El diputado Fausto Gallardo García: Compañeras, compañeros diputados, una de las principales funciones del Estado es generar las condiciones necesarias para garantizarle a los ciudadanos la posibilidad de llevar a cabo sus actividades cotidianas sin que sus bienes o su seguridad personal se vean amenazados. Con el propósito de alcanzar dicho objetivo, el gobierno tiene la facultad de ejecutar acciones, estrategias y programas dirigidos al combate de la delincuencia y el crimen organizado y la violencia. Actualmente, México enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad pública y ciudadana, a pesar de las múltiples estrategias implementadas para el combate al crimen, no hemos logrado alcanzar al 100 por ciento las condiciones ideales para que la población viva y se desarrolle en paz. Lamentablemente, la comisión de diversos delitos que afectan directamente el patrimonio y la tranquilidad de las personas se han mantenido de modo constante en niveles altos. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021, realizada por el Instituto Nacional y Geografía, el 66 por ciento de la población mayor de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Asimismo, la información recabada, evidenciaba que la población en general percibe mayor inseguridad en espacios físicos, espacios como cajeros automáticos, ubicados en la vía pública, el transporte público y en las calles por donde habitualmente se transita. Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, estimó que durante 2019 se registraron aproximadamente 30 millones de delitos asociados a 22 millones de víctimas. De esta estadística se desprende que el mayor porcentaje de los delitos, fue cometido en la vía pública o en el transporte público. Derivado de que una parte importante de los usuarios del transporte público o un miembro de su familia han sido víctimas de algún delito durante sus traslados, la percepción de inseguridad o el miedo de quienes lo utilizan ha ido al alza durante los últimos cinco años, pues más de dos terceras partes de la población se siente insegura al utilizar el transporte público. Como consecuencia de lo anterior, entre 2017 y 2018, alrededor de 300 mil personas reportaron haber dejado de usar el transporte público por miedo a sufrir un robo. Aunado a la percepción de inseguridad entre la ciudadanía, se debe considerar la afectación económica que los delitos cometidos en el transporte público representan para los bolsillos de las personas. De acuerdo con un informe realizado por México Evalúa, durante 2019 en el país se cometieron cada hora aproximadamente 933 asaltos en la calle o en el transporte público. Cada uno de estos delitos implica un costo a las víctimas, en promedio, de 5 mil 88 pesos. Es evidente que los altos índices de inseguridad a los que se enfrentan los ciudadanos en el transporte público requieren una respuesta contundente y coordinada por parte de las autoridades en todo el país, a fin de cambiar la realidad de millones de mexicanos que enfrentan cuando tienen que usar el transporte público. Actividades tan cotidianas como llegar al trabajo, llevar a los niños a la escuela, ir al médico, salir a divertirse o cualquier otra para la cual se tenga que utilizar el transporte público debe dejar de representar un riesgo importante para las personas de ser víctimas de un delito. En ese sentido, diversas entidades de la república han legislado para implementar la implementación de mecanismos que permitan contar con unidades de transporte público más seguras para los usuarios, a través de la instalación en estas de cámaras de video de vigilancia y botones de pánico. Lo anterior ha demostrado ser un mecanismo eficaz para reducir los índices delictivos en las ciudades y estados donde ya se implementa, pues hasta verse vigilados los delincuentes entienden que corren un mayor riesgo de ser capturados por las autoridades...