La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: Con su permiso diputado presidente. Compañeras y Compañeros diputados: el presente dictamen es una de las reformas más importantes de los últimos años en materia penitenciaria. Desde 1971, año en que se expidió la Ley de Normas Mínimas, no se ha emitido ordenamiento alguno que pretenda transformar radicalmente el sistema penitenciario en nuestro país el cual, como todos sabemos, se encuentra colapsado y presenta en varios de los centros de reclusión una situación de sobrepoblación y de autogobierno. De aprobarse este dictamen, se modificarían sustancialmente las fallas estructurales que prevalecen en los 431 establecimientos penitenciarios que hay en nuestro país, donde no existe una clasificación correcta de las personas que se encuentran ahí recluidas y los procesados conviven con sentenciados de diferentes niveles de peligrosidad, así como con mujeres, niñas y niños. Esto es así porque el espacio es insuficiente para llevar a cabo su clasificación, lo que trae consigo la contaminación criminal, el perfeccionamiento del modus operandi y la integración de organizaciones nuevas para delinquir al interior de los propios centros penitenciarios. A ello habrá que agregar que algunos internos gozan de privilegios y tratos especiales como son el acceso a estancias amplias y la posesión de teléfonos celulares y armas para cometer delitos. Motines, evasión de reos, corrupción, tráfico de drogas, posesión de armas, hacinamiento, mal estado de las instalaciones, deficiencia en la alimentación, entre otras fallas, demuestran el colapsado sistema penitenciario de nuestro país e impiden la reinserción social de los reclusos. En los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contenidos en la recomendación general número 18 sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros penitenciarios de la república mexicana se encuentra que la población penitenciaria del país asciende a alrededor de 224 mil 749 internos; sin embargo, los 431 centros penitenciarios existentes tienen una capacidad para albergar a cerca de 173 mil, por lo que la sobrepoblación es de 51 mil 689 internos, lo que representa el 29.86 por ciento. De ahí la importancia de este dictamen, el cual propone establecer un nuevo sistema penitenciario que mandata la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, limitando las facultades del Poder Ejecutivo únicamente a la organización de las prisiones y otorgando nuevas atribuciones al Poder Judicial para ejecutar las sentencias mediante los denominados jueces de ejecución, así como un nuevo sistema de reinserción social a través de programas y tratamientos con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Es mediante esta división que se le dotará a cada ámbito de poder lo que le corresponde. Al Ejecutivo la administración de las prisiones y al Poder Judicial la de ejecutar las sentencias con garantías del debido proceso para el sentenciado, lo que implica salvaguardar los derechos humanos de los internos y corregir los abusos que hasta ahora se vienen cometiendo. Asimismo, este dictamen establece las obligaciones y derechos de los internos procesados y sentenciados, regula el tema de las mujeres en reclusión y la permanencia con sus hijos durante las etapas postnatal y de lactancia hasta que la niña o el niño hayan cumplido los seis años de edad. Contempla, además, la carrera penitenciaria como un sistema obligatorio y permanente conforme al cual el personal penitenciario será sujeto a procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, promoción, conocimiento y certificación. Se establece un régimen disciplinario que aplicará las sanciones en el caso de incumplimiento al catálogo de deberes al personal penitenciario, que será sustanciado por un consejo de desarrollo penitenciario. Parte importante de esta reforma es que el Sistema Penitenciario contará con una plataforma tecnológica de información y seguridad, como instrumento para el registro y procesamiento de los datos que genere, así como para la ejecución de los mecanismos de control. Contiene un programa de industria penitenciaria, que permite por una parte que el interno obtenga un empleo para reparar el daño causado a la sociedad, contribuya a su manutención, la de su familia y le permita generar un ahorro personal que facilite su reinserción a la comunidad. Como observamos es una ley que fue realizada por el consenso de todos los grupos parlamentarios, donde el Partido de la Revolución Democrática comprometido con las demandas de esta sociedad y cumpliendo con uno de sus compromisos en su agenda es que propuso también una ley y es ésta que está contenida en estas reformas que estamos planteando, por lo que les solicito a todas y a todos, y especialmente a quien está gritando, que por favor emita su voto a favor y que así cumpla con su labor legislativa.