EL DIP. JAVIER VALDEZ DE ANDA: Con su permiso, señor Presidente. Estimados compañeros diputados de esta LIX Legislatura: En esta dinámica intensa de cambio y revisión de nuestra estructura legal, política, económica y social, donde somos actores importantes en esta gran Reforma de Estado, creo que es fundamental pensar que una reforma estructural no solamente es en materia económica, sino que la reforma jurídica es vital en este gran cambio intenso que vive la nación y muy en particular es la prevención y revisión en materia de derechos humanos, paralelamente a las reformas económicas que están en debate. Por ello me permito presentar a esta asamblea la siguiente iniciativa: Como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento iniciativa de decreto que adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 constitucional al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos La Constitución es nuestra Ley Suprema en la que se recoge la voluntad de los mexicanos y constituye el sustento de nuestro estado de derecho. Fortalecer el estado de derecho requiere mejores instrumentos para asegurar la plena vigencia de nuestra Constitución, mayor capacidad para aplicar la ley, sancionar a quienes la violan y dirimir las controversias. Los procesos de Reforma del Estado en la actualidad, tienen la tarea de concentrarse en la búsqueda de nuevos diseños institucionales que fortalezcan nuestro estado de derecho, así, uno de los aspectos tocados por la reforma del estado, tiene que ver con todos los mecanismos normativos e institucionales que se refiere al reforzamiento de los principios del estado de derecho. Es así como la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994 al artículo 105 constitucional, transformó el papel del Poder Judicial de la Federación; se consolidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional; por ello se le otorgo la facultad de conocer de las acciones de inconstitucionalidad. De esta manera se otorgó mayor peso político e institucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al darle mayor efectividad y alcance a ésta como intérprete y garante último de la Constitución; es decir, Tribunal Constitucional. Esto es, que la competencia otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer tanto de las controversias constitucionales como de las acciones de inconstitucionalidad, han erigido a ésta en un auténtico tribunal constitucional, cuya actuación le legitima plenamente. La acción de inconstitucionalidad es introducida en la Constitución como un medio de control constitucional, que persigue la regularidad constitucional de las normas generales, a través de ella se permite el planteamiento de la inconstitucionalidad de una norma y la posibilidad de obtener una declaratoria de invalidez con efectos generales. El objeto primordial de las acciones de inconstitucionalidad es el control abstracto y su efecto, la consiguiente anulación de las normas cuestionadas. En consecuencia, la figura de la acción de inconstitucionalidad constituye un valioso instrumento para consolidar el Estado de Derecho y el principio de la supremacía constitucional como el rector de la vida nacional. Sin embargo, los nobles propósitos de la acción de inconstitucionalidad no están al alcance de todos, porque no cualquiera está legitimado para presentar una demanda de este tipo, la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad está limitada de acuerdo con el 105, fracción II de la Constitución: "Corresponde en primer término, a la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, a las entidades federativas a través de sus legislaturas estatales, al Procurador General de la República, a los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y a los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral". Debemos reconocer que la acción de inconstitucionalidad responde a una exigencia de la sociedad mexicana, quien exige de la función pública eficiencia, honestidad, apego a la ley fundamental y, sobre todo, respeto a la dignidad humana. Atendiendo a esta demanda surge, mediante el establecimiento en la Constitución, de las comisiones de Derechos Humanos en el artículo 102 B, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con un reto enorme: lograr que los actos del poder tomen su cauce legal, prevenir los desvíos, propiciar que los abusos sean castigados y darle certeza a los gobernados de que cuentan con una instancia totalmente confiable, a la que pueden acudir en defensa de sus derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se estableció en México mediante el decreto que adicionó el artículo 102 de la Constitución, el apartado B, con fecha 27 de enero de 1992; se crea como un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. Este organismo en la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Sin duda, la tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias, para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. Una de las bondades que traería consigo esta iniciativa, es que de aprobarse, la ciudadanía se vería protegida por la entrada en vigor de normas inconstitucionales que violentaran sus garantías individuales, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia al declarar una norma como inconstitucional, la ley o tratado internacional dejarían de entrar en vigor y en consecuencia su declaración surtiría efectos para todas las personas. Es decir, su fallo tendría efecto erga homines y los ciudadanos se verían protegidos y sin la necesidad de interponer un juicio de garantías, el cual sólo tiene efectos limitativos entre quien lo promueve. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que de aprobarse esta iniciativa además de proteger, de fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fortalecería las acciones preventivas a posibles violaciones a los derechos humanos, en virtud de que al estar en marcha al proceso legislativo, esta iniciativa evitaría cualquier entrada en vigor de una ley que atente contra los derechos humanos de las personas. Por las razones expuestas, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente: Proyecto de Decreto que adiciona la fracción II del artículo 105 constitucional. "ARTICULO UNICO. Se adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Inciso g). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado, que vayan en contra de las garantías individuales previstas por esta Constitución. "En la ciudad de México,D.F. a 6 de noviembre del presente año". Pongo a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados y entrego a la secretaría para que se inscriba en el Diario y en su momento se turne a la comisión correspondiente. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. El siguiente punto del Orden del Día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre del 2003,con el propósito de asistir a la décimotercera Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es de primera lectura. Y en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. -DIP. SECRETARIA MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION)} Mayoría por la afirmativa señor presidente. -PRESIDENTE: Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. En virtud de que no se han registrado oradores para la discusión, consulte la secretaría a la Asamblea, si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. -MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION) Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias secretaria. Se pide a la secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto. -MISMA SECRETARIA: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto. (votacion) LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Señor presidente, se emitieron 442 votos en pro, 8 en contra y 17 abstenciones.