El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados. Quiero aprovechar, presidente, permítame, por favor. El día de ayer estuvimos en un seminario del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ahí se expresó un reconocimiento muy sentido a nuestro actual presidente, que hoy conduce esta sesión. Y dado que soy el primero de los asistentes en subir a esta tribuna me permito transmitírselo, presidente: gracias, porque soy uno de los beneficiarios de esa sesión que usted tan amablemente impulsó. Y quiero aprovechar también la tribuna para solidarizarme con nuestra compañera diputada Verónica Sada. Tiene nuestra comprensión, nuestro respaldo y nuestra solidaridad. Paso a las reservas al artículo 13. Primeramente, si bien es cierto en primera instancia el imputado es quien aparece como eventual participante y posible responsable, no puede sustentarse jurisdiccionalmente en un primer momento que él cometió un ilícito penal y, por tanto, tampoco puede probarse su culpabilidad. Ése es el origen del derecho a la presunción de inocencia, cuya razón de ser es la seguridad jurídica y la necesidad de garantizarle a todo acusado que no será condenado sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción y demuestren su culpabilidad mediante una sentencia condenatoria en su contra. Ahora bien, si este principio de inocencia impera cuando aún no se ha desahogado completamente el proceso correspondiente y no se ha dictado una sentencia en firme, sería natural que se extendiera hasta el agotamiento de los recursos procesales para la consecución del debido proceso. Sin embargo, el Código Nacional, hoy en discusión, no lo contempla en estos términos. La carga de la prueba es decir, la obligación de demostrar la culpabilidad de una persona recae hasta ahora en el Ministerio Público si no se establece de forma específica, que debe ser así, no sólo hasta la emisión de una sentencia, sino hasta el agotamiento de los recursos procesales, puede en esta circunstancia transferirse al acusado la responsabilidad de demostrar su inocencia. Derivado de lo anterior someto a la consideración la siguiente reserva al artículo 13o. para quedar como sigue: Toda persona se presume inocente, y será tratada como tal, en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme firme, emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados en este código. Viene ahora una reserva al artículo 165, relacionado con la prisión preventiva, que consiste en privar de la libertad a una persona de manera prolongada mientras encuentran pruebas que lo absuelvan o lo condenen, que en México ha tenido un uso excesivo provocando el hacinamiento y la sobrepoblación del sistema penitenciario. Si bien la propuesta contenido en el Código Nacional, ahora en debate, busca atinadamente revertir de alguna manera esta situación al establecer que la prisión preventiva no podrá exceder de un año, sin embargo al mismo tiempo prevé una excepción que puede extender la prisión preventiva cuando se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Cada año en el país más de 50 mil imputados quedan en libertad al no comprobarse su responsabilidad en el delito que se les implica. Aunado a ello, de acuerdo a cifras oficiales, el 70 por ciento de las personas condenadas en primera instancia reciben menos de tres años de prisión, tiempo que en muchos casos es superado en calidad de previsión de prisión preventiva. Un estudio del CIDE por su parte, encontró que la mayoría de los internos en los reclusorios del país estaban sancionados por el delito de robo, de ellos el 50 por ciento había robado menos de 6 mil pesos y 25 por ciento menos de mil pesos; es decir, en muchos casos se trata de delitos menores cuya sanción cuesta más a la sociedad, que el daño perpetrado por el acusado. Derivado de lo anterior, someto a su consideración de los términos en los que se está proponiendo aprobar este dictamen para la prisión preventiva, excluyendo del texto propuesto, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado como sigue: Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva solo por delito que merezca pena punitiva de libertad habrá lugar a prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este código. La prisión preventiva no podrá exceder de un año, si cumplido este término no se ha dictado sentencia el imputado será puesto en libertad de inmediato, mientras se sigue el proceso sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Gracias, a todos; gracias, presidente.