El diputado Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señor presidente. El objeto de esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 y se adiciona el numeral 3, del artículo 302, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, es impedir que se destruyan las boletas electorales en un plazo menor a 12 años después de una elección presidencial y para establecer que se reserven como información pública; para establecer que sean información pública con acceso a la ciudadanía. El propósito de esa propuesta es que las boletas electorales sean un material accesible a la ciudadanía. Tiene que ver con la historia que hemos vivido. Se trata de garantizar que los ciudadanos puedan conocer directamente las actas y boletas electorales durante el lapso señalado. Nuestra historia nos obliga a hacer un planteamiento de esta naturaleza, pues en los últimos 24 años los mexicanos hemos padecido tres grandes fraudes electorales en las elecciones presidenciales. En la elección de 1988; en la elección de 2006 y en la elección de 2012. La oscuridad, tanto en el cómputo como en la disposición de la información electoral, ha jugado un papel fundamental para hacer posibles dichos fraudes. En la elección de 1988, como sabemos, se guardó el material electoral debajo de esta Cámara de Diputados. Ahí se mantuvo hasta que en 1992, por instrucciones de Carlos Salinas de Gortari, se promovió la quema de los paquetes electorales de 1988 y se defendió en esta misma tribuna por Diego Fernández de Cevallos, dicha quema de paquetes electorales. Esta quema de paquetes electorales fue muy significativa, pues se trataba de ocultar la evidencia de lo que realmente ocurrió en las elecciones de 1988, en las cuales hemos señalado no triunfó el licenciado Carlos Salinas de Gortari, sino el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Años después, en la elección del 2006, ocurrió un proceso parecido. Nunca se tuvo certeza del cómputo electoral realizado por el Instituto Federal Electoral, ya que no tuvo una secuencia lógica y no se permitió el conteo voto por voto y casilla por casilla que exigía la gente y que hubiera podido transparentar la elección y obviamente resolver el conflicto político, que se trasladó a lo largo de todo el sexenio. Hemos señalado desde entonces que las pruebas de las diferencias entre las actas electorales de instalación y de escrutinio señalan una diferencia de votos de hasta un millón y medio. Incluso el investigador José Antonio Crespo señaló esta misma evidencia al documentar en un libro que en efecto las actas mostraban una diferencia de inconsistencias de un millón y medio de votos. Por eso nosotros señalamos, y lo hemos dicho a lo largo de estos años y lo reiteramos hoy, que las elecciones del 2006 no fueron ganadas por Felipe Calderón Hinojosa, sino por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En la elección de 2012 tampoco se tuvo certeza del conteo de casillas y sólo fue aprobado el recuento de menos de la mitad de casillas solicitadas por el Movimiento Progresista, principal impugnador del proceso electoral. No obstante ello, recientemente las autoridades electorales han promovido la trituración nuevamente de los paquetes electorales, en este caso de los paquetes electorales del 2006 e incluso, de una vez, de los paquetes electorales del 2012. Esto es muy grave porque ocurre precisamente cuando estamos hablando de democracia y de transparencia en muchos ámbitos de la sociedad, y las boletas electorales y la documentación relativa al escrutinio y cómputo de las elecciones presidenciales, en congruencia con esa transparencia, deben mantenerse disponibles por lo menos mientras subsisten dudas de la elección y obviamente en tanto se encuentran impugnados los procesos electorales ante alguna instancia jurisdiccional. Vale la pena señalar en ese sentido que los procedimientos internacionales llevan años para desahogarse, como el que se interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente aún en trámite respecto a la elección presidencial del 2006. Eso quiere decir que aún no concluye el proceso de revisión de las elecciones presidenciales del 2006 en un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya se pretende destruir las boletas electorales. Concluyo, señor presidente. Ahora que se habla mucho de transparencia electoral, ahora que se habla mucho de transparencia pública, ahora que se habla, incluso, mucho de transparencia en los sindicatos con la cual estamos de acuerdo, nos parece fundamental que haya congruencia y que también haya transparencia electoral. Si las actas electorales son un instrumento que es visible para la ciudadanía, las boletas electorales lo deben ser también. Por tanto, recuerdo que ya la revista Proceso había solicitado como información accesible a la ciudadanía, el conjunto de las boletas electorales de la elección del 2006, lo cual se rechazó, pues se reservó dicha información. ¿Cómo puede estar reservada la información que corresponde a una elección presidencial? Por tanto, proponemos...