El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la seguridad pública es, sin duda alguna, la principal exigencia de nuestra sociedad. Nadie puede negar que el responsable directo e inmediato de brindar las condiciones adecuadas de seguridad es el Estado, en sus tres ámbitos de gobierno. En atención a lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional colaboró importantemente con la construcción del decreto que hoy se pone a su consideración, dejando muy en claro nuestro compromiso con los mexicanos al atender con esta ley la principal demanda de los ciudadanos: la seguridad pública. Los diputados del PRI impulsamos una nueva conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya que para nosotros ha sido de vital importancia que los municipios participen activamente en la organización y ejecución de este tema. Es por esto que propusimos la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal como un órgano que dote al sistema de propuestas basadas en la experiencia del gobierno municipal. Celebramos que se hayan dado los consensos necesarios para que sea el titular del Ejecutivo federal quien presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a fin de que sea el coordinador de la lucha frontal contra la delincuencia, resaltando de esta manera la importancia a la situación de inseguridad por la que atraviesa nuestro país. Con las disposiciones contenidas en esta ley, los recursos que les corresponden a los gobiernos de los estados ya no serán repartidos de manera discrecional, dejando de ser un instrumento político. Así, nuestros gobernadores serán los artífices de la planeación y el diseño de las nuevas políticas públicas que se emitan y se ejecuten en esta materia, erradicando de un solo tajo la costumbre que en los últimos años prevaleció en nuestro país de que, de manera unilateral se fijaran los lineamientos en este rubro; pero más grave aún, haber sido el único responsable para manejar los recursos públicos y la información destinada al combate a la delincuencia. Hoy, en esta nueva ley, serán los gobernadores, los presidentes municipales, los académicos, la sociedad civil, quienes tomen las decisiones y vigilen su cabal cumplimiento. Por primera vez en nuestro país la responsabilidad de combatir la inseguridad pública, por disposiciones de ley, es de todos los actores públicos y sociales. Es importante destacar que el Consejo Nacional funcionará como un órgano colegiado y plural en su integración. La nueva ley facilita su funcionamiento al formalizar los mecanismos para la discusión de los asuntos al ordenar su funcionamiento en el pleno o en comisiones. Esta ley incorpora la figura del quórum para obligar a los miembros del Consejo Nacional a llevar sus reuniones con la mitad más uno de sus integrantes, y en consecuencia, a tomar sus acuerdos por la mayoría de los presentes, lo que garantiza una total transparencia en la toma de decisiones en materia de recursos, políticas e información de seguridad pública. El funcionamiento de este sistema se ve fortalecido gracias a la transformación del Secretariado Ejecutivo, al convertirlo en un órgano operativo del sistema con autonomía técnica de gestión y presupuestal, el cual, para la realización de sus actividades se auxiliará por tres centros nacionales: el de Información, el de Certificación y Acreditación, y el de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, siendo el primero de estos centros nacionales fruto de las reflexiones de legisladores de nuestro instituto político. A fin de garantizar el buen funcionamiento de los centros nacionales propusimos que estas instancias del Secretariado Nacional fueran supervisadas por tres comisiones permanentes, que estarán integradas por gobernadores y por funcionaros federales. En este decreto se establecen también los requisitos mínimos que deben cumplir los tres niveles de gobierno para poder combatir a la delincuencia, siempre cuidando la integridad y los derechos de las personas. Del mismo modo, nos preocupamos en incluir la participación de los expertos de instituciones académicas y, de la sociedad civil, quien representa mejor que nadie la preocupación de todos los mexicanos. Se incorpora, además, un nuevo apartado que fija las obligaciones y las sanciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública con el fin de generar parámetros de conducta moral y jurídica en el comportamiento de los servidores públicos responsables de la seguridad pública. Con esto tendremos elementos para alcanzar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez. A fin de mantener la seguridad y el resguardo de la información contenida en la base de datos del sistema, se establecieron delitos para aquellos funcionarios que hagan mal uso de esta información. El día de hoy, los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional enviamos un mensaje de unidad y coraje. El día de hoy, las instituciones del país demuestran que pueden hacer valer el estado de derecho. Confiamos en que esta nueva ley obtenga el voto unánime de los legisladores, toda vez que la seguridad pública no puede tener colores de partido. La seguridad y la certeza de cada uno de los mexicanos tiene un solo rostro, que es México. Hagamos valer el compromiso que asumimos frente al pueblo, por México. Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, solicito su voto aprobatorio a favor de este dictamen. Muchas gracias por su atención.