El diputado Carlos Alberto Torres Torres: Durante la madrugada de este día el abogado Alberto Capella Ibarra, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, sufrió un grave atentado en su domicilio particular por parte del crimen organizado. Afortunadamente para él, para su familia y para quienes queremos vivir en paz y con tranquilidad en el estado, los criminales no lograron su perverso objetivo. Gracias a ciudadanos como Alberto Capella, la sociedad bajacaliforniana se mantiene firme en la convicción de que es posible recuperar la paz y la tranquilidad. La lucha que él encabeza contra la violencia y la impunidad es una muestra a los valores que distinguen a la inmensa mayoría de los bajacalifornianos. Por ello, los diputados federales de Baja California condenamos de la manera más enérgica este atentado, que lo que busca es arrebatarnos la esperanza y condenarnos a vivir con temor e incertidumbre. Esperamos que la acción coordinada de las autoridades de los diferentes niveles permita encontrar lo más pronto posible a los autores de esta infame agresión. Con su venia, diputado Presidente. La experiencia histórica nos permite reconocer que la solidez de un régimen democrático depende en gran medida de la confianza que los ciudadanos depositan en los actores políticos. A esta Legislatura le corresponde tomar medidas urgentes para revertir el malestar y el distanciamiento que hay de parte de los ciudadanos mexicanos hacia algunas instituciones fundamentales como son los partidos políticos. En esa dirección va encaminado el presente proyecto de reforma que hoy someto a su consideración. Actualmente el alto costo de nuestra democracia tiene que ver con la organización, planeación y realización de procesos electorales, y con las prerrogativas de los partidos políticos, especialmente con el gasto en diseño, producción y distribución de propaganda. Ciertamente existe una queja generalizada con respecto a la cantidad de recursos que se destinan a esas actividades, pero también hay mucha inconformidad con respecto a la colocación de la propaganda en los espacios públicos y al manejo que se le da a esos materiales cuando las campañas concluyen. Concretamente, en el caso de la propaganda que se distribuye masivamente impresa en materiales plásticos o en papel, el grado de afectación a los ciudadanos es mayor. Cuando los partidos políticos despliegan de manera desordenada su propaganda en sitios públicos contaminan visualmente y agraden el entorno. Y es que la propaganda electoral impresa se coloca sobre cualquier superficie disponible, incluyendo áreas verdes, rocas, postes, señalizaciones viales, pasos a desnivel y monumentos históricos que son convertidos en escaparates de partidos y candidatos. Este tipo de acciones son percibidas por muchos ciudadanos como una imposición de los partidos políticos que hacen un despliegue y propaganda. Son este tipo de acciones las que irritan a los ciudadanos y los alejan de la vida pública. Pero además del dispendio de recursos y del abuso con respecto al espacio público, hay otro elemento polémico en lo que tiene que ver con la propaganda electoral. Cuando se utilizan materiales que no son reciclables se generan verdaderas montañas de basura que resultan inmanejables, especialmente en municipios que no tienen ni el presupuesto ni las instalaciones adecuadas para procesar sus desechos. Con el paso del tiempo, la mayor parte de esta basura política presenta un maltrato evidente y contribuye a dar una imagen de descuido y suciedad de los espacios públicos. Desde un aspecto sociocultural es claro el desconocimiento de leyes y reglamentos estatales y municipales para colocar la propaganda electoral por parte de los partidos políticos; además, existe una carente educación cívica de los ciudadanos y los partidos al limpiar, barrer y recoger residuos sólidos colocados en espacios colectivos y equipamiento urbano. Por todo ello, es necesario legislar para que la publicidad electoral se realice mediante medios de comunicación que no generen contaminación visual del ambiente. Y, por ello, en la presente iniciativa, el diputado Carlos Navarro y un servidor, hacemos un llamado para comprometernos a conservar el medio ambiente en lo referente a la contaminación generada con la propaganda electoral al restringir su colocación en infraestructura urbana, establecer que la propaganda que se utilice en otros espacios deberá ser reciclable, fácil de retirar y biodegradable. De esta manera podremos cerrar la distancia que hoy existe entre ciudadanos y partidos políticos, y por tanto, fortaleceremos nuestra democracia. Por lo que pido a esta Presidencia que se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.