El diputado Silvio Lagos Galindo: Con su permiso, señor presidente. Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta soberanía el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. A pesar de las reformas constitucionales que se han realizado en materia presupuestal, así como lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, observamos que de manera sistemática los gobiernos recientes han presentado diversas ineficiencias en la ejecución y aplicación de los recursos. No ha importado el análisis y discusión que se desarrolla en el Poder Legislativo en torno al proyecto de presupuesto, cuántas reasignaciones realice la Cámara, cuántos recursos adicionales se destinen para fortalecer la inversión, el gasto social y a los sectores productivos. Los recursos no se ejercen de manera eficaz y como lo mandata esta soberanía, mucho menos como lo requieren los mexicanos. Lamentablemente, en los últimos 10 años hemos tenido administraciones públicas cuya finalidad ha sido ajustar el balance macroeconómico en detrimento del bienestar social. Esto debe cambiar y debe hacerse desde el inicio, es decir, desde la planeación del desarrollo. El Ejecutivo federal no sabe administrar los recursos públicos; los administra ineficientemente, gasta pero no invierte, muestra una actitud reacia a rendir cuentas y a ser evaluado, una negativa constante a aceptar sugerencias que deriven en un gasto más eficiente y en un gobierno más eficaz. En tal sentido, es necesario atender desde el Legislativo problemas del gasto público que retrasen los beneficios para la población de los diversos programas y proyectos de inversión y que derivan en ineficiencias que afectan los resultados de las políticas gubernamentales. Ante ello, el Grupo Parlamentario del PRI establecimos como elemento fundamental de nuestra agenda legislativa el impulso de una reforma presupuestaria para promover el empleo, reactivar la economía y acotar las acciones discrecionales del Ejecutivo en el ejercicio del presupuesto, una reforma que corrija la ineficacia del gobierno al incentivar desde la ley mecanismos más adecuados de vigilancia, evaluación del gasto y rendición de cuentas. También nos propusimos impulsar reformas que permitan la elaboración de eficientes y oportunas reglas de operación en los programas federales y proponer un adecuado sistema de evaluación del desempeño para hacer más efectiva la labor de las comisiones de la Cámara en la evaluación del gasto público. Por todo lo anterior, la iniciativa que hoy presentamos a esta soberanía propone incorporar normas sustantivas y adjetivas para fortalecer y consolidar la participación de la Cámara en el examen, análisis, discusión, modificación y aprobación del presupuesto, a través de las siguientes consideraciones generales: Equilibrio presupuestario estructural Para la política del financiamiento del gasto público se propone establecer este concepto como herramienta para impulsar el crecimiento económico con una visión de largo plazo. Este instrumento busca dejar muy claro que cuando a juicio del Ejecutivo o del Legislativo existan circunstancias extraordinarias que ameriten contratar déficit para financiar un aumento del gasto público, podrán ser autorizados por este Congreso, con la obligación de compensarlos por el Ejecutivo, con recursos que se obtengan en la etapa en que se reactive la economía. Asimismo, derivado de la estimación del equilibrio presupuestario estructural, la iniciativa permite al Ejecutivo o al Legislativo proponer un superávit presupuestario, con el objetivo de destinarlo a un fondo específico. Esto nos permitirá un manejo responsable de la hacienda pública, tanto en tiempo de bonanza como de déficit. A tal efecto, se creará un fondo estructural de las finanzas públicas. Esta herramienta de política económica de Estado permitirá que los déficit no se conviertan en crisis, dando madurez financiera y enviando un mensaje de certeza a los mercados financieros, seguimiento y control del gasto e inversión pública. Establecer la obligación de la Secretaría de Hacienda de comunicar por escrito, en un plazo no mayor de 20 días hábiles, si la solicitud de registro de un proyecto es rechazada, de lo contrario se entenderá como afirmativa ficta su incorporación en la cartera. Asimismo, los proyectos de inversión que sean incluidos por la Cámara de Diputados en el presupuesto podrán ser registrados a más tardar el 30 de junio del ejercicio para el cual fueron planteados: nuevos programas desde la Cámara y discusión de objetivos; metas e indicadores; adecuaciones presupuestarias; reglas de operación en donde se faculta a las comisiones ordinarias de esta Cámara a opinar y a emitir reglas y criterios sobre cada una de las reglas de los diferentes programas; evaluación del desempeño; y lo más importante, sanciones, sancionar a los servidores públicos que no ministren oportunamente los recursos, según el calendario, y se precisan las conductas que serán ahora consideradas como graves en materia de presupuesto con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Dejemos de hacer gobiernos hacendarios y desarrollemos instrumentos y controles que obliguen al Ejecutivo a llevar a cabo programas, políticas y acciones transparentes con equidad para un verdadero beneficio social. Debemos establecer una política propia de desarrollo para todos. La planeación no puede dejar marginados y pobres, y mucho menos, incrementar su número. Somos un pueblo con demasiadas carencias como para permitir el uso discrecional, despilfarrador y sin objetivos nacionales de los recursos. Los diputados federales, por nuestro origen y por la forma en la que somos electos, conocemos a detalle los requerimientos de los sectores y comunidades que representamos, al tiempo que somos una vía para las denuncias y demandas ciudadanas; por ello sabemos que los programas federales no funcionan y no sirven a la gente. El combate al autoritarismo hacendario, alejado del espíritu federalista, a la discrecionalidad de la aplicación del gasto y a la falta de justicia social es, y debe seguir siendo, un imperativo político categórico de los representantes del pueblo. Es cuanto, señor presidente.