La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Con su venia, señora Presidenta. Señores y señoras legisladores. Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la normatividad aplicable de este órgano legislativo, sometemos a la consideración de la soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la Vigilancia del Uso y Destino de la Documentación del Proceso Electoral Presidencial del 2 de Julio de 2006, al tenor de las siguientes Consideraciones. El concepto de derecho a la información es conocido en México a partir de la reforma política de 1977, con la adición al artículo 6 de nuestra Carta Magna, cuando se introduce en su último párrafo la expresión: "El derecho a la información será garantizado por el Estado". De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la garantía fundamental de toda persona, posee para llegarse información, opiniones y difundir las mismas sin limitación sin fronteras. De la definición anterior se desprenden los aspectos más importantes de dicho derecho fundamental: El derecho de allegarse de información; El derecho a informar; El derecho a ser informado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho a la información se encuentra estrechamente vinculado con el respeto de la verdad y que si las autoridades públicas elegidas para servir y defender a la sociedad asumen ante ésta actitudes que permitan conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política lo que podríamos llamar la cultura del engaño, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados. Para todos es sabido que el proceso electoral del 2 de julio estuvo plagado de irregularidades que han colocado al país en una crisis política y social de magnitud impredecible. La resolución que el Tribunal Electoral de la Federación tomó el 5 de septiembre para validar el fraude electoral, constituyó una de las peores muestras de la falta de interés de los magistrados electorales, para darle certidumbre a los resultados de la elección. Concluido el proceso electoral federal, la revista proceso presentó el 28 de julio pasado, en la Unidad de Enlace del IFE, la solicitud de acceso al sobre con las boletas sobrantes inutilizadas, los votos válidos y nulos en las casillas instaladas en todo el país, para la elección de Presidente de la República. El IFE resolvió que las boletas no son documentación pública y que están sujetas a un régimen especial de inviolabilidad que hace que ni el propio organismo tenga acceso y además que exista un principio de definitividad en todas las etapas de la elección, buscando con esto ocultar lo que a la vista de la sociedad mexicana es innegable, el papel desempeñado por los consejeros electorales en el fraude electoral de la elección presidencial. El IFE no debe de ocultar la información escudándose en argumentos legaloides. El Comité de Información del IFE olvida en su respuesta que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental lo obliga a garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los órganos constitucionales autónomos. Si bien es cierto que el Tribunal Electoral ha declarado la validez de la elección presidencial, las irregularidades de la elección permanecen en esos paquetes electorales, los cuales mediante su conservación que puede ser temporal, pueden ser materia para muchos temas de análisis y de investigación, pero sobre todo para tener elementos para la reforma electoral que México demanda y en la cual todos los partidos políticos ante los medios de comunicación han estado de acuerdo que hay que iniciar el debate para la reforma electoral. De ahí que esta soberanía mediante la integración de una comisión plural de legisladores de todos los grupos parlamentarios, pueda contribuir a este debate nacional del derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Por último y dentro del marco de esta certeza electoral que el pueblo ha demandado y dentro de la pluralidad de opiniones que se tienen en el país, hasta el candidato de la derecha ha sugerido preservar el material electoral para que la sociedad conozca la verdad histórica del contenido en los paquetes electorales. Calma, calma señores diputados del PAN…