El diputado Antonio Xavier López Adame: Compañeras y compañeros legisladores. El contrato de obra pública pertenece al género de los contratos administrativos. Tiene por objeto la consecución de un trabajo, la prestación de un servicio consistente en una obra material sobre bienes muebles e inmuebles, con la finalidad de satisfacer intereses colectivos. El valor real de estas obras públicas representa una parte fundamental del patrimonio nacional, al depender de la relación entre los recursos invertidos y los beneficios obtenidos, entre los cuales podemos incluir la recuperación de ambientes que pudieran resultar significativamente afectados. Por ello, estimamos relevante la inclusión en las bases de licitación de obras públicas las medidas de mitigación de daños ambientales para la realización de estas obras, como uno de los requisitos para poder entrar en el concurso correspondiente. La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se expidió buscando promover una relación equitativa entre el sector público como contratante y responsable de aplicar los recursos; y los profesionistas encargados de evaluar, proyectar o construir las obras públicas; aun y cuando este ordenamiento no señala de manera expresa que la finalidad de las mismas es la satisfacción directa de las necesidades públicas, el hacer una interpretación en este sentido nos permite llegar a la conclusión de que su realización deberá evitar el dañar significativamente los recursos naturales y los ecosistemas en los cuales se desarrollan estas obras. Cabe mencionar que consideramos que el espíritu de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no está reñido con el del cuidado de los recursos naturales, ya que dicha ley tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, contratación, gasto y ejecución de las obras públicas y una utilización sustentable de los recursos naturales, supone también la existencia de un proceso de planeación que prevea los impactos ambientales de las obras o actividades a desarrollarse. Asimismo, tenemos la posibilidad de generar beneficios económicos para los licitantes, quienes pudieran recuperar una parte de las inversiones mediante el pago de algún servicio ambiental que pudiera derivarse de las obras de mitigación, previstas en las bases de licitación que presentaren. Consideramos, pues, que con la incorporación de las medidas de mitigación de daños ambientales en las bases de licitación de la obra pública, estaremos creando un marco de mayor certeza jurídica al disminuir el grado de vulnerabilidad con que se generará la realización de estas obras, permitiendo, por un lado, aumentar nuestra capacidad de respuesta ante emergencias y contingencias y por el otro, tener obras públicas cuyo impacto en términos de deterioro ambiental sea menor. Con esta iniciativa lo que pretendemos es generar ya una cultura en el sector privado y en el sector de construcción, para tomar en cuenta los impactos ambientales de las obras públicas sobre las que pudieran estar licitando. Por lo anteriormente expuesto y de manera muy breve, señor Presidente, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a la consideración del Pleno esta iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 2, 8, 9, 15, 22, 27, 28, 31 y 74 y se adiciona una nueva fracción XXIII, viniendo la actual a ser la XXIV del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Señor Presidente, ya hice entrega de la iniciativa y solicito sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, gracias.