La secretaria María Luisa Albores González: Buenas tardes, es un gusto para mí estar hoy con ustedes, los representantes de esta gran nación. Estoy segura que, con sus aportaciones, compromiso y dedicación, juntos y juntas podremos lograr que los anhelos de las personas que ustedes representan y que viven en comunidades, en rancherías, en pueblos, en ejidos, en colonias, en barrios de las ciudades y de las metrópolis, puedan ser alcanzadas. Estamos aquí con el firme compromiso de mejorar la vida de las personas, cerrar las brechas de desigualdad. Que las familias puedan tener una vida digna en sus lugares de origen, prosperidad y asegurar el ejercicio de todas y todos los derechos para todas las personas. Solo así podremos tener un país con bienestar. Comparezco ante ustedes en cumplimiento de nuestras leyes para informarles lo que hemos llevado a cabo desde la Secretaría de Bienestar en estos 10 meses para un análisis a profundidad de las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Bienestar en el periodo que rindo cuentas, en el marco de la glosa del Primer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Comparto a las interesadas y a los interesados al informe de la secretaría a mi cargo. Con el permiso de las y los diputados, en esta primera intervención haré un breve recuento de cuál es la ruta que el gobierno de la cuarta transformación se ha fijado como materia de bienestar. Antes de iniciar mi exposición, permítanme expresar mi más profundo reconocimiento al equipo de Bienestar. A la subsecretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes, quien lleva las pensiones para el bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad, el programa de Apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras y el programa Seguro de vida para jefas de familia. Al subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, al compañero Javier May Rodríguez, quien tiene a su cargo el programa Sembrando vidas. Reconocer el enorme trabajo de los institutos para el Bienestar. A Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director del Injuve; a Elsa Julita Veites Arévalo, directora del Inapam; a Juan Manuel Martínez Louvier, director del Inaes; a Luz Rosales Esteva, directora del Indesol y de Daniel Vélez Ramírez, encargado del Fonaes. De igual manera, quiero reconocer la presencia y apoyo de Leticia Animas Vargas, titular de Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y al licenciado Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Porque juntos estamos trabajando para la construcción de un país con bienestar donde todas las personas estén incluidas, en particular las más pobres. Desde la campaña presidencial y después en las giras que hemos realizado del norte al sur, desde la sierra hasta el mar con el presidente, nos hemos podido percatar de los ideales de justicia social y cumplimiento de derechos como una tarea fundamental del Estado, los cuales siguen pendientes para millones de mexicanas y mexicanos. Esta realidad, palpable a simple vista, se incrementó en los últimos 36 años. El Estado simplemente se retiró paulatinamente de su quehacer y responsabilidad en materia del cumplimiento de los derechos sociales del pueblo. Lo anterior provocó que se ampliaran las brechas de desigualdad social y territorial en nuestro país, que no se garanticen los derechos de las personas, que se concentrara el ingreso en la población más rica y que se viera afectado el bienestar de las familias y las personas, sobre todo, de las personas indígenas. Enfrentamos un país con más de 50 millones de pobres y casi 10 millones de personas en pobreza extrema. Un país donde solo 27.4 millones se considera no pobre, 1 de cada 5. Esto quiere decir que casi 100 millones de personas en México se encuentran en una situación de pobreza o presentan carencias sociales o de ingreso. Esto no lo podemos permitir más. Por ello, el gobierno de México ha puesto en marcha una nueva política cuyo objeto superior es el bienestar general de la población, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la construcción de la paz y la seguridad, los proyectos regionales y los programas que buscan atender cada uno de los derechos sociales que están orientados por el objetivo bienestar. La nueva política de bienestar tiene que ver con procurar la efectividad de los derechos sociales como condición fundamental para el desarrollo de las capacidades de las personas, y asumimos que es responsabilidad del Estado, como lo marca la Constitución, y no solo del mercado, como hasta hace poco se pensaba, asegurar que los derechos se cumplan para todas las personas. Nuestro enfoque es garantista, basado en los principios de la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad, la igualdad, la inclusión y la cohesión social. Al reconocer la titularidad de los derechos, la política de bienestar busca cambiar la lógica de la elaboración de la acción pública, para que el punto de partida no sean personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derechos. Ya no hablamos de gasto social, sino que ahora lo consideramos como inversión, porque la política de bienestar en su conjunto permitirá a la nación tener un mayor desarrollo, puesto que la desigualdad frena el crecimiento y el desarrollo. Dejamos atrás las políticas asistencialistas y fragmentadas por políticas integrales, nuestra ruta es la igualdad. Además, la política de bienestar toma en consideración el ciclo de vida de las personas y busca atender los riesgos vinculados a las distintas etapas de la vida, con énfasis en la población indígena, las personas afromexicanas, las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las mujeres, los campesinos, las personas migrantes y refugiados, así como la población que sufre discriminación por sus preferencias sexuales. Asimismo, la política de bienestar tiene un enfoque territorial, participativo y reconstructor del tejido social. Se planea desde las comunidades para garantizar la apropiación de los proyectos, como en Sembrando Vida y, en consecuencia, la participación. La política de bienestar plantea la asociación directa con las comunidades para identificar conjuntamente sus necesidades más urgentes, así como el potencial productivo de cada una de ellas. El enfoque de inclusión productiva supone un rompimiento con el enfoque asistencialista de la política social, que ha prevalecido a lo largo de las últimas tres décadas. Desde este enfoque y para alcanzar el bienestar de nuestra población se ha atendido primero a los grupos más desfavorecidos. Si bien no podemos dejar a nadie afuera ni a nadie atrás, hemos decidido que por el bien de todos, primero los pobres. La integralidad de la política de bienestar involucra en su acción a distintas dependencias del gobierno. Como lo mencioné al principio de mi intervención y tomando en consideración lo enunciado en el Plan Nacional de Desarrollo, el objetivo más importante del gobierno de la cuarta transformación es que en 2024 la población en México viva en un entorno de bienestar. Para lograr este propósito, tal como lo indica el Plan Nacional de Desarrollo, los programas prioritarios de la política social están en diversas secretarías, no solo en la Secretaría de Bienestar. Hemos llegado a más de 20 millones de mexicanos con una inversión conjunta de alrededor de 300 mil millones de pesos. Los programas de los que hablamos son los siguientes: La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y de Personas con Discapacidad, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, Sembrando Vida, el Programa Nacional de Reconstrucción, el Programa de Mejoramiento Urbano y Vivienda, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía y Crédito Ganadero a la Palabra, y las Tandas para el Bienestar. En línea con lo anterior, para lograr el bienestar se necesita de la suma de esfuerzos para que toda la población tenga asegurado el ejercicio de sus derechos. La Secretaría que encabezo ha hecho sinergia con las demás dependencias del gobierno federal y los otros órdenes de gobierno para llegar a este objetivo. El bienestar implica que las personas tengan una buena alimentación, salud, educación, vivienda, un entorno familiar y comunitario seguro, con servicios básicos de calidad, trabajos decentes, infraestructura, caminos, internet, servicios financieros, lugares de recreación y acceso a la cultura en todas sus expresiones. En ese sentido, el gran reto que tenemos para lograr el bienestar de todas las mexicanas y mexicanos es tarea de todo el gobierno. Antes se creía que una sola Secretaría era la responsable de esta tarea. Nada más equivocado. Por eso ahora el gobierno tiene una serie de estrategias, proyectos y programas encaminados a lograr este objetivo. Desde la Secretaría de Bienestar tenemos algunos de los programas integrales de desarrollo que buscan el bienestar de la población, voy a comentarles enseguida de ellos. Pero antes, les diré cuáles son los principios con los que llevamos a cabo nuestra tarea. Los apoyos son entregados de manera directa a las personas, sin intervención o mediación de otras personas u organizaciones. Esto además de reducir los costos de operación reduce la posibilidad de corrupción. Queremos avanzar hacia la inclusión financiera, las finanzas solidarias y que toda persona tenga la posibilidad de recibir los apoyos a través de medios electrónicos y cuentas bancarias. Esto ha sido una marcha cuesta arriba, puesto los gobiernos anteriores casi acabaron con la banca de desarrollo y la mayoría de los municipios en el país no cuentan con sucursales bancarias ni cajeros. La política de bienestar es universal y sensible a las diferencias, por eso se da prioridad a los que por décadas han sido marginados y olvidados, ya sean pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres o adultos mayores. Hemos puesto al centro de nuestra estrategia de bienestar a los pueblos indígenas, queremos empezar a poner fin a la discriminación histórica de la que han sido víctimas mujeres y hombres de nuestros pueblos originarios. Cada uno de los programas prioritarios de la Secretaría de Bienestar han adoptado un enfoque diferenciado para incluir a las personas indígenas. Las prácticas de simulación, corrupción y uso indebido de los recursos están estrictamente prohibidos y nos hemos comprometido a que, en caso de encontrar este tipo de prácticas, procederemos no solo de manera administrativa sino penal. Nos guiaremos por el principio instruido por nuestro presidente, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Señoras y señores diputados, a los diez meses del actual gobierno, desde la Secretaría de Bienestar hemos puesto el máximo esfuerzo y dedicación por atender primero a los necesitados, por eso se puso en marcha la Pensión para el Bienestar de todas las Personas Adultas Mayores, la cual fue anunciada el día 13 de enero en el municipio de Valle de Chalco y se destinó el mayor presupuesto en la historia de este país, 110 mil millones de pesos y por justicia social ahora toda persona mayor de 68 años tiene asegurada una pensión y si es indígena desde los 65 años. La pensión asciende a 2 mil 550 pesos bimestrales. Aspiramos a que ningún mexicano al llegar a su retiro laboral esté condenado a sufrir pobreza extrema. Por ello, esta pensión universal y solidaria busca construir un nuevo pacto entre el gobierno y el pueblo de México, en el que la piedra angular es la procuración del bienestar de las mayorías. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ha sido otorgada a 8 millones 38 mil 228 personas, de las cuales 4 millones 500 mil 428 son mujeres, o sea, el 56 por ciento. Y 3 millones 537 mil 800 son hombres, el 44 por ciento. Esto representa 93.5 por ciento de avance respecto a la meta establecida para el cierre 2019, que se estima en casi 8.59 millones de adultos mayores. Por otra parte, con el propósito de revertir las brechas de desigualdad que las personas con discapacidad permanente enfrentan en su vida cotidiana, se puso en marcha, primero en Tlapa de Comonfort, Guerrero y paralelamente en todo el país, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Dos mil 550 pesos bimestrales, la cual ha sido otorgada a 790 mil 479 personas con alguna discapacidad permanente. De las cuales 364 mil 148 son mujeres, 46.1 por ciento. Y 426 mil 331 son hombres, 53.9 por ciento, respectivamente. Porque creemos que el Estado debe estar siempre presente, durante toda la vida de quienes más lo necesitan, para la Secretaría del Bienestar es muy importante que este apoyo pueda acompañar a las personas indígenas con discapacidad, desde 0 hasta los 64 años. El monto de los apoyos económicos directos, otorgados al cuarto bimestre, asciende a una inversión de más de 6 mil millones de pesos. Por otra parte, con el programa Sembrando Vida, que recién acaba de cumplir un año desde que comenzamos con su planeación en territorio, la Secretaría del Bienestar marcará un antes y un después en la manera de construir políticas sociales en México. Es un programa único en el mundo, por su sentido social y escala espacial. Sembrando Vida apuesta por la regeneración de los ejidos, comunidades y territorios rurales. Estamos recuperando el Planeta, recuperando el país, recuperando la patria y lo más importante, recuperando la esperanza de los más olvidados. Sembrando Vida busca convertir los ejidos y comunidades en un sector estratégico para el desarrollo del campo, trabajando juntos para incrementar la productividad de zonas rurales bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo regional a largo plazo, que contribuye a reducir la vulnerabilidad en la que viven los campesinos de estas regiones. Al mes de septiembre...