EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES: Gracias señor presidente. En 1998 se llevaron a cabo las elecciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en la que indudablemente, perdón, se impidió el registro de otras planillas. Solamente se registró una planilla oficial, por lo que después de varios años de lucha, los trabajadores obtuvieron el fallo favorable y definitivo de parte del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia de trabajo en mayo del 2001. En cumplimiento de la resolución del Poder Judicial Federal, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, declaró la nulidad del proceso electoral de 1998 y ordenó la realización de un nuevo proceso electoral apegado a las normas estatutarias y legales. El 8 de julio del 2001, la ciudadana Areli Hernández Rodarte, tomó posesión como nueva Secretaria General del Sindicato por haber sido elegida democráticamente por la mayoría de votos de los trabajadores integrantes de la organización sindical del INEGI. A partir de julio del 2001, las autoridades del INEGI iniciaron una sistemática y pertinaz campaña de injerencia en la vida interna del sindicato, obstaculizando, además, las gestiones que realiza el Comité Ejecutivo Nacional, violando abiertamente el Convenio 87 de la OIT en materia de libertad sindical. Esa campaña se reforzó a partir del 13 de agosto del 2002, después de que el CEN del Sindicato presentara al Director del INEGI un pliego de peticiones planteándole los asuntos más importantes y urgentes para los trabajadores como la retabulación sindical, el reconocimiento de la antigüedad real de los trabajadores, la basificación de los trabajadores eventuales, la revisión del catálogo de puestos y entre otras cosas, el respeto a la bilateralidad con el sindicato. En el INEGI laboran alrededor de 19 mil trabajadores; 5 mil 500 son denominados de confianza, sólo mil 500 de base y 12 mil denominados eventuales. De ellos, muchos han permanecido con este carácter 5, 10 y hasta 20 años. Ante el planteamiento del sindicato, el titular del INEGI simuló que estaba dispuesto a la negociación, pero apenas se iniciaron las negociaciones, retiró a sus representantes. El 2 de diciembre del 2002, el CEN del Sindicato presentó formal denuncia ante la Contraloría Interna del INEGI en contra del ciudadano Lino Arturo Vera, Coordinador Administrativo de la institución y otros funcionarios de la misma, por inmiscuirse en la vida interna del sindicato. La denuncia fue registrada con el número de expediente 762/2002; hasta la fecha la denuncia ha sido ignorada por la Contraloría Interna. Mientras esto sucedía en la Ciudad de Aguascalientes, en la Ciudad de México se llevó a cabo una supuesta convención nacional extraordinaria del sindicato, organizada por dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado y patrocinada por autoridades del INEGI. Esta convención, a la que asistieron 40 personas incondicionales de los dirigentes de la FSTSE, fue convocada solamente por 5 de los 15 miembros del CEN, por lo que resultó ilegal y violatoria en lo dispuesto a los artículos 18, 19 y 35 de los Estatutos del Sindicato. Esa situación fue denunciada oportunamente ante el ciudadano Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El 4 de diciembre del 2002, el doctor Gilberto Calvillo Vívez, Director del INEGI, organizó un acto en el que presentó a la nueva Directiva del Sindicato, según él, electa en la convención nacional extraordinaria, usurpando las funciones de otorgar reconocimiento a las directivas sindicales que conforme a la Constitución y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, solamente le corresponden al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Cabe destacar que hasta la fecha el mencionado Tribunal no ha dado reconocimiento oficial a la Directiva que promueve entusiastamente el doctor Calvillo. Además de usurpar funciones reservadas al tribunal laboral, el 6 de diciembre de 2002, funcionarios de INEGI, acompañados por colaboradores de los dirigentes de la FSTSE, asaltaron las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional... (Sigue Turno 22) diciembre de 2002, funcionarios de INEGI, acompañados por colaboradores de los dirigentes de la FSTSE, asaltaron las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato; sustrajeron el mobiliario, sustrajeron documentos, valores y todas las pertenencias que ahí se encontraban y las subieron a dos camiones con número de placas UYJ 4204 y UXS 1026, que ostentaban el logotipo de la institución. Trasladaron los bienes del sindicato a un lugar hasta hoy desconocido. Estos hechos fueron denunciados oportunamente ante el ciudadano agente del Ministerio Público en la ciudad de Aguascalientes, correspondiéndole el número de averiguación previa el A-02/09912. A esta denuncia tampoco se le ha dado trámite, ya que hasta la fecha no se ha iniciado la investigación de los actos delictivos denunciados. El 11 del mismo mes de diciembre, el CEN del sindicato solicitó atentamente al ciudadano Presidente de la República, interviniera para evitar la consumación del primer "charrazo" sindical del gobierno de Fox. Sin embargo, hasta el momento los legítimos dirigentes sindicales no han recibido contestación alguna. Mientras tanto, el doctor Calvillo, ha retenido indebidamente las cuotas sindicales y no ha devuelto a los dirigentes legalmente electos y reconocidos, el mobiliario y demás bienes que legalmente les pertenecen. Ante la falta de respuesta de las autoridades, el 20 de enero del 2003, los dirigentes del sindicato presentaron una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo. Por lo antes expuesto y la gravedad que reviste el caso que hemos mencionado, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe pone a consideración de esta Honorable Comisión Permanente el siguiente: "Punto de Acuerdo. "Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprueba los actos que el titular del INEGI ha llevado a cabo en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de esa importante institución y solicita respetuosamente al ciudadano Presidente de la República, intervenga lo antes posible, para evitar que sigan afectando los derechos de los trabajadores y de sus legítimos representantes, quienes fueron electos democráticamente conforme al estatuto sindical y a la ley laboral aplicable. "Asimismo que ordene al titular del INEGI, deje de intervenir en la vida interna del sindicato y de cometer más actos ilícitos. "Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al ciudadano presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a revisar minuciosamente el conflicto planteado y resuelva conforme a derecho, haciendo prevalecer la legalidad sobre la prepotencia y los actos ilícitos llevados a cabo por dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y el titular del INEGI". Por su atención muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados. Ha sido solicitado a esta presidencia posponer el siguiente punto que presentaría el grupo parlamentario del PRI, sobre una proposición con Punto de Acuerdo, sobre precios y tarifas de bienes y servicios que presta el sector público federal. Por lo anterior, el siguiente punto sería el que presentaría el diputado Ramón León Morales, la proposición con Punto de Acuerdo sobre la situación laboral de los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que suscribe conjuntamente con la diputada Petra Santos. Adelante diputado.