La diputada Claudia Sofía Corichi García: El dictamen que estamos discutiendo hoy ya lo hemos dicho de manera reiterada intenta expandir las facultades de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, y estamos convencidos de ello porque no podemos decir que no a algo tan claro. El artículo 21 de nuestra Constitución Política establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil, por tanto es innecesario intentar legalizar desde un enfoque militarizado ya que es contrario a las obligaciones constitucionales e internacionales contraídas por México y que hasta el día de hoy se ha demostrado, son ineficaces y fomentan aún más la impunidad. Es decir, tampoco hemos visto un cambio cuando entran las Fuerzas Armadas. Tenemos sin embargo, por otra parte, señalamientos reiterados de violaciones a los derechos humanos, lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Tortura sexual a mujeres en los momentos de detención, también la ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega de San Pedro Limón Tlatlaya en el estado de México la madrugada del 30 de junio de 2014, o los atroces actos de tortura que sufrieron cuatro personas a manos también hay que decirlo de algunos militares en Baja California Norte en junio de 2009. Pero hay más. Las víctimas de las 99 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2006 hasta la fecha sobre temas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas; más de 200 organizaciones y una gran cantidad de sentencias, diagnósticos, recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. Tenemos una crisis de derechos humanos. Es por esto que sin duda en todas las corporaciones nadie es de una manera o de otra. Toda es la corporación completa. Pero sí tenemos que cuidar el tema de los derechos humanos. Hemos sido señalados de manera internacional, a nivel internacional por las violaciones permanentes a los derechos humanos. Y es un tema que nos preocupa porque se ha ido agravando cuando entran a funciones que no les han correspondido las Fuerzas Armadas. Es por ello, que presentó el día de hoy dos reservas que tienen que ver con este tema de la defensa de derechos humanos. Por una parte, creo es necesario que en el artículo 21 donde se establece constituir un grupo interinstitucional a efecto de coordinar la realización de las acciones de seguridad interior, así como para el seguimiento a las acciones de preparación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas, es necesario adicionar un párrafo para que estas mismas definan las estrategias especiales necesarias de supervisión por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, que esté presente. Y también propongo un segundo párrafo al artículo 27, para que cuando las Fuerzas Armadas realicen acciones de seguridad interior y se percaten de la comisión de un delito, en ningún momento participen en tareas relacionadas con la investigación de dicho delito, tiene que quedar establecido y tiene que llamarse a las autoridades competentes. Es necesario blindarnos ante las constantes y graves violaciones a los derechos humanos. Si hoy permitimos que esta ley pase así; si además no pasó el mando mixto, se trabó en comisiones, en la madrugada pasó algo, de verdad que ¿cuál va a ser el pretexto después? Si esta Ley de Seguridad entre en vigor ¿cuál va a ser el pretexto? ¿Cuál va a ser el pretexto de los gobernadores? ¿cuál va a ser el pretexto del gobierno federal si las cosas siguen más mal? Pero encima, con una violación permanente a los derechos humanos.