El diputado Carlos Sánchez Barrios: Honorable asamblea, fluidez y volumen de mi voz son manifestaciones de mi discapacidad. Les ruego su comprensión. Dos de octubre no se olvida. Honorable asamblea, presento a la consideración de ustedes, compañeras diputadas, compañeros diputados, iniciativa para instaurar en nuestra Carta Magna el derecho a la verdad. Enfatizo que esta iniciativa es presentada en los mismos términos por cuarta ocasión. En 2019, 2021 y 2023 ocupé esta tribuna para someterla a consideración del pleno. Hasta ahora el destino de mi reiterada propuesta ha sido el silencio de la congeladora. No obstante, varios hechos de nuestra historia nacional permanecen en la oscuridad de lo desconocido. Su significado de agravio por violación a los derechos humanos no ha redundado en sentencias resarcitorias que castiguen faltas y/o mitiguen daños. Esta ausencia de conocimiento, esta falta de verdad ha sido sustento de impunidad, ha sido pretexto de injusticia. Ilustrativos de esta realidad infausta son los siguientes episodios emblemáticos de impunidad: 1. Masacre de Aguas Blancas, Guerrero. 2. Incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. 3. Los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, con la participación de presuntos policías. Una década después no se conoce la verdad de lo ocurrido. Madres y padres de familia aún no saben del paradero de sus hijos. Lo hasta aquí expuesto avala mi tenaz insistencia para otorgar carácter constitucional al derecho de conocer la vedad. Por ello, propongo adicionar una fracción VIII al artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que cuando se cometan violaciones a los derechos humanos, eventualidad en la que los perpetuadores sean agentes del Estado o personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, se considerará como víctima a la sociedad en su conjunto y se le reconocerá y protegerá el derecho de conocer la verdad, para lo cual el Estado dictará las medidas para esclarecer los hechos en un plazo razonable y perentorio. Al efecto, esta propuesta incluye un transitorio segundo para fijar un plazo máximo para expedir la ley reglamentaria correspondiente. Y es precisamente aquí, en este precepto, donde se debe observar el rigor científico y la voluntad de rebasar retrógradas fronteras institucionales, que puedan construir el camino al objetivo conocimiento de los hechos. El procedimiento a seguir detalla las medidas que dicte el Estado para el necesario esclarecimiento. Compañeras y compañeros legisladores, el Ejecutivo federal, en voz de la presidenta afirmó ayer en el Zócalo de esta Ciudad de México: Seguiremos trabajando con los familiares para alcanzar la verdad y la justicia, hasta encontrar a todos los jóvenes de Ayotzinapa. Sí, este es el loable compromiso del Ejecutivo y nosotros, Poder Legislativo, ¿cómo contribuiremos? ¿Cuál será nuestro aporte? Mi propuesta es no quedar estancados. Debemos ir más allá de la buena fe, de la ética, de la responsabilidad. Nos corresponde enmarcar este compromiso en la ley, en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Es cuanto.