El diputado Mario Rafael Zepahua Valencia: Con su permiso, señor Presidente. Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución General de la República, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 14 fracción I y 28 de la Ley General de Desarrollo Social, bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos: Para el Constituyente Permanente, establecer en la Ley Fundamental la organización de las políticas de desarrollo social para obtener el bienestar de la población, dispuso entre otras prerrogativas, la obligación de garantizar a los gobernados disfrutar de vivienda digna y decorosa, advirtiendo que la legislación secundaria establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. La Ley Federal de Vivienda promulgada el 7 de febrero de 1985, se constituyó en el dispositivo con el fin de cumplir los objetivos del párrafo 5° del artículo 4 de nuestro Código Político, logrando consolidar los programas permanentes del INFONAVIT y el FOVISSSTE como objetivos específicos concretos. El tema de la vivienda, como podemos ver, no corresponde únicamente a una política que deba cumplirse con programas permanentes, existen además los de carácter abstracto; es decir, aquellos que se originan con la planeación y se localizan en el contexto del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracción I, el cual preceptúa que a la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde formular, conducir y evaluar la política general para el combate efectivo a la pobreza, en particular la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda. Es decir, el contexto de la vivienda para esta dependencia debe de ser interpretada con un objetivo de interés público encaminado al abatimiento de la pobreza de los mexicanos, por ser la parte moral de la Administración Pública en las acciones que procuren proveer a los que menos tienen posibilidades de crecimiento económico, con arreglo al ejercicio de las facultades conferidas a fin de que se traduzcan en actos concatenados que produzcan efectos materiales en beneficio del país. El cuadro normativo que aborda a nivel interno la funcionalidad de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus manuales de organización y procedimiento para la lograr la satisfacción de los mínimos de bienestar de la población plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra la Ley General de Desarrollo Social, cuyo artículo 14 señala que la política nacional de desarrollo social debe incluir las vertientes de superación de la pobreza mediante la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo, capacitación, seguridad social, desarrollo regional, infraestructura básica y fomento económico. Como podemos apreciar, estos objetivos van encaminados a favorecer a un sector carente de recursos propios para obtener los beneficios del desarrollo social y que se justifican en el esfuerzo del estado para abatir los fenómenos sociales que propician la pobreza, por ser éste un problema nacional que influye en la economía del país. Por tales consideraciones es procedente adicionar al fundamento legal en comento, el tema de la vivienda, en atención a que el formar parte de este particular, conforme a las metas de la Secretaría de Desarrollo Social, en arreglo al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de ningún modo existe justificación para que la Ley General de Desarrollo Social a la luz de las normas, pueda dejar de cumplir con los programas de fomento a la vivienda, dado que el legislador omitió preceptuar en el citado fundamento, dicho objetivo, como lo señala la presente iniciativa. Asimismo, debemos valorar que para lograr los alcances planteados por la Ley General de Desarrollo Social, los servicios públicos son un elemento esencial, por ser las personas que están facultadas para poner en marcha, proseguir y materializar los objetivos de la dependencia, debido a que para obtener el puntual ejercicio de sus atribuciones discrecionales, deben enfocarse en sus actos al cumplimiento de los programas, los cuales, muchos son de carácter económico, tocantes al financiamiento y gasto, obligando a los titulares a destinar los recursos otorgados en el paquete presupuestal. En la logística de las reglas de operación de los programas, deben destinarse un número de recursos económicos para satisfacer los conceptos de publicidad e información, para identificar las políticas de desarrollo social con el escudo nacional y la leyenda: "este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social, como se preceptúa en el artículo 28 de la ley en comento". Por tratarse de un fundamento de carácter organizacional, que entraña una obligación con la sociedad, vinculado al ejercicio de los recursos económicos, su objetivo tutela el combate a la pobreza y que los programas de ningún modo sean confundidos en tiempos electorales con actos de proselitismo, que prohiben los artículos 185, inciso 2 y 186 inciso 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de no involucrar políticas públicas con intereses de índole partidista, así como evitar atribuir acciones a entes ajenos a la Administración Pública; sin embargo, es de explorado derecho que en tiempos electorales se dificulta el cumplimiento de esta disposición, acrecentando, por ser un dispositivo que de manera expresa no establece sanción, siendo una norma imperfecta. La anterior situación tiene materia para lograr hacer cumplir forzosamente, a quien incumpla la disposición de mérito, a través de aplicación genérica de lo ordenado en los artículos 67 y 68 de la Ley General de Desarrollo Social, a través de la denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos o contravengan los demás ordenamientos relacionados con el desarrollo social. En forma específica, carece de un planteamiento que dé certidumbre jurídica, que la Administración Pública no podrá valerse de los recursos destinados para los programas de desarrollo social para favorecer a algún candidato o partido político, propiciando probables situaciones de impunidad e iniquidad, lo cual se pretende erradicar con la presente iniciativa, que plantea adicional un párrafo en el que expresamente se aperciba a los servidores públicos, que se abstengan de cumplir los fines de las políticas sociales conforme al Plan Nacional de Desarrollo. Todos los órganos de Gobierno, sin importar su naturaleza, deben ejercer todos y cada uno de los actos a que los obliga la ley de manera honrada y transparente, con la finalidad de brindar a la sociedad un margen de credibilidad en las instituciones y dignificación de la política, como se plantea en la presente iniciativa, que dará al estado de derecho elementos concretos e importantes para la defensa de los intereses de todos los mexicanos en la lucha contra la pobreza y el logro de la justicia social. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 14, fracción I y XXVIII de la Ley General de Desarrollo social, para quedar como sigue: Artículo único.- Se adicionan los artículos 14, fracción I y XXVIII de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue: Capítulo II. De la planeación y la programación. Artículo 14.- La política nacional de desarrollo social, debe incluir cuando menos las siguientes vertientes: Uno.- Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación. Capítulo II. Del financiamiento y el gasto, auto empleo y capacitación. Capitulo III del financiamiento y el gasto. Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social, deberán identificarse con el escudo nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. El incumplimiento a la presente disposición, será motivo fundado para la denuncia popular que se preceptúa en el artículo 67 de la presente ley". Transitorio. Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de enero del 2006. Solicito de manera atenta y respetuosa señor Presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.