El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Mesa Directiva. Diputadas y diputados, hubo dos votos en contra, es que no hay unanimidad en esta reforma constitucional. No hay unanimidad porque hay escepticismo, escepticismo como lo hay por parte de las reformas estructurales, materia energética. No hay energía más barata, fue una mentira propagandística, no hay gasolina más barata, una mentira también sistemática que se sigue utilizando, pretendiendo que los ciudadanos están dormidos. Primero. Solicito que mis reservas se inserten en el Diario de los Debates, para que se vea el argumento de por qué votamos en contra. Segundo. Hay una crónica de la expropiación petrolera del 18 de marzo. En los antecedentes señala que el 9 de julio de 1938 se nombró una comisión para atender las demandas de los trabajadores. Esa comisión visitó a los empresarios dueños de las petroleras y resultó que esas empresas petroleras no declaraban honestamente el monto de sus ganancias y que el capital invertido había sido recuperado 10 años antes. La Suprema Corte de Justicia ampara a los trabajadores, los empresarios se niegan a acatar el fallo de la Corte y de ahí surge el decreto expropiatorio en un Estado garante de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores en 1938. Estamos ante una reforma trascendental, se busca el equilibrio en un conflicto entre el capital y el trabajo. No estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de la vida de los trabajadores, trabajadores que pueden ser despedidos injustificadamente; trabajadores cuyos derechos sociales o individuales pueden ser violentados. Derechos que tendrán que litigiar ante un tribunal laboral. Ese no es el problema, el problema no es el tribunal laboral. Estamos mandatando que, primero, en forma obligatoria, debe ir a la conciliación en un órgano federal o en un órgano estatal, dependiendo de la competencia. La ley tiene operadores jurídicos que atienden a cuestiones políticas. El conciliador es y será empleado del Ejecutivo. El conciliador será propuesto por el Ejecutivo al Senado, quien deberá aprobarlo por dos terceras partes en una propuesta de una primera terna. Si el Senado no lo aprueba, se manda a una segunda terna. Si el Senado vuelve a rechazar esa terna, el Ejecutivo lo designa, el conciliador es empleado del Ejecutivo. El operador atenderá a cuestiones fácticas en la política nacional. Quiero ver si en una huelga de los trabajadores de Pemex, frente a la empresa estatal Pemex tenemos un conciliador imparcial. Si ante el recuento de trabajadores de los sindicatos de la federación, estados y municipios, tendremos un conciliador imparcial. No, la ley tiene operadores y en la situación nacional donde prevalece la corrupción, los operadores atienden al interés del gran capital y de los empresarios, mentira que a los intereses de los trabajadores. Las reservas que presentamos. Fracción XX. Estamos proponiendo que el titular de este órgano de conciliación no sea propuesto por el Ejecutivo, debe ser propuesto por la Suprema Corte de Justicia, le quitamos esta carga política del patrón frente a sus empleados. Reserva al artículo 123, fracción XXI. Hay un desequilibrio entre la capacidad de defensa del patrón con la del trabajador. Aquí no se garantiza. Estamos proponiendo que en el procedimiento de conciliación y en los juicios laborales, las autoridades suplan la queja deficiente del trabajador. No debemos olvidar que el trabajador se encuentra en desventaja en una competencia legal frente al patrón, este principio no se garantiza. Agregamos en el 123, fracción XXII, la autonomía e independencia de las asambleas de los trabajadores. No se garantiza la autonomía de las asambleas de los trabajadores y el voto está acotado porque no atiende a los principios de una elección democrática. Por eso, señalamos una modificación en la fracción XXXI, inciso c). Deben observarse principios de elección democrática en las decisiones de los trabajadores. No se garantiza, se acota el voto universal, personal, directo e intransferible de los trabajadores. Esto va a dar oportunidad al cochupo de las autoridades supervisoras con los sindicatos que se quejan ahora. La corrupción va a prevalecer porque no modificamos la práctica en cómo operar la ley y cómo aplicar los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad. Estamos abundando a juicios y procedimientos que afectan al trabajador, quien tiene una desventaja en la operación legal de su defensa frente a los abogados de los empresarios. Por eso votamos en contra...