El diputado Benjamín Robles Montoya: Diputado presidente, compañeras, compañeros legisladores, nadie en este país, nadie puede ser privado de su libertad física, salvo las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ella. Así lo prevé el numeral 2 del artículo 7o. de la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada ya hace muchos años por nuestro país. En otras palabras, debemos estar claros que hay una serie de delitos que por el peligro y la gravedad que representan para la sociedad en su conjunto, pues por eso mismo merecen las medidas de mayor fuerza con las que cuenta el Estado mexicano y es precisamente en el artículo 19 constitucional donde se establece el listado de estos delitos. Y si bien es cierto, compañeras y compañeros, que no es la primera vez que se amplía el catálogo de estos delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, me parece que en esta ocasión estamos dando varios pasos importantes al incorporar temas que por lo escandaloso de su crecimiento, por la inseguridad que están provocando, debemos revisar y corregir desde el punto de vista del marco jurídico. Sí, luego entonces, a partir de ahora, que se cuiden los huachicoleros, aquellos también que desde cualquier ámbito de gobierno pretendan robarse las elecciones, y los malos gobernantes, que se enriquecen a costa de la pobreza del pueblo, y otros delincuentes también que han quedado impunes hasta ahora y que con nuevos delitos a incorporar debiese ponerse un alto a tanta impunidad. Desde el Partido del Trabajo vamos a estar alertas, estaremos atentos a que esto no vuelva a suceder. Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo también quiere dejar claro que si bien siempre nos hemos opuesto abierta y públicamente a toda propuesta que implique retrocesos al debido proceso o a la presunción de inocencia, o que pretenda restaurar rasgos del sistema inquisitivo, a pesar de eso hoy decimos en el PT estamos totalmente convencidos y así lo hemos expresado y lo queremos reiterar ahora, que las debilidades que hoy tiene nuestro sistema de justicia no se deben a su diseño, sino a la insuficiente capacitación de sus operadores. A policías, por ejemplo, que estaban acostumbrados a torturar e intimidar, pero que hoy tienen que investigar. A ministerios públicos, que estaban acostumbrados a conducirse como policías, pero que hoy tienen que actuar como fiscales. A abogados que estaban acostumbrados a arreglar asuntos a base de mordidas, pero que hoy tienen que litigar y argumentar en un juicio oral. Es claro para nosotros, como grupo parlamentario, sí, que aún falta un camino por recorrer, para consolidar el sistema de justicia, es decir, para fortalecerlo, pero ese fortalecimiento no debe ser regresando a viejos rangos inquisitivos. Y así, como con esta misma convicción con la que hemos defendido y seguiremos defendiendo al sistema acusatorio, hoy sostenemos que esta reforma no representa, no representa ningún retroceso para dicho sistema y no lo representa, no lo es, porque no atenta contra el debido proceso ni contra la presunción de inocencia. No lo es, porque no modifica en nada el procedimiento penal, es más, ni siquiera contraviene el carácter excepcional y de estricta necesidad de la prisión preventiva. Recordemos que desde que se construyó la reforma constitucional de 2008 ha habido siempre un consenso en establecer un catálogo limitado de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, pero también les quiero recordar, a todas y a todos, que la propia Constitución permite la imposición de prisión preventiva para cualquier delito, si otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del inculpado ante la justicia o para salvaguardar la integridad de la víctima o el desarrollo de la investigación. Así que, compañeras y compañeros, esta reforma, con esta reforma no va más allá de lo que hoy tenemos ni tampoco contraviene la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la que ha asentado las características o principios que deben observarse en la prisión preventiva. Pero, compañeras y compañeros, lo que esta reforma sí hace es utilizar una medida excepcional como herramienta para atender determinados problemas que hoy, en nuestra realidad nacional, han alcanzado niveles alarmantes y sobre todo que se encuentran en absoluta impunidad, ya que sus autores evaden siempre la acción de la justicia. Con la convicción, por lo tanto, de que esta reforma no significa un retroceso para el sistema penal acusatorio, en el PT hemos decidido y lo externo en nombre de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario, votaremos a favor de este dictamen. Sí creemos que habrá que hacerle adiciones, que habrá que recuperar lo planteado desde el Senado de la República, pero también les decimos que los delitos que se adicionan, efectivamente, son de alto impacto y de grave afectación a la vida, a la dignidad y al patrimonio de las personas. Además, que responden al reclamo, un reclamo generalizado hoy en día, de acabar con la corrupción. De ahí también, entonces, que se justifique plenamente que los presuntos infractores afronten su proceso en prisión. Destacan, entonces, delitos que afectan gravemente la economía nacional, como es el robo de hidrocarburos. Hay que recordar que en lo que se conoce como huachicoleo, Pemex estima pérdidas por 60 mil millones de pesos, con independencia de lo que se pone en riesgo, es la inseguridad, la seguridad de las personas e influyen gravemente en el precio de la gasolina. También destacan los delitos en materia de corrupción. Buscamos que ningún servidor público se enriquezca al amparo del poder y en el caso de que se inicie un proceso penal, la prisión preventiva tiene que evitar que, como ha sucedido con el caso de algunos exgobernadores, ya no los encontremos. Sí, en el Partido del Trabajo venimos a reiterar: no más impunidad ni queremos que se siga evadiendo la acción de la justicia. Y ahí está el caso de los delincuentes electorales, particularmente los que han utilizado programas sociales. Nosotros pensamos que utilizar los programas sociales con fines electorales debe ser incorporado y por eso hemos aceptado que se incrementen a este número de delitos. Nosotros insistimos, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, que sí hay que recuperar lo que plantearon los compañeros senadores de la República. No podemos dejar de lado el reclamo en contra del abuso o la violencia sexual contra menores. Es un asunto que debemos considerar en este pleno. No podemos evadir la necesidad de que el feminicidio... cuántas alertas de género tenemos en distintas entidades de la República y no se ha detenido este grave problema. Por eso pensamos que debe integrarse también este catálogo de delitos: el robo de casa habitación, el robo de transporte de carga, la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Las y los diputados del Partido del Trabajo venimos a decir que estamos listos para votar a favor de reclamos de la sociedad, retomados por compañeros del Senado de la República e incorporarlos a este dictamen. Estamos hablando de temas que son fundamentales para la sociedad y que tienen que ver con su seguridad, que tienen que ver con lo que más queremos, con lo que más queremos cuidar: nuestro patrimonio y también la vida de nuestros seres queridos. Por eso reitero: en nombre de las diputadas del Partido del Trabajo, de los diputados del Partido del Trabajo, diputado presidente, compañeras y compañeros, en el PT estamos listos para debatir, sí, este tema, pero estamos listos para llegar a votar a favor de este dictamen. Es cuanto.