La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge: Con su venia, señor Presidente. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Compañeras y compañeros diputados, la Ley Federal de Derechos es un ordenamiento jurídico que refleja el dinamismo en las regulaciones y competencias del sector público, por lo que su actualización es de suma importancia, debido a que refleja las cuotas por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación, debiendo estar en constante revisión a fin de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos que demandan la provisión de bienes y servicios públicos de manera eficiente. El pasado 8 de septiembre de 2016, el Ejecutivo federal envió a esta soberanía el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2017, siendo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, una de las propuestas que lo conforman. Los diputados que integramos la Comisión de Hacienda y Crédito Público, nos reunimos el pasado 28 de septiembre de 2016 con la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Ingresos, el procurador Fiscal de la Federación y el jefe de Servicio de Administración Tributaria, para la presentación y análisis de la iniciativa en comento. Asimismo, el pasado 5 de octubre la Comisión acordó recibir en audiencia pública a representantes del sector privado, académico y social, con el fin de intercambiar opiniones respecto de las propuestas contenidas en la iniciativa, a efecto de que los diputados contáramos con mayores elementos que nos permitan analizar y valorar el contenido del paquete económico para el próximo 2017, en particular sobre este proyecto de decreto que sometemos a su consideración. En este sentido, dentro delos trabajos del presente dictamen se tomaron en consideración los argumentos contenidos en las diferentes iniciativas turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre la materia, así como las propuestas de modificación presentadas por los legisladores al momento de la integración de este proyecto de decreto. Quiero destacar que este dictamen con proyecto de decreto es resultado del análisis responsable y de la discusión abierta dentro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde expresaron los grupos parlamentarios representados al interior de la misma en un ambiente de total apertura y plural debate. El dictamen que está a su consideración plantea diversas modificaciones a los cobros por la prestación de los servicios que proporciona las distintas dependencias de la administración pública federal en materia migratoria, de radio y televisión, cinematografía, consular, financiera, sanidad, agropecuaria y acuícola, telecomunicaciones, de educación pública, salud, entre otras. En primer lugar quisiera mencionar el tema de los servicios migratorios, en el cual la Comisión de Hacienda consideró ajustar la cuota propuesta por el Ejecutivo federal del derecho por la obtención de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas para quedar en 500 pesos, a fin de que la cuota guarde congruencia con el costo que representa para el Estado la prestación de los servicios migratorios, ya que los servicios que presta el Instituto Nacional de Migración han venido en constante evolución. En esta misma materia se elimina el derecho por la prestación del servicio consistente en la autorización o renovación para ser miembro del Programa Viajero Confiable, ya que permitirá a ciudadanos mexicanos, así como estadounidenses miembros del programa Global Entry, acceder al beneficio de revisiones migratorias de una forma rápida y ágil al llegar a los aeropuertos internacionales participantes sin el pago de dicha contribución. Sobre el tema de servicios en materia de radio y televisión se establece una cuota por cada 15 minutos o fracción de duración de los materiales grabados, tanto en materia de televisión como d radio, tomando en cuenta que el tiempo para realizar la revisión y clasificación de los materiales grabados depende directamente de la duración de éstos, lo cual se puede traducir en que a mayor duración del material será mayor el uso de recursos, por lo que se incrementará el monto del pago por el servicio recibido, existiendo una relación directa entre el derecho y el costo que la representa al Estado la prestación del mismo. Respecto del tema de servicios consulares, se ajusta el texto de la Ley Federal de Derechos relativo a la emisión de visas ordinarias en pasaportes extranjeros, con la finalidad de especificar que con independencia de que sea autorizada o no la visa al extranjero, en las oficinas consulares se deberán cubrir los derechos correspondientes. En el mismo rubro se otorga un beneficio consistente en la exención del pago de derechos a los connacionales en el extranjero que soliciten la compulsa de documentos, cuando la misma tenga como propósito la tramitación de la credencial para votar en el extranjero, con la intención de beneficiar los mexicanos que deseen ejercer su derecho al voto desde el extranjero. En relación con los servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y con motivo de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 10 de enero de 2014, se modifica la denominación de sociedades de inversión, por fondos de inversión, con el propósito de estar en posibilidad de gravar a todos los sujetos que estén en el mismo supuesto jurídico en la Ley de Fondos de Inversión. Sobre el tema de actividades reguladas en materia energética, y en congruencia con el artículo 27 de nuestra Constitución, se derogan los artículos 50 B, 58 A, 58 B de la Ley Federal de Derechos, en virtud de que actualmente los preceptos mencionados otorgan un trato específico a Petróleos Mexicanos como organismo descentralizado. Sin embargo, tal naturaleza ha cambiado con motivo de la reforma constitucional en materia energética, así como de la expedición de la legislación secundaria y de la reforma a diversas leyes para convertirse en una empresa productiva del Estado, con lo cual se coloca a Petróleos Mexicanos en un plano de igualdad ante sus competidores. Por su parte, con la intención de llevar a cabo diversas adecuaciones de la Ley Federal de Derechos a fin de que exista congruencia con la normatividad sectorial, en materia de sanidad acuícola coincidimos en modificar el primer párrafo del artículo 86-A de la ley, a fin de hacer mención a la sanidad acuícola. Sobre este tema, se consideró adecuado que el derecho por concepto de expedición del certificado de sanidad acuícola de importación, que actualmente se encuentra en los servicios a cargo de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca se actualice, en virtud de que dichos certificados los expide el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. En lo que respecta a la modificación en materia de servicios de navegación en espacio aéreo mexicano y con el fin de evitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cubra los derechos por los servicios que ella misma proporciona, se amplía la exención a la expedición de los certificados de capacidad, licencias al personal técnico aeronáutico, o en su caso permisos, cuando estos sean solicitados por personal de vuelo y tierra que guarde un vínculo laboral con dicha Secretaría. Sobre los servicios en materia de educación pública, se modifica la forma de cobro relativa a la impartición de los cursos de capacitación para el trabajo industrial, que actualmente realiza la Secretaría de Educación Pública, a fin de que los estudiantes que toman algún tipo de capacitación se beneficien pagando lo justo por cada hora efectiva de formación para el trabajo industrial. Por su parte, se sustituye el nombre de comisión de avalúos de bienes nacionales por el de Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en atención al decreto por el que se expide el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de que la Ley Federal de Derechos sea coherente con lo previsto en las disposiciones sectoriales que reglamentan los servicios que prestan las dependencias de la Administración Pública Federal. En lo que se refiere al derecho por el uso o goce de postes, torres, ductos, o bienes similares, propiedad de organismos públicos descentralizados para la instalación de cableado de redes de telecomunicaciones, se consideró adecuado mantener vigente lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos. Ahora bien, derivado de la publicación en el periódico oficial del estado de Quintana Roo, del decreto por el que se crea el municipio de Puerto Morelos del estado de Quintana Roo, de fecha 6 de noviembre 2015, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que el municipio de Puerto Morelos debe tener la misma zonificación que el municipio de Benito Juárez, del cual se separó, para efectos del pago de derechos por el uso, goce y aprovechamiento de las playas de la zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas. En lo que se refiere al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se propone ampliar los conceptos de ampliación de recursos del fondo y de los proyectos de inversión física a realizar, con la finalidad de fortalecer los alcances y capacidades de dicho fondo, tomando en cuenta, no sólo el interés de la actual generación, sino el de futuras generaciones que se ven afectadas por la presencia de grandes impactos ambientales y sociales derivados de la extracción minera. Concluyo, presidenta. Sobre el mismo tema se consideró asignar un 2.5 por ciento de la recaudación total que se obtenga de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que dicha dependencia cuente con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la operación y administración del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados, Municipios Mineros y esté en posibilidad de garantizar la correcta aplicación de los recursos de dicho fono, coadyuvando en esta manera a minimizar el rezago social en las zonas mineras. Honorable asamblea, derivado de lo expuesto y reiterando que el proyecto que se somete a su consideración es el resultado del análisis serio, plural y profundo por parte de los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito solicitar a ustedes su voto aprobatorio para el proyecto de decreto que está a su consideración. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.