El diputado Francisco Javier Diez de Sollano: Con su permiso señor Presidente. El cambio climático global implica riesgos de carácter económico, social, energético y ambiental para el futuro del país. Fenómenos como la intensificación de la sequía, la variabilidad climática y una mayor frecuencia de eventos extremos como los huracanes, son ya una realidad. Lo anterior a su vez tiene impactos económicos al disminuir el potencial agrícola y pesquero, causar daños en las zonas costeras e implicar una mayor utilización de combustibles, por mencionar algunos. Por otra parte, las expectativas de crecimiento en la demanda energética a nivel mundial son de un 60% en los próximos 25 años, en el caso específico de México, tan sólo el crecimiento promedio anual en la demanda eléctrica, se espera en alrededor de un 5.6 por ciento al 2012. Siendo México un país rico en hidrocarburos, es de esperar que bajo las condiciones actuales, gran parte de este crecimiento de la demanda se satisfaga con base en estas fuentes primarias. Interesantemente, sin embargo, México también tiene oportunidades importantes para impulsar las fuentes renovables de energía. Por ejemplo, de un potencial de 53 Gigawats para energía hidroeléctrica, sólo se tiene aprovechado alrededor de un 20 por ciento; de un potencial de 2.1 Gigawats a partir de energía geotérmica, sólo se aprovecha el 40 por ciento. Y qué decir de un potencial de 5 Gigawats de energía eoloeléctrica en donde no se cuenta ni siquiera con un 1 por ciento aprovechado. Una de las razones por las cuales nuestro país ha preferido aprovechar los hidrocarburos sobre otras fuentes de energía, es el diferencial de costos que implica el uso de las mismas. Aún en un escenario de precios de petróleo y de gas en constante aumento, el uso de éstos es todavía más barato que el de otras fuentes de energía, pero esto puede cambiar en la medida que se empiecen a tomar en cuenta las externalidades que generan las distintas fuentes de energía. Una manera de ir tomando en cuenta los costos sociales que genera la quema de combustibles, es a través de impuestos pigubianos, lo cuales consisten básicamente en una carga adicional que se suma al costo privado de producir un bien o un servicio. Aunque es difícil encontrar la carga que logra internalizar perfectamente la externalidad, es claro que la misma introducción del instrumento económico en cuestión, tenderá a generar condiciones más justas en el mercado. Lo anterior, es el principio básico sobre el cual se basa la iniciativa que se presenta. Cabe mencionar, sin embargo, que la carga fiscal que se propone es bastante moderada. Ello obedece a dos razones: Primera, en un escenario de pérdida competitiva del sector industrial, una elevada carga podría acarrear consecuencias negativas para el país. Segunda, si bien es cierto que este tipo de derechos puede inducir nuevas conductas tanto en productores como consumidores por la vía de los precios, el objetivo principal por el momento, sería fomentar el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables mediante el financiamiento de los diferenciales que existen entre éstas y los combustibles fósiles. Para ello no se requiere de una fuerte carga fiscal. En términos generales, la propuesta consiste en un derecho que se pagará en función de la cantidad de dióxido de carbono, que pueden emitir los distintos combustibles con contenido de carbono. Así, la carga fiscal será mayor en la medida que derivado de la combustión, se emita más 02 a la atmósfera o espacio aéreo. El concepto del esquema es análogo a aquél de los derechos que se pagan por el uso del agua como cuerpo receptor de las descargas de aguas residuales. Es importante señalar que las reuniones internacionales como la Convención del Cambio Climático y la Cumbre de Kioto celebrada en 1997, implican retos y oportunidades para México. Así se han iniciado estrategias de acción intentando implementar acciones de mitigación que sean compatibles con los propósitos nacionales de calidad ambiental, crecimiento y competitividad. En este contexto, la iniciativa que se propone ciertamente ayudará a cumplir con la responsabilidad que nuestro país ha asumido. Tal y como lo han señalado diversos expertos en materia ambiental e instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México necesita avanzar hacia una reforma fiscal ecológica. Existe al respecto, incluso un estudio denominado retos y oportunidades para una reforma fiscal ecológico en México, publicado en 1999 por el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable y la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de la LVII Legislatura. En dicho estudio, se plantea el potencial que tendría en México el uso de instrumentos económicos ambientales como el derecho que se propone. Sin embargo, es una propuesta que puede abrir el camino para otras, ciertamente, perdón, esta iniciativa es apenas una contribución de varias que podrían utilizarse en México. Sin embargo es una propuesta que puede abrir el camino para otras que la reforzarían y complementarían. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 253 B a la Ley Federal de Derechos. Artículo Único. Se adiciona la sección segunda y al artículo 253 B, al Capítulo undécimo del Título Segundo a la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue: Sección Segunda. Espacio aéreo como receptor de emisiones contaminantes. Artículo 253 B. Por la emisión de bióxido de carbono al espacio áereo que provocan la combustión los combustibles fósiles. Las personas físicas y las morales que enajenen por primera vez en territorio nacional las substancias mencionadas en el siguientes párrafo pagarán el derecho señalado. Gas L.P. .0052 pesos por litro. Gasolina Magna .0076 pesos por litro. Gasolina Premium .0076 pesos por litro. Gas aviones .0076 pesos por litro. Turbosina .0087 pesos por litro. Otros querosenos .0087 pesos por litro. Pemex Diesel .0089 pesos por litro. Diesel Marino .0089 pesos por litro. Combustolio pesado .0097 pesos por litro. Combustolio intermedio .0097 pesos por litro. Coque de petróleo .3328 pesos por jigayul (¿) Gas natural .1968 pesos por millar de pies cúbicos. Carbón 8.3211 pesos por tonelada Coque de carbón .3383 pesos por gugayul (¿) El derecho a que se refiere este artículo se calculará por ejercicios fiscales, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales bimestrales, a más tardar los días 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre del mismo ejercicio fiscal y enero del siguiente, mediante declaración que presentarán en las oficinas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El pago provisional por el uso, aprovechamiento del bien del dominio público, será una sexta parte del monto del derecho calculado al año. El derecho del ejercicio deducidos los pagos provisionales bimestrales, se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. Los ingresos recaudados por este derecho se destinarán a la Secretaría de Energía para apoyar el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero del año 2006. Respetuosamente. Diputado Francisco Javier Salazar Diez de Sollano. Señor Presidente, dado que la iniciativa completa se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria, le pediría yo, que se incluya en el Diario de los Debates. Muchas gracias.