La diputada Gloria Romero León: Compañeras y compañeros legisladores, en el análisis y discusión del Paquete Económico para 2020 no vemos favorables los términos en que se encuentra el dictamen de la Ley Federal de Derechos y no es tener una visión pesimista, pero la realidad se sustenta con números y la evidencia es que las cosas van muy mal y los ciudadanos lo viven y lo resienten todos los días, Para Acción Nacional, las políticas económicas del actual gobierno federal han sido un fracaso para generar crecimiento y desarrollo sostenible para millones de mexicanos que a casi un año de gobierno no ven mejores condiciones de vida, a pesar de las contribuciones que se pagan al erario público. No puede dejar de señalar que el escenario es complejo, que hay millones de mexicanos que no cuentan con un empleo formal ni un salario digno y tampoco tienen acceso a servicios públicos de calidad. Con la Ley Federal de Derechos que se pretende aprobar para el próximo año, el escenario será el de seguir pagando mayores impuestos. Es decir, mayores actualizaciones en las cuotas para los servicios públicos. De tal manera que en Acción Nacional estamos seguros que en el dictamen no se reflejan las inquietudes y los intereses de cada grupo parlamentario, ya que no se da solución a problemas sectoriales que requieren de apoyos para mantener el dinamismo de años anteriores. Un caso concreto es el referente a las aguas residuales, donde se propone unificar el cobro del derecho por el trámite de expedición del permiso de descargas de aguas residuales, conducidas o almacenadas en cuerpos receptores propiedad de la nación, sin hacer distinción por la actividad que las genere. Una medida que desequilibra al sector porque ahora tendrán que pagar más aquellos que solicitan permiso de descarga de aguas residuales, distintas a las industriales en un 67 por ciento más con respecto a lo que pagaban en 2019. Otro caso es el referente a los derechos de telecomunicaciones, en el que se desfavorece a los entes públicos, ya que ahora tendrán que pagar derechos por la expedición de la prórroga, de la concesión única para uso público en la Ley Federal de Derechos. Con esta medida se limita de recursos a los Poderes de la Unión, de los estados, los órganos de gobierno de la Ciudad de México, los municipios, los órganos constitucionales autónomos y a las instituciones de educación superior de carácter público, mismas que deberán prorrogarse en un momento determinado. No podemos estar a favor de un dictamen que no genera condiciones de certeza jurídica, ya que representa un compendio de aumentos mal enfocados que van a desequilibrar a los sectores afectados. Estamos convencidos que la Ley Federal de Derechos debe de ser un ordenamiento jurídico en el que se ve reflejado el dinamismo de las regulaciones y competencias del sector público y no un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento del país. No podemos obviar que debe haber congruencia entre las leyes al establecer los montos que deberían cubrir los particulares por la prestación de los servicios, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la federación. Debemos ser responsables en aprobar leyes que favorezcan al crecimiento económico, que generen certeza jurídica entre los actores y constituyan una verdadera palanca para el desarrollo sin el menoscabo de los servicios públicos. Y este dictamen presenta serias inconsistencias, que no favorecen al progreso y bienestar de los mexicanos. Por lo anteriormente señalado, votaremos en contra del dictamen. Es cuanto diputada presidenta.