El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: La lectura puntual de cada disposición de este dictamen lleva a la conclusión de la implementación de un centralismo que abona al poder imperial de la presidencia sustentada en la corrupción. En la propuesta se rompe el pacto federal para subordinar a los gobiernos de las entidades y los municipios. A través de la reforma del artículo 7 se determina que corresponde a la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre otras, la de coordinar las políticas nacionales en asentamientos humanos, sólo urbano y vivienda, transportes urbanos y metropolitanos, planeación y coordinación del financiamiento de infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano, metropolitano, regional y para el ordenamiento territorial. Con la participación –y esto lo subrayo, que se escuche bien– que corresponde a los gobiernos estatales y municipales. En la fracción XII de este artículo se subraya la atribución del Ejecutivo federal para –entiéndase bien– vigilar las acciones y obras relacionadas con el ordenamiento territorial y el desarrollo regional urbano y metropolitano. Que las dependencias y entidades de la administración pública federal ejecuten directamente o en coordinación o concertación con las entidades federativas y los municipios, así como los sectores social y privado. Estos y otros preceptos, si han leído bien el dictamen, que la verdad sea dicha –lo dudo– fomentan un control centralista del gobierno federal sobre los intereses y prerrogativas de las entidades y los municipios. Este centralismo atiende al contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2014-18, publicado ya el 29 de abril del 14 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se señala, se vislumbra como metas nacionales un México próspero y un México incluyente donde consideran que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competitividad y conectan el capital humano con las oportunidades que generen la economía. Y así mismo se prevé apoyar el desarrollo de la infraestructura con una visión de largo plazo basado en sus tres ejes rectores: desarrollo regional equilibrado, desarrollo urbano y conectividad logística. Para lo cual ya en la estrategia 5.3, el gobierno de la República junto con instituciones financieras de vivienda seguirán otorgando créditos hipotecarios a los sectores del sector formal, ampliando los recursos para nuevos programas de financiamiento. Y en la estrategia 5.4, en coordinación con el sector privado, llevarán a cabo certificación de desarrollos, procurando su crecimiento ordenado. Y dicen: asimismo impulsará la recuperación de vivienda abandonada a través de rehabilitación de infraestructura y servicios urbanos, a fin de mejorar el acceso y sustentabilidad económica y social de las áreas urbanas. Y la pregunta es: ¿Dónde está el negocio? Ah, pues miren, es muy sencillo, para el desarrollo urbano y la construcción de vivienda, dotada la infraestructura y servicios básicos, el acceso ordenado del suelo, se estima una inversión de 1 billón 860 mil 740.50 millones de pesos, de los cuales 893 mil 133.40 millones serán de recursos públicos federales, sólo 88 mil 67.70 millones a subsidios y el resto recursos privados, es decir, más un 1 billón de recursos federales para el negocio, aparte de los de IGA, evidentemente él también juega en ésta y en otras canchas o quién sabe si juegue mucho más aquí. Recursos que deben ser administrados por el gobierno central y que, de acuerdo al artículo 1 Bis de la reforma de la Ley General de Obra Pública y Servicios Relacionados, aprobados por ustedes el 9 de diciembre, se excluyen de la transparencia y procesos de licitación contenidos en la misma. Discrecionalidad para el ejercicio del presupuesto público es lo que buscan con la reforma secundaria, en particular con esta ley se busca un control del recurso destinado a vivienda y ordenamiento urbano, control no sólo económico, sino además políticos, que subordina los gobiernos estatales y municipales a los intereses de la camarilla del todavía presidente de la República. El PRI de los años 50, remasterizado, que se valió del sector de la CNOP para ganar votos y para hacer grandes negocios, ahora lo quieren redimensionar en esta coyuntura con Peña Nieto, para lo mismo, para los negocios, para la robadera, parea la tranza, para todo lo que siguen ocupando al PRI en la lucha urbana de los ciudadanos, y eso es lo que quieren hacer con estas reformas. Ya lo seguiremos debatiendo, porque se ve que les urge, ojalá se subieran a la tribuna a dar sus razonamientos, que la verdad no abundan en los de enfrente.