La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. La controversia constitucional es una herramienta relativamente reciente en el sistema de justicia constitucional mexicano, un mecanismo de control concebido en 1994 como una herramienta que permitiera dirimir controversias entre distintos Poderes u órganos de gobierno. Durante los años que ha permanecido vigente se ha consolidado como un mecanismo efectivo para garantizar que los conflictos políticos puedan tener soluciones adecuadas en el cauce constitucional, cuidando los principios del sistema federal. La reforma constitucional que hoy se plantea, bajo la justificación de garantizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo conozca de asuntos constitucionales trascendentes para fortalecer su carácter de tribunal constitucional, elimina la admisión de controversias constitucionales interpuestas por motivos de competencia o legalidad. Sin embargo, como lo han señalado diversos especialistas y juristas, el análisis de competencia o legalidad es en muchas ocasiones el motivo que permite estudiar el fondo del asunto en el cual se encuentra la resolución de cuestiones constitucionales más trascendentes. Además, al reducir el margen de conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a controversias constitucionales, se delega dicha función a los tribunales colegiados de circuito. Un alegato frecuente es que, al tratarse de disputas entre distintos Poderes y órdenes de gobierno, generalmente se ejercen presiones fuertes sobre los órganos jurisdiccionales que conocen dichos asuntos. Por lo que es preferible que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien conozca de ellos, para garantizar una mayor imparcialidad y autonomía en la resolución de dichos asuntos. Es por ello que, al ser este un mecanismo importante para dirimir conflictos entre Poderes y entre diversos niveles de gobierno, y sobre todo que muchos de ellos tienen invadidas funciones o están en una situación compleja, que se garantice que puedan tener este mecanismo de controversia y que sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que proponemos que sea eliminada la fracción legislativa que alude al cambio sobre las controversias constitucionales. Por otra parte, el recurso de revisión para el amparo directo es un mecanismo que permite una revisión al más alto nivel del Poder Judicial, de la resolución acerca de asuntos que constituyen posibles violaciones a derechos humanos o garantías constitucionales. La reforma sujeta la admisión de dichos asuntos al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando a su juicio revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Este criterio es una puerta a la discrecionalidad, por lo cual eventualmente puede crear incentivos negativos al formar atribuciones extralegales a partir de su admisión. Por otra parte, se elimina la posibilidad de interponer cualquier recurso de impugnación en contra del auto que dicte el desechamiento del recurso de revisión. Esta reforma implica dos riesgos: El primero, concentrar en una sola figura, la presidencia de la Corte, mayor discrecionalidad para el desechamiento de los recursos. Y el segundo, hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia. Es decir, la tutela jurisdiccional efectiva para un porcentaje de personas que acude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como último recurso. Por otro lado, también, a pesar de que la introducción del sistema de precedentes en sustitución del modelo jurisprudencial vigente está fundamentada en la pretensión de fortalecer a la Suprema Corte de Justicia, de nuevo, como tribunal constitucional, se trata de un elemento que puede traer consigo también algunos riesgos. El primero, debilitar el federalismo mediante la homogeneización de criterios para toda la república, desde una perspectiva central. El segundo, que el establecimiento obligatorio de dichos precedentes sea intempestivo y surja a raíz de casos ficticios. Recordemos que muchos de los casos trascendentales de los cuales conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resuelven a partir de casos construidos mediante litigio estratégico. Finalmente, implica la disminución implícita de los alcances del Poder Legislativo, pues ahora los precedentes pueden establecer criterios uniformes con mayor celeridad y sin el involucramiento representativo que implica la realización de todo proceso legislativo. Finalmente, el establecimiento de la figura de la concentración implica dar al Consejo de la Judicatura la discrecionalidad del turno de asuntos en uno o más órganos jurisdiccionales. La reforma plantea que esta opción esté disponible para asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos, por lo cual, deberá considerarse el interés social y el orden público. Esta figura rompe con el modelo de justicia igualitaria y efectiva, además de crear un incentivo perverso, puede establecer sistemas extralegales para el turno de asuntos hacia órganos más o menos favorables. El asunto no es menor si se consideran las frecuentes denuncias acerca de la alteración discrecional de turnos que pueden realizarse al interior del Poder Judicial. Por ello, consideramos que es importante que estas figuras que introduce esta reforma judicial y que preocupan, sobre todo, en cuanto al derecho de los justiciables de tener una justicia pronta, expedita, pero, sobre todo, acceder a la misma, deben de eliminarse de esta reforma judicial y, por eso, solicitamos que se pongan a discusión y a votación las reservas que antes he planteado. Muchísimas gracias.