La diputada Kehila Abigail Ku Escalante: Con su venia, presidenta. La reforma constitucional en materia educativa de 2019 redimensionó la educación superior y llevó a que se garantizara su obligatoriedad y gratuidad. La publicación de esta reforma el 15 de mayo de 2019 establece en la fracción X del artículo 3o. constitucional, así como en el artículo transitorio décimo quinto que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, y que para dar cumplimiento a ello se deberán incluir los recursos necesarios en los presupuestos federal, de entidades federativas y también de los municipios. El pasado 11 de diciembre de 2020 el Senado de la República aprobó con 108 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones el decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. El día de hoy la Ley General de Educación Superior espera a que esta soberanía realice los ajustes necesarios para dar continuidad a su proceso legislativo, o dé su visto bueno para culminar con el largo trabajo en el que colaboramos legisladores, especialistas, autoridades, universidades y estudiantes. De la inversión total en educación en México, el 56 por ciento va para educación básica, el 12 por ciento a educación media superior, y el 0.7 por ciento a la educación para adultos +y un 23 por ciento a la educación superior, de acuerdo a las propias cifras de la Secretaría de Educación Pública. Una de las metas de la Secretaría de Educación Pública para el final de este sexenio es aumentar de 38.2 a 50 por ciento el número de alumnos que cursa la educación superior, esto implica un incremento en la matrícula de más de un millón de estudiantes. Cada año, en promedio las universidades públicas por falta de cupo rechazan a 7 de cada 10 aspirantes. En conjunto, al cierre de los procesos de ingreso del año 2019, las principales universidades públicas rechazaron a más de 420 mil aspirantes de acuerdo con estadísticas propias de las instituciones. En las convocatorias de 2019, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un presupuesto cercano a más de 43 mil millones de pesos, recibió un total de 153 mil 183 aspirantes que realizaron el examen de admisión, y solo 15 mil 449 consiguieron un lugar. Es decir, que 9 de cada 10 estudiantes fueron rechazados. En ese mismo periodo, en el caso del Instituto Politécnico Nacional, solo un promedio de 23 por ciento de los aspirantes logró matricularse. Según datos de la Rectoría de la UNAM, el gasto promedio por alumno pasó de 43 mil 764 pesos en 2010, a 68 mil 310 pesos en 2019. De 2000 a 2017, la matrícula de las universidades públicas se elevó 116 por ciento, mientras que el crecimiento del gasto federal fue de 71 por ciento. Además, en el periodo 2015 a 2018 diversos programas presupuestarios de carácter extraordinario se redujeron en cerca de 22 mil millones de pesos. La iniciativa que presentamos retoma la propuesta que han reiterado organizaciones como la ANUIES, y considera la urgente ampliación de recursos para que el pleno goce de una educación superior no sea un discurso sino una realidad. Es de destacar que en el artículo 64 del proyecto de dictamen de la Ley General de Educación Superior, se estipula hasta ahora que se establecerá un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad de manera gradual, de los servicios de educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura, en términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, la ampliación de recursos propiciaría la ampliación de la matrícula universitaria, de la cobertura geográfica, así como de las modalidades a través de las que se imparte la educación superior, pero para ello es necesario materializar las reformas complementarias al proyecto que próximamente estaremos votando, con la finalidad de garantizar que el derecho a una educación superior gratuita sea una realidad y no un discurso o letra muerta. En Movimiento Ciudadano, estamos comprometidos y comprometidas con aquellas familias y jóvenes que en el pasado han visto truncados sus sueños por no contar con un lugar en las universidades públicas del país o por carecer de recursos para continuar con sus estudios. Con esta iniciativa proponemos que el Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior sea una realidad para el beneficio de millones de estudiantes. Es cuanto, presidenta.