El diputado Rogelio Muñoz Serna: Con su venia, señor Presidente. Diputadas y diputados. En ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su correlativo artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma el último párrafo de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente Exposición de motivos En la concepción moderna del Estado federal estamos obligados al replanteamiento, revisión y transformación de las relaciones intergubernamentales ante la dinámica de la realidad, debido a los procesos económicos y sociales en los ámbitos nacionales e internacionales. La estabilidad política existe cuando los conflictos entre un segmento de la población y el ejercicio del poder público se ventilan ante instituciones como esta representación popular; foro privilegiado de las divergencias ideológicas y punto de convergencia de lo que, como mexicanos, aspiramos a alcanzar en la perspectiva de mejores oportunidades de desarrollo y la preservación de la paz social. La estabilidad y el desarrollo económico se posibilitan cuando los factores que lo integran contribuyen al impulso de más y mejores oportunidades de la vida digna, a una población dinámica, ávida de respuestas. Sin estabilidad política y económica es imposible plantearse el crecimiento; en su ausencia, la justicia social es inalcanzable. La consolidación de la democracia y del federalismo tienen como premisa el fortalecimiento económico de estados y municipios mediante el consenso de todos los involucrados, a través de instrumentos que contribuyan al imprimirle certeza y eficacia a la distribución del presupuesto programable, mediante un sistema de coordinación fiscal que responda al actual entorno social. La esencia del sistema vigente se estableció a partir de la adición de la fracción XXIX del artículo 73 de la Norma Fundamental, realizada mediante decreto del 24 de octubre de 1942, al incorporarse a las entidades federativas, con la Federación, a un sistema de coordinación fiscal a través de un convenio de adhesión, con la renuncia de la potestad tributaria de los estados soberanos, desincorporando al Congreso Legislativo local de su ámbito competencial en materia de contribuciones. A riesgo de que de hacerlo estaría expidiendo disposiciones de observancia general que carecen de requisito de fundamentación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con este sistema los ingresos estatales quedan reducidos a ciertos impuestos, aclarando que renuncian a establecer algunos de ellos cuando ingresan al Sistema de Coordinación Fiscal, derechos, tarifas sobre servicios públicos, entre otros, y las transferencias federales en las que vale la pena destacar que muchas veces duplican esfuerzos, no hay criterios de racionalidad global con las participaciones por impuestos. Las entidades y sus municipios no son meros receptores de ingresos provenientes de las participaciones; son parte actuante de la administración tributaria nacional, pues depende de ellos en forma esencial la mayoría de los sistemas administrativos de los ingresos coordinados, siendo algunos tan importantes como el valor agregado. Aunado a ello, la participación no ha llevado la misma tendencia de los ingresos tributarios totales del gobierno federal ni del producto interno bruto, con lo cual queda demostrado que el actual sistema de coordinación no guarda un paralelismo con dichas variables económicas, haciendo más injusta e inequitativa la aplicación del sacrificio fiscal en nuestro país. La distribución de las facultades financieras, y consiguientemente de los recursos, ha sido siempre un tema delicado, pero en la actualidad resulta aún más trascendente si tomamos en cuenta que entidades federativas y municipios requieren de una plena autonomía financiera para llevar a cabo todas las atribuciones que originalmente tenían y las que han adquirido como consecuencia de las políticas asistenciales que aplican en nuestro país, propias de una población que depende cada vez más de la inversión pública en el suministro de obras y servicios, producto de la explosión demográfica, así como de la descentralización de facultades y obligaciones de los diversos órdenes de gobierno. El actual esquema de coordinación fiscal —entre otras características negativas— representa la voluntad unilateral del gobierno federal al imponer el monto y la forma de las participaciones y cuya modificación es al mismo tiempo discrecional, favorece a unos estados en detrimento de otros, mediante criterios claros, injustos e inequitativos que no reflejan la actividad económica de las entidades y su capacidad contributiva, en una época en la que el manejo y distribución transparente de los recursos y la rendición de cuentas constituyen el fundamento de la gobernabilidad democrática de la administración pública. El Sistema de Coordinación Fiscal carece de transparencia, en tanto que las entidades federativas no pueden obtener y validar la información relacionada con los impuestos federales asignables que fueron recaudados en su territorio. Con apoyo en el poder tributario genérico previsto en la fracción VII del artículo 73 de la Carta Magna, la Federación puede establecer impuestos sobre materias que le están reservadas y sobre todas las demás. Es por tanto inexacto que sólo puede legislar sobre aquéllas para lo cual ha sido expresamente autorizadas, pues puede hacerlo sobre todas aquellas materias que le están sujetas por razón de dominio o jurisdicción como poder soberano, aún cuando ninguna ley le confiera específicamente tal facultad, en detrimento de las menguadas facultadas tributarias de las entidades federativas. Sin una verdadera autonomía financiera toda pretensión de constituir un Estado políticamente centralizado es irrealizable; por eso es imperativo redefinir el régimen de facultades constitucionales en materia fiscal que actualice los mecanismos de distribución de los recursos financieros ante los reclamos de una población que por momentos adquiere fuerza y vigor ante ello. A esta honorable representación popular corresponde la alta responsabilidad de adecuar el actual esquema de coordinación fiscal, estableciendo las obligaciones entre Federación y Estado, en esta área nodal del desarrollo nacional. En términos de la concurrencia tributaria sustentada en la fracción IV del artículo 31 de la propia Constitución General de la República, la Federación, estados y municipios, pueden compartir entre ellos los productos de la recaudación de sus respectivas contribuciones, siendo obligación de los ciudadanos la aportación de las mismas. El actual esquema tributario sólo contempla participaciones de Federación a estado y municipios, y transfería de aquellos a éstos, aunque técnicamente podrían hablarle, a verlas en sentido contrario. Se hace necesario el replanteamiento de un nuevo esquema de coordinación fiscal en el que se precisen facultades y responsabilidades, eliminando la discreción de las autoridades hacendarias, en donde los estados sean parte en el sistema tributario con facultades y obligaciones precisas y concretas. La propuesta de reforma al último párrafo de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Federación, las entidades federativas y los municipios, bajo los principios de coordinación y concurrencia tributaria, determinen los rendimientos de las contribuciones especiales, previstas en la propia Constitución a través de la integración de instrumentos de coordinación fiscal que la ley secundaria federal establezca. Guarda estrecha relación con las propuestas de reforma en materia de presupuesto multianuales, metropolitano y del agua, expuestas ante esta soberanía, porque inciden en el ingreso, el gasto y el financiamiento público, conforman un campo disciplinario claramente definido en el marco del federalismo fiscal. Proyecto de decreto La presente iniciativa reforma el último párrafo de la fracción XXIX, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que quedé como sigue: Las entidades federativas deberán participar en el rendimiento de estas contribuciones especiales, mediante la integración de los instrumentos de coordinación fiscal que acuerden en términos que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. Artículo Transitorio La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que se haya completado el procedimiento a que se refiere el artículo 135 constitucional. Atentamente. Diputados del Estado de México, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Martha Hilda González Calderón, Jesús Sergio Alcántara Núñez, diputado César Camacho Quiroz, María Mercedes Colín Guadarrama, Elda Gómez Lugo, Rogelio Muñoz Serna, Alejandro Olivares Monterubio, Isael Villa Villa. Muchas gracias a todos.