La diputada María Verónica Agundis Estrada: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a todos. Señoras y señores legisladores, la comunicación social o propaganda gubernamental es una herramienta estratégica en cualquier gobierno para la difusión de sus acciones y tiene una estrecha relación con la rendición de cuentas. También sirve como parámetro a los ciudadanos, para medir los logros del gobernante en turno y decidir su continuidad en el cargo o elegir otra opción de gobierno. El párrafo octavo del artículo 134 constitucional ya establece con claridad que en ningún caso la propaganda gubernamental deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Lamentablemente, este mandato constitucional no se ha respetado durante la actual administración federal. Por el contrario, ha habido excesos y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos en esta materia. Se ha documentado que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el gasto en comunicación social se alejó de uno de los principios fundamentales de un buen gobierno, que es el de la austeridad. Así lo señala un estudio realizado por el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, en el que se da cuenta que el gasto en publicidad oficial creció de 133.58 por ciento de 2013 a 2016 con respecto a la cantidad autorizada por este Congreso. Esto es, el presupuesto aprobado en 2016 para Comunicación Social fue de 4 mil 580 millones de pesos, pero lo ejercido ascendió a 10 mil 698 millones de pesos. En Acción Nacional consideramos que esta situación no puede continuar así, es necesario exigir que la austeridad y la rendición de cuentas lleguen al Poder Ejecutivo, también la sociedad civil ha pugnado por esta legítima demanda. En este sentido, el 15 de noviembre del año pasado, la Primara Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión cumplir con su obligación de aprobar una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones del último año legislativo, es decir, antes del 30 de abril de este año 2018. En Acción Nacional pensamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue omisa al no señalar al Ejecutivo federal también, como responsable en virtud de sus facultades en materia de iniciativa de ley, sanción y promulgación, máxime cuando es el encargado de gastar los recursos públicos en materia de comunicación social. Por eso, consideramos que el presidente de la República debe asumir su responsabilidad en este tema y por tal razón es necesario que el Congreso cuente con una iniciativa del Ejecutivo federal por ser el Poder que opera los recursos de la publicidad gubernamental. Por nuestra parte, en el Poder Legislativo nos comprometemos a deliberar con la mayor seriedad los aspectos que deberán conformar una eventual regulación den la materia en la que también se incluyan las diversas propuestas que han presentado legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. Debido a la probabilidad de expresiones políticas reunidas en el Congreso de la Unión, sugerimos que la iniciativa del Ejecutivo sea recibida en este Poder Legislativo en vía de trámite preferente, esto para darle el trámite privilegiado que demanda el tema y que todas las partes involucradas podamos cumplir con el sentido de oportunidad que la corte impuso a este Congreso. Por ello es que el día de hoy someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal para que en uso de la facultad conferida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presente con carácter de trámite preferente, la iniciativa que regule el párrafo octavo del artículo 134 en materia de propaganda gubernamental, con la finalidad de que sea discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario que se inicia el próximo primero de febrero. El Poder Ejecutivo, el presidente de la República, ha hecho un gasto excesivo nunca antes visto en materia de comunicación para promoción de su propia imagen. Él debe asumir su responsabilidad y enviar la iniciativa para respuesta a lo que la Suprema Corte resolvió. Que Enrique Peña Nieto asuma su responsabilidad y no se excluya de este asunto que compete más al Ejecutivo que al Legislativo. Por supuesto, nosotros haremos lo que nos compete. Muchas gracias, señor presidente; gracias a todos por su atención.