El diputado Carlos Gutiérrez García: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy me honra estar aquí con ustedes como portavoz de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la cual me honro en presidir, para poder presentar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología. El dictamen que hoy presentamos ante ustedes, se refiere a la importancia de coordinar y prever acciones frente a los desastres, ya sean por causas naturales o antropogénicas, reto que resulta impostergable y al cual México debe hacer frente de manera decidida. De acuerdo con la Ley Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un desastre se define como el resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores, severos y/o extremos, concatenados o no de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontece en un tiempo y en una zona determinada causan daños y que por su magnitud excede en la capacidad de respuesta de la comunidad. Es decir, un desastre puede deberse a la acción del cambio climático o bien a la acción o inacción del ser humano. Por ejemplo: una explosión en un complejo petrolero o el derrame accidental de petróleo, sea cual sea el origen debemos contar con las herramientas que nos permitan hacer frente, y sobre todo estar preparados para otro posible desastre natural. Así bien, de ello trata este dictamen, de que la planificación se convierte en una medida de adaptación con ayuda de herramientas científicas y tecnológicas desarrolladas para tal fin. Lo que se está proponiendo es que el eje central sea el fomento de la resiliencia y es que al entender a la resiliencia como la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible o la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior. Es posible dimensionar que para tener dicha capacidad es necesaria la interacción entre los diferentes actores institucionales, entre ellos la academia, la cual puede aportar desde la investigación una contextualización de la realidad y líneas de acción como el desarrollo tecnológico, la publicación y la divulgación de los artículos, la formación de masa crítica en torno al tema y el fomento de un intercambio de experiencias entre la Academia y la sociedad, que permitirá el desarrollo de planes de mitigación y de adaptación al cambio climático. El dictamen que hoy ponemos a consideración incluye en la Ley de ciencia y Tecnología este concepto, de manera tal que nos impone la necesidad de planear a largo plazo y actuar de inmediato para adaptarnos ante los impactos potencialmente adversos. Consideramos que esta reforma es una pieza que servirá de andamiaje jurídico para dar cumplimiento a la propuesta de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente el objetivo 13, el cual convoca a fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Eso, con el fin de que haya estrategias de prevención que permitan dar respuestas tempranas ante los diversos escenarios de riesgo, producto de las interacciones naturales del ambiente y aquellas de carácter antropogénico. Consideramos que esta reforma ayudará también a la imperante necesidad de pensar en el bienestar de los mexicanos que viven en sitios calificados como peligrosos, y es que en el reporte mexicano de cambio climático grupo 2, impactos vulnerabilidad y adaptación 2015, se muestra que tan solo en 2013, de los dos mil 456 municipios del país, mil 385 de ellos se encontraba en la categoría de altos riesgos de desastre. Es decir, más del 56 por ciento de los municipios del país se encuentran en eminente riesgo debido a fenómenos hidrometeorológicos, sumado a que estos municipios concentran alrededor de 30 millones de habitantes. Por otro lado, los costos asociados a la atención de esos desastres han pasado de un promedio anual de 730 millones de pesos en el periodo de 1980 a 1999, a 21 mil 950 millones de pesos para el periodo 2000-2012. Es decir, el costo ha aumentado tres mil veces. Por tanto, coincidimos en que se requieren esfuerzos multidisciplinarios para la atención integral y la prevención de riesgos, por lo que esta comisión dictaminadora considera necesario el impulso a las vocaciones y eventualmente a la preparación de recursos humanos con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la investigación de la resiliencia y la reducción de riesgos para el caso de desastres, pues actualmente la falta de una masa crítica que permita realizar estas investigaciones ha requerido la necesidad de buscar recursos humanos calificados en el extranjero, lo cual constituye una seria preocupación, pues la nación deba contar con sus propios ciudadanos calificados que permitan una soberanía intelectual frente a otras naciones. Y para finalizar, por las razones antes expuestas, los invito a todos a apoyar este dictamen por el bien de México y las futuras generaciones. Asimismo felicito a la diputada Mirza Flores Gómez, secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a su equipo de trabajo, por la propuesta, y a toda la comisión de Ciencia y Tecnología por los aportes que se hicieron para lograr el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.