La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. En nuestro país la subcontratación, conocida como outsourcing, es uno de los fenómenos que explican la precarización laboral que genera la inestabilidad en el trabajo, la flexibilización unilateral en la contratación, en el despido, en el salario, la jornada de trabajo, la supresión de derechos elementales como son las vacaciones, el reparto de utilidades, pensiones, indemnizaciones, reinstalaciones, prima de antigüedad, créditos de vivienda, entre otros, y la anulación de sus derechos colectivos y la posibilidad de ejercer derechos colectivos. La subcontratación traslada la responsabilidad laboral formal o legal y de las relaciones laborales que se derivan de la materia de trabajo de base de una empresa al adjudicarlas mediante contratos de orden mercantil o civil a otra empresa u organización o a los trabajadores en lo individual, generando lo que la academia ha denominado lavado de derechos. Para el Grupo Parlamentario del PRD, debe tenerse claro que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales, los derechos de las y los trabajadores son considerados como derechos humanos, que prohíben el que sean considerados como una mercancía, que establecen que es una obligación y una responsabilidad social, y que determinan que sus normas tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Es por ello que resulta inaceptable sostener situaciones que como la subcontratación ha tenido tan nefastas consecuencias en México. Dejar de apoyar una reforma de este tipo es defender la simulación en que se encuentran 4.7 millones de trabajadoras y trabajadores. Rechazar esta iniciativa es mantener a trabajadores y trabajadoras sin inscripción a la seguridad social, con subdeclaración de cuotas y aportaciones o sin posibilidad de recibir una pensión, servicios médicos o créditos de vivienda sin protección ante una enfermedad o un accidente de trabajo y sin posibilidades de ejercer su derecho a la organización en defensa de sus intereses. Dejar que las cosas se queden como estén es encubrir a evasores de la seguridad social y del fisco. Quien ha dicho que no es el momento de acabar con las simulaciones porque costaría empleos, fomentaría la informalidad o afectaría la competitividad del país, no contempla que las y los trabajadores subcontratados viven de hecho en la informalidad, con empleos precarios y mal remunerados, que pueden ser despedidos en cualquier momento con o sin esta reforma. Quien considera que debe flexibilizarse el trabajo, la contratación y el despido, olvida que esto ya está sucediendo desde hace décadas por esquemas de simulación como estos, y que conculcar derechos no ha hecho al país más productivo ni ha generado más empleos. Una fuerza de trabajo mal pagada, sin derechos y en precariedad no debe ser la ventaja comparativa del país para competir en un mercado global, no es el modelo laboral al que debemos aspirar ni tenemos por qué seguirlo manteniendo. Sin embargo, la propuesta trae una disposición que va en el sentido opuesto. Con la regulación de la subcontratación se incluye injustificadamente el establecimiento de un tope para el reparto de utilidades para todos los trabajadores y trabajadoras hasta un máximo de tres meses de salario, o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. La normatividad vigente no establece un límite, tope o cuantía promedio para el reparto de utilidades. La propuesta de acotarlo no se hace para mejorar una prestación, sino para convencer al sector empresarial de aceptar la regulación de la subcontratación. Por eso no se incluye ningún mecanismo que garantice el reparto de utilidades entre las y los trabajadores. Nuestro grupo parlamentario se opondrá a la reducción de este derecho, pues no tiene ninguna justificación y es inconstitucional, al ser regresivo respecto a un derecho laboral fundamental cuyo origen es un reparto efectivo de la riqueza generada por los propios trabajadores y un medio eficaz de incentivar el incremento de la productividad y la competitividad, y porque conculca derechos adquiridos. El Partido de la Revolución Democrática históricamente se ha opuesto a la subcontratación como medio para violar los derechos de las y los trabajadores. Por ello, votaremos a favor de este dictamen en lo general, anunciando que no avalaremos la instauración de una cláusula legal que únicamente beneficia a los patrones a costa de los derechos de las y los trabajadores, para lo cual inscribiremos las reservas correspondientes. Es cuanto, presidenta.