El diputado Héctor García García: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que fuera informado y reformado, además, por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, y se publicó en fecha 19 de octubre de 2012, resulta inconstitucional, porque invade la esfera del Ejecutivo federal en el ámbito de competencia de la Cámara de Diputados, por permitir las máquinas tragamonedas en la modalidad de juegos de azar, sin que este tipo de juegos se encuentren permitidos y por consecuencia están prohibidos por la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Por consecuencia, la vía correcta de impugnación es la controversia constitucional por la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El término vence el 6 de diciembre de 2012 y es procedente solicitar suspensión de cualquiera, autorización vinculada a esta reforma. Segundo, se impugna además la falta de regulación para autorizar, vigilar y supervisar este tipo de máquinas tragamonedas, ya que el reglamento no contempla absolutamente nada en materia de regulación en este reglamento, a diferencia de otro tipo de juegos de apuesta que sí están contemplados, en cuya regulación y vigilancia, por ejemplo, las carreras de caballos, de galgos, salas remotas, etcétera. Se solicita, además, la suspensión a la Suprema Corte de Justicia para el efecto de que la Secretaría de Gobernación y el director de Juegos y Sorteos no autoricen ni surta efecto la autorización otorgada para el funcionamiento de máquinas tragamonedas, ya que es más grave la afectación a la sociedad que el beneficio recaudatorio que pudiera tener dicha reforma. Se reclama, además, de que el reglamento establezca que la dirección de Juegos y Sorteos tenga la facultad exclusiva y discrecional para otorgar este tipo de permisos de máquinas tragamonedas y de otro tipo de juegos con apuestas, cuando por disposición, únicamente, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos es la Secretaría de Gobernación directamente, y en su caso, esta dirección solo debe supervisar y vigilar su debido cumplimiento. Aún y tomando en consideración el tiempo transcurrido desde que fue publicada la Ley Federal de Juegos y Sorteos en 1947, y de que se pretenda efectuar una interpretación progresiva al efecto de actualizar supuestos sociales que antes no estaban contemplados o previstos en la ley reglamentaria, es que se debe respetar el orden constitucional y reconocer que los artículos impugnados de la referida reforma al reglamento violentan, además y de manera directa, la exposición de motivos de la iniciativa del 9 de diciembre de 1947. Para reformar la Constitución federal, aprobar, entonces, sin discusión, en comisiones, se planteó la facultad exclusiva al Congreso de la Unión, exclusiva al Congreso de la Unión, insisto, para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos mediante el artículo 73, fracción X, donde se instituye dicha atribución del Legislativo federal y se desprende un principio e imperativo social que se transforma en orden constitucional y el cual me permito reproducir para una mejor ilustración. El poder público tiene obligación de velar por que las energías y los recursos económicos de la colectividad se encuentren hacia fines de producción útil, evitando su despilfarro en actividades que tradicionalmente se han considerado nocivas para el individuo y para la sociedad, tales como los juegos de azar, las apuestas y los sorteos o rifas, en donde muchas veces con el aliciente de una ganancia fácil se explota al público y se corrompe a la juventud. En ese sentido es que precisamente encontramos que la facultad otorgada a la Cámara de Diputados mediante la reforma constitucional federal, el 9 de diciembre de 1947, para regular, exclusivamente, los juegos con apuestas y sorteos, no descansa o se limita con la simple expedición reglamentaria de la ley, sino que además deberá salvaguardar y ser garante, en todo momento, del respeto irrestricto de los recursos económicos de la colectividad, evitando su despilfarro en actividades que tradicionalmente se han considerado nocivas, tales como los juegos de azar y, como ciertamente refiere la exposición de motivos en cita, muchas veces se explota al público y se corrompe a la juventud. Es precisamente ésta la motivación que constriñe una responsabilidad permanente que obliga a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a interponer la presente demanda de controversia constitucional. Es cuanto, diputado presidente.