El diputado Jorge Álvarez Maynez: Compañeras, compañeros, para nadie es una novedad que en muchas presentaciones de iniciativas, en muchas discusiones legislativas se han establecido aquí los indicadores sobre la corrupción en México. Según Transparencia Internacional, somos, por ejemplo, el país 123 en todo el mundo en el lugar de la corrupción. Si ocupáramos ese lugar en el futbol, por ejemplo, pues sería un escándalo. Ahí nos estamos matando cuando no pasamos al quinto partido famoso de los mundiales, de no estar entre las 20 mejores selecciones del mundo. Bueno, en corrupción somos el país número 123 y parece que eso a quienes integramos los Poderes de este país, de este Estado, del Estado mexicano, nos parece un tema secundario, nos parece un tema que además vamos a estar utilizando ahora en la campaña electoral para pegarle al PRI, para pegarle al candidato del Frente, para pegarle al candidato de Morena y no entendemos que es un asunto que nos debería de avergonzar. Que todos los días al llegar a nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestra familia, nos debería avergonzar lo profundamente corruptos que somos como país y de lo que formamos parte. Porque además, es un impuesto que le ponemos a los mexicanos. De nada sirve no tener impuestos altos en México, cuando el promedio, según la OCDE, que le cuesta a los mexicanos la corrupción es el 14 por ciento de su ingreso. Es decir, si pagan el 30 por ciento de impuestos, en realidad pagan el 44, más el IVA, más la tenencia, más un montón de impuestos de derechos, de aprovechamientos, de predial que tienen los mexicanos que pagar. La verdad es que por eso no funciona la economía de este país, con estos niveles de corrupción. Hace unos días en el Frente Ciudadano por México invitamos a ciudadanas, a ciudadanos de la sociedad civil, a organizaciones, académicos a hacernos propuestas. ¿Qué se ha hecho en otros países frente a este problema? Un asunto que proponemos hoy: la muerte civil a los funcionarios condenados por actos de corrupción para impedir de manera definitiva, de manera permanente, que un condenado por actos de corrupción sea candidato a ocupar un puesto de elección popular u ocupe un cargo en la administración pública federal. Es decir, no quedarnos nada más como hemos planteado ya en la eliminación del fuero, sino en borrarlo de la vida pública del país. Es más, que no tengan derecho a votar. En este país hay 100 mil personas que duermen todos los días en las prisiones, sin sentencia. Y hay condenados por actos de corrupción que son senadores o que están aquí en esta Cámara. Bueno, unos ni están porque ni vienen a trabajar, pero condenados por actos de corrupción y están aquí legislando o legislando en el Senado. Ahí está Romero Deschamps y el Pemex Gate, ahí están exgobernadores y por eso señoras, señores, tenemos este clima social. Tiene toda la razón el ciudadano que increpó a Romero Deschamps, a dos exgobernadores del PRI y a Diego Fernández de Cevallos y les dijo: ¿Qué tal comieron a costa de 50 millones de mexicanos? Si no aplicamos medidas como la muerte civil a los funcionarios corruptos, vamos a avergonzarnos de la generación a la que pertenecimos como servidores públicos y como políticos. Gracias, presidenta.