El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, he reservado este artículo 249 del dictamen con este proyecto de decreto con el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales por lo siguiente: Es una materia muy importante. En el mundo se debate y se discute. Es sobre el decomiso y el aseguramiento de bienes, que desde nuestro punto de vista constituyen figuras jurídicas empleadas para despojar a quienes han cometido un ilícito, despojarlo de los bienes adquiridos con motivos de esos hechos de manera antijurídica. En un inicio la Constitución mexicana, en el artículo 22 planteaba al decomiso de bienes como una pena inusitada, ustedes lo recordarán. No obstante, reformas posteriores abrieron la puerta a la aplicación de esta figura principalmente en los casos de delincuencia organizada. La controversia suscitada por las reformas en esta materia no ha sido menor, incluso existen juristas que sostienen que las mismas constituyen elementos de contradicción de la propia Carta Magna, pues en el caso del decomiso de bienes existe un revertimiento de la prueba para el inculpado, lo cual es contrario al principio constitucional de presunción de inocencia. Es decir, en los casos en que se procesa a un ciudadano por su participación en algún ilícito de delincuencia organizada, procederá el decomiso de los bienes teniendo éste la carga de probar la procedencia lícita de los mismos, la cual es completamente contradictoria por el principio que ya referí. Más grave resulta que el artículo 249 de este ordenamiento jurídico que se discute, el Código Nacional de Procedimientos Penales, amparado en una estela de garantismo y apego estricto al principio de presunción de inocencia, contemple el aseguramiento y decomiso de bienes o por bienes equivalentes. Lo anterior significa que en los casos en que no se pueda localizar los bienes producto de un delito fíjense ustedes, se asegurarán y decomisarán los bienes obtenidos de forma lícita por parte del acusado. Lo anterior claramente plantea la aplicación de una pena inusitada y trascendental, que incluso contradice la disposición contenida en el 22 constitucional, pues le priva de bienes que son ajenos a la comisión del delito, desnaturalizando el sentido de esta figura. El pretender que los bienes obtenidos lícitamente por parte de un acusado sean susceptibles de decomiso y aseguramiento nadie podrá negar que es una contradicción grave, esencial en un código procesal sustentado en un sistema penal acusatorio. No lo puedo admitir ni como abogado ni como garantista ni como fiel observante de los derechos humano en éste y en otros países, como derechos universales. Por eso planteo que sea suprimido este artículo de todo el ordenamiento jurídico, para que pueda suprimirse la redacción que dice que en caso de que el producto, los instrumentos u objeto del hecho delictivo hayan desaparecido o no, se localicen por causa atribuible al imputado, el Ministerio Público decretará o solicitará al órgano jurisdiccional correspondiente el embargo precautorio, el aseguramiento, y en su caso, el decomiso de bienes, propiedad del o de los imputados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, cuyo valor equivale o equivalga a dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio. Tamaña barbaridad no podemos admitirla y por eso mi solicitud a la asamblea es la supresión de esta disposición bárbara, que va en contra de la más elemental justicia. Decomisar bienes, propiedad del inculpado, que no son motivo del ilícito del cual se le acusa. Presidente, es mi reserva. Muchas gracias.