El diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara: El dictamen que hoy nos ocupa sí busca golpear nuevamente la operatividad del Poder Judicial de la Federación. Usando los números del propio dictamen que estamos discutiendo, de 2016 a 2022, Sepomex debió haber recibido por parte del Poder Judicial más de 272 millones de pesos, lo cual hubiera representado un gasto promedio para el Poder Judicial de 39 millones de pesos. Por otra parte, también basándome en los propios números del dictamen, en el periodo de 2012 a 2022, Sinabien, antes Telecomunicaciones de México habría obtenido del Poder Judicial la cantidad de 7 mil 647 millones de pesos. En este caso hubiera constituido un egreso anual promedio de más de 695 millones de pesos para el Poder Judicial. Siguiendo estas cifras y haciendo un cálculo muy somero y por encimita, reiteramos, que esto basado en los números del propio dictamen, el Poder Judicial tendría que erogar para el año 2024, 739 millones de pesos para poder cumplir con la reforma que se pretende aprobar el día de hoy. No podemos perder de vista que esta iniciativa forma parte de una estrategia muy bien diseñada desde Palacio Nacional, para debilitar y asfixiar al Poder Judicial de la Federación. Se dice aquí en tribuna que esto no tiene nada que ver con debilitar al Poder Judicial, sin embargo, el política no hay casualidades. Aquí tenemos ya, como antecedente, la reducción al presupuesto del Poder Judicial de la Federación. De 2018 a 2023 se redujo 15.3 %, en términos reales, el presupuesto del Poder Judicial, y para 2024 se hace una nueva reducción de 3.6 %, por lo que el Poder Judicial de la Federación terminará este sexenio con una disminución, en términos reales, de 19 % de su presupuesto. También tenemos el tema, como se ha mencionado en esta tribuna, de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El 27 de octubre se publicó en el Diario Oficial la extinción de los 13 fideicomisos que violaban la independencia del Poder Judicial, la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y Presupuesto. En estos fideicomisos sí existían recursos de las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, por lo que se controvirtió y se detuvo, como se sostuvo en esta misma tribuna y se les advirtió durante su proceso de discusión y aprobación. También tenemos, que no puede ser casualidad, que a partir de la elección de la ministra Norma Piña, entre sus pares, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el discurso del Ejecutivo federal cambió. Del compañerismo, de estar todo el tiempo hablando bien del presidente anterior, con Norma Piña fue totalmente distinto. Incluso se les ocurrió en el quinto año, al Ejecutivo federal, plantear una reforma constitucional que va en contra de cualquiera de las doctrinas constitucionales y de la independencia jurisdiccional que necesita el Poder Judicial para poder realizar su función jurisdiccional. También tenemos la falta de dos magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Superior. Viene la elección más grande, más importante en la historia de nuestro país y a partir del 1o. de noviembre el Senado, con su mayoría oficialista, ha detenido el proceso legislativo para que este pleno no esté completo, poniendo en riesgo las decisiones que se tengan que hacer en vista de la defensa de los derechos de los y las candidatas a la elección del 2024. Si quieren hablar de mejorar los servicios de los organismos públicos que prestan servicios a los ciudadanos, entremos a eso. Entremos a las reformas que los modernicen, pero ustedes no conocen de palabras como innovación, eficiencia, eficacia, son conceptos que esta administración no sabe implementar y que no quiere aprende de cómo hacerlo. Si gustan, nosotros podemos ayudarles. Muchas gracias.