La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Es un avance significativo el que se reconozca el feminicidio en nuestra legislación federal, pero aún falta demasiado por hacer en lo que el tema refiere. Cada dos horas y media en promedio una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Según las cifras que registra el secretariado ejecutivo, quien advierte que en el primer cuatrimestre del 2019 murieron mil 199 víctimas de la violencia machista, sin que la estadística disminuya, a pesar de la gran movilización social. La mayoría de las mujeres casadas o con novio han sufrido algún tipo de violencia de género, según la Encuesta del Instituto Nacional de Estadística 2018. Es decir, más de 12 millones de mujeres soportan el terror al interior de sus casas y en la intimidad de su relación. Pero una de las cifras más alarmantes es que alrededor de 8 millones de mujeres han sido asfixiadas, cortadas o quemadas. La cifra, y en otras palabras, ante la falta de perspectiva de género en las investigaciones en caso de violencia contra las mujeres y el uso inadecuado del tipo penal de feminicidio, obligan a no dejar laguna o interpretación alguna al respecto. No se puede esperar a una valoración de la autoridad investigadora o miopía de los jueces, para utilizar la tentativa en un delito como lo es el feminicidio. A diferencia de lo que algunos estudiosos del derecho afirman, nosotros en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sí comprendemos que el feminicidio es un delito complejo. Tutela diversos bienes jurídicos, la vida, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia. El feminicidio es un delito complejo que coincide con el homicidio, respecto de un bien jurídico tutelado, la vida, pero cuya estructura es diferente y no puede ser reducida a la naturaleza de un delito simple. Es obligación del Estado erradicar la violencia contra la mujer y brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección. Derivado de la complejidad que el propio tipo penal del feminicidio representa, debe atenderse de igual manera el grado de tentativa. Dado que se trata de un delito doloso, se considera posible su ejecución en grado de tentativa. La regla general dispone que la punibilidad del delito dependerá del mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro en que se puso a bien jurídico tutelado, aplicando así también al feminicidio. No podemos permitir que se traten genéricamente estos hechos delictivos. La tentativa debe explicarse no a partir del peligro de la vida de la víctima que, en todo caso, hubiera llevado a la aplicación de otro tipo penal, sino a partir del plan del autor y de la puesta en marcha de un curso causal eficiente, conforme al plan para obtener el resultado. En la mayor parte de los supuestos de razones de género la tentativa puede establecerse sin que exista privación de la vida de la mujer, por lo cual debe tipificarse específicamente en el Código Federal y no dejar a criterio del juzgador y al elemento subjetivo la aplicación de la regla general en la tentativa, pues de lo contrario se generan vacíos que pueden ser aprovechados por la defensa del inculpado. Tanto así, que se desdibuje la naturaleza primaria de los bienes que tutela el delito del feminicidio. Compañeras y compañeros, demos un paso hacia adelante y ayudemos al Estado a legislar en la construcción de los mecanismos y las medidas necesarias para la eventual y la total erradicación de la violencia contra las mujeres. Es cuanto.