La diputada Wendolin Toledo Aceves: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en la propuesta que vengo a presentar ante este pleno, se resalta la trascendencia de que el Estado mexicano adopte una posición clara y contundente de protección a la salud auditiva de los habitantes de este país. Al efecto, y concretamente para quienes desarrollamos nuestras actividades cotidianas en las grandes ciudades como ésta, nos consta la enorme inconformidad y el claro riesgo de afectación a la salud que deriva de la producción del ruido excesivo que se genera en cada momento, de manera particular, por ciertos elementos como son el transporte aéreo, vehículos de carga, equipo y maquinaria de construcción industrial, de sonido tanto fijo como móvil. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como todo sonido indeseable. De igual modo ha emitido diversos llamados y emprendido algunas acciones que buscan la protección a la salud humana potencialmente afectada por este fenómeno, para lo cual en el 2010 publicó la lista que proporciona los valores máximos recomendados en materia de niveles permisibles y los efectos en la salud, de acuerdo al límite de decibeles producidos. Ahora bien, en nuestro sistema jurídico, si bien es cierto, en el propio texto de la Constitución, en su artículo 4, párrafo quinto, se establece el derecho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Agregando la consecuente obligación estatal de respetar esta prerrogativa considero que es indispensable desarrollar su contenido trasladándolo hacia la ley secundaria, especialmente en lo que toca a la contaminación producida por el ruido. En ese tenor nos parece que derivado de una interpretación lógica del texto de nuestra Ley Fundamental debemos considerar como parte del derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente sano, también el que éstas se encuentren protegidas de las emisiones de vibraciones excesivas que los coloquen en una situación de riesgo para la salud. Al respecto, también debemos recordar el contenido de diversas normas oficiales mexicanas que se vinculan directamente con los límites máximos de emisiones sonoras con un enfoque ambiental. Como queda de manifiesto en el proyecto que se presenta ante esta asamblea, algunas ciudades han realizado diversas acciones de atención a este conflicto. Como en el caso del Distrito Federal, que logró identificarlo como una variante de la contaminación ambiental, de cuya atención depende preservar la salud de nuestro entorno y de las personas, así como entenderlo como un factor de convivencia pacífica, vecinal, de respeto a la tranquilidad y de equilibrio del espacio en el que vivimos. En México el impacto a la salud provocado por el ruido se encuentra previsto solamente en su aspecto laboral, donde el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo impone como obligaciones a los patrones, el contar con un programa específico de conservación de la audición del personal ocupacionalmente expuesto. Efectuar la evaluación de esta cuestión en todas las áreas, así como informar y orientar a los empleados sobre las posibles alteraciones por la exposición al mismo. Sin embargo, por lo que se refiere a la Ley General de Salud, el rubro analizado se incluye referencialmente como materia de salubridad general y como uno de los objetos de esta educación en la materia. Por lo anterior, la presente iniciativa propone explicitar en la Ley General de Salud, la obligación de crear políticas públicas de prevención, promoción de la salud auditiva y la reducción del ruido, tomando en cuenta la falta de definición de este factor de impacto negativo en la salud en la normatividad vigente. Es cuanto.