La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en distintos municipios y estados de nuestro país, la demanda de la protección ya sea con alarmas, blindajes, cámaras de seguridad y guardias es cada vez mayor ante el clima de violencia y percepción de inseguridad que desafortunadamente heredamos de los pasados gobiernos y se sigue incrementando en diversas partes del país. A septiembre de este año, el 67.8 por ciento de los mexicanos se sintió inseguro en su ciudad. Y, a nivel mundial ocupamos el número 137 del ranking de paz global. Asimismo, el costo total del delito en las unidades económicas del país durante 2019 fue de 226 mil millones de pesos. Esta cifra representa el 1.2 por ciento del producto interno bruto. Estos números no deben ser tomados a la ligera. El impacto de la inseguridad pública afecta al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el año 2016 se tenían registradas 4 mil empresas de seguridad privada y según las agrupaciones de seguridad Unidas por México señalan que en 2019 había 8 mil empresas a nivel nacional. Es decir, ha ido en aumento el número de empresas cuyos servicios son coadyuvantes a los instrumentos de seguridad pública del Estado. El alto incremento de empresas de seguridad privada que operan sin una regulación efectiva en el territorio nacional ha contribuido a elevar los casos de corrupción, a las violaciones de los derechos humanos, al uso excesivo de la fuerza y la simultaneidad en la protección de la población. La ley federal fue publicada hace 14 años, por lo que en los hechos es una regulación obsoleta, que no contempla la ciberseguridad o la aplicación de la tecnología en la seguridad. Todo esto aunado a una falta de homologación normativa en materia de seguridad privada, que ha traído como consecuencia inseguridad jurídica, discrecionalidad, corrupción y abusos de autoridad, lo que también ha originado la aparición de empresas que incumplen en la prestación de los servicios y operan al margen de la ley, Y lo que es peor, no contamos con una legislación que articule la seguridad privada con la seguridad pública y eso representa un alto riesgo, porque este sector maneja armas y licencias de blindaje. El dictamen que hoy estamos discutiendo resulta fundamental, pues el propósito de reformar la Constitución federal radica en establecer orden al sector de la seguridad privada en México, al definir claramente la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación y las entidades federativas en la materia. Lo anterior, con el fin de lograr la homologación a nivel nacional de los requisitos y modalidades de estos servicios. La reforma constitucional nos permitirá establecer reglas específicas y uniformes en todo el país, aplicables a la prestación de servicios de seguridad privada. Y la infraestructura, equipos e instalaciones inherentes a las mismas, como protección, intramuros, traslado de valores, blindaje, el manejo de cámaras electrónicas, de guarda espaldas, de grupos caninos y otros avances más. Es importante precisar que los servicios de seguridad prestados por empresas particulares son auxiliares de la seguridad pública y no forman parte de las funciones del Estado, solo coadyuvan con él. Con el propósito de contar con un sector de seguridad privada homogéneamente regulado, que cuente con personal calificado, con una formación completa y adecuada y brinde seguridad a las familias y empresas, a su patrimonio e inversiones, en plena coordinación con las autoridades, Encuentro Social votará a favor de este dictamen. Es todo, presidenta, muchas gracias.