La diputada Irma María Terán Villalobos: Hace cuatro años y medio todos conocimos el mayor desastre ecológico ocurrido en nuestro país. Dada la magnitud del evento, la actuación de las autoridades fue inmediata y oportuna. Se creó una Comisión Especial para la atención de los daños generados por el derrame y supervisión permanente de las acciones para revertir los efectos ocasionados. Aun cuando se creó el fideicomiso 80724, acompañado de dictámenes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la remediación del medio ambiente en la zona, hay quienes insisten en descalificar los avances, desde apoyos financieros hasta atención médica, laboral e insumos para el hogar se brindaron. Algunos hacen de la duda una aseveración, lo cual no puede terminar más que en falacias. Por qué no se dice que por primera vez en México se aplicó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se obligó a la mina responsable a crear el fideicomiso Río Sonora, que ha servido para realizar, entre otras acciones, diagnósticos ambientales, por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue pública la extinción del fideicomiso en 2017, porque se cumplieron los objetivos del programa. Sin embargo, hay quienes sin datos objetivos ponen en duda los beneficios en favor de más de 18 mil personas, brindados por vías institucionales. Si fuera auténtica la preocupación por la calidad del agua, sabrían que desde el inicio de la contingencia y hasta la fecha, se realiza el muestreo con diversos puntos del río y no se necesita un punto de acuerdo. Además, el actual gobierno del estado de Sonora, a pesar de no haber sido parte del fideicomiso, ha estado al pendiente de la situación, creando y promoviendo diversas acciones. Por ejemplo, a iniciativa de la gobernadora, el Congreso del estado aprobó una ley para crear la Zona Económica Especial Río Sonora, a efecto de generar opciones de desarrollo sustentable en la región. No estamos en contra de la transparencia y rendición de cuentas. Prueba de ello es que el 5 de diciembre de 2017, en el pleno de este recinto se aprobó un punto de acuerdo propuesto por el Grupo Parlamentario del PRI. Se exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que hiciera público un informe detallado sobre los recursos erogados a través del fideicomiso denominado Río Sonora. Asimismo, a la Auditoría Superior de la Federación para analizar la viabilidad de auditar dicho fideicomiso. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del PRI se manifiesta en contra del punto de acuerdo en discusión, porque no compartimos la acción de la Cámara de Diputados a partir de notas periodísticas sin fuentes oficiales. Por el contrario, la fracción parlamentaria del PRI está a favor de proteger y defender los bienes colectivos como el agua y el aire. Lo que no podemos apoyar es un punto de acuerdo a partir de la ineptitud e irresponsabilidad de la denuncia por notas periodísticas. En todo caso, proponemos a esta asamblea exhortar al Poder Judicial de la Federación para que resuelva de manera pronta y expedita las acciones colectivas emprendidas por los afectados del desastre ambiental. Asimismo, exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, junto con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, lleven a cabo una exhaustiva auditoría a los recursos entregados. Esta sí es una oportunidad para actuar en favor de las personas afectadas por aquel accidente ambiental. Es por ello, compañeras y compañeros, que los convocamos y de verdad les pedimos hacer lo mismo. Muchísimas gracias, presidenta.