El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez Mont. El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: Con su venia, señor presidente. Señor diputado Ibarra, primero, el gobierno federal y la Secretaría de Gobernación no son ajenos a la problemática que se ha venido denominando "de los ex braceros". A partir de que el Poder Judicial de la Federación, mediante resolución, estableció que revisara el proceso mediante el cual se habían asignado las indemnizaciones a estas personas, y en razón del monto autorizado por el Congreso para ejercer este año, se ha venido haciendo un trabajo en todos los expedientes de quienes se inscribieron, alegando tener derecho a recibir el beneficio determinado, tanto por el Poder Judicial, y en la medida autorizada por el Congreso. Este trabajo de revisión se está terminando y este año se ejercerán los 700 millones de pesos autorizados por el Congreso para tal fin, a plenitud, entre aquellos que cumplen con los requisitos fijados por el propio Congreso; para eso. Para el próximo año se está solicitando una partida, también para tal efecto, entendiendo que ésta es una cuestión que concurre con otras necesidades que deberán ser determinadas o satisfechas en la medida que apruebe esta legislatura. Por lo que toca a la cédula de identidad, la cédula de identidad es un instrumento que no es capricho de este gobierno; es un mandato constitucional derivado por acuerdos entre las principales fuerzas políticas desde antes, desde el siglo pasado. Se ha venido trabajando por diversas administraciones para poder vincular ya las claves únicas del registro de población con actas de nacimiento, y hoy se está arrancando la posibilidad de vincular estos dos datos con la identidad física, a raíz de los biométricos. Se está buscando incorporar en este esquema no sólo a los ciudadanos, sino también a los menores, para buscar esquemas mejores de protección para los mismos y que puedan acelerar su acceso a aquellos beneficios de educación y salud a los que tienen derecho. En este sentido hemos trabajado con todos los gobiernos estatales, sin distingo de partido político, porque es comprensión de todos ellos que éstos son instrumentos que nos permiten transparentar programas gubernamentales, que le permiten a los ciudadanos abrir con la llave de su identidad fuentes de derecho; que les permiten agilizar transacciones económicas en las que intervienen, y con ello multiplicar oportunidades. La Secretaría de Gobernación señala con honradez que la asignación de recursos que se le den a la cédula de identidad es una inversión en buen gobierno, y es una inversión en buen gobierno para el gobierno federal, para las entidades y para los gobiernos municipales, y también es una inversión en términos de dinámica económica. Hoy por hoy, muchos mexicanos van con su expediente lleno de papeles a ventanillas de servicios públicos o a ventanillas de servicios privados. Un ejercicio serio que permita garantizar la identidad de las personas es un ejercicio para facilitar a las mexicanas y a los mexicanos, incluidos los menores de edad, la oportunidad de concurrir de manera más rápida al ejercicio de esos derechos. La cédula de identidad nació de una discusión democrática entre las fuerzas políticas por transparentar la vida del país. Rechazo cualquier imputación hacia que la misma tenga un carácter neurótico-paranoico de seguridad. Su carácter es fundamentalmente de construcción cívica.