EL C. DIP. GERMAN MARTINEZ CAZARES: Con su autorización, diputado Presidente. Entrego a la Secretaría una iniciativa de reforma a los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juicio ciudadano a representantes del Congreso de la Unión y me limitaré a leer la exposición de motivos. La consolidación de nuestra democracia tiene una tarea pendiente fundamental: la vinculación de los representantes que integran el Poder Legislativo de la Unión con sus representados. La democracia mexicana no será eficaz sin devolver el control ciudadano sobre los representantes de la Nación y los que integran el Senado de la República. El juicio ciudadano a sus autoridades en elecciones libres es un pilar fundamental de las modernas democracias, es el conocido principio de rendición de cuentas al que debe sujetarse todo gobernante y del que está ayuno el Poder Legislativo Mexicano. Esta herramienta democrática de someter a diputados federales y senadores de la República al veredicto de las urnas para permanecer en el encargo popular, fue una tradición constitucional iniciada en 1824, suspendida en 1933 para quebrantar al Poder Legislativo en beneficio del Ejecutivo sin que las tendencias políticas de la revolución mexicana iniciada por Madero siquiera se hubieran enfilado hacia la no-reelección de diputados y senadores. En efecto, ni el Plan de San Luis ni el Constituyente de 1917 pensaron que fuera revolucionaria la idea de prohibir la reelección inmediata de los legisladores. Francisco I. Madero luchó por el Sufragio Efectivo y la no la Reelección Presidencial, de ese derrotero no debemos apartarnos, pero también debemos recordar que Madero fue un Presidente que gobernó con un Congreso sometido al juicio de los mexicanos cada tres años. Desde 1933, el ciudadano tiene amputado su poder de controlar, supervisar y calificar, la actuación de sus representantes. Desde entonces, se ha perdido una oportunidad histórica de profesionalizar al Poder Legislativo de la Unión, lo que a su vez ha debilitado aún más la función legislativa y ha contribuido a perder el decoro del Congreso. Los legisladores no podemos ser eternos amateurs, que cada tres años aprenden y ensayan con el destino de la nación. La falta de vinculación de los representantes con sus representados, lleva a los legisladores a desentenderse de la ciudadanía y entonces las decisiones de cada legislador se toman sin apreciar como diría Morelos, el sentir de la nación, el sentir de cada ciudadano. La reelección no es un privilegio del diputado federal o del senador de la República, es un atributo personal del ciudadano para premiar la labor efectiva de su representante o bien, para sancionar el pésimo desempeño de quien simula traer al Congreso de la Unión los intereses de su pueblo. Los legisladores reelectos por el pueblo, acumulan experiencia y se transformaran en guardianes de la institución y los valores parlamentarios. El valor de la pluralidad en que vivimos los mexicanos, puede recrearse de mejor manera apoyados con representantes populares refrendados en su mandato por la ciudadanía. Gran parte de la responsabilidad política en la falta de acuerdos parlamentarios que padece nuestro país tiene su explicación, no su justificación, en la falta de un cultivo cuidadoso de las relaciones ínterpartidarias que se facilitarían con la experiencia parlamentaria que otorga un representante responsable, sometido a sus ciudadanos. La ubicación de coincidencias entre quienes pensamos diferente y la construcción de consensos en esta soberanía, pueden ser más sencillos y efectivos con la experiencia parlamentaria. Si la población tiene a salvo la prerrogativa de sancionar a sus diputados y senadores, desaparecerá la irresponsabilidad parlamentarias, los espectáculos grotescos o las frivolidades, que por ahora, no tienen castigo popular. El mundo de la academia mexicana, es unánime en su exigencia de incorporar al texto constitucional el juicio ciudadano a los representantes parlamentarios federales. Diego Valadez no duda en advertir que una reformar a los artículos 59 y 116 constitucionales, como la que se propone, propiciaría el reequilibrio institucional que merece el país; Alonso Lujambio califica de dispendioso de la experiencia parlamentaria el texto constitucional y Miguel Carbonel, sólo por citar algunos, afirma categóricamente que la reforma reeleccionista fortalecería la responsabilidad del legislador. Y por si fuera poco, ningún país de las democracias occidentales, salvo Costa Rica y México, mutilan, mutilan al ciudadano en su derecho fundamental de decidir la suerte política de sus congresistas. En Acción Nacional, sabemos que el principio de la "no reelección" desde el espíritu del Constituyente del 17, no se instauró ni nació dedicado al Poder Legislativo, sino dirigido al Poder Ejecutivo para detener los abusos, perversiones y excesos del poder unipersonal y absoluto de Porfirio Díaz y de algunos Presidentes que se ostentaron como revolucionarios. Acción Nacional se pronuncia pues, por eliminar la prohibición constitucional de reelegir, sí así lo decide el pueblo en las urnas para un periodo inmediato a diputados federales y senadores el Congreso de la Unión, así como a diputados locales, modificando los artículo 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El PAN no busca ni pretende la reelección del Presidente de la República ni la de los gobernadores de la entidades federativas o la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. No escapa al grupo parlamentario del PAN, no debe escapar a la memoria histórica de la nación, que en 1964 el tema del juicio ciudadano a los legisladores lo presentó Vicente Lombardo Toledano. El intento aprobado en la Cámara de Diputados, fracasó después en el Senado. Además, es oportuno mencionar que durante la LVIII Legislatura se presentaron 4 iniciativas con proyecto de decreto con el mismo objeto. Coincidimos en el espíritu y en el esfuerzo que animó al Partido Revolucionario Institucional a presentar, el 27 de marzo y el 21 de noviembre del 2001, iniciativas de reforma constitucional a favor de someter nuestro trabajo a ese ineludible juicio ciudadano. No puedo dejar de mencionar la lucha que por el sufragio efectivo, sin cortapisas, para construir una representación nacional eficaz, libró un gran mexicano, un gran panista y quizá uno de los mejores jefes nacionales de mi partido, Adolfo Christlieb Ibarrola. Christlieb no dudó, siempre actuó a favor de subordinar la labor legislativa al dictado de las elecciones; Christlieb apoyó la decisión de regresar la posibilidad de evaluar la acción legislativa a la única soberanía dentro del Estado, la del pueblo y advirtió con un Congreso con núcleos de diputados enterados y capaces, no sólo no atenta contra la división de poderes, sino que es un supuesto necesario para el equilibrio que el sistema requiere. Christlieb Ibarrola dijo entonces, y Acción Nacional lo refrenda ahora: "la no reelección de diputados y senadores, contraria la teoría democrática, encierra una restricción a la libertad del voto, si se toma en cuenta que la reelección de los miembros del Congreso implica un refrendo popular a los representantes que tiene capacidad y espíritu de servicio". Señores legisladores de la Comisión Permanente, sometamos nuestra labor al juicio de las urnas, eliminando la prohibición constitucional que tiene el pueblo de reelegir a quien lo represente conforme a sus intereses. Acción Nacional confía, sin duda, en la responsabilidad social, en esa que da y quita voto, en esa que otorga y despoja de la confianza electoral a sus gobernantes, sólo el juicio ciudadano hará efectiva nuestra democracia y generará bienes públicos; sólo el juicio ciudadano es el que debe gobernar, sólo el veredicto de las urnas debe decidir quién permanece en sus escaños o curules o quién debe marcharse del encargo público por simulador. A ese juicio y a la sentencia ciudadana, se allana una vez más, el Partido Acción Nacional y pendiente de ese juicio somete a su consideración esta iniciativa. Muchas gracias, señor Presidente.