EL C. DIPUTADO FELIX CASTELLANOS HERNANDEZ: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, Señor Secretario: Esta soberanía inicia la glosa del Sexto Informe Presidencial presentado el pasado 1 de septiembre. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que el análisis debe ir más allá del período que abarca el informe, ya que se debe evaluar la gestión de los 6 años de la actual administración. En la evaluación integral de este período, el balance resulta deficitario y vamos a explicar por qué. Tal y como lo establece el informe en el capítulo 2, el concepto de estado de derecho supone la sujeción de los titulares de los órganos del poder público al mandato expreso de la ley. Esto es precisamente a lo que aspiramos los mexicanos, a que los funcionarios no hagan más de lo que la ley los faculta, pero que tampoco hagan menos. Específicamente nos referimos al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Siendo usted, Señor Secretario, quien preside dicho consejo, sabrá que la determinación de los lineamientos para el establecimiento de políticas generales en materia de seguridad pública ha resultado poco menos que ineficaz. Los mexicanos vivimos en una constante y alarmante inseguridad. Los cuerpos policiales preventivos son insuficientes e ineficaces. Las policías encargadas de perseguir los delitos carecen de la debida preparación y eso se traduce en un alto porcentaje de delitos que quedan sin castigo. La sociedad mexicana reciente continuamente el ataque de la delincuencia organizada o de la que actúa en forma individual a su seguridad y patrimonio. Pero también le llena de indignación el que la justicia se aplique de forma selectiva y en ocasiones para que los autores intelectuales de delitos queden impunes. Tales son los casos de Aguas Blancas, Acteal, el Charco, que esperan aún el castigo de los verdaderos responsables. En el Sexto Informe se señala la creación de la Policía Federal Preventiva como paradigma del combate a la delincuencia en la previsión de los delitos. Aquí quisiera leer textualmente algunas líneas del Informe: "Asimismo dice el Informe se logró la detección de 51 organizaciones criminales que trafican con personas, la desarticulación de dos bandas que se dedicaban al tráfico de armas, el restablecimiento del orden en diversos centros de readaptación social y en el campus de la Unam. " Ante ello nos preguntamos: ¿qué el Presidente de la República asimila la función de la institución de educación superior más importante de este país a la de un centro de readaptación social? Señor Secretario, resulta vergonzoso para una institución centenaria como lo es la Unam el que se le coloque en el mismo apartado que a los Ceresos. Cuando la Policía Federal Preventiva ingresó a la Universidad qué orden restableció si a muchos de los detenidos no se les probó, por parte del Ministerio Público Federal, responsabilidad alguna. Otro ejemplo de la impunidad con la que actúan los altos funcionarios federales lo tenemos en el caso del exsecretario de Turismo. Por medio de la dependencia de la que usted es responsable, tramitó la licencia para separarse de su encargo, presuntamente para comparecer a juicio por las implicaciones que el Gobierno del Distrito Federal presentara en su contra. Cuando por fin decide presentar su renuncia, sencillamente huye. Por cierto, Señor Secretario,¿ los órganos de inteligencia de la Secretaría de Gobernación sabrán dónde se encuentra Oscar Espinosa para que la Procuraduría pueda aprehenderlo? En el apartado denominado Del desarrollo democrático, nosotros, a diferencia de ustedes, consideramos que el resultado de este logro fue gracias a las innumerables luchas que miles de mexicanos desde hace décadas libraron en contra del partido de Estado, del autoritarismo gubernamental y del uso de los recursos públicos en beneficio de unos cuantos. Debemos señalar en esta dirección que los partidos políticos decidimos impulsar en 1995 la reforma del Estado y acudimos con el Titular del Ejecutivo para pactar esta inaplazable demanda del pueblo de México. Sin embargo, en los hechos no hubo voluntad política por parte del Presidente Zedillo para cumplir dicho compromiso. Solo logramos una reforma electoral de carácter parcial que implicó modificaciones constitucionales y legales, pero que desde luego no es una reforma electoral definitiva como lo sostiene el Presidente de la República. Esta es una asignatura pendiente de impulsar en esta nueva Legislatura y queremos aprovechar esta alta tribuna para convocar a todos los partidos políticos y a todas las fuerzas políticas y sociales de nuestro país a iniciar un profundo debate que permita, ahora sí, arribar a una verdadera reforma electoral sí definitiva pero también equitativa. Queremos recordarle también, señor Secretario, que los grupos parlamentarios diferentes al partido al que usted pertenece, en la pasada Legislatura impulsaron la creación de una Comisión Especial Encargada de que no se Desviaran Recursos Públicos Federales en el Proceso Electoral de este año. Dicha comisión intentó infructuosamente, por la sistemática negativa de usted a firmar un convenio de colaboración para evitar el uso clientelar de los recursos públicos. Debemos también mencionarle la negativa de la Secretaría de Gobernación a transmitir, dentro de los tiempos del Estado, los mensajes del Instituto Federal Electoral. Consideramos que esto también debería de haberse presentado en el Informe de Gobierno. Por ello sostenemos que los resultados electorales del 2 de julio fueron posible gracias a la alta participación ciudadana y el reconocimiento de dicho resultado fue simplemente el respeto a la voluntad popular. Pero lo verdaderamente inadmisible en el recuento de la actuación federal respecto al conflicto en Chiapas, es el siguiente: Como muchos otros problemas ancestrales no resueltos la cuestión indígena le estalló en las manos al Estado mexicano el 1o. De enero de 1994. Paradójicamente el mismo día que se estrenaban dos signos de la globalización neoliberal en México: la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos y Canadá y nuestra supuesta incorporación al club de los países ricos: la OCDE. El Ejecutivo hacia ostentación afuera de lo que aquí carecíamos. ¿Cómo ocultar que la historia indígena real está llena de violentos despojos de tierra, expropiación de su patrimonio cultural, trabajos forzados, segregación, vejaciones, injusticias, marginación y muertes por causas absurdas? Frente a esto, la tecnocracia neoliberal adoptó y ha mantenido un modelo económico social excluyente respecto a la población indígena. En compensación los modernizadores zedillistas refuncionalizarón las viejas políticas integracionistas del indigenismo, es decir, la de destinar limitados recursos económicos, los cuales por cierto se van quedando en una enorme red burocrática, acompañados del inefable control político encarnado en los cacicazgos regionales. En este marco es en donde Zedillo presenta su balance sexenal sobre la problemática indígena nacional y el conflicto en Chiapas. En el texto del Informe nos habla de una serie de acciones de gobierno dirigidas a atender asuntos agrarios, judiciales, productivos y asistenciales, de combate a la pobreza, de seguridad pública, civiles, religiosos, ambientales y de derecho de la mujer. En el Informe también se señala que se promovieron reformas legislativas en los ámbitos federal, local y municipal, en el marco de reconocimiento a la diversidad cultural de la nación. En sí mismas, todas las acciones y medidas antes enunciadas presentan un pobre y muy discutible panorama del desempeño gubernamental en la materia. Miente Zedillo al decir que desde el primer día de su administración ha sido inequívoco el compromiso para alcanzar por la vía del diálogo una paz justa, digna y definitiva. La aparente disposición del Ejecutivo de resolver el conflicto por la acción trazada en la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz digna en Chiapas, de marzo de '95, fue precedida por la celada atroz y cobarde con que se intentó capturar al Subcomandante Marcos y descabezar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en febrero de ese año. Con la participación, debemos recordar, del entonces flamante Procurador Lozano Gracia. Posteriormente esa vía fue abandonada totalmente por el Gobierno Federal cuando en agosto del '96 se suspendieron las negociaciones con el EZLN y en diciembre de ese año Zedillo rechazó la propuesta de la Cocopa, derivada de los Acuerdos de San Andrés de febrero del '96, para legislar en materia de derechos y cultura indígena. Este "golpe de timón", como suele decir el Ejecutivo, fue acompañado de la instrumentación de estrategias contrainsurgentes propias de una guerra de baja intensidad, que se expresaron en la formación de numerosos grupos paramilitares, el mayor acercamiento militar sobre territorios de influencia zapatista y el intento de promover y multiplicar conflictos interétnicos. La masacre de Acteal, perpetrada principalmente sobre mujeres y niños por un grupo paramilitar y la presentación unilateral de una iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas en marzo de '98 por parte de Zedillo, reflejaron claramente la concepción y los propósitos verdaderos del Presidente. Nada cambió desde entonces, salvo que dicha política se fue intensificando gradualmente. Pero el pueblo chiapaneco apoyado y alentado por amplias capas de la sociedad civil y por la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas, decidió el pasado 20 de agosto, sacudirse del yugo del opresivo régimen y darle la oportunidad a un proceso real para resolver el conflicto por la vía democrática y avanzar paralelamente por el camino del desarrollo económico y social para todos los chiapanecos. En el Partido del Trabajo se refrenda su compromiso absoluto con el pueblo chiapaneco y con las políticas encaminadas a alcanzar estos fines bajo el próximo gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia. Finalmente el Partido del Trabajo sostiene categóricamente que la solución del conflicto en Chiapas allanará sin duda el camino para atender y solucionar los aspectos centrales de la cuestión indígena como parte fundamental de la agenda nacional. Este es también el reto del próximo gobierno foxista y la ciudadanía espera que lo cumpla sin trampas y sin engaños retóricos, en beneficio de la nación. Muchas gracias. (aplausos)