El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a presentar a nombre de los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez dos dictámenes que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El primero de ellos hace referencia a dos modificaciones a la ley, las cuales son: La inclusión en el artículo 4o., como parte de las definiciones de observancia dentro del cuerpo de la ley, del término sistema municipal de protección; toda vez que no se incluía en ese apartado, pero sí se mencionaba en el texto de la ley sin estar incluido en el apartado de las definiciones. La segunda modificación establece los mecanismos de coordinación entre el Instituto Nacional de Migración; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF; y el órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación, denominado Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a efectos de adoptar medidas de protección especial para niñas, niños y adolescentes que sean susceptibles de reconocimiento, de condición de refugiado o de asilo. Estamos seguros que con estas modificaciones se establecerán mecanismos de coordinación a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Ahora bien, el segundo dictamen tiene que ver con el establecimiento de criterios generales en materia de adopción. No omito mencionar que estas propuestas atienden la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, para prohibir las adopciones privadas en nuestro país y eliminar los riesgos que conllevan, incluyendo el hecho de que niñas y niños sean vendidos para ser adoptados y surge ante la realidad que vive en cuanto el proceso de adopción en México, en donde se presentan diversas situaciones como las que describo. La falta de información confiable y la sistematización oficial de datos para determinar la relación que existe entre el número de menores de edad institucionalizados y quienes son susceptibles de adopción por su situación jurídica, y Dos. El riego que significa contar con procesos que ocasionan largos periodos de institucionalización, pues la edad de las niñas, niños y adolescentes es un factor determinante para sus posibilidades de ser adoptados. Por ello esta iniciativa tiene como fin extender la protección especial que el Estado mexicano brinda mediante la legislación general, a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en desamparo familiar, particularmente aquellos en situación de abandono, exposición o institucionalización. Destaca la relevancia que puede tener un marco jurídico general que potencialice la adopción como un medio para garantizar el interés superior de la niñez alineado a instrumentos internacionales, los cuales México ha firmado y ratificado. Asimismo, la iniciativa que hoy votaremos tiene como objetivos fundamentales: 1. Facilitar y agilizar el proceso de adopción en México a efecto de atender el interés superior de la niñez, y de acuerdo a lo establecido en la propia ley, garantizar plenamente el derecho a vivir en familia a quienes no la tienen. 2. Que niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo familiar sean reintegrados con su familia y en su caso sean incorporados a una familia mediante la adopción, a través de un procedimiento ágil y seguro, y 3. Que establezcan de forma expresa que la adopción es plena e irrevocable. Más aún. Al establecer la existencia de un procedimiento único que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y transparente, mediante la homologación de los requisitos y procedimientos administrativos, por primera vez todos los estados tendrán como plazo máximo de 45 días para emitir el certificado de idoneidad. Dichos certificados serán válidos para iniciar el proceso de adopción de cualquier estado del país. En este caso de los días, se presentó una adenda que en un momento el presidente nos comentará. Esto se hace necesario toda vez que existen muchas lagunas de operación que impiden que los poco más de 30 mil menores de edad, según datos del año 2014, y que fueron ubicados en 700 centros de asistencia social, puedan ser adoptados. Esta problemática se debe en parte a que hoy en día de manera lamentable, la adopción es una institución que se legisla a nivel local, por lo que existen 32 visiones distintas para atender el tema. No podemos seguir en esa ruta. De igual forma, al tratarse de reformas a una ley general, se mandata a los estados a adecuar su legislación en 180 días y a generar reglamentos especializados, pues la participación y compromiso de los sistemas DIF y de las procuradurías de protección de nuestro país, así como de los Poderes Judiciales, resultará fundamental para la implementación de la misma. Esos son los elementos que motivaron la aprobación de las propuestas de la comisión y que estoy seguro respaldarán ustedes. Finalmente, no quiero perder la oportunidad para reconocer el esfuerzo de mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, por hacer posible la aprobación de estos dictámenes. Pero, sobre todo, un reconocimiento particular a los promoventes de ambas propuestas, a la diputada Daniela de los Santos, del Partido Verde Ecologista; a la diputada Alicia Guadalupe Gamboa, del Partido Revolucionario Institucional; diputada Norma Edith Martínez, del Partido Encuentro Social; diputada Rocío Matesanz, del Partido Acción Nacional, y al diputado Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática. Compañeras y compañeros, la posibilidad de hacer felices a un gran número de niñas y niños está en sus manos. Por ello, les pido su voto a favor del dictamen, para poder avanzar un paso más en la consolidación de los derechos de la infancia en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.