EL C. DIPUTADO GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO: Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas y Diputados. Continuamente hemos conocido casos de violación de los derechos humanos fundamentales que son atraídos por su competencia por la Procuraduría General de Justicia Militar ó, en su defecto, enviado por las autoridades civiles a las castrenses implicando para las víctimas el no acceso a la justicia, pues el fuero militar, al establecer un proceso cerrado y carecer de independencia e imparcialidad como órganos encargados de investigar los delitos cometidos por sus propios miembros, genera impunidad en beneficio de sus agentes. Lo anterior, se ejemplifica y acredita mediante diversos casos de violación a los derechos fundamentales que han sido denunciados pública y legalmente por diversas organizaciones de derechos humanos y que comprueban un afán doloso de las fuerzas armadas por encubrir a su personal de toda responsabilidad cuando se les señala como perpetradores de delitos y con ello de conculcar derechos fundamentales. Ponemos por ejemplo la grave situación de violaciones sexuales de las que han sido objeto mujeres indígenas de diversas zonas rurales del país a manos de miembros del Ejército Mexicano, como la que sufrieron Francisca Santos y Victoriana Vázquez, de la comunidad mixteca de Barrionuevo San José, Guerrero, el 21 de Abril de 1999. El agravio sexual del que fueron objeto tres hermanas tzeltales quienes el 4 de Junio de 1994 en un retén militar ubicado en el Municipio de Altamirano, Chiapas, fueron privadas ilegalmente de su libertad y abusadas sexualmente por personal castrense. En realidad, también se está viviendo en los casos de desaparición forzada de la Guerra Sucia, en el que existe una clara responsabilidad por parte del Ejército y en donde las autoridades civiles dimitieron su competencia sobre la investigación de 143 casos de personas desaparecidas en el Estado de Guerrero, crímenes imputados a los Generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, presos actualmente por delitos contra la salud ya quienes se negó la jurisdicción civil para quedar bajo la protección de la Justicia Militar en donde no ha habido avance alguno en el proceso. Es evidente que la impunidad que se genera en la comisión de delitos o violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, obedece al hecho de que se ha interpretado el Artículo 13º Constitucional en el sentido de dotar de jurisdicción a los órganos de justicia militares para investigar y sancionar aquellos delitos del fuero común que cometen los miembros del Ejército en relación con lo establecido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar que establece que la Procuraduría de Justicia Militar investigue delitos del orden común, lo que implica una clara contradicción con las normas de derechos humanos derivados de los principales tratados y convenios en materia ratificados por nuestro país. Cabe resaltar que sobre el tema de la necesaria delimitación de la justicia castrense existen múltiples recomendaciones emitidas al Estado Mexicano por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, que han expresado su preocupación por la aplicación extensiva del foro militar en México hacia civiles o paisanos, principalmente en casos de violaciones a los derechos humanos, a civiles y por consiguiente, han recomendado su delimitación. Como un ejemplo de lo anterior está lo recomendado por el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura, quien visitó nuestro país en 1997 y como consecuencia de esto emitió en su informe y por consiguiente ha recomendado su delimitación. Como un ejemplo de lo anterior está también lo relativo a que el hecho de que los órganos de justicia militar, quienes investigan las violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército Mexicano en perjuicio de civiles, violenta el principio de imparcialidad e independencia que todo órgano encargado de procurar o impartir justicia debe tener, en virtud de que el Ejército Mexicano se erige como juez y parte. Cuando el Estado, en una de las recomendaciones que señala la Comisión Interamericana, señala que cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los organismos potencialmente implicados, la independencia e imparcialidad se ven claramente comprometidas en virtud de lo cual los procedimientos resultan incapaces de proporcionar la investigación, la información y el medio supuestamente disponibles y se verifica una impunidad de facto que supone la corrosión del imperio de la ley y viola los principios de la Convención Americana. En particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en razón de su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad que impone el artículo 8.1 de la Convención Americana. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte Interamericana que en un estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de los intereses jurídicos especiales, vinculados con la función que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y solo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza afectan contra bienes jurídicos propios del orden militar. Debido a sus características particulares, el fuero de guerra y la jurisdicción militar carecen de independencia pues es un órgano dependiente del Ejecutivo Federal y en concreto, de la Secretaría de la Defensa Nacional; pero más aún, un elemento indispensable de la garantía de independencia e imparcialidad es justamente que la autoridad encargada de la revisión, investigación, decisión y sanción en los casos no esté implicada con ninguna de las partes, lo que no se garantiza en el fuero militar ya que una de las partes pertenece a la institución, situando al paisano o civil que es una víctima de delito y de las violaciones a sus derechos fundamentales en una posición desventajosa. Para evitar que el Pode Judicial Federal justifique las violaciones derivadas de la jurisdicción militar, es preciso reformar los preceptos mencionados para evitar y crear confusiones y sobre todo dudas que generen interpretaciones judiciales contrarias a los derechos humanos fundamentales. De igual manera, esta propuesta tiene como objetivo hacer efectiva la limitación establecida en el artículo 129 constitucional que establece que en tiempos de paz, los órganos militares deben permanecer en sus cuarteles y establecimientos oficiales. Por lo antes expuesto, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 13 constitucional y derogar la fracción II y el último párrafo del artículo 57 del Código de Justicia de Militar. Se solicita a la Presidencia que se publique de manera íntegra la presente, en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente. -