La diputada María Guadalupe García Noriega: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado representa un objetivo básico que debe alcanzar nuestra sociedad, por lo que todas las políticas sectoriales que puedan afectar la consecución de dicho objetivo, deben ajustarse a los criterios de conservación de carácter obligatorio previsto por el marco jurídico ambiental. La materia agraria no es la excepción, debiendo por ello planearse y ejecutarse a través de acciones basadas en un enfoque preventivo que tome en consideración el estado y las condiciones que guardan los recursos a aprovecharse y el tipo de producto que va a impulsarse, dando cumplimiento con el mayor reto que tiene: la sustentabilidad, es decir, que la preservación de nuestros recursos quede garantizada para las futuras generaciones. De esta forma resulta necesario que la Ley Agraria, ordenamiento encargado de reglamentar el artículo 27 constitucional, en dicha materia se vincula en materia ambiental con otros ordenamientos sectoriales, así como regirse por las mismas reglas que ellos prevén y por el mandato legal. Al respecto cabe señalar que el doctor Raúl Brañez, destacado jurista ambiental, mencionaba que la expedición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente implicó un cambio profundo en materia de política ambiental, estableciendo de manera formal los principios para su formulación, así como un conjunto de criterios que deben considerarse como parte de esos principios y al constituirse como ley marco en materia ambiental, los demás ordenamientos sectoriales deberían sujetarse a su aplicación bajo los lineamientos previstos en el citado ordenamiento. Dichos lineamientos, conocidos como criterios de conservación o preservación, se constituyen como aquellos de carácter obligatorio que orientan las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tengan el carácter de instrumento de política ambiental. Así los instrumentos de política ambiental revisten una importancia singular al constituirse como herramientas previstas por la legislación, para que los particulares puedan cumplir con los objetivos ambientales previstos en este tipo de ordenamientos. En el caso que nos ocupa, resulta fundamental que la Ley Agraria se someta en materia de cuidado y conservación de los recursos naturales a los criterios por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de carácter ambiental y social; ello en virtud de que dicha ley al tener como objeto la regulación y fomento de la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, definiendo los criterios de política forestal, describiendo sus instrumentos de aplicación y evaluación, es aplicable y debe observarse en los núcleos ejidales dado el tipo de actividades y el lugar donde se llevan a cabo. Queda claro la necesidad de vinculación entre el sistema ambiental y el agropecuario, y no resulta suficiente la vinculación que la Ley Agraria hace a las disposiciones ambientales en su artículo 2o., ya que no permite la integración de ambas políticas, de manera que al no establecer dentro de sus articulados las obligaciones para las autoridades y los órganos del ejido en materia de uso racional de los recursos naturales ni mucho menos, fija lineamientos de carácter obligatorio que permitan un mejor aprovechamiento de estos recursos. Eso sí, que para poder contar con una política transversal que permita un verdadero aprovechamiento sustentable de las actividades que se llevan a cabo en el sector rural, estimamos necesaria la reforma del marco jurídico aplicable, para lo cual se proponen los criterios antes citados en el artículo de la propia ley, con el objeto de que los sujetos de este ordenamiento cumplan con ello y no argumenten que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable no les aplica directamente, o en su defecto, que desconocen su contenido. Debido a lo anterior es que, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de decreto mediante la cual se reforman los artículos 4o. y 5o. de la Ley Agraria y se agrega el artículo 5o. Bis al mismo ordenamiento, para incorporar criterios de conservación de nuestra riqueza natural. Por encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates y se turne a las Comisiones correspondientes. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.