LA C. DIPUTADA SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO: Con su permiso, Señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, Señora Secretaria: en el gasto social, como porcentaje del PIB, México todavía se encuentra rezagado de las economías grandes y de los países de América Latina. El presupuesto que se destinó al combate a la pobreza durante la anterior administración, aunque se duplicó a precios corrientes en términos constantes, sólo tuvo un aumento de alrededor del 20% durante 6 años. Por la magnitud y gravedad del problema de la pobreza en México y tomando en cuenta el tamaño de su economía, nuestro país debe aumentar, en los próximos años, en cuando menos el doble de los recursos que actualmente destina a estos programas. Si comparamos los principales sectores de la política social de las dos economías más grandes de América Latina --Brasil y México-- se observa que es muy similar el gasto público destinado a educación como porcentaje del PIB. El primer país, Brasil, invierte el 3.4% y el segundo el 3.7%. Sin embargo, en seguridad social hay una enorme brecha debido a que Brasil destina el 10.1% y nuestro país sólo el 3.6%. También en vivienda es notable la diferencia, ya que Brasil destina el 3.6% y nuestro país sólo el 1.2%. Estamos de acuerdo en que toda política de aumento del gasto social debe obedecer a los principios de una política fiscal sana, es decir, todo incremento tiene que estar adecuadamente financiado y debe privilegiarse la reasignación de recursos públicos al gasto social, dando prioridad a los renglones con mayor impacto distributivo y mejorando la calidad y la eficiencia de dicho gasto. Es importante tomar en consideración las restricciones administrativas de cada programa, pues resulta riesgoso expandirse más allá de su tamaño y complejidad original. Con respecto a la vertiente productiva, queremos señalar que aunque es muy importante cada una de las acciones establecidas, son demasiados sus programas incluidos y con muy bajas asignaciones, lo que provoca dispersión de los recursos y esfuerzos y, en consecuencia, un impacto que puede ser imperceptible. Sólo por citar un ejemplo, el programa de jornaleros agrícolas es uno de los más importantes, ya que tiene que atender a 3 millones de trabajadores, que registran los más altos índices de analfabetismo, deserción escolar y desnutrición. Según los resultados de las evaluaciones de la propia Secretaría, el programa benefició a un poco más de 750 jornaleros y se instrumentaron un total de 70 mil proyectos. En principio, con estos resultados no es posible conocer los beneficios reales del programa. Si hay un avance sustantivo en algún aspecto de la problemática de este sector o si es más conveniente centrar la atención en un problema en particular y buscar una mayor profundidad en una solución. La evaluación debe concebirse primordialmente como un poderoso instrumento para mejorar el desempeño de los programas sociales, como una instancia de aprendizaje que permita rediseñar y mejor esos programas en nuevos ciclos de la política social. Y por lo tanto la evaluación se concibe como condición necesaria para perfeccionar los programas actuales y futuros. Sabemos que cada acción incluida en la vertiente productiva es prioritaria por las circunstancias en que se encuentra cada sector o región que demanda atención urgente. Sin embargo, es posible que sin dejar de atender a cada uno de ellos se ofrezca máxima prioridad a programas específicos, logrando impactos significativos. Por ello proponemos a la Secretaría realice una amplia evaluación para ver la posibilidad de reformularla a fin de conseguir resultados más decisivos. Finalmente quisiera hacer hincapié sobre las obras de infraestructura social bajo la responsabilidad de los municipios, debido a que varias de ellas quedan inconclusas sin funcionar o terminan en proyectos diferentes de lo que se había previsto originalmente. Es posible que con el acuerdo del 20 de agosto de este año se establecen mecanismos públicos de seguimiento, supervisión y evaluación, se corrijan estas irregularidades. Muchas gracias. - EL C. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CANTU TORRES (PAN), Presidente de la Comisión de Desarrollo Social: Gracias, Diputada. Para hacer uso de su derecho a pregunta, se concede el uso de la palabra a la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, por el Partido de la Revolución Democrática, hasta por cuatro minutos. -