El diputado Martín Stefanonni Mazzocco: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros, muy buena tarde. Martín Stefanonni Mazzocco, diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa al tenor de la siguiente. Exposición de motivos Es necesario generar conciencia sobre la importancia de realizar acciones de integración y cooperación para asegurar que la gestión del recurso hídrico se realice bajo criterios de sustentabilidad, eficiencia y equidad. Aunado a esto, deben tomarse en cuenta las demandas sociales y los derechos inalienables de todos los mexicanos al acceso al agua. Por lo anterior, es necesario reflexionar sobre el análisis de eficiencia asignativa de este recurso, para lo cual el conocimiento del balance entre la oferta y la demanda del mismo nos conduce a ser conscientes sobre la escasez del agua. Ante tal escenario es menester analizar la realidad nacional en cuanto al aprovechamiento y uso de este vital líquido. De acuerdo con lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en materia de agua, de la extracción total del agua en el país, 77 por ciento se destina a la actividad agropecuaria, el 14 por ciento al abastecimiento público y 9 por ciento a la industria autoabastecida. Agroindustria, servicios, comercio y termoeléctricas. En dicho documento también se establece que la mayoría de los agricultores siembran en 14 millones de hectáreas de temporal, de las obtienen, con gran incertidumbre, cosechas modestas, y que el 42 por ciento del valor total de la producción agrícola proviene de los distritos y unidades de riego. En virtud de que el 69 por ciento del agua que se extrae de los acuíferos se usa en el riego agrícola, cabe realizar énfasis en la mención sobre este sector. La cuestión rural es una situación que requiere atención, ya que aproximadamente 10 millones de personas mantienen un vínculo laboral con este sector generando bienes y servicios en sus unidades productivas, tal es el caso de los jornaleros agrícolas y de algunos más que trabajan sin remuneración monetaria, como sucede frecuentemente con las mujeres y los niños. Con base en lo anterior, se desprende que un insumo fundamental para el desarrollo de las actividades relacionadas con el campo es el recurso hídrico. Sin él, el campo no podría generar producto ni riqueza. Si bien es cierto que a pesar de la reorientación del Estado y su relación con el campo las limitaciones de sus recursos vuelven difícil y a veces insostenible la actividad productiva del campo mexicano; también es cierto que desde diferentes esferas podemos colaborar en mejor esa situación. Por otro lado y con respecto al uso del recurso hídrico para otros destinos, los conflictos y problemas del agua en México se expresan en forma diversificada. Recuérdese que el comentario general número 15 de la Comisión de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que el derecho humano al agua significa que cada persona tenga derecho al acceso suficiente, seguro, viable, física y económicamente accesible al agua para el uso personal y doméstico; que el agua sea un bien de dominio público, que sea limpia y de calidad, y que tenga mucha importancia el acceso sostenible a los recursos del agua para la agricultura. Así, una buena parte de los problemas del agua en México tienen que ver con todos los puntos anteriores. Nosotros como legisladores debemos fortalecer el marco legal que vincula estratégicamente el aprovechamiento del recurso hídrico con las actividades económicas y sociales que requieren del mismo para contribuir al desarrollo de la nación. En nuestra calidad de legisladores podemos coadyuvar en el fortalecimiento del marco jurídico que regula el recurso hídrico destinado a las diversas actividades que la ley enmarca. Así, en el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales se establece que de conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de las personas físicas o morales, se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo federal a través de la Comisión, por medio de los organismos de cuenca o directamente por ésta cuando así le competa. Todo lo anterior, en la observancia de lo que se establece en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. Con base en lo anterior, se obtienen títulos de concesión o asignación para utilizar el agua en las labores agrícolas, silvícolas, pecuarias, acuícolas, urbanas y domésticas; sin embargo dichos títulos tienen una vigencia que de acuerdo al artículo 24 de la misma ley, no es menor a cinco años ni mayor a 30 años. Actualmente, para el término del periodo de vigencia del título de asignación o concesión, los asignatarios o concesionarios deben solicitar una prórroga sobre el título a la autoridad del agua. En varios casos, dicho título representa una penosa carga para quien debe llevarlo a cabo, en virtud de los diversos actores y fases involucradas en el proceso. No nos resulta ajena la burocracia a la que debemos enfrentarnos en las diferentes dependencias gubernamentales, y para el caso, tanto el trámite de obtención del título de concesión o asignación para uso y aprovechamiento de aguas nacionales, como para la obtención de una prórroga asociada al mismo, esta situación no se presenta diferente. Así, por ejemplo, en muchos de los municipios y debido a las restricciones presupuestarias propias a las que está sometida la actividad diaria del gobierno, en las dependencias en las que opera la autoridad del agua, no existe un departamento legal que intervenga para ayudar a quien tramita el título o prórroga a llevar a cabo y concluir con éxito dicho trámite. Por otro lado, la Ley de Aguas Nacionales también establece en su artículo 24 que la falta de presentación de la solicitud de prórroga dentro del plazo que la propia ley marca, se considera como renuncia al derecho de solicitar la prórroga. Desafortunadamente, lo anterior deriva de títulos que no se prorrogan, con la consecuente pérdida de las concesiones o asignaciones en el impedimento legal de las personas físicas o morales a seguir utilizando un recurso de carácter público en las actividades agrícolas, silvícolas, pecuarias, acuícolas, urbanas y domésticas, y que en muchas ocasiones se asocian con actividades de subsistencia. Cabe mencionar que el Poder Ejecutivo consciente de la problemática que esto genera en torno al uso y aprovechamiento del agua, y con el consentimiento de que en muchos casos dicho aprovechamiento se realiza fuera de la ley, ha publicado decretos en el 95, 96 y 2002, a través de los cuales se otorgan facilidades administrativas para aquellos usuarios que se encontraron usando, explotando y aprovechando aguas nacionales sin el título de concesión o asignación respectivo. Estas medidas adoptadas por el Ejecutivo favorecieron la información en poder de la autoridad del agua respecto a la extracción del recurso, y ahora se tiene conocimiento sobre el estado de disponibilidad en que se encuentran 284 acuíferos en la República Mexicana. Sabemos que conocer con claridad los conflictos que se generan en todas las esferas del sector, así como las variables de las que dependen, es un tema fundamental para comenzar a atacar el problema. En ese sentido reconocemos que las acciones tomadas por el Ejecutivo con relación a los decretos anteriormente mencionados demuestran la voluntad política para generar los escenarios necesarios y las condiciones precisas que lleven a un uso y control más eficiente del agua. Por lo anterior, considero que es necesario reformar la ley para flexibilizar el proceso al que se enfrentan los concesionarios o asignatarios. Esto en el sentido de minimizar los altos costos de transacción a los que se ven sometidos y la incertidumbre jurídica que viene aparejada ante la pérdida de los derechos otorgados por los títulos de concesión o asignación, por un lado, y, por el otro, para disminuir las oportunidades de corrupción que se generan ante un escenario comprometido de los concesionarios o asignatarios. De igual manera, me pronuncio por tener presentes otros factores determinantes en la detonación de conflictos por la falta de políticas hidráulicas y en un marco legislativo adecuado a la problemática de los diversos sectores usuarios del agua. Me parece que deben atacarse problemas tan serios como la falta de derechos de propiedad a través de brindar la herramientas necesarias para tal efecto. Así, como representante popular, impulso el robustecimiento del ordenamiento jurídico que regula la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, para eficientar la labor de la gestión de este valioso recurso. Considerando la mejor manera de apoyar varias de la demandas que los mexicanos realizan en torno al uso y aprovechamiento del recurso hídrico, hoy presento la propuesta de modificación al artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. Por lo anterior, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente Decreto Artículo Único. Se reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue: Artículo 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de 5 ni mayor de 30 años, con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, la autoridad del Agua tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos. Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley. Se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previstos el término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento. La falta de presentación de la autoridad de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitud la prórroga. Para decidir sobre el otorgamiento de la prórroga, se considerará la recuperación total de las inversiones que haya efectuado el concesionario o asignatario en relación con la explotación, uso o aprovechamiento de los volúmenes concesionados o asignados. La autoridad del Agua está obligada a notificar personalmente a los promoventes de la resolución sobre las solicitudes respectivas referidas en el presente capítulo, conforme al plazo establecido en el artículo 22 de la presente ley y al procedimiento establecido en el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado. La falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables. En los casos en los que la solicitud de prórroga al título de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales y del subsuelo sea aplicable en situaciones de uso agrícola, silvícola, pecuario, acuícola, urbano y doméstico y la autoridad del agua no hiciera la amplificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá, a petición del promoverte, otorgar la información que sustente la negación de la ampliación del título respectivo. Si el promoverte se compromete a resarcir las observaciones legales y técnicas que la autoridad del agua le notificó y que justificaron la negación de la prórroga, se tendrá por ampliado el título del promoverte hasta por dos años más; transcurrido este plazo, la autoridad del agua deberá verificar el cumplimiento de sus observaciones y determinará si se procede o no al otorgamiento de la prórroga solicitada, según lo establecido en la presente ley. Artículo transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.