El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, Presidenta. Agradecemos la oportunidad que nos da para poder expresar la postura del grupo parlamentario en relación a este punto de acuerdo, que fue dictaminado en sentido negativo y dictamen que nosotros respetamos. No obstante ello, queremos expresar cuál es nuestra posición. El 16 de septiembre del año pasado, con motivo de la celebración del aniversario del inicio de la gesta de la Independencia, entre los actos protocolarios correspondientes el desfile militar es evidentemente uno de los de mayor importancia, debido a la invaluable labor de las instituciones castrenses en beneficio de la sociedad mexicana. Este desfile militar, más allá de una demostración de la buena organización y elevado entrenamiento de los elementos que forman parte del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, se ha establecido en la actualidad como una tradición fuertemente arraigada dentro de nuestro pueblo, que proporciona la posibilidad de una sana convivencia en tiempos de paz. Durante este acto observamos con extrañeza que durante el desarrollo del desfile los hijos menores del hoy titular de la administración pública portaban uniformes que correspondían a los grados de mayor y teniente coronel del Ejército mexicano, asemejando imágenes que me recordaron los mejores tiempos de las monarquía europeas. Mi memoria, que abarca desde la segunda mitad del siglo pasado, no registra ningún evento semejante. El dictamen negativo que hoy se nos presenta, considera que el vestir a los niños con atuendos tradicionales patrióticos en la fecha que nos ocupa es una tradición del pueblo mexicano heredada de generación en generación y que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones, con lo cual coincidimos de manera plena. No obstante, es derecho de los niños —consignado por cierto en la Declaración Universal de los Derechos de los Niños; en la Convención sobre los Derechos de los Niños en nuestra Constitución Política y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes— recibir toda la protección para el pleno desarrollo de sus capacidades, precepto que, en el caso que nos ocupa, fue violado por el propio responsable de su amparo al provocar la exposición pública de los menores con uniformes militares en un acto público y solemne. Otro aspecto que fue tomado en cuenta por quienes propusimos el punto de acuerdo, es la fehaciente existencia de una muy sólida corriente pacifista que con mucho éxito ha venido alertando a los padres de familia sobre los riesgos que conllevan para los procesos de educación temprana el fomento de juegos de corte militar y el obsequio de juguetes de contenido bélico. Esta corriente en nuestro país tiene por cierto su origen en uno de los más claros exponentes de la poesía decimonónica. Me refiero a don Juan de Dios Peza, poeta, escritor y diputado federal en la época del porfiriato, quien en su obra Cantos del hogar, publicada en 1890, expresa su defensa a la inocencia infantil en el poema Fusiles y muñecas en el que destaca el peligro de los estereotipos fomentados a través de juegos infantiles y finaliza el poema con la frase: cuando son de verdad, matan el alma. El punto de acuerdo en comento no exigía la incoación de un procedimiento judicial ni mucho menos atentaba contra el buen desarrollo de los menores. Este documento únicamente tendía a exhortar al funcionario de más alto nivel en la administración pública de nuestro país, a cumplir fehacientemente con el respeto a la legalidad y al marco jurídico que nos rige y que determina que el mal uso de los uniformes del Ejército constituye un delito perseguido por la jurisdicción militar. No consideramos que nuestra propuesta violente —de alguna manera— ni los derechos de los niños ni aquellos de los padres que se ejercen en el ámbito privado. El Grupo Parlamentario del PRD se haya comprometido de manera ineludible con estos derechos. Estamos hablando de un acto público: la más grande e importante celebración cívica de nuestro país. Es por ello que la comisión de estas conductas por personas que se encuentran mandatadas para velar por el estricto respeto del marco jurídico, puedan generar socialmente la desvalorización de las leyes que nos rigen. Resulta entonces evidente que el sentido negativo de este dictamen constituye más un voto de protección para la figura de quien ocupa la titularidad de la primera magistratura de nuestro país; una ancestral y perversa costumbre de proteger a toda costa a quien detenta el poder. Es nuestra obligación señalar que esta proposición refleja la posición de nuestro grupo parlamentario a favor del respeto a la legalidad. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los valores y de los principios constitucionales y con la convicción de que la patria no se vende. La patria se defiende. Es cuanto, Presidenta.