El diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz: Gracias, diputado presidente. Esta comisión dictaminadora, después de hacer un análisis exhaustivo de la minuta enviada por el Senado de la República, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo, relativo al proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o., y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Senado de la República coincide con el espíritu expresado por esta Cámara, en cuanto a la parte sustantiva de la reforma constitucional propuesta, siendo necesario entrar al estudio de los dos cambios realizados, los cuales son los siguientes: Durante la discusión el senador Pablo Gómez Álvarez propuso en el artículo 4o., séptimo párrafo, sustituir el término hacer cumplir por el de exigir el cumplimiento de, lo anterior en función de que considera que el único facultado para hacer cumplir las leyes es el Estado, por lo tanto, los padres o tutores únicamente pueden exigir el cumplimiento de los derechos de sus propios hijos. Por su parte, el senador Tomás Torres Mercado propone la modificación en el texto de la fracción XXIX-P, del artículo 73, en el sentido de sustituir el término de en materia por el de en materia de derechos, lo anterior para dar congruencia a la redacción del precepto. Visto lo señalado, esta Cámara de Diputados coincide con las apreciaciones expresadas en cuanto al texto propuesto para la fracción XXIX-P, del artículo 73, en virtud de que no alteran el contenido ni mucho menos trastocan el espíritu de la reforma constitucional en estudio, sino por el contrario perfeccionan el proyecto de decreto. Por lo que respecta a las modificaciones planteadas al artículo 4o., esta Cámara de origen se pronuncia en sentido afirmativo ya que, efectivamente, el Estado es el único que debe cumplir las garantías individuales. Lo anterior cobra sustento mediante la siguiente jurisprudencia: son derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la república, que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. La anterior definición resalta los elementos de las garantías individuales. Primero, relación jurídica de supra a subordinación entre el gobernado, sujeto activo, y el Estado, sujeto pasivo. Segundo. Derecho público subjetivo que emana de dicha relación a favor del gobernado objeto. Tercero. Obligación correlativa a cargo del Estado consistente en respetar el consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo. Cuarto. Previsión y regulación de la citada relación por la ley fundamental. Siendo evidente que el Estado es el único obligado a cumplir la garantía individual y el facultado para ordenar su observancia y los particulares, en este caso los padres, aquellos que exigirán el debido cumplimiento. Consecuentemente con el ánimo de avanzar en el proceso legislativo, se concuerda con los cambios propuestos por la colegisladora en virtud de que auxilia con precisiones de estilo que perfeccionan el proyecto de decreto en estudio, por lo tanto esta comisión coincide ampliamente en los términos de la minuta enviada por la Cámara revisora y en consecuencia somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o., se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es todo, presidente.