El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo fijaré nuestra posición en relación con el dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, por el que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como diversas disposiciones en otras leyes. El propósito central de este dictamen es el combate a la nefasta práctica de trata de personas con fines de explotación sexual. Como suscriptor de la iniciativa materia de este dictamen apoyo en lo general la propuesta que se nos presenta, en su oportunidad haremos algunas precisiones. Del cuerpo del dictamen se desprende que la trata afecta a 3.5 millones de personas, especialmente a mujeres; 90 por ciento adolescentes y niñas. A lo largo y ancho del país, sin exceptuar ninguna ciudad medianamente importante, se da la práctica de la explotación sexual de mujeres y niños. Esta soberanía ha impulsado múltiples reformas para penalizar la explotación sexual de los menores. El dictamen que conocemos es ambicioso en el sentido de prever toda una serie de hipótesis que tienden a combatir y erradicar el comercio sexual. Aquí en la Ciudad de México, a no más de 600 metros de esta Cámara, en la zona de la Merced se puede apreciar a centenas de mujeres prostituyéndose, todas ellas víctimas de explotación. En nuestra opinión, el que una mujer se vea en necesidad de vender su cuerpo es, en muchos casos, por la ausencia de fuentes de empleo debidamente remunerado. En los últimos meses se ha difundido en los medios de comunicación que en el municipio de Tenanzingo, en el estado de Tlaxcala, es la meca de los denominados padrotes, quienes mediante diferentes subterfugios y en la expectativa de un mejor futuro para las personas, las engañan y las obligan a prostituirse. Los medios de comunicación han difundido que en el municipio antes citado existen mansiones que se han construido gracias a la explotación sexual de que son víctimas cientos de mujeres, tanto en México como fuera de él. Este Poder Legislativo ha dotado al Ministerio Público de importantes instrumentos legales para golpear a la delincuencia donde más le duele; en los recursos económicos ilícitamente obtenidos. Es el momento oportuno para que la Procuraduría General de la República promueva ante los jueces competentes la extinción de dominio, decomiso o aseguramiento de dichos bienes. Como la ley en materia de este dictamen pretende no sólo ser aplicada al ámbito de la trata de personas, sino a otros, coincidimos plenamente y manifestamos nuestro beneplácito con el contenido del artículo 24 que le regula lo referente a la explotación laboral. Si aprobamos este artículo en sus términos, estaremos dando un paso gigantesco para atemperar las desigualdades de clase, propias del sistema, y reafianzar el estado social de derecho. Este artículo 24 establece, en su segundo párrafo, que existe explotación laboral cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable económico de otra índole de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad. También estamos a favor del artículo 25, que define con claridad lo que se considera como trabajo forzado. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sabemos que la norma jurídica no siempre incide para mejorar la relación de los individuos en sociedad, pero no podemos cerrar los ojos ante un problema de explotación de miles de mujeres a lo largo y ancho del país, mujeres mexicanas y de otras partes del mundo que son traídas con engaños a nuestra nación. Urge que las autoridades administrativas hagan su tarea, que revisen la licencia de funcionamiento de cantinas, fondas y hoteles, donde se ejerce la prostitución y clausurarlas y promover las acciones legales que correspondan para quitar a la delincuencia esos bienes. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará en lo general a favor del dictamen que se nos presenta, porque contiene avances importantes en la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas. Incluye un capítulo dedicado a la política de Estado hacia el combate de este problema social, y en el libro Segundo, Título Primero, crea una comisión intersecretarial y un programa nacional para el combate a la trata de personas. Como ley general establece la coordinación entre los tres niveles de gobierno, delimitando las facultades y competencia de cada una de ellas. En su momento también plantearemos algunas objeciones o aclaraciones que planteamos a la ley. Es cuanto, diputado presidente.