EL PRESIDENTE: Túrnese a la Segunda Comisión. La proposición del senador Fidel Herrera Beltrán, relativa a la transferencia de las administraciones portuarias integrales a los gobiernos de las entidades federativas, nos solicita se posponga pero nos pida que a la vez, dado que ha agendado otra propuesta, nos pide ocupar su turno para presentar el punto de acuerdo por el que se exhorta el titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que haga uso de las facultades establecidas en los artículos 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º de la Ley de Comercio Exterior y Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación en materia de aranceles en beneficio del sector ganadero, suscrita esta Proposición por la senadora Georgina Trujillo Zentella, la diputada Beatriz Paredes y que presenta el senador Fidel Herrera Beltrán. Tienen por lo tanto, el uso de la palabra hasta por diez minutos. EL SEN. FIDEL HERRERA BELTRÁN: Gracias ciudadano Presidente, gracias por acordar este turno que da prioridad a un problema que afecta a los productores ganaderos del país, de manera muy singular a los del trópico húmedo de los estado de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca. Los suscritos, diputada federal Beatriz Elena Paredes Rangel y Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina y los senadores Georgina Trujillo Zentella y el de la voz, Fidel Herrera Beltrán, con fundamento en las disposiciones legales aplicables y que se invocan en nuestra proposición publicada con esta fecha en el Diario Oficial, hemos considerado con toda claridad que los últimos años han sido de enormes dificultades para los productores mexicanos de ganado pero sobre todo para los de la ganadería bovina. La eliminación de aranceles, unilateralmente la firma de acuerdos comerciales, las crisis financieras, las devaluaciones, entre otros factores de distorsión de la economía, han sido el origen de una serie de eventualidades a las cuales los productores ganaderos han tenido que irse adecuando de manera acelerada con la afectación implícita de sus parámetros productivos y de rentabilidad de las empresas ganaderas del país. A principios de los 90, la Confederación Nacional Ganadera logró demostrar al Gobierno Federal el daño provocado por la importación excesiva de carne de bovino y fue ya en 92 que el Gobierno Federal fijó aranceles de 15, 20 y 25% para los animales en pie, para los de abasto, carne fresca y carne congelada respectivamente, con lo cual, se logró en ese momento restituir un cierto nivel de competitividad a la producción nacional en el propio mercado doméstico. Sin embargo, a principios de 94, ya con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, donde se pacta la desgravación gradual de la carne de cerdo y de pollo de las ganaderías porcina y avícola, se establecen que los aranceles para la carne de bovino caen a cero para las exportaciones de los países socios de este acuerdo comercial. Es así como nuestros socios y principalmente los Estados Unidos obtienen un mercado potencial, el mexicano, para su sobreproducción o para su producción subsidiada con cantidades muy altas. En 1995, en 96, en 2000 y en 2001, la ganadería de México enfrenta todavía otra circunstancia adversa, la naturaleza, sequías extraordinarias y así bajo estas condiciones los ganaderos se ven obligados a eliminar el ganado que sobrepasa su capacidad financiera para alimentarlo. Esta condición se conjuga con la imposibilidad de acceder a nuevos financiamientos bancarios, se desarrollan las carteras vencidas, venden una parte importante de su hato, se trata de la crisis del sistema de intermediación financiera de 95 y empieza, por cierto, al ser insuficientes los ranchos ganaderos para ofrecer empleo en el medio rural, el enorme desplazamiento de flujos labores de nuestras mejores gentes, de jóvenes y de mujeres, a los estados de la frontera norte y fuera del país. Sin embargo, aun en ese momento, 95, nuestra ganadería, el talento, el trabajo, la cultura de producción, en muchos casos incrementada con inmigraciones que como la italiana traían una enorme capacidad de producción y de eficiencia, hacen que México pueda exportar, y en 95 hay un año récord de exportación: 1 millón 650 mil cabezas, que comparadas con el millón 92 mil exportadas el año anterior de 94, representan la venta de más de 500 mil cabezas en adición por año respecto de nuestro volumen de exportación anual hasta esa etapa. De 95 hacia delante el problema de falta de créditos, de los litigios de las carteras vencidas, de la adjudicación de ganado y rancho por las instituciones bancarias, Fobaproa y ahora IPAB, la disminución del flujo de los créditos bancarios a las actividades primarias productivas, la importación excesiva de carne, la falta de precio para la carne mexicana y para la leche mexicana, hacen que quiebren prácticamente la mayoría de las instalaciones de ganadería productiva empresarial, entren en crisis las de carácter medio y prácticamente desaparezca la ganadería social y la ejidal. Aunado a lo anterior, los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, aprueba su Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural, les destina enormes cantidades a la producción agropecuaria, y recientemente con 183 mil millones de dólares para los próximos 10 años, con un promedio anual de 18.3 mil millones de dólares, para canalizarlo a programas de apoyo directo a productores y programas de conservación ambiental en el campo, nos ponen todavía una condición de dificultad adicional a la larga serie de problemas que afrontaban los productores ganaderos mexicanos. Más todavía, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, acaba de iniciar, tan sólo ayer, un nuevo programa, bajo el cual otorgará 752 millones de dólares adicionales a pagos directos a ganaderos, que fueron afectados en los Estados Unidos por las sequías de 2001 y 2002. En el plano interno, según la Auditoría Superior de la Federación, en los últimos años, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha permitido la importación de productos cárnicos de Estados Unidos, sin que los certificados sanitarios incluyan la declaración de que son aptos para el consumo humano, y se han expedidos certificados zoosanitarios y fitosanitarios, para que estas mercancías se distribuyan en el mercado nacional, sin contar con los resultados de los laboratorios, para constatar que no estén contaminados o representen riesgos a la salud humana. En el nuevo marco que la política económica ha impuesto en los Acuerdos de Libre Comercio a las entidades productivas, resulta indispensable contar con las instancias necesarias de análisis y evaluación, para poder responder con la prontitud necesaria, a las diversas necesidades que plantean nuestros sectores productivos y a las amenazas que afrontan nuestros sectores productivos. Así nosotros, en el Congreso, impulsamos a la Ley de Comercio Exterior, para acelerar las declaratorias de daños en caso de la producción agropecuaria. Y en la pasada aprobación de la Ley de Ingresos, establecimos un mecanismos que da facultades al Congreso, para evaluar las condiciones de importación excesiva de productos de nuestros socios comerciales al mercado interno y en especial la de carne, para ir estableciendo los equilibrios que conforman nuestra legislación pudiéramos determinar. Es por eso que nosotros sostenemos que basados en la distribución de poderes que nuestra Constitución y leyes le otorga a los Poderes de la Unión, debemos concurrir en defensa de la ganadería mexicana. El Ejecutivo federal tiene las facultades establecidas en el Artículo 4º de la Ley de Comercio Exterior, para crear, aumentar, distribuir o suprimir aranceles, regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías cuando lo estime urgente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, responde a la necesidad de regular los efectos de la apertura comercial y proteger, en primera instancia, la economía del país y de sus productores agropecuarios. En el artículo 131 se establece que es facultad privativa de la Federación, gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional cuando se estime urgente y de emergencia; citamos el artículo específico. Por eso creemos que con base en las disposiciones que el Ejecutivo tiene para ejercer la facultad que el Congreso de la Unión le ha entregado para aumentar, distribuir, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación o importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio interior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país, el propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiera hecho de la facultad concebida. Con base en esas consideraciones: las de carácter legal, las de carácter económico y social y la urgencia de acudir en apoyo y rescate de un sector productivo de alta trascendencia y de impacto indudable en la economía nacional, es que proponemos a esta soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Unico. Que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que conforme a las facultades que le otorga el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4º. de la Ley de Comercio Exterior y el artículo 2º. de la Ley de Ingresos de la Federación, imponga un arancel del 30% a la importación de carne de bovino en cualquiera de sus presentaciones, a fin de regular las importaciones de ese producto, el comercio exterior, la economía del país y la estabilidad de la producción nacional. Es cuanto, ciudadano Presidente.