El diputado Candelario Pérez Alvarado: Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna para manifestar y fundamentar el sentido favorable del voto que emitirá el Grupo Parlamentario del PRD en torno a este primer dictamen que forma parte de la discusión del paquete económico 2016. Compañeras y compañeros diputados, en el PRD concebimos las leyes como un instrumento dinámico de la transformación social, como un instrumento para acceder a la justicia, a mejores condiciones de vida, a proporcionar mayores condiciones de equidad. Así lo expresamos en campaña, así pedimos el voto a la gente, convencidos de que las reformas que desde esta representación popular podamos llevar a cabo, incluso aquellas leyes que sean de carácter estrictamente fiscal o recaudatorio, pueden contribuir directamente, intangiblemente al bienestar de los mexicanos. En el caso de la Ley Federal de Derechos en cuya reforma que hoy nos ocupa encontramos un excelente vehículo para distribuir una parte de los ingresos obtenidos por el gobierno federal, dándole un destino directo y específico. Reforma que podrá ser aplicable a partir del próximo ejercicio fiscal si contamos con el voto favorable de la asamblea y con la brevedad que indica el tiempo constitucional del Senado de la República. En el PRD hemos afirmado y sostenido que a los ingresos, por impuestos y cobros de derechos que se le pueda asignar un destino específico, ha sido una larga batalla, no siempre fácil, las más de las veces ardua con la Secretaría de Hacienda. En ese sentido, es debido reconocerle a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, a los diputados que conforman la Junta Directiva, la receptividad mostrada para con las observaciones y propuestas emanadas por el Grupo Parlamentario del PRD en materia de destino específico que tendrá lugar con la devolución del pago de derechos de agua. Con los cambios que propusimos lograremos garantizar la programación efectiva de obras, para la dotación de agua potable, para la construcción de obras de drenaje, el tratamiento de las aguas residuales, ya que todos los municipios y todas las entidades federativas, a través de las comisiones estatales u organismos operadores de agua podrán acceder a la devolución expedita del pago realizado por concepto de aprovechamiento de las aguas nacionales y destinarlo a construir es tipo de infraestructura que de manera oportuna, incluso desde los primeros meses del año. Pero la esencia fundamental de las observaciones y modificaciones propuestas por el PRD tienen que ver con el destino final que tendrá la devolución del pago de derechos por conceptos de trasvase. En la óptica del PRD, los ingresos que se vienen captando por este concepto deben destinarse al rescate y preservación de las cuencas y acuíferos pertenecientes a las zonas o regiones que aportan el agua para el trasvase. Se trata de un acto elemental, de mínima y necesaria justicia para las comunidades que aportan este recurso vital. Un acto que aporta criterios de sustentabilidad al destino y aplicación de los recursos. Aunque debemos dejar claro que la práctica de trasvasar de agua no puede ser la base de la política pública para el abastecimiento de agua en el país, mucho menos si esta agua se destina para otros usos que no sean los de satisfacer las necesidades básicas de consumo de agua relacionados con la alimentación y la higiene doméstica. Existe una realidad añeja que podemos desconocer, por ejemplo, el hecho de que poco más del 28 por ciento del agua que consumimos los municipios del estado de México pertenecientes a la zona conurbada de esta ciudad, algunas delegaciones del Distrito Federal, provengan de un trasvase, realizado a través del sistema Cutzamala. Con los cambios que hemos propuesto y que se han aceptado por la Comisión de Hacienda, al menos, los recursos que se captan por el cobro de derecho de trasvase deberán aplicarse a las comunidades y regiones que reporta el recurso vital. Durante el proceso de dictaminación, en el PRD consideramos necesario imprimirle un cambio sustancial a la recaudación originalmente propuesta por el Ejecutivo federal. De no modificarse aquella redacción, la medida propuesta tendría justo el efecto contrario de lo que hoy intentamos lograr. En primer lugar, porque la devolución de los derechos se destinaría, sí, pero en obras para cuencas importadoras y no para las exportadoras. Para decirlo claro, beneficiaríamos a quienes consumen el agua y no a quienes la aportan. En segundo lugar, porque la devolución del derecho se aplicaría, sí, pero con beneficio a los que en este momento, a través del articulado de la ley se denominan como empresas públicas o privadas. Es así donde debimos alertar y tener mucho cuidado, porque en el país se realizarían trasvases de agua, no solamente a través del Cutzamala, también existe el acueducto Independencia, la presa El Realito en San Luis Potosí y Guanajuato, la presa El Zapotillo en Jalisco, todas ellas concesionadas a particulares. Y ya ni hablar del proyecto Monterrey VI, por fortuna en vías de extinción. Entonces, con la redacción original se posibilitaba la devolución a empresas que han obtenido ya un beneficio previo al ser financiadas a fondo perdido hasta con el 42 por ciento del costo de la infraestructura de trasvase. Debimos imprimirle cambios sustantivos a la redacción, que al ser aceptada por la comisión, ha determinado el voto favorable del PRD. Debimos modificar el término empresa por la de entidad u organismo, el cual comprende toda la gama de contribuyentes, sean estas comisiones estatales del agua, ayuntamientos u organismos operadores. Serán todos los beneficiarios de incentivos de la devolución, pero no por concepto de pago de trasvase, este se aplicará reiteramos al rescate y preservación de las cuencas y acuíferos pertenecientes a zonas o regiones que aporte el agua. Repetimos, se aplicará al rescate y preservación de las cuencas y acuíferos pertenecientes a la zona o región que aporta el agua. Lo que también propusimos es establecer, con toda precisión en la ley, la obligación del gobierno federal de devolver a las comisiones estatales del agua, a los ayuntamientos y a los organismos operadores el pago de sus derechos trimestre por trimestre, puntualmente y no al finalizar el año cuando ya no podemos hacer uso de los recursos, el cual volvería a quedarse en manos de la Secretaría de Hacienda. Pretendemos, con los cambios propuestos, aceptados, darle una efectiva operatividad al programa de Devolución de los Derechos, para que en cierta medida las grandes ciudades, también las comunidades puedan contar con obras para que el agua potable llegue a sus casas en forma continua. Para que los drenajes alivien el efecto de la acumulación de las lluvias. Para sanear el agua residual que se deposita en los ríos, pero sobre todo, para que las cuencas y acuíferos, donde nace el agua estemos en este momento en posibilidad de conservarlos y poderlos preservar. Éste es un principio elemental para el PRD, absolutamente comprometidos. Y es la razón que acompaña el sentido favorable de nuestro voto en el presente dictamen. Es cuanto, presidente.