La diputada María del Carmen Pinete Vargas: Con su permiso diputado Presidente. En mayo de 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica por los gobiernos federal y de las 31 entidades federativas, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se abrió una nueva etapa en la historia del sistema educativo nacional. La federalización de la educación básica y normal a que dio lugar la firma del citado acuerdo y la firma de los convenios de ejecución posteriores, consistió en un proceso de descentralización político-administrativo que transfirió de la Federación, particularmente de la Secretaría de Educación Pública a los estados, la responsabilidad de dirigir los recursos públicos de los niveles básico y normal con todos sus elementos técnicos y administrativos; derechos y obligaciones; bienes muebles e inmuebles y recursos financieros, incluyendo la titularidad de las relaciones laborales colectivas establecidas con los trabajadores al servicio de la educación, agrupados y representados en el SNTE, y que derivó de la reestructuración a cabalidad de los sistemas educativos estatales. Así, en 1992 la decisión de reformar la educación se estructuró en tres líneas: la reorganización del sistema educativo mediante la descentralización y la inclusión de la participación social; la reformulación de contenidos y materiales educativos, y la revaloración de la función magisterial. La reforma educativa no sólo se implementó desde un punto vista político-administrativo, sino que también se tradujo en reformas legales precedidas por intensas discusiones al interior del Poder Legislativo, mismas que —como sabemos— culminaron con la promulgación de la Ley General de Educación en 1993 y con las reformas subsecuentes al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecieron la obligatoriedad de la educación preescolar y secundaria. A 14 años de la suscripción de este acuerdo, aún quedan por resolver distintas problemáticas derivadas de su ejecución. Una de ellas es la disparidad existente en las remuneraciones del magisterio a lo largo y a lo ancho del país. Nuestra entidad está dividida en dos zonas salariales: la zona económica dos y la zona económica tres. Las percepciones de la zona dos son mayores que la tres, de acuerdo a estimaciones del costo de vida de cada entidad. Según declaraciones del secretario de Educación Pública, actualmente alrededor de 26 entidades federativas tienen dos zonas económicas y por esta razón el salario que devengan los maestros, aun dentro de una misma entidad, es diferente. Hoy es necesario desaparecer las diferencias del nivel de ingresos de los trabajadores de la Educación que habitan las diferentes ciudades, es urgente que se atiendan obedeciendo al precepto constitucional de "a trabajo igual, salario igual" y que éste se ha visto trastocado por la diferencia. El proceso de conciliación de intereses entre las demandas del gremio magisterial y de las finanzas públicas federales y locales, requieren un esfuerzo de conciliación en el Poder Legislativo Federal. Es por todos conocido que es un tema estacional y que muchos estados del país no han realizado avances. Las llamadas "negociaciones salariales" del magisterio, los niveles de disparidad que estos observan, dan pie a situaciones injustas e inequitativas. El futuro del país será tan fuerte como lo sea nuestro sistema educativo. Seremos mejores en la medida en que nuestras escuelas tengan mayor calidad. Como mexicanos todos debemos pasar por un aula; ahí se labra nuestro destino, se forjan nuestros anhelos. Lejos del conflicto y de la razón para la confrontación, nuestro sistema educativo debe ser ejemplo de equidad y de justicia; reconocer a las maestras y a los maestros por la parte más sensible, que es su bien merecido salario. El magisterio mexicano espera resultados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración el siguiente Punto de acuerdo Único. Por el que se crea una Comisión Especial de Seguimiento de la Firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por el gobierno federal y las 31 entidades federativas, referente a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores al servicio de la educación y que además analice lo concerniente al Distrito Federal. Solicito se sirva publicarlo en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputado Presidente.