La diputada Evelia Sandoval Urban: Con su venia, diputado Presidente. Compañeros diputados; compañeras diputadas: En México se promueve un marco jurídico basado en la no discriminación y protección a favor de los pueblos indígenas y grupos étnicos. Por ello nuestra Carta Magna lo regula en sus artículos 1º., el cual cita en el párrafo tercero lo siguiente: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". Y el artículo 2º., establece lo siguiente: "La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas". Además el propio artículo 149 bis del Código Penal Federal sanciona a quienes cometan este delito. Sin embargo esto no ha sido suficiente para impedir que este terrible delito sea erradicado, pues recordemos las matanzas del 2 de octubre del 68, y sobre todo la del 10 de junio del 71. ambos casos en donde la mayoría de las víctimas fueron estudiantes y actualmente no olvidar el genocidio cometido en Ciudad Juárez, Chihuahua en contra de miles de mujeres, lo más triste e indignante es que ninguna norma puede controlar esta terrible masacre. "Por lo anterior, estamos convencidos de la importancia de proteger el bienestar material y desarrollo espiritual, mental, social y condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica en igualdad de oportunidades a favor de todos los grupos indígenas, étnicos, nacionales o de cualquier carácter, los cuales forman parte importante en nuestro país. Así pues nadie por ninguna circunstancia debe alterar dicha garantía. "Es un hecho que falta mucho por hacer a favor de dichos grupos indígenas, étnicos o nacionales. Es importante proteger todos los derechos de los cuales gozan y no solo ello sino hacerlos de su conocimiento pues aún no se ha logrado integrarlos en la colectividad nacional y por situaciones sociales, económicas y culturales hacen más difícil dicha integración. "Debemos perseguir el mejoramiento en las condiciones de vida y de trabajo de esas poblaciones ejerciendo acciones simultáneas sobre todos aquellos factores que han impedido el progreso a favor de estos grupos, no perdiendo de vista que nuestra intención es garantizar la protección a favor de las poblaciones de que se trata, es decir, si estos individuos tienen conocimiento de los derechos de los cuales gozan, en el momento en que sean violentados sus derechos ejercerán a través de las autoridades las denuncias pertinentes. "Además la intención primordial de la presente iniciativa es proteger a las mujeres embarazadas y niños que integran dichos grupos, pues sabemos que son los más vulnerables. Por ello, aumentando las penalidades y ejerciendo el derecho con objetividad y determinación harán que disminuya la comisión de éste y todos los delitos. "Debemos enfatizar en la necesidad de reconocer, promover y fortalecer el papel de las poblaciones indígenas, para lograr con ello el desarrollo integral de estos grupos. Pero para ello es necesario establecer y fijar claramente las directrices políticas, asimismo actualizar los procedimientos y sanciones a fin de reducir la agresión que se comete en contra de dichas comunidades. "Por último, el decidir que esta propuesta va encaminada a favor de las mujeres embarazadas y niños es para establecer prioridades que atañen al desarrollo estructural y social del país. Por una parte la integridad física y mental de un menor es uno de los proyectos primordiales en nuestro país, pues consideramos a los menores como el futuro pero no debemos de olvidarnos del presente. "Si existen agresiones en contra de ellos estamos truncando el crecimiento no solo de nuestros menores sino de nuestras creencias, instituciones, cultura, costumbre y hasta del desarrollo económico y social, cultural de nuestro país. "En el mismo sentido la protección que se brinda a favor de las mujeres embarazadas debe vincularse a proyectos de desarrollo, respeto e igualdad. La sociedad lo reclama y así lo haremos. "Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurídicos expresados me permito poner a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma el Código Penal Federal como se señala a continuación al tenor de la siguiente propuesta: "Artículo único.- Se reforman los párrafos segundo, tercero y cuarto. Se adiciona un párrafo que será el quinto, pasando el actual a ser el sexto párrafo del artículo 149 Bis para quedar como sigue: "Artículo 149 Bis.- Comete delito de genocidio el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso perpetrase por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de aquellos o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción de un grupo. Por tal delito se impondrán de 20 a 40 años de prisión y multa de mil a dos mil días de salario mínimo "Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades, se trasladaren de ellas a otros grupos menores de 10 y 6 años empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de 5 a 20 años de prisión y multa de 500 a 1,000 días de salario mínimo. "Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien con igual propósito someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. "Si el delito se comete en contra de mujeres embarazadas o menores de edad, la sanción que se impondrá será de 10 a 30 años de prisión y multa de mil a mil quinientos días de salario mínimo. "En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados públicos y los cometieran en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo, se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación. "Artículos Transitorios. "Unico.- Este decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Señor Presidente, es cuanto.