La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Diputadas y diputados. ¿Cuál ha sido el motivo fundamental de las sucesivas reformas electorales que han animado la construcción democrática en México? En nuestra opinión ha sido, sobre todo, arrancarle al presidencialismo, a los poderes fácticos y a la política corrupta el control de los procesos electorales y colocarlos en manos de la ciudadanía, para que la voluntad popular sea respetada. Que fueran las ciudadanas y los ciudadanos los que decidieran con su voto libre e informado el destino de la nación, y no los mapaches electorales. Fue la ciudadanización de los procesos electorales la garantía de una democracia transparente, imparcial, equitativa y plural. Una democracia en la que los votos de los ciudadanos se contaran y contaran. Pese a la resistencia de autoritarismos, de autoritarios de todo signo, la democracia mexicana avanzó en esa dirección. Hoy, parte de este proceso quiere ser torcido, eso es lo que hoy está en juego. El cambio fundamental que pretenden estas reformas legales electorales, aprovechando la justa limitación a los poderes fácticos, es hacer a un lado a la ciudadanía y expropiarle su derecho a decidir. En ese sentido esta reforma es un "salta patras". En estricto es una contrarreforma en letra chiquita, para desandar el espíritu de la reforma constitucional que aprobó hace poco, también con nuestro voto, esta Cámara de Diputados. El espíritu faccioso que animó el nombramiento del IFE, de Ugalde, que fue el origen de su cuestionado y criticado desempeño en las recientes elecciones y la razón por la cual hoy lo estamos desmontando, se pretende cambiar, pero no con el ánimo de retomar el proceso de ciudadanización que fue la esencia de la construcción democrática de México, sino para retomar otro espíritu también faccioso. Una facción más grande, no el consenso que prometía la Ley para la Reforma del Estado, una facción con mayor control sobre sus partidos políticos, una facción, si se quiere tripartita, pero al fin una facción. Por eso estamos en contra de los aspectos fundamentales de esta ley, no por participar en una alianza de sobrevivencia de los partidos emergentes, no por encono personal con promotores personalmente interesados en esta reforma por más filibusteros de la política que nos puedan parecer. Nuestra oposición se funda en principios. Estamos convencidos que la democracia mexicana sólo podrá reconstruirse y consolidarse llevando hasta el fin el proceso de ciudadanización de la política y de la transparencia en las decisiones políticas y de los partidos. Éste es el camino que no se quiere seguir. Esta propuesta de reforma ya votada en el Senado refleja la efectiva falsa de transparencia en los partidos políticos al crear para ellos un régimen de excepción. No establece un proceso de elección para los consejeros del IFE regulado y transparente. No propone el mecanismo claro que mandata la Constitución, de una amplia consulta pública para la elección de los futuros consejeros. No se quiere sostener la imparcialidad, independencia y ciudadanización de los organismos electorales, que es el principio fundamental a tutelar. En cambio, vemos modificaciones a los requisitos de legibilidad de los consejeros electorales, con nombre propio que flexibiliza la ley a contentillo, sin que haya ninguna razón política ni jurídica para ello, y vemos la zanahoria de la reelección para que el consejero presidente, introduciendo un incentivo perverso en la ley para la obsecuencia con la partidocracia, en desmedro de las garantías ciudadanas; no se quiere, ya no digamos la paridad, sino la promoción real de la equidad de género de manera comprometida y congruente con el discurso de esta Cámara. La propuesta es un retroceso con relación a la actual fórmula. Además, debo decirlo, es una vergüenza que esto ocurra cuando la Cámara es presidida por una mujer. No existe el compromiso para cumplir con la demanda ciudadana de abaratar y transparentar el costo de los partidos políticos; por eso el artículo 78 que se nos propone viola la norma constitucional del artículo 41, que establece el tope del 10 por ciento para las aportaciones en dinero privado. Mucho menos existe la voluntad política para realmente plasmar la equidad en el acceso a los medios de comunicación para toda la pluralidad política representada en el Congreso, por eso no se establece que el 30 por ciento de tiempo aire de reparto equitativo deba ser considerado en el mayor horario de audiencia. Finalmente, se limitarán el derecho a la libre asociación política de los partidos por una razón sencilla, quieren ganar en una jugarreta legal lo que no se atreven a disputar en la arena política a los caudillos presidenciales. ¿Por qué en vez de revisar a fondo el criterio para la asignación de diputaciones, para hacerlas genuinamente proporcionales, ofrecen esa distorsión de la cláusula llamada de la vida eterna, que en realidad debería llamarse "la del eterno cochupo". Porqué la razón, porqué se establece un 1 por ciento de votos para partidos que vayan en alianzas y 2 por ciento para los partidos que vayamos solos a las elecciones, si la ley debe constituir igualdad de condiciones de competencia para todos. Aquí se ha querido focalizar el debate de esta reforma, cuando el verdadero debate en sostener o no el proceso de la ciudadanización mexicana, ése es el problema, en distinguir a los verdaderos demócratas de los autoritarios encubiertos; en reconstruir y consolidar la democracia mexicana o propiciar un atajo contrarreformista y saltapatras, para el retorno del viejo régimen antidemocrático. Que quede claro, puestos a elegir entre sistemas de partido y los poderes fácticos, optaremos siempre por el sistema de partidos, pero puestos a elegir entre la desviación partidocrata del sistema de partidos y la ciudadanía, optaremos siempre por la demanda democrática de la ciudadanía. Éstas, y no otras, son las razones de Alternativa para votar en lo general en contra de esta propuesta. Muchas gracias.