El diputado Constantino Acosta Dávila: Con su venia, señora Presidenta. Le solicito sea tan amable de insertar el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Honorable Asamblea. El suscrito Constantino Acosta Dávila, diputado federal integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, perteneciente a la LX Legislatura de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el párrafo II del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exposición de motivos El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es uno de los más extensos y complejos de la Carta Magna, siendo éste uno de los preceptos más discutidos en la historia nacional del siglo XX, debido a que contiene disposiciones de gran relevancia política y social. Considerando que el artículo 27 es algo más que un simple precepto constitucional, es en parte un diseño de proyecto de nación. Como es sabido, en la primera parte se trata lo relativo al derecho de la propiedad. En la segunda parte del presente comentario, abarca lo relativo a las distintas formas de propiedad de bienes públicos que señala la Constitución. Si bien es cierto, el derecho de propiedad es un importante punto de confluencia de la economía, la política y el derecho, la forma de reconocer el derecho de la propiedad eminentemente va a incidir en el derecho a la vivienda; los derechos de los trabajadores; el derecho al medio ambiente, etcétera, tal como lo demuestra la experiencia histórica. De su importancia deriva seguramente el hecho de que las normas sobre la propiedad hayan sido casi siempre manipuladas por los grandes factores reales de poder. El derecho de propiedad es el que tiene todo ciudadano para gozar, disponer de acuerdo con su criterio de sus bienes, de sus ganancias, del futuro de su trabajo y de su laboriosidad. Antes incluso, la declaración de 1789 dedicaba dos artículos a la propiedad. En su artículo 2º se incluía a la propiedad entre los derechos naturales imprescriptibles del hombre. El artículo 17 de la misma declaración de 1789 establecía el que seguramente es uno de los primeros antecedentes de la expropiación, al menos consagrado a nivel supralegal. Según este precepto, siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado donde nadie puede ser privado de ella, salvo cuando lo exija evidentemente la necesidad pública legalmente comprobada y a condición de una indemnización justa y previa. Ahora bien. Aunado a lo anterior, y por último, es pertinente indicar que si bien es cierto que la Ley de Expropiación en su artículo 4º establece que la declaratoria de expropiación se hará mediante decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y será notificado personalmente a los interesados y en caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. También lo que dicho numeral dispone es únicamente la notificación del decreto expropiatorio como tal, mas no dispone la notificación de previa audiencia del procedimiento administrativo de expropiación, lo cual es objeto y materia del presente proyecto de decreto. En vista de todo lo expuesto y con fundamento en lo argumentado y hecho valer a lo largo del presente estudio, me permito presentar ante esta Honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma el II párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo único. Se reforma el II párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera: Artículo 27. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, en cuya tramitación se le respetará al afectado la garantía de previa audiencia. Artículos transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Congreso de la Unión y los Congresos locales constituidos en cada una de las entidades federativas contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente reforma constitucional, a efecto de proceder a adecuar su legislación local en materia de expropiación, ajustando dicho ordenamiento de conformidad con la presente reforma. Es cuanto, señora Presidenta.