El diputado Jesús Porfirio González Schmal: El debatir, el deliberar acerca de esta nueva Ley de Reforma Agraria en el seno, en este recinto, obligadamente nos lleva a contemplar los orígenes, la historia, la relevante historia, la heroica historia de lo que fue en México un movimiento agrario que sentó precedentes en el mundo; que abrió brecha, que constituyó directrices, guía y metas a lograr en otras naciones que al poco tiempo, incluso, arribaron a las mismas ideas torales en donde se plasma en una Constitución y en un artículo como el 27 de nuestro Ordenamiento Máximo, que la tierra, que la propiedad rural, que los medios de producción agrícola, corresponden justamente a los trabajadores que en forma privada o en forma colectiva las explotan con un sentido no sólo de subsistencia y de legítimo ingreso para su propio desarrollo, sino con el sentido nacional, amplio, de aportar la suficiencia alimentaria para que toda la Nación, todos los mexicanos, podamos ser autosuficientes en este rubro vital de nuestra soberanía. Aquella "Ley Carranza" de 1915, como antecedente, como precedente del artículo 27 constitucional que reconoce a las comunidades agrarias como titulares de derechos primarios, como mexicanos con derechos plenos a hacer de su vida en la actividad agropecuaria, en la producción del campo, una vocación, un destino, una promesa de desarrollo para sí y para sus propias familias. Pero toda esta gran obra y toda esta gran estructura que posteriormente dio lugar a organizaciones tan importantes como la propia Organización Ejidal que tuvo una evolución también extraordinaria en su reglamentación, en su configuración y en su operación y que finalmente, efectivamente en muchas décadas le dio al país autosuficiencia, le dio estabilidad social, le dio tranquilidad en el campo y esperanzas de una mejor vida y de movilización social definitivamente a los campesinos, a los sectores más apartados. Sin embargo, por este advenimiento absurdo de los tecnócratas apenas hace dos décadas, estos postulados, este gran desarrollo, esta tendencia clara de nuestra actividad agropecuaria y de nuestro desarrollo en el campo y en el medio rural, se vio truncado al tratar de adoptar tesis neoliberales que condenaban a priori estas organizaciones colectivas como insuficientes, inadecuadas y obsoletas. Pero he aquí que una vez que esa gran perversidad de la influencia de los banqueros internacionales, presas del dogmatismo de la privatización que lo elevó a los altares del neoliberalismo y que como nuevo destino manifiesto del "Monroe" del siglo 19 lo plasmó en el México de nuestros días, cuando esto se llevó a cabo y se lesionó y se hundió la daga de esta tecnocracia en el seno mismo del artículo 27 de la Constitución con aquella Reforma regresiva, retrógrada del "Salinismo" de 1992, ocurrió que lejos de darse ese gran advenimiento del desarrollo rural cuando se permitió que las tierras ejidales y comunales se privatizarán mediante la parcialización, no ha ocurrido nada de ello. Quien me antecedió precisamente en el uso de la palabra, revela claramente el dato que la producción agropecuaria va en descenso desde que precisamente la Organización del Ejido y de las Tierras Comunales, se está desmantelando. Desde el momento en que no se han respetado esos conceptos originales de nuestro ideario revolucionario quizás modernizado en las cooperativas de nuestros tiempos pero siempre en ese sentido de que la tierra es de quien la trabaja y de que la pertenencia a la tierra de quienes a ella se entrega, es el mejor medio y el primer contacto para una producción alta y para una producción suficiente. Ocurrió que la tierra hoy parcelizada en los ejidos se traslada a dominios particulares. Ahí está el caso patético de las tierras de las playas del "Tamarindillo" en Manzanillo, Colima, donde un impostor, donde un ingeniero Cosme Mares, se presta a ser ejidatario para adquirir 150 hectáreas de fabulosas playas para desarrollos turísticos que le habían gustado a la pareja presidencial. Y con todo cinismo y con absoluta falta de recato, se apropia de estas tierras, la Reforma Agraria convalida el acto, la Procuraduría Agraria dice que fue legítimo y se determina finalmente que esas tierras dejen de ser de los ejidatarios para ser apropiadas por estos sujetos que ciertamente están pensando en su retiro tranquilo después del periodo presidencial. Y esto que fue la reforma del 92 y sus consecuencias, es evidente que tenemos hoy que visualizar cómo detener ese daño, cómo hacer que todavía se ahonde más en nuestra patria el daño que se inició en el 92. Se quiere levantar esta postración con esta nueva Ley Agraria que tiene el significado de querer darle de alguna manera algunos otros medios de defensa a este despojo, a esta desposesión que se están haciendo de los ejidos. Pero creo que por otro lado hay regresiones que no podemos admitir y que tendríamos que revisar concienzudamente y con tiempo para que esta ley no entre simplemente por este otro nuevo proceso legislativo, apriorístico, al vapor, en un momento crítico de tiempo y que estemos aprobando leyes que después nos vayan a resultar contraproducentes para el bien de México. Yo por eso la posición que tendríamos respecto a esta nueva reforma sería que esta reforma la tomemos con más tranquilidad, con más sentido y seriedad y responsabilidad en su apreciación y su valoración, para poder determinar si efectivamente es un alivio por lo menos algunos ángulos de los daños que ha causado la reforma del 92, o si tiene algunos aspectos que puedan ser nocivos y todavía de mayor grado de daño que lo anterior. Por ello, solicitaría el tiempo necesario, haríamos una moción suspensiva para que esta ley la pudiéramos ver en febrero con mayor tranquilidad, con mayor sentido y conciencia de lo que significa reglamentar, intervenir en un área del Derecho como es la agraria, en donde ciertamente es urgente que esta Cámara se aboque a ello. Pero tendrá que hacerlo con un conocimiento pleno que si bien es cierto que en las comisiones respectivas se abordó con los órganos del Ejecutivo que tienen a su cargo esta materia, también lo es que habemos muchos diputados que tendríamos interés en participar con mayor prontitud, con mayor profundidad, para aportar en nuestra experiencia y en la experiencia de los medios rurales que conocemos, los mejores datos y las mejores informaciones para tener y para darle a la ley el sentido reivindicativo que debería de tener frente a lo que ocurrió en 1992. Por lo mismo estaríamos atentos a que esta Legislatura tomara en cuenta estos razonamientos, estas deliberaciones para poder aprobar una moción suspensiva y darle a esta ley una nueva repasada con profundidad, con cuidado, para ver qué podemos en este mes de enero valorizar de ella y poder reunirnos en febrero con mayor conocimiento de causa para una aprobación que de veras vaya a beneficiar a nuestros campesinos. Muchas gracias.