El diputado Francisco Javier Valdés de Anda: Con el permiso de la presidencia. Antes que nada quiero hacer un reconocimiento muy especial a la Comisión de Puntos Constitucionales por haber aprobado esta iniciativa que, si bien, su servidor como miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó, yo creo que esta aprobación, y que espero el pleno así lo ratifique, es un avance sustantivo en la defensa de los derechos del hombre. Quiero mencionar que, si bien, en el Siglo XIX uno de los mayores legados que ha dado a las generaciones futuras, lo fue el juicio de amparo, yo creo y estoy convencido, que uno de los mayores legados que se han dado en el Siglo XX ha sido la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y qué mayor legado podríamos dar a las generaciones futuras, de tener una institución sólida, de tener una institución que logre ser eficaz en la defensa, en la prevención de los derechos de las personas, es por ello que esta Legislatura deberá darse un aplauso por poder aportar, una reforma constitucional al artículo 105 para dotar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la posibilidad de interponer la acción de inconstitucionalidad. Esto es fortalecer el estado de estado de derecho, que requiere de mejores instrumentos para asegurar la plena vigencia de nuestra Constitución; mayor capacidad para aplicar la ley; sancionar a quienes la violan y dirimir las controversias. Los procesos de reforma del Estado en la actualidad tienen la tarea de concentrarse en la búsqueda de nuevos diseños institucionales que fortalezcan el estado de derecho. Uno de los aspectos tocados por la reforma del Estado tiene que ver con todos los aspectos normativos e institucionales que se refiere al refuerzo de los principios del estado de derecho. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se estableció en México mediante el decreto que adicionó al artículo 102 de la Constitución, el apartado B, en el año de 1992. Sin duda, la tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. En tal sentido, consideramos pertinente que la Comisión tenga la posibilidad de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las acciones de inconstitucionalidad necesarias para que ésta última determine si una ley es violatoria de las garantías individuales y en consecuencia, el defensor del pueblo esté cumpliendo cabalmente y con todas las herramientas posibles, la función que su misma denominación hace explícita, que es la de defender. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que de aprobarse este dictamen fortaleceremos, como ya lo he dicho, a la Comisión Nacional y esta institución será capaz de detener todas aquellas cuestiones, aquellas legislaciones que muchas veces por error o muchas veces por actitudes autoritarias, pudieran afectar los derechos de las personas. Felicitémonos por esta decisión que tomemos el día de hoy, porque estamos legando lo mejor que podemos legar a las generaciones futuras, que es defensa y protección de los derechos de las personas. Muchas felicidades, muchas gracias.