La diputada Cristina Porfirio Ayala: Gracias señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y Diputadas. El 15 de Diciembre del 2003, como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenté Iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código de Justicia Militar, con la finalidad de suprimir la pena de muerte del Sistema de Sanciones, que rige en la jurisdicción Penal Militar. Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y Defensa Nacional, consideraron conveniente sumar al Dictamen de mi propuesta, la Minuta del Senado de la República, formada con motivo de la distinta Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el día 30 de Marzo del 2004. Como iniciadores de la Reforma, los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, nos congratulamos y nos sumamos, sin reservas, a la supresión de la pena de muerte, del Código de Justicia Militar. La vigencia de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, constituye ya un verdadero anacronismo histórico, una barbarie contra los Derechos Humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. Indudablemente que la eliminación de la pena de muerte, integrará para la Justicia Militar, una construcción legislativa penal que es congruente en su racionalidad interna, garantizando una persecución e investigación de los delitos y los delincuentes en forma técnica, racional y con espíritu de rehabilitación. Son embargo, disentimos del Dictamen presentado, en cuanto que propone sustituir la pena de muerte por otra privativa de la libertad que va, de un mínimo de 30 años a un máximo de 60 años de prisión. Pretender establecer una pena privativa de la libertad de 30 a 60 años, violenta diversos principios constitucionales y de protección de los Derechos Humanos, al convertirse en una pena inusitada y trascendental que contraviene el espíritu del Artículo 22 de la Constitución Mexicana. Asimismo contradice el sentido y fin para el cual criminológicamente está establecido un sistema de penas cuyo fundamento es el Artículo 18 Constitucional que establece el concepto de la readaptación social del penado. En todo el derecho internacional de los derechos humanos no prevé la pena de prisión perpetua o pena de cadena perpetua, lo que aquí se establece en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos e la ONU es el concepto de reinserción social del interno, que permita al penado la posibilidad de regresar a la sociedad, una vez cumplida su sentencia condenatoria de prisión. Sin embargo, elevar una pena privativa de la libertad hasta 60 años de prisión, implica la práctica y en los hechos una verdadera cadena perpetua, recordemos que en el Código Penal Federal se establece para algunos de los delitos más abominables, penas que no rebasan los 30 a 60 años propuestos por el dictamen. Por ejemplo, para el delito del terrorismo, se prevé el de 20 a 40 años de prisión, para el genocidio de 20 a 40 años, para la desaparición forzada de personas de 5 a 40 años y para el parricido de 10 a 40 años de prisión. Es evidente pues que constituye un exceso unitivo y discriminatorio, imponer en el Código de Justicia Militar una pena extraña incluso para la legislación castrense, y que entraña una visión equivocada de los objetivos y fines de la penología. En cambio, la intención del conjunto de reservas en lo particular que presentaremos más adelante, consiste en suprimir la pena de muerte del Código de Justicia Militar pero sustituirla por una pena privativa de la libertad de 20 a los 40 años de prisión, que evidentemente es mucho más acorde con un sistema de sanciones de tipo humanista y rehabilitacional, para evitar una respuesta simbólica, mediática y represiva. Por ello, solicitamos el voto de las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios a favor en lo general del presente dictamen y en lo particular de las reservas que presentamos, a efecto de que se suprima la pena de muerte del sistema de sanciones, que rigen la jurisdicción penal militar, sustituyéndola por una pena privativa de la libertad, que vaya de los 20 a los 40 años de prisión y no una privativa de la libertad de los 30 a los 60 años de prisión que se pretende en este dictamen. Todo esto para lograr un Ejército más moderno y más acorde con la realidad de nuestro país. Muchas gracias señor Presidente.