La diputada Consuelo Muro Urista (PRI): Con su venia, seÃ±ora Presidenta. CompaÃ±eras y compaÃ±eros diputados. La que suscribe, diputada Consuelo Muro Urista, perteneciente a la quinta circunscripciÃ³n del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artÃ­culos 200 bis y 200 bis-1 del CÃ³digo Penal Federal, bajo la siguiente: ExposiciÃ³n de Motivos La modernidad en los sistemas informÃ¡ticos y en las telecomunicaciones, asÃ­ como han generado inusitadas ventajas y oportunidades para el comercio y para las economÃ­as de casi todas las naciones, tambiÃ©n han configurado una nueva realidad en la que las fronteras estatales tradicionales y las capacidades de actuaciÃ³n del Estado frente a la sociedad y los individuos, se han visto disminuidas. Esta nueva realidad, como todos sabemos, ha sido aprovechada por el crimen organizado y por individuos que con o sin fines de lucro pero tambiÃ©n sin escrÃºpulos, lesionan muchas veces con efectos irreparables la moral pÃºblica, la integridad de las familias y el prestigio y honorabilidad de las personas. El Internet, fenÃ³meno tecnolÃ³gico que permea no sÃ³lo ya el Ã¡mbito comercial, econÃ³mico y de las comunicaciones, es utilizado con otros propÃ³sitos por el crimen organizado y por individuos para invadir espacios de privacidad del ser humano inherentes a su mÃ¡s sensible integridad, para ser exhibidos contra su voluntad y generando daÃ±os que definitivamente son equiparables con una lesiÃ³n fÃ­sica incluso mayor. Los hechos hablan por sÃ­ mismos. La pornografÃ­a es el gran filÃ³n del Internet, con mÃ¡s de 70 mil sitios dedicados a todas las rarezas imaginables y algunas inimaginables, los canales que tienen que ver con sexo son las categorÃ­as mÃ¡s grandes en los servidores de las distintas redes, lo que constituye un mercado gigantesco para la delincuencia cibernÃ©tica. Y si en la edad media se decÃ­a que el aire de la ciudad hacÃ­a al individuo libre, en la actualidad podrÃ­amos decir que el aire de la ciudad hace al ciudadano invisible. En las megalÃ³polis, el anonimato del individuo lo permite operar con relativa calma y en tranquilidad para atentar contra la legalidad en la que se desenvuelve. La realidad nos indica que las mÃ¡s importantes lesiones a los derechos de la personalidad espiritual, la intimidad, honor, imagen, son producidas por los medios masivos, y ahora informÃ¡ticos por la fuerza expansiva que poseen. El honor implica una valoraciÃ³n integral de la persona, tanto en sus proyecciones individuales como sociales; comprende un aspecto subjetivo, el de la autoestima de lo ofendido; y otro objetivo, que hace su reputaciÃ³n frente a terceros. Por tanto, los actos que afectan al honor, moral y otros perjuicios que se produzcan, tienen que generar responsabilidad penal. Es por ello que el ataque al honor en el contexto de esta iniciativa, requiere necesariamente imputaciones explÃ­citas de conductas delictivas e inmorales para que la autoridad competente pueda con toda claridad y contundencia aplicar la ley, y no se propicie un terreno de chantaje y extorsiÃ³n, que lejos de resolver un problema, genere otros. Es imperativo para efectos de esta iniciativa, precisar claramente los tipos delictivos que se pretende incluir en nuestra legislaciÃ³n penal y que en ningÃºn momento se busca restringir la libertad de expresiÃ³n consagrada en el artÃ­culo sÃ©ptimo de nuestra ConstituciÃ³n PolÃ­tica. No obstante, como lo establece este dispositivo, sÃ­ se persigue con esta iniciativa reafirmar los principios de respeto a la vida privada y a la moral y ahÃ­ mismo inscritos. Vemos ahora que con sÃ³lo proponÃ©rselo, cualquier persona con los medios idÃ³neos, puede transgredir los espacios privados y causar daÃ±o irreparable. Lo que costÃ³ mÃ¡s de 200 aÃ±os reivindicar a los constitucionalistas desde la ilustraciÃ³n, la libertad y el derecho a la privacidad, ahora puede ser vulnerado por un solo individuo. Entendemos claro que en aquellas Ã©pocas era al Estado al que habÃ­a que limitar, ya que era Ã©l quien contaba en todo momento con los medios para infringir esos agravios. El derecho a expresarse por distintos medios no es absoluto e impone las responsabilidades ulteriores que puedan generarse a raÃ­z de los abusos producidos mediante su ejercicio, pues Ã©l mismo no puede extenderse en el detrimento de la necesaria armonÃ­a con los restantes derechos constitucionales entre los cuales se encuentra el de la integridad moral y el honor a las personas. En tal sentido, parece justo a efecto de garantizar un razonable equilibrio entre la libertad de expresiÃ³n y la protecciÃ³n del honor a la persona, exigir desde la norma, el consentimiento expreso de quien o quienes aparezcan en alguna fotografÃ­a o transmisiÃ³n de una conversaciÃ³n precisando sus fines de uso, ya que pueden ser lesivos a su estima, honor e intimidad. En virtud de lo anterior se somete a la consideraciÃ³n del honorable Congreso de la UniÃ³n, la presente iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del CÃ³digo Penal Federal. ArtÃ­culo Unico: Se adicionan los artÃ­culos 200 bis y 200 bis uno del CÃ³digo Penal Federal para quedar como sigue. ArtÃ­culo 200 bis: "Al que ilÃ­citamente instale o permita que se instale en un lugar pÃºblico o en propiedad privada algÃºn dispositivo tecnolÃ³gico, tendiente a violar la privacidad de las personas con el propÃ³sito de vender, arrendar, distribuir, publicar, transmitir en tiempo real o diferido conversaciones, imÃ¡genes o fotografÃ­as con contenido sexual o que resulten lesivas a la integridad moral y al honor, sin el consentimiento expreso de quien o quienes ahÃ­ aparezcan, se impondrÃ¡ de seis meses a ocho aÃ±os de prisiÃ³n, asÃ­ como a la reparaciÃ³n del daÃ±o moral que se ocasione. TratÃ¡ndose de servidores pÃºblicos, la pena aumentarÃ¡ en una tercera parte". ArtÃ­culo 200 bis 1, del CÃ³digo Penal Federal: "Al que con fines de lucro transmite, intercambie o comercialice el material a que se refiere el artÃ­culo anterior, se impondrÃ¡n de seis meses a ocho aÃ±os de prisiÃ³n y multa de 50 a 600 dÃ­as de salario". He concluido, seÃ±ora Presidenta, y en virtud de que ya ha sido publicada, agradezco. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Muro Urista. TÃºrnese a la ComisiÃ³n de Justicia y Derechos Humanos. En virtud de que el Partido AcciÃ³n Nacional ha solicitado se posponga para la prÃ³xima sesiÃ³n la presentaciÃ³n de la iniciativa que reforma el artÃ­culo 123 de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir las labores peligrosas e insalubres a los menores de 18 aÃ±os, tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Moreno ArÃ©valo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artÃ­culos 24 y 34 fracciÃ³n XXI de la Ley OrgÃ¡nica de la AdministraciÃ³n PÃºblica Federal. El diputado Gonzalo Moreno ArÃ©valo (PRI): Con su permiso, diputada Presidenta. CompaÃ±eras y compaÃ±eros diputados: Pongo a su consideraciÃ³n la siguiente iniciativa que reforma los artÃ­culos 24 y 34 en su fracciÃ³n XXI de la Ley OrgÃ¡nica de la AdministraciÃ³n PÃºblica Federal, a cargo de su servidor, el diputado Gonzalo Moreno ArÃ©valo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Por principio de cuentas tenemos que en el artÃ­culo 14 de nuestra Carta Magna seÃ±ala lo siguiente: "A ninguna Ley se le darÃ¡ derecho retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrÃ¡ ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido en los tribunales previamente establecidos, en los que se cÃºmplanlas formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". AsÃ­ tambiÃ©n, del mismo cuerpo normativo, el artÃ­culo 16 seÃ±ala que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". Por lo que se deduce que la competencia de la autoridad deberÃ¡ ser debidamente plasmada en las leyes con anticipaciÃ³n al caso aplicable en concreto, lo cual no se puede con las citadas reformas vigentes en el CÃ³digo Fiscal de la FederaciÃ³n, como a continuaciÃ³n se explica. "Con fecha 4 de enero en curso se aprobÃ³ la reforma al CÃ³digo Fiscal de la FederaciÃ³n conteniendo en sus artÃ­culos 28 fracciÃ³n I, 111 fracciÃ³n XXVI, 115, inconsistencias jurÃ­dicas y constitucionales que atentan gravemente contra la garantÃ­a seguridad pÃºblica de los gobernados y en especial del sector gasolinero, especÃ­ficamente de los propietarios de centros de servicio y expendio al pÃºblico de gasolina y diesel, con el hecho de conferirle facultades legales incompatibles con su funciÃ³n y verdadera finalidad al servicio de la administraciÃ³n tributaria, tales como lo confiere la autorizaciÃ³n de los equipos de control bulomÃ©trico. "Conjuntamente con los equipos de contabilidad de cada uno de los contribuyentes dedicados a la enajenaciÃ³n de gasolina, diesel, gas natural para combustiÃ³n automotriz o gas licuado de petrÃ³leo, tambiÃ©n para combustiÃ³n automotriz en establecimientos al pÃºblico en general, duplicando con ello las facultades que de hecho ya le son conferidas a la SecretarÃ­a de EconomÃ­a, a travÃ©s de su direcciÃ³n de normalizaciÃ³n. Lo que contraviene ademÃ¡s de lo preceptuado en los artÃ­culos 18, 25 y 34 de la Ley OrgÃ¡nica de la AdministraciÃ³n PÃºblica Federal. "La ley federal en entidades paraestatales y la Ley Federal de MetrologÃ­a y NormalizaciÃ³n pretendiendo que el personal a cargo del Servicio de AdministraciÃ³n Tributaria se inmiscuyan en cuestiones de naturaleza netamente tÃ©cnica en cuanto al funcionamiento y requerimientos tÃ©cnicos y mecÃ¡nicos de los aparatos o mÃ¡quinas conocidas como de control bulomÃ©trico. Sin contar obviamente con los conocimientos y el perfil propio del personal adscrito a los laboratorios de control, valuaciÃ³n y certificaciÃ³n a cargo de la SecretarÃ­a de EconomÃ­a del Gobierno Federal. "Con fecha del 13 de abril del aÃ±o en curso se presenta iniciativa que reforma la fracciÃ³n V del artÃ­culo 28 y se deroga la fracciÃ³n VII del artÃ­culo 111 y artÃ­culo 115 Bis del CÃ³digo Fiscal de la FederaciÃ³n por parte del diputado Francisco Javier GuÃ­zar MacÃ­as, dada la inobservancia de lo que se establece en la propia Ley OrgÃ¡nica de la AdministraciÃ³n PÃºblica Federal y de la incertidumbre que encierra el actual artÃ­culo 24 del citado ordenamiento, toda vez que deja al arbitrio del Ejecutivo a travÃ©s de la del Titular del Secretario de GobernaciÃ³n la facultad discrecional de establecer la competencia de las SecretarÃ­as, en caso de duda, lo cual no es acorde con la garantÃ­a de seguridad jurÃ­dica que consagran los artÃ­culos 14 y 16 de nuestra ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos y da paso a la apreciaciÃ³n subjetiva de una persona y no de la aplicaciÃ³n ortodoxa de la regla previamente establecida, por lo que se establece que se hace necesario reformar el artÃ­culo 24 de la Ley OrgÃ¡nica de la AdministraciÃ³n PÃºblica Federal, con la finalidad de dar mayor claridad a la norma y seguridad al gobernado. "Por lo anteriormente expuesto someto a su consideraciÃ³n de esta soberanÃ­a la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artÃ­culos 24 y el artÃ­culo 34 en su fracciÃ³n XXI de la Ley OrgÃ¡nica de AdministraciÃ³n PÃºblica Federal, para quedar de la siguiente forma: "ArtÃ­culo Ãºnico.- Se reforman los artÃ­culos 24 y 34 en su fracciÃ³n XXI. "Articulo 24. El Ã¡mbito de competencia de las SecretarÃ­as y los Departamentos Administrativos quedan claramente establecido en la presente Ley quedando estrictamente prohibida la asignaciÃ³n de facultades en otras leyes y reglamentos, siempre que no sean compatibles con la naturaleza inherente a la materia de la que se ocupan cada una de las citadas Dependencias de Gobierno. "ArtÃ­culo 34.- A la SecretarÃ­a de EconomÃ­a en la fracciÃ³n XXI, fomentar, regular y promover el desarrollo de la industria de transformaciÃ³n e intervenir en el suministro de energÃ­a elÃ©ctrica a usuarios en la distribuciÃ³n y comercializaciÃ³n de gas natural y licuado y de gasolinas y diesel en establecimientos al pÃºblico en general. "Transitorios "ArtÃ­culo 1o. El presente decreto entrarÃ¡ en vigor al dÃ­a siguiente de su publicaciÃ³n en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n. "ArtÃ­culo 2o. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. "Dado en el Palacio Legislativo de San LÃ¡zaro a los 14 dÃ­as del mes de septiembre de 2004. "Atentamente el de la voz, Diputado Gonzalo Moreno". Es cuanto, diputada Presidenta. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Adelante y muchas gracias diputado Moreno ArÃ©valo. TÃºrnese a la ComisiÃ³n de GobernaciÃ³n. Tiene la palabra la diputada MarÃ­a SalomÃ© Elyd SÃ¡enz, del grupo parlamentario del Partido AcciÃ³n Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el tercer pÃ¡rrafo del artÃ­culo 70 de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos. La diputada MarÃ­a SalomÃ© Elyd Saenz (PAN): Con su venia, diputada Presidente. "Honorable CÃ¡mara de Diputados: "La suscrita, MarÃ­a SalomÃ© Elyd SÃ¡enz, en mi calidad de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciÃ³n Nacional, con fundamento en los artÃ­culos 71 fracciÃ³n II de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes me permito someter a la consideraciÃ³n del Poder Constituyente a que se refiere el artÃ­culo 135 de la propia ConstituciÃ³n, la iniciativa de decreto que reforma el tercer pÃ¡rrafo del artÃ­culo 70 de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente "ExposiciÃ³n de Motivos "Durante las Ãºltimas dÃ©cadas la pluralidad de las fuerzas polÃ­ticas en nuestro paÃ­s han jugado un papel muy importante en los avances encaminados a fortalecer los principios de la democracia, donde su participaciÃ³n es reconocida en nuestro sistema polÃ­tico como un reflejo de la voluntad de los ciudadanos mexicanos. "La conformaciÃ³n y participaciÃ³n de los diferentes partidos polÃ­ticos en el Honorable Congreso de la UniÃ³n, ha garantizado la alternancia y la diversidad de propuestas e ideologÃ­as, legitimÃ¡ndose con ello la representatividad de los mexicanos y los valores sociales. "El Constituyente Permanente, convencido de este proceso de transformaciÃ³n y avance en la participaciÃ³n de las diferentes corrientes polÃ­ticas, decidiÃ³ aprobar en el aÃ±o de 1977, un decreto de reformas y adiciones a diversos artÃ­culos de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta reforma se elevÃ³ a rango constitucional el reconocimiento de los partidos polÃ­ticos como entidades de interÃ©s pÃºblico, a fortalecer el sistema de partidos, asÃ­ como a garantizar su participaciÃ³n en la CÃ¡mara de Diputados, a travÃ©s de la adopciÃ³n de un sistema mixto de elecciones, de las cuales 300 diputados serÃ­an electos por mayorÃ­a en el mismo nÃºmero de distritos electorales en el paÃ­s y 100 diputados serÃ­an electos de conformidad con el principio de representaciÃ³n proporcional en 5 circunscripciones plurinominales. "Con el sistema de representaciÃ³n proporcional se incrementÃ³ el nÃºmero de diputados, garantizÃ¡ndose la participaciÃ³n de las minorÃ­as en la CÃ¡mara de Diputados, siendo necesaria la implementaciÃ³n de nuevas formas de organizaciÃ³n de las agrupaciones polÃ­ticas. Por lo que el Constituyente Permanente en esta reforma constitucional decidiÃ³ aprobar una adiciÃ³n al artÃ­culo 70 de la propia ConstituciÃ³n, para que la Ley OrgÃ¡nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determinara las formas y procedimientos para la agrupaciÃ³n de los diputados segÃºn su afiliaciÃ³n de partido, a efecto de garantizar la manifestaciÃ³n de las diferentes corrientes ideolÃ³gicas representadas en la CÃ¡mara de Diputados. "Fue en el aÃ±o de 1979 cuando el legislador ordinario incorporÃ³ en la Ley Secundaria la integraciÃ³n y funcionamiento de los grupos parlamentarios. Sin embargo, obedeciendo el mandato constitucional, Ãºnicamente fue para los grupos parlamentarios de la CÃ¡mara de Diputados. "Hasta esta fecha, el esquema de conformaciÃ³n de los grupos polÃ­ticos se dio Ãºnicamente para la CÃ¡mara de Diputados, predominando un criterio diverso para la CÃ¡mara de Senadores. HabrÃ­a que recordar que la elecciÃ³n de los senadores era por voto directo, con pocas posibilidades de contemplarse la representaciÃ³n de los partidos polÃ­ticos minoritarios. "Posteriormente, en la reforma de la Ley OrgÃ¡nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n el 20 de julio de 1994, el legislador ordinario decidiÃ³ incorporar la conformaciÃ³n, prerrogativas y funcionamiento de los grupos parlamentarios de la CÃ¡mara de Senadores. Esta medida obedeciÃ³ al aumento y constante participaciÃ³n de las diferentes fuerzas polÃ­ticas en el paÃ­s, y de la reforma constitucional de 1993, que fortaleciÃ³ la presencia y participaciÃ³n de los partidos polÃ­ticos minoritarios en el Senado de la RepÃºblica, aumentando a 128 de sus integrantes, de los cuales en cada estado y el Distrito Federal, 3 serÃ­an electos por mayorÃ­a relativa y 1 serÃ­a asignado a la primera minorÃ­a. "Sin embargo, la incorporaciÃ³n de los grupos parlamentarios de la CÃ¡mara de Senadores en la reforma de la Ley OrgÃ¡nica del Congreso de 1994 y posteriormente en la ley vigente, Ã©sta Ãºltima publicada en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n el 3 de septiembre de 1999, no encuentra sustento constitucional, en virtud de que el Constituyente Permanente hasta nuestros dÃ­as ha omitido modificar el artÃ­culo 70 constitucional, para permitir estas medidas. "Al respecto, no estÃ¡ de mÃ¡s mencionar que nuestra ConstituciÃ³n Federal es la ley mÃ¡xima de nuestro sistema jurÃ­dico, de donde se desprenden las bases para el pleno reconocimiento de nuestro sistema polÃ­tico y de gobierno. En ese sentido, la ley secundaria encargada de regular la organizaciÃ³n y funcionamiento del Poder Legislativo, mÃ­nimamente tiene que atender sus principios fundamentales. "En consecuencia y en virtud de que a lo largo de estos Ãºltimos aÃ±os, la conformaciÃ³n de los grupos polÃ­ticos en nuestro sistema parlamentario se ha ido fortaleciendo, siendo necesaria su existencia y funcionamiento para los trabajos legislativos de ambas CÃ¡maras del Congreso de la UniÃ³n, la iniciativa de decreto que se propone tiene como finalidad primordial, subsanar el vacÃ­o del ArtÃ­culo 70 de nuestra ConstituciÃ³n, ya que de aprobarse esta reforma se reconocerÃ­a la legitimidad constitucional sobre la existencia, organizaciÃ³n y funcionamiento de los grupos parlamentarios en la CÃ¡mara de Senadores, y consecuentemente su regulaciÃ³n en la Ley OrgÃ¡nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, por el digno conducto de ustedes me permito someter a la consideraciÃ³n del Poder Constituyente, la siguiente iniciativa de decreto que reforma el tercer pÃ¡rrafo del ArtÃ­culo 70 de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO UNICO.- Decreto que reforma el tercer pÃ¡rrafo del ArtÃ­culo 70 de la ConstituciÃ³n polÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: La ley determinarÃ¡ las formas y procedimientos para la agrupaciÃ³n de los diputados y senadores, segÃºn su afiliaciÃ³n de partido, a efecto de garantizar la libre expresiÃ³n de las corrientes ideolÃ³gicas representadas en el Congreso de la UniÃ³n. Muchas gracias. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Gracias diputada Elyd SÃ¡enz. TÃºrnese la propuesta de la diputada Elyd SÃ¡enz a la ComisiÃ³n de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano JimÃ©nez del grupo parlamentario del Partido de la RevoluciÃ³n DemocrÃ¡tica, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de Ley del Seguro Social en Materia de Jubilaciones y Pensiones. El diputado Emilio Serrano JimÃ©nez (PRD): Con su venia diputada presidenta. CompaÃ±eras, compaÃ±eros diputados. Me permito presentar ante ustedes la iniciativa de reforma de las Leyes del Seguro Social del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a efecto de que las administradoras del fondo para el retiro cedan el paso y transfieran sus recursos a la seguridad social pÃºblica y solidaria, poniendo alto a la anticonstitucionalidad y abuso de estas unidades. Emilio Serrano JimÃ©nez, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la UniÃ³n en ejercicio de la facultad que le concede el ArtÃ­culo 71 fracciÃ³n II de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos y los ArtÃ­culos 62, 63 y 65 fracciÃ³n II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideraciÃ³n de esta Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, y si me permiten dar algunos motivos por los que presento esta iniciativa. Sabemos que todos los diputados lo han expresado aquÃ­ en tribuna, que estÃ¡n a favor de los que menos tienen en MÃ©xico, de los trabajadores. Hace un momento, un rato, mejor dicho, escuchamos al diputado GermÃ¡n de la fracciÃ³n del PAN, diciendo que la guerra Ã¡rea ahora era contra la injusticia, la guerra era para rescatar a los mÃ¡s pobres de MÃ©xico. Le tomamos la palabra, diputado GermÃ¡n, esa guerra debe de ser para rescatar a los trabajadores de MÃ©xico y es el momento, compaÃ±eras y compaÃ±eros diputados, de corregir el error que se cometiÃ³ en el aÃ±o de 1995, en que se reformÃ³ la Ley del Seguro Social, que entrÃ³ en vigor en 1997, creÃ¡ndose las Afores, estas administradoras que son de recursos econÃ³micos de bancos, que en la mayorÃ­a son extranjeros y que estÃ¡n exprimiendo, estÃ¡n enriqueciÃ©ndose a costa de los trabajadores de MÃ©xico. Por dar un dato. De 1997 a la fecha han obtenido una utilidad de mÃ¡s de 60 mil millones de pesos. Nos podemos preguntar, ÃÂÃÂ¿quÃ© hubiera hecho el Seguro Social con una aportaciÃ³n de 60 mil millones de pesos?, cuando el Seguro Social no pudo obtener un incremento en su presupuesto de 3 mil millones de pesos para su operaciÃ³n durante el ejercicio fiscal del 2004. Las administradoras privadas particulares, que solamente obtienen beneficio, han utilizado un recurso para exprimir mÃ¡s a los trabajadores y les pongo otro ejemplo. En este momento hay 31 millones de cuentas individuales y solamente hay 12 millones de trabajadores que cotizan al Seguro Social. ÃÂÃÂ¿De dÃ³nde salen esos 19 millones mas de cuentas individuales? Es necesaria la participaciÃ³n de todas y todos nosotros, sabemos que los diputados de AcciÃ³n Nacional, conscientes de esta realidad que estamos viviendo y que estÃ¡n sufriendo los trabajadores de MÃ©xico, van a analizar este documento, lo vamos a discutir y no dudamos que van a apoyar esta iniciativa. Los compaÃ±eros del PRI, sabemos, aquÃ­ se ha dicho en tribuna que la lucha de ustedes ha sido permanente en beneficio de los trabajadores de MÃ©xico. TambiÃ©n de igual manera les pido desde esta tribuna que analicemos con mucho cuidado esta iniciativa, este documento que vamos a hacer llegar a sus manos y no dudamos de que tambiÃ©n sea apoyada por ustedes. Obviamente que los compaÃ±eros de Convergencia por la Democracia, el PT, del Verde Ecologista e indudablemente por mis compaÃ±eras y compaÃ±eros de mi partido. Es el momento de que hagamos ese rescate del Seguro Social. Se ha dicho mucho que el Seguro Social se estÃ¡ muriendo, que le hacen falta recursos y que un dÃ­a no va a alcanzar el presupuesto para pagar las pensiones de los que se jubilan, de los que se pensionan. Tenemos en este momento la oportunidad a travÃ©s de la desapariciÃ³n de las AFORES, de rescatar precisamente al Seguro Social y obviamente con esto debe desaparecer la CONSAR, que siempre se ha inclinado a favor de las AFORES y no asÃ­ de los trabajadores. Si logramos que este fondo de seguro para el retiro de los trabajadores de MÃ©xico sean administrados por el Seguro Social, cerca de 500 mil millones de pesos que se ha tenido una utilidad en cerca de 6 aÃ±os, de 175 mil millones de pesos de los cuales, repito, mÃ¡s de 60 mil millones se han ido de ganancia para las AFORES. Esto le va a servir al Seguro Social, le va a servir a los trabajadores de MÃ©xico, que van a poder invertir, como en Brasil en Petrobras, van a poder invertir en PEMEX; en la ComisiÃ³n Federal de Electricidad, que tambiÃ©n requiere de recursos y no sea necesario traer capital extranjero para impulsar a estas instituciones mexicanas que se PEMEX, la ComisiÃ³n Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro. Apelo a la buena voluntad, a la conciencia polÃ­tica y social de los compaÃ±eros precisamente del PAN, del PRI, para que con toda conciencia, de veras, hagamos algo efectivo en beneficio de los trabajadores de MÃ©xico. Hay que rescatarlos, diputado, esa guerra de la que hablaba usted en la maÃ±ana, es precisamente para rescate de los trabajadores, hay que desaparecer las Afores. Por su atenciÃ³n, muchas gracias. Le pido a la Presidenta, sea tan amable de instruir para que el texto Ã­ntegro se incluya en el Diario de los Debates. Gracias por su atenciÃ³n. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: InsÃ©rtese el texto Ã­ntegro en el Diario de los Debates y tÃºrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico, de Trabajo y PrevisiÃ³n y Social y de Seguridad Social. Tiene la palabra el diputado Fernando Espino ArÃ©valo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de MÃ©xico, para presentar una iniciativa que adiciona un artÃ­culo 104 Bis a la Ley General de Cultura FÃ­sica y Deporte. El diputado Fernando Espino ArÃ©valo (PVEM): Con su venia, seÃ±ora Presidenta. SeÃ±oras y seÃ±ores diputados: MÃ©xico a travÃ©s de su historia cuenta con una larga y rica tradiciÃ³n deportiva como muestra fiel y reflejo de su amplia cultura. Sin embargo, a pesar de su historia y el largo camino recorrido por muchos mexicanos en pro del deporte nacional, Ã©ste no ha logrado permear como quisiÃ©ramos, nuestras escalas sociales, provocando por desgracia que el nivel del deporte mexicano en el entorno mundial sea muy deficiente. Vale la pena destacar que el ajuste olÃ­mpica de 1968 ha sido la mejor por cuanto hace a los resultados para nuestro paÃ­s, consiguiÃ©ndose 9 medallas en total, y a lo largo de nuestra historia olÃ­mpica, tan solo se han logrado 10 medallas de ora, 18 de plata y 23 de bronce. Como podemos percatarnos, los resultados en 80 aÃ±os de participaciÃ³n olÃ­mpica han sido muy limitados y nos queda muy claro que debemos aprovechar esta gran oportunidad para establecer las bases de un desarrollo deportivo sostenido y sustentable para todos los mexicanos. Desafortunadamente, despuÃ©s de los resultados obtenidos en 1968, MÃ©xico volviÃ³ a la eterna letanÃ­a del deporte nacional, con innumerables justificaciones o pretextos dentro de los que resalta el despilfarro de recursos por parte de funcionarios, lo que nos ha llevado a obtener a resultados muy pobres o incluso hacer el ridÃ­culo, como ocurriÃ³ en los Juegos OlÃ­mpicos celebrados en SeÃºl 88, Barcelona 92 y Atlanta 96, donde se obtuvieron solamente 4 medallas. De ahÃ­ la trascendencia de brindar a los deportistas todos los elementos para su preparaciÃ³n y desarrollo, entrenadores, cuerpos multidisciplinario, becas econÃ³micas, viajes de preparaciÃ³n, competencias, etcÃ©tera. AdemÃ¡s, utilizar criterios tÃ©cnico-deportivos para la selecciÃ³n de beneficiarios de los Programas de Becas, eliminando aspectos polÃ­ticos y de favoritismo, asÃ­ como fomentar el seguimiento cientÃ­fico deportivo de los atletas para su agrupado control y monitoreo. Todo el esfuerzo anterior, solamente estarÃ¡ bien encaminado cuando exista la sinergia que involucra a los deportistas, gobierno y sociedad civil. Sin embargo, esta condiciÃ³n por ahora se deberÃ¡ de traducir en una reingenierÃ­a de las estructuras, planes, programas y procesos de todas las Ã¡reas del deporte en sus tres niveles de gobierno, dando como resultado un nuevo proyecto que nos permita llevar tanto al deporte mexicano como a sus deportistas a conquistar nuevos horizontes. Escenario que hoy los diputados de la LIX Legislatura de este Honorable Congreso de la UniÃ³n podemos promover a favor de muchos mexicanos presentes y futuros, previendo que la dedicaciÃ³n y empeÃ±o de estas grandes luminarias del deporte nacional, siga teniendo fruto en su beneficio y les permita vivir de una forma decorosa despuÃ©s de su retiro. Debemos reconocer que no existe una percepciÃ³n mÃ¡s equivocada que la de creer, que si un deportista olÃ­mpico, advierte la disminuciÃ³n de sus capacidades fÃ­sicas, Ã©ste ya no es candidato para recibir los apoyos del gobierno, cuando aÃºn tiene mucho que aportarnos. Por tanto, es importante resaltar que las brillantes trayectorias de los deportistas nacionales, fortalecen y estimulan las actitudes positivas de la sociedad en general y son ejemplo a seguir para la niÃ±ez y la juventud, como lo demuestran los casos mÃ¡s recientes de las atletas: Ana Gabriela Guevara, Belem Guerrero e Iridia Salazar, quines en los pasados Juegos OlÃ­mpicos de Atenas, paralizaron las actividades en todo el paÃ­s, en torno a su actuaciÃ³n como: velocista, ciclista y Tae Kwan Do, respectivamente. De ahÃ­ que una acciÃ³n elemental de justicia, es que hoy reconozcamos el esfuerzo y dedicaciÃ³n de quienes hayan obtenido una presea olÃ­mpica. La participaciÃ³n del Gobierno Federal, estatal y municipal en la asignaciÃ³n de recursos para la promociÃ³n de la cultura fÃ­sica, el deporte y la alta competencia, ha sido insuficiente para asegurar un adecuado desarrollo del paÃ­s en la materia, pero peor aÃºn, es la administraciÃ³n de los mismos y si a ello le sumamos prÃ¡cticas poco Ã©ticas y deshonestas de funcionarios pÃºblicos. Se han dado como resultado el desviÃ³ de recursos, encontramos varias de las limitantes para que el desarrollo de la cultura fÃ­sica y el deporte en MÃ©xico y consecuentemente sus pobres resultados en los diferentes foros internacionales en los que se han presentado los atletas mexicanos, como en los recientes Juegos OlÃ­mpicos de Atenas 2004. Desafortunadamente despuÃ©s de subrayar todo lo anterior, la realidad de nuestros atletas , pasada su participaciÃ³n en los Juegos OlÃ­mpicos y que sus condiciones fÃ­sicas empiezan a menguar por el inexorable paso del tiempo, al entregarse en cuerpo y alma al deporte, no es sencillo hallar cabida en nuestra sociedad dentro de las filas del trabajo formal y al dejar de recibir el apoyo de las becas, sus ingresos son inciertos y simplemente se quedan sin nada. En resumen, lo que pretendemos con la presente iniciativa es contribuir a que los mejores deportistas olÃ­mpicos del paÃ­s, tengan accesos a un reconocimiento posterior a su participaciÃ³n olÃ­mpica que redituÃ© en algo, el empeÃ±o y dedicaciÃ³n deportiva que pusieron para alcanzar la gloria de una olimpiada, dado que en muchos de los casos los resultados se alcanzan al sustento de su familia, al tesÃ³n y esmero que Ã©stos atletas ponen a lo largo de su carrera y con vergÃ¼enza se debe reconocer que el apoyo de las autoridades brilla por su ausencia, hasta en tanto, los resultados no han llegado. Por lo antes expuesto ponemos a consideraciÃ³n del pleno la siguiente iniciativa que adiciona una artÃ­culo 104 bis a la Ley General de Cultura FÃ­sica y Deporte, para quedar como sigue: ArtÃ­culo 104 bis. Todos los deportistas o atletas mexicanos incluyendo los paralÃ­mpicos, que obtengan una medalla olÃ­mpica recibirÃ¡n en monetario una beca vitalicia, misma que no es acumulable y serÃ¡ otorgada por Ãºnica vez . Los criterios y las bases que regirÃ¡n el otorgamiento y monto de las becas antes referidas, serÃ¡n emitidas por la SecretarÃ­a de EducaciÃ³n PÃºblica, resaltando que dicho monto no podrÃ¡ ser menor a la cuantÃ­a mÃ¡xima otorgada por el ISSSTE a sus jubilados. Por obviedad del tiempo y respeto a los acuerdos parlamentarios, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva se inscriba Ã­ntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. Gracias por su atenciÃ³n. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Gracias, diputado Espino ArÃ©valo. InsÃ©rtese a solicitud del diputado Espino ArÃ©valo, insÃ©rtese el texto Ã­ntegro en el Diario de los Debates, publÃ­quese en la Gaceta Parlamentaria y tÃºrnese a la ComisiÃ³n de Juventud y Deporte. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido de Trabajo para presentar una iniciativa que reforma la Ley General de EducaciÃ³n para crear las becas laborales para egresados de las instituciones de EducaciÃ³n Superior.