LA DIP. MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, otorga a todos los individuos el derecho a la protección de la salud, garantía que implica no sólo el acceso a los servicios de atención médica, sino que también incluye la protección de la sociedad contra riesgos a la salud, que pueden ser ocasionados por el uso, entre otros, de medicamentos que carecen de seguridad, calidad y eficacia en su elaboración o fabricación, atribución que compete a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). El objetivo básico y central del uso de fármacos es modificar el curso natural de la enfermedad disminuyendo la mortalidad de la población. Se debe enfatizar que la calidad y eficacia del medicamento, es la base fundamental para evitar que se desencadenen alteraciones en la patología existente que pongan en riesgo la vida del paciente. Es por ello que la administración de un fármaco apropiado en cuanto a su efectividad es trascendental para mantener la salud de los individuos. El emplear fármacos que no cuentan con los parámetros que garantizan esta acción; el estado de salud del paciente se agrava súbitamente aumentando días de recuperación, disminuyendo su capacidad productiva y aunque el medicamento sea más económico, el deterioro del núcleo familiar se ve afectado, pues las enfermedades no tratadas correctamente son causa de tratamiento intra hospitalario, lo que origina un daño económico y el deterioro del paciente. La Ley General de Salud en su título 12º, referente al control sanitario de productos y servicios de su importación y exportación, contiene disposiciones que establecen que el proceso de los productos deberá realizarse en condiciones higiénicas sin adulteración, contaminación o alteración, de conformidad con las disposiciones de dicho ordenamiento y demás disposiciones aplicables. El artículo 257 de la Ley General de Salud contiene un catálogo mediante el cual se clasifican los establecimientos que se destinan al proceso de los productos, incluyendo su importación y exportación. Por disposición expresa del artículo 260 del ordenamiento citado, los responsables sanitarios de los establecimientos mencionados deberán ser profesionales con título registrado por las autoridades educativas competentes y deberán cubrir ciertos requisitos dependiendo de la clase de establecimiento de que se trate, de acuerdo con la clasificación a que se refiere el ya citado artículo 257. La Ley General de Salud en su artículo 464 señala que a quien adultere, contamine, altere o permita la adulteración, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, medicamentos o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con inminente peligro para la salud, se le aplicará de 1 a 9 años de prisión y una multa equivalente de 100 a 1000 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Consideraciones. Que como ha quedado expuesto en los antecedentes de este documento, la legislación sanitaria en vigor contempla los casos en que debe considerarse que un determinado producto resulta alterado o adulterado, no así la hipótesis de la falsificación y su correspondiente tipificación como ilícito penal. Que debe distinguirse entre un acto de alteración y uno de estricta falsificación para los efectos de prever normativamente todos los supuestos cuya concreción pueda derivar en un atentado a la salvaguarda de la salud del público consumidor. Que el acto de falsificación en sentido amplio, puede comprender tanto la variante estricta de alteración como la propiamente dicha de falsear ciertos elementos externos a la sustancia, producto o materia que altere el continente de ellos, constituye factores de imitación que llegan al engaño hacia el público consumidor. Que en consecuencia de lo expuesto en el párrafo precedente, se tiene que la alteración estrictamente dicha ya está prevista en las disposiciones vigentes y de darse existente las previsiones normativas para que las autoridades competentes actúen en consecuencia por lo que hace a la falsificación, la presente iniciativa pretende proponer la descripción de las conductas que habrán de considerarse como falsificación. En virtud de lo anterior, esta iniciativa propone adicionar un artículo 208 Bis a la Ley General de Salud para prever la definición de lo que debe entenderse por falsificación, entendiéndose como tal cuando el envase o la etiqueta que sin autorización lleva la marca registrada, el nombre comercial o cualquier otra marca de identificación, el impreso, el emblema o cualquier parecido de los mismos, de un fabricante de medicamentos, procesador, empacador o distribuir distinto a la persona o a las personas que de hecho fabricaron, procesaron, empacaron o distribuyeron ese medicamento, y que en forma falsa pretenden o representa ser el producto, o que fue empacado o distribuido por otro fabricante, procesador, empacador o distribuidor de medicamentos. Adiciona una fracción VII al artículo 260 del ordenamiento citado, para señalar que deberán contar con el libro de control autorizado por la Secretaría y firmado por el responsable sanitario, el que incluirá, según sea el caso, el nombre del medicamento, número de lote y la procedencia, facultando a la Secretaría de Salud para realizar verificaciones respecto a los datos declarados. Que a fin de hacer coherentes las adiciones anteriores, mediante la cual se tipifique como delito grave la falsificación de medicamentos o materias primas, se deberá prever la conducta de falsificación en el texto del artículo 464 de la Ley General de Salud. Que finalmente la iniciativa propone adicionar un artículo 10º transitorio a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a efecto de contemplar la determinación del Congreso de la Unión para que en las disposiciones reglamentarias se prevea la constitución de una unidad especializada de investigaciones de delitos sanitarios, en virtud de que la fundamental importancia que el Estado debe dar a la persecución de este tipo de ilícitos penales, cuya comisión atenta gravemente contra la salud. El segundo párrafo del artículo 13 de dicha Ley Orgánica, permite crear este tipo de unidades especializadas, precisamente por género de delitos como sin lugar a dudas lo son los delitos sanitarios. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar lo siguiente: Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 208 Bis y la fracción VII del artículo 260 y se reforma el artículo 464, todos de la Ley General de Salud, se adiciona una fracción XV al artículo194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona un artículo X transitorio a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Artículo Primero.- Se adiciona el artículo 208 Bis y se reforma el artículo 464. Artículo 208 Bis.- Incurre falsificación de un medicamento: 1° El que a sabiendo produzca, almacene o distribuya productas que imiten un original legalmente formulado y registrado. 2° El que a sabiendas elabore, almacene o distribuya recipientes o artículos que presenten imágenes, características o elementos que se hagan aparecer como originales de otros productos que contengan medicamentos formulados y registrados legalmente. 3° El que a sabiendas marque con sellos, leyendas, emblemas o de cualquier otra forma, productos, envases, cajas, paquetes, recipientes y en general artículos haciendo parecer que son medicamentos o mercancía que los contiene, pretendiendo o representando ser los originalmente, legalmente elaborados y registrados, o 4° El que a sabiendas permita cualquiera de las conductas establecidas en las fracciones anteriores. Artículo 260.- Los responsables sanitarios de los establecimientos a que se refiere el artículo 257 de esta ley, deberán ser profesionales con título registrado por las autoridades educativas competentes, de acuerdo con los siguientes requisitos del 1 al 6. Séptimo.- En los establecimientos señalados en las fracciones VI, IX, X, deberán contar con el libro de control autorizado por la Secretaría y firmado por el responsable sanitario, el que incluirá, según sea el caso, los siguientes datos: el nombre del medicamento, el número de lote y la procedencia. La Secretaría podrá verificar a través de visita los datos declarados, los cuales quedarán asentados en el libro del control correspondiente. Artículo 464.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se menciona a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas: 1° Quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, para uso, consumo humano, o fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señale esta ley, se le aplicará de una a nueve años de prisión y multa equivalente a 100 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. 2° Quien falsifique, adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, se le aplicará de 1 a 5 años de prisión y multa equivalentes a 50 mil días de salario mínimo general de la zona económica de que se trate. 3° Quien venda u ofrezca en venta comercio distribuya medicamentos o fármacos, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar o de cualquier forma intervenga, en el proceso de comercialización o distribución en el transporte, a sabiendas de que son falsificados o alterados o adulterados, o bien a sabiendas de que los materiales y sus leyendas, información que contengan con números clave la identificación...