El diputado César Reynaldo Navarro de Alba: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la evolución del sistema político mexicano hacia un régimen más democrático y de libertades, sería impensable si no tomamos en consideración la importancia que han adquirido los tribunales del país. A partir de las reformas aprobadas por el Constituyente Permanente, en diciembre de 1994, fue posible empezar a hablar de la vigencia real del artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la división de Poderes. Hasta antes de ese momento dicha construcción jurídica no había permeado del todo entre la sociedad. Lejos de contar con un sistema en el que los poderes públicos se controlaran a través de una delimitación efectiva de facultad para producir leyes y resolver conflictos, habíamos convivido en un régimen que permitía la prevalencia de un poder por sobre todos los demás. Quedaba entonces, pendiente la tarea de lograr un equilibrio institucional que permitiera, entre otras cosas, que el Poder Judicial se convirtiera en el garante de los derechos fundamentales, en el árbitro eficaz para la solución de litigios e intérpretes de las normas que nos rigen. Es partir de 1995, que se consigue hacer de los poderes judiciales, federal y de los estados, pasaran a tener paridad frente al Legislativo y al Ejecutivo, sin prestigio social ni fortaleza presupuestal. La profundización de la reforma judicial de 1995, propició que la sociedad estuviera mejor dispuesta a plantear sus pretensiones y a defender sus derechos ante los órganos judiciales competentes. Ahora, a diferencia de hace décadas, las resoluciones dictadas por los jueces son motivo de discusión pública, los fallos son celebrados o criticados por el grueso de la población y sus alcances son motivo de debate, más allá de los especialistas en materia jurídica. El proceso de reforma ya mencionado debe ser concatenado, en este momento, con otro igual de importante, que es el relativo a la transformación del Distrito Federal en una entidad con características propias, reconocidas por el propio texto constitucional, la cual se ha distinguido por la actitud crítica y participativa de sus habitantes a lo largo de las últimas décadas. Instaurado así el nuevo régimen político para la ciudad capital, hoy tenemos un estatuto que si bien es cierto, es susceptible de mejoras profundas, también ha servido como un referente sumamente útil para determinar la forma de gobierno y el régimen de libertades que impera en la ciudad de México. Vistos en forma conjunta, la reforma judicial y el estatus de la capital son ejemplos del avance democrático del país, de la capacidad de innovación de la sociedad mexicana, por lo que es viable proceder a la aprobación del dictamen que ahora nos ocupa, pues forma parte de este proceso dinamizador de las relaciones entre el gobierno y los gobernados y los poderes públicos. Los legisladores del PRI compartimos el sentido del dictamen que ahora nos ocupa, pues como en él se establece, a partir de ahora existirán muchas ventajas para la democracia y la impartición de justicia. Esto, al otorgar al órgano encargado de desarrollar la función judicial en el Distrito Federal y de aplicar su marco normativo en el derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre todo destacándose en materias jurídicas tan especializadas como son el Código Penal, el Código Civil y sus correspondientes códigos procesales. Así como la Ley de Justicia para Adolescentes, entre otras. Permitir que el Poder Judicial del Fuero Común del Distrito Federal tenga la capacidad para proponer normas relativas a su propio régimen y a las materias que son de su competencia constituye una transformación que permitirá la creación de leyes con mayor sentido de responsabilidad y apegadas a la realidad. En este dictamen constituye también un reconocimiento a la función judicial que se realiza en la capital, pero también un llamado dirigido al legislativo local, a fin de que se prevenga de obrar en forma veleidosa o con base en ocurrencias o caprichos, al momento de votar este dictamen debe cobrar especial importancia el pensamiento de John Locke, quien afirmaba lo siguiente: “donde no hay ley no hay libertad”. Pues la libertad ha de estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley. Y no es como se nos dice, una libertad para que todo hombre haga lo que quiera, pues quién pudiera estar libre al estar dominado por los caprichos de todos los demás. Gracias.