La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. La tendencia actual del derecho, sobre todo cuando ya se encuentra en proceso un juicio, ha sido la de buscar mecanismos alternativos de solución, son buscados dichos mecanismos, a efecto de que las partes puedan dirimir sus controversias de una manera personal y más amigables, como la mediación y consignación. La Ley Agraria que nos rige no es la excepción, ha retomado dichas ideas, la finalidad ahora es durante el procedimiento agrario, los tribunales puedan invitar en todo momento a las partes a solucionar sus conflictos de una manera amigable, logrando su composición y firmando el convenio respectivo. Como es sabido el convenio entre las partes debe de ser sancionado y calificado, en este caso por el Tribunal Comunitario Agrario a efecto de que con posterioridad dicho convenio se pueda elevar a la categoría de sentencia definitiva. Ahora bien, si el convenio que firmen las partes, con posterioridad, adquiera la categoría de sentencia, la propia Ley Agraria establece que tales sentencias deben cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia. Por tal motivo, los convenios firmados también deben cumplir con los mecanismos principios, los que actualmente no estaban establecidos en la Ley Agraria. El principio de exhaustividad consiste en que la sentencia se pronuncie respecto a todos y cada una de las pretensiones que las partes hayan interpuesto. Por su parte, el principio de congruencia de acuerdo a Aragoneses Alonso, quien es citado por el catedrático, José Becerra Bautista, consiste en: Aquel principio normativo dirigido a debilitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente. Por lo que en ese orden de ideas, la Ley Agraria establece que las sentencias que dicen los tribunales tienen que ser consonantes con los principios de exhaustividad y congruencia, por lo que en ese sentido esa misma exigencia legal deberá ampliarse a los convenios que se logren avenir las partes donde dan por terminado el juicio. Compañeras y compañeros, en este sentido en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo buscamos que la finalidad de la ley sea la de tutelar a los sujetos agrarios en cuanto a sus derechos y pretensiones. Nos parece que precisamente debe corresponder al Tribunal Agrario el dar formato tanto interno como externo al convenio, teniendo facultad para ordenar de oficio la práctica de la diligencia que estime conducente. Así, una vez que el acuerdo de voluntades sea elevado a la categoría de sentencia y llegado el momento de la ejecución sus alcances se encontrarán delimitados para procurar el cumplimiento exacto. Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa radica en modificar la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria a efecto de que de manera clara y precisa se contenga expresamente la obligación de la autoridad agraria de que en el convenio que las partes realicen previo a su calificación, se busque que se analice si este mismo cumple con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, ello con la finalidad de que no se vulneren los derechos y la garantías de las partes. Es cuanto, diputado presidente.