El diputado José Everardo Nava Gómez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en México el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental que el Estado mexicano debe garantizar en los términos y condiciones tuteladas por los artículos 1o., y 123 de nuestra ley fundamental, por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, así como de todos los instrumentos internacionales que en la materia nuestro país ha ratificado. A pesar de que el Estado mexicano cuenta con un sistema jurídico amplio en materia laboral, estamos conscientes que aún falta mucho que aportar a la ley, para lograr que nuestra ciudadanía pueda ejercer con plenitud y sin discriminación este derecho fundamental. Actualmente nuestro gobierno federal se encuentra impulsando diversas acciones y políticas públicas encaminadas a la generación de empleo para la población mexicana. De acuerdo a las cifras recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta el primer semestre del 2014 estiman un registro de 43 mil 295 nuevos trabajos formales generados, que además de traducirse a un incremento en el empleo del 3.5 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2013, representan el cuarto mayor crecimiento reportado durante los últimos 14 años. En el mismo sentido los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, también lucen favorables al indicar que en el mes de junio del 2014 el 58.45 por ciento de la población de 14 años y más en el país, es económicamente activa, cifra que es inferior a la observada en el mismo mes de 2013 cuando se ubicó en el 59.64 por ciento. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estimó que en el mes de mayo del 2014 México registró una tasa de desempleo del 5.1 por ciento, a la que calificaron como la menor al promedio de los 34 países que integran a dicho organismo, manteniéndose estable en 7.4 por ciento, que lo colocaron en el cuarto sitio entre los países de este organismo con las tasas más bajas de desempleo, después de Japón con 3.5 por ciento; Corea con 3.7 por ciento; Austria con 4.7 por ciento; Alemania, Islandia y México con 5.1 por ciento. Estas cifras en referencia denotan que el crecimiento del empleo que nuestro país experimenta es favorable y por supuesto plausible. Sin embargo, a la par de estos buenos resultados, también nos encontramos frente a la exclusión, discriminación y múltiples dificultades que a diario millones de mexicanos profesionistas, técnicos y obreros, hombres y mujeres mayores de 35 años enfrentan para obtener un empleo o para reincorporarse al mercado laboral. En los últimos años, en nuestro país la edad se ha convertido en un obstáculo para conseguir empleo. Esto como consecuencia de las prácticas discriminatorias promovidas por el sector empresarial en los procesos de otorgamiento y concursos de vacantes de empleo, que en su mayoría van dirigidos a personas de entre los 20 a 35 años y que lamentablemente excluyen a las personas que superan dicha edad, dejándolas en total incertidumbre y sin oportunidades. Sobre esta problemática un estudio en materia de empleo y ofertas de trabajo elaborado por la Asociación para la No Discriminación Laboral por Edad o Género, A. C., estima que el 90 por ciento de las ofertas que se realizan en el país excluyen en el mercado laboral a las personas mayores de 35 años, mientras que el 10 por ciento de las ofertas que sí las consideran, sólo el 2.7 son empleos reales y formales. El reporte sobre discriminación 2012 realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación afirma que el mercado laboral mexicano se caracteriza por la exclusión de personas cuya edad se encuentra por encima de los 35 años. En el caso de las y los adultos mayores, esta práctica se potencia. Se trata de personas que por no contar con recursos provenientes de una pensión suficiente deben buscar empleo en un contexto de escasez, al que se le suma la ausencia de prestaciones que afecta gravemente a este sector de la población. El informe laboral publicado en el mes de julio del 2014 por la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social indica que de los dos millones 484 mil 798 mexicanos que se encuentran sin empleo en el país, el 45 por ciento corresponde a personas que superan los 30 años de edad, datos que a su vez son similares lamentablemente a los indicadores de ocupación y empleo del primer trimestre de 2014 publicados por el Inegi. Del mismo modo, académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que los adultos mayores de 35 años son quienes tienen el mayor riesgo de ser desempleados sobre todo por las trabas que enfrentan para volver a incorporarse al mercado laboral y, cuando los aceptan, son empleados a cambio de remuneraciones muy bajas, la mayoría de las veces en áreas ajenas a sus conocimientos y talentos que no le generan más que frustración por no poder aplicar su experiencia ni mucho menos satisfacer las necesidades básicas que tienen para consigo mismos y con sus respectivas familias. Evidentemente, las cifras confirman que las políticas empresariales vigentes en el país, se encuentran obstaculizando el acceso a las personas mayores de 35 años al derecho del trabajo que supone están respaldados tanto en el texto constitucional, artículo 1o; en la Ley Federal de Trabajo, artículo 3o; así como los instrumentos internacionales ratificados por México como un derecho fundamental que se debe ejercer con igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Luego entonces, y a la falta de medidas legislativas que asegura el cumplimiento cabal de las normas contenidas en nuestro marco jurídico vigente, es que hace necesaria nuestra intervención a fin de garantizar en la ley en materia una regulación más fortalecida que coadyuve, atienda y solucione de manera eficiente el fenómeno de discriminación por edad que lamentablemente lastima a nuestra sociedad mexicana, particularmente a las personas adultas. Para lograrlo, resulta inaplazable proponer a ésta honorable Cámara de Diputados diversas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo con el propósito fundamental de establecer una obligación compartida entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como instancia encargada de llevar la política laboral del país, las entidades federativas y el sector empresarial tendiente a diseñar y ejecutar políticas públicas y programas dirigidos a generar oportunidad de empleo que realmente garanticen la inclusión de la población mexicana al mercado laboral y sobre todo permitan aprovechar la vasta experiencia, sabiduría y capacidad de los millones de mexicanas y mexicanos que superan los 35 años de edad en favor del desarrollo productivo y económico del país. Compañeras y compañeros legisladores, debemos de considerar que la pirámide poblacional de México envejece a pasos agigantados, a la población que rebasa los 36 años de edad en los próximos 11 años representará el 60 por ciento de nuestra población total, por ello es urgente generar las condiciones apropiadas que aseguren el futuro de México, a la par de lograr el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos humanos de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea inscrito el texto de mi iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.