EL C. DIP. INTI MUÑOZ SANTINI: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas y diputados: Queremos hacer uso de la palabra en esta tribuna para proponer a esta soberanía un punto de acuerdo, recordando que uno de los derechos fundamentales de la población mexicana es el derecho a la educación, tal y como está plasmado en el artículo tercero de nuestra Constitución, bajo los siguientes considerandos: Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho y de conformidad con la Ley General de Educación, el Estado tiene la obligación de proveer los recursos económicos suficientes para que esto así sea. En ese sentido, uno de los ordenamientos fundamentales contenidos en dicha ley es el expresado en el artículo 25, el cual fue reformado el 26 de noviembre de 2002 por esta Cámara de Diputados, reforma que también fue aprobada el 14 de diciembre de 2002 en la Cámara de Senadores y publicada el 30 de diciembre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 25 de dicha ley, en su primer párrafo, señala claramente que el monto anual que el Estado, federación, entidades federativas y municipios destina al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor al 8% del PIB, destinando de este monto al menos el 1% del mismo PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de Educación Superior Públicas. Además, el artículo 27 de la misma ley señala claramente que: "En todo tiempo, el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional, y que en todo tiempo, también procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes en términos reales para la educación pública". Fin de la cita. Ahora bien, en su mensaje con motivo de la entrega de su Tercer Informe de Gobierno a este Congreso, el Presidente de la República afirmó, y lo cito: " que el gasto educativo nacional para este año, incluyendo las inversiones de las autoridades locales y del sector privado, representa ya el 6.8% del Producto Interno Bruto, acercándonos así al 8% recomendado por los organismos internacionales". Fin de la cita. De entrada llama nuestra atención la introducción en el discurso oficial de la noción gasto educativo nacional y la forma en que fue definida por el presidente, puesto que las recomendaciones de organismos internacionales destacadamente de la UNESCO a las que alude el titular del Ejecutivo en el párrafo en comento, se refieren siempre al gasto efectuado por los estados nacionales. Más aún y congruente con la singular definición, en el anexo del tercer Informe de Gobierno, se incluyen los casi 87 mil 600 millones de pesos de inversión privada en este ámbito, como parte del rubro del gasto en educación, lo que da una cifra que en efecto representa alrededor del 6.8., Sin embargo, al descontar esta obtenemos lo que es propiamente el gasto público en educación y que en realidad equivale al 5.5% del Producto Interno Bruto o incluso menos. Recientemente el Secretario de Educación Pública el doctor Reyes Tamez en su reciente comparecencia y a contrapelo de lo estipulado, claramente en el artículo que refiero, reiteró la idea prevaleciente en el Gobierno Federal, de incluir la inversión privada en materia educativa como parte del monto total del gasto educativo que debe ser equivalente al 8% del PIB. Al insistir en el manejo de esta noción, el doctor Tamez hace caso omiso de que la ley es muy precisa al estipular que es el gasto público en materia educativa el que debe equivaler al 8% del PIB. Es evidente que ninguna ley podría regular el gasto privado en este rubro y que incluir la inversión privada en el cálculo daría lugar a un híbrido metodológicamente insostenible. Incluso en la comparecencia citada el Secretario debió reconocer al responder a los señalamientos de los diputados, que en efecto el gasto público es el que define expresamente la ley y que el Gobierno Federal recurre al concepto de gasto educativo nacional por una cierta idea de realismo en la consecusión de recursos para la educación que dicho sea de paso, a algunos nos parece más cercana del fatalismo propio del cuidado de las variables macroeconómicas. Por lo anteriormente expuesto me permito proponer a esta Soberanía, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución. Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal a hacer una propuesta de presupuesto educativo para 2004, que sea congruente con el objetivo de alcanzar en 2006 un monto de gasto público en educación, que equivalga al 8% del Producto Interno Bruto del país, para cumplir así con lo establecido en la Ley General de Educación. Segundo. Los grupos parlamentarios de esta Cámara, asumimos el compromiso de hacer todo lo conducente para que los recursos destinados a la educación en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, reflejen los criterios establecidos en la Ley General de Educación. Han signado esta propuesta compañeras y compañeros diputados de la mayoría de los grupos parlamentarios, cito al compañero Salvador Martinez Della Roca, presidente de la Comisión de Educación; al compañero Filemón Arcos, presidente de la Comisión de Cultura; a los compañeros Guillermo Aréchiga; Humberto Elizondo; Amadeo Espinosa, los primeros dos del PRI, el segundo el PT; el compañero Juan Pérez, del PRD; la compañera Alejandro Méndez, del Partido Verde, integrante de la Comisión de Educación; Oscar Morfín y una serie de compañeros más. Asimismo han signado la propuesta los compañeros de la fracción de Convergencia y compañeros de todas las fracciones. Es cuanto señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias señor diputado. En virtud de que este asunto quedó listado en el Orden del Día como de urgente resolución, consulta la secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución, con votación calificada. -DIP. SECRETARIA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la Proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION) Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION) La mayoría por la afirmativa, diputado presidente. -PRESIDENTE: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la Proposición. -DIP. TATIANA CLUOTHIER (desde la curul) Pido la palabra. PRESIDENTE: ¿Con qué objeto diputada? -DIP. TATIANA CLOUTHIER (desde la curul) Para razonar el sentido del voto. -PRESIDENTE: Un momento, mientras hago el registro. Señoras y señores legisladoras, legisladores: de acuerdo con el artículo 122 del Reglamento, dice que cuando sólo se pidiere la palabra en pro podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara. Pero por supuesto el pleno de la Cámara puede modificar este número de oradores a que se refiere el Reglamento. Tengo registrados a cinco señores diputados que desean intervenir en este tema. Al diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, al diputado José Aréchiga Santamaría el primero del Partido Verde, el segundo del Partido Revolucionario Institucionalel diputado Salvador Martínez de la Roca, del Partido de la Revolución Democrática, a la diputada Tatiana Clouthier, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y al diputado Amadeo Espinosa, del Partido del Trabajo. No deseo que algún miembro del pleno me llame la atención si concedo el uso de la palabra a todos por quebrantamiento del Reglamento. Entonces le voy a pedir a la secretaría que consulte a la asamblea si se concede el uso de la palabra. Diputado Perdomo, de Convergencia.