El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor presidente. Y en virtud de que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria esta iniciativa, solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa. Hay un ambiente de crisis económica en el país, extremadamente profunda. Casi todos y todas coincidimos en esto. Así lo muestran, entre otras cosas, datos oficiales que tienen que ver, por ejemplo, con el asunto de la inflación. El año pasado se estimaba en el 3 por ciento y terminó en cerca del 7 por ciento. Si todo marcha bien en este año, aunque se traza una estimación de 3.80 por ciento, es muy probable que el resultado sea desalentador. ¿Qué podemos decir en el caso del desempleo? Hay estimaciones diversas, pero prácticamente todos coinciden en que la pérdida del empleo es verdaderamente brutal. Algunas estimaciones señalan de enero pasado a la fecha que vamos en curso, cerca de 700 mil empleos que se han perdido. ¿Qué podemos decir del asunto de devaluación? Prácticamente nuestro peso se ha devaluado en un 50 por ciento. Y tenemos un Gobierno federal que en los hechos es un gobierno entumido, porque no hay una verdadera alternativa para presentar en este marco de crisis económica. Por eso es inaceptable que, por un lado, se sigan beneficiando los de siempre, unos cuantos, los grandes empresarios y, por el otro, la inmensa mayoría, los consumidores, la población siguen sin ninguna forma de protección o aliento. De manera particular, tenemos el caso de las tarjetas de crédito o dinero plástico que se ha multiplicado por millones de usuarios en nuestro país. Este crédito puede ser proporcionado por la banca comercial, o también, por los llamados "bancos no bancos", así actúan. Nos referimos a las tiendas comerciales o departamentales, como: Liverpool, Sears, Wal-Mart, Palacio de Hierro, Fábricas de Francia, Suburbia, Coppel, entre otras muchas más. Actualmente, lo que se denomina el CAT de los bancos, oscila entre el 50 y el 80 por ciento de intereses. En algunos casos, rebasa el 100 por ciento. No obstante, el caso de las empresas departamentales no dista mucho del caso de los bancos. Por ejemplo, Liverpool cobra un 63 por ciento del costo anual total, para los usuarios de estas tarjetas departamentales; el Palacio de Hierro y Sears, cerca del 53 por ciento, y los más abusivos: Wal-Mart cobra cerca del 70 por ciento de intereses a los consumidores. Lo más lamentable es que este tipo de tarjetas departamentales no están reguladas, es decir, estas empresas actúan fuera del marco de la ley. Un dato adicional que nos sirva de reflexión: tenemos que el crédito otorgado por estas tiendas departamentales es de más de 200 mil millones de pesos anuales, que representa cerca del 60 por ciento del total de ventas de estas mismas empresas. Por eso, el propósito del presente decreto es establecer un límite al CAT, el uso del dinero plástico que proporcionan las empresas comerciales, con el objetivo de evitar la usura por parte de estos empresarios. El presente proyecto de decreto se centra en reformar la Ley General de Títulos y Operación de Crédito. De manera particular, se adicionan los artículos 291 Bis y 291 Ter, del ordenamiento en comento, estableciendo que la apertura de crédito podrá realizarse a través de tarjetas de servicio o de crédito, entendiendo éstas como las tarjetas emitidas por empresas comerciales no bancarias, a través de un contrato que regula el uso de las mismas, por medio de las cuales los usuarios de las tarjetas, ya sean personas físicas o morales, pueden utilizarlas para la adquisición de bienes o servicios en establecimientos afiliados a las empresas comerciales emisoras. Al mismo tiempo se señala que, en el caso del acreditante a que se refiere el artículo 291 Bis, el límite del costo anual total aplicado al acreditado no podrá superar en más del 20 por ciento de interés anual. Finalmente, legisladoras y legisladores, se adiciona un artículo que es el 432 Bis, que sancionará con prisión de uno a tres años y multa de hasta por el equivalente a un millón de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de que estas empresas no cumplan lo que establece el artículo 291 Ter de esta iniciativa de ley. Es cuanto, señor Presidente.