El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se va a discutir y, en su caso, aprobar, tiene como propósito reformar los artículos 61, 111, 112 y 114 de nuestra Carta Magna en materia de inmunidad de servidores públicos. Recordemos que esta minuta tiene su origen y sustento en la iniciativa presentada por el entonces senador Pablo Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD el 6 de marzo de 2007, ante la Cámara de Senadores y que fue avalada de consenso por las distintas fuerzas políticas del Senado. Como sabemos, las figuras de fuero constitucional e inmunidad parlamentaria han acompañado los textos de las constituciones de nuestra nación, teniendo como propósito originario la protección del legislador en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, a través de los años, la concentración del poder político y el autoritarismo han hecho equivalente, en no pocos casos, la inmunidad con la impunidad, desvirtuando por los inercias políticas del concepto mismo del fuero constitucional y generalizando en la ciudadanía una actitud de condena y de rechazo hacia el ejercicio de algunos servidores públicos, que han ejercido sobre el pueblo. Por ello, la reforma que hoy se plantea, se propone modificar, por una parte, el artículo 61 de nuestra Carta Magna, consolidando la función legislativa a través de la inmunidad constitucional, figura que radica en que las opiniones de diputados y senadores son inviolables durante el tiempo en que se desempeñen en su cargo, y por tanto, jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellos. Por otro lado, en cuanto a la reforma del artículo 111 de nuestra ley suprema, es preciso aclarar que el catálogo de servidores públicos señalados en dicho precepto no gozan de inmunidad parlamentaria, sencillamente, se protege su función estableciendo el procedimiento para actuar penalmente contra ellos, eliminando la figura de la declaración de procedencia, y permitiendo así, que los órganos jurisdiccionales cumplan en forma ininterrumpida el ejercicio de sus funciones. Por lo anterior, se propone que los servidores públicos no puedan ser privados de su libertad durante el ejercicio de su cargo, pero sí puedan ser sometidos a proceso penal en la comisión e un delito, continuando en funciones hasta en tanto se dicte la sentencia condenatoria respectiva y ésta haya causado ejecutoria, atendiendo al principio de presunción de inocencia. Posteriormente, esta sentencia deberá ser del conocimiento del órgano al que pertenezca el servidor público, con la única finalidad de separar al sentenciado de su cargo, quedando a disposición de la autoridad correspondiente. Por último cabe señalar que en todas las materias distintas a la penal en la que sean parte los servidores públicos, señaladas en el artículo 11 constitucional, el procedimiento se seguirá de forma general como a todos los ciudadanos; es decir, para estos casos no se aplica la inmunidad parlamentaria. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con esta reforma aspiramos a que los servidores públicos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados, los secretarios de despacho, los diputados locales, el procurador general de la República, los gobernadores, el procurador del Distrito Federal, por señalar algunos más, respondan ante la justicia penal, no se escuden en el desempeño de sus cargos públicos. Debemos tener presente la necesidad de eliminar las impunidades y al mismo tiempo renovar y modernizar el sistema político de la Constitución, terminando con el fuero y estableciendo en su lugar una inmunidad que sólo garantiza la libertad durante el proceso y que no es de ninguna manera ni fuero e inmunidad, sino una figura para proteger el funcionamiento normal de los poderes públicos. No debemos para por alto que una vieja demanda social en nuestro país ha sido que modifiquemos el sistema de inmunidad de los servidores públicos para evitar situaciones de impunidad, por lo que es imperativo votar a favor de la presente reforma con la que estaremos transitando hacia una república constitucionalista más igualitaria, fortaleciendo los principios de igualdad y justicia entre los mexicanos. Como lo sostuvo el gran filósofo Aristóteles, El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Es cuanto, diputado presidente.