La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, senador presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a lo largo de la historia en nuestro país han ocurrido un sin fin de violaciones a derechos humanos, siendo más recurrente dicha práctica en contra de las niñas, los niños y adolescentes, por ello es necesario garantizar plenamente sus derechos para que sean protegidos contra cualquier abuso. Un claro ejemplo de ello es la tipificación de algunas conductas que han sido consideradas como delitos y que se cometen en contra de los menores de edad, como el delito denominado estupro, contenido en los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, estableciéndose en el primer artículo mencionado como conducta típica, antijurídica y punible lo siguiente: Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho obteniendo su consentimiento por medio de engaño se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión. Derivado del texto de este artículo se considera que el consentimiento para mantener relaciones sexuales es a partir de los quince años y antes de los dieciocho. Es importante señalar que en algunos Códigos Penales Estatales se establece que la persona que mantiene relaciones sexuales con una menor de dieciocho años puede ser eximido de toda responsabilidad penal si ofrece matrimonio al adolescente, sometiéndolas entonces a matrimonios precoces, generando ligas de parentesco entre ellas y el estuprador, es decir, con quien ha violado sus derechos y la convierte en víctima de delito. Es así como el tipo penal de estupro se encuentra estrechamente vinculado con el matrimonio infantil, ya que la legislación civil federal y las legislaciones civiles de diversas entidades contemplan que las adolescentes mayores de 15 años pueden contraer matrimonio a pesar de que los organismos internacionales de derechos humanos consideran que las niñas y adolescentes no tienen la madurez para comprometerse en matrimonio, ya que es una decisión que tendrá implicaciones en el resto de su vida porque estas menores de edad son personas que aún se encuentran en formación de su personalidad, en la búsqueda de su identidad y en crecimiento. A lo dicho debemos sumar lo establecido en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de octubre de 2012, la cual señala en su artículo 4o. que en todas las acciones y decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez; de esta forma en México los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentran protegidos a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se dispone en el artículo 19, que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual y social. En el mismo sentido, el artículo 21 dispone que niñas, niños y adolescentes tengan el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo, su desarrollo a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Lo anterior nos lleva, que al tener relaciones sexuales con una persona que no detenta la mayoría de edad puede atentar a violar uno o varios de estos derechos y a acarrear consecuencias irreparables en su desarrollo posterior; por ejemplo, puede impedirles a acceder a continuar con su educación, puede enfrentar situaciones de violencia, ser vulnerables a una explotación en labores domésticas o sexuales, a ser obligadas a parir en condiciones de riesgo, a ser contagiadas de alguna enfermedad venérea y como éstas, otras circunstancias funestas. El matrimonio infantil tiene otras consecuencias negativas, como son la separación de la familia y los amigos, así como la reducción de oportunidades. Asimismo, el matrimonio infantil puede acarrear trabajos forzosos, esclavitud, prostitución, violencia contra las víctimas y pone en peligro su salud física y mental como los embarazos prematuros. En este sentido podemos decir que subyace el estereotipo de que las mujeres tienen como destino casarse y reproducirse y que un adolescente tiene capacidad para procrear sin importar la madurez psicológica, física o emocional que tenga y que el estuprador, independientemente de su condición social, cultural, económica, emocional e incluso de su salud puede casarse con un adolescente si sus padres o tutores lo consienten. Datos de la ONU indican que los países en desarrollo, el 90 por ciento de las madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad están casadas y que las complicaciones propias del embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes en este rango de edad. En conclusión, estamos ante una norma que no responde a la realidad social, es decir, a la protección que deben tener las y los adolescentes en el país. Por ello, la propuesta que se presenta propone la derogación del tipo penal previsto en los artículos 262 y 263, y se incorpora esa conducta en el artículo 266 del Código Penal Federal para que se equipare a las sanciones que se imponen al delito de violación y que, independientemente del consentimiento de la o el adolescente, se deberá reconocer la sanción que debe de imponerse a la persona mayor de edad que abusa de la condición de un adolescente. Es cuanto, presidente.