LA C. DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ (PRD): Ciudadanos Diputados integrantes de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Honorables Diputadas y Diputados: "Los suscritos Diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 61 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente Iniciativa de reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Amparo. Exposición de Motivos La libertad personal es uno de los bienes más preciados en nuestra sociedad. Su privación es tenida como una de las sanciones más severas a las que puede ser sometida una persona; precisamente por ello se ha venido creando todo un sistema de garantías para preservarla y evitar las arbitrariedades y los excesos por parte de quienes ejercen el poder público. Sin embargo, a pesar de todo, en nuestro país ese bien jurídico universalmente reconocido se ve frecuentemente violentado; los ataques van desde la detención arbitraria hasta la desaparición forzada de personas. Existe una estrecha vinculación entre la desprotección de la libertad personal y la desaparición forzada de personas. Esta no es posible sin la primera. Por ello resultaría incongruente sancionar la desaparición forzada sin hacer lo propio con el caso más frecuente de afectación de la libertad en situaciones cotidianas. La democracia es impensable sin la protección de la libertad personal. Ésta no es sólo un presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales como los de expresión, reunión y asociación sino para la protección de la vida e integridad personal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en este sentido que a menos que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos estén garantizados, "las demás barreras a la acción gubernamental se convierten en esperanzas vacías, y la democracia no se puede beneficiar con el juicio libre y espontáneo de un pueblo del que debe depender para dirigir su propia conducta". Si el gobierno mexicano está obligado a promover y proteger el ejercicio de los derechos y libertades de sus habitantes, con mayor razón debe comprometerse en esta tarea cuando son sus propios agentes quienes vulneran estos derechos. La norma constitucional establece las garantías mediante las cuales ninguno de nosotros puede ser privado de su libertad y señala limitativamente los supuestos en los cuales podemos ser privados de la misma. Éstos son los casos de flagrancia, orden judicial de aprehensión y orden de detención tratándose de caso urgente en delitos graves. Para que las normas constitucionales que resguardan los derechos individuales se observen cotidianamente, no basta una mera abstención por parte del Estado, como erróneamente se ha creído, sino que son necesarias acciones y medidas positivas por parte de la autoridad encargada de conducir los asuntos públicos. Se requiere de una verdadera "ingeniería de la libertad", y ello implica la promulgación de una legislación ordinaria idónea. Nuestro marco jurídico presenta graves deficiencias para evitar la detención arbitraria. Esta situación ancestral y generalizada en todo el país, se ha visto favorecida por un explicable reclamo de acciones eficaces contra la delincuencia que demanda mayores poderes para los agentes de autoridad encargados de hacer cumplir la ley. Semejante política, lejos de haber contribuido a una mayor seguridad pública, ha sido fuente de inseguridad al haber prohijado fenómenos de corrupción y arbitrariedad en las policías preventivas y judiciales. Saldo de todo ello es la frecuente afectación de la libertad personal, y el consiguiente demérito de la confianza de los habitantes en las autoridades, lo que a su vez se traduce en una falta de colaboración e ineficacia en la prevención y persecución de faltas y delitos. En razón de lo anterior se propone establecer como delito la detención o encierro de persona fuera de los supuestos constitucionales y la retención cuando la misma se presentare voluntariamente, como tipo básico, con una atenuante en el supuesto en que la misma se limite a presentar a una persona ante el ministerio público. El orden jurídico debe asimismo comprender medidas preventivas de la afectación de los bienes que busca proteger, y en este sentido se propone desincentivar la detención arbitraria mediante una sanción procesal consistente en decretar la nulidad de todas las actuaciones procesales que sigan a una ilegal detención. De igual manera, es necesario revertir reformas que legitiman la detención arbitraria. Este es el caso de la flagrancia equiparada prevista en el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales, misma que restringe la garantía constitucional de la libertad, al considerar como flagrancia lo que por su naturaleza no lo es, ya que falta el elemento fundamental que legitima este supuesto excepcional en el que cualquier persona puede llevar a cabo la detención de quien es sorprendido en la comisión misma de un delito. Este elemento es la certeza respecto de su autor, misma que no se puede dar si el supuesto acontecimiento delictivo tuvo lugar hasta cuarenta y ocho horas antes. Este margen de error expone además a los agentes de la autoridad a actos de legítima defensa y por lo tanto plenamente justificados por parte de la persona ajena a un hecho delictivo que repele su detención bajo este supuesto e incluso llega a privar de la vida a quien pretende detenerle. Para ser consistentes con la protección sistemática y completa de la iniciativa propuesta se restablece el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo para posibilitar la protección de la justicia federal en aquellos casos que, por cambio de situación jurídica, se acarrean el sobreseimiento del amparo. Con esto se busca contrarrestar el sentido de la última reforma del citado artículo, que de hecho, convalida detenciones ilegales. La desaparición forzada, constituye la más grave, particular y trascendente violación de la libertad. Esta práctica se ha llevado a cabo durante las últimas tres décadas y ha sido ejecutada por diversos cuerpos policíacos y de seguridad del Estado, tanto a nivel local como federal, se ha dado de manera sistemática y bajo las condiciones de impunidad en el ejercicio arbitrario de la autoridad. La propuesta que aquí se presenta para tipificar a la desaparición forzada como un ilícito penal tiene como objetivo fortalecer los instrumentos jurídicos para vivir en un verdadero Estado de Derecho, de manera que puedan prevenirse y sancionarse tales conductas. Nunca más debe presentarse un caso de desaparición forzada. El carácter permanente de la conducta hace posible también que en tanto persista el ocultamiento del paradero de la persona se está ante acciones u omisiones presentes y, por tanto, susceptibles de configurar el tipo delictivo, independientemente de la temporalidad de su inicio. Más de quinientas personas a lo largo de las últimas décadas han sido ilegalmente apresadas por miembros de cuerpos de seguridad del Estado quienes por sí, conjuntamente o valiéndose de particulares (brigadas blancas, grupos paramilitares o parapoliciales, "madrinas", etc.), han sustraído a seres humanos de su entorno normal de vida. Más no ha sido solamente la detención de la persona, sino que la privación de la libertad conlleva, además, el ocultamiento de aquélla; no se da información sobre su paradero a sus familiares, amigos o correligionarios; se niega incluso la propia detención. Esta situación trasciende a los familiares quienes viven indefinidamente en el dolor y la incertidumbre. En medio de la total impunidad quienes deberían proteger a las personas y observar rigurosamente sus derechos, los violan brutalmente, Al mantener oculta la detención impiden que las personas, sus allegados e incluso que las instituciones públicas encargadas de la tutela de derechos puedan actuar; se elimina cualquier posibilidad de defensa, no hay acusación, no hay juez, no hay procedimiento, no hay sentencia. Simplemente se "desaparece" a la persona. Los numerosos testimonios de quienes han sido víctimas o testigos de la desaparición han permitido reconstruir el modus operandi: detenciones ordenadas y conocidas por los mandos de las fuerzas de seguridad y aun por quienes han desempeñado funciones gubernativas, el objetivo es eliminar la oposición de quienes disienten de los detentadores del poder, el empleo de cárceles clandestinas, campos militares, bases navales, involucramiento de altos mandos, coordinación de diversas fuerzas estatales (policías, cuerpos de inteligencia, fuerzas armadas), absoluta negativa de presidentes de la República, procuradores, gobernadores, secretarios de estado y otros altos funcionarios para investigar las desapariciones. Todo esto lleva a concluir que se ha tratado de una política de Estado más que de excesos aislados de poder. Aun cuando la legislación vigente establece tipos delictivos para sancionar el secuestro no existe absolutamente ningún sentenciado, es más, ningún procesado por motivo de alguna desaparición forzada, ni siquiera por abuso de autoridad o ejercicio indebido del servicio público. Hoy en día los habitantes de este país, ignoramos dónde están, Epifanio Avilés, José de Jesús Corral, J. Reyes Mayoral Jáuregui, Jesús Piedra, Miguel Orlando Muñoz Guzmán, José de Jesús Avila González, Rafael Ramírez Duarte, Benjamín Maldonado Santos, Eduardo Hernández Vargas, Irma Cruz Santiago, Jacob Nájera Hernández, Alicia de los Ríos Merino, Juan Chávez Hoyos, Austreberta Hilda Ocaña, Juan Carlos Mendoza Galoz, Candelario Campos Ramírez, Pedro Ignacio Cortes Gutiérrez, Jorge Carrasco Gutiérrez y los demás desaparecidos. La democracia que estamos construyendo no está completa sin ellos, una democracia con desaparecidos se niega a sí misma pero aún más, se convierte en cómplice y se condena a repetir la infamia. La conducta que amerita la creación de un tipo específico y que distingue a la desaparición de otras modalidades de privación ilegal de la libertad es el ocultamiento del paradero de la víctima y que se exterioriza con la ausencia o falsedad de información sobre la misma, en la negativa de su detención o en la negativa para informar de su paradero. No obstante su gravedad, cuando la libertad del desaparecido tenga lugar durante los primeros días de su captura, se prevén tipos atenuados que tienen en cuenta la libertad y la vida de la persona como objetivo prioritario. Si bien el elemento predominante en los casos de desaparición ocurridos en nuestro país es el de dirigirse a opositores o disidentes políticos, el tipo propuesto no restringe a tal calidad los posibles sujetos pasivos, puesto que la pretensión del mismo es proteger a cualquier persona independientemente de su posición política, inclusive a los agentes del mismo Estado. Consideramos que las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad. Esta propuesta retoma los estándares internacionales de protección de la libertad y las medidas para prevenir la desaparición forzada. Esta iniciativa tiene como antecedente la adopción en el Código Penal para el Distrito Federal del tipo penal de desaparición forzada, el dieciocho de agosto del presente año lo que marcó el compromiso de los partidos y las fuerzas sociales con la democracia y contra la impunidad. La aprobación de esta propuesta en el ámbito federal establecerá normas que junto con la voluntad efectiva de combatir tales prácticas por parte de las autoridades competentes deberán esclarecer los cientos de desapariciones practicadas por autoridades federales y con ello este Congreso recogerá el reclamo de las madres y familiares de los desaparecidos: ¡vivos los llevaron, vivos los queremos! Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de este pleno el siguiente: DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE AMPARO. Artículo Primero. Se adiciona el Capítulo III Bis al Título Décimo del Código Penal Federal, que comprenderá los artículos 215-A al 215H. CAPITULO III Bis Delitos contra la libertad personal y Desaparición Forzada de Personas Art. 215A. El agente de autoridad que, fuera de los supuestos constitucionales, detuviere o encerrare a una persona, privándola de su libertad, o la retuviere cuando la persona se hubiese presentado voluntariamente será sancionado con pena de prisión 8 meses a 4 años y destitución del cargo. Art. 215B. El agente de autoridad que, fuera de los casos permitidos por los supuestos constitucionales, aprehendiera a una persona y la presentare inmediatamente al ministerio público, será sancionada con la suspensión en su cargo o empleo hasta por treinta días o sesenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Art. 215C. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una persona, la mantenga oculta bajo cualquier forma de detención o encerramiento, niegue reconocer dicha privación de la libertad o no de razón cierta y precisa de su paradero, restringiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y de las garantías legales pertinentes. Art. 215E. A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le Impondrá una sanción de 15 a 40 años de prisión. Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención y se encontrare indemne, la sanción será de ocho meses a cuatro años de prisión. Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes, la sanción aplicable será de dos a ocho años de prisión Estas penas podrán ser disminuidas hasta en una tercera parte, cuando quien hubiere participado en la comisión del delito, suministre información que permita esclarecer los hechos; y hasta en una mitad cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima. Art. 215F. Al servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para desempeñar de manera definitiva otro empleo cargo o función públicos. Art. 215G. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad, en consecuencia, no es susceptible de perdón, amnistía o figuras análogas, ni será considerado para efectos de extradición como delito político. En ningún caso se admitirá la exclusión del delito por obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada de personas. Toda persona que reciba tales órdenes tiene el derecho y el deber de no obedecerlas. La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción. La oposición o negativa por parte de quien funja como responsable de todo lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, para que los agentes de autoridad o de los organismos competentes tengan libre e inmediato acceso a los mismos, serán sancionados con la destitución de su empleo, cargo o comisión públicos, sin perjuicio de los demás delitos en que pudieren incurrir. Artículo Segundo. Se deroga la fracción III del artículo 193; se adiciona un inciso 34 a la fracción I del artículo 194, y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 197, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo 193. III. Se deroga. Artículo 194. Se califican como delitos graves... 1. Del Código Penal... 1). . . 2)... 34) desaparición forzada, previsto en el artículo 215C Artículo 197. Todos los actos posteriores a una detención ilegal no producirán efecto legal alguno. Artículo Tercero, se reforma el párrafo segundo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo para quedar como sigue: Art. 73. El juicio de amparo es improcedente Frac X Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; TRANSITORIO. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.