La diputada Leticia Quezada Contreras: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Pido que se pueda enviar este punto a la Junta de Coordinación Política, por ser de urgente y obvia resolución. También, comentar que tal parece que en nuestro país es un delito ser mujer, ser indígena y ser pobre. El 19 de diciembre de 2008, en Querétaro, fueron sentenciadas injustamente Jacinta Francisco Marcial, Alberta y Teresa González, por el delito de secuestro; por hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006, siendo sentenciadas a 21 años de prisión y 2 mil días de multa. Como todos sabemos, el 16 de septiembre ?después de más de 3 años de permanecer injustamente en prisión? fue liberada Jacinta Francisco Marcial, ya que la PGR no pudo acreditar sus imputaciones y presentó conclusiones no acusatorias contra Jacinta; o más bien, no pudo sostener más el montaje y la simulación en el caso de estas 3 mujeres. Sin embargo, por esos mismos hechos, con las mismas pruebas fabricadas y por el pésimo sistema judicial penal, aún permanecen privadas de su libertad injustamente Teresa González y Alberta Alcántara, mujeres ?al igual que Jacinta? indígenas y pobres. Alberta Alcántara y Teresa González han sido víctimas de discriminación. Se han violado en este proceso todas las garantías individuales y debido proceso, y se ha ejercido, además de la discriminación, violencia institucional, pasando por alto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Después de tres años de estar vinculada a proceso Jacinta, la Procuraduría consideró ?tal como lo informa a esta soberanía? que formuló consideraciones no acusatorias debido a que se le asiste a Jacinta el beneficio de la duda, actuándosele el principio de in dubio pro reo. Sin embargo, en el caso de Teresa González y Alberta Alcántara no asiste el mismo principio sino el de la legalidad, tal como lo expresa el mismo comunicado. Es decir, respecto a una misma causa penal, respecto a las mismas pruebas que fueron presentadas en duda por un tribunal colegiado, no operó el mismo principio de derecho penal. Esto es realmente indignante. Debe resolverse, a la brevedad, la situación jurídica de Teresa González y Alberta Alcántara. Sin dilatación y en términos de ley deberá ser procesada su excarcelación, la reparación integral del daño causado y la no repetición de los hechos. Por lo que se pide: Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que ?en un acto de justicia y estricto apego a la ley y a los derechos humanos de Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas, procesadas y encarceladas con las mismas pruebas ilegales que Jacinta? presente conclusiones no acusatorias en el proceso que se sigue en contra de estas dos mujeres y en, consecuencia se dicte el sobreseimiento y absoluta libertad de Teresa González y Alberta Alcántara, como ocurrió en el caso de Jacinta Francisco Marcial. Segundo. Se exhorta al juez cuarto de distrito en materia penal del estado de Querétaro para que, sin dilación alguna, se ordene la libertad absoluta e inmediata de Teresa González y Alberta Alcántara, inculpadas injustamente, al igual que Jacinta Francisco Marcial, y se les restituya en su libertad. Se reconozca su inocencia y se ordene la reparación del daño, en los términos que plantea el derecho internacional público y las convenciones internacionales en las que el Estado mexicano ha sido parte, ordenando se garanticen los derechos humanos de Alberta Alcántara y Teresa González, y Tercero. Se publique la presente proposición con punto de acuerdo en dos diarios de circulación nacional. Por economía parlamentaria solicito que se reproduzca íntegramente el presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.