El senador Eruviel Ávila Villegas: Compañeras, compañeros integrantes de esta Comisión Permanente. Hoy vengo a someter a su consideración una adición al artículo 8o. de nuestra Carta Magna, el cual establece el derecho de petición. Este derecho consiste en que una persona que se dirija a una autoridad en forma pacífica, respetuosa y por escrito, tiene derecho a que se le responda en un breve término. ¿Pero qué entendemos por breve término? Este concepto ha sido sujeto a diversas interpretaciones. De hecho, cuando se analizaba el dictamen de este artículo, una tarde del martes 12 de diciembre de 1916, el legislador Baca Calderón refería, apuntaba que este concepto, el breve término realmente era ambiguo, y que era necesario fijar un plazo para que la gente tuviese certidumbre, el ciudadano, el peticionario tuviese certidumbre. Más de 100 años han transcurrido desde entonces, y considero que la inquietud del legislador Baca Calderón sigue vigente, inquietud que hago propia y que, por lo tanto, expreso mi coincidencia con el Constituyente ya referido. Motivado por esta inquietud es que presento esta iniciativa. Es momento de brindar mayor certidumbre jurídica a todos, a todas, al ciudadano, al emprendedor, al empresario, a la jefa, al jefe de familia. Por lo cual propongo una adición para que se contemple en este artículo 8o. de nuestra Ley de Leyes, un plazo de hasta 45 días naturales para que la autoridad, ya sea municipal, estatal o federal, brinde respuesta al peticionario. Vale la pena comentar que hay otros países y también entidades federativas en nuestro país que ya han establecido términos específicos en sus legislaciones para que de esta manera el ciudadano, el peticionario, en su caso, pueda actuar jurídicamente. Por ejemplo, en nuestra hermana República de Panamá se contempla, en su artículo 41, un plazo de 30 días para que los servidores públicos respondan las peticiones, consultas o quejas que reciban. Así también diferentes entidades federativas de nuestros países... de nuestro país, corrijo, de nuestro país han contemplado plazos diversos que obligan a la autoridad a dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, siempre que estas cumplan con los requisitos. Es importante resaltar que el derecho de petición busca garantizar que la autoridad brinde una respuesta oportuna en atención a sus facultades y competencias. La respuesta de la autoridad vale la pena comentarlo puede ser favorable o no, al peticionario, pero eso sí, tiene la obligación de responder, y en este caso, con la propuesta que hago, ya no en un breve término, sino en un plazo de 45 días naturales. Y además propongo que se establezca este término, sí, pero la iniciativa propone que, ante el silencio de la autoridad, insisto, ya sea municipal, estatal o federal, ante este silencio administrativo, proceda lo que se conoce como la afirmativa ficta. Esto es que, tras vencer el término, el plazo propuesto de hasta 45 días para responder por parte de la autoridad y, salvo las excepciones que se contemplen en su caso, en la ley correspondiente, se entenderá por afirmativa la solicitud que ha hecho el peticionario. Es decir, a favor de la gente. En conclusión y termino, presidenta se trata de una iniciativa pensada en los ciudadanos, en los gobernados a los que finalmente todos nos debemos. Pongo a su disposición esta iniciativa y estoy cierto que con su sabiduría podrán enriquecerla, mejorarla, siempre pensando en el bienestar, y lo más importante, a quienes nos debemos, pensando siempre en la gente. Muchas gracias.