El diputado Armando Antonio Gómez Betancourt: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Derivado de la reforma político-electoral del año 2014, se instauraron una serie de medidas encaminadas a transformar las instituciones políticas y de gobierno en México, por el objetivo de mejorar la gobernabilidad en lo que se suponía era el inicio de una etapa de la vida democrática de nuestro país. Uno de los aspectos abordados para la mencionada reforma fue la larga duración que tenía el proceso de transición en el Poder Ejecutivo federal, pues antes de los cambios al texto constitucional realizados en el 2014 transcurrían hasta cinco meses entre la celebración de los comicios para su renovación y el momento en el cual se daba la trasmisión del mando. México tenía uno de los periodos de transición más largos del mundo, el cual contrasta, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos, que también tiene un régimen presidencialista, en donde esta fase es solo de dos meses. En este contexto, uno de los acuerdos alcanzados por la reforma política del año 2014, fue el relativo al cambio de fecha señalada, tanto para la toma de protesta del presidente de la República, como para el comienzo del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, la cual sería diferente el año en el que el Ejecutivo federal comenzara su mandato. En este sentido, según lo establecido en los artículos 65 y Décimo Quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero del año 2014, la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, es decir, la que será electa el próximo año, debería iniciar sus funciones el primero de agosto del 2024 y no el primero de septiembre, como había venido sucediendo con las demás legislaturas desde la reforma del año 1993. Lo anterior plantea diversas complicaciones jurídicas, que pudieran provocar, incluso, una crisis política, pues no se establece de manera precisa la fecha en la cual la LXV Legislatura habrá de concluir sus trabajos. El primer inconveniente es material, pues la redacción actual del artículo 65 implica la posibilidad de que dos legislaturas coexistan de manera simultánea, lo que significa que habría hasta mil legisladores en un mismo periodo de tiempo. Esto sin duda alguna es logísticamente imposible de llevar a cabo y resultaría una carga presupuestal que no tendría razón de ser. El otro inconveniente es jurídico, en primer lugar porque el artículo 51 constitucional señala que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada 3 años y, en segunda instancia, porque las constancias de mayoría o de asignación que nos expidió el Instituto Nacional Electoral determinan que el periodo para el cual fuimos electos las diputadas y los diputados de esta legislatura concluye el 31 de agosto de 2024, por lo cual bastaría que un solo legislador se inconformara por la vía jurídica para poner en riesgo el funcionamiento del Congreso o, peor aún, que se instalara la siguiente legislatura en una fecha distinta a la señalada por la Constitución, sentando un grave precedente para nuestro sistema político e incluso vulnerando la voluntad del ciudadano expresado en las urnas. Cabe destacar, como lo ha señalado la iniciativa que motiva el dictamen que está a discusión y como lo manifestó la propia Comisión de Puntos Constitucionales en sus consideraciones, que ni en la discusión de la reforma política de 2014 ni en su exposición de motivos se fundamentaron las razones por las cuales debía iniciar sus trabajos la legislatura del Congreso de la Unión electa el mismo año que el presidente de la república 60 días antes que éste tomara posesión y, por tanto, se estableciera una duración diferenciada entre las legislaturas de 35 y 37 semanas. En este contexto, la mejor solución es eliminar la excepción señalada en la redacción actual del artículo 65 constitucional, dejando a salvo la redacción que establece que el Congreso deberá reunirse el 1o. de septiembre para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias. Asimismo, se establecen con toda precisión en el régimen transitorio las fechas exactas en que habrán de iniciar y concluir los trabajos de las legislaturas LXIV, LXV, LXVI y LXVII, a fin de no dejar lugar a dudas. Lo anterior es resultado del acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y resuelve los inconvenientes aquí planteados, al tiempo de que salvaguarda los derechos político electorales de los ciudadanos que nos eligieron en las urnas mediante el voto. Por los motivos que he expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos en favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.