El diputado Samuel Rodríguez Torres: Con la venia de la Presidencia. La rendición de cuentas ha sido una demanda constante por parte de la sociedad, a la que se ha respondido durante este sexenio por medio de la promoción de acciones de fomento a la participación ciudadana. Es debido a ello que se atiende el llamado para generar una ley que regula el gasto público en el área de comunicación social, cuyo contenido permita contar con una serie de mecanismos desarrollados expresamente para que la propaganda gubernamental cumpla con el objetivo de comunicar a la sociedad las acciones realizadas por las instituciones de la administración pública. Los tres niveles de gobierno cuentan con presupuestos para la difusión de sus tareas, por lo que es necesario un marco legal que señale los límites para el ejercicio del gasto. Pero también de los contenidos y espacios en los cuales será permitido que el gobierno publicite sus programas de acción. Tomando como referencia los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, el presente dictamen, por el cual se expide la Ley General de Comunicación Social, nos dará un punto de inicio para la transformación del todo el aparato de publicidad gubernamental. Nos encontramos ante un momento histórico para nuestro país, pues la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno ha aumentado gracias a las plataformas que ofrecen los avances de la tecnología de la información. El flujo constante de datos y la participación en tiempo real de hombres y mujeres interesados en el crecimiento de nuestro país han generado la transformación de la relación entre gobierno y sus ciudadanos, de tal manera que el diseño de las políticas públicas desde su planeación hasta su evaluación, incluyendo el tema de ejercicio de recursos, pasan por el escrutinio público. En este sentido, el marco jurídico que regulará los productos publicitarios gubernamentales señala expresamente a los sujetos obligados, lo cual evitará confusiones al momento de la rendición de cuentas, pues cada ente público será responsable de sus gastos en comunicación social. Del mismo modo, se exige la presentación de informes detallados en donde será obligatorio detallar el cómo, cuánto y en qué se gasta el dinero público, señalando también la periodicidad para la presentación de estos documentos. Cuidando también los límites de los contenidos, la propuesta de ley señala que la comunicación social que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población, no podrán ser utilizados para promover la imagen de ningún servidor público. El anterior señalamiento pretende impedir el uso de recursos para que quienes laboran en instituciones gubernamentales construyan candidaturas, pues para esa actividad existen los espacios y canales oportunos. En su conjunto, la Ley General de Comunicación social fortalecerá la cultura de la transparencia y el gobierno abierto, generando las condiciones para que la promoción de las acciones de gobierno no sea utilizada con fines políticos. Las campañas de comunicación social tienen la finalidad de informar a la población de todo aquello que se está realizando para su beneficio en materia de desarrollo económico y social, no así para la construcción de candidaturas o el uso de recursos para otras actividades. Por lo anterior, la bancada del Partido Verde apoyará en lo general, el dictamen que fue analizado y votado en la Comisión de gobierno. De esta manera vamos a dotar una ley reglamentaria del párrafo octavo al artículo 134 constitucional y cumplir con la exigencia de la sociedad para definir los términos legales a los cuales deben sujetarse las campañas de comunicación social pagadas con recursos públicos. Queridos compañeros, a todas luces con la aprobación de este dictamen tenemos un gran compromiso. Un compromiso con la transparencia. Un compromiso con la libertad de expresión. Un compromiso con la rendición de cuentas. Pero, sobre todo, un compromiso con la sociedad. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.