La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre: Con permiso de la Presidencia. El reto de recuperar la confianza de la gente en su gobierno no es menor. Y es algo que nos ocupa a todos, tanto al gobierno federal como a los gobiernos locales y municipales, pero también a los legisladores de este país y cada persona que participa en el servicio público. La corrupción es un fenómeno aislado, se sostiene de complejas redes de complicidad e impunidad que rebasan las leyes, que operan desde la ilegalidad y que muchas veces se sostiene usando esas propias leyes en beneficio personal. El problema no necesariamente está en la ley sino en la gente, en la integridad con la que nos conducimos tanto servidores públicos como las personas que interactúan con su gobierno. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad 20219-2024, elaborada por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, durante el sexenio que concluyó 8 de cada 10 personas consideró que en México se realizaron actos de corrupción. La mitad de los encuestados consideró que la corrupción aumentó y 1 de cada 10 señalaron que una autoridad les solicitó mordida. Estamos ante un problema severo. Y el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano asume de manera responsable y comprometida la necesidad de modificar esta realidad. Compartimos lo señalado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, que considera que esta ley se enfoca en problemáticas permanentes en las compras públicas, como el uso excesivo de la adjudicación directa, la discrecionalidad en la selección de contratistas y la participación de empresas riesgosas. Sin embargo, el desafío de la ley, así como lo señala el Instituto Mexicano para la Competitividad, está en su implementación. No nos equivoquemos ni suban a decir incongruencias los Grupos Parlamentarios del PAN y PRI, y también que asuma su responsabilidad la mayoría oficialista en esta Cámara. Es una realidad que la corrupción y la impunidad existen, han aumentado, y los que han gobernado este país en los últimos 18 años no han podido lo que prometieron, que es acabar con la impunidad y la corrupción. Y ahora estamos ante la gran oportunidad de que si esta ley es lo que va a eliminar la corrupción y la impunidad, pues bueno, aquí está el voto de Movimiento Ciudadano, en esta oposición y alternativa responsable y congruente que nos caracteriza. No vamos a regatear lo que sea necesario para eficientizar la actividad gubernamental. La creación de herramientas y mecanismos que se incorporan en el dictamen pretenden atender la problemática permanente en las compras públicas. Estamos de acuerdo en limitar el uso excesivo de la adjudicación directa al reducirlas al 20 %, así como regular la selección de contratistas y la participación de empresas riesgosas. La plataforma digital de contrataciones públicas, que sustituye a Compranet, por cierto, que se ha dicho que se eliminó, no, no se eliminó, solo se le cambió el nombre. La tienda digital del gobierno federal, el mecanismo de control para realizar compras consolidadas, la incorporación de cooperativas como proveedoras del Estado y los nuevos mecanismos de contratación, como los diálogos competitivos que, ojo, son figuras de contrataciones públicas, de productos y servicios de alta innovación que ya se utiliza en otras partes de mundo, como en Europa y América latina, requieren de un compromiso serio por parte del Poder Ejecutivo y de un escrutinio permanente del Poder Legislativo, del cual Movimiento Ciudadano estará muy atento. Porque estas innovaciones, si bien son buenas para tener una ley de avanzada, el resto no está en el papel, está en la implementación. Nuestro voto no es un cheque en blanco. Tenemos claridad de que el dictamen presenta retos y desafíos, como el del control y posesión del software de la nueva plataforma digital, la transición entre plataformas digitales del Compranet a la nueva plataforma digital, la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional para la ejecución y planeación de compras consolidadas, evitar el desabasto, establecer candados de seguridad en todos los procesos de adquisición, entre otras cosas. Todo ello evidenciará si la lucha contra la corrupción de parte del gobierno federal de Morena no es solamente un discurso. Deberá demostrar con hechos al hacerse esta reforma, que sí quiere acabar con la corrupción y la impunidad. Y con esto concluyo. Como he repetido tanto, la ley podrá tener mil candados, figuras que en su intención original esté el brindar mayor competitividad y obtener mejores precios para las contrataciones públicas, pero el desafío está en su implementación, en que la propia ley no se utilice como herramienta de corrupción, porque reformas van y vienen, discursos también, pero quienes han gobernado y gobiernan este país no han demostrado tener resultados suficientes para el combate a la corrupción y hasta el momento no hay responsables sancionados con todo el peso de la ley por robarle a la gente sus recursos públicos. Porque son de la gente, vienen de sus impuestos, de todo lo que le pagan al gobierno. Sin pretextos, esperaremos que cuando nos toque revisar la Cuenta Pública, entonces estemos viendo que estas reformas valieron la pena. Es cuanto.