La diputada Ana Ruth García Grande: Muy buenos días tengan todos y todas ustedes, señores diputados y diputadas. Nuevamente haciendo uso de la tribuna, lo que me representa un alto honor, y antes de proceder a fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo, quiero expresar un saludo con mucho afecto a mis electores de Baja California Sur, nuevamente, no me cansaré de darle las gracias de darme esta magnífica oportunidad. Con el permiso de la Presidencia, saludando desde luego a toda la Mesa Directiva, procedo a formalizar la posición del grupo parlamentario con respecto al dictamen que se nos presenta esta mañana por parte de la Comisión de Justicia, por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Iniciaré diciendo que la democracia se construye en el disenso, que luego entonces respetamos todos los posicionamientos que se viertan en esta h. soberanía, pero por lo que hace al Partido del Trabajo, no escapa como fundamentación el hecho de que el lunes 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial la reforma a diversas disposiciones de nuestra Constitución Política, en particular, en el transitorio décimo sexto, lo referente a la designación del Fiscal General de la República. En cuatro años 10 meses no fue posible designar un fiscal general, porque en el Senado de la República las fuerzas políticas de la anterior integración de esa legislatura, no se pusieron de acuerdo. Tampoco fue posible designar al fiscal Anticorrupción y solo se logró acuerdo para el nombramiento del fiscal de Delitos Electorales, mismo que posteriormente fue cesado por el anterior encargado del despacho. Este Congreso de la Unión tiene la alta e ineludible responsabilidad de dotar a la sociedad mexicana que está sedienta de justicia, de una Ley de la Fiscalía General de la República para que se materialice una adecuada persecución de delitos, ya del orden federal y en su caso los del fuero común donde hay conexidad entre ambos. Es muy importante que superemos los esquemas de las leyes orgánicas de las procuradurías anteriores, porque sencillamente mostraron ineficiencia en este marco normativo. Es indiscutible y un hecho del que todos los días damos cuenta, cómo la delincuencia organizada se ensañó del país sin que estas instituciones de procuración de justicia pudieran combatirlas eficazmente. Desde luego sabemos que en el círculo virtuoso del diseño de las leyes e inacabado, el constructo normativo se aprueba, se aplica y dependiendo de su eficacia o ineficacia puede perfeccionarse. En esta ocasión votaremos a favor del proyecto, porque consideramos que no podemos anticipar una visión de lo que este diseño pueda dar como resultado, y sin embargo tenemos conciencia que nuestro México debe de dotarse de las instituciones y de los reglamentos necesarios para que estas le den resultado. Partimos de que las instituciones son el rostro más tangible de la democracia y por lo que hace a las que procuran justicia, estamos en evidente falta con nuestro pueblo mexicano. En el caso de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos que se prevé en este dictamen, la misma será competente en el caso de comisión de delitos en materia de trata de personas, agresiones a periodistas, desaparición de personas, entre otros que se encuentran previstos en las leyes de la materia que corresponde. También el dictamen prevé la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, un tema en el que todos coincidimos que también México y nosotros como sus representantes debemos ponernos las pilas. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales será competente para conocer y resolver sobre la comisión de estas conductas previstas en la Ley General de Delitos Electorales. Es importante también mencionar que el dictamen prevé sanciones a quien, abusando de su relación jerárquica o influencia en determinados sectores, fuerzan la voluntad de los votantes. Por eso creemos que sí le aporta ese dictamen a lo que la realidad en México hoy día nos está exigiendo. Compañeras y compañeros legisladores, la fiscalía que se crea mediante la ley que aprobaremos será un órgano constitucional autónomo en su aspecto formal, porque así lo dispone el artículo 102 constitucional. Y, en el material, porque el titular de la misma deberá sujetar su actuación estrictamente al marco normativo que la rige, para evitar órdenes o instrucciones en la procuración de justicia. Y aquí estaremos como soberanía del país, en su caso, y hago votos porque no suceda, para señalar cualquier exceso o defecto de esta normatividad. Los tiempos en que el Ministerio Público...