El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con la venia, de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. En febrero de 2012, México elevó a rango constitucional el derecho humano de acceso al agua, con ello se pretende que el abastecimiento sea suficiente, adecuado y de calidad, conforme a las necesidades básicas de cada persona, para consumo humano y de uso personal. De acuerdo con este mandato, el Estado es quien debe de garantizar ese derecho y en consecuencia es quien debe redefinir las bases, los apoyos y las modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Por tanto, se hace indispensable la construcción de un nuevo marco jurídico, así como una adecuada concientización a la ciudadanía frente a la incorporación a este derecho. Hablar del agua como un derecho es un paso esencial en el camino a una mayor justicia social y ambiental, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia, un elemento esencial del desarrollo sostenible. Significa que todas las personas sin discriminación ni excepción tengan acceso a una cantidad de agua potable para uso personal y doméstico a un precio que no ponga en riesgo su economía. Los recursos hídricos juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza somos conscientes que, como legisladores, nuestra responsabilidad es legislar con eficacia para garantizar los derechos humanos. En ese sentido es que presentamos esta iniciativa que expide la Ley General de Aguas, Reglamentaria de los Artículos 4º, párrafo sexto y 27, párrafos quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto regular la explotación, uso, aprovechamiento, distribución y control del agua, así como establecer la participación de la federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios y la ciudadanía para garantizar el derecho humano al agua. La falta de agua es una de las principales causas de desigualdad en México y propicia conflictos que ponen en riesgo la estabilidad social, económica y política del país. Se sufre una crisis debido no solo a su escasez sino a su mala distribución, administración y uso racional. Actualmente el país enfrenta graves problemas de disponibilidad, desperdicio y contaminación del agua. El 80 por ciento de los ríos presentan algún síntoma de contaminación y 12 millones de personas aun no tienen acceso al agua potable entubada, especialmente en zonas rurales marginales. Y la gran mayoría de los organismos operadores de agua no cuentan con una eficiencia financiera que les permita fortalecerse en términos de gestión, rehabilitación, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento. Esta Ley General de Aguas pretende impulsar una gestión eficiente mediante una estrategia nacional transexenal derivada del Programa Nacional Hídrico que brinde la posibilidad de definir acciones de mediano y largo plazo, así como proyectos y obas con beneficios amplios y mínimos costos sociales, ambientales, energéticos y económicos. Establece la participación de los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía, a quien otorga el 50 por ciento de los espacios de los consejos de cogestión de cuencas e incluye a representantes de pueblos indígenas, reconociendo sus derechos en la gestión de recursos. Propone además una contraloría social del agua conformada por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil encargada de monitorear el desempeño de los tres órdenes de gobierno en la gestión de los recursos hídricos del país. Otro de los temas relevantes en la presente ley, es revertir la grave contaminación de los cuerpos de agua. Por ello incorpora la figura del dictamen de impacto hídrico socioambiental al cual se sujetará la autorización de obras y actividades que puedan ocasionar desequilibrio en los sistemas de agua, presas, hoteles, unidades habitacionales, minería, entre otros. El modelo económico actual no ha permitido la equidad en el acceso al agua. En ese sentido la ley propone tarifas escalonadas para el cobro del recurso, hacer cálculos diferenciados por niveles y aplicar subsidios para las zonas con mayor grado de marginación. Los recursos captados por concepto de derechos de agua, deben ser aplicados al mantenimiento, rescate y nueva infraestructura que garantice el pleno ejercicio del derecho humano al agua que tienen y tenemos todos los ciudadanos. Como eje fundamental, esta ley exige la transparencia y rendición de cuentas de todos los procesos que implica la gestión del agua como una garantía de que los recursos económicos son aplicados con responsabilidad y que se protege el uso y explotación de los mantos hídricos. Para esta ley el manejo adecuado del agua es considerado un asunto de seguridad nacional, por lo que otorga las herramientas legales necesarias para alcanzar la soberanía y sustentabilidad de nuestro país. El acceso al agua es un bien social relacionado con el derecho a la vida y en Nueva Alianza refrendamos nuestro compromiso por su defensa y conservación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta. La Presidente diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Valles. Túnese a las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, para dictamen. Damos la bienvenida y un saludo al presidente municipal electo del municipio de San Andrés Duraznal, Chiapas, Santiago Gómez Gómez y al síndico Armando Gómez Díaz, invitados del diputado Hernán Orantes López. La Presidente diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Yolanda de la Torre Valdez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados César Octavio Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI.