El diputado Guillermo Sánchez Torres: Con su venia, diputado. Compañeras y compañeros diputados, la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental representa un avance muy importante, aunque todavía insuficiente en materia de transparencia y rendición de cuentas. El gran reclamo que la sociedad mexicana hace a la clase política es el de terminar de una vez por todas con la corrupción, opacidad e ineficiencia gubernamental. En el ejercicio del derecho a la información los ciudadanos exigen gobiernos totalmente transparentes, dispuestos a rendir cuentas y que sean administradores responsables de los recursos públicos. El nivel de endeudamiento de las entidades federativas ha crecido en forma alarmante durante este sexenio. Un informe reciente de la calificadora Fitch señala que la deuda de los estados en solo cuatro años se duplicó, al pasar de 203 mil millones de pesos en 2008 a 404 mil millones durante el presente año. Este monto representa casi el 3 por ciento del producto interno bruto nacional. Este reporte igualmente señala que el 63 por ciento del incremento de las deudas estatales se concentra en siete estados: Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo y Michoacán. La situación de los municipios es igual de grave. Datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que solo en la primera mitad del presente año la deuda municipal sumó casi 45 mil millones de pesos. Esta cifra es 17.5 por ciento superior a la registrada en junio del año pasado y representa el 10 por ciento de la deuda total que contabilizan los estados. México se ha cansado de que la clase política entienda el poder como un negocio y vea en el ejercicio del Presupuesto público un botín. Esta forma de concebir la política es inaceptable desde cualquier punto de vista. La reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental obedece al propósito de la transparencia y por esta razón, en el PRD vamos a votar a favor. Sin embargo, enfatizamos que esta nueva legislación no es lo suficiente para detener la voracidad de malos servidores públicos. La autoridad federal requiere de mayores facultades para investigar y sancionar casos de endeudamiento estatal y municipal. En ese sentido pueden tomarse dos caminos: la creación de un organismo nacional con facultades investigativas y sancionadoras o el fortalecimiento de la vinculación y la coordinación entre los organismos de control y vigilancia federales y estatales. En el PRD valoraremos la pertinencia de ambos caminos y nos manifestaremos en consecuencia, cuando llegue el momento. En este sentido, tendremos que revisar en el futuro inmediato la pertinencia de organismos como la Secretaría de la Función Pública y el involucramiento en esta entidad en la vigilancia y control del uso de los recursos públicos en todos los niveles del gobierno. Si bien es cierto que los niveles de endeudamiento de los estados y municipios pueden explicarse a partir de la irresponsabilidad de las autoridades locales, también es verdad que el gobierno federal es copartícipe del crecimiento de la deuda estatal. En materia de transparencia y rendición de cuentas, la revisión de los procesos con los que la autoridad otorga y envía las aportaciones y transferencias que corresponde a los estados y municipios es un asunto fundamental y un auténtico cuello de botella. Una parte indeterminada de endeudamiento público está relacionada con el burocratismo y el manejo discrecional que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace de los recursos que, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, corresponden legítimamente a los estados y a los municipios. Se trata de una manipulación perversa y de la peor especie, que en el PRD no vamos a aceptar. El estrangulamiento financiero de las entidades como estrategia política afecta a los ciudadanos, no a los gobiernos ni a los partidos. Esta manipulación financiera sólo es tráfico de influencias de otra manera de ver el Presupuesto como un botín. Ante el cambio eminente en el gobierno federal en el PRD daremos atención inmediata y prioritaria a la valoración de los procedimientos anteriormente mencionados. Por otra parte, futuros proyectos de reforma deberán ser más precisos sobre cómo intervendrán en los procesos de control y vigilancia de los recursos públicos organismos autónomos como la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información, las Contralorías, Institutos de Transparencia en los estados e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus contrapartes en los estados. Hay que aclarar que esta norma no es tan innovadora como se presume, porque gran parte de su esencia ya existía. A pesar de sus avances sólo exhibe la profunda desigualdad en el reparto de la riqueza en los estados y municipios de todo el país, lo que nos obliga a modificar esta minuta para que estos puntos puedan cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que impone la ley. Es cuanto, diputado presidente.