El diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo: Compañeras y compañeros legisladores, hoy enfrentamos un momento decisivo para el futuro de nuestra libertad, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una propuesta que moderniza... no es una propuesta que moderniza nuestra justicia, es una voz que proyecta una amenaza. No podemos permitir que, bajo el pretexto de la transformación, se concibió un modelo de control autoritario sobre la tecnología y los derechos ciudadanos. Esta ley es un peligroso retroceso. Al desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo autónomo y técnico, y transferir sus funciones a la Agencia de Transformación Digital, el Ejecutivo concentra un poder sin precedentes sobre el espectro radioeléctrico y plataformas digitales. Esto no solo genera incertidumbre, sino que también allana el camino para la censura de contenidos en medios y redes sociales. Bloquear las plataformas y restringir opiniones son tácticas más propias de regímenes autoritarios, más que de una democracia consolidada. Aunque hayan eliminado el artículo 109, la amenaza no ha desaparecido del proyecto. Las modificaciones son cosméticas, lo han dicho expertos, los riesgos persisten y las barreras para atraer inversiones en telecomunicaciones siguen vigentes. Los cambios de última hora no despejan la desconfianza. Las señales regulatorias son difusas y el nuevo modelo no tiene claridad operativa ni institucionalidad y no da garantías y certeza jurídica ni a consumidores ni a inversionistas. Una de las reservas aprobadas en el dictamen en el Senado permite que la autoridad suspenda las transmisiones si cree que viola la ley y cómo en Campeche, Puebla y Tamaulipas no es regulación, es una censura, le da el poder para acallar voces incómodas, sin juez, sin reglas claras, sin defensa. ¿Quién querrá invertir en un país donde las reglas se dictan desde el escritorio del poder? ¿Quién innovará en un sector bajo la persecución política? La eliminación del IFT no es un detalle menor. Su autonomía era un contrapeso fundamental contra la injerencia del poder. Ahora sus funciones se reparten entre las dependencias controladas por el Ejecutivo, como la nueva Comisión Antimonopolio de la Secretaría de Economía y la discrecional Agencia Digital y así como la Comisión Reguladora de Telecomunicación. Esto debilita la capacidad del Estado para regular con imparcialidad y favorece un modelo donde el interés político se impone sobre el interés público. Además, la ley impone restricciones vagas a la propaganda extranjera, una medida que podría usarse para justificar bloqueos arbitrarios y censura. Se disfraza de defensa a la soberanía, pero en realidad es un golpe a la libertad de expresión y a la diversidad informativa. México no puede permitir una legislación que limite voces cuando lo que necesitamos es ampliar el debate. Tampoco puede violar los principios de derecho internacional y el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, tratado que hoy más que nunca necesitamos preservar y fortalecer para sortear los graves riesgos económicos que enfrenta el país. Sí, esta ley promete conectar a millones de mexicanos sin acceso a Internet, pero la conectividad no puede lograrse a costa de nuestros derechos, la inclusión digital no debe ser un pretexto para la vigilancia, sino una oportunidad para empoderar a la ciudadanía. El proceso legislativo también ha sido profundamente cuestionable, se aprobó en comisiones de forma exprés como todo lo que hace Morena, sin diálogo verdadero con empresarios, académicos, periodistas ni sociedad civil. Los foros fueron simulados, las voces no fueron escuchadas y ahora se pretende disfrazar con consenso lo que fue una imposición. Compañeras y compañeros, no nos oponemos a las reformas nos oponemos al retroceso, queremos una ley que conecte a México, sí, pero que haga respetando los derechos democráticos fomentando a la inversión y a la innovación con reglas claras no con ambigüedad y con miedo. A la mayoría le decimos, no legislen para concentrar poder, legislen para expandir libertades y a la ciudadanía alcemos la voz, defendamos nuestra democracia porque la tecnología debe ser una herramienta para la inclusión y el progreso no un mecanismo de control. Hoy desde el Grupo Parlamentario del PRI decimos no a la censura, no al autoritarismo digital y sí a un futuro conectado para todas y todos. Muchas gracias.