El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Señores diputados y señoras diputadas, gobernar mediante el debate de las propuestas es una de las exigencias de la democracia. La Cámara de Diputados constituye el lugar estratégico donde se articulan organización, prácticas y visión del quehacer político. No olvidemos que si bien la euforia atenúa el dolor y las adversidades, es mala consejera de los quehaceres público y político. El momento que vivimos nos obliga a actuar con serenidad y a rechazar con severidad todo aquello que pretenda empañar uno de los procesos más importantes en la historia económica de México: la reforma fiscal. En estos momentos es visible el deterioro que presenta la hacienda pública federal, con un nivel de recaudación de tan solo el 9.5 por ciento del producto interno bruto, producto de tratos de excepción y privilegios que erosionan al erario. Es importante reconocer que México es un país injusto y excluyente. Y lo ha sido porque se ha optado caprichosamente por aplicar un modelo de desarrollo que, además de haber demostrado con creses su agotamiento, ha marginado aproximadamente al 70 por ciento de la población de los beneficios del desarrollo. Si queremos que México salga del impasse en que se ha colocado, necesitamos diseñar las reformas correspondientes y aplicar un modelo incluyente en el país que haga partícipes a todos los mexicanos, y no sólo a unos cuantos, de las oportunidades sociales, económicas y políticas que existen. Necesitamos la formulación de reformas con un amplio sentido de responsabilidad social. Necesitamos reformas que no condenen de manera permanente al grueso de la población a la desigualdad de la exclusión social y a la pobreza; a la falta de educación, a la carencia de viviendas y al desempleo. En suma, a la marginación. Es menester atender situaciones alarmantes como la terrible desigualdad económica en nuestro país, donde según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, menos del 0.5 por ciento de la población económicamente activa se beneficia con casi el 40 por ciento del producto interno bruto y es el grupo que debería contribuir con la misma proporción a las tareas del Estado y a favor de las mayorías. Como grupo parlamentario nos pronunciamos por una reforma fiscal equitativa, sin preferencias para ninguno. Una reforma fiscal que elimine la consolidación y la corrupción. Que mejore la fiscalización y la recaudación. Que sancione con firmeza la evasión de la responsabilidad fiscal. Nos pronunciamos por una reforma que garantice la transparencia en la ejecución del gasto público. Una reforma que permita mayores oportunidades de crecimiento, que nos lleve a consolidar una economía con competitividad y crecimiento para todos los mexicanos. La propuesta de reforma fiscal que se presentó no ataca ni la concentración ni los privilegios que colocan a unos cuantos en una situación ventajosa frente al grueso de la población, y tampoco dice nada sobre el cambio de las prioridades presupuestarias ni la orientación de los recursos hacia el área social y económicamente fundamentales como son: la educación, el empleo, la capacitación, el desarrollo científico y tecnológico, además de la productividad y la competitividad. Nos pronunciamos por un nuevo régimen fiscal de Pemex, lo que le permitirá contar con recursos, para el primer año, por un monto de 30 mil millones de pesos. Dicho recurso tendrá que ser destinado en su totalidad a la inversión y evitar que se encamine al gasto burocrático, hecho que se ha constituido como la principal limitante para impulsar una empresa pública viable y sustentable. Según especialistas en la materia, un país que carece de crecimiento no debe, por ningún motivo, propiciar la creación de nuevos impuestos. Nos pronunciamos determinantemente en contra de la aplicación de nuevos gravámenes, pero censuramos con más energía si éstos no se aplican con transparencia y no se destinan a programas de desarrollo social. Con preocupación traigo a esta tribuna el hecho de que a causa del IETU los gobiernos fronterizos prevén que este gravamen podría desalentar inversiones, especialmente de maquiladoras, de las cuales en el país hay 2 mil 783 plantas en operación, que dan empleo a más de 1 millón 170 mil personas, con una inversión extranjera directa en el 2006 de 3 mil 901 millones de dólares. Si se llega a concretar la instrumentación del IETU en su estructura actual, para las empresas maquiladoras la carga fiscal podría incrementarse hasta en 800 por ciento. Para nosotros hay otro punto en el que rotundamente no estamos de acuerdo: el incremento al precio de la gasolina, independiente del desliz mensual de cuatro centavos que actualmente se aplica, ya que ello provocaría una cascada de incrementos de precios en productos básicos y deterioro del poder adquisitivo. Una decisión de esta medida generaría un efecto inflacionario con impactos inmediatos en el costo de transporte e incrementos generalizados en prácticamente todos los bienes y servicios, además de que repercutiría con más fuerza entre la población más pobre. Mayores ingresos fiscales son necesarios, pero siempre cuidando que no haya consecuencias negativas. Nos oponemos categóricamente a lastimar las finanzas de los que menos tienen. Rechazamos la instrumentación del impuesto a depósitos en efectivo, que implica una tasa de 2 por ciento a depósitos bancarios superiores a los 25 mil pesos. Compañeras y compañeros diputados, la capacidad de crecimiento de la economía nacional se deteriora cada día más. Los niveles de desempleo aumentan. El campo mexicano transita hacia la guillotina de la apertura total en 2008 y 2009. El sector industrial se encuentra estancado. Los miserables salarios mantienen frenado el mercado interno, y las finanzas públicas son todo menos robustas y transparentes. Robert Aumann, Premio Nobel de Economía 2005, sostenía con certeza que el conflicto político por el que atraviesa México no desaparecerá mientras persistan las graves desigualdades económicas. Por eso, compañeras y compañeros diputados, tengamos claro que no habrá democracia consolidada si no hay progresos tangibles y medibles en el nivel de vida de los ciudadanos. Estoy convencido de que una reforma fiscal como la que se pretende aprobar sería desafortunada, pero sobre todo, injusta para la ciudadanía. En Convergencia nos pronunciamos por una reforma fiscal progresiva y transparente, que combata la evasión y la elusión; que sea redistributiva, detonadora de un crecimiento sostenido. Una reforma generadora de empleos, donde todos paguemos lo que a cada quien corresponda. Estoy convencido que en un Estado con la complejidad y diversidad como el nuestro, no hay acuerdo único que valga. Tendrán que construirse muchos acuerdos, alianzas y pactos, todo ello para asegurar la gobernabilidad en nuestro país. No olvidemos lo esencial: la gobernabilidad no existe. Se construye. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Convergencia emite su voto a favor en este paquete de iniciativas y reformas; pero en contra, en lo general, de una reforma fiscal que da la espalda al pueblo de México. Es cuanto. Muchas gracias.