La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. A nivel mundial, la práctica de utilizar a las instituciones financieras para llevar a cabo operaciones relacionadas con el lavado de dinero es un problema que toma proporciones globales, por lo que se han emprendido programas que articulen los esfuerzos y las responsabilidades de todos los gobiernos. En ese sentido las instituciones financieras mexicanas han realizado acciones tendientes a implementar y optimizar sus procedimientos, para prevenir y/o controlar el riesgo de ser utilizadas con fines ilícitos. Sin embargo, las acciones que se han emprendido para combatir este problema han sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos e instituciones financieras internacionales. Hoy las actividades ligadas al lavado de dinero representan un riesgo al sistema económico y de pagos, porque en la medida en que se debilita la integridad de los mercados financieros se genera el riesgo de disminuir la calidad de la regulación monetaria y financiera, favoreciendo distorsiones en los mercados, propiciando la pérdida del control, ingresos fiscales y además por el hecho de que estos recursos le den al crimen organizado la capacidad para corromper y enfrentar al gobierno. La delincuencia organizada es un fenómeno que hoy se ha convertido en una amenaza para nuestro país y una de las acciones que le permite seguir funcionando es el lavado de dinero a través de operaciones de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial, invirtiendo sus recursos en la constitución de empresas, complejos turísticos, bares, discotecas, etcétera, para introducirlos en la economía formal. Es cierto que ante este fenómeno el gobierno federal cuenta con diversas instancias para combatirlo a través de la supervisión, vigilancia e investigación, para detectar las anomalías que se presenten en el sistema financiero. Sin embargo, es evidente que es urgente reforzar estas acciones y los mecanismos que hoy operan. En este escenario es ilógico que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no forme parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia donde tiene lugar los acuerdos, lineamientos y políticas públicas a seguir por los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano en el combate al delito. Esta insuficiencia propicia que el círculo de la acción legal no se cierre. En ese tenor, en el Grupo Parlamentaria Nueva Alianza consideramos que la presencia y participación activa del titular de la Secretaria de Hacienda y de las instancias que detectan e investigan el lavado de dinero, aportarían conocimientos y combate de los delitos financieros al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Cabe señalar, adicionalmente, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de asesorar regularmente a las instituciones financieras y proporciona guías, información que permiten detectar operaciones ilícitas que deben reportarse conforme a las leyes y regulaciones aplicables. Por todo lo anterior, la presente iniciativa propone reformar el artículo 12 de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que el secretario de Hacienda y Crédito Público forme parte del Consejo de Seguridad Nacional junto con los demás integrantes del gabinete de Seguridad Nacional y los gobernantes de las entidades federativas. En Nueva Alianza estamos convencidos de que de esta manera se contribuye a dotar de instrumentos legales al esfuerzo por combatir a la delincuencia organizada. Por ello, solicitamos su apoyo a esta propuesta legislativa. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.