El diputado Javier Orozco Gómez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Para atender, analizar y dictaminar la multitud y complejidad de asuntos cuya resolución corresponde al Congreso de la Unión se requieren órganos de trabajo denominados "comisiones o comités", a los cuales, por la especialidad de sus integrantes, se encomiendan asuntos específicos. Esto implica que la competencia de las comisiones se limita a conocer de los asuntos a que se refiere su propia denominación. Las comisiones se dividen en ordinarias, extraordinarias o especiales. Las primeras tienen carácter permanente, en tanto que las restantes son perentorias. La finalidad de las comisiones ordinarias consiste en conocer a profundidad las distintas iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y demás asuntos que requieran la aprobación de las Cámaras. Para tales efectos, deberán presentar ante el Pleno de la Cámara de que se trate una propuesta de dictamen sobre cada uno de los asuntos que les fueron encomendados. La existencia de las comisiones conlleva una serie de importantes ventajas en el desarrollo de las funciones inherentes al Poder Legislativo, entre las que podemos destacar las siguientes: son órganos intermediarios de decisión entre el legislador y el Pleno de cada una de las Cámaras, permiten la división del trabajo parlamentario, se constituyen como órganos de especialización a partir de los conocimientos y actividades de los legisladores, y finalmente funcionan como intermediarios facilitando la comunicación entre el Congreso y las diversas áreas de la administración pública, los grupos de presión y los sectores involucrados con los temas de que se trate. A propósito de la ventaja enunciada en último lugar, cabe destacar que el trabajo al exterior de las comisiones ordinarias comprende dos vertientes: la realización de audiencias, consultas o foros de participación ciudadana o de especialistas, con el propósito de recabar la información técnica especializada adicional; y segundo, la auscultación de la opinión pública de diversos sectores de la sociedad que pudieran resultar afectados con la expedición de nuevas leyes o con las determinaciones adoptadas por el órgano legislativo. Tomando en cuenta lo que pasa en el derecho comparado, tenemos el caso de Francia, donde se han renovado los métodos de trabajo de las comisiones permanentes para darles mayor potestad para proceder a las audiencias públicas, así como de citar a las personas del gobierno y de la sociedad civil, ya que las comisiones permanentes son la única posibilidad de abrir positivamente la evaluación del marco normativo que rige a una sociedad determinada. Esta nueva percepción del trabajo realizado en las comisiones se encuentra íntimamente vinculada con la función de control, que ha sido constitucionalmente conferida al Poder Legislativo y que radica en la actividad formal e informal que lleva a cabo el Congreso de la Unión con el propósito de determinar si las acciones del Poder Ejecutivo, órganos y entes públicos, así como de sus titulares, se adecuan al ordenamiento jurídico aplicable. En nuestro sistema jurídico, la institución de la comparecencia de servidores públicos se encuentra prevista en los artículos 93 constitucional, 45 de la Ley Orgánica y 53 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso. En términos de las disposiciones antes citadas, el Poder Legislativo está facultado para requerir la comparecencia de funcionarios públicos en dos supuestos: cuando se discute una ley o se estudia un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades y cuando el análisis del informe que deben rendir los secretarios del despacho y los jefes de departamentos administrativos y luego de que se abre el periodo de sesiones ordinarias los legisladores consideren que se requiere mayor información del ramo de que se trate. En el supuesto que se refiere a la discusión de una ley o estudio de un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, los únicos funcionarios obligados a comparecer ante el requerimiento del órgano legislativo son los secretarios de Estado, el procurador general de la República, los jefes de los departamentos administrativos y los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria. Por su parte, el artículo 90 del Reglamento del Congreso emplea la expresión "conferencias" para referirse a las reuniones que las comisiones pueden sostener a fin de ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden con los funcionarios a que se refiere el propio artículo 53 del Reglamento; es decir, los mismos que han sido detallados anteriormente, a excepción del procurador general de la República. Por práctica parlamentaria, esas reuniones también se denominan "comparecencias". Ahora bien, del desarrollo de los trabajos encomendados a las comisiones legislativas se ha evidenciado que el marco normativo vigente en materia de comparecencias y conferencias de servidores públicos resulta limitativo, toda vez que los altos funcionarios mencionados se encuentran obligados a atender los requerimientos para comparecer o sostener conferencias con los integrantes del Poder Legislativo, en estricto acatamiento del principio de legalidad, por virtud del cual las autoridades sólo pueden hacer lo que les está expresamente permitido. Sin embargo, las actividades que cotidianamente realizan las comisiones han permitido observar que en la mayoría de los casos son los servidores públicos con niveles de subsecretario o de director general quienes llevan el control de los asuntos que interesan a las comisiones y cuentan con la información correspondiente. Aun cuando en la práctica tales funcionarios suelen atender las solicitudes para comparecer o sostener conferencias con los legisladores, los requerimientos que para estos efectos se formulan carecen de sustento jurídico. En estricto derecho, la obligación de atenderlos únicamente corre a cargo de los servidores que hemos enunciado anteriormente. En consecuencia, cualquier otro funcionario público distinto de los citados podría negarse válidamente a comparecer o sostener conferencias, ante la ausencia de norma jurídica vinculante en este sentido. En tal virtud y a efecto de optimizar la operatividad de las comisiones legislativas, se estima indispensable adicionar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como su Reglamento, con el fin de facultar a las comisiones para solicitar a los subsecretarios y directores generales o a quienes desempeñen cargos análogos que sostengan conferencias con las comisiones para ilustrar el juicio de éstas en el despacho de los asuntos que les son encomendados. Además de lo anterior, es importante destacar que el contenido del artículo 98, numeral primero, de la Ley Orgánica del Congreso, relativo a la organización y funcionamiento del Senado, faculta a las comisiones de dicho órgano legislativo para que, a fin de ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, puedan entrevistarse con los servidores públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas. Como se desprende del texto anterior, las comisiones del Senado tienen amplia facultad para citar a funcionarios públicos, con independencia del nivel jerárquico que éstos ostenten, toda vez que no existe una enunciación limitativa de servidores públicos, como ocurre en el caso de las comisiones de la Cámara de Diputados. Así las cosas, las comisiones de la Cámara de Diputados también deben contar con la atribución de solicitar la presencia de diversos funcionarios públicos. Por ello es importante esta iniciativa que se presenta, pues no existe justificación jurídica alguna para limitar su marco de actuación en ejercicio de las funciones de control con que cuentan tales órganos legislativos. Por tal motivo, el decreto que se propone en esta iniciativa es para que se modifiquen los artículos 45, en su numeral 5o., de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 del Reglamento Interior del Congreso General. Por lo que hace al artículo 45, en su numeral 5o., la propuesta que se hace señala: "Para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden y mejorar el desempeño de sus labores, las comisiones ordinarias estarán facultadas para citar a servidores públicos con niveles jerárquicos de subsecretario y director general, así como a los que ocupen cargos análogos, cuyas actividades se correspondan con las materias de competencia de la comisión de que se trate". Por lo que hace al artículo 90 del Reglamento, se adiciona un segundo párrafo, que diría: "Además de los servidores públicos a que se refiere el artículo 53 de este reglamento, las comisiones podrán tener conferencia con servidores públicos de niveles jerárquicos correspondientes a subsecretario y director general, así como los que ocupen cargos análogos cuyas actividades se correspondan con las materias de competencia de la comisión de que se trate". Es cuanto, señor Presidente.