La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados: hay hechos delictivos que nos lastiman a todos y a todas, que nos duelen e indignan por las circunstancias en que son cometidos, y más aún, por las terribles consecuencias que tienen para la sociedad entera. Me voy a referir a uno de ellos, las desapariciones forzadas, delito en que confluyen dos hechos que saltan a la vista. Por un lado, la desaparición forzada de una persona que se traduce en una ausencia injustificada contrario a los más elementales derechos de libertad y seguridad jurídica. Por otro lado, tenemos la acción ilegítima y violenta de sustraer a una persona de su entorno y separarla de su familia, con todas las consecuencias que ello implica. Pero también en este delito existen otras circunstancias que no son tan obvias, subyace en él la acción criminal de las autoridades que participan en su comisión, o en muchos casos, la aquiescencia, tolerancia o consentimiento de las mismas. Entonces, si nos referimos a las desapariciones forzadas, nos encontramos frente a delitos en los que se quebranta por las autoridades no sólo la ley sino la confianza que ha sido depositada en las mismas, porque quien debe protegernos se convierte en verdugo y esto, señoras y señores, no puede tolerarse en forma alguna en un Estado que se precie de ser un Estado de derecho. Coincidirán conmigo en que se trata de actos criminales que nos hieren a todas y a todos los mexicanos, que es un delito que suma como víctimas primero a quien es privado injustificadamente e ilegalmente de su libertad; segundo, a sus familiares y amigos y finalmente a cada integrante de toda una sociedad. En México las cifras oficiales de desaparecidos son alarmantes. En febrero de 2012 el gobierno federal, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que desaparecieron 26 mil 121 personas entre el 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Se trata de una cantidad que dimensiona sobre la gravedad del problema, porque a ella, como he señalado, hay que sumar también otras víctimas; sus familiares. Frente a esta problemática debemos tomar medidas en serio. Ya el gobierno de la república ha dado un primer gran paso, reconocer el problema y su gravedad, realizando acciones para atenderlo con la urgencia que demanda y a esas medidas debe sumarse otras de carácter legislativo, que se encuentren a la altura de las circunstancias y que den respuesta a una sociedad que no quiere vivir con temor e incertidumbre. Para dar ese paso tenemos ya un marco normativo en materia de derechos humanos que se deriva de la reforma constitucional de 2011. Hoy, el tiempo, como fue dicho por Norberto Bobbio, es uno; el de los derechos humanos y su lugar, el de todo el mundo, el de su universalización. Hoy también se actualiza aquella máxima que durante la revolución francesa quedó eternizada en el artículo 2o de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Hoy es tiempo de transitar hacia nuevos estadios que fortalezcan el sistema garantista que instituyó aquella reforma de 2012. Es tiempo de que nuestras leyes se actualicen y respondan a parámetros esenciales de protección y garantía. Compañeras y compañeros, en ese ánimo de renovación jurídica acudo ante esta soberanía para presentar esta iniciativa de reformas al Código Penal Federal con el objeto de adecuar la definición del delito de desaparición forzada y ajustarla a los estándares internacionales. Es cuanto, señor presidente.