El diputado Ernesto Alarcón Trujillo: Con su permiso, diputada Presidenta. El que suscribe Ernesto Alarcón Trujillo, en mi carácter de diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y como Secretario de la Comisión de Defensa Nacional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente decreto que expide el Código de Justicia Militar, de conformidad con la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Las fuerzas armadas mexicanas a fin de cumplir con los requerimientos de la evolución social en el ámbito penal, que les permitan garantizar la conservación de la disciplina y el desarrollo armónico de sus integrantes en relación con su organización, funcionamiento y misiones, es necesario proporcionarles nuevos conceptos en el ámbito jurídico-penal, que complementen los ya tradicionales, para enfrentar los cambios sociales y responder con los compromisos que la sociedad le requiere a las instituciones armadas nacionales. El artículo 13 de la Constitución Política determina la existencia del fuero de guerra al que le corresponde conocer de los delitos y faltas cometidos contra la disciplina militar. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 29 fracción I y X, determina que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como administrar la justicia militar y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, determina los órganos del fuero de guerra en sus artículos 26, 27 y 28, 29, 30 y 31. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, establece que dichas fuerzas armadas deben ser organizadas, adiestradas y equipadas conforme a los requerimientos que reclama el cumplimiento de sus misiones. En la interpretación de las disposiciones dictadas para preparar a sus integrantes a fin de coordinar las acciones para la citada finalidad, se requiere de disciplina; la que se constituye en el imperativo de actitud castrense como la norma de convivencia individual con efecto colectivo, siendo consecuencia que la disciplina castrense como ordenamiento de conducta primario, esté jurídicamente protegida por el Código de Justicia Militar, como la piedra angular de conducta normativa para los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México; siendo el citado código la materialización legislativa del fuero de guerra. El Derecho Militar es un conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación y las relaciones derivadas de la vida marcial, así como los deberes de cada uno de los miembros de las fuerzas armadas, cuyo espíritu fundamental es la disciplina que requiere de honor, honradez, valor, lealtad, espíritu de sacrificio y amor a la patria, lo que permite la existencia y funcionamiento de las instituciones armadas y sostener un compromiso permanente con los órganos del Estado. Los valores son el mejor legado de las antiguas generaciones de militares que con su ejemplo y constancia construyeron paso a paso la moderna institución armada de nuestro país. Si el Derecho Militar se genera inspirado en la institución militar y ésta a su vez en la disciplina, se otorga cohesión y eficacia a las fuerzas armadas, podemos afirmar que este derecho se sustenta en una estructura fundamental necesaria en toda organización del Estado, puesto que garantiza su existencia y seguridad. Asimismo la disciplina militar es un medio necesario para la realización de los más altos fines que le son encomendados, garantizando el respeto a la sociedad y el cumplimiento de sus misiones generales. En este contexto se advierte que el Derecho Militar emerge de sus relaciones con otras ramas jurídicas preservando su conexidad cordial y provechosa con las normas de orden público que se traduce en una interdependencia recíproca y permanente tales como el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo, el Derecho Internacional y el Derecho Humanitario. La razón de ser de las Fuerzas Armadas Mexicanas, se sustenta en su disciplina y en la lealtad de sus hombres, por lo que en el cumplimiento de la misión encomendada, soportan las vicisitudes y privaciones que les presentan en su finalidad de proteger al pueblo de México, como ocurrió en la defensa de nuestra Nación en la lucha contra la invasión del ejército francés y norteamericano en los años de 1838 y 1846. Asimismo en tiempo de paz con la misma entereza, se cumple con las labores sociales y humanitarias para salvaguardar los intereses de nuestra sociedad. El Código de Justicia Militar que se propone previene un catálogo de delitos que por su extrema gravedad merecen ser reprimidos con toda severidad, siendo éstos, a saber, traición a la patria, espionaje, delitos contra el derecho de la gente, rebelión, insubordinación causando la muerte a un superior, asonada, abandono de puesto, abandono de buque o convoy, extralimitación o usurpación de mando o comisión, infracción de deberes militares correspondientes a cada militar, según su compromiso, su comisión o empleo, las cuales previenen castigos ejemplares para los militares en tiempos de guerra o de paz, según sea el caso, con la finalidad de preservar la disciplina entre las filas de los integrantes de las fuerzas armadas, ya que se trata de personas que están comprometidas con su país a entregar inclusive su propia vida, si fuera necesario, por lo que indispensable una norma especial que represente la ley penal castrense. Los órganos del fuero de guerra son instituciones constitucionales y legalmente constituidos, encargados de la administración e impartición de justicia, cumpliendo con las formalidades del procedimiento de manera pronta y expedita; tienen plena autonomía jurisdiccional, siendo necesario que cuenten como herramienta con un conjunto de normas jurídicas actualizadas, basadas en los criterios jurisprudenciales, la doctrina imperante en la materia y principalmente en la justicia. Cuando un militar no cumple con las leyes y los reglamentos castrenses pone en riesgo el cumplimiento de sus misiones generales que la sociedad ha encomendado a las instituciones armadas cuyos integrantes, al ingresar a sus filas, han jurado anteponer la vida e intereses personales a los fines de la nación. Es precisamente, compañeros, el artículo 13 constitucional el que justifica la jurisdicción militar y la existencia de los tribunales militares, cuya competencia se funda en el orden, la disciplina y la eficacia de las fuerzas armadas, lo que sería imposible de obtener si no existiera un conjunto de disposiciones jurídicas que reglamenten su actuación, toda vez que un grupo de hombres armados sin disciplina y normas que regulen sus actividades sería una fracción capaz de cometer atrocidades en contra de la sociedad. Nuestro país no permanece ajeno al desarrollo científico y tecnológico, así como a los sustanciales cambios que se manifiestan en el contexto internacional e interno. Por ello, acorde al devenir histórico, se hace necesario actualizar con nuevos conceptos el código de justicia militar para responder a los cambios que genera la globalización mundial en sus diferentes ámbitos que impactan al interior de las fuerzas armadas y de la nación. En los 73 años de vigencia del Código de Justicia Militar, la problemática social y la pluralidad del ejercicio político de la nación mexicana han tenido avances trascendentales, modificando la convivencia social que evoluciona dinámicamente en lo político, social, económico y militar, por lo que existe la imperiosa necesidad de actualizar su legislación. Esta iniciativa presenta un nuevo Código de Justicia Militar, reestructura la organización y competencia de los órganos del fuero de guerra respecto a los tipos penales, se actualizan los ya existentes, derogando aquéllos que fueron rebasados, y se incluyen nuevas figuras delictivas que se consideraban ajenas a la vida militar, actualizando las materias del conocimiento de los tribunales castrenses. Se incorporan además reglas para la protección de los intereses del ofendido o la víctima, agilizando además el procedimiento penal militar para sostener el objetivo de una justicia pronta y expedita, con pleno respeto a los derechos humanos. Por lo expuesto, se considera oportuno y de justicia proponer una reforma integral a la legislación penal militar, tanto en el aspecto sustantivo como adjetivo, por lo que esta iniciativa pretende ajustar dicha relación a la realidad social, sin perjuicio para los sentenciados por los delitos de orden militar de conservar una vida decorosa dentro del ámbito penitenciario y disciplinario en el que se encuentran inmersos. Por último, compañeros, y en obvio de tiempo, quisiera pedir a la mesa que, ya que se ha publicado en la Gaceta legislativa, se incluya el texto íntegro de la iniciativa que se propone en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada presidenta.