El diputado Uriel López Paredes: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V, inciso d), del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El propósito de esta iniciativa es flexibilizar los criterios para que las instituciones de seguridad social de las entidades federativas puedan acceder a los recursos radicados en el Fondo de Apoyo para la Reestructuración de las Pensiones. Las pensiones constituyen uno de los elementos centrales de la seguridad social en cualquier parte del mundo. En nuestro país el debate se intensificó desde principios de la década de los noventa del siglo pasado, poniéndose el acento en la sostenibilidad financiera futura. El Sistema de Ahorro para el Retiro de 1992, la nueva Ley del Seguro Social de 1995 y la nueva Ley del ISSSTE de 2007 son producto de esa discusión y junto con otros elementos configuran el nuevo escenario de las pensiones en el ámbito nacional. El propósito explícito de estos nuevos instrumentos y ordenamientos jurídicos fue garantizar la sustentabilidad financiera de los sistemas de pensiones en el mediano plazo. Sin embargo, estas modificaciones no atendieron la difícil problemática que enfrentan las instituciones de seguridad social de los estados, de los municipios y de las universidades públicas. Era necesario diseñar e instrumentar acciones que impulsaran la transformación de sus esquemas pensionarios, pero no se trabajó en esa dirección y eso trajo consecuencias que hoy estamos lamentando. Los sistemas de pensiones de las entidades federativas están en quiebra, las causas de ello son múltiples: el desmedido crecimiento poblacional, el envejecimiento de la población, el incremento en la esperanza de vida, la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, la falta de planeación gubernamental y el rezago productivo de la economía mexicana son algunas de ellas. La crisis se detonó, sin embargo, por razones financieras, en particular por la incapacidad de los tres órdenes de gobierno para constituir reservas suficientes para solventar los enormes compromisos futuros. El problema presupuestal que enfrentan las instituciones de seguridad social de los estados es mayúsculo. A diciembre de 2008, el déficit actuarial es superior a un billón de pesos a grupo cerrado, pero si consideramos que diariamente ingresan nuevos afilados el pasivo se incrementará aún más todos los días. En consecuencia, uno de los retos inmediatos de esta soberanía es impulsar o fortalecer las reformas a los sistemas de pensiones estatales, los institutos que los administran necesitan apoyo financiero para continuar con sus procesos de reforma o para comenzar con ellos, que es el caso de alrededor de 20 entidades. Desde hace 10 años se iniciaron los cambios en los sistemas públicos de pensiones estatales, entre las entidades que ya han efectuado este proceso se encuentran Coahuila; Jalisco; Aguascalientes; Campeche, Durango; Guanajuato; Hidalgo; Estado de México; Puebla, Veracruz; Sinaloa y Sonora, que tendrán la posibilidad de ser los primeros beneficiados con esta reforma que hoy pongo a consideración de esta asamblea. Con excepción de varios estados, en diversas instituciones o direcciones de Pensiones se agota el periodo de suficiencia en el corto plazo o en el mediano. De hecho, tres trabajan con números rojos desde 2008; 7 desde 2009 y uno a partir de este año. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituyó en diciembre de 2007 el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, con la intención de ayudar financieramente a los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal y además a las universidades públicas que aún no habían concluido con sus reformas o que ni siquiera las habían iniciado. El propósito central era construir un sistema nacional de pensiones basado en cuentas individuales, que fuera sostenible presupuestalmente. El fondo se instauró por disposición de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en su artículo 19 dispone que; el Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades. Este artículo señala que los excedentes presupuestales nacionales se destinarán para diversos fines, entre los que se encuentra la creación de este fondo en diciembre de 2007, fecha en que se recibe una aportación inicial de 19 mil 491 millones de pesos. El fondo ha tenido ingresos por 101 mil 434 millones de pesos, sin embargo el saldo real al primer semestre de 2010, es de sólo 59 mil 341 millones, según cifras proporcionadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados. Esto se explica porque en este periodo el gobierno federal ha retirado 42 mil 92 millones. De ellos, usó 25 mil para apoyar al ISSSTE y 17 mil 92 para otros propósitos que hasta la fecha los desconocemos. Señor presidente, le solicito sea publicada de manera íntegra en el Diario de los Debates, tanto este discurso como la iniciativa de proyecto de decreto. Muchas gracias.