El senador Luis Maldonado Venegas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Hoy se inaugura una nueva práctica republicana. Sin embargo, aún no es posible anticipar si las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso para modificar el formato del informe presidencial abonarán a un mejor ejercicio de la división de poderes y a la rendición de cuentas a la que tienen derecho todos los gobernados. En buena medida corresponderá a quienes formamos parte de esta asamblea parlamentaria, darle sentido y pertinencia a estas reformas y conferirle contenido y trascendencia a este acto de apertura de nuestros trabajos legislativos. Ante todo debemos reconocer que la nación se encuentra entre otra de las encrucijadas que marcan su historia; o consolidamos un país democrático e igualitario, o permitimos por acción u omisión una regresión autoritaria que condene al país a un futuro incierto, con desigualdad y exclusión social para millones de mexicanos. Esta LX Legislatura tuvo la oportunidad de devolver la confianza perdida a la sociedad con una reforma que corrigiera las deficiencias de la legislación electoral que lastimaron la imparcialidad, objetividad y certidumbre del proceso federal de 2006. Sin embargo, las reformas introducidas en el anterior año de ejercicio privilegiaron la conformación de una partidocracia y el reparto de cuotas, ignoraron la pluralidad que refleja una sociedad viva y actuante y, lo más grave, dieron la espalda a los ciudadanos. El actor, el protagonista de la vida democrática, el ciudadano, es relegado por los partidos políticos que no debieron ser sino un vehículo para que aquél se exprese. Es una auténtica paradoja que esta legislatura, la más plural de la historia, sea quien entierre las aspiraciones de una ciudadanía diversa y cada vez más participativa. Esta responsabilidad adquiere mayor significado cuando toca a las puertas de este Congreso el reclamo de una sociedad agraviada que exige de nuestra labor resultados inmediatos e iniciativas certeras, acuerdos y consensos que opongan un franco límite al estado de deterioro que sufren las instituciones y al conjunto de males que lastiman de manera persistente a quienes nos han conferido un mandato para representar sus intereses. Estos grandes desafíos son el combate a la inseguridad, la defensa del petróleo como patrimonio de todos los mexicanos y el abatimiento de la espiral de empobrecimiento que hoy afecta a la economía de las familias y de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Por ello ofende a la conciencia ciudadana, el despliegue que a través de los medios masivos de comunicación ha emprendido el titular del Ejecutivo federal para mostrarnos una visión idílica, distinta y distante a la realidad cotidiana, pretendiéndose con ello tender una cortina mediática al dolor, a la indignación y a la desesperanza que hoy preside en el ánimo de los mexicanos. Apenas hace unas horas hemos atestiguado la marcha de cientos de miles de ciudadanos en las principales avenidas y plazas de nuestras ciudades, sin distingo de credos, de clases sociales, de filiaciones políticas, unidas en un haz de voluntades con su carga de dolor a cuestas, con el grito contenido de justicia y seguridad. El grito demoledor del silencio, que horade y remueve toda conciencia. Junto a ellos, señores legisladores, otra marcha intangible, avanzada, era la presencia inmaterial de los millones de víctimas del delito y de la impunidad que se acumulan día a día y que engrosan las cifras negras, como evidencia de incapacidad manifiesta de nuestro sistema actual de procuración y administración de justicia. En su más reciente informe el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad ha identificado que anualmente se cometen en nuestro país casi 12 millones de delitos, más del doble de los que se cometían hace seis años. De ellos, sólo un millón y medio de ilícitos se denuncian como evidencia de la falta de credibilidad que tienen las procuradurías y ministerios públicos frente al ciudadano común, ya que la proporción de delitos consignados sigue siendo mínima y el escaso número de sentencias ubican en condición de impunidad al 98 por ciento de los delitos cometidos. Frente a este diagnóstico cruento, la actitud errática y evasiva de los actores políticos ha sido desalentadora. Al pronunciamiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exaltando la imagen impoluta de jueces y magistrados, se sumó la del titular del Ejecutivo federal, situándose del lado de las demandas ciudadanas. Ambas declaraciones carecen de autoridad moral porque niegan lo que todos sabemos: que la corrupción ha infiltrado a nuestras instituciones federales y son vías consuetudinarias para la evasión de delincuentes, reos y sentenciados. Por su parte, las Cámaras del Congreso a través de diversos voceros se ufanaron de haber concebido y concretado una reforma al sistema de seguridad y justicia, sin reconocer que a seis meses de su aprobación ha sido ya desbordada porque tuvo como horma su percepción cortoplacista, parcial, carente de una visión de Estado, ausente de integralidad y claramente alineada con los intereses de poder que frecuentemente prevalecen en los acuerdos parlamentarios. Para abonar a este clima de desorientación y falta de rumbo, como una respuesta a la escalada de secuestros que vive el país, se concretó el llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que si bien concitó la participación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, constituye un apunte improvisado de 70 acciones desarticuladas e inconexas, carentes de orden, de orientación, de objetivos; una suma de ocurrencias que en su mayoría representan el reconocimiento expreso de que las autoridades han abandonado su función pues muchas, la mayoría de estas acciones enumeradas, sólo significa que las autoridades cumplan con las responsabilidades y tareas que siempre han tenido bajo su órbita de competencia y tutela. Por ello, Convergencia, a través de sus grupos parlamentarios en las Cámaras de Diputados y de Senadores, insistirá en una reforma integral con visión de futuro, con dimensión de Estado, que responda verdaderamente al tamaño y a la profundidad que hoy se exige como una condición para fortalecer a las instituciones y para dar respuesta a la ciudadanía. Quiero recordar que en noviembre de 2003 el Grupo Parlamentario de Convergencia presentó una iniciativa de reformas que abordan estos aspectos cruciales. Fue el primero en proponer el establecimiento de juicios orales, pero a la par también un conjunto de reformas que no fueron consideradas ni atendidas en el último proceso de revisión constitucional y la legislación secundaria. Refrendamos una vez más la pertinencia de muchas de estas propuestas. La unificación de los códigos penales, la incorporación de la figura de reparación del daño a las víctimas de los delitos, el devolver al ciudadano el ejercicio de la acción penal rompiendo así el monopolio que hoy ejerce el Ministerio Público, una de las figuras más desacreditadas por su actuación, sujetándola finalmente al control de los órganos jurisdiccionales. Un rediseño del sistema de readaptación social y de atención a menores infractores, así como la instauración de una Ley de Justicia Cívica que atienda y desahogue los delitos menores y establezca el trabajo comunitario como medida de compurgación de sus penas. A la par de la inseguridad se ubica la incapacidad de este gobierno para cumplir su principal promesa de campaña: la creación de empleos. Hoy la CEPAL nos señala como la economía de más reducido crecimiento en América Latina. El Ejecutivo puede culpar a la recesión estadounidense o a que la falta de reformas estructurales impide el diluvio de inversión extranjera que nos hará ahora sí desarrollados. Lo cierto es que el modelo económico adoptado en los últimos 25 años se ha agotado sin haber cumplido las promesas de grandeza que ofreció. Las ilusiones de que una economía abierta y globalizada nos instalaría en las corrientes de bienes y capitales que traería progreso y bienestar se han estrellado contra las escolleras de la realidad, que hoy registra una cifra cercana a los 50 millones de pobres, viviendo junto a un 10 por ciento de la población que detenta el 60 por ciento de la riqueza nacional. Es la desigualdad el principal lastre para el desarrollo de México y sólo merced a los excedentes en el precio internacional del petróleo hemos podido evitar un colapso presupuestal y una crisis económica de proporciones devastadoras. Pero esta administración está impedida para reconocerlo. Está más preocupada por continuar con el proceso expropiatorio de los bienes de la nación. La iniciativa en materia petrolera presentada por el Ejecutivo en abril de este año, a contrapelo de la historia, quiere poner a disposición de unos cuantos lo que pertenece a todos. Convergencia, en el marco del Frente Amplio Progresista y del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, se opondrá a cualquier intento privatizador. Por ello pensamos junto con millones de mexicanos que la toma de las tribunas no fue infructuosa, dio paso a una consulta plural, abierta, exhaustiva y de cara a la sociedad. A su vez las aportaciones nacionalistas de profesionales y expertos evolucionaron para integrar una iniciativa con bases constitucionales y respaldo social. Así compartimos con el grupo de expertos y ciudadanos que colaboraron en la elaboración de la propuesta del Frente en materia energética, la firme convicción de la importancia económica, política y social de los recursos petroleros del país, de la propiedad originaria e intransferible de la nación sobre estos recursos. Del mandato constitucional de que sea el Estado el que en forma exclusiva, a través de Pemex, los administre. Y de la urgencia de definiciones y acciones que garanticen la seguridad energética de la nación en el presente y para las futuras generaciones de mexicanos. Compañeras y compañeros legisladores. No son las burocracias gubernamentales ni partidistas quienes mueven a este país, son los ciudadanos que día a día laboran en las fábricas, en las oficinas, en los comercios, en el campo. Son los hombres y las mujeres que trabajan para dar un mejor nivel de vida a sus familias y que hoy tienen miedo. Son los jóvenes que estudian y se preparan esperando las oportunidades que hoy este país les niega. Podemos seguir instalados en la comodidad de nuestras curules y escaños, sin escuchar el mandato ciudadano. Turain nos recuerda que los electores ya no se sienten representados, lo que expresan denunciando una clase política que ya no tendría otro objetivo que su propio poder ajeno al origen legítimo del verdadero poder: del poder ciudadano. Es pues obligación del Estado garantizar que existan condiciones de igualdad y de seguridad para todos. No podemos cerrar los ojos y oídos ante la presencia de la gente en las calles, sea para emprender la defensa de nuestro petróleo o sea para exigir seguridad. A ellos nos debemos los legisladores. Convergencia apuesta por las ciudadanas y los ciudadanos para construir con ellos un nuevo rumbo para la nación. Muchas gracias.