EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias diputado don José Felipe Puelles Espina Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Adolfo Murat Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. -DIP. JOSE ADOLFO MURAT MACIAS (PRI): Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea: La responsabilidad en materia económica y social no puede recaer de manera unitaria en el Poder Ejecutivo. Esta responsabilidad es cada día más una responsabilidad propia de nosotros los legisladores, sobre todo en cuanto al fortalecimiento de las instituciones. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI entendemos nuestro papel y nuestras responsabilidades de frente a la nación, comprendemos así la responsabilidad de tomar decisiones para el hoy y para el mañana, por ello hemos trabajado una serie de reformas al marco legal financiero, que permitan el desarrollo de un México estable, tanto en lo económico como en lo político. No existe ninguna reforma que de un día para otro nos lleve a ser otro país. No hay recetas milagrosas ni reformas que contengan fórmulas mágicas. Hay en cambio una serie de reformas, algunas en apariencia modestas, que transforman de fondo problemas estructurales del pasado. El dictamen presentado ante el pleno de esta honorable asamblea es una de esas reformas, una reforma que por su trascendencia fue aprobada de manera unánime en su respectiva comisión y que en su sencillez lleva un gran avance en la modernización del sistema financiero nacional. El rol del sector financiero a lo largo de la historia, se ha caracterizado por su papel integral en el desarrollo nacional. Por muchos años este sector se encauzó hacia el desarrollo económico y el combate a la pobreza. Sin embargo, la inestabilidad financiera y macroeconómica de diciembre del 94 destruyó ese papel de intermediación del sector, afectándose la promoción de los ahorros y la distribución de los recursos financieros. Pero eso fue lo de menos, los costos fiscales de las crisis llevaron un retroceso en el desarrollo nacional y los esfuerzos de reducción de la pobreza. Los costos de la crisis bancaria del 94 disminuyó drásticamente el gasto social y nos ha llevado a una explosiva tasa de deuda interna en comparación al PIB. Las medidas de emergencia implementadas por el gobierno en turno, parecieron lograr una estabilidad económica y un crecimiento aparente a pesar de las crisis bancarias. La privatización bancaria se dio sin que se hubiera establecido un marco regulatorio de supervisión constante, prudente y eficaz, donde los derechos y obligaciones estuvieran claramente definidos. La reforma presentada ante este pleno, pretende establecer medidas de alerta temprana, que fortalezcan el sistema bancario nacional, protejan al público ahorrador y lleven a prevenir situaciones de crisis de los bancos en lo individual. No es una reforma definitiva, pero sí es un gran avance en materia de regulación financiera. Su objetivo primordial es la reducción del costo fiscal ante un escenario como el que vivimos en 1995. Es importante hacer aquí una aclaración. Los bancos, como instituciones de crédito que son, tienen la función primordial de intermediar el uso del crédito, es decir, captar en forma onerosa recursos del público para colocarlos rentablemente entre quienes requieren de ellos. Esta actividad desarrollada masivamente, lleva implícitamente la delicada misión para el banquero de ser custodio y administrador del ahorro público, del ahorro de los mexicanos y así lleva también la responsabilidad de hacer la derrama de esos recursos en la economía del país. En 1995 los bancos dejaron de cumplir con su función primordial y pusieron el ahorro de sus cuentahabientes en riesgo. Por ello, los programas de capitalización y los famosos rescates bancarios, tuvieron como objetivo resguardar el ahorro de todos los mexicanos. La iniciativa aquí presentada, subsana deficiencias de la legislación vigente, fortaleciendo las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para determinar de manera oportuna las medidas necesarias y correctivas para evitar el quebranto de los bancos. Para garantizar la transparencia del órgano regulador y la no discrecionalidad de éste, se ha recomendado el uso de un indicador de alerta, que es un indicador común y ampliamente aceptado en el mundo, el famoso índice de capitalización. Este índice establece la relación entre el capital y los activos, no es el único índice que existe, pero es un índice objetivo, medible y conocido. El sistema nacional tiene hoy en día en promedio un índice de capitalización del 14 por ciento. Por ello, a partir de estas medidas no se pone en riesgo la estabilidad de ningún banco, al contrario, este indicador nos lleva a una certeza jurídica, nos lleva a estar en estándares internacionales ampliamente aceptados. Las medidas correctivas tienen diversos niveles, pero la de mayor relevancia señalada en esta reforma es la que regula las actividades que se dieron en el pasado, aquella denominada como foco rojo y que aparece cuando el índice está por debajo del 8 por ciento de capitalización. En esta Reforma se establecen mejoras en la eficiencia operativa de os bancos,la nacionalización de los gastos y el incremento real en la rentabilidad de estos, así como el establecimiento de la realización de aportaciones de capital social y la fijación de límites a las operaciones que el banco puede realizar cuando se encuentra en riesgo. De igual manera, se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para aplicar las medidas especiales adicionales que se consideren. Esta reforma tiene trascendencia en su género, los Diputados del PRI entienden que esta Ley debe de mantener ciertos principios, que esta Ley debe de llevar a que las acciones de la Comisión sean de orden público y de interés social, agotándose así los recursos de amparo por parte de los banqueros. De igual manera se resguardó la no afectación de los derechos laborales previamente convenidos con los trabajadores ante situaciones bancarias de foco rojo y se le dieron facultades a la Comisión para el uso de otros indicadores financieros que lleven a resumir la situación real de estabilidad y solvencia del banco. Esta Iniciativa , apoyada unánimemente en la Comisión de Hacienda, es una respuesta a las deficiencias que hemos venido cargando en materia de vigilancia desde 1995, se refuerza el poder de la autoridad frente a los bancos dando certeza jurídica en la limitación a la discrecionalidad. Se establecen mecanismos que salvaguardan el ahorro en los mexicanos ante posibles crisis bancarias y se reduce así, con la simple prevención, cualquier costo fiscal futuro. Es el inicio de un largo camino, nos queda pendiente la generación de incentivos que nos lleven poco a poco a la re activación del crédito. Muchas gracias. -EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado don José Adolfo Murat Macías. Tiene el uso de la palabra, por la Comisión, el señor Diputado don Gustavo Enrique Madero Muñoz. -