La diputada Lia Limón García: Con la venia de la Presidencia. Aunque hay avances importantes en el acceso a la justicia en nuestro país, uno de ellos sin duda es nuestro nuevo sistema de justicia penal acusatorio, hay aún enormes retos. Estos retos son mucho mayores para los grupos vulnerables y para personas que por su condición enfrentan más dificultades al exigir justicia y también más riesgos. Por ello, para equilibrar las situaciones de hecho y derecho en que las personas con alguna de las condiciones de vulnerabilidad expuestas en nuestro país, es decir aquellas personas menores, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, tras haber sido víctimas de delitos puedan sostener su acusación sin influencia o amenaza externa que los haga desistir de su búsqueda y acceso a la justicia, es necesario lograr que existan garantías de salvaguarda y protección de su persona, así como de medidas tendientes a garantizar la reparación del daño. Si bien en el Código Nacional de Procedimientos Penales se desarrollan algunos mecanismos tendientes a la protección de las víctimas, testigos y para preservar la investigación o garantizar la reparación del daño, entre otros aspectos, en la práctica, particularmente en la fase de investigación inicial, el Ministerio Público sigue siendo reticente en la imposición de medidas de protección en favor de la víctima. De ahí la necesidad de establecer, tal y como lo propone el dictamen que ahora discutimos, una disposición que garantice una correcta aplicación de las medidas de protección con el objeto de que su solicitud, trámite, otorgamiento, ejecución y vigilancia se adecue a las circunstancias específicas de los niños, niñas, adolescentes, así como de las personas con discapacidad y adultos mayores, quienes también forman parte de los denominados grupos vulnerables. Estas medidas de protección no solo les permiten enfrentar un juicio en condiciones seguras, sino que además garantizan su integridad física y emocional. Al respecto, la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y que, por su condición biológica también son personas en situación particular de vulnerabilidad. Por lo cual, todo menor tienen derecho a las medidas de protección que su condición requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En México existe un número de ordenamientos importantes tendientes a la protección de los derechos de la infancia y también a la protección de personas con discapacidad. Hay avances recientes, entre ellos las importantísimas reformas, o más bien la nueva Ley General Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el 2014 y armonizada con los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte, así como la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Sin embargo, en estas no se toma en cuenta que la afectación o puesta en peligro de los bienes jurídicamente tutelados de los menores es o debe ser inmediata, actual o inminente y que, por lo tanto, no pueden estar sujetos a la temporalidad natural de un procedimiento civil o administrativo. Bajo esta tesitura, a pesar de que el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que estamos reformando, prevé el otorgamiento de medidas de protección en favor de las víctimas del delito, cuando se refiere específicamente a víctimas que sean personas menores de 18 años únicamente establece que el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales, así como los previstos en el Código en mención. Esta disposición es importante; sin embargo, es hasta hoy una mera declaratoria y de ella no se deriva la celeridad o la urgencia que puede haber para que un Ministerio Público otorgue medidas de protección. Justamente con la reforma que se está aprobando se busca avanzar en que el otorgamiento de medidas de protección se pueda hacer de manera inmediata. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México celebramos la aprobación del presente dictamen, pues gracias a esta reforma cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, adulto mayor o persona con discapacidad, el Ministerio Público será capaz de otorgar las medidas de protección de manera inmediata y de manera oficiosa, sin oposición a que dicha solicitud también pueda ser concebida a petición de parte y que en ambos casos se otorgue de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, de acuerdo a los protocolos que al efecto se emita. Cabe sólo concluir que no basta con los esfuerzos que se hagan en esta soberanía para garantizar la protección de los menores, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Podemos contar con extraordinarias leyes, pero de nada sirve si estas leyes no se aplican de manera correcta. Por ello, desde este espacio me permito hacer un llamado para que se avance en el mejoramiento y la implementación, la aplicación de los protocolos para juzgar y para procurar justicia, que existen hoy para niños, niñas, adolescentes y también para personas con discapacidad. Existen, sin embargo falta capacitar a las autoridades para que se apliquen estos protocolos. A mí me parece urgente la capacitación de ministerios públicos, la capacitación de jueces y la capacitación de peritos, para que puedan, a la hora de llevar un juicio que involucra a un menor, a un adulto mayor o a una persona con discapacidad, que puedan hacerlo garantizándole sus derechos y tomando en cuenta que son un grupo vulnerable. Es cuanto, presidenta.