EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Gracias ciudadana presidenta. Amigas y amigos legisladores. Nos hemos reservado la segunda fracción del Artículo 1º., por considerar que en su redacción señala un principio rector que, si no se aclara, puede presentar confusiones, mismas que después podrían eventualmente ser utilizadas de manera arbitraria por algún litigante, y en todo caso poner en jaque a la autoridad, ¿por qué señalamos lo siguiente? El proyecto de decreto señala que se consideró procedente agregar un segundo párrafo del Artículo 1º., para puntualizar una serie de principios rectores, entre ellos, la legalidad, la certeza, el profesionalismo y la imparcialidad. Particularmente sobre el concepto de imparcialidad, nosotros creemos que este concepto, no necesariamente se debe atribuir a toda la actividad que desarrolla el Ministerio Público en el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el Artículo 21 Constitucional y tal como lo ha señalado la misma Corte, el Ministerio Público cumple una doble forma en su actividad, como autoridad y como parte. Cuando actúa como autoridad es natural que se le pueda atribuir este valor de imparcialidad, pero no así cuando actúa en su función de parte, y la Corte ha sido muy precisa y ha señalado que, cuando el Ministerio Público ejercita la acción penal en un proceso, tiene carácter de parte y no de autoridad. Es decir, el concepto de imparcialidad, como un valor que debe permear en toda la actividad de la institución no está distinguiendo, cuándo va a ser imparcial y cuándo no. Y cuando la ley no distingue, nosotros tampoco debemos distinguir. ¿Qué entendemos pues por imparcialidad nosotros? Dice el diccionario, que comúnmente se entiende por imparcialidad a la actitud que debe tener el mediador de no tomar partido por ninguna de las partes. Nuevamente debemos diferenciar esta palabra, como ya lo hicimos en el caso de neutralidad, cuando nos referimos al mediador o a la autoridad y a los participantes. Es decir, cuando el Ministerio Público, realiza funciones de ejercicio de la acción jurisdiccional, es natural que vea, que vele y que busque, que el interés de la sociedad personalizado en el ofendido se respete, más aun cuando por alguna razón no se le concede lo que está solicitando, por disposición legal, está obligado a seguir los recursos y a seguir las instancias para tomar, para que el juez resuelva a su favor. Por estas razones nosotros consideramos que, si bien es cierto, en una de las actividades del Ministerio Público, que es cuando ejerce como autoridad cuando investiga, debe adecuar sus actos a la imparcialidad, no aquí debe hacerlo cuando actúa como parte, y la ley no está distinguiendo esa doble función del Ministerio Público. Podría hacerse esta distinción en otros ordenamientos legales, sin embargo, en la misma, al menos a juicio de nosotros, no queda claro, y podríamos ver, como lamentablemente ha sucedido, que con una chicana algún litigante pueda encontrar una salida y que se le concedan amparos. Es pues esta la razón por la cual consideramos que la generalidad del principio que se está señalando de imparcialidad al Ministerio Público, no debe ser tan general sino en todo caso señalar la diferencia que hay cuando realiza una de las dos funciones, tal como la ley y la Corte en algunas ejecutorias lo ha puntualizado. Muchas gracias. -