La diputada Rosi Orozco: Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras. Me presento ante ustedes para invitarles a hacer una reflexión con respecto a la iniciativa que he entregado a la Junta de Coordinación Política y que hoy presento ante ustedes. La trata de personas es un tema que nos une como mexicanos y mexicanas, y sobre todo como seres humanos, en el que coincidimos sin importar la ideología o partido al que representamos, pero, sobre todo, el combate a este delito constituye una lucha en la que el país necesita de la participación de cada uno de nosotros. El Estado mexicano adquirió compromisos con la suscripción al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, el Protocolo de Palermo, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. Entre dichos compromisos se encuentra la promulgación tanto de una ley que consagre en la legislación nacional los principios y mandatos establecidos, dictados por el instrumento internacional, antes mencionado; así como la norma que reglamente la misma. En este sentido, la ley ya fue publicada en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 2007, con el propósito de incluir en nuestro ordenamiento jurídico federal los principales lineamientos y principios fundamentales para prevenir, tipificar y sancionar este delito con la debida colaboración de los tres órdenes de gobierno, así como de la procuración y administración de justicia. En el artículo segundo transitorio de dicha reforma, se estableció la obligación a cargo del Ejecutivo federal para expedir el reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en un término no mayor a los 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la reforma. Con un atraso de más de un año, el 27 de febrero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Ahora bien, el artículo 10, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, previó la creación de una Comisión Intersecretarial, misma que una vez instalada deberá expedir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; programa que deberá contener como mínimo las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito. Si bien es cierto que a la fecha, la legislación en materia prevé esta creación y ya por primera vez se hizo una reunión a mediados de este año; sin embargo, todavía el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas no se ha podido consolidar. Aunado a lo anterior, resulta indispensable la participación constante del Legislativo en los trabajos de la Comisión Intersecretarial, a efecto de apoyar e impulsar el programa que habrá de diseñar la Comisión Intersecretarial, al tiempo de que sirva como canal natural para canalizar propuestas para reformas legales. Por lo anterior, la iniciativa tiene como propósito reformar el marco legal con la finalidad de incluir a un representante de la Cámara de Diputados en la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Se reforma el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a efecto de agregar una fracción III, que quedará como sigue: En la Comisión Intersecretarial también participarán un representante de la Cámara de Diputados y un representante de la Cámara de Senadores. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Los representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores habrán de ser designados por dichos órganos legislativos dentro de un plazo no mayor a 45 días, contados a partir de la publicación del presente decreto, de conformidad a lo siguiente: A. En el caso del representante de la Cámara de Diputados, éste será designado de entre sus miembros por el pleno de dicho órgano legislativo, a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de dicha Cámara. B. En el caso del representante de la Cámara de Senadores, éste será designado de entre sus miembros por el pleno de dicho órgano legislativo, a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, de dicha Cámara. C. A efecto de cumplir con sus funciones, los representantes de ambas Cámaras contarán con el apoyo de un asesor cada uno, cuyo sueldo habrá de ser cubierto por la propia Cámara a que pertenezcan en los términos de acuerdo a que dicho efecto sea aprobado por la Junta de Coordinación Política de cada una de sus Cámaras. Es cuanto, señor presidente.