La diputada Georgina Paola Villalpando Barrios: Buena tarde. Con la venia de la Presidencia. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde coincidimos plenamente en que este servicio, así, entre comillas, de la domiciliación de cobros, se ha convertido para una gran cantidad de consumidores en una pesada carga económica y una constante preocupación para el usuario de servicios financieros. En efecto, este proceso de domiciliación, que consiste en ordenar al banco que pague de manera periódica y automática algún servicio o adeudo, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para miles de cuentahabientes, así lo revelan los datos de la Condusef contenidos en el presente punto de acuerdo. De las poco más de 2 millones de reclamaciones que presentaron contra la banca en el primer trimestre del 2017, alrededor de 554 mil 855 fueron a causa de movimientos operativos de la banca, y de ellas 166 mil 508 fueron reclamaciones por domiciliaciones mal aplicadas, siendo esta la principal inconformidad. Lo anterior implica que una vez que los usuarios se percatan de esos cobros es casi imposible realizar la cancelación del servicio y obtener el reembolso de los cobros indebidos. Casi siempre los bancos se niegan a asumir la responsabilidad remitiendo al usuario con la compañía con la que supuestamente contrataron el servicio, la cual en la mayoría de las ocasiones tiene sus instalaciones en lugares muy lejanos. Ello significa que el usuario tiene que invertir días, semanas e incluso meses para poder cancelar el servicio o lograr el reembolso, teniendo que acudir, en el peor de los casos, a otras instancias legales. Podemos asegurar que incluso algunos de los que nos encontramos hoy aquí hemos padecido estos errores de los bancos, los cuales, en lugar de brindar beneficios, se convierten, repito, en verdadero viacrucis con los bancos para demostrar su improcedencia. Por ello, estamos de acuerdo en la propuesta que hoy se presenta a nuestra consideración para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la propia Condusef, con base en sus atribuciones, instrumenten las acciones y medidas necesarias a efecto de garantizar que las instituciones bancarias y financieras protejan a los usuarios de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias. Vale la pena recordar que hemos avanzado en la defensa de los usuarios de los servicios financieros. Por ejemplo, desde 2015 la propia Condusef ha puesto en marcha el registro de despachos de cobranza, que es un sistema electrónico que permite al público conocer la información relativa a este tipo de organizaciones, las cuales actúan como intermediarios entre la entidad financiera y el deudor con el propósito de requerir extrajudicialmente el pago de una deuda, así como negociar y reestructurar los créditos, préstamos o financiamientos. Gracias a lo anterior se ha logrado poner un freno a las arbitrariedades que este tipo de empresas realizaba con la finalidad de que los deudores saldaran sus deudas. Sin embargo, aún hace mucho por hacer para proteger integralmente a los usuarios de los servicios financieros de los abusos o errores que comenten los bancos. La magnitud de las consecuencias negativas que la domiciliación ha generado en miles de usuarios de los servicios financieros exige asumir medidas concretas específicas y eficaces para evitar que esta actividad se convierta en una práctica verdaderamente fraudulenta. Es cuanto.