El diputado José Enrique Doger Guerrero: Señor presidente, con su venia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI hemos subrayado, con énfasis, la importancia del papel del Estado como promotor y garante del ejercicio del derecho a la salud. Realce que, desde luego, es necesario, pero que quizá es insuficiente para apreciar, en toda su dimensión, la importancia de los asuntos que hoy discutimos. Pensemos en algunos de los derechos que integran el conjunto de garantías que reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Por ejemplo, de igualdad ante la ley, de libertad personal, del trabajo, de imprenta, de tránsito y residencia, o bien, en el conjunto específico de los llamados derechos sociales, tales como, el derecho a la educación, a la seguridad social, a un medio ambiente adecuado, a la vivienda, etcétera. Entre éstos, quizá ninguno como el derecho a la salud cumple a cabalidad el rasgo esencial que lo define como derecho humano, que es el de ser una condición básica para la realización de la persona, tal vez, incluso, sea más apropiado decir que se trata de una condición indispensable, ir a la escuela, trabajar, caminar libremente, contar con recursos para el esparcimiento y la recreación, etcétera, son posibilidades sobre las que el derecho a la salud tiene un impacto determinante. En los últimos 15 años avanzamos, efectivamente, en la construcción del andamiaje normativo e institucional, para transitar de una situación, en que si bien existió un importante aparato de servicios públicos de salud, la cobertura estaba dirigida de manera casi exclusiva a la población asalariada, quedando fuera de ella un importante número de personas y que generaba con ello un condicionamiento incompatible con un Estado social de derechos. De acuerdo con estimaciones del Coneval, pasamos de un porcentaje de 58.6 de población con carencia por acceso a los servicios de salud en el 2000, a 51.4 en 2005, 33.3 en 2010 y 21.5 por ciento en 2012, lo cual equivale a 25.3 millones de mexicanos. En 2003, que se aprobó la creación del Sistema de Protección Social en Salud, conocido mejor como Seguro Popular, como un mecanismo por medio del cual el gobierno, a través de un sistema coordinado que incorpora sus tres niveles, garantiza el acceso oportuno de calidad y sin discriminación a los servicios para atender las necesidades de salud de sus afiliados. En los años recientes se han emprendido las revisiones necesarias para el mejoramiento de dicho sistema en cuanto a su cobertura, servicios que presta, esquemas de financiamiento, etcétera. Tomando en cuenta que como señala el propio Coneval, entre 2008 y 20011, la carencia por acceso a los servicios de salud disminuyo considerablemente, lo cual se debió, principalmente, al incremento en la afiliación del Seguro Popular. Es cierto también, que la calidad y disponibilidad son aún insuficientes para que la población ejerza plenamente su derecho a la protección a la salud, por lo cual el trabajo, en este sentido, cobra la mayor relevancia. La reforma que discutimos en esta ocasión no es menor, impacta de manera profunda el diseño del sistema, con el fin de generar dispositivos para que su funcionamiento pueda ser supervisado, controlado y fiscalizado de manera más eficiente, logrando con ello que sus beneficios sean más efectivos frente a la población. Es de reconocerse el trabajo realizado por la Colegisladora para abonar, a fin de contar con un instrumento regulatorio que siente las bases para dar mayor eficiencia en los servicios estatales de salud. Para que los recursos que se transfieran a los sistemas de protección social en salud de los estados se utilicen de la mejor manera para la adecuada separación de funciones y el fortalecimiento de los mecanismos de información y los marcos de rendición de cuentas. Conviene señalar que fue la fracción parlamentaria del PRI que propuso que se aumentaran las penas, con el fin de que los desvíos en el recurso del seguro popular no dieran lugar a mayor impunidad. Evitar duplicidades funcionales, lograr que los recursos sean destinados a los fines que son dispuestos. Sancionar con mayor severidad las faltas a este respecto y crear mecanismos para que los recursos lleguen con oportunidad son objetivos de la mayor relevancia en términos de la buena gestión administrativa y resultan doblemente relevantes al tratarse del aparato encargado de atender la salud de los mexicanos. Por ello, estamos seguros que todos los representantes populares y particularmente las diputadas y los diputados del PRI buscamos una mayor transparencia en el ejercicio de los recursos de salud. Hacer más eficientes los recursos para el abasto de medicamentos e insumos y que la atención médica sea permanente y con calidad y con calidez. Por ello, compañeras y compañeros diputados, reiteramos los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del PRI, el voto a favor del derecho a la salud y a una atención a la salud con calidad y calidez. Muchas gracias.