El senador Cesar Raúl Ojeda Zubieta: Muchas gracias compañero presidente. Y aunque el compañero Aguilar Bodegas tocó el tema, a mí me parece importante hacer algunas puntualizaciones. En principio, lo que va a generar esta resolución de la Corte, no solamente sobre el amparo promovido por Fomento Azucarero del Golfo, del grupo Machado, sino lo que evidentemente va confluir en que el mismo criterio se utilice para los otros amparos y en consecuencia los 27 ingenios del país seguramente bajo esta resolución, regresarán a sus dueños originales. Esta resolución estableció que tratándose de expropiaciones debe haber garantía de audiencia previa y de ahí se llevó a la declaratoria de que quede interrumpida la jurisprudencia en sentido contrario y se establece un primer precedente, que de ser reiterado en cuatro ocasiones más, dará lugar a una nueva jurisprudencia. Ello significó hacer válido el recurso de amparo interpuesto por este grupo y va en consecuencia la obligación del Estado de reintegrar a este mismo grupo los ingenios que les fueron expropiados en el 2001 por causa de utilidad pública. La referencia que hacía el Estado, era en el sentido de que la agroindustria azucarera nacional atravesaba por una fuerte crisis que afectaba la salud financiera de las empresas y los ingresos de los productores cañeros, debida a la competencia desleal de la fructuosa, tanto de la que se importaba de los Estados Unidos y como de la que se producía internamente con maíz subsidiado por ese mismo país; que se habían acumulado los excedentes de azúcar por cerca de los 3 millones de toneladas métricas en el periodo 95-2001; que no podían ser colocadas en el mercado nacional ni mucho menos en el internacional, donde los precios eran inferiores a los costos de producción del azúcar en el país; que la mayoría de los ingenios eran insolventes para hacer frente a sus compromisos financieros y las instituciones de crédito ya no podían continuar prestándoles; lo que ponía en peligro los pagos de los adeudos, en particular con los productores cañeros a quienes no se les podía cubrir el costo de sus productos. Con esos argumentos y ante lo dramático de la situación que se manifestaba en las calles, de manera cada vez más desesperada por los productores, el Estado tomó la decisión de expropiar los 27 ingenios que tenían los mayores problemas financieros, aduciendo como ya dijimos, razones de utilidad pública y la insolvencia de los ingenios. Fue un hecho que es medida expropiatoria, sumada a la aplicación del impuesto especial del 20%, aplicado a las bebidas endulzadas con edulcorantes, distintos al azúcar, adoptada por este Congreso, se crearon condiciones favorables para el repunte de la actividad azucarera e hicieron posible el saneamiento de los ingenios y apoyar el ingreso de los productores cañeros. Pero hoy, compañeras y compañeros legisladores, nos enteramos de que el Ejecutivo no fundamentó adecuadamente las razones de la utilidad pública de la expropiación, pues lo que se nos decía, no llevaban a la necesidad de expropiar los ingenios. La Corte no encontró correctamente fundamentadas las razones de la utilidad pública de la expropiación de los ingenios y la revirtió, pues no consideró válido el argumento del desabasto de azúcar, habida cuenta del monto que ya comentamos era cerca de los 3 millones en el abasto, en las reservas de la producción de azúcar. Pero además también la revirtió porque consideró que la insolvencia no era razón de la expropiación de los ingenios, ya que podían recurrir a otras fuentes para su financiamiento, sin necesidad de llegar a la expropiación. Como se dijo, la resolución que invalida la expropiación también se basa en la nueva jurisprudencia que en esa misma sesión estableció la Corte sobre el derecho de audiencia, el cual deberá garantizar previo a la expropiación. Y esto creo yo que es verdaderamente preocupante y aquí seguramente mis amigos doctores que hay sobre el tema, será motivo de análisis y revisión probablemente en el periodo ordinario, porque bajo esta nueva jurisprudencia se va a anteponer el bien individual al bien de la colectividad. Hay que llamar la atención sobre el riesgo que representa anteponer el bien individual al colectivo en los casos de expropiación de utilidad pública. Pero eso será sin duda, como ya lo comentamos, motivo de una reflexión mayor. Pero respecto a la insolvencia como razón de utilidad pública o no, queremos expresar enfáticamente, que reprobamos lo actuado por el Ejecutivo, por haber incurrido en una falla fundamental, que sin duda tendrá costos económicos para la sociedad, que es quien por la vía fiscal, tiene que pagar el error cometido. En un marco de transparencia en la función pública y rendición de cuentas, esa falta tiene que ser reparada y sancionada; el perjuicio económico que pudiera haberse causado a la sociedad. Los funcionarios responsables de este error deben enfrentar sus responsabilidades y en el Congreso debemos actuar en consecuencia para resguardar el patrimonio de la sociedad. Para clarificar la magnitud del daño, compañeras y compañeros legisladores, me permito presentar a su consideración la aprobación del siguiente "Punto de Acuerdo "Primero.- Se solicita al titular de la SAGARPA, que a la brevedad rinda un informe evaluatorio de lo actuado por el gobierno federal en el periodo en que tuvo en su poder los ingenios azucareros expropiados, los costos económicos en que se incurrió con tal medida, los beneficios generados y las medidas que en el nuevo marco se tomarán para regular la actividad de la agroindustria azucarera. "Segundo.- Se cita a comparecer al titular de la SAGARPA, para que analice ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los fundamentos jurídicos en que esa dependencia basó la expropiación de los ingenios y las razones por las que fueron invalidados por la Corte, así como las implicaciones que de ello se derivan". Por su atención, muchas gracias compañeros. El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias senador Ojeda. En virtud de que el asunto es similar al presentado por el senador Aguilar Bodegas, túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República. Esta Presidencia recibió proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que rinda un informe acerca del manejo de los recursos públicos destinados a la Fundación "Vamos México", suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo. Se recibió proposición con Punto de Acuerdo para que el Presidente de la República informe a esta representación nacional, los planes y proyectos requeridos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional, que le fueron solicitados el pasado 13 de octubre de 2005, suscrita por los diputados Francisco Rojas Gutiérrez y Víctor Alcérreca Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo. Tiene la palabra la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la intervención del Ejecutivo Federal, a través de la SAGARPA, SEMARNAT y la Secretaría de la Función Pública, en el conflicto que vive la comunidad pesquera del Puerto San Carlos, en el municipio de Comondú, en el estado de Baja California Sur, en relación con la nueva pesquería denominada "Almeja generosa" y suscrita por la diputada Estela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.