El senador Graco Ramírez Garrido Abreu: Ciudadanos presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores; ciudadano presidente de la Suprema Corte de Justicia; ciudadano secretario de Gobernación; honorable Congreso de la Unión. En esta sesión solemne, convocada con motivo del bicentenario del inicio de la Independencia, los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión, reivindicamos los movimientos libertarios y nacionalistas que han forjado nuestra nación y al Estado mexicano. Las acciones de los legisladores, y los legisladores del PRD, tienen como propósito cumplir con los anhelos de las mujeres y los hombres que lucharon por la Independencia, forjaron la república e hicieron la revolución. A esta generación corresponde consolidar la democracia y garantizar plenamente los derechos sociales de la población. Conmemorar es hacer memoria. El legado que nos dejaron grandes mujeres y hombres fue su esfuerzo incansable por sentar las bases de una nación y un Estado. Es Hidalgo quien convoca a la insurrección; es Morelos quien perfila en los Sentimientos de la Nación el contenido social y político que más tarde se plasmaría en la Constitución de Apatzingan. La indomable resistencia encabezada por Vicente Guerrero hace posible 11 años después, promulgar la Independencia en España. En ese período sigue vigente la querella o el destino de la nación, el estado que se expresa en los debates del Constituyente del 24, la fracasada aventura imperial de Iturbide. Los siguientes 23 años fueron años de pugnas y divisiones, hasta la guerra con Estados Unidos a partir de la segregación de más de la mitad del territorio nacional, los hombres más lúcidos de la Reforma, del Partido Liberal, secundan la Revolución de Ayutla para cerrar definitivamente el capítulo de Santa Anna. El tenaz Gómez Farías logra la Promulgación de la Constitución de 1857, que da paso a la resistencia conservadora que provoca la guerra de tres años. Las Leyes de Reforma intentan remediar los males heredados al proponerse aniquilar las supervivientes estructuras coloniales y refundar el país y el Estado sobre nuevas bases. La intervención y el efímero proyecto del imperio francés es la resistencia de los viejos fueros que se negaban a desparecer. Son Juárez y la generación de brillantes liberales quienes con su inquebrantable defensa de la nación y del Estado laico y del gobierno republicano, ponen fin a la invasión francesa al imponerse sobre los conservadores, sobre la reacción clerical católica y sobre el imperio. Es la república restaurada, es nuestra segunda independencia nacional. La constante en nuestra historia ha sido la lucha por consolidar un estado nacional y moderno; Porfirio Díaz, bajo la consigna del orden autoritario estableció un progreso que negaba libertades y profundizaba la inequidad. La revolución maderista se propuso hacer efectivo el sufragio. La convocatoria despertó los ejércitos de Emiliano Zapata, Villa y a los miembros de la Convención de Aguascalientes, que le dieron aliento social al movimiento revolucionario. La Constitución de 1917 incorpora el capítulo de los derechos sociales, define la responsabilidad del Estado, cuestión que hoy día, lamentablemente, es letra muerta en muchos de los aspectos fundamentales. En 1929, bajo la premisa de la legitimidad de ser los triunfadores de la Revolución Mexicana, se establece el régimen político que permite que se construya un partido hegemónico que confundía los linderos del gobierno con los del partido mismo. Ciertamente, ese pacto político sienta las bases de la modernización del país con un capítulo excepcional, como fue el periodo de Lázaro Cárdenas. Se estableció un régimen presidencialista, con claroscuros, con una política exterior activa y solidaria, y una política interior que negaba libertades cuando se persigue, encarcela y hasta se desaparece a disidentes políticos. Finalmente, llegó a su más profunda crisis cuando hubo que reconocer que la legitimidad política se sustenta en el sufragio efectivo y no en un legado político. A partir de las movilizaciones obreras y magisteriales de 57, 58 y 59, y de las acciones estudiantiles de los sesenta que culminan con el movimiento de 1968 se inicia una difícil y larga transición. La prolongada transición de México para cambiar de manera pacífica y legal su sistema político y consolidar al Estado mexicano como un Estado democrático, con responsabilidad social. Es la responsabilidad que tenemos por primera vez en nuestra historia, la posibilidad de transformar y perfeccionar nuestro sistema político sin que tengamos que recurrir a un enfrentamiento armado. Hemos acordado reglas electorales y logrado la alternancia, pero la transición a un nuevo régimen político continúa como una asignatura pendiente. Quienes llegaron con el mandato del cambio se asimilaron a los mismos vicios del viejo régimen, pero reconozcamos que la crisis que vive el Estado mexicano es corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas. Hoy recordamos el Bicentenario del inicio de la Independencia con una apretada agenda cívica y protocolaria, sin embargo, quiero llamar la atención sobre el hecho de que esta fecha puede ser sólo un referente de múltiples procesos y conflictos sociales que se han ido desarrollando en las capas inferiores de la epidermis pública y que podrían estallar en cualquier parte, si no se toman las medidas necesarias para dar un cauce institucional y democrático a la solución de la problemática de la desigualdad social. Ha llegado la hora de construir mecanismos constitucionales que permitan gobernabilidad democrática, sin exclusiones, sin la aviesa intención de acotar la pluralidad que los ciudadanos diseñan con su sufragio; aprender a gobernar estableciendo dispositivos que nos permitan claramente construir coaliciones de gobierno con compromisos claros de cara a los ciudadanos, para dejar atrás las negociaciones palaciegas que privilegian intereses de los actores políticos, pero no los de la gente. Dejemos atrás ese resabio del autoritarismo que se sustenta; quien no está conmigo, está contra mí. La sociedad y la situación del país nos exigen acuerdos, lograr un nuevo pacto social para reactivar la economía y abatir la pobreza; para frenar la monopolización de la economía. El avance de la delincuencia se sustenta en que es una actividad lucrativa animada por un gran mercado de consumidores de los vecinos estadounidenses, pero tiene también en nuestro territorio una potencial base social, entre esos casi 8 millones de jóvenes sin expectativas de futuro. No es con más armas, con más penas, con más reclusorios; con más y más violencia, como vamos a ponerle fin a esta crisis. Hagamos un acuerdo de Estado, reconociendo que se requiere una mayor inversión social en educación y empleo para ganar esta batalla. Reconocer con responsabilidad que se trata también de un problema de salud pública. No caigamos en los esquemas estratégicos de la doble moral norteamericana. Nos exigen combatir lo que ellos estimulan con un mercado millonario; alientan una guerra donde ellos facilitan las armas al bando contrario. México no es Colombia. Por ello, debemos rechazar ayudas y colaboraciones hipócritas. Al reunirnos en esta sesión de Congreso General, quiero decirles que es indispensable un nuevo pacto social. Es necesario sentar las bases para fundar una nueva república que nos permita construir nuevas reglas en la relación de los poderes, donde los ciudadanos decidan y marquen la agenda a las fuerzas políticas. Amigas y amigos legisladores. Sobre el pesimismo de una época, falta de expectativa de millones de jóvenes y la inseguridad que padece la población y las pretensiones de regresión, el PRD convoca al diálogo. ¿Y a qué tipo de diálogo? Al diálogo que nos permita, con los principales actores del país, construir los acuerdos para enfrentar estos nuevos retos. Estamos a tiempo. Cumplamos con nuestra responsabilidad. Ésta es la mejor forma de poder conmemorar el inicio de la Independencia, actuando como debemos actuar en estos días nosotros. Es cuanto, señor presidente.