La diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer: Saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna en representación de mi bancada para compartir nuestro posicionamiento en torno a una reforma crucial para nuestra sociedad y en particular ver a las personas trabajadoras de este país. La modificación del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en materia de acceso a la vivienda cuya iniciativa fue presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, como legisladora y firme creyente de los ideales de la cuarta transformación les comparto esta reflexión que fundamenta el total apoyo a esta reforma, toda vez que representa una garantía del derecho a una vivienda decorosa sin precedente en la vida social de nuestro país. Las discusiones respecto a cómo debe de ser un hábitat para una persona atraviesan necesariamente los principios de la dignidad y de la habitabilidad de los entornos. Nuestro trabajo es fundamentar, defender y asegurar que este derecho se logre con toda responsabilidad. Si bien, nuestra Carta Magna ya reconoce el derecho a una vivienda digna en su artículo 4o. con la aprobación de las modificaciones que se están planteando estaríamos creando los mecanismos concretos para fortalecer dicho derecho al establecer que las personas trabajadoras tengan mayores oportunidades en la obtención de una casa habitación. Durante la administración que recién concluyó y que da origen a la cuarta transformación se realizaron reformas en torno a este tema. En 2020 se reformó la Ley de Infonavit a fin de que por primera vez los créditos otorgados por el instituto fueran administrados sin intermediarios y se abrió la posibilidad de adquirir terrenos y de fomentar la autoconstrucción de viviendas. En 2023, otra reforma a la referida ley permitió que las personas trabajadoras independientes, trabajadoras del hogar y migrantes pudieran acceder a créditos de vivienda. Estamos hablando de un derecho básico que, aunque reconocido en nuestra Constitución, desde hace décadas ha requerido adaptaciones para estar a la altura de los tiempos y de las necesidades sociales. Al amparo de la ley toda persona debe tener acceso a una vivienda, sin embargo, es el artículo 123, apartado A, fracción XII, el que una vez ajustado otorgará un derecho específico a las personas trabajadoras a contar con una vivienda, a través de un sistema de financiamiento apropiado. Una vivienda apropiada es piedra angular del desarrollo humano y social. Acceder a ella no solo debe asegurar un techo bajo el cual vivir, sino que debe garantizar condiciones de seguridad, de salud y de bienestar. Según el INEGI, en México existe un déficit de 8.2 millones de viviendas, lo que representa un 23.3 % del total. Este dato revela la urgencia de avalar esta reforma a través de la ampliación del acceso a créditos accesibles y suficientes. Es importante señalar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda, cerca de un 60 % de las viviendas en México requieren ampliación o mejoras, recalco, sí, 6 de cada 10 viviendas. Aunado a esto, casi un 25 % de las viviendas particulares tienen más de 31 años de antigüedad, lo que revela la urgente necesidad de renovarlas y adaptarlas. Además, el INEGI nos indica que un 16.4 % de las viviendas en nuestro país están bajo arrendamiento, concentrándose principalmente en hogares de ingresos medios y en personas jóvenes. Esto denota que no solo existe una necesidad de ofrecer viviendas, sino que también deben abrirse esquemas alternos, como el arrendamiento social, para que aquellas personas que no tienen la oportunidad inmediata de comprar puedan hacerlo en el mediano plazo. Cabe puntualizar, para el año 2030, la población que está entre los 18 y 22 años representará más del 40 % de la nueva demanda en materia de la vivienda, precisamente, pensando en el futuro debemos fortalecer los institutos de construcción de la vivienda pública en todo territorio nacional e idear nuevos modelos de atención a la creciente demanda social. La reforma al artículo 123 que hoy se plantea tiene varios aspectos que considero esenciales destacar, ya que impulsan una política de vivienda más inclusiva y eficiente. Propone la creación de un sistema de vivienda que prioriza las necesidades de los trabajadores, brindando acceso a créditos baratos y suficientes para la adquisición o mejora de sus viviendas. Establece que el Fondo Nacional para la Vivienda, conformado por aportaciones patronales, tendrá un enfoque social, permitiendo a las personas trabajadoras acceder a créditos para adquirir o mejorar viviendas, pero también abrirá la posibilidad de acceder a arrendamientos. Genera las condiciones para que el Fondo Nacional de Vivienda construya viviendas para arrendamiento social, con la opción de que el trabajador pueda adquirirla después de 10 años, esto permitirá a quienes no puedan acceder a un crédito de inmediato, tener la oportunidad de acceder a una vivienda digna a largo plazo. Elimina la discrecionalidad y el ejercicio arbitrario, y esto logrará que tengamos los mecanismos que garanticen un proceso transparente y justo para todas y todos, de forma equitativa y sin favoritismos. Se fundamenta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, teniendo y demostrando solidez jurídica y su alineación con los estándares internacionales. Tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, han concluido que la reforma no tendrá un impacto presupuestario negativo. Al contrario, se garantiza que su implementación será viable y sostenible a largo plazo. Esta propuesta impactará positivamente en la economía nacional, ya que la construcción y mejora de casas generará empleos y dinamizará a sectores como la construcción, el comercio y los servicios. Cualquier medida que impulse el empleo y la inversión siempre será positiva. Compañeras y compañeros legisladores, la vivienda no solo es un bien inmobiliario, producto de un esfuerzo económico, es el espacio donde se sincretizan las costumbres, la paz, los sueños y el desarrollo de las familias. Cualquier esfuerzo legislativo que se traduzca...