La senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, el Grupo Parlamentario del PRD desde luego apoyará este punto de acuerdo. Nuestro artículo primero constitucional es contundente en que toda persona debe gozar de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, y en complemento toda autoridad tiene la obligación de promoverlos y garantizarlos, de hacer realidad tales derechos. En tal virtud, el Estado de nuestro país tiene una enorme deuda con las personas discapacitadas, basta señalar que aproximadamente el 60 por ciento de ellas no accede al mundo del trabajo remunerado. La gravedad de esta situación se puede valorar más si tomamos en cuenta que en México, casi una persona de cada cinco padece una discapacidad, siendo que tal calidad conlleva para este sector una carga inconstitucional e inhumana de discriminación en todos los ámbitos: social, laboral, económico, político y cultural, es como si recayera contra estas personas una inconstitucional sentencia de facto que le cierra en mayor o menor medida los caminos para vivir y desarrollarse. Todo este círculo de despojo de derechos contra los discapacitados lleva a ellos y a sus familias a límites de desesperación inadmisibles, especialmente tratándose de los niños de capacidades diferentes. Imposible que se avance en la democracia, la justicia social y el desarrollo del país en tanto estos millones de mexicanos sigan excluidos y marginados. Rescatarlos en su calidad de capacidades para el engrandecimiento humano y económico de nuestra nación pasa, entre otras cosas, por arrancar todas aquellas disposiciones anticonstitucionales que consagran, aceptan, formalizan la discriminación y marginación de los discapacitados. En forma similar a las que fueron y continúan siendo barridas en las leyes en bien de las mujeres. En forma complementaria a las tareas legislativas, en el cual hay importantes avances, comenzando por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se deben impulsar todas las acciones concretas, incluidos los programas necesarios que coadyuven a dar factibilidad a los derechos que teóricamente les son otorgados a estas personas. Es necesario establecer programas que promuevan la realización personal. En este sentido debemos tomar en cuenta que el actual Plan Nacional de Desarrollo establece como objetivo nacional la creación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de instrumentar esquemas de atención integral a su favor, impulsar su inclusión productiva y garantizar el derecho a la accesibilidad. Pues bien, es indispensable que esta estrategia nacional se fortalezca y enriquezca con programas instrumentados desde las entidades federativas en el marco de sus planes locales de desarrollo. Esto permitirá con mayor solidez la dignificación, el desarrollo y la inclusión de estos niños y niñas, mujeres, varones, adultos mayores con discapacidad, cuya enorme riqueza humana debe hacerse realidad en su favor y en bien del país. Es cuanto, señora presidenta. La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Al no existir ningún otro orador enlistado consulte la Secretaría a la asamblea Ah, sí, perdón. Para el mismo tema tiene el uso de la palabra el senador Isidro Pedraza.