El diputado José Valentín Maldonado Salgado: Con su venia, diputado presidente. Buenos días, diputadas y diputados, el día de hoy estamos ante un gran despojo a la nación envuelto en un acto de simulación embozada en esta pretendida reforma constitucional en materia energética. Vengo a presentar mis reservas a las modificaciones que se introducen al artículo 27, que representan desfachatez y cinismo ya que el artículo 27 fue redactado en el Constituyente de 1917 para plasmar el problema agrario y para conceptualizar la propiedad de una forma en que todos los revolucionarios estuviesen de acuerdo, y esto llevó a cambiar completamente la noción de la propiedad que el sistema jurídico liberal de la Constitución de 1857 tenía, pasando de ser considerada claramente un derecho del individuo en el cual, de acuerdo al liberalismo clásico de la reforma el derecho individual propiedad estaba por encima de los intereses colectivos de la sociedad a la idea de la revolución, donde la propiedad está supeditada a los intereses colectivos de la sociedad. Hoy nos quieren regresar a la vieja concepción del siglo XIX, en donde la propiedad de los recursos naturales podía ser de particulares, pero ahora envuelta en la tesis neoliberal y a través de los engaños esta reforma permite el otorgamiento de concesiones con todos sus efectos, aniquila el carácter estratégico de la industria petrolera y suprime la exclusividad que sobre ésta ha ejercido la nación. En un principio el único elemento de definición que establece el texto constitucional, en que las concesiones permiten a un particular el uso y aprovechamiento de un bien de dominio directo de la nación, una vez que éste es susceptible de ello, en el caso de los recursos del subsuelo, una vez que éstos han sido extraídos. En el párrafo sexto del artículo 27 el dictamen mantiene prohibidas las concesiones, es decir, se mantiene prohibido que la nación confiera a un particular el uso y aprovechamiento del petróleo una vez extraído. Sin embargo, más adelante un séptimo párrafo que se adiciona al artículo 27 y que encuentra desarrollo en el cuarto transitorio permite que la nación comparta con las empresas privadas a través de contratos las utilidades derivadas de la venta del petróleo; o bien, una parte del petróleo producido o que se cobre lo contratado con la transmisión onerosa de los hidrocarburos extraídos y lo que ellos signifiquen. Es decir, compañeras y compañeros diputados, para sustentar su discurso y para tratar de reducir la protesta social este dictamen recurre al engaño. Se aparenta que se conserva la prohibición de las concesiones, pero se dispone expresamente que por la vía contractual se produzcan exactamente los mismos efectos que generan tales concesiones y todo ello en la Constitución. La reforma conserva un principio constitucional esencial para el ejercicio pleno de nuestra soberanía y la garantía de nuestra seguridad nacional, un principio fundante de toda nación independiente, ya que el artículo 27 constitucional dispone desde el origen que la nación ejerce el dominio directo sobre el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos. Es decir, México debe mantener el derecho inalterable, inafectable de decidir en todo momento sin restricción alguna sobre el destino de los hidrocarburos. El párrafo sexto en la minuta con proyecto de decreto dice: Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones de empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares. En los términos de ésta, de la ley reglamentaria para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contrato en las empresas productivas del Estado, podrán contratar con particulares. Es decir, el Estado pierde la exclusividad en la explotación petrolera y restringe su derecho constitucional a la exploración y a la extracción. Por otra parte, compañeras y compañeros diputados, existen en el país estudios muy serios, y uno de ellos elaborado por esta Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, en donde encontramos como prueba de ello en la medida en que ha participado el sector privado en la actividad de generación de energía eléctrica y se han venido incrementando sustancialmente dichas tarifas. Por ejemplo, en la última auditoría el costo unitario de las centrales de la Comisión Federal de Electricidad fue inferior en un 40 por ciento de las que generan los productores privados llamados independientes. La verdad, lo que ha venido sucediendo es comprometernos solamente a la consolidación del sistema eléctrico nacional, sino limitar el desarrollo deliberado de la Comisión Federal de Electricidad y con ello, porque habiendo capacidad instalada por lo menos de 42 por ciento, para generar energía eléctrica en el país se encuentra borrosa porque se ha preferido brindar contratos al sector privado que vienen aportando 45 por ciento de la generación, con una capacidad ociosa de 42 por ciento de la infraestructura del sector público. Por supuesto, son muchas las empresas extranjeras que se benefician en dicha situación y son ellas las que concentran la mayor cantidad de contratos para la generación de energía eléctrica. Ahora resulta que no solamente se les va a otorgar libertad plena para la generación, sino que se quiere convertir a la Comisión Federal de Electricidad, como establece la propuesta de modificación para el artículo 25 constitucional, en un sistema que se reduce a la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía. Con las reformas a los artículos 25 y 28, que simple y sencillamente la Comisión Federal de Electricidad va a reducir su actividad a la distribución de energía, comprando a particulares la energía que se genere y a pesar de ello que sea a costos superiores. Al eliminarse la exclusividad de la nación y el carácter estratégico de la industria eléctrica, lo que van a permitir es la venta de los activos de la Comisión Federal de Electricidad y puede llegarse al extremo, no solamente de la privatización. Estas reformas harán depender al sector eléctrico de la inversión privada y poniendo en riesgo la seguridad energética de nuestro país. Y por ende, nuestra seguridad nacional. De esta magnitud son las reformas y la entrega que hace al capital extranjero de áreas estratégicas de nuestro país. Por lo anteriormente expuesto vengo a proponer a esta asamblea las reservas a los artículos ya aludidos para que se supriman las propuestas de modificación que incluye esta minuta y de los artículos 25, 27 y 28 para que se mantenga el texto constitucional de dichos artículos en los términos en que se encuentra actualmente. Es cuánto, diputado presidente.