La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, diputado presidente. Frecuentemente observamos casos de deserción escolar de menores de edad embarazadas, situación que presenta una tendencia a la alza. En este momento existen aproximadamente 9 mil 600 mexicanas entre los 12 y 18 años de edad en riesgo de abandonar la primaria o la secundaria por estar embarazadas o ser madres. Esa situación es provocada, entre otros factores, por conductas sociales de severa condena hacia las niñas y adolescentes embarazadas o madres, expresiones que adquieren tal magnitud, que acaban por obligarlas a dejar sus estudios, que por lo regular, jamás los retoman. Las implicaciones que presentan estos casos como la discriminación e inequidad de oportunidades, hacen de este asunto de importancia mayor en un México que exige justicia, educación, tolerancia y equidad de género para cimentar su desarrollo en todos los ámbitos. La presente iniciativa tiene como finalidad reformar la Ley General de Educación para que el embarazo y la maternidad no constituyan un impedimento para cursar la educación básica y sancionen a quienes se nieguen a proporcionarla. En nuestro país la mujer aún continúa sufriendo casos de discriminación, asumiéndose que la maternidad es la razón de ser de ella, excluyéndose de actividades educativas, económicas, culturales, políticas y muchas otras. La pobreza, los abusos sexuales cometidos contra infantes y adolescentes y la falta de una correcta educación sexual, elevan la preocupante cifra de casos de menores embarazadas. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la mitad de los adolescentes en América Latina y El Caribe son sexualmente activos y, como consecuencia, entre el 35 y 52 por ciento de las jóvenes tienen embarazos no deseados. En México anualmente se presentan en menores de 18 años, 400 mil embarazos, es decir, 17 por ciento del total; 14 mil de esas madres abandonan la escuela. El estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco y el Distrito Federal, son las entidades que concentran el mayor número de adolescentes convertidas en madres o en condiciones de embarazos tempranos, sumando más de 3 mil casos. Según la Organización Mundial de la Salud, las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente 50 por ciento superior. Expertos convienen que las adolescentes embarazadas requieren atención física y psicológica especial durante el embarazo, el parto y el tiempo de recuperación, para preservar su salud y la de sus bebés. Desgraciadamente, cuestiones culturales y económicas evitan frecuentemente que esos cuidados en sus hogares se den, por lo que las instituciones educativas debieran ser también vínculo para proporcionárselos. Las consecuencias del embarazo no planificado se extienden a la vida escolar de la madre y del padre adolescente, por lo que es obligación del Estado garantizar el derecho a la educación de este muy importante sector de la población. La situación descrita motiva la presentación de esta iniciativa, con el fin de que la maternidad no constituya impedimento para que niñas y jóvenes tengan acceso al derecho de la educación, sustento de la esperanza de cualquier país. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.