El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses: Con su permiso, señor presidente. Distinguidas diputadas, señores diputados, en relación al punto que nos ocupa, en primer lugar, debemos señalar y recordar que el concepto de Guardia Nacional surge a la vida jurídica en la llamada Constitución de 1847. De carácter federalista, promulgándose su Ley Orgánica en 1848, misma que sería suspendida 5 años después por Antonio López de Santa Ana, y reestablecida en 1855 por el presidente Ignacio Comonfort. La Constitución de 1917 reconoció la existencia de la Guardia Nacional, que entre otros puntos tiene como función el asegurar y defender la tranquilidad y la paz interior en el país. El constitucionalismo moderno se caracteriza actualmente por la necesidad de alcanzar el equilibrio entre el orden, que tanta falta nos hace a los mexicanos, y el respeto pleno a los derechos humanos. La iniciativa que hoy debatimos, enriquecida por los foros o audiencias en los que participaron tanto el Poder Ejecutivo federal a través de la Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. También los ciudadanos, gobernadores de las entidades federativas y los presidentes municipales que también estuvieron aquí en el Congreso, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, por lo que se cumple cabalmente con este equilibrio, porque dota a la Guardia Nacional de todos los medios necesarios para llevar a cabo la labor de seguridad que existe dentro de un marco legal que limitará puntualmente sus facultades a través de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional. En relación con la garantía absoluta y universal de los derechos humanos, la propuesta se encuentra acorde a los modelos internacionales, ya que en su contenido se advierte el cumplimiento de los protocolos de protección de estos derechos, sobre todo a las atribuciones bien especificadas de la Guardia Nacional, la cual contará con un mando operativo de carácter civil desde su inicio, propuesta de modificación al dictamen aprobado, surgida con motivo de los citados foros o audiencias. Por ello, la Guardia Nacional formará parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con esto se garantiza la no militarización de nuestro país. Esta proposición surge de los diagnósticos sobre las debilidades institucionales que han demostrado las acciones ejercidas en materia de seguridad. Es un nuevo modelo y una nueva estrategia que tiene múltiplos objetivos: sujetar el principio de legalidad a los integrantes de la Guardia Nacional para delimitar con exactitud sus labores y así contar con el parámetro, objetivo de su actuación. Trasmitir el quehacer de las corporaciones encargadas de esta función. Combatir la corrupción que pudiera existir. Profesionalizar y mantener a los mejores elementos brindando a la sociedad la respuesta que exige de inmediato, respetando en todo momento el sistema de competencias establecido en el pacto electoral, y eficientar el gasto en la materia, entre algunos más. Es importante mencionar que de acuerdo con el Inegi es menor el número y porcentaje de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en relación con las demás Fuerzas Armadas. Aquí en realidad vemos cómo se ha criticado a los militares, a la Secretaría de la Defensa Nacional y por eso estamos apoyando a nuestro general Benito Medina Herrera, presidente de la Gran Comisión de la Defensa Nacional, porque aquellos que tenemos familiares por afinidad en el Ejército sabemos de los sacrificios que se tienen en la Secretaría y en el Ejército.