La diputada María Cristina Díaz Salazar: Gracias, presidente. Compañeros legisladores. En México existen más de 10 millones de personas que padecen alguna discapacidad, de acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas, y atendiendo que el promedio de integrantes por familia es de cuatro personas, el problema impacta a 40 millones de mexicanos. Con la Ley General de las Personas con Discapacidad publicada el 10 de junio de 2005 se dio un gran avance en beneficio de este sector de la población. No obstante, debemos reconocer la discriminación y la marginación de la cual son objeto, en muchas ocasiones, las personas con discapacidad. Aún no se han logrado erradicar las barreras físicas, sociales y culturales que impiden que las personas con discapacidad se integren de manera armónica en el ámbito social, económico y político, para que tengan acceso a la educación, empleo, salud y vivienda adecuadas, entre otras, y con ello puedan desarrollar sus capacidades y participar en la vida productiva del país. En la mayoría de los países las cifras sobre discapacidad no especifican el porcentaje de las personas con discapacidad múltiple y esto destaca su invisibilidad para la sociedad, para los programas de gobierno, los presupuestos y las políticas públicas. La discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de diferentes discapacidades en diferentes grados y combinaciones: discapacidad intelectual, auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos, epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y problemas de comportamiento. La discapacidad motriz es la más frecuente en la población mexicana ya que afecta al 45.3 por ciento de la población con discapacidad, y en segundo lugar se encuentra la discapacidad de tipo visual que representa un 26 por ciento y que incluye a las personas ciegas y a quienes tienen debilidad visual. En tercer lugar figura la discapacidad mental con 16.1 por ciento; en cuarto la auditiva con 15.7 por ciento; y en quinto la discapacidad del lenguaje con un 4.9 por ciento. Lamentablemente 55.1 de la población con discapacidad no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social. Por lo anterior, es necesario crear un organismo de coordinación entre los gobiernos, federal, estatal y municipal para impulsar políticas, proyectos y programas a favor de las personas con discapacidad, ya que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad se encuentra acotado y no cuenta con los instrumentos necesarios para cumplir ésta ardua tarea de suma importancia para el país. Por ello proponemos: suprimir el Consejo para crear el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad otorgándole facultades plenas para su acción. El instituto será el órgano rector de la política nacional sobre discapacidad y con ello lograremos darle un cauce adecuado para atender todas las aristas que comprende la discapacidad. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 3o. y el título tercero, recorriéndose el demás articulado y todos de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para crear el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad. Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, con la fecha del día de hoy. Gracias, presidente.