La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la presidenta. Antes de iniciar mi intervención, quiero comentarles a todas y a todos ustedes que el día de ayer las organizaciones de mujeres de la sociedad civil hicieron una conferencia de prensa, pues tienen varios meses organizando el próximo domingo 24 de abril una marcha nacional, que está convocada y que está confirmada en 27 estados de la república, que busca visibilizar la lucha en contra de las violencias hacia las mujeres. Hay que expresarse en contra de la violencia de género y las violencias machistas. Esta iniciativa partirá, en el caso de la zona metropolitana, de Ecatepec a las 11 horas para llegar a las 14:00 horas al Monumento de la Revolución y de ahí marcharemos al Ángel de la Independencia, se le ha llamado Participemos en esta Primavera Violeta, y es un esfuerzo muy interesante de la sociedad civil, a la que invitamos a que las diputadas y diputados se sumen, para que las mujeres podamos tener una vida libre de violencia. Uno de los slogans es: Nos queremos vivas. Es cuanto en esta parte. Y entraría, gracias al diputado Valencia por pegar las cartulinas en lo que damos mi intervención. No es ninguna novedad que nuestro sistema de salud se encuentra muy lejos de cumplir con servicios de calidad eficientes y que resuelvan las necesidades de la población para ejercer el derecho constitucional a la protección de salud. La crisis en el sector se ve reflejada en ausencia de insumos e insuficiencias de personal médico, falta de acceso a los servicios básicos y a una carencia en instalaciones en zonas marginadas que más lo necesitan. Esta problemática se torna más complicada respecto al derecho a la salud de las mujeres, y sobre todo en lo que tiene que ver en la salud sexual y reproductiva. Que aquí donde es en este momento y es a partir de nuestra condición de mujer que surge la violencia obstétrica. Son muchos los casos de mujeres embarazadas que fallecieron al negarles una atención oportuna, pues se vieron forzadas a parir en los pasillos de hospitales o en plena vía pública sin ningún tipo de cuidado médico. La problemática es tal que en tan solo cinco años la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido mil 200 quejas y emitido 25 recomendaciones para atender casos de violencia obstétrica y evitar que se sigan vulnerando los derechos de las mujeres. La percepción de esta violencia es alarmante de acuerdo a una encuesta de la Secretaría de Salud entre personas usuarias de los servicios de salud gineco-obstétricos del país. La mayoría se manifestó de manera contundente de esta forma: el modo de atención es violento y se trabaja más en las necesidades de burocracia de las instituciones que en las necesidades de las mujeres. La propuesta que sometemos a su consideración toma como base la violencia obstétrica como una violación grave a los derechos humanos y una violencia institucional donde el Estado no garantiza nuestro derecho a la salud y a la atención con calidad y con calidez. De esa manera habrá las siguientes acciones: proporcionar a las mujeres el acceso a servicios de salud. Respetar las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo y el ejercicio de su sexualidad. Proporcionar información necesaria y suficiente para tener el consentimiento informado en todas las decisiones que involucren el ejercicio de los derechos sexuales. No permitir que se les obligue a la utilización de métodos anticonceptivos temporales o permanentes. Se propone también adicionar a la Ley General de Salud la obligación de las autoridades sanitarias a disponer medidas para que el personal de salud, mediante acciones u omisiones no cause daños físicos o psicológicos a la mujer durante la atención de su embarazo, durante el parto y en el puerperio. Este daño no debe expresarse en la falta de acceso a servicios de salud, con tratos crueles, inhumanos o degradantes. O bien, con una inadecuada prescripción de medicamentos y que afecte la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos. Resulta necesario establecer sanciones a los responsables que violen las medidas que establezcan las autoridades, para que el personal de salud no incurra en este tipo de violencias. En suma, se propone un enfoque de derechos humanos para la atención de la violencia obstétrica, respetando los derechos a la salud de las mujeres, a la integridad personal y a información a la vida; a no ser sometidas a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y vivir libres de violencia. Se busca atender esta problemática desde las causas estructurales y no solo con los buenos deseos. Debemos trabajar por la salud y debemos trabajar por la dignidad de las mujeres en esta función biológica y particular que nos acontece. Es cuanto, diputada presidenta.