La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: el principio de la presunción de inocencia constituye la base de la sana convivencia social y colectiva de cualquier pueblo. Es cierto que su presencia y vigencia no ha sido la misma en todas las épocas ni en todos los países. Sin embargo su ausencia ha traído graves consecuencias para el ser humano. El propio jurista Ulpiano señala en una de sus tantas recopilaciones que es preferible dejar impune el delito de un culpable, que condenar a un inocente. En la época de la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, se hace referencia a la presunción de inocencia como una fórmula para reivindicar la dignidad de la persona frente al Estado. En su artículo 9o se establece: todo hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable. En nuestro país este principio se incorporó recientemente a nuestro texto constitucional. El 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas constitucionales, las cuales establecen un nuevo sistema de justicia penal en el que se respetan los derechos, tanto de la víctima y del ofendido, así como del imputado, partiendo del principio fundamental de la presunción de inocencia. En este nuevo sistema penal la prisión preventiva sólo se puede aplicar en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley, en contra de la seguridad de la nación, en contra del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la salud. Es decir, hacer de la prisión preventiva la excepción y no la regla. Por otra parte, en esta reforma se sustituyó al tradicional auto de formal prisión por el auto de vinculación a proceso, en virtud de que el propio auto de formal prisión traía aparejada cierta violación de derechos, particularmente el de presunción de inocencia. Es evidente que de acuerdo al nuevo proceso penal prevalece, por encima de cualquier principio constitucional, el de la presunción de inocencia, el cual se inserta de manera expresa en el artículo 20, apartado b) de nuestra Constitución, que señala como derecho de toda persona imputada a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Con lo cual nos colocamos a la vanguardia de los sistemas de justicia penal en el mundo. Por lo tanto y congruente con la reforma, proponemos derogar las fracciones II y V del artículo 38 de la Constitución federal, con la finalidad de armonizar este texto con la reforma constitucional de fecha 18 de junio de 2008. Los cuales, de permanecer como actualmente se encuentran, permiten que un número importante de ciudadanos que están sujetos a un proceso por cualquier causa, se les suspendan sus derechos ciudadanos prejuzgando su culpabilidad, situación que es contradictoria con los principios que se encuentran consagrados en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales y que son: el de seguridad jurídica, el de legalidad y el de presunción de inocencia, que debe tener todo proceso penal en nuestro país. De igual manera son contradictorios con los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y que de acuerdo con la supremacía constitucional prevista en el artículo 133 de la Constitución, también son ley suprema de la Unión. De ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en contra de presumir la culpabilidad del procesado antes de ser sentenciado. Así, el principio más importante que reconocen los tratados internacionales en materia de derechos humanos es el de presunción de inocencia, establecido en estos instrumentos, unos de carácter directamente vinculante y otros de vía indirecta. Entre los documentos internacionales con obligatoriedad jurídica que incluyen dicho principio se cuentan las Declaraciones Universal y la Americana de Derechos y Deberes del Hombre, del 10 de diciembre y 2 de mayo de 1948, respectivamente; el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, del 19 de diciembre de 1966; la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, así como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955. Por tanto, el Estado no puede afectar derechos humanos y debe tratar a la persona como inocente hasta que sea declarada culpable por sentencia judicial firme. Por lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan las fracciones II y V del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diputado presidente, le solicito que se incluya íntegro el contenido de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.