El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Ojalá y hoy esta Cámara de Diputados actuara como logramos, espero que no sea truco, que no me tengan aquí debatiendo y ya los de la Comisión de Gobernación se van a reponer un procedimiento que querían discutir sin aparecer en el orden del día, el dictamen de transparencia. Por suerte se logró evidenciar este grave error de esa comisión y ahorita esperamos llegar e incorporarnos a la reunión; forma es fondo. Pero ahora esta Cámara tendría el reto de corregir lo que la Comisión de Gobernación comete como un grave error. Miren ustedes, la propuesta de adición que se presenta al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública violenta el artículo 115 de la Constitución general, que determina que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, que será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa que la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado. Autonomía municipal que se pretende violentar con un subterfugio de asesoría, capacitación y formación permanente de los integrantes de los ayuntamientos, además de los funcionarios y empleados municipales en su carácter de depositarios de funciones y servicios públicos. En la adición que se presenta y que se propone en el dictamen, que presenta la Comisión de Gobernación escúchese bien, dispone que los municipios son ésta es la adición depositarios de funciones y servicios públicos, calidad que afecta la autonomía municipal al artículo 115 de la Constitución que claramente determina que los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos que en dicho artículo se indican. No son depositarios, son la instancia de gobierno que debe garantizar esas funciones y servicios públicos. Se propone artificialmente un control a los gobiernos municipales por encima de la autonomía que les otorga la propia Constitución. ¿Con qué objeto establecer un control a los municipios? Obviamente simple y llanamente por ser la instancia de gobierno que tiene a su cargo las funciones y servicios públicos importantes para la implementación de políticas privatizadoras del gobierno federal en áreas como el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, entre otros. La propuesta atenta contra la autonomía municipal y contra los principios federalistas al entrometer a la administración federal en ámbitos de competencia estatal y de la autonomía municipal. En el párrafo tercero de la fracción III del 115 constitucional se determina que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda, en cuyo caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados deberán contar con la aprobación de las Legislaturas de los estados respectivos. Diputados y diputadas, no cometan una aberración legislativa al establecer atribuciones para la Secretaría de Gobernación que le permita al gobierno federal entrometerse en áreas de estricta competencia de los municipios y de los estados, puesto que corresponde a cámaras locales de las entidades de la Federación expedir las leyes para establecer las bases generales de la administración pública municipal. Es claro que la implementación de reformas constitucionales que ha impulsado Peña Nieto a través del PRI, PAN y la Revolución Democrática en el mal llamado Pacto contra México, exige implementar mecanismos que subordinen a los gobiernos estatales y municipales para facilitar las políticas privatizadoras de servicios públicos básicos para la población. No nos engañemos; no pretendan engañar al pueblo de México, diputadas y diputados. La propuesta que se presenta tiene ese objeto, subordinar a los gobiernos estatales y municipales para facilitar las políticas privatizadoras de servicios básicos a la población. Esto es el objeto, subordinar a los municipios a un presidencialismo centralista, autoritario y avasallador, subordinado a las empresas nacionales e internacionales que tienen en los servicios públicos un jugoso negocio. Esto es lo que pretenden hacer y compartir con esta idea todavía que traen de hacer una Ley de Aguas Nacionales privatizadora. Es lo que lo han hecho con la energía eléctrica, y ahora hasta con la basura la quieren privatizar en sus servicios. Y para eso es esta ley; no es cualquier cosa. Por eso llamamos la atención, y ojalá tuvieran la decencia de no violentar más la Constitución en este tema que no es trivial. Es cuanto, diputados.