La diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas: Compañeras y compañeros diputados, las niñas adolescentes y mujeres, no pueden ejercer su derecho al acceso a la justicia mientras los estereotipos de género continúen presentes en el quehacer ministerial y judicial. Como sabemos, la causa estructural de la violencia contra las mujeres estriba en que son vistas como seres inferiores, por lo que persisten serias dificultades en materia de prevención, investigación, sanción y reparación del daño. Esto se refleja en el trato inadecuado al momento de acudir a denunciar. Cuando ellas acuden en busca de ayuda y protección, lo que encuentran es una nueva, violando a sus derechos humanos. No podemos quedarnos de brazos cruzados en esta Cámara de Diputados. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos considera que persisten patrones y conductas socioculturales que discriminan a las mujeres y que dificultan la aplicación efectiva de las leyes vigentes, así como a la adecuada penalización de los actos de violencia. Por eso es que la Comisión Interamericana advierte que existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento y en las actuaciones relacionadas con casos de violencia contra las mujeres, esquema que redunda en omisiones y errores durante los procedimientos e investigación que evidencia la negligencia, parcialidad y falta de elementos suficientes para inculpar a los presuntos responsables y proteger a las mujeres víctimas, pero, sobre todo, que da paso a la revictimización desde el ámbito institucional. El Estado mexicano al ratificar la Convención de Belém do Pará, se comprometió actuar con la debida diligencia, particularmente en los casos de violencia contra las mujeres. En su artículo 7 ordena a los estados que los procedimientos incluyan, entre otros, medidas de protección para las mujeres que hayan sido sometidas a violencia. No obstante, las autoridades ministeriales y judiciales continúan revictimizando y discriminando a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia mediante el uso de estereotipos y el descredito de su palabra. No vamos a tolerar que la voz de las mujeres sea silenciada. No. De ahí la importancia de aprobar esta reforma que tiene entre sus objetivos: prohibir que la autoridad encargada de dictar una orden de protección haga comentarios lesivos contra prejuicios que insinúen descrédito de los dichos de las personas denunciantes, así como insinuaciones o interrogativos ofensivos respecto a la vida privada de la víctima. También, disponer que su incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa y se sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las que apliquen en la materia. Y, establecer como parte de los derechos de las víctimas, que las autoridades para la toma de denuncia deberán utilizar un lenguaje respetuoso y libre de interrogatorios ofensivos, como ya se mencionó, por lo que evitarán comentarios lesivos y prejuicios que insinúen la desacreditación de los dichos de las denuncias, evitando así la revictimización. En suma, esta reforma contribuirá a promover loa debida diligencia para los casos de violencia contra las mujeres y a eliminar las erróneas concepciones a modo de justificación que aún permanecen en el sistema de justicia, respecto a las mujeres que merecen la violencia ejercida en su contra. En el Grupo Parlamentario de Morena reconocemos que el acceso a la justicia para las mujeres en igualdad solo será posible cuando se eliminen los estereotipos de género y se reconozcan a las mujeres como iguales. Los invito a votar a favor de este dictamen, a favor de la debida diligencia, a favor del acceso a la justicia para todas las niñas, adolescentes y mujeres, a favor de la igualdad sustantiva, a favor del derecho a una vida libre de violencia. Muchas gracias.