El diputado Víctor Varela López: Con su permiso, diputada Presidenta. Queremos reconocer el avance que significa la inclusión de la obligación de los servidores públicos federales a que comparezcan ante el Congreso, de hacerlo bajo protesta de decir verdad. Queremos decirle que no es suficiente, que tenemos la oportunidad de avanzar más y establecer las bases constitucionales y reglamentarias de una nueva relación entre los poderes, basadas en la efectiva rendición de cuentas y el ejercicio pleno de las facultades de control del Poder Legislativo. Por ello se propone modificar el segundo párrafo de este dispositivo constitucional, a efecto de establecer la facultad del Congreso para citar a todo aquel funcionario federal que considere pertinente, y señalar la obligación del Ejecutivo de enviar con 72 horas de anticipación a la cita, un informe escrito del asunto que haya motivado su comparecencia. También se propone facultar a ambas Cámaras del Congreso para citar a comparecer al titular del Poder Ejecutivo federal, cuando así lo solicite la cuarta parte de sus integrantes y lo apruebe una mayoría calificada de dos terceras partes de sus miembros. Con esto se genera un mecanismo efectivo para que rinda cuentas el titular del Ejecutivo y explique ante los legisladores los actos u omisiones de su gobierno frente a las situaciones que afecten la seguridad, la estabilidad o el funcionamiento de las instituciones nacionales. Para fortalecer la facultad de investigación del Poder Legislativo se amplía la facultad del Congreso para integrar comisiones para investigar el funcionamiento de cualquier dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal mayoritaria; es decir, toda la administración pública federal. Se disminuye el número de senadores que puedan solicitar la constitución de esos órganos investigadores y se establece la obligación de notificar al Ministerio Público federal cuanto el resultado de las investigaciones derive en elementos constitutivos de delitos. Asimismo, dichas comisiones tendrán facultades constitucionales para citar a cualquier persona y requerir toda la información que sea necesaria para el desarrollo de sus funciones, independientemente de su naturaleza legal. Para el efecto se establece la obligación expresa de todas las dependencias de la administración pública a entregar toda la información que sea requerida por estos órganos de control, incluidas aquellas con clasificación de reserva o confidencial. En congruencia con lo anterior, se señala que la información de naturaleza confidencial o reservada en estos órganos del Congreso conservará dicho carácter y la ley determinará su resguardo. Con lo anterior, la función investigadora del Congreso se fortalece al contar con instrumentos constitucionales y legales para realizar las indagaciones y presentar sus conclusiones. Con relación a la pregunta parlamentaria se propone modificar la redacción contenida en el dictamen a efecto de rescatar la esencia de la institución de la pregunta parlamentaria. La redacción propuesta por el Senado no es sustancialmente distinta al esquema vigente. Se mantiene sujeta a la solicitud de información por parte de los legisladores, a su aprobación previa de la Cámara. Esto es obviamente distinto a la naturaleza de la pregunta parlamentaria. Por ello, se propone modificar la redacción propuesta para establecer el derecho de los legisladores y de los grupos para requerir al Ejecutivo información por escrito a través del Presidente de la Cámara, generando con ello un mecanismo automático que no estará sujeto al acuerdo de ningún órgano colegiado de las Cámaras. Por último, con el propósito de asegurar que la omisión o violación de la protesta de decir verdad por parte de los servidores públicos federales tenga consecuencias claras en las leyes penales y administrativas y, con ello, evitar que se transforme en una más de las disposiciones constitucionales que pueden ser violadas sin que pase nada, se propone adicionar un transitorio donde se establece la obligación del Congreso de la Unión de adecuar la legislación secundaria para establecer las sanciones penales y administrativas a los funcionarios que mientan al Congreso. Solo así —creemos— estaría completa esta reforma. Por último, reiterar nuestra posición. Creemos que es importante esta reforma, pero se nos hace vergonzoso que se pase a segundo término el elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, como bien ya lo exponía la diputada Aleida Alavez. Creo que hay temas urgentes, pero ninguno como el derecho a la alimentación de nuestro pueblo empobrecido por las malas políticas económicas. Es cuanto, diputada Presidenta.