El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidente. Amigas, amigos diputados, la minuta que nos envía el Senado de la República y que estamos empezando a discutir y a votar en forma urgente, que hemos aprobado aquí mismo en el pleno, es necesario precisar que no estamos reformando el articulado sustancial de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino sólo un artículo transitorio, el tercero. Como ustedes saben, compañeras y compañeros, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expedida el 2 de enero de 2009, estableció como objeto de la misma, el regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para poder cumplir con lo anterior, se estableció en uno de sus artículos transitorios un plazo de 4 años a partir de la entrada en vigor del decreto que expidió dicha ley, para que las instituciones de seguridad pública, tanto en la federación, en los estados y en los municipios, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberían practicar las evaluaciones respectivas a todos sus integrantes, conforme lo dice la ley en sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el propio Consejo Nacional. El 3 de enero del próximo año, del 2013, se cumple el plazo de estos 4 años, que prevé dicho artículo tercero transitorio, es decir, en tan sólo dos semanas más. Sin el propósito de polemizar, amigas y amigos, sí es pertinente señalar que como lo reconoce, incluso, el autor de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República, al 31 de octubre de 2012, de una plantilla activa de 71 mil elementos en el ámbito federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, cumplió al 100 por ciento con esta obligación de evaluación. Pero también es necesario recalcar que prácticamente el 60 por ciento de las entidades federativas, no han cumplido con lo establecido en la ley. Por ello es que se está solicitando reformar el artículo 3º para ampliar prácticamente a 10 meses y no caer en un caos en los estados y en los municipios, porque tendrían, los que no han sido sometidos a las pruebas de control de confianza o los que lo hayan reprobado, primero tendrán que ser separados inmediatamente de los cuerpos policiacos, a partir del 3 de enero, es decir, en 2 semanas más. Pero los que hemos sido alcaldes o los que han sido gobernadores sabrán que no se trata solamente de someter a las pruebas de confianza a las policías, a los cuerpos policiacos sino se trata también a los que no hayan pasado las pruebas, se tiene que indemnizar y se tienen que reponer estos cuerpos policiacos que hoy en día, en los municipios y en muchos estados no es fácil encontrar a policías que quieran arriesgar su vida, muchas veces con un salario indigno, sin la capacitación y sin el armamento suficiente para hacer frente a la delincuencia del crimen organizado. El plazo que se propone, que cambia el dictamen o la minuta a la iniciativa original, que era de doce meses el plazo, la minuta que nos envió el Senado es por 10 meses. Y además, la minuta que envía el Senado es para que comparezca a los seis meses el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ante el Senado de la República. El voto que solicito es a favor de este dictamen. Sin embargo, quisiera hacer una última reflexión antes de concluir mi primera intervención. Creo que también debería ser tomada en cuenta esta Cámara de Diputados, para que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no solamente comparezca a ir señalando cómo van esas evaluaciones a los seis meses. No solo al Senado sino aquí también debería comparecer el secretario ejecutivo de Seguridad Pública. En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que acabamos de aprobar hace unos días, también el Senado de la República ratificará al recién nombrado comisionado y también al propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por eso en una subsecuente intervención, compañeras y compañeros, haré una propuesta formal para poder hacer una modificación a este dictamen. Pero creo que, por la urgencia que amerita el caso, es pues el sentido de nuestro voto, a favor de este plazo de 10 meses, para que no haya un caos en torno a la seguridad pública, que es el principal y más sensible problema de los mexicanos; y poderlo entenderlo en consecuencia, porque además y con esto termino fue una decisión prácticamente unánime de los gobernadores en la pasada reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el solicitar esta prórroga. Entonces, el día de hoy, y ahora mismo pues, lo someteremos a votación. Nosotros esperamos pues que se apruebe este dictamen, para poder atender este serio y grave problema de seguridad pública en nuestro país. Muchas gracias.