La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: Compañeras, compañeros diputados, diputadas, señor presidente. Morena votará a favor de las modificaciones a la Ley General de Educación que hoy se someten a consideración y que buscan armonizar nuestra legislación con las recomendaciones internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el artículo 3 constitucional se reconoce el derecho a la educación para todos los mexicanos. Sin embargo, durante largo tiempo la población con algún tipo de discapacidad estuvo en la desatención absoluta. La misma denominación como deficientes o anormales expresaba la intolerancia y el rechazo de la sociedad. Fue solo hasta 1970 que se crearon las escuelas de educación especial para atender a niños con alguna discapacidad. Mediante el diagnóstico médico asistencialista se clasificaba y agrupaba a los niños por tipo de discapacidad confinándolos en recintos especiales. En la práctica se trataba de una segregación. Desde una concepción separatista se intentaba aislar o esconder a aquellos a quienes también se les denominaba discriminatoriamente atípicos o inválidos. Las escuelas de educación especial no lograron formar a los niños con discapacidad ni los incorporaron de manera digna y decorosa a la sociedad, por lo que en 1993 se dio paso a la integración educativa que consistió en incluir a niños con alguna discapacidad a los llamados grupos normales. Después de un primer momento de sorpresa y rechazo de la comunidad escolar, paulatinamente los niños con discapacidad fueron aceptados; sin embargo, hubo graves carencias en este esfuerzo de integración, como la falta de modificaciones curriculares, capacitación a los maestros, mobiliario adecuado y apoyos necesarios cuando un niño con necesidades especiales se integraba a un grupo. Actualmente, subsisten los planteles de educación especial y se mantiene el propósito de integrar a los niños con necesidades educativas especiales con los grupos regulares. No obstante, las experiencias exitosas de educación y escuelas inclusivas son escasas, aisladas y dependen más del esfuerzo de las comunidades escolares que de una sistemática orientación oficial. La educación inclusiva representa un modelo social para aproximarse a la educación de las personas con discapacidad, asumiendo actitudes de respeto y no discriminación a la diferencia. La escuela inclusiva enfatiza el sentido de comunidad, para que todos los alumnos adquieran un sentido de pertenencia y se apoyen mutuamente. En suma, una escuela donde todos los alumnos sean incluidos en todas las acciones, actividades y prácticas escolares sin discriminación alguna. Incluir no es borrar las diferencias sino superar una visión limitada y prejuiciosa, y promover una actitud de aceptación e inclusión en todas las actividades de aprendizaje en los maestros y alumnos. No cabe duda que eliminar las barreras, enfrentar el rechazo y la discriminación es un trabajo arduo y difícil; pero no hay nada más perjudicial para la formación de nuestras hijas e hijos que educarlos con prejuicios y en guetos, en escuelas que no dan cabida ni toleran la diversidad. La reforma que hoy se propone aprobar intenta vencer algunos de los retos mencionados, pero sin un mayor presupuesto para atender la formación de los maestros, modificaciones de las instalaciones escolares, mobiliario apropiado y adecuación curricular. No pasa de ser un ajuste legal, al cual le tomará mucho tiempo reflejarse en la vida diaria de los alumnos. Queda mucho camino por recorrer para pasar de los cambios legislativos a las verdaderas transformaciones en las escuelas. El cambio en la educación nunca será resultado de las declaraciones de los funcionarios educativos o de los especialistas oficiales, sino de la acción decidida, constante y sobre todo coherente de todos los actores involucrados. Por último, debe enfatizarse que en realidad para lograr una escuela incluyente, necesitamos construir una sociedad que no sea excluyente, que permita a todos los ciudadanos ser incluidos en la vida política, económica y cultural. Una sociedad con inclusión en los servicios fundamentales y donde esté garantizada la alimentación, salud, educación y vivienda. Ése es el verdadero reto. A pesar de que las modificaciones propuestas son insuficientes, pero a las cuales las recibimos con mucho gusto y celebramos este esfuerzo, hay obligaciones del Estado en la construcción de una adecuación inclusiva que deben quedar asentadas en la ley. Por tal motivo, el voto del Grupo Parlamentario de Morena, será a favor del dictamen que se somete a consideración. Gracias.