La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz: Con la venia de la Presidencia. En donde las grandes empresas abusan de los ciudadanos con la complacencia de las autoridades no existe ni justicia ni democracia. Compañeros y compañeras legisladores, si bien contar con algún tipo de seguro nos da tranquilidad, el problema comienza cuando las empresas prestadoras de servicios y las aseguradoras, en contubernio, de manera arbitraria y abusiva les imponen un seguro a los ciudadanos que no solicitaron, que no quieren y que aun así, los obligan a pagar. Peor aun. Una vez hecho el cobro, muchos ni siquiera cuentan con una póliza que haga explícito el beneficio de las condiciones del seguro y tampoco se les envía el respectivo comprobante fiscal. La cantidad que cobran por el seguro a veces pasa desapercibida en un principio, sin embargo cuando se dan cuenta y quieren cancelar el seguro, la empresa que lo está cobrando responde que no es asunto suyo y que deben llamar directamente a la aseguradora. Por supuesto el teléfono suena, suena, suena, y tarda uno semanas en poderse comunicar, haciendo de esto un martirio. El problema es que los usuarios de un servicio, por ejemplo de telefonía o bancario que nunca solicitaron un seguro o bien no se enteraron de que era gratis por cierto tiempo y que si no lo querían lo debían de cancelar, ven vulnerados sus derechos debido a que la publicidad en todos los casos es poco clara, engañosa e inexistente. Es importante resaltar que el conflicto no es entre dos particulares o entre un particular y un pequeño negocio, es con una gran empresa que cuenta con los recursos suficientes, incluso con áreas jurídicas completas que se hacen cargo de cualquier queja que se presenta en contra de sus servidores. Para darnos una idea clara de la dimensión del problema, hay que señalar que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, durante el primer semestre del 2015 atendió aproximadamente 15 mil 513 reclamaciones relacionadas con la contratación de seguros, de las cuales solamente el 37 por ciento resultaron favorables para el usuario. Es por eso que resulta imperativo reformar la Ley sobre el Contrato de Seguros para establecer que el contrato de seguro será válido únicamente con la firma autógrafa del contratante, para impedir que las empresas aseguradoras continúen abusando y engañando a las personas, otorgando seguros sin la autorización de los usuarios. Lo anterior para evitar que las y los ciudadanos se sigan viendo afectados por las obligaciones que nunca aceptaron contraer o que en muchas ocasiones ni siquiera se habían enterado de que los contrajeron. Por ello con el fin de evitar dicha práctica se propone establecer en la ley que los contratos de seguros que no cuenten con la firma autógrafa del contratante, no producirán efecto alguno legal; que la aseguradora sea sancionada con el reintegro del doble del total de las primas pagadas a solicitud del asegurado, que en un plazo mínimo de 48 horas posterior a la firma del contrato la aseguradora debe entregar en forma física la póliza correspondiente. Pongo a su consideración esta iniciativa porque desde esta Cámara de Diputados debemos de actuar para hacer frente a los abusos y engaños que afectan a nuestros representados, sin importar los colores ni partidos, debemos solidarizarnos con los miles de ciudadanos que se encuentran indefensos ante los abusos de las empresas y las aseguradoras. Debemos reformar la ley para evitar que los ciudadanos sean víctimas de arbitrariedades y poner fin de una por todas a esta problemática. Es cuanto, presidente, y también agregar que las otras dos iniciativas fueron turnadas a comisión. Muchísimas gracias.