El diputado Ernesto de Lucas Hopkins: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de esta honorable Mesa Directiva. Los suscrito, diputados sonorenses por el Partido Revolucionario Institucional Ernesto de Lucas, José Luis Marcos León Perea, Miguel Ernesto Pompa Corella, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Jesús Alberto Cano Vélez y Onésimo Mariscales Delgadillo, con fundamento en el artículo 58, fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente Punto de acuerdo Por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios para que, en el marco de sus atribuciones, se otorgue a los cuerpos policiales del país el acceso a créditos tanto para la adquisición de vivienda, así como para vehículos automotores. Consideraciones Primera. Que la seguridad pública del país es una función pública que por disposición del artículo 21 constitucional recae en la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Segunda. Que la seguridad pública comprende, entre otras funciones, la de prevención de los delitos, así como la investigación y persecución para hacerla efectiva. Tercera. Que el desempeño de las funciones señaladas recae en los distintos cuerpos policiacos dependientes de las órdenes de gobierno ya expresados y que, por disposición de nuestra propia Carta Magna, las funciones mencionadas están regidas por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la propia Carta Magna. Cuarta. Que nuestra propia Carga Magna exige expresamente que las instituciones de seguridad pública, amén de ser de carácter civil, deberán ser de naturaleza disciplinaria y profesional, sin perjuicio de que el sistema nacional de seguridad pública tenga bajo su responsabilidad la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Quinta. Que nuestra Constitución establece que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el expresado sistema. Sexta. Que el notable incremento de la criminalidad en nuestro país, especialmente la llevada a cabo por el crimen organizado, ha convertido a la función policial en una de las actividades laborales de mayor riesgo, bastando para ello hacer notar que entre los años 2008 y 2009 los homicidios dolosos en contra de policías en México se incrementaron en más de un 70 por ciento. Séptima. Que no obstante que la función policial, como ya ha quedado suficientemente acreditado, es uno de los ejercicios profesionales sujetos por disposición constitucional a las mayores exigencias profesionales y éticas y es, al mismo tiempo, una de las actividades expuestas al más elevado riesgo en términos de la integridad personal, ambas circunstancias no se ven justamente reflejadas en las prestaciones laborales a que tienen derecho los integrantes de los cuerpos policiacos, particularmente los policías que rinden cuentas a los municipios y a los estados. Octavo. Que si bien en lo relativo a vivienda se han encontrado avances en ese respecto, dichos avances ocurren de manera aislada en los estados de Baja California, Sonora, estado de México, entre otros. Noveno. Que al no poder contar los cuerpos policíacos con créditos que le permitan acrecentar un patrimonio individual o familiar, no pueden, por tanto, tener acceso a un nivel de vida mejor, como justamente debiera corresponder dada la importancia y delicadeza de las funciones a su cargo. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, sometemos a la consideración de esta asamblea, el siguiente Punto de acuerdo Único: Se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios para que, en el marco de sus atribuciones, se otorgue a los cuerpos policiales de su adscripción correspondiente el acceso a créditos, tanto para la adquisición de vivienda como de vehículos automotores. Le solicito señor presidente, que este punto, al igual que la intervención, sean incluidos en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchísimas gracias.