El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ponemos a consideración de esta asamblea el presente proyecto de decreto que atiende dos problemas que habían sido ya comentados en este pleno. En primer lugar, el hecho de que en algunas escuelas de educación básica se han presentado casos en los que se administran medicamentos psicotrópicos o estupefacientes sin la debida prescripción médica, diagnóstico especializado ni consentimiento de los padres. Reconociendo merecidamente la labor de los docentes de educación básica de nuestro país, debemos estar plenamente conscientes que su formación no está orientada a diagnosticar problemas neurológicos o psiquiátricos, tales como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No cabe duda que los maestros de grupo a través del trato diario con sus alumnos cuentan con información privilegiada que les permite identificar a aquellos casos en los que podrían presentarse problemas de aprendizaje, pero su labor profesional debe ser informar a los padres de familia y canalizar los casos, para su diagnóstico y atención por parte del personal médico calificado. El segundo problema que se pretende atender con este dictamen es que, argumentando problemas de aprendizaje, se niegue el servicio educativo a los alumnos o se les admita en una escuela con la condición de que se sometan a tratamientos médicos específicos. Esto provoca que a las niñas y a los niños se les etique en las escuelas como "alumnos problema", e incluso, se les boletine en otros planteles para que no sean admitidos. Los diputados de la Comisión de Educación nos proponemos coadyuvar mediante este dictamen a que este tipo de prácticas se erradiquen del sistema educativo mexicano. Es importante mencionar que los legisladores de esta Comisión de Educación, de todas las fracciones parlamentarias, reconocemos la importancia del diagnóstico preciso, oportuno y especializado del denominado trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Al respecto, menciono sólo algunos datos. El TDAH es reconocido como un padecimiento recurrente, tanto por la Organización Mundial de la Salud, como por la Asociación Americana de Psiquiatría. En nuestro país el Instituto Nacional de Psiquiatría lo describe como un problema multifactorial, por lo que su atención se efectúa mediante diversas estrategias, tales como las pedagógicas, atención psicológica, terapia conductual, apoyo familiar, estrategias nutricionales y actividades deportivas, así como la medicación. Sabemos también que el problema no es menor. La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica señala que en México existen, aproximadamente, 1.6 millones de niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero sólo 8 por ciento es diagnosticado y tratado en forma adecuada. Por otro lado, quiero mencionar que se ha documentado a nivel internacional que algunos de los medicamentos que habitualmente se suministran para el tratamiento del TDAH tienen efectos secundarios en la salud y pueden resultar adictivos. De ahí la necesidad de que su administración y control esté a cargo de un especialista de la salud. Incluso, existen países en los que se ha prohibido el uso de este tipo de medicamentos o se desarrollan estrategias que buscan frenar su uso indiscriminado. Así pues, el punto nodal de esta reforma a la Ley General de Educación es adicionar su artículo 75 referente a las infracciones de los prestadores de servicios educativos. Primero. Se propone la adición de una fracción XIII, para que los medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes no puedan ser administrados a los educandos sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores. Segundo. En el mismo sentido se propone la adición de una fracción XIV, que prohíbe explícitamente que los prestadores de servicio educativo sugieran o promuevan el uso de este tipo de medicamentos para la atención de problemas de conducta, aprendizaje o bajo rendimiento escolar. Tercero. Finalmente se impulsa la creación de una fracción XV, que prohíba que por problemas de aprendizaje se niegue el servicio a los alumnos o se les condicione al sometimiento de tratamientos médicos específicos. No debemos perder de vista, que de acuerdo a la Ley General de Salud sólo pueden prescribir estupefacientes y psicotrópicos los profesionales de la salud, expresamente señalados en los términos prescritos en la Ley General de Salud, después de un adecuado diagnóstico clínico. En suma, la reforma nodal plantea a la Ley General de Educación buscar que ésta sea concordante con lo que establece la Ley General de Salud en sus artículos 240, 241, 242, 251, 252 y 467. Deseo enfatizar que el objetivo de este dictamen es un beneficio de los estudiantes, ya que la principal preocupación de las diputadas y diputados que lo impulsamos es proteger, en todo momento, la salud de los educandos, así como garantizar el acceso al servicio educativo a todos los mexicanos, tal y como lo establece el artículo 3o. de nuestra Carta Magna. Es conveniente señalar que todos los grupos parlamentarios suscribieron tanto la iniciativa como la dictaminación de la misma. Sin más, a nombre de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados los exhorto a sumarse a esta encomiable reforma por la salud de los educandos de nuestro país, expresando su voto en favor de los cambios correspondientes. Muchísimas gracias, por el favor de su atención. Muchas gracias, presidente.