EL DIP. SALVADOR COSIO GAONA: Con su venia, ciudadana Presidenta. Como es conocido, el pasado 10 de octubre se publicó un nuevo reglamento de la Ley de Radio y Televisión y un nuevo acuerdo fiscal. Al margen de la discusión sobre la sorpresiva forma de hacerlo, yo considero positiva la intención del Ejecutivo para eliminar cualquier vicio de censura y control político en los medios electrónicos de comunicación. Me parece adecuado reconocer que el nuevo reglamento contempla algunos puntos positivos, como lo son el derecho de réplica; el registro público de concesiones; la transmisión de lenguas indígenas; la regulación de programas del extranjero o en idioma distinto al castellano y el avance en materia administrativa, añejos reclamos sociales que diputados priístas hemos impulsado desde hace tiempo, aun pese al rechazo de la actual administración. Para mí cualquier acuerdo político que busque evitar la discrecionalidad en la aplicación de la ley y fortalecer la transparencia informativa debe ser visto con simpatía, por ello y toda vez que se vislumbran avances, fue extraña y muy grave la ausencia de consensos previos y la falta de convocatoria para la oportuna participación de las diversas fuerzas políticas y de otros Poderes de la Unión, en virtud que es falso que hubiera una invitación oportuna a diputados de partidos distintos a participar en las llamadas mesas de diálogo de la Secretaría de Gobernación. En un tema tan importante, el Presidente y el Secretario de Gobernación actuaron sin transparencia, por ello es fundamental un extrañamiento. Para modernizar el marco legal de la nación, el Presidente debe reconocer la pluralidad y respetar al Poder Legislativo. Estoy cierto que existen temas abiertos, como la revisión de la ley que data del 31 de diciembre de 68 aún vigente, que origina el impuesto del 12.5 por ciento y cuya aplicación se ha mantenido mediante acuerdos hacendarios temporales. Estos polémicos ordenamientos y otros temas de asuntos legales, referentes a relación entre medios de comunicación y el Estado, deben ser revisados a fondo para formalización, acorde a los nuevos tiempos y para esto se requiere el participación de los diputados,, mediante propuestas concretas que busquen el respeto a la libertad de expresión y la continua organización del país. Yo observo un avance en la exposición para que a través de los tiempos de estado, que no del gobierno, los Poderes de la Unión puedan transmitir mensajes y programas especiales. Al respecto, debe solicitarse a la Secretaría de Gobernación informe puntualmente cuál fue su monto, uso y destino, así como cuál sería el nuevo esquema para que se tenga una participación del Legislativo y se busquen mejores vínculos con la comunidad. En lo personal, he pugnado porque todo tiempo oficial en radio y televisión sea distribuido en forma equitativa a los tres Poderes del Gobierno Federal, a las entidades federativas y gobiernos municipales así como órganos del Estado. Me parece inadecuado que los 30 minutos diarios de transmisión que por ley se otorga al Estado sean administrados con parcialidad sólo por el Ejecutivo y que adicionalmente los minutos que por decreto administrativo se obliga a otorgar como pago en especie del impuesto, por una aberración jurídica, se determine como tiempo fiscal y por ello de uso exclusivo del Ejecutivo, lo cual es absurdo y un abuso. En la iniciativa que presenté hace varios meses, propuse toda transmisión oficial de radio y televisión se considere tiempo de estado y se administre por un órgano autónomo, cuyo sustento sea la participación ciudadana. Al efecto, cabe recordar que ya existe una iniciativa priísta para crear la Ley de Control de Publicidad Gubernamental porque ya basta de dilapidar el dinero del pueblo y hacer uso del tiempo en los medios de comunicación para beneficio de un partido político que se encuentra temporalmente en el poder, porque ya basta que no exista control y criterio sobre gasto y publicidad gubernamental y porque ya basta que los Poderes Legislativo y Judicial, al igual que los órganos autónomo como el IFE, Derechos Humanos y Universidades Públicas, tengan que rogar y rascarle para obtener migajas del tiempo del estado. Ya es hora que se lleven a cabo campañas verdaderas a favor de la comunidad. Resulta necesario que revisemos con mucho cuidado y al margen de la discusión que genera el número de minutos a favor del estado, el uso de los tiempos oficiales del Ejecutivo Federal, a efecto de que no sean destinados con fines proselitista en la próxima elección federal. No debe permitirse más que este tiempo de estado sea un monopolio presidencial ni mucho menos que sea utilizado como una herramienta de manipulación electoral, debemos de buscar de manera muy comprometida consolidar nuestra legislación federal de radio y televisión y crear organismos transparentes ciudadanos como el que creamos para la Ley de Transparencia Informativa y debemos de vigilar escrupulosamente el Presupuesto Federal del próximo año en relación con el gasto en difusión y publicidad gubernamental.