La diputada Wendolin Toledo Aceves: Con el permiso de la presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, antes que nada debo referir que es un gran honor y una gran responsabilidad poder posicionar por primera vez desde esta tribuna. Estoy convencida de que este espacio debe de ser una caja de resonancia de la voz de los ciudadanos, expresión que debe replicar y mover a acciones concretas cada uno de los temas que como representantes populares exponemos en este espacio político. Hoy deseo ser el conducto para expresar ante ustedes un tema de profunda preocupación para muchas personas y que tiene que ver con el estado y condiciones que guardan nuestros adultos mayores que viven en un asilo o casa hogar. Nuestro cometido no debe ser otro que el de garantizar desde la ley que los asilos y casas hogares para ancianos, sea que se trate de instituciones públicas o privadas, ofrezcan condiciones de trato digno y respetuoso para las personas adultas mayores que ahí viven. En tal sentido la iniciativa que hoy elevo a consideración de esta representación popular, se rige a revisar y a adecuar el régimen legal que rige a los asilos, albergues y casas hogares para adultos mayores, a fin de que haya mecanismos objetivos para que las autoridades competentes puedan verificar las condiciones de funcionamiento, higiene y calidad en el servicio que operan dichos establecimientos. Manifiesto ante ustedes que esta iniciativa parte de la preocupación de tres grandes rectores: en primer lugar, el crecimiento de la población adulta mayor en México; segundo, la existencia de denuncias sobre la falta de control y vigilancia; y, en tercer lugar, la vulnerabilidad de aquellas personas que se encuentran en la última etapa de sus vidas. Al efecto, proponemos establecer obligaciones específicas de supervisión, vigilancia, de establecimientos por parte del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores a través de un programa de verificación. Asimismo se desarrolla un régimen de infracciones y multas para aquellos asilos o albergues que no cumplan con las obligaciones legales y reglamentarias que la ley estipula. De igual manera, se propone tipificar como delito el maltrato físico o psicológico que infiere en los empleados, administradores o dueños de dichas casas hogares, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención para personas adultas mayores. No obstante, propiamente no hay datos oficiales contundentes sobre cuántos albergues, asilos o casas hogares para adultos mayores hay en el país, ni mucho menos se sabe de dónde están y cómo operan. Un ejemplo verdaderamente trágico y dramático fue el incendio del asilo Nuevo Amanecer en Mexicali, Baja California, que sucedió el pasado 24 de junio. No pasa desapercibido que existen muchas quejas, denuncias e investigaciones sobre la operación de asilos y albergues donde el denominador común es la situación de desamparo en que se encuentran nuestros adultos mayores. En nuestro país, el incremento de la población de personas de edad avanzada se debe principalmente en la reducción en las tasas de mortalidad y, por ende, al aumento de la expectativa de vida. Entre el 2000 y el 2010, la población de adultos mayores creció una tasa anual de 3.8 por ciento, por lo que se espera que para el 2018 tendremos alrededor de un poco más de 20 mil ancianos en México. De ahí, la exigencia de generar condiciones para que los asilos, albergues o casas hogar para adultos mayores cuentan con las características adecuadas para su atención y cuidado. Para ello es necesario que haya un marco jurídico claro y preciso de las facultades y atribuciones de las autoridades en la materia. Siguiendo con los datos, de acuerdo con el Coneval, siete de cada diez adultos mayores padece vulnerabilidad social; es decir, que presenta por lo menos alguna de la siguientes carencias: educativa, acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda y alimentación, y de acuerdo con la misma fuente, 43 por ciento de los adultos mayores, se encuentran en situación de pobreza. Finalmente, debo expresar que existen algunos establecimientos donde no existe el menor viso sobre un debido cuidado de las personas adultas mayores que ahí se encuentran, por lo que resulta imperioso que haya un mayor control sobre los establecimientos que cuidan a nuestros abuelos, abuelas y ancianos. Esta última expresión de ningún modo debe verse como discriminación, sino como una manera normal y respetuosa de conducirse hacia ellos y no solo como una categoría legal denominada adulto mayor. Que no sea el olvido el destino de muchos, sino el bello recuerdo de sus enseñanzas, errores, aciertos y esperanza lo que nos lleve a valorar de mejor modo la grandeza que nos pueden compartir. Es cuanto, señor presidente.