La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Gracias, presidente, con su permiso. Durante los pasados meses hemos atestiguado una multitud de entidades entre las que se incluye el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, etcétera, que han señalado en forma coincidente la disminución en las expectativas de crecimiento económico del país para 2019 y 2020. En ese contexto de incertidumbre y desempeño económico deficiente, desde el Ejecutivo se ha estimado que la promoción del turismo, que precisamente es la cuarta fuente de ingresos del país, no es importante. Y si bien es cierto que la operación del consejo es perfectible y bajo ningún concepto se justifica que los recursos de la promoción del turismo se derrochen en burocracias, también es cierto que eliminar por completo la promoción turística del país no es la solución, aunado a lo lamentable de esta decisión de política pública en términos económicos, nos encontramos de nueva cuenta frente a una clara invasión de facultades por parte del Poder Ejecutivo. Desde el segundo semestre de 2018, en voz del entonces, presidente electo, así como de Rogelio Jiménez Pons y posteriormente de Miguel Torruco, se anunció la intención de desaparecer al Consejo de Promoción Turística de México con el único propósito de destinar los recursos que tienen origen en lo que se conoce como derecho de no residente al financiamiento del proyecto del tren Maya. Cabe recordar que el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos establece que el 70 por ciento de los ingresos recaudados por este concepto serían destinados al consejo, mientras que Fonatur, entidad encargada del tren Maya, solo estaba recibiendo el 10 por ciento de los mismos. Sin embargo, ya en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, dicha distribución se desconoce, pues en la fracción VIII del artículo 25, se dispuso que, en sustitución de dicha disposición, los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho se destinarían en un 80 por ciento para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que determine el gobierno federal con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país. Para tener proporción del volumen de recursos implicados, durante 2017 el consejo recibió 4 mil 461 millones de pesos que con su desaparición obviamente dejarán de invertirse para la promoción turística del país. Si bien la austeridad y el objetivo de aumentar la eficacia en la aplicación de los recursos públicos son argumentos que tienen el apoyo de todos los mexicanos, ello no se logra simplemente eliminando programas y desmantelando dependencias, ello se logra mejorando las políticas públicas y transformando a las entidades que las ejecutan, y en este caso ni siquiera se ha definido una estrategia alternativa para continuar realizando la promoción turística del país una vez que el Consejo de Promoción Turística sea liquidado. Este es un ejemplo más de que el gobierno federal, con el argumento de acabar con la corrupción, desatiende funciones sustantivas del Estado para redestinar los recursos a sus programas y proyectos prioritarios, como ya sucedió con los recursos para organizaciones de la sociedad civil y los presupuestos para salud, para educación, para medio ambiente, ciencia y tecnología. Desde Movimiento Ciudadano creemos que es una grave irresponsabilidad que el gobierno federal base sus estrategias en políticas impulsivas, improvisadas e incompletas que supuestamente atienden una problemática y en el proceso generan otras que no fueron previstas. Sale peor el remedio que la enfermedad. Más aún. Consideramos que es una grave irresponsabilidad que sectores prioritarios como el turismo queden desprotegidos para que el gobierno federal pueda costear proyectos caprichosos como el tren Maya impulsado sin planeación ni sustento técnico, en condiciones de absoluta opacidad y discrecionalidad, sin importar los daños sociales y ambientales que puedan acarrear. Cuidado, hay que recordar que el proyecto del tren Maya es otra decisión improvisada para lo cual hasta la fecha no se cuenta con proyecto ejecutivo ni estudios de impacto ambiental, y que ha sido señalada por organizaciones, académicos y especialistas que va a generar perjuicios al patrimonio ambiental e histórico, así como a los pueblos originarios, a nuestros pueblos originarios que tanto se jactan de defender. Además, no existe evidencia alguna de que los recursos que en ello se inviertan vayan a generar beneficios económicos que superen el costo de la obra. Por todo lo anterior, Movimiento Ciudadano votará en contra del presente dictamen pues consideramos que con él se desatiende irresponsablemente la promoción turística del país sin plantear una estrategia alternativa, lo cual se traducirá en perjuicios para el sector turístico y por consiguiente para la economía del país ya de por sí precaria. Gracias, presidente.