La diputada Graciela Sánchez Ortiz: Este documento se fundamenta en diversas fuentes de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se establece que durante el proceso legislativo, las Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad de aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley o decreto, independientemente del sentido en el que se hubieren presentado originalmente las iniciativas correspondientes. Lo anterior, para resolver tanto las iniciativas integrales presentadas por los grupos parlamentarios del partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México, así como la diversidad de iniciativas presentada por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, incluyendo las del Partido Revolucionario Institucional y la iniciativa presentada por el Congreso del estado libre y soberano de Aguascalientes. En materia de argumentación jurídica, se analizó el destinatario de la reforma política-electoral, los aspectos jurídico formales hacia un nuevo diseño constitucional e institucional para fortalecer a las instituciones históricas en materia electoral y bajo una razonabilidad ética en la que se engrandecen los valores democráticos, la independencia, la autonomía constitucional, la progresividad de los derechos fundamentales, el cumplimiento del servicio público y los principios rectores de la actividad electiva. La metodología para su elaboración desde el trámite, las consideraciones y hasta el bloque resolutivo, está basada en la iniciativa presidencial, columna principal tanto en la parte expositiva y temática de sus contenidos, como en el texto normativo del dictamen. Cuantitativamente, la iniciativa presidencial propone la modificación de 18 artículos entre reformas, adiciones y derogación de diversos dispositivos. Es una propuesta completa, adelantada en su tiempo, de fondo y de alto calado que abarca una gama muy amplia de dispositivos destinados al mejoramiento de la democracia, de sus instituciones administrativas y jurisdiccionales con base progresiva y visión de futuro, basada en la austeridad republicana y en un mejor desempeño integral de las instituciones. Para la elaboración del dictamen se estudiaron todas las iniciativas constitucionales presentadas del 28 de octubre de 2021 al 16 de noviembre de 2022 y con base en varias fuentes parlamentarias, entre otras, de la Dirección de Servicio de Información y Análisis Especializado de esta Cámara. Reflexionamos sobre el proceso evolutivo de las reformas electorales más importantes de México y el derecho comparado en América Latina, así como el impacto económico entre otros insumos para este dictamen. > Se realizó una caracterización de los 18 artículos constitucionales en estudio. Se elaboraron cuadros analíticos de coincidencias de las 62 iniciativas de las que resultó del interés del legislador modificar en 143 ocasiones los mismos artículos de la iniciativa presidencial y respecto de los contenidos generales 144 coincidencias, lo que puso en evidencia aquellas posturas que dicen que no es del interés nacional y político la reforma electoral. Por el contrario, hay un interés mayoritario de la reforma en esta Cámara.> > También, se incluyó el análisis de las ponencias de los 26 foros del parlamento abierto, incluyendo el Foro digital juvenil, 2 estudios de impacto presupuestal, uno realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otro por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que concluye en un ahorro de 6 mil millones de pesos de aprobarse esta reforma.> > El dictamen demérito también se acompaña de diversos productos de opinión y encuestas como las del propio grupo, como la del propio Instituto Nacional Electoral que favorece contundentemente los contenidos y conjeturas de este dictamen como la iniciativa del presidente de México.> > Así, estas Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población resolvimos por mayoría el presente dictamen en positivo a la iniciativa presidencial, porque se pretende adecuar el Sistema Electoral Mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años, ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad de los poderes públicos, así como insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos.> > Coincidimos con el presidente de la República en facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, fortalecer los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, salvaguardando el equilibrio del poder y su imparcialidad en las contiendas electorales, homologar los procesos electorales locales, así como el método de representación que establece la iniciativa presidencial y otras iniciativas sometidas al dictamen.> > También, coincidimos con la iniciativa de dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez, legalidad y libertades políticas inconformaron solo mecanismo electoral nacional, de igual manera elegir mediante el voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales porque esto incentivaría la disminución de cuotas políticas en las que actualmente se han convertido en Consejo General del Instituto Nacional Electoral.> > También, impulsamos en el dictamen las premisas de construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político, así como eliminar 200 diputaciones federales y 32 senadurías, sin afectar la capacidad decisional del Poder Legislativo mexicano y el equilibrio de los poderes de nuestro constitucionalismo originario, desde José María Morelos a la fecha.> En este sentido, confirmamos la imperiosa necesidad de limitar el financiamiento para gastos de campañas electorales de los partidos, suprimir el llamado financiamiento ordinario mensual, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de estos. Asimismo, elegir diputaciones y senadurías mediante votación en cada una de las entidades federativas a través de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes, porque con ello se incentiva el mecanismo de representación proporcional más plural de la historia de nuestro país. Aplicar este método daría como resultado la representación plural más amplia existente en la historia del país. Asimismo, fortalecería la paridad y la alternancia de género elevadas a rango constitucional. Hacer más eficaz y asequible el ejercicio del derecho a votar por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Fortalecería la cobertura a personas que por diversas razones se encuentran fuera del territorio nacional durante los procesos selectivos e incrementaría la participación política de nuestros migrantes y de los ausentes. Estos son los aspectos más relevantes del dictamen. Quiero aprovechar este momento para decir que esta reforma política-electoral que se pretende es genuina respecto a las del pasado. Esta no busca la distensión política y social, no busca la gobernabilidad y la gobernanza fallida de los gobiernos anteriores o aminorar un conflicto social, tampoco tranquilizar a los mercados. Ello está solventado y garantizado por el triunfo legítimo y legal de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, por la excelente conducción de su gobierno y por el gran carisma que tiene frente al pueblo de México. Es una reforma que busca desterrar la corrupción y los aires autoritarios de un grupo conservador que se adueñó del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una reforma que busca mayor calidad democrática, aminorar el costo de las elecciones con austeridad y un mejor desempeño institucional. Es una reforma para desterrar del INE a corruptos como Lorenzo Córdova Vianello, quien, utilizando los recursos públicos del cargo como consejero electoral, en 2013 se hizo hipócritamente crítico de la reforma de 2014, de la oposición, de las OPLE y del INE, para posicionarse como candidato a la presidencia de este instituto, ante un movimiento progresista nacional. Y ahora lo hizo otra vez, en varias críticas a la reforma presidencial y en su exacerbada ambición por el dinero, de manera facciosa, parcial y burda, envío solamente la iniciativa del presidente de México al Consejo de Europa, con la finalidad de desprestigiar la reforma, no enviando con ella las más de 40 iniciativas constitucionales de otros actores políticos, para quedar como el niño héroe que se aventó desde las alturas de su escritorio envuelto en la bandera de la democracia. Ello utilizando el cargo de presidente del Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de crecer políticamente y posicionarse con los grupos autoritarios y conservadores, que quieren desde la orfandad del poder lastimar a México, lastimar a sus instituciones, para seguir preservando sus privilegios. De igual manera...