El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy estamos cumpliendo una de las más sentidas demandas de la ciudadanía, ya que el decreto que está a discusión busca reformar una figura que se ha desvirtuado y se ha convertido en sinónimo de impunidad. Con esta reforma queremos erradicar la posibilidad de que un servidor público se valga de esta figura para emplearla como un escudo ante prácticas de corrupción o conductas delictivas. Nueva Alianza impulsará siempre reformas para lograr que los servidores públicos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. El fuero se instituyó en nuestra Carta Magna para proteger a quienes opinan distinto, para salvaguardar las voces que disienten. Lamentablemente, su uso se ha desvirtuado. Por ese motivo, el dictamen de mérito es explícito al mencionar dentro del artículo 17 constitucional que nadie podrá ser sancionado con pena privativa de libertad por conductas que atenten contra el honor de las personas, tales como la difamación, la calumnia y la injuria. Aunado a lo anterior se impone la obligación de las entidades federativas de establecer en sus marcos constitucionales medidas con el fin de erradicar prerrogativas o tratos procesales especiales a los servidores públicos, cuando incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos. Mediante esta propuesta se incluye también la posibilidad de que el presidente de la República pueda ser sujeto a juicio político. Esta modificación al artículo 110 constitucional representa un compromiso con la legalidad. Para Nueva Alianza nadie debe estar por encima de la ley, mucho menos quienes hemos jurado hacerla cumplir. De igual manera, se establece la posibilidad de imputar penalmente, durante el tiempo del encargo, no solo al presidente de la República, sino a los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas. En su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales y a los presidentes municipales, regidores, alcaldes y concejales. Aunado a lo anterior, se establece en el artículo 111 que si el juez determina la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos mencionados se les podrá imponer cualesquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales. Compañeras y compañeros diputados, con la aprobación del presente dictamen estamos haciendo historia, sin duda alguna. Buscamos conducir al país hacia una cultura de la legalidad y, de este modo, recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en sus servidores. La voz de los ciudadanos ha sido escuchada, la figura del fuero no será más un manto de impunidad. Las y los diputados de Nueva Alianza hemos pugnado en nuestra lucha contra la corrupción y que se persiga a quienes abusan de sus funciones cuando se ocupa un cargo público. Hoy estamos dando la cara a la sociedad sabiendo que hemos cumplido. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.