La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a nombre propio y del diputado Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 222; se reforma la denominación del Título Décimo del Libro Segundo, para quedar como "Delitos contra la Función Pública"; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 212; las fracciones I, II, III y IV, del artículo 214; las fracciones I, III y IV del artículo 223 y el artículo 224, todos del Código Penal Federal. Y se adiciona los incisos 15) Bis y 15) Ter a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de fortalecer el marco jurídico en materia de combate a los delitos cometidos en contra de la función pública; misma que por la brevedad del tiempo sólo haré una presentación general, por lo que pido a la Presidencia que se inserte íntegra en el Diario de los Debates la presente iniciativa. La corrupción es el uso indebido de la autoridad, entidad o poder público, para el beneficio privado por medio de soborno, extorsión, venta de influencia, nepotismo, fraude, cohecho o malversación, y constituye un fenómeno político, social y económico a nivel mundial. Es un mal universal que corroe las sociedades y las culturas. Se vincula con otras formas de injusticias e inmoralidades, provoca crímenes y asesinatos, violencia y toda clase de impunidad; genera marginalidad, exclusión y miedo en los más pobres, mientras utiliza el poder en su provecho. Afecta a la administración de justicia, a los procesos electorales, al pago de impuestos, a las relaciones económicas y comerciales, nacionales e internacionales, y a la comunicación social. Está por igual en la esfera pública como en la privada, y una y otra se necesitan y complementan. Se liga al narcotráfico, al comercio de armas, a la venta de favores y decisiones, igual que al enriquecimiento ilícito. Además de que la corrupción refleja el deterioro de los valores y las virtudes morales, especialmente de la honradez y de la justicia, atenta contra la sociedad, el orden moral, la estabilidad democrática y el desarrollo integral de los pueblos. La corrupción administrativa es un proceso perverso realizado por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que consiste en apropiarse o desviar indebidamente recursos asignados directa o indirectamente a la atención de los usuarios. Es un mal para nuestra sociedad pues destruye, debilita, desarticula, resquebraja, desintegra un proyecto nacional de Estado y de sociedad. Es así que no podemos ni debemos aceptar la corrupción porque lesiona al ente social. En México, por ejemplo, este fenómeno ha beneficiado intereses particulares en perjuicio de los públicos, razón por la cual nuestro país ocupó en 2007 la posición número 72 a nivel mundial en la tabla de Transparencia Internacional, en tanto que por entidad, el Distrito Federal es el estado con mayor índice de corrupción. Es evidente que la solución al problema de la corrupción pública en México o en cualquier otro país en desarrollo no resulta tan sencilla y tampoco se limita a un esfuerzo nacional o a la voluntad política de sus líderes. Es claro que muchas de las soluciones dependen de reformas internas, pero también muchas otras dependen de la cooperación internacional en la materia. Asimismo, no podemos negar que la alternancia política en México es un factor útil e importante en el combate a la corrupción, pero no es suficiente por sí solo sino que deben de existir acciones en paralelo. Cierto es que el gobierno mexicano en los últimos años ha redoblado esfuerzos en la lucha contra la corrupción, de hecho fue en Mérida, Yucatán en donde se firmó el convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que significó una prueba del enorme esfuerzo que instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de la Función Pública y la Procuraduría General de la República realizaron para llevar a cabo las negociaciones congruentes con la aplicación de políticas públicas anti corrupción. Atendiendo lo anterior es que presentamos ante esta honorable asamblea diversas reformas al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de perfeccionar el marco jurídico en combate a la corrupción, proponiendo reformar el contenido del título décimo, a fin de precisar que el bien jurídico tutelado es la función pública sin distinción alguna sobre el sujeto que lo cometa, ya sea un funcionario o un servidor público. Asimismo, se propone ampliar la lista de servidores públicos que puedan caer en el supuesto de la norma, pertenecientes a la administración pública federal, paraestatal, a los tribunales administrativos, a la Procuraduría General de la República, así como al jefe de gobierno y a los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por los delitos que se cometan en contra de la función pública. Se actualizan los contenidos de los artículos que integran el título décimo, como es el caso del capítulo sobre delitos cometidos por el ejercicio indebido al servicio público, se define tanto el ofrecimiento como entrega espontánea, así como en los casos en que no exista la espontaneidad, tratándose del delito de cohecho. Se reforma el artículo relativo al peculado, en donde se precisa que lo comete el servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto de manera temporal o definitiva dinero, valores, fincas o cualquier bien mueble o inmueble perteneciente a los poderes federales, a la administración pública federal, a los tribunales administrativos, a la Procuraduría General de la República, a los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, a un particular que materialmente o por cualquier título legal se encuentre a su disposición. Además, se prevé actualizar el delito de enriquecimiento ilícito. En cuanto a este delito, se desarrollan elementos normativos a efecto de determinar cuáles son los bienes y derechos que integran el patrimonio del servidor público. De igual forma, se establece que es ilícita la conducta del particular que haga figurar como suyos los bienes que forman parte del patrimonio considerado como ilícito, de procedencia sin comprobar. Se incorporan en el catálogo de delitos graves previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, los delitos de peculado, al igual que el de enriquecimiento ilícito, a fin de, en determinados casos quien comete este tipo de delitos no tenga la posibilidad de alcanzar la libertad bajo caución, entre otras cuestiones procesales. Concretamente, se plantea establecer dicha medida de aquellos delitos en los que el monto distraído de los fondos utilizados indebidamente o del enriquecimiento ilícito exceda de las cinco mil veces el salario mínimo, para evitar la impunidad respecto de aquellas conductas cuya cuantía sea tal que constituya un grave perjuicio a la función pública. En conclusión, el objetivo de esta iniciativa es presentar propuestas para evitar que continúe prevaleciendo la impunidad de los servidores públicos que utilizan su cargo en beneficio propio o de terceros, por lo que proponemos lo siguiente: Perfeccionar la legislación en materia de combate a la corrupción; precisar el bien jurídico tutelado en la función pública, sin distinción alguna sobre el sujeto que lo cometa, ya sea ciudadano o un servidor público. Sujetar a los servidores públicos a la posible comisión de delitos contra la función pública. Eliminar, en la medida de lo posible, la necesidad de acudir a otros ordenamientos jurídicos para acreditar los elementos de las conductas ilícitas descritas. Prohibir, mediante sanciones, se actúe en contra de la función pública y garantizar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en tres convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción, de los que México es signatario. En síntesis, la corrupción le cuesta a una sociedad en recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de vida. Los costos sociales que representa la pérdida de oportunidades de crecimiento y desarrollo, la seguridad pública, tener servicios públicos deficientes y una injusta distribución del ingreso, son muy altos e imposibles de medir. Por desgracia, el avance democrático no garantiza la eliminación de este mal y se requiere de acciones radicales que modifiquen de manera profunda este marco institucional, ya que se está minando la credibilidad que la sociedad tiene en sus dirigentes y en sus políticas públicas, y que nos puede condenar a un gobierno de bajo crecimiento, menor bienestar y mayores desigualdades. Finalmente, es importante señalar que esta iniciativa contiene algunas propuestas hechas en su momento por el diputado Francisco Barrios Terrazas en la LIX Legislatura, las cuales se han enriquecido para mejorar en su alcance. Es cuanto, diputada Presidenta.