El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza: Gracias diputado Presidente. Compañeras, compañeros legisladores. Con fundamento en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones: Primera. El pasado domingo 15 de octubre del 2006 un grupo de parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz tomaron las instalaciones de bombeo de la Empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en protesta porque consideran que sus demandas no están siendo atendidas, ya que la citada empresa está afectando su patrimonio el cual, conforme a lo que ellos expresan, equivale a un total de 16 mil 800 hectáreas y no a 14 mil, como afirma la empresa. Segundo. La empresa es una sociedad mexicana legalmente constituida desde 1954 en los términos de la Administración Pública federal, perteneciente al sector minero, coordinada sectorialmente por la Secretaría de Economía y su objeto social es la explotación y la exportación de la sal marina. Tercero. En el año de 1971, los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz fueron dotados de tierras por el Presidente de la República, dentro de los cuales están asignadas en los años de 1953 y 1954, por la entonces Comisión de Fomento Minero a la empresa. Cuarto. Ante esta situación, en febrero de 1987 la empresa suscribió con los ejidos un convenido de pago de compensación por la ocupación de la superficie ejidal, estableciendo el compromiso de cubrir los pagos y compensaciones desde 1971, fecha de dotación de los ejidos, hasta el año de 1986 y un pago anual a partir de 1987. Quinto. El 28 de junio de 1994 se celebró un convenio de ocupación temporal en las tierras ejidales, el cual estuvo vigente hasta el año 2000, mediante el cual la empresa pagaba 73 pesos con 98 centavos por hectárea. Sexto. A partir del año 2000 no se decretaron dividendos ni hubo utilidades ante la falta de los pagos correspondientes. El ejido manifestó su inconformidad y, para evitar conflictos, el 30 de diciembre de 2000 la empresa celebró un convenio modificatorio al convenio de ocupación temporal del 28 de julio de 1994, a efecto de modificar la cláusula quinta relativa a los pagos por dividendos y en su lugar, complementarlos con un pago fijo por parte de la empresa. En dicho convenido se establecía un pago anual de 148 pesos por hectárea. Séptimo. El 4 de noviembre del 2005, la empresa fue notificada de la demanda interpuesta ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 39, con sede en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, por 152 parcelarios del ejido Gustavo Díaz Ordaz. Octavo. Entre los principales puntos que demandan los ejidatarios ante el citado Tribunal destacan: a).- Pago de renta, no indemnización y firma de nuevos convenios, previa anulación de los anteriores. b).- Pago no negociable de mil pesos anuales por hectárea, retroactivos desde 1998, por las dos mil 800 hectáreas y que no están incluidas en el convenio, lo que representaría 24.4 millones de pesos. c).- Considerando las 14 mil hectáreas, más las dos mil 800 hectáreas no reconocidas a razón de mil pesos anuales por hectárea, la cantidad equivaldría a 16.8 millones de pesos. Es decir, los ejidatarios pretenden un pago en una sola exhibición de 39.2 millones de pesos en el 2006. d).- Los ejidatarios no están dispuestos a vender las tierras a pesar de las ofertas de la compañía en mención. e).- Que los nuevos contratos sean elevados a rango de sentencia por el Tribunal Unitario Agrario número 39. Noveno. Los instrumentos jurídicos citados son resultado de muchos, de muchos años de negociación de la empresa con los ejidatarios; así como la intervención de diversas autoridades, lo que ha permitido atender, armonizar y equilibrar el marco jurídico de varios ordenamientos legales, al tiempo que se lograron propósitos de equilibrio de fuerzas y de actores políticos de la región. En consecuencia, en la búsqueda de soluciones al conflicto actual será importante considerar estos factores a fin de evitar rompimiento de tales equilibrios, ya que ello, atraería costos económicos, políticos y sociales muy altos tanto para la empresa, como para la comunidad del norte del estado de Baja California Sur. Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta la importancia del asunto, me permito presentar ante este Pleno, el siguiente Punto de acuerdo Único. Se solicita al gobierno federal y a la LX Legislatura del Congreso de la Unión que a través de las autoridades competentes, promuevan la conformación de una comisión plural, que se encargue de realizar una investigación exhaustiva de todos y cada uno de los antecedentes del conflicto existente entre Exportadora de Sal, S.A. de C. V., y los parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, del municipio de Mulegé del estado de Baja California Sur; así como la situación financiera de la empresa y que actué en consecuencia para la solución del problema en cuestión, por lo que representa para el estado de Baja California Sur, este apartado. Consideramos que es oportuno y necesario que se integre esa comisión, a efecto de que en apego a la razón y al derecho se den las resoluciones definitivas. Muchas gracias.