EL C. DIP. ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas y diputados; licenciada Josefina Vázquez Mota: El segundo año de gestión del autodeterminado gobierno del cambio ratifica la escasa voluntad del foxismo por transformar democráticamente la ciudad mexicana. Siguiendo usos y costumbres del presidencialismo priísta, el gobierno actual oculta y maquilla información y antepone la publicidad y la autocomplacencia a la obligación constitucional de rendir ante esta representación popular el estado real que guarda la Administración Pública Federal. Es sumamente irresponsable asumir el tono de una campaña triunfalista en cuanto a política social se refiere, cuando se reconoce oficialmente que existen alrededor de 54 millones de mexicanos en la pobreza, uno de cada dos habitantes de nuestro país son pobres, uno de cada cuatro viven en niveles de subsistencia mínima alimentaria y en las zonas rurales dos de cada tres son pobres y dos de cada cinco son extremadamente pobres. En su mensaje de entrega del II Informe, el Presidente Fox menciona que hemos pasado del hermetismo a la transparencia en la gestión pública; nada más falso. En política social el Presidente habló de lo que quiso y ocultó lo que le convino. Se seleccionaron indicadores a modo de lucimiento, se ocultó y manipuló información, se presentaron mentiras y verdades a medias para pintar un país ficticio. Veamos los casos referidos en el mensaje. Se informa que en siete meses, del 16 de enero al 15 de agosto del 2002, se incorporaron 263 mil puestos de trabajo, casi la mitad de ellos eventuales, pero se omite que en lo que va del actual gobierno del 1º de diciembre del 2000 al 16 de agosto del 2002, se perdieron 460 mil empleos, de los cuales el 89 por ciento eran permanentes. Ninguna política social soporta la desaparición de 22 mil despidos promedio cada mes, 732 diarios o 31 empleos por hora. Dice el Ejecutivo que México marcha con paso firme y no se detendrá, que lo anterior lo vemos en el crecimiento del ingreso percápita; que en estos casi dos años ascendió a más de 12 por ciento, de 5 mil a 6 mil 400 dólares. La argucia soslaya las abismales diferencias en la distribución del ingreso. En 2000 el 10 por ciento más rico de la población obtuvo el 38.7 por ciento del ingreso nacional, mientras el 10 por ciento más pobre sólo el 1.5 por ciento. En ningún diagnóstico el ingreso percápita es un estimador serio de la evolución del bienestar social. Se afirma además, que los salarios reales en el sector manufacturero tuvieron un incremento en su poder adquisitivo de 6.3 por ciento en el 2001 y de 2.9 por ciento en el primer semestre de 2002. Otras remuneraciones tuvieron también un comportamiento positivo, pero de ninguna manera ejemplar ni resultado de una política salarial de apoyo a los ingresos de los trabajadores. Al mes de junio, comparado con la inflación general, el salario mínimo sólo ha recuperado dos décimas de punto porcentual de su poder adquisitivo en el último año y de 1.2 por ciento en los últimos dos años, con lo que es prácticamente imposible esperar una recuperación por ejemplo respecto a 1994. Con el crecimiento salarial 2001-2002, se necesitarían 166 años para alcanzar lo perdido en 8. Por segundo año consecutivo, las armas favoritas del Presidente para enfrentar los graves rezagos de la nación son las palabras, los discursos y el mercadeo para cubrir limitaciones e inconsistencias. El año pasado dijo que se había dado un nuevo enfoque a los programas sociales, que se modernizaron sus formas de organización y que se le ha dado prioridad al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades y que se fortalecen sobre nuevas bases. Ahora la novedad es el cambio del asistencialismo a una política social de inclusión y equidad, aunque el principal instrumento de combate a la pobreza sea un programa compensatorio, excluyente, focalizador, asistencial y comprobadamente ineficaz, como Oportunidades, parte de la herencia del neoliberalismo priísta. La salida a la pobreza se sigue viendo como un asunto de dádivas, no de derechos ni mucho menos como una situación económica y social que debe transformarse. Oportunidades atiende a 18.7 de 24.8 millones de mexicanos en situación de pobreza alimentaria. Unos 6 millones de habitantes no tienen acceso a estos apoyos, aunque estén dentro de la población objetivo del programa. Aunque el monto máximo por familia puede ser superior a un salario mínimo, el apoyo alimentario de 145 pesos mensuales, equivale a sólo 4.83 pesos diarios ni siquiera suficiente para adquirir un kilo de tortilla al día. En políticas como la de vivienda, la acción pública ha sido limitada por la escasez de recursos presupuestales. La desatención a la demanda de las familias de escasos recursos y una política que privilegia la intermediación del sector privado en vez de ser una política que atenúe las diferencias entre los sectores de la sociedad, la política de vivienda, mercantiliza un derecho y privilegia y subsidia al sector financiero privado. Por esa razón, licenciada Josefina Vázquez Mota, la Secretaría a su cargo es la misma que la de sus antecesores: una dependencia que administra la pobreza. No ha cumplido su objetivo principal que es el desarrollo social para todos los mexicanos, entendido como el proceso permanente de mejoramiento económico, social y cultural de la población. El gasto social debe atenuar las injusticias provocadas por el mal funcionamiento del sistema económico y social; sin embargo, aunque el presupuesto se ha incrementado, sigue siendo insuficiente y sus efectos sobre el bienestar son limitados. Peor aún, el gasto social es castigado por las autoridades hacendarias. De los 7,910 millones de pesos recortados al gasto programable en el primer trimestre de 2002, 5,802 millones de pesos o sea el 74%- correspondieron a funciones de desarrollo social. Peor aún es que la Secretaría de Desarrollo Social registra el 16 de agosto un subejercicio de 32%, equivalente a 3,566 millones de pesos, esta cifra es casi igual al incremento de 3,451 millones de pesos autorizados por esta Cámara para dicha dependencia en el 2002. Además debemos recordar que tan sólo la erogación de intereses del IPAB aprobado por el PAN y el PRI, es mayor en 1.5 veces al gasto asignado a SEDESOL. En este año, del total de los pasivos del rescate bancario si 325,260 millones equivalen al 60% del ahorro generado por la economía nacional. 1.3 veces al gasto social triplica los recursos del gasto educativo y quintuplica el gasto en salud; casi sextuplica el gasto en seguridad social que es 20 veces mayor que el gasto para desarrollo agropecuario. Como es evidente, el saldo de la política social en este segundo año de gobierno es desolador. Por más retórica, pirotecnia y simulación que hizo el gobierno, los problemas seguirán ahí, amenazando la estabilidad social y el camino a una verdadera transición democrática. El Partido de la Revolución Democrática ha sostenido que el Estado, por mandato constitucional y por una responsabilidad impostergable, debe jugar un papel protagónico en el combate a la desigualdad y a la pobreza. Las políticas públicas y los recursos de la Federación deben reorientarse de modo que exista una política congruente que combata por un lado la desigualdad y por el otro fomenta el crecimiento económico. El PRD está comprometido con hacer ley, la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales fundamentales. Para el Partido de la Revolución Democrática el trabajo es un valor esencial de la sociedad y fuente principal de la riqueza y la creatividad de los seres humanos, el empleo estable y bien remunerado debe ser una prioridad en los planes y acciones de gobierno para acabar con la pobreza y construir una sociedad más justa. Muchas gracias. -