El diputado Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, compañeras, compañeros. La Cuenta Pública de 2018, la última Cuenta Pública del neoliberalismo, por supuesto que no puede ser aprobada. Ya lo dijo Reginaldo Sandoval en nombre del PT y yo vengo a refrendar esa misma postura. Y, no debe de ser aprobada no solo por lo que plantea la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a lo largo de un largo y minucioso dictamen, sino porque, además, no tengo duda alguna, constituiría la más grande aberración que cerraría con broche de oro 40 años de saqueo y eso no lo vamos a permitir. Nosotros, sostenemos que el viejo régimen, ese régimen neoliberal concebía al presupuesto público como un botín político. Interpretaban que su triunfo electoral era sobre la base del fraude y entonces les concedía el uso y disfrute de los recursos públicos en su favor, es decir, privatizaban lo que por ley debe ser usado en favor del bien colectivo. Este esquema de fraude, compañeras, compañeros, ha quedado al descubierto, claramente ya con la trama de ese financiamiento ilícito que se recibió para la campaña de 2012, cuando con la intermediación de Emilio Lozoya, la empresa Odebrecht otorgó sobornos por cerca de 6 millones de dólares como se ha expresado en distintas fuentes para el financiamiento de la campaña del entonces candidato y ahora expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Es por ello que desde, esta, la más alta tribuna del país exigimos a las autoridades correspondientes, y lo exigimos enérgicamente, a que actúen con apego a derecho y procedan a cancelar el registro del partido político Partido Revolucionario Institucional por la más que acreditada violación a las disposiciones sobre el financiamiento a los partidos políticos. Hoy las cosas son diferentes, el presupuesto, como también se ha expresado en esta tribuna, llega directamente a los beneficiarios sin intermediarios, pero, también sin moches. Y, sobre la Cuenta Pública de 2018, pues reitero el Partido del Trabajo se pronuncia en favor de reprobar dicha gestión en función de las siguientes consideraciones. Y, miren que cosas, la Auditoría Superior de la Federación señala que, en la construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal se pagaron por concepto de alumbrado, y lo pongo solo como ejemplo, 200 mil pesos, por este concepto, por el concepto de equipos eléctricos que no fueron ejecutados. Asimismo, se erogaron otros 16, 18.2 millones de pesos para diversas obras relacionadas con la construcción del Hospital General de Matamoros, de las que tampoco se tienen evidencia de que fueron efectivamente ejecutadas. Y, además se advierte que se pagaron otros 350 millones de pesos en nuevos contratos de adquisiciones para el Hospital General de Matamoros sin que hayan suministrado en su totalidad ni mucho menos instalado y puesto en operación esos servicios en dicho nosocomio. Y, hay muchos más ejemplos, ahí está el Programa de Financiamiento para Pequeños Productores, donde la Auditoría Superior de la Federación comprueba que se otorgaron más de 400 mil pesos a personas fallecidas. Además, se observó la falta de evidencia documental que comprueba el destino de 249 créditos por una suma de 76.7 millones de pesos. Y así podría seguir dando detalle tras detalle de todo esto que tiene como una etapa culminante, pues lo que tiene que ver con la estrategia desarrollada llamada muy en boga hoy, la estafa maestra. Como sabemos, un esquema de las dependencias que las entidades públicas utilizaron para contratar a instituciones educativas, permitiéndose así eludir las licitaciones públicas y con ello simularon operaciones, se celebraron contratos con entes que no contaban con ninguna capacidad para ejecutar las tareas encomendadas. Podría seguir, aunque haya gritos de desesperación en el pleno y es que no les gusta que venga uno a recalcarles, que fueron unos traidores a la patria y que se robaron su puesto público. Reitero, por todo ello, que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo apoya con decisión la lucha frontal contra la corrupción que desde la cuarta transformación impulsa el gobierno federal.