La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señora Presidenta. Las mujeres conforman más de la mitad de la población mexicana. De acuerdo con el segundo conteo de Población y Vivienda 2005, suman poco más de 53 millones; de ese total 27.8 millones se encuentran en edad reproductiva; es decir, el 52.5 por ciento del total de las mujeres del país tiene entre 15 y 49 años; de ellas, alrededor del 4.3 por ciento están embarazadas. Aunque la maternidad es un hecho significativo en la vida de las mujeres, también es cierto que si ésta no fue una elección libre y dada en las circunstancias adecuadas para recibir y formar a un nuevo ser humano, puede colocarlas ante una serie de problemáticas complejas y diversas. El 36.2 por ciento de embarazos no planeados corresponden a mujeres menores de 20 años. Las mujeres que se embarazan en la adolescencia a menudo presentan complicaciones durante el embarazo, partos prematuros y bajo peso de sus hijos al nacer, entre otros problemas de salud. A esto debe añadirse el hecho de que la maternidad temprana tiende a limitar el desarrollo personal de la mujer e incluso de su pareja, ya que suele reducir la posibilidad de continuar en la escuela o insertarse en el mercado laboral. Por otra parte, la salud materna representa todavía retos importantes. En el terreno laboral puede hablarse de la existencia de dos grandes problemáticas: la discriminación y la falta de oportunidades de empleo para las mujeres embarazadas o con responsabilidades familiares. La dificultad para hacer compatibles las actividades laborales con el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Respecto a la primera problemática, no pude dejar de reconocerse: la negación del trabajo a las mujeres en estado de gestación, la exigencia de certificados médicos de no gravidez, el despido por embarazo, así como la limitación de las oportunidades de desarrollo laboral, y la menor remuneración para las mujeres embarazadas o madres; son una indignante realidad en nuestro país. En cuanto a la segunda, son evidentes los rezagos en lo que respecta a la falta de opciones para flexibilizar la jornada laboral, los periodos de descanso y las licencias para el cuidado de los hijos de madres y padres trabajadores. Todo esto tiene implicaciones trascendentales en la vida de las mujeres, que en este momento están enfrentando dilemas que pueden cambiar drásticamente su futuro y el de sus hijos. Mujeres solteras, adolescentes, jefas de familia, desempleadas, víctimas de violencia, sin recursos económicos, con discapacidad, en contextos de desintegración familiar, con problemas de pareja, con embarazos no deseados, sujetos de discriminación, sin acceso a servicios de salud, con partos múltiples, etcétera. Para muchas de ellas el embarazo, ocasionalmente, puede representar un acontecimiento que aunque feliz, no necesariamente sea el más sencillo de afrontar. Por otro lado, creemos firmemente en el valor de la vida de cada nuevo ser humano y en su derecho de ser y existir; este derecho es el primero de todos y es deber del Estado garantizarlo, independientemente de las circunstancias en las que se haya gestado, es una obligación del Poder Legislativo y del gobierno en sus tres ámbitos, el proponer un marco jurídico y políticas públicas capaces de conciliar estas dos realidades; por una parte, la mujer, su libertad, decisiones y proyecto de vida; y por la otra, el derecho irrenunciable a la vida que tiene todo ser humano. En el PAN decimos sí a la vida, proponiendo alternativas a las mujeres que se han embarazado sin desearlo y promoviendo acciones que eviten que el embarazo en sí mismo sea causa de desamparo social o abandono para muchas mujeres, ya que en este momento crucial de sus vidas, es en este momento cuando requieren acceder al apoyo y orientación que entidades, dependencias, instituciones y organizaciones públicas sociales y privadas ya están brindando a las mujeres embarazadas a las madres y a sus hijos. Es por ello que la iniciativa que hoy presento tiene como objetivo principal conjuntar todos estos esfuerzos que desde distintos ámbitos se están realizando a través de la creación de una red nacional de orientación y apoyo a mujeres embarazadas. Una red solidaria que reúna a instancias públicas, privadas y sociales, que brinden apoyos, servicios y bienes a mujeres embarazadas y a madres con hijos de hasta de tres años de edad para ayudarles a solventar sus necesidades y resolver las diversas problemáticas que pueden enfrentar, dando atención preferente a quienes se encuentren en condiciones de extrema vulnerabilidad o carezcan de recursos económicos. De esta forma se aprovecharía el trabajo que ya se está llevando a cabo para la protección del embarazo, la promoción de la maternidad y la paternidad responsables, así como a favor de los derechos del niño, con el objetivo de que se ponga a disposición de las interesadas de acuerdo a su situación particular. Estos servicios cubrirían aspectos tan diversos como la atención médica gratuita asegurada, la capacitación para el empleo y el acercamiento con el mercado laboral, el acceso a proyectos productivos, a guarderías públicas de tiempo completo, asistencia sicológica, asistencia jurídica pagada por el Estado para juicios de pensión alimenticia, acompañamiento en el ejercicio del derecho a dar en adopción a su bebé, intervención en casos de violencia, maltrato, abuso o abandono; gestión para el acceso a programas sociales y apoyos en especie, entre otros. Asimismo, esta red podría en el futuro buscar los mecanismos adecuados de coordinación para instrumentar un programa de cuneros públicos tal como ocurre en otros países que funcionen como receptáculos de los bebés no deseados por sus madres para que a partir de ese momento estén bajo custodia del DIF y puedan ser dados en adopción. Con este propósito se propone reformar la Ley de Asistencia Social, a fin de crear la Red de orientación y apoyo a mujeres embarazadas, para lo cual se encomendará al DIF nacional coordinar, integrar, actualizar y dar publicidad a los servicios que preste la red y ponerlos a disposición de cualquier persona, así como del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada para la correspondiente canalización de las interesadas. Compañeras y compañeros legisladores, creemos que el total de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara compartimos la importancia que tiene la protección, apoyo y orientación a las mujeres embarazadas y nuevas madres, a fin de que puedan realizarse plena e integralmente y dar a sus hijos la atención y los cuidados que merecen. Proteger y promover el valor personal y social del embarazo y la maternidad, así como los derechos que las mujeres tienen a lo largo de las diferentes etapas de su vida es una obligación que el Estado y la sociedad civil debemos asumir a cabalidad. Señora Presidenta, solicito a usted se inserte el texto íntegro del proyecto de decreto en el Diario de los Debates. Gracias.