EL C. DIPUTADO ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ: Con su permiso, diputada Presidenta. Señoras y señores legisladores: La profunda crisis del campo no es sólo financiera, si bien es cierto que la rentabilidad es importante, en forma aislada engendra y reproduce la pobreza, la razón moral del deterioro social, económico y conceptual deviene del desdén con el que se valoran las causas campesinas, como lo es el criterio aritmético que mide a la población rural por su aportación actual al Producto Interno Bruto, sin reconocer que desde su origen el desarrollo urbano y económico está sustentado en el campo mexicano. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable es la respuesta de los representantes populares a la demanda campesina y sienta las bases para revertir la inequidad, la manipulación, la marginación, el deterioro ecológico y la miseria de la población rural. No puede correrse el riesgo de destruir nuestras raíces, ni dejar a su suerte a la cuarta parte de la población nacional radicada en el campo, exponiéndolo al arbitrio de disposiciones administrativas muchas veces formuladas y operadas con desconocimiento e ineficiencia profesional, pero sobre todo con una total falta de compromiso total. Garantizar la rectoría del estado y la equidad, hacer prevalecer el interés público, suscribir a los sectores social y privado como sujetos de derecho y como actores a los ejidos y comunidades, pequeños propietarios y a las organizaciones sociales económicas, abrir espacios a la asociación de todos los integrantes de la sociedad rural, aunque estén previamente todos ellos contemplados en otras leyes, reitera las tesis sociales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y retoma nuestro proyecto revolucionario de justicia social. La conducción de la política del desarrollo rural corresponde al estado, al estado le toca suplir, alentar, coordinar y marcar la orientación rectora de la economía como un todo, porque sólo el Estado puede revertir el abandono del campo perpetrado en aras de una globalización y una modernidad perversa, la cual atiende a sus intereses favoreciendo a los grandes consorcios trasnacionales que una vez que han lucrado a costa del empobrecimiento del campo y del agobio de sus trabajadores, abandonan el país con las alforjas llenas. Hablar de un programa concurrente es un ejercicio de coordinación interinstitucional, pero también es un mandato al Poder Ejecutivo de concretar esfuerzos en la vertiente de infraestructura, servicios, apoyos e incentivos. La Comisión Intersecretarial y el Consejo Mexicano para el Desarrollo Social Sustentable abren la posibilidad de consensar las voluntades y la opinión de los productores. El propósito casi siempre fallido, de escuchar sin atender cambia, se transforma de voluntad en ley, en mandato, en responsabilidad y en sanción en caso de incumplimiento. La ley profundiza, penetra, alimenta la raíz del federalismo, orienta su cauce en sentido positivo al adoptar como demarcación espacial a los distritos de desarrollo rural. La democracia avanza cualitativamente con la representación popular de los distritos políticos, el desarrollo rural se hará realidad cuando efectivamente los distritos de desarrollo rural sean la base de organización territorial y administrativa, cuando los programas de los tres órdenes de gobierno cumpla con esta ley y se admita la razón y la trascendencia de poner en manos de las organizaciones, de los productores y las autoridades locales los instrumentos reales del desarrollo rural. El campo necesita de mujeres y hombres plenos, competentes y capacitados, invertir en el capital humano particularmente cuando las disponibilidades económicas son escasas, es la clave para un cambio de fondo. Es indispensable capacitar y presentar el servicio de asistencia técnica, impulsar esquemas que establezcan una relación directa entre profesionales y técnicos con los productores y fomentar que los campesinos promuevan y operen el servicio de capacitación y asistencia técnica rural e integral por los mismos campesinos organizados y capacitados. Los programas gubernamentales deben ser los instrumentos de un proceso irreversible de intervención directa de los pobladores rurales en la prestación de los servicios técnicos requeridos por el campo. La ley está llena de contenidos, los contratos de aprovechamiento sustentable de tierras son el primer contrapeso a una revolución verde depredadora de los recursos naturales. El criterio de exprimir la tierra y contaminar el agua, el desprecio de las enseñanzas del México profundo de continuar, conducirán al colapso ecológico. Los preparativos y la forma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que nos condujo a la cancelación de apoyos, a la desaparición de las entidades gubernamentales y de servicios, a la reducción de la inversión pública, agobiaron a los campesinos y colocaron sobre sus espaldas debilitadas todos los riesgos, por ello, recuperar el concepto de riesgo compartido, establecer en la ley el apoyo gubernamental a la inversión y a la disposición de recursos presupuestales, es una forma inteligente de romper el círculo pernicioso de la pobreza. La riqueza del norte y del Bajío fue producto de este enfoque. Los pobladores rurales del centro, del sur y del sureste de México, los indígenas, los migrantes, los jornaleros, los recolectores del desierto, merecen también una oportunidad semejante. Los diputados campesinos coincidimos en la creación del Sistema Nacional de Financiamiento Rural planteado en la ley; promover la integración del mismo con la banca de desarrollo, la privada y la social, sin demérito de ninguna de ellas es parte de nuestra convicción. También suscribimos el compromiso de fortalecer los instrumentos, propiedad de los productores, y de crear nuevas sociedades y figuras financieras de crédito y de seguro. La consolidación económica, la compactación de la oferta, la adquisición masiva de insumos y la transformación de las materias primas a través de la organización por insumo producto, ofrece una salida a la integración de red de valor y a la incorporación de los productores en la cadena insumoproducciónconsumo. Existe un amplio consenso en que la situación del campo mexicano requiere de profundos cambios para recuperar una dinámica de crecimiento que permita elevar el bienestar de los productores y trabajadores rurales y arraigar a miles de campesinos, en un país, que según las estadísticas, se han perdido más de medio millón de empleos. Compañeros diputados: es tan profunda y compleja la crisis del campo que exige el consenso de todos nosotros; es tan grande la marginación y el atraso que obliga a una ley con una profunda vocación social. La soberanía y la seguridad alimentaria están sustentadas en el concepto de productos básicos estratégicos. Debemos voltear al mercado nacional; hagamos un compromiso con el abasto del pueblo; no pongamos a los mexicanos de hinojos ante las corporaciones trasnacionales alimentarias con una dependencia ominosa. Defendamos a los nuestros arbitrando el comercio de los productos ofertados por la sociedad rural ante una relación de intercambio desfavorable. Con apoyos económicos claros y transparentes hagamos el esfuerzo para romper el círculo vicioso de las pérdidas constantes en las actividades rurales. Estemos a la altura de las causas del pueblo, insisto, aprobemos por convicción y por consenso la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (aplausos)