El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Éste es un asunto para nosotros de principio, y por eso pedimos que nos apuntaran en la lista de oradores para votar en contra de este dictamen. ¿Qué nos preocupa? Sabemos que el derecho privado, el derecho civil, el derecho mercantil, históricamente son derechos, producto de la Revolución Francesa, son por supuesto expresiones jurídicas del ascenso de la clase burguesa al poder económico y al poder político en la Francia posrevolucionaria y, desde luego, la influencia que los códigos, tanto el código civil napoleónico, como los códigos de comercio, tuvieron en los países de Europa y de América Latina. El derecho privado es esencialmente un derecho burgués. Es un derecho que tutela los intereses de las clases económicamente dominantes en detrimento de las clases dominadas. No es un derecho que esté orientado con una visión social, por ejemplo, como el derecho del trabajo o el derecho agrario. Entonces, partiendo de ése supuesto histórico de que se trata del derecho de la burguesía, es evidente que los juicios ejecutivo-mercantiles, corresponden a esta orientación ideológico-jurídica. Los juicios ejecutivos, los juicios hipotecarios, en general, los juicios especiales, son juicios en donde se favorece el derecho del acreedor en detrimento de los derechos de los deudores, y los deudores suelen ser las clases sociales oprimidas, las clases sociales marginadas, las clases sociales que recurren al crédito. En esta propuesta de reforma en materia de notificaciones, nos preocupa mucho la parte final del segundo párrafo del artículo 1165 del Código de Comercio, que establece que si no se atiende la diligencia señalada, ya sea por sí mismo o por conducto de su mandatario o representante legal, se tendrá por reconocida la certeza de la deuda. Los que somos abogados sabemos que los títulos ejecutivos tienen esta característica, pero a pesar de que lo asumimos así sabemos también que no se puede tener por cierta una deuda desde el punto de vista constitucional, porque se viola el principio de ser oído y vencido en juicio. Cómo se va a tener por cierta una deuda, cuando apenas está iniciándose el procedimiento legal, cuando se está iniciando apenas el proceso jurídico correspondiente. Para que se tenga por cierta una deuda es necesario procesalmente, desde el punto de las garantías de seguridad jurídica previstas en el artículo 14 y 16 constitucionales, que una persona sea oída, sea vencida en juicio. Aquí, sin darle derecho de defensa al deudor, simplemente por tratarse de un título ejecutivo, al hacer el requerimiento y al hacer el apercibimiento en la notificación se tiene por reconocida la certeza de la deuda. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista constitucional de los derechos humanos, se violan las garantías de seguridad jurídica, se viola el derecho de defensa de los deudores; se está violando el principio jurídico de que una persona no es culpable hasta que sea vencida en el juicio respectivo y hayan concluido todas las etapas procesales. Cómo podemos tener por cierta la deuda, cuando apenas el juicio y el proceso van a empezar. Entonces, por estos motivos de carácter constitucional que tienen que ver con los derechos humanos, y partiendo del reconocimiento histórico de que el derecho de comercio y el derecho civil son derecho de la burguesía, diseñados institucional y jurídicamente para proteger a la clase jurídica de los acreedores, en detrimento de los deudores, es que nuestro voto, por lo menos el mío y estoy seguro de otros compañeros de mi grupo parlamentario, será en contra, y del Partido de la Revolución Democrática, serán en contra de este dictamen. Por su atención, muchas gracias compañeros.