carevies/intervenciones_parlamentarias_mx huggingface dataset:
El diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo: Con la venia de la Presidencia, Compañeras y compañeros legisladores: dentro del grupo de iniciativas que el Ejecutivo federal presentó ante esta soberanía respecto a las reformas financieras, aparece la correspondiente a la Ley de Instituciones de Crédito y formando parte de ella la que se refiere a la fracción XVIII del artículo 42, que es objeto de la reserva que el suscrito ha elaborado y presentado ante esta soberanía. El aludido artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que, y cito: El Consejo de Administración dirigirá la institución de banca de desarrollo con base en políticas, lineamientos y prioridades que conforme a lo dispuesto por la ley establezca el Ejecutivo federal por conducto de Hacienda para el logro de los objetivos y metas de sus programas e instruirá al respecto al director general para la ejecución y realización de los mismos. Fin de la cita. Como puede advertirse de la lectura del encabezado del artículo 42 antes mencionado, en ningún momento se dejan a salvo las conquistas laborales de los trabajadores de las instituciones, su antigüedad, prestaciones, prerrogativas y demás ventajas que han conseguido a lo largo de años de lucha sindicalista. En otras palabras, lo mandatado por nuestra Carta Magna es letra muerta. Peor aún, en la fracción XVIII del citado artículo se establece, y cito: Aprobar, a propuesta del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional y sin requerir autorizaciones adicionales de dependencia alguna de la administración pública federal, la estructura orgánica, tabuladores de sueldos y prestaciones, política salarial y para el otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en el sistema financiero mexicano, políticas de ascenso, promociones y jubilaciones, lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación, criterios de separación y las demás prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en la sociedad, así como la remuneración de los consejeros y comisarios designados por los titulares de los certificados de aportación patrimonial de la Serie 3. Fin de la cita. Se observa también que en la fracción citada tampoco se hace mención a los derechos laborales de los trabajadores de las instituciones de la banca, por lo que por este concepto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tampoco convalida tal precepto. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es indispensable se respeten los derechos laborales de los trabajadores en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias que rigen su labor cotidiana. En mérito de lo expuesto, nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, propone la adición de un segundo párrafo a la fracción XVIII del artículo 42 en los términos que se menciona en el documento en que consta nuestra reserva y que fue entregado a esta Mesa Directiva. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva relativa al artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Al contrario, gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva al artículo 43 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Adelante, diputado Cantú Garza.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, las reformas que ha presentado el Ejecutivo Federal se han caracterizado por contener disposiciones lesivas para los trabajadores, que con años de esfuerzo, dedicación y compromiso han logrado condiciones de trabajo dignas. En el caso de la reforma financiera no es la excepción. Las modificaciones planteadas en el artículo 43 Bis afectan los derechos adquiridos de los trabajadores de la Banca de Desarrollo, en particular de los de base y sindicalizados. La redacción que se plantea excluye de la determinación de los estímulos de la modificación de las condiciones generales de trabajo al sindicato. Este hecho vulnera los derechos de los trabajadores ya que de manera unilateral pueden tomarse decisiones que en todo momento deben ser negociadas con la representación sindical. Es muy delicado que se quieran pasar ese tipo de modificaciones sin negociar con la parte afectada, en este caso se repite el mismo esquema de la reforma educativa, se incluye una reforma laboral esbozada dentro de la reforma general al sistema financiero. Esta disposición, junto con otras, que permiten el outsourcing o tercerización, están contribuyendo a erosionar la estabilidad de los trabajadores, que durante años han apuntalado el desarrollo de las instituciones de banca de desarrollo. Compañeras y compañeros diputados, no podemos ni debemos permitir otro abuso en contra de la clase trabajadora de este país. La modificación unilateral de las condiciones generales de trabajo es violatorio al artículo 123 constitucional, por lo que los exhortamos a que voten a favor de la reserva que estamos presentando. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Como ha sido previamente solicitado y concedido por esta Presidencia, proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico de votación por 10 minutos para recoger la votación nominal, en lo particular de los artículos reservados contenidos en los artículos primero, segundo, tercero, séptimo y undécimo del proyecto de decreto, en sus términos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 22, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo particular de los artículos reservados contenidos en los artículos primero, segundo, tercero, séptimo y undécimo del proyecto de decreto, en sus términos. (Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 370 votos a favor, 69 en contra y 6 abstenciones.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo particular los artículos reservados contenidos en los artículos primero, segundo, tercero, séptimo y undécimo del proyecto de decreto por 370 votos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra, para presentar reserva al artículo 3o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Luisa María Alcalde Luján del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias. Muchas gracias, presidente. Tuve ya la oportunidad hace unos momentos, un rato, de plantear aquí todos los argumentos y todas las razones por las cuales considero que esta ley afecta a los trabajadores, sobre todo de confianza de la banca de desarrollo. Pero quiero plantearlo como reserva para dar una oportunidad de que se vote a favor y se elimine el párrafo al artículo 3º de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, que de manera abierta señala que la nueva ley laboral aplicable al personal denominado de confianza de las instituciones de la banca de desarrollo será la Ley de Instituciones de Crédito. Vuelvo a recordar que estos trabajadores de confianza no son los directivos o los gerentes. Se trata de la gran mayoría de los trabajadores, se trata de las secretarías, de sus analistas, de sus técnicos. Los trabajadores mal llamados de confianza son trabajadores como cualquier otro. No pueden ser regulados por una ley financiera, menos aun cuando es de jerarquía jurídica inferior que la ley reglamentaria de la Constitución que hoy los protege. Es así que someto a la consideración del pleno eliminar el párrafo que a la letra dice: las remuneraciones, jubilaciones, pensiones, derechos, obligaciones y cualquier prestación aplicable al personal de confianza de las instituciones de banca de desarrollo serán establecidas en los tabuladores y manuales de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones que se establezcan en los términos del artículo 43 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que a dichos trabajadores no les resultarán aplicables las condiciones generales de trabajo de la respectiva institución. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Luisa María Alcalde Luján. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar en un solo acto dos reservas a los artículos 17 y 17 Bis de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra, el señor diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar dos reservas al artículo 1055 Bis y 1392 del Código de Comercio.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Para los efectos de mi participación, señor presidente, le agradeceré se sirva considerar las dos reservas que me he permitido elaborar sobre un mismo tema en el mismo ordenamiento el Código de Comercio. Se trata de los artículos 1055 Bis y el 1392. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, las iniciativas propuestas por el presidente Peña, en materia financiera, son confiscatoria de los bienes y patrimonio de los mexicanos. Consecuentemente el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia fue aprobado en lo general por la mayoría parlamentaria apoyando las propuestas oficiales. En ninguna parte de este documento se aceptaron observaciones o proposiciones de los diputados integrantes de partidos ajenos al bloque oficialista. De la lectura de las iniciativas se percibe la intención gubernamental de proteger al sector privado bancario y de seguros, facilitándoles la recuperación de los créditos que en algún momento otorgaron a sus clientes y también para el caso de demoras en que incurran los deudores, posibilitarles las acciones para que la adjudicación de las garantías se haga efectiva en el menor plazo. En este contexto, el artículo 1055 Bis del Código de Comercio que se propone en el dictamen en comento, establece que los acreedores a su elección podrán ejercitar las facultades que les otorgan estas reformas para la adjudicación respectiva, al margen de que hubiera otros bienes señalados para la práctica de la ejecución. En este caso, dada la flagrante confiscación a favor del acreedor, nuestro grupo parlamentario propone la eliminación del artículo en comento, es decir del 1055 Bis del Código de Comercio. En el mismo sentido, en el artículo 1392 del propio Código de Comercio se determina que en todo momento el acreedor tendrá el acceso a los bienes embargados con objeto de que no hayan sido dispuestos, sustraídos su estado y suficiencia de la garantía para que los demás podrán solicitar la práctica de avalúos adicionales a los que en el momento de otorgar los créditos pudieran haber levantado. Más aún. El acreedor podrá solicitar ampliación de embargo para resarcir el monto acreditado y así el actor no sufra posibles pérdidas por este concepto. En este artículo queda clara la intencionalidad del gobierno para proteger al sector consentido del mismo, de tal manera que no sufra menoscabo en las garantías que reciben para cubrir sus créditos. También en este caso el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone la eliminación del segundo párrafo del artículo 1392 del Código de Comercio propuesto, por ser confiscatorio de los bienes de los acreditados. De ninguna manera puede ser aceptable que por encima de las elevadas tasas de interés que cobran las instituciones de crédito a su clientela se le someta a un régimen de decomiso bajo la figura del embargo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Jorge Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 1070 Bis y 1391, ambos del Código de Comercio.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Muchas gracias, presidente. Miren, son dos artículos muy técnicos. El primero, el 1070 Bis del Código de Comercio. Actualmente en el texto vigente no existe este elemento que se está poniendo ahora en el dictamen, donde se establece que las notificaciones que tendrán las autoridades, tendrán que hacerse a través de un edicto. Esto va a implicar un grave costo para el erario público, más que se me hace ocioso el hecho de que si ya sabemos cuál es el domicilio de la autoridad, tengamos que notificarle mediante edictos, es decir, publicaciones que se hagan en los periódicos de mayor circulación. Por eso la propuesta es que si ya sabemos dónde están los domicilios de estas personas, lo hagamos directamente en su domicilio oficial que como lo establece la Ley de Amparo, sea la notificación en el domicilio de su oficina principal. Y por otro lado tenemos el artículo 1391, en su fracción VIII, donde se establece que los convenios que se suscriban tendrán la misma validez que una sentencia y que por lo tanto tendrán la actitud de ser establecidos como si fuera una sentencia por ser el convenio que se presenta entre las partes. En este orden de ideas estoy solicitando que además de que se tenga a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, también se contemple la utilización de los centros de justicia alternativa, ya que hay estados como el Distrito Federa, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Colima, Nayarit, Hidalgo, Guanajuato y otros más que ya cuentan con esta figura, lo cual ayudará a que los juzgados tengan menor trabajo, esto sea más ágil y podamos transitar de mejor manera. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reservar a los artículos: 1168, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 y 1176, del Código de Comercio.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, vengo a presentar reserva a los artículos, los que ya se mencionaron, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 y 1176, del capítulo once de las Providencias Precautorias del Código de Comercio. Desde la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, la Constitución de 1857 y obviamente la Constitución que actualmente nos rige y además de instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de San José, de Costa Rica, se prohíbe terminantemente la prisión por deudas. Esta obligación precisamente internacional y este mandato constitucional de nuestras diversas constituciones, obedece a que el régimen por deudas no puede ocasionar ni la prisión ni el arraigo ni medidas precautorias similares que en materia penal. Y ése es precisamente el motivo de mis reservas a las disposiciones señaladas del dictamen para que quede la regulación actual del Código de Comercio. Con este nuevo dictamen lo que se pretende hacer es precisamente recrudecer las sanciones en contra de los deudores. Da la impresión de que el objetivo, más que otorgar más crédito, es al final dar más garantías a las instituciones bancarias para que puedan cobrar sus créditos con mayor facilidad y rapidez en contra de los derechos de los deudores. No es que en el régimen actual no tengan las instituciones financieras los mecanismos suficientes para poder ejecutar sus garantías y poder cobrar sus adeudos o sus créditos; sin embargo, ahora se quiere hacer un procedimiento fast track¸y obviamente no hay un equilibrio entre las partes. Por esa razón, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos la convicción de que el contenido de estos artículos en el dictamen que se somete a nuestra consideración tiende a favorecer a las instituciones de crédito que promueven juicios ordinarios o ejecutivos mecantiles en contra de sus deudores. Estamos ciertos de que el equilibrio procesal formal y material se rompe. Proponemos que la redacción de todos y cada uno de los artículos citados se elimine para quedar la redacción que se mantiene actualmente en los artículos del Código de Comercio. Además, debemos tener presente que si un deudor no tiene la capacidad económica para ahorrar sus créditos se debe en gran parte no a su voluntad, sino a las condiciones económicas del país. Estamos conscientes que en la regulación normativa de la actividad económica muchas veces es difícil lograr un sano equilibrio que deje a todos satisfechos. Por ello insistimos en que la actual regulación del Código de Comercio es la más benéfica a ambas partes que lo que se pretende aprobar que sólo beneficia a una de ellas, es decir, a las instituciones financieras. Por estas consideraciones nuestro grupo parlamentario somete a consideración el que se elimine en el texto del dictamen los artículos 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 y 1176 para que se mantenga el texto vigente de las disposiciones del Código de Comercio. Es cuanto y muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente. El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés. Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 1168 del Código de Comercio.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 1170 del Código de Comercio.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano para presentar reserva relativa al artículo 1171 del Código de Comercio.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me permito presentar la reserva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio en su artículo 1171. El derecho de audiencia es una garantía constitucional consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, por lo que su cumplimiento por parte de los órganos del Estado constituye una obligación absoluta y cuya omisión encierra una de las más graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido la audiencia es un derecho fundamental a favor de los gobernados, por el cual se impide la privación de sus bienes o libertad sin que exista procedimiento judicial previo en el que se le permita participar de manera efectiva, siendo la garantía de audiencia una de las más importantes dentro de cualquier régimen jurídico, ya que implica la principal defensa de que dispone todo gobernado. En ese sentido consideramos que lo planteado en uno de los preceptos contenidos en el dictamen sometido a discusión, de ser aprobado en los términos que el proyecto menciona, deriva en una violación sistemática a derechos humanos, pues considerar el hecho de que el acreedor pueda solicitar a la autoridad que se dicte una medida cautelar dentro de un juicio mercantil, sin que antes se haya acreditado su acción y sin haberse notificado al demandado de las pretensiones del acreedor, sin duda alguna derivará en un trato desigual para las partes en conflicto. En todo litigio resulta necesario que la autoridad se conduzca con estricto apego a las formalidades procesales esenciales, mismas que encuentran su justificación en la propia naturaleza de todo procedimiento en el que se desarrolla toda función jurisdiccional. El interés jurídico en un juicio mercantil debe ser reconocido y respetado para ambas partes, tanto acreedor como deudor, por lo que para la determinación de una medida cautelar o precautoria a cargo de la autoridad que esté conociendo del negocio del que se trate debe ser dictada a través de medios convincentes para no fincar perjuicios innecesarios en contra del deudor. Es por todo lo anterior que consideramos que la reforma propuesta, consistente en reformar al artículo 1171 del Código de Comercio, resulta ser inconstitucional en relación al respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los gobernados en el marco de un verdadero Estado de derecho. Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de este pleno la modificación en los siguientes términos al artículo 1171. Ninguna solicitud para la ejecución de una providencia cautelar podrá decretarse si no se presenta antes de la demanda correspondiente y que la persona en contra de quien se pretenda ejecutar dicha medida haya libremente manifestado lo que a su derecho convenga. Esto es respetar su derecho de audiencia. Es cuanto, señor presidente, y compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 1172 del Código de Comercio.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra, la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 1178 del Código de Comercio.
La diputada Lorena Méndez Denis: Buenas tardes, Presidente de la Mesa Directiva. Compañeras, compañeros diputados. Reserva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio. Artículo 1178. El doble discurso y la salvaguarda de las apariencias son armas a las que cotidianamente recurren los gobiernos que carecen de legalidad democrática. Asimismo, una de las principales características de este grupo en el poder es la indiferencia con la que conducen su actuar al momento de proyectar los intereses de la sociedad. En esta tesitura, la reforma contenida en el dictamen en estudio lejos está de avanzar en aras de impulsar la ampliación de fuentes de financiamiento, otorgando certeza jurídica especialmente para los acreedores garantizándoles la ejecución de mecanismos que les permita de manera más sencilla la recuperación de sus caudales en caso de incumplimiento del deudor. El derecho de audiencia es una garantía constitucional consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, por lo que su cumplimiento por parte de los órganos del Estado constituye una obligación absoluta y cuya omisión encierra una de las más graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido consideramos que lo planteado en uno de los preceptos contenidos en el dictamen sometido a discusión, de ser aprobado en los términos que el proyecto menciona, puede derivar en una violación sistemática de derechos humanos, pues se posibilita al juzgador dictar providencias cautelares sin necesidad de que la persona contra quien ésta se pida tenga que ser notificada personalmente de la medida que se solicite, hecho que permitirá ahora en los juicios mercantiles hablar de abuso de poder, violaciones al debido proceso y a la garantía de audiencia. La participación en un juicio mercantil debe ser para ambas partes, tanto acreedores como deudores, la oportunidad más clara de defensa de sus intereses, por lo que para la determinación de una medida cautelar o precautoria a cargo de la autoridad que esté conociendo del negocio de que se trate, deberá ser dictada a través de medios convincentes para no fincar perjuicio innecesario en contra del deudor. Derivado de lo anterior es que someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva: Único. Se modifica el contenido del artículo 1178 del Código de Comercio contenido en el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio para quedar como sigue: Artículo 1178. Toda resolución dictada por autoridad judicial consistente en la ejecución de providencia precautoria solicitada en el escrito inicial de demanda, necesariamente deberá ser notificada personalmente a la persona contra la que se dicte, salvo que la medida se solicite iniciando cualquiera de los juicios previstos por este código. Muchas gracias.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pegunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Informo a la asamblea que después de desahogar la siguiente reserva abriremos nuevamente el tablero electrónico de votación. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 1179 del Código de Comercio.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Ésta es la reforma financiera del gatopardismo; cambian normas para que todo quede igual o peor. Gana la banca y pierden los ciudadanos. Se fortalecen medidas punitivas en contra de deudores, mientras con fondos públicos seguiremos pagando el rescate bancario. La banca, por cierto extranjera en un 90 por ciento, seguirá cobrando las comisiones más caras del mundo. No habrá crédito porque el país es un desastre por la conducción económica de los neoliberales. No se puede garantizar el ahorro que es el origen del crédito, porque con la reforma laboral que aprobó la mayoría del PRI en esta Cámara, no se garantiza la estabilidad en el empleo y mucho menos un salario remunerador. Los salinistas que ahora están otra vez en el poder, presumían a finales de aquel fatídico sexenio, ingresos por 30 mil millones de dólares por la venta, por el remate de mil 125 empresas públicas. Rescatar los bancos le ha costado a México más de 90 mil millones de dólares. Esto demuestra que ni buenos economistas ni buenos para nada. Seguimos con un modelo injusto que democratiza las cargas pero le da una minoría los beneficios. Hacer que deudas privadas sean deudas públicas, es rescate bancario; pero si un deudor sufre un tropiezo financiero, se le va a acabar criminalizando como aquí lo han denunciado mis compañeros que me han antecedido, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. A ellos sí medidas coactivas, mano dura; pero los grandes beneficios para la banca extranjera. Porque la prioridad de esta reforma es el reembolso de créditos que se imaginan que habrá pero que por el momento son inexistentes. Por eso en esta reforma lo que estamos solicitando es que se amplíe el término de tres a nueve días en este artículo 1179 para que el afectado manifieste lo que a su derecho convenga y de esa forma se respete cabalmente su derecho de audiencia. Diputado. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Villanueva. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo particular de los artículos reservados contenidos en los artículos duodécimo, décimo tercero, décimo quinto, décimo séptimo, décimo noveno y vigésimo segundo del proyecto de decreto en sus términos.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 22, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal en lo particular de los artículos reservados contenidos en los artículos duodécimo, décimo tercero, décimo quinto, décimo séptimo, décimo noveno y vigésimo segundo del proyecto de decreto en sus términos. (Votación) Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 356 votos a favor, 8 abstenciones y 70 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo particular los artículos reservados contenidos en los artículos duodécimo, décimo tercero, décimo quinto, décimo séptimo, décimo noveno y vigésimo segundo del proyecto de decreto por 356 votos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 8o Bis 1 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
La diputada Lorena Méndez Denis: Con el permiso, señor presidente. México es un país con grandes riquezas naturales y una ubicación geográfica inigualable; sin embargo, no crece a la velocidad que podría y al ritmo que la sociedad le demanda. ¿A qué se debe lo anterior? Sin duda alguna corresponde al mayor cáncer que aqueja a nuestra nación e inhibe el crecimiento, la corrupción. Es por esto que una de las mayores exigencias de los ciudadanos es acabar con este vicio, el cual se ha vuelto sistemático, descarado e, incluso, muchas veces premiado. México ocupó en el índice de percepción de la corrupción en el 2012, el lugar número 106 de los 176 países evaluados en este rubro. Una de las prácticas que más refuerza la corrupción radica en la estructura denominada por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, Capitalismo de Cuates, la cual permite que no sean los más talentosos o los mejores capacitados los que ocupan un puesto, sino aquellos que se encuentran cercanos al Ejecutivo federal. Lo anterior resulta de suma gravedad, ya que este tipo de modelo no tan solo no fomenta la competencia, sino que la inhibe. No incentiva la meritocracia; por lo contrario, alimenta el concepto de privilegios, de posiciones dominantes, de nudos sindicales y de oligarquía. Aun cuando México se encuentre en una crisis que clama cambios, el gobierno insiste en reproducir un esquema en el que se eligen cotos y se perpetúa el poder de un pequeño grupo de personas que defiende sus intereses por encima del bien común. Por lo preliminarmente expuesto, consideramos que los requisitos impuestos a los funcionarios públicos deben buscar la selección de los más capacitados para un puesto y no los más allegados al sistema. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que sólo a través de criterios y reglas claras que fomentan la transparencia y combatan la discrecionalidad, contaremos con servidores públicos a la altura de las exigencias del país. Es por esto que consideramos que dentro de los requerimientos que se debe tomar en cuenta en los nombramientos de los consejeros de las organizaciones auxiliares del crédito y las casas de cambio, se deben incluir además de la experiencia en materia financiera, legal y administrativa, contar con un conocimiento en el rubro contable. Derivado de lo anterior someto a la consideración de la asamblea la siguiente reserva al primer párrafo del artículo 8o Bis 1 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Artículo 8 Bis 1. Los nombramientos de consejeros de las organizaciones auxiliares de crédito y las casas de cambio deberán recaer en personas que cuenten con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, contable, legal y administrativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracia a usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Valle Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reservas relativas al artículo 45 Bis 17, 63, 94 Bis 1 y 95 Bis 1, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros, la inspección y revisión del cumplimiento de las obligaciones impuestas a empresas o ciudadanos es un deber fundamental de la autoridad, pues a través de su ejercicio se garantiza el respeto y cumplimiento a lo establecido en las normas aplicables. A través de la revisión, las autoridades mantienen un control de legalidad sobre las acciones de los particulares, ya sean personas físicas o morales, lo cual protege al resto de la sociedad respecto a las legalidades que pudieran tener efectos más profundos. El deber de vigilancia es entonces un elemento fundamental del Estado, sujetándose en todo momento a la reglamentación que existe en cada uno de los procedimientos establecidos previamente, y en cumplimiento a los derechos fundamentales. Mark Twain, escritor, novelista, escribió en alguna ocasión; Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría haga una pausa y reflexiónelo. Considero importante reflexionar sobre la causa que dio precisamente origen a la crisis financiera de 94 y al consecuente rescate de la banca en 94. Creo yo que una de las causas principales por las cuales se llegó precisamente a esa crisis que tan costosa ha resultado para el país fue precisamente la falta de vigilancia de los órganos responsables de ello. La reserva que vengo a presentar tiene que ver precisamente con este tema. El texto que se está proponiendo pone para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como una responsabilidad opcional, el revisar precisamente a la banca, y dice: Podrá realizar visitas de inspección a las filiales. El texto que propongo en esta reserva, precisamente, al artículo 45, dice lo siguiente: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a solicitud de las autoridades citadas en el artículo 45 Bis 15 de esta ley y con base en el principio de reciprocidad, realizará visitas de inspección a las filiales, las cuales podrán hacerse por su conducto, o bien, en cooperación por la autoridad financiera del exterior de que se trate, podrá permitir que esta última la realice. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 72 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder, decía Montesquieu. En esta reforma financiera nuevamente somos testigos de cómo la intención del gobierno no se sustenta en un modelo de pesos y contrapesos, donde los actores involucrados se vigilen y autolimiten unos a otros. Por lo contrario, la concentración de poder en muy pocos organismos parece ser su plataforma política. Dentro de los trece documentos que contiene el dictamen, que nos compete el día de hoy, encontramos de manera reiterada el otorgamiento de facultades excesivas y discrecionales para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A pesar de que en nuestro país existen organismos financieros diseñados con el propósito de regular y proteger el interés de los ahorradores y la estabilidad económica, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el gobierno insiste y ha decidido deliberadamente concentrar funciones en la Secretaría de Hacienda. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que sólo a través de la rendición de cuentas, del monitoreo eficiente y del correo balance entre las figuras públicas, lograremos satisfacer las demandas de la ciudadanía. Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de la asamblea la siguiente reserva al segundo párrafo del artículo 72 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. ¿Qué debe de decir? Artículo 72. Las organizaciones auxiliares del crédito, de conformidad con las reglas que en su caso expida el Banco de México, podrán realizar operaciones activadas con personas físicas o morales, con residencia o domicilio en el extranjero o en virtud de las cuales contraigan o puedan contraer responsabilidades directas o contingentes a favor de dichas personas. Es cuanto, señor presidente.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, no se admite. Se desecha. Tiene la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria del Grupo Parlamentario del PRD para presentar su propuesta de modificación al XIX Bis 8 y al artículo 53 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Se concede el uso de la palabra, al diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 50 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reservas relativas a los artículos 96 Bis 1, y 271 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, será la diputada Gloria Bautista la que presente dichas reservas.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto le damos el uso de la voz para presentar reservas a los artículos mencionados a la diputada Gloria Bautista.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Ojalá que se pudiera prestar atención. Es de interés de todos los mexicanos -los que votaron por ustedes y los que no votaron por ustedes-, de ese pueblo de México, al que hoy representamos. La siguiente reserva al octavo párrafo del artículo 96 Bis 1, del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; y como integrante del Partido de la Revolución Democrática, hago la siguiente Exposición de motivos. El Banco de México, autónomo en sus funciones por mandato constitucional, surge con la finalidad de proveer a la economía del país estabilidad en el poder adquisitivo de la moneda. Aunado a lo anterior busca promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. La autonomía con la que cuenta resulta menester para el correcto desempeño en la toma de decisiones ya que al no depender del Ejecutivo federal, vigila de manera imparcial la política monetaria de nuestro país. A través de tres pilares se ha podido sustentar la independencia de dicho organismo. El primero corresponde al mandato constitucional, el cual establece que la misión prioritaria de la institución es procurar el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda nacional. El segundo radica en su organización, estructura que le permite a través de un gobernador y cuatro subgobernadores, que no pueden ser destituidos de su cargo discrecionalmente, plena libertad en las acciones emprendidas. Por último, la ley otorga a Banxico plena autonomía administrativa. Por lo anteriormente expuesto nos parece sorprende que en el artículo 96 Bis del dictamen que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, se considere más apropiado que el Comité de Regulación de Liquidez Bancaria esté presidido por el secretario de Hacienda y no por el gobernador del Banco de México. Nuevamente observamos cómo las iniciativas que el Ejecutivo presenta no tienen como objetivo brindar beneficios a los ciudadanos, sino conferir más poder a las secretarías que dependen del mismo. En el PRD algunos diputados estamos convencidos de que sólo a través de un esquema de autonomía que refleje pesos y contrapesos dentro de los poderes, podremos transitar a un sistema financiero eficiente, donde la corrupción y los factores políticos dejen de ser el común denominador. Derivado de lo preliminar, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al octavo párrafo del artículo 96 Bis 1 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan, diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de crédito. Quiero pedirle, señor presidente, me permita presentar de una vez la reserva al primer párrafo del artículo 271.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Adelante, diputada, con todo gusto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda y concluya, diputada.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Gracias, Presidente. Compañeras, compañeros, a 40 años del golpe de Estado en la República de Chile y de la muerte del entonces presidente Salvador Allende, solicito que esta Cámara de Diputados reitere sus lazos de amistad, su solidaridad con el pueblo chileno. Solicito, con todo respeto a todos ustedes, compañeros, un minuto de aplausos en reconocimiento al presidente Salvador Allende, y a quienes sobrevivieron a la dictadura de la junta militar. Por favor, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia toma nota de su solicitud, diputada, y lo haremos en el momento procesal oportuno. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para presentar reserva relativa al artículo 119 de la Ley de Instituciones de Crédito.