El diputado José Rigoberto Mares Aguilar: Con la venia de la Presidencia. La presente reserva consiste en eliminar la fracción XIII del artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, a efecto de que los actos ilícitos en contra del fisco federal no sean considerados como amenazas a la seguridad nacional. Como ha quedado claro en esta discusión, en Acción Nacional estamos a favor de combatir todas aquellas prácticas que afectan la recaudación, pero no de la manera en la que se propone en este dictamen. No a costa de la persecución de los contribuyentes. No a costa de prácticas de terrorismo fiscal, que es lo que está proponiendo esta reforma. No están dimensionando, compañeros, que sus propuestas dejan abierta la puerta para violentar los derechos humanos, para que todo contribuyente, incluyendo a los que siempre cumplen, pero que por un error que cometan en su contabilidad sean tratados como terroristas, como genocidas. Esos son los excesos que nosotros queremos evitar. Los invito a analizar el artículo 3o. de la Ley de Seguridad Nacional, el cual establece que se entienden por seguridad nacional las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Más adelante, en el mismo artículo se menciona que dichas acciones encaminan a la protección de la nación frente a amenazas y riesgos a nuestro país, a la preservación de la soberanía, la independencia de México y la defensa de nuestro territorio. Al mantenimiento del orden constitucional, a la defensa del Estado mexicano frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional y a la preservación de la democracia. Les pregunto, compañeros, ¿en alguna parte ven dentro del concepto de seguridad nacional el objeto de recaudar más para financiar programas de gobierno? Eso suponiendo que este dictamen realmente funcione para recaudar más, lo cual además ya ha quedado en entredicho toda vez que ni siquiera nos han podido establecer a cuánto ascendería la recaudación estimada derivada de la aplicación de estas medidas. Pero bueno, suponiendo que el tema es recaudatorio, deberíamos enfocarnos entonces en una reforma fiscal integral que promueva el desarrollo, la inversión y el crecimiento de la recaudación, sí, pero sin vulnerar los derechos de los contribuyentes, sin criminalizarlos. ¿Están conscientes de que al incluir la modificación a la Ley de Seguridad Nacional los delitos contra el fisco federal se están equiparando con el espionaje, terrorismo, genocidio o actos de interferencia extranjera en asuntos nacionales? En esto es en lo que no estamos de acuerdo, compañeros, en tratar a los contribuyentes como traficantes de materiales nucleares, como genocidas. No estamos de acuerdo en darle al gobierno herramientas para restringir las garantías individuales, para que se realicen investigaciones preventivas, para aplicar métodos como la intervención de comunicaciones, que deben ser aplicados solo por excepción, porque aunque digan que solo se va a sancionar a los factureros y a las empresas fantasma y todos los buenos contribuyentes quedarán a salvo, el dictamen no dice eso, no distingue entre buenos contribuyentes y delincuentes. Por lo tanto, nada garantiza que no se van a vulnerar sus derechos. De hecho, la redacción actual implica que discrecionalmente se puede investigar a cualquier contribuyente. Esto es, que sin tener pruebas sino solo la sospecha de la posible comisión de un delito contra el fisco, se puede intervenir la línea telefónica de cualquier ciudadano. Esto, compañeros, son claramente medidas autoritarias. Debe quedar claro que no pretendemos minimizar la problemática, apoyamos la lucha contra los delitos objeto de esta reforma, pero el mecanismo que proponen es claramente excesivo y desproporcional a las conductas que se pretenden sancionar. En Acción Nacional levantamos la voz en contra de un gobierno represor, de un gobierno que atenta contra los derechos humanos, que se allega de medios cada vez más agresivos para obtener dinero, que persigue empresas generadoras de desarrollo y que pone en marcha políticas públicas que causan incertidumbre y que ahuyentan la inversión y que acaban con fuentes de empleo. Compañeras y compañeros de Morena, no intenten subsanar su fallida política económica a través de la criminalización del contribuyente. Este Congreso debe promover el respeto de los derechos fundamentales, no la consolidación de un Estado autoritario. Es cuanto.