La diputada María Teresa Ealy Díaz: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Estamos a menos de tres días de la conmemoración del 8 de marzo, un día que nos recuerda que las mujeres seguimos en desventaja estructural. Hoy me presento ante esta tribuna con una exigencia clara, basta de violencia gineco-obstétrica en México. Basta de que las mujeres sean humilladas y maltratas en los hospitales. Basta que su dignidad sea pisoteada en el momento más vulnerable de sus vidas. Esta no es una suposición ni un tema menor, es una crisis de derechos humanos que ha sido invisibilizada durante años. Los datos son contundentes, según el Inegi más del 30 % de las mujeres en México han sufrido violencia gineco-obstétrica, el 43 % de los partos terminan en cesárea, muchas de ellas innecesarias y sin el consentimiento de la mujer, el 11 % de las mujeres en labor de parto han sido humilladas, insultadas o regañadas por el personal de salud, el 9 % ha sido presionada para aceptar procedimiento anticonceptivo sin información clara, más del 10 % de las cesáreas se realizan sin que la mujer sepa el por qué y lo más grave, esta violencia se ejerce tanto en instituciones públicas como privadas. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos permitiendo esto? ¿Cómo podemos seguir legislando sin atender un problema que está costando vidas y dejando a millones de mujeres marcadas por miedo o impotencia? Si bien se han realizado ya varias propuestas para atender este tema, no ha habido un estudio claro a profundidad que permita garantizar el fin de esta problemática. Agradezco por ello el respaldo de diputadas, diputados, senadoras y senadores de diversas bancadas por haberse suscrito a este proyecto de iniciativa, así como al colectivo Con Ovarios por compartir sus historias conmigo y confiar en que este proyecto cambiará vidas. Su apoyo ha sido fundamental para poder fortalecer esta propuesta y decir ni una más. Por eso hoy presento esta iniciativa, esta iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para poner un alto, un alto definitivo a estas prácticas aberrantes y garantizar una atención médica digna. Los puntos clave de la iniciativa son los siguientes. En primer lugar, se tipifica la violencia gineco-obstétrica como un delito a nivel federal porque no más impunidad, no más impunidad para quienes humillan y maltratan a las mujeres en los hospitales. Se establecen penas de dos a seis años de prisión para quienes incurran en estas prácticas, además se contempla la destitución e inhabilitación de hasta dos años para ejercer la profesión. En tercer lugar, se garantiza el consentimiento informado en todos los procedimientos médicos porque ninguna mujer volverá a ser intervenida sin su autorización. Se adiciona el artículo 466 Bis que sanciona conductas como negación de atención médica oportuna en emergencias obstétricas, intervenciones quirúrgicas o procedimientos sin consentimiento informado, maltrato físico o psicológico durante la atención ginecológica, el embarazo, parto o postparto, la retención de la paciente o del recién nacido por motivos económicos y la imposición de métodos anticonceptivos sin autorización de la mujer. El artículo 466 Ter agrava las penas cuando la violencia gíneco-obstétrica cause lesiones graves, la pérdida de órganos reproductivos o implique la aplicación de tratamientos innecesarios con fines de lucro. El artículo 466 Quater, aumenta las sanciones hasta dos terceras partes cuando esta violencia cause la muerte de la mujer, del feto o del recién nacido. Y, el 466 Quintus, establece que estos delitos serán competencia del Ministerio Público federal garantizando investigaciones adecuadas y sanciones ejemplares. Compañeras y compañeros legisladores, esta iniciativa no es una sugerencia es una urgencia, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar una atención médica digna y libre de violencia porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado la violencia gíneco-obstétrica si no legislamos México será el siguiente en la lista de condenas internacionales y que quede claro esta no es una iniciativa en contra del personal médico, es una iniciativa a favor de una atención ética y profesional, es una iniciativa que protege a quienes ejercen su labor con compromiso y sanciona a quienes abusan de este poder. Esta reforma no solo castiga también previene, obliga al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Salud a actualizar las Normas Oficiales Mexicanas en materia de atención, de violencia gíneco-obstétrica, asegurando que los hospitales cuenten con los protocolos claros y personal capacitado. El Congreso de la Unión tiene la responsabilidad histórica de acabar con esta violencia. No podemos seguir ignorando una realidad que vulnera a millones de mujeres en nuestro país. Por eso le pido su respaldo para aprobar esta reforma, porque las mujeres de México ya no pueden esperar más, porque la violencia ya debe terminar ahora. Es momento de legislar con firmeza, con justicia y con dignidad. Por ello, les invito a quienes no se han suscrito a sumarse a esta propuesta para decir juntos ya basta. Muchas gracias.