El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Muchas gracias. Con su venia, ciudadano presidente de esta Cámara. Compañeras y compañeros diputados. Derivado de la legitimidad sustancial que persiguen algunos estados modernos como el nuestro, todas las normas en materia de derechos humanos contenidas en el ordenamiento jurídico interno deben ser interpretadas armónicamente con las respectivas fuentes normativas convencionales e internacionales. Por otro lado, tomando en consideración el carácter poliédrico de los derechos humanos, pues se les puede considerar como reglas de carácter programático o como derecho exigible o justificable. Como derecho natural o como derecho positivo. Como derechos negativos o positivos, como ideales o aspiraciones o como obligaciones a cargo del Estado de estricto cumplimiento. En este sentido, tanto en México como en América Latina se puede observar una corriente creciente, por lo que se ha optado por otorgar el rango constitucional a los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. Lo que viene a complementar los derechos enumerados por las propias constituciones. Enumeración no... y que admite la realidad pujante del carácter de jus cogens, de los derechos humanos. Dentro de nuestras fronteras nacionales, la figura del amparo sería, además del instrumento de control constitucional más importante del orden jurídico mexicano, la garantía jurisdiccional institucional más relevante para asegurar el respeto y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos o fundamentales de las personas. Así las cosas, resulta inexplicable que dada la trascendencia de la figura del juicio extraordinario y por ende, el ordenamiento que lo regula, como es la Ley de Amparo, se pretende aprobar un nuevo ordenamiento en la materia, en apenas dos semanas, mediando tan solo un par de reuniones. Recordemos que a merced del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispuso de un término máximo de 120 días posteriores a la publicación del decreto en comento, para que el Congreso de la Unión expidiera las reformas legales correspondientes. Asimismo, la pasada Legislatura actuó en total contravención a lo establecido por el artículo 95, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pues ignoró por completo darle trámite a la minuta del Senado. A merced del llamado Pacto por México, tácitamente está amordazando a la casa del pueblo. Se está coartando flagrantemente el ejercicio de la representación política y democrática, atropellando, de paso, el principio de separación de poderes. No hay debate, no hay discusión, no hay retroalimentación, solo la estela dejada por una aplanadora antidemocrática que se esconde tras el emblema del Pacto por México. Con su proceder están secuestrando el debate, el sano ejercicio democrático, la historia misma de la nación. La Ley de Amparo ha sido la obra de nuestros más ilustres juristas, no manchemos nuestra historia y amancillemos nuestra tradición jurídica cerrando las posibilidades de participación de nuestros más connotados investigadores y juristas, y legisladores. La urgencia, la premura y la extrema celeridad con la que se condujo en primer término la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y posteriormente los órganos de dirección de esta soberanía, han atropellado no sólo las formas y los principios del derecho parlamentario, sino las prácticas republicanas y por ende la democratización. En consecuencia ha dejado fuera la posibilidad de promover contenidos en varios dispositivos que pudieran haber sido permeados mayormente de un ánimo progarantista, y se limitó la posibilidad de transformar de manera más radial el actual esquema de relaciones entre los Poderes de la Unión. Es decir, se está solapando cierta inclinación hacia la permanencia del status quo. También se dejaron fuera las consideraciones en torno a los supuestos de interés público, como la protección al ambiente y al equilibrio ecológico en materia de abstención del acto reclamado. Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de la asamblea la presente moción suspensiva, con el efecto de suspender inmediatamente la discusión en trámite de manera indefinida. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, sabemos perfectamente bien y muy claro que esta reforma es totalmente fuera de un orden, sabemos perfectamente bien que es un atropello; sabemos perfectamente bien que atentan con el instrumento jurídico más noble que tiene nuestro país, que es la Ley de Amparo. Esto, para todos nosotros, los legisladores, nos debe preocupar. Nos debe preocupar porque estamos totalmente dejando en estado de indefensión a la casa del pueblo. Compañeros legisladores, reflexionemos, esto no debe proceder. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.