El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados y diputadas federales, el 23 de abril de 2009 fue enviada por la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto que adicionaba y reformaba diversos artículos de la Constitución Política en materia de derechos humanos. La Cámara de Senadores revisó dicho dictamen, introdujo nuevos cambios y lo turnó a esta Cámara de origen el 8 de abril de este año. El 28 del mismo mes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos realizaron su primera reunión para el análisis y discusión de la minuta, misma que fue aprobada en lo general, quedando pendientes algunos artículos reservados, por lo que nos constituimos en sesión permanente para continuar el análisis y discusión del documento. Después de varias reuniones de trabajo se acordó la conformación de un grupo plural de diputados, que se reunieron con senadores, para definir la correcta interpretación del artículo 72, inciso e) de la Constitución Política, a efecto de evitar que el proyecto se aprobara o rechazara en su totalidad. La sensibilidad de la colegisladora dio la apertura para una nueva y trascendental interpretación que permita introducir nuevas modificaciones a las hechas por la Cámara revisora. En estas reuniones se consensaron cambios en los que ambas Cámaras coincidieron, esto ya resulta muy importante. Cuando a una Cámara de origen le reenvían una iniciativa, siempre se nos había dicho que la interpretación era que se aceptaba o se rechazaba en su totalidad la minuta. Con esta nueva interpretación solamente no se pueden tocar aquellos artículos que ya fueron revisados por ambas Cámaras, pero sí se pueden introducir cambios en aquellos artículos, que es la primera ocasión en que una Cámara revisa. Con ello se privilegia los acuerdos parlamentarios y no los disensos parlamentarios. La reforma en derechos humanos constituye un histórico cambio en la evolución de los derechos fundamentales en nuestro país y atañe a 10 artículos, el 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 102 y 105 de la Constitución. Con estas reformas y adiciones, México se inscribe en la ruta de los países que reconocen explícitamente en sus normas internas la aplicación de las disposiciones del derecho internacional en materia de derechos fundamentales. La reforma se ubica en los más altos intereses de la nación y de la mano de la aprobada en materia de amparo en días recientes; permite, por tanto, el fortalecimiento de un amplio y vigorosa sistema de protección a los derechos humanos en nuestro país. Sus bondades están a la vista. De aprobarse por esta asamblea, el capítulo primero se denominará “de los derechos humanos y sus garantías” y ya no más “de las garantías individuales”. En el artículo 1o., entre otras reformas, se establecen los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos y se determina que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos. Se define que los derechos humanos son los reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país y además se añade el principio internacional de que la interpretación de la Constitución y sus leyes, siempre debe de ser en las mejores condiciones y a favor de los ciudadanos, de los humanos. El artículo 3o., determina que la educación deberá fomentar el respeto a los derechos humanos; el 11, consagra el reconocimiento al derecho de asilo y refugio; el 15 prohíbe la suscripción de tratados que menoscaben los derechos humanos; el 18 obliga al sistema penitenciario a organizarse sobre la base de respeto a los mismos. Como fue aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, el artículo 29 introduce importantes disposiciones al definir a los derechos que no pueden suspenderse ni restringirse aún en una situación de excepción, como son la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, a los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. El artículo 33 limita la facultad del Ejecutivo para hacer salir del país a extranjeros previa audiencia y a través de un procedimiento que establece la ley. Como principio de política exterior se agrega en el artículo 89 el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos. Del artículo 97 se elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar casos graves de violación a los derechos humanos, para otorgársela a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ejercicio de esta facultad, autoridad alguna puede negar la información a la comisión. El desarrollo y desahogo del procedimiento le corresponde, como está redactada la minuta, al Consejo Consultivo. En el artículo 102 se fortalece la protección no jurisdiccional de los derechos humanos al establecer que las autoridades tienen obligación de dar respuesta a las recomendaciones de la CNDH, quien no las acepte deberá manifestarlo públicamente. El Senado puede hacer comparecer a quienes no hayan aceptado alguna recomendación o no la cumplan, para que explique públicamente sus razones. Se amplía la competencia de la comisión para conocer también de violaciones a los derechos laborales, como parte de los derechos humanos, y se determina que las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán garantizar en la ley autónoma de los órganos protectores de los derechos fundamentales. Asimismo, se establece la elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los integrantes del Consejo Consultivo a través de un procedimiento de consulta pública transparente. Finalmente, el artículo 105 amplía las facultades de la comisión para interponer controversia constitucional contra tratados internacionales que limiten derechos humanos. La reforma tiene un espíritu protector, es bondadosa, marcha en la misma vía que las normas de carácter internacional y es fruto de la participación de organismos internacionales y nacionales no gubernamentales. Debemos felicitarnos por este paso trascendente en la defensa y protección de los derechos humanos de los mexicanos. Es de agradecer el enorme esfuerzo y dedicación que todos los diputados integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos, sin excepción, realizaron durante estos arduos meses de reflexión y discusión sobre esta minuta. En particular es de agradecer a los diputados Juventino V. Castro y a nuestro compañero Rubén Moreira el esfuerzo y el talento para la conclusión de estos trabajos. Seguramente el tiempo dirá si algunos cambios que hemos introducido a nuestra Constitución cumplen con el propósito que esta soberanía determinó o si merecen a la brevedad ajustarse con la única finalidad de proteger los derechos fundamentales de todos los que conformamos nuestro México, que es a fin de cuentas nuestro único e ineludible compromiso. Muchas gracias.