La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Se lo agradezco, presidenta. Solamente son algunos colectivos y no generaría mucho más personas que estamos aquí, pero bueno, están aquí afuera exactamente de este recinto y seguramente están siguiendo la sesión a través del canal de televisión. Antes también de iniciar mi participación, quiero aclarar que es a título individual y no a nombre de mi grupo parlamentario, que como ustedes saben ya fijaron una posición al respecto. El día de hoy estamos en una discusión de la minuta que abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Se expide una nueva ley y se modifican 66 ordenamientos legales, entre los que se encuentran las leyes generales de víctimas y en materia de desaparición forzada. Se prevé que esta contrarreforma se apruebe sin cambios y solo con la resistencia de algunas legisladoras y legisladores que hemos decidido romper el pacto de impunidad. Y, hemos decidido hacer eco de las voces de las víctimas en esta tribuna y durante todo el proceso. Esas víctimas a las que la mayoría de ustedes se negaron a escuchar sus reclamos y sus justas demandas, que tienen años recorriendo el país en busca de las personas desaparecidas y que trabajaron mucho, mucho para que contáramos con estas leyes que todavía están vigentes y que hoy, aquí, de un plumazo se van a modificar. Nos señalan que esta iniciativa fue aprobada casi por unanimidad en el Senado, con un trato preferente para el fiscal general y su equipo técnico, pacto de caballeros. Ese equipo técnico fue el que dio el visto bueno para aprobar algunas modificaciones con las que intentaron simular que atendían a las víctimas, pero lo digo claro de principio a fin esta es una ley a modo, a modo del fiscal general. En 2018, ante la necesidad de fortalecer la procuración de justicia como medio para tajar la impunidad y combatir la criminalidad, apenas hace poco más de dos años, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República fue una ley que como reconoce la representación en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue un producto de un amplio debate en el que participaron víctimas, personas defensoras de derechos humanos, colectivos, empresarios y personas expertas nacionales e internacionales con el objetivo de contribuir a que la Fiscalía General de la República disponga de la capacidad, estructura, herramientas, facultades necesarias para hacer frente a los importantes desafíos que plante la impunidad en México, pero que hoy esta Cámara de Diputados va a borrar de un plumazo. Durante este tiempo, de 2018 a la fecha, en lugar de implementar la ley para transformar en los hechos la PGR en una fiscalía que sirva, es decir en lugar de hacerse cargo de la extinción gradual de la entonces PGR, con todos sus vicios y resquicios, y dar paso a la construcción de una institución autónoma a la altura de las necesidades actuales, el fiscal se dedicó a elaborar una nueva ley que ofrece, y escúchenme bien, lo único que ofrece esta reforma es la perpetuación de un modelo agotado y un diseño institucional superado, ese mismo modelo que hoy tiene a miles de víctimas que se multiplican cada día y que deben lidiar con su dolor, pero sobre todo tienen que lidiar con la ineficiencia de las instituciones y que ustedes están aprobando regresar justamente a ese lugar. Con la ley Gertz se elimina la independencia técnica de los fiscales, se eliminan varias prerrogativas contenidas en la Ley Orgánica, principalmente sobre la participación de las víctimas y defensores en las investigaciones; se suprimen elementos técnicos de especial importancia para abordar los desafíos como la investigación de fenómenos criminales junto con delitos individuales y se suprime el servicio profesional de carrera previsto en la Ley Orgánica. Aunque la Fiscalía permanece como integrante de la mayoría de los mecanismos de derechos humanos, de manera autocrática todo el tiempo repite que es con absoluto respeto a su autonomía constitucional. Escúchenme, compañeros, estamos en una crisis de violación a los derechos humanos sin precedentes: 86 mil personas desaparecidas, 4 mil fosas clandestinas, decenas de miles de cuerpos sin identificar, apenas 35 sentencias condenatorias por delitos de desaparición, decenas de miles de investigaciones abiertas y sin respuesta y, en medio de todo esto, dolor, furia, indignación. Deberíamos estar legislando para ponerle un alto a la barbarie y no para hacer una ley a modo de Gertz Manero. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.