La diputada Ana Estela Durán Rico: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores: sin duda la tendencia al fortalecimiento al federalismo ha permitido la implementación de medidas más eficaces encaminadas al mejoramiento de la actividad financiera municipal, tal y como sucedió con la reforma a la fracción IV del 115 en 1999, donde se estableció que la federación tiene prohibido emitir leyes en virtud de las cuales limite la facultad que tienen las legislaturas locales para establecer impuestos sobre la propiedad inmobiliaria y uso de suelo. Los municipios tienen el derecho a percibir tanto los productos directos de las contribuciones como los que se obtengan de las tasas adicionales que determinen las legislaturas locales. Por otra parte, atendiendo al principio impositivo previsto en el artículo 31, fracción IV constitucional por el que se establece la obligación a los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, tanto de la federación como de los estados y municipios en donde residan, debe tenerse claro que los concesionarios que prestan un servicio público deben contribuir al gasto de los municipios donde realicen su actividad. De esta forma se desprende que de las contribuciones que gravan la propiedad inmobiliaria figura el impuesto predial, el cual ha sido definido como el gravamen que recae sobre la propiedad y posesión de los bienes inmuebles. De manera destacada, la propia Constitución establece que el municipio es el encargado de la recaudación, control y administración del impuesto predial, constituyéndose este gravamen en una de las principales fuentes de ingreso tributario a partir de 1983 en que se reformó el contenido de la fracción IV del 115 constitucional. En el caso de que un inmueble haya sido adquirido en virtud de una concesión, como es el caso de un aeropuerto, el adquiriente será el sujeto por responsabilidad objetiva del pago del impuesto predial, ya que al ser concesionado el servicio público que brinda el aeropuerto, es lógico que sea el poseedor de un inmueble determinado donde habrá de prestarse el servicio. Es oportuno mencionar que las leyes hacendarias de los estados no imponen cargas impositivas al espacio aéreo nacional en que transitan las aeronaves ni al servicio público de transporte aéreo reservado a la federación, sino que sólo gravan la propiedad, posesión y usufructo del predio en donde se ubique el aeropuerto, así como las construcciones sobre los mismos cuya carga contributiva va dirigida al sujeto que resulte propietario o poseedor por cualquier título del bien inmueble afecto al pago de contribuciones. Ello es así ya que de la teleología de la reforma a la fracción IV del 115 constitucional se desprende que los municipios en ejercicio de su potestad recaudatoria deben cobrar el impuesto predial sobre la propiedad inmobiliaria precisando que los elementos del tributo como son sujeto, objeto, base, cuota y tasa, así como la forma y época de pago del gravamen sean determinados por las leyes hacendarias de los estados. En este tenor es cierto que conforme a lo dispuesto de la Ley de Aeropuertos y la Ley de vías Generales de Comunicación, los aeródromos civiles son parte integrante de las vías generales de comunicación. Asimismo, la Ley General de bienes Nacionales establece que están sujetos al régimen del dominio público los inmuebles federales destinados o mediante ordenamiento jurídico a un servicio público. No obstante, como se ha mencionado, la carga tributaria del predial está dirigida a la posesión del inmueble y no al servicio público que realizan los concesionarios de los aeropuertos, por lo que no hay razón por la que estos últimos queden exentos del pago del impuesto referido, máxime cuando gran parte del espacio de un aeropuerto está destinado a servicios distintos, al servicio público concesionado como son las áreas de comida, negocios y estacionamientos. Se advierte, pues, que el área que corresponde a la administración, restaurante, locales comerciales, de documentación, oficinas de boletaje, taquillas, rentas de autos, oficinas de aerolíneas, etcétera, no están destinados a la finalidad de la concesión otorgada. Por ello, los concesionarios de los aeropuertos deben pagar las contribuciones determinadas por la ley local puesto que así lo ordena la Constitución federal. Es por todo lo anterior que la presente iniciativa propone adecuar de manera sistematizada los ordenamientos que regulan la operación de los aeropuertos a efecto de que se armonice lo relativo a las cuestiones impositivas a favor de los municipios. En resumen, el objeto de la iniciativa es robustecer el marco legal para efecto de que los municipios ejerzan su derecho de recaudar y disfrutar los recursos generados por el impuesto predial y el uso de suelo. Para esto se pretende reformar la Ley de Aeropuertos, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley General de Bienes Nacionales a fin de que se establezcan sistematizadamente los supuestos jurídicos en los cuales los concesionarios de los aeropuertos del país contribuyan al gasto público de los municipios, siendo que nuestra ley fundamental prevé la facultad que el municipio tenga recursos económicos por medio del cobro de impuestos que determinen las leyes sociales. Con esto se estará otorgando mayor certeza a los ayuntamientos sobre la recaudación y el cobro de la vía ejecutiva a los impuestos a los que tienen derecho. Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 3o. y las fracciones VIII y X del artículo 25 de la Ley de Aeropuertos. De igual forma, se reforma el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y por último se reforma el artículo 14 y se adicionan dos incisos a la fracción III del artículo 76 de la Ley General de Bienes Nacionales. En virtud de que este decreto viene publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito al señor presidente se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Atentamente, la suscrita Ana Estela Durán, y también suscribe toda la fracción de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional. Se suman a esta iniciativa el diputado federal, Javier Corral Jurado, el diputado Francisco Ramírez Acuña, el diputado Enrique Ibarra Pedroza, el diputado coordinador de Convergencia, Pedro Jiménez y otros más que vienen aquí, que también dejo en la mesa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.