La diputada Carmen Rocío González Alonso: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, la discusión del presente dictamen tiene por objeto seguir impulsando, a través de la legislación, acciones, herramientas y mecanismos para disminuir los niveles de inseguridad y violencia en el transporte público. Este tema ha sido de gran impacto a nivel nacional, debido a las constantes agresiones a transportistas, pero, sobre todo, a las y los ciudadanos que día con día salen de sus casas para trasladarse a sus respectivos centros de trabajo, a las escuelas, o bien, simplemente a los lugares de diversión. En este sentido, las y los integrantes que aprobamos el presente dictamen, consideramos prioritario y relevante avanzar y reforzar mecanismos jurídicos y de implementación de políticas públicas para otorgar seguridad a las y los mexicanos. La iniciativa, objeto del presente dictamen, se inserta favorablemente en los postulados de la Estrategia Nacional de Seguridad, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ya que destaca como una de las estrategias específicas la prevención especial de la violencia y el delito. Además, este dictamen, considerando que a la letra dice el primer párrafo y segundo objetivo prioritario del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, en cuyos párrafos se cita, abro comillas, mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir paz y contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional. Cierro comillas. Y este dictamen abona al cumplimiento de este objetivo. México enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad pública, por lo que es indispensable, a través de herramientas legislativas, dar los instrumentos y mecanismos que permitan reducir los altos índices de violencia y robo en el transporte pública. Cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Envipe de 2020, arroja que durante 2019 hubo aproximadamente 30 millones de delitos asociados a 22 millones de víctimas, de los cuales el mayor porcentaje de estos delitos se cometieron en el transporte público. Además, en la misma encuesta queda señalado que más de 300 mil ciudadanos dejaron de utilizar diversos medios de transporte público, esto por miedo, angustia de ser víctimas de algún robo u otro delito. Podemos exponer muchas otras estadísticas y todas ellas aludiendo el nivel de violencia que persiste en la sociedad, que al final del día lastima a la mayoría de las familias, pero, sobre todo, a esas personas de escasos recursos que no tienen alternativa y se ven obligados a pasar y enfrentar estos sucesos. Diputados, no podemos seguir viendo cómo muchas familias mexicanas se ven lastimadas por la ola de violencia que impera en el país, debemos actuar de inmediato y brindar los instrumentos necesarios para garantizar el derecho libre y seguro de movilidad a estas familias. Las ciudadanas y los ciudadanos así lo han solicitado, por eso, desde esta asamblea debemos hacer nuestro trabajo y atender la demanda. Por estas consideraciones, quienes integramos la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial sometemos a consideración de esta soberanía el presente dictamen. Por otro lado, es urgente, es de urgente prioridad que quienes propusieron esta iniciativa hagan las gestiones suficientes para que la misma tenga una partida presupuestal, que les permita a las entidades federativas y municipios, además del gremio de transportistas, poder implementar a gran velocidad esta reforma y que no quede solo en buenas intenciones. Considero que esto no será problema, ya que son aliados importantes de la mayoría en esta Cámara, así que advierto, incluso, que en el próximo año puedan conseguir los recursos para iniciar con la implementación que en muchos estados se torna urgente. Es cuanto, presidenta.