El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente. La situación de crisis y emergencia en materia de seguridad pública que padecen Michoacán y otras entidades del país como Baja California, como Sinaloa, como Guerrero, como Nuevo León, como Tamaulipas, como Quintana Roo, como Sonora y como Chihuahua hace inevitable la aplicación de medidas urgentes y perentorias para contener el avance de este cáncer que es el narcotráfico. Un mal que amenaza por igual a la seguridad nacional, a la seguridad ciudadana, a la salud pública, a las finanzas nacionales, al desarrollo empresarial sano, a la vigencia del estado del derecho, a la convivencia del interior de las familias que, de manera directa o indirecta, sufren las consecuencias de estas actividades ilícitas. El gobierno de facto decidió involucrar y movilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la delincuencia, delincuencia organizada. Se confirma la gravedad y la urgencia del problema, así como sus consecuencias. Gracias a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, podemos conocer la herencia del gobierno anterior: nueve mil ejecuciones en seis años; nueve mil ejecuciones en seis años. La mayoría vinculadas con el narcotráfico. Pocos gobiernos en el mundo pueden presumir este récord mortal. Por ejemplo, la guerra en Irak ha costado entre tres mil 500 y cuatro mil norteamericanos muertos y ha costado un castigo electoral al partido en el gobierno que ofreció una intervención rápida, incruenta y eficaz y resultó lo contrario. Colombia en los peores años de la lucha entre narcotraficantes, reportó dos mil muertos en 1997. Nosotros ya lo superamos. El año pasado sumamos dos mil 100 narco-ejecutados. Lo peor de todo es que no se trata de un problema cuantitativo que se mida en número de muertos, sino que impacta en aspectos cualitativos de nuestra vida pública como el incremento de la impunidad, la violencia criminal-sádica y las adicciones entre la población, especialmente los jóvenes. A un mes del operativo en Michoacán, podemos hacer un balance de sus resultados, de acuerdo con el informe presentado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, el pasado 3 de enero en Apatzingán. Hoy se cumple exactamente un mes de ese operativo que, por cierto, la imagen más difundida fue del señor Calderón con una chamarra verde olivo desabotonada, grande y de una gorra bordada con cinco estrellas en fondo negro. Veamos la evaluación de este operativo: siete mil efectivos de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública y de la PGR; policía ministerial de Michoacán y policías municipales. 80 personas detenidas: 35 narcotraficantes de nivel medio y bajo. 87.5 efectivos por persona detenida. 246 vehículos terrestres, 38 helicópteros, 19 aviones, tres patrullas de intercepción aérea, una patrulla oceánica, 29 unidades caninas. Vehículos, 35 vehículos incautados. 127 armas largas y cortas, 41 granadas y 32 mil 800 cartuchos. Siete vehículos terrestres por vehículo incautado. Siete mil efectivos de los tres órdenes de gobierno. Marihuana: 540 hectáreas de plantíos destruidos. 6.2 toneladas aseguradas; 151 kilogramos de semilla asegurada y cuatro kilos de amapola. Es decir, mil 129 efectivos por tonelada y mil 750 efectivos por kilogramo. Pero vean esto más grave: tres millones de pesos al día cuesta aproximadamente sostener el operativo. Sueldos, gasolinas, alimentación, hospedaje. En 30 días o en 25 días que duró el operativo 75 millones de pesos. ¿Sabe cuánto decomisaron? 19 mil 341 pesos y dos mil 321 dólares …