EL C. DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO: Con su permiso, diputado Presidente. Todos los partidos hemos hecho aquí un balance, según nuestra perspectiva, de lo informado por el Presidente de la República. Ni se puede defender lo indefendible, ni se puede criticar sin proponer. Si bien es cierto que el Ejecutivo tiene la gran responsabilidad sobre los asuntos del día a día, nosotros debemos sumar nuestras voluntades para mandar un claro mensaje a la Nación entera en el sentido de que lejos de intereses particulares, los legisladores estamos a favor del pueblo que nos eligió. Ha llegado el momento en que los mexicanos retomemos el camino al desarrollo, pero no regresando al estatismo populista ni al liberalismo a ultranza, sino encontrando nuestro propio rumbo, uno que incorpore a todos en el esfuerzo y en los beneficios. Es oportuna la intervención de nuestros compañeros y nos sumamos en el sentido de que el Ejecutivo y nosotros debemos expresar nuestra postura ante la Organización Mundial de Comercio, sobre la corrección del rumbo en la política económica a seguir. Convergencia acepta la economía de mercado como la mejor manera de organizar la producción de bienes y servicios, pero al mismo tiempo subraya como necesaria la intervención del Estado para asegurar que los beneficios sean producidos y distribuidos, de manera que se garantice una vida plena para toda la sociedad. Es necesario promover el intercambio comercial de nuestros productos y la llegada de recursos externos para la inversión, pero no a costa del nivel de vida de los mexicanos. Junto con una adecuada política de apertura que exija reciprocidad y trato justo, se debe desplegar una política de desarrollo industrial nacional que nos dé fortaleza en la competencia económica mundial. El Estado debe establecer un equilibrio entre las libertades de los individuos y las necesidades básicas de la sociedad, debe mantener el control sobre las áreas estratégicas de la economía y sólo permitir el resto del desarrollo a la iniciativa de personas y grupos sociales. Proponemos una política que promueva el crecimiento sostenido de la economía a partir del fortalecimiento del mercado interno, vía adecuada para cimentar el desarrollo nacional equilibrado y sostenible. Ello será posible si se canaliza suficiente inversión productiva para generar más empleo y favorecer la productividad en todas las ramas de la economía. Una política fiscal responsable y eficiente que permita captar impuestos a niveles de por lo menos el 25% del PIB. Los recursos que la sociedad le confía al gobierno, deben utilizarse para la promoción de la inversión productiva y la instrumentación de programas de beneficio social. La reforma fiscal que promovemos, debe partir de la confianza en que el contribuyente debe basarse en criterios de equidad y sencillez en su aplicación y estar orientada la promoción de la actividad económica y garantizar seguridad jurídica para el contribuyente. Es inaceptable promover la evasión, y nadie debe hacerlo, como tampoco ningún sistema debe desalentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Tan sólo un ejemplo de nuestro complejo fiscal, es que el año pasado se presentaron 32 mil juicios en contra de la Secretaría de Hacienda, de los cuales el gobierno federal perdió 20 mil. Esto no sólo refleja la complejidad del sistema sino que nos lleva a pensar que el costo de las pérdidas recae en el propio contribuyente. Por otra parte, el Presidente nos informa que las transferencias de los recursos a los estados crecerán en términos reales un 28.5%. Esperamos que se aplique este incremento adecuadamente, para que no haya distintos Méxicos sino un México más fuerte y desarrollado. Es necesaria también la ampliación de facultades al Congreso en materia económica, para que el Legislativo pueda controlar eventuales modificaciones presupuestarias al gasto autorizado. Se requiere el establecimiento de un sistema financiero nacional acorde con las necesidades de desarrollo del país, que ponga las bases de una verdadera banca de segundo piso para el fomento económico de las pequeñas y medianas empresas. Deseamos una reforma energética que garantice la rectoría del Estado y a la vez asegure la autonomía y modernización de Pemex y CFE, para que se genere un verdadero desarrollo. Proponemos también demandar del Estado una definición urgente de una política industrial, con visión regional, que considere los desequilibrios regionales del país. Solicitamos una revisión de la política de comercio exterior que instrumente, entre otras estrategias, el fomento de una banca de desarrollo que apoye efectivamente a la pequeña y mediana empresas exportadoras. Llamo aquí a su atención, el campo es la forma de vida de millones de mexicanos, quienes se esfuerzan por obtener lo mejor de sus tierras para la mayor producción de los alimentos, pero es también el campo la fuente de desarrollo económico de la agroindustria, y en el caso del Sur-Sureste lo que activa el comercio. Es necesaria la defensa de los avances en las conquistas y políticas de fomento del desarrollo social del campo mexicano. Proponemos que el Estado tenga un papel activo, sostenido, para reintegrar a los campesinos y su economía a la vida nacional, reconstruyendo sobre nuevas bases el tejido institucional, para que producir, almacenar y comercializar, sea nuevamente un trabajo digno y rentable, que lleve prosperidad a los hogares de la sociedad rural. Se dice en el Informe que se destinaron 117 mil millones de pesos al campo, 21% más que en el 2000. Les pregunto a mis amigos campesinos: ¿ya recibieron el dinero?, ¿qué impacto tuvo en el desarrollo rural y agropecuario esta cantidad? Es necesario el reconocimiento y apoyo a las demandas de las organizaciones sociales y económicas del agro mexicano, que reclaman del Estado una interlocución incluyente como expresión de la sociedad rural. Se debe recuperar el papel del ejido mexicano y la pequeña propiedad rural, como actores fundamentales del desarrollo del campo. Es el momento de construir un gran acuerdo para crear empleos e industrias rurales, recuperar la asistencia técnica, el crédito y la infraestructura de almacenaje y de comercialización. Convocamos a debatir los perfiles del nuevo entramado institucional, que deberá atender al campo, los términos de un nuevo pacto productivo, las líneas de apoyo a verdaderos programas de desarrollo regional. Convocamos porque sabemos que es un compromiso social, y nos lo han pedido nuestros amigos de los Consejos Comunitarios de Abasto, a robustecer el Programa de Abasto Rural de Diconsa y sus más de 23 mil tiendas comunitarias. Proponemos al Ejecutivo la negociación en el marco del TLECAN de un mercado agropecuario de América del Norte, con base en sus ventajas comparativas, eliminando subsidios pero creando fondos compensatorios para el desarrollo del campo o con opción a incorporar en otros sectores a los productores afectados. Y por nuestra parte, cada mexicano debemos de sumarnos a la convocatoria de nuestros productores nacionales para consumir lo que México produce. Todo esto se traducirá en un desarrollo económico y paz social. Señoras y señores diputados es el tiempo de los acuerdos, Convergencia reitera la invitación para que todos participemos en el diseño de un gran pacto social. El pacto es el acuerdo en lo fundamental que impulse nuestras voluntades hacia un objetivo común; el proyecto es la visión compartida del México que anhelamos y de las personas que queremos habiten en él. Es un pacto que facilitará el desarrollo de nuestro país con base en los acuerdos que permitan realizar todas las reformas que la sociedad civil demanda. Amigos diputados: no se trata de ver quién se lleva la medalla; se trata de ganar la carrera contra la pobreza y el subdesarrollo; se trata de construir un país mejor, más justo y próspero. No perdamos el tiempo, comencemos ya. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo. -DIP. JOEL PADILLA PEÑA: Con la venia de la presidencia; compañeras, compañeros diputados: En su mensaje político a propósito de su tercer informe de gobierno el Presidente Vicente Fox, utilizó como argumento central la necesidad de instrumentar y aprobar las llamadas reformas estructurales. La organización de su discurso en torno a estas reformas es una cuidadosa manipulación mediática, ya que lamentablemente no se trata ni de reformas ni se pretende tocar la estructura de la economía, sino favorecer a los grupos más voraces del capital financiero. Es una moda propia del neoliberalismo y de la formación de grupos de poder, la apelación al discurso de las reformas estructurales, como lo hicieran en su momento Salinas de Gortari y Zedillo. Al pueblo de México ya le fue vendida la propuesta de reformas a través de la privatización de las empresas públicas y los bancos, de la apertura de la economía a la competencia externa y de la desregulación de la gestión pública. Y debemos reconocer con toda honestidad que los mexicanos estamos arrepentidos y desencantados de esas dichosas reformas. Como sabemos los resultados fueron desastrozos, la crisis financiera en México no puede ser separada de la privatización y la desregulación bancaria. La apertura de la economía provocó la profundización de las fallas estructurales del aparato productivo, debilitó el mercado interno y ahondó la dependencia de las importaciones. El propio programa de apertura se ha envilecido debido a la incapacidad de delimitar las actividades de importación legal con el pernicioso contrabando legal; lo que tiene a la pequeña y mediana empresa al borde de la quiebra. Para la pequeña y mediana empresa el proceso de desregulación no existe porque siguen atrapadas en la maraña del cohecho y la corrupción impuesta por las entidades que supervisan las actividades empresariales. Un segundo ciclo de reformas debiera haber empezado por corregir las fallas de la llamada primera generación. Debió ponerse en la agenda política la liquidación forzada de bancos, en lugar de mantenerlos a flote por medio de inversiones multimillonarias de rescate. Igualmente debió contemplarse seriamente la propuesta de crear bancos estatales con la misión de arbitrar en la fijación de las tasas de interés. Pero en lugar de atacar los graves problemas heredados del primer ciclo de privatizaciones, el gobierno de Fox se propone emprender una aventura que de consumarse sumirá al pueblo de México en una nueva crisis marcada por carencias fiscales más agudas de las que padecemos en la actualidad. Esta maniobra aparece bajo el disfraz de la reforma estructural, pero no es más que una pantalla para esconder una maniobra antipopular tendiente a entregar al patrimonio nacional a inversionistas nacionales y extranjeros y seguir exentando a los magnates que eluden el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En particular es nuestro deber subrayar que la propuesta de privatizar la industria eléctrica es una medida demandada por los grupos de poder. El Partido del Trabajo ha reconocido la necesidad de elevar la captación tributaria y de esta manera potenciar el gasto público como detonante del desarrollo, contraria plenamente a la que enarbola Fox y el Banco Mundial. El eje de nuestra propuesta es elevar la mínima carga tributaria que pesa sobre los ingresos de capital, como son los dividendos y las ganancias especulativas, además de combatir las sofisticadas reformas de evasión fiscal, como son la consolidación fiscal y el envío de recursos a los paraísos fiscales. Complementando esta reforma con ajustes a la estructura tributaria actual para eliminar exenciones injustificadas a rentistas y grupos financieros se logrará una verdadera reforma capaz de elevar cualitativamente los ingresos tributarios que se requieren para el desarrollo del país. Nuestra oposición a la privatización de la industria eléctrica arranca de una evaluación de los resultados de las reformas de primera generación, donde destacan los siguientes elementos: la imposibilidad de poner directrices a los grupos de poder, que introducen sus intereses, capitales y empresas en los esquemas de privatización y los convierten en fuentes de ganancias, de monopolio, burlando a las entidades de regulación gubernamental. La insuficiencia de los avances tecnológicos para modificar el carácter de los monopolios naturales y con ello la imposibilidad de implementar formas abiertas y justas de competencia. Nuestra propuesta en torno a la industria eléctrica consiste en reforzar el control y gestión estatal de la misma. La clave de la modernización de la industria eléctrica está en realizar, bajo la rectoría del Estado, las inversiones necesarias para elevar la capacidad de generación y distribución de energía eléctrica. Las reformas que el Partido del Trabajo propone encontrarán resistencia de los grupos de poder que obviamente se opondrán a la aplicación de impuestos a los dividendos, al saneamiento de los pagarés del Fobaproa y pugnarán por tomar el control monopólico de la empresa eléctrica. Al mismo tiempo, las mafias incrustadas en las entrañas de la administración pública resistirán hasta el final cualquier intento radical de desarticulación y saneamiento con el propósito de hacer más eficiente la gestión pública. La clave para revertir la actual correlación de fuerzas radica en buscar una alianza con el pueblo a base de adoptar medidas genuinamente populares que vayan en defensa del empleo y el salario. A la iniciativa oficial de reformas estructurales que para nosotros son falsas reformas estructurales anteponemos un programa alternativo de corte social que contempla la redistribución de la carga tributaria, un programa de política industrial, la ampliación y modernización de la infraestructura de comunicación y transportes. Desde la perspectiva del cambio de estrategia macroeconómica hacemos hincapié en la necesidad de una nueva orientación de corte productivista, contemplada en los siguientes lineamientos principales: Atacar la sobrevaluación cambiaria a través de una estrategia gradual que comience con una restructuración obligatoria de los grandes grupos privados; Adoptar un programa de desarrollo de la infraestructura física semejante al de China, con énfasis en los transportes y telecomunicaciones; Fortalecimiento del mercado interno; Saneamiento fiscal, regulatorio y corporativo de Pemex para convertirla en una empresa pública moderna. Consecuentemente, invitamos al Poder Ejecutivo a emprender un ejercicio genuino de transparencia, proporcionar al Congreso la información detallada de quién paga y quién no paga impuestos en México. Solamente con transparencia, honradez y vocación de servicio público el Presidente Fox alcanzará los cambios que demanda nuestra nación. Muchas gracias. -