La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Buenos días, diputadas y diputados. Con su permiso, señor presidente. El presente dictamen tiene por objeto avanzar en la incorporación de la lengua de señas mexicana en la legislación procesal civil. De esta forma este Poder Legislativo cumple con la obligación del artículo 1o. constitucional, al aprobar de forma progresiva normas que permitan un mejor cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad auditiva o de locución. Debemos recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 4.3, establece que en la elaboración y en la aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan. Por ello, para el cumplimiento de esta reforma, las autoridades deberán ser incluyentes y convocar a un proceso amplio, a fin de construir instrumentos que cuenten con el aval y con el conocimiento práctico de las personas que serán sus beneficiarias. En particular con esta reforma las instituciones adquieren dos obligaciones específicas; la primera, la de desarrollar el glosario jurídico de la lengua de señas mexicana con el apoyo de intérpretes expertos y bajo la supervisión del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Con ello se tendrá certeza y claridad en los términos que se utilicen en todo procedimiento, a fin de que las partes tengan por igual un acceso a la justicia y que de ninguna manera el desconocimiento o la ambigüedad afectan sus derechos. En segundo lugar se adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que toda actuación en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal asigne a un intérprete en lengua de señas mexicana a la parte que lo requiere. Debemos apuntar que en el proceso de elaboración del glosario, las autoridades consulten a la comunidad sorda o con alguna discapacidad auditiva, pues desde su entendimiento se deben referir ideas y conceptos apropiados. Los intérpretes que en su mayoría no tienen esta discapacidad auditiva son facilitadores de la comunicación, pero quienes ejercen el derecho a contar con los instrumentos en lengua de señas con las personas que participan en un proceso. Es de destacar que aún hoy en día muchas personas mantienen un enfoque paternalista y asistencialista acerca de las necesidades y las aspiraciones de las personas con discapacidad. Durante siglos, a pesar de las intenciones loables de diversas instituciones y personas se mantuvo un modelo de integración, lo que implicaba insertar a un grupo minoritario en un grupo mayoritario pero manteniendo las condiciones estructurales que marginan de las oportunidades de desarrollo y libertad de las personas con discapacidad. Hoy, por el contrario, el reto es avanzar hacia un modelo de inclusión, que se eliminen las divisiones entre sectores de acuerdo a sus capacidades y diferencias funcionales. Se trata de lograr que las personas convivan, se desarrollen e interactúen entre sí, sin que la discapacidad sea un factor determinante para profundizar y para justificar las diferencias. Por estas razones, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos pronunciamos a favor del presente dictamen y quisiéramos que el pleno reflexione sobre el artículo segundo transitorio, que establece que las erogaciones que deban realizarse con motivo de la puesta en marcha de las acciones señaladas en el presente decreto por parte de las instituciones o dependencias públicas, se llevarán a cabo con base en su disponibilidad presupuestaria y de manera gradual, sujetándose al efecto a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Confío en que esta Cámara asumirá su obligación cuanto antes de destinar recursos a cumplir con este decreto, a fin de que su mandato no se vuelva nugatorio y la obligación de brindar oportunidades iguales a las personas con discapacidad no constituya letra muerta. Muchas gracias por su atención.