La diputada Patricia Flores Elizondo: Con su permiso, señor presidente. La vivienda constituye ese espacio que nos da estabilidad a los seres humanos, a nuestras familias. La vivienda es un espacio en el que nos desarrollamos como personas, es casi siempre el centro de nuestra vida social, nos da estabilidad emocional, oportunidades económicas, bienestar físico, sentido de pertenencia y sin duda privacidad y autonomía. Es en concreto, el lugar donde podemos vivir en paz, con seguridad y dignidad. Se necesitan viviendas en medio de las zonas urbanas, donde la gente las necesita, donde la gente trabaja, donde la gente tiene y educa a sus familias. En una palabra, vivienda donde la gente hace sus vidas. Estas han de contar con financiamiento accesible, donde los jóvenes con empleos formales puedan rentar o adquirir cerca de sus fuentes de trabajo y no en las poblaciones de la periferia. La buena ubicación sin duda ayudará a los trabajadores en sus traslados y disminuirá la presión sobre el transporte público y, por ende, mejorará la calidad de nuestro aire. Pero una vez más estamos frente a una iniciativa que pudo haber sido realmente importante por sus efectos en la sociedad y nuevamente es una reforma que se quedó muy corta, porque en su exposición de motivos no se refiere al derecho a la vivienda como algo universal, como lo hemos planteado en Movimiento Ciudadano, únicamente se habla de la vivienda como un derecho de la clase trabajadora, que en el contexto del artículo 123 está formada por quienes tienen un empleo en la economía formal, pero se les olvida, otra vez, al segundo piso de la cuarta transformación, que también requieren vivienda digna los que menos tienen, los más pobres, aquellos que no trabajan en la formalidad, aquellos que trabajan en el campo, en los mercados, los mecánicos, plomeros, comerciantes, panadero, manicuristas, trabajadoras del hogar, a quienes este gobierno los está haciendo más pobres. Hay que hacer viviendas sociales con densidades suficientemente altas, para poder pagar por terrenos bien localizados, que se aprecien en el tiempo, pero sin hacinamiento y con probabilidades de crecimiento y con la posibilidad de alcanzar dimensiones de viviendas de clase media de por lo menos 80 metros cuadrados. En Movimiento Ciudadano también nos preocupan las niñas y los niños y su esparcimiento, por lo que debería haber reglas claras en el diseño de los complejos sociales, que contemplen áreas verdes, un parque de juegos infantiles, con juegos de buena calidad y en aquellos lugares donde sea necesario proteger estos complejos, para evitar que los pequeños se acerquen a las avenidas. Hoy los votos de Movimiento Ciudadano están para hacer de México un mejor país, para ser la voz de las y los jóvenes y de las niñas y niños que merecen un mejor lugar para vivir. Por eso, la bancada naranja votará a favor de esta reforma, porque hoy tenemos claro que nos toca representar a quienes no tienen condiciones para alcanzar el bienestar y la felicidad. No toca situarnos en cada momento en los zapatos de los millones que votaron por nosotros y que necesitan una vivienda digna, sin desigualdad. Ampliar las facultades del Infonavit para construir y arrendar viviendas accesibles a los trabajadores no requería una reforma constitucional, y aunque esta propuesta tiene un noble objetivo, quiero destacar algunas de las preocupaciones que me saltan al leer el dictamen. Me preocupa sobremanera creer que el Infonavit será capaz de administrar, adicional a sus actividades actuales, dos áreas en las que sin duda se requiere de experiencia y de infraestructura. Por un lado, la construcción de vivienda, con todo lo que esto representa y, por el otro lado y de forma simultánea, el arrendamiento de vivienda. No me queda duda que cualquiera de estas dos actividades son actividades complejas que necesitan de un equipo profesional con experiencia. Por tanto, pensar que el Infonavit podrá enfrentar estos dos grandes retos de forma exitosa y eficiente en un mediano plazo, me parece más un buen deseo que una realidad. El esquema de arrendamiento propuesto que establece un tope del 30 % del salario del trabajador para el pago de la renta, no garantiza una solución estructural al problema de la vivienda. Si bien limita el gasto mensual, no aborda las desigualdades salariales existente ni las fluctuaciones económicas que pueden afectar la capacidad de los trabajadores para hacerle frente a esos pagos. En tiempos de inflación o crisis económica, un 30 % o un 20 % del salario podría seguir siendo una carga demasiado alta para las y los trabajadores de menores ingresos. Y, ¿cómo se va a manejar la cartera vencida? Cuando hoy en el renglón de crédito está por encima del 18 % y según su anterior director, difícilmente se podrá rebajar a niveles de 10 o 12 % en menos de 30 años, sí, 30 años. La iniciativa otorga la posibilidad de adquirir la vivienda tras 10 años de arrendamiento, con el inconveniente de que debe ser la misma casa y sin posibilidad de que las y los trabajadores puedan tener la libertad de rentar en otro lugar, si así conviene a sus intereses. Sería bueno que la renta, independientemente del lugar, pueda ir acumulando los 10 años para poder adquirir la vivienda que al final le siente mejor al trabajador. Ahora, también tengo otras dudas, ¿por qué 10 años y no 5 o 7? ¿Qué pasa si un trabajador pierde su empleo, o si sus ingresos disminuyen durante ese periodo? ¿Ya no podrá rentar? El riesgo de que muchos no puedan cumplir con este plazo y pierdan la oportunidad de compra es muy elevado. Este esquema no proporciona suficientes garantías de que el trabajador, al final del periodo, realmente pueda acceder a la propiedad. El hecho de que el Infonavit retomara el rol de constructor y deje de enfocarse en el financiamiento, puede originar problemas de calidad y eficiencia que ya surgieron cuando el Estado era el encargado directo de la construcción. ¿Estamos realmente preparados para volver a ese modelo? No podemos olvidar que, tratándose una reforma a un organismo del servicio, el sector patronal y, por supuesto, los trabajadores, debieran ser escuchados de forma puntual para tomar en cuenta sus propuestas. Hoy más que nunca se requieren reglas claras y transparencia. Sí, señores, transparencia. Vale la pena recalcarlo ahora que pretenden desaparecer el INAI. Para que esas nuevas viviendas cumplan con toda la reglamentación existente y, sobre todo, tomen muy enserio la proyección de áreas verdes y esparcimiento para las familias en los complejos de vivienda social. No vaya a ser que una vez más se construyan unidades habitacionales que en nada contribuyan va a la calidad de vida de sus habitantes y al medio ambiente en medio de una opacidad total. El derecho universal a la vivienda digna y decorosa significa que las y los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda bien ubicada, con materiales de calidad en zonas cercanas y seguras con todos los servicios básicos, con un diseño que atienda al medio ambiente y a los estándares de las personas y las familias, todo lo que merecen. Nuestra visión, al votar a favor de esta reforma, es que en un futuro cercano cada mexicano y mexicana, joven o mayor, tenga un lugar seguro, digno y en la medida de lo posible propio, donde la vivienda no sea un privilegio, sino un derecho fundamental, pues a nosotros, compañeros, nos toca trabajar juntos para hacer esta visión realidad...