El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su permiso, presidenta. Pudiéramos estar hablando aquí de algunos de los posibles beneficios que traería la reforma al Poder Judicial, de las que estamos analizando, como son la equidad de género, las medidas contra el nepotismo, el acoso sexual, la carrera judicial y la defensoría pública. Sin embargo, para la fracción de Movimiento Ciudadano esta reforma tiene más claroscuros y algunos riesgos que advertimos en nuestra fracción parlamentaria y que voy a tratar de explicar. Todos somos testigos de las demandas de los ciudadanos, de los mexicanos, para tener una justicia que llegue a todos los ciudadanos, pero, además, que no implique la corrupción que vivimos todos en los tribunales del país. Iniciamos diciendo que, por ejemplo, esta iniciativa en la práctica no consolida la carrera judicial, al plasmar que las designaciones de magistrados y jueces serán inapelables. Nada más contradictorio al espíritu de la reforma planteada. Por otro lado, también es muy preocupante para nuestra fracción parlamentaria el cómo se debilita la facultad de los estados y los municipios para que puedan acudir a la controversia constitucional. Se limita, hoy que se encuentra en el ojo del huracán, una visión centralista del ejercicio del poder a nivel federal. Se limita la controversia por legalidad, con el argumento de que deberán los municipios y los estados resolver sus problemas en la región. Creo que es un golpe más para los municipios y los estados, que ya resienten la falta de recursos económicos y ahora se les limita la posibilidad de este recurso legal para reclamar sus atribuciones y sus derechos. Para nosotros es una reforma antifederalista. Por otro lado, con la aprobación de los plenos regionales, en donde se nombrarán un sinnúmero de magistrados, primero, no se contempla la suficiencia presupuestal para el Poder Judicial y, por otro lado, se le deja la facultad al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que designe a estos magistrados. Si lo que se buscaba era la democratización del Poder Judicial, la presente reforma carece de esa visión republicana y solo nos lleva a una concentración desmedida de poder, inclusive con un empoderamiento inexplicable del presidente de la Suprema Corte, que también es presidente del Consejo de la Judicatura. Hecho que fue tratado en los parlamentos abiertos que tanto se hablan aquí, pero que nunca se tomó en cuenta y que solamente quedó ahí en la discusión de los parlamentos, e inclusive este posicionamiento fue hecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien declaró que era insostenible e incompatible la función del presidente en ambas presidencias de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Hacen falta partes medulares en esta reforma, definitivamente, algunas partes son reiterativas de reformas anteriores, como la falaz utopía de la verdadera carrera judicial para las categorías del organigrama de este Poder, a la que debería accederse por concurso de oposición, situación que ya está sobrelegislada. Pero que, sin embargo, no se lleva a cabo por corrupción. La parte medular crítica de esta reforma constitucional es la doble Presidencia, como ya se decía, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura. Imagínense, las facultades de la Suprema Corte de revisar las determinaciones del Consejo, ahora más reducidas que nunca, genera para el presidente de la Suprema Corte la incongruencia de intervenir con la decisión y su voto, al revisar sus decisiones en las que ya había participado anteriormente. En un caso extremo, si el presidente del Consejo optara por no participar y se excusara, ya sea de las decisiones del Consejo de primera instancia o de las decisiones de la Suprema Corte, como revisora, en dichos casos estaría incumpliendo con su responsabilidad. La doble Presidencia es la evidencia y prueba que se van a generar conflictos de interés al asumir y continuar en ambas Presidencias del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para finalizar, mencionaré que en la actualidad el Poder Judicial tiene un reto para implementar esta reforma, que seguramente será aprobada por la mayoría, pero que no tiene las consideraciones presupuestales adecuadas, lo cual podría estar condenada a ser letra muerta en dichas circunstancias. Por eso, nuestra fracción parlamentaria vamos a votar en contra, porque limita la facultad de revisión e impugnación de las decisiones que toma el Consejo de la Judicatura. Vamos a votar en contra porque la reforma del Poder Judicial no logra un cambio verdadero de fondo en la participación eficiente e impartición de justicia eficiente en el país. Vamos a votar en contra, porque es una reforma antifederalista, con tintes presidenciales de acumulación del poder al puro estilo de la cuarta transformación. Vamos a votar en contra porque para nada se hace más democrático el Poder Judicial, y carece de una visión republicana. Y, sobre todo, vamos a votar en contra con pleno respeto al Poder Judicial, pero porque representamos una oposición crítica y consciente, porque no vamos a hacer comparsas de malas decisiones ni de deficiencias en esta legislación. Es cuanto, presidenta.