La diputada Saraí Larisa León Montero: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, hago uso de esta tribuna, la más alta de la nación para hablar a favor de la propuesta que ha presentado el diputado Alonso Raya con respecto del dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Esta ley, al igual que los demás dictámenes tiene por objeto la pérdida de la rectoría sobre la electricidad y las fuentes de energía. Diputadas y diputados, mi grupo parlamentario votará en contra de este dictamen por no coincidir con el proyecto neoliberal que somete a los pueblos a las voluntades e intereses de los corporativos internacionales. Porque no vemos en la ley un sano equilibrio entre el mercado y el Estado. ¿Acaso la competencia está por encima de la ley de la oferta y la demanda para establecer precios? El alto costo de la vida en México para garantizar una vida digna es una prueba palpable de que las tarifas de cualquier producto no disminuyen con que haya varios proveedores; si el mercado fuera la solución de los derechos, los derechos serían mercancía, los beneficiarios clientes. Los excesos privatizadores no garantizarán la mejora de los niveles de vida de las mexicanas y los mexicanos. La Ley de la Industria Eléctrica no traerá la disminución de los precios de las tarifas eléctricas, al contar con cadenas en las que quienes invierten en generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica deberán tener su ganancia correspondiente, la autorización de varios intermediarios encarecerá la electricidad. Otro factor que impedirá la disminución de las tarifas es la práctica oligopólica acordada por los prestadores de los servicios como ocurre hoy en varios servicios en el México de hoy. Además de lo anterior, la esencia de la empresa será la ganancia, aunque la ley diga que el suministro eléctrico es un servicio de interés público. Los beneficios de esta ley no se reflejarán en los recibos de consumo de la gente, las empresas que vendrán a invertir en la nación vienen a generar riqueza y a llevárselo a sus países de origen. Es ridículo el argumento de que la gente contará con sus propios receptores de energía y que a partir de la administración de su energía propia les permitirá ahorro en los recibos de luz. No vemos mecanismos en la ley para que los campesinos, los obreros, las amas de casa, las madres solteras, los adultos mayores abandonados sean generadores de energía eléctrica. Otra situación que nos preocupa de manera importante y que esta ley no cuenta con previsiones necesarias es el control de los precios de la energía eléctrica en las entidades federativas con altas temperaturas del país, concretamente en muchas regiones del sureste y norte del país. Es irresponsable decirles a nuestros pueblos indígenas, a nuestros millones de pobres y marginados, que porque van a venir más empresas del ramo eléctrico van a poder elegir irse con la que les dé la luz más barata, porque eso es una mentira, compañeros. Finalmente, diputados y diputadas, más que un argumento sobre la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad para privatizarla y traerle competencia, es una confesión de que quienes han gobernado lo han hecho sin el compromiso que la nación les demanda. El presunto fracaso de la Comisión Federal de Electricidad es una confesión de que no han gobernado, sino más bien se han aprovechado de los recursos y de las instituciones de la República a manos llenas y con un alto grado de impunidad y de complicidad. Es cuanto, presidente.