La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su venia, presidente. A nivel internacional se ha comprobado que la participación del Ejército en acciones de seguridad se recomienda sólo como una acción temporal y en casos de emergencia, por lo que es urgente que se evalúen otros mecanismos de combate a la delincuencia, que eviten el desgaste de esta institución tan valiosa, como es el Ejército. Es cierto que México vive una crisis de inseguridad y que dicha coyuntura requiere una respuesta eficaz. En este sentido, consideramos que esta respuesta debe estar fundada en el desempeño profesionalizado por parte de la policía. La prevención y sanción de la corrupción de las fuerzas de seguridad, la prevención del delito y en todo momento el respeto a los derechos humanos. Por el contrario, se persiste en la estrategia de promover numerosos operativos que han llevado a la militarización de nuestras calles, con la justificación de atacar el crimen organizado. Los resultados son preocupantes. En agosto pasado, al concluir la Cumbre de América del Norte, el presidente de la república afirmó que las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército están siendo juzgadas efectivamente en México. Y que su gobierno tiene un compromiso absoluto y categórico en la defensa de los derechos humanos. Y que sus críticos deberán probar un caso, un solo caso en el que haya actuado la autoridad en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales, sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad. Sin embargo, a pesar de tal posición, Human Rights, en su informe de abril de 2009 documentó en detalle 16 casos de abuso que fueron investigados por agentes del Ministerio Público militar, en los cuales no se ha hecho justicia. Desde que el gobierno desplegó más de 40 mil efectivos para la lucha contra la violencia ligada al narcotráfico, los abusos contra la población civil han sido parte de la agenda de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió mil 230 denuncias de abusos cometidos en el contexto de operativos militares, una cantidad seis veces mayor que las denuncias recibidas hace tres años. Los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos que se suponen abusos contra civiles; y han señalado que la jurisdicción de los tribunales militares debe limitarse a aquellos delitos que son de naturaleza estrictamente militar. A esas denuncias, aún se espera respuesta. Para Nueva Alianza es urgente que el Estado mexicano cumpla con su compromiso de contar con cuerpos policíacos profesionales, honestos y suficientes para hacer efectivo el estado de derecho y poder liberar al Ejército de una tarea para la cual no ha sido creado. Nuestro Ejército ha cumplido de manera efectiva y con un alto sentido de compromiso su misión en diversas situaciones de desastre para apoyar a la población civil, resguardar las instituciones estratégicas para el país y es garante de nuestra soberanía. Le reconocemos su valentía y su entrega por las causas de México. Es cuanto, presidente.