La diputada Araceli Damián González: Gracias, presidente. La iniciativa que propongo es una reforma integral de la legislación electoral, destinada a prohibir que determinados funcionarios y políticos participen, como siempre lo hacen, en la entrega de beneficios asociados a programas sociales durante seis meses antes al inicio de la veda electoral. Lo anterior busca, teniendo en cuenta la experiencia desafortunada de las irregularidades que se dieron el año pasado en el estado de México, legitimar los procesos electorales y coadyuvar a erradicar las prácticas de intervencionismo gubernamental en las elecciones, así como evitar la instrumentalización electoral de los programas sociales. La iniciativa que impulso reforma un total de tres leyes, la Ley General de Procedimientos Electorales, la Ley en Materia de Delitos Electorales y por último la Ley General de Desarrollo Social. La correcta y eficiente operación de los programas sociales en ningún caso precisa de la intervención de los funcionarios públicos, como le gusta tanto hacer a los de este gobierno federal, ni tampoco de senadores ni de diputados, subsecretarios y secretarios. Al contrario, la participación de estos últimos en actos y eventos masivos involucra serios riesgos de utilización electoral de los programas y una manipulación electoral que debemos evitar. La iniciativa que se propone prohíbe y sanciona la entrega de beneficios vinculados a programas sociales por parte de estos funcionarios públicos, durante los seis meses anteriores al inicio de la veda electoral. En México existe un profundo y plural consenso social y político alrededor de la necesidad de avanzar hacia procesos electorales verdaderamente democráticos, no como hubo en el 2012 de compra de voto y obtención ilegítima de la Presidencia de la República. En cada elección, las denuncias de irregularidades se multiplican, como sucedió en el Estado de México. Muchas involucran el ejercicio ilegal o fraudulento de recursos federales movilizados por funcionarios públicos para manipular, coaccionar e influenciar la voluntad popular y alterar el curso democrático en este país. En ese sentido, se hace necesaria la articulación de estas reformas legislativas, que en diferente grado coadyuvarán a fortalecer la neutralidad de los funcionarios públicos y hacemos desde aquí un llamado al presidente, Enrique Peña Nieto, para que deje de intervenir a favor de su partido y de todos los funcionarios públicos federales en esta contienda del 2018. A menos de tres meses de los comicios del Estado de México, por ejemplo, el ex gobernador Eruviel Ávila, regaló cinco mil computadoras a cambio de la copia de elector de los beneficiarios. ¿Para qué la quiere Eruviel? Además, durante la campaña para la elección de esta gubernatura se filtraron documentos y se hicieron investigaciones periodísticas, que evidenciaban la intervención directa de un conjunto de altos funcionarios en el territorio en actividades proselitistas, lo cual debe estar prohibido. Esta iniciativa persigue prohibir y sancionar este tipo de prácticas irregulares y espero que en esta ocasión 2018, efectivamente se abstengan de vincular los programas sociales al condicionamiento del voto. La imparcialidad de los servidores públicos es un principio ampliamente enraizado en la tradición jurídica mexicana, cuyo ordenamiento se expresa en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución. Solicitamos y exigimos que se cumpla con estas disposiciones en las que se prohíbe que los servidores públicos participen y se mantengan de manera imparcial en relación al uso de los recursos públicos. Es muy importante, va a ser la elección más importante de la historia y espero que no utilicen el recurso federal para la compra de voto, como lo hace el priismo, el verdismo, hasta el perredismo y el panismo en las elecciones. Es cuanto.