La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Buenos días, presidenta. Organizaciones especializadas en la libertad de expresión y plataformas digitales como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Fundar, y artículo 19 han manifestado su preocupación por la forma en que se pretende gravar y sancionar las plataformas digitales. Si bien valoran positivamente la intención del gobierno federal de diseñar e implementar mecanismos que garanticen una recaudación efectiva, proporcional y justa de las contribuciones de las empresas de la economía digital que se encuentran en el extranjero, pero que generan riqueza por su actividad en México, consideran que ciertas medidas representan amenazas para el ejercicio de los derechos humanos. La propia Acción 1 del BEPS advierte que debe ser a través de esquemas que beneficien al contribuyente y a la autoridad. Es de extrema preocupación que como sanción por el incumplimiento de medidas fiscales las autoridades tributarias amenacen con la posibilidad de desconectar servicios y plataformas de Internet a usuarios en México. Esta disposición atenta contra la naturaleza abierta del Internet y del ejercicio fundamental de derechos humanos, como la accesibilidad, la libertad de expresión y de acceso a la información, protegidos por la Constitución Mexicana y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La sanción establecida en el artículo 18-H es indiscutiblemente inconstitucional e inconvencional por consistir en una forma de censura indirecta, así como una medida desproporcionada que atenta contra la libertad de expresión y el acceso a la información. La protección a la libertad de expresión y la prohibición de la censura por medios indirectos se encuentra reconocida en el marco constitucional e internacional en materia de derechos humanos, e internacional en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De la misma manera, la medida contradice la prohibición de censura por medios indirectos reconocidos por estándares internacionales. La jurisprudencia nacional e internacional ha establecido aplicar una prueba tripartita que ante una restricción a la libertad de expresión debe ser evaluada con los siguientes elementos. Uno, la restricción debe ser clara y precisa en la ley. Dos, se debe buscar una finalidad legítima que esté orientada a un objetivo imperioso. Tres, debe interpretarse conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Si bien la recaudación de impuestos es una finalidad legítima, la sanción establecida no supera el estándar de proporcionalidad. Por eso y en razón de ello, en el caso de que las prestadoras de servicios digitales continúen incumpliendo sus obligaciones, previo al envío de recordatorio, se procedería a establecer un mecanismo de retención de impuestos en donde participen las instituciones financieras y el establecimiento en donde se adquieran las tarjetas de prepago. Por ello proponemos modificar el artículo 18-H, a fin de que pueda establecerse una sanción que evidentemente pueda ir contra las empresas que estén incumpliendo el pago de los impuestos que corresponde, pero que de ninguna manera venga a vulnerar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información que tenemos todas las mexicanas y los mexicanos. En ese sentido también va aunada a una propuesta de reforma al artículo 90 Bis del Código Fiscal Federal, con intención de eliminarlo, porque lo liga a este mismo artículo 18-H. Esperamos, compañeros diputados de la mayoría, que esta reserva que es muy importante y que seguramente ustedes han podido ver en sus redes sociales, sea atendida, porque de verdad no buscamos afectar o buscamos de alguna manera que los impuestos se cobren, pero sin afectar a los usuarios que son los que a final de cuentas tendrían una vulneración de sus derechos si no se aprueba esta reforma. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.