El diputado Pablo Alejo López Núñez (PAN): Con su venia, diputado Presidente. El que suscribe, Pablo Alejo López Núñez, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, me permito presentar la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 20 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objetivo ampliar los derechos procesales a favor de los ofendidos y ofendidas y víctimas del delito bajo la siguiente Exposición de Motivos Las víctimas del delito han sido legalmente olvidadas, el sufrimiento que es padecido por ellas se suma a la falta de atención y trato arbitrario a que son expuestas por los servidores públicos encargados de la persecución de dichas conductas delictivas, provocando la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de su persecución, tales como el Ministerio Público. Para Acción Nacional la dignidad de la persona humana es parte fundamental para el establecimiento de un auténtico estado de derecho, enarbolado en le reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana y gestor del bien común. Si bien, la prevención del delito y la protección integral de las víctimas y ofendidos de éste es y ha sido, desde hace ya varios años, prioridad para Acción Nacional, pero debe ser además de todos aquellos que habitamos en este país. Nuestra plataforma legislativa 2003-2006, plasma dentro de sus objetivos lograr la tutela de los derechos procesales a favor de las y los ofendidos de modos que éstos no queden sujetos al libre arbitrio del Ministerio Público, asegurando además un trato digno y justo. La LVII Legislatura impulsó la modificación del contenido del artículo 20 de nuestra Carta Magna, esta reforma logró que quedaran establecidos los derechos de las víctimas del delito, creando para ello un apartado B en el cual se especifican tales prerrogativas sin que esto implique, de manera alguna, el menoscabo de las garantías de los inculpados. Al mismo tiempo, el 16 de diciembre del año 2003, la diputada Patricia Garduño Morales, de nuestro parlamentario, presentó la iniciativa de decreto que crea la Ley General de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito, a fin de especificar y dotar de contenido al artículo 20 Apartado B de nuestra Constitución, complementando así la defensa jurídica de las víctimas y los ofendidos del delito. Esta transformación legal institucional y política a favor de la víctima, exige el impulso de una ampliación al marco jurídico protector de los derechos de las víctimas y los ofendidos del delito, que generen confianza en que las instituciones del Estado respetaran los derechos de los afectados. Cuando se comete un delito toda la comunidad sufre sus consecuencias. Sin embargo, quien fue víctima de ese delito sufre mucho más que el resto, el procedimiento que se desencadena le causa nuevos y serios y evitables agravios, este fenómeno conocido como la revictimización, pues es el que sufre por el delito, vuelve a sufrir por con el trámite legal que se pone en marcha para investigarlo y juzgarlo. El tener que atestiguar significa parte de una gran carga pública, ya que como víctima, que normalmente conoce detalles del hecho investigado, ésta se convierte en un sujeto de prueba muy valiosos. Por lo tanto se le exige que preste su relato una y otra vez ante las diferentes autoridades y ante los tribunales mismos que reconozca personas u objetos, que participe en careos, todo en aras de descubrir la verdad y poder sancionar al culpable, haciéndole revivir la angustiosa y desagradable experiencia padecida. Ahora bien, esa misma persona a la que tanto se le pide que aporte al interés colectivo de la administración de justicia, es a la que muchas veces se le niega información sobre el estado de la causa, invocando que ella no es parte, ya que nuestra legislación procedimental le impide constituirse en parte querellante, limitando su eventual actuación, a pretender obtener una reparación del daño, que en muchas ocasiones ni siquiera se alcanza. La víctima llega a sentir que el Estado la abandona por la situación en la que coloca el delito padecido, necesita de un apoyo, atención especial y no encuentra ninguna entidad oficial predispuesta para acogerla, comprenderla y ayudarla en forma integral. A ello, se suma que el Sistema Penal da mayor importancia al imputado y a la pena que se le debe aplicar a éste, postergando casi insensiblemente la búsqueda oficiosa de la reparación del daño, objetivo que hay que priorizar respetando las garantías constitucionales de inculpado y de ofendido. Es importante no confundir la figura de la víctima con la del ofendido, pues se entiende por la primera, cualquier sujeto que padezca un daño como consecuencia de una conducta ilícita, mientras que el segundo, es el sujeto pasivo del delito y por lo tanto, el titular del bien jurídico protegido. Debemos entender por victimas y ofendidos del delito, no solamente a aquellos que han padecido directamente los daños y el sufrimiento de esta figura jurídica, sino además a sus familias e incluso a aquellos que conviven con éstos, desde el mismo entorno social. La tutela de los derechos de éstos debe ser prioritario para la administración y la procuración de justicia. Sin embargo, debe de existir una corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad. Ferry(¿) proponía diversas reformas al procedimiento penal para la reparación del daño y que la víctima del crimen ha sido olvidada, aunque esa víctima debe producir un apoyo filantrópico mayor, del que provocaría el criminal que ha producido el daño. Por lo antes expuesto, el suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, me permito someter a esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 20, Apartado "b" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objetivo ampliar los derechos procésales a favor de las ofendidas y ofendidos y víctimas del delito para quedar como sigue: Artículo Único. Se reforma el artículo 20 Apartado "b", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido tendrá las siguientes garantías: Apartado "b": De la víctima o del ofendido. Recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite ser informado inclusive por escrito del desarrollo del procedimiento penal, así como de la sentencia y de las resoluciones que se dicte. Constituirse si así lo desea como parte en el proceso y en caso de delitos que requieren querella, ser considerado como sujeto procesal, así como participar en todas las diligencias que lleve a cabo el órgano jurisdiccional. En su caso, coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. Fracción III. Recibir desde la comisión del delito atención médica y sicológica de urgencia, así como contar con la información sobre la disponibilidad de su servicios. Además deberá recibir el tratamiento médico necesario para la recuperación de su salud física y mental . Fracción IV. Para los efectos de esta fracción se garantizará la reparación del daño en los términos que determinen las leyes. Fracción VI. A contar con mecanismos alternativos para la resolución de controversias y la reparación del daño. Fracción VII. Interponer los recursos que estime procedentes contra las resoluciones. Fracción VIII. Solicitar y obtener las medidas providenciales necesarias para su seguridad y auxilio, así como las de sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones, cuando estas se vean amenazadas por él o los probables responsables. Fracción IX. En caso de no ser imprescindible para el esclarecimiento del caso, podrá renunciar al careo con el presunto responsable, optando en este caso, porque lo realice su defensor o por los careos supletorios. A no declarar si los elementos de prueba son suficientes para demostrar la configuración del delito y la presunta responsabilidad. Desde el inicio de la averiguación previa, tendrá derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado; si no puede nombrar defensor se le designará uno de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se requiera. A no ser presionada, intimidada, obligar a se explorada; y Al anonimato sobre su victiminación (¿) ante los medios de comunicación, a fin de proteger su intimidad. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Es cuanto, diputado Presidente.