El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores: el cuarto año de gobierno de Felipe Calderón no será recordado como el año de la estabilidad política y de la fortaleza de las instituciones públicas, como así se informa en su informe de gobierno, sino como el año de la violación sistemática del estado de derecho, de la pérdida de la seguridad interior, de la incapacidad de decisión y acción de los poderes constituidos y de la cesión de la voluntad soberana. Al año del bicentenario y centenario México llega en medio de la peor crisis política y de gobernabilidad de la que se tenga memoria, con un titular del Ejecutivo y su gobierno prácticamente en estado de soledad, sin el cobijo de un respaldo decidido de una sociedad a la que no le queda claro qué está peleando con esta violencia desbordada a la que el mismo gobierno calificó como una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Las cifras del informe sólo denotan una parte reducida del problema, ya que la cifra negra duplica, y en algunos casos hasta triplica la comisión de delitos que no se consideran en las cifras oficiales. Es una falsedad postular la existencia de un estado de derecho, toda vez que se reconoce públicamente que en varios estados de la república amplias zonas o regiones que se encuentran no solamente con presencia del narcotráfico y el crimen organizado, sino que son controladas por sus hordas a tal grado que ya sustituyen a los poderes constituidos, y forman parte del tejido social de las propias comunidades que viven en absoluta zozobra y abandono a su suerte desde hace mucho tiempo. El gobierno federal ha actuado con tal torpeza en la salvaguarda de la seguridad pública que ha debilitado gravemente el estado de derecho, la convivencia social, nuestra calidad de vida y la afectación de nuestras libertades. Debería reconocerse que el problema del narcotráfico está fuera de control, que es producto, en buena medida, de los resabios del viejo régimen autoritario y de las complicidades políticas que protegen sus intereses directa o indirectamente; con operaciones cotidianas en las que están involucrados un número indeterminado de desertores de las fuerzas armadas, de policías que tienen una doble lealtad; que hay una complicidad evidente del sistema financiero nacional y que la Secretaría de Hacienda se hace de la vista gorda frente a los miles de millones de dólares que circulan y lavan anualmente, porque refuerzan, junto con las remesas de los migrantes y los ingresos petroleros, la endeble macroeconomía de nuestro país, así como los bolsillos de una cantidad indeterminada de familias y de jóvenes desterrados del sistema que carecen de oportunidades económicas y del bienestar social que prometió Calderón. Nuestro grupo parlamentario se une al dolor que embarga a tantas familias mexicanas en muchos estados de la república por la muerte de familiares que han sido víctimas inocentes de la violencia generalizada, así como también por los arteros asesinatos de presidentes municipales que buscan vulnerar este orden de gobierno con la amenaza de plata o plomo. ¿Por qué no se dice nada en el informe de gobierno acerca de las muertes de civiles que son calificadas, en la más absoluta indiferencia como bajas colaterales, que son cometidas por militares en el supuesto cumplimiento de su deber, y que son a todas luces condenables, aunque se trata de las fuerzas armadas? Son escandalosas las recomendaciones de la CNDH y de los organismos estatales que año con año se acumulan y que dan cuenta de la reproducción de las mismas conductas violatorias en derechos humanos, por más que se afirme en el informe que en materia de promoción y defensa de derechos humanos se mantiene una política de transversalidad en todas las dependencias y entidades de la administración pública federal. Frente a estos hechos condenables es impostergable para este Congreso, que ya discutamos los alcances del fuero militar, acatemos las recomendaciones del caso Radilla, cuya solución es una vergüenza para el Estado mexicano. ¿Por qué en el informe de gobierno de Calderón no se acepta su parte de responsabilidad en la violación de derechos humanos, la vejación y el maltrato del que son objeto los migrantes que cruzan sin control el territorio nacional, cuyas pruebas más terribles son el descubrimiento macabro de las matanzas tumultuarias de indocumentados latinoamericanos y las incontables desapariciones de estas personas? ¿Qué ha hecho para acabar con la corrupción estructural Instituto Nacional de Migración? ¿Cómo puede solapar la ineptitud de la comisionada Cecilia Romero? Otro rostro de esta violencia que nos rodea es la muerte y desaparición de periodistas en varias entidades del país, la cifra es a tal grado escandalosa, que organismos internacionales ya lo comparan con lo que sufren varios países del mundo que viven en medio de guerras civiles o que sufren la invasión extranjera, o como la Colombia de los ochenta. Lo peor de todo es, que la impunidad en estos casos, de los que poco se ocupan las autoridades, está propiciando la desaparición del periodismo local y la incapacidad para realizar su labor informativa, ante las amenazas de los criminales que exigen y ordenan lo que se publica. No basta con aprobar nuevas leyes; éste es sólo un paso. Lo que es más indispensable es que la autoridad asuma cabalmente la voluntad de hacer cumplir la ley, no de manera selectiva, que aplique todo el peso de la ley a todo aquél que viole, lo mismo al poderoso, que al siervo de éste. No son suficientes los más de 89 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobados para este año. Seguridad y justicia, que representa la cifra más grande en la historia que se dedica a esta función de gobierno y que tiende a incrementarse año con año y del cual ha sido un beneficiario excepcional el secretario de Seguridad Pública. Hay datos interesantes que habría que resaltar en este año. En la propuesta de Egresos del Presupuesto de la Federación, en materia de seguridad pública, el presidente de la República plantea un incremento total de 13 mil millones de pesos: 6 mil 400 para la Secretaría de la Defensa Nacional, 2 mil más para Marina y 3 mil más para Seguridad Pública, además quitándole el Subsemun y mandándosele a la Secretaría de Gobernación con un incremento de 4 mil millones de pesos. Hablamos de 13 mil millones de pesos extra que realmente nos pueden indicar que se está consolidando un presupuesto de guerra en este país, un presupuesto que está destinado al combate al crimen organizado y no al combate de la pobreza y de la marginación social. El grupo parlamentario del PRD sostiene categóricamente que hay que atacar las verdaderas causas de la delincuencia que encuentren en la pobreza y en la marginación, la desesperación de tantos millones de mexicanos que no tienen ninguna expectativa de vida, que no tienen empleo y carecen de los más elemental, que su horizonte no llega más allá de vivir al día, y un ejército de reserva inagotable. Si no se combate la desigualdad y las injusticias con políticas públicas que generen cohesión social y prevención del delito, poco o nada servirán las acciones represivas que lejos de contener el delito lo están regenerando. En verdad, la crisis es profunda. La degradación de las instituciones públicas, la afectación grave de la vida nacional, la baja calidad de nuestra democracia dan cuenta de ello. Pero aquí, hoy por hoy, lo importante es encontrar el punto de quiebre en el cual retomemos el camino. ¿Cómo podemos arribar a los consensos básicos que restituyan la salud de la república? ¿Cómo los poderes volverán a ser poderes? ¿Cómo regresará el Ejército a sus cuárteles? ¿Cuándo consideraremos verdaderas instituciones policiales y de justicia capaces de realizar esta tarea? ¿Cuándo dejaremos la simulación para combatir la impunidad? ¿Cuándo se hará justicia? ¿Cuándo recuperaremos México? Muchas gracias.