El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento las siguientes reservas al tema de uso y ocupación temporal de tierras, a los artículos 96, 100, 103, 104, 106, 107, 108, 109 y 110 del dictamen de Ley de Hidrocarburos. La propiedad de los hidrocarburos y la propiedad social de la tierra, son figuras resultantes de la gesta armada que verán su fin con estas reformas. La propiedad de la nación sobre los recursos del suelo y subsuelo, junto con las formas de propiedad privada y comunitaria previstas en todas las constituciones liberales, forman parte de la irreductibles fundamentos de nuestra Constitución, sumados al conjunto de libertades individuales y garantías sociales establecidas y garantizadas por nuestra Carta Magna desde 1917. Es por ello que la servidumbre de hidrocarburos constituye un ultraje a estos principios y una afrenta tanto a la propiedad social como a la privada. Esta Ley de Hidrocarburos establece procedimientos para que se den expropiaciones de la tierra, nos sólo de iure sino también de facto, para que las grandes empresas exploten los recursos que son de la nación y de las y los mexicanos. Y es que con las leyes secundarias en materia energética, específicamente con la servidumbre de hidrocarburos y electricidad, el despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas de sus bienes, tierras y territorios en las áreas y en lo que haya yacimientos de petróleo, gas a instalaciones eléctricas, será legalizado. Lo que quedaba del viejo pacto social entre Estado y campesino, roto con las reformas al artículo 27 constitucional en 1992, será borrado definitivamente. El futuro de la propiedad social de la tierra está sentenciado. Si a una trasnacional se le entrega un contrato para explotar un yacimiento y éste atraviesa por cualquier propiedad, podrá reclamar, utilizar ese terreno para sus fines, aunque se quiera disfrazar la palabra. Esto, es una expropiación. Los dueños de los predios, instalaciones o derechos como el de vía, se verán obligados a pactar la compra o renta de los mismos, de lo contrario, desde el gobierno se los impondrán. La Ley de Hidrocarburos prevé en el artículo que reservamos, como todos los demás, el acuerdo negociado con la empresa sobre las propiedades sin tomar en consideración la enorme desventaja con la que deberá negociar los pequeños propietarios, entre otros, como ya quedó aquí establecido. A pesar de que más del 30 por ciento del territorio mexicano se encuentra concesionado a empresas mineras, con el dictamen que expide la Ley de Hidrocarburos se estará cediendo la posibilidad a las petroleras extranjeras para apropiarse más de extensión territorial de nuestro país. La legislación secundaria de la reforma somete al soberano capricho oficial a indefensa voluntad del campesino que defiende su tierra con sentimiento y con orgullo, pues si no accede a venderla o rentarla si no se pone de acuerdo con el precio y en la paga con los modernos explotadores del petróleo, léase a signatarios o contratitas, podrá como se dijo aquí- despojado legalmente mediante la aplicación de la servidumbre legal de hidrocarburos. La Revolución Mexicana no debe estar contenida en discursos demagógicos, sino en todas las acciones de gobierno y de quienes conforman el Estado mexicano. Es indignante que el día de hoy se vaya en la dirección contraria y se firme la sentencia de muerte de la propiedad social. En nuestro país la discusión acerca de las reformas en materia energética es de gran controversia. El saber si nos beneficiará o no da cabida a grandes debates, sin embargo el gobierno ya ha hecho notar que su objetivo es principalmente la legislación de las actividades de explotación y exploración de hidrocarburos, pero no está enfocado en hacer una reforma apegada al derecho, sino más bien a cubrir y respaldar a todas aquellas empresas particulares y extranjeras que quieran invertir en nuestro país y llevarse nuestro petróleo teniendo como consecuencia la expropiación de tierras. Y no es para menos, ya que el inminente despojo de tierras de cultivo y particulares para imponer la servidumbre de hidrocarburos beneficiando a empresas privadas y transnacionales está por venir. No podemos dejar de pensar en el atropello a la ciudadanía que será afectada con la ocupación de tierras comunales y particulares para la exploración de yacimientos que podrán ser entregadas a las empresas que realice dichas tareas. A pesar de que el Estado presume que esta reforma será para el aumento del desarrollo en el país, la realidad es que en esta ley se permitirá el uso de la servidumbre y la ocupación o afectación superficial de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de los hidrocarburos. La situación antes planteada hace ver a la ciudadanía afectada que este cambio tendrá como consecuencia supuestamente un nivel de vida más alto, ya que cuando un campesino encuentre gas o petróleo en sus tierras deberá recibir el pago de sus afectaciones, una renta y también parte de los beneficios. La vida de estos campesinos, se dice, cambiará para siempre. Pero a sabiendas de las corruptelas ejercidas y los vicios de los procesos a los que estamos sometidos podemos predecir que no se actuará conforme a derecho. Por todo lo anterior presento estas reservas con la finalidad de que sean eliminados los artículos 100, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, y con la modificación al artículo 96, que se pretende eliminar el párrafo relativo a la industria de hidrocarburos a que se refiere esta ley y en lo relativo a que es de utilidad pública y se le agregaría para el caso de que tales actividades sean llevadas a cabo directamente por Petróleos Mexicanos o sus empresas productivas subsidiarias. Finalmente quisiera referirme a los dos artículos que se han mencionado con mucha insistencia por nuestros compañeros antecesores de la palabra, relativos al artículo 106 y 108, en los cuales quiero recordar que todo acto de molestia o de privación de un derecho que no es escuchado y vencido en juicio la persona, el agraviado, es a todas luces inconstitucional, violatorio a los artículos 14 y 16, y por lo tanto es un acto ilegal y arbitrario. Es cuanto, compañeras diputadas y compañeros diputados.