El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Me estoy acogiendo a lo que estable el artículo 103 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso. En la medida en que voy a razonar el voto particular. El dictamen que expide la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética violenta el artículo 27 constitucional, al intentar poner en manos de particulares la facultad exclusiva para utilizar las nuevas fuentes de generación eléctrica, viento, radiación solar, geotermia, oceánica y los bioenergéticos. Otorgándole a Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro únicamente la potestad de su distribución. Este propósito es la continuación de las reformas salinistas a la Ley del Servicio Público de Electricidad, adoptadas en 1992. Aclaro que estoy lejos de asumir una postura contraria, por principio a que consumidores en lo particular ?y para satisfacer sus propias necesidades de electricidad? utilicen nuevas fuentes de energía renovables. Pero me opongo a que se siga retorciendo esta interpretación para permitir que monopolios particulares continúen lucrando con la electricidad transformándola en un jugoso negocio, en lugar del servicio público que constitucionalmente le corresponde. El Constituyente Permanente, en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo sexto, estableció lo siguiente: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógenos, sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones, ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. "Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines". Esta premisa constitucional es clara y no tiene dudas de interpretación jurídica, los privados no pueden tener concesiones para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Sin embargo, las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1983, 1986, 1989, 1992 y 1994 han minado el espíritu del artículo 27 constitucional, en preparación para el ingreso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. En 1992 se realizó una cirugía mayor a esta ley eléctrica al disponer, en su artículo 3o., que varios aspectos de la generación de energía eléctrica no se consideraban de servicio público y se facultó a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía para otorgar permisos a particulares para el autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente para su venta a la Comisión Federal de Electricidad, así como para la exportación e importación derivada o destinada a usos propios. Y éstos son los resultados: entre 1997 y 2001, la Comisión Federal de Electricidad firmó contratos, 15 en total, con inversionistas privados denominados "productores independientes de energía", con la obligación gubernamental de pagar a estos productores independientes, desde la firma hasta el vencimiento de los contratos, la cantidad de 4 mil 588 millones de dólares; esto al tipo de cambio de 11.20 por dólar nos da la suma de 51 mil 386 millones de pesos. El ritmo de crecimiento en la oferta eléctrica es lento, pero incrementado éste por el sector privado, en septiembre de 2006 ya operaban 18 centrales generadoras, con capacidad de 8 mil 771 megavatios. En 2007 son ya 20 centrales en manos privadas. En el periodo que va de 2001 a 2006 la Comisión Federal de Electricidad sólo incrementó su capacidad de generar poco más de mil megavatios, mientras los privados lo hicieron en 9 mil megavatios. Actualmente la generación de electricidad por parte de los productores independientes, autoabastecedores y cogeneradores particulares representa cerca de 30 por ciento de la generación total nacional. Su capacidad instalada es de una cuarta parte, comparativamente con la capacidad de Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro. No se justifica la participación privada en el sector eléctrico so pretexto de acceder a electricidad de calidad y a precios accesibles. La electricidad se ha convertido poco a poco en un gran negocio, en demérito de los propios consumidores. Cabe subrayar que el desempeño del sector eléctrico desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad, y de Luz y Fuerza del Centro, ha respondido a los requerimientos del desarrollo y ha logrado construir un sistema eléctrico nacional cuya cobertura se extiende por todo el territorio; cubre el 96 por ciento de la población y se han podido utilizar tarifas diferenciales para la agricultura, el comercio y los servicios, de acuerdo a las modalidades que dicta el interés nacional y entre las cuales está la de extender ese servicio a toda la población, de acuerdo con su capacidad de pago. El desmedido incremento en las tarifas eléctricas y que tantas y tan justificadas protestas ha desatado a lo largo y ancho del país en los últimos años, está totalmente relacionada con la privatización de la generación eléctrica. Para asegurar la pronta recuperación de su inversión, los inversionistas privados recurren a la generación a base de plantas de ciclo combinado, que utilizan gas natural como materia prima. Durante los últimos cuatro sexenios se ha privilegiado el uso de gas natural como energético primario. Esta decisión estratégica ha llevado a que ahora dependamos de un combustible importado que ha triplicado su precio durante todo este periodo. Es momento de rescatar el espíritu del artículo 27 constitucional y dotar de mayores recursos presupuestarios a las empresas públicas del sector eléctrico nacional para que logren su autonomía financiera, operativa y administrativa y que ésta vaya dirigida a dotar de electricidad de calidad y a tarifas asequibles al conjunto de los consumidores del territorio nacional. Finalmente, permítanme agregar algunas objeciones adicionales relacionadas con la utilización de los llamados biocombustibles. Bajo una coartada, supuestamente ecologista, dicho proyecto intenta promover el uso de energías renovables y tecnologías limpias para generar electricidad incluyendo, entre otros, a los biocombustibles, profundizando de esta manera el destino de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, cuyo primer objetivo establece promover la promoción de insumos para bioenergéticos a partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano, sin poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país. A pesar de sus buenas intenciones, la primera consecuencia de esta ley, al igual que otras medidas similares adoptadas por los Estados Unidos y otros países del mundo, fue la de contribuir a desatar un alza mundial de precios de alimentos, que ha puesto al país al borde de una hambruna, como la que acontece en otras partes del mundo. Es completamente inmoral que en un país como el nuestro, que cada día está más lejos de la seguridad y la soberanía alimentaria, se ponga a competir en la demanda de alimentos a máquinas con seres humanos; más aún, cuando se cuenta ?escúchese bien, diputadas y diputados? con un excedente del 40 por ciento de la capacidad de generación de energía eléctrica en estos momentos. En materia agropecuaria y tomando en cuenta el grado de erosión y deforestación del campo mexicano, es más sensato apostar por el uso de la biomasa y de los residuos orgánicos para cerrar los ciclos ecológicos, devolviendo a la madre tierra la materia orgánica que se le extrajo para aumentar su fertilidad y reducir la erosión de los suelos. Es por ésta y muchas otras razones por las cuales me opongo y convoco a todos los diputados nacionalistas y democráticos para que aprobemos el presente acuerdo. Primero. Se desecha la minuta por la cual se expide la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Segundo. En términos del inciso d) del artículo 72 constitucional, devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos legales a que haya lugar. Palacio Legislativo. La fecha de hoy. Solicito, diputado presidente, se inserte íntegro el texto al que he dado lectura en el Diario de los Debates. Por su atención muchas gracias.