EL C. DIPUTADO MANUEL MEDELLÍN MILAN: Muchas gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Me permito traer a su consideración una propuesta de adición a la Ley Sobre la Celebración de Tratados, que se refiere evidentemente a tratados de carácter internacional y que tiene como propósito establecer con toda claridad a quien corresponden, a qué nivel de gobierno corresponden las obligaciones financieras que se puedan derivar de la celebración de la aplicación de los tratados internacionales. Los tratados internacionales forman parte integral de nuestro marco normativo, de conformidad con el artículo 133 Constitucional y son ley suprema de toda la unión, así como ocurre con la propia Constitución General de la República y las leyes que se ella emanan. La celebración de tratados es facultad del Presidente de la República, según lo señala la Fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna. A partir de 1824, año en que la nación mexicana celebra el Primer Tratado Internacional de su vida independiente, precisamente con el reino de España, los tratados, acuerdos y convenciones han significado un instrumento sustantivo de nuestra política exterior y se han integrado al sistema normativo de la república, cada vez con disposiciones de mayor trascendencia socia y económica. La aprobación de los tratados que la Constitución asigna al Senado de la República sólo puede realizarse de manera unitaria, es decir, los tratados pueden ser o no aprobados en su conjunto, pero no pueden ser modificados parcialmente por el Senado, pues invadirían funciones del Ejecutivo. Su negociación y conformación integral son por lo tanto facultad expresa del Presidente de la República como titular del Ejecutivo Federal y obligan a la Federación en su conjunto. Las demás disposiciones federales, legales o locales tienen pues que ajustarse al marco de los tratados. En consecuencia, es el Gobierno Federal el que actúa en representación de toda la Unión y en su nombre se obliga al cumplimiento en todos sus términos, una vez que los tratados son aprobados por el Senado y ratificados mediante constancia diplomática en el ámbito internacional. Sin intervención de otros órdenes de gobierno, solamente el Gobierno Federal promueve, impulsa, negocia y concerta los instrumentos internacionales. Sólo el Gobierno Federal representa a México en su conjunto en las controversias que puedan suscitarse y en los litigios que inicie cualquiera de las partes. La responsabilidad sobre las resoluciones es sólo suya, las entidades federativas no son consultadas ni desarrollan un papel activo en las negociaciones en ninguna de sus etapas, tampoco participan los gobiernos estatales o municipales como parte en los litigios con otras nacionales ni con personas que establezcan demandas contra México. En diversos tratados y convenciones internacionales se establecen obligaciones de carácter financiero que deben ser atendidas por el Gobierno Mexicano y en algunos casos autorizadas por el Congreso mediante decreto. Varios decretos de esta legislatura han estado relacionados con aportaciones de México a organismos internacionales que requieren la aprobación del Congreso. Invariablemente, como resulta lógico, estas obligaciones financieras son cubiertas por el propio Gobierno Federal, en virtud de que los compromisos han sido establecidos por la propia Federación ante la otra parte, e históricamente México ha atendido estos compromisos con regularidad. Además, en los tratados comerciales tanto bilaterales como multilaterales que el país ha convenido y suscrito en los últimos años se prevé que las controversias que se susciten entre las partes pueden ser resueltas por tribunales arbitrales que pueden surgir durante la vigencia de los tratados y cuya integración y operación están previstas en el texto de los propios tratados. Como resultado de esas sentencias o laudos arbitrales, nuestro país puede quedar sujeto a indemnizaciones, compensaciones, multas o medidas similares que derivan en obligaciones de pago que lógicamente también deben ser afrontadas por el Erario Federal. Sin embargo, es el caso que la Ley sobre la Celebración de Tratados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992 no prevé expresamente que unas y otras obligaciones de pago previamente pactadas, o que puedan derivarse de la aplicación de los tratados o que resulten de sentencias o laudos arbitrales, deban ser cubiertas por el Erario Federal, por lo que se considera necesario realizar una adición a dicha ley para que este señalamiento sea expreso y no requiera de interpretaciones ni tampoco provoque diferendos. Ocurre también que en los últimos años México se vio involucrado en una controversia que dio lugar a un litigio ante tribunales de arbitrio en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, originada por acciones de gobierno, que la demandante hizo valer como equivalentes a una expropiación y sentenció ese tribunal al Gobierno Mexicano al pago de una indemnización al demandante por actos equiparables a la expropiación. El pago de esta indemnización ya ha sido efectuado por el Gobierno Federal y ahora el Gobierno Federal pretende trasladar su cobro a una entidad federativa, sin fundamento legal alguno, sin razón ninguna, sin intervención de esta entidad ni de ninguna otra en el litigio en cuestión. Este precedente evidencia la necesidad y la oportunidad de la precisión legal que se propone al texto de la ley sobre tratados. Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un artículo 12 a la Ley Sobre la Celebración de Tratados. Artículo Único. Se adiciona un artículo 12 a la Ley Sobre la Celebración de Tratados para quedar como sigue: Artículo 12. "Las obligaciones de carácter financiero que se pacten en los tratados internacionales así como aquellas que se deriven de su aplicación tales como aportaciones o cuotas y las que resulten de laudos arbítrales con el carácter de indemnizaciones, compensaciones, multas o cualquier otro tipo de obligación de pago, serán cubiertas por el Gobierno Federal con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación y en ningún caso podrán ser transferidas a estados y municipios". La presente iniciativa está suscrita también por los diputados federales potosinos: José Luis Ugalde Montes, Juan Manuel Carreras, Miguel Ortiz Jonguitud y Justino Hernández Hilaria. Muchas gracias compañeros, muchas gracias señora Presidenta.