El diputado Javier Taja Ramírez: Con su venia, señor presidente. México se encuentra en un momento de transformación, esto requiere el acompañamiento legislativo necesario para combatir la delincuencia. Hoy se presenta un dictamen que abarca desde la sofisticada emisión de falsos comprobantes fiscales, el terror a la extorsión y al narcomenudeo. Estos fenómenos antisociales deben de ser atendidos con una respuesta firme y decidida, no podemos permitir la impunidad, sigue carcomiendo los cimientos de nuestra sociedad, erosionando la confianza de la ciudadanía y retrasando el desarrollo nacional. Por eso hoy, se presenta ante esta soberanía una propuesta fundamental, la reforma al artículo 19 constitucional. Esta se refiere a la obligación del juzgador de dictar la prisión preventiva oficiosa contra delitos que atentan la salud, las finanzas y la seguridad nacional, una medida indispensable para fortalecer el estado y construir un México más seguro y más justo. Esta reforma es el resultado de un análisis profundo de la realidad que hoy enfrentamos, no es una ocurrencia, una realidad reflejada en cifras que no podemos ignorar. La emisión de falsos comprobantes fiscales es un fraude al erario público, que devora los recursos destinados al bienestar de la sociedad. El Servicio de Administración Tributaria detectó que los ejercicios fiscales del 2017 al 2019 se generó un daño al erario superior a 338 mil millones de pesos. Esta cifra representa hospitales sin equipo, escuelas sin maestros, carreteras y mantenimiento. En resumen, un futuro robado a las generaciones que nos precederán. La impunidad en este tipo de delitos no solo es una injusticia evidente, sino que representa un obstáculo para el desarrollo económico del país. Es un robo sistemático a la ciudadanía, que sí cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, y como consecuencia, debilita la capacidad del Estado para atender las necesidades fundamentales de la población. La extorsión, por su parte, es un delito que se extiende por todo el territorio nacional. En 2021, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, se registraron 4.9 millones de delitos de extorsión, una cifra que se traduce en 5 mil 375 extorsiones por cada 100 mil habitantes. Asimismo, el narcomenudeo y el tráfico de drogas sistemáticas y sintéticas, especialmente el devastador fentanilo, no solo destruye vidas individuales, sino también familias, afecta severamente la salud pública y alimenta la violencia. Nuestra obligación como representantes del pueblo es proteger a nuestra sociedad de esta epidemia. La reforma que presentamos hoy no busca la represión indiscriminada, busca la justicia efectiva, la que necesitamos día a día. Se trata de fortalecer nuestro marco jurídico, dotándolo de las herramientas necesarias para combatir eficazmente los delitos de alta incidencia y consecuencias sociales devastadoras. Quienes se oponen a esta reforma argumentan que atenta contra los derechos humanos, pero la prisión preventiva oficiosa, aplicada de manera precisa, objetiva y bajo los más altos criterios y controles judiciales, se convierte en una herramienta fundamental para proteger a las víctimas y garantizar la seguridad pública en el debido proceso. La impunidad es la verdadera violación a los derechos humanos. Votemos por esta reforma constitucional porque su espíritu representa una sociedad que quiere vivir en paz y en bienestar. Por todo lo anterior, invito a esta honorable asamblea a votar a favor de la reforma de la propuesta, pues no se trata de una medida cosmética; es una decisión crucial para construir un México más seguro, más justo y con un futuro promisorio para todas y todos los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad actuar con firmeza, con determinación, para proteger a la sociedad, y esta reforma nos proporciona las herramientas necesarias para hacerlo. Es cuanto, señor presidente.