La diputada Sonia Mendoza Díaz: Compañeras y compañeros diputados y diputadas, mantener la vigencia y la pertinencia de las leyes en nuestro país es una función ineludible que tenemos como legisladores a fin de atender las necesidades y exigencia de las y los mexicanos que con su voto nos han permitido ocupar un espacio en esta asamblea. Nuestra labor legislativa no puede ser postergada cuando nuestro país requiere atender temas de la mayor relevancia como el que el día de hoy nos convoca, la expedición de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, así como la correspondiente abrogación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene como objetivo fundamental mantener actualizada la legislación relacionada con los procedimientos en la materia que se llevan a cabo en el Congreso de la Unión, en concordancia con las recientes reformas realizadas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de nuestro país, mismas que tuvieron como fin establecer en el texto constitucional que para proceder penalmente contra el presidente de la República solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores. Con la aprobación de la ley que se pone a nuestra consideración el día de hoy, se atiende la exigencia de la ciudadanía de sancionar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus empleos o encargos hagan mal uso de sus funciones y facultades. O bien, a aquellas personas que cuentan con inmunidad procesal, por la naturaleza de su investidura e incurran en alguna conducta ilícita, considerada como grave. Para lograr lo anterior, resulta indispensable, sin duda, contar con mecanismos jurídicos claros y coherentes que permitan al Poder Legislativo llevar a cabo los procedimientos jurisdiccionales para los cuales está facultado. No se trata de simulación ni de perseguir actores políticos con un peso específico por lo que representan o por sus ideas. Se trata únicamente de garantizar que quien viole la ley no tenga la posibilidad de evadir la acción de la justicia amparándose en el fuero. Los cambios más importantes que tiene la nueva ley respecto al ordenamiento que se pretende aprobar, están en el establecimiento de los órganos competentes y del procedimiento para proceder penalmente contra el presidente de la República, como ya lo comenté. Pero también se realizan modificaciones respecto al juicio político y amplía el plazo en que puede iniciarse un procedimiento de este tipo, después de la conclusión de su encargo, pasando de uno a siete años. Asimismo, se aumenta la duración de la inhabilitación que puede imponerse como sanción derivada del juicio político, aumentando la sanción prevista de uno a veinte años, para quedar en mínimo de 10 y máximo 30. Además de lo anterior, se actualizan las referencias al Distrito Federal contenidas en la ley que se abroga. Se modifican los nombres de las comisiones y órganos legislativos que ya no existen. Se sustituyen las referencias al salario mínimo por unidad y medidas de actualización y se eliminan los títulos derogados de la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción relacionados con las sanciones administrativas para los servidores públicos. De igual forma, se suprimen las referencias aplicables a los servidores públicos del órgano ejecutivo del Distrito Federal, los cuales están vigentes hasta antes de la reforma al artículo 122 constitucional, que le dio a la Ciudad de México el carácter de entidad federativa y la posibilidad de expedir leyes en esta materia. De esta manera se da certeza a las y los mexicanos de que el diseño institucional, de nuestro país, para la aplicación de la justicia, en términos políticos y en materia penal, funcionará de manera adecuada, eficaz, gracias a la actualización de los procedimientos y mecanismos para llevar a juicio político a las personas servidoras públicas que se mencionan en el artículo 110 constitucional. Y para retirar el fuero, previa solicitud del Ministerio Público, a algunas de las personas servidoras públicas, contempladas en el artículo 111 de nuestra Constitución. En el Partido Verde estamos convencidos que con la aprobación del presente dictamen se da respuesta a la exigencia ciudadana de luchar de manera frontal, firme y decidida contra la corrupción y la impunidad que se han arraigado en nuestro país durante muchos años, lo cual ha propiciado en diversos funcionarios y servidores públicos que actúen sin escrúpulos y abusen de la investidura para cometer ilícitos. Queremos empezar esta legislatura de la mejor manera, refrendando nuestro compromiso para acabar con los privilegios y hacer valer los principios de rectitud, honestidad y honradez en el servicio público. Es por ello que el Partido Verde los invita a votar en favor de este dictamen. Es cuanto, presidente.