La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia del presidente. Compañeros diputados y diputadas. Antonio Gómez Robledo puntualizó, a su modo, también: la política exterior es como lo dijo Bismarck de la política en general el arte de las posibilidades. Mientras mejor lo perciben los gestores de la diplomacia, con mayor acierto sabrán aprovecharlos para dar al Estado que representan, un puesto de dignidad y prestigio en el concierto de las naciones. El informe del Ejecutivo de la Unión evidencia que la política exterior de México está muy lejos de colocar a México en un puesto de dignidad y prestigio; por el contrario, sobresalen varios hechos graves en la presente gestión que nos ubican como un país que no reclama un trato digno para nuestra nación y los mexicanos, y mucho menos nos dan prestigio frente al incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un primer acto grave, es la firma por las secretarias de Relaciones Exteriores Hillary Clinton y Patricia Espinosa, del 20 de febrero del presente año, del acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México (Anexo 95 del informe), celebrado para convalidar la firma de contratos de exploración y explotación de recursos transfronterizos de hidrocarburos y gas natural en el Golfo, en contravención de los artículos 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que regula, y también del artículo 27, párrafo octavo, que prohíbe ceder, mediante la celebración de contratos, la exploración y explotación de hidrocarburos pertenecientes a la nación, a extranjeros. Cabe precisar que la naturaleza del instrumento internacional para los Estados Unidos de Norteamérica es la de un executive agreement, por tanto su cumplimiento no es obligatorio en los Estados Unidos de conformidad con el artículo 6º de la Constitución de dicho país. La celebración del tratado mencionado resulta deshonroso y podría tipificar el delito de traición a la patria, que asemeja el acto de Calderón Hinojosa al de Obregón, quien firmó los Tratados de Bucareli y aceptó la llamada Cláusula Secreta, en virtud de la cual el gobierno de México no aplicaría la Constitución de 17 a los ciudadanos e inversionistas norteamericanos, situación que fue resuelta por el general Lázaro Cárdenas al realizar la expropiación petrolera, con la que pudo México recuperar los recursos naturales que le pertenecen a una nación soberana y que son indispensables para el desarrollo económico de un país. Un segundo hecho grave que sobresale en materia de política exterior en este sexenio, es el no cumplimiento efectivo y total de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Castañeda Gutman, González y otras, Campo Algodonero; Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú y otro, y Cabrera García y Montiel Flores. Cabe puntualizar que el no cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos genera consecuencias graves para nuestro país, entre otras la suspensión posible del tratado con la Unión Europea, por cuanto se exige para la aplicación de dicho instrumento el respeto a la cláusula democrática y a los derechos humanos. De hecho, se han formulado ya recomendaciones y observaciones a México por el caso de las muertas de Juárez o sentencia en el caso Campo Algodonero. Aunado a esta situación se encuentra la impunidad que impera en México con relación a los crímenes del pasado, sin que hasta la fecha se dé cumplimiento a las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para hacer justicia y garantizar el derecho a la verdad y precisamente a los derechos de las víctimas de dichos crímenes. Un tercer hecho grave es la violación de tratados pilares de derechos humanos signados por México y obligatorios para nuestro país desde 1981, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, con la aplicación de la reforma del presidente Felipe Calderón Hinojosa en materia penal, que ha significado un gran retroceso en la garantía y efectiva protección de los derechos fundamentales de la población de nuestro país, so pretexto de garantizar nuestra seguridad. Con dicha reforma y aplicación la población puede ser detenida por simples sospechas, por cuanto no se requiere integrar el cuerpo del delito o los elementos del tipo penal, lo cual vulnera el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad. Sin la detención provisional puede detenerse a una persona entre dos a cuatro años mientras se investiga si realmente es responsable dicha persona de cometer un delito. Con la agravante además de que si no es culpable, sólo se le libera al detenido después de dos, tres o cuatro años de prisión, sin pago de indemnización por error judicial, derecho contemplado en los instrumentos mencionados. Por si ello no fuera suficiente, además con la reforma, se institucionalizó el arraigo en nuestro país, vulnerando con ello el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia. La población que vive en territorio nacional tiene el derecho a la seguridad, al acceso a la justicia y al respeto a los derechos humanos regulados en nuestra Constitución Política y en los tratados que ha signado México y que ha ratificado. Otro gran yerro en la política exterior actual de nuestro país es el no respeto de los derechos fundamentales de los indocumentados ubicados en nuestro país, lo cual constituye un acto incongruente, además de esquizofrénico del actual gobierno. Reclamamos derechos de notificación consular ante la Corte Internacional de Justicia por violación del derecho a nacionales mexicanos detenidos en Estados Unidos, y no reconocemos que estamos obligados a garantizar de manera efectiva e inmediata el mismo derecho a los extranjeros en caso de privación de la libertad en estaciones migratorias o en prisión, en violación del artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares y de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena y otros nacionales mexicanos. El no respeto de los derechos humanos de los indocumentados en violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales que ha signado México, expone a nuestro país a futuras reclamaciones de terceros países ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Internacional de Justicia, por el incumplimiento de normas internacionales que en la materia exigen el respeto y un estándar mínimo de derechos a los nacionales de cualquier otro país en territorio nacional. La nación demanda la derogación de la Ley General sobre la Celebración de Tratados, para evitar que a través de acuerdos interinstitucionales o ejecutivos, como el celebrado recientemente entre la secretaria Hillary Clinton y Patricia Espinosa se sigan celebrando, en contravención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para evitar que se dañe, además, el patrimonio de la nación. Cabe señalar que la naturaleza de los citados acuerdos es la de tratados internacionales, por cuanto están regidos por el derecho internacional y que el cambio de denominación no cambia su naturaleza jurídica. Citando a Zarco en el Constituyente de 56, 57, los tratados internacionales exigen la celebración, no como en el caso de Calderón, que nada más fue testigo, del presidente de la República y la previa aprobación del Senado, no la posterior, para evitar que se celebren convenciones como la celebrada con España, por denominarse tratado. México debe cumplir en su totalidad con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual se debe tener a los responsables de los crímenes o delitos que las víctimas denunciaron y que el gobierno de México ha incumplido con su deber de garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la verdad. Los que vivimos en México nos merecemos el respeto irrestricto de nuestros derechos humanos, además de garantizarnos nuestro derecho a la seguridad, obligaciones mínimas de cualquier gobierno que represente a un Estado dentro de la comunidad internacional. Por lo cual, toda política pública de seguridad exige el cumplimiento de los tratados en materia de derechos humanos signados por nuestro país. Debemos volver al liderazgo que México ejerció en la comunidad internacional como respetuoso de la política internacional, contemplados estos principios en el artículo 89 de nuestra Carta Magna, en particular, el respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de un Estado, el respeto y garantía de los derechos humanos y del estándar mínimo de derechos que debe garantizarse a todos los extranjeros y a los ciudadanos, sin importar, en el caso de los extranjeros, si gozan o no de legal estancia en territorio nacional. Gracias.