El diputado Alberto Martínez Urincho: Con el permiso de la Presidencia; apreciables diputadas y diputados, la historia reciente de los derechos humanos, al menos desde la perspectiva estrictamente jurídica, ha mostrado diversos avances importantes que se han concretado en modificaciones a criterios jurisdiccionales y, por supuesto, a textos normativos incluyendo a las constituciones. En lo que respecta a nuestra Constitución de 1917, que fue elogiada en su momento por la previsión de los llamados derechos sociales, ha ido incorporando paulatinamente nuevas visiones relativas a la teoría de los derechos humanos, así como novedosos criterios de interpretación y contenidos en sintonía con los avances y la evolución de los derechos humanos en el plano internacional. Lo anterior tuvo efectos en nuestro sistema jurídico. Primero. Que los derechos humanos se internacionalizaran mediante la firma y ratificación de tratados internacionales, así como el surgimiento de sistemas específicos de protección. Segundo. La incorporación de nuevos y mejores estándares a los sistemas jurídicos nacionales que implican de manera sobresaliente nuevas maneras de entender la especificidad de la interpretación constitucional. Sin duda, la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, inauguró una nueva época para el sistema jurídico mexicano, esta reforma tiene un profundo impacto en la concepción en lo que los derechos humanos se refiere, pues afecta el núcleo central de comprensión de lo que son estos derechos. El desarrollo de los derechos humanos ha sido un arduo proceso lento y paulatino en el que afortunadamente la esfera de protección y los medios para protegerlo, se han convertido más eficientes y efectivos. Lo anterior conlleva a que los derechos humanos y sus organismos protectores cuenten con mayor fuerza axiológica en virtud de que normas actuales reflejan el estadio de civilización y humanismo desarrollado en los últimos tres siglos. Así, el desarrollo de constitucionalismo mexicano con la reforma del 28 de enero de 1992, con el que se adicionó un Apartado B al artículo 102 de la Constitución federal, se elevó a rango constitucional la protección y defensa de los derechos humanos en México. Con esta reforma a la Constitución, se facultó a las legislaturas a crear a la Comisión Nacional y Estatales Protectoras de Derechos Humanos y con facultades de formular recomendaciones públicas no vinculatorias. En ese sentido, la creación de organismos constituyó un gran acontecimiento al permitir constituir entidades públicas especializadas en la defensa de los derechos humanos y no obstante la naturaleza jurídica de sus resoluciones tienen más un peso moral y no de un mandato con posibilidades de cumplimiento obligatorio. Al respecto es importante resaltar que las recomendaciones como medios de protección a los derechos humanos tienen como base de su eficacia a la dimensión axiológica de esos derechos, y como es sabido, al no contar esas comisiones con un medio coactivo que obligue a las autoridades a actuar a acatar sus sugerencias, el basamento moral de éstas y su impacto ante la opinión pública constituyen la principal fuente de poder en las recomendaciones, y no obstante el peso de ese trasfondo aún en muchas ocasiones, no es suficiente para su cumplimiento sobre la misma base de su fundamento axiológico, las recomendaciones funcionan en el sistema universal y las regiones en derechos humanos, frente a ello hay que dotarle a las recomendaciones factores adicionales que las potencialicen e incentiven. En cumplimiento de las recomendaciones para hacer más eficaces y eficientes como mecanismos de protección. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos vierte en su informe anual que el número de sus recomendaciones cumplidas y una frecuencia menor frente a esto el organismo protector se ha propuesto: 1. Reducir los tiempos del cumplimiento de las recomendaciones, partiendo desde su emisión hasta la conclusión de su seguimiento; 2. Hacer eficiente el análisis de la calificación de las propuestas de las pruebas de cumplimiento, y 3. Realizar las gestiones necesarias para agilizar el tiempo de respuesta de las autoridades responsables. Es por ello que resulta procedente y necesario desarrollar una Ley Reglamentaria, derivado del citado precepto constitucional, con el objeto de determinar un procedimiento que permita el desahogo de las comparecencias de los servidores públicos en el Senado de la República o en la Comisión Permanente, si es el caso, por el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy por hoy resulta difícil pensar en una verdadera democracia con la simple previsión de un catálogo de derechos humanos y garantías señaladas en sus leyes; y cuando en la realidad su sociedad sufre miseria, cuando tiene que soportar la ausencia de voluntad política de sus autoridades para que respeten los postulados de libertad señalados en las normas de derecho, cuando no habita la justicia ni siquiera como ideal o como búsqueda, como la dignidad de la persona, que es una mera palabrería. A fin de cuentas la justicia intenta hacer realidad esa hipotética igualdad de todos los humanos y no la menos dudosa libertad en tanto derechos fundamentales del individuo. Por ello, para... protección de los derechos humanos resulta necesaria la conjugación de esos elementos, entre los que destacan: autoridades cuyos actos sean regidos por el derecho, una sociedad que esté educada en los derechos humanos; voluntad política para aplicar la ley y defender esos derechos; organismos protectores de derechos humanos con mayores facultades; y una sociedad activa y participativa también en defensa; buenos instrumentos jurídicos para protección y un Poder Judicial independiente que aplique correcta, justa, suficiente, oportuna y debidamente la ley. Es cuanto, diputado presidente. Solicitándole respetuosamente a la Presidencia que ordene la inserción del texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.