El diputado Roberto Guzmán Jacobo: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Con la venia de la Presidencia. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre quedarán marcadas en la historia de este sexenio como el día de la deshonra del Ejecutivo federal y se recordará en la memoria colectiva como un agravio contra todos los mexicanos, como una fecha de horror y muerte. Ese día el gobierno mostró el salvajismo en que se ha convertido México, en un Estado corrupto, que no es capaz de dar protección a la ciudadanía ni respetar los derechos humanos. Es un Estado fallido, donde los delincuentes se encuentran entre los funcionarios públicos, presidentes municipales, gobernadores, policías municipales, estatales y federales y miembros de la Fuerzas Armadas. Lo que verdaderamente ocurre es que el gobierno está infiltrado en el comercio ilícito. Por eso mienten, asesinan, ocurren en la tragedia del terror, como la desaparición forzada de personas, de esto los estudiantes de Ayotzinapa y de la noche de Iguala son un ejemplo más visible. Pero no es el único, Ayotzinapa es el caso emblemático de la crisis humanitaria que se vive en el país, porque no solo es Ayotzinapa y los 43 estudiantes desaparecidos, sino de más de 28 mil 210 víctimas desaparecidas, reportadas hasta el momento por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas, a desaparecidas por la Secretaria de Gobernación. A dos años de esta tragedia, las autoridades siguen sin aclarar el caso que ha marcado al gobierno federal. Y la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Por qué tardan tanto en las investigaciones? La respuesta es, por qué no existe justicia ni verdad, se encuentran plasmadas en sus propias indagatorias. La verdad histórica sostiene, sostenida por el ex procurador Murillo Karam, se desvaneció en el aire, resultó una serie de mentira sin sustento científico, que no resistió el mínimo escrutinio internacional, quedando el Grupo Internacional de Expertos Independiente desacreditado científicamente, en la hipótesis de la incineración masiva de los estudiantes en el basurero de Cocula. Sin embargo, esta versión fue sostenida contra el viento y marea a pesar de la evidencia en contrario, es decir, se confesionó una hipótesis fraudulenta. Tomás Cerón de Lucio es director de la Agencia de Investigación, realizó una diligencia al Río de San Juan que no está reportada en la investigación y se hizo acompañar en un supuesto integrante de Guerreros Unidos, sin que esto existiera mandato ministerial y sin la compañía del equipo argentino de antropología forense, y casualmente días después ahí aparecieron los restos del estudiante Alexander Mora Venancio, de los únicos que han podido ser plenamente identificados. La manipulación de las pruebas no pueden ser más evidentes, la tortura ha ensombrecido de tendencia de los procesados actuales de la PGR, tienen 47 expedientes por tortura. Estos señalamientos en nada ayudan a las indagatorias y por el contrario minan la desconfianza en las instituciones y, más grave aún, ponen en serios riesgos los resultados de los procedimientos judiciales. Esto solo es responsabilidad de los cuerpos de seguridad. Impera la dispersión de los expedientes, existen causas penales de siete juzgados federales distintos en entidades federativas distintas en diversos juicios en tribunales del fuero común, lo que fragmenta la investigación e impide llegar a la verdad sobre lo que pasó y dónde se encuentran los estudiantes. Peor aun. En el Poder Judicial de la Federación o de los estados no existe ni un solo caso consignado por la desaparición forzada de los estudiantes. Todas las causas penales están abiertas por los delitos de secuestro o delincuencia organizada. Con este detalle el Estado mexicano evade su responsabilidad en los hechos. No, señores, fue un crimen de Estado; fue desaparición forzada y es un crimen de lesa humanidad. Los que ahora se sienten a salvo se encubren unos a otros para que no evadan las investigaciones. Serán perseguidos y castigados al final por los tribunales internacionales. No dejaremos que esto quede impune. En la búsqueda de la justicia y la verdad para aclarar plenamente lo ocurrido, se necesitan estos puntos: Uso de la tecnología, sanción de los funcionarios que participaron en la confesión de una hipótesis fraudulenta, apertura de la supervisión externa internacional a través de la Comisión de Derechos Humanos internacional, mediante el mecanismo de seguimiento establecido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, voluntad para reconocer la responsabilidad del Estado mexicano. Porque vivos se los llevaron, vimos los queremos.