La diputada Aracely Escalante Jasso: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La naturaleza de la democracia es el diálogo, la negociación y el logro de acuerdos para impulsar las reformas y las políticas que atiendan las necesidades de nuestro desarrollo. Una buena política impulsa también a las áreas sociales y económicas. En consecuencia, una mala política crea conflicto, falta de entendimiento, confusión e impide la posibilidad de acuerdos. En este sentido, el informe de gobierno presentado por el Ejecutivo federal en materia de política interior, debe ser evaluado en dos dimensiones: por lo que dice y por lo que deja de decir. Llama de manera particular la atención, al Grupo Parlamentario del PRI, la omisión en este II Informe, sobre los problemas y tensiones que se viven en distintas partes del país. La ausencia de perspectiva, reflexión y propuesta en materia de gobernabilidad nos deja en incertidumbre, toda vez que genera vacíos inaceptables. En este sentido me parece oportuno, para recordarle, que la legitimidad es un componente esencial de la gobernabilidad democrática. Tiene su fundamento no sólo en la legalidad política y el respeto a los derechos, sino que también depende de la capacidad específica y rendimiento de los diversos actores, responsables del ejercicio del poder público que logran el consentimiento, apoyo y aceptación de parte de la ciudadanía. Todo parece indicar que nada podemos esperar de este espacio de diálogo y acuerdo, que debe de ser el gobierno federal. Conforme avanza el sexenio es cada vez más evidente que la inestabilidad política que vive el país, en varias regiones y a nivel nacional, rebasa sus capacidades. ¿Cómo reconstruir la relación entre poderes y dar cauce a reformas mínimas para que los próximos años tengan un mejor marco político si la única respuesta del gobierno es la evasión de su responsabilidad constitucional? Lejos de un cambio que mire hacia delante, vivimos una peligrosa regresión donde los ciudadanos no son dignos de respeto, y atención institucional. El grupo parlamentario del PRI no puede dejar de señalar con solvencia moral, la limitación argumentativa y de capacidad para mostrar un panorama que ofrezca aliento a los mexicanos en la solución de los graves problemas que vivimos. La percepción es que vivimos en un régimen republicano que crecientemente se deteriora, al tiempo que nos acercamos a un extremo de inseguridad, ilegalidad, incertidumbre y enfrentamientos sociales. La anarquía identifica mejor nuestra realidad, en vez de que lo hiciera el estado de derecho y el orden constitucional. A pesar de que en todas las voces existe unanimidad sobre la necesidad de reformar el Estado para hacerlo más democrático, eficiente, eficaz y orientado al ciudadano, en realidad pasa todo lo contrario. Es obvio que el aparato gubernamental debería de ser más ágil, flexible y eficiente, además de más responsable delante de la sociedad. Es evidente la necesidad de impulsar una cultura democrática que permita reconstruir una comunidad nacional que comparta identidad y que incluya a todos los ciudadanos, en el proceso político y económico. Es imperante la reducción de las desigualdades entre los ciudadanos. La Secretaría de Gobernación debería de redefinir, para sí, el propio concepto de Estado, para ubicar el ámbito administrativo en el interior de la problemática de la distribución y ejercicio del poder político. Sólo así dejarán de ver la reforma del Estado como una mera alteración del organigrama del gobierno, para poderlo ubicar como un cambio en las relaciones entre diferentes actores y agentes políticos, económicos y sociales. En términos concretos, tales transformaciones requieren cambios en las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los agentes económicos productores, los ciudadanos y los grupos sociales, que den paso a lo que por muchos años hemos denominado "un nuevo pacto social". La brecha del desarrollo se encuentra en la mala gobernabilidad. La consecuencia se ve en los bajos niveles de cultura de la legalidad, en la supervivencia del clientelismo que consigue en muchos casos hacer del voto, no el ejercicio de una libertad, sino la transacción de un activo. El corporativismo, la convivencia ilegítima entre negocios y política, lo cual delata una estructura institucional rodeada de una gran opacidad. El balance de este II Informe es motivo de desaliento y preocupación, lacera al pueblo de México, impide el desarrollo de las nuevas generaciones y fractura a la sociedad. Sin embargo estamos obligados a señalarlo, porque de otra manera seríamos cómplices de los errores que se cometen