El senador Carlos Lozano de la Torre: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea. Quisiéramos sumarnos al punto de acuerdo que ha presentado la bancada del PRD, que hemos votado todos, pero quisiéramos ampliar un poco el tema, si estuvieran de acuerdo, quisiéramos presentar el análisis que hacemos nosotros, la bancada de nuestro partido, del PRI. Todos sabemos que México se ha convertido en poco tiempo en un país importador de granos, que la política de toda la pasada administración federal, por palabra del entonces secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, era que resultaba más barato importar maíz que producirlo. Obviamente, el resultado es el desmantelamiento gradual del escaso sector agrícola que produce granos en el país, con implicaciones que en su momento fueron señaladas por el propio Poder Legislativo en cuanto al riesgo que lo anterior implicaba para la soberanía alimentaria de nuestra nación ante una escalada de precios internacionales de estos productos o una escasez de los mismos. El mercado agroalimentario mexicano respecto de varios productos que utilizan el maíz blanco como materia prima se encuentra en riesgo, tal es el caso de la tortilla, la leche, la carne, el pollo, alimentos para ganado, además de las industrias aceiteras y almidoneras. El precio del huevo, por ejemplo, en los primeros 15 días del mes de enero ha acumulado un incremento preocupante del 25 por ciento, pasando el kilogramo de 10 pesos a 12.5. Sabemos de la escasez internacional, pero no de la duración de ésta ni de si su actual proveedor, Estados Unidos, tendrá un inventario suficiente del que nos toque algo para alimentar a nuestra población. Inventario compuesto de maíz transgénico de malísima calidad y que ante la política aplicada de sustitución de producción nacional por importaciones baratas nos ha dejado a la deriva en materia alimentaria para nuestra población de menores ingresos. Sin embargo y por desgracia, en el marco de las aberraciones de las políticas agrícolas mexicanas, existen otros elementos de los que tenemos que fincar las responsabilidades conducentes, como es el hecho de que hace unos meses se otorgaran subsidios a la empresa transnacional Cargill, para que ésta exportara maíz blanco mexicano a Sudáfrica. Compañeros legisladores, es una burla para 25 millones de mexicanos en situación de pobreza alimentaria, para los mexicanos con hambre, pero eso sí, el Ejecutivo federal ahora declara que se importe el maíz de cualquier parte del mundo al menor precio en palabras del propio Presidente Calderón. México autorizó y subsidió exportaciones de maíz blanco, donde hoy existe desabasto por el equivalente de 125 mil toneladas en operaciones que corrieron a cargo de la Secretaría de Agricultura y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Aserca, autorizados por la Secretaría de Economía. Los permisos autorizados, no obstante, hablan de un monto mayor de 250 mil toneladas, con un subsidio de cerca de 50 millones de pesos y que sirvió para enviar el producto a Sudáfrica, Kenia, Mozambique y marginalmente a los mismos Estados Unidos. El periódico El Economista, a ocho columnas señala que fuentes gubernamentales que exigieron el anonimato revelaron que funcionarios de la Secretaría de Agricultura en el sexenio pasado actuaron con negligencia ante una tendencia que indicaba la escasez de maíz en México desde septiembre de 2006. Respetable Asamblea, la falta de una política pública integral que atienda el comportamiento de los precios de la canasta básica de la mayoría de la población, especialmente de la de menores recursos, es un problema grave; pero hacer dependiente la alimentación de 50 millones de pobres en el país a lo que marque la oferta y la demanda en el mundo habla de una completa irresponsabilidad e insensibilidad social por parte de la administración pública federal. Ahora bien, todo lo señalado con anterioridad sólo nos hace llegar a una conclusión: el sector agropecuario mexicano no se encuentra preparado de ninguna manera para enfrentar con éxito la apertura total de fronteras que experimentará a partir del 1 de enero del 2008, de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que implica la eliminación de aranceles agropecuarios respecto de productos provenientes de Estados Unidos y Canadá y la apertura de los mismos. La realidad nos señala que el campo mexicano carece de tecnología, de insumos accesibles, de equipamiento y de crédito; que los programas federales se olvidan de la economía campesina de autoconsumo, donde sobreviven 30 millones de personas de acuerdo con los datos del Banco Mundial; que la administración pública en los últimos años ha sido ineficiente al aplicar los recursos aprobados para el campo en los diferentes presupuestos de egresos, existiendo impuntualidad en el ejercicio de los mismos y registrándose subejercicios presupuestales, lo que disminuye la eficacia de dichos programas. Se tiene que reconocer que mientras nuestros socios comerciales aplican políticas públicas enfocadas por el otorgamiento de subsidios, apoyos y estímulos fiscales para sus productores agropecuarios, en México el desmantelamiento del aparato productivo del campo tiene una máxima que repite constantemente, se repetía en el discurso del gobierno federal: a nuestro país le sale más barato importar que producir. El gobierno federal ha eludido los últimos años la elaboración de una estrategia para que ejidatarios y comuneros enfrenten dicha apertura, ni las sociedades rurales ni los gobiernos estatales saben de lineamientos federales para asimilar este cuestionado proceso. El campesinado organizado, legisladores, académicos, le han presentado al gobierno del Presidente Fox y hoy también al Presidente Felipe Calderón, diversas propuestas para lograr atenuar el problema del campo mexicano ante la apertura de las fronteras. A saber lo siguiente: La creación de una Comisión Especial de Comercio Exterior en el Congreso de la Unión para que investigue las prácticas de dumping que afectan al campo mexicano, con el fin de proponer la aplicación de medidas compensatorias. La inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de una política integral de incorporación del sector agropecuario mexicano al Tratado de Libre Comercio y la adecuación de la parte agropecuaria a dicho Tratado. Es con esta base en los razonamientos anteriores que someto a consideración el siguiente punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez; de la Secretaria de Desarrollo Social, la licenciada Beatriz Zavala Peniche, y de la Secretaría de Economía, del doctor Eduardo Sojo Garza Aldape, para que expliquen a esta soberanía —entre otros planteamientos— la posibilidad de adecuar el apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, principalmente en el tema de granos y en particular del maíz y el sorgo; Que expliquen la política pública de importación y exportación de granos básicos de parte de la administración pública federal durante los últimos seis años, que vulnera la soberanía alimentaria del país a los movimientos del mercado internacional; Que expongan la relación del gobierno federal con la empresa transnacional Grupo Cargill y que por la misma recibe subsidios para exportación, mientras que productores y comercializadores nacionales no logran colocar estos apoyos para colocar sus productos agrícolas en el mercado internacional, y asimismo; Presenten las acciones que realizará el gobierno federal con el fin de garantizar la estabilidad de los precios de los productores de la canasta básica, con la intención de que se detenga el deterioro del poder adquisitivo de las clases sociales, producto del incremento en el precio del huevo, la leche, la carne, el pollo, entre otros productos; y que cualquier medida que se tome no implique un perjuicio a los productores agropecuarios de nuestro país. Muchísimas gracias.