El diputado Manuel Velasco Coello: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: En 1993, al reformarse el artículo 16 constitucional, se introduce por primera vez el concepto de "delincuencia organizada". El 1 de febrero de 1994 entran en vigor importantes reformas del Código Penal Federal y de los Códigos de Procedimientos Penales Federal, y del Distrito Federal, en los que también se hace referencia a este concepto. El espíritu detrás de estas adecuaciones legales fue el de aportar fórmulas que permitirán un ataque frontal al crimen organizado, afectando uno de sus instrumentos operativos fundamentales: su capacidad económica, asegurando y decomisando los bienes de una persona que sea investigada o procesada por cometer delitos tipificados como delincuencia organizada. Asegurar bienes constituye una facultad fundamental del Ministerio Público de la Federación y de los órganos jurisdiccionales federales para la investigación de los delitos. La integración de las averiguaciones previas y el debido desarrollo de los procesos penales, la diversidad, naturaleza y características de los bienes asegurados, como dinero en efectivo, títulos de crédito, acciones de sociedades, aeronaves, vehículos terrestres y marítimos, inmuebles, especies de flora y fauna, obras de arte, alhajas, muebles, empresas, etcétera, implican un alto grado de dificultad en su registro y control, generando importantes gastos para su custodia, conservación y administración por parte del erario federal. La experiencia ha demostrado que las autoridades que practican los aseguramientos no cuentan con los elementos necesarios para realizar una adecuada custodia y administración. En consecuencia, ante la ausencia de sistemas de control, los bienes asegurados se deterioraban, se perdían o se destruían, lo que se traduce en incumplimiento de las finalidades del acto de aseguramiento y en gastos innecesarios con cargo al Presupuesto público y, en muchas ocasiones, en detrimento del patrimonio de aquel que tras un proceso resultaba inocente. En congruencia con lo anterior, se estimó más adecuado que el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales, conforme a sus facultades constitucionales y legales, únicamente resuelvan lo relativo a la procedencia del aseguramiento, su ejecución, el decomiso o la devolución de los bienes sin intervenir en su administración. De este modo, atendiendo a las disposiciones establecidas en materia de procuración e impartición de justicia, respecto al fortalecimiento de programas y mecanismos de control, vigilancia y protección de bienes asegurados y decomisados y a efecto de garantizar su integridad y el destino, y a efecto de garantizar su integridad y el destino legalmente, se determina que se considere necesario expedir la Ley Federal para Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1999. Elevar la calidad del servicio público para garantizar la eficacia del quehacer gubernamental, así como dar absoluta transparencia a la gestión y el desempeño de la Administración Pública Federal, es el objetivo trazado en materia de desarrollo administrativo por el Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Como estrategias para alcanzar dichos objetivos, se ha previsto la instrumentación de diversas acciones dirigidas a prevenir la discrecionalidad de los servidores públicos, así como el impulso de una mejora regulatoria que, al mismo tiempo que facilite la actividad gubernamental, garantice para ésta la aplicación de controles indispensables. En este contexto, resulta importante establecer nuevos esquemas regulatorios que promuevan el uso eficiente, eficaz y honrado de los recursos públicos, así como una adecuada administración de los bienes del dominio privado de la Federación bajo criterios de racionalidad, simplificación y modernización. Bajo esta perspectiva, dicha administración requiere contar con normas que permitan determinar de manera ágil y transparente el destino y baja más pertinente de los bienes muebles que por su estado de conservación ya no resulten útiles para los fines a que se encontraban a afectos. Con objeto de apoyar el cambio en la función pública, y en particular con la finalidad de reducir los costos de administración y custodia que se erogan por la administración, operación y enajenación de los bienes y empresas a disposición del Gobierno Federal, así como de armonizar procedimientos que actualmente se llevan a cabo en diversas instituciones y unidades administrativas, se expidió la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. La entrada en vigor de la ley pretende dar mayor transparencia y confianza en la administración de los bienes a disposición del Gobierno Federal. La misma se encarga de hacer transparente el régimen de administración de bienes asegurados, eficientar su manejo, posibilitar que en los casos previstos en las leyes ingresen en el patrimonio del Estado en las mejores condiciones para ser aprovechados en el combate de la delincuencia y, por razones elementales de justicia, que en los casos en que proceda su devolución se garantice su restitución a los interesados en las mismas condiciones en que fueron aseguradas o se les indemnice de manera apropiada. Asimismo, la ley define la administración de bienes asegurados como la "actividad que comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión", y establece que la utilización o enajenación de bienes asegurados sólo podrá realizarse en los casos expresamente previstos en la misma. La regulación de la administración, utilización y destino de los bienes asegurados modificó sustancialmente el régimen de operación, partiendo de la base de que una vez asegurados los bienes por el Ministerio Público de la Federación o por la autoridad judicial se entregarán sin demora y mediante inventario a un órgano especializado para que de manera profesional lo administre, hasta en tanto se resuelva sobre la devolución, el abandono o el decomiso de los mismos. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue: Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto regular la administración y destino por parte del SAE de los bienes siguientes: Fracciones I a IV quedan igual. Fracción V. Los que estando sujetos a uno de los procedimientos establecidos en la legislación aduanera, en la legislación fiscal federal o en otros ordenamientos jurídicos aplicables a las entidades transferentes deban ser vendidos, destruidos, donados o asignados, en virtud de ser inflamables, no fungibles, perecederos, de fácil descomposición o deterioro, así como cuando se trate de animales vivos y vehículos. Si existiere resolución definitiva absolutoria emitida por autoridad judicial o administrativa a favor del presunto responsable, se le indemnizará hasta por el monto total del valor del bien que le fue asegurado. Es cuanto, diputado Presidente.