LA DIP. MARIA TERESA CAMPOY RUY SÁNCHEZ: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: La seguridad de la vida a largo plazo se ve incierta debido al impacto que nuestras formas de producción y consumo tienen sobre el equilibrio ecológico. México en los últimos años no ha estado exento de incurrir en los mismos errores que han cometido otras naciones en lo que se refiere al inadecuado manejo de sus recursos y a la falta de una verdadera conciencia ambiental en la adquisición y arrendamiento de servicios o bienes que serán públicos. Tenemos que admitir que ni la mejor decisión de política pública, económica o social podrá hoy dar sus frutos sin que antes esa decisión se implemente en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de toda persona y así sea sustentable a mediano y largo plazo. Por ello es imperativo que sean contemplados criterios de sustentabilidad y de responsabilidad ambiental en las leyes que regulan la planeación del desarrollo del país, para que éste sea sustentable e integral como lo dispone el artículo 25 de nuestra ley fundamental. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, considera que el problema de la compra de bienes o servicios que tienen un impacto significativo en el medio ambiente tiene múltiples dimensiones y requiere verse como una señal de alerta con relación a la falta de visión para prevenir un mayor gasto público por los costos inherentes que traen el uso de estos servicios o bienes, con daño directo al Presupuesto de Egresos. Al evitar al despilfarro se beneficia a todos, pues el comprar sin lineamientos de calidad ambiental se demuestra la ineficacia de los procesos productivos y de hábitos derrochadores de recursos. La complejidad del problema, sin embargo, demanda el desarrollo de instrumentos regulatorios que sustenten las medidas de eficiencia y eficacia en el desarrollo sustentable. Por ello, se tienen que expedir y promulgar leyes que atiendan estos preocupantes problemas ambientales de nuestro país para obligar así al Gobierno Federal y los sectores productivos a considerar como una de las prioridades la protección y conservación del medio ambiente y del equilibrio ecológico. Es en las compras gubernamentales desde donde se pueden establecer las acciones conducentes para contribuir a la protección del medio ambiente ya que el Gobierno Federal como principal comprador de bienes y servicios en el país, puede orientar la calidad y eficiencia de los proveedores nacionales en beneficio directo de la sociedad mexicana. Cabe mencionar que el desarrollo no puede ser integral como lo obliga nuestra Carta Magna si no se incluyen, precisamente, criterios de responsabilidad ambiental tanto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público como en las diversas disposiciones administrativas y criterios de la Administración Pública Federal. Los sistemas gestión y administración ambiental pueden ser solución efectiva para incentivar a la industria, hacerla más competitiva internacionalmente y por supuesto minimizar los efectos de ésta hacia los ecosistemas, ya que un sistema de gestión ambiental identifica políticas, procedimientos y recursos para cumplir y mantener una gestión ambiental efectiva en una empresa u organización. Estos sistemas conllevan a evaluaciones rutinarias de impactos ambientales, compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones ambientales y oportunidades de continuar mejorando en cuanto al comportamiento ambiental. Los sistemas de gestión ambiental de hoy en día consisten en la adopción voluntaria de planes más amplios, de plazo más largo y con un enfoque más preventivo, a la vez que se establecen estructuras en la gestión empresarial para asegurarse del cumplimiento de estos planes. En octubre de 1996, la Organización Internacional para la Normalización de la cual nuestro país es miembro fundador desde 1945, promulgó una serie de estándares internacionales para gestión ambiental llamados ISO-14000. Estos estándares han revolucionado la forma en que la industria y los gobiernos manejan los asuntos ambientales, ISO-14000 provee un lenguaje común para la gestión ambiental mediante el establecimiento de un marco para la certificación de sistema de gestión ambiental que llegará a ser una realidad para compañías que buscan el desarrollo de sus negocios y la vanguardia en un mundo globalizado. En la actualidad, a escala mundial, las normas ISO-9000 e ISO-14000 son requeridas debido a que garantizan la calidad de un producto mediante la implementación de controles exhaustivos asegurándose de que todos los procesos que han intervenido en su fabricación operen dentro de las características previstas. La normalización es el punto de partida en la estrategia de la calidad así como para la posterior certificación de la empresa. Estas normas fueron escritas con el espíritu de que la calidad de un producto no nace de controles eficientes sino de un proceso productivo y de soportes que operan adecuadamente. De esta forma es una norma que se aplica a la empresa y no a los productos de ésta. Su implementación asegura al cliente que la calidad del producto que él está comprando se mantendrá en el tiempo. En la medida que existan empresas que no hayan sido certificadas, constituyan la norma, una diferenciación en el mercado; sin embargo, con el tiempo se transformará en algo habitual y se comenzara la discriminación hacia empresas no certificadas. Esto ya ocurre hoy en países desarrollados en donde los departamentos de abastecimiento de grandes corporaciones, identidades gubernamentales exigen la norma a todos sus proveedores. Cuando se promulgó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Vigente, no se contemplaba cómo un factor fundamental para los licitadores o proveedores que contarán éstos con un certificado que asentara su compromiso con el medio ambiente. Hoy las condiciones jurídicas y políticas son distintas y el rumbo de la planeación democrática del desarrollo nacional no puede seguir los mismos limitados lineamientos. La norma ISO-14000 proporciona un modelo estandarizado y reconocido internacionalmente para sistemas de gestión ambiental, efectivos y el modo de establecer tales sistemas. La Administración Pública Federal debe guiarse por criterios de sustentabilidad, pero no sólo lo que propone la presente iniciativa, sino también los diversos programas sectoriales que establecen las pautas de mas sectoriales , que establecen las pautas de acción de todas las dependencias del Ejecutivo federal. La Ley General sobre Metrología y Normalización, establece en su párrafo segundo, que los bienes o servicios que adquieran, arrienden o contraten las dependencias y entidades de la administración pública federal, deben cumplir con las normas oficiales mexicanas, y en su caso con las normas mexicanas, y a falta de éstas con las internacionales. Es el momento de demostrar que el gobierno puede comprar bienes o servicios de manera responsable, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, tengan una mayor normatividad, que garantice un uso eficiente de los recursos públicos. Por ello, sometemos a esta Cámara e Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman los Artículos 2º.y 9º. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Omitiré la lectura del articulado, pero solicito atentamente a la Mesa Directiva, que se publique de manera íntegra la presenta iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias. .