La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Con la venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la corrupción es un fenómeno que afecta el bienestar de toda sociedad limitando el desarrollo de cualquier gobierno y el cual puede presentarse de diferentes formas, ya sea beneficiando y tolerando la actuación ilegal de servidores públicos, así como de aquellas personas que sin ser servidores públicos participan en actos de corrupción, y es justamente a lo que contribuye el presente dictamen, a erradicar las prácticas de corrupción dentro de las compras que realiza el Estado mexicano. Así como es importante que existan mecanismos de control y evaluación de los procesos de contratación pública dentro de la administración pública federal, también resulta de especial relevancia mantener un estricto control y vigilancia de las personas, tanto físicas como morales que participan en los procesos de licitación, de manera tal que éstos ajusten sus actuaciones a las disposiciones legales que les rigen, evitando con ello la realización de prácticas contrarias a los fines de la ley y al erario público. Pero de igual manera, resulta de especial relevancia que existan mecanismos que hagan efectivo el cumplimiento de las sanciones que las autoridades competentes impongan a quienes cometan algún acto contrario a dichos mandatos legales. Por ello, consideramos importante el dictamen que aquí se discute, toda vez que con las reformas propuestas a las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se garantizará que hasta en tanto dichas personas cumplan con la sanción impuesta, éstas no podrán continuar realizando las actividades a las que se dedican. Dicha disposición no contraviene a ningún derecho de las personas, ya que tiene como objetivo principal propiciar el cumplimiento de las sanciones a las que se han hecho acreedoras por contravenir las disposiciones legales. De esta manera, se consideró oportuno que hasta en tanto no se haya solventando el monto a resarcir por los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas, sancionados por resolución definitiva firme, a través del procedimiento resarcitorio, puedan ser contratadas ni prestar servicio o encargo alguno a la federación, y que de ser el caso, el contrato cese de inmediato y se consideren inhabilitados en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por todo lo anterior, mi grupo, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y su servidora como integrante de la comisión dictaminadora, votaremos a favor del presente dictamen, comprometidos con la transparencia y con el debido cumplimiento de las responsabilidades de todos aquellos que violenten las disposiciones legales en materia de contrataciones públicas. Es por ello, compañeros, compañeras, que considero de gran valía que aprobemos, esta tarde, este dictamen, que será una herramienta útil, oportuna y eficaz en el combate a la corrupción. Es cuanto, señor presidente.