El diputado Iván García Solís: Gracias, Presidente. Ciudadanas y ciudadanos legisladores: En esta ocasión quiero presentar ante ustedes un caso sumamente preocupante, el pasado 22 de diciembre -parece ser que en diciembre se han acumulado hechos negativos varios-, fue absuelto, en este caso fue absuelto por el Juzgado 15 de lo Penal en el Distrito Federal un líder sindical, Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado de corromper a tres mujeres menores de edad, a quienes obligaba a sostener relaciones sexuales. La resolución del Juzgado 15 de lo Penal presenta una serie de irregularidades que ponen en evidencia las deficiencias en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, que como todos sabemos es un sistema sumamente dañado, sumamente lastrado por la corrupción y por la venta, compra-venta de la justicia. Aquí en este caso, se trata de que se está buscando la impunidad de este gravísimo caso. En la resolución se indica -adviertan ustedes las palabras provenientes de ese Juzgado-: "Se pudo haber actuado con el consentimiento de las menores agraviadas, lo que representa una supuesta exclusión de delito por tratarse de actos sexuales consentidos". Esto está referido a menores de edad, lo cual resulta a todas luces inaceptable, puesto que un hecho así configura, cuando se trata de menores de edad, configura el delito de corrupción de menores. No podemos permitir que esto ocurra ni en la Ciudad de México ni en ninguna otra parte del país. Por otra parte, la sentencia absolutoria no fue firmada por la titular del Juzgado, quizá tuvo algún rubor para no hacerlo, sino que el encargado de emitir y firmar la resolución fue el secretario de acuerdos Miguel Ángel Pérez Camacho. La propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria, y no solamente la Procuraduría, el propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, ha hecho público este hecho verdaderamente inaceptable, ha denunciado esta sentencia verdaderamente negativa, porque la autoridad judicial no valoró correctamente las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante el juicio. Por tanto, se ha iniciado una averiguación previa, no contra el Secretario de Acuerdos, sino contra quien resulte responsable de estos hechos; no sólo contra él. Resulta evidente el desconocimiento por parte de los funcionarios del Juzgado 15, el del derecho internacional de los conceptos establecidos en materia de derechos humanos y lo que ha resuelto la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la cual menciona que es una fuente obligatoria de derecho para los Estados miembros esta resolución. Por lo antes expuesto, propongo este punto de acuerdo: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al Tribunal de Justicia del Distrito Federal, para que, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de Justicia en contra de la sentencia absolutoria dictada a favor del ciudadano Ramón Salvador Gómez Martínez, líder corrupto y corruptor, tome en consideración el interés superior de la infancia con base en los instrumentos internacionales que nuestro país ha ratificado. Y segundo y final. La Comisión Permanente, exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que, de manera pronta y expedita, lleve a cabo las investigaciones pertinentes para la consignación de los responsables del Juzgado 15 de lo Penal en el Distrito Federal, por la liberación del ciudadano Ramón Salvador Gómez Martínez. Es decir, los Procuradores, en este caso el Procurador, está demandando que estos funcionarios que no han sabido responder al derecho no solamente nacional, sino también a las prevenciones internacionales, sean encauzados de acuerdo a las responsabilidades que puedan corresponderles. Muchas gracias por su atención. El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado García Solís. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo. Tiene la palabra el senador Emilio Gamboa Patrón, del grupo parlamentario... Senador Antonio Aguilar Bodegas, para presentar proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión Permanente exhorte al Presidente de la República a que cumpla de inmediato con el compromiso asumido por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, de entregar a los Ejecutivos Estatales el Padrón Unico de Beneficiarios de los programas sociales, a cargo de dicha dependencia.