El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: me permito formular las reservas a los artículos 11, 71, 73, 74, 77 y 156 que corresponden al tema modelo abierto de México y tarifas eléctricas y ocupación temporal de tierras de la industria eléctrica. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecía que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. Sin embargo, con las reformas llamadas estructurales se han trastocado las normas incluso fundamentales que rigen a nuestro país, contradiciendo cada uno de los principios establecidos, reitero, en nuestra misma Carta Magna. Es cierto que el sector eléctrico necesita un cambio y una regeneración, pero no podemos permitir que se haga en perjuicio de las y los mexicanos, ya que sus objetivos son respaldar a todas aquellas empresas particulares y extranjeras que quieran invertir en nuestro país sin límite alguno, teniendo como consecuencia la expropiación de tierras prácticamente, a través de acciones que a todas luces resultan ser inconstitucionales. Este dictamen que expide la Ley de Inversión Extranjera trae consigo la legalización del despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas de sus bienes, tierras y territorios en las áreas en donde haya yacimiento de petróleo, gas e instalaciones eléctricas, como quedó de manifiesto el mismo día de ayer. A partir de ahora, ejidatarios y comuneros deberán entregar sus tierras a empresas petroleras y eléctricas extranjeras, ya que al no hacerlo, se les quitarán de manera acelerada. De ser propietarios y poseedores de sus territorios se convertirán en una especie de vasallos al servicio de empresas transnacionales. Y para muestra tenemos el artículo 73 del presente dictamen, el cual manifiesta que la contraprestación por el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, será negociada entre los propietarios poseedores o titulares de los inmuebles, predios, terrenos, bienes o derechos de que se trate, y los interesados, sin contar con la tutela de parte del Estado al representar una clase por demás vulnerable. Con las reformas constitucionales y en materia energética, México quedará afectado, dejando pozos petroleros vacíos, tierras estériles, ecosistemas dañados y completamente contaminados, el alza de los precios de cada uno de los energéticos, y por si fuera poco, el despojo de tierras a los ejidatarios comuneros, entre otros. Si hubiésemos utilizado nuestro petróleo al 100 por ciento, la historia del país sería distinta. Sin embargo, con la participación del capital privado y extranjero, estamos dejando a la deriva a nuestras ciudadanas y ciudadanos, ya que no sólo podrán extraer nuestro petróleo sin ningún tipo de límites, sino que además estas empresas también contarán con atribuciones para comprar predios agropecuarios ante lo que los productores encuentran en gran incertidumbre e, incluso, diría en el desamparo. La tierra se tiene prevista como una de las grandes apuestas de este gobierno para la explotación y exploración del gas lutitas. Eso significa una exploración masiva; es decir, miles de pozos en grandes extensiones de terreno, lo que significa su apropiación. La ocupación de tierras es sin duda algún un golpe duro para quienes estén en esa situación, porque además de que no hay una certeza de un pago justo, dejarán de producir y de nada les servirá el poco dinero que van a recibir por sus tierras. Esta ley permite, incluso, que en las zonas donde existan terrenos dedicados al uso agrícola o ganadero, en donde puede haber gas o petróleo, o simplemente que sean útiles para las empresas trasnacionales, estas puedan apoderarse de ellas. Se está dando preferencia a una actividad económica sobre cualquier otra, dejando de lado las actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, sociales o culturales, entrando en contradicción, inclusive, como lo hemos señalado con normas constitucionales. Las reservas que presentamos se refieren en el artículo 11 a establecer y vigilar en los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales y acciones. El 71 relativo a establecer la procedencia, la ocupación o afectación superficial, o la constitución de servidumbres necesarias para la realización de las actividades de la industria eléctrica conforme a las disposiciones aplicables, el cual la presente reserva pretende, inclusive, su eliminación. Por lo que respecta al artículo 73, consagra los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios por parte de sus propietarios o titulares; el 74 señala la descripción del procedimiento a seguir por los propietarios o titulares del terreno en cuestión, así como por parte de las instituciones que resultan ser involucradas, lo cual incorpora la práctica de avalúos por instituciones facultadas para ello en el artículo 77 y finalmente, en forma por demás increíble, se establece de oficio por parte del Estado la obligación con la salvedad de los casos de guerra o conflicto armado, en casos internacionales se indemnizará a los afectados por los daños y perjuicios que en casos de fenómenos, por ejemplo, natural sean ocasionados a sus bienes. En este orden de ideas someto pues, compañeras y compañeros, a su consideración estas reformas, a efecto de que sean eliminados estos preceptos. Es cuanto, compañeras y compañeros.