EL C. DIP. JESÚS PORFIRIO GONZÁLEZ SCHMAL: Con su anuencia, señor Presidente. El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la República, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes consideraciones. No obstante que desde el 25 de septiembre de 2001 el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, a través de su comisión de comunicaciones y mediante un acuerdo económico, hizo saber a la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso Federal las lamentables condiciones que guardaba el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, de Guadalajara, Jalisco, a la fecha la situación se ha agravado, sin que haya autoridad en la República que honre el cumplimiento de sus responsabilidades revocando, como procede, la concesión otorgada a la empresa Grupo Aeroportuario del Pacífico, por el evidente desprecio a los usuarios y flagrante inobservancia de las obligaciones contraídas en el capítulo de concesión de la propia Ley de Aeropuertos del 22 de diciembre de 1995. Es el caso que con el consabido argumento de que se requerían inversiones en el servicio aeroportuario mexicano que el Estado no podía realizar, se abrió la participación de la inversión privada en el Sistema Aeroportuario Nacional, y el nueve de febrero de 1998, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial los lineamientos respectivos. Fue así, que entre muchas otras concesiones que se han dado en aeropuertos de la República, con resultados negativos, se concedió al Grupo Aeroportuario del Pacífico la autorización para explotar diversas centrales aéreas del centro-pacífico y pacífico-norte, siendo la más importante desde luego la de Guadalajara, Jalisco. Este grupo aeroportuario tiene como socios una empresa con las siglas AENA, otra denominada FENOSA BRAGADOS, el propio Grupo Aeroportuario del Pacífico, y nada menos que también a ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que heredó el paquete. Es evidente la absoluta falta de inversión de los concesionarios, a pesar de los exorbitantes ingresos que reciben, entre otros conceptos por la renta comercial de los reducidos espacios de tránsito peatonal y espera de pasajeros, del pago mensual por otorgamiento de gafetes, de los espacios por publicidad, taxis, autobuses, etcétera, etcétera. El Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, tiene un aforo promedio de 20 mil pasajeros diarios, que todos sin excepción pagan el Impuesto Sobre Derecho de Uso de Aeropuertos, y todos sufren las penalidades de falta de sanitarios, asientos, ventilación, acceso directo al avión, esperas infernales, cuando existe algún atraso, malos olores, hacinamiento, etcétera, etcétera. Se anexa a esta propuesta con punto de acuerdo una lista de las molestias, malos tratos y toda clase de inconvenientes que tiene que pasar un viajero, y mucho peor si a sus familiares se les ocurre ir a esperarlo, siendo inconcebible lo que sufre un anciano, un enfermo, un discapacitado, y desde luego los turistas nacionales e internacionales. Para nuestra desgracia, lo que ocurre en Guadalajara es sintomático de lo que está ocurriendo en otros aeropuertos concesionados y éstos, que incluso están a cargo de ASA, como el de la Ciudad de México, cada día más incómodo y desarticulado en información y atención a los pasajeros. La situación es grave y de acuerdo con la ley se deben revocar estas concesiones porque no se ha cumplido con las condiciones legales a las que se obligaron los concesionarios. Y si esto no ocurre de inmediato va a persistir este daño en las comunicaciones aéreas y como ya es sabido, se resienten dramáticamente en el sector turismo; a menos que se quieran condiciones para que sólo arribe al país el subturismo de viciosos y apostadores que aguantan todo con tal de llegar a un lujoso casino y desprenderse de todas sus inhibiciones. Las privatizaciones de por si no garantizan avance, antes al contrario, son evidentes retrocesos. Hace falta el más patriótico compromiso de la autoridad para hacer que se cumpla la ley. La Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no puede seguir evadiendo su responsabilidad. Por lo consiguiente solicito la aprobación del siguiente: Punto de Acuerdo. Se solicite a la Comisión de Comunicaciones de esta LIX Legislatura, requiera la información y realice las visitas de comprobación in situ, para acreditar la existencia de las irregularidades señaladas y por consiguiente sustente las causas de revocación de las concesiones, procediendo en caso de negativa de la autoridad administrativa, a incoar juicio político al Secretario de Comunicaciones y Transportes, ya que es manifiesto que su comportamiento omiso redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Túrnese a las Comisiones de Comunicaciones y de Transportes. Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Eppen Canales, a nombre de diputadas de la Comisión de Equidad y Género, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar al Ejecutivo a instruir a las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal, para que incorporen con transversalidad la perspectiva de género, tanto en las acciones, programas y políticas, como en el Presupuesto de Egresos de la Federación. -DIP. BLANCA EPPEN CANALES: Con su venia señor presidente: Las diputadas y los diputados abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Equidad y Género de esta Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a incorporar con transversalidad la perspectiva de género, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2004, así como las acciones, programas y políticas y para que se creen unidades de Equidad y Género, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES Nuestra Constitución Política consagra dos de los más importantes valores universales: el de la prohibición de la discriminación, motivada entre otras causas, por razón del género, y el principio de la igualdad entre varón y mujer. Sobre esta base legal, las mujeres en nuestros diversos quehaceres hemos respaldado la lucha por el respeto a nuestros derechos y a la igualdad de oportunidades, manteniendo la exigencia de que los asuntos de las mujeres deben de ser una prioridad nacional. Este Congreso como representante social y particularmente la Comisión de Equidad y Género, ha tenido un papel fundamental para que al interior de las organizaciones públicas se incorpore de forma transversal la Perspectiva de Género, así como en el seguimiento, evaluación e implementación de los programas y recursos. Es así que en la pasada Legislatura igualmente se exhortó al Poder Ejecutivo Federal, para incorporar la Perspectiva de Género en el Presupuesto y los programas, preocupación que retomamos en esta Quincuagésima Novena Legislatura. Un análisis de las acciones de gobierno sugiere avances en la transparencia presupuestaria durante los últimos años. A partir de esta Administración Federal, algunas secretarías han venido incluyendo montos y programas destinados a las mujeres, tal es el caso de las secretarías de Desarrollo Social, Salud, Medio Ambiente, Economía y Trabajo, algunas más han venido constituyendo un área administrativa de Equidad y Género. Sin embargo, aún falta por hacer más transparente la asignación y el uso de los recursos destinados para mujeres. En algunas ocasiones este presupuesto se encuentra en la misma partida de otros grupos específicos como indígenas y jóvenes y en otras, no se desglosan los recursos de algunos programas exclusivos para mujeres. Por ello es necesario transparentar y desagregar más el presupuesto para conocer el monto de los recursos y el impacto de los programas. Es también imperante una mayor profesionalización en esta materia para que las unidades de la administración pública sean sensibles a las diferencias de género. La forma de hacer partícipes a las mujeres en el desarrollo nacional es poniendo en sus manos los beneficios de los programas materializados en más y mejores servicios, becas para educarse, capacitación para el trabajo, financiamiento para hacer producir sus tierras, otorgarles los títulos de propiedad, dotarles de guarderías para sus hijos y ofrecerles servicios médicos especializados. Sólo así podremos hablar de un desarrollo social incluyente, justo y democrático. Las mujeres necesitamos que los beneficios nos lleguen, que entren a la casa y se expandan a nuestras familias. Sólo así puede dársele sentido al discurso del cambio. Por todo lo anterior expuesto y siendo que es responsabilidad compartida de los poderes Legislativo y Ejecutivo proveer de las condiciones necesarias para garantizar un nivel de vida digno para todas las mujeres, el pleno ejercicio de sus derechos, el acceso a la igualdad de oportunidades, se propone el siguiente punto de acuerdo: Primero. Que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo federal que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del 2004 contenga información desagregada por sexo y que en los tomos anexos se contemple una clave presupuestaria adicional para identificar los programas y los recursos destinados para mujeres y con enfoque de género. Segundo. Que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo federal que, a partir del siguiente ejercicio fiscal, todos los programas sociales cuenten con reglas de operación con la transversalidad del enfoque de género y en los informes relacionados con la ejecución de las acciones y de los recursos sean presentados en forma desagregada por sexo, dando cuenta del impacto sobre el bienestar de las mujeres. Tercero. Que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo federal que las dependencias y entidades cuenten en su organigrama con un área administrativa de equidad y género encargada del diseño de políticas y programas transversales con enfoque de género. Solicito, señor presidente, que esta proposición sea turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad y Género y que sea insertado el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.