El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Señoras y señores diputados, qué bueno que ampliaron el tiempo aunque sea dos minutitos, porque hay que leer el informe. Mucho, mucho que comentar. Ayotzinapa muestra un crimen abominable, no hay excusa que valga, no hay pretexto que pueda servir, no hay explicación que satisfaga sino la verdad pura y simple, aquella que demuestre que en el siglo XXI sí hay actos de barbarie como los de esta terrible noche en Iguala, debe haber un Estado que sancione, castigue, sea ejemplar, muestre al mundo que México no es un país de bárbaros. Desde el momento del crimen el Estado mexicano, el Ejecutivo, el Legislativo y ahora el Judicial no han sabido responder. El jefe del Estado pospuso su intervención directa en este asunto por un viaje a China, no se entendió desde el principio la magnitud de la tragedia, pero no se trata de buscar e insistir en los errores del Estado. Frente a un evento de tal magnitud necesitamos respuestas. La imagen internacional del gobierno y de los mexicanos ha sido dañada, entre otros temas por el equivocado manejo de la información que exhibió a las autoridades. Desgraciadamente se ha ido generando una peligrosa percepción de incertidumbre, de ineficacia que escaló a la sospecha y a la incredulidad, dígase lo que se diga en este tema, ya nada creíble. No se trata de acusar a nadie en concreto, ni de sugerir caminos que los profesionales debieran haber transitado ya a casi un año del terrible suceso. No conviene erigirnos en investigadores y menos en jueces, pero sí se trata de buscar que los hechos se esclarezcan puntualmente y que los responsables, sean los que sean, puedan ser sometidos a la acción de la justicia. El derecho penal es uno de los elementos más formidables para determinar qué país ha avanzado realmente. Por el derecho penal se explica lo que cada país considera constituye una afrenta a la convivencia civilizada. No hay que olvidar que por proteger el estado de derecho, el mismo Estado puede privar a un ser humano de sus bienes, de su libertad, de sus propiedades y en algunas latitudes, incluso de la vida. No es un asunto menor, es la legitimación del poder del Estado. Es la explicación de por qué un Estado es más civilizado que otro. Por eso la doctrina penal comparada es tan difícil y tan rica a la vez, porque explica cómo las sociedades enfrentan los problemas de las debilidades y la criminalidad de los hombres. Por eso es que este asunto de Ayotzinapa cala tan hondo, hiere tanto, motiva tanto a la sociedad mexicana. El Estado tiene que explicar puntualmente todos los hechos a la sociedad. Tiene que mostrar con eficacia su buena disposición a que las cosas queden claras, a satisfacción de los familiares y a satisfacción de la sociedad entera. No se pueden echar en saco roto las observaciones de la Comisión Interamericana recientemente aparecidas. No podemos otra vez apostar al olvido, al paso del tiempo o al aturdimiento de los voceros oficiosos en los medios masivos de comunicación. Tiene el Estado y por supuesto que aquí, el Congreso de la Unión o sea nosotroscompartimos también la responsabilidad. Hay que explicar qué pasó, por qué paso y quiénes son los responsables, así de simple. El papel del Estado se ha reducido a recibir a los deudos con frecuencia y con frecuencia se atienden sus peticiones y cuestiones coyunturales. El Congreso nombró una comisión de investigación, que aparte de los discursos alusivos, que otros resultados tuvo. Casi nunca se concluye nada y es el tiempo el que deja las cosas al olvido. Ayotzinapa es el límite, señores legisladores. No podemos seguir viviendo así. La captura del matrimonio Abarca, ese matrimonio que asesinaba hasta a sus propios compañeros de partido y las dificultades para procesarlos, contribuyen también a la sospecha de que algo no está concluido. Y el exgobernador, de verdad, ¿no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos ni siquiera por omisión? Las investigaciones periodísticas, los comentarios de expertos y recientemente el informe al que aludimos esta mañana, insisten tercamente en la necesidad que este asunto se explique puntual y ampliamente a la sociedad. El derecho de las víctimas en este tipo de asuntos es lo más importante. Tiene que encontrar en el Estado, en el gobierno, en el Congreso, en nosotros, en los partidos interlocutores válidos; puertas abiertas, compromisos explícitos para aclarar las cosas. Si nadie responde, si nadie explica, si nada satisface, ¿por qué la sociedad tendría que confiar en sus instituciones? Encuentro Social no tiene por qué hacerse cómplice silencioso de un oprobioso asunto como el de Ayotzinapa; no tenemos por qué creer a pie juntillas lo que nos dicen ni usurpar papeles de investigadores o jueces que nadie nos ha dado. Como partido político queremos ser interlocutores válidos entre la sociedad agraviada y el gobierno; queremos sumarnos en la tarea de que esta terrible herida abierta en la sociedad, que ha vulnerado el prestigio de nuestro país, se vaya cerrando con el bálsamo de la verdad, rechazando y castigando a quienes resulten responsables. Señoras y señores diputados, nos sumamos a la solicitud de que una comisión especial de diputados, formada por legisladores de todos los partidos políticos, reciba en audiencia especial a los integrantes del grupo de expertos que hizo este informe, para que nos expliquen a cabalidad los resultados de su investigación. Y una vez que esto haya sucedido, pedimos la comparecencia de la procuradora general de la República para que delante de la Cámara de Diputados explique lo que hará en cada uno de los temas en los que haya dudas, dudas razonables. Muchas gracias.