El diputado Manuel Rodríguez González: Gracias, presidenta. El actual despacho económico solo toma en cuenta los costos marginales o variables, privilegiando el despacho de las centrales privadas de renovables, eólicas y solares, que reportan cero en este rubro, al no utilizar un insumo que deba comprarse en su proceso de generación. La iniciativa plantea un despacho con base en precios unitarios que incluya también los costos fijos, inversión en infraestructura, maquinaria y equipo. Con ello, las generadoras eólicas y solares privadas que declaran un costo cero pasan a ser las más caras con 2.70 pesos por kilowatt por hora. Las renovables no son las más baratas en generación y tampoco en inversión. Una central de ciclo combinado tiene un costo unitario de inversión de mil 622 dólares por kilowatt por hora, mientras que las fotovoltaicas dos mil 701 dólares por kilowatt y las eólicas tres mil 983 dólares por kilowatt. Además, estas privadas son subsidiadas por la CFE, con su generación firme, regulación del voltaje y reservas para mantener la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, que es vital para el funcionamiento del país entero y sus áreas sensibles y estratégicas. Entre la gran gama de subsidios de la CFE a sus propios competidores privados de plantas eólicas y solares, que representan un impacto de 250 mil millones de pesos para las finanzas nacionales, podemos mencionar la inversión en redes de transmisión y las tarifas de porteo. Estas tarifas después de una década de permanecer sin cambio, al ser actualizadas por la Comisión Reguladora de Energía, varias empresas privadas han recurrido al amparo para no pagarlas. México se ha convertido en un paraíso para estas inversiones, porque además la Ley de Impuesto Sobre la Renta les permite una deducibilidad de un 100 por ciento para maquinaria y equipo para la generación proveniente de fuentes renovables. Mientras que, en Estados Unidos el porcentaje del crédito fiscal por inversión solar ha disminuido de un 30 por ciento en 2019, a un 22 por ciento en 2021, y el crédito fiscal para la producción eólica pasó de un 30 por ciento en 2019 a cero en 2020. Sin embargo, las mismas empresas que se han amparado en México sin chistar, acatan las medidas que les impone el gobierno estadounidense. Todo esto, evidencia la existencia de un mercado carente de equidad e igualdad, siendo violatorio del principio de libre concurrencia y libre competencia, consignado en el artículo 28 constitucional y los tratados de acuerdos comerciales suscritos con otros países. Para contrarrestar estas prácticas se propone un despacho con base en precios unitarios con lo cual se despacharía, en primer lugar, la energía producida por las hidráulicas, con un criterio de protección civil; en segundo lugar, la energía generada por otras plantas de la CFE; en tercer lugar, la energía eólica y solar de particulares. Y, por último, los ciclos combinados de las empresas privadas. Con base en el capítulo económico de la Carta Magna y sus figuras angulares, como la rectoría del Estado de las áreas estratégicas y su planeación, se establece que los permisos futuros deben estar rigurosamente alineados a los criterios de planeación del Programa Nacional del Sistema Eléctrico Nacional, para evitar una autorización más allá de la demanda requerida. Sobre los certificados de energías limpias, se establece que su otorgamiento a centrales eléctricas no de dependerá ni de la propiedad ni de la fecha de inicio de operación comercial de las mismas. En la actualidad, a pesar de que la CFE, a través de sus hidroeléctricas...