El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla: Con su venia, señor presidente. Gran parte de la actividad judicial de los tribunales del país y sobre todo en los estados de la República, se focaliza en resolver contiendas de carácter mercantil. La dinámica actividad económica que caracteriza a nuestros mercados obliga a que existan procedimientos jurisdiccionales que sean rápidos, baratos, que ofrezcan certidumbre jurídica y que modifiquen los incentivos que existen para no pagar. Actualmente las tibias sanciones establecidas en el Código de Comercio por el incumplimiento a obligaciones mercantiles, como la tasa del 6 por ciento anual de interés moratorio, junto con el largo tiempo que tarde en resolverse un juicio y el elevado costo que implica acudir a los tribunales, alinea incentivos para que sea más barato no pagar, que cumplir; y de la misma manera que el costo del juicio pueda ser más alto, que la obligación que se pretende demandar. Esto ha ocasionado que desde 1996 se estén realizando continuas modificaciones a los procedimientos mercantiles, a fin de superar los complejos encadenamientos de actualizaciones cuya tramitación, desahogo y conclusión se traducen en largos lapsos de tiempo que el ciudadano debe invertir para alcanzar una solución a su problema. La última gran reforma en materia de juicios mercantiles fue avalada por esta legislatura, cuando el año pasado aprobó introducir al sistema procesal mercantil a los juicios orales mercantiles. Desde su publicación, el 27 de enero del 2011, los tribunales de los estados han expresado su satisfacción ante tal acontecimiento, pero también ante esta innovación empezó una revisión que llevó a que dichos tribunales presentarán una serie de recomendaciones mismas que se vean reflejadas en esta iniciativa. Compañeras y compañeros diputados. La minuta que hoy se discute responde a esas voces y al compromiso de esta soberanía por agilizar nuestro sistema procesal mercantil. Básicamente contempla modificaciones al procedimiento oral mercantil en los siguientes puntos: Contempla que los juicios se oralicen cuando su suerte principal sea menor de 500 mil pesos. El monto anterior debe ser actualizado anualmente y publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Economía. El juez, quien deberá presidir las audiencias, estará dotado de todos los mecanismos de control y rectoría que le permitan llevar la mejor conducción del mismo juicio. Las promociones de las partes deberán ser orales durante las audiencias, únicamente la demanda, su contestación y, en su caso, la reconvención, se realizarán de manera escrita. Se aclara cuándo podrá reclamarse la nulidad del emplazamiento y la de la audiencia del juicio. Se precisa que las actualizaciones se registrarán en medios electrónicos o cualquier otro medio idóneo a juicio del juez, a fin de garantizar la fidelidad e integridad de la información y de las actuaciones del juicio. Se establece expresamente el procedimiento para resolver excepciones procesales como la incompetencia; se introducen para los juicios orales mercantiles reglas específicas para el desahogo de pruebas, confesional, testimonial y pericial. Y se da un plazo hasta el 1o. de julio de 2013 para que los tribunales de los estados hagan efectiva la entrada en vigor de las disposiciones relativas al juicio oral mercantil. Con esta reforma se reafirma el compromiso de esta Cámara con la certidumbre jurídica y se colma el propósito de celeridad y transparencia en el quehacer jurisdiccional que exige la sociedad. Por ello, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor de la aprobación de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.