La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es evidente que ningún acto ilícito debe generar beneficios a favor de sus ejecutores. Por esta razón aplaudimos la emisión del presente dictamen y felicitamos a la proponente de la iniciativa, a la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales. Como se ha señalado, este dictamen consiste en modificar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obra Pública, a fin de no darle beneficio a persona alguna, ya sea particulares o servidores públicos, que atenten contra la hacienda pública, de modo tal que la llamada responsabilidad resarcitoria sea efectiva, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o laborales que pudieran llegar a concluir. La responsabilidad resarcitoria era en la mayoría de los casos la mejor que le pudiera ocurrir al transgresor de la norma, pues entre otras circunstancias solamente estaba obligado a restituir lo que extraía, incluso podía celebrar un convenio para ello, sin embargo pocos reparábamos en la posibilidad de que muchas veces de lo extraído se constituían negocios o actos indebidos de donde podrían y de hecho emergieron fuentes de riqueza irregulares, como los llamados pagos de renta, mordidas, etcétera. De igual manera, a quien ofendía al erario en varias ocasiones se le permitió prestar servicios a la federación aunque no hubiera devuelto el monto a restituir, circunstancia que además de indebida se encuadraba en lo absurdo. En cambio, de aprobarse el dictamen en discusión, esto ya no podrá ser, pues habrá un mandato expreso para ello en el artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Pero además se obligará en el caso de los contratos a cesar de inmediato y serán los infractores calificados como inhabilitados. También se establece como obligación del servidor público no contratar a nadie que haya sido sancionado por la Auditoría Superior de la Federación para ocupar algún cargo o empleo de la federación. Esto último plasmándolo en la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Por último, dentro del contexto de las obras públicas y las adquisiciones se determina que todo aquel sancionado por la Auditoría Superior de la Federación, a causa de una responsabilidad resarcitoria, no podrá ser considerado en los procesos de selección, es decir no ofertará sus productos o servicios haciendo de este modo un proceso de selección de contratantes mucho más coherente a nuestro orden jurídico, ya que de ninguna forma se podrá concebir que se haya atentado en contra del patrimonio público, y además dejar en virtud de este acto indebido a un contratista o bien sea el mismo el adjudicado. Por considerar inherentemente positivo este cambio es que mi partido, el Partido Verde Ecologista de México votará favorablemente, sabiendo que reformas a nuestro marco jurídico como éstas son las que requerimos para combatir a la corrupción, extinguir el proceder indebido de los servidores y dar una mayor y mejor rendición de cuentas a los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.