El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en dos años de ejercicio esta administración ha demostrado más claramente sus debilidades que sus fortalezas. La política interna es una de ellas. El primer año, la política interna básicamente se caracterizó por su opacidad y mediocridad, por ello fue un buen signo cambiar al titular. Sin embargo, el nuevo titular ha estado ausente. En el país se agudizan los conflictos y se profundizan. Un tangible conflicto social que habla del nulo trabajo que realiza la Secretaría de Gobernación para adelantarse a los escenarios y actuar con oportunidad frente a los grandes problemas nacionales. Esperamos en breve la comparecencia del secretario de Gobernación ante esta soberanía, ya que tiene mucho que explicar. La seguridad pública es quizás el más grave problema que enfrentamos hoy, junto con la crisis económica y la pretensión del gobierno de entregar el petróleo al capital privado. En materia de seguridad pública, el Ejecutivo evidencia la desorganización que existe entre los diferentes cuerpos de seguridad de este país y simplemente parece haberse desistido de explorar nuevas estrategias para enfrentar y un fenómeno en el que cada vez son más notorias la corrupción y la impunidad. Por ello, como lo hemos dicho tantas veces, este problema se resolverá sólo cuando el gobierno se disponga a combatir estos males endémicos, no sólo en los cuerpos de seguridad, sino en el poder político. Para nadie es un secreto que aumentar las penas, incluso al grado de convertirlas en disposiciones violatorias de los derechos humanos, de nada sirve para combatir el delito, y menos aún ante las altísimas tasas de impunidad que se observan en todo el país. Proponer el aumento de penas y el endurecimiento de los castigos no es más que una salida desesperada que en nada contribuye a fomentar la solidaridad y la cooperación entre los mexicanos. Exigimos a esta administración, en consecuencia, a dedicar más esfuerzos y recursos para combatir los altísimos niveles de impunidad y corrupción que prevalecen en nuestra vida social. Y no a limitarse a proponer penas más altas o más duras para delitos que, de cualquier manera, tienen actualmente una bajísima posibilidad de ser castigados. Por ineficacia de nuestro sistema judicial observamos también la ausencia de una política clara y eficaz para impulsar el respeto a la legalidad como un valor cultural esencial de la ciudadanía; pero aún más grave, lamentablemente, hemos constatado que ha sido el propio gobierno el último en predicar con el ejemplo. El reciente incidente de la desaparición de un grupo de ciudadanos cubanos, detenidos previamente por las autoridades migratorias de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, es sintomático de la incapacidad demostrada por este gobierno para cumplir con los requisitos mínimos de eficiencia, honestidad y efectividad en su actuar. El hecho por supuesto aún no ha sido aclarado del todo y dada la experiencia de dos años que ya tenemos en esta materia, estamos convencidos que nuevamente tendremos que conformarnos con explicaciones parciales e incompletas, así como la dilución de las responsabilidades que en éste y muchos otros casos sucede cotidianamente a lo largo del país. Asimismo, sigue siendo una constante el acto de exigir a nuestros vecinos del norte respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes en la frontera norte, y al mismo tiempo practicar una política diametralmente opuesta en la frontera sur, donde existe violencia, tráfico de personas y violaciones de derechos humanos y los más distintos abusos de autoridad hacia una población especialmente indefensa y vulnerable. Por ello, en el tema migratorio el grupo parlamentario de Alternativa ha insistido, y seguirá haciéndolo, en la necesidad de reformar a fondo las dependencias correspondientes a la Secretaría de Gobernación, de modo tal que la política migratoria observe con especial atención el respeto a los derechos humanos de los migrantes por un lado, y por otro que concentre su esfuerzo en la desarticulación de las mafias de traficantes de personas, que tanto daño hacen también a nuestras propias instituciones. Motivo grave de preocupación para el grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata es la situación que guarda el Estado laico en México, y muy especialmente el papel que ha jugado en no pocas ocasiones la presente administración para socavar las bases del mismo. Desde nuestra perspectiva, existe un doble rasero para tratar a las distintas asociaciones religiosas que conviven en el país, así como una abierta complacencia, cuando no colaboración, del propio gobierno federal con la Iglesia Católica, por ejemplo en temas como la interrupción voluntaria del embarazo, tema recientemente resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en general. Para finalizar, queremos expresar nuestro total desacuerdo con la criminalización de la lucha social. ¿Cuál es el mensaje de este gobierno para los luchadores sociales?, ¿la mano dura, la militarización del país, el asesinato de periodistas, el encarcelamiento de líderes sociales? Lo de Atenco nos parece un completo despropósito frente a la incapacidad de este gobierno para combatir la delincuencia organizada. Ignacio del Valle está condenado por el gobierno anterior, y por este gobierno panista, a pasar más de 100 años en la cárcel por defender los derechos de su comunidad. Emplazamos a la actual administración a que cumpla con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y si no pueden, que renuncien. Es cuanto, diputado presidente.