El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Con su permiso, diputado Presidente. Respeto mucho a dos o tres de quienes han argumentado aquí a favor del dictamen y, sin embargo, respetuosamente discrepo de algunas de sus afirmaciones. La primera que aquí se ha señalado. No puede el Poder Legislativo federal, de manera unilateral, hacer una ley reglamentaria que violente lo que estableció el Constituyente en una reforma de carácter constitucional. ¿Por qué razón? Porque como ustedes lo saben, el Constituyente no solamente involucra al Congreso de la Unión; involucra a los poderes legislativos de todos los estados o cuando menos de la mayoría de éstos. De tal manera, que si para las entidades federativas fue una buena noticia que haya habido una reforma constitucional para dotar de plena autonomía al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática —en aquel momento llamado así—, no es buena noticia que ahora de manera unilateral, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, es decir, el Congreso de la Unión, modifique lo que dice la Constitución, el sentido de la autonomía, y regrese al Poder Ejecutivo lo que el Constituyente le retiró por conveniencia de la nación. La misma cita que ha sido aquí leída de la controversia constitucional por parte de la secretaría, en la que claramente se establece que los órganos constitucionalmente autónomos tienen como propósito contribuir al equilibrio de los Poderes, contradice y contrapone los argumentos que aquí han sido esgrimidos para favorecer el dictamen, ya que el dictamen lo único que hace es regresar al Ejecutivo las facultades que pretendieron ser objeto de autonomía, y lo peor de todo es que las regresa fingiendo o simulando una autonomía de orden constitucional. De tal manera, pues, que lo que el dictamen pretende es hacer pasar como autónomo un organismo cuya actividad estará subordinada al Poder Ejecutivo. Puntualmente, sin darle muchas vueltas, señalo los seis argumentos por los cuales se violenta la autonomía que el Constituyente le dio, no el Poder Legislativo federal. La primera de ellas es, porque en el artículo 67 se elige la Junta de Gobierno como órgano superior de dirección del instituto, a propuesta del presidente o del titular del Ejecutivo con la aprobación de la Cámara de Senadores. Hasta ahí todo está bien. Pero hay una atribución adicional que se le da al presidente, Ejecutivo, de que una vez electa la Junta de Gobierno, él va a elegir quién es el presidente. Eso no es posible. Es una injerencia inadmisible. Es como si una vez designado el Consejo del IFE, el Ejecutivo designara unilateralmente quién es el presidente del IFE. Cuando el sentido de la reforma constitucional que separó al IFE del Ejecutivo federal precisamente le dio la prerrogativa a la Cámara de Diputados con la finalidad de que no ocurriera una intervención indeseable. Y lo mismo ocurre en los demás órganos constitucionalmente autónomos. Entonces esto es una primera injerencia contraria totalmente a la autonomía. La segunda, el Ejecutivo federal puede intervenir en la remoción de un miembro de la Junta de Gobierno. Esto es un instrumento de subordinación de la Junta de Gobierno a los designios del Ejecutivo federal, en virtud de carecer de los mecanismos de defensa constitucional que le permitieran a ese miembro, o al conjunto de integrantes de la Junta de Gobierno, tener su legítima defensa. De tal manera que dice el artículo 74: el dictamen con la documentación que lo sustenta, incluida la argumentación por escrito, que en su caso el afectado hubiera presentado, será enviada al Ejecutivo federal para su resolución definitiva. Eso no puede ser admisible. Compañeras diputadas y compañeros diputados, respecto de la cuestión de autonomía presupuestal del INIEG, aquí se condiciona al techo presupuestal que presente Hacienda, contrario a lo que ocurre con los demás organismos constitucionalmente autónomos. El IFE presenta su proyecto de presupuesto, es presentado al Ejecutivo para que lo incluya en la iniciativa, pero definitivamente no se le condiciona a un techo presupuestal, y en este caso concreto, sí, y es otro mecanismo justamente de control. Ahora resulta, y voy al quinto, que el Estado mexicano solamente está conformado por dos ámbitos de gobierno, el federal y el estatal y queda suprimido el municipal. Compañeras y compañeros, esto no puede ser. Claro que la Constitución establece con toda oportunidad, con toda claridad, que el municipio forma parte del Estado mexicano. Díganme, explíquenme una razón válida para que sea excluido de una Junta de Gobierno de la cual va a ser objeto, si son muchos municipios hay formas válidas de representación, y de hecho déjenme comentarles una cosa; en muchas constituciones locales de los estados no se admite a todos los municipios, sino se establece una forma en la que quede representado el municipio para efectos de la coordinación fiscal local y para otras más. Explíquenme ¿cuál es la razón por la cual se excluye al municipio y se le va a imponer la estadística, la información y todo un conjunto de cosas que afectan no solamente al país, sino que afectan al país en el ámbito internacional? Pongo solamente un ejemplo para que ustedes tengan una perspectiva local. Hace varios años se generó una controversia entre el municipio de Guadalajara y el Ejecutivo federal, porque el Ejecutivo federal le asignó un número de habitantes al municipio de Guadalajara, y como el municipio también tiene entre sus atribuciones constitucionales las de los conteos de población, el municipio de Guadalajara decidió hacer su propio conteo. Y entonces resultó que el municipio de Guadalajara tenía varios cientos de miles de habitantes más que los que reportó la autoridad federal. Pero la autoridad federal tenía un propósito en este hecho concreto, maquillar las cifras frente a los organismos internacionales para fingir que cumplía los tratados en materia demográfica y el municipio de Guadalajara tenía una legítima razón en defenderse, que es: que se le diera la justa asignación presupuestal que le correspondía. Ahora, si votamos en favor de esta letra, de este dictamen, dejaremos al municipio, que es todo un nivel de gobierno y que es un nivel de gobierno cuyas atribuciones en el 115 son bastas y serían materia suficiente para que no cometiéramos este atropello. Por último, doy un argumento adicional a los que aquí se han manejado. Si algo ha traído la alternancia en el país, es decir, que puede existir un gobierno federal de un partido, un gobierno de una entidad de otro partido y gobiernos municipales de otros partidos, es justamente la posibilidad de transitar a órganos y organismos constitucionalmente autónomos para que, independientemente de cuál sea el origen de un gobierno, todos ellos tengan garantías constitucionales de manejo imparcial. Por eso, con todo respeto: no nos demos gato por liebre. La ley que hoy se va a votar contraviene lo que el constituyente aprobó, que es una categoría constitucional totalmente distinta a la del Congreso de la Unión. El organismo que se pretende hoy reglamentar, a través de esta ley, no es un órgano para la alternancia, no es un órgano para el futuro del país. No es un órgano para fomentar el equilibrio entre ámbitos y Poderes de la Unión. No es un órgano que vea de cara al siglo XXI, es un órgano que ve de cara a etapas ya superadas del partido único o del partido de Estado. Por estas razones, pido a las diputadas y los diputados, respetuosamente, votemos en contra de este dictamen. Muchas gracias.