EL C. DIP. JOSE MA. RIVERA CABELLO: Con la venia de la Presidencia. "Los que suscriben, en su carácter de diputados federales de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión es integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de reforma al artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, bajo la siguiente exposición de motivos, de la cual voy a leer solamente una parte en respeto del tiempo de los señores diputados, dado que tenemos una agenda cargada el día de hoy. "En la actualidad se ha presentado un incremento acelerado del número de pensionados en relación con el total de asegurados activos, motivo por el cual el Poder Legislativo aprobó la Ley del Seguro Social en diciembre de 1995, para introducir un nuevo esquema que transformara a la seguridad social en México. "El nuevo sistema de pensiones del Seguro Social surgió principalmente para evitar el creciente problema de falta de viabilidad financiera que el IMSS presentó en cuanto al pago de las jubilaciones. Adicionalmente favorecería el ahorro interno y las inversiones productivas a largo plazo, desarrollando un mecanismo financiero en el cual el pequeño ahorrador obtendría tasas más atractivas para su dinero, provocando que se incremente el monto de su pensión. "Asimismo, la reforma de pensiones del IMSS introdujo la posibilidad de ahorro voluntario, el cual ha demostrado ser prácticamente el único modo al alcance del trabajador, que le brinda rendimientos superiores a la inflación con una supervisión de primer nivel. "Aunado a lo anterior, por cuestiones equitativas este nuevo sistema evitó el hecho de que si un trabajador cotizaba durante una buena parte de su vida laboral y por alguna razón perdía su empleo antes de la edad requerida para jubilarse, perdía todo lo acumulado. De este modo en el sistema anterior existía un subsidio de quienes perdían sus empleos a quienes los conservaban, lo cual es socialmente nocivo. "Desde que se discutía el proyecto de iniciativa de la Ley del Seguro Social, se concluyó que lo mejor para ganar en claridad y sencillez, era regular en la ley aquellos aspectos relacionados con las obligaciones del patrón y los derechos del asegurado trabajador y remitir a otro instrumento legal lo vinculado con la inversión de los recursos acumulados en las cuentas individuales. "Así, desde el punto de vista estrictamente legal, las AFORES surgieron en el decreto del Presidente Ernesto Zedillo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996, bajo el título de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Este ordenamiento retomó los principios básicos previstos en la nueva Ley del Seguro Social y desarrolló las bases para la creación y el funcionamiento de un sistema de pensiones más justo y sustentable dirigido a estimular el ahorro de los trabajadores al contemplarse la posibilidad de que tanto estos como sus patrones puedan efectuar aportaciones voluntarias a las cuentas individuales. Este sistema entró en vigor el 1º de julio de 1997. Con esto podemos percibir que uno de los objetivos de la reforma a la Seguridad Social era trasladar parte de la responsabilidad del control del sistema pensionario al propio asegurado quien al otorgarle la ley la propiedad de los recursos previsionales se convierte en copartícipe de la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de seguridad social especialmente en materia de aportaciones al sistema. En cuanto a los trabajadores al servicio del Estado, aún cuando tienen su propio sistema del ahorro para el retiro previsto en la Ley del ISSSTE. Este es operado por instituciones de crédito y por el Banco de México, estas cuentas han obtenido rendimientos muy inferiores a lo que han recibido los asegurados del IMSS. Ante esta problemática el Presidente de la República ha enviado una Iniciativa de Reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para que los asegurados del ISSSTE puedan contar con la opción de invertir sus ahorros en sociedades de inversión que han pagado rendimientos más altos. Los ahorros de los trabajadores afiliados al IMSS actualmente se destinan en un 90% a valores del Gobierno Federal, el uso que se da a es tos recursos es el que ha determinado a Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2001, el resto está invertido en valores privados destacando los bancarios y los de empresas cuyo prestigio y resultados ofrecen a los trabajadores niveles de seguridad y rendimiento aceptables. Tal es el caso de los títulos de Ford, de Cementos Mexicanos o de Televisa; cabe señalar que si bien el financiamiento al sector privado ha crecido desde el inicio del Sistema. Este todavía es muy reducido, de hecho el Sistema Mexicano muestra uno de los grados de concentración más grandes en títulos del Gobierno. Nacional respecto a lo que se observa en otros países. No son pocos los especialistas como los de CEPAL que señalan que una concentración elevada en este tipo de recursos tiene efectos negativos sobre la economía, el más famoso es el efecto de desplazamiento de la inversión privada el cual puede apreciarse en el caso mexicano. El endeudamiento del sector público producto de su déficit, desplaza al sector privado como receptor de recursos del público. Por otra parte, la experiencia actual de Argentina ilustra que los bonos gubernamentales de ningún modo pueden ser considerados como instrumentos libres de riesgo, la recomendación que se encuentra en todos los países del orbe es la diversificación de inversiones como el mejor antídoto al riesgo de una inversión en particular. La Secretaría de Energía ha publicado en varias ocasiones la estimación sobre las inversiones que en los próximos 10 años serán necesarias para garantizar el crecimiento de la oferta de electricidad de manera compatible con una economía que crezca, que dé empleo y que aumente el nivel de vida de la poblacion. Estas estimaciones rondan los 40 mil millones de pesos anuales , cifra que depende, claro, de los supuestos de crecimiento de la demanda en que se empleen y de los rubros de inversión a considerar desde la generación hasta la entrega en el hogar de la electricidad. Por otra parte, Petróleos Mexicanos es otra empresa pública sedienta de recursos para invertir con un horizonte de largo plazo a fin de ampliar la exploración de campos, construir y dar mantenimiento a pozos, conservar y ampliar refinerías y modernizar sus complejos petroquímicos por solo citar algunas de las actividades básicas, estas inversiones bien pueden rebasar lo que requiere el sector eléctrico lo que exclusivamente para fines de energía presenta ante nosotros requerimientos de inversión para la próxima década que podrían sumar los 100 mil millones de pesos anuales, esta cifra puede ser equivalente cada año al 17% de la recaudación por impuestos conforme al régimen fiscal vigente. Ya son muchas las voces que han señalado que los ahorros en las AFORES son recursos disponibles para ser invertidos a largo plazo y que por lo tanto son compatibles con las necesidades de financiamiento de las empresas del sector de la energía. Al cierre del mes de Agosto de 2001 y según la CONSAR, lo acumulado en la sub cuenta de retiro de todos los asegurados al IMSS rebasaba los 217 mil millones de pesos y, por otra parte, las aportaciones en los bimestres de pago al Seguro Social destinadas a estas sub cuentas suman cerda de los 5 mil millones de pesos. Estas cifras, compañeros diputados, nos llevan a concluir dos cosas: la primera, que los recursos en las AFORES son por sí solos insuficientes para cubrir las necesidades de financiamiento de las empresas de energía; luego de cuatro años de acumulación de operación de este nuevo sistema, hemos acumulado una cantidad que sólo permitiría financiar dos años de infraestructura de energía y por lo tanto no es suficiente para las necesidades de la próxima década, así, ni siquiera con una arriesgadísima concentración del 100% en este sector tenemos una solución de largo plazo para la nación. La segunda conclusión es que los ahorros previsionales (sic) pues bien podrían contribuir a su financiamiento, pero si revisamos el artículo 43 de la Ley del SAR nos percataremos que las AFORES no pueden adquirir para sus afiliados títulos emitidos por las empresas de energía ni por ningún tipo de paraestatal puesto que tales títulos no necesariamente coinciden con aquellos que la ley autoriza a formar parte de la cartera de las SIAFORES (¿). El Partido Acción Nacional propone modificar la redacción de este artículo para permitir el financiamiento directo de los trabajadores a las empresas de energía pero siempre desde una perspectiva que les ofrezca un rendimiento atractivo y una seguridad aceptable dentro de la estrategia de diversificación de cartera. Esto se haría añadiendo a la fracción II, inciso c) la mención de los títulos emitidos para entidades paraestatales. Pero el sector de la energía no es el único que demanda recursos de largo plazo en México, lo mismo puede decirse de la construcción de infraestructura carretera o de las obras hidráulicas, podemos darnos cuenta además que este tipo de obras no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno Federal, también las emprenden los gobiernos de los estados y de los municipios y esto frecuentemente se hace con financiamiento bancario. En México no se ha desarrollado un mercado de financiamiento a estados y municipios por un conducto diferente a los préstamos bancarios en tanto que en otras naciones federales el mercado de títulos de deuda estatal o municipal es algo importante. Gracias a este mercado, en otros países, los estados y los municipios pueden obtener financiamiento del público inversionista a tasas de interés más bajas que las que suelen tener por vía de los bancos. Con frecuencia los fondos de pensiones internacionalmente son inversionistas interesados en adquirir estas deudas de estados y municipios cuando corresponden a entidades sanas y con niveles de endeudamiento manejables. El tema del financiamiento a estados y municipios pues nos lleva a encontrar el mismo obstáculo que en lo referido a las empresas paraestatales. El artículo 43 de la ley promulgada por el presidente Ernesto Zedillo tampoco admite que las SIAFORES (¿) cuenten en su cartera con este tipo de valores. La presente iniciativa por lo tanto también es federalista, pues pretende eliminar esta grave omisión en la Ley del SAR por la vía de agregar al inciso II del citado artículo una fracción "g", que admita los títulos emitidos o avalados por entidades federativas o por municipios. Debemos destacar que el financiamiento a estados o a paraestatales debe ser sujeto a análisis de riesgo; a calificación de la calidad de crédito del emisor; a la competencia por mejores rendimientos para los trabajadores y a una adecuada diversificación de las inversiones. No debemos olvidar que estamos hablando de dinero cuyos dueños tienen nombre y apellido; no debemos olvidar que como legisladores tenemos en nuestras manos la vejez de millones de mexicanos que trabajan duro diariamente. Su aprobación producirá un doble beneficio: por una parte, los trabajadores podrían financiar directamente a PEMEX, a la Comisión Federal de Electricidad, a estados y municipios provocando con esto la ampliación de la industria y el desarrollo regional; por la otra, los trabajadores estarían colocando una fracción de sus ahorros en actividades que pueden resultar muy redituables, los cuales los llevarán a una pensión más alta en su vejez. Pero por este mismo motivo no podemos ordenar, como planificadores soviéticos, que el dinero se entregue a tal o cual empresa o estado; la manera soviética de invertir las reservas de pensiones ya se probó en México y fracasó, así han quebrado los fondos de pensiones y así de míseras son las pensiones de los jubilados actuales. Las paraestatales y los gobiernos de los estados deben pelear por ofrecer el mejoro rendimiento y el mejor riesgo a los trabajadores. Nadie debe tener exclusividades, preferencias ni la tajada del león. La energía y el federalismo son objetivos importantes para el país, pero el único privilegio admisible en la seguridad social es la salvaguarda de la vejez de los trabajadores. Por lo anteriormente expuesto, los diputados firmantes presentamos la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Artículo único: Se reforma la fracción II del artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue: Artículo 43, pasamos a la fracción II; inciso C: "instrumento de deuda emitidos por empresas privadas o entidades paraestatales esto es lo que se agrega-". Se agrega un inciso G: "Instrumentos emitidos o avalados por los gobiernos de los estados, del Distrito Federal o por municipios". Siguiente párrafo: "Los valores a que se refieren los incisos C, D, E y G se agrega esta mención- en lo conducente, deberán estar calificados cuando menos por una empresa calificadora de valores...", y continúa el texto vigente. Pasando al siguiente párrafo: " sin perjuicio del anterior, el Comité de Análisis de Riesgo podrá prohibir la adquisición de valores referidos en los incisos B, C, D, E, F y G se agrega esta mención- cuando a su juicio representen riesgos excesivos para la cartera de las sociedades de inversión..." y prosigue el texto vigente. Transitorio único. Este decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de octubre del año 2001. Firman varios diputados del Partido Acción Nacional.