La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Partido del Trabajo y su servidora vamos a votar en contra de la presente ley, la de energía eléctrica y geotermia, por ser violatoria de derechos fundamentales. Al igual que la Ley de Hidrocarburos el capítulo octavo, relativo al uso y ocupación superficial, regula la privación del derecho a la propiedad de manera arbitraria sin satisfacer el derecho de acceso a la justicia de los propietarios, puede ser básicamente ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios o también comunidades indígenas. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte de Justicia se han pronunciado con respecto a las afectaciones a la propiedad privada en casos de utilidad pública o interés social. Toda esta cuestión de las afectaciones a la propiedad privada está fuertemente vinculada con lo que es el bien común. Al respecto ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: E s posible entender el bien común, dentro del contexto de la Convención, como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. En tal sentido, puede considerarse como un imperativo del bien común la organización de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana. No escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos de orden público y bien común, ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público, como para justificar subrayo limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el orden público o el bien común como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de su contenido real. Esos conceptos en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objetos de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática. Esto lo refirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión OC585, del 13 de noviembre de 85. En otro caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puntualiza: Las razones de utilidad pública e interés social a que se refiere la Convención comprenden todos aquellos bienes que por uso que serán destinados permitan el mejor desarrollo en una sociedad democrática. Para tal efecto, los Estados deberán emplear todos los medios a su alcance para afectar en la menor medida otros derechos, por tanto asumir las obligaciones que esto conlleve al respeto a los derechos fundamentales, de acuerdo a la Convención. De manera análoga al interés social, esta Corte ha interpretado el alcance de las razones del interés general comprendido en el artículo 30 de la Convención Americana, alcance de las restricciones, al señalar que el requisito según el cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general significa que deben ser adaptadas a la función del bien común. Más adelante la propia Corte Interamericana señala. Asimismo, este Tribunal ha precisado que los conceptos de orden público bien común derivados del interés general en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida, nuevamente a justas exigencias de una sociedad democrática. Esto es en el caso Salvador Chirigoya contra Ecuador, sentencia del 6 de mayo de 2008. La función social de la propiedad forma parte de un derecho de contenido esencial y que tiene que ver con el ejercicio de este derecho, en armonía con el bien común. Esto es que el derecho de propiedad no puede determinarse únicamente bajo la óptica de los intereses particulares y menos de empresas trasnacionales o empresas con intereses mercantiles y que no tienen alguna relación con los intereses colectivos de la nación. El concepto de utilidad pública fue interpretado también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y puntualiza la Suprema Corte: Las autoridades expropiatorias, con relación a la expropiación por causas de utilidad pública, no solamente deben invocar alguna causa de utilidad pública para expropiar, sino que deben acreditar dicha causa en caso concreto de que se trate. Dicho en otros términos. La declaratoria de utilidad pública no debe basarse en una simple aseveración de la autoridad expropiante, sino que ésta tiene la obligación de demostrar y justificar que tal causa opera en cada situación concreta en relación con lo cual se expida o se haya expedido el decreto correspondiente. Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitud de modificación de jurisprudencia C... Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 2006. De todos estos casos estoy por terminar, presidente, de todos estos casos lo que reluce que en la regulación de la Ley sobre Energía Eléctrica, a partir del artículo 31 hasta el artículo 88 son contrarios a la propia Constitución, en cuanto al respeto a derechos fundamentales, al derecho de propiedad y también a los diversos tratados internacionales regulados en el artículo 1o. constitucional, con la misma jerarquía de la propia Constitución. Violan el derecho fundamental de acceso a la justicia y también del respeto al derecho a la propiedad. Es cuanto, diputado presidente.