La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputada presidenta. Esta reforma que estamos discutiendo hoy es parte del paquete de justicia cotidiana enviado por el Ejecutivo federal hace unos meses y se deriva del diagnóstico de funcionamiento del sistema de impartición de justicia en materia administrativa, elaborado por el CIDE, una institución académica seria, una institución académica que suele hacer estudios que valen la pena y recomendaciones, como la que hoy se atiende que valen la pena. El estudio que menciono tiene como objetivo identificar problemas de primer orden, como la dilación, la falta de seguridad jurídica y de acceso a la justicia, la excesiva ligitiosidad y la ineficacia de la ejecución. De dicho estudio se desprende que la duración promedio de los asuntos analizados fue de 145 días hábiles para notificar la sentencia de primera instancia y de 206 días hábiles para resolver el recurso de revisión en segunda instancia. Esto deja claro que aunque hay quienes prefieren mantener el statu quo en materia de justicia urgen cambios y lo que hoy estamos proponiendo y estamos discutiendo, pretende cambiar elementos de justicia, que hoy hacen inaccesible la misma para los ciudadanos. Aunado a que además hay que decir en la mesa de justicia cotidiana, impulsada por el presidente Peña Nieto y por el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se advirtió que los ciudadanos que acuden a los tribunales de justicia fiscal y administrativa refieren que los procedimientos son excesivamente formalistas, lentos y costosos. Es decir, en materia de impartición de justicia nuestra realidad es concebida como la falta de mecanismos efectivos para dar solución a los conflictos, lo que genera incentivos para la justicia por propia mano, la intervención de terceros que se benefician de las controversias o simplemente para dejar a las personas en virtual estado de desprotección y por consiguiente generar alicientes para la impunidad. Como lo dijo el presidente en su mensaje del 27 de noviembre de 2014, la justicia no se agota en el ámbito penal, hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer a quien se le niegue el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario o quien no puede cobrar una deuda, esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no puedan acceder con facilidad a ella. Y hay que decirlo, esta es la justicia que afecta el día a día del ciudadano, y es que ello no es menor si tomamos en cuenta que la cantidad de casos en materia civil, familiar y mercantil es siete veces mayor a los casos en materia penal. Para que los órganos judiciales contenciosos administrativos actúen de manera pronta y expedita, deben de contar con leyes procesales, con plazos razonables, con una administración y gestión eficiente, y que se dote a los usuarios de información necesaria para que conozcan los costos y beneficios de acudir a tal o cual procedimiento. En este sentido, el diagnóstico del CIDE recomienda generar un modelo procesar que permita resolver en forma eficiente los casos según su complejidad, a través de procedimientos más ágiles y eficaces. En resumen, el juicio de resolución exclusiva que hoy se propone, es una opción con la que se pretende favorecer el acceso a la justicia con los siguientes beneficios. Sólo se podrá hacer valer cuestiones relativas al fondo del asunto, excluyendo en todo momento cualquier argumento formal o de procedimiento y solamente se conocerá del fondo de algunos procedimientos fiscales. Las pruebas se ofrecen al momento de presentar o contestar la demanda. Es decir, desde el principio. No se exigirá al contribuyente que garantice el crédito fiscal durante la tramitación del juicio, lo cual permite al demandante ejercer actos de defensa sin que le implique un gravamen extra. En todo momento se privilegiará la oralidad del procedimiento y además este procedimiento es opcional. Es decir, el ciudadano puede escoger entre esta o la forma tradicional de hacer justicia. Por ello, contrario a lo que me dijo la diputada que me antecedió, no se viola ningún derecho, se dan opciones de justicia a los ciudadanos. Este procedimiento además responde a una clase de procedimientos expeditos que contribuyen a la sustanciación de juicios de manera ágil, pero en el que se respetan las formalidades esenciales del procedimiento. Esta modalidad de juicio fortalece el derecho humano a recursos judiciales efectivos. Y justamente porque el artículo 17 constitucional habla sobre el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita es que estas propuestas y ésta que hoy discutimos y que hoy se aprobará, contribuyen a garantizar ese principio constitucional, además de que se encuentra en concordancia con todos los tratados internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En suma, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México apoyamos esta reforma, pues consideramos que contribuye a satisfacer una demanda social de efectivo acceso a la justicia. Es cuanto, diputada presidenta.