La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente. Bienvenido, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La crisis de inseguridad y la violencia extrema que se vive en varias regiones de nuestro país comienza a generalizarse. Ni el gobierno federal ni los gobiernos locales han sido capaces de detener este clima insostenible y devolver a la población la paz y la tranquilidad que tanto anhela y a la que tiene derecho. Es evidente que la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades. Los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, la extorsión, el secuestro y la desaparición forzada, van a la alza. La respuesta gubernamental, basada en una estrategia fallida, como la utilización de militares en tareas de seguridad pública para combatir la criminalidad, ha dado lugar a que se comentan graves violaciones a derechos humanos. Ya ha ocasionado severas distorsiones institucionales a la vida pública, porque la presencia de militares en las calles se ha vuelto permanente. Ha impedido, ya sea por desidia o de forma planificada, que es aún peor, que los cuerpos policiacos estatales y municipales emprendan una tarea de renovación, ataque a la corrupción, se capaciten y se profesionalicen. Ahora, 10 años después de iniciada la guerra contra las drogas, esta estrategia fallida amenaza con militarizar la seguridad pública de todo el país sin resultados positivos. Morena siempre va a reconocer ampliamente la labor y la importante actividad que tienen las Fuerzas Armadas que, consideramos, deben de concentrar su función en esquemas de seguridad nacional, que es para lo que están diseñadas. El Ejército Mexicano y la Armada de México deben regresar a los cuarteles y no estar en las calles. Así las recientes reformas del Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y la Ley de Puertos van en sentidos equivocados. ¿Qué opinión le merece que lejos de buscar que las Fuerzas Armadas dejen de realizar funciones que corresponden a las autoridades civiles, como es investigar delitos y proporcionar seguridad pública, ahora se pretenda dotarlas de un marco para legalizar su participación en dichas funciones? ¿Por qué de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha presentado la acción de inconstitucionalidad en contra de las recientes reformas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y a la Ley de Puertos, aprobadas recientemente, en las que la Secretaría de Marina asume funciones que estaban en manos de autoridades civiles y que implican invariablemente la militarización de los puertos? ¿Por qué no se ha pronunciado sobre las iniciativas en materia de seguridad interior que se han presentado y que solo buscan que se militarice la seguridad pública, o sobre el proyecto de la Ley Reglamentaria al artículo 29 constitucional, que pretende suspender garantías constitucionales? Con el debido respeto, lo exhortamos a que coadyuve con ello. Por último nada más quiero señalar. El día de hoy se presentó personas de Guanajuato aquí a la Cámara, con hechos, un hecho más de la violación de derechos humanos. Un asesinato en San Miguel Allende, Guanajuato, de tres menores a manos de supuestamente policías. Los menores fallecieron, la policía encubrió y está acusando a los papás, está revictimizando a los padres de familia. Le pedimos de la manera más atenta que ustedes puedan entrar en este caso, porque no han dejado que en las investigaciones los familiares se metan o estén atentos. Están culpando directamente a los papás. Le voy a hacer llegar el expediente para que tomen este caso. Es cuanto. Muchas gracias.