El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Gracias, presidente, con su permiso. Quiero manifestar una alta preocupación por la incongruencia del titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, al manifestar el día 22 y 23 de septiembre, en el marco de una asamblea general de la ONU, una reunión de alto nivel, denominada la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas que llevó más de cuatro años su preparación. En este evento tuvo la oportunidad de hablar no sólo en nombre de México, lo hizo también en nombre de los Estados nacionales de América Latina y el Caribe. Asumió compromisos explícitos de avanzar en los estados nacionales, pero principalmente en nuestro país, como titular del Poder Ejecutivo, en la armonización legislativa para hacer acorde y hacer equiparable nuestro marco jurídico nacional con el marco jurídico internacional. Existen dos importantes instrumentos que hasta el cansancio aquí hemos manifestado en materia de derechos de los pueblos indígenas. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo vigente en nuestro país desde 1995 y desde hace siete años vigente la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta conferencia tuvo como objetivo evaluar el nivel de cumplimiento y de instrumentación de los estados nacionales de este marco jurídico. Ahí hizo compromisos para armonizar nuestra legislación nacional e hizo énfasis en que los estados nacionales tienen que hacer esfuerzos no solamente para invertir suficientes recursos para el desarrollo de los pueblos indígenas, sino hizo un llamado también a la cooperación internacional en la materia. Y qué incongruencia con este Presupuesto. Del titular del Ejecutivo recibimos en el Anexo 10, pero particularmente en los recursos etiquetados para la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, una propuesta de presupuesto por 11 mil 300 millones de pesos. Son 100 millones de pesos menos que registran un decremento para el desarrollo de los pueblos que registran los más altos niveles de pobreza y de marginación o los menores niveles en los índices de desarrollo humano. Qué incongruencia. Presentamos opinión desde la Comisión de Asuntos Indígenas para que esta aberrante propuesta pudiéramos revertirla. Debo manifestar que, igual que esta soberanía, no hay disposición en muchos de los integrantes en nuestras comisiones para avanzar al respecto. Por ello, presidente, voy a reiterar la propuesta de que podamos hacer una reasignación presupuestal en el rubro de la Secretaría de Desarrollo Social en el programa de pensión para adultos mayores. Voy a sintetizar la propuesta muy sencilla, pero que a todas luces significa una de las bolsas y recursos ocultos seguramente con fines paternalistas, asistencialistas, pero lo más grave es que seguramente es con fines políticoelectorales dado que el próximo año tenemos elecciones concurrentes en varios estados. Sucede que en el programa de pensión para adultos mayores la Sedesol solicita se asignen 45 mil millones de pesos para dar cobertura a 4.8 millones de adultos mayores de México. Y cuando miramos y hacemos el cálculo de cuánto es lo que se necesita por el apoyo anual que deben de recibir los adultos mayores de 6 mil 690 pesos, nos arroja apenas un monto de 39 mil millones de pesos. Hay una bolsa sobreestimada, hay un presupuesto sobreestimado de más de 5 mil millones de pesos. Y cuando vamos al análisis, cuando revisamos cuántos adultos mayores indígenas existen, de acuerdo al censo que utiliza la Sedesol, en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en Hogares Indígenas, se registran solamente 730 mil indígenas; multiplicados por los 6 mil 690 pesos, se requieren sólo 5 mil 80 millones de pesos para dar cobertura a los adultos mayores indígenas en este programa de pensión para adultos. En el anexo 10 están etiquetados 13 mil 958 millones de pesos; 7 mil 877 millones de pesos más, seguramente para ser utilizados con fines discrecionales. Y no encontramos disposición ni voluntad en la comisión para pelear estos recursos, y estoy seguro que mucho menos lo vamos a encontrar en esta soberanía. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, hago un llamado para que en verdad hagamos valer la soberanía y la autonomía de este Poder Legislativo. Qué lejos ha quedado este principio de decir en materia presupuestal, que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. Qué sumisión hemos adoptado ante estos temas. Y por último, presidente, hago también una reserva relacionada al artículo número 25 de este Presupuesto de Egresos, para que las erogaciones para el Desarrollo Integral de las Comunidades y los Pueblos Indígenas, se haga extensivo al pueblo afrodescendiente. La ONU hace un par de años declaró el Año Internacional de los Pueblos Afrodescendientes. El artículo 2o., constitucional en su apartado a) establece que todo aquel pueblo equiparable con los pueblos indígenas, debe de gozar de los programas y los recursos que para tal fin se disponga. Y no podemos admitir que entre los pueblos indígenas, y menos en esta soberanía, sigamos siendo discriminatorios con los pueblos afrodescendientes que siguen exigiendo justicia y recursos propios. Por último ya nos vamos diputadas, diputados, ya casi nos vamos quiero manifestar mi alta preocupación por esta soberanía que no hemos sido capaces de adoptar una resolución fuerte en el tema de los 43 estudiantes desaparecidos en mi estado natal, en Guerrero. Iguala es la gota que derramó el vaso, pero Cocula por quién es gobernado, por quién era gobernado Chiapas cuando la masacre de Acteal, por quién eran gobernados Ciudad Juárez y Baja California con los feminicidios, por quién están gobernados los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez en Guerrero. Ojalá pongamos atención porque mañana estaremos lamentando esos hechos. Es cuanto, señor presidente.