La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Le solicito, Presidente, se inserte íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. El financiamiento a los partidos políticos se justifica en la necesidad de que por parte de éstos y los candidatos se cuente con los medios necesarios para poder cumplir en igualdad de condiciones por la victoria electoral, y además para poder mantener la estructura y organización de estos partidos en los periodos de inactividad electoral. Derivado de la evolución histórica de nuestra democracia electoral y del sistema de partidos en México, resultó evidente que la política se transformara en una actividad cada vez más costosa, sobre todo por el incremento de los gastos de las campañas electorales cuyos costos se dispararían por el uso de medios electrónicos de comunicación y organización y la contratación de asesores extranjeros de marketing político. Es así que el incremento al financiamiento de los partidos políticos en los últimos años provocó que uno de los problemas más preocupantes en el estado de partidos fuera precisamente la regulación sobre el origen y el uso de los recursos que dichos partidos políticos reciben, por ello la legislación ha establecido mecanismos para obligar a la transparencia, al reparto equitativo del financiamiento público y al financiamiento de instancias de control y fiscalización de los recursos. Sin embargo, en la mayoría de los casos la legislación ha resultado insuficiente, principalmente porque la demanda de transparencia sobre el origen, monto y destino de los recursos no tiene la correspondencia debida en los órganos de control y supervisión. El motivo de fiscalizar los gastos de los partidos políticos tiene que ver, en primer término, con transparentar la competencia política. Se trata nada más y nada menos que de dar certeza a la sociedad de que los procedimientos que utilizan los partidos políticos para obtener el voto se apegue a la ley. Pero en segundo término, fiscalizar a los partidos políticos también tiene que ver con la responsabilidad de mostrar a la sociedad que los recursos públicos que se otorgan a los partidos son utilizados en su propio beneficio y no para cualquier otro fin. Por las razones anteriores, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos se han convertido en una tarea permanente en las sociedades democráticas, sea cual fuere el mecanismo de fiscalización que se utilice. En este contexto, también hay que tomar en cuenta que a pesar de la preeminencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado en nuestra legislación, lo cierto es que dichos recursos privados han sido y siguen siendo también fuente principal de cobertura de los gastos electorales. Incluso lo delicado es que es en este ámbito precisamente donde son más posibles y frecuentes los casos de corrupción y es aquí donde es más difícil introducir mecanismos eficientes de control y fiscalización. En este sentido, en este año 2007 se dio una reforma constitucional en materia electoral que busca el mejoramiento de la calidad democrática y el diseño en el marco jurídico electoral, anclado en principios éticos, transparentes, equitativos, de rendición de cuentas y de racionalización de los recursos públicos que permiten la consolidación de una democracia eficaz pero con costos bajos para nuestros representados. Se trata de una forma que sienta las bases para arribar a una legislación electoral que permita, entre otros aspectos, la reducción del financiamiento público a los partidos y agrupaciones políticas; una mejor y debida fiscalización por parte de la autoridad electoral; la obligación de las autoridades e instituciones financieras y de las personas en general, para dar información y documentación a las autoridades electorales para una debida y adecuada fiscalización; la imposición de sanciones que contravengan las normas para la debida fiscalización. Se plantea que para el órgano técnico de fiscalización del IFE no proceda la limitación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Esta propuesta busca dar mayores herramientas al IFE para dar cabal cumplimiento a la función de fiscalización respecto a los ingresos y egresos de los partidos políticos y particularmente de que se aseguren los principios de certeza, imparcialidad, equidad y legalidad que rigen los procesos electorales. Lo anterior resulta totalmente adecuado, más aún cuando el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que la autoridad electoral responsable de fiscalizar el origen y destino de los recursos de los partidos políticos no les es aplicable dicha reserva, ya que la misma debe ser considerada como una autoridad fiscal, más si en consecuencia dicho obstáculo puede ser un freno a la debida función fiscalizadora de la autoridad electoral, a la que constitucionalmente está facultada y obligada a realizar. En consecuencia, y congruente con la reforma constitucional, vengo a presentar una propuesta de reforma para que en las leyes de la materia quede establecida la posibilidad de que el órgano técnico de fiscalización del IFE pueda solicitar información sin que sea obstáculo el secreto bancario fiduciario y fiscal, por lo que se propone el siguiente proyecto de Decreto por el que se adiciona al artículo 69 un párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación, y se reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Artículo primero. Se adiciona al artículo 69 un párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: Artículo 69. La reserva de información a que se refiere este artículo no resulta aplicable para los casos en que la información sea solicitada por el Instituto Federal Electoral a través del Servicio de Administración Tributaria, mediante escrito debidamente fundado y motivado, en ejercicio de sus atribuciones legales en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones nacionales. Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: Artículo 117. Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para poder disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando los pidiere la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado, las autoridades hacendarias federales para fines fiscales, así como la fiscalización a particulares, a petición del órgano técnico de fiscalización del Instituto Federal Electoral para fines de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, respectivamente. Dichas solicitudes deberán hacerse por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores". Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La que suscribe, diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Es cuanto, diputada Presidenta.