La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor presidente. Posicionamiento de nuestro Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a favor del dictamen que presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que establece el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas. Compañeras y compañeros legisladores, el manejo adecuado de los recursos públicos es una responsabilidad ineludible de quienes hemos optado por el servicio público. Nada indigna más a la sociedad que los funcionarios hagan un uso inadecuado de los recursos de todas y todos los mexicanos. En los últimos años hemos trabajado a favor de fortalecer el marco institucional para una mayor rendición de cuentas estableciendo mecanismos preventivos y sancionadores a través de organismos como la Auditoría Superior de la Federación. No obstante los avances en la materia, resulta necesario continuar reforzando estos mecanismos. La sociedad mexicana exige controles eficaces para evitar la conducta de funcionarios que si ética pública continúan utilizando los recursos con una visión patrimonialista, lo que afecta a la Hacienda Pública y genera un clima de desconfianza hacia las instituciones. Consideramos un acierto el dictamen que hoy presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y que hoy se somete a consideración de este pleno, ya que elimina una laguna jurídica en cuanto a la responsabilidad resarcitoria de los funcionarios públicos. Con la reforma a los tres ordenamientos jurídicos establecidos en el dictamen no sólo se dota de una mayor certeza jurídica a la sanción resarcitoria, sino además fortalece el Estado de derecho para que el daño o perjuicio a la Hacienda pública no quede impune. Es importante señalar que el espíritu de estas reformas es el de armonizar y clarificar lo señalado sobre las responsabilidades resarcitorias en distintos ordenamientos jurídicos. En primer lugar se establece de manera expresa la complementariedad y la no exclusión entre las diversas responsabilidades ya sean administrativas, penales o políticas, según sea la gravedad del caso. De igual manera queda asentado en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que estos deberán abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien haya sido sancionado por la Auditoría Superior de la Federación con un proceso resarcitorio y omita cubrir el pago respectivo a la Tesorería de la Federación. Con esta adecuación se evitará, como ha sucedido hasta ahora, que el servidor público se mantenga en funciones sin haber cumplido la sanción resarcitoria. En este mismo sentido es la adición de las fracciones V, VI y VII del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público para que la Secretaría de la Función Pública inhabilite en los procesos de contratación a los licitantes o proveedores que omitan el pago de las sanciones resarcitorias a los que están obligados. Las reformas y adiciones propuestas en el dictamen son una muestra fehaciente de nuestro compromiso con la rendición de cuentas. Es necesario que frente a la sociedad las y los legisladores asumamos nuestra obligación de legislar para cuidar el patrimonio y el erario público. Reconocemos que la rendición de cuentas es un pilar fundamental en la construcción de un gobierno democrático, pues es a partir de esos mecanismos como se fundamenta la confianza en las instituciones y en los funcionarios que están para servir a la sociedad y n para servirse de ella. Compañeras y compañeros diputados, la sociedad nos demanda que cumplamos con nuestra responsabilidad de velar por el interés de la nación, por mecanismos legales que fortalezcan la rendición de cuentas y que aquellos que incumplieron con su deber de mirar por el bien colectivo sean sancionados y no queden impunes. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza asumimos esta demanda como una exigencia social. No podemos permitir que por la conducta de algunos funcionarios sin ética política se comprometa la legitimidad de la gestión gubernamental. Por ello y es por estas razones que votaremos a favor del presente dictamen, conscientes de que las medidas legislativas en materia de rendición de cuentas deben tener la finalidad de evitar los actos de corrupción, creando los incentivos necesarios para inhibir este tipo de conductas. Nuestro voto será a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.