EL C. SEN. FIDEL HERRERA BELTRÁN: Ciudadano Presidente. Honorable Comisión Permanente: La posición del grupo parlamentario del PRI, con el mayor rigor y apego a la legalidad y a la verdad, quiere contribuir a desentrañar esta confusión en la que se han venido, lamentablemente, desarrollando las investigaciones que con motivo de la queja que el Partido Revolucionario Institucional presentó el 23 de junio del año 2000 ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la posible comisión de violaciones a la legislación electoral y a otras disposiciones legales de la organización civil llamada "Amigos de Fox" se recrió. Vuelve este asunto a tensionar a los actores políticos de la sociedad mexicana a cuatro meses y días de la celebración de la elección general para renovar la Cámara de Diputados y es un evento de disparidad, cuando en esta sociedad, lo que queremos es construir instituciones muy sólidas, muy fuertes, asentadas en el estado de derecho, donde frente a la ley todos valgamos igual y frente a la ley todos seamos igualmente tratados; establecen estos desequilibrios que arrojan por lo menos en estas asimetrías en el tratamiento o la aplicación de la ley, las suspicacias que hacen renacer las hipótesis de que algo está oculto o que algo se quiere impedir que se conozca. Y es que cuando en el 2000, con apego a lo que dispone el artículo 41 de la Constitución, que regula el financiamiento con los impuestos del pueblo, de las entidades de interés público que son los partidos y las contribuciones que en el marco de la ley tienen o pueden hacer los particulares para el financiamiento de los partidos y de sus campañas y de sus candidatos, recayó una acción contraria de desacreditación, de persecución, de calumnia, sobre el Partido promovente. Como una reacción casi inmediata, la utilización de testimonios que no tienen validez en el proceso del sistema de medios de impugnación electoral, sirvieron para enderezar la más feroz campaña de desprestigio del Sindicato Petrolero, del Partido Revolucionario Institucional y de sus candidatos, sobre todo el candidato a la Presidencia de la República, y nada se investigó. Después, haciendo valer nuestros derechos, concurrimos a la instancia correspondiente: al Tribunal Electoral y éste resuelve que en la materia denunciada debería el Instituto Federal Electoral conocer de las operaciones relacionadas para establecer si lo que había sido denunciado era constitutivo o no, de delito; que ha sido todo lo que nosotros hemos reclamado y pedido: que se aplique la ley y que se sepa con todo rigor la aplicación de su peso a quien hubiera podido cometer el delito y también en el caso que esto ocurriera, con la misma claridad y calidad, la restitución del prestigio del daño de quien no hubiera cometido alguna falta. Pero no, no ocurre y luego de tres largos años hay un nuevo capítulo, un nuevo hecho denunciado, en que un servidor público de larga trayectoria en el sector financiero del Estado, con 20 años de trabajar en el Banco Central y en el Banco Popular y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos hace saber que desde el año pasado había rendido testimonio ministerial y que al igual que otros colaboradores de la institución donde se desempeñaba en su calidad de inspectores, habrían dado testimonio de la posible comisión de un delito; actualizar una hipótesis jurídica muy grave; muy delicada: el lavado de dinero. que había podido ocurrir y sobre el cual no se había avanzado. Y el tratamiento desigual otra vez. En lugar de ir al fondo a investigar lo denunciado o lo declarado, la persecución de los declarantes aduciendo que la posible violación del secreto bancario, haría de estas filtraciones un delito grave, casi de lesa patria. Como si el de filtrar no hubiera sido un ejercicio muy practicado en esta administración, por cierto. Y que si se aplicara el mismo parámetro, yo creo que más de la mitad del gobierno de todo el gabinete tendría que ser procesado porque son filtradores contumaces. Pero bueno, bien. Nuevamente las acciones que no guardan el orden, la propiedad, la serenidad, la frialdad con la que deben aplicarse las disposiciones de la ley. Y eso genera este tipo de confusiones en la que después se llevan a otro tipo de interpretaciones y que incluyen un factor que distorsiona o que dificulta el cumplimiento de los objetivos que tiene la ley para ser justa. Y frente a esto qué hacer. Frente a esto pues reclamar el imperio de la ley, que la autoridad cumpla con su responsabilidad, que el Instituto Federal Electoral, en donde están radicadas las acusaciones y que es la instancia que tiene la facultad fiscalizadora para saber con exactitud si se cometieron o no faltas, cumpla con su tarea y que si en el cumplimiento de su tarea encuentra posibles comisiones de delitos de otra naturaleza pues que dé vista y cuenta a la autoridad investigadora, a la Procuraduría General de la República. Pero sin levantar patíbulos adelantados, sin introducir eventos abusivos de autoridad que por lo menos descompongan la sana relación, la de respeto, la de civilidad que debe operar entre ciudadanos con responsabilidades iguales frente a la ley que debiéramos saber y aceptar que cada quien tiene, frente a la ley, un mismo rasero y que las instituciones cumplan con su tarea: las electorales, las de procuración de justicia y las jurisdiccionales. Si hay delitos, que quien tenga que consignarlos los consigne, quien tenga que juzgarlos los califique y aplique las sentencias que reclama la sociedad. Por eso, frente a todo este hecho en el que no han respetado las instancias del poder, el estado de derecho, en el que hay una inusitada eficacia para corresponder a la denuncia de un particular, muy respetable o muy amigo, de un particular que concurre a la Procuraduría General de la República a iniciar una averiguación sobre la posible comisión de un delito de violación de una legislación bancaria o mercantil, todo el peso de la ley a quienes pudieran haber sido señalados. Y frente a otras circunstancias no se hace nada. Se contribuye así al descrédito de las instituciones, se pone en entredicho así la vitalidad y la fuerza de las instituciones democráticas del país, que a nadie conviene, que nadie quiere y que somos los legisladores de México los obligados a fortalecer a las instituciones y, en consecuencia a actuar en cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional y de nuestro mandato político para exigir, para reclamar que sea la ley, sólo la ley y nada más que la ley la que impere en el esclarecimiento de los posibles hechos delictivos que pudiera haber cometido cualquier ciudadano mexicano ayer o ahora. Por eso nuestra convocatoria y nuestro exhorto a las fuerzas políticas, a los servidores públicos de los tres poderes de la unión, a las instituciones autónomas, las electorales y las administrativas, las de procuración y las de administración de justicia y a los ciudadanos para que cumplamos con nuestras obligaciones. Y a que este asunto se dirima en las instancias y con los procedimientos de debida legalidad. Que ahora que ha sido invocada esta extraordinaria instancia que hemos creado en el Congreso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cumpla ella también con su tarea. No confundamos los papeles: ni los legisladores nos volvamos jueces, de la misma manera que no hemos permitido que los jueces se vuelvan legisladores, pero sobre todo que el ciudadano jefe del Ejecutivo conserve la extraordinaria calidad: el mandato que le dieron los mexicanos en la elección en que le depositaron los destinos de la nación bajo su responsabilidad. Eso es lo que exigimos, es lo que pedimos. No queremos más, tampoco aceptamos menos, sólo la ley, nada más que la ley, siempre la ley. Es cuanto, ciudadano presidente.