El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señora presidenta. El derecho a la salud consagrado en el párrafo tercero del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos tenemos derecho a la protección de la salud. En este sentido se obliga al Estado mexicano para que a través de los diferentes órdenes de gobierno se garantice este derecho fundamental, el cual exige, entre otros aspectos, la prevención y control de enfermedades con mayor presencia en la sociedad. Actualmente la insuficiencia renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. El número de pacientes va en ascenso tanto en países desarrollados como países en desarrollo. En México, durante los últimos 10 años, el número casos ha aumentado desmesuradamente. A nivel nacional la cifra asciende a 7 millones 600 mil enfermos, afectando por igual a los diferentes sectores de la sociedad, incluso a niños que desde su nacimiento comienzan a tener manifestaciones de esta enfermedad. Son varias las entidades y regiones del país en las que la gran demanda por el número de casos de padecimientos renales ha rebasado la capacidad de atención hospitalaria. Un claro ejemplo de lo anterior es el estado de Michoacán, que registra aproximadamente 5 mil 500 enfermos, ubicándolo en el décimo lugar nacional. También es de considerarse que tan solo en 14 de los 18 municipios que conforman la zona oriente del estado, habita el 40 por ciento de los enfermos renales. La prevalencia de la enfermedad es un problema severo en la región, al grado que cada familia tiene un promedio de dos a tres integrantes con este padecimiento. Aunado lo anterior, el 85 por ciento de la población enferma carece de Seguro Social o de ISSSTE, y no cuenta con recursos económicos para sustentar los altos costos de las medicinas que este tratamiento requiere. Las cifras hablan por sí solas y día a día más personas en la región oriente del estado de Michoacán mueren por este padecimiento lentamente. La situación está en un punto crítico, por lo que resulta imperante la implementación de las acciones necesarias a fin de dotar al hospital regional de Cuidad Hidalgo de la infraestructura necesaria para el establecimiento del área de especialidad en nefrología, como apoyo a las exigencias que los habitantes de esta región reclaman. Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos a favor del punto de acuerdo, tal y como siempre lo haremos cuando a través de las medidas propuestas se busque la protección de la población en general y sobre todo de las personas de menos recursos, que por su condición social son el sector más vulnerable. Compañeras y compañeros diputados, como ya se mencionó, no es suficiente con hacer o construir mayor número de hospitales de especialidades para dar solución a los problemas de salud, sobre todo a los problemas renales y de diabetes que cuestan una fortuna a la Secretaría de Salud, y los cuales se provocan en su mayoría por el consumo excesivo de los alimentos chatarra y de las bebidas gaseosas y edulcorantes. Por eso consideramos que la Secretaría de Salud debería de emprender una campaña más enérgica en el control de estos alimentos y así como con las bebidas gaseosas, y nosotros como legisladores en esta Cámara tendremos que legislar para normar la fabricación y venta de estos productos, que tanto daño hacen sobre todo a la niñez de nuestro país, que son el futuro. Es cuanto, señora presidenta.