El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el pleno de esta soberanía recibió de la Comisión de Reforma Agraria un dictamen respecto de una iniciativa presentada por el compañero legislador Blas Ramón Rubio Lara, sobre un proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adicionan cuatro párrafos al artículo 70 de la Ley Agraria en materia de parcelas escolares. Sobre el contenido de la iniciativa, y del dictamen, aludidos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su inconformidad, rechazo y consecuentemente, su voto en contra por los motivos que a continuación se expresan. Hagamos un ejercicio de memoria, compañeros y compañeras legisladoras. La reforma agraria mexicana ha sido un proceso complejo y prolongado. La reforma tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura y se desarrolló en una guerra civil. El Plan de Ayala, que por cierto hoy estamos conmemorando el 102 aniversario de su promulgación, propuesto por Zapata, adoptado en 1911, exigía la devolución a los pueblos de las tierras que habían dado pie al latifundio. El proceso de la reforma se inició con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, emitida por Venustiano Carranza en Veracruz. Es así cuando el 6 de enero de 1992, 77 años después, perversamente el presidente Salinas de Gortari impulsó una reforma al artículo 27 constitucional, porque en los hechos se permitió la privatización del ejido, piedra angular de los movimientos libertarios en nuestro país. Ese golpe artero de salinas a la reforma agraria de 1915, no sobra decirlo, se inscribe dentro de las normas del neoliberalismo que tanto año ha hecho a nuestro país. Posteriormente, en noviembre del 2012, otro presidente, Felipe Calderón, trató de que la privatización del ejido fuera consumada en su totalidad, enviando al Senado una propuesta para adoptar colectivamente el régimen de propiedad privada que se encuentra pendiente de dictaminar en comisiones del Senado, seguramente esperando un momento oportuno para pasarla sin mayores sobresaltos. En tiempos del presidente Cárdenas, la parcela escolar, que es una institución histórica del derecho agrario, como lo cita el iniciante, fue regulada por diversos ordenamientos jurídicos, desde el Código Agrario de 1940, que en nuestros tiempos aparece en el artículo 70 de la Ley Agraria de 1992. Sobre el tema de las parcelas escolares del ejido, sobre el que diserta el promovente, opinamos que cumple funciones básicas y primordiales en el mantenimiento y sobrevivencia de lo que queda de esa institución agraria. Educa a los niños y jóvenes en las prácticas agrícolas y ganaderas que le dan identidad y desarrollo económico al ejido y fomenta la cohesión social de los miembros de él, desde temprana edad, formando en ellos los valores de solidaridad y cooperación. Basados en los elementos anteriores vemos en el proyecto presentado elementos que en vez de fortalecer van en contra de estas funciones. Una de las principales tesis de la iniciativa de dictamen consiste en la manera en que se pretende legislar para administrarlas. Actualmente el Reglamento Interno del Ejido norma el uso de la parcela escolar y el dictamen va en el sentido de que la propiedad, posesión y explotación de la parcela sea administrada por el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, quienes podrán contratar créditos y otorgar en garantía el usufructo parcelario sin requerir acuerdo previo de la asamblea a la que se le informará anualmente. En otras palabras, se deja al arbitrio de dos instancias de dudoso carácter plural y representación el destino de la parcela escolar. La iniciativa marcaba que los productos, utilidades e ingresos que genere la parcela debieran destinarse en un 80 por ciento a través del comisariado a rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como adquisición de mobiliario y equipo escolar, y el 20 por ciento restante a los maestros. Esto es ilógico, porque entonces la SEP cómo participa en estos asuntos de inversión. El dictamen corrige y amplía 100 por ciento los recursos destinados a los fines señalados y además es unilateral la aplicación de los fondos. En nuestra opinión en todo caso la inversión debería emplearse a equipo agrícola y a aperos de labranza. Adicionalmente en el dictamen se prevé que el producto de la explotación se pueda aportar a todo tipo de sociedades, darse en arrendamiento, asociación en participación y otras figuras jurídicas que conllevan el flujo de la privatización. Otro punto en el que estamos en desacuerdo es el referente al inicio del párrafo cuarto del dictamen comentado, donde se anota que en caso de adoptarse el dominio pleno sobre la parcela escolar tendrá preferencia, es decir, derecho al tanto la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. Esta disposición no cuenta con el beneplácito del Partido del Trabajo, porque en todo caso la parcela escolar debería quedar a favor dl Estado mexicano. En mérito de lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará en contra de la propuesta presentada ante esta soberanía, y conmina a los compañeros legisladores a hacerlo en el mismo sentido. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.