El diputado Edgar Spinoso Carrera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la reforma constitucional de enero de 2013 en materia de combate a la corrupción mandata al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones de ley en la administración pública federal, con el objeto de que la secretaría responsable del control interno del Ejecutivo, es decir la Secretaría de la Función Pública asumiera las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la propia reforma y en las leyes que se deriven de ella. No obstante que se preveía la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, una vez que se concretara la reforma constitucional ello no ocurrió, por lo cual dicha reforma no puede considerarse como derecho vigente, en virtud de que la condición prevista para su vigencia no se actualizó. Por el contrario, en consonancia con el diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción aprobado en 2015, la pasada legislatura decidió ratificar la existencia orgánica de la Secretaría de la Función Pública y revalidar su competencia funcional. No se puede soslayar que la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción conformó un régimen de cooperación entre las instituciones que de forma directa o indirecta, antes o después del hecho, previenen o combaten la corrupción en México. Es decir, la Secretaría de la Función Pública, la nueva Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, el cual será puesto a determinar y sancionar las violaciones de tipo administrativa. En este sentido, resulta imprescindible restablecer y fortalecer las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, a partir de las disposiciones constitucionales en la materia, necesarias para hacer frente al control interno de los entes públicos del Poder Ejecutivo federal. En esencia, la reforma propuesta contempla nuevas atribuciones para la Secretaría de la Función Pública, así como la reasignación de otra respecto a aquellas que en su momento se propuso otorgarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Conforme al nuevo régimen de responsabilidades, se pretende sentar las bases para transitar hacia una profesionalización de los servidores públicos. Estos, los responsables de desempeñar funciones de control interno, lo cual resultará en un gran avance en los índices de eficacia y mejora de la gestión pública, así como en mejores prácticas de prevención y de responsabilidades administrativas. Las funciones de investigación deben ser desempeñadas por personas con la correcta capacitación, académica y técnica, así como la experiencia profesional que les permita detectar la conducta que la sociedad más reclama: la honestidad y la honradez. En cuanto a las entidades paraestatales, se considera pertinente actualizar la regulación de las mismas, dejando atrás esquemas rígidos que no guardan congruencia con las necesidades operativas y de control, que actualmente requieren dichas instituciones. Pero eso sí, respetar el régimen especial de control y vigilancia que ya existe en el seno de las mismas, en virtud de su propia naturaleza. Lo anterior, es sin que se pretenda de manera alguna que dichas entidades paraestatales dejen de sujetarse a todas las disposiciones en materia presupuestal, de contrataciones públicas, de fiscalización ni de responsabilidades administrativas, entre otras que deben de regir el sector paraestatal. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, estamos seguros que la presente reforma contribuirá significativamente para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado y, en particular, de la administración pública, garantizando la actuación de los servidores públicos y que en la conducta de ellos se apegue a los principios de legalidad, de honradez, de lealtad e imparcialidad que mandata y están establecidos en el artículo 113 de nuestra Carta Magna. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.