EL C. DIP. PASCUAL SIGALA PÁEZ: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Honorable Asamblea: Primero debo decir que se trata de una propuesta para la creación de una comisión especial; hay un error en la publicación de la Gaceta Parlamentaria. Las zonas forestales representan un activo importante para el desarrollo de nuestra nación, las actividades forestales son fuente potencial de empleo a través de la silvicultura y las manufacturas, su papel es esencial en la disposición de agua limpia y la reducción de riesgos por sequía, inundaciones y avalanchas. Los bosques y selvas del país cubren más de 55 millones de hectáreas, de las cuales 80% es propiedad ejidal y comunal. De la superficie total de bosques con el que cuenta el país, 22 millones de hectáreas tienen potencial comercial; México además tiene una gran diversidad genética, considerada entre las mayores del mundo. Sin embargo, en este sector se presentan de manera alarmante problemas sociales, económicos y ambientales, que nos obligan a presentar especial atención, entre estos problemas podemos mencionar los siguientes: Primero. En las zonas forestales de México viven 12 millones de personas, que son las más pobres; las más pobres de los pobres. La mayor parte de esta población está integrada por pueblos indígenas cuya supervivencia depende de la conservación y el buen aprovechamiento de sus bosques. Segundo. En México, se aprovechan legalmente nueve millones de metros cúbicos de madera y se consumen 17 millones, por lo que la diferencia proviene evidentemente de la tala clandestina. El Gobierno Federal ha declarado que los recursos forestales son un asunto de seguridad nacional, ¿y cómo no va a ser un asunto de seguridad nacional, si en nuestro país tenemos 100 zonas críticas, en 500 municipios y 22 estados de la República? ¿Cómo no va a ser un asunto de seguridad nacional, si en nuestro país el Gobierno Federal ha declarado nueve zonas de ingobernabilidad en 89 municipios y 11 estados? Estas zonas declaradas ingobernables, se ubican en los pulmones forestales más importantes de nuestro país, como son la zona tarahumara en Chihuahua; la región de la Monarca en Michoacán y Estado de México; la región de Ocotán, en Durango; el corredor biológico Ixta-Popo en el Estado de México y Puebla; el corredor biológico Ajusco-Chichinahutzin (?), ubicado en el Distrito Federal, Estado de México y Morelos; los Chimalapas en Oaxaca y Chiapas; Uxpanapen, Veracruz y Oaxaca, Montes Azules en Chiapas. Tercero. La constante degradación de los recursos forestales que hoy es uno de los problemas centrales del país y que está declarado como tema de seguridad nacional, se vincula con políticas y prácticas que han representado una fuerte presión sobre los recursos forestales y que en la mayoría de los casos lleva a su sobre explotación, como ya lo he señalado. Cuarto. Aunado a que una de las causas más importantes de la deforestación y degradación, se encuentra en la política agropecuaria que fomenta actividades agrícolas y ganaderas extensivas en áreas de aptitud forestal. El resultado de las pérdidas de estos recursos son la deforestación, la degradación de los ecosistemas, la erosión, los azolves de lagos y ríos, la disminución en la captación de agua y recargas de mantos acuíferos, las inundaciones, la reducción en el potencial productivo de los suelos e impactos negativos en la biodiversidad. Por otra parte, en el tema del presupuesto en los últimos años, se habían dado pasos incipientes para corregir asimetrías en el sector, reflejando en el presupuesto del 97 se establecieron los principales programas PRODEFORT, PRODEPLAN, PRONARE y se inició el PROSIMAP , con recursos del Banco Mundial. Estos recursos poco a poco fueron incrementándose, sin embargo, actualmente estamos presenciando otra vez una caída en el presupuesto del sector. La propuesta que hoy hacemos, responde a las demandas de organizaciones forestales de alcance nacional, como la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, la Unión de Organizaciones en Forestería Comunal, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, los Productores Forestales y Agropecuarios de la República Mexicana y la Unión de Ejidos Forestales de Tamaulipas, entre muchas otras. Por todo ello compañeras y compañeros diputados, pido su apoyo para la creación de esta comisión especial. Por lo que someto ante esta Honorable Asamblea, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO "UNICO: Se crea la comisión especial para el desarrollo forestal, cuyo objetivo será contribuir al impulso y fortalecimiento del desarrollo sustentable de los recursos forestales mediante acciones legislativas que brinden y apoyen la conservación, protección, restauración, fomento y producción, para el bienestar de la sociedad mexicana". En este acto entrego a la secretaría para su publicación el punto de acuerdo, así como las firmas de los señores y señoras diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. El siguiente punto de la Orden del Día consistente en un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente, ha sido retirado por sus promoventes. En consecuencia tiene el uso de la palabra el señor diputado don Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, para que titular del Poder Ejecutivo Federal, incorpore la perspectiva de género en la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación. -DIP. HELIODORO DIAZ ESCARRAGA: Con su permiso señor presidente; compañeras legisladoras; ciudadanos diputados: Una de las demandas reiteradas en materia de equidad de género ha sido la necesidad de establecer políticas públicas tendientes a eliminar la discriminación de las mujeres e igualar las oportunidades de desarrollo para unas y otros. Este tema ha cobrado mayor relevancia en el marco de la conmemoración del aniversario número 50 del Derecho del Voto de las Mujeres. Si bien es cierto que las agendas sobre género incluyen otros asuntos cruciales para superar la discriminación sexual, también es verdad que por la cantidad de recursos que los gobiernos ejercen mediante sus políticas públicas, éstas son el elemento central para transformar las condiciones de desigualdad. A pesar de que no existe ningún país en el mundo que ofrezca un trato similar a sus mujeres y sus hombres, resulta profundamente aleccionador reconocer que en la mayoría de las naciones desarrolladas se han impuesto medidas estructurales para cerrar la brecha de la discriminación de las mujeres. Desafortunadamente en México prevalece el mito de que los presupuestos son neutrales y que benefician por igual a las personas, independientemente de su sexo. No obstante, hay suficientes datos que revelan que el ejercicio presupuestal vigente reproduce la discriminación y no es útil para revertir la deuda histórica que el país tiene para con las mujeres. El propio Plan Nacional de Desarrollo ofrece un diagnóstico de los problemas que enfrentan las mujeres en el terreno de la educación, el empleo y la violencia. Asimismo, plantea los beneficios sociales que se producen cuando las mujeres reciben educación, oportunidades de empleo y una visa sin agresiones. Por otro lado, los presupuestos sensibles al género reflejan los compromisos que cada gobierno asume frente a las limitaciones de género, y existe consenso en cuanto a la urgencia de estrechar la brecha de la desigualdad, construir la ciudadanía plena de las mujeres y hacerlas visibles en el espacio público. En México, pese a las ratificaciones que se han hecho a los instrumentos internacionales para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, observamos que la condición de ellas es aún de desventaja. Por lo anterior estamos frente a la posibilidad de conmemorar con una participación memorable el aniversario número 50 del derecho del voto de las mujeres. Estamos ciertos que sólo mediante la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto público puede saberse con precisión a quiénes se dirige cada acción gubernamental, el sexo y grupo de edad de las personas beneficiadas y el monto asignado. La decisión de incluir transversalmente la perspectiva de género en las políticas, planes y programas nacionales es la estrategia más recomendable para lograr que los presupuestos públicos promuevan beneficios equitativos. En nuestro país sólo el gobierno del estado de Oaxaca ha promovido una instrumentación de este tipo, con resultados favorables. La experiencia, hay que señalarlo, fue dirigida por la exdiputada federal perredista Norma Reyes Terán, actual directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Es claro que estas medidas no son lo único que puede hacerse pero, al igual que la institucionalización de género en la política fiscal, constituirá una iniciativa inédita entre los países de América Latina y de otras latitudes. La clave para iniciar este proceso de cambio es y será la voluntad política de quienes tenemos responsabilidades públicas. Así como en Oaxaca el titular del Poder Ejecutivo, licenciado José Murat, favoreció la iniciativa de su Instituto de la Mujer, esta soberanía se encuentra frente a la oportunidad de impulsar cambios sustanciales en el mismo orden. Por todo lo anterior solicitamos al pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración la siguiente proposición como punto de acuerdo. Unico. El honorable Congreso de la Unión solicita al licenciado Vicente Fox Quesada, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación de la perspectiva de género en la formulación del presupuesto público. Ruego a usted, señor presidente, turnar la presente propuesta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Es cuanto. Muchas gracias.