La diputada Celia Esther Fonseca Galicia: Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Inicio comentándoles que nuestro trabajo como legisladores es cumplir y hacer cumplir las leyes. Hoy me dirijo a ustedes para manifestar mi respaldo a la determinación emitida por la Sección Instructora respecto a la improcedencia de la solicitud de desafuero en el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco. Quiero dejar claro que esta decisión no es un acto de complacencia ni de impunidad, sino una garantía del debido proceso, un principio esencial en todo Estado democrático de derecho. Como mujer estoy y estaré siempre del lado de las víctimas, creo en su derecho a la verdad, a la justicia y a vivir libres de violencia, pero la justicia no puede construirse sobre procesos viciados. El primer aspecto que debemos destacar es la deficiente integración de la carpeta de investigación que motiva a la solicitud de desafuero. Es evidente que la fiscalía encargada de conducir esta investigación no actuó con el rigor profesional ni técnico necesario, incumpliendo con su deber constitucional. La propia Sección Instructora señala con claridad que la carpeta presenta contradicciones periciales de dictámenes elaborados por peritos de la misma institución que, aun utilizando la misma metodología, arriban a conclusiones opuestas. Además, las diligencias llevadas a cabo por la autoridad no se apegan a las normas técnicas en materia de delitos sexuales, lo que genera una grave vulneración a la calidad probatoria de la investigación. De igual forma, se omitieron diligencias necesarias para esclarecer el caso, tales como entrevistas a testigos claves y la recolección de indicios relevantes. ¿Podemos, ante este escenario, sostener la procedencia de una acción penal basada en una investigación completa e inconsistente? Por supuesto que no. Cualquier acción fundamentada en pruebas insuficientes y contradictorias no sólo podría en riesgo la legalidad del proceso, sino que vulneraría el principio de presunción de inocencia, consagrado en nuestra Constitución. Otro elemento de gran peso jurídico es la duda razonable que genera esta investigación, ya que del análisis de la Sección Instructora se concluye que, dada la existencia de pruebas contradictorias, no es posible constatar los elementos mínimos para ejercer la acción penal conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La presencia de dictámenes periciales opuestos que, además, no se apegan a protocolos técnicos genera incertidumbre sobre la veracidad de la teoría del caso presentada por la fiscalía. En un Estado de derecho, ante la duda razonable debe prevalecer el principio en favor de la inocencia del imputado. No hacerlo significaría dar validez a una investigación deficiente, con el riesgo de incurrir en una injusticia procesal. Debemos dejar claro que la decisión de la Sección Instructora no implica impunidad; por el contrario, es un acto de responsabilidad jurídica que garantiza el respeto a los principios constitucionales del debido proceso. Por esto, asegura que ninguna persona sea juzgada ni procesada con base en pruebas inconsistentes o insuficientes. En su decisión, la Sección Instructora ponderó correctamente los derechos de la víctima y del imputado, concluyendo que la insuficiencia probatoria no permite sostener el ejercicio de la acción penal. No debemos olvidar que la resolución deja abierta la puerta para reanudar el procedimiento en el futuro con elementos probatorios que lo justifiquen. Por lo tanto, lejos de tratarse de un cierre definitivo, esta es una decisión que preserva la posibilidad de hacer justicia con pruebas sólidas y con apego a derecho. De esta forma, la Fiscalía debe conducir futuras investigaciones con perspectiva de género, cumpliendo con su obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres, tal como lo exige la Convención de Belém Do Pará y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Nosotras, como legisladoras, protestamos cumplir y hacer cumplir la ley. Si hoy este expediente no cumple con los requisitos de procedibilidad es nuestra obligación exigir a la Fiscalía que investigue la denuncia de la presunta agraviada y se allegue de las pruebas testimoniales periciales para demostrar la responsabilidad del imputado. Por todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde, votaremos a favor del presente acuerdo. Es cuanto. Muchas gracias.