La diputada Mónica Almeida López: Muchas gracias, señor presidente. El Centro Federal de Conciliación y Registro no forma parte de esos Poderes, por ser un organismo descentralizado, según lo define la Constitución en el propio artículo 123, apartado A, fracción XX. Los trabajadores de los organismos que siendo públicos no rigen sus condiciones laborales por el apartado B son diversos: El IMSS, que es el contrato colectivo más grande del país; la UNAM, la UAM, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Petróleo, entre otros, son entes públicos que, pese a su naturaleza diversa y sus labores excepcionales, se rigen por el apartado A y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Y esto es así por determinación de ley y por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Jurisprudencia 1/96 determinó que las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal, con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B, del artículo 123 constitucional. Pero además, resulta notoriamente contradictorio que en el nuevo organismo no se respete el mandato constitucional que otorga a los trabajadores el derecho de acudir a la conciliación previa a los juicios, que otorga certeza y certidumbre a la libertad sindical y que autentifica la contratación colectiva. Recordemos que aunque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución, ya citada, fue reformada recientemente mediante un decreto publicado el primero de mayo de 2019, erradicando trabas que desde la ley habían impedido la libre democratización de los trabajadores al servicio del Estado, en el tema de la libre sindicalización, al eliminar la prohibición de constituir más de un sindicato en cada dependencia del poder público y eliminando el monopolio sindical de la Federación de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, como federación única. Se mantiene un sistema de justicia laboral similar al de las juntas de conciliación y arbitraje, que es de lo que se ha estado tratando la reforma constitucional y legal en la materia de justicia laboral. Las condiciones generales de trabajo, que no contratos colectivos, carecen de la bilateralidad y las garantías de las que ya gozan los trabajadores del apartado A, dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución, en su artículo 87, que las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular de la dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente a la solicitud de este y se revisarán cada tres años. Y aquí, compañeros diputados, estamos dándonos cuenta de un contrasentido que tiene el propio dictamen, al establecer un organismo que velará por la conciliación laboral, la libertad sindical y la autentificación de la contratación colectiva de las organizaciones de los trabajadores, menos de los propios. Por eso, en esta reserva proponemos que se enmiende tal contradicción, estableciendo que en este organismo descentralizado las relaciones laborales se rijan como debe ser, por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Es cuanto y muchas gracias por su atención y el ruido.