La diputada Roxana Luna Porquillo: Gracias, compañeros y compañeras. Con su venia, señora presidenta. Efectivamente le pido que sea tomado en consideración el tiempo, ya que son tres dictámenes que vamos a poner a su consideración y que hoy vengo a hablar a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara. Las reformas que hoy se presentan ante esta soberanía nos permiten acercarnos más hacia la meta de alcanzar legislaciones incluyentes y plenas de derechos humanos de las personas. Esto es, sin duda, el propósito de esta comisión y de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión. Sobre la iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley de Comisión de los Derechos Humanos, su propósito fundamental en fortalecer los alcances de esta comisión, ya que ésta se refiere a los medios por los que se podrán presentar denuncias sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos y se amplían los mecanismos para hacerlos, con el fin de otorgar mayor accesibilidad a personas con capacidades diferentes. En nuestra Constitución a partir del decreto promulgado el 10 de junio de 2011, se incorporó el concepto de derechos humanos y las garantías para la protección de todas las personas de forma integral. Además, la mencionada reforma constitucional se encuentra en sintonía con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, poniendo a la vanguardia en garantizar la protección a los derechos humanos. Es pues la legislación que nos coloca en una posición más equilibrada entre otras similares y, desde luego, en apego a nuestra Carta Magna. Asimismo, se refiere de manera puntual que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el de género, la edad, discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Para que México cumpla los estándares internacionales en materia y a nivel constitucional, es de vital importancia aprobar este dictamen que amplía las modalidades para la presentación de denuncias por violaciones a los derechos humanos. En cuanto al dictamen que se presenta a su consideración y que pretende reformar el artículo 29 y adiciona la fracción VI de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, los integrantes de esta comisión consideramos que este organismo debe garantizar la máxima accesibilidad sin importar ningún tipo de condición social, discapacidad física o pertenencia alguna de comunidad indígena. En tal virtud, consideramos que las modificaciones que proponemos relativas tanto a la suplencia de la queja en presentación de quejas, así como la obligación de proporcionar un intérprete que conozca la lengua y la cultura de las personas pertenecientes a los pueblos y las comunidades indígenas, y para las personas con discapacidad auditiva; así como la introducción de un intérprete de lenguas de señas mexicanas, enriquecen todas ellas el sistema de protección de organismo nacional. Por tal motivo y con el propósito de no retrasar la vigencia de la normatividad que facilite el ejercicio de los derechos de las personas que acuden a la CNDH, particularmente de la población indígena y de aquellas que padecen discapacidad auditiva. Por último, el dictamen que se presenta a su consideración y que pretende reformar el artículo 6o de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, los integrantes de esta comisión consideramos que el Ejecutivo federal debe observar estrictamente lo establecido en nuestra Carta Magna, así como en los instrumentos internacionales en lo relativo a la protección y respeto de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país, situación por la cual el dictamen que se pone a consideración en este honorable pleno pretende aportar instrumentos a las autoridades responsables, para una mejor protección a dichos derechos fundamentales. De acuerdo con el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria en 2011, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2010 a la fecha de la presentación de la iniciativa que origina el presente dictamen, se registraron 14 fugas con un saldo de 521 presos evadidos; 75 riñas en las que murieron 232 internos y fueron heridos 45, y dos motines que causaron dos decesos y 32 lesionados. Añade que de acuerdo con dicho diagnóstico, 60 por ciento de las cárceles en México son controladas por personas integrantes del crimen organizado, es decir que se ha instaurado un autogobierno de los reos debido a la falta de custodios en los penales. Dichos estos diagnósticos a los centros penitenciarios son importantes herramientas para su evaluación, por lo cual esta Comisión considera necesario conferirle a la CNDH la atribución de elaborar diagnósticos en el sistema penitenciario, en los cuales se incluyan nuevos apartados de manera que la institucionalización de la elaboración de este diagnóstico asegure contar con una herramienta que apoye el diseño e implementación de políticas públicas con la finalidad de una inserción social más adecuada. En el proyecto de decreto que hoy está a su consideración esta Comisión propone que los diagnósticos no sean únicamente un instrumento para documentar lo ocurrido en las prisiones federales y locales, sino además de que sean contemplados también los centros de detención y retención federales y locales. Por ello se considerar factible que el diagnóstico que se haga no sólo sea de la dependencia federal, sino también sea incluida la local cuando corresponda el caso. Es a través de este diagnóstico del cumplimiento en la protección de derechos humanos como podemos encaminar el sistema penitenciario de nuestro país, a efecto de dar cumplimiento e ir más allá de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos que fueron adoptada por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Las deficiencias en el sistema penitenciario actual ocasionan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los internos, y como consecuencia de ello no se cumple con el propósito de las penas y las medidas privativas de la libertad, que es proteger a la sociedad contra el crimen, pues en realidad no se logra la inserción del sentenciado. La situación del sistema penitenciario continuamente ha sido motivo de preocupación en los informes que presentan las distintas Comisiones de Derechos Humanos, pues señalan que las violaciones de derechos humanos de las personas privadas de su libertad tienen un carácter sistemático. Es cuanto, señora presidenta.