La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño: Continúa la captura de las instituciones por la vía de las acciones legislativas autoritarias, por parte de los personeros del gobierno. Se nota la urgencia del presidente López Obrador por tomar el control del Tribuna Federal de Justicia Administrativa. Los integrantes de las Comisiones de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción fuimos testigos, una vez más, de otra imposición de Palacio Nacional hacia los diputados oficialistas. Tanta es la urgencia por atender la orden presidencial, que se enlista un dictamen en el orden del día que apenas se estaba discutiendo en Comisiones Unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción hace cuatro horas. Diputados de Morena y aliados, se han olvidado por completo de su principal función, legislar y consensuar con la mira puesta en bienestar de todos los mexicanos. Y, al contrario, se han dedicado a acatar las órdenes que les da el dictador que habita en Palacio Nacional, sin importarles continuar con la destrucción de las instituciones democráticas, construidas por los mexicanos durante décadas, hoy es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El dictamen que está imponiendo es una muestra más que el objetivo de este gobierno morenista, es atentar contra la autonomía constitucional que tiene este órgano jurisdiccional para la emisión de sus resoluciones. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, establecer su organización y su funcionamiento. En este sentido, lo que quiero resaltar es que este dictamen constituye una ley con dedicatoria para capturar la titularidad del tribunal, justo como pasó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy día está colapsada y vive sus horas más negras con Rosario Piedra, una mujer sin méritos ni capacidades, que hace honor a su apellido, una piedra para la CNDH. Legisladores de Morena, la evolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como un órgano dotado de plena autonomía para la emisión de sus resoluciones, ha sido el resultado de un prestigio ganado a lo largo de los años, de ser un tribunal confiable, de ser un tribunal que ha ido incorporando cada vez más una mayor cantidad de competencia. Les pregunto: ¿qué tienen en contra del conocimiento, de la experiencia, de la especialización? Este tribunal surge como un tribunal de justicia fiscal y, con el paso del tiempo, se fueron incorporando nuevas materias. Y, como resultado de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, se creó la tercera sección, con la finalidad de imponer las sanciones a los servidores públicos en responsabilidades graves. La iniciativa del Ejecutivo federal contraviene la intención del Constituyente que estableció en el sistema nacional anticorrupción, con el objetivo de crear la tercera sección como un órgano integrado por magistrados jurisdiccionales encargados exclusivamente del conocimiento de la materia de responsabilidades y la sanción a las faltas graves que al efecto se hubieran cometido. Sección que ahora quieren dejar sin operación, pues, en primer lugar, de los tres magistrados falta uno, y en segundo lugar, esta reforma es un traje a la medida para que la magistrada Natalia Téllez, quien llegó a la tercera sección el 29 de abril de 2021, sea elegida como presidenta del Tribunal, ¿con qué finalidad? Ah, que el presidente, a través de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pueda controlarlo de acuerdo a sus intereses. Morena y aliados nuevamente manifestaron su sumisión al presidente al romper los acuerdos que habíamos hecho para crear un dictamen viable y consensuado sobre esta reforma. Pero, de último minuto, aprobaron la incorporación de dos artículos transitorios, el quinto y el sexto, que ya habían sido omitidos. Con esta acción demuestran su cinismo. Sí, cínicos, cínicos e irresponsables, al contravenir el artículo 13 constitucional y aprobar una reforma para beneficiar a la única persona que resulta elegible en esos términos. Es decir, la actual magistrada de la tercera sección. Se llama traje a la medida y violación a la autonomía del Tribunal. A esto llamamos colonización del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con lo que comprobamos que los diputados de Morena y aliados pasan por encima de la Constitución y las leyes que juraron cumplir. Esta reforma vulnera los principios democráticos que proscriben la realización de leyes a modo, de leyes privativas propios de dictaduras. Esta reforma nos recuerda a la bochornosa Ley Saldívar, que muchos diputados de esta legislatura votaron a favor y que luego la Corte echó abajo por inconstitucional. Basta ya de desmantelar, controlar, afectar y destruir las instituciones que le han dado estabilidad a este país. Basta ya, ¿qué no tienen llenadera? Quieren destruir todo el andamiaje democrático de México. No vale la pena, no responden a la ciudadanía, solo a los intereses del tirano del Palacio. Es cuanto, presidenta.