El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Si esta propuesta de Ley del Sistema Nacional Anticorrupción pasara por el tamiz de la congruencia y de la responsabilidad para atacar la corrupción como columna vertebral del sistema político nacional, simplemente no pasa la prueba. Es un diseño institucional deficiente, un diseño que no tiene pesos y contrapesos que determinen un sistema eficiente para acabar con la corrupción y más allá, yo hablaría de un derecho a una vida libre de corrupción, que es algo más, con una reflexión más a fondo. Si ese sistema garantizara el derecho a una vida libre de corrupción desaparecerían los problemas que tiene nuestro país. Dice un dicho que México es tan fuerte que los mexicanos no han podido destruirlo, y es esta situación de la corrupción la que medra, la que acaba con la dignidad de todos los mexicanos. Solicito a la Mesa Directiva que las reservas que presento se integren a la versión estenográfica o al Diario de Debates, para que se conozca que no son propuestas simplemente para presentar y ocupar un espacio en esta tribuna. Ese sistema nacional anticorrupción se integra, lo dice el artículo 7, por los integrantes del comité coordinador, el comité de participación ciudadana, el comité rector del sistema nacional de fiscalización y los sistemas locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. Ese sistema nacional anticorrupción únicamente es una acumulación de órganos que atienden algunos aspectos de la corrupción. No existen procedimientos, no existen responsabilidades ni instrumentos que ataquen a la corrupción como un acto de desvío de recursos económicos, como un acto de desvío de recursos de funciones públicas y además como un acto que atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos. Es un sistema que no tiene una articulación, que permite enfrentar en forma transparente, abierta y con una rendición de cuentas a la corrupción. Cito un ejemplo. Se habla de que se empodera a los ciudadanos a través de un comité de participación. Ese comité de participación tiene como objeto y lo señala el artículo 15, coadyuvar en los términos de la ley al cumplimiento de los objetivos del comité coordinador. Ese es su objetivo. Aquí el ciudadano no se empodera, participa en un comité que está desdibujado, no es como aquellos consejeros ciudadanos que empezaron a impulsar un órgano autónomo en el proceso electoral que tenían atribuciones de vigilancia. Ese comité únicamente coadyuva con la coordinación de este sistema nacional y tiene funciones menores, no se empodera a los ciudadanos, a los ciudadanos que participan en este sistema no se les da los instrumentos legales, procesales, de vigilancia, de auditoría, que permitieran recuperar la confianza en el sistema de administración pública. Ese comité llega al absurdo de decir que los ciudadanos no serán servidores públicos, serán contratados a través del servicio de honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno. Por lo tanto, no quedan sujetos a la revisión de los propios órganos de control internos. Este comité de participación ciudadana se contradice, porque a su vez los sujeta como servidores públicos, en función del artículo 108 constitucional. Son ciudadanos que van a participar y van a ser electos por el Senado, pero únicamente van a participar en cuestiones secundarias. Ellos no inciden en un sistema de recepción de denuncias, no inciden en diseños de políticas públicas que sean obligatorias para los tres niveles de gobierno, únicamente es una pantalla que engaña el compromiso de tomar en cuenta a los ciudadanos, como un sector que pondría equilibrio a un sistema anticorrupción. Son estas deficiencias las que se proponen recuperar a través de las reservas que se presentan, y de nueva cuenta incurrimos en la simulación. El sistema corre por vías paralelas que no se integran, que no se complementan, se respetan las atribuciones que tienen los órganos internos de control y los órganos de auditoría estatales, siguen su propio camino, no hay una interrelación, no hay una cooperación y coordinación para acabar con la corrupción. Se excluyen áreas de responsabilidad que quedan fuera de este sistema, como son los contratos de servicios públicos, las concesiones, esto queda fuera de este sistema de corrupción. Por tanto, tenemos un sistema que simula y proponemos, si se retomaran las modificaciones que presentamos, recuperar, por lo menos, el espacio de la participación ciudadana como un factor de equilibrio que vendría a darle fuerza a este Sistema Nacional Anticorrupción, dotándola de procedimientos que les permitan, efectivamente, vigilar y atacar todo acto de corrupción, no solamente el desvío de recursos económicos, sino también la calidad del servicio público, la responsabilidad de servidores públicos en el ejercicio de las atribuciones que le da la propia ley. Es cuanto, señor presidente.