El diputado Iván García Solís: Gracias, Presidente. Como aquí se ha dicho, doy voz a la diputada Rosa María Avilés Nájera y desde luego, comparto su propuesta. Las siguientes consideraciones apoyan el punto de acuerdo que propondremos: El 29 de diciembre del año próximo pasado, fue detenido el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, Martín Barrios Hernández, por el presunto delito de chantaje contra el empresario Lucio Gil Zárate, quien argumentó que Barrios le pedía 150 mil pesos para detener un movimiento de 163 obreros maquiladores que exigían una justa liquidación, ya que fueron despedidos por Gil Zárate, en represalia por las acusaciones que los trabajadores presentaron en su contra ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Como se ve, el origen es de tipo laboral. Al respecto es de señalarse que las empresas propiedad del denunciante son subcontratadas por el llamado "rey de la mezclilla", Camel Nacif Borge, empresario que demandó por difamación y calumnias a la periodista y defensora de los derechos de las mujeres Lidia Cacho Riveiro, no obstante que existió una denuncia para su detención en la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, cometió diversas irregularidades, la Procuraduría cometió diversas irregularidades en la detención del luchador social al igual que lo hizo con Lydia Cacho Riveiro. Esta es una actitud reiterada de la Procuraduría de Puebla. En este caso no se le notificó que estaba denunciado, la denuncia en su contra fue interpuesta en la Agencia del Ministerio Público especializado en secuestros. Los policías judiciales que lo detuvieron fueron los mismos que aprehendieron a la autora del libro Los demonios del edén, de la autora que ya mencionamos y que también han ejecutado órdenes contra líderes de otros movimientos sociales como los campesinos de La Magdalena Acoxpan, que se oponen a un proyecto gubernamental que pretende extraer agua de su territorio para llevarla a Atlixco. En diálogo con los medios de información, después de rendir su declaración, reveló el acusado, que en su primer día como prisionero fue sujeto a maltratos. Además, hay que decir que este ciudadano ha sido persistentemente perseguido por su oficio humanísimo y humanista de defensor de los derechos de todo mundo, por lo que cabe preguntarnos: ¿Por qué la actuación de la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla ha sido tan expedita en la denuncia presentada por Lugo Gil Zárate? ¿Por qué la misma Procuraduría archivó la denuncia presentada por Martín Barrios por las lesiones ocasionadas por elementos de seguridad de la empresa Tarrán Aparell Grup, empresa asociada a Camel Nacif? ¿Por qué la Procuraduría no se ha apegado en su actuación al principio de legalidad? ¿Por qué la similitud excesiva en la detención de duros luchadores sociales? Estas preguntas y estas interrogantes exhiben una inadecuada e inaceptable administración de justicia. Martín Barrios Hernández se ha caracterizado por ser un defensor de los derechos humanos, específicamente en la lucha por lograr mejores condiciones laborales. Decía yo: esto tiene que ver con una embestida contra los trabajadores por parte de ese tristemente famoso "rey de la mezclilla", que por cierto está mezclado, utilizando el término, en acusaciones de complicidad, por lo menos, con aquel violador de Cancún que está preso allá por los delitos cometidos. De manera tal que este patrón inescrupuloso es ahora el acusador de un defensor de los derechos humanos. En esta situación me uno a la demanda, a la exigencia que aquí nos presenta la diputada Rosa María Avilés Nájera y presento a ustedes este punto de acuerdo. Primero.- La Comisión Permanente solicita con pleno respeto a la soberanía del estado de Puebla, que la Procuraduría de Justicia de dicho estado, revise el procedimiento seguido en contra de Martín Barrios Hernández, defensor de los derechos humanos y apegue su actuación al principio de legalidad y Segundo.- La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla, inicie una investigación a los servidores públicos de su dependencia involucrados en la detención de Martín Barrios Hernández, por las presuntas irregularidades en que incurrieron en su desempeño. Como digo, suscribe la diputada Rosa María Avilés Nájera, a quien damos voz y de quien somos solidarios. Muchas gracias.