El diputado Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: La oleada neoliberal en México coronó su propuesta de reforma económica con la privatización de Teléfonos de México, que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 1990. Lo que constituyó la propuesta central de reestructuración de las telecomunicaciones en México. Al asignarle esta concesión pública para operar un conjunto de servicios, el Gobierno Federal otorgó a TELMEX el statuts de monopolio privado y constituyó el título de concesión como el instrumento jurídico más importante para la regulación de las telecomunicaciones. A 15 años de transcurrida la privatización, el mercado de telefonía local está constituido por 23 concesionarios, de los cuales 20 operan a través de red alámbrica y 3 operan sin ésta, con una cobertura de casi 20 millones de líneas telefónicas. Sin embargo, el mercado de telefonía local está concentrado en un 95% por TELMEX, ya que otras empresas no han representado una competencia real. El discurso oficial del gobierno neoliberal de la época de Salinas de Gortari, se empeñó en pregonar hasta la saciedad que con la privatización de TELMEX los usuarios tendrían un mejor servicio inmediatamente. Los hechos son contundentes, ni hay mejoría del servicio telefónico, ni hay costos más bajos, y sí un hombre cada vez más rico como lo es el caso de Slim Helú. En cambio, sí se dio el alza de las tarifas y la recategorización de conceptos como renta básica y el servicio local medido. Asimismo se establecieron una serie de conceptos en el título de concesión, que definían los servicios y condiciones en los que la empresa prestaría el servicio de telefonía básica. La renta básica para el servicio telefónico se designó de acuerdo a la línea contratada, terminal o troncal para los suscriptores residenciales o comerciales. Para el caso de la línea residencial se incluyeron 100 llamadas y para el resto de los servicios no se incluye. El saqueo disfrazado que hace TELMEX a los bolsillos de los consumidores está en la renta básica, ya que el costo de la llamada es más alto que el servicio medido, lo que representa una doble exacción; porque los usuarios que tienen una densidad de llamadas menor a lo que fija la renta, están obligados a cubrir la totalidad de la misma a una tarifa mayor que en el servicio medido, la hayan agotado o no la hayan agotado. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está claro que los consumidores adquieren con Teléfonos de México, una línea telefónica. En estricto derecho son dueños de la misma y no tienen por que pagarle a TELMEX una renta por el uso de esa línea que es de su propiedad. Esto se puede equiparar con la situación de una persona que siendo propietaria de un automóvil, tuviera que pagarle una renta a la empresa que lo fabricó. Debemos recordar que el derecho de propiedad es oponible a terceros y ese universo indeterminado de personas que tienen el deber jurídico de respetar el bien de esa persona. En el caso que nos ocupa, un particular es dueño de una línea pero debe pagar renta por su uso y disfrute, lo cual es ya francamente un fraude legalizado. Por ello, no es casual que más del 40% de los ingresos de TELMEX, provengan de la telefonía local y que en México tengamos tarifas más caras que en otros países, incluso de menor desarrollo industrial que el nuestro. Compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, propone reformar el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para eliminar el concepto de renta residencial y comercial y que las tarifas de telefonía sean accesibles a todos los consumidores del país. Nuestra propuesta tiene como propósito central incorporar a la población mexicana al disfrute de los beneficios que han provocado los cambios tecnológicos que se han dado en el campo de las telecomunicaciones, del cual han estado instruido (?) la mayoría de los mexicanos. No debemos olvidar que la gran mayoría de los mexicanos están empobrecidos; la distribución de la riqueza cada vez es más aterradora. Los datos de la última encuesta de ingreso-gasto de los hogares, es reveladora. En México el primer decil concentra el 1.4 por ciento del ingreso, mientras que en el noveno concentra el 15.6 por ciento, y en el décimo se concentra el 42 por ciento del ingreso total. Por ello, el contar con una línea telefónica para cubrir una necesidad, se vuelve un lujo para muchas personas pobres, lo que limita aún más sus posibilidades de incorporarse al desarrollo. Por ejemplo, una familia mexicana que cuenta con el servicio de telefonía residencial para comunicación de voz que realiza una frecuencia de 30 llamadas mensualmente, paga 156 pesos con 55 centavos más IVA con el servicio de renta. Si se elimina la renta, dicho usuario pagaría solo el costo del servicio medido por cada llamada, es decir 44 pesos con 40 centavos más IVA. La presente iniciativa es todavía más bondadosa para los negocios familiares, las micro, pequeñas y medianas empresas ya que al eliminarse la renta de telefonía local, el costo sólo sería por el servicio medido. Nuestra propuesta es clara, se trata de suprimir la renta en telefonía local que es una fuente no leal para la acumulación de ganancias y se pueden liberar recursos adicionales para millones de familias que sí lo necesitan, para resarcir su cada vez menor poder de compra. Nuestra propuesta también beneficiaría a miles de empresas que se encuentran al borde del colapso por la desaceleración económica que atravesamos; y en ése sentido, la responsabilidad del Estado es velar por sentar las bases de un mejor clima económico. Señor presidente, solicito a usted se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Dado en Palacio Legislativo a los 24 días del mes de noviembre de 2005.