El diputado Jorge Salgado Parra: Con el permiso de la Presidencia. En 1940, año en el que se discutió la creación de la Ley del Servicio Militar, el entonces jefe del Estado mexicano aseguraba que la situación que prevalecía en el mundo con motivo de la guerra en Europa reclamaba con urgencia que los pueblos tomaran medidas adecuadas para prevenir injustificadas agresiones. De esta forma, a pesar de la tradicional y definida política de nuestro país en la que nunca se ha abrigado propósitos de carácter bélico, se juzgo imperante plantear rápidamente la solución a los más trascendentales aspectos de la defensa nacional, como lo son: que se refieren a la instrucción militar y al servicio militar obligatorio, así como a la creación del Consejo Supremo de la Defensa Nacional. Así las cosas es verdad que hoy en día la realidad global y local es muy distinta a la de aquel aciago año de 1040. En efecto, hoy, por ejemplo, no cabe hablar de una guerra entre dos potencias y con desastrosas consecuencias para futuras generaciones. Pero, en cambio, sí de advierte una situación de irregularidad e inseguridad social al interior de nuestro país provocada por la propia actividad de la delincuencia organizada que no da tregua al Estado mexicano y que hoy más que nunca exige el mejor desempeño y compromiso de las Fuerzas Armadas de nuestro país. En ese sentido es innegable que desde la legislatura pasada que acompañaron a la administración pública federal, que acaba de concluir su mandato constitucional, los legisladores de todos los partidos políticos nos hemos dado a la afanosa tarea de buscar aquellos instrumentos legales que permitan restablecer el orden y la paz social en México. La grave situación de inseguridad pública que afecta a nuestro país ha conminado a los tres poderes constitucionales y los tres órdenes de gobierno a asumir por igualdad toda la responsabilidad en el combate al flageló de la delincuencia. En concreto, el estado que guarda la seguridad pública del país en sus tres niveles es realmente alarmante, ello nos obliga por lo tanto a adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance, pero sobre todo a aquéllas que no dejen ningún resquicio de dudas sobre la legalidad. Por todo ello es incontestable la labor realmente encomiable del Ejército y de la Armada de México en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada. Sin embargo, es conveniente destacar que por medio del sistema del alistamiento voluntario de los ciudadanos se han podido reunir grandes contingentes armados desde la época de la Revolución Mexicana, los cuales se convirtieron después debidamente organizados en nuestro Ejército actual. Así, para el año de 1940, se consideró que la manera en que se configuraba dicha institución por aquel entonces era la más pertinente para afrontar las necesidades de la defensa nacional. Pero el cambio radical que la situación sufrió obligó a replantear el establecimiento del servicio militar obligatorio para la organización del Ejército sobre bases que lo capacitaran para enfrentar eficazmente a las nuevas condiciones en que la defensa nacional debía llevarse a cabo, y a la vez sirviera para acabar con la injusticia que en la actualidad implica el hecho de que solamente la clase proletaria integrara los efectivos del Ejército, ya que la obligación de defender a la patria y a nuestras instituciones incumbe por igual a todos los sectores de la colectividad mexicana. En este orden de consideraciones nuestra propuesta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Servicio Militar pretende fortalecer la integración al servicio militar, previéndose la existencia de otros servicios paralelos al de las armas para aquellos considerados por la teoría como objetores de conciencia; es decir, a aquellos que su moral o sus costumbres no les permiten ser parte de las actividades de la milicia, pero que sin embargo desean ser parte de las actividades propias del Estado mexicano y su comunidad, evitándose así que en un futuro esos jóvenes se conviertan en nocivos elementos para la comunidad misma. Estas previsiones no son nuevas en lo absoluto dentro del derecho comparado. Ya en 1956, en Alemania, 11 años después del término de la Segunda Guerra Mundial y un año después de la formación del Ejército Federal, bajo el gobierno de Konrad Adenauer, se introdujo el servicio militar obligatorio; pero en la ley de fundación de este deber ciudadano se estableció igualmente la cláusula que permitía a los jóvenes optar por un servicio paralelo a la comunidad; es decir, del servicio civil. Esta garantía se fundamenta en el artículo 4o. de la Constitución alemana, la cual señala que la libertad de creencias, de objeción de conciencia y las libertades de culto e ideológica son derechos inalienables; en consecuencia, base del derecho de los jóvenes a ser objetores de conciencia. En este orden de consideraciones, las actividades que son consideradas como idóneas para realizar el servicio civil son las orientadas al bien de toda la comunidad, prioritariamente en el ámbito social y fuera de los ámbitos político o comercial, como en hospitales, servicios de urgencia u organizaciones sociales; todo, en beneficio de la colectividad. Por último, es importante destacar que la presente propuesta pretende contribuir a la garantía del respeto de los derechos humanos, reconocidos en el artículo 1o. de la Constitución federal, sin menoscabar en lo absoluto la obligación cívica de participar en la defensa de nuestra nación, pues la misma se podrá realizar desde otras responsabilidades que no propicien el socavamiento de las dignidad de quienes en su fuero interno advierten un conflicto en el hecho de participar en actividades propias de la milicia. Sin duda, un Estado que se precie de respetar los derechos humanos debe considerar igualmente reconocer el derecho a objetar el uso de las armas, incluso tratándose de un uso legítimo de las mismas. De conformidad con lo expuesto se proponen el siguiente proyecto de decreto: Único. Se reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue: Artículo 10. El reglamento de esta ley fijará las causas de excepción total o parcial para el servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral y social y la manera de comprobarlos, y la forma en que se podrá optar por un servicio paralelo a la comunidad. La Secretaría de la Defensa Nacional, por virtud de esta ley, queda investida de la facultad para exceptuar del servicio militar a quienes no llenen las necesidades de la defensa nacional. Muchísimas gracias.