La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: El dictamen que está a discusión contempla múltiples iniciativas que han presentado diversos grupos parlamentarios, con la finalidad de tipificar la violencia política de género y contar con los medios idóneos para sancionar estas conductas, las cuales no solamente violentan a las mujeres, sino que nos lastiman a todos como sociedad. Vale la pena tener presente que este tema tardó más de 10 años en ser regulado, a pesar de que desde 2009 el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres y diversas sentencias al respecto, había reconocido que quienes cometen este tipo de conductas son sujetos de responsabilidad. Hoy, somos parte de la legislatura de la paridad de género, lo cual se logró gracias a la lucha incansable de miles de mujeres que por décadas han pugnado para que se nos reconozca como iguales en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada. La lucha de nosotras las mujeres por la igualdad dio paso a una serie de reformas electorales que culminaron con la obligatoriedad de garantizar el principio de paridad de género a través de la implementación de acciones afirmativas. Lo que hoy vamos a aprobar tiene como propósito primordial ponerle fin a esta desigualdad violenta de la cual son víctimas muchas mujeres en el ámbito público de nuestro país. Es importante recordar como un parteaguas aquel asunto en el que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, modificó el orden de prelación de las listas de candidatos plurinominales, con el fin de lograr una integración paritaria, situación que fue ratificada por la Sala Superior. Dicha medida no fue precisamente bien recibida por algunos actores políticos atenidos al privilegio que por mucho tiempo había significado ser hombre en la política, pues desató una serie de litigios con el fin de revertir la decisión del Tribunal. Sin embargo, la propia inercia política hizo que los órganos electorales, lejos de retroceder, ampliaran la acción afirmativa a favor de las mujeres, estableciendo como medida innovadora y pertinente la paridad horizontal en la postulación de cargos de elección popular para los ayuntamientos de cada entidad federativa. Prueba de la eficacia que en la práctica ha tenido la adopción de estas medidas, son los resultados de la elección pasada, los cuales propiciaron la actual conformación paritaria de esta Cámara, algo definitivamente impensable hace décadas, cuando en 1991 los varones representaron más del 90 por ciento de la misma. No obstante lo valioso de los esfuerzos anteriores, es indispensable seguir luchando para lograr una igualdad sustantiva para las mujeres en nuestro país, lo cual nos permita no solo acceder al poder de manera legítima, sino ejercerlo de forma libre y sin ningún tipo de violencia. A pesar de la celebración de diversos tratados internacionales y de la existencia de un protocolo suscrito en el año 2010, en nuestro país se siguen presentando hechos de violencia política en contra de las mujeres, lo cual hace necesario que nuestra legislación establezca como delito electoral la violencia política por razón de género y que esto pueda ser perseguido y castigado por las autoridades especializadas en materia penal, y sobre todo sancionado en lo administrativo con la pérdida de los derechos políticos de quien incurra en estas conductas. No podemos seguir permitiendo la normalización de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues esto da lugar a que se minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias. Por ello, tengo la convicción de que para erradicar estas prácticas ya no es suficiente la sensibilización de los actores políticos, de las autoridades y de la ciudadanía en general, sino que es necesario tipificarlas como delito para que se investiguen y sancionen con todo el peso de la ley. Asimismo, extender la paridad de género en el aspecto horizontal de la postulación es ya una realidad ineludible y exigible desde el ámbito jurídico. La labor realizada en el terreno jurisdiccional implicó la materialización de acciones afirmativas y hoy, desde el ámbito legislativo, implica la adecuación del marco normativo para una vinculación que pueda sancionarse en caso de incumplimiento. Con esta reforma se pasa de la judicialización al cumplimiento irrestricto de la ley, de la resistencia por reconocer en igualdad de circunstancias a la mujer a una progresión legislativa que convierta la paridad en un requisito sustantivo. Esta reforma no solo tiene por objeto generar un efecto cuantitativo, sino busca situar a la mujer en un plano de igualdad con los hombres, lugar que indudablemente debemos ocupar en una sociedad realmente democrática. Con esta reforma pasaremos de ser la legislatura de la paridad de género en su composición, para ser la legislatura de la paridad de género en acción. Es cuanto. Muchas gracias.