El diputado Gerardo Peña Avilés: Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los presentes. En Acción Nacional siempre nos hemos preocupado por lo que los ciudadanos enfrentan día a día; en mejorar el bienestar de las personas y las comunidades y en mejorar nuestro entorno global. Recordemos que el derecho ambiental es el encargado no sólo de proteger un bien particular, sino protege una cuestión de efectivo interés general y que el incumplimiento de grupo de reglas que conforman esta rama del derecho, puede afectar las posibilidades de desarrollo, el nivel y la calidad de vida de todos los mexicanos. Las modificaciones propuestas van en el sentido de incorporar el término derecho a vivir en un ambiente sano. En las leyes a las que en esta iniciativa se refiere, enriqueciendo los derechos de los mexicanos; ese derecho ya está inscrito en nuestra Constitución, por lo que requiere una adecuación a las leyes secundarias. Garantizar un medio ambiente sano es entonces fortalecer el desarrollo humano ampliando opciones de desarrollo personal y que impactan en un desarrollo social y económico. Asimismo un aspecto que influye negativamente en la calidad de vida, es el deterioro de nuestro medio ambiente, mediante las conductas delictivas que se cometen en su contra. Establecer responsabilidades y obligaciones individuales como en el caso de los bienes privados, es más complejo. Además de que se trata de bienes en que en algunos casos ya no son recuperables o renovables. Un ejemplo claro son las especies de flora y fauna silvestre en peligro de extinción. Desgraciadamente en estos casos no podemos hablar de resarcir el daño, ya que hablamos de bienes que son patrimonio de la humanidad. Actualmente también se ha reconocido que uno de los motivos que generan el cambio climático de nuestro mundo radica en la depredación tan voraz de nuestros recursos naturales. En el caso de México, desde el inicio de la implementación de sus políticas ambientales, en el instrumento más usual para el control de la contaminación ambiental ha sido el establecimiento y aplicación de normas y castigos como un instrumento de regulación directa con mayor aplicación que otros. Es decir, contar con instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la adecuada protección, así como las sanciones al daño ocasionado. Al respecto la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entre otras cosas, tiene como objeto establecer las bases para definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación, la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo, así como las sanciones que garanticen su cumplimiento. Desde el 31 de diciembre del 2001, esta multa no ha sido actualizada en lo referente al monto máximo, es decir, 12 años en lo que el monto de las sanciones a las conductas delictivas no han sido suficientemente capaces de inhibirla, ya que en estos años los beneficios que se obtienen del daño al medio ambiente, pueden ser mayores a las sanciones de la ley. Si bien la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contempla el capítulo sobre las sanciones administrativas, en el grupo parlamentario de Acción Nacional consideramos que es necesario incrementarlas, ya que en algunos casos el beneficio económico obtenido por el infractor es mayor que la sanción contemplada por la legislación. Tristemente en algunas ocasiones los delitos ambientales se vuelven rentables, por lo que se contempla un aumento en un 20 por ciento con la finalidad de que parte de la misma sea destinada para resarcir el daño ocasionado. Igualmente se busca considerar como periodo mínimo la reincidencia para la comisión de un delito en un lapso de tres años, dando tiempo suficiente a la autoridad correspondiente para analizar las sanciones del infractor y aplicar la sanción que mejor convenga para castigar el daño. Es ahora que debemos trabajar por aquellos aspectos que muchas veces el ciudadano considera que no tomamos en cuenta, aspectos que viven todos los días y que es nuestra responsabilidad atender. En el Partido acción Nacional apoyamos decididamente las presentes iniciativas. La primera que tiene como objetivo establecer los principios básicos fundamentales de acceso de los ciudadanos a un medio ambiente sano que nos permita a todos, sin excepción, un mejor desarrollo humano, y la segunda que tiene como objeto incrementar el máximo de 50 mil a 60 mil días de salario mínimo, ya que consideramos que el monto máximo anterior resulta insuficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño ecológico. Por lo anterior, estamos convencidos de que un ambiente sano es la aspiración legítima de la humanidad, ya que es fundamental en la calidad de vida de los mexicanos y de las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias por su atención.