La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: Señoras y señores diputados, presidente. Vengo aquí a presentar el posicionamiento en contra del dictamen al proyecto de Presupuesto de Egresos de 2016. Una vez más, diputadas y diputados, el futuro de esta nación se pretende decidir bajo la óptica maniquea de quien lo gobierna. El Presupuesto de Egresos es, además de un instrumento normativo de planeación y ejecución del gasto, un instrumento que expresa las prioridades de un gobierno y los principios que regulan su desempeño. La muestra es que estamos aquí, a estas horas, sin haber tenido la oportunidad de leer a fondo el dictamen, simulando que tomamos decisiones, porque aquí ya está todo decidido de antemano, a espaldas de la ciudadanía, porque díganme ustedes qué ciudadano ve el Canal del Congreso a estas horas. Esta Cámara no está cumpliendo con su deber, es tan solo una comparsa del Ejecutivo. Qué vergüenza, señores. En este contexto, como todos sabemos, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal, bueno, en este Presupuesto el gasto de los Ramos administrativos se reduce en 8.45 por ciento, en tanto que las erogaciones para los programas de apoyo, ahorradores y deudores de la banca, que se dirigen a apoyar la banca comercial crecerán un 82 por ciento. Esas son las diferencias en las prioridades del gobierno. Ante este escenario, la calidad y la provisión de los servicios y bienes públicos que recibe la población se verán disminuidos y el impacto de los programas del gobierno se alejará cada vez más de las metas y prioridades establecidas en el discurso. En el caso específico del Ramo educativo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el trabajo Elementos para una propuesta de gasto educativo, presentado en esta Cámara de Diputados, muestra que la evolución del gasto educativo, como porcentaje del gasto programable y del gasto neto total, presenta una tendencia decreciente, mientras que en 2008 representaba cerca del 25 por ciento del gasto programable y el 18.4 del gasto neto total, en 2016 estos porcentajes decrecen en alrededor de 6 y 3.5 puntos porcentuales respectivamente. Por otro lado, la creación y fusión de los programas públicos carece de objetivos, estrategias, indicadores y metas específicas que garanticen una mayor eficacia, eficiencia y equidad en el uso del gasto público y, por ende, en una reducción de las brechas sociales. Claro ejemplo es el caso de la educación, en el que se eliminan programas orientados a promover la equidad, tales como las escuelas de tiempo completo, el programa para la inclusión y la equidad educativa, el programa para la reforma educativa y el dirigido al fortalecimiento de la calidad educativa. En este sentido, a pesar de que el secretario Nuño ha dicho que la SEP tiene el presupuesto más grande del país, también es cierto que tiene uno de los más inequitativos, lo anterior, en gran medida derivado de la inercialidad del gasto, la cual de acuerdo con el INE alcanza a más de 80 por ciento de los programas, sin que haya mediado una evaluación de los resultados y una planeación previa como tampoco un análisis pormenorizado de las poblaciones a los que va dirigido ni la heterogeneidad estructural del sistema educativo. Finalmente, en lo que respecta a la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas, sigue prevaleciendo la opacidad, lo que se traduce en que no se puede saber con precisión en qué se gastarán los recursos públicos, como tampoco podrá hacerse una vigilancia y monitoreo adecuados del gasto público. El presupuesto Base Cero, que anunció con tanto revuelo la Secretaría Hacienda, no se tradujo en una mejor planeación del gasto. En otras palabras, sin la información relativa a los criterios y controles, a partir de los cuales tales programas y proyectos se determinaron, únicamente se siguen fomentando las irregularidades, las malas prácticas y la corrupción. En el caso de la educación, los programas referidos con anterioridad son un claro ejemplo de la falta de claridad en los criterios utilizados para la desaparición, reducción y fusión de programas que fueron señalados como sobresalientes en el Tercer Informe de Gobierno. En suma, este presupuesto no responde a lo que el propio INE, entidad encargada de evaluar la política, propone como prioridad en materia de política educativa. De hecho, al distinguir por ramo y destino del gasto de la función educación, se observa que el presupuesto de la Secretaría de Educación para 2016 se reducirá en 2 mil 70 millones de pesos, es decir, 3.5 por ciento menos que el aprobado para 2015. Asimismo, este sector tendrá un endeudamiento de 50 mil millones de pesos a pagar en 20 años. Lo mismo pasa con el sector de ciencia y tecnología e innovación, en el cual observamos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un decremento del 2 por ciento. Morena votará en contra del dictamen al proyecto de presupuesto porque está en contra de la ciudadanía, por tanto, no se pueden esperar resultados diferentes repitiendo lo mismo que se ha venido haciendo. No nos sorprendemos que en un año volvamos a estar en esta misma tribuna debatiendo cómo hacer frente al estado lamentable de nuestro sistema educativo.