El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y ciudadanas legisladoras, éste es un punto de acuerdo que he planteado que sea tramitado de obvia o urgente resolución. Contiene un asunto de justicia social. Por cierto, agradezco al Partido del Trabajo que me haya cedido el turno de la obvia o urgente resolución. Les correspondía a ellos y me cedieron el turno para presentarlo. Espero que mañana nos concedan el turno para presentar otro relativo a esta información que ha surgido de Mony de Swaan y De la Sota, que son asuntos de gran corrupción en el país. Pero déjenme platicarles de qué es este asunto que hoy estamos planteando. Como ustedes saben, en la última década, un poco más de los últimos 10 años, el Estado mexicano ha sido marcado por una ola de violencia. Pero además, aunado a la violencia, la sangre, el miedo que continúa expandiéndose por todo el territorio nacional como consecuencia inmediata de la pésima estrategia de seguridad que se ha implementado desde hace varios años. Por esa razón en algunas regiones del país, como Chiapas, Guerrero y Michoacán, sobre todo en Guerrero, se ha venido desatando una violencia contra dirigentes sociales. A raíz de las concesiones mineras, grupos del gobierno o escuadrones militares han estado presionando a grupos sociales, a dirigentes sociales. El clima de inseguridad que se vive en el país y en esta región de Guerrero es inadmisible. Tan es así que hay presos que nosotros estimamos son presos de conciencia, presos políticos, hombres y mujeres que, siendo dirigentes de sus comunidades, están siendo procesados fuera de su domicilio por delitos como el terrorismo y otros que, lamentablemente, los encuadran, los tipifican para someter a proceso a estos dirigentes. Esto es lo que está sucediendo en Guerrero. Ustedes saben que en Guerrero hay una ley que regula la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, esta ley fue aprobada por el Congreso y tiene que ver con esta institución popular autónoma y voluntaria de control territorial, de vigilancia y administración comunitaria y de justicia en escala regional. Esta ley tiene más de 18 años, actualmente la CRAC aglutina aproximadamente 20 mil habitantes de diversas comunidades y este tipo de organizaciones son por usos y costumbres y surgen por la necesidad de agruparse, defender sus intereses, defender a la comunidad. A últimas fechas, en los últimos meses, estas comunidades y estas organizaciones han sufrido la persecución, el hostigamiento, la violencia, y yo creo que es justo que planteemos el que se investigue lo que está pasando en Guerrero, lo que está pasando con este tipo de organizaciones. Por cierto, agradezco la disposición del Grupo Parlamentario del PRI, porque me han ofrecido votar a favor si modificábamos tres puntos. Los he modificado, para efecto de que no quede impune el asunto de impartir justicia a estas comunidades y a estas organizaciones. He modificado el artículo 3o., en donde se establecía un exhorto a la Secretaría de Gobernación para revisar el carácter de presos políticos, de un grupo de personas que nosotros así los consideramos, pero he modificado para que se revise el estatus jurídico de estas personas que son, entre otros, Néstora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morelos Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximiano, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González, Ángel David Chonita Molina, y que actualmente algunos de ellos están sometidos a proceso. ¿Qué es lo que estamos planteando? Por cierto también, el diputado Carlos de Jesús Alejandro también ha planteado aprobar este punto de acuerdo, si nosotros agregamos un punto o sustituimos un punto, que es el primero, para quedar como sigue. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en uso de sus facultades inicie una investigación exhaustiva por presuntas violaciones a los derechos humanos en los procesados que ya referí y que me parece correcto este agregado que dejo en la Secretaría para su incorporación y para también tener el voto favorable del PRD. El punto cuarto, señala que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero, para que cese el clima de violencia de persecución contra comunidades y organizaciones en este territorio y que se privilegie el diálogo y los acuerdos planteados en las mesas de negociación, los días 20 de marzo y 19 de agosto de 2013. Es decir, se solicita lo más elemental, por eso es que modificamos los puntos de acuerdo para lograr la unanimidad. Yo deseo que el Partido Acción Nacional también se sume, ayer lo planteamos con sus coordinadores, con sus representantes y ayer se obsequió el que hoy se tratara este asunto como de obvia y urgente resolución. Como ven, también en el punto quinto, en donde nosotros exhortábamos al gobierno federal, hemos modificado también ese punto para que el gobierno del estado de Guerrero, en el marco de sus competencias pueda generar estas condiciones de diálogo, de equilibrio y cese de violencia y de persecución contra las comunidades. Como ven, hemos dado paso a intentar este acuerdo porque es de justicia. Miren, la gente de Tixtla, donde estuve hace unos días, vive con temor, con terror, con un hostigamiento y una persecución creciente por los gobiernos. Merecen ser atendidos, nadie los escucha. Lo único que planteo termino, presidente lo único que planteo son asuntos de elemental justicia para ellos, de investigación profunda, porque nosotros sostenemos que son presos políticos y sostenemos que se han violado, en su contra, los derechos humanos más elementales. Pero además, son indígenas, dirigentes campesinos de los más pobres que hay en el país. Por eso elevamos la voz, para poder generar condiciones de equilibrio en esta Cámara y poder solicitar la investigación profunda en estos casos de injusticia social. Muchas gracias, presidente.