La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el laicismo es un principio fundamental del Estado democrático de derecho, ya que configura no sólo la organización estatal, sino la relación entre las instituciones y los individuos. Sin duda, el proceso histórico de nuestra nación ha estado marcado por la consecución de que este principio fuera plasmado en nuestra Constitución Política, un logro que ha construido la identidad nacional y que se materializan los derechos de las y los mexicanos. El artículo 3o. de nuestra Carta Magna establece que la educación será laica y, por tanto, ajena a cualquier doctrina religiosa. La educación pública se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Por su parte, el artículo 24 garantiza la libertad de creencias, mientras que el 40 establece que la República Mexicana, además de representativa, democrática y federal, será laica. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que la laicidad del Estado y la educación se inscriben en una tradición histórico-política consolidada, cuyos preceptos forman parte de nuestro sistema de derechos fundamentales. Es en este contexto que es absolutamente pertinente que una ley cuya piedra angular es el reconocimiento de derechos, como lo es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, incorpore de forma expresa el derecho a que la educación que imparte el Estado sea laica. De esta forma, la libertad religiosa preservada por un Estado ajeno a cualquier culto se reafirmará como parte sustancial de la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo así la educación pública como un pilar de la equidad social. Por lo anteriormente expuesto propongo, que la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se adicione un término para quedar como sigue. Las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán establecer medidas para garantizar la gratuidad y la laicidad -es el término que estamos proponiendo que se agregue- de la educación pública obligatoria, y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación sin discriminación. Por otra parte, en cuanto a mi segunda reserva, decir, que una nación que busca el desarrollo armónico de su sociedad está obligada a formar seres humanos integrales, formación que debe ser desde los primeros años de vida, ya que es a partir de esta etapa formativa como se internalizan los principios y valores que contribuirán a la cohesión social. Es por ello que la educación inicial resulta fundamental si aspiramos a una transformación radical. Hoy ante los problemas que dañan el tejido social, debemos trabajar desde las bases de la misma sociedad, que son sus niñas y niños. La educación en los primeros años de vida es determinante, pues contribuye a formar la la personalidad, sentar bases afectivas y cognitivas sólidas para que las niñas y los niños puedan vincularse con el mundo, percibirlo, construirlo, comprenderlo y transformarlo. En la actualidad, las investigaciones realizadas en diferentes campos han demostrado que la atención integral, desde el inicio de la vida, preconcibe grandes beneficios en etapas posteriores. Por ello, las niñas y los niños que tienen acceso a la educación inicial tienen más probabilidades de obtener mejores condiciones de desarrollo, una vida adulta saludable y competente. Estudios realizados en Estados Unidos, Cuba y Gran Bretaña han mostrado que quienes recibieron educación, estimulación temprana crecen con una valiosa responsabilidad ciudadana, así como una mejor productividad económica. En ese sentido nuestro grupo parlamentario considera que es fundamental, no solo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno estén obligadas a promover los beneficios de la educación inicial como parte del derecho a la educación, sino además que sea gratuita, tal y como lo debe establecer la fracción VI del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, solicito su apoyo para adicionar una fracción XXIII al artículo 57, a fin de establecer que las autoridades federales, locales y municipales deberán promover el acceso a la educación inicial pública. De contar con su apoyo, esta modificación significaría dar el primer paso para construir una nueva sociedad en la que nuestras niñas y niños tengan la oportunidad de potenciar sus capacidades y alcanzar un desarrollo integral. Por su atención y apoyo, gracias. Es cuanto, señor presidente.