El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, desde una perspectiva jurídica, la figura de la extinción de dominio es considerada como un mecanismo por el que el Estado, a través del Ministerio Público como institución de procuración de justicia, identifica y quita los derechos a las bandas delictivas sobre los bienes de procedencia y de destino ilícito. Es importante destacar que en el proceso de extinción de dominio no existe una condena para la persona propietaria del bien o de la persona que se ostenta como su titular, lo que genera es una adjudicación al Estado, ya que el bien o el inmueble está vinculado con uno o varios delitos. La extinción de dominio ha permitido a la autoridad judicial, bajo un procedimiento basado en los principios de seguridad jurídica, debido proceso y legalidad, determinar la pérdida del dominio de bienes de procedencia ilícita. Desde su incorporación a nuestro régimen a nuestros días, ha permitido no solo la instrumentación de estrategias eficaces para identificar e inhibir al crimen organizado, sino que además ha sido fundamental en desarticular y disminuir la capacidad operativa de las bandas delictivas que operan en nuestro país. La extinción de dominio ha contribuido a generar un marco jurídico de certeza y certidumbre en el actuar de las instituciones contra las organizaciones delictivas y decomisar sus activos económicos. Es decir, ha coadyuvado a garantizar la seguridad de la población de nuestro país. La Ley Federal de Extinción de Dominio está reglamentada en el artículo 22 constitucional, por lo tanto, establece la regulación de la figura jurídica, determina el procedimiento y define la actuación de las autoridades correspondientes. La extinción de dominio está sustentada en el interés público de impedir que una propiedad o bien tenga un uso ilícito. De ahí la relevancia de garantizar una reforma adecuada que le sirva a México, ya que de malinterpretar esta figura o hacer mal uso de ello podría servir a un gobierno autoritario para vulnerar nuestro patrimonio. Estas modificaciones no constituyen un tema menor, ya que estamos reformando uno de los artículos que rigen el actuar del Estado mexicano contra las bandas delictivas, lo cual permite atacar de manera frontal su operación y hasta una de sus principales fuentes de financiamiento. Contar con una clasificación de las conductas que son objeto de extinción de dominio permitirá que la actuación del Estado se desarrolle con certeza y mayor certidumbre. Sin embargo, este catálogo debe constituirse por las principales conductas ilícitas que vulneran el ejercicio pleno de los ciudadanos y transgrede su integridad, seguridad y patrimonio. Hasta ahora se tienen contemplados delitos tales como corrupción e ilícitos cometidos por servidores públicos, asimismo el robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. La clasificación de estas conductas que son contrarias a nuestro marco jurídico e institucional debe ser actualizado con periodicidad, bajo estudios técnicos y estadísticas oficiales que permita garantizar que se encuentren las que más aquejan a la población, a su seguridad y a los bienes. Fue relevante que se incorporaran delitos como la extorsión, ya que a través de este medio se obliga a las personas para realizar pagos con fines de lucro, generando así perjuicios a las víctimas y a sus familias. La extorsión se considera como un delito patrimonial, ya que a través de este medio se pide dinero o alguna cosa, provocando perjuicios a los afectados. Por su frecuencia constituye una de las principales fuentes de financiamiento para estas bandas. La extorsión se ha consolidado como uno de los delitos con mayor presencia y que más se ha incrementado en los últimos años. La extorsión también está catalogada dentro de los delitos llamados pluriofensivos. Esto significa que trasgrede a diversos bienes jurídicos, entre ellos el de libertad, integridad física y propiedad. Se deben considerar los costos que el Estado mexicano eroga al desempeñarse como administrador de los bienes durante el tiempo que dure el proceso de extinción de dominio, ya que en muchos casos son pérdidas a la hacienda pública federal. Nuestro Grupo Parlamentario del PRI está en lo afirmativo, por considerarlo de manera adecuada, porque va a justificar el apoyo a todas las personas físicas de nuestro país. Es cuanto, presidenta.