El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI fijamos un firme rechazo claro y categórico a este dictamen. No es una Ley de Telecomunicaciones moderna, en realidad es una ley de control, de censura y de subordinación institucional, Morena quiere venderla como una gran transformación digital, pero esconde un modelo autoritario, de vigilancia, de imposición y de silencio. Esta ley está mal desde la primera letra hasta la última página, simula diálogo, impone control, elimina la autonomía y legaliza la censura, por eso lo decimos con toda claridad, el PRI votará en contra de este atropello institucional, de este atropello democrático. A pesar de los foros, de las voces de la academia, de la sociedad civil, medios de comunicaciones, comunidades indígenas y expertos en derechos digitales, el oficialismo decidió ignorarlos. La gran mayoría de las observaciones y propuestas que se hicieron desde diferentes sectores no fueron incorporadas al dictamen, se fingió apertura, pero se legisló con cerrazón y en lo oscurito. Uno de los puntos más preocupantes es la creación de la supuesta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, dicen que es independiente, pero carece de autonomía real, su integración es inconstitucional ni el Ejecutivo ni el Senado tienen la facultad expresa para nombrar a los integrantes. Esta Comisión está subordinada jerárquica y funcionalmente a la Agencia de Transformación Digital, lo que significa que no podrá emitir resoluciones independientes ni contradecir las instrucciones del Poder Ejecutivo. Se trata de un modelo de subordinación institucional, sí, donde quien debe regular se convierte en el ejecutor de las decisiones del gobierno, esto es incompatible con cualquier democracia. Además, esta ley institucionaliza la censura previa, el artículo 10, fracción LIII, permite a la autoridad suspender transmisiones sin orden judicial, con base en conceptos vagos y subjetivos, como es el interés general o el interés público. Definiciones ausentes en el texto y sujetas a interpretación discrecional por parte de la agencia, esto viola flagrantemente el artículo 6o. constitucional y todo estándar internacional sobre libertad de expresión. En el papel la ley establece que se requiere orden judicial para intervenir comunicaciones privadas, lo dice el artículo 107, pero en la práctica esta es una letra muerta, porque en otras leyes que se acaban de aprobar por esta mayoría, en estos días, como la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la reforma de inteligencia y hasta la Ley de Desaparición Forzada permiten al gobierno acceder a los datos personales, a los datos biométricos, a la geolocalización en tiempo real, sin orden judicial, sin controles y sin responsabilidad. El artículo 183, fracción I, deja abierta la puerta para acceder a la ubicación geográfica en tiempo real de cualquier persona. Y para cerrar el círculo, el artículo treinta transitorio revive el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ya fue declarado inconstitucionalmente, inconstitucional no una, sino dos veces, por la Suprema Corte de Justicia. Este padrón no solo es ilegal, es peligroso porque abre la puerta al uso indebido de los datos personales por parte del Estado, por parte de terceros. No nos engañemos compañeras y compañeros, esto no es una transformación digital. Esto es vigilancia, pura vigilancia total. Es una herramienta más del modelo de espionaje estatal en el que esta agencia poderosa, sin ningún contrapeso, podrá recolectar, procesar y usar masivamente nuestros datos personales. Nos dicen que hay una competencia y que hay licitaciones públicas, pero el propio gobierno organiza, regula y gana las licitaciones. Nos dicen que se fortalece a los medios comunitarios e indígenas, pero no se les garantiza presupuesto ni protección jurídica. Nos prometen neutralidad y apertura, pero violan el Tratado, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá al eliminar condiciones de competencia justa y órganos reguladores independientes. Este no es un paso hacia el futuro, es un regreso a los tiempos donde el Estado controlaba lo que se podía ver, lo que se podía decir y lo que se podía escuchar. La Ley Censura no solo busca apagar plataformas, busca controlarlo todo, busca que el gobierno pueda decidir quién habla y quién calla, quién transmite y quién se desconecta, quién accede a un servicio y quién va a quedar excluido. Compañeras y compañeros, no podemos permitir que se imponga una ley censura disfrazada de innovación. No podemos normalizar que el Estado tenga poder ilimitado para vigilar, castigar y silenciar. No podemos avalar un modelo que borra la autonomía, que cancela el pluralismo y pone en riesgo derechos fundamentales. Desde el PRI reiteramos que esta ley no garantiza derechos, esta ley no garantiza libertades, al contrario los vulnera. No fortalece al Estado, lo vuelve opresor. No protege la información, la controla y no promueve democracia, al contrario, la debilita. Por eso vamos a votar en contra, porque nosotros sí creemos en la transformación digital, pero con controles, con contrapesos y con un respeto irrestricto a las libertades. Lo que hoy se propone no es una transformación. Lo que hoy propone el oficialismo es una imposición. A eso, el PRI le dice que no, porque no podemos seguir de manos atadas ni callados ante un oficialismo que quiere tener el control permanente...