La diputada Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, diputado. Por muchos años en el imaginario colectivo se ha enraizado la certeza de que los presidentes han utilizado recursos provenientes de la partida secreta, de manera opaca y discrecional. Algunos cálculos señalan que en el periodo comprendido entre 1983 y 1997, que fueron los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se manejaron cerca de mil 342 millones de dólares bajo el amparo de esta partida; por tanto, sin rendir cuentas de su destino al órgano legislativo. Una investigación publicada en 1997 destaca que Miguel de la Madrid ejerció diariamente, en promedio, 160 mil dólares; Carlos Salinas de Gortari, 390 mil; y Ernesto Zedillo lo redujo a 145 mil por día, durante 1995 y 1996. En total, Miguel de la Madrid ejerció 352 millones 739 mil 170 dólares entre 1983y 1988; mientras que Carlos Salinas de Gortari superó la cifra por más de dos veces al ejercer 857 millones 751 mil 170 dólares entre 1989 y 1994; Ernesto Zedillo, por su parte, ejerció un total de 106 millones 76 mil ,150 dólares entre 1995 y 1996. Por presiones de la organización civil se dejaron de ejercer los recursos asignados a esta partida a partir de 1998, mientras que a partir del año 2000, se dejaron de contemplar estos recursos en los presupuestos de egresos correspondientes. Del comportamiento de esta partida en los últimos periodos presidenciales se puede advertir que la amenaza no es menor, pues además de la opacidad, la partida secreta se caracterizó por carecer de racionalidad entre lo presupuestado y lo ejercido. Durante los años que se utilizó, se presentaron alzas y bajas sin que mediara justificación alguna por su propia naturaleza de secretas. En este sentido, resultan evidentes los aumentos en 1988, en 1991 y 1994, años en que se realizaron elecciones. Por la válida suspicacia con que los ciudadanos veían el ejercicio de estos recursos, se dejaron de asignar recursos al ramo respectivo con el propósito de que la fiscalización de las finanzas públicas fuera un principio rector en el funcionamiento del Ejecutivo. Sin embargo, no ha desaparecido todavía esa bolsa de recursos: únicamente se mantiene en ceros pero todavía existe la posibilidad de que en un futuro se pueda utilizar. En este sentido, cabe recordar que en el año 2005 hubo un intento por regular el uso de la partida secreta en proyectos de seguridad nacional sin que los ciudadanos tuviéramos la posibilidad de conocer el destino del gasto ni los resultados de los programas, pues en dicha iniciativa se proponía que la información utilizada, así como la derivada de los resultados, tendría el carácter de reservada y confidencial. De esta manera, la prohibición expresa en el texto constitucional sería un paso fundamental que los actores políticos debiéramos dar para garantizar que en los años subsecuentes no permanezcan las condiciones para legitimar el uso de la partida secreta, lo que constituiría un retroceso en materia de transparencia. A ello, hay que agregar que durante los últimos diez años no se ha asignado recurso alguno a las también llamadas erogaciones contingentes, por lo que no es necesaria la existencia de un precepto constitucional que permita o de cabida a una bolsa de recursos que esté al margen de los mecanismos de fiscalización y en contra de toda lógica democrática que prevé la eficiencia en las acciones gubernamentales. Por lo anteriormente expuesto y a fin de evitar los riesgos de discrecionalidad o abuso en el uso de los recursos que representa la actual redacción de la fracción IV del artículo 74 constitucional, someto a la consideración del pleno de esta Cámara, esta iniciativa para desaparecer las partidas secretas de nuestra Constitución. Es cuanto, diputado.