La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, presidenta. Compañeros diputados, después de revisar a detalle la iniciativa y el dictamen sobre la Guardia Nacional y escuchar las audiencias pública, quiero decirles que coincido con el diagnóstico, pero no con la solución. Efectivamente, hemos vivido en los últimos años una crisis de violencia, inseguridad e impunidad a la que han abandonado en gran medida las fallas y la corrupción de las autoridades encargadas de su solución. Como respuesta a los problemas de seguridad, en 2006 se planteó el uso de las Fuerzas Armadas y tras 12 años es evidente que esa estrategia falló. Durante este periodo no se limpió ni profesionalizó a la policía ni se mejoró sustancialmente la seguridad. En cambio, aumentaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos, la muerte de civiles, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abusos de poder e impunidad, así como ataques a periodistas, entre otros tantos hechos lamentables. Por mencionar un dato, de acuerdo con el Informe Mundial de 2018 del Observatorio de Derechos Humanos, organismo internacional dedicado a la investigación y defensa de los derechos humanos, hasta agosto de 2017 el gobierno mexicano desconocía el paradero de más de 32 mil personas informadas como extraviadas desde 2006. Es por estos hechos que todos conocemos y muchos han vivido de frente, que en el PRD nos oponemos a continuar con la estrategia de militarización de la seguridad pública. Estrategia que ha dejado en claro que el combatir el fuego con el fuego, lo único que genera es un incendio mayor. Quiero aclarar que esto no significa que como partido nos opongamos a combatir la delincuencia. Como dije, coincido con el diagnóstico, pero criticamos la solución, y es por eso que les pedimos a todos los grupos parlamentarios que no apresuremos las cosas y descartemos el actual dictamen, para plantear una mejor estrategia. El votar en contra este dictamen es una propuesta que durante las audiencias celebradas la semana pasada con académicos, integrantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, respaldan al decir que no se podrán normar la militarización de la seguridad pública y que era mejor dejarnos el tiempo necesario para realizar el dictamen. Aceptar esta propuesta no es imposible. Lo que no podemos admitir es que nos quieran engañar diciéndonos que se acepte el mando civil, cuando no es así. Revisen el artículo 21. Y menos aún que se nos impida aceptar un dictamen que no se elaboró aquí, sino en el zócalo. Desde el PRD les decimos que nunca actuaremos por instrucciones de alguien y, más aun, cuando se trate del bienestar del país. Por eso sería mejor, insisto, no seguir adelante con esta propuesta de militarización disfrazada. Como sé que esto no sucederá es que presento estas reservas a los artículos 16 y 21 de la Constitución, que recuperan los comentarios hechos por integrantes de la sociedad civil, como Seguridad Sin Guerra. La reserva del artículo 16 establece que por ninguna circunstancia se permitirá que a los detenidos se les traslade o resguarde a instalaciones que no correspondan a la autoridad civil. Por su parte, la reserva del artículo 21 pretende que se quiten los candados a la Corte Penal Internacional, en cuanto a su jurisdicción en nuestro país. Para terminar, compañeros que integran la mayoría legislativa, me gustaría decirles que en el afán de hacer las cosas rápidas y a contentillo de su líder, no los lleve a condenar a México a un problema mayor que solucionar ni a destruir la confianza en las Fuerzas Armadas en el camino. Si en verdad quieren hacer la historia, la única vía para hacerlo es el diálogo, no la imposición. De lo contrario, la historia se los cobrará. Es cuanto, presidenta.