EL C. PRESIDENTE: Aprobada el acta. Para el siguiente punto de la orden del día que es la comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el pleno de esta Comisión Permanente, se designa en comisión para recibir al Doctor José Luis Soberanes Fernández a los siguientes ciudadanos legisladores: Senador Miguel Sadot Sánchez Carreño, Senador don Jorge Zermeño Infante, Diputada doña Eliana García Laguna, Diputado don Luis Antonio González Roldán, Diputado don Pedro Vázquez González, y Diputado don Jesús Martínez Alvarez. Se ruega a la comisión cumpla su cometido. (La comisión cumple su cometido) Se encuentra entre nosotros el señor Doctor don José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar el Informe de Actividades correspondiente al año 2003. Tiene el uso de la palabra el Doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. -DR. JOSE LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Señor diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión; señoras y señores Legisladores federales; señoras y señores integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; señoras y señores representantes de ONGs; señoras y señores: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102 Apartado B de nuestra Carta Magna, comparezco hoy ante esta soberanía, para informar sobre las actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos correspondiente al año 2003. La sociedad nacional, aún con sus contradicciones, avances y retrocesos, mostró en este lapso que la preocupación por los derechos fundamentales siguió abriéndose paso hasta convertirse en uno de los temas fundamentales en el país. Con la perspectiva que da el tiempo hoy podemos ver cómo la lucha por la vigencia de los derechos humanos fortalece la vida democrática y cómo sus alcances han repercutido en una creciente conciencia, individual y colectiva, que juzga inadmisible la violación o incluso la negligencia en relación con el cumplimiento de los derechos básicos de las personas que habitan este país. Hemos avanzado en una cultura y observancia de los derechos civiles y políticos que garantizan las libertades, incluso en aquellos que reafirman el derecho a la diferencia y el respeto esencial de la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo aún son precarios los resultados en la realización de los derechos económicos y sociales, cuya satisfacción y ejercicio representan la única vía para erradicar el enorme abismo de desigualdades que operan en este momento en nuestra patria. La desigualdad y la inequidad atañen directamente a la gobernabilidad democrática, toda vez que con su aumento crecen los riesgos de la ingobernabilidad. La experiencia ciudadana de un gobierno democráticamente electo tendría per se una capacidad superior para responder pronta y eficazmente a los problemas de la vida social, particularmente con la disminución de la pobreza, la reducción del desempleo y la lucha contra la desigualdad como obstáculos al desarrollo; no se han concretado todavía y parece depender por una parte del curso que tomen la economía, la política fiscal y el empleo en estos próximos años y, por otra, de una voluntad para lograr la puesta en marcha de políticas públicas más equitativas. Pensamos que aún es posible cumplir con estas esperanzas ciudadanas si reconocemos que se trata de exigir derechos y asumir responsabilidades. El Estado social, para hacerlo en verdad, debe de atender sus obligaciones con la sociedad. No creo que pueda prescindirse por lo mismo de un Estado solidario en una sociedad como la nuestra, aún con tantas desigualdades. Junto con el fortalecimiento del Estado legal, que es capaz de dar orden a la sociedad y brindarle seguridad, la reforma del Estado democrático de derecho requiere responsabilidades objetivas de éste con el desarrollo. En ninguno de estos ámbitos centrales hemos encontrado todavía respuestas suficientes. Un ejemplo de esta situación es el aumento en el número y en la gravedad de las quejas por deficiencia en la prestación de los servicios institucionales de salud pública. En este ámbito, al igual que en otros servicios en los que también se advierte demérito en su calidad, es indispensable encontrar respuestas de fondo y de largo plazo, a partir de una visión integral del financiamiento de la salud, que permita revertir los aspectos materiales de ese deterioro. A partir de la experiencia del 2003, al atender quejas interpuestas ante el órgano constitucional que represento, reiteramos que el sistema de justicia demanda con urgencia una reforma integral que considere tanto los aspectos técnicos, punitivos y procesales, como la protección que el Estado debe a las víctimas del delito. Aún observamos resistencia en los servidores públicos para reconocer plenamente el papel fundamental que corresponde a las víctimas en el drama penal. La indiferencia ante los derechos de las víctimas o la inacción para lograr la cabal restitución de estos puede agravar la pérdida de confianza en la procuración y en la administración de la Justicia. Con la reforma de la justicia se requiere también una reforma a la seguridad que permita a los ciudadanos recuperar la tranquilidad y la confianza en los cuerpos policíacos. La inseguridad, la corrupción y la impunidad siguen siendo graves atentados a los derechos humanos básicos y factores perturbadores que atentan contra la viabilidad de cualquier proyecto de nación justa, equitativa y democrática. En el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, es un extremo del punto al que puede llegar la violación de los derechos de las víctimas y del difícil tránsito que las acciones del Estado debe recorrer para poder superar esa vergüenza nacional hasta lograr que se haga justicia. Otra situación extrema es la frecuencia de los casos de linchamiento entre particulares que se diluye la presencia del Estado en aras de inadmisibles visiones que como lo hemos dicho, representa la negación de la justicia y el triunfo de la venganza; de la mal llamada justicia popular en donde se anula la legalidad y el estado de derecho. Los usos y costumbres de los pueblos indígenas son uno de los componentes fundamentales de su identidad y prácticas culturales. Esta Comisión Nacional considera sin embargo, que si las prácticas de algunas comunidades violentan la dignidad humana de alguno de sus integrantes, la prioridad es proteger los derechos humanos de la población, tal y como lo dispone nuestra Constitución Política y los instrumentos internacionales en la materia. Otro de los focos rojos que reclaman la atención inmediata y sistemática, son las violaciones de derechos fundamentales de los migrantes. Las normas internacionales suscritas por México en esta materia se desconocen e incumplen con demasiada frecuencia por los representantes de la autoridad. La verificación de violaciones contra personas de este grupo vulnerable es compleja, sin embargo esta Comisión Nacional abrió en 2003, oficinas en atención a migrantes en Villahermosa, en Ciudad Juárez, en Nogales y en Tijuana y cuenta ahora con oficinas móviles en algunas de las regiones fronterizas más conflictivas del país para salvaguardar el cumplimiento de los derechos de este grupo. En general, resulta indispensable continuar la difusión del respeto a los derechos humanos entre los servidores públicos en contacto con la problemática migratoria; velar por la estricta aplicación de las leyes laborales dentro y fuera del país; establecer una mayor comunicación con los consulados y con organismos que brindan apoyo a los migrantes, así como idear mecanismos efectivos que promuevan sus derechos adecuando nuestro marco legal a las disposiciones internacionales de esta materia. Estoy convencido de que el gobierno de nuestro país tiene la autoridad moral y los argumentos para exigir un trato digno a los mexicanos en Estados Unidos. Esta autoridad moral se fortalece sobre la base del respeto a los derechos de los migrantes centro y sudamericanos que llegan a nuestro país. Preocupa a la CNDH la situación detectada en los campos agrícolas del noreste del país. En visitas de trabajo hemos constatado las precarias condiciones en que se encuentran los jornaleros, en especial los menores de edad, que trabajan períodos excesivos, reciben pagos inferiores al mínimo legal y no tienen servicios educativos ni de salud. Tema fundamental tanto de la agenda nacional como de la CNDH es el de los derechos de nuestros pueblos indígenas. La construcción del estado democrático que a todos nos compromete y la sociedad solidaria a la que aspiramos los mexicanos no serán plenos si no se fincan al mismo tiempo sobre bases sólidas para el desarrollo económico, político y cultural de los pueblos y comunidades indígenas garantizando el cabal disfrute de sus derechos y entre estos el de participar y ser consultados en el diseño de políticas públicas que les afecte. Debemos reconocer que los problemas de desigualdad, rezago y discriminación que históricamente han afectado a este grupo vulnerable aún persisten y que las comunidades indígenas se encuentran entre las de mayor pobreza y marginalidad; por ello resulta impostergable la materialización de normas que hagan posible poner en práctica los derechos establecidos en esta materia por el Constituyente Permanente en el año 2001. Es imprescindible que la atención gubernamental a los conflictos intra o intercomunitarios con incidencia de factores agrarios, eje atrás su carácter reactivo y adquiera un enfoque programático y una mejor base presupuestaria en el gasto público. El flagelo de la discriminación tiene sus raíces en un problema estructural que debe de ser atacado desde una perspectiva de igual naturaleza. Las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes viven con el VIH SIDA, son otros de los grupos vulnerables sujetos a menudo a actos discriminatorios, tanto en la esfera laboral como en materia de salud y educación entre muchos otros. En este sentido, durante el 2003 la CNDH incrementó sus actividades encaminadas a promover y difundir los derechos de los grupos vulnerables y durante el presente año se propone mantener esa atención. En materia de salud, durante el año 2003 se mantuvo al alza la incidencia de quejas por la deficiente atención en las instituciones públicas del Ramo, principalmente el Seguro Social y el ISSSTE; escasez de medicamentos, insuficiencia de equipo, la negligencia en la atención y en general la inadecuada prestación de los servicios de salud. En este renglón, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ocupó el cuarto lugar entre las autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violaciones a derechos y a él se dirigieron 10 de las 56 recomendaciones emitidas por el Ombudsman nacional en el año que se informa. Es clara la tendencia al ascenso, tanto en el número como en la gravedad de los hechos enunciados. Contra autoridades del Sector Salud en el año 2000, se presentaron 470 quejas, que representaba el 12% del total, mientras que en el año 2003 el aumento de quejas ascendió a 589, es decir, el 16.65% del total. Asimismo en el año 2000, la CNDH emitió tres recomendaciones por violaciones a derechos humanos en este sector, mientras que en este año fueron ya 14. Los mexicanos mantenemos la esperanza de que éste sea el año en que logremos todos, legisladores, autoridades, agrupaciones civiles y organismos públicos de defensa y protección, dar forma definitiva a un programa nacional, abierto y omnicomprensivo de los derechos humanos en el Estado Mexicano, que refleje su interdependencia e integralidad y estéenfocado al mismo tiempo, a enfrentar problemas concretos con medidas estructurales de fondo que impidan que se continué violentado los derechos fundamentales. Es tiempo de que la preponderancia moral lograda por los derechos humanos se concrete ahora en políticas públicas y en conductas sociales. Un programa nacional en este campo debe ser capaz de dar respuesta a las carencias y necesidades detectas y señalar tiempos, acciones y recursos para enfrentar cada uno de estos apremios. En este sentido, cabe destacar el avance de las medidas de coordinación intergubernamental, encabezadas por la Secretaría de Gobernación. Por otro parte, consideramos grave la falta de veracidad de los informes que algunas autoridades responsables, pretendiendo justificar su actuación, ntregan a la CNDH, lo que se traduce en un entorpecimiento de nuestra labor y peor aún,muestra de desprecio que aún tienen algunas autoridades por los derechos humanos. La recurrencia de esta práctica plantea la necesidad de establecer medidas legales, efectivas para corregirla y evitar su repetición. Observamos también con preocupación la persistencia de casos relativos al inicio de procedimientos administrativo y de averiguaciones previas, en virtud de violaciones a derechos humanos que no culminan en una sanción, a pesar de estar claramente acreditada la falta o que conducen a sanciones mínimas en la que se evade dar vista correspondiente al Ministerio Público, no obstante que pueda haber delito que perseguir, sin que exista la posibilidad de que la CNDH pueda intervenir en los procedimientos administrativos o constituirse en coadyuvante en la indagatoria. La autoridad debe de tener presente que todas las violaciones a los derechos humanos son graves y trastocan la vida social y el estado de derecho. Tal estado de cosas abonan la impunidad, genera entre los gobernados la percepción de que los procedimientos del ombudsman son un protocolo inconsistente y se convierte en valladar para un mejor impulso a una cultura de respeto a los derechos básicos. Señalamos enfáticamente, ni la impunidad ni la simulación, serán impedimento para que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantenga en alto su exigencia de actuar con legalidad, es la primera condición para proteger y promover efectivamente los derechos fundamentales de las personas. En el contexto de la Reforma del Estado, corregir esta anomalía debe ser un asunto que convoca la atención de este Poder Legislativo. México debe dejar atrás de una vez y para siempre, los tiempos en que el respeto a los derechos humanos era una cuestión de imagen y establecer en cambio, la necesaria congruencia entre el reconocimiento constitucional de estos derechos y un ambiente social que favorezca el que todos los sectores de la población puedan ejercerlos. La vinculación estrecha y permanente con los Poderes de la Unión y con la sociedad civil, sigue siendo la pauta para alcanzar un frente amplio e incluyente en la promoción y defensa de las libertades fundamentales. Encaminemos hacia esta meta, la CNDH seguirá perseverando en mantener un diálogo permanente con sectores de la sociedad civil organizada de México, continuará impulsando redes de apoyo mutuo con la comunidad internacional, en particular con las instituciones promotoras y protectoras de los derechos humanos y sostendrá su política de vínculos de cooperación y respaldo con los organismos homólogos de las entidades federativas para lograr ese objetivo. Señoras y señores legisladores: el derecho a la información que se ha acreditado como parte de los derechos y libertades fundamentales de los mexicanos, se conforma, como se sabe, de dos vertientes. El derecho de las personas a obtener información de la gestión pública y la obligación de las instituciones de rendir cuentas de su actuación, de oficio, periódicamente y a solicitud de parte. El derecho a la información, su libre ejercicio es indispensable en la conformación de las modernas sociedades democrática y requisito para que la sociedad no sólo esté informada sino participe con conocimiento de causa de los asuntos que le afectan. Es instrumento fundamental para la rendición de cuentas y por es avía, para la formación de una opinión cada vez más consciente e involucrada en los asuntos públicos. Como parte de este movimiento social hacia la transparencia y en consonancia con la Ley Federal de la Materia, el ombudsman nacional elaboró y estableció una normativa interna que permite a los interesados conocer sus actividades y acceder al conocimiento de ejercicio presupuestal de la Comisión Nacional, con excepción de aquella información considerada por la propia ley como confidencial o reservada y que se refiere al derecho de las personas, a la privacidad y a la seguridad. Es mi convicción de que a la transparencia debe obligar para evitar simulaciones, tanto a los organismos públicos defensores de los derechos humanos como a los organismos no gubernamentales que reciben algún tipo de financiamiento público. A continuación haré breve referencia al trabajo de cada una de las áreas de la CNDH. Quejas e inconformidades: En el ejercicio de este programa se manifiesta la esencia de las tareas del ombudsman y comprende la recepción, calificación, registro, investigación y conclusión de los expedientes de queja por presuntas violaciones de los derechos fundamentales. En el 2003, la Dirección de Quejas y Orientación registra un total de 3 mil 518 expedientes, que sumados a los 553 que se encontraban en trámite al 31 del 2002, de los cuales 3 mil 343 se concluyeron y 728 quedaron en trámite. Los principales motivos de quejas señalados fueron: ejercicio indebido del cargo, amenazas, detención arbitraria, negación inadecuada, prestación del servicio público de salud, negativa al derecho de petición, cateos y visitas domiciliarias ilegales, trato cruel y/o degradante, dilación en los procedimientos administrativos e irregular integración de averiguaciones previas, todos ellos correspondientes a patrones ya conocidos por queja ante la CNDH. No obstante y a diferencia de lo que ocurría hasta hace cuatro años, cuando la mayor tendencia de crecimiento de las quejas era por violaciones al derecho a la integridad física, ahora la mayor proporción se concentra en los señalamientos de actos violatorios por deficiencias en la prestación de servicios sociales básicos como el de salud, baste decir que las dos principales instituciones del Sector Salud: el Seguro Social y el ISSSTE acumularon 567 quejas en el 2003, es decir el 16.11% Un elemento nuevo también es la significativa cantidad de quejas por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de electricidad, en su mayor parte provenientes de los estados de Chiapas y de Sonora. Por otra parte, las autoridades señaladas con mayor frecuencia como presuntas responsables de actos y omisiones violatorias de derechos fundamentales fueron la Procuraduría General de la República con 586, la Comisión Federal de electricidad 518, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 458, el Instituto Mexicano del Seguro Social 440, la Secretaría de Seguridad Pública 333, de las cuales 249 corresponden a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y 84 a la Policía Federal Preventiva; la Secretaría de la Defensa Nacional 180, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 127, la Secretaría de Educación Pública 121 y el Instituto Nacional de Migración 115, respectivamente. Asimismo, se calificaron 13 expedientes de queja por tortura en los que se señaló como probables responsables a servidores públicos de la Procuraduría General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, Instituto Nacional de Migración, ayuntamiento de Ciudad Juárez, ayuntamiento de Tijuana, Policía Judicial Federal y Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, de los cuales 9 se encuentran en trámite y 4 fueron concluidos por acumulación. Para situar las cosas en perspectiva, cabe señalar que entre 1990 y 1991, la tortura representaba el primer lugar de hechos violatorios denunciados ante la CNDH mientras que entre 2002 y 2003, esta violación ocupó los lugares 31 y 36, respectivamente. En tan solo 7 meses, de junio a diciembre de 1990, hubo 150 casos de tortura presentados ante la CNDH, mientras que en el 91 se presentaron 344 quejas por este motivo. Ahora en todo el 2002 hubo un total de 19 quejas por tortura y en el 2003 las quejas por tortura fueron 13 y representaron el 0.3% del total. Aún cuando debemos enfrentar el juicio simplista y equivocado de quienes nos señalan como "defensores de delincuentes", esta Comisión Nacional seguirá reprobando severamente el uso de la tortura como supuesto método de investigación y actuará con energía, en el ámbito de sus facultades, ante cada caso comprobado de tortura del que tenga conocimiento. Recomendaciones: Desde mi toma de posesión como Ombudsman, asumí como compromiso central encontrar solución a las demandas de los agraviados; en esta perspectiva, las recomendaciones de la CNDH era y es el instrumento de fuerza moral más importante del Ombudsman y se utiliza por lo regular después de haber agotado el conjunto de recursos intermedios como la conciliación o el acuerdo entre las partes, siempre en favor del quejoso. Nos interesa resolver los problemas. No nos interesa alcanzar una cuota determinada de recomendaciones emitidas, sino sólo aquellas que de acuerdo con la ley podamos fundar, de aquí que cuando la Comisión Nacional emite una recomendación, es porque ha comprobado, con sus propios medios, la gravedad de la queja presentada por los afectados y la imposibilidad de resolverla mediante alguna vía legalmente permitida. Así, en el 2003 la Comisión Nacional emitió 52 recomendaciones, las cuales fueron dirigidas a 56 autoridades e instituciones: 10 a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 5 al gobierno del estado de Chiapas, 4 al ayuntamiento de Monterrey, 4 a la Dirección General del ISSSTE, 2 a cada uno de los gobiernos de los estados de Nuevo León, Guerrero y Veracruz, 2 a la Procuraduría General de Justicia Militar y 1 a cada una de las siguientes autoridades: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes, Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, Poder Legislativo del estado de Baja California, Congreso del estado de Nuevo León, gobierno del estado de Tlaxcala, gobierno del estado de Michoacán, gobierno del estado de Baja California, gobierno del estado de Yucatán, gobierno del estado de Colima, Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, Ayuntamiento de Tecate, Ayuntamiento de Chihuahua, de Ciudad Madero y Saucillo, y Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, de Chilpancingo de los Bravo, de Cuernavaca y Jiutepec y Tepoztlán, Mor., Hermosillo, Son., Apizaco, Tlax., Orizaba y Tepecán, Yuc. Respectivamente. Por lo que respecta a recomendaciones no aceptadas, tenemos que señalar las siguientes autoridades: una autoridad federal que es la Procuraduría General de Justicia Militar; cuatro autoridades estatales, los Gobiernos de los Estados de Chiapas, Veracruz y Baja California, así como el Poder Legislativo del Estado de Baja California junto con los Ayuntamientos de Tecate, Hermosillo, Tepecán y Tepoztlán, Mor. Señoras y señores legisladores. Señoras y señores. En esta cuarta ocasión en que como ombudsman nacional presento el Informe Anual de Labores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante esta soberanía, considero pertinente el intentar esbozar ante ustedes un balance de mi gestión y algunas consideraciones adicionales sobre el estado que guardan los derechos humanos en el país. En estos cuatro años hemos sido testigos y activos, aunque modestos promotores, de algunos cambios en la vida política y social del país, asistimos a procesos de alternancia en el centro del poder político, que no suscitaron mayores desequilibrios ni roturas, pese a cualquier tipo de malos augurios. Los cambios han demostrado la solidez esencial de un país, afianzado en sus instituciones, que sigue una ruta de transición democrática sin roturas ni traumatismos. En lo que a nuestra gestión compete creemos, sin alarde ni falsa modestia, que hemos acompañado el cambio democrático, mediante el fortalecimiento de la CNDH como un referente ético, legal, atento, pertinente, abierto y comprensivo, hemos buscado de hacer el ombudsman una institución que no menosprecia el valor de las operación institucional, pero capaz de anteponer su condición constitucional de autonomía, su vocación y su competencia en la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos. Hemos señalado otras veces, y hoy lo reitero, que sin expectativas de desarrollo no se podrá satisfacer la plena vigencia de los derechos humanos en una sociedad notablemente marcada por la enorme inequidad en el acceso a las oportunidades y a los bienes materiales. Nuestra democracia exige, por lo mismo, que el Estado oriente su interés y su acción hacia los sectores y grupos sociales que requieren atención prioritaria, pues la justicia social es componente inseparable de la salvaguarda de los derechos fundamentales. En un año marcado por los clarooscuros, como lo fue el 2003, reitero hoy mi llamado a defender y reafirmar el apego a la legalidad, como condición indispensable de la convivencia social, de la libertad y de la vida democrática, desde el reconocimiento y respeto a las diferencias, la sociedad nacional debe nutrirse en el ejercicio de la tolerancia y de la capacidad de negociar y dirimir pacíficamente cualquier controversia. Desde mi perspectiva que brinda la CNDH no podemos decir que nada ha cambiado ni tampoco que las cosas se mantienen en el terreno de los derechos humanos igual que antes, si bien algunos patrones de conducta antisocial y violatoria permanecen, debemos reconocer que los aspectos más aberrantes de las agresiones a los derechos humanos han disminuido, en algunos casos notablemente. Ello es perceptible, no tanto por una reducción en el número pero si en el cambio de énfasis en las quejas recibidas, que ahora se localizan en aspectos como en la desatención en el desabasto de medicinas, que en las instituciones públicas de salud, en los derechos de las minorías religiosas o en las tarifas de electricidad y en la tortura, por mencionar lo más evidente. Quiero dejar constancia de que hemos actuado sin ninguna presión del actual gobierno, para que la CNDH haga o resuelva un caso en uno u otro sentido. El Ejecutivo federal siempre ha mantenido las puertas abiertas para la presentación de nuestras quejas, reclamos o propuestas, como es el caso reciente de la Fiscalía Especial que propusimos para los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, a cuya titular manifestamos un voto de confianza. El cambio se ha dado y se sigue generando por el movimiento social y por la respuesta institucional, el cambio se refleja en la situación de los derechos humanos que, teniendo aun mucho pendientes, no puede compararse con lo que ocurría en México antes de fundarse la CNDH en 1990, sin duda hemos avanzado. Hoy, el énfasis del reclamo parece desplazarse de los derechos de primera generación a los de segunda y tercera generaciones. Pero no podemos cantar victoria ni caer en el optimismo infundado. Primero, porque México sigue siendo un país muy desigual con zonas marcadas por el atraso y la barbarie como lo refleja la matanza en zonas rurales o los feminicidios en Ciudad Juárez. Segundo, porque subsisten fenómenos aberrantes que socavan el estado de derecho, como la presencia creciente de secuestradores y otras formas de delincuencia organizada que afectan el tejido social y corrompen a las instituciones. Si a esto añadimos la incapacidad y la corrupción policiaca y su contraparte en la impunidad, las debilidades en la procuración y administración de justicia, la inseguridad que tiene en vilo a las familias en tantas zonas del país; tenemos sin duda bastantes motivos de preocupación. Hablar hoy de nuestros derechos humanos nos remite al campo de las libertades fundamentales de los mexicanos. Pero también a derechos constitucionales que permanecen como aspiraciones. Hablo del derecho a la seguridad personal, del derecho al empleo, a la vivienda, a la protección de la salud y a la vez digna, para no hablar del derecho a la educación, al ocio creativo, a la cultura; del respeto a la dignidad de las personas en todas las circunstancias, incluidas aquéllas que se derivan de nuestra inserción en un mundo globalizado. Sostenemos que se deben y se puede armonizar seguridad y trato digno. Por ello, más que desestimar los cambios ocurridos desde la trinchera de los derechos humanos decimos: Hay que asumir estos cambios con elementos para impulsar los nuevos cambios en las percepciones sociales y en las reformas de estado que faltan, para que México avance y se convierta en la patria segura, progresista, incluyente y justa que todos queremos. En conclusión, se trata de poner fin a la pobreza que indigna, a la vulnerabilidad y desigualdad extremas; a la inseguridad y a la impunidad que padecen millones de mexicanos y hacerlo con decisión y acciones que aminoren sus desgracias; mejoren sus condiciones de vida y hagan que las personas se puedan sentir más contentas, más respetadas y asistidas. Los derecho humanos establecidos, establecen el requisito de la justicia como un ideal. Son necesarios para lograr una vida cotidiana justa, lo que exige una actitud ética con la cual juega un papel decisivo la legalidad; por lo que el atinado ejercicio de la política y el buen gobierno, son los únicos recursos con los que cuentan los mexicanos para superar sus angustias, sufrimientos y humillaciones. No creo definitivamente que podamos prescindir de un estado solidario en una democracia con tantas desigualdades como por desgracia es todavía la nuestra. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Señor doctor don José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: La Comisión Permanente, órgano del Congreso integrada por senadores de la República y diputados de la Nación, se da por recibida de este valioso informe. Y en su carácter de representantes populares se recuerda todavía la vinculación que los legisladores tenemos con el pueblo de México. Desde aquel mes de mayo de 1789, en el que Miraveau le contestaba al Marqués de Bresé que estaban ahí los legisladores por la voluntad popular. Seguimos manteniendo esa vinculación con la voluntad popular. Muchas gracias señor doctor por este valiosísimo informe y es nuestro deseo que continúe la comisión que usted dignamente preside con el fructífero trabajo a favor de los derechos humanos de todos los habitantes del país. Se pide a la comisión designada acompañar al doctor José Luis Soberanes Fernández, cuando él desee retirarse. (La comisión cumple su cometido) Y túrnese a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos este informa, de la Cámara de Diputados y Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. -