La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Gracias, presidente, con su permiso. Es sumamente lamentable reconocer que México es uno de los países con más violencia hacia las mujeres y las niñas, les expresa de muchas formas y en distintos ámbitos de manera recurrente. Hay tipos de violencia que van más allá de las agresiones físicas. A lo largo de nuestra vida, las mujeres experimentamos más de un tipo de violencia y en muchos de los casos es casi imperceptible, al grado que termina siendo permitida y normalizada no solo por quien la ejerce, sino porque quienes la sufren, y ese es el caso de la violencia simbólica. Esta violencia permea a través de costumbres y de tradiciones, de prácticas cotidianas que refuerzan y siguen reproduciendo las relaciones basadas en el dominio y la sumisión, por lo que constituye la base de todos los tipos de violencia. La violencia simbólica trasmite desigualdad y la subordinación contra las mujeres utilizando la imposición de poder y autoridad, y manifiesta una jerarquización y dominación sobre las mujeres. Este término no es algo nuevo, y me da muchísimo gusto que por fin lo estemos incorporando a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, permitiendo visibilizar y a erradicar estas prácticas que producen desigualdad. Los estereotipos de género constituyen una problemática en sí misma, por el nivel de encasillamiento al que remiten, perjudicando de múltiples maneras a hombres, pero especialmente a las mujeres. Los ideales sobre la apariencia física y el comportamiento respecto al género imponen estrictos y muy limitado parámetros, son criterios por los cuales se clasifica a las personas en términos que influyen de sobremanera en la aceptación social. Y el problema de evaluar la apariencia en base a estereotipos, es que refuerza la idea de que las mujeres deben ser valoradas y premiadas exclusivamente por su apariencia física, cosificando a la mujer y replicando violencia de género. Y resulta aún más preocupante, y es el motivo principal de esta iniciativa que promoví, que sean las autoridades de los tres niveles de gobierno quienes sean los principales promotores de estos eventos, otorgando recursos económicos y apoyo institucional para su realización. Es por todo esto el sentido de la iniciativa, y como especifica claramente el dictamen realizado por la Comisión, se centra en el papel que tiene el Estado como auspiciante de estos eventos, así como generar la obligación para la federación, los estados y los municipios, a que en conjunto busquen los mecanismos necesarios para atender, erradicar y sancionar la violencia simbólica. Desde el 2007 que se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se estableció que los recursos públicos deben definirse desde una perspectiva de género que ayude a combatir la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, a pesar de esto, desde el 2008 los recursos que anualmente se aprueban para el Anexo 13, que es Derogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres, resultan superiores a lo aportado como efectivamente ejercido, lo que implica que cada año se ejerce un monto inferior a lo aprobado para la igualdad de género. Un Estado presente y comprometido en la lucha contra la violencia que día a día sufren las mujeres, se contradice así mismo, cuando se autorizan y financian eventos que generan violencia simbólica, en lugar de presupuestar acciones y programas que empoderen a las mujeres y fortalezcan la igualdad sustantiva. Con este tipo de acciones el Estado fomenta en contra de las mujeres un tipo de violencia simbólica y favorece patrones de conducta generadores de violencia. Es importante mencionar que estas reformas no buscan de ninguna manera limitar la participación de las mujeres, sino evitar que a través de estas acciones el Estado fomente la violencia a través de patrones estereotipados, de mensajes, de valores, de íconos o de signos, que transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. El dictamen incorpora la definición de violencia simbólica, asimismo prohíbe a las instituciones públicas, la asignación de recursos públicos o de cualquier tipo de apoyo a realización de eventos que cosifiquen a las mujeres. Además, el dictamen incorpora la violencia mediática como una forma de violencia simbólica, lo que significa un gran avance para la efectiva protección de los derechos humanos y de la dignidad de las mujeres. Es por esto que hoy manifiesto mi beneplácito por la presentación de este dictamen, al tiempo de reconocer el trabajo realizado por la Comisión de Igualdad de Género en favor de las mujeres de este país. Los cambios legales que hoy se plantean contribuirán a garantizar el derecho de las mujeres de todo el país a vivir una vida libre de toda forma de violencia, a promover la equidad y la dignidad humana. En un país con al menos 6 de cada 10 mujeres violentadas, 11 mujeres asesinadas cada día, con el feminicidio infantil en aumento, con gobernantes y un presidente machista, con violadores como candidatos a gobernadores, con políticos renegando de la asignación paritaria en candidaturas, nuestra respuesta tiene que ser seguir luchando por la igualdad sustantiva, por el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, por el derecho a la interrupción legal del embarazo, por el derecho a la igualdad salarial ante los hombres, por el derecho a la justicia y por la democratización del derecho al cuidado. Muchísimas gracias. Y agradezco su voto a favor.