La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. La Comisión de Ciencia y Tecnología y de Transparencia y Anticorrupción, han puesto a consideración de esta honorable asamblea, el proyecto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia Tecnología, y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El objetivo es impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país, al incentivar el establecimiento de instancias de gestión para la transferencia, tecnología y vinculación en todas las instituciones con actividades de investigación y desarrollo, y eliminar el impedimento que tienen los investigadores para participar en actividades que implican su vinculación con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros. Es decir, se permitiría la formación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica, participación como socios, colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro y de redes regionales de innovación, en las cuales se procurará la incorporación de desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en instituciones y las entidades dedicadas a tareas de ciencia, tecnología e innovación, así como los investigadores formados en ellos. El crecimiento económico está fundamentado en el desarrollo de las fuerzas productivas de los países. Éste solo se logra con el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Este principio se ha fortalecido en la actual etapa de desarrollo histórico en la sociedad del conocimiento que vivimos hoy. Por ello, es menester fortalecer el apoyo y los recursos destinados a estas áreas. Recordemos que nuestro país apenas destina un 0.55 por ciento del producto interno bruto a ciencia y tecnología, mientras que las recomendaciones estiman que al menos se debe invertir el 1 por ciento en esta área. Es decir, aún tenemos una deuda con la ciencia y la tecnología nacional. Pero también estamos claros que no se requieren únicamente recursos financieros, se requiere de un marco institucional y legal que permita la creación de conocimientos nuevos, soluciones eficientes a problemas sociales, económicos y naturales, vinculación con el sector productivo. Por ello, vemos positivo en esta iniciativa, el permitirles a los investigadores vincularse con terceros para la realización de actividades de investigación, así como participar en asociaciones, alianzas y otras figuras que tienen como finalidad la vinculación universidad-empresa-sociedad. Sin embargo, la cuestión de los derechos de propiedad sigue siendo la problemática central en torno a los procesos de vinculación, en este caso, en torno a la participación de funcionarios públicos en dichos procesos de vinculación. El primer conflicto se encuentra ante la determinación de las propiedades de una investigación en sus resultados. ¿Es de la institución donde labora el investigador? ¿Es el investigador que desarrolla el proyecto? ¿Qué porcentaje corresponde a cada uno de ellos? Sin duda, falta clarificar este punto, pero más preocupación causa lo relativo al personal que labora en centros de investigación e instituciones educativas y en las entidades de la administración pública relacionadas, y que son personal administrativo y gestores, pues ello puede obtener beneficios del desarrollo e institucionales en las que laboran y bajo el amparo de esta ley, sin caer a un conflicto de intereses. Sin duda, la iniciativa tiene un propósito loable y atendible. Sin embargo, creemos que falta acotar de forma más clara y expresa quién puede y quién no puede ni debe vincularse con terceros sin comprometer el patrimonio de la institución, de los investigadores y de la nación. Es cuanto, diputada presidenta.