EL DIP. FRANCISCO AGUNDIS AREAS: Con su venia, señor Presidente. Doctor Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público; diputadas y diputados: Hoy vivimos un cambio democrático y de poderes que implica la transición hacia un nuevo gobierno. Para asumir una postura en relación con la propuesta que hoy se presenta, es importante considerar que el cambio en la orientación, aplicación y alcance de las políticas apenas comienza, y tendrá que sustentarse en la participación de todas las fuerzas políticas de forma paralela a las propuestas y cambios al paquete económico. La política económica de nuestro país se ha caracterizado por no alcanzar las metas fijadas. En México la carencia es la norma y el ingreso remunerador y suficiente tiende a ser la excepción. Como consecuencia la pobreza crónica y los procesos de empobrecimiento no son por desgracia asuntos coyunturales y aislados, sino fenómenos estructurales y generalizados que afectan a la gran mayoría de la población. En este sentido, la orientación de la política económica en los últimos años, ha propiciado mayores desigualdades y divisiones sociales. Actualmente, hay señales de que vamos por buen camino, como lo muestran las altas tasas de crecimiento, la inflación declinante, los mercados estables, así como la incipiente recuperación del salario real. Sin embargo, esta mejora de la economía, aún si fuera permanente no resolvería por sí sola y con rapidez los problemas de pobreza y desigualdad que padecemos. Falta que esos indicadores se reflejen en una mejoría en el bienestar de la mayoría de la población. El partido Verde Ecologista de México considera adecuado los criterios generales de la política económica, en congruencia con una desaceleración prevista de la economía estadounidense y de los precios del petróleo que sugieren que el objetivo del crecimiento del Producto Interno Bruto de 40.5%, es razonable. Sin embargo, es fundamental que las autoridades busquen contrarrestar los efectos negativos de este entorno internacional para que México logre un ajuste sin riesgo de una nueva desestabilización económica. Por otro lado, dentro de los criterios de política económica, deben establecerse medidas pertinentes para ser frente a la posibilidad latente de una mayor desacelaración de nuestras exportaciones, Es importante señalar que nuestro grupo parlamentario buscará incorporar a la estrategia planteada para el crecimiento con calidad, criterios de protección al medio ambiente, característica indispensable para lograr un crecimiento sustentable en el largo plazo. En este contexto es importante destacar que la idea del impulso al desarrollo regional está concebida desde el centro, No se puede suponer que todas las necesidades de la región pueden ser atendidas desde afuera. Asimismo, hay que considerar las necesidades y la diversidad de las comunidades en las regiones que habrán de recibir los proyectos estratégicos. Por ejemplo, para las regiones sur y suroeste del país, que presentan un alto grado de marginación y pobreza, existe una necesidad imperante de darles impulso al crecimiento mediante el desarrollo sustentable. Entre las vertientes de la estrategia propuesta para la zona sursureste, se señala la inversión en infraestructura y la promoción de actividades económicas y de servicios, ignorando la cuestión ambiental. El desarrollo sustentable no puede ser un término acomodado en el párrafo introductorio y posteriormente olvidado. Debe de ser aspecto fundamental de la política económica de nuestro país. Estamos convencidos de que se debe considerar y atender los rezagos en materia de protección de los preciados elementos naturales con que cuenta la región. Se deben considerar regiones como la Selva Lacandona, una de los mayores activos naturales que posee nuestro país, y poner énfasis en el hecho de que este espacio ha sufrido un proceso de devastación y destrucción, cuyos alcances difícilmente pueden apreciarse el día de hoy. En la zona, lugar privilegiado del planeta, converge 13 ecosistemas distintos y se ubica el 16% de las especies de mamíferos del país, el 32% de las especies de aves y casi la mitad de las especies de mariposas; ello sin mencionar la amplia diversidad de grupos indígenas que ahí cohabitan, cuyos problemas de convivencia y cuyas necesidades requieren también de atención y de cuidado y que difícilmente se verán satisfechas con parques de maquiladoras o carreteras. De igual forma, en el Partido Verde nos preocupa la inequitativa distribución de los recursos federales a los estados y municipios. En nuestra opinión, es necesario que el nuevo gobierno establezca no sólo una adecuada política fiscal que estimule un mayor gasto social sin provocar un déficit, sino además medidas tendientes a fortalecer el Pacto Federal en el ámbito tributario. Creemos que es importante avanzar hacia una nueva relación entre los gobiernos locales y el gobierno federal que permita fortalecer a los municipios y estados en sus capacidades y potestades recaudatorias; además de recibir mayor recursos por conducto de la federación, Para ello estamos plenamente conscientes sobre la necesidad de replantear los términos que rigen el propio Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal. Es necesario cerrar la brecha existente entre municipios pobres y municipios ricos. Actualmente los mecanismos de distribución de los recursos de la recaudación federal participable, refuerzan dicha distancia, pues los municipios más ricos y con mayor capacidad de generación de ingresos y por lo tanto, con mayor capacidad de recaudación de impuestos, reciben mayores recursos por concepto de participaciones; mientras que los municipios pobres difícilmente tienen ingresos derivados de las participaciones, recursos indispensables ya que no están condicionados, y el municipio puede disponer de ellos libremente para la satisfacción de sus necesidades inmediatas. Es necesario recordar que las participaciones no son estrictamente subvenciones, se trata de recursos a los cuales las entidades subnacionales tienen derecho en retribución por haber cedido potestades tributarias a la Federación y en correspondencia al esfuerzo administrativo de recaudar una parte de los recursos. Consideramos que en los términos en los que está planteada la Coordinación Fiscal, deben de redefinirse, Si bien éste es un proceso que requerirá de tiempo y consensos que aún no se tienen, el aumento del Fondo General de Participaciones podría ser un buen primer paso, tendiente a fortalecer las capacidades de municipios y estados en lo inmediato. Esto es imperativo porque los municipios más desfavorecidos, con pocos ingresos por concepto de participaciones, dependen en muy alto grado del Fondo de Aportaciones, una amplia mayoría de los cuales se otorgan condicionados y destinados a actividades específicas usualmente definidas desde el centro. No hay previsiones que apunten a fortalecer las capacidades de estos municipios para generar recursos propios e ir dependiendo cada vez menos de estos fondos etiquetados. La propuesta de aumentar el Fondo General de Participaciones que actualmente se constituye con el 20% de la recaudación federal participable, en aras de una responsabilidad fiscal que el país nos exige hoy particularmente, y contemplando la austeridad del Presupuesto para el próximo año, debe ser analizada de manera profunda. Cada punto porcentual de aumento del Fondo General de Participaciones como proporción de la recaudación federal participable, representa alrededor de 7 mil 550 millones de pesos y que deben provenir ya sea de ajustes al gasto o de mayores ingresos. En la medida en que no logremos realizar esos ajustes de manera responsable y consensada, incurriremos en el desprop6sito de prometer cambios y recursos que no podemos proveer. Es necesario trabajar para incorporar esos temas a la reforma hacendaria prevista, y ahí buscar no solo un aumento de los recursos que se deben destinar a las entidades federativas, sino además, por la recuperaci6n de las potestades y capacidad recaudatoria de estas entidades para hacer frente a sus necesidades con responsabilidad. Por lo tanto en lo relacionado específicamente a los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, además que los municipios más pobres tienen altísimos grados de dependencia de los recursos que la Federación les centraliza a través de las aportaciones, es importante contemplar el desarrollo de proyectos productivos en los municipios que involucren directamente a sus habitantes, lo cual tendría un impacto sobre la capacidad de los municipios de generar ingresos. Si partimos de una concepción integral de desarrollo humano, el desarrollo sustentable debe ser una consideraci6n fundamental en la lucha contra la pobreza. Por ello, en el Partido Verde buscaremos apoyar que los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social del Ramo 33, puedan utilizarse para la protección ambiental y el desarrollo sustentable. Por ejemplo, la fracción V del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que las obras que se realicen con recursos del fondo, deberán procurarse ser compatibles con la preservación y protección del medio ambiente e impulsar el desarrollo sustentable. Para instrumentar de manera efectiva esta disposición, es importante incluir un criterio de necesidades ambientales en la determinación de las asignaciones, para promover un pleno desarrollo humano y procurar que no se profundice el deterioro del medio ambiente en aquellas comunidades que de por si' viven en condiciones muy precarias. Es indispensable que los recursos destinados a la protección del medio ambiente y a la promoción del desarrollo sustentable se ejerzan de manera descentralizada, pues son los gobiernos locales quienes mejor pueden diseñar y administrar en conjunto con la población acciones de gestión ambiental. Por ello, es importante también, fortalecer las capacidades de los Comités de Planeación Estatales y Municipal y asegurar una efectiva participación de la población en los mismos. La definición de los fondos que integran el Ramo 33 evidencia sin embargo que ésta no ha sido hasta ahora una consideración importante de la planeación y programación. Señor Secretario, dada la importancia que tiene la transición democrática que hoy vivimos en nuestro país, es indispensable que la Secretaría a su cargo lleve a cabo una política económica que responda a las expectativas de cambio que el pueblo eligió, ya que lo que hoy vivimos ha sido impulsado gracias a él. Por lo tanto, debemos tener resultados tangibles, para que este cambio sea útil. La sociedad espera con derecho que sus representantes asumamos una posición congruente con sus exigencias expresadas en las urnas, introduzcamos con una visión social y respecto a la legalidad, las modificaciones y adecuaciones necesarias a fin de corregir los yerros del pasado. Es entonces por todo lo anterior, que hoy convocamos a las fuerzas políticas aquí representadas a trabajar en conjunto y así iniciar este cambio que el pueblo nos ha encomendado. Muchas gracias.