La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeros y compañeras legisladores, esta iniciativa se propone ser un aporte en la discusión que hemos iniciado en este ámbito legislativo sobre la Reforma del Estado y se propone ser un aporte porque no puede haber reforma del Estado completa sin tocar aquellos temas nodales que pueden y deben reformar el poder y sus reglas en nuestro país. Es el caso y la causa de las mujeres en el ámbito de lo público. Tere Incháustegui menciona que una reforma de Estado que no modifique deliberadamente, en sentido progresista y democrático, el orden de género es una nueva operación de encubrimiento de la desigualdad, porque normalmente las agendas de estas reformas no pretenden eliminar los mecanismos de discriminación de las mujeres y la desigualdad, a pesar de que dicha desigualdad es parte sustantiva de la estructura de oportunidades para el desarrollo y parte fundamental para una verdadera democracia. Esta iniciativa pretende elevar a rango constitucional el derecho de las mujeres a participar con equidad e igualdad de oportunidades en la vida política del país; busca que los partidos políticos se obliguen y garanticen a través de la postulación de sus candidaturas, una participación mayor de mujeres en los puestos de elección popular. Su propósito final es equilibrar la representatividad y participación de ambos géneros a nivel municipal. El municipio como la organización político-administrativa más próxima y visible a la ciudadanía necesita fortalecer los espacios de participación de las mujeres en sus ámbitos de competencia. En América Latina varios países siguiendo el modelo europeo, especialmente el de España, han adecuado sus legislaciones y han dictado e implementado planes de igualdad de oportunidades con diversos contenidos y alcances para lograr una mayor intervención de las mujeres en el ámbito local. México, en relación con la representación femenina a nivel municipal, ocupa un deshonroso último lugar en América Latina y muestra un estancamiento y un grave problema en el proceso de la alternancia democrática, al contar con una mínima participación de mujeres que desempeñen cargos de elección popular en estos niveles. Esta realidad, en un proceso democrático como el que vive nuestro país, es simple y sencillamente insostenible. Actualmente existen dos mil 438 municipios en el territorio nacional, de los cuales sólo 88 son ocupados por mujeres, lo que corresponde al 3.6 por ciento del total de municipios del país. Esta misma proporción se ha presentado desde hace dos décadas y nunca ha llegado ni ha superado el cuatro por ciento. Para el año 2003 tan solo el 6.8 por ciento de los puestos de síndicos y el 15.9 por ciento de los regidores estaban representados por mujeres y en febrero de 2004 en 13 de los 31 estados del país no había ninguna presidenta municipal, lo que muestra desigualdad de género en la representación y dirección en los ayuntamientos. En lo que se refiere a la inclusión femenina como funcionarias gubernamentales, los espacios de las áreas de administración municipal ocupados por mujeres son todavía escasos y concentrados en ciertas áreas consideradas propias de su condición. Formar parte del ayuntamiento o del grupo de funcionarios de la administración municipal sigue siendo, entonces, un fenómeno inusual y marginal en la mayoría de las áreas, y el acceso a los espacios de toma de decisiones dentro de los gobiernos municipales, constituyen todavía un gran reto para la igualdad de oportunidades. Dos encuestas de opinión realizadas en América Latina por la empresa Gallup en el año 2000, a petición del Banco Interamericano de Desarrollo, sugieren que la actitud de la ciudadanía no es obstáculo para que las mujeres alcancen cargos políticos, sino más bien son los partidos políticos y las estructuras institucionales las que no favorecen que las mujeres accedan a estos puestos. Por todo lo anterior, con la adición de un tercer párrafo al artículo 41 de nuestra Constitución, se busca establecer la obligación que tienen los partidos políticos de promover y garantizar conforme a la ley, la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres en la vida política de nuestro país, a través de las postulaciones que realicen para puestos de elección popular, incluyendo las municipales. También se propone en la iniciativa, reforma al inciso s) del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de que los partidos políticos garanticen la participación de las mujeres en los puestos de elección popular a nivel municipal, en donde en ningún caso se incluyan más del 70 por ciento de candidaturas propietarias de un mismo género. En su libro Paridad Electoral y Cuotas Femeninas, Alfonso Ruiz afirma: "Las cuotas son necesarias y se justifican, aunque sea temporalmente, si con ellas se logra el objetivo de borrar las diferencias, ya que de lo que se trata al final es que podamos construir una sociedad más igualitaria, en la que la pertenencia a la categoría de hombres o mujeres sea irrelevante para el reparto de los papeles públicos y privados". Señora Presidenta, solicito respetuosamente que la iniciativa se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.