EL C. SECRETARIO EJECUTIVO DEL IPAB: Con mucho gusto diputado Arévalo. Me refiero primero al desvío en cuanto a la compra de las acciones de Cintra. Bueno, como ustedes saben, el Instituto a efecto de sanear el grupo financiero Serfín, le instrumentó un apoyo financiero. Este apoyo financiero recoge en primer lugar y actuaciones que el propio Fobaproa había tenido en cuanto a inyección de recursos en Serfín, que sin embargo no fueron suficientes, cuando el Instituto se crea, el Instituto en primer lugar decide, a través de un saneamiento tal y como lo marca la ley del Instituto, y por eso me refería al artículo 28, porque en base a ese artículo, es como el Instituto entra a sanear al grupo financiero Serfín. Como dice el ordenamiento, lo primero que se hizo fue obtener un estudio técnico, por parte de un banco o de algún asesor en esta materia, que para este caso fue un estudio del Banco de Inversión J.P.Morgan, en donde se determinaba que era mejor opción, sanear al banco que liquidarlo, a partir de ahí se inicia este saneamiento. También dentro del artículo 28 de la ley, una de las alternativas del Instituto, entre otras, para hacerlo saneamiento, es adquirir acciones o bienes diferentes a lo que serían acciones del propio banco u obligaciones subordinadas del otro banco. De ahí surge la manera en que entra el Instituto a grupo financiero, y de ahí se basa también la compra de acciones de Cintra. ¿Por qué se compraron Cintra? Porque por el otro lado y derivado sobre todo de la banca intervenir y de otros saneamientos, el propio Instituto ya tenía una posición accionaria en Cintra, y se consideró conveniente que toda vez que ya teníamos una posición, tener un adicional y tener mayoría, era conveniente para los motivos del Instituto, pero sobre todo para disminuir el costo fiscal. Para la controversia, entiendo, no viene en tanto, cómo entramos y cómo adquirimos estas acciones, que repito fue por artículo 28, sino si destinamos correctamente recursos presupuestales hacia esto. Y ahí en el artículo 68 de la ley, si no recuerdo mal, en la fracción II se establece que el Instituto podrá ejercer los recursos provenientes del presupuesto de egresos de la federación, para apoyar programas de apoyo a ahorradores, el cual era el caso y por eso tuvimos la facultad de usarlo a través de la propia ley del IPAB. Por otro lado, la propia ley de presupuesto de egresos de la federación, indica también en el artículo 10, que los recursos que se le darán al Instituto, serán precisamente para apoyar programas de apoyo a ahorradores y de apoyo a deudores. Ese fue el caso, por eso consideramos que no existe desvío. En términos de la obligación de que el Instituto pueda obligar a los bancos, respecto al artículo 5º transitorio, consideramos, repito, que legalmente no se puede, pero incluso quisiera hacer aquí una acotación, que de hecho si pudiésemos obligarlos, y si fuéramos con estas auditorías, al final de cuentas el artículo 5º transitorio es muy claro, este es un programa, el intercambio de estos pagarés es opcional para los bancos. Entonces, suponiendo que pudiésemos a hacer y a obligar a los bancos estas auditorías, todavía quedaría, y esto lo dice el artículo quinto transitorio, a opción de los bancos a hacer el intercambio o no. O sea, rebasa entonces por la misma vamos, discrecionalidad que la ley establece hacia los bancos la posibilidad de obligarlos a hacerlo. En términos de los casos no prescritos, hay una serie de interpretaciones de cuándo inicia la prescripción. En términos de estos delitos hay quien, y esto es más a la mejor una cuestión de abogados, yo no lo soy, pero es cuándo inicia esta prescripción. Para nosotros es claro que quien la deberá definir es la autoridad judicial y se han presentado las demandas. Cuándo nosotros levantamos estas demandas, cuándo propiciamos que se sigan, francamente cada vez que nos las encontramos y sí las buscamos, las auditorías se están haciendo.