La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, los derechos humanos constituyen hoy en día un límite moral, ético, jurídico y político frente a los cuales deben estar sujetos todos los poderes, tanto los públicos como los fácticos, para la mejor convivencia y sana armonía de la sociedad de nuestro tiempo. La globalización de las relaciones económicas ha producido en nuestro país un crecimiento exponencial de la pobreza y las desigualdades, la exclusión social, la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos y a la vez, del crecimiento del hambre, la pobreza y la explotación. Estos fenómenos han sido legitimados a través del modelo económico que se sigue implementando en nuestro país. Esto ha provocado que los poderes fácticos se comporten en una lógica distinta a la que debe prevalecer en todo estado social y democrático de derecho. Nuestra Constitución Política, como la norma superior a la que debemos someternos tanto gobernantes como gobernados, es el instrumento que contiene el alma de la nación, que consigna los más elevados valores que como ciudadanos mexicanos debemos defender. Por ello sostenemos que es necesario incorporar en su contenido el concepto de los derechos humanos como valores fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. Para el Partido de la Revolución Democrática resulta necesario impulsar, desde la Constitución, los cambios necesarios para lograr una protección eficiente de los derechos humanos. Es un tema que a la izquierda nos preocupa, es un asunto sensible que debe ir más allá de los atavismos políticos, sobre todo ahora en que la violencia organizada e institucional abre los caminos a un discurso autoritario que en nada resuelve los problemas de seguridad pública. Por ello, la necesidad de incorporar en el texto vigente los conceptos y la filosofía de los derechos humanos, que permitan normar el criterio de la actuación de nuestras autoridades, definir los límites del poder frente a los ciudadanos y fortalecer a las instituciones de este país. México tiene un prestigio muy amplio en la firma y ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que desgraciadamente después no se cumplen, porque prácticamente los ha firmado y ratificado todos. Paradójicamente esto de muy poco le sirve al ciudadano común, porque somos testigos de las graves violaciones a los derechos humanos que generan impunidad, casos como los ocurridos con los altermundistas de Guadalajara, las violaciones sexuales en contra de mujeres cometidas en Salvador Atenco, las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas de personas cometidas en el conflicto de Oaxaca, la situación de la violencia en contra de las mujeres indígenas, como es el caso de Ernestina Ascencio en el municipio de Zongolica, en Veracruz. Todos ellos tienen un común denominador: hasta la fecha los responsables gozan de cabal impunidad y no tienen sanción que impida que se vuelvan a cometer estas graves violaciones a los derechos humanos. El silencio de los responsables incrustados en el Estado constituye una afrenta para todas y cada una de las instituciones del Estado que impide construir un auténtico estado de derecho, por tanto, proponemos darle reconocimiento constitucional a los derechos humanos, concepto que amplía los derechos que la Constitución reconoce actualmente bajo el término de garantías individuales e incluir un pronunciamiento de principio sobre la importancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos para el orden jurídico mexicano, estableciendo su vinculación constitucional como de primer orden, en virtud de que estos tratados son normas imperantes del derecho internacional. Delimitamos la actuación de los órganos de justicia militar sobre los delitos o violaciones a los derechos humanos que no guarden conexión con la disciplina militar. De igual manera, resulta necesario e indispensable que precisemos que los delitos de lesa humanidad y el genocidio, y los crímenes de guerra, son imprescriptibles. Ello en virtud de que el Estado mexicano ha ratificado importantes instrumentos internacionales en la materia. Proponemos dotar de reconocimiento constitucional a los que la doctrina reconoce como intereses difusos y derechos colectivos. De igual manera damos reconocimiento constitucional a la jurisdicción contenciosa de los tribunales internacionales a los que el Estado mexicano ha reconocido su competencia, así como los mecanismos para dar cumplimiento a sus resoluciones. Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el sistema penal de corte inquisitorio se encuentra agotado. Se trata de un sistema que no protege adecuadamente a los ciudadanos de sufrir violaciones graves a sus derechos humanos, como la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes; se abusa en demasía de la prisión preventiva y otras formas de detención y la defensa pública, por lo demás, es ineficiente. De ahí, la imperiosa necesidad de la introducción de un proceso penal de carácter acusatorio ya que sólo mediante la procuración e impartición de justicia pronta y expedita apegada a derecho, y con respeto a los derechos humanos, se cumplirán las finalidades esenciales del Estado, relativas al fortalecimiento del orden público con base en la legalidad y se podrá revertir esta sensación social de impunidad. Establecemos la inclusión de principios penales reconocidos internacionalmente y que forman parte del proceso penal acusatorio, como la relevancia de la acusación, la imparcialidad del juez, la presunción de inocencia, la oralidad, la inmediación, la publicidad, la contradicción, la concentración y la economía procesal como principios rectores del proceso penal y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Señora Presidenta, dada la limitación del tiempo y toda vez que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, le solicitaría su inclusión en el Diario de Debates. Muchas gracias.