El diputado Matías Nazario Morales: Compañeras y compañeros, como dijera Winston Churchill: El precio de la grandeza es la responsabilidad. Unas finanzas públicas que contribuyan al desarrollo económico de la nación exigen de un manejo responsable y oportuno. Conscientes de lo anterior, hace 2 años los diputados del PRI aprobamos unas de las 13 reformas transformadoras que están cambiando el rostro del país: la de disciplina financiera, la de las entidades federativas y municipios dotaron al Estado de nuevas y mejores herramientas para asegurar finanzas públicas sanas, así como procurar la estabilidad macroeconómica del país. Han contribuido a fortalecer las finanzas públicas del Estado, obligando a todas las entidades federativas y municipios a seguir reglas de carácter nacional. A la par de premiar su buen comportamiento, para que aquellos que tengan finanzas sanas puedan acceder a más créditos. En suma, garantiza responsabilidad por parte de los mandatarios, que son quienes gobiernan, para promover finanzas sanas y un crecimiento sostenible en beneficio de los ciudadanos. No obstante lo anterior, es necesario robustecer la legislación para dotarla de mayor operatividad. El dictamen que hoy nos ocupa, referente a la iniciativa del decreto por el que se reforman, adicionan diversos artículos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, parte de una iniciativa presentada por el PRI, el PAN y el PRD, lo que acredita que dentro de la pluralidad política existen coincidencias para adecuar la ley de la diversidad económica, de finanzas públicas y de endeudamiento de los estados y municipios. Al igual que el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios tienen la opción de acudir a la contratación de deuda, a fin de solventar sus funciones, sin afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Este dictamen permitirá actualizar el marco normativo y asegurar que su aplicación en materia de responsabilidad hacendaria a nivel local sea eficaz. En ese sentido, las principales beneficiarias de las adecuaciones presupuestarias serán las autoridades locales, ya que contaran con disposiciones más claras y precisas. Por otro lado, dado que no es admisible limitar a los estados y municipios en la administración de sus propios recursos que por ley les pertenecen. El dictamen, de aprobarse, permitirá dotarles de un mayor grado de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes, siempre que se ubiquen en el nivel de endeudamiento admisible. Asimismo, le proporcionará a las entidades federativas un mayor grado de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes pudiendo destinar hasta un 5 por ciento para cubrir gasto corriente, cuando lo permita su nivel de endeudamiento. Adicionalmente, incorporará a la definición de disponibilidades y actualizará el concepto de financiamiento, permitiendo a los gobiernos locales el uso de los recursos utilizados en ejercicios anteriores, en aras de que mejoren su balance presupuestario para futuras operaciones de deuda, sin deterioro de sus finanzas. Un elemento a destacar es la posibilidad de que los estados puedan atender por medio de sus ingresos de libre disposición a la población afectada por desastres naturales con oportunidad y suficiencia, así como destinarlos para la constitución de un fondo que atienda sus necesidades inmediatas, a efecto de salvaguardar sus derechos sociales y combatir sus condiciones vulnerables en materia de salud, educación y vivienda. También se facilitará la contratación de financiamientos que se realicen con un fundamento en programas federales o convenidos suscritos con la federación, mismos que se harán a través de licitaciones públicas, dándose a conocer los resultados a través de los medios oficiales. La inscripción en el Registro Público Único de la deuda contratada permitirá su oportuna evaluación a través de sistemas de alertas, salvaguardando así los principios de transparencia y responsabilidad hacendaria. De particular importancia es la precisión que plantea el dictamen para asegurar que aquellos estados o municipios que otorguen en garantía sus participaciones federales a través de un fideicomiso público sin estructura, cumplan con los requisitos que determinen el Registro Público Único. En suma, los gobiernos locales contarán con reglas claras y contundentes en el manejo responsable de sus haciendas públicas, realidad que ya se refleja en la disminución de sus niveles de endeudamiento. Prueba de ello es que el saldo como porcentaje del producto interno bruto es de 2.9 contra el 3.1 al inicio de la vigencia de la ley.