La diputada Concepción Villa González: Muchas gracias, presidenta. Compañeros, compañeras, la primera iniciativa establece el esquema de corresponsabilidad entre los propietarios de carga o usuarios y las personas con permiso para prestar servicios de transporte. De enero de 2015 al mes de agosto de 2016 se registraron 9 mil 900 hechos de tránsito, 4 mil 873 personas perdieron la vida como consecuencia de los mismos y 18 mil 879 personas resultaron heridas en tales eventos. De mayo de 2015 a septiembre de 2016 las autoridades federales impulsaron 59 mil 671 sanciones por infracciones a normas de circulación vehicular: exceder los límites de peso de carga y de velocidad o incumplir con las dimensiones de plataforma de carga. De manera particular, en la revisión a los vehículos articulados y doblemente articulados, en el 30 por ciento de los casos se detectó un exceso de carga. Actualmente en ninguno de los supuestos legados se considera la responsabilidad para el dueño de carga o usuario del servicio de autotransporte de carga, no obstante que también tiene el beneficio de disminución en los costos de transporte, por el transporte de bienes o productos en los vehículos que sufren algunos accidentes por el exceso en el peso de carga autorizada o incumplir con especificaciones técnicas y condiciones mecánicas que deben observar los vehículos de doble remolque. Por lo anterior, es necesario incluir la responsabilidad solidaria entre los permisionarios y usuarios o dueños de carga, quienes pueden tener un aliciente socialmente perverso en el transporte de bienes o productos a tiempos de permitir no cerciorarse, solicitar o prohijar, alentar o aspirar que se excedan los límites en el peso de la carga de dimensiones autorizadas o no exigir que los vehículos de remolque que no se transporte la carga cumpla con las prescripciones reglamentarias y normas aplicables o no asegurarse a solicitar con el operador asignado esté debidamente capacitado y conduzca bajo las condiciones de seguridad que permitan prevenir, disminuir las acciones. Es necesario que desde la ley se establezca la obligación para la Secretaría, de llevar no solo un registro de licencias otorgadas, sino de aquellas que se han suspendido o revocado en el registro que sea público. La segunda iniciativa de violencia en la comunidad de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La violencia sexual contra las mujeres ha sido reconocida en el ámbito internacional y nacional como una violación de los derechos humanos y un problema estructural de escala mundial, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niñas y adolescentes. Existen numerosas disposiciones internacionales que hacen referencia a este término y establecen obligaciones estatales para prevenir y atenderlas. De forma más específica, la violencia sexual en el espacio público es una forma de violencia sexual contra las mujeres. En la actualidad es la más común en el país. Por ejemplo, un estudio del Colegio Mexicano asegura que en la Ciudad de México el 93 por ciento de las mujeres han sufrido miradas lascivas, y el 50 por ciento han sido tocadas por la vía pública. La Ciudad de México no es un caso aislado, la violencia sexual contra las mujeres en espacios públicos ha sido señalada por organizaciones de la sociedad civil en diversas entidades federativas y se materializa en acciones como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, pero también en prácticas sexuales no voluntarias, acoso o violación. En esta lista de acciones no es limitada la comprensión de este tipo de violación en espacios públicos debe ser de forma amplia. No prevenir y atender la violencia sexual en el espacio público tiene como resultado el menoscabo del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y su plena participación en la vida pública del país, ya que este tipo de violación limita su movilidad y modifica su comportamiento. A pesar de los efectos que tiene en las mujeres la violencia sexual en el espacio público, legalmente no se cuenta con un marco jurídico adecuado para prevenir y atenderla. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es la ley que contempla y describe la violencia en la comunidad. Sin embargo, esta ley no cuenta con los reconocimientos específicos sobre violencia sexual contra las mujeres en espacio público. En este sentido, la presente iniciativa busca enriquecer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando una definición específica de violencia sexual en el espacio público, ya que es un tipo de violencia que se representa en la comunidad y, debido a que no ha sido nombrada e identificada en el Estado se cuenta con poca información al respecto y, por lo tanto, con una incorrecta o deficiente planeación política pública para prevenir y atenderla. También la presente iniciativa prevé estrategias de prevención de violencia contra las mujeres en el espacio público, tanto para modificar patrones socioculturales, como para crear espacios públicos seguros para las mujeres y niñas, considerando que estas acciones contribuyen efectivamente a la erradicación de violencia sexual en los espacios públicos. Por su atención, gracias.