LA DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Buenas tardes señoras y señores legisladores: Es un honor para mí, en este momento, fijar la postura de mi fracción parlamentaria en esta Comisión Permanente, sobre todo en un tema tan importante, tan trascendental como es la indispensable modernización y actualización de la industria eléctrica nacional. Reconociendo la necesidad de la modernización del sector eléctrico nacional, en particular el energético, es indispensable revisar su desarrollo en el país y determinar cuáles son las enseñanzas que aporta la historia para no proponer soluciones simplistas como la indiscriminada apertura al sector privado o en caso extremo la privatización total. Se ha dicho con insistencia que para hacer más eficiente a esta industria hay que privatizarla, incluso se ha promovido la apertura al capital privado ante inversionistas de diversas nacionalidades fuera del país y aquí mismo en México. Sin embargo no siempre la inversión privada es la que cumple mejor con lo que necesita el país, es más, el balance de las empresas eléctricas privadas antes de la nacionalización es que funcionaban de manera muy deficiente. Para los gobiernos de derecha, la desregulación de las empresas públicas y la economía en general, es una condición sin la cual no habrá desarrollo y prosperidad económica y por lo tanto se pronuncian por una apertura total del sector. Esta nueva situación no es excepcional para México, diversos países latinoamericanos optaron por nuevos esquemas de financiamiento para la infraestructura eléctrica. En Argentina y Chile, por ejemplo, la alternativa fue la privatización de los activos y la nueva generación con resultados poco alentadores. México optó, en 1992, por cambiar la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, abriendo la inversión privada a la nueva generación pero manteniendo la estructura de la empresa pública. Esos cambios a la ley permitieron por primera vez el autoabastecimiento de empresas privadas, la cogeneración, la pequeña producción, la producción independiente, generación para exportación y abastecimiento a particulares. Sin embargo esos cambios no dieron el resultado esperado, principalmente en lo que se refiere a producción independiente. Bajo ese mecanismo los agentes privados financian y construyen las plantas de generación o las líneas de transmisión y distribución, pero para que éste o cualquier otro tipo de financiamiento resulte viables para las compañías eléctricas públicas éstas deberían recuperar mediante las tarifas el monto equivalente a la operación del sistema y al financiamiento de la inversión. En la actualidad algunas de estas tarifas están subsidiadas y el peso lo cargan la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Es claro que si los subsidios estuviesen clara y responsablemente otorgados por el gobierno federal o los estatales, las compañías eléctricas públicas podrían operar, manteniendo sus finanzas sanas. La solución al problema de financiamiento del sector existe, así lo han demostrado las propias compañías eléctricas públicas, la privatización del sector eléctrico mexicano no es necesaria, además es un experimento que no ha resuelto los problemas de suministro, en las naciones que han optado por esta opción. El país no puede darse el lujo de un nuevo rescate financiero ahora al sector privado en una hipótesis, tomando como referencia a la industria eléctrica. El éxito o fracaso de las privatizaciones de otros sectores de la economía, deben analizarse de acuerdo al alcance de sus objetivos. Se ha logrado el crecimiento económico sostenido y mejorado el nivel de bienestar de los mexicanos, se ha elevado la calidad de los bienes y servicios que producen las empresas privatizadas o han disminuido sus precios, razones por las cuales se ha pretendido justificar cualquier privatización. Asimismo se ha insistido en que las privatizaciones permiten al gobierno obtener más recursos para incrementar el gasto social. Sin embargo, la privatización de cientos de empresas, con el pretexto de obtener recursos para impulsar el desarrollo y combatir la pobreza, no ha logrado mejorar las condiciones de vida de la población, y sólo benefició a un puñado de empresarios cercanos al aparato gubernamental, algunos de ellos incorporados ya al selecto grupo de los hombres más ricos del mundo. Todavía muchos mexicanos nos preguntamos, qué ocurrió con el Fondo de Contingencia Económica, constituido en 1990, con más de 63 mil millones de pesos, provenientes de la desincorporación de la banca y Telmex. Además de ello, las privatizaciones nunca se han acompañado de reducciones en los precios de los bienes y servicios ofrecidos de las empresas privatizadoras, ni las tarifas telefónicas han disminuido ni las autopistas se manejan de manera eficiente y con cuotas reducidas, asimismo la banca no ha mejorado su eficiencia ni operado con tasas de intereses capaces de estimular la inversión. Lo que si ha ocurrido, es que luego de las privatizaciones, han sido necesarios cuantiosos rescates públicos, como el de la banca que ha costado más de 66 mil millones de dolares o el de las autopistas al que se han destinado más de 14 mil millones de dolares. Ahora, el argumento central expuesto por el presidente Vicente Fox, consiste en la necesidad de obtener cuantiosos recursos, para asegurar el abasto de energía eléctrica, en los primeros años de este siglo. Con tan contundentes argumentos la solución cae por su propio peso, "es preciso abrir el sector eléctrico a la inversión privada", parece que es la frase más usual por el gabinete económico aunque lo prohiba la Constitución vigente. La razón presidencial resulta bastante cuestionable, pues en todo caso, y seguramente las fuentes de financiamiento a las que acudirán los inversionistas privados, en busca de los recursos necesarios para adquirir la Comisión Federal de Electricidad, estarán en la misma disposición de ofrecerlos a la paraestatal. Por otra parte, la eficiencia de la empresa se ha demostrado, al constatar que si bien en 1960, cuando la población era de 34 millones de habitantes, apenas el 44% disponía de electricidad, en cambio ahora el 95% de los 96 millones de mexicanos dispone de servicio eléctrico, pero lo que es peor, es que si en verdad se requieren 25 mil millones de dólares para modernizar y hacer crecer esa industria, el país se expone a otro ulterior rescate tan cuantioso o más que el de la banca o de las autopistas. Además, con la propuesta de privatizar el Sector Eléctrico, el Estado Mexicano inútilmente se retira de una de las dos áreas estratégicas que aún quedan bajo su control, la otra es el petróleo con lo que continúa el ciclo desnacionalizador iniciado en 1982. En todo caso, ¿por qué convertir monopolios públicos en monopolios privados? Sin duda, México requiere fortalecer su Sector Eléctrico, pero no con la urgencia de modificar la Constitución como punto de partida. Dicha modificación en todo caso, debería ser el punto de llegada, resultado de una intensa discusión económica, técnica y política que revise seriamente la propuesta presidencial y permita analizar otras opciones viables capaces de evitar los riesgos de una privatización. Pero el debate ha de realizarse en términos diferentes a los planteados por el Gobierno Federal, cuando pide el apoyo a su iniciativa por el bien de México, pues con ello descalifica a los que sostienen una opción distinta, a quienes por ese mismo hecho se les hace aparecer como contrarios al bien de la Nación. Así no puede haber discusión alguna, seria por lo menos. La eliminación de la participación estatal en la generación y prestación del servicio de energía eléctrica no sólo producirá una reestructuración del mercado eléctrico a favor del capital privado, sino que limitará la capacidad del Estado en la conducción del desarrollo con importantes efectos sobre la prestación del servicio de energía eléctrica, la expansión de la infraestructura y la política energética en general. Por último, la conducción gubernamental de las empresas públicas estratégicas debe seguir siendo un instrumento para la consecución de los fines gubernamentales, pues sólo así se puede garantizar el buen funcionamiento del mercado en ramas o actividades claves para el desarrollo nacional. Para el PRD, el Sector Eléctrico debe seguir siendo propiedad del pueblo de México, depositario de la soberanía de este país y garante de los bienes que son patrimonio de las generaciones por venir. Por su atención, muchas gracias.