El senador Gabino Cué Monteagudo: Muchas gracias, señora Presidenta. En virtud de que en el punto de acuerdo que he de presentar al Pleno de esta Comisión Permanente guarda algunas diferencias con lo que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria correspondiente, le agradeceré se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que esta intervención sea incluida íntegra en los ajustes que contienen la misma. Compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta Comisión Permanente. Por octava ocasión en lo que va de la actual legislatura subo a ésta, la más alta tribuna de la nación, para exponer la necesidad de darle cauce legal y político definitivo a la grave crisis que azota al estado de Oaxaca. Ocho meses después del inicio de un conflicto político-social, que jamás debió haber alcanzado las peligrosas proporciones que ha atestiguado la nación entera, el ambiente que prevalece en Oaxaca es por demás triste y desconsolador. En muchos centros escolares de la entidad, por ejemplo, los maestros no han podido iniciar clases, a pesar de que el gobierno del estado había ofrecido no patrocinar persecuciones de ninguna especie en contra de los mentores, con la idea de no perjudicar más el ciclo escolar de las niñas y los niños oaxaqueños. En diversas oficinas públicas se sabe el acoso gubernamental en contra de quienes se identifican con los grupos sociales que integran la APPO y en colonias, barrios y agencias municipales de diversos puntos del estado se vive una clara ofensiva contra todo aquel que no comulgue con el actual gobierno. Por otra parte, la economía del estado continúa en declive; muchos comerciantes y empresarios honestos de la capital y varias regiones de la entidad siguen esperando la ayuda que el gobierno ofreció y que no ha llegado. La situación es desesperante para la gran mayoría de los oaxaqueños y, por si eso no fuera suficiente, el gobierno tomó la decisión de criminalizar el movimiento social que su propia torpeza propició; no sólo persiguiendo a los que creen sus contrarios, sino que aplicando la ley del embudo protegiendo y deslindando de toda responsabilidad a quienes se sienten de su lado. Mientras tanto, más de una quincena de muertes, producto de la lucha popular, siguen impunes. De esos delitos no hay responsables, nadie está en la cárcel; al contrario, quienes han pisado el presidio es gente que participó en el movimiento popular. La urgencia de criminalizar la lucha social en Oaxaca, llevó al gobierno al exceso de involucrar a gente que ni siquiera era parte de este movimiento social y popular. Ahora el problema es diferente: la nueva etapa de la crisis política que vivimos en Oaxaca, pasa por la persecución a los defensores de los derechos humanos que han hecho de la mencionada criminalización social, su propia lucha. Eso es algo que no podemos permitir, pues la defensa de los derechos humanos que se hace en Oaxaca no es para descalificar a las instituciones, sino señalar conductas de presuntos servidores públicos que no honran esa denominación. Oaxaca quiere y debe y puede ser un estado de leyes en el que se concilie la justicia con el ejercicio de las garantías individuales y el respeto a los derechos humanos. Un estado unido por la ley e integrado por las oportunidades de superar para todos. Según informes preliminares sobre los hechos ocurridos en Oaxaca, emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones de derechos humanos que no quisiera en este momento sintetizar todos los señalamientos que han hecho, pero han dicho que en Oaxaca se ha hecho un uso indebido de la fuerza pública. Se han dado detenciones arbitrarias, se ha incomunicado a los detenidos, desaparecido a algunas personas, daños, lesiones, amenazas, entre otros. Ante dichos acontecimientos, los observadores internacionales también han constatado que la mayoría de las detenciones se hicieron de manera arbitraria, pues no sólo fueron dirigidas contra integrantes del movimiento social, sino que en la mayoría de los casos se trataba de personas que estaban en la vía pública; incluso había un menor de 17 años. No obstante ello, se ha desatado una guerra sucia contra más de 40 organizaciones civiles de derechos humanos en el estado por la intolerancia, impunidad y autoritarismo que aún permanece en Oaxaca, además de no respetar los derechos y libertades fundamentales que garanticen el pleno desarrollo de su actividad. No quisiera extenderme en mi intervención, pero quisiera, en tanto, decirles, amigas y amigos, compañeras y compañeros legisladores: hacemos un severo reclamo a las diversas instituciones tanto locales como federales, por las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido y que se están cometiendo en el estado de Oaxaca, entre ellas el uso indebido de la fuerza pública, las detenciones arbitrarias, la incomunicación, la desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales. Como oaxaqueño y legislador, levanto la voz ante esta alta tribuna de la nación para que se reconstruya la capacidad del diálogo, entendimiento y convivencia en el estado de Oaxaca. Por lo anterior expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente Proposición con punto de acuerdo Único. Que esta Comisión —la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión— exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad física, sicológica y jurídica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, salvaguardando lo dispuesto por nuestra Carta Magna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos ratificados por México. Es cuanto, señor Presidente. Yo simplemente quisiera —no lo solicité de esa manera, pero por la serie de denuncias, el foro que hubo precisamente el día de ayer aquí en este espacio y muchas notas que han venido saliendo sobre esta persecución— que este punto se considerara de urgente u obvia resolución y que si no hay problema por la Mesa Directiva, se les preguntara a los integrantes de esta Permanente si se considera este tema de urgente u obvia resolución. Por su atención, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, señor Presidente.