La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con la venia de la Presidencia. En el Partido Verde Ecologista de México creemos en el valor de las instituciones nacionales e internacionales protectoras de los derechos humanos. Hoy, estamos por votar la emisión de la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, norma novedosa en el ordenamiento jurídico mexicano y con cuya publicación nos acercaremos a proteger y garantizar por primera vez, de manera coordinada y organizada, los derechos humanos de las víctimas de desplazamiento forzado interno. Esta ley es definida como, este desplazamiento perdón es definido como la situación en la que las personas o grupos de personas se han visto forzadas u obligadas de manera expresa o tácita a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia actual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal, internacionalmente reconocida. Al no haberse cruzado estatal, internacionalmente reconocida esa frontera, podemos distinguirlos de las personas en tránsito extranjeras o migrantes. Sin embargo, ambos grupos vulnerables comparten la misma tragedia de perder propiedad privada, vivienda, domicilio, lugar de pertenencia, familia, por factores fuera de su control y que obedecen más a fenómenos cuyo origen en ocasiones tienen que ver no con la autoridad que afronta o deja de afrontar, sino con eventos que provocan este fenómeno. Las víctimas de desplazamiento forzado interno se han visto obligadas a dejar posesiones, origen, con tal de salvar su vida, su libertad y escapar de factores que apuntan a consecuencias comunes. El riesgo de perder la libertad y la vida, la falta de visibilidad y de identificación social como víctimas y, hasta antes de la aprobación de esta norma, de vivir el desplazamiento sin una política pública sólida y con la estructura suficiente para atender un fenómeno con consecuencias devastadoras. La importancia de las leyes generales radica en la capacidad de coordinación, el respeto a las competencias y la integración de fuerzas, para trabajar de manera armónica, en pos de un objetivo común por los tres órdenes de gobierno, lo que refleja claramente en el nombre de la ley y de sus tres mandatos: prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Organismos especializados, nacionales e internacionales, desde hace décadas han ofrecido al Estado mexicano crear una ley sobre desplazamiento interno, que incorpore los principios rectores del desplazamiento interno emitidos en el quincuagésimo cuarto periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, el 11 de febrero de 1998. Tales recomendaciones y principios rectores son atendidos en esta nueva ley al vincular, tanto a la federación como a las entidades federativas en el ejercicio de sus atribuciones y facultades en el ámbito de su competencia, reconociendo y visibilizando a la población en situación de desplazamiento forzado interno, buscando concretar una política de solución y atención al desplazamiento forzado interno, atendiendo a la realidad de un problema complejo poco visto y muchas veces mal entendido. El desplazamiento forzado interno y su atención-prevención ya han sido regulados parcialmente en normas estatales. Incluso el gobierno federal cuenta con algunas atribuciones otorgadas a órganos pertenecientes a la Secretaría de Gobernación, como el Consejo Nacional de Población o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, es evidente que no se ha robustecido lo suficiente para implementar una política de atención primaria e inmediata, como son medidas de atención urgentes a las víctimas de este fenómeno. En un país en el que sufrimos y vivimos conflictos agrarios, armados, comunales y de propiedad, en el que estamos expuestos continuamente a desastres asociados a fenómenos naturales o en casos muy específicos en ciertas entidades federativas, en el cual continúan prácticas de segregación motivadas por razones culturales, sociales o de otra índole, las víctimas del desplazamiento forzado requieren de este tipo de normativas. Por ello, es menester atender a este fenómeno que hemos dejado por muchas décadas, ante la falta de una norma clara que distribuyera facultades, competencias y las bases de coordinación para apoyar a las víctimas. Finalmente, buscamos un país en el que las autoridades tomen en serio el rol de atención, prevención y reparación de esta ley de orden público y aspiren a garantizar la generación, implementación de soluciones...