El diputado José Trinidad Padilla López: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Quizá no soy el único de los diputados miembros de la Comisión de Educación que ha sido receptor de múltiples testimonios de padres de familia acerca de los servicios educativos que sus hijos reciben. Algunas de las quejas más frecuentes tienen que ver con el asunto del cobro de las cuotas llamadas voluntarias en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, porque en algunos casos la prestación de los servicios educativos se condiciona al pago de una cantidad determinada. En mi opinión éste es un problema con varias aristas y en la iniciativa que presento se trata de atender a las más importantes de ellas. Me explico. Todos sabemos que el artículo 3o. de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de ofrecer educación gratuita para toda la población en los niveles obligatorios. La iniciativa que presento tiene fundamento en lo que mandata el artículo 3o. de nuestra Carta Magna y, por supuesto, reivindica el carácter gratuito de la educación impartida por el Estado. Sin embargo, todos sabemos que el presupuesto público destinado al sector educativo se concentra básicamente en los salarios del personal docente y directivo; la producción y distribución de los libros de texto gratuitos; y otros materiales de apoyo a la labor docente; el desarrollo de acciones de actualización y el impulso de determinados programas que se consideran prioritarios en cada administración, entre otros rubros. El funcionamiento regular, el mantenimiento y la mejora de los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria no tiene cobertura en el Presupuesto federal; o no tienen la que deberían tener. Los directores escolares deben atender de esta manera directamente el pago de servicios como luz, agua y teléfono, aunque hay diferencias estatales respecto al pago de estos servicios. La adquisición y/o mantenimiento de equipo como computadoras, fotocopiadoras; de mobiliario, tanto para alumnos como para maestros y directivos; de material didáctico, de oficina, de limpieza e incluso de artículos de consumo para los alumnos como agua para beber y papel higiénico, en muchas ocasiones. Frecuentemente se afrontan también gastos relacionados con rubros que formalmente cubre el Estado como el pago de personal de asistencia o la reparación e incluso construcción de la infraestructura escolar o parte de ella. Con excepción de contadas entidades federativas en las que recientemente se han implantado políticas al respecto, estos gastos son cubiertos gracias a las aportaciones que hacen padres de familia. El apoyo voluntario con recursos monetarios, en especie o incluso con jornadas de trabajo, es una de las formas más tradicionales de participación de los padres en la educación de sus hijos y en la mejora de los centros educativos. Las aportaciones voluntarias son, en muchos casos, la principal o única fuente directa de ingresos a la escuela. En este sentido, considero justo destacar la enorme contribución que los padres de familia realizan a la educación pública y a la legitimidad del interés que manifiestan porque sus hijos reciban educación en las mejores condiciones posibles. En mi opinión, no se puede cancelar su disposición para aportar a la escuela lo que consideren necesario y que esté dentro de sus posibilidades. Pero reconocer la legitimidad del interés de los padres por mejorar las condiciones de las escuelas, de ninguna manera significa que el Estado deposite en ellos una parte importante del costo de la operación del sistema y mucho menos que esto se haga de manera obligatoria como condicionamiento a la prestación del servicio educativo. El condicionamiento de la educación pública cancela de facto el espíritu de nuestra Carta Magna en cuanto al mandato que la educción es gratuita. Las legítimas aportaciones voluntarias de las familias no pueden plantearse como condición para acceder a los servicios de educación básica. Por lo cual en la iniciativa que presentamos propongo reformar el artículo 6o. de la Ley General de Educación, para prohibir explícitamente que el personal responsable de la operación de los servicios educativos condicionen los servicios de educación pública de nivel básico al pago de cuotas, donativos o dádivas en dinero o en especie. Asimismo, en el artículo 75 se incluye una nueva fracción que considera como infractores a los prestadores de servicios educativos que incurran en esta práctica. El hecho de que una familia no tenga posibilidades de contribuir con la escuela o de aportar una cantidad específica, no debe implicar para sus hijos la cancelación del derecho al recibir una educación básica de calidad. De manera complementaria a la prohibición del condicionamiento de los servicios, en la iniciativa que hoy presento propongo incluir un nuevo párrafo en el artículo 27 de la Ley General de Educación que indique al Estado la obligación de establecer mecanismos para que de manera gradual se aumenten los recursos destinados a cubrir los gastos de operación cotidiana y mantenimiento de los planteles de educación pública de nivel básico, especialmente de aquellos ubicados en los contextos socioeconómicos más desfavorecidos. Es necesario reconocer, compañeras, compañeros diputados, que el cobro de cuotas escolares tiene su origen en esos gastos cotidianos que se realizan en las escuelas, puesto que muchas veces estos no son cubiertos por el Estado. Sin un mecanismo de apoyo a la operación y el mantenimiento de los planteles, la prohibición de que se condicionen los servicios educativos, puede convertirse...