La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, damos inicio al periodo de sesiones recibiendo el informe del Ejecutivo, del estado que guardan los asuntos de la nación, en un momento de gran zozobra para un sector importante de la ciudadanía. Éste es un hecho que no podemos ni debemos minimizar, ocultar o mal interpretar. Millones de mexicanos y mexicanas hemos empezado a conocer el miedo ante el despliegue insolente del hampa organizada. No es que antes no lo haya habido, pero esta sensación de indefensión, de impotencia, de soledad, de desprotección es nueva, absolutamente nueva en la vida de nuestra república. Alentadoramente, junto al miedo emerge también un sentimiento que podemos transformar en un impulso formidable para cambiar la situación, dotar de seguridad a nuestra población y derrotar al crimen organizado. En millones de nosotros y de nosotras bulle la indignación, no sólo por los pobres resultados que estamos ofreciendo todos los que participamos de una manera o de otra en el poder público para vencer a la delincuencia, sino ante el hecho tristemente constatado de que son muchas veces miembros de las instituciones de seguridad pública los autores o cómplices del delito. Desde esta tribuna, a nombre de mi grupo parlamentario, como ciudadanas y ciudadanos mexicanos manifestamos nuestra solidaridad plena con quienes demandan seguridad y conminan a los gobiernos a producir resultados tanto a aquéllos cuyas víctimas tienen nombre propio, como aquéllos otros que sufren los mismos horrores en el anonimato. A esta demanda sumamos nuestra voz. Yo personalmente, como diputada integrante del Poder Legislativo, militante de un partido político, debo expresar mi vergüenza pública porque habiendo hecho algo en esta legislatura, no hayamos hecho más y sobre todo, no hayamos hecho lo suficiente. Nuestros pendientes proyectan una penumbra que contrasta con cada una de las velas encendidas recientemente. La demanda ciudadana es legítima y en vez de dar el lamentable espectáculo de mirar la paja delictiva en el gobierno ajeno y no la viga criminal en el gobierno propio, debemos todos asumir en primera persona el reclamo ciudadano. El reto y la magnitud del crimen organizado, y la falla de nuestras instituciones de seguridad y justicia, han convertido el tema de seguridad pública en un problema de seguridad nacional. Y nuestras fuerzas armadas, que entraron a la lucha contra el crimen organizado acatando una instrucción presidencial, que no tuvo el cuidado de generar los consensos sociales y políticos mínimos para arropar su acción, deberán permanecer en esta lucha con todo nuestro apoyo, por supuesto, hasta que el problema de la delincuencia organizada vuelva a ser un asunto de seguridad pública. Pero, ¿qué estamos haciendo mientras tanto? ¿Qué estamos haciendo para cuando, cumplido su trabajo, las fuerzas armadas vuelvan a sus tareas constitucionales? ¿Volveremos a encargar la seguridad pública a los mismos cuerpos que han fracasado o pensamos que nuestras fuerzas armadas harán funciones de policía durante la eternidad? Todo sabemos más o menos qué hay que hacer en la materia: sabemos que se requiere una policía nacional unificada y digo yo, esto es personal, militarizada, es decir, acuartelada pero que no sea presa fácil del chantaje criminal, los policías y sus familias. Unificación y acuartelamiento que debe ocurrir cuando hayan sido rigurosamente saneadas. Sabemos que se requiere una Procuraduría General de la República autónoma del Poder Ejecutivo, profesionalmente capacitada y éticamente saludable. Sabemos que se requiere un ministerio público capaz de investigar e integrar expedientes acusatorios consistentes. Sabemos que tenemos un sistema esquizofrénico de seguridad e impartición de justicia. No hay prevención real del delito. No hay sanción. ¿Cuántas personas tienen meses y hasta años en las cárceles sin haber recibido sentencia? No hay rehabilitación. Nuestro sistema penitenciario, lo sabemos, es todo menos un sistema de readaptación social. Sabemos que requerimos una ley marco que sea réplica en los 32 estados de la República. Sabemos que necesitamos reformas en un proceso integral en el que debemos ir por partes y dentro de un plan. Sabemos que esas reformas deben integrar en un sistema eficiente el trabajo del policía que detiene y hace un primer levantamiento de los hechos. Del fiscal que investiga y acusa y del juez que sanciona o exonera. Sabemos que debemos concentrarnos en lo que ahora es el principal problema: el crimen organizado, el delito violento y la reincidencia. Tan lo sabemos que el presidente, a poco de iniciar su mandato, instruyó al procurador general de la República y al gabinete de seguridad para que, cumplidos los 90 días de su administración, presentara a la sociedad mexicana un programa integral para mejorar nuestros mecanismos de seguridad y procuración de justicia. Si todos sabemos lo que hay que hacer ¿Por qué no se ha hecho? La respuesta es simple y a la vez compleja, y tiene dos partes: la primera, nada se avanzará en la dirección correcta en la lucha contra el crimen organizado, por más pactos que se firmen, si es que además de las medidas antes señaladas no abatimos significativamente la corrupción y la impunidad imperantes. No me refiero sólo a la impunidad de los cuerpos policiacos; me refiero también —y sobre todo— a la corrupción que se despliega desde el poder político, compañeros y compañeras. Me refiero a este pacto infame de hablar a media voz, de convalidar como honrados ciudadanos a personas cuya ligas delictivas o de cuyas prácticas de corrupción todos tenemos indicios razonables. Sin ejemplo arriba, no pasará nada abajo. Nadie es más cómplice de la delincuencia, organizada o no, que la autoridad corrupta. Su primera víctima es la confianza ciudadana tan indispensable para ganar esta lucha contra el crimen organizado. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a un gran pacto en el corto plazo de leyes efectivas contra la corrupción y la impunidad de los políticos? ¿Estamos dispuestos a abandonar ese falso espíritu de cuerpo o de grupo tan parecido a la complicidad para comprometernos a colocar ante un juez a toda autoridad —del partido que sea— si es que una instancia jurisdiccional especial e imparcial encuentra dudas razonables sobre posibles vínculos con el crimen organizado? Sin ello, sin abatir la corrupción e impunidad en el Estado no habrá éxito en la lucha contra el crimen organizado. Lo sabemos todos, pero sobre todo, lo sabe la ciudadanía. Y la segunda cosa: no se logrará nada significativo en la lucha contra la inseguridad y la criminalidad, en general, si es que no reconocemos que existe una correlación muy alta entre el crecimiento de la delincuencia y la desocupación juvenil; una correlación directa entre el deterioro de las familias y la delincuencia; y una correlación muy significativa entre una mala educación e índices delictivos. En otras palabras, el deterioro social que deriva de la desigualdad social que en nuestro continente y en nuestro país es de las más altas del mundo, genera un ambiente propicio para el alza de la ola de criminalidad que nos azota. Recomponer el tejido social y construir la cohesión social son indispensables para construir la paz en nuestro país. Aquí las interrogantes cambian de destinatario. Los detentadores del poder económico, aquéllos a quienes tanto preocupa —y con razón— la inseguridad ambiente, ¿cuánto están dispuestos a compartir de lo mucho que tienen para una efectiva política de abatimiento de la desigualdad social? ¿A qué sacrificios están dispuestos? ¿Están dispuestos a renunciar a los regímenes fiscales de excepción para fortalecer las finanzas públicas e impulsar políticas de combate a la desigualdad en todas sus formas? Necesitamos crecer más allá de la mediocre tasa media de 2.4 por ciento del producto interno bruto en 24 años de neoliberalismo y del más mediocre 2.3 en el gobierno de Vicente Fox. Esto también tiene que ver con la seguridad. Urge desarrollar una nueva política económica que desate el crecimiento y el empleo. Nuestra juventud sigue a la espera de los empleos prometidos. La mediocre tasa de crecimiento sólo ha permitido la creación de poco más de 200 mil empleos estables, absolutamente ineficientes para afrontar la demanda de la nueva fuerza laboral mexicana. Esto también tiene que ver con la seguridad, sobre todo en este gobierno que se llamó a sí mismo "el gobierno del empleo". Requerimos incrementar nuestro ahorro interno y la inversión interna, amén de la atracción de la inversión extranjera directa en un mundo cada vez más competitivo. Esto también tiene que ver con la seguridad. Como tiene que ver con la seguridad una reforma petrolera, no para privatizar, sino para modernizar y fortalecer a Pemex y convertirlo en un instrumento y un activo del crecimiento de este país. Colocados en el largo plazo del proceso histórico de construcción de nuestra democracia, no restañar con audacia esa herida social que es la desigualdad, nos vuelve impotentes contra la ola de criminalidad y debilita nuestra lucha contra el crimen organizado en ese río revuelto y esa es toda la dinámica política central de la transición mexicana en los últimos años. Los pescadores del pasado autoritario operan para lograr ganancias antidemocráticas a favor de los poderes fácticos de siempre: los grupos monopólicos reacios a la competencia y a sus obligaciones fiscales, las burocracias sindicales corruptas que en nombre de sus agremiados defienden en realidad derechos sueldales sobre el presupuesto público e impiden cambios para alcanzar las nuevas capacidades competitivas de las y los mexicanos. Los viejos y nuevos dueños de la conciencia pública de la nación y hasta las incrustaciones perversas del crimen organizado y de potencias extranjeras en el cuerpo del Estado mexicano. La primera vez que hice uso de la palabra, en esta tribuna, señalé que toda transición democrática exitosa ha tenido tres condiciones para consolidarse: la primera, saldar cuentas con el pasado, resolver el gran tema de la corrupción y la impunidad del viejo régimen. La segunda, el establecimiento de un nuevo pacto político de nuevas reglas constitucionales para una democracia eficaz y participativa. Finalmente, la tercera, un nuevo pacto social que genere empleo, redistribuya de manera más equitativa la riqueza y en nuestro caso, concluya con esa vergüenza moral que es la desigualdad social. Hoy debo decirles que la primera tarea ni siquiera se ha empezado a acometer y es la principal traba para una lucha exitosa contra el crimen organizado. Algo hemos empezado a avanzar en la segunda tarea, pero queda el enorme pendiente del déficit de legitimidad de muchas de nuestras instituciones que está en el origen de la desconfianza y la ira ciudadana del día de hoy. En cuanto a la tercera, un nuevo pacto social progresivamente redistributivo, no hemos avanzado ni un ápice. Lo que está en el fondo del déficit de legitimidad del Estado, es una deuda social con el pueblo pobre de este país, agobiado por la desigualdad lacerante de todos los días. Como lo señalan las más recientes encuestas, más del 75 por ciento de nuestra ciudadanía percibe un claro deterioro de la economía. Para tres de cada cuatro mexicanos ese es el principal problema que enfrentan día con día. El compromiso histórico, el verdadero pacto que necesitamos es, sobre esto, no sobre buenas intenciones obligadas por las circunstancias, sino sobre el fondo de un programa integral y común de muy amplio consenso de naturaleza ética, política y social. Por eso, en las actuales circunstancias no es suficiente la mayoría legal, se requiere una mayoría política que se exprese, entre otras cosas, en un gobierno fuerte, sólido, que conduzca frentes de esta lucha sin cuartel por el restablecimiento de la potencia soberana del pueblo y del Estado mexicano. No estamos viendo ese gobierno. Como lo intuyó en su momento el actual mandatario, se requiere de un gobierno de coalición que remonte la fidelidad de los propios y convoque a los mejores. Requerimos acuerdos de fondo para resolver esta situación. Sólo hay un camino para ello: resolver el déficit de legitimidad a través de un compromiso histórico, repito, de naturaleza ética, política y social. Sin ello corremos el riesgo de tropezar los próximos cuatro años con la misma piedra. La tentación del fracaso, compañeros, estará siempre ahí y la ciudadanía tendrá todo el derecho de encararnos otra vez esta vez con ánimo ejecutorio: si no pueden, renuncien. Gracias.