El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Gracias, Presidente. Con su venia. Con las facultades legales que nos concede ser miembros de esta LIX Legislatura, expongo ante ustedes compañeros, esta segunda iniciativa: El 25 de julio de 1978 el embrión de Louis Joy Brown decidió abandonar su pared de cristal y ser como cualquier otra niña británica. Ella fue el botón de muestra de los llamados "niños de probeta" y la ciencia ficción se volvió realidad. Actualmente se puede decir que miles de personas de todo el mundo se encontraban impedidos para procrear; han tenido la felicidad de procrear aprovechando los avances de la ciencia y han obtenido frente a los problemas de la esterilidad, pero independientemente de las reacciones morales y éticas que lo anterior ha causado y seguirá causando, las consecuencias legales de los nacimientos de niños de probeta son impredecibles; contradictoriamente para la legislación mexicana el hecho de que la fecundación se realice en el cuerpo femenino o fuera de él con cópula o sin ella, nada cambia. Para la ley mexicana madre es quien lleva al hijo en su vientre y la mujer que da a luz. A casi 26 años del nacimiento del primer niño de probeta, la legislación mexicana no se ha ocupado de reglamentar las actuales y futuras consecuencias que el avance de la ciencia provoca en el derecho familiar. Vagamente los investigadores e intelectuales han tratado de prever los efectos de la fertilización heteróloga, ha traído tanto a los ámbitos éticos-morales como legales. En nuestro país existen ya clínicas tanto del sector oficial como del privado dedicadas a la investigación y aplicación de la fertilización invitro, lo que obliga a pensar que nuestra sociedad no se encuentra ajena ni aislada de la hipótesis que estos adelantos científicos han producido en todos los medios. En ese sentido y como integrante del medio médico y de esta LIX Legislatura, puedo afirmar y con razón, que no es posible dejar pasar los hechos que la ciencia cambia sin adecuar la legislación vigente. El interés del suscrito por adecuar esta legislación, parte de la necesidad de prever los posibles resultados de la inseminación por la cánula extracorpórea, post-mortem, o la llamada maternidad subrogada así como los efectos y consecuencias de la donación de semen. Los legisladores no debemos quedarnos perplejos frente a estos hechos, ante los cuales el derecho aún no tiene respuesta. Debemos iniciar la investigación en este campo a fin de fortalecer el derecho y reglamentar adecuadamente estos nuevos problemas ante los que nuestra sociedad se enfrenta; luego entonces, presento esta iniciativa. Compañeros y compañeras diputados: A grandes rasgos, desde 1928 no se ha cambiado la legislación en este rango. Es triste tener en claro que para la legislación mexicana en este rubro madre es la que en su seno lleva y da a luz. Qué lejos está, qué pobre es nuestra legislación en cuanto a los fenómenos que no serán del primer mundo. Yo viví cerca de 10 años en mi instrucción como profesional, en ese hospital civil de Belén, donde niñas muy pequeñas, transitan por estos hospitales y dos cosas son famosas, las enfermeras de los recién nacidos, dos cosas son famosas entre el medio médico, tienen el cutis de porcelana y además son los conectes para que muchos individuos en la sociedad mexicana, tengan un niño, un niño que no es de ellos, un niño de una niña venida del medio rural a la ciudad que se ve embarazada, que vive en la calle y que luego, nada de esto está reglamentado. Qué lejos está la legislación mexicana de crear una responsabilidad en los bancos de semen, cuando una mujer casada pueda ser inseminada sin la autorización del marido, tantos, podría estar una hora hablando de esta iniciativa. La presento, compañeros diputados, modifica y adiciona y crea y varios artículos del Código Civil Federal, Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, relativos a la inseminación artificial, fecundación extracorpórea, fecundación post-mortem, maternidad subrogada o préstamo del útero y relativa a la donación de semen. Recuerden, una mujer francesa fue la primera que demandó a un banco de semen para obtener el semen de su esposo muerto. De eso estamos hablando, por eso presento ante ustedes esta iniciativa. Es cuanto, Presidente. El Presidente.- Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Salud e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Continúa el diputado Rodríguez, ahora para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas fracciones de los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado Hugo Rodríguez Díaz.- Con su venia, Presidente. Presento ante ustedes esta iniciativa, compañeros y compañeras diputados, con las atribuciones legales que me asiste el ser miembro de esta Legislatura, con la siguiente exposición de motivos: Como sabemos, la facultad para nombra al Procurador General de la República, a los ministros, a los agentes diplomáticos, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, es competencia del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. Coincidimos en la importancia que esto conlleva, en virtud de la naturaleza propia de las funciones de los servidores públicos mencionados; sin embargo, creemos y estamos convencidos también de la remoción de estos servidores públicos, debe estar sujeta a la aprobación del Senado, como una de las facultades que le confiere nuestra Constitución. Ahora bien, nos encontramos conscientes de las atribuciones a que se refiere nuestra Ley Suprema en las facultades del Presidente de emitir estos nombramientos. No obstante lo anterior, existe una confusión en el texto de nuestra Carta Magna, ya que siendo facultad exclusiva de la Colegisladora la ratificación de los nombramientos de empleados superiores de la Federación, esta facultad sólo se limita al nombramiento, más no a la remoción, lo cual significa una contradicción en las funciones del Senado y un abuso de las atribuciones del Ejecutivo. Conforme a lo señalado en la parte final del artículo 14 de la Constitución que faculta el uso de los principios generales de derecho, es conveniente recordar uno de esos principios que indica: "quien puede lo más, puede lo menos", para concluir que si el Senado tiene la facultad de ratificar los nombramientos de los empleados superiores de la Federación, lo correcto es otorgar al Senado la facultad de ratificar la remoción que al efecto promueva el Ejecutivo Federal. Debemos reconocer que los méritos para nombrar a los empleados superiores de la Federación son efectivos, pero también queremos mantenerlos en sus lugares si han llevado a cabo un trabajo ejemplar y que éstos sean reconocidos y sigan trabajando por el bien del país y no estén a disposición de un capricho, mal momento o controversia entre ellos y el Ejecutivo Federal. Por consecuencia, el fondo de la presentación de esta iniciativa, es el precisar con exactitud las facultades que en forma dual deben ejercer el Presidente de la República y el Senado. Tan solo les diré, compañeros y compañeras diputados, recordemos que ya un funcionario nuestro fue cesado de sus funciones, un funcionario de nuestro país ratificado por el Senado, fue cesado de sus funciones tan solo por decir que éramos "el patio trasero de los Estados Unidos". Por esa razón, como un botón de ejemplo, es necesario legislar en la materia, luego entonces presento ante su honorable y elevada consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que otorga facultades al Senado de la República, para ratificar las remociones que el Ejecutivo Federal haga de los empleados superiores de la Federación. Es cuanto, Presidente. -