EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para someter al pleno de esta soberanía un punto de acuerdo para que comparezcan ante esta honorable Cámara los funcionarios del gobierno federal y de Pemex responsables de la producción y distribución de gasolinas, así como de la titular de la Profeco para que expliquen en torno a la adulteración de las gasolinas que distribuye PEMEX en el territorio nacional, bajo las siguientes consideraciones: El pasado primero de abril del año en curso apareció en las primeras columnas de los principales diarios la denuncia pública sobre la adulteración de las gasolinas que distribuye PEMEX a lo largo y ancho de nuestro territorio, realizada por el Presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Lubricantes. Este hecho no tendría importancia si no fuera porque en este megafraude se presume que están involucrados los funcionarios de la paraestatal con conocimiento público de parte del Subsecretario de Energía Juan A. Bargés, así como del Director General de PEMEX Refinación, Armando L. Santa Anna, ante lo cual no tenemos conocimiento que la PROFECO haya intervenido. Llama mucho la atención que el Presidente Fox se haya comprometido con la sociedad mexicana a realizar una profunda revisión de las estructuras administrativas del gobierno Federal, con el propósito de acabar con la corrupción en todos los niveles, incluso de forma sistemática y sostenida el llamado "Fiscal de Hierro", Francisco Barrio Terrazas ha documentado de forma amplia y profusa a través de los diversos medios de comunicación masivos, que el costo de la corrupción alcanza anualmente en México la cifra de 30 mil millones de dólares. Sin embargo la actuación de la SECODAM se ha quedado sólo en declaraciones porque la corrupción sigue viva y toma visos cada vez más perversos de nuestra nación. No fue suficiente que conociéramos la forma en que la paraestatal financió la campaña presidencial de Francisco Labastida, con más de 1,500 millones de pesos, sino que ahora nos estamos enterando que los consumidores de gasolinas han transferido parte de su patrimonio a manos de los funcionarios de PEMEX y de los distribuidores de gasolinas en todo el territorio nacional. Con cinismo nos hemos enterado que las gasolinas Magna y Premium son adulteradas y mezcladas con productos refinados de menor calidad como son las mezclas elaboradas con aceites quemados y lodos de desecho de la perforación de pozos petroleros, obteniendo sus beneficiarios enormes ganancias que rebasan porcentajes del 800 %. Estamos hablando de miles de millones de dólares que los consumidores hemos pagado a favor de delincuentes y de bandas organizadas al interior de la propia paraestatal, presumiblemente con el conocimiento de funcionarios de primer nivel a la cabeza de tales bandas criminales. En este asunto se ha defraudado tanto a los consumidores como al propio erario público, además del daño que han ocasionado al medio ambiente. En este punto queremos plantear detenidamente la forma en que la sociedad mexicana ha sido engañada de forma miserable. Con enormes sacrificios los propietarios de vehículos para el autotransporte tanto público como privado han participado en los diversos programas que se han implementado para cuidar la calidad del aire, incluso en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, el Programa "Hoy no Circula". Ha tenido un éxito relativo, cuando menos disminuyendo el congestionamiento vial de nuestra ciudad. Lo que resulta lamentable además, es la burla que hemos sufrido millones de consumidores de gasolina Magna y Premium porque no solo han esquilmado nuestros bolsillos, sino que además han atentado contra la duración de la vida de los motores de los vehículos que consumen estas gasolinas. Esta burla alcanza niveles insospechados de cinismo por parte de los funcionarios de PEMEX, que son acusados directamente por los consumidores, de estar coludidos con los distribuidores de gasolinas en México, quienes tampoco cumplen con la ley al ofrecer menor cantidad de gasolina de la que cobran a los dueños de los automotores. Por esta razón el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no descansará hasta lograr que quienes han atentado contra los bolsillos del pueblo, contra el medio ambiente, así como contra el erario público, terminen n la cárcel, que es el lugar en donde deben de estar para acabar con las lacras que siguen sangrando al patrimonio de los mexicanos. Por las consideraciones antes expuestas, sometemos al pleno de esta soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDO Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos la comparecencia ante este pleno, de los siguientes funcionarios públicos: Señor Ernesto Martens, Secretario de Energía; señor Raúl Muñoz Leos, Director General de PEMEX; señor Juan A. Bargés, Subsecretario de Energía; señor Armando L. Santa Anna, Director General de PEMEX Refinación, así como a la señora María Eugenia Bracho, Titular de la PROFECO, para que expliquen por qué razón conociendo este fraude no han actuado contra quienes resulten responsables. Atentamente,, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias.