LA SECRETARIA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Con su permiso, señor Presidente. Proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias, como Comisión Especial que presentan diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios, integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Consideraciones: Primero.- El tema de la infancia a partir de la Convención sobre los Derechos de la Niñez de 1989, aprobado por el Senado de la República en 1990, nos plantea un nuevo paradigma con relación a niñas y niños y adolescentes, con sus necesidades básicas satisfechas frente a aquellas y aquellos cuyas necesidades básicas están total o parcialmente insatisfechas. Segundo.- Este nuevo paradigma define el camino desde el cual el Estado y la sociedad, deben crear los instrumentos y mecanismos indispensables para hacer más eficaces en la defensa y promoción de los derechos humanos, específico de las personas, aún que no cumplan los 18 años. Tercero.- El origen de la CEDN como el de muchos tratados sobre derechos humanos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La declaración fue uno de los primeros instrumentos internacionales en reconocer el valor ético, jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales y en afirmar su relación de igualdad e interdependencia en los derechos civiles y políticos. La trascendencia universal de la declaración se basa en el reconocimiento de que los derechos humanos se sustentan en la dignidad intrínseca de las personas. Esa dignidad y los derechos a la libertad y a la igualdad que se ella se derivan, son inalienables e imprescindibles. La dignidad de la persona humana existe y debe reconocer sin distinción alguna, de ello se deduce que los derechos humanos son universales por naturaleza y que todos los miembros de la familia humana adquieren ese derecho al nacer. Cuarto. La aprobación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez constituyó el punto culminante de la preocupación de las naciones del mundo por lograr bienestar y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Derivada de la convención de 1990, celebra la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, al igual que la sección especial de las Naciones Unidas para la infancia, realizada en mayo del 2002. Todos los Estados y gobiernos del planeta se han comprometido a atribuir alta prioridad a los del niño y la niña, su supervivencia, su protección y su desarrollo. Se señala que de esta manera también se contribuirá al bienestar de toda la sociedad. Es importante señalar que este tratado de derechos humanos para la infancia es el que más aprobación ha tenido en el mundo. Hoy sólo Estados Unidos falta de ratificarlo. Quinto. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, nuestro país se ha comprometido a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, para dar efectividad a los derechos reconocidos en la convención. Sexto. En este sentido, nuestra nación ha dado un paso trascendental al reconocer los derechos de niñas y niños en el artículo 4º constitucional y a promulgar su ley reglamentaria, la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el año 2000. Séptimo. Sin embargo, este avance ha sido insuficiente y las bondades de la ley han quedado sólo en buenas intenciones, porque no hemos logrado homologar y armonizar la legislación federal y la local con un criterio olístico (¿) en los términos de los preceptos de la doctrina de protección integral de la derivación de la convención. Octavo. Muchas recomendaciones y observaciones del organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la convención en el mundo, el Comité de los Derechos de la Niñez, sin ser atacados por México. Noveno. De manera preponderante, el comité reitera en sus observaciones que el Estado parte continuo el proceso de reforma legislativa para velar porque la legislación relacionada con los derechos de la niñez, tanto en el pleno federal como estatal, corresponda plenamente a los principios y disposiciones de la convención y refleje su carácter olítico (¿) integral. Se llama la atención para que resuelva la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos grupos de infantes y adolescentes y la necesidad de su atención especializada y específica a partir del interés superior de la infancia como principio rector y su convención, a los grupos regulares de atención pública. Décimo. Se menciona que la situación de pobreza causa un gran sufrimiento a infantes y afecta irreversiblemente el desarrollo de su potencial humano. Onceavo. Conviene recordar que las estadísticas socio demográficas pronunciadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, derivada del 12vo. Censo General de Población y Vivienda del 2000 nos muestra que la población total del país era de 97 millones, 483 mil 412 habitantes, de la cual de la población de cero a 18 años de edad fue de 40 millones, 799 mil 02, de los cuales 20 millones, 575 mil 718 son del sexo masculino y 20 millones, 223 mil 284 son del sexo femenino, por lo tanto alrededor de 8 millones de infantes y adolescentes sobreviven en situación de extrema pobreza. Doceavo. En este sentido cobra esencial importancia conocer los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999, porque nos arroja información sobrecogedora en primer lugar en relación con la población de infantes menores de 5 años; de 10 millones, 612 mil 400 de niñas y niños, el 17.8% tiene baja talla y el 7.6% tiene bajo peso. Ampliando esta encuesta he señalado con las localidades rurales, la prevalencia de baja talla o desmedro por 32.2 por ciento, mientras que las urbanas, la prevalencia fue de alrededor de 11 por ciento. Igualmente impactante, es la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años, del 27.2 por ciento en el ámbito nacional, sin grandes variaciones entre las regiones y localidades urbanas y rurales. 13°. La encuesta mencionada señala que los niños y las niñas en edad escolar entre 5 a 11 años, que representan 15 millones 609 mil 500 en todo el país, la prevalencia de bajo peso fue de 4.5 por ciento en el ámbito nacional y la prevalencia de baja talla para la edad, fue del 16.1 por ciento y sobre la prevalencia de anemia en el ámbito nacional, fue de 19.5 por ciento, es decir, 2 millones 251, 645 niñas y niñas. 14°. En niñas y niños de entre 5 y 11 años, se manifiestan como problema principal de nutrición el sobrepeso, la anemia, la deficiencia de micronutrientes, uno de cada 5 niños y niñas presenta sobrepeso y obesidad, sobre todo en la zona urbana. 15°. Otro concepto igualmente desgarrador, es la afectación en su dignidad humana de niñas y niños al incorporarlos a la explotación sexual y pornográfica infantil en internet por el daño físico y emocional que les ocasiona, ya que es irreparable. No sólo presentan problemas físicos de desarrollo emocional y psicológico, sino también de índole social debido a la onda adherida a la violencia ejercida en su contra. 16°. Sobre el trabajo infantil, la OIT ha realizado diversos estudios en donde estima que alrededor del 6.7 por ciento de las niñas y niños de entre 10 a 14 años de edad, trabajan en condiciones lamentables como el problema inherente de que dejan sus estudios. En este aspecto la UNICEF estima que el 3.5 millones de niños trabajando, de los cuales 111 mil 306 niños y niñas de entre 6 y 18 años trabajan en el Distrito Federal y entre otras grandes ciudades del país. Se considera que existen cuatro grandes sectores de trabajo infantil a pesar de que la ley lo prohíbe. La agricultura, las calles de grandes y medianas ciudades, el servicio doméstico y los pequeños talleres en la preferencia de las ciudades, periferia de las ciudades. 17°. En especial atención merecen las niñas y niños y adolescentes en situación de calle y de abandono, toda vez que en nuestro país, quien no encuentra satisfechas sus necesidades básicas de amor, comprensión y apoyo, encuentran fuera de lugar la empatía de los grupos callejeros con las constante exposición de riesgos o uso de drogas, además de ser susceptibles de cooptación por la delincuencia organizada. Pero no sólo los infantes y los adolescentes que viven en situación de calle son susceptibles al acceder al uso de drogas, sino cualquiera que no recibe los cuidados y atención necesarias en su ámbito familiar. 18°. Sigue siendo una preocupación de abuso físico y sexual, a lo que debemos señalar que hemos sido insuficientemente rigurosos para prever a niñas y niños del abuso y el maltrato tanto dentro de la familia, en la escuela y en la sociedad en general, por lo que se hace indispensable reforzar los procedimientos y mecanismos adecuados para tramitar la denuncia de abuso de niñas y niños, como objeto de dar a éstos, un rápido acceso a la justicia y se prohíba, implícitamente en la ley, los castigos corporales en el hogar, en las escuelas y en otras instituciones. 19°. Preocupa también los casos de VIH-SIDA en las niñas y niños y adolescentes menores de 15 años, cuyas cifras oscilan de 1983 al 2002, a mil 670 casos, alarmando el hecho de que 745 de éstos fueron transmitidos de vía perinatal, 268 por transmisión sanguíneas, 31 por transmisión sexual y 626 desconociéndose el origen de la transmisión. 20°. Preocupa el tráfico del infantes, ya que niñas y niños son literalmente vendidos a los narcotraficantes o a grupos del crimen organizado, quienes los ocupan para el tráfico de venta de drogas, así como la pornografía o prostitución. 21°. Con especial hincapié hemos de seguir pugnando por los usos y costumbres no afecten en sus derechos fundamentales la niñez, perteneciente a los grupos indígenas; sigue siendo un pendiente garantizar la educación bilingüe en todas las regiones originales de México. 22. No poder dejar de mencionar en esta exposición de motivos, nuestra preocupación por el predominio de la doctrina tutelar en el tratamiento de adolescentes infractores. La simulación y los eufemismos imperantes en la actual forma de readaptar a los adolescentes infractores, quienes son privados de su libertad, sin gozar del derecho a un debido proceso, mantiene a nuestro país en el rezago respecto del avance que están teniendo el resto de los países latinoamericanos, en cumplimiento de la convención y las normas jurídicas especializadas en atención y administración de la justicia de adolescentes de las Naciones Unidas. Ya no podemos retrasar los cambios en esta materia, estamos obligados a tomar las medidas apropiadas desde el Legislativo, para evitar que siga bajando la edad penal en las entidades federativas, porque es una forma inútil, ya que la delincuencia organizada aprovecha la irresponsabilidad e imputabilidad penal de quienes son menores de edad, para utilizarlos para sus fines. Por lo tanto, es indispensable promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para el tratamiento de los adolescentes, de quienes se alegue han infringido la edad penal o quienes se acuse o declare culpable de haber infringido esta ley y resarcir la edad penal a 18 años en el país. Señoras diputadas, señores diputados: Hemos hecho una somera revisión de la situación y necesidades de las niñas y los niños y adolescentes, y la importancia de que sean reconocidos y tratados como sujetos de derecho a partir de la Convención Sobre los Derechos de la Niñez, se ha convertido en ley suprema en toda la nación. Argumentamos, que el interés superior de la infancia, la no discriminación, la igualdad sin distinción alguna, el vivir en familia como espacio primordial de desarrollo, el tener una vida libre de violencia, sin abusos ni maltratos de ningún tipo, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad, y la tutela plena, igualitaria de los derechos humanos, las garantías constitucionales, son los principios rectores de todos y cada uno de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Que los derechos a la identidad, salud, alimentación, educación, juego, descanso, recreación, libertad de pensamiento y opinión, deben de ser vistos en conjunto, de manera integral y necesaria para la supervivencia, desarrollo, protección y participación, quienes quien aún no cumplen la mayoría de edad. De ahí, que resulta indispensable que les reindiquemos, que se les reindiquemos todo lo que son sujetos de derecho. Hoy, estamos inaugurando la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, estamos ante la posibilidad de asumir consecuentemente nuestro compromiso con la niñez y la adolescencia mexicana y la construcción de su ciudadanía, para impulsar una nueva sociedad más justa, más igualitaria, más democrática y más libertaria. Por lo que, con fundamento en el artículo 34, inciso c), 42 y 43, numeral dos y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente Punto de Acuerdo Primero. Se crea la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias, como comisión especial, cuyo objeto será garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos. Segundo. Dicha comisión se conformará con 20 integrantes, que serán electos con los criterios de la pluralidad y proporcionalidad. Tercero. La comisión especial subsistirá durante la presente Legislatura, en tanto sea reformada la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para constituirse en comisión ordinaria. Cuarto. La comisión especial deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados, o en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre de 2003. Firman: Dip. Enrique Burgos; la diputada Sonia Rincón Chanona; la diputada Angélica de la Peña Gómez; la diputada Margarita Zavala; el diputado Alejandro González Yañez; el diputado Jesús Martínez; el diputado José Angel Ibañez; el diputado Jorge Kahwagi; el diputado Germán Martínez; el diputado Manuel Velasco Coello; el diputado Alejandro Agundis Arias; el diputado Luis Antonio González; la diputada María Avila Serna; el diputado Miguel Angel García Domínguez; el diputado Miguel Alonso Raya; el diputado Pablo Gómez y la diputada Tatiana Clouthier". Cumplida su encomienda diputado presidente. -PRESIDENTE: Gracias secretaria. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra el señor diputado don José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal tome las medidas conducentes para apoyar a los productores agropecuarios de la Huasteca Potosina, sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, en el combate y erradicación de plagas. -DIP. JOSE MARIA LARRAGA: Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: Para solicitar el Ejecutivo Federal que tome las acciones conducentes para apoyar a los productores a agropecuarios de la Huasteca Potosina, del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz, en el combate y erradicación de la plaga de langosta y del chapulín, bajo las siguientes: CONSIDERACIONES: A partir de la década de los 70s., se detectaron en el Estado de San Luis Potosí formaciones de mangas de plaga de langosta y de chapulín, que se han incrementado de manera constante y notoria y a partir de 1988 como resultado de periodos prolongados de sequía y altas temperaturas seguidos de precipitaciones pluviales moderadas que incrementan la temperatura y grado de humedad del suelo, favoreciendo la incubación de los huevecillos depositados por estas plagas. En el año 2002 el crecimiento de estas especies abarcó una superficie superior a 87 mil hectáreas de pastizal de caña de azúcar, granos básicos, áreas frutícolas y de hortalizas. En este año se reportó por primera vez presencia de la plaga en 12 de los municipios de San Luis Potosí, así como en Pánuco, El Higo y Tempoal en el Estado de Veracruz y en el sur del Estado de Tamaulipas. Si bien el Comité Estatal de Sanidad Vegetal ha enviado técnicos especialistas en el combate de plagas a la zona afectada, con el fin de evitar que se incremente su presencia y afecte a otros cultivos y por lo tanto a un número significativo de productores, las acciones no han sido suficientes para lograr su erradicación total. El Poder Legislativo en ejercicio de sus funciones como órgano político representante del pueblo y depositario de la soberanía nacional, debe atender las demandas de sus representados. Es por ello que en octubre del 2002 el grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó un Punto de Acuerdo dirigido a apoyar a los productores de la Huasteca Potosina en el combate de este tipo de plaga que afecta severamente a los cultivos y que ahora ha pasado a los estados de Veracruz y Tamaulipas. Los legisladores federales tenemos la responsabilidad constitucional de encontrar alternativas que permitan restablecer las condiciones de los productores de la zona afectada, ya que de no hacerlo se pueden perder más de 400 millones de pesos invertidos en cultivos y pastizales. Hoy se nos presenta la urgencia de apoyar de manera subsidiaria y solidaria a los productores de estas regiones de México, pues nuestra convicción como representantes populares es la de velas por los intereses de todos los mexicanos. Además debemos dejar claro que Acción Nacional siempre se ha pronunciado por la transparencia de instrumentos de promoción hacia los gobiernos locales, que les permitan cumplir un papel activo en materia de desarrollo económico. En este sentido proponemos al Ejecutivo Federal considerar este tipo de plagas como un desastre natural, a fin de que los productores afectados tengan la posibilidad de acceder a los apoyos provenientes del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, ya que hasta este momento el fenómeno en comento no es catalogado como desastre natural. Asimismo, consideramos necesario que la Sagarpa incluya en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2004 una partida presupuestaria para crear laboratorios de organismos benéficos en cada uno de los estados afectados como una alternativa para combatir este tipo de plagas en todo el territorio nacional. Por lo anteriormente expuesto el suscrito, diputado federal de la 59 Legislatura en la Cámara de Diputados y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional someto a consideración de esta H. asamblea el siguiente punto de acuerdo: Primero. Se solicite a la Sagarpa informe a esta soberanía sobre el avance de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de langosta y chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz, así como de los obstáculos que impiden que las mismas se lleven a cabo de manera efectiva. Segundo, se exhorta a la Sagarpa a coadyuvar en los trabajos de sanidad en la región afectada por plaga de chapulín y langosta enviando al efecto el equipo técnico pertinente. Tercero. Se solicita al Ejecutivo federal considerar el problema de plaga de langosta y chapulín en la Huasteca Potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz como un desastre natural, a fin de canalizar recursos del Fonden para su pronta atención. Cuarto. Se solicita a la Sagarpa incluir en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2004 una partida presupuestaria para crear laboratorios de organismos benéficos como una alternativa para combatir este tipo de plagas en la región afectada. Por su atención muchas gracias.