El diputado Daniel Dehesa Mora: Con su permiso, diputado presidente. Un reclamo cada vez más vigoroso recorre nuestro país: el de la participación ciudadana que demanda ser tomada en cuenta en las decisiones políticas públicas fundamentales. Sin embargo, en nuestro país no existen mecanismos de democracia participativa normadas jurídicamente, ni mucho menos espacios públicos de participación de los ciudadanos en el diseño de políticas públicas relevantes de carácter permanente. En un país como el nuestro, en donde la pobreza y desigualdad han alcanzado niveles de gran proporción, las políticas públicas para la erradicación de las mismas reviste gran importancia, cuyo diseño y ejecución no puede estar en manos sólo del Ejecutivo federal. Debemos derribar el mito prevaleciente que concibe la elaboración de políticas públicas como una cuestión que es sólo competencia de los especialistas, es decir, de las burocracias públicas. La existencia de la crisis de representación que caracteriza a las democracias actuales, debilitando la esfera pública, es precisamente la que suscita un importante movimiento en México y en el mundo, tendiente a la democratización de los pilares fundamentales de la democracia representado por los parlamentos, partidos políticos y por el propio Estado, y con ello, la de todos los espacios públicos. Lo anterior, hace necesario encontrar alternativas para la formación de las políticas de la adopción de las decisiones públicas, que apoyándose en la noción y representación, trascienden los circuitos tradicionales en torno a los partidos políticos-parlamento; sin embargo, no bastan los mecanismos de consulta coyuntural. Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como propósito la creación de un espacio de participación ciudadana denominado "Consejo Nacional de Política Económica y Social" que tome la naturaleza de un organismo constitucional de carácter autónomo, que constituye un espacio que pueda contribuir a la promoción de un mayor pluralismo en el proceso de diseño y evolución de las políticas públicas en materia de política social a favor de los sectores usualmente excluidos, en un ámbito reivindicando tanto el valor de la igualdad política como el valor de la deliberación para la formación política. Esta iniciativa toma en cuenta las experiencias nacionales e internacionales que dan cuenta de la creación de esta clase de organismos. En efecto, entidades federativas como Jalisco, Tlaxcala y Chiapas en el ámbito nacional; Francia, España, Honduras, Venezuela, en el ámbito internacional, dan cuenta de la existencia de estos organismos. El organismo cuya creación se propone estaría integrado por 30 consejeros, que serían elegidos por los sectores académico, empresarial, ciudadano, sindical, campesino, cooperativista, del Congreso de la Unión y de las entidades federativas, buscándose un equilibrio en su composición. Destacan entre las funciones que se propone como órgano de consulta, en el diseño y ejecución de políticas públicas en materia económica y social de corto y largo plazo y, en general, convertirse en un espacio de concertación y de diálogo entre los diversos agentes económicos y sociales. Para tal efecto se propone su constitucionalización en el Apartado A, del artículo 26 constitucional y su inclusión en el artículo 5 y demás relativos de la Ley General de Desarrollo Social. Es decir, del artículo 55 al 60. Por ésta y otras razones que se detallan en la iniciativa, consideramos de gran trascendencia para la vida democrática de nuestro país la presente propuesta. Por lo anterior solicito que la misma se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente, muy amable.