LA DIP. HEIDI STORSBERG MONTES: Con su venia señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas: Una de las facultades exclusivas de esta Cámara de Diputados, otorgada expresamente por la Constitución para ejercer la función fiscalizadora sobre el Poder Ejecutivo, radica en la revisión de la Cuenta Pública a fin de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Los diputados de Acción Nacional creemos que para fomentar la cultura del rendimiento de cuentas, es imprescindible apegarnos a las leyes y exigir transparencia a los Poderes del Estado, y como consecuencia a todos los servidores públicos. La base de esa cultura es por supuesto la información, pero información completa, objetiva, veraz, oportuna, apegada a plazos, procedimientos y como dije, por supuesto a la verdad. Uno de los rubros que se encuentran contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación es el de la comunicación social, materia por demás delicada por relacionarse directamente con los medios de comunicación, nada menos que los intermediarios del flujo de información entre el gobierno y la sociedad. Y es precisamente en aras de la transparencia que debe de prevalecer entre el gobierno y medios, que los diputados exigimos cuentas claras a los responsables de entregarnos la información. De ahí que para realizar una efectiva labor de supervisión y vigilancia el uso de los recursos que el Ejecutivo Federal y sus dependencias realizan con cargo al presupuesto público, es condición indispensable que el Poder Legislativo cuente con información precisa y oportuna. En el proceso de rendición de cuentas que el Ejecutivo está obligado a presentar ante el Legislativo, éste se enfrenta en ocasiones a la falta de información precisa para cumplir con su responsabilidad, incluso se debe enfrentar a información parcial, indebidamente presentada y a veces omitida u ocultada con toda intención. El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, durante la glosa del Sexto Informe de Gobierno, fue cuestionado tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores acerca de la falta de información en lo referente al reporte del gasto público en materia de comunicación social, de acuerdo a lo establecido por el decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del ano 2000, especialmente en lo que se refiere al informe sobre el uso, distribución y destino de los tiempos oficiales, tanto del 12.5% como de los 30 minutos establecidos en la Ley Federal de Radio y Televisión. Ante el Senado de la República, el 19 de septiembre pasado el Secretario Diódoro Carrasco, afirmó ya haber entregado a esta Cámara de Diputados la información solicitada; lo cierto es que dicho documento no fue entregado en lo particular ni presentado como parte de los informes trimestrales referentes a la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del país. Compañeros diputados, el Secretario de Gobernación mintió ante el Congreso de la Unión. Es obligación de los legisladores vigilar el cumplimiento de la ley y atender con responsabilidad la precisión y la veracidad de los informes del Ejecutivo, especialmente en lo que se refiera al ejercicio del presupuesto y considerando que el asunto en cuenta se encuentra claramente delimitado en el artículo 39 del decreto de Presupuesto de Egresos del 2000 y en los lineamientos generales para la erogación de recursos presupuestales en materia de comunicación social. En esos ordenamientos se señala que en las dependencias y entidades el Ejecutivo Federal, únicamente podrán designar recursos presupuestarios una vez que se hayan agotado los tiempos oficiales de transmisión asignador por la ley en radio y televisión. En su informe del semestre enero junio del 2000, se reporta un gasto de mil 245 millones de pesos en comunicación social, sin especificar con el detalle requerido el tipo de gastos y en qué medios fueron ejercidos. Con relación al último informe trimestral entregado en días pasados, este sólo contempla los montos totales del gasto en materia de comunicación social, el número de radiodifusoras y canales de televisión que transmitieron mensajes del gobierno federal utilizando los tiempos oficiales y las dependencias federales que fueron beneficiadas con el uso de estos tiempos. Nuevamente la información insuficiente y parcial; no se registra qué tipo de tiempos fueron utilizados, tampoco el valor monetario de éstos, así también el corte parcial a septiembre sobre el uso total de los tiempos oficiales en radio y televisión considerados para el ejercicio fiscal de este año, las franjas oficiales de horario y días en que fueron utilizados los tiempos y mucho menos los canales de televisión y las frecuencias de radio que han o no, cumplido con lo establecido en la ley. Por lo tanto, lo más importante que corresponde señalar es la ausencia del informe que dé cuenta del uso y destino de los tiempos oficiales, a pesar de lo establecido en la normatividad en el sentido de que se podrá gastar en medios electrónicos una vez que quede demostrado que el tiempo disponible por ley, ha sido adecuada y eficientemente utilizado. De acuerdo al lineamiento décimo noveno, la Secretaría de Gobernación deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las erogaciones destinadas a los rubros de publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general de las relacionadas con actividades de comunicación social, incluyendo en uso de los tiempos oficiales en término de lo dispuesto por los artículos 39, fracción 11 y 79 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000. Cabe señalar que este informe tampoco ha sido entregado a esta soberanía. Por ello, este órgano legislativo no puede pasar por alto el incumplimiento a la normativa vigente no sólo de los artículos 6o. y 8o. constitucionales sobre el derecho a la información y el derecho de petición, sino también a las normas y lineamientos generales para la erogación de recursos presupuestales en materia de comunicación para el ejercicio fiscal del año 2000, sobre todo en el caso de que éstos últimos sean incumplidos precisamente por quien lo suscribió apenas en enero pasado. Por lo anterior se presenta la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo. "PRIMERO: Exigir una explicación por escrito al Secretario de Gobernación, dentro de un plazo no mayor a tres días hábiles, ante su afirmación carente de veracidad, de haber entregado a la Honorable Cámara de Diputados, la información detallada sobre el gasto en materia de Comunicación Social y el informe relativo al uso y destino de los tiempos oficiales. "SEGUNDO: Exigir el informe detallado del uso, distribución, tiempo y valor monetario que ejercieron las dependencias y entidades federales, de los tiempos oficiales. "TERCERO: Exhortar a los legisladores para que se exija al Ejecutivo, el cabal cumplimiento de lo dispuesto en las normas expresamente aprobadas para el ejercicio del Presupuesto. " Finalmente, porque sabemos que el tiempo apremia y este gobierno ya se va, queremos dejar constancia de que éste es sólo un ejemplo de los que seguramente han habido muchos, en que un funcionario ha venido a mentir y se ha ido sin que esta situación sea debidamente señalada. Es cuanto señor secretario, y pido que le sea entregada una copia al Presidente de la República, el señor ciudadano doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, con carácter de urgente. Gracias. PRESIDENTE: Muy bien diputada Heidi Storsberg Montes. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto del Orden del Día, es el Punto de Acuerdo, para que se genere un fondo extraordinario que tenga como objeto abatir el rezago de infraestructura, particularmente en los estados y zonas más pobres del país. Este punto de acuerdo lo presentará el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, quien tiene la palabra hasta por 10 minutos. DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Con su permiso señor presidente: El asunto que planteo en esta tribuna, ha sido también reiterada y consistentemente abordado en la misma. Es cierto que para el ejercicio fiscal del año que viene, hay un marco de referencia al que con toda particularidad me referiré enseguida. Pero lo que también es cierto, es que la pobreza y marginación en este país, no es una condición que se relacione con un aspecto geográfico, es decir, no solamente alcanza a las entidades del sur, sureste, de nuestra República Mexicana. Si esa fuera condición, Baja California Sur no estaría en la que ahora se encuentra. O en el centro norte Zacatecas o Nayarit o Tlaxcala. Por esa virtud no hago sino reproducir el mandato de mis compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Emilio Ulloa Pérez, del Partido del Trabajo, José Narro Céspedes; del Revolucionario Institucional, José Antonio García Leyva; Miguel Castro Sánchez, José Luis García Vera, Josefina Hinojosa Herrera, Ma. de las Nieves García Fernández, José Manuel Quintanilla y del diputado también priísta, mi amigo Víctor Roberto Infante González. Las consideraciones que expreso son conforme a los siguientes puntos: Si', estamos conscientes de la estructura del sistema de coordinación fiscal vigente; que debe existir equilibrio entre el ingreso y el gasto público; que existen reglas generales y específicas para la asignación y participación de los recursos fiscales en el sistema legal que nos rige; que las variables e indicadores para dicho fin en términos generales priorizan el principio de igualdad por encima del de la equidad; que en el contexto de las disposiciones legales vigentes para el ejercicio fiscal del año entrante podemos anticipar que los criterios de asignación y participación serán los mismos que tradicionalmente se han venido instrumentando; que el inicio de la nueva administración federal ha generado una extraordinaria expectativa de desarrollo económico y social para el país, lo cual constituye un reto en la alternancia del poder. En ese sentido, la nueva gestión gubernamental deberá ofrecer alternativas reales en sus proyectos económicos y sociales. Ya se ha dicho aquí, no sólo alternancia en el ejercicio del poder; alternancia también en el proyecto económico y desarrollo de este país. La gobernabilidad democrática de este país tendrá soportes de apoyo y legitimidad siempre que se atienda a los más pobres, que son la mayoría, así como a las entidades federativas y regiones con más atraso. Me refiero particularmente a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero, a Tlaxcala, Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur y la región huasteca ubicada en los estados de Veracruz, de Hidalgo, de San Luis Potosí y de Tamaulipas. Lo que expreso en este apartado es con absoluto respeto y a título de expresión personal. Que la Cámara de Diputados ha sido una instancia de trámite y de legitimación de las políticas de gasto del Ejecutivo, puesto que no acotado su discrecionalidad. Sólo por mencionar: en el ejercicio de la cuenta pública de 1999, por ampliaciones presupuestales, transferencia, interdependencias o con entidades, fue cercano a los 20 mil millones de pesos. También está claro que los aspectos de fondo deben ser abordados en el marco de una reforma fiscal integral. Que este planteamiento, compañeras diputadas y diputados, obviamente no constituye una propuesta de reforma constitucional o legal; se traduce en una propuesta para la generación de un fondo extraordinario para compensar los rezagos en infraestructura de los estados y regiones que se encuentran por debajo de la media nacional. Este fondo estaría destinado a la ejecución de obras viables de infraestructura que puedan ser detonantes del desarrollo de estados y regiones atrasados. Para este fin deberán servir como parámetros específicos las ejecutadas hasta ahora por el Gobierno Federal: carreteras, obras de captación hidráulica, puertos marítimos, aeropuertos, inclusive plantas de tratamiento en la descarga de aguas residuales. Por virtud de la naturaleza de la propuesta y por los puntos que reiteradamente en esta tribuna se han planteado con el respeto y la atención debidas, hago una sugerencia de procedimiento parlamentario: Uno. En un lapso de casi 3 meses los diputados de las diversas fracciones parlamentarias hemos presentado ante el pleno de esta Cámara aproximadamente 100 proposiciones con punto de acuerdo, algunas relacionadas con el ingreso y el presupuesto para el año que viene, de las cuales no hemos, no hemos dictaminado ninguna. Dos. Que esas proposiciones con punto de acuerdo han tenido efectos políticos momentáneos; que esos efectos políticos generan expectativas sociales, las cuales, al paso del tiempo, se ven insatisfechas y se revierten en desprestigio de los diputados y en desesperanza de la gente. Sin embargo, debemos celebrar que existen condiciones para construir consensos de mayoría y lograr la concreción de estas proposiciones. La palabra, la palabra sobre este particular está en esta Cámara. Prescindo de citar los numerales que fundamentan el punto de acuerdo. Primero. Que en el marco del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2001 se genere un fondo extraordinario para abatir el rezago de infraestructura en los estados y regiones más pobres del país, recursos que deberán, inclusive, tener un destino de inversión específica: carreteras, obras de captación hidráulica, puertos marítimos a la mejor ya no aeropuertos, por la dinámica en la que se encuentran ya insertos de administración y de crecimiento. Segundo. En el apartado relativo a procedimiento propongo respetuosamente, proponemos a la Presidencia invite a las diversas comisiones para que en proposiciones con punto de acuerdo, pendientes de dictaminar y que guarden relación con la discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2001, se consideren de previa y especial dictaminación, es decir, con anterioridad a la discusión y eventual aprobación de estos ordenamientos. Muchas gracias.