El diputado Héctor Pedraza Olguín: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. El 10 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se expide la Ley General de las Personas con Discapacidad. Este ordenamiento jurídico tiene como propósito fundamental establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad en un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida como el derecho a servicios públicos para su atención y rehabilitación; el derecho a la educación que contribuye a su desarrollo; el derecho al trabajo y a la capacitación, en términos de igualdad; el derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas en espacios públicos. De acuerdo con diversos medios de información se estima que en México hay cerca de 2 millones de personas que padecen una discapacidad grave. Al respecto la Comisión de Derechos Humanos se pronuncia para que el gobierno garantice más y mejores servicios para este sector de la población. Pero no solamente las personas con discapacidad sufren. La sociedad pierde la oportunidad de aprovechar el enorme potencial de las personas con discapacidad. Se estima que del 80 al 90 por ciento de esas personas con discapacidad no están integradas al mercado laboral o se encuentran desocupadas o subempleadas, y las alternativas laborales, cuando se presentan, suelen limitarse a trabajos manuales con remuneraciones bajas y sin perspectiva de crecimiento profesional y laboral. Por si fuera poco las personas con discapacidad se encuentran en desventajas jurídicas en virtud de que no cuentan con un documento oficial único que enumere sus derechos. Asimismo, en virtud de que la mayoría de la población discapacitada en el país se ubica en zonas urbanas y en un porcentaje menor en las zonas rurales, los diversos medios de información, de capacitación, recreativas, culturales, deportivas solamente se enfocan en las ciudades y en las comunidades indígenas es muy limitada. En este contexto la propia Ley General para Personas con Discapacidad aborda la discapacidad casi exclusivamente como un problema de atención médica y en muy escasa medida como un problema de inclusión social. Aunado a ello, solamente en uno de sus artículos se hace referencia a las comunidades indígenas. Por ello, la presente iniciativa tiene como propósito establecer de manera directa políticas públicas de las diferentes dependencias responsables de su aplicación, la inclusión de las personas con discapacidad de los pueblos y comunidades indígenas. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente Artículo Primero. Se reforman los artículos 9 fracción III, que dice: Diseñar, ejecutar y evaluar un programa federal, estatal y municipal de trabajo y capacitación para personas con discapacidad, cuyo objeto principal será la integración laboral, el cual incluirá a los pueblos y comunidades indígenas. Artículo 10, fracción I: elaborar y fortalecer los programas de educación especial e integración educativa para las personas con discapacidad, considerando a las que se encuentren en los pueblos y comunidades indígenas; Artículo 19. ..: I. Establecer medidas que garanticen la plena incorporación de las personas con discapacidad en todas las acciones y programas de desarrollo social, que incluya a las comunidades indígenas; además, verificarán la observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo Social; IV. Concertar la apertura de centros asistenciales y de protección para personas con discapacidad, contemplando los correspondientes en pueblos y comunidades indígenas; Señor presidente, solicito se inserte íntegramente en el Diario de los Debates el texto de la presente iniciativa. Es cuanto.