El diputado Martí Batres Guadarrama: Con su permiso, señor presidente. Legisladoras y legisladores, comenzamos esta legislatura en medio de una grave crisis nacional. Es una crisis que viene de lejos, es una crisis política, económica, social y moral. Sin atenderla, sin resolverla. Antes bien buena parte de la clase política del país la ha profundizado, separándose cada vez más de la gente y de la sociedad. Hay un verdadero clamor social en contra de los privilegios de la clase política, pero ésta sólo atina a proponer que aumenten los impuestos al pueblo para que el Estado obtenga nuevos ingresos. México es uno de los países más desiguales del mundo, es la treceava economía del planeta y al mismo tiempo el país número 103 en distribución del ingreso, tiene los salarios más altos y los salarios más bajos de todo el mundo simultáneamente. Hace 10 años el CIDE dio a conocer un estudio que indicaba que el salario de los funcionarios mexicanos era superior a los de los funcionarios de países de América Latina, e incluso de Europa. De acuerdo a este estudio el presidente de Chile reportaba un ingreso de 29 mil dólares al año, el presidente de Argentina de 36 mil dólares al año, el de Brasil de 41 mil dólares al año, el de España de 77 mil dólares al año, el primer ministro de Gran Bretaña de 167 mil dólares al año, y el gobernante de México de 179 mil dólares al año. Diez años después la atendencia se ha profundizado, y a lo largo de la década hemos conocido casos verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, un gobernante de Querétaro se fijó un sueldo de 214 mil pesos al mes, un alcalde de Ecatepec de 420 mil pesos mensuales, los ministros de la Corte llegan a percibir 500 mil pesos al mes; y el caso más llamativo por impresionante y vergonzoso es el de un alcalde de Tlalnepantla, que llegó asignarse casi 750 mil pesos al mes de salario. Imaginemos cuánto recursos absorbe la élite del Estado, si tan sólo en el gobierno federal existen 49 mil plazas de mando superior, sin contar las de los 32 gobiernos locales, los más de 2 mil gobiernos municipales, las 32 legislaturas locales, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, los 32 Tribunales Superiores de Justicia y los órganos autónomos federales y locales. De aplicarse un plan de austeridad integral en el país, en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado, podrían ahorrarse hasta 300 mil millones de pesos para destinarse al gasto social y a la inversión productiva. En cambio, si se impusiera IVA a medicinas y alimentos apenas se recaudarían 120 mil millones de pesos. Pero eso sí, con un altísimo sacrificio social, pues los más ricos apenas gastan el 7 por ciento de sus ingresos en alimentos y los más pobres gastan entre 50 60 por ciento de sus ingresos en comprar alimentos. Por eso proponemos que no se imponga IVA a medicinas y alimentos y que, en cambio, se aplique un plan de austeridad como una fuente alternativa de financiamiento. Ya en el Distrito Federal se tuvo gran éxito al ahorrarse 10 mil millones de pesos en la época en que fue jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador con un plan de austeridad. Y actualmente, el presidente socialista de Francia, Francois Hollande, aplica una interesante política de austeridad, frenando el IVA y al mismo tiempo reduciendo en 30 por ciento su salario, el de los ministros y el de los viceministros, así como disminuyendo el número de asesores de cada uno de estos funcionarios. Un programa de austeridad en México obligaría a los altos funcionarios a compartir los costos de la crisis, liberaría recursos para el desarrollo, frenaría las pretensiones de aumentar los impuestos al consumo popular, disminuiría el gasto corriente y el costo económico del poder político, acercaría a los funcionarios con la gente y elevaría el prestigio de los representantes populares y sería una forma efectiva de redistribuir el ingreso, quitándole a quien más tiene para darle a los que menos tienen. Por estas razones proponemos la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente de la Federación, propuesta ante esta Asamblea por los diputados del PRD, Martí Batres Guadarrama y Gerardo Villanueva Albarrán. En ella se establecen, entre otros, los siguientes mandatos: 1. El sueldo de secretarios de Estado, titular del Ejecutivo, titulares de órganos autónomos, ministros y magistrados del Poder Judicial, diputados y senadores, disminuirá entre un 20 y un 50 por ciento respecto al ejercicio 2012, dependiendo de la magnitud del ingreso actual. 2. No se autorizarán bonos ni percepciones extraordinarias. 3. Solo podrán disponer de escolta los funcionarios de Seguridad Pública y procuración de Justicia. 4. El gasto en publicidad en radio, televisión y prensa de todos los entes públicos, no podrá rebasar el 0.3 por ciento de su presupuesto. 5. Los vehículos oficiales no podrán sustituirse antes de los 12 años de uso. 6. Los viajes oficiales al extranjero deberán realizarse en vuelos comerciales. 7. La adquisición de bienes y servicios de uso generalizado se llevarán a cabo de manera consolidada. Legisladoras y legisladores, por el bien de la República demos un paso hacia la dignificación de la función pública en la mejor tradición juarista de nuestro México. Ésta sí es una reforma que el país necesita. Muchas gracias por su atención.