EL PRESIDENTE: Señor orador, nada más me permite una interrupción para señalar que el derecho a presentar una iniciativa no está sujeta a la limitación de un tiempo previo, salvo la disposición del reglamento que establece que ningún asunto podrá tratarse por mas de media hora en la tribuna, esa sería la limitación del orador cuando presenta una iniciativa; de todas maneras quiero rogar al orador en cuanto considere que la parte restante de su iniciativa puede ser incluida en el Diario de los Debates y publicado en la Gaceta, puede considerar que esta Presidencia le ofrece esa alternativa pero está usted en el uso de la palabra para presentar su iniciativa. No queremos pensar que se toma a los jóvenes como una bandera electoral, así que ahora debemos pelear ese espacio donde tengan cabida en las grandes decisiones de nuestro país, ya que no podemos decir que a los jóvenes no les concierne los aumentos de los impuestos, la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos, la aprobación de reformas y/o adiciones a las diferentes leyes que rigen a nuestro país, que al igual que a todos nos afectan o benefician directamente. Por eso no dejaremos de repetir una y otra vez la necesidad de debates, en especial entre los grandes actores políticos, en los cuales debe existir una fuerte presencia de jóvenes involucrados, de diversos sectores de la sociedad mexicana, sólo así será posible un gran consenso democrático y subrayar que para tener un proyecto a futuro como nación, es decir, para afrontar ese mundo cada día más científico y más tecnológico, debemos invertir, de la forma más generosa, en eso que es la materia prima del siglo XXI, la inteligencia. Sabemos que la competencia es global, y sabemos que, si no estamos a la altura del desafío, la sanción siempre será local. Recordemos un minuto a todos los jóvenes que han decidido vencer la apatía, el conformismo, la cobardía y se han dado la oportunidad de un mejor futuro, porque su testimonio nos sirve para fortalecer el espíritu y renovar el compromiso, porque queremos también, ser testimonio de una juventud que sabe construir su futuro. En lugar de reprimir y limitar, se debe inculcar e incitar a los jóvenes a hacer conciencia de la figura tan importante que son dentro de las decisiones de nuestro país, ejerciendo el derecho y la obligación que tienen, como mexicanos, de estar enterados y de que pueden y deben participar, buscando su inserción en la vida política del país, más allá de los espacios que les son propios, ya que los jóvenes representan una posibilidad evidente de llevar propuestas innovadoras al poder Legislativo. La generación del 2000 tiene en sus manos la oportunidad de ser el parte aguas de la historia de México. Tenemos la obligación de empezar a hacer que en nuestro país las oportunidades sean parte de la vida cotidiana, para que términos como injusticia, marginación y desesperanza pasen a ser parte del pasado, que en éste siglo que comienza con la participación de los jóvenes en las grandes decisiones, cambiemos el rumbo de los términos que hasta hoy, han sido costumbre, hagamos que la apatía de nuestros jóvenes se convierta en una constante participación desde cualquier trinchera que se encuentren, que su voz sea la que más fuerte se escuche. De nada nos va a servir la alternancia en el poder si no hay mejores políticos que ejerzan ese poder, ni la transición democrática, si no tenemos a jóvenes que encarnen los valores democráticos. El cambio que vivió México el 2 de julio, no es sólo el cambio de gobierno, sino el comienzo del cambio en un sin fin de actitudes de formas de pensar y de hacer que tenemos que dejar de una vez por todas en el pasado de nuestra patria. Los Mexicanos ya no sólo necesitamos justicia, sino hombres justos, no sólo se requiere solidaridad sino hombres solidarios, los jóvenes de hoy serán esos hombres que mañana harán de la democracia la principal característica de nuestro país. Debemos de devolver la esperanza a los jóvenes que no creen que este país pueda ser diferente. Son días donde tenemos en nuestras manos, la obligación de establecer proyectos comunes, más allá de las diferencias que nos distancian. Son tiempos para volver a creer en nosotros mismos y para volver a soñar el México que queremos. Porque se trata de renovar el interés por los asuntos de la comunidad para vencer al egoísmo individualista. Hacemos entonces un llamado a todos los Grupos Parlamentarios y Partidos Políticos, para lograr vencer en nuestros jóvenes cl conformismo y la desesperanza. Debemos hacer de nuestras Instituciones auténticas escuelas de ciudadanía asumiendo ésta responsabilidad como destino, forjando a los líderes que mañana continuarán manteniendo el cambio que ellos mismos propiciaron. Las nuevas generaciones de legisladores jóvenes nos comprometemos, sin reserva alguna, a darle a nuestra Patria un nuevo Poder Legislativo, donde quede entendido que el poder es para servir, logrando la participación efectiva de los jóvenes y adolescentes en el desarrollo de opinión pública, toma de decisiones y resolución de conflictos. La propuesta del PVEM versa en torno a una adición al COFIPE, el objetivo de ésta adición es lograr que los Partidos políticos se comprometan de una manera efectiva y sincera con los jóvenes que consiste en lo siguiente: la postulación por parte de los partidos políticos de un mínimo del 15% de jóvenes menores de 30 años, como candidatos postulados a los puestos de Diputado Federal y Senador de la República, por cualquiera de las dos vías. Esta propuesta no solo es un paso adelante en dirección a gestionar la Legislatura de puertas abiertas a esta franja olvidada y a la comunidad en general, sino también en la responsabilidad de abordar la problemática juvenil desde el poder legislativo, ya que esta podrá resolverse en el marco de la superación de la crisis social que afecta a nuestra población. Abrir las puertas de este cuerpo legislativo para recibir a los Diputados Jóvenes busca, no solamente escuchar sus demandas y opiniones, sino y fundamentalmente devolverle a este sector la capacidad de gestar cambios, en este caso desde un ámbito institucional. Para lograr el despertar de los millones de jóvenes Mexicanos, que no tienen interés por lo que pasa en su país, o que no se toman el tiempo de formarse un criterio, debido a la desconfianza y apatía que les han alimentado por años, es ahora tarea de nosotros como miembros de los Partidos Políticos que representan a toda una nación, devolverles la confianza para involucrarse directa o indirectamente en la solución a los grandes problemas que enfrentan a diario, miles de jóvenes como ellos, que diariamente comparten un idioma, una cultura, una ciudad, un país, en una sola palabra, UN MISMO MEXICO. Esta legislatura es un fiel ejemplo de lo importante que es la participación de los ciudadanos en una temprana edad en la vida política del país. De los cinco Coordinadores de Grupos Parlamentarios, cuatro han iniciado su participación legislativa siendo de 30 años o menores, la Diputada Beatriz Paredes y el Diputado Felipe Calderón lo hicieron a sus escasos 26 años, mientras que los Diputados Bernardo de la Garza y Marti Batres lo hicieron a los 30 años. Para no negarle a nuestro país la oportunidad de que esto se repita proponemos el siguiente: DECRETO POR EL QUL SE ADICIONAN DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAI, DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. ARTICULO UNICO. Se adiciona al articulo 175, el numeral 4, del Titulo Segundo referente al capitulo Primero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para quedar como sigue: Art. 175 1 2 3 4. Los Partidos Políticos deberán registrar en un mínimo del 15% del total de sus candidatos postulados a cargos de Diputado Federal y Senador de la República, a ciudadanos menores de 30 años al día de la elección inclusive. T R A N S I T O R I O S ARTICULO UNICO. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 9 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 81 Y 99 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER LA SEGUNDA VUELTA EN LA ELECCION PRESIDENCIAL, QUE PRESENTAN DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO: Que la permanente actualización del marco jurídico que regula a las instituciones políticas y a los procedimientos electorales en México, ha sido particularmente en las últimas décadas un factor incuestionable de avance significativo en el perfeccionamiento de nuestra vida democrática. Que el proceso paulatino y progresivo que en esa materia hemos presenciado, se ha visto reflejado en notables cambios, los cuáles hacen que hoy estemos ante una realidad política cada vez más participativa, compleja y plural. Que la República, la representación, el carácter federativo del Estado y la democracia, constituyen algunos de los ejes fundamentales sobre los que descansan las instituciones políticas nacionales. El fortalecimiento de cada una de éstas debe ser en todo momento el ánimo que oriente al legislador al realizar su función, para mejorar los procesos de construcción de los grandes acuerdos colectivos, que fortalezcan el desarrollo armónico de la relaciones sociales. El poder público tiene su origen y principal fuente de alimentación en la población, como elemento del Estado que detenta la soberanía original de la Nación. A través de la historia, el estudio de la conformación de instituciones representativas de la soberanía popular, se ha convertido en uno de los aspectos esenciales de la filosofía política. La manera de elegir a las personas que han de formar parte de las instituciones públicas de representación política, ha sido siempre objeto de múltiples c Isqulslclones, pero sln duda un requlslto imprescindible que se debe considerar en un estado democrático, es el hecho de que esas personas deben contar con un amplio margen de aquiescencia popular, es decir, gozar de una gran aceptación social, lo cual se identifica en la teoría política con la legitimación material del gobernante. Lo anterior no siempre es fácil de lograr, ya que en la medida en que un sistema político electoral se abre a todas las corrientes que representan a los diversos sectores sociales, se vuelve más difícil obtener una elevada uniformidad en la convicción popular en torno a un partido político o candidato en particular. Esta problemática fue estudiada ampliamente por los teóricos del siglo XIX, quienes identificaron a la existencia de pluralidad de corrientes políticas, con la dificultad para elegir representantes con un alto grado de legitimación electoral. Cuando en una elección presidencial la votación se divide de manera más o menos uniforme entre demasiados candidatos, lo más probable es que ninguno de ellos alcance un alto porcentaje de sufragios y aún así obtenga el triunfo electoral por alcanzar la mayoría relativa. La pluralidad de actores políticos trae consigo también, diversos proyectos de país u ofertas alternativas de solución a los problemas nacionales. Si bien es cierto que la diversidad ideológica es uno de los bastiones elementales de todo régimen democrático, contar con una persona y un proyecto político que concentren a un número mayoritario de ciudadanos, también lo es. El problema consiste en armonizar la conveniencia que ofrece la pluralidad política, con la necesidad de contar con un Presidente de la República que goce de un alto grado de aquiescencia popular. Tratándose de la elección presidencial, que es sin duda la que genera mayor expectación social y la que requiere, por la naturaleza de las funciones que la Constitución confiere a la figura del Presidente de la República, de una mayor aceptación social. Una solución que ha mostrado eficacia en diversos países es la segunda vuelta electoral. La segunda vuelta o ronda electoral, se describe como el procedimiento por el cual, ante la falta de una mayoría absoluta en una elección, se procede a la celebración de una segunda jornada electoral, entre aquellas dos fórmulas o personas que hayan tenido una mayor votación en ésta. Dicha concepción tuvo su origen en el siglo XIX, con la instauración del Segundo Imperio de Napoleón en 1852, en la llamada Tercera República, aunque vuelve a encontrarse también en la Quinta República Francesa. Desde entonces se ha constituido como una institución típica del derecho francés, teniendo repercusión en Bélgica en 1899 y en Holanda hacia 1917. En Latinoamérica, los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú, señalan en sus Constituciones la exigencia de la mayoría absoluta de votos válidos en primera vuelta, para otorgar el triunfo a un candidato a la Presidencia, y determinan que en caso de no obtenerse ésta, la decisión será tomada en "segunda vuelta". La segunda vuelta busca reorientar la política electoral para fortalecer la legitimidad del titular del Poder Ejecutivo, Institucionalizando y aumentando su carácter democrático. Una de las consecuencias de este procedimiento, es la polarización del voto de los electores y su aglutinación de ellos en torno a un candidato, lo cual con frecuencia genera que se incremente sensiblemente el número de votos totales respecto de la primera vuelta. Esta iniciativa pretende retomar la experiencia positiva que ha mostrado en otros países el sistema de elección de Presidente a dos vueltas, pero con ciertas modalidades que se explicarán, las cuáles intentan adecuar dicha institución del derecho electoral a nuestra realidad política. Tomando en consideración las ventajas que aportaría a nuestro sistema político la incorporación del sistema de elección presidencial a dos vueltas bajo ciertos supuestos específicos, a continuación se explican los argumentos que dan sustento a las modificaciones propuestas. En primer lugar, la presente iniciativa sugiere conservar la primera parte del artículo 81 constitucional tal y como está/ que contiene la disposición genérica sobre el sistema de elección directa del Presidente, ya que esta condición ha sido un principio democrático básico del sistema jurídico mexicano, que ha mostrado ser una regla eficaz para asegurar que la intención concreta de cada uno de los electores, incidirá sin intermediación alguna en el resultado final de los comicios. A continuación se propone insertar una primera fracción al Art. 81, en la cual se prevea como supuesto inicial la adjudicación del triunfo electoral al candidato que obtenga la mayoría absoluta en la elección, es decir, al que gane por lo menos la mitad más uno de los votos emitidos. Una segunda fracción, previene el primer caso posible, cuando no se obtenga por candidato alguno la mayoría absoluta se adjudique el triunfo electoral al candidato que alcance la mayoría relativa, si es que supera por un margen de cinco puntos porcentuales o más, al candidato que le siga en orden decreciente. Lo anterior asegura, que aún y cuando el candidato que registrara la votación más alta, no obtuviera más de la mitad de los votos, al menos tuviera tal distancia con su más cercano competidor, que asegurara que el triunfador contará con una sensible cantidad mayor de electores que lo respalden. La tercera fracción comienza refiriéndose al supuesto en el que se propone aplicar la segunda vuelta electoral, que es una variante del caso en que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, pero además que la diferencia entre las votaciones de los dos candidatos con más alta votación, es menor a cinco puntos porcentuales. Solamente ante este supuesto, de un resultado electoral demasiado cerrado, que incluso se ha denominado por algunos doctrinarios como "empate técnico", es cuando se propone que esos dos candidatos con mayor número de sufragios obtenidos, acudan a una segunda consulta electoral. Se propone que el Consejo General del Instituto Federal Electoral convoque de inmediato a esa segunda ronda, para lo cual deberá acordar una fecha lo suficientemente próxima a fin de no generar incertidumbre pero suficiente para permitir la preparación de la jornada electoral. En este sentido, se estima que treinta días naturales es un plazo aceptable para ambos objetivos. Una regla de orden práctico que ha mostrado eficacia b es la de celebrar la jornada electoral en día domingo, para lo cual, la ley secundaria de la materia señala que será día inhábil en todo el Territorio Nacional. Por último, al final del artículo se requiere de una disposición que por razones de técnica legislativa es imprescindible, ya que la norma constitucional únicamente debe marcar los puntos principales y reservar a las normas secundarias los detalles y especificidades. En consecuencia, se precisa que en la elección presldenclal, tanto en prlmera como en segunda vuelta por supuesto, se observarán las reglas generales que sean aplicables de las leyes y códigos reglamentarios. Naturalmente se trata tanto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como de la Ley General de Medios de Impugnación en materia Electoral y las demás leyes orgánicas, así como otras que de alguna manera se encuentren relacionadas con la materia. Para finalizar, también es imprescindible la adecuación del artículo 99 constitucional en la fracción II del párrafo segundo que actualmente refiere la adjudicación del triunfo de la elección presidencial al candidato que obtenga la mayoría relativa. Para hacer congruente esta norma a la reforma propuesta, se sugiere precisar que una vez realizado el cómputo final de votos y resueltas las impugnaciones que se pudieran presentar, se formulará la declaración de validez de la elección y la de Presidente electo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 81. Con lo anterior, dicha disposición podrá ser perfectamente aplicable tanto al caso de que sólo sea necesaria una vuelta electoral, como en el supuesto de la segunda vuelta. Por lo anteriormente expuesto y con base en la facultad que nos concede el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter por su conducto, a la consideración de esa Soberanía, para su discusión y aprobación en su caso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 81 Y 99 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO PRIMERO. Se reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Artículo 81. La elección del Presidente será directa y en ella se observarán las siguientes disposiciones: I. Se adjudicará el triunfo electoral al candidato que obtenga la mayoría absoluta de los sufragios emitidos. II. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, se adjudicará el triunfo electoral al candidato que alcance la mayoría relativa, siempre que el número de votos que haya obtenido supere por lo menos en cinco puntos porcentuales, a la votación del candidato que le siga. III. Si ningún candidato logra obtener la mayoría absoluta y además, la diferencia entre la votación obtenida por los dos candidatos que resulten con mayor número de votos, fuera menor a cinco puntos porcentuales, se realizará una segunda vuelta electoral en la que sólo participarán esos dos candidatos. De reunirse los requisitos señalados conforme al párrafo anterior para la celebración de la segunda vuelta electoral, una vez que la autoridad jurisdiccional en materia electoral competente emita la declaratoria de validez de la elección correspondiente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral convocará de inmediato la segunda vuelta electoral, cuya jornada electoral deberá llevarse a cabo en día domingo, dentro de los treinta días naturales siguientes. La elección presidencial se sujetará a las reglas generales que sean aplicables, conforme a las leyes de la materia." ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el párrafo segundo, de la fracción II del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Artículo 99.... I.... II La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente electo respecto del candidato que obtenga el triunfo electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de esta Constitución. De la III a la IX ...." Transitorio PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F., a 19 de abril del año 2001. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APENDICE No. 10off INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 4° Y 6° DE LA LEY ORG+NICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE AMPLIAR EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS. C.C. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION. PRESENTE. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 4° y 6° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de ampliar el segundo periodo de sesiones ordinarias, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS En los últimos años el sistema de gobierno en México ha mostrado avances significativos, lo cual constituye un factor que estimula el cambio hacia un nuevo diseño institucional del país. En todo momento, los diputados estamos obligados a escuchar el sentir de los ciudadanos que nos exige cumplir con la responsabilidad encomendada. Nuestra participación en el Congreso es una oportunidad para mostrarle a los mexicanos que la confianza puesta en nosotros, tendrá una respuesta positiva. Como parte responsable del destino del país, debemos dar con anticipación y oportunidad los pasos adecuados para cumplir con este momento transcendental en la historia de México, ampliando el segundo Período Ordinario de Sesiones para que se logre el deshago de los asuntos legislativos y en su caso político que se presenten. Debemos saber que estos periodos se entienden como los lapsos en los cuales se realizan las sesiones y por ende cuando el Congreso realiza sus funciones, sin detrimento de que la labor legislativa y parlamentaria continúe en comisiones. Así tenemos que en el ámbito del derecho internacional comparado, los periodos de sesiones ordinarias son variados; en Alemania por ejemplo, es permanente, esto significa que la asamblea se reúne y cierra sus sesiones cuando lo estima pertinente; en España se celebran dos periodos de sesiones, con una duración el primero de cuatro meses (de septiembre a diciembre) y el segundo con una duración de cinco meses (de febrero a junio); Francia cuenta también con dos periodos, el primero de 80 días (iniciando el 2 de octubre) y el segundo de 90 días (iniciando el 2 de abril). Ahora bien, en América Latina, tenemos a Colombia el cual cuenta con dos períodos, con una duración el primero de casi cinco meses (20 de julio al 16 de diciembre) y el segundo de 3 meses (16 de marzo al 20 de junio); en Panamá el primer periodo es de 4 meses ( 1° de septiembre al 31 de diciembre) y el segundo también de casi 4 meses (1° de marzo al 31 de junio), por mencionar algunos. Aunado a lo anterior, cabe acotar que en México la mayoría de la Constituciones Mexicanas se habían inclinado por establecer dos periodos ordinarios de sesiones, sin embargo del periodo del Porfiriato a la Constitución de 1917 y hasta 1986, existía sólo un periodo que duraba del 1° de septiembre al 31 de diciembre. Fue hasta el 7 de abril 1986 que se publicó en el DOF Decreto que reformó los artículos 65 y 66 constitucionales, estableciendo nuevamente dos periodos de sesiones. En el Dictamen respectivo, se argumentó que el propósito de ampliar la duración y periodicidad de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, era aumentar el tiempo efectivo de trabajo y fortalecer, de esta manera, su acción a través del establecimiento de dos periodos, con lo que se propiciaría una adecuada programación del trabajo legislativo y permitiría contar con mayor tiempo a lo largo de dichos periodos; por dicha reforma el primer periodo se estableció el 1° de noviembre al 15 de diciembre y hasta el 31 de diciembre en caso del supuesto establecido en el artículo 83 constitucional, y el segundo del 15 de abril al 15 de julio, teniendo éste último una duración de tres meses. No obstante por reforma del 03 de septiembre del 93, se reformó la Constitución a efecto de ampliar el primer periodo de dos meses a tres y medio (cuatro en el caso del supuesto mencionado) y disminuir el segundo de tres meses a mes y medio para quedar como actualmente se encuentran. Actualmente los cinco meses y medio de sesiones ordinarias no responden a las expectativas de la nación, por eso con la ampliación del segundo periodo de sesiones ordinarias aspiramos a hacer más productivo el trabajo legislativo y parlamentario en el Congreso de la Unión. Si bien es cierto que la labor legislativa no se desarrolla únicamente en las sesiones de la Cámara éstas se efectúan dos días de cada semana, quedando tres días hábiles para reuniones de comisiones y seis meses y medio de tiempo sin aprovechar al máximo. Es evidente que ampliar los periodos da como resultado un fortalecimiento y consolidación del Poder Legislativo, con el consecuente beneficio al esquema de división de poderes Los ciudadanos con su participación en las urnas han realizado un voto por un Congreso, en cuyas Cámaras de Diputados y Senadores impere el equilibrio de fuerzas. Con ese mandato no podemos dejar de asumir plenamente nuestra función de Poder Legislativo. Ahora bien, objetivo de la presente iniciativa es fortalecer y dignificar los trabajos del Poder Legislativo, así como la división de Poderes mediante reformas a la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos que permitan reforzar no sólo la tarea parlamentaria sino el equilibrio republicano como garantía de control y autocontrol del Poder. Por las consideraciones anteriormente expuestas, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 4° Y 6° DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE AMPLIAR EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS. ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 65. El congreso se reunirá a partir del 1° de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1° de marzo de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones. Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de Mayo del mismo año. Si las dos cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República. ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 4° en sus numerales 1 y 2 y el artículo 6° en su numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 4°. 1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1° de septiembre cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1° de marzo de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones. 2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de Diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en la cual las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año. Artículo 6°. 1. El 1° de septiembre, a las 17:00 horas y el 1° de marzo a las 11:00 horas de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias. T R A S I T O R I O S PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor en el próximo periodo ordinario, al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- off APENDICE No. 11 C. PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION. PRESENTE. Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en los artículos 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente iniciativa de decreto que reforma las fracciones I, II y deroga la fracción IV del artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a fin de garantizar la libertad social del usuario y el respeto a disfrutar las artes mediante la utilización o transmisión de obras literarias, artísticas, así como la difusión de obras artísticas cuando ello no tenga fines de lucro, lo anterior bajo la siguiente. EXPOSICION DE MOTIVOS El derecho que tienen las personas a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sean autoras, es un principio internacional del que debemos partir para entender la importancia que por su propia naturaleza, los creadores intelectuales tienen en relación directa con la creación y difusión de sus obras. En este sentido, cabe acotar que el hombre al gozar de su libertad de pensamiento, mismo que constituye aquel espacio interno que es el espíritu, lo hace soberano de sus ideas. Por una parte, cuando las ideas no se pretenden exponerlas públicamente, son ajenas al derecho. Al permanecer fronteras adentro, en las mentes de sus progenitores, no producen consecuencias sociales ni jurídicas y por ende quedan en un ejercicio personal propia. En efecto, la libertad de pensamiento tiene entidad por sí misma, su naturaleza la hace inquebrantable. No necesita de norma jurídica alguna que la garantice. Por otra parte, cuando esa manifestación de ideas, corre el velo que oculta la privacidad y se deja ver y se hace oír, es decir, que se expresa hacia fuera, debe ser tutelada por el derecho, ya que es un importantísimo derecho, subjetivo público. Cuando el pensamiento trasciende al mundo exterior, es cuando produce sus efectos propios. De aquí la importancia de que se proteja jurídicamente la propiedad intelectual, siendo esta una contribución que sus autores hacen para crear un mundo más humano, y de ser el medio que tienen ellos para apropiarse de los bienes necesarios para llevar una vida más digna junto con los suyos; es decir, el trabajo que por vocación propia realizan, es también camino para la creación de cultura y diversas manifestaciones que pueden provocar en el individuo armonía de actividades sociales, en sus diversas manifestaciones intelectuales. Nadie puede dudar, que nuestras manifestaciones artísticas, nuestra música, nuestras tradiciones, etc, son nuestra cultura. Nuestra historia la escriben los historiadores, pero también nuestros músicos, escritores, poetas, pintores, escultores, etcétera, a través de ellos se recogen episodios de la vida de nuestro pueblo. Son parte de nuestra cultura el ideario intelectual de un Revueltas, Vasconcelos, Lerdo de Tejada, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Octavio Paz, Chava Flores Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, y tantos más, que reflejan el talento autoral, el pensamiento y el sentir humano, pero también son el patrimonio que una vez que sigue el proceso de identificación interno se convierten en un factor cultural de una nación. Incluso la búsqueda de este equilibrio, podemos verlo reflejado en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948, en la que consagra el derecho a participar de la vida cultural de comunidad y el derecho de autor, como derechos fundamentales del hombre, al disponer en su artículo 27 que: "Toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el congreso científico y en el beneficio que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora". En este contexto, debe pugnarse por la defensa de los derechos de autor, sin que ello implique una regulación meramente mercantilista a favor solamente de éste, sino compaginarlo con el interés cultural o con el gozo de las artes en cualquiera de sus expresiones. Mas aún cuando existen postulados que a ello obligan, ya que la propia Constitución Política por un lado consagra en el artículo 28, la protección de los derechos de los autores y de los artistas para la producción de sus obras y los que se otorgan a inventores y perfecciones de mejoras, para el uso exclusivo de sus inventos y de los privilegios que tienen los mismos por determinado tiempo, constituyendo en conjunto lo que en el sistema jurídico mexicano se denomina como propiedad intelectual. Sin lugar a dudas, los creadores intelectuales, deben ser protegidos y tutelados jurídicamente respecto de sus creaciones intelectuales con el objeto de que éstas sean respetadas por terceros en cualquier supuesto de ley, con la noble finalidad de estimular esa creatividad, en beneficio propio y de ser el caso en beneficio del país. Ahora bien, dentro del ámbito internacional se han generado diversos derechos que permean a los creadores intelectuales en sus diversas facetas, y que se han plasmado en instrumentos internacionales, verbi gracia, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, publicándose en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 1964, así mismo el acta de París del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 24 de julio de 1971, promulgada en nuestro país por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 1975. Por una parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece entre otras disposiciones que "toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor", por otra parte, la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión en la que contempla entre otras cosas "artículo 15 ... todo Estado contratante podrá establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Sin embargo, no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la presente Convención". En el acta de París del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, específicamente establece que " 11 bis ... no podrán en ningún caso, ser en perjuicio del derecho moral del autor, al del derecho que corresponde al autor de obtener una remuneración equitativa fijada, a falta de un acuerdo amigable, por la autoridad competente". En nuestro marco normativo constitucional y específicamente en su artículo 5 ultima parte del primer párrafo señala que "Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial" y en su párrafo tercero indica "Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento..." Bajo la luz de estas concepciones tanto en el marco normativo internacional como en el nacional, encontramos amplia protección a la producción científica literaria y artística de sus creadores y de sus obras, sin embargo, es clara la posibilidad jurídica de excluir de la obligación de pagar regalías a aquellos usuarios que no persigan fines de lucro con la explotación de la obras protegidas por el Derecho de Autor, en una plena armonía con los Derechos Morales y Patrimoniales que ampara nuestra legislación federal del Derecho de Autor, en sus artículos 21 y 24, salvaguardando con ello el derecho fundamental de autor de la obra y de su explotación. Se destaca que dentro del artículo 24 en comento se establece que "...corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente Ley..." y sin menoscabo de lo establecido en el artículo 21 en referencia a sus derechos morales, ya offque es clara la intención del legislador de proteger estos derechos que se dan inherentes a la persona que los crea. Sin embargo, de estos artículos se desprende que la intención del legislador y en general de la doctrina internacional y de sus convenios en lo referente a los derechos patrimoniales tiene sus límites en un marco de textura abierta de la ley en las limitaciones que las propias leyes que regulan la materia les den y siempre que no vayan en contra de los lineamientos internacionales aceptados de forma general, por eso es importante destacar que derivada de nuestra legislación actual los márgenes de acción para la actuación de las sociedades de gestión colectiva, cuando el titular del derecho le da el mandato para el ejercicio de sus derechos patrimoniales, ha llevado a generar controversias hacia el interior de los principios que rigen la propiedad intelectual en ciertas materias y en ciertos usos. A esto habría que sumar, el postulado recogido por la propia Ley Federal del Derecho de Autor, que establece que esta ley, tiene por "objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores, etcétera. La Ley Federal del Derecho de Autor tiene por materia la protección de la actividad intelectual y artística y en este contexto, es necesario hacer una serie de modificaciones a la ley Federal del Derecho de Autor, por considerarlas inadecuadas en su aplicación, cayendo en interpretaciones que pueden ser motivo de un exceso, que pretendiendo evocar una protección a la actividad intelectual y artística, se encaminan más a una discrecionalidad para la aplicación de una tarifa, tomando en cuenta los usos y costumbres en el ramo de que se trate y las tarifas aplicables en otros países por el mismo concepto, que pueda vulnerar la libertad de recreación y de cultura al que también se tiene derecho y sobre todo al imponer a sectores productivos de la sociedad. Insistimos, estamos convencidos que la obra intelectual es universal, pero la protección al creador no debe rebasar los derechos del público ni restringir la difusión sin afán de lucro de sus obras. Una regulación excesiva, puede vulnerar la libertad social de disfrutar de las creaciones que tiene sin duda un propósito de difusión pública. Es necesario evitar un mercado de consumo duplicado, en el sentido de que el público tenga que pagar primero, por adquirir la obra y posteriormente por disfrutar de ella en cualquier espacio abierto o en cualquier circunstancia, sin que implique necesariamente un lucro. Bajo esta óptica, están los problemas que enfrentan ciertos comercios o la industria turística al restringir su posibilidad de difusión, sin afán de lucro, de obras artísticas y musicales. En efecto, como ya se dijo el artículo 28 constitucional, reconoce el privilegio de los autores y artistas para la producción de sus obras. Es decir, el legítimo derecho que tiene para obtener regalías por su obra intelectual. La fuente de dichas regalías se encuentran en el uso o explotación temporal de su obra que realizan por sí mismo o por terceros, con propósitos de lucro; como en forma categórica se establecía en el artículo 2°, fracción III, de la anterior Ley Federal de Derechos de Autor por lo que consideramos que el simple uso de la misma no se encuentra protegida por la ley. Es decir, que si no existe lucro no puede existir regalías. En las diversas disposiciones cuya reforma se propone se precisa el elemento fundamental que dará lugar al pago de regalías por lo que consideramos necesario subrayar que el elemento determinante de la regalía lo constituye cabalmente el fin de lucro. La simple instalación de aparatos electrónicos audiovisuales o similares ha dado lugar a que se les exija el pago de regalías, sin tomar en cuenta que la fuente de dichas regalías se encuentra en el lucro. En consecuencia, la instalación de aparatos audiovisuales, telefónicos, de radio, de televisión, los teletipos y los mecanismos facsimilares y de computación, son instalación de tipo meramente instrumental, porque sirve para conseguir determinados objetivos que los huéspedes requieren o elijan, pero de ninguna manera se esta ante el ofrecimiento individual de obras literarias o artísticas. Además la autoridad administrativa ni las sociedades de gestión, ni los artistas o autores pueden precisar y menos confirmar que los huéspedes hagan uso de sus obras o se satisfagan con su captación y sin embargo la ley les faculta para exigir el pago de derechos como si estuviera plenamente demostrado que los hechos se habían efectuado o como si fuere lógica y jurídicamente imprescindible que se confirmare que los terceros se habían beneficiado de alguna manera con la reproducción de sus obras. Debe tenerse presente que tanto la radio como la televisión y las computadoras son estructuras que permiten la difusión masiva de toda clase de objetos de la comunicación y que, a diferencia de los materiales que portan una grabación concreta, no es posible determinar ni prever que obras, en que momento y en cuantas ocasiones se transmite un producto. Es por ello que ya existe un gravamen específico para las estaciones transmisoras de las obras, con entera independencia, de las editoras y de las empresas comerciales. Exigir que terceros continúen efectuando pagos por la transmisión que ya estuvo grabada es tanto como autorizar el pago de lo indebido afectando intereses de personas ajenas a la explotación de las obras. En el caso de los hoteles, estos se encuentran generalmente desocupados por los huéspedes en la mayor parte del tiempo, lo que implica que las instalaciones de la comunicación masiva no son utilizadas constantemente. Sin embargo, la ley no distingue y parece suponer que los aparatos receptores están permanentemente encendidos y reproduciendo la misma o las mismas obras de los autores cuyos intereses gestionan la sociedad autorizada. El derecho de autor es un privilegio consignado en la Constitución por cuanto se refiere al título que corresponde al sujeto, cuya creación artística o literaria ha surgido de su inspiración o de su labor personal en tal virtud, la norma aplicable protege la explotación de esa obra, lo que significa que los particulares se convierten en usuarios cuando utilizan la obra para obtener frutos, especialmente de carácter económico de manera que el simple goce estético, artístico o intelectual debe de estar excluido por cuanto que ni afecta ni menoscaba las pretensiones económicas de los autores. Son los resultados de la explotación de la obra los que materializados en objetos económicos se caracterizan como productos de explotación. De tal manera que si la obra se percibe por los sentidos, se capta de cualquier manera y se goza o simplemente se usa sin pretensiones de obtener un fruto económico y mucho menos un lucro, en esos casos la actividad del particular no puede considerársele como usuario, no llega a ser objeto de la relación consignada en el derecho de autor. Es por ello que la propia ley habla de limitación a los derechos patrimoniales de los autores, puesto que dado el fenómeno de la comunicación humana es imposible impedir el conocimiento y la captación de las obras intelectuales. La comunicación que ha sido definida como el intercambio de bienes, personajes y mensajes es la base de la difusión de cualquier obra que pueda ser alcanzada por los sentidos, el derecho de autor no puede llegar hasta la discapacitación de los seres humanos, ya que ésta seria la única manera en que se podrá impedir que tales entes conocieran, captaran y hasta disfrutarán estéticamente de las obras. Basta ver la fracción I del artículo 149 de la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que actualmente dispone que podrá realizarse sin autorización, cito textualmente: "la utilización de obras literarias y artísticas en tiendas o establecimientos abiertos al público, que comercien ejemplares de dichas obras, siempre y cuando no haya cargos de admisión y que dicha utilización no trascienda el lugar en donde la venta se realiza y tenga como propósito único el de promover la venta de ejemplares de las obras". Como puede observarse, la limitación que se impone se circunscribe a la difusión de obras con propósitos de comercialización y cuando no se pide un pago por entrada al lugar en cuestión. Por lo que el ánimo del legislador es que se excluya la propagación de obras en recintos diferentes a los destinados para la venta, "es decir, hoteles, restaurantes, hospitales, transportes de pasajeros, edificios públicos, centros de esparcimiento y una infinidad variada de locales". En lo que respecta al artículo 150 de la citada Ley Federal de Derecho de Autor, que establece los supuestos para que la ejecución pública de las obras musicales no dé lugar al pago de regalías, dispone en la fracción II que forman parte de estos supuestos el hecho de que "no se efectúe un cobro para ver y oír la transmisión o no forme parte de un conjunto de servicios". La parte primera, compañeros, cumple con un fin legítimo, que es proteger el derecho patrimonial de los autores a explotar por sí o por terceros su obra artística; sin embargo, la parte segunda que se refiere a que la música no forme parte de un conjunto de servicios, es un sin sentido y parece contradecir el principio de que solo se trate con fines de lucro, por lo que la redacción vigente es un predicamento, ya que deja la posibilidad de cobrar regalías a todos los establecimientos comerciales y de servlclo que utlllcen muslca sln importarles si existe o no lucro. Circunstancia que no debe ser así ya que transmisión o exhibición que no genera lucro no debe por tanto generar lucro tampoco al autor. Por lo anterior propongo que se elimine la segunda parte de la redacción de la fracción II del artículo 150, de tal manera que sólo proceda el pago de regalías cuando la ejecución pública de la música persiga un fin de lucro. Esto es, siempre y cuando se reclame un cobro para ver y oír la transmisión. Asimismo se propone a fin de dar congruencia al espíritu que anima la propuesta, que se suprima la fracción IV. De este precepto, en virtud de que con la argumentación anterior no tendría razón de ser el hacer esta distinción. Por ello se propone la siguiente modificación: Artículo 150°, fracción II. "No se efectúe un cobro para ver u oír la transmisión". Derogando la fracción IV, que dispone que "el receptor sea un causante menor o una microindustria" Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las facultades que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados Federales del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta H. Representación Nacional la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION I DEL ARTICULO 149, LA FRACCION II DEL ARTICULO 150 Y DEROGA LA V DEL ARTICULO 150 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, PARA QUEDAR COMO SIGUE: ARTICULO UNICO. Se reforma el artículo, 150 fracción I, II, III y IV para quedar en los siguientes términos: Artículo 150. No se causarán regalías por ejecución pública, cuando no exista lucro. Para efectos de esta disposición se considera que no existe lucro cuando concurran de manera conjunta, las siguientes circunstancias: I. Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente en un aparato monoreceptor de radio o televisión. II. No se efectué un cobro para ver u oír la transmisión; III. ... IV. se deroga. ARTÍCULOS TRANSITORIOS Artículo Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- off APENDICE No. 19 COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL Abril 17, 2001. HONORABLE ASAMBLEA Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 73 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 al 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México en esta LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron el 26 de octubre del año 2000 a esta H. Cámara de Diputados, una Iniciativa de "Ley de Ahorro y Crédito Popular y el Instituto de Fomento Social para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y se Reforman y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito". De igual forma, el mismo día 26 el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la Iniciativa que expide la "Ley de Ahorro y Crédito Popular y que Reforma y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito". Dichas Iniciativas fueron turnadas inicialmente a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen. No obstante, la Presidencia de la Mesa Directiva resolvió a principios de enero de 2001 reorientar sendas Iniciativas a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social. Como antecedentes inmediatos a estas iniciativas, con fecha 22 de marzo del año 2000, la Diputada Angelina Muñoz Fernández del Grupo Parlamentario del PRI sometió a la H. Cámara de Diputados una iniciativa con la que "pretendía modificar diversos artículos de las Leyes Generales de Sociedades Cooperativas y General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito", misma que fue turnada a las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, los Diputados integrantes de la mesa directiva de la Quincuagésima Segunda Legislatura del estado de Querétaro, presentaron a consideración de la Legislatura Federal la Iniciativa por la que se "reforma la Ley General de Sociedades Cooperativas", habiéndose turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Por último, en sesión celebrada el 27 de abril de 1999, se presentó por un grupo de Diputados de distintos Grupos Parlamentarios, la Iniciativa de "Ley de los Organismos Financieros del Sector Social de la Economía", misma que fue turnada a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. De esta forma, después de analizarlas y evaluarlas, con la aportación de Senadores de la República y la de los sectores involucrados y con servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Patronato del Ahorro Nacional, a continuación se presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente: PROYECTO DE DICTAMEN DESCRIPCION DE LAS INICIATIVAS. La Iniciativa presentada por la Diputada Angelina Muñoz Fernández derivó de la falta de homologación de criterios entre la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito con la Ley General de Sociedades Cooperativas, ya que esta última contiene una regulación de actividades de ahorro y préstamo contrario al espíritu que anima a la primera, donde son únicamente las Sociedades de Ahorro y Préstamo los conductos apropiados para encauzar las acciones relativas al mejoramiento de la economía de aquellos que, reuniendo sus capitales personales en fines comunes, deciden emprender acciones para lograr que dichos capitales generen algún beneficio común e individual, proponiéndose así en la Iniciativa, entre otras cosas, la eliminación de la posibilidad que las sociedades cooperativas se dediquen a actividades de ahorro y préstamo, a través de la correspondiente modificación a su marco legal. En este mismo sentido y por la falta de una regulación integral de las sociedades cooperativas, especialmente a las de ahorro y préstamo, y a las llamadas cajas populares, que se han mantenido al margen de la ley, la iniciativa proveniente de los diputados del estado de Querétaro de Arteaga, proponía incluir como requisito para la constitución de las cooperativas dedicadas a las actividades de ahorro y préstamo, el solicitar la autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente, preveía otorgar a las autoridades estatales, a través de las Secretaría de Finanzas de cada estado, facultades para intervenir en casos de presentarse problemas de solvencia de dichas entidades. Por su parte, la Iniciativa de Ley de los Organismos Financieros del Sector Social de la Economía tuvo como fundamento el marco regulatorio deficiente, contradictorio y no adecuado a la naturaleza de los organismos financieros del sector social, situación que impedía su adecuada aplicación. Por ejemplo, se creaban sociedades cooperativas de servicios financieros sujetas para su autorización a una comisión mixta de regulación y registro, organismo público autónomo que no fue posible formalizar. Cabe indicar que dicho proyecto se votó para su moción suspensiva, a efecto de perfeccionar la que se pretendía fuese la Ley. En tal virtud, la Mesa Directiva con fecha 14 de noviembre del año pasado, remitió a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social esta Iniciativa, para su mayor estudio. En el curso de la actual Legislatura se han presentado en la Cámara de Diputados dos iniciativas de ley orientadas específicamente para apoyar las actividades de ahorro y préstamo popular: a) De Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el Instituto de Fomento Social para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito del los Grupos Parlamentarios del PANPVEM. b) De Decreto de Ley de Ahorro y Crédito Popular, y que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito del Grupo Parlamentario del PRI. Ambos proyectos son prácticamente idénticos en cuanto a sus propósitos, objetivos y alcances, si bien para los propósitos que nos ocupan en el caso de la primera se resolvió dejar de lado el texto relativo a la creación del Instituto Nacional para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuyo objetivo además del de la promoción a este tipo de empresas, será estructurar programas para el desarrollo regional, de garantías complementarias para su financiamiento, para el desarrollo de tecnología aplicada y el aseguramiento de compras de Gobierno, entre otros, es decir, serán propósito de otro dictamen. El segundo aspecto de diferencia en materia de ahorro y crédito popular es que tratándose del proyecto del PRI, se contempla a través de diez artículos Transitorios Artículo Décimo Segundo al Vigésimo Primero la propuesta de creación de un Fondo de Transición del Régimen Regulatorio del Sistema de Ahorro y Crédito Popular, cuyo propósito es el de resarcir a los ahorradores de las cajas de ahorro que hubieran incurrido en insolvencia comprobada previa auditoría. Al respecto, vale la pena recordar que el pasado 19 de diciembre se aprobó el Proyecto de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y se adiciona el articulo 51B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación a finales de año. Para la elaboración del dictamen que dio sustento al proyecto anteriormente citado, se consideraron poco más de seis iniciativas y puntos de acuerdo que los distintos Grupos Parlamentarios y Congresos estatales, presentaron sobre la difícil situación de los afectados por las cajas de ahorro insolventes o intervenidas por la autoridad competente. En suma, se puede decir que, salvo estas diferencias, prácticamente ambas Iniciativas son coincidentes en su contenido, por lo que pueden ser analizadas y dictaminadas de manera simultánea. Conforme a lo anterior y de conformidad al espíritu de las Iniciativas, se puede señalar que para lograr un crecimiento económico alto y sostenido, se requiere contar con un sistema financiero sano y eficiente. De igual forma, el ahorro interno constituye un factor fundamental para promover la inversión y el empleo productivo y permanente. Actualmente existen en México varios tipos de organismos que captan ahorro popular y otorgan créditos al consumo o a la producción de micro y pequeñas empresas y no obstante que, en términos de activos, el sector es relativamente pequeño si se compara con el sistema bancario, representando únicamente el 0.9% de los activos de la banca comercial, tiene una gran importancia social, económica y política, ya que atiende al 6% de la población económicamente activa. Sin embargo, también es cierto que el actual marco regulatorio que las rige resulta deficiente y contradictorio, no siendo dicha legislación apropiada al objeto que pretende regular ni mucho menos está acorde a los lineamientos de un adecuado y seguro desarrollo financiero. Se encuentran sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo que están facultados por ley para captar el ahorro de sus socios pero, a su vez, conviven un sinnúmero de agentes que ofrecen servicios similares para los cuales no están ni facultados ni apropiadamente regulados y supervisados, como las sociedades y asociaciones civiles tipo cajas solidarias y cajas populares. Ejemplo de lo anterior es el artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, el cual establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las disposiciones administrativas bajo las cuales se regirán dichas entidades financieras, escuchando con tal fin la opinión de la Confederación Nacional respectiva y la del Consejo Superior del Cooperativismo; sin embargo, estas aún no han sido emitidas. Por su parte, las Sociedades de Ahorro y Préstamo SAP, reguladas por la Ley General de Organismos y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) han sido objeto de una excesiva fiscalización sin que ello se traduzca en mayor eficiencia operativa, además de que por disposición legal se limita su derecho constitucional a la libre asociación, al no permitirse que estas sociedades puedan federarse para la defensa y representación de sus intereses gremiales. Las demás figuras jurídicas existentes también tienen grandes deficiencias en su regulación, pero sobre todo en la vigilancia formal que la Secretaría de Hacienda ejerce sobre ellas, además de que no presentan ningún tipo de seguridad para sus socios, de cuyo resultado existen tristes experiencias recientes, que han tenido como resultado que ahorradores y usuarios se vean expuestos a riesgos y fraudes que, en muchas ocasiones, los han llevado a la pérdida de su patrimonio. En el mismo sentido, las iniciativas señalan que a las entidades que realizan actividades de ahorro y préstamo popular, se les aplica, en forma supletoria, las disposiciones de la ley bancaria y mercantil que no tiene nada que ver con el espíritu asociativo y solidario que anima a este tipo de organismos. Atendiendo a la experiencia internacional está comprobado que en los países en los cuales existe regulación específica para las actividades de los Organismos Financieros Solidarios, éstos han podido crecer y consolidarse como una alternativa atractiva para millones de personas en el mundo. Las reformas financieras en nuestro país, han girado invariablemente en torno a la estructura y funciones del sistema bancario. Sin embargo, a pesar de ello, su profundización sigue siendo muy pobre en comparación con la de los otros países de dimensión económica similar a la de México y, como consecuencia de ello, los servicios bancarios siguen siendo muy limitados para amplios sectores de la población, sobre todo en determinadas regiones del país. Tras la crisis financiera, la necesidad de establecer controles más rigurosos sobre la administración de riesgos y los costos de operación ampliaron las barreras para que los sectores de la población de menores ingresos y las micro y pequeñas empresas pudieran acceder a los servicios proporcionados por el sistema formal. De otra parte, la creciente participación de bancos internacionales y la mayor apertura del mercado de servicios financieros en México, ha motivado que el sistema bancario mantenga su orientación hacia los mercados globales, limitando su capacidad para emprender políticas más agresivas para el desarrollo e integración de los sectores de menor ingreso. En tal sentido, existe la necesidad de crear un marco legal que como lo ordena nuestra Carta Magna en su artículo 25, "establezca los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social". Con estas iniciativas de ley se complementa una disposición fundamental de la Constitución que propicia el equilibrio entre los sectores público, privado y social, estableciendo para éste último disposiciones claras que lo estimulan y fortalecen, además de que se fundamenta en la tradición histórica solidaria del pueblo de México. Derivado de la anterior, las iniciativas tienen por objeto crear un ordenamiento jurídico que regule, promueva y facilite el servicio y las actividades de captación de recursos, la colocación de crédito y el otorgamiento de servicios mediante su integración al Sistema de Entidades de Ahorro y Crédito Popular. Para ello, se contemplan dos tipos de entidades que podrán participar en este Sistema: la Cooperativa de Ahorro y Préstamo y las Sociedades Financieras Populares. Esta última es una nueva figura que tiene como propósito dar respuesta al reclamo de personas que desean continuar prestando servicios de ahorro y crédito sin adoptar la figura cooperativista. De esta manera, mientras que la figura de Cooperativa de Ahorro y Crédito recoge los principios cooperativos que tradicionalmente han seguido las cajas populares, la figura de Sociedad Financiera Popular se constituye como una sociedad anónima que brinda servicios de ahorro y crédito popular. La iniciativa introduce también el concepto de supervisión auxiliar, el cual responde al hecho de que los órganos de supervisión y vigilancia tradicionales se ven a menudo rebasados tanto por el gran número de dichas entidades, como por su amplia dispersión geográfica a lo largo de todo el territorio nacional. Responde asimismo al principio de autogestión y autocontrol que rigen a este tipo de entidades, por lo que se propone que dichas actividades se lleven a cabo, de manera auxiliar, a través de las Federaciones, que se integrarán por las Entidades que opten por su afiliación. Cabe indicar que esto no implica que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no pueda ejercer a su vez sus funciones de supervisión y vigilancia cuando lo considere necesario. De acuerdo con el proyecto, las propias Federaciones serán las responsables de determinar el nivel de operación que puede desarrollar cada entidad, entre cuatro categorías, en función al número de socios, el monto de los activos y el ámbito geográfico en el que pretendan operar, entre otros criterios. La intensidad de la regulación dependerá del nivel de operación que se les asigne a cada uno de los intermediarios. La supervisión deberá ser ejercida por un comité concebido como un órgano profesional e independiente. Por su parte, la autoridad deberá vigilar y supervisar que las Federaciones cuenten con la infraestructura necesaria para que cumplan eficientemente con su función. Un aspecto muy importante de las iniciativas en comento es que se contempla la creación de un seguro de depósito y saneamiento que se constituirá por las aportaciones fijadas en función del pasivo de cada Entidad y del nivel de operaciones que se les asigne, buscando con ello otorgar protección a los depósitos de los ahorradores, hasta por un monto equivalente a 5000 Unidades de Inversión. Estas aportaciones y su administración estará bajo la responsabilidad primaria de las Confederaciones, organismos que se integrarán por lo menos con la participación de cinco Federaciones. Existe prohibición expresa para que el Gobierno Federal, así como cualquier entidad de la Administración Pública Federal se responsabilicen del resultado de las operaciones que lleven a cabo las Entidades mencionadas, ni con respecto al cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus socios o clientes. De acuerdo con la experiencia, se establece que las Entidades deberán mantener en un lugar visible de sus oficinas si están o no afiliadas a una Federación y de que cuentan con un seguro de depósito, además de que también lo deberán citar expresamente en su publicidad y en toda la documentación que entreguen al público. Se contempla en el proyecto la posibilidad de participar como una Entidad no afiliada a ninguna Federación; en este supuesto, las Cooperativas de Ahorro y Préstamo o las Sociedades Financieras Populares que cumplan con los requisitos de este ordenamiento, serán supervisadas y vigiladas de manera auxiliar por una Federación que al efecto les designe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por otra parte, en las iniciativas se propone implementar un mecanismo de prevención o alerta temprana, cuyo objeto será identificar oportunamente las anomalías financieras o de cualquier otra índole que presenten las Entidades y que puedan afectar su estabilidad o solvencia, arriesgando los intereses de los ahorradores o sus asociados. En tal sentido, se prevén para el caso de que una Entidad ya no fuera viable debido a su alto grado de deterioro, mecanismos de salida, orientados a beneficiar a los ahorradores en los procesos de fusión, escisión y liquidación de la propia Entidad. Respecto del régimen de transición, se contempla otorgar a las empresas que actualmente captan y colocan recursos entre el público, un periodo transitorio de dos años para que, en caso de que deseen seguir prestando dichos servicios, puedan adoptar tanto las figuras jurídicas como los mecanismos que establece el Sistema de Ahorro y Crédito Popular, por lo que una vez concluido el plazo legal quedaría expresamente prohibido a cualquier persona física o moral, la captación de recursos del público de manera directa o indirecta en el territorio nacional, al margen de los mecanismos establecido por este proyecto. Cabe indicar, que durante este periodo también se fortalecerá la capacidad de las Federaciones para llevar a cabo una supervisión eficiente y responsable. Asimismo, el periodo de transición permitirá que las entidades puedan cumplir con la regulación a que estarán sujetas y que fortalezcan su situación financiera. En consideración a lo anterior, mediante un Artículo Segundo se propone reformar la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, derogando las disposiciones relativas a las Sociedades de Ahorro y Préstamo, y suprimiendo la operación relativa a la recepción de depósitos de ahorro por parte de los socios de las Uniones de Crédito, con el fin de que estas últimas adopten en definitiva la figura de Entidad de Ahorro y Crédito Popular, en cualquiera de sus dos modalidades o bien, continúen sus operaciones pero absteniéndose de captar ahorros. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES. Debe considerarse que para la realización de los proyectos en comento, los Diputados de los diversos Grupos Parlamentarios, han estado trabajando durante la LVII legislatura y ahora en esta LVIII, de manera conjunta con el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y demás autoridades financieras, junto con los representantes de las cajas de ahorro y préstamo, las sociedades cooperativas, las sociedades de ahorro y préstamo y demás interesadas en la realización de este proyecto para de esta manera establecer un nuevo Sistema de Ahorro y Crédito Popular que de, ante todo, mayor seguridad jurídica a todos los participantes en un marco claro y moderno de legalidad. De igual forma, integrantes de las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social como de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con Senadores de la República, realizaron durante el mes de febrero y marzo pasado diversos viajes de trabajo tanto al interior del país, como por Canadá, Argentina y Brasil, con el fin de conocer y analizar la experiencia de las cajas de ahorro que han tenido un desarrollo y éxito ejemplar para la comunidad internacional. Otro grupo de diputados tuvo como misión, en el marco de un análisis de carácter tributario, analizar las experiencias recientes en el desarrollo y evolución de las cajas de ahorro en el Reino Unido, Francia y España, país que se ha caracterizado por su especialización e importancia de este sector dentro de la Comunidad Europea. Estos contactos directos con las cajas populares, así como con las oficinas de supervisión de las mismas y el intercambio de experiencias con parlamentarios locales y federales y especialistas sobre el tema, así como con diversos representantes de las entidades de ahorro y crédito popular, han permitido replantear y afinar algunas de las consideraciones originalmente contempladas en el proyecto que se dictamina. Por otro lado, durante el mismo mes de febrero y en el marco del Congreso Nacional del Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular, en el que se dio a conocer el Programa de Banca Social por parte del Gobierno Federal, se analizaron y discutieron con los principales representantes del sector, los objetivos y mecanismos que contempla el proyecto de Ley que se analiza. Al respecto, dicho Consejo integra a poco más de 1.7 millones de socios a nivel nacional, cuenta con activos por 16 mil 581 millones de pesos y concentra una cartera de crédito vigente de 9 mil 391 millones, distribuida en 1.4 millones de préstamos. Cabe indicar que en el curso de estos meses y como resultado del trabajo de las Comisiones Unidas se consideró conveniente realizar un número importante de modificaciones a las iniciativas originales, para darle mayor claridad, consistencia, seguridad y precisión a esta nueva Ley. También se realizaron cambios fundamentales en el funcionamiento de los diversos órganos, ya que se consideró conveniente especificar ciertas facultades de los distintos entes que forman parte del Sistema. De esta manera, el objeto de la Ley es el de regular, promover y facilitar el desarrollo de las actividades financieras de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, definiendo un marco normativo de autorregulación que se ocupe de la organización, promoción, seguridad, sistema de protección de depósito y fortalecimiento de la actividad. Esta Ley es de orden público y observancia general y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el órgano competente para interpretar a efectos administrativos los preceptos de la misma. En este sentido, las que Dictaminan consideran adecuado la unificación que se pretende dar al tratamiento normativo de las figuras que actualmente operan en el sector del ahorro popular, creando así certeza jurídica a los ahorradores y proveyéndolos de una alternativa importante para mejorar su nivel de vida. El esquema estará integrado por sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Sociedades Financieras Populares que estén autorizadas para operar como entidades de ahorro y crédito popular, por las Federaciones y Confederaciones que estén autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ejercer las funciones de supervisión auxiliar de las entidades y, en su caso, administren los fondos de protección. Las Entidades tendrán un nivel de operaciones, de entre cuatro, dependiendo de las operaciones activas, pasivas y de servicios que podrá realizar, de conformidad con las reglas de carácter general que emita la propia Comisión. Asimismo, se contempla la creación de los Fondos de Protección, con el propósito de procurar cubrir a los ahorradores sus depósitos de dinero en caso de insolvencia de dichas entidades, con los límites y en los términos previstos en el Título Tercero de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Para evitar confusiones, se señala que las cajas de ahorro a que hace mención la legislación laboral, no estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley. En el mismo sentido, se definen a las Entidades como intermediarios financieros, por lo que queda prohibido para cualquiera otra persona física o moral distinta a las señaladas, la captación de recursos del público de manera directa o indirecta en el territorio nacional. En el Título Segundo, Capitulo I, de Disposiciones Comunes, se indica que se requerirá dictamen favorable de una Federación y autorización de la Comisión para su organización y funcionamiento. En los casos de sociedades que opten por el régimen de no afiliadas, éstas podrán acudir directamente ante la Comisión para que les designe una Federación que se encargará de emitir el dictamen que se requiere para funcionamiento y para que realice la supervisión auxiliar. En caso de que exista un dictamen desfavorable se precisa el procedimiento que se podrá seguir. Las Comisiones Dictaminadoras pusieron especial cuidado en el proceso de autorización. Así, por ejemplo, para la solicitud de procedencia se definen claramente los requisitos y documentación que deberá acompañarse para determinar su autorización, como el de número de socios, recomendaciones de dos entidades y un programa general de operaciones y de su capital social mínimo. Cabe indicar que tanto la admisión como el retiro de socios se realizará de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la Entidad, debiéndose informar en todo caso al consejo de administración. En este último caso, se considerará que no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas previamente. Dentro de la Ley se prevé que las Entidades deberán constituir los fondos sociales de reserva y de obra social. En el caso particular de las cooperativas deberán constituir un fondo de educación cooperativa. Este fondo de reserva se constituirá al menos con el 10% de los excedentes tratándose de Cooperativas, o de las utilidades en el caso de Sociedades Financieras Populares, que se obtengan en cada ejercicio social, hasta alcanzar un monto equivalente cuando menos al 10% del capital contable de la Entidad. Por su parte, el fondo de obra social se constituirá con la aportación anual que resulte de aplicar el porcentaje que sobre los excedentes o utilidades, en su caso, sea determinada por la asamblea general. Las Entidades contarán con una Asamblea general; un Consejo de administración formado por no menos de 5 y no más de 15 personas, por un periodo máximo de 5 años; un Consejo de vigilancia o comisario; un Comité de crédito o su equivalente, y un director o gerente general, dependiendo del Nivel de Operaciones asignado y del índice de capitalización con el que cuenten. Estas Comisiones Unidas consideran importante mencionar que las Entidades a través de su asamblea, podrán designar consejeros independientes para que participen en los trabajos del consejo de administración, a efecto de mejorar el nivel de su administración, requisitos que también se aplicarán a los casos de Federaciones y Confederaciones. Tratándose del director o gerente general de la Entidad, se estipula entro otros requisitos que debe de tener conocimientos y experiencia de por lo menos 3 años en materia financiera y administrativa, con excepción de las Entidades con Nivel de Operaciones I y II, en cuyo caso, deberán acreditar conocimientos en materia financiera y administrativa a satisfacción de la Federación a la que estén afiliados o realice las labores de supervisión auxiliar. Una figura que contempla el presente ordenamiento y a la cual se le ha prestado particular cuidado es al comité de crédito o su equivalente integrado por no menos de 3 ni más de 7 miembros, que será el encargado de analizar, y en su caso, aprobar las solicitudes de crédito que presenten a la Entidad los Socios o Clientes, así como las condiciones en que éstos se deberán otorgar, de acuerdo a las políticas definidas por el consejo de administración. También se contempla la existencia de un consejo de vigilancia o comisario, el cual será el encargado de supervisar el funcionamiento interno de la Entidad y el cumplimiento de sus estatutos, políticas, lineamientos y de las disposiciones aplicables. Se integrará por no menos de 3 personas ni más de 7 que deberán ser nombradas y removidas por la asamblea general. Se establecen, entre otras facultades del consejo de vigilancia o comisario, la de asistir con voz, pero sin voto a las sesiones del consejo de administración; conocer de la información que requiera para el correcto desempeño de sus funciones y solicitar al auditor externo la información sobre el desarrollo y resultados de las auditorías realizadas. Como obligaciones fundamentales tendrá la de Informar a la asamblea de la Entidad y al Comité de Supervisión de la Federación sobre las irregularidades detectadas en la operación de la Entidad y la de supervisar que las observaciones efectuadas se atiendan y las irregularidades detectadas se corrijan. Se establece que las Entidades deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, comisarios, director o gerente general, dentro de los cinco días naturales posteriores a su designación. Cabe indicar que la Comisión deberá expedir las reglas de carácter general para el funcionamiento de las Entidades, en las que se determinarán, entre otras cosas, las operaciones activas, pasivas y de servicios que éstas podrán realizar de acuerdo al Nivel de Operaciones que les sea asignado, así como las características de dichas operaciones y los requisitos para celebrarlas, en un plazo no mayor a 180 días una vez publicado la presente disposición. Se instituyen mecanismos preventivos y prudenciales a efecto de que las Entidades no celebren operaciones en las que se pacten condiciones y términos que se aparten significativamente de las prácticas de mercado, ni tampoco puedan otorgar créditos distintos de los que correspondan a su objeto social o Nivel de Operaciones asignado. Asimismo se contemplan criterios para considerar cuáles serán las operaciones con personas relacionadas en las Entidades, así como sus reglas de procedencia y de manejo confidencial de la información con sus Federaciones y Confederaciones. De acuerdo al Nivel de Operaciones que les sea asignado, se precisa el tipo de operación que las Entidades podrán realizar. Al respecto y a diferencia del pasado, ahora se contempla una amplia gama de actividades y servicios. También se establece, entre otras limitaciones, que tendrán prohibido recibir en garantía de los préstamos que otorguen a sus Socios, sus acciones o certificados de aportación, según sea el caso. Se definen los casos por los cuales la Comisión, después de haber escuchado la opinión de la Federación respectiva y previa audiencia de la Entidad interesada, podrá declarar la revocación de la autorización otorgada así como su proceso y términos de liquidación y cancelación, a efecto de proteger tanto a los socios o clientes, así como para salvaguardar la estabilidad del Sistema de Ahorro y Crédito Popular. El Capítulo II, referente a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, define los requisitos y documentos necesarios para su constitución, tales como el de que no podrán tener menos de 200 socios en el caso de los niveles de operación II, III y IV; y 100 socios, en el caso del nivel 1, pudiendo participar como socios personas morales, con excepción de las Instituciones Financieras. Dichas personas únicamente podrán emitir un voto en la asamblea de Socios de la Cooperativa de que se trate. Se prevé que éstas podrán integrar a una institución fundadora sin fines de lucro, la cual tendrá como finalidad apoyarlas financieramente y participar de manera permanente en sus órganos de administración y gobierno. Las aportaciones que realice la institución fundadora al capital social de la Cooperativa se harán a título de donación, y deberán ser destinadas a una reserva especial, misma que no podrá ser distribuida entre los Socios o reembolsada. De acuerdo al Capítulo III, las Sociedades Financieras Populares serán sociedades anónimas, pudiendo prestar servicios a sus socios como a terceros, y únicamente podrán utilizar esta denominación las sociedades autorizadas para operar en los términos de esta Ley. Las acciones representativas del capital social de las Sociedades Financieras Populares podrán ser adquiridas por cualquier persona, excepto por Instituciones Financieras a las que se refiere la fracción IV del artículo 2° de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. No obstante, en determinadas situaciones podrán participar las uniones de crédito. Se establecen límites para la tenencia accionaria por más de 3% y 10% del capital social de la Sociedad según se trate de persona física o moral. En caso de que una persona moral pretenda adquirir o transmitir hasta el 10% del capital deberá solicitar la autorización de la Comisión, previo dictamen favorable de la Federación que la supervise de manera auxiliar. En el mismo sentido, las que Dictaminan diseñaron diversas reglas para el caso de que este tipo de socios puedan recibir créditos de la misma o, al menos, acceder a las demás operaciones o servicios de la Entidad. El Título Tercero, de los Organismos de Integración, se compone de cuatro Capítulos: Uno de Disposiciones Generales; otro de las Federaciones con sus respectivas Secciones relativas a su Organización y Objeto, de su Funcionamiento y de las Medidas Correctivas, de la Afiliación, de las Entidades No Afiliadas y de los Mecanismos de Resolución. El Capítulo III se refiere a la Organización y Funcionamiento de las Confederaciones, mientras que el Capítulo IV contempla todo lo relacionado con el Fondo de Protección, elemento fundamental del esquema. En Disposiciones Generales se indica que las Entidades se sujetarán a la supervisión de la Comisión, la que tendrá todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la Ley que la rige y la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, también se establece que dichas facultades podrán ser ejercidas de manera auxiliar e indelegable por las Federaciones, mismas que se constituyen con la agrupación voluntaria de las Entidades. De la misma forma, la Confederación se constituye con la agrupación de Federaciones, debiendo estar autorizada por la Comisión para el desempeño de las facultades de administración del Fondo de Protección y fungir como órgano de colaboración del Gobierno Federal para el diseño y ejecución de los programas que faciliten la actividad de ahorro y crédito popular. Ambos organismos son instituciones de interés público, mismos que podrán adoptar cualquier naturaleza jurídica y patrimonio propios, no tendrán fines de lucro y se abstendrán de realizar actividades políticas partidistas. La Comisión es la responsable de su autorización dentro de un plazo de 90 días naturales, entendiéndose que la autoridad resuelve en sentido negativo si no comunica lo contrario dentro del periodo mencionado. Todas estas autorizaciones deberán publicarse en el Diario Oficial y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que operará el Organismo de Integración de que se trate. Dentro de las actividades que las Confederaciones y Federaciones pueden realizar destacan las de prestar servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación; contratar créditos con el objeto de canalizarlos a las Federaciones y Entidades afiliadas que lo requieran, así como homologar, en lo procedente, reglamentos, trámites y mecanismos operativos, así como sistemas contables e informáticos. También podrán integrar bases de datos para dar seguimiento al comportamiento crediticio de los acreditados de las Entidades, la calificación de riesgos, y en general su funcionamientos. Como requisitos mínimos que deberán cumplir para ser autorizado son, en el caso de las Federaciones, tener cuando menos la solicitud de 10 Entidades que deseen afiliarse. En la Confederación se requerirá la solicitud de cuando menos 5 Federaciones. No obstante ello, la Comisión por un plazo de 6 meses podrá otorgar a un determinado Organismo la autorización sin cumplir con el número de afiliados requerido. En el mismo sentido, para el caso de una revocación de una autorización otorgada a una Entidad o a una Federación, las Federaciones y las Confederaciones, respectivamente, contarán con un plazo de 8 meses contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la revocación para tener el número mínimo de afiliadas, pudiéndose excepcionalmente ser prorrogado. Al respecto, estas Comisiones Unidas estimaron necesario precisar que las Federaciones o Confederaciones no podrán afiliar a personas físicas, ni realizar operaciones con el público directamente o por interpósita persona. Estos Organismos están obligados a proporcionar a sus afiliadas la información sobre los servicios que ofrecen, y sobre el Fondo de Protección, con el objeto de fortalecer la cultura financiera en general y del ahorro popular en particular. También están obligados a llevar un registro de sus afiliadas o, en su caso, de aquéllas sobre las que ejerzan funciones de supervisión auxiliar, el cual deberá ser del conocimiento de la Comisión. La Ley contempla con respecto a las Entidades y en su relación con los Organismos de Integración, varias obligaciones dentro de las cuales vale la pena citar las de aportar las cuotas periódicas que fije la asamblea general de afiliados de la Federación para su sostenimiento, cubrir el costo de supervisión auxiliar, y las aportaciones para la constitución del Fondo, así como cumplir con las estipulaciones contenidas en el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar, según se trate, así como con la regulación prudencial que establezcan los Organismos de Integración o la Comisión. Asimismo, deberán informar cuando se presuma fundadamente que se están llevando a cabo cualquiera de las conductas que señala el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Tratándose de los Organismos de Integración, la Comisión tendrá la facultad de revocar, previa audiencia, la autorización otorgada a las Federaciones para ejercer la función de supervisión auxiliar, y a las Confederaciones para manejar el Fondo de Protección, cuando se presentes las causales contempladas en la Ley en comento. Cuando a una Federación le fuera revocada su autorización para operar, las Entidades deberán solicitar su afiliación a otra Federación o bien sujetarse al régimen de no afiliada. La supervisión auxiliar por parte de las Federaciones tendrá por objeto revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y patrimonio, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control y en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y legal de las Entidades, conste o deba constar en los registros, a fin de que se ajusten a sanas prácticas financieras. Al respecto, la supervisión consistirá en verificar que las Entidades cumplan con las disposiciones de esta Ley, con las reglas prudenciales emitidas por la Comisión y con los términos de los contratos de afiliación o de supervisión auxiliar. Las Federaciones contarán, como órgano supremo, el de la asamblea general de afiliados, integrada por los representantes de las Entidades afiliadas. Además contarán con un consejo de administración, un gerente general, un consejo de vigilancia del que se designará un contralor normativo, un Comité de Supervisión y un auditor legal, dependiendo del nivel de operación asignado. A las asambleas deberá acudir con voz pero sin voto un representante de la Confederación a la que se encuentre afiliada y podrá estar integrada por un representante de cada Entidad afiliada, o bien, a través de un sistema de representación proporcional. Sin embargo, en ningún caso, una Entidad podrá representar más del 20% del total de votos. El consejo de administración de la Federación estará integrado por consejeros electos por la asamblea general de afiliados de la Federación, cuyo número no será menor de 5 ni mayor de 15, debiendo fungir por un periodo máximo de hasta 4 años con posibilidad de una sola reelección. Uno de los aspectos medulares del sistema que se propone, es el referente al Comité de Supervisión, el cual será el encargado de ejercer la supervisión auxiliar de las Entidades afiliadas y de las no afiliadas que hayan celebrado el contrato respectivo. Este deberá estar formado por personas designadas por el consejo de administración de la Federación respectiva. Estas Comisiones Unidas consideran fundamental el hecho de que los miembros del Comité de Supervisión, que requieren cumplir con un número importante de requisitos, sólo podrán ser removidos de su cargo con la aprobación de la Comisión. La Ley también prevé la posibilidad de que las Federaciones puedan acordar entre ellas el establecimiento de comités de supervisión comunes, con el fin de optimizar recursos y eficientar sus resultados, actividad que requerirá autorización previa de la Comisión. En estos casos, los comités estarán integrados por un número impar de persona no menor a 5, quienes serán nombradas y removidas de manera equitativa por los consejos de administración de las Federaciones participantes. Dentro de las facultades del Comité de Supervisión destacan las de solicitar a los órganos de la Entidad, la información necesaria para la supervisión auxiliar y proponer las políticas y los lineamientos respecto a la supervisión auxiliar. Por lo que respecta a sus obligaciones, sobresalen las de expedir a las sociedades el dictamen respecto del cumplimiento de los requisitos para constituirse como Entidades; llevar a cabo las tareas de supervisión, vigilar el cumplimiento de la regulación prudencial, así como determinar la aplicación del programa de medidas correctivas. En el caso de la Federación, su vigilancia interna deberá estar a cargo de un consejo de vigilancia, o su equivalente, encabezado por un contralor normativo, responsable de vigilar que los funcionarios y empleados de la Federación, cumplan con la normatividad aplicable. Deberá, igualmente, asistir con voz pero sin voto a las sesiones del consejo de administración de la Federación. Con relación a su funcionamiento y medidas correctivas las Entidades estarán obligadas, entre otras cosas, a proporcionar a su Federación todos los documentos, información, registros, correspondencia y sistemas de almacenamiento de datos necesarios para la verificación, en los términos del contrato de afiliación o de supervisión auxiliar que corresponda, así como cumplir con las medidas correctivas que procedan y permitir la práctica de visitas y auditorías. Las Comisiones Dictaminadoras estiman importante el hecho de que el Comité de Supervisión de la Federación deba clasificar a las Entidades en alguna de las cuatro categorías de capitalización que contempla esta Ley, según su adecuación a los requerimientos de capitalización emitidos por la Comisión. Al respecto, dicho Comité deberá verificar que las Entidades cumplan con las medidas correctivas mínimas que les correspondan y tendrá el derecho de ordenarles la aplicación de medidas especiales con el objeto de prevenir, y en su caso, normalizar oportunamente las anomalías financieras o de cualquier otra índole, que las Entidades presenten, derivadas de las operaciones que realicen y que puedan afectar su estabilidad o solvencia, o pongan en riesgo los intereses de los ahorradores. Para el caso, la legislación que se propone contempla de manera enunciativa y no limitativa, diversas medidas que deberán cumplir las Entidades, dependiendo de la categoría de capitalización en que se encuentren clasificadas. Llegado el extremo y la Entidad fuera clasificada en la categoría cuatro, el Comité de Supervisión solicitará la remoción del director o gerente general y del consejo de administración, debiendo informarlo al Comité Técnico, el cual designará a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad. A juicio del Comité de Supervisión y cuando se desprenda alguna operación que se considere irregular, que no afecte la estabilidad o la solvencia de la Entidad, previa audiencia de la Entidad de que se trate, podrá ordenarle la aplicación de medidas correctivas, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a lo dispuesto por este ordenamiento. Entre las causales que motivarán la remoción del director o gerente general y del consejo de administración destacan el que la Entidad reiteradamente incumpla con la regulación prudencial establecida, si realiza operaciones irregulares, ilegales o distintas a las que le están permitidas; si se apartan de las sanas prácticas de los mercados en que opera; si proporciona dolosamente información falsa o incompleta a la Federación, o bien presta servicios distintos a los señalados en el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar respectivo. Es facultad de la Comisión considerar cuando estime que existen irregularidades que puedan poner en riesgo los intereses de los ahorradores o bien se ponga en peligro su estabilidad o solvencia, el declarar de inmediato la intervención con carácter de gerencia y designar a la persona física que se haga cargo de la Entidad respectiva, con el carácter de interventor gerente, el cual estará obligado a informar al Comité de Técnico, del estado en que se encuentre la Entidad, a fin de que éste adopte alguno o varios de los mecanismos de resolución que más adelante se detallan. El interventor gerente no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de Socios ni al consejo de administración; pero la asamblea de Socios podrá continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que le compete y lo mismo podrá hacer el consejo para estar informado por el interventor gerente sobre el funcionamiento y las operaciones que realice la Entidad. La Sección Tercera se refiere al proceso de afiliación por medio de contratos. Las Entidades podrán hacerlo con una Federación autorizada por la Comisión para supervisarlas de manera auxiliar, la cual, a su vez, podrá afiliarse a una Confederación autorizada por la Comisión para que administre el Fondo de Protección. En el mismo sentido, se contempla la posibilidad de que una Entidad pueda solicitar en cualquier tiempo a su Federación su desafiliación, la cual únicamente será reconocida previo dictamen de un auditor externo designado para el efecto y que determine la viabilidad financiera de la misma. De acuerdo a diversas causales, la Federación a través del Comité de Supervisión, podrá dictaminar la desafiliación de una Entidad. Es importante, señalar que la Entidad que solicite su desafiliación, no tendrá derecho al reintegro de las aportaciones que haya efectuado con anterioridad al Fondo de Protección, pero podrá seguir disfrutando de los derechos inherentes al mismo, en caso de que se afilie a otra Federación que a su vez esté afiliada a la misma Confederación. Por lo que se refiere al régimen de las Entidades no afiliadas, detallado en la Sección Cuarta, se establece que se considerarán bajo este supuesto las sociedades que, habiéndose organizado con arreglo a la presente Ley para operar como Entidades, no hayan celebrado un contrato de afiliación con una Federación. En tal sentido, la Comisión, deberá asignarle una Federación para que las supervise de manera auxiliar, debiendo celebrarse al efecto, un contrato de supervisión auxiliar entre ambas instancias. En dicho contrato deberá establecerse, entre otras condiciones, la conformidad por parte de la Entidad con los términos y condiciones en que se ejercerá la facultad de supervisión auxiliar, así como el reconocimiento de la misma para sujetarse a las medidas correctivas y mecanismos de resolución que instrumente la Federación. Evidentemente, la Entidad no afiliada tendrá todas las obligaciones de las Entidades afiliadas inherentes a la supervisión auxiliar, incluyendo la de cubrir el costo de la supervisión auxiliar. Uno de los puntos medulares que se contemplan en la Sección Quinta, Capítulo II del Título III de Ley se refiere a los mecanismos que se pueden adoptar para las Entidades, los cuales contemplan la escisión, su eventual fusión, así como su disolución y liquidación o venta, con el consecuente pago de los depósitos de dinero a sus ahorradores. En tal sentido, se prevé que el Comité Técnico contará con plazo que no excederá de 6 meses contados a partir de la aplicación de las medidas correctivas o de intervención para determinar de entre los mecanismos de resolución señalados, el que resulte en un menor costo para el Fondo de Protección, con base en un estudio técnico que realice el auditor externo. En este sentido, dicho Comité fijará los plazos que considere adecuados Estas Comisiones Unidas consideran necesario precisar que, en ningún caso se utilizarán recursos del Fondo de Protección en cantidades que excedan del importe que se tendría que cubrir por los depósitos de dinero de los ahorradores para los procesos de escisión o fusión de las Entidades. En este sentido, vale la pena reiterar que la garantía a favor del Fondo de Protección se considerará de interés público y preferente a cualquier derecho constituido sobre los títulos y el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a los títulos representativos del capital social de la Entidad, corresponderán al Fondo de Protección. La disolución, liquidación y en su caso concurso mercantil de las Entidades, se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable, según corresponda a su naturaleza jurídica, en lo que no se oponga a lo establecido por esta Ley, y por el Título Octavo, Capítulo II de la Ley de Concursos Mercantiles, con las excepciones que se detallan en el cuerpo de la Ley. A fin de evitar su deterioro acelerado, a partir de la fecha en que se admita la demanda de concurso mercantil de alguna Entidad, ésta deberá suspender la realización de cualquier tipo de operaciones, salvo las excepciones previstas en la propia Ley. El Capítulo III se refiere a la Organización y Funcionamiento de las Confederaciones, las cuales tendrán las facultades de homologar las políticas de supervisión auxiliar de sus Federaciones; dar seguimiento al cumplimiento de tales políticas, y supervisar a las Federaciones en la prestación de servicios distintos a la supervisión auxiliar. Las Confederaciones publicarán semestralmente en el Diario Oficial de la Federación, la lista de sus Federaciones afiliadas, con quienes deberán celebrar el contrato de afiliación respectivo. En dicho contrato se establecerá, entre otras estipulaciones, la conformidad por parte de la Federación con los términos en que se manejará el Fondo de Protección previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Confederación. La asamblea general podrá estar integrada, a elección de las Federaciones afiliadas: a) por un representante de cada Federación afiliada, o b) a través de un sistema de representación proporcional, en el que se asignará a cada Federación afiliada el número de votos que le correspondan, considerando el número de Entidades, Socios y/o sus activos totales. En ningún caso, una Federación podrá representar más del 20% del total de votos. El consejo de administración de la Confederación estará integrado por consejeros electos por la asamblea general, cuyo número no será menor de 5 ni mayor de 15, por su parte, su vigilancia interna estará a cargo de un consejo de vigilancia, de un auditor interno o su equivalente, mismo que deberá determinarse en los estatutos de la Confederación correspondiente. Por lo que se refiere a los consejeros, gerente general y miembros del consejo de vigilancia, incluyendo al contralor normativo, la Comisión tendrá facultad de veto. En opinión de las Comisiones Dictaminadoras, el Capítulo IV es fundamental porque regula todo lo relativo al Fondo de Protección. Así, precisa que las Entidades deberán participar en el sistema de protección a ahorradores, el cual deberá constituirse por Confederación de la cual su Federación sea integrante. También se contempla el caso de Federaciones que no formen parte de una Confederación, mismas que deberán convenir con alguna Confederación que sus Entidades afiliadas participen en su Fondo de Protección y de no llegarse a un arreglo, la Comisión procederá con las Federaciones que no logren convenir lo anterior. Tratándose de Entidades no afiliadas deberán solicitar a alguna Confederación participar en su Fondo de Protección, y en caso de que ésta acepte, la Entidad deberá convenir con alguna Federación miembro de la Confederación respectiva la celebración de un contrato de supervisión auxiliar. Por excepción y a juicio de la Comisión, este tipo de Entidades podrá establecer su propio Fondo, cumpliendo con los requisitos señalados en las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión, el cual en ningún caso podrá brindar menores beneficios para los ahorradores que los previstos en este Capítulo. Las que Dictaminan estiman necesario señalar que el Fondo de Protección tendrá como fin primordial procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador, considerando el monto del principal y accesorios, hasta por una cantidad equivalente a 4 000, 6 000, 8 000 y 10 000 mil unidades de inversión para los Niveles de Operaciones l, II, III y IV, respectivamente, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Entidad, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil. También tendrá como fin otorgar apoyo financiero a las Entidades que se ubiquen en los supuestos señalados con anterioridad, siempre y cuando esta opción se considere razonablemente menos costosa que el pago de los depósitos de dinero de los ahorradores. Por ello, se consideró procedente establecer la obligación de las Entidades de informar a sus Socios, Clientes, así como al público en general, sobre los términos y condiciones del Fondo de Protección en el que participen. Excepcionalmente, el Comité Técnico podrá autorizar apoyos de liquidez para aquellas Entidades que cuenten previamente con un estudio elaborado por auditor externo, que justifique que dicho apoyo resulta en beneficio de los ahorradores y que su costo es menor a otras alternativas. El apoyo que se otorgue deberá estar debidamente garantizado por la Entidad y sujeto a un programa de fortalecimiento financiero. De acuerdo a lo señalado, cada Confederación deberá constituir un fideicomiso de administración y garantía, en cuyo contrato deberá señalarse como fideicomitente a la Confederación de que se trate, como fideicomitentes por adhesión a las Entidades que participen en el Fondo respectivo y como fiduciaria a alguna institución de crédito. De igual forma, deberá preverse la existencia de un Comité Técnico que tendrá, entre otras facultades, la adopción de las medidas enfocadas a la administración y destino de los recursos existentes en el Fondo de Protección para el evento de que fuera revocada la autorización de la Confederación respectiva. Las que Dictaminan estiman importante mencionar que el Fondo de Protección se integrará con las aportaciones mensuales que deben cubrir las Entidades a la Confederación correspondiente, tomando en consideración el Nivel de Operaciones que podrá efectuar cada Entidad. Dichas aportaciones serán de entre 1 y 3 al millar anual sobre el monto de pasivos de la Entidad que sean objeto de protección conforme a lo dispuesto por el artículo 106 de esta Ley. Los recursos que integren el Fondo de Protección, deberán invertirse en valores gubernamentales de amplia liquidez o en títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, cuyas características específicas preserven cuando menos, su valor adquisitivo de conformidad con lo que determine la Comisión a través de reglas de carácter general. Se prevé la posibilidad de que el Comité Técnico, integrado por 5 miembros designados por el consejo de administración, pueda acordar la suspención temporal del pago de las aportaciones al Fondo de Protección, cuando los recursos que integren el mismo representen cuando menos el 5% del total de depósitos de dinero de todas las Entidades que estén protegidos por dicho Fondo. Dentro de las facultades que tiene el Comité Técnico destacan las de calcular mensualmente el monto de las aportaciones que se pagarán para la constitución del Fondo de Protección; instruir al fiduciario sobre los valores gubernamentales en los que deberá invertir los recursos del Fideicomiso; hacer públicas las bases conforme a las cuales se procederá a pagar a los ahorradores, así como el de designar, llegado el caso, al liquidador o síndico, cuando una Entidad se encuentre en estado de liquidación o concurso mercantil. Cabe indicar que el Comité Técnico del Fondo podrá solicitar al Comité de Supervisión de la Federación que realice las visitas de inspección necesarias, a efecto de constatar la situación financiera, contable y legal de la o las Entidades participantes en los mecanismos de resolución antes señalados. En materia de Regulación Prudencial y de la Contabilidad a que se refiere el Título Cuarto, las que Dictaminan estiman pertinente mencionar que la Comisión será la responsable de emitir los lineamientos mínimos de regulación prudencial a los que deberán sujetarse las Entidades, en temas tales como capital mínimo, provisionamiento de cartera, coeficientes de liquidez, las inversiones en obras de beneficio mayoritario, administración integral de riesgos, controles internos, procesos crediticios y mejores prácticas financiera, entre otros, que juzgue convenientes para proveer a la solvencia financiera y la adecuada operación de las Entidades. Conforme a la supervisión delegada, las Federaciones y Confederaciones deberán considerar como mínimo dichos lineamientos y reglas al momento de establecer las reglas prudenciales a que deberán sujetarse sus afiliadas y en su caso, las no afiliadas. Por su parte, todo acto o contrato que signifique variación en el activo, en el pasivo, en resultados o capital de una Entidad, o implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en la contabilidad en el plazo que al efecto determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las Entidades podrán microfilmar o grabar en cualquier medio que les autorice la Comisión, todos aquellos libros, registros y documentos en general que obren en su poder relacionados con los actos de la propia Entidad. En esta materia, vale la pena puntualizar que la Comisión, mediante disposiciones de carácter general, quedará facultada para establecer la forma y los términos en que las Entidades deberán presentar y, en su caso, publicar sus estados financieros. En materia de Sanciones, Penas Convencionales y Delitos, establecidos en el Título Sexto, estas Comisiones Unidas apoyan el mecanismo para la aplicación de sanciones a las Entidades afiliadas o sobre las que se ejerzan la función de supervisión auxiliar, en los términos que se estipulen en el contrato de afiliación respectivo, consistente en penas convencionales y multas. Las multas y penas convencionales de que se trata, se aplicarán por parte de las Federaciones de acuerdo con lo establecido en los contratos que celebre con las Entidades afiliadas o con las que supervise de manera auxiliar y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este esquema representa un mecanismo con mayor supervisión y, por ende, de mayor control de las Entidades del sector de ahorro y crédito. Cabe indicar que el incumplimiento o la violación a las normas y a las disposiciones que emanen de esta Ley, serán sancionados con multa que impondrá administrativamente la Comisión y se hará efectiva por la Secretaría. Por su parte, las Federaciones en su reglamento interior deberán establecer penas convencionales a aplicarse a las Entidades afiliadas o sobre las que se ejerzan la función de supervisión auxiliar, en los términos estipulados con tales Entidades en el contrato respectivo, ajustándose dichas penas a los parámetros dispuestos en este Capítulo. Las que Dictaminan consideran necesario precisar que a un solo acto u omisión de una Entidad no podrá aplicarse pena convencional y además las multas a que se refiere el articulado de la Ley, por lo que las Federaciones y Comisión estarán coordinadas para el ejercicio de sus facultades. Se estipula que las penas convencionales y multas deberán ser pagadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. En caso de que el interesado promueva cualquier medio de defensa establecido, y la pena o multa resultare confirmada total o parcialmente, según lo que proceda, su importe deberá ser cubierto inmediatamente una vez notificado de la resolución correspondiente. Procederá el recurso de revocación, el cual deberá interponerse por escrito también dentro de los 15 días hábiles siguientes al de su notificación y deberá agotarse antes de proceder por cualquier otro medio de impugnación. La imposición de las multas a que se refiere este Capítulo puede ir desde los 100 a 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a las Entidades y Federaciones que no cumplan con el pago de las aportaciones fijadas por la asamblea general de afiliadas de la Federación, y en su caso de la Confederación, para el sostenimiento de las mismas hasta los 1,000 a 3,000 días de salario a las Entidades, Federaciones y Confederaciones que no permitan las visitas de inspección de las Federaciones o de la Comisión, según se trate, o bien que obstruyan las labores de supervisión. Tratándose de las Federaciones que no cumplan con lo señalado en la presente Ley, se les podrá imponer sanciones de 5,000 a 10,000 días de salario a las Federaciones que no lleven a cabo las auditorías a los estados financieros de las Entidades en los términos señalados por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y las disposiciones que de ella emanen. También se establecen sanciones con multa de 1,000 a 5,000 días de salario a los notarios, registradores, o corredores públicos que tramiten o inscriban actos que incluyan operaciones prohibidas por esta Ley, o bien autoricen la celebración de operaciones reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular a personas distintas a las Entidades, Federaciones y Confederaciones. Por cuanto a los Delitos, las Comisiones Unidas estiman pertinente mencionar que se podrá imponer pena de prisión de 2 a 10 años y multa hasta de 5,000 días de salario a los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones que causen un perjuicio económico a algún Socio o Cliente por haber dispuesto para sí o para otro de la información a la que tiene acceso. Quien cometa esta conducta será responsable de cubrir los daños y perjuicios que hubiere causado. Esta pena podrá ser del doble cuando los funcionarios o miembros del Comité Técnico que dispongan indebidamente para sí o para otro de los recursos que integran el Fondo y causen un perjuicio económico a los socios o clientes. En los artículos transitorios se contempla todo lo relativo al esquema de transición al nuevo Sistema de Ahorro y Crédito Popular. Así, se establece que las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro, así como las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y aquéllas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo, constituidas con anterioridad al inicio del nuevo sistema, contarán con un plazo de 2 años para solicitar de la Comisión su autorización para operar como Entidad. Concluido este plazo, las sociedades que no hubieren obtenido esta autorización deberán abstenerse de captar recursos. En los transitorios también se prevé que las solicitudes de autorización presentadas a la Secretaría de Hacienda para constituir y operar Sociedades de Ahorro y Préstamo, y que no hayan sido resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley se entenderán resueltas en sentido negativo, por lo que los interesados correspondientes podrán iniciar el procedimiento para obtener la autorización a que se refiere el artículo 9 de la misma Ley. A los Organismos de Integración que se autoricen dentro del plazo de un año conforme a la nueva Ley, contarán con un plazo de dos años a partir de su autorización, para cumplir con el número mínimo de 10 Entidades y 5 Federaciones afiliadas. Se estipula que el Gobierno Federal podrá entregar recursos a las Entidades por única vez, a través de los mecanismos que para tal efecto establezca, con el objeto de que éstas los aporten a los Fondos de Protección en los que participen, pero no ser aplicables a las Entidades señaladas en el quinto párrafo del artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. También se prevé que las Entidades autorizadas en los primeros 2 años a partir de la entrada en vigor de la Ley, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección, siempre y cuando hayan realizado aportaciones durante un plazo de 2 años, mientras para las que se constituyan con posterioridad podrán utilizar los recursos del Fondo a partir del cuarto año siguiente a la entrada en vigor. A efecto de dar tiempo a la formación de las Confederaciones, las Comisiones Dictaminadoras consideraron necesario prever que las Federaciones autorizadas administren de manera provisional los fondos de protección, hasta que dichos organismos formen parte de alguna Confederación o convengan con alguna de ellas el traspaso de los recursos que integran dichos fondos. También se consideró necesario establecer un periodo de transición a efecto de que los Organismos de Integración se ajusten al nuevo esquema. De esta manera, durante los primeros 2 años a partir de que obtengan el dictamen favorable, su consejo de administración podrá estar conformado hasta en un 75% del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de la Entidad, Federación o Confederación, según sea el caso, y a partir del segundo año y hasta el final del tercer año, dicho porcentaje se reducirá hasta un 50% y a partir del cuarto año este porcentaje podrá ser hasta de un 30%. Por último, se establece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de 180 días para emitir todas las reglas y disposiciones de carácter general que deban ser formuladas según se señala en la presente Ley. En suma, las Dictaminadoras consideran que con la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se atendería adecuadamente a un sector de la población que reclama un ordenamiento jurídico que regule, promueva, asegure y facilite el servicio y las actividades inherentes a la captación de recursos, colocación del crédito, así como la capacitación a través de un sistema bien estructurado. Por otra parte, la estructura de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular permitirá que cualquier persona física o moral, que desee incursionar en el sector del ahorro y crédito popular y cumpla con la regulación aplicable, lo haga de manera formal. Al respecto, sobresale la posibilidad que se abre a los sistemas de comercialización conocidos como "autofinanciamientos", contemplados en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que si así lo desean, puedan participar en este sector. Estas Dictaminadoras consideran necesario dejar señalado que, en su oportunidad, se deberán prever los ajustes necesarios al marco fiscal para el debido tratamiento a las Entidades. Asimismo y en atención a las diversas Iniciativas que ha turnado el Ejecutivo Federal en materia financiera, las Comisiones Unidas estiman apropiando promover la transformación del Patronato del Ahorro Nacional en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros como institución de banca de desarrollo, con el objeto de que dicha institución esté mejor preparada para apoyar el espíritu de esta nueva Ley, y coadyuve en su instrumentación, brindando servicios complementarios y canalizando los apoyos del Gobierno Federal a este importante Sector de Ahorro y Crédito Popular. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS ARTICULO PRIMERO. Se expide la siguiente LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Capítulo Unico Artículo 1°. La presente Ley tiene por objeto: I. Regular, promover y facilitar el servicio de captación de recursos y colocación de crédito por parte de las entidades de ahorro y crédito popular; la organización y funcionamiento de las Federaciones y Confederaciones en que aquéllas voluntariamente se agrupen; II. Regular las actividades y operaciones que las entidades de ahorro y crédito popular podrán realizar con el propósito de lograr su sano y equilibrado desarrollo; III. Proteger los intereses de quienes celebren operaciones con dichas entidades, y IV. Establecer los términos en que las autoridades financieras ejercerán la supervisión del Sistema de Ahorro y Crédito Popular. Esta Ley es de orden público y observancia general en todo el territorio nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el órgano competente para interpretar a efectos administrativos los preceptos de la presente Ley y, en general, para todo cuanto se refiera a los sujetos de la misma. Artículo 2°. El Sistema de Ahorro y Crédito Popular estará integrado por las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares que sean dictaminadas favorablemente por una Federación y autorizadas para operar como entidades de ahorro y crédito popular, en los términos de esta Ley; por las Federaciones que estén autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ejercer las funciones de supervisión auxiliar de las entidades referidas, así como por las Confederaciones autorizadas por la propia Comisión para que administren sus respectivos fondos de protección. Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; II. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; III. Entidad, en singular o plural, a las personas autorizadas para que operen como Entidades de Ahorro y Crédito Popular en los términos de esta Ley; IV. Cooperativa, en singular o plural, a las sociedades constituidas y que operen conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y a esta Ley, que tengan por objeto realizar exclusivamente operaciones de ahorro y préstamo; V. Sociedades Financieras Populares, en plural o singular, a las sociedades anónimas constituidas y que operen conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a esta Ley; VI. Fondo de Protección, en singular o plural, a los sistemas de protección que se constituyan de conformidad con lo señalado en el Título Tercero de esta Ley, con el propósito de procurar cubrir a los ahorradores sus depósitos de dinero en los términos y con las limitaciones señalados en el mismo. VII. Organismo de Integración, en singular o plural, a las Federaciones y Confederaciones autorizadas por la Comisión, para ejercer de manera auxiliar la supervisión de las Entidades y para administrar el Fondo de Protección a que se refiere esta Ley, respectivamente; VIII. Socios, a las personas que participen en el capital social de las Entidades; IX. Clientes, a las personas físicas y morales que utilizan los servicios que prestan las Sociedades Financieras Populares; X. Comité Técnico, al comité técnico correspondiente al Fondo de Protección a que se refiere esta Ley; XI. Comité de Supervisión, al órgano de las Federaciones encargado de ejercer la supervisión auxiliar de las Entidades en términos de esta Ley; XII. Nivel de Operaciones, al nivel de operaciones asignado, de entre cuatro niveles, por la Comisión a la Entidad, de conformidad con esta Ley y con las reglas de carácter general que emita la propia Comisión. Artículo 4°. Las Entidades tendrán por objeto el ahorro y crédito popular; facilitar a sus miembros el acceso al crédito; apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y, en general, propiciar la solidaridad, la superación económica y social, y el bienestar de sus miembros y de las comunidades en que operan, sobre bases educativas, formativas y del esfuerzo individual y colectivo. Se entenderá como ahorro y crédito popular la captación de recursos en los términos de esta Ley provenientes de los Socios o Clientes de las Entidades, mediante actos causantes de pasivo directo o, en su caso contingente, quedando la Entidad obligada a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados, así como la colocación de dichos recursos hecha entre los Socios o Clientes. Artículo 5°. Las operaciones que realicen las Entidades, únicamente estarán respaldadas por los Fondos de Protección con los límites y en los términos previstos en el Título Tercero de esta Ley, por lo que el Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las Entidades ni los Organismos de Integración, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus Socios o Clientes. Artículo 6°. Las palabras Entidad de Ahorro y Crédito Popular, Sociedad de Ahorro y Préstamo, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Sociedad Financiera Popular, caja popular, caja de ahorro u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, sólo podrán ser usadas en la denominación de las Entidades que se autoricen para operar en los términos de esta Ley. Se exceptúa de la aplicación de lo anterior, a las Federaciones y Confederaciones autorizadas en los términos de esta Ley. Las cajas de ahorro a que hace mención la legislación laboral, no estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley. Articulo 7. Para efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, se considerará a las Entidades como intermediarios financieros, por lo que queda prohibida a cualquiera otra persona física o moral distintas a las señaladas en la citada fracción I del artículo 103, la captación de recursos del público de manera directa o indirecta en el territorio nacional, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, obligándose a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. Artículo 8°. En lo no previsto por la presente Ley, a los sujetos de la misma se les aplicarán en el orden siguiente: I. La Ley General de Sociedades Cooperativas, únicamente para las Cooperativas y en todo lo que no se oponga a la presente Ley; II. La legislación mercantil; III. El Código Civil Federal; IV. Los usos y prácticas imperantes entre las Entidades; V. El Código Fiscal de la Federación para efectos de las notificaciones a que se refiere esta Ley, y VI. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo en sus Títulos Tercero A, referente a la mejora regulatoria, y Sexto, relativo al recurso de revisión. TITULO SEGUNDO DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES Capítulo I Disposiciones Comunes Artículo 9°. Se requerirá dictamen favorable de una Federación y autorización de la Comisión, para la organización y funcionamiento de las Entidades. Por su propia naturaleza las autorizaciones serán intransmisibles. Para obtener la autorización de la Comisión para operar como Entidad, las solicitudes deberán presentarse ante una Federación, quien elaborará un dictamen respecto de la procedencia de la solicitud. La Comisión resolverá las solicitudes de autorización que se acompañen del dictamen favorable de la Federación respectiva. Las Federaciones remitirán a la Comisión las solicitudes, acompañando su dictamen y a su vez la Comisión entregará su resolución a través de dichas Federaciones. Tratándose de aquellas sociedades que opten por el régimen de no afiliadas, podrán acudir directamente ante la Comisión, a efecto de que ésta designe a la Federación que se encargará de emitir el dictamen correspondiente, y en caso de ser favorable, encargarse de su supervisión auxiliar, continuando con el procedimiento señalado en el párrafo anterior. En caso de que la sociedad reciba un dictamen desfavorable de la Federación, podrá solicitar la revisión de éste ante la misma Federación. De ratificarse el dictamen desfavorable, la sociedad podrá solicitar la revisión de su solicitud ante la Comisión quien deberá resolver sobre la misma. Las sociedades contarán con un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha en que se les notifique la ratificación del dictamen desfavorable, para presentar directamente a la Comisión dicha solicitud de revisión. Las Federaciones contarán con un plazo de noventa días naturales para elaborar su dictamen y la Comisión contará con un plazo de ciento veinte días naturales para emitir resolución respecto de las solicitudes de autorización que le hayan sido presentadas. Dichos plazos comenzarán a contar, respectivamente, a partir de la fecha en que sean presentadas las solicitudes a las Federaciones y recibidas éstas por la Comisión con toda la información y documentación a que se refiere el artículo 10. Se entenderá que la Comisión resuelve en sentido afirmativo la solicitud de autorización acompañada por el dictamen favorable de una Federación, si no comunica lo contrario a la sociedad, a través de la Federación correspondiente, dentro del periodo mencionado. Asimismo, se entenderá que la Comisión resuelve en sentido negativo la solicitud de autorización presentada directamente por una sociedad que hubiera obtenido un dictamen desfavorable, si no comunica lo contrario a la sociedad dentro del periodo mencionado. Cualquier requerimiento de información o documentación que realice la Comisión a la Federación o sociedad, suspenderá el cómputo del plazo con el que cuenta la Comisión para emitir su resolución. Dicho plazo comenzará a computarse nuevamente a partir de que se reciba la información o documentación requerida. Las autorizaciones, así como las modificaciones a las mismas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación del ámbito geográfico en que vaya operar. Las Entidades a las que se asigne el Nivel de Operaciones I estarán exceptuadas de la publicación en los periódicos de amplia circulación. La Federación en su dictamen propondrá a la Comisión el Nivel de Operaciones que podrá asignarse, en su caso, a la sociedad. Cuando la Comisión otorgue la autorización referida, clasificará a la Entidad asignándole uno de entre cuatro niveles de operación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de esta Ley. Para que la Entidad cambie de Nivel de Operaciones se requerirá de la aprobación de la Comisión, previo dictamen de la Federación con quien tenga celebrado el contrato de afiliación o supervisión auxiliar. Artículo 10o. La solicitud de autorización deberá acompañarse de lo siguiente: I. El proyecto de estatutos o bases constitutivas, que deberán apegarse a las disposiciones y mecanismos que la presente Ley establece y en el que deberá indicarse el número de socios; II. Las recomendaciones de dos Entidades; III. El programa general de operación, que permita a la Comisión evaluar si la sociedad podrá cumplir adecuadamente con su objeto. Dicho programa deberá contener, por lo menos: a) Las regiones y plazas en las que pretenda operar; b) Un estudio de viabilidad financiera y organizacional de la sociedad; c) Las bases para la aplicación de excedentes o dividendos, y en su caso, para su distribución, y d) Las bases relativas a su organización y control interno. IV. La relación de socios fundadores y monto de su aportación, así como de probables administradores, principales directivos y personas que integrarán los órganos a que se refiere esta Ley; V. La indicación del capital social mínimo fijo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de esta Ley, así como la propuesta de Nivel de Operaciones que le asignará la Comisión; VI. El acreditar la solvencia económica de la sociedad, debiendo comprobar fehacientemente su capacidad para cumplir con la regulación prudencial que establece esta Ley de acuerdo al Nivel de Operaciones que se proponga; VII. El acreditar la solvencia moral y económica de los principales funcionarios de conformidad con el Nivel de Operaciones que se proponga y las reglas de carácter general que emita la Comisión; VIII. El proyecto de contrato de afiliación o de supervisión auxiliar, que en su caso, celebrará la sociedad con una Federación, incluyendo la aceptación por parte de ésta para celebrarlo. Los citados contratos deberán contemplar la estipulación relativa a la aplicación de penas convencionales por parte de las Federaciones respectivas, IX. La aceptación de una Confederación para que la Entidad participe en el Fondo de Protección administrado por aquella, o en su caso, la información sobre el sistema de protección a los ahorradores a que se refiere el último párrafo del artículo 105, y X. La demás documentación e información que a juicio de la Federación se requiera para tal efecto, así como la que en su caso establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general. Cualquier modificación a la escritura constitutiva de la Entidad y a sus estatutos o bases constitutivas, deberá ser sometida al previo dictamen favorable de la Federación correspondiente, en términos del contrato de afiliación o supervisión auxiliar, según sea el caso. Una vez obtenido, en su caso, el dictamen favorable de la Federación, lo remitirá junto con la solicitud a la aprobación de la Comisión. La escritura o sus reformas, aprobada por la Comisión, deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio del domicilio social correspondiente, debiendo exhibirse el testimonio respectivo dentro de un término de ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada. En ningún momento la denominación de la Entidad podrá formarse con el nombre, palabras, siglas o símbolos que la identifique con socios o partidos políticos. Artículo 11. La admisión y retiro de Socios, se realizará de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o bases constitutivas de la Entidad, informándose en todo caso al consejo de administración. Las Cooperativas en sus estatutos o bases constitutivas deberán prever que los Socios podrán solicitar su retiro de la Entidad en cualquier tiempo, siempre y cuando no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas previamente, así como que dichos Socios no podrán solicitar el retiro de sus aportaciones si con ello la Cooperativa incumple con las disposiciones aplicables relativas al capital social mínimo fijo o al índice de capitalización que deba mantener. Artículo 12. Las Entidades deberán constituir los fondos sociales siguientes: I. De reserva, y II. De obra social. Las Cooperativas además deberán constituir un fondo de educación cooperativa. Artículo 13. El fondo de reserva deberá constituirse por lo menos con el diez por ciento de los excedentes tratándose de Cooperativas, o de las utilidades por lo que se refiere a las Sociedades Financieras Populares, que se obtengan en cada ejercicio social, hasta alcanzar un monto equivalente a, por lo menos, el diez por ciento del capital contable de la Entidad. Dicho fondo deberá estar invertido en valores gubernamentales de amplia liquidez y sólo podrá ser afectado cuando lo requiera la Entidad para afrontar pérdidas o restituir, en su caso, el capital de trabajo, debiendo ser reintegrado en ejercicios subsecuentes con cargo a los excedentes o utilidades. Se entiende por capital de trabajo a la diferencia entre activos y pasivos a plazo menor de un año. Artículo 14. El fondo de obra social se constituirá con la aportación anual que resulte de aplicar el porcentaje que sobre los excedentes o utilidades, en su caso, sea determinado por la asamblea general y se aplicará en los términos del artículo siguiente. El fondo de obra social que se constituya conforme a este artículo, será administrado por el consejo de administración de la Entidad. Dicho consejo deberá elaborar un informe anual sobre la realización de obras sociales, el cual se integrará al informe anual de la Entidad que será hecho del conocimiento de su asamblea y de la Secretaría. Artículo 15. El fondo de obra social se destinará a la realización de obras sociales y adicionalmente en el caso de las Cooperativas, podrá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de Socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educativas para los Socios y sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga en los términos que establezcan las bases constitutivas y sus estatutos. Al inicio de cada ejercicio la asamblea ordinaria de la Entidad, fijará las prioridades para la aplicación de este fondo, de conformidad con las perspectivas económicas de la Entidad. Artículo 16. Las Entidades contarán, cuando menos, con lo siguiente: I. Asamblea general; II. Consejo de administración; III. Consejo de vigilancia o comisario; IV. Comité de crédito o su equivalente, y V. Un director o gerente general. La Comisión, de acuerdo a los criterios que determine en reglas de carácter general, podrá exceptuar a las Entidades de lo señalado en la fracción IV, dependiendo del Nivel de Operaciones asignado y del índice de capitalización con el que cuenten. Artículo 17. La asamblea ordinaria de las Entidades conocerá de todos los asuntos que le corresponda conforme a la ley y a los estatutos sociales o bases constitutivas que las rijan, pero será facultad exclusiva de la asamblea extraordinaria decidir sobre los asuntos siguientes: I. Aumento o disminución del valor de los certificados de aportación o de las acciones, en su caso; II. Remoción y sustitución por causas extraordinarias de los miembros del consejo de administración y de vigilancia que deban ser designados por la asamblea; III. Modificación de estatutos sociales o bases constitutivas, y IV. Fusión, escisión, transformación o disolución de la Entidad. Las decisiones de la asamblea extraordinaria serán tomadas por el voto en el mismo sentido del setenta y cinco por ciento de: a) cuando menos, la mitad más uno de los Socios tratándose de las Cooperativas, y b) del capital social, en el caso de las Sociedades Financieras Populares. A las asambleas deberá acudir con voz pero sin voto un representante de la Federación que la supervise de manera auxiliar. Será nulo todo acuerdo tomado en asamblea ordinaria o extraordinaria que contraviniendo las sanas prácticas financieras o las condiciones prevalecientes en el mercado, tenga como propósito provocar un deterioro en la condición financiera de la Entidad. Artículo 18. El consejo de administración de las Entidades estará integrado por no menos de cinco personas ni más de quince. Para el caso de las Cooperativas, los consejeros fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección y deberá ser electo el cincuenta por ciento de los miembros del consejo cada mitad del periodo que en su caso determine la Entidad. En caso de que el consejo esté integrado por un número impar de personas, estos serán electos de acuerdo a lo que determine la Cooperativa en sus bases constitutivas tomando en consideración lo antes señalado. Lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará a consejeros que representen personas físicas en las Sociedades Financieras Populares. Artículo 19. Las Entidades a través de su asamblea, podrán designar consejeros independientes para que participen en los trabajos del consejo de administración, en igualdad de circunstancias que el resto de los consejeros. Se entenderá por consejero independiente a la persona que sea ajena a la administración de la Entidad, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión, mediante disposiciones de carácter general. Artículo 20. Los consejeros de la Entidad deberán reunir los requisitos siguientes: I. Acreditar conocimientos y experiencia en materia financiera y administrativa; II. No tener alguno de los impedimentos señalados en el artículo siguiente, y III. Los demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen. Artículo 21. En ningún caso podrán ser consejeros de Entidades: I. Las personas que desempeñen simultáneamente otro cargo en la Entidad de que se trate, así como en otras Entidades; II. Las personas inhabilitadas para ejercer el comercio; III. Las personas sentenciadas por delitos intencionales patrimoniales; IV. Las personas que tengan litigio pendiente con la Entidad; V. Las personas que hayan sido inhabilitadas para ejercer cualquier cargo, comisión o empleo en el servicio público Federal, Estatal o Municipal, en el Sistema Financiero Mexicano, en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular o conforme a esta Ley; VI. El cónyuge o las personas que tengan parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad hasta el segundo grado, o civil con el director o gerente general de la Entidad, o con alguno de los miembros del consejo de vigilancia o comisario de la misma; VII. Cualquier persona que celebre con la Entidad, directa o indirectamente, contratos de obras, servicios, suministros o cualquier otro de naturaleza análoga, o que participen en empresas con las que la Entidad, celebre cualquiera de los actos antes señalados, y VIII. Cualquier persona que desempeñe un cargo público, de elección popular o dirigencia partidista. Los mismos impedimentos se aplicarán, cuando corresponda, a los casos de Federaciones y Confederaciones. La Comisión, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá exceptuar a las Entidades del Nivel de Operaciones 1, de cumplir con el requisito señalado en la fracción VIII anterior, por lo que se refiere al desempeño de un cargo público. Artículo 22. Son facultades y obligaciones indelegables del consejo de administración: I. Establecer las políticas generales de administración de la Entidad, así como las políticas para otorgamiento de crédito; II. Acordar la creación de los comités que sean necesarios para el correcto desarrollo de las operaciones de la Entidad; III. Autorizar los reglamentos que propongan los comités respectivos y los que el propio consejo determine; IV. Instruir la elaboración y aprobar los manuales de administración y operación, así como los programas de actividades; V. Autorizar las operaciones que, de acuerdo a los estatutos o bases constitutivas de la Entidad y por su monto o importancia, necesiten tal autorización; VI. En su caso, aprobar y hacer del conocimiento de la asamblea general los estados financieros del ejercicio; VII. Informar a la asamblea sobre los resultados de su gestión; VIII. Atender las observaciones por irregularidades detectadas por el consejo de vigilancia o comisario; IX. Nombrar al director o gerente general y acordar su remoción, en este último caso previa opinión del consejo de vigilancia, de acuerdo al procedimiento que establezcan los estatutos o bases constitutivas de la Entidad; X. Otorgar poderes generales o especiales al director o gerente general; XI. Autorizar los contratos que las Entidades celebren con las empresas o sociedades con las que tengan nexos patrimoniales en los términos de las disposiciones de carácter general que emita la Comisión, o tengan el control administrativo conforme a lo señalado en el artículo 53 fracción 1, y XII. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen. Artículo 23. El director o gerente general de la Entidad, deberá reunir los requisitos siguientes: I. Tener conocimientos y experiencia de por lo menos tres años en materia financiera y administrativa, con excepción de las Entidades con Nivel de Operaciones 1, en cuyo caso, deberán acreditar conocimientos en materia financiera y administrativa a satisfacción de la Federación; II. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala el artículo 21, III. Los demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen. Artículo 24. Son facultades del director o gerente general: I. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del consejo de administración y de los comités de la Entidad, y II. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen. Artículo 25. El director o gerente general tendrá las siguientes obligaciones: I. Ejecutar las políticas establecidas por el consejo de administración, por el comité de crédito o su equivalente y los demás comités operativos que se establezcan en la Entidad, actuando en todo momento con apego a los estatutos o bases constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable; II. Preparar y proponer el presupuesto de cada ejercicio; III. Informar mensualmente de la situación financiera de la Entidad al consejo de administración; IV. Presentar al consejo de administración, para su aprobación, los estados financieros que deban ser aprobados por el mismo; V. Representar a la Entidad en los actos que determine el consejo de administración; VI. Aplicar los reglamentos y manuales operativos; VII. Llevar y mantener actualizados los libros y registros contables y sociales de la Entidad, y VIII. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen. Artículo 26. El comité de crédito o su equivalente, o las personas que éstos autoricen al efecto, serán los encargados de analizar, y en su caso, aprobar las solicitudes de crédito que presenten a la Entidad los Socios o Clientes, así como las condiciones en que éstos se otorguen, de acuerdo a las políticas que apruebe el consejo de administración. Dicho comité estará integrado por no menos de tres personas ni más de siete, que serán designadas y aprobadas por el consejo de administración. Éstos no deberán tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala el artículo 21, a excepción de la fracción I, siempre y cuando no exista conflicto de interés. Artículo 27. Los miembros del comité de crédito o su equivalente, en su caso, serán removidos de su cargo a propuesta del director o gerente general y/o por acuerdo del consejo de administración. El consejo de administración emitirá los reglamentos y manuales operativos a los cuales deberá ajustarse el comité de crédito o su equivalente. Artículo 28. El consejo de vigilancia o comisario será el encargado de supervisar el funcionamiento interno de la Entidad y el cumplimiento de sus estatutos, políticas, lineamientos y de las disposiciones aplicables. Tratándose del consejo de vigilancia, estará integrado por no menos de tres personas ni más de siete nombradas y removidas por la asamblea general, las cuales no deberán tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala el artículo 21. Las mismas restricciones serán aplicables en el caso del comisario. Para el caso de las Cooperativas, los consejeros fungirán por un periodo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección y deberá ser electo el cincuenta por ciento de los miembros del consejo cada mitad del periodo que en su caso determine la Entidad. En caso de que el consejo esté integrado por un número impar de personas, estos serán electos de acuerdo a lo que determine la Cooperativa en sus bases constitutivas tomando en consideración lo antes señalado. Las mismas restricciones serán aplicables en el caso del comisario. Artículo 29. Son facultades del consejo de vigilancia o comisario: I. Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones del consejo de administración; II. Solicitar al consejo de administración, al director o gerente general o a los comités de la Entidad, la información que requiera para el correcto desempeño de sus funciones; III. Para las Entidades ubicadas en el Nivel de Operaciones que establezca la Comisión en las reglas de carácter general, solicitar al auditor externo nombrado, la información sobre el desarrollo y resultados de la auditoría; IV. Convocar a asamblea ordinaria y/o extraordinaria a falta de convocatoria expedida por el consejo de administración; V. Proponer la remoción del director o gerente general, o en su caso, emitir la opinión a que se refiere la fracción IX del artículo 22, y VI. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen. Articulo 30. Son obligaciones del consejo de vigilancia o comisario: I. Vigilar que los actos de todos los órganos de la Entidad se realicen con apego a los estatutos o bases constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable; II. Presentar a la asamblea un informe anual sobre su gestión y la del consejo de administración, del director o gerente general y de los comités que la Entidad establezca, III. Informar a la asamblea de la Entidad y al Comité de Supervisión de la Federación sobre las irregularidades detectadas en la operación de los órganos de gobierno de la Entidad; IV. Supervisar que las observaciones efectuadas se atiendan y las irregularidades detectadas se corrijan; V. En su caso, recomendar a la asamblea y justificar la aceptación o rechazo de los estados financieros del ejercicio y del informe del consejo de administración, y VI. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen. Artículo 31. Las Entidades deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario y director o gerente general, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que las citadas personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la integración de la documentación comprobatoria relativa. En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito a la Entidad de que se trate y bajo protesta de decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refieren el artículo 21. Las Entidades deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, director o gerente general, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación. Tratándose de consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, director o gerente general, la Comisión tendrá la facultad de veto. Articulo 32. La Comisión expedirá las reglas de carácter general para el funcionamiento de las Entidades, en las que se determinarán las operaciones activas, pasivas y de servicios que éstas podrán realizar de acuerdo al Nivel de Operaciones que les sea asignado, así como las características de dichas operaciones y los requisitos para celebrarlas. Las reglas generales que establezcan los criterios para asignar el Nivel de Operaciones de cada Entidad deberán considerar entre otros elementos, el monto de activos y pasivos de la Entidad; el número de Socios o Clientes; el ámbito geográfico de las operaciones; y la capacidad técnica y operativa de la Entidad. Las Entidades que se ubiquen en el Nivel de Operaciones IV que establezca la Comisión, estarán obligadas a llevar a cabo un programa de auditoría legal en los términos que indique la propia Comisión mediante disposiciones de carácter general, debiendo proporcionar a la Federación el dictamen de su auditor legal externo. Artículo 33. Las Entidades no podrán celebrar operaciones en las que se pacten condiciones y términos que se aparten significativamente de las prácticas del mercado que de manera general aplican las Entidades del mismo tipo, ni tampoco podrán otorgar créditos distintos de los que correspondan a su objeto social o al Nivel de Operaciones que les hubiere asignado la Comisión. Los intereses de las operaciones pasivas a cargo de las Entidades que no tengan fecha de vencimiento, y que en el transcurso de cinco años, contados a partir del último movimiento del Socio o Cliente, no hayan tenido movimientos por retiros o depósitos y con un saldo que no exceda del equivalente a una vez el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, podrán ser abonados en una cuenta global que llevará la Entidad para ese efecto. Cumplido el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, cuando el Socio o Cliente se presente para actualizar su estado de cuenta o realice un depósito o retiro, la Entidad deberá retirar de la cuenta global los intereses devengados, a efecto de abonarlos a su cuenta y de acuerdo con la parte proporcional que le corresponda, actualizando el saldo a la fecha. Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de cinco años contados a partir de que estos últimos se abonen en la cuenta global, cuyo importe conjunto por operación no sea superior al equivalente de trescientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la Entidad. Los contratos en los que se hagan constar los créditos que otorguen las Entidades, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por el consejo de administración de la Entidad, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los deudores. Artículo 34. Las Entidades en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al Cliente, depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de los recursos ahorrados o para intervenir en la operación o servicio, salvo en los casos en que proporcionen información a las Federaciones en términos de esta Ley, así como en los casos previstos en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Artículo 35. Las Entidades requerirán del acuerdo de, por lo menos, las tres cuartas partes de los consejeros que estén presentes en las sesiones del consejo de administración, para aprobar la celebración de operaciones con personas relacionadas. Serán operaciones con personas relacionadas, las celebradas por las Entidades en las que resulten o puedan resultar deudores de las mismas, las personas que se indican a continuación: I. Las personas físicas o morales que posean directa o indirectamente el control del dos por ciento o más de los títulos representativos del capital de la Entidad de que se trate, de acuerdo al registro de Socios más reciente; II. Los miembros del consejo de administración de la Entidad; III. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco con las personas señaladas en las fracciones anteriores; IV. Las personas distintas a los funcionarios o empleados que con su firma puedan obligar a la Entidad; V. Las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de éstas, en las que la Entidad posea directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital, y VI. Las personas morales en las que cualesquiera de las personas señaladas en las fracciones anteriores, así como los funcionarios, comisarios, los ascendientes y descendientes en primer grado, así como sus cónyuges, posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital. Para los efectos de este artículo, se entenderá por: a) Parentesco al que existe por consanguinidad y afinidad en línea recta en primer grado, y por consanguinidad y afinidad en línea colateral en segundo grado o civil. b) Funcionarios. al director o gerente general y a los funcionarios que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de aquél. Las operaciones con personas relacionadas cuyo importe en su conjunto no exceda de cien mil unidades de inversión o el uno por ciento del capital social pagado de la Entidad, el que sea menor, a otorgarse en favor de una misma persona física o moral o grupo de personas físicas o morales que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes para una Entidad, no requerirán de la aprobación del consejo de administración, sin embargo, deberán hacerse de su conocimiento y poner a su disposición toda la información relativa a las mismas. La suma total de los montos dispuestos y las líneas de crédito irrevocables contratadas de las operaciones con personas relacionadas, no podrá exceder del cincuenta por ciento del capital social pagado incluidas las reservas de capital y los remanentes o utilidades acumulados de la Entidad. La Comisión emitirá disposiciones de carácter general para establecer la forma y términos en que deberán ser aprobadas las operaciones con personas relacionadas. Artículo 36. Las Entidades, dependiendo del Nivel de Operaciones que les sea asignado, podrán realizar las operaciones siguientes: I. Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y retirables en días preestablecidos; Las anteriores operaciones se podrán realizar con menores de edad, siempre y cuando éstos actúen a través de sus representantes legales en términos de la legislación común aplicable; II. Recibir préstamos y créditos de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, fideicomisos de fomento y organismos e instituciones financieras internacionales, así como de sus proveedores nacionales y extranjeros; III. Otorgar a las Entidades afiliadas a su Federación, previa aprobación del consejo de administración de ésta y con cargo a sus excedentes de capital, préstamos de liquidez, mismos que deberán descontar de su capital, debiendo sujetarse a los requisitos y condiciones que mediante reglas de carácter general establezca la Comisión; IV. Recibir créditos de las Federaciones a las que se encuentren afiliadas, en términos del artículo 52, fracción III; V. Celebrar, como arrendatarias, contratos de arrendamiento financiero sobre equipos de cómputo, transporte y demás que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social, y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos; VI. Celebrar como arrendatarias, contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles para la consecución de su objeto; VII. Prestar su garantía en términos del artículo 92 de esta Ley; VIII. Recibir o emitir órdenes de pago y transferencias en moneda nacional. Las mismas operaciones en moneda extranjera podrán realizarse únicamente para abono en cuenta en moneda nacional. En todos los casos, las Entidades tendrán prohibido asumir posiciones en moneda extranjera; IX. Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito, y afectar los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con sus Socios o Clientes o de las operaciones autorizadas con las personas de las que reciban financiamiento; X. Realizar, por cuenta de sus Socios o Clientes, operaciones con empresas de factoraje financiero; XI. Emitir títulos de crédito, en serie o en masa, para su colocación entre el gran público inversionista; XII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito; XIII. Otorgar descuentos de toda clase, reembolsables a plazos congruentes con los de las operaciones pasivas que celebren; XIV. Constituir depósitos a la vista o a plazo en instituciones de crédito; XV. Otorgar préstamos o créditos a sus Socios o Clientes, sujetos a plazos y montos máximos; XVI. Realizar inversiones en valores; XVII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda; XVIII. Otorgar créditos de carácter laboral a sus trabajadores; XIX. Realizar inversiones permanentes en otras sociedades mercantiles, siempre y cuando les presten servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario; XX. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente; XXI. Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito; XXII. Celebrar, como arrendador, contratos de arrendamiento financiero; XXIII. Recibir donativos. XXIV. Prestar servicios de caja de seguridad; XXV. Ofrecer el servicio de abono y descuento en nómina; XXVI. Fungir como receptor de pago de servicios por cuenta de terceros, siempre que lo anterior no implique para la Entidad la aceptación de obligaciones directas o contingentes; XXVII. Expedir y operar tarjetas de débito; XXVIII. Prestar servicios de caja y tesorería, y XXIX. Realizar la compraventa de divisas por cuenta de terceros. La Comisión podrá autorizar a las Entidades la realización de operaciones análogas o conexas a las señaladas en este artículo, incluyendo el otorgamiento de garantías a que se refiere el artículo 92 de esta Ley. Las Entidades únicamente podrán recibir depósitos de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, ya sea a través de sus sectores central o paraestatal, cuando se ubiquen en los Niveles de Operaciones III y IV y obtengan autorización de la Comisión. Las Entidades tendrán prohibido recibir en garantía de los préstamos que otorguen a sus Socios, sus acciones o certificados de aportación, según se trate. En ningún caso las Entidades podrán autorizar a sus Socios o Clientes la expedición de cheques a su cargo, en los términos que dispone el Título Primero Capítulo IV de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo, a las Entidades les estará prohibido realizar aquellas operaciones que no les estén expresamente autorizadas. Artículo 37. La Comisión, después de haber escuchado la opinión de la Federación respectiva y previa audiencia de la Entidad interesada, podrá declarar la revocación de la autorización otorgada de conformidad con el artículo 9°, según corresponda, en los casos siguientes: I. Si no presenta el testimonio de la escritura o bases constitutivas para su aprobación a que se refiere el artículo 10, fracción 1, dentro del término de noventa días hábiles a partir de que haya sido otorgada la autorización, o bien, si no inicia sus operaciones dentro de los noventa días hábiles siguientes a partir de la aprobación de dicho testimonio, o al darse esta última no estuviere pagado el capital mínimo de la Entidad; II. Si no acredita a la Comisión la celebración de un contrato de afiliación o de supervisión auxiliar con una Federación en los términos de esta Ley, así como si no mantiene vigentes dichos contratos; III. Si no acredita a la Comisión la adhesión al Fondo de Protección respectivo, o bien, la constitución del sistema de protección a que se refiere el último párrafo del artículo 105; IV. Si la Entidad genera pérdidas que la ubiquen por debajo de su capital mínimo; La Comisión podrá establecer un plazo que no será menor de sesenta días hábiles ni mayor de noventa días hábiles, para que se reintegre el capital en la cantidad necesaria para mantener la operación de la Entidad dentro de los límites legales; V. Cuando el número de Socios llegare a ser inferior al fijado como mínimo en esta Ley y en las disposiciones aplicables; VI. Si efectúa operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o por las disposiciones que de ella emanen, o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas de los mercados en que opera, o si abandona o suspende sus actividades; VII. Si reiteradamente, a pesar de las observaciones de la Federación respectiva, o en su caso de la Comisión, la Entidad ejecuta operaciones distintas a las permitidas, no mantiene las proporciones legales de activo y capitalización, no se ajusta a la regulación prudencial aplicable, o bien, si a juicio de la Comisión no cumple adecuadamente con las funciones para las que fue autorizada, o por poner en peligro con su administración los intereses de sus Socios o Clientes, o de su objeto social, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; VIII. Cuando por causas imputables a la Entidad, no aparezcan debida y oportunamente registradas en su contabilidad las operaciones que haya efectuado; IX. Si la Entidad se niega reiteradamente a proporcionar información, o bien, de manera dolosa, presenta información falsa, imprecisa o incompleta a la Federación respectiva o a la Comisión; X. Si la Entidad obra sin autorización de la Comisión, en los casos en que la Ley así lo exija; XI. Si se disuelve, liquida o quiebra; XII. En caso de que no realice tres aportaciones mensuales al Fondo de Protección en un plazo de un año, y XIII. En cualquier otro establecido por la Ley. La declaración de revocación se inscribirá en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio social de la Entidad de que se trate y se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación del ámbito geográfico en que operaba. La revocación incapacitará a la Entidad de que se trate para realizar sus operaciones a partir de la fecha en que se notifique la misma y se pondrá en estado de disolución y liquidación sin necesidad del acuerdo de la asamblea de Socios. La Comisión podrá promover ante la autoridad judicial para que designe al liquidador, si en el plazo de sesenta días hábiles de publicada la revocación no hubiere sido designado. Cuando la propia Comisión encuentre que existe imposibilidad de llevar a cabo la liquidación de la Entidad, podrá hacerlo del conocimiento del juez competente para que ordene la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio, la que surtirá sus efectos transcurridos ciento ochenta días hábiles a partir del mandamiento judicial. Los interesados podrán oponerse a esta cancelación dentro del citado plazo de sesenta días hábiles, ante la propia autoridad judicial. Capítulo II De las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Artículo 38. La constitución de las Cooperativas se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en el Titulo Segundo Capítulo I de la Ley General de Sociedades Cooperativas, con excepción de lo siguiente: I. El acta constitutiva y sus modificaciones, deberán ser protocolizadas únicamente ante notario o corredor público; II. Las Cooperativas contarán con personalidad jurídica, patrimonio propio y podrán celebrar actos jurídicos a partir de la inscripción de su acta constitutiva en el Registro Público de Comercio que corresponda a su domicilio social; III. El número mínimo de Socios no será menor de cien para las Entidades con Nivel de Operaciones I, y de doscientos para las Entidades con Nivel de Operaciones II a IV, y IV. Podrán participar como Socios personas morales, con excepción de las Instituciones Financieras a que se refiere el artículo 43 de esta Ley. En todo caso, dichas personas morales únicamente podrán emitir un voto en la asamblea de Socios de la Cooperativa de que se trate, salvo en el caso de la institución fundadora a que se refiere el artículo 40 de esta Ley. Artículo 39. De manera alternativa a lo establecido por la Ley General de Sociedades Cooperativas, las Cooperativas podrán establecer en sus bases constitutivas la participación de delegados electos por los Socios para que asistan a las asambleas a que se refiere la presente Ley, en representación de los propios Socios. El sistema para la elección de delegados que al efecto se establezca, deberá garantizar la representación de todos los Socios de manera proporcional, pudiendo para tal efecto agrupar en zonas a sus sucursales u otras unidades operativas. Artículo 40. La Cooperativa podrá integrar a una institución fundadora, la cual tendrá como finalidad apoyarla financieramente y participar de manera permanente en sus órganos de administración y gobierno. No podrán participar en tales órganos las instituciones que realicen actividades políticas partidistas. La institución fundadora estará conformada como una persona moral sin fin de lucro; estará representada en la asamblea general y en el consejo de administración por un número de votos que no podrá ser mayor al quince por ciento del total, y en el comité de vigilancia por un número de votos que no será mayor al treinta por ciento del total, y no podrá recibir préstamos por parte de la Cooperativa. Las aportaciones que realice la institución fundadora al capital social de la Cooperativa se harán a título de donación, y deberán ser destinadas a una reserva especial, misma que no podrá ser distribuida entre los Socios. En ningún momento la Cooperativa podrá reembolsar dichas aportaciones a la institución fundadora. En caso de que la Cooperativa llegara a liquidarse y existan remanentes, deberán destinarse al Fondo de Protección de la Confederación que corresponda. Capítulo III De las Sociedades Financieras Populares Artículo 41. Las Sociedades Financieras Populares serán sociedades anónimas, tendrán duración indefinida y establecerán su domicilio en territorio nacional, pudiendo prestar servicios tanto a sus Socios como a sus Clientes, en los términos que esta Ley establece. Solo podrán utilizar esta denominación las sociedades autorizadas para operar en los términos de esta Ley. Cuando se trate de sociedades de capital variable, el capital mínimo obligatorio con arreglo a esta Ley, estará integrado por acciones sin derecho a retiro. El monto del capital variable en ningún caso podrá ser superior al del capital pagado sin derecho a retiro. Artículo 42. El capital mínimo de las Sociedades Financieras Populares deberá estar íntegramente suscrito y pagado al momento de iniciar operaciones, o a más tardar dentro de los noventa días hábiles siguientes a la aprobación por parte de la Comisión, del testimonio de su escritura o bases constitutivas, lo que ocurra primero. Artículo 43. Las acciones representativas del capital social de las Sociedades Financieras Populares podrán ser adquiridas por cualquier persona, con excepción de las Instituciones Financieras a que se refiere la fracción IV del articulo 2° de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las uniones de crédito podrán participar en el capital social de las Sociedades Financieras Populares, en los términos señalados en este Capitulo, debiendo en todo caso para efectos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, restar de su capital social, el importe correspondiente al capital invertido en la Sociedad Financiera Popular de que se trate. Las acciones serán de igual valor, conferirán a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones, y deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas. Artículo 44. Ninguna persona física o moral podrá adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de acciones por más del tres y diez por ciento del capital social de una Sociedad Financiera Popular, respectivamente. Para efectos de lo señalado en este articulo, se considerarán como una sola persona a aquéllas que tengan vínculos patrimoniales entre si, o que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado, o civil. Artículo 45. Las personas físicas y morales podrán adquirir o transmitir la propiedad de acciones de una Sociedad Financiera Popular hasta por un monto equivalente al tres por ciento del capital social de dicha Sociedad. En caso de que una persona moral pretenda adquirir o transmitir hasta el diez por ciento del capital social de una Sociedad Financiera Popular, deberá solicitar la autorización de la Comisión, previo dictamen favorable de la Federación que la supervise de manera auxiliar. Artículo 46. Las personas que adquieran o se les haya transmitido la propiedad de acciones de una Sociedad Financiera Popular, por mas del uno por ciento del capital social de la Entidad, no podrán recibir créditos de la misma, pero sí podrán acceder a las demás operaciones o servicios de la Entidad. Las personas morales que posean hasta el cinco por ciento del capital de la Sociedad Financiera Popular y que cuenten con más de cincuenta socios, podrán recibir créditos, previo acuerdo de las dos terceras partes del consejo de administración. TITULO TERCERO DE LOS ORGANISMOS DE INTEGRACION Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 47. Las Entidades estarán sujetas a la supervisión de la Comisión, la que tendrá en lo que no se oponga a esta Ley, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la Ley que la rige y la Ley de Instituciones de Crédito. Dichas facultades podrán ser ejercidas directamente por la Comisión y de manera auxiliar por las Federaciones autorizadas conforme al presente Título. La Comisión establecerá mediante disposiciones de carácter general la forma en que las Federaciones ejercerán las facultades de supervisión auxiliar de las Entidades. Artículo 48. La Federación se constituirá con la agrupación voluntaria de Entidades, y deberá estar autorizada por la Comisión, para el desempeño de las facultades de supervisión auxiliar. Dichas facultades serán indelegables. Artículo 49. La Confederación se constituirá con la agrupación voluntaria de Federaciones, y deberá estar autorizada por la Comisión, para el desempeño de las facultades de administración del Fondo de Protección a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley. Además será el órgano de colaboración del Gobierno Federal para el diseño y ejecución de los programas que faciliten la actividad de ahorro y crédito popular. Artículo 50. Los Organismos de Integración serán instituciones de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, podrán adoptar cualquier naturaleza jurídica, siempre que no tenga fines lucrativos. Las actividades de las Federaciones y las Confederaciones serán las propias de su objeto y se abstendrán de realizar actividades políticas partidistas. Artículo 51. La solicitud de autorización para operar como Federación y Confederación, deberá presentarse ante la Comisión, acompañando la documentación e información que dicha Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general. Las autorizaciones que, en su caso, otorgue la Comisión serán por su propia naturaleza intransmisibles. La Comisión contará con un plazo de noventa días naturales para emitir resolución respecto de las solicitudes de autorización que le hayan sido presentadas. Se entenderá que la Comisión resuelve en sentido negativo la solicitud de autorización, si no comunica lo contrario dentro del periodo mencionado. Las autorizaciones de Federaciones y Confederaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que operará el Organismo de Integración de que se trate. Artículo 52. Las Confederaciones y Federaciones podrán además realizar las siguientes actividades: I. Fungir como representantes legales de sus afiliadas ante personas, organismos, autoridades e instituciones tanto nacionales como extranjeras; II. Prestar entre otros, los servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación; III. Contratar créditos con el objeto de canalizarlos a las Federaciones y Entidades afiliadas que lo requieran; IV. Promover la superación y capacidad técnica y operativa de sus afiliadas, así como de sus empleados, y V. Homologar, en lo procedente, reglamentos, trámites y mecanismos operativos, así como sistemas contables e informáticos. De igual forma, podrán integrar bases de datos para dar seguimiento al comportamiento crediticio de los acreditados de las Entidades, la calificación de riesgos, y en general el funcionamiento de las Entidades. Las Confederaciones y Federaciones únicamente utilizarán dicha información para el cumplimiento de su objeto, debiendo abstenerse de proporcionar información, cuando a su juicio ésta pueda ser usada para fines distintos de los antes mencionados. Artículo 53. Los requisitos mínimos que deberá cumplir un Organismo de Integración para ser autorizado, serán: Para Federaciones, tener cuando menos la solicitud de diez Entidades que deseen afiliarse. Para constituir una Confederación se requerirá la solicitud de cuando menos cinco Federaciones. Para efectos del cómputo mínimo requerido conforme a lo señalado en el párrafo anterior, cuando los socios de una Entidad o Federación que forme parte de una Federación o una Confederación, respectivamente, adquieran directa o indirectamente acciones o certificados de participación con derecho a voto de otra Entidad o Federación, que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado, tengan el control de las asambleas generales, estén en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, o por cualquier otro medio controlen a las mencionadas Entidades o Federaciones, se considerarán como una sola Entidad o una sola Federación, según corresponda. En caso de que el número de Entidades o Federaciones no sea el señalado conforme al primer párrafo de esta fracción, la Comisión evaluando el caso, podrá otorgar la autorización sin cumplir con el número de afiliados requerido. En cualquier caso, al término de ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha en que sean autorizadas, las Federaciones y las Confederaciones deberán tener afiliadas, respectivamente, al número mínimo de Entidades y Federaciones a que se refiere esta fracción. Asimismo, para el caso en que la Comisión revoque la autorización otorgada a una Entidad o a una Federación, las Federaciones y las Confederaciones contarán con un plazo de doscientos cuarenta días naturales contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la revocación de que se trate, para tener afiliadas, respectivamente, al número mínimo de Entidades y Federaciones a que se refiere esta fracción. Dicho plazo podrá prorrogarse a juicio de la Comisión; II. El proyecto de estatutos, en el que deberá indicarse su objeto y organización interna, entre otros. Los estatutos que deberán ser acordes con los principios de la presente Ley y demás disposiciones aplicables; III. El ámbito geográfico en el que operará; IV. El programa general de operación, que permita a la Comisión evaluar si el Organismo de Integración podrá cumplir adecuadamente con su objeto. Dicho programa deberá contener, por lo menos: a) Los planes de trabajo; b) Las políticas de afiliación; c) La información y documentación que acredite que cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo su objeto; d) La relación de sus principales administradores y directivos, incluyendo al contralor normativo, debiendo acompañar el curriculum vitae de los mismos; V. El proyecto de reglamento interior, conforme al cual ejercerá sus facultades de conformidad con esta Ley y las reglas que al efecto haya emitido la Comisión; VI. Para las Federaciones que no pretendan afiliarse a una Confederación, la aprobación de alguna Confederación para que sus Entidades afiliadas participen en el Fondo de Protección administrado por aquella, y VII. La demás documentación que la Comisión considere necesaria para otorgar su autorización. Las modificaciones que se pretendan efectuar a los estatutos, así como al reglamento interior del Organismo de Integración, deberán someterse a la previa aprobación de la Comisión, la cual contará con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para emitir su resolución al respecto. Dicho plazo comenzará a contar, a partir de la fecha en que sean presentados los documentos a la Comisión. Se entenderá que la Comisión resuelve en sentido negativo si no comunica lo contrario a Organismos de Integración correspondiente, dentro del periodo mencionado. Artículo 54. Las Federaciones o Confederaciones no podrán afiliar a personas físicas, ni realizar operaciones con el público directamente o por interpósita persona. Artículo 55. Cada Organismo de Integración formulará su reglamento interior, que deberá contener, entre otras, las normas aplicables a: I. Tratándose de una Federación: a) La admisión, suspensión y exclusión de los afiliados; b) La forma y metodología en que ejercerá las funciones de supervisión auxiliar sujetándose a las reglas de carácter general que emita la Comisión; c) Las reglas prudenciales que en adición a las emitidas por la Comisión deberán observar sus Entidades afiliadas, y en su caso, las Entidades no afiliadas que supervise; d) Los derechos y obligaciones de los afiliados, así como de las Entidades no afiliadas sobre las que se ejerzan las funciones de supervisión auxiliar; e) La forma de determinar las cuotas que le deberán aportar las Entidades; f) Las aportaciones que las Entidades deberán cubrir para el Fondo de Protección, o bien, para el sistema de protección de ahorradores a que se refiere el último párrafo del artículo 105; g) Las medidas correctivas mínimas a las que deberán sujetarse las Entidades, incluyendo la facultad de nombrar a personas que se encarguen de la administración de la Entidad en sustitución de su consejo de administración y director o gerente general, o de quienes ejerzan tales funciones; h) Los mecanismos voluntarios de solución de controversias entre las Entidades y sus Clientes; i) El programa de control y corrección interno para prevenir conflictos de interés y uso indebido de la información, que se establezca conforme a las reglas de carácter general que emita la Comisión; j) Los procedimientos aplicables para el caso de que las Entidades incumplan sus obligaciones, incluyendo penas convencionales a su cargo y a favor de la Federación, y k) Los préstamos que podrán otorgarse entre sí las Entidades afiliadas conforme a lo señalado en el artículo 36, fracción III. II. Tratándose de una Confederación: a) La forma y metodología en que se ejercerá la función para administrar el Fondo de Protección; b) Los derechos y obligaciones de las Federaciones que la integren; c) Las reglas prudenciales que en adición a las emitidas por la Comisión deberán observar las Entidades afiliadas y las no afiliadas; d) Las aportaciones que las Entidades deberán cubrir para el Fondo de Protección; e) El programa de control y corrección interno, y f) Los procedimientos aplicables para el caso de que las Federaciones incumplan sus obligaciones, incluyendo penas convencionales a su cargo y a favor de la Confederación. Artículo 56. Los Organismos de Integración proporcionarán a sus afiliadas, la información sobre los servicios que ofrecen, y sobre el Fondo de Protección, con el objeto de fortalecer la cultura financiera en general y del ahorro popular en particular, el conocimiento y desarrollo de sus intermediarios, y el fortalecimiento de esquemas de financiamiento para individuos y micro, pequeñas y medianas empresas. Artículo 57. Los Organismos de Integración autorizados llevarán un registro de Entidades o Federaciones afiliadas o, en su caso, de aquéllas sobre las que ejerzan funciones de supervisión auxiliar, el cual deberá proporcionarse a la Comisión mediante los medios que ésta señale en disposiciones de carácter general, a efecto de que ésta determine los medios para hacerlo del conocimiento público. Artículo 58. Las Entidades, en su relación con los Organismos de Integración, tendrán las obligaciones siguientes: I.. Aportar las cuotas periódicas que fije la asamblea general de afiliados de la Federación para su sostenimiento, cubrir el costo de supervisión auxiliar, y las aportaciones para la constitución del Fondo de Protección, en los términos de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen; II. Proporcionar a la Federación la información y documentación que le requiera para efectos de la supervisión auxiliar; III. En general cumplir con las estipulaciones contenidas en el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar, según se trate, así como con la regulación prudencial que establezca la Comisión y, en su caso, la Confederación o la Federación; IV. Informar tanto a la Comisión como al Organismo de Integración respectivo, por conducto de cualquiera de los órganos de administración, director o gerente general de la propia Entidad, cuando se presuma fundadamente que se están llevando a cabo cualquiera de las conductas que señala el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de esta Ley. En todo caso, la información a que se refiere la presente fracción deberá ser hecha del conocimiento de la Comisión de manera directa; V. Asistir, a través de sus representantes, a las sesiones de la asamblea general de afiliados del Organismo de Integración correspondiente y/o reuniones convocadas por la misma; VI. Cumplir con las resoluciones adoptadas por la asamblea general de afiliados del Organismo de Integración correspondiente, y VII. Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables. Artículo 59. Los Organismos de Integración estarán sujetos a la supervisión de la Comisión, la que tendrá en lo que no se oponga a esta Ley, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere su propia Ley y la Ley de Instituciones de Crédito. Articulo 60. La Comisión, previa audiencia del Organismo de Integración de que se trate, podrá revocar, a su juicio, la autorización otorgada a las Federaciones para ejercer la función de supervisión auxiliar, y a las Confederaciones para manejar el Fondo de Protección, en los casos siguientes: I. Si no inicia operaciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento de la autorización; II. Si no cumple, tratándose de Federaciones, diligentemente la labor de supervisión auxiliar que les fue encomendada; III. Si conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 53 de esta Ley, no cumplen con el número mínimo de Entidades o Federaciones afiliadas, o si el número de Entidades o Federaciones afiliadas fuera menor a aquél que la Comisión autorizó; en términos de la misma; IV. Si efectúan operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o por las disposiciones que de ella emanen, o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas, o si abandona o suspende sus actividades; V. Si a pesar de las observaciones de la Comisión, reiteradamente incumplen con las actividades objeto de la autorización; VI. Si no proporcionan a la Comisión la información requerida, o bien presentan de manera dolosa, información falsa o incompleta, que no permita conocer la situación real de las Entidades; VII. Si se manejan de manera irregular los recursos que integran el Fondo de Protección; VIII. Si obran sin autorización de la Comisión, en los casos en que la Ley así lo exija; IX. Si la Federación no acredita a la Comisión, que sus Entidades afiliadas participan en el Fondo de Protección administrado por alguna Confederación, y X. Si se disuelve, liquida o quiebra. Las declaraciones de revocación se inscribirán en el Registro Público de Comercio, previa orden de la Comisión, y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que operaba el Organismo de Integración de que se trate. La revocación incapacitará al Organismo de Integración para realizar sus operaciones a partir de la fecha en que se notifique la misma, y se pondrá en estado de disolución y liquidación. Artículo 61. Las Entidades afiliadas a una Federación cuya autorización hubiere sido revocada por la Comisión, deberán solicitar su afiliación a una Federación distinta o sujetarse al régimen de Entidad no afiliada en un término no mayor a diez días hábiles a partir de la fecha en que surta sus efectos la revocación antes citada. Capítulo II De las Federaciones Sección Primera De su organización y objeto Artículo 62. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47, la supervisión auxiliar de las Entidades a cargo de las Federaciones tendrá por objeto revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y patrimonio, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control y en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y legal de las Entidades, conste o deba constar en los registros, a fin de que se ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rigen y a las sanas prácticas de la materia, en los términos que indique la Comisión en disposiciones de carácter general. La supervisión consistirá en verificar que las Entidades cumplan con las disposiciones de esta Ley, con las reglas prudenciales emitidas por la Comisión, con los contratos de afiliación o de supervisión auxiliar, según se trate y con las demás disposiciones aplicables. Artículo 63. Las Federaciones deberán contar con una asamblea general de afiliados que será el órgano supremo de la Federación y estará integrado por los representantes de las Entidades afiliadas. Además contarán con un consejo de administración, un gerente general, un consejo de vigilancia del que se designará un contralor normativo, un Comité de Supervisión y un auditor legal. La Comisión, de acuerdo a los criterios que determine en reglas de carácter general, podrá exceptuar a las Federaciones de alguno de los órganos o personas antes indicados. Estos órganos, el gerente general y el contralor normativo, así como el auditor legal, tendrán las atribuciones que se señalen en esta Ley, en los estatutos sociales, en las reglas que emita la Comisión y demás disposiciones aplicables. A las asambleas deberá acudir con voz pero sin voto un representante de la Confederación a la que se encuentre afiliada. Artículo 64. La asamblea general de afiliados de la Federación podrá estar integrada, a elección de las Entidades: I. Por un representante de cada Entidad afiliada, o II. A través de un sistema de representación proporcional, en el que se asignará a cada Entidad afiliada el número de votos que le correspondan, considerando el número de socios y/o los activos totales de cada Entidad. En ningún caso, una Entidad podrá representar más del veinte por ciento del total de votos. Artículo 65. El consejo de administración de la Federación estará integrado por consejeros electos por la asamblea general de afiliados de la Federación, cuyo número no será menor de cinco ni mayor de quince, quienes deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20. Los consejeros fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección. Dicho consejo de administración podrá estar conformado hasta en un treinta por ciento del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de una Entidad o Confederación. Los consejeros tendrán la obligación de comunicar al presidente del consejo sobre cualquier situación en la que se pueda derivar un conflicto de interés y abstenerse de participar en la deliberación y resolución correspondiente. Artículo 66. El consejo de administración nombrará gerente general de la Federación a la persona que reúna los requisitos siguientes: I. Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y experiencia en materias financiera y administrativa, y II. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 21. Articulo 67. El Comité de Supervisión será el encargado de ejercer la supervisión auxiliar de las Entidades afiliadas y de las no afiliadas que hayan celebrado el contrato respectivo, conforme a lo señalado en los artículos 82 y 87. Este comité estará formado por personas designadas por el consejo de administración de la Federación respectiva, de entre los cuales se elegirá un presidente, el que deberá reportar los resultados de su gestión al consejo de administración y a la Comisión. Los miembros del Comité de Supervisión únicamente podrán ser removidos de su cargo, contando con la aprobación de la Comisión, quien escuchará al interesado. Para ser miembro del Comité de Supervisión será necesario: a) Tener reconocida experiencia en materias financiera y administrativa; b) No ser asesor o consultor de alguna Entidad; c) No tener litigio pendiente o adeudos vencidos con alguna Entidad u Organismo de Integración; d) No ser empleado, funcionario o miembro del consejo de administración o de vigilancia de alguna Entidad, o funcionario o miembro del consejo de administración de la Federación; e) No haber sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales o inhabilitado para ejercer el comercio, o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el sector público Federal, Estatal o Municipal, en el Sistema Financiero Mexicano o en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular; f) No estar sujeto a concurso o declarado en quiebra, o encontrarse inhabilitado para ejercer el comercio; g) No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil con algún miembro del consejo de administración, consejo de vigilancia o comisario o con el director o gerente general de alguna Entidad, y h) Cualquier persona que desempeñe un cargo público, de elección popular o dirigencia partidista. Las Federaciones, contando con la autorización de la Comisión, podrán acordar entre ellas el establecimiento de comités de supervisión comunes. Esta autorización estará sujeta, a la capacidad de dicho comité para llevar a cabo sus funciones, y al crecimiento de las Federaciones que acuerden su establecimiento. En el caso de comités de supervisión comunes, éstos estarán integrados por un número impar de personas, no pudiendo ser menor a cinco, quienes serán nombradas y removidas de manera equitativa por los consejos de administración de las Federaciones participantes. Artículo 68. Son facultades del Comité de Supervisión, además de las conferidas en esta Ley y en las reglas que al efecto establezca la Comisión, las siguientes: I. Solicitar a los órganos de la Entidad, la información necesaria para la supervisión auxiliar; II. Proponer las políticas y los lineamientos respecto a la supervisión auxiliar, contando con la aprobación del consejo de administración, y III. Las demás que la asamblea general o los estatutos de la Federación determinen. Artículo 69. Son obligaciones del Comité de Supervisión, además de las conferidas en esta Ley y en las reglas que al efecto establezca la Comisión, las siguientes: I. Expedir a las sociedades, un dictamen respecto del cumplimiento de los requisitos para constituirse como Entidades; II. Llevar a cabo las tareas de supervisión auxiliar de las Entidades afiliadas a la Federación que corresponda, así como de las Entidades no afiliadas sobre las cuales se les hubiere encomendado su supervisión auxiliar, y emitir los reportes que correspondan; III. Evaluar y vigilar el cumplimiento de la regulación prudencial; IV. Realizar visitas de inspección a las Entidades; V. Determinar la aplicación del programa de medidas correctivas mínimas y supervisar su cumplimiento; VI. Informar a la Federación y a la Comisión que procederá en términos del artículo 75, así como cuando haya procedido conforme a lo señalado en el artículo 77 de esta Ley; VII. Informar al Comité Técnico y a la Comisión respecto de la situación financiera, operativa y legal de la Entidad, que a su juicio, fuera susceptible de ser intervenida gerencialmente por la Comisión; VIII. Reportar al consejo de administración de la Federación sobre su gestión, así como las irregularidades detectadas a las Entidades en el desempeño de sus actividades de supervisión auxiliar, y IX. Las demás que los estatutos de la Federación determinen. Artículo 70. La vigilancia interna de la Federación estará a cargo de un consejo de vigilancia, o su equivalente, cuyas responsabilidades y obligaciones deberán determinarse en los estatutos de la Federación correspondiente. Tratándose del consejo de vigilancia, éste será encabezado por un contralor normativo, quien será elegido por el consejo de administración y aprobado por la asamblea general, y será el responsable de vigilar que los funcionarios y empleados de la Federación, cumplan con la normatividad aplicable. El contralor normativo realizará las siguientes funciones: I. Verificar que las Federaciones cumplan con la regulación aplicable; II. Recibir los informes del Comité de Supervisión y los dictámenes de los auditores externos para su conocimiento y análisis; III. Informar a la Comisión, al consejo de administración y a la asamblea general del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, así como en cualquier momento de los hallazgos e irregularidades de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y IV. Proponer al consejo de administración el programa de control y corrección interno de la Federación y sus modificaciones, a efecto de prevenir conflictos de interés y el uso indebido de la información. El contralor normativo asistirá con voz pero sin voto a las sesiones del consejo de administración de la Federación. Los miembros del consejo de vigilancia y el contralor normativo deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20. Artículo 71. Las Federaciones deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, gerente general, miembros del Comité de Supervisión, miembros del consejo de vigilancia y contralor normativo, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que las citadas personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la integración de la documentación comprobatoria relativa. En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito a la Federación de que se trate y bajo protesta de decir verdad que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 21, tratándose de consejeros, gerente general, miembros del consejo de vigilancia y contralor normativo; y 67 incisos c), d) e), f), g) y h), para los miembros del Comité de Supervisión. Las Federaciones deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, gerente general, miembros del Comité de Supervisión, miembros del consejo de vigilancia y el contralor normativo, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación. Tratándose de consejeros, gerente general y miembros del Comité de Supervisión y del consejo de vigilancia, incluyendo al contralor normativo, la Comisión tendrá la facultad de veto. Sección Segunda De su funcionamiento y de las medidas correctivas Artículo 72. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 47, las Entidades estarán obligadas a: I. Proporcionar a la Federación que ejerza sobre ellas la supervisión auxiliar, todos los documentos, información, registros, correspondencia y sistemas de almacenamiento de datos necesarios para la verificación, en los términos del contrato de afiliación o de supervisión auxiliar que corresponda, y II. Cumplir con las medidas correctivas a que se refiere este Capítulo, permitir la práctica de visitas y auditorías para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley, de las disposiciones que de ella emanen y de los contratos citados. Artículo 73. En el ejercicio de sus funciones de supervisión auxiliar, el Comité de Supervisión de la Federación clasificará a las Entidades en alguna de las cuatro categorías a que se refiere el artículo 74 de esta Ley, según su adecuación a los requerimientos de capitalización emitidos por la Comisión. Dicha Comisión establecerá mediante reglas de carácter general los rangos de capitalización que determinarán cada una de tales categorías. La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, establecerá las medidas correctivas mínimas con que deberán cumplir las Entidades, así como sus características y plazos para su cumplimiento de acuerdo con la categoría en que hubiesen sido clasificadas. El Comité de Supervisión de la Federación deberá verificar que las Entidades cumplan con las medidas correctivas mínimas que les correspondan y tendrá el derecho de ordenar a éstas, la implementación de medidas especiales adicionales a las anteriores. Estas medidas tendrán por objeto prevenir, y en su caso, normalizar oportunamente las anomalías financieras o de cualquier otra índole, que las Entidades presenten, derivadas de las operaciones que realicen y que puedan afectar su estabilidad o solvencia, o pongan en riesgo los intereses de los ahorradores. Artículo 74. De manera enunciativa y no limitativa, las Entidades deberán cumplir con las medidas que se indican a continuación, dependiendo de la categoría de capitalización en que se encuentren clasificadas: I. Las Entidades clasificadas dentro de la categoría uno, no podrán celebrar operaciones que las lleven a ser clasificadas dentro de una categoría de capitalización inferior; II. Las Entidades que se clasifiquen dentro de la categoría dos, deberán, entre otras acciones: a) Suspender las aportaciones al fondo de obra social; b) Suspender el pago de dividendos o excedentes o cualquier otro mecanismo que implique una transferencia de beneficios patrimoniales a los Socios; c) Presentar un plan de restauración de capital que deberá ser aprobado por la Federación; d) Limitar el crecimiento de los activos en riesgo de la Entidad; e) Someter a aprobación de la Federación correspondiente, cualquier transacción material distinta de las que corresponden a su negocio natural, incluyendo las que tienen que ver con cualquier inversión, expansión o adquisición, y e) Revisar e instrumentar adecuaciones a las políticas de compensaciones adicionales y extraordinarias al salario de los funcionarios de niveles superiores de las Entidades, así como a las políticas de contratación de personal de las mismas. III. Las Entidades clasificadas dentro de la categoría tres, estarán sujetas a las mismas acciones obligatorias que las establecidas para las Entidades clasificadas dentro de la categoría dos, y adicionalmente deberán: a) Restringir sus operaciones y actividades con las personas a que se refiere el artículo 35 de esta Ley, y b) Constituir un encaje sobre la captación de nuevos pasivos, y condicionar las nuevas operaciones activas que realice a la obtención de garantías reales. IV Las Entidades clasificadas dentro de la categoría cuatro, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 75 de esta Ley. Las Entidades deberán prever lo relativo a la implementación de medidas correctivas dentro de sus estatutos sociales. Artículo 75. En caso de que una Entidad fuese clasificada en la categoría cuatro, el Comité de Supervisión de conformidad con el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar, solicitará la remoción del director o gerente general y del consejo de administración, debiendo informarlo al Comité Técnico. Este último, de conformidad con los contratos de referencia, designará a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad, quienes deberán contar con las facultades a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, y procederá a la selección de alguno de los mecanismos señalados en el artículo 90. Artículo 76. Cuando de los dictámenes del Comité de Supervisión se desprenda alguna operación que se considere irregular, que no afecte la estabilidad o la solvencia de la Entidad y no ponga en riesgo los intereses de los ahorradores, dicho Comité, previa audiencia de la Entidad de que se trate, ordenará a la Entidad la aplicación de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a lo dispuesto en el Título Sexto de este ordenamiento. Artículo 77. El Comité de Supervisión de la Federación, previa audiencia de la Entidad de que se trate y de conformidad con el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar que ésta haya celebrado con la Entidad, solicitará la remoción del director o gerente general y del consejo de administración, informando esta situación al Comité Técnico, cuando se presenten causas graves, que afecten la estabilidad o la solvencia de la Entidad y pongan en riesgo los intereses de los ahorradores. En este caso, el Comité Técnico, de conformidad con los contratos de referencia, designará a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad, quienes deberán contar con las facultades a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, y procederá a la selección de alguno de los mecanismos a que se refiere el artículo 90. Entre las causales que motivarán la remoción a que se refiere el párrafo anterior, se encuentran: I. Si la Entidad reiteradamente incumple con la regulación prudencial establecida por la Comisión, Confederación o Federación; II. Si reiteradamente, a pesar de las observaciones efectuadas por la Federación, la Entidad realiza operaciones irregulares, ilegales o distintas a las que le están permitidas; III. Si sus actividades se apartan de las sanas prácticas de los mercados en que opera; IV. Si por causas imputables a la Entidad no aparecen debida y oportunamente registradas en su contabilidad las operaciones que haya efectuado y, por tanto, no se refleja su verdadera situación financiera; V. Si la Entidad proporciona dolosamente información falsa o incompleta a la Federación; VI. Si la Entidad reiteradamente no proporciona a la Comisión y/o Federación, los informes, y documentos que sobre su organización, operaciones, contabilidad, inversiones o patrimonio les soliciten la Comisión o la Federación para fines de regulación, supervisión, control, inspección, vigilancia, estadística y demás funciones que conforme a esta Ley u otras disposiciones legales y administrativas, les corresponda ejercer; VII. Si suspende en forma total o parcial, la prestación de sus servicios sin la aprobación de la Federación, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor; VIII. Si la Entidad ejecuta u omite actos que impidan la prestación continua de los servicios que desarrolle; IX. Si presta servicios distintos a los señalados en el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar respectivo, X. Si la Entidad no aplicó las medidas correctivas que le fueron determinadas; XI. Las demás que se hayan pactado en el contrato de afiliación o en el de supervisión auxiliar, según sea el caso. Las personas designadas en los términos de este artículo deberán rendir cuentas al Comité Técnico y podrán ser removidas por éste. Artículo 78. Cuando a juicio de la Comisión existan irregularidades de cualquier género en las Entidades y determine que se encuentran en riesgo los intereses de los ahorradores o bien se ponga en peligro su estabilidad o solvencia, el presidente de la Comisión podrá de inmediato declarar la intervención con carácter de gerencia y designar a la persona física que se haga cargo de la Entidad respectiva, con el carácter de interventor gerente. El interventor gerente deberá informar al Comité de Técnico, del estado en que se encuentre la Entidad, a fin de que éste adopte alguno o varios de los mecanismos a que se refiere el artículo 90. Artículo 79. El interventor gerente tendrá todas las facultades que correspondan al consejo de administración y al director o gerente general de la Entidad, estando obligados éstos a proporcionarle toda la información y otorgarle las facilidades que requiera para el cumplimiento de sus funciones. También tendrá plenos poderes generales para actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para otorgar y suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias y querellas y desistirse de estas últimas, previo acuerdo con el presidente de la Comisión y para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes, y revocar los que estuvieren otorgados por la Entidad intervenida y los que él mismo hubiere conferido. El interventor gerente no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de Socios ni al consejo de administración; pero la asamblea de Socios podrá continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que le compete y lo mismo podrá hacer el consejo para estar informado por el interventor gerente sobre el funcionamiento y las operaciones que realice la Entidad y para opinar sobre los asuntos que el mismo interventor gerente someta a su consideración. El interventor gerente podrá citar a asamblea de Socios y reuniones del consejo de administración con los propósitos que considere necesarios o convenientes. En caso de no encontrarse presente el director o gerente general al momento de la intervención, el interventor gerente se entenderá con cualquier funcionario de la Entidad que se encuentre presente. En el caso que señala el párrafo anterior, el director o gerente general será responsable de los actos y operaciones que hubiere realizado contraviniendo lo dispuesto en ésta u otras leyes aplicables. El oficio que contenga el nombramiento de interventor gerente deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio social de la Entidad intervenida, sin más requisitos que el oficio respectivo de la Comisión. Cuando ésta acuerde levantar la intervención, lo comunicará así al encargado del Registro Público de Comercio, a efecto de que se cancele la inscripción respectiva. Artículo 80. En aquellos casos previstos en los artículos 75, 77 y 78, las personas que tengan a su cargo la administración, podrán determinar la suspensión parcial de sus operaciones o el cierre de oficinas y sucursales, con aprobación del Comité Técnico, debiendo tomar las medidas necesarias para que la Entidad no celebre nuevas operaciones de ahorro y crédito y no se cubran las obligaciones a su cargo hasta en tanto se adopte algún mecanismo de los previstos en la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley. Lo anterior, con excepción del pago a los ahorradores que podrá ser hasta por el cincuenta por ciento del monto garantizado por el Fondo de Protección para la Entidad de que se trate, de conformidad con lo que determine el Comité Técnico, siempre que los depósitos sean líquidos y exigibles. Dichos pagos se descontarán del monto garantizado a que se refiere el articulo 106. El monto de los depósitos que no hubieran sido pagados conforme a lo anterior, se renovarán a las mismas tasas de interés pactadas originalmente y hasta la fecha en que se adopte el mecanismo correspondiente. Sección Tercera De la afiliación Artículo 81. Las Entidades podrán afiliarse a una Federación autorizada por la Comisión para supervisarlas de manera auxiliar. La Federación, a su vez, podrá afiliarse a una Confederación autorizada por la Comisión para que administre el Fondo de Protección a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero. La Federación publicará semestralmente en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que opera, la lista de sus Entidades afiliadas. Artículo 82. Para efectos de lo señalado en el artículo 81 anterior, la Entidad celebrará un contrato de afiliación con la Federación, en el que se establecerá, entre otras estipulaciones la conformidad por parte de la Entidad con los términos y condiciones en que se ejercerá la facultad de supervisión auxiliar, previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Federación, y el reconocimiento de la Entidad para sujetarse a las medidas correctivas y mecanismos previstos en la Sección Quinta, Capítulo II, Titulo Tercero de esta Ley, que instrumente la Federación. Artículo 83. Para formalizar el contrato de afiliación deberá cumplirse cuando menos con lo siguiente: I. Exhibir acta del acuerdo de asamblea de la Entidad en la que se haya acordado la afiliación correspondiente; II. Contar con el dictamen favorable de la Federación, y III. Contar con la autorización de la Comisión, para operar como Entidad. La formalización de dicho convenio deberá efectuarse a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se les haya notificado la autorización para operar como Entidad y deberán enviar un ejemplar del mismo a la Comisión a través de la Federación respectiva. Artículo 84. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento a la Federación correspondiente su desafiliación, la cual únicamente será reconocida previo dictamen de un auditor externo designado por la Federación y con cargo a la Entidad, que determine la viabilidad financiera de la misma. Artículo 85. La Federación a través del Comité de Supervisión, podrá dictaminar la desafiliación de una Entidad cuando ésta incumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 58 fracción VI, así como en los casos previstos en su reglamento interior. Artículo 86. La Entidad que solicite su desafiliación, no tendrá derecho a que se le reintegren las aportaciones que haya efectuado con anterioridad al Fondo de Protección, pero podrá seguir disfrutando de los derechos inherentes al mismo, en caso de que se afilie a otra Federación que a su vez esté afiliada a la misma Confederación. Para los efectos de los artículos 84 y 85, la Federación continuará ejerciendo sobre la Entidad desafiliada, las labores de supervisión auxiliar, debiendo esta última cubrir el costo de esa supervisión en términos del artículo 88 de esta Ley, hasta en tanto celebre un nuevo contrato de afiliación con una Federación distinta, o se sujete al régimen de Entidad no afiliada, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Sección Cuarta De las Entidades no afiliadas Artículo 87. Las sociedades que, habiéndose organizado con arreglo a esta Ley para operar como Entidades, no celebren contrato de afiliación con una Federación, serán consideradas como Entidades no afiliadas. La Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9Q, asignará a las Entidades no afiliadas una Federación para que las supervise de manera auxiliar, debiendo celebrarse al efecto, un contrato de supervisión auxiliar entre dicha Federación y la Entidad no afiliada. La formalización del contrato a que se refiere el párrafo anterior, deberá efectuarse a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya notificado la asignación de la Federación que supervisará de manera auxiliar a la Entidad, la cual deberá enviar un ejemplar del mismo a la Comisión a través de la Federación respectiva. Artículo 88. En el contrato de supervisión auxiliar que celebre la Entidad no afiliada, deberá establecerse, entre otras estipulaciones, la conformidad por parte de la Entidad con los términos y condiciones en que se ejercerá la facultad de supervisión auxiliar, previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Federación, y el reconocimiento de la Entidad para sujetarse a las medidas correctivas y mecanismos previstos en la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley, que instrumente la Federación. La Entidad no afiliada tendrá todas las obligaciones de las Entidades afiliadas inherentes a la supervisión auxiliar, incluyendo la de cubrir el costo de la supervisión auxiliar. Articulo 89. Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, las Entidades no afiliadas estarán sujetas a lo siguiente: I. Participar en un Fondo de Protección en términos del Título Tercero de esta Ley, o en su caso, a constituir un sistema de protección a ahorradores conforme a lo señalado en el último párrafo del artículo 105, y II. La Federación que las supervise de manera auxiliar podrá prestarles servicios complementarios a un costo que no podrá ser inferior al que corresponda a una Entidad afiliada. Sección Quinta De la Escisión, Fusión, Venta, Disolución y Liquidación Articulo 90. Para los efectos de esta Ley, se podrán utilizar los siguientes mecanismos: I. La escisión de la Entidad; II. La fusión de la Entidad; III. La venta de la Entidad, y IV. La disolución y liquidación de la Entidad, y el consecuente pago de los depósitos de dinero a sus ahorradores, en los términos de esta Ley. Artículo 91. El Comité Técnico dispondrá de un término que no excederá de ciento ochenta días naturales contados a partir de la aplicación de las medidas a que se refieren los artículos 75, 77 y 78, para determinar de entre los mecanismos señalados en el artículo 90, aquél que resulte en un menor costo para el Fondo de Protección. En este sentido, dicho Comité fijará los plazos que considere adecuados para dar cumplimiento a cada una de las acciones que formen parte del mecanismo seleccionado. La selección del mecanismo que se adopte deberá realizarse con base en un estudio técnico, elaborado por un auditor externo y aprobado por el Comité Técnico, que justifique la idoneidad de dicho mecanismo. Artículo 92. Para el caso de que el Comité Técnico determine como mecanismo a seguir, la escisión, fusión o venta de la Entidad, el Fondo de Protección podrá otorgar apoyos financieros tendientes a cubrir los costos derivados de la aplicación de los mecanismos adoptados. En ningún caso, en los documentos en que se implementen los actos necesarios para llevar a cabo la escisión, fusión o venta de la Entidad, podrá establecerse a cargo del Fondo de Protección, el pago de cantidades que excedan del importe que se tendría que cubrir por los depósitos de dinero de los ahorradores en términos del artículo 106 de esta Ley. Tales apoyos financieros deberán quedar garantizados con los títulos representativos del capital social de la Entidad, para lo cual la persona que tenga a su cargo la administración podrá efectuar la afectación en garantía correspondiente. La garantía a favor del Fondo de Protección se considerará de interés público y preferente a cualquier derecho constituido sobre los títulos y el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a los títulos representativos del capital social de la Entidad, corresponderán al Fondo de Protección. El producto que se derive del ejercicio de los derechos patrimoniales, será a favor del Fondo de Protección. Artículo 93. Si la Entidad requiere ser capitalizada para implementar los mecanismos de escisión, fusión o venta, el Fondo de Protección, en ejercicio de los derechos corporativos de los títulos representativos del capital social de las Entidades conforme al artículo 92, podrá efectuar las aportaciones de capital necesarias de acuerdo a lo siguiente: I. Deberá realizar los actos tendientes a aplicar las partidas positivas del capital contable de la Entidad a la absorción de pérdidas que tenga la misma; II. Efectuada la aplicación a que se refiere la fracción anterior, procederá a reducir el capital social y a realizar un aumento que suscribirá y pagará el Fondo de Protección, y III. Una vez hechas las aportaciones por parte del Fondo de Protección, éste deberá otorgar a los anteriores Socios el derecho a adquirir títulos representativos del capital social de la Entidad conforme a los porcentajes de que eran titulares hasta la fecha en que el propio Fondo de Protección haya suscrito y pagado los nuevos títulos, previo pago de la proporción de pérdidas que les corresponda. Para efectos de lo anterior, el Fondo de Protección publicará el aumento de capital que se realice. Los Socios a que se refiere la fracción III del artículo anterior, contarán con un plazo de treinta días hábiles a partir de la publicación mencionada, para adquirir del Fondo de Protección los títulos que correspondan. En beneficio del interés público, en los estatutos y en los títulos representativos del capital social de las Entidades, deberá preverse expresamente lo dispuesto en el artículo 92, así como el consentimiento de los Socios a las condiciones previstas en el mismo. Artículo 94. Para el caso de que el Comité Técnico determine como mecanismo a seguir la disolución y liquidación de la Entidad y el consecuente pago de los depósitos de dinero, los pasivos a cargo de la Entidad serán cubiertos de conformidad con lo señalado en el Capítulo IV de este Título. Artículo 95. Las Entidades se disolverán por las causas siguientes: I. Por el consentimiento de la asamblea de Socios; II. Porque el número de Socios llegue a ser inferior al mínimo que establece la ley aplicable; III. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto de la Entidad; IV. Porque se le revoque la autorización para operar; V. Por resolución del Comité Técnico en términos de esta Sección, y VI. Por resolución judicial. Artículo 96. La disolución, liquidación y en su caso concurso mercantil de las Entidades, se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable, según corresponda a su naturaleza jurídica, en lo que no se oponga a lo establecido por esta Ley, y por el Título Octavo, Capítulo 11 de la Ley de Concursos Mercantiles, con las excepciones siguientes: I. El Comité Técnico, será el encargado de adoptar las decisiones relativas a las facultades del liquidador y síndico. Dicho cargo podrá recaer en el interventor gerente, en caso de que la Entidad se encuentre intervenida por la Comisión, a partir de que la misma se encuentre en estado de liquidación o se declare el concurso mercantil, según se trate, o en quien el propio Comité Técnico decida; II. A partir de la fecha en que entre en liquidación una Entidad o se le declare en concurso mercantil, los pagos derivados de sus operaciones se suspenderán hasta en tanto el Comité Técnico citado resuelva lo conducente, y III. Podrán demandar la declaración de concurso mercantil de una Entidad, solicitando que inicie en la etapa de quiebra, el Comité Técnico o la Comisión en términos de las disposiciones aplicables. Artículo 97. A partir de la fecha en que se admita la demanda de concurso mercantil de alguna Entidad, en los términos del artículo 96 fracción III, ésta deberá suspender la realización de cualquier tipo de operaciones. El Comité Técnico del Fondo de Protección, será quien le solicite al juez la implementación de las medidas de apremio necesarias. Corresponderá al Comité Técnico proponer al juez la designación, remoción o sustitución, en su caso, del síndico del concurso mercantil de una Entidad. Las propuestas de enajenación que presente el síndico, con la aprobación del Comité Técnico, no podrán ser objetadas por la Entidad. Cuando se declare el concurso mercantil de una Entidad, el procedimiento se iniciará en todos los casos en la etapa de quiebra. Capítulo III De la Organización y Funcionamiento de las Confederaciones Artículo 98. Las Confederaciones, además de su objeto señalado en el artículo 49, tendrán las facultades de homologar las políticas de supervisión auxiliar de sus Federaciones afiliadas dentro de los términos de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen; dar seguimiento al cumplimiento de tales políticas, y supervisar a las Federaciones en la prestación de servicios distintos a la supervisión auxiliar. Las Confederaciones publicarán semestralmente en el Diario Oficial de la Federación, la lista de sus Federaciones afiliadas, con quienes deberán celebrar el contrato de afiliación respectivo. En dicho contrato se establecerá, entre otras estipulaciones, la conformidad por parte de la Federación con los términos en que se manejará el Fondo de Protección previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Confederación. Artículo 99. Las Confederaciones deberán contar con una asamblea general que será el órgano supremo de la Confederación, y estará integrada por los representantes de las Federaciones afiliadas. Las Confederaciones contarán además con los órganos señalados en el artículo 63, salvo por lo que se refiere al Comité de Supervisión, los cuales se regirán conforme a lo previsto en el mismo. Artículo 100. La asamblea general podrá estar integrada, a elección de las Federaciones afiliadas: I. Por un representante de cada Federación afiliada, o II. A través de un sistema de representación proporcional, en el que se asignará a cada Federación afiliada el número de votos que le correspondan, considerando el número de Entidades, Socios y/o sus activos totales. En ningún caso, una Federación podrá representar más del veinte por ciento del total de votos. Artículo 101. El consejo de administración de la Confederación estará integrado por consejeros electos por la asamblea general, cuyo número no será menor de cinco ni mayor de quince, quienes deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20. Los consejeros fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección. El presidente del consejo de administración tendrá voto de calidad en caso de empate. Dicho consejo de administración podrá estar conformado hasta en un treinta por ciento del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de una Entidad o Federación. Los consejeros tendrán la obligación de comunicar al presidente del consejo sobre cualquier situación en la que se pueda derivar un conflicto de interés y abstenerse de participar en la deliberación y resolución correspondiente. Artículo 102. El consejo de administración de la Confederación nombrará al gerente general, quien deberá cumplir los requisitos señalados en el artículo 66. Artículo 103. La vigilancia interna de la Confederación estará a cargo de un consejo de vigilancia y un contralor normativo, de un auditor interno o su equivalente, mismo que deberá determinarse en los estatutos de la Confederación correspondiente. Los miembros del consejo de vigilancia, el auditor interno o su equivalente, deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20. Artículo 104. Las Confederaciones deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, gerente general, miembros del consejo de vigilancia y el contralor normativo, del auditor interno o su equivalente, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que las citadas personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la integración de la documentación comprobatoria relativa. En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito a la Confederación de que se trate y bajo protesta de decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 21 de esta Ley. Las Confederaciones deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, gerente general, miembros del consejo de vigilancia y contralor normativo, del auditor interno o su equivalente, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación. Tratándose de consejeros, gerente general y miembros del consejo de vigilancia, incluyendo al contralor normativo, del auditor interno o su equivalente, la Comisión tendrá la facultad de veto. Capítulo IV Del Fondo de Protección Artículo 105. Las Entidades deberán participar en el sistema de protección a ahorradores denominado Fondo de Protección, que deberá constituirse por cada Confederación de conformidad con lo señalado en el artículo 107. Para tales efectos, las Entidades afiliadas a una Federación deberán participar en el Fondo de Protección constituido por la Confederación de la cual la Federación sea integrante. Las Federaciones que no formen parte de una Confederación, deberán convenir con alguna Confederación que sus Entidades afiliadas participen en su Fondo de Protección. La Comisión procederá en términos del artículo 37, con las Federaciones que no logren convenir lo anterior. Tratándose de Entidades no afiliadas, éstas deberán solicitar a alguna Confederación participar en su Fondo de Protección, y en caso de que ésta acepte, la Entidad deberá convenir con alguna Federación miembro de la Confederación respectiva la celebración de un contrato de supervisión auxiliar. Excepcionalmente y a juicio de la Comisión, las Entidades no afiliadas podrán establecer su propio Fondo de Protección, cumpliendo con los requisitos establecidos en las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión, el cual en ningún caso podrá brindar menores beneficios para los ahorradores que los previstos en el presente Capítulo. Artículo 106. El Fondo de Protección tendrá como fin primordial procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador, considerando el monto del principal y accesorios, hasta por una cantidad equivalente a cuatro mil, seis mil, ocho mil y diez mil unidades de inversión para los Niveles de Operaciones I, II, III y IV, respectivamente, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Entidad, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil. Asimismo, tendrá como fin otorgar apoyo financiero a las Entidades que se ubiquen en los supuestos señalados en el artículo 92, siempre y cuando esta opción se considere razonablemente menos costosa que el pago de los depósitos de dinero de los ahorradores. Excepcionalmente, el Fondo de Protección podrá otorgar apoyos preventivos de liquidez a las Entidades que participen en el mismo, siempre y cuando se cuente para ello con: I. Que la Entidad esté cumpliendo, o haya cumplido con las medidas correctivas que la Federación le haya impuesto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de esta Ley; II. Un estudio técnico elaborado por auditor externo y aprobado por el Comité Técnico, que justifique la viabilidad de la Entidad, la idoneidad del apoyo y que resulte en un menor costo para el Fondo; III. Un programa de restauración de capital, y IV. El otorgamiento de garantías a satisfacción del Fondo de Protección. La suma de los montos de los apoyos preventivos de liquidez que otorgue el Fondo de Protección, en ningún momento podrá exceder del quince por ciento del patrimonio de dicho Fondo. Una vez cubierto el pago por parte de la Entidad de los apoyos otorgados, el Comité Técnico podrá levantar las medidas que le hayan sido impuestas a la Entidad, de conformidad con lo establecido en el programa de restauración de capital. Las Entidades tendrán la obligación de informar a sus Socios, Clientes, así como al público en general, sobre los términos y condiciones del Fondo de Protección en el que participen . Artículo 107. Cada Confederación deberá constituir un fideicomiso de administración y garantía, en cuyo contrato deberá señalarse como fideicomitente a la Confederación de que se trate, como fideicomitentes por adhesión a las Entidades que participen en el Fondo respectivo y como fiduciaria a alguna institución de crédito. De igual forma, deberá preverse la existencia de un Comité Técnico que tendrá las facultades que se establecen en el artículo 111 de esta Ley, correspondiéndole además la adopción de las medidas tendientes a la administración y destino de los recursos existentes en el Fondo de Protección para el evento de que fuera revocada la autorización de la Confederación respectiva. Artículo 108. El Fondo de Protección se constituirá e integrará con las aportaciones mensuales que deberán cubrir las Entidades por este concepto a la Confederación correspondiente, mismas que se determinarán tomando en consideración el Nivel de Operaciones que podrá efectuar cada Entidad. Dichas aportaciones serán de entre 1 y 3 al millar anual sobre el monto de pasivos de la Entidad que sean objeto de protección conforme a lo dispuesto por el articulo 106 de esta Ley. El rango dentro del cual se ubicarán las aportaciones y la forma para calcular y pagar mensualmente la aportación respectiva, serán determinados por la Comisión a través de reglas de carácter general. Los recursos que integren el Fondo de Protección, deberán invertirse en valores gubernamentales de amplia liquidez o en títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, cuyas características específicas preserven cuando menos, su valor adquisitivo conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad con lo que determine la Comisión a través de reglas de carácter general. Las Federaciones respectivas deberán entregar al Comité Técnico la información que éste requiera para determinar las aportaciones, de conformidad con el artículo 111, fracción 1, de esta Ley. El Comité Técnico podrá acordar la suspensión temporal del pago de las aportaciones al Fondo de Protección, cuando los recursos que integren el mismo representen cuando menos el cinco por ciento del total de depósitos de dinero de todas las Entidades que estén protegidos por dicho Fondo. Artículo 109. En el contrato de fideicomiso respectivo deberá preverse que para el cumplimiento de sus fines, el fiduciario tendrá, sin perjuicio de las demás atribuciones y obligaciones que las leyes le establecen, las siguientes: I. Pagar hasta donde alcancen los recursos del Fondo, en forma subsidiaria, los depósitos de dinero a cargo de las Entidades, con los límites y condiciones a que se refiere esta Ley y los que se establezcan en las disposiciones de carácter general que emita la Comisión y en el propio contrato de fideicomiso; II. Absorber los costos que se deriven de la aplicación de alguno de los mecanismos dispuestos en el artículo 90; III. Realizar las operaciones y contratos de carácter mercantil o civil que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Fideicomiso; IV. Coordinar, y en su caso, participar en procesos de fusión, escisión, venta, disolución y liquidación de las Entidades; V. Comunicar a la Comisión y a la Federación respectiva las irregularidades que por razón de sus competencias les corresponda conocer, VI. Otorgar financiamiento a las Entidades en los términos de esta Ley, como parte de los apoyos de liquidez a que se refiere el artículo 106; y VII. Las demás que ésta y otras leyes prevean para el cumplimiento de su objeto. Artículo 110. El Comité Técnico deberá estar integrado por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, que serán designados por el consejo de administración de la Confederación y aprobados por la asamblea general de la misma. Las Entidades podrán estar representadas en dicho Comité Técnico hasta por un máximo de tres miembros, cada uno debiendo representar a Entidades distintas. El nombramiento de los miembros del Comité Técnico sólo podrá recaer en personas que reúnan los requisitos que fije la Comisión mediante reglas de carácter general. Artículo 111. El Comité Técnico tendrá las siguientes facultades: I. Calcular mensualmente el monto de las aportaciones que se pagarán para la constitución e integración del Fondo de Protección; II. Instruir al fiduciario, sobre los valores gubernamentales de amplia liquidez o los títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, en los que deberá invertir los recursos del Fideicomiso en términos del artículo 108, segundo párrafo; III. Evaluar periódicamente los aspectos operativos del Fideicomiso; IV. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda el fiduciario sobre el manejo del patrimonio fideicomitido; V. Hacer públicas las bases conforme a las cuales se procederá a pagar a los ahorradores, en los casos en que sea procedente dicho pago; VI. Nombrar a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad en sustitución del consejo de administración y del director o gerente general en el supuesto previsto en los artículos 75 y 77, quienes deberán cumplir con los requisitos que se refieren los artículos 20 y 23, respectivamente; VII. Aprobar los casos en que proceda otorgar apoyos financieros a las Entidades en los términos del artículo 92 y 106; VIII. Seleccionar alguno de los mecanismos a que se refiere la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley, que corresponda en su caso a la Entidad; IX. Determinar la forma y términos en que se ejercerán en su caso, los derechos corporativos y patrimoniales inherentes a los títulos a que se refiere el artículo 92; X. Proponer o designar, en su caso, al liquidador o síndico, en caso de que una Entidad se encuentre en estado de liquidación o concurso mercantil, y XI; Las demás que ésta y otras leyes prevean para el cumplimiento de su objeto, así como las que se prevean en el contrato constitutivo del Fondo. Artículo 112. Cuando alguna Entidad no cumpla en tiempo y forma con las aportaciones fijadas por el Comité Técnico del Fondo, deberá pagar los intereses moratorios que se establezcan en el contrato de fideicomiso correspondiente. Para el cálculo de los intereses señalados, se deberá considerar por lo menos el interés que hubiesen generado las aportaciones no pagadas si se hubiesen aportado al Fondo de Protección. Artículo 113. Las Confederaciones, deberán informar mensualmente a la Comisión y a los ahorradores mediante avisos colocados en un lugar visible de las sucursales de las Entidades, sobre el estado que guarde el Fondo de Protección cuya vigilancia les haya sido encomendada, así como de los pagos que se hayan tenido que efectuar con arreglo a este Capítulo. Artículo 114. El Comité Técnico del Fondo podrá solicitar al Comité de Supervisión de la Federación que realice las visitas de inspección necesarias, a efecto de constatar la situación financiera, contable y legal de la o las Entidades participantes en los mecanismos a que se refiere el artículo 90. Artículo 115. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106, se considerará el principal y los accesorios del depósito de dinero en cuestión que no hubieren sido pagados, independientemente de las tasas de interés pactadas para los depósitos de dinero a cargo de la Entidad, y descontando el saldo insoluto de los créditos con respecto de los cuales sea titular el ahorrador. El monto a ser pagado a cada depositante de acuerdo a lo establecido en este Capítulo quedará fijado en unidades de inversión a partir de la fecha en que se declare la disolución y liquidación de la Entidad o se decrete su concurso mercantil. El pago de los depósitos se realizará en moneda nacional, por lo que la conversión del monto denominado en unidades de inversión se efectuará utilizando el valor vigente de la citada unidad en la fecha en que se cubra el pago correspondiente. En caso de que un ahorrador tenga más de una cuenta en una misma Entidad y la suma de los saldos de éstas excediera la cantidad señalada en el artículo 106, el Fondo de Protección únicamente procurará cubrir dicho monto de cobertura, dividiéndolo a prorrata entre el número de cuentas. La forma y términos en que se cubrirán las cantidades que correspondan se establecerán en las reglas de carácter general que al efecto emita la Comisión. TITULO CUARTO DE LA REGULACION PRUDENCIAL Y DE LA CONTABILIDAD Capítulo I De la Regulación Prudencial Artículo 116. La Comisión emitirá lineamientos mínimos de regulación prudencial a los que deberán sujetarse las Entidades, en temas tales como provisionamiento de cartera, coeficientes de liquidez, las inversiones en obras de beneficio mayoritario, administración integral de riesgos, controles internos, procesos crediticios, mejores prácticas financieras y aquellos otros que juzgue convenientes para proveer a la solvencia financiera y la adecuada operación de las Entidades. También emitirá reglas relativas al capital mínimo que deberán mantener las Entidades, así como los requerimientos de capitalización aplicables en función de los riesgos de crédito y, en su caso, de mercado en que incurran las Entidades. Asimismo la Comisión también estará facultada para establecer las bases sobre las cuales deberán invertirse los excedentes de captación que tengan las Entidades del Nivel de Operaciones IV, así como para determinar la parte de los pasivos que deberá estar invertida en depósitos de efectivo, en valores de amplio mercado o en ambos tipos de Inversiones. Las Federaciones y Confederaciones deberán considerar como mínimo dichos lineamientos y reglas al momento de establecer las reglas prudenciales a que deberán sujetarse sus afiliadas y en su caso, las no afiliadas. Capitulo II De la Contabilidad Artículo 117. Todo acto o contrato que signifique variación en el activo, en el pasivo, en resultados o capital de una Entidad, o implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en la contabilidad. La contabilidad, los libros, y demás documentos correspondientes, así como el plazo que deberán conservarse se regirán por las reglas de carácter prudencial que al efecto expida la Comisión. Las Entidades podrán microfilmar o grabar en cualquier medio que les autorice la Comisión, todos aquellos libros, registros y documentos en general que obren en su poder relacionados con los actos de la propia Entidad, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación o grabación, su manejo y conservación establezca la Comisión. Los negativos originales de cámara o las imágenes grabadas por cualquier otro medio autorizado por la Comisión, obtenidos de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, así como las impresiones obtenidas de dichos sistemas o medios, debidamente certificadas por el funcionario autorizado de la Entidad, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados o conservados a través de cualquier otro medio autorizado. Artículo 118. La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, quedará facultada para establecer la forma y los términos en que las Entidades deberán presentar y, en su caso, publicar sus estados financieros. La formulación y difusión de tales estados financieros será bajo la responsabilidad del consejo de administración de las Entidades, quien deberá cuidar que éstos revelen la verdadera situación financiera de la Entidad, y quedará sujeto a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esa situación. Dichos estados financieros deberán ser presentados a la Federación que la supervise de manera auxiliar, junto con la información que dicha Federación les solicite al respecto, con la anticipación que determine la Comisión en reglas de carácter general. La Federación, o en su caso la Comisión, podrán ordenar que se publiquen las correcciones a los estados financieros que considere necesarias dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución o del acuerdo correspondiente. Artículo 119. Los estados financieros anuales de las Entidades deberán ser dictaminados a su costa por un auditor externo independiente, quien será designado por la Entidad supervisada. El Comité de Supervisión tendrá la facultad de veto respecto a la designación efectuada. La Comisión en disposiciones de carácter general podrá eximir de dicho dictamen a las Entidades que tengan asignado los Niveles de Operaciones I y II. El mencionado auditor, deberá comunicar a la Federación sobre los informes y demás elementos de juicio en los que sustente sus dictámenes. Si durante o como resultado de la auditoría, se encontraren irregularidades que afecten la estabilidad y solvencia de las Entidades, el auditor estará obligado a comunicar dicha situación a la Comisión y al Comité de Supervisión de la Federación. La propia Comisión mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer las características y requisitos que deberán cumplir los auditores externos, así como el alcance mínimo de sus dictámenes. TITULO QUINTO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES Capítulo Unico Artículo 120. La Comisión tendrá además de las facultades que se le atribuyen en otros artículos de esta Ley, las que se señalan en este Capítulo. Las Entidades, Federaciones y Confederaciones, deberán proporcionar a la Comisión toda la información que ésta les requiera para el adecuado cumplimiento de su tarea de supervisión. Asimismo, la Comisión deberá solicitar la opinión de la Secretaría en relación con las disposiciones que aquélla emita en materia de créditos con partes relacionadas y requerimientos de capitalización; y del Banco de México, en materia de coeficientes de liquidez y operaciones en moneda extranjera. Asimismo, cuando para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley, lo estime conveniente podrá solicitar la opinión de las mismas. Artículo 121. La documentación que utilicen las Entidades, Federaciones y Confederaciones relacionada con su objeto, deberá sujetarse a las disposiciones de esta Ley, las que emanen de ella y las demás que le sean aplicables. La Comisión podrá objetar en todo tiempo la utilización de la mencionada documentación, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, oscuridad o por cualquier otra circunstancia que pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios. La Comisión podrá ordenar la suspensión de publicidad que realicen los sujetos de esta Ley, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, oscuridad o competencia desleal entre las mismas, o que por cualquier otra circunstancia pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios. Artículo 122. La Comisión podrá en todo tiempo acordar que se proceda a la remoción, de los miembros del consejo de administración, directores o gerentes generales, miembros del consejo de vigilancia o comisario, contralor normativo, miembros del Comité de supervisión, directores, gerentes o quienes ejerzan sus funciones en los términos de esta Ley, así como las demás personas que con sus actos puedan obligar a las Federaciones y Confederaciones, cuando considere que tales personas no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley y a las disposiciones de carácter general que de ella deriven. La propia Comisión podrá además, con acuerdo de su Junta de Gobierno, en el último supuesto señalado en el párrafo anterior, inhabilitar a las personas citadas para desempeñar un empleo, cargo, mandato o comisión en cualquiera de las Entidades u Organismos de Integración sujetos a esta Ley, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables. Para imponer la inhabilitación la Comisión deberá tomar en cuenta: I. La gravedad de la infracción y la conveniencia de evitar estas prácticas; II. El nivel jerárquico, los antecedentes, la antigüedad y las condiciones del infractor; III. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivados de la infracción, y IV. La reincidencia. Para la amonestación, suspensión, remoción, veto e inhabilitación, la Comisión deberá oír previamente al interesado y al representante de la Entidad, Federación o Confederación, según se trate. Las resoluciones de la Comisión a que se refiere este artículo podrán ser recurridas ante la Secretaría dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que la misma se hubiere notificado. La Secretaría podrá revocar, modificar o confirmar, la resolución recurrida, con audiencia de las partes. Articulo 123. En los términos de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y de la Comisión, celebrará convenios con las Entidades Federativas, a efecto de que éstas ejerzan las funciones que se acuerde para el cumplimiento de esta Ley. Artículo 124. La Secretaría dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las Entidades, actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, incluyendo la obligación de dichas Entidades de presentar a esa Secretaría, reportes sobre las operaciones y servicios que realicen con sus Socios o Clientes, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan. Dichas disposiciones deberán considerar, entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de los Socios o Clientes, de las operaciones y servicios de las Entidades mencionadas, que tomen en cuenta sus condiciones específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones y los instrumentos monetarios con que las realicen, y su relación con las actividades de los Socios o Clientes; las plazas en que operen, y los usos y prácticas prevalecientes en el mercado; la debida y oportuna capacitación de su personal; y medidas especificas de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias Entidades. El cumplimiento de la obligación de presentar reportes previstos en tales disposiciones, no implicará transgresión a lo establecido en el artículo 34 de esta Ley. Las disposiciones señaladas deberán ser observadas oportunamente por los miembros de los consejos de administración, consejos de vigilancia o comisarios, del Comité de Supervisión, auditores externos, funcionarios y empleados de las Entidades. La violación de las mismas, será sancionada por la Comisión de conformidad con lo establecido en el presente Título. Tanto los servidores públicos de la Secretaría y de la Comisión, como los miembros de los consejos de administración, consejos de vigilancia o comisarios, del Comité de Supervisión, auditores externos, funcionarios y empleados de las Entidades y, en su caso, de los Organismos de Integración, deberán abstenerse de dar noticia o información de las operaciones previstas en el presente artículo, a personas, Dependencias o Entidades distintas de las autoridades competentes expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes. TITULO SEXTO DE LAS SANCIONES, PENAS CONVENCIONALES Y DELITOS Capítulo I De las Sanciones y Penas Convencionales off Artículo 125. El incumplimiento o la violación a las normas de la presente Ley y a las disposiciones que emanen de ella, serán sancionados con multa que impondrá administrativamente la Comisión y se hará efectiva por la Secretaría. Corresponderá a la Junta de Gobierno de la Comisión la imposición de sanciones, la que podrá delegar esta atribución en el presidente y los demás servidores públicos de la misma, en razón de la naturaleza de la infracción o del monto de las multas y tendrá asimismo la facultad indelegable de condonar, en su caso, total o parcialmente las multas impuestas. Para efectos de las multas establecidas en el presente Capítulo se entenderá por días de salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. En caso de reincidencia, se podrá aplicar multa equivalente al doble de la establecida para esa infracción. Las Federaciones en su reglamento interior a que se refiere el artículo 55, establecerán penas convencionales a aplicarse a las Entidades afiliadas o sobre las que se ejerzan la función de supervisión auxiliar, en los términos estipulados con tales Entidades en el contrato respectivo. Dichas penas convencionales deberán ajustarse a los parámetros dispuestos en el presente Capítulo. A un solo acto u omisión de una Entidad no podrá aplicarse pena convencional y además las multas a que se refieren los artículos siguientes, por lo que las Federaciones y Comisión estarán coordinadas para el ejercicio de sus facultades. Artículo 126. Para la aplicación de las penas convencionales por parte de las Federaciones, así como de las multas previstas en este Capítulo, la Federación o, en su caso la Comisión, según se trate, deberán oír previamente al interesado y tomar en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones de esta Ley. Artículo 127. Las penas convencionales y multas deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. En caso de que el interesado promueva cualquier medio de defensa establecido, y la pena o multa resultare confirmada total o parcialmente, según lo que proceda, su importe deberá ser cubierto inmediatamente una vez notificado de la resolución correspondiente. Artículo 128. En contra de las multas impuestas por la Comisión procederá el recurso de revocación, mismo que deberá interponerse por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación y deberá agotarse antes de proceder por cualquier otro medio de impugnación. Este recurso deberá interponerse ante la Comisión. En el escrito de impugnación, deberán expresarse el acto impugnado y los agravios que el mismo cause, ofreciendo en caso de contar con ellas, las pruebas que se juzguen convenientes. Los actos y resoluciones de la Comisión podrán ser recurridos por los interesados, en los términos previstos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con excepción del Recurso de Revocación relativo a multas en el que será aplicable el Código Fiscal de la Federación, en su parte conducente. Artículo 129. Cuando no se expresen en el mencionado escrito el acto reclamado o los agravios causados, la autoridad competente podrá desechar por improcedente el recurso interpuesto. Si se omitieron las pruebas, se tendrán por no ofrecidas. La resolución del recurso de revocación podrá ser: desechar por improcedencia, confirmar o mandar reponerlo por uno nuevo que lo sustituya, o revocar el acto impugnado, y deberá ser emitida en un plazo que no exceda a cuarenta y cinco días hábiles posteriores a aquél en que se interpuso el recurso cuando deba ser resuelto por el presidente de la Comisión, ni de sesenta días hábiles cuando se trate de recursos competencia de la Junta de Gobierno. Lo dispuesto en este Capítulo, no excluye al infractor de la imposición de sanciones que conforme a ésta u otras leyes le fueren aplicables por la comisión de delitos. Artículo 130. El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, se sancionará con la imposición de las multas a que se refiere este Capítulo conforme a lo siguiente: I. De 100 a 500 días de salario a las Entidades y Federaciones que no cumplan con el pago de las aportaciones fijadas por la asamblea general de afiliadas de la Federación, y en su caso de la Confederación, para el sostenimiento de las mismas; II. De 100 a 500 días de salario a las Entidades que incumplan con los requerimientos, solicitudes de informes, acuerdos o resoluciones dictadas por la Federación, en el curso de los procedimientos de amigable composición y juicio arbitral de estricto derecho. En el caso del cumplimiento de resoluciones en amigable composición o en juicio arbitral, se entenderá que la Entidad incumple cuando transcurran quince días hábiles sin que hubiere ejecutado la resolución respectiva; III. De 200 a 500 días de salario a las Entidades y Federaciones que no presenten a tiempo sus informes o la información requerida, por las Federaciones o Confederaciones; IV. De 300 a 3,000 días de salario a las Entidades, Federaciones o Confederaciones que hagan caso omiso de los requerimientos de la Comisión o de la Secretaría a que se refiere esta Ley; V. De 500 a 2,000 días de salario a las Entidades que no cumplan con las aportaciones para cubrir el Fondo de Protección; VI. De 500 a 2,000 días de salario a las Entidades, Federaciones o Confederaciones que realicen publicidad engañosa o confusa; VII. De 500 a 3,000 días de salario a las Entidades que obstaculicen las facultades que esta Ley y otras disposiciones aplicables le confieren a la Secretaría o a la Comisión; VIII. De 500 a 4,000 días de salario a las Entidades que realicen operaciones prohibidas o distintas a las que les corresponden, de conformidad con el Nivel de Operaciones que le hubiera asignado la Comisión; IX. De 500 a 3,000 días de salario a las Entidades, Federaciones o Confederaciones que no cumplan con los servicios y operaciones que se hayan pactado con sus Socios o Clientes, Entidades o Federaciones, según sea el caso; X. De 500 a 4,000 días de salario a las Federaciones o Confederaciones que realicen actividades distintas a las de su objeto; XI. De 1,000 a 2,000 días de salario a las Entidades que no lleven su contabilidad de acuerdo con los términos fijados por la Comisión; XII. De 1,000 a 3,000 días de salario por el uso de las palabras a que se refiere el artículo 6° de esta Ley, en el nombre de personas morales y establecimientos distintos a los autorizados para ello conforme al mismo precepto, y XIII. De 1,000 a 3,000 días de salario a las Entidades, Federaciones y Confederaciones que no permitan las visitas de inspección de las Federaciones o de la Comisión, según se trate, o bien que obstruyan las labores de supervisión. Artículo 131. A las Federaciones que no cumplan con lo señalado en la presente Ley, se les impondrán las sanciones siguientes: 1. De 1,000 a 5,000 días de salario a las Federaciones que omitan aplicar a las Entidades las penas convencionales que correspondan en los términos del contrato respectivo; II. De 3,000 a 6,000 días de salario a las Federaciones que oculten u omitan informar a la autoridad de problemas de insolvencia o liquidez por parte de las Entidades; III. De 5,000 a 10,000 días de salario a las Federaciones que emitan dictamen favorable a favor de sociedades que no cumplen con los requisitos de esta Ley. La misma sanción se aplicará a las Confederaciones que afilien a Federaciones no autorizadas por la Comisión; IV. De 5,000 a 10,000 días de salario a las Federaciones que no presenten los informes periódicos que la Comisión establezca en las disposiciones de carácter general respecto de las Entidades que supervisa; V. De 5,000 a 10,000 días de salario a las Federaciones que no lleven a cabo las auditorías a los estados financieros de las Entidades en los términos señalados por esta Ley y las disposiciones que de ella emanen; VI. De l,000 a 5,000 días de salario al contralor normativo que no lleve a cabo las funciones de vigilancia conforme a lo que establece esta Ley; Igual sanción se impondrá a la Federación o Confederación que por cualquier medio impida que el contralor normativo realice sus funciones de conformidad a lo previsto en esta Ley, y VII. De l,000 a 5,000 días de salario al consejero independiente que actúe en las sesiones del consejo de administración en contravención a la presente Ley y a las disposiciones que emanen de ella. Artículo 132. Se sancionará con multa de 1,000 a 5,000 días de salario a los notarios, registradores, o corredores públicos que tramiten o inscriban actos que incluyan operaciones prohibidas por esta Ley, o bien autoricen la celebración de operaciones reguladas por esta Ley a personas distintas a las Entidades, Federaciones y Confederaciones. La misma multa se impondrá cuando las personas mencionadas con anterioridad, actúen sin que medie la autorización de la Comisión para los casos en que ésta sea necesaria. Capítulo II De los Delitos Artículo 133. Se impondrá pena de prisión de 2 a 10 años y multa hasta de 5,000 días de salario a los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones que causen un perjuicio económico a algún Socio o Cliente por haber dispuesto para sí o para otro de la información a la que tiene acceso. Quien cometa esta conducta será responsable de cubrir los daños y perjuicios que hubiere causado. Se impondrá hasta el doble de la pena antes señalada a los funcionarios antes mencionados o miembros del Comité Técnico que dispongan indebidamente para sí o para otro de los recursos que integran el Fondo y causen un perjuicio económico a los socios o clientes. Artículo 134. Se impondrá pena de prisión de 6 meses a 5 años y multa hasta de 2,000 días de salario: I. A las personas que con el objeto de obtener un crédito, proporcionen a una Entidad datos falsos sobre sus activos o pasivos; II. A los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades que conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos de algún integrante, autoricen u otorguen un crédito; III. A los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones, que falsifiquen o alteren los estados financieros de las Entidades, y IV. A los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades que hayan sido sancionados con anterioridad por no proporcionar los estados financieros o la información requerida por la Federación o por la Comisión para sus labores de supervisión y vigilancia; y vuelvan a cometer dicha conducta. La misma pena se aplicará a quienes proporcionen dolosamente información falsa, imprecisa o incompleta. Artículo 135. Se impondrá pena de prisión de 6 meses a 5 años y multa hasta de 2,000 días de salario a los funcionarios de las Entidades que otorguen créditos a personas físicas o morales cuya insolvencia sea conocida. La misma pena se impondrá a los funcionarios de las Entidades que renueven los créditos vencidos a los Socios o Clientes que se encuentren en estado de insolvencia. Artículo 136. Se impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y multa hasta de 1,000 días de salario a los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones que hayan sido beneficiados por su participación en el otorgamiento de créditos o que soliciten dinero o cualquier otra cosa para agilizar la tramitación o aprobación de algún crédito o servicio que se ofrezca. Artículo 137. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se entenderá que las Entidades y los Organismos de Integración forman parte del Sistema Financiero, por lo que serán aplicables a dichos sujetos las sanciones previstas en dicho artículo. Artículo 138. Se impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y multa hasta de 5,000 días de salario a la persona física o a los consejeros, funcionarios y administradores de las personas morales que capten recursos del público en contravención de lo dispuesto por el artículo 7°. de esta Ley. Este delito se perseguirá únicamente mediante querella. Para determinar la comisión de este delito, la autoridad competente podrá revisar la contabilidad y demás documentación de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral, a las operaciones mencionadas, en cuyo caso, ordenará la suspensión inmediata de operaciones y procederá a la clausura de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral de que se trate. El procedimiento de inspección, suspensión de operaciones y clausura anterior es de interés público. Artículo 139. Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión con la pena establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los delitos previstos en el presente Capítulo, que: a) Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito; b) Permitan a los funcionarios o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones, alteren o modifiquen registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito; c) Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse informar a sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito; d) Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito, o e) Inciten u ordenen no presentar la petición correspondiente, a quien esté facultado para ello. ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 5°, párrafos primero, tercero y quinto; 7°, párrafo primero; 8°, párrafo primero; 40, último párrafo; 45 Bis3, párrafo primero; 51; 53 párrafo sexto, y se DEROGAN la fracción III del artículo 3°; el párrafo segundo del artículo 6°; los artículos 38A a 38Q; la fracción VII del artículo 40; el párrafo segundo del artículo 78, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como sigue: Artículo 3°...... I a II...... III. (Se deroga) IV a VI...... Artículo 5°. Se requerirá autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la constitución y operación de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de uniones de crédito. Tratándose de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchará la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México. Sólo las sociedades que gocen de autorización en los términos de esta Ley, podrán operar como almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito y empresas de factoraje financiero. Articulo 6°. ....... Segundo párrafo. (Se deroga) Artículo 7°. Las palabras organización auxiliar del crédito, almacén general de depósito, arrendadora financiera, unión de crédito, empresa de factoraje financiero, casa de cambio u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, sólo podrán ser usadas en la denominación de organizaciones auxiliares del crédito o de las sociedades que se dediquen a actividades auxiliares del crédito, a las que haya sido otorgada la autorización, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. Artículo 8°. Las sociedades que se autoricen para operar como organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, deberán constituirse en forma de sociedad anónima, organizadas con arreglo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes disposiciones que son de aplicación especial: I a XII. ....... Artículo 38-A. (Se deroga) Artículo 38-B. (Se deroga) Artículo 38-C. (Se deroga) Artículo 38-D. (Se deroga) Artículo 38-E. (Se deroga) Artículo 38-F. (Se deroga) Artículo 38-G. (Se deroga) Artículo 38-H. (Se deroga) Artículo 38-I (Se deroga) Artículo 38-J. (Se deroga) Artículo 38-K. (Se deroga) Artículo 38-L. (Se deroga) Artículo 38-N. (Se deroga) Artículo 38-O. (Se deroga) Artículo 38-P. (Se deroga) Artículo 38-Q. (Se deroga) Artículo 40. ........ I a VI. ...... VII. (Se deroga) VIII a XVII. .......... Las actividades a que se refieren las fracciones IX a XIII de este artículo, se efectuarán por medio de departamento especial. Artículo 45 Bis3. Para constituirse y operar como Filial se requiere autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y del Banco de México tratándose de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y casas de cambio, o autorización de la Comisión Nacional Bancaria cuando se trate de Uniones de Crédito. Por su naturaleza estas autorizaciones serán intransmisibles. Artículo 51. Las organizaciones auxiliares del crédito, sólo podrán descontar su cartera con o sin su responsabilidad, en instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico y organizaciones auxiliares del crédito del mismo tipo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar excepciones a esta disposición, oyendo a la Comisión Nacional Bancaria y al Banco de México. Artículo 53. ......... Las organizaciones auxiliares del crédito no podrán pagar los dividendos decretados por sus asambleas generales de accionistas, antes de dar por concluida la revisión de los estados financieros por la Comisión Nacional Bancaria. Sin embargo, dicho organismo, discrecionalmente, podrá autorizar el reparto parcial de dichos dividendos, en vista de la información y documentación que se le presenten. Artículo 78. ........... I a X. ............ Segundo párrafo (Se deroga) ARTICULO TERCERO. Se REFORMAN los artículos 26 y 33; y se DEROGA el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue: Artículo 26. Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda. Artículo 33. Las sociedades cooperativas que tengan por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo se regirán por esta Ley, así como por lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Artículo 87. (Se deroga) TRANSITORIOS PRIMERO. El artículo Primero del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo señalado en los artículos Transitorios siguientes. El artículo Segundo del presente Decreto entrará en vigor a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El artículo Tercero del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción del artículo 26 contenido en el mismo, el cual entrará en vigor a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito y las Sociedades Cooperativas que tengan intención de sujetarse a los términos establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, deberán registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un término no mayor a seis meses contados a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, manifestando al efecto su nombre, denominación, domicilio, número de socios y demás datos que sobre su actividad solicite dicho organismo. TERCERO. Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro, así como las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y aquéllas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo, constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, contarán con un plazo de dos años a partir de la fecha que establece el primer párrafo del artículo PRIMERO Transitorio anterior para solicitar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como Entidad, sujetándose a lo dispuesto por el artículo OCTAVO Transitorio y debiendo obtener el dictamen favorable de alguna Federación, con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Concluido el plazo anterior, las sociedades y las Uniones de Crédito que no hubieren obtenido la autorización referida deberán abstenerse de captar recursos, en caso contrario se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables. CUARTO. Las Sociedades de Ahorro y Préstamo y las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro continuarán sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo establecido en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, hasta en tanto no se sujeten a lo señalado en el artículo TERCERO Transitorio. QUINTO. Los Organismos de Integración que sean autorizados conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la misma, contarán con un plazo de dos años a partir de su autorización, para cumplir con el número mínimo de diez Entidades y cinco Federaciones afiliadas, en términos del artículo 53 de la misma ley, según se trate. SEXTO. Sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5° de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el Gobierno Federal podrá entregar recursos a los Fondos de Protección conforme se integren las Entidades a los mismos y en función del monto de los ahorradores de las Entidades. Dicha aportación será por única vez y a través de los mecanismos que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los recursos a que hace referencia el párrafo anterior, no serán aplicables a las Entidades señaladas en el quinto párrafo del artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. SÉPTIMO. Las Entidades autorizadas en los primeros dos años a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección, siempre y cuando hayan realizado aportaciones durante un plazo de 2 años. Respecto de aquéllas que se constituyan con posterioridad a los dos primeros años de entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección a partir del cuarto año siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Lo dispuesto en este artículo deberá incluirse en el contrato de fideicomiso de los Fondos de Protección. Las Entidades deberán informar a sus Socios, Clientes y al público en general la fecha a partir de la cual iniciará la vigencia del sistema del Fondo de Protección respectivo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. OCTAVO. Para efectos de la fracción I del artículo 53 de la misma Ley, las Federaciones que soliciten su autorización dentro de un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, deberán presentar los documentos en que, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se manifieste la intención de cuando menos diez sociedades que cumplan con los requisitos del artículo 10°, con excepción de las fracciones II y IX, para afiliarse a dicha Federación. NOVENO. A partir de la fecha de inicio de vigencia establecida en el primer párrafo del artículo PRIMERO Transitorio, las Federaciones autorizadas administrarán de forma provisional los Fondos de Protección, hasta que dichas Federaciones formen parte de alguna Confederación autorizada o convengan con alguna de ellas el traspaso de los recursos que integran dichos fondos en los términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Concluido un plazo de dos años a partir del inicio de vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las Federaciones que no se encuentren en los supuestos contemplados en el párrafo anterior, podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una prórroga que no podrá exceder de dos años para continuar administrando el Fondo de Protección de sus Entidades, de lo contrario se ubicarán en la causal de revocación prevista por la fracción IX del artículo 60 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. En este último caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con arreglo a las disposiciones de carácter general que emita al efecto, determinará el destino de los recursos que integran los Fondos de Protección respectivos. DÉCIMO. Al momento de instalarse el primer consejo de administración de una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo conforme a los términos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se determinarán por insaculación a los consejeros electos por la asamblea que fungirán en su encargo únicamente durante la primera mitad del periodo de duración determinado por la Entidad, a fin de proceder en periodos subsecuentes a la renovación por mitad del consejo de administración. Cuando el número de integrantes sea impar, se elegirá por insaculación durante la instalación del consejo de administración, al miembro excedente que formará parte de la primera mitad, a fin de proceder en periodos subsecuentes a la renovación parcial del mismo. En el caso del consejo de vigilancia, se procederá de la misma forma. DÉCIMO PRIMERO. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 65 y 101 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se establecerá un periodo de transición a efecto de que los Organismos de Integración se ajusten al mismo, conforme a lo siguiente: I. Durante los dos primeros años a partir de que obtengan el dictamen favorable, su consejo de administración podrá estar conformado hasta en un setenta y cinco por ciento del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de la Entidad, Federación o Confederación, según sea el caso, y II. A partir del segundo año y hasta el final del tercer año, dicho porcentaje se reducirá hasta un cincuenta por ciento y a partir del cuarto año este porcentaje podrá ser hasta de un treinta por ciento. DÉCIMO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomará las medidas pertinentes y proveerá lo necesario en términos de las disposiciones aplicables, para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros estén en posibilidad de cumplir con las funciones conferidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. DÉCIMO TERCERO. Las solicitudes de autorización presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para constituir y operar Sociedades de Ahorro y Préstamo, y que no hayan sido resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se entenderán resueltas en sentido negativo, por lo que los interesados correspondientes podrán iniciar el procedimiento para obtener la autorización a que se refiere el artículo 9°. de la misma Ley. Las solicitudes a que hace referencia el párrafo anterior serán devueltas a los interesados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de un plazo que no excederá de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. DÉCIMO CUARTO. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de ciento ochenta días naturales para emitir la resolución a que se refiere el artículo 9 de la Ley citada, respecto de las solicitudes de autorización para operar como Entidad que le sean remitidas por las Federaciones. DÉCIMO QUINTO. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la publicación de este Decreto para emitir todas las reglas y disposiciones de carácter general que deban ser formuladas según se señala en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. DÉCIMO SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.