El diputado José Antonio García García: Con su venia. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con capacidades diferentes son aquellas que muestran alguna diversidad funcional, ya sea de tipo físico, mental, intelectual o sensorial, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva de inclusión social, con respecto al tema de igualdad y condiciones con las demás personas. En nuestro país, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda, llevado a cabo en el año 2020, por el Inegi, señalan que a nivel nacional hay 6 millones 179 mil 890 personas que padecen algún tipo de discapacidad. No obstante, si se suma a la población con alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana o con algún problema o condición mental, esta cifra aumenta a 20.8 millones, lo cual representa el 16.5 por ciento de la población total del país. Dentro de los principales tipos de dificultades que padece este sector se encuentran los padecimientos visuales y auditivos, los cuales afectan al 43.5 por ciento y 21.9 por ciento de la población, con capacidades diferentes, respectivamente. Respecto de las personas que padecen dificultad auditiva y visual, la Conadis señala que dichos problemas representan una dificultad para comunicarse con los demás y obstaculiza su desarrollo educativo, profesional y humano y, por consecuencia, se ven limitadas sus oportunidades de inclusión. En México actualmente uno de los graves problemas que enfrenta este sector de la población, es su derecho de acceso a la información y conocimiento respecto del trabajo que desempeñan sus autoridades y representantes en los diferentes órdenes de gobierno. Ante este contexto resulta necesario promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con capacidades diferentes, a través de acciones específicas para beneficiar a este sector de la población, con el propósito de que todas y todos los ciudadanos puedan conocer las decisiones de la vida pública que toman las diferentes instituciones del sector público federal, estatal o municipal. Derivado de ello, la presente iniciativa tiene por objeto establecer que las instituciones del sector público de los tres órdenes de gobierno establezcan modos, medios y formatos de comunicación accesibles, que permitan a las personas con discapacidad su participación e integración en los asuntos públicos en igualdad de condiciones que el resto de la población, a través de intérpretes de lengua de señas mexicanas o del sistema braille y de todos aquellos instrumentos adecuados a los diferentes tipos de discapacidades. Resulta apremiante el poder beneficiar y garantizar este sector de la población de una manera oportuna, con la finalidad de fortalecer la libertad de expresión, opinión, acceso a la información y conocimiento de los asuntos relevantes, como discusiones sobre modificaciones a las leyes estatales vigentes o creación de nuevas normas estatales y reglamentos municipales, entre otros. Cabe señalar que actualmente diversos Congresos estatales y ayuntamientos cuentan ya con intérprete de lengua de señas mexicanas en sus transmisiones, lo que permite a las personas con limitación auditiva conocer su desempeño y los asuntos públicos que tratan y resuelven. Y, con ello, avanzar en su derecho a la información. Por ello es apremiante para el Partido Acción Nacional y consideramos que es fundamentalmente necesario garantizar la igualdad de oportunidades a través de la eliminación de las barreras de comunicación, física, sociales y culturales, que excluyan a las personas de su plena incorporación y participación. Es cuanto, presidenta.