El diputado Quintín Vázquez García: Compañeras y compañeros legisladores: El suscrito, diputado federal por el Distrito IX electoral con cabecera en Guadalajara, Jalisco, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión. En ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expone ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto, por el que se reforman los artículos 2 penúltimo y último párrafo y 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal, relativos al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia del Impuesto Federal sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la participación que recibirán los municipios sobre la recaudación que se obtenga del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes, tratándose de: cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas, así como de tabacos labrados, de conformidad con la siguiente: Exposición de Motivos Los municipios del país, sobre todo los que conforman las grandes zonas metropolitanas o conurbadas, vienen padeciendo el crecimiento desmesurado del parque vehicular y fundamentalmente la problemática de la inadecuada infraestructura vial. El parque vehicular año con año crece y por ende los grandes problemas de tránsito, embotellamientos y conflictos viales . El aumento constante de cruceros peligrosos que requieren de una fuerte inversión económica para buscar soluciones adecuadas, gran contaminación ambiental, rebasando constantemente los índices IMECAS en muchas zonas de los municipios y por supuesto, el aumento y el consecuente riesgo para la salud de los habitantes que impactan en los programas de salud en los tres niveles de gobierno. Las finanzas municipales lejos de presentar mejoras en sus ingresos anuales, padecen las consecuencias de la falta de recursos económicos, inclusive para la atención oportuna de los servicios públicos municipales, creando escenarios que día con día limitan el mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos. Los grandes problemas se presentan en el desarrollo administrativo de los municipios, quienes enfrentan la falta de capacidad para incrementar los recursos propios y dependen en su gran mayoría de las participaciones federales, los que desgraciadamente cada día se vuelven más insuficientes para la respuesta oportuna en la prestación de los servicios públicos. La problemática general se deriva en la deficiente seguridad pública, la pésima atención para el tratamiento de los desechos sólidos y la pésima planeación de la infraestructura vial, todos ellos con un problema en común: la falta de recursos económicos suficientes para encontrar alternativas de solución . La Ley de Coordinación Fiscal en su capítulo 1° De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal, en Ingresos Federales en su artículo 2, en sus penúltimo y último párrafo señalan: ..."las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que hubieran celebrado con la Federación convenios de colaboración administrativa en materia del Impuesto Federal sobre Tenencia o Uso de Vehículos, donde se estipule la obligación de llevar un registro estatal vehicular, recibirán el 100% de la recaudación que se obtenga por concepto de este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la entidad que se distribuirá entre ellos, en la forma que determine la Legislatura respectiva". Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal , podrán celebrar con la Federación convenios de colaboración administrativa en materia del Impuesto sobre Automóviles, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva. Esta distribución otorga una oportunidad muy especial para los ingresos municipales, pero sin que se pueda resolver de tajo la grave situación que se vive en la actualidad. Si bien es cierto los municipios han caído en un estado donde prevalece el conformismo, en virtud de los ingresos seguros que perciben vía participaciones federales y que en algunos casos dejan como garantía en la oportunidad para obtener recursos frescos para su aplicación en la obra pública y dejar huella en el paso de los tres años de la administración municipal. La falta de ideas y de propósitos adecuados para ampliar la cobertura en los ingresos propios en los municipios, obliga a tomar acciones que redunden en mejores expectativas para los ciudadanos, quienes exigen una mejor prestación de los servicios públicos básicos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, establece la obligatoriedad de los municipios de otorgar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines o equipamiento, seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás que las Legislaturas Locales determinen. Ente este escenario difícilmente se tendrán oportunidades verdaderas para proporcionar con eficiencia y eficacia dichos servicios públicos, trastocando un principio constitucional debido a la falta de recursos económicos suficientes. Los mecanismos utilizados para la distribución de los recursos federales, han funcionado en la medida en que los criterios actuaban de una manera diferente y para los conceptos actuales los municipios presentan una estructura jurídica diferente, motivada por la modificación tan importante en el propio artículo 115 constitucional. Esto nos impulsa para dotar de mayores posibilidades a los municipios para cumplir con mayor oportunidad la prestación de los servicios públicos, así como para hacer frente a la serie de problemas que ocasiona su crecimiento en ocasiones sin control y que deriva en una constante de fallas en las áreas administrativas y de obra pública. La posibilidad de obtener mayores ingresos vía participaciones federales ocasionaría un aliciente para fortalecer las condiciones existentes en los municipios del país, pero sobre todo en aquellos municipios conurbados que son los que mayor problemática presentan. En relación al artículo 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal, señala: "...las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participan de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a continuación se mencionan, conforme a las proporciones siguientes: El 205 de la recaudación se trata de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas; el 8% de la recaudación se trata de tabacos labrados ". Esta participación se distribuirá en función del porcentaje que representa la enajenación de cada uno de los bienes a que se refiere este artículo en cada entidad federativa de la enajenación nacional y se liquidará conforme a lo establecido en el artículo 7 de esta ley. Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la participación que le corresponda al estado. Claro está que dichas participaciones representan un importante flujo de recursos a los municipios, pero altamente insuficientes para la responsabilidad que representa la actuación administrativa. La exposición de motivos comentada nos refleja la triste realidad que se vive día con día en la esfera municipal, con los consecuentes desencantos de la sociedad que no observan que sus contribuciones faciliten la tarea y el mejoramiento de los servicios públicos. En tal virtud, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa de reforma: Unico. Se reforman los artículos 2, penúltimo y último párrafos y 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue: "...Las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que hubieran celebrado con la Federación convenios de colaboración administrativa en materia del impuesto federal sobre tenencia, uso de vehículos donde se estipule la obligación de llevar y registro estatal vehicular, recibirán el 100% de la recaudación que se obtenga por concepto de este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 40% a los municipios de la entidad que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la Legislatura respectiva. Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 40% a los municipios de la entidad que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la Legislatura respectiva. Artículo 3 A. Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán de la recaudación que se obtenga del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto, sobre los bienes que a continuación se mencionan, conforme a las proporciones siguientes: El 20% de la recaudación se trata de cervezas, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas . El 8% de la recaudación se trata de tabacos labrados. Esta participación se distribuirá en función del porcentaje que represente la enajenación de cada uno de los bienes a que se refiere este artículo en cada entidad federativa de la enajenación nacional y se liquidará conforme a lo establecido en el artículo 7 de esta ley. Los municipios recibirán como mínimo el 40% de la participación que le corresponde al Estado. Transitorios UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el mes de septiembre de 2004. Muchas gracias.