EL C. DIPUTADO JORGE CHAVEZ PRESA: Con su venia señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Hablar del mercado de valores, es hablar de otro componente fundamental de un sistema financiero que hace un rato hablamos del sistema bancario, ahora es hablar del ahorro de largo plazo, y de la importancia de largo plazo para crear riqueza. La riqueza no sólo se constituye mediante trabajo sino también mediante confianza, y en este sentido en las economías modernas, no sólo se requieren sistemas bancarios sino mercados que puedan unir a gente que tiene proyectos con gente que también quiere invertir sus fondos, sus ahorros de manera segura y especialmente de manera transparente. Consideramos que los avances que estamos logrando en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, es el tema más importante en la ley del mercados de valores y las reformas que estamos discutiendo, y consideramos que hay avances en los siguientes temas que desarrollaré: el régimen de méritos a revelación de información, la protección de minorías e información privilegiada. Para que el mercado de valores pueda funcionar, necesitamos que actúe y proporcione alternativas de financiamiento a empresas; que aumente las opciones de instrumentos de inversión accesibles a los ahorradores; y además también que permita reducir la vulnerabilidad del país ante posibles crisis en otros intermediarios financieros. Reconocemos los rezagos que hay en el mercado de capitales, tanto por lo que se ha expuesto en cuanto al valor de capitalización, en cuanto al número de empresas listadas por cada millón de habitantes, el cuanto al número de accionistas como porcentaje de la población y también en cuanto al número de cuentahabientes en estos mercados. A pesar de los avances de los últimos años, persisten todavía muchos desafíos en el mercado de capitales. Hoy nuestro mercado se concentra en valores gubernamentales; el mercado de deuda corporativa sigue siendo aún incipiente y por otro lado las empresas paraestatales, así como los gobiernos estatales y municipales aún no participan en él. La demanda se está concentrando en valores de corto plazo y/o de tasa variable y también has restricciones para que el público inversionista pueda participar de manera directa en este mercado. Quiero mencionar ya de manera específica los aspectos del régimen de méritos a revelación de información que son avances importantes en esta materia: El proceso de autorización de ofertas públicas e inscripción en el Registro de Valores se centrará en la adecuada revelación de información; estamos teniendo avances en cuanto a los requisitos de solvencia, liquidez y bursatilidad que actualmente está contemplando la ley y que ahora se van a convertir en requisitos del listado en bolsa; estamos incorporando el concepto de información relevante, requiriendo a las sociedades que pretendan ingresar al mercado y a las que ya coticen en bolsa, así para que difundan al público inversionista toda información necesaria para la adecuada toma de decisiones. El tema de protección de minorías es algo que no puede olvidarse o soslayarse. El Consejo de Administración de las Emisoras, ahora deberá contar con un mínimo de cinco y un máximo de 20 consejeros, de los cuales el 25% deben ser consejeros independientes; deberá reunirse por lo menos una vez cada tres meses y el 25% de los consejeros o cualquiera de los comisarios podrán convocar a una sesión del mismo y deberá aprobar las operaciones que se aparten del giro ordinario del negocio y que pretendan realizarse entre la emisora y personas relacionadas, entre otras. Las emisoras deberán contar con un Comité de Auditoría conformado por mayoría de consejeros independientes y presidido por uno de estos, encargado de verificar las operaciones entre la emisora y personas relacionadas, entre otros temas. Continuando con el tema de protección de minorías y con el cual consideramos que hay avances por los cuales vamos a pronunciar nuestro voto a favor, está el derecho de accionistas. Con un 10% del capital social pueden designar un comisario y tratándose de acciones con derecho de voto o voto restringido, pueden designar un consejero, convocar a asambleas de accionistas y aplazar la votación en las mismas por tres días y por una sola ocasión cuando consideren no estar suficientemente informados. También en cuanto a derechos de accionistas, con un 12% del capital social pueden ejercer acciones de responsabilidad civil en contra de los administradores, comisarios e integrantes de los Comités de Auditoría y con un 20% del capital social, pueden oponerse judicialmente a las resoluciones adoptadas en las asambleas generales, siempre y cuando no sean titulares de acciones sin derecho a voto. Aspecto en el cual también estamos avanzando con los cambios introducidos y aprobados por el Senado y que ahora están puestos a nuestra consideración, es que se establece el límite a la emisión de acciones sin derecho a voto o de voto restringido al 25% de las acciones colocadas en el público, pudiendo la comisión ampliar el límite señalado en un 25% adicional, siempre y cuando este porcentaje se encuentre representado por títulos convertibles en acciones ordinarias en un plazo no mayor a cinco años. Se prohibe la instrumentación de mecanismos a través de los cuales sean ofrecidos al público inversionista, acciones que impliquen limitación de derechos corporativos, salvo que las acciones sean convertibles en ordinarias en un plazo no mayor a cinco años o que la limitación derive de la nacionalidad del titular en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de inversión extranjera. Se faculta a la Comisión, para que mediante disposiciones de carácter general, pueda determinar en qué casos las operaciones que impliquen cuando menos la transmisión del 10% del capital social, deban llevarse a cabo mediante oferta pública. Se establece que en ofertas públicas de compra la comisión podrá prever porcentajes mínimos y máximos del capital social de una emisora que el adquiriente deberá considerar como objeto de su oferta. También en el tema de información privilegiada consideramos que hay avances que hay que apoyar. Se refuerza el marco legal aplicable a esta materia, la de información privilegiada a través de lo siguiente: Estamos incorporando nuevos supuestos bajo los cuales se considera que una persona tuvo acceso a información privilegiada, incluyendo aquéllas que existiendo información privilegiada, operen rompiendo con sus patrones históricos de comportamiento y hayan tenido contacto con sujetos que contaban con este tipo de información. Y también se establece la posibilidad de sancionar a personas que en posesión de información privilegiada la divulguen o den recomendaciones con base en ella, independientemente de que realicen operaciones. Actualmente la ley contempla la posibilidad de investigar presuntas infracciones en materia de uso indebido de información privilegiada. Sin embargo, dicha facultad ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre el alcance de la misma, por lo que estamos viendo e incorporando detallar las actividades que esta comisión pueda realizar al amparo de esta atribución, incluyendo lo siguiente: Practicar visitas de inspección, requerir información a cualquier persona que pueda contribuir en la investigación y tomar declaración de terceros. Estas facultades consideramos, son indispensables para poder identificar y sancionar casos de uso indebido de información privilegiada, generando así mayor confianza por parte de los inversionistas en el mercado, permitiéndole cumplir con sus propósito de contribuir al desarrollo económico del país. Las facultades de investigación que se proponen, no se considera que invadan la competencia del Ministerio Público, en virtud de que se ejercería con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones de orden público en materia administrativa y no penal. Consideramos, porque hay avances en materia de transparencia y de rendición de cuentas o en el uso de fondos de terceros, que el grupo parlamentario del PRI, se va a pronunciar a favor de las reformas a la Ley del Mercado de Valores. Muchas gracias. PRESIDENTE: Muchas gracias a usted diputado Jorge Chávez Presa. Para rectificación de hechos ha solicitado el uso de la tribuna, el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a quien se le concede la palabra hasta por 5 minutos. DIP. TOMAS TORES MERCADO: Gracias señor presidente: El voto en lo general y en lo particular respecto de estos dos proyectos de decreto que tiene que ver con la Ley del Mercado de Valores y en la Comisión Nacional Bancaria, en lo que hace a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, son aprobatorios. Sin embargo, es precisa la reflexiones en estos temas que tienen que ver con algo que de modo alguno es ajeno al contexto financiero, al de la intermediación y al de la conducta y al del prestigio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es cierto que la bondad de la ley tiene que ver con el que recoja con toda puntualidad las fuentes de una realidad. Pero también que la ley conduzca, establezca reglas de conducta con relación a los destinatarios de esa ley. Quiero en esta rectificación hacer el llamamiento comedido, el llama miento a la responsabilidad, a la Comisión de Hacienda de nuestra Cámara. Tiene que ver con las facultades investigatorias, tiene que ver con el procedimiento al través del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ejercicio de sus atribuciones reza el artículo 43 de que tendrá la posibilidad de citar no sólo al involucrado en una falta o violación a las disposiciones en esta materia. Va más allá; involucra, dice, a cualquiera que pueda aportar elementos en el marco de esa investigación. Reconozco que se aplaza el inicio de la vigencia de este artículo en lo particular; se aplaza por 6 meses más. Llamo la atención, señores diputados. Seguramente en la práctica, en el reclamo cotidiano verán ustedes que es permanente la queja por la irresponsabilidad, por la falta de respuesta objetiva y oportuna por parte de la Comisión. Habrá que escuchar, incluso, los planteamientos de instancias investigatorias como la Procuraduría General de la República, como las procuradurías de justicia de los estados y órganos jurisdiccionales porque la Comisión, lo mismo en lo que hace la procedencia de la denuncia de conductas delictivas, precisa de la opinión técnica de esta instancia. No hay, en modo alguno, una reciprocidad en lo que hace a su facultad y en la otra en lo que hace a la atención de peticiones de proporcionar títulos valores en el marco de procedimientos investigatorios o de dirimir controversias jurisdiccionales. Mi reflexión tiene que ver en que en esta coyuntura, a partir del compromiso de la Cámara que tienda a equilibrar las atribuciones y a rescatar porqué no, si en algo se puede el prestigio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si no, señoras diputados, señores diputados, seguirá siendo cuestionada, como hasta ahora, como un instrumento al servicio no sólo de los intermediarios, sino de los poseedores de los valores en este país. Es extraño que el día de hoy la mayoría de las instituciones bancarias rescatadas reportan dividendos con mucho en favor. Yo no sé de dónde, si no hay crédito. Muchas gracias.