La diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, tanto el acceso a la justicia como la protección judicial son derechos humanos reconocidos en el artículo 17 constitucional, así como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente. Ambos derechos son pilares insoslayables en la justicia cotidiana para que todo individuo que requiera de tutela jurisdiccional tenga acceso a esta forma en la forma más amplia. De manera particular, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es el marco normativo que regula los juicios contenciosos administrativos federales que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En este sentido, en lo que respecta a la sustentación del juicio contencioso administrativo federal, el demandante tiene la posibilidad de hacerlo, utilizando, incluso, los medios electrónicos. El primer párrafo del artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el demandante que desee controvertir algún acto de la administración pública federal podrá hacerlo mediante dos vías: una, presentando una demanda que puede tramitarse en la vía tradicional, por escrito ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que resulte competente, según la materia de que se trate. O bien, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, en línea o Internet a través del Sistema de Justicia en Línea creado por decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009. En lo que respecta a la vía tradicional, el demandante que desee controvertir algún acto administrativo federal lo podrá hacer cuando tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la sala, enviando su demanda a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante. Sin embargo, para recibir notificaciones sobre la controversia realizada, puede señalarse otro domicilio ubicado en cualquier parte del territorio nacional. El antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece con precisión el procedimiento de controversia por la vía tradicional en el que existe una limitante relativa sobre la posibilidad de presentar la demanda de nulidad vía correo certificado, ya que se condiciona a que el envío debe efectuarse en el lugar en que tiene la residencia el demandante, con ello transgrediendo el derecho humano al acceso efectivo a la justicia. Es por eso que la presente iniciativa tiene por objeto modificar la redacción de dicho párrafo, para establecer que el demandante podrá enviar su demanda a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, desde un lugar distinto de donde reside regularmente. Se reconoce que en la redacción del antepenúltimo párrafo del artículo 13 se pretende evitar al demandante gastos innecesarios, para que se traslade hasta el lugar donde esté alguna sede de la sala que deba conocer de su demanda. En este sentido, se considera que no es conveniente acotar que una demanda de nulidad se envíe a través del Servicio Postal Mexicano del lugar de residencia del demandante, pues con ello se está limitando la posibilidad de ejercer su derecho de controvertir algún acto administrativo federal. Por ello, desde cualquier parte del territorio nacional donde el demandante se encuentra estamos solicitando que pueda presentar su demanda. Es cuanto, señor presidente.