La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Muy buenos días. Con su venia, señora presidenta. Proteger a la niñez debe de ser una prioridad para el Estado mexicano, pues en su protección se modela el presente y futuro de la nación. El interés superior de la niñez ha motivado gran parte de las políticas públicas que ha impulsado nuestro país, y por esta razón desde el Congreso de la Unión se han ido reconociendo las responsabilidades del Estado ante las niñas y niños de México. En las reformas de junio del 2014 que actualizaron el compromiso del país con su infancia, en el octavo párrafo del artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante este reconocimiento constitucional, la materialización de dicha responsabilidad enfrenta diferentes obstáculos como el anacronismo de algunos marcos legales cuyas consecuencias derivan en plantear contextos que dificultan el acceso de los niños al ejercicio de los derechos. Un obstáculo para la materialización de los derechos de la infancia está en la redacción vigente del artículo 62 y 63 del Código Civil Federal, cuyas disposiciones parecieran orientarse a proteger un sentido anacrónico de orgullo paternal, desatendiendo en la práctica el interés superior de la niñez, y de paso, reiterando perspectivas de inequidad de género. El Código Civil Federal, en los artículos 62 y 63 usan un lenguaje que estigmatiza al menor al emplear el término: adulterino. El texto vigente del Código exige obligaciones distintas al padre y a la madre para brindar sus apellidos al menor, aumentando trámites, costos y requisitos a la madre frente aquellos que se exigen al padre para poder asentar sus nombres ante el registro civil. En parejas que se disgregan en medios de altos niveles de violencia, en matrimonios que no han oficializado su disolución legal, en casos de abandono o en muchos casos de familias de migrantes en las que los matrimonios se disuelven y los padres rehacen sus vidas con otras parejas, los trámites se prolongan y encarecen innecesariamente. El retraso en el registro impacta directamente en la generación de condiciones que permiten al menor acceder a derechos que el Estado mexicano se ha comprometido a salvaguardar. Como abogada, y debido a mi experiencia profesional, puedo dar testimonio de que la situación descrita constituye uno de los principales motivos por los cuales no se realiza el registro de las niñas y niños. El problema que motiva a esta propuesta adquiere dimensiones indignantes, cuando consideramos que el 6.6 por ciento de las niñas y niños nacidos anualmente en nuestro país, no son registrados en el primer año de edad del menor, porcentaje hoy reconocido por la Unicef. De acuerdo con dichos cálculos, en el 2017 alrededor de 147 mil 447 niñas y niños, posiblemente quedaron sin ser registrados, y con ello se les invisibilizó jurídicamente ante el Estado mexicano, generándoles condiciones tendientes a negarles la accesibilidad al ejercicio de derechos fundamentales. Las estimaciones de niñas y niños que no son registrado al nacer en estados como Oaxaca y Chiapas, ronda en el 30 y 39 por ciento respectivamente, y se observa que en Campeche, Morelos, Jalisco, Chihuahua, Yucatán, también se presentan casos de municipios con cantidades anormales de menores no registrados. Las consecuencias del texto vigente ponen en peligro el desarrollo emocional, dignidad personal, libertad, igualdad, salud y privacidad de menor. El proyecto de reforma al Código Civil busca que los menores tengan condiciones de protección y acceso al ejercicio de los derechos fundamentales, facilitando su inscripción oportuna ante el Registro Civil y abriéndoles la posibilidad de garantizarles el derecho a tener un nombre, nacionalidad e identidad propia y consecuentemente el acceso a recibir atención médica, asistencia social y acceso a la educación. La iniciativa aspira a equilibrar las exigencias que tienen que cumplir mujeres y hombres para poder registrar a sus hijos. Sensibilicémonos con este problema que cada año deteriora las posibilidades de desarrollo de decenas de miles de niños en México. Cumplamos nuestra responsabilidad como representantes populares, evitemos que el Código Civil Federal vigente siga privando a los más vulnerables entre los vulnerables, de las condiciones mínimas para exigir el cumplimiento de la Constitución, y acceder a sus derechos fundamentales. Es cuanto, señora presidenta.