La diputada Cintia Cuevas Sánchez: Gracias. Con su venia, presidente. Para la cuarta transformación las personas más vulnerables no son solo una prioridad en nuestro proyecto, sino la esencia misma de los ideales y las convicciones que representamos. En ese sentido, quiero tocar un tema fundamental que ha impedido el desarrollo de uno de los sectores de nuestra sociedad que por décadas fue discriminado, olvidado y castigado por los gobiernos neoliberales, la asequibilidad del transporte público para personas con discapacidad. En 2014, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares reveló que el rubro del transporte y comunicaciones concentra la mayoría del gasto del hogar, un promedio de un 18.4 %, un gasto que está por encima, incluso, de educación. Ese mismo año se presentó una queja ante la CNDH por parte de una madre que como muchas buscaba darle una mejor calidad de vida a su hija, ellas se trasladaban de una localidad a otra para poder llegar a recibir rehabilitación a las instalaciones del IMSS y que su hija con discapacidad pudiera practicar deporte, no obstante, debido a la falta de recursos para costear el transporte tuvo que suspender sus traslados afectando su derecho a la recreación, a la salud y al esparcimiento. Este caso no está aislado, pues en 2017 una persona con discapacidad motriz también presenta una queja, también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para solicitar que suscribieran convenios con los transportistas a fin de beneficiar a las personas con discapacidad. Sin embargo, pese a la recomendación que la CNDH realizó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquel entonces, esta solo se limitó en sus argumentos en mencionar que no existe obligación legal de aplicar descuentos a favor de las personas con discapacidad, háganme el favor. Por no existir convenio alguno, por no existir un convenio firmado en ese sentido con el sector transportista. Les comparto que esta iniciativa nace de lo que recogemos en territorio. He convivido con decenas de personas con discapacidad. Tuve la fortuna de haber formado parte de la administración del mejor presidente de la historia de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nunca en la historia del país se habían destinado recursos públicos para garantizar un ingreso fijo para las personas con discapacidad permanente tuvo que llegar una persona con amplio sentido humano para visibilizar la importancia de aplicar políticas públicas que erradiquen la enorme brecha de desigualdad. Eso, a lo que él denominó como humanismo mexicano. Sin embargo, hay quienes desde el privilegio decidieron dar la espalda a este sector de la población. Es el caso de Coahuila. Y me permito volver a hacer un exhorto al gobierno de Coahuila. Mismo que vengo haciendo desde que estaba al frente de los programas para el bienestar en la región laguna de mi estado. Le hago un llamado al gobernador de Coahuila, señor Manolo Jiménez, las personas con discapacidad en nuestro estado no pueden esperar más. Le exigimos que voltee a ver a las y los coahuilenses que pertenecen a este grupo vulnerable y que se sume al convenio de colaboración con el gobierno federal y que aporte la parte que le corresponde para que esta pensión pueda otorgarse de manera universal. No se vale caer en la doble moral y elogiar los discursos, pero ignorar las acciones concretas. El gobierno federal, desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la actualidad con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha asumido la responsabilidad del presupuesto para que esta pensión se otorgue a personas con discapacidad permanente, de 0 a 29 años. No queremos que las personas mayores de 29 años con discapacidad permanente sigan en el rezago. Porque aunque la clase política clasista lo desconozca, hay quienes deben desechar la idea de costear transporte para estudiar, para realizar algún deporte o recibir atención médica. Simplemente porque antes de destinar recursos de sus hogares para el pago de transporte deben garantizar los alimentos sobre su mesa. Esa sí, esa es una de las herencias del neoliberalismo. Ese sistema que veía por unos cuantos y olvidaba a las grandes mayorías y a los sectores más vulnerables. Es por ello que lo que aquí se defiende no es solo una tarifa preferencial o exención de pago, sino garantizar el derecho de movilidad de las personas con discapacidad para promover y fortalecer su desarrollo en todos los aspectos de su vida. Por lo regular, una persona con discapacidad requiere asistencia para trasladarse de un punto a otro. Ojo, porque aquí el el gasto corre al doble. Queremos que, por favor, esta reforma pueda garantizar el ejercicio pleno de este derecho y establecer que la actual Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes establezca convenios con aerolíneas y empresas de transporte terrestre y marítimo nacional e internacional, para que otorguen tarifas preferenciales a las personas con discapacidad, así como garantizar el derecho permanente y todo el tiempo a obtener descuentos o exenciones en el pago al hacer uso del servicio del transporte público. Es momento de garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad, porque, compañeras, compañeros, nuestra tarea aquí es legislar para el pleno ejercicio de sus derechos. En esta lucha no dejaremos a nadie atrás.