El diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio: Con su permiso, diputada Presidenta. El suscrito, diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, de la LX Legislatura e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a consideración de este Pleno de la honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, a efecto de exhortar respetuosamente a los Poderes Ejecutivos locales a que asignen recursos crecientes a sus universidades estatales, para atender con pertinencia las demandas educativas del sector; esto en base a las siguientes Consideraciones El financiamiento público a la educación superior ha sido uno de los temas más importantes en las agendas institucionales de los gobiernos. Desafortunadamente los recursos son escasos y las fuentes de ingresos de las universidades son limitadas. El modelo de financiamiento para la educación superior pública, se basó durante muchos años en la matrícula total de las instituciones. Sin embargo, los mecanismos no generaron graves distorsiones por las cifras de matrícula que reportaban las instituciones. Al inicio de la década de los 80 se reemplazó por otro, basado en el tamaño de la plantilla de los trabajadores. La introducción de esta nueva pauta se acompañó de la homologación de los tabuladores para el personal académico en las universidades públicas. Desafortunadamente este nuevo modelo asumió como dada la situación existente en aquel entonces en cuanto a las características de la plantilla del personal académico que era sumamente desigual, debido al desarrollo histórico de cada institución. A pesar de estas diferencias iniciales, casi todas las universidades públicas registraron en el período de 1982 a 1994 un elevado crecimiento en la plantilla de personal académico, aunque la proporción de este fenómeno fue nuevamente desigual. De manera similar, la proporción de personal de apoyo administrativo en relación con el académico era muy heterogénea, lo mismo que la relación entre la plantilla y en sus diversas modalidades y el alumnado. En general, a partir de la mitad de los 80 y toda la década de los 90, los recursos regularizables se asignaron como incrementos porcentuales a partir de la base antes mencionada, por lo que las aparentes desigualdades han persistido independientemente de las transformaciones o mejoras en el desempeño institucional ocurridas a lo largo de este período. Posteriormente las decisiones presupuestales se permearon también con base en la capacidad de gestión de cada institución y a través de fondos de recursos extraordinarios, como del Fondo para la Modernización de la Educación Superior y el Programa para el Mejoramiento del Profesorado. Se han destinado también a instituciones recursos adicionales a los regularizables de manera diferenciada, considerando la calidad de los proyectos presentados por las universidades a la Secretaría de Educación Pública. Aunado a ello y pese a que en los últimos años ha habido un esfuerzo considerable por parte del gobierno federal por atender las demandas financieras del sector, los recursos son aún insuficientes para atender la demanda educativa creciente y mejorar la calidad. Por esta razón creemos necesario que las entidades federativas deben asumir de manera más enfática la corresponsabilidad que comparten con la Federación e incrementar las partidas presupuestales que le asignan a las universidades radicadas en su territorio. Con la participación decidida de gobiernos locales y el gobierno federal, ambos, robusteciendo la asignación de recursos para la educación superior, podremos afrontar con mayor éxito las demandas de la sociedad en la construcción de ciudadanos capaces y aptos para insertarse en la vida laboral. Es también nuestra responsabilidad como legisladores, no sólo solicitar a la Federación más recursos para las universidades de nuestros estados; es también necesario convocar a los ejecutivos estatales a participar de manera más activa en la asignación presupuestal a las universidades públicas, sobre todo en aquellos estados cuya aportación a la educación superior pública es por mucho inferior al esfuerzo federal y al promedio de otros estados. Por lo anterior expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente Punto de acuerdo Único. Que la Honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los Poderes Ejecutivos locales a que, en su correspondiente ámbito de competencia, asignen recursos crecientes a las universidades estatales para su mejor funcionamiento en un esfuerzo de corresponsabilidad con los recursos que la Federación asigna para este mismo propósito. Solicito atentamente, diputada Presidenta, que sea anexada al Diario de los Debates una tabla comparativa, que incluyo en mi exposición, en donde viene especificada de manera muy puntual la participación que los diferentes estados y la Federación tienen en cada una de sus universidades. Es cuanto, muy buenas tardes.