EL DIP. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ: Señor Presidente. Compañeros diputados: Estando de acuerdo en la necesidad de la reactivación del crédito y de la baja de intereses, me opongo rotundamente a título personal, a esta reforma. Y las razones son simples: Primera razón, las verdades a medias siempre son mentira y ésta es una verdad a medias. No es cierto que los intereses sigan la suerte en cuanto a la subida o la bajada de la facilidad en la cobranza del crédito. Los intereses siguen otros problemas, siguen a la macroeconomía y a los errores de diciembre y eso provocó problemas serios, la cultura de no pago no es cierto que exista, existió la imposibilidad de pago dado a los problemas concretos que existían provocados por la macroeconomía y por la inflación galopante que padecimos. Desde el punto de vista económico, no funciona. Y desde el punto de vista jurídico, muchos menos. En mi concepto puede llegar a violar los artículos 14, 17 y 121 fracción II de la Constitución de la República. El 14, tan simple porque sin necesidad de ser escuchados y vencidos en juicio, la banca puede hacerse justicia por su propia mano y de entrada viola el 17. El 121 fracción II, porque al eliminar la necesidad de que el fideicomiso se haga en escritura pública, hoy lo podríamos hacer, si aprobamos estas reformas en una escritura privada, nos estamos metiendo con el sistema jurisdiccional que tenemos en México. Recordemos que el 121 fracción II, deja a los estados la posibilidad de legislar, no sólo la posibilidad, sino la realidad de legislar en materia de transmisiones patrimoniales. Por esa razón, resulta absurdo que la Federación invada las esferas de los estados. Por muchas razones a más y les voy a decir qué. Acuérdense en nuestro sistema de competencias, la Federación sólo puede hacer lo que la Constitución le dice, los municipios también pueden hacer sólo lo que la Constitución les dice, pero no es cierto en el caso de los estados, en los estados dicen, todo lo no reservado a la Federación y todo lo no reservado a los municipios, le corresponde a los estados y es el caso que aquí hay disposición expresa del 121 fracción II y lo manda a las Legislaturas de los Estados. Cómo, pues, nosotros, esta soberanía, conociendo la Constitución o debiéndola conocer, que no nos vaya a suceder lo que aquella encuesta que nuestros amigos de la prensa hicieron en la Legislatura pasada, que preguntaban: cuántos artículos tenía la Constitución, a los señores diputados que implementaron la reforma anterior, la del año 2000, de marzo del año 2000, ni siquiera sabían el número de artículos que tenía la Constitución. No nos vaya a suceder eso. Ahora bien, yo estoy de acuerdo que debemos de agilizar los trámites, pero hagámoslo en las leyes procesales correspondiente, hagamos a lo mejor un juicio sumarísimo en donde escuchado al acreedor y al deudor, puedan tomar una determinación concreta. Cuando en la Legislatura pasada confundieron la figura del fideicomisario con la fiduciaria, se agrava esta situación, por una razón: ¿quién va a instruir a la fiduciaria, que es el mismo, de que el fideicomitente no cumplió con el crédito, quién? ¡Pues yo mismo!, dado que está confundido la figura del fideicomisario y del fideicomitente y la fiduciaria que debería ser fiel en la balanza, en el fideicomiso o las reformas implementadas anteriormente y que continuamos ahora, nos dejan en manos del acreedor, en absoluto todo. Por último, para terminar, ¿qué diferencia tiene esta reforma con el pacto de retroventa prohibido por la ley, en donde los agiotistas de pueblo obligaban al que pedía un crédito, a escriturarle el inmueble en sus manos? ¿Qué diferencia en el fondo tenemos?, es exactamente lo mismo. Y en ese sentido, por favor, compañeros diputados, no institucionalizamos el agio. Muchas gracias. -