El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia: Compañeras y compañeros, la inseguridad sigue siendo un grave problema de nuestro país. Brindar confianza a los ciudadanos en las instituciones competentes del Estado es fundamental para que se sientan protegidos y colaboren en su combate. El Poder Legislativo debe mantenerse cercano a las necesidades y nuevas realidades de la población para que, en su caso, realice las reformas necesarias para alcanzar el Estado de bienestar al que aspiramos. El Inegi presentó recientemente la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, señalando que en el 2020 en México hubo 21.2 millones de delitos declarados por la población mayor de 18 años. De esa suma, en 93.3 por ciento de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició carpeta de investigación. Del total de las carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público, en el 48.4 por ciento de los casos no pasó nada, o no se resolvió la denuncia, es decir, quedaron impunes. Cabe señalar que el crimen organizado se ha vuelto más cercano a las víctimas, llegando a identificarlos, dar seguimiento a sus hábitos y de sus familiares, usando dicha información como una estrategia de miedo hacia el agredido, que aunado a la deficiente impartición de justicia, incrementa el riesgo a las víctimas frente a este flagelo. Ante ello, es alarmante la falla existente en torno a la protección de los denunciantes en procedimientos de investigación, lo que pone en peligro la colaboración de los ciudadanos y desalienta la denuncia o querella, ya que al hacerlo como lo señala la legislación vigente presencialmente y con los documentos de identidad exigibles, a fin de respaldar el procedimiento, se teme y se corre el riesgo de recibir actos de intimidación y represalias en su contra, a tal grado de afectar su vida diaria y de ver amenazada su integridad física. Ante dicha problemática, se ha implementado la denuncia anónima en algunas entidades federativas, existiendo en cambio un vacío jurídico a nivel nacional. La denuncia anónima también llamada delación se produce si se avisa de forma secreta o anónima a las autoridades de un hecho delictivo, y tiene como propósito proteger la integridad, la dignidad y la vida de la víctima, para que no quede vulnerable ante más actos ilícito, principalmente por parte de la delincuencia organizada. En la Ciudad de México, con la finalidad de que las y los habitantes puedan denunciar de manera confidencial la comisión de un delito, está a su disposición el servicio de denuncia anónima. Al llamar al 089 los reportes de los ciudadanos son canalizados inmediatamente a las autoridades correspondientes, las cuales inician la investigación y, en su caso, la persecución del delito. Dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se establece que una de las facultades del MP es recibir la denuncia o querella a través de cualquier medio, estas pueden ser de manera anónima. Tal norma regula el proceso administrativo de la Fiscalía a fin de que los denunciantes puedan justificar y optar por la denuncia anónima garantizando que será atendida e investigada por el MP, sin poder argumentarse que sin denuncia no hay investigación. Esta regulación tiene su ámbito de aplicación a nivel local, por lo que propongo que tal disposición pueda también ser considerada en el ámbito federal. La Ley de la Fiscalía General de la República de reciente aprobación y publicación, en el Diario Oficial de la Federación, da facultades a los agentes de la Policía Federal Ministerial, de constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones anónimas, pero contradictoriamente dicha ley no regula dentro de su texto la denuncia anónima. A pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales también contempla la denuncia anónima, es conveniente armonizar tal precepto en la Ley de la Fiscalía General de la República, ya que el primer ordenamiento tiene por objeto señalar las obligaciones del MP, pero en la Ley de la Fiscalía General de la República, órgano autónomo, se establecen las facultades del MP, haciendo énfasis en el principio jurídico que establece que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le confiere. En ese orden de ideas presento la siguiente propuesta de decreto para reformar la Ley de la Fiscalía General de la República. Artículo 40. Son facultades de las personas, agentes del MP, de la Federación, las siguientes: Tres, recibir denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito o a través de medios electrónicos, incluso mediante denuncias anónimas, en términos de las disposiciones legales aplicables sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito. Señoras y señores, como podrán observar, se trata de una pequeña frase que con su apoyo podrá cambiar la vida de muchas personas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.