El diputado Mario Francisco Guillén Guillén: Con su venia, diputado presidente. Nuestro orden jurídico, según se desprende de los artículos 1o al 4o de nuestra Constitución, advierte que la no discriminación es una garantía individual y que consiste en el derecho del gobernado a ser tratado de la misma forma que los demás. Asimismo, de modo correlativo impone al Estado el deber jurídico de garantizar un trato idéntico para todas las personas ubicadas en estas circunstancias. Conforme a tales preceptos, en nuestro país está prohibido todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades de los mexicanos, todos, quienes deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna, y por ello deben gozar de los mismos derechos y de la igualdad de oportunidades para ejercer la libertades fundamentales en las esferas política, económica, social y cultural. Atendiendo a este espíritu y con el objeto de emitir los lineamientos generales de política pública para el combate a la discriminación, para proteger así de mejor manera a los grupos más vulnerables de la sociedad se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que en este año 2013 cumple su décimo aniversario. La discriminación ha sido conceptualizada como un comportamiento social que separa y considera inferiores a las personas por diversas razones, entre las cuales se cuentan: patrones culturales, prejuicios, estereotipos y representaciones sociales que implican una visión distorsionada de la esencia del ser humano, pues quienes discriminan se atribuyen a sí mismos características especiales o virtudes que los ubican por encima de los demás. A pesar de que la nueva legislación y la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación implicaron avances, en cuanto a lo que se refiere a la construcción de una cultura de inclusión social y de respeto al derecho que tenemos todas las personas a la igualdad, lamentablemente las prácticas discriminatorias en México son todavía un fenómeno tan arraigado como extenso. No se puede pasar por alto que los actos de discriminación en nuestro país aún en pleno siglo XXI siga siendo cosas de todos los días. Ahí están, por ejemplo, los videos que vemos en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación, en los cuales se atribuyen personas que por ostentar un cargo público o por tener mayores ingresos económicos se encuentran o se sienten con el derecho de humillar, de llamar indios o de llamarlos asalariados. Lo anterior pone de manifiesto que si bien el combate a la discriminación en nuestro país ha rendido frutos la sociedad mexicana no puede considerar que se haya ganado la batalla. La democracia, la forma de gobierno que pugna por una mayor justicia e igualdad de oportunidades, le debe a los grupos vulnerables una política que les asegure la erradicación en el corto plazo de las prácticas discriminatorias que ponen en entre dicho el pleno ejercicio de sus derechos y sus garantías individuales. Por este motivo, en el Partido Verde nos pronunciamos a favor del presente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación, resaltando que ésta misma deriva de una propuesta del entonces senador Manuel Velasco y las cuales tienen como finalidad impulsar la consolidación de una cultura nacional de respeto mutuo que propicie una mayor comprensión entre los individuos y acabe de una vez y para siempre con todas las formas de discriminación y marginación que aún subsisten en nuestra sociedad. Lograr una democracia con fines de igualdad en el ejercicio de los derechos, las libertades y el acceso a los bienes públicos de todo tipo, siguen siendo el gran reto de nuestro país y una parte esencial del mismo es precisamente la creación de políticas de Estado antidiscriminatorias que abonen decididamente a la construcción de esas condiciones de igualdad, de trato y de oportunidades. Es cuanto, diputado presidente.