La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. Entre todos los sectores sociales existe un consenso tácito que reconoce plenamente que el tema educativo tiene el carácter de prioritario. Lo anterior responde a que en la era en que vivimos, en el contexto de la dominancia del subsistema económico en un mundo globalizado, la impartición de conocimiento constituye sin duda el eje fundamental del progreso del país, el motor del desarrollo, el principal medio de ascenso social y el instrumento más importante para combatir la desigualdad. Pese a lo previamente expuesto, la situación educativa en México está envuelta en múltiples problemáticas que derivan, entre otras cosas, en niveles bajos de aprovechamiento escolar, altos índices de deserción, desinterés de alumnos, padres y maestros por generar una dinámica educativa competitiva integral y de calidad, que consecuentemente recae en los bajos índices de aprovechamiento de los educandos. En el contexto descrito, surgió la reforma que modificó los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual cimbró numerosos sectores de la sociedad suscitando un importante debate nacional entre el Magisterio, expertos en el tema, investigadores, legisladores locales y federales y la sociedad civil. El propio titular del Ejecutivo argumentó que debido a la importancia que estos cambios representaban se buscaría el consenso entre maestros, autoridades educativas, investigadores, miembros de asociaciones interesadas y especialistas, lo cual permitiría que la educación se encauzara a una verdadera reforma integral que protegiera los derechos laborales de los docentes, que combatiera la inequidad y desigualdad y que garantizara la laicidad, gratuidad y cientificidad de los conocimientos impartidos. Aunado a esto se realizaron trabajos correspondientes por medio de foros regionales a través de todo el país para recopilar las propuestas de quienes son los actores directos de la educación. Ninguna de las propuestas recabadas en los debates se incluyó en los proyectos entregados por el gobierno federal; se tiraron al bote de la basura y que a través de un albazo legislativo se impusieron por encima incluso de la legalidad, contrarrestando las facultades de la misma Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Por lo previamente argumentado, no podemos satanizar la protesta social que hoy tiene paralizada a la capital del país, cuando los maestros fueron engañados, timados, fueron parte de un simulacro en el que el gobierno federal fingió estar preocupado por las demandas de los propios, cuando en realidad sólo busca satisfacer ciertos intereses. La llamada reforma educativa la cual no es más que una reforma administrativa y laboral del magisterio no surgió de la sociedad, se configuró como modificaciones exógenas impuestas de manera no democrática por un acuerdo cupular carente de legitimidad y representación. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano manifiesta su inconformidad ante esta Ley General del Servicio Profesional Docente y mantenemos nuestro firme posicionamiento en defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación y nos pronunciamos a favor de un verdadero debate nacional para definir con los verdaderos actores de la educación una auténtica y consensuada ley nacional de educación. Cómo podemos avalar una ley tan peligrosa que abate a los trabajadores magisteriales en todos sus niveles, que deroga todos sus derechos adquiridos, en donde las autoridades educativas pueden anular derechos sin necesidad de declaraciones judiciales. Los estamos exponiendo a que puedan ser sujetos de persecuciones políticas; estamos convirtiendo a nuestros trabajadores de la educación en sujetos meramente administrativos. ¿A quién se le ocurre satanizar y criminalizar a los maestros? Sólo a los insensibles y a los miopes. ¿Qué sentido tuvo la mesa de trabajo con los dirigentes de la CNTE en donde todavía el día de hoy se había acordado seguir construyendo el diálogo? Una vez más se muestra el engaño, se muestra la verdadera cara de este gobierno tramposo, dilatorio, en donde el procedimiento no importa; la inclusión de opiniones es lo menos relevante. El único factor a considerar radica en que los temas salgan lo más pronto posible, reprimiendo y criminalizando la voz de los afectados, donde se usa al Congreso como sólo una oficialía de partes. Nuevamente observamos cómo la intención de este gobierno no radica en la satisfacción de los intereses de los mexicanos sino en el regreso a un sistema en el que el presidente tiene los poderes metaconstitucionales, peligroso, que le permiten sobreponerse a cualquier órgano o ley haciendo que su palabra sea la única que valga. Por último, expresamos nuevamente nuestra inconformidad y desacuerdo con esta infame Ley General del Servicio Profesional Docente. Reiteramos nuestro apoyo solidario hacia los maestros. Nos pronunciamos no por su represión y sobre todo por su no criminalización. El compromiso del país con la educación aún tiene un largo camino por recorrer. El papel del Estado una vez más no le hace justicia a su pueblo. México está parado ante lo que pudiera ser la mayor descomposición social de su historia. Estamos frente a un peligroso coctel social de inconformidad e impotencia ante el regreso de un Estado autoritario. La cuerda está muy tensa, muy tensa. Gracias, señor presidente.