El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la cuestionable firma de múltiples contratos del secretario Juan Camilo Mouriño trastoca los ámbitos de lo ético y de lo legal. En el caso de los contratos de la empresa Ivancar, firmados por el secretario de Gobernación en su doble calidad de apoderado general de una empresa propia y servidor público, se pasan por alto principios éticos y disposiciones legales. De los 10 contratos y convenios, más 4 modificaciones que Transportes Especializados Ivancar suscribió con Pemex desde que Juan Camilo Mouriño incursionó en la vida pública, 6 fueron formalizados por él y fueron avalados por el Jurídico de Pemex, a cargo en ese entonces de César Nava, con lo que habría incurrido, por lo menos, en conflicto de intereses por más de 100 millones de pesos. Seis de ellos los firmó, indistintamente, cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, o bien, como director general de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y como coordinador de asesores del entonces titular del ramo, Felipe Calderón Hinojosa. El convenio GTT-00142-01/2004, firmado el 29 de diciembre de 2003, cuando era el director general en la Subsecretaria de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, implicaría responsabilidades penales y administrativas. Nueve días antes de que Felipe Calderón nombrara a Mouriño como secretario de Gobernación, Ivancar firmó el convenio modificatorio GTT-00142-CM/2005-2008, para cambiar el monto contratado, pues de 39 millones de pesos se incrementó a 47 millones. Inclusive se sigue beneficiando porque hay contratos que suscribió, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2008. La compleja situación en que se encuentra ubicado el todavía secretario de Gobernación no es algo fortuito, sino forma parte de una red de intereses que han sido ampliamente denunciados por la revista Contralínea. Es claro que el secretario de Gobernación se ha colocado en un conflicto de intereses. No puede ser un alto funcionario de Estado y hacer negocios que tengan que ver con sus familiares, y es que a pesar de que los emisarios oficiales han buscado defender lo indefendible, Germán Martínez Cázares, por ejemplo, ha pretendido justificar señalando que lo ético es lo legal. Sin embargo, con todo y la defensa emprendida en los medios de comunicación, indudablemente incurrió en conflicto de intereses. Es el caso de un servidor público que en el contexto de la investidura oficial resuelve, a su vez, asuntos vinculados con empresas o particulares con los cuales tienen algún vínculo familiar, de amistad, negocio o de cualquier otra índole, ¿qué dice a la imparcialidad a la que está obligado dentro del desempeño de su cargo o comisión? Del análisis de la información que envió el propio Mouriño a nuestra fracción parlamentaria se advierte claramente como —en la medida en que el secretario de Gobernación asciende en la escala política— se multiplican los contratos a favor de la empresa de su familia. Hay pues un evidente conflicto de intereses, según la ley, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece en su artículo 8: todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Y la fracción XI señala: … excusarse de intervenir por motivo de su encargo, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles. Como ustedes ven, la ley es muy clara. Por eso lo de Mouriño es importante, no sólo por él, sino porque sería muy grave que se instalara en el actual gobierno un conjunto de prácticas que hicieran del tráfico de influencias y del abandono de los principios éticos la constante de su desempeño; sin preocuparse si hay conflictos de intereses o estuviera nada más preocupado por engordar la cartera de los negocios privados que del cumplimiento del deber en sus tareas públicas. Esta situación se agrava si la contemplamos a la luz de la reforma energética, y si se efectúa ésta para multiplicar los negocios petroleros, desde el gobierno y con el gobierno, en beneficio de los propios funcionarios y de sus socios en la iniciativa privada. No podemos tolerar que a final de cuentas se creen las condiciones para utilizar las reformas para instalar en el gobierno una mafia de negociantes. También es claro que con el programa de infraestructura en marcha serán muchas las oportunidades para confabularse y obtener pingües resultados. Y esto es inadmisible. En ese orden de ideas, no puede haber reforma energética sin un debate nacional que sitúe en las coordenadas de los problemas que experimenta Petróleos Mexicanos con la participación de todos los mexicanos y de la sociedad, y que precise cuáles son las mejores opciones para atenderlos. No podemos permitir que con el pretexto de la reforma energética, Pemex sea botín de los peores intereses en el poder. Es cuanto, Presidente.