La diputada Lidia García Anaya: Estimados compañeros y compañeras diputadas. Expongo ante esta tribuna dos reservas a la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma la denominación del Título V y adiciona un Capítulo Quinto a la Ley de Instituciones de Crédito. Coincido en la intención de la Unidad de Inteligencia Financiera de garantizar el derecho de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas y la celebro. Sin embargo, someto a su consideración dos adecuaciones a la Fracción I del artículo 116 Bis 2, en la cual establece. Previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que dentro del plazo de 10 días hábiles sea la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Haciendas y Crédito Público y la institución de crédito correspondientes, quienes sean las encargadas de notificar a los interesados. La Unidad de Inteligencia Financiera no debe ni puede eludir su responsabilidad en este procedimiento. Además, agrego que la notificación deba ser por escrito porque esta reforma no lo indica, y sabemos que hay dos clases de notificación, de manera verbal o de manera por escrito. La propuesta que yo hago, que se especifique y que se incluya que esta notificación sea por escrito los fundamentos o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas para su notificación. Lo anterior es muy importante debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera no puede delegar a una institución financiera la función de notificación, ya que ella debe mantener en todo momento el control del proceso administrativo. Por otra parte, esta notificación, como lo acabo de aclarar, debe de ser por escrito, porque no se establece. Ya que como establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la notificación de actos administrativos requieren de la identificación de los notificadores para su validez. La notificación constituye el acto a través del cual con las formalidades legales hacen saber a las partes las determinaciones dictadas por la autoridad, con el fin de que se encuentren en actitud de alegar o realizar lo que a su derecho convenga. Por otra parte, el objetivo de la notificación es asegurar que el interesado o su representante legal tengan pleno conocimiento del asunto, ya que se trata y se puede acudir ante la instancia correspondiente para ser oído en defesa de sus derechos. Un ejemplo claro, y lo quiero exponer en esta tribuna, es lo ocurrido con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la cual desde el día 26 de febrero de este año tiene cuentas bloqueadas, provenientes del Fondo de Jubilación de los académicos y del personal administrativo, ahorros que provienen de los descuentos de los salarios. Los académicos y administrativos aportan un 6 por ciento de su salario de manera quincenal, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo aporta el 8 por ciento. Estas cuentas se encuentran bloqueadas hasta el día de hoy. Y también en estos momentos, en ese mes de febrero, se bloquearon los recursos provenientes de la federación y del estado. Totalmente incongruente. Pero lo más importante del tema es que la Unidad de Inteligencia Financiera no le ha dado a la Autónoma del Estado de Hidalgo el derecho de audiencia a esta institución educativa, y fue mediante un amparo otorgado por la autoridad judicial federal que logró apenas en el mes pasado, en el mes de octubre, que se emitiera esta resolución al procedimiento de garantía de audiencia y con ello mitigar los actos negativos y nocivos de los que ha sido parte.