El diputado Armando Jesús Báez Pinal: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la cultura es el flujo e intercambio constante de diversas manifestaciones artísticas, estilos, idiosincrasia y nacionalidades que constituyen un gran acervo de la humanidad. El desarrollo cultural tiene sustento, en términos prácticos, en las industrias protegidas por el derecho de autor, como son: las obras musicales, los trabajos artísticos, literarios, fotográficos, televisivos, cinematográficos, así como los dibujos técnicos, entre muchos otros. Estas industrias poseen una doble naturaleza; la cultural, que reside en su aportación artística formativa y social, y la económica, toda vez que contribuye de modo importante al producto interno bruto de nuestro país. Desde 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo Vigesimoséptimo incluye como derechos fundamentales del hombre, tanto el derecho a la cultura como el derecho de autor. Asimismo, todo ser humano goza del derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas literarias y artísticas de su autoría. Los derechos de autor también están reconocidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como por la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO, entre otros instrumentos internacionales. Al proteger de manera efectiva los derechos de autor se están salvaguardando a su vez los bienes culturales que de ellos deriven, así como a quienes lícitamente los producen y explotan. De este modo, se fomentará la creación y producción de obras artísticas, lo que deriva en el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos. En ese tenor, el derecho de autor se debe concebir además como un elemento para el desarrollo cultural nacional. En él convergen derechos patrimoniales con otros aspectos intangibles, pero no por ello menos merecedores de tutela. En ese sentido, las violaciones a este derecho son en muchas ocasiones de naturaleza mixta, ya que no sólo afectan facultades económicas, sino también otras de índole moral. La falta de protección a los derechos de autor y la carencia de mecanismos ágiles para hacer cumplir la ley contribuyen a generar un desánimo en la creación y en la innovación, cuando los derechos de autor no están adecuadamente protegidos mediante una legislación clara y efectiva. Actualmente la industria cultural mexicana enfrenta grandes retos. Cito dos: la disminución de la demanda y las amenazas derivadas de la falta de una adecuada y oportuna protección de los derechos de autor, como sucede en el caso lamentablemente de la piratería. Por ello se hace necesario dotar a la producción cultural en México de mecanismos efectivos que protejan la creación y la innovación. La Ley Federal de Derecho de Autor reconoce en su artículo 1o los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes, o ejecutantes, así como editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones. Pero en nuestro país, la legislación vigente en materia de derechos de autor no contiene mecanismos ágiles, prontos y expeditos a favor de los titulares de los derechos de autor y conexos, para hacerlos valer frente a los usuarios y de manera muy especial ante quienes los violan. Esto ocasiona que la Ley Federal de Derecho de Autor se constituya como un cuerpo normativo inoperante, que no cumple con los objetivos que se persiguen con su expedición y que se limitan a reconocer una serie de derechos. En tanto de los medios con los que cuentan para hacerlo efectivo son en la práctica nugatorios. Considerando la reciente reforma a la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución, mediante la cual se otorga a este honorable Congreso las atribuciones para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma, es necesario hacer una revisión de la legislación para que los autores y conexos gocen plenamente de sus derechos. Existen disposiciones esenciales para el pleno ejercicio de los derechos patrimoniales que, de manera inexplicable, no se han incluido en la ley, sino en su reglamento, lo que provoca que sea jurídicamente improcedente y que estos derechos se puedan ejercer cabalmente, ya que los actos de autoridad de esta materia son fácilmente impugnables. Una legislación sobre derecho de autor no podrá procurar el menor beneficio ni impactar positivamente a la industria si la legislación no incluye disposiciones precisas, claras y eficaces que permitan tomar acciones inmediatas contra las violaciones en este campo, y por ende, garanticen la seguridad jurídica de los creadores y demás titulares de legítimos derechos. La iniciativa que se propone hoy, compañeras diputadas y compañeros diputados, incorpora en la Ley Federal del Derecho de Autor aquellas disposiciones elementales que se requieren para garantizar la adecuada impartición de justicia en la materia. Señor presidente, en virtud de la extensión de la presente iniciativa, le solicito que tenga a bien insertarla íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.