EL C. DIP. JAIME CLEOFAS MARTINEZ VELOZ: (PRI) Con su permiso, Presidente. Diputadas y diputados: La ley que dispone la creación y regulación del Registro Nacional de Vehículos, mejor conocido como RENAVE y que opera como una concesión a favor de una empresa privada, se aprobó en la Cámara de Diputados el 3 de junio de 1998. Dicho registro inició sus operaciones a nivel nacional a partir del 15 de junio del presente año y conforme al calendario de registro, la etapa de inscripción del parque vehicular actual terminaría el 15 de diciembre del presente año. El registro pretende evitar el descontrol e importación ilícita de autos a territorio nacional y fue concebido como obligatorio; quien no registre su vehículo durante la etapa señalada, se hará acreedor a multas que serán aplicadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Entre las justificaciones que se dieron en su momento, para el establecimiento de este registro, fueron que brindaba mayor seguridad a todos los propietarios de vehículos al certificar el origen de los mismos; reducir el comercio de unidades ilegales; facilita la identificación de vehículos en caso de accidente o robo; y garantiza la legalidad para vender o comprar un vehículo usado y tramitar el cobro de un seguro. Al respecto existirá, se dijo, la necesaria comunicación entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el RENAVE. Sin embargo, en la práctica el RENAVE ha resultado una medida gubernamental impopular que ha recibido cada vez un mayor rechazo de amplios sectores de la población en toda al república. Diversas organizaciones sociales del sector privado, empresarios, loteros, transportistas, taxistas y ciudadanos se niegan a cumplir con la inscripción o están promoviendo amparos en contra de lo que se considera doble tributación; también los legisladores locales han manifestado su desacuerdo con este cobro, lo cual ha dividido incluso a los gobernadores y se ha manifestado la Jefa de Gobierno del Distrito Federal en contra. Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional considera que es necesario: Primero. Se suspenda en todo el territorio nacional el cobro a cargo de los particulares del RENAVE, cubriéndose en lo sucesivo por parte del gobierno federal. (aplausos) Segundo. El gobierno federal resguarde toda la información aportada por los particulares en los módulos del RENAVE. Tercero. Se reforme la ley, ya que en 105 términos de su vigencia que establece el Registro Nacional de Automóviles, resulta inconstitucional por su aplicación retroactiva y por el cobro sin fundamento legal que realiza la empresa privada con carácter de obligatorio y sin excluir los fines de mayor seguridad pública, evitar robo de autos, mejorar el control vehicular y defender el patrimonio familiar, garantice que los costos de registro también defender el patrimonio familiar, se garantice que los costos de registro también no correrán a cargo de los particulares. Cuarto. Se convoque a los gobiernos de los Estados y a las legislaturas locales a coordinarse con la Federación para establecer los mecanismos que sean necesarios para contar, a nivel nacional, con un padrón preciso del parque vehícular nacional formulado con cargo al Erario Público. Cuarto (sic). Frente a esta situación, el Partido Revolucionario Institucional hace un llamado a la ciudadanía a no entregar mayor información a los módulos del RENAVE, hasta en tanto no exista un nuevo acuerdo entre esta Legislatura, el gobierno federal y los gobiernos estatales que permitan diseñar un verdadero y real registro de automóviles, con reglas claras, procedimientos transparentes, sin mayores cobros hacia los ciudadanos que garantice el cumplimiento de los objetivos de este registro y realice las previsiones necesarias para garantizar la devolución de los recursos a los automovilistas que ya han pagado dicho impuesto. Quinto. Junto a esto, el PRI plantea su objeción al procedimiento de concesionaria en forma indiscriminada a organismos privados, a aquellos asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. No queremos ver que en unos cuantos meses se esté concesionando a organismos privados por ejemplo, el Registro Federal de Contribuyentes, el Registro Federal Electoral en la elaboración de la CURP. El problema radica en qué es lo que sí y lo que no se puede concesionar a la luz de interés social y del de sus instituciones gubernamentales, lo cual no fue razonablemente sopesado en el caso del RENAVE. Seis. Es indispensable una explicación a la sociedad y a esta representación, por parte de la SECOFI y la SECODAM, mediante información documentada con razones coherentes y de fondo. Séptimo. Se construya un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, para asumir una posición única por parte del Congreso de la Unión, del Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados, frente a esta medida impopular. Es cuanto, señor Presidente.