El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. La respuesta y el manejo que se le ha dado a la actual crisis con relación a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre en el municipio de Iguala, así como la ejecución extra judicial de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, ponen al descubierto la ausencia de protocolos y acciones del Estado mexicano ante las graves violaciones a los derechos humanos, poniendo de manifiesto la gran descomposición del sistema político mexicano. No es la primera vez que nuestro país enfrenta situaciones como éstas, y la realidad indica que a 19 años de distancia las graves masacres a cargo de agentes del Estado siguen sin ser atendidas como debe de ser y las víctimas no reciben justicia ni reparación. La justicia se sigue impartiendo por consigna y por amiguismo; es el botín político de unos y la ruina de otros. La destitución de personajes incómodos y una disculpa mustia para las víctimas y sus familias. En 1997 Emilio Chuayffet renunció a su cargo en la Secretaría de Gobernación ante la falta de acciones contundentes y la presión social por la masacre de Acteal, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. No sucedió nada más. En 1995 el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, solicitó licencia definitiva como consecuencia de la masacre de Aguas Blancas y no sucedió nada más. El gobierno federal ha puesto en bandeja la cabeza de otro gobernador, pero el problema sigue ahí. Aún con la detención de Abarca el día de hoy por la madrugada, no ha sucedido nada más hasta ahora, porque la exigencia principal, el motivo de lucha de familiares y alumnos, sigue existiendo. Una desaparición forzada que no es responsabilidad sino del propio Estado que ha atentado por años en contra de las normales rurales y su cuerpo estudiantil. No podemos desvincular estos hechos que van ligados a la criminalidad desatada y a la narco política, con la polarización social que actualmente se vive en el país, donde la amplia mayoría sufre las consecuencias de la pobreza, el desempleo y la discriminación. Estas heridas sociales se han agravado con la desaparición de los 43 estudiantes jóvenes normalistas, sin dejar de lado también la gravedad de casos como el de Tlatlaya, me centraré en lo de Iguala. No quiero dejar de señalar que muchas de estas reflexiones las hemos comentado con legisladores de Guerrero, como los diputados Catalino Duarte, la diputada progresista y luchadora Rosario Merlín, el diputado Jorge Salgado, el diputado Miranda, el diputado Carlos de Jesús y todos ellos siempre preocupados por encontrar justicia en estos hechos. A más de un mes de la desaparición forzada de los normalistas, queda claro que el gobierno federal encabeza un gobierno que miente, que maquilla los hechos y que ha hecho hasta lo imposible porque no se tipifiquen estos hechos como delito de lesa humanidad, desaparición forzada. Lejos han quedado los discursos triunfalistas por la aprobación de las 11 reformas estructurales; ahora el país se desangra en la violencia criminal, en la violación de los derechos humanos y en la falta de respeto a amplios grupos sociales. Cómo alguien como Peña Nieto puede aspirar a ser un gran estadista y a publicitarse internacionalmente cuando en México existe una violación sistemática de los derechos humanos, que no solamente se focaliza en un grupo, sino en diferentes grupos sociales. Ante ello y ante los hechos que han sido narrados una y otra vez por diferentes autoridades, queda claro que existe una fuerte complicidad del poder con lo sucedido en Ayotzinapa y como siempre los grupos vulnerables son los que reciben la peor parte. Como si no fuera poco para las familias de desaparecidos, ahora, en el colmo, se acusa a los jóvenes normalistas de posibles vinculaciones con el crimen organizado. Se construye una re-victimización de estos estudiantes que han sido golpeados sistemáticamente por su condición de pobreza, de precariedad y su necesidad de ser parte de la educación rural de nuestro país. Esto se puede resumir en la reseña que hacen jóvenes normalistas y que ha sido documentada y señalada en medios de comunicación, donde dicen que ya heridos algunos de ellos, los fueron a visitar militares al hospital y después de maltratarlos, de encañonarlos, de cuestionarlos les dijeron: ustedes se lo buscaron. Esa es parte de la criminalización que están viviendo estos grupos sociales en el país. Por otro lado, se permitió que transcurrieran 72 horas vitales para la búsqueda, sin que el gobierno federal tomara en serio el caso y sin que ni siquiera el procurador Murillo Karam se atreviera a decir en público que se trataba de desaparición forzada. Fue hasta el 22 de octubre, casi un mes después, que a través de las redes sociales la Secretaría de Gobernación anunciara que se estaban concluyendo diligencias para acreditar el delito de lesa humanidad de desaparición forzada, mismo que se tipifica en un plazo máximo de 72 horas. Por su parte, el presidente de la República actuó con incomprensible indiferencia y negligencia, se tardó 11 días en hablar en público desde que ocurrieron las desapariciones y tuvieron que transcurrir 33 días para reunirse con los padres y familiares de estudiantes desaparecidos. Señoras y señores legisladores, de estos hechos y otros más que son parte ya del paisaje cotidiano nacional, podemos afirmar que nuestro país se encuentra actualmente en una crisis humanitaria. México está en una crisis humanitaria, en una situación en donde existe una amenaza contra la vida de las personas esparcida a nivel nacional, su salud, seguridad y la capacidad mínima de subsistencia de individuos y comunidades. La realidad no sólo está en Guerrero, está en la Sierra Tarahumara, en los municipios indígenas de Oaxaca, en los cientos de mujeres asesinadas en el estado de México, Chihuahua, Guanajuato. Nuestro país enfrenta una ola de salvajismo como nunca antes. Y en tal virtud queremos señalar algo que es muy importante y con ello concluyo. Está pendiente una reunión con el secretario de la Defensa Nacional en la cual insistiremos una y otra vez, porque Ayotzinapa es además una omisión viva de lo que hizo el Ejército. En Iguala está asentado el 27 Batallón de Infantería que cuenta con 450 elementos. No actuaron en defensa de los jóvenes y sí se trasladaron a los hospitales a amedrentarlos, por eso queremos tener la reunión con el secretario de la Defensa Nacional. Sobre ello, queremos señalar que hasta el 21 de octubre ni la CNDH ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni ninguna autoridad había mencionado si quiera una investigación relacionada con los integrantes del Ejército, que en el menor de los casos negaron auxilio a mexicanos siendo atacados por agentes en el momento desconocidos, y en el peor pudieron haber participado en los hechos. México ha sido acusado en el examen periódico universal el año pasado de no reconocer la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas para recibir quejas individuales, argumentando que México se encuentra en días de instaurar sus propios mecanismos. Y hoy, que la realidad se nos atraviesa, queremos señalar las omisiones en materia de cumplimiento de los tratados internacionales en materia de los derechos humanos. México de no corregir estos hechos, de no castigar ejemplarmente a los responsables, sean de nivel municipal, sean de nivel estatal o sean de nivel federal, se constituirá en un Estado fallido y en un Estado ausente del respeto a los derechos humanos. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Es cuanto, presidenta.