El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Las disposiciones del acta de empleo legal y justo son de carácter eminentemente discriminatorio, ya que lejos de regular la estancia y el trabajo de los inmigrantes excluye a una fuerza de trabajo importante para el estado de Arizona. Las empresas tendrán que decidir entre despedir a inmigrantes, mudar operaciones a México o congelar sus planes de expansión, después de la promulgación de la nueva legislación. El Colegio de la Frontera Norte estima que la aplicación de la normatividad traerá consigo una gran inestabilidad en Arizona y obviamente en la zona fronteriza con México, y afectará en mayor medida a la pequeña y mediana industria. Las dos principales actividades que se verán afectadas por la legislación en Arizona son la actividad agrícola y la construcción que dependen de trabajadores indocumentados. Además de los daños que afectarán la economía de ese estado por la pérdida de empleos, enfrentará la pérdidas por la baja capacidad de compra, en virtud de que los inmigrantes hispanos realizaban compras cercanas a los 4 mil 300 millones de dólares al año, esto es, representan 13.4 por ciento del poder adquisitivo en ese estado. Por otro lado, al incrementarse los costos de nómina se elevarán los precios de los productos terminados conforme al estudio del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Con todo, la legislación aún deberá superar el desafío judicial por parte de la Cámara de Comercio de Arizona y otros grupos empresariales por la decisión de un juez federal de programar una audiencia relacionada con una orden para restringir temporalmente la aplicación de la legislación que congelaría su instrumentación. Desafortunadamente las medidas a favor de la presencia de inmigrantes indocumentados como el intento fallido del gobernador de Nueva York para otorgarles licencias de conducir, han tenido una respuesta negativa. Un estudio publicado a principios del año pasado por la University of Arizona concluyó que la producción económica caería 8.2 por ciento al año, si se despidiera a los trabajadores extranjeros que no tienen la ciudadanía. Los investigadores estiman que cerca de dos tercios de los trabajadores están de manera ilegal en ese estado de Arizona. Así pues, Arizona se ha convertido en un laboratorio para los proyectos y las políticas orientadas a atacar la inmigración ilegal. En 2004 se aprobó una propuesta para evitar que los inmigrantes ilegales hicieran uso de los servicios estatales, como la educación para adultos y los servicios médicos que no son de emergencia. Y el año pasado se propuso un referéndum para negar la ciudadanía estadounidense a los hijos de nacidos en Arizona, de inmigrantes ilegales. Por su parte, los indocumentados deberán optar por el éxodo, y algunas familias de indocumentados deberán de abandonar el estado o aceptar trabajos con salarios inferiores a los que recibían hasta antes de la entrada en vigor de la legislación. A pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha afirmado que la cancillería intervendrá a través de sus consulados en Phoenix, Tucson, Nogales, Douglas y Yuma, en toda situación que vulnere los derechos de los trabajadores mexicanos, independientemente de su calidad migratoria, en Convergencia tenemos seria preocupación no sólo por el impacto que tendría una posible migración de nuestros connacionales y su impacto en los municipios fronterizos, sino también, por la tibia posición que el gobierno federal ha adoptado y el verdadero estado de indefensión en que se encuentran nuestros paisanos por los tratos discriminatorios, vejaciones, despidos, abusos y ataques que se han incrementado con estas disposiciones. Arizona está criminalizando al indocumentado a través de leyes y medidas que en ningún otro estado, y busca restringir servicios a los mismos. La iniciativa de referencia constituye una andanada más de los sectores más radicales y conservadores de los Estados Unidos que representa la consolidación de una política de agresión que sistemáticamente ha venido aplicándose en contra de nuestros connacionales frente a la desafortunada pasividad del gobierno mexicano. Por lo expuesto, Convergencia rechaza las medidas integrantes que ha adoptado el estado de Arizona y expresamos nuestra más enérgica condena a toda iniciativa encaminada a restringir los derechos y garantías inherentes a los inmigrantes y obviamente, apoya el punto de acuerdo a discusión. Muchas gracias. El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Le agradecemos su participación al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva. Y ahora le pedimos al senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haga uso de la palabra hasta por cinco minutos.