EL C. DIPUTADO CARLOS RAYMUNDO TOLEDO: Está claro que por los argumentos que hemos expuesto con anticipación, que la prohibición que establece el artículo 16 de la ley reglamentaria, va más allá del texto y de los límites de la fracción II del artículo 27 constitucional. Por ello es una prohibición inconstitucional -dice Sánchez Meda- al tratar de aplicar ese artículo en un determinado caso concreto a una asociación religiosa, podría ésta combatir el primer acto de ejecución en perjuicio de ella, a través del juicio de amparo ante un juez de distrito con base en la parte final de la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo. Si lo que persiguió con la reforma constitucional de 1992 fue ampliar el régimen de libertades en nuestro país, no veo yo ningún inconveniente para reformar esos artículos para quedar como sigue: "ARTICULO 1o: Se reforma el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público". "ARTICULO 2o. Se adiciona el primero y segundo párrafos al artículo 13 y el artículo 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión". "ARTICULO 16. Las asociaciones religiosas podrán poseer y administrar la operación de estaciones de radio y televisión, cualquier tipo de comunicación o medios de comunicación masiva, incluidas las publicaciones impresas de carácter religioso, sin fines de lucro y sólo para lograr su objeto bajo el esquema de permisos y con los requisitos y condiciones que señala la Ley Federal de Radio y Televisión y demás leyes reglamentarias aplicables". Dejo el texto íntegro para su publicación en la Gaceta, señor presidente. -PRESIDENTE: Muchas gracias señor diputado Carlos Raymundo Toledo. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Saludamos la presencia de los señores cronistas municipales del Estado de México que hoy nos acompañan en esta sesión. Tiene la palabra hasta por 10 minutos el señor diputado Ramón Ponce Contreras, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de Ley de Organizaciones Agrícolas. -DIP. RAMON PONCE CONTRERAS: con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores: El suscrito diputado federal de esta LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Organizaciones Agrícolas, conforme a la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS "Hacia finales de la década de los 80 se había conformado una amplia y vigorosa corriente dentro del movimiento campesino que incorporaba redes, grupos organizados regionalmente o por producto y organismos campesinos dispersos. Los agrupamientos de esta corriente se encontraban fuera y dentro de las centrales y presentaban amplias identificaciones en términos de concepciones, comportamientos económicos y tipos de demandas. "Esta confluencia puede esquematizarse en los siguientes elementos altamente articulados: "Primero. El reclamo de autonomía para la organización campesina y la autosugestión de sus procesos productivos y "Segundo. como contraparte el rechazo al paternalismo y el cooperativismo agrario en cuanto a sujeción al gobierno, autoritarismo y centralismo". En esta confluencia de concepciones y prácticas está implícito un desplazamiento de la demanda de la tierra a un segundo plano y pasan a ser ejes de la movilización social, las demandas y necesidades relacionadas con la producción y la comercialización. Debe reconocerse que en la esfera rural han ocurrido cambios en los tradicionales procesos de confección de las políticas públicas, cambios que se derivan del desmantelamiento parcial de la armazón del cooperativismo agrario, de los procesos de privatización y desregulación de los nuevos contrapesos que introducen las amplias libertades económicas y políticas a los productores. Por lo que a principios de este sexenio se mejoró sustancialmente la interlocución campesina con el gobierno. Sin embargo, las modalidades, tiempos y ritmos de los cambios que se derivaron del proyecto reformador salinista fueron decisión y tarea casi exclusiva del gobierno. Más aún, las organizaciones campesinas regionales, no pudieran jugar un papel protagónico que permitiera imprimir una especifidad regional a las reformas, mucho menos a orientar y consolidar una base social local que asimilara los cambios y en congruencia desplegara nuevos comportamientos económicos. Esta último apunta a la necesidad de contar con una mayor definición jurídica en cuanto a las formas de representación y organizaciones económicas de los productores, marcando claramente su papel, opciones e incentivos; en particular el esquema legal debe ser proclive a que las representaciones de productores emprendan su forma orgánica que les permita participar y corresponsabilizarse activamente en el diseño de las políticas públicas rurales. En ese tenor basta una simple consideración sobre el cambio que se ha operado en México en el aspecto político, económico y social para poner de manifiesto la necesidad de que la ley dictada el 27 de agosto de 1932, con la cual se crea la Ley sobre Cámaras Agrícolas, mejor conocida como Ley de Asociaciones Agrícolas. Esto revela, pues, que sus prevenciones no están ni pueden estar de acuerdo por la época en que se dictó. Con el progreso y con las transformaciones que en materia agrícola ha experimentado el país es indudable que esta ley carece de la visión de conjunto de los problemas en que tienen que intervenir las asociaciones agrícolas modernas. Así pues, las formas más eficientes de producción y organización del trabajo pueden ser aplicadas en los ejidos y estas unidades serían más productivas que los demás sistemas de tenencia, si el Estado, además de atenderlas permanentemente, comprendiera a fondo la importancia socioeconómica y agrícola del ejido, facilitando además su organización en toda instancia propicia o requerida por los campesinos, exigiendo estricta responsabilidad a los encargados de dirigir la técnica de los cultivos y a quienes manejan el crédito. Es responsabilidad de nosotros, como representantes de la sociedad, actualizar el marco jurídico que rige a las asociaciones agrícolas a fin de que éstas cumplan con sus funciones, de acuerdo con las condiciones que actualmente vive el campo nacional, toda vez que la legislación vigente data de muchos años sin modificaciones. Acción Nacional siempre ha querido que México tenga un campo productivo, competitivo y sin pobreza generalizada, que sea de oportunidades y con calidad de vida de forma que satisfaga las necesidades nacionales y canalice los excedentes hacia el extranjero y obviamente al mercado nacional. De esta manera, combatir la pobreza y marginación de los campesinos mexicanos que no hayan podido alcanzar los estándares de productividad agrícola esperados para esta fecha. Por lo anterior, el proyecto de la iniciativa de organizaciones agrícolas tiene como objetivo dotar a las asociaciones agrícolas de un marco jurídico integral para responder a las necesidades actuales de los distintos productores del país. El contenido de dicha iniciativa se encuentra distribuido en tres títulos, los cuales son: primero, de las disposiciones generales; segundo, de las organizaciones agrícolas y, tercero, de las sanciones administrativas y del recurso de revisión. Por lo que hace al título primero, o sea el de las disposiciones generales, presenta una descripción general de los alcances y limitaciones que tiene el proyecto; asimismo sienta las bases para establecer los procedimientos de constitución, organización y funcionamiento de las asociaciones agrícolas, así como también la disolución y cancelación de éstas. Define la competencia para regir las acciones que se señalan en el proyecto, las cuales recaen en la Sagarpa. Posteriormente se definen distintos términos que están contemplados en el cuerpo de la iniciativa propuesta para ubicar los actores y el sentido de la misma. Las disposiciones contenidas en el título segundo, que es lo que respecta a las organizaciones agrícolas, organiza de una manera adecuada la constitución y el registro de sesiones agrícolas al delimitar el objeto de las mismas, así como su constitución a nivel local, estatal y nacional. La aportación más generosa de este proyecto se encuentra en el capítulo cuarto, donde se establece claramente la disolución y cancelación de estas organizaciones. En el último título, es decir, el tercero, el de las sanciones administrativas y el recurso de revisión, se agrega en el cuerpo propuesto de la ley un apartado sobre las sanciones a las que se han de hacer acreedores los sujetos que incumplan las disposiciones previstas en ella. En dichas sanciones se especifican los casos y montos que serán impuestos en caso de incumplimiento. Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto por el que se crea la Ley de Organizaciones Agrícolas. Por su atención muchas gracias.