El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, ha pasado ya una centuria desde que un puñado de mexicanos se lanzó con arrojo a forjar una nueva Carta Magna para nuestro país. No vieron al pasado, sino al futuro. No se detuvieron ante ningún obstáculo. No repararon en ningún tabú. Sabían que México necesitaba un pacto social diferente al de 1857, y lo edificaron. Cierto, incurrieron en un vicio que nos viene de lejos, la excesiva distancia entre norma y realidad, e inauguraron otro, la ausencia de un exigibilidad eficaz para el cumplimiento de los derechos colectivos, pero lograron grandes innovaciones. Crearon los derechos sociales, le imprimieron al documento el carácter progresista de la revolución. Sin rehuir al cambio, sin buscar pretextos para conservar el orden jurídico previamente establecido, abrazaron la refundación del Estado mexicano. Hoy estamos lejos de ese espíritu audaz y revolucionario, nos aferramos a una Constitución que ha sido enmendada hasta la saciedad, que ha caído en la hiperreglamentación, que se ha desbocado en extensión y volatilidad. Cuando la prolijidad reglamentaria no va a leyes secundarias sino al texto constitucional, este se torna inevitablemente disfuncional, son cerca de 70 mil palabras, muchas de las cuales expresan detalles que han sido depositados ahí para salvaguardar conquistas legislativas bajo el candado del Constituyente Permanente. El impacto negativo es triple, se vuelve indispensable reformarla con demasiada frecuencia, se incrementa la susceptibilidad de inconsistencia e incoherencia y se dificultan sustancialmente la accesibilidad y legibilidad para la ciudadanía. Cuando prevalece el criterio de que la mejor norma es la norma perfecta y no la que puede encausar la conducta de un pueblo, se propicia un abismo entre legalidad y realismo, que se colma con códigos de reglas no escritas. Eso es lo que yo llamo el esteticismo legislativo y es herencia del imperio español y su proclividad a centralizar en la metrópoli la legislación de sus colonias. Es también el determinismo constitucional del que hablaba Jesús Reyes Heroles. Al ser muy difícil de aplicarse por su idealismo o por su alambicamiento, la norma formal se convierte en espada de Damocles sobre la cabeza de quien ose desafiar la normatividad tácita y deja de ser referente del comportamiento individual y social. Hacer más fácil, rápido, barato y conveniente evadir o violar la ley que cumplirla, se crean incentivos perversos para la corrupción. El acátese pero no se cumpla del siglo XVI sigue vigente en el siglo XXI. Una Constitución tan larga y coyuntural como la que ahora tenemos es intrínsecamente inestable e inevitablemente incoherente. En el vértice de la jerarquía normativa han de estar solo los trazos de largo aliento, el gran diseño de una sociedad política. Pero cuando alguien propone hacer una nueva Carta Magna, una que sea concisa y realista que emane no del triunfo militar sino del consenso nacional, se esgrimen toda suerte de dificultades y peligros. Varios países con nuestra tradición jurídica y otros más pudieron culminar sus transiciones democráticas con un proceso constituyente, pero se nos dice, México no puede hacerlo, es demasiado complicado. Los españoles en 1978, los sudafricanos en 1996 manejaron exitosamente esa complejidad. Y en América Latina lo hicieron los chilenos en el ochenta, los brasileños en el 88, los colombianos en el 91, los paraguayos en el 92, los peruanos en el 93, los ecuatorianos en 98 y en 2008 los venezolanos en 99 y en 2009. Pero resulta que los mexicanos no podemos, que somos incapaces de hacerlo, pese a que el Constituyente de la Ciudad de México lo acaba de hacer. Si se pudo en la capital se puede en el país. Si va a seguir imperando el misoneísmo en torno a la idea de una nueva Constitución, por lo menos rehagamos la que tenemos. Una Constitución debería ser una plaza breve y funcional, abierta a todos, donde el menos educado de los ciudadanos pueda deambular sin perderse. Y debería ser, ante todo, referente del comportamiento social, fuente de incentivos que haga innecesarias las reglas no escritas y encarezca la corrupción, inductor eficaz de libertad y justicia. La nuestra dista mucho de serlo. A esta nueva sociedad mexicana, tan distinta, ya no digamos de la de 1917, sino la de hace 20 o 30 años, le urge una nueva estructura constitucional e institucional. Es una demanda histórica del Partido de la Revolución Democrática construir el nuevo consenso para manejar el disenso. En esta nueva realidad social pongámonos de acuerdo para saber qué hacer cuando no estemos de acuerdo. Una Constitución no es una utopía, no debe ser el arquetipo de un estado futuro sino la guía cotidiana del comportamiento individual y social de un país presente. No debe contener normas inflexibles que se apliquen flexiblemente, sino normas flexibles que se apliquen inflexiblemente. Debe ser un libro de bolsillo en todos sentidos, breve, portátil, accesible y comprensible para todos. Debe ser un cuaderno que se interprete fácilmente, sin necesidad de hermeneutas, cuyo contenido fundamental pueda aprenderse pronto y cuyos detalles puedan consultarse hojeándolo con agilidad. Debe ser, en suma, un sencillo mapa de navegación que permita a la gente deambular por la vida en armonía, con sus deberes en regla y sus derechos a salvo. O mejor, un GPS capaz de orientar a cualquiera en las calles de la cosa pública. Hasta ahora he hablado primordialmente de la forma, pero también el fondo debe cambiar. El presidencialismo es insostenible con un sistema de partidos como el nuestro. Es imperativo parlamentarizar nuestro régimen, ir más allá de las muletas parlamentarias que se le ha puesto a nuestro sistema presidencial. México exige algo más que un cambio de gobierno, pide a gritos un cambio de régimen. La diferencia está en las leyes, en sus instituciones y en su desdoblamiento en la realidad. Si mediante acciones rupturistas o elecciones cambian los gobernantes pero se mantiene esencialmente el mismo entramado legal e institucional o el ejercicio del poder sigue rigiéndose por las mismas reglas informales, no hay transición posible. Por eso he reiterado que México requiere algo más que la sustitución del partido en el poder. Sacar al PRI de la Presidencia de la República en 2018 es condición necesaria, pero no suficiente. Es imprescindible crear un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo en lo fundamental, para usar las palabras de Mariano Otero. Como ocurre en el resto del mundo, hay en nuestro país un divorcio entre sociedad civil y sociedad política, y la mejor manera de lograr el maridaje sociopolítico que requerimos es, si se me permite la metáfora, revertir la metástasis del cáncer de México y sus dos tumores: el de la corrupción, alojada en el pecho muy cerca del corazón; y el de la desigualdad, en el estómago. Para ello, debemos renovar nuestra Constitución, piedra angular de una inercia de informalidad e inequidad. En el PRD queremos un México que premie la honestidad y la legalidad, que castigue la corrupción y erradique la impunidad. En el PRD queremos un México que sea nuestra casa común, con un piso de bienestar que detenga la caída de los débiles. Un techo de legalidad que impida la fuga de los poderosos y cuatro paredes de cohesión social que nos permitan a todos convivir con bienestar y dignidad. Si el misoneísmo o la falta de generosidad rechazan la transformación de fondo, hagamos al menos el cambio de forma. Está en la Comisión de Puntos Constitucionales una iniciativa que presenté para crear las leyes de ordenamiento constitucional, un estrato normativo entre la Constitución y las leyes secundarias para descargar ahí el fardo reglamentario y constitucional, aligerar la Carta Magna y facilitar su reforma integral. Es similar a lo que existe en España y en varios países de nuestra América y al proyecto que Diego Valadés y Héctor Fix prepararon para esta Cámara de Diputados en la Legislatura anterior. Aprobarla sería el primero paso hacia un nuevo texto constitucional que conserve lo esencial de la actual. México atraviesa una crisis integral, política, social, económica y sobre todo moral. Este gobierno ha incrementado la pobreza y la desigualdad, nos ha sumido en una corrupción rampante, ha disparado la deuda y devaluado el peso, ha sido incapaz de combatir eficazmente la violencia, ha propiciado la ingobernabilidad y ha arrojado un gasolinazo al pasto social seco, al cual junto con la reforma energética, el PRD se opuso. Y por si fuera poco, en un acto humillante en la misma residencial oficial del presidente, impulsó a la Presidencia de Estados Unidos, al hombre que hoy tiene en vilo al mundo y amenaza dañar gravemente a nuestro país. Un hombre a quien se enfrenta desde la carencia de sagacidad, de estrategia y de dignidad. Tenemos que revertir todo esto. La unidad nacional no se da por decreto y menos por un decreto sustentado en la postverdad y en la sumisión, se construye en torno a un proyecto de nación soberana, limpia y justa. La diferencia entre las naciones que se subliman y las que se hunden es el alcance de su visión. Hay momentos en la historia en que la sensatez es sinónimo de audacia, en que regatear el cambio es ignorar el signo de los tiempos, éste es uno de ellos. Los representantes tenemos que situarnos a la altura de los representados si no queremos que la deserción democrática nos ahogue. No confundamos pragmatismo con mezquindad. Fundemos un nuevo régimen con el filoneismo en ristre, acerquémonos a la sociedad y avancemos con ella sin miedo al cambio. Una generación tiene esperanza en el futuro cuando ve que la que le precede avanza con la frente en alto. Muchas gracias.