El diputado Enrique Ochoa Reza: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Ante una serie de afirmaciones falsas que se han hecho aquí en la tribuna, vale la pena poner los hechos sobre la mesa. Primero hecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, la OEA, de la cual México forma parte, que se elimine la prisión preventiva oficiosa por considerarla contraria a los derechos humanos. Segundo hecho. En el parlamento abierto que se organizó aquí en la Cámara de Diputados, sobre este tema, Octavio Amezcua, oficial representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que este dictamen era contrario a la presunción de inocencia y era violatorio a los derechos humanos. Y dijo: la prisión preventiva oficiosa debe ser de excepción y con una interpretación estricta. La minuta, no debe ser un permiso para meter un catálogo de delitos o hacer una interpretación extensiva. Hay que limitar que se exceda el mandato constitucional. Su propuesta era muy clara, introducir salvaguardas a la prisión preventiva oficiosa, revisiones periódicas de su necesidad, estricta temporalidad y uso racional y excepcional de esta medida con miras a su eventual eliminación del marco constitucional. Este aspecto, el de establecer estricta temporalidad es lo que propongo en la reserva que someto a su consideración. Y la reserva sostiene lo siguiente: que la prisión preventiva oficiosa no podrá exceder de 90 días naturales, a fin de que sea un juez quien analice las pruebas presentadas por el Ministerio Público y determine si se extiende la prisión preventiva, o si bien, se establecen otras medidas cautelares para llevar a cabo el proceso penal, en consecuencia. Es decir, que después de 90 días descanse en un juez valorar precisamente si continúa la prisión preventiva, una vez que conozca los elementos aportados por el Ministerio Público, o que se establezca por el razonamiento del juez la medida cautelar correspondiente para salvaguardar a las víctimas, pero también para proteger los derechos humanos. De hecho, la minuta que hoy se conoce tiene graves problemas de inconstitucionalidad. Problemas de inconstitucionalidad que deberá de conocer la Suprema Corte para determinar si este trabajo parlamentario, que hoy parece que llegará a su fin, estuvo bien hecho o no. Y aquí hay que subrayar algo, y lo conocen las compañeras y compañeros de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, la propia comisión había identificado que estos elementos que vienen del Senado son inconstitucionales y había establecido un propio dictamen para poder cumplir con el mandato de 90 días que nos establecimos en un transitorio constitucional en aquella reforma del artículo 19. Y el trabajo que había hecho la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados era mejor al trabajo que se está votando el día de hoy, que proviene del Senado. Tan era mejor, que ustedes a pesar de no haberlo aceptado en las comisiones, ya corrigieron el bodrio jurídico que se había establecido de mandar a prisión preventiva oficiosa a quienes cometieran un posible ilícito con un arma de juguete. Lo acaban de corregir en una reserva hace unos minutos. Eso lo discutimos en la Comisión de Justicia, pero ahí traían la instrucción las diputadas y los diputados de la mayoría de no moverle una coma al dictamen que venía del Senado de la República. Se equivocaron en la Comisión de Justicia en dos sentidos. Debieron haber corregido ese error que venía del Senado, como vienen muchos más del Código Federal de Procedimientos Penales, que seguramente serán declarados inconstitucionales en la Suprema Corte, que también vienen en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que también será declarada en su momento inconstitucional por la Corte. O en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Derechos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, donde también vienen excesos inconstitucionales que tendrá que revisar la Suprema Corte. Pero todo esto lo saben los integrantes de la Comisión de Justicia, porque lo habíamos identificado en un dictamen que habíamos hecho correcto de aquella reforma constitucional, pero que se decidió dejar a un lado para darle paso a este que viene del Senado de la República, que trae estos errores. Y sí, son errores de inconstitucionalidad. Por eso, compañeras y compañeros, propongo que acepten esta reserva, que le den oportunidad, 90 días después de iniciada la prisión preventiva oficiosa, a que el juez valore las pruebas y determine cuáles son las medidas cautelares hacia adelante. De no hacerlo, será una causa más de una acción de inconstitucionalidad que deberá conocer y resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.