La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta. Es contradictorio que justo hoy, que en esta Cámara de Diputados se conmemora una fecha trágica para nuestro país como fue el 2 de octubre, donde lamentamos los hechos donde participaron Fuerzas Armadas, justo el día de hoy estemos haciendo esta reforma que, sin duda, tiene como objetivo avanzar en la militarización del país. Es muy lamentable porque los que argumentan que, con respecto a lo que pasaba en 1968, la diferencia es que ahora contamos con un presidente que no va a utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir. Se olvidan que las reformas a las leyes no son para este presidente. Las reformas a las leyes son a futuro y no siempre habrá un presidente que no quiera utilizar a las Fuerzas Armadas para un objetivo diferente para el que fueron hechas, y que no quieran utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir a la población. Por eso es que se equivocan, se equivocan los compañeros de la mayoría, quienes también reconocen junto con nosotros el gran trabajo que se les debe a las Fuerzas Armadas de este país. Si de verdad reconocieran ese trabajo hoy no harían este tipo de reformas. Porque con este tipo de reformas cada vez que se aumenta una nueva atribución para la cual están hechas las Fuerzas Armadas se les expone, se les debilita y se les vulnera. Por eso, los mensajes que he escuchado hasta el momento son total y absolutamente contradictorios. No tienen nada que ver con el reconocimiento que se le debe a las Fuerzas Armadas ni tampoco tiene nada que ver con lo que se ha venido argumentando. Y aquí quiero ponerles datos muy concretos, para desmentir cada uno de los argumentos que acompañan esta iniciativa. Dicen que no se militarizan los puertos; sin embargo, de aprobarse se faculta y oficializa una mayor expansión y fuerte presencia de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Secretaría de Marina. Los únicos países donde el Ejército está a cargo de los puertos no son países democráticos. Lo civil necesariamente es lo opuesto a lo militar. Y a pesar de que la Secretaría de Marina, dicen, tiene dos vertientes, luego entonces, debería de estar encabezada por un civil y no por un militar. Dicen que es para garantizar la seguridad. Ninguna de las nuevas atribuciones que busca garantizar la seguridad tiene que ver con las modificaciones planteadas. Son únicamente y exclusivamente en materia comercial y administrativa, que son ajenas a la naturaleza de la Secretaría de Marina. Dicen que es para combatir la corrupción. No existen en el dictamen reformas que implementen estrategias o medidas que tengan como objetivo combatir la corrupción en los puertos. La corrupción también es designar a personas a cargos para los cuales no están capacitados ni formados, y todos los elementos de la Secretaría de Marina no tienen la formación para los cargos a los cuales se les estarán postulando. Sin olvidar que las obras que están realizando las Fuerzas Armadas se realizan en opacidad, sin transparencia y de manera discrecional. Advierten que no contraviene a la Constitución, cuando el artículo 129 constitucional es muy claro y dice que en tiempos de paz no se pueden dedicar a otra actividad que no sea estrictamente la disciplina militar. Advierten que para la auditoría de la Organización Marítima Internacional de 2022 es necesario contar con una administración marítima unificada en una sola dependencia. Esto también es mentira, solo se hace con el objeto de controlar los asuntos marítimos del país. En ninguna parte de los acuerdos con la Organización Marítima Internacional, relativos a estas auditorías, se dice que si un país no tiene una administración marítima unificada no van a ser aprobados. El presidente López Obrador ha venido diciendo que es porque hay que quitar esas concesiones de 100 años que se les ha dado a empresas privadas. No sé si no se han dado cuenta, pero el modelo de administración portuaria integral no se modifica con estas reformas. Y lo que es mejor decirles, las administraciones portuarias integrales, las API, son sociedades mercantiles que están sujetas a una serie de estándares de productividad importantes, vigiladas por órganos de gobierno, como los órganos internos de control. Dicen que es para combatir el tráfico de drogas de los principales puertos por donde entra fentanilo. Al respecto es menester mencionar que la Secretaría Armada de México siempre, siempre ha tenido la facultad y total responsabilidad de resguardar las aguas territoriales mexicanas, es decir, sus mares, litorales, zonas exclusivas, islas, islotes, costas, etcétera, incluyendo tanto los puertos como los espacios acuáticos o aguas interiores. Y así puedo ir desbaratando cada uno de los argumentos que hoy se presentan con este dictamen. De verdad, compañeras y compañeros legisladores, no se equivoquen aprobando una reforma que a todas luces es inconstitucional...