El diputado Juan Pérez Medina: Con su permiso, Presidente. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer, cuarto y quinto párrafos, al artículo 59 y un artículo 59 Bis a la Ley General de Educación, en lo relativo a la prestación de servicios educativos, proporcionados por particulares extranjeros. La firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, obligó a modificar la Ley de Inversión Extranjera en México, que por primera vez en la historia educativa del país, permita a inversionistas extranjeros prestar servicios privados de educación de preescolar, secundaria, media superior, superior y combinados. El artículo 8° de dicha ley, establece que la participación de la inversión extranjera podrá ser mayor de 49%, con tan sólo el visto bueno de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, en ésta no hay representante o integrante de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente la posición de las autoridades educativas y en concreto de la Secretaría de Educación Pública, no ha sido del todo clara ante los proveedores educativos trasnacionales y comerciales, dado que hasta ahora, solamente se han dado intentos resueltos por regular las actividades, vía el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios, el reconocimiento de títulos y grados y la expedición de cédulas profesionales, sin que exista normatividad expresa para regular la prestación de servicios educativos por inversionistas extranjeros. Lo más preocupante es que tampoco se ha tomado las visiones en relación al aseguramiento de la calidad de los programas educativos. Al respecto conviene mencionar que recientemente el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, determinó que la Secretaría de Economía, deberá informar el número de instituciones educativas con participación extranjera que operan en territorio mexicano y el monto de su participación financiera. En el ámbito internacional y nacional, diversos estudios advierten la creciente participación de corporaciones estadounidenses de distintos giros empresariales en el Sector Educativo; las llamadas universidades corporativas triplicaron su expansión, entre 1988 y 2004, al pasar de 400 a 1,600; entre sus dueños se encuentran empresas como Motorola, Coca-Cola y Home Deepot; algunas de ellas están creando sus propios programas de educación post secundaria y vocacional. La empresa de hamburguesas Burger King, ha abierto academias en 14 ciudades estadounidenses, mientras que las dos grandes corporaciones de computación IBM y APLE , han anunciado su idea de abrir escuelas con ánimos de lucro. Proyecciones académicas, indican que en México la oferta de mayor crecimiento en los últimos años, se ubica en las clases medias del país, pues aumentó en 20% la matrícula de estudiantes con capacidad de pagar colegiaturas, cuyo costo esté entre el 40 y 60% de lo que cobra el TEC de Monterrey y sólo se incrementó en 3% la matrícula estudiantil en las universidades particulares de alto costo. En tanto, el crecimiento de la población escolar de las universidades públicas, fue del 7%, por ello las corporaciones como Sylvaleardent System Inc (¿) y Apolo Internacional, ambas estadounidenses, ven en México un excelente mercado lucrativo en educación y buscan comprar universidades mexicanas particulares, aunque también hay algunas de éstas que buscan que las compren. Esta situación está latente en México desde que en 1994, algunas universidades extranjeras se establecieron de manera directa, como la Pacific Western University o la Bionish University. Ilustrativo es el caso de la Universidad del Valle de México, que fue adquirida en 80% de su operación por Sylvan (¿), esta corporación abarca servicios educativos diversos, tutores en sedes, tutores por internet, cursos de inglés, capacitación de profesores, apoyo educativo, empresas de educación en línea y establecimiento de campus universitarios en el mundo. Ha adquirido universidades en Chile, Suiza, Francia, India y España. En 2002 tuvo ingresos por 206 millones de dólares y utilidades por 18 millones de dólares. El asunto de regular la participación de los particulares extranjeros en la educación mexicana, no es menor por tres motivos principales: Uno. La educación del país es un asunto de seguridad nacional. Esta premisa se corrobora desde el Congreso Constituyente de 1856, que consideró a la educación como actividad liberadora de la conciencia y desde ese momento se convirtió en un instrumento para que los pueblos aprendieran sus derechos a la civilización y las obligaciones de los ciudadanos con el Estado y de éste con la sociedad. Dos. Porque como se señaló con anterioridad, a partir de la firma del TLC con América del Norte, se modificó la Ley de Inversión Extranjera en México que por primera vez en la historia educativa del país, permite a inversionistas extranjeros prestar servicios privados de educación de preescolar, secundaria, media superior, superior y combinados. Tres. La operación de la institución educativa de inversión extranjera, no está regulada o controlada por la Secretaría de Educación Pública ni por otra institución educativa que por ley esté facultada para ello, como pueden ser las universidades e instituciones públicas o las autoridades educativas estatales, entre otras. Esto dificulta saber cuántas son y de qué países provienen, aunque las que se tienen ubicadas, en su mayoría son de origen estadounidense. La apertura comercial en la que está inmerso México es irreversible, pero esto no debe ser motivo para que en un rubro estratégico como es la educación, participen de manera directa los inversionistas extranjeros sin que la autoridad educativa competente en la materia regule sus planes y programas de estudio y en específico los contenidos de los mismos. Esto es grave, porque como se señaló, los inversionistas extranjeros están facultados para prestar servicios educativos a la población mexicana desde muy temprana edad en el nivel de preescolar, es por ello que resulta imperativo que las instituciones educativas de inversionistas extranjeros que operen de manera directa en México, sean en la modalidad escolarizada, semiescolarizada, a distancia, abierta, vía internet o por cualquier otra vía, se ajusten a los principios del artículo 3º. constitucional y a la regulación establecida para los particulares en la Ley General de Educación. En virtud de lo anterior, esta iniciativa propone la creación de un consejo en materia de prestación de servicios educativos por particulares extranjeros, el cual estará integrado por las autoridades de Educación Pública, los Secretarios de Educación de los estados y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. La finalidad de dicho consejo será recibir y dictaminar las solicitudes de los inversionistas extranjeros para operar servicios educativos desde el nivel de preescolar hasta el superior en todos sus tipos y modalidades, a fin de determinar sobre la procedencia o no para prestar de dichos servicios en campus abiertos de universidades extranjeras, instituciones que ofrezcan cursos en línea para la obtención de grados extranjeros, organismos que realizan una transmisión mercantil de conocimientos o su acreditación; universidades privadas o públicas que acuerden con su contraparte mexicana la prestación de servicios educativos. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 59 y un artículo 59 bis a la Ley General de Educación para quedar como sigue: Artículo Unico. Se adiciona un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 59 y un artículo 59 bis a la Ley General de Educación para quedar como sigue: Artículo 59. "... los particulares extranjeros que quieran prestar servicios educativos en cualesquiera de sus tipos, modalidades y niveles, deberán solicitar la autorización correspondiente al consejo en materia de prestación de servicios educativos por particulares extranjeros, por conducto de la Secretaría de Educación Pública. La autorización para operar servicios educativos mencionados en el párrafo anterior, comprenderá la prestación que se haga en cualquier tipo de instalación o medio, ya sea en campus de universidades extranjeras, en instituciones que ofrezcan cursos en línea para la obtención de grados extranjeros u organismos que realizan una transmisión mercantil de conocimientos o su acreditación, las universidades privadas o públicas que acuerden con sus contrapartes mexicanas la prestación de servicios educativos y en general, en cualquier otro tipo de institución educativa. Para otorgar la autorización, el consejo atenderá la legislación y normatividad mexicana en materia educativa y, en particular, conforme a lo establecido en el artículo 3º. constitucional y en la presente ley, para la educación que impartan los particulares". Artículo 59 bis. "...se crea el consejo en materia de prestación de servicios educativos por particulares extranjeros, como órgano colegiado de carácter permanente que funge como una instancia de asesoría y consultoría del titular del Ejecutivo Federal y de coordinación entre las diversas dependencias y entidades federativas, el cual se integrará por el titular de la Secretaría de Educación Pública, los secretarios del Ramo de las entidades federativas y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y sus presidentes en las regiones noroeste, noreste, centro-sur, centro-occidente, metropolitana y sur-sureste, quienes podrán designar a un funcionario de nivel jerárquico inferior e inmediato, como suplente. Asimismo el consejo podrá invitar a participar en sus sesiones a aquellas autoridades y representantes de los sectores privado y social, que tengan relación con los asuntos a tratar, quienes tendrán voz pero no tendrán voto. El consejo estará presidido por el titular de la Secretaría de Educación Pública y desempeñará sus funciones conforme al reglamento que para tales efectos se expida. El consejo tiene por objeto dictaminar la autorización que soliciten los inversionistas extranjeros para operar servicios educativos desde el nivel de preescolar hasta el superior en todos sus tipos, modalidades y niveles, con base en las solicitudes que para tales efectos le presente la Secretaría de Educación Pública. El consejo tendrá las siguientes atribuciones: 1. Recibir la solicitud de la Secretaría de Educación Pública que presenten los particulares extranjeros para autorizar la prestación de servicios educativos y desde el nivel preescolar hasta el superior en todos sus tipos y modalidades y niveles. 2. Evaluar las solicitudes que se sometan a su consideración observando la legislación y normatividad vigente en materia educativa. Dictaminar con base en estudio técnico debidamente fundado y motivado, sobre la procedencia para el otorgamiento de autorizaciones en materia de prestación de servicios educativos por particulares extranjeros. El consejo procederá a emitir el dictamen en un término de 30 días hábiles que justifiquen plenamente el otorgamiento a los particulares extranjeros, la autorización en materia de prestación de servicios educativos, turnando en un plazo no mayor de 10 días dicho dictamen a la Secretaría de Educación Pública para ser notificado al solicitante. Y cuarto, llevar un registro de las autorizaciones concedidas de los particulares extranjeros. Solicito a usted señor presidente se integre íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.