La diputada María Gabriela González Martínez: Con su permiso, diputado Presidente. Los suscritos diputados federales Obdulio Ávila Mayo y la de la voz, Gabriela González Martínez, de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al tenor de la siguiente: Exposición de motivos La función pública es una actividad de interés general, que tiende a la satisfacción de las necesidades colectivas. Por lo que el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público, representa en nuestro estado de derecho, una de las más elevadas responsabilidades sociales, que debe ser conducida a través de normas jurídicas que propicien su ejercicio eficiente y honesto. De lo anterior se desprende que en el ámbito de acción de los poderes públicos, esté determinado por la ley, y los agentes estatales responden ante ésta, por el uso de las facultades que expresamente se les confiere. La irresponsabilidad del servidor público genera ilegalidad, insolvencia social y corrupción, su irresponsabilidad erosiona el estado de derecho y actúa contra la democracia. Tampoco hay responsabilidad cuando el afectado no puede exigir, fácil, práctica y eficazmente el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. La responsabilidad de los servidores públicos debe traducirse, en la práctica, en un escrupuloso manejo de los recursos públicos y en el cumplimiento eficaz de las funciones que tienen encomendadas, lo que hace conveniente contar con un marco normativo, acorde con las necesidades sociales que regule en forma adecuada estas responsabilidades. En el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagran los principios rectores que rigen en materia de responsabilidad de los servidores públicos, mismos principios que deben ser plenamente compartidos, tanto por los Poderes de la Unión, como por los gobiernos de los estados, al momento de expedirse las leyes federales o locales en esta materia. Entre los aspectos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos actual se destaca lo siguiente: Se especifica quienes tienen el carácter de servidor público. Se determina cuáles son los servidores públicos que están sujetos a responsabilidad de carácter federal y cuáles son sujetos a responsabilidades de carácter local. Se establece que el Congreso de la Unión, expedirá las leyes de responsabilidades aplicables en el ámbito federal y para el Distrito Federal. También establece que las Legislaturas locales deben expedir las leyes de responsabilidades que rijan en sus respectivos estados. El Congreso de la Unión, en cumplimiento de este imperativo constitucional, ha expedido la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dispositivo que recoge los principios consagrados en la Constitución en esta materia y tiene su ámbito de aplicación para toda la República, en cuanto a los servidores públicos que integran a los Poderes de la Unión; así como, también comprende a los servidores públicos en el Distrito Federal. En consecuencia, la Ley Federal de Responsabilidades determina las conductas por las cuales, por afectar a los intereses públicos fundamentales y a su buen despacho, se incurre en responsabilidad política y se imponen sanciones de esa naturaleza. Los sujetos de responsabilidad política por integrar un poder público, por su jerarquía, o bien por la trascendencia de sus funciones son: los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada el 31 de diciembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación, fue acorde a una necesidad de valorar la conducta de quienes servían en la administración de los recursos públicos. Se hizo necesario regular las normas que regulaban las responsabilidades, a efecto de que la ciudadanía acudiera a ella, como consulta y defensa de sus intereses y por otro lado, sirviera de guía en el proceder de los servidores, sujetándolos a la legalidad en todos los actos de administración. Por lo anterior, podríamos decir que actualmente está claramente planteado y legalmente atendido el tema que corresponde a las responsabilidades empero, y en ejercicio de la revisión permanentemente de las leyes para evaluar su correspondencia con la realidad que regulan, observamos que la Ley Reglamentaria del Título Cuarto constitucional; así como el artículo 15 del Gobierno del Distrito Federal, limitan en su alcance y facultades al Distrito Federal, para que esta entidad pueda crear un marco normativo que regule las responsabilidades de los servidores públicos que integran la administración pública de la Ciudad, provocando con ello que no existan en la entidad los mecanismos suficientes para salvaguardar la unidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en los servidores públicos independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión de todo servidor público; sin perjuicio o independientemente de sus derechos y obligaciones laborales. El régimen vigente de responsabilidades de los servidores públicos para el Distrito Federal sigue estando supeditado a la Ley Federal produciendo imprecisiones en la Norma, que conllevan a que los servidores públicos que integran la administración pública local, evadan responsabilidades o no sean sancionados. En la presente iniciativa de ley se permitirá que conforme el texto de la nueva redacción del artículo 109, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expida una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Locales. Asimismo, mediante esta reformas se coadyuva en la mejoría jurídica y política de la evolución de la Ciudad; se garantice el ejercicio seguro y eficaz de las funciones de los Poderes locales y al mismo tiempo se fortalece el Distrito Federal como parte integrante de la Federación. Los legisladores federales debemos estar conscientes de que es necesario modificar el marco jurídico actual del Distrito Federal, a través de iniciativas de ley que garanticen el desarrollo institucional de las dependencias y órganos de gobierno de la ciudad en beneficio de sus habitantes. La administración pública local precisa de nuevos impulsos para vitalizar sus principios y su interés en torno a la vigencia de los mismos y las metas de transformación comprometidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En las reformas que se proponen, los servidores públicos del Distrito Federal ya no estarían sujetos en materia de responsabilidades, a las leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión, sino que quedarían sujetos a las leyes que al respecto expidiera la Asamblea Legislativa. En consecuencia, se suprimen las facultades del Congreso de la Unión para expedir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que rigen el Distrito Federal. En este sentido también se pretende que los servidores públicos que integran los órganos de gobierno del Distrito Federal, Legislativo, administrativo y jurisdiccional, entre ellos el Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y otros, sean considerados en cuanto al ámbito de responsabilidades a que están sujetos, como sucede en los estados de la Federación, es decir, que sus responsabilidades sean sólo de carácter local y que la autoridades encargadas de juzgar y en su caso sancionar, sean también las de la entidad. Con la modificación a la ley, se sientan las bases para que los sujetos de responsabilidades por integrar un poder público cumplan con sus obligaciones políticas y administrativas propias de su encargo y sean responsables del incumplimiento en las tareas del mismo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados esta iniciativa con proyecto de decreto. Firman los diputados Obdulio Ávila Mayo, la diputada Gabriela González Martínez. Pido a la Presidencia que se inserte íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.