La diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, estimada presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Inicio mi intervención agradeciendo el compromiso y disposición de las y los legisladores integrantes de la Primero Comisión para lograr en un corto periodo la aprobación de cinco proposiciones con punto de acuerdo que atienden temas sensibles para todas y todos los mexicanos. Ese fue uno de los ejes que orientó los trabajos de esta comisión. A todas ellas, desde aquí, mi respeto y agradecimiento. Durante los trabajos de esta Primera Comisión prevaleció en todo momento la disposición por construir acuerdos. Tuvimos oportunidad, al mismo tiempo, de enriquecer nuestras visiones y criterios de avanzar respetando las diferentes posiciones y, por supuesto, tratando de buscar aquellas coincidencias. La pandemia nos ha restado tiempo en nuestros trabajos, pero la LXV Legislatura aún es joven y estoy segura de que podremos generando consensos para realizar e impulsar las reformas legales e institucionales necesarias para mejorar el bienestar de las familias mexicanas y enfrentar las problemáticas que siguen lacerando a muchos y muchas mexicanas en diversas regiones del país. En lo particular identifico como un reto para el inicio de los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones la atención de temas sensibles, que fueron planteados en las proposiciones de punto de acuerdo que tienen, entre otras virtudes, recoger problemáticas identificadas a nivel nacional, así como aquellas recuperadas de localidades, municipios y entidades federativas en nuestro territorio. Los temas planteados en los dictámenes a su consideración esta tarde tienen por objeto impulsar y, en su caso, fortalecer acciones para atender las siguientes problemáticas. Primero. Precisamente hoy, en un día naranja, el acoso sexual en espacios públicos y privados, con especial atención para la protección de mujeres y niños. Segundo. Fortalecer el Programa Nacional de Empleo, con la finalidad de garantizar el derecho a un trabajo digno y el libre desarrollo de las personas, así como promover acciones para impulsar la contratación de personas con discapacidad. Tercero. Fortalecer las acciones para garantizar la integridad, la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas en retorno, así como de cualquier persona migrante en tránsito por el territorio nacional. Cuarto. Reforzar las estrategias y políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres en el estado de Jalisco, derivado del aumento de los casos de feminicidio en esa entidad. Y finalmente, la reorientación e implementación de nuevas acciones para garantizar la seguridad pública en el estado de Morelos, ante el incremento de las conductas delictivas en esa entidad. En los dictámenes que se ponen a consideración de esta Comisión Permanente se reconocen los esfuerzos institucionales que se vienen realizando, sin embargo, se estima que han sido insuficientes para terminar con la violencia hacia las mujeres, para mejorar el bienestar de las personas trabajadoras con discapacidad, para garantizar la seguridad y derechos humanos de los migrantes, tanto nacionales en retorno, como de cualquier persona migrante en tránsito por el territorio nacional. Por supuesto, también en relación a cómo exhortar al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y sus homólogos de las entidades federativas, para que laboren, implementen o, en su caso, fortalezcan las acciones de prevención, atención y sanción en la materia. La comisión tuvo presente que, de acuerdo con resultados preliminares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sobre la atención de la violencia sexual en México, prevalecen niveles elevados de impunidad de los delitos de carácter sexual, resultando en diversas causas, entre las que se encuentran la cultura que culpabiliza a las víctimas y que normaliza las conductas como del lenocinio, el acoso y el hostigamiento sexual. La desconfianza de las victimas hacia los operadores del sistema de justicia penal, la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, incluso el maltrato de algunas autoridades a las víctimas, con frecuencia carentes de enfoques psicosocial, de género, diferencial y especializado, así como de derechos humanos. Con relación al dictamen por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal para que, en el ámbito de sus facultades y con respecto a la soberanía de las entidades federativas, analice la viabilidad de fortalecer, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024, la finalidad es garantizar el derecho a un trabajo digno y al libre desarrollo de las personas. Esta comisión reiteró que es obligación del Estado propiciar, en colaboración con los sectores productivos privados, la igualdad de oportunidades para todas las personas, especialmente para quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como son los adultos mayores, personas con discapacidad, personas que aún sufren discriminación. Coincidimos en que la igualdad de oportunidades debe permitir, tanto la superación como el desarrollo del nivel de vida de las personas y de los grupos más vulnerables. Estas oportunidades deben incluir el acceso al trabajo, acorde con sus necesidades. La situación de estos grupos, compañeras y compañeros legisladores, demanda acciones integrales que les permita llevar a una vida digna y con mejores posibilidades de bienestar. Con relación al dictamen por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezca la coordinación con otras dependencias del gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas en los programas y acciones para garantizar la integridad, la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes de manera prioritaria durante los periodos en donde se identifica una mayor afluencia. Esta comisión sostiene que los trabajadores migrantes mexicanos merecen el mayor de los reconocimientos por parte de las autoridades mexicanas, de los representantes populares y de la sociedad en su conjunto en los ámbitos comunitarios, municipales, estatales y nacionales, pues en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de sus familias y con grandes sacrificios enriquecen la cultura, impulsan el bienestar de sus familias, generan empleo y activan las economías locales que se vuelven motor de crecimiento regional y estatal. Debemos atenderlos, debemos resguardarlos y, por supuesto, reconocerlos. Por estas consideraciones, entre otras, se consideró viable visibilizar como sujeto de protección a las personas migrantes extranjeras en tránsito por el territorio nacional, teniendo presente el mandato dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que todas las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Con relación al dictamen por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a desarrollar, implementar y reforzar las estrategias y políticas públicas pertinentes que garanticen la seguridad de las mujeres, lo anterior derivado del aumento de casos de feminicidios en esa entidad. Esta comisión tiene presente que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ha sido identificado como un asunto prioritario en los sistemas de protección de los derechos humanos a nivel regional e internacional. Desafortunadamente, las diferentes formas de violencia hacia la mujer siguen incrementándose de manera alarmante, por lo que resulta necesario redoblar esfuerzo para la atención en esta materia. La violencia contra las mujeres, señoras y señores legisladores, es un problema público y prevalente, porque resulta urgente implementar acciones y políticas públicas estatales para lograr su prevención. Finalmente, con relación al dictamen por el que se exhorta al gobernador del estado de Morelos para que en cubrimiento de sus responsabilidades revise y, en su caso, modifique o establezca nuevas acciones, planes, programas y políticas públicas con el objetivo de garantizar la seguridad pública, así como la pronta y eficaz persecución de los ilícitos en el estado de Morelos ante el incremento de diversas conductas delictivas. Esta comisión estima que no obstante las reformas legales institucionales impulsadas en los últimos 10 años, entre otras, la creación de la Guardia Nacional, a partir de las reformas aún hay muchas cosas que deben mejorarse y se tienen que multiplicar las acciones en la materia. De acuerdo con el programa sectorial de seguridad pública de Morelos, desde una perspectiva comparada, Morelos se encuentra dentro de los estados que presentan mayor incidencia delictiva. La tasa en aquella entidad por cada 100 mil habitantes que se registró en 2018 ubicó al estado en el lugar número 7 del contexto nacional. Por todas estas consideraciones, solicito a quienes integran esta Comisión Permanente su voto a favor de los dictámenes enunciados, que atienden, insisto, diversos temas sensibles, con la convicción de que son punto de partida para coincidir en torno a temas sensibles del país. Cierta, además, que dentro de las coincidencias también habrá muchas más diferencias que tendremos que sobrellevar y que tendremos que equiparar para hacer posible que México siga avanzando en los temas que al país y a todos y a todos nos competen. Muchas gracias, presidenta. Están a consideración los cinco dictámenes. La presidenta senadora Olga Sánchez Cordero Dávila: Muchísimas gracias, diputada. El diputado Sandoval pide el uso de la palabra. Adelante. ¿Con qué objeto, diputado?