El diputado Jorge Triana Tena: Con su permiso, diputado presidente. La ética y la integridad son a todas luces pilares sobre los que se fundamenta el ejercicio público, ya que gracias a ellos se garantiza la credibilidad en el sistema y se dota de legitimidad a las acciones que se toman, precisamente, en el desempeño de un cargo público. No es posible sentar las bases de todo un sistema armónico, cuyo objetivo sea el eficaz combate a la corrupción sin un conjunto preestablecido de valores y principios que todos conozcan, respeten y promuevan. Y por los que exista la posibilidad real de discernir claramente entre lo que es un beneficio para todas y todos, y lo que únicamente representa un beneficio parcial y con ello un perjuicio para la mayoría. La crisis de confianza de las instituciones públicas en México no es fortuita. En su descripción vemos extensa y detallada literatura que da cuenta del déficit de credibilidad de las mismas frente a casos donde lo cotidiano, lo común es la cultura del beneficio personal, de lucro, de lo público y frente a lo patrimonial de los recursos. La ciudadanía cada vez otorga las más bajas calificaciones al desempeño de los funcionarios públicos. Es en este sentido que el establecimiento de catálogos deontológicos en el cumplimiento de acciones ya no son una opción de manera graciosa que debe atender el gobernante o legislador en turno, a manera de concesión o favor al ciudadano. Hoy el cumplimiento de la ética es una condición indispensable si lo que pretendemos es la recuperación de la confianza ciudadana hacia la institución a la que representamos y hacia la política y a nuestro país en lo general. En el Congreso de la Unión, la relevancia que actualmente tiene, fortalece y consolida la democracia mexicana, está comprobado que existe una relación directa entre los índices de democratización de un país con los índices de democratización de un parlamento. A mayor democracia parlamentaria, mayor democracia de Estado. Y es que cuando genuinamente los parlamentos cumplen con las funciones que les son encomendadas se convierten en verdaderas cajas de resonancia, es decir, en los lugares indicados en donde se debaten y discuten los problemas que aquejan al conjunto de la sociedad. El futuro de los sistemas democráticos es en gran medida el futuro de los parlamentos. Pero al mismo tiempo, no es posible hacer a un lado el hecho innegable del desencanto que se tiene por la democracia en muchos países, por supuesto incluyendo al nuestro. La razón es clara, no se puede creer en la democracia si no es garantía de desarrollo y mejoramiento en las condiciones de vida de la propia población. Entonces, una clave para la subsistencia de la democracia y que entra en la decadencia y convoca los tambores de autoritarismo cada vez que decepciona al pueblo, es a que los tres órdenes de gobierno, pero en especial el Poder Legislativo, se les exija una condición y al mismo tiempo calidad, acreditar sus eficacias y su legitimidad. Por ello, la ética de todo legislador se convierte en un elemento indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales en un régimen democrático. Y en consecuencia, resulta trascendente que el Congreso mexicano cuente con un código de ética que oriente el desempeño de sus servidores públicos que forman parte de él para el beneficio de la sociedad. Cuando asumimos el cargo manifestamos nuestro compromiso y vocación para atender los asuntos que interesan y afectan a la sociedad, adquiriendo al mismo tiempo una responsabilidad. El trabajo legislativo implica responsabilidades que derivan de las funciones inherentes al cargo. No nos engañemos, los legisladores tenemos la capacidad para elegir y optar en el ejercicio de nuestras funciones entre lo que es deseable para la colectividad y aquello que puede resultar dañino para la misma. Son precisamente estos propósitos los que animan a impulsar la creación de este código, como un valioso instrumento normativo interno que sea clave para garantizar en esta Cámara la función legislativa para que sea realizada por las diputadas y diputados en quienes se concentre la confianza, la calidad técnica y la ética. Este documento se formula con el propósito de ayudar a los legisladores a resolver los conflictos éticos que con motivo de su trabajo se presentan. Será exclusivamente la conciencia de cada uno de ellos, el intérprete y aplicador del código, en tanto que la sociedad será quien califique los aspectos observables a su conducta. El objetivo es conformar un referente deontológico a través del cual no solo se guíe la conducta de los legisladores, sino que además sea una herramienta básica para la reflexión y el debate acerca de la ética legislativa. Compañeras y compañeros, la necesidad de un instrumento de autorregulación ética en el desempeño legislativo es precisamente porque el comportamiento de cada uno de nosotros debe regirse en relación a la finalidad del compromiso ciudadano que justifica la propia existencia de este órgano legislativo, siendo la ética pública de especial interés, pues determina la moralidad de los actos de quienes tienen la potestad de lo público. Por ello, la incorporación de una norma deontológica al orden legal que rige los trabajos de la Cámara constituye un avance no solo en el reconocimiento de aspectos que ha dejado de supervisar, sino en la posibilidad de que sea la propia Cámara y sus integrantes quienes seamos capaces de regir nuestra conducta en beneficio de la sociedad, como representantes. Es cuanto, diputado presidente.