El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, como bien sabemos, la nación mexicana tiene una gran deuda con sus pueblos originarios. Desde la política ?institución que hemos privilegiado los mexicanos para darle a nuestro país un rostro democrático? no hemos hecho lo suficiente para promover la justicia y la vida digna para nuestros pueblos. Los procesos de colonización, sobre todo en América, provocaron genocidio y una marginación política y social que ha durado ya más de 517 años. Los indígenas han tenido que recurrir a los organismos internacionales para que desde esas instancias se comprometa a los Estados nacionales a respetar sus derechos y se garantice la igualdad de oportunidades. Producto de más de dos décadas de construcción y debate los indígenas, entre ellos legisladores, dirigentes de organizaciones y autoridades tradicionales indígenas, con la solidaridad de comprometidos académicos lograron que el 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La delegación del gobierno mexicano ante la ONU, a nombre del Estado, votó favorablemente por la adopción de esta declaración, lo que significa el compromiso de atender sus lineamientos. La declaración, además de identificar los derechos colectivos de los pueblos, contiene lineamientos que deberán observar los Estados nacionales para garantizarlos y para la superación de los rezagos sociales. Es por ello que los pueblos, sus dirigentes y organizaciones han tomado la declaración como bandera de lucha y guía para el planteamiento de sus propuestas. La demanda política más fuerte de los indígenas mexicanos es armonizar en el marco legal, las políticas públicas y las acciones del gobierno con los contenidos de esta declaración. En este contexto se hace necesario que el Congreso de la Unión comprometa un esfuerzo serio para atender esa justa demanda de los pueblos indígenas en el ámbito de sus facultades. Ya existe un primer antecedente. El pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, el 17 de septiembre de 2007, a propuesta de su Junta de Coordinación Política, aprobó un acuerdo en los siguientes términos: Primero. Se solicita al Ejecutivo federal que implante las acciones correspondientes a fin de que los compromisos adquiridos en la adopción de la declaración en comento cobren vigencia y sean parte de una nueva política pública de Estado en beneficio de los pueblos indígenas. Segundo. Se solicita a los partidos políticos se comprometan a apoyar, en el marco de la reforma del Estado, las propuestas en materia de reformas constitucionales y en las leyes secundarias impulsadas por la Comisión de Asuntos Indígenas, a fin de que se armonicen las leyes nacionales con este nuevo instrumento jurídico de carácter internacional denominado Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tercero. Se solicita a la Cámara de Diputados se brinden todas las facilidades correspondientes para que se implante una amplia difusión de esta nueva Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A más de dos años de este importante acuerdo se hace necesario evaluar sus alcances y actualizar los compromisos. Por ello, propongo el presente punto de acuerdo que incluye dos exhortos. El primero al Ejecutivo, para que nos diga qué ha hecho para armonizar programas y acciones con los contenidos de la declaración. Con ello, la Cámara de Diputados estaría en posibilidades de contar con parámetros para evaluar la política indigenista del gobierno. El segundo exhorto es para que las comisiones ordinarias del Congreso de la Unión concedan prioridad al dictamen de las iniciativas y minutas en materia de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas. Con ello se sientan bases para agilizar el proceso legislativo, toda vez que la mayoría de los dictámenes tienen que formularse bajo la figura de comisiones unidas. El punto de acuerdo que propongo dice así: Primero. Solicitar al Poder Ejecutivo informe sobre las acciones realizadas o en proceso de ejecución para armonizar las políticas, programas y normas reglamentarias de la administración pública federal con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Segundo. Exhortar a las comisiones ordinarias del honorable Congreso de la Unión para que concedan prioridad de dictamen a las iniciativas y minutas en materia de derechos y desarrollo indígenas y en esas tareas consideren los contenidos de la mencionada declaración. Compañeros diputados, votemos a favor de este punto de acuerdo y con ello enviemos un mensaje a la sociedad sobre nuestro compromiso con una de las mejores causas de México: la de sus pueblos originarios. Muchas gracias, señor presidente.