La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta. Estamos esta noche en esta agenda política para combatir la idea de aquellos que se dicen demócratas solo cuando ganan. Cuando no, no hay democracia. Y para a ellos, que dicen ser demócratas solo cuando les conviene, les quiero decir algo. La democracia es bastante más que solo la elección popular de los gobernantes. Como lo indicó la Carta Democrática Interamericana, adoptada por la Organización de los Estados Americanos, tiene como elementos esenciales el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos. La democracia, como gobierno del pueblo, sobre todo, tiene que responder a un sistema que garantice el control efectivo del poder de los gobernantes. La democracia, como gobierno del pueblo, solo existe cuando el ejercicio del poder pueda ser, efectivamente, controlado tanto por la sociedad, como por los propios órganos del Estado. De lo contrario, la ausencia de mecanismos e instrumentos de control del poder y de los gobernantes que lo ejercen, por más origen electoral que estos puedan haber tenido, conduce a la tiranía. Como lo advirtió hace varias décadas Montesquieu, es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él y lo hace hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder limite al poder. De esto surgió, entre otras cosas, la división de poderes, pero también los elementos esenciales de la democracia, entre los que se encuentran: el respeto al Estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad. La democracia solo es tal cuando el régimen político dispuesto para el ejercicio del poder se pueda haber elecciones completamente libres y justas, así como la efectiva representatividad. Solo controlando al poder se puede hablar de pluralismo político. Solo controlando al poder se puede hablar de una efectiva participación democrática. Solo controlando al poder se puede hablar de transparencia en el gobierno, con la exigencia de rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Solo controlando al poder es que se puede asegurar un gobierno sometido a la Constitución y a las leyes, es decir, un Estado de derecho. Solo controlando al poder es que puede haber un efectivo acceso a la justicia. La democracia no se puede definir solo como el gobierno del pueblo, sino como el gobierno del pueblo mediante representantes que ejercen el poder sometido a controles y no solo por parte del poder mismo, como lo ideó Montesquieu conforme al principio de la separación de los Poderes del Estado. Dicho de otra manera, para que haya democracia necesitamos que haya controles democráticos y eso significa que hay leyes e instituciones capaces de hacer valer esas leyes. Las resoluciones que han resuelto el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral significan justamente que tenemos una democracia, porque hay leyes y hay instituciones encargadas de hacer valer esas leyes. Las sanciones que han puesto estas instituciones no fueron, por ejemplo, por el monto reportado por las precampañas, sino por la importancia que tiene la fiscalización de los recursos de las precandidaturas como principio fundamental de la reforma constitucional electoral de 2014, y por la negativa reiterada y contumaz de negar los gastos de precampaña a pesar de lo detectado por la Unidad de Fiscalización. El tema del dinero y sus fuentes y utilización, de acuerdo a Carolina Jilas, es la clave para la política y las elecciones. En México, la regulación y la fiscalización de los recursos de partidos y candidatos se considera indispensable para garantizar la equidad en la contienda. El modelo de fiscalización empleado desde las elecciones de 2012 fue considerado en su momento ineficiente por parte de los partidos de oposición, quienes promovimos su modificación. El nuevo modelo aprobado con la reforma de 2014 crea mecanismos para una fiscalización más ágil, realizada a nivel central a través del INE como la única autoridad responsable. El tema de la fiscalización estuvo ausente en las regulaciones mexicanas hasta finales de los años 80, que cada rato parece que nos quieren regresar a esos años, en los que el sistema autoritario, con un partido hegemónico, en gran parte fusionado con las estructuras del Estado, no necesitaba diferenciar entre lo público y el partido. Eso sucedía en los 80, suena muy parecido a lo que sucede en este momento. Fue con el... palestino de la liberación del ámbito político y electoral cuando por fin tuvimos algunas leyes, todavía laxas, en materia de fiscalización, pero desde 2007 se introdujo una revisión seria de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Todo ello en función de los escándalos de financiamiento paralelo del Pemexgate y de los Amigos de Fox. ¿Y quiénes creen que promovieron esa reforma? Los partidos de oposición, la verdadera izquierda. El nuevo modelo establecía para la reforma de 2007 y 2008 encargaba la tarea de fiscalizar a la Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos al Instituto Federal Electoral, un órgano con autonomía de gestión, pero cuyos dictámenes requerían de la aprobación del Consejo General. Desde ese entonces, para que no se digan llamados a sorpresa, los partidos tenían la obligación de presentar informes trimestrales y anuales, del origen y monto de los ingresos recibidos, así como los informes de precampaña y de campaña, un elemento clave de fiscalización, en ese momento, fueron los topes que se pusieron. Después, en 2012, las elecciones dejaron en evidencia las limitaciones de ese modelo de fiscalización, pero fue a partir del proceso electoral de 2014-2015 que se modificó de manera sustancial la presentación de los informes en cuanto a las precampañas, y se deben presentar los informes por cada uno de los precandidatos registrados y para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. La legislación otorga un plazo de 10 días siguientes a la conclusión de las precampañas para su entrega. Con esa legislación el INE sancionó a diez precandidatos federales en 2015 con la pérdida o cancelación del registro. Entre los cinco que fueron omisos en presentar informe uno renunció y los demás, por otras razones, no obtuvieron el registro y cómo consecuencia de las irregularidades detectadas en los informes de precampaña para gobernador el INE canceló cinco registros, uno de precandidato y de cuatro aspirantes a candidaturas independientes. Todo esto lo señalo para aquellos que ya se les olvidó lo que nos ha costado llegar a la legislación que hoy tenemos en materia de fiscalización y lo importante que es. Los candidatos que fueron sancionados, los precandidatos que fueron sancionados es porque el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece claramente que, si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de gastos de precampaña, dentro del plazo establecido, justamente la sanción es que no podrá ser registrado legalmente como candidato. El artículo 442 anota como sujetos de responsabilidad por las infracciones cometidas a disposiciones electorales a los aspirantes, precandidatos y candidatos. El artículo 445, señala que constituye infracciones de los aspirantes omitir la entrega de informes. Así pues, cometieron faltas que tenían que ser sancionadas conforme a la ley, y eso en democracia significa que hagamos valer las leyes y que hay instituciones que sancionen conforme a la ley. No se llamen ahora sorprendidos los que no están dispuestos a cumplir con la ley y que además se olvidan de los caminos que nos llevaron a la democracia son ustedes. Los demócratas vamos a seguir apostando por un Estado de derecho. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.