La diputada Eliana García Laguna: Gracias señor Presidente. Señor Creel, el uso faccioso de la Ley y su incapacidad de gobernar con los Poderes del Estado ha colocado al país en una grave crisis de gobernabilidad y ha puesto en riesgo la seguridad del Estado y.colocado en los ciudadanos de nuestro país en la indefensión ante el crimen organizado. Miramos al flagelo de la delincuencia como un asunto externo a las instituciones que conforman el Estado Mexicano, resulta fácil señalar que la delincuencia organizada pone en riesgo la seguridad nacional , sin embargo nadie asume lo que esto significa y es el hecho de que la delincuencia organizada sólo puede existir bajo la protección de las instituciones del propio Estado, a través de un circuito de complicidades que como dijo el señor Fox ayer, dia con dia cruza de la base a la punta. El combate a la delincuencia organizada ha sido un fracaso, porque ustedes han decidido sustituir la responsabilidad de Estado por la de mercadotecnia, porque siguen concibiendo, como usted lo acaba de decir, que detener a 26 narcotraficantes por día o desmantelar una banda de plagiarios al mismo, constituye una política de Estado, sin entender que el fenómeno no es de policías contra ladrones sino atacar las causas de la extrema vulnerabilidad institucional, que ustedes han ahondado, por su judicialización de la política, por su confrontación con este Congreso de la Unión, por la ausencia de interlocución con los actores políticos y sociales y por su incapacidad de respetar a las instituciones. Es fundamental dar un viraje a nuestra manera de pensar la seguridad y poner en el centro de la amenaza la profunda debilidad de las instituciones del Estado, porque son éstas las que han sido penetradas por la delincuencia organizada. El paradigma de la impunidad y el fiebre del Estado de derecho en el caso de los feminicidios es muestra de ello, y de eso no se salva el Estado Mayor Presidencial, la inteligencia militar, la inteligencia civil, la seguridad pública, Hacienda y otros órganos del gabinete de seguridad y del propio Poder Judicial. El narcotráfico reta a la seguridad nacional, fundamentalmente porque la operación del crimen organizado, se basa en su capacidad para infiltrarse en los altos niveles de decisión, y ahí tenemos la todavía no aclarada situación del señor Nahum Acosta, que sigue arraigado, sin ser detenido, y ahí se está violentando incluso el principio de la presunción de inocencia. Contra esta debilidad de las instituciones, no hay recurso humano ni material ni financiero, porque está carcomiéndose la estructura destinada al combate del crimen organizado, a cada crisis de inseguridad y violencia le corresponde una constante, la vulnerabilidad de los órganos del Estado. Tanto las democracias más avanzadas como las más débiles, enfrentan severas dificultades para atender el debilitamiento de sus instituciones. Ningún Estado se puede proponer resultados adecuados contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia, cuando las instituciones dedicadas a enfrentarlas, no son profesionales ni transparentes ni merecen la confianza de la sociedad, en una palabra, no existe un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía. Construir una política de Estado frente a la delincuencia, representaría cambiar las prioridades, suponiendo que el Gobierno federal tuviera alguna prioridad en términos del combate a la delincuencia, y crear un sistema de rendición de cuentas, eficaz y legítimo; un sistema dinámico e independiente, desde el cual la sociedad puede evaluar la calidad de la información y de los actos de los servidores públicos. El control de los penales de alta seguridad por parte de los capos de la droga, es apenas un atisbo de lo que significa la infiltración del crimen organizado y del narcotráfico en los órganos del Estado. Reiteramos por ello la necesidad de un replanteamiento urgente, de lo que se considera de interés nacional y el papel de las instituciones. Que podamos construir un mecanismo de control y contrapeso, que abra espacios de visibilidad a la información y a la transparencia institucional, con lo que se podrá combatir la protección operativa, financiera y política, que son parte del círculo de cobertura institucional a la delincuencia organizada. Cada día se hace más evidente para todos los ciudadanos, que la política interior en México se encuentra desarticulada e inmersa en las aspiraciones particulares que usted, señor Secretario, para ser candidato a la presidencia, miope ante los problemas y riesgos que amenazan la seguridad de todos y enfocada esta política interior a la descalificación de los adversarios. Nos preocupa que la seguridad penda de un hilo tan delgado como el que usted representa, las amenazas a la seguridad, derivan no sólo del fortalecimiento de la delincuencia sino sobre todo de la falta de la legitimidad política del actual Ejecutivo federal que usted está representando en esta tribuna actualmente. Señor Secretario, en opinión de usted, ¿cómo se puede combatir la vulnerabilidad de las instituciones del Estado mexicano que han sido infiltradas por la delincuencia organizada. ¿Por qué no se tomaron las medidas necesarias, considerando que el Gobierno Federal conocía de los riesgos tanto en La Palma como en el caso del presunto responsable de nexos con el narcotráfico, el señor Nahum Acosta, para evitar estos actos que vulneran no a una persona, sino a las instituciones y a toda la sociedad? ¿Cuáles son las prioridades en la agenda de seguridad del Estado? ¿Qué virtudes o defectos y ojalá pueda usted contestárnoslo- tiene usted para hacerse cargo de atenderlas y sobre todo, cuáles serán las acciones que usted tendría que realizar para recuperar la confianza de los actores políticos en la búsqueda de consensos que lleven a la construcción de una política de Estado para la seguridad? Ligado con el tema de la seguridad de Estado, ¿qué ha hecho la Secretaría a su cargo para dar cumplimiento a un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, en el que se solicitó un informe preciso sobre los controles migratorios para que nuestro país no se convierta en un basurero de genocidas extranjeros, como el caso del señor Donaldo Alvarez Ruiz y cuándo será cancelada la visa que se le concedió? Así también, ¿qué acciones en cuanto a políticas migratorios, se están desarrollando para enfrentar el fenómeno delincuencial y de seguridad que representa la Mara Salvatrucha? ¿Cuándo tendremos resultados más concretos en relación con la Guerra Sucia y los hechos del 71 y del 68? ¿Qué propuestas tendría usted para construir con carácter de urgente una política de Estado a favor de la seguridad, con la concurrencia de los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, así como la sociedad civil y podamos avanzar en un sistema de rendición de cuentas independiente y eficaz? Por sus respuestas, muchas gracias.