La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano: Compañeras y compañeros legisladores, hoy discutimos un dictamen que no solo atiende un deber constitucional, sino que expresa con claridad el rumbo que hemos decidido tomar como nación, un Estado racional, austero, eficaz y plenamente al servicio del interés público. El dictamen que hoy se discute da cumplimiento a lo establecido en el artículo 2o. transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica publicado el 20 de diciembre del 2024. Esta disposición mandata al Congreso de la Unión adecuar el marco jurídico para eliminar estructuras duplicadas, organizar competencias y fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano. En ese contexto, resulta no sólo lógico, sino imprescindible transferir al Inegi las funciones de medición de la pobreza y la evaluación de la política de desarrollo social que anteriormente realizaba el Coneval. ¿Y por qué? Porque el Inegi es, por mandato constitucional, el órgano nacional responsable de generar, procesar y difundir la información estadística y geográfica oficial del país. Pretender que otro organismo realice las mismas funciones con otro enfoque metodológico y con recursos paralelos, no sólo carecía de sustento técnico, era un contrasentido institucional. No se trata de debilitar la evaluación, se trata de depurar y profesionalizar los procesos de evaluación pública. Se trata de que el Estado hable con una sola voz, con una sola metodología, con datos verificables y públicos que sirvan realmente para medir el impacto social de las políticas, corregir desviaciones y garantizar derechos. La fragmentación institucional que heredamos fue producto de una visión tecnocrática que desdibujó la rectoría del Estado. El modelo neoliberal convirtió al gasto público en una caja negra, ajena al público y gobernada por indicadores lejanos a la realidad de las mayorías. Hoy, en cambio, reivindicamos la planeación nacional como instrumento democrático y el seguimiento y evaluación de las políticas como herramientas para fortalecer el desarrollo con justicia, equidad y participación popular. Este dictamen no sólo garantiza funciones, responde a una visión clara del Estado, un Estado que planifica, que evalúa y que rinde cuentas. Un Estado que elimina lo no necesario, ordena su actuación y pone los recursos públicos al servicio de los más necesitados. Desde el nuevo humanismo mexicano, entendemos que los programas sociales no son dádivas, son derechos y los derechos deben ser garantizados con políticas coherentes, basadas en información técnica, sólida y bajo principios de austeridad, eficiencia y responsabilidad republicana. Por eso, la evaluación integral de la política de desarrollo social no desaparece, se fortalece. Se coloca en manos de una institución con independencia técnica, con capacidades robustas y con la legitimidad constitucional para producir los datos oficiales del país. Con esta reforma eliminamos duplicidad, mejoramos la gestión pública y construimos un marco jurídico que permite evaluar el desempeño del Estado con mayor claridad, transparencia y sentido social. Por eso, los invito a votar a favor, porque no puede haber transformación verdadera, sin orden institucional, sin planeación democrática, sin un Estado que actúe con coherencia, dignidad y responsabilidad. Es cuanto, presidente. Presidente, retiro mi reserva.