La diputada Marcela Cuen Garibi: Las suscritas, Marcela Cuen Garibi y Omeheira López Reyna, diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura, presentamos el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que dentro de los procesos de paternidad se establezcan en las legislaturas estatales, se prevea la obligación de admitir y desahogar la prueba pericial en materia genética y con ello salvaguardar el derecho de identidad que tiene todo niño y niña, bajo la siguiente Exposición de motivos La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la identidad del menor está compuesto por tener nombre y apellido de los padres desde que nazca, tener una nacionalidad y conocer su filiación y su origen, para que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, que es el núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica. A dicho trámite también, que los menores tienen derecho a conocer su identidad y la importancia de ese derecho fundamental no sólo radica en la posibilidad de que conozcan su origen biológico. Esto es, quiénes son sus padres, sino que de ese conocimiento deriva el derecho del menor constitucionalmente establecido de que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral, además de que puede implicar el derecho a una nacionalidad determinada. El derecho a la identidad concretamente por lo que se refiere al derecho de tener un nombre y apellido implica el reconocimiento legal de los padres respecto a ese lazo que los une con el menor. Sin embargo, el problema surge cuando el hombre se niega a reconocer el parentesco o la paternidad sobre el menor. Es entonces cuando debe acudirse a la instancia legal a través del juicio de paternidad para que a través de la resolución judicial se haga la declaración de paternidad. La prueba del ADN es la prueba más exacta y eficaz disponible para determinar relaciones familiares. Es aceptada ampliamente por todos los juzgados del país y en muchas naciones. La prueba del ADN prueba o refuta la paternidad en todos los casos. Cada informe de la prueba de paternidad indica claramente si: a) El hombre sometido a la prueba es excluido, y por tanto no puede ser el padre biológico del niño; o b) El hombre sometido a la prueba no es excluido. Los datos estadísticos en el informe establecen que él es el padre biológico. El informe de prueba de paternidad determina los perfiles genéticos de la persona que participa en la prueba y el tamaño de los diferentes marcadores sometidos a prueba, es decir, establece una huella genética que contiene únicamente las informaciones sobre las secuencias de los marcadores; también se determina el llamado "índice de paternidad", que consiste en una medida estadística de qué tan fuertemente una coincidencia entre los marcadores del presunto padre y del presunto hijo indica paternidad: si los marcadores de ADN que se comparan no coinciden, entonces el presunto padre es excluido en un 100 por ciento de la posibilidad de ser el ascendiente, pero si coinciden, puede calcular una probabilidad que alcanza más de 99.99 por ciento de certeza. En este sentido, por ser el ADN una marca genética única, diferente en cada persona, compuesta por unidades más pequeñas llamados nucleótidos, constituye el material heredad del padre y la madre en el momento de la concepción, que es la de mayor confianza por su alta confiabilidad. Ahora bien, ¿qué sucede en el supuesto de que el presunto padre se niega a practicarse la prueba de ADN para confirmar o excluir su paternidad? En principio, las legislaciones civiles estatales establecen que las medidas de apremio solamente son para el efecto de que la autoridad judicial pueda hacer cumplir sus determinaciones, pero no tienen el alcance jurídico suficiente para obligar al presunto padre a practicarse la prueba del ADN. Entonces, ¿cuál debería de ser la consecuencia jurídica ante la negativa u oposición del presunto ascendiente para practicarse dicha prueba, considerando que las medidas de apremio no son aplicables para estos efectos? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como cuestión preponderante el principio de interés superior del niño, de tal suerte que se ha sostenido que el hecho de no poder obligar al presunto padre a acudir a realizarse una prueba que tiene un porcentaje altísimo de certeza respecto a la acción del menor, de ninguna manera puede excluirlo de la paternidad, porque sería dejar a merced de la voluntad del presunto progenitor ese interés superior del niño, pues al ascendiente que en verdad lo fuera, le bastaría con no someterse a la referida prueba genética para impedir que se le declare progenitor del menor y en su caso, asumiera sus obligaciones como padre. Por tanto, y con el fin de que en las leyes respectivas quede garantizado el criterio antes señalado, es que se propone adicionar un último párrafo al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que con relación al derecho de todo niño y toda niña a su identidad, se establezca que en los juicios de reconocimiento de paternidad o maternidad, se dispondrá la obligación de admitir y desahogar la prueba pericial en materia genética debiéndose prever apercibimiento consistente en que si el presunto ascendiente se niega a practicarse la prueba genética, se tenga por presuntamente probada la filiación, salvo prueba en contrario. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la elevada consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo único. Se adiciona un último párrafo al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: Artículo 22… B a D. Asimismo, en los juicios de reconocimiento de paternidad o maternidad, se dispondrá la obligación de admitir y desahogar la prueba pericial en materia genética, debiéndose prever el apercibimiento consistente en que si el presunto ascendiente se niega a practicarse la prueba genética, se tenga por presuntamente probada la filiación, salvo prueba en contrario. Transitorio Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de diciembre de 2007. Atentamente diputada Marcela Cuen Garibi y diputada Omeheira López Reyna. Muchas gracias.