EL C. DIP. RAMON GALINDO NORIEGA: No voy a leer toda la iniciativa por su extensión, solamente haré algunos comentarios relativos y le pido al Presidente que sea publicada íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates. Honorables diputados y diputadas. Insisto, los municipios son la base del ordenamiento y del desarrollo y todo lo que se pretenda lograr desde fuera de ellos resultará menos eficiente, o sea con menores resultados y aprecios más altos. Buena parte de las respuestas que este país espera no se encuentran exclusivamente en los grandes núcleos públicos, ni se encuentran necesariamente en las grandes instituciones políticas sino se encuentran principalísimamente en poblados y en ciudades pequeñas. Para efectos prácticos, no existe vida federal ni existe vida en los Estados; la vida se da como convivencia cotidiana entre seres humanos, en las localidades. Las respuestas que México requiere están en la voluntad personal de más de cien millones de ciudadanos que viven en municipios, están en el coraje individual y en el cariño por la tierra y por las familias. Las respuestas se encuentran en la iniciativa personal de los habitantes de Fresnillo, Zacatecas; en la inventiva local de la gente de Tehuacán, Puebla; en la creatividad de los habitantes de Quiroga, Michoacán; en la pasión y en la fe de los ciudadanos de San Luis Potosí. Una vez que hemos avanzado en el reconocimiento del poder electoral de los mexicanos, ahora debemos regresarles también el poder para decidir integralmente sobre su futuro y su estilo de vida; debemos devolverle el poder a la gente por una razón muy sencilla: no podemos, quienes vivimos fuera de Nacozari, Sonora, tener más interés en ése lugar que la gente que vive en ése histórico y hermoso municipio minero. Los municipios que por alguna razón se encuentran muy atrasados, con muy bajo nivel de empleo, con pocas inversiones y con bajo nivel en la calidad de los servicios, generalmente dependen en más de un 80% de las participaciones federales y se consideran municipios muy humildes. Sin embargo, cuando uno de estos municipios y cada vez son más en el país, se atreve a realizar un esfuerzo extraordinario para incrementar el tamaño de su economía y para ello invierte en infraestructura, promueve nuevas inversiones y con ello genera más empleos; entonces se enfrenta a otros problemas mucho mayores; se incrementa el número de habitantes a atender, se incrementa el circulante en manos privadas, pero no se incrementa el gasto público per cápita. Al contar los municipios con menos recursos per cápita, entonces sus problemas se convierten en la existencia de una mayor población y un espacio más extenso que atender, un sector comercial e industrial que exige mayor vigilancia y un mayor nivel de delincuencia, ante la incapacidad de equipar a la policía local y es que, los municipios donde se incrementa la derrama económica no sólo atraen a gente trabajadora, sino también a criminales y delincuentes que prefieren delinquir donde hay dinero y vida comercial, que donde no la hay. Mientras no modifiquemos este modelo de federalismo, tendremos como consecuencia que los municipios pobres, seguirán siendo pobres y los municipios considerados como ricos, también seguirán siendo pobres. Repito, existen colonias en municipios considerados como pudientes, como Monterrey, Tijuana, Guadalajara y sin duda, la ciudad de México, en donde la gente vive en peores condiciones que muchos lugares de estados considerados pobres, como Oaxaca o el estado de Chiapas. En materia de seguridad pública no sólo los municipios pequeños son víctimas de los delincuentes organizados, sino también en los grandes, como Juárez, como Torreón, como Naucalpan o Puebla, la verdad es, que la delincuencia organizada supera las fuerzas de seguridad pública locales en todo, en recursos económicos, en equipo de operación, en capacitación de personal y sobre todo, en armamento. Enviar a nuestros cuerpos de policía local a enfrentar al narco y a otras bandas de delincuentes en las actuales condiciones, es enviarlos al suicidio o a la corrupción. El Constituyente en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció una restricción para que las armas destinadas para las fuerzas armadas, no fueran usadas por particulares. En la actualidad tal disposición está totalmente divorciada de la realidad, pues existen muchos particulares que ilegalmente poseen este tipo de armamentos, sin embargo, los cuerpos de seguridad pública constitucionalmente no pueden portar el equipo en mención, razón por la cual el propósito de la presente iniciativa es precisamente, eliminar esta limitante constitucional para que los cuerpos de seguridad pública en las localidades, puedan portar algunas de las armas reservadas para las fuerzas armadas. Decía César Lambroso, Marqués de Becaria en el siglo XVIII, "...falsa idea de utilidad es la que sacrifica miles de ventajas reales por un inconveniente imaginario o de poca importancia, la que quitaría a los hombres el fuego porque incendia y el agua, porque anega". Las leyes que prohíben llevar armas, son leyes de esta naturaleza, sólo desarman a los inclinados o no decididos a delinquir; estas leyes empeoran la condición de los asaltados, mejorando la de los asaltadores, no disminuyen los homicidios, sino que los aumentan, porque es mayor la confianza al asaltar a hombres desarmados que a los desarmados. Sin embargo, ni siquiera estamos hablando aquí de los ciudadanos en general; estamos hablando de los cuerpos de seguridad pública que tienen la responsabilidad de brindarnos protección. No lo pueden hacer en estas condiciones y los delincuentes lo saben y sin que sea la única variable que genera protección eficaz, sí es una que determina la decisión del criminal a enfrentar a la policía sin ningún miramiento. Por todo lo anterior y a nombre de la diputación de Acción Nacional y seguramente en coincidencia con muchos de ustedes, damas y caballeros, someto a la consideración de esta soberanía, el presente decreto. Se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera: "Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y cuerpos de seguridad pública. La Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes a la portación". Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, abril 13 de 2004. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.