El diputado Camilo Ramírez Puente: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el día de hoy corresponde por parte de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, venir a fundamentar en pro el presente dictamen. Estamos ante una situación real vigente, en la cual nos vemos inmersos día a día todos aquellos ciudadanos que comparecemos ante los tribunales federales con el objetivo de plantear alguna demanda de amparo y por separado la suspensión del acto reclamado. Dentro de la regulación que se establece en la legislación de amparo tenemos precisamente un capítulo que es de la suspensión de los actos reclamados. Dentro del mismo encontramos que para que tenga efecto la suspensión del acto reclamado, cuando se trata de contribuciones o de créditos fiscales, el interesado debe de garantizar el interés fiscal para obtener la suspensión, debe de garantizar en efectivo precisamente el monto de la contribución. Nosotros estimamos en la Comisión de Justicia que dicha práctica debe quedar desterrada en el caso de que las contribuciones y sus accesorios hayan quedado garantizados de manera firme. De esa forma tenemos, por un lado, que se accede a la justicia federal por parte de los ciudadanos y se tienen, por otro lado, garantizados los créditos fiscales que en un momento dado le son reclamados al particular. Con esta determinación la Comisión de Justicia, de esta Cámara, busca, primero, el acceso a la justifica federal, y por otro lado, busca que tenga la autoridad fiscal debidamente garantizada las contribuciones que están reclamando, evitamos así una doble contribución o una carga doble en el sentido del acceso a la justicia. Es hoy por hoy obligación de esta Cámara de Diputados adecuar el cuerpo normativo que rige la vida de la sociedad, y de esta forma daremos así certidumbre a los actos que tenemos día con día en los tribunales. Es por ello que estamos convencidos que la reforma al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es viable, es procedente jurídicamente y para una fácil corroboración basta la simple lectura del dictamen que se encuentra debidamente expuesto en la Gaceta Parlamentaria. Quiero señalar también en ese aspecto, que estamos ajustándonos a una realidad que vivimos y que inclusive nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado ya en ese sentido al momento de resolver distintos criterios en contradicción de tesis, lo que le da carácter obligatorio a ello. Sin embargo, con esta reforma aseguramos que las autoridades federales, jueces de distrito, magistrados federales, tengan un panorama claro, concreto, cierto, en el sentido de que lo que están resolviendo al momento de dar por garantizado el crédito, sea la mejor decisión. E inclusive, que quede aquí fiel testimonio de que en un momento dado en todo caso están a salvo los derechos de las autoridades responsables para en un momento dado pedir ampliación de las garantías cuando demuestren suficientemente que ello procede, pero no será en el primer acto de acceso a la justicia cuando se imponga una doble carga al contribuyente o al obligado fiscal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias y en espera de la aprobación, muchas gracias.