La diputada Lizbeth Rosas Montero: (PRD) Con su venia señora Presidenta. La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, a nombre del grupo parlamentario de la Revolución Democrática y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Sistema Nacional de Seguridad Pública nace como una respuesta del gobierno mexicano para dar solución a la problemática que desde entonces ha sido incontrolable: La inseguridad. El antecedente inmediato que tenemos de este sistema, es la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, creada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, a raíz de los acontecimientos de 1994, año que quedó marcado en el sentir colectivo como uno de los más violentos donde la agitación política y social sirvieron como caldo de cultivo para potenciar el clima y la percepción de inseguridad entre la sociedad. En este orden de ideas queda claro que la génesis del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como muchas otras acciones gubernamentales, no se ha basado en una política de Estado planeada y estructurada como tal, sino que es producto del gobierno en turno para dar soluciones inmediatas ante problemas profundos y de largo alcance. De esta forma el Consejo Nacional de Seguridad Pública está integrado por el Secretario de Seguridad Pública quien lo preside, los gobernadores de los estados, el Secretario de la Defensa Nacional, el de Marina, el de Comunicaciones y Transportes, el Procurador General de la República, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema. Como se observa, la integración del Consejo Nacional es puramente de carácter ejecutivo, razón por la cual produce eminentemente políticas de gobierno y no de Estado. En aras de alcanzar una verdadera política de Estado, un primer paso sería poder integrar a dicho Sistema al Congreso de la Unión, ya que muchos de los acuerdos y decisiones que emanan del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son de carácter legislativo. Aunado a esto, entendemos que uno de los objetivos primordiales de un sistema democrático, es crear un equilibrio entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este sentido el Poder Legislativo no debe de estar supeditado en tareas propias del Ejecutivo. Esta propuesta apunta a evaluar y supervisar, así como a emitir recomendaciones en políticas públicas y acciones en la materia. Se requiere una verdadera política en materia de seguridad pública y no diluir la responsabilidad del Ejecutivo en los tres niveles de gobierno. Por ello es pertinente puntualizar que la participación del Legislativo en el Consejo debe ser, no como un miembro más del Ejecutivo, sino como un verdadero equilibrio para poder transitar hacia una real política integral en la materia. Del mismo modo la prevención del delito debe de ser una de las formas más eficaces y eficientes de combatir las conductas ilícitas y criminales que se dan en la sociedad actual. Esta prevención del delito debe contar con los programas institucionales, las políticas públicas necesarias para configurar las acciones de Estado que permita tener resultados concretos en la disminución de los altos índices delictivos que actualmente padecemos en el país. Combatir el crimen y la delincuencia a partir de la estratégica visión de contar como aliado al conjunto de la sociedad y sobre todo a los sectores más críticos de la misma, las universidades, los institutos tecnológicos, los organismos defensores de los derechos humanos, las asociaciones civiles y organizaciones sociales y las asociaciones de escritores, con la finalidad de estrechar lazos de colaboración que permita rescatar las propuestas de colaboración más importantes que en materia de prevención del delito de la sociedad se deba recuperar. Sin duda alguna las labores de prevención del delito a cargo del Estado tendrán una incidencia mayor si logramos armonizar y conjuntar todos los esfuerzos que desde la sociedad civil así como desde las instituciones del poder público se realizan a favor de la adecuada convivencia social hoy en día. En este sentido la realización de la seguridad pública sólo será posible si se configura a partir del ejercicio y goce pleno de las libertades democráticas y derechos humanos fundamentales de las personas que viven en la sociedad. Y desde luego, en la estricta medida en que los poderes públicos del Estado garanticen efectivamente el ejercicio de los derechos y las medidas posibles para contar con una seguridad humana que vaya encaminada a poner en el centro de la atención los valores traducidos en derechos de las personas y en consecuencia, por ningún motivo o razón o circunstancia, la idea de la seguridad pública deba de proteger entes abstractos impersonales, sino por el contrario, atienda preferentemente y primordialmente, a la primacía concreta y específica de los derechos e intereses del ser humano en toda circunstancia. Por ello resulta del todo procedente la urgente necesidad que la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del secretariado ejecutivo, promueva obligatoriamente eficaz la participación ciudadana en los programas de prevención del delito desde la perspectiva integral de que la seguridad pública obligatoriamente eficaz la participación ciudadana en los programas de prevención del delito, desde la perspectiva integral de que la seguridad pública solo tiene sentido en la estricta medida en que se le protege, respete y promueve preferentemente la seguridad y certeza jurídica de las personas, sus derechos, sus bienes, pertenencias y documentos. Así, la seguridad de las personas concretas y no de las fricciones o entelequias jurídicas deberá ser una de las obligaciones fundamentales que el Estado debe atender en el conjunto de la sociedad, lo cual tendrá un sentido social para las personas, último fin y sentido de toda decisión que el Estado determine sobre cualquier materia en donde la atención preferencial de las instituciones encargadas de la responsabilidad de la seguridad de las personas deberá atender al principio de la atención e interés supremos de la dignidad y derechos de las personas por encima de cualquier otra razón. Por lo antes expuesto, someto al pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo 3o., adiciona la fracción VII al artículo 9o., reforma el primer párrafo del artículo 13, adiciona la fracción XI del artículo 15, adiciona la fracción XIV del artículo 17, adiciona una sección tercera en el artículo 21 Bis al capítulo segundo, reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción XII del artículo 22, reforma el título tercero del capítulo 5o., reforma los artículos 49, 50 y 51 y se adicionan los artículos 51 Bis, 51 Ter, 51 Cuarter, 51 Quintus, 51 Sextus, Septimus, todos de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los cuales se conceptualiza e incorpora de forma obligatoria para la federación y la coordinación con los estados y los municipios los temas prioritarios de la prevención del delito, la promoción de la cultura de la denuncia y el combate a la corrupción. Se crea la Conferencia de Legisladores en Materia de Seguridad Pública, que estará conformada por los Presidentes de las Comisiones de Seguridad Pública de los Congresos de los Estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y estará presidida por la mesa directiva de la Comisión de Seguridad Pública de este honorable Congreso. Se modifica el título tercero de la participación de la comunidad por un concepto más amplio de participación social en donde no se limita solamente, como lo propone actualmente el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a incorporar a un solo ciudadano al Consejo Nacional de Seguridad Pública, sino a la creación de un Consejo Consultivo honorífico de Participación Social, integrado por todas las agrupaciones civiles y sociales mexicanas legalmente constituidas y relacionadas al tema de la seguridad pública, quienes serán un órgano consultivo que emita opiniones y formule propuestas sobre la elaboración, la aplicación y la prevención del delito, cultura de la denuncia y combate a la corrupción en materia de seguridad pública. Solicito asimismo, señora Presidente, se incorpore el texto íntegro al Diario de los Debates y agradezco la presente.