LA DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea: El derecho a la protección de la salud es universal como varios de los derechos sociales consagrados en la Constitución. La minuta que hoy deberíamos discutir vulnera este derecho y excluye a los más pobres y necesitados del país. Los tecnócratas macroeconomistas de México y de América Latina han señalado en los últimos años que privatizar las pensiones era un asunto más sencillo que privatizar la salud, sin embargo, el gobierno de la alternancia demuestra que esto puede hacerse sin consenso social y acelera los pasos de sus antecesores priístas para la mercantilización del derecho constitucional a la salud que toda persona tiene en nuestro país. Este objetivo perverso ya estaba anunciado por el Presidente Fox cuando nos advirtió que su gobierno sería un gobierno de negocios. La minuta con proyecto de decreto que adiciona y reforma la Ley General de Salud que supuestamente se debería debatir y que la alianza PAN-PRI obliga a votar al vapor al más viejo estilo de las legislaturas de las mayorías priístas, se inscribe en esta perspectiva: romper con los principios de solidaridad, igualdad, equidad y responsabilidad del Estado Mexicano para proveer y atender las necesidades de salud de la población. Con esta visión por delante la Secretaría de Salud ha dedicado sus esfuerzos para dos cosas: Primero. Proponer e insistir en gravar con la tasa más alta del IVA a los alimentos y medicamentos, y Segundo. Cumplir cabalmente con el establecimiento del viejo modelo Frankenstein de mercantilización de la salud, disfrazado de seguro popular, que como destacados especialistas mexicanos han señalado, nada tiene de seguro y nada tiene de popular, y que en cambio tiene como objetivo angular establecer los mecanismos, para transferir no más recursos a los estados de la federación sino para transferir recursos públicos y de las cada vez más y mayormente empobrecidas familias mexicanas al sector privado nacional y extranjero, que pretende acrecentar sus negocios en el campo de la salud, a la costa del raquítico presupuesto público en salud y de los extras de millones de pobres de nuestro país. Desde que se conoció el programa sexenal de Fox-Frenk, especialistas, investigadores, trabajadores de la salud, advirtieron con oportunidad que la administración Fox de nueva cuenta, como sus antecesores priistas, no buscaba resolver las necesidades de salud de la población sino poner de cabeza la discusión y el derecho a la salud, señalando que uno de los tres objetivos de la nueva administración, sería no la protección a la salud como lo establece el Artículo 4º. Constitucional sino la protección financiera contra los gastos catastróficos de salud, porque las familias se empobrecen al enfrentar contingencias médico-hospitalarias. Frente a este juego ideológico tan rebuscado pero muy bien estilizado, cabría preguntarse, compañeras y compañeros diputados, si el presidente Fox y su administrador saben en qué país viven, en todo caso desconocen palmariamente la realidad mexicana y pasan por alto que en México es un país con más del 60% de su población sumida en la pobreza y pobreza extrema, y que cada día hay más mexicanos en estas condiciones, por las políticas económicas catastróficas, estas si catastróficas impulsadas a lo largo de los años 80, 90 y revigorizadas con la administración de la alternancia, junto con la política de la no política en salud, que hemos padecido todos los mexicanos en estas décadas perdidas. Catastróficas son las políticas económicas que empobrecen a los mexicanos. Catastróficas son las políticas de salud que no resuelven las necesidades de la gente y que deterioran las condiciones laborales y salariales de cientos de miles de trabajadores de la salud en nuestro país. Catastrófico es que México dentro de la OCDE ocupe el último lugar en salud. Catastrófico es que en México mueran cientos de niños por enfermedades prevenibles. Catastrófico es que México destine tan sólo el 2.5% de su riqueza nacional como presupuesto público para salud. Que continúe el rezago y deterioro acelerado de la inversión e infraestructura sanitaria. El estancamiento de las plazas médicas y paramédicas en los estados. El IMSS y el ISSSTE frente a la creciente demanda de servicios. En el arranque piloto y discrecional del Programa del Seguro Popular de Salud, se demostró que éste no estaba dirigido a atender las necesidades de la población más empobrecida y con mayores carencias de inversión e infraestructura hospitalaria, como lo señala el Octavo Transitorio párrafo tercero del dictamen en cuestión, tal y como lo demuestra la respuesta, que personalmente me dio el doctor Héctor Hernández Llamas, Coordinador del Seguro Popular, para lo cual solicito a la presidencia ordene a la secretaría de lectura al citado oficio. -