La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Diputadas y diputados, la política interior en la actualidad está desatinada, está además fuera del contexto de lo que debería ser la política interior, que es velar por el bien común de los habitantes de un Estado. Lo dijimos el año pasado y hoy lo reiteramos, el gobierno federal no reconoce la crisis de confianza y legitimidad, sino todo lo contrario, cada día le abona más. Durante este año han estado peor, porque pasaron de la Casa Blanca a la estafa maestra y al paso exprés de manera exprés. Temas altamente sensibles para la sociedad mexicana, como el combate a la corrupción y el respeto y garantía de los derechos humanos, no son una prioridad para el gobierno que encabeza Peña Nieto. En el marco del combate a la corrupción los mexicanos nos seguimos sorprendiendo con las noticias que muestran cómo, desde el poder público, se tejen redes de intereses cuyo fin fundamental es saquear la riqueza pública. El tema de la estafa maestra no es más que una muestra de cómo muchos de los integrantes del gobierno conciben el servicio público como un medio en donde los problemas del país no les interesan. La grave desigualdad económica en la que viven millones de mexicanos son solamente riqueza para ellos. Hoy vemos con preocupación cómo el esquema de saqueo de los recursos del erario público ya se ha convertido en un modus operandi, que abarca a prácticamente todas las instituciones del gobierno, incluso el esquema que utilizó el PRI en las elecciones en 2012 y que no fue castigado. La política interior no está dirigida a combatir las prácticas corruptas, la Secretaría de la Función Pública no actúa y la Procuraduría General de la República está pasmada y se queda quieta ante los casos de corrupción. Lo que está ocurriendo en política interior en materia de corrupción es dejar pasar, dejar hacer. Eso se denomina omisión, impunidad y complicidad. El caso Odebrecht es la muestra de quienes abusaron de sus cargos. Es increíble que en países con estructuras anticorrupción más débiles, como Guatemala, Perú, Brasil y Colombia han tenido mayores avances en la persecución del delito y no les ha temblado la mano para llegar a las cabezas más altas del gobierno. Aquí hay un pacto de impunidad. En materia de derechos humanos ni se diga, la asignatura está más que pendiente. A pocos días de cumplir tres años del horrendo crimen de desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal ahora ya ni siquiera mantiene su verdad histórica, porque nunca fue ni ha sido una respuesta que resuelva por qué desaparecieron los jóvenes y tampoco dónde están. En la fracción ciudadana no vamos a aprobar la Ley de Seguridad Nacional, que pretende militarizar el país. En México se siguen matando periodistas sin que los crímenes sean esclarecidos. La legislación sirve, pero en la medida en que se engrane con la ejecución de la misma y las sanciones de los crímenes. Al gremio informativo nuestro más amplio reconocimiento y solidaridad. El gobierno mexicano debe asumir una actitud de dignidad ante la violación de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos. Ayer ni llamada hubo. También en política interior no podemos ser omisos ante las violaciones a los derechos humanos de las personas que ingresan a nuestro país de Sudamérica. La práctica del feminicidio sigue siendo una amenaza a las vidas de las mujeres. Debemos y estamos obligados a revisar el impacto real de las alertas de género. La presumida generación de gobernadores y funcionarios jóvenes son la muestra de la desmedida ambición. Los Duarte, Borge, Medina y funcionarios involucrados en los casos de Odebrecht, estafa maestra, Paso Exprés, la Jornada Nacional contra el Hambre, por decir lo menos, son casos que deben ser investigados, perseguidos y sancionados. Teneos que estar alerta. Lo peor que le puede pasar a este país es que el próximo año presenciemos de nuevo el uso de recursos públicos para comprar votos y voluntades. Requerimos una verdadera política interior, que marque rumbo claro en materia de anticorrupción y respeto irrestricto a los derechos humanos. Le decimos a Peña Nieto, desde esta tribuna y a todos los funcionarios: El tiempo se les agotó y han perdido una oportunidad para resarcir daños. Basta de simulación, frivolidad y engaño a la sociedad mexicana. Muchas gracias.