El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su permiso Ciudadano Presidente. Iniciativa que suscribe Jorge Luis Preciado Rodríguez, diputado federal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el Artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el primer párrafo del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exposición de Motivos. Los movimientos migratorios tienen como fin la búsqueda de mejores condiciones de vida, nadie emigra de una región donde los medios naturales, culturales, sociales, políticos, jurídicos y económicos son favorables para acudir a otra región donde estos medios les sean poco favorables. Así, la migración en todos los casos se da únicamente por la necesidad de huir de una región donde los medios no permiten en muchos de los casos la sobrevivencia de sus habitantes. Con la formación de los Estados-nación, el problema de la migración legal o ilegal se agudizó, por lo que los Estados se vieron obligados a la creación de instrumentos jurídicos: pasaportes, visas que facilitaran la identificación y el tránsito de nacionales y extranjeros en el territorio de las diferentes naciones. A mediados del siglo pasado se hizo necesario endurecer el control de flujo de personas a través de las fronteras de los distintos países, actualmente las distintas naciones y organismos internacionales ven a la migración como un problema de seguridad. En los distintos tratados internacionales de los cuales es signatario el Gobierno Mexicano, se ha tratado de proteger jurídicamente el trato del extranjero a nivel internacional, antes de ser extranjero se es persona humana. Se es esencialmente persona y sólo accidentalmente extranjero. Esto no ha sido entendido por las diferentes nacionales, quienes protegen jurídicamente y destinan recursos económicamente importantes para proteger las migraciones y vedas de especies animales y de la flora y sin embargo, violan sistemáticamente los derechos humanos de los extranjeros que se encuentran en su territorio nacional. La xenofobia surgió como una reacción de un mundo en constantes conflictos bélicos, donde las migraciones, visitas y residencias temporales de un país distinto al propio era poco probable. En la actualidad cada vez se hace más común el inmigrar a otro país, trabajar, estudiar, invertir, etc., es la causa de un mundo globalizado que interrelaciona a todos los rincones del mundo. Hoy encontramos en día, mexicanos de vacaciones, trabajando, estudiando o viviendo en uno de los cinco Continentes, el desarrollo tecnológico y en particular el de los medios de transporte y comunicación han acortado la distancia. La migración en un principio implica un choque de culturas que a mediano plazo enriquecerá tanto al extranjero como al nacional, el Estado debe en todo momento garantizar los derechos humanos no sólo de los nacionales, sino también de los extranjeros. Si el gobierno no lo hace estará contribuyendo a las reacciones xenofóbicas, racistas e ideológicas por parte de sus nacionales. El Estado Mexicano debe en todo momento predicar con el ejemplo para contar con la calidad moral para exigir el respeto de los derechos fundamentales de los extranjeros en México y de los mexicanos en el extranjero. Nuestro artículo 33 constitucional es claramente contrario al derecho natural que tiene cualquier persona humana a ser oído y vencido en juicio, donde se compruebe su culpabilidad o inocencia. El derecho de audiencia es un derecho humano del cual no se puede privar a ningún individuo, al privarlo de este derecho se deja en estado de indefensión a la persona. El artículo 33 de nuestra Carta Magna es contrario inclusive a los artículos 14 y 16 de ésta, que en el Capítulo Primero de las Garantías Individuales del mismo ordenamiento, a la letra dice: Artículo 14, segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, libertad o de sus propiedades o posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". El artículo 16 señala: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandato escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". La Constitución en su Capítulo Primero garantiza el derecho de audiencia no sólo a los mexicanos, sino también a personas, ya sea a la persona nacional o extranjera, por lo que el artículo 33 constitucional es totalmente contrario al artículo 14 del mismo ordenamiento, ya que señala: "Los extranjeros en territorio mexicano deben de gozar de todas las garantías individuales, el Estado Mexicano no debe coartar ninguno de sus derechos". Exigimos se respeten los derechos de los mexicanos en el extranjero y sin embargo en pleno Siglo XXI el artículo 33 constitucional, que es una norma retrógrada, claramente violatoria de los derechos fundamentales de los hombres. En materia internacional se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala lo siguiente: "Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia en un tribunal independiente, imparcial para la determinación de sus derechos, obligaciones o para el examen de cualquier acusación". En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7º trata sobre el derecho a contar con el debido proceso de ley, que a la letra dice: "Artículo 7.- Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad jurídica personal. "2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. "3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario". En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también se regula las garantías del proceso de ley en su artículo 9°, que señala lo siguiente: "Artículo 9°.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria; nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por la ley con arreglo a lo establecido en ésta" Así pues, esos tratados internacionales que son Ley Suprema de la Federación, al igual que los artículos 14 y 16 de la Constitución, otorgan a las personas el derecho al debido proceso de ley, se trata de un mínimo de derecho con el que debe contar cualquier persona para su defensa. Con este derecho se garantiza la defensa y la sentencia justa del acusado. El artículo 33 de nuestra Carta Magna es contrario a la garantía de debido procedimiento de ley, al otorgarle la facultad discrecional al titular del Ejecutivo Federal para expulsar sin ningún procedimiento de por medio, a los extranjeros que se encuentren dentro de territorio nacional, por considerar inconveniente su permanencia en territorio nacional. La orden presidencial de expulsión tiene efectos de ejecución inmediato, sin que se requiera para ello orden judicial alguna, contra esta orden no procede ninguna instancia ni recurso alguno. Si bien se puede recurrir a juicio de amparo, en ese particular no procede la suspensión del acto reclamado. El efecto se encuentra impedido sino jurídicamente si lo es de hecho, ya que difícilmente podrá llevar su amparo fuera del país. La tesis sobresaliente de la Suprema Corte de Justicia va en sentido de la aplicación estricta del artículo 36 constitucional, los Magistrados anteponen el interés social basado en los capítulos de una persona a los derechos fundamentales del afectado. El Supremo Tribunal no ha querido reconocer el derecho que otorga el artículo 33 constitucional, el Ejecutivo de la República, que es una norma autoritaria y violatoria de los derechos humanos de los extranjeros sujetos a la expulsión, por demás razonada que sea para el Ejecutivo autoritaria al Gobierno Mexicano. En concreto, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedando de la manera siguiente: "Artículo 33.- Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas por el articulo 30, tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo Primero, Título Primero de la presente Constitución, pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, mediando juicio previo ante tribunales competentes, quienes tendrán que resolver en un tiempo máximo de 30 días naturales improrrogables, salvo en aquellos casos considerados de seguridad nacional. Los extranjeros no podrán, de ninguna manera inmiscuirse en asuntos políticos del país" Transitorio Artículo Único.- El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Lo que estamos planteando con esta reforma, es que si bien hay extranjeros perniciosos que deban ser expulsados del país cuando se trate de materia de seguridad nacional, también hay trabajadores, estudiantes, investigadores y demás extranjeros que llegan al país a hacer una actividad distinta y en muchas ocasiones en bien de la propia nación. Aún ellos no tienen el derecho de ser oídos y vencidos en juicio por la facultad exclusiva que tiene el Ejecutivo Federal. Lo que estamos planteando es la posibilidad de que estas personas tengan un juicio previo, puedan ser oídos y vencidos en juicios y si finalmente la autoridad competente determina que deben de abandonar al país, así lo harán, salvo –y lo repito- en los casos considerados como seguridad nacional. Esa es la propuesta que hacemos para estar acorde con los tratados internacionales y con el artículo 14 y 16 constitucional. Atentamente, diputado Jorge Luis Preciado. Marzo del 2005. Es cuanto, diputada Presidenta.