LA DIP. LAURA PAVON JARAMILLO: Con su permiso, compañera Presidenta. Señores y señoras legisladores: Mi intervención aquí es para solidarizarme en lo general con el Punto de Acuerdo presentado por mi compañero diputado Alfredo Hernández Raigosa, tomando en consideración las siguientes argumentaciones. Desde tiempo atrás hemos reconocido y asimismo nos hemos solidarizado con la infatigable labor de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la denuncia de los casos de niños desaparecidos, tendiente siempre a sensibilizar y hacer visible ante el gobierno y la comunidad el grave fenómeno de los niños desaparecidos. Así también a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, hemos permanentemente atendido y dado seguimiento a la situación prevaleciente en el estado de Jalisco con motivo de las denuncias presentadas por presuntas anomalías en los trámites de adopción realizadas por el Consejo Estatal de Familia en esa entidad federativa. Hemos solicitado información y vinculado nuestras intervenciones con el Congreso Local de esa entidad, manifestándonos siempre atentos al desarrollo de las investigaciones que actualmente se realizan. Estamos conscientes de que se ha incrementado el número de denuncias sobre niños desaparecidos y no hemos logrado instrumentar medidas legales y de prevención que permitan atacar de fondo ese problema. Los esfuerzos hasta ahora realizados requieren ser redoblados, si queremos realmente abatir este fenómeno que atenta contra la infancia y sus familias. Cada vez conocemos más casos de niños que son sustraídos de su seno familiar, no sólo por extraños, sino como aquí bien se ha dicho, por sus propias familias, y desde luego los interesados, los primeros interesados en recuperarlos no tienen el éxito a sus gestiones para ese fin. Pero todos sabemos de personas que también de buena fe recogen a pequeños, en ocasiones por razones de pobreza han llegado a comprarlos en el ánimo de protegerlos, de sumarlos a su familia o bien en búsqueda de compañía, porque independientemente de que estas conductas estén tipificadas en el Código Penal Federal, es importante destacar que en muchas ocasiones no resulta factible su persecución debido a que no se tienen las instancias especializadas para la atención de estos delitos. La Procuraduría General de la República no cuenta con una fiscalía especializada que atienda en el ámbito de su competencia de esta investigación. Y aquí debo recordar a esta soberanía que en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de junio del 2000, en los Transitorios, y esto abona en lo que aquí el compañero Hernández Raigosa acaba de presentar, dice: "En un plazo no mayor de seis meses, el Ejecutivo federal deberá crear la estructura administrativa necesaria en la procuraduría General de la República, para la atención de estos delitos previstos en los artículos señalados". Lo que necesariamente significa, que el marco jurídico no está debidamente complementado por el Ejecutivo, en lo que ya está legislado, aunque hay que agregar, sin duda, que falta complementarlo con otros temas. Motivo por el cual, mi fracción parlamentaria se suma a este Punto de Acuerdo en lo general, con el propósito de abonar en el cumplimiento de estos acuerdos. Muchas gracias.