El diputado Mario Enrique del Toro: Con el permiso de la Presidencia. El suscrito diputado Mario Enrique del Toro, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a ustedes esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4o-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 89 constitucional, al tenor de la siguiente Exposición de motivos La participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida laboral a nivel mundial, se ha incrementado hasta alcanzar el 40 por ciento, además de estar presente mayoritariamente en los trabajos no remunerados, como el cuidado de la casa, la preparación de alimentos, en la familia, el cuidado de los enfermos, en el hogar y la ardua y permanente tarea de cuidad, educar y formar a los infantes. No obstante, esta arrolladora e innegable participación de las mujeres en el progreso, en la construcción de la economía, en el sostén de los hogares y en la formación de los seres humanos que integran la sociedad, la desigualdad laboral continúa. Se estima que las mujeres obtienen en promedio un 30 por ciento menos por el mismo trabajo que desarrollan los hombres y que existe una marcada tendencia a la desigualdad de género en materia de ascensos. A pesar de que la capacitación y el nivel educativo son similares en hombres y mujeres, los cargos de mayor nivel son ocupados en una franca mayoría por el género masculino. El índice de desigualdad que presentó el Foro Económico Mundial 2007 deja a nuestro país en el lugar número 76 en cuanto al empoderamiento político de la mujer, al considerar su participación dentro de las secretarías de Estado. Es importante destacar que México firmó el instrumento llamado Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el cual en su artículo 3o. señala: Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. En este mismo orden de ideas, el Estado mexicano tiene la obligación de velar por el respeto a la equidad de género, tal como lo considera la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres, la cual en su artículo 17 dice que la política nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural; fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida; fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres. Según cifras de la Organización Internacional de Trabajo, sólo el tres por ciento de los puestos ejecutivos de las mayores empresas del mundo están ocupados por mujeres y el 13 por ciento de los parlamentarios está ocupado por ellas; dato que corrobora la desigualdad de género evidente. En nuestro país, en el Poder Ejecutivo actual las mujeres están representadas en un 20 por ciento; en el gabinete ampliado en un 8.3; en el staff de la Presidencia un 28.57; en el Poder Judicial 18.18. Tan sólo en nuestro propio Parlamento, a pesar de que la Ley establece que las mujeres deben estar representadas en un 30 por ciento, actualmente el Partido Acción Nacional tiene 25 por ciento de mujeres; el PRD, 21 por ciento; el PRI 17 por ciento; el Partido Verde 41; Convergencia 23; Partido del Trabajo 16; Nueva Alianza 44; Alternativa 40 por ciento. Por lo tanto, se considera necesario abrir espacios de participación política que permitan no sólo reconocer su innegable derecho a ello, sino que además sirva de ejemplo para incorporarlas en los ámbitos privados en los niveles de dirección. El género femenino requiere en este momento y de manera urgente, oportunidades para demostrar, oportunidades que permitan un paradigma de participación que emulen otros ámbitos de apertura, que generen una reacción en cadena; por ello se propone incorporar en el gabinete presidencial un porcentaje que corresponda a la realidad de la participación femenina que obligue por ley a reconocer su derecho a tomar los cargos en las secretarías de Estado. Esta obligación es necesaria en la ley, en virtud de que no se puede dejar al arbitrio de la buena voluntad de la figura presidencial, pero desde luego tenderá a ser letra muerta en el momento en que en el ámbito nacional se haya vuelto costumbre cuando sea habitual, como hoy lo es el voto de la mujer; como es la participación profesional en todos los ámbitos; como hoy no se restringe su formación académica. De esta forma la perspectiva de género en las dependencias de la administración pública federal permeará de arriba hacia abajo en los niveles de secretarías, subsecretarías, direcciones generales, direcciones de área, así como en los estados y municipios. Sólo así podremos avanzar en la promoción y fomento de las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la participación equitativa de género en la vida nacional. Diputados y diputadas, pongamos a México a la vanguardia en la consolidación de los derechos de la mujer. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4o.-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 89 constitucional. Único. Se adiciona al artículo 4o.-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los párrafos cuatro y cinco; y una fracción XX al artículo 89 constitucional, pasando el texto vigente del actual a ser una nueva fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 4o.-A. En términos de lo dispuesto por la fracción II., del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República podrá nombrar y remover libremente a los titulares de la Secretarías de Estado en una proporción de igualdad de género, tendiente al 50 por ciento, pudiendo oscilar entre los 60 y 40 para cualquiera de los dos géneros. Cualquier cambio de nombramiento deberá conservar esta proporción. Artículos transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente, y solicito se inscriba íntegramente en el Diario de los Debates mi iniciativa. Gracias.