La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. El dictamen que somete a consideración de esta soberanía la Comisión de Trabajo y Previsión Social es de la mayor importancia. Así como se estableció la normatividad laboral vigente y reforma integral en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicada en el Diario Oficial de la Federación del primero de mayo de 2019, resulta fundamental que los principios de democracia sindical y autentificación de la contratación colectiva se hicieran extensivos para los trabajadores al servicio del Estado, como se propone en este dictamen. Esto es muy relevante, porque si bien en nuestro país el grado de democracia y libertad sindical tiene ahora un marco jurídico que puede propiciar el ejercicio de estos derechos colectivos, en el caso de los trabajadores enmarcados en el apartado B del artículo 123. Tal aspiración está simple y llanamente prohibida. Esto contraviene el artículo 123 y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que al haber sido firmado por México y ratificado por el Senado de la República el 29 de diciembre de 1950 es ley suprema de toda la unión. En efecto, la fracción X del artículo 123 en su apartado B establece simplemente que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Sin embargo, la Ley Reglamentaria del Apartado B impone rígidas condiciones que conculcan en la práctica este derecho. Por su parte, el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical obliga al poder público a respetar la decisión de los trabajadores de constituir las asociaciones sindicales que consideren pertinentes y lo obliga a abstenerse de intervenir en la limitación de esta libertad o menoscabar su ejercicio legal. Para los servidores públicos sus derechos colectivos fundamentales: libre asociación, el derecho de huelga y la bilateralidad de la negociación y administración de las condiciones generales de trabajo son impracticables. Para los servidores públicos sus derechos colectivos fundamentales: libre asociación, derecho de huelga, bilateralidad en la negociación y administración de las condiciones generales de trabajo, vuelvo a insistir, son impracticables. La lucha legal de los trabajadores del apartado B ha tenido efectos positivos en nuestro marco legal. Ejemplo de lo anterior es la jurisprudencia 1/96, que abrió la posibilidad de un sector importante de los trabajadores al servicio del Estado a que lograran su reconocimiento como trabajadores del apartado A. La jurisprudencia estableció que los organismos descentralizados del gobierno federal no son parte directa de la administración pública y, como tales, no se encuentran enmarcados en la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Algunos contingentes, como el Sindicato de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, lograron su contratación colectiva en el marco de Ley Federal del Trabajo. La jurisprudencia 43/99 es parte de este proceso. La Suprema Corte reconoció el derecho de los trabajadores al servicio del Estado a constituirse libremente como sindicato. En consecuencia, en una dependencia de los Poderes de la Unión pueden coexistir dos o más sindicatos si así lo decide la base trabajadora, contra lo establecido en el artículo 68 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Finalmente, en 2004 se reconoció que los servidores públicos pueden coaligarse en una federación diferente a la oficial, que por decreto de ley es la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Las anteriores resoluciones han constituido pasos importantes en el marco de la democratización de los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, mientras no se modifique la ley, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje seguirá negando el registro a sindicatos ajenos a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, aún cuando las jurisprudencias citadas le obligan. El Partido de la Revolución Democrática ha sostenido, desde su fundación, la demanda de democracia y libertad sindical como legado de las grandes luchas obreras del siglo XX para que los sindicatos sean representantes legítimos de los derechos y aspiraciones de la clase trabajadora. Efectivamente, en su programa nuestro partido postula: En la construcción de una sociedad democrática, resulta fundamental garantizar la libertad de organización de las y los trabajadores para luchar por mejorar sus ingresos, sus condiciones de trabajo y su nivel de vida. Sostiene la Organización Internacional del Trabajo que sin libertad sindical no puede haber diálogo social ni progreso hacia la justicia. Esta libertad garantiza a los trabajadores la posibilidad de expresar sus aspiraciones, fortalecer su postura en la negociación colectiva y participar en la elaboración y aplicación de la política económica y social. Esperamos que estas modificaciones legislativas allanen el camino de los trabajadores al servicio del Estado en el rescate de su dignidad y su autonomía para que las fuerzas sindicales auténticamente representativas no sean mediatizadas con instrumentos legales, cuya inconstitucionalidad es evidente. Es cuanto, diputada presidenta.