La diputada María Macarena Chávez Flores: En 2009, derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del año previo, se emitió la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se preveía que la Federación, además de los recursos que se entregaban por la vía de la Ley de Coordinación Fiscal, se destinarían subsidios para los municipios y las entidades federativas con mayor índice de violencia. Así se creó el Subsemun, el subsidio para mando único y por último Fortaseg. En esta administración estos subsidios han sido eliminados, sin embargo, las entidades federativas y los municipios no han desaparecido. Es por ello que a través de esta iniciativa se propone establecer claramente la obligación legal del gobierno federal para otorgarles, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La violencia en nuestro país ha ido en incremento en los últimos años y, como ha quedado demostrado, la participación de las Fuerzas Armadas no ha ayudado a resolver los problemas de inseguridad. En este sentido, desde el PRD hemos insistido en la necesidad de fortalecer a las instituciones policiales de las entidades federativas y los municipios, para que puedan asumir profesionalmente las labores de protección a las y los ciudadanos que, además, estamos obligados por el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional. Desde 2009, cuando se creó Subsemun, las autoridades federales detectaban los municipios con mayor problema de inseguridad y, en consecuencia, atribuirles mayores recursos, con el objeto de fortalecer sus instituciones policiales. Conforme a las causas del incremento de la violencia que se presentaban en torno a las desfavorables condiciones laborales de los elementos de seguridad pública, las cuales incluyen insuficiencia de equipamiento e infraestructura, escasa profesionalización y falta de protocolos de actuación homogéneos que redundan en la reducida eficacia de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal y, consecuentemente, con una mayor incidencia delictiva, como pueden evidenciarlo diversos estudios de organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta materia. Estos recursos otorgados para subsidios fueron complementarios de los que se recibían por las vías de la Ley de Coordinación Fiscal. Debemos señalar que, a pesar de los múltiples esfuerzos por profesionalizar a los cuerpos policiacos, en la mayor parte de los casos no se ha logrado avanzar mucho debido a las dificultades que representa el no recibir recursos federales adicionalmente. Debemos señalar que los subsidios tenían fines específicos, entre ellos, la capacitación para las nuevas labores que representa la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, la atención primaria a víctimas, así como la capacitación en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Todas estas labores han quedado rezagadas o, en el mejor de los casos, pospuestas debido a la falta de recursos. Lo que proponemos es establecer en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la obligación del gobierno federal para entregar subsidios a las entidades federativas y los municipios, conforme a los lineamientos que se acuerden en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde confluyen autoridades federales y todos los gobernadores de los estados. En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos y convencidas de las necesidades de retirar a las instituciones militares de las labores de seguridad pública. Sin embargo, no podemos dejar en la desprotección a las y los ciudadanos. Es por ello que debemos emprender un proceso acelerado de profesionalización de las policías en las entidades federativas y los municipios. Si por el mandato constitucional en 2024 se va a retirar el Ejército y la Marina de las labores de seguridad pública, hoy estamos comprometidos para apoyar este proceso de construcción policial y, en consecuencia, destinar los recursos necesarios para llevar a buen término a través de mecanismos legales que generen certidumbre en la ciudadanía. Es cuanto, presidenta.