El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. El que suscribe diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley Federal de Competencia Económica, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Un gran problema público que exige prioritaria atención gubernamental es el que se refiere a la restricción al acceso de medicamentos patentados derivado de los altos precios de venta en los que incurren los industriales farmacéuticos, en su mayoría transnacionales, quienes anteponiendo la utilidad mercantil de la propiedad privada perjudican el interés colectivo, haciendo de estos bienes sociales básicos, necesarios y esenciales para la salud humana, bienes suntuarios o de lujo; toda vez que su adquisición implica un gasto de bolsillo considerable, el cual afecta gravemente la economía familiar. Tomando en cuanta la limitación presupuestal de la mayoría de la población, se traduce en un gran problema social y económico, que termina siempre por afectar a las personas que menos ingresos tienen. Situación doblemente preocupante si consideramos que del año 2000 al 2005, el gasto que los hogares destinaron al rubro de la salud, se incrementó en un 18.9 por ciento. Por otra parte, somos un país que destina el 22 por ciento de sus erogaciones totales de salud, a la compra de medicamentos, al mismo tiempo que de este alto porcentaje, el 91 por ciento proviene del bolsillo de las personas. El hecho de que una persona se vea impedida y excluida de adquirir con oportunidad algún medicamento, porque simple y sencillamente no cuenta con los recursos suficientes para pagarlo, implica la trasgresión a su garantía individual de derecho a la protección de la salud, establecido en el artículo 4o. constitucional. Hablar de los medicamentos no es hablar de una mercancía más. No se trata de un bien económico cuya utilidad se sujeta a la elasticidad de la demanda. Se trata de bienes sociales preciados por cuanto a la salud y vida de las personas depende de ellos. Es por ello, que la Ley General de Salud establece en su artículo 27 la disponibilidad de medicamentos como un elemento del servicio básico de salud, en aras de hacer valer el derecho a la protección de la salud. Por tanto, el derecho a la protección de la salud debe considerar la disponibilidad obligatoria y acceso oportuno y suficiente a los medicamentos, ya que no puede concebirse un servicio de salud integral y universal sin garantizar el suministro cuantitativo y cualitativo de los mismos, por ser éstos el insumo principal en la lucha contra las enfermedades y sus consecuencias. Lo cual como ciudadanos, sociedad y autoridades nos debe motivar para pugnar por una política de precios de medicamentos que se ajuste a las necesidades de la población y no así que las necesidades básicas y esenciales de la sociedad estén en función de los intereses particulares de unos cuantos industriales farmacéuticos que tienen poder relevante sobre el mercado y que los ha llevado a monopolizar el sector de medicamentos en nuestro país. Por tanto, requerimos de una urgente política pública de precios de los medicamentos que se traduzca significativamente en un beneficio para la sociedad en su conjunto. Atendiendo a esta lógica el sector farmacéutico es prioritario para este país, por lo que la participación del gobierno en este sector se vuelve fundamental. Y se vuelve fundamental a objeto de garantizar a la población la adquisición de medicamentos en tiempo y forma necesarios; al mismo tiempo que para evitar la externalidades del mercado, consecuencia de la monopolización de este sector. Es por ello, que a través de esta iniciativa se propone establecer un instrumento legal que sirva de marco al diseño de una política de precios de medicamentos patentados asequibles a través de la intervención del gobierno, vía la regulación de los precios, mediante la fijación de precios únicos; cuya instancia encargada de fijarlos sea la Secretaría de Economía atendiendo a la opinión y proposición del Consejo de Salubridad General, el cual definirá directrices, lineamientos y criterios técnicos para la fijación de los mismos. Al mismo tiempo es necesario que la Secretaría de Salud verifique y haga cumplir la Ley General de Salud, específicamente su artículo 225, en el que se establece la obligatoriedad de la identificación genérica para el uso y comercialización de los medicamentos y debiendo agregar la prescripción de éstos, a fin de coadyuvar a la inserción de los medicamentos genéricos intercambiables al mercado; siendo esta una estrategia viable que refuerza la presente iniciativa. En este mismo tenor no debemos soslayar el perverso monopolio en la distribución de los medicamentos que genera fabulosas ganancias e inequidad abismal en el acceso de estos bienes que las más grandes casas y grupos farmacéuticos han establecido. Así también, el precio único de medicamentos que propone la presente iniciativa comprendería los establecimientos de salud privada, cuyas prácticas de cobro en los medicamentos como parte de su prestación de servicios, sobre pasa por mucho, incluso el más alto de los precios de cualquier cadena farmacéutica. Por tanto, es imperativo cambiar el rumbo de la política de precios de medicamentos en nuestro país. Debemos obligar a hacer de ella el sustento efectivo de la política de salud mexicana y motor del crecimiento económico y una vía de escape de la pobreza. Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley Federal de Competencia Económica. Por economía procesal, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva inscriba íntegramente la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.