El diputado Arturo Zamora Jiménez: Distinguidas diputadas y distinguidos diputados, las Comisiones de Justicia y Función Pública, que presiden Pablo Escudero y don Humberto Benítez, en ambas comisiones se dictaminó por unanimidad una nueva herramienta jurídica muy importante para el Estado mexicano. Un instrumento legal que da carta de naturaleza a la reforma del artículo 20 constitucional del año 2008, en donde ya se contemplaba la obligación de las autoridades para proteger y tutelar adecuadamente a las víctimas de los delitos y a las personas que intervenían en el proceso penal. Esta norma contiene garantías, procedimientos y ciertas medidas de protección no solamente a los testigos, sino también a los jueces, agentes del Ministerio Público, peritos, agentes policíacos –que de alguna manera intervienen en el proceso penal-, así como también regula la actividad de los testigos colaboradores. Éste es el resultado de la obligación que el Estado mexicano tiene a partir del derecho convencional en las Convenciones de Viena y Palermo a través del principio pacta sunt servanda, que establece claramente lo pactado se cumple, y en donde México se ha obligado precisamente a llevar a cabo un proceso de integración para que se tutelen los derechos, intereses y la seguridad de todas las personas que son testigos o participantes en un procedimiento de naturaleza penal bajo los principios de secrecía, confidencialidad y certeza jurídica. Esta norma que estamos a punto de aprobar establece, por otro lado, la posibilidad de la creación de un centro integral que permita identificar quién es la persona que tiene la posibilidad de ser considerado como testigo protegido; y se crea un órgano desconcentrado de la Procuraduría de la República para la aplicación de este programa, en donde se realizarán estudios técnicos. Se determina la autonomía del programa que tiene que ver con la protección de personas, se establecen requisitos de ingreso, terminación; y se establece, por otro lado, un asunto muy importante: la responsabilidad de las autoridades que tienen como misión proteger precisamente a los testigos y que los descuidan y se les genera un daño. También en esta ley se establece la posibilidad de que la Procuraduría General de la República, como órgano que va a ejecutar la normatividad, celebre convenios con personas físicas o morales, estatales, nacionales o también internacionales, y por otro lado, a todas las autoridades que van a aplicar esta nueva ley, se les obligará a guardar la debida reserva de la información, porque se trata de información confidencial y que finalmente toca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Estimadas diputadas y diputados, sabemos que finalmente con la creación de este tipo de normas estamos dándole al Estado mexicano una herramienta muy importante, un instrumento jurídico que le permitirá combatir con mayor eficacia a la delincuencia organizada. Sabemos también que con esto estamos tratando de proteger de manera más intensa, no solamente a las víctimas u ofendidos de los delitos, sino también a los peritos, a los jueces, a los ministerios públicos, a los agentes policiacos y a todas aquellas personas que de alguna manera intervienen en procedimiento penal. Por esta razón es importante reconocer y resaltar que todos los integrantes de ambas comisiones votaron por unanimidad a favor de esta nueva normatividad que va a permitir combatir de manera más eficiente a la delincuencia y que por supuesto, nosotros, los integrantes del Partido Revolucionario Institucional estamos solicitando el voto a favor de este dictamen, en virtud de que es precisamente a favor de la certeza jurídica y a favor de la justicia, la armonía y el goce de las libertades que requerimos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.