El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores Amnistía Internacional con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que en 2010 fueron secuestrados en México alrededor de 20 mil migrantes extranjeros, principalmente, centroamericanos. Hace sólo una semana, el 27 de diciembre del año pasado, el comisionado del Instituto Nacional de Migración reconoció explícitamente este fenómeno al dar a conocer que durante el último año fueron reportados por sujetos asegurados por ese órgano 222 secuestros de migrantes centroamericanos en territorio mexicano. Esas cifras, son fiel reflejo de la enorme inseguridad que se vive en nuestro país, de la nula protección que debiera darse a quienes con el propósito de llegar a Estados Unidos para obtener trabajo y una vida digna cruzan nuestro territorio, y de la corrupción imperante en los cuerpos policiales de todos los órdenes de gobierno, a lo largo de las rutas migratorias mexicanas. Engloban también casos de amplio impacto social, como el de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto pasado y el de los 40 o 50 desaparecidos en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre anterior. Del primer caso que conmovió a todos y suscitó la reprobación de la comunidad internacional, muy pobres han sido hasta ahora los resultados relativos a la persecución y sanción de sus autores intelectuales y materiales. Éstos hasta la fecha permanecen impunes. Respecto al segundo caso, el del secuestro de migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en Chahuites, Oaxaca, no obstante que han transcurrido casi 3 semanas de que se dio a conocer, tampoco es mucho lo que se sabe, lo que el gobierno federal ha logrado para esclarecerlo. Hasta hoy, tanto el gobierno federal como el gobierno de Oaxaca no han atinado a dar a conocer el paradero de las víctimas, menos a lograr su liberación y mucho menos a poner a disposición del Poder Judicial a los secuestradores. La opinión pública mexicana, los legisladores federales, los gobiernos de Guatemala, el Salvador y Honduras; las familias de los secuestrados aún esperan certidumbres que no llegan y que no se tienen. El gobierno federal debe explicar qué ha hecho en relación con estos casos, qué avances tiene, qué resultados concretos entregará, pero fundamentalmente es ocasión propicia para analizar la política migratoria de nuestro país en la frontera sur. Corresponde, pues, al titular de la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal, explicar estas acciones y responder a los cuestionamientos existentes en el tema de la migración y de los indocumentados extranjeros en nuestro país. Asimismo, al comisionado del Instituto Nacional de Migración como responsable de realizar una gestión migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el pleno respeto a la dignidad humana, y también cabe y es oportuno citar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como encargado de la implementación de políticas públicas para la prevención social del delito y la coordinación interinstitucional en la materia. Toca decirnos qué hacen y qué harán para enfrentar satisfactoriamente estos problemas que ponen en muy mala posición al país en el concierto de las naciones amigas y centroamericanas. En razón de ello, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, no sin antes decirles a los señores legisladores y a nuestras compañeras diputadas y senadoras, que he considerado pertinente que el asunto se turne a la comisión para su análisis pertinente. No he querido solicitarlo de urgente u obvia resolución porque me parece que todas las fuerzas políticas debemos estar de acuerdo en el mecanismo, en el trámite y en el procedimiento para analizar con toda seriedad este asunto ante las más altas autoridades del gobierno federal responsables del tema y de la materia. El punto de acuerdo que propongo es el siguiente: Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a comparecer a los ciudadanos secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal; comisionado del Instituto Nacional de Migración y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ante la Primera Comisión de esta Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que expliquen detalladamente las acciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, han emprendido para brindar la debida protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio para llegar a los Estados Unidos de América, para prevenir la comisión de delitos en contra de estos migrantes; y específicamente sobre los avances que tengan en relación con el secuestro de alrededor de 40 migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, ocurridos el 16 de diciembre de 2010 en Chahuites, Oaxaca, luego de un operativo policial respecto al tren que los transportaba, para que nos informen de los acuerdos y estrategias que se han tomado al respecto, sus avances y la implementación. En este sentido, la Primera Comisión acordará, con la intervención que corresponda a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente el formato, la fecha que deberá programarse antes del 15 de enero de 2011, y demás modalidades para el desarrollo de las comparecencias indicadas. El tema es apremiante. El tema urge una posición unificada de esta Comisión Permanente para que comparezcan las más altas autoridades del país, porque este asunto no debe soslayarse. Muchas gracias.