La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros, acudo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario de Morena para manifestar nuestra postura con respecto al dictamen de la Comisión de Justicia a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En primer lugar, quiero señalar que nuestro grupo parlamentario insistió en el seno de la comisión dictaminadora, en la necesidad de adecuar la definición de delincuencia organizada, contenida en el primer párrafo del artículo 2, a efecto de armonizarla con la establecida por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus protocolos, suscrita en Palermo, y con ello cumplir las recomendaciones que le ha hecho al Estado mexicano el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Propusimos incorporar una definición precisa que incluyera que dichas conductas delictivas tienen el propósito de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, tal y como lo establece la condición de Palermo. Esto con el objeto de contar con un instrumento que combata la delincuencia organizada en todas sus formas, para que la ley sea un instrumento eficaz contra el crimen muchas veces asociado al poder político, empresarial, policiaco y militar. Pero con esta adecuación también buscamos una ley que no se utilice para aplastar protestas sociales, para reprimir y encarcelar a los disidentes como medio de contención social y forma de pacificación social. Lamentablemente, la Comisión de Justicia desaprovechó la oportunidad de armonizar la ley con los instrumentos internacionales de los cuales México es parte. No solo desaprovechó la oportunidad de corregir una definición inadecuada de la delincuencia organizada, también abona al establecimiento de un Estado policiaco, con posibilidades casi ilimitadas de inmiscuirse en el ámbito privado de las personas. Con esta reforma la Procuraduría podrá solicitar la intervención de todo tipo de comunicaciones por cualquier medio, por teléfono, por WhatsApp, sin obligación de hacerlo con requisitos muy estrictos ni señalar los indicios que hagan presumir fundadamente la relación con los delitos que se investigan. Por esta razón, nuestro grupo parlamentario no puede acompañar con su voto este dictamen. Claro que estamos a favor del combate a la delincuencia organizada. Claro que estamos en contra del crimen organizado, pero no vamos a darle instrumentos a un gobierno incapaz, soberbio y corrupto para encarcelar a sus opositores, a los que se atreven a inconformarse con el consenso de una casta política caduca representada en el Pacto contra México. Morena, al igual que millones de mexicanos no confiamos en el gobierno de Peña Nieto ni en sus funcionarios responsables de investigar los delitos. Ha quedado demostrado su poco compromiso con la justicia y la búsqueda de la verdad. Fabrican pruebas, encubren y omiten sus obligaciones para encuadrar mentiras históricas, como el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón. Plantan armas para proteger los negocios de OHL con Peña Nieto y sus funcionarios. Fabrican causas judiciales en contra de dirigentes sociales, exculpan a sus socios preferidos del corrupto Partido Verde. Y Arturo Escobar seguirá violando la ley, porque se sabe impune. El imperio de la corrupción de los Gamboa Patrón o los Yunes seguirán impunes, porque son parte de la familia política. Y ya mejor ni hablamos Higa, sus paraísos fiscales y la Casa Blanca. Compañeras y compañeros, Morena no va a acompañar nunca a un gobierno poseído con el espíritu de Díaz Ordaz, cuya única respuesta a las protestas sociales es la fuerza pública y las cárceles. Parece que no aprendieron nada. México ya vivió las consecuencias de la cerrazón y el autoritarismo. Por ello, nuestro voto es en contra de este proyecto, que mantiene una peligrosa ambigüedad para aplicarse como instrumento represivo en contra de aquellos que se inconforman y luchan en contra de las decisiones de esta clase política caduca, quien apuesta a pacificar y acabar las propuestas sociales aplicando esta ley a los dirigentes de los maestros muestra una ignorancia terrible, que solo agrava el conflicto social, político y económica generado por una mala reforma que casi nada tiene que ver con la educación. Concluyo señalando que Morena reivindica la educación pública como herramienta de emancipación social, como espacio de libertad, de aprendizaje y de encuentro con el conocimiento científico, la diversidad, las artes y la cultura universal. Su reforma está muy lejos de interesarse por la educación o por combatir la corrupción y los privilegios de una mafia sindical intocada, que hasta partido político tiene y es su ferviente socio electoral. La educación es un tema que nos convoca a luchar y a mostrar nuestra solidaridad con los que luchan por defender la educación pública. Morena exige el cese de la represión y la liberación inmediata de los maestros presos que, quieran o no, son presos políticos de Enrique Peña Nieto. Es cuanto.