EL DIP. NARCISO A. AMADOR LEAL: Muchas gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras, compañeros diputados: Los suscritos diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PRI, a la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la alimentación. Al final de mi intervención, ciudadana Presidenta, entregaré el documento completo y me voy a permitir hacer algunos comentarios de carácter general. En enero de 1976, México firmó y ratificó el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que su artículo 11, fracción II se refiere específicamente al derecho a la alimentación y a la necesidad de que los países legislen localmente sobre este derecho. A partir de ahí y hasta el inicio de los 90s, ha habido tentativas valiosas de diversa índole. En efecto, en octubre de 1992, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad la Conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que a nivel internacional se celebra el 16 de octubre. Esta decisión del Congreso, en su Comisión Permanente sirvió para desplegar un proceso amplio de consulta y reflexión colectiva. Fue así que en julio de 1994, la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios de la LV Legislatura, presentó una iniciativa con el siguiente texto de reforma al 4º. Constitucional. "Todo ser humano tiene derecho a una alimentación suficiente en calidad y cantidad. El Estado Mexicano, la sociedad y las familias, son responsables de garantizar la alimentación que permita la salud física y mental de cada miembro de la sociedad mexicana. La ley establecerá las políticas, instrumentos y apoyos necesarios para que la Federación, las entidades federativas y municipios aseguren la satisfacción de una dieta asequible que contenga todos los nutrientes necesarios de los alimentos en calidad, cantidad y disponibililidad". Tiempo después, en la Cumbre Mundial Sobre Alimentación, celebrada en noviembre de 1996, México signó la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, en la que reafirmó el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. En octubre de 1997, abril del 2000 y septiembre del 2001, los ciudadanos diputados del Partido de la Revolución Democrática, Clara Brugada Molina, Luis Meneses Murillo y Pedro Miguel Rosaldo Salazar, presentaron sendas excitativas a las comisiones correspondientes para desahogar el tema presentado en 1994, como reforma al 4º. Constitucional. Por otro lado, en este largo período, se han dado reformas al mismo artículo 4º. En lo que corresponde al derecho a la niñez, incluyendo el tema de la alimentación. La Cámara de Diputados en su sesión de diciembre 15 de 1999, resolvió favorablemente sobre el dictamen aprobado por el Senado, así como respecto de las iniciativas presentadas por diputados de diversas fracciones parlamentarias el 12 de noviembre de 1996 y el 27 de octubre de 1998. El texto finalmente aprobado por el poder revisor de la Constitución, es el siguiente: "Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios, tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez". La trascendencia de esta resolución, compañeras y compañeros diputados, no exenta por cierto de un debate álgido sobre aspectos formales y de fondo en las visiones diversas sobre el límite que deben tener las reformas constitucionales, radica, por un lado en que reconoce por primera ocasión en la jerarquía constitucional el derecho a la alimentación, en este caso referida a las niñas y a los niños. Por otro, se establece el vínculo entre la alimentación, la educación y la salud como elementos determinantes del fenómeno estructural de la pobreza extrema y por tanto, limitantes del bienestar y del desarrollo potencial de la niñez. No obstante el texto aprobado en el párrafo octavo del artículo 4º. Que hemos leído, no garantiza el derecho de los niños y las niñas a la alimentación, sino como lo dice, simplemente otorga al Estado la obligación de propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. También limita la posibilidad de otros sectores de la población como son, o más bien no incluye a otros sectores de la población como son las madres lactantes, las personas mayores de 60 años, aquellas que no tienen acceso a un régimen de seguridad social, o en general a las familias cuyos ingresos son insuficientes para obtener una dieta básica. Por lo demás, compañeras, compañeros diputados, la Ley Reglamentaria de este apartado del artículo 4º. Publicada el 24 de mayo del año 2000, tampoco hace alusión al capítulo de la limitación de manera explícita, como era de esperarse, en una reglamentación de una Ley Secundaria de un articulo establecido, de un mandato establecido en la Carta Fundamental. En el ámbito de la Administración Pública, a partir de 1997 el Presupuesto de Egresos y la Ley de Coordinación Fiscal por decisión de esta Cámara, han ampliado y consolidado tanto la estrategia de la superación de la pobreza, como la de descentralización de recursos a estados y municipios para fines sociales, productivos y de infraestructura. A la vez las reglas generales de operación para el conjunto de dichos programas, incluyendo los de alimentación, han avanzado de manera sustantiva en la definición de la población beneficiada, de los subsidios que otorga el Estado, en la transparencia de los mismos y en las acciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno. El Programa de Educación, Salud y Alimentación, hoy en día está integrado por un conjunto de apoyos para la salud y la nutrición, así como una transferencia monetaria, que incentiva la permanencia de los niños y las niñas en las escuelas. También tiene un sentido de género al otorgar mayores estímulos a las permanencias de las niñas en el nivel secundario. De acuerdo a las disposiciones de esta Cámara, al final del año deberán otorgarse subsidios monetarios y en especie, a 3.2 millones de familias, integradas por 17 millones de personas. Al mismo tiempo se mantiene, aunque en condiciones precarias, la red de abasto social en el campo, los programas subsidiados de leche, en 4.3 millones de raciones diarias, y de abasto de tortilla subsidiada en 1.1 millones de raciones diarias. Por igual en cada una de las entidades federativas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ha realizado una labor encomiable, que ha sido apoyada por los presidentes municipales, y muy destacadamente por las asociaciones de asistencia privada, que debemos reconocer e impulsar. Pese a los esfuerzos realizados, cabe destacar que cerca de 2.3 millones de familias, que se consideran en condiciones de pobreza extrema, no tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. Y además carecen de apoyos permanentes e integrales, como es el caso de los programas ya referidos de alimentación, educación y salud. También de acuerdo a los datos oficiales de 1999, la mortalidad por enfermedades nutricionales de la reproducción y transmisibles, es de 72.5 personas por cada 100 mil habitantes. El caso de los niños menores de 5 años, la mortalidad por deficiencias de nutrición, es de 13.9 niños por cada 100 mil niños de ese rango de edad. Lo anterior, compañeras, compañeros diputados, deriva entre otras razones de la dispersión en el enorme número de programas e instituciones involucradas, particularmente en los programas de alimentación y abasto social, así como por la ausencia de un marco normativo que regule adecuadamente, por un lado el ejercicio de los derechos sociales en las leyes secundarias correspondientes, y por otro que establezca con precisión las bases de coordinación de los tres órdenes de gobierno, en el propósito de superar la pobreza extrema. El asunto cobra mayor relevancia, como lo hemos mantenido en esta tribuna, a propósito de la alternancia y la pluralidad política, que hoy caracteriza a los gobiernos en toda la geografía nacional. Por otra parte, el hecho de que una parte de la normatividad, derive de disposiciones establecidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos o en reglas generales de operación,. genera incertidumbre y discrecionalidad, esto finalmente afecta la continuidad y la coherencia de los programas, tanto como el grado de compromiso de los tres órdenes de gobierno. De esta manera, por ejemplo, ha habido recursos dirigidos al abasto social, que no se han ejercido en aras de restringir el circulante monetario, o bien el caso de apoyos al consumo subsidiado de leche y el establecimiento de transferencias monetarias a los adultos, como los propuestos por el Gobierno del Distrito Federal, que finalmente no fueron suscritos por el gobierno de la república, no obstante su bondad en beneficio de la población. Quizás uno de los obstáculos, compañeros diputados, para que esta reforma no se haya concretado, se refiere a las diferencias sobre la connotación del derecho de la alimentación reglamentado en los ordenamientos secundarios de diverso tipo y la delimitación de los contenidos y atribuciones de ese derecho concebido como fundamental. El debate se complica cuando se ha tratado de inducir, de incluir a toda la cadena productiva, en tanto que el tema de la producción y la comercialización están abordados con mayor amplitud en otros apartados de la Constitución y en leyes secundarias específicas. En este sentido, la propuesta que se presenta tiene el propósito de ofrecer una alternativa para asegurar el derecho a la alimentación como responsabilidad compartida de la sociedad, la familia y el Estado, siendo obligación de este último garantizar los subsidios necesarios a la población que no cuente con el ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de alimentos, asegurando enfáticamente dentro de este grupo de mexicanos las condiciones económicas, sociales y culturales para el desarrollo pleno de los niños y las niñas mexicanas. Me parece que los principios de supremacía, generalidad de límites a la reformabilidad de permanencia, de integridad, de congruencia y de unicidad, más que ser un dique para la adecuación de la norma superior a la realidad social, nos impele a reformar la Constitución como marco esencial para desplegar otras iniciativas en los niveles normativos secundario y terciario relativos a un problema tan grave y lacerante como el de la alimentación y nutrición que a todos nos preocupa. La alimentación, siendo una necesidad vital de todo ser humano, adquiere la naturaleza de derecho tanto porque existen personas y familias que por los problemas estructurales del desarrollo no cuentan con los recursos suficientes para acceder a una alimentación de calidad, como porque los desequilibrios económicos y sociales impiden que por su propio esfuerzo resuelvan esta necesidad elemental. De ahí que el análisis constitucional comparado sobre el tema, resalte que este derecho está establecido en un sinnúmero de constituciones, sea como derecho fundamental, bien como una obligación del Estado o como una obligación de los padres de alimentar a sus hijos o también como un conjunto armónico de esa diversidad de modalidades. La propuesta que hoy presentamos es parte de un conjunto de iniciativas, la mayoría de ellas compartidas por las fuerzas políticas aquí representadas; tal es el caso del proyecto de modificaciones presentado el día de hoy por nuestra fracción en torno a la obligatoriedad de la educación preescolar; será también complementada por la iniciativa de reformas a la Constitución que próximamente presentaremos, a efecto de establecer las bases que aseguren y fortalezcan la coordinación de los tres órdenes de gobierno en las acciones del desarrollo social para superar la pobreza extrema. En consecuencia, con lo anterior proponemos a esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1º. Se adiciona después del tercer párrafo del artículo 4º. constitucional, un nuevo párrafo para quedar de la siguiente manera: "El Estado Mexicano, la sociedad, las familias y los individuos son responsables de procurar la alimentación que permita la salud física y mental de cada miembro de la sociedad mexicana. La ley establecerá los subsidios necesarios y los criterios de su asignación a las familias para que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios apoyen la satisfacción de una dieta asequible que contenga todos los nutrientes necesarios de los alimentos en calidad, cantidad y disponibilidad". Artículo 2º.- Se modifica el séptimo párrafo del artículo 4º. para quedar de la siguiente forma: "Los ascendientes, tutores y custodios, tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para garantizar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos". "TRANSITORIO: "ARTICULO UNICO. La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Firman esta iniciativa: su servidor, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín, José Ignacio Mendicuti Pavón, Manuel Añorve, José Socorro Velázquez Hernández, José Luis Romero Apis, Gustavo Carvajal Moreno, Victor Díaz Palacios, Benito Vital Ramírez, Javier González García, Raúl Sicilia, Araceli Domínguez, Jaime Alcántara Silva, Irma Piñeiro, Oscar Alvarado Cook, Rubén García Farías, Agustín Trujillo Iñíguez, Eduardo Abraham Leines Barrera y Fernando Díaz. Compañeros; compañeras diputadas; compañera presidenta: Quiero por último comentar que el establecimiento del derecho a la alimentación en nuestra Constitución, más que una proclama o una aspiración populista o paternalista, debemos de asumirla como el punto de inflexión para desplegar un gran esfuerzo nacional que ordene y movilice a las instituciones de los tres órdenes de gobierno; que armonice los ordenamientos legales secundarios y terciarios de diverso tipo. Y asimismo que asegure una asignación justa de recursos fiscales ahí donde el Estado tenga la obligación de canalizar subsidios monetarios o en especie a las familias y a los individuos que carezcan de condiciones o de la protección indispensable para una vida digna. La otra opción compañeros diputados, es quedarnos en la formalidad mientras la realidad social de muchas regiones de México nos rebasa y nos golpea la conciencia. Muchas gracias. -