LA C. DIPUTADA MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL: Con el permiso de la Presidencia. Hago uso de esta tribuna con fundamento en la Fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar ante esta Honorable Asamblea, una proposición con punto de acuerdo sobre los despidos injustificados en la Comisión Federal de Electricidad, al tenor de las siguientes consideraciones. El debate generado por la pretensión de privatizar el sector eléctrico nacional, ha sacado a la luz pública la realidad de una industria con un enorme potencial de crecimiento. El sector eléctrico nacionalizado registra por dos décadas un crecimiento del 8% anual, la Comisión Federal de Electricidad opera con finanzas sanas, para el año 2000 operó con utilidades de 6,900 millones de pesos, que por productividad se sitúa como una de las más rentables del mundo y de acuerdo a los parámetros de calidad que pregona la nueva administración, el 82% de sus plantas cuentan con certificaciones de ISO. La Comisión Federal de Electricidad sufraga su propio gasto corriente con el ingreso por ventas, por lo que no representa una carga para el presupuesto, sin embargo, desde la administración zedillista, el gobierno ha restringido las asignaciones presupuéstales a la CFE: Se ha insistido en que para eficientar la industria, hay que abrir a la inversión privada nacional y extranjera los activos de la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, en el periodo en que predominaron las empresas eléctricas privadas surgieron conflictos por las arbitrariedades y el incumplimiento en el servicio, así como abusos por el cobro de tarifas exorbitantes. Dichas empresas concentraban su servicio en las áreas metropolitanas de mayor desarrollo y densidad, buscando mayores utilidades y rendimientos y dejando sin servicio regiones rurales y marginadas. Desde la nacionalización de esta industria y hasta fines de la década de los 80, el financiamiento de la expansión del servicio eléctrico se realizó con recursos del Gobierno Federal, créditos bilaterales, préstamos de la Banca internacional y créditos de proveedores. Las restricciones presupuéstales, el alto costo de su deuda y las nuevas condiciones planteadas por organismos financieros internacionales obligaron a la Comisión Federal de Electricidad a recurrir a nuevas formas de financiamiento. En 1992 el Gobierno Mexicano comenzó una política de apertura gradual a la inversión privada en la generación condicionada, pero manteniendo el control de la empresa pública sin que el servicio y la industria tengan un repunte significativo. Coincidimos en que México requiere fortalecer su sector eléctrico, debemos diseñar un nuevo modelo de participación estatal, de un Estado rector y regulador de las fuerzas del mercado que promueva la industria, el comercio y la inversión productiva que anteponga el interés público al particular, que es la razón de todo Estado democrático y representativo. Para el grupo parlamentario del Partido e la Revolución Democrática, la falta de recursos para la inversión y modernización no se va a solucionar abriendo la industria eléctrica a la especulación de unos cuantos inversionistas nacionales y extranjeros; la solución requiere un compromiso mayúsculo por parte del Estado para promover la reinversión, modernización y desarrollo del sector. La experiencia de las privatizaciones en México y en el mundo confirma que los derechos laborales y las instituciones sindicales son subordinados a veces violentamente, a las necesidades de obtención inmediata de ganancias de los adquirentes. En Inglaterra y Nueva Zelanda se despidió a la mitad de los trabajadores de la industria por la privatización, no se crearon nuevos empleos excepto los de confianza y se subcontratan servicios conexos y los de mantenimiento. En América Latina la entrega de la industria eléctrica a manos privadas ha resultado lesiva para trabajadores y usuarios. Según el argentino Sindicato Luz y Fuerza Mar de Plata, con la entrad del sector privado a la industria eléctrica la plantilla laboral se adelgazó a casi la mitad y los salarios se han mantenido sin cambio, claro, a excepción de los gerenciales. No faltan las voces que descalifican las conquistas de la clase trabajadora y la resistencia a la imposición de la privatización de la industria eléctrica. Esta antisindicalismo es congruente con la visión de México como país maquilador. Para los señores del poder y el dinero el trabajador sólo tiene derecho a trabajar, a malcomer, a cargar con una vejez miserable y a quedarse callado. En esta óptica porfirista del trabajo y del trabajador, éste no puede aspirar a mejorar sus condiciones de vida y de trabajo conforme a lo establecido en la ley y con el único límite que el de su capacidad de organización y lucha. La legitimidad de las conquistas y luchas de los trabajadores no está a debate ni significa un lastre para la modernización de nuestro aparato productivo, en esta lucha los trabajadores al servicio de la Comisión Federal de Electricidad han sufrido la persecución y son reprimidos por la empresa en contubernio con la dirección antidemocrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. A partir de marzo de 1999 se integraron en el SUTERM comisiones sindicales de seguimiento para informar sobre la privatización del sector eléctrico que se encargaron de organizar foros en diversas partes de la República y que se integraron al Frente Nacional de Resistencia contra la privatización de la industria eléctrica. Algunos de estos trabajadores integraron planillas opositoras a la dirección que por década ha tenido el férreo control corporativo de esta organización sindical. Los electricistas del SUTERM han mantenido su lucha en defensa de la industria eléctrica nacionalizada en contra de la privatización oculta o simulada en defensa de su materia de trabajo y en oposición al contratismo y en defensa del contrato colectivo de trabajo. Un grupo de trabajadores electricistas han sido sujetos a un hostigamiento laboral permanente cuyo denominador común ha sido haber participado en el proceso electoral para renovar el Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM en la planilla cambio y democracia sindical, incluido Jesús Navarrete Castellanos, candidato de esta expresión a la Secretarían General en el XIV Congreso del SUTERM en noviembre del 2000 que culminó con la imposición de Leonardo Rodríguez Alcaine al cargo que lleva ocupando desde hace 27 años. Otros trabajadores han sido rescindidos de su relación laboral con la Comisión Federal de Electricidad: Adulfo Santiago Castillo, Susano Rivero Hernández, Armando Manríquez Vázquez, Virginia Carrillo Escolana, Maximiliano García Gaxiola, Mariano Guadalupe López Matus y Lamberto Flores Zaragoza. La mayoría de estos trabajadores tienen más de 10 años de servicio en la empresa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero.- Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se pronuncie por la reisntalación inmediata conforme a derecho de Adulfo Santiago Castillo, Susano Rivero Hernández, Armando Manríquez Vázquez, Virginia Carrillo Escolana, Maximiliano García Gaxiola, Mariano Guadalupe López Matus y Lamberto Flores Zaragoza en la Comisión Federal de Electricidad. Segundo.- Asimismo exhorta a las autoridades de la Secretaría del Trabajo así como a la administración de dicha empresa paraestatal, a intervenir para que cese el hostigamiento laboral contra todos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que en ejercicio de sus garantías individuales y colectivas se organicen para expresar sus puntos de vista, mejorar sus condiciones de trabajo y participar en su organización sindical de acuerdo con sus convicciones e intereses. Es cuanto, señor Presidente. (aplausos) -