La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con el permiso de la Presidencia, me voy a permitir resumir en una sola intervención las dos reservas de la que he solicitado mi intervención. Presento esta reserva a nombre del Partido Acción Nacional, al artículo 2o., fracción VIII Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada dentro del dictamen que nos ocupa. En este sentido, nosotros proponemos que para que esta conducta proceda como delincuencia organizada sean necesarios dos elementos. Como lo dice el dictamen, cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y siempre que se presente la calificación prevista en el inciso i) del citado artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Esto es que para poder tomar esta conducta como un delito de los que se persigan por delincuencia organizada, deberán ser delitos calificados cuando se asemeje o supere la cantidad citada en el párrafo anterior, de 7 millones 804 230 pesos y siempre que se utilicen o expidan comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Es prudente establecer que se debe declarar como un delito grave cuando cumpla con la calificación mencionada, esto, en principio, para poder equipararla con actos de delincuencia organizada, como lo establece el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Debemos privilegiar y respetar la presunción de inocencia y no dejar el dictamen como está, con una incriminación de manera anticipada y prejuzgar sin tener elementos para ello. Se debe investigar, procesar y en su caso condenar, a quien actúe con dolo y una verdadera intención de defraudar al fisco, y no a quien, por un error de terceros colaboradores como pueden ser los encargados de la contabilidad de personas físicas y morales, afecten las operaciones y finanzas de ciudadanos y empresas honorables, que de buena fe todos los días trabajan generando empleos y prosperidad a las familias mexicanas. Apoyemos al sector empresarial, hagamos puentes para mejorar las condiciones económicas del país. Busquemos también castigar a los verdaderos responsables y no tratar de obtener una recaudación fiscal a través de procedimientos penales sin sentido. El fracaso en la recaudación fiscal es solamente eso, la imposibilidad de cobrar impuestos. No malinterpretemos esto generando conflictos donde no los hay, tipifiquemos el delito como de delincuencia organizada solo cuando se acredite la calificación del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, como lo he explicado, y sea tomado en cuenta como conductas graves donde quede firme la intención lasciva, permanente y reiterada de las personas que lo cometan. No comparemos al sistema empresarial mexicano en sus diversas modalidades y vertientes con vulgares delincuentes y querer aplicarles prisión preventiva oficiosa sin ningún sustento legal. Para eso están los delitos contemplados en el artículo 19 constitucional. Tengamos en cuenta que las empresas fraudulentas, las empresas fantasmas, etcétera, son empresas que no tienen fines lícitos, no cuentan con domicilios fiscales reales ni patrimonio ni personal en ellas; todo lo contrario, a las empresas legalmente constituidas con fines lícitos, domicilios fiscales reales, personal y patrimonios verdaderos. Seamos un Congreso responsable, apoyemos a quienes generan riqueza y prosperidad en nuestro país. Es cierto, debemos combatir la defraudación fiscal, pero no a costa de dañar a quienes trabajan responsablemente bajo el manto de la formalidad y compromiso con México. Es cuanto, diputada presidenta.