El diputado Pablo Vázquez Ahued: Con la venia de la Mesa Directiva. Esta reforma constitucional para entregar la Guardia Nacional, una corporación de seguridad pública civil al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional es la renuncia del gobierno de México para hacerse cargo de su responsabilidad constitucional en materia de seguridad pública. Es la confirmación del fracaso de esta administración en materia de seguridad y es la confirmación de que durante este sexenio no se hizo nada para construir una estrategia de seguridad pública, diferente, efectiva y duradera. Y es, también, aunque ya quedará para el anecdotario, una contradicción al núcleo mismo de la estrategia de seguridad pública que presentó el presidente López Obrador al inicio de su sexenio que dice porque todavía está vigente textualmente, que es, cito: imperativo crear la Guardia Nacional para regresar a soldados y marinos a las tareas constitucionales. Ese era el objetivo, eso es lo que dice la estrategia de seguridad, que hoy sabemos, se convirtió en letra muerta. La realidad es clara, nunca se tuvo en esta administración federal la intención de construir una institución policial nacional de carácter civil y una ruta concreta, realista y responsable para la salida de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad. Y se podrá decir, desde luego, que la participación de las Fuerzas Armadas es necesaria, pero es y ha sido necesaria en función de la incapacidad y la falta de voluntad de este gobierno y de muchas autoridades civiles durante décadas para construir una verdadera estrategia de seguridad pública. Se podrá decir que sin las Fuerzas Armadas será imposible recuperar la paz, pero en lo que va del sexenio los asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas aumentaron, casi 200 mil personas asesinadas, más de 5 mil feminicidios, más de 50 mil personas desaparecidas y destacando también el dramático ascenso de un fenómeno de proporciones incalculables como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado. Así pues, compañeros, compañeras, la incompetencia de este gobierno en materia de seguridad es lo que ha hecho y es lo que hace necesaria la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y es lo primero que se tiene que reconocer. El día de hoy en esta discusión, pues estamos hablando del diseño del Estado mexicano, de una reforma constitucional a nuestra forma de organización. Por eso lo primero que también queremos apuntar en esta discusión, es nuestro respeto a las y los integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada permanente, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina Armada de México y precisamente por ese respeto, es que exigimos desde Movimiento Ciudadano, como lo hemos hecho siempre, el más alto sentido de responsabilidad civil y de Estado, de las autoridades del Estado mexicano y de los tomadores y tomadoras de decisiones para la reconstrucción de una estrategia de seguridad pública para nuestro país. Hay que recordar también en esta discusión, que hay toda una generación de mexicanas y mexicanos que nacimos y crecimos con el proceso de militarización de la seguridad pública, desde la década de los ochentas y que desde luego se intensificó de manera continuada y estructural en los últimos tres sexenios, del PAN, del PRI y de Morena. Por cierto, Movimiento Ciudadano es la única fuerza política de México que se ha opuesto de manera clara y con sus votos, a todas y todos los episodios de militarización del país y ha ofrecido una alternativa distinta para construir paz y seguridad en México. Por ello, para quienes creemos en el Estado constitucional de derecho, en el equilibrio de poderes republicano y en la responsabilidad pública, enfrentar y revertir este proceso de militarización constituye también una batalla cultural que daremos esta y las próximas generaciones. Una batalla cultural en favor de la justicia intergeneracional, para no seguir heredando con nuevas mutaciones, un modelo fallido de seguridad pública, sino por el contrario, para ser capaces de sentar las bases de una estrategia de seguridad sostenida en la construcción de paz y justicia, una batalla cultural y generacional para entender que estamos en esta circunstancia de militarización, porque a lo largo de la historia reciente, durante décadas, múltiples autoridades civiles han abandonado sus responsabilidades elementales hacia lo público, han renunciado a su obligación de delinear un modelo de seguridad pública eficiente y conducido por civiles, quizá porque la palabra conducción significa responsabilidad y rendición de cuentas que no han querido asumir. En Movimiento Ciudadano lo decimos categóricamente, no se puede condenar a las próximas generaciones de mexicanas y mexicanos, a repetir, a reproducir una y otra vez una estrategia fallida de seguridad, donde las autoridades civiles han abdicado a sus responsabilidades de Estado. Compañeras y compañeros, desde luego, todas y todos estamos conscientes del momento crítico que vive México en materia de seguridad y violencia en todos los rincones del país, sin distingos de colores partidistas. Un momento crítico que no es fortuito, que es producto de la complicidad de autoridades de diversos órdenes de gobierno con el crimen organizado a lo largo de la historia reciente de México. Un momento crítico que es producto del fracaso de un sistema de justicia que ha perpetuado en la impunidad generalizada en todos los delitos. Y, que no se olvide, no se hizo nada para corregirlo en la mal llamada, en la reciente y mal llamada reforma judicial. Y para salir de esta crisis no deberíamos preguntarnos cómo militarizamos más a las instituciones de seguridad pública, la pregunta debería ser cómo construimos una ruta realista para la salida de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. Lo que Movimiento Ciudadano plantea es que diseñemos esta ruta partiendo de distintos principios: del fortalecimiento de las capacidades de las policías estatales y municipales con recursos presupuestarios suficientes, de la consolidación institucional de la Guardia Nacional como una corporación civil de élite en materia de seguridad pública y seguridad interior, con un calendario construido en diálogo republicano para la salida escalonada de las Fuerzas Armadas de ciertos territorios, que existan criterios claros, objetivos para el despliegue temporal de la Fuerza Armada y de la Guardia Nacional en el territorio nacional, para que las decisiones se tomen con base en la evidencia, y desde luego una verdadera reforma al sistema de justicia en México. Concluyo, presidente, con la siguiente reflexión. Este gobierno que concluye y el que está por comenzar pareciera que creen que sin el Ejército no hay estrategia de seguridad posible. En movimiento ciudadano creemos lo contrario, creemos que sí es posible otro camino y otro porvenir para la nación. Sabemos que no hay atajos fáciles. Nos opondremos, votaremos en contra de esta reforma, porque creemos en primer lugar en el fortalecimiento del Estado mexicano mediante el acceso efectivo a la justicia y mediante la construcción de paz, mediante la consolidación de las instituciones les país de seguridad civiles de los tres órdenes de gobierno. Busquemos, construyamos, imaginemos juntas y juntos un nuevo modelo de seguridad, duradera, con visión de futuro y a la altura de México y, sobre todo, de la próxima generación. Es cuanto.