El senador Fernando Castro Trenti: Con el permiso de la Mesa Directiva. Señor presidente, voy a dar a conocer en sus términos esta iniciativa con proyecto de decreto, por la que se plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en forma específica los artículos 84, 84 ter, 84 quarter y todos los demás relativos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con base en lo siguiente. Como ustedes saben, el análisis que se ha hecho alrededor de las circunstancias políticas y de convivencia en un estado de derecho en la república nos lleva a considerar que uno de los graves flagelos que azota a la sociedad es la inseguridad, ya que alrededor de seis mil mexicanos, seis mil compatriotas, fueron victimados por hechos delictivos violentos y que pagaron con su vida la ineficacia de las instituciones del Estado mexicano, encargadas, sobre todas las cosas, de garantizar una legítima convivencia de la sociedad. Este flagelo sin duda se ve facilitado, íntimamente ligado a la falta de control y de regulación que existe en la comunidad internacional y particularmente con nuestros vecinos del norte respecto de la comercialización en forma indiscriminada, de las armas de fuego. Esta es una circunstancia que al evaluarla el Grupo Parlamentario del PRI presentó, en la Cámara de Senadores, una iniciativa, planteando un exhorto a la Cámara de Senadores y a las Cámaras legislativas estatales en los Estados Unidos de Norteamérica, con el propósito de que asuman su responsabilidad a partir de cambiar su régimen jurídico que permite, en este momento, que cualquier persona con escasos conocimientos y con una cantidad ínfima de recursos, en algunos casos, hasta una AK-47 se comercializa por 15 y 20 dólares, para que estas disposiciones cambien a partir de constituir una nueva política que considere, no solamente su idiosincrasia y su realidad nacional, sino su responsabilidad que tiene este país en el concierto de las naciones. Ya lo hemos visto, estamos padeciendo gracias a una serie de políticas económicas fallidas y sobre todo, políticas económicas que hoy en día no pueden ser sostenidas, como generar un flagelo y detonar un problema gravísimo en el mundo. Hoy igual sucede, por esa política orientada sólo a satisfacer los intereses económicos de las grandes industrias encargadas de la fabricación y comercialización de estas armas y que entran a toda Latinoamérica en forma indiscriminada. Justamente esta iniciativa plantea no solamente voltear los ojos hacia afuera quienes son los directamente responsables de esa comercialización, sino plantea, en forma específica, sancionar a aquellas autoridades nacionales que teniendo su obligación de combatir, de estar atentos, de vigilar y de sancionar la introducción de armas de fuego y explosivos a nuestro país, no lo hagan por acción o por omisión. En forma específica es esta iniciativa, endurecer las disposiciones de carácter legal para presentar un frente legislativo que dé una herramienta eficaz a las autoridades responsables del combate contra la delincuencia organizada y que nos permita que tengan una herramienta que genere un elemento fundamental contra la impunidad, y que permita abatir el índice de las muertes violentas. En forma concreta me voy a permitir dar lectura al proyecto de decreto que se reza en los siguientes términos. Artículo 1o. Se deroga la fracción II del artículo 84, se reforma el artículo 84 Ter y se adiciona un artículo 84 Quáter, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Artículo 84 Ter. Las penas a las que se refieren los artículos citados se aumentarán hasta en el doble cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, en situación de retiros, de reserva o inactivo. Artículo 84 Quáter. Al servidor público que estando obligado por sus funciones a impedir la introducción de armas al país, a que se refieren los artículos 84, fracción I y 84 Bis, y no lo haga por acción o por omisión, se le impondrá de 15 años de prisión, además se le impondrá la destitución del empleo o cargo, inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión pública. Es cuanto, señor presidente.