La diputada Graciela Zavaleta Sánchez: Con su venia, señora presidenta. La desaparición de una persona, honorable asamblea, representa retos para cualquier Estado al ponerse en prueba su sistema de justicia ante los nacionales y en el contexto internacional. En México la búsqueda de personas desaparecidas tiene una clave fundamental en las organizaciones civiles defensoras del respeto y vigencia de los derechos humanos. En el caso de la desaparición forzada, la existencia de un solo caso es inaceptable y es necesario llegar a la verdad para erradicar por completo este delito. Para México la exigencia para resolver cada caso de desaparición forzada derivó de las recomendaciones internacionales, a fin de impulsar diversas medidas para prevenir la desaparición de las personas. Mi intervención en esta tribuna con la presentación de esta iniciativa no puede dejar de lado la memoria de uno de los hechos más indignantes que aún siguen lacerando la conciencia colectiva, el de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala hace cinco años, en el 2014. Uno de los capítulos más horrorosos en la historia de México. Hoy las familias, padres y madres siguen en la búsqueda esperando respuesta en derecho a conocer la verdad. Pero eso no es suficiente hasta llevar a los responsables ante las autoridades judiciales. Desde esta tribuna hago manifiesta mi exigencia: los responsables a la cárcel. No hay verdad histórica más suficiente que el dolor de la familia, que a cinco años siguen cargando la pena por la incompetencia de las pasadas autoridades. Nos faltan 43, justicia para las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa. El informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala que el problema de las desapariciones desafía las capacidades de recursos del Estado mexicano, para dar respuesta a una situación que con el paso del tiempo se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos. En el mismo documento de la CNDH se afirma que las cifras oficiales contenidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas a octubre de 2016 sumaba un total de 29 mil 903 personas. De acuerdo con los datos de dicho registro, en los últimos 10 años ha habido un incremento de personas sin que se sepa nada de ellas. México es de los países del mundo en un estado de paz, donde no hay guerra declarada, con el mayor número de personas desaparecidas. Y es que las cifras más aproximadas e inexactas indican que son más de 40 mil desapariciones forzadas al 2018, a diferencia de otras naciones en conflictos y guerras civiles o de las épocas de la Guerra Sucia. Honorable asamblea, en orden a contribuir al fortalecimiento de la legislación en materia, es que propongo la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con objeto de considerar la modificación de los artículos 50 Bis y 50 Ter, para que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas sea referida en el contenido de dichos preceptos, con la finalidad de que los jueces federales autoricen las solicitudes de intervención, de comunicaciones privadas a los agentes del Ministerio Público, responsables de las investigaciones relacionadas con dichos delitos. Finalmente, presidenta, como secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted atentamente que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, para ser dictaminada al seno de ese órgano legislativo por ser competente en la materia. Muchas gracias, y es cuanto.