El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Continuando el argumento por qué votar en contra, diputadas y diputados, un trabajador puede demandar incapacidad permanente si padece del síndrome de fatiga crónica, puede demandar si padece de fibromialgia, esto es, una manifestación de molestia, de dolor permanente en el cuerpo sin ninguna manifestación física como llagas o alguna manifestación externa en la piel. El asunto es que estas enfermedades están reconocidas en España, no en México. En México, como se ha dicho, el catálogo de enfermedades no se ha actualizado, pero eso no ha sido problema para demandar ante los tribunales la invalidez por enfermedades generadas por situaciones profesionales en el trabajo. La Suprema Corte de Justicia en su Segunda Sala ha establecido los requisitos para acreditar el problema de las enfermedades profesionales o de trabajo. Les repito, el problema no es de que no haya un cauce legal para ello, el problema de ello es la incapacidad legal del trabajador para litigar sus enfermedades de trabajo, para acreditar médicamente que está enfermo por consecuencia de las condiciones y el medio ambiente del trabajo, no porque padezca la enfermedad. Un trabajador de salario mínimo no tiene otra asistencia que el seguro social. El actual seguro social tarda seis meses, cuatro meses en una radiografía, ¿cuánto carajo va a tarar en atender una enfermedad especializada? El trabajador queda indefenso, y es esa indefensión las que nos hace señalar que estamos aprobando una ley que afecta a los trabajadores, una ley que va a permitir un catálogo de enfermedades derivada de la función del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Previsión y Trabajo Social. Avalada por una comisión en la que interviene el propio Ejecutivo federal porque quien la preside es el secretario de Trabajo, el secretario de Salud, el secretario de Gobernación y representantes del patrón y de los trabajadores en un sistema ya caduco de representación de los trabajadores, en un sistema de solución de conflictos no va a tener atención el trabajador. Eso es lo que preocupa. Preocupa porque se ha aprobado una reforma de justicia cotidiana en materia laboral que va a generar tribunales para resolver los conflictos laborales, en donde el trabajador no tendrá la asistencia necesaria ni contará con peritos especializados para acreditar sus enfermedades. Preocupa porque los dejamos en estado de indefensión ante una burocracia que está marcada por la corrupción y la ineficiencia. Ningún sistema de salud va a acreditar que el trabajador fue afectado por su trabajo, a lo más y lo que se hace hoy en día, es el paracetamol para calmar el dolor y que siga trabajando. No se trata de eso, señores, tenemos principios constitucionales. El artículo 123 de la Constitución determina que el Congreso de la Unión sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir las leyes sobre el trabajo, apartado A, fracción XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o el trabajo que ejecuten. Con esta ley evadimos la responsabilidad del empresario, porque será el empresario como parte de esta comisión de salud quien determine qué enfermedades entran o no en este catálogo. Será el empresario el que determine los estándares que deben cubrirse para acreditar esta enfermedad. Debemos cambiar este esquema en beneficio de los trabajadores. Las propuestas que presento en mis reservas tienen ese objetivo. Reserva al artículo 513. Se dice que la Secretaría del Trabajo, previa aprobación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud, aprobará este catálogo. ¿Por qué sujetarlo a una comisión que ya está reventada políticamente? Esta postura tripartita del Estado-patrón-trabajador no funciona en nuestro país, está cargada de corrupción y de tendencia a favorecer a los empresarios. Artículo 514. No se toma en cuenta la determinación judicial para determinar la enfermedad del trabajador. Se propone que la resolución judicial sea tomada en cuenta para este catálogo de enfermedades de los trabajadores. Artículo 515. La Secretaría del Trabajo realizará las investigaciones y estudios necesarios. La Secretaría del Trabajo está llena de burócratas, no de especialistas, no de investigadores, no de médicos. Estamos proponiendo que el catálogo de enfermedades laborales sea elaborado por institutos y centros de investigación, y universidades públicas. Quitemos la parte política en la determinación de la enfermedad del trabajador, que sean los centros de investigación de nuestro país quienes determinen en forma autónoma cuándo se generan enfermedades por la relación laboral. Artículo 515 Bis. En el reglamento deberá establecerse el procedimiento para que los centros de estudio, los centros de investigación de las universidades públicas determinen los procedimientos y los estándares para determinar las enfermedades del trabajo. Artículo segundo transitorio, que viene a terminar con las facultades de este Congreso de aprobar leyes en materia de trabajo y sobre todo en riesgo de trabajo y en salud de los trabajadores. El artículo segundo determina que se tendrán seis meses para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita el listado procedente y una aberración por demás legislativa. Y anticonstitucional, el artículo tercero transitorio, las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes del riesgo del trabajo que se aplican conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, quedarán sin efecto. Con un transitorio derogamos la tabla de enfermedades que establece la Ley Federal del Trabajo. Se establece que quedarán sin efecto a partir de que la Secretaría del Trabajo publique su catálogo. Es absurdo, falta técnica legislativa, falta información, falta compromiso con los trabajadores, falta atender la inequidad que tendrán los juicios laborales ante tribunales jurisdiccionales en donde el trabajador no cuenta con los elementos mínimos para una defensa, ya no igualitaria, sino una defensa equitativa que atienda a su deficiencia económica de contar con estudios médicos, de contar con estudios generados por las instituciones de salud. Estamos ante una simulación, como ha sido la simulación de esta política de implementar una justicia cotidiana favoreciendo a los que más tienen, en contra de los que menos tienen. Es cuanto, señor presidente.