EL C. DIPUTADO BENJAMIN MUCIÑO PEREZ (PAN): Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores diputados: Pocos pueblos se han desangrado tanto por la dignidad personal y comunitaria, por la justicia, por la libertad, como el nuestro. Los mexicanos en diferentes épocas hemos luchado para que la nación sea hogar, oportunidad, amparo y defensa de todos y cada uno de nosotros y para que la nación tenga en la tradición la historia, la justicia social, el bien común nacional del cual reseña nuestra memoria colectiva diferentes episodios; entre ellos, la Revoluci6n Mexicana, el episodio más agitado y oscuro de nuestra historia que le ha dado nombre al sistema político, nos ofrece a la presión objetiva un aspecto contundente, la reforma social que aquí se honra hoy ha quedado incumplida y ha sido desviada. La restauración del sistema representativo y democrático de integración del estado violentamente desecho por la usurpación huertista, fue lo que en el inicio dio al movimiento un empeño exclusivamente político por parte de Madero. Logrado el triunfo armado, el propósito inicial apareció desproporcionadamente pequeño junto a la magnitud de las fuerzas en marcha y del sacudimiento sufrido por el país. La finalidad política se desbordó hacia un ambicioso programa de reorganización constitucional y las reivindicaciones sociales asumieron decisiva preeminencia en el nuevo marco constitucional, claro que hubo ya quienes sirviendo al movimiento se conservaron limpios: Soto y Gama, Flores Magón, pero intereses gregarios desviaron la revolución, convirtiéndola en festín de pocos a costa de la mayoría durante 71 años. Ello tiene su explicación: La Revolución fue adoptada como un intento de política, pero sin presupuestos ni programas; con políticos de ayer y hoy, dispuestos a hacer suyo o a abandonar cualquier proyecto que contribuya su afianzamiento, de una razón erigida en su propio absoluto y rebajada astucia para la conservación o la obtención del poder. Tal Revolución inició como intento de controlar al poder y termina reconociendo al poder como único criterio de aprobación. Aunque el programa social de la Revolución haya servido de pretexto lucrativo y de marco para una salvaje lucha de facciones por el poder político; aunque Carranza, autor de la reforma de 1915, haya perseguido a muerte a Zapata; aunque los jefes de la Revolución se hayan popularizado como agraristas hacendados, con aficiones feudales, y casi todos ellos murieron a manos de sus compañeros de aventura; aunque Cárdenas haya reconocido a Calles como jefe y maestro para desterrarlo después, tenemos la necesidad y el deber de poner en su sitio al mito revolucionario así como a sus herederos. Si la Revolución no hubiera sido legislación inteligente y acción honrada para la redención del trabajador, si hubiera logrado su programa agrario con el acceso a la propiedad rústica del mayor número de mexicanos; si realmente hubiera alcanzado la pureza en los principios y en los procedimientos políticos, empezando por el sufragio efectivo, nosotros abiertamente nos declararíamos revolucionarios, pero no es así; ese encadenamiento de regímenes políticos, de administraciones públicas que se cobijan bajo el nombre de la Revolución, han sido simplemente un sistema de degradación y fraude de México. La evidencia es innegable: casi un siglo después de la Revolución, la mayoría de los trabajadores carecen de lo necesario para vivir dignamente; casi un siglo después, no se ha hecho todavía la redención auténtica del campesino, que no es dueño de su tierra ni ha sido liberado económica, social ni menos políticamente. Pero fueron los hijos de los gobiernos emanados de la Revolución y la aplicación del modelo modernizador tecnocrático la que alteró los acuerdos sociales mínimos, y ahora el país se enfrenta a acontecimientos espectaculares que se salieron del control político de la Revolución. La guerrilla, la violencia política, la delincuencia exacerbada, la pobreza extrema, la incredulidad social, la corrupción e impunidad superlativas: el narcopoder. En suma, una profunda crisis estructural. Estos son los graves resultados de la modernización falsa y despiadada con que se intentó suplantar a la Revolución de 1910. Podemos afirmar entonces que la Revolución Mexicana y su legado histórico han muerto a manos del liberalismo social de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas y los tecnócratas. Sin embargo, defraudado por la Revolución y sus gobiernos, el problema social se agrava constantemente, es un error de lesa majestad suponer que la traición o el olvido son capaces de cancelarlo. Lo imperativo e inaplazable es construir un verdadero orden social con dos metas básicas: Primero. Poner a la transición en grado irreversible hacia la democracia. Es decir, evitar las regresiones o el estancamiento político que sufrió la Revolución, con una verdadera reforma del Estado que institucionalice la vida nacional, con un marco jurídico acorde a la realidad y tendiente a mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Segundo. Asegurar políticamente que los derechos, las libertades, las posibilidades y el futuro de la persona y la comunidad, no vuelvan a ser expropiados por el PRI o por partido alguno en nombre de la Revolución, de la supuesta paz social o la estabilidad. La comunidad y la historia no han sido, no son ni podrán ser jamás del PRI. Es nuestro deber indicar que el 2 de julio el pueblo de México nos confió la responsabilidad de conducirlo hacia una mejor vida, dándonos el poder para cambiar el signo de su historia. Así como afirmamos que el nacionalismo revolucionario ha muerto, también es hora de decir que el humanismo político es la base filosófica sobre la que construiremos el México del Siglo XXI. La dignidad de la persona humana, la solidaridad, el bien común, la justicia social, la libertad, el estado de derecho, la economía de mercado con responsabilidad social, son algunos de los principios que han animado nuestra lucha y que ahora serán llevados a la política de estado para generar bienes públicos, entre ellos, fomentar una verdadera cultura cívico política del imperio de la ley, de la justicia como bien social, de la formación y ejercicio de la voluntad popular como un elemento de cambio que haga políticamente viable lo que social y económicamente es necesario, esto es lo que hemos aprendido de la Revolución. En esta etapa de la transición serán definir también nuevas formas y practicas Políticas, es decir, generar un pacto social así como una nueva revolución cultural, dicho asunto merece la mayor atención por los potenciales beneficios que puede traer para México. Para dichos asuntos, hemos propuesto de tiempo atrás que se les de vida a mecanismos como el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato y la consulta ciudadana, así como una apertura amplia a la sociedad en organismos de estado, autónomos y ciudadanizados, que intervengan en la toma de decisiones como ya sucede en el ámbito electoral, pero que es necesario también en asuntos como la seguridad pública, la educación, la Política social y el control del gasto público. Con base en el consenso, la tolerancia y la pluralidad, seguramente alcanzaremos éstos y otros objetivos por el bien de México. Señoras y señores: desde que la Revoluci6n Mexicana dejó de ser un proceso social hace 50 años, hemos aprendido a ser mas y mejor sociedad, exigente, organizada, propositiva y solidaria, sociedad que retoma valores éticos universales como condición previa de cooperaci6n social. De tal modo, los mexicanos afirmamos que solo un gobierno que sea verdaderamente nacional y pronuncie con sincero apego a los principios que la sociedad marca, puede tener como gobierno la necesaria plenitud de autoridad sin ser tiránico, ejercer como gobierno solidario ampliamente sus facultades de gestor sin ser opresor y cumplir como gobierno emanado del pueblo, su inexcusable deber de justicia sin propiciar la subversi6n y la ingobernabilidad. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber, ese es nuestro derecho y los mexicanos así lo hemos decidido. ¡Enhorabuena! (aplausos)