El diputado Humberto López Lena Cruz: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros. Exposición de motivos A últimas fechas hemos podido observar un crecimiento en el número de líneas áreas que prestan sus servicios en el transporte civil, mediante la explotación, el uso y aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional. La Ley de Aviación Civil es la encargada de reglamentar la actividad y tiene dentro de sus objetivos regular que esta industria se encuentre en crecimiento, y por tanto, debe ser vigilada por el Estado, ya que como se mencionó en el párrafo anterior, el espacio situado sobre el territorio nacional es una vía general de comunicación sujeta al dominio nacional. Ahora bien, los artículos 9 y 11 que se proponen reformar, establecen los requisitos para el otorgamiento de las concesiones y permisos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para permitir el aprovechamiento y explotación del espacio aéreo. Dentro de los requisitos que se establecen para otorgar las concesiones y permisos, se encuentran que las personas morales que prestan el servicio de transporte aéreo deben de acreditar capacidad técnica, financiera, jurídica y administrativa para prestar el servicio público. Un aspecto importante para el otorgamiento de concesiones y permisos consiste en la seguridad y disponibilidad de las aeronaves y demás equipos, los cuales deben cumplir con los requisitos técnicos de seguridad, evitando así poner en riesgo la seguridad de los usuarios y respetando al mismo tiempo el medio ambiente. De lo señalado, se aprecia que no establece dentro de los requisitos de alguna forma garantizar los derechos de los usuarios, y en caso de que se revoque o se suspenda la concesión y permisos, se ven afectados por no poder hacer válido los boletos adquiridos con anterioridad. A manera de ejemplo, a nivel nacional se puede señalar lo acontecido en Aerolíneas Azteca el pasado 26 de marzo, fecha en la cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinó suspender sus operaciones al considerar que puede poner en riesgo la integridad de sus pasajeros, dejando varadas, por la incertidumbre jurídica, a más de 20 mil personas con boleto comprado, a unos cuantos días de que se iniciaran las vacaciones de la Semana Santa pasada. La suspensión de la aerolínea reconocida por sus bajas tarifas, provocó graves molestias y confusión entre los usuarios, quienes no consideraron como justa la suspensión del servicio sin previo aviso ni oportunidad para la cancelación o reembolso. Esos reclamos sucedieron ya que los más afectados fueron las personas con menos recursos, que acuden a estas aerolíneas por no poder pagar un boleto de otras compañías aéreas. La frustración y el enojo predominaron en la mayoría de los viajeros, quienes exigieron a las autoridades aeroportuarias una respuesta a sus demandas, así como una solución viable para las personas que tuvieron que viajar de forma urgente; señalando las autoridades que algunas otras compañías se ofrecieron a transportar a los pasajeros, previo pago de la diferencia del boleto, que variaba entre 50 y mil pesos. Señalando el caso de Aerocalifornia, es similar al de su antigua competencia Taesa, la cual también fue obligada a suspender operaciones a finales de 1999, luego de que uno de sus aviones se accidentó en Uruapan, Michoacán, donde murieron 18 personas. Tras esa suspensión Taesa no volvió a volar y se declaró en quiebra en febrero de 2000. Sus activos quedaron a cargo de una sindicatura de acuerdo a la Ley de Concursos Mercantiles. A nivel internacional y en relación a los permisos se puede señalar lo acontecido a la aerolínea Air Madrid, la cual el pasado mes de diciembre suspendió sus actividades por situaciones similares a las que se presentaron con las aerolíneas mexicanas, afectando a muchos mexicanos que compraron boletos con dicha compañía. De todo lo señalado se desprende la necesidad de establecer, dentro de los requisitos para el otorgamiento de concesiones o permisos, una fianza que pueda garantizar la reparación de los daños y perjuicios y que se les pueda ocasionar a los usuarios por la suspensión o revocación de la concesión o permiso. Que exista la posibilidad de que los consumidores puedan canjear sus boletos por otros en alguna compañía que preste el mismo servicio, sin la necesidad de desembolsar alguna cantidad adicional a la que ya está pagada. El punto a considerar es el monto de la fianza que deben proporcionar las compañías aéreas por el otorgamiento de la concesión o el permiso correspondiente. Al respecto se puede considerar un parámetro para el monto de la garantía, el número de boletos que pueda vender la compañía en 90 días, término establecido en la ley, para que las concesionarias o permisionarias puedan subsanar las irregularidades encontradas dentro de las revisiones por las autoridades. De esta forma y con la aprobación de esta iniciativa, se estaría dando solución a una problemática actual y real que afecta a la población que utiliza el transporte aéreo, y en caso de presentarse una revocación o suspensión, no se vería afectada ya que las autoridades podrían hacer válida la garantía de proporcionar a los usuarios el boleto para completar su viaje por alguna otra línea. Por lo antes expuesto y en el entendido de que es un tema de actualidad y que necesita regularse, y al no pretender se repetitivo, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 9o. y 11o. de la Ley de Aviación Civil. En obvio de tiempo, Presidenta, solicito que se inserte en el Diario de los Debates, de acuerdo como fue acordado este día. Muchas gracias. Es cuanto. La Presienta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes. Tiene la palabra la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación.