El diputado Faustino Félix Chávez: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, los suscritos diputados del grupo parlamentario del PRI por Sonora, presentamos ante ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en la que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Código Fiscal de la Federación, lo anterior con el propósito de modificar el mecanismo para la fijación de las tarifas eléctricas en consideración de la siguiente Exposición de motivos Desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad se abrieron importantes expectativas que perfilaron el desempeño de ésta como una institución de gran trascendencia para el desarrollo del país. El decreto de 1937 la define como una institución encargada de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basados en principios técnicos y económicos sin propósito de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales de la población. Luego, con la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, el entonces Presidente Adolfo López Mateos, presumía que con este acto se consumaba un largo esfuerzo realizado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica. Posterior a estos decretos se han otorgado al gobierno federal facultades para promover y regular el servicio, entre ellas determinar las tarifas. Hoy el marco jurídico se aleja de la realidad social al ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultada para determinar las tarifas por consumo de energía eléctrica, donde por la misma naturaleza de la dependencia se establece un criterio recaudatorio, dejando de lado factores igualmente importantes para establecer tarifas justas para la población. De hecho, es la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, presidida por el secretario de Hacienda, donde se acuerdan las propuestas de ajustes, las cuales, según la ley, deben formularse de acuerdo con el estado patrimonial y financiero del organismo, sin disponer que deben tomarse en consideración otros factores como el clima o la condición socioeconómica de la población para permitir alcanzar el objetivo histórico de la institución. El resultado son tarifas altas, lo cual ha generado un conflicto permanente entre la sociedad y la Comisión Federal de Electricidad, mismo que se ve reflejado en constantes manifestaciones de la ciudadanía en estados como Sonora, Chihuahua, Baja California, Sinalo o Tabasco, sólo por citar algunos. En gran parte de nuestro país las altas temperaturas se traducen en un alto consumo de energía, lo cual impacta negativamente en el desarrollo de las actividades económicas; incluso, sin estos consumos la salud de los habitantes de estas regiones se ve seriamente amenazada. Todo esto ha encontrado eco en esta misma soberanía, donde Legislatura tras Legislatura se emiten exhortos a la autoridad federal para que se revise el tabulador de tarifas vigentes, sin encontrar un resultado favorable. A lo anterior se une la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde los ministros determinaron que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios es de carácter contractual entre empresa y cliente y no se genera una relación entre autoridad y gobernado, lo cual deja al ciudadano en un estado de indefensión ante cualquier irregular o abuso que pudieran presentarse en el cobro que realiza la paraestatal. Por todo lo anterior la presente iniciativa tiene como objetivo principal reformar la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para que se considere que las tarifas por el suministro de energía eléctrica queden establecidas en la Ley Federal de Derechos y no en el Código Fiscal de la Federación, consagrando además que éstas deberán ser justas y asequibles para la población. También propone reformar la Ley Federal de Derechos con el ánimo de establecer de forma precisa que los cobros por concepto del servicio público de energía eléctrica son contribuciones en el rubro de derechos. Asimismo rescata la propuesta que plantea que sea la Comisión Reguladora de Energía quien proponga ajustes o restructuración de las tarifas eléctricas, donde además deberá incorporar consideraciones de carácter socioeconómico y de clima, entre otros, para el cálculo de las tarifas. Esta iniciativa no descuida la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para transportar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, en congruencia con lo que dispone la Constitución, la facultad de ratificar a los comisionados que conformarán la dirección de esta comisión a propuesta del Ejecutivo, los cuales necesariamente deberán destacarse en la ciencia de materia energética. La iniciativa que hoy presentamos busca de manera integral una adecuación al marco jurídico para permitir establecer tarifas justas para el suministro de energía eléctrica y rescatar el espítitu por el cual se nacionalizó la industria, que es lograr que todos los mexicanos tengamos derecho a acceder y gozar del servicio de electricidad. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa y solicito amablemente al presidente de la Mesa Directiva se incorpore en forma íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.