EL C. DIPUTADO OSCAR OCHOA PATRÓN (PAN): Ciudadano Presidente y Secretario de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados; Señoras Diputadas; Señores Diputados: Con el propósito de agilizar esta iniciativa solicito a la mesa se sirva insertar el texto íntegro de la misma en los medios de publicación oficiales de esta Cámara, toda vez que procuraré referirme únicamente a los puntos más sobresalientes. "El suscrito diputado Oscar Ochoa Patrón y diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional, pertenecientes a la LVIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en las normas vigentes sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y la Ley Federal de Derechos, bajo la siguiente " E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s : "El financiamiento destinado para lograr una educación con calidad y pertinencia ha sido gradualmente el foco de atención de muchos países. Los recursos que se dirigen para la planeación, desarrollo y control de la educación en relación con otras importantes erogaciones de su presupuesto de egresos es un tema de la mayor relevancia. "No hay duda de que una de las metas compartidas por los gobiernos es la de abatir los rezagos sociales procurando disminuir la debilidad de los sectores más desprotegidos de la población, fortaleciendo la preparación académica, la educación artística, cultural y deportiva. "Establecer la fórmula de subvención estatal a la educación, sin perjuicio de las asignaciones establecidas para otros rubros, es la preocupación de muchos colegas legisladores aquí en México y en muchas partes del mundo. "Esta iniciativa propone encontrar otras alternativas de financiamiento que contribuyan a aligerar las pesadas cargas que significan proyectar altos gastos con muchos o con ingresos insuficientes. "La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 3º primer párrafo, que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que Federación, Estado y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria y señala por separado en sus fracciones IV y V, que la educación que el Estado imparta será gratuita y que además de impartir la educación básica obligatoria, promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos. "La gratuidad de la educación que el Estado imparte no se ve afectado en este caso por esta propuesta, toda vez que se refiere a actividades diferentes que podrían considerarse extraescolares, independiente a la prestación del servicio educativo mismo. "En el caso de las inscripciones, se detalla en forma clara y específica, que el pago de las cuotas debe ser voluntarias y mediante un convenio previo al inicio del curso. "En el caso de las instituciones educativas que el Estado promueve y atiende, también se sugiere la celebración de convenios donde se definan, por un lado, las cuotas por inscripciones y, por otro, la definición de la prestación de servicios y productos de bienes que serán considerados como ingresos extraordinarios o autogenerados. "Tenemos ya funcionando desde el 2001, impulsado por el Poder Ejecutivo Federal, el Programa de Escuela de Calidad, PEC. Ambos instrumentos, lo planeado en esta iniciativa y el PEC, coinciden en que es primordial incentivar la participación compartida de todos los integrantes de la comunidad escolar en la tarea educativa. "La principal diferencia de esta iniciativa y el PEC, radica en que éste último utiliza prácticamente recursos públicos de aportaciones federales y estatales, y esta propuesta pretende se utilicen los recursos autogenerados por las propias instituciones. "De manera particular y reforzando el contexto de ideas, los legisladores nos comprometimos en agosto del 2002, junto con todos los actores que intervienen en la educación en México, con la firma del compromiso social por la educación, resaltamos en esta oportunidad la necesidad de modificar nuestro marco jurídico. "La problemática legal que podíamos observar es que en las actuales condiciones normativas, los planteles como el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico o las escuelas de nivel técnico, por citar ejemplos, no tienen la certeza de que sus esfuerzos por autogenerar sus recursos se vean reflejados en recursos adicionales para o por su institución, lo que trae como consecuencia una lógica inconformidad en algunos casos y una franca apatía en otros, toda vez que podría decirse que en una buena medida no vuelven a tener acceso a los recursos que lograron y generaron con sus esfuerzos, aunado esto a la serie de dificultades que ya se están dando en algunas instituciones educativas y en la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la gran laguna legal que existe al respecto. "En la práctica algunas instituciones ya están generando y aplicando sus recursos con base en procedimientos internos, pero no están amparados por normas que los impulse o incentiven, esto crea ciertas dudas e incertidumbres jurídicas. "Lo que más nos interesa a los legisladores que suscribimos este documento, es lograr mediante las modificaciones legales necesarias, que estos recursos adicionales puedan ser canalizados para obra de infraestructura y equipamiento de las propias instituciones o para programas que procuren el mejoramiento de la calidad académica, según la planeación, organización e integración que los directores de las escuelas realicen, procurando para las consecuencias de estos fines, contar con procedimientos de consulta directa con la comunidad educativa sobre la obtención y aplicación de los recursos e informando por escrito a las autoridades competentes de los resultados de los ejercicios anteriores, información que deberá de estar al alcance de la propia comunidad educativa. "Para estos efectos se está proponiendo la modificación del artículo 11, 14, 27 y 65 de la Ley General de Educación. En cuanto a la Ley General de Derechos, que fija los montos de los derechos que usuarios específicos de la población pagan al Estado por los servicios que presta en su función de derechos públicos, así como el uso o goce o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, sugerimos también los cambios necesarios. Es por esto y por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones detalladas en el proemio, que los diputados abajo firmantes sometemos a consideración del pleno el siguiente: PROYECTO DE DECRETO. Artículo 1º.- Se reforman el Artículo 11, 14, 27 y 65 de la Ley General de Educación para quedar el 11º para los efectos de esta Ley se entenderá de la Fracción I a la X quedan como están. En la Fracción IV nada más dirá: "que los ingresos extraordinarios, los que no se encuentren incluidos en los presupuestos anuales aprobados por las dependencias y que sean autogenerados por las propias instituciones, por la prestación de servicios y la producción de bienes. Artículo 14º. Aquí corresponde a las autoridades educativas federal y local, de manera concurrente, las atribuciones siguientes: De la I a la X queda igual, en la XI "constatar mediante revisiones periódicas y sistematizadas que los ingresos extraordinarios o autogenerados que obtengan las instituciones educativas del Estado, con excepción de las Universidades y demás instituciones de Educación Superior a las que la Ley les otorga autonomía, cumplan con los requisitos señalados por las normatividades correspondientes y que además serán recaudados estrictamente por el organismo que para este fin se determine, procurando mediante su estructura administrativa, la agilización del procedimiento necesario para el cumplimiento de este objetivo". En el Artículo 27º "El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa promoverán que las instituciones educativas del Estado , con excepción de las ya mencionadas, se provean de ingresos extraordinarios o autogenerados que por los conceptos de prestaciones de servicio y producción de bienes, tengan cada escuela. Además deberán supervisarse que los ingresos extraordianarios o autogenerados, se destinen para obra de infraestructura en las propias instituciones. Por otro lado, tomarán las medidas administrativas necesarias para asegurarse que los Directores de los planteles referidos anteriormente rindan ante las autoridades competentes, al término de cada ciclo escolar, un Informe Técnico y un Informe Financiero correspondiente a lo recaudado. Así pues, para suscribir junto con las autoridades educativas del plantel someto a esta consideración si dejamos para su documento y sea transportada a la Comisión de Educación y Servicios Públicos. Muchas gracias. -EL C. PRESIDENTE. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con opinión de Hacienda y Crédito Público. Tiene el uso de la palabra el Diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos para presentar una Iniciativa que reforma diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar el período de gestión de los Diputados Federales así como para permitir la re elección de Diputados Federales, Diputados Locales y de Miembros de los Ayuntamientos -