EL C. DIPUTADO MIGUEL GUTIERREZ HERNANDEZ: Con su permiso, ciudadana presidenta. Honorable asamblea: filantropía, voluntariado, solidaridad, autogestión, desarrollo humano, términos que quizás en estos tiempos afortunadamente se escuchan mucho en nuestra sociedad, pero que se perciben mejor entre quienes son beneficiados con sus acciones. Los más desfavorecidos son quizás los que entienden su verdadero significado. Poco se conoce de todas las acciones y efectos de las mismas que realizan grupos de seres humanos en lugares recónditos de nuestro país. Y es que en estos días, estimados compañeros y compañeras, al observar los limitados recursos con que cuenta nuestro país para atender los múltiples problemas y rezagos sociales, debemos valorar la extraordinaria oportunidad que nos ofrece la misma sociedad su participación. Y por ello en este acto y a nombre de los legisladores integrantes de la Comisión de Participación ciudadana presentamos a ustedes el siguiente dictamen que seguro estamos potenciará y logrará sinergia en el afrontar juntos, gobierno y sociedad, nuestra problemática social. Estas Organizaciones de la Sociedad Civil, tal cual es el nuevo nombre que se le ha dado internacionalmente a las que eran llamadas anteriormente Organizaciones No Gubernamentales, son grupos de personas que no pertenecen al gobierno, que se unen con la finalidad de trabajar en proyectos específicos de desarrollo. Sus objetivos no son lucrativos y buscan satisfacer necesidades de la comunidad. Trabajan principalmente en el campo del desarrollo, los derechos humanos, el medio ambiente, etcétera. Ejemplo de ellas son las asociaciones civiles, las instituciones de asistencia privada, las sociedades de solidaridad social, las sociedades de producción rural, los consejos estatales, las sociedad cooperativas, etcétera. La filantropía entendida ésta como toda acción generosa y voluntaria que se realiza en beneficio de la comunidad sin ánimo de lucro ni de interés particular y la solidaridad entendida como principio universal caracterizado por la inclinación de la persona humana a sentirse unido a su semejante y a la cooperación con ellos, son actos inherentes a las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil y que permean su vida pública e institucional. Este día, si ustedes dan su voto a favor, se cumplirán los sueños de muchos mexicanos que han venido impulsando este marco jurídico que permite fomentar sus actividades. Este esfuerzo realizado por grupos de seres humanos que ahora conocemos como Organizaciones de la Sociedad Civil, de noble corazón, de una gran altura de miras, son ejemplo claro de que el ser humano puede hacer por el ser humano en la adversidad. El voluntariado y otras formas de participación de la ciudadanía organizada son una de tantas expresiones sociales que han sido materia de la Comisión a la que represento, cuyo objetivo fundamental es la promoción de la cultura de la participación social. No podemos hablar ni siquiera concebir el desarrollo de una sociedad, ni tampoco definir con precisión a la participación ciudadana sin considerar a las Organizaciones de la Sociedad Civil, sobre todo porque el origen de ellas es el desarrollo de la humanidad, la cooperación técnica y la promoción y defensa de los derechos humanos, entre otras. Ejemplos de éxito en nuestro país y muchos países que pudimos estudiar, nos han convencido del alto impacto que se tiene en los resultados. En un estudio del Doctor Justine Davis Smith encontramos referencias a casos como el de Brasil, que en la década de los ´90, grupos de varias Organizaciones de la Sociedad Civil emprendieron una campaña a la que denominaron Acción Ciudadana Contra el Hambre, la Miseria y por la Vida. Tuvo una respuesta pública masiva y en menos de tres meses se crearon tres mil comités de voluntarios y se estimó un sorprendente 38 por ciento de la población brasileña participando directamente en este trabajo. La Comisión de Participación Ciudadana en este sentido y con el compromiso adquirido por establecer un marco legal que propicie la participación social responsable, tiene como prioridad escuchar a la sociedad impulsar nuestro trabajo para establecer dicho esquema jurídico que fomente las actividades que busquen el cumplimiento de sus objetivos sociales. En el recorrido que hicimos por todo el país, a través de los 11 foros regionales de consulta, en los cuales dedicamos una mesa exclusiva para el tema de la relación existente entre el Estado mexicano y las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como por la realización del Foro Internacional de Participación Social, nos encontramos con experiencias nacionales y de otros países que enriquecieron nuestro criterio en torno a tan importante relación, la que a su vez permea todo el contenido de la ley que hoy les presentamos para su aprobación. En ese proceso de acercamiento, integrantes de estos grupos sociales nos presentaron propuestas para elaborar este marco jurídico. Con esa importancia con que hemos tratado este tema, creamos la Subcomisión de Enlace con Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo objetivo principal era estrechar vínculos con estas redes y grupos sociales. Pusimos el mayor empeño para la producción de este dictamen, el cual plasmó las reuniones de trabajo que tuvimos con los promotores, el Ejecutivo Federal y con los legisladores federales interesados en el tema y que el día de hoy ponemos a su consideración. Los beneficios de la nueva ley son variados y muy diversos. Por principio de cuentas esta ley es un instrumento jurídico que fortalece el trabajo a favor de la sociedad, además de fomentar una cultura cívica y social en el seno de nuestra sociedad. También la naturaleza de esta ley es la de fomento, no regula la estructura jurídica ni las modalidades de Constitución que actualmente ya se contemplan en diversos ordenamientos del orden común. No es el tratar de modificar la estructura de las organizaciones de la sociedad civil lo que las hará más productivas y prósperas, sobre todo si han aportado su patrimonio y esfuerzo humano para el logro de fines humanitarios, son las actitudes de los gobiernos federal y locales las que deben de potenciar el surgimiento y desarrollo de voluntariados y grupos organizados a favor de los más necesitados y con ello cumplir de manera exitosa y eficaz los fines sociales que se han propuesto cumplir. Además del reconocimiento social y político que las organizaciones de la sociedad civil han obtenido en los países desarrollados, habría que destacar la importancia de la contribución económica que tienen las organizaciones de la sociedad civil y que en estos momentos apenas se inicia su medición en algunos países. Tal es el caso del Reino Unido, donde en 1997 se realizó una encuesta, la que reveló que la mitad de su población ha participado en actividades de voluntariado y que implicó un beneficio social aproximadamente valorado en 40 mil millones de libras. Recientemente en Canadá más de 5 millones de adultos sirvieron voluntariamente en actividades humanitarias, aumentando unos 16 millones de dólares canadienses al Producto Interno Bruto de ese país. Existen 180 mil organizaciones de la sociedad civil en este país en actividades comunitarias. En 1994 en ocho países europeos se indicó que el índice promedio de participación en voluntariados en todo el continente fue del 23 por ciento. De acuerdo a un estudio de Gast Imireyus Smith (?), se considera que el hecho de que los gobiernos no midan la contribución del voluntariado sobre el Producto Interno Bruto, es una señal del bajo estatus en que se encuentra y de que sigue queriéndose ver como una actividad marginal y de poco impacto. El informe de 1998 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sobre la Pobreza, concluyó que la experiencia de este programa, indica que los programas comunitarios en contra de la pobreza pueden ser relativamente impotentes pero no si se moviliza la sociedad en comunidad. La participación de las organizaciones de la sociedad civil forman parte del capital social, al crear confianza y reciprocidad entre los ciudadanos, contribuye a formar una sociedad más unida, estable y a la vez más próspera económicamente. En esta iniciativa se establecen diversas prerrogativas para las organizaciones de la sociedad civil y que consisten en la asignación de recursos públicos y el goce de estímulos fiscales, los que deben determinarse por medio de las disposiciones aplicables en la materia ya existentes. Se crea un Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el fin de dar seguridad a las actividades cotidianas de las organizaciones, pero sobre todo y muy importante, transparencia a los recursos que reciben por parte de la Federación y accesibilidad a los beneficios económicos que la autoridad administrativa determina. Se propone un catálogo completo de derechos y obligaciones a favor de las organizaciones, lo que estimularía su crecimiento y desarrollo y ajustaría al estado de derecho el actuar de las organizaciones de la sociedad civil, evitando acciones como el proselitismo político y el realizar actividades que impidan la transparencia del uso de los recursos públicos que se otorguen a las mismas. A través del capítulo de sanciones se impone una serie de candados que se ajustan precisamente a la honestidad en el manejo de los apoyos que se otorguen a las beneficiarias de la ley. Así, se propone la prohibición de actividades que impliquen el auto-beneficio o el beneficio mutuo de las organizaciones, la prohibición de la distribución de remanentes entre los integrantes de las organizaciones, la aplicación correcta de los recursos públicos federales que reciban la no realización de actividades ajenas a su objeto social que se encuentra en el acta de su constitución. También reconocemos las aportaciones hechas por Miembros de la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara ya que ello implicó enriquecer esta Iniciativa dentro del proceso de dictaminación. Un reconocimiento especial para los integrantes de la Comisión que se creó para ello, especialmente la Diputada María Cruz Martínez Colín, el Diputado Enrique Garzas Taméz, el Diputado Tomás Rios Bernal, el Diputado Aarón Irizar López, el Diputado Rafael Ramírez Agama, la Diputada Arcelia Mendoza Cruz y la Diputada Martha Angélica Bernardino Rojas. Reiteramos que esta Ley es de fomento, no de carácter regulatorio, pretende que las organizaciones que se registren deben atenerse a las reglas de la transparencia en su actuar sobre manera que tiene recursos federales para el cumplimiento de su objetivo social. Concluyo. De igual forma en el cumplimiento de su objetivo social de estas organizaciones como el combate a la pobreza, el fomento a la cultura de la protección del ambiente que busca en el desarrollo sustentable y sobre todo las que propicien la nueva cultura de la participación ciudadana. Por ello nuestro voto es importante y creemos que es lo que México espera de nosotros. Muchas gracias por su atención. (aplausos) -EL C. PRESIDENTE. En consecuencia está a discusión en lo general. Se han registrado para fijar posición en nombre de sus grupos parlamentarios, los siguientes señores Diputados: el Diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; la Diputada Esveida Bravo Martínez del Partido Verde Ecologista de México; el Diputado Luis Herrera Jiménez del Partido de la Revolución Democrática , la Diputada María Cruz Martínez Colín del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y el Diputado Enrique Garza Taméz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra el Diputado Juan Carlos Regis Adame. --