La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar posición en relación con el dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforman y adicionan diversas posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial. Las y los diputados del grupo parlamentario, del partido, coincidimos con la propuesta del dictamen que es de nuestro conocimiento, en virtud de que compartimos las consideraciones de las y los senadores en la minuta que se nos remitió. Nadie de los que estamos aquí presentes escapa de los grandes problemas viales que viven en todas las zonas urbanas del país, situación que en mucho se debe a dos factores. El primero, las ciudades crecieron sin que lo hicieran de la misma manera las vías de circulación. Segundo, una carencia total de planeación del desarrollo urbano. En los planes de desarrollo no se consideró la traza adecuada de vialidades condicionada a las previsiones de crecimiento y población. Las zonas urbanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, por citar algunos casos, enfrentan día a día graves problemas vehiculares que no solo se traducen en horas-hombre en los medios de transporte, sino también en la emisión de gases contaminantes que a todos afectan. Evidentemente, también influye el factor que muchas personas prefieren hacer sacrificios económicos para adquirir vehículos particulares, porque consideran que el transporte público es inseguro y no quieren arriesgarse. Del dictamen destaca la adición del párrafo 17, para establecer el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial y accesibilidad eficiente, sostenible, calidad, inclusión e igualdad. Sin embargo, consideramos que el problema no es tan solo de instrumentación legislativa, sino que también las políticas públicas y las acciones de gobierno deben traducirse en actos que mejoren la viabilidad existente desde su creación y su mantenimiento. Se nos propone la reforma del artículo 73 constitucional, en su fracción XXIX C, cuyo propósito es otorgar a las Cámaras del Congreso de la Unión la facultad para legislar mediante leyes generales en materia de movilidad y de seguridad vial. Esta nueva atribución legislativa del Congreso es relevante en virtud de que, conforme al transitorio segundo del decreto, a partir de su inicio y de vigencia, tendremos seis meses para expedir la Ley General en materia de Movilidad y de Seguridad Vial, donde deberemos establecer los parámetros legislativos que impidan, en la medida de lo posible, accidentes que ocasionen, entre otros, daños económicos, la muerte o lesiones permanentes de las personas. Debemos reconocer que hay muchos conductores que creen que al acelerar un vehículo es saber manejar, y lo que hacen es sin ninguna precaución y respeto por las vidas de ellos y de unos terceros, en este caso las de los ciclistas. En este orden de las ideas, las autoridades administrativas encargadas de otorgar las licencias para conducir vehículos automotores deben actuar con plena honestidad, ética en el servicio público y otorgar dicha autorización a las personas que acrediten aprobar los exámenes correspondientes y que realmente sepan manejar. También destaca la reforma de la fracción V, apartado A, del artículo 115 constitucional, que otorga a los ayuntamientos del país la facultad para expedir planes en matera de movilidad y de seguridad vial. Por lo que en sus ámbitos de competencia gubernamental tendrán la exclusiva responsabilidad en esta materia. En el caso del artículo 122, que regula las atribuciones de los órganos de gobierno de la Ciudad de México, se les otorga la facultad de establecer acciones en materia de movilidad y seguridad. Compañeras y compañeros diputados, nuestra futura acción legislativa no solo será para la expedición de la ley general en materia de movilidad y seguridad vial, sino que también en el transitorio tercero debemos hacer los ajustes que corresponden a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el propósito de que se considere en el contenido de los plantes de desarrollo urbano, zonificación y actividades de relación, con lo que concierne a una adecuación-planeación del desarrollo urbano en los centros de población. La planeación debe considerar los proyectos de crecimiento demográfico y la necesidad de creación de nuevos centros de población con toda la infraestructura vial que se requiere. Compañeras y compañeros legisladores, con esta reforma constitucional sin lugar a duda estamos legislando en favor de la gente. Es verdad que no podemos garantizar su seguridad personal, pero estamos otorgando los medios para que las autoridades administrativas estén en condiciones de mejorar las vialidades en beneficio, de la población. Por las consideraciones expuestas, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen. Y quiero agradecer a las organizaciones civiles por promover esta iniciativa, y hacer nuestro reconocimiento total. Es cuanto.