El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros diputados. En México el problema de la corrupción ha tenido un vigor que parece inagotable. Sus cauces provienen de la actividad política y de sus oficiantes. La política en el país ha sido la gran creadora y gestora de la corrupción. Formó toda una cultura, institucionalizó la deshonestidad; no se limitó a determinar la forma de hacer carrera dentro del Poder público, también contribuyó a la forma de ser empresario, periodista, líder sindical, dirigente partidista, ciudadano —según lo expresa Edmundo González Llaca. La corrupción fue el as bajo la manga del sistema político, sirvió para legitimar a los nuevos gobernantes, controlar a los simpatizantes, cooptar opositores, reprimir adversarios, reducir las injusticias, proveer actividades económicas, atenuar desviaciones legales. La corrupción era el fiel de la balanza de la estabilidad nacional. Se dice fácil pero mientras prácticamente todos los países latinoamericanos se sacudían con golpes de estado, motines y revueltas, en México había paz y continuidad en sus instituciones. En ese marco, se fue gestando una dañina politización de la administración pública en nuestro país, marcada por una fusión completa entre las élites políticas, la alta burocracia y los empresarios, que favoreció el desarrollo de una corrupción institucionalizada: el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada para fines políticos, el clientelismo, el abuso de autoridad y el nepotismo, por citar nada más algunos casos. La vida del país se sustentó en diferentes prácticas que hasta nuestros días se mantienen y que favorecen e incentivan y alimentan fuertemente la práctica de la corrupción en nuestro país, como son: discrecionalidad en el ejercicio del gobierno, la impunidad, la burocratización y falta de profesionalización de muchos funcionarios de la administración pública, la sobrerregulación, el influyentismo, la conformación y abuso del poder, el nepotismo, amiguismo, las cofradías y mafias y la famosa transa. Todas estas prácticas se han arraigado en el país desde el período de la Revolución Mexicana como parte del clientelismo y del corporativismo. Y lamentablemente para México, hoy más que nunca están vigentes y prevalecen en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Lo más delicado y preocupante de la corrupción en nuestro país no sólo es que invade todos los sectores tanto públicos como privados, sino los costos tan grandes que genera para la sociedad mexicana. De acuerdo con datos del Banco Mundial, los actos de corrupción cuestan a México un total de 60 mil millones de dólares anuales o el equivalente a cuatro veces los ingresos por exportaciones petroleras; lo que representa aproximadamente el 9 por ciento del Producto Interno Bruto. La importancia de estas cifras se aprecia claramente si consideramos que durante el gobierno foxista sólo hemos crecido en promedio a una tasa del 1.6 por ciento anual. Asimismo el Banco Mundial y diversos estudiosos del tema, mencionan que entre la distorsiones de carácter económico y los costos más relevantes que genera la corrupción y de los cuales nuestro país no escapa, se encuentran los siguientes: Aumenta los costos de transacción y la incertidumbre de la economía, desalienta las inversiones productivas y favorece las inversiones especulativas, provoca incentivos negativos para que los negocios busquen favorecerse más del amparo del poder, que de las mejoras de su productividad y competitividad. Prohija los mercados monopólicos y oligopólicos y desprotege a los consumidores, mina la legalidad del estado de derecho y favorece la impunidad, desvía los recursos y las prioridades de inversión por el contratismo, hacia actividades poro rentables desde el punto de vista social y económico. Así vemos tantos elefantes blancos. Estimula las actividades ilícitas y prohija la delincuencia organizada, propicia la elusión y evasión fiscal disminuyendo la capacidad de captación fiscal del gobierno. Reduce la capacidad del Estado para proveer servicios y promover el crecimiento. La corrupción opera como un impuesto regresivo contra los sectores económicos y sociales más débiles y fomenta la pobreza. La corrupción genera más trabas burocráticas, deteriora la calidad de los servicios del gobierno, desvía los beneficios de los programas sociales, de sus destinatarios, favorece la desigualdad económica y la creciente concentración del ingreso, debilita las finanzas públicas y aumenta el riesgo-país. En síntesis, los altos costos socioeconómicos que la corrupción genera, justifican la urgencia de acciones concretas para combatirla, en tanto disminuye las posibilidades reales del desarrollo nacional. Por tanto, promover el desarrollo y luchar contra la corrupción en México, exige impulsar desde el Poder Legislativo, propuestas de reforma a nivel institucional bien estructuradas y sobre todo, mejor diseñadas. Es por ese motivo y razón, que hemos venido a esta tribuna para promover un Código de Ética Parlamentario y un Consejo de Ética. Si nosotros debemos emprender a nivel nacional una labor de saneamiento y surgimiento de una nueva ética pública, requerimos realmente comenzar por el Congreso de la Unión y en particular por la Cámara de Diputados. Por ese motivo y esa razón, es que proponemos a su consideración el proyecto de decreto. Artículo Único. Se reforma y adiciona el capítulo séptimo y el artículo 47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Del Código de Ética Parlamentario y del Consejo de Ética. Artículo 47. Los legisladores que integren la Cámara deberán sujetarse al Código de Ética Parlamentario y al Consejo de Ética que se refiere a continuación: Del Código de Ética Parlamentario. Los legisladores en ejercicio de sus funciones deben apegarse de manera irrestricta a los principios de ética, honestidad, decoro, responsabilidad, eficacia, eficiencia, transparencia, veracidad, legalidad y parcialidad y vocación de servicio hacia la sociedad. Para cumplir cabalmente con los principios mencionados son deberes éticos de los legisladores los siguientes: Actuar con transparencia poniendo a la alcance de la población, toda la información sobre su trabajo legislativo. Dar a conocer los intereses que motivan la promoción de iniciativas legislativas e informar de los grupos de cabildeo con que hayan interactuado al momento de su presentación. Desempeñar el cargo, sin discriminar en su actuación a ninguna persona por diversos motivos o por cualesquier motivo. Rechazar cualquier actividad privada que le permita aprovecharse de su cargo de legislador y anteponer el interés público y el interés general de manera invariable sobre sus intereses personales o particulares. Conocer y cumplir las disposiciones legales referentes a la ejecución de otros cargos. Prohibiciones por razón de parentesco y cualquier otro régimen de responsabilidades que le sea aplicable. Guardar la discreción debida, respecto de todos los hechos e información reservada, de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones legislativas. Declararse impedido en la discusión o resolución de asuntos en los que él, su cónyuge o parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, tenga un interés particular directo. No usar o aprovecharse de investidura de legisladora, para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos o cualquier otro beneficio personal o sus familiares, amigos o cualquier otra persona, medie o no remuneración. Solicitar o aceptar directamente o por persona interpuesta, viajes, regales, donaciones, favores, recompensas o beneficios de cualquier tipo, como contraprestación por algún acto propio de su cargo o bien cuando en forma alguna comprometa o condicione la toma de decisiones. Dirigir, administrar, patrocinar, representar o prestar servicio a personas físicas o jurídicas que gestiones o exploten concesiones administrativas, que sean proveedores o contratistas del Estado o que puedan beneficiarse de las acciones legislativas que están en trámite. Realizar trabajos, gestiones o actividades que están en conflicto con sus deberes y responsabilidad o cuyo ejercicio pueda dar lugar a dudas sobre su imparcialidad, frente a las decisiones que le compete tomar en razón de sus labores legislativas. Utilizar la información que le confiere su cargo para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros. Hacer uso de las instalaciones y los bienes muebles del Congreso de la Unión, para el logro de objetivos personales o de terceros. Usar el equipo de oficina tal como, teléfono, fax, fotocopiadora, computadora y demás bienes públicos para asuntos distintos de su labor legislativa. Rendir un informe anual de actividades. Aquí se hace una presentación también completa, de una propuesta de consejo de ética que debería no solamente de sancionar, sino de prever las acciones que puedan representar conflictos de interés o problemas de tráfico de influencia. Se hace una propuesta concreta. En la Gaceta, como ya se ha dicho, está debidamente publicada esta propuesta, que esperemos reciba la atención de esta Cámara de Diputados, en bien de la Cámara, del Congreso de la Unión y en beneficio de México. Muchas gracias.