La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, dos problemas fundamentales que históricamente han aquejado a la sociedad mexicana, son la desigualdad y la violencia de género. De acuerdo con el Fondo para el Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, la violencia contra las mujeres y las niñas tiene consecuencias de gran alcance, daña a las familias y a las comunidades. Para mujeres y niñas entre los 16 y 44 años de edad, la violencia es la mayor causa de muerte y discapacidad. En 1994 el Banco Mundial realizó un estudio en 10 factores de riesgo que enfrentan mujeres y niñas en este rango de edad, encontrando que el rapto y la violencia doméstica son más peligrosos que el cáncer, accidentes en vehículos, la guerra o la malaria. Mientras que en el caso de la desigualdad tenemos que las mujeres siguen siendo las más vulnerables, por ejemplo, en el mercado laboral somos las mujeres las que asumimos la mayor parte del empleo no remunerado. De acuerdo a la encuesta nacional de uso del tiempo 2009, en México, las mujeres dedican 23.6 por ciento de su tiempo semanal en tareas domésticas, mientras que los hombres sólo le dedican el 7.3 por ciento. En el tema de mortalidad materna se han logrado pocos avances y la representación política de la mujer aumenta a un ritmo bastante lento. En la lucha para erradicar estos problemas sociales, nuestro país ha tenido avances fundamentales, uno de ellos es sin duda alguna la aprobación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, la cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Otro avance fundamental fue la publicación en febrero de 2007 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual surge con el objeto de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia. De tal suerte que se favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Como parte de los instrumentos de las políticas nacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, estas leyes disponen la existencia de programas y de sistemas nacionales que coadyuvan en la consecución de sus objetivos. En ambos casos, los sistemas nacionales se encuentran conformados por diversas dependencias y órganos descentralizados, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales y municipales, es decir, en ellos intervienen autoridades de los tres niveles de gobierno. No obstante, uno de los retos más importantes en la tarea de lograr la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, continúa siendo la coordinación de esfuerzos de los tres Poderes de la Unión, del Estado en su conjunto. Las dimensiones de las consecuencias generadas a raíz de la desigualdad y la violencia exigen esta unión de voluntades y de esfuerzos, exigen una política de Estado y demandan la actuación de todos y de cada uno de los que integramos la sociedad mexicana desde cada una de nuestras trincheras, con pleno respeto a la división de poderes y al ámbito competencial de cada uno de ellos, pero de manera coordinada y organizada hacia un rumbo fijo y con un fin común. Estamos convencidos que no se puede hablar de una política nacional y mucho menos de un sistema nacional, si éstos no incluyen la participación activa y combativa de todos los Poderes de la Unión. Es por lo anterior que consideramos fundamental la aprobación del presente dictamen, cuyo principal objetivo es precisamente la suma de esfuerzos, la coordinación de acciones entre los diferentes Poderes que componen el Estado. Esto a través de la integración de los Poderes Judicial y Legislativo en calidad de invitados permanentes en los sistemas nacionales antes citados. Compañeras y compañeros legisladores, los invito a votar a favor del presente dictamen, ya que con su aprobación lograremos articular acciones, aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos, mejorar las políticas, principios y modalidades de atención a estos graves fenómenos sociales, y en general obtener mayores y mejores resultados en la lucha por la obtención de la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.