El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, las normas jurídicas son esencialmente abstractas, esto quiere decir que no pueden verse creadas, concebidas por un individuo en lo particular. Es la labor de los jueces la de individualizar, en función de las condiciones propias de cada caso, la manera en que las normas jurídicas deben ser aplicadas. En el Código Nacional de Procedimientos Penales que estamos por votar no pueden incorporarse lineamientos que decidan lo que tienen que decidir los jueces. Y nosotros consideramos que sería un error considerar incorporar, dentro del mismo Código, un catálogo referente a todas las prerrogativas y a todos los derechos que contemplan tratados internacionales y otras codificaciones que tienen qué ver, precisamente, con la materia penal. Porque la labor de los abogados y la labor de los jueces es precisamente la de interpretar el derecho. El Código Nacional de Procedimientos Penales contiene exclusivamente las reglas de procedimiento que serán aplicadas, en lo sucesivo, para lograr algo que ha quedado muy distante de cumplirse a favor de la ciudadanía, que es hacer justicia. En el Partido Verde, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde hemos deliberado muchas veces con relación al contenido del Código, con relación al contenido de las muchas leyes que tenemos que aprobar, con el objeto de lograr una transformación que todos estamos buscando. Y en ese sentido hemos sido congruentes al votar a favor y apoyar reformas que buscan mejorar las condiciones de vida de la población, buscan mejorar la forma en que a los niños y a los jóvenes habrá de impartírseles educación en el futuro, buscan mejorar las condiciones de competencia efectiva en mercados que han estado altamente concentrados, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos ciertos, estamos convencidos de que un punto que tenemos que lograr es precisamente que las normas no solamente las aprobemos aquí, sino que se observen y se cumplan por parte de todos aquellos a quienes están dirigidas. En este Código Nacional de Procedimientos Penales que tienen ante ustedes, nosotros encontramos el primer eslabón de una segunda etapa que tenemos que iniciar en este proceso de transformación de México en el que venimos participando en este foro de deliberación política y legislativa. Encontramos en el Código el camino para iniciar un proceso hacia la seguridad jurídica en la rama que es más sensible para toda la población, que es en la defensa de su persona ante la criminalidad. No podemos exigirle al pueblo de México que se cumpla la ley, cuando ellos mismos por su parte, quedando indefensos ante la comisión de un crimen, no ven por parte del Estado una actuación eficaz, una actuación contundente en contra de aquellos que pueden cometer un delito en su propio perjuicio. Encontramos en este Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera congruente con lo que establece la reforma constitucional en materia penal de 2008, lineamientos que van a serle útil a los órganos de procuración de justicia para lograr el cometido que la Constitución establece a su cargo y que además tenemos que atender con toda prontitud. De los juicios que en lo sucesivo habrán de tramitarse conforme al Código encontramos por principio de cuentas una solución a un problema añejo, que tiene que ver con los laberintos que los abogados tienen que atravesar, con el objeto de obtener una sentencia que sea favorable a sus intereses. Ya no más procedimientos que sean dispares, que sean contradictorios en cada uno de los estados de la República. Vemos en el Código Nacional de Procedimientos penales y en función de esta reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, el respeto por un principio de universalidad, a través del cual vamos a armonizar para toda la República, en todos los ámbitos de gobierno, los procesos penales que tendrán que tramitar procuradores o fiscales, abogados defensores y jueces, para resolver de manera pronta un asunto que nos interesa, que nos concierne a todos: el derecho de las víctimas y el derecho también humano a un debido proceso por parte de aquellos que sean imputados por la comisión de un delito. ¿Qué otros principios? Desafortunadamente no tenemos tiempo para referirnos a todos ellos. Pero, ¿qué otros podemos destacar que nos interesen del nuevo Código? El de la oralidad. Y no nos referimos exclusivamente al aspecto meramente formal de poder presentar la acusación o la defensa en forma presente, puntual y oral ante el propio juez, vemos a través de la oralidad, a través de esta reforma que es trascendente en materia penal una agilización del proceso penal. Porque justicia tardada no es justicia. Si nosotros queremos que se cumpla el mandato del 17 constitucional debemos tener sentencias que se dicten de manera expedita y pronta, y es a través de los juicios orales que estos procesos van a poder ser mucho más eficaces, mucho más expeditos. Pero además de la agilidad que va a venir con la oralidad, no podemos perder de vista la inmediatez. Esa cercanía que tiene que existir en la relación entre el justiciable y aquel que va a dictar la sentencia a través de la cual se decidirá la suerte de la víctima y su derecho a la reparación del daño, o en su perjuicio también la suerte y el encarcelamiento del responsable de la comisión de un delito. Es favorable entonces a través de la oralidad que se fomente esta inmediatez y esta cercanía, esta relación directa que tiene que ver entre el juez y el desahogo científico de las pruebas que sirvan para inculpar a una persona. Vemos en el nuevo juicio, a través de la publicidad que habrá de haber con relación a la tramitación de los mismos una transparentización y la erradicación de cualquier oscuridad y de cualquier corrupción que hasta la fecha ha venido teniendo lugar en todos los procesos penales. Con esta publicidad vamos a saber de manera directa cuál es el desempeño de los jueces, cuál es el desempeño de los defensores de oficio, cuál es el desempeño de los abogados. Que sean los justiciables quienes tengan el juicio con relación a su debida defensa y al respeto de los derechos que a su favor también contempla la Constitución. Vemos una protección irreductible de derechos humanos, ¿por qué? Porque se está dando la prioridad que debe de corresponderle por mandato constitucional a la presunción de inocencia, a la no autoincriminación y desde luego el acceso a una asesoría jurídica digna a favor de todos aquellos sujetos del proceso penal. Vemos a través de la participación de los jueces de control una intervención eficaz de los órganos del Poder Judicial para remendar de inmediato, y sin efectos posteriores, cualquier violación del procedimiento que pudiera significar una afectación grave de derechos humanos, a fin de no permitir que en el futuro sigamos viendo por errores cometidos durante la tramitación del procedimiento la liberación en instancias posteriores de amparo y de control constitucional de personas que pudieran haber sido comprobados como responsables de la comisión de un delito. Por último, vemos desde luego a través de la incorporación de métodos y de medios alternativos para la solución de conflicto este carácter mucho más protagónico que se le da a las partes, víctima e imputado, para resolver un conflicto que puede ser ante todo de interés personal para ellos, pero también mediante los juicios abreviados y la posibilidad del reconocimiento de culpabilidad mediante la reducción de las penas la posibilidad para que la justicia sea más pronta, pero además sea más completa y más real a favor de la gran mayoría de los ciudadanos. Esto va a ser desde luego mucho menos costoso, el funcionamiento del aparato jurisdiccional mexicano. En suma, vamos a votar a favor de la reforma, vamos a votar a favor de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, porque vemos a través de él una terminación de mecanismos opacos para la impartición de justicia en materia penal. Vamos a votar a favor del nuevo código porque ya no queremos a más gente inocente en las cárceles ni tampoco queremos a más gente responsable de la comisión de delitos en libertad. Queremos acabar con la corrupción y queremos darle a la procuraduría los elementos para que capacite a los Ministerios Públicos y para que se involucren en aquellos que hoy le concierne, hoy le atañe y hoy le preocupa más a la ciudadanía. Queremos nosotros consolidar y llevar a un buen fin cualquier política que logre el establecimiento de un auténtico Estado de derecho. Queremos por consiguiente, y votaremos a favor de este Código Nacional de Procedimientos Penales, acabar con la impunidad. Muchas gracias.