El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias. Con su venia, presidente. Compañeros, compañeras diputados y diputadas, presento ante este pleno una iniciativa para reformar el artículo 73 en su fracción XII, al igual para presentar una Ley General de Amnistía en favor de los Presos Políticos y de Conciencia, ya que es un tema fundamental para terminar con las injusticias y el dolor que vive nuestro pueblo y que viven muchos dirigentes que lo único que han hecho es luchar por su gente y por su patrimonio. En un México desgarrado por la violencia y la exclusión social, por la incertidumbre que viven las grandes mayorías que están en pobreza y en desigualdad, y por la impunidad sistemática que tanto complace a los criminales y corruptos, la liberación de presos políticos y de conciencia constituye una tarea ética impostergable. Cuando esto no es posible a través de las vías judiciales ordinarias debido al dolo e indolencia de las autoridades competentes, es imperativo que los legisladores, en nuestra calidad de garantes de los principios que cimienta nuestra nación y Constitución, recurramos al recurso de la amnistía. En nuestro país la historia registra varios momentos en que el Estado ha concedido amnistías para salvaguardar el orden social y reparar los daños cometidos contra quienes, enarbolando causas justas, han recurrido al cuestionamiento o confrontación directa; sea contra el sistema político mexicano en su conjunto o con órganos específicos de su gobierno. Basta recordar la amnistía presentada en 1976, que facilitó la liberación de presos políticos vinculados al movimiento estudiantil de 68. O la de 1968, que permitió extinguir la acción penal imputada contra responsables de supuestos actos de sedición durante la llamada Guerra Sucia. Sin embargo, pese al profundo carácter histórico de estos actos, la persecución por motivos políticos continua siendo un rasgo incomprensible de la postura del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos locales. Frente a la exigencia y emergencia de expresiones de crítica, resistencia y movilización social, la experiencia de las virtudes de una apuesta por el diálogo y la concordia ha sido incapaz de sobreponerse a la necedad de emplear una política punitiva en la materia. Hoy es cada vez más obvio que nuestro sistema penal ha permitido que existan personas que, agravándose su situación por su capacidad económica, origen étnico, género y carencia para el acceso a buenos sistemas de defensoría legal, han sido recluidos con base en expedientes conformados por delitos prefabricados a causa de sus actividades políticas. Un caso emblemático de esta clase de procesos judiciales marcados por el dolo institucional y la persecución política es el de Nestora Salgado, jefa de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero. Mujer indígena que fue apresada solo por el hecho de defender a su comunidad del crimen organizado, fabricándole delitos inexistentes. Mujer que luchó ante la falta de respuesta del Estado mexicano para garantizar la seguridad de su comunidad. Mujer que sigue presa hoy injustamente. Mujer que es inocente. En este caso, como en la mayoría de los casos, los inculpados han sido arrastrados a la cárcel mediante procesos judiciales plagados de anomalías y contradicciones. Envueltos en cuestionamientos por parte de múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos, medios independientes, especialistas en derecho penal, intelectuales y sociedad civil en general, quienes a su vez denunciaban públicamente la trasgresión del debido proceso. Se han girado ejecutados cientos de órdenes de aprehensión en contra de personas responsables, solo de exigir frente a los constantes abusos de organizaciones del crimen organizado o de autoridades públicas un alto. Sobre el asunto diversas organizaciones abocadas a la defensa y promoción de los derechos humanos han denunciado la existencia de cientos de presos políticos y de conciencia en las cárceles federales y estatales de México. De acuerdo con un estudio publicado en 2010 por el Comité Cerezo México, de 2002 a 2008, mil 373 personas fueron detenidas por motivos políticos. De estos, mil 320 fueron catalogados como presos de conciencia, 44 como injustamente asociados a motivos políticos y nueve como presos políticos. En el mismo estudio se hace mención, que las entidades con mayor número de presos eran Oaxaca, estado de México, Chiapas, Michoacán y Guerrero, concentrando que es el 78 por ciento de los presos políticos en el país. Ante esta inadmisible realidad política y penitenciaria, propongo a este pleno se reforme la fracción XII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar facultades al Congreso de la Unión para otorgar amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca, tanto a tribunales de la federación como del fuero común. Sobre la base de tal modificación propongo también, se expida la Ley General de Amnistía en favor de presos políticos y de conciencia. Frente a las contradicciones que en el discurso de un gobierno que dice pugnar por la concordia, el desarrollo del país, y en los hechos demuestra lo contrario. Tenemos que dar la esperanza para los afectados, que se les permita recuperar la dignidad de sus vidas. Una acción de estas características constituiría un acto de valor simbólico, pues además de comenzar a reparar el deterioro en el tejido social, provocado por conflictos en donde el Estado mexicano también ha estado involucrado y también es responsable, mostraría indicios de un cambio sustancial en la estrategia ampliada para dar solución a las distintas manifestaciones de crítica y resistencia al aparato institucional. Distanciándonos de la política punitiva hasta hoy aplicada, para dar paso a una basada en el amplio respeto a los derechos humanos. Por sus características, esta amnistía exhorta a esta Cámara a la comprensión de la natural desesperanza que, habiéndose producido ante el flagelo de las situaciones injustas, inequitativas e indignas, explica el desarrollo de conductas fuera del marco de la ley. Si está soberanía está auténticamente comprometida con la salvaguarda de los derechos humanos debemos, primero, reconocer la existencia la presos políticos y de conciencia en México para entonces comprender su condición de víctimas de procesos judiciales a menudo colmados de irregularidades, los cuales han sido desahogados aprovechándose de su desigualdad económica, social y cultural y obedeciendo a una persecución política que los criminaliza sin fundamento justo. Sabemos que presos políticos como Nestora Salgado, han recurrido a prácticamente todas las instancias legales para resolver sus casos padeciendo una y otra vez la negligencia de las autoridades competentes, quienes les han obstaculizado e impedido el acceso a su libertad y que por tanto la única salida posible para dar solución a estos agravios debe ser el resultado de una decisión política emanada de esta representación. Debemos ser conscientes de que para resolver cualquier conflicto es indispensable propiciar condiciones de paz y seguridad. Una política que apueste por remediar las exigencias enarboladas por movimientos...