El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros: hay un adagio del derecho romano que dicta Dura lex sed lex, ¿a qué nos referimos con esto? Que viviendo en un estado de derecho tenemos sí, mucha molestias para muchas personas, pero esas molestias para muchas personas son para poder proteger el entramado general del derecho que va dirigido de una manera precisa a que haya un orden, a que haya justicia, a que se respete el derecho de los demás. Un elemento esencial del Estado de derecho dictado de una manera contundente por nuestra Constitución, es de que toda persona física y toda persona moral tiene el inalienable derecho de defensa de sus intereses dentro de un estado de derecho en donde existe un procedimiento a seguir, en donde las resoluciones de las autoridades deben de estar debidamente motivadas y fundamentadas, en donde la autoridad no puede comportarse de una forma arbitraria. Dentro del Código Fiscal de la Federación existe una serie de procedimientos precisamente dirigidos a proteger ese derecho, es el derecho de legalidad en donde la autoridad tiene un límite, el límite de la autoridad es lo que marca la ley; el límite de los particulares es en donde no hay una prohibición expresa. Dentro de este sistema jurídico que han adoptado los países civilizados del mundo, se encuentra México, pero ahora tenemos, por desgracia, en nuestro dictamen, una serie de artículos o de disposiciones, mejor dicho, que vienen contenidas en el artículo 143, incisos b) e inciso c). En el inciso b) en particular, se está limitando los días para poder interponer los recursos a 15 días. Nuestra propuesta es de que vengan estos términos, a los términos que se han acostumbrado en el entramado jurídico del Código Fiscal de la Federación y el Derecho Fiscal a 45 días. Esto en particular a la siguiente situación que voy a describir. Cuando un particular se ve involucrado en una violación supuesta de una disposición de índole fiscal que genere un crédito fiscal, y la autoridad fiscal vaya contra esa persona física o moral, es también de estado de derecho que la autoridad quede protegida mediante una garantía amplia y esa garantía amplia es la fianza, la prenda, la hipoteca, cualquier tipo de garantía que esté autorizada tanto por la legislación civil como por el propio Código Fiscal de la Federación. En el caso en particular, las compañías afianzadoras que gozan de una concesión como instituciones auxiliares de crédito, tienen una serie de disposiciones que las rigen para poder responder por un tercero, garantizando por un tercero poder responder cabalmente de acuerdo con la extensión de la garantía otorgada. En este caso en particular quiero yo mencionar lo siguiente. Se han eliminado del Código Fiscal de la Federación los derechos de defensa que estas compañías afianzadoras pueden tener. Al eliminarse esos derechos de defensa lo que vamos a ocasionar es que cuando un particular, sea persona física o moral, se vea involucrado en un problema con el fisco, para garantizar su interés fiscal no va a poder ya acudir a las afianzadoras, porque las afianzadoras, al denegarles esta disposición del Código Fiscal que se propone, su derecho de defensa, simple y sencillamente no las van a afianzar. Y la consecuencia es que la persona va a tener que depositar una caución en efectivo o va a tener que hipotecar sus bienes con un costo mucho más grande que el costo que representa el pagar una prima a una compañía afianzadora. En esa tesitura, compañeras y compañeros, les solicito muy atentamente reconsideren poder retornar a este sistema de derecho que tiene todo país, en el sentido de que la afianzadora también está sujeta a las garantías que dicta nuestra Constitución de debida defensa, misma que se les deniega por parte del Código Fiscal de la Federación. En caso contrario, lo que va a suceder, casi, casi se los puedo asegurar, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la nueva Ley de Amparo que aquí aprobamos en esta Cámara de Diputados, va a dictar una resolución declarando inconstitucional el precepto y ordenándonos como Poder Legislativo, a que repongamos este derecho de defensa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.