LA DIP. NORMA REYES TERAN: Con el permiso de la Presidencia. Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Ciudadanas legisladoras. Señores diputados. Compañeras y compañeros todos: A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que nos concede el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General en los Estados Unidos Mexicanos, proponemos un punto de acuerdo con fundamento en los siguientes antecedentes: Históricamente las fuerzas armadas en nuestro país han tenido un papel que paulatinamente ha ido evolucionando en su naturaleza, sus funciones y sus alcances. La defensa de la integridad y la soberanía nacionales han aparecido constantemente cuando se analiza el desempeño cronológico de nuestras fuerzas armadas pero también han sido denominadores del análisis de las mismas la secrecía (?) y la reserva, factores que han generado al menos una notable inquietud de múltiples estudiosos del tema en conocer diferentes aspectos de nuestras fuerzas armadas que a través del tiempo han sido manejados con exagerada y anacrónica reserva. Así las cosas, una de las características del poder político contemporáneo en México y desde luego derivado de nuestra accidentada historia en donde la milicia tiene un papel protagónico, fue la capacidad de las elites gobernantes para controlar y marginar de los asuntos relevantes y de la toma de decisiones políticas, al Ejército, Ahora, como resultado de una cauda de transformaciones de la debilidad y de los errores del agonizante régimen zedillista, el Ejército Mexicano se encuentra en el centro de los acontecimientos nacionales y las implicaciones de este fenómeno son al menos preocupantes, Tradicionalmente los militares en México se sometieron de forma institucional al Poder Civil a partir de los años '40; se pactan diferentes acuerdos políticos entre la clase civil gobernante y las milicias a fin de que estas asuman papeles de bajo perfil, subordinándose a la lógica y a las necesidades del Ejecutivo Federal; sin embargo, los acontecimientos de los últimos años han obligado al Ejército a pensar en replantear gran parte de ese papel, La acción asumida por el Ejército en la defensa a ultranza del régimen en incontables ocasiones, generó que la milicia tuviera un rol más que cuestionado en la lucha del Estado Mexicano contra campesinos, obreros, estudiantes, movimientos populares e indígenas en la historia reciente en nuestro país. Las fallas de la clase gobernante nacional y la impericia y la corrupci6n de los políticos profesionales, provocaron muchos incendios en la historia nacional reciente y el Ejercito ha sido y sigue siendo, habilitado para apagar emergencias sociales. Los grandes episodios que han reflejado este fenómeno han sido desde luego el papel del ejército en el 68; la llamada "guerra sucia" de los años 70; las tareas de las fuerzas armadas en sofocar conflictos electorales; el combate al narcotráfico y el conflicto en Chiapas. En el pasado, las insurgencias políticas concluían relativamente rápido y el ejército retornaba a sus cuarteles y a la oscuridad del sistema político mexicano, sin embargo, ése ya no es el caso. En los 90 y en este inicio de siglo, la emergencia se hace rutina y la jefatura civil dei ejército, la Presidencia de la República, se debilita cada vez más. La guerra contra el narcotráfico a la que se ha arrastrado al ejército y la armada por presiones directas de los Estados Unidos, parece no tener fin. El empantanamiento del ejército en el mar de corrupción de las drogas y del crimen organizado implícito a ellas, han provocado que ciertas instancias militares hayan deteriorado la imagen de nuestras fuerzas armadas. En Chiapas, después de más de un lustro de levantamiento indígena, el conflicto sigue sin visos de solución. En el resto de las actividades donde el poder político ha utilizado al ejército, la imagen de éste ha sido severamente dañada y los logros han sido, por lo general, pocos y muy cuestionados. Ahora, a esto se suma la propia incertidumbre del ejército sobre su función en un México en donde al parecer todo cambia, menos las fuerzas armadas. Aunque el control civil sobre las fuerzas armadas se vio fortalecida en épocas pasadas, gracias a la existencia de un grupo en el poder, hegemónico y casi monolítico, hoy en día es la incertidumbre la que parece privar en torno a las funciones y al destino de nuestro Ejército Nacional. Es preciso que las transformaciones que en los últimos años se han dado en diferentes campos de nuestra vida nacional vayan al mismo ritmo y en el mismo sentido. El México democrático de nuestros días requiere con urgencia definir varios temas centrales; uno de ellos es el papel y los alcances de las fuerzas armadas en la vida pública de nuestro país. Los hechos recientes hacen necesario definir claramente los criterios y los mecanismos bajo los cuales funcionará el ejército dentro de los nuevos tiempos, un ejército que requiere con urgencia replantear su relación con las instituciones, transparentando el funcionamiento de sus finanzas, avanzando en el fortalecimiento y democratización de sus instancias internas. Se requiere de un ejército que muestre un respeto absoluto a la legalidad interna en sus tribunales e instancias procuradoras de justicia propias, un ejército que se aleje radicalmente y de inmediato de las incontables violaciones de los derechos humanos, que cada día son más denunciados en el ámbito castrense; un ejército en donde el fuero militar no represente una esfera de impunidad para actos que no pueden ser sancionados por tribunales civiles; un ejército que discuta y que analice los riesgos de asumir como tareas militares el combate al narcotráfico y sus consecuencias frente a la estructura de las fuerzas armadas, manifestadas en una explosiva corrupción en mandos y tropa; un ejército que reflexione sobre la naturaleza de sus fines cuando es utilizado perversamente en conflictos de naturaleza política. El nuevo ejército deberá tener claro que su lealtad fundamental no es ya la presidencia autoritaria y omnipotente, ni a los rescoldos del otrora partido oficial, sino a la institucionalidad democrática y plural que está naciendo. En estas condiciones, a nadie debe molestar que se discuta libremente la política militar como la política interior, la financiera, la de educación o la de salud, como lo hemos visto en días recientes en esta soberanía. En suma, el ejército de nuestro país no deberá sentirse agraviado porque su naturaleza y sus tareas se discutan públicamente ante esta soberanía popular, como ocurre en todos los sistemas democráticos. En nuestro país, las fuerzas armadas en su conjunto se fortalecerán en la medida que permitan las necesarias transformaciones de su estructura, en su funcionamiento y en la planeación democrática de sus actividades. Un primer paso para ello es la posibilidad de intercambiar puntos de vista, profundizando en el análisis de varios apartados que en el pasado informe presidencial se mencionan superficialmente, así como preguntar sobre diferentes tópicos en la materia al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo expuesto, y considerando: Primero. Que es facultad de esta legislatura, depositaria de la soberanía nacional, el conocer del estado que guarda la totalidad de los ramos de la Administración Pública Federal. Segundo. Que es competencia de este cuerpo colegiado el vigilar la correcta aplicación del gasto público, y para tal efecto es preciso conocer del ejercicio de ese presupuesto en el ramo de la Defensa Nacional. Tercero. Que es reiterado y legítimo el reclamo social de exigir el cabal cumplimiento del derecho constitucional a la información, con el objeto de conocer detalladamente acerca del funcionamiento de todos los ramos de la Administración Pública Federal. Cuarto. Que es obligación de esta soberanía velar por el interés público, el que bajo ninguna circunstancia o excepción, deberá ser subordinado al interés individual. Es por ello y con el fundamento contenido en el artículo 93 de la Constitución General de la República, que esta soberanía acuerda solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el numeral de referencia y con el objeto de conocer del estado que guarda la Administración Pública en el ramo particular. En atención a lo señalado en este documento, los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentamos ante esta soberanía el siguiente: Punto de Acuerdo 1. Se acuerda la comparecencia, ante el Pleno de esta soberanía, del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el ciudadano General de División Enrique Cervantes Aguirre, la cual deberá efectuarse en los mismo términos que las anteriores comparecencias de los titulares de los diferentes ramos de la Administración Pública Federal ante esta Legislatura 2. En atención a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que la presente propuesta sea turnada a la Comisión de la Defensa Nacional. Atentamente, por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputada Norma Reyes Teran. (aplausos)