EL DIP. MANUEL IGNACIO LOPEZ VILLAREAL: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea: Hoy en día las tarjetas de crédito y de débitos, expedidas por el Sistema Bancario Mexicano, se han convertido en usual medio de pago, tan solo en México existen más de 30 millones de tarjetahabientes, ya sea por que se les paga su sueldo a través de una tarjeta de débito, o bien, por ser titulares de una tarjeta de crédito. Sin embargo, el uso frecuente de estos instrumentos de pago, aunado a una legislación obsoleta, ha ocasionado la creación de sofisticadas conductas delictivas con tarjetas como la falsificación, producción, reproducción, distribución y comercialización. La falsificación de una tarjeta consiste en imitar el plástico y copiar el contenido de la banda magnética de una tarjeta auténtica, donde reside toda la información de la cuenta. Esto es suficiente para vaciar la cuenta de algún tarjetahabiente, dado que con estos plásticos apócrifos se puede realizar compras de bienes y servicios o disponer de efectivo, cuyos montos son cargados a la cuenta de la tarjeta copiada. Este tipo de fraude ocasiona pérdidas millonarias a las instituciones emisoras de tarjetas, a los negocios y a los tarjetahabientes. Durante 1997 a 1998, la defraudación con tarjetas de crédito y documentos de pago, ascendió al más de 313 millones de pesos, afectando a más de 45 mil ciudadanos y más de 70 mil establecimientos. Y en los últimos años este fraude se ha duplicado. Según los últimos datos proporcionados por la Asociación de Bancos de México, los fraudes con tarjetas falsificadas en el 2003, sobrepasan los 700 millones de pesos. Estas cifras demuestran que este delito va en aumento y sin duda, la falsificación de tarjetas es el crimen con mayor incidencia en nuestra banca. Al mismo tiempo que este crimen daña a las instituciones de crédito, de igual manera sucede con los establecimientos comerciales, donde se comete este tipo de delitos, esto desprestigiando a los negocios y consecuentemente afectando la actividad comercial, la generación de empleo y la falta de inversión. Reconociendo esta problemática, conformamos un grupo de expertos del sector privado afectado, de las autoridades competentes, donde participaron American Express, Banamex, la Coalición Contra el Fraude y la CONDUCEF, con la intención de elaborar una iniciativa que contuviera y armonizara todas las propuestas para combatir estas nuevas conductas criminales que están atacando y perjudicando al Sistema Bancario Mexicano. Como resultado de estas mesas de trabajo, se consideró necesario detener esta conducta delictiva a través de una legislación penal que sea efectiva en su aplicación a nivel federal. La legislación federal debe contemplar claramente este tipo de delitos en todas sus modalidades, porque es muy común que las autoridades se vean en dificultades jurídicas a la hora de querer consignar algún sujeto que cometió este tipo de fraude. Derivado de lo anterior, se concluyó que se debía de reformar la legislación federal contenida en el artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, para ampliar y señalar todas las conductas relativas a la falsificación de tarjetas y otros documentos de pago. No cabe la menor duda de que este delito es cometido por bandas de crimen organizado, donde cada sujeto tiene bien definidas sus actividades, ocasionando toda una serie de conductas delictivas que se ven encadenadas por la comisión de este delito. La cadena delictiva de la falsificación de tarjetas, inicia con los delincuentes que se dedican a conseguir ilícitamente la información contenida en al banda magnética de las tarjetas, a través de un aparato llamado "skimber" (?). En segundo lugar, hay un grupo de delincuentes expertos en programas de computación y en fabricación de plásticos y documentos, que se dedican a la falsificación de las tarjetas con la información obtenida a través de los skimbers, para posteriormente venderlas a usuarios de mala fe. Y finalmente está la comercialización y utilización del plástico falsificado, con el propósito de cometer fraudes en perjuicio de las instituciones emisoras de tarjetas y de los tarjetahabientes. Este es el círculo delictivo de la falsificación de tarjetas y de otros instrumentos de pago. Por lo expuesto, es de suma importancia que todas éstas conductas, se consideren como delitos graves sin excepción alguna, para que las autoridades federales puedan perseguir y castigar esta actividad criminal, dado que esto lesiona al sistema bancario, a los usuarios de las tarjetas, así como a los establecimientos comerciales, razón por la cual se propone en esta iniciativa reformar el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, incluyendo en la fracción VIII, relativa a la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 112 bis. De aprobarse éstas reformas, se podría castigar a los delincuentes que se aprovechan de la tecnología y de la vulnerabilidad del sistema de protección y seguridad de los diversos instrumentos de pago, para dañar al patrimonio de los usuarios de los servicios financieros, del Sistema Bancario Mexicano y de los negocios establecidos y que actualmente recurren al amparo de la legislación actual, para salir bajo fianza con una facilidad extraordinaria que se confunde con la impunidad. Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía lo siguiente: Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 112 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona un párrafo al artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Señor Presidente, permítame omitir la lectura del proyecto de decreto que es amplio, asimismo la exposición de motivos es muy extensa, por lo que me permití presentar un resumen, así que le rogaría que el documento completo se publique en la Gaceta Parlamentaria y se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)