La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor presidente. Honorable asamblea, hago uso de ésta, la más alta tribuna de la nación, para posicionar al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con respecto del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas, de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, suscrita por los integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del Partido Verde Ecologista de México. Nuestra fracción va a votar a favor de este dictamen que representa una alternativa que pretende dar una salida ordenada a una situación que se ha prologando por más de 13 años. Cuando se publicó la primera ley que creó el fideicomiso al que se hace referencia en el dictamen y contribuye a resolver una gran parte de un asunto de la de la voz y del diputado Carol Antonio Altamirano nos pronunciamos por medio de una iniciativa el 18 de octubre de 2012 a la Ley de Fipago que tuvo por objeto que solo podrán acogerse al contenido de la Ley del Fideicomiso, las sociedades objeto que se hubiese constituido legalmente antes del 31 de diciembre de 2010. Hoy, entre otras cosas, hemos tomado la determinación de este margen, que quede hasta agosto de 2009, propiciando que varios socios de cooperativas de ahorro y préstamo en riesgo, de no ser autorizadas y de entrar en un proceso de liquidación, se vean apoyadas por el fideicomiso para recuperar una parte de sus ahorros. En este sentido, también nos pronunciamos por que las diputadas y los diputados de esta soberanía podamos recibir del Fipago y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un seguimiento del desarrollo de esta reforma que con bastante responsabilidad nos encontramos discutiendo hoy. Este dictamen también forma parte de la historia de encuentros y desencuentros entre el sector cooperativista y social de la economía y las políticas públicas de los gobiernos. Así tenemos que los plazos fatales que se imponen en este caso a las cooperativas contrastan con la discrecionalidad con la que los últimos gobiernos han asumido sus compromisos con el sector. Nos referimos por ejemplo a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley General de Sociedades Cooperativas que desde 1994 estableció que el gobierno debería constituir los fondos de garantía de origen federal para apoyar el acceso al crédito de las sociedades cooperativas. Además de lo anterior, en el PRD tenemos claro que la solución de fondo para tener un sector social dedicado al ahorro y préstamo con finanzas sanas, lo es que cuenten con una normatividad apropiada para este esquema de finanzas sociales y con otro tipo de criterios, de parámetros y sanciones que más bien corresponden a las instituciones del sistema bancario. En nuestra bancada consideramos que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo no pueden continuar siendo normadas como bancos. Las sociedades cooperativas hacen enormes esfuerzos financieros para poder cumplir con la reglamentación vigente. Estamos a favor de que se amplíe el número de sociedades cooperativas que serán apoyadas con el recurso del Fipago en beneficio de los ahorradores que, antes de esta importante reforma, era para solamente a las que estaban constituidas antes de 2002; y, que de aprobarse, las constituidas antes de agosto de 2009 podrán ser sujetas ahora de este beneficio. Estamos convencidos en el PRD que esta reforma da viabilidad financiera a varias sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, pero para algunas otras implicará esfuerzos extraordinarios para alcanzar los estándares que estamos colocando en esta normatividad. Queremos ver el vaso medio lleno y sentirnos satisfechos porque serán los más que encuentren en este decreto solución a sus preocupaciones sobre sus ahorros. Por tanto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hemos ponderado por encima de alguna otra consideración, la importancia que tiene garantizar la seguridad de los ahorros de amas de casa, de campesinos, de familias de migrantes, de pensionados y demás personas que hacen un sacrificio económico por ahorrar y depositar estos recursos en las cajas de ahorro y en sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que como consecuencia ratifique la confianza de la ciudadanía en estas figuras asociativas. En este sentido estamos totalmente de acuerdo en que se sancione a quien hace un mal uso de esta figura y la ley así lo establece. Reiteramos nuestra convicción en que es fundamental el diseño de una legislación más acorde a las características de las empresas del sector social que se dedican al ahorro y préstamo, ya que éstas no tienen como fin el lucro, la especulación y otras prácticas. Es cuanto, señor presidente.