El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Presidencia. Cinco minutos porque sé que su tiempo es valioso y estamos ansiosos por cerrar el periodo sin un trabajo legislativo sustantivo. Bueno, pese a las inconformidades del Bronx, que siempre grita y chifla; pero no lee, pero no se informa. Hay que decir en forma clara a la audiencia del Canal del Congreso, a la opinión pública lo que está en juego. Está en juego el derecho a la información, derecho a la información plasmado en el artículo 6o. constitucional que el Congreso de la Unión reformó en 2013. El artículo 6o. constitucional señala textualmente: Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Se establecerán las condiciones que deban regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión. El Tribunal Electoral ha emitido diversas sentencias en las cuales coincide con esta disposición constitucional, que no es más que garantizar el derecho a la información. Con la propuesta que hoy se votará y será favorable se da un borrón a esta disposición constitucional. Tengo varias reservas, le pido a la Mesa que se publiquen en el Diario de los Debates. Me centraré solo en una, por atención a su tiempo. Artículo 256. ¿Qué sucederá cuando un concesionario viole esta disposición constitucional y en medio de una noticia introduce propaganda de cualquier tipo, comercial o política? El Verde es especialista en la propaganda política a través de los infomerciales, los cuales el Tribunal Electoral ha cuestionado. Artículo 256. ¿Qué están proponiendo? La autorregulación, que el propio concesionario se establezca los límites en la violación constitucional. Es absurdo. Le quitamos la potestad al Estado como órgano regulador a través de un órgano autónomo para que sean los propios concesionarios los que determinen cuándo violan o no está disposición constitucional. Es absurdo. Es absurdo lo que pretenden hacer ustedes. Autorregulación, bajo un principio, artículo 256, lo que van a votar ustedes tendrán por objeto informar al público en general la forma detallada como el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de la audiencia. En el violador le dejamos la potestad para determinar cuándo viola la norma. Es absurdo. Se regirán íntegramente las actuaciones del defensor de la audiencia con base a la ética que establezca su patrón, que es el concesionario. Es absurdo. No se garantiza una autonomía del defensor de la audiencia que es obligación de la concesionaria de designar. El código de ética será emitido libremente por cada concesionario y no estará sujeto a convalidación o revisión previa o posterior del instituto. El concesionario determina su ética, y su ética es el lucro, el negocio y la desinformación. En manos del concesionario se deja la regulación de un derecho constitucional de las audiencias. Esto es absurdo. Y para cerrar en la adenda, por si había duda de cómo interpretar esta libertad ética del concesionario, se señala que los concesionarios contarán con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evitará cualquier tipo de censura, previa sobre sus contenidos y proveerá para que se adopten medidas que no regulen de manera diferenciada en perjuicio de los contenidos generados y con los compromisos generados en el extranjero. Manos libres para los concesionarios para determinar contenidos y desinformar a la ciudadanía, es lo que estamos votando. No hay garantía para las audiencias, todo queda en una autorregulación en función de intereses económicos. Esto tiene nombres. Peña Nieto presentó una controversia contra los lineamientos del órgano autónomo. En medios de comunicación se habla de la ley Televisa-Döring. El Pan está involucrado en esta violación constitucional. Tienen nombres. El Senado aprobó una controversia constitucional; tiene nombres y tiene partidos. PRI y PAN, Verde y los que lo acompañen, están aprobando esta ley inconstitucional porque eliminan la atribución del Estado de regular las funciones que tiene en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Es la barbarie que se comete en esta asamblea. Queda constancia para que la audiencia exija cuentas porque no tendrá medio de defensa cuando se viole su derecho constitucional a información objetiva e imparcial. Estamos violentando derechos fundamentales. Ya es suficiente el doble discurso. Este discurso de derecho a la libertad de expresión está disfrazando una imposición hacia toda la ciudadanía. Es cuanto, señora presidenta.