El diputado Damián Zepeda Vidales: Gracias. El día de hoy, sin lugar a dudas estamos aprobando una excelente Ley de Consulta Popular. El PAN se encuentra completamente a favor de empoderar al ciudadano y de dar este mecanismo de participación para que pueda tomar decisiones trascendentes en la vida del país. Sin embargo, este dictamen y, especialmente uno de los artículos de la reforma constitucional también, tienen un vicio de origen. Tiene una manzana podrida que va a echar a perder la herramienta completa. Su método de difusión. La consulta popular debe de ser un mecanismo objetivo, imparcial y sobre todo que asegure a todo ciudadano el que conozca todas las caras del tema que está definiendo. Los argumentos a favor, los argumentos en contra para, de una manera informada, sin vicios de origen, poder tomar una decisión, la decisión más acertada que considera para este país. Es por este motivo que esta difusión debe de estar a cargo del Instituto Electoral, no de los peticionarios. Un instituto que se puede asegurar que a todos los ciudadanos les llegue información sin sesgo, objetiva, imparcial, con los argumentos a favor y los argumentos en contra del tema que va a votar. Con las ventajas y las desventajas, asegurando sobre todo imparcialidad. El instituto, no el presidente de la República. El instituto, no el Congreso, una parte del Congreso. El instituto, no los peticionarios, asegurando de esta manera que no se tengan vicios de origen y que no se sesgue la información que le llegue al ciudadano. Este mecanismo –debo decir- es el utilizado hoy en día en las leyes estatales. Aquí estamos representados varios partidos. Voy a escoger tres estados que son gobernados por partidos iguales a los que están representados aquí. El Distrito Federal, en su Ley de Participación Ciudadana, establece los mecanismos en los instrumentos de participación ciudadana como el plebiscito, que es el órgano electoral, el árbitro, el encargado de difundir la consulta y de difundir todas las posturas del tema. No los peticionarios, no el jefe de Gobierno, no la Cámara o la Asamblea. Coahuila, de un gobierno emanado por el PRI, establece en su Ley de Participación Ciudadana que es el órgano electoral el que va a difundir el tema, no los peticionarios. Y sonora, por citar un caso del PAN, también establece de manera clara que el órgano electoral de manera sin vicios, imparcial, le dice al ciudadano de frente: ven, aquí está la información, participa, entérate. Ven y libremente decide lo que quieres para este país. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué será, por qué será que en los estados sí tienen de manera muy clara cómo los organismos electorales son los que deben de difundir la consulta, y aquí queremos empoderar al presidente de la República o a la Cámara de Diputados para que haga lo consecuente? Además, esta alternativa presenta un riesgo adicional con el fin positivo, debo decir, de que participen más ciudadanos. Para que sea vinculante el resultado de la consulta, se establece que la consulta va a ser de manera concurrente con las elecciones. Qué bueno que así sea, nada más esto presenta un problema. Imagínense entonces al presidente de la República en plena campaña electoral utilizando los tiempos de radio y de televisión, saliendo a cuadro, él o el gobierno que él representa, a defender un programa de gobierno. Adicionalmente, suponiendo sin conceder que los peticionarios debieran de usar el radio y la televisión, los tiempos oficiales, la redacción que se escogió equivocada de origen, pero equivocada en la forma también; establece la redacción esa que aquí se acordó y que están metiendo, que sólo el peticionario va a tener acceso a radio y televisión. Entonces, compañeros, perdón que lo diga, pero es un absurdo lo que se está pretendiendo aprobar. Vámonos a dos casos prácticos, uno del presidente y uno de esta Cámara. Si el 33 por ciento de esta Cámara decide solicitar una consulta popular, un tema polémico como digamos, la legalización de las drogas ¿qué es lo que va a pasar? Que exclusivamente quien la pidió va a tener derecho a darle su opinión al ciudadano. Exclusivamente el peticionario. Y ¿qué pasó con el equilibrio? Y ¿qué pasó con que el ciudadano se entere de la otra visión que se tiene en el país para que pueda tomar una decisión informada? Ahora vámonos al presidente, para que vean que no es un tema nada más de algunos. Imaginen una consulta en donde el presidente decida consultar si el sistema de seguridad social universal debe implementarse en este país. Vamos a tener al presidente de la república a él y sólo a él, con tiempos de radio y televisión o a su gobierno exponiéndole en campaña electoral al país, sin que haya un contrapeso por delante; perdón, pero es un absurdo lo que hoy en día se quiere votar en este artículo y en la reforma constitucional. El mecanismo es positivo sin duda; la difusión y el acuerdo que aquí se está llegando es dañino para el ciudadano, va a echar a perder la herramienta completa. No hay equilibrio. Está mal lo que se está planteando. La historia de este país está llena de buenas intenciones, buenas intenciones que en muchos casos han llevado a errores garrafales para la democracia y para la participación ciudadana de este país. Éste, señores, perdón, es uno de los más grandes errores que vayamos a cometer si aprobamos esta reforma como está. Muchas gracias.