El diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez: Acudo a esta alta tribuna para manifestar nuestra posición del grupo parlamentario de Acción Nacional, con relación a lo expuesto por el grupo parlamentario del Verde Ecologista, respecto al IV Informe de Gobierno del Presidente de la República. Primeramente debemos dejar claro que el Ejecutivo Federal ha sido respetuoso de la pluralidad política y de la vida interna de los partidos políticos. El Gobierno Federal no descalifica a las fuerzas políticas y sociales del país, aún minoritarias. Lejos de denostar a las minorías como era usual, escucha sus demandas y a través del dialogo intenta darle solución; lejos de una actitud autoritaria o excluyente el Gobierno Federal ha demostrado con creces y con hechos su convicción democrática y su afán inclusivo. No existe por parte del gobierno una actitud de persecución política contra individuos u organizaciones, como lo ha dicho el Verde, el día 1°. ¡Que quede claro¡, los actos de deshonestidad o de exhibicionismo por todos conocidos de parte de miembros de ciertos partidos políticos, no es responsabilidad ni es una consigna del Gobierno de la República. Que cada político y cada partido asuma con responsabilidad sus errores y sus faltas, sin pretender escudarse detrás de supuestos complots o eludir la rendición de cuentas que le corresponde ante la sociedad. Han quedado atrás los tiempos de un Poder Judicial de la Federación subordinado al Ejecutivo, la autonomía del Poder Judicial, hoy no está en duda. Tenemos a nivel federal un sistema de impartición de justicia independiente e imparcial; ¡ya no más jueces de consigna! En tal sentido, es una irresponsabilidad descalificar las decisiones de un poder, por el sólo hecho de que las determinaciones no le sean favorables ni puede alegarse intromisión a la vida de los partidos, cuando lo que se garantiza es una bien superior, como son los valores democráticos. Por ello, los estatutos de los partidos cuando violentan estos valores deben ser objeto de revisión judicial y la resoluciones del Tribunal Federal Electoral son definitivas, deben ser respetadas y obligatorias para las partes, aunque no satisfagan sus pretensiones. Así es la democracia y así es el Estado de derecho. Por lo que hace a los últimos comentarios expresados en esta tribuna, respecto a la situación de la seguridad en el país y los acuerdos adoptados después de la marcha multitudinaria y ciudadana, debemos señalar que el Gobierno de la República está comprometido con más y mejores resultados en seguridad pública. Que han sido detenidos 300 secuestradores y se han desarticulado más de 51 bandas. Pero esto no es suficiente, se recoge la exigencia de la sociedad por más y mejores resultados, por intensificar la lucha contra la corrupción dentro de las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia y no sólo se respeta la crítica ciudadana, sino se la incorpora a la sociedad en un decidido y firme combate a la impunidad y al crimen. A nosotros nos toca, compañeros legisladores, impulsar las reformas en materia de justicia y seguridad. Ningún otro grupo parlamentario ha propuesto una reforma integral como la que ha presentado el Ejecutivo de la República en materia de justicia y seguridad, una reforma de fondo, un replanteamiento total del sistema normativo en materia justicia y de seguridad pública, que nos daría una infraestructura para un más eficaz combate al crimen. Es nuestra responsabilidad aprobarlo, nadie más lo podrá hacer, es el tiempo de ver compañeros, por las reformas estructurales que el pueblo de México espera y demanda y que los legisladores y legisladoras de todos los partidos estamos por cumplir. La historia nos tomará cuentas, compañeros.