El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con el permiso de la Presidencia. El proyecto de dictamen que propone adicionar un párrafo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación para considerar la falta de localización del contribuyente o del domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes como una causal para tener por no presentada una solicitud de devolución. De acuerdo con la propuesta presentada por el Ejecutivo federal, señala que se han identificado casos en los cuales los contribuyentes acuden a solicitar la devolución de saldos a favor, pero dentro del proceso de la dictaminación del trámite se advierte que en las verificaciones realizadas por las autoridades fiscales el domicilio manifestado por el contribuyente en su inscripción ante el RFC o en su aviso de cambio a domicilio no existe o si se ubica el domicilio y quienes se encuentran en el mismo desconocen al contribuyente o su ubicación. Esto hace que la autoridad fiscal no tenga certeza de la realización de las operaciones por las cuales los contribuyentes solicitan los saldos a favor. Sin embargo, la propuesta de redacción que presenta el proyecto de dictamen no distingue si la adición propuesta implica una negativa para el contribuyente, por lo que la hace violatoria de la misma legislación fiscal. Por ello, la propuesta debe estar enfocada a la entrega de la devolución del saldo a favor, mas no a buscar el cómo no entregar el recurso que por derecho le corresponde al contribuyente. Para explicarlo, muchas veces surge para las empresas y las personas físicas el interrogante sobre la diferencia entre domicilio particular y el fiscal. Cuando se constituye una sociedad mercantil, se fija un domicilio particular que figura en la escritura otorgada ante notario. Una vez inscrita en el registro mercantil, cualquier interesado podrá localizar la empresa, puesto que el domicilio particular es de carácter público. En cambio, el domicilio fiscal determina la adscripción a una oficina tributaria determinada. Ese lugar, para la práctica de notificaciones de esa naturaleza. Ese domicilio es solo vinculante para el obligado tributario, a efectos de procedimientos administrativos y del control fiscal. Aunque ambos domicilios suelen coincidir, estos no tienen necesariamente que hacerlo. Por lo que un cambio de domicilio particular no significa necesariamente un cambio de domicilio fiscal. Para comprender lo anterior y de conformidad a lo que establece el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, será el domicilio fiscal de las personas físicas con actividades empresariales el local en el que se encuentre el principal asiento de sus negocios. Si no tuvieran actividades empresariales, se trata del local que usan para sus actividades. De igual manera, se establece que cuando las personas físicas no cuentan con un local para realizar las actividades empresariales, será su casa-habitación. En el caso de los contribuyentes que no hayan manifestado ninguno de los anteriores, o no sean localizados en ellos, el propio Código Fiscal de la Federación señala como tal el que hayan proporcionado a entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Es decir, sus estados de cuenta bancarios. Otra forma de decirlo, el domicilio legal de la persona es el lugar donde la ley le fija su residencia, para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes jurídicos. Aunque, de hecho, no esté ahí presente. Así, aun cuando una persona decida cambiar su domicilio legal o fiscal, ello no significa que deje de radicar en ese lugar, máxime si en él convencionalmente decide cumplir las obligaciones que adquiere al celebrar actos jurídicos. Finalmente, pareciera que la redacción de este párrafo que se adiciona es para que la autoridad fiscal obstaculice la entrega de la devolución del saldo a favor a los contribuyentes, haciendo de manera ilegal el actuar de la autoridad, ya que como hemos expresado no se puede establecer el supuesto de cambiar el domicilio fiscal para que la autoridad devuelva el saldo a favor. Y más cuando el contribuyente está obligado a entregar un número de cuenta bancario que tiene domicilio registrado en el país. Es decir, el mecanismo legal la tiene la autoridad fiscal de comprobar el domicilio del contribuyente. Por lo anterior, es que presento la siguiente reserva al dictamen que hoy discutimos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.