El diputado Absalón García Ochoa: Compañeras y compañeros diputados, la raíz histórica del artículo 82 de nuestra Carta Magna se encuentra en la Constitución Política de 1917, en la cual se señala una serie de requisitos para ser presidente de la República, tales como: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección y la ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal General de la República ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección, y no estar comprendido en algunas de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. De acuerdo a su texto original, los candidatos a la presidencia que fueran militares no debían de estar en servicio activo por lo menos 90 días antes de la elección presidencial. En la actualidad, la fracción V condiciona no estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección. Las luchas armadas del pueblo mexicano son la razón de ser de este artículo, el cual ha sido reformado ocho veces hasta el día de hoy y se han tomado en cuenta a quienes nos han sometido y se pretende evitar que una persona ajena a los intereses de los mexicanos nos pueda gobernar. El Constituyente del 17 tuvo la precaución de evitar, desde la época posrevolucionaria, que militares en activo y con el mando de tropas se presenten como candidatos para ocupar la silla presidencial, ya que ha dado cabida para que quienes cuentan con mando de tropas o poseen influencia sobre estas, intenten organizar un levantamiento armado si los resultados les eran desfavorables, o bien influir indirectamente y de manera ventajosa en la votación de los electores en general y de sus subordinados. Si bien es cierto que la separación por un periodo corto del mando castrense mantiene su huella en la mente e interés del personal supeditado ante quien los ha mandado, resulta ser una ventaja antidemocrática por ello. Además de aventajar a los demás candidatos, estos se podrán sentir amenazados ante una contienda electoral desventajosa en donde aparezca un candidato con influencia previamente construida al amparo del Estado mexicano. Al proponer que en vez de tener como mínimo seis meses de haber dejado el mando de tropas, con la propuesta presente, para la nueva reforma de la Guardia Nacional se presenta la opción de que sea de tres años, ello con la finalidad de disminuir el papel e influencia que tendrán los integrantes de dicho cuerpo armado, de carácter permanente sobre los electores. Además, se evitarán los candidatos oficiales en un país como el nuestro, donde la seguridad pública sigue siendo un tema trascendente. Por ello, es necesario que en un futuro todo candidato presidencial se desvincule del mando de personal armado, de la futura Guardia Nacional, la cual será un cuerpo armado de carácter permanente del país. Ya bien lo dijo el diputado Jorge Romero: ¿quién será el presidente después de Andrés Manuel? ¿A quién se le dará este nivel de poder? Por su atención, muchas gracias.