El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Presidenta, con su permiso. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de que esta asamblea, en uso de la atribución conferida por el artículo 105 de nuestra Carta Magna, interponga una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para solicitar que sean respetados los límites de las percepciones ordinarias totales en el INE, establecidos en el Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2020. Al fundamentar el sentido de nuestro voto me gustaría expresar algunas consideraciones, además de las razones que motivan el mismo. En primer lugar, quiero establecer que coincidimos en que no es ética la existencia de un gobierno que paga a sus servidores públicos salarios que rebasan por mucho el ingreso promedio del resto de la población. Sabemos que esta situación ha sido uno de los principales factores de distanciamiento entre el gobierno y sus instituciones con la ciudadanía, que desde hace ya varios años había venido manifestando su enojo en contra del dispendio de recursos públicos, del gasto irracional y de los privilegios a los cuales habían tenido acceso altos funcionarios del Estado, representantes populares y gobernantes. Estamos igualmente conscientes de que el primero de julio de 2018 los ciudadanos votaron mayoritariamente por la austeridad en el gobierno y la eliminación de todos los privilegios que de modo injustificado se otorgaban a los miembros del gobierno. Para nosotros el mandato está claro, los mexicanos quieren un gobierno que les cueste menos, que optimice los recursos de los cuales dispone y que se esfuerce por hacer más con menos. En otras palabras, se trata de construir gobiernos que gobiernen bien y que lo hagan de forma eficiente. Es por lo anterior que el Partido Verde ha votado consistentemente a favor de las modificaciones de los artículos 75 y 127 constitucionales y de la aprobación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuya finalidad es que nadie en el gobierno pueda tener ingresos mayores al del presidente de la República. No obstante, no dejamos de señalar en su oportunidad nuestra preocupación de que esos cambios pudieren producir una pérdida de talento y experiencia acumulados en diversos funcionarios durante años, y sobre todo el surgimiento de una controversia legal que se produciría respecto a los miembros de órganos autónomos en funciones al entrar en vigor las reformas mencionadas. Sobre el caso particular que hoy nos ocupa, votaremos a favor de la presente controversia en virtud de que este es método idóneo e institucional para resolver los conflictos entre órganos del Estado mexicano. Es de vital importancia definir si la reducción de percepciones puede aplicar a los integrantes de los órganos autónomos, reduciendo las percepciones que venían recibiendo y, sobre todo, cuáles son los alcances de la autonomía del INE y de otros órganos autónomos. Y es ahí donde está el diferendo entre el Poder Legislativo y un órgano constitucionalmente autónomo, el cual deberá resolver como corresponde, de acuerdo con el diseño institucional, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay nada en contra del INE, no se trata en ningún sentido de un ataque a su autonomía, es simplemente el ejercicio de una atribución para resolver una controversia legal, no política. Cualquier cosa que resuelva la Corte, el INE es y seguirá siendo indispensable para nuestra democracia, y será una institución fundamental para el Estado mexicano. Qué bueno que la Suprema Corte sea la que decida respecto a cuánto deben percibir los funcionarios del INE, respecto a este diferendo que hoy existe entre el INE y el Poder Legislativo, porque precisamente para eso están los procedimientos de control de la regularidad constitucional contemplados en nuestra Carta Magna. Esto es lo institucional y al fallo de la Corte debemos sumarnos todos de forma institucional, sea cual fuere el resultado. Por último, es necesario destacar que esta controversia se suscita exclusivamente con los consejeros que se encuentran en funciones al día de hoy, los nuevos consejeros que se designen en abril estarán sujetos a los límites vigentes respecto de las remuneraciones que reciban. Quien no entienda esta situación es mejor que no participe en el proceso de selección. En virtud de lo anterior, nuestro voto, como ya lo dije al principio de mi intervención, es en favor de que se interponga la demanda de controversia constitucional y manifestamos nuestro total respaldo de antemano a lo que la Corte resuelva. Muchas gracias.