EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Muchas gracias, Diputado David Augusto Sotelo Rosas. Como usted lo ha comentado, esta iniciativa por las materias que abarca se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público. Considerando que: La Ley Federal de Correduría Pública fue aprobada por el H. Congreso de la Unión el 19 de diciembre de 1992 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Diciembre del mismo año, entrando en vigor el 28 de enero de 1993, abrogando las disposiciones que sobre correduría publica contenía el Código de Comercio, siendo su objetivo primordial el impulsar la actividad del corredor público, convirtiéndolo en una pieza clave de la modernización de los instrumentos jurídicos, mediante los cuales se formalizan las operaciones mercantiles en nuestro país. La Correduría Pública es una de las instituciones más antiguas en nuestro país, con un historial en México muy importante y de gran significado en la vida comercial y económica, instituyéndose en la Nueva España en 1527 por Real Cédula de Carlos V. Desde entonces hasta la actual Ley Federal de Correduría Pública se le ha reconocido al Corredor Público en diversos ordenamientos jurídicos que la han regulado, tres características: Agente intermediario, perito legal y fedatario público. En la ley actual se agregan dos facultades, una de ellas que lo distingue como el asesor jurídico del comerciante por excelencia y la otra es la de fungir como árbitro en controversias que se susciten entre comerciantes. El Ejecutivo de la Unión a través de la Secretaría de Economía al habilitar a un Corredor Público, confirma y ratifica la confianza del Estado mexicano en una institución que ha dejado su impronta en la historia nacional. El espíritu del legislador, al promulgar la Ley Federal de Correduría Pública, fue el de crear una sana competencia con el Notariado y reconocerle al Corredor Público plenamente su función como fedatario en materia de comercio, y con ello brindar al público en general la posibilidad de acceso fácil, económico e inmediato a diversos servicios jurídicos especializados en está materia y promover la habilitación de nuevos Corredores la República mexicana, una vez que hayan dado cumplimiento a los requisitos previstos en la Ley. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos tanto del Ejecutivo Federal como de los propios Corredores Públicos éstos no han podido desarrollar adecuadamente su función debido a ciertas imprecisiones y falta de claridad de la propia Ley Federal de Correduría Pública; lo que ha traído como consecuencia que el público usuario de la fe pública mercantil sienta cierta inseguridad para solicitar los servicios de un Corredor Público. Cabe destacar que, en materia de fe pública mercantil, los Corredores Públicos se encuentran facultados para hacer constar convenios, contratos, actos y hechos de naturaleza mercantil, incluyendo la posibilidad de intervenir en la constitución, fusión, escisión, modificación, disolución y liquidación de sociedades mercantiles (Art. 6° fracciones V y VI de la Ley Federal de Correduría Pública), estas facultades enunciadas en forma expresa en la referida Ley han dado lugar a múltiples interpretaciones, tales como que el Corredor Público en ningún caso puede intervenir en actos, contratos o convenios que recaigan sobre inmuebles y en aquellos poderes que otorguen las sociedades mercantiles por conducto de sus representantes legales o apoderados, argumentando que la materia inmobiliaria y la materia de poderes son actos absolutamente civiles y únicamente el Notario Público es quién puede autenticar dichos actos. En relación a este punto es importante aclarar que el texto original de la iniciativa de la Ley Federal de Correduría Pública, en su fracción V, fue modificada en la Cámara de Origen (Cámara de Senadores) adicionándole la leyenda "excepto en tratándose de inmuebles", fundándose en que todos los actos que se refieran dicha materia son civiles. De la misma manera la fracción VI de la citada Ley fue modificada en la Cámara de Origen, en el sentido de eliminar la intervención del Corredor Público en el otorgamiento de poderes qué den las sociedades por conducto de sus representantes o apoderados legales, argumentando que los poderes son 75 de naturaleza absolutamente civil y que éstos únicamente pueden otorgarse ante Notario Público. Por lo que se refiere al primer punto, relativo a que el Corredor Público en ningún caso puede intervenir en actos, contratos o convenios cuyo objeto recaiga en un inmueble, no se tomó en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción X, establece que es facultad del Congreso legislar en materia de comercio; con fundamento en esta disposición constitucional se ha expedido toda la legislación en materia mercantil, destacando en el tema que nos ocupa el art. 75 del Código de Comercio que establece en su fracción II, "la ley reputa actos de comercio: ..II las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial". Del texto anteriormente transcrito se desprende que la materia inmobiliaria, cuando se realiza con propósitos de especulación comercial, es un acto de comercio. En este orden de ideas, la Ley Federal de Correduría Pública faculta al Corredor Público a intervenir como fedatario en actos, contratos y convenios de naturaleza mercantil, por lo que en el caso antes mencionado, el Corredor tiene la facultad de intervenir en los contratos de compraventa de inmuebles cuando se realicen con dicho propósito. El artículo y fracción citadas en el párrafo que antecede, se limita únicamente a la compra venta de inmuebles; sin embargo, en aquellos casos en que se constituyan garantías reales, ya sea sobre bienes muebles o inmuebles, como consecuencia garantizar un acto, convenio o contrato de naturaleza mercantil, y atendiendo a los principios generales de derecho que establecen que "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", las expresadas garantías reales gozan de la misma naturaleza. En consecuencia, al Corredor Público se le debe reconocer en forma expresa la facultad para intervenir en dichos actos jurídicos. Independientemente de lo asentado anteriormente es importante señalar que el Art. 121 constitucional fracción II establece que: "Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación". De la fracción citada se desprende que no solo los bienes inmuebles se rigen por el lugar de su ubicación sino también los bienes muebles. Así las cosas entonces cabría preguntarse si la legislación mercantil, que en su mayoría regula actos, convenios y contratos relacionados con bienes muebles está viciada de inconstitucionalidad, resultando absurdo sostener tal criterio. En materia inmobiliaria es importante destacar que los bienes inmuebles se regulan por la legislación local y todos los actos que recaigan sobre los mismos deberán revestir la forma establecida en la misma. Sin embargo, cuando la operación de que se trate sea un acto de comercio y recaiga sobre un inmueble, el legislador con las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para legislar en materia de comercio, establece normas de excepción en cuanto a la forma, facultando al Corredor Público para intervenir en dichos actos; respetando en todo momento la facultad de los estados para regular la materia inmobiliaria. Hoy en día, varias disposiciones de orden federal prevén la intervención del Corredor en materia inmobiliaria y es el caso de los inmuebles afectados en garantía de fianzas otorgadas por Instituciones de Fianzas, créditos de habilitación o avío y refaccionarios con garantía hipotecaria, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de la Ley de Instituciones de Crédito, respectivamente. Por otra parte, es necesario hacer hincapié en la fe pública que detenta el Corredor Público, la cual le es delegada por el Ejecutivo Federal, quién es el depositario de la fe pública federal. Esto significa que los actos y documentos emitidos en el ejercicio de su función gozaran de entera fe y crédito en los estados que conforman la Federación. Dentro de esta fe pública se encuentra la de autenticar los actos, contratos y convenios mercantiles (regulados por ordenamientos federales), facultad que delega en los Corredores Públicos. A diferencia del Corredor Público, quién goza de una fe pública de carácter federal, el Notario Público participa de una fe pública que le es delegada por el Gobernador de la entidad federativa respectiva. Esto implica que el Notario Público tiene la facultad de autenticar, actos, convenios y contratos regulados por la legislación local (de carácter civil); sin embargo, el Congreso de la Unión le ha autorizado a intervenir en ciertos actos regulados por leyes federales, por ejemplo: constitución de sociedades mercantiles, fianzas, arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, todo tipo de contratos de crédito otorgados por Instituciones de Crédito, entre otros. Desafortunadamente el legislador se ha olvidado de la existencia del fedatario público mercantil por excelencia que es el Corredor Público. Por lo que se refiere al segundo punto, relativo a si el Corredor Público, en su carácter de fedatario puede intervenir en el otorgamiento de poderes que realicen las sociedades mercantiles por conducto de la asamblea de accionistas, consejo de administración o apoderados de la misma, es indudable que se encuentra facultado para intervenir en dichos actos. Afirmación que se fundamenta en el artículo 6°. Fracción VI que a la letra dice: " Al Corredor Público corresponde...... VI. Actuar como fedatario en la constitución, modificación, fusión escisión, disolución, liquidación y extinción, de sociedades mercantiles y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y......". El texto original de la Ley expresamente establecía que el Corredor Público se encuentra facultado para intervenir en toda clase de poderes que otorgue una sociedad mercantil, disposición que fue modificada en la Cámara de Origen, ya que se sostuvo el criterio de que los poderes se encuentran regulados por la legislación local y el Corredor Público no podía invocar artículos de dicha legislación, sin advertir por una parte que la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 10 y diversos artículos habla de los poderes que otorgue la sociedad. Por otra parte, dichos poderes no podrían ser otorgados de manera distinta a lo que establece la legislación común, la cual es la norma supletoria del derecho mercantil y el hacer tal afirmación sería tanto como sostener que en materia mercantil no se puede invocar como norma supletoria el derecho común, como lo establece el artículo 2°. del Código de Comercio que establece textualmente "A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal"; en este orden de ideas el código civil aplicable es el Código Civil Federal y es indudable que el Corredor Público puede remitirse a dicho ordenamiento. Resultando que: La reforma propuesta terminaría con la discusión respecto a si el Corredor Público puede o no intervenir en el otorgamiento de los citados poderes; ya que el texto actual de la fracción sexta que se comenta, para algunos es cuestionable, lo cual es inexacto ya que al decir que el Corredor Público puede intervenir en todos aquellos actos a que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda incluido el otorgamiento de poderes y, con objeto de eliminar interpretaciones inadecuadas en la reforma propuesta, deberá establecerse que dichos poderes otorgarán en términos del derecho común, siendo aplicable el Código Civil Federal. Asimismo a fin de eliminar cualquier duda respecto a la intervención del Corredor Público para intervenir en su carácter de Fedatario Público en todos los actos de naturaleza mercantil, en todas aquellas disposiciones en donde diga "Notario", "escritura", "protocolización" se deberá entender también "Corredor Público", "póliza o acta extendida por el Corredor Público" e "incorporación a póliza" De aprobarse las reformas propuestas, es evidente que ofrecerán grandes ventajas a la sociedad en general en la prestación de servicios en materia mercantil, toda vez que quedaría de una vez aclarada cualquier duda respecto a los actos en que el Corredor Público puede intervenir. De igual manera, resulta necesario incluir en la Ley General de Sociedades Mercantiles a la figura del Corredor Público en todos aquellos artículos que únicamente menciona al "Notario", para quedar en términos de "Notario o Corredor Público". Al igual que en todos los ordenamientos en donde diga "protocolizar" debe entenderse "protocolizar o incorporar a póliza", en virtud de que el instrumento que utiliza el Corredor para estas actuaciones es la póliza. Por lo que se refiere al Fideicomiso de garantía, de reciente regulación en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, figura absolutamente mercantil, regulada por una ley federal; en su articulo 407, segundo párrafo, establece que la afectación en fideicomiso de garantía de bienes inmuebles se hará constar en escritura pública. Del párrafo citado se puede observar que una vez más se olvidó la figura del Corredor, por lo que se propone se incluya dicha figura. Así también, en tratándose de operaciones celebradas por Organizaciones Auxiliares del Crédito, que son actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, se debe incluir en forma expresa al Corredor Público, con la ya mencionada finalidad de evitar discusiones de si únicamente el Notario Público puede intervenir en tales actos, siendo la propuesta reformar los artículos 8° Fracción XI y 38D del citado ordenamiento. Al reconocerse lo antes expuesto, y de ser aprobadas las reformas propuestas, la Correduría Pública vendrá a fortalecer las instituciones del Derecho y de la República. En tal virtud, Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 6°. FRACCION QUINTA DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA; LOS ARTÍCULOS 10, 2, 5, 6, 7, 44, 56, 90, 91, 194, 205 y 228 bis DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; EL ARTICULO 407 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Y LOS ARTÍCULOS 8 FRACCION XI y 38D DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: ARTICULO PRIMERO. Se reforma el art. 10 de la LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, en su segundo y tercer párrafo y se adiciona un último párrafo para quedar como sigue: Artículo 10......................... ................................ . Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración en su caso, bastará con Protocolizar ante Notario o incorporar a póliza ante Corredor Público, la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento respectivo o, en su defecto, lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello o en sustitución de los anteriores. El Notario o Corredor Público hará constar en el instrumento correspondiente mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto le exhiban; la denominación o razón de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así como la facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración. Los poderes que otorgue la sociedad a través de la asamblea de accionistas, consejo de administración o apoderados se realizarán en términos del derecho común. ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la fracción V del artículo sexto de la LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA, para quedar como sigue: Artículo 6°. ....................................... ............................ V. Actuar como fedatario público para hacer constar: a) los contratos, convenios y actos de naturaleza mercantil; b) los hechos que se susciten entre comerciantes o que tengan relación con actos de comercio; c) en la constitución de garantías reales sobre bienes muebles e inmuebles que garanticen los actos a que se refiere el inciso a); d) en la compraventa de bienes inmuebles cuando ésta se realice con propósito de especulación comercial. ARTICULO TERCERO. Se adiciona el artículo 6 BIS a la Ley Federal de Correduría Pública para quedar como sigue: Articulo 6 BIS. Cuando en las Leyes o Reglamento se haga referencia a Notario o fedatario público, escritura, protocolo y protocolización se entenderá que refiere a Corredor Público, a la póliza o acta expedida por Corredor, a cualquier libro de registro del Corredor y al hecho de asentar algún acto en los libros de registro del Corredor, respectivamente. ARTICULO CUARTO. Se reforma el 2°. Párrafo del articulo 407 de la LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO para quedar como sigue: Art. 407........................ ................ La afectación en fideicomiso de garantía de bienes inmuebles se hará constar ante Notario o Corredor. ARTICULO QUINTO. Se reforman los artículos 8. Fracción XI y 3 8-D de la LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, para quedar en los siguientes términos: Artículo 8. Las sociedades que se autoricen para operar como organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, a excepción de las sociedades de ahorro y préstamo deberán constituirse en forma de sociedad anónima, organizadas con arreglo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes disposiciones que son de aplicación especial: XI. La escritura o póliza constitutiva y cualquier modificación a las mismas deberán ser sometidas a la previa aprobación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y, en el caso de las uniones de crédito, de la Comisión Nacional Bancaria, a efecto de verificar si se cumple con los requisitos establecidos por la ley. Una vez aprobada la escritura o póliza y sus reformas, deberán presentarse en un plazo de quince días hábiles ante el Registro Público de Comercio........... Articulo 38-D. La escritura o póliza constitutiva de las sociedades de ahorro o préstamo y cualquier modificación a las mismas, deberá ser sometida a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez aprobada la escritura o póliza y sus reformas deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial. TRANSITORIO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ATENTAMENTE Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de Marzo de 2001. Honorable Asamblea: Se encuentra en el palco de invitados de este recinto una Delegación del Congreso de los Diputados de las Cortes Generales del Reino de España. Viene encabezada por la excelentísima señora Doctora Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Presidenta del Congreso de los Diputados. Acompañada por la excelentísima señora Doctora Presentación Urán, Secretaria del Congreso de los Diputados y Diputada de Izquierda Unida. Del señor Diputado Luis de Grandes, portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular. La Diputada Doctora Teresa Cunillera, portavoz del grupo parlamentario Socialista. Del señor Diputado don Iñaki Anasagasti, portavoz del grupo parlamentario Vasco. Del Diputado don Josep Sánchez Libre, del grupo parlamentario Catalán. Del señor Diputado don Luis Mardones, del grupo parlamentario Coalición Canaria. Del señor Diputado don Joan Puigcercos, del grupo parlamentario Mixto, y Del excelentísimo señor clon José Ignacio Carbajal Gárate, Embajador del Reino de España en México a quienes esta Presidencia, a nombre de la asamblea, les da la más cordial bienvenida. ¡Bienvenidos, señores parlamentarios del Reino de España! [Aplausos Fuertes] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Para continuar el desarrollo de nuestra sesión, para efectos de presentar una iniciativa de reformas a los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la palabra al diputado don Antonio Magallanes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,