La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Con el permiso de la Presidencia. Este dictamen representa un trascendental avance en la conservación y protección de nuestros bosques, incorporando también una perspectiva social que mejora la coordinación entre autoridades y comunidades, con el objetivo común de reducir las afectaciones derivadas de ciertas actividades humanas, así como del cambio climático. En ese sentido, celebro que la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, presidida por mi compañero diputado Roberto Rubio, trabaje en unidad para sacar adelante reformas necesarias en el contexto de los compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones a los que nuestro país se ha comprometido. Y también celebro las valiosas aportaciones de la compañera diputada García Vidaña. Estas reformas son imperativas, pues tan solo entre enero y julio de 2020, de acuerdo con la información de Semarnat y Conafor, en México se registraron 5 mil 473 incendios forestales, que afectaron un aproximado de 305 mil hectáreas. Circunstancia que en el futuro requerirá de acciones más eficaces para combatir los efectos del cambio climático en la propagación de incendios. Por ello me congratula que en el dictamen se incorpore nuestra propuesta para introducir en la ley el enfoque de gestión integrada del fuego, reconocido a nivel internacional como el mecanismo más eficaz para minimizar los daños y maximizar los beneficios del fuego a través de estrategias de prevención y extinción, con técnicas que integran su manejo y regulan las quemas tradicionales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la gestión integrada del fuego debe comprender como elementos fundamentales el examen, es decir seguimiento y análisis; la reducción del riesgo, es decir la prevención; la preparación; la respuesta, es decir la extinción; y la recuperación. Y comprende no solo las áreas forestales, sino también las áreas colindantes a terrenos forestales, como parte de la prevención en caso de que un incendio forestal se extienda hacia ellas. Con la aprobación del dictamen no solo se incorpora a la Ley de la Gestión Integrada del Fuego, sino deberá ser parte también de las normas oficiales mexicanas que rigen su manejo, lo cual incentivará mayor eficacia en los resultados de las actividades de protección forestal. Además, el dictamen también contempla que los programas de manejo de fuego deberán tener coordinación y concertación con las comunidades indígenas y afromexicanas, con lo cual avanzamos en el respeto y reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos indígenas, a la par que se estrechará la cooperación con ellos en las actividades de protección forestal. Esta cooperación entre autoridades y comunidades será fundamental en el cumplimiento de los objetivos en materia forestal, pues como lo señala la FAO, las comunidades, sus actividades y decisiones tienen una influencia decisiva en la prevención o aparición de incendios, además de una gran capacidad de respuesta para extinguirlos, aportes con potencial de evitar la mayor parte de incendios que se originan con actividades humanas. Con este dictamen también estamos legislando con perspectiva de agenda 2030, particularmente en la Meta 15.2: promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial. Sin embargo, no puedo dejar de recordar que las políticas públicas sin presupuesto no son más que demagogia. En el caso del sector medio ambiente y, particularmente en la Conafor, es innegable que el insuficiente presupuesto aprobado para 2021 resultará en la incapacidad de implementar eficazmente las reformas aprobadas. En lo que va de esta administración, la Conafor ha visto disminuido su presupuesto en mil 629 millones de pesos, desde los 4 mil 391 millones que tuvo en 2018, hasta los 2 mil 762 millones que cuenta para este ejercicio. Las consecuencias están a la vista de todos, con incendios que están dañando a más 4 mil 600 hectáreas de bosques en Coahuila y Nuevo León, ante los que Conafor se encuentra en grave desventaja por el recorte austericida a su presupuesto, que limita gravemente su capacidad de operación eficaz. Sumado a ello, la desaparición del Fonden, que la mayoría parlamentaria en esta Cámara defendió a capa y espada, y que lamentablemente se concretó ayer en la Corte, deja a Conafor sola y sin recursos ante la trascendental tarea que tiene entre manos. Resulta desconcertante que hoy la Cámara se disponga a la aprobación de un punto de acuerdo encaminado a la pronta atención de los citados incendios, siendo que fue justamente la mayoría parlamentaria la que aprobó los recursos presupuestales que hoy tienen a Conafor entre los incendios y la pared. Será responsabilidad de la siguiente legislatura continuar la lucha por un presupuesto que atiende a las necesidades del sector y no solo las prioridades de un Ejecutivo, a quien no le interesa la conservación de nuestro patrimonio ambiental. Concluyo destacando que el cambio de paradigma en la conservación del medio ambiente es condición indispensable para alcanzar un mejor trato ambiental que desde Movimiento Ciudadano estamos impulsando, pues, el camino al futuro necesariamente será ambientalista o no será. Es cuanto.