La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, es un tema recurrente referirnos en esta tribuna a los abusos cometidos por autoridades estadounidenses contra los mexicanos que emigran hacia ese país. Los diputados del Partido del Trabajo reconocemos que hay una serie de elementos que generan que la región fronteriza entre México y Estados Unidos sea el epicentro de violencia, tráfico de drogas, armas y violación de derechos humanos. Las condiciones económicas de nuestro país que no ofrecen oportunidades de empleo llevan a un número importante de connacionales a cruzar la frontera norte, con el objeto de buscar una ocupación que les permita sacar adelante a sus familias y sobrevivir. No obstante que México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hace casi dos décadas, el aspecto relativo a tener un acuerdo migratorio no se ha concretado. En todo el tratado no existe una sola cláusula que haga referencia al respeto a los derechos humanos de los mexicanos, y sin embargo, sí se estableció un muro para cazar, como patos, así, como patos a los mexicanos que pretendan cruzar la frontera. Los años han pasado sin que haya la expedición de un tratado o de una ley con Estados Unidos que permita regularizar a los mexicanos que ya radican en aquel país y que pueda regular el flujo de personas que emigran en busca de un futuro más promisorio para ellos y sus familias. El caso más reciente en este sentido tiene que ver con el anuncio de las autoridades del Condado Imperial en el estado de California, de que se incrementarán las deportaciones de forma semanal de indocumentados aprehendidos en otras fronteras, como lo es Texas. Este anuncio lo justifican como parte del regreso voluntario del Programa Salida y Transferencia de Extranjeros. Este programa fue implementado con el objeto de disminuir el riesgo de que vuelvan a internarse en territorio estadounidense contactando algún pollero. Este operativo considera, además de regresar a hombres de entre 20 y 60 años, también que serán repatriados mujeres y familias aplicándose principalmente el programa de lunes a viernes. El programa se agrava con el trato que reciben, son esposados, encadenados, les confiscan sus pertenencias y sus documentos oficiales, en otras palabras son dejados de manera infame y se les violan sus derechos fundamentales. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, existen acuerdos a nivel diplomático entre México y Estados Unidos de Norteamérica, como es el caso del Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interno de las Estados Unidos sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos. Sin embargo, este tipo de instrumentos no se cumplen a cabalidad y se está poniendo en riesgo la integridad de las personas deportadas, así como la seguridad interna de nuestro país en el caso de que sean personas con antecedentes criminales. El artículo 11 faculta a nuestro país a garantizar que los puntos de ingreso de los ciudadanos deportados, con el propósito de verificar que no tengan antecedentes delictivos penales o sean extranjeros perniciosos residentes en el país. Es por todo lo mencionado la relevancia del punto de acuerdo que estamos abordando, donde se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se reúna con su homólogo y para poder revisar el Memorándum sobre la repatriación y establecer los mecanismos para poder corroborar los antecedentes penales, calidad migratoria, captura biométricos, así como orientación con base a sus perfiles en cuanto a posibilidades de reinserción en el ámbito laboral de sus estados. Por todo ello nos pronunciamos a favor del punto de acuerdo en comento. Es cuanto, señora presidenta.