La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el Congreso de la Unión, desde su ámbito de responsabilidades, tiene enormes tareas pendientes ante la problemática de las desapariciones forzadas. Recientemente, Amnistía Internacional emitió un informe sobre desapariciones forzadas en México, señalando que se trata de un problema sistemático y generalizado. Dicho informe documentó 152 casos concretos de desapariciones; sin embargo, la misma organización alerta sobre el hecho de que dicha cifra no se acerca al total de desapariciones y lamenta que le único dato oficial que se ha dado a conocer es el de la base de datos publicada en febrero de 2013, que contiene 26 mil 121 registros. Amnistía Internacional señala que dicha bases de datos demuestra la deplorable falta de metodología y procedimientos claros de las autoridades para recabar datos fiables de ámbito nacional sobre las desapariciones denunciadas. Concretamente, Amnistía Internacional ha solicitado la implementación de medidas que competen al Congreso de la Unión y a las que puede darse respuesta mediante la presente iniciativa, pues ha solicitado armonizar la legislación federal y estatal con las normas internacionales de derechos humanos, entre otras medidas, creando una Ley General sobre Desapariciones Forzadas. Por su parte, Human Rights Watch documentó casi 250 mil desapariciones tan solo en el sexenio anterior y también alertó sobre la participación en numerosos casos de miembros de fuerzas de seguridad mexicana. Dicha organización ha exigido al Estado mexicano revisar la definición de desaparición forzada en la legislación federal y de los estados para asegurar que sea coherente en todo México y acorde con las normas internacionales de derechos humanos. La única forma en que el Congreso de la Unión puede incidir en la legislación de las entidades federativas que continúen sin tipificar el delito de desaparición forzada, es precisamente mediante la emisión de una ley general en la materia, asunto que ocupa esta iniciativa. El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva informó, en junio de 2013, que cuenta con datos de 2 mil 443 casos de funcionarios del Estado que estarían involucrados en las desapariciones. Otros esfuerzos ciudadanos también han demandado la creación de una ley general en materia, tales como la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Fue también una exigencia en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, llevado a cabo en junio de 2013, en Saltillo, Coahuila. En dicho foro, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes, reconoció que México vive una crisis humanitaria, en el caso de las desapariciones de personas, ante la cantidad de víctimas de este crimen. También en dicho foro, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, consideró inaudito que no haya detenidos por las desapariciones en el país. El grupo de trabajo sobre desaparición forzada e involuntaria de personas, de las Naciones Unidas, recomendó en su informe de la misión a México realizada en marzo de 2011, que se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Dicha ley general debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo, crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida, con la participación de los familiares de las víctimas. Establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente, que garantice que los familiares, abogados, defensores de derechos humanos y cualquier otra persona interesada tengan pleno acceso a ese registro. Permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada. Asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos, y garantizar el derecho a la reparación integral. En septiembre de 2011, el Consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Santiago Corcuera Cabezut, destacó la importancia de tener una ley general contra la desaparición forzada en México que sea integral, que incida en la legislación nacional y así llenar los huecos que se tienen en la materia. Si bien en el Senado de la República existen ya algunas iniciativas para establecer la base constitucional para la creación de una ley general sobre desaparición forzada, en la Cámara de Diputados no se ha comenzado a debatir el tema. Dado que la colegisladora no ha logrado avanzar en esta materia, sería útil que la Cámara de Diputados actuara como cámara de origen ante la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa el país en materia de desaparición forzada. México se encuentra vinculado a la tipificación adecuada y a la prevención de la desaparición forzada, pues ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones. Sin embargo, hasta la fecha, continua incumpliendo con sus obligaciones para con la comunidad internacional. Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6o., numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de esta Cámara, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa. Artículo Único. Se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: XXIX-R. Para legislar en materia de desaparición forzada de personas, estableciendo la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas de personas. Dicha legislación deberá contemplar como sujeto activo del delito tanto a los servidores públicos como a los particulares que actúen con la autorización, el apoyo, la complicidad del Estado, definir la desaparición forzada como delito autónomo y de carácter continuado, cuya prescripción únicamente podrá computarse a partir de que se conozca la suerte o el paradero de la víctima. En ningún caso podrán otorgarse amnistías o indultos a favor de quienes hubieren cometido el delito de desaparición forzada de personas. La ley general que se expida con fundamento en esta fracción deberá crear un registro nacional de personas desaparecidas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.