La diputada Miriam del Sol Merino Cuevas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en las personas el derecho de una vida con un mínimo de satisfactores económicos, sociales y culturales, garantizando, entre otros, los derechos humanos en materia de seguridad social. El derecho al trabajo, además de constituir un igualador social y un catalizador para la realización de otros derechos, es un factor inherente a la dignidad humana, de ahí la relevancia de que se desarrolle en un marco de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos. México ha sido un referente internacional de la protección de los derechos sociales, entre ellos el del trabajo, y además promotor de instrumentos que reconocen la obligación de las autoridades para erradicar conductas que deriven en condiciones de desigualdad salarial, menoscabo de derechos y libertades de personas trabajadoras. En el régimen de contrataciones laborales subsiste el denominado outsourcing, a través del cual se subcontrata personal para el cumplimiento de ciertas actividades, a través de un tercero, evadiendo en el mayor de los casos responsabilidades fiscales y prestaciones laborales. Se trata de un régimen laboral que no está exento de irregularidades que afectan directamente a las personas trabajadoras debido a que impide la generación de antigüedad laboral y con ello el acceso a derechos consagrados en la Constitución, como los días de descanso, el aguinaldo y la liquidación. Incluso, evade la garantía a prestaciones laborales como seguros, esquemas de jubilaciones y hasta créditos a la vivienda. Desde 1997, en la Conferencia Internacional del Trabajo se ha discutido el trabajo en régimen de subcontratación, los Convenios 181 y 188 de la Organización Internacional del Trabajo reconocen la subcontratación a nivel mundial, buscando la regulación en todo el mundo. El mundo del trabajo ha sido de lucha, de lucha por la defensa de los derechos de todas y todos los trabajadores en el mundo, pero sobre todo en México. La regulación del outsourcing viene a darle certeza a todas y todos los trabajadores que se sienten transgredidos, limitados y desprotegidos, desde sus derechos laborales a la seguridad social, a un fondo de ahorro para el retiro, al acceso a créditos de vivienda, entre otros. De acuerdo con la Confederación Mundial de Empleadores, México es el cuarto país donde más personas trabajan bajo el esquema de subcontratación en el mundo. En el caso de México, el Inegi reporta 4.6 millones de trabajadores bajo este esquema, así como la participación de las empresas medianas, pequeñas y micro que tienen una participación en subcontratación del 53.2 por ciento, desglosado de la siguiente manera: medianas empresas con el 31.2, pequeñas empresas con 17.6 por ciento, microempresas con el 4.4 por ciento. De acuerdo con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, solamente el gobierno federal tiene cerca de 500 mil trabajadoras y trabajadores bajo este esquema, en las diferentes secretarías del gobierno federal. Según la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el gobierno federal entre 2019 y 2020 se asignaron más de 50 contratos por un monto cercano a 5 mil millones de pesos a compañías dedicadas al esquema de subcontratación. Mi sentir como líder sindical es que se respeten y se garanticen los derechos y garantías de todas y todos los trabajadores mexicanos a un empleo digno, que cuenten con todas sus prestaciones, que tengan acceso a una vivienda, a un sueldo seguro y permanente, brindarles certezas en sus empleos. De ninguna manera se busca dañar al sector empresarial, por el contrario, se trata de resolver una problemática presente en una de las actividades económicas más productivas, como lo es la prestación de servicios. Es necesario impulsar el desarrollo de una certificación para las empresas del sector, basadas en una norma oficial mexicana que establezca las condiciones y requisitos que deberán implementar. En este sentido, mi voto es a favor del proyecto de dictamen. A favor de que esté sujeto a mayores regulaciones para que nuestro país no pierda competitividad en el entorno internacional. A favor de que se protejan y se garanticen los derechos laborales de los 4.6 millones de trabajadoras y trabajadores bajo el esquema de subcontratación en México. Basta de simulaciones, basta de atropellar los derechos de las y los trabajadores. Es una realidad, siempre se aprovechan las subcontrataciones de la clase trabajadora. Por su atención es cuanto. Muchas gracias.