La diputada Guillermina López Balbuena: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Nuestro país ocupa el primer lugar en el número de secuestros a nivel mundial; el segundo lugar es Irak, según datos de María Amor, coordinadora para Latinoamérica de Cavalli Pax Christi, que es un movimiento de paz internacional que trabaja en zonas de conflicto. Este dato refleja claramente lo que hemos estado observando durante este 2008: matanzas, secuestros, extorsiones telefónicas, sin olvidar que este último fue presenciado por el propio seno del Congreso el año pasado, así como inseguridad en casi todas las ciudades de nuestro país, especialmente en grandes capitales y la frontera norte, mortificando a millones de mexicanos sin que exista por parte de las autoridades, tanto federales como estatales, una visión clara de hacia dónde se debe ir para solucionar esta profunda crisis. Sólo durante 2008 se han registrado 10 mil intentos de ilícitos, mensajes de texto por teléfono celular y 7 mil llamadas a teléfonos móviles e intentos de secuestro y extorsión, según datos del subsecretario de Comunicaciones y Transportes. Al inicio de su administración el Presidente Calderón reconoció la gravedad de la situación manifestando que ésta se había complicado entre 2005 y 2006, llegando a límites nunca antes vistos, en que los descabezamientos ajustamientos y batallas campales, en las calles del país, se fueron convirtiendo en un hecho cotidiano. Como ejemplo, en los últimos meses hemos observado cómo se han incrementado las ejecuciones brutales y arteras en contra de los artistas y jefes policíacos, personajes de la política, sea federal o estatal. Esto nos indica que el narcotráfico y la delincuencia organizada continúan aumentando en todo el territorio nacional, convirtiéndose en el promotor de toda la delincuencia a través de cientos de miles de jóvenes adictos que están dispuestos a convertirse en asaltantes, ladrones, extorsionadores y matones, golpeando de esta manera a toda la sociedad, sin que exista un control sobre ellos por parte de las autoridades, y mucho menos sean detectados por los instrumentos de seguridad e inteligencia con que cuente nuestro país. Señoras y señores legisladores, por muchos analistas sociales, la pobreza no es sinónimo de delincuencia, sino de la errática aplicación de una política social, pero la pobreza muchas veces es similar a la marginación social si favorece actos delictivos como robos, secuestros, crímenes organizados o subversión, los que nos lleva a expresar que la fuerza del gobierno federal, en esta lucha frontal, no está ofreciendo resultados importantes, ya que no se están tomando las medidas necesarias en cuanto a la política social. Los modelos económicos adoptados han generado mayor desigualdad entre grupos sociales, regiones geográficas y sectores productivos. Principalmente en lugares donde el narcomenudeo o la siembra de enervantes habían eliminado las necesidades económicas de la población ante la falta de programas sociales que les permite una forma de vida digna. Aunando a ello, sabemos que los recursos económicos son de suma importancia para el combate a la delincuencia, sin embargo, los datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad expresan que los presupuestos se han incrementado cuatro veces en términos reales, pero los índices criminales no han bajado, al contrario, se han incrementado. Lo que nos lleva a reflexionar que el tema está centrado en la forma en la que se ejercen los recursos y los resultados obtenidos. Señores legisladores, de nada servirán los recursos si se continúan aplicando medidas que atacan consecuencias y no causas. Compañeras y compañeros, en tanto no se ponga en orden este problema, jamás habremos de resolverlo sino que seguirá incrementándose, pero sin dejar pasar, por un lado, las palabras del propio presidente Felipe Calderón. Reconociendo que el narcotráfico ya se había infiltrado en la política, los hechos de policías corruptos son todavía mayores, asfixiantes y progresivos. Todos sabemos que existen autoridades de los diferentes niveles de gobierno que se coluden o encubren a los delincuentes, permitiéndoles que se adueñen de las calles y de la vida cotidiana de la sociedad mexicana. Mientras no pongamos orden a esas autoridades, policías y sus mandos que tienen conocimiento de todos los delitos, que se presenten en sus respectivas zonas, conociendo la identificación de los delincuentes que los comenten, estaremos encubriendo el control de las responsabilidades de las autoridades y de los cuerpos policíacos. Hoy en día está claro que para millones de ciudadanos, para miles que han sido víctimas de la delincuencia, para muchos que están hartos de promesas partidistas y pleitos por el poder, es que vivamos en un país con crisis social en todos los niveles. Si bien es oportuno recordar que en días pasados, los representantes de los tres Poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal, sindicatos, representantes de la iglesia, empresarios, organismos civiles y medios de comunicación, acordaron trabajar juntos por reestructurar y reconstruir el sistema de justicia. Pero también es oportuno recordarle al presidente Calderón, que el 1 de julio de 2004, en una forma de responder a la multitudinaria Marcha contra la Inseguridad, el ex presidente Fox convocó a la décima sexta reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde se propusieron 10 acciones contra el crimen. Entre las acciones que se pusieron en marcha fueron: operar un sistema federal de atención a víctimas del delito, un incremento presupuestal en 2005 para las actividades de seguridad, tiempo del Estado en los medios de comunicación para realizar campañas a favor de una cultura de la legalidad, la prevención y la denuncia, así como mejores mecanismos de coordinación con los gobiernos locales. Sin embargo han pasado cuatro años de aquella reunión y la crisis continúa. Asimismo, hay que tener memoria que el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, López Obrador, catalogó a la marcha como una marcha realizada por gente popis, expresando que era un complot contra su gobierno. Ahora sólo esperamos que esta administración sí ponga énfasis en combatir la delincuencia y no tengamos que esperar a que vuelva a suceder un acontecimiento que provoque una profunda consternación y cimbre las fibras más frágiles de la sociedad. Es de recordar que el actual gobierno reacciona por el lamentable fallecimiento del niño Fernando Martí. Pero hay que recordarle al presidente Calderón que, a lo largo de su gobierno han sido secuestrados y muertos miles de mexicanos. Por tal motivo, señora presidenta, le solicito instruir a la asamblea a guardar en este momento un minuto de silencio por los miles de mexicanos que han fallecido por la delincuencia en nuestro país.