EL DIP. ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO: Con su permiso señora Presidenta Estimados compañeras y compañeros diputados de esta LVIII Legislatura: Es para mí un honor presentar ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la posición de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional con respecto a la reforma política del Distrito Federal. Desde el surgimiento de esta gran ciudad como sede de los poderes federales y como residencia de un gran número de mexicanos, se planteó el dilema de la coexistencia de un gobierno local con el libre ejercicio de los poderes federales. En la búsqueda de darle respuesta a este dilema, y tomando en cuenta las diferentes circunstancias políticas, económicas y sociales de esta ciudad, así como del resto del país, han surgido un sinnúmero de reformas constitucionales y legales a lo largo de nuestra historia. El Distrito Federal como entidad federativa y sede de los poderes federales, surge a la vida político-administrativa el 20 de noviembre de 1824, como consecuencia de las facultades que la Constitución le otorgó al Congreso de la Unión para elegir un lugar que sirviera de residencia a los supremos poderes de la Federación. En el año 17, la Constitución otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y fijó las bases de su organización dividiéndolo originalmente en municipios a cargo de ayuntamientos de elección popular, a la vez que dispuso que el Gobierno del Distrito Federal estuviese a cargo de un gobernador nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. En 28 se reformó la Constitución para suprimir a los municipios, encomendando el Gobierno del Distrito Federal al Presidente de la República, quien lo ejercería por conducto del Jefe del Departamento del Distrito Federal. Es en 86 cuando inicia un gradual pero profundo y constante proceso de transformación hacia una mayor autonomía del Gobierno de la Ciudad de México, mediante la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Dicho órgano colegiado fue dotado en un inicio de facultades para dictar bandos y ordenanzas, así como reglamentos de policía y buen gobierno, que tuvieran por objeto atender las necesidades de sus habitantes. Diez años después tuvo lugar una reforma política fundamental que ratificó la naturaleza jurídica especial de la Ciudad de México, dotando a sus órganos locales de cada vez mayores facultades. Dentro de dichas reformas destacan la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal por votación universal, libre y secreta; la adición de facultades a la Asamblea Legislativa para designar al Jefe de Gobierno en caso de falta absoluta; el examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal; el legislar en las materias civil y penal, así como normar los organismos protectores de los derechos humanos. Hay que destacar también el establecimiento de la elección directa de los jefes delegacionales de las demarcaciones territoriales, sin embargo, dichos funcionarios no fueron dotados de las facultades necesarias para ejercer adecuadamente sus funciones. Por su parte, el Congreso de la Unión mantuvo facultades para expedir el Estatuto de Gobierno, legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal y dictar disposiciones generales que aseguraran el debido funcionamiento de los poderes federales. Esta breve reseña nos muestra cómo hemos ido evolucionando de una visión de supremacía necesaria de los poderes federales sobre el Gobierno de la Ciudad de México hacia la compatibilidad entre un gobierno local con autonomía interna y un Gobierno Federal que ejerce libremente sus poderes federales. A partir del mes de marzo de este año, integrantes de las distintas fuerzas políticas, representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dieron una serie de negociaciones que tuvieron como objeto reformar el régimen actual de la Ciudad de México para otorgarle mayor autonomía en su régimen interno. Los legisladores de esta generación nos enfrentamos ahora al reto de dotar de más autonomía a los órganos internos del Distrito Federal en todo lo que se refiere a su régimen interno, con la excepción de aquellas salvaguardas mínimas necesarias que permitan a los poderes federales el libre ejercicio de sus facultades. Asimismo debemos encontrar fórmulas para lograr mayor democracia con gobernabilidad. A nuestro juicio, la reforma que ahora sometemos a su consideración encuentra soluciones importantes a los retos arriba planteados. ¿En qué consiste la Reforma Política del Distrito Federal? Primero.- Reconoce la naturaleza sui generis del Distrito Federal como capital de la República y sede de los Poderes de la Unión y con ella la necesidad de dotarle de un régimen constitucional especial distinto al de cualquier otra entidad federativa. Segundo.- Reconoce también que una mayor autonomía en su régimen interno no pone en peligro a los poderes federales, siempre y cuando estos cuenten con las salvaguardas necesarias. Tercero.- Otorga, en consecuencia, mayores facultades a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en todo lo relativo a su régimen interno. De igual forma reduce las atribuciones del Congreso Federal a sola aquellas que tengan por objeto la preservación del adecuado funcionamiento de los poderes federales. Una asamblea legislativa más sólida y consolidada, serviría de verdadero equilibrio al Jefe de Gobierno de esta Ciudad. Mencionaré a continuación los puntos más relevantes de la referida iniciativa: Se reforma el artículo 73 a fin de suprimir la facultad del Congreso de la Unión de aprobar los montos de endeudamiento anual que requiere el Gobierno del Distrito Federal. Será ahora la Asamblea la que autorice dicho monto de endeudamiento el que deberá cumplir con las bases, indicadores y límites que se establecerán en el Estatuto Constitucional en la Ley de Deuda Pública de la Materia. La iniciativa enviada originalmente contemplaba que en caso de que la solicitud de endeudamiento neto rebasar los límites establecidos por la asamblea, correspondería al Congreso de la Unión conocer y aprobar el excedente. Esta propuesta recibió el más amplio rechazo por parte de los diputados de diversas entidades federativas por considerar que el trato era ventajoso para la Ciudad de México por lo que estas Comisiones Unidas dictaminamos eliminar dicho supuesto. Se instauró también un régimen de responsabilidades locales para los servidores públicos, para esos efectos habrá una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Esta situación contribuirá, sin duda, a perseguir y sancionar aquellas conductas irregulares y hasta ilícitas que a nuestro juicio siguen ocurriendo en el gobierno de la Ciudad. Sin herramientas jurídicas sólidas no combatiremos estas conductas y sólo nos quedará la denuncia política para hacerles frente. Existe la percepción entre numerosos integrantes del Congreso de que esta reforma pudiera representar algún costo económico para el resto de las entidades federativas. Afortunadamente este no es el caso, como se habrá observado los únicos aspectos económicos que se incluyen esta reforma son los relativos a la deuda del Distrito Federal al eliminar la participación del Congreso de la Unión en su aprobación y permitir que el Distrito Federal tenga acceso al endeudamiento en los mismos términos que las demás entidades federativas, esto es, sin privilegio alguno. Hasta antes de 90, en que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal era básicamente resarcitorio, el Distrito Federal recibía alrededor de 20% de la recaudación federal participable. A partir de que la fórmula de participaciones ya no es sólo resarcitoria sino distributiva, el Distrito Federal bajo dichas participaciones al resto por el 12%, esto es, ya no recibe el 22 ahora recibe solamente el 12%. También se eliminaron las transferencias federales por efecto de transportación que sobre todo eran para la construcción del metro. Con respecto al tema de la educación, en el que se señala que el Distrito Federal no ha suscrito el acuerdo para la modernización de la educación básica, es importante recordar que de efectuar el Distrito Federal ese acuerdo, los gastos correspondientes a dicho acuerdo, serían trasladados del gobierno federal al distrito Federal, esto a la fecha se estima en alrededor de 13 mil millones de pesos. Finalmente, resulta fundamental destacar que la reforma política al Distrito Federal no termina aquí, apenas se inicia, se requiere ahora la emisión del nuevo Estatuto Constitucional, así como de todos los demás ordenamientos jurídicos que se requieran a fin de precisar. entre otros aspectos, El ámbito de competencia de las delegaciones. Es importante reconocer que queda como tarea pendientes de este Congreso, legislar en materia metropolitana, para ello debemos todos iniciar dichos trabajos a la brevedad. Por último, no me queda sino convocar, a título personal a los partidos aquí representados, así como al Gobierno de la Ciudad de México, a que con el mismo entusiasmo, seriedad, profesionalismo con el que se condujeron para lograr por consenso esta importante iniciativa, lo hagan, lo hagamos nuevamente para atender los muy graves problemas de esta ciudad, así como para generar una visión de futura para la misma, a fin de verdaderamente responder a las necesidades de esta ciudad, que es la casa de millones de mexicanos y la capital de todos por igual. Muchas gracias. -