La diputada María Rosete Sánchez: Gracias. Con la llegada del coronavirus, Covid-19, se alteró el modo de la vida de la población en todas sus vertientes, impactando prácticamente a todas las actividades del quehacer nacional, en especial la sanitaria y las económicas. Es un hecho que estas dos áreas, la sanitaria y la económica, eran y siguen siendo las debilidades que padecen millones de mexicanos, además de la inseguridad que se ha incrementado, además, de manera alarmante y se han vuelto más violentas como consecuencia de la mala administración, de las políticas públicas de los últimos años, del neoliberalismo descarrilado. La mala calidad de la salud y el bienestar no solo han deteriorado la vida de las familias, sino de la sociedad misma. Es de resaltar el manejo de las finanzas públicas que han llevado a cabo al Ejecutivo federal de la cuarta transformación para no recurrir a préstamos o ejercer créditos, empréstitos y formas del ejercicio del crédito público, que por muchos años nos han ahogado por no haber sido ejercidos y administrados correctamente. Sin embargo, el artículo 2o. se abre la posibilidad para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien pueda contratar alguno de estos instrumentos. Por lo tanto, es esencial que en caso de recurrir a los recursos monetarios que se necesiten, estos sean destinados al bienestar de la población para evitar la precarización y el deterioro de su calidad de vida, y no se priorice para utilizarlos en gasto corriente, al pago de compromisos del gobierno con acreedores nacionales o extranjero. Las áreas sanitarias, social y de infraestructura social son preponderantes y son las que requieren mayores recursos para su atención, por lo que es necesario cuidarlas y evitar que la deuda crezca a través de otros sectores como es Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias. Los montos de endeudamiento para estas empresas productivas del Estado deben ser menores, ya que se cuenta con la ventaja que las obras que tienen programadas deducen los gastos por emplear a personal de todos los niveles de las Fuerzas Armadas, que ya gozan de un salario. En caso de recurrir a créditos privados, que estos sean destinados para apoyo a los grupos más vulnerables, a los sectores que ayuden y fortalezcan la creación de empleos, y a obras de infraestructura social que detonen plazas de trabajo. Por lo que corresponde al artículo 3o, debido a que la Ciudad de México es la sede de los Poderes de la Unión, y concentra gran parte de la actividad económica del país, y de la población, junto con el área metropolitana, requiere de grandes recursos para evitar que llegue a colapsar por la enorme presión que representa. Por tal motivo, es necesario que ante los recursos limitados que recibirá para ser frente a sus problemas comunes, y ahora a los que se han sumado por la emergencia sanitara y el deterioro de la economía, la Ciudad de México necesita recursos extras que le permitan continuar con los compromisos sociales que tiene. Sin embargo, es necesario que estos se destinen primeramente al bienestar de la sociedad. Por ello, en caso de recurrir al financiamiento privado, este debe ser canalizado primeramente hacia la población, como un compromiso del Ejecutivo federal y de la cuarta transformación con todos los mexicanos. No vamos a desproteger a ningún sector de la sociedad. Todos son parte del engranaje para que funcione acertadamente la sociedad, es el fin de la reforma propuesta al artículo 12. Por tanto, ante la inminente posibilidad de la desaparición de los fideicomisos, es importante que los recursos de estos sigan siendo destinados para los fines que estaban previstos y no sean desviados a otras áreas. Solo en caso de que exista alguno, en que se haya realizado una evaluación profesional y se determine que no causará daño, entonces que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que lo redireccione, pero solo hacia las áreas sanitaria-social y de infraestructura social. Con respecto al artículo 22, es necesario continuar y reforzar la lucha contra la corrupción y falta de transparencia, sobre todo lo que corresponde a las áreas financieras y bancarias. Por ello, se propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancione con mayor severidad a las entidades financieras en las multas administrativas por el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades competentes. Las multas que se establecen en el artículo 22 son bajas, por lo que se corre el riesgo de que no logren inhibir la omisión y la comisión de faltas por parte de los entes financieros. Con estas reservas el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrenda su compromiso con los mexicanos y respalda las acciones que ha emprendido la cuarta transformación...