La diputada María Rosete: Honorable asamblea, el Estado mexicano tiene la plena responsabilidad constitucional de conducir la educación para el desarrollo y fortalecimiento del país. Para tener un mejor futuro, debemos sembrar educación. La mejor garantía que puede ofrecer el Estado a su población, es brindar la oportunidad a todos de prepararse para alcanzar su pleno desarrollo individual y social. Tenemos la certeza de que México avanzará si fortalecemos y renovamos la educación, basándola en los valores de libertad, de democracia, de justicia e inclusión. Por ello, la reforma educativa constitucional que hoy discutimos y aprobaremos, tiene que ser comprometida y compartida por el Congreso de la Unión, por los gobiernos federal y de las entidades federativas, por los maestros, por los padres de familia, por los propios estudiantes, así como por otros sectores que incluyen a los empresarios, líderes de opinión, medios de comunicación y organizaciones civiles. Este nuevo proyecto nacional de educación que se plantea en la cuarta transformación que hemos emprendido, es tan importante como la reconstrucción económica, la organización política y la reforma social, porque el retraso educativo de la población nos traería graves consecuencias. A través de esta reserva que presento al párrafo 10 del artículo 3o. de la Constitución, propongo incorporar a rango constitucional en materia educativa la necesidad de solución que requieren las personas que sufren de alguna discapacidad y que asisten a planteles o centros educativos del Sistema Educativo Nacional, los cuales en su mayoría no cuentan con los servicios básicos adaptados a sus condiciones. Considero que en este apartado donde se debe incluir la problemática de las personas discapacitadas y no es en el inciso f) de la fracción II del artículo 3o. constitucional, además de que su redacción es muy ambigua. La infraestructura educativa tiene que adecuarse a las circunstancias, tiene que dirigirse a facilitar la movilidad y desarrollo de las actividades de las personas con alguna discapacidad. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, Enadid 2014, del Inegi, en México la prevalencia de la discapacidad era de 6 por ciento, esto es que el 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las 8 actividades que fueron evaluadas. Datos de la Enadid 2014 señalan que el 46.5 por ciento de las personas con discapacidad o limitación de 3 a 29 años asisten a la escuela, mientras que el 60.6 por ciento de la población sin ninguna discapacidad de la misma edad, estudia. Las personas con discapacidad que mayor asistencia escolar presentan son las que se ubican entre 6 a 11 años, que cursan la primaria, y las de 12 a 14 años, que estudian la secundaria. Por el contrario, a partir de los 19 años disminuye la asistencia escolar para hombres y mujeres. El nivel educativo predominante de la población con discapacidad de 15 años y más es la primaria. De cada 100 personas, 45 tienen ese nivel. Es preocupante ver que 23 de cada 100 personas con discapacidad no tienen escolaridad y solo 7 cuentan con educación superior, situación contraria a lo que sucede en la población sin discapacidad ni limitación, que de cada 100, 3 no cuentan con escolaridad y 21 poseen educación superior. El promedio de escolaridad de las personas con discapacidad es de 5.7 años, mientras que para gente sin discapacidad ni limitación es de 9.8. Estos hechos expresan que la discapacidad sigue teniendo barreras, aunque la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 12, menciona que se promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier tipo de discriminación en centros escolares del sistema educativo...