El secretario Rafael Morgan Ríos: Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados; señoras y señores legisladores. Es para mí realmente un honor y un gusto estar el día de hoy ante el pleno de la Cámara de Diputados. Agradezco en todo lo que vale que se me haya invitado a comparecer respecto a un tema de gran trascendencia, como es el análisis y la revisión al Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2010 que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación. Espero que el sano debate e intercambio de ideas entre Poderes, nos ayude a todos a construir un mejor país. Agradezco la invitación. Identificar, perseguir y castigar las irregularidades y los posibles actos de corrupción es la altísima encomienda que me da la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la instrucción que me dio el presidente de la República. Desde el inicio de la presente administración el Presidente Felipe Calderón marcó el rumbo de su gestión con un lema que ha acompañado a todas las acciones realizadas, tanto en el gobierno federal como en la Secretaría de la Función Pública que es: Combatir la corrupción con toda la fuerza de la ley y de las instituciones. La lucha frontal y directa contra la corrupción es además, un componente necesario en la lucha frontal contra la inseguridad, por eso un principio rector de la Secretaría de la Función Pública en el combate a la corrupción ha sido el eje cero impunidad en el gobierno. La impunidad es un hecho deleznable e injustificable, se presenta cuando una persona que infringe la ley o comete un delito, no recibe por la razón que sea el castigo o la sanción que se merece. Partiendo de esa firme convicción la Secretaría de la Función Pública ha asumido y ha admitido con total contundencia la responsabilidad que tenemos para combatir frontalmente el fenómeno de la impunidad en la gestión pública. Para ello, un aliado estratégico del gobierno federal ha sido la Auditoría Superior de la Federación, quien a lo largo de este sexenio ha revisado a cabalidad los distintos procesos y estructuras claves para la gestión pública. La mayoría de las auditorías más importantes de este órgano fiscalizador coinciden con auditorías e investigaciones que la propia Secretaría de la Función Pública ya estaba realizando, por eso es tan relevante nuestra colaboración. Derivado de nuestras propias atribuciones hemos realizado acciones tanto correctivas como preventivas, con el objeto de lograr que en la administración pública federal las cosas funcionen mejor, que funcionen más fáciles y que funcionen con más transparencia y sin trampas. Por eso no es sólo la lucha frontal contra la corrupción lo que ocupa la energía y las capacidades de la Secretaría de la Función Pública, simplificamos las reglas de operación del gobierno para verdaderamente detonar el crecimiento económico y el desarrollo social tan urgente e inaplazable en nuestro país. Modernizamos el sector público, porque después de una revisión exhaustiva a la normatividad con la que se regía el actuar del gobierno en sus procesos administrativos y de gestión procedimos a trabajar en ello. Como resultado de la revisión a toda la normatividad y la depuración de la misma, al día de hoy hemos eliminado y ordenado en manuales 16 mil 261 normas, 1 de cada 2, es decir, el 47 por ciento de la normatividad existente está eliminada u ordenada. Y en lo que respecta a trámites, hemos eliminado 2 mil 257 trámites que entorpecían la interacción del gobierno con el ciudadano, es decir, uno de cada tres. Esto representa una disminución del 33 por ciento de los trámites que se realizaban anteriormente en el gobierno federal. Este tema, por cierto, fue analizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su estudio sobre gobernanza pública de México, y en dicho documento se concluyó que las acciones de la Secretaría de la Función Pública son comparables en profundidad y sofisticación con la experiencia internacional. Pero sobre todo, este organismo internacional fue enfático al señalar que en la experiencia de México es una de las primeras y más completas aportaciones a las evaluaciones de estas prácticas en el mundo. Adicionalmente la Organización de las Naciones Unidas reconoció a México en el año 2011 por el Proyecto de Regulación Base Cero, con un primer lugar en la categoría de la prevención de la corrupción. Ese primer lugar lo obtuvo México en el marco del premio al reconocimiento al servicio público que se realiza cada año. Además, hemos logrado profundas transformaciones en los procesos de compras y obra pública que realiza el gobierno. Estas transformaciones han implicado el ahorro y el manejo eficiente y transparente de miles de millones de pesos del presupuesto federal, y todo esto, como parte de una estrategia preventiva en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero también como parte de la estrategia correctiva, hemos concretado profundas transformaciones a las normas y procesos, por lo que ahora trabajamos con un nuevo enfoque, es decir, visualizando de manera integral el problema de la corrupción para dar también soluciones integrales en el combate a la misma. Como resultado de esas transformaciones profundas, y yo diría, incluso, estructurales, esta administración ha interpuesto 400 denuncias penales en solo cinco años, mientras que de 1983 que fue el año de creación de la Secretaría de la Contraloría- al 2006, se presentaron sólo 312, es decir, en estos cinco años hemos interpuesto 88 denuncias penales más, que en los 23 años anteriores. En las 400 denuncias formuladas por la Secretaría de la Función Pública se han visto involucrados mil 884 servidores públicos y 888 particulares, por lo que puedo decirles que hemos denunciado penalmente a más de 2 mil personas por actos de corrupción, y esto no tiene precedentes. Lo anterior, es resultado de una estrategia efectiva e integral de combate a la corrupción en la que trabajamos de manera coordinada con otras autoridades. De igual forma, en lo que va del sexenio hemos impuesto sanciones administrativas contundentes, es decir, inhabilitaciones de instituciones a 7 mil 559 servidores públicos, de la cuales más de 600 corresponden a funcionarios de alto nivel; es decir, de director de área y superiores, y 3 mil 629 sanciones económicas también a servidores públicos por daño patrimonial causado a diversas instituciones. En forma paralela implementamos el programa usuario simulado, con el que exhibimos públicamente a quienes no han tenido la menor vergüenza en lastimar la confianza de las instituciones del Estado y de la sociedad. Esos funcionarios públicos que han incurrido en actos de corrupción y que son denunciados por los propios ciudadanos, ya no pueden andar libremente por ahí, porque la Secretaría de la Función Pública los denuncia penalmente ante la autoridad competente para que no queden impunes sus actos. Al día de hoy hemos detenido a 96 servidores públicos por medio de 83 operativos de usuario simulado en 31 instituciones federales. Por otra parte, también en el tiempo transcurrido de esta administración hemos impuesto mil 802 sanciones administrativas a empresas que cometieron actos irregulares, y con esto fomentaron la corrupción, afectaron el patrimonio del gobierno, y como consecuencia dañaron la economía del país. Estas acciones tampoco tienen precedente en la historia de nuestro país, porque desde el inicio del sexenio del presidente Calderón hemos trabajado no sólo en identificar, en perseguir y en sancionar actos ilegales e ineficacias dentro del gobierno federal, sino también en inhibirlas. Derivado de los resultados de las auditorías e investigación de la Secretaría de la Función Pública, y además con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, hemos realizado un trabajo contundente de prevención a través de una transformación profunda de la propia administración pública federal. Además de haber emprendido una ardua tarea de auditoría, de investigación, de sanción y modernización, hemos trabajado en fortalecer el marco jurídico mexicano al proponer reformas e iniciativas como la Ley Anticorrupción, y algunas reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con todo lo cual se fortalecerá la política de máximo castigo a cualquier acto de corrupción, tanto de servidores públicos como de empresarios. Este marco legal propuesto consiste en imponer sanciones económicas justas y equiparables al daño causado, y con la debida sanción penal en los casos que así proceda. Estas acciones que están estratégicamente organizadas con un enfoque integral, tienen un mensaje claro; cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. La única forma efectiva para reducir la impunidad es que cuando se cometa un delito haya castigo y el responsable de una conducta ilícita debe tener la absoluta seguridad de que así procederán las instancias gubernamentales responsables de asegurar el castigo. Un dato que quiero destacar respecto a la lucha contra la impunidad, es que el 91 por ciento de nuestras resoluciones quedan firmes, esto significa que 91 de cada 100 resoluciones que emite la Secretaría mantienen plena fuerza jurídica. Las consecuencias de un acto ilegal se pagan en el 91 por ciento de los casos sancionados. Ésa es la razón por la que la participación de la ciudadanía es crucial, porque por ejemplo, en la Secretaría de la Función Pública el 34 por ciento de las sanciones que imponemos tienen su origen en una denuncia ciudadana. Por otro lado, debo señalar que la colaboración entre los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno es una condición que consideramos indispensable para que en la sociedad mexicana en su conjunto, realmente logremos vivir y convivir bajo los principios de justicia y legalidad. Es urgente que estos espacios de diálogo y de revisión de lo que hemos hecho y de lo que podemos mejorar, como es el caso de estas comparecencias, den como resultado acciones coordinadas y conjuntas, acciones que tenemos la responsabilidad de ejecutar las instancias públicas que hoy estamos aquí representadas. Nadie de los aquí presentes puede negar que los males de la corrupción y la impunidad rebasan fronteras, están extendidos por todas partes. Desafortunadamente tienen su origen en la propia condición humana, por ello tenemos que unir nuestras fuerzas para atacar desde todos los frentes posibles, estos dolorosos males que son una realidad en nuestro país y que sólo pueden extinguirse con el compromiso decidido de todos y cada uno de nosotros. Quiero reiterar que la Secretaría de la Función Pública es copartícipe del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y ello, sin duda, nos ha permitido mejorar la fiscalización, descubrir y combatir la corrupción, y lo más importante prevenirla, mejorando así trámites y normatividad. Agradezco a todos su atención. Muchas gracias.