La diputada Ana María Boone Godoy: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy pongo a consideración de este honorable pleno, tiene como objetivo actualizar y fortalecer el marco jurídico vigente que tenemos en la Ley General de Salud para el combate a las enfermedades infecciosas. Las enfermedades transmisibles, también llamadas infecciosas, son definidas por la Organización Mundial de la Salud como aquellas que se originan por patógenos como virus, bacterias u hongos, y pueden propagarse de manera directa entre personas, o indirecta a través de animales, el medio ambiente u otros medios de contagio. Respecto a estos padecimientos, nuestra Ley General de Salud expone a detalle los protocolos a seguir con estas enfermedades en su título octavo denominado Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes, específicamente en su capítulo segundo llamado Enfermedades Transmisibles, el cual nos presenta un compilado de algunas de estas terribles enfermedades como la cólera, la tuberculosis, la difteria, el SIDA. El artículo 135 de la ley establece que la Secretaría de Salud, las instituciones del sector y los gobiernos estatales, quienes deberán de realizar acciones y estrategias en materia de control y erradicación de estas enfermedades infecciosas, denominación que el sentido jurídico incorpora el importante elemento de erradicación de la enfermedad como uno de los objetivos en la atención de estos padecimientos. Lo anterior, sin embargo, se contradice con lo que establece el artículo 3o. de esta ley, el cual nos presenta 35 fracciones que comprenden los asuntos de observancia obligatoria en cuestión de salud pública y en su fracción XV dice de forma literal que compete a las políticas de salubridad nacional la prevención y el control de enfermedades transmisibles, omitiendo completamente la erradicación de las mismas. La interpretación conjunta de los artículos 3o. y 135 da lugar además a un error que origina una confusión en las responsabilidades y atribuciones de las autoridades sanitarias, debidamente establecidas en el numeral 4 de la ley de la materia, la cual numera éstas en orden de jerarquía, empezando por el presidente de la República, seguido por el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y, por último, los gobiernos de las entidades federativas. En efecto, el artículo 3o. estipula que es materia de salubridad general las políticas de prevención y de control de las enfermedades transmisibles, pasando por alto la erradicación de las mismas, que es el fin máximo del combate contra un padecimiento y, si bien el artículo 135 sí contempla este objetivo, lo asigna como competencia de la Secretaría de Salud federal y las estatales, dejando fuera al Consejo de Salubridad General, autoridad superior que anteriormente mencionada, y que tal como establece el artículo 15 de la multicitada Ley General de Salud depende directamente del presidente de la República e incorpora no sólo a las entidades federativas, sino también organismos autónomos y a las Academias Nacionales de Medicina, y Mexicana de Cirugía, por conducto de sus titulares. Es por esta razón que es necesario, a fin de establecer las competencias y objetivos en materia de enfermedades transmisibles, reformar los artículos 3o., en su fracción XV, y 135 de la Ley General de Salud para incorporar en el Consejo de Salubridad General como autoridad sanitaria en la elaboración y ejecución de los programas o campañas destinadas al combate de las enfermedades transmisibles, para así evitar que por imprecisiones jurídicas pueda haberse afectado el combate a las enfermedades. Es cuanto, diputado presidente.