El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presente: Con el gusto de saludarle y en respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0040, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el que solicita a la Procuraduría General de la República que a la mayor brevedad y en estricto apego a la ley y la justicia, presente las conclusiones no acusatorias a las que el Ministerio Público de la Federación está obligado, ya que, como órgano de buena fe, tal y como lo señala la Constitución General de la República, ha podido constatar dentro de la causa penal seguida en contra de las ciudadanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, que existe duda razonable con respecto a la responsabilidad penal del delito que se les imputa a las procesadas. Asimismo se analice la procedencia de los mecanismos de reparación del daño a favor de las personas señaladas. Al respecto, me permito precisar que dicho asunto se encuentra relacionado con la causa penal número 48/2006, del índice del Juzgado Cuarto de distrito del estado Querétaro, instruida en contra de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, por los delitos de secuestro y contra servidores públicos; en estricta aplicación de los principios que rigen el funcionamiento del Ministerio Público de la Federación, así como la buena fe que lo distingue. Es importante destacar que la institución del Ministerio Público de la Federación practicó las diligencias que, por mandato constitucional, le corresponden respecto a la investigación de los delitos, legal función que se prosiguió ante los tribunales, como en el caso ante el Juzgado Cuarto de distrito. Por lo anterior, no existe atisbo de duda respecto al actuar ministerial legal; por el contrario, la legítima actividad de la procuraduría está respaldada, desde el momento en que el órgano jurisdiccional emitió las diversas resoluciones correspondientes a la formal prisión y sentencia condenatoria en contra de las ahora procesadas bajo los principios que lo rigen, entre ellos la legalidad, evidentemente al considerar el juez que se acreditaron los delitos atribuidos, así como su plena responsabilidad. Las determinaciones judiciales que se consideraron contrarias a los intereses de las procesadas fueron impugnadas, lo que trajo como consecuencia para Jacinta Francisco el hecho de que se repusiera el procedimiento por resolución del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, a través del toca penal 27/2009, para el efecto de que se desahoguen diversos careos con motivo de contradicciones en las declaraciones. Lo anterior no obedece a la existencia de indebida actividad ministerial o judicial, sino a cuestiones de derecho y formalidades en el proceso. Lo cual se confirma con lo expuesto por el magistrado, quien bajo ninguna circunstancia afirmó que las procesadas no fueran penalmente responsables de los delitos por los que se les acusó. Es de resaltar que la Procuraduría General de la República dio respuesta a la recomendación número 47/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el sentido de no aceptarla. Ello, toda vez que la citada comisión carece de competencia en casos que se ventilan ante los órganos jurisdiccionales, pues lo contrario resultaría una clara invasión de funciones del Poder Judicial de la Federación. Por la reposición de las diligencias procesales antes citadas, actualmente se desahogan diversos elementos probatorios de convicción y, con base en ellos, con una valoración objetiva, acorde a la buena fe, pero también en estricto apego a derecho, la procuraduría advierte la legal procedencia de presentar conclusiones no acusatorias a favor de Jacinta Francisco Marcial, no por la ausencia de imputaciones, sino porque éstas se ven afectadas por los nuevos elementos de convicción, que permiten concluir, a favor de la citada procesada, se aplique la figura jurídica de la "duda razonable", consistente en que si de las pruebas existentes se advierte una duda, por mínima que sea, respecto a la responsabilidad penal del reo, debe absolverse. De ahí que opere el principio de indubio pro reo, pero esto de ninguna manera significa que se haya demostrado, en el caso concreto, la inocencia de Jacinta Francisco Marcial, sino que no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos por los que se sigue el proceso en su contra. Así las cosas, se considera que el hecho de que se actualice una figura jurídica a favor de la procesada, con base en una "duda razonable", respecto a su plena responsabilidad, esto no elimina jurídicamente las incriminaciones en su contra y, de forma ineludible, en el asunto que nos ocupa existen delitos cometidos en agravio de otros ciudadanos. Sin perjuicio de lo anterior, con relativa semejanza a los principios del amparo, donde el fallo protector sólo opera a favor del quejoso, en el asunto penal que nos ocupa, la duda razonable, no por el hecho de actualizarse a favor de un procesado debe entenderse que opera también a favor del resto de los encausados. Si bien el principio de buena fe rige el actuar institucional, es inconcluso que también rige la legalidad, de la cual no debe alejarse autoridad alguna. Es así que la procuraduría afirma que, hasta el momento, las pruebas existentes en el proceso no permiten que exista duda razonable respecto a la plena responsabilidad de las procesadas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, de ahí que el proceso debe continuar con su curso legal. Respecto a la posible reparación del daño a favor de las procesadas, es pertinente destacar que, como ya se mencionó con antelación, al actualizarse la duda razonable a favor de Jacinta Francisco, lo procedente es presentar conclusiones no acusatorias después de que la autoridad judicial cierre la instrucción, lo que traerá como consecuencia que se decrete el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria pero, de ninguna manera, por haberse acreditado el reconocimiento de inocencia a su favor, sino porque a pesar de existir elementos incriminatorios en su contra no fueron corroborados con otros medios de convicción que hicieran prueba plena al entrelazarlo. Por ello, definitivamente no procede que se le reparen los daños, con independencia de que pudiera intentar las acciones conforme a sus intereses, por ser notoriamente improcedentes. Adicionalmente, es menester resaltar que el Ministerio Público de la Federación consigna hechos probablemente constitutivos de delito ante el Poder Judicial de la Federación, el cual se encarga, en su calidad de autoridad, de resolver si los hechos consignados son susceptibles de originar el inicio de un proceso penal en el cual la representación social de la Federación no tiene el carácter de autoridad, sino de parte. En ese sentido, se arriba a la conclusión de que la legal actividad realizada por las autoridades encargadas, tanto de la procuración como de la impartición de justicia, no trae como consecuencia el que proceda la pretensión de indemnizar o reparar el daño que, en el caso concreto, pudiera exigir Jacinta Francisco y su defensa. En relación con sus coprocesadas, al existir elementos de convicción contundentes que demuestran su participación en la comisión de los delitos atribuidos, menos aún procedería la reparación del daño, aunado a que la Fiscalía de la federación, después de hacer un estudio minucioso de las constancias, concluye que procede formular conclusiones acusatorias en su contra y será el juzgado de distrito quien, mediante sentencia, resuelva si es de dictar sentencia condenatoria en su contra, como ya lo había hecho con anterioridad. Debe tomarse en consideración que no corresponde a la Procuraduría General de la República decretar el cierre de instrucción en la presente causa, toda vez que es una facultad exclusiva del juez; por esa razón, respetuosa de los términos procesales, una vez que se notifique del acuerdo correspondiente, de manera inmediata se presentarán las conclusiones referidas. De hecho, la Procuraduría General de la República hizo del conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, no obstante la determinación de no aceptar la recomendación número 47/2009, el Ministerio Público de la Federación presentaría conclusiones no acusatorias, únicamente respecto a Jacinta Francisco Marcial, por considerar que los elementos probatorios desahogados con motivo de la reposición del procedimiento, adminiculados con los medios de convicción ya existentes en autos, si bien ubican a la procesada en circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en la comisión de los ilícitos, no detallan su forma de participación, lo que trae como consecuencia el hecho de que dichos deposados no hagan prueba plena, sino que conduzcan a la duda razonable inherente a la responsabilidad penal, no así a su inocencia. Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Licenciado Jorge Alberto Lara Rivera (rúbrica). Director General de Normatividad.