La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz (vía telemática): Gracias. Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados y senadores, durante la actual legislatura hemos buscado fortalecer la economía social legislando tanto a nivel constitucional como en leyes secundarias y dando seguimiento a cambios administrativos. Lamentablemente, esos cambios el gobierno federal eliminó determinados programas que tendrían necesidades específicas que muchos grupos sociales sin que hasta el momento hayan podido suplir y atender eficazmente el impacto positivo de esos programas. Tal es el caso que afecta hoy a nuestra población migrante desplazada por la adversidad económica en nuestro país y a la que le costaron décadas establecer mecanismos de financiamiento al desarrollo de sus comunidades originarias como el Programa Tres por Uno, que fue eliminado por el gobierno federal en 2020. La mayoría de nuestros connacionales que viven en el extranjero residen en Estados Unidos rondando los 12.3 millones de personas y si se considera a sus descendientes, en suelo estadounidense, nuestra gente llega hasta los 38.5 millones de personas. El desastre económico y la incapacidad del gobierno para brindar mejores condiciones, a nuestro pueblo, ha sido una constante en nuestra historia y ufanarse del incremento de personas migrantes solo habla de una inmensa falta de empatía. Sin embargo, sí debemos estar orgullosos de la capacidad de organización que han tenido nuestros connacionales quienes buscan participar en la vida pública del país y aportar e incidir en el desarrollo de sus comunidades originarias. En este contexto, desde hace décadas nacieron las remesas familiares que en 2018 alcanzaron casi 33 mil 500 millones de dólares a estas se suman las remesas colectivas o solidarias, que son el conjunto de donaciones, de las organizaciones de personas migrantes mexicanas, constituidas en federación o clubes, y que se sirven para impulsar el desarrollo social y económico mediante obras comunitarias y la implementación de proyectos productivos en sus localidades de origen. Estos clubes son legales y están reconocidos por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la década de 1970 estos reunieron fondos con presidencias municipales, en México, bajo el esquema Uno por Uno, logrando fondear obras comunitarias. Para 1999, estas prácticas informales conocidas como Uno por Uno, evolucionaron a un esquema de Dos por Uno involucrando más ámbito de gobierno y que para 2002 se logró la iniciativa ciudadana Tres por Uno que integró esfuerzos de clubes de personas migrantes y los tres ámbitos de gobierno en México. El programa Tres por Uno convirtió a nuestro país en un referente en la gestión de estas problemáticas, a través del Fondo de Proyectos, el momento a la organización... El fomento, perdón, a la organización ciudadana y el fortalecimiento de vínculos comunitarios. Desafortunadamente, en 2019 no se aplicaron los recursos, aprobados en esta Cámara, para dar continuidad al programa Tres por Uno. Y en enero de 2020 el gobierno federal y la mayoría dominante determinar dar de baja el programa, ignorando las necesidades de las personas migrantes de origen mexicano que viven en los Estados Unidos de América, negándoles la posibilidad de influir en el desarrollo de la Agenda 2030 en sus comunidades de origen y contraviniendo a los compromisos de México en el Acuerdo de Marrakech para la migración segura, ordenada y regular, cuyos objetivos incluyen mitigar los factores adversos y estructurales que impiden a las personas mantener medios de vida sostenibles en sus países de origen. Compañeras y compañeros, aunque el Ejecutivo federal no escucha a la mayoría de las organizaciones de personas migrantes de origen mexicano en torno a reactivar el programa Tres por Uno, el artículo 25 de nuestra Constitución es muy claro sobre las obligaciones del Estado mexicano, sobre buscar el desarrollo sustentable e integral, permitiendo el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, alentando el crecimiento económico y la creación de empleos, y respetando, apoyando y fomentando todas las formas de organización social, como lo son clubes migrantes. Y su exigencia de participar en la definición de proyectos sustentados con los recursos que generan, y en el fortalecimiento de esos proyectos al complementarse con recursos del Estado mexicano. Consecuentemente, traigo a esta Comisión Permanente la iniciativa que modifica la ley reglamentaria del artículo 25, para incorporar los mecanismos institucionales que reconozcan e impulsen la participación solidaria de la comunidad mexicana migrante, para poder coordinarse con la federación, los estados y los municipios en el desarrollo... La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Concluya, diputada.