La diputada Lilia Aguilar Gil: Muy buenas tardes. Con la venia de la asamblea. Este dictamen que estamos presentando el día de hoy pareciera un poco extraño, estamos hablando de que un Ministerio Público pueda influir en la medida de lo posible, a través de periciales, de la idoneidad de quién será el padre que deberá tener el cuidado de los hijos en el caso de una separación o divorcio. Pareciera que esta iniciativa promueve el exceso de la intervención del Estado en la vida privada de las personas. Sin embargo, una de las obligaciones del Estado es velar por el bienestar de sus niños y de sus niñas. La alienación parental es una realidad. Cuando existen divorcios los padres pueden utilizar a los hijos como armas para dañar a su cónyuge, sin percatarse que no sólo infringen daño a la ex pareja sino también a los niños. En 2011, compañeras y compañeros diputados, se registraron solamente 91 mil 285 divorcios; en 2010, 86 mil. El incremento de divorcios es evidente. En 2009 la mayoría de los divorcios fueron judiciales, y de éstos, 3 de cada 10 no tienen hijos menores de 18 años; una tercera parte tiene uno; y una cuarta parte tiene dos; en uno de cada 10 casos se tienen 3 hijos o más. Ésta es la gravedad del problema. El artículo 4o. de la Constitución mexicana establece que todos los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, promoviendo que sea el Estado el que proporcione lo necesario para propiciar el respeto, la dignidad de la niñez, y el ejercicio pleno de sus derechos. Tomamos, precisamente, como base el precepto constitucional anterior, para señalar que los derechos de los niños y las niñas es el que más frecuente se presenta en el tribunal y es el que más se vulnera fundamentalmente en los juicios de divorcio, de alimentos, de guarda y de custodia. Es por eso que la idea de que uno de los progenitores manipule o programe a sus hijos y lo ponga en contra del otro progenitor puede parecer una locura o una perfecta excusa de abandono. Se trata, sin embargo, de un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, pues aparece en la mayoría de las separaciones o divorcio. El niño por falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado de sus progenitores, incluso, el debido cuidado también del Estado. México, al haber ratificado la Convención sobre los derechos del niño, adquirió el compromiso de implementar una serie de medidas apropiadas para garantizar el ejercicio de los niños y las niñas, y esta reforma es precisamente en este sentido, pues en la Declaración de los derechos de los niños menciona que estos tienen el pleno derecho del desarrollo de su personalidad. Y para ello es necesario, no solamente darles amor y comprensión sino la apropiada tutela legal. En el caso de que un niño sea objeto de maltrato o descuido, o manipulación de los padres cuando estos viven separados, debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. Respetar el derecho del niño que está separado de uno o ambos de sus padres, debe mantener relaciones personales, contacto directo con ambos padres de manera regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. El juez en materia familiar, pues, y de esto trata esta iniciativa, debe ser sensible a la problemática de la niñez y tener, además, la actitud suficiente para advertir e identificar cuando esté en presencia de un niño o niña que se encuentre manipulado o manipulada por uno de sus progenitores. El Ministerio Público debe correr estas periciales y hacer del conocimiento del juez que requiere los datos objetivos, no manipulados, que le permitirán determinar con sustento en criterios técnicos quién debe quedarse con la guarda y custodia de las niñas y los niños. Sin mermar su independencia en su valoración como elementos de convicción y evitar criterios subjetivos o parciales, incluso de género que lo constriñan a dejar la custodia siempre con la madre, que es lo que sucede actualmente. Las pruebas periciales antes descritas son las idóneas y no las mínimas en el trabajo del juzgador, pero no excluyen de alguna otra que requiera, de acuerdo al caso, para dilucidar el conflicto puesto en juicio, y en caso de que se les permita deben ser realizadas otras más. Es decir, debemos permitir que los ministerios públicos puedan intervenir de manera activa en una decisión objetiva del juez cuando se perciba que un menor ha sido manipulado en lo que hoy conocemos como alienación parental. Es por eso que el Partido del Trabajo ha decidido votar a favor esta iniciativa, porque creemos no solamente que cumple con la Convención ya firmada por México, de los derechos de las niñas y los niños, sino con el bien superior de los niños. Muchas gracias.