La diputada Carolina García Aguilar: Compañeras y compañeros legisladores, a partir del presente siglo se ha dado una serie de avances en los términos, conceptos y políticas públicas relacionadas con la discapacidad de las personas, así como en lo referente a la percepción de la misma. Se logró transitar de una percepción de asistencialismo y proteccionismo, a un concepto totalmente diferente, en el que se elimina el asistencialismo para los discapacitados y, más bien, se trata de un tema de derechos fundamentales. Se reafirmó el derecho de estas a la igualdad de oportunidades, a la participación plena en las actividades económicas y sociales, y la igualdad en el acceso a la salud, la educación y los servicios de rehabilitación. En el PES hacemos y decimos lo socialmente correcto, y es por esto que no nos tiembla la voz al decir que la integración de las personas con discapacidad es responsabilidad de todas y de todos. En este sentido, un gran avance para la comunidad internacional fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la ONU en el año 2006, el cual es el primer tratado internacional del siglo XXI, el octavo sobre los derechos humanos y el primero jurídicamente vinculante relativo a las personas con discapacidad. En él se establecieron el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, la no discriminación, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como sus principios generales. Si bien sabemos que dicha convención no resuelve el problema de discriminación al 100 por ciento, sí representa un gran avance hacia la erradicación de la misma. Ahora las personas con discapacidad cuentan con un instrumento jurídicamente vinculante y con un comité que vela por la protección de sus derechos. En México la convención en comento fue aprobada por el Senado de la República en septiembre del año 2007. No obstante, en pleno 2020 y a 12 años de la suscripción de esta convención, en nuestro país se siguen presentando situaciones de incumplimiento relativos a la impartición de justicia en igualdad de condiciones, derivado de la falta de armonización de nuestras leyes con respecto al marco jurídico internacional. A fin de subsanar esta omisión en nuestro marco legal vigente, el día de hoy me permito presentar ante esta Comisión Permanente una iniciativa con la cual se adiciona al capítulo Décimo Bis con el artículo 32 Bis a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en materia de libertad, seguridad, protección e integridad física y psicológica de las personas con discapacidad. Estoy convencida de que con la aprobación de la presente reforma iremos de la mano con lo establecido en los ordenamientos internacionales de los cuales México ya forma parte. Y además ayudaríamos a que las personas con discapacidad mental dejen de ser objetos y no en sujetos de derecho en el momento en que se inicia una averiguación previa en su contra. Igualmente estaríamos actualizando nuestro ordenamiento jurídico a los grandes cambios que están sucediendo en nuestra sociedad en donde las personas con discapacidad tienen derechos, así como su plena inclusión y participación en la sociedad en todos los aspectos: políticos, sociales, económicos y culturales. Un México más incluyente es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto.