El diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos: Honorable asamblea, me presento ante esta máxima tribuna con el fin de apoyar la aprobación de una reforma constitucional que sin duda marcará un precedente de suma importancia para salvaguardar y proteger a las víctimas de actos delictivos. Este dictamen prevé incorporar la extorsión, la producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas, como lo es el fentanilo, el narcomenudeo y también la compra y adquisición de comprobantes fiscales, incluidas las facturas que amparen operaciones inexistentes al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta ampliación es uno de los argumentos que sustentan esta reforma constitucional para que se convierta en un instrumento que al restringir precautoriamente la libertad de los posibles infractores contribuya no solo al control de la criminalidad, sino también a la investigación de los delitos. Cabe destacar que la premisa de la reforma es fortalecer el sistema penal acusatorio para reestablecer la paz y el orden social, porque en términos de seguridad la prisión preventiva oficiosa permite que quienes delinquen no evadan la justicia, que los presuntos delincuentes no tomen represalias contra las víctimas. En este contexto, sería ingenuo pensar que no estamos viviendo un problema de inseguridad, que todos los días somos testigos del grado de violencia en todo el país y que necesitamos poner un alto a los grupos de la delincuencia organizada y a todo aquel que violente la ley. La reforma penal de 2008, que estableció el sistema de justicia penal acusatorio, parecía tener un amplio consenso para impulsar la reforma penal. Hoy debemos aprobar esta reforma que fortalecerá la del 2008. En aquel momento se hablaba de los beneficios de una justicia rápida y transparente, de combatir a la impunidad del respeto de los derechos de todas las partes. Solo por dar un ejemplo, durante el 2021 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, lo que representó una tasa de cinco mil 375 extorsiones por cada 100 mil habitantes. Y en cuanto a la distribución de drogas sintéticas, el Inegi refirió que en 2021 imputó tres mil 260 adolescentes por presuntos delitos de narcomenudeo. Por otra parte, si pensamos en los cambios tecnológicos, la delincuencia ha encontrado en el delito de la extorsión una fuente de ingresos importante, pues su comisión a la obtención de lucro no requiere la presencia física del perpetuador, ya que la conducta delictiva se puede cometer a distancia por medio del uso de dispositivos y de la comunicación móvil. Ante esta realidad el sistema penal acusatorio necesita ajustes y es claro que tenemos diferencias de fondo para respetar primero la defensa de la presunción de inocencia y segundo el debido proceso. En este contexto, el tema que hoy nos ocupa es la protección de las víctimas, es por ello que necesitamos hacer un análisis de fondo porque ahí no se trata de malos o buenos, no somos los de oposición o los de mayoría, y no hay diferencia entre políticos y la sociedad civil. Tenemos que aceptar algo, que no está funcionando, cuando hablamos de ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva no lo hacemos pensando desde la injusticia, lo hacemos pensando en que si hay algo que no está marchando bien para proteger a las y los mexicanos, entonces debemos actuar para corregirlo. Desde el Partido Verde estamos convencidos que en el sistema no es perfecto. Necesitamos hacer ajustes necesarios para evitar que los presuntos criminales eviten la acción de la justicia durante el proceso penal para proteger a la víctima y garantizar la reparación del daño. Concluyo diciendo que fortalecer el sistema de justicia penal acusatorio es el único camino: no hay atajos, no hay recetas mágicas, no existen salidas fáciles y necesitamos salir de la crisis de violencia e impunidad que atraviesa México. Por lo anterior, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.