La diputada Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la regulación de las manifestaciones en la ciudad de México, es un tema que ha estado en la agenda pública por mucho tiempo, sin embargo no ha recibido un trato adecuado ni una respuesta favorable. Mediante marchas, plantones y bloqueos, los ciudadanos han visto afectados sus bienes, derechos y libertades en múltiples ocasiones, sufriendo afectaciones tan variadas o pérdidas económicas en los comercios, retrasos en la entrada a sus centros de trabajo, daños en propiedades públicas y privadas, elevados índices de contaminación y en múltiples ocasiones, alteración del orden público. En otras palabras, la desidia de las autoridades locales en afrontar este problema, no sólo ha mermado la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal, sino también de millones de personas que ingresan diariamente a la capital por cuestiones culturales, deportivas o de trabajo. De 2002 a la fecha se ha registrado un aumento significativo en el número de movilizaciones que se reportan cada día en la ciudad. Tan sólo en el periodo del año 2006 al 2008, se triplicó el número de concentraciones en las vías públicas pasando de mil 148 manifestaciones anuales, a poco más de 3 mil, lo que equivale a un promedio de nueve concentraciones diarias, tendencia que también se conservó el año pasado. Además de las molestias causadas a los transeúntes, las movilizaciones tienen un gran impacto negativo en la economía de la capital, ya que las pérdidas económicas oscilan entre los 320 y los 950 millones de pesos al día, según datos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. La problemática esbozada evidencia la necesidad de aprobar la presente iniciativa, cuyo objetivo es reglamentar las manifestaciones públicas en el marco de las limitaciones que nuestra propia Constitución y las normas internacionales de derechos humanos imponen el ejercicio de las libertades de expresión y de asociación. El objetivo no es sancionar ni mucho menos impedir la libertad de reunión o expresión, sino evitar que se causen perjuicios a los ciudadanos cautivos como consecuencia del abuso de esos derechos, abusos que en ocasiones se traducen en el bloqueo de vialidades primarias y en otras, en el uso de la violencia o amenazas para presionar e incluso intimidar a las autoridades, a fin de que resuelvan los asuntos en el sentido deseado. Las marchas pueden y deben ser reguladas desde esta soberanía. El artículo 122 de nuestra Constitución no sólo faculta al Congreso de la Unión a legislar en lo relativo al Distrito Federal en aquellas materias que no están expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa como es el caso de las manifestaciones públicas. También le faculta a dictar las disposiciones generales que aseguren el debido oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la unión, los cuales tienen su asiento en la capital y, por tanto, en incontables ocasiones ven obstruidas sus funciones por el caos que ocasionan las concentraciones en las principales avenidas y hasta en la entrada misma de las oficinas gubernamentales. La regulación del ejercicio a los derechos de manifestación y reunión no es incompatible con la democracia; por el contrario, permitirá la expresión de las ideas, peticiones e inconformidades en un marco de respeto a los derechos de terceros, velando en todo momento por la integridad de los propios manifestantes. Con esta ley también se evitará, de manera muy importante, que las autoridades locales continúen brindando un trato diferenciado a los ciudadanos, ya que en algunas ocasiones utilizan la fuerza pública para dispersar a los manifestantes o para impedir su concentración, mientras que en otras, dependiendo si están a favor de sus causas, consienten la obstrucción permanente de los espacios públicos. Señores legisladores: el pacto internacional de los derechos civiles y políticos señala que el ejercicio de las libertades de expresión y de reunión entraña deberes y responsabilidades especiales. Es momento que esta asamblea escuche las demandas ciudadanas y señale claramente estos deberes, procurando en todo momento el bienestar social y el respeto a los derechos humanos. Señor presidente, le solicito atentamente que esta iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, por favor.