El diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto: Honorable asamblea, inicio mi intervención con algunas preguntas. ¿Cuántos de los aquí presentes hemos tenido indicios de ser sujetos de intervención arbitraria de nuestras comunicaciones privadas? ¿Quiénes nos hemos sentido vigilados y, por lo tanto, vulnerados en nuestra intimidad y vida privada? ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos preguntamos cuando llamamos o nos llaman por teléfono quién nos estará escuchando? La vida privada, la libertad, la propiedad y el libre desarrollo de la personalidad son, entre otros derechos y libertades, muy preciados para los ciudadanos y cuya garantía de vivencia son deberes del Estado mexicano. La iniciativa que hoy se presenta parte de la premisa que la intervención de las comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial es una conducta indeseable que debe recibir prisión preventiva oficiosa. A pesar de las incontables voces que sostienen que recrudecer los castigos no resuelve nada, tenemos la certeza que la función ejemplar de la pena puede incidir y ampliamente, en la evaluación previa del costo-beneficio para quien planee violentar la esfera privada del gobernado, en contra de todo precepto legal o convencional. El artículo 16 constitucional establece, sin dejar lugar a dudas, lo siguiente. Las comunicaciones privadas son inviolables. Y también dice que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Sin embargo, por inconcebible que parezca, a la fecha muchos de nosotros tenemos que dejar nuestros teléfonos móviles en una canasta antes de celebrar reuniones en que se aborden temas delicados, o no tan delicados, o hemos tenido que optar por emplear la herramienta de la llamada de los programas de mensajería instantánea. Increíble también resulta el que hasta el día de hoy no se contemple la prisión preventiva oficiosa desde nuestra Carta Magna, para la intervención arbitraria de las comunicaciones privadas. El año pasado, el periódico norteamericano The New York Times, consignó que el gobierno federal habría espiado a opositores y comunicadores desde sus teléfonos móviles, con un software presuntamente adquirido por la Sedena, la PGR y el Cisen, llamado Pegasus. En Puebla, durante la administración de Rafael Moreno Valle, mediante virus informáticos de tipo exploit y un software de recolección de información denominado Galileo, comprado a la empresa Hacking Team, lo mismo se espío a periodistas, líderes sociales, presidentes municipales, funcionarios y legisladores. Según Animal Político, el software habría sido adquirido por la empresa SYM Sistemas Integrales, por instrucciones de Eukid Castañón Herrera, por cierto diputado federal en la pasada legislatura. Oportunamente el exagente operador del espionaje Rodolfo Raúl Vázquez, el de la voz, el entonces senador Luis Miguel Barbosa y un empresario local dimos fe de ello ante el Senado. Aristegui Noticias reportó que le fueron monitoreadas, entre el 12 de enero de 2014 y el 16 de noviembre de 2015, sus conversaciones al presidente Peña Nieto, por un total de 3 horas, 5 minutos y 28 segundos. No deja de asombrar el nivel de temeridad, indecoro, inconciencia y arbitrariedad que exige espiar al jefe del Estado mexicano. Lo más increíble es que al día de hoy, en un país en que todos somos susceptibles de invasión a nuestra vida y comunicaciones privadas, no existe un solo responsable tras las rejas por una conducta que ofende de tal manera a la sociedad. El descontento y sensación de vulnerabilidad social por la impunidad exhibida dan cuenta, primero, de la necesidad de elevar el nivel punitivo previsto para quien invada arbitrariamente la esfera privada de las personas. Y segundo, de proveer un marco normativo para que la PGR investigue y se ponga a trabajar. Compañeras y compañeros legisladores, el respeto por la vida privada, los derechos fundamentales y el disenso son termómetros de la vocación democrática de los gobernantes, La transformación del país exige un compromiso político para evitar cualquier regresión autoritaria y resistir ante cualquier amenaza a nuestro régimen de libertades ciudadanas. En consecuencia y por su alta lesividad social someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para considerar a la intervención arbitraria de las comunicaciones privadas como delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Es cuanto.