El diputado Joel Padilla Peña (PT): Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: Para no quedar en vergüenza ante la opinión pública, Fox cumplió su amenaza de querellarse contra la Cámara de Diputados, porque aprobamos un presupuesto con sentido social y para el pueblo. Es tal la incapacidad del Gobierno de Fox, que su Consejero Jurídico formuló la controversia constitucional basándose en un documento diferente a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo más grave de este asunto es que los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, omitieron esta grave irregularidad y sobre esa base otorgaron la suspensión de las partidas de gasto impugnadas. No tuvieron el cuidado de confrontar los dichos del Consejero Jurídico con la veracidad y legalidad de las fuentes que estaba utilizando para sustentar la admisión de la controversia; incluso el ánimo relajado que priva en estos días de fiestas decembrinas, los llevó a no revisar de manera minuciosa la confrontación de las cifras, de los recursos, que el Poder Ejecutivo solicitaba fuese suspendida su ejecución. Ellos hablan de un monto de 4 mil 195 millones de pesos, mientras que el documento enviado a la Corte por el Ejecutivo Federal señala una cifra superior a los 6 mil millones de pesos. Nos preguntamos ¿qué documento revisaron los citados Ministros? Dada la gravedad de los hechos en que incurrieron los dos Ministros señalados, nuestro grupo parlamentario promoverá una denuncia de juicio político en su contra por no haber acatado las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional. Queda claro que los Ministros señalados están actuando bajo consigna de torcer el sentido de la legalidad que establece la Constitución de la República. También nos queda claro que el Presidente Fox está dando palos de ciego y que lo único que quiere, llevar al extremo su confrontación con el Poder Legislativo. Quiere pasar la factura a una instancia que está haciendo todos los esfuerzos por enderezar el rumbo del país que él mismo se ha encargado de arruinar. Impugna un presupuesto que por incapacidad política no supo negociar con las demás fuerzas políticas y así lograr un presupuesto de egresos consensado. Cabe decir que muchas de las readecuaciones que hizo la Cámara fueron avaladas por los diputados de Acción Nacional en las comisiones que discutieron las propuestas del ramo respectivo. Queda demostrado una vez más que el presidente utiliza un doble discurso. Por un lado pide que se anule el ejercicio de un ínfimo monto de gasto que apenas representa el 0.23 por ciento de los egresos totales y, por otro, solicita la invalidez de los anexos 2 al 20 del decreto, que representan el 45 por ciento del total del presupuesto. Ha hecho mucho ruido para tan pocas nueces. Quiere arrogarse el derecho de decidir la forma en que debe ser ejercido el gasto público. Está esperando deberá hacerlo sentado porque se va a cansarque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diga que le asiste la razón y que la Cámara de Diputados se vea forzada a discutir un nuevo presupuesto de gasto para el país. Cree que puede meter las manos para imponer un gasto público que no construye suficientes escuelas, hospitales, carreteras; que no genera empleos y en cambio quiere que los recursos se usen para favorecer a los banqueros y a sus amigos, a los amigos de Fox. Desde aquí queremos decirle al presidente que la razón y la legalidad le asisten a la Cámara de Diputados. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo no va a dar un solo paso atrás en la defensa del presupuesto de egresos que ya aprobamos. Desde aquí le exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúe con imparcialidad y que en apego a estricto derecho resuelva esta controversia. Es cuanto.