El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores. La construcción de nuestra democracia ha sido un proceso gradual y reformista, resultado de acuerdos y negociaciones entre las distintas fuerzas políticas. El camino nunca ha sido fácil y cocientes somos que haya un mucho por recorrer, para alcanzar una democracia como ideal político, para alcanzar una democracia en plenitud. Hoy, la ciudadanía nos exige estar a la altura del momento histórico que vive nuestro país, momento que requiere de compromiso y de responsabilidad, de dotar al Estado mexicano de una estructura política acorde a los nuevos tiempos y retos de la nación. Ningún proceso de reforma tiene éxito sin un marco institucional adecuado para dirimir los asuntos públicos, más aún cuando el régimen político actual está demostrando señales de agotamiento después de 25 años de reformas electorales que ha permitido, debemos reconocerlo, la apertura y liberación de la esfera política. Hoy nos encontramos ante la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia política de México; historia marcada por la participación de la sociedad civil organizada y la voluntad de las fuerzas políticas y sociales, de buscar el cambio político a través de la vía democrática, porque la democracia se construye a través del diálogo, el acuerdo y la negociación en aras de una mejor convivencia en una sociedad diferenciada y heterogénea. Para ello la política se ha convertido en la herramienta esencial de la democracia, una política que ayude a tomar decisiones efectivas, escuchando todas las voces y respetando los derechos de las minorías. En Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de las reformas que requiere el país; somos un partido que nació de un proceso reformador y como tal sabemos que nuestro compromiso es con la próxima generación y no con la próxima elección. Estamos conscientes de la mala percepción que tiene la ciudadanía de la democracia, los partidos políticos y los órganos de representación. No es gratuito que en la actualidad vivamos una crisis de la representación política; de ese tamaño es el reto, recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad, porque estamos ciertos que la democracia es la única forma de gobierno que garantiza la libertad de igualdad como principios básicos del Estado. Hoy nos encontramos discutiendo un proyecto de reformas constitucionales con el que se busca fortalecer la estructura política del Estado mexicano y recuperar la confianza de la ciudadanía en las elecciones y la representación política. Sin duda alguna es un proyecto ambicioso. Implica una reingeniería de las instituciones administrativas electorales e importantes modificaciones al propio sistema político. La reelección legislativa consecutiva hasta por un periodo máximo de 12 años para senadores y diputados federales, así como la posibilidad de que ésta se aplique en las entidades federativas para diputados locales, presidentes municipales y regidores, es un tema de suma importancia en el sistema político mexicano. Su trascendencia estriba en la posibilidad de que sea la voluntad ciudadana la que determine la continuidad o no en el encargo. Desde hace algunos años académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil impulsan la idea de que la reelección consecutiva fortalecerá la rendición de cuentas entre representantes y representados. Aspecto que sin duda es loable, pero su implementación requiere reforzar otros mecanismos para que la representación no sea capturada por intereses distintos a los de la ciudadanía. No podemos soslayar que en muchas regiones del país la precaria situación económica de los ciudadanos es un factor que incentiva el clientelismo y patronazgo político. Por ello resulta necesario que fortalezcamos los mecanismos de fiscalización de los recursos públicos y las instancias que vigilan la correcta aplicación de los programas sociales. El proyecto de reformas busca garantizar la autonomía y fortaleza de los órganos electorales locales y evitar influencias nocivas y perturbadoras de la legalidad, transparencia y equidad de las contiendas electorales y sus resultados. Para ello se propone dotar de autonomía a la instancia encargada de perseguir e investigar la comisión de ilícitos; sea autónoma evitando la posibilidad del uso político o faccioso de esa atribución. Y, por otro lado, a la instancia encargada de medir y verificar la eficacia de las políticas sociales que implementa el Estado mexicano en beneficio de la población más necesitada de nuestro país, como es el Coneval. Durante varias décadas la evolución histórica de las instituciones electorales en México, el pueblo, que es el depositario de la soberanía nacional, se ha dado reglas claras y perfectibles para regular las elecciones mediante las cuales se renuevan los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. Así tenemos como antecedentes la Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946, la Ley Electoral Federal del 4 de diciembre de 1951, la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPE) del 28 de diciembre de 1977, el Código Federal Electoral del 12 de diciembre de 1987 y hasta la promulgación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del 15 de agosto de 1990. Este último es producto de los acontecimientos ocurridos durante las elecciones federales de 1988, porque obligaron a que en el proceso de concertación y consulta pública para la reforma electoral federal de 1990, se planteara como necesidad de esa situación impostergable, la adopción de un nuevo método para la organización de las elecciones federales. Así se procede a realizar cambios a las disposiciones susceptibles de ser mejoradas o en las que el tiempo, la experiencia, nos hayan hecho percibir imperfecciones; pero tales modificaciones no pueden ser sino obra del tiempo ye l fruto derivado de reposadas reflexiones, todo con la finalidad de garantizar elecciones libres, elecciones auténticas y elecciones democráticas. Por las innovaciones muchos actores políticos manifestaron su voto de confianza por la reforma electoral, porque significaba la posibilidad de construir un andamiaje jurídico y una mecánica electoral con amplios márgenes de confiabilidad. La reforma política que hoy se somete a consideración de esta soberanía, rescata aspectos positivos que mi grupo político, que Nueva Alianza saluda. Nueva Alianza en su corta existencia ha sido impulsor de mejorar nuestro sistema de gobierno. La incorporación de la figura de gobierno de coalición coadyuvará a la discusión de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que se encuentren representadas en el Congreso, lo que fortalecerá, indiscutiblemente, la gobernabilidad del país. La ratificación de nombramientos que realice el presidente de la república y la aprobación por parte del Congreso, del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Nacional de Seguridad, son factores que contribuyen a reforzar el sistema de pesos y contrapesos que sin duda alguna beneficiará a la gobernabilidad democrática. En Nueva Alianza estamos a favor en lo general con los cambios políticos propuestos. Efectivamente para algunos esta reforma es aún insuficiente para lograr el ideal democrático. Sin embargo estamos convencidos de que las leyes son perfectibles y graduales. Por ello consideramos necesario valorar aspectos particulares que puedan ser susceptibles de mejoras en la minuta enviada por la colegisladora y que en su momento presentaremos como reservas al mismo. Compañeras y compañeros diputados, no olvidemos que en un Estado constitucional, democrático de derecho, se debe defender, garantizar y fomentar principios democráticos, no intereses particulares. Vivir en democracia significa vivir en igualdad de oportunidades, en igualdad de oportunidades para contender, más no igualdad de oportunidades para abusar. Asimismo advierto que esta reforma partió de la consideración de que la democracia no es el gobierno de los más en perjuicio de los menos y se apoya en el conocimiento de que en todo régimen democrático resulta fundamental el respeto a los derechos de las minorías y a la diversidad de criterios. Recordemos que las mayorías como las minorías tienen derecho a discutir, tienen derecho a opinar y también tienen derecho a votar. En Nueva Alianza estamos conscientes de los retos que nos presenta la reforma electoral propuesta a esta soberanía. No somos ingenuos ni mucho menos aventureros. Confiamos en que este reto es una oportunidad para demostrar, como lo hemos hecho, que nuestro partido político tiene un apoyo legítimo de la sociedad, que por más obstáculos o mecanismos que aprueben para limitarse de la pluralidad que existe en el país, nuestras propuestas serán nuestro mejor activo político frente a la ciudadanía. Señor Presidente, concluyo. No se puede dejar de mencionar la trascendencia histórica que deja el Instituto Federal Electoral como legado a la nación mexicana. Es cuanto.