La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. En los años 2007, 2008 y 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas de adiciones a la Constitución General de la República; a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente. Entre las reformas sobresalen asuntos como la prohibición a los partidos políticos para contratar propaganda en radio y televisión, la reducción del financiamiento público, la reducción de los tiempos de precampaña y de campaña, así como el fortalecimiento de la autonomía y capacidades del Instituto Federal Electoral. Asimismo, se estableció la competencia de los órganos del Instituto Federal Electoral para conocer y resolver el recurso de revisión y la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer de los demás medios de impugnación, entre otras reformas y adiciones. Sin embargo, uno de los temas que no fueron abordados es el relativo a los delitos electorales. Por ello debemos contar con una reforma completa que sancione penalmente a quien atente contra el sufragio efectivo. Ante tal situación no podemos hablar de una reforma electoral integral sin modificar el Código Penal Federal, ya que en la actualidad varios de los tipos penales no responden a las necesidades sociales vigentes que el país requiere para tener procesos electorales transparentes y en igualdad de condiciones. Cabe señalar que el Título Vigesimocuarto del Código Penal Federal ha sido reformado en dos momentos: el primero en 1994, cuando se incrementaron algunas sanciones e incluyeron elementos normativos punibles, vinculados a la compra de votos, violación al secreto del voto y transporte indebido de electores, entre otros. El segundo en 1996, cuando se adicionaron nuevos tipos penales como obstruir el desarrollo normal de los actos posteriores a la jornada electora, así como se amplió la figura del servidor público como sujeto activo de la comisión de los delitos electorales, regulándose también las figuras de los funcionarios partidistas y de candidatos. Además se adicionó lo relativo a los materiales electorales y a las encuestas o sondeos de opinión. Estas conductas antidemocráticas fueron sancionadas por los legisladores tipificándolas en su momento como delitos, lo que significó un avance importante para la democracia del país. Hoy, las circunstancias en el desarrollo de los procesos electorales han cambiado debido a que existe mayor competencia entre los partidos políticos y sus candidatos, por lo que se han presentado algunas conductas que lastiman sensiblemente al sufragio y que no se encuentran tipificadas actualmente como delitos. Por otro lado, existen otras conductas que requieren actualizarse para que no sigan presentando ambigüedades, imprecisiones e inequidades. Lo cual implica que de no modificarse seguirán vulnerando el principio de exacta aplicación de la ley penal que prevé el artículo 14 constitucional. Por eso, la iniciativa que pongo a consideración de esta soberanía tiene como objetivo la prevención y el combate eficaz de la comisión de los delitos, que tanto han dañado los últimos procesos electorales, razón por la cual es indispensable reformar y adicionar nuevas conductas al Código Penal Federal, con el fin de evitar hechos que puedan desatar un conflicto social en el país. Por lo anterior, se incorporan nuevos tipos penales para castigar a aquel que realice, reciba o destine aportaciones en dinero o especie, superiores a los establecidos en el Cofipe, así como el que aporte fondos provenientes de actividades ilícitas o del extranjero para el apoyo de agrupaciones políticas, precandidatos, candidatos, partido político o coalición. En este mismo sentido, quienes estamos interesados en fortalecer los procesos electorales, a efecto de que los ciudadanos, partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos tengan la certeza de que estos serán más equitativos y transparentes. Debemos y es necesario tipificar de manera clara y precisa la prohibición a quienes difundan, contraten o publiquen en radio, televisión y medios de comunicación escritos, propaganda que denigre, ofenda, calumnie o injurie a cualquier precandidato, candidato, institución o servidor público electoral. Igualmente se sanciona toda práctica ilícita que realice cualquier servidor público en materia electoral, con el fin de obtener por sí o sus subordinados el voto de los electores. Asimismo cuando soliciten aportaciones en dinero o en especie. Finalmente, es necesario que ciertas conductas esté comprendidas dentro de la clasificación de los delitos considerados como graves, señalados en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el objeto de impedir que se utilicen los recursos públicos y los programas sociales con fines electorales para beneficiar a los partidos políticos y a sus candidatos. Recordemos que con esta reforma, adición y derogación que propongo damos certeza y confianza a los procesos electorales y evitamos la impunidad que tanto ha dañado a nuestra democracia. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Título Vigesimocuarto del Código Penal Federal; y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de delitos electorales. Diputado presidente, le solicito que el texto íntegro de esta iniciativa se incluya en el Diario de los Debates. Muchas gracias.