El diputado Abel Octavio Salgado Peña: Gracias. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino a la sociedad financiera popular denominada Ficrea, en virtud de que fueron detectadas diversas operaciones irregulares, las cuales ocasionaron pérdidas a más de seis mil ahorradores, muchos de los cuales son jubilados o personas de la tercera edad. Dicha Comisión revocó la autorización de Ficrea para operar como Sofipo, mientras que la PGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del dueño de la empresa Rafael Olvera Amezcua, para seguir un procedimiento penal por su probable responsabilidad en la comisión de conductas fraudulentas, cuyo monto sería cercano a los dos mil 700 millones de pesos, lo que trajo consigo la solicitud de extradición de los Estados Unidos de América. Esta situación motivó a legisladores de diferentes fuerzas políticas a elevar ante la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión diversos puntos de acuerdo, a efecto de pedir información a las autoridades sobre el desarrollo de las averiguaciones. Por lo que el 16 de enero pasado fue celebrada una reunión de trabajo de la Tercera Comisión de la Permanente con los titulares de la Comisión Bancaria y de Valores, de la Condusef y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, evento durante el cual dichos funcionarios ofrecieron información sobre las acciones que se han emprendido al respecto. Dentro de los ahorradores defraudados se encuentran diversas instituciones públicas, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuyo presidente, el magistrado Edgar Elías Azar, mencionó que se invirtió en Ficrea la cantidad de 120 millones de pesos. El caso de este órgano de justicia resulta reprobable y lamentable la ligereza con que algunos funcionarios se condujeron frente a dicha empresa, ya que los archivos del propio tribunal obran infinidad de demandas mercantiles, civiles y penales en contra de Olvera Amezcua por incumplimiento de pagos o apropiaciones indebidas de fondos, lo que evidencia que no era recomendable invertir en una empresa de la que este personaje era socio. Resulta increíble el candor con el que se condujeron los asesores financieros de este Tribunal de Justicia, pues obviaron los malos antecedentes que tenían a la mano sobre Olvera Amezcua, por lo que resulta necesario aclarar lo ocurrido con tales recursos, pues la anunciada investigación iniciada ante la Contraloría del Tribunal, en enero de este año, hasta ahora no ha arrojado absolutamente ningún resultado. Esta exigencia debe ser igual para todas aquellas entidades que invirtieron recursos públicos en una sociedad, cuya solvencia ha quedado en entre dicho, por lo que coincidimos con el punto de acuerdo que nos ocupa, en el sentido de que es necesaria la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a efecto de que se deslinden responsabilidades y se informe a esta soberanía cuáles fueron los órganos públicos que contrataron con Ficrea, los montos que invirtieron y las cantidades que fueron defraudadas, solicitud que nada resulta contraría al secreto bancario, toda vez que insistimos estamos hablando de recursos públicos. El Grupo Parlamentario del PRI otorgará su voto a favor de esta proposición, toda vez que estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, así como también estamos convencidos de que en un caso como éste se debe privilegiar el bienestar de los pequeños ahorradores que fueron desfalcados en el patrimonio de sus vidas, y no a los funcionarios que omitieron un deber ciudadano al contratar con Ficrea. Que se pague primero, y de manera privilegiada, a los ahorradores que son víctimas del abuso y de los excesos de los funcionarios. Ésa es nuestra exigencia. Es cuanto, diputado presidente.