El diputado Diego Aguilar: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Actualmente el acceso a la información se ha constituido en uno de los temas de relevancia para la sociedad mexicana, los ciudadanos no sólo están atentos al actual quehacer gubernamental, sino que su participación es cada vez más activa en la rendición de las cuentas de los organismos públicos. El ejercicio del derecho de acceso a la información permite que la sociedad disponga de mayores elementos sobre asuntos públicos, lo que constituye un factor adicional para inhibir la corrupción y la ilegalidad. Gracias a ello los organismos del sector público han eficientado su actividad e incrementado sus servicios para beneficio de la sociedad mexicana. Quiero referirme en este punto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual en la reforma a su ley del año 2005 estableció que dicho organismo cumplieran con la función establecida de transparencia, de acuerdo con lo señalado por sus propias normas en la materia, y esto fue reglamentado en su momento por el Ejecutivo federal. Cabe señalar que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un organismo creado directamente por mandato constitucional y el cual es autónomo de la administración pública federal, toda vez que se integra por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los empresarios; y además administra las aportaciones de las empresas que efectúan al Fondo Nacional de la Vivienda, a fin de constituir depósitos a favor de los trabajadores, es decir, no existen recursos federales dentro de este instituto. Por tal razón el gobierno federal no ejerce un control sobre el Infonavit, éste descansa en la facultad de sus órganos colegiados, todos ellos integrados por el mismo número de representantes, obreros, patronales y gubernamentales, es decir, tiene una característica especial, que es organismo tripartito, lo que ha caracterizado y ha demostrado que a lo largo de más de 30 años es una fórmula exitosa para el cuidado del patrimonio de sus derechohabientes. Además, el Infonavit recibe recursos para su actuación del Fondo Nacional de la Vivienda el cual, según el artículo 5o. de su ley es patrimonio de los trabajadores derechohabientes del mismo, que son aquellos a los que se refiere el apartado A del artículo 123 constitucional y por tanto, ni sus ingresos son asignados ni sus egresos forman parte del gasto público. Asimismo, el Infonavit no recibe dentro de su patrimonio aportaciones en numerario, servicios o subsidios por parte del gobierno federal; es decir, es un organismo que conforme al mandato constitucional es autosuficiente, siendo las aportaciones patronales y la recuperación de créditos otorgados, las que le han permitido operar de manera eficiente y con claridad. Consideramos que el Infonavit no debe quedar fuera de la observancia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es necesario que su inclusión dentro de la misma sea acorde con su naturaleza, como el caso de otros sujetos obligados que por su propia característica ameritan estar contemplados en el artículo 61 de la citada Ley. En concordancia con lo anterior, con fecha 1 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda. Ese es el sentido de las reformas a diversos artículos de la Ley del Infonavit, que fortalece la transparencia en la toma de decisiones. Termino, señora Presidenta. No obstante lo anterior, se hace indispensable reforzar los mecanismos jurídicos y operativos para asegurar la transparencia en el ejercicio de los recursos que el Infonavit administra. En virtud de lo anterior se considera que dicho precepto legal quede redactado en los siguientes términos: Artículo 61. El Poder Legislativo federal, a través de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral, los órganos constitucionales autónomos, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información. Solicito, ciudadana Presidenta, al señor diputado César Camacho se sume a nuestra propuesta como autor de la iniciativa. Es cuanto, ciudadana Presidenta, compañeros diputados.