El diputado José Juan Barrientos Maya: Diputadas y diputados, presento la siguiente reserva al dictamen de la Comisión de Bienestar, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de establecer de manera más clara el objetivo de la iniciativa para consolidar la responsabilidad del gobierno federal para elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Así como también, se obligue a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios a elaborar publicaciones en sus respectivos medios de difusión oficiales de sus programas sociales. La iniciativa, como la reserva que presenté, recupera el espíritu de cumplir mínimamente con los estándares de transparencia y datos abiertos. Hoy lo que tenemos es menos información y menos datos. Tenemos mayor opacidad y menores instrumentos para vigilar el ejercicio del poder público. Cientos de datos que por ley deberían estar a disposición de la población no están disponibles en la plataformadedatos.gob.mx. Actualmente, más del 70 % de las bases de datos se encuentran abandonadas, sin ninguna actualización, al menos en los últimos 24 meses. Datos sobre la transparencia en nuestro país revelan que el número total de reportes presentados por las instituciones ha disminuido 36 % desde 2018. Es decir, cada vez más tenemos menos datos y menos cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Resulta indispensable la aprobación de esta reserva, pues frente a los diversos recortes presupuestales a organismos e instituciones como el Inai, que ha visto un recorte de cuando menos el 24 % en términos reales de 2018 a la fecha. Y sumados a los intentos de mermar su reputación, y fundamentalmente la búsqueda de impedir su funcionamiento a través de la obstaculización de nombramientos de los comisionados necesarios para su operación en pleno, y así cumplir con sus obligaciones. Resulta, pues, indispensables construir y reforzar instrumentos que obliguen a que la administración entregue la información que los ciudadanos demandan, para así hacer una realidad el poder vivir en una urna transparente. Por lo que propongo que la reforma sea específica con respecto a la facultad de los Ejecutivos estatales y municipales para la elaboración de sus programas sociales, ya que la redacción que nos ofrece el dictamen no dice lo que intenta reformar. Quiero en suma decirles, compañeras y compañeros diputados, que debemos ser muy claros en lo que queremos que hagan las entidades federativas, sobre todo los municipios, en algo tan sensible como dar a conocer los programas sociales. Ya lo dije y lo dijo el diputado que me antecedió, lo que buscamos es que todo esto sea con transparencia. Por supuesto que estamos sumados a ese principio, a ese objetivo, que yo creo que es el de todas y todos en este recinto. Y es muy importante que la reserva que se hace a este artículo precise justamente que los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deban diseñar las reglas de operación de sus programas de desarrollo social incluidos en sus respectivos Presupuestos de Egresos anuales, con el objeto de garantizar su transparencia y asegurar su aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de esos recursos. De esa forma propongo que se pueda asentar esta modificación a este artículo y demos claridad a quienes estarán aplicando lo que aquí, justamente en este recinto, realizamos como leyes. Sería cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.