El diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete: Compañeras y compañeros legisladores, el fenómeno migratorio en los años recientes ha sido uno de los principales retos a escala mundial. Para México el reto es mayúsculo, debido a que somos un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, situación que ameritó acciones contundentes por parte del gobierno federal. De ahí la nueva política migratoria del gobierno de México, impulsada por el mejor presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual parte del respeto pleno a los derechos humanos, la inclusión, la perspectiva de género, colocando a personas migrantes en el centro de las decisiones. A la par México se adhirió al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adquiriendo el compromiso internacional de fortalecer la política para permitir a las personas moverse hacia y desde México de manera segura, ordenada y regular. En este contexto, resulta fundamental proporcionar a las personas migrantes que ingresen al país de forma irregular medidas de protección para salvaguardar su integridad física y psicológica, por lo que el dictamen que está a consideración de este pleno es esencial para homologar la ley con las acciones emprendidas y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano. Si bien, la Ley de Migración establece la facultad del Instituto Nacional de Migración para realizar revisiones migratorias, es decir, comprobar la situación migratoria de las personas extranjeras en territorio nacional, la implementación de esta facultad ha dado paso a actos discriminatorios en detrimento de los derechos humanos. De acuerdo con el máximo Tribunal Constitucional, la revisión migratoria no es en sí misma discriminatoria, sino que su aplicación puede llegar a serlo. Por tal motivo, el dictamen propone que las revisiones migratorias que se realicen conforme a protocolos que garanticen los derechos humanos, lo que contribuirá a una inmigración segura ordenada y regular. Además, la implementación de protocolos brindará certeza sobre la actuación de las personas y servidores públicos, evitando actos de discriminación y limitaciones al derecho del libre tránsito. Con la aprobación del dictamen, además de cumplir con lo establecido en el artículo 1o. constitucional y observar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, se atienden los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, en el objetivo 10, reducción de las desigualdades. Como sabemos, una de las metas a alcanzar es facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Con la reforma que estamos por aprobar fortalecemos el marco jurídico nacional y elevamos el estándar de la política migratoria mexicana, para que siga siendo un referente regional e internacional. Compañeras y compañeros diputados, les invito a votar a favor y a continuar con la construcción de una sociedad inclusiva que respete y proteja los derechos de todas las personas, sin importar su situación migratoria. Hagamos la diferencia de gobiernos pasados, como la del gobierno del espurio Felipe Calderón, que sí sabía. Es cuanto.