El diputado Alejandro Chanona Burguete: Gracias. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Hace unos meses, en el primer período ordinario de esta Legislatura, presenté a su consideración una iniciativa para hacer vinculante el Plan Nacional de Desarrollo, sometiéndolo en un futuro inmediato a la ratificación de esta soberanía. Decía en aquella ocasión que el Plan debe responder a las aspiraciones democráticas de los mexicanos; debe dotar a nuestro país de un proyecto de nación y generar una auténtica política de Estado. La iniciativa de reforma a los artículos 26 y 73 tienen la virtud de cruzar transversalmente todas las políticas públicas que están contenidas en dicho Plan. Todos los programas sectoriales de la administración pública se derivan necesariamente de ese instrumento de planeación, de corto y mediano plazo. Al aprobar el Plan estamos sentando las bases de un mejor entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo en una sana relación entre poderes. Además, estaríamos tomando una medida muy adecuada para avanzar en una de las principales metas de la reforma del Estado que hoy estamos discutiendo, es decir, terminar con el presidencialismo. Transitemos —y llamo su atención compañeras y compañeros diputados, a los 500— en aprobar a la brevedad la Ley Nacional sobre la Reforma del Estado. Advierto preocupado, es nuestra auténtica oportunidad de cumplirle a México y a los mexicanos. Como dije en aquella ocasión, es momento de dejar atrás la potestad unilateral del titular del Ejecutivo, de diseñar y aprobar si el Plan es de una manera o de otra. Al limitar esta facultad, les aseguro, estamos en los hechos acotando el poder presidencial. Sin la participación del Congreso, sin la participación de esta Cámara, el Plan Nacional de Desarrollo es letra muerta, un simple ejercicio retórico que busca vestir a un gobierno. Por ello, compañeras y compañeros, debemos dar sentido y contenido al nuevo equilibrio democrático, en el que el Congreso represente las más altas aspiraciones del pueblo mexicano. En este sentido es que me permito proponer, modificaciones sobre la manera en que la Constitución distribuye facultades entre poderes en materia de política exterior. La Constitución, como ustedes saben, establece en su artículo 89 fracción X que la conducción de la política exterior es facultad del Ejecutivo. Limitando, desde luego, y normando su actuar al cumplimiento de los siete principios rectores de la diplomacia mexicana. En el artículo 76 fracción I se define la atribución de la Cámara de Senadores de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo, con base en los informes anuales, únicamente, que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rinden a este Congreso de la Unión. Nada dice de la participación nuestra en el diseño de dicha política exterior. Entendemos el espíritu del Constituyente, al depositar en el jefe del Estado la representación de la nación, es decir, la jefatura de Estado. Pero en la práctica ese presidencialismo imperial es una facultad que se ha traducido por la vía de los hechos en una conducción unipersonal de los asuntos externos, manejados muchas veces —ahí esta la prueba del ex Presidente de México— con filias y fobias o con simpatías o antipatías, dependiendo el momento y la hora —yo diría como metáfora—, de cómo le cayó el desayuno o cómo lo aconsejó previamente su esposa. Las consecuencias de ello —lo digo con gran seriedad— las seguimos viviendo. En una sociedad democrática esta forma de llevar la política exterior ya no tiene cabida. Es necesario, compañeras y compañeros, incrementar la participación del Legislativo en nuestras relaciones con el exterior. La construcción de una política exterior de Estado en este sentido, debe pasar por un nuevo acuerdo entre los Poderes de la Unión, por un equilibrio de Poderes renovado, en el que todas las fuerzas políticas y sociales tengan expresión. La política exterior de México constituye una fuerza viva y dinámica de las relaciones sociales, políticas y económicas. Hoy las agendas mundiales exigen marcos interpretativos más amplios, mayores conocimientos y experiencias múltiples. No puede concebirse una política exterior de Estado con la simple intervención del Ejecutivo o una política que sólo esté sujeta a las interpretaciones parciales de un grupo minúsculo o al albedrío del Presidente en turno. No puede tolerarse, por ejemplo, la construcción discursiva de una política exterior que enuncia un reencuentro con América Latina por un lado, mientras que la práctica del Ejecutivo la desmiente por el otro. De este modo los objetivos y acciones de política exterior que deben estar contenidas en el PND no pueden de modo alguno limitarse a la presentación de un discurso, al enunciado de buenas intenciones y al mismo tiempo dejar que la acción en el exterior corra por otro lado. Las ambivalencias deben quedar atrás; el uso personal de la política exterior debe quedar atrás. El Congreso no puede cumplir con su obligación de evaluar una política exterior sin un referente claro. El PND debe constituir el sustento de dicha política y la medida de la acción presidencial. Hoy debemos construir una política exterior suscrita por todos los actores a partir de los acuerdos que logremos esencialmente para la confección del Plan Nacional de Desarrollo. Sólo en el encuentro democrático de un PND en el que el Poder Legislativo intervenga de manera efectiva podrá construirse una política exterior de Estado. De este modo se generará una nueva fase de nuestros acuerdos políticos, en el que el Poder Legislativo sancionará, mediante su participación y aprobación, el Plan Nacional de Desarrollo y en consecuencia todas las políticas públicas, incluyendo la política exterior. Compañeras y compañeros diputados. Por lo anteriormente expuesto y con base en las facultades que me concede la Constitución, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su discusión y aprobación, en su caso, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y modifican los artículos 76 fracción I y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal —subrayo— con base en el Plan Nacional de Desarrollo y en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan a esta soberanía. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados —subrayo— con base en el Plan Nacional de Desarrollo, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Ruego pues a la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar esta iniciativa a las comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Puntos Constitucionales, así como insertar su texto íntegro y mi intervención en el Diario de Debates. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias por su atención.