El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Las disposiciones de Miscelánea Fiscal que se presentan en el presente dictamen significan la continuación de un manejo errático de la economía y de las finanzas públicas. Son múltiples las acciones que han causado un desplome en la actividad económica nacional, que han llevado al crecimiento del 2 por ciento al estancamiento en cerca del cero por ciento, con el grave riesgo de recesión para el año que entra. Entre estas están los persistentes recortes al gasto público al grado de constituirse en un verdadero austericidio por la afectación de funciones sustantivas del gobierno a los servicios de salud, educación y seguridad pública. Además, otras acciones como la suspensión del aeropuerto de Texcoco, las controversias por los gasoductos, la suspensión de licitaciones y la bajísima inversión pública han generado desconfianza al grado de desplomar la inversión privada a niveles no visto desde la recesión económica de 2009, congelando con ello a la economía e impactando los ingresos públicos. Los expertos económicos en situaciones como estas recomiendan adoptar medidas contracíclicas que alienten la economía, como bajar impuestos y consensuar acuerdos de unidad para la productividad, la inversión y el empleo. Sin embargo, a contrapelo de lo afirmado por el Ejecutivo, de que solo se ajustarían los impuestos de acuerdo con la inflación, con el pretexto de la actualización encontramos en algunos casos aumentos desproporcionados y la inclusión de nuevos contribuyentes al cambiar las reglas sobre los sujetos o supuestos para recaudar. En lugar de eficientar la recaudación para evitar la elusión y la evasión sobre la base de trabajos de inteligencia, de tiros de precisión y el uso de las tecnologías de la información y estímulos para incrementar los ingresos, se recurre a la persecución como en la reciente ley contra las factureras, al grado de blandir las figuras de seguridad nacional, delincuencia organizada, prisión oficiosa y confiscación de bienes, sin juicio previo, en abierta violación de los derechos humanos, de la presunción de inocencia y el debido proceso. Lo que se busca es generar miedo. Se trata de recaudar, como sea, poniendo más carga tributaria a quienes ya pagan, sin cuidar los impactos económicos y sociales de manera improvisada, sin estudios que sustenten estos desvaríos, al grado de levantar la más amplia protesta de los últimos 20 años. Estamos en contra de la Miscelánea Fiscal, porque contiene muchas normas injustas, inequitativas y desproporcionadas. Ejemplo de ellas son: en los juicios de arrendamiento inmobiliario, en los que se condena al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido comprobantes fiscales. Pretender grabar con ISR a más de 2 millones de amas de casa, a madres solteras que realizan ventas por catálogo que, aunque lo rectifican, persisten con un transitorio que les deja abierta la puerta para persistir en su objetivo. La obligación de reportar las planeaciones fiscales de los contribuyentes y violar el secreto profesional de contadores y administradores haciéndolos soplones, impuestos a plataformas digitales que son necesarias, pero mal abordadas, sin los conocimientos técnicos que se requieren para llevar a cabo su cobro y terminarán afectando las bolsas de las familias mexicanas pagando por estos servicios, más de lo que actualmente pagan. Con estas medidas lejos de elevar la recaudación, nos llevará a deprimir aún más nuestro crecimiento y al colapso, quizás, de las finanzas públicas. Consideramos que esta miscelánea no es lo que requiere el país, es el simple reflejo del desastroso modelo de recaudación que se quiere imponer. Nos dirigimos al pueblo de México para que exija a la 4T que deje de complicar la vida al país, que no sigan complaciendo a su líder, que cumplan las ofertas de campaña, que no sigan haciendo oídos sordos, que escuchen la experiencia que aporta a la sociedad. Desde nuestra posición seguiremos denunciando lo que este gobierno está haciendo mal, seguiremos defendiendo los derechos de las y los mexicanos, alzando la voz para que recompongan lo que están mal implementando. Entre los mayores desaciertos de la actual administración se encuentran: el giro que ha impreso a la política energética sin respetar el marco constitucional y regulatorio, están empeñados en derogar la última reforma energética para restaurar los monopolios estatales de Pemex y CFE con una visión ideológica, estatista, añeja y alejada de la realidad. No reconocen los graves problemas estructurales que tienen enormes pasivos laborales, deudas de más de 2.5 billones de pesos, caída de las reservas probadas a poco más, apenas de 7 mil millones de barriles, 15 años consecutivos de producción petrolera a la baja. No se entiende por qué un nuevo rescate a los enésimos que llevamos, los dos de Calderón, los tres Peña Nieto, ya los dos que ha hecho el presidente López Obrador, utilizando fondos federales que no son suficientes para solucionar los problemas de flujo de efectivo y de producción que enfrenta, que solo terminan erosionando las cuentas federales, estatales y municipales, que será este nuevo rescate un barril sin fondo, porque no se realiza al mismo tiempo una reestructuración interna de la empresa que requiere de la actualización de tecnologías en modelos de negocios, en contratos, en dirección general corporativa. Es moralmente inaceptable que los recortes que el gobierno llama a ahorros que han costado muertos, dengue, niños sin tratamiento para el cáncer, adultos sin medicinas, mujeres violentadas sin albergues, guarderías infantiles, conocimos apenas ayer el informe de los centros de alta especialización que reclaman prácticamente de nueva cuenta la crisis porque no tienen lo elemental para operaciones. Por ello, consideramos que destinar recursos a unas empresas lastrada por décadas de ineptitud y deshonestidad será un nuevo fracaso. Estas transferencias que no estaban contempladas en el presupuesto ahora han sido destinadas al refinanciamiento de deuda a mayores intereses y mayores plazos, a obras sin sustento técnico y financiero como la refinería de Dos Bocas, a inyectarle capital a la empresa para hacer frente a la necesidad de flujo de efectivo en lugar de generar condiciones para mejorar su eficiencia y productividad. Pemex no cuenta con un plan de negocios realista, basado en estudios de evidencias que establece las incansables metas de extracción petrolera que se han estimado de mil 950 millones de barriles diarios para el próximo año. Por el número tan pequeño de campos a explotar, la magra inversión pública comprometida en este ejercicio, por la exclusión en la práctica de la inversión privada nacional y extranjera, al cancelar las rondas de licitación, al negarse a ampliar las mejores técnicas alternativas mundiales y al relajamiento del gobierno corporativo, poblado ahora de directivos sin experiencia en los principales cargos directivos de Pemex y en los órganos reguladores. Estas acciones han afectado la confianza para invertir no solo en la industria petrolera sino en toda la industria nacional. Esta estrategia, así como la propuesta de bajar la forma fiscal a Pemex en detrimento de los ingresos públicos no fortalece su capacidad para hacer cosas por sí mismo. No lo libera de la necesidad de refinanciarse como resultado de su productividad, simplemente transfiere las cargas al gobierno federal sobre todo porque tanto la empresa como nuestro país tienen alternativas sanas para atraer inversión privada nacional y extranjera que atienda las necesidades de financiamiento, sin someter a mayores tensiones a las finanzas públicas. Esta es la posición del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias, presidenta.