EL C. DIPUTADO GUILLERMO ANAYA LLAMAS: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Los partidos políticos aquí representados estamos construyendo paso a paso y no sin dificultades, un Poder Legislativo de la Unión a la altura de la enorme complejidad de nuestros tiempos. El voto popular ha creado un escenario político que reparte entre todos nosotros la responsabilidad de hacer efectiva una nueva relación entre Poderes una nueva relación con la sociedad. Independientemente de la ideología de cada uno de nosotros nos hemos dado cabal cuenta de que son tiempos para profundizar en Ja sensibilidad Política y social de quienes damos vida a este Congreso de la Unión, son tiempos que obligan a agudizar nuestra capacidad para observar los problemas y las demandas sociales presentes y futuras. Por eso también son tiempos como en toda democracia que madura con el concurso de todas las fuerzas Políticas para revisar las instituciones y tejer los consensos que lleven a su transformación. Es por ello que resulta de especial relevancia a favor del consenso y la cohesión social sumar nuestras capacidades y voluntades para responder a la sociedad con un mensaje claro y contundente en contra del quizá mayor motivo de agravio entre los mexicanos, me refiero por supuesto a la corrupción. Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública es tamos convencidos que para el desarrollo de una comunidad Política no pueden estar ausentes dos pilares fundamentales, la democracia y el estado de Derecho, se está consciente que desde el principio de la Historia Constitucional moderna hasta nuestros días, se ha considerado invariablemente como esencia de un Gobierno Constitucional que los individuos no sólo dispongan de los Tribunales ante cuya autoridad puedan recurrir contra las personas que hayan desconocido sus derechos o traten de desconocerlos sino también justicia contra el Gobierno mismo o las autoridades y una perfecta protección contra todas las violaciones de la Ley. Los integrantes de la comisi6n de dictamen coincidimos en que el fenómeno de la corrupci6n afecta la credibilidad de los órganos de poder y se convierte en un peligro para la democracia ya que destruye los valores sociales y nos encamina a una descomposici6n generalizada y a una ausencia de normas éticas y jurídicas que nos llevan por supuesto a la impunidad. Cuando concurren en actos de corrupci6n la autoridad y los particulares, se establece una dinámica destructiva de la convivencia comunitaria; no todos los servidores públicos son corruptos, reconozco y reconocemos públicamente en esta tribuna a aquellos funcionarios que con su trabajo diario y comprometido construyen día a día un México mejor. Los servidores públicos no debemos olvidar que la esencia de nuestra responsabilidad consiste en que todas las acciones y políticas públicas deben estar encaminadas a la generación de bienestar para la sociedad con estricta sujeci6n al marco jurídico, a la justicia y a la ley moral, porque los individuos que ejercen funciones en los órganos Ejecutivos, en los Legislativos y en los Judiciales, son simplemente empleados que deben rendir cuentas de su actuación. Por ello es que los integrantes de la Comisión de Gobernaci6n y Seguridad Pública de esta Cámara de Diputados, insistimos en que es impostergable mejorar el marco jurídico que permita la aplicación eficiente y efectiva del Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como el impulso desde el ámbito legislativo de una Política de gobierno que posibilite la tranparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública federal. La corrupción ya sea eventual, ya sea sistemática, golpea una y otra vez las bases mismas de la cohesión social a la que hice referencia porque desvía recursos y esfuerzos en beneficios de los menos. La corrupción es un sistema informal de concentración de poder que en algunos países llega incluso a poner en duda la eficacia de todo el aparato de Estado. Corrupción e impunidad son expresiones de sociedades débiles y desarticuladas. Es así que en su combate la cohesión social es piedra angular. Compañeras y compañeros diputados: Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de mostrar un frente común en contra de quienes intentan burlarse de las instituciones democráticas. Nuestros partidos políticos son ideológicamente diferentes en efecto, pero nos une e identifica la voluntad democrática a favor del estado de derecho. Con este paso avanzamos en la construcción común de un Poder Legislativo más sensible y con mayor capacidad para ofrecer respuestas que los sitúan a la altura de nuestros tiempos. Precisamente por eso los integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública ponemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea el dictamen de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Coordinación Fiscal. Cabe precisar que si bien dicho proyecto obedece a la dictaminación de iniciativas presenta das el 5 de abril del 2001, por el grupo parlamentario de Acción Nacional, lo cierto es que el mismo es resultado de largas y nutridas reuniones de trabajo, donde todos los integrantes de la Comisión de Gobernación representando honrosamente a los distintos grupos parlamentarios que conforman esta honorable Cámara de Diputados, participamos de manera activa con nuestras propuestas y un sinfín de opiniones técnicas y jurídicas que al final de la ardua jornada se vieron recompensadas ya que el compromiso que todos tenemos a favor de México fue esencial para que tras horas de diálogo y discusión resultara el consenso de todos los grupos parlamentarios a los cuales esta Comisión les reconoce su gran preocupación y responsabilidad para poder hoy presentar dicho dictamen. En efecto, el dictamen que hoy se somete a consideración recoge las diversas posturas de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, así como alternativas a los distintos puntos debatidos con lo cual sin duda quedó enriquecida la propuesta y el decreto que hoy se plantea para su aprobación, por lo que insistimos que el presente dictamen es un documento que recoge la visión compartida de los partidos políticos para establecer las bases legales claras sobre la responsabilidad de los servido res públicos. El dictamen que la Comisión de Gobernación somete a la consideración de este Pleno, es en síntesis una reforma integral respecto a las disposiciones sustantivas y adjetivas en materia de responsabilidad administrativa. Contiene una serie de propuestas que no dudamos son de suma relevancia. Entre dichas propuestas destacan las siguientes: Las responsabilidades administrativas serán reguladas en una Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y que las responsabilidades Políticas, así como el procedimiento para permitir el enjuiciamiento penal de los servidores públicos que gozan de protección constitucional, se prevea en un ordenamiento distinto. Es decir, se trata de contar con dos ordenamientos jurídicos diferentes. Establecer como autoridades competentes para aplicar la ley a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Banco de México. Se actualiza el nombre del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antes denominado Tribunal Fiscal de la Federación. Se agregan los tribunales agrarios, el Instituto Federal Electoral y a la Auditoría Superior de la Federación. Se plantea incluir en el artículo 7° los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Se establece el concepto de reincidente en materia de responsabilidades administrativas, reputándose como tal al que hubiere sido declarado responsable del incumplimiento de alguna obligación en el servicio público e incurra de nueva cuenta en otra infracción administrativa. Se perfeccionan las reglas de procedimiento administrativo, particularmente se trata de eliminar algunas lagunas jurídicas que pueden motivar dilación o inactividad procesal. Se busca dar mayor claridad al contenido y alcance del procedimiento administrativo, a sustanciar y tramitar por parte de las autoridades competentes, lo cual resulta importante si se considera que el procedimiento es el mecanismo por el cual se pretende sancionar a quien desde el puesto público que desempeña, actúe en aras de sus intereses personales, olvidando o haciendo a un lado sus obligaciones legales, y por el otro se dispone en equilibrio y respeto, garantizar al servidor público su garantía de audiencia y defensa. Se establece asimismo la imposibilidad de otorgar la suspensión de la resolución impugnada mediante recursos de revocación o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entratándose de infracciones graves o de casos de reincidencia. Se precisa también con claridad el ordenamiento legal que se aplicaría supletoriamente en los procedimientos administrativos regulados en esta propuesta de ley, por lo que se plantea sea el Código Federal de Procedimientos Civiles. Compañeras y compañeros diputados: Esta comisión pide su voto a favor del dictamen, ya que de aprobarse no tengan duda que estaremos perfeccionando nuestra legislación para prevenir conductas ilícitas de los servidores públicos, a través de las normas que permiten el desarrollo y la aplicación de valores éticos en la gestión pública, lo que a su vez permitirá mejorar la función pública en beneficio de la sociedad y en general de México. Asimismo, se estará dotando de mejores herramientas jurídicas a las autoridades competentes, para que puedan con eficiencia y eficacia aplicar la ley como instrumento preventivo y correctivo a las conductas irregulares o deshonestas de los servidores públicos. Por todo ello, amigas y amigos diputados, pedimos su voto a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.