El diputado Luis Carlos Campos Villegas: Con su permiso, señor presidente. En México la pobreza subió de 31.7 por ciento en 2006 a 34.8 por ciento en 2008. Esto significa que de 2006 a 2008 por primera vez en los últimos 10 años el número de personas en pobreza alimentaria, el equivalente a la pobreza extrema para el Banco Mundial, creció y pasó del 13.8 por ciento al 18.2 por ciento de la población total del país. Conforme a los datos del último censo de 2010, la tendencia se conserva. La pobreza, el atraso y la marginación de amplios sectores del pueblo mexicano es una realidad que lacera y lastima la conciencia colectiva de nuestra nación, generando profundos resentimientos y confrontaciones sociales que ponen en riesgo la estabilidad política del país. Es impostergable reducir los niveles de pobreza y también es necesario perfeccionar la coordinación institucional. La adecuada coordinación para la ejecución del gasto público en materia de combate a la pobreza está condicionada por la elaboración de reglas de operación claras y sencillas para la población en general. El análisis de la elaboración de las reglas de operación nos permite concluir que son poco inteligibles, hacen nugatorio el derecho de los ciudadanos para obtener los apoyos y beneficios pretendidos por las políticas sociales orientadas al combate a la pobreza. Los requisitos, formularios a llenar y los trámites a realizar, son tan abundantes que los potenciales beneficiarios de estos programas con frecuencia no logran cumplirlos y pierden la oportunidad de recibir los beneficios que en justicia les corresponden. En consecuencia, es necesario que el gobierno federal elabore reglas de operación sencillas y flexibles en la aplicación de los programas sociales para el combate a la pobreza. Es necesario establecer mejoras regulatorias que se traduzcan en procedimientos simplificados con mecanismos acordes al nivel cultural y social de los grupos más vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y de alta y muy alta marginación social. Es por ello que se considera necesario adicionar a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 69-E, fracción I, un segundo párrafo en el que se establezca que en el diseño e implementación de mejoras regulatorias para las reglas de operación de las políticas públicas orientadas a generar el bienestar social, el empleo y la integración nacional de la población indígena, rural y en situación de pobreza ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, se procure que la normatividad sea clara, sencilla, sensible y de ágil aplicación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue: Artículo 69-E, fracción I, se agrega un segundo párrafo. Las reglas de operación de los programas sociales para el combate a la pobreza serán claras, sencillas y de ágil aplicación, para que sus beneficios lleguen a los más necesitados. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señor presidente, le pido respetuosamente que se agregue íntegro al Diario de los Debates la iniciativa presentada, en virtud que solamente he señalado una síntesis de la misma. Es cuanto, señor presidente.