La diputada Abril Alcalá Padilla: Honorable asamblea, ahora quiero poner a su consideración dos reservas. La primera, relativa a una modificación al proyecto del artículo 187, y la segunda al artículo 192, ambos en el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con la procedencia de acuerdos reparatorios. La finalidad de la reforma es el combate a la facturación simulada y la evasión de impuestos ¿correcto? Pues entonces precisamente por eso el PRD está en contra de decretar la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, dada la naturaleza de dichas conductas punitivas, porque en realidad lo que va a generar será absolutamente contraproducente y en contra de la recaudación en beneficio de México. Yo en lo personal sigo sin entender cómo por una parte el gobierno federal pregona abrazos y no balazos para los delincuentes, y borrón y cuenta nueva para exfuncionarios corruptos bajo la falsa premisa de una nueva paz republicana y en cambio vemos que esta reforma ha sido llamada por abogados, contadores, empresarios, economistas, ha sido excesiva y en contra de los buenos ciudadanos que sí contribuyen a México. Vemos como para el ciudadano común, aquél que trabaja y que sale adelante con muchísimo sacrificio, para él no hay ni tregua ni amnistía. Los miembros de la mayoría señalan que la iniciativa no afectará en modo alguno al pequeño y mediano contribuyente ni a los empresarios que trabajan honestamente, pues entonces está fácil. Les propongo con mis reservas clarificar dicho deseo y que los acuerdos reparatorios en materia fiscal sigan siendo importantes, dada la naturaleza del sistema recaudatorio, ya que contribuyen en todo momento a resarcir la deuda que se tiene con el Estado mexicano. Suprimir en la ley este derecho del contribuyente es un sinsentido y además juega en contra del Estado. Lo que pretende cualquier gobierno obviamente es, establecer un sistema recaudatorio que les ayude para que todos los ciudadanos puedan contribuir de igual manera. Con acciones como esta lo único que provocarán es el efecto contrario y, es más, lejos de allegarse de recursos lo único que provocarán es la pérdida de los mismos. Si no permitimos que los acuerdos reparatorios procedan en cualquier caso y encima enviamos a dichos contribuyentes directo a la cárcel, el único que sale perdiendo es el Estado mexicano y sus ciudadanos más vulnerables. Nos queda claro una cosa, el gobierno no tiene dinero y el señor presidente y su equipo, pues bueno, se les ha dificultado un poquito la administración. Entonces, de pretender ser el Robin Hood del pueblo, hoy se está transformando en una especie de sheriff de Nottingham, aquél personaje por si no lo conocen, vale la pena este personaje oscuro y ambicioso en cuya falsa caridad morirán las esperanzas de su pueblo. Por lo tanto considero pertinente permitir en todos los casos los acuerdos reparatorios, independientemente del proceso penal que se le siga por separado al contribuyente. El mismo artículo 192 en su fracción I establece la existencia de la suspensión condicional, o sea este derecho que tiene el contribuyente a que en lo fiscal se resuelva el proceso con previo pago de su deuda. Esto, si la medida aritmética es menor a los cinco años de la pena. Pero en el artículo 167 la media aritmética para estos casos es de 5.5 años. Por lo que de antemano las personas en estos supuestos no tienen derecho a la suspensión condicional del proceso, lo cual es verdaderamente grave y contra-económico. Debemos de aprobar un sistema que combata de forma eficaz el fenómeno de las facturas falsas y de las empresas fantasmas, pero es un despropósito creer que todo lo podemos resolver con penas de cárcel o prisión preventiva. Fíjense qué chistoso. A mí por ahí me tocó escuchar muchas críticas a administraciones pasadas por la falta de imaginación y la pobreza de ideas y resulta que esta legislatura está pecando de lo mismo, de la misma falta de creatividad porque todo lo quieren resolver de la misma manera. Tenemos que aprobar un sistema que permita y promueva la recaudación y no uno que administre o controle con un híper intervencionismo fiscal a la riqueza porque la van a destruir. Si no lo hacemos en este sentido, con esta lógica, el Estado mexicano pierde por partida doble. Es excelente que quien cometa un crimen fiscal pague, como en cualquier otro crimen, pero que exista siempre la prioridad de resarcir el daño patrimonial que le provoca el Estado, porque fíjense, qué triste que a leer el dictamen, bueno, perdón, el dictamen de esta minuta, hayamos visto que se ignoró por completo los señalamientos vertidos por los ciudadanos que decidieron participar en el parlamento abierto, y esto pudiera considerarse una especie de fraude legislativo. Y aquellos ciudadanos que se sientan que no fueron escuchados y que fueron engañados, créannos a la mayoría, que sabemos y conocemos muy bien su sentir. Por eso les solicito a la mayoría que recapaciten. Si creen que nadie los observa, se equivocan. Aquí ustedes...