El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, diputado presidente. Saludo a los ex braceros zacatecanos que hoy están aquí, en este Congreso, pidiendo a la Comisión de Presupuesto dictamine 5 mil 300 millones para terminar con esta injusticia y vergüenza nacional. El suscrito Samuel Herrera Chávez, diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Revolución Mexicana propuso desde sus inicios el respeto al sufragio como uno de los postulados esenciales a fin de establecer el voto directo y superar las prácticas electorales irregulares como en 2006 y las que caracterizaron aquella época. La concesión democrática, el movimiento social iniciado en 1910, trascendió el ámbito de lo político para proyectarse a todas las relaciones sociales tal como quedó plasmado en la Constitución Federal de 1917. En el tránsito hacia la democracia, el Estado mexicano no ha podido garantizar las prerrogativas fundamentales de la participación ciudadana y los organismos constitucionales electorales, ha demeritado su credibilidad ante la ciudadanía. Durante largos periodos las estructuras encargadas de la organización de los comicios encaminados a la renovación de los poderes estatales permanecen inactivas, convirtiéndose en burocracias administrativas para la economía del país. No obstante lo anterior el Instituto Federal Electoral se ha considerado como una de las instituciones con mayor aceptación en materia de organización de elecciones. En la pasada reforma electoral se modificaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las constituciones locales y de las entidades federativas y las leyes electorales, tal como constituir al Instituto Federal como autoridad única para administrar el tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión; que los partidos políticos tengan derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social; que las autoridades electorales, amnistías y jurisdiccionales, sólo pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establece la Constitución y las leyes aplicables. Nuevas normas en materia de fiscalización de los recursos ejercidos por los partidos políticos, la regulación de las precampañas electorales, las restricciones a la propaganda gubernamental durante campañas electorales, así como la discusión de un nuevo régimen sancionador electoral. Sin duda al constituir y al crear el Instituto Nacional de Elecciones como el organizador de los procesos electorales en los ámbitos federal, estatal y municipal para alcanzar a través de éste el propósito fundamental de nuestra Constitución: elecciones libres y democráticas, consecuentemente se debe otorgar al sufragio la categoría de bien jurídico, tutelado por medio del cual el proceso electoral debe plantearse como el objetivo principal que proteja y garantice el respeto al voto. Ésta es la imparcialidad, la legalidad, la certeza, la independencia y la objetividad, como principios rectores de la función electoral en todo el país, con una sola autoridad, que esté sujeta a diversos instrumentos de control legal y al escrutinio transparente de toda la ciudadanía. Al crear el Instituto Nacional de Elecciones como una respuesta a las exigencias ciudadanas, de contar con una institución electoral imparcial, debe brindar plena certeza de transparencia y legalidad a los partidos en contienda y a los ciudadanos en general, permitiendo la democratización del país y erradicando la desconfianza y sospecha que rodea a los procesos electorales, sobre todo a nivel local y en el país. Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en los siguientes términos: Artículo único. Se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de una nueva forma jurídica, que será el Instituto Nacional de Elecciones en el país, lo cual dará certeza y confianza a las elecciones próximas de 2011 y 2012. Con el objeto de obviar la lectura de las reformas propuestas, mismas que han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Presidencia se inserte completo el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Invito a los diputados de las distintas fracciones, se puedan adherir a la presente iniciativa. Muchas gracias.