La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío: Compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano condenamos que exista violencia contra las niñas y mujeres, en este tema no hay espacio para ambigüedades, tenemos que ser claros y firmes, pero sobre todo eficaces para terminar con esta violencia. Sin embargo, hoy de nueva cuenta se apuesta por el aumento de penas como solución universal a todos los problemas de nuestro país. Los que aquí estamos sentados sabemos que quien propone aumento de penas no quiere resolver el problema sino aprovecharlo. No quiere mejorar la vida sino su reputación personal. La cárcel ha demostrado que no sirve. Subimos y subimos penas y suben y suben los delitos. Si la cárcel fuera disuasoria, con las penas que se han implementado en estos últimos años ya habríamos resuelto el problema, pero no va por ahí. Hoy tenemos cárceles repletas y los mismos delitos o peores. El punitivismo no ha solucionado los problemas de la inseguridad en nuestro país. De nada sirve castigar si no se atienden las raíces estructurales de los problemas. El dictamen de hoy, que estamos votando, tiene como objeto incrementar la penalidad mínima y máxima, hasta una mitad, a quien cometa el delito de violencia familiar en contra de mujer embarazada, persona adulta mayor o una persona con discapacidad, con la finalidad de contribuir a garantizar los derechos humanos de las personas conforme a las obligaciones internacionales y protegerlas de la violencia. Lo mismo de siempre, agravar el castigo en vez de evitar la conducta. Distinguir entre víctimas como si algunas merecieran más protección que otras. Decir que hicimos algo para resolver, sabiendo que ese dictamen no va a proteger a nadie de violencia familiar. Con los resultados y las cifras de violencia e impunidad que tenemos en este país, queda claro que seguir aumentando las penas no previene la violencia y tampoco contribuye a que las víctimas obtengan justicia o reparación del daño. La modificación que se pretende realizar es al Código Penal Federal, el cual no aplica en las entidades federativas, que son competentes para perseguir y sancionar la mayoría de los delitos. Es decir, no solo por fondo sino por forma. Esta forma no tiene efectos prácticos. Esta reforma tampoco contempla la creación de espacios seguros para los adultos mayores y personas con discapacidad, ni considera los obstáculos que las personas tienen para presentar una denuncia. En la bancada naranja creemos que las reformas sin recursos son puro discurso, por ello reiteramos el llamado para que esta Cámara garantice la existencia de un presupuesto plurianual, que permita que las fiscalías especializadas, así como los refugios de mujeres víctimas de violencia de género cuenten con los recursos necesarios para que se continúe operando de manera adecuada. Asimismo, seguiremos luchando para que el presupuesto asignado a la atención de la violencia de género se incremente de manera anual, a fin de superar el efecto inflacionario. También, buscamos que se eliminen toda clase de limitaciones, para que los recursos sean ejercicios. Compañeras y compañeros diputados, les invito a comprometernos de forma real y útil con el combate a la violencia de género, de la violencia en contra de personas adultas mayores y personas con discapacidad. Trabajemos en la construcción de un México en el que todas las personas puedan aspirar a la paz. Es cuanto.