El diputado Álan Notholt Guerrero: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los principales problemas del medio ambiente hoy son: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la amenaza que supone la contaminación para la salud, el modo actual de utilizar los recursos naturales y la producción excesiva de los residuos. Una forma de enfrentar estos problemas es mediante una legislación adecuada. El medio ambiente está vinculado a la supervivencia de la humanidad y su protección es esencial para el bienestar del hombre. La preservación de los recursos naturales y el medio ambiente hace indispensable recurrir a la función preventiva general y especial de derecho penal, aún cuando se tuviera que atender al principio de subsidiariedad, su protección en algunos supuestos requiere la adopción de medidas de carácter penal, ya que hay problemas ambientales, cuya solución o control no pueden estar supeditados estrictamente a la eficiencia de medios distintos. Por lo tanto, es imprescindible llevar a cabo reformas penales que permitan salvaguardar estos bienes jurídicos, frente a ataques que los lesionen o pongan en peligro, como consecuencia de conductas realizadas por servidores públicos; como sería el caso del otorgamiento ilícito de permisos para caza deportiva o las autorizaciones que se otorgan sin una verdadera evaluación del impacto ambiental. En este último supuesto destaca la autorización para la construcción de la terminal de gas natural licuado de Chevron Texaco, ubicada a 600 metros de las islas Coronado y a 13 kilómetros de la costa de Tijuana, que en días pasados la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte notificó que se elaborará un expediente de hechos sobre la petición de investigación, por la falta de aplicación efectiva de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. Lo anterior, compañeras y compañeros diputados, demuestra la urgencia de inhibir y sancionar penalmente las conductas de los servidores públicos que producen daños irreversibles a los recursos naturales y al medio ambiente. Es por ello, que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone la creación de un tipo penal, conforme al cual se sancione a los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, otorguen permisos, licencias o autorizaciones de contenido ambiental. Más aún, la reforma propuesta resulta imprescindible si tomamos en cuenta que en el 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en razón de que la actualización del tipo penal. El término "indebidamente" a que se refiere el artículo 217 del Código Penal sustantivo, es un elemento normativo, sujeto a valoración, que al ser impreciso y ambiguo, se puede prestar a que algún comportamiento de un servidor público pueda ser confundido y no tenga una connotación penal. En ese sentido, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos exige legislar sobre la materia, a fin de salvaguardar los bienes jurídicos que protege el Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, denominado "Delitos contra el ambiente y la Gestión Ambiental". La protección de estos bienes jurídicos resulta necesaria, máxime si consideramos que dentro de la clasificación de los derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos jurídicos internacionales, se prevé el derecho a tener un medio ambiente sano y adecuado, además de que este derecho está consagrado en el párrafo cuatro del artículo 4o. de nuestra Carta Magna. Por otra parte, es ineludible la observancia del principio de legalidad recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución Política federal, que exige no sólo a los órganos de Estado que ajusten el ejercicio de su poder a lo establecido por la Ley, sino que también que la propia ley penal que se origina por tal ejercicio, esté diseñada con claridad y precisión, de suerte que de su contenido se derive certeza jurídica para los gobernados. Esto es a fin de evitar que en lo subsecuente se determine la inconstitucionalidad de algún otro delito por ambigüedad en la norma, con el fin de que no queden impunes conductas que ponen en peligro o lesionan gravemente bienes jurídicos, tan importantes como: salud pública, los recursos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas, la preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. Proponemos la adición de un artículo 429 quinquies, al Capítulo Quinto, Disposiciones Comunes a Delitos contra el Ambiente, del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal. Finalmente, compañeras y compañeros diputados, no olvidemos que el deterioro al medio ambiente, pone en riesgo a las presentes generaciones, a las futuras y a la vida humana. Preservar los recursos naturales y respetar el medio ambiente es una tarea que no podemos posponer. Por su atención, muchas gracias.