El diputado Gilberto Ensástiga Santiago: Señoras y señores legisladores, invitados que nos acompañan: El ejercicio del poder punitivo del Estado exige un equilibrio entre las garantías liberales y el derecho de la sociedad a ser tutelada y protegida. Este esfuerzo es al que debemos aspirar para analizar y discutir con ánimo republicano, los diversos proyectos en cuanto al mal llamado secuestro en sus diversas acepciones, que sin duda, se han incrementado en forma preocupante y afectando a nuestra sociedad, cuando en México se nos ha ubicado como en el segundo país, en el segundo lugar donde más se dan los secuestros. El Código Penal Federal vigente es el reflejo de varias tendencias y doctrinas a veces coincidentes, pero en otras confrontadas, por eso debemos considerar, más allá de las reformas parciales necesarias, el convocar a la revisión integral y de esa forma darle a la sociedad mexicana un Código Penal Federal actualizado. Desde luego, es enfático señalar que aspiramos a la transformación democrática de nuestro sistema político y en ese sentido a la construcción de un auténtico estado democrático de derecho; en consecuencia, el Código Penal Federal debe responder a las exigencias de un sistema penal acorde con esta definición política. También consideramos que debe de partir de criterios y principios fundamentales que garanticen los derechos de los individuos frente a los órganos del Estado y por ello debe establecer los límites precisos a la potestad punitiva que (¿) cada uno de ellos. En atención a lo anterior, resulta imperativo revisar los diferentes delitos que se cometen cuando concurren la privación ilegal de la libertad, la extorsión, el robo y una serie de desventajas que se presentan en la comisión del delito del llamado "secuestro"; por eso se hace necesario establecer con nitidez los presupuestos de la pena, las medidas de seguridad y los criterios político criminales que serán fundamentales para la individualización judicial de las penas en la privación ilegal de la libertad. En la reforma propuesta sostenemos que la atención central y definitoria del bien jurídico que se trata de proteger y la gravedad de su afectación, debe evitar tanto las penas que son ridículas, como las penas sumamente elevadas. La iniciativa contempla diversas penalidades de prisión y multa, en la inteligencia de que penas menores o mayores traicionan el fin de prevención general al que está llamada la punición. Consideramos que cualquier reforma debe garantizar el respeto a los derechos humanos, proteger los bienes jurídicos individuales, colectivos o estatales; los de mayor importancia para la vida ordenada en comunidad y por tanto que no se utilice sólo como un medio de represión y de sujeción de la persona, sino como un instrumento a su servicio. No se trata de una reforma simple, es el fruto de la reflexión de varias preocupaciones con aspectos encomiables que se retoman; empero, la realidad socioeconómica, política y cultural de nuestro país, ha sufrido profundos cambios en las últimas décadas y lamentablemente la ausencia de una política criminal de Estado ha originado que muchas de las reformas a la legislación penal se apoyen en visiones demagógicas. Por otra parte, la ciencia penal y la política criminal moderna, han precisado los límites de la facultad punitiva del Estado y la intervención penal mediante una serie de principios que deben regir en toda legislación penal, propia de un estado de derecho y que al mismo tiempo deben caracterizar la política criminal. Entre esos principios encontramos los siguientes: el de legalidad, el de intervención mínima del derecho penal, el de culpabilidad, el del bien jurídico, el del acto, la racionalidad de las penas y el de las medidas de seguridad que han sido ya aceptadas por muchas legislaciones penales extranjeras y del país y que invariablemente deben ser considerados como directrices a seguir en nuestra legislación penal. Ese derecho penal, por tanto, que debe regir un estado de derecho democrático, debe estar en su contenido acorde a concepciones, características del estado al que sirve de instrumento para el cumplimiento de sus funciones. No tenemos ninguna duda al decir que la delincuencia debe ser enfrentada con normas jurídicas que garanticen la tranquilidad de la sociedad, que permitan separar las conductas antisociales de la vida pública y que logren reparar los daños causados a quienes demandan justicia y buscan la protección del Estado; pero también sostenemos que la pobreza sigue siendo un factor en el involucramiento de hombres y mujeres a las actividades delictivas y que por tanto, si queremos atacar de fondo y origen el problema, no es con penas más severas, como en varias propuestas de reformas que se han presentado a este Congreso, el que vamos a resolver la situación que vivimos. Es con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a través de oportunidades de empleo productivo, de fomentar la solidez del núcleo familiar y desde luego, garantizar su reincorporación a la sociedad con un sistema penal que tutele sus derechos. En las reformas que proponemos al Título vigesimoprimero, de la privación ilegal de la libertad y otras garantías del actual Código Penal Federal, se mantiene el artículo 364, donde la pena corporal es de 6 meses a 3 años de prisión y de 25 a 100 días multa a quien prive de su libertad a otro. Y proponemos que se reforme su fracción I para que necesariamente no exista el propósito de obtener lucro o causar daño. Y modificamos el término que excede de 5 días por el de 24 horas, para que la pena de prisión sea de un mes por cada día que se transcurre. Se modifica la edad penal de la víctima de menor de 16 a menor de edad. El actual código no tutela en el caso de secuestro, los derechos de quienes tienen 17 años. Nosotros planteamos que sea a partir de ser menores de edad y que se contempla el de 18 años. En esa misma fracción consideramos que la liberación espontánea de la víctima dentro de los 3 días siguientes, es un término extenso para la disminución de la pena. Por tal razón proponemos que el término quede dentro de las 24 horas siguientes al de la privación de la libertad. Reformamos el párrafo segundo del artículo 365 bis, para modificar el término que establece los 3 días siguientes para restituir a la persona sin haber practicado el acto sexual, porque es un término extenso para la víctima. En consecuencia la restitución y sin que se practique el acto sexual, se plantea dentro de las 24 horas, para disminuir la pena. Se propone la creación de un nuevo tipo penal relacionado con la expresión popular denominada "secuestro express", con una penalidad de 5 a 20 años de prisión, además de aplicar las sanciones que resulten aplicables por el robo o extorsión. Queremos decirles que actualmente en la legislación penal federal no se contempla ese tipo penal al que popularmente se le ha llamado "secuestro express". Con esta iniciativa queremos dar respuesta y efectivamente aquí está el planteamiento. También queremos decirles que estamos incorporando en estas reformas como una serie de características que agravan la conducta, el de la mutilación. La mutilación no está contemplada en el actual Código Penal, solamente se habla de violencia que es físico-moral y desde luego que consideramos que este daño que se le causa a las personas secuestradas, debe castigarse con todo el peso de la ley, porque no solamente le provoca un trastorno permanente, sino que también la mutilación se ha utilizado para presionar, para chantajear a los familiares y desde luego al conjunto de la sociedad. Presidente diputado, el tiempo está por concluir. Le solicito que el cuerpo total de la iniciativa que estoy presentando a nombre del Partido de la Revolución Democrática y que está suscrita por diversos diputados del PRD, quede íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias.