El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Con la venia de la Presidencia. El dictamen que nos ocupa es un texto carente de certidumbre jurídica. Por un lado, pretende imponer mayores sanciones para quienes cometan el delito de defraudación fiscal, cuya esencia es engañar o aprovecharse de los errores o lagunas jurídicas para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución y, por otra parte, aborda temas de los mecanismos de alternativas de solución de controversias. Me refiero a que contempla excepciones a delitos que no tienen ninguna relación con el tema que hoy nos ocupa para desincentivar la compra-venta, enajenación y expedición de facturas apócrifas, y a la vez propone agregar que no sean sujetos de acuerdo reparatorio quienes cometan los delitos de genocidio, violación y homicidio. Esta excepción a la que se está agregando la modificación a los artículos 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no hay razón de que se explique. Las fracciones I, II y III del artículo 167 del mismo Código establecen puntualmente las causales sobre las que el Ministerio Público o el juez de control no puede abstenerse de dictar prisión preventiva oficiosa, es decir homicidio, genocidio y violación. ¿Alguien en esta asamblea puede explicar qué viene esta excepción en el tema que nos ocupa? Por cierto, porque la legislación penal procesal ya lo contempla. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de dotar a la autoridad recaudatoria de herramientas eficaces para perseguir y castigar a los verdaderos evasores fiscales. Por supuesto que estamos a favor del argumento de mejorar la recaudación de México y que el pago de los impuestos sea justo. Sin embargo, las reformas que nos propone el Senado a través de esta minuta, resulta estar muy lejos de ser útil para mejorar la recaudación, es una reforma que es desproporcionada, atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso e instruye la prisión preventiva oficiosa al mismo nivel que el secuestro o la delincuencia organizada. Nuevamente, se nos presenta una cortina de humo que en realidad trata de ocultar el fortalecimiento de la amenaza de la aplicación del artículo 19 constitucional, cada vez a más conductas. En el dictamen que está a nuestra consideración, no existe un argumento a favor de la protección del contribuyente, por el contrario, se pone en el supuesto de delincuente a todo contribuyente tratando de disuadir la conducta de evasión o elusión fiscal con una pena que es, a vista de todos, desproporcionada. En lugar de que el marco jurídico dé confianza al contribuyente, esta reforma primero lo amenaza y lo ubica como un enemigo del Estado al clasificarlo dentro de las conductas que atentan contra la seguridad nacional, de esta manera el gobierno está partiendo de premisas equivocadas. Tal parece que, en los hechos, la propuesta que se hace para modificar el Código Fiscal de la Federación, convierte a la Unidad de Inteligencia Financiera en la nueva Dirección Federal de Seguridad, que fue famosa de ser la policía política de otros tiempos. Es muy preocupante, que, en el ejercicio del parlamento abierto convocado para conocer la opinión de expertos, no hayan sido tomadas en cuenta, todos los que ahí participaron están en contra de esta minuta. Las y los diputados tenemos la obligación de hacer leyes que le ayuden a México y que no ahuyenten la inversión y el empleo. Por eso, nos oponemos a esta reforma que considera a los inversionistas como delincuentes potenciales y llevará a la economía mexicana al desplome. Compañeras y compañeros diputados, esta reforma se sumará a la miscelánea fiscal que hará pagar más a los usuarios de servicios digitales, a las y los comerciantes en pequeños que buscan obtener mayores ganancias a través de la venta por catálogo, entre otros sectores que serán afectados, pagarán más los productores del campo, los ahorradores y los arrendatarios. Hagamos las cosas bien, compañeras y compañeros. Esto es verdaderamente una aberración. Muchas gracias, presidenta.