El diputado Francisco Javier Orduño Valdez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. La presente iniciativa versa sobre uno de los temas más importantes de la actualidad, pues es sabida la imperante necesidad de actualizar las normas y reglas de aplicación general en que se sustenta la operación y funcionamiento del Sistema Financiero Nacional. Precisamente, en este contexto les propongo fortalecer el marco jurídico vinculado con la sesión y descuento de crédito por parte de los bancos, buscando ofrecer una mayor certeza y protección a las personas cuya deuda fue traspasada a empresas y despachos de abogados en los que su funcionamiento y legitimidad es desconocida por los usuarios del sistema financiero. Desde hace algunos años y con la finalidad de obtener liquidez, solvencia y estabilidad financiera, los bancos mediante el acto jurídico o administrativo de la sesión o descuento de créditos han transferido la deuda de sus clientes o usuarios del sistema crediticio a las distintas instituciones, previamente autorizadas por la Ley de Instituciones de Crédito, mismas que en algunos casos de excepción se autorizan a través de lo dispuesto por la circular 1505 emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, hace un poco más de tres años la Primera Sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis aislada donde determinó la porción normativa del artículo 93 de las instituciones de crédito que establecía que las instituciones de crédito sólo podrán ceder o descontar su cartera con el Banco de México u otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico. Por lo tanto, los bancos no tenían la capacidad para ceder o descontar la cartera vencida de sus clientes o empresas especializadas en la adquisición de deuda, por lo que habría, en ese momento, la posibilidad de que las personas cuya deuda fuese transferida a personas distintas hasta entonces previstas por la ley, pudieran impugnar la sesión de la cartera vencida. Dicha resolución judicial constituyó un fuerte golpe al sistema crediticio nacional, y con fuertes consecuencias como lo eran el incremento de la cartera vencida en las instituciones de crédito, la obligación de replantear el esquema para cobrar sus pasivos; buscar nuevas formas de capitalizarse para estar en posibilidad de seguir autorizando créditos, mismos que son una herramienta fundamental para el crecimiento económico de nuestra nación. Lo que repercutiría en los altos gastos de cobranza, cuotas y servicios que finalmente recaerían en los usuarios del sistema crediticio. Como consecuencia de lo anterior, durante la legislatura pasada se aprobó y publicó, el 2 de febrero de 2008, que las instituciones de crédito podrán ceder o descontar su cartera crediticia como cualquier persona, además de las ya previstas. También se estableció que cuando las instituciones de crédito celebren sesiones o descuentos de cartera crediticia con personas distintas de las mencionadas anteriormente, requerirán de la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual deberá salvaguardar la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones de crédito y la protección de los intereses del público. Sin embargo, considero que esta reforma quedó incompleta toda vez que no atiende la realidad de los deudores de los créditos, quienes ahora tienen que lidiar con diferentes y desconocidos acreedores que, utilizando prácticas de cobranza ajenas a derecho hostigan y amedrentan a los deudores con argucias y amenazas que en nada benefician al sistema crediticio nacional, por el contrario, nos hacen creer que estas últimas reformas sólo atienden los intereses de los banqueros. Con este propósito en mente, considero de suma importancia realizar modificaciones a la legislación aplicable a las instituciones de banca múltiple que pudieran presentar problemas en este sentido y que afecten su estabilidad financiera y, en consecuencia, la de los usuarios. De ahí, propongo reformar el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, para establecer las siguientes disposiciones: Se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el ámbito de sus atribuciones y en un término no mayor a 6 meses, emita reglas de carácter general a las que se sujetarán las instituciones de crédito para ceder o descontar su cartera. Lo anterior con el firme objetivo de que las instituciones de crédito cuenten con un régimen normativo más claro en cuanto a la regulación prudencial, la supervisión y la vigilancia de dichas operaciones y cesión de descuento de cartera realizada por los bancos. Ante este mismo tenor, la iniciativa que hoy propongo ante ustedes pretende fortalecer el marco jurídico vinculado con la figura de la cesión y el descuento de la cartera de crédito por parte de los bancos; brindar mayor certeza jurídica a los usuarios al asegurarles que seguirán contando con los derechos y las obligaciones pactados a la firma de la contratación de crédito; que conocerán a qué institución bancaria o qué sociedad de capital variable le fue trasferida la deuda. Por todo lo expuesto, presento a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Crédito. Considerando que la presente iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, respetuosamente solicito a usted que esta intervención y la correspondiente iniciativa, se incorpore de manera íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.