EL C. DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados. Amigos que nos acompañan: Los suscritos diputados Beatriz Patricia Lorenzo Juárez y José Antonio Calderón, integrantes de la representación parlamentaria del Partido Alianza Social, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se presenta la propuesta alternativa a la nueva Hacienda Pública Distributiva presentada por el Ejecutivo Federal, bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS: El crecimiento económico nacional es, hoy día, lamentable y mientras se pronostican crecimientos futuros por parte del Gobierno Federal, las condiciones de vida de la población desmienten esos pronósticos a diario: quien ha perdido el empleo lo busca sin encontrarlo; el que ha desertado en la escuela en cualquier nivel por no poder solventar los gastos que asistir a la escuela implica; el que enferma o ha estado enfermo y no tiene ingreso suficiente para adquirir sus medicamentos y que sólo tiene la opción de comprarlos por no contar con seguridad social; y, la de millones de niños, jóvenes y ancianos que dependen de una persona que hoy no encuentra trabajo. Todos ellos, la mayor parte de la población mexicana, no pueden esperar el futuro, hoy se tiene que comer, hoy se está enfermo, hoy se necesitan ingresos. La sociedad mexicana decidió un cambio de gobierno porque estaba desilusionada del mañana y del después. Es natural, por otra parte, que un gobierno necesita recursos para solventar sus gastos, pero vistas y revisadas las iniciativas de ley con ponentes de la nueva Hacienda Pública, así como del estudio realizado por la diputación y asesores, militantes y demás personas que apoyaron, acodamos Alianza Social manifestar nuestra rotunda negativa para implementar una política fiscal recaudatoria restrictiva a la inversión y orientada a reducir aún más el pobre ingreso y bajo poder adquisitivo del salario actual. A nuestra consideración, la propuesta del Ejecutivo no va orientada al crecimiento de la paz impositiva ni a la protección y mejora de los niveles de vida de los mexicanos, más bien parece dirigida a implementar la política del Banco Mundial garantizando la liquidez necesaria que permita al gobierno cumplir en el futuro inmediato con el religioso pago de la voluminosa deuda pública interna internacionalizada y de la deuda externa pública, preocupaciones fundamentales del sector financiero mundial. Para resolver los grandes atrasos nacionales, es necesario solucionar los graves problemas que existen en materia fiscal. Sobre el particular, coincidimos con el Ejecutivo y con otros partidos en la urgencia de implementar un sistema tributario redituable donde la evasión fiscal no sea lo mayoritario; así como coincidimos con la ampliación de la base tributaria, la diferencia está en la aplicación de la reforma en lo referente al cuándo, al cómo y a las prioridades de la reforma fiscal. El pase está por una reforma a favor de México y no de la usura. Sobre estas bases señalamos que es importante mantener la estructura actual de tasas del IVA en educación, alimentos, medicinas y libros; la revisión de la tasa fronteriza del 6 y 10% para uniformizarla; la implementación de un régimen tributario justo, proporcional y equitativo como lo establece la Constitución. Es justo, proporcional y equitativo el principio fiscal que establece que:  quien más tiene, más debe pagar, por lo tanto se debe establecer un régimen tributario realmente justo y proporcional sobre los que más tienen y puedan gastar y no sobre los que no pueden gastar ni siquiera con el mínimo de la subsistencia humana. Es cierto que hay 40 millones de pobres de los cuales 25 millones están en extrema pobreza, pero nos preguntamos ¿cuántos mexicanos están desnutridos por no tener el ingreso necesario para tener acceso a los alimentos adecuados y estar debidamente nutridos? La argumentación teórica técnica de la Secretaría de Hacienda que está contenida en el documento distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles (¿), de ingreso de las familias, sostiene que existe una desigualdad en la distribución del ingreso, así como un gasto centralizado en los deciles que corresponden a las familias de mayores ingresos. En esencia, por medio de esos argumentos se sostiene que se deben de eliminar las exenciones y las tasas preferenciales en todos los productos básicos y similares que son consumidos por todos, porque las familias de mayores ingresos, al tener más dinero consumen más y dentro de ese mayor consumo se encuentran productos y servicios exentos y por lo tanto se ven más beneficiadas con las exenciones, mientras los que menos ingresos tienen no pueden gastar más allá de sus elementales requerimientos. Esta situación conforma una desigualdad y según la Secretaría de Hacienda debe ser resuelta eliminando las exenciones y haciendo que todos paguen impuestos por cualquier consumo útil o inútil, necesario o innecesario, proveniente de cualquier persona rica o pobre. Sosteniéndose en los resultados del mencionado estudio, la Secretaría de Hacienda afirma que una vez eliminadas las exenciones y tasas preferenciales de impuestos a las familias más pobres se les devolverá mensualmente lo que han pagado por IVA, más un copeteado. Según dichos cálculos, se devolvería una cantidad de 110 pesos, sin embargo este razonamiento propuesto por la Secretaría es más injusto que la misma propuesta en sí, porque se pretende convertir a los pobres de México en financiadores, dado que pagarán un dinero que supuestamente se les devolverá 30 días después. El Estado olvida así que a los pobres no les alcanza para comer, menos para financiar algo, simplemente por eso dejarán de comer, pero ocurre que este estrato de pobres no es el único que comerá menos, sino también el estrato de la clase media, cuyo salario es más bajo, según se deduce del propio estudio presentado por la propia Secretaría, porque según ellos, además de esos cinco millones de familias, hay otros 7.5 millones que no ahorran nada, es decir, gastan más de lo que reciben, a lo que hay que sumar otras cinco millones de familia que ahorran en promedio 380 pesos. Por lo que se ve, la propuesta del Ejecutivo es empobrecer a más de 15 millones de familias, de las 23.5 que existen en el país; para los pobres y para los que apenas les alcanza el salario, no hay retorno de IVA y mucho menos copeteado. Nuestra propuesta es que en vez de la pretendida devolución de un copeteado y del empobrecimiento de la clase media se haga un justo y real ajuste de las familias que tienen mayores ingresos y cuyos gastos son elevados, ese justo y real ajuste se haría tomando como base el mismo estudio de la Secretaría que hemos venido mencionando, donde también se consignan las aportaciones porcentuales a la recaudación total del IVA de dichas familias, a la inversa de la entrega copeteada y tomando como base la Constitución y los principios que deben estar contenidos en el diseño y aplicación de un impuesto se debería hacer un cobro justo extra por pago del IVA exento a las familias de mayores ingresos, cobro cuyo cálculo bien podría salir del mismo estudio elaborado por la Secretaría. De manera enunciativa, ya que anexo a este documento presentamos nuestra propuesta detallada, mencionamos las siguientes alternativas: Se deben revisar los regímenes fiscales preferentes de forma tal que las empresas multinacionales no sigan practicando la elusión. Que en el caso del régimen fiscal para la micro, pequeña y mediana empresa, se mejore para lograr la generación de empleos. Nos pronunciamos también por preservar la exención en las prestaciones de prestación social y por la creación de un programa de emergencia de creación de empleos. Nuestra propuesta aparte de preferenciar el gravamen sobre el ingreso y no sobre el consumo, toda vez que esto es más equitativo y proporcional. Pero en particular una preocupación que hicimos explícita en esta misma tribuna en diciembre del año 2000, radica en que los movimientos de los capitales especulativos están exentos de impuestos en función de sus volúmenes, por lo que proponemos se graven dichos movimientos usureros. Por último, es un hecho que la nueva hacienda pública debe ser analizada, debatida y en su caso aprobada, pero esto último debe responder a un diálogo respetuoso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y que no olvidemos, representamos al pueblo de México, depositario original de la soberanía nacional. Por ello, la búsqueda de lo mejor para la nación debe anteponer a todo interés particular o de partido el interés de la nación. Legislemos para dar a México un presente y un futuro mejor, ya que esa es nuestra obligación y al mismo tiempo nuestro privilegio. Por lo anterior, los suscritos diputados del Partido Alianza Social sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente propuesta fiscal alternativa a la iniciativa del Poder Ejecutivo, denominada nueva hacienda pública, mediante el siguiente punto de acuerdo. Primero. Que se mantenga la estructura actual de tasas del IVA; evitando imponer este ruinoso impuesto a los alimentos, medicinas, libros y educación. Segundo. Se turne a las Comisiones de Presupuesto, Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Publico, el presente punto de acuerdo, junto con el documento detallado anexo en el que se incluye la propuesta alternativa integral del Partido Alianza Social. Firman este punto de acuerdo, el diputado Arturo Magallanes, del PRD; el diputado José Manuel del Río, de Convergencia, el diputado Juan Carlos Reyes Adame, del PT, los suscritos diputados Beatriz Lorenzo y su servidor, José Antonio Calderón, así como aproximadamente 20 mil ciudadanos mexicanos jefes de familia y aportadores del gasto público, que están en contra con esta medida recaudatoria. Haremos entrega a la secretaría de la documentación y de las firmas. Muchas gracias.