El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas. El trabajo es un derecho y un deber social, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Esto en México se ha convertido en una ficción. Hoy podemos decir que la reforma laboral aprobada en el mes de diciembre de 2012 es un retroceso. Que además de facilitar el despido de los trabajadores, le permite al patrón poder despedir sin avisarle al trabajador directamente. Se introdujeron los contratos por hora, los contratos a prueba improrrogables. Y para rematar se introdujo la subcontratación, legalizando el llamado outsourcing o terciarización, uno de los fraudes sociales y laborales más crueles contra aquellos que viven de su trabajo. Ya que el hablar de outsourcing en México es hablar, no del servicio temporal y especializado que prestan a las empresas, es hablar de contrataciones que se realizan con el fin de despojar a los trabajadores de sus derechos, abusar de ellos con contratos precarios, omitiendo el pago de reparto de utilidades, evitar que los trabajadores generen antigüedad y es una forma que les permite a las empresas incumplir sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Por poner un ejemplo, algunos medios de información han dado a conocer que cada mes se dan de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social más de 944 mil trabajadores, que vuelven a dar de alta el mismo día. Es decir, que cada mes casi un millón de trabajadores firman su despido y su nuevo contrato. Además del enorme papeleo, burocracia y gastos que esto representa para el instituto, en el fondo desvirtúa y sesga el auténtico número de nuevos registros del Seguro Social y se crea la falsa idea de que se están generando nuevos empleos. Las cifras actuales indican un aumento en el desempleo de la población, 2.7 millones de mexicanos en edad de trabajar no cuentan con un empleo formal que garantice el respeto a los derechos laborales. Lo anterior es un círculo vicioso de recontrataciones mediante el cual las empresas evaden obligaciones laborales con sus trabajadores, entre ellos la cuota de vivienda al Infonavit. En este sentido, el outsourcing surge como una tendencia de contratación que disminuye los costos de producción para las empresas contratantes, además de la evasión de obligaciones laborales antes mencionada. Hoy en día vemos cómo miles de jóvenes acceden al empleo mediante esta forma de subcontratación. Ejemplo de ello es el caso de la ciudad de Querétaro, quien tiene una población de 314 mil jóvenes, de los cuales el 40 por ciento ha contratado el empleo mediante esta forma de contratación. A finales de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la forma al artículo 15 de la Ley del Seguro Social, en el que se adiciona el artículo 15 A, que establece que cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, a fin de que se ejecuten trabajos o presten servicios para él, participe un intermediario laboral, cualquiera que sea la denominación que patrón o intermediario se suman, ambos serán responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador respecto del cumplimiento de las funciones del contenido de esta ley. Esta reforma establece que es insoslayable el cumplimiento por parte de los patrones de las cuotas obrero-patronales y prevé que la beneficiaria tendrá la obligación de cerciorarse de la solvencia económica de la contratista y que ésta cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud. Se señala expresamente que en todo caso los patrones y los intermediarios serán responsables solidarios en las obligaciones con los trabajadores. Es decir, las empresas subcontratistas o contratistas tienen la calidad de patrón. Sin embargo, el acceso al derecho humano a una vivienda digna no fue retomado en esta reforma, quedó pendiente el derecho fundamental en lo que establece y corresponde a la vivienda, ya que si bien la Ley del Seguro Social reconoce la obligación solidaria de los intermediarios y los usuarios de la tercerización de servicios, esta obligación no está presente en la Ley del Infonavit. La reforma propuesta a la Ley del Infonavit, mediante el presente dictamen, le permitirá al instituto dotarse de la información indispensable para hacer efectiva sus facultades fiscales de comprobación, obligando a los intermediarios y patrones subcontratistas o contratistas a enterar de los contratos de servicios prestados a otras empresas. Al mismo tiempo se armonizarán los criterios hacia la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Infonavit, pero lo más importante es que se garantizará a los trabajadores contratados mediante la tercerización el derecho humano a la vivienda. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen no porque represente un avance, sino porque resarce un derecho que en los hechos se ha evadido en los ´últimos años. Es cuanto, diputado presidente.