El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidenta. Diputadas, diputados, el 3 de marzo de 2016, Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa de ley por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y la Ley de Puertos. Se propone en realidad en esencia, que la Secretaría de Marina asuma las principales facultades en materia de regulación marítima de buques y puertos, así como del control del tráfico marítimo en aguas mexicanas. Se trata de una reforma regresiva que pretende volver al estado de cosas previo a la reforma administrativa emprendida por el gobierno federal en diciembre de 1976, por medio de la cual las funciones relativas a la Marina Mercante, la operación portuaria, la construcción de puertos y el señalamiento marítimo que tenía sin nada la Secretaría de Marina fueron reasignadas y adscritas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al pretender que las Capitanías sean ocupadas por elementos de la Secretaría de Marina, no solamente se está hablando de ejercer un puesto, sino de ocupar las instalaciones civiles, en total contravención al artículo 129 constitucional. La iniciativa propone que la Secretaría de Marina ejerza lo que denominan la administración marítima mexicana, argumentando que al asumir funciones que correspondían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evitaría confusiones y vacíos de autoridad ante la comunidad marítima nacional e internacional. Ese argumento es un engaño, la iniciativa carece de motivación y justificación adecuadas, que permitan emprender la necesidad de realizar los cambios propuestos. Basta con leer el dictamen para ver claramente que lo que se pretende es ocupar militarmente los puestos. Es fácil entender que esto es como muchas otras aberraciones que se han aprobado, una instrucción de los Estados Unidos de Norteamérica, para garantizar sus inversiones y el manejo de sus negocios en nuestro país. De aprobarse esta reforma, la Secretaría de Marina será la responsable de entre otras funciones otorgar los permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico, abanderar y matricular las embarcaciones, administrar los registros nacionales de la gente del mar y de embarcaciones, inspeccionar y certificar a las embarcaciones mexicanas y extranjeras, cumplir con los tratados y leyes en materia de seguridad y protección marina y portuaria, imponer sanciones por infracciones, así como nombrar y remover a los capitanes de puerto. Otorgarle estas atribuciones a la Secretaría de Marina equivaldría a otorgarle a la Fuerza Aérea Mexicana el control de los aeropuertos del país. Por otra parte, de aprobarse esta iniciativa, al menos mil 500 integrantes de la Marina Mercante serían desplazados por las fuerzas militares, ejercerían sus funciones. No se debe perder de vista que al menos 12 organizaciones que integran el cuerpo consultivo marítimo mercante ha externado su rechazo a estas medidas. –Termino–. Estamos claros que en un Estado democrático de derecho las autoridades civiles coadyuvan con las autoridades militares. Las modificaciones propuestas plantean lo contrario, que las autoridades civiles queden bajo el control y el arbitrio de las autoridades militares, siendo entonces claro que la participación de fuerzas militares en acciones de decisión y determinación de libertades civiles...