La diputada María Luisa Beltrán Reyes: Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRD nos pronunciamos a favor de la legalidad y la equidad. En los procesos electorales federales y locales que consideramos de gran transcendencia, las decisiones de los órganos electorales que organizan y conducen nuestros comicios. Por ello, estimamos como de gran valía la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que emitió un fallo que podemos calificar como histórico, con la anulación de los comicios en el estado de Colima. Esta decisión fue fundamentada en una sentencia que tomó en cuenta una prueba que finalmente dejó al descubierto, con toda claridad y certeza, la intervención del gobierno del estado a favor del candidato oficial del PRI, con una operación política, con el sello distintivo del viejo PRI. En Colima tenemos un gobierno dictatorial, cada seis años debido a que no se ha podido dar ni siquiera una alternancia en el ejercicio del poder estatal, tenemos un viejo PRI que se produce cada fin de sexenio, porque dicen en el estado, que el gobernador saliente pone al nuevo gobernador. Así es como se práctica la pseudodemocracia. Esta es la gran aportación de la clase política priista, la cual mantiene el control del estado en la entidad. La intervención del gobierno del estado fue descarada con la manipulación de programas sociales, reparto de despensas y la represión e inducción de los votantes. Para acabar de empeorar las cosas, la confesión del secretario de Desarrollo Social del estado que descaradamente reconoció su propia intervención para coordinar los operativos de compra de voto, una conducta que debe ser perseguida por las autoridades judiciales, ya que constituye no solamente delitos electorales, sino que también la posible desviación de los recursos públicos de la hacienda estatal, lo que no puede quedar impune, así como quisiera el gobierno de Mario Anguiano. Hoy que la autoridad electoral ha encontrado prueba suficiente para anular este proceso viciado de origen, el segundo que se anula, al igual que en el 2003 coincidentemente por la violación al artículo 59 de la Constitución local. Habida cuenta de la intromisión del gobernador en turno en el proceso electoral para favorecer al candidato del PRI, con esta sentencia el Tribunal Electoral permitió que el proceso democrático en el estado retomara su cauce con la base mínima de apoyo. Gracias a esto, los colimenses podrán pronunciarse nuevamente con libertad sobre el destino que pretende seguir en los próximos seis años, sobre el proyecto político y la agenda de gobierno de otra fuerza política. En este sentido nuestro grupo parlamentario se pronuncia porque se cumpla la ley, y se respete la equidad en el proceso electoral extraordinario venidero. No podemos permitir que en los procesos electorales, tanto federales como locales, se sigan reproduciendo estas prácticas antidemocráticas y autoritarias que buscan preservar el estatus de las mafias en el poder. Colima debe abrirse a la transición democrática para empezar con una nueva alternancia en el gobierno del estado. La alternancia sería la mejor forma de evitar que escale la violencia política en el estado, que se acepte la competencia abierta de todas las fuerzas políticas, que se respete la legalidad y la equidad electoral. Eso es lo que queremos en el PRD, y eso es por lo que lucharemos en el próximo proceso electoral extraordinario que convocará nuestra autoridad electoral. Otra cosa, compañeros, también en el PRD tenemos una candidata honesta, Martha Zepeda. Es cuanto.