El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: La salud de la población es una de las más trascendentales responsabilidades del Estado. Las democracias constitucionales modernas, entre otras cuestiones se distinguen por los indicadores sostenidos de la salud que garantiza sus políticas públicas. El diseño de dichos instrumentos se funda en los consensos básicos a partir de legislaciones adecuadas y a través de las funciones parlamentarias de control que supervisan las acciones de las administraciones públicas a las que ésta ha confiado la salud general. Se trata de un asunto que exige la contribución de todos los niveles de gobierno y de la población misma, para que la ejecución de tales programas y acciones, permitan caminar en una dirección satisfactoria. Los sorprendentes avances científicos y tecnológicos que se conocen son insuficientes para resolver las amenazas constantes a la salud de la humanidad; la globalización ha dado cauce a positivos acontecimientos, pero también al despertar de la conciencia mundial sobre la vulnerabilidad humana, ante estas nuevas epidemias y lo más grave, ante el rezago que existen en algunas latitudes para erradicar enfermedades mutantes que se regeneran y retornan en peligrosas expansiones a todos los destinos del urbe. Los pueblos más desprotegidos son los que padecen inermes las peores consecuencias. México se encuentra en una zona intermedia de capacidades probadas para enfrentar desde las directrices de la Organización Mundial de la Salud, los riesgos probables que insensatamente se producen. En buena medida el reto mayor de la humanidad se ubica en la necesidad de remediar los desequilibrios que el progreso, a pesar de sus aportaciones, ha provocado en la salud del planeta y de sus habitantes. La salud poblacional es una condición indispensable para cruzar el complejo umbral del bienestar general. La salud pública, es reflejo de la auténtica igualdad social en una constante de oportunidades reales para construir la plataforma de acceso al desarrollo humano sustentable; el Estado debe asegurar a todos el derecho a la salud a través de servicios de calidad y una cobertura total sin obstáculos. En nuestro país, la realidad nos muestra un sector de salud en desabasto permanente. La falta de recursos financieros para satisfacer la creciente demanda de servicios y medicamentos, se traduce en una barrera infranqueable de marginación para grandes capas de la población, que tienen que enfrentar el aumento considerable de los costos asociados al deterioro de la salud. La gratuidad de los servicios de seguridad social que en teoría cubren un sector de la población, se vuelve con frecuencia una falacia ante la deficiencia estructural y procedimental que registra la atención ordinaria de estas instituciones. Se vuelve un mito la gratuidad cuando los derechohabientes deben cubrir con sus propios medios los medicamentos que se les prescriben. Nos situamos frente a un asunto pendiente que urge corregir, la administración pública tiene que contar con las herramientas jurídicas para frenar el encarecimiento artificial que se genere en el sector publico de salud; la prescripción de medicamentos patentados de muy alto costo, así como la omisión de incluir medicamentos genéricos. Existe un gran número de medicamentos genéricos que ha acreditado su bioequivalencia y su bioseguridad, demostrando su efectividad terapéutica, siendo además mucho más accesible en términos de precio unitario que los medicamentos de patente. Asimismo es fundamental fiscalizar el otorgamiento ilegal de exenciones a patentes ya vencidas, pues esto impide el aprovechamiento eficiente de medicamentos equivalentes en el cuadro básico de medicamentos e insumos; mientras no se corrijan todas las ineficiencias y se aseguren licitaciones públicas transparentes, no será posible alcanzar el nivel necesario de financiamiento público óptimo para el sector salud. Por ello proponemos que el sistema nacional de salud tenga dentro de sus objetivos, el asegurar a la población el acceso a medicamentos, fármacos y material de curación y rehabilitación a través de medidas y programas que permitan establecer precios y costos accesibles a toda la población; fomentar la inclusión de médicamente genéricos en el cuadro básico del sector salud, así como que sea indefectible para el personal médico de la correspondiente prescripción de estos medicamentos para su venta. Que la Secretaría de Salud, los estados y el Distrito Federal, promuevan las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de las administraciones públicas, tanto federal como local, provean medicamentos genéricos; disponer que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites a los precios de medicamentos, así como a desarrollar mecanismos y programas con objeto de garantizar que la población más desprotegida tenga acceso a los medicamentos. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta H. Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman y adicional diversas disposiciones a las Leyes Generales de Salud y Federal de Propiedad Industrial. Es cuanto, señor Presidente.