EL DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO: Muchas gracias señor Presidente. Compañeras, compañeros: Llamo su atención en estos artículos que hemos reservado, por considerarlos de vital importancia para el sector a que voy a hacer referencia. En primer lugar me permito argumentar el artículo 37 Ter. La ley está pensada, la que aquí se ha presentado y se ha votado, para ordenar y regular las diversas organizaciones de ahorro y crédito existentes en el país, su nivel de complejidad, costo de operación asociado para cumplir los requisitos de ley y poder ser reconocidas y el nivel de capacitación, pero no contempla mecanismos de fomento o facilidades para que se organicen nuevas instituciones y crezcan gradualmente hasta lograr obtener su reconocimiento. En especial esto es importante para las zonas campesinas, que son las mayoritarias en el país, donde el aislamiento y la dispersión geográfica hacen que este tipo de organismos sean constituidos a partir de pequeños grupos: 30, 50 ó 60 personas con aporte de capitales pequeños que van creciendo en forma gradual. Estas iniciativas tardarán meses o años en lograr el nivel básico considerado por la ley para ser autorizados por la comisión, por lo tanto proponemos incorporar un artículo específico que establezca un mecanismo de organización para estas iniciativas, que les dé tiempo y les permita alcanzar un nivel adecuado de número de socios, capital y operaciones para ser autorizados, pero para lograr esto y pueda tener acceso a los mecanismos de capacitación, asistencia técnica y esté tutelada por un organismo especializado. Recordamos que las zonas rurales pobres y marginadas que existen en este país rebasan las 180 mil, con promedio que no rebasa los 500 habitantes, así que este apartado permitirá compensar oportunamente y oportunidades para que también éstos puedan constituir los organismos, que puedan y que se facilite que estas entidades de ahorro y crédito popular actuantes en el medio rural, tengan la normatividad específica que rige su organización y funcionamiento. Es de vital importancia reconocer que el mundo rural tiene una especificidad de funcionamiento diferente al ámbito urbano. En estas diferencias de reglamentación deben ser consideradas las dificultades de comunicación y acceso en las regiones, horarios y días de trabajo determinados por los ciclos agrícolas, plazos más largos de inversión a los créditos comparativamente con el medio urbano, que tiene una alta rotación de calidad, la calificación de riesgo de las actividades económicas y su alta concentración en actividades económicas agrícolas, entre otros aspectos. Por lo anterior, es importante reconocer que la reglamentación secundaria que derivará de la ley debe de reconocer la especificidad rural, independientemente de la figura jurídica de que se trate. El artículo que se propone, el 37 Ter, dice lo siguiente: "Las entidades de ahorro y crédito popular que actúen en el medio rural se regirán, para efectos de su organización y funcionamiento, por la reglamentación específica que para entidades financieras rurales sea determinada por la Comisión Nacional Bancaria en base a esta ley. En esa reglamentación se establecerán los mecanismos específicos para la creación de estas nuevas entidades". En lo relativo a los artículos 125, 126, 127 y 128, proponemos una redacción diferente por lo siguiente: Por su naturaleza y función considerada de interés público y de gran impacto para el desarrollo económico local con equidad, las entidades de ahorro y crédito popular requieren de un tratamiento fiscal específico que les promueva y les permita su crecimiento y expansión. Para ello proponemos que la ley incluya este reconocimiento explícito a fin de que sean correlacionadas con las leyes y códigos fiscales correspondientes. La redacción de los artículos quedaría de la siguiente manera: Artículo 125."Las entidades de ahorro y crédito popular autorizadas y reconocidas por la Comisión y organismos de integración que se ubiquen en el nivel uno y dos de esta ley y de los reglamentos emitidos por la Comisión, serán consideradas como personas no contribuyentes para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta". Artículo 126. " Las entidades autorizadas a operar con niveles 3 y 4, recibirán un tratamiento diferenciado; las cooperativas como organismos no contribuyentes y las sociedades financieras populares como contribuyentes". Artículo 127. "Las federaciones y confederaciones autorizadas de conformidad de esta ley serán consideradas de interés público por su función promotora, por lo cual recibirán un tratamiento de no contribuyentes" . Artículo 128. "Los depósitos y rendimientos por éstos generados, correspondientes a los pequeños ahorradores, socios o clientes de las entidades de ahorro y crédito popular estarán excentas del Impuesto Sobre la Renta". En el caso, señor Presidente, del Artículo XVII, propuesto en las reservaciones, corrijo, es el XVI y me permito argumentar. Actualmente el sector de ahorro y crédito popular está conformado por casi 950 organismos distribuidos en el territorio nacional con muy diversos grados de consolidación organizativa y financiera, La gran mayoría nunca han sido regulados ni supervisados; existe el temor de no poderse integrar a la nueva ley por los costos financieros y las inversiones adicionales que incluiría muy alto costo, y explicar, en parte, también las resistencias y protestas que se han presenciado en los últimos meses con relativo a lo aquí expuesto. La Ley de Ahorro y Crédito Popular exigirá a los altos niveles de desempeño operativo y de calidad en composición de los activos financieros aun y cuando contempla cuatro niveles de consolidación es muy probable que un gran número de organismos no logrará alcanzarlo por los costos y preparación a incorporarse plenamente en el nuevo marco legal. No podemos considerar esta ley que pretende controlar y regular el sector financiero popular sin reconocer que éste requiere de un programa de fomento y apoyos para su organización, para su modernización, fortalecimiento institucional y capacitación de sus empleados y directivos. Se han gastado miles de millones de pesos en rescates bancarios o de rescate para los ahorradores por fraudes que se pudieron evitar si el Estado hubiera reconocido y fomentado desde hace décadas al sector de finanzas populares; con un presupuesto mucho menor se podría garantizar que millones de mexicanos logren acceso a servicios financieros. Es una obligación ahora invertir en el fortalecimiento del sector, la ley no es garantía de su consolidación y funcionamiento, es imprescindible establecer un programa de fomento para la transición, para que la transición sea lo más exitosa posible, para ayudar al máximo número de instituciones de ahorro y crédito popular a incorporarse plenamente al sistema que establecerá la nueva ley; apoyarlos para que puedan organizar los servicios de capacitación y de asistencia técnica, desde sus organismos de integración y apoyar financieramente en forma gradual los costos de supervisión. Para ello, proponemos compañeras y compañeros, el Artículo transitorio XVI: Para lograr la incorporación plena de los organismos dedicados al ahorro y crédito popular a esta ley, el Gobierno Federal a través de la Secretarías de la Administración Pública, que tengan relación con la materia, establecerán un programa de fomento y apoyo a la transición mediante el cual los organismos sus federaciones o confederaciones reciban apoyos financieros que les permitan establecer programas de capacitación, de asistencia técnica, equipamiento, sistemas informáticos y fortalecimiento institucional, en forma especial se considera el financiamiento a las unidades de supervisión de los mismos organismos. Llamo su atención en estas observaciones que hemos presentado, compañeras y compañeros, porque en el cuerpo de la ley, particularmente lo que tiene que ver con el financiamiento rural, con los esquemas de ahorro y crédito popular en el medio rural, quedaron bastante ausentes. Valdría la pena que los compañeros y compañeras diputados y diputadas de las Comisiones así como las fracciones que han votado en favor de este instrumento de ley, reconsideraran la posibilidad de incorporar parte de estos elementos que hemos expuesto, por considerarlos de vital importancia, para consolidar los organismos, en su mayoría pequeños de ahorro y crédito popular que se dan en el campo. Mayoritariamente estos organismos, compañeras y compañeros, los encontramos en sectores vulnerables de la sociedad, hago mención de que en la mayoría de los casos, son pequeños grupos de mujeres que crean estas cajas de ahorro para beneficio familiar y para resolver problemas del ingreso familiar. Valdría la pena pues y llamo la atención por ser un sector de interés fundamental para nosotros, y creo que lo es para todos ustedes estas observaciones puedan adicionarse en el cuerpo de la ley. Agradezco su atención y muchas gracias.