La diputada Lizbeth Rosas Montero: La suscrita, Lizbeth Rosas Montero, diputada federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRD, presento a la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Pública, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El estado por definición, tiene la obligación primordial de garantizar la vida a la integridad personal de los derechos y bienes jurídicos de todos los integrantes de la sociedad. Un estado que es incapaz de satisfacer esta necesidad fundamental puede establecerse que se encuentra en el inicio de su disolución, lo cual va en detrimento directo y en menosprecio concreto del valor de la persona humana, único y esencial sentido de creación y mantenimiento de la figura estadual (?) En este sentido, las ejecuciones, los secuestros, la desaparición de periodistas, las balaceras en vía pública y el robo a transeúntes, son algunos de los hechos criminales que hacen que la sociedad perciba con enorme preocupación que las autoridades federales en la materia, al final del sexenio no tienen un plan estratégico; en todo caso reaccionan de acuerdo al momento. Frente a esta situación, quienes se dedican a la industria del delito se sienten fortalecidos ante la ineptitud y ausencia institucional. Existe la percepción sobre la disolución social cuando hay serios y fundados indicios sobre la infiltración del narcotráfico en las corporaciones policíacas del país. Particularmente llama la atención el caso de la Policía Federal Preventiva y de la mismísima AFI al respecto de las instancias competentes del Gobierno Federal que no se ha actuado en consecuencia. El delito tiene múltiples causas para su comprensión y adecuado combate, pero es la vinculación de algunos miembros de las instituciones de seguridad pública con las organizaciones criminales lo que traiciona la frágil confianza de la sociedad, lo cual introduce un enorme potencial desestabilizador de todas las instituciones del Estado, y al final destructor de la sociedad misma. La opinión pública se presenta. Cómo vamos a lograr la seguridad pública tan requerida si nuestros jóvenes no tienen oportunidades efectivas de estudio, de empleo, ausencia de políticas eficaces de desarrollo laboral y profesional. Por ello expresamos que mientras exista un modelo social y económico, estructuralmente injusto y en tanto la sociedad en su conjunto no mejore integralmente sus niveles de vida, no habrá resultados positivos en materia de seguridad pública. No es posible garantizar la seguridad ciudadana alguna mientras persista un modelo económico que promueva y garantice una excesiva concentración de la riqueza en tanto una amplísima capa social que sobrevive en la pobreza. En un lugar común, la importancia que tiene la participación ciudadana en la prevención social del delito, pero hasta ahora no se le han brindado al ciudadano los mecanismos y las formas para su adecuada participación en la materia; sólo se busca inducir. Por ello, es de enorme importancia y relevancia para el grupo parlamentario del PRD presentar esta iniciativa de creación del Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Pública como un organismo plenamente autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, el cual se constituirá como un órgano de la sociedad y al servicio de ésta. Su objeto, programas, servicios y acciones tendrán como misión primordial atender a la prevención del delito y la protección y promoción de la defensa de los derechos y libertades fundamentales de la persona. El Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Pública tendrá por objeto evaluar permanentemente los programas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con la finalidad de verificar que se realicen de conformidad como lo establece la Constitución y los instrumentos y las leyes en la materia. Adicionalmente, el Instituto tendrá por objeto proponer políticas públicas que permitan una mayor eficiencia y eficacia de los programas de prevención social y que establezca con la Secretaría de Seguridad Pública la supervisión y vigilancia permanente de las actividades que realicen los servidores públicos de dicha institución, así como evaluar permanentemente las actividades de la Policía Federal Preventiva e informar, de manera transparente, a la sociedad --y periódicaal respecto del actuar como órgano de consulta y asesorías especializada en materia de prevención social y seguridad pública. Se enfatiza que los nombramientos de los consejeros ciudadanos y del presidente del Instituto deberán recaer en personas que reúnan los siguiente requisitos: ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos y facultades, tener cumplidos 35 años de edad al día de la elección y contar sobre todo con la experiencia en materia de justicia, seguridad pública o actividades afines, así como no desempeñar y no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político. El titular del Instituto deberá constatar con su compromiso y convicción con acciones a favor de la defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales; asimismo, tener una actitud abierta y sensible, con plena atención a las necesidades que en materia de prevención y seguridad pública le plantee al gobierno la sociedad. Se propone que el presidente del Instituto deberá ejecutar las decisiones, acuerdos y resoluciones del consejo ciudadano, administrar y representar legalmente al Instituto, ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del consejo ciudadano, presentar a consideración y, en su caso, aprobación del consejo, el estatuto orgánico del Instituto y además el presidente del Instituto deberá formular los programas institucionales bien planeados, con tiempo, no al bote pronto, para la aprobación del consejo y formular anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto para previa aprobación del consejo y enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para así designar y remover a los servidores públicos del mismo. Se propone también en la iniciativa que el Instituto contará con un órgano de control interno, el cual se regulará por las leyes de la materia. En la presente iniciativa se establece que las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por la Ley del Trabajo reglamentaria, del apartado A del artículo 123 constitucional. Consideramos que los poderes públicos del Estado tienen la obligación de garantizar el mínimo de condiciones para proteger la seguridad y los bienes jurídicos fundamentales del conjunto de las personas que conforman a la sociedad: la vida, la integridad personal, las libertades fundamentales, las garantías de legalidad y seguridad jurídica que constituyen elementos indispensables para garantizar la construcción y la consolidación de un estado democrático de derecho. Por ello, el Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Pública se constituirá en un organismo público, con autonomía técnica y de gestión al servicio de la sociedad, integrado por un consejo verdaderamente ciudadano, quien será la máxima instancia en la toma de decisiones que permitan establecer los mecanismos de control ciudadano y evaluación de las actividades, programas y funciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Aseguramos, compañeros diputados, que el Instituto Ciudadano, a través de objeto y atribuciones, cumplirá eficazmente con su misión y con el conjunto de la sociedad, quien será la beneficiaria directa de las acciones institucionales dirigidas a la prevención social del delito y contribuir a garantizar la seguridad pública. Quiero agradecer también para la elaboración de esta iniciativa de ley la participación directa que tuvieron y sus aportaciones diversos grupos de la sociedad civil como el Conaju, la Canaco, Coparmex, Canacintra, Consejo Indígena Permanente, Agenda Ciudadana y el Conceu, entre otras. Es cuanto, ciudadano Presidente. (Aplausos)