La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (vía telemática): Con el permiso de la Presidencia. El 18 de marzo de 1938, uno de los mejores presidentes de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, originario del estado de Michoacán, expidió el decreto de la expropiación petrolera, que consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban, al menos 17compañías extranjeras que tenían el control de la industria de hidrocarburos en nuestro país. Hoy han pasado ya 83 años, y es por ello que en este día histórico vengo a presentar una iniciativa de lo más trascendente y que cala hondo el ánimo conservador. Se trata de reformar la Ley de Amparo, para evitar el juicio de amparo y que sea utilizado para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones a servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado. A continuación, cito una frase: Tenemos muy presente que el combate a la corrupción es la principal bandera del gobierno federal, y que junto con las medidas de austeridad significan la liberación de cuantiosos recursos, que serán reinvertidos en el cumplimiento del objetivo principal, que es la producción. Estas fueron palabras de Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos en 2019. En la cuarta transformación estamos decididas y decididos a acabar con la corrupción, la burocracia dorada y el criminal saqueo en las empresas propiedad del Estado. El pueblo ya no quiere salarios estratosféricos, negocios al amparo del poder ni saqueos de los recursos públicos a través del desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Estos actos de corrupción fueron una práctica recurrente por gobiernos anteriores, he ahí el dolor que provoca esta reforma a los sectores conservadores. Actualmente hay un nuevo régimen jurídico encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene como principio acabar con la corrupción y la burocracia privilegiada. Por ello hemos impulsado las nuevas leyes federales en materia de remuneraciones de los servidores públicos y de austeridad republicana. Sin embargo, los fines y principios que persiguen estas leyes están siendo obstaculizados judicialmente a través de la presentación de juicios de amparo y controversias constitucionales. El mandato del pueblo fue claro en 2018: ya no se quiere un gobierno rico y un pueblo pobre. Pese a ello algunos funcionarios públicos se han empeñado en conservar sus privilegios y beneficios, por lo que, haciendo uso de chicanas judiciales le apuestan a litigios largos, que a veces duran años, e incluso algunos podrían ser interminables. Llega primero la muerte a que finalice este juicio. Donde, mientras tanto, gozan de la suspensión del amparo y siguen recibiendo beneficios indebidos. En Morena entendemos el sentir de muchas mexicanas y mexicanos que exigen acabar con la corrupción, el saqueo y el desmantelamiento de las empresas estatales propiedad nuestra, de las mexicanas y los mexicanos. Sin embargo, existe un empecinamiento en obstaculizar judicialmente las medidas de fomento y apoyo que se han emprendido para revitalizar tanto a la CFE como a Pemex, a fin de recobrar la soberanía nacional en la generación de energía eléctrica y en la explotación de hidrocarburos. Ya basta de simulaciones y mentiras, de quererse escudar en una supuesta protección del medio ambiente, de que habrá combustibles y energía eléctrica baratos provenientes de fuentes renovables, cuando la lógica de los conservadores ha sido devastar los recursos naturales y minar el bolsillo de los mexicanos. También quiero apuntar que esta iniciativa es conforme a la Constitución, que reconoce la garantía de la defensa judicial prevista en el artículo 14 constitucional, bajo el entendido de que nadie puede ser privado, conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. Sin embargo, la suspensión del acto reclamado no constituye una formalidad de esencial del procedimiento judicial, sino una institución procesal que tiene por objeto evitar posibles afectaciones, pero el otorgamiento de la medida de suspensión debe estar supeditada al interés público por encima del interés personal o individual. En este efecto, si se revisa... el artículo 129 de la Ley de Amparo, se podrá observar que en todos los supuestos existe un interés superior de la colectividad frente al interés individual. Esa es la racionalidad y la justificación de por qué no debe otorgarse la suspensión durante la tramitación del juicio de amparo. Además, no se debe dejar de considerar que algunas de las personas que han impugnado judicialmente en contra del régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado tienen ligas o vínculos con funcionarios...