El diputado Juan González Lima: Compañeros y compañeras, el acceso al agua es un derecho humano y, por lo tanto, es deber del Estado garantizar el acceso, así como el uso equitativo y sustentable de este recurso. Históricamente hemos referido la escasez de este líquido vital como un problema del futuro. Sin embargo, el futuro nos ha alcanzado, y hoy es necesario hacerle frente. Actualmente nuestro país atraviesa una de las mayores crisis hídricas de la historia. De acuerdo con la con la Comisión Nacional del Agua, el 42 % de los acuíferos y el 13 % de las cuencas ya no tienen recursos hídricos. Lo mismo ocurre a nivel local, en donde algunos municipios cuentan con menos del 30 % de cobertura de acceso al agua potable. Lo anterior, aunado a la crisis climática y sus alarmantes consecuencias, provocan que hoy haya estados, principalmente del norte de nuestro país, que han estado en grave crisis por falta de agua en estos últimos años. La explosión demográfica y el desarrollo de diversas actividades productivas han ocasionado que los recursos hidráulicos, tanto de fuentes superficiales como subterráneas, sean explotados sin tomar en cuenta criterios para un manejo eficiente. Tanto la población como la industria han comenzado a ejercer mayor presión sobre las reservas del agua en el país. A tal grado que los volúmenes demandados son mayores que los suministrados. En este contexto, la baja disponibilidad del agua superficial ha obligado a la población a extraer el agua subterránea sin previa planeación, sobreexplotando los acuíferos al grado de representar una amenaza para el desarrollo de las regiones, y dependen del agua del subsuelo para desempeñar diversas actividades económicas y para abastecer de agua para consumo humano. La distribución del agua en el territorio nacional es irregular, debido tanto a la gran diversidad fisiográfica y climática del país como a la falta de infraestructura que permita no sólo llevar agua a la población, sino procurar su cuidado y garantizar que ésta se use de manera racional y sustentable. Esta falta de infraestructura ocasiona que cerca del 10 % de la población mexicana no tenga acceso al agua potable. Es decir, entre 12 y 15 millones de habitantes. Mientras que, de aquellos que sí tienen acceso, a casi el 30 % del recurso le llega la cantidad y calidad insuficientes. Con la finalidad de hacer frente a la situación que hoy atravesamos, es necesario usar, tener un uso sustentable de los recursos hídricos, para lo cual se requiere implementar modelos de abastecimiento equitativo que nos permitan aprovechar racional y adecuadamente el agua de la que disponemos. Bajo este panorama, la presente iniciativa busca fomentar instrumentos para mejorar la gestión de este recurso de manera sostenible, con el propósito de garantizar el acceso de toda la población al agua suficiente y de calidad para las situaciones y necesidades básicas. En concreto, proponemos modificar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para establecer en los programas de desarrollo urbano, de zonas metropolitanas y conurbadas, incluidas directrices, políticas y acciones que favorezcan e incentiven la generación de infraestructura sustentable, con el propósito de garantizar el uso eficiente de los recursos hidráulicos, mediante la participación de los sectores público, privado y social. Nos referimos, principalmente, a la implementación de mecanismos y tecnologías orientadas a una mejor administración del recurso hídrico, a través de la captación de agua pluvial que reduzca el flujo de agua a los drenajes, que facilite el acceso al agua a los hogares que padecen escases y que contribuyan a la no sobreexplotación de los acuíferos. Es cuanto, señor presidente.