El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: no convalidaremos el espíritu de quienes se han comprometido a que las reformas no se tocarán ni con el pétalo de una coma. Antes de referirme a mi reserva, quisiera sumarme a los comentarios de algunos de nuestros compañeros que plantearon una falta de una debida técnica legislativa y jurídica, y sólo me referiré a tres aspectos. En su artículo 4o, el dictamen señala que el ministerio público en todos los casos procederá de oficio con el inicio subrayo- de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley. Pregunto, sólo deberá iniciarlos. En su artículo 12 se impondrá sanción de suspensión a sus derechos políticos hasta por seis años a quienes habiendo sido electos a un cargo de elección popular no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara, Asamblea Legislativa o cabildo respectivo, a desempeñar el cargo convirtiéndose en jueces, lo cual no sólo resulta ser improcedente, sino ambiguo y subjetivo dicha hipótesis. Como tercer punto señalar que en el artículo 16 señala que se impondrá de 100 hasta 500 días de multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos propios de su ministerio presionen, orienten el sentido del voto, etcétera, lo cual resulta a odas luces incongruente y violatorio a sus derechos si acotamos los actos propios de un ejercicio de una actividad, profesión, como lo establece el artículo 5o. constitucional. Nuestro país está plagado de irregularidades electorales, ya sea por las violaciones cometidas hacia nuestras normas por las instituciones o por los mismos partidos políticos, e incluso por las ciudadanas y los ciudadanos. No ha existido una sola contienda electoral en al cual el saldo sea blanco y nos podamos jactar de estar totalmente seguros que no se encuentra viciado por los tantos delitos electorales que existen actualmente en nuestros códigos y leyes. Debemos cuidar en tiempos electorales la integridad de las ciudadanas y de los ciudadanos, como en cualquier otro momento, pero estos plazos donde la corrupción y la represión se desatan para conseguir de cualquier manera un voto ya sea dando cualquier tipo de pago monetario o en especie para garantizar la obtención del mismo o bien amedrentando contra su estabilidad emocional, económica, reteniendo los pagos o amenazando con perder sus empleos. Teniendo en cuenta que los delitos electorales se castigan como cualquier delito penal, y estos no se valen de una consideración subjetiva del tipo, necesitamos ampliar los conceptos para no caer en un punto en el que estas personas que agreden los derechos de terceros al manipular su decisión de voto den la vuelta a la ley y eso les permita seguir operando de esa manera. Por lo tanto, la reserva que hago, compañeras y compañeros, es en base al artículo 17 de este dictamen para quedar en los siguientes términos: Se impondrán de 100 hasta 500 días de multa a quien estando obligado se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección y, en el caso de que se trate de servidor público electoral con las funciones de fedatario electoral, el que intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo la punibilidad se incrementará hasta un tercio más. Es cuanto, señor presidente.