El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, el día de hoy ante el pleno de esta honorable asamblea se somete a su consideración un dictamen con proyecto de decreto, elaborado en forma conjunta por las Comisiones de Justicia y Salud, por el cual se reforma y adiciona la Ley General de Salud, y reforma el Código Federal de Procedimientos Penales. El dictamen en comento tiene por objeto establecer precisiones de carácter penal, que vuelven más eficaces las sanciones a quienes adulteren, alteren o contaminen las bebidas alcohólicas, así como a quienes las expendan, vendan y distribuyan. Desde hace por lo menos dos décadas, el mercado de bebidas adulteradas en México ha mantenido un ritmo constante de crecimiento, afectando de manera significativa la salud pública de la sociedad, provocando con ello la ampliación de las conductas delictivas. Se estima que actualmente en nuestro país, el 30 por ciento de las bebidas alcohólicas que se consumen cotidianamente no cumplen con las normas sanitarias establecidas por la ley, ello ha conllevado a un proceso de consumo de bebidas embriagantes cada vez más perverso, donde adicionalmente al problema mismo de su ingesta se le suma ahora el consumo de sustancias nocivas, que pueden traer aparejadas lesiones corporales irreversibles, en un extremo, y se encuentra plenamente documentado, el resultado puede ser la muerte por intoxicación. Resulta evidente que existen razones estructurales que focalizan al sector juvenil, como el segmento social más expuesto y vulnerable al consumo de estas bebidas adulteradas. Factores de inestabilidad familiar, violencia social, pobreza y marginación, así como falta de oportunidades y reales expectativas, confluyen de manera dramática en un consumo desmedido de bebidas alcohólicas, bebidas embriagantes, que simula una realidad de plenitud inexistente para los jóvenes, que al estar sometidos a un sistema económico de penuria y escasez, facilitan la producción y venta de sustancias altamente contaminadas por parte de organizaciones delictivas. Las reformas y adiciones en comento, derivan de normas jurídicas de derecho social. Buscan regular los mecanismos y las acciones que salvaguarden la protección de la salud, entendiendo que ésta debe ser un bien tutelado por los diversos órganos de gobierno, tal como prescribe la Constitución en su artículo 4o. En última instancia, las reformas y adiciones a la Ley General de Salud y al Código Penal de Procedimientos Penales en comento, suponen la consolidación de un marco legal que faculte al Estado mexicano a inhibir y castigar con mayor severidad estas conductas delictivas. En consecuencia con lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, debemos votar a favor del dictamen que discutimos, los cambios normativos expuestos aprobados por las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia, facilitarán los mecanismos institucionales de control de un fenómeno cada vez más pernicioso para la salud y el orden público. Pero sobre todo, permitirán que la población en general, pero nuestros jóvenes en particular, dejen de padecer los avatares y peligros de una sociedad, muchas veces injusta y deteriorada. Derivado de lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano felicita a las comisiones de Salud y de Justicia y votará, por supuesto, a favor del dictamen en discusión. Es cuanto, señor presidente.