El diputado Javier Orozco Gómez (PVEM): Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: La definición de los sistemas jurídicos no puede ser unívoca, dado que todo en el mundo hay disparidad en cuanto al tipo de régimen normativo de cada país, que sustenta para su desarrollo, aún cuando tradicionalmente se hable de varias familias jurídicas es difícil encontrar estados cuya organización normativa sea idéntica. En toda nación, el derecho se estudio y se práctica de manera singular, en virtud de razones derivadas de la historia y de inevitable dinámica de la realidad sociopolítica de cualquier conglomerado humano. En el caso de México, su sistema jurídico presenta características que lo vuelven único. La evolución del derecho nacional ha sido impulsada a partes iguales por numerosos abatares históricos y por la necesidad de estar al día en cuanto a los desafíos que impone la globalización. Así, tenemos a la facultad de investigar qué tiene la Suprema Corte de Justicia, se ejerce de un objeto amplio, hechos que constituyan una grave violación, alguna garantía individual o que constituyan la violación del voto público. En estos supuestos, la facultad investigadora es limitada, se circunscribe a buscar los elementos para estar en posibilidad de declarar en términos generales, si hubo o no violación. No puede investigar, ni mucho menos, declarar respecto de quienes son los responsables de ellos, hacerlo significaría prejuzgar. En la actualidad no se tiene claro cuál es el papel de la Corte en la integración e inicio de la investigación, ya que la misma Corte ha señalado que cuando ninguno de los funcionarios o de los poderes mencionados solicita la investigación, ésta no es obligatoria, sino que discrecionalmente la Corte resuelve lo que estima más conveniente para mantener la paz pública. En un sistema jurídico-político como lo es el mexicano, las facultades que se le conceden a la Suprema Corte para ordenar investigaciones, se confía su realización a algunos de sus miembros, algún magistrado o juez perteneciente a la Rama Judicial o a un comisionado ajeno a ella, de supervisar la realización de la investigación. Y finalmente, para hacer llegar el informe correspondiente a la autoridad solicitante o competente, son las acciones excepcionales y extraordinarias que le confieren, por cuanto se consideró que, dado su papel como máxima instancia de la defensa de la Constitución, goza de una particular autoridad. En primer término es importante dejar en claro la naturaleza jurídica de esta facultad, si bien, es verdad que las opiniones doctrinales se refieren a la facultad de investigar en general, tanto de violación de garantías individuales y de violación de voto público, no menos cierto es que la distinción entre ambos supuestos es evidente. Hay que considerar que el párrafo que hace alusión a la facultad de investigar, responde al principio de la colaboración de poderes. La facultad investigadora que tiene la Corte es una de las garantías constitucionales que integran el contenido de la justicia constitucional mexicana de carácter judicial, porque la realiza la Suprema Corte, no implica naturaleza jurisdiccional, porque sólo es una función investigadora en la cual la Suprema Corte no tiene ninguna atribución de decisión, el expediente que forma es de documentación y no es una sentencia. La Suprema Corte, en esta situación, es un órgano de introducción y no como hemos dicho, de decisión o ejecución; por tanto, es un procedimiento y no un proceso lo que la Corte efectúa al realizar esta función. De conformidad con la última parte del párrafo tercero del artículo 97 constitucional, el informe sin importar su sentido, debe hacerse llegar a los órganos competentes, ya sea en el caso de violaciones a garantías constitucionales o al voto público. Si bien, esta última disposición enunciada respecto al voto público, en el sentido estricto es parte del derecho positivo mexicano, las diversas reformas electorales que han existido en nuestro país, a partir sobre todo de 1977, se fue abriendo poco a poco el camino a la conformación de una rama autónoma de estudio dentro del derecho público, que es el derecho electoral. De ahí la creación del fortalecimiento de instancias administrativas, penales y jurisdiccionales, que le han permitido conformar toda una estructura jurídica que da certeza a los resultados de las elecciones. Por ello, la necesidad de desaparecer esta mención es la Constitución, en la cual le da la Suprema Corte de Justicia la facultad investigadora por presuntas violaciones al voto público. La intención de esta propuesta es la de darle autonomía al Poder Judicial, que no dependa del Ejecutivo del Congreso para iniciar una investigación. Los derechos fundamentales debemos entenderlos como los derechos inalienables y absolutos, los podemos considerar como los expresados o garantizados por las norma superior, en un ordenamiento jurídico dado o que son esenciales para la existencia o el contenido de otros derechos de este ordenamiento. Clara es la misión de la Corte en la actualidad, así lo vemos reflejado en el artículo 11 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la de averiguar un hecho o hechos y si tales hechos constituyen violación grave a alguna garantía constitucional. Es de considerarse que los principios base de la división de poderes se encuentran reflejados en esta propuesta, además son principios que se manejan ya en los estados modernos constitucionales, como lo son: la justicia, la legalidad, la seguridad y el pluralismo político. Considero que en una democracia con un Poder Judicial sólido, es una democracia fuerte, porque los derechos de los ciudadanos están mejor tutelados y una democracia con todos los poderes sólidos, es una democracia funcional. Ahora bien, la fuerza de cada poder se la da en la medida que cada uno de ellos ejerzan a cabalidad las funciones que la Constitución le atribuye. Con la reforma propuesta la Suprema Corte de Justicia de la Nación redundaría sus cambios iniciados desde 1994, tanto en su diseño constitucional, como en la evolución de su interpretación, convirtiendo a la Corte en una especie de fiel de la balanza en la separación de poderes. Esta reforma busca la independencia y el control mutuo entre los Poderes del Estado y respeta el sistema de competencias previsto constitucionalmente, dando primacía sobre cualquier otra norma a la Constitución Política Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto que modifica el artículo 97, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos: Artículo 97, párrafo segundo. "... la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito o designar uno o varios Comisionados Especiales, para practicar de oficio la investigación de algún hecho o hechos que constituyan la violación a las garantías individuales, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad, la justicia y la seguridad en contra de la sociedad. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes, para que realicen las acciones legales que corresponda". Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Solamente solicitaría, Presidenta, se publicara en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto.