La diputada Rosa María Castro Salinas: Compañeros y compañeras, soy Rosa María Castro, diputada federal representante de los pueblos afromexicanos, primera diputada que surge de la lucha social de nuestro gran movimiento, que lleva casi tres décadas de resistencia. Compañeros y compañeras, vengo a esta tribuna en representación del movimiento nacional afromexicano y con instrucciones de la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas, celebrada en agosto de 2024, en esta gran Ciudad de México. Reciban de su parte un cordial saludo. Me dirijo a todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara porque la materia que hoy nos ocupa, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, es uno de los temas que nos unifica, que nos consolida como Congreso, que nos demuestra lo que un cuerpo legislativo puede hacer cuando el propósito consiste en saldar una deuda histórica a favor de las personas más necesitadas. Permítanme asegurar que esta reforma es el resultado de muchas décadas de lucha, infinitos encuentros y desencuentros, muchos avances y retrocesos, pero también es una muestra de la resistencia y la resiliencia de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, así como de las personas indígenas y afromexicanas. Al mismo tiempo, es la demostración evidente de la buena voluntad que anima a los Poderes de la Unión, donde todas las corrientes se han mostrado propositivas. Para muestra, basta decir que la reforma indígena de 2001 y la afromexicana de 2019 fueron votadas en lo general por unanimidad absoluta del Congreso federal. Por eso, quiero compartir con ustedes algunos datos que dan vida y sustento a la reforma que hoy nos ocupa. Iniciamos la consulta de reforma en el año 2019, a lo largo de varios meses los pueblos y comunidades participamos en más de 50 foros y mesas de trabajo. Ahí propusimos y analizamos 16 ejes temáticos, hasta que logramos una redacción que satisfizo en lo general a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país. Una vez redactada, hicimos llegar la iniciativa al titular del Poder Ejecutivo federal y, por su conducto, el 5 de febrero de 2024 se presentó la iniciativa en esta honorable Cámara de Diputados. En estos seis meses hemos leído una y otra vez la redacción y hemos tenido que proponer la modificación de algunos renglones. Recuerdo con claridad uno de ellos, que detectamos al estudiar la iniciativa en el Encuentro Nacional de Mujeres Negras Afrodescendientes y Afromexicanas, realizado en Mata Clara, Veracruz, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. Ahí notamos que se nos reconocía como sujetos de derecho público, pero se nos negaba el derecho a la personalidad jurídica y al patrimonio propio. También observamos que la definición de comunidad tenía que ser afinada. Afortunadamente encontramos eco en todas las fracciones parlamentarias, de tal manera que la reserva modificatoria fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales, y hoy al estar en consideración de este pleno sabemos que nos volverá a dar su apoyo. Ahora, ya puesto en claro el previo informado proceso de consulta, permítanme destacar algunos puntos que considero relevantes. Primero. Señalar que el dictamen que hoy nos ocupa tiene fundamento en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Convenio 169 de los Pueblos Indígenas y Tribales, de los cuales México es firmante. Por otro lado, se trata de una reforma que busca en los hechos la igualdad sustantiva con perspectiva de género y futuro, con interseccionalidad, con igualdad, sin racismo, sin discriminación. Consideración, no sólo que modifica el proemio y sus tres apartados, sino que adiciona uno más. En este apartado encabezado por la letra D, se especifican derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, cubriendo una deuda largamente silenciada. En este apartado se adiciona también y se reconocen derechos a favor de las infancias, las adolescencias y las juventudes de quienes han sido olvidados por siglos enteros. Un párrafo especial impone obligaciones al Estado para eliminar la discriminación, el racismo y la exclusión de las comunidades indígenas y afromexicanas que tanto lacera la dignidad de nuestra república. No podemos dejar de agradecer a esté pleno su voto favorable a una reforma, que por primera vez dice, de manera literal, clara y fuerte, que las y los jóvenes indígenas y afromexicanos tienen derecho a la educación, a la salud, a la tecnología, al arte, a la cultura, al deporte, y a la formación profesional, bajo un sistema universal de becas que reduzca las brechas de las igualdades. Por eso, decimos que está ley es buena para...