El diputado Tomás Gloria Requena: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, diputado federal Tomás Gloria Requena, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 123 y 128 de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Es México un país de tránsito de migrantes, a lo largo de aproximadamente mil 100 kilómetros de nuestra frontera sur con Guatemala y Belice, que son los puntos de internación. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, el número de migrantes detenidos en esta frontera se ha incrementado casi en 80 por ciento, al aumentar de 138 mil 61 en 2002 a 240 mil 269 personas en 2005. Es en el estado de Chiapas, en donde se concentra 43.2 por ciento del total de detenciones de migrantes. Le sigue Veracruz, con 10.6 por ciento y Tabasco con 8.7 por ciento. En promedio, 700 migrantes, la inmensa mayoría de origen campesino, abordan cada tercer día el tren de carga línea Chiapas-Mayab, por lo que se considera un fenómeno masivo del proceso migratorio en la frontera sur. Los ilegales centroamericanos que cruzan por la franja fronteriza del sur del país se internan con el propósito de transitar por México para llegar a los Estados Unidos de América. Hay que reconocer que la situación migratoria en la frontera sur ha empeorado y se ha complicado de tal forma que los migrantes tienen que enfrentar los abusos, extorsiones, vejaciones y humillaciones de los agentes del Instituto Nacional de Migración, de la policía federal, estatal y municipal y de guardias de seguridad privada que trabajan en los trenes de carga que estos migrantes abordan con un enorme riesgo; incluso se enfrentan a las redes organizadas del tráfico de personas, a quienes se les conoce como polleros o coyotes. Ante esta problemática y la constante violación de los derechos humanos de estos migrantes, violando sus garantías, que van desde el derecho a la vida, a no ser objeto de discriminación, al derecho a un proceso legal y a la protección de sus consulados, este problema se agrava debido a la corrupción. La relatora especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los migrantes Gabriela Rodríguez Pizarro, en su presentación durante la 82 sesión del Consejo de la Organización Internacional para Migrantes, ofreció un escalofriante relato de las violaciones de los derechos humanos que sufren los migrantes irregulares describe la situación de vulnerabilidad, los abusos y los riesgos a los que están expuestos. Mencionaba las quejas respecto a la presunta implicación de algunos empleados federales de migración y elementos de seguridad pública. Consideraba que era importante para un diagnóstico de esta problemática la puesta en práctica de una política nacional de protección al migrante. Hizo énfasis en la importancia de legislar al respecto y las políticas paralelas de la Convención Internacional de Protección a los Derechos Humanos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias. Si bien es cierto que existe un marco jurídico internacional de protección de los derechos humanos que dicta las obligaciones de los estados para la protección de los mismos, este marco comprende todos los convenios internacionales y regionales de derechos humanos, los cuales son inherentes a toda persona; no obstante su nacionalidad, su condición económica y por ende, incluye a los migrantes. Aunque existen protocolos como el Protocolo Internacional en contra del Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; aunque éstos son instrumentos de derechos humanos, no observan en específico el principio del trato que se debe dar a los migrantes. Con frecuencia se violentan los derechos humanos de los migrantes, incluyendo torturas, maltrato, lesiones, incluso les han costado la propia vida, muertes que por lo general quedan en la impunidad. El ser migrante y ser de condición humilde incrementa la posibilidad de sufrir violencia y los hace más vulnerables. No se les da un trato de migrantes, se les trata como ya se ha mencionado, como delincuentes por las autoridades que están coludidas con las mafias organizadas de tráfico ilegal de migrantes. Según un estudio reciente, en México un 46 por ciento de las mujeres migrantes han sufrido algún tipo de violencia; manifestaron que los principales perpetradores habían sido los oficiales de aduanas. Seguían los agentes de la policía federal, judicial y municipal, inclusive elementos del ejército. La situación migratoria irregular de una persona no es requisito para que las autoridades en México respeten sus derechos humanos. El tiempo que permanezcan en territorio nacional se tiene la obligación por efecto de orden jurídico y estado de derecho, de garantizar el cumplimiento de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de nuestro país. Se cita que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de prohibir cualquier tipo de discriminación y la aplicación de las sanciones correspondientes a derecho. Resulta contradictorio que México en el ejercicio de su soberanía ha suscrito y promovido diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos; éstos son parte integrante de nuestro orden jurídico interno, por lo cual México se ha comprometido, ha comprometido medidas necesarias para asegurar el cumplimiento puntual de los derechos humanos en el territorio nacional. En una actuación congruente habría que proporcionar entonces a los migrantes ilegales en el país lo que exigimos para los mexicanos ilegales en el exterior, a razón de los compromisos adquiridos por México en esa materia y los delitos que se cometen de manera impune hacia los migrantes que se internan ilegalmente por la frontera sur, delitos en contra de su libertad en violación permanente de sus derechos humanos. Y con fundamento en las disposiciones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 123 y 128 de la Ley General de Población, para quedar como sigue: Artículo 123. El extranjero que se interne ilegalmente será expulsado del país conforme a las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación y se impondrá una pena hasta de dos años de prisión y multa de 300 a cinco mil pesos en caso de aseguramiento temporal. Mientras se resuelve su expulsión no tendrá restricciones ni suspensión de las garantías individuales que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los extranjeros. Artículo 128. Son de orden público, para todos los efectos legales, la expulsión de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para el aseguramiento de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, con el pleno goce de sus garantías individuales y derechos humanos, conforme a los convenios internacionales cuando tengan por objeto su expulsión del país. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2007. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito solicitarle, señor Presidente, se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates de esta Honorable Cámara de Diputados. Es cuanto.