El diputado Federico Barbosa Gutiérrez (PRI): Con su permiso señor presidente. Manifiesto mi desacuerdo con el dictamen emitido que propone reformar el Artículo 21 Constitucional, para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en nuestro país, porque considero que se crearían por una parte una serie de inconsistencias jurídicas, de consecuencias adversas para el estado de derecho y las garantías individuales, y por otra, consecuencias de hecho que pondrá en grave riesgo la paz pública, aceptar esa jurisdicción en sus términos lisos y llanos, significa que la Corte Penal no tendría ninguna reserva de ley, lo cual significa que atentaría en contra de las dos piedras fundamentales de nuestra vida: del pueblo en contra de su soberanía y en contra de las personas sus garantías individuales. Busco proteger los intereses de la nación, a partir de los principios nacionalistas en que me he formado, no pongo en tela de juicio la bondad y la nobleza del tema, al pretender que un organismo internacional intente defender nuestros derechos en contra de terribles actos, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Pero eso no garantiza a nuestro pueblo su tranquilidad sino que al contrario le exponemos al peligro de hacerlo partícipe de más obligaciones que de derechos internacionales. Imagino en el plano internacional, como pueblo acudiremos como víctimas y acusadores, o bien, uno o más nacionales. En el primer supuesto, cabe preguntarnos, ¿qué habríamos hecho para merecer la magnitud de esas agresiones?, y en el segundo caso, no corresponde a nuestros tribunales conocer de ese segundo supuesto, por lo que sería irrazonable aceptar una Corte que no tendría competencia para conocer de esas hipótesis. No podemos pasar por alto que la Corte Penal Internacional se encarga de juzgar a los responsables de la Comisión de Delitos Graves en contra de la humanidad, pero que son perpetrados por individuos no comunes, es decir, por grupos organizados y motivados por intereses de poder. En este sentido conviene analizar, China, la India, Estados Unidos e Israel, votaron en contra del Estatuto de Roma, esas naciones representan más de la mitad de la población mundial y son fundamentales en el equilibrio estratégico y político del mundo. Estados Unidos ha expresado diversas reservas sobre el establecimiento de la Corte, porque estima que atentaría contra su soberanía. Lo anterior equivaldría a quedar desprotegidos ante los actos de los países más temibles y quedar sujetos a obligaciones que violentan nuestro sistema jurídico. Yo me preguntó; ¿Quién someterá al gobierno de un país que nos agreda y no suscrita el Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma señala que para el ejercicio de su competencia se estará al estudio particular de cada caso y se creará un tribunal especial, sobre las cuales descansa contrariamente nuestro sistema jurídico. Toda vez que México no hizo reserva alguna al Estatuto de Roma, el juicio de amparo tan importante para nuestro país, quedaría sin efecto, se podrá juzgar a una persona por el miso delito que ya ha sido juzgado por una jurisdicción nacional. El Estatuto establece la pena de cadena de perpetuidad, pena que no está contemplada en nuestra legislación, ya que la sanción máxima en nuestro país es de 50 años contra 25 que propone la Corte Internacional. Se dijo en el seno de la discusión, que es mejor la perpetuidad como sanción, que la pena de muerte que aún contempla nuestro sistema punitivo para algunos casos, situación ésta que será superada ya por las reformas propuestas a esta Cámara. México no cuenta con la definición de los delitos de lesa humanidad. En cuanto a la ejecución de la pena, la pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados. Yo me imagino, si a México se le considerara cuidar a Sadam Husein nos hacemos blanco de agresiones internacionales. Por esta razón, compañeros diputados, no olvidemos que nuestro país ha sido caracterizado por ser respetuoso y pacífico, se ha mantenido al margen de los conflictos internacionales, que no son de nuestra competencia. En virtud de lo expuesto, los exhorto en nombre de la libertad de nuestro país, a solidarizarnos para no aceptar la jurisdicción de la Corte Penal. Porque no puedo negar mi origen y mi convicción patriótica y nacionalista, hoy voto en contra del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y Derechos Humanos. Compañeros, ustedes saben si jalan el gatillo o no. Muchas gracias.