El diputado José de Jesús Galindo Rosas: Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. La escasez de los recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. El objetivo número seis de desarrollo sostenible planteado por la ONU, establece que se debe garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, ello implica que para mitigar la escasez de agua se debe proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso. En virtud de ello, garantizar el derecho de acceso al agua demanda el compromiso y la voluntad política de los tres niveles de gobierno con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, especialmente en las regiones en donde escasea el vital líquido. En México el principal usuario del agua es el sector agrícola, con aproximadamente el 80 por ciento del agua concesionada a este sector, un 16 por ciento a las ciudades y el restante para la industria. Muchas regiones de nuestro país sufren de una fuerte crisis por falta de agua y en específico en el estado de Baja California se han afectado a los sectores agrícolas y ganaderos, los cuales han sufrido en salitramiento de sus tierras, reducción de cultivos, muerte de ganado y aumento en los precios del vital líquido. Esta crisis de insuficiencia de agua afecta también a los sectores industrial y doméstico. Al respecto, como lo señala la exposición de motivos del punto de acuerdo que estamos discutiendo, el 31 de enero del año en curso el monitor de sequía de México, emitido por la Conagua, señaló que la ciudad de Tijuana y Mexicali registraban una sequía severa; Tecate y Playa de Rarito con sequía moderada, y Ensenada anormalmente seco. Esto coloca a Baja California como a la entidad con el mayor problema de sequía en todo el territorio nacional. La preocupación social que existe en Baja California sobre el acceso al agua es vigente. Recientemente el Congreso del estado abrogó la Ley del Agua Estatal, ante la preocupación de diversos actores sociales que apuntaban hacia la privatización de este servicio. No obstante, esta polémica fue reavivada con el anuncio de la instalación de una planta cervecera del Grupo Constellation Brands, la cual se tiene previsto utilice aproximadamente 20 millones de metros cúbicos del agua al año. Esta planta cervecera ha prendido nuevamente los focos de alarma en algunos sectores de la sociedad bajacaliforniana, sobre todo considerando el impacto que ha tenido una instalación de este tipo de industrias en otros estados, por ejemplo Coahuila. Aunado a lo anterior, está el hostigamiento del que han sido objeto los agricultores del Valle de Mexicali con la intención de orillarlos a vender sus tierras y su derecho de agua a favor de la fábrica, lo cual hace de esta situación un conflicto social que puede tener consecuencias graves si no se actúa a tiempo para hacer prevalecer el interés social por encima de los intereses económicos. Por lo anterior y, a efecto de que el Estado garantice el derecho que toda persona tiene en México al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde compartimos la idea de que Semarnat y Conagua emitan su opinión respecto a la instalación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands en Mexicali y que se fortalezca el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a la construcción de dicha planta, con la finalidad de atender las preocupaciones ciudadanas respecto a dicho proyecto. Es cuanto, presidenta.