El diputado Juan Angel Bautista Bravo: Honorable asamblea, la corrupción es un flagelo que afecta a México a pesar de los grandes y notables esfuerzos que la cuarta transformación ha hecho para erradicarla. El cáncer de la corrupción constituye un complejo fenómeno que penetra a las instituciones públicas, se desdobla en diferentes delitos, inhibe el desarrollo nacional, disminuye la confianza de la sociedad e impacta negativamente en la democracia. La corrupción ahuyenta las inversiones, genera pobreza y ensancha la brecha de la desigualdad, arrebatándole al pueblo todas las oportunidades de bienestar. Por eso es que esta Cámara debe actuar en consecuencia, ya que fortalecer la cultura de legalidad y las políticas de anticorrupción es una tarea que debemos asumir con responsabilidad. De ahí que el Grupo Parlamentario de Morena se congratula de que nos encontremos discutiendo este dictamen, una propuesta que busca contribuir a la consolidación de un nuevo régimen, en la que la corrupción se combata sin tegua y de raíz en todos los espacios públicos. En este contexto, hay que decir que un avance fundamental reconocido internacionalmente fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Un sistema que constituye un espacio de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Su instauración aparejó la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en junio de 2017, que modificó el régimen disciplinario al que se sujetan las y los servidores públicos. Esta ley es pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, distribuir competencias entre los distintos órdenes de gobierno para definir las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, así ateniendo cabalmente su mandato y sin distinción alguna, la cuarta transformación ha cumplido con su compromiso fundamental. Por ello, el 1o. de septiembre de 2021 al 30 de 2022 la Secretaría de la Función Pública impuso 2 mil 917 sanciones administrativas disciplinarias a 2 mil 552 servidores públicos, la unidad de asuntos jurídicos de la misma dependencia presentó 79 denuncias ante la Fiscalía General de la República por la posible comisión del delito cometidos por personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la ley no cuenta con preceptos normativos que permitan inhibir la existencia de redes de corrupción en la que participen las y los servidores públicos para su beneficio personal y patrimonial. De ahí que impere prevenir y erradicar, a través de los cambios legislativos, la creación de estas redes en el seno de las instituciones gubernamentales. Morena votará a favor del dictamen de la transparencia y de la rendición de cuentas. A favor, porque es un dictamen responsable que traerá importantes beneficios a la hacienda pública y contribuirá al bienestar del pueblo de México. Su propósito es combatir las formas asociativas de corrupción entre personas servidoras públicas o entre éstas y los particulares que deterioran el servicio público, socavan el patrimonio de México y dan paso a la impunidad. Las reformas propuestas se sumarán a los esfuerzos institucionales para propiciar el sano ejercicio del servicio público en beneficio de la sociedad. El gobierno de la cuarta transformación combate frontalmente las causas y efectos de la corrupción para consolidar el Estado de derecho y la democracia. Si queremos alcanzar la justicia social y la prosperidad del pueblo de México, entonces debemos tener cero tolerancia a la corrupción y tolerancia cero a los delitos cometidos por García Luna. Y por supuesto que Calderón sí sabía. Ese cuanto.