La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Con la venia, presidenta. Las y los diputados de mi partido compartimos la indignación e impotencia ciudadana por los terribles delitos cometidos sistemáticamente en contra de miles de mujeres y niñas. Ser mujer en nuestro país supone un proceso de lucha constante por el respeto de nuestros derechos, por salvaguardar nuestra integridad e incluso por la preservación de nuestras vidas. Desafortunadamente todos los días nos enteramos de trágicos finales que han tenido niñas y mujeres maltratadas, violentadas, ultrajadas y asesinadas de manera atroz y brutalmente. Nuestros derechos no son respetados y la violencia que vivimos lamentablemente se ha normalizado o socialmente aceptado. No podemos cerrar los ojos ni debemos intentar negar la terrible realidad que las mujeres mexicanas vivimos. No es momento para lucrar con el dolor de las víctimas, pero sí de hacer un balance crítico de nuestras acciones y las del gobierno para detener este grave problema social. Las autoridades no deben esconderse en la sombra del pasado para ocultar las negligencias que revictimizan y hieren a las familias de miles de mujeres de México. En el Congreso de la Unión la situación actual nos obliga a trabajar desde la trinchera legislativa para mejorar el marco jurídico que proteja a mujeres y hombres por igual. Diputadas y diputados debemos dar el ejemplo y ser los principales promotores de la igualdad de género y de la protección de las mujeres. La violencia feminicida es producto de una violación sistemática de los derechos humanos. Atenta contra la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y arrebata la vida. En esencia, es un crimen en contra de las raíces sociales y de la sana convivencia entre mujeres y hombres, y ha sido calificada como una epidemia. Desgraciadamente las cifras son aterrantes, este fenómeno ha incrementado un 135 por ciento frente a otros delitos. Para ponerlo en perspectiva, en México mueren en promedio 3 mujeres por feminicidio según datos oficiales, pero las organizaciones nacionales e internacionales estiman las cifras en 10 feminicidios al día. Esto evidencia que ni siquiera hay una estandarización de las estadísticas en esta materia. Una vez más queda claro que el combate a estos crímenes demanda la participación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno. La violencia feminicida no es un fenómeno aislado, es un problema sistemático que lacera y vulnera los derechos humanos de las mujeres en todo el país. En el Grupo Parlamentario del PRI apoyamos todas las iniciativas que buscan construir una vida libre de violencia para las mujeres, y lograr una verdadera transformación para la sociedad. Hemos acompañado la transformación de los contenidos del sistema educativo nacional, para que se agregue una perspectiva de género en todos los niveles educativos y así eliminar la violencia y discriminación por motivos de género. Nos opusimos, junto con otras fuerzas políticas, a la constante disminución de los presupuestos que favorecen las actividades de las mujeres. Estamos en contra de la desaparición de los refugios para mujeres maltratadas. Propusimos mayores presupuestos para los programas que apoyan las labores cotidianas de las mujeres, como las guarderías para madres trabajadoras, sin embargo, debemos de reconocer que los avances en el ámbito legislativo no han tenido repercusiones en la vida cotidiana de millones de mujeres que son violentadas en cada uno de sus espacios cotidianos. Hoy urge que las políticas públicas de este gobierno comiencen a dar cuenta de un cambio de rumbo en la manera como se respeta y valora la participación femenina en el desarrollo del país. La violencia de género no es un problema que pertenece a la esfera privada, es el rasgo mayor de una sociedad desigual, en donde los victimarios abusan de las mujeres por solo el hecho de ser mujeres, por considerarlas carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión; prácticamente subhumanas. En México ya no podemos permitir esto. Compañeras y compañeros diputados, exigimos a todas las autoridades responsables que se haga justicia, sin excusas ni pretextos y que se aplique todo el peso de la ley a quienes resulten culpables de estos delitos. A pesar de que más del 80 por ciento del territorio nacional ha solicitado ser inscrito en la Alerta de violencia de Género, únicamente está activa en 295 municipios de 18 estados. Debemos revisar puntualmente el proceso de aplicación de sus recursos. Si los resultados son ineficientes, debemos de ajustar su implementación. El primer paso es garantizar un fondo más amplio que sea suficiente y permanente. Queda claro que tenemos que trabajar en la eficacia de los operadores de la justicia, que se deje de conmutarnos de víctimas del delito, a culpables de los delitos. Queremos y necesitamos instituciones que nos provean no solo justicia, sino también credibilidad. Exigimos congruencia de las autoridades para que no ignoren este problema y desacrediten a quienes exigen poner un alto a la violencia feminicida. Les recordamos que su movimiento fue resultado de la protesta social. Es cuanto.