La diputada Noemi Salazar López: Compañeras y compañeros legisladores, durante décadas las mujeres hemos sido objeto de toda clase de violencia, discriminación y desigualdad. Las mujeres en entornos rurales se enfrentan a una discriminación aún más lacerante en lo concerniente a la propiedad, a la remuneración y a la toma de decisiones. Actualmente las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población mundial. Trabajan como agricultoras, labrando la tierra y plantando semillas que alimentan a naciones enteras. Y en nuestro país, ante la emigración de los hombres se han quedado al frente del cultivo de las tierras. Tal como lo señala la ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y no disponen de las mismas oportunidades que los hombres. En el caso particular de México, de las 61.5 millones de mujeres, el 23 % habitan en localidades rurales. Las mujeres rurales constituyen 34 % de la fuerza laboral en el sector agropecuario y son responsables de más del 50 % de la producción de alimentos en México. Sin embargo, a pesar de producir más de la mitad de los alimentos en el país, la tenencia de la tierra representa una de sus mayores dificultades. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país, más de 3.6 millones son hombres. Es decir, únicamente 2 de cada 10 son mujeres. Las mujeres y niñas rurales enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos y son objeto de una doble e incluso triple discriminación: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Esto significa que la vida de poco más de 10 millones de mujeres está determinada por la tenencia de un territorio, condicionamientos culturales y redes de dependencia de producción y supervivencia, radicalmente diferentes a las mujeres que viven en zonas urbanas. Aunado a las políticas públicas implementadas por los gobiernos anteriores, que propiciaron un escenario de desigualdad, las interrupciones en el suministro de materias primas, energéticos y alza de la subsistencia, la salud y el bienestar de las mujeres han sido provocadas en forma de amenaza. Por ello, la inserción de la mujer rural en la economía familiar y comunitaria en México debe garantizarse para la igualdad de condiciones y paridad en sus derechos económicos-sociales, lo que propiciaría su independencia económica, su participación en las organizaciones productivas, así como la inclusión en la toma de decisiones. En virtud de ello, el dictamen que pongo a su consideración establece condiciones para que las mujeres rurales puedan acceder de manera equitativa a la posesión y usufructo de la tierra, así como fomentar su participación en los procesos de organización y producción agraria. Porque en la cuarta transformación reconocemos el valor de las mujeres y su aportación al desarrollo social y cultural del país. En la cuarta transformación no hay lugar para la discriminación. En la cuarta transformación se respetan y se garantizan los derechos fundamentales de las mujeres rurales para que puedan vivir con bienestar. En la cuarta transformación a todas las mujeres todos los derechos. Muchas gracias.