La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, me dirijo a ustedes para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) de la fracción III, del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuya finalidad es incorporar al texto de la ley el fomento y desarrollo de la capacidad funcional de las personas adultas mayores. De acuerdo con el párrafo cuarto, del artículo 4o. de nuestra la Constitución, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Este concepto se extiende también a los supuestos establecidos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es un hecho que la transición demográfica del país y del mundo exige acciones contundentes para atender a la población de adultos mayores. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que en la actualidad hay más personas mayores de 60 años que menores de cuatro años. Ahora bien, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, la Conapo, para 2030 la población de adultos mayores será de 20.4 millones, lo que representará el 14.8 por ciento. Las proyecciones de población prevén que prevalecerá un mayor número de mujeres que de hombres adultos mayores y que en el 2050, ellas representarán el 56.1 por ciento de la población de 60 años y más. El aumento de este sector de la población hace que se incremente la demanda de servicios relacionados con la salud, con la vivienda, con las pensiones y espacios urbanos que faciliten el tránsito de estas personas. Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, Enadid, en 2014 señalan que el total de adultos mayores de 60 años y más, el 26 por ciento tiene discapacidad, el 36.1 por ciento posee alguna limitación. Entre los principales tipos de discapacidad se encuentran caminar, subir y bajar usando sus piernas; con 64.7 por ciento, el ver; con el 41.4 por ciento, escuchar y el 25.9 por ciento también para escuchar. Como se puede observar, el reto para nuestro país es mayúsculo, razón por la cual es preciso adaptar la ley para que las personas adultas mayores estén protegidas por políticas integrales que les permitan lograr trayectorias positivas de envejecimiento y procurar eliminar cualquier tipo de discapacidad funcional en su salud. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, los cambios normales a causa del envejecimiento y los problemas de salud de los adultos mayores a menudo se manifiestan como declinaciones en el estado funcional. Estos problemas de salud condicionante del deterioro funcional en los adultos mayores pueden, de no ser tratados, conducir a situaciones de incapacidad, de incapacidad severa, como son la inmovilidad, la inestabilidad, el deterior intelectual, y además ponen al individuo en riesgo de hidrogenia y iatrogenia. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores contempla diversos derechos, sin embargo no se menciona el derecho a desarrollar su capacidad funcional de tal modo que se garantice su bienestar visto a través de la atención y cuidado de la vejez, proporcionándoles autonomía e independencia. En Nueva Alianza consideramos que es preciso modificar esta situación e incorporar el derecho de las personas adultas mayores a desarrollar y a fomentar su capacidad funcional. Espero que compartan esta visión y acompañen esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.