La diputada Rocío Barrera Badillo: Con su venia, señora presidenta. Estimada asamblea. El dictamen que ahora se pone a su consideración es de suma trascendencia para el fortalecimiento de la vida democrática, el establecimiento de mecanismos efectivos e institucionales de rendición de cuentas y la reconciliación de la sociedad. Por vía del esclarecimiento de episodios dolorosos de nuestra historia reciente, la remediación de los daños que al amparo del poder público pudieron ocasionarse a ciudadanos e instituciones y la suma de esfuerzos para atender y solucionar problemáticas de impacto o trascendencia nacional. Partiendo del reconocimiento de que la democracia se ejerce de manera colectiva, tiene por objeto insertar a nuestro sistema jurídico las comisiones consultivas y presidenciales, así como puntualizar el propósito y alcance de las comisiones intersecretariales. Esta ampliación conceptual ejecutada durante la reforma del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal busca potencializar las comisiones que el presidente de la República podrá establecer, a efecto de atender diversos retos derivados del ejercicio de la función pública o cuestiones que por su complejidad requieren ser abordadas mediante esquemas que respondan a lógicas distintas a las que caracterizan a los entes públicos, sin que ello implique aprovechar espacios de oscuridad e imprecisión jurídica, para recurrir a las llamadas facultades metapresidenciales, concepto incompatible con el Estado democrático y de derecho. La propuesta entonces logra además fortalecer la tradición institucional que debe caracterizar a nuestra nación, que sin embargo se ha puesto en tela de juicio en varias y complejas situaciones. La ampliación del catálogo de comisiones que el titular del Ejecutivo podrá constituir para enfrentar temas de Estado complejos responde a lógicas particulares y tienen propósitos y alcances diversos. Las comisiones intersecretariales persistirán como instrumento para la atención de cuestiones propias de la administración pública y sus dinámicas de trabajo figurando como esquema de fortalecimiento de la relación entre los entes de la administración pública y el presidente de la República, agilizando y dando respuesta específica a los canales de comunicación que entre las dependencias debe existir. Las comisiones consultivas serán aquellas destinadas a establecer puentes institucionales transparentes de los alcances previos y claramente definidos para procurar la comunicación y colaboración con sectores específicos, ya sea el sector académico, la sociedad civil organizada o los colectivos sociales sin menoscabo a las facultades específicas de los entes públicos que la compongan. Como órganos de opinión especializada, se abocarán al estudio de situaciones y contextos específicos y llegarán a conclusiones que si ser vinculantes orienten el sentido de las decisiones de las dependencias a las que se adscriban. Si bien es cierto que de manera recurrente el presidente o las dependencias de la administración pública ya establecen esquemas de consulta, es un hecho también que las conclusiones a las que arriban los especialistas consultados pueden o no ser hechas públicas, dependiendo en gran parte de su sentido. En este caso, aunque los resultados de las consultas que motiven la creación de las comisiones sean meramente orientativos, se contará con una opinión especializada y transparente. Las consultas tendrán como objetivo generar el dar soporte técnico especializado a la toma de decisiones del Ejecutivo, por tanto, no diluye su opinión la responsabilidad a los entes públicos competentes que seguirán siendo responsables de la decisión a que se llegue. En tal contexto, el decreto de su creación determinará su objeto materia de la consulta, y temporalidad, creación, operación función, así como sus integrantes que serán designados de manera directa por el presidente atendiendo a su especialidad o reconocimiento como representante de un sector. Aquí caben académicos, investigadores, artistas, creadores o representantes de la sociedad civil, un sector industrial o de comercio o un sector de la sociedad, entre otros. Finalmente, las comisiones presidenciales pretenden constituirse como el mecanismo mediante el cual el sector público abordará junto con la sociedad civil, entes de otros órdenes o niveles de gobierno e incluso organismos internacionales, la atención o solución de cuestiones que por trascendencia deban ser considerados asuntos de Estado. El propósito claro es dotar al Ejecutivo federal de elementos que sin visiones partidistas promuevan la mejor atención de los asuntos. En términos del decreto que se pondrá a su consideración, estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especiales para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes, que deberán servir como base para la toma de decisiones, o el objeto que determine su decreto de creación. En este caso, además de los previstos para las comisiones consultivas, podrán integrarse a las comisiones presidenciales servidores y exservidores públicos de la administración pública federal, e incluso de un poder diverso al Ejecutivo o un orden competencial diverso al federal. De este modo se establece un mecanismo específico de colaboración o coordinación que aprovechará el Ejecutivo federal para el mejor ejercicio de sus funciones. Con relación a su objeto, la redacción puesta a consideración de esta asamblea dispone que será cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su decreto de creación. Los tres tipos de comisiones parten de la necesidad de atender problemáticas específicas ampliando y desconcentrando los espacios de definición de estrategias, aunque sus dinámicas son distintas. En estos casos el diseño responde a una visión de Estado que atienda la situación que nos convoca con estrategias definidas mediante elementos técnicos especializados y apartidistas. Debe señalarse también y para concluir que, para evitar un impacto presupuestal, la dotación de recursos que en su caso se requiera, correrá a cargo de la entidad pública de la que dependan y que el cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, por lo que las personas podrán seguir realizando las actividades económicas o públicas que previamente realicen. Estas comisiones serán herramientas efectivas para la atención de situaciones complejas o trascendentes, como lo es, por ejemplo, el caso de las comisiones presidenciales, el esclarecimiento de situaciones que han afectado de manera trascendente los derechos humanos de la ciudadanía, han debilitado la credibilidad de las instituciones o han quebrantado la legitimidad de instancias o autoridades, tal como ocurrió en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, porque la sociedad tiene derecho a la verdad. Pido a ustedes, diputadas y diputados, la aprobación de este dictamen que hoy a nombre de la Comisión de Gobernación y Población tengo el honor de presentarles. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, presidenta.