LA C. PRESIDENTA: De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por esta Asamblea que norma el procedimiento para el análisis del II Informe de Gobierno, nos acompaña el ingeniero Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Para dar cumplimiento al punto segundo, numerales 1º, 2º y 3º del mencionado acuerdo, se le concede el uso de la palabra al ingeniero Javier Bernardo Usabiaga Arroyo hasta por quince minutos. - EL C. ING. JAVIER BERNARDO USABIAGA ARROYO, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados: Permítanme que mis primeras palabras frente a ustedes sean de reconocimiento a este Cuerpo Legislativo que ha puesto al sector agroalimentario de nuestro país en un lugar prioritario que le corresponde. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Capitalización de PROCAMPO, son expresiones legales de nuestro tiempo que tienen como base una visión de largo alcance para el desarrollo sustentable y sostenido del campo de México. Los debates que se han generado en esta Legislatura en relación al sector alimentario y pesquero del país, se han traducido en un beneficio palpable, con un mejor marco legal para su desarrollo y mayores recursos para apoyo a los productores. Este es un hecho destacable en las diferentes regiones del país y se aprecia en toda su magnitud. Cuando se haga el recuento del quehacer de esta LVIII Legislatura, habrá que reconocerse que en esta casa de la ley prevaleció la bandera de México y que desde las muy respetables posiciones partidistas se logró acompañar el compromiso de avanzar hacia un objetivo de progreso compartido para todos los mexicanos. México construye una etapa de su historia que abre paso a una dinámica plural, de participación plena que nos distingue ya como una nación moderna. La visión de las políticas públicas que se impulsan desde el Estado, son por una parte detonadores directos del cambio pero por otro, moderadora las fuerzas económicas y sociales que lo generan para desembocar en un desarrollo rural equitativo. Comparezco ante esta soberanía en cumplimiento de los preceptos legales correspondientes para informar sobre las actividades que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación durante el segundo año de Gobierno de la Administración y que ha sido regida por seis líneas básicas de acción. Primero, propiciar que el productor reciba un mayor retorno por sus productos; lograr y mejorar los índices de productividad, incrementar el acceso al crédito agropecuario y pesquero, garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen agropecuario y pesquero; fomentar la sustentabilidad, la conservación y el uso racional de los recursos naturales; consolidar el concepto de un buen Gobierno. Todas estas acciones tienen como fin último la construcción de una nueva sociedad rural, con un acceso a mejores ingresos, educación, salud, oportunidades de desarrollo, recreación y esparcimiento; en una palabra, una mejor calidad de vida. En un entorno económico internacional complicado y que ha limitado las expectativas de crecimiento de las distintas economías del continente, el sector agroalimentario ha sido capaz de mantener un ritmo positivo de crecimiento. Durante el año del 2001 el Producto Interno Bruto sectorial registró un crecimiento del 2.6 y en los primero seis meses del año 2002 el crecimiento es del 2.8, respecto igual periodo del año anterior. La dinámica de producción y comercialización de los productos agro alimentarios significa fuente de sustento y empleo para miles de familias. El comercio internacional se ha sumado a este dinamismo al revertir la tendencia deficitaria que veníamos atravesando. A diferencia del año 2001, en que registramos un déficit en la balanza comercial por un mil 117 millones de dólares, ya en el primer semestre del 2002 experimentamos un saldo acumulado positivo de 44 millones de dólares. Estos datos macroeconómicos del sector no tendrían ningún sentido si no los traducimos en oportunidades de sustento para las familias campesinas. Estos datos no tendrían sentido sin una reorientación plenamente social que cumpla el objetivo máximo de los esfuerzos gubernamentales a favor del campo, un digno nivel de vida para cada hombre y para cada mujer que ha hecho del campo su vocación y su ámbito de vida. Si bien es cierto que el crecimiento no siempre acompaña al desarrollo, es imposible lograr éste sin el acompañamiento del crecimiento económico, por ello, a fin de que el productor obtenga un mayor beneficio en el retorno por sus productos, hemos impulsado una mejor integración y organización de las cadenas productivas con un solo objetivo: hacerlas competitivas. Se han integrado a los sistemas-producto de las áreas agrícolas, ganaderas y pesqueras, hemos impulsado la capacitación de 150 mil productores y el fortalecimiento de 5 mil organizaciones económicas, a fin de que tengan acceso a nuevos procesos, sistemas más eficientes de administración y puedan incursionar en mejores mercados. Para propiciar un mayor acercamiento al mercado, se ha impulsado la creación y la consolidación de más de mil empresas comercializadoras en manos de los productores, impulsando la apropiación de los procesos comerciales. Se ha fomentado la creación de una nueva cultura de agronegocios, a fin de que generar alternativas de ocupación y fuentes de riqueza para las familias de la sociedad rural. Así, este año contamos ya con más de 500 nuevas empresas en el agro que dan valor agregado a sus productos y diversifican su ingreso. Nos unimos a esta honorable representación para impulsar la Ley de Capitalización de PROCAMPO, fundamental para romper el esquema netamente asistencial del subsidio, para convertirlo en una herramienta de capitalización a fin de que el productor cuente con los recursos necesarios para emprender su modernización, la mejora de su infraestructura productiva y la adquisición de activos capitalizables. La mejoría en los índices de productividad se debe al desarrollo de tecnología y a la mejora en los procesos agronómicos y ésta ha sido posible encauzarla a través de la generación, validación y adopción de 910 proyectos de investigación tendientes a incrementar la productividad de las actividades del sector. El impulso a los instrumentos del crédito agropecuario y pesquero se ha establecido mediante diferentes vías y mecanismos: el financiamiento a los productores, como son los esquemas de riesgo compartido, que cuenta con un fondo de 65 millones de pesos este año, de los cuales se han autorizado 42 millones de pesos para financiar 29 proyectos en 18 estados del país; la creación de sociedades financieras de objeto limitado para el ámbito rural en manos de los productores, tales como las organizaciones de Tabasco y del sur de Sonora. La formación de un sistema financiero rural que se someterá a esta soberanía, pretende dar paso a la creación de nuevos instrumentos de crédito, con la coparticipación responsable de los productores y el regreso de la banca privada al campo, a través del soporte que da la Ley de Capitalización de PROCAMPO. Para garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos de origen agropecuario y pesquero, se perfeccionaron los instrumentos de certificación que permiten mejorar el nivel de competitividad, la prevención, vigilancia y el control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan la producción, así como el establecimiento de herramientas jurídicas para regular la calidad de los alimentos. La aplicación de los productores en esta materia, así como la puntualidad de los programas ha permitido que en dos años no se registre un solo rechazo de exportación por cuestiones de sanidad. Parte importante de este tema es la revisión y la comentación del esquema de normas oficiales mexicanas para los productos agroalimentarios. La sustentabilidad y la conservación y el uso racional de los recursos agropecuarios y pesqueros significó para este período, un conjunto de acciones para proteger y administrar adecuadamente los recursos naturales. Así emprendimos acciones para la protección del recurso agua, a través de la tecnificación de 81 mil hectáreas con un ahorro hasta el 50% del vital líquido. Impulsamos la reconversión productiva en aquellas zonas de escasa disponibilidad hídrica, hacia cultivos con baja exigencia de líquido, suman ya 237 mil hectáreas reconvertidas en diferentes partes del país. La pesca responsable es y deberá ser una prioridad en el quehacer diario de todos los mexicanos. Aunque mucho falta, hemos avanzado en el reordenamiento pesquero, la normalización, la captura, el establecimiento de fronteras y tiempos y lugares para fomentar la repoblación de los recursos. Esto ha sido posible gracias a la participación de todos los actores que han sido y serán y deberán ser siempre tomados en cuenta. Reconoce la Secretaría el trabajo de representación Social de la Comisión de Pesca de esta Honorable Cámara de Diputados, cuya colaboración y participación en el quehacer diario ha sido determinante para formar consensos y emprender acciones. Existe la convicción en la administración pública de que mediante el impulso a la mejora de la calidad de la gestión pública y el reordenamiento y la consolidación del sistema de participación ciudadana y la promoción del federalismo se ejerce a un buen gobierno que garantice un crecimiento económico con calidad, un marco de estabilidad estructural en beneficio de la sociedad. Los caminos para que los ciudadanos participen en las decisiones que atañen al campo mexicano están abiertos gracias a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La creación de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural sustentable integra 9 dependencias con responsabilidad en el campo y el programa especial concurrente que permite ordenar y coordinar las acciones para atender de manera integral a la población rural. Damos un combate frontal a la deshonestidad y al abuso a través de la apertura de instancias de la sociedad como la instalación de 28 consejos estatales de transparencia y combate a la corrupción. El cambio en el campo y la pesca es una realidad que no se puede soslayar. El trabajo y la decisión de los integrantes de la sociedad rural han sido determinante para plantar en el campo la semilla del cambio. La tendencia favorable de la recuperación económica por segundo año consecutivo, debe de modificar la percepción de desaliento por una de confianza y certidumbre como constante en la vida y en la producción rural. El desarrollo de la actividad agroalimentaria y pesquera lo dirigen y lo realizan los productores con su iniciativa. Las políticas públicas actuales no pueden suplirlas, están diseñadas para apoyarlos y promover las condiciones generales para su desarrollo pero no para dirigirlos ni para intervenir de manera directa en los procesos productivos de transformación o de comercialización. Esta premisa de cambio se debe de traducir en confianza. El Presidente de la República en su mensaje, con motivo del Segundo Informe afirmó, "el esfuerzo cotidiano de miles de familias campesinas no es debidamente retribuido, no dejaremos solos a nuestros productores y no permitiremos prácticas desleales de comercio". Este es el hilo conductor de las acciones del Poder Ejecutivo que hoy se reportan en el informe que analizamos el día de hoy, donde los hechos y realidades del sector agroalimentario más allá de su propia enumeración concisa, reflejan una profunda voluntad transformadora. Avanzamos con el respeto a la diferencias, vigorizamos las coincidencias, convencidos de la vitalidad del país radica en su capacidad de renovación. Estamos dispuestos a reforzar las acciones con firmeza, voluntad, con una política incluyente, que tome en cuenta las deliberaciones serias y comprometidas. El campo mexicano, las necesidades nacionales las mandan, no los intereses de grupo. Las políticas públicas para equilibrar el desarrollo regional, adquieren nitidez y mayor vigor en el marco de un federalismo, basado en la descentralización de funciones, con el fin de alcanzar una distribución más equitativa de los recursos. Los datos y las proyecciones que presentamos en este informe, proporcionan certidumbre, racionalidad y una visión de futuro hacia el campo. No negamos las realidades difíciles que tiene el sector, pero no respondemos con inmovilidad o parálisis sino que actuamos y proponemos la agenda para superar los desafíos. El objetivo de lograr que la sociedad rural tenga, al menos, el mismo nivel de oportunidades que la sociedad urbana está al alcance, lograrlo no será obra de un solo actor o de un grupo de ellos sino responsabilidad y mérito de la sociedad entera. El camino por recorrer es arduo, pero nuestro paso es seguro, firme y comprometido. Señoras y señores legisladores, estoy a sus órdenes. (Aplausos) -