El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Después de 10 años de crecimiento sostenido, la minería a nivel mundial inició un ciclo de baja a partir de 2012, ocasionado esto principalmente por la caída de los precios de sus principales productos. En ese contexto, la minería ha venido presentando una contracción importante que se agravó con la implementación del régimen fiscal que en materia de derechos inició su vigencia en enero de este año, concretamente con los denominados derechos especiales y extraordinarios a la minería. Los precios del oro y plata han sufrido una caída significativa desde el año 2012 a la fecha, en un 23 y en un 36 por ciento respectivamente. Estas disminuciones han provocado el cierre de operaciones mineras y cancelación de nuevas inversiones. Por las expectativas negativas generadas por el nuevo régimen fiscal, se han presentado en la minería mexicana los siguientes efectos negativos. La inversión directa en el sector minero sufrió un decremento del 18 por ciento durante 2013, la inversión en exploración cayó 26 por ciento y las exportaciones descendieron en un 19 por ciento en el mismo periodo. Segundo. La producción minero-metalúrgica retrocedió de 23 mil 12 millones de dólares a 21 mil 427 millones en 2013, y para 2014 se espera una mayor reducción. Tercero. El empleo generado por el sector se desaceleró en un 79 por ciento. En 2013 apenas se generaron 3 mil 946 nuevos empleos netos, frente a los 18 mil 833 creados en 2012. A nivel internacional México perdió competitividad para la atracción de inversiones. El prestigiado estudio de Fraser Institute ubicó a México con retrocesos en todos sus indicadores, y así encontramos que en cuanto al régimen fiscal pasó del lugar 21 al 71; en cuanto a destino para la atracción de inversiones se perdieron cuatro lugares, pasando del lugar 27 al 31; en cuanto al índice de potencial minero el país perdió siete posiciones, pasando del lugar 30 al 37. En cuanto a la percepción de políticas públicas pasó del lugar 42 al 48; en materia de seguridad se pasó del lugar 88 al 104. Es evidente que respecto a estos indicadores, en el que más puede incidir la actividad legislativa es en el que concierne al régimen fiscal, mismo que depende totalmente de la decisión de esta soberanía. Derivado de lo anterior, se propone: 1. Reducción a la tasa del derecho especial sobre minería. A la fecha no se cuenta con algún estudio o elementos que permitan conocer las razones o fundamentos que se tuvieron para el establecimiento de la tasa de la tasa del 7.5 Por el contrario, la realidad ha mostrado que dicho porcentaje afectó de manera negativa a la competitividad del país como destino para atracción de inversiones y la generación de empleos. La tasa del 7.5 por ciento que se estableció para el derecho especial sobre minería dio como resultado que la industria minera mexicana esté enfrentando una carga tributaria total del 49 por ciento de su utilidad fiscal, considerando el impuesto sobre la renta y otros gravámenes. Lo que se propone es reducir esta tasa del 7.5 al 3 por ciento. La segunda es la supresión del derecho extraordinario sobre minería. El denominado derecho extraordinario sobre minería debe suprimirse, debido a que significa una doble tributación y resulta inequitativo. Tres. Reducción de los gastos de exploración para efectos del impuesto sobre la renta. También ha sido causa de desaliento a la inversión en exploración la supresión del beneficio que consignaba el último párrafo del artículo 39 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya derogado, mismo que permitía a las empresas mineras la posibilidad de deducir las erogaciones realizadas en periodos pre operativos en el mismo ejercicio en que se efectúe, como excepción a la regla general de deducir el 10 por ciento anualmente. Este cambio puede lograrse incluyendo en el artículo 34 de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, ese mismo párrafo. Lo anterior, debido a que no hay que olvidar que la exploración es el motor de desarrollo y crecimiento de la actividad minera, por lo que incentivar la realización de actividades de exploración es incentivar la inversión en minería. Por otro lado, resulta paradójico que dentro de la llamada reforma energética en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se reconoció la importancia del impacto de los gastos de exploración, al establecer en el artículo 32 de dicha ley, que para la determinación del impuesto sobre la renta de los contratistas; es decir, los titulares del contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos, lo cual equivale a un concesionario minero, se aplicaría al 100 por ciento el monto original de las inversiones realizadas para la exploración, recuperación secundaria y mejorada, y el mantenimiento no capitalizable en ejercicio en el que se efectúen. Ante esta situación, nos preguntamos, ¿por qué la distinción con la minería? Por otro lado, se propone establecer en la Ley del Impuesto Sobre la Renta que los contribuyentes que se dediquen a la explotación de yacimientos de mineral puedan optar por deducir al 100 por ciento de las erogaciones realizadas en periodos pre operativos en el ejercicio en que las mismas se realicen. Derivado de lo anterior, someto a la consideración del pleno estas reservas que he mencionado, para efecto de reformar y derogar diversos artículos de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como reformar el artículo 268 y se derogan los artículos 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos. Ahora bien, por otra parte, como parte valga la redundancia de la política económica de cualquier país, un factor esencial es la promoción de las exportaciones. En el caso de México las exportaciones no petroleras resultan un elemento fundamental para ello, considerando que las exportaciones petroleras han caído en casi 9 por ciento en lo que va del año. Los bienes afectos al gravamen de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios están exentos del pago del impuesto cuando dichos bienes son exportados, esto origina un costo para los exportadores, y en los hechos, la exportación a otros territorios de un impuesto al consumo, lo que resta competitividad a los productos hechos en México que serán enviados a otros países. El costo adicional injustificado para los contribuyentes exportadores se da en virtud de que no es posible acreditar por parte de éstos el impuesto pagado en la adquisición de insumos gravados por la Ley del Impuesto Especial, como por ejemplo, los chocolates, los cereales, entre otros. México enfrenta una situación coyuntural, donde resulta necesario impulsar la competitividad y reducir la carga extraordinaria para los exportadores de los diversos sectores que se ven afectados ante esta ley. Para continuar insertando a México en el comercio exterior de bienes, resulta conveniente eliminar gravámenes dirigidos al consumo nacional y además resulta necesario promover medidas que incentiven y apoyen el crecimiento de nuestras exportaciones. Por lo anterior, propongo incorporar a la Ley de Ingresos de la Federación de 2015 un artículo primero transitorio, donde se posibilite la aplicación de la tasa 0 por ciento a las exportaciones, así como especificar que para el caso de las exportaciones debe proceder al acreditamiento de la manera en la que ha quedado perfectamente plasmado en la reserva presentada. Y por último, un factor muy importante para un crecimiento económico sustentable y equitativo es la seguridad social. Ésta fue sustancialmente vulnerada por la reforma fiscal para el 2014. La reforma fiscal para 2014 aprobó limitar prestaciones de seguridad social otorgadas por los empleadores en favor de sus trabajadores. Los pagos de los empleadores que constituyen ingresos exentos para el trabajador son deducibles para efecto del impuesto sobre la renta en un 53 por ciento. Como medida para evitar que los patrones eliminaran o disminuyeran las prestaciones, se estableció que cuando el contribuyente disminuyera de un ejercicio a otro las prestaciones exentas, otorgadas a sus trabajadores, la deducción sería únicamente del 47 por ciento, según lo que establece el artículo 28, fracción XXX, esta medida inhibe la generación de empleos con el consecuente costo social. El esquema de limitar la deducción de la previsión social, otorgada por los patrones, sustituyó en cierta forma al Impuesto Empresarial a Tasa Única, el IETU, que no contemplaba la deducción de estos conceptos. Sin embargo, la limitante para reducir la previsión social no considera el crédito que otorgaba el IETU relacionado con el impuesto sobre la renta corporativa y con el objeto de gravar a aquellos contribuyentes que recurrentemente reportaban pérdidas fiscales, y por lo tanto, no pagaban el impuesto sobre la renta. Con la ley vigente, la previsión social se ha convertido en una carga extraordinaria para los patrones, en detrimento de la seguridad social de los empleados. Además, un efecto paralelo de la medida adoptada para 2014 es la inhibición de la creación de empleo. Por ello, es necesario replantear el límite de deducción de dichas prestaciones mediante un esquema que garantice la contratación formal de personal, sin que represente un costo al erario. Para lo cual es necesario otorgar un crédito al impuesto a cargo de las empresas por el equivalente al impuesto causado por la no deducción de estos conceptos y hasta por el impuesto retenido por la empresa por sueldos y salarios. Evidentemente, una medida como ésta debe estar atada al cumplimiento de los contribuyentes de las obligaciones que la propia legislación establece, así como los correspondientes al entero de las cuotas obrero-patronales al Seguro Social y de las aportaciones al Infonavit y la de expedir el comprobante fiscal correspondiente a que se refiere la fracción V del artículo 27 a que me he referido. Deriva de lo anterior pido a la Presidencia someter a la consideración del pleno la admisión de las cuatro reservas y se inserte íntegro el contenido de las reservas referidas. Es cuanto, presidente.