La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias, presidente. Si se hubiese dado la oportunidad como lo dice el Reglamento, de que se discutieran estas reservas al seno de la Comisión, tal vez este debate, por así decirlo, ya se hubiera terminado. Lamentable que diputadas y diputados no estén presentes en este tema porque hay coincidencias en las reservas en la mayoría de los grupos parlamentarios. Por ejemplo por la que se debe modificar el artículo 55, para permitir la grabación de los juicios por parte de periodistas o interesados, con la autorización de las partes, misma que ya se expuso aquí pero que me veo obligada a leer. Se pretende que de conformidad con el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes deseen hacer labores periodísticas podrán presenciar las audiencias como cualquier otra persona, para realizar sus labores informativas. Deberán de informar de su presencia ante la autoridad judicial de forma oral antes del inicio de la audiencia. Quien además desee utilizar equipo de audio, videograbación, deberá proponerlo de forma oral con el fin de que la autoridad judicial pueda informarlo a las partes. Las partes tendrán la oportunidad de objetar de forma oral la grabación de la audiencia o de parte de éstas. Si hay objeciones que consideren fundadas, la autoridad judicial podrá prohibir que ciertas porciones de la audiencia o que los testimonios de ciertas personas que aparezcan en ella sean videograbados. En aquellos casos en que la autoridad judicial imponga restricciones parciales a la publicidad de la audiencia, también los operadores de equipo de videograbación y quienes realicen labores periodísticas deberán observarlas. La autorización otorgada para videograbar la audiencia implicará también la de transmitirla por cualquier medio. Ésta era la reserva que pretendíamos que se discutiera al seno de la Comisión de Justicia. En el artículo 56, que también se pretende modificar, es que cualquier imputado por un delito está protegido por diversos derechos fundamentales que lo amparan durante un proceso penal, tales como la presunción de inocencia, la igualdad procesal y la debida defensa. En lo particular, el derecho a una debida defensa se encuentra consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y corresponde a distintas cuestiones, que van desde la oportunidad probatoria, el conocimiento de los hechos que se le imputan, quién lo acusa, y como elemento preponderante de ese derecho la designación de un abogado o asesor jurídico que tramite el procedimiento. Sin embargo, este derecho debe de ser comprendido de manera amplia. Es decir, no debe entenderse como un derecho limitado a la elección de un abogado, sino que en un ámbito extensivo que comprenda todos los actos ejecutados en el proceso. En este entendido, es reconocido que la información del imputado en el proceso es necesaria para el ejercicio de sus derechos y las garantías que lo protegen, siendo fundamental que la información que reciba sea de primera mano y en presencia de un defensor. Por ello, el permitir que el desarrollo de una diligencia en el procedimiento sea sustanciada sin la presencia del imputado, constituye un menoscabo en la esfera jurídica, pues le impide el conocimiento de los actos procesales determinantes para la definición del estatus jurídico. Así las cosas, al establecer que la presencia del acusado en las audiencias durante el proceso penal es un derecho consagrado en la Constitución, y para privar a ese derecho la autoridad debe tener una causa fundada y motivada, que pudiera ser incluso materia de una impugnación. Bajo ese supuesto planteamos la siguiente reserva, para que en los casos en que el Ministerio Público, la víctima u ofendido soliciten que el imputado no se encuentra en forma presencial en una audiencia del proceso, se le dé a éste la oportunidad de oponerse a esa solicitud, así como la obligación al juez para escuchar los argumentos de ambas partes y emitir una decisión razonable. Por lo que se refiere al artículo 66, la debida defensa es uno de los muchos derechos que el Estado está obligado a garantizar a los inculpados. A pesar de eso, ahora pretenden con la aprobación de este Código dejar a voluntad del imputado la decisión de defenderse por sí mismo, lo que podría resultar en la falta de la debida defensa a que hice mención. En el caso del veredicto contra Edgar Tamayo, el mexicano sentenciado a la pena capital en el estado de Texas, se aludieron faltas al debido proceso, toda vez que el inculpado no recibió la atención consular necesaria, lo que desembocó en la ausencia de la correcta defensa. El resultado es conocido por todos nosotros. Un compatriota más, cuya vida se desvaneció en una cárcel texana por la inyección letal. Es cierto que el caso extremo, pues en nuestro país no existe la pena de muerte. Sin embargo, nosotros poseemos un sistema judicial plagado de corrupción, impunidad y amiguismo, que ha desembocado en cientos de mexicanas y mexicanos injustamente presos. La defensa adecuada es parte integral del debido proceso, por lo que su ausencia violenta la totalidad del juicio, más si se trata de asuntos penales, como lo que pretendemos legislar el día de hoy, pues en esos casos está en juego la libertad y la vida del imputado y sus familiares. La importancia de la debida defensa es que busque impedir violaciones, arbitrariedades por parte de las autoridades hacia los procesados, así como evitar condenas injustas. Es un derecho que el Estado mexicano debe garantizar a las y los acusados. Nuestro sistema de justicia no se caracteriza por ser el más eficaz y eficiente. Al contrario, es por la impunidad que prevalece y por los miles de inocentes que se hayan presos por diversas razones. Sería gravemente irresponsable avalar este artículo, pues contradice el artículo 20 de nuestra Carta Magna, así como el 17 del propio código. Los abogados son quienes mejor conocen las leyes y procedimientos, son ellos quienes pueden asesorar adecuadamente a los inculpados y a sus familiares. Dejar a la voluntad del acusado la libertad de defenderse por sí mismo, implicaría, en muchos casos, la ausencia de un conocedor de las normas que lo aconsejara adecuadamente. Aprobar este artículo en los términos que se nos presenta, es avalar la ausencia de la debida defensa, estaremos desentendiendo al Estado de esa obligación que tiene hacia los procesados. Se pretende modificar una simple parte en el artículo 66, para quedar como sigue y quitarle la parte que diga, podrá defenderse por sí mismo. En las audiencias el imputado, al defenderse deberá estar asistido por un licenciado en derecho o abogado y titulado que haya elegido o que se le haya destinado como defensor. Muchas gracias.