El diputado Abel Octavio Salgado Peña: Con el permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de los mexicanos para contribuir a los gastos públicos de forma proporcional y equitativa. Esta obligación ineludible tiene a su vez un componente de derechos de los contribuyentes que nuestro sistema jurídico ha implementado en distintas disposiciones normativas. La obligación de contribuyente y la obligación del Estado de respetar los derechos de éste deben ser fundamento de una nueva cultura contributiva, en donde los contribuyentes están en el marco de la cooperación y la solidaridad. Diputadas y diputados, la cultura contributiva quiere generar una conciencia distinta de que las contribuciones no sólo implican una obligación, también desea imprimir el sentido de responsabilidad, ya que el contribuyente al aportar sus impuestos tiene también una autoridad moral para exigir al Estado el uso correcto y transparente de los recursos públicos, obligación misma de las autoridades para impulsar esta forma de responsabilidad. En este sentido de responsabilidad y de tutela de los derechos humanos de los contribuyentes podría erradicar fenómenos, como la corrupción y evasión, para dar paso a la participación y apertura propias de un régimen democrático, en una relación distinta donde la autoridad tributaria no sea vista como persecutora de los contribuyentes, y sí en base al respeto de los derechos y garantías, alentando a los ciudadanos al cumplimiento voluntario en base a la justicia y la eficacia. Bajo la perspectiva de la cultura contributiva y la defensa de los derechos humanos de los contribuyentes, nuestro país ha constituido órganos especializados en la defensa de quienes aportan al gasto público. Efectivamente, al estilo de un ombudsman, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene, entre sus atribuciones, la de formar e impulsar la cultura contributiva como factor de respeto de los derechos del contribuyente y sus garantías con apego a la legalidad, la responsabilidad y la solidaridad. La Comisión de Gobernación estima oportuna la creación de un Premio Nacional de Cultura Contributiva, que redundará en el estímulo y fomento de la responsabilidad, vista como un deber que beneficia a todos los habitantes del país, al aportar justa y equitativamente las contribuciones señaladas en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este Premio Nacional no sólo será un estímulo y reconocimiento para los contribuyentes, también será un vínculo con los investigadores, estudiosos, escolares y especialistas en los temas sobre defensa de los derechos humanos de los contribuyentes, así como del derecho fiscal para que el sistema tributario sea generador de confianza en base a esta cultura contributiva, de manera que, el diálogo y la interlocución propias de una democracia, la administración suponga los criterios de respeto a las personas y de uso transparente de sus contribuciones. La creación del Premio Nacional de la Cultura Contributiva supone tomar parte a favor de los ciudadanos y de realizar, efectivamente, las obligaciones señaladas en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para promover, impulsar y fortalecer la cultura contributiva como práctica social reorientadora del paradigma imperante respecto al pago de los impuestos para el desarrollo de un sistema tributario más justo, simple, eficaz, basado en el empoderamiento ciudadano a través de acciones que le permitan entender sus derechos y obligaciones tributarias como parte de un compromiso ético, político y social para con México. Honorable asamblea, la materia tributaria, aun en el caso que nos ocupa, en que buscamos reconocer un mérito ciudadano, debe respetar los principios de legalidad, equidad, transparencia y eficiencia del sistema impositivo, entre otros. Por eso, en este acto propongo una breve adición a una disposición que hoy es texto vigente, pero que por virtud de este decreto va a ser reubicada. En el artículo 129 del decreto de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensa se establece que los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, estarán exentos de cualquier impuesto o deducción. Por eso, en atención a los principios que antes comentamos, en particular los de legalidad y equidad, proponemos adicionar la extensión en los términos de las leyes fiscales aplicables. Con esta sencilla pero sustancial modificación dejaremos claro que las exenciones de impuestos o las deducciones no se realizarán de forma arbitraria o subjetiva, sino que deberá ser regulada por la autoridad fiscal abonando en la seguridad y la certeza jurídica que en materia tributaria revisten de una especial relevancia. Insisto, esta propuesta cumple con el único objetivo de dejar clara la competencia de las autoridades hacendarias y la aplicación de las leyes fiscales que crean el marco hacendario. Por eso, amigas y amigos diputados, agradeceré el apoyo que pudieran dar con su voto a favor del dictamen de la Comisión de Gobernación, así como de la propuesta de modificación que he planteado anteriormente. Es cuanto, diputado presidente.