La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: (Habla en zapoteco). Nuevamente me dirijo a ustedes para presentar conjuntamente con mi coordinador, el diputado Rubén Moreira, dos iniciativas siguiendo la agenda y poniendo a nuestras niñas y nuestros niños en el centro de nuestras responsabilidades. Hace muchos años cuando yo era niña soñé que las niñas indígenas también tenemos derecho de construir nuestra propia historia y que nuestro origen no puede definir nuestro destino ni nuestros sueños y por eso estoy aquí al frente de ustedes presentando, en primera instancia, la primera propuesta que es una modificación al artículo 2o. constitucional para que desde nuestra Carta Magna se garantice la conectividad en todas las escuelas de las comunidades indígenas de este país, porque la realidad es que el 90 % de las escuelas indígenas de educación básica están en las localidades con altos grados de marginación y con ello uno de los mayores obstáculos que los niños se enfrentan. El promedio de analfabetismo entre las personas que hablan una lengua indígena es de una a cuatro personas, comparado con el promedio nacional, que es de una por cada 20 personas. Es decir, se ve claramente la desigualdad. De acuerdo a las encuestas nacionales sobre disponibilidad de tecnologías de la información en hogares, solo el 19 % de los hogares en el sector rural tienen acceso a internet con una computadora o una tableta. El 70 % solo con un celular y en estados como Oaxaca el porcentaje es de 13 a 60. Según un reporte del Inegi, 4 de cada 10 primarias y 7 de cada 10 secundarias contaban con una computadora. Ahora imagínense la desigualdad que existe en las escuelas indígenas. Por lo tanto, es una obligación de este Congreso garantizar ese derecho a nuestras niñas y nuestros niños. Y, por supuesto, la otra propuesta hace un año también este Congreso me acompañó, para que México se convierta en el primer país en América Latina en nombrar, en tipificar los matrimonios infantiles o equiparable como delito grave. Siguiendo con la Agenda, entre diciembre de 2018 y junio de 2022 se detuvieron a 70 personas por el delito de la pornografía infantil en un país que ocupa los primeros lugares en consumir y en producir la pornografía infantil. De esos detenidos, solamente 25 fueron sancionados. De ese nivel es la desigualdad y el abandono que este Congreso y este país tiene para con sus niñas. Por eso, esta propuesta precisamente busca modificar en el artículo 202 y 262 a nuestro Código Penal, para homologar la sanción a la industria de la pornografía infantil y al abuso sexual digital a nuestras niñas, porque seguimos siendo uno de los países que tiene menor sanción ante ese delito. Muchos dirán, ¿de qué sirven las acciones punitivas? Entonces qué vamos a hacer al frente de un Congreso donde todas y todos hablamos de los derechos de nuestras niñas y de nuestros niños, si ni siquiera hay acciones o políticas públicas que detengan hoy el abuso al cuerpo de nuestras niñas. Sumado a esto, sigue siendo de los países con menores sanciones que ultrajan y abusan el cuerpo de nuestras niñas. No es posible que nuestro país produzca el 60 % de la pornografía infantil que consume el mundo. Somos el primer lugar en creación y en distribución de este abuso a nuestras niñas y a nuestros niños, según Unicef. La pornografía infantil es uno de los negocios más lucrativos en el mundo, solo superado por el narcotráfico. Sus ganancias se estiman en 7 mil millones de dólares anuales. Este delito siempre ha existido, es cierto, pero en los últimos años, de 2022 al menos 85 mil niñas y niños mexicanos han sido explotados por la industria de la pornografía infantil. El delito de la pornografía infantil y el abuso sexual de menores están ligados por supuesto, con la trata y los matrimonios forzados...