La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. La presente reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas representa en los hechos un retroceso en materia de transparencia, rendición d cuentas y control democrático del gasto público. Por esas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se manifiesta en contra de destruir los estándares que deben regir toda contratación pública en un régimen democrático. Esta reforma abre la puerta a una discrecionalidad peligrosa y debilita los controles democráticos que esta Cámara debe ejercer. Uno de los aspectos más preocupantes de esta reforma es la exclusión de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad del cumplimiento de esta ley. Se trata de empresas públicas estratégicas que manejan presupuestos multimillonarios y que están directamente relacionadas con el interés nacional. Excluirlas de los procedimientos de contratación pública no se justifica, sino que abre un gran margen a la opacidad, a la corrupción y al uso político de los recursos públicos. La reforma también elimina la obligación de que los proyectos de infraestructura de largo plazo sean aprobados en esta Cámara. Significa una clara regresión en el equilibrio de poderes, pues le arrebata al Poder Legislativo una facultad esencial para garantizar que las inversiones públicas se realicen con base en criterios técnicos financieros y de interés nacional, y no por razones electorales o discrecionales del Ejecutivo. Además, se eliminan mecanismos de transparencia, como el sistema de Compranet, sustituyéndolo por una plataforma digital sin reglas claras ni controles definidos y sujeta a la autorización de una secretaría con amplias facultades, todas discrecionales. Lo cual mina la vigilancia ciudadana y favorece el uso faccioso de la contratación pública. A esto se suma que la participación de los testigos sociales quede prácticamente anulada, al establecerse un umbral extremadamente algo, más de 2 mil 600 millones de pesos para que puedan participar, dejando fuera la gran mayoría de las licitaciones. Esto limita la rendición de cuentas y la participación ciudadana en uno de los procesos más sensibles de todo el gasto público. La reforma también reduce el porcentaje para realizar adjudicaciones directas de 30 al 20 %. Lo anterior, lejos de ser un avance, podría consolidar prácticas de favoritismo y clientelismo, si no se acompañan de algún control real que en esta iniciativa simplemente se diluye. En el Partido Revolucionario Institucional creemos en el desarrollo de la infraestructura como motor de crecimiento, pero también creemos que el ejercicio del gasto público de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad debe sujetarse a lo dispuesto en el ordenamiento con el objetivo de garantizar la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. No se puede permitir que la obra pública se convierta en un instrumento de opacidad al servicio de intereses políticos o de algún grupo. Esta reforma representa una peligrosa regresión autoritaria que contradice los principios republicanos del Estado mexicano. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reitera su voto en contra de este dictamen y hace un llamado a esta soberanía para defender el interés público por encima de intereses políticos o ideológicos. La transparencia y el control democrático no son obstáculos, son pilares de una buena administración pública y de una democracia sólida. Es cuanto. Gracias.