La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (PVEM): Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: La conservación de la riqueza natural y la reversión del deterioro ambiental, son hoy por hoy prioridades nacionales, por lo que dentro de la Administración Pública se han intensificado las actividades de inspección y vigilancia de los recursos forestales, marinos y de vida silvestre, así como de la zona federal marítimo terrestre y en materia de impacto ambiental, además de la instrumentación de operativos especiales con resultados que contribuyen a la preservación de la megadiversidad biológica que caracteriza a nuestro país. La inspección de los recursos naturales y la vigilancia de la normatividad ambiental representa la medida por la cual se previenen los ilícitos permitiendo sancionar a los infractores por los daños causados al entorno ambiental. Esta facultad recae directamente en la SEMARNAT de acuerdo al artículo 161 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, quien en su reglamento delega esta responsabilidad en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Como resultado de las acciones de inspección y vigilancia de la legislación, al percibir que se está incumpliendo con la normatividad, es necesario sancionar esta acción. Al respecto la LEGEPA en su artículo 171 determina el catálogo de sanciones administrativas que la Secretaría puede ejercer, considerando a la multa, la clausura temporal o definitiva, el arresto administrativo y la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes. En el caso de la clausura temporal o definitiva, se encuentran diversas acciones por las cuales se debe proceder en este sentido. No obstante, ya que una de las obligaciones al proceder a una inspección es el supervisar que el inspeccionado antes de iniciar las obras o actividades, cuente con los permisos, licencias o autorizaciones a que se hace referencia en la ley. Esta sanción debe ser incluida dentro de los argumentos para proceder a la clausura temporal o definitiva, total o parcial, ya que es común que grandes desarrollos turísticos comiencen o incluso concluyan la obra de las mismas, sin contar con la manifestación de impacto ambiental correspondiente, caso en el que la afectación al medio ambiente y los recursos naturales ya fue producido, por lo que la sanción idónea en estos casos es la clausura de la obra o del establecimiento. Además en el listado de sanciones se omite la amonestación, la necesidad de incorporar este tipo de sanción resulta de vital ayuda para el desarrollo de las labores que realiza esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, toda vez que el momento de emitir resoluciones administrativas, actualmente no se prevé la posibilidad de que las mismas unicamente se limiten a realizar una advertencia al infractor ya sea porque las infracciones sean menores o porque ha tomado las providencias necesarias para corregir las irregularidades detectadas, siendo ésta una forma que se traduce principalmente en un beneficio para el interés colectivo. Por otra parte, al detectarse la multa por algún acto ilícito realizado ésta muchas veces puede ser conmutada. Esta opción está estipulada dentro del artículo 171 de la LEGEPA y la misma PROFEPA ha declarado que se han aplicado con éxito la figura novedosa de conmutación de multas por la reparación de los daños a los recursos naturales y al medio ambiente, con lo que se ha privilegiado el beneficio ambiental por encima de la sanción pecuniaria y en el que los infractores tienen la posibilidad de invertir el monto equivalente a la multa. Sin embargo, existen multas menores de 200 días de salario mínimo que dificultan operativamente el cobro de éstas, ya que la autoridad fiscal no las considera como crédito fiscal por lo que no procede a su cobro, situación que en algunos casos ya es conocido por el infractor generando que exista impunidad en la sanción, derivada de la comisión de infracciones a la normatividad ambiental. Al respecto se propone un mecanismo alternativo que permita a la autoridad el determinar la factibilidad de conmutar la multa por acciones en beneficio del medio ambiente, tales como la realización de obras de infraestructura, actividades relacionadas con la conservación y preservación del medio ambiente, adquisición e instalación de equipo para prevenir y controlar la contaminación o la implementación de programas en beneficio directo del ambiente. Estas medidas permitirían en primera instancia que el infractor se involucre directamente en la subsanación y reparación del daño ambiental, generándole una conciencia ambiental, reduciendo el rango de incidencia; igualmente permite a la autoridad sancionadora evitar que las multas que se encuentren dentro del rango descrito, sean incobrables; cuando para la substanciación del procedimiento y la determinación de la sanción ya hayan invertido recursos tanto materiales como humanos y financieros. Por lo expuesto, se considera procedente otorgar los delegados de la SEMARNAT la facultad de atender tales conmutaciones, toda vez que sería más expedita la determinación sobre la procedencia de las mismas y los beneficios directos al medio ambiente y los recursos naturales sean realizados casi de inmediato. En diversos países esta medida ha resultado con beneficios directos a la preservación ambiental. Naciones como Paraguay y Perú han ejercido e implementado programas de reforestación y de educación ambiental dentro de las zonas donde se afectó el entorno, obligando al infractor a actuar directamente en el abatimiento del deterioro ambiental. Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada respetuosamente somete a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto: "Se adiciona un inciso d) de la fracción II y una fracción VI del artículo 171, y se reforma el párrafo tercero de la fracción V del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo Único.- Se adiciona un inciso d) de la fracción II y una fracción VI del artículo 171 y se reforma el párrafo tercero de la fracción V del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: Artículo 171.- Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría con una o más de las siguientes sanciones: Fracción I.- queda idéntica. Fracción II.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial cuando: Incisos a), b) y c) quedan idénticos d).- El infractor no haya obtenido las licencias, permisos y autorizaciones a que se refiere esta ley previo al inicio de obras o actividades. Fracciones III a V, quedan igual. Fracción VI.- Amonestación. Artículo 173.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley, se tomarán en cuenta: Fracciones I a IV.- quedan idénticas. Fracción V.- Párrafo tercero, dirá: Cuando la multa impuesta no exceda de 200 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la autoridad correspondiente hará saber por escrito al infractor la posibilidad que tiene éste de optar por la substitución de la multa a través de la realización de obras de infraestructura, actividades relacionadas con la conservación y preservación del medio ambiente, adquisición e instalación de equipo para prevenir y controlar la contaminación o la implementación de programas en beneficio directo del ambiente". Para tal efecto, la autoridad correspondiente presentará su propuesta al particular dentro de un plazo máximo de quince días hábiles para que se determine el destino del mismo. Es cuanto, señor Presidente.