El diputado Pablo Arreola Ortega: Buenos días, compañeros. Con su permiso, señora Presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto de reformas el artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exposición de Motivos La sociedad mexicana demanda mayor exigencia de los órganos públicos defensores de los derechos humanos, en julio de 1990 fue establecida en nuestro país la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos años más tarde se le otorga el rango constitucional al igual que a sus similares en cada entidad federativa. Lo anterior significó un notable avance, ya que permitió la creación de organismos no jurisdiccionales, que de manera rápida y sencilla atendieran los reclamos de la sociedad mexicana, cada vez que con mayor rigor exigía respeto a los derechos humanos. Sin embargo, y a pesar de que han transcurrido casi 15 años de su incorporación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ombudsman mexicano no ha logrado consolidarse, puesto que hasta la fecha no ha logrado la confianza y credibilidad de amplios sectores de la sociedad mexicana. Además, y esto es necesario establecerlo con claridad, el único que viola derechos humanos de los gobernados es la autoridad, para la autoridad ni las garantías individuales consagradas en la Constitución ni los derechos humanos de las personas son límites para el ejercicio arbitrario de sus funciones. Es más, es necesario reconocer que el establecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari se dio más como un proceso de búsqueda de la legitimidad interna y externa que como un acto pleno de respeto a los derechos de los gobernados. Por ello a las autoridades no les importa el respeto a los derechos humanos, sin contar con un órgano que institucionalmente realice esta tarea pero que se encuentra maniatado, en virtud de que sus recomendaciones en ningún caso tienen efectos vinculantes. Para la autoridad a la cual va dirigida, en tal virtud que es destinataria de una recomendación, determina si la cumple o no, pero en ningún caso se le puede forzar a que realice dicho cumplimiento. En el aspecto teórico se establece que la fuerza moral de una recomendación emitida por las comisiones de Derechos Humanos, sería tal que obligaría a su cumplimiento; sin embargo, en la práctica esto no ocurre. En el pasado período presidencial se realizaron por parte del gobierno de Fox múltiples violaciones a los derechos humanos, entre la más significativa, que no la única, recordamos la de mayo del 2006, en donde en el poblado de San Salvador Atenco en el Estado de México, la población de dicho municipio fue literalmente víctima de una represión gubernamental, coordinada por los tres órdenes de gobierno, las policías municipales de San Salvador Atenco, la estatal del Estado de México y sobre todo la Policía Federal Preventiva, fueron el brazo represor del Estado en contra de los habitantes de dicho municipio. No obstante que se demostró el exceso de poder de las autoridades policíacas en contra de la población, los autores materiales e intelectuales de esta represión no fueron sancionados. El entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, hoy procurador general de la República, licenciado Eduardo Medina Mora, en todo momento exculpó a los miembros de la Policía Federal Preventiva y nadie resultó sancionado. No obstante que se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que quedó radicada con el expediente 2006/2109/2/Q, en el expediente integrado por dicha Comisión y que consta de más de 20 mil fojas, se acreditó que en perjuicio de los habitantes de San Salvador Atenco, existieron detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano, degradante, allanamiento de morada, retención ilegal, incomunicación, tortura, violación a la libertad sexual, derecho a la vida, derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Como resultado de esta queja la Comisión Nacional de Derechos Humanos envío el 26 de septiembre del. 2006, la recomendación 38/6, dirigida al secretario de Seguridad Pública, al gobernador del Estado de México y al comisionado del Instituto Nacional de Migración. En dicha recomendación que forma parte del Informe del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que presentó a la Comisión Permanente de este Congreso, se establece en la página 222, cito textual: "En el presente Informe se considera no aceptada, respecto del secretario de Seguridad Pública Federal, ya que mediante oficio SSP/082/2006 del 31 de octubre del 2006, suscrito por dicho funcionario, consideró no procedente aceptar la recomendación que se le dirigió, en razón de que se refirió a los elementos de la Policía Federal Preventiva que participaron en los operativos en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, actuaron conforme a los principios constitucionales de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez, con pleno respeto a los derechos humanos de los manifestantes y de las personas que fueron detenidas en comisión flagrante de delito, actuando con sentido de oportunidad y prudencia, sin haberse excedido de la fuerza, al haber utilizado sólo estrictamente la fuerza necesaria para detener in fraganti, a quienes se sorprendió cometiendo conductas probablemente delictivas". Con qué cinismo se planteaba estos asuntos. Como podemos ver al apreciar la cita anterior, las violaciones a los derechos humanos de los gobernados pueden estar perfectamente acreditas y con motivo de ellas, los particulares agraviados, presentar su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ésta realiza sus investigaciones y comprueba que efectivamente se cometieron dichas violaciones. En tal sentido, emite una recomendación a la autoridad responsable, pero en un caso similar, como ocurrió con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, si éste determina no cumplir la recomendación, no hay nadie que pueda obligarlo a tal cumplimiento. Compañeras y compañeros legisladores, en el antecedente directo de nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman escandinavo formula recomendaciones que cuentan con el respaldo del peso moral de dicha Institución, que depende del Parlamento y la autoridad a las que dichas recomendaciones van dirigidas de cabal cumplimiento. En el caso de México hemos visto que esto no ocurre así, que la autoridad renuente a cumplir las recomendaciones, lo hace sin que sufra ninguna sanción. Precisamente por esto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que en verdad queremos contar con una Comisión Nacional de Derechos Humanos, autónoma e independiente. Se le debe fortalecer modificando la naturaleza no vinculativa de las recomendaciones que emite, para evolucionar en su tratamiento y que éstas sean de cumplimiento obligatorio por parte de la autoridad a la que van dirigidas. En tal virtud la propuesta de nuestro grupo parlamentario, somete a su consideración, se centre en la reforma del párrafo segundo, del Apartado B del artículo 102 constitucional, para que quede establecido de manera expresa que las recomendaciones que emitan las comisiones defensoras de los derechos humanos tendrán plenos efectos vinculantes, con lo que su cumplimiento resulta obligatorio para estas autoridades. Pero además, proponemos que en la hipótesis de que las autoridades se nieguen a cumplir las recomendaciones, las propias comisiones de derechos humanos puedan formular denuncias penales, en cuyo caso el texto de la recomendación no atendida servirá de base para la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que sólo de esta manera, con el impulso de la propuesta que les presentamos podemos romper el ámbito de impunidad en que las autoridades actúan, ya que saben que si no atienden las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, simplemente no pasa nada y seguirán acostumbradas a vivir y a actuar en la simulación y el engaño en perjuicio de la sociedad mexicana. Compañeras y compañeros diputados, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas al artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 102, párrafo B, los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán recomendaciones públicas vinculatorias y denuncias penales por la comisión de delitos que violen los derechos humanos de las personas, en cuyo caso la recomendación dirigida a las autoridades responsables y no atendidas por éstas servirán de base para la denuncia ante el Ministerio Público que corresponda, así como quejas ante las autoridades respectivas. Transitorio Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados, dentro de los seis meses contados a partir de la publicación del presente decreto realizarán las modificaciones que correspondan a la Ley de Comisión Nacional de Derechos Humanos y las correspondientes a las leyes de los estados para que éstas en congruencia con la reforma del presente decreto. Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero del 2007. Atentamente el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto, señora Presidenta.