El diputado José Edmundo Ramírez Martínez: Muchas gracias, señor Presidente. El fenómeno migratorio en Latinoamérica tiene un comportamiento que ha ido modificándose en el tiempo por distintos factores políticos, económicos, sociales y culturales, aunque en ningún caso adquiere la importancia de México, que es tierra de recepción de migrantes de países sudamericanos, centroamericanos y caribeños y en donde, debido a la magnitud de este fenómeno, existe una creciente conciencia de las dificultades y de la discriminación que sufren las personas migrantes de estas regiones en nuestro territorio nacional. Sin embargo, el aumento de la xenofobia, ocasionada por la recesión y el desempleo, ha incrementado las hostilidades contra las personas migrantes. Las violaciones de sus derechos, la explotación y el abuso ocurren a gran escala y continúan a pesar de los instrumentos nacionales e internacionales que los protegen; provocando que los miles de centroamericanos que cruzan la frontera de México en busca de una vida mejor, muchos de ellos desgraciadamente ven truncado su sueño al ser víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. O bien sufren accidentes, asaltos, maltratos, abusos y extorsiones por parte de las autoridades y son tratados, por el solo hecho de ser indocumentados, como delincuentes. Hay que decirlo así de claro. No debemos seguir viendo la paja en el ojo ajeno y dejar de ver la viga en el propio. Y para esta soberanía debe de ser una de sus prioridades principales la de construir una legislación integral, que pueda garantizar un trato digno para los migrantes y que a su vez propicie condiciones de seguridad en nuestras fronteras. La migración en nuestro país tiene proporciones y repercusiones de la mayor importancia, reflejándose en los más de 500 mil mexicanos documentados e indocumentados que emigran a los Estados Unidos anualmente. Por otro lado, se estima que aproximadamente 25 mil migrantes centroamericanos cruzan la frontera sur de México cada mes, 300 mil al año; cerca de mil migrantes centroamericanos cruzan diariamente por nuestro país, en donde —según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos— más de 200 centroamericanos mueren cada año en el intento por cruzar nuestro territorio y que más de 100 sufren mutilaciones al tratar de abordar los trenes que los llevan a la frontera norte. Cabe mencionar que las autoridades mexicanas deportaron el año pasado más de 170 mil indocumentados, según datos proporcionados por el propio Instituto Nacional de Migración. Es preocupante saber que organizaciones no gubernamentales en El Salvador afirman que más de 50 mil centroamericanos, que buscaron llegar a Estados Unidos entre 1997 y 2006, han desaparecido sin que nadie ni nada se sepa de ellos. Debemos estar muy atentos también, y receptivos, a las declaraciones como las de la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, que plantea que en México existe un clima generalizado de hostigamiento y aprovechamiento de la vulnerabilidad del migrante, así como de diferentes organizaciones que han señalado que México está en riesgo de ser enemigo de toda Centroamérica, por hacer el trabajo sucio a los Estados Unidos. Lo anterior se debe en mucho a los casi nulos resultados de los programas federales al respecto, como el Plan Sur, puesto en marcha en 2001, donde el propio Instituto Nacional de Migración no presentó avance de los programas implementados pero sí una visión corta y superficial de este fenómeno migratorio. Es por eso que el Estado mexicano debe de dar el ejemplo respecto a la protección de los derechos humanos de los migrantes de otros países, para tener la autoridad moral para exigir lo mismo para nuestros connacionales. No podemos exigir afuera lo que no se cumple adentro, compañeros legisladores. En este contexto, el grupo parlamentario del PRI en esta Legislatura está consciente de que si bien la emigración puede traer beneficios y desarrollo a los países de origen, tránsito y destino y que también puede influir positivamente en los aspectos económicos, sociales y culturales; por otro lado sabemos que si las sociedades no se preparan para la migración, generalmente las consecuencias son negativas, principalmente para los sectores vulnerables, como los adultos mayores, mujeres, niñas y niños migrantes. De ahí que uno de nuestros principales compromisos para con los migrantes es que como Estado tengamos la capacidad para que el fenómeno migratorio signifique beneficio para todas las personas y para todas las regiones. Hoy más que nunca esta soberanía debe de comprometerse de manera seria y decidida a garantizar los derechos y libertades de todas las personas migrantes, derechos que son reconocidos universalmente. De ahí es que debemos de implementar acciones inmediatas y solidarias con nuestros hermanos centroamericanos como este acuerdo signado por la Junta de Coordinación Política. Compañeros legisladores, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra propia casa. Muchas gracias.