EL C. PRESIDENTE: Gracias, ciudadana senadora. En virtud de que es un pronunciamiento firmado por los diferentes grupos parlamentarios, se le comunica al Ejecutivo. Tiene la palabra la ciudadana diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre la política salarial y recortes de personal técnico de confianza en Petróleos Mexicanos. - LA C. DIP. MAGDALENA DEL SOCORRO NÚÑEZ MONREAL La suscrita diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la Fracción III del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 58 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea una Proposición con Punto de Acuerdo sobre la política salarial y los recortes de personal técnico de confianza aplicados en Petróleos Mexicanos, al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S Primero.- En agosto del 2001 se celebró la firma del contrato colectivo de trabajo que regula las relaciones laborales entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El Acuerdo contempla un incremento directo al salario del 8.5 % a los trabajadores sindicalizados de la paraestatal, más una promoción de niveles salariales que en promedio representan un incremento total a sus percepciones superior al 15 %. Durante dicho mes la administración de PEMEX decide incrementar los ingresos de los mandos medios y superiores de la empresa, aumentando la compensación y el incentivo al desempeño hasta en un 120 %, homologando los niveles 39 al 43 del tabulador, con un pago retroactivo a enero del año pasado. Estos beneficios representan un incremento superior al 50 % del ingreso total que reciben dichos funcionarios. De los beneficios anteriores fueron excluidos 25 mil trabajadores de confianza en activo, ubicados en los niveles 29 al 38 a quienes no se les incrementaron ni homologaron sus remuneraciones y el aumento en la compensación y el incentivo al desempeño fue de tan solo 8.5 por ciento. También se marginó de esta revisión a 55 mil trabajadores jubilados, que únicamente recibieron un incremento del 8.5 por ciento a sus pensiones y una ayuda extraordinaria, tal vez por su pequeñez, de sólo 6 pesos diarios en promedio. 2º Marginar de los beneficios saláriales a estos trabajadores es hacer a un lado a quienes constituyen la inteligencia operativa de servicios y administrativa de la empresa petrolera nacional y a quienes representan el conocimiento acumulado y la lealtad probada a la empresa y a la patria durante toda su vida activa. Los trabajadores de confianza de los niveles 29 al 38 y los trabajadores jubilados. Estas condiciones de discriminación salarial han dado lugar a un importante movimiento en defensa de los legítimos intereses de los profesionistas de confianza de la paraestatal, que han decidido integrar una organización laboral denominada Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, A.C., a la cual se han adherido un gran número de los trabajadores agraviados a lo largo y ancho de todo el país, así como los trabajadores jubilados. Esta unión aglutina a las áreas operativas de servicios y administrativas de Pemex, así como a profesionistas y exfuncionarios de la paraestatal que actualmente son jubilados de la empresa. El pasado 19 de octubre, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera solicitó y obtuvo de la administración de la paraestatal una instancia de diálogo y negociación para atender un pliego petitorio de 11 puntos, que contiene los requerimientos laborales, saláriales y profesionales más significativos de todos los trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos y que a la fecha, después de varias reuniones conjuntas, las autoridades de la paraestatal no han atendido satisfactoriamente. Al trato salarial discriminatorio de que son objeto estos miles de profesionistas petroleros se ha sumado el aviso verbal de que serán suprimidos alrededor de 3,000 puestos de trabajo, justamente en los niveles 29 al 38. El adelgazamiento injustificado de las plantillas de profesionistas en nuestra industria estratégica ha sido un pésimo negocio para el país y en cambio ha rendido jugosos dividendos a las transnacionales al tener que comprar posteriormente Pemex el producto del trabajo de los miles de profesionistas separados de la misma, muchos de quienes pasan a ser empleados por contratistas de la paraestatal. Para seguir cumpliendo con los objetivos estratégicos que le señala nuestra Constitución Política, la industria petrolera nacional debe ofrecer a sus trabajadores un trato justo y equitativo que a ninguno de ellos se les discrimine salarial y laboralmente, que prevalezcan la armonía y la estabilidad laboral al interior de la empresa y que sus directivos muestren voluntad y capacidad para resolver los problemas laborales que ellos mismos han estado generando. Es necesario también hacerles justicia a los trabajadores jubilados que han tenido que llevar a los tribunales laborales del país la petición del pago completo de sus liquidaciones y pensiones jubilatorias, conforme a los ingresos totales que tenían como trabajadores activos y que a pesar de los fallos favorables de las autoridades laborales la administración petrolera se niega a acatarlos, por lo que se ha tenido que implementar el procedimiento del embargo. Este proceder de los directivos petroleros es injustificable. En su programa, el Partido de la Revolución Democrática sostiene como un lineamiento para el desarrollo del sector energético la profesionalización, honestidad, racionalización y suficiencia técnica en la administración de Petróleos Mexicanos y los organismos del sector eléctrico con objeto de hacer efectivo el dominio directo de la nación sobre sus recursos energéticos, así como asegurar un manejo empresarial eficiente. Una política como la que llevan actualmente las autoridades de la paraestatal afecta directamente nuestra soberanía al dar un trato discriminatorio a los trabajadores, cuya responsabilidad es clave para el mejor desempeño de la explotación de estos recursos. Resolver satisfactoriamente las demandas de estos trabajadores significa, además de un acto de justicia y equidad, una medida a favor de la principal empresa estatal de nuestra nación. "Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita Diputada Federal, somete a la consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente "PUNTO DE ACUERDO "UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a que el Director de Petróleos Mexicanos atienda las peticiones formuladas por la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, A.C., a fin de que se establezca en la paraestatal una política salarial y de pensiones equitativa y congruente, que proteja sus garantías laborales y asegure la permanencia de trabajadores calificados y con experiencia al servicio de PEMEX". Es cuanto. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. JOSE GUILLERMO ANAYA LLAMAS: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Honorable Cámara de Diputados. Tiene la palabra la ciudadana diputada Miroslava García Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Senado de la República considere la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de venta de productos farmacéuticos transnacionales al sector público mexicano. Tiene usted la palabra hasta por diez minutos diputada. -DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores: Efectivamente, esta proposición para solicitar al Senado de la República considere la revisión de los plazos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de venta de productos farmacéuticos transnacionales al sector público mexicano, estoy segura que después de escuchar las consideraciones y la proposición, que por cierto ya se abordó, ya se trabajó y ya se aprobó en las comisiones correspondientes, tocaría en forma siguiente que el Senado pudiera revisar este importante tema. En el mes de octubre del año 2001, mi grupo parlamentario presentó al pleno de la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo solicitando al Senado de la República esta revisión en la industria farmacéutica de capital nacional. Esa industria conforma uno de los pilares del desarrollo nacional, debido a la importancia que guarda en el desarrollo industrial del país, en la salud de la población y en el fortalecimiento del mercado interno. En dicho documento se señala que con la política de apertura comercial acelerada e indiscriminada, puesta en marcha desde finales del os años ´70s y principios de los ´80s, cuya culminación encontramos en el tratado comercial mencionado, la industria farmacéutica nacional ha sido severamente golpeada. La apertura ha sido verdaderamente desfavorable para el sector. En 1987 contaba con 88 empresas que producían el 75 por ciento de las necesidades de los laboratorios farmacéuticos y actualmente quedan solamente 11, los cuales cubren aproximadamente el 15 por ciento de esos requerimientos, teniéndose que importar hasta el 85 por ciento restante. Dentro de este panorama debe destacarse que de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir de 1º de enero del 2002, las transnacionales farmacéuticas podrán vender sus productos al sector público. En el Anexo 1001, apartado 2-A, correspondiente al Capítulo Décimo, Compras al Sector Público, del Tratado, se establecen los mecanismos de transición para México. En el punto 6 de ese anexo se lee textualmente: "Productos farmacéuticos". Este capítulo no se aplicará hasta el 1º de enero de 2002 a las compras de medicamentos efectuadas por la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, que no estén actualmente patentados en México o cuyas patentes mexicanas hayan expirado. Nada en este párrafo prejuzgará los derechos de conformidad con el Capítulo XVII Propiedad Intelectual. La mayoría de las empresas farmacéuticas de capital nacional ha surtido con éxito al sector Salud, las adquisiciones del sector público se realizan por medio de concursos consolidados. Esta competencia regulada ha provocado que los precios promedio de los medicamentos demandados por el sector Salud presenten una curva descendente por unidad adquirida. Y aquí, señores Legisladores, quiero llamar la atención porque es muy importante revisar las cifras y los costos que es para el sector Salud el adquirir medicamentos para toda la población De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, A.C. ANAFAM, el precio promedio por unidad adquirida ofrecida por las empresas nacionales, en 1993 fue de 0.83 dólares y para 1999 descendió a 0.56 dólares; es decir, se presentó una reducción de 33% en tanto, en el sector privado, la evolución fue a la inversa, los precios promedio por unidad adquirieron en 1993, de 3.04 dólares en tanto que en 99 ascendieron hasta 4.80 dólares; es decir presentaron un aumento, un incremento real del 58%. Todo lo anterior dadas las condiciones anotadas prevé y permiten prever el desplazamiento de la industria farmacéutica de capital nacional. La concentración de esa oferta en unos cuantos laboratorios transnacionales y un futuro incremento en los precios de los medicamentos incluídos los de la Canasta Básica , en nada van a favorecer a nuestra población particularmente de menores recursos y, por otro lado, vana aumentar los costos para el sector Salud de nuestro país. De esta manera se rebasa el Artículo 28º Constitucional que establece textualmente "La Ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración, todo acaparamiento en una o pocas manos, de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios. Se acaba la cita de nuestro Artículo 28; sin embargo el TELECAN favorece esa concentración y ese aumento de precios. En conclusión, la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, implica sujetarse al derecho extranjero, olvidando el estado del desarrollo nacional, su fomento y la salud de la población mexicana. Tomando en cuenta estas consideraciones, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de esta honorable Cámara de Diputados, dictaminó el Punto de Acuerdo en diciembre último, llegando a las siguientes conclusiones: 1º.- De conformidad en lo que dispone la Fracción II del Artículo 77 Constitucional, túrnese el Punto de Acuerdo a la Cámara de Senadores como Colegisladora, a efecto que resuelva sobre la ampliación del plazo para que los laboratorios farmacéuticos transnacionales inicien ventas al sector público mexicano, lo cual fue establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 2º.- Que la Secretaría de Economía verifique el ámbito de aplicación en esta materia de los Artículos 1001 al 1007 del TELECAN en lo referente a compras y arrendamientos de entidades gubernamentales y establecer las reformas y negociaciones que sean pertinentes para eximir o en su caso prorrogar la entrada en vigor de lo dispuesto en el Numeral 6 del Anexo 1001 del TELECAN. 3º.- Que la Secretaría de Salud revise su marco normativo y que exija en las futuras compras internacionales por lo menos los mismos requisitos sanitarios requeridos a las empresas nacionales y que la supervisión y control en los medicamentos importados, estén debidamente contemplados en la Legislación Sanitaria. No obstante, los resultados del Dictamen antes citado, la Cámara de Senadores, no ha resuelto sobre el particular por lo que con fundamento en los artículos 23 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General los legisladores suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitamos a la Presidencia de esta Comisión Permanente turne nuevamente a la Cámara de Senadores la siguiente proposición: UNICO.- Dada la importancia del sector farmacéutico nacional en el desarrollo industrial del país, la salud de los mexicanos y el fortalecimiento del mercado interno, esta Comisión Permanente, se pronuncia porque se amplié el plazo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para que los laboratorios farmacéuticos transnacionales inicien ventas al sector público mexicano y exhorta a la Cámara de Senadores, como colegisladora, a efecto que resuelva sobre la ampliación de dicho plazo. Lo anterior implicaría que el sector farmacéutico de capital nacional recibiera de acuerdo con el propio TELECAN, trato igual al de los productos nacionales sensibles social y económicamente. Por lo anterior, me parece fundamental que esta Comisión Permanente tenga conocimiento de esta situación que es sumamente delicada si tomamos en cuenta que tiene que ver directamente con la salud de la mayoría del os mexicanos de menores recursos que se atienen, que se acogen al sistema de salud pública nacional. Es cuanto señor Presidente.