El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, por lo que corresponde a la Ley de Amparo, el artículo 28, debo de señalar que el juicio de amparo históricamente ha sido un tema preponderante en la vida jurídica del país. Esta figura contemplada en nuestro ordenamiento jurídico ha significado un referente importante para la ciencia jurídica en general. El juicio de garantías, así como el trabajo jurisprudencial en nuestros tribunales, constituyen sin duda alguna las arras políticas e institucionales más importantes para hacer reales, eficaces y prácticas las previsiones establecidas en la Carta Magna. Como bien sabemos, en el mes de febrero de 2013 se llevó a cabo una sustancial reforma a la Ley de Amparo, la cual, pese a que se nos presentó como una supuesta legislación de corte pro-garantista, su verdadera esencia radicaba en desnaturalizar esta importante figura jurídica, restándole eficacia desde el propio ordenamiento que la regula. Un ejemplo claro de lo anterior es lo que señala el artículo 129 de la propia Ley, mismo que expresamente señala aquellos supuestos en los que la suspensión del acto reclamado no podrá concederse al quejoso, por considerarse que de hacerlo se afectaría al interés social. En este sentido, para el caso particular establece que se considera que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo de la nación referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende y en atención a lo anterior, el juez de amparo está impedido a conceder la suspensión provisional a mineros, concesionaros de radio, televisión, entre otros sectores. La reserva que hoy sometemos a su consideración encuentra su fundamento en el hecho de que la iniciativa pretende modificar el contenido del artículo 128 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, pues la reforma pretende facultar a las empresas vía amparo indirecto, la posibilidad de suspender el cobro de las multas impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir que éste no podrá ejecutar las sanciones económicas que estime pertinentes, hasta que se resuelva el juicio de garantías que en su caso se promueva, situación que consideramos por demás delicada, ya que por un lado resulta sorprendente la manipulación de los poderes y la manera en la que controlan la vida política de este país en atención a sus propios intereses, aunado al hecho de que la interposición de este tipo de procedimientos judiciales traerá consigo una considerable afectación a la población, pues la ejecución de conductas anticompetitivas se seguirá llevando a cabo durante el tiempo que el litigio se resuelva. En tal virtud, la propuesta de esta reserva es suprimir en el artículo 128 la expresión que señala salvo las leyes, en el último párrafo de este artículo. Por lo que corresponde a la reserva del Código Penal, concretamente del artículo 166 Bis, señalaré que uno de los resultados de la revolución de telecomunicaciones y los sistemas de información que se dio desde el siglo pasado, fue el del incremento exponencial de la generación, flujo y capacidad de almacenamiento de información en diversas formas y días. Esto ha permitido la expansión en la cobertura y los alcances del conocimiento. Sin embargo, también han suscitado prácticas que pueden ser peligrosas en distintos sentidos. Un ejemplo de lo anterior es el tráfico ilegal de bases de datos personales y de dependencias gubernamentales en el mercado negro y en Internet, lo cual puede representar serios riesgos para la seguridad de las personas e incluso poner en peligro la seguridad nacional, en virtud de que pueden ser utilizadas para cometer delitos en contra de quienes figuran en dichas bases, o para neutralizar o entorpecer funciones de seguridad pública y procuración de justicia. En la actualidad el uso masivo de las telecomunicaciones han generado una dinámica en la que los usuarios proporcionan en numerosas ocasiones información personal: su nombre, dirección, CURP, puesto labora, que entre otros datos dan forma a registros, que al menos en teoría deben ser confidenciales. La prensa nacional ha dado cuenta de cómo se puede adquirir por tan sólo cuatro mil pesos el padrón de votantes del Instituto anteriormente Federal Electoral, o bien, los registros de Afores, cuentahabientes de distintos bancos, usuarios de dispositivos móviles, información que debe de ser de uso privado. Las numerosas evidencias sobre el empleo inadecuado de la información recabada, así como los crecientes casos de discrecionalidad en la información, revelada por organizaciones y empresas, deben significar un llamado para establecer medidas preventivas y sancionadoras en aras de combatir el tráfico de información y garantizar la transparencia en su uso. En tal virtud, la reserva consiste en incrementar la sanción a aplicar a quienes den información de os usuarios con la destitución de su cargo y el incremento de pena de uno a cinco años de prisión. Es cuanto, señor presidente.