El diputado Juan Carlos Villareal Salazar: Con su permiso, presidenta. Todos conocemos que en 2018 se llevó acabo una gran reforma en materia de justicia penal, en la que se privilegiaron los principios para garantizar la seguridad y la justicia para los mexicanos. En aquel esfuerzo propuesto por el Ejecutivo y diversas iniciativas de ambas Cámaras, se modificaron más de 10 artículos de nuestra Constitución Política. El principal objetivo de gran giro a la procuración y administración de justicia fue el responder a la exigencia ciudadana de transformar y dar un sentido más humano a la justicia penal, preponderando el principio de la presunción de inocencia, la cercanía, confiabilidad y el oportuno y transparente actuar de las instituciones. En dicha reforma, la prisión preventiva se limitaba como caso de excepción para cuando otras medidas cautelares no fueran suficientes para garantizar que el imputado compareciera a juicio y garantizar los derechos de la víctima, los testigos y la comunidad en general cuando se tratara de casos de reincidencia en delitos dolosos y un catálogo muy concreto y específico de delitos. Sin embargo, en el ánimo de darle instrumentos al gobierno federal para enfrentar la delincuencia organizada y por los delitos que más afectan a la sociedad, como argumento, el 19 de febrero de 2019 se aprobó por esta soberanía la reforma constitucional al artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa, de donde, mediante el artículo transitorio segundo se mandató la adecuación de las correspondientes legislaciones secundarias con la finalidad de armonizar y dar vigencia a esa reforma constitucional. Pero, lo digo con toda claridad, la minuta que hoy se debate, que dicho de paso, no se le permitió, como diario, ninguna modificación en su proceso legislativo aquí en la Cámara de Diputados, en lugar de transitar hacia un régimen garantista en el que el Ministerio Público deba de probar alguna de las circunstancias a favor de la justicia y las presuntas víctimas del delito, más bien fortalece a un sistema punitivista que busca utilizar la prisión preventiva oficiosa como una medida de castigo y persecución social de la seguridad. Nada más alejado de la realidad que vive nuestro país. En la presente propuesta se incorporan reformas que no corresponden al fin específico de la armonización en materia preventiva oficiosa. Se trata de reformas de corte sustantivo en materia penal que no guardan relación con las hipótesis delictivas contenidas en la Constitución, por lo que se extralimita en sus alcances afectando e incluyendo un desdoble de más de 150 conductas delictivas diferentes a las que aprobamos en la reforma constitucional. La reforma del Poder Judicial es fundamental para atender de manera integral los alarmantes porcentajes de personas privadas de la libertad que no cuentan con una sentencia condenatoria, quienes en estricto sentido ya están purgando una condena sin sentencia. Esta minuta por mucho no resuelve el tema de la impunidad y no atiende la necesidad urgente de restablecer la paz y la seguridad en el país. Lo que como legisladores tenemos que hacer es revisar a fondo la figura y el actuar del Ministerio Público que, dicho de paso, ahí también tenemos mucho que profesionalizar y fue una promesa cuando se hizo la reforma constitucional. Ante el justificado reclamo de la exigencia social de reducir la impunidad, los legisladores de la hoy mayoría han declinado a mejor llevar al populismo penal. No debería sorprender la popularidad de la propuesta en un contexto caracterizado por los altos índices delictivos y la cifra negra de impunidad. Por ello, en un gran debate que gira mayormente en torno a las medidas inquisitorias, sin tomar en cuenta la presunción de inocencia, buscamos analizar con evidencia si efectivamente tener a más personas acusadas dentro de las cárceles implica un menor número de víctimas afuera. Los diputados ciudadanos votaremos en contra de esta minuta, ya que defrauda la confianza que le dimos al gobierno federal, aprobando temas como la Guardia Nacional, la Fiscalía General y este que fue el artículo 19. Al contrario de fortalecer a las policías municipales, las policías estatales, la profesionalización de los Ministerios Públicos hemos visto recortes a los recursos en materia de seguridad. Por eso hoy ya no existe ese voto de confianza, por eso hoy ya no confiamos en la estrategia fallida del gobierno federal, por eso hoy los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos en contra de esta reforma que es insuficiente y no cumple con las expectativas de combatir la impunidad de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.