EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: Con su permiso, señor Presidente. Presentamos esta iniciativa de decreto que reforma los artículo 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exposición de Motivos La pena de muerte es uno de los peores despropósitos del sistema penal, abolirla se ha constituido como una lucha de las organizaciones, países e individuos más lúcidos en el campo de los derechos humanos y la ciencia penal. A la indignación social que se produce por un crimen, no hay justificación para responder con la misma proporción por parte del Estado, dado que los instrumentos de unos y de otros no son los mismos. En México, abolir la pena de muerte de nuestro máximo ordenamiento, es un pendiente más en el terreno de los derechos humano y a eso va abocada la iniciativa que presentamos en esta ocasión. En México, cuando se abordan los derechos humanos encontramos tres vertientes de apariencia antagónica: 1. Ausencia de legislación que reivindique el tema 2. Existencia de legislación pero no aplicación o no actualización en la realidad, y 3. Existencia de legislación contraria a los principios inherentes a los derechos humanos. Se trata de menciones o dispositivos jurídicos que van contra las garantías de integridad corporal, libertad, igualdad, propiedad y seguridad jurídica. Este es el caso del segundo párrafo del artículo 14 y primero y último párrafos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su permanencia en el orden jurídico nacional, aún y cuando no se actualice en la práctica, genera confusiones y abre la puerta a discusiones que debemos superar definitivamente. En la materia penal, se encuentra el termómetro de los derechos humanos de un país. Ahí es donde las sanciones se definen como corporales, dado que se actualizan de manera material y gráfica en contra del gobernado, su libertad. Respetar el debido proceso legal, evitar penas infamantes, inusitadas, degradantes, tormentos y azotes y el respeto a la integridad psicofísica de quien delinque, distinguen a un gobierno de otro y son rasgos de civilidad. La pena de muerte atenta contra la dignidad humana de quien la recibe y de quienes la ejecutan o permiten. Aún y cuando nuestro país es considerado como abolicionista de hecho en este terreno, por el tiempo que lleva de no aplicar la pena de muerte, no es menor que nos planteemos la abolición de Jure de esa sanción como algo posible en nuestro sistema normativo. Pensamos que ni como posibilidad cabe una mención del tipo de permitir la pena de muerte en nuestro máximo ordenamiento. Ciertamente los estadios de desarrollo del estado moderno, han transitado de momentos en donde su propia existencia dependió de la imposición de su fuerza legítima, legal, pero igual de violenta y descarnada que la de otros poderes, a fin de constituir los estados nacionales, a aquellos en donde a partir de las revolucione de los siglos XVII y XVIII, el centro del estado no fue el poder sino el gobernado, o mejor aún el poder del gobernado. El último eslabón de la cadena evolutiva del estado, es el llamado estado de derecho, cuyas características son la distribución y control del poder político, división de poderes, donde se considera la supremacía de la Constitución. Existe un control judicial de los actos de autoridad y un respeto por parte de éste a las garantías individuales. México desafortunadamente no ha llegado a este nivel de desarrollo, México aspira a ser un estado de derecho. Si entendemos a la Constitución como los límites al poder público, el tema de la pena de muerte es un tema abarcado por el concepto del estado de derecho, consideramos que si un Estado como límite a su poder la vida de sus gobernantes, no es un estado de derecho y en sentido inverso. Por ello, no debe mantenerse en la Constitución, aun como posibilidad remota la pena de muerte para ciertos delitos, se trata del mayor acto de disposición que un gobierno puede tener para sus gobernados, con el propósito de ubicar adecuadamente el tema en el desarrollo del país, es conveniente recordar que ya en la Constitución liberal de 1857, se estableció que la pena de muerte era una sanción establecida de manera transitoria y sólo para algunos delitos y que por lo tanto debía ser abolida, cuando la autoridad administrativa estableciera el régimen penitenciario ausente para algunos estados del país. En los debates de aquel Constituyente, se rechazó expresamente que la pena de muerte fuera una medida permanente y se llegó a considerar un plazo, que se pensó adecuado de cinco años para llegar a desaparecer esta ignominia. Situación que no ocurrió dadas las invasiones extranjeras que sufrió nuestro país en esa segunda mitad del Siglo XIX, y la sucesión de gobiernos que operó en aquellas fechas. También es adecuado recordar que fue durante el gobierno de Porfirio Díaz en 1901, cuando se eliminó esa temporalidad, dejando la pena de muerte para ciertos delitos de manera permanente, y que nuestro Constituyente de 1917, por inercia tomó el texto de 1901 y no el de 1857 y no se abolió entonces la pena de muerte en la Constitución. No fue sino hasta 1929 cuando se omitió como sanción en la legislación sustantiva la pena de muerte, aun y cuando hasta el día hoy subsiste la norma castrense o militar para un sin de violaciones a sus leyes. En la actualidad la legislación internacional está abocada a exigir su desaparición, incluso el propio Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en 1988, excluye la pena de muerte como castigo para los que son indudablemente los delitos más graves: el genocidio, crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, y esto significa que si la pena de muerte no debe usarse para los delitos más graves posibles en el mundo, menos aun para los que son más leves que éstos, en otras, palabras no debe usarse. Consideramos que no es suficiente que México sea considerado como un país abolicionista de hecho, sino que se debe proscribir en definitiva de todos sus ordenamientos legales, pues se trata de reminiscencias que no corresponden a un estado de derecho moderno. La aplicación de la pena de muerte, como sanción del Estado, es el envilecimiento colectivo de una sociedad frente a si misma. Se trata, además, de una medida que contradice a la Constitución, pues atenta contra el propio sistema penal establecido en la Carta Magna, ya que con esta sanción evidentemente n ose busca la readaptación social del delincuente, a través del trabajo y la capacitación para el mismo y la educación, sino acaso sólo la representación burda de una venganza en un espectáculo público. No queremos ni la sola mención en nuestra Constitución de la pena de muerte, su abolición de jure sin duda contribuirá a elevar la dignidad humana y a desarrollar los derechos humanos. Por ello, en este Congreso de la Unión, han coincidido las diversas fuerzas políticas en plantear la derogación de la mención que se hace de la pena de muerte en la Constitución, así en febrero del año 2002 el grupo parlamentario del PRD propuso reformar el Artículo 22 Constitucional para eliminar esta mención a la pena de muerte. En marzo del mismo año, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional también propuso establecer estas reformas y en agosto del 2002, el grupo parlamentario del PRI en voz del diputado Manuel Añorve, presentó una iniciativa del diputado Angel Artemio Meixueiro González, para reformar el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, justo en los momentos en los que en Estados Unidos se disponía a aplicar la pena de muerte en contra del mexicano Javier Suárez Medina. Por ello, porque es un punto de amplio consenso de las diversas fuerzas y de la sociedad mexicana, proponemos reformar el actual texto del segundo párrafo del artículo 14, así como adicionar el primer párrafo del artículo 22 y derogar su último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal forma que el artículo 14 diga: "..nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho" y para que el artículo 22 señale: "..queda prohibida la pena de muerte, así como las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales". Suscriben esta iniciativa los diputados Armando Salinas Torre, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; los diputados Alejandro Zapata Perogordo, Coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara; Tarcisio Navarrete integrante del grupo Parlamentario del PAN, Esteban Daniel Martínez integrante del grupo parlamentario del PRD, la diputada Petra Santos integrante del grupo parlamentario del PRD, el diputado Enrique Herrera del grupo parlamentario del PRD, el diputado José Manuel Del Río Virgen de Convergencia, el diputado José Antonio Calderón del PAS, la diputada Beatriz Lorenzo del PAS, la diputada Berta Alicia Simental del Partido de la Sociedad Nacionalista. En virtud, señor Presidente, de que esta iniciativa se ha presentado por cinco ocasiones de manera consecutiva y en cuatro de ellas ha sido pospuesta esperando la dictaminación de la comisión correspondiente, es que en esta ocasión solicitamos a usted que el trámite sea de obvia y urgente resolución, para que pueda votarse en este pleno el día de hoy estas reforma que consideramos histórica en la humanización de nuestro constitucionalismo y de nuestro sistema penal y judicial. Muchas gracias por su atención.