EL DIP. UUC-KIB ESPADAS ANCONA: Diputado Presidente; ciudadanos diputados: No es desde ningún punto de vista novedoso el que en nuestro país se realice espionaje telefónico. Esta es una práctica muy vieja, una práctica frente a la cual el Partido de la Revolución Democrática ha tenido una posición invariable desde su fundación. Y es que como en otros aspectos de la vida social de nuestro país, esto se vincula directamente a las libertades públicas, a la garantía de importantes libertades individuales y que sin duda no puede el Estado ni quienes participan de sus funciones, participar legítimamente en actividades de esta naturaleza. Esta sin embargo no ha sido una posición que hayan compartido otros actores políticos. Recordemos que durante este mismo sexenio se estableció la Ley Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado en la que algunos de los que hoy reclaman ser víctimas de espionaje telefónico, estuvieron de acuerdo en legalizar este espionaje en nuestro país. Las razones que se esgrimieron en aquel momento fueron las de contar con mejores instrumentos en la persecusión del crimen organizado, particularmente del narcotráfico; sobre esa base se dotó a la autoridad y a los jueces de facultades para instrumentar el espionaje a diferentes personas de conformidad con la misma normatividad. Esta puerta que se abrió legalmente, ha permitido sin duda la proliferación tanto de instrumentos técnicos como de recursos humanos destinados a este tipo de actividades y se han puesto precisamente en manos de aquellos órganos del Estado más desprestigiados en este país por su trato con el crimen, por su relación ambivalente frente a las organizaciones delictivas y por su utilización permanente para fines políticos, Es decir, abrimos la puerta para espiar legalmente los teléfonos sopretexto de controlar mejor al crimen y se pusieron esos instrumentos en manos de quienes tradicionalmente han realizado el espionaje y el control político en nuestro país. Esta ley, por cierto, fue aprobada como una iniciativa del Ejecutivo cuando participaba del gabinete presidencial el Procurador Lozano Gracia. La proliferación decía yo de estos instrumentos técnicos que como aquí se ha mencionado son de adquisición muy fácil, se ha visto acompañada de una gran negligencia por parte de las autoridades en términos de control de estos mismos instrumentos. Es muy sencillo en este país adquirir un aparato capaz de espiar teléfonos celulares, por mencionar lo más elemental. Y sin embargo las autoridades jamás han actuado en contra de quienes distribuyen estos instrumentos, jamás se han realizado pesquisas en torno a su utilización, y más todavía, jamás se ha perseguido legalmente a quienes utilizan el producto de ese espionaje telefónico. Pero esto simplemente lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. En declaraciones de quienes han participado en estos procesos, el espionaje telefónico ha sido un instrumento regular de espionaje político, de control y represión sobre la disidencia en este país. Tan pronto como la semana pasada Francisco Hernández Juárez, Secretario General de los telefonista declaraba que en otros tiempos, que él no especifica, los trabajadores de Teléfonos eran regularmente instruidos para en las propias instalaciones de la compañía telefónica, realizar espionaje sobre dirigentes políticos, sobre dirigentes laborales y sobre cualquier otro tipo de actor político que se requiriera ser controlado por parte de las autoridades, Nos parece entonces que tenemos que reasumir los juicios sobre el espionaje telefónico como un problema global, atendiendo necesariamente a las causas jurídicas y a las causas políticas, en las que ha podido sentarse como norma en este país, al grado de que salvo raras excepciones como la presente, ni siquiera es ya objeto de debate público. Es uno de esos derechos de los que se ha privado a los mexicanos, la privacidad, a grado tal de que lo asumimos como parte del juego político. En una réplica por cierto muy burda de mecanismos semejantes que existen en los Estados Unidos, pero que están sujetos a controles legales y prácticos, muy diferentes de los que tenemos en nuestro país. Finalmente, no deja de sorprender el que un elemento tan rutinario, como se ha vuelto éste, lejos de ser atendido en sus bases, salga a relucir específicamente para el caso del presidente electo, y en un momento en el que se están recibiendo muy fuertes críticas tanto al actual gobierno como al gobierno entrante por el manejo de recursos públicos en el ejercicio de las actividades frente al equipo de campana del presidente electo. En opinión del Partido de la Revolución Democrática, el espionaje telefónico, el uso de estos instrumentos y la asignación de personal del Estado para este tipo de actividades, tiene que ser revisado. Y tiene que ser revisado de fondo sobre la base de garantizar a los ciudadanos su privacidad y el pleno ejercicio de sus libertades públicas. y no puede ser simplemente sometido a escrutinio por el hecho de quién es la víctima particular de un caso específico . Nos parece, señores, que este asunto debe ser agendado, que tenemos la obligación de debatir si los instrumentos de espionaje establecidos por el viejo régimen, seguirán siendo funcionales en el nuevo sistema democrático, que es nuestra tarea terminando implementar en este país, pero no creo que en este momento sea el gran tema de discusión, ni mucho menos que se pueda sobreponer como una cortina de humo frente al desmedido gasto, al ilegal gasto que está realizando el equipo de campaña del presidente Fox. No se trata nada mas de ver si el presidente electo fue víctima o no de un delito y por parte de quiénes, se trata de encontrar qué es lo que está pasando en este proceso de transición, cómo se relacionan este tipo de actividades con otras actividades del Estado. Y, señores, finalmente de poner en el centro de la discusión lo que hemos insistido en poner: el uso de los recursos públicos por parte del equipo de transición del presidente electo. No puede el Partido de la Revolución Democrática, participar y considerar aceptables actividades como las que aquí se han denunciado. El propio espionaje telefónico y el uso de los resultados de ese espionaje telefónico, que es también un delito aunque rara vez se menciona. Pero insistimos en que necesariamente tenemos que vincular esto al proceso general de transición, y discutir plenamente la legalidad de las acciones del equipo de transición del presidente electo. Muchas gracias.