El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias, presidenta. El sistema de elecciones que en nuestro país sentó las bases para la alternancia, la pluralidad, la equidad en la contienda, la certeza en los resultados y la paridad en la integración de los órganos de representación popular cumple este 2019, 23 años de edad. La actual reforma electoral que se pretende aprobar responde a una lógica distinta a las anteriores, pues no tiene como origen conflictos electorales, sino que se funda en la exigencia social de austeridad en el gasto público para financiar a los partidos políticos. Nunca como ahora tal exigencia se había visto materializada y extendida a los diversos órganos de Estado y, sin embargo, hasta hoy no existe ningún régimen realmente democrático, un mejor instrumento de acceso al poder que no sean los partidos políticos. La reducción que se propone el día de hoy implica la transformación del sistema de partidos en entidades más pequeñas y eficientes. Reducir el financiamiento significará que los partidos pasarán de las masas y estructuras gigantescas, a ser partidos de nicho y de perfiles, donde quien tenga un mejor acervo humano y haga mejor uso de las redes de comunicación tendrá una mayor ventaja. En adelante, las masas se encontrarán en las redes sociales y no en las estructuras partidistas. La razón de esta transformación es simple, ya no alcanzará el dinero para cubrir el costo de estructuras excesivas y poco eficientes. De ahí estriba la importancia de la reducción que hoy se propone, puesto que son los recursos los que determinarán el tipo de partido y de elecciones que tendremos el día de mañana. Reducir el financiamiento público partidista no solo debe ceñirse a un recorte presupuestal, sino que debe de estar secundado y soportado con un ejercicio de reingeniería constitucional y legal que blinda la entrada de recursos de procedencia ilícita o ilegal. Que rediseña a fondo el sistema de fiscalización de los recursos públicos y privados. Que implemente reglas que incentiven la total transparencia en la rendición de cuentas. Que reformule la obtención y montos de financiamiento privado que los partidos pueden recaudar y, sobre todo, la forma en que habrá de garantizarse la equidad en la contienda electoral. Esta reforma debe ir acompañada de un análisis a fondo sobre aquello que en la legislación secundaria debe modificarse, pues ningún esfuerzo de austeridad puede tener resultados positivos en la materia si no establecemos reglas claras en materia de fiscalización de los partidos políticos. Si no reducimos las cargas burocráticas, si no regulamos de forma puntual lo que la autoridad debe entender como gasto con objeto partidista. Si no garantizamos el debido proceso en la toma de decisiones de la autoridad administrativa. Si no acotamos criterios garantistas que generan una profunda discrecionalidad de las autoridades jurisdiccionales, entre otras muchas. Debemos considerar que la mera reducción del financiamiento público a los partidos, sin un ejercicio de reingeniería legal puede ocasionar riesgos tales como la insostenibilidad de actividades permanentes, la búsqueda de financiamiento ilegal y, sobre todo, debilitar la equidad en la contienda, la cual tiene igual de importancia que el conteo adecuado de votos. Ese fue el problema de 2006 y de 2012. La nacionalización de las elecciones en 2014 trajo como consecuencia la creación de leyes generales. Es así como actualmente los partidos políticos, todos sin excepción, tenemos que hacer frente año con año fuera de los procesos electorales a gastos relacionados con una estructura orgánica robusta, pues de conformidad con el artículo 43 de la Ley {general de Partidos, deben tener al menos 39 órganos internos a lo largo del territorio nacional y todos para su funcionamiento deben contar con personal, infraestructura y recursos materiales mínimos. Es un falso debate creer que los partidos pueden tener de financiamiento privado un peso menos que el monto correspondiente al financiamiento público. La realidad es que el monto máximo a obtener por financiamiento privado es apenas de un 10 por ciento del total de la bolsa que se le entrega por concepto de financiamiento público. Indefiniciones conceptuales y cambios en los criterios jurídicos por parte de la autoridad fiscalizadora y jurisdiccional han generado cargas y multas que podrían llevar a la inactividad a cualquier partido. Por ello es indispensable replantear legalmente los alcances interpretativos de las normas aplicables por parte de las autoridades electorales para generar certeza y apegarnos al debido proceso en materia electoral. La materia electoral no es un ente aparte independiente del marco jurídico general en derecho mexicano. La normatividad electoral no establece parámetros objetivos de ponderación del gasto, lo que provoca que los dictaminadores de línea ajusten sus criterios de valoración en un ambiente de discrecionalidad cambiante e incierto. La objetividad de la función fiscalizadora en materia electoral debe seguir la lógica del derecho positivo mexicano y de la teoría de las obligaciones, así como del principio de literalidad de las normas fiscales. En función de todo lo anterior, el Partido Verde no acompaña la propuesta de modificación puesta a consideración, pues de aprobar la reforma en los términos que hoy se propone, se afectará de forma directa la equidad en la contienda, y con ello se distorsiona el sistema de partidos que para bien o para mal ha generado una alternancia en todos los cargos de elección popular, incluyendo transformaciones profundas como la que hoy encabeza Morena. Sin embargo, si vamos a reducir los recursos de los partidos, debemos replantear lo que se debe entender por equidad en la contienda. Por ello presentaremos una reserva para que la distribución de las prerrogativas se haga de forma igualitaria para todos los partidos con registro, y para ello es necesario replantear la fórmula de financiamiento establecida en el artículo 41 de la Constitución, por lo que proponemos reducir 30 por ciento el valor diario de la UMA y pasar de la equidad en la repartición de prerrogativas a la competencia en condiciones de igualdad y sin distinción. Llegó el momento para que todos los partidos compitan con los mismos recursos y sea entonces el ciudadano, el que con su voto valoren en igualdad de circunstancias, perfiles y propuestas. La forma original de distribución de las prerrogativas tuvo como origen garantizar la equidad en la contienda ante un gobierno hegemónico que organizaba también las elecciones en este país. Ante una alternancia en todos los cargos de elección y un Instituto Nacional Electoral independiente y sólido, no tiene sentido seguir preservando una fórmula que le da todo a un partido cuando gana; es decir, se lleva la posición y los recursos. Una distribución igualitaria nos permitirá que los partidos tengan los mismos recursos para armar estructuras internas, para promocionar el voto, y entonces sí serán los perfiles y las propuestas, los que determine el voto ciudadano y no la entrega de dinero. Vamos a los números. La propuesta del dictamen establece una reducción del 50 por ciento, lo que significa que en 2020 los partidos políticos recibirían un aproximado de 2 mil 494 millones de pesos. Nuestra propuesta significa un ahorro de 2 mil 686 millones de pesos, lo que representa una reducción efectiva del 55 por ciento respecto al financiamiento aprobado por el INE en 2020. Cada partido, en consecuencia, recibiría en el 2020 la cantidad de 380 millones de pesos, aproximadamente. Monto que es similar a lo que recibe el Partido del Trabajo, que es el partido político que menos recursos públicos recibirá el año que entra. Y desde este momento proponemos que los ahorros que se generen con esta reducción al financiamiento público sean etiquetados para aumentar los sueldos de los integrantes de la Guardia Nacional, pues estamos convencidos que por su encomienda de protección ciudadana deben ser remunerados de forma aún más decorosa. Construyamos una nueva equidad en la contienda, basados en la nueva realidad en que se encuentra el país. Muchas gracias.