El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez: Buenas tardes, compañeros. A lo largo de los años, tanto a nivel internacional como a nuestro país se ha trabajado incansablemente por encontrar soluciones efectivas dirigidas a la prevención y tratamiento de las adicciones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, aún existen importantes desafíos por atender, ya que un número importante de sustancias psicoactivas se han vuelto de fácil acceso. Si bien el gobierno de México ha trabajado en la implementación de diversas estrategias encaminadas a la atención integral de las adicciones, es una realidad que las consecuencias negativas que impactan los diversos aspectos de la vida de una persona con alguna adicción, se vuelven cada vez más complejos, afectando los ámbitos de la salud psicoemocional, causando afectaciones a lo largo de todo el proceso. De acuerdo con el informe sobre salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas, en México, durante 2021, la Comisión Nacional contra las Adicciones atendió a más de 100 mil personas a través de los centros de atención primaria en adicciones de integración juvenil y de instituciones no gubernamentales. Aunado a lo anterior, el desconocimiento de dichas actividades por parte de la población, la complejidad y dolor emocional que representa para el núcleo familiar el uso de sustancias psicoactivas de manera patológica por parte de alguno de sus miembros, a los adictos muchas veces se les obliga a internarse en sitios atendidos por particulares donde puedan ayudarles en su proceso de desintoxicación y rehabilitación. Desafortunadamente estos centros de rehabilitación no cuentan con un adecuado protocolo de manejo y atención integral, operan sin verificación ni supervisión de sus actividades y así, siempre están dirigidos y atendidos por adictos rehabilitados, quienes no cuentan con capacidad legal, psicológica o médica y, en muchas ocasiones, someten a los internos a tratos inhumanos, humillantes, bajo condiciones de presión y presunta privación de la libertad, hacinamiento, precariedad y poca sanidad. En este sentido, el día de hoy, la Comisión de Salud somete a consideración de este pleno, un dictamen que incluye la iniciativa de un servidor cuyo objetivo es establecer un marco normativo claro, el cual garantice el derecho de la salud a no discriminación y elimine cualquier violencia que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas con adicciones. Asimismo, se establece que la rehabilitación para adicciones debe promoverse bajo un enfoque de tratamiento basado en el respeto, la empatía y la no violencia. Lo anterior, únicamente será posible con personal capacitado y con conocimiento en la materia. Esto no solo es ético y humano, sino también mejora la efectividad en el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes que buscan recuperarse de alguna adicción. Adicionalmente, se incorpora que los centros que no pertenezcan al sistema público de salud deberán contar con un registro sanitario emitido por las autoridades federales o estatales, según correspondan, los cuales garantizarán que dichos centros cumplan y operen bajo los estándares de calidad y los protocolos necesarios para proporcionar el tratamiento efectivo, seguro e integral. Como promovente de una de las iniciativas que dan origen al presente dictamen, celebro que hoy pongamos a discusión y votación una reforma que dará mayor seguridad y protección a las personas que luchan contra alguna adicción y atraviesan por un proceso de rehabilitación. Por todo lo anterior, las y los legisladores del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen con el fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los usuarios y sus familias. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.