La diputada Lorena Méndez Denis: Con su venia, señor presidente. El Estado mexicano no ha asumido su responsabilidad con la niñez. Tenemos más de 23 años de rezago en la aplicación de la Convención de los Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas. En nuestro país cuatro de cada 10 mexicanos son menores de edad. Debido al alto porcentaje que representa este sector de la sociedad, el 29 de mayo del 2000 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Desafortunadamente dicho ordenamiento ha quedado en letra muerta, tal y como lo demuestra el apartado C de su artículo 14, el cual estipula que se debería diseñar y ejecutar las políticas públicas que sean necesarias para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo cual, a 14 años de su promulgación continua sin ocurrir. Como consecuencia de lo anterior, constantemente somos testigos de noticias en las que los menores de edad son sometidos a malos tratos, viven en condiciones insalubres y experimentan abusos sexuales, situación que se ha evidenciado en casos como el operativo de la Procuraduría General de la República en el albergue de La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, o en la red de trata encubierta en el albergue capitalino Casitas del Sur. Dentro de los menores de edad existe un grupo que sobresale por su vulnerabilidad, el cual corresponde a los niños migrantes. En el caso particular de nuestro país, de acuerdo con el censo de población y vivienda 2010, 609 mexicanos dejan el país al día, de los cuales el 50 por ciento corresponde a jóvenes y adolescentes. Por su parte, el boletín estadístico de la Secretaría de Gobernación, Repatriación de mexicanos 2014, revela que existen 20 mil 546 menores migrantes repatriados desde Estados Unidos de América, integrados de la siguiente forma: 19 mil 230 son mayores de 18 años; mil 173 tienen entre 12 y 17 años, y 143 oscilan entre los cero y 11 años de edad. Asimismo, resulta importante mencionar que de manera geográfica el problema se acentúa en Centroamérica, pues tan sólo en los primeros cinco meses del 2014, las autoridades de Estados Unidos han deportado a nuestro país cerca de 6 mil 330 niños, principalmente pertenecientes a esta zona. Lamentablemente se estima que este fenómeno aumentará en los próximos años, debido a la dinámica poblacional, a la desigualdad económica, a los conflictos de violencia, a los estados fallidos, a la escasez de recursos y a los desastres naturales y presiones medioambientales. Como respuesta a ello, el gobierno mexicano ha sostenido reuniones con anterioridades de diversas naciones centroamericanas, entre las que destacan Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala. Por lo previo, Movimiento Ciudadana votaremos a favor del punto de acuerdo que hoy se discute, pues la elaboración de una declaración conjunta que garantice la salvaguarda de los derechos humanos de las niñas y niños migrantes no sólo resulta deseable, sino urgente. No obstante, consideramos que este tipo de exhortos se traducen en acciones insuficientes ante un problema que vulnera a la sociedad desde lo más profundo. Estamos convencidos de que no basta únicamente con crear una declaratoria, sino que ésta se debe implementar de manera eficaz, ya que actualmente existen numerosas disposiciones internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; el Convenio sobre la edad mínima y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, que no se han traducido en resultados concretos que representa un beneficio para los menores de edad. Del mismo modo, por qué limitarnos a un punto de acuerdo, cuando las medidas propuestas pueden influir en la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados, que próximamente se discutirá en el Congreso. Por qué no luchar por la inclusión de estos temas dentro de la iniciativa preferente, anunciada por Peña Nieto, sobre la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Dejemos de lado los pronunciamientos tibios y asumamos nuestra labor como legisladores, con propuestas concretas, que aborden la problemática de los niños migrantes de forma integral, ya que ésta viene acompañada de maltratos, aislamientos, violencia, malas condiciones de trabajo, omisión del pago de salario y la amenaza de ser denunciados a las autoridades, y que propongan el otorgamiento de ayuda humanitaria por parte de organismos de cooperación internacional, como la Cruz Roja, sólo así lograremos un verdadero impacto y no sólo buenas voluntades que al bajar de tribuna se traducen en letra muerta. Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.