El diputado Gerardo Priego Tapia: Muy buenas tardes. Iniciativa que reforma la fracción II y adiciona las fracciones V y VII del artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de contraloría social, que presentamos mi compañera Rubí Laura López Silva y un servidor, Gerardo Priego. El desarrollo de programas sociales y en particular de combate a la pobreza, proliferaron en América Latina a partir de los setenta, ochenta ?aproximadamente?, como una estrategia para aminorar y justificar los costos sociales y políticos en el continente, generándose, al mismo tiempo, una gran manipulación sobre los mismos, principalmente como instrumento de control electoral a favor de la permanencia en el poder normalmente de los partidos hegemónicos. Así surgieron en México diversos mecanismos contra esta corrupción, entre otros, la inclusión de la participación social, con el objeto de garantizar la correcta aplicación de los programas sociales hacia la población objetivo. Sin embargo, los mecanismos establecidos no han logrado erradicar de manera significativa los diversos problemas que en el manejo de recursos públicos, en la operación de los programas sociales, se siguen hoy dando. Esto se ha discutido mucho en esta Cámara y mediáticamente, cuando en realidad la discusión de la manipulación electoral se da normalmente en lo más aterrizado, en lo más cercano hacia la población que puede ser lo local en las regiones. Desafortunadamente todos los partidos han caído en esta tentación, unos más que otros, por supuesto, pero es algo que está ahí, presente; y en la discusión que hemos tenido para tratar de ver cómo podemos sugerir modificaciones a esta tentación pragmática de cualquier partido político, precisamente esta iniciativa busca que la Contraloría Social genere las acciones necesarias para garantizar el uso adecuado, eficiente y eficaz de los recursos de los programas sociales. Proponemos entonces modificar el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de fortalecer los instrumentos de vigilancia y control como armas fundamentales de la Contraloría Social, de manera que su participación sea decisiva en el control del quehacer gubernamental. Hoy, la vigilancia de tales instrumentos como los padrones de beneficiarios y reglas de operación, entre otros, se verán fortalecidos con una participación más efectiva de la sociedad a través de esta Contraloría Social. Cabe mencionar que todavía hoy hay 300 programas en el país sin reglas de operación, sin padrones, que son, desafortunadamente, una tentación pragmática permanente dentro de los gobiernos estatales y municipales de nuestro país. La corresponsabilidad es parte fundamental para determinar el éxito o fracaso de estos programas en cualquier ámbito de gobierno. Es necesario señalar que la Contraloría Social, como todos lo sabemos, la ejercen los beneficiarios, pero necesita mucho más transparencia. La importancia de esta Contraloría Social en los programas radica en que permite, entre otras cosas, fortalecer el control preventivo, puesto que al conocer los proyectos de gobierno, la ciudadanía puede identificar y reportar cualquier desviación respecto a lo programado. Propicia la rendición de cuentas y transparenta procedimientos administrativos y operativos; impulsa el interés de los beneficiarios directos para que realicen acciones de contraloría social en los programas que les benefician; fomenta entre los servidores públicos y la ciudadanía actitudes lejanas a la complicidad, al cohecho y a cualquier forma de corrupción por la observación permanente; y evita que la información se quede en ciertos líderes locales o caciques y sea manipulada en perjuicio de la población en mayor pobreza de nuestro país. Es por eso que esta reforma a la fracción II y la adición de las fracciones V y VII del artículo 71, pretende fortalecer las acciones de la Contraloría Social; pero de manera muy importante se busca que sea un instrumento de fomento a la cultura de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión de los recursos destinados al desarrollo social. Es por eso que en este sentido se refuerza, en la fracción II del artículo 71, la Contraloría Social, en los convenios entre el gobierno federal y los gobiernos estatales; y, por otro lado, en la fracción VI se informa a los beneficiarios de los programas de Desarrollo Social, quiénes son aquellos que han tenido una demanda, cuántas de ellas hay, y finalmente cuál fue la respuesta que estas demandas o sanciones han tenido. Por su atención, muchísimas gracias y muy amables.