La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre: Con permiso de la Presidencia. Este sexenio a punto de concluir nos deja una estela de dolor y crisis de inseguridad nunca antes vistas en nuestro país. Cientos de miles de víctimas de las violencias, sin esperanza de una política de Estado para atender sus necesidades de verdad y justicia. Hemos ido caminando en los últimos tres años hacia una regresión autoritaria que hoy se pretende consolidar al modificar la Constitución con la reforma que votaremos sin lograr consensos parlamentarios, únicamente por la imposición de la mayoría. Hoy nos reunimos para darle al poder castrense el control sobre una institución que, por lo menos en papel, nació siendo una institución de carácter civil, además de un cuestionable empoderamiento político y económico. Se ha dicho hasta la saciedad que la política pública, los decretos y las propuestas legislativas del gobierno federal y su movimiento han ido profundizando la militarización de la seguridad pública. Ahora con esta reforma se avanzará de derecho lo que ha sido un hecho desde 2019, la entrega completa, a no sólo de la seguridad, sino de la vida pública a la Fuerza Armada permanente, sobre todo al Ejército. Estamos en un proceso legislativo irresponsable que va desmantelando los principios rectores de nuestra democracia, ahora los sumamos a la deriva autoritaria que significa la cuarta transformación. La concreción del militarismo como cultura política y legado histórico de su presidente, pues al elevar a rango constitucional la participación de las Fuerzas Armadas, más allá del ámbito de la seguridad pública, está consolidando un cogobierno militar. La experiencia demuestra que la participación de las Fuerzas Armadas no sólo en tareas de seguridad pública, sino en funciones de carácter civil se realiza con total falta de transparencia, a la par de que se incrementa la violencia, la violación a los derechos humanos, la disminución del modelo democrático, y, en consecuencia, al paulatino desvanecimiento del Estado de derecho. Cierto que la criminalidad y su impacto en la vida comunitaria no son producto de la actual administración, sin embargo, lo que sí podemos, sin equívocos, es que la ausencia de una verdadera estrategia de seguridad ha significado el incremento exponencial de la violencia y el terror. En el contexto de la militarización de la seguridad pública Causa en Común A.C, señaló que durante los últimos 6 años se registraron 4 mil 800 quejas por tortura, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos y degradantes, así como detenciones arbitrarias presuntamente cometidas por las Fuerza Armadas. Hay que decirlo con todas sus letras, hoy aquellos que lucharon contra la militarización del país pintan de verde nuestra Constitución y nuestro futuro. Y para prueba lo que el dictamen establece. 1. El artículo 13 amplía el fuero militar a toda la Fuerza Armada permanente y a la Guardia Nacional. La experiencia deja claro que, ante cualquier acto violatorio de derechos de paisanos, el argumento de la disciplina militar se vuelve un mecanismo de protección e impunidad. El 21 elimina la naturaleza civil de la Guardia Nacional y la convierte en una institución militar de seguridad pública, con facultad para realizar investigación de delitos. Lo anterior es sumamente delicado, ya que hay que tener en consideración que los militares tienen un entrenamiento orientado a situaciones de guerra, no a la resolución de conflictos sociales o tareas de seguridad ciudadana, además de que en los patrones de detención de las autoridades castrenses en contraposición con las civiles, más gente se declara inocente, más personas son detenidas sin motivos, son más violentas y la tortura es más frecuente. El 89 en los hechos elimina el plazo para que las Fuerzas Armadas permanentes realicen actividades de seguridad pública hasta 2028 y el 129, el más relevante y peligroso, posibilita la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier aspecto de la vida pública, sin mecanismos de control y transparencia. Es indispensable recuperar la idea original del modelo de seguridad civil que dio origen a la Guardia Nacional, así como crear y reforzar las instituciones policiales en las entidades federativas e invertir en política y presupuestalmente en ellas. La propuesta de militarizar la Guardia Nacional representa un retroceso en nuestra lucha por consolidar un Estado democrático. Durante años hemos trabajado arduamente para crear instituciones civiles fuertes, transparentes y responsables. La participación ciudadana ha sido clave en este proceso y al desviar el control hacia instancias militares, estamos despojando a la sociedad civil de su voz y su poder. Es imperativo que recordemos las lecciones del pasado. Durante décadas, muchos países han enfrentado las consecuencias de la militarización en su seguridad. El retorno a una política de mano dura ha demostrado ser un camino sin salida que perpetúe el ciclo de violencia y represión...