El diputado Víctor Hugo Velasco Orozco: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Creo que la exposición que hemos dado todos los grupos parlamentarios es un asunto que me parece muy relevante para el fortalecimiento de las actividades que realizan en la actualidad cientos de organizaciones de la sociedad civil. Como todos sabemos, el trabajo de la sociedad organizada ha cobrado fuerza a nivel internacional, como una herramienta de participación social de auxilio a las actividades gubernamentales, incluso, como una forma de contrastar lo que se hace desde el sector público. Con fecha 15 de mayo del 2013 presenté ante la Comisión Permanente de esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX Bis al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de incorporar como objeto de fomento y apoyo, en los términos de dicha legislación, a aquellas organizaciones en materia de atención, búsqueda y localización de menores de edad sustraídos y extraviados y de personas adultas desaparecidas, así como de ayuda a las víctimas y sus familias. Existen, en nuestros días, una lamentable situación que viven familias en varios estados del país, debido al incremento de personas sustraídas, desaparecidas o extraviadas. Esta problemática ha sido reconocida por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes han implementando protocolos y esquemas de atención. Pero también, de manera paralela se han formado numerosas organizaciones, constituidas por familias de las víctimas y ciudadanos, las cuales realizan un trabajo exhaustivo para tratar de localizar a los niños extraviados, raptados o bien, adultos desaparecidos, ya sea por su cuenta o en auxilio de las autoridades. Si bien es cierto, no existe una sola fuente de información, algunos datos permiten darnos cuenta que la magnitud de la problemática requiere de la suma de todos los esfuerzos para tratar de combatirla. Por ejemplo, según los datos señalados por la Procuraduría General de la República en 2011 desaparecen en promedio 45 mil menores de edad al año, y cifras acumuladas hasta ese año alcanzaban 75 mil niños. De igual forma, aún cuando las organizaciones señalan que al menos 70 por ciento de los casos son producto de disputas familiares por la tutela de los menores, también existen casos que obedecen a los móviles de robo, tráfico de menores, con el objeto de explotación sexual, así como fines laborales, adopciones ilegales, entre otras. En cuanto al número de adultos desaparecidos se estima que se pueden alcanzar los 26 mil casos, situación que a todos nos lastima. Por ello es que considero fundamental concretar esta adición, para que a través de ley podamos generar para las organizaciones beneficios como los que son: su fortalecimiento institucional mediante el apoyo para ser más profesionales; acceder al registro federal de organizaciones, así como instrumentos como la clave única de inscripción o Cluni; acceder a apoyos y estímulos públicos; gozar de incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos; recibir donativos y aportaciones en términos de las disposiciones fiscales, y además ordenamientos aplicables; acceder a los beneficios que se deriven de convenios o tratados internacionales; a recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y entidades para el mejor cumplimiento de su objetivo y actividades en el marco de los programas que al efecto formule. Con estas acciones estaremos dando un reconocimiento legal a su actividad, así como un reconocimiento social a sus resultados. En ese mismo sentido quiero compartir con ustedes, entre los argumentos estimados por la comisión dictaminadora se encuentran, que el artículo 21 de la Constitución federal reconoce dentro de las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública el rol de la participación de la ciudadanía para coadyuvar en fines de la seguridad pública elevándolo a rango constitucional. Que la participación de la ciudadanía es vital en apoyo a las autoridades para la atención, búsqueda y localización de personas extraviadas, sustraídas o desaparecidas; y que este hecho es reconocido incluso en el marco de instrumentos internacionales, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ratificada el 8 de marzo de 2008 por nuestro país. Que esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión d Seguridad Pública, y otras más, han tenido contacto con organizaciones, cuyo objeto social es el que aquí se ha tratado y que por ello se cuenta con una fuente directa de la problemática particular que sufren los integrantes de la misma comisión. Compañeras diputadas y compañeros diputados, pensemos en las víctimas de esta circunstancia porque constituyen un grupo de alta vulnerabilidad que ve afectado sus derechos, ve mermado sus recursos y su patrimonio, así como comprometiendo su desarrollo personal y familiar ante la tragedia de esta naturaleza. La labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para el Estado mexicano en su conjunto y dentro de éstas aquellas que atienden el reclamo de la familias para dar el paradero de las personas especialmente de los niños y jóvenes que deben recibir todo el apoyo de las instituciones de gobierno y de la sociedad en general. La participación organizada de la sociedad es sin duda invaluable y merece ser reconocida y fortalecida desde todos los puntos de vista. De tal suerte, pongo a su consideración esta posibilidad de reconocer a la participación ciudadana y a la labor de estas organizaciones que hacen su mejor esfuerzo en un tema tan sensible mediante este acto legislativo. Por su atención, por sus comentarios, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.