La diputada Magdalena Adriana González Furlong: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Muy respetables señores diputados, senadores, invitados especiales: Hago uso de la palabra para poner a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes, tomando en la libertad de citar y agradecer las atenciones, asesorías y referentes que para la presente iniciativa se obtuvieron de UNICEF, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Red por la Defensa de los Derechos de la Infancia. Datos estadísticos aportados por el Consejo de Menores del Distrito Federal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, establece que tan solo durante el 2003, se tuvo un ingreso de 3 mil 506 menores infractores en el Consejo del Distrito Federal, de los cuales, cerca de 25 por ciento son considerados reiterantes de las infracciones. Asimismo, del total de ingresos aludidos, es decir, de los 3 mil 506 menores infractores, cerca del 84 por ciento se trata de adolescentes cuyas edades oscilan entre los 15 y los 18 años de edad, edad propia para que adolescentes entren en conflicto con la ley y que sin embargo, estos no son atendidos correctamente tal como podemos darnos cuenta por el alto índice de menores infractores reiterantes. Un último dato, es que del total de ingresos que se llevaron a cabo durante el 2003 en el Consejo de Menores del DF, cerca del 68 por ciento se dan por los delitos de robo calificado. Lo anterior nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre la creación de un sistema de justicia penal para adolescentes con las modalidades previstas en la reforma al artículo 18 constitucional, publicada el 12 de diciembre de 2005. Esta reforma constitucional sienta las bases para que la Federación, los estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, establezca un sistema integral de justicia aplicable a quienes se atribuya a la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, en el que se garantice el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos, derechos entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Senado de la República y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este esfuerzo es un verdadero avance en el cumplimiento de los derechos consagrados en dicha Convención, la cual obliga a los estados partes, según su artículo 2°, a respetar y a establecer el respeto de los derechos contenidos en su texto. Actualmente las leyes vigentes referentes al tratamiento de menores en conflicto con la ley, a pesar de haber sido creadas de manera independiente entre sí, se encuentran ligadas por la misma doctrina de la situación irregular de los menores y alejadas de la doctrina de la protección integral de los derechos de la niñez, lo cual las hace sumamente similares unas a otras. Al respecto, el actual modelo tutelar prevaleciente en las entidades federativas, tienen una naturaleza administrativa y no judicial. Lo anterior contraviene el compromiso contraído por el Estado Mexicano, pues de acuerdo a la Convención antes citada en su artículo 37, establece que toda persona menor de 18 años tendrá derecho de impugnar la legalidad de la privación de su libertad, ante el Tribunal u otra autoridad competente, imparcial, pero sobre todo independiente y una pronta decisión sobre dicha acción; es decir, que exista plena independencia entre el ente acusador y quien juzga tal acción, hecho que en estos momentos no acontece. Otro de los errores actuales del modelo del tratamiento para adolescentes en conflicto con ley, es que la autoridad administrativa que dirime las controversias de adolescentes en conflicto con ley penal, tiene una facultad discrecional para decidir sobre aquél adolescente que se le atribuya una conducta antisocial o que se encuentre en situación irregular y con base hoy ocurre que cualquier persona que no cuente aún con 18 años de edad, particularmente si proviene de un medio económico desprotegido, podría caer en este supuesto. Tal es el caso, por ejemplo, de la legislación que prevé lo relativo al tratamiento de menores infractores en conflicto con la Ley del Estado de Puebla, que deja a libre albedrío e interpretación su aplicación. Y cito: ... "Artículo 2°. El Consejo Tutelar de Menores del Estado de Puebla, es un organismo colegiado dependiente del Ejecutivo del Estado, cuyo objeto es la protección y readaptación social de los menores de 16 años, que: ... 3°) Se encuentren en estado de peligro social por estar moralmente abandonados, pervertidos o en transe de serlo. Otro aspecto importante, susceptible de erradicar el actual modelo, es la llamada criminalización de la pobreza, esta característica, ampliamente ligada a la tutelar anterior, institucionaliza en mayor medida a adolescentes que provienen de clases sociales bajas, por el hecho de suponer que se encuentran más expuestos a infringir las leyes, aunque aún no lo hayan hecho, y de esta forma, nos podemos dar cuenta que existe una propensión discriminatoria, no sólo por razones de edad, sino también por cuestiones de estrato social, basta con remitirnos, a manera de ejemplo, a la Ley Tutelar del Estado de Aguascalientes, que en su artículo décimo primero, a la letra dice: Los menores de edad a que se refiere esta ley, son imputables, en consecuencia, para conocer las infracciones cometidas por éstos, se crea en la capital del estado un Consejo Tutelar Central para menores, con jurisdicción en toda la entidad, cuyas funciones y facultades serán las siguientes. Inciso dos.- conocer de todos los demás casos en que, aunque no exista ninguna infracción, sea conveniente prevenir y corregir a los menores cuando tengan malos ejemplos, mala conducta, compañías corruptas o se encuentren en estado de abandono, pervertidos o en transe de serlo. Otro inciso, conocer del comportamiento personal de los menores, cuando se presuma fundamentalmente una inclinación a causar daño a la sociedad, a la familia o a sí mismos. Otro de los errores que cometen los actuales modelos de tratamiento, es considerar a la infancia como un objeto únicamente de protección y no como sujeto de derecho. Así, el modelo tutelar considera que niñas, niños y adolescentes, son incapaces; es decir, que se encuentran en estado de interdicción o capacidad disminuida, y que en consecuencia, no son personas sujetas de derecho. Además de lo anterior, se presenta una negación sistemática de garantías, derechos y principios de derecho, incluso, de aquellos que se encuentran contenidos en la Constitución, en ley federal y en tratados internacionales. Lo anterior tiene su origen en que el modelo tutelar sostiene que en aras de la protección de niñas y niños en conflicto con las leyes y dado su estado de incapacidad, son considerados inimputables, y por ello, no se les puede someter a un juicio de reproche, puesto que ello significaría procesarlos de igual manera que a los adultos. Es entonces cuando desaparece de las leyes tutelares la palabra pena, que es sustituida por la palabra tratamiento, y en esa virtud, que se sostiene que el adolescente no se le está sometiendo a un procedimiento penal, aparentemente no existe obligación alguna de contemplar garantías, derechos o principios de derecho de legalidad, debida defensa, audiencia o debido proceso. Por las anteriores consideraciones, mismas que guardan sustento en estudios multidisciplinarios, quisiéramos poner a su consideración, esta ley que se propone contiene un matiz, en primer término, del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, hace prevalecer mecanismos legales, eficientes para el resarcimiento de cualquiera de los derechos de la infancia, propone la desaparición de las acepciones de situación de riesgo, situación irregular, peligro moral o material, en virtud de ser parte del mundo de los juicios de valor, teniendo la amplitud que la autoridad considere adecuada y resultaría poco probable construir una definición concreta de ellas. Es una serie de capítulos que bueno, por razones de tiempo, señor Presidente, yo quisiera suplicarle se pudiera insertar íntegro dentro del Diario de Debates y de la Gaceta Parlamentaria, esta iniciativa que presento a nombre propio y a nombre del diputado Guillermo Tamborrel y a nombre del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias por su atención.