El diputado Alvaro Elías Loredo: Señora Presidenta de la Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros integrantes de la Mesa Directiva: Señoras y señores diputados: En Acción Nacional sostenemos que en función de la dignidad y de la libertad, todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar, no sólo el reconocimiento teórico, sino el ejercicio real de los derechos fundamentales de la persona humana. Esto es, de aquellos de que son titulares todos los miembros de la comunidad política, sin distinción alguna, por el sólo hecho de ser hombres, derecho a la vida, a las libertades espirituales, a la justicia, a la educación y a la cultura, al trabajo y al descanso, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud y al bienestar. Ahora bien, la democracia requiere la participación de ciudadanos concientes de sus derechos y de sus obligaciones, en esto la educación integral juega un papel determinante. En México, compañeras y compañeros diputados, en materia de cultura de la legalidad, en materia de educación cívica y de vigencia plena del estado de derecho, todavía falta mucho terreno por recorrer. Por ello, considero necesario incorporar al artículo 3° de nuestra Constitución, como postulado, como criterio orientador de la educación, el respeto a la ley, el respeto al orden jurídico mexicano, que tiene su base y fundamento en nuestra Constitución Federal. La finalidad de esta reforma es el respeto y fortalecimiento de nuestras instituciones, el combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Es vivir un verdadero estado de derecho; por tanto, es necesario impulsar la cultura de la legalidad desde la norma constitucional y, por ende, desde el ámbito de la educación para que sea una realidad en nuestra patria. La presente iniciativa aspira a que el respeto a la ley y la educación cívica de nuestro pueblo, fortalezcan nuestra democracia y el estado de derecho. Por todo lo anterior, presento ante esta Honorable Asamblea el proyecto de decreto que adiciona la fracción II del artículo 3º. constitucional, un inciso d), en el que se incluye como criterio orientador de la educación, además de los vigentes, la formación del educando en el respeto a la ley como base para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho. Considero, pues, fundamental elevar a rango constitucional este principio rector de la educación, ya que como postulado esencial, debe estar sobre la legislación secundaria y sobre programas que puedan variar de un sexenio a otro. Se trata de una decisión política fundamental que complementa y enriquece el artículo 3º. de nuestra Carta Magna. Por ello, la trascendencia de la presente reforma, radica no sólo en que es una norma constitucional que por su naturaleza obliga a gobernantes y gobernados para el cumplimiento de los fines que motivan el proyecto y la norma, sino que, al tratarse de elevados postulados, se envíe un mensaje positivo a la sociedad que pretende, conforme a las instituciones y principios que dan origen y desarrollo al derecho en su más amplia acepción, penetrar en la conciencia y actuar de quienes dictan, aplican, acatan o ejercen derechos, desde el ciudadano común, hasta los titulares de los Poderes de la Unión. Será, pues, mediante la educación donde podamos generar prevención antes que sanción, respeto por la norma antes que litigio, instituciones más fuertes y una mejor convivencia humana. Por ello, se incorporan en el texto del artículo 3º. como criterios que orientarán a la educación, el fomentar la formación del educando en el respeto a la ley y la formación cívica. Esta última será obligatoria y considerada como fundamento para el desarrollo de la democracia y del estado de derecho; ello sin alterar de manera alguna los criterios ya vigentes, tales como el nacionalismo, el respeto a la dignidad de la persona o la igualdad de derechos, entre otros. Además, en la fracción V del mismo numeral 3º. de la Constitución, se adiciona como una de las obligaciones del Estado la de fomentar el respeto a la ley, a la democracia y al estado de derecho en todos los tipos y modalidades educativos. En este tenor, concretamente proponemos que el artículo 3º. de la Constitución quede redactado en los siguientes términos: Fracción II. "... el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios". Además: Inciso d). "... fomentará la formación del educando en el respeto a la ley; la formación cívica será obligatoria y considerada como fundamento para el desarrollo de la democracia y del estado de derecho". Finalmente, se reforma la fracción V para quedar en los siguientes términos: Fracción V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación. Apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura y fomentará el respeto a la ley, la democracia y el estado de derecho. Compañeras y compañeros diputados: Estamos convencidos de que con la aprobación de la presente iniciativa quedan intactos e inalterados los principios contenidos en el artículo citado y se incorporan valores y aspiraciones que lo enriquecen. Anhelamos que lo legal sea cada vez más justo; que no se entienda democracia sin legalidad y estado de derecho. Legalidad y cultura cívica que no quepan dudas, también implican mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Implican un futuro mejor. Con esta reforma se pretende alcanzar los fines esenciales del Derecho como son la seguridad, la justicia y el bien común. En suma, una patria ordenada y generosa y una vida decorosa y digna para todos. Muchas gracias.