La diputada María Chávez García: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, entre los instrumento de la política ambiental que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente crea, sobre sale por su importancia para la conservación y preservación de los ecosistemas, al igual que para la continuidad de los servicios ambientales que estos nos proporcionan, la figura de las áreas naturales protegidas. Actualmente las áreas naturales protegidas de carácter federal encuentran su sustento jurídico en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, siendo creadas por efecto de la mencionada ley en las zonas del territorio nacional en la que los ambientes originales no han sido significativamente alterados con la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas. Continúa la ley en comento señalando que los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas, deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad la presente ley establezca, los decretos por los que se constituyan dichas áreas, así como las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico que correspondan. De tal forma que cada una área natural, por efecto de la misma ley debe de contar con un programa de manejo, siendo éste un documento crucial para lograr los objetivos que persiguen al crear la propia área natural protegida, entre los que se encuentran los relacionados con la forma en que se organizará la administración del área. Los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, al igual que lo referente a la protección, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora, la fauna, el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas, entre otras. Pero pesa la importancia del programa de manejo. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente le da a la Semarnat el plazo de un año entre el derecho de creación del área, la presentación de su respectivo programa de manejo. Además, es importante señalar que actualmente un total de 177 áreas naturales protegidas de competencia federal, tan sólo se ha formulado y publicado 102 programas de manejo. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación general número 26, sobre la falta y/o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal, su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos, del 13 de abril de 2016, ha dicho que el programa de manejo es un instrumento de gestión fundamental para el objeto de las propias áreas protegidas, conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, que a su vez contribuye a garantizar la observancia del derecho humano a un medio ambiente sano, en virtud de las características propias de cada área, al sentar las bases de manejo y administración en materia de desarrollo sustentable, conservación y preservación. Asimismo, con su elaboración y ejecución, se promueve, procura y garantiza el ejercicio de otros derechos humanos, como a la seguridad jurídica y legalidad, además de la libre determinación de la toma de decisiones para favorecer el desarrollo sustentable y mejora de las condiciones de vida, particularmente en el caso de pueblos indígenas asentados en dichas áreas. Por lo mismo, el que la Legepa permita que transcurra un año entre la declaratoria del área nacional protegida, la elaboración del programa de manejo equivale a permitir que por efectos de la Legepa se permita por un año trasgredir los derechos humanos. Al respecto, no cabe más que recordar lo que mandata el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con sus principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto, lo que concierne al Poder Legislativo es que tiene la obligación de adecuar nuestras leyes para el caso que nos ocupa: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. De tal forma que se tenga el pleno reconocimiento de los derechos humanos y al mismo tiempo se tenga la declaratoria del área natural protegida, se emita su respectivo programa de manejo. Es cuanto, presidenta.