La diputada Claudia Elena Águila Torres: Con permiso de la Presidencia; compañeros diputados y diputadas. Voy a referirme a ambos dictámenes, los cuales tienen grandes afinidades, que promueven el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El que reforma los artículos 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 1o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para incorporar a dichos ordenamientos el término de Medio ambiente sano, siendo esto necesario para armonizar las legislaciones secundarias, como lo mandata la Constitución. Así como el proyecto de decreto, que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la misma ley, que propone el incremento de la sanción máxima a 60 mil días de salario mínimo, la cual hoy es de 50 mil días, y es claro que no ha sido suficiente para impedir que el sujeto produzca el daño; debido a que el beneficio económico obtenido es mayor a la sanción correspondiente. Tenemos que garantizar que todas las personas, comunidades y pueblos disfruten de un entorno sano que les permita desarrollarse en igualdad de condiciones, pero también establecer un sistema de responsabilidad que permita la justa reparación de los daños al medio ambiente. Lo anterior, para garantizar lo establecido en nuestro artículo 4o. de la Constitución que reza: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley. En nuestro país la normatividad en materia ambiental demanda instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la adecuada protección y sanción al daño ocasionado. Las sanciones pecuniarias deben ser rigurosas para posibilitar la restauración de los ecosistemas, sus funciones, procesos ecológicos y evolutivos, así como el hábitat o la biodiversidad que han sido degradados y destruidos en áreas de conservación en sus diferentes modalidades y regiones de influencia y, al mismo tiempo, inhibir en lo posible la conducta infractora y el daño que se pudiera ocasionar. Ambas iniciativas se centran en la función que lleva a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para el control de la reglamentación y el procesamiento de la reincidencia. Se atiende el tema de la reincidencia retomando lo relacionado a las sanciones impuestas por la Profepa respecto al monto máximo de la multa, el cual tampoco se actualiza desde el 31 de diciembre de 2001. La Profepa es la autoridad facultada en el tema de sanciones y tiene entre sus atribuciones el vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental. Sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales para, así, atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México. Cada año se recibe un mayor número de denuncias, las cuales indican que el entorno ambiental en las comunidades es muy importante para sus habitantes. Esta situación compromete a la Profepa y a los legisladores a redoblar sus esfuerzos enfocados a la protección y preservación del medio ambiente. Es así que queda firme el compromiso de seguir trabajando a favor del derecho a un medio ambiente sano reflejado en las leyes y políticas públicas que asuman la responsabilidad de todos los sectores del gobierno y la sociedad, fortaleciendo acciones y actos de autoridad que incrementen el cumplimiento efectivo de la ley. Es por eso que en el Grupo Parlamentario del PRD daremos nuestro voto a favor de estos dictámenes. Es cuanto, diputado presidente.