La diputada Paz Gutiérrez Cortina: Con su permiso, señor presidente. Diputados y diputadas. El artículo 4o. constitucional establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y ésta protegerá la armonización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. De lo anterior se desprende que la protección que asegura y da continuidad a la especie humana cada nueva generación, es un privilegio compartido, una responsabilidad compartida entre el hombre y la mujer. La maternidad, que inicia con la constitución del hijo y termina con la muerte de la madre o del hijo, involucra especialmente a la mujer dadas sus características físicas, biológicas, sicológicas y emocionales, siendo ella quien porta en su cuerpo durante del embarazo el producto de la gestación. Al padre le corresponde dar el acompañamiento solidario con la madre, asumiendo todas las obligaciones de la paternidad. Y la familia, la sociedad y el Estado, deben dar un acompañamiento y un apoyo solidario. La maternidad es un proceso biológico natural y no debe ser considerado como una enfermedad, por lo que cada madre tiene derecho de gozar de un embarazo saludable con el mínimo de riesgos y complicaciones, tanto para ella como para su hijo. Por lo tanto, deberá contar con los servicios de salud de las instituciones públicas y privadas, así como tener acceso a los programas gubernamentales implementados para tal efecto. Para la mayor parte de las mujeres la maternidad es una experiencia positiva y satisfactoria, sin embargo en ocasiones enfrenta circunstancias adversas que la hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias serían minoría de edad, una relación familiar inestable, falta de apoyo familiar, carencia de recursos económicos; o el caso de madres reclusas o mujeres migrantes. En todos estos casos la sociedad como los poderes públicos han de poner a disposición de la mujer embarazada la información completa sobre los apoyos existentes, tanto públicos como privados, para que antes, durante y después del parto pueda conocer alternativas viables y tener acceso a los recursos existentes encaminados a prestarle la ayuda y la atención necesaria para llevar a término su embarazo. La salud tiene que ser prioritaria. En los países desarrollados las mujeres corren menos riesgo de perder la vida por causas relacionadas con la maternidad, debido al acceso a servicios de calidad y un adecuado control prenatal, ya que la mayoría de las causas relacionadas con las muertes maternas son prevenibles. En concordancia con el artículo 25, párrafo dos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 10, párrafo dos, de la Convención sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales se busca a través de esta ley lograr una mayor justicia social, equidad e igualdad de oportunidades sin distinción de raza, edad, condición social, estrato socioeconómico, así como de sensibilizar a la sociedad entera sobre la importancia y el valor social y personal de la maternidad que por lo cual se deberá de promover también políticas públicas con perspectiva de maternidad, que favorezcan a las mujeres embarazadas que así lo requieran. En base a lo anterior y en complemento del capítulo V de la Ley General de Salud se propone la creación de la Ley de Protección a la Salud Materna, que tiene los siguientes objetivos: Primero. Protección de la maternidad y de la paternidad como una institución de orden público e interés social, constitucionalmente protegida por el Estado mexicano, reconocida y ratificada por los tratados internacionales. Segundo. Promoción y defensa de los derechos de la mujer embarazada, entre los que se encuentra el derecho a recibir atención médica especializada y gratuita, ayuda y apoyo necesario brindados a través de programas asistenciales de gobierno, tener protección jurídica y social, tener cualquier tipo de protección de acuerdo a su dignidad de persona, al libre desarrollo de su personalidad y al derecho de no ser discriminada respecto de otros hombres y mujeres en razón de su estado. Tercero. Reducir significativamente la mortalidad materna. Esto requiere del compromiso social a una cultura de prevención, ordenada a la promoción y educación de la salud materna. Este propósito forma parte de los objetivos de la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas 2000, en donde se fijaron metas específicas para abatir este grave problema. Y por último, quizá sea esto lo más original e importante de esta ley, es crear una red de salud materna, de manera que articule las medidas legales, sociales, administrativas y asistenciales, tanto públicas como privadas en el ámbito social que deberán ser difundidas en colaboración con los tres órdenes de gobierno, para el conocimiento e información y que de esta manera puedan actuar todas ellas en beneficio de cualquier mujer embarazadas que así lo requiera. Por su atención, muchas gracias.