La diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados la falta de instrumentación de una política social con visión de Estado es evidente. Los datos presentados en el II Informe de Gobierno sobre las condiciones económicas y sociales de la población, evidentemente son cuestionables. La falta de certeza de éstos es una clara forma de evasión, por cierto altamente irresponsable, que imposibilita no solamente el debate serio sino que además en nada contribuye al combate decidido entre la pobreza y la desigualdad. El gobierno federal ha informado en la glosa que el gasto público ejercido en las acciones de desarrollo social, durante el primer semestre de 2008, ascendió a 548 mil 192 millones de pesos. Representando esto, en términos reales, un incremento del 9.4 por ciento con respecto al mismo lapso del año pasado. Destaca también incrementos del 80.9 por ciento en las funciones de asistencia social, urbanización, vivienda y desarrollo regional del 20.4, y educación del 11.1 por ciento. Es necesario que se informe correctamente a los ciudadanos. No hay que perder de vista que la aprobación del Presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Por lo que dichas cifras de poco o nada servirán si no se define específicamente qué porcentaje de los recursos aprobados para los programas sociales y sus beneficiarios son asignados en propaganda y publicidad. El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados considera urgente la reorientación de las políticas públicas, mismas que en la actualidad simples mecanismos compensatorios que no hacen más que profundizar las diferencias entre las personas y las regiones. La pobreza no solamente ofende la dignidad humana, sino que debilita el tejido social y frena el desarrollo del país. Es por ello que exigimos verdaderas políticas de desarrollo social comprometidas con el combate a ésta, que no pretendan posicionar políticamente a un gobierno con el fin de obtener resultados electorales. Para el PRI, para la fracción parlamentaria de mi partido, es urgente revisar la operación de los programas sociales federales, para avanzar en su transparencia, en la descentralización y en el acceso universal a las mismas. Diseñar un nuevo programa de Combate a la Pobreza con una visión integral que estimule el desarrollo personal y colectivo de sus beneficiados, que propicie una participación social amplia, en la que las comunidades sean parte activa de su propio desarrollo y que se facilite el acceso a los procesos sociales y a las instituciones gubernamentales, respetando la dignidad y alentando las potencialidades productivas de cada uno de ellos. El gobierno federal debe de asumir sus responsabilidades y evitar que la inconformidad social, agudizada por los efectos de la crisis económica, evidenciada en una escalada de precios en prácticamente todos los bienes, productos y servicios, lleve a decenas de millones de mexicanos a la desesperanza, postrando a diversas generaciones a sobrevivir con políticas excluyentes, erráticas, autoritarias y tendenciosas. También en el segundo informe se refieren datos de la evolución de la pobreza en nuestro país y se asienta que el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas del Desarrollo Social, que se presenta en agosto de 2007, señala que 14.4 millones de mexicanos vivían en condición de pobreza alimentaria, lo que equivale al 13.8 por ciento del total de la población. Qué cifras por demás contrastantes con lo que señala el Banco Mundial y el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, en donde señala que entre diciembre de 2006 y agosto de 2008 el costo final de los alimentos incluidos en una canasta básica del consumo se elevó en 51 por ciento. Estos 51 puntos provocaron que la pobreza alimentaria o extrema creciera de 14.4 millones de personas en 2006, a 19 millones de personas en 2008. Frente a estos hechos, esta Cámara de Diputados deberá de asumir una decisión que permita la participación de los estados y de los municipios, tanto en el diseño, estructura y ejecución de las políticas públicas que permitan conjuntar esfuerzos y recursos de los tres niveles de gobierno y con ello se eviten duplicidades; estructuras paralelas que sólo elevan el gasto administrativo y limitan los beneficios oportunos para los más necesitados. Ésta es una exigencia en la que el PRI hace hincapié para la aprobación del presupuesto en materia de desarrollo social. Los datos referidos sobre los supuestos avances nos obligan a ser exigentes y puntuales en el análisis del gasto público, en todos y cada uno de los programas, para verificar su correcta aplicación y que no estén siendo manejados por la secretaría del ramo a través de sus cuestionadas delegaciones en los estados, como instrumentos para la manipulación y el lucro político a favor del partido en el gobierno. Por tanto, nuestro grupo parlamentario ha asumido compromisos puntuales en su agenda legislativa y presentará una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley General de Desarrollo Social, para descentralizar estos programas e impulsar los cambios necesarios a efecto de que se cumpla con la integralidad de los programas de desarrollo social. La evolución de la economía nacional arroja cifras desalentadoras. En 2007 hubo un reducido crecimiento del PIB, de 3.3 por ciento, mismo que se estima se disminuirá a sólo 2.5 por ciento para el presente año, implicando graves efectos en materia de empleo, afectando el ingreso y el consumo de la población, causando con ello mayores estragos a la economía de las familias que menos recursos tienen. ¿Cómo reducir la pobreza si hay bajo crecimiento de la economía, menos empleos, menos remesas y más inflación? Esta combinación sólo puede producir más pobreza; sin embargo, el informe es omiso respecto al impacto que tienen estos factores en el aumento de la pobreza. Ello nos lleva a concluir que se trata de una serie de programas y no de una verdadera política social; programas que no corrigen los factores generadores de la pobreza y que además serán en el corto plazo, difícilmente sustentables. Es preciso darnos cuenta que sólo es posible combatir la pobreza en la medida que seamos capaces de aplicar eficientemente el gasto social y de asumir, todos, de forma corresponsable, el quehacer que nos toca, que es una tarea de recomponer el desarrollo de este país. Es cuanto, señora presidenta.