La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Seguramente todos coincidimos en que la familia es el núcleo de la sociedad, y por ende, la base de toda dinámica social. Así como que ésta no es la misma desde hace 50 años. Actualmente, los estereotipos de la misma y los roles de sus miembros han cambiado, colocándolos como testigos de la conformación de una gran variedad de formas de organización familiar. Hoy, y probablemente más que nunca, contamos con los índices más altos de divorcio, segundos matrimonios y casos de madres o padres solteros, situaciones que derivan en la conveniencia interrumpida de los menores con sus progenitores; pese a la cotidianidad de los procesos judiciales de divorcio y guarda y custodia. No podemos dejar de lado el costo psicológico que estos provocan en los menores, que con frecuencia se encuentran en medio de esta problemática, cuya salud emocional y física en casos extremos está en riesgo cuando son utilizados como rehenes de sus propios padres, para herir a su contraparte sin considerar los daños que ocasionan en los niños y la violación de sus derechos. Dicha conducta se ha definido, en el ámbito médico y de los tribunales familiares, como síndrome de alineación parental del cual poco sabe fuera de ambos contextos, pero su frecuencia es innegable, éste consiste en un proceso completamente destructivo de la imagen del padre o la madre cuando el otro comienza a hablar mal de éste, con el firme propósito de destruir todo vínculo afectivo con el menor y llegar a separarlos definitivamente. El síndrome de alineación parental puede desembocar eventualmente no solo en la ejecución de resoluciones equivocadas por parte de las instancias jurisdiccionales, sino en el quebranto emocional y económico de los sujetos tutelados. La aptitud socio-emocional debe ser motivo de orientación jurídica para construir criterios que promuevan la valoración objetiva de los desacuerdos emergidos de las relaciones matrimoniales. El problema no es menor si consideramos que de conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país anualmente por cada 100 matrimonios hay 12 parejas que rompen su vínculo de manera legalmente y que de éstas al menos 10 se enrolan en procesos desgastantes ante los tribunales. En Movimiento Ciudadano reconocemos la imperiosa necesidad de que se regule en la materia y se incluyan los mecanismos que permitan la identificación de dicha conducta y contener los efectos de la misma. Las modificaciones a la legislación federal contenidas en el dictamen contemplan, por un lado, que en caso de falta de acuerdo para determinar quién de los padres ejercerá la guardia y custodia del menor, sea obligatoria a la práctica de periciales de trabajo social y de psicología familiar, las cuales permitirán dilucidar la situación más benéfica para el menor, así como la intervención del Ministerio Público en la realización de las mismas el cual en su carácter de representante social vigilará en todo momento el estricto cumplimiento de las disposiciones legales. Consideramos que ambas propuestas de reforma son adecuadas tomando en cuenta que nuestro país se ha obligado internacionalmente a través de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño a adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar la protección de dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Aunado al hecho de que la jurisprudencia contempla que en toda controversia de orden familiar el juzgador deberá resolver con estricto apego al principio del interés superior del niño o niña, que es en entendido como un conjunto de acciones y procesos pendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y efectivas que le permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen, y felicitamos a la promovente, a la diputada Karina Labastida Sotelo. Muchas gracias.