El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada: Con su permiso, señora Presidenta. Por obviedad de tiempo y debido a que la presente iniciativa ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito sea inscrita íntegramente en el Diario de los Debates. Compañeros diputados, subo a esta alta tribuna de la nación para presentar de forma breve y a nombre de los diputados federales de Acción Nacional, la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de fortalecer los mecanismos de defensa jurisdiccional en materia electoral y dotar de mejores herramientas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el cumplimiento de sus resoluciones. Con estas propuestas se pretende consolidar el sistema democrático y de justicia electoral que desde la profunda reforma de 1996 requiere de complementos constitucionales para adaptar el sistema y la justicia electoral actual. Lo anterior bajo la siguiente Exposición de motivos Primero. Fortalecer la garantía de democracia interna de los partidos políticos y de tutela de los derechos fundamentales de asociación y de afiliación en materia político-electoral. En este aspecto debemos de considerar los antecedentes referentes a lo que se ha denominado en la doctrina y el foro electoral como la "democracia interna de los partidos". Al respecto debemos de apuntar que hasta el año 2003 los temas de democracia interna en los partidos políticos y los derechos político-electorales tenían un incipiente desarrollo en México, e incluso se encontraba vigente la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: "Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Es improcedente contra actos de partidos políticos". Finalmente, el 28 de marzo de 2003 la Sala Superior del Tribunal determinó suspender la jurisprudencia que impedía impugnar directamente los actos partidarios y emitió un nuevo criterio. El 10 de abril del mismo año se resolvió la tercera ejecutoria en el mismo sentido y de esa manera se generó una nueva jurisprudencia de rubro: "Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede contra actos definitivos e irreparables de los partidos políticos". Así, los medios de impugnación electoral se han convertido en las herramientas indispensables de la democracia mexicana, de tal manera que con estos antecedentes es normal que hoy día se diriman las controversias internas de los partidos por las vías jurisdiccionales. Por lo tanto, nuestra propuesta tiene como objetivo elevar a rango constitucional la democracia interna de los partidos y consagrar expresamente la garantía de los ciudadanos para poder acceder efectivamente a los medios de control de los actos partidistas. Segundo. Otorgar al Tribunal Electoral facultades para pronunciarse sobre la inaplicación de leyes en el caso de que éstas sean contrarias a la Constitución. En el contexto del sistema de justicia electoral y de conformidad con los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el único mecanismo para combatir la posible inconstitucionalidad de las leyes electorales es la acción de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 105 constitucional. Lo anterior, dentro del contexto de la justicia electoral, implica que solamente los partidos políticos tienen la posibilidad para combatir la posible inconstitucionalidad de leyes electorales, además de contar con un plazo perentorio para hacerlo a partir de la publicación de la reforma legal, de tal manera que cualquier otra entidad, particularmente los ciudadanos, no cuentan con mecanismo legal alguno para defenderse de los actos de autoridad que se sustenten en una norma inconstitucional, de tal manera que es necesario que sea el Tribunal Electoral quien cuente con los mecanismos para inaplicar las normas inconstitucionales en el caso de que constituyan el sustento de un acto, objeto de una controversia jurídica al momento de resolver los juicios de su competencia. Incluso, esta facultad debe coexistir con el control que continuaría ejerciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la acción de inconstitucionalidad. Por lo anterior, se propone derogar el segundo párrafo, inciso g), fracción II, del artículo 105 constitucional, que establece que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en el presente artículo y, en contraparte, se propone agregar en la fracción IV del artículo 41, un párrafo que establezca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán competencia para garantizar la constitucionalidad de las leyes electorales locales y federales. Tercera. Prever facultades constitucionales para la plena ejecución de las resoluciones en materia electoral. De la necesidad de garantizar una plena ejecución de las sentencias electorales a efecto de hacer eficaz la garantía de la tutela judicial que consagra el artículo 17 constitucional, es necesario dotar al Tribunal Electoral de los mecanismos constitucionales respectivos. Por lo anterior, se propone facultar al Tribunal Electoral para aplicar directamente las sanciones y medidas de apremio que establezca la ley, a efecto de garantizar un efectivo, total y pronto cumplimiento de las sentencias electorales. Concluyo, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hemos dicho y nuestros fundamentos políticos lo establecen: el poder es del pueblo y para el pueblo. Estas reformas, por tanto, pretenden actualizar la democracia en México a favor de los ciudadanos, fortaleciendo sus garantías a rango constitucional para que en lo venidero la coyuntura política, el poder de grupos o las circunstancias partidistas estén frenadas ante la tentación de vulnerar los derechos políticos de cualquier ciudadano de cualquier color, de cualquier tendencia. Por su atención, muchas gracias, diputados.