La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputados. Antes de que se aprobara o se promulgara la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, los gobernados solamente tenían acceso a la procuración de justicia ambiental a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente –Profepa– o a las procuradurías estatales en materia de protección ambiental. Esto es, sólo a través de procedimientos administrativos se podía ordenar clausuras, suspensiones de obras o actividades o incluso imponer sanciones y ordenar medidas de restauración al ambiente, pero el accionar de dichos procedimientos, al final, estaba al arbitrio y discrecionalidad de la autoridad federal. Hoy, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental permite a los ciudadanos de una comunidad afectada o de una organización civil, el acudir directamente al Poder Judicial a demandar la reparación y compensación de los daños ambientales sin intermediarios – esto es muy importante– y sin necesidad del actuar de determinadas autoridades. De este modo, el fin último de acudir a la justicia federal es la reparación del ambiente y compensación de daños ocasionados por determinadas obras o actividades. Lo anterior, con independencia de las responsabilidades civiles, administrativas o incluso penales que se pueden derivar de estos mismos actos. Así, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental regula la responsabilidad que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños. De igual manera, dentro de las disposiciones de la Lefra, se prevén mecanismos alternativos de solución a controversias, mismos que pueden ser aplicables a procedimientos administrativos y procedimientos que corresponden a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. En este sentido, la Lefra hace referencia a otras leyes, reglamentos o normas, de tal suerte que no puede contener alusiones erróneas a estos otros procedimientos, perdón, ordenamientos, puesto que las autoridades y los jueces encargados de su aplicación citan e invocan su contenido, y el hacerlo de manera incorrecta deriva en irrealidades. La correcta cita de la denominación de la legislación, sus artículos, fracciones, incisos y subincisos, en los actos de autoridad, permiten su aplicación legal, lo que al final se traduce en juicios y procedimientos ganados o perdidos ante juzgados y tribunales. La reforma propuesta permite citar de manera correcta el fundamento constitucional como fuente de la aplicación de los mecanismos alternativos de soluciones de controversias. De igual forma se corrige la expresión Código Federal de Procedimientos Penales por la correcta: Código Nacional de Procedimientos Penales. Y finalmente se hace una remisión directa a la Ley Nacional de Mecanismos de Soluciones de Controversias en Materia Penal, algo que actualmente no tiene la ley vigente y que es necesario actualizar. Actualmente la Lefra remite de manera incorrecta un fundamento constitucional, párrafo cuarto del artículo 17, que debe de ser el párrafo quinto del mismo artículo, lo que puede viciar de origen actos que se pretendan suscribir para la solución de controversias en materia penal y que tiene su origen en los daños al ambiente. Compañeros y compañeras, en resumen, esta reforma está directamente relacionada con los requisitos esenciales de una adecuada fundamentación y motivación de todo acto de autoridad. Con la aprobación de este dictamen permite otorgar a los gobernados una mayor certeza y seguridad jurídica. Los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, apoyaremos este dictamen. Como siempre el PAN no le regatea nada a la protección y a la conservación del medio ambiente. Y ya lo demostramos a la hora del Presupuesto de Egresos de la Federación donde el PAN vota a favor porque no estamos de acuerdo en esta reducción tan grave a todo lo que tiene que ver en materia ambiental. Muchísimas gracias, diputado presidente.