El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidenta. Diputadas, diputados, el dictamen que se pretende aprobar en esta Cámara representa una clara violación a las conquistas que la sociedad civil ha obtenido en los últimos años en materia del derecho de las audiencias. Además, muestra hasta qué punto esta Cámara sigue respondiendo a las exigencias de las televisoras y las radiodifusoras comerciales, antes que a la ciudadanía o al interés público. La iniciativa presentada por el mismo diputado que promovió la Ley Televisa en 2006, busca responder a los caprichos de las televisoras y radiodifusoras comerciales, bajo el falaz argumento de que los lineamientos generales para la defensa de las audiencias, emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, amenazan la libertad de expresión y abren la puerta a la censura previa. No, no es verdad que esta iniciativa busque resguardar la libertad de expresión, sino que intenta eliminar las atribuciones que en esta misma Cámara le otorgamos a un órgano regulador autónomo para garantizar, entre otras cosas, los derechos a la información. Como esto no les gusta a las televisoras y a las radiodifusoras comerciales han decidido apoyarse en sus cómplices del PRI, el PAN y el Partido Verde, para que defiendan sus intereses en esta Cámara, cuando deberían estar representando a la ciudadanía. ¿Por qué, me pregunto, no esperamos el resultado de la sentencia a las controversias constitucionales del Ejecutivo priista y de la Mesa Directiva del Senado, a cargo curiosamente del Partido Verde, por parte de la Suprema Corte para saber si los lineamientos amenazas los derechos consagrados en la Constitución? Quizá porque saben que la Corte desechará esas controversias por su falta de sustento y bajo la orden de las televisoras han decidido adelantarse para aprobar este dictamen unos días antes del fin de este periodo. El dictamen que nos fue presentado es totalmente parcial, no hace caso a las voces de los académicos, no se les consultó, de los expertos, de los defensores de las audiencias, de las organizaciones de la sociedad civil que han dedicado años a estos temas, como la Amedi, la Anda, la AMARC. Cuando en el dictamen los defensores de esta propuesta nos dicen que han escuchado un pronunciamiento unánime de la sociedad, es mentira, se refieren solamente a las voces que son afines a las televisoras, como la CIRT o como los comunicadores de Televisa o TV Azteca. Sin embargo, ignoran a las organizaciones comunitarias, a los académicos, a las organizaciones civiles y a las audiencias. Al parecer quienes no concuerdan con su punto de vista no deben ser escuchados en su trabajo legislativo. No le mientan a la ciudadanía los miembros de esta comisión ni su presidenta, diciendo que esta iniciativa obedece a su compromiso con la libertad de expresión, cuando en realidad obedece a su compromiso con las televisoras. ¿De qué manera puede defenderse, por ejemplo, que exigir a los concesionarios que distingan en sus transmisiones la publicidad de la programación para evitar engañar a la ciudadanía, puede interpretarse como una amenaza a la libertad de expresión? Claramente de ninguna. La modificación que realizan a la fracción IV del artículo 256 elimina la obligación de aportar elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido del programa, dejando una redacción que apela a la buena voluntad de los concesionarios, con ello se trata de proteger a las televisoras y las radiodifusoras para que sigan obteniendo dividendos al comercializar tiempos de programación, aún si con ello se violan los derechos de las audiencias. Si hay elementos puntuales de los lineamientos que generan polémica, esperemos la sentencia de la Suprema Corte, pero no se entiende por qué le quitamos la atribución al Instituto Federal de Telecomunicaciones de emitir los lineamientos, una atribución que aquí mismo fue aprobada hace apenas 3 años. Tampoco se entiende en qué nos beneficia como audiencias que en la fracción X del artículo 256 regresemos a un modelo llamado eufemísticamente autorregulación, en el que los concesionarios serán quienes definan los criterios de sus códigos de ética de manera discrecional sin atender a otra directriz, más que a la de sus propios intereses. También es incomprensible que los defensores de las audiencias únicamente respondan a los criterios de los concesionarios, a la Secretaría de Gobernación, ¿acaso no era esa la relación perversa y discrecional entre los medios y el gobierno, la que se buscaba eliminar con la aprobación de un organismo autónomo, como el IFT en la reforma en telecomunicaciones? Morena votará en contra, además porque este dictamen, ya lo dije hace unos minutos, fue aprobado apresuradamente, con una premura digna de la preocupación de no escuchar más opiniones que las que están en contra del derecho de las audiencias. Votaremos contra este dictamen, porque no responde a las necesidades de la ciudadanía y porque protege a los grandes concesionarios por encima de los derechos de las audiencias. Morena no será comparsa de esta grave contrarreforma, en lo que muchos expertos ya han bautizado como una segunda edición de la Ley Televisa. Gracias.