El senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas tardes. Con su venia, sus señorías. Hoy quiero compartir con esta soberanía un problema de la mayor trascendencia, y es que partamos de que el Estado mexicano no tiene hoy el monopolio de las capacidades de intervenir comunicaciones ni telefónicas ni digitales. La invasión de la privacidad de las personas y de las empresas ha generado una industria de equipos y servicios que no están hoy controlados y tampoco están sancionados. Cualquier persona que busque en Internet o en el Centro Histórico de la Ciudad de México, encontrará que puede tener acceso a un sinfín de servicios de investigación, equipo de espionaje, desde los más sencillos hasta los más sofisticados. Existe un mercado con una gran diversidad de software, programas informáticos que ofrecen servicios desde el registro a intervención telefónica, perfiles de cuenta, actividades, tendencias, intereses, hasta secretos industriales, contraseñas, códigos, accesos privados sin restricción alguna. Hoy enfrentamos desde hace algunos años este nuevo tipo de espionaje que es el espionaje informático, con el cual es una parte importante también de la delincuencia ordinaria. Hoy cada vez más los delitos tienen al espacio cibernético y a las cuestiones que violentan nuestra ciberseguridad. Esto hace que la vida de las personas, cada uno de nosotros, tiene cada vez más vinculada su vida a su vida digital. El desarrollo de las tecnologías nos ha llevado prácticamente a depender toda nuestra actividad de sistemas informáticos y claves de acceso desde servicios bancarios, trámites gubernamentales, información laboral, comunicaciones personales; recuadro de archivos privados con fotografías, videos electrónicos, se realizan a través de los medios digitales que usamos comúnmente. La intervención de estos medios digitales es cada vez más invasiva y agresiva con la privacidad de los ciudadanos, la inseguridad y las constantes amenazas por parte de la delincuencia, así como otras actividades que se presentan en nuestro país. Aquí hay que destacar ese es el meollo del asunto que el Código Penal actual sanciona a quien intervenga las comunicaciones privadas, pero no sanciona a las personas o empresas que compran, vendan equipos o servicios de esta naturaleza. ¿Esto qué ha significado? Que se están generando muchísimas empresas que ofrecen estos servicios de intervención de comunicaciones digitales. Se ofrecen estos servicios sin que haya sanción alguna. Entonces ese es el motivo de esta iniciativa. Ya hay antecedentes internacionales, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del 2001, del Consejo Europeo estableció que para prevenir los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de servicios informáticos, redes y datos de información, así como el abuso de dicho sistema, redes y datos, se requiere la tipificación y la normatividad conforme al derecho interno de cada país, y sancionar de manera efectiva la violación de la privacidad de las personas. Hoy día no lo tenemos y por eso proponemos a esta soberanía que en el Código Penal a través de diversas modificaciones, es muy amplio, ustedes contarán con la iniciativa, y para no abusar del tiempo señalo de manera muy sucinta sancionar a quien venda equipo o programas informáticos, preste servicio u obtenga para su utilización, difusión u otra puesta a disposición de dispositivos, programas informáticos diseñados o adaptados principalmente para la intervención de comunicaciones privadas, geolocalización, sin el conocimiento del interesado. También a quien comercialice contraseñas, códigos de acceso, datos informáticos o similares que permitan el acceso, y básicamente a quien comercialice con instrumentos, servicios o informaciones que estén en la esfera privada sin el consentimiento del propietario de esta información. Debo decirles, y con esto concluiría, que México se encuentra entre los mayores compradores de equipo de espionaje en América Latina, y aunque la legislación federal sanciona a quien intervenga las comunicaciones privadas sin el mandato judicial competente, hemos limitado al Estado pero no hemos limitado a los particulares que están realizando este tipo de actividades. No voy a entrar en los detalles. Conocemos muchísimos casos. Todos somos vulnerables como ciudadanos a este tipo de cuestiones. Debo de destacar que en la historia de la democracia uno de los primeros valores que se protegió fue la confidencialidad del correo. Hoy ya no estamos en ese supuesto, estamos en la protección de nuestra vida digital. Por lo tanto les solicitamos su apoyo a esta iniciativa para que el Estado mexicano desincentive estas reacciones porque la violación de la privacidad no sólo es un atentado contra las personas, es un atentado contra nuestra democracia y son los delitos y los retos que nos toca vivir en nuestro tiempo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.