El diputado Humberto Pedrero Moreno: Gracias, presidente. México se ha comprometido en numerosos tratados internacionales al legislar en favor de los grupos vulnerables. Prueba de ello fue la expedición de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas, que entre sus fines destacan proteger el desarrollo armónico de las facultades y aptitudes de las personas de la tercera edad, garantizando a su vez el respeto a la dignidad, la salud, la educación, la alimentación, el trabajo, a la familia, a la participación en la vida cultural y el deporte. La Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, realizada por el Inegi, identificó con el 37 por ciento a la discriminación como el principal problema que enfrentan las personas mayores a 60 años y, en segundo término, con 31 por ciento el abandono y el maltrato. Estas situaciones de vulnerabilidad demandan una atención inmediata, las circunstancias se complican aún más cuando se trata de adultos mayores que se encuentran recluidos por estar cumpliendo una pena privativa de la libertad. Una encuesta sobre personas mayores en reclusión penitenciaria que realizó en el 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encontró que hay una población total de 6 mil 334 ancianos en los 32 estados del país, víctimas de condiciones infrahumanas quienes enfrentan violaciones a sus derechos humanos, negligencias y abandono institucional. Las graves condiciones que padecen los adultos mayores en las cárceles del país confirman las carencias en las que se encuentran los ancianos presos en materia de salud, alimentación y estancia digna de acuerdo a su edad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, destaca la disminución en los últimos años el porcentaje de personas que se encuentran entre 60 y 66 años y el incremento exponencial de los que tienen más de 66 años. Además, esta población representa el 4.1 por ciento de los reclusos del país. En general, por lo avanzado de su edad y por los años pendientes para terminar su condena, es altamente probable que no logren pasar mucho tiempo en libertad en lo que les queda de vida, por lo que es obligación del Estado garantizarles las condiciones necesarias para llevar una vida digna durante su condena. Debemos recordar que el derecho a la protección de la salud se extiende a absolutamente todos los mexicanos y que centros penitenciarios deben regirse en estricto apego al derecho de los derechos humanos de los reclusos, cuyo objetivo debe ser una buena preparación para que puedan reintegrarse a la sociedad como personas productivas, garantizándoles en todos los casos las condiciones necesarias para pagar la deuda social de la manera más humanamente posible. Además, de acuerdo a los datos del Inegi, de 2010 a 2017, el número de centros penitenciarios se ha disminuido en 12 por ciento, mientras que el número de reclusos se ha disminuido únicamente en 1.5 por ciento, esto representa un reto adicional para las condiciones de vida de los reclusos por la sobrepoblación que se vive en estos lugares. Establecer como obligación que todas las cárceles del país lleven un registro de adultos mayores que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, permitirá a las autoridades implementar políticas públicas que garanticen el pleno respeto de sus derechos. Las condiciones de desventaja por las necesidades de atención que demandan estos adultos mayores, requieren que sean atendidas de manera urgente para que tengan las mismas condiciones y garantías que el resto de las personas en reclusión. Por esta razón votaremos en favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.