La diputada Mónica Arriola Gordillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. A menudo solemos encontrarnos imágenes o situaciones que muestran claramente la realidad en la que viven muchas de las niñas y niños de nuestro país. Sólo tenemos que caminar por las calles, leer los periódicos, ir a las escuelas o simplemente oír sus historias, para darnos cuenta que su situación continúa siendo precaria y que parece no tener fin la cantidad de peligros que enfrentan a diario. "Sparkle" es como se le conoce en el Internet, es una niña de no más de nueve años que en poco tiempo se convirtió en un fenómeno. Sus fotografías circulan por las páginas de pornografía infantil y la muestran levantándose de un baño de burbujas con pantaletas ajustadas y blusas pequeñas totalmente mojadas. Rodrigo, es un niño que trabajaba en el "Scorpio", uno de los tantos burdeles de nuestra ciudad que se encuentra en Polanco, tiene ocho años y 45 minutos con él, le cuesta al interesado tres mil pesos. Por si fuera poco, la recepcionista del lugar cuenta con una terminal para cargar a cualquier tarjeta bancaria el costo de los servicios sexuales de niños, niñas y mujeres, sólo por si acaso los clientes no tienen efectivo. Éstas son sólo dos historias, dos circunstancias, una niña y un niño que han visto violados sus derechos y no tuvieron opción alguna para impedirlo. Sin embargo, estas historias ya son también la de muchas niñas y niños mexicanos, y probablemente sea de muchos más en unos años. La situación de riesgo para la infancia en México se ha ido multiplicando día a día y pareciera no tener fin. En este sentido yo me pregunto: ¿por qué México se encuentra entre los cinco países de América Latina donde la explotación infantil se ha convertido en un problema grave? Cifras oficiales señalan que de los casi 41 millones de niños y niñas menores de 18 años, 20 mil son sometidos al abuso al ser prostituidos o utilizados en la pornografía. De este total el 80 por ciento son niñas y mujeres. ¿Por qué tenemos qué esperar a que en 47 de cada 100 hogares mexicanos haya violencia y que ocho de cada 10 niñas y niños en México la sufran? Maltrato físico y psicológico, negligencia y abuso sexual, son algunas de las situaciones que enfrentan. ¿Por qué la discriminación, la violencia y la opresión contra las mujeres y niñas sigue siendo una realidad que persiste en las ciudades y se intensifica en las zonas marginadas? Los feminicidios en la última década, son tan solo un reflejo de la adversidad y de la intolerancia hacia el avance y la lucha de las mujeres mexicanas por reivindicar sus derechos y por vivir en una sociedad más plural y democrática. Más de seis mil niñas y mujeres fueron asesinadas en toda la República, siendo el Distrito Federal, el Estado de México, Chiapas, Veracruz y Guerrero, los estados con más violencia de género. El 60 por ciento de estos crímenes fueron cometidos por personas conocidas en el caso de parientes, padrastros, novios, exnovios, esposos o familiares y el resto de los asesinatos tienen vínculos con la delincuencia organizada, principalmente con la trata de personas. ¿Por qué tenemos una de las clasificaciones más altas a nivel mundial como país de origen de la trata de personas? Al no haber leyes contra la prostitución, nuestro país se ha convertido en un paraíso para los extranjeros. De acuerdo con estadísticas de la CEPAL, cerca de 100 mil mujeres y adolescentes originarias de México, Argentina, Ecuador y otras naciones latinoamericanas, son conducidas con engaños y falsas promesas a Estados Unidos, Europa y Asia. Por ejemplo, se tienen datos de que en Japón más de tres mil mujeres mexicanas son explotadas sexualmente. ¿Por qué México está colocado dentro de los países de Latinoamérica de más alta desigualdad social y ubicado con la tasa más alta de pobreza infantil en el ámbito mundial? ¿Por qué tenemos a más de 3.5 millones de menores laborando, cuando deberían estarse educando para su futuro? Muchas niñas y niños se ven forzados en nuestro país a realizar trabajos a menudo nocivos para su desarrollo, con tal de ganar sólo unos pesos. Ante estas cifras y muchas otras, debemos reconocer que urge darle un nuevo giro a las leyes y políticas que tienen que ver con la protección de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Aunque México ha firmado acuerdos internacionales relacionados con la protección de los derechos de la infancia y se ha comprometido a adoptar todas las medidas necesarias para darles efectividad a los mismos, no basta la sola tutela jurídica para lograr combatir todas las formas de violación y discriminación que enfrentan las niñas y los niños. Es necesaria también una postura proactiva del Estado y de toda la ciudadanía para promover, garantizar y proteger la integridad de nuestros menores. La educación es el arma de defensa que promueve el conocimiento, los valores y las aptitudes, pues permite que las personas puedan tener información suficiente para defender sus derechos. Hoy en día podemos constatar que la educación y la información que cada niña y niño mexicano recibe a lo largo de sus primeros años, contribuyen de manera esencial a la prevención de situaciones de riesgo y tienen mucho que ver con el desarrollo pleno e integral que tendrán a lo largo de su vida. El pasado 8 de junio el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Gobierno de México en su informe que debía adoptar medidas más eficaces para difundir información sobre la Convención de los Derechos del Niño y su aplicación entre la sociedad civil y todos sectores y niveles de gobierno, que debe elaborar programas y actividades para impartir capacitación sistemática y constante sobre los derechos humanos. El informe revela que la elaboración y aplicación de medidas preventivas como campañas de sensibilización entre los menores, son de gran ayuda para intensificar el esfuerzo para hacer aplicables las leyes. En este sentido, la prevención se convierte en un arma imprescindible para su desarrollo y éste tiene que ver con la promoción y la divulgación que el Estado haga de sus derechos y con las actividades que se realicen para reforzar dicho compromiso. Fortalecer la promoción y divulgación de los derechos humanos en nuestro país es una tarea impostergable; debemos asumir que la educación y la información son factores determinantes para combatir los riesgos. Estamos obligados a enseñarle a nuestras niñas y niños cuáles son sus derechos y cómo pueden usarlos para su bien. En Nueva Alianza creemos que aunque muchos de los riesgos que enfrentan las niñas y los niños no podremos evitarlos. La información que éstos acumulen durante sus primeros años y la educación que obtengan acerca de sus derechos, puede hacer en muchos de los casos la diferencia. La violencia, la discriminación, la inequidad de género, la falta de oportunidades, la drogadicción, la trata de personas, la explotación sexual, la prostitución, entre muchas otras cosas, son conductas que pueden ser prevenidas a través de la implementación de medidas educativas, que enseñen a nuestras niñas y niños a cuidarse y a hacerse responsables de sí mismos. Por ello consideramos que para darle efectividad a los derechos reconocidos en las leyes nacionales e internacionales y para permitir que los titulares, en este caso niñas, niños y adolescentes, los hagan prevalecer, la sociedad debe de estar informada y tener las medidas preventivas necesarias para su pronta y correcta aplicación. Es en este sentido que en mi calidad de integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza y con el compromiso que tenemos con la educación, someto a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo artículo 7 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por respeto al tiempo de mis compañeras y compañeros diputados, omitiré la lectura del articulado pero solicito a la Mesa Directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.