El diputado Victoriano Wences Real: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado mexicano para promover la igualdad de oportunidad de los indígenas y para eliminar cualquier práctica discriminatoria, mediante el establecimiento de las instituciones y de las políticas necesarias que garanticen la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. Asimismo precisa las obligaciones que las autoridades federales, estatales y municipales tienen para abatir las carencias y rezagos que los afecten, entre estas impulsar al desarrollo regional, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación; propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, extender la red de comunicaciones que permitan la integración de las comunidades, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas, así como establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas. Para la concreción de las obligaciones arriba señaladas, de acuerdo con el mismo apartado B de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las Legislaturas de entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Es decir, para atender a un importante segmento de la población mexicana, el Congreso General tiene tareas muy importantes que se desprende del artículo 2o. constitucional; la primera, adecuar la legislación federal y, la segunda, establecer las partidas presupuestales específicas, que den certeza, orientación y concreción a los programas y acciones específicas. Particularmente, dentro de los trabajos que se desarrollan al seno de este cuerpo legislativo y a partir de la reforma constitucional del año 2001, en materia de derechos y cultura indígena, el Congreso General se ha dado a la tarea de revisar y reformar numerosas leyes secundarias. La ausencia de una entidad pública de investigación jurídica, social, cultural y legislativa, que con sus trabajos enriquezca la discusión en las comisiones, ha impedido que la discusión alcance la calidad y la importancia que el tema indígena merece. Debe tenerse presente que estamos hablando de un universo que asciende a 15.7 millones, compuestos por personas que se consideran indígenas. Estos datos son tomados del Censo de Población y Vivienda 2010, levantado por el Inegi. La creación del Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas permitirá a esta soberanía contar con un auxiliar técnico, que en materia indígena de cuyos aporte se verían beneficiadas no sólo las comisiones legislativas, sino los diputados, en particular los grupos parlamentarios, investigadores, instituciones académicas y la ciudadanía en general, interesada en este tema. Varias han sido las dificultades en las que el legislador se ha enfrentado respecto al tema indígena, ausencia de información sociodemográfica actualizada, criterios aceptables para definir con certeza el universo de la población indígena, ya sea por estado, región, pueblo o comunidad. En el caso extremo, tampoco se sabe con precisión la magnitud del fenómeno de los indígenas desplazados en cualquiera de sus variantes, el incremento de la migración internacional indígena y a las ciudades, que configura una nueva realidad. Las tareas de investigación cubrirían la necesidad de dar certidumbre a las funciones legislativas de comisiones y diputados, y de apoyarlos a emitir opiniones institucionales calificadas al revisar las minutas turnadas, relativas a la materia indígena y a las legislativas en proceso de elaboración o dictaminación. A lo anterior, se añade el propósito de iniciar un esfuerzo sólido, sistemático y de largo alcance, con tareas de evaluación y seguimiento de los programas y acciones gubernamentales vinculadas a los pueblos y comunidades indígenas, orientadas a abatir los rezagos presentes, concretamente en materia presupuestaria. Las actividades de este centro estarían enfocadas a dar seguimiento y evaluar la aplicación de los recursos anuales dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas, así como de proponer criterios de asignación presupuestal. Además, al Centro de Estudios le correspondería clasificar y organizar un acervo propio, actividades todas ellas que tienen como propósito apoyar las decisiones que en su momento asuman las comisiones legislativas. En suma, proponemos la creación de una entidad cuyo perfil sea el ser un órgano técnico en materia legislativa al examinar y emitir una opinión de las minutas e iniciativas en curso, de investigación, de consulta permanente y auxiliar de comisiones, diputados, grupos parlamentarios, investigadores y ciudadanos en general, de propuesta, seguimiento y evaluación presupuestal. Compañeros y compañeras, por lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas para quedar de la siguiente manera: artículo 49 continúa igual, el numeral 1 y 2 continúan igual. 3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, de Estudio de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, y de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, y de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Es cuanto, señor presidente.