El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. La seguridad pública experimenta un sentimiento colectivo frágil y difuso, pero con fuertes y profundas raíces en el quehacer diario. En la forma en que se desarrolla la convivencia humana en un determinado hábitat social, tiene todas las características por supuesto de un derecho humano. Es universal, posee un contenido y es exigible frente al Estado. Se entiende como esa garantía que debe de brindar el Estado para el libre ejercicio de los derechos de todas y de todos los ciudadanos. La seguridad pública no sólo es una obligación del Estado como institución, sino que trasciende al ámbito internacional al ser necesaria para garantizar a la población la libertad, igualdad, seguridad en su propiedad, en su integridad, etcétera, ello con el objetivo de respetar la dignidad humana. Es decir, el reconocimiento de derechos fundamentales para que el individuo pueda desarrollar su potencial intelectual y permanecer en un estado de bienestar que le permita actuar en beneficio de sí mismo y a la vez la de los demás. La seguridad pública comprende instituciones, disposiciones legales, garantías individuales, políticas de prevención, legislación procuración y administración de justicia, incluyendo la reinserción social. Es el Estado a través de su régimen gubernamental el que crea las instituciones para reconocer y tutelar esos derechos y hacer, por supuesto, que éstos sean respetados. Dentro de las vertientes en comento, la prevención es la que atiende y combate el fenómeno social de la delincuencia inhibiendo la comisión de conductas delincuenciales con el objeto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas de igual manera que preserve el orden y la paz social. En este rubro, se requiere fortalecer todos los órganos de la sociedad para enfrentar el fenómeno delincuencial que se manifiesta a través de diversas maneras como pudiera ser desde una persona hasta de bandas de delincuencia organizada como hoy desafortunadamente se vive en nuestro país. En conclusión se puede establecer que la prevención es otra forma de combatir el delito por lo que debe de ser uno de los ejes de la política criminológica. Otra de las vertientes es el ámbito de la procuración de justicia, que en esa esencia se trata de la investigación y la persecución de los delitos, lo cual le corresponde al Poder Ejecutivo, como de igual manera lo es al de la administración de justicia e incluso el de la reinserción social en atención a lo que establece el artículo 21 de la Carta Magna. Dentro del marco de la seguridad pública, la procuración y la administración de justicia, cabe hacer mención que son elementos fundamentales en la vida social del país. En primer lugar porque son funciones exclusivas del Estado, y en segundo porque deben de estar garantizadas por instituciones encargadas de velar por el derecho fundamental de las y los mexicanos. La seguridad pública y la paz social, si fallan, se arriesga la propia convivencia social. En síntesis, el derecho humano a la seguridad pública, se traduce en la facultad que tienen los gobernados de exigir al gobernante que les garantice vivir dentro de un clima de paz y seguridad que les permita desarrollar una vida tranquila y productiva. Por otra parte la vertiente relativa a la administración de justicia, resulta ser competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales, quienes tienen la función de dictar una sentencia dentro de un procedimiento determinado. A ellos corresponde la aplicación e interpretación de las leyes, lo cual resulta ser una función valorativa. El juzgador es quien dicta la sentencia en ejercicio de la función jurisdiccional. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece, por su parte, la obligación de la práctica de exámenes de control de confianza para el ingreso y permanencia de servidores públicos inmersos en el área de la seguridad pública que, reitero, atendiendo al artículo 21 incluye por supuesto al de la administración de justicia. Por todo ello, consideramos que el Poder Judicial federal requiere ser también incluido en la implementación de las pruebas de control de confianza a que están sometidos todos los que están inmersos en el ámbito de la seguridad pública, como establece la propia Constitución federal. En este sentido, compañeras y compañeros, la propuesta de iniciativa consiste en modificar los artículos relativos al 105, 108 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a efecto que de igual manera sean sometidos, armonizando de igual manera como lo establece la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la propia Constitución federal, en el sentido de que son servidores públicos que están sujetos al servicio público de la seguridad pública. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.