El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Yo en Dios confío, los demás que me traigan datos. Hoy quiero hablar con responsabilidad y objetividad, como lo hice en 2008, al impulsar la primera Ley General para el Control del Tabaco en México. Esa ley, obsoleta en algunas cosas, pero aún vigente, nos obliga a regular el sector, basado en la evidencia médico científica. Después de 10 años del primer cigarro electrónico podemos hablar también de la experiencia vivida de lo que vemos en las calles, de lo que dice la estadística más allá de la retórica fácil del prohibicionismo. Creo que absolutamente nadie en este pleno va a negar que colocar en la misma reforma constitucional una prohibición al fentanilo con una a los vapeadores es a todas luces un exceso. Colocarlos a la par es desvirtuar el esfuerzo que estamos haciendo y el foco que deberíamos estar poniendo en combatir a las drogas más adictivas y peligrosas de las que tenemos noticias frente al uso del fentanilo. Como lo he dicho en legislaturas previas, soy un médico que no solamente está en contra de prohibir, sino que quisiera que estos productos estuvieran estrictamente y rigurosamente controlados para fomentar el abono del cigarro de combustión, sin duda la más grave de las alternativas existentes para consumir nicotina. Y no soy el único que piensa aquí, se los puedo asegurar, aunque n o he tratado el tema con David Kershenobich, secretario de Salud, estoy cierto que él, como cualquier otro secretario, sería mejor que tuviera él las capacidades de tener un diseño adecuado de política pública en combate al tabaquismo sin la restricción impuesta desde la Constitución. Y seguimos sin ser los únicos, creo que en estos días todos nosotros recibimos una carta firmada por más de 630 médicos de distintas especialidades manifestándose a favor de la regulación con un enfoque de reducción de daño. Son los médicos los que hablan, una parte importante de ellos y ellas médicos de familia. ¿Para quiénes hemos participado en este debate los últimos 20 años? Sabemos que los médicos tampoco somos los únicos en apoyar esta visión. Según las cifras de la propia Secretaría de Salud, allá afuera hay 2 millones de mexicanos y mexicanas que han dejado de fumar, han abandonado la opción más dañina y han migrado, aunque sin ser inocua ofrece un mejor perfil de riesgo. Pero somos nosotros desde el Estado los que los condenamos a vivir transgrediendo la ley, a consumir en la ilegalidad productos desconocidos y también quienes estamos fomentando el crecimiento del mercado negro. Por supuesto que el Estado no puede abandonar su tarea y objetivo de impulsar siempre la cesación tabática. No hay médico que pueda argumentar que dejar de fumar no es la mejor alternativa, siempre lo será. Y quien quiera y que pueda hacerlo es el camino a seguir. Pero no todos quieren y, sobre todo, muchos no pueden, simplemente no pueden. Por aquí hemos visto desfilar a decenas de consumidores y usuarios de vapeadores, representantes de asociaciones que, a nombre de millones de mexicanos, nos piden escuchar sus experiencias de vida, que nos ruegan no obligarlos a volver al cigarro convencional, que nos piden confiar en su capacidad de consumo responsable y nos piden tener certeza de que los productos que consumen tienen una manufactura apropiada. Básicamente nos piden no obligarlos a ser transgresores. La visión de un servidor, de los 630 médicos que firmaron la carta y de más de 2 millones de vapeadores mexicanos ha sido apoyada por autoridades sanitarias de otros países, que no sólo no han tomado el absurdo camino de la prohibición, sino que incluso utilizan esos productos como incentivo para abandonar el cigarro convencional. El Reino Unido, The Public of England en múltiples informes concluyó que los cigarrillos electrónicos son al menos 95 % menos dañinos que los cigarros tradicionales y pueden ser una herramienta efectiva para dejar de fumar. Estados Unidos, la FDA ha permitido la comercialización de ciertos productos de riesgo modificado, bajo la premisa que pueden beneficiar la salud pública al ofrecer una alternativa menos dañina. Nueva Zelanda ha integrado a los vaporizadores en su estrategia para convertirse en una nación libre de humo para 2025, destacando que regulan estrictamente estos productos mientras los promueven como alternativa para fumadores. Japón, con el uso extendido de dispositivos de tabaco calentado, Japón ha reportado una disminución significativa de consumo de cigarrillos combustibles y en las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Suecia, por último, será el primer país del mundo con una tasa de tabaquismo menor a 5 %, esto gracias a su tradición de consumo de nicotina sin humo, lo que también se refleja en su baja incidencia de cáncer, que ni por suerte ni por milagro es menor al 41 % que el resto de Europa. Hoy en día, a pesar de varios decretos prohibicionistas de este gobierno, nuestras calles están atestadas de jóvenes y adultos consumiendo productos provenientes del mercado negro. Vaya, no nos vayamos muy lejos, en los pasillos de este mismo recinto, en sus patios, en sus curules vemos a colegas legisladores con cigarros electrónicos como si nada, a pesar de estar prohibidos. Es más, podría apostar que ni siquiera muchos de ellos saben de su prohibición. En algún momento la legislación tiene que tender a evidencia científica y también a la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley. Es, por demás, evidente que las autoridades no tienen la capacidad para hacer valer dicha prohibición. No la han tenido y no la tendrán. Dejemos de hacernos de la vista gorda y debatamos cuál es la mejor forma de regular estos productos en beneficio de la salud pública. No tengo la menor idea ni la menor duda de que la prohibición de vapeadores coloca a sus consumidores en el peor de los escenarios. Los convierte en transgresores de la ley, sin control sanitario, sin información clara, a merced del crimen organizado, que es el único, es el único beneficiario de la prohibición actual. Se estima que hoy el valor del mercado es de aproximadamente 5 mil millones de pesos. En el mejor de los casos, subrayo, en el mejor de los casos la prohibición obliga a volver al cigarro convencional, a pesar del consenso de propios y extraños, de que se trata de un producto mucho más dañino. Es el Estado mismo condenando a millones de mexicanos a tener que regresar al cigarro por no atender la evidencia, por no escuchar a los ciudadanos. Por otro lado, regular no significa flexibilizar indiscriminadamente, significa dotar al Estado de herramientas para controlar la calidad de los productos. Proteger a los menores de edad, mantener libre de humo el espacio público y asegurar que los ingresos fiscales derivados puedan ser destinados al sistema de salud, que tanta falta nos hace. Insisto, en este momento no tenemos que ponernos de acuerdo respecto a qué tipo de regulación prefiere cada uno de nosotros. Solo acordemos que la prohibición no debe ser dictada desde la Constitución. Esa es una labor que le corresponde al secretario de Salud y a los expertos en la materia, quienes pueden diseñar la mejor política pública, con base a la evidencia. Es cuanto, presidente. Y le pido de favor que pueda insertar en el Diario de los Debates nuestra ponencia completa. Muchas gracias.