El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en 2004 la Ley de Desarrollo Social determinó las obligaciones del Estado mexicano para proponer, implementar y evaluar la política de desarrollo social. Define los objetivos de la política nacional en la materia y regula las obligaciones de los tres niveles de gobierno. Establece también las instituciones responsables. De acuerdo con el Coneval, de los años 2005 a 2008 el gasto en desarrollo social se incrementó 38.5 por ciento. En este último año fue del 59.2 por ciento; sin embargo, el número de pobres se incrementó en 5.9 millones de personas, entre 2006 y 2008. Para este último año México tenía 50.6 millones de pobres de patrimonio. Por lo que se refiere a la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2009, la Auditoría Superior de la Federación hace notar que el Coneval, en este año, realizó el inventario de 145 programas de desarrollo social, que en implicó 191 evaluaciones. De estas evaluaciones, se desprendieron 30 recomendaciones de carácter general, cuyo grado de agregación no permite verificar cuántas y cuáles fueron para corregirlos. La ley contempla en el proceso de planeación, a los responsables de implementar la política de desarrollo social, previendo la construcción del Sistema Nacional de Desarrollo Social. En relación a los órganos responsables, en el Sistema, se estableció la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo Social encargada de integrar las acciones de los tres niveles de gobierno desde el ámbito de los municipios, estados y la federación. Se publicó el decreto que regula la actuación de la comisión, determinándose, entre sus funciones, proponer políticas públicas de desarrollo social en los ámbitos estatal, regional y municipal. En la expresión misma del federalismo a través de la concurrencia de los tres órdenes de gobierno entre otros actores, desde mi perspectiva, dada la retroalimentación que puede aportar, tanto los gobiernos de los estados, municipios y secretarios de los estados vinculados a temas más económicos, sería posible lograr que la conjunción de la dinámica social y económica fortalezca el diseño de las políticas sociales. La comisión puede coadyuvar en la revisión y aporte de su opinión para el mejor diseño de las reglas de operación, ya que éstas son un instrumento base para la operación de los programas. El análisis y opinión que emita la comisión, puede ayudar en su simplificación administrativa y burocrática, para una mejor operatividad, siendo una herramienta que dote de información objetiva, oportuna y de calidad para apoyar la toma de decisiones de política pública que mejore la eficiencia y la eficacia de los programas sociales, permitiendo la construcción de respuestas concretas, e incida en el bienestar de la población beneficiaria, lo que permite generar transparencia y confianza de la ciudadanía. La ley establece que la comisión en el artículo 50, un conjunto de obligaciones, como el proponer políticas públicas de desarrollo social, bajo los criterios de integralidad y transversalidad. Con el propósito de que se conozca y análisis de las reglas de operación de los programas sociales del año fiscal en curso, para estar en posibilidades de dar su opinión a dichas reglas a la Secretaría de Desarrollo Social. Estamos proponiendo en el artículo 50 que: analice y emita opinión, a más tardar el 15 de febrero, al respecto de las reglas de operación de los programas sociales del año fiscal en curso, publicadas por el Ejecutivo federal, que deban regir la participación social que haga la Secretaría, opinión que deberá estar fundada y motivada conforme a los criterios que se refiere el último párrafo del artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es, pues, esta propuesta de modificación a la Ley de Desarrollo Social en su artículo 50 y modificando la fracción IX. Es cuanto, señor presidente.