El diputado Pablo Alejo López Núñez: Con su permiso, diputado Presidente. Los suscritos diputados José Antonio de la Vega Asmitia, Sergio Penagos García y el servidor Pablo Alejo López Núñez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la exposición de motivos siguiente: La gran variedad de fuentes de información hoy a nuestro alcance, nos ofrecen un sinnúmero de ideas y mensajes transmitidos por los medios de comunicación, cuya presencia, participación e influencia en la vida diaria, son a todas luces evidentes. La prensa, la radio y la televisión han dejado de ser un vehículo meramente informativo y se han convertido en la herramienta indiscutible para el debate y el análisis del acontecer diario en todos sus ámbitos. Es así que en nuestra democracia se refleja cotidianamente la prevalencia y el respeto irrestricto de la libertad de expresión en los medios, independientemente de su formato, de su perfil informativo e incluso de su perspectiva religiosa y es ésta, en el sentido más amplio, fundamento básico de toda sociedad que se precie de ser modernista. El peso histórico de la relación Estado-Iglesia en nuestro país, ha sido factor determinante regulador del binomio en comento, que delimita derechos y obligaciones propios. Hoy es necesario actualizar y fortalecer nuestro marco jurídico en materia de culto religioso, lo que implica ponderar la posibilidad de que las asociaciones religiosas cuenten con la capacidad jurídica para adquirir, instalar, administrar y operar estaciones de radio y televisión, a efecto de difundir debidamente, oportunamente sus creencias. Hasta el año de 1992, teníamos en nuestro país un régimen jurídico en materia religiosa identificado por un común denominador de restricciones en perjuicio de libertad de culto. La reforma realizada en el año de 1992, adecua las nuevas condiciones de las que ya se hizo mención, las disposiciones jurídicas en la materia. Dichas normas se relacionan con la situación jurídica de las Iglesias, las agrupaciones religiosas y los ministros y las manifestaciones de culto que a grandes rasgos, comprenden, entre otras cosas, el reconocimiento del derecho de libertades en el ámbito religioso y por consiguiente de las expresiones sociales que habían permanecido restringidas desde 1917; la regulación de la actuación de las Iglesias como sujeto activo de derecho cerrando la brecha de interlocución entre la Iglesia mayoritaria y el Estado Mexicano y que dio lugar a conflictos históricos entre ellos hasta mediados del siglo pasado. Y además, la configuración de la expresión normativa de la libertad religiosa, derecho inalienable del ser humano, con lo que se cubrió un vacío jurídico en un asunto extraordinariamente sensible para la mayoría de los mexicanos. No obstante ello, dicha reforma ha resultado insuficiente con relación a lo dispuesto en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país ha suscrito de ello. Sin demeritar los avances en materia religiosa, algunos aspectos continúan inconclusos, a decir el impedimento legal que no constitucional, para llevar a cabo la difusión de la religión y creencias a través de la instalación, administración y operación de una estación de radio o televisión. El artículo 24 constitucional, señala en su párrafo final la obligación de que los actos de culto religioso se celebren ordinariamente al interior de los Templos; sin embargo, nos remite a la ley reglamentaria los casos extraordinarios que pueden celebrarse. Las reformas al artículo 27 constitucional, permiten a las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria. La capacidad de adquirir, poseer y administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto con los requisitos y limitaciones que establezca la misma ley reglamentaria. Por su parte el objeto de la reforma al artículo 130 constitucional en líneas generales consiste en establecer la separación Estado-Iglesia. En síntesis, en los preceptos aludidos no existe una disposición o prevención que establezca una prohibición para que las asociaciones religiosas adquieran, posean o administren concesiones de cualquier naturaleza cuanto menos de permisos para el uso de espacio aéreo y la instalación de estaciones de radio y televisión. Según el artículo 1o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada el 15 de julio de 1992 queda, fundado en el principio de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, el reglamentar de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. En el artículo 16 del cuerpo legal se establece que en su segundo párrafo la prohibición para que las asociaciones religiosas y los ministros de culto, posean, administren o por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, así como para adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva excluyéndose de dicha prohibición, las publicaciones impresas de carácter religioso. En tal sentido, la limitación en el patrimonio de las asociaciones religiosas es fruto de la voluntad del legislador ordinario y no del Constituyente Permanente. Así, resulta suficiente realizar las reformas pertinentes al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y en congruencia con lo anterior, a la Ley Federal de Radio y Televisión, a efecto de que se cree la figura que dé permiso para tales fines a las asociaciones religiosas. Esta iniciativa pretende dotar de capacidad jurídica a las asociaciones que cuenten con el debido registro en términos de ley para que obtengan posean o administren medios de comunicación masiva, así como permisos para la instalación de estaciones de radio y televisión. A su vez y de acuerdo a la naturaleza y objetivo de las asociaciones religiosas, podrán usar el espacio aéreo para la transmisión de señales y la instalación y operación de estaciones de radio y televisión abierta mediante la figura de permiso para fines religiosos, excluyéndose la posibilidad de que las estaciones de radio y televisión en poder de las asociaciones religiosas, tengan como fin preponderante la obtención de lucro alguno. Por las consideraciones expuestas es que proponemos ante esta Soberanía Nacional, el siguiente: Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como el artículo 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Artículo 1o. Se reforma la fracción II del artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue: Artículo 16. Las asociaciones religiosas podrán obtener, poseer o administrar sin fines de logro y para el logro de su objeto, cualquier medio de comunicación masiva, así como permisos para la instalación y operación de estaciones de radio y televisión. Artículo 2o. Se reforma el artículo 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue: Artículo 13. Al otorgar las concesiones o permisos a que se refiere esa ley, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinará la naturaleza y propósito de las estaciones de radio y televisión, las cuales podrán ser comerciales, oficiales, culturales, religiosas, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole. Las estaciones comerciales requerirán concesión, las estaciones oficiales, culturales, religiosas, de experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios, sólo requerirán de permiso. Artículo 25. Los permisos para las estaciones oficiales, culturales, religiosas y de experimentación para las escuelas radiofónicas, sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos, asociaciones religiosas en términos de la ley respectiva y entidades u organismos públicos o sociedades cuyos socios sean mexicanos. Si se tratara de asociaciones por acciones, éstas tendrán precisamente el carácter de nominativas y aquellas quedarán obligadas a proporcionar anualmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la lista general de sus socios. TRANSITORIO: Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es tanto, diputado presidente.