El diputado Mario Calzada Mercado: Con su permiso, de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados federales, una de las principales exigencias de la ciudadanía, obligaciones del Estado y de la administración pública en concreto, es brindar seguridad eficiente y oportuna a los ciudadanos. Es la condición básica para evitar las alteraciones al orden social, contribuir en la convivencia armónica entre los ciudadanos, así como el respeto a los derechos humanos. Por tanto, la seguridad pública debe ser responsabilidad de los tres niveles de gobierno y de una política de Estado de prevención, atención, combate a la delincuencia, que se traduzca en la disminución delictiva en nuestro país. Las soluciones no son inmediatas y se requiere de una participación y corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía. Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI, votaremos a favor de esa reforma constitucional para poder dotar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de nuevas facultades que le permitan suplir las carencias por acciones concretas y soluciones que den como resultado mayor seguridad. Eso es lo que deseamos en nuestro grupo parlamentario. Cuando se propongan reformas que puedan beneficiar a la ciudadanía siempre estaremos a favor. Ese nuestra responsabilidad coadyuvar en satisfacer una necesidad básica de todo mexicano, salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y seguridad en su patrimonio, así como en sus derechos. Sin embargo, es urgente poner mayor atención en la procuración de justicia, en la profesionalización de las policías y fiscalías, dotar de mayores recursos, equipamiento, tecnología, apostarle a los jóvenes, a la prevención mediante cursos y talleres a los jóvenes, mejores sueldos y si no, no habrá reformas suficientes que brinden resultados. En el sexenio pasado pidieron la creación de la Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública y se les otorgó, dando como resultado cerca de 200 mil homicidios dolosos. Después de seis años la inseguridad en México no ha disminuido, por el contrario, se ve sumida en una crisis de violencia, impunidad y corrupción, así como falta de libertad de expresión y transparencia. A pesar de ello les damos nuevamente el beneficio de la duda, puesto que estamos conscientes que la seguridad pública requiere de la participación de todas y de todos. No es mentira que acudir a una agencia del Ministerio Público, genera temor e incertidumbre en la mayoría de las víctimas de algún delito orillándolas a no denunciar. De acuerdo con la propia Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2024, que publica el Inegi, de 31 millones de delitos ocurridos en 2023, solo el 10 % se denunció, lo que se traduce en 90 % de delitos cometidos que no se investigaron y de 10 delitos denunciados solo 1 se resuelve. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hablando de delitos que se resuelven, quiero hacer un paréntesis para reconocerle a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, que es mi estado, por el avance en las investigaciones que tienen que ver con el esclarecimiento de un delito que se dio en días recientes, que lastimó a toda la sociedad queretana y donde perdieron la vida 10 ciudadanos y 12 más resultaron gravemente heridos. Y que pues al día de hoy se presentan avances en cuanto a detenciones y en cuanto al esclarecimiento de este diabólico delito que se llevó a cabo en mi ciudad. Y que pues que sirva de que sirva de ejemplo la fiscalía de Querétaro para muchas, para muchos estados en el país. Hoy se requiere garantizar el Estado de derecho, el acceso a la justicia y un México de instituciones que dé como resultado una mejor calidad de vida. Queremos un México seguro. Es cuanto.