El diputado Fidel Rene Meza Cabrera (PRI): Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Brevemente voy a razonar por qué he solicitado ser inscrito para hablar en contra del dictamen presentado por la Sección Instructora de esta H. Cámara de Diputados. El dictamen es prolijo en minucias, sin importancia, desde detallar en cuántas hojas constan los oficios y cuáles están escritos de un solo lado del papel, pero no nos explica por qué el licenciado Luis Oswaldo Peralta Rivera, Secretario Técnico de la Sección intervino en diligencias de la competencia de ésta y tampoco nos ilustra en sus 326 hojas de que consta el dictamen, qué disposiciones legales son aplicables para desaforar a un servidor público que está separado de su cargo por gozar de licencia que es el caso que nos ocupa. No corresponde a la Cámara e Diputados prejuzgar los fundamentos de la imputación de los delitos, indica el Artículo 111 Constitucional, pero como es necesario establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, como lo prescribe el Artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, haré un breve análisis. El delito promoción de conducta ilícita que detalle el Considerando Quinto del dictamen, según el Artículo 277 del Código Penal para el Distrito Federal vigente y no nuevo como se menciona en el dictamen, el sujeto activo del delito debe ser un particular y si con este carácter actuó el indiciado René Juvenal Bejarano Martínez, no es el elemento para separarlo del cargo de acuerdo con el artículo 111 constitucional, que textualmente dice: "por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo". Por lo que hace al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a que se refiere el considerando 6º del dictamen, equivocadamente la Sección Instructora en al hoja 204, al referirse a la escena ocurrida el día 3 de marzo de 2004 en la Empresa Televisa, menciona a René Juvenal Bejarano Martínez como diputado con licenciado, cuando éste la solicitó hasta el día 11 del citado mes. Tampoco nos informa el día en que se cometió el ilícito, para saber si el indiciado era o no servidor público en ese momento. Y por lo que hace a la calificación del delito, difiero con el Ministerio Público y la propia Sección Instructora, porque en los videos presentados como pruebas sólo se ven las fechas del 22 de abril y 21 de julio del 2003, lo que solamente nos muestra la existencia de dos granujas especialistas en el arte del engaño es la definición- que se habían dedicado, el primero Carlos Ahumada Kurtz, a defraudar al Gobierno del Distrito Federal a través de algunas de sus 16 delegaciones y el segundo, René Juvenal Bejarano Martínez, no está claramente precisado si es extorsionador del primero o su cómplice en la defraudación. Lo cierto es que ambos estaban obteniendo un lucro indebido. Por lo que hace al delito electoral analizado en el considerando 7º, aceptando lo endeble de su acreditación, es evidente que fue cometido por René Juvenal Bejarano Martínez cuando aún no era servidor público, puesto que estaba en campaña para obtener una diputación de la Asamblea Legislativa. Por lo que hace a la probable responsabilidad del servidor público imputado, título del punto considerando 9º, sólo se demuestra fehacientemente que René Juvenal Bejarano Martínez recoge el dinero que le entrega Carlos Ahumada Kurtz como producto de una extorsión o complicidad en el delito de fraude que está procesado el segundo. Concluyendo, señores diputados. Solamente tenemos comprobado que René Juvenal Bejarano Martínez cometió un delito y que es probable responsable, primer elemento que según el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades se requiere para separarlo del cargo, pero nos falta el segundo elemento que consiste en determinar la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Permítaseme entonces referirme al fuero. El artículo 61 constitucional es claro y preciso, cito textualmente: "Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas" Esto quiere decir que un legislador sólo puede tener fuero cuando desempeña su cargo, porque sólo durante el ejercicio de su función de legislador puede manifestar opiniones relacionadas con su cargo. Para resolver conforme a derecho este caso, considero que la solución nos la proporciona el artículo 122 de nuestra Constitución Política que a la letra dice: Artículo 122: "No se requeriría declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que se refiere el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo que se encuentre separado de su encargo". En estas circunstancias propongo a la honorable asamblea modificar la declaratoria del dictamen para quedar como sigue: Primero. Ha lugar a proceder penalmente en contra del señor René Juvenal Bejarano Martínez por los delitos que se comenta. Segundo. El señor René Juvenal Bejarano Martínez no disfruta de la inviolabilidad que establece el artículo 61 constitucional. Los artículos transitorios quedarán en los mismos términos. He terminado, señor Presidente.