El presidente Luis Raúl González Pérez: Muchas gracias también a los señores legisladores y legisladoras que hicieron uso de la voz, en sus comentarios, preguntas y críticas, comentaré lo que tiene que ver con algunos posicionamientos de la senadora Angélica de la Peña, como es un punto que me parece relevante: el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No se agota este ejercicio de la comisión con su emisión, lo decíamos. Hoy se aceptan la casi totalidad de las recomendaciones. Una no fue aceptada en el 2017, pero hoy también el tiempo de cumplimiento se ha extendido en detrimento de las víctimas, por eso es que entregamos un corte de caja al Presidente de la Mesa, donde viene autoridad por autoridad de los tres niveles de gobierno, el estado que guarda cada recomendación en su cumplimiento, una se puede entender por lo que significa la tarea que se ha solicitado, en otras ustedes podrán observar que no hay por qué haber dilatado ese cumplimiento. Es un análisis que podrá hacer este honorable poder de la República. Desde luego, y se han centrado algunas de las preguntas y contesto una de las intervenciones anteriores, creo que del senador Monreal, sobre los defensores. Es una gran preocupación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hemos construido e invitado a que se realice a partir de esa construcción que fue la recomendación 25 para que las distintas autoridades pudieran construir una política pública en la materia. Lo he dicho privada y públicamente. Lo he dicho frente a la máxima magistratura y frente a los distintos gobiernos estatales, que sería importante, y es uno de los puntos de la recomendación que surgió antes de que viniera el relator de defensores, Michel Forst, que hizo la misma recomendación, una campaña en favor de los defensores. Nosotros ya la realizamos de la mano de la sociedad civil, y está puesta en marcha. Eso haría ver que hay ese compromiso y esa voluntad política para con los defensores. Hoy lo decíamos en mis palabras, el nivel de violencia ha alcanzado a uno de nuestros compañeros, presidente de la Comisión Estatal de Baja California Sur, y reprobamos y condenamos el acto, comisionamos al primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se trasladara de inmediato, para que interactuara primero en el acompañamiento de la familia, paralelamente que hablara con las distintas autoridades, se entrevistó efectivamente con el señor gobernador, yo tuve comunicación ese día tan lamentable con el propio gobernador, exigimos que se esclarezca, qué propiciamos por escrito y públicamente, convocamos a la Federación, convoqué a los 32 ombudsperson de la República Mexicana, y pedimos por escrito una reunión con el Ejecutivo federal y con la Conago. Mañana se materializará una reunión de los 32 gobiernos estatales y estará el secretario de Gobernación precisamente para ver las condiciones en que se desempeñan los ombudsperson, pero también para que se esclarezcan los 34 defensores de derechos humanos que tiene registrada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cinco de los cuales fueron en 2017. De ahí que estamos actuando para que no quede en la impunidad, porque el representante de una institución del Estado fue alcanzado por la violencia y por eso estamos reprobando el acto y exigiendo que no quede en las cifras de la impunidad. Desde luego el tema de la frontera sur de México, que es una preocupación que nos dice, voy a referirme al final de la acción de inconstitucionalidad porque estuvo en las tres inquietudes. La frontera sur ha captado nuestra permanente atención, he traído a los ombudsperson de Centroamérica a tener un diálogo para establecer protocolos de actuación inmediata; me he reunido con los embajadores de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Hemos elevado la voz, repito, para que se eviten las vejaciones que efectivamente se atraviesan por el sur de nuestra frontera, y hemos emitido también recomendaciones al respecto. Recuerdo el caso de una menor de edad, una persona menor de edad que fue bajada del autobús tres minutos, al final se le dijo: si, si eres mexicana, y después desde entonces no aparece. Ahí están nuestras recomendaciones. Las estaciones migratorias tienen la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todas dos o tres veces por semana. En los Estados Unidos, como dije, hemos levantado la voz respecto a esas condiciones que también se atraviesan allá, y sobre todo, condenando el discurso de odio xenofóbico que prevalece. Desde luego que nos hacemos eco de estas problemáticas de violencia de mujeres. Estamos proponiendo a esta representación modificar la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para que se determine, por ejemplo, cuando se decreta la alerta en alguna entidad federativa después no hay tiempos para verificar que avance se ha tenido. Creo que hay modificaciones que esta representación puede tener. En periodistas emitimos la recomendación 25, y en ese sentido hay una política pública que Conago y el propio Ejecutivo Federal, en una reunión que tuvieron, asumieron como un compromiso, precisamente hacer de la recomendación 25 un eje de actuación el año pasado. Sobre el tema de la ley. Les diré brevemente que hemos impugnado el que en la ley los términos amenaza y riesgo tienen mucha incertidumbre jurídica para su aplicación. Segundo: hemos señalado como en la Ley de Seguridad Interna se hace remisión a los artículos tres y quinto de la Ley se Seguridad Nacional, en donde se dice que será una amenaza, por ejemplo, el que se violenten los principios contenidos en la Ley de Seguridad Nacional. Por eso es que uno de los principales aspectos de vulneración en la Ley de Seguridad Interna, que desde la perspectiva de la Comisión tiene, es esa parte de violación al principio de certeza jurídica y del principio de legalidad. Si uno se asoma por ejemplo a uno de los artículos, podemos ver cómo el primer interviniente en la detención si es un elemento militar, lo pondrá no a la inmediata disposición del Ministerio Público, sino a través de la policía o en coordinación con esta, contraviniendo también lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre los primeros intervinientes. También hemos señalado y cuestionado el alcance de las atribuciones de esta representación en cuanto que regula aspectos de niveles estatales, no siendo una ley general y no estando esa atribución en la ley general. Desde luego que no compartimos la subordinación de las autoridades civiles al mando de las autoridades militares, no porque estemos en contra de las fuerzas militares a quienes respetamos, sino porque el Estado democrático de derecho y los máximos estándares internacionales establecen la máxima intervención militar en tareas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. También incorporamos en esta circunstancia indeterminaciones sobre la protesta social. Si bien se dice que mientras sea pacífica, no pacífica, conforme a la Constitución, no habrá, no se aplicaría esta normatividad, sin embargo no están los parámetros para determinar quién determina si es conforme a la Constitución. Segundo. ¿Cualquier acto que pudiera alterar el orden público debe de intervenir la autoridad civil que tiene a su cargo preservar el orden público, o debe ser bajo la Ley de Seguridad Pública o debe ser bajo la Ley de Seguridad Interna? Y muchos conceptos como amenaza y riesgo, los pueden encontrar ustedes en Seguridad Nacional, en la Ley de Seguridad Nacional, en la Ley de Seguridad Pública y ahora en la Ley de Seguridad Interior. Entonces, ¿bajo qué parámetros se va a actuar? Aun sin declaratoria, hay términos que no tienen los parámetros para la actuación. Por ejemplo, se dice que las autoridades que tienen que ver con esa ley pueden identificar, prevenir y atender los riesgos y/o amenazas a la seguridad interna, que es identificar, prevenir y atender aun sin la declaratoria correspondiente. Debo señalar también que tenemos una parte casi al final, con base en la Declaración de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas, que establece de manera expresa correlacionado con el Convenio 169, de la consulta previa con pueblos y comunidades indígenas, cuando pueda tener impacto en sus territorios. De manera específica, la Declaración de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas establece que tratándose de Fuerzas Armadas se debe consultar a estos pueblos y comunidades indígenas. Entiendo que se me terminó el tiempo, no sé si me faltó alguna. ¿Qué hará la Comisión Nacional? ¿Qué es lo que avizoró la Comisión Nacional y qué hará? Decía el señor legislador, en cuanto al presupuesto. Hablaba del presupuesto precisamente don Ricardo Ramírez. Más allá de los comentarios que se hizo y que estoy cierto, señor legislador, que coincido y reconozco los esfuerzos que se han hecho en materia de derechos humanos. Pero el desafío es enorme y por eso decimos que los retos son de esa complejidad. Desde luego que celebramos las leyes de tortura y desaparición, así como el mecanismo de prevención de la tortura y déjenme decirles, desde luego que también nosotros respetamos y reconocemos lo realizado por las Fuerzas Armadas. Se refería al presupuesto para puestos y salarios. Es el presupuesto que nos han otorgado precisamente la Cámara de Diputados, para el ejercicio de estas actividades y hemos ejercido precisamente el porcentaje que esta Cámara de Diputados ha destinado para precisamente los salarios del personal. Desde luego que tenemos contemplado y ustedes pueden asomarse cómo hemos ejercido esos recursos para atender los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, con una intensidad mayor a través de estudios que hemos realizado con instituciones de educación superior y ahí se han canalizado también parte de los recursos. Reitero, los salarios que se pagan al personal son los salarios aprobados por esta Cámara de Diputados ni más ni menos, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde que ingresó, por instrucción que le di al Oficial Mayor, no ha tomado los incrementos que ha determinado esta Cámara, desde luego que...