El diputado José Alberto Rodríguez Calderón: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, un sistema de justicia penal, eficaz para investigar y sancionar los delitos que tienda a la reinserción social de quienes los cometen es un rasgo distintivo de toda sociedad democrática. Ésta fue la visión original sobre la cual se construyó la reforma constitucional en materia de justicia penal de junio de 2008, en la que se resaltó el tema del reconocimiento y aceptación a los derechos humanos como un factor indispensable de responsabilidad del Estado, comprometido éste a garantizar el apego irrestricto a la garantía de su ejercicio en todos sus actos, de conformidad con los instrumentos internacionales a los que México ha firmado y se ha comprometido desde hace muchos tiempo. En tal sentido, esta Cámara de Diputados se ha caracterizado por mantener el respeto a los derechos humanos como el eje predominante de las reformas en materia de justicia. Por ello, figuras controvertidas como el tema del arraigo han sido objeto de reiteradas modificaciones, en virtud de que afectan una prerrogativa fundamental, como lo es la libertad de las personas, concebida ésta como uno de los derechos humanos por excelencia y que ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales. Su evolución y gradual apego a la función jurisdiccional influye de manera sustancial en la actuación de los jueces, en virtud de su decisión de implementar y ejecutar esta medida. En razón de lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor del dictamen, que hoy somete a consideración de este pleno la Comisión de Puntos Constitucionales, pues de aprobarse las reformas planteadas será reducida la temporalidad de la aplicación de la figura del arraigo de un plazo de 40 días como actualmente se encuentra el texto vigente a 20 días, pudiendo ser prorrogable por 15 días más, reforzando con ello su carácter estrictamente temporal. De igual forma, se pondera la protección a los derechos humanos a parir de obligar al juzgador a sustentar su decisión de dictar la medida siempre y cuando existan indicios suficientes que vinculen a los inculpados con delitos de delincuencia organizada, que mediante el arraigo se provea de mayores elementos en la investigación, se proteja la vida, la integridad de las personas, sus bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado para ello. Asimismo, se fortalece de manera relevante la intervención y participación de los organismos de protección de los derechos humanos previstos en la Constitución, cuando las personas sujetas a dicha medida cautelar así lo soliciten. Será posible también que previa la autorización judicial el Ministerio Público retenga a una persona por un periodo adicional de hasta 42 horas cuando se trate de delitos de delincuencia organizada y delitos de prisión preventiva oficiosa, entendiendo estos como los llamados Delitos graves; secuestro, violación, homicidio, siempre que esta medida sea necesaria para ampliar los elementos probatorios que motivan la retención. Compañeras y compañeros diputados, se ha mencionado de manera reiterada cifras de eficiencia sumamente negativas y contradictorias. Es muy importante establecer con precisión que los datos estadísticos o los datos de información que se han generado a través de los medios de comunicación hablan de los delitos federales, de la eficiencia del arraigo en materia de delitos federales. Debemos entender lo siguiente: los delitos federales a nivel nacional solamente representan escasamente el 10 por ciento de la realidad penal en este país; el 90 por ciento está en manos de las autoridades estatales en el fuero común y aquí es importante resaltarlo la eficiencia en el fuero común del arraigo oscila entre el 75 y el 80 por ciento de efectividad, datos precisos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se pueden verificar en los estados, incluso en el Distrito Federal. Compañeras y compañeros diputados, en la actualidad la aplicación de la figura del arraigo prevista en estas reformas hoy planteadas a nuestra Carta Magna y que en su momento deberán ser objeto de las reformas a la legislación adjetiva implican total garantía del ejercicio de los derechos humanos. Esto significa, en términos sencillos y concretos: los arraigados nunca estarán incomunicados; los arraigados nunca deberán ser objeto de tortura y definitivamente podrá hacer valer todos los medios de prueba y los medios de defensa a su alcance. Las presentes reformas, sin duda, constituirán un referente histórico en la aplicación de la figura del arraigo en el sistema de justicia penal, al intervenir todos los actores interesados en concebir a los derechos humanos como una condición esencial para la consolidación de un auténtico estado social y democrático de derecho, en virtud de que las bases para su aplicación serán emitidas desde aquí, desde el Poder Legislativo. La medida cautelar será solicitada en apego a derecho por el Ministerio Público, en razón de su naturaleza jurídica como representante de la sociedad y parte del Poder Ejecutivo, autorizada también de conformidad al caso concreto por el Poder Judicial y adicionalmente, en caso de que se decrete la medida, la misma que estará sujeta al monitoreo y observación de la sociedad civil. Como legisladores...