EL C. DIPUTADO MANUEL PEREZ CARDENAS: Con su venia, señor Presidente. La justicia es un valor universal que debe orientar el quehacer de los órganos de gobierno; es una ruta segura para construir una sociedad más próspera, donde la igualdad frente a la ley sea garantía, certidumbre y confianza para todos sus ciudadanos. El poder Legislativo aspira siempre a hacer leyes justas, a promover la igualdad entre los habitantes del país y a contribuir a la redistribución del ingreso. Hoy estamos frente a una iniciativa que nos permite cabalmente cumplir con nuestra misión de legisladores. La revisión y votación del proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo catorce transitorio de la Ley del Seguro Social, nos debe llevar a una reflexión sobre el importante papel que desempeña el Estado para regular y cuidar que no se rompan equilibrios sociales básicos y se apliquen criterios justos y equitativos a todos quienes se encuentran en los mismos supuestos legales. El impacto social de esta reforma es trascendente por dirigirse a un grupo social especialmente vulnerable, porque su impacto financiero es de magnitudes considerables, porque ha sido largamente planteado y porque implica hacer justicia. Cuando los pensionados por invalidez, por enfermedad general mayores de 60 años, así como los huérfanos y descendientes que dependieran económicamente del asegurado, quedaron fuera de los supuestos establecidos por el catorce transitorio legislado en 2001, se inició una movilización social e institucional, para buscar soluciones y alternativas, que pusieran fin a esta exclusión. La aprobación de la Minuta que se presenta, traerá el beneficio de un aumento del 11% a las pensiones de invalidez por enfermedad general, así como un incremento igual para las pensiones de orfandad y ascendencia, en ambos casos se considera un pago retroactivo desde el primero de marzo de 2003. Además se establece que el incremento del 11% también se aplicará a las pensiones de cesantía en edad avanzada, vejez y riesgos de trabajo a partir de la fecha en que entre en vigor el decreto, para éstos no aplica el retroactivo ya que si fueron incluidos en la reforma del 2001. Ese acto de otorgar un incremento en las pensiones de grupos sociales, que quedaron fuera de la reforma del año 2001, vendrá a impactar en cerca de 346 mil pensionados, que representan cerca de una quinta parte del total de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. El impacto económico de esta medida será de aproximadamente de 4,175 millones de pesos para atender, tanto el retroactivo de 2003 como el costo asociado al año próximo, económicamente no cabe duda que es un esfuerzo grande, equiparable al Presupuesto del Fondo de Infraestructura Educativa del Ramo 33 del PEF, superior al Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades, y desde luego también superior al que se destina a esta Cámara de Diputados. Precisamente por destinarse a los jubilados y pensionados del país, es que su beneficio compensa totalmente el esfuerzo presupuestal que realizaremos los mexicanos. Existe un amplio consenso entre los diputados de todos los partidos, sobre la conveniencia de apoyar a los pensionados del país, ya que es la mejor forma de contribuir a la redistribución del gasto, apoyando el ingreso de familias que ya no cuentan con el soporte económico de un jefe o jefa de familia. El gobierno del presidente Fox ratifica con esta medida, producto del consenso entre partidos, el apoyo que su administración brinda a la recuperación del ingreso de las familias trabajadoras. Las instituciones del país están trabajando para darle viabilidad al sistema de pensiones, esta reforma es un logro en conjunto en equipo de los legisladores, los pensionados y las instituciones del país. El gobierno del presidente Fox tiene en ello un enorme mérito, que debe ser aquilatado al haber promovido una enmienda, que tuvo que esperar el tiempo necesario, para hacer coincidir el consenso político con la oportunidad y suficiencia presupuestal. Este es un buen ejemplo de la responsabilidad con que actúa el órgano legislativo, cuando están en juego intereses nacionales prioritarios, y sobre todo para saber imaginar soluciones, que desde el punto de vista presupuestal a veces parecen insalvables o prácticamente imposibles. Sabemos que este es un gran esfuerzo de todo el país, para destinar una cantidad importante de recursos que provienen de los impuestos que todos pagamos, para apoyar un acto de retribución esperado por largo tiempo por los pensionados y jubilados de México. Al Partido Acción Nacional le representa un gran estímulo y satisfacción haber contribuido a una solución que coincide con su doctrina y filosofía de generar oportunidades de desarrollo para los grupos más vulnerables, fomentando un reconocimiento al esfuerzo personal y a la corresponsabilidad que, en este caso, está más que probada con el trabajo realizado por los pensionados durante su vida activa. Hay una retribución intergeneracional, que todo país debe cuidar que esté en balance, tenemos una gran responsabilidad con el futuro, pero hay un segmento de la población, para quien el presente lo es todo y es justamente hoy cuando esperan un acto de justicia. México necesita buenas noticias, necesitamos trabajar a partir de premisas renovadas de justicia, bien común y esperanza. Todos cabemos en este gran país, que para seguir avanzando necesita que nadie se quede rezagado, los jubilados y pensionados avanzarán ahora al mismo tiempo en los incrementos de sus pensiones. Esta es una época del año que sin duda habrá de traer buenas nuevas, para quienes habiendo trabajado toda su vida, recibirán desde ahora una mayor retribución. Estoy seguro que una vez aprobada esta iniciativa, las diputadas y los diputados de la LIX Legislatura, nos sentiremos satisfechos con el mandato que el pueblo nos dio para legislar con justicia, velando por el interés de todos y con profunda responsabilidad con el presente y con el futuro de México. Es cuanto señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Roberto Javier Vega y Galina. -DIP. ROBERTO JAVIER VEGA Y GALINA: Con su autorización diputado presidente; compañeras y compañeros diputados: La reforma a la Ley del Seguro Social, en vigor desde el 1o. de julio de 1997, modificó el sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, conservando para todos sus afiliados con anterioridad a esa fecha, que así lo decidieran, el sistema solidario anterior con cargo al gobierno federal. Congruentes con esta conservación de derechos y el compromiso que esto significó, establecidos con claridad en las disposiciones transitorias de la nueva ley, el Poder Ejecutivo propuso y el Poder Legislativo aprobó en diciembre del año 2001 reformas dentro de las cuales se incluyeron incrementos a las cuantías de las pensiones para la mayor parte de los pensionados a esa fecha. Desafortunadamente estas reformas no incluyeron a la totalidad de quienes reciben pensiones ni tampoco se determinó los incrementos aprobados que siguieran otorgando en la misma forma hacia el futuro; con lo cual se crearon inequidades muy importantes al dejar a un grupo de cerca de 400 mil pensionados sin ningún aumento y limitando sólo a quienes estaban pensionados a la fecha de entrada en vigor de estas reformas. Las pensiones junto con el otorgamiento de los servicios médicos, son la parte fundamental de la seguridad social; éstas no pueden concebirse sin la garantía de un ingreso digno para los adultos mayores, ni la certeza de tener el derecho a la pensión, conservación y recuperación de la salud. Por ello, esta Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en diciembre del año 2002, una reforma al artículo decimocuarto transitorio del decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001, reforma que en carácter de Minuta fue enviado al Senado de la República. El dictamen que está en proceso de aprobación contiene en esencia las disposiciones del decreto aprobado por esta Cámara con anterioridad, mejoradas en cuanto a los porcentajes de incrementos y ratificando las disposiciones que habrá de otorgarse en forma permanente no sólo a quienes hasta la fecha reciben ya una pensión, sino también en plena justicia para que a partir de la fecha de la vigencia que adquieran el derecho a recibir una pensión ya sea que elijan el esquema de la ley anterior de 1973, a la nueva ley de 1995, independientemente de las necesidades de éstas y las anteriores reformas establecidas con claridad y que la nueva Ley del Seguro Social está todavía muy lejos de resolver en forma definitiva la suficiencia de las pensiones para quien por razones de edad y de salud, ya no cuentan con la posibilidad de tener un ingreso derivado de un trabajo, como tampoco está resuelto el problema financiero del seguro de enfermedades y maternidad. Lo cierto es que la aprobación de este dictamen será una ayuda importante para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social que habían quedado sin el aumento otorgado en el 2001 y para todos aquellos trabajadores que se pensionen en el futuro. Como también será de gran ayuda para los trabajadores ferrocarrileros jubilados antes del año de 1982, a quienes se les hará justicia al cumplirse el ofrecimiento hecho en 1988 de tener acceso a la pensión por cesantía en edad avanzada, vejez y viudez; incrementándoles su cuantía hasta el equivalente a un salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Por ello, las diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, expresamos nuestro apoyo a este dictamen y votaremos para su aprobación, en solidaridad con los cientos de miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, que resultan beneficiados con las reformas que aprobaremos. Muchas gracias por su atención. -PRESIDENTE: Muchas gracias señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.