El diputado Alberto Amador Leal: Compañeras, compañeros diputados y senadores. La presente iniciativa tiene que ver con el tema del control parlamentario de los órganos de información e inteligencia para la seguridad nacional. Un análisis comparativo a nivel internacional de este tema del control institucional, perdón, el control legislativo, sobre estos órganos arroja que casi toda la legislación sobre el tema le da una importancia primordial al papel del Legislativo en este tema. Quiero destacar que en México el debate sobre el asunto que hoy someto a consideración de esta Asamblea ha sido confuso, estuvo vinculado mucho tiempo a las acciones no explícitas, en términos de ley, de los servicios de información e inteligencia que después fueron vinculados a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y, consecuentemente, fueron influidos por ese pernicioso fenómeno hasta llegar a un momento en que el Estado mexicano dejó de tener servicios de información de inteligencia civiles. Se preservaron desde luego los de naturaleza militar y es así que en 1991 se inicia un proceso de renovación, de modernización del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, al amparo de una definición amplia e integral del concepto de seguridad nacional, de su modernización operativa y de la selección y formación de cuadros profesionales cuyo desempeño ha trascendido la evolución de la propia institución. Sin embargo, es hasta 10 años después que logramos plasmar este proceso en términos legales, en términos de iniciativas de los legisladores. El 1 de agosto de 2001 el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, de la fracción parlamentaria del PRD, ante la LVIII Legislatura presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, Información y Organismos de Inteligencia; en la sesión del 8 de noviembre el diputado Omar Fayad, de la fracción parlamentaria del PRI presentó una iniciativa de reforma a los artículos 73 y 89, para dar facultades al Congreso en la materia. En la sesión del jueves 29 de noviembre el diputado César Augusto Santiago Ramírez presentó otra iniciativa de reforma a la Constitución y el 25 de abril el suscrito presentó una tercera iniciativa sobre el tema —hablo de la LVIII Legislatura—, es así que en la sesión del 26 de noviembre de ese mismo año y en la del 29 de abril de 2003 se dictaminaron y aprobaron las iniciativas de reforma constitucional, destacando la aprobación para que el Congreso esté en facultad de legislar en materia de seguridad nacional. En esa ocasión, en ese debate de la Cámara de Diputados, quiero informar a ustedes que su servidor expresó una opinión en contra, no porque estuviese en desacuerdo porque el Congreso tuviese facultades sobre la materia, sino justamente porque no se abordó el otro tema que tiene que ver con un control pleno del Congreso sobre estos servicios, que es el nombramiento de los responsables de los órganos de información e inteligencia. Mi compañero de partido, el diputado Omar Fayad, a nombre de la Comisión en ese momento, expresó que no estaba de acuerdo la Comisión con la propuesta que yo hice, pero que reconocía la propia Comisión que había más adelante que abordar este tema. Me parece que ese momento ha llegado, cuatro o cinco años después, o seis años después. El 30 de octubre de 2003, los senadores Enrique Jackson y Antonio García Torres, de la fracción parlamentaria del PRI, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Seguridad Nacional. Esa ley fue aprobada el 15 de abril de 2004 y turnada a la Cámara de Diputados, que le realizó modificaciones sustantivas. Los señores diputados hicieron un análisis riguroso y retorna con dichas modificaciones —que no viene al caso comentar en este momento— al Senado, quien aprueba y de acuerdo con el procedimiento legislativo regresa a la Cámara de Diputados; y hoy tenemos una Ley de Seguridad Nacional. El tema de fondo es que la propia Ley tiene limitaciones —insisto—, son varias limitaciones que tiene esta Ley, que debe ser sujeta a una revisión. Pero una de las más importantes se refiere —insisto—, a que el control legislativo sobre los servicios de información e inteligencia es incompleto. De hecho, la propia Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que tengo entendido ya fue instalada por ambas Cámaras, pasa casi inadvertida, no hay un debate sobre el tema. Y yo le soy honesto, no sé ni siquiera qué compañeros diputados o senadores son miembros de esta Comisión. Y por otro lado, esas funciones de la Comisión Bicameral que ameritan una revisión de la Ley, son limitadas en tanto que constriñan su competencia a aquella información que no esté reservada, es decir, a la información que puede tener cualquiera de nosotros o cualquier ciudadano en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y el otro tema —insisto— es el nombramiento de los funcionarios responsables de los órganos de información e inteligencia. La propia Ley refiere el perfil que debe tener el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional: La edad, que sea de origen mexicano, su probada experiencia, etcétera, etcétera. Pero no se extienden estos requisitos al resto de los servidores públicos. La propia Ley, por ejemplo, define que el Presidente de la República nombrará al secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional —o el Consejo Nacional de Seguridad Nacional— que anteriormente era el secretario técnico y hoy lo es el secretario de la Presidencia de la República o el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Por esa razón, la iniciativa que hoy dejo a su consideración, propone que en la propia Constitución se establezca como obligación o como una facultad del Senado o en su caso de la Comisión Permanente, que también los servidores públicos responsables de los órganos de información e inteligencia de las dependencias, entidades y organismos de la administración pública federal sean ratificados por el Congreso según proponemos establecer en la fracción II del artículo 76. Por último, agregamos un párrafo en el artículo 129, que pretende una definición más amplia del concepto de seguridad nacional, de modo que se trascienda la que ha quedado en la Constitución que se constriñe a las cuestiones propiamente policíacas o militares de la seguridad nacional, cuando la concepción moderna —todos lo sabemos— trasciende la cuestión meramente militar o policíaca. Por lo tanto, compañeras, compañeros legisladores, presento esta propuesta a su consideración bajo la reserva que en su momento habrá también que revisar y, en su caso, modificar la propia Ley de Seguridad Nacional. Muchas gracias.