El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Buenos días, Compañeras diputadas. Buenos días, compañeros diputados. Desde luego que se trata de una buena idea el aprobar una Ley Anticorrupción. Pero, ¿por qué me inscribí para votar en contra de este dictamen? Me inscribo en contra de este dictamen por una serie de razones formales y otras de carácter sustancial. Las razones formales. El artículo 4o. del dictamen permite que órganos autónomos como el Instituto Federal Electoral, tribunales como el Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propia Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados emitan disposiciones administrativas para aplicar la presente ley, es decir el dictamen que propone la Ley Anticorrupción. De acuerdo al artículo 113 de nuestra Constitución, en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, las conductas a sancionar, los procedimientos, como las mismas sanciones solamente pueden estar previstos en ley. Es decir, las normas administrativas, reglamentos, etcétera, no pueden regular ni conductas a sancionar ni procedimientos ni sanciones. Por otro lado, el segundo argumento formal, tenemos el artículo 16 de este proyecto de dictamen, que establece la confidencialidad y la reserva en la información, materia de las investigaciones. Es verdad que aquí se trata de volver armónica esta propuesta con lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que considera que en materia de procedimientos administrativos, de responsabilidad administrativa, la información debe ser reservada. Yo considero, con apoyo en lo que establece la filosofía del derecho -principalmente el pensamiento de Julius Aarnio y el pensamiento de Garzón Valdés-, que la información en materia de procedimientos administrativos sobre todo de responsabilidades, debiera ser pública porque en democracia no solamente los resultados o las decisiones deben ser públicas; también debe ser público el procedimiento deliberativo correspondiente. El tercer argumento formal tiene que ver con la ausencia o la omisión en este proyecto de dictamen. La persona que presenta una denuncia y señale actos anticorrupción, debiera tener interés jurídico para reclamar posteriormente el archivo, el sobreseimiento o la absolución en estos procedimientos. Este proyecto de dictamen no le confiere, no dota de interés jurídico a la persona que presenta una denuncia por actos de anticorrupción. Hay también otros argumentos que me parecen más sustanciales y que seguramente compañeros míos abundarán en ellos. Me refiero al capítulo de sanciones. Me parece que se trata de sanciones muy débiles. En esta materia las sanciones deben estar vinculadas al beneficio que obtiene el corrupto; el funcionario corrupto. Y por lo menos la sanción administrativa debiera ser el doble del beneficio que se obtiene en un acto de corrupción. En este dictamen no se mantienen, no se expresan, no se contemplan sanciones de este tipo; sanciones rígidas, drásticas para prevenir y evitar los actos anticorrupción. Finalmente encuentro en este dictamen una omisión muy grave. Recientemente en esta Cámara de Diputados se aprobó la Ley de Asociaciones Público-privadas. Las asociaciones público-privadas y los actos de corrupción que tengan origen en estas asociaciones público privadas, están ausentes de la regulación de este proyecto de dictamen. Por estas cinco razones que aquí he expuesto, es que votaré en contra de este proyecto de dictamen. Es una buena idea, pero es una idea insuficiente, incompleta, que requeriría un análisis detallado en las comisiones que están presentando el proyecto de dictamen. Por su atención, compañeros, muchas gracias.