LA C. DIP. MAGDALENA DEL SOCORRO NUÑEZ MONREAL: La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo en relación a las remuneraciones que reciben presidentes municipales del Estado de México, al tenor de las siguientes consideraciones: Durante décadas, la prestación del servicio público a los más altos niveles y la ostentación de un cargo de representación popular no ha tenido otra finalidad que ser la vía más corta al enriquecimiento y al tráfico de influencias. La obtención del lucro a través de una carrera política, constituyó uno de los rasgos distintivos del régimen priísta. Lo anterior abonó en que el oficio político y el servicio público fueran percibidos por la población como sinónimo de corrupción y abuso. La intensa movilización cívica y social que ha conquistado avances significativos en materia de libertades, garantías y derechos que ha abierto la representación política y que ha ventilado la discusión de los asuntos públicos, obliga a quienes ejercemos la representación popular a asumir una actitud responsable y republicana seria y constructiva. Lo que está en juego, señoras y señores, es el futuro de la nación. Es en este sentido que nos alarma que algunos presidentes municipales del Estado de México, emanados del Partido Acción Nacional conserven la cultura política mexiquense que antaño definió a los políticos priístas: "Un político pobre es un pobre político". Lamentable es la conceptualización que aún guarda la ciudadanía de los políticos. La percepción que guardan los ciudadanos de varios de los alcaldes del Partido Acción Nacional en la zona conurbada con el Distrito Federal es de un saqueo descarado de las arcas municipales al asignarse sueldos que van de los 100 mil a los 400 mil pesos mensuales que de manera discrecional o encubierta reciben a través de bonos, compensaciones, gastos de representación, viáticos y otras modalidades. A fines del mes de enero, los medios de comunicación registraron una relación de las percepciones de alcaldes mexiquenses panistas, elaborada por la Contaduría General de Glosa de la Cámara de Diputados del Estado de México, la relación documentaba que Agustín Hernández Pastrana, alcalde de Ecatepec, recibió en noviembre de 2000, una percepción de 420 mil 477 pesos con 56 centavos; Fernando Covarrubias Zavala, munícipe de Cuautitlán Izcalli, obtuvo en septiembre del mismo año, un salario de 179 mil 765 pesos; el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Juan Antonio Domínguez Zambrano, ganó 145 mil pesos con 10 centavos, un poco más abajo estaban los presidentes de Tecamac y Ocoyoacac, Gilberto Sámano Uribe y Guillermo Espinosa Cruz, con salarios de 141 mil 695 y 130 pesos respectivamente. Estos sueldos contrastan con la realidad de los casi 13 millones de mexiquenses de los cuales la mitad vive en condiciones de pobreza y sólo el 17% de la planta laboral percibe 3 salarios mínimos al mes. Con el sueldo recibido por estos presidentes municipales, en un mes aproximadamente un millón 747 mil pesos, podrían financiarse cualquiera de los siguientes conceptos: el pago mensual de mil 400 trabajadores con salarios mínimos; el trabajo de toda la vida productiva de tres asalariados; mil 700 becas de licenciatura para estudiantes indígenas de escasos recursos; mil 900 becas mensuales de PROGRESA, el subsidio de casi mil familias al Programa de Abasto de Tortilla o de 400 familias al Programa de Abasto de Leche a cargo de LICONSA por un año; más de dos mil apoyos de PROCAMPO. En fin, podríamos enumerar muchas acciones más que se podrían realizar con estos recursos. Si de por sí es escandaloso que los más de los recursos con que cuentan los ayuntamientos mexiquenses enumerados se destinen al pago de un funcionario municipal, peor es aún la respuesta que dan los aludidos ante la prensa escrita y en noticieros electrónicos, los munícipes se defienden y justifican la apropiación de estos recursos públicos. El munícipe de Cuautitlán afirma que su sueldo es proporcional a los trabajos realizados y a la responsabilidad y que cualquier gobernante que tenga una percepción alta y justifique lo que haga debe de ser aplaudido por la ciudadanía. No imagino el sacrificio del presidente de Atizapán, que dice que el ejercicio en el gobierno significa una carga importante, que, cito: "dar toda tu vida en esto es sumamente desgastante". Eduardo Contreras Fernández, munícipe de Naucalpan, se declara ofendido, pues dice que está bien preparado, que tiene experiencia y su responsabilidad demanda que las arcas municipales le paguen los favores recibidos en el ejercicio del gobierno, y reta: "Y si está mal, que alguien venga y me lo diga". Para aliviar su conciencia, este munícipe decidió donar la mitad de su sueldo al DIF estatal, claro, mientras dure el análisis que realiza el Congreso local. Agustín Hernández Pastrana, Alcalde de Ecatepec, acumula bonos, salarios y otros conceptos por casi medio millón de pesos, lo que según él resultó de una decisión lamentable del cabildo, y remata: "Los panistas venimos a dar, a entregarnos, a trabajar, a apoyar, no venimos por el dinero definitivamente". Cualquier ciudadano podría preguntarse, ¿qué tal si así fuera? Si los 145 mil pesos mensuales que recibe Juan Antonio Domínguez Zambrano, Alcalde de Atizapán, son un sueldo acorde a su responsabilidad, que entonces ilustre a la opinión pública si por ejemplo su responsabilidad es tres veces menor que la de su colega de Ecatepec, si es similar a la del Presidente de la República o si equivale al doble de la responsabilidad de gobernar la Ciudad de México. Los casos expuestos tienen el antecedente de la doble nómina que mantuvo el Gobierno Federal en el año 2000 cuando había un equipo de transición, que se decía iba a trabajar sólo por amor a México. Claro, sin embargo trascendieron después las irregularidades y la exacta traducción de ese amor, a altas cifras en pesos y centavos. No está de más recordar el incremento escandaloso al gasto de la Oficina de la Presidencia propuesto por el Ejecutivo Federal mientras eliminaba partidas destinadas al desarrollo regional y local. En la declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática figura el compromiso de luchar por la eliminación de los recursos destinados a gastos onerosos, ilegales, poco transparentes, ineficientes o de baja prioridad, con el propósito de elevar las asignaciones a los rubros que conducen al logro de las metas de desarrollo incluyente y el cumplimiento de las responsabilidades sociales del Estado. Para eso, el PRD pugna por cancelar los bonos y remuneraciones injustificadas de altos funcionarios y combatir frontalmente la corrupción y la confluencia ilegítima de los intereses del poder económico con el poder público. Nuestro objetivo es abrir un espacio de análisis y discusión entre ciudadanos y gobierno respecto de un tema fundamental en la vida de la comunidad, como es el Presupuesto de Egresos aprobado para este año 2002. Los recursos públicos pertenecen a los ciudadanos y es obligación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo informar ampliamente sobre su uso, las metas que se pretenden alcanzar y sobre todo las necesidades que serán cubiertas con los impuestos, los derechos, los aprovechamientos que pagamos todos los habitantes de la Federación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo: Único. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno respeto a las soberanías estatales y bajo un principio federalista, exhorte a los congresos de las entidades federativas de nuestro país a revisar el marco legal respecto a las facultades y atribuciones de los cabildos municipales en materia de asignación de sueldos y prestaciones de los funcionarios municipales, de manera que guarden coherencia con la situación socio-económica de los municipios que gobiernan. Se les exhorta asimismo a instrumentar los mecanismos de seguimiento, control y sanción que eliminen la discrecionalidad y el abuso en el manejo de las arcas públicas municipales. Es cuanto.