El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. Se ha hablado aquí de una crisis política que algunos aprecian insostenible e interminable, sin darse cuenta que sin la intervención firme de nuestro ejecutivo federal hoy en un asunto que ha conmovido a la nación, no se hubiera garantizado justicia y gobernabilidad en una entidad de nuestro país. Existe una falta de confianza en las instituciones del Estado por parte de los ciudadanos, y quiero referirme a ello porque me parece que quienes cargan la responsabilidad de la situación por la cual está atravesando hoy nuestro país, exclusivamente al gobierno federal, no se dan cuenta que, quieran o no, forman parte también de las instituciones del Estado y de sus niveles y órdenes de gobierno, porque tanto la representación a través de este Congreso, el sistema de partidos y la sociedad en su conjunto son igualmente elementos que forman parte del Estado. El problema al que hoy nos enfrentamos no va superarse con esfuerzos aislados con voluntades individuales o privilegiando intereses particulares porque la magnitud del mismo exige la coordinación de todos quienes formamos parte del Estado, exige la suma de todas las fuerzas políticas y sociales en el país, sólo un Estado fuerte y unido será capaz de vencer los males que como sociedad nos aquejan. Para lograr una solución genuina y duradera resultan herramientas fundamentales la apertura, la civilidad, el diálogo y el consenso. Apoyamos desde el Partido Verde Ecologista de México las demandas y manifestaciones pacíficas de la sociedad, vinculadas a los 43 estudiantes desaparecidos, y compartimos muchas de ellas por ser legítimas, sobre todo las que tienen que ver con generar las condiciones y tomar las medidas necesarias para que un caso como éste, que lastima a nuestra sociedad y a nuestro país, no vuelva a suceder. En este sentido quisiera aprovechar mi intervención para hacer un llamado a la civilidad, tanto a los miembros de esta Cámara como a los grupos que escudándose en la exigencia genuina de justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa han aprovechado las circunstancias para intentar polarizar nuestra vida y generar intranquilidad. Estamos firmemente convencidos de que los problemas nacionales tienen que dirimirse por vías democráticas y pacíficas. En este sentido consideramos que ni las descalificaciones ni la violencia, de la cual algunos lamentablemente han echado mano, son la ruta que debe seguirse para mejorar la vida institucional y social de nuestro país. La violencia, la irracionalidad que han ejercido grupos minoritarios no representan para nosotros libertad de expresión, mucho menos abonan a una unidad y a una solución a los problemas que enfrentamos como sociedad. Es claro que su único propósito es tender a agudizarlos para generar consecuencias adversas para el país en todos sus ámbitos, en el ámbito político, económico y social. Una sociedad dividida resulta altamente vulnerable ante los riesgos que amenazan la vigencia de nuestro pacto social y del Estado de derecho. Esto no quiere decir que la sociedad no pueda exigir a sus gobernantes mejores conductas, siempre y cuando ello se dé en un marco de legalidad que nosotros mismos como sociedad hemos construido. Si queremos que nuestro país sea un auténtico Estado de derecho, en el que la sociedad disponga de mayores oportunidades para el desarrollo y el progreso, hacer cumplir la ley resulta nada menos que indispensable, pero ello implica también que todos los mexicanos estemos dispuestos a conducirnos con apego a la legalidad. La consolidación de nuestro país como un régimen de leyes pasa por todas sus instituciones y funcionarios, no sólo las encargadas de la seguridad y la justicia, por ello todos –quienes ocupamos un cargo público debemos de desempeñar nuestras obligaciones con la excelencia que los mexicanos lo merecen, lo requieren y lo necesitan. Solucionar el problema de la violencia que aqueja al país y que lamentablemente ha cobrado tantas víctimas es responsabilidad del Estado mexicano, y dentro de este Estado mexicano está este Congreso de la Unión, sus poderes y sus órdenes de gobierno. Situación como la del jueves pasado, en el que la Mesa Directiva de esta asamblea se vio obligada a suspender la sesión por la ausencia de condiciones para la continuación de los trabajos legislativos son inaceptables y no debemos permitir que se repitan, principalmente en momentos tan complicados en los que la sociedad exige legítimamente resultados a sus gobernantes, representantes y líderes políticos. Lo anterior no abona en nada para solucionar el problema principal, que es mejorar nuestras condiciones de seguridad, bienestar y oportunidades y por supuesto llegar a la verdad total y castigar a los responsables de los hechos que envuelven la desaparición de los 43 estudiantes. En este sentido, en el Partido Verde Ecologista de México consideramos que el Poder Legislativo federal tiene una buena oportunidad para impulsar los cambios que el país necesita en términos del rediseño institucional, al cual se debe someter al Estado y a sus distintos órdenes de gobierno, para que éste tenga mejores condiciones y recursos para garantizar a los ciudadanos la seguridad que demandamos. Recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones debe ser el objetivo de todos, la confianza en que éstas tienen la capacidad para hacer prevalecer la justicia de manera expedita, eficaz y transparente, así como de evitar que quienes violan la ley se mantengan impunes. Nos sumamos a lo que manifestó la compañera de Nueva Alianza, en el sentido de que no queremos víctimas, pero tampoco queremos héroes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.