EL DIP. AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA: Con su permiso, señor Presidente. Honorables compañeras y compañeros diputados: Las relaciones entre los países han entrado en una nueva etapa de oportunidades distintas. Los problemas de la globalización como potencial de paz y acuerdo, no se han cumplido y hoy ante la amenaza de la guerra estamos más lejos de encontrar caminos para una convivencia armoniosa entre los pueblos. México por su experiencia histórica tiene que ser cuidados y velar ante todo por su propio destino, para evitar ser arrastrado por los vientos de los intereses particulares, los egoísmos conquistadores y la codicia que suele desatarse con la guerra. Es necesario que México, todos los mexicanos velemos por el mundo que navegamos en el mar agitado por esos vientos, debemos ser todos los mexicanos y en primer término aquellos a quienes nos han encomendado el trabajo de ocuparnos por la certeza de nuestra población y por la defensa de la soberanía y de la independencia. Dar certidumbre al rumbo es la tarea que justifica la existencia de todo gobierno y hoy hemos hablado de corresponsabilidad en el manejo del gobierno. El Presidente Fox seguramente ponderó el peso de la historia y el juicio del futuro. El valor de la obra de Juárez está presente, el valor de cada uno de los hombres y de las epopeyas que menciona este muro en el cual con letras de oro nos referimos a las grandes hazañas por la defensa de la soberanía y la libertad están presentes. Hoy es el aniversario de la Expropiación Petrolera, hoy México está en su momento supremo de afirmación de toda su enseñanza histórica. Por ese motivo señores diputados, nos hemos permitido un grupo de legisladores, formular una iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para garantizar la seguridad y defensa y soberanía del Estado, así como para mantener el equilibrio de sus instituciones que conforman el sistema político desde hace algún tiempo, se incorporó a la Constitución la responsabilidad de conducir la política exterior conforme a los principios y valores establecidos en la propia ley fundamental. Cabe recordar que el 12 de mayo de 1988, entró en vigor la reforma a la fracción X, del artículo 89 constitucional, mediante la cual se incorporaron a nuestro Código Fundamental los principios esenciales de nuestra política exterior. De esta manera el poder revisor de la Constitución integrado por el Congreso de la Unión y por los congresos de los estados de la República, procuraron dar jerarquía a los principios que orientan nuestra conducta ante el mundo y que México reitera en todos los foros que se ocupan de la búsqueda de la paz y la seguridad internacional. Los principios de nuestra política exterior corresponden a una sana convivencia con las demás naciones del mundo y recogen el sentimiento general del pueblo de México. Estos principios se han ido configurando desde el momento de su nacimiento como nación libre y soberana. En efecto la doctrina internacional mexicana es fruto de nuestro pasado histórico y de las experiencias que de él hemos aprendido, por consiguiente las ideas que rigen nuestra política exterior surgen de la misma realidad que hemos vivido; dicho en otras palabras son principios que defendieron los padres fundadores de la independencia, los defensores de la República y los caudillos de la revolución. La defensa del Presidente Benito Juárez, que levanta la fuerza de la ley, ante la fuerza de las armas, sólo se explica por la validez de nuestra doctrina y el apoyo popular que entonces surgió de la voluntad de cada uno de los mexicanos. La resistencia de la República ante la intervención extranjera representa en la historia moderna una de las primeras actitudes anticolonialistas que habrían de extenderse años más tarde en América, Asia y Africa. Por su parte, Venustiano Carranza como defensor de la Constitución y depositario de la voluntad expresada en la ley suprema, contribuyó a configurar la versión actual de la doctrina internacional. Carranza no sólo defendió y enriqueció el pensamiento político de los mexicanos, sino que rechazó la intervención de otras potencias y proclamó la igualdad jurídica de los Estados. Al hacer el recuento del pensamiento de Juárez, Carranza y después de Lázaro Cárdenas, así como cada uno de los presidentes que fueron responsables del Poder Ejecutivo durante el periodo histórico vinculado al proyecto de la Revolución Mexicana, se puede advertir que la doctrina internacional de México es firme, constante y comprometida por su empeño decidido de que se aplique en las relaciones entre los pueblos, sin embargo, era necesario que estos principios ingresaran como normas obligatorias en nuestra Constitución, por eso era importante que la Constitución contara con una disposición en donde se hiciera referencia a los principios que han orientado y deben seguir orientando a nuestra política exterior: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de las armas, de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. A la vez, en el propio artículo de referencia se ha dado una mayor y más importante participación al Poder Legislativo, representado por el Senado de la República para aprobar los nombramientos de los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales; aprobar mediante una ley, la autorización al Presidente a declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos. Para terminar y en relación al artículo de referencia, porque se le otorga al Ejecutivo la facultad, pero también la obligación de dirigir la política exterior y celebrar los tratados internacionales, bajo dos condiciones: primero, la de observar los principios normativos de la política exterior y después someter los acuerdos y convenios a la aprobación del Senado de la República. En este proyecto proponemos extender la facultad del Senado para aprobar el sentido de los votos que el Gobierno emita en los foros y organismos internacionales, lo cual implica consultas previas y deliberaciones de este cuerpo y por su alta jerarquía como representante de la Federación, su consecuente aprobación o rechazo a fin de asegurar el adecuado equilibrio de los poderes y el cumplimiento de los términos de la Constitución. Esta iniciativa se sustenta además en los artículos 76, 89 y 133 de la Constitución Política, que establece las facultades del Senado para analizar la política exterior, ratificar los nombramientos de los ministros y agentes diplomáticos; permitir o negar la salida de tropas nacionales, disponer de la guardia nacional fuera de sus respectivos estados y ratificar los tratados que estén de acuerdo a la Constitución y que se celebren por el Presidente de la República. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción 2ª del artículo 71 de la Constitución Política y por la fracción 2ª del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de este honorable pleno el siguiente proyecto de decreto: Que reforma la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el sentido del voto de México ante los organismos internacionales en donde el Estado Mexicano se encuentre debidamente acreditado, sea sometido a la aprobación del Senado de la República. Artículo único: Se reforma la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución Política para quedar como sigue: Artículo 89: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes...fracción 10ª: "dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales y emitir ante los organismos internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado. "En la conducción de tal política, el titular observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención y solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional". Transitorios: Unico. El presente decreto... "Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Palacio Legislativo, dieciocho de marzo de dos mil tres. Firman los siguientes diputados: Augusto Gómez Villanueva, Gustavo Carvajal Moreno, Hilda Anderson Nevarez, Edilberto Buenfil Montalvo, Víctor Díaz Palacios, Elías Moreno Apis, senador Fidel Herrera Beltrán, diputado Miguel Ángel Tello Moreno, Felipe Solís Acero, Eduardo Andrade Sánchez; todos ellos del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; diputada Erika Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo y el diputado Melitón Morales Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional". Muchas gracias señor Presidente. (aplausos) -PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para evitar la discriminación de personas contagiadas por el VIH, hasta por diez minutos. -DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea: Impedir que los servicios de salud sean utilizados por una persona que vive con el SIDA o bien cesarla en su empleo, es discriminación. La falta de información veraz y los prejuicios han fomentado un ambiente de discriminación en el que los derechos individuales y colectivos de las personas afectadas son violados. Esta violación de derechos dificulta la respuesta a la epidemia y aumenta su impacto negativo. En México la Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntó que las instituciones de salud ocuparon en 2002 el segundo lugar en materia de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. El año pasado el IMSS fue la institución que recibió más recomendaciones de ese organismo. De acuerdo con un estudio elaborado por la CNDH, de las denuncias recibidas de 1996 al 2001, el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Nuevo León sumaban el 67.7 por ciento de las quejas por violaciones a derechos de los enfermos de SIDA. Los casos de discriminación laboral por SIDA son incontables y crecen cada día de manera exponencial. El ser portador del VIH-SIDA no es razón para que a alguien se le niegue el acceso al trabajo o se le despida, sin embargo las violaciones en ese sentido se dan en el país de manera cotidiana. Uno de los aspectos más graves de la discriminación por padecer VIH está vinculado con el campo laboral. La mayoría de los exámenes pre-ocupacionales incluyen el examen de VIH, aunque por ley no está autorizado. Ninguna empresa lo dice, pero sabemos que lo hacen. Una persona que tiene VIH es muy posible que no consiga trabajo si pasa por un examen pre-ocupacional. Otros aspectos es la estigmatización que conlleva el SIDA y si bien muchos de los mitos que se vivían con pánico han sido superados, siguen existiendo prejuicios y rechazos sociales, aunque no tan acentuados. En ese sentido la enfermedad sigue teniendo una cuota de estigma importante. El SIDA es un factor de vulnerabilidad. Hoy no se postula para los enfermos de SIDA el aislamiento externo que condenaba a los leprosos fuera de las ciudades medievales. La segregación opera con mecanismos más sutiles pero igualmente inhabilitantes. La discriminación afecta profundamente a las personas, ello conduce a la pérdida de autoestima, así como sentimientos de culpa y vergüenza. La presente iniciativa es una propuesta dirigida a impulsar acciones tendientes a que las autoridades de salud consideren la posibilidad de mejorar la atención médica de las personas infectadas con este virus, así como evitar la discriminación de la que son víctimas. Los derechos humanos son una conquista moral de la humanidad, su cumplimiento y respeto constituye la existencia de la ciudadanía misma. Es urgente asegurar el respeto a los derechos civiles, políticos, sociales y concebirlos como partes integrantes de la dignidad de las personas. La discriminación contra las personas que viven con el Sida o contra las que se piensa que estén infectadas, constituye por tanto una clara violación de sus derechos humanos, por estigma y discriminación las personas con Sida no acuden a los servicios de Salud porque los rechaza, mientras que en lo laboral tienen un trato diferenciado. Por lo anteriormente expuesto, presentamos la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, con el propósito de evitar la discriminación de las personas infectadas por el Sida: Artículo 1º.- Se reforma el Artículo 53 Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue: Artículo 53 Bis.- La Secretaría de Salud deberá garantizar asistencia y tratamiento especializado, eficaz y humano a todo aquella persona que padezca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, misma garantía deberá observarse con las personas que sean únicamente portadoras del virus, lo anterior será a través de programas, planeación y optimización de los recursos, sin que ésta pueda traducirse en ningún momento en situaciones que escatimen o niegan servicios o medicamentos. Elevar la calidad de vida de las personas con VIH es una prioridad del Sistema Nacional de Salud, por lo que el Estado deberá prever y proveer los recursos suficientes para una atención accesible, adecuada, oportuna y humana. Artículo 2º.- Se adiciona el párrafo cuarto del Artículo 104 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: Artículo 104.- La Secretaría de Salud deberá proveer a la población en general y a los particulares que así lo soliciten, información detallada, actualizada y científica sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, debiendo otorgarse éste, sin prejuicio ni restricción alguna. La información dirigida a la población en general, podrá ser difundida a través de cualquier medio de comunicación escrito, verbal, electrónico o masivo, con la finalidad de lograr la mayor difusión posible. Tanto la persona portadora como aquella en la que se ha manifestado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tendrá el pleno derecho a recibir y solicitar información específica sobre su condición. Artículo 3º.- Se adiciona el Artículo 130 Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue: Artículo 130 Bis.- Queda prohibida expresamente cualquier conducta, orden o disposición, que agreda, humille, denigre o que implícitamente permita o provoque cualquier acto discriminatorio, en contra de las personas con VIH. A toda persona que contravenga la disposición anterior, le será fincada la responsabilidad administrativa conducente, el ejercicio de acciones de carácter administrativo no afectará de ningún modo el derecho del paciente a recurrir a los tribunales civiles y penales, para la demanda o denuncia correspondiente a derechos constitutivos de faltas o delitos. Queda estrictamente prohibido imponer cualquier tipo de aislamiento, cuarentena, confinamiento o incomunicación, que contravenga la voluntad, libertad o autonomía de los pacientes con VIH. Las prevenciones para evitar el contagio deberán respetar en todo momento, la disposición anterior, además de basarse en los derechos humanos inherentes a toda persona. Artículo 4º.- Se adiciona el Artículo 136 Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue: Artículo 136 Bis.- Los exámenes de detección y diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sólo podrá practicarse a las personas que de forma personal lo solicite, la información recabada de estos exámenes le será entregada únicamente al solicitante o a la persona autorizada por éste, por escrito, procurando en todo momento, que el solicitante cuente con la asistencia médica y sicológica que el caso amerite. Bajo ningún motivo podrán hacerse públicos los resultados de estos exámenes por aquellos que participaron de alguna manera en su realización. La contravención a esta disposición, será considerada revelación de secretos y sancionada de acuerdo al artículo 211 del Código Penal Federal. Transitorio Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Signan la presente iniciativa la diputada Hortensia Aragón Castillo, la diputada Magdalena Núñez, el diputado Manuel Duarte, la diputada Rosalía Peredo del PT, el diputado José Narro del PT, diputado José Socorro Velázquez del PRI, diputado Eduardo Abraham Leines Barrera del PRI y una servidora, Adela Graniel Campos del PRD. Muchas gracias por su atención EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Comisión de Salud. Tiene la palabra la diputada Esperanza Santillán Castillo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 3º. de la Ley General de Salud.