LA DIP. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Durante el Siglo XX la concentración poblacional y económica que dominaron los procesos de urbanización en nuestro país, provocaron que se modificara radicalmente el perfil de la nación mexicana, que trae fruto de preponderancia de lo rural al predominio de lo urbano. Para el año 2000, el Sistema Urbano Nacional se integraba por 121 ciudades donde residían 63.5 millones de personas, entre las cuales destacan las grandes ciudades metropolitanas como la ciudad de México con 18.3 millones de habitantes y 6 ciudades metropolitanas con más de un millón de habitantes y que en conjunto suman 11.62 millones de personas, como: Puebla, Tlaxcala, Guadalajara, Monterrey y la región de la Laguna. Esto muestra el altísimo nivel de concentración poblacional que existe en las grandes zonas metropolitanas, donde habita el 43.13 % de la población urbana nacional y se genera en las entidades donde se encuentran el 49.79 % del Producto Interno Bruto de la nación, es decir, casi la mitad de la riqueza que se produce en el país. También pone en evidencia la compleja dimensión del problema urbano en México y la urgente necesidad de buscar soluciones que atiendan de forma integral la problemática que enfrentan las ciudades de nuestro país, y particularmente de las grandes megalópolis, toda vez que la gestión y gobierno de las ciudades metropolitanas en México, ha estada limitada históricamente por un nivel que las concibe delimitadas y contenidas por fronteras jurídico-administrativas, dividas por muros artificiales que las separan y las tratan como si fueran mundos distintos; no obstante que comparte territorio, recursos naturales, problemas, oportunidades y retos. Lo anterior tiene su origen en que nuestro sistema jurídico-institucional ha evolucionado insuficientemente en el reconocimiento de una realidad que rebasa desde hace mucho tiempo las previsiones actuales de nuestro sistema federal. Al deficiente marco jurídico y la debilidad de los instrumentos de coordinación, habría que sumar la virtual desaparición de las políticas federales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y la ausencia de recursos para el financiamiento de proyectos y obras de dimensión metropolitana en las conurbaciones interestatales e intermunicipales. Por ello creemos que esta problemática debe motivar una reflexión que nos permite arribar a los acuerdos necesarios que posibiliten generar un nuevo esquema de gobierno y gestión de las ciudades metropolitanas, que cuente con la fuerza jurídica y financiera necesaria para actuar de forma integral y unificada frente a los grandes desafíos de las metrópolis. En este sentido, nos parece sumamente relevante que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, abierta la necesidad de modificar la legislación para constituir organismos de gobierno y administración de las zonas metropolitanas, de instancias de cooperación intermunicipal y la integración de sistema tributarios y recaudatorios coordinados intermunicipalmente. La iniciativa que hoy presentamos tiene por objeto generar una fuente segura y continua de financiamiento para las acciones y obras de naturaleza metropolitana, en las conurbaciones interestatales e intermunicipales de nuestro país. Para ello se propone la creación del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano en el ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que será regulado por la Ley de Coordinación Fiscal que constituye actualmente el instrumento jurídico más adecuado para asegurar la integración anual de una bolsa de recursos federales, específicamente orientada a financiar obras y acciones de naturaleza metropolitana. Este fondo de integrará anualmente por un monto de recursos equivalentes al 2.5% de la recaudación federal participable, es decir, de acuerdo a la recaudación federal estimada para el 2003, por alrededor de 22 mil 262 millones de pesos. Para garantizar el acceso de todas las ciudades conurbadas o en proceso de conurbación, el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano se dividirá en dos fondos: uno orientado a financiar obras y acciones en las ciudades medias o aglomeraciones urbanos con una población superior a 100 mil habitantes, y el otro, para apoyar la realización de obras en las zonas metropolitanas, con una población superior al millón de habitantes. Cada uno participará del 50% de los recursos totales; es decir, una cantidad equivalente al 1.25% de la recaudación federal participable, que de acuerdo a las estimaciones del 2003, significarían 11 mil 131 millones de pesos para cada uno de los fondos. Para la distribución de los recursos de ambos fondos, se proponen dos criterios básicos: la equidad y la proporcionalidad, con ello garantizamos que todas las ciudades cuenten, en primer lugar, con un piso igual de recursos, y en segundo lugar, reciban recursos en proporción directa a su peso poblacional. De esta manera, evitamos desequilibrios en la asignación de los recursos, que tienden a privilegiar a las ciudades grandes y consolidadas, en detrimento de los conglomerados urbanos en proceso de metropolización, que incluso mantienen una fragilidad financiera mayor que les dificulta destinar recursos fiscales propios para financiar estas acciones. Por ello se propone que el Fondo para el Desarrollo Metropolitano de las ciudades medias, el 40% se distribuya en partes iguales entre los ciudadanos con una población de entre 100 mil y un millón de habitantes y el restante 60% se realice en proporción directa a la población de cada ciudad. Así aseguramos una cantidad igual de recursos a las ciudades que se encuentran en el rango señalado y después, asignamos el 60% restante, de acuerdo a su peso poblacional que se encuentra estrechamente vinculado a la dimensión de sus necesidades. Al darle más peso a la proporcionalidad se evita castigar a las ciudades con una población que oscila entre los 500 mil y el millón de habitantes. En el caso del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, se propone utilizar los mismos criterios, pero se establece como porcentaje para distribuir conforme al criterio de equidad el 60% de los recursos de este fondo y el 40% se asignará en proporción directa a la población de cada zona metropolitana. Asimismo, la iniciativa refiere con claridad que los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a financiar acciones y obras de carácter metropolitano, vinculadas a la planeación y ordenación del territorio: infraestructura hidráulica, vialidades, transportes, seguridad pública y protección al ambiente. Para ello se proponen, como criterios básicos para la aprobación del financiamiento de obras o acciones, la integración y funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana, que establece el capítulo cuarto de la Ley General de Asentamientos Humanos, como forma para estimular el funcionamiento efectivo de estos instrumentos de concertación para la gestión de los asuntos de las ciudades. En el mismo sentido, se establece la obligación de que cada obra o proyecto que reciba financiamiento de este fondo, guarde estricta congruencia con los planes de desarrollo urbano de los municipios o del ordenamiento territorial de las zonas metropolitanas. Asimismo, se propone establecer como requisito ineludible la aportación de los gobiernos estatales y municipales para el financiamiento de las obras aprobadas, ya que ello multiplicará los recursos para atender de forma conjunta y concertada los problemas que comparten las conurbaciones. Esto será de acuerdo a las capacidades financieras de cada estado o municipio y para lo cual se fijarán criterios en las reglas de operación que emita la Secretaría de Desarrollo Social. También señala que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano se ejercerán a través de convenios, que suscribirán las entidades y municipios con la Secretaría de Desarrollo Social, para lo cual se establecen como criterios mínimos para los convenios la especificación de las obras o acciones a financiar, la aportación de las entidades o municipios y la congruencia con los planes de desarrollo urbano o metropolitano. Por lo anteriormente expuesto y por economía parlamentaria, le solicito que la iniciativa sea turnada de forma íntegra a la Comisión de Asuntos Metropolitanos y a la Comisión de Presupuesto y que sea publicada en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias. -