El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidenta. Este país tiene una grave crisis de inseguridad, de violación a los derechos humanos y de corrupción. Sólo algunos datos nos puede dar una idea de la gravedad que tenemos enfrente. En el año 2000, por ejemplo, se cometían aproximadamente 13 mil homicidios. Sin embargo, el año pasado, en el 2015, esa cifra creció a más de 20 mil. En el año de 2000, por ejemplo, teníamos registrado algo así como 2 mil 900 secuestros. En el año 2015 se registraron 32 mil secuestros. El año pasado llegamos a la cifra, por ejemplo, de casi 30 mil desaparecidos. Sin embargo, ante esa grave crisis, el gobierno solamente se ha dedicado y quienes han dirigido las políticas públicas de seguridad, en culpar al eslabón más débil de este entramado, que es la seguridad pública y que son los policías municipales, los policías estatales, ministerios públicos y peritos, al grado que en el año 2008 se hizo una reforma que vino a dañar más los de por sí derechos que tenían estos servidores públicos, quitándoles lo que es la estabilidad en el empleo. Una reforma que violenta sus derechos humanos, que contempla el primer artículo constitucional, que contradice otros principios constitucionales, como es el debido proceso, el derecho a audiencia y defensa, el derecho a tener un juicio. Por eso las políticas públicas no han cambiado en este país, porque desafortunadamente las políticas públicas de seguridad están hechas pensando en otras cosas y no pensando al verdadero recurso, que es el recurso humano en la seguridad. Es importante señalar todo eso, porque si visualizamos las precariedades en las que trabajan los policías y, sobre todo, los policías municipales, nos podemos hoy dar cuenta por qué este país cada día se va agravando en seguridad o inseguridad pública. Por ejemplo, aun cuando los recursos han crecido exponencialmente para la seguridad, de todas maneras la seguridad no cambia, al contrario, se está complicando. Por ejemplo, en el tema de lo que fue el Forcet que se creó en el 98 y hasta el año pasado que se cambió de nombre se han otorgado algo así como más de 106 mil millones de pesos y, sin embargo, con las cifras que dábamos no ha mejorado la policía ni la inseguridad. Pues, ¿cómo va a mejorar, si el 40 por ciento de las policías municipales ganan menos de 5 mil pesos? Les preguntaría a ustedes, ¿alguno de ustedes quisiera ir a trabajar, arriesgando la vida por menos de 5 mil pesos al mes? Pero además agréguenle que la mayoría de esos policías no tienen seguridad social, además la mayoría de policías trabajan entre 8 y 48 horas seguidas, lo que implica que va en contra de los estándares que ha establecido para los policías la Organización de las Naciones Unidas. Y más aún, en México un policía debe vigilar cerca de 960 personas, algo que está también fuera de las normatividades internacionales. Las policías tienen graves problemas de recursos humanos y de otro tipo, y materiales, cómo pueden enfrentar, entonces, al crimen organizado y a los problemas de inseguridad, como ya decía. Por eso, hoy venimos a pedir en esta reforma que nos solidaricemos con quienes van y pueden cambiar la seguridad, si no le hacemos justicia a los buenos policías y a los ministerios públicos y peritos, entonces no puede haber seguridad pública en este país. Porque podemos gastar el dinero que ustedes quieran, pero no habrá una mejor seguridad si no ponemos al centro del debate del problema de seguridad, a quien debe estar ahí, que es al ser humano, al hombre que tiene familia, que es al policía y al Ministerio Público. Al que le debemos dar una verdadera carrera policial, una carrera ministerial, con todos los incentivos posibles, para que en este país sea, ser Ministerio Público o ser policía sea un honor y no sea como hoy, algo despreciable para muchos. Para esos buenos policías tenemos que buscar cómo recuperarles la dignidad, dándoles las herramientas suficientes y debemos empezar con reformar el artículo 123 para darles un juicio que sea justo y que no queriendo supuestamente limpiar las policías, hoy les hemos quitado el derecho a la estabilidad en el empleo, algo que va en contra también de lo que son los tratados internacionales, y si hacemos un comparativo de lo que pasa en otros países, vemos que en otros países sí se les trata con justicia a los policías y a los ministerios públicos. México es de los países que peor trato dan a sus ministerios públicos, policías y peritos. Es momento que volteemos a ver a quienes pueden darle un giro a lo que es la política pública. Hoy los invito a que, desde la reforma del 123 constitucional hoy que viene la discusión también en lo que es el mando mixto policial, pensemos en que los policías y ministerios públicos sí necesitan un régimen especial, pero donde también sus derechos humanos, sus derechos laborales estén contemplados. Es cuanto, presidente.