El diputado Jesús de León Tello: Con su permiso, señor Presidente. Por razones de economía parlamentaria solicito, señor Presidente, tenga a bien acordar que el texto de la iniciativa que hoy presento se tenga por reproducido íntegramente en el Diario de los Debates, ya que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria. Honorable Asamblea. En ejercicio de mi facultad legislativa presento una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento de los derechos fundamentales del ofendido o víctimas del delito. Es de explorado derecho que la víctima u ofendido del delito, son la parte más débil del sistema penal. Después de resentir el daño cometido en su integridad física, moral o en sus bienes materiales, las víctimas suelen ser víctimas de un orden jurídico y de una praxis ministerial, como judicial, que en lugar de facilitarles las cosas se las dificultan de tal manera y en forma sistemática a grado que resulta ineficaz el ejercicio en sus derechos fundamentales. Los ofendidos no sólo sufren por el daño que les causa el delincuente sino que además tienen que defenderse contra la falta de protección jurídica que se da por las antinomias, defectos y lagunas jurídicas en el contenido esencial de sus derechos fundamentales. Es así que los ofendidos padecen un calvario procesal. Se les niega las copias de su denuncia, no hay quien los asesore, les esconden el expediente, congelan la investigación que solicitan, no les reciben las pruebas que aportan, etcétera. El problema es que la ineficacia de los derechos a favor de las víctimas u ofendidos se debe en mucho a la imprecisión de las pretensiones que el orden jurídico debe de proteger. Basta observar que en la práctica les niegan las copias del expediente, justamente porque la ley no señala en forma categórica que se les debe de entregar. No le procuran una asistencia profesional porque no tiene derecho a la asesoría pública, como sí se le reconoce al inculpado. Si la averiguación se paraliza por negligencia o mala fe del Ministerio Público, no puede pedir amparo porque sólo puede impugnar cuando se determina el no ejercicio de la acción penal, mas no cuando se archiva la averiguación o se omite practicar pruebas conducentes para preparar la acción penal. En fin, un largo etcétera le sucede a este protagonista del drama penal, que primero no tiene reconocidos sus derechos y que ahora que los tiene, paradójicamente son tan limitados que es más grande su frustración por su nula protección. El Estado mexicano por tanto se debe preocupar por el más débil, como es la víctima del delito, pues la construcción de un sistema penal en el Estado social y democrático de derecho por el que pugnamos los mexicanos no sólo debe girar en torno a los derechos del inculpado sino también y sobre todo, en la garantía efectiva de los derechos que tienen las víctimas que se ven lastimadas por el delincuente. Efectivamente, la legislación federal se ha preocupado poco por diseñar instituciones que tiendan a salvaguardar los derechos de la víctima. No hay una tradición garantista por profundizar en estos derechos. Es la primera parte de la injusticia, porque una lectura del principio de dignidad humana que reconoce nuestra Constitución es tratar a las personas como fines en sí mismos y no como instrumentos y obliga a sostener que la víctima u ofendido del delito debe ser, sin duda, más protegido por la ley. No obstante, el avance de los derechos províctima, es relativamente reciente. El texto original de la Constitución de 1917 no contiene ninguna referencia; nada más reconocía los derechos de los inculpados. Por su parte, la legislación procesal penal de 1934 negó al ofendido desde un principio, la posibilidad de ser parte en el procedimiento penal. No fue sino hasta los años 80, cuando la legislación federal reconoce por primera vez y de manera más puntual un conjunto de derechos del ofendido dentro del proceso penal sin señalar de manera expresa el carácter de parte; se le otorgan por ley algunos derechos procesales que luego terminan por constitucionalizarse en el año de 1999. Ese fue un momento importante, se estableció un catálogo de derechos fundamentales a favor del ofendido y la víctima, aunque el tránsito de esta efectividad en la realidad ha sido lento, tortuoso y distorsionado por la falta de claridad de las normas. Es por ello que desde 1966 estos temas forman parte de la agenda legislativa del PAN y para resolver los problemas actuales de estos derechos a través de una orientación legislativa províctima, que ahora se busca consolidar con la presente iniciativa. Esta iniciativa tiene por objeto avanzar en el fortalecimiento de los derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito a partir de tres propuestas, que son: el derecho fundamental al defensor público; el fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño y el derecho fundamental a impugnar por vía judicial los actos que afecten su derecho a acceder a la justicia penal en los términos que establezca la ley. Una propuesta actual es garantizar el derecho a la igualdad en el procedimiento penal. No se justifica que el inculpado tenga a la defensa pública y su contraparte, el ofendido, no cuente con esa garantía. Muchos de los problemas de la ineficacia de los derechos províctima residen en la falta de asesoría legal, pues aunque el Ministerio Público es el encargado en representarlo, lo cierto es que como autoridad emite actos dentro del procedimiento penal que pueden afectar el interés del ofendido en perseguir el delito y por ende es necesario que esté debidamente asesorado para poder ejercer plenamente sus derechos. Por otra parte, la actual legislación ha sido omisa en ofrecer garantías eficaces para lograr el acceso a mecanismos ágiles y sencillos para hacer efectivo el pago de la reparación del daño. La tendencia actual de la legislación penal es evitar al máximo la pena de prisión como castigo para sustituirla por otras que logren una mayor readaptación social. No siempre generan que la concesión de los beneficios o sustitutivos penales estén condicionados a la garantía de la reparación del daño, con lo cual se logra un despropósito, porque por un lado se beneficia a una parte del proceso penal que cometió el delito y por el contrario se perjudica a otra parte, que es la víctima, al no verse recompensado por lo menos, con la garantía de la reparación del daño en caso de que el inculpado se acoja a algún beneficio. Por tal razón propongo que se establezca como requisito para cualquier beneficio procesal o algún sustitutivo o conmutación de la pena concedido al inculpado dentro del proceso penal, se garantice o se pague la reparación de los daños y perjuicios en favor de las víctimas. Finalmente, la tercera propuesta legislativa reside en avanzar en el control del monopolio de la acción penal, que es una orientación de la política legislativa del PAN desde 1966. El PAN fue el que se propuso que se legislara, para que el amparo fuera procedente contra el no ejercicio de la acción penal y su desestimiento. A partir de que los tribunales federales han conocido de estos temas, se han generado nuevos problemas, en donde el control constitucional ha sido insuficiente para tutelar en forma efectiva los intereses del ofendido. Así, el archivo de la averiguación, la violación a la coadyuvancia del ofendido, la violación a dictar la restitución provisional en el goce de los derechos u otras figuras equivalentes, obligan a precisar que este tipo de actos, que equivalen a la no persecución del delito, deben tener un control jurisdiccional, pues de nada sirve tener derecho a impugnar el inejercicio, si por otra parte no se puede impugnar el archivo o la reserva de la averiguación, que al final terminará con la acción penal por la falta de pruebas. Por lo que propongo, por un lado, crear un sistema de control de legalidad, por vía jurisdiccional, sobre el monopolio de la acción penal, así como perfeccionar el control constitucional para tutelar de manera efectiva este derecho del ofendido o víctimas del delito. Con estas propuestas sin duda estaremos avanzando en una legislación a favor de las víctimas, que debe ser prioridad para la nación. Por su atención muchas gracias. Es cuanto señor Presidente.