La diputada Laura Lynn Fernández Piña: El 6 de septiembre de 1860, durante la guerra entre liberales y conservadores, Benito Juárez proclama las leyes de reforma en el estado de Guanajuato, dentro del contexto de la llamada Guerra de los tres años, con el propósito de separar a la iglesia del Estado. La nacionalización de los bienes del clero, la extinción de las corporaciones eclesiásticas, la secularización de los cementerios y fiestas públicas, y la promulgación de la libertad de culto consolidando así la independencia de México. En 1855, el Partido Liberal quienes eran herederos ideológicos de los insurgentes aspiraban a una renovación política, económica y social, derrocaron al gobierno conservador encabezado por Antonio López de Santa Anna y conformado por terratenientes, aristócratas, militares y cleros empeñados en mantener sus privilegios. Desde entonces, se abocó de dotar al país de una constitución basada en los activos ideales de la independencia, de esto surgió una constitución democrática y liberal. Al principio las Leyes de Reforma fueron tres, la Ley de Juárez en 1855, la Ley de Lerdo en 1856 y la Ley Iglesias en 1857. Posteriormente, surgieron otras leyes, Ley de Registro Civil expedida en 1859 y la Ley de Libertad de Cultos proclamada en 1860. La Extinción de las Comunidades Religiosas, expedida en 1863. La reforma de 1833 planteó el establecimiento del patronato nacional, sin la autorización de Roma, una revolución educativa que permitiera quitar al clero el dominio de las conciencias y formar ciudadanos con espíritu crítico y racional, libres del fundamentalismo religioso. Con esa pretensión se ordenaron los fondos de libros de las dos instituciones suprimidas que constituirían el fondo base para organizar la Biblioteca Nacional. La reforma estableció una Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios de la Federación. También prescribió la creación de establecimientos de educación pública en el Distrito Federal. La reforma educativa se completó con la apertura de varias escuelas normales para señoritas y varones y se ordenó la apertura de una escuela primaria anexa a cada parroquia, con la obligación de pagar 60 pesos mensuales a la Dirección de Instrucción Pública, en caso de que no hubiera tal escuela. La presencia católica del gobierno, la cultura y la sociedad permitió la llamada política de conciliación que auspició la recuperación económica y la supervivencia social y política de la Iglesia en el porfiriato. No fue por eso al azar que uno de los elementos que fundamentó el levantamiento armado contra el régimen del general Díaz fuera precisamente la fuerza que había adquirido la Iglesia Católica y la debilidad de las leyes federales. Después de la lucha armada, la Constitución de 1917 renovó y adecuó las leyes liberales que regulaban la vida eclesial. Ni el movimiento armado católico de 1926 al 29, ni la reforma constitucional del artículo 130 constitucional realizado en el 91 al 92 eliminaron la fuerza del mandato liberal de mediados del siglo XIX, construcción de un Estado laico y separación de la Iglesia y el Estado. Sin embargo, como se sabe, en la historia no existen los para siempre. Estas leyes significaron en México cambios estructurales importantes en nuestro país. Es cuanto.