El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Compañeras y compañeros diputados. Esta mañana tengo a bien presentarles la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 2o, apartado A, fracciones V y VI y artículo 27, fracción VII y se adiciona una fracción V al artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho al territorio de pueblos y comunidades indígenas. Puede que el 6 de enero de 1992, sea una fecha que no esté registrada en la memoria histórica de muchos mexicanos. Sin embargo, para los pueblos indígenas de México, esta es una fecha que se recuerda con coraje e indignación, pues ese día se consumó una de las más graves agresiones contra la integridad de sus territorios. Ese día se hizo pública la reforma al artículo 27 constitucional, maquinada por el entonces presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, por la cual se autorizaba la adquisición del dominio pleno de parcelas en tierras ejidales a manos de intereses privados. Bajo el engañoso argumento de la necesaria modernización del campo mexicano, el gobierno federal permitió fiel a las consignas de la figura neoliberal, la privatización del ejido. Bastaron dos años para que los pueblos indígenas contestaran a esta afrenta mediante el lanzamiento del EZLN, que conjuntó los clamores y demandas de indígenas y campesinos pobres de México alrededor de la vieja consigna de tierra y libertad. A 105 años del levantamiento del Ejército Libertador del Sur, esta consigna zapatista goza aún de absoluta vigencia. Hoy como en el pasado, pueblos y comunidades indígenas de todo México, siguen denunciando cómo el orden jurídico continúa vedándoles el acceso pleno a la tierra, amenazando las conquistas alcanzadas e imponiéndoles un modelo territorial que va en contra de sus propias concepciones sobre la tierra, el trabajo y la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y es que la raíz de la seria defensa indígena del territorio se halla en el hecho de que su concepción sobre éste va muchos más allá de la constitución de tierra, entendida únicamente como un medio de producción. Para estos pueblos, el territorio constituye el lugar en donde se entretejen las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que permiten su reproducción como colectividad. Es pues, un espacio de significados, impregnado de la rica cosmovisión de cada grupo indígena. Señoras y señores diputados, basta ya de ser ciegos y sordos al despojo histórico que han sufrido por siglos los pueblos indígenas, es que no somos capaces de reconocer como día tras día aumenta el control de grandes intereses económicos sobre los vastos recursos naturales que yacen bajo el suelo de sus territorios. Para prueba la ambición desbordada de las empresas mineras extranjeras, en los últimos 20 años han sido capaces de extraer más oro de México que en los anteriores 400 años, devastando a su paso la diversidad natural que por siglos los pueblos y comunidades indígenas han ayudado a construir. Ejemplos sobran, el derrame de tóxicos en el Río Sonora, del que es responsable Grupo México, que causó graves afectaciones al territorio yaqui; o la destrucción masiva de territorios nahuas y totonacos a causa de la actividad de mineras canadienses a lo largo de la Sierra Norte de Puebla; o los daños ecológicos sufridos por comunidades zapotecas de los valles centrales de Oaxaca, como consecuencia de la entrega de concesiones de explotación a otra minera canadiense; y no hablemos de las recientes agresiones contra el pueblo otomí, derivadas en la construcción de la carretera Naucalpan-Toluca, a cargo del ya célebre Grupo Higa. En México se ha legalizado el despojo de los más pobres. Es por ello que es vital frenar la vorágine que amenaza la riqueza biológica y cultural de México, mediante reformas que permitan a los pueblos y comunidades indígenas administrar con bases en su propia cosmovisión y sistemas normativos los territorios ancestrales que legítimamente les pertenecen. Legisladores y legisladoras, debemos entender que cuando los miembros de comunidades indígenas luchan por sus espacios territoriales no están peleando solo por un pedazo de tierra para donde sembrar o donde vivir. Están defendiendo sobre todo su derecho a ser, a vivir como colectivo humano, a mantener el control sobre su vida comunitaria y, en un sentido más amplio, a tener el derecho a decidir sobre su futuro. Es cuanto, señor presidente.