El diputado César Augusto Rendón García: Diputado presidente, con su venia. Buenas tardes, diputadas, diputados, a nombre de mis compañeros Jorge López Martín y Rocío Matesanz y un servidor, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incluir los pagos por servicios de enseñanza en las deducciones personales. Como todos sabemos, la educación es un derecho humano esencial para que los individuos podamos ejercer los demás derechos consagrados en nuestra Carta Magna. Asimismo, promueve la libertad y representa la gran oportunidad para el progreso de nuestros jóvenes en lo individual y de la nación en lo colectivo. En este contexto, la reforma educativa ha sido prioridad para Acción Nacional, ya que busca garantizar una educación pública de calidad para todos los mexicanos, que permita abatir el rezago social y brindar igualdad de oportunidades a la población joven de nuestro país. Si bien el sistema de educación pública ofrece buenos niveles de cobertura, por distintos motivos muchos mexicanos continúan privados de oportunidades educativas, por lo que la oferta privada complementa a la pública de manera muy significativa. Según datos de la SEP, durante el ciclo escolar 2014-2015 las instituciones privadas atendieron el 14 por ciento de la matrícula nacional a nivel preescolar, el 8.8 a nivel primaria, al 8.3 en nivel secundaria, al 18.8 en nivel medio superior y a un alarmante 28.5 en nivel superior. Lo anterior representa un esfuerzo para aquellas familias que dedican un porcentaje no menor de sus ingresos al pago de las colegiaturas, por lo que en respuesta solidaria, en el año 2011, el presidente Felipe Calderón emitió un decreto por el que se otorgó un estímulo fiscal al contribuyente por el pago de servicios educativos en los niveles de prescolar, primaria, secundaria y medio superior, quedando pendiente la enseñanza superior. En 2013, el presidente Enrique Peña refrendó este incentivo; sin embargo, se establecieron límites a los máximos de deducibilidad, equivalentes al gasto por alumnos que el gobierno federal eroga en cada nivel educativo, cantidades que no corresponden al desembolso real que efectúan los padres de familia. Además se excluyeron los gastos en cuotas de inscripción y reinscripción, que pueden llegar a equivaler a uno o dos meses de colegiatura. Por otra parte, a la educación privada también le han llegado los efectos negativos de la reforma hacendaria, debido a la imposición del pago del 30 por ciento por concepto de ISR a instituciones educativas privadas, ya que en parte de esta carga se ha trasladado al bolsillo de los padres de familia, quienes para el ciclo 2014-2015 enfrentaron incrementos de hasta el 29 por ciento en las colegiaturas de nivel primaria y quienes además también a consecuencia de la reforma hacendaria tienen muy poco margen para efectuar deducciones personales. Finalmente, hoy por hoy es innegable que la educación superior representa no solo un mecanismo eficaz contra la desigualdad y la pobreza, sino el motor para el desarrollo económico nacional a través de la innovación, el desarrollo tecnológico y mayor competitividad a niveles nacionales e internacionales. En este sentido, cabe recordar que la oferta privada de educación superior atiende a casi el 29 por ciento de la población estudiantil universitaria, quedando ésta excluida del incentivo antes señalado. En razón de lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la adición de la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en que se incluyen los pagos por servicios de enseñanza en deducciones personales, con el fin de brindar certidumbre a los contribuyentes sobre la permanencia de este importante incentivo fiscal, en beneficio de miles de familias que sacrifican parte importante de sus ingresos por la educación de sus hijos. Asimismo que en esta disposición se incluyan los pagos por servicios de enseñanza a nivel superior, así como los gastos por cuotas de inscripción y reinscripción. Finalmente, que se eleven los límites máximos de la deducción anual actualmente establecidos, tomando como referencia el gasto por alumno reportado para el 2014 por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, en correspondencia con el gran esfuerzo que los padres de familia realizan con el pago de las colegiaturas. Les pido que apoyemos la educación, que apoyemos la economía de las familias mexicanas y que estemos juntos por un mejor México y por un México que se enfatice la educación y que ayude a sus familias. Muchas gracias.