La diputada Anabel Acosta Islas: El día de hoy hago uso de esta tribuna para hablar a favor de una propuesta fundamental para el bienestar de las y los trabajadores de nuestro país, de una propuesta que reforma el artículo 123 de nuestra Constitución y que tiene el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda digna como un derecho realmente accesible para las y los mexicanos. El derecho a la vivienda digna es un derecho humano reconocido en el artículo 4o. de la Constitución. Sin embargo, garantizar el acceso a este derecho ha sido históricamente un desafío. A lo largo de los años, los mecanismos para garantizar este derecho han cambiado, pero también ha dejado importantes vacíos, sobre todo en lo que respecta a la adecuación de los modelos de financiamiento y la cobertura del sistema de vivienda. Con la creación del Infonavit se estableció un sistema de financiamiento mediante el cual los trabajadores, a través de sus aportaciones y la de sus empleadores, pudieron acceder a créditos para la adquisición de sus viviendas. Sin embargo, durante la década de los noventa, este sistema cambió, transformándose en un modelo de financiamiento donde el Infonavit dejó de construir viviendas y delegó esta tarea al sector privado. Esto, si bien permitió una mayor participación de nuevas empresas en el mercado, también ha generado una serie de retos, que como legisladores necesitamos abordar. En el contexto actual, la crisis de vivienda es una realidad alarmante, los datos son alarmantes. El Inegi señala que existen 8.2 millones del inventario total de viviendas particulares habitadas, lo que representa el 23.3 % del inventario total. Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda, el 58 % de las viviendas presentan una necesidad urgente de construcción, ampliación o de mejoramiento y no podemos ignorar que el 24.6 % de las viviendas tienen más de 31 años de antigüedad, lo que refleja la urgencia de un cambio estructural en la política habitacional de nuestro país. Si bien es cierto que los trabajadores han tenido acceso a créditos a través del Infonavit, el modelo actual no ha logrado resolver la crisis de acceso a la vivienda digna para muchas personas trabajadoras. De hecho, más del 50 % de las personas que rentan una vivienda lo hacen porque no cuentan con los recursos suficientes para poder adquirirla. Esto significa que, a pesar de los esfuerzos, una gran parte de la población trabajadora sigue sin poder acceder a una vivienda adecuada. En este contexto, esta propuesta que hoy presentamos ante esta soberanía que busca reformar el artículo 123 de la Constitución, representa una oportunidad histórica para renovar y para fortalecer el sistema de vivienda social en México. La reforma tiene como propósito principal garantizar a las personas trabajadoras un acceso equitativo y justo para renovar y fortalecer el sistema... para renovar y fortalecer una vivienda justa a través de tres ejes fundamentales. Primero, la obligación de los empleadores a proporcionar viviendas adecuadas a sus trabajadores como parte de una responsabilidad de un Estado que promueve la justicia social. Esto es un avance que refuerza el compromiso de los gobiernos humanistas y también del sector patronal responsable socialmente de promover el bienestar de los trabajadores. Segundo, se propone que el fondo constituido con las aportaciones patronales y de los trabajadores permita acceder a un sistema de crédito barato y accesible para la adquisición o mejora de la vivienda, de esta forma el Estado asume un papel activo en la tarea de garantizar que las y los trabajadores tengan acceso a créditos suficientes para satisfacer sus necesidades habitacionales. Y, tercero, el dictamen permite que las personas trabajadores reúnan ciertas condiciones para acceder a viviendas de un arrendamiento social a través de un sistema de renta accesible, sin que la mensualidad supere el 30 % de su salario. Pero lo más importante radica en la temporalidad de arrendamiento, pues transcurridos 10 años de habitar una vivienda puede brindárseles la opción de adquirirla, si así lo desea. El derecho a la vivienda no solo es un derecho social, es un derecho económico y cultural, garantizar este derecho es garantizar una vida digna para millones de mexicanos, es asegurar su bienestar, su salud, su estabilidad y su futuro. Hoy tenemos la oportunidad, compañeros y compañeras, de contribuir a cambiar el rumbo de la política habitacional en México. Con esta reforma se responde a la demanda de millones de trabajadores que necesitan y merecen una vivienda digna y accesible. Por el bienestar de las y los trabajadores de nuestro país, mi voto y el de mi grupo parlamentario, va a ser a favor de esta reforma. Es cuanto, presidenta.