El diputado Rafael Hernández Soriano: Enviamos desde esta tribuna un reconocimiento al colectivo, Medios libres, por enmendar la plana del Congreso en esta grave omisión legislativa. Con la venia de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del PRD rechaza enérgicamente el contenido del presente dictamen, así como el proceso de elaboración por la Comisión de Gobernación de esta Cámara para expedir lo que hoy llaman Ley de Comunicación Social. En primer término, expresamos nuestro voto en contra debido a que no cumple con el mandato judicial recientemente recibido por la misma. En segundo término, porque no aporta nada a la relación perversa que se encuentra establecida entre los medios de comunicación y la Secretaría de Gobernación. Celebramos que hoy bancadas, grupos parlamentarios como Morena, esté rectificando porque en la Comisión de Gobernación votaron a favor la propuesta del PRI, que a todas luces representa un desacato, un desaseo, una falta de respeto a las reglas de procesamiento legislativo que se deben seguir en esta Cámara. La Suprema Corte mandató a que se modificara el estatus quo en materia de medios de comunicación, mandató a que se siguieran principios fundamentales en esta tarea, como eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. La Suprema Corte señaló, es de lo que carece el sistema actual, y lo que nos están presentando el día de hoy es una copia de lo que ya existe como lineamientos en materia de comunicación social y que emite la Secretaría de Gobernación, que está vigente. Lo que presentaron también en la sesión de la Comisión de Gobernación fue una calca d de la propuesta del PRI, Nueva Alianza, del Verde y que coincidió Morena en aquél momento con esta misma. Es decir, desacataron total y absolutamente el mandato de la Suprema Corte de Justicia. Gracias al PRI, el Congreso de la Unión ha estado en falta constitucional desde el 2007. Gracias al PRI hoy seguimos en falta respecto al mandato del 2014, hoy tampoco se va a cumplir como determina la sentencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el presente dictamen se dejan de resolver varios temas, ya algunos fueron señalados. Me referiré a otros que consideramos relevantes. Primero, la autonomía que debe tener el órgano regulador no se resuelve dándole más facultades a Gobernación, quien se encargaría de planificar, de ejecutar y de supervisarse a sí mismo, faltando al principio de economía, al principio de autonomía. Debe de crearse en su momento un órgano diferente, un instituto que cumpla con las condiciones de imparcialidad y profesionalismo adecuados. El dictamen que nos presentan tampoco determina un límite claro y contundente al monto de los recursos públicos que se destinen a la propaganda gubernamental, mantiene la discrecionalidad no solamente para su manejo, asignación, sino también para su reasignación, incremento o decremento y queda solamente la facultad discrecional de Segob y también de la Secretaría de Hacienda. Es decir, reproduce el esquema actual. No se reconoce tampoco en este dictamen el criterio de paridad en el uso de los tiempos oficiales del Estado, seguirá siendo el propio Ejecutivo federal quien lo regule. Es decir, seguirá siendo juez y parte. No se establecen criterios tampoco en este dictamen, para los criterios de adjudicación de los contratos de publicidad, lo que deja la posibilidad de que se sigan contratando de manera discrecional y en una profunda opacidad. Se ha señalado, compañeras y compañeros, por la presidenta de la Comisión de Gobernación hace unos minutos, que está ella proponiendo que se dé continuidad a la tercera generación de reformas en materia electoral. Qué falsedad, porque están proponiendo que entre en vigencia esta ley hasta 2019. Es decir, que se brinque del proceso electoral más importante en las últimas décadas en nuestro país, el 2018, para que continúen, sí, en cambio, con esa política perversa de beneficiar a los medios que estén cerca del príncipe y de asfixiar financieramente a quienes discrepen de ellos con la crítica. Es decir, lo que propone la Comisión de Gobernación y la presidencia de esta Comisión, es institucionalizar la política del ominoso chayote en los medios de comunicación en nuestro país. No está a discusión, como algunas bancadas pretenden ponerlo aquí, que se difiera en el debate legislativo, que se difiera como es sano en cualquier democracia, que tengamos diferentes puntos de opinión. Lo que está a discusión no es ese normal disenso...