La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, diputado presidente. La igualdad entre los seres humanos es uno de los derechos fundamentales recogidos por nuestro orden jurídico interno, cuya importancia se reitera a través de la universalidad de éstos. En este sentido, en nuestro país se encuentra prohibida jurídicamente cualquier distinción de trato basada en la raza, creencia religiosa, género, posición económica, entre otros; sin embargo, la realidad social nos muestra que como mexicanas y mexicanos somos constantemente discriminados, o bien, discriminadores; situación que pone de manifiesto a una sociedad carente de una educación incluyente, capaz de respetar las diferencias existentes entre las personas. Por ello, el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación. Por lo que, ante situaciones de discriminación estructural, el Estado debe responder de manera proactiva; es decir, buscando remediar las disparidades que prevalecen en la sociedad. En razón a lo anterior, debemos empezar por reconocer que en la dinámica social de nuestro país se discrimina por temor a las diferencias, por el miedo a enfrentarse a las diversas identidades de las personas y de los grupos que componen a nuestra sociedad. En México se discrimina por prejuicios, estereotipos y estigmas que se han aprendido y que se reproducen a lo largo de la vida. Es así como la discriminación estructural refuerza la condición socioeconómica de ciertos grupos, a la vez que eleva la marginación y pobreza de otros. Uno de los espacios donde es común enfrentarse a la discriminación es en el de la prestación de servicios privados. Si bien la Ley Federal de Protección al Consumidor en diversos artículos hace alusión a la prohibición de ésta, es necesario puntualizarla y especificar las sanciones a las que, los proveedores, se harán acreedores si incurren en prácticas discriminatorias, ya que las y los consumidores tenemos la libertad de elegir la manera en que vamos a satisfacer nuestras necesidades, tomando en cuenta los costos y las alternativas. Diputadas y diputados, en este país los proveedores de bienes y servicios se reservan el derecho de admisión, se reservan el derecho de venta con base en la creencia religiosa, la discapacidad, al género; esto no lo podemos permitir. Hay que garantizar que los consumidores tengan una protección y que los vendedores tengan un castigo enérgico si ejercen actos de discriminación a la venta. Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre las que se encuentran: la igualdad de trato y no discriminación, misma que consiste en la obligación de los proveedores de ofrecer a los consumidores sus servicios sin establecer diferencias basadas en razones de índole socioeconómico, por pertenecer a determinado grupo social, género, origen étnico, discapacidad, por su opinión, creencia religiosa, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. De igual manera, garantizar el acceso a todas y todos los consumidores que así lo deseen. Para lo anterior, hay que garantizar la eliminación de barreras arquitectónicas. Las proveedoras y los proveedores tienen estrictamente prohibido establecer cualquier tipo de discriminación, sea directa o indirecta, respecto a los consumidores que solicitan los bienes o servicios que ellos ofrecen en locales abiertos al público. La Profeco es la instancia encargada de garantizar que las proveedoras y los proveedores de bienes y servicios respeten de manera eficiente el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación que asiste a todos los consumidores. Para dar cumplimiento a lo anterior, la Profecto difundirá entre las proveedoras y los proveedores la obligación que éstos tienen respecto a los consumidores, haciendo énfasis en su obligación de respetar el derecho a la igualdad y la no discriminación que constitucionalmente les asiste. Toda información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios no podrá difundir imágenes, textos, diálogos o cualquier otro instrumento de comunicación que promueva prácticas discriminatorias que atenten contra la dignidad de las personas o que promuevan estereotipos sociales que atenten contra la igualdad de las personas. En este sentido, queda prohibida a los proveedores de servicios exigir el pago de propina como un concepto más de la cuenta, pues la propina es un gratificante voluntario que se da a cambio de un servicio, por lo cual los prestadores de servicios deberán incluir en sus establecimientos las leyendas visibles en las que se indique claramente que la propina es voluntaria. Así también todos los establecimientos abiertos al público deberán exhibir la siguiente leyenda "Cualquier acto de discriminación en este negocio podrá ser denunciado ante la Profeco. En este establecimiento no discriminamos". Éstas, entre otras disposiciones. Le pido, presidente, se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates y también se le dé vista a la Comisión Especial sobre No Discriminación, para su opinión. Muchas gracias.