El diputado Santiago González Soto: Compañeros y compañeras diputados y diputadas. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para expresar nuestro apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación y Población, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Esta ley es reglamentaria del artículo 90 constitucional, en el que refiere a la administración pública paraestatal y que está conformada por organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, sociedades nacionales de crédito, entre otras. En la ley se prevé la existencia de órganos de gobierno de carácter colegiado y órganos unipersonales, que son quienes los encabezan. En el caso particular del artículo 21, es una reforma que están en plena concordancia con los acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano y previstos en la Constitución, en materia de no discriminación. Es conveniente tener en cuenta que el artículo 1o, párrafo cinco de nuestra Constitución establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En el texto vigente del artículo 21 de la fracción I, se establece entre los requisitos para ser director general de: fracción I. ser considerado mexicano por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad. Como se advierte, esta disposición es plenamente discriminatoria para las personas que hayan adquirido la ciudadanía mexicana por naturalización, en particular para quienes desde niños han crecido y vivido en México adoptando nuestra idiosincrasia, principios, valores que como nación tenemos, y por distintas razones hay miles de personas que llegaron a nuestro país en busca de asilo, como ocurrió en la guerra civil española o en los golpes de Estado en países latinoamericanos, que llegaron a México y que se han incorporado a todas las actividades de la vida nacional, en las universidades como docentes o investigadores o en cualquier otra actividad. Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor de que se eliminen de los textos legales requisitos que son discriminatorios, más aún, estamos a favor del principio pro persona, que consiste en que las normas jurídicas sean interpretadas de la manera más amplia posible en favor del gobernado. Asimismo, coincidimos con el resto de las reformas planteadas en el dictamen que recae en esta minuta, como al que se prevé en el artículo 19, que establece la incompatibilidad para ser integrante del órgano de gobierno, en especial de la fracción II, al prohibir que cónyuges o personas que tengan parentesco, hasta por cuarto grado civil de los directores generales de alguna entidad paraestatal, puedan ser integrantes del mismo. Y en la fracción IV, para que diputados y senadores en ejercicio de sus funciones puedan participar como integrantes de órganos de gobierno. Compañeros y compañeras de esta Cámara de Diputados, con el dictamen que aprobaremos damos un paso adelante para materializar el principio de igualdad y no discriminación en la vida pública del país. Siempre hemos criticado el trato que se da en otros países del mundo a nuestros connacionales y aquí asumimos una actitud xenófoba en contra de quienes han decidido naturalizarse e integrarse a la vida pública y política de nuestro país. Por estas consideraciones, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, votaremos a favor del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Población. Es cuanto, diputada presidenta.