La diputada Hortensia Aragón Castillo: Gracias, presidenta. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados y diputadas, doy lectura a este posicionamiento. El dictamen que la Comisión de Educación pone hoy a consideración de este pleno, es producto del trabajo de deliberación, elaboración y consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión; quienes dialogamos con las autoridades educativas tanto federales como estatales, así como con los académicos y los representantes sindicales de las y los trabajadores. Este dictamen tiene origen en una iniciativa preferente enviada a este Congreso por el presidente de la república el pasado primero de febrero, cuyo objetivo central era facilitar la inserción de los dreamers, que fueran objeto de deportaciones en los Estados Unidos, dentro del sistema educativo nacional. Sin embargo el trabajo de consulta y consenso resultó no sólo creativo, sino mucho más productivo de lo que esperábamos. El trabajo que realizamos en conjunto con la Cámara de Senadores, produjo una minuta que tiene alcances mucho más grandes. Debemos señalar también que el trabajo desarrollado en esta Cámara, una vez que el 28 de febrero recibimos la minuta en cuestión, ha sido arduo y consistente. El día 2 de marzo esta comisión, a través de la aprobación de un acuerdo específico, determinó la metodología y la ruta crítica que nos guiaría en la elaboración del dictamen y en la que incluimos no sólo en intercambio interno, sino el trabajo con autoridades y expertos en materia que pusieron sobre la mesa las consideraciones que estimaron pertinentes para ilustrar a quienes conformamos esta comisión. El viernes 3 de marzo del 2017 celebramos reunión de trabajo con el subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, licenciado Otto Granados Roldán, y con su equipo. El 7 de marzo celebramos una reunión de trabajo con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación donde expusieron sus consideraciones sobre la minuta preferente en aras de enriquecer el proceso de dictaminación, y así cómo éstas, tuvimos otras y variadas reuniones sobre el tema. El que ponemos a su consideración es un dictamen que atiende, como se pretendía originalmente, a toda aquella población que por circunstancias ajenas a su voluntad llega a nuestro país y tienen necesidad de incorporarse al Sistema Educativo Nacional; es decir, atendemos a las necesidades emergentes que imponen la movilidad y el tránsito migrante, no sólo el proveniente de los Estados Unidos, sino de todas aquellas personas que, independientemente de su situación migratoria, buscan en nuestro país la posibilidad de continuar con su preparación académica, posibilitando que la autoridad federal y local garantice el acceso a la educación obligatoria, aunque estas personas no cuenten con la documentación académica correspondiente. También se crea un segundo elemento que contribuirá de manera decisiva a elevar la calidad educativa en nuestro país. La conformación de un sistema de calificaciones para reconocimiento de acreditación y revalidación y de equivalencias, que ya existe en diversos países y que nosotros deberemos edificar para que nuestras instituciones educativas tengan las posibilidades de competir a nivel internacional en condiciones de igualdad con otras instituciones educativas. No se trata, como se ha señalado por diversos actores, de la renuncia del Estado a la rectoría de la educación. Esto desvirtúa, desde luego, el texto que hoy les presentamos y no reconoce la realidad histórica que enfrenta nuestro país en materia educativa. Las instituciones educativas públicas resultan del todo insuficientes para atender la demanda que día con día crece en el territorio nacional. El dictamen otorga a las instituciones educativas particulares la posibilidad de emitir revalidación parcial de estudios y, como el Estado conserva a través de las actividades de supervisión y sistematización de todos estos reconocimientos y revalidaciones, la rectoría la mantiene el Estado sobre la educación. Debo señalar que el reconocimiento de validez oficial de estudios no constituye un elemento nuevo en este dictamen, lo que resulta novedoso es el procedimiento a través del cual las instituciones privadas y públicas van a prestar el servicio educativo, cómo van a ser controladas, cuáles van a ser los requisitos para expedir tal documentación y cómo va a operar el principio de máxima transparencia en esta materia. Para ello se crea precisamente el Sistema de Información y Gestión Educativa, en donde serán registradas todas las constancias de revalidación y equivalencias. Adicionalmente, con estas nuevas disposiciones, la Secretaría de Educación Pública podrá retirar el reconocimiento de validez oficial si hay un mal uso de estas facultades. También se contiene en este dictamen la facultad para que la autoridad educativa se obligue para implementar programas y acciones que tiendan a la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad de manera prioritaria. Ésta es una gran novedad, ya que estamos ajustando el marco normativo a nuestro texto constitucional, estableciendo la posibilidad de que, ya sea por carácter socioeconómico, la identidad cultural, de origen étnico nacional, por situación migratoria, entre otras, existan políticas públicas dirigidas a la atención especializada de sus necesidades particulares y permitan el derecho de tránsito en educación. Resulta ingente señalar que la autoridad educativa deberá implementa medidas específicas para atender a la población migrante que viene deportada de los Estados Unidos. Es importante que a la brevedad se establezcan los mecanismos que atienden las disparidades idiomáticas en materia de conocimiento de la historia nacional, entre otras muchas cuestiones, que deberán atenderse de manera emergente, para lo cual el diálogo que se estableció con la Secretaría de Educación Pública resultó del todo prolijo. Es así que hoy, quienes integramos la Comisión de Educación, ponemos a su consideración este dictamen con el convencimiento pleno de que las disposiciones que en él se contienen no resolverán el problema educativo en nuestro país, pero sí coadyuvarán en el diseño de políticas públicas que alienten el desarrollo integral de las y los mexicanos, incluyendo a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad y aquellos que allende nuestras fronteras buscan mejores condiciones de vida. Expresamos nuestra solidaridad para todos los ciudadanos del mundo, migrantes expulsados de todos los países, que sufren algún tipo de discriminación o persecución, porque ninguna persona por el solo hecho de ser diferente puede ser considerado ilegal. Muchas gracias.