El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, presidente. Con su permiso y el de mis compañeras y compañeros diputados. La tenencia de la tierra fue un aspecto central de la reforma agraria, cuyo origen histórico se enmarca en la Revolución de 1910. Recordemos que una exigencia del Plan de Ayala, impulsado por Emiliano Zapata, fue el reparto de las tierras, las cuales estaban concentradas en las manos de los hacendados y latifundistas. La magnitud de tal exigencia fue tan profunda en la conciencia revolucionario que el reparto agrario se convirtió en una condición para la pacificación y sirvió de base para legitimar la Constitución de 1917, plasmado en el artículo 27 constitucional, el reparto de tierras se convirtió en un mandato constitucional y político del Estado mexicano. Un elemento que contribuyó al proceso complejo de la reforma agraria fue precisamente la prohibición constitucional del latifundio, prohibición que a partir de la reforma constitucional de 1992, favoreció la circulación de la tenencia de la tierra y la formación de un mercado de tierras cuya propiedad social por parte del ejido ha evitado el despojo y la concentración. Consideramos positivo el dictamen que propone la armonización de la Ley Agraria al texto constitucional, para que de manera expresa se establezca en el artículo 115 de la ley reglamentaria, la prohibición del latifundio, aspecto que había sido abordado y que no había sido abordado cuando se expidió la nueva Ley Agraria en el año de 1992. Al avanzar en la armonización de las leyes mexicanas buscamos que los postulados legales que rigen nuestro país encuentren su aplicación más clara a fin de que no se vulnere el derecho de los mexicanos y que se reduzca en los resquicios legales en esta materia. A fin de evitar que el principio de justicia sea vulnerado desde las propias leyes, hoy, compañeras y compañeros, subsanamos esa laguna que no se encontraba en la ley de la materia y cuyo significado histórico fue fundamental para la construcción del Estado mexicano postrevolucionario. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estamos convencidos en la imperiosa necesidad de impulsar una reforma profunda e integral al campo mexicano. Reconocemos los avances de la reforma agraria y su reforma en la década de los noventa. No podemos entender el reparto de tierras más que como un principio de justicia social, su contribución a la estabilidad, gobernabilidad y al desarrollo de México en el siglo XX es innegable. Tampoco podemos ignorar su aportación para la construcción de un país urbano, industrial y con un sector importante de servicios. Sin embargo resulta evidente que aún falta mucho por hacer para lograr una verdadera justicia social para el campo, una justicia que no se limite solo a la tenencia de la tierra sino al bienestar de las y los campesinos, quienes viven hasta ahora sumidos en la pobreza extrema. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, sin duda el paso que se establece a la Ley Agraria abona a dar certeza de la propiedad en el agro mexicano; sin embargo, es obligado señalar que actualmente el agro mexicano enfrenta problemas mayores que debemos atender en el menor tiempo posible, como la escasez de créditos, la falta de políticas destinadas al aumento de la productividad, el abandono constante y el envejecimiento del campesinado mexicano. Desafortunadamente ésta ha sido una constante en nuestro país, por lo que es obligación nuestra avanzar en una reglamentación clara que posibilite hacer efectivo el principio de justicia social. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen debido a que permitirá que en la Ley Agraria se establezca la previsión del latifundio. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.