El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Este proyecto de dictamen que modifica también la Ley General de Salud, estableciendo una reforma al artículo 192 Quater, es una reforma creo que conveniente, porque establece centros especializados de prevención y de atención de las adicciones, pero me preocupa nuevamente, parece que avanzamos un poco pero no lo suficiente. La mayor parte de los centros de prevención de adicción y de tratamiento de adicciones que existen en el país son centros de prevención y atención de adicciones de carácter privado, y lo que propone esta reforma es que exista un control, unos requisitos mínimos con los que deben cumplir estos centros de atención y de prevención de las adicciones, y aquí es donde creo que el sistema de salud nacional fracasa, en donde no estamos garantizando plenamente el derecho a la salud, porque los centros de prevención y de atención a las adicciones debieran ser centros preferentemente o mayoritariamente de carácter público. Centros de atención de adicciones y de prevención de adicciones en México de carácter público existen muy pocos. El gobierno del Distrito Federal se caracteriza por tener algunos de estos centros públicos gubernamentales de atención y de prevención de adicciones. Es decir, el tema de la atención a las adicciones en México, es un tema en donde millones de mexicanos no tienen acceso a estos centros privados de atención y de prevención a las adicciones porque cuestan. Solamente son atendidos en los centros de prevención de adicciones la clase media o la clase alta que pueden pagar el tratamiento sus familias, los tratamientos correspondientes. Este proyecto de decreto de reforma a la Ley General de Salud lo que debería proponer, y no propone, es la existencia de centros públicos sufragados con recursos presupuestales de atención y de prevención a las adicciones, para que millones de jóvenes, para que millones de personas que están sujetas o están dominadas por una adicción a las drogas o al alcohol, etcétera, pudiesen ser tratados de manera adecuada por estos centros públicos de atención y de prevención de adicciones, sin que el tratamiento de las adicciones implique, como implica ahora, una carga a las familias mexicanas, al maltrecho patrimonio de miles y de millones de familias mexicanas. Creo que el dictamen es positivo por establecer estos mecanismos de control y de supervisión, pero es un dictamen insuficiente. En México debemos aspirar a una salud, a procedimientos, a mecanismos, a un sistema de salud integral en donde el acceso a la salud sea público, el acceso a la salud sea gratuito, en donde cualquier mexicano por el hecho de serlo, por el hecho de ser persona pueda recibir tratamiento de salud mental, de salud física, de combate a adicciones o de tratamiento de adicciones, y no generar estas bolsas que existen en el sistema de salud nacional, en donde organismos privados lucran con la salud de millones de mexicanos. Por eso no puedo acompañar este proyecto de dictamen, porque le falta sentido social, carece de solidaridad, de salvaguarda al principio de solidaridad, porque no promueve los centros de salud públicos para el tratamiento de las adicciones, porque no hay un compromiso serio con la garantía del derecho a la salud que está previsto en el artículo 4º de nuestra Constitución. Por eso votaré en contra de este dictamen. No dejo de reconocer alguna de sus bondades, pero sus bondades no son suficientes y no se comprometen con el derecho a la salud como debieran comprometerse, estableciendo centros de adicciones, de tratamiento a adicciones públicos y gratuitos. Muchas gracias, compañeras diputadas, muchas gracias, compañeros diputados.