El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Competencia, origen latín de la palabra competencia tiene dos grandes vertientes. Por un lado hace referencia al enfrentamiento o contienda que llevan a cabo dos o más sujetos con respecto a algo. En el mismo sentido se refiere a la rivalidad entre aquéllos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que viven las empresas que luchan en un determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio. En la economía la competencia es un contexto que aparece cuando los actores económicos tienen libertad para participar del mercado a través de la oferta y la demanda de productos y servicios. Esto quiere decir que cuando hay competencia existen diversos oferentes y demandantes. Al respecto cito al economista Henry Hadley, quien dijo: En una economía sin tratas, en la que los salarios, costos y precios quedan a merced del libre juego de la competencia, las perspectivas de beneficios deciden cuáles serán los artículos que se produzcan, en qué cantidades, y cuáles los que no se han de producir en absoluto. La competitividad de un país es medida en relación a los bienes y servicios colocados en el mercado interno y en el internacional. La necesidad de revisar la competitividad económica en México es cada vez más urgente. Por un lado, los países con los que México compite directamente en términos económicos y comerciales están avanzando a un ritmo más acelerado. Por otro lado, el país no está logrando las metas de crecimiento económico que le permitan ser competitivo en el mercado global. Si bien es cierto que el bajo crecimiento económico depende de múltiples factores, uno de ellos es precisamente la falta de competitividad. De acuerdo al índice de competitividad internacional 2013 del Instituto Mexicano para la Competitividad, ubica a México en la posición 32 de entre 46 países. El mismo lugar que ocupamos hace 11 años en relación a las principales economías de México. Por ello, entre los retos que el Estado mexicano debe asumir para aprovechar y generar ventajas competitivas que le permitan obtener mayores beneficios de la globalización está el de implementar mejores condiciones de competencia e instrumentos para proteger el funcionamiento de los mercados. Sin duda, cualquier economía de libre mercado basada por definición en la libre competencia y concurrencia de los agentes económicos estará siempre amenazada por la existencia de prácticas anticompetitivas que, de permitirse, llevarán a la formación de monopolios y monopsonios, que repercutirán de forma negativa en toda la economía con consecuencias particularmente adversas para los consumidores. Es de suma importancia la visión que se tiene de la economía mexicana desde el exterior, es decir, cómo es que lo mercados internacionales nos ven en términos de oportunidad, de inversión, en relación a los riesgos y a los posibles beneficios. Por ello la importancia de esta Ley Federal de Competencia Económica, como parte sustancial para fortalecer nuestra competitividad, acorde con los retos actuales al atentar las disposiciones jurídicas relativas a la competencia entre particulares. Es de tomar en cuenta que nuestra colegisladora, respecto a las aportaciones con la de esta Cámara, contribuyó y se consideran pertinentes los cambios aportados por la Cámara de Senadores, las cuales precisan las facultades de la Comisión Federal de Competencia para iniciar procedimientos de investigación, determinar la existencia de barreras a la competencia, la libre concurrencia o insumos esenciales que restrinjan el funcionamiento eficiente de los mercados. En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos adecuado fortalecer el órgano regulador, brindarle la solidaridad necesaria para proteger el proceso de libre concurrencia y competencia económica, con el fin de que ofrezca un debido proceso, evite juicios prolongados, sanción en las prácticas monopólicas y logre eliminar barreras anticompetitivas del mercado. Con la nueva ley se da certidumbre a todos los participantes de los mercados al dotar de certeza jurídica a los agentes económicos, para que tenga las mismas oportunidades de competir, incentivando la inversión, el crecimiento económico y, en consecuencia, la generación de empleos. Asimismo, consideramos pertinente la adición de un artículo 254 Bis del código penal para establecer que se sancionará con prisión de uno a tres años y con 500 o cinco mil días de multa a quien por sí o por interpósita persona, en la práctica de una visita y verificación, por cualquier medio altere destruya o perturbe de forma total o parcial documentos, imágenes o archivos electrónicos que contengan información o datos con el objetivo de desviar, obstaculizar o impedir la investigación de un posible hecho delictuoso en la práctica de una diligencia administrativa. Es necesario fortalecer las políticas públicas que generen mejores alternativas de competencia que contribuyan a alcanzar un crecimiento económico sostenido que permitan a nuestro país ser competitivo a nivel doméstico y global. Es cuanto, señor presidente.