El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero: Con la venia de la Presidencia y la asamblea. El dictamen que hoy nos ocupa dispone reformas a la Ley General de Antisecuestro y al Código Penal Federal, para incrementar las penas de prisión para el delito de secuestro. En mi experiencia como legislador he escuchado a muchas víctimas de este infame delito; y es por ello que me parece que es una de las conductas delictivas que más dañan el tejido social, a las familias, su unidad y su patrimonio. Debo decirles que no soy abogado, pero sí soy penalista. Pero no el que ustedes se imaginan, sino penalista por la pena que me da la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de estar perdiendo el tiempo en un dictamen absurdo y vergonzoso, que trata de que un secuestrador o secuestradores que privan de su libertad y su vida a un ciudadano sean acreedores hasta de 140 años de prisión. Esto es risible, penoso, inadmisible, en lugar de pensar y trabajar de cómo se puede combatir este flagelo del secuestro y martirio que lo sufre no solamente el secuestrado, sino toda su familia. Es impresionante la cantidad de secuestros que suceden todos los días a lo ancho y largo de nuestro país. Cómo es posible que algunos diputados y senadores piensen que aprobando una ley que castigue a los secuestradores por 140 años este delito se va a bajar o a desaparecer. Esto es una burla para el pueblo, hay que preocuparnos por aprobar más recursos a la Comisión Nacional de Antisecuestros, preparar a agentes de seguridad que persigan a los secuestradores e investiguen todos y cada uno de cualquier secuestro para que se castigue severamente. No es creíble que cuando un secuestrado que esté retenido por máximo 30 días la pena sea sólo de cuatro a 12 años de prisión, que si alguna víctima la entregan antes de 10 días la pena de prisión aplicable será de 16 a 30 años. ¿Aquí no se les hace risible estas penas tan mínimas? Sobre todo porque en México en la prisión cuenta el doble. Seguramente nadie o casi nadie de los diputados y senadores han visto y platicado con alguna víctima del secuestro o hablando con algún papá o una mamá que tienen a su hijo secuestrado, o algún esposo que tiene a su esposa secuestrada o viceversa. Esto es impresionante y es muy triste. Lo que debemos hacer es que no permitamos que haya tanta impunidad, que vigilemos que las sentencias se apliquen con precisión. En mi experiencia como legislador he escuchado a mucha víctimas de este infame delito y es por ello que me parece que es una de las conductas delictivas que más dañan el tejido social, a las familias, su unidad y su patrimonio. Hemos visto con desencanto que las políticas públicas de prevención no han sido efectivas y no han tenido consecuencias para la disminución de la incidencia delictiva. En mi Grupo Parlamentario estamos convencidos que es con justicia social que podremos abatir cada vez con mayor efectividad la necesidad de las personas para cometer delitos de este tipo. El trabajo digno, la educación, la inclusión y el reforzamiento de los lazos sociales son a largo plazo estrategias que rendirán grandes frutos. En el momento actual debemos establecer estrategias para disminuir los altísimos índices de impunidad y de corrupción de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y en los tres Poderes de la Unión, dado que vale mismo para un delincuente saber que el delito por el que se juzgaría tiene una pena de 50 o 100 años de prisión, si con soborno o con la complicidad de las autoridades nunca pondrá un pie en la cárcel. Es por ello que consideramos que esta reforma es únicamente una reforma de propaganda, una promesa de campaña electoral, un desmedido que esta Cámara no puede ni debe avalar, dado que supera con mucho lo establecido en nuestro texto constitucional y en los tratados internacionales de los que somos parte, respecto a la proporcionalidad de la pena y su trascendencia. En México ha sido comprobado que el incremento de penalidades no ha redundado en un decremento del índice delictivo, al contrario, no obstante que en los últimos años este incremento ha sido práctica cotidiana en este Congreso, cada vez vemos más casos de secuestro y de homicidio, así como también una diversificación de las actividades delincuenciales de los grupos de crimen organizado. La penalidad que se pretende incrementar incide directamente en organizaciones delictivas, que por la propia asociación debe abordarse desde una perspectiva integral que impida la diversificación, tanto en los tipos delictivos como de las propias organizaciones, lo cual ya está contemplado en otros ordenamientos legales como la Ley contra la Delincuencia Organizada, y que no debe confundirnos el discurso alarmista y propagandista de nuestros compañeros. Debemos ser claros...