La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su permiso, presidente. Honorable asamblea, hoy será entregada a esta soberanía la propuesta del Ejecutivo federal para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. En las últimas semanas se han planteado diversas propuestas para subsanar la caída de los ingresos y tener la capacidad de contar con un presupuesto suficiente para atender las necesidades del país e impulsar su desarrollo. En Nueva Alianza hemos propuesto una discusión amplia que contemple reformas integrales, que además de darle recursos al Estado para cumplir con sus obligaciones, nos permita, como nación, impulsar un nuevo modelo económico más justo, equitativo y con una mejor distribución de la riqueza. Somos los legisladores los que tenemos hoy la oportunidad de convocar a la nación para hacer los cambios que sean necesarios y recuperar la senda del crecimiento económico. Sin embargo, la gente nos exige acciones inmediatas, servicios como la educación, salud y seguridad; políticas como el combate a la pobreza no pueden esperar ni deben sufrir recortes, pues son estratégicos para el bienestar de la sociedad y para la construcción de las bases del futuro. Considero que en esta legislatura existe la sensibilidad, la responsabilidad y la visión necesaria para que aprobemos las reformas de nuestras leyes y hacer posible la recuperación económica sustentable atendiendo los sectores estratégicos para nuestro desarrollo como lo son la educación, la ciencia y la salud. Para Nueva Alianza es imperativo atender la demanda de millones de mexicanos que exigen a los servidores públicos que seamos responsables y promovamos políticas de racionalidad y austeridad presupuestal. Es una condición obligada de quienes ejercemos un cargo de representación o servicio público el predicar con el ejemplo. Si se pide a la sociedad sacrificio, trabajo y paciencia, es nuestra obligación, de los legisladores, del Ejecutivo federal, del Poder Judicial y de los órganos autónomos, el prescindir de prestaciones, servicios y atenciones que son percibidos como privilegios y onerosos ante la crisis. En Nueva Alianza estamos convencidos de que los ahorros o economías que se pueden generar por instrumentar medidas de austeridad en áreas como los servicios personales, gastos médicos mayores, bonos de servidores públicos, gastos en comunicación social, percepciones extraordinarias, gastos de representación, teléfonos celulares, combustibles, viajes y automóviles de funcionarios de los tres poderes, pueden destinarse prioritariamente a complementar el presupuesto de educación, ciencia y tecnología. El compromiso del Estado con la educación debe ser incuestionable. La inversión en educación, ciencia y tecnología son estratégicos y prioritarios para el presente y para el porvenir del país. Invertir en educación es invertir en el futuro. La educación es y seguirá siendo la vía para formar mexicanos y mexicanas más preparados para incorporarse al sector productivo, más críticos y exigentes, tolerantes y más participativos para consolidar nuestra democracia. Sólo a partir de un apoyo firme a reformas como la que proponemos, podremos cumplir con la sociedad que nos demanda. Para Nueva Alianza destinar mayores recursos a educación, ciencia y tecnología, mantener servicios de salud de calidad e invertir en una política no de combate a la pobreza, sino de apoyo para el desarrollo de las familias que viven en situación de pobreza, es fundamental para construir una sociedad más igualitaria. Nuestra propuesta es promover desde el Poder Legislativo un perfil de gasto que defienda y dé consistencia a los compromisos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Es precisamente en este sentido que como diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, comprometida con reformas legislativas orientadas a contribuir al beneficio de la sociedad y preocupada por la insuficiencia de recursos fiscales, propongo lo siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con base en el siguiente Decreto Artículo primero. Se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue: Artículo 61. Los ejecutores del gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas sociales aprobados en el Presupuesto de Egresos. Los ejecutores del gasto están obligados a tomar medidas de austeridad con el fin de racionalizar el gasto, eliminando gastos en servicios personales, seguros de gastos médicos, reducción de direcciones generales adjuntas, pago de telefonía celular, compra de vehículos y prioritariamente, las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, así como gastos de comunicación social y gastos administrativos no vinculados a la atención a la población. Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse en los términos de las disposiciones generales aplicables a la inversión en educación, ciencia y tecnología. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, establecerá un programa de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la administración pública federal, a través de acciones que modernicen y racionalicen las prestaciones de los servicios públicos, promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades, y reduzcan gastos de operación. Dichas acciones deberán orientarse a lograr mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso. Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de septiembre de 2009. Es cuanto, presidente.