La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, han transcurrido varios años, necesarios para alcanzar la justa integración de las mujeres en el mercado laboral. Por ignorancia, antiguas creencias y tradiciones, se ubicaba a la mujer como la única encargada en las labores del hogar y el cuidado de los hijos. Ello, sumado a los frecuentes actos de discriminación que impedían su desarrollo profesional. El día de hoy las mujeres gozamos de derechos laborales, sin prohibición alguna que nos impidan o limiten a participar casi en cualquier sector, sumándonos a desempeñar cargos de alta relevancia para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, la condición de género marca diferencias naturales en las circunstancias laborales, como en el caso de la maternidad. Para ello se han definido las premisas básicas bajo las cuales se habrá de desempeñar mientras se encuentre en este estado. Ha sido necesario desarrollar el trabajo legislativo para llevar a cabo las diversas adecuaciones a las leyes correspondientes, mismas que señalan el derecho de la mujer para emplearse sin mayor limitación. Sin embargo, actualmente se siguen presentando, lamentablemente, casos de discriminación, principalmente por encontrarse embarazadas. La discriminación generalmente se produce cuando el empleador trata desfavorablemente a una mujer embarazada, en situación de parto o trastornos médicos relacionados con este estado. También puede producirse cuando el empleador practica una política que excluya a las mujeres de puestos de trabajo determinados, debido a que puedan quedar embarazadas. Datos emitidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo señalan que los trabajadores que acudieron a solicitar asesoría y representación legal a dicha institución, el 42.6 por ciento de los usuarios fueron mujeres, es decir, 86 mil 611 mujeres, siendo las principales quejas las de hostigamiento, despidos por embarazos, problemáticas relacionadas con el cuidado de los hijos, así como despidos injustificados. De lo anterior se evidencia la gravedad de la situación laboral a la que se enfrentan constantemente las mujeres, a pesar de la creación de leyes e institutos para proteger y garantizar sus derechos laborales. Además, es necesario señalar que no solo se vulneran dichos derechos, sino que nos enfrentamos ya a situaciones de violencia en razón de género, pues como bien señala esta iniciativa que hoy está a consideración de esta soberanía, la discriminación por embarazo se convierte en barreras para incorporarse al ámbito laboral, público o privado. Coincidimos en la necesidad de reforzar el marco jurídico con plena igualdad y sin discriminación alguna, reconociendo siempre los derechos laborales, erradicando por completo las prácticas empresariales de exigir a sus trabajadoras pruebas de embarazo como condición para ingreso o permanencia en su trabajo, así como para prohibir las coacciones por renunciar a su empleo por encontrarse embarazada. Por todo lo anterior, compañeros diputados y diputadas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida sin violencia, pues con dichas modificaciones se abonará a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación por cuestiones de género. Es cuanto, señor presidente.