El diputado Ramón Barajas López: Con su permiso, diputado Presidente. Desde hace tiempo se viene hablando de la importancia estratégica y de seguridad nacional que tendrá el agua en un futuro no muy lejano y desde luego las tierras donde se encuentra esta reserva. La importancia que se le asigna es tal que el petróleo cedería su lugar a esta nueva fuente de vida que es el agua. Muchos investigadores coinciden en que la posesión y el control de las reservas de aguas mundiales serán motivo, cada vez más, de conflictos bélicos y escenarios violentos, con fuertes implicaciones para la seguridad internacional. Un dato muy interesante, compañeras diputadas y compañeros diputados, en México el 94 por ciento de los ríos y los lagos están contaminados. 102 acuíferos están sobreexplotados. A la fecha han desaparecido cinco lagunas. 38 ciudades muy importantes de México tienen problemas serios de abasto de agua potable y 77 por ciento de la población vive en zonas áridas y semiáridas. 11 millones de personas, sobre todo del campo, carecen de agua potable y hay desperdicio de al menos el 50 por ciento de este líquido y lo más triste es que alrededor de 70 por ciento de las aguas residuales no tienen tratamiento. La agricultura utiliza el 76 por ciento, del cual se pierde alrededor de 60 por ciento debido a que, de las 6 millones 300 mil hectáreas que tenemos, tan sólo un millón están tecnificadas y el resto se conduce a través de canales de riego que permite la infiltración y la evaporación. A esto se agrega que el agua de las ciudades que cerca del 14 por ciento total al país, de ese 14, el 50 por ciento se pierde en fugas de red de agua potable, porque la gran mayoría de los sistemas de agua potable y alcantarillado cumplieron con su vida útil. Mientras que el 10 por ciento se utiliza en la industria, solamente el 26 por ciento tiene tratamiento. De acuerdo con datos proporcionados por la Semarnat en México, las dos terceras partes del país son áridas, lo que dificulta la obtención de líquido y además en 5 años, del 2000 al 2005, se redujo de 5.0 por ciento la disponibilidad del caudal de agua por mexicano y la cantidad de líquido se reducirá a 18 por ciento para el 2030.Lo que nos sitúa en una disponibilidad baja de acuerdo con la clasificación mundial, inferior a los 5 mil metros cúbicos habitante-año. Asimismo, la zona norte, centro y noroeste del país posee un porcentaje de disponibilidad del líquido, de un 32 por ciento. Pero en ella vive el 77 por ciento de la población la cual genera el 85 por ciento del Producto Interno Bruto. Por el contrario la zona sur-sureste es la menos habitada, la que menos actividad económica representa, pero tiene una disponibilidad de agua siete veces mayor al resto del país. Al respecto debemos recordar que la Constitución de 1917 facultó al Congreso para definir la jurisdicción federal de las aguas territoriales y la promulgación de las leyes necesarias para su abastecimiento y regulación. Sobre esta base se creó la Comisión Nacional de Irrigación y en 1926 se promulgó la Ley de Irrigación. Los gobiernos posrevolucionarios realizaron grandes obras de infraestructura agrícola asegurando los derechos de México sobre las corrientes internacionales y sus afluentes, por razones de seguridad y soberanía. En 1946 se adjudicó el manejo de agua a la Secretaría de Recursos Hidráulicos. En 1972 se promulgó la Ley Federal de Aguas, y en 1975 se aprobó el Primer Plan Nacional de Irrigación. En 1976 se fusionó la Secretaría de Agricultura con la de Recursos Hidráulicos, supuestamente para atender integralmente al sector agropecuario y se dejó a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas el suministro de aguas en zonas urbanas. Finalmente, en 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua. Primero como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y desde 1995 depende de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el Senado de la República, a finales de 2001, se presentó iniciativa de decreto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales en sus artículos 7o. y 45 Bis, para declarar de manera contundente al agua como un asunto de seguridad nacional, mismas que fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de abril de 2004. No obstante, a más de tres años de su promulgación, los resultados obtenidos a la fecha, difieren mucho de lo que verdaderamente implica el significado de elevar a rango de seguridad nacional este tema tan importante. Coincidimos en mucho con el investigador César Nava Escudero, cuando afirma que la propuesta debe considerarse como política y jurídicamente al agua como asunto de seguridad nacional, porque conlleva necesariamente a la idea de aceptar que existe un riesgo o una amenaza en el Estado mexicano, que debe atender prioritariamente sobre otros temas y que lo hará a través de adopciones de medios excepcionales, desde el uso de las fuerzas armadas, hasta el diseño de estrategias con medidas urgentes a través de políticas públicas nuevas, creación de instituciones o elaboración de un marco jurídico adecuado para ello. El concepto de seguridad nacional entraña la existencia de intereses nacionales que habrán de proteger dentro de un cuerpo normativo ante una amenaza que hoy en día no sólo se asocia de manera externa, sino también de manera interna. Para los investigadores la carencia de agua puede generar conflictos bien identificables, como es el surgimiento de grupos de presión o la invasión desmedida de predios en zonas urbanas. La carencia del líquido podría ser que estos fenómenos cobraran mayor fuerza y llegaran en niveles poco manejables. El aumento de presión política en zonas con desabasto de agua, la invasión de predios, producto de la migración a regiones menos desfavorecidas y el surgimiento de redes ilegales de explotación y comercialización de agua son fenómenos que suponen una amenaza a la seguridad nacional. De esta forma es imperativo que el Estado provea soluciones a estos escenarios, pues de no hacerlo la situación pudiera salirse de control. De igual manera, y como lo hemos observado, el fenómeno de la escasez del agua también conlleva efectos de tipo político, pues pudiera poner en peligro la soberanía nacional al generar profundas divergencias con el vecino del norte. Por ello, consideramos que es urgente reafirmar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el carácter de que las aguas nacionales deben ser un asunto de seguridad nacional, que permita explotar las reservas nacionales de una manera equilibrada y sustentable, pues a la actual Ley de Aguas, quizá por estar definida en una ley secundaria, no se le ha dado la importancia que el tema merece. Es obligación del Estado velar porque el agua como recurso estratégico para el país y su población, se proteja, se respete su soberanía y no se salga del dominio de la nación. Resulta indispensable que existe una política de Estado que atienda el problema de una manera integral, desarrollando acciones que reviertan el problema en zonas afectadas. El carácter urgente de estos hechos pone de manifiesto la necesidad de incluir el tema del agua en la agenda de seguridad nacional, porque debemos recordar que ya existen zonas de conflicto, tal es el caso del Ejército Zapatista de Mujeres en Defensa del Agua, constituido por indígenas mazahuas en 2004 y se organizaron para exigir a las autoridades una política integral hidráulica. Por lo anterior, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares constituyendo la propiedad privada. "Las aguas se consideran como áreas de seguridad nacional". Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.