El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su venia, señor presidente. Señoras legisladoras y legisladores. La autonomía del sistema de procuración de justicia es una demanda histórica en nuestro país, dado que su dependencia al poder Ejecutivo ha generado una aplicación selectiva y discrecional de la justicia, al tiempo que no ha contribuido a los índices de impunidad que imperan en los principales delitos. Prueba de la resistencia de contar con una fiscalía plenamente autónoma fue el episodio conocido como el pase automático de procurador a fiscal, que hubiera permitido imponer durante nueve años a un fiscal carnal vinculado a un partido político, y que esta intentona fue detenida en diciembre de 2017 gracias a la presión de la sociedad civil y distintas fuerzas de oposición logrando aprobar una reforma constitucional que canceló la posibilidad de este paso automático. En enero de 2018 un grupo de 302 organizaciones de la sociedad civil, así como colectivos de víctimas presentaron a las Cámaras del Congreso de la Unión una propuesta de reforma constitucional para fortalecer la autonomía de la Fiscalía General de la República en particular para afinar el proceso de designación de este servidor público, favoreciendo una mayor apertura y una mayor participación de la sociedad civil. Dicha propuesta fue impulsada por la campaña fiscalía que sirva. Estas organizaciones hicieron un llamado al Congreso de la Unión para atender la exigencia ciudadana de tener una fiscalía independiente, autónoma y eficaz. La impunidad y la injusticia han lacerado durante décadas a los mexicanos. Las cifras en estos temas son vergonzosas y poco alentadoras. Nuestro país ocupa el cuarto lugar, mayor a nivel mundial en corrupción. El número 1 en el continente americano, y la impunidad en México es del 99.3 por ciento. No se investigan los delitos ni se cuenta con los jueces ni policías suficientes. Actualmente existe un déficit de 120 mil policías locales. En consecuencia, nuestro sistema de procuración e impartición de justicia está colapsado en 26 de 32 estados. En Movimiento Ciudadano estamos conscientes de la urgencia de dar respuesta a las miles de familias que hasta hoy no han encontrado justicia. Sin embargo, siempre hemos sostenido, al igual que los colectivos de la sociedad civil, que el punto de partida para tener resultados que espera la sociedad, es un marco jurídico que garantice plena autonomía a la Fiscalía General y a las fiscalías especializadas, y que este debe ser a partir de la reforma al artículo 102 constitucional que además serviría como marco general para adecuar las legislaciones locales. El país requiere una fiscalía ajena a la lógica partidista. Esto es, crear una fiscalía que investigue, que persiga y que esté libre de la influencia de los políticos y los poderosos, cuyo titular sea una persona competente y no un aliado político del gobierno en turno, una fiscalía donde el personal esté debidamente formado y capacitado, con presupuesto suficiente y les rinda cuentas a los ciudadanos. Por supuesto que necesitamos ponerle alto a los casos de impunidad como Odebrecht, la casa blanca, Ayotzinapa, entre otros. Pero no podemos estar de acuerdo en aprobar una ley con serias inconsistencias orgánicas y estructurales que no atiende a las propuestas y observaciones de la sociedad civil, más aún que durante el proceso legislativo de la Comisión de Justicia, estos fueron resultados de un ejercicio de participación ciudadana y parlamento abierto que pareciera que para la mayoría legislativa fue una simulación, y que también para la mayoría es sencillo ignorar nuevamente las opiniones de los demás grupos parlamentarios. Por eso votaremos en contra, porque no podemos ignorar que esta ley omita a las víctimas, menosprecie la importancia de los servicios periciales u omita a la policía ministerial en la estructura de la fiscalía. No podemos ser omisos en permitir un fiscal general sin requisitos de experiencia y capacidad en la materia o sin plasmar las causas graves para poder destituirlo sin considerar una fiscalía especializada en temas tan trascendentes como los feminicidios o la extinción de dominio. El que una figura como el coordinador general tenga atribuciones iguales y parecidas a la del fiscal, y no tener un proceso de selección en donde se inmiscuya a la sociedad civil y al Senado. Lo decimos de forma clara y congruente: seguiremos apoyando sin sumisión lo que el país y los ciudadanos nos demandan, lo que en esta lógica de hacer lo correcto y la responsabilidad que tengamos que hacer. Y seguiremos impulsando la participación ciudadana y el parlamento abierto como eje fundamental de nuestras decisiones, pero con el ejercicio pleno de las facultades revisoras de esta soberanía, no seremos una cámara de obediencia. Por eso reafirmamos que en esta ocasión votaremos en contra de dicha ley, y si en el futuro se abre un verdadero diálogo sin simulaciones y sin hipocresías, estaremos dispuestos, los de Movimiento Ciudadano, a entrarle a buscar lograr una fiscalía autónoma que le dé respuesta a los ciudadanos y que no tengamos un fiscal a modo como se intenta implementar en este momento. Es cuanto, señor presidente.