EL C. DIP. MANUEL CASTRO Y DEL VALLE: Con su permiso señora Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO: Consideraciones: A prácticamente un año de los lamentables acontecimientos ocurridos la madrugada del viernes 20 de octubre del año 2000 en el local antes conocido como "Lobohombo", ubicado en la delegación Cuauhtémoc, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no ha dado una respuesta satisfactoria a la ciudadanía del Distrito Federal en esto que de por sí es un caso complicado, en el que concurrieron posibles negligencias de autoridades e irresponsabilidad criminal de empresarios que no cumplieron con la normatividad vigente y pusieron en grave riesgo a su clientela, riesgo que se materializó en la tragedia que todos conocemos. Caso que se complica aún más cuando se toma en cuenta que en este local no solamente se incumplió con la normatividad del Distrito Federal, sino que además se presume con razones fundadas, que se cometían delitos del fuero federal como el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Resulta preocupante aunque hasta cierto punto explicable, que para este hecho que ha significado que para docenas de víctimas ya no exista un mañana y que para muchos de los que sobrevivieron ese mañana sea terriblemente sombrío, no haya una respuesta satisfactoria a más de un año de distancia. La ciudad de México y el país entero merecen una respuesta que por su claridad convenza a todos y que vaya de manera integral a todos los aspectos del problema, que como se ha señalado, hay en este caso conexidad con delitos del fuero federal y pensamos que debe ser objeto de una investigación a otro nivel. Ahora bien, de acuerdo con el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales. Es decir, el constituyente permanente justificó la actuación de las autoridades federales respecto a delitos normalmente considerados del fuero común ante la presencia de delitos conexos, o sea de hechos relacionados con delitos del orden federal y local. El combate y la lucha contra este tipo de delitos debe corresponder al orden federal ya que están afectado intereses de la federación, por lo que el conocimiento de los mismos puede ser competencia de ésta en substitución de las locales. A mayor abundamiento de lo anterior, en el propio artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y de conformidad con el texto constitucional aludido, se atribuye al Ministerio Pública Federal en el caso de concurso de delitos, la facultad para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales y los jueces federales tendrán competencia para juzgarlos. En tal virtud, debe ser preocupación de esta Asamblea Nacional que cuando se suscitan hechos como los de "Lobohombo" en los que como se tiene conocimiento al parecer hay indicios de delitos del orden federal, como son lavado de dinero, narcotráfico y delincuencia organizada, la autoridad responsables de su persecución intervenga en auxilio de la autoridad local y que asuma su responsabilidad como garante en la investigación de los delitos que afectan gravemente a la Federación, como es el caso en cuestión. Más aún, cuando el fenómeno de criminalidad principalmente la dedicada a la producción, el tráfico y el consumo de drogas y el lavado de dinero representa hoy por hoy una grave amenaza para la salud, la libertad y el bienestar de los ciudadanos a la vez que atenta contra la estabilidad y la soberanía de las propias entidades federativas y cuando la capacidad de estas organizaciones criminales supera cualquier frontera y el ámbito de competencia en consecuencia amenaza el orden y la seguridad de regiones, estados y naciones en donde se desarrollan sus actividades, por ello debemos entender con claridad que frente a las limitaciones de la autoridad local, la responsabilidad corresponde al orden federal para enfrentar con decisión y eficacia este problema tan lacerante. Compañeras y compañeros diputados: Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: Primero. Que se solicite a la Procuraduría General de la República, que revise la posibilidad de ejercer su facultad de atracción respecto del caso conocido como Lobohombo, ya que se presume la existencia de delitos del orden federal. Segundo. Que la Procuraduría General de la República, en caso de ejercer su facultad de atracción respecto del asunto conocido como Lobohombo, informe a esta H. Soberanía de la situación que guarden las investigaciones. Palacio de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de 2001. Firman los compañeros diputados Nelly Campos Quiroz, Mauro Huerta Díaz, José de Jesús López Sandoval, Raúl García Velázquez, María Teresa Gómez Mont, José María Rivera Cabello y el de la voz. Muchas gracias.