El diputado Martín Rico Jiménez: Gracias, señor presidente. Compañeros diputados, antes de iniciar con la iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de este Congreso, quisiera señalar dos puntos de una manera muy breve, de dos iniciativas que el día pasado 25 de noviembre presenté a esta soberanía. Es la iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual busca que los órganos estatales y municipales de fiscalización tengan atribuciones para acceder a la información que protege el secreto bancario o fiduciario. Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación fiscaliza los recursos públicos de los fideicomisos a nivel federal; sin embargo, los responsables de las dependencias estatales y municipales que coordinan los fideicomisos públicos locales argumentan indebidamente el secreto fiduciario para no rendir cuentas claras. Por lo que se debe exceptuar a las instituciones de crédito del secreto fiduciario, cuando los órganos de fiscalización locales en el ejercicio de sus atribuciones de revisión y fiscalización de cuenta pública les soliciten información que se relacione con los fideicomisos públicos, estatales y municipales que maneje. Asimismo y en concordancia a esta iniciativa también presenté el mismo día una reforma al artículo 116 constitucional, ya que los titulares de los órganos estatales de fiscalización actualmente son designados por los gobernadores y muchas de las veces son personas sin conocimiento ni experiencia en el tema. Los auditores estatales no permanecen en sus cargos por lo general más de 2 años y entregan sus informes al Congreso local, sin muchas de las veces hacerlos públicos y los recursos transferidos a las entidades federativas por parte de la federación son cada vez mayores. Esta iniciativa de reforma propone que mediante un proceso de convocatoria pública y transparente, se elijan a los titulares de los órganos estatales de fiscalización. Asimismo, que el Congreso local valide a dicho titular con las dos terceras partes de sus integrantes, en periodos no menores a 7 años y con una experiencia de 5 años en el tema de autoría y fiscalización. Finalmente, que el titular durante su encargo no forme parte de ningún partido político ni desempeñe otro cargo en la administración pública, prohibiendo ser titular si se ocupó el cargo de secretario de Estado, procurador de justicia o diputado local, en sus respectivos estados, durante el año anterior a su designación. Les invito, diputadas y diputados, sumarse a estas iniciativas, que estoy seguro permitirá una mayor transparencia y rendición de cuentas en las entidades federativas y del manejo responsable de los recursos públicos. Después de estas dos iniciativas quisiera entrar a la que propongo para reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso. En nuestro país observamos que el crecimiento desordenado de las ciudades hacen necesaria la creación de políticas públicas, que permita lograr una adecuada planificación del desarrollo urbano y que vaya de la mano con las políticas que permitan satisfacer la demanda de vivienda digna para los mexicanos, especialmente si consideramos que se continúa con una tendencia acelerada de crecimiento de nuestras ciudades, lo que dificulta la atención a las necesidades de vivienda. El crecimiento explosivo de las ciudades ha rebasado visiblemente la suficiencia de los recursos acuíferos; el potencial de la infraestructura de servicios; la disponibilidad de suelo apto para este fin; la capacidad de las instituciones para garantizar sus condiciones de habitabilidad ha propiciado con ello el abandono de todo principio de sustentabilidad en el desarrollo habitacional. La planificación para el ordenamiento territorial y desarrollo urbano son medios que contribuyen al abatimiento de la pobreza, de la inseguridad, de la insuficiencia de los malos y deficientes servicios públicos, pero particularmente hace posible el acceso a una vivienda digna, con criterios de calidad y sustentabilidad. En esta Cámara de Diputados, las materias relacionadas con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano no se localizan en el ámbito de las atribuciones de la Comisión de Vivienda, lo que ha permitido impulsar el trabajo legislativo que en esta materia de asentamientos humanos y particularmente del desarrollo urbano, es urgente y necesaria. La propuesta que hoy presento busca fortalecer el trabajo legislativo en las materias de ordenamiento territorial y del desarrollo urbano, por ello se considera pertinente reorganizar la manera como se abordan dichos temas para concentrarlos en una sola comisión, lo que permitiría generar un trabajo legislativo con una mayor racionalidad, congruencia e integralidad de las problemáticas que interactúan en dichas materias. Con esta iniciativa se lograría una estructura de comisiones más adecuadas a las nuevas realidades y problemática que en materia de ordenación del territorio, asentamientos humanos y de vivienda se presentan en nuestro país, permitiendo una mejor definición para comprender y atender la naturaleza de sus funciones, con mayor eficiencia y eficacia, las tareas legislativas que tendría conferidas. Diputadas y diputados, el derecho a una vivienda es fundamental para el ser humano. En todas las culturas se ha tratado de dar solución a este requerimiento de vivienda, sin embargo, tal parece que a medida que va aumentando la población, el disponer de un hábitat digno es cada vez más difícil. Los legisladores debemos tomar cartas en el asunto y asumir una política urbanista adecuada para satisfacer una de las necesidades más sentidas de las familias mexicanas, como es la vivienda. Por su atención, gracias. Diputado presidente, le solicitaría que estas iniciativas y esta intervención se inserten íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.