La diputada Socorro Ceseñas Chapa: Buenas tardes, gracias. Con su permiso, presidenta. La posición del Partido de la Revolución Democrática es a favor de esta iniciativa reglamentaria al artículo 123. Y reconocer que se haya bajado del orden del día hace unas semanas y que haya permitido la oportunidad de que los diferentes grupos parlamentarios y proponentes de la misma, se tuviera a bien cabildear para mejorarla. Sin embargo, a pesar de que hay un avance, es muy importante, desde nuestro punto de vista, señalar algunas preocupaciones. En primer término tendríamos que decir que la educación es un derecho y no un servicio. Por tanto, regatear y acomodar la ley en función del mercado laboral, me parece un despropósito. Habrá quienes argumenten que la realidad nos rebasó, pero será tanto como aceptar que la corrupción es un asunto cultural. Una preocupación, que ojalá que se pueda concluir y después a futuro subsanar, tiene que ver con lo siguiente: prohibir el trabajo de menores de 15 años, establecer que no podrá utilizarse el trabajo de mayores de 15 y menores de 18 que no hayan concluido su educación básica no debiera considerarse un logro; por el contrario, se trata de un agravio de país, lo que teníamos que estar pensando es cómo nadie de menores de esa edad tengan la necesidad de estar desempeñando una labor para poder llevar más ingresos a su familia. Prohibir el trabajo de menores de 18 dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad, su moralidad o que afecte el ejercicio de sus derechos. Tampoco pudiéramos decir, si se procura el incremento qué nos dice en la misma iniciativa, si se procura el incremento de la actividad productiva para detonar empleos bien remunerados, aquí surge una preocupación, por qué el Estado mexicano primero piensa en un aeropuerto y en un tren rápido en lugar de pensar en una o dos, o tres refinerías. Cuándo los menores de 18 años realicen actividades productivas de autoconsumo bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, estos tendrían o tendrán, bien dicho, la obligación de respetar o proteger los derechos humanos de los menores. De qué manera ufanarnos de esta aseveración si el Estado no es capaz de garantizar lo mandatado en el 4o. constitucional; a saber dice: Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de hijos. Así como también dice: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y el Estado lo garantizará. ¿Quién falta a ello, los padres o el Estado? Una cuarta preocupación tiene que ver, que si bien es cierto incluir como labores peligrosas o insalubres las que impliquen jornadas nocturnas, industriales, o el trabajo después de las 22 horas y el trabajo en minas, los mayores de 18 y menores de 16 podrán realizar estas labores siempre que se encuentren a salvo su salud, su seguridad y su moralidad, siempre y cuando medie autoridad de la Junta de Conciliación y Arbitraje o de inspección en el trabajo. Éste tema es una preocupación muy grave porque tendríamos que abocarnos de manera i inmediata cómo garantizar que esas Juntas de Conciliación y Arbitraje a través de sus inspectores realmente actúen con apego a lo que está mandatado en estas reformas reglamentarias del 123. ¿Cómo garantizar que esos inspectores, hombres y mujeres, que tienen una responsabilidad tengan a bien en no caer en la corrupción? Sabemos perfectamente bien de sus bajos salarios y sabemos perfectamente bien que muchas de esas autoridades actúan siempre bajo consigna. Debemos de garantizar que este pequeño avance para poder garantizar el respeto a los derechos garantizando que esos menores tengan la oportunidad de seguir estudiando y continuar sus estudios, se revise a fondo. Me preocupa por último con esto cierro lo del agregado del 22 Bis. Dice: Salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente, que a su juicio haya compatibilidad entre estudio y trabajo. Ésta es una preocupación de nosotras y nosotros porque a juicio, ¿quién va a determinar, si sabemos perfectamente bien que lo primero que mandata en una Junta de Conciliación y Arbitraje para los dictámenes es a veces el billete o mover los turnos de los juicios correspondientes? Es cuanto.