La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muy amable, presidente. Una de las premisas esenciales de los estados constitucionales de derecho contemporáneos es la del equilibrio de los poderes basados sobre la idea de que no puede haber un solo órgano constituido que ejerza de manera autocrática el poder, el equilibrio entre los distintos órdenes, tener un sistema de controles que permite que los órganos constituidos se regulen unos a otros impidiendo un ejercicio excesivo o abusivo del mando. Uno de esos medios de control o resistencia es el de control de la constitucionalidad ejercido por vía jurisdiccional. Consiste, con fundamento en la primacía de la Constitución en la verificación de la conformidad entre las decisiones de quienes ejercen el poder político y las disposiciones de la Constitución del Estado con el propósito de anular los efectos de las primeras en caso de que no se ajusten a lo establecido en las segundas. Es decir, que el ejercicio del poder político deberá ser analizado y calificado en cuanto a su constitucionalidad por un órgano jurisdiccional calificado para ello. Uno de los mecanismos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el control de la constitucionalidad es el que se contempla en su artículo 105, el cual a través del recurso de controversia establecido en la fracción I y el de la acción de inconstitucionalidad establecido en la fracción II resuelve respecto de asuntos relacionados con la invasión de competencias o de la constitucionalidad de normas de carácter general. Con respecto a la fracción II sobre la constitucionalidad de actos legislativos se han identificado algunas deficiencias estructurales que mediante la presente iniciativa pretenderemos modificar, dichas imprecisiones consisten en lo siguiente: Actualmente no se contempla un control preventivo de la constitucionalidad de las normas de carácter general. Es decir, la constitucionalidad de las normas se verifica solamente hasta que éstas han entrado en vigor dentro del orden jurídico nacional, lo cual representa un sinsentido si consideramos que no hay ninguna justificación racional para ello. Es decir que si se determinara que el contenido de una norma aprobada es contraria a la Constitución, no habría que esperar hasta su promulgación para que se destruyan sus efectos. El control preventivo de la constitucionalidad tiene por objeto evitar, ya sea el nacimiento de normas jurídicas contrarias a la Constitución o impedir que normas provenientes del derecho internacional inconstitucionales se incorporen al ordenamiento jurídico nacional. Es por ello que la presente iniciativa plantea que sea de forma previa a su promulgación como se verifique la constitucionalidad, de modo que si se determina una disonancia entre la Constitución y la norma que se pretende incorporar al sistema legal, ésta no llegue a formar parte del mismo, impidiendo así las muchas controversias posteriores que se plantearían por distintas vías jurisdiccionales entre los gobernados y el gobierno, y sobre todo para impedir la m era existencia y obligatoriedad legal de una norma inconstitucional que afectaría al sistema democrático y de estado de derecho por su sola existencia. Muchos países en el mundo, incluyendo Alemania, Francia, Italia, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela, a través de sus respectivos tribunales constitucionales contemplan el control preventivo de la constitucionalidad, ya sea de tratados internacionales o legislación ordinaria. Un adecuado control de constitucionalidad generaría un mejor sistema de contrapesos para quienes ejercen el poder, permitiendo que prevalezca el imperio de la ley sobre el de las personas. Adicionalmente, se proponen algunas modificaciones en cuanto a los porcentajes de legisladores requeridos para interponer el recurso. Corresponder a una proporcionalidad más realista de acuerdo con la integración por partido de ambas Cámaras, al disminuir la proporción necesaria se permite que las minorías participen en la observancia de la constitucionalidad de las normas y puedan plantear la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando por supuesto de manera exclusiva a ésta el resolver sobre la misma. Se incluye también una modificación para legitimar a la Cámara de Diputados para interponer el recurso de inconstitucionalidad en lo relativo a tratados internacionales, ya que si bien la ratificación no es de su competencia, se considera que no existe actualmente una lógica sobre la cual deba otorgarse dicha facultad exclusivamente a la Cámara de Senadores. Todo lo anterior con un nuevo lenguaje, respetuoso de la diversidad de género en el Congreso de la Unión y el rol de las mujeres en el mismo. Muchas gracias.