El diputado Isidro Camarillos Zavala: Con su venia, señor Presidente Compañeras y compañeros Diputados. Sin lugar a dudas, una de las conductas que en los últimos años ha venido afectando el desarrollo de la actividad pesquera, lo constituye el pirateo o pesca ilegal de especies como el abulón, la langosta, el camarón, por mencionar sólo algunos, lo que provoca una verdadera anarquía en la industria, una sensible baja en los niveles productivos incluso una serie amenaza de extinción de muchas de las especies que habitan nuestros mares, en acciones que únicamente se pueden traducir como flagrante y continuo atentado a la riqueza nacional, induciendo además en muchas poblaciones pesqueras, trastornos sociales dada la dependencia existente entre las comunidades que se sostienen y viven de la pesca y por consecuencia lógica, de la disponibilidad de los recursos. En tiempos pasados, cuando la disponibilidad de recursos y los niveles de producción eran muy superiores as los actuales, además que le densidad poblacional era inferior, la normatividad pesquera establecía medidas preventivas que significaban rigor para los depredadores o pescadores furtivos, pues la Ley Federal para el Fomento de la Pesca de 1972 en su Artículo 78-Bis, disponía pena corporal de 1 a 8 años de prisión, a los que poseían o adquirieren productos pesqueros para comercializarlos o industrializarlos, sin haber obtenido la documentación que acreditara su procedencia legal, incluso a los que carecían de dicha documentación y los proporcionaban o vendían a terceros y esto se traducía en una definitiva protección, no sólo para los pescadores organizados sino para la existencia, seguridad y desarrollo a nuestras comunidades pesqueras cuyo único medio de vida es y ha sido la pesca. El antecedente de la interrelación: comunidad pesquera y recursos de origen marino, se encuentra en la Ley de Pesca de 1938 que establece lo que hasta antes de la Ley de Pesca de 1992 se denominaba Régimen de Especies Reservadas, categoría jurídica de diversas especies marinas de explotación exclusiva a favor de pescadores ribereños organizados en sociedades cooperativas, régimen, que además de brindar el apoyo necesario para propiciar que las costas del país se fueran poblando. Sin duda, el régimen de especies reservadas, fue el elemento para el arraigo del pescador en las comunidades pesqueras y riberas del país y obedecen a la dependencia, arraigo y esfuerzo, que apoyan al desarrollo social, político y económico, lo que debe de traducirse en reconocerles a los pescadores, derechos estrictos y actuales, que le garanticen su permanencia y desarrollo. Es ampliamente conocido y en conciencia nacional, el significativo desarrollo que han alcanzado las comunidades pesqueras asentadas en las riberas de nuestro país, particularmente las asentadas en la Península de Baja California, y ha sido el corporativismo pesquero nacional, sector preponderante en la creación y desarrollo social y económico de tales asentamientos, que han sabido sostenerse y desarrollarse en la medida de sus posibilidades, logrando elevar el nivel de vida de miles de compatriotas. Las acciones de este sistema de organización social, no sólo se han limitado para proporcionar el mejoramiento para que se agrupan o asocian con estas organizaciones sino que también ha influido como definitivo elemento benéfico, produciendo una repercusión de mejoría a todos los que integran dichas comunidades. Históricamente lo que hace a los pescadores organizados en sociedades cooperativas asentadas en las regiones o campos pesqueros de la Península de Baja California, han sido los que en gran medida han costeado y soportado los costos para la introducción y sostenimiento de servicios públicos comunitarios como son, entre otros, caminos, escuelas, clínicas, instalaciones deportivas, red y distribución de energía eléctrica, con el doble mérito por lo difícil de los accesos a sus respectivos centros de población, circunstancias que indudablemente deben ser tomados muy en cuenta, para garantizar la permanencia y el desarrollo de las referidas comunidades pesqueras. La incontrolable y creciente actividad de pesca ilegal de recursos del mar, cuya actividad no sólo ha afectado a los pescadores organizados como titulares de permisos y concesiones para la explotación pesquera, sino han trastocado las instituciones del propio gobierno, al crearse circunstancias de corrupción de administradores, anarquía, evasión fiscal y desvío de recursos económicos en labores de inspección y vigilancia, que bien podrían destinarse para inversiones sociales. Los diversos agentes que dentro del marco legal y tienen la actividad pesquera, constantemente y ante diversas instancias de gobierno, han propuesto reformas al Código Penal Federal, para que se establezcan medidas que puedan significar rigor para los pescadores furtivos, ya que por una parte actualmente la legislación pesquera sanciona dichos actos sólo con multas, que en muchos de los casos quedan sin ejecución, por incierto del domicilio del infractor o porque en los más de los casos, él mismo no tiene arraigo en las comunidades o lugares donde son sorprendidos. Y por otra parte, el Código Penal Federal establece como delito y sanciona con pena privativa de libertad, a quienes intencionalmente capturan especies de origen marino declaradas en veda, siendo el caso de la ilegal explotación de dichos recursos, se realiza en toda época del año, estando o no declarada la veda, y sin respetar desde luego fallas o medidas oficiales. Si bien es cierto, las últimas reformas a las leyes sancionadoras de pesca ilegal de atentatorias sobre recursos y riqueza nacional, como las ocurridas en el mes de diciembre de 1996, el Congreso de la Unión aprobó reformas y adiciones al Código Penal Federal y a la Ley General de Equilibrio Ecológico, estableciendo delitos en materia ambiental, con las más amplias acepciones en materia forestal, agrícola y de medio ambiente, pasando por alto las justas y constantes demandas del sector pesquero nacional, de adecuar los instrumentos legales consecuentes, para que verdaderamente cumplan con las expectativas y propuestas de control y erradicar la actividad de pesca furtiva. En efecto, se puede concluir con medida de claridad, que no cumplieron las expectativas que en torno a la contundencia y eficiencia debería proporcionar la ley en el combate frontal a la pesca furtiva, toda vez que continúa tipificando como delito sólo cuando es en época de veda, cuando se capturan especies de la flora y fauna, consideradas como endémicas o en peligro en extinción, por lo que la pregunta es, ¿si la piratería sólo ocurre en época de veda o si las especies como el abulón, langosta, etc., son consideradas como raras o en peligros de extinción, o si debemos esperar un decreto que establezca en peligro de extinción para poder actuar en consecuencia? Asimismo y toda vez que para la configuración del delito de actividad de pesca ilegal, en los términos antes citados, requiere de elementos que definitivamente no corresponden a la realidad que se presenta día con día en los hechos. Sugerimos la incorporación a la Ley mediante las reformas o adiciones correspondientes, de elementos específicos que sin transgredir situaciones de orden social protejan y tutelen aquellas especies de cuya disponibilidad signifique la permanencia, estabilidad y desarrollo de comunidades pesqueras. El día 18 de mayo del presente año, el Secretario de SAGARPA manifestaba en entrevista exclusiva: "Esas pequeñas poblaciones del norte de la Península de Baja California, las cuales están organizadas en una muy fuerte federación de sociedades cooperativas y que es la número uno en organización, tienen un reconocimiento mundial en la extracción de abulón, especie única en calidad mundial y la langosta, especies que pertenecen al sector social por mandato de ley y al que la ley debe de proteger sobre todas las demás especies". En consideración a lo anterior, son de justificarse plenamente reformas o adiciones al Código Penal Federal para que se imponga sanción privativa de libertad a quien, en cualquier época capture, posea, transporte o comercialice con especies conocidas como abulón, langosta, camarón, erizo y pepino de mar sin contar con el permiso, concesión o autorización legal para ello, inclusive se establezca como un agravante al hecho de cometer dicha actividad con especies de origen marino declaradas en veda o en peso o talla inferiores al mínimo legal. En la Comisión de Pesca de esta soberanía se encuentran debidamente registrados por varios años, cientos de demandas recogidas en foros que ésta ha sostenido a lo largo y ancho del país, de las conductas denunciadas anteriormente, en consecuencia, pedimos sean endurecidas las penas de los criminales en esta materia. Por lo tanto debemos insertar como delito federal dentro de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el furtivismo del que hablamos en toda la exposición de motivos de este proyecto de reforma penal, y que mediante a la reforma al 420 del Código Penal Federal que planteamos aquí mismo, se modifique el artículo 2 y se añada un párrafo 6º a la Ley Contra la Delincuencia Organizada. En base a todo lo anteriormente expuesto, se propone que las disposiciones legales que actualmente sancionan circunstancias relativas a la pesca ilegal sean más contundentes y precisas y desaparezcan las circunstancias de vacío y desánimo que la actual redacción del artículo 420 del Código Penal Federal provoca y que se entienda de una vez que será el orden y el respeto a la ley el que debe de imperar en la actividad pesquera nacional y no la anarquía y sus repercusiones que a la naturaleza implican. Por todo lo anterior, me permito someter a la elevada consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: Código Penal Federal, artículo 420: "Se impondrá pena de 2 a 9 años de prisión y multa por el equivalente de 1000 a 20 000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de la comisión del delito, a quien sin contar con la autorización, permiso o concesión debidamente expedido por la autoridad competente. Párrafo 2º: "Capture, transforme, acopie, transporte o comercialice con especies conocidas comúnmente como abulón, langosta, camarón, erizo y pepino de mar o cualquier otra sujeta a protección especial". "En los casos cuando la captura, transformación, acopio, transporte o comercialización de las especies a que se refiere esta fracción, se haga en época de veda declarada por la autoridad competente, la pena que corresponda se aumentará en un tercio". Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Artículo 2º: "Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por este solo hecho como miembros de la delincuencia organizada". Párrafo 6º: "Robe, capture, dañe, trafique o posea especies marinas de las señaladas en el artículo 420 del Código Penal Federal". Es todo señor Presidente. Gracias. Por favor publíquese íntegro en el Diario de los Debates. Atentamente diputado Isidro Camarillo Zavala.