El diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy abordamos un dictamen que forma parte de las reformas promovidas por nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, en materia de simplificación orgánica, con el objetivo de fortalecer la operación del Estado y su capacidad de respuesta. La iniciativa plantea que las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sean asumidas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con el solo propósito de hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, dliminar duplicidades y fortalecer la evaluación y medición en materia de Desarrollo social. No se trata de desaparecer una institución por desaparecer. Se trata de obtener resultados concretos, datos confiables y tomar decisiones basadas en evidencia. Para ello, se requiere que la evaluación de las políticas públicas se realice con el más alto rigor técnico, objetividad y transparencia. Este organismo cuenta con esa experiencia, la autonomía, la infraestructura y el respaldo técnico necesario para asumir esa responsabilidad. Esta integración concentrará en el Inegi la generación, análisis e interpretación de la información relacionada con el desarrollo social y la pobreza, sin comprometer la calidad de la información. Al contrario, procurará que dichas tareas se lleven a cabo bajo los más altos estándares de calidad, continuidad metodológica y con independencia. La transferencia de funciones permitirá la integración de los sistemas de información estadística y geográfica del país, con lo que se elimina la repetición de las tareas, se clarifican las funciones del Estado y se facilita la toma de decisiones públicas con base en información precisa. Con esta medida se garantiza que el contenido, el alcance y la frecuencia de las mediciones de pobreza se mantengan sin cambios, lo cual es clave para asegurar la continuidad del registro histórico de datos y su comparabilidad en el tiempo. Es importante destacar que esta transición se llevará a cabo de forma ordenada y con respeto a la autonomía de la institución, sin afectar la calidad de su labor técnica ni comprometer su independencia operativa. La armonización de funciones se sustentará en el marco jurídico sólido que evite vacíos legales y prevenga conflictos de interpretación. Para ello, el presente dictamen contempla reformas puntuales a la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de establecer con claridad las atribuciones en materia de evaluación y medición. Estas mediciones y modificaciones también permiten delimitar las competencias entre el Inegi y la Secretaría de Hacienda y Crédito público, en donde el instituto será responsable de evaluar la política social. Es decir, el impacto real de los programas y acciones dirigidos a mejorar el bienestar de la población, mientras que Hacienda conservará la evaluación presupuestaria mediante indicadores que miden la eficiencia, la eficacia y la calidad del uso de los recursos públicos. Así, se fortalecen ambas tareas evaluadoras, lo que se traduce en una mejor rendición de cuentas y en una gestión más responsable y efectiva del gasto gubernamental. Desde el Partido Verde acompañamos, por supuesto, esta reforma convencidos de que permitirá avanzar hacia un Estado más ágil, moderno, transparente y eficaz que responda a las necesidades de la gente. Es cuanto, muchas gracias.