La diputada Irene Aragón Castillo: Con su venia, señor presidente. En razón del tiempo disponible, solicito respetuosamente a la Presidencia, insertar el texto íntegro de la iniciativa al Diario de los Debates. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como objetivo fundamental la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, para prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres; así como promover su desarrollo integral y su plena participación en los diferentes ámbitos de gobierno y de toma de decisiones, a través de principios rectores, como la igualdad jurídica, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Sin embargo, si bien en todos los títulos y capítulos de la ley en comento se establecen mecanismos, procedimientos y acciones tendientes hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres, en su capítulo IV, denominado "De la violencia institucional", no se contemplan medios o instrumentos que permitan prevenir y sancionar el ejercicio de este tipo de violencia, aún cuando el Estado mexicano es el principal depositario de la obligación de cumplir y de hacer cumplir la ley. La violencia institucional se define como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. A partir de esta definición, en México existen múltiples casos de violencia institucional que se han refugiado en la impunidad, como por ejemplo, los feminicidios, que a partir de 1993 tienen lugar de manera recurrente no sólo en Ciudad Juárez, sino en toda la República Mexicana; las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el conflicto magisterial de Oaxaca, el uso de la fuerza excesiva de la policía en manifestaciones sociales como la de San Salvador Atenco y Morelos, la represión y la violencia en contra de la población indígena de Chiapas, así como los homicidios y las violaciones a los derechos de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, por mencionar tan sólo a algunos de ellos. En este sentido y en razón de la brevedad del tiempo, puedo decirles que la iniciativa que me permito someter a su consideración tiene como objetivo principal incorporar, de manera expresa la obligación de los tres órdenes de gobierno, para erradicar el uso y el ejercicio de la violencia institucional contra las mujeres, sin detrimento de los mayores avances que cada uno de estos pueda lograr en el combate y eliminación de las distintas modalidades de violencia. Así también, se propone la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos, así como de los organismos equivalentes en las entidades federativas, para que conforme a sus atribuciones y procedimientos establecidos en sus propias leyes presenten informes especiales cuando se detecte el ejercicio de la violencia institucional. A su vez, se contempla también su participación como parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y, sobre todo, acciones interinstitucionales que coadyuven con el cumplimiento de los objetivos del sistema. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.