LA C. PRESIDENTA: Se le dispensa la lectura. Tiene la palabra el ciudadano diputado Jorge Alejandro Chávez Presa, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. EL C. DIP. JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PRESA. Con el permiso de la Mesa Directiva: Muy buenas tardes, compañeras y compañeras legisladores. Es un privilegio hacer uso de esta tribuna, para poner a consideración de esta Honorable Asamblea la Reforma Estructural al Servicio de Administración Tributaria, que hemos construido en la Cámara de Diputados. Las reformas a la ley de Servicio de Administración Tributaria, se orientan principalmente a corregir uno de los problemas más graves que padece la recaudación de impuestos del Estado Mexicano, la evasión del pago de las contribuciones y la elusión fiscal. Con esta reforma la Cámara de Diputados da un paso más para la construcción de una auténtica reforma integral a las finanzas y la hacienda pública. Vamos contra la corrupción y el influyentismo, vamos contra la ineficacia y vamos por la transparencia para la rendición de cuentas en la recaudación de las contribuciones para cubrir las responsabilidades del Estado. Con la reforma se inicia la transformación del SAT, en un órgano especializado para recaudar eficientemente y a su vez que respete las garantías de los contribuyentes y con ello contribuya a simplificarles los costos y así tener un mejor cumplimiento. De ser aprobado el dictamen por el pleno quedará en ley la obligación de generar la información necesaria para una evaluación constante y permanente de las acciones de recaudación y fiscalización. También es una reforma con una visión innovadora para impulsar un federalismo transparente y corresponsable. La eficacia del Servicio de Administración Tributaria ha dejado mucho que desear; los niveles de evasión y elusión fiscales son alarmantes. Estudios señalan que la evasión de los principales impuestos federales alcanza los 300 mil millones de pesos, es decir una cantidad equivalente a 5 puntos del Producto Interno Bruto o a la quinta parte del Presupuesto que está sometiendo a nuestra consideración el Ejecutivo Federal. Estos son recursos que le pertenecen a la sociedad para mejorar la educación, la salud, expandir la infraestructura básica, abatir la pobreza y que injustamente quedan en manos de los evasores. Un aumento de la eficiencia y la eficacia de la Administración Tributaria es indispensable antes de hablar del aumento de impuestos o de inventar nuevos tributos. Durante varios meses la Comisión de Hacienda y Crédito Público trabajó con gran dedicación, pues la iniciativa del Ejecutivo Federal resultaba a todas luces insuficiente y además escogía el camino equivocado: encargarle al SAT la política tributaria y promover que el cobro de multas se utilizara para pago de bonos y el equipamiento del SAT. Dada la debilidad y lo erróneo de la iniciativa del Ejecutivo Federal, los grupos parlamentarios presentaron iniciativas de reforma muy superiores, pues se orientaron al problema básico: la evasión y la falta de transparencia. De esta forma, el dictamen que nos ocupa abarca también a estas iniciativas que con las aportaciones valiosas de todos los grupos parlamentarios, conforman esta aportación trascendental de la Cámara de Diputados. Es importante destacar que los trabajos de la comisión pudieron conducirse con un enroque siempre propositivo y constructivo por los principios acordados. Se acordó el principio de seguridad jurídica al contribuyente; el principio de seguridad jurídica a la recaudación; el principio de disminuir los costos de recaudación y el principio de reducir los costos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De la iniciativa del Ejecutivo Federal sólo se dictaminó favorablemente que el SAT sea responsable por un daño a los contribuyentes derivado de su labor, sin embargo, de manera categórica y por unanimidad se rechazó que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le quitara la facultad y responsabilidad exclusiva del diseño e implantación de la política tributaria. Dentro de las principales aportaciones que hace la Cámara de Diputados a esta reforma cabe destacar lo siguiente: En primer lugar se precisa el mandato al Servicio de Administración Tributaria. Ahora queda en ley que el SAT debe aplicar la legislación tributaria y aduanera con el fin de que las personas contribuyan de manera proporcional y equitativa al gasto público; fiscalizar a los contribuyentes; facilitar el pago voluntario de contribuciones y generar la información necesaria para el diseño y le evaluación de la política tributaria. Asimismo, el SAT tiene el mandato de implantar programas para reducir cada año su costo de operación por peso recaudado y los costos por trámites a los contribuyentes. Ahora queda explícito en la ley que el SAT es el responsable de la política de Administración Tributaria y Aduanera y de contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables, al diseño de la política tributaria. Ya no habrá más Presidente del SAT ni uno que ocupe dos puestos simultáneamente, en su lugar habrá el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con el objeto de resaltar su carácter técnico. Se especifican nuevos requisitos que debe cumplir el nombramiento de este servidor público. Se establecen también las condiciones para su remoción, la cual debe aprobar la Junta de Gobierno. Como un avance en mejores prácticas de gobierno institucional, propusimos un cambio integral en la conformación de la Junta de Gobierno; ahora los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria no podrán ser juez y parte, ya que los miembros de la Junta serán el Secretario y funcionarios superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También incluimos la figura de Consejero independiente. Ahora, se reconoce por ley a las entidades federativas su carácter de socio en la recaudación, por lo que dos consejeros serán designados por la Comisión Permanente de funcionarios fiscales de entre los Secretarios de Finanzas de las Entidades Federativas, de esta manera, se da mayor certeza a las cifras relativas a las participaciones federales. Para avanzar en la eficiencia y la eficacia de la Administración Tributaria, la Junta de Gobierno aprobará cada año un programa de mejora continua y establecerá y vigilará que las metas relativas al aumento de la recaudación, la disminución de los costos de operación y la disminución de los costos para el contribuyente en tiempo y en dinero, sean una realidad. También estudiará las propuestas respecto sobre los servidores públicos del SAT y propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cambios pertinentes a la legislación para una mejora continua a la Administración Tributaria. Se establecen los aspectos que deben contener los Programas de Mejora Continua. De aprobarse esta reforma, el Sistema de Administración Tributaria debe establecer un sistema que permita evaluar su eficiencia para avanzar en la transparencia, en la lucha contra la corrupción queda establecido que los principales servidores públicos del SAT no podrán atender de manera personalizada a contribuyentes o sus representantes respecto de asuntos particulares en trámite ante ese órgano. Se le otorgan facultades al SAT para que pueda, de manera transparente, condonar créditos fiscales de baja cuantía y que no sienten un precedente. Incluimos también un nuevo título denominado De la Información, la Transparencia y la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria y de Fiscalización. Los informes que debe rendir son para rendir cuentas sobre la recaudación federal, con la desagregación que establece la Ley de Ingresos, el origen petrolero y no petrolero de los ingresos, la explicación de las variaciones en los ingresos obtenidos respecto del programa; los saldos de los créditos fiscales, por mencionar algunos. Destaca también la obligación de presentar junto con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, el presupuesto de gastos fiscales, el cual cuantifica lo que la Federación deja de recaudar por concepto de regímenes especiales, exenciones, tasas diferenciadas, estímulos fiscales, deducciones y diferimientos que alcanzan alrededor de cuatro puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de 240 mil millones de pesos anuales. Como avance fundamental en el respeto al federalismo y en la transparencia fiscal, se debe incluir en los informes el total de la recaudación federal participable y la integración de los fondos que se distribuyen a las entidades federativas y municipios vía las participaciones. Por último, es necesario hacer una precisión a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo séptimo que debe decir: "Las entidades federativas y los municipios participarán en una tercera parte, cada uno, del total de las obras aceptadas". Con estas reformas, damos una muestra clara del trabajo legislativo en comisiones. La propuesta del Ejecutivo Federal era débil; sin embargo, nos dimos a la tarea para avanzar en una auténtica reforma integral a las finanzas y la hacienda pública a través del Servicio de Administración Tributaria, la cual ponemos a consideración de ustedes. A nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expreso el reconocimiento a cada uno de los legisladores de los distintos grupos parlamentarios que participaron en el grupo de trabajo y que hicieron posible una reforma más completa y más sólida. Es cuanto, señora Presidenta.