El diputado Francisco Saracho Navarro: Muchas gracias, diputado. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El contrato de seguro tiene como finalidad el resarcimiento económico ante la eventualidad de que ocurra un riesgo, lo que genera para las personas un cierto margen de previsión que repercute en una inestabilidad innegable. Por ello, la función que desempeñan las compañías de seguros está sujeta a la supervisión constante del Estado por estar relacionado con una cuestión de interés público. Por otra parte, resulta absurdo que muchas familias pierdan su patrimonio por no contar con los recursos económicos suficientes para hacer frente a una contingencia relacionada con la salud de cualquiera de sus miembros, o, que las personas, sin escatimar esfuerzos, contratan un seguro de gastos médicos mayores a pesar del costo que ello representa, y también sufren el mismo menoscabo patrimonial. Lejos de considerarse la contratación de un seguro de gastos médicos como un lujo debe tomarse en cuenta que los individuos efectivamente tienen el legítimo derecho de procurarse una mejor atención médica posible, máxime cuando lo que está en riesgo es su vida o su salud. Así, quienes han decidido hacer el sacrificio económico de adquirir este tipo de seguros, también deben contar con ciertas garantías que se establezcan en la ley a fin de no estar sujetos a la incertidumbre que dictan las reglas del mercado, las que únicamente se encuentran orientadas a la rentabilidad de las aseguradoras, perdiéndose de vista que en el ámbito de la salud el Estado debe compaginar estos intereses con los de ese sector de la sociedad, que compense las deficiencias de los servicios de salud pública. Una de las políticas que suelen aplicar las compañías aseguradoras es la de no renovar el contrato cuando el asegurado llega a la edad de 70 años, no obstante tratarse de personas que han aportado a la aseguradora durante muchos años considerables sumas de dinero por concepto de primas. Por lo anterior, deben erradicarse este tipo de políticas, lo que sólo se consigue estableciendo de manera expresa su prohibición en la ley, máxime que las compañías aseguradoras, a pesar de pertenecer al sector privado, desempeñan una función de interés público superior al inmiscuirse en el sector de los servicios de salud, como se desprende de la autorización especial que les es concedida cuando pretenden incursionar en este sector. También, que se establezca el derecho a una renovación vitalicia del contrato como una prerrogativa de que debe corresponder a la fidelidad de los asegurados que han aportado por cinco años consecutivos ingresos a la compañía de seguros sin importar la edad con que cuenten; además de evitarse la realización de prácticas discriminatorias, se garantizará el que los adultos mayores que no cuenten con servicios públicos de salud y que han aportado sus recursos para una atención médica de calidad, tengan la certeza de que sus esfuerzos serán vindicados al contar con la seguridad de poder hacer frente a las posibles inclemencias que pudieran presentarse en la última y más importante etapa de su vida. Por lo expuesto, se presenta ante esta soberanía esta iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar al artículo 160 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro que en los contratos de seguros que cubran gastos médicos a la salud, el pago de la prima respectiva durante cinco años continuos, conferirá al asegurado el derecho a su renovación para los años subsecuentes, siempre y cuando se mantengan al corriente del pago de dicha prima, sin que obste para ello la edad con la que cuente el asegurado, salvo los casos en que la no renovación del contrato obedezca a causas distintas a la edad del asegurado. Muchas gracias.