LA C. DIP. TERESA ROMO CASTILLON: Con su permiso, señora Presidenta. Acción Nacional reconoce la dignidad de la persona humana. Sostenemos que el valor de los seres humanos debe de ser respetado desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. La discriminación de cualquier persona por razón de sexo, edad, raza, lugar de nacimiento, religión, pensamiento o posición social, atenta contra la dignidad esencial de todo ser humano; debe de ser rechazada y condenada. Sólo la persona que respete a la persona humana como el eje central de la vida, es auténticamente libre. La responsabilidad de la persona implica el deber de responder ante sí y ante la sociedad por las decisiones que libremente ha asumido. La libertad responsable consta en la capacidad de las personas para desarrollarse según su criterio de bien en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad en general. La dignidad de los seres humanos implica también el reconocimiento del estado de sus derechos naturales y constituyen el objeto de los derechos humanos, los cuales son la columna vertebral de nuestra civilización. La dignidad humana. Sostenemos que el Estado no sólo está obligado a consagrarla, sino también a crear las condiciones para que tal dignidad sea efectiva y a remover todos los obstáculos que puedan dificultar su pleno respeto. Los derechos humanos no son elegibles ni sujetos al consenso de la mayoría, son universales y varios para todos los hombres y mujeres en todas las circunstancias de tiempo y lugar. El Estado no solo debe de respetarlo sino además debe salvaguardarlo y protegerlo. Su violación quebranta el Estado de Derecho y limita la libertad de los seres humanos, con independencia de quien cometa las violaciones a los derechos humanos deben castigarse y sancionarse con todo rigor. Los derechos esenciales de la persona humana son inherentes ante todo sistema democrático, pues la autoridad democráticamente elegida surge y se fundamenta en ello y en ellos tiene su límite y objetivo. Creemos en un sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos que proteja las garantías de la persona, que observe la actuación de los gobiernos para que su conducta y decisiones se ajusten a la ley, que emita recomendaciones cuando las autoridades las violentan y que divulguen y promuevan su respeto. Para nosotros su salvaguarda exige que estos organismos públicos que defiendan los derechos humanos adquieran una completa autonomía en los ámbitos estatales, al mismo tiempo que impulse una responsable fiscalización de la actualización de los defensores por parte de las comisiones legislativas, sin que ello signifique subordinación o suplementación de sus deberes. La pena de muerte ha sido desde hace mucho tiempo objeto de controversia y de campañas internacionales en pro de la abolición de la practicada en tiempo de paz. El debate ha sido siempre sobre la validez o no de sancionar con esta forma de castigo. Bajo la presión atendible las sociedades reclaman sanciones más eficientes que logren realmente abatir la delincuencia y la generosidad con que ésta actúa. La pena de muerte es un desafío directo al derecho a la vida. Cuando se aplica deteriora el valor a la vida ante los ojos de la sociedad. Con ello no se avanza, solo se endurece el Estado. La pena de muerte ha sido y sigue siendo aplicada en una serie de países con el fin de luchar contra los atracos a mano armada, contra la oleada de asesinatos e incluso por delitos abominables que nadie justifica y que deben ser sancionados con medidas eficaces pero humanas. Sin embargo, no es exacto deducir que la pena de muerte sea conveniente porque algunos países industrializados la sigan aplicando. No es responsabilidad nuestra decidir acerca de la vida y de la muerte de un delincuente. Nos concierne mejorar nuestro ámbito social, debemos evitar que el Estado, la autoridad pública, actúe recurriendo a la violencia que trate de erradicar la vida social. El asesino mata inocentes, niños o cualquiera otra persona; luego el Estado mata a los asesinos y lo único que se logra es incrementar la violencia. Recientemente el Titular Ejecutivo Federal se ha manifestado abiertamente en contra de la pena capital. Así en nuestra visita a Nigeria hizo un claro señalamiento condenando la pena de muerte. Como sabemos, el artículo 22 de nuestra Constitución faculta al legislador para reglamentar la pena de muerte. No obstante el artículo 18 del mismo ordenamiento señala que el sistema penal se organiza sobre las bases del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para readaptación social del delincuente. Es decir, la doctrina penal lógica que inspira este numeral no es retribucionista, pero el artículo 22 lo contradice dándole la pena en este último párrafo: un carácter incluso de venganza pública. Por lo que en el ánimo de los legisladores que se han dado a la tarea de presentar la iniciativa para la renovación del homicidio judicial, está presente la absolución de dicha pena. Por lo anterior, resulta poco congruente con la contradicción humanista que nos caracteriza como nación conservar aunque solo sea este nivel constitucional tan salvaje y primitivo castigo. Ya desde 1856 era severamente cuestionado por el visionario de humanismo que señalaba lo que hoy desgraciadamente algunos intentan denostar. No es función de la razón, sino el simple utilitarismo. Citamos el discurso pronunciado en la sesión del 21 de agosto de 1856: "Y con qué derecho la sociedad puede imponer la pena de muerte". Por lo anterior, hacemos un llamado urgente a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso para hacer de los principales humanistas una realidad en nuestro marco jurídico, acercándolo a la modernidad. En tal virtud, señora Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva, en los términos dispuestos por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos para que se presente el dictamen respectivo y de ser el caso en su conjunto a la iniciativa de reformas al artículo 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalados anteriormente. Muchas gracias. (Aplausos) -