El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias compañera Presidenta. Esta reforma, a diferencia de algunas otras que se aprobaron en horas por la vía fast track, tuvo que recorrer un largo y sinuoso camino. Fue una iniciativa que entró antes incluso que la de telecomunicaciones pero, como reformaba el artículo 6 de la Constitución, tuvo que aguardar todo el proceso legislativo para finalmente ser discutida y aprobada. Pareciera que era un tema secundario frente a las reformas del Pacto por México y que la transparencia bien podía aguantar. Sin embargo, finalmente se aprobó y estuvo sujeta a un peloteo parlamentario entre el Senado y la Cámara de Diputados, y para cerrar finalmente el proceso se recurrió, incluso en un acto inverosímil, a publicar la última enmienda a través de una fe de erratas. Ese fue el camino de esta reforma en materia de transparencia. Para nosotros esta iniciativa, hoy reforma constitucional, tiene una serie de candados que limitan la transparencia y que hacen nugatorio el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de la transparencia, pero una transparencia real, no una transparencia simulada con la apariencia de transparencia. Se dice que el órgano garante de la transparencia tendrá en sus resoluciones el carácter de vinculatorias definitivas e inatacables. Sin embargo, un empleado del Ejecutivo federal, el consejero jurídico del gobierno, se convierte en el censor, se convierte en quien califica o no la transparencia porque tiene la facultad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando considere que alguna resolución de este organismo es violatoria de la seguridad nacional y dejan luego esta definición para una legislación secundaria. Nos parece un candado inadmisible porque, en este endurecimiento político que vive el país, en este clima de restauración autoritaria, cualquier tema puede ser argumentado como se seguridad nacional. Cuando se pregunte de las transacciones entre empresas extranjeras y la Secretaría de Energía, se va a decir que es tema de seguridad nacional. Cuando se pregunte de los contratos de producción o de las licencias, se va a decir que es tema de seguridad nacional. Por eso nosotros vemos que ésta es una transparencia a medias, y vemos también que a través de la figura de las controversias constitucionales de órganos autónomos como el Banco de México, se va a poder estar dilatando algunas resoluciones, argumentando que hay invasión de facultades entre ambos entes autónomos, el IFAI y el Banco de México, por ejemplo. De igual manera, en el nombramiento de los comisionados se sigue privilegiando el tema de las cuotas. Por eso nosotros creemos que esto es una transparencia a medias, y estuvimos en contra. No caemos en el discurso de lo políticamente correcto, en las apariencias, en las buenas maneras para seguir frenando la transparencia como aquí se hace. Y hablando de seguridad nacional y de respeto a la Constitución, nos parece que en este gobierno se sigue agrediendo a la Constitución y a las entidades federativas, es el caso de Michoacán, donde por la vía de los hechos se ha decretado la desaparición de poderes, por la vía de los hechos se ha impuesto como en la antigua Roma imperial ahora Enrique primero lo hace- a un procónsul en Michoacán, quien llega con tropas, con mando, con Ejército y con un verdadero batallón de ocupación desde el procurador, el secretario de Seguridad Pública, que todos pertenecen al Grupo Atlacomulco. No hay un respeto a la soberanía de Michoacán, y también hay la hipocresía de no llamar a las cosas por su nombre y en todo caso activar el mecanismo que establece la Constitución a través del artículo 76, fracción V, para decretar la desaparición de poderes en Michoacán. Y ahora, quien han nombrado como procónsul no viene precedido de resultados, como procurador dejó en cuestionamientos el caso Paulette; como Subprocurador General de la República no resolvió el caso de la Torre B de Pemex con la explosión, y como titular de Profeco no detuvo el alza indiscriminada de precios a partir del primero de enero de este año. Y hoy no solamente llega como procónsul, sino ya es candidateado como secretario de Gobernación. Así está la República en este inicio de año. Por eso nosotros no podemos estar festinando reformas constitucionales cosméticas mientras se sigue violando la Constitución con la desaparición de poderes virtual que se decretó en el estado de Michoacán. Sabemos que en esta Comisión Permanente se quieren llevar las cosas de muertito, no hablar ni de economía ni de impuestos ni de alzas y sacar tibios puntos de acuerdo en temas graves como el de Michoacán, pero ya que hablamos de la Constitución, ya que hablamos del estado de derecho y ya que hablamos de transparencia, abordemos hoy una de las crisis políticas mayores en materia de federalismo que vive el país con este caso vergonzoso del proconsulado y la invasión de facultades en Michoacán. Es cuanto. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Ricardo Mejía. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.