La diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Una más de las manifestaciones de la violencia por razones de género hacia las mujeres es la violencia laboral. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo extradoméstico ha constituido una subversión a la ideología dominante del trabajo para el mercado como espacio simbólico de construcción de la masculinidad, que al ser ocupado por las mujeres puede detonar en violencia real o simbólica. Para muchas mujeres su participación en la actividad económica se traduce en dobles o triples jornadas, lo que habla de la marcada desigualdad e injusticia de la cual son objeto las mujeres. En razón de lo anterior el grupo parlamentario del PRI expresa de manera contundente su voto a favor del dictamen que aquí nos ocupa. Coincidimos en la necesidad de perfeccionar el marco jurídico a efecto de dotar a la norma de la mayor claridad y congruencia posibles, toda vez que ésta tiene como una de sus funciones principales, orientar la conducta para después sancionar los actos u omisiones indeseables para el orden jurídico y para el orden social. La violencia por razones de género, como lo señalan los promoventes, es una de las principales barreras que las mujeres encuentran para incorporarse al ámbito laboral público o privado, pues enfrentan diversas situaciones como la doble jornada con discriminación salarial, acoso laboral o la exigencia de requisitos sobre el estado civil y la maternidad; barreras que frenan también el desarrollo nacional, las timan a la sociedad en su conjunto e impiden el ejercicio pleno y libre de los derechos fundamentales de las mujeres, no sólo en el terreno laboral, sino en muchas otras esferas. Si bien la Ley Federal del Trabajo y los diferentes instrumentos internacionales suscritos por México y la propia ley fundamental establecen prevenciones al respecto, es menester realizar la correlación en la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, como bien lo señala la dictaminadora, para asegurar un marco jurídico a fin de que las mujeres superen las barreras que enfrentan en el ámbito laboral con pleno reconocimiento a la igualdad y a la no discriminación, reconociendo sus derechos laborales. Realizar las adecuaciones necesarias a las leyes implica reconocer que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre los géneros, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación impidiendo su avance democrático. La violencia es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación. De ahí que es preciso impulsar una nueva cultura de respeto e inclusión. Resulta impostergable el fortalecimiento del andamiaje legislativo e institucional existente en materia laboral a fin de mejorar las condiciones de trabajo que garanticen la dignidad, la integridad física, psicológica y social de las mujeres, así como prevenir y sancionar con toda la fuerza de la ley todo acto de violencia laboral. Desde esta Cámara es posible y pertinente fomentar nuevos modelos de solidaridad social que tengan como fundamento la igualdad, el respeto, la inclusión y un amplio entendimiento de las necesidades particulares de las mujeres. Es cuanto, diputado presidente.