La diputada Lilia Aguilar Gil: Parecería que la Comisión de Justicia se ha vuelto la Comisión para los rellenos mientras llegan algunas minutas del Senado, sin embargo vamos a posicionarnos sobre este dictamen porque nos parece que es importante explicar un poco de qué estamos hablando. En la actualidad los ciudadanos en mora son objeto de presión e intimidación mediante llamados telefónicos a cualquier hora del día, por las noches e incluso como todos sabemos, en las madrugadas, y se hace esto a través de operadores que amenazan e intimidan a la gente. Los medios de coacción causan en los deudores desequilibrios emocionales y sobre todo un gran daño a la dignidad personal de la gente que cree que está siendo acosada verdaderamente por una autoridad. Sin embargo, como todos también en este salón sabemos, se trata de operadores contratados por despachos jurídicos, por contabilidad e incluso personas de instituciones bancarias, tiendas y en general cualquier persona física o moral que crea que teniendo un directorio telefónico, violentando cualquier norma de la Ley de Transparencia, que hace públicos los datos personales de los morosos, va e intimida a aquellos que tienen desde una pequeña deuda hasta deudas de mayor importancia, pero que con la coacción tratan de colectar estos recursos. Visitan personalmente a los cuentahabientes, por ejemplo en sus domicilios, llegan con autos que parecieran policías e inclusive engañan a la gente que no saben que esto no es un cobro realmente legal. El maltrato, el insulto a los deudores por parte de los operadores de la cobranza extrajudicial ilegal entonces se han vuelto cotidianos y desde la reforma financiera se nos había pedido acotar estas prácticas, pero no había sido posible y parecía que tampoco era del interés de esta Cámara de Diputados. Poco importaba la existencia de procedimientos ilegítimos de cobranza, siempre y cuando se garantizaran las altas tasas de interés que podían cobrar los banqueros. No les importa tampoco a los jueces y tribunales que tengan la atribución de compartir justicia y, en su caso, condonar el pago de los deudores. Soslayan deliberadamente que la gestión de cobranza extrajudicial es ilegal y violatoria de las garantías y de los derechos tutelados por las leyes fundamentales, pero tampoco se hace nada. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros y el Buró de Crédito tan sólo en referente a tarjetas de crédito han dicho que existen tres millones de personas en situación de mora que además también son susceptibles de este tipo de cobro extrajudicial. Es necesario pues poner fin. Era esta uno de los grandes llamados y solicitudes que tenía la gente a los formatos de cobranza extrajudicial que abusaban de la confianza de los datos personales de la gente y, sobre todo, buscaban romper una armonía social. Pero sobre todo tienen un solo objetivo único, el recobrar toda esta cartera vencida sea como sea, violentando los derechos de los ciudadanos. Tipificar el delito de cobranza extrajudicial y legal, equiparándolo al de amenazas que propone esta reforma para adicionar el 282 Bis al Código Penal Federal finalmente da salida a una de las grandes peticiones de la reforma financiera. Se pretende sancionar de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos, al que por medio de la violencia, el engaño, el hostigamiento, la intimidación o cualquier otro medio ilícito requiera extrajudicialmente el pago de un crédito al deudor, al aval o a cualquier otra persona vinculada. En caso de utilizar documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica van a aumentar y se incurre en usurpación de funciones, o de profesión y se aplicarán las reglas del concurso de delitos. Es decir, no más cobro extrajudicial simulando ser parte de la Procuraduría o ser parte de la Policía estatal o municipal para querer engañar a los ciudadanos. De ninguna manera se trata de aplaudir el incumplimiento a los compromisos económicos contraídos por actores crediticios, sino que se respete el Estado de derecho del que tanto se ha hablado últimamente en este país y que pareciera que solamente les aplica a algunos. La legalidad, los derechos humanos y las garantías tuteladas en la Carta Magna deben de ser respetados, aunque se tengan deudas y aunque éstas deban de ser colectadas por aquellos que decidieron hacer un contrato comercial con los ciudadanos que están en esta situación. Nosotros apoyaremos esta iniciativa, nos parece que finalmente da salida a un gran y sentido requerimiento de los mexicanos en lo que es, definitivamente, un abuso de todos aquellos que se dedican al cobro extrajudicial. Muchas gracias, señor presidente.