El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. A más de una década de la aparición de las primeras disposiciones legales en materia ambiental, el gobierno federal ha puesto especial atención al diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a la protección de los recursos naturales existentes en nuestro país. Dichas políticas están sustentadas en diferentes preceptos jurídicos que cada vez adquieren mayor especialización. Tan es así, que la propia Constitución hoy mismo consagra el derecho humano de los mexicanos a un medio ambiente sano, lo cual sin duda establece bases sólidas para la conformación de nuevos cuerpos normativos que garanticen la adecuada protección y defensa de este bien jurídico. El origen de dichas disposiciones legales siempre ha tenido un enfoque preventivo cuyo objeto es la preservación de nuestros recursos naturales. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para lograr su efectiva protección. El deterioro de los ecosistemas se debe indudablemente a la intervención negativa del hombre en los mismos, a lo cual es necesario poner un alto inmediato si queremos conservar nuestro patrimonio natural. Desafortunadamente, a pesar de que la población tiene hoy una mayor conciencia en la importancia de respetar y conservar el medio ambiente, seguimos observando la comisión de conductas en perjuicio de la naturaleza. No obstante que quienes incurren en ellas tengan conocimiento del daño que generan. A consecuencia de lo anterior, se han tenido que diseñar acciones para inhibir dichas prácticas, por lo cual resulta necesario adicionar a las sanciones administrativas aquellas que correspondan en materia penal. Ello como una medida urgente para poner un alto a la creciente tasa de acciones constitutivas de delito en materia ambiental. Para que las adiciones en comento produzcan los efectos deseados en la protección de nuestros ecosistemas, las autoridades penales y ambientales deben allegarse de las herramientas jurídicas mínimas necesarias que le otorgan las leyes en la materia, siendo necesaria la modificación y actualización de las mismas en correspondencia con las necesidades que implica la protección de los recursos naturales. Este tipo de modificaciones a los cuerpos normativos no son recientes, ejemplo de ello son las reformas al Código Penal Federal, en materia de delitos contra el ambiente del 6 de febrero de 2002, así como diversas adiciones al Código de Procedimientos Penales, con el objeto de calificar como graves ciertas hipótesis de los delitos en contra del ambiente. Las referidas adecuaciones a la norma obedecen a que frecuentemente la comisión de estos delitos va acompañada de acciones que pueden ser consideradas agravantes, en equivalencia a la ejecución de otros delitos ya contemplados dentro de dichos códigos. Atendiendo a esta distinción plasmada en la norma se considera importante, que se distingan aquellas conductas que deben tener un tratamiento especial frente aquellas que constituyen la generalidad de los delitos al ambiente, procesadas por el sistema penal de manera cotidiana. No obstante, dicha distinción se disuelve ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la anterior calificación de delitos graves es sustituida por el listado de delitos que merecen prisión preventiva de oficio. Consideramos pertinente la creación del referido listado y la revisión del mismo. No obstante ello, resulta esencial recuperar la distinción de delitos graves mediante el incremento en la punibilidad de su parámetro inferior, el cual actualmente establece un año de prisión para que este sea elevado en dos años de pena privativa de la libertad adicional, sin que ello represente un aumento en la pena máxima vigente de tres años, por supuesto. Lo anterior, atendiendo a que delitos como los relacionados con las actividades tecnológicas y peligrosas, así como los cometidos contra la biodiversidad van en aumento. En este caso, en particular, merece especial mención la pesca ilegal de la totoaba, la cual se ha caracterizado por ser una actividad altamente lucrativa, en la que se han involucrado distintas organizaciones delictivas para su captura y comercialización. Por lo anterior, se considera que el incremento a la pena mínima contemplada en el artículo 422 del Código Penal Federal, así como la inclusión en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de las diversas hipótesis previstas en el artículo 420 del referido código, tratándose de la especie totoaba macdonaldi, representan una vía idónea para inhibir acciones dolosas que atentan en contra del equilibrio ecológico, al tiempo de lograr también la preservación de los recursos naturales referidos, y consecuentemente la protección al derecho de las y los mexicanos a gozar de un medio ambiente sano para su bienestar y desarrollo. Es cuanto, diputado presidente. Y siendo septiembre, que viva México.