La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, presidenta. Ciudadana presidenta y ciudadanos legisladores, en Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo en que el combate a la delincuencia es una prioridad de Estado. El impedir que se utilicen recursos económicos de procedencia ilícita es fundamental y, ante esto, coincidimos que hay conductas que deben tener una consecuencia y que quienes la cometan sean incluidos en la lista de personas bloqueadas. Sin embargo, no estamos de acuerdo en el proceso que se pretende implementar y el cual es en los hechos un contrasentido al origen de la propia Unidad de Inteligencia Financiera. De inicio, porque esta fue creada como lo ha ratificado la Suprema Corte de Justicia bajo un modelo administrativo que responde de manera instrumental al combate contra el terrorismo al que México está obligado por diversos instrumentos internacionales y que ha ratificado. Si la idea es fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que debería hacerse es una reforma integral, no solo subsanar las fallas que en la actualidad existen en materia de garantía de audiencia, sino una transformación completa a esta que le faculte a realizar los propósitos que pretende desarrollar derivado de sus acciones de combate a la corrupción. La jurisprudencia 2018 señala que la Unidad de Inteligencia Financiera solamente puede implementar el bloqueo de cuentas como producto de procedimientos relativos al cumplimiento de contrapesos internacionales, no en el caso de cuentas que tengan un origen o vinculación estrictamente nacional. Aunado a esto, este dictamen comete los mismos errores que se cometieron en el caso de las reformas constitucionales en materia de extinción de dominio, pues la carga de la prueba es delegada en plena violación al principio de presunción de inocencia al afectado. Lo dispuesto en la propuesta de redacción del artículo 116 Bis 2, de la Ley de Instituciones de Crédito, no representa como tal un procedimiento formal de audiencia, por lo que no se garantiza este derecho. La Unidad de Inteligencia Financiera se presenta como juez y parte, lo que a todas luces es un contrasentido, pues no existe certidumbre de las decisiones, determinaciones y resoluciones que emita, aunado a esto se delega a que un privado, es decir, la institución financiera, sea la que notifique al afectado de que ha sido bloqueado. Ningún banco ni entidad de crédito o financiera es autoridad para emitir notificaciones de este tipo. Por si fuera poco, la notificación se dará una vez que se han bloqueado los recursos, es decir, que la afectación haya tenido lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas afectadas se les notifica hasta que ya fueron incluidas en la lista y han sido bloqueadas sus cuentas, lo que violenta cualquier certidumbre jurídica en materia procesal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad, de invalidez del artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estimó que en el ámbito de la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el aseguramiento de activos financieros se erige como una técnica de investigación que requiere el control judicial previo. Sin embargo, la propuesta que se nos envía el día de hoy no agota como tal ese mandato. El acto que se va a perpetrar puede afectar derechos fundamentales, directamente el derecho a la propiedad y de manera indirecta, según las circunstancias de cada caso, puede incidir en derechos como la alimentación, salud, libertad de comercio o de trabajo. Así entonces, para dar lugar a una garantía de audiencia que realmente sirva, necesitamos de un juicio de autoridades y de formalidad en el procedimiento que beneficien al interesado y no a la autoridad. La redacción del procedimiento administrativo que se pretende establecer es ambigua, no es proporcional, es discrecional, con lo cual se dificulta que la garantía de audiencia que se pretende otorgar beneficie realmente al interesado. Asimismo, lo establecido en el dictamen, aunque remita al artículo 22 constitucional para habilitar la promoción de una denuncia formal que derive en la extinción de dominio, incluso falla al dejar abierta esa posibilidad y no mandatar que cuando se compruebe que la integración a la lista es válida y procedente, la Unidad de Inteligencia Financiera deberá estar mandatada a presentar querella ante el Ministerio Público federal. Por último, ninguna porción normativa hace referencia a una reparación integral del daño al interesado, en caso de que no proceda la inclusión de una persona a la lista de las personas bloqueadas, dando como una compensación implícita a un usted disculpe. Debe quedar en claro que el bloqueo de cuentas es medida cautelar emanada de una resolución provisional accesoria, es decir, no es un fin sino un instrumento. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen al no brindar certeza jurídica y ampliar la discrecionalidad de la autoridad. Gracias por su atención. Es cuanto.