La diputada Lourdes Quiñones Canales: Con su permiso, señor Presidente. La suscrita, diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 78 y 80 del Código de Comercio, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Existe, desde hace tiempo, un grave problema que aqueja a casi todas y todos los ciudadanos del país, siendo un asunto que se ha vuelto tan común que, a pesar de la infinidad de denuncias y ante la falta de legislación aplicable en ese aspecto, pareciera que sólo queda el camino de la resignación, de la incertidumbre, de la inseguridad jurídica y de la vulnerabilidad ante el abuso. Este problema se refiere específicamente a todo ese cúmulo de servicios que prestan empresas privadas sin que nunca se hayan solicitado, los cuales; sin embargo, se tienen que pagar si no se quiere enfrentar, primero, a una cobranza judicial y más adelante aparecer en el buró de crédito. Cuántos miles y miles de ciudadanos y ciudadanas pagan en sus recibos telefónicos un seguro de vida que jamás solicitaron y cuya póliza ni siquiera ha llegado a sus manos, observando en caso extremo que la mayoría de las personas ni siquiera se ha dado cuenta de que eso es lo que está pagando. Cuántas veces se escucha a familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que tienen adeudos en tarjetas de crédito que nunca solicitaron y que mucho menos recibieron y utilizaron. Cuántas veces se pagan canales extras de televisión o un servicio adicional en Internet, que en un principio se ofrecieron de manera gratuita y que sin previo aviso y sin el consentimiento expreso del cliente de pronto ya tienen un costo. Todos nosotros hemos escuchado o sido víctimas alguna vez de estos abusos, los cuales se agudizan cuando se intenta hacer alguna aclaración con la empresa respectiva. Primero remiten al cliente a determinado número telefónico, en el que se debe interactuar con un autómata y después de una hora o más, con un poco de suerte, es posible hablar con algún asesor, el que lo mantendrá en la línea cuando menos otros 20 minutos. Después de repetir todo este procedimiento al menos dos veces más, por fin se cancelará el servicio y se le liberará al interesado de realizar el pago. Pero también existe la posibilidad de que nunca se solucione este asunto y que las personas terminen pagando un servicio que no solicitaron y que a lo mejor tampoco utilizaron. Simplemente por evitar mayores problemas, por carecer de tiempo suficiente para acudir personalmente a las oficinas de la compañía, o bien, por no estar dispuestos a perder tres o cuatro horas del día realizando telefónicamente las aclaraciones pertinentes, claro, si es que la empresa dispone de un departamento específico de atención al público; en caso contrario, lo más probable es que se tengan que enviar entre tres o cuatro faxes o cartas y esperar a que el personal de la empresa disponga de tiempo para realizar los trámites necesarios para la cancelación del servicio, lo que fácilmente significará entre dos o tres meses de preocupación para los interesados. Otra opción es que el cliente se niegue a pagar o a perder el tiempo en complejos trámites, por lo que harto de aclaraciones decide no hacer caso a ningún aviso de cobro, esto le traerá como consecuencia —sin lugar a dudas— escritos y llamadas amenazantes, en el sentido de que si no paga procederá el embargo por parte de los despachos dedicados a la cobranza y, por supuesto, un antecedente negativo en el llamado buró de crédito. No se puede negar que en los últimos tiempos en México estos asuntos ya son cotidianos y que por lo tanto se considere común y lamentablemente hasta normal que la mayoría de la población enfrente situaciones similares. La cultura del fraude, del robo y del abuso, disfrazado de servicio, ha permeado ya entre los miembros de nuestra sociedad. También es necesario entender que no se trata de problemas de los clientes con el negocio de la esquina, del taller o la tiendita, o de un mal servicio entre un vendedor y un consumidor, cuyo estatus es igual o por lo menos parecido. Se trata de controversias entre grandes empresas, enormes complejos corporativos en contra de un ciudadano, en contra de un estudiante, de un profesionista, de una ama de casa, de un obrero o de un miembro de la tercera edad, para quienes acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, o ante cualquier otra instancia, implica mucho de su valioso y escaso tiempo. Todos sabemos que desahogar audiencias es muy tardado y finalmente nada garantiza no aparecer en el buró de crédito. Por otro lado, entablar una demanda civil o mercantil resulta prácticamente impensable, no sólo por el costo del juicio, el que seguramente rebasaría por mucho la supuesta deuda, sino también por la complicación de los tiempos procesales. A pesar de que los ciudadanos se sienten robados, defraudados, violentados y en estado de indefensión, hasta la fecha no ha sido posible lograr la adecuación de la legislación en su beneficio y protección. Puesto que los ordenamientos jurídicos siguen presentando lagunas que con urgencia deben de subsanarse, cabe destacar que no obstante que el problema es de millones de personas, en todo caso una de ellas tiene que enfrentarlo individualmente. Por ello es que se considera importante el poder llenar el vacío existente a través de una norma jurídica que por sí misma evite que se susciten este tipo de controversias y que erradique las prácticas monopólicas que contravienen incluso lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien es cierto que el contrato es el acuerdo de voluntades y que no necesariamente debe constar en documento alguno, esta reforma plantea que en el caso preciso de las convenciones de tipo mercantil, las cuales se refieren a la contratación de un servicio, éstas deben hacerse de manera expresa y en donde se señale claramente que el consumidor acepta adquirirlo, así como el tiempo y el costo exacto del mismo. Si con el paso del tiempo a ese servicio se le pretendiera agregar otro o modificar las condiciones primarias del contrato, siempre será indispensable contar también con el consentimiento expreso del cliente. Y de no ser así, éste quedará exento de cualquier obligación frente a la empresa otorgante. Si se analiza a la luz del derecho civil la problemática aquí referida, observaremos que en la gran mayoría de los casos en controversia la expresión de la voluntad creadora del acto jurídico, es decir, del contrato, se encuentra disminuida en su eficacia y objeto por contener vicios en la voluntad o consentimiento, a veces por error, en otras por violencia y en algunas más por dolo. La voluntad con la que se celebra un acto jurídico, por simple o mínimo que éste parezca, debe ser cierta. Al celebrar el acto jurídico siempre debe existir certeza, tanto en los fines que se persiguen, como en los efectos que de él se esperan. Por lo que me propongo leer la propuesta a los artículos 78 y 80 del Código de Comercio. "Artículo 1o. Se adiciona el artículo 78 del Código de Comercio para quedar como sigue: Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezcan, que quiso obligarse sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o de requisitos determinados. En el caso en el que una de las partes ofrezca servicios al público, el usuario o cliente deberá aceptar de manera expresa la adquisición del servicio o bien. La modificación a las características o precios pactados originalmente, así como la ampliación de servicios o la adquisición de otros que sean diferentes o supletorios al primario, tales como servicios de comunicación, expedición de créditos, seguros de vida, ampliación de canales de televisión, servicios de Internet, etcétera, sin ser estos ejemplos limitativos sino simplemente enunciativos. En caso contrario, la validez del acto comercial será nula y para reclamar su validez, ésta dependerá de la aceptación expresa y por escrito de las partes en donde se deberá establecer claramente el tipo de servicio, el pago correspondiente y la duración de las obligaciones, así como las penalidades en caso de incumplimiento. La realización de cobros indebidos en los términos del párrafo anterior sobre servicios o productos que el cliente o usuario no hubiese solicitado de manera expresa; las presiones de afectar su historial crediticio o de cualquier otra índole o la afectación del mismo serán equiparadas al delito de fraude y se penalizarán conforme a la legislación penal vigente. Señor, solicito un minuto más, por favor.