El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: El campo, el campo mexicano no aguanta más, no aguanta más líderes corruptos. Se viene a decir aquí y se hacen muchos señalamientos al secretario de Agricultura, pero el fondo, el fondo de las organizaciones que promueven este punto de acuerdo es aquellas que siguen el principio de que al niño más llorón es al que le dan el primer biberón. El año pasado se entregaron a los líderes de estas organizaciones que, por cierto, muchos de ellos son diputados y muchos de ellos están promoviendo este punto de acuerdo más de 100 millones de pesos, de los cuales no han rendido cuentas. Ése es el problema de fondo. No estamos contra el Programa de Adultos Mayores, no estamos contra el Programa de Vivienda Rural. De lo que estamos en contra es que a las organizaciones se entregue este dinero y no haya vivienda y no haya rendición de cuentas y el dinero ya no exista. Ése es el problema, compañeros. Tenemos la lista de los diputados que han recibido recursos y que no lo han comprobado y que no han hecho las obras ni las viviendas, que con él se habían comprometido. El Acuerdo Nacional para el Campo no debe resolverlo y darle seguimiento y cumplirlo únicamente y exclusivamente el Gobierno Federal. El propio Acuerdo señala que existe corresponsabilidad entre la Federación, los gobiernos de los estados, los académicos y las instituciones, así como las organizaciones, y los únicos que no han cumplido son las organizaciones, con el objetivo de hacer presión social y lograr más recursos directamente y sin reglas de operación para su funcionamiento. Hay que decirlo claro: el Acuerdo Nacional para el Campo establece la posibilidad de que las organizaciones participen en el diseño de las reglas de operación, pero no lo hacen, no participan, porque pretenden que sin reglas se les entregue directamente este dinero. Y les pongo un ejemplo: el año pasado se debieron haber ejercido 375 millones para vivienda rural, pero las organizaciones no quisieron participar en el diseño de las reglas de operación. Para este año se autorizaron 500 millones, y gracias a la presión que hicieron en la toma de edificios y cierres de carreteras, este año las organizaciones van a ejercer de manera directa y sin fiscalización 886 millones de pesos. Ése es el problema de fondo. No estamos en contra de que haya más recursos para el campo, de lo que estamos en contra es del uso discrecional e irracional y corrupto que hacen algunas organizaciones de los recursos que aquí aprobamos. Tenemos documentado, por ejemplo, además del cobro para registrarse en el Programa de Adultos Mayores de 200 pesos, tenemos registrados algunos casos en el estado de Hidalgo: por lo menos 41 por parte de la CCI, a los cuales se pidió a los beneficiarios de vivienda rural que endosaran los cheques para que los cobrara la organización. Tenemos el expediente a disposición de cualquier diputado que quiera examinarlo. Lo tendremos que llevar a la Auditoría Superior de la Federación para que realice la fiscalización correspondiente. Sí al dinero del campo. Sí al apoyo a las organizaciones, siempre y cuando lo apliquen en lo que debe ser, siempre y cuando entreguen cuentas. No es del debate si se les entrega más o menos; el debate es que ese dinero vaya realmente para quien lo necesita, que son los campesinos del campo mexicano.