La diputada Holly Matus Toledo: Con su venia, diputado presidente. En el 2007 el Honorable Congreso de la Unión realizó un esfuerzo conjunto de todos los partidos políticos para lograr, de una u otra manera, aprobar el decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre y entró en vigor al día siguiente. Esta ley tiene por objeto la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas, y posibles víctimas, residentes o trasladadas del territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior. Aunque la misión de la ley de trata es un paso significativo, ésta no se ha traducido en acciones concretas por parte del Ejecutivo federal. La ley de trata señala que las dependencias y las entidades de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo y deberán colaborar en la realización de programas permanentes para prevenir este delito. El segundo artículo transitorio de la ley señala que el Ejecutivo expedirá el reglamento de la ley en un término de 120 días hábiles, el plazo para la emisión de este reglamento venció en la semana del 26 de mayo de 2008. Hasta hoy existen 183 días hábiles de retraso y 260 días naturales en donde no se ha concretizado acción alguna. Respecto al contenido del artículo 10 de la ley, aún no se ha establecido formalmente la Comisión Intersecretarial; solamente hubo una reunión de 15 minutos en donde no se llegó a ningún acuerdo. Es necesario que las acciones puedan ponerse en orden, por parte del Ejecutivo, para que se puedan cumplir con los transitorios establecidos en la ley. Las acciones gubernamentales respecto a este grave fenómeno, después de la emisión de la ley, han sido casi nulas. El Segundo Informe de Gobierno de la actual administración sólo reporta reuniones entre autoridades de México y Estados Unidos, participación en foros, en conferencias, en congresos, pero aun cuando esto no se demerita es claro que no se han establecido acciones concretas de una ley, que fue creada de manera conjunta por todos los partidos políticos en esta Cámara de Diputados. Es urgente que se proceda a la operación de la ley, pues según las cifras establecidas por la Organización de Naciones Unidas, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada a escala mundial. Solamente superado por el tráfico de drogas y de armas produce ganancias anuales por unos 9 mil 500 millones de dólares y al menos 27 millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de explotación laboral, sexual o comercial en los últimos 25 años. En México también sigue siendo un problema grave, puesto que 16 mil menores son sujetos de explotación sexual cada año y 85 mil son usados en actos de pornografía, mientras que en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía, Informática y del Fondo Internacional para la Infancia. Es importante que el trabajo legislativo usado sea materializado por el Ejecutivo y que exista una acción concreta y congruente con los tiempos en los cuales estamos viviendo. El PRD propuso este punto de acuerdo el 21 de octubre de 2008, y el PRI también, a partir de que el senador Mejía González renovó este punto de acuerdo el 14 de enero en la Comisión Permanente. Sin embargo, hasta hoy, las cosas siguen en el limbo y esta Cámara sigue siendo un muro de lamentos. Gracias, por su atención.