El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: El día de hoy atendemos un dictamen que muestra con claridad la importancia de los ajustes y armonización que realizamos legisladores en nuestro trabajo diario. Es nuestra labor dar y otorgar mediante las normas aplicables atribuciones y facultades a las autoridades y Poderes de la Unión de acuerdo a las intenciones y voluntad popular. Al darse cambios y modificaciones a las leyes, es necesario ejecutar un ejercicio de armonización que permita ser congruentes y consecuentes con los nuevos regímenes legales. En ocasiones se trasladan atribuciones de una dependencia a otra, lo cual obliga a una modificación integral de armonización. Sin embargo, no siempre se realizan modificaciones legales en un solo decreto de reforma. Por ello, en el Poder Legislativo nos encontramos en un ejercicio permanente de reconocer qué figuras jurídicas específicas no fueron materia de una reforma y que mantienen vigente el mandato de una modificación legal. El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma para darle al Congreso la atribución para expedir la ley general que establecía la organización y administración homogénea de los archivos de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Esta reforma fue parte del paquete de la conocida como reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, que evidentemente debe incluir la gestión de archivos públicos. Pasaron dos años y medio para expedir la norma general que culminó con la Ley General de Archivos, emitida el 15 de junio del 18 y que estableció los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios. La armonización, materia de este dictamen, tiene que ver con el efecto del Sistema Nacional de Archivos y de la ley general ya descrita, en convivencia con el texto vigente de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el que aún se atribuye a la Oficina de la Presidencia de la República, la función de difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública. Es cierto que la preservación de la memoria histórica es una función de vital importancia en toda sociedad y está a cargo primordialmente del Estado, pero en el régimen de derecho administrativo en que vivimos, de aplicación irrestricta de las leyes, esta obligación de difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación debe estar ahora coordinada por el Archivo General de la Nación y no por unidades o direcciones adscritas a la Oficina de la Presidencia de la República. El Archivo General de la Nación es un organismo descentralizado, no sectorizado, entidad especializada en materia de archivos, que tiene por objeto promover la organización y administración homogénea de archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental de la nación, con el fin de salvaguardar la memoria nacional de corto, mediano y largo plazo. Así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. Por tal motivo, ya tiene encomendadas las actividades de difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación. Sin embargo, para fortalecer sus atribuciones en materia de memoria histórica, es necesario añadir una facultad adicional en la materia, para no dejar lugar a dudas acerca de cuál es la autoridad encargada, conforme a los principios de legalidad y certeza jurídica, de difundir y liderar el ejercicio de preservación de la memoria histórica en el país. Ahora bien, como se dan modificaciones y atribuciones entre dependencias, debe priorizarse llevar a cabo los actos necesarios para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros de una entidad a otra. En este caso, deberán materializarse dos acciones conforme al régimen transitorio: la primera, coordinar el proceso de transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros. Y la segunda, respetar conforme a la ley los derechos laborales de la persona que sean transferidos de una dependencia a otra. Por todo lo anterior, y con el fin de fortalecer el régimen aplicable legal y de aplicación del Estado de derecho, es que votaremos porque siempre se hagan adecuaciones legales necesarias para tener un sistema jurídico armónico en el país, que privilegie la correcta aplicación de leyes, régimen burocrático sano para la mejor implementación de políticas públicas. Más aún en un tema tan importante como la preservación de la memoria histórica...