La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Compañeras diputadas y compañeros diputados. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no es cualquier fecha, porque de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud existen en el planeta 650 millones de personas con alguna discapacidad, lo que significa que alrededor del 10 por ciento de la población mundial vive con este tipo de discapacidades. Al respecto, en el marco internacional existen tratados cuya finalidad es promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad. Pero desafortunadamente, las normas y los mecanismos existentes en el marco normativo actual aún están lejos de proporcionarles la protección adecuada. Por esta razón, en el Grupo Parlamentario de Convergencia trabajamos en una iniciativa constitucional, en el marco de la reforma del Estado, capaz de formular una norma universal jurídicamente vinculante que brinde la protección necesaria a sus derechos fundamentales, a fin de adecuar la legislación existente en México de manera amplia e integral para erradicar la discriminación, la exclusión, la falta de oportunidades y permitir su accesibilidad en todos los ámbitos de la sociedad y en cada una de las etapas de su vida, porque ya no permitiremos que las personas con discapacidad continúen viviendo en las sombras, relegadas y al margen de la sociedad. Señoras diputadas y señoras diputados, les invito a realizar un examen de conciencia para asumir una nueva visión social de esta situación, porque no se trata de hacerlos acreedores de derechos nuevos ni de contraponer la concepción jurídica actual, tampoco de darles apoyos para que subsistan, sino de reconocerles sus derechos humanos, para atender su especificidad y mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, el cumplimiento adecuado de las convenciones internacionales permitirá generar empleos, accesibilidad en general a las escuelas, a los espacios públicos y privados, por ser más amigables, incluso, para las personas que circulen por ellos. Debemos tener claro que la integración de las personas con discapacidad no es un gasto, sino una inversión en capital humano, invaluable para el desarrollo de la vida nacional, cuya realización debe hacerse de manera planeada, firme, progresiva, sistemática y efectiva, principalmente en lo concerniente a las adecuaciones y modificaciones de accesibilidad urbana y social. Otra gran tarea pendiente para el Estado consiste en establecer los mecanismos jurídicos para asegurar que las personas con discapacidad o las que pierden su facultad intelectual tengan el acceso a la justicia en igualdad, disfruten el derecho a la libertad, la seguridad en la esfera jurídica y no sean privadas de su libertad de manera ilegal o de manera arbitraria. Lo anterior implica la realización de un trabajo arduo en los tres Poderes, porque entre sus retos se encuentra garantizar que las personas con discapacidad no sean sometidas a la tortura, a tratos inhumanos, penas crueles o degradantes para su persona; por ello, se deben prohibir los experimentos médicos o científicos sin el consentimiento informado de las personas con discapacidad; esto incluye el internamiento forzado, así como la institucionalización de estas prácticas. En el Legislativo y el Ejecutivo debemos asegurar el acceso a la educación, la formación profesional, la enseñanza y el aprendizaje permanente, y por esta razón la educación especial debe ser integral, pero especificar las necesidades de las personas con discapacidad. Ello implica que debe continuarse con el esquema de las escuelas o centros especiales que les atienden de manera concreta a su problemática a fin de ser más eficiente su integración social. En este sentido, consideramos que la educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su sentido de dignidad, su valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, la creatividad y sus habilidades. Lo anterior significa aplicar políticas públicas de recuperación de los espacios públicos y privados para brindarles la accesibilidad requerida. En cuanto al aspecto laboral, las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano a trabajar. Por ello, promoveremos medidas legislativas para el acceso al empleo, el desarrollo de su capacidad empresarial; y por otra parte, también debe garantizarse la igualdad de la participación en la vida política y pública para hacer realidad su derecho a ser candidatos, en las elecciones, y ocupar cargos de elección. Concluiré mencionando la importancia de la realización de una reforma constitucional que, en un ejercicio de armonización legislativa del marco normativo, cumpla con las diversas recomendaciones y acciones contenidas en el diagnóstico de las Naciones Unidas y el Programa Nacional de los Derechos Humanos, capaz de promover, proteger, supervisar y dar seguimiento a la aplicación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, a fin de alcanzar resultados óptimos en su inclusión social.