El diputado David Penchyna Grub: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados y senadores, los diputados y senadores del Grupo Parlamentario del PRI, integrantes de esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y por lo tanto de esta Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, en base a los siguientes Considerandos A pesar de que se afirma que lo peor de la crisis económica parece haber ya pasado, los mexicanos hemos iniciado el año 2010 con una galopante y escandalosa escalda de alza de precios. La posibilidad real de caer en una nueva espiral inflacionaria sería insostenible, tanto para los consumidores como para las empresas, ya que lo peor que nos puede pasar después de la recesión tan profunda, la más alta de los últimos 80 años, sería precisamente entrar en una espiral inflacionaria. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha minimizado sistemáticamente esta problemática. No nos extraña esa actitud como una clara muestra de insensibilidad social que ha caracterizado en materia económica a este gobierno. Se argumenta que se ha logrado la cifra de inflación más baja de la historia en las últimas décadas, sin considerar y sin decir con verticalidad, que el ingreso disponible de los mexicanos también es hoy el más bajo de los últimos 15 años. México vive una auténtica década perdida en materia económica; México hoy vive un desastre económico y pareciera que esa es la variable permanente que acompaña este sexenio, siguiendo los pasos del sexenio anterior. La economía mexicana tan sólo en 2009, cayó ocho puntos del producto interno bruto; la caída más alta de los últimos 80 años. Se perdieron cerca de 800 mil empleos formales y una incalculable cifra de empleos informales. En este sentido, y contrario a lo que han manifestado las autoridades hacendarias y económicas de nuestro país, bastaría rápidamente hacer un repaso de lo que ha pasado en los últimos 20 días de nuestra vida nacional en materia de precios de productos significativos de la canasta básica. Por señalar solamente algunos. El azúcar costaba 16 pesos, hoy vale 18, con un aumento de más del 13 por ciento. El huevo 20 y ahora vale 22; dos pesos que representan un 10 por ciento. El arroz pasó de 16 pesos a 17:50. Los detergentes, de 12 a 14. Las gasolinas, de 7 a 7.88 violando el acuerdo desde el año pasado, el agua embotellada subió más de un 9 por ciento, la leche más de un 4 por ciento, pasando del 12.15 por litro al 13.45. Así podríamos enumerar diferentes elementos en nuestra canasta básica que están golpeando evidentemente a las clases más populares. Este comportamiento de precios se aleja a lo preceptuado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que habría que recordarle al primer mandatario y a su gabinete económico. Nuestro artículo 28 de nuestra Carta Magna señala: "la ley castigará severamente? todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social". Artículo 28 de nuestra Constitución. Para tal efecto, esta soberanía en diferentes partes de su historia ha construido un marco normativo que parece que la autoridad económica y hacendaria de nuestro país desconoce, en donde se permita que la acción del Estado haga valer los derechos de los ciudadanos, en particular la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como la Ley Federal de Competencia Económica. A través de ellas se han creado instituciones como la Profeco y la Cofeco, Comisión Federal de Competencia Económica, para tomar cartas en el asunto. No obstante estos mandatos, nos parece que ambas se encuentran ausentes ante estos insostenibles y ofensivos abusos en contra de los consumidores. En este sentido, consideramos urgente y conveniente que este cuerpo representativo requiera un informe detallado a la Profeco, en el que se incluya información puntual sobre su actuación en materia de denuncias en este periodo, así como un reporte que haga del conocimiento de esta soberanía de la estrategia puntual que debería estar aplicando para garantizar los derechos de los consumidores. Asimismo, exhortar a la Cofeco a que, en los términos del artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, emita una opinión con efectos vinculatorios en el ámbito de su importante responsabilidad para atender las condiciones causantes del aumento injustificado de precios en inicios de este 2010, así como un desglose de alternativas para resolver permanentemente dicho conflicto en beneficio de la población en general. Las instituciones del Estado mexicano deben garantizar el respeto a la ley y hacer valer, no por voluntad propia sino porque es su obligación, el mandato constitucional y legal que tiene, los instrumentos del Estado mexicano para ejercer y cuidar al consumidor. Hoy es nuestra obligación como ciudadanía preguntarnos: ¿Tiene el Congreso de la Unión y el pueblo de México elementos para creer que este año no seguirá habiendo incrementos en la canasta básica y a los combustibles, cuando exactamente por estas mismas fechas, el año pasado, se comprometieron a congelar el precio de las gasolinas? Es nuestro deber preguntarnos ¿Dónde se está cumpliendo la responsabilidad de la Secretarías de Hacienda y de Economía, de formular y conducir las políticas generales de abasto y de precios? ¿Dónde están los resultados de la Secretaría de Economía, en la coordinación y dirección del Sistema Nacional de Abasto, que asegure una adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población? ¿Dónde está el ejercicio de la facultad de la Secretaría de Hacienda de establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fiscarlos, donde tiene la obligación de escuchar a la Secretaría de Economía en su diálogo con los sectores productivos? ¿Dónde están las medidas de reactivación económica, tan llevadas y traídas en los spots del gobierno federal? ¿Dónde está el diálogo permanente que el secretario de Economía está obligado a tener con los sectores productivos? Por todo lo anteriormente expuesto, y con base en los artículos 58 y 59 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración de ustedes los siguientes puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución. Primero. Se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor un informe que contenga como mínimo el número de denuncias que ha recibido en los últimos tres meses por alguna alza injustificada de precios, así como su estado procedimental, el número de visitas de verificación que han generado dichas denuncias, así como su resultado. Y como se ha informado a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus derechos e intereses, detectadas en las visitas de verificación anteriormente mencionadas, además de la forma en la que los proveedores los bonificarán. Así mismo, se pide se incluya el detalle de la estrategia que se estuviese aplicando para evitar el aumento injustificado de precios. Segundo. Se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica que emita una opinión vinculatoria sobre las condiciones de competencia efectiva que guardan los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final, así como una lista de los obstáculos que no permiten la libre competencia y que sean las causantes del aumento injustificado de precios en el inicio de este año 2010 y un desglose de alternativas para resolver estructuralmente dichos conflictos. Tercero. Se exhorta al secretario de Economía para que de inmediato ejerza las facultades de políticas generales de abasto y precios que le confiere y le obliga la Ley de la Administración Pública Federal, con el fin de revertir la escalada de precios que ha experimentado la canasta básica en detrimento de la economía popular, restableciendo el diálogo e inter locución con las cadenas productivas de los productos básicos, para concertar las acciones necesarias conducentes a una estrategia que revierta la escalada especulativa originada por el incremento del precio de la gasolina y garantizar el abasto adecuado para la población. Cuarto. Se exhorta al secretario de Hacienda para que, en el ejercicio de sus atribuciones en materia de precios y tarifas del sector público federal, cumpla con lo establecido en el Articulo 31, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública; y escuche la opinión de la Secretaría de Economía a partir del diálogo que debe tener permanentemente con los sectores productivos. Es cuanto, señor presidente.