El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, honorable asamblea, el objetivo constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mantener incólume el ordenamiento jurídico en nuestro país. El original párrafo tercero del artículo 97 apareció por primera vez en nuestra historia constitucional, en el proyecto constitucional de 1917. Este texto señaló que los comisionados designados serían nombrados para que averiguaran únicamente la conducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación al voto público o algún otro delito castigado por ley federal, cuyo objetivo era preservar las garantías individuales y posteriormente por decreto del 6 de diciembre de 1997, se facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para practicar de oficio averiguaciones sobre hechos violatorios del voto público, cuando estuviera en duda la legalidad de procesos electorales. La pregunta que nos hacemos, averiguar ¿para qué? Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la clave es investigar, pues averiguar por averiguar no tiene sentido, debe de existir un fin, cosa que actualmente no se indica en el precepto constitucional que pretendemos reformar. El primer antecedente constitucional consistió en la averiguación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó practicar con motivo de los acontecimientos en el Puerto de Veracruz los días 24 y 25 de junio de 1879, cuando los marinos se sublevaron en el Puerto de Veracruz en contra del gobierno de la república y el entonces gobernador Luis Mier y Terán ordenó su detención y fusilamiento sin previo juicio. El juez de distrito del estado de Veracruz, Rafael de Zayas Enriquez, fue informado de los acontecimientos; se dirigió al cuarte del batallón 23, encontrándose con el gobernador y habiéndose fusilado ya a nueve personas. Encontró con vida a cuatro, para posteriormente informarle al gobernador que dichas personas quedaban bajo el amparo y protección de la justicia federal. En los últimos dos años y medio, el pleno de la Corte ha votado cuatro informes sobre hechos que presuntamente constituían una grave violación de alguna garantía individual y en ninguno de estos casos ha habido consecuencias para las altas autoridades involucradas. El primer acontecimiento en el que la Suprema Corte hace señalamientos con responsabilidades, es el caso de 17 asesinatos en Aguasblancas, Coyuca de Benitez, en el estado de Guerrero, en donde no sólo hubo violación a las garantías, sino también delitos que perseguir. Fue el expediente 396 relativo a la solicitud del Ejecutivo federal para que la Suprema Corte ejerciera la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional respecto a los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995 en Aguasblancas, municipio de Coyuca de Benitez. Los entonces magistrados comisionados para tan importante investigación fueron los CC Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, quienes en el informe que presentaron al tribunal del pleno, entre otras cosas señalaron lo siguiente, cita textual: Al examinar los antecedentes ya resumidos fácilmente se aprecian, para referir no solamente a los acontecimientos del 28 de junio de 1995, las siguientes violaciones generalizadas y no particulares de las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 6, 8, 9, 11, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a) Violación a la garantía de tránsito, puesto que se detuvo sin orden de autoridad competente a pasajeros que viajaban en camiones de servicio público que transitaban pacíficamente. b) Violación a la garantía de libre expresión puesto que la propia autoridad del estado reconoce que intervenía para que no hubiera acto de protesta contra la presidencia de Atoyac. c) Violación a la libertad personal de los transeúntes puesto que sin orden de aprensión detuvieron a personas y les impidieron desplazarse libremente para atender sus asuntos. d) Finalmente se violaron sus garantías de seguridad, de defensa y de petición y respeto a la vida continúan señalando los ministros comisionados. Por tal motivo, es evidente la responsabilidad de los entonces Gobernador, Procurador General de Justicia y Secretario General de Gobierno, además de los restantes funcionarios consignados, todos ellos del estado de Guerrero, porque actuaron como cultivadores del engaño, la maquinación y la ocultación, con la consecuente violación grave de las garantías antes citadas. Como puede observarse, los ministros comisionados actuaron en el marco del artículo 97 constitucional, razón por la que este Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pretende fortalecer la facultad de investigación de maneras expresa y pueda la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su informe final señalar a los responsables y remitir las actuaciones a las autoridades correspondientes para que éstas resuelvan lo que conforme a derecho corresponda. Presidente, compañeras y compañeros legisladores: el objetivo de la presente iniciativa es reformar el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, para suprimir el vocablo averiguar por investigar, además de suprimir los últimos renglones del artículo a reformar y que en el informe final se incluya y se señalen a los servidores públicos responsables involucrados, porque así lo consideramos, pues el asunto es de trascendencia nacional y es imposible ocultar dicho aspecto. El último caso para señalar es, desafortunadamente, el de la Guardería ABC, donde todavía, a pesar de que existen responsables no se ha procedido legalmente contra ellos. Es cuanto, presidente.