El diputado Braulio López Ochoa Mijares: ¿Les parece justo que una persona pase más de 3, 5, 10, 15, 17 años en prisión sin una sentencia que lo condene? Esto no es un caso hipotético, esto no es una exageración, esto está sucediendo, esta es la tremenda injusticia que vivieron Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile, Gustavo Robles López, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz. Esta es la tremenda consecuencia de la prisión preventiva oficiosa y por la que el Estado mexicano fue ya condenado. En México hay más de 93 mil personas en esta condición, sin haber recibido una sentencia están en la cárcel. El 41 % de las personas privadas de su libertad en nuestro país están así. La prisión preventiva oficiosa permite encarcelar a las personas de manera automática, cuando han sido acusadas de haber cometido alguno de los delitos que se contempla en el artículo 19 constitucional. Es decir, basta solo una acusación para que esa persona vaya a la cárcel mientras se lleva a cabo su juicio, sin importar que no haya sido condenada. Pero para la mayoría de este Congreso el amplio catálogo de esos 23 delitos no basta, no basta, se propone adicionar un delito más. La prisión preventiva como medida cautelar debe ser justificada. Que la Fiscalía establezca las razones por las que una persona debe ser privada de su libertad, en tanto se lleva a cabo su juicio y un juez o una jueza determine si existen razones válidas que así lo justifiquen. La prisión preventiva debe ser excepcional, no aplicarse con una simple acusación. La prisión preventiva debe respetar la presunción de inocencia. Díganme por qué tratar como culpable a una persona, sin que haya recibido una sentencia condenatoria. La prisión preventiva debe ser necesaria. Es decir, que no haya otras medidas cautelares que logren el mismo objetivo, afectando en menor medida a esa persona. La prisión preventiva debe ser proporcional. Díganme cómo podemos encerrar a una persona por años, simplemente por el delito que se le acusa, sin haberle si quiera probado. La prisión preventiva justificada es una medida cautelar. La prisión preventiva oficiosa, que es esta, es una condena anticipada. La prisión preventiva oficiosa no tiene absolutamente cabida en una sociedad democrática. Por lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó, en enero de este mismo año, al Estado mexicano y determinó que el arraigo y la prisión preventiva, tal como están regulados en nuestro marco jurídico son inconvencionales, son violatorios de derechos humanos. Esto, pues dichas medidas violentan los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano y le ordenó modificar su ordenamiento jurídico, a fin de que este sea compatible con los derechos humanos. Se determinó que todas las autoridades del Estado mexicano, incluidos nosotros, compañeros, incluida esta Cámara de Diputados, incluido este Congreso de la Unión, deben de aplicar el control de convencionalidad a fin de que no se violenten los derechos humanos contenidos en la Convención Americana. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Ampliar la preventiva oficiosa, la prisión preventiva oficiosa. En vez de eliminarla, como nos marca la Corte Interamericana, por ser violatoria de derechos humanos, aquí queremos adicionar. Vaya desdén a la agenda internacional de los derechos humanos. Vaya desdén a la justicia y al combate a la impunidad. Vaya desdén a los derechos humanos de las personas. Cuando se amplíe el catálogo de delitos, que tiene como consecuencia la prisión sin juicio, no se piensa en las repercusiones que esto trae en la vida de las personas. No se consideran las injusticias que nuestro sistema de justicia trae a las y los ciudadanos. Las víctimas, en México, piden justicia, piden que quienes delincan sean responsables por sus actos. Esto, encerrar sin una condena no hace justicia, no nos hace un mejor país, e incluso permite generar aún más víctimas. Compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano rechazaremos este dictamen y que más personas padezcan las consecuencias de una prisión sin juicio. Además, exhortamos a que cumplamos cabalmente con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a fin de evitar que mexicanos y mexicanas pasen décadas en prisión sin haber recibido una sentencia que demuestre su culpabilidad. Sí tenemos que reformar el artículo 19 constitucional, pero para eliminar la prisión preventiva oficiosa, para eliminarla, sí tenemos que establecer mecanismos serios y efectivos para combatir la impunidad y dar justicia a las víctimas. Profesionalicemos a las policías, profesionalicemos a las fiscalías, rediseñemos y reforcemos nuestro sistema de procuración de justicia, mejoremos nuestra capacidad de investigar, combatamos la inseguridad, combatamos la impunidad y la injusticia, no generemos más víctimas. Gracias.