El diputado Ricardo David García Portilla: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Esta honorable Cámara de Diputados está cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido en la ley para aprobar este paquete económico. Sin duda, este primer esfuerzo reflejado en la Ley Federal de Derechos refleja que estamos cumpliendo en tiempo y forma. Debe quedar claro que no se aumentan o modifican impuestos vía la Ley Federal de Derechos por lo que no se viola el acuerdo de certidumbre tributaria. Cuando el acuerdo de certidumbre tributaria se refiere a no modificar la legislación está acotado a no proponer nuevos impuestos, a no aumentar las tasas de los impuestos existentes y no reducir o eliminar beneficios fiscales o exenciones existentes. La Comisión de Hacienda recibió a cámaras y representantes de diversas organizaciones sociales y organismos privados, ahí se definieron reformas que benefician sin duda al turismo, que benefician a la planta productiva de este país. Por ello las citadas reformas o adiciones a la ley principalmente se están promoviendo con el objeto de incorporar derechos por nuevos servicios o por servicios que no se venían cobrando y, segundo, simplificar el marco jurídico fiscal, derogar los cobros de algunos servicios que ya no se prestan y actualizar algunas cuotas de derechos ya establecidos, como los migratorios. En la propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos se establece el cobro de derechos por diversos servicios relacionados con la expedición de títulos de permisos para el tratamiento y refinación de petróleo, procesamiento de gas natural, así como por su prórroga, sesión y modificación a fin de reflejar en dicho ordenamiento el cobro por la prestación de estos nuevos servicios, derivado de la reforma constitucional en materia energética. Debe quedar claro que el no establecer el cobro de derechos por los citados servicios no quiere decir que la autoridad administrativa no esté facultada a otorgar o emitir los permisos asociados, ya que ello fue regulado en la reforma constitucional. Lo que sí perdería este país con el derecho propuesto es que el Estado dejara de recibir la retribución que refleja el costo que implica prestar estos servicios. La disminución del derecho que propone para la banda de 700 megahertz es fundamental para el país, esta banda es la que mayor cobertura le da al país, es la que menos costo tiene para implementar algo que es necesario en este país: acceso a Internet universal. Esto, en virtud del mandato específico que hay en la Constitución para el desarrollo de la Red Compartida. Esta propuesta de modelo busca que la contraprestación venga fundamentalmente con la obligación de cobertura y su infraestructura asociada, así la obligación es compensada precisamente con la responsabilidad de cobertura de al menos 85 por ciento del país a escuelas, a comunidades, a municipios que actualmente no tienen acceso a este servicio. Es cierto, también se adecua el marco jurídico en diversos aspectos, por ejemplo: En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales los derechos por la inspección y vigilancia de las Sofomes y centros cambiarios al no recibir beneficio alguno por esta vigilancia. Con ello se propone ajustar el monto de las cuotas referentes a los dictámenes técnicos de la CNBV, reduciendo un subsidio y eliminando un subsidio que actualmente tienen las Sofomes y los centros cambiarios. Así, este sector de la banca pagaría la cuota de 2015 más el 10 por ciento, con lo cual se aumentaría en promedio un 12 por ciento los servicios que se cobran por estos servicios que actualmente no tienen. Como ustedes saben, derivado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo, esto significa replantear el esquema de derechos que anteriormente correspondía a la Cofetel. Esto precisamente es lo que se está regulando, es lo que se está actualizando. Por ello también en materia minera se establecen cobros por el uso de los bienes de dominio público y éstos deben reflejar el grado de explotación de dichos bienes y no fijarse con base en los ingresos de las empresas, ya que para esto está la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por esto el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de la Ley Federal de Derechos. Muchas gracias.