La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. Cualquier ciudadano que lea el orden del día y examine las reformas a debatir en este extraordinario, se dará cuenta que todos los puntos a tratar son errores, inconsistencias y correcciones. Y fíjense a qué nivel. La reforma política que aprobamos en febrero obliga a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a modificar su legislación local para adecuarla a las nuevas disposiciones constitucionales, pero se les olvidó que el Distrito Federal todavía no es un estado y que la Asamblea Legislativa no tiene facultades para realizar estas adecuaciones porque oh, sorpresa, el apartado A, párrafo sexto del artículo 122 constitucional confiere esta facultad ni más ni menos que al Congreso de la Unión. Es decir, aprobamos una reforma constitucional en materia política sin conocer siquiera nuestras propias facultades constitucionales, y ya no digamos nuestras obligaciones, aunque nada más para refrescarles algunas les recuerdo que estudiar los dictámenes, debatirlos con atención y votarlos en consciencia son algunas de ellas. ¿Cómo explicar entonces que las reformas que estamos votando sean en realidad correcciones? Veamos el caso que estamos ahorita discutiendo de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, donde únicamente se precisa y se adecua terminología imprecisa; o el escandaloso tema de los haberes de retiro de los magistrados electorales que cedió una mañosa modificación que hizo el Senado al cuarto para las doce, que ni los senadores notaron antes de votar. Ahora nos indignamos y venimos a este extraordinario a decir que estamos del lado de la sociedad para que eliminen los injustos haberes de retiro, cuando en primer lugar fueron la mayoría de ustedes que aplaudieron su aprobación y ni se diga del tema de las coaliciones, les recuerdo que aquí se votó esa ley apenas unos meses, que aquí mismo la mayoría estaba en desacuerdo pero la aprobaron para ahorrarse el engorroso problema que algunos aún llamamos proceso legislativo. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que en ninguna legislatura se había visto tanta incompetencia, convocar a un periodo extraordinario con el único propósito de enmendar errores ortográficos y de sintaxis, hacer aclaraciones terminológicas, reparar disposiciones evidentemente antipopulares y hacer fe de erratas sobre reformas recién aprobadas; por eso la ciudadanía no tiene ni la mínima confianza en sus legisladores. Pues en manos de quién está la Constitución y las leyes, ¿somos el Congreso de la Unión o una editorial de segunda que debe corregir sus hierros con fe de erratas, adéndum y segundas ediciones apenas pública un texto? Todo esto, compañeros y compañeras, no son descuidos inocentes imputables a la falta de sueño, a la carga de trabajo o a la pura mala suerte, es la manifestación más clara de una grave enfermedad que desde hace tiempo aqueja al Poder Legislativo, la indolencia y las prisas; 12 mil 381 millones de pesos de presupuesto destinados al Poder Legislativo para pagar 500 diputados, cientos de asesores y expertos por cuyas manos no pasan los dictámenes, únicamente son acordados cupularmente en las oficinas de algún secretario de Estado para después venir a improvisar adéndum y simular debates en tribuna para guardar las apariencias del parlamento. Estamos, este periodo extraordinario es una prueba más de la grave deficiencia de nuestro proceso legislativo. Mejor vámonos con calma, compañeros, y nuevamente les propongo que estudiemos y debatamos hasta la última coma, es lo mínimo que los ciudadanos esperan de nosotros. Muchas gracias.