El diputado Catalino Duarte Ortuño: Compañeros legisladores, legisladoras: el pasado 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral. Al reformarse la Constitución, en el inciso a), fracción XXI del artículo 73, el Congreso expidió una ley de carácter general en materia de delitos electorales, lo cual junto a las leyes generales de secuestro y de trata de personas vendría a ser el tercer ordenamiento de carácter general que contiene tipos penales por excepción, y mandato de la propia Constitución. Como podemos observar, esta reforma modifica sustancialmente el desarrollo de los procesos electorales en nuestro país. Se trata de un cambio radical en el modelo de organización electoral de los últimos 20 años que impacta de manera directa, no sólo en la forma y los procedimientos electorales, sino en el propio procedimiento penal electoral. En ese sentido, la Ley General en materia de delitos electorales que establece los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las normas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. Asimismo, dicha reforma constitucional modifican sustancialmente el Apartado A del artículo 2 para dotar de autonomía constitucional al ministerio público a través de la fiscalía general de la República, la cual deberá contar al menos con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general de la República. Cabe recordar que los delitos electorales que no habían sido incorporados en las últimas reformas electorales de los años 2007, 2008 y 2009, como ya se hizo en la presente ley general, tomando en cuenta que si bien es cierto que no podemos fundar la democracia en el derecho penal, también lo es que una reforma integral no puede dejar en el vacío o en la obsolescencia de las sanciones de aquellas personas que atentan contra la voluntad de los valores fundamentales de la democracia. De ahí la necesidad de contar con una legislación general que salvaguarde la voluntad popular y la democracia; sin embargo, México lamentablemente es un país que cuenta con un largo historial de elecciones cuestionadas. En el caso de los delitos electorales, a diferencia de otros delitos, su comisión puede no ser percibida como una afectación directa a la integridad física, patrimonio o derecho de las personas, sin embargo su afectación se manifiesta con una lesión directa de circunstancias de interés público en las elecciones democráticas; es decir, el derecho de los ciudadanos para elegir de forma libre, periódica, directa a sus gobernantes y representados. Los delitos electorales tienen como cometido tutelar el voto libre, secreto, evitar presiones o acciones o conductas que alteren la voluntad popular. Al mismo tiempo tienen como cometido la voluntad popular, circunstancias que modifican o que pueden modificar el resultado electoral. Debemos tener claro que debemos caminar en la idea de fortalecer la autonomía del Ministerio Público, es decir contar con una verdadera Fiscalía en Delitos Electorales con autonomía plena. Espero que con esta reforma se pueda avanzar en el ámbito democrático. Entendemos que es una reforma que en el fondo no modifica lo que realmente quieren los mexicanos, se hace una precisión en el artículo 7, al igual una precisión en el numeral 10, lo mismo en el numeral 11, y también en el numeral 16, estableciendo claridad en las conductas de las personas que puedan incidir en la voluntad al momento de emitir su voto. Creemos, los del Partido de la Revolución Democrática, que debemos insistir en fortalecer óigase bien la Fiscalía de Delitos Electorales en este país, pero con autonomía plena, que no dependa del Ejecutivo, que no dependa de ningún otro órgano, para que así podamos tener garantía de que los ciudadanos y las ciudadanas cuando van a salir a elegir sus representantes a distintos cargos de elección popular lo hagan libres, conscientes. Lamentablemente, como ya lo señalé, en este país la mayoría de las elecciones son cuestionadas por la compra del voto, por conductas ilícitas. Es un avance importante, pero creo que le falta mucho para poder llegar a lo que muchos aspiran en este país, o aspiramos. Muchísimas gracias.