EL C. DIPUTADO MANUEL PEREZ CARDENAS: Gracias, señor presidente. Honorable Cámara de Diputados: el 29 diciembre del 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la ley crea el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores, también conocido como el Fideicomiso Pago.. El objeto de dicho Fideicomiso es atender la difícil situación en la que fueron colocadas decenas de miles de familias en todo el país, las que por no contar con acceso al sistema bancario decidieron poner los ahorros de toda una vida en manos de personas e instituciones que ocasionaron que dichos recursos se extinguieran, en algunas ocasiones por dolo y promesas faltas y en otras por simple incompetencia en su administración. Las actividades del Fideicomiso iniciaron en enero de 2001, es decir, hace más de tres años y, si bien a través del mismo se ha logrado apoyar a miles de ahorradores, ello no ha sido suficiente toda vez que no todos los afectados han podido acceder sus beneficios, y algunas sociedades en las que participan estos ahorradores quedaron excluidos del objeto de la ley. De cara a esta situación el honorable Congreso de la Unión aprobó dos reformas a la ley del Fideicomiso Pago, mismas que se publicaron el 30 de diciembre del 2002 y el 28 de enero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación. En ellas se extendió el apoyo a ahorradores cuyos depósitos superaban el límite de 190 mil pesos establecido originalmente en la ley, o bien que las sociedades con quienes contrataron no cumplían los requisitos para ser sujetos de los apoyos existentes. Sin embargo, a pesar de las sucesivas reformas y de los avances obtenidos, las disposiciones de la ley aún no son suficientes para cumplir cabalmente las metas que con ella se plantearon. Si bien ya se han establecido las bases jurídicas necesarias para apoyar a quienes perdieron sus ahorros y para eliminar la falta de supervisión y regulación de las sociedades que prestan servicios de captación de recursos para su posterior colocación, aún se requieren adecuaciones al texto de la ley para fortalecer la legalidad y la certidumbre jurídica en torno al Fideicomiso, al tiempo que se establezcan mecanismos que faciliten a los gobiernos de los estados en donde hubo ahorradores defraudados, que es prácticamente en todo el territorio nacional, cumplir con la parte que les corresponde. Para conseguir estos objetivos se propone lo siguiente: primero. Ampliar los plazos para que las sociedades acrediten haber iniciado los trámites para efectuar los trabajos de auditoría contable y de consolidación a que se refiere la propia ley. Con ello se permitirá que nuevas sociedades puedan tener acceso a los recursos del Fideicomiso. Segundo.- Adecuar el régimen jurídico de los bienes decomisados o abandonados que se relacionen con el Fideicomiso Cajas de Ahorro, los cuales se destinarán al mismo, para el cumplimiento de su objeto, tal y como lo establece la reforma del 28 de enero de 2004. Lo anterior para evitar confusiones con los bienes asegurados, mismos que están sujetos a un proceso judicial y no pueden afectarse en tanto no cambie su condición jurídica. En síntesis, n este aspecto yo diría que de lo que se trata también es de cerrar en definitiva las posibilidades para que aquellos que causaron este enorme y doloroso quebranto, tengan por algún subterfugio de orden jurídico, al final de los procesos judiciales, la posibilidad de recuperar en su beneficio bienes que habrían sido adquiridos con el patrimonio de los ahorradores. Tercero.- Prever que si cumplidos los fines del Fideicomiso Cajas de Ahorro, conocido como FICA, existen excedentes de recursos, los mismos se destinen a resarcir los montos aportados por el Fideicomiso PAGO y en segunda instancia a la Federación y los estados en las proporciones aportadas. Así como los estados tienen obligación solidaria de aportar recursos, también deben tener el derecho a recibir el remanente en la parte que les corresponda. Y cuarto.- Se amplían los plazos que estableció la reforma del 30 de diciembre del 2002 para que las sociedades muestren haberse sometido a los trabajos de auditoria contable y para que se inicien los procedimientos de quiebra a que se refiere el artículo 8º., transitorio. Asimismo se establece la obligación de tomar en cuenta las pruebas ofrecidas y admitidas en los procedimientos derivados de denuncias penales contra los administradores y/o de quien tenga a su cargo funciones de dirección, administración y vigilancia, al interior de las sociedades. Con esta reforma dichas pruebas se considerarán documentos idóneos para ser sujetos al beneficio de la ley. Con estas modificaciones, compañeras y compañeros diputados, se dotará de mayores elementos jurídicos al Fideicomiso PAGO para cumplir satisfactoriamente con los fines para los cuales fue creado y en consecuencia canalizar adecuadamente la oportunidad del desarrollo que representan las sociedades y agrupaciones de economía social y fortalecer lo que en última instancia nos importa, el patrimonio familiar de los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente. -