La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Honorable asamblea, el día de hoy a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, queremos pedir el voto a favor y fundamentar este importante dictamen, analizamos dos nuevas leyes y una reforma que tienen una gran trascendencia para dar cumplimiento a lo que fue el mandato constitucional de la reforma de 15 de septiembre de 2015, del 2024. En este caso destaco en particular lo relativo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, una nueva ley. Compañeras y compañeros, debe quedar muy claro que esta reforma judicial iba mucho más allá de nombrar jueces, magistrados, ministros, por votación popular. Esta reforma va al centro de lo que demanda la ciudadanía, el pueblo de México. Esta reforma busca que la imparcialidad, la transparencia, la honestidad, la independencia judicial, la erradicación de la corrupción y del nepotismo sea una realidad dentro del Poder Judicial. Es un mandato ciudadano y es una obligación moral de nuestra parte. La oposición ha cuestionado que haya sido un clamor popular reformar el Poder Judicial, niegan que en campaña la gente no los pidió. Lo dijeron ayer en la Comisión de Justicia. Qué manera de negar la realidad. Qué manera de darle la espalda a la gente, a las victimas de delitos y del propio sistema judicial, porque hay víctimas del sistema judicial. Como dato, hay que recordarles esta encuesta del Inegi, de percepción y victimización del 2023, la mayoría de las y los mexicanos han externado con contundencia que consideran que el trabajo que realizan los jueces no es confiable, en consecuencia, en pocas palabras hay que decirlo, la gente no confía en el Poder Judicial como lo tenemos ahora. Por eso, reformar el Poder Judicial no era una opción de muchas, era un mandato ciudadano y una obligación moral que debíamos cumplir frente al pueblo de México. Para hacerlo era imprescindible cambiar de fondo lo que hasta ahora era una estructura, un órgano máximo que tenía muchas responsabilidades en una sola cabeza. Y me refiero al Consejo de la Judicatura Federal. De qué otra manera, sino atajando los vicios y defectos en su diseño y conformación podíamos resolver este grave problema. Este órgano que ustedes tanto defienden como personeros, personalísimos de intereses mezquinos y anquilosados de muchos años en el Poder Judicial, tenía una doble función: la de administrar todo un Poder Judicial y, por otro lado, la de aparentemente sancionar y regular la conducta de jueces y magistrados. Pero no fue capaz en tantos años desde su creación, no fue capaz de atender de raíz estos desafíos, los graves desafíos que enfrenta el Poder Judicial. No hizo mucho, por no decir nada, por investigar y sancionar a jueces corruptos, negligentes e ineficientes que sí los hay. Ya sé que no podemos generalizar, pero de que los hay los hay. No hizo mucho tampoco por combatir rezagos, malas prácticas, acoso y hostigamiento laboral, y eliminar los excesos en el gasto del Poder Judicial. Algo en particular escandaloso que dejó crecer y crecer fue el nepotismo y las redes familiares y de complicidad construidas al interior de este poder, que trágicamente se le ha llamado el Poder Familiar de la Federación. Y aun así en la oposición los defienden. De ahí la importancia de esta nueva ley, en la que se determina la existencia de dos nuevos órganos, tanto el Tribunal de Disciplina Judicial que no es militar, por cierto, diputado Germán, es Disciplina Judicial, un órgano con independencia técnica, que a partir de ahora se hará cargo de evaluar en su desempeño de jueces, pero también de investigar posibles responsabilidades administrativas, bajo un marco claro, definido que hoy estamos aprobando. Con este nuevo tribunal se descartan cacerías de brujas contra jueces y magistrados, como falsamente se ha dicho en la oposición. Lo que se busca lograr con este Tribunal de Disciplina es elevar la calidad del servicio de impartición de justicia. El pueblo lo merece. También se crear el Órgano de Administración que, como lo he dicho, lo que busca es eficientar el gasto y reducir, o decirlo mejor, eliminar los excesos y el abuso en el gasto público. Compañeras y compañeros, el pleno acceso a la justicia todavía es una deuda histórica que tenemos en el país. Y no se va a transformar, no vamos a cambiar esta realidad hasta que mejoremos la calidad de la justicia. Y eso sólo se hace no sólo cambiando procesos judiciales, se hace transformando el poder de quienes imparten justicia. Y que lo deben hacer ahora con honestidad, transparencia y eficiencia...