El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente. Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados: Comparezco ante ustedes con fundamento en las facultades que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República; 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos El Estado moderno se encuentra interesado en desarrollar una vida para la población en un ambiente de paz, que dé como resultado el establecimiento de medios legales encaminados a evitar que la delincuencia extienda sus dominios mediante instituciones dedicadas a corregir y sancionar al individuo según su edad. Es necesario reflexionar que las personas durante la infancia, la pubertad y en proceso de maduración emocional, exigen una formación de convicciones a ser firmes con una debida estructuración de valores que les conduzcan a distinguir las dicotomías de lo justo, lo bueno, lo lícito; previo conocimiento de los antecedentes que justifican sus actos encauzados por la fuerza de la frustración. Estos fenómenos de la naturaleza humana son valorados por las normas dedicadas a atender las conductas antisociales de los menores de edad localizadas en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, que instituyó el Consejo de Menores, así como las políticas de aplicación de sus disposiciones autónomas, el procedimiento para orientar a los menores infractores y el respeto a los derechos de la infancia internada. En el presente siglo XXI la Convención sobre los Derechos del Niño para garantizar y homologar el Sistema Nacional de Justicia de Menores, ha sido un factor importante para la conformación de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Dicha ley regula la coordinación con las autoridades de los niveles de gobierno para el ejercicio de sus atribuciones, con la Secretaría de Seguridad Pública, siendo éste último un aspecto legal que en los hechos dificulta su aplicación y más ahora en virtud de la reforma ocurrida durante la presente Legislatura, al artículo 18 constitucional que se encuentra en proceso de aprobación en las legislaturas de los estados desde junio del 2005, la cual preverá la integración de un sistema integral de justicia para quienes se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito, a quienes tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años. Estas irregularidades y actualizaciones legales hacen necesarias las reformas de los artículos 4, 10, 11 y 33 de la Ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, a fin de que se legitime que es la Secretaría de Seguridad Pública quien con base en la fracción XXV del artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la responsable de administrar el sistema federal para el tratamiento de menores infractores, y que por ende esta tarea de ningún modo la ejerce la Secretaría de Gobernación. El tema de los derechos de las niñas y los niños fue incluido en la ley materia de la presente iniciativa en la reforma del 2002, obligando a las autoridades del Consejo de Menores, a no discriminar a los menores, debiendo tratarlos con respeto. Pero en ningún tiempo se pronuncia a favor de los infractores con impedimentos físicos o mentales. Situación que debe ser resuelta a través de la reforma de los artículos 3 y 5, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en las normas vigentes y los tratados ratificados por México en el sentido de velar por los derechos de los discapacitados. Finalmente se considera que los servidores públicos dependientes del Consejo de Menores, deben ser sujetos de aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, toda vez que en el artículo 109 establece las sanciones para quienes en el desempeño de sus empleos, incumplan las obligaciones de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que impida la debida orientación de los menores infractores. Porque este fundamento legal remite erróneamente a la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuando es el caso que los actos u omisiones administrativas susceptibles de cometerse por el personal del Consejo de Menores, de ningún modo se fundan en los artículos 110, 111, 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligando a reformar el precepto legal de mérito. La trascendencia de las argumentaciones que hago valer acerca de las medidas tutelares para menores infractores, representa para el país un trato especial para erradicar las conductas antisociales a través del discernimiento entre los factores generadores de la inseguridad producida por los menores de 18 años en el país, por lo que pretendo incorporar los elementos legales necesarios para conducir el futuro del Consejo de Menores por rumbos sólidos, a fin de alcanzar una justicia equitativa y humana en favor de la sociedad mexicana. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal: Artículo Único.- Se reforman y adicionan los artículos 3, 4, 5, 10, 11, 33 y 109 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para quedar como aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria del 24 de noviembre del año en curso. TRANSITORIO: Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de noviembre del año 2005. Solicito de manera atenta señor presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.