La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, el dictamen que hoy ponen a nuestra consideración las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Gobernación busca reafirmar el compromiso del Estado mexicano con el reconocimiento y protección del derecho de toda persona a migrar, particularmente de quienes son menores de 18 años y que se encuentran, generalmente, de modo temporal en nuestro territorio. Se trata de no hacer distinción alguna en el trato que se da a los menores migrantes, los cuales deben ser atendidos y sus derechos salvaguardados, igual que cualquier niña o niño mexicano. Lo anterior es de la mayor relevancia, porque el número de niñas y niños que transitan por nuestro territorio, solos o acompañados, principalmente con destino hacia Estados Unidos, ha ido en aumento en la última década, registrándose dramáticos casos de menores de apenas cinco años. No perdamos de vista que las niñas y niños que de manera irregular emprendan la travesía hacia un país distinto al suyo lo hacen porque tienen el sueño de encontrar mejores condiciones de vida. Recordemos que en muchos casos se trata de personas que huyen de la pobreza, de la falta de oportunidades y de la violencia que azota a sus países de origen. Además, la mayoría de ellos tiene la esperanza de reencontrarse en el país de destino final con alguien de su familia. Ahí tenemos el ejemplo de miles de niñas y niños centroamericanos que, para llegar a la frontera con Estados Unidos, viajan por semanas enteras e incluso meses. El viaje está lleno de peligros y se han documentado desgarradoras experiencias que incluyen toda clase de abusos, extorsiones, violaciones, violencia física, secuestros, mutilaciones, prostitución, a ser obligados a transportar drogas e incluso a ser asesinados. No obstante los riesgos que implica esta migración, sigue dándose el fenómeno de menores que viajan solos, en indefensión y expuestos a peligros de todo tipo. De esa magnitud es la necesidad de escapar de las condiciones de pobreza, violencia y desesperanza que viven en sus lugares de origen. Frente a este panorama, la autoridad debe de poner especial atención en las circunstancias en que los menores migrantes no acompañados pueden encontrarse en su intento por llegar al destino final, pues están expuestos a una situación de extrema vulnerabilidad, la cual implica un alto riesgo de que sus derechos sean quebrantados y nosotros tenemos la responsabilidad de evitarlo. La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada desde la declaratoria de Ginebra de 1924, donde los derechos del niño y la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, la cual es reconocida en diversos instrumentos internacionales interesados en garantizar el bienestar de los menores. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados especiales proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia. En este marco de protección especial a la cual tienen derecho los menores, actuar en función del interés superior de la niñez, como propone establecerlo el dictamen que esta a discusión, adquiere gran importancia para su adecuada salvaguarda. La armonización de la Ley de Migración y de la Ley de Refugiados en materia de infancia migrante con lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es fundamental para garantizar que ningún menos sea detenido de manera arbitraria en alguna de las estaciones migratorias con las que cuenta nuestro país. Con la reforma propuesta quedará claro en la ley, que cuando se trata de un niño que no es mexicano, tiene que ser atendido por el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, no por el Instituto Nacional de Migración. Además, se establece con precisión que los menores migrantes de ninguna manera, aún cuando vayan acompañados, pueden estar en el mismo lugar donde las personas adultas se encuentran, porque eso también conlleva una situación de riesgo. Con esto, se atienden las recomendaciones internacionales relativas a la no privación de la libertad de menores por motivos migratorios, asumiendo que las determinaciones sobre la prevalencia del interés superior de la niñez deben recaer en una autoridad diferente a la migratoria. Es por lo anterior, que votaremos a favor de la aprobación del dictamen, pues no se debe escatimar esfuerzo alguno cuando se trata de proteger a las niñas, niños y adolescentes. Abandonar a los menores, independientemente de su nacionalidad y su situación migratoria, no solo es cruel, sino que ensombrece el futuro de la humanidad entera. Es cuanto, muchas gracias.