EL C. DIPUTADO VICTOR MANUEL GANDARILLA CARRASCO: Con su permiso diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El proyecto de ley que hoy nos ocupa fue iniciado, tanto por diputados integrantes de esta Legislatura como por el Ejecutivo Federal, ambas partes conscientes de la importancia y trascendencia que implicó la incorporación del derecho a la información en la ley fundamental, así como de la necesidad impostergable de emitir la legislación secundaria en la materia, con el propósito de dotar a la población de la posibilidad de ejercer a plenitud dicha garantía constitucional. Es importante expresar nuestro público reconocimiento a los distinguidos investigadores, académicos y comunicadores, integrantes del llamado Grupo Oaxaca, quienes se dieron a la tarea de elaborar una propuesta de avanzada en la materia, la cual hicimos nuestra en la iniciativa presentada por diputados del PRI y de otras fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, así como también por la valiosa participación de este grupo en la identificación de las coincidencias y de acercamiento de las diferencias contenidas en las diversas iniciativas. Una de las principales coincidencias y primeras coincidencias a las que se llegaron, es aquella que recae sobre la consideración de que en la medida en que se establezcan los mecanismos, para ejercer el derecho al acceso a la información pública, se contribuirá a un mayor desarrollo democrático del Estado, colocando al ciudadano en plena aptitud de valuar a su gobierno. Con base en la anterior afirmación y en las revisiones realizadas, se llegó a la convicción de que las tres iniciativas presentadas coincidían en los elementos integradores de una legislación de esta índole, a saber: ámbito de aplicación y sujetos de la ley, llegando a la conclusión de que son sujetos obligados, todos aquellos órganos del Estado que generen o posean información pública, la necesidad de establecer las excepciones al derecho de acceso a la información, acordando que las reservas a ese derecho, serían relacionadas con la protección de la seguridad nacional, la seguridad pública o la protección de la vida privada. La importancia de fijar las características inherentes al procedimiento de acceso a la información y la creación del órgano garante de este derecho, es decir, aquella institución a la que acudan los particulares, cuando la autoridad no responda a su petición o la respuesta no favorezca. Con estas líneas de arranque se constituyó un grupo de trabajo de la Comisión, este grupo elaboró el primer anteproyecto que incorporó las convergencias de las tres iniciativas, dejando las diferencias como temas de las deliberaciones, el resultado final, un esfuerzo para obtener una ley consensada, que determina los procedimientos de acceso a la información gubernamental, las autoridades que quedan obligadas por la ley, la responsabilidad de todos los poderes de la Unión y de los órganos constitucionalmente autónomos, los recursos para hacer efectivo el derecho así como los tribunales administrativas que garantizarán su ejercicio. El proyecto cuida que el ejercicio de derecho de acceso a la información, no menoscabe el sigilo con el que deben ser tratados ciertos asuntos, por lo que hay un capítulo que se destina a la información reservada y confidencial, rigurosamente definida, y otro a la protección de datos personales, garantía que redunda en el respeto a la libertad y dignidad de las personas. Hay que destacar además la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, cuya misión es asegurar a los particulares el acceso a la información, interpretar la ley y conocer los resultados de revisión interpuestos por los particulares. Asimismo reviste singular importancia el hecho de que la ley que hoy discutimos, obliga a los órganos del Estado a dar a conocer, sin que medie alguna solicitud la información básica respecto de sus funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados, así como su ejecución. El apartado correspondiente a las reservas del derecho a la información, permite acotar los casos de las mismas otorgando a los particulares certeza jurídica y al Estado las herramientas necesarias para garantizar la protección de aquella información cuyo uso pueda ser potencialmente dañino. Punto de intensas discusiones dentro de la Comisión dictaminadora, fue el concerniente a los efectos de la falta de respuesta de las autoridades a las solicitudes de los particulares. Al respecto, ha de destacarse la positiva ficta en aras de proteger y dar certeza jurídica al particular, ya que el Instituto estará facultado para ordenar a la autoridad responsable el acceso a la información, dentro de un período de diez días útiles. La parte que concierne a la integración del Instituto, fue otro de los aspectos en los que se logró amplio consenso, ya que los integrantes de la Comisión, coincidimos en que el Senado podrá objetar, por mayoría, la designación que haga el Ejecutivo de los comisionados del Instituto. Así, el órgano encargado de la vigilancia en el ejercicio de tal derecho, gozará de autonomía de decisión de gestión y presupuestaria, que estará vigilada por el Congreso de la Unión; además de que ello implica independencia absoluta en la toma de decisiones, aunque las mismas siempre estarán sujetas a control judicial. Finalmente, existe el capítulo referente a las sanciones para los servidores públicos que utilicen, destruyan, oculten o alteren información, así como para aquellos que entreguen información reservada o confidencial o que no la entreguen cuando exista orden expresa de la autoridad competente. Compañeras y compañeros diputados: La información es un supuesto necesario para el ejercicio de las libertades de pensamiento, opinión, expresión y en general de manifestación de las ideas. Sin estas garantías, sería imposible la existencia y funcionamiento de la democracia, la cual supone la interlocución entre gobernantes y gobernados y la utilización de un lenguaje común, cuantitativa y cualitativamente considerado. Nadie tiene derecho a poseer información pública en detrimento de las libertades de otros o de la equidad de su uso para fines legítimos. El gobierno debe fundar su autoridad en la ley y no en su capacidad para monopolizar la información. La democracia implica un régimen de controles diversos del poder, entre los cuales hay que agregar el control del uso y aprovechamiento de la información pública; debe igualar, cuando menos, en oportunidades de acceso a la información a todas las personas. Por esas razones, diputados de todos los grupos parlamentarios, hemos hecho un esfuerzo de consensar el dictamen que hoy se pone a discusión de esta Honorable Asamblea, por el que la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, propone la aprobación de esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por todo lo anterior y dadas las características que revisten el proyecto de ley, consideramos que éste constituye un instrumento eficaz para el lícito y efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que logró la incorporación de los primordiales intereses y preocupaciones de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, por lo que significa un singular ejemplo de los buenos resultados obtenidos de un trabajo en conjunto, que no tuvo otro fin que el de procurar mejor y mayor calidad a la vida democrática de México. Garantizar el derecho de acceso a la información pública, es democratizar el ejercicio del poder. Apelo a su consideración, solicitando su voto a favor de este dictamen por el bien de México. (Aplausos)