El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy los mexicanos conmemoramos el 22 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Esta Constitución es la expresión jurídica del nuevo pacto social que resulta del proceso revolucionario iniciado en 1910, en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y hasta 1916 por la guerra de fracciones. Más allá de los aspectos formales que se contienen en nuestra Constitución como lo son la división de poderes, el Estado Federal, el municipio libre, las garantías individuales y el juicio de amparo, entre otros. Hay que destacar que nuestra Constitución es la primera en el mundo en incorporar en su texto las denominadas garantías sociales como un reconocimiento de la existencia de la división de clases sociales de la sociedad mexicana. No es gratuito que hayan establecido en el artículo 27 los derechos de los campesinos; en el artículo 123 los derechos de los obreros. Ambos grupos fueron determinantes en el triunfo armado en contra de la dictadura de Díaz y del gobierno espurio de Victoriano Huerta. Es imprescindible mencionar que también en el artículo 27 se estableció la propiedad originaria en la nación sobre los recursos del subsuelo, y que, a partir de ella, se constituye la propiedad pública, social y privada. Éste es un aspecto para recordar que sin la visión patriótica de un número importante de diputados constituyentes, al redactar el artículo 27 no hubiera sido posible que en 1958, el presidente Cárdenas recuperara para la nación los recursos del subsuelo, en particular, el petróleo. Las disposiciones de este artículo 27 en relación con los artículos 25, 26, 28 otorgan al Estado la rectoría económica del desarrollo subnacional. El Estado mexicano cuenta con los instrumentos constitucionales y de la legislación secundaria para ser un activo promotor de la economía. En tiempos de la crisis económica por la que atravesamos es necesario que el gobierno asuma una decidida participación en la rectoría y desarrollo de la economía, ya que ha quedado demostrado que a los agentes económicos privados únicamente les importan las utilidades y no el mantener la planta productiva en funcionamiento. Por ello, el Estado mexicano debe aprovechar sus facultades de incidir sobre la economía para mantener el empleo de los mexicanos, fortalecer las cadenas productivas y asegurar un mercado interno competitivo. Con la implementación en el modelo neoliberal en México se ha violentado a nuestra Constitución con algunas reformas que han sido contrarreformas, y en otras ocasiones, con una violación permanente y flagrante de nuestra Carta Magna. Nuestra Constitución contiene un sistema de democracia representativa, en donde la participación del pueblo se limita sólo a elegir a quienes le representan en las Cámaras del Congreso y a quien sea presidente de la república. El artículo 39 de nuestra norma fundamental establece que el pueblo es el titular de la soberanía y que el pueblo es quien, en todo tiempo, tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. No obstante, actualmente, sólo le toca elegir a sus gobernantes. Por esta razón, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que es necesario que la sociedad mexicana transite hacia un nuevo estado de ejercicio democrático. Es necesario democratizar a nuestra sociedad y redistribuir al pueblo la capacidad de control sobre quienes ejercen la función pública. Es necesario establecer en el texto constitucional las figuras de democracia participativa, como lo son: la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, la afirmativa ficta, entre otras, que permitan que el pueblo sea un activo protagonista del gobierno. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, como resultado de la Guerra de Reforma de 1857-1860 el Estado mexicano es laico. Por tanto, no tiene ni impone ningún credo religioso a la sociedad, en pleno ejercicio de la libertad de conciencia garantizada por la Constitución. Los mexicanos deciden tener o no algún credo religioso. Éste es un valor distintivo del Estado mexicano, mismo que no debe verse afectado por el credo religioso de quienes temporalmente ocupan un cargo público. La sociedad mexicana, para perfeccionar su sistema democrático, debe superar la igualdad formal prevista en las leyes y transitar hacia la igualdad material. Hoy día, indígenas, personas con capacidades diferentes, mujeres, entre otros grupos vulnerables, no pueden ejercer una igualdad material en la sociedad. Por ello, la democracia debe transitar del aspecto puramente electoral a los ámbitos laboral, educativo, económico y familiar. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hoy hace 92 años en la ciudad de Querétaro fue promulgada la Constitución que nos rige. Ella misma dispone en su artículo 135 el procedimiento para su reforma y actualización a las nuevas necesidades del México del siglo XXI. Sin embargo, hay decisiones políticas fundamentales que no pueden conculcar bajo el riesgo de debilitar al Estado y ponerlo en una situación de desventaja frente a los poderes fácticos. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se opondrá a todo intento de privatización de la riqueza petrolera que es patrimonio de todos los mexicanos. Se opondrá a todo intento de conculcar los derechos de los trabajadores, contenidos en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. Al lado del pueblo y por las próximas generaciones de mexicanos, sabremos defender la riqueza de la nación. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ante la crisis económica y política que estamos viviendo, actuemos inspirados en nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Viva el Frente Amplio Progresista. Viva el movimiento en defensa de la economía familiar, el petróleo y la soberanía nacional. Viva nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador.