El senador Adolfo Gómez Hernández: Compañeras y compañeros legisladores, quiero pronunciarme como senador de la República e integrante de los pueblos originarios de nuestro país, y en particular de mi estado de Oaxaca respecto al TLC. Actualmente en América Latina están en marcha varios acuerdos comerciales, usualmente bajo el nombre de Tratado de Libre Comercio. Esos nuevos acuerdos tienen profundas implicaciones para las sociedades de la región y, por cierto, para los pueblos indígenas, muchas de las cuales recién ahora comienzan a ser evidentes. Es importante destacar que en su momento celebró con júbilo la firma del Tratado de Libre Comercio en nuestro país. Estos festejos los hicieron específicamente la oligarquía y el neoliberalismo en todo su esplendor. Sin embargo, también es importante mencionar que ya hace 30 años que el EZLN se levanta en armas para reivindicar los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas. Es necesario recordar que el Tratado de Libre Comercio se refirió a la total subordinación de la política económica mexicana a los dictados de Washington y del gran capital internacional. Todos los estudios demuestran que si bien el TLCAN ha generado un aumento en la inversión extranjera directa, sobre todo de Estados Unidos, este flujo de recursos no ha propiciado proceso de desarrollo sostenible o sustentable de largo plazo. En los últimos 30 años el crecimiento económico se ha estancado, la desigualdad se ha profundizado, el medio ambiente se ha degradado y la pobreza se mantiene a un nivel totalmente inaceptable. Este desmembramiento nacional ha sido la verdadera causa para el desastre de violencia, inseguridad y muerte que ha acompañado la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón y mantenida sin cambio alguno por Enrique Peña Nieto. La lógica de sálvese quien pueda, que hoy predomina en el país, convierte el abuso y la acumulación en la única forma para garantizar un mínimo patrimonio familiar para millones de ciudadanos. La inseguridad económica deviene en inseguridad pública y corrupción gubernamental. Por otra parte, históricamente las actividades mineras ilegales, como producto del TLC, han causado graves daños ambientales, al tiempo que han obligado a las comunidades indígenas a soportar la peor parte de sus impactos multifacéticos. El despojo de los territorios indígenas forma parte de un modelo económico nacional orientado a la explotación de los recursos naturales que resguarda lo que ha estimulado el arribo de inversiones extranjeras en el campo energético, petróleo y minero, principalmente. En el caso de la minería, el otorgamiento de los recursos del subsuelo, propiedad del Estado, es a través de concesiones que pueden ser en la modalidad de exploración o explotación a favor de empresas nacionales y extranjeras, han sido las corporaciones canadienses las más interesadas y favorecidas, pues poseen el 77 % del total de las concesiones otorgadas a inversionistas extranjeros. Sin embargo, existen vastos estudios que muestran que hay una constante en torno a las explotaciones mineras: provocan reiteradas violaciones a los derechos de los pueblos, pues vulneran su autonomía y, por lo general, violentan el derecho a la consulta reconocida en el Plan de Desarrollo Nacional y en el Convenio 169 de la Organización...