La diputada María Angélica Granados Trespalacios: Compañeras diputadas y compañeros diputados, uno de los grandes problemas que históricamente han afectado a este país y a la población es la dificultad para tener acceso a la justicia. Ustedes saben muy bien que los juicios y los procedimientos que se sustancian ante los tribunales locales y ante las fiscalías son muy muy complicados, son lentos y son costosos para la mayoría de la gente. La justicia local con sus complicados códigos, con su falta de personal, con sus procedimientos tan complejos ha quedado a deberle a las mexicanas y a los mexicanos durante décadas. Y sí hubo una etapa en la historia reciente del país en el que ni siquiera la justicia federal tenía un impacto positivo que aminorara todos estos problemas. Pero desde finales de 1994 el Poder Judicial de la Federación se fue transformando y fue ocupando espacios que antes eran impensables. Las reformas posteriores, en especial la constitucional en materia de derechos humanos del 2011, ayudaron a que el juicio de amparo se convirtiera en un mecanismo de defensa cada vez más efectivo y más utilizado por la población. Hubo decisiones trascendentales para que esto sucediera, como las resoluciones dictadas por la Corte en el Expediente Varios 912/2010, o en la Contradicción de Tesis 293/2011. Estos 2 temas son, por supuesto, los grandes referentes históricos a las afecciones de derechos humanos por parte del Estado. A pesar de esto, hay que reconocer que el amparo sigue siendo considerablemente técnico y que presenta limitantes, como el principio de relatividad de las sentencias, que evitan que, incluso ganando un juicio en contra de una evidente violación a derechos humanos, su protección sea modesta, ya que solo cubrirá a las personas quejosas. Y aquí es donde este Congreso de la Unión debería de estar ideando formas para facilitar que la mayor protección del amparo llegue a la mayor cantidad de personas de la manera más simple, de la manera más económica, sin improvisaciones legislativas. Pero, a ver, ¿hemos discutido aquí reformas constitucionales y legales que nos dirijan hacía ese objetivo? Por supuesto que no. Por el contrario, tratando de dar gusto al ánimo de venganza del expresidente de la República, el grupo de la mayoría ha impulsado y ha aprobado reformas que, en lugar de ampliar esa protección del amparo, la restringe a su más mínima expresión. Por eso en el Grupo Parlamentario del PAN no podemos estar de acuerdo con este dictamen. Nos parece un contrasentido que en el artículo 73 se incluya ahora la prohibición para que, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. El mensaje que ustedes están hoy mandando al aprobar esto es que no importa lo dañina que pueda ser una norma, no importa lo grave que pueda ser una ley violatoria de derechos humanos, ningún juez de amparo va a poder declarar su inconstitucionalidad de manera general. Y esta prohibición se suma a la que se publicó el 14 de junio de 2024, en la que el artículo 148 de esta ley se prohibió que de igual forma, tratándose de juicios de amparo, la inconstitucionalidad de normas generales en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. ¿Qué no son ustedes los que se han auto-adjudicado el carácter de defensores del pueblo? ¿Acaso no se han vendido como los que luchan para que haya una mejor justicia? ¿No son el grupo, ustedes, oficialistas quienes prometieron a la población que iban a legislar privilegiando el principio de primero los pobres? Pues estas reformas que hoy quieren aprobar ni defienden al pueblo, ni ayudan a que la gente acceda más fácilmente a la justicia, ni ayuda, por supuesto, a primero los pobres. Al contrario, los más afectados por esta reforma van a ser esas personas que no tienen recursos para pagar un abogado. Hoy están aprobando que cualquier norma general y constitucional pueda seguir afectando a millones de mexicanas y a millones de mexicanos, sin posibilidad alguna de que se defiendan si no desembolsan enormes cantidades de dinero para contratar, por supuesto, una defensa profesional. Y no, no podemos estar de acuerdo con esta reforma. No podemos aprobar leyes que provoquen un retroceso mayúsculo en materia de defensa de derechos humanos. En lugar de que estemos discutiendo cómo ampliar más la protección de amparo para que cualquier juicio invalide por completo un acto o norma inconstitucional y con ello se proteja a los casi 130 millones de mexicanas y de mexicanos, ustedes están a punto de aprobar con su aplanadora legislativa la mejor forma para que el gobierno autoritario se siga fortaleciendo. Desde Acción Nacional estamos en contra de estas reformas que son regresivas, que son ampliamente violatorias de los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos. En su conciencia queda. La historia, sus hijos, sus nietos los van a juzgar en su soberbia. Es cuanto.