El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señora presidenta; muy buen día tengan todos ustedes los presentes y el pueblo de México. El artículo 9o., de la Constitución expresa la celebración de los imponentes concursos conocidos con el nombre de manifestaciones públicas que se organizan para significar el deseo de las masas en ocasiones solemnes para dar a conocer la exigencia de un derecho o la reclamación para que este se pueda llevar a cabo. Francisco Mújica, participante del Congreso Constituyente de 1917, sostenía que el artículo 9o., constitucional contemplaba las libertades del ciudadano, y era uno de los trascendentales que dieron origen a esta Constitución, de la primera revolución social del mundo. Los derechos de asociación y reunión son hoy premisas fundamentales en el Estado constitucional, democrático, que debería de prevalecer en este momento. El artícul9 9o., reza de la siguiente manera no se podrá coartar el derecho de asociarse o de unirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la república lo podrán hacer. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, sino se procedieren injurias contra ésta, ni existiera uso de la violencia, amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. El artículo 9o. ha permanecido hasta nuestros días sin reforma alguna, no se ha discutido ni se ha movido desde 1917, hace 100 años exactamente. No obstante, el derecho de reunión ha sido el que más debate y polémica ha suscitado a través del tiempo, por qué ¿hasta qué punto una marcha o una movilización social está dentro de los márgenes de lo establecido por dicho artículo? Es decir, qué restricciones o excepciones establecen para su ejercicio, ya que aun cuando está bien estipulado y se establecen los parámetros siempre éstos estarán sujeto a la interpretación del juzgador o de la autoridad competente que esté sancionando esta situación. Tan así es que la libertad a este derecho puede tener efectos frente a las autoridades, limitando la posibilidad de que puedan disolver o una asociación o imponer decisiones tomadas en una congregación. La detención de participantes en manifestaciones públicas pacíficas, así como la criminalización de las demostraciones en la vía pública es una de las formas más comunes de violación de derechos humanos en este país, y lo hemos visto a través de varias décadas en nuestro querido México, digamos Atenco, digamos Tlatlaya, digamos lo que sea, una de ellas fue cuando el señor Enrique Peña Nieto tomó protesta el primero de diciembre y aunque hubo manifestantes pacíficos, fueron detenidos de manera arbitraria. El amedrentamiento de la reunión y la expresión a través de la imposición de penas privativas de la libertad, tiene un efecto disuasivo sobre aquellos sectores de la sociedad, que expresan sus puntos de vista a sus críticas o a la gestión de gobierno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, quiero hacer énfasis, ha considerado que el accionar de las fuerzas de seguridad no debe de desincentivar el derecho a reunión, sino de protegerlo, porque para eso están las fuerzas públicas, proteger la ciudadanía, no reprimirla. El uso ilegítimo en la fuerza pública implica, entre otros factores, que ésta debe de ser tanto necesaria como proporcional con respecto a la situación, es decir, a la medida en que la población está actuando, ni excesiva fuerza, nada de ello, debe ser ejercida con moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga, así como tratando de reducir al mínimo las lesiones personales y la pérdida de vidas humanas que puedan desarrollarse en la manifestaciones. Es por ello que la propuesta pretende hacer valer los derechos de asociación y de reunión de todos los mexicanos, sin que los mismos sean atropellados so pretexto de actos de violencia. Por lo anteriormente expuesto expongo a esta soberanía que se adicione un tercer párrafo a este artículo 9o., el cual reza así y termino de manera breve: Tercer párrafo del artículo 9o. No se podrá bajo ninguna circunstancia hacer uso de las Fuerzas Armadas, de cuerpos policiacos, tanto federal, estatal o de seguridad pública, como instrumento de disolución y represión social, por lo que deberá priorizarse el diálogo como medio para redimir los conflictos que se susciten en las manifestaciones. Por su atención, muchas gracias. Y les deseo que pasen una excelente tarde. Gracias, señora presidenta.