El diputado José Everardo Nava Gómez: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, en primera instancia agradezco a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a su presidente, diputado Fernando Salgado Delgado, a mi amiga la diputada Claudia Delgadillo González, así como a mis compañeros diputados integrantes de esta comisión, por la aprobación de este dictamen de la iniciativa que presentó un servidor a la Ley Federal del Trabajo, y que demuestra nuestro compromiso para buscar cada vez más mejores soluciones a las demandas de la población mexicana en el tema de empleo. Está comprobado que la mayoría de los seres humanos tiene al trabajo como principal fuente para obtener riqueza económica. Gracias a éste la persona que lo realiza obtiene bienestar material para sí misma y para sus seres más cercanos. Si por razones injustas, arbitrarias y sistemáticas quien trabaja pierde su empleo, se eleva gravemente el riesgo de no contar con las condiciones mínimas para conducir una existencia digna. Y por ello todo Estado democrático debe defender y garantizar a cabalidad la protección de este importante derecho. En México el derecho al trabajo es un derecho humano que encuentra sus principales fundamentos en los artículos 1o., y 123 del texto constitucional, en la Ley Federal del Trabajo, y en los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. No obstante a ello, y a pesar que el Estado mexicano cuenta con un sistema jurídico amplio en la materia, a pesar que nuestro actual gobierno federal mantiene el impulso de importantes acciones y políticas públicas encaminadas a la generación de empleo para los mexicanos, estamos conscientes que aún falta mucho que aportar. Para garantizar que nuestra ciudadanía pueda ejercer este fundamental derecho con plenitud y sin discriminación, es notorio que los últimos años en México la edad se ha convertido en un obstáculo para conseguir empleo. Esto, como consecuencia de las prácticas discriminatorias promovidas por el sector empresarial en los procesos de otorgamiento y concursos de vacantes de empleo. Por economía de tiempo y los datos aportados por especialistas a asociaciones civiles, por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación referidos en el documento y que son suficientes para poner de relieve esta situación en toda su magnitud y que nos demuestran que los adultos, después de los 35 años, son quienes tienen el mayor riesgo de ser desempleados y, sobre todo, de las trabas que enfrentan para volver a incorporarse al mercado laboral, que cuando los aceptan suelen emplearlos a cambio de remuneraciones muy bajas, la mayoría de las veces en áreas ajenas a sus conocimientos y talentos que nos les generan más que frustración por no poder aplicar su experiencia, ni mucho menos satisfacer las necesidades básicas que tienen para consigo mismo y con sus respectivas familias. Estamos ante una problemática que resulta necesario legislar de manera responsable. Debemos coadyuvar en el fortalecimiento de la ley a fin de combatir al fenómeno de discriminación por edad en el empleo que lamentablemente lastima a nuestra sociedad mexicana, particularmente a las personas adultas. En este sentido destacamos, como señala la comisión dictaminadora, que esta reforma representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos del sector que comprende a las personas adultas. De esta manera respaldamos la intención que anima a la propuesta de reforma encaminada a establecer una obligación compartida entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como instancia encargada de llevar la política laboral del país, las entidades federativas y el sector empresarial tendiente a diseñar y ejecutar políticas públicas y programas dirigidos a generar oportunidad de empleo que realmente garanticen la inclusión de la aprobación mexicana al mercado laboral y, sobre todo, que permitan aprovechar la vasta experiencia, sabiduría y capacidad de los millones de mexicanas y mexicanos que superan los 35 años de edad en favor del desarrollo productivo, económico y progreso del país. No debemos olvidar que la pirámide poblacional de México envejece a pasos agigantados, a tal grado que la población que rebasa los 36 años de edad, en los próximos 11 años representará 60 por ciento de nuestra población total, por ello la urgencia de generar las condiciones apropiadas que aseguren el futuro de México. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social solicitamos a esta LXII Legislatura su voto favorable al presente dictamen, para atender estas demandas ciudadanas tan sensibles y las podamos entregar como respuestas para el bienestar del pueblo de México. Es cuanto, señor presidente.