El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Con su permiso, señor Presidente. En sesión ordinaria del martes 19 de septiembre, el Partido de la Revolución Democrática propuso un punto de acuerdo y de urgente u obvia resolución en donde se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del Ejército Mexicano, de la PGR, de la Secretaría de Seguridad Pública y de las corporaciones en los estados, a coordinar acciones para prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia en todo el país. El punto de acuerdo fue votado en contra por las fracciones parlamentarias del PAN, del PRI, del Verde Ecologista y Nueva Alianza. El viernes 22, tres días después, el presidente legal, Felipe Calderón públicamente admite que "la delincuencia organizada amenaza al Estado mexicano y –que- constituye un asunto de seguridad nacional… ". Advirtió que "no habrá tregua ni cuartel contra los responsables de la ola de inseguridad que azota al país". Promete y empeña su palabra, su palabra, para no escatimar recursos y esfuerzos para cumplir con la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué lectura nos da todo esto? Pues incompatibilidad o incongruencia, doble actitud, doble discurso, sordera y ceguera parlamentaria, cataratas mentales o una perversidad en acuerdos políticos sin importar el interés nacional. El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes Consideraciones En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos que es urgente abrir un debate sobre el marco general para fijar los precios de los combustibles, este debate nacional debe estar inserto en el diseño, la aprobación y el impulso de una política energética nacional integral y de largo aliento, que permita la superación de los procesos viciosos en los que ha caído nuestra industria energética, profundice sus aspectos virtuosos y abra una nueva fase que sienta las bases para garantizar la soberanía energética y permita el incremento del bienestar de personas y familias en México. Décadas de políticas neoliberales han traído como consecuencia el agotamiento del patrimonio petrolero del país y el abandono de la inversión pública, en las actividades de transformación de las cadenas productivas petroleras. Hoy existen muchos asuntos delicados que generan gran preocupación social, entre ellos, el precio del gas natural y del gas licuado, así como la insuficiencia de la producción nacional de gasolinas. Esos tres ejemplos, con repercusiones significativas en las economías domésticas, ponen de manifiesto la complejidad de una realidad que exige ser abordada con renovada visión y largo alcance. Como lo señalamos a lo largo de la campaña presidencial, el sector energético nacional puede y debe ser la base material para establecer un régimen de acumulación y un modelo alternativo de desarrollo en México. Para ello se requiere una adecuada y activa política sectorial, encaminada a poner fin a los contrastes actualmente existentes en cuanto al grado y tipo de desarrollo, así como definir una nueva forma de inserción del sector energético nacional en el mercado mundial. En efecto, el problema fundamental en torno a la fijación del precio del gas, tiene que ver con la forma en que se ha manejado la articulación de la economía nacional con el mercado internacional. Esta forma de articulación se refleja en el reglamento del gas natural, ha resultado nociva tanto para los consumidores como para la industria nacional, dicho reglamento establece que para la fijación del precio se deben de considerar los costos de oportunidad y las condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realiza la venta. En virtud de lo anterior expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente Punto de Acuerdo Primero. Se solicita del titular del Poder Ejecutivo federal instruya la conformación de una comisión intersecretarial, con el objeto de reestructurar los precios del consumidor del gas natural, gas licuado y las gasolinas, buscando conciliar las preocupaciones fiscales del Estado, la salud financiera de Petróleos Mexicanos y la protección de las economías familiares. Segundo. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, que en tanto la comisión secretarial cumple su objetivo, se congele en los términos reales los precios al consumidor de los combustibles señalados. Señoras y señores legisladores, seamos congruentes por el bien de todos. Pido al señor Presidente turne a comisiones esta propuesta con punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.