El diputado Abundio Peregrino García: Gracias señor, Presidente Zermeño. Compañeras y compañeros diputados. El estado de Oaxaca enfrenta la peor crisis económica y social. En Oaxaca no hay gobernabilidad. Existe un desconocimiento del pueblo oaxaqueño hacia sus autoridades, a tal grado que la principal demanda es que Ulises Ruiz dimita de su cargo a la gobernatura. El conflicto inició el 22 de mayo, en un paro magisterial de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en demanda de una rezonificación salarial. La Cámara de Diputados, en la LIX Legislatura aprobó el Presupuesto de Egresos para el 2006, recursos por más de 11 mil 233 millones de pesos para atender previsiones salariales y económicas. Sin embargo, la renuencia y la falta de voluntad de la Secretaría de Educación y del gobierno del estado de Oaxaca, por atender estas demandas respondieron con mano dura. Después de haber tomado por varias semanas el centro de la capital de Oaxaca, los manifestantes fueron reprimidos el 14 de junio por la fuerza pública del estado. Lo anterior condujo a que los actores del conflicto radicalizaran sus peticiones, y sus acciones emprendieran con mayor fuerza. El movimiento social se reorganizó en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, radicalizando sus protestas con la toma de carreteras, radiodifusoras e instalación del gobierno local y colocó la renuncia de Ulises Ruiz como su principal demanda. Esta radicalización no sólo es de la APPO, sino también proviene del gobierno federal y del gobierno estatal. El pasado 19 de septiembre, el secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, señaló que se utilizaría la Policía Federal Preventiva para solucionar el conflicto oaxaqueño; sin embargo, el martes pasado, aquí, en este recinto, el secretario señaló que "en nombre de Dios, no habrá represión en Oaxaca". Asimismo, el Congreso del estado pidió al gobierno federal la entrada de la fuerza del orden federal, lo que ha sido secundado una y otra vez por el gobernador de la entidad. El conflicto político en Oaxaca ya se desbordó y se trasladó desde el 21 de septiembre a otras entidades de la República, para concluir el 3 de octubre con una movilización en la Ciudad de México. La violencia de la entidad es una constante. El sábado 23 del mes próximo pasado, un grupo de manifestantes se enfrentó con el Agente del Ministerio Público a balazos, resultando algunas personas heridas. La riña comenzó porque corrió la voz entre el pueblo de que Ulises Ruiz se encontraba en un hotel del centro de la capital de Oaxaca. Las diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, consideramos que el conflicto se ha desbordado más allá de una exigencia salarial y ahora representa una amenaza que pende sobre la frágil estabilidad política del país. Quisiera hacer una pequeña reflexión: el pasado 23 y 24 de septiembre, fuimos convocados e invitados a la Capital del estado de los diputados oaxaqueños. Platicamos con organizaciones sociales, políticas y económicas, con la propia Iglesia, con el arzobispo y con el secretario de gobierno del estado. Pudimos observar que el Tribunal Superior de Justicia no está ejerciendo su función. No hay jueces disponibles para atender todos los problemas. La Procuraduría General de Justicia del estado, también está en las mismas condiciones y no hay un solo Ministerio Público para atender los problemas cotidianos que se presentan. Asimismo, el Congreso del estado es itinerante porque anda de un lugar a otro. Finalmente pudimos comprobar muy de cerca el enfrentamiento que se presentó por agentes que protegían al Presidente del Congreso, en donde hubo balazos y con algunas personas heridas. Es tal el tamaño de la preocupación de los oaxaqueños, que ese es un problema francamente social. Quisiera agregar a aquellos que señalan el estado de derecho, que siempre lo han repetido: en Chiapas, como chiapaneco, señalo que en el año de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo armado, se tuvieron que reunir con el propio gobierno federal para evitar muertes que la propia ley no lo permite, sin embargo fue necesario hacerlo. Por otro lado…