El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, voy a compactar tres reservas, las relativas al 105, al 114 y al 117. Aunque son de naturaleza distinta, vamos a permitirnos hacerlos en un solo acto. En el país los títulos habilitantes para telecomunicaciones se dividen en concesiones, permisos y registros. Las concesiones incluyen servicios públicos de telecomunicaciones, redes públicas, bandas de frecuencia y material satelital. Las bandas de frecuencia son intervalos del espectro electromagnético asignados a diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones, que abarcan el espectro de radiofrecuencia y microondas. Y estos son divididos en sectores. En México el espectro radioeléctrico, como espacio aéreo, es un bien nacional, es inalienable y es imprescriptible, por lo que está sujeto al régimen de dominio público de la federación y susceptible de aprovechamiento por particulares a través de concesión. Y por ello el Ejecutivo federal está facultado para dar el otorgamiento de licencias para su uso y aprovechamiento adecuado, conforme a las leyes establecidas. Sin embargo, el tema de las concesiones en nuestro país tiene que mejorar, ya que existe una concentración extrema de medios de comunicación en manos de unos cuantos y por ello los precios en los servicios de este sector son elevados y de mala calidad. Contrario a lo que afirma ahora el comunicado de América Móvil y de Telcel, Telmex y Telcel, la OCDE afirma que los mexicanos pagaron anualmente 13 mil 400 millones de dólares entre 2005 y 2009 en sobreprecios de telefonía celular, servicio de banda ancha. De hecho, estos precios que maneja América Móvil son los más altos entre los países miembros de esta organización. La realidad es que México es un país de grandes monopolios, América Móvil tiene la llave de Internet y las redes sociales, el duopolio televisivo, los canales de cable satelital y el 95 por ciento de la televisión abierta y casi el 70 por ciento de la televisión restringida, ambas empresas concentran el 95 por ciento de frecuencias concesionadas. Lamentablemente en nuestro país las cosas se manejan a base de intercambio de favores con los gobernantes, sólo velan por sus intereses, dejando a un lado las necesidades de la población mexicana. Por eso, estoy planteando en la presente reserva combatir los monopolios, agregamos a la fracción I del artículo 105 la expresión en caso de concentración y prácticas monopólicas, cambiar o rescatar bandas de frecuencia o recursos orbitales. No dejemos que las empresas dominantes en el sector de telecomunicaciones se sigan protegiendo bajo la complicidad de las autoridades. Necesitamos impulsar nuevas empresas para lograr la pluralidad en el sector y romper con los monopolios que sólo destruyen la economía de todos los mexicanos. En éste y en los otros dos, presidente, le solicitaría plasme íntegra nuestra propuesta de reserva. La propuesta contemplada en el párrafo cuarto del artículo 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, menciona que para el otorgamiento de las prórrogas de las concesiones, el Instituto notificará a la secretaría, previo a su determinación, quién podrá, en todo caso, emitir opinión técnica no vinculante, en un plazo no mayor a 30 días y que transcurrido este plazo, sin que se emita opinión, el Instituto continuará el trámite correspondiente, lo que llamamos y conocemos como la afirmativa ficta. Lo anterior denota una visión incorrecta en la esencia de un órgano constitucional autónomo, ya que se pretende tomar en cuenta la opinión del secretario del ramo en todo lo referente a las concesiones y aunque no es vinculante puede ser la diferencia entre el otorgamiento, prórroga o revocación de alguna concesión en materia de comunicaciones, por el sólo hecho de ser secretario de Estado. Se pretende atraer las prácticas más lesivas del viejo régimen, tratando de empoderar a los secretarios de Estado para que éstos, por mandato del presidente, tengan mayor margen de acción en todos los sectores estratégicos del país. La historia nos ha enseñado que la acumulación de poder en un solo órgano de gobierno puede traer serias consecuencias a la hora de la toma de decisiones. El artículo 28 de la Constitución, establece en el artículo 15, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, por lo que no debería estar vinculado a ninguno de los poderes constituidos. Cabe señalar, que el Instituto es un órgano especializado en la materia, por lo que se nos hace absurdo que el secretario del ramo deba emitir una opinión técnica al otorgar una concesión y otra para el otorgamiento de prórroga, las cuales de no ser emitidas éstas en un plazo no mayor a 30 días, el Instituto continuará los trámites respectivos. El concepto de autonomía, en su estricto sentido institucional, se entiende como una forma de división de poderes. Sin embargo, con la disposición que se pretende aprobar, el Instituto pone en riesgo ese carácter, el carácter de autónomo, pues se lesiona su independencia en la toma de decisiones al estar influido por intereses políticos, lo cual pudiera afectar el adecuado funcionamiento del órgano. Por eso es que nosotros proponemos se elimine del párrafo cuarto del artículo 114 del dictamen a discusión, los órganos autónomos constitucionales, para que se elimine esta opinión, que aunque no es vinculante, nos parece que desnaturaliza la autonomía del órgano denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por lo que consideramos que se debe eliminar esta fracción y otorgarle plena autonomía. La última reserva, ciudadanos legisladores, es al 117. Es un asunto muy delicado. Este artículo refiere que en caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país, la economía nacional, el Ejecutivo federal pueda requisar las vías generales de comunicación. Que el Instituto apoye la labor técnica de la requisa, mientras subsista, que se mantengan las condiciones que la propiciaron, y que el administrador designado por el presidente de la República tenga facultades amplias para cumplir con los fines establecidos. Consideramos que aprobar este artículo en los términos del dictamen enfrenta lo que establece el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que establece este artículo la suspensión de garantías, que señala que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otra que ponga a la sociedad en grave riesgo o conflicto, solamente el presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país, o en lugar determinado, el ejercicio de los derechos y las garantías que fueran obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación que deba hacerse por un tiempo limitado. En oposición a lo establecido por la Carta Magna, este artículo no requiere la aprobación del Congreso para que el titular del Ejecutivo tenga facultades amplias en el manejo de las vías generales de comunicación, ni establece un límite de tiempo para el uso de las facultades adquiridas. Esta Cámara representa la desgracia del pueblo mexicano. La aplastante mayoría sometida a la voluntad de la élite del poder. Una minoría que alza la voz, que nunca es escuchada, justo como sucede en la vida diaria, fuera de este recinto. Se han empecinado en aprobar leyes sin moverles ni una coma, sin tomarse la molestia de revisar el contenido o la técnica legislativa. Las aprueban tal y como las envían los poderes fácticos, Presidencia de la República y los senadores que hacen comparsa con ellos, prefieren ser la burla del Senado, de la Suprema Corte cuando nos hacen correcciones o cuando con un voto se oponen a este tipo de dictámenes. El último ejemplo es esto que estamos comentando, por eso es que proponemos reformar el artículo en comento para que el Ejecutivo requiera la mayoría calificada del Congreso de la Unión para hacer uso de esta facultad, misma que deberá ser por tiempo limitado. Es, ciudadanos legisladores, simplemente otorgarle congruencia, no puede esta disposición legal secundaria reglamentaria contradecir la Constitución. Se han cometido graves desviaciones jurídicas en esta Cámara, se han aprobado leyes contrarias a la Constitución y lamentablemente se siguen cometiendo una serie de barbaridades jurídicas que no podemos dejar pasar sin siquiera discutir, comentar o deliberar, nos parece muy grave lo que sucede en esta Cámara, hemos entrado a un proceso de decadencia política y de desconfianza ciudadana. Muchas gracias.