La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez: Con su permiso. En el informe denominado el Progreso en el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: panorama de género 2024, se reveló un duro dato, no se ha cumplido con ninguno de los indicadores del quinto objetivo de desarrollo sostenible, enfocado en la igualdad de género. La directora ejecutiva de ONU Mujeres enfatizó una verdad irrefutable, aunque el progreso es posible, este no avanza con la rapidez necesaria. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, a México le tomará 119 años que las mujeres participen en las actividades económicas, al mismo nivel que los hombres. Lo anterior es así, porque de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, ENOE, analizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, en el primer trimestre del 2024 la brecha salarial en México fue del 16 %. Esto quiere decir, que por cada 100 pesos que gana un hombre por su trabajo, una mujer percibe 84 pesos. Esta disparidad es un reflejo de la discriminación histórica que ha limitado el acceso de las mujeres a la educación y a los trabajos mejor remunerados. La brecha salarial es causa y resultado de la discriminación histórica. Los datos más recientes del Inegi, confirman que, aunque el 70.9 % de las mujeres entre 3 y 29 años asisten a la escuela, la realidad en el mercado laboral es otra. La presencia femenina sigue siendo escasa en profesiones mejor remuneradas como ingenierías, ciencias exactas y tecnología, mientras que tenemos una sobrerrepresentación en profesiones precariamente pagadas relacionadas con los roles de cuidado, con la enfermería o la educación. También quiero comentarles, que en mi sector los ingenieros agrónomos es de las peores pagadas en México. Este círculo vicioso, no solo oprime a las mujeres, sino que también detiene el progreso de México, pues tal y como lo dijo el secretario general adjunto de la ONU, el costo de la inacción en igualdad de género es inmenso y sus beneficios son demasiado grandes como para ignorarlos. Por ejemplo, el costo mundial de no garantizar educación y oportunidades equitativas supera los 10 mil billones de dólares anuales. Ahora bien, la forma de discriminación más extrema contra la mujer es el feminicidio. Es un tema que a mí me duele y me duele mucho, porque en mi estado natal, Oaxaca, ayer, hoy, han aparecido mujeres asesinadas, pero como bien lo señala la maestra Monivet Shaley, en su libro titulado La debida diligencia en la investigación del delito, de feminicidio, la privación de la vida de las mujeres no comienza y termina con el mero acto físico de matar, sino que comienza con los actos previos que la privan de la dignidad humana y que la despojan primero del sentimiento y de ser una persona completa y digna de respeto. En este orden de ideas, la doctora Marcela Legarde señala que la violencia feminicida parte del supuesto de que dichas muertes son producidas en el marco de la opresión de género y de otras formas de opresión y, por ende, son evitables. Lo anterior implica que el Estado tiene el deber de evitar estas opresiones y, en consecuencia, evitar el feminicidio, tal y como se dimensiona el caso Campo Algodonero. Con respecto al deber de debida diligencia reforzada para evitar que la desaparición de mujeres, como la defensora y mi amiga de derechos humanos, Sandra Estéfana Domínguez Martínez, de mis paisanas oaxaqueñas Ariadna Aleli Vargas Santiago, Janetzy Noemí García Velázquez y Lilia Olivia Jiménez Barrita terminen como el caso de la enfermera oaxaqueña Judith Vianney, que desapareció el 22 de octubre y fue localizada sin vida, víctimas de feminicidio. Estos casos son de mis hermanas oaxaqueñas, pero no solo pasa en Oaxaca, acontece en todo nuestro país. Esto nos debe sensibilizar a todas ustedes, compañeras diputadas y diputados. Son recordatorios puntuales de la urgencia de un cambio estructural. Este cambio comienza con el significativo paso de elevar a rango constitucional la perspectiva de género, que es una herramienta fundamental para acabar con el patriarcado. Por eso celebro esta iniciativa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque con ella demuestra los efectos del rápido avance del empoderamiento público de las mujeres en México. Vamos a dar pasos agigantados en el cierre de la brecha salarial y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Esta reforma consagrada dos derechos fundamentales: el derecho de una vida a una libre vida libre de violencia, el derecho a la igualdad salarial. Asimismo, como garantía se eleva a rango construccional a favor de las mujeres el deber reforzado de protección en materia de seguridad pública, la obligación de las autoridades federales de conocer las medidas de ordenes de protección, de crear fiscalías locales especializadas en la investigación de delitos de género. Compañeras y compañeros, hoy tenemos la oportunidad de construir un país más justo e inclusivo. Esta reforma es un paso decisivo hacia un México donde las mujeres tengan igualdad real en todos los aspectos de la vida. Trabajemos juntas y juntos para hacerlo realidad. Es cuanto, presidenta.