La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputada presidenta. En los últimos años, en nuestro país se han hecho esfuerzos trasversales e interinstitucionales para erradicar la violencia de género, entre ellos se ha incorporado el principio de perspectiva de género, que implica tomar en cuenta la problemática y efectos de las relaciones sociales de poder entre hombre y mujer. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo para juzgar con perspectiva de género, con el que diversas instancias del Poder Judicial se han dado a la tarea de capacitar a jueces y magistrados, a fin de generar en ellos el conocimiento y desarrollar la sensibilidad necesaria para atender los casos. Es lamentable que pese a dichos esfuerzos se sigan presentando casos, como la resolución del juez en el caso de Daphne, conocido como el de los Porkis, que ponen en evidencia la persistencia de violencia sistemática institucional en contra de mujeres, así como la falta de conocimientos, preparación, profesionalismo y sensibilidad. Decisiones como la que tomó el juez, además de reflejar impunidad, evidencia que la violencia de género no se limita a los hogares, trabajos, barrios o comunidades, sino que trasciende a las instituciones encargadas formalmente de garantizar los derechos humanos, principalmente aquellos relacionados con la protección de la integridad de las mujeres y el acceso a la justicia. Sin duda el hecho que pone la alerta en ese sentido es la decisión del juez, al que vale la pena repetir su nombre, Anuar González Hemadi, dentro del caso ya mencionado, conocido como el de los Porkis, al haber ordenado la liberación de Diego Cruz, uno de los jóvenes imputados como probable responsable de diversos delitos de índole sexual y que, como bien se dijo aquí, había sido detenido en España después de un año y que logramos que lo extraditaran a México, para al final, para que un juez lo dejara libre. Esta decisión del juez, más allá de lo errónea que pudiera ser, es doblemente errónea por los argumentos esgrimidos en la sentencia, ya que a consideración del juez la defensa de Daphne no acreditó ni aportó prueba alguna que comprobara eficazmente la conducta lasciva de Diego Cruz. El juez señaló que si bien la menor refirió que el activo le tocó los senos y otras partes del cuerpo, ese hecho no evidencia una intención lasciva por parte del activo y, por lo tanto, no constituye un abuso sexual. Me pregunto, para el juez, ¿qué sí constituye un abuso sexual? Si la víctima fuera su madre, su hija o su hermana, me pregunto si lo constituiría. Entre los principios que rige el ejercicio de un juez están el de objetividad y profesionalismo. Este último implica en su caso que en la función de juzgar debe de aplicarse el criterio de la perspectiva de género, incluso la propia Suprema Corte de Justicia ha señalado, dentro del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que los juzgadores deben de cuestionar los estereotipos que puedan existir en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. En este caso de manera vergonzosa, el juzgador estableció que la joven consintió la agresión al haber tenido la posibilidad de repeler la misma, para lo cual el juez argumentó también, que el estado de indefensión fue inexistente, ya que la menor refirió que cuando el activo le jalaba la blusa y le tocaba los senos, riendo y burlándose, ella le pedía que la dejara, que no la lastimara, por lo que esta solicitó pasarse al asiento delantero, lo cual ocurrió, por lo que el juez con eso consideró que ella había tenido la posibilidad de defenderse y de repeler el ataque y que por lo tanto no existía una condición de indefensión. Es decir, estos son algunas, entre otros, de las cuestiones que menciona la sentencia, otros ya los mencionó mi compañera Candelaria, y que podríamos leerla aquí para que todos tomáramos conciencia de lo absurda que es esta misma en sus argumentos. Si bien el Consejo de la Judicatura Federal resolvió suspender al titular del Juzgado Tercero de Distrito, Anuar González Hemadi, iniciar un procedimiento de investigación administrativa, el agravio sin duda continúa para la víctima, ya que esta determinación judicial, la del juez, en su sentencia de algún modo revictimiza a la víctima y para ello está también la Ley General de Víctimas, que en este caso no se ha aplicado. Condenamos la decisión del juez y hacemos un llamado sin duda alguna a que se profundice en la capacitación que lleva a cabo el Instituto de la Judicatura y todas las instancias del Poder Judicial, en materia de perspectiva de género, y a que verdaderamente se aplique, porque este es uno de los muchos casos que se dan. Este, porque es un caso conocido, porque es un caso que se hizo público y porque es un caso en el que mucha gente estaba atenta, pero como este hay casos varios en donde los jueces no son capaces de aplicar un protocolo que ya lleva varios años de haberse emitido por la propia Suprema Corte. Hace dos días se dio la noticia de una mujer que fue quemada por su esposo, un caso de violencia extrema y ese tipo de casos seguirán sucediendo mientras siga habiendo la impunidad que hay en los casos de violencia contra las mujeres. Por eso, desde el Partido Verde hacemos un llamado a todos los órganos encargados de procuración y administración de justicia de todo el país para que se capaciten en la implementación del protocolo en mención. Y sin duda alguna, éste es un tema que trasciende colores, que trasciende partidos y en el que mujeres de todos los partidos políticos nos hemos unido para hacer este llamado desde la Comisión de Equidad de Género encabezada por Laura Plascencia y con varias otras integrantes de esta propia Cámara estamos por la defensa y la protección de los derechos humanos y por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es cuanto.