La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Compañeros, compañeras diputadas. La debilidad e ineficiencia de las instituciones del Estado son uno de los tantos rostros que presenta la corrupción. Desafortunadamente Correos de México no ha sido la excepción. Esta antigua y emblemática, tradicional institución destinada a mantener comunicada a la ciudadanía, a constituir un factor de inclusión de la población, a facilitar la actividad económica, no ha podido ser de alguna manera eficaz y ha sido llevada por omisión y por acción a la insuficiencia financiera. Para darnos una idea de la magnitud del despilfarro, también de la deshonestidad y de la irresponsabilidad y de la complicidad probablemente, basta mencionar que en el actual sexenio se le invirtieron a Correos de México más de 6 mil 400 millones de pesos. Sí, 6 mil 400 millones de pesos. Esta inversión no detonó su fortalecimiento, tampoco su autosuficiencia financiera, eso menos aún generó una competitividad que sea proporcional a la inversión realizada. Basta señalar que, de acuerdo con el Inegi, entre el primer semestre del 2014 y el 2017, el negocio privado de paquetería y de mensajería creció un 24 por ciento, es decir, mientras las empresas privadas crecían, Correos de México requirió recursos para su subsistencia. Por supuesto, sabemos todos que la responsabilidad no es, de ninguna manera, de los carteros, ellos no son responsables de la organización ni de la logística, menos de los usos de las nuevas tecnologías o de la implementación de estrategias y de políticas públicas para eficientar el servicio. La responsabilidad, nos queda claro, tampoco es de las empresas privadas. El objetivo de estas es hacer negocio, es tener una alta rentabilidad, y por supuesto posibilidades de expansión de su negocio. Entonces la responsabilidad, me parece a mí, es de los funcionarios que no asumieron la obligación de utilizar los recursos públicos bajo principios de eficacia, de eficiencia, y sobre todo, de honradez. No obstante, esta enorme inversión realizada, se firmaron contratos millonarios con empresas privadas para enviar la correspondencia gubernamental en lugar de justo utilizar ese servicio público de los correos. El Servicio Postal Mexicano es por mandato constitucional, un servicio público, y bueno, de alguna manera podemos decir entonces que es un área estratégica reservada al Estado, así que las funciones que ejercen no constituyen ningún tipo de monopolio, pues la Constitución, las leyes, los instrumentos internacionales en la materia, dan cuenta precisa de la importancia que tiene Correos de México no sólo en términos económicos, sino también, y muy importante, en el área de la seguridad nacional. Por eso la ley dispone que para el transporte de la correspondencia y de los envíos se utilizará la vía más adecuada a fin de lograr seguridad y rapidez, y si se requiere, el organismo podrá contratar el transporte con terceros. Entonces la discrecionalidad de las contrataciones, si bien no constituye en sí misma o necesariamente una estafa maestra, pues es algún tipo de cosa que no está bien porque aún tenemos la vía de la fiscalización y la posibilidad de reformar la norma jurídica para evitar que tales actos vuelvan a suceder. Propongo, y digo que es necesario, que esta Cámara, junto con el próximo presidente de la República, pues demos una lucha frontal contra la corrupción, sobre todo en el marco de esta austeridad republicana que tanto nos reclama el pueblo de México. Por lo anterior, estamos obligados a establecer que las dependencias y entidades de los tres niveles y Poderes de gobierno, no podrán ejercer recursos federales para la recepción, transportación, entrega o envío de correspondencia a través de empresas privadas, sino que lo harán exclusivamente por medio de Correos de México, que es el organismo descentralizado del Estado, para este fin.