La diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco: Honorable Asamblea: La suscrita, diputada federal por el 2° Distrito Electoral con cabecera en Progreso, Yucatán, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción 55, segunda del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforma las fracción I y III del artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, relativo a las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones de dicho ordenamiento, de conformidad con lo siguiente: Exposición de motivos. El agua es sin duda el recurso natural más importante del planeta. A su conservación y adecuada utilización, contribuimos los mexicanos en general, al emplearla con mesura, en cada una de las actividades para la cual es indispensable, desde el consumo directo hasta su aplicación en actividades productivas y los diputados en particular, al expedir leyes encaminadas a crear, día con día, una cultura de respeto hacia el vital líquido. Con dichas premisas, el 29 de abril del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, mismo que entró en vigor en el territorio nacional al día siguiente. Entre los ordenamientos modificados se encuentra el artículo 120 relativo a las sanciones que se imponen por infracciones que se cometen a las disposiciones de la ley, con el objeto de garantizar el debido respeto en el cumplimiento de la norma y ante todo el abasto del vital líquido, evitando su consumo abusivo o bien su contaminación por cualquier puente. Se trató con dichas reformas de proteger los acuíferos estableciendo medidas punitivas severas que van desde mil, mil 500 y 5 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal en cada una de las infracciones definidas en la ley, lo cual nos parece no únicamente conveniente, sino necesario para el mantenimiento de nuestros acuíferos que proveen a los mexicanos del preciado líquido. No obstante, con la aplicación de la ley, hemos observado que la medida ha tenido efectos colaterales dañinos en algunas actividades productivas, sobre todo tratándose de pequeños productores, así como en el pequeño y mediano comercio, al incurrir las personas que se dedican a estas actividades en infracciones a la ley que, si bien es justo sean sancionadas, resulta en un cobro excesivo de multas que en la mayoría de los casos obligan a los productores o pequeños y medianos empresarios, a paralizar sus actividades con el consiguiente perjuicio a la economía. Este problema, cuya repercusión en el medio rural del distrito por el cual fui electa en Yucatán, ha sido tremenda, representa para los diputados federales priístas yucatecos un compromiso de trabajo, cuyo cumplimiento hoy iniciaremos al promover esta iniciativa. Así nos lo han manifestado nuestros conciudadanos y así lo hemos comprobado. Al ubicar las multas por infracciones a la ley en mínimos tan elevados, obliga por ejemplo a un pequeño productor porcícola que no haya tenido la oportunidad de dar mantenimiento a los medidores de los pozos extractores de su unidad productiva, a pagar una multa mínima de 5 mil un salarios mínimos vigentes, es decir unos 240 mil pesos por cada medidor. Se han dado muchos casos en Yucatán, compañeras y compañeros diputados, de pequeñas granjas porcícolas o avícolas con multas impuestas por la autoridad, en este caso la Comisión Nacional del Agua, por cantidades mayores a su capital de inversión o por un monto mayor al del costo de su terreno e infraestructura. ¿Es acaso esta la mejor forma de impulsar el desarrollo Nacional? Estamos conscientes de la importancia de imponer multas a aquellas personas que, abusando de la permisividad o de la poca vigilancia, saqueen el acuífero o realicen descargas de contaminantes fuera de norma ¿pero es de justicia lesionar mortalmente al mexicano que con esfuerzo inicia un pequeño negocio, a menudo con el capital de toda su familia y que por esa precariedad no cuenta con el dinero para dar adecuado mantenimiento a su unidad productiva? Nos parece que en el caso de la imposición de sanciones, debe haber un universo más amplio de opciones para que la autoridad realmente pueda hacer válido el margen de discrecionalidad que el propio artículo 121 de la Ley de Aguas Nacionales establece al señalar que: Artículo 121. "...para sancionar las faltas a que se refiere este capítulo, las infracciones se calificarán conforme a: Primera. La gravedad de la falta; Segunda. Las condiciones económicas del infractor; Tercera. La premeditación; y Cuarta. La reincidencia". Si el mínimo de multas se ubica en una cantidad de más de 240 mil pesos, compañeras y compañeros diputados ¿de qué forma la autoridad tomará en cuenta las condiciones económicas del infractor? Tenemos conocimiento de que la autoridad del agua está consciente de esta problemática, sobre todo en los estados de la zona sur y sureste del país, en la que el acuífero es abundante y por lo tanto la dotación del líquido está garantizada. Consideramos también que para una más justa imposición de las sanciones, deberíamos adecuar o reorganizar la estructura administrativa de la autoridad del agua, para hacerla coherente en los "consejos de cuenca" y por lo tanto, imponer a cada región las medidas, condiciones y sanciones correspondientes a su estatus hidrológico, pero también estamos seguros de que este primer paso será un respiro para la maltrecha economía de estos pequeños productores. La defensa de los intereses de nuestros representados nos motiva a presentar la siguiente propuesta a esta Soberanía y hacemos un llamado a todos nuestros compañeros para revisar a profundidad los efectos que ha tenido la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en especial lo relativo a las sanciones que se han estado aplicando para llevar un nivel de vigilancia y coercitividad más justa en el ámbito regional a cada cuenca hidrológica. Los diputados priístas yucatecos hemos comprobado que el esquema actual debe ser revisado y por lo menos hacerlo accesible a los pequeños productores. Deseamos despertar conciencia entre nuestros compañeros de otras fracciones parlamentarias porque se trata de una medida que será sin duda en beneficio de los productores de todo el país. En tal virtud presento a su consideración la reforma ante esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales: UNICO. Se modifican las fracciones I y III del artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue: Artículo 120. Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas administrativamente por la autoridad del agua, con multas que serán equivalentes a los siguientes días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en el momento en que se cometa la infracción, independientemente de las sanciones estipuladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales, Ley Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia. Primera: de 500 a 1500 en el caso de la violación a las fracciones VII, XVI y vigésimocuarta. Tercera: de 5 mil a 20 mil en el caso de violación a las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, IX; XI, XIII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX, XX, XXII y XXIII. TRANSITORIO UNICO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de noviembre del 2004. Es cuanto.