El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar la posición respecto del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones. En este dictamen se propone un combate frontal al atraso tecnológico que nuestro país tiene en materia de acceso a la información veraz, plural y oportuna, sin perjuicio a la existencia de infinidad de noticiarios en radio y televisión y de periódicos impresos. Lo real es que la información que llega al destinatario final, en muchos casos está tergiversada. Para revertir esta situación, en el artículo 6o. se establece la obligación del Estado para garantizar el acceso a las más modernas tecnologías de información y comunicación para que los ciudadanos cuenten con información oportuna y veraz, que norme sus decisiones en todos los ámbitos de la vida. De igual forma, se adiciona un apartado B al artículo 6o, donde se establecen las obligaciones del Estado en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Destaca en este apartado B del artículo 6o. el contenido de la fracción IV, donde se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Esto es un aspecto relevante que requerirá de precisar su contenido en la ley reglamentaria, habida cuenta de que en materia electoral se realizan abiertamente campañas a favor de candidatos que no se carga financieramente a los gastos de campaña como promocionales directos, sino que se hacen pasar como noticias con lo que la neutralidad de los medios de comunicación se rompe y los hace tomar abiertamente partido a favor de los candidatos de su empresa. En el artículo 2o, se amplía la libertad para difundir opiniones a través de cualquier medio, no necesariamente los que conocemos en la actualidad y que permitirán al ciudadano expresar lo que piensa y hacerlo del conocimiento de quien tenga interés en esas opiniones, sin que exista censura de ningún tipo. Sin lugar a dudas el contenido del artículo 28, materia de este presente dictamen es de gran relevancia puesto que se propone combatir la existencia de los monopolios que se han ido construyendo en televisión, radio y telefonía. Esta perversa práctica económica en particular en radio y televisión, ha traído como consecuencia la transmisión de programas que no contribuyen a elevar el nivel cultural del pueblo mexicano. Al no haber competencia, a muchos no nos queda más remedio que ver lo que hay. En este sentido, las políticas del Estado mexicano en materia de telecomunicaciones deben estar orientadas a fortalecer la identidad nacional y a elevar el nivel cultural de las audiencias. Por ello se propone transformar la naturaleza jurídica en la Comisión Federal de Competencia Económica, que pasaría a ser órgano constitucional autónomo, encargado de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y combatir los monopolios y las prácticas monopólicas. Evidentemente el órgano regulador debe de ser provisto de todos los instrumentos legales para que realice adecuadamente su tarea. Entre ellas destaca que sus resoluciones sólo pueden ser combatidas por vías del amparo indirecto, sin que al quejoso se le pueda otorgar la suspensión provisional, con lo cual el acto de la autoridad quedará firme y sólo podrá ser revocado por la sentencia que ampare y proteja al quejoso en el juicio de garantías. De igual forma en ese artículo 28 se prevé la existencia del denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano constitucional autónomo y cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Ese instituto tendrá la responsabilidad de vigilar la adecuada competencia económica en el sector de radiocomunicación y telecomunicaciones; será el responsable del otorgamiento de las concesiones en materia de su competencia. Adelantamos que nuestro grupo parlamentario se reserva de este artículo 28, el inicio del párrafo 16 en donde en nuestra opinión no se le tiene que dar al Ejecutivo federal la facultad de emitir opiniones respecto de los actos del instituto, aunque éstas no tengan carácter vinculante. Se ha tomado la decisión política de crear al Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo. En ningún caso se debe permitir cualquier injerencia de alguna autoridad que pueda afectar su autonomía y más si ese acto proviene del Ejecutivo federal. En la fracción II del párrafo 18, se prevé que el Congreso garantizará la suficiencia presupuestal de los órganos reguladores que en esta reforma son creados. Vemos en el adendum que se tomó en cuenta la reserva que hicimos en la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre este tema, que (queremos criticar que no se aceptó el debate dentro de la comisión. Todas nuestras reservas sin análisis, sin debate, se desecharon) Y después de la negociación en lo oscurito se aceptó esta reserva, de lo cual nos congratulamos, pero también criticamos con energía el procedimiento de evitar el análisis, debate en la comisión, y como creemos que sucederá, también en el debate, de la discusión de las reservas que se den en este pleno, porque hasta donde entendemos, las negociaciones en lo oscurito de la “santísima trinidad”, integrantes del Pacto no van a dar el debate aquí, simplemente van a venir a planchar los acuerdos que ya tuvieron y aquí les recordamos que somos más democráticas o menos democráticos en la medida del trato que demos a los grupos minoritarios que en muchos casos tienen la razón, como quedó demostrado en la reserva que hicimos en la comisión y que nos la desecharon. Si bien es cierto compartimos el alto perfil profesional con que deben contar los integrantes de los órganos reguladores, no estamos de acuerdo en la propuesta de cómo se integrará el comité de evaluación que se prevé en el párrafo 23, porque consideramos inadecuado que tres órganos constitucionales autónomos que tienen una especialización técnica perfectamente definida en la Constitución participen en la integración de otros dos órganos constitucionales autónomos, cuyo perfil técnico es totalmente diferente al que se tiene en la actualidad: el Banco de México, el Inegi y el Instituto de Evaluación Educativa. Nos reservamos también la integración de este comité y propondremos que éste se integre, sin menoscabo con la autonomía con la que cuentan sus instituciones, por los titulares de las universidades públicas de mayor prestigio en el país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma Metropolitana. Respecto de los artículos transitorios, coincidimos con el contenido en su totalidad, con excepción del transitorio quinto, en el que presentaremos reservas, ya que no estamos de acuerdo en la apertura al capital extranjero de hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite. Esta medida puede ser de grave riesgo para la soberanía nacional puesto que los agentes económicos extranjeros podrían demandar ante los tribunales de sus países o internacionales al Estado mexicano por actos u omisiones que consideren que afectan sus intereses. Además, podemos preguntarle a cualquier militar –aquí tenemos como diputados a generales, a almirantes– qué significa para la soberanía de un país dejar en manos de extranjeros las comunicaciones, las telecomunicaciones. Hay que recordar que los capitales extranjeros son capaces de todo en la defensa de sus intereses, inclusive de promover golpes de Estado en contra de gobiernos legítimamente constituidos, como ocurrió hace ya casi 40 años en el golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende, en donde la International Telephone and Telegraph, ITT, financió a los candidatos para que protegieran sus intereses y también financió el golpe de Estado militar encabezado por Pinochet. Para esto les recomendamos leer el texto Documentos secretos de la ITT, donde se revela claramente la intervención de esta empresa de telecomunicaciones en el golpe de Estado encabezado por Pinochet, en Chile. Asimismo consideramos que en el transitorio séptimo, en su primer párrafo, se debe establecer la salvaguarda de los derechos de todos y cada uno de los trabajadores que prestan sus servicios en las empresas que operan bajo el régimen de concesión y cuyas actividades están directamente relacionadas con el contenido del decreto materia de esta discusión. Compañeras y compañeros legisladores: sin lugar a dudas el avance tecnológico ha superado las concepciones originales que en 1917 se consideraron en nuestra norma fundamental. Con un solo click en tiempo real podemos enterarnos de lo que acontece en cualquier parte del mundo. A través de los medios de comunicación se han iniciado revoluciones, como ha ocurrido en otros países del mundo. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta Cámara quiere reconocer el aporte que infinidad de organizaciones no gubernamentales han hecho para lograr la democratización de los medios de comunicación. Reconocemos también el esfuerzo, la organización y creatividad de los Movimientos Yo Soy 131 y 132, que el año pasado nos enseñaron que el uso de las modernas tecnologías de la información son un contrapeso a los medios de comunicación institucionales y que la democratización de los medios pasa por el imperativo de la propia democratización del Estado mexicano. A todos ellos, nuestro grupo parlamentario les reconoce sus aportaciones. Estamos convencidos de que la importante reforma constitucional servirá para que los mexicanos cuenten con información oportuna y veraz que les permita tomar las mejores decisiones en todos los ámbitos de su vida. Es cuanto, diputado presidente.