El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, Presidenta y distinguidas curules. Concurro a esta alta tribuna de la nación para traer la voz de las comunidades que represento en el distrito de Zongolica, Veracruz. Esta región forma parte de las zonas que representan mayor marginación de todo el país. De acuerdo con la clasificación del índice de marginación municipal, formulado éste por el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Desarrollo Social identifica a 389 municipios de muy alta marginación; entre ellos a los 50 con el mayor índice de pobreza y seleccionó a 10 municipios que representan a los más pobres de entre los pobres. De ellos, el municipio de Tehuipango, que se encuentra precisamente en Zongolica, para dar una idea del nivel de marginación que vive nuestra gente me permito referir que el 41 por ciento de las viviendas carece de agua entubada, el 79 por ciento no tiene drenaje y el 52 por ciento no tiene el servicio de energía eléctrica. Para cualquier habitante de una ciudad pequeña de cualquier parte del país, las condiciones de vida de la región de Zongolica resultarían insoportables ante la ausencia de lo mínimo, para considerarse como miembro de una sociedad que sea capaz de integrar a sus habitantes al desarrollo. En esas condiciones las altas tarifas eléctricas han sido motivo de preocupación y de irritación generalizada en la sociedad. En la fórmula tecnocrática se afirma que las tarifas se calculan con base en tres conceptos: Primero. Los cargos fijos por comercialización de energía. Segundo. Los cargos por demanda para cubrir los requerimientos de inversión en la generación y transmisión de energía. Tercero. Los cargos por energía que corresponden a los costos y operación y mantenimiento del suministro. Sin embargo, lo real es que las altas tarifas eléctricas son inconsistentes con el nivel general de precios y con los incrementos al salario. De otra manera no podría explicarse que en los últimos 16 años hayan aumentado más de 150 por ciento en contraste con que este mismo período, el índice de precios al consumidor se elevó en un 88 y el salario mínimo en un 77. Desde esta perspectiva no sólo resulta injustificable el incremento de las tarifas eléctricas, sino que puede decirse que por sí mismas son una causa del deterioro del poder adquisitivo y de la economía familiar, principalmente de los grupos más pobres, dándose el extremo de que son estas familias precisamente quienes cada dos meses dejan de comprar parte de sus alimentos para pagar su energía eléctrica. Por ello se ha demostrado que las tarifas de energía resultan mayores a las que se aplican en países como Italia e Inglaterra, situación que es insostenible para México y sobre todo para nuestras zonas rurales e indígenas. Por lo anterior, esta proposición pretende vincular los indicadores sociales con los cobros de energía con un espíritu de realismo, justicia social y solidaridad con quienes menos tienen, más allá de los argumentos técnicos del personal de Comisión Federal de Electricidad y de los funcionarios de Hacienda. Tenemos claro que la finalidad de las empresas públicas es la atención de las necesidades sociales y que su deber es la búsqueda de la igualdad, la redistribución y dignidad de la vida humana, como lo consagra la Constitución Política. No hay otra manera de traducir en hechos la igualdad de los pueblos que menciona el artículo 4o., como el carácter social de nuestra democracia en el artículo 3o., 25, 26 y 27 de la Carta Magna, que orientan la acción del Estado tanto en bienes como en servicios hacia los grupos más desfavorecidos. La propuesta concreta de este proyecto es solicitar al Poder Ejecutivo federal que se establezca una tarifa eléctrica preferencial para los 50 municipios con mayor marginación del país; es una alternativa viable, jurídica y financiera. Se solicita al Poder Ejecutivo que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a que se establezca tarifa preferencial del suministro de energía eléctrica para los 50 municipios con mayor índice de marginación, previendo que el gasto familiar total por este concepto no supere el 10 por ciento. Es cuanto.