La diputada Mónica Almeida López: Señor, Arturo Herrera, actualmente contamos con un Plan Nacional de Desarrollo que carece de los elementos que exige la Ley de Planeación, no existe un diagnóstico, ni general, ni de cada uno de los ejes prioritarios del país. Por lo tanto, no existe una aclaración clara de los resultados, plazos, población o área de enfoque, atribuciones de dependencias, proyecciones económicas anuales y sexenales, indicadores de medición de resultados, que permita dilucidar los fines del proyecto nacional y la congruencia de objetivos y prioridades del Plan con el Presupuesto, tal como se establece en el artículo 40 de la Ley de Planeación, razón por la cual al carecer de un instrumento jurídico que marque un rumbo claro y preciso que establezca las estrategias y prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país. No existe una correlación presupuestal, tanto de ingresos como de egresos, que aunado a los subejercicios y hasta el 100 por ciento en la mayoría de los programas, el mismo que fue registrado en el primer semestre de 174 mil millones y que al solo tener hoy indicadores que señalan metas administrativas y no de resultados. Pregunto, señor secretario, ¿qué criterio de prelación de derechos, población, desarrollo social y sectores económicos se utilizó? Si no se cuenta con un diagnóstico en el Plan Nacional de Desarrollo como punta de partida lógico, y si se observó que el paquete económico 2019 representó un crecimiento del cero por ciento, ¿por qué se presenta un modelo asistencialista y de inversión igual para el 2020? Estas son dos primeras preguntas. Por otro lado, la obsesiva centralización de recursos que impera hoy en día derivó en la inaccesibilidad al Ramo 23, anteriormente utilizado para integrar o completar proyectos municipales y estatales, lo cual ha desencadenado que hoy en día no exista una inversión en los municipios generando además un deterioro en los servicios públicos municipales y agravando las problemáticas a las que se enfrentan día a día los presidentes municipales. En el programa económico 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de reconocer la desaceleración económica, la baja recaudación y un marco macroeconómico con proyecciones poco favorables que prevé para el cierre 2019 una inflación anual de 3.2 por ciento. Lo cual, resulta preocupante ante la presupuestación del Ramo general 28 que si bien dice una tercera parte se va a la parte municipal, pues es en el Ramo general 28 correspondiente a las participaciones a entidades federativas y municipios, donde no alcanza siquiera un incremento correspondiente a la inflación ya que sólo se asignó un 2.7 por ciento, mientras que en el Ramo 33 de aportaciones federales para entidades federativas y municipios en términos reales, señor secretario, no se tuvo ningún incremento ya que la presupuestación fue igual a la inflación. Por lo tanto, pregunto cómo busca fortalecer la economía nacional si se están sepultado las inversiones, la gestión de apoyos y financiamientos que generen dinamismo económico y empleo en los municipios y las entidades federativas. Finalmente, a sabiendas de que en los ayuntamientos recaen los servicios directos a la comunidad como agua, alcantarillado, alumbrado y demás, ¿por qué se optó por mermar sus capacidades de desarrollo a costa de programas que no están dando resultados y así han sido presentadas las evaluaciones a programas como jóvenes construyendo el futuro? Le agradezco su respuesta.