El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, diputado Presidente. Estimados compañeros, en México la industria de la aviación ha sido fundamental para el desarrollo económico. En los últimos 15 años el número de pasajeros que viajó a nuestro país, vía aérea evidentemente, en alguna aerolínea comercial, creció cerca de 70 por ciento, por lo que la industria de la aviación se ha consolidado como uno de los medios de transporte más rápidos, efectivos y seguros, además de la inclusión de nuevas aerolíneas de bajo costo que también comienzan a ser una opción al alcance de un mayor número de población mexicana. En nuestro país, son dos las grandes empresas que a nivel nacional han sido un pilar de la industria de la aviación civil. Me refiero por supuesto a Mexicana de Aviación y a Aerovías de México, mejor conocida como Aeroméxico. Pero no sólo estas empresas son ejemplo de la evolución y consolidación de esta industria. Existen también diversas empresas que prestan este servicio a nivel regional y que igualmente han contribuido notoriamente al crecimiento económico de las áreas en las que operan. La industria del transporte aéreo cuenta con una estructura de costo sumamente compleja, lo que requiere de importantes inversiones para poder obtener las suficientes utilidades que logren financiar su capitalización, y por tanto modernización. Sin embargo, la crisis en la industria aeronáutica vivida desde principios de esta década, ha obligado a las empresas que se encuentran en este sector a rediseñar su estructura de costos y a modificar su esquema de operaciones. La alternativa a la crisis de la industria del transporte aéreo no sólo nacional, sino también internacional, ha sido la incursión en el mercado de aerolíneas de bajo costo que optimizan procesos y reducen costos operativos, reflejándose de manera directa en el precio que los pasajeros deben pagar por el servicio. Desafortunadamente, la estructura de costos de estas aerolíneas de bajo precio podrían llegar a castigar, en algunas ocasiones y de manera importante, aspectos tan relevantes como la seguridad de las aeronaves e inclusive de los propios pasajeros, imposibilitando en ocasiones la prestación del servicio. Ello genera altos costos en los sectores claves de la economía que requieren de los servicios de la aviación civil tales como el comercio y el turismo. Recordemos tan solo algunos casos que se han presentado en nuestro país como lo son los de la aerolínea Taesa, o recientemente en los casos de la aerolínea Líneas Aéreas Azteca, cuya suspensión de vuelos por parte de las autoridades fue motivada porque sus aeronaves no cumplían con los niveles mínimos de seguridad contemplados por la normatividad tanto nacional como internacional; todo ello resultado de una inadecuada operación administrativa y financiera. Como era de esperarse, la suspensión del servicio de estas aerolíneas afectó a un gran número de pasajeros, quienes enfrentaron múltiples problemas y cuantiosas pérdidas económicas por la cancelación de sus vuelos. A nivel internacional, la empresa Air Madrid presentó problemas económicos derivados de inadecuados manejos financieros, mismos que ocasionaron que la concesionaria tuviera que dejar de operar, causando daños económicos por millones de euros a los pasajeros de los países en que prestaba sus servicios. El Estado mexicano, a través de instrumentos legales debe garantizar que los operadores de concesiones, o en su caso de permisos, independientemente de sus problemas financieros minimicen o eviten los daños colaterales de estos servicios de transportación, y garanticen que los pasajeros y las mercancías lleguen a su destino final. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentamos el presente proyecto de decreto, a fin de establecer la obligación para que las empresas concesionarias o permisionarias de servicios de transportación aérea, de pasajeros o de mercancía, garanticen la cobertura de eventualidades tanto operativas como económicas que perjudiquen a los usuarios de estos servicios. Dicha garantía deberá realizarse a través de una fianza suficiente o mediante la contratación de un seguro por responsabilidad civil derivado del incumplimiento del contrato de servicio. La propuesta plantea la adición de dos párrafos al artículo 9o. de la Ley de Aviación Civil, para establecer la obligación de los concesionarios a otorgar fianza o contrato que garantice el monto total de sus operaciones, y que por la quiebra de la empresa o la suspensión de sus actividades no se perjudiquen a los usuarios de estos servicios. Para el caso de las empresas que ya vienen operando, se establece en los artículos transitorios la facultad de la autoridad y los mismos instrumentos de garantía para el caso de prórroga o ratificación de la concesión o permiso. Es cuanto, diputado Presidente.