La diputada Verónica Delgadillo García: Compañeras y compañeros, señoras y señores, el gasto en publicidad oficial, en publicidad gubernamental, se ha convertido en una fuente de derroche de recursos públicos, que más indignan a los mexicanos. Pero también se ha convertido en un medio para comprar voces y para silenciar otras, en un medio para promover la imagen del presidente y para hacer negocios con el dinero de todos los mexicanos. Regular y limitar el gasto en publicidad es una tarea impostergable del Congreso de la Unión y hoy, además, es una exigencia de los mexicanos y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ayer mismo en un fallo histórico le corrigió la plana al PRI y a sus aliados y llamó al Poder Legislativo a corregir sus omisiones, que se remontan al año de 2014. Por eso es que el día de hoy acudimos nuevamente a esta tribuna a presentar, a nombre de millones de mexicanos, la iniciativa para crear la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental. Miren, el gasto en publicidad gubernamental se ha convertido realmente en un problema público, que tenemos que atender, especialmente por tres razones. La primera, porque es una fuente de derroche de los recursos públicos, que parece que está blindada a todo tipo de recortes y también a las contingencias que vive este país. Pareciera que en los recortes del gobierno sí se pueden sacrificar rubros como educación y como salud, pero nunca de publicidad oficial. Como ya lo han señalado organismos de la sociedad civil, como México Evalúa, en lo que va desde sexenio el gobierno federal ha gastado casi 40 mil millones de pesos en hablarnos de un país que no existe. Un millón de pesos por hora. Pero lo peor de esto es que se da en un marco de total ilegalidad, porque se mueve de manera discrecional el dinero público de un rubro a otro, para ampliar sin duda la publicidad oficial. En segundo lugar, lamentablemente en los últimos sexenios se ha intentado utilizar la publicidad gubernamental como un instrumento de control político, mediante el cual se ejerce presión en los medios de comunicación y en los comunicadores, para que dejen de informar, para que dejen de decir la verdad o para que dejen de tratar los temas que realmente le importan a la gente. En tercer lugar, esta publicidad gubernamental, que debería ser esencialmente informativa, se ha convertido en una herramienta de propaganda personalizada, que pasa por alto las instituciones y la misma democracia de nuestro país. Por estos problemas y porque la reforma constitucional de 2014 así lo mandata, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, desde mayo de 2016, presentó una iniciativa para regular la publicidad gubernamental. También lo hizo en su momento el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y han puesto estas propuestas sobre la mesa. En este mismo sentido, las fuerzas que integramos el Frente Ciudadano por México planteamos, desde hace dos meses, que la regulación al gasto en publicidad tenía que ser una de las prioridades para discutir en este periodo legislativo, pero en realidad, como muchas otras prioridades de la agenda pública, como muchas otras prioridades para los mexicanos, el PRI ha decidido mantener en la congeladora esta iniciativa. Por ello, algo que debe quedar claro el día de hoy, es que la Suprema Corte obligó al Congreso de la Unión a legislar en materia de publicidad gubernamental, sí, pero en realidad estábamos obligados a hacerlo desde el 2014, y para decirlo con toda y cada una de sus letras, se trata de una omisión, de un incumplimiento de parte del Poder Legislativo que no es de ayer, que más allá de la importante resolución de la Corte, es una misión de hace tres años que el PRI y su mayoría en el Congreso decidieron permitir. El precio de permitir que el PRI congele este tipo de iniciativas, es que este Congreso pasa la vergüenza de ser un Congreso omiso, de que los mexicanos sigan creyendo que este Congreso no los representa. Hoy ya no puede haber más pretextos para dejar de legislar en materia de publicidad gubernamental. Tenemos que hacerlo en este periodo de sesiones, antes del inicio formal del proceso de elecciones que va a definir el rumbo de nuestro país, y tenemos que hacerlo entiendo que es una responsabilidad institucional y además es una responsabilidad con todos los mexicanos. La propuesta de ley que hoy presentamos, mi compañero Clemente Castañeda, mis compañeros de Movimiento Ciudadano y su servidora, tiene los siguientes planteamientos. Primero. Que se cree un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, con una integración plenamente ciudadana, para garantizar la aplicación de la ley y vigilar, sin duda, su cumplimiento. Este instituto además velará por la plena transparencia en materia de contrataciones y erogaciones en materia de publicidad gubernamental. Entre otras cuestiones a su cargo, el instituto contará con un padrón de medios de comunicación, que serán los posibilitados para celebrar contratos en materia de publicidad gubernamental. Finalmente y de manera relevante proponemos un tope para los gastos de publicidad gubernamental, y aquí quiero compartirles que esto ya sucedió en Jalisco, los diputados ciudadanos impulsamos la Ley de Austeridad en esa identidad y en esa iniciativa logramos reducir los gastos de publicidad, hoy estamos proponiendo que los gastos en publicidad sean equivalentes al 0.15 por ciento del gasto corriente de la dependencia, y que se establezca la prohibición expresa de realizar reasignaciones o ampliaciones presupuestales en el rubro de publicidad gubernamental. De esta manera el gobierno federal solo podría erogar, como máximo, 3 mil millones de pesos anuales en publicidad, sin poder hacer ampliaciones a su antojo ni tener otro tipo de ejercicios con este dinero. Esto representaría dejar de derrochar al menos 5 mil millones de pesos cada año en publicidad del gobierno federal. Señoras y señores, desde Movimiento Ciudadano hacemos un llamado para asumir este tema como un tema de prioridad para este Congreso. Es una prioridad porque se trata de una omisión que realmente es insostenible para el Poder Legislativo. Es una prioridad porque tenemos la obligación de detener el derroche de los recursos públicos, de detener el derroche del dinero de todos los mexicanos. Y porque además es, sin duda, una prioridad para millones de mexicanos. Ojalá que después de 40 mil millones de pesos derrochados en publicidad oficial, después de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después de un gran esfuerzo de muchísimos mexicanos para elevar este tema a la discusión, el PRI y sus aliados en esta Cámara entiendan que ya no pueden congelar esta iniciativa para regular la publicidad oficial. Necesitamos tener un Congreso y diputados que estén a la altura de las exigencias de millones y millones de mexicanos. Es cuanto.