La diputada Miriam Denisse Ibarra Rangel: Muchas gracias, presidente, con su permiso. Honorable asamblea, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se manifiesta a favor de este dictamen por el cual se propone aprobar la iniciativa presentada por una servidora. Agradezco a los integrantes de la Comisión de Deporte su apoyo en la aprobación del dictamen en la comisión. Dicha iniciativa tiene por objeto adicionar un párrafo al artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para imponer la obligación a cualquier organismo o persona de carácter privado que pretenda brindar servicios relacionados con el deporte, de contar previamente con autorizaciones y certificaciones que garanticen que sus servicios cumplirán los debidos estándares de calidad, así como condiciones de eficiencia y eficacia. De unos años a la fecha, la práctica deportiva con fines de acondicionamiento físico cobró una gran relevancia proliferando el número de gimnasios dirigidos a la población en general, los cuales incrementaron cada vez más su número de usuarios. Como consecuencia surgieron innumerables instrumentos y máquinas de ejercicio especializadas diseñadas para obtener determinados resultados, siempre que fueran utilizadas en forma continua y correcta. Lo anterior propició la necesidad de que estos establecimientos contaran con entrenadores capacitados, pues el mal uso de tales instrumentos puede ser perjudicial para la salud. Lamentablemente, a la fecha en México no existe alguna instancia oficial que regule y supervise y, en su caso, autorice a personas capacitadas para prestar estos servicios de forma profesional. Dicha instrucción está a cargo de personas que no cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias y técnicamente requeridas para garantizar, sobre todo, la seguridad al practicante. Eso ha motivado que franquicias destinadas a la práctica de diversas actividades físicas, como pilates, CrossFit, zumba, body sistem, entre muchas otras, ofertan certificaciones que no son supervisadas y reguladas por alguna autoridad deportiva, esguinces o torceduras de ligamientos, desgarres de músculos y tendones, lesiones en la rodilla, lesiones en el talón de Aquiles, hinchazón muscular, fracturas, contracturas y dislocaciones, son las lesiones deportivas más comunes que suceden durante la práctica de un deporte o ejercicio físico. De esta forma, la adición aquí planteada al artículo 101 en la Ley General de Cultura Física y Deporte permite abatir el problema descrito, potenciando los derechos humanos a la activación física y a la protección de la salud de toda persona que contrata servicios de este tipo de establecimientos. Así la propuesta en análisis está alineada con lo previsto en el artículo 4o., de la Constitución federal, que reconoce expresamente los derechos a la protección de la salud y a la práctica del deporte. De igual manera, guarda armonía con lo previsto en la propia Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual prevé como una de sus finalidades el fomento al desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades. En ese contexto, toda instancia deportiva pública o privada de nuestro país, debe colaborar y cooperar en forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Por lo expuesto, los exhorto a dar su voto a favor de este dictamen, para así avanzar en la consolidación de la actividad física y del deporte, como estímulos para el desarrollo físico, intelectual y social de todos, siendo un factor de equilibrio y autorrealización, sin que constituya un riesgo para quienes lo practican. Por su atención, muchas gracias.