La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la delincuencia tiende a ampliarse cobrando más fuerza y volviéndose más compleja; debido a esto, cada vez más es una amenaza contra los pueblos y un obstáculo para el desarrollo democrático y socioeconómico de los países. Sin embargo, los acuerdos alcanzados en la Cámara de Diputados no representan una transformación del modelo de seguridad reactivo y punitivo que ha fracasado en 15 años ni son una solución definitiva al problema. El día de hoy acudimos a esta tribuna ejerciendo nuestras labores legislativas, presionadas mediáticamente por el plazo de los 100 días señalados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad y Justicia y Legalidad, presentando a la opinión pública un dictamen que permitirá al Congreso de la Unión expedir leyes generales en materia de delincuencia organizada y secuestro, sin que ello implique un cambio sustantivo y trascendental en las políticas públicas, que nos permitan combatir de manera frontal la delincuencia en nuestro país. La solución al problema del secuestro y de la delincuencia organizada no se encuentra en la forma de su tipo penal sino en los hechos que hacen las autoridades para prevenir, disminuir y erradicar estos ilícitos. Por ello la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, constituye un acto para avanzar hacia la armonización legislativa en materia de secuestro y delincuencia organizada. En este orden de ideas resulta trascendental facultar al Congreso de la Unión, para expedir leyes que le permitan distribuir las competencias y disposiciones relativas a la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos, así como unificar a en todos los códigos penales las penas del secuestro y propiciar una mejor cooperación interna entre las entidades federativas, con el fin de mantener una eficacia total en las investigaciones a lo largo de todo el territorio nacional. En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no escapa el espíritu bondadoso que dio origen a esta reforma. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que con la redacción propuesta quedan fuera las políticas de prevención de estos delitos. Por ello, desde esta tribuna seguiremos insistiendo en que la mejor manera de combatir el delito es una adecuada prevención que ataque las causas que originan la delincuencia y no más cárceles o más tipos penales. Asimismo la reforma del artículo 73, fracción XXI, no toma en cuenta el régimen de excepción en materia de delincuencia organizada, establecido en la reforma constitucional publicada en junio de 2008 y que a consecuencia de esta omisión las entidades federativas no podrían cumplirlo en su totalidad; ya que, por ejemplo, sería oneroso establecer centros especiales de reclusión para miembros de la delincuencia organizada. La reforma constitucional que hoy estamos discutiendo, implica que las instancias de procuración e impartición de justicia locales son quienes, en mayor medida, van a conocer de los procedimientos en materia de delincuencia organizada y de secuestro, con lo que el éxito o fracaso de la lucha contra el crimen organizado no será exclusiva de la federación, sino compartida con las entidades federativas y el Distrito Federal, delegando a las autoridades locales el problema más serio que tiene el gobierno federal. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quiere dejar en claro, que el voto a favor del dictamen, que se somete a votación en este momento, será en el marco de la inclusión del adéndum a las consideraciones del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, respecto a dos aspectos fundamentales: el respeto al pacto federal y la exclusión de los luchadores sociales del marco de las leyes generales del Secuestro y Delincuencia Organizada. Es el Estado en su conjunto quien debe responder con organización y unidad, con dinamismo y firmeza, con respeto escrupuloso a la ley, y respeto a los derechos fundamentales de los gobernados en esta lucha constante contra la delincuencia, por ello los integrantes de mi grupo parlamentario votará en lo general a favor del dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, constitucional. Pero no quiero dejar de señalar que precisamente este adéndum necesita ser contemplado en la reglamentación del mismo. No se trata de que solamente en la exposición de motivos se considere el respeto a la libertad de expresión y que no sea criminalizada la protesta social, o equiparada a la delincuencia organizada; necesitamos también el combate a la impunidad y que las normas abiertas que hoy se dejan, que no promueven además la justicia sino los excesos que se han cometido en diferentes momentos, con acciones de carácter social, de pelea por derechos fundamentales, ahora no se quieran discutir en una reforma reglamentaria. Por eso, estaremos al pendiente de esta próxima discusión sobre la Ley Reglamentaria de la Delincuencia Organizada, para que además el Ejecutivo federal haga valer que si en los diferentes informes que ha hecho llegar a esta legislatura, con respecto a los avances que se han tenido en los grupos de trabajo de detenciones arbitrarias, que reportó la Organización de las Naciones Unidas, ellos documentan que siguen trabajando sobre la incorporación, en el marco jurídico, de todo lo que implica que los derechos humanos sean reconocidos en el texto constitucional. Esto también ayudaría mucho a que esta no criminalización de la protesta social quedara incluida en la defensa de nuestros derechos sociales, en la propia Constitución. Es cuanto, diputado presidente.