La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Estoy en uso de la palabra, diputada Ruth Zavaleta, y le pido que respete el uso de la palabra y respete mi derecho de expresión y yo sabré cómo uso esta tribuna mientras, compañeros, mientras no usemos esta tribuna para ataques misóginos y denuestos, como lo han hecho desde abajo, desde su curul. Porque no se trata de debatir ideas, porque no suben aquí, porque no le han demostrado con debate a la diputada Layda Sansores, no le han debatido sus ideas, sino han aprovechado el anonimato de su curul, cobardemente, para denostar, calificar y hacer ataques misóginos. A eso me refería yo, diputada Ruth Zavaleta, de que usted se manifestara, no en una manifestación general de desbordamiento político y de mociones aquí en la Cámara, al calor de un debate político. No, sino que se manifestara en contra de las agresiones directas, misóginas a nuestra compañera Layda Sansores y que no son producto de ningún debate político. Denuestos físicos a ningún compañero. Quiero aclarar también, a mi compañero de bancada. Quiero aclarar a mi compañero de bancada que afortunadamente existe un artículo 6o. constitucional. Compañero David, aquí yo no he aprovechado la tribuna para agredir a su compañera, diputada Ruth Zavaleta. Aquí he aprovechado la tribuna y así dan cuenta, la versión estenográfica el día de ayer, de un debate que tiene que ver con el INEGI, con el nuevo INEGI, y si no se ha dado cuenta, ésa iniciativa ni siquiera la está firmando la diputada Ruth Zavaleta, por lo cual no puede ser ningún ataque personal. Ojalá nos respetemos la liberta de expresión y que los que se salgan hoy del recinto, no sea porque no pueden aguantar la diferencia de pensamiento que se expresa aquí desde la tribuna. Ojalá que el PRI no sea intolerante o esa intolerancia en cuanto a la libertad de expresión no sea la que esté expresando con su salida del recinto. No nos extrañaría. Hoy ya no ocupa el poder. Es un grupo parlamentario más de la Cámara. No es la primera fuerza. Ojalá que rectifique. Lo que estamos hablando aquí es de nuestra libertad de expresión y la vamos a requerir constantemente, sobre todo en esta tribuna porque lo que presenciamos constantemente es el debate político. Aquí habemos ocho fracciones parlamentarias esencialmente diferentes, políticamente de orígenes diferentes; concepciones y visiones de cómo gobernar este país. Si permitimos que esta Cámara de Diputados le cierre la puerta al debate no estaremos construyendo la mejor vía de cómo producir, cómo encaminar y cómo guiar a este país con la pluralidad que lo caracteriza. El respeto a los demás no está condicionado en ninguna actitud. Les pido a los compañeros del PAN que se abstengan de cualquier agresión a cualquier compañera que no comparta sus ideas. Voy a entrar el tema del INEGI, tengo una reserva y así le voy a dar lectura. El pasado 20 de julio de 2007, como lo hemos reiterado en las últimas intervenciones desde ayer, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 6o. constitucional, en el que estableció la obligatoriedad para todas las instituciones del Estado —sin excepción alguna— de crear los mecanismos que garanticen el acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Lo que obliga a que en el diseño de las leyes y de las instituciones públicas se realicen las adecuaciones necesarias para garantizar el acceso a la información pública, debiendo prevalecer siempre el principio de máxima publicidad. Sin embargo, se quiere llevar a votación a este pleno de la Cámara una ley que flagrantemente viola el artículo 6o. constitucional. Este proyecto borra los avances que hemos tenido en materia de transparencia, anula cualquier posibilidad de que los ciudadanos conozcan la realidad del país, propiciando incluso que los datos que produzca el instituto, que serán de uso obligatorio para toda la nación, puedan ser fácilmente manipulados. Como estará exento de cumplir la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no habrá posibilidad alguna de solicitar cuentas claras. El caso más grave lo constituye el artículo 47 contenido en el dictamen, puesto que establece que la información que produzca el nuevo instituto no estará sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es decir, esta nueva ley reglamentaria permitirá que el INEGI se aparte de la Constitución con el propósito de que reserve, de manera indiscriminada, amplias áreas de documentos e información pública. De ser éste el caso, estaríamos aprobando una trasgresión al artículo 133 de la Carta Magna, ya que esta nueva ley se coloca por encima de la Constitución. Indebidamente, se faculta a la Junta de Gobierno del Instituto de Información Estadística y Geográfica con potestades propias del IFAI o de órganos u organismos especializados e imparciales, que garantizan la transparencia en las entidades públicas del país. Si se llegase a aprobar esta ley, será la Junta de Gobierno la que determine la información que deba ser divulgada o de divulgación restringida por motivos de seguridad nacional, no los criterios que ya vienen contenidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Esto bajo ningún criterio en específico, sólo el de la discrecionalidad del servidor público que posea la información; como también podrá discrecionalmente decidir qué convenios de intercambio, de información celebrados con otros organismos o agencias nacionales o extranjeras da a conocer y cuáles no. También se prohíbe a los servidores del nuevo INEGI divulgar cualquier información que disponga en razón de su cargo, en términos distintos a los autorizados por esta ley; que, además, jamás aclara cuáles. Es decir, busca inaplicar de manera general y sin justificación la Ley Federal de Transparencia y el mismo artículo 6o. constitucional. Así que, cuando un servidor público del INEGI tenga la osadía de cumplir con la Ley Federal de Transparencia será sancionado de acuerdo a la lógica de esta ley. Además, se atenta contra las facultades competenciales del Poder Judicial, en tanto que establece una secrecía absoluta respecto a los datos que los informantes del Sistema Nacional de Información Estadística le proporcionen para fines fiscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole; pues establece que el instituto no deberá facilitar a persona alguna dichos datos. Esta prohibición vulnera las facultades del Poder Judicial establecidas en la Constitución Federal en sus artículos 94, 97 y 99 y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, violando abiertamente el principio de accesibilidad de la información al prohibir que se le proporcionen datos al Poder Judicial. El estudio sobre la constitucionalidad del dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México a petición de la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, concluye también que el dictamen que nos ocupa viola principios constitucionales y que no se garantiza la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, además de haber argumentos políticos de peso para votar a favor de que se regrese a comisiones este dictamen o que se acepten las modificaciones que hoy venimos a proponerles, los argumentos jurídicos para decir que este proyecto es inconstitucional son sólidos, son objetivos, son imparciales, elaborados por nuestra máxima casa de estudios, que es un organismo —por ciento— público, descentralizado del Estado, basado en los principios de libertad de cátedra y de investigación que toma en cuenta todas las corrientes de pensamiento sin ser parte de actividades militantes, derrotando cualquier interés individual. Se trata de un estudio elaborado por la mejor universidad de Latinoamérica. Por lo antes expuesto, formulo la reserva a los artículos 37, 47, 51, 75, 78, 90, 102 y 104, contenidos en el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para quedar como sigue: Se reforma el artículo 37 y se elimina su segundo párrafo para quedar como sigue Artículo 37. Los datos que proporcionen para fines estadísticos los informantes del sistema a las unidades en términos de la presente ley, serán de uso público y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico. Se eliminaría el siguiente párrafo prácticamente completo; y se eliminaría "estrictamente confidenciales", ya que la propia Constitución y la ley de Transparencia y Acceso a la Información determinan su confidencialidad para datos personales. Se reforma el artículo 47 y se elimina su segundo párrafo para quedar como sigue: Artículo 47. Los datos que proporcionen los informantes del sistema serán de uso público salvo los que sean confidenciales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley y de las reglas generales que conforme a ella dicte el instituto, de tal manera que se eliminaría un párrafo que plantea discrecionalidad para meter otros elementos de confidencialidad. Se reforma el artículo 51 para quedar como sigue: Artículo 51. Las solicitudes de información de interés nacional que formulen los gobiernos extranjeros u organismos y agencias internacionales a las dependencias y entidades de la administración pública federal; al Poder Judicial de la federación; al Poder Legislativo federal; a organismos constitucionales autónomos; a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas; a organizaciones o agrupaciones de los sectores social o privado o a particulares, deberán ser atendidas en los términos de las disposiciones aplicables por el instituto previa consulta con la autoridad, agrupación o particular de que se trate. Se elimina el sexto párrafo del artículo 75 para queda como sigue: Artículo 75. El presidente del instituto o cuando menos dos vicepresidentes, podrán convocar a reuniones de la Junta de Gobierno". Eliminaríamos el quinto párrafo. Se reforma el primer párrafo del artículo 78 y se elimina su fracción II. El artículo 78 quedaría así: Además de los temas señalados en las fracciones de la I a la III del artículo 59 del presente ordenamiento, se considera información de interés nacional para efectos de esta ley, la que satisfaga a los cuatro criterios siguientes… Y prácticamente lo que estaríamos eliminando es la fracción II, que limita la información. Dice la fracción actual "…resulte necesaria para sustentar el diseño, la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional". Quitando este elemento, se puede considerar un concepto mucho más amplio del interés nacional de la información y no solamente restringirla a aquellas que se hayan mandado a hacer para sustentar diseño y políticas públicas del Ejecutivo federal. Se elimina el segundo párrafo del artículo 90 para quedar como sigue. Artículo 90. El instituto deberá hacer del conocimiento público a través del Internet, los convenios de intercambio de información que celebre con otros organismos o agencias nacionales o extranjeras. Y estamos eliminando el último párrafo que le daba posibilidades a la Junta de Gobierno que pudiera determinar que esta información de hacer público este convenio, se hacen con otros países, con nuestra información. Hasta ahorita, como viene la ley, dice que "… la Junta podrá no proporcionar esta información". Si quedase así, es un riesgo grandísimo porque sí nuestras leyes generan candados para proteger los datos personales, pero esta misma ley le da atribuciones discrecionales a la Junta de Gobierno para determinar si publica o no los convenios de información con otras naciones. Por eso es necesario que se elimine para hacer transparente cualquier convenio de información con otras agencias nacionales o extranjeras. Se reforma la fracción I del artículo 102 para quedar como sigue. Artículo 102: "El instituto no estará obligado a proporcionar aquella información que Uno. Tenga en virtud de cualquier disposición legal el carácter confidencial clasificada, reservada. Hasta ahí. Y eliminaríamos "…o de cualquier otra forma se encuentre restringida su decisión". Como no hay otra forma que conciba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, estamos solicitando que se elimine ésta que no estaría regulada por ningún criterio. Se reforma la fracción III del artículo 104 para quedar como sigue. Artículo 104. Son infracciones imputables a los servidores públicos del instituto o a los servidores públicos de las unidades, las siguientes…