El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor secretario de Gobernación, para dar respuesta, hasta por tres minutos. El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta: Gracias, señor diputado Solís. Señores diputados y diputadas, Human Rights Watch, entre otras organizaciones internacionales, ha reconocido que frente al estado de cosas se justifica la intervención de las fuerzas armadas. Ya he hablado con el señor Roth, con el señor Vivanco, y ellos no han cuestionado esa decisión de su comandante supremo. Hoy analizan y presentan un informe de 17 casos, si no mal recuerdo, donde se alegan violaciones a los derechos humanos, y éste es un tema delicado. Primero, el puro informe no necesariamente prueba la existencia de las violaciones, sí de las quejas. ¿Y por qué es especialmente delicado, señores? El Estado mexicano está comprometido a tomar muy en serio estas investigaciones, y bajo sus propios procedimientos, determinar qué ha sucedido ahí. Ni está en su interés el tolerar abusos; pero tampoco someter a los soldados, marinos y policías de México al escarnio injustificado, que muchas veces puede obedecer a los fines e intereses de quienes combaten. No se puede hacer una generalización, ni que en todos los casos se trata de abusos, ni que en todos los casos se trata de infamia y de calumnias. Se debe investigar con rigor y bajo los esquemas y procedimientos de las leyes. Les sostengo aquí, que más allá del interés del comandante supremo, en los altos mandos de las fuerzas armadas existe una voluntad absoluta de preservar el amplio margen de reconocimiento social que tienen las fuerzas armadas, y no denostarlos mediante el abuso o soltando el control sobre las tropas, que en buena parte interviene en esta decisión para interrumpir las mecánicas de violencia que siempre se dan sobre los más vulnerables, para someterlos a las necesidades de reclutamiento y de exacción de las organizaciones criminales. En muchos lugares del país son las fuerzas armadas aquellas a las que más confianza se les tiene para interrumpir estas cadenas de miedo. Así pues, estamos en el proceso de realizar esas investigaciones. Pedimos de ustedes buena fe y apertura de mente para analizar todas las posibilidades en cuanto a los hechos que ahí se narran. Entender que puede haber espacios para difamar a nuestras fuerzas armadas y con ello desgastar uno de sus activos principales, que es su sentido del honor y el prestigio que tiene con la comunidad. Los que se están jugando la vida por proteger a los más vulnerables se merecen esa buena fe. Por lo que toca a los sueldos, usted, señor diputado, los conoce. Estos se transparentan por la secretaría a mi cargo, y por todas las secretarías de Estado. Usted podrá hacer las valoraciones de merecimiento, o no, sobre ese ingreso. Créame que yo no me metí al servicio público por vocación de riqueza. Me metí en un momento en el que el presidente de la república me pidió que lo ayudara a sacar adelante la tarea pública en momentos difíciles de la vida, y después de una tragedia que a él en lo personal le tocó profundamente; y yo, por la admiración y el respeto que le guardo, lo acepté, y porque desde hace muchos años la vena política ha estado en mi vocación de vida. Por lo que toca a la intervención de las fuerzas armadas, hoy existe en el Senado una iniciativa de seguridad nacional para que se reglamente el concepto constitucional previsto en el artículo 86, fracción I, de seguridad interior, que sólo se ha desarrollado incipientemente por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se vea en qué condiciones puede y debe intervenir a fortalecer a las instituciones de seguridad pública en este país. El presidente ha propuesto una discusión democrática al respecto, a la soberanía popular, de una facultad que ya le había reconocido la Corte, de Fuerzas Armadas que piden a la representación política el desarrollo de reglas para que lo que hagan hoy no les sea reprochado en el futuro, por haber sido realizado en razón de las instrucciones de autoridades electas y de reglas previstas y claras dictadas por el Congreso de la Unión. Y no, no pasé su recado. No estoy para hacer todo lo que usted diga.