El diputado Jaime Álvarez Cisneros: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como todos saben el 28 de junio pasado se perpetró un golpe de Estado en la república de Honduras, ejecutado por las fuerzas militares contra el presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales, quien fue sacado de su país de forma por demás artera. Pocas horas después fue designado el líder del Congreso, Roberto Micheletti, como presidente interino de este Estado. Con el regreso del presidente Zelaya a Honduras a partir del 21 de septiembre pasado, la situación de inestabilidad y carencia de garantía sociales se tornó aún más compleja en el hermano país centroamericano. Desde entonces el presidente constitucional ha permanecido resguardado en la Embajada de la República Federativa de Brasil, en Tegucigalpa, misma que hasta hace poco vio amenazada reiteradamente su inmunidad diplomática. Como todos sabemos, en apoyo a la constitucionalidad en Honduras se han celebrado innumerables reuniones, cumbres y asambleas extraordinarias, convocadas por múltiples organismos internacionales tales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, así como manifestaciones de solidaridad de todos los gobiernos del mundo. Todos estos países multilateral y unilateralmente han desconocido la presencia de Roberto Micheletti como presidente, han exhortado la restitución del presidente constitucional Manuel Zelaya y han propugnado por los derechos humanos, incluyendo salvaguardas para la seguridad del propio presidente constitucional, miembros de su familia y de su gobierno. El 30 de octubre pasado y debido a la presión internacional e intervención del gobierno de Estados Unidos, a la cabeza Barack Obama, se signó entre representantes del presidente constitucional y del gobierno de facto, el documento denominado Acuerdo Tegucigalpa-San José. El compromiso signado prevé, entre otros, que será el Congreso Nacional de Honduras el que decida, tras una opinión de la Corte Suprema, respecto a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su Estado, previo al golpe de Estado. Sin embargo y pese a que con la firma de este acuerdo se vislumbró ante la comunidad internacional el arreglo pronto del conflicto, la verdad es que a partir de entonces lo que se ha observado, por parte del gobierno de facto, son acciones dilatorias e interpretaciones contrarias al acuerdo. En este momento la dificultad imperante es que se fije la fecha para que los 128 diputados que se encuentran en receso, teóricamente, hasta después de los comicios presidenciales, den su fallo definitivo y pongan fin a cuatro meses de crisis hondureña. En este sentido, consideramos que es propicio ?a pesar de que el Ejecutivo mexicano ha expresado su rechazo al golpe de Estado ocurrido en Honduras, y refrendado la exigencia de respeto al orden institucional y a las autoridades constitucionalmente electas? que el Congreso mexicano, particularmente la Cámara de Diputados, se manifieste en un momento en que la pronta solución del conflicto está en manos de nuestros pares, los legisladores hondureños. A nadie conviene, salvo a los golpistas, que el conflicto continúe y se complejice llegado el momento de las próximas elecciones presidenciales, programadas para el 29 de noviembre próximo, y que éstas no sean reconocidas si antes el depuesto presidente Zelaya no es restituido. México, a través de sus legisladores en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, cuenta con personalidades reconocidas por sus buenos oficios en la diplomacia parlamentaria internacional. Por ello, consideramos que es menester que el Congreso mexicano sea un canal de presión internacional en apoyo a la pronta solución del conflicto político en Honduras. Por lo expuesto someto a consideración de este pleno el siguiente Punto de acuerdo Encomendar a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara que apoye de manera activa en la pronta solución del conflicto en Honduras, a través de la observancia del recientemente signado Acuerdo Tegucigalpa-San José, el establecimiento pronto y permanente del diálogo y negociación con diputados hondureños, y la presencia y reconocimiento, por parte de México, del proceso electoral hondureño previsto para el próximo 29 de noviembre, siempre y cuando el presidente Zelaya haya sido restituido, y que la Cámara de Diputados manifieste, en todo el proceso, su deseo porque en la pronta solución al conflicto hondureño impere la utilización de vías pacíficas, democráticas, apegadas a derecho y respetando la autodeterminación y decisión del pueblo hondureño. Es cuanto, señor presidente.