La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar nuestra posición respecto al dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales en el que se propone la adición de una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta fracción se propone otorgar la facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley general que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales en las entidades federativas y los catastros municipales. Es necesario tomar en consideración que hasta el momento y conforme a lo que se dispone en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la distribución de competencia, los Congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tienen la facultad para legislar en materia de registros públicos y en lo referente a los catastros municipales. De ser aprobada la reforma que se contiene en el dictamen, el Congreso de la Unión tendrá facultades para expedir la ley a que se hace referencia. La Ley General de Sociedades Mercantiles dispone en su artículo 2o que las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los otros. En el artículo 6o, segundo párrafo señala que la escritura social de una sociedad mercantil se debe presentar dentro de un término de 15 días para su inscripción en el Registro Público de Comercio. Por su parte, el Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 1157, en lo que se refiere a la prescripción positiva establece que la sentencia en donde se declare procedente la acción, se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor. En el tema de asociaciones civiles, el Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 2673 establece que las asociaciones se regirán por sus estatutos lo que deberá ser inscrito en el Registro Público para que produzca efectos contra terceros. En el caso de sociedades civiles el artículo 2694 del Código Civil para el Distrito Federal establece que el contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para que produzca efectos ante terceros. Como se puede apreciar, en esta exposición de una ley federal, la de Sociedades Mercantiles establece la obligación de inscribir a éstas en el Registro Público y en el caso de una legislación local, el Código Civil del Distrito Federal dispone la obligación de registrarse ante el Registro Público a las asociaciones o sociedades civiles que en este ámbito geográfico se constituyen. La función de los registros públicos es muy importante dada la pluralidad de actos jurídicos que se deben registrar, fundamentalmente para dar seguridad jurídica a terceros, por lo que con la aprobación de este dictamen sólo se faculta al Congreso para expedir una ley general que armonice y homologue la organización y funcionamiento de dichos registros públicos, uniformar los procedimientos de inscripción y fundamentalmente garantizar que en los registros no haya simulaciones, evitando hasta donde esto sea posible, actos de corrupción. También en esta fracción XXIX-R se hace alusión a los catastros municipales. Debemos tomar en cuenta que en el artículo 115, fracción IV de nuestra norma fundamental, en el inciso a) se establece que los municipios percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles. Este es el fundamento constitucional para que las legislaturas de los estados aprueben el denominado “impuesto predial”. También el tercer párrafo de esta fracción IV se establece la facultad de los ayuntamientos para proponer a las legislaturas de los estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejora y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Reiteramos, estas facultades de los municipios y de las legislaturas de los estados no se ven afectadas por la reforma constitucional, en todo caso debemos estar atentos para que bajo el argumento de las actualizaciones catastrales no se dispare la tasa del impuesto predial y que con ello se afecte a particulares cuya capacidad contributiva es escasa. Llamamos la atención de nuestras compañeras y compañeros legisladores para evitar abusos en esta materia y generemos una gran inconformidad social. Sabemos que los mecanismos de coordinación fiscal premian la eficacia recaudatoria de los municipios, en particular sobre el impuesto predial, pero no podemos ni debemos abrir una puerta en la que se castigue fiscalmente a quienes menos tienen. Por eso, sobre este tema en particular formulamos una reserva en la que se propone adicionar un artículo transitorio. En nuestra opinión se debe adicionar este artículo transitorio cuarto al dictamen, en donde se establece con claridad que previo a que los ayuntamientos del país envíen a las legislaturas de los estados las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, se deba hacer consulta entre los posibles afectados en el incremento del impuesto predial a efecto de que, contribuyentes y autoridad municipal puedan determinar si la actualización propuesta corresponde o no al valor que el propietario considera que tiene su inmueble para efecto de la determinación del impuesto predial. De esta manera se da la certeza al contribuyente que el monto del impuesto que debe cubrir corresponde a la realidad. En todos los estados de la República hay inconformidad en los propietarios de inmuebles porque de un año a otro se incrementa de manera notable el impuesto predial y no siempre se está en capacidad de cubrirlo oportunamente. Lo que estamos proponiendo es un asunto en donde la autoridad hacendaria que corresponda, en un ámbito de apertura política dialogue con los contribuyentes para lograr una solución adecuada entre ambas partes. Estamos convencidos de que se deben fortalecer los ingresos propios de los ayuntamientos, entre ellos el del impuesto predial, pero no a costa de la capacidad contributiva de la persona obligada al pago. Por lo anterior, nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor el dictamen. Es cuanto.