La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (vía telemática): Muchas gracias, presidente. Bueno, pues ahorita, a partir de este momento van a empezar a escuchar cómo se bajan varias reservas, porque ya hay un acuerdo de que no se presenten, tienen prisa por llegar al siguiente dictamen, que es la reforma a la Ley al Poder Judicial y aprobar aquel regalazo del artículo transitorio para ampliar el plazo del ministro Zaldívar y de los magistrados en el Consejo de la Judicatura. Entonces, están queriendo que se apure esto. Eso es una falta de respeto para las víctimas. Ya si no incorporaron sus demandas, por lo menos que escuchen todos cuáles eran sus demandas. Así pues, voy a presentar nuevamente una de las reservas que ellos proponen, que es una modificación al artículo 11 de la Ley de la Fiscalía General. En la propuesta al artículo 11 del dictamen, se desprende de la lógica de la operación en la Fiscalía que difiere del modelo que sería propuesto con la Ley Orgánica vigente, especialmente lo relativo al esquema de centralización normativa y desconcentración operativa y también bajo una fórmula de organización flexible, mucho más acorde al sistema acusatorio y frente a la cambiante actuación de la criminalidad en el país. En este artículo, justamente reside, como pueden darse cuenta claramente, cómo están intentando llevar a la Fiscalía General de la República al modelo de los setentas. Para la operación efectiva del modelo propuesto, anteriormente se consideraban necesarias áreas transversales, que logren homologar los mecanismos, herramientas y procesos para el desarrollo de la investigación y persecución penal, así como para distribuir los recursos necesarios, de acuerdo a las necesidades y prioridades, tanto humanos, físicos, financieros, tecnológicos, bajo un esquema de operación flexible. Hoy quieren hacer fiscalías, pero seguramente no les van a poner recursos. Sin embargo, al eliminar tales áreas transversales, que son las coordinaciones, lo que ahora se promueve es una operación tradicional y burocrática, en donde la asignación de los recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos, se tiene por sentada de manera anticipada por unidad administrativa y no responde a las necesidades y prioridades establecidas en el plan estratégico institucional. Se eliminan las figuras de la coordinación general, la coordinación de investigación y/o persecución penal. Es sabido que, desde la aprobación de la ley vigente, se discutió sobre la figura de la coordinación general, la cual estamos de acuerdo con revisar para evitar que se abstraiga de los controles necesarios para su funcionamiento. Sin embargo, la eliminación de las coordinaciones de investigación y persecución, de métodos de investigación y de planeación y administración, además de la creación de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, del Control Regional y de la Especializada en Delincuencia Organizada, constituyen un revés muy importante a la estructura de una Fiscalía que sirva y que, como se mencionó con la necesidad de cubrir transversalmente ciertas necesidades que aplican a todas las fiscalías. Proponer nuevamente la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada es continuar perpetuando la fragmentación de la investigación de los delitos y mantener un área, que es necesario desarticular por las irregularidades en materia de violaciones a derechos humanos con que ha venido operando. La mirada de la delincuencia organizada debe ser una especialidad que se asuma en las investigaciones en las que sean necesario, sin necesidad de crear esa área específica. Esto denota la incomprensión de la criminalidad en nuestro país, en la práctica lo que sí se sabe es que la SEIDO trabaja de manera opaca, en algún momento constituía una procuraduría paralela y fragmenta investigaciones. El regreso de esa figura evidencia que no se ha asimilado el concepto de fenómeno criminal bajo el cual se eliminó la SEIDO y se propuso crear unidades de investigación. Seguir sosteniendo el área de delincuencia organizada y no incluirla con una mirada transversal, implica no entender la criminalidad que vive el país y no tener una mirada flexible al momento de investigar. La Fiscalía del Control Competencial que se propone en el dictamen no resuelve el problema actual de competencias y solo crea una unidad burocrática más. También separar del nuevo a la ICC de los servicios periciales es un error, ya que la idea de la coordinación de métodos de investigación era concentrar las áreas de apoyo en investigación a los fiscales que pudieran prestar servicios, según las necesidades que exija cada caso. Se propone en la reducción recuperar al menos la figura del centro de formación y servicio profesional de carrera. Eso es fundamental. Y pues hasta aquí me voy a quedar. Sé que tampoco se va a aprobar, porque es una de las reservas que la Fiscalía General de la República no ha palomeado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.