La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, compañeros legisladores. El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento, son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Para el Partido Encuentro Social el acceso al agua potable de todos los mexicanos y en especial de los ciudadanos de Jalisco y del estado de Guanajuato, es un reclamo de justicia social urgente y de prioritaria atención que es necesario resolver velando porque todos los actores involucrados sean respetados en sus derechos humanos. En base a los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación en 1995 y en 1997, se declara la reserva a las aguas nacionales del río Verde en donde se establece claramente los volúmenes máximos de metros cúbicos de agua a que tienen derecho ambas entidades federativas, lo cual fue ratificado en el acuerdo entre el gobierno federal y dichos estados en septiembre de 2005, donde además se establecen las bases para dotar de agua potable más específicamente a la ciudad de León, a la región de Los Altos de Jalisco y a la zona conurbada de Guadalajara mediante la construcción de dos magnas obras de infraestructura conocidas como la presa El Zapotillo y la presa Arcediano. A lo largo de estos 22 años han sucedido modificaciones sustanciales, algunas incluso invalidadas por la Suprema Corte de Justicia como cuando se pretendía elevar la cortina de la presa de 80 a 105 metros. Hoy inclusive se habla de 60 metros, lo cual no garantiza y está en discusión el abasto de agua. Pueblos de Jalisco ante estas medidas se han visto en el grave riesgo de desaparecer, lo que nos hace pensar que ante estas diferencias importantes y ante el desconocimiento de los cambios que se han dado en estos 22 años en cuanto al abasto de agua, más pareciera que los lineamientos que empujan el proyecto que nos ocupa tiene motivaciones económicas o tal vez de favorecer algún grupo de intereses y no fundamentados en cuestiones técnicas de búsqueda, única y exclusivamente del bien común de la ciudadanía. Hoy el proyecto pone en juego el abasto real de agua tanto para la zona de los Altos de Jalisco, como para la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy el proyecto sólo garantiza el abasto de agua a la Ciudad de León con el consentimiento de los gobiernos federales, estatales y municipales. Temacapulín, Acasico y Palmarejo no merecen un final que atropelle su voz, ellos han sido escuchados gracias a sus constantes manifestaciones con una gran fuerza y con una gran pasión. Temacapulín, Acasico y Palmarejo no merecen desaparecer con un proyecto que además ni siquiera garantiza el pretendido objetivo a largo plazo. Temacapulín, Acasico y Palmarejo sí merecen ser escuchados, tomados en cuenta y que las acciones de gobierno sean movidas sólo por el noble fin del bien común y el desarrollo de los ciudadanos, en una palabra, es un tema de justicia social. Es por ello que la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social votará a favor del presente punto de acuerdo, que da cumplimiento además a los objetivos, al objetivo número 7, Desarrollo al Milenio que pide reducir a la mitad la proporción de personas que carecen de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Exhortamos al gobierno federal, particularmente a Conagua, a los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato, a los presidentes municipales para que en un ejercicio de civilidad, antepongan el interés ciudadano y llegue por fin a los acuerdos necesarios sin más interés que el de la población que merece ser atendida. Seamos la voz de los que no tienen voz, hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputada presidenta.