El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz: Gracias. Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, la protección de nuestras niñas y niños es uno de los ejes principales de nuestra labor como legisladores. Es además un deber constante la construcción de una mejor sociedad y mejorar la calidad de vida que cada uno de nuestros niños y niñas merecen. No se puede hablar de protección a este sector sin hacer esfuerzos para que su educación no se vea interrumpida y que su vida escolar y aprendizaje estén realmente garantizados por las autoridades educativas. Es por eso que someto a la consideración de todas y todos ustedes la presente iniciativa para coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano encaminadas a garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de nuestras niñas y niños. En este sentido, la presente iniciativa tiene como objeto crear un mecanismo interinstitucional encargado de atender de manera oficiosa los casos de asistencia irregular y abandono en la educación básica. La detección de estas anomalías deberá turnarse a la Procuraduría de Protección o del Menor correspondiente, para su investigación, atención y seguimiento de tales casos. La presente iniciativa tiene sus cimientos en el sistema institucional configurado por la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que instituye la creación de las Procuradurías del Menor o de Protección, y cuyo diseño les otorga la facultad de dar seguimiento a las actividades académicas y al entorno de los educandos. El esquema de atención se incorpora al procedimiento diseñado para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de los niños. El mecanismo propuesto se encuentra bajo un esquema de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública, a través del personal docente y las Procuradurías de Protección, quienes en esencia configuran la institución idónea para la restitución de los derechos de la infancia. No podemos dejar de mencionar que cualquier esfuerzo encaminado a mantener a nuestros niños en las aulas será un dique de las violaciones de sus derechos, tales como el trabajo infantil, la explotación sexual, la violencia familiar, los matrimonios y embarazos en adolescentes. También es mi intención exponer ante esta asamblea una iniciativa que surge de la preocupación por brindar seguridad a la población, por proteger la integridad de cualquiera que necesite auxilio inmediato y de resguardar el adecuado funcionamiento de nuestros servicios de emergencia. Esta iniciativa pretende proteger la operación y la respuesta oportuna de las instituciones de seguridad ante cualquier llamado de la ciudadanía, sancionando las llamadas que denuncian hechos falsos y entorpecen la movilización de Bomberos, Protección Civil, paramédicos, policías y cualquier otra corporación que brinde apoyo ante situaciones de emergencia. Las llamadas falsas o de broma son un hecho que afecta a todas las instituciones de seguridad en el país. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 se registraron 90 millones de llamadas, de las cuales 65 por ciento eran falsas. Estas alertas generan importantes costos cuantificados por instituciones como la Cruz Roja, entre los 3 mil y 40 mil pesos por cada movilización en falso, y más grave aún, propician que dejen de atenderse verdaderas urgencias. Realizar una llamada que movilice en vano los servicios de emergencia puede considerarse por algunos como una conducta inocente sin mayores consecuencias, no obstante, al ser cada vez mayor el número de estas incidencias se pone en riesgo el patrimonio, la salud y hasta la vida de cualquiera que tenga la mala fortuna de no ser atendido a tiempo. No podemos dejar de mencionar, que en ocasiones esta conducta es utilizada por los grupos delictivos para desviar la atención de las autoridades en un punto específico y así cometer delitos graves. El gobierno federal ha unificado esfuerzos en materia de seguridad pública, estableciendo la homologación del servicio de llamadas de emergencia con el número 911. Sin embargo, es nuestro deber contribuir a este esfuerzo con medidas que fortalezcan al Sistema Nacional de Seguridad sancionando esta aberrante conducta. Necesitamos desincentivar esta conducta que vulnera la seguridad de nuestras familias. Es por eso que proponemos, una sanción económica basada en el costo que implica la movilización de unidades en una situación de emergencia, solicitando además que lo recaudado por la ejecución de estas multas se destine al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los estados, siendo en todo momento el fortalecimiento a la seguridad de la población el único objetivo de esta propuesta. Someto a la consideración de ustedes estas dos propuestas, esperando que encuentre su apoyo y agradeciendo de antemano su atención. Es cuanto, diputado presidente.