El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy discutimos, es un pilar fundamental en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y da cumplimiento al mandato constitucional, establecido en los artículos 21, 102, del Apartado A de nuestra Carta Magna, que impone que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonios propios. La creación de la Fiscalía General de la República cumple un objetivo fundamental, hacer más cercana y expedita la justicia, siempre de la mano del respeto a los derechos humanos. Con este dictamen se busca la construcción de una institución cuya independencia, modernidad y desarrollo conduzca a una exitosa implementación del sistema acusatorio. Se pretende, asimismo, fortalecer y hacer más eficaz la labor del Ministerio Público federal, que mediante la autonomía de la Fiscalía podrá desempeñar su labor sin estar subordinado por otro órgano o poder, lo que le dará más libertad de acción y en un apego irrestricto a la ley. Si bien en Nueva Alianza estamos conscientes de que la sola autonomía no resolverá el problema de la impartición de justicia del país, sí eliminará el factor político de la ecuación para elegir al candidato más idóneo para encabezar la Fiscalía General de la República. En esta nueva institución se pretende que el Ministerio Público federal se convierta en un agente de la sociedad y en su representante, no solo como iniciador de la acción penal sino para proteger a las víctimas, ya que se le otorga la facultad de dictar medidas para garantizar sus derechos. Para Nueva Alianza esta medida será de suma importancia para cambiar la percepción social en la que se tiene la figura del Ministerio Público, ya que ayudará a fortalecer la credibilidad en las instituciones, lo que conducirá, paulatinamente, a fomentar la denuncia. Como lo refiere el mandato constitucional, la conducción y el mando de la investigación le corresponde al Ministerio Público federal, con la actuación conjunta de los policías. Asimismo, se le otorga la facultad de atracción en la investigación en delitos del fuero común, cuando exista conexidad con otros del fuero federal. El Ministerio Público estará facultado, entre otras cosas, para proporcionar protección y auxilio a quienes intervienen en el proceso penal. Con lo cual se consolida la vocación de respeto a los derechos humanos del nuevo sistema penal, ya que se pretende velar por los derechos tanto de las víctimas, evitando la llamada doble victimización, así como de los probables responsables. Otra innovación es que se dota al Ministerio Público de la facultad para promover soluciones alternas y anticipadas a la terminación del proceso penal, cuando así lo permita la ley. También podrá solicitar y proporcionar asistencia jurídica internacional. Lo anterior para cumplir con los compromisos que nuestro país ha contraído y enfrentar así fenómenos como la delincuencia organizada, la trata de personas, el narcotráfico y el uso de recursos de procedencia ilícita. Éstas son algunas de las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público, facultades en las que Nueva Alianza coincide y considera que contribuirán al fortalecimiento de un sistema penal más eficiente, acorde con las demandas de la sociedad. Por lo que se refiere a las facultades del Fiscal General de la República, el dictamen es consecuente con lo que se establece en el apartado A del artículo 102 de la Constitución, en primer término se señala que el fiscal será nombrado de acuerdo al procedimiento establecido en dicho precepto. Por otra parte el fiscal como representante social podrá vigilar la constitucionalidad y legalidad de normas generales, actos u omisiones de la autoridad; es decir, intervenir en juicios de amparo, pero únicamente en materia penal, violaciones de los derechos humanos, cuando se vean afectadas sus facultades, cuando la ley así lo señale en su carácter de representación social o en el caso de interpretación directa o un precepto constitucional. México se encuentra en una encrucijada, el respeto a la ley es el único camino viable y es imperativo que le devolvamos la credibilidad a nuestras instituciones para cumplir el cumplimiento de la misma. Hoy estamos creando una nueva Fiscalía de la República, que no resuelve los problemas de impartición de justicia por sí misma, pero constituye una nueva forma para su aplicación derivada de un cambio en el sistema jurídico que ha tomado varios años. Con este decreto queremos construir una institución autónoma, independiente concluyo, señor presidente, moderna, eficaz y que por sobre todas las cosas sea respetuosa de los derechos humanos. Con esta intención y convicción, compañeros, votaremos a favor del dictamen para así responder a millones de mexicanos que hoy nos están exigiendo actuar sin dilación. Muchas gracias.