El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Compañero presidente, gracias. Compañeras y compañeros. En esta sesión burocrática de rutina, para evitar un juicio partidista sobre el desempeño del gobierno en materia de política interior, me voy a remitir a los principales indicadores internacionales relacionados con la materia. No abordaré todos por razones de tiempo, pero sí citaré los más importantes. Ello nos informará que en materia de política interior, como en muchos temas, el país no va por el camino correcto. Vean ustedes. Todos son indicadores internacionales no son indicadores de Morena. Son indicadores de organismos altamente reconocidos en la materia. Por ejemplo, el Índice de Paz Global 2014, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz, ubica a México en el lugar 138 de 162 países, por debajo de Ruanda, Myanmar, Libia, Irán y Burundi. Lo más grave es que en 2013 teníamos el ya pésimo lugar 133 y ahora en 2014 bajamos cuatro lugares, al 138. El Índice de Democracia, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, ubica a México en el lugar número 59 de 167 países, fíjense ustedes, por debajo de Moldavia, Colombia, Jamaica, El Salvador y Ecuador. Nuevamente lo más grave es que en el último año nuestro país cayó seis lugares en materia de democracia, según este indicador. El Índice de Libertad de Prensa se mantiene en niveles equivalentes a los de países en guerra civil. Según Reporteros sin frontera, nuestro país se ubica en el lugar 152 de 180 países evaluados. Según este mismo estudio, la situación de peligro y violencia que vive el periodismo en México, es más grave que en naciones como: Congo, Etiopía, Burundi, Libia y Palestina, por citar sólo algunos de ellos. Según el indicador de Freedom house, que evalúa el grado libertades políticas y cívicas, México obtuvo en 2014 calificación de parcialmente libre. Aquí nuevamente es que en 2010 ya habíamos alcanzado el nivel de país libre, y a partir de 2011 es nuevamente calificado como país parcialmente libre. Por otro lado indicadores de 2014 sobre cultura, política y participación ciudadana del Peur Resort Center, la ciudadanía mexicana considera que los políticos corruptos son un problema más grave que la contaminación y el narcotráfico. Por otro lado las recientes y numerosas contingencias ambientales y humanitarias, han puesto en evidencia que en materia de protección civil queda aún mucho por mejorar. La Secretaría de Gobernación ha estado ausente en la atención de las consecuencias del irresponsable y criminal derrame de la mina de Grupo México en el río Sonora, de la contaminación de cianuro de otra cuenca hidrológica en Durango y de la contaminación de agua por hidrocarburos en Nuevo León. El elemento común a todas estas tragedias, además de la negligencia de los organismos reguladores ambientales, es la presencia discretísima y extemporánea de las autoridades federales de protección civil. El tema fundamental en materia de política interior, es el de seguridad pública, y es aquí precisamente donde este gobierno ha buscado equiparar el silencio comprado de los medios de comunicación con la solución del problema. El presidente Peña Nieto acudió al Foro de Davos, en enero de 2013 a declarar una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país. Estimó esta baja en el 30 por ciento. Mientras él declaraba esto, los medios nacionales e internacionales informaban de un aumento de 35 por ciento en los secuestros respecto a 2012, además de un repunte en las extorsiones. Estos dos últimos datos, según análisis de The Economist. 59 mil 899 homicidios dolosos y culposos ocurridos durante los primeros 20 meses del gobierno del presidente Peña Nieto hablan de la situación en el país, y fíjense ustedes que contrastan con los 43 mil 694 en los primeros 20 meses del sexenio de Calderón. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informa que 11 entidades registran grupos armados de autodefensas. El desplazamiento forzado es ya una realidad en nuestro país por razones de violencia. El Internal Displacement Monitoring Center calcula que sólo el año pasado 115 personas se vieron obligadas a dejar sus viviendas por razones de violencia. Esa es la realidad del estado que guarda la política interior en este último año. Según los indicadores citados, en el informe presidencial presentado a esta Cámara no hay prácticamente ningún dato fiable en materia de política interior. Desde el escenario hecho a modo en el que el presidente Peña Nieto presentó su informe el pasado 2 de septiembre se nos dice que las reformas de estos dos últimos años traerán prosperidad y bienestar, que el hambre va quedando en el pasado, que ya no hay criminalidad ni violencia desatadas, que la economía está en ascenso y que la educación se ha modernizado, etcétera, etcétera, etcétera. La nube rosada en la que este gobierno habita está muy lejos de las tribulaciones diarias de la gran mayoría de los mexicanos, muy lejos del apuro de millones por sobrevivir cotidianamente, de las consecuencias terribles de la violencia y de la inexistencia de estado de derecho en más de la mitad del territorio nacional, de la atroz impunidad para quienes desde el poder se mantienen por la corrupción y del cinismo de los gobernantes de todos los signos políticos que siguen aferrados a insultantes privilegios en este mar de miseria en el que se ha convertido el país. Las muertes, la espeluznante violencia, la extorsión, los desaparecidos, las violaciones a los derechos humanos, los capos que entran y los capos que salen de la cárcel, la ebullición de las autodefensas en cada vez más territorios, todo sigue ahí como el incómodo testigo de que la diferencia entre la guerra calderonista y la paz del presidente Peña Nieto es sólo retórica. Sigue prevaleciendo un modelo que consigue la seguridad como un asunto policiaco. Existe desconfianza y recelo ante la actividad política. De hecho, la degradación de la política y de los políticos es hoy una de las realidades más preocupantes. La distancia entre gobierno y ciudadanos ha crecido. Es evidente el deterioro del ambiente político. Mientras que en la calle se criminaliza la protesta social, la impunidad, es el santo y seña de los poderosos. Todas las instituciones públicas han tenido una merma importante en su credibilidad en el transcurso de este último año de gobierno, no pocos analistas consideran de tal magnitud esta falta, pérdida de credibilidad que expresan que puede resultar, incluso, irreversible. Pero la más grave de todas ellas la padece este Congreso, gracias al penoso alcahuetismo de la mayoría ante el señor presidente. Amigas y amigos, la debilidad interior del país está en la forma obsoleta de entender la política, esa forma en la que se realza el apoyo al presidente como un valor patriótico y se sataniza el disenso como una irresponsabilidad con el país. En este gobierno se ha reposicionado una vez más a la presidencia de la República como eje del sistema político de una manera anacrónica y autoritaria que no corresponde con la demanda por espacios de participación y equilibrio entre poderes. El manoseo abierto o encubierto de todos los posibles contrapesos al poder presidencial léase el Congreso, el IFAI, el IFE, Trife y demás instituciones de esa naturaleza, se ha traducido en un deterioro de la situación política nacional. En lo que va de esta legislatura, el Congreso no ha sido ni contrapeso ni representante de las diferentes visiones del país, mucho menos el espacio deliberativo que está llamado a ser. Por el contrario, la voz de los legisladores no ha sido sino el eco de la voz del Ejecutivo. Ése es el saldo del gobierno que hoy informa sobre su segundo año de ejercicio, un gobierno de apariencias mediáticas y con resultados tan limitados que se acercan peligrosamente a la nulidad, y dada la distancia entre la visión oficial, concluyo señalando que nunca antes habíamos vivido una etapa de contradicciones tales entre la realidad y la fantasía oficial como la que vivimos hoy en día, que bien podríamos calificarla como un sexenio de esquizofrenia gubernamental. Gracias a todos por su atención. Presidente, gracias.