La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro país la venta y el consumo de drogas ha aumentado, constituyendo uno de los principales problemas de seguridad y salud. Resulta alarmante cómo en los últimos siete años el consumo de adolescentes de 12 a 17 años aumentó 125 por ciento, y 222 por ciento en mujeres. La venta de drogas se incrementó en el 2017 según datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 27.3 por ciento a nivel nacional y en el 86.6 por ciento en la Ciudad de México, cifras alarmantes. Aumento, obviamente la violencia, los asaltos, los robos, acoso sexual y diversos problemas sociales. Una y otra vez los especialistas han señalado la evidente debilidad institucional propiciando el auge de las bandas criminales. Además, la corrupción e impunidad en el país son las principales causas del crecimiento de la delincuencia organizada, la cual cada vez lastima más a la sociedad mexicana. Derivado de lo anterior en los últimos años se ha presentado una problemática grave, la venta de drogas en las instituciones educativas, particularmente de educación media superior y superior. Prueba de ello es lo ocurrido en la UNAM y que en el dominio público, gracias a diversos medios de comunicación, la presencia de narcomenudistas ha traído consigo otros actos delictivos, situación riesgosa para toda la comunidad estudiantil y académica. Es de precisar que narcomenudeo y la violencia son ilícitos presentes no sólo en la UNAM, sino en diversas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a lo largo y ancho de nuestro país. Las universidades se han vuelto desafortunadamente los espacios idóneos para los narcomenudistas, ya que encuentran consumidores viables y, a su vez, posibles vendedores. La clandestinidad del comercio de la droga ya no está lejos, ahora los jóvenes la encuentran a plena luz del día, en sus salones, en sus jardines, en sus baños y en los espacios deportivos. Esta facilidad para conseguir la droga hace que quienes no se habían iniciado en el consumo lo hagan y quienes no habían hecho del consumo un hábito hoy presenten una adicción. Es urgente proteger a las y los jóvenes. Es responsabilidad del Estado garantizar su seguridad al interior de las instituciones educativas, sin que ello implique vulnerar su autonomía. De ahí que propongo eliminar la tipificación de narcomenudeo en la Ley General de Salud, cuando este se cometa en centros educativos, y agregarlo al Código Penal Federal como un delito grave y agravado que alcance hasta 37 años de prisión para quien comercie o suministre narcóticos aun gratuitamente, independientemente de la cantidad al interior de instituciones públicas o privadas de educación básica, media superior y superior, centros educativos o dentro del espacio comprendido en un radio a menos de 500 metros de los límites de la colindancia de estas. Aumentar las penas es una de las soluciones que podemos dar dentro de este sistema y Poder Legislativo. Utilizar los recursos públicos para ejecutar la política de prevención efectiva en lugar de malgastarlos en publicidad gubernamental. Es otra solución que corresponde al Ejecutivo, al igual que poner un alto a la corrupción y a la impunidad. Muchísimas gracias.