La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Diputadas y diputados, en México el cambio político lo hemos realizado por la vía de las urnas, por la vía de la construcción de autoridades electorales autónomas e imparciales, y del diseño de reglas claras para los procesos electorales, con el fin de generar condiciones equitativas de competencia. Las reformas electorales que han sido promovidas en un ejercicio dialéctico y democrático, paulatinamente han creado las condiciones para el desarrollo de procesos electorales justos e imparciales y para el desarrollo de un sistema plural de partidos que poco a poco se ha ido consolidando. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son reconocidos por la comunidad internacional como los pilares de la democracia mexicana e instituciones del Estado mexicano. Estas fueron las autoridades electorales que organizaron y validaron el triunfo en las urnas a López Obrador en 2018. Estas son las autoridades que cuando los actores políticos flagrantemente violan el marco jurídico aplican la ley, como es su obligación. Estas son las autoridades que no pueden ni deben ceder ante las presiones de quienes hoy ven alejarse cada día más la posibilidad de perpetuarse en el cargo y mantener sus falsas mayorías. Día tras día, los últimos dos años, desde la mañanera, hemos escuchado como cantaleta repetitiva que si son los órganos autónomos los que gastan mucho, que si los consejeros electorales se dan vida de reyes, que si las funciones encomendadas a los órganos autónomos puede hacerlas de manera directa el gobierno, que si podemos desaparecer los órganos autónomos para ahorrar mucho dinero, que si los consejeros y los magistrados electorales atentan contra la democracia, que si el pueblo debe decidir respecto de las candidaturas, que si la decisión de quitar las candidaturas a Raúl Morón y Félix Salgado es un atentado contra la democracia. Desde el inicio de este gobierno hemos escuchado estas afirmaciones, sin embargo, a partir de la cancelación de los registros a las candidaturas para los gobiernos de Michoacán y Guerrero, Raúl Morón y Félix Salgado, los ataques presidenciales se han exacerbado, generando un encono social sin precedentes en nuestro país. Debemos ser claros, estos dos candidatos violaron la ley electoral y sufrieron las consecuencias. Con ese discurso el presidente se aparta cotidianamente del principio de imparcialidad a que lo obligan los artículos 141 y 134 de la Constitución. Más recientemente, en plena campaña electoral esta conducta presidencial es reincidente en la violación constitucional, al extremo de convertirse en una actitud contumaz, pues se mantiene firme en su comportamiento transgresor, a pesar del apercibimiento de la autoridad electoral y de las sanciones a que se está haciendo acreedor. No es cierto que la falta en que incurrieron Morón y Salgado Macedonio se limite a 19 mil o 20 mil pesos. No se crean sus propias mentiras, señoras y señores de Morena. Tampoco es verdad que la infracción sea una pequeña falta administrativa, mentira en la que se basa su argumento de no proporcionalidad en la sanción. Los mencionados hicieron precampañas millonarias y confiados en su impunidad, que su impunidad estaba garantizada como se los hizo creer la dirigencia de Morena, la ocultaron con falsedades, incumpliendo con el deber de rendir cuentas a la autoridad electoral. No rendir cuentas es una falta grave que afecta la equidad en la contienda y la fiscalización, cosa que sí entendieron los precandidatos de todos los partidos y la absoluta mayoría de las y los precandidatos de su propio partido. Particularmente desde la izquierda y desde el feminismo, saludamos la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio, porque lo habíamos pedido desde hace mucho tiempo debido a las denuncias por violación que carga sobre su espalda. Lo pedimos al presidente y contestó con un ya chole con esas acusaciones, haciendo oídos sordos a la petición para romper el pacto patriarcal, y en vez de mostrarse empático, se mostró asqueado, harto, fastidiado de las demandas de las mujeres, que únicamente pedimos que dejen de violentarnos. La defensa del presidente al precandidato guerrerense llegó a tal grado que señaló que las acusaciones de abuso sexual no son más que un linchamiento político y que como candidato de Morena tiene que decidir el pueblo de Guerrero, ya que ahora el pueblo es el actor principal de la vida pública en México. Sin embargo, debemos insistir en que la ley electoral debe aplicar a todas y todos quienes aspiran a un cargo de elección popular. Morena no es excepción y sabía las reglas desde antes de iniciar el proceso. La resolución del Instituto Nacional Electoral, confirmada en sentencia definitiva por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, únicamente aplicó las disposiciones vigentes desde 2014 y que inclusive legisladoras, ahora de Morena, aprobaron en ese entonces. No seamos ingenuos. López Obrador califica y descalifica a contentillo y eso, diputadas y diputados de la mayoría, no es ni democrático ni liberal. Las propias amenazas del ahora excandidato Félix Salgado en contra de la integridad de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral resultan incluso criminales y se complementan con las del propio presidente de su partido y de su coordinador en el Senado, así como las propias del presidente López Obrador, pintan de cuerpo entero un régimen que quiere desaparecer de un plumazo las instituciones. El actual es un régimen construido sobre la voluntad de un solo hombre, al que todos obedecen y que, si no consigue lo que quiere, amenaza, vocifera y a quien no se doblega ante su voluntad es denostado permanentemente. Estamos convencidas y convencidos de que todo el diseño institucional de nuestro país es perfectible, también de que debemos buscar los mecanismos para que los procesos electorales no sean tan onerosos para el erario. Es indispensable también generar una nueva dinámica entre las instituciones que garanticen su integridad. Sin embargo, creemos que todo ello podremos lograrlo a partir de un diálogo constructivo que involucre a las organizaciones sociales, a la academia, a los actores políticos y a las y los legisladores. Una nueva reforma político electoral debe partir de dos premisas: la primera, de hacia dónde vamos a avanzar. Sabemos lo que está mal y debemos dialogar cuáles deben de ser las modificaciones estructurales que nos permitan un modelo fuerte, moderno, autónomo y legítimo. Y, segundo, cualquier reforma debe ser producto de un ejercicio plural que permita la participación y consenso de todos los sectores de nuestra sociedad. Las imposiciones desde la mayoría legislativa siempre, siempre, tendrán el sello de la ilegitimidad. Desde la verdadera izquierda, la izquierda democrática y comprometida con los derechos políticos de las y los mexicanos, celebramos las decisiones tomadas por las autoridades electorales y les reconocemos ante al desprestigio que pretenden lanzar desde el Palacio Nacional. Les reconocemos el que no se dejen amedrentar, que no cedan ante las amenazas permanentes, porque la sociedad reconoce su valor. Les pedimos que no cejen en su actuación legal conforme a los principios constitucionales, porque la transformación de cuarta que hoy les amenaza es un fenómeno transitorio, fugaz, efímero, por lo que es indispensable que sigamos sumando esfuerzos para defender la Constitución y el Estado de derecho, la república y sus instituciones, para que la paz y la justicia priven nuevamente en nuestro país. Es cuanto, presidenta.