nivel federal, estatal y municipal, con la capacidad de servir a la sociedad y que estén blindadas contra la corrupción. Me dirijo a las víctimas de los delitos para decirles que las y los diputados estamos comprometidos con la construcción de la paz y la seguridad, que la legislatura con responsabilidad en pluralidad y de cara a la sociedad no es omisa ante la crisis que vive el país. A ustedes, compañeras y compañeros diputados, les pido su voto a favor para la aprobación de este dictamen. Es cuanto, presidenta.