El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala: Con su permiso, señor Presidente. La historia de nuestro país ha estado determinada sustancialmente en el proceso de definición de la tenencia de la tierra. Desde el establecimiento de nuestros pueblos precolombinos, en la conquista, en la colonia, la independencia, la reforma, el acaparamiento y el despojo de las tierras, en la cercesión (?) de la mitad de nuestro territorio y por supuesto en la Revolución y en la lucha cristera, es la legítima o no aspiración a poseer tierras, la que ha dado forma a nuestra nación. En todos estos procesos, recordémoslo, el país sufrió desgarradoras confrontaciones entre hermanos. Es el decreto agrario del 6 de enero de 1915, el primero en establecer los mecanismos para encauzar la restitución de las tierras. Y el constituyente de 1917 plasma en el artículo 27, elevando a este rango el reclamo de seguridad que la tierra por sí sola otorgaba a las familias. En la redacción de los códigos del 34, 40 y 42, se recogen las experiencias del reparto agrario y lo encauzan. En el 71, con la Ley Federal de Reforma Agraria, se pretende, en mi opinión, sin lograrlo, dar un giro productivo y de organización a la simple tenencia de la tierra. Las reformas al artículo 27 constitucional promulgadas en 1992, reconocen la imposibilidad social y material de seguir con el reparto agrario, al tiempo que recogen también el reclamo de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y el de la libertad de decidir cómo asociarse, delimitar, destinar y asignar sus tierras. Los políticos en México debemos de entender que los ejidatarios y comuneros han decidido en libertad, en esa libertad, seguir siendo ejidos y comunidades y que también debemos de entender de una buena vez, que la libertad para decidirlo es irrenunciable, es irreversible; llegó para quedarse, definitivamente. Esta libertad sin duda también ha aportado de lo suyo en la consolidación democrática de nuestro país. El presente proyecto recoge mediante una discusión sin precedentes, y aquí nadie que diga lo contrario ni tampoco nadie que diga que no ha sido escuchado en suficiente tiempo y profundidad puede decir que está diciendo la verdad, mediante una discusión toda la experiencia histórica plasmada en la Ley Agraria del ´92, complementada con la experiencia inédita de los últimos 13 años en materia agraria. Uno de los orígenes del presente proyecto es el Acuerdo Nacional para el Campo, por ejemplo, en donde se plasmaron las propuestas a discusión de todas las voces del país. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sin dejar de reconocer que como toda obra humana es perfectible, apoya el presente proyecto al encontrar la presencia subsidiaria del Estado en el proceso de certificación, en la decisión para resolver sus problemas con los mecanismos de la conciliación y el arbitraje. Definición clara del procedimiento jurisdiccional agrario. La garantía de la protección constitucional en materia ecológica, con la asesoría del Estado ante tribunales propios y conocedores ya en estos días de estos temas. Armonizamos el presente proyecto con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Vivienda y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, entre otras. Promueve este proyecto la solidaridad como un valor insustituible en la convivencia diaria de los ejidos y comunidades. La representación sustituta garantiza la defensa de los intereses de nuestros núcleos agrarios. Solidaridad que también se cimienta en nuestras familias rurales con la protección del patrimonio de sus familias, contenido en esta ley y que es reclamo principalmente de las organizaciones campesinas. La seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es bien común. Otorgamos mecanismos legales alternativos para la solución de las controversias, al tiempo de establecer los mecanismos para resolver el tema de las excedencias y de las demasías identificadas en los últimos años en el proceso de certificación. Crea los mecanismos de inversión con la posibilidad de incorporar proyectos y límites adicionales a los de la misma naturaleza del proyecto y sin tener que aportar las tierras en dominio, conservando el vínculo del ejido y del ejidatario y del comunero y la comunidad con sus tierras, al tiempo de acceder a mejores estándares de vida. La discusión en materia agraria por supuesto no concluye con el presente proyecto, en mi opinión apenas inicia una nueva etapa en la discusión de la necesaria viabilidad del México agrario. En nuestros tiempos el reto sin duda es desafiante en un contexto mundial también inédito. No se exculpan de ninguna forma de esta discusión quienes por supuestos argumentos programáticos sólo defienden al patrimonio social en los discursos. Quedan pendientes la discusión del federalismo agrario, cómo hacer que estados y municipios aporten para que los ejidos y comunidades se desarrollen. Pendiente la creación del Consejo de la Judicatura en Materia Agraria. Está ya una iniciativa en la Comisión de Justicia. Pendiente la incorporación de los tribunales agrarios al Poder Judicial de la Federación. Pendiente la definitividad en materia agraria, es decir, la prescripción. Pendiente también. Pendiente los mecanismos para poder revertir el minifundismo, sin que esto se traduzca automáticamente en el desprendimiento de la tierra, entre otros temas. El Partido Acción Nacional, como siempre desde su creación, está preparado para discutir lo que en México se tenga que discutir. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos)