La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, la legitimidad de los cambios económicos, políticos y en materia de seguridad que nuestro país ha realizado en los últimos 30 años descansa en la preocupación por ampliar la libertad del individuo y acercar a nuestra sociedad al ideal democrático. En este sentido, hemos visto cómo se desarrollan nuestros marcos normativos en torno a salvaguardar los derechos y capacidades institucionales que nos pueden acercar a los contextos en los que tanto la libertad como el ideal democrático sean una realidad plena. Así, hoy contamos con un robusto cuerpo de leyes que estructuralmente rigen la autonomía entre poderes y fiscalizan el ejercicio de los recursos públicos, transparentan las decisiones y acciones de gobierno y estructuran mecanismos de rendición de cuentas. No obstante este desarrollo jurídico, la realidad pone a prueba los cambios evidenciando nuevas necesidades o áreas de mejora constante. Bajo esta perspectiva, la libertad de expresión y la seguridad para la toma de decisiones en el ámbito público, en la iniciativa privada o en la sociedad civil organizada, ha encontrado mejoras sustanciales en los últimos 10 años, planteadas hoy por las tecnologías de la información. Estas mejoras traducidas en reformas, han reconocido los adelantos tecnológicos en nuestro tiempo y han planteado un esquema de penas a quienes sean encontrados culpables por intervenir comunicaciones e ingresar ilegalmente a equipos de cómputo para copiar, modificar, destruir o propiciar la pérdida de información. Por eso, ésta misma, limitada por las maneras en las que operan los delincuentes en este ámbito, únicamente si el individuo tiene indicios de intervención o violación de su privacidad, puede buscarse el castigo, pero la definición del mismo depende de una gran cantidad de variables como el tiempo, clave para poder rastrear y ubicar con oportunidad al responsable. Aunado a lo anterior, a la privacidad de sus comunicaciones, las empresas de telecomunicaciones no cuentan con las facultades legales para respaldar a los usuarios, esta encuentra un obstáculo importante en la denuncia en el tiempo para poder encontrar indicios de responsabilidad. Aunado a lo anterior, cuando la persona afectada lo encuentra, probablemente ya está siendo sometida a extorsiones. En consecuencia, hemos podido encontrar que a pesar del marco legal la intrusión en cuentas de correo y la intervención en comunicaciones privadas, fijas o móviles, siguen constituyendo una vulnerabilidad para empresas, para instituciones, tomadores de decisiones, ciudadanas y ciudadanos, convirtiéndose en un riesgo para la democracia y una debilidad para nuestra economía. Las consecuencias de esta situación las vemos en el espionaje industrial, en las acciones de la delincuencia organizada para eludir a las autoridades y en las campañas negras que bajo el velo de impunidad no derivan en rendición de cuentas de los involucrados, pero sí deterioran el debate democrático y el prestigio de nuestras instituciones. En este sentido, con respecto al daño de la industria, especialistas nacionales y estudios de constructoras transnacionales han hecho públicas estimaciones que señalan ataques a muchos usuarios de internet entre el 2012 y el 2015 del impacto de espionaje del 26 por ciento. La continuidad de esta alarmante situación propició que el secretario Guajardo Villarreal manifestara a la prensa, en diciembre de 2015, preocupaciones sobre las amenazas latentes. Encontramos casos como los trabajadores de Pemex y CFE, que colaboran por miedo para la delincuencia organizada y que demuestran que existe un espacio en el que, tanto la delincuencia como los delincuentes violentan su privacidad. Si bien el Código Penal, en sus artículos 210, 211 y 211 Bis 7 penalizan la participación directa en los delitos relacionados con el acceso ilícito a los sistemas y equipos de informática, no plantean en un supuesto la información directa y la observación de este tipo de delitos. De este modo, la propuesta que presento ante la soberanía plantea establecer temas para propiciar que cuando las empresas encuentren elementos y se esté realizando una intervención ilícita a comunicaciones privadas, se notifiquen a la autoridad y avisen al usuario titular, afectando el caso que este solicita información al respecto. Por lo anteriormente expuesto, sometemos este decreto para poder reformar y adicionar artículos, del artículo 173 para aplicar a 3 por ciento 80 jornadas de trabajo en favor de la comunidad y no se considere loable ni debidamente los padres, o abran o ingresan a las cuentas de correo electrónico de sus hijos menores de edad, a los tutores respecto a personas que dependan bajo esa responsabilidad. Al mismo tiempo, la infraestructura, telecomunicaciones en edificios, centros comerciales, fraccionamientos, hoteles, o cualquier otro inmueble. Por todo lo anterior, solicitamos que la telefonía, tanto fija como móvil, se informe al usuario sujeto de una intervención con orden de autoridad judicial que pueda ser. Gracias, señor presidente. Y entrego completo el texto para ser incluido en el texto de los debates. Gracias.