La diputada Marisol Urrea Camarena: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los requisitos y las circunstancias que deben concurrir para adquirir la categoría de mexicano. Dispone el artículo 30 que la situación jurídica de mexicano se adquiere por el hecho de nacimiento o por un acto de la voluntad del propio interesado, mediante un procedimiento establecido y regulado por la ley de nacionalidad reglamentaria de este precepto constitucional. En el primer caso de trata la nacionalidad mexicana por nacimiento y en el segundo caso, de la adquisición de la nacionalidad mexicana por naturalización. Una forma de obtener la nacionalidad mexicana por naturalización, se encuentra prevista en la fracción II del Apartado B, y es una consecuencia legal del matrimonio de extranjero con varón o mujer mexicana. Por efecto del matrimonio así celebrado, el extranjero o extranjera obtiene la nacionalidad mexicana si tienen o establecen su domicilio en territorio nacional. A cada Estado le corresponde determinar, por medio de su derecho interno, quiénes son sus nacionales y por defecto quienes son los extranjeros que radican en él. En ése sentido el Estado ejerce competencias, asimismo en relación con los extranjeros que se encuentran en su territorio, regulan la entrada, admisión y expulsión entre otras- salvo que mediante tratados internacionales, dicho Estado haya aceptado determinadas limitaciones en la materia. Los movimientos migratorios determinan la necesidad de regular la emigración e inmigración, por lo que surge el derecho migratorio. Y en el caso que nos atañe, derecho de los inmigrantes, que estudian los diferentes motivos del traslado de un país de origen a otro y así poder identificar al migrante para proporcionarle una determinada calidad migratoria estableciendo a su vez derechos y obligaciones con respecto al país que los recibe. Para que el extranjero pueda internarse y permanecer legalmente en México tendrá que cumplir con las disposiciones que al respecto determina la Ley General de Población y su Reglamento. Tratándose del extranjero que ha contraído matrimonio con un nacional, de conformidad con el artículo 44 de la ley, si desea radicar en el país deberá internarse bajo la característica de inmigrante de familiar, la cual se define en la ley de la siguiente forma: "Familiares. Son los extranjeros que se internan en el país para vivir bajo la dependencia económica del cónyuge o de un pariente consanguíneo inmigrante, inmigrado o mexicano en línea recta, sin límite de grado, o transversal hasta el segundo. "Los inmigrantes familiares podrán ser autorizados por la Secretaría de Gobernación para realizar las actividades que establezca el Reglamento. Al respecto, el Reglamento de la Ley General de Población establece que la solicitud para obtener la característica inmigratoria de familiares deberá hacerla la persona bajo cuya dependencia económica vaya a vivir el interesado, la cual deberá acreditar su solvencia económica y deberá ser suficiente, a juicio de la Secretaría de Gobernación, para atender las necesidades de sus familiares. Tenemos pues en este punto que el extranjero casado con un mexicano o mexicana sólo puede radicar legalmente en el país bajo la dependencia económica de su cónyuge y sólo por excepción podrán ser autorizados, a juicio de la Secretaría de Gobernación, cuando existan circunstancias que así lo justifiquen, a realizar actividades económicas remuneradas o lucrativas. Si bien es cierto que estas circunstancias deben prevalecer y aplicarse tratándose de parientes extranjeros, llámense padres, hijos o hermanos, tal como lo señala la ley, pero tratándose de un extranjero que ha contraído matrimonio con un mexicano resulta incomprensible poner este tipo de limitaciones. El extranjero que ha decidido residir en México con su consorte mexicano no viene por una oferta de trabajo ni a invertir su capital o a ejercer una profesión, independientemente de que lo pueda hacer. El extranjero viene a nuestro país por el hecho de estar casado con un mexicano o mexicana y con la finalidad de residir en él y formar una familia. Es difícil hoy en día pensar que uno de los cónyuges, ya sea el marido o la mujer, pueda solventar los gastos del otro y menos tratándose de un matrimonio que va iniciando, ya que su capacidad económica, en la mayoría de los casos, resulta ser limitada y será aún más si a uno de los cónyuges su derecho al trabajo se ve restringido sólo por ser extranjero. En estas circunstancias tenemos, pues, que el extranjero en esta situación decide optar por otra característica migratoria que le facilite, administrativamente hablando, su estancia en el país, ya sea la de profesionista, inversionista, rentista o asimilado, evitándose de esta forma los trámites que implica la del familiar, lo cual nos hace suponer que esta característica migratoria no se adecua a la realidad y resulta ser poco práctica. No debemos olvidar que dicho extranjero tiene el derecho de residir en el país por el hecho de haber contraído matrimonio con un mexicano y por ese mismo hecho la Constitución federal es muy clara al señalarlo expresamente como aspirante a la nacionalidad mexicana. Por lo anterior, consideramos la necesidad de modificar la legislación con la finalidad de brindarle mayor flexibilidad a la característica inmigratoria del familiar, cuando se trate del cónyuge, es decir, eliminar la condición de entrar al país bajo la dependencia económica de su cónyuge mexicano y además establecer la facultad de realizar actividades económicas remuneradas o lucrativas, a juicio de la Secretaría de Gobernación, todo esto contenido en la ley y no en el Reglamento de la Ley General de Población, con la finalidad de generar mayor claridad y certeza jurídica a esta característica migratoria. En base a los razonamientos antes expuestos, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción VII del artículo 48 de la Ley General de Población para quedar como sigue: Artículo 48. Las características de inmigrante son: Fracción VII, familiares para residir en el territorio nacional cuando se ha contraído matrimonio con mujer o varón mexicano para vivir bajo la dependencia económica de un pariente consanguíneo inmigrante, inmigrado o mexicano en línea recta, sin límite de grado, o transversal hasta el segundo. Los inmigrantes familiares podrían realizar actividades económicas remuneradas o lucrativas cuando a juicio de la Secretaría de Gobernación existan circunstancias que lo justifiquen. Los hijos y hermanos extranjeros de los inmigrantes, inmigrados o mexicanos, sólo podrán admitirse dentro de esta característica cuando sean menores de edad, salvo que tengan impedimento debidamente comprobado para trabajar o estén estudiando en forma estable. TRANSITORIOS Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado Presidente.