El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso diputada presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados. Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución General de la República, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación bajo el tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS La Administración Pública tiene una función encaminada a definir desde el inicio del sexenio sus acciones gubernamentales fijando objetivos para la ejecución de los programas económicos y sociales. Esta función se denomina planeación, surgida de la necesidad de diseñar las estrategias para una debida atención a los requerimientos sociales, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación, promulgada el 5 de enero de 1983. La operatividad de la planeación se consolida a través de los comités estatales dedicados a trabajar para eliminar la práctica de políticas centralistas provocadas por la concentración urbana en el Distrito Federal y su zona metropolitana. La política de planeación nacional se funda en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fundamentos que rescatan la ideología de Juan Jacobo Rousseau, sobre el Acuerdo de Voluntades del gobierno con la población, denominado contrato social, con el fin de organizar los sectores de la sociedad y alentar su participación mediante la celebración de convenios coordinados con las entidades federativas y definir la ejecución de los programas que consoliden los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. La Ley de Planeación se compone de primicias básicas que encauzan las actividades del Presidente de la República para una adecuada participación democrática de los grupos sociales que coadyuvan con el Gobierno Federal a alcanzar sus metas, mediante la aplicación de los principios de temporalidad, obligatoriedad, publicidad, evaluación, rectificación y observación por el Congreso de la Unión. Ahora bien, conforme a lo establecido en los artículos 11, 18, 29 y 40 de la Ley de Planeación, es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con intervención a la Secretaría de Programación y Presupuesto, así como de la Secretaría de la Contraloría de la Federación, regular las políticas de desarrollo del país. Esta normatividad nos confronta a la realidad de la transformación de las instituciones de la Administración Pública Federal, porque luego de transcurridos 24 años, las normas de esos fundamentos se siguen dando vigencia a dependencias desaparecidas, lo cual no debe suceder porque existen dos decretos presidenciales de 1986 y de 2003, que transformaron y extinguieron las atribuciones de esas secretarías. Como es sabido, las facultades de la Secretaría de Programación y Presupuesto, son asumidas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de una subsecretaría del mismo nombre y la Secretaría de la Función Pública sustituyó a la Secretaría de la Contraloría de la Federación. Por ende, el texto de la Ley de Planeación confiere facultades a dependencias inexistentes. Esta situación es una irregularidad que propicia incertidumbre en la legalidad de las instituciones y genera discontinuidad en la aplicación de los artículos 11, 20, 31 fracción I y 37 fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, situación que debemos corregir con leyes congruentes con la realidad del México del siglo XXI. Para lograr la operatividad de los principios que rigen al Plan Nacional de Desarrollo contenidos en la Ley correspondiente, se deben ajustar sus normas a las nuevas potestades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública. Por ello, las disposiciones deben ser precisas con el régimen actual de la Administración Pública Federal a fin de otorgar a los gobernados la certeza jurídica de que los fines del Gobierno Federal serán cumplidos con una planeación acertada, orientada por las dependencias legitimadas e idóneas. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, para quedar como aparecen publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 27 del mes de octubre próximo pasado. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de noviembre del año 2005. Solicito de manera atenta y respetuosa diputada presidenta, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.