EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señor Presidente. Señora Vicepresidenta de la Cámara de Diputados; señor Procurador, bienvenido. Tenemos la impresión en mi partido, señor Procurador, que usted es uno de los colaboradores del Presidente que se salvan con una calificación aprobatoria. Nosotros no estamos de acuerdo en muchos colaboradores del señor Presidente que han postergado el desarrollo nacional, pero en el caso de usted, señor Procurador, creemos que las cosas van caminando, aunque creemos que pueden ir mejor. La posición de mi partido, señor Procurador, va en el sentido de que la vigencia del derecho debe dinamizarse, orientarse a los valores clásicos que lo justifican: seguridad y justicia para que la procuración de justicia se aplique con total verticalidad. La función vital del Estado es mantener la paz social y el desarrollo colectivo, procurando justicia eficaz con acciones determinantes, acciones contra el delito que no alimenten la delincuencia común y la delincuencia organizada, combatiendo la corrupción y la impunidad, garantizando el respeto y protección a los derechos humanos y la prevención al delito. Así se garantiza el derecho a la vida, primer derecho para que existan los demás. Estas responsabilidades conforman los ejes torales de la Procuraduría General de la República, dándole un nuevo rumbo institucional, el que requiere, el que se le negó y la puso mucho tiempo en el banquillo de los acusados a la misma Procuraduría General de la República. Sería innegable no hablar de avances. Por ejemplo, la Agencia Federal de Investigaciones, que sustituye a la mal llamada Policía Judicial Federal; el Consejo de Participación Ciudadana, que por cierto aquí hay varios miembros presentes; los comités de bienes y los acuerdos bilaterales sobre el decomiso, entre otros, empero, la sociedad tiene dudas porque ella misma juzga y siente que respiran todavía en algunos casos aires de impunidad y corrupción, cuando observa casos sin resolver o si la iniciación de sus respectivas averiguaciones previas y sin la consignación. A la sociedad le lastima el ataque entre instituciones, no acepta que las averiguaciones previas sean flojas en algunos caso, están incluso integradas de mala fe. A la sociedad le lastima acusaciones sin sustento, incluso contra miembros del Poder Judicial Federal. Por ningún motivo la Procuraduría debe cejar, replegarse en su intento por terminar de integrar las averiguaciones previas que tiene en proceso en el ámbito nacional, principalmente contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y delitos patrimoniales, así como ejecutar las órdenes de aprehensión que el juzgador haya librado y reencarcelar a los que se hayan fugado, como es el caso del Chapo Guzmán. Esa función otorgada por la máxima constitucional, es indiscutible, incuestionable, indisputable por cualquier circunstancia y obstáculo porque las circunstancias y el acontecimiento y la ocurrencia no están por encima de la ley ni tampoco por encima del estado de derecho. Ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo deben estar en contra de la exacta aplicación de la ley, de la aplicación de la justicia, la aplicación de ambas requiere de transparencia necesaria para que sea creíble, socialmente aprobada y consumada constitucionalmente. Esto no espera que haya acuerdos políticos, quiere acción, procuración y justicia, no quiere acuerdos político, aunque esto no guste. Nosotros acabamos de aprobar, el día de hoy, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, eso demuestra nuestra vocación, porque todos, sin excepción de nadie, se conduzcan con responsabilidad y honradez en el desempeño de su encargo, no valen los fueros, no deben valer, por ningún motivo, los fueros transgredir la ley. El espectro de la procuración de justicia no termina ahí; otros problemas nacionales parecen no encontrar solución. En el sistema penitenciario y/o federal, donde existen aún fallas que ocasionan exactamente las fugas de reos peligrosos. Los mexicanos ven con grave preocupación la falta de coordinación entre los estados y la Federación en el ataque frontal contra la industria del secuestro, el robo express, el tráfico de personas, el aumento en el consumo de estupefacientes, incluso por mujeres y menores de edad, el tráfico de influencias en las agencias del Ministerio Público y el trafico de armas de fuego. Sobre todo ello, señor Procurador, le preguntaría: ¿Qué criterios se tomarán para combatir conjuntamente con los estados la industria del secuestro y la delincuencia organizada, el tráfico de personas y de armas? ¿En qué forma el Banco Nacional de Información en materia de secuestros interactúa con las entidades federativas y los resultados del diagnóstico de operación? ¿Qué se ha hecho en materia del programa de justicia, equidad y género, así como en prevención de delito y consumo de estupefacientes? ¿Cómo avanza el Servicio Civil de Carrera en la Procuraduría General de la República? ¿Qué estrategia seguirá la Procuraduría General de la República para ir desterrando los lastres que por años mantuvo como la impunidad, corrupción e ineficacia? Por sus respuestas, muchas gracias, señor Procurador y nuevamente bienvenido. Gracias.