EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA (PT): Con la venia de la Presidencia. Empleo y salario constituyen el punto crítico de la política laboral en México. Los rezagos en esa materia se han venido agudizando de manera alarmante. La política neoliberal ha mostrada sobrada incapacidad para que la reestructuración económica alcance a los trabajadores. La participación del salario en el ingreso interno bruto ha decrecido de manera persistente en los últimos años y a duras penas llega a un 20 por ciento del total y lamentablemente no se aprecia ninguna señal en la que se vislumbre una tendencia a revertir la situación. Si bien lo vemos, señor Secretario, la reiterada propuesta de hacer crecer el pastel para que posteriormente se redistribuya de la manera más equitativa, ha sido una promesa incumplida y hay que reconocerlo. La enorme polaridad que existe en la economía mexicana se refleja en materia de salarios y empleo de la misma forma. Una minúscula élite goza de salarios bien remunerados y de otra parte un amplio sector de trabajadores, que tal como lo dijimos alcanzan como máximo los dos salarios mínimos. La modernización del país no ha tocado los aspectos esenciales de las condiciones de los trabajadores y su entorno laboral. Nos encontramos en un impasse que, por una parte, mantiene los viejos vicios y triquiñuelas de la legislación actual, y por la otra, una retórica que no pasa del nivel declarativo sobre la nueva cultura laboral. En ese limbo nos encontramos sin que haya una determinación que permita desentrañar ese aspecto que limita cualquier posibilidad de avance en la cuestión laboral. Lo que sí nos queda claro, señor Secretario, es que en los hechos la nueva cultura laboral ya se encuentra instrumentada en todas las grandes empresas de este país. La introducción de las nuevas tecnologías basadas en la informática y en la telemática, supone intrínsecamente por un lado, la intensificación de la explotación del trabajador y la reducción del tiempo que requiere para producir sus propias condiciones de vida, con lo cual queda garantizada una mayor apropiación de riqueza por parte de los patrones. Por otro lado, la intensificación de la competencia dada a partir de la incorporación de México al TLC ha generado mayores exigencias de productividad laboral para homogeneizar los costos de producción nacionales a los existentes en nuestros socios comerciales. Sin embargo, los beneficios recibidos por los empresarios han sido mayúsculos, pero para el trabajador no han sido resultados de esta mayor intensificación de su jornada laboral y de los mayores estándares de productividad. Por esta razón, el Partido del Trabajo se ha preguntado una y otra vez ¿dónde están los beneficios de la nueva apertura que en los hechos ha desarrollado una nueva cultura laboral, pero que en los términos de ganancias ha ido en contra del trabajador? Por esta razón, tal como lo afirmamos en nuestra toma de postura, reconocemos que es imprescindible un cambio en la legislación laboral, que se abate al entorno de las condiciones actuales de la producción de mercancías y de servicios. Pero también hemos señalado que la legislación mexicana que en su conjunto fue una aportación significativa al derecho laboral mundial, en el ámbito de los derechos sociales, debe preservarse en sus aspectos esenciales, entre los que se cuenta el de un salario remunerador que satisfaga las necesidades del trabajador y de su familia; la creación de un seguro de desempleo, como mecanismo para compensar las repercusiones de la propia dinámica del sistema económico vigente que estructuralmente produce desempleo, tal como lo ilustra de forma profusa y documentada la historia de todos los países capitalistas. Los estados modernos reconocen que esta situación invariable en el devenir del capitalismo, ha sido atendida y reconocida por sus propios gobiernos, al garantizar que el trabajador desempleado sea protegido por un ingreso que le permita sobrevivir mientras se ocupa nuevamente. Sin embargo, en México esta realidad avasalladora no se ha querido reconocer, por lo que los empresarios y la clase dirigente que los representa, se niegan a reconocer los costos sociales negativos que arroja el sistema económico vigente. Muchas gracias. -