La diputada Rosa Maria Avilés Nájera: Gracias señor presidente. Solicito que por cuestiones de tiempo sea publicado el texto íntegro en el Diario de Debates. Con su venia señor presidente: La facultad interpretativa que nos ocupa fue suprimida en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos sancionada por el Congreso General Constituyente el día 5 de Febrero de 1857. Pero se restablece con la reforma del artículo 71 del 13 de noviembre de 1874 y posteriormente se vuelve a plasmar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de Febrero de 1917, hasta nuestros días. Ahora bien, actualmente nuestra Carta Magna en el artículo 70 establece que toda resolución del Congreso, tendrá carácter de ley o decreto y que la facultad prevista en el artículo 72 inciso f) de la Ley Fundamental, se erige como un mecanismo de control incluso superior a la jurisprudencia. El Congreso de la Unión al ejercer la facultad referida se convierte en auténtico intérprete tanto de las leyes federales como de la Constitución, en este último caso la comparte con las asambleas legislativas locales en sus respectivos ámbitos. Que el motivo del presente decreto es ejercer la facultad anteriormente expuesta con el único propósito de interpretar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Que el aludido párrafo sexto establece que: "En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes". Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas, las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines. La intención del legislador fue y ha sido muy clara: se tenía que asentar expresamente en la Constitución que no se podrá permitir la explotación de hidrocarburos por medio de concesiones ni contratos. La prohibición de contratar se impone expresamente para el caso de la explotación. Ahora bien, la prohibición de contratar no se refiere a cualquier tipo de contrato sino exclusivamente a los que permiten la explotación directa de los hidrocarburos por particulares. Es importante mencionar que los términos en los que está redactada la ley reglamentaria de 1958, los cuales no fueron modificados después de la reforma constitucional de 1960 y por ello se argumenta que la prohibición de la Constitución se refiere en estricto sentido a los contratos riesgo, toda vez que la ley reglamentaria se elaboró bajo el marco constitucional de 1938 en la que sí se permitía la contratación. Sin embargo, debemos considerar que en la reforma constitucional de 1958, de donde surge el texto del artículo sexto de la ley reglamentaria, los argumentos del legislador fueron dirigidos a prohibir cualquier forma en la que pudiera otorgarse posibilidades de explotación de los hidrocarburos a los particulares. De esta forma es sencillo explicar por qué la ley reglamentaria, después de prohibir expresamente en sus artículos segundo y tercero la participación de particulares en cualquier fase de la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, etcétera, en su artículo sexto permite expresamente que Petróleos Mexicanos realice contratos. El artículo sexto dice: "Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales, los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten a las obras que se ejecuten, porcentajes en los productos ni participación en los resultados de las explotaciones". Así se expresó en la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, presentada por el C. presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo Ruíz Cortines, el 25 de noviembre de 1958, suscrita sin discusión por ambas cámaras del Congreso de la Unión "Que el petróleo y sus derivados son propiedad exclusiva de la nación y que la expropiación de la industria petrolera fue el resultado de la lucha del pueblo mexicano por su soberanía e independencia. "Que la industria petrolera nacionalizada representa el sentimiento arraigado del nacionalismo mexicano". De igual manera, se violaría la letra de los artículos 27 y 28 de la Constitución porque se estarían otorgando contratos para explorar hidrocarburos, gas natural líquido, condensado y crudo, otorgar a empresas privadas exclusividad en una zona específica para desarrollar actividades petroleras a cambio de un ingreso garantizado para el Estado, es decir, que una especie de regalía equivale a otorgar una concesión. Por otro lado, es importante mencionar que los contratos de servicios múltiples no son contratos de servicios; son contratos de riesgo. Petróleos Mexicanos los disfraza para que la sociedad mexicana no se dé cuenta de lo que significan y los acepte sin condición alguna. Pero, como las propias autoridades lo han mencionado, estos contratos no solamente están diseñados para la extracción de gas no asociado, como ocurre en los diversos bloques licitados en la Cuenca de Burgos, sino que se van a ir dando posteriormente en petróleo, y esto es un paso más allá en el proceso de privatización porque entra al corazón de donde está la renta petrolera, que es en la extracción. Es evidente que de generalizarse este tipo de contratos las empresas públicas de energía transformarían su naturaleza industrial en simples administradoras de contratos, con las implicaciones tecnológicas y profesionales que sobrevendrían en el futuro. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración y aprobación del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto interpretativo del párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Unico. Que la prohibición para no otorgar contratos, tratándose del petróleo y carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos previstos en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es para que no se otorguen concesiones, autorizaciones, permisos, contratos ni cualquier otro acto jurídico similar o análogo a los particulares. Transitorio. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Suscribimos la que esto ha leído y los diputados Francisco Javier Carrillo Soberón y Alfonso Ramírez Cuellar. Gracias.