El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, el día de hoy la Comisión de Defensa de esta Cámara, a la cual orgullosamente pertenezco, ponemos a consideración del pleno dos dictámenes que tienen que ver con reformas a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. En el primero de ellos se dictamina una minuta presentada por el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, la cual propone incrementar las sanciones pecuniarias o económicas establecidas para los tipos penales y faltas administrativas contenidas en la ley antes citada. Como segundo objeto, se propone la ampliación del plazo otorgado a quien porte un arma previamente registrada y en su caso no lleve consigo licencia de portación. En la segunda minuta se pretende crear el supuesto legal de posesión de cargadores con la finalidad de sancionar, no solo a quien posea o porte sin permiso armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sino también a quien acopie cargadores implementando las siguientes sanciones. De uno a dos años de cárcel y de 30 a 100 días de multa cuando se posea de uno hasta cinco cargadores; y de dos a cinco años de cárcel y de 100 a 300 días de multa cuando se trate de más de cinco cargadores. Debemos señalar con claridad que éstas son modificaciones legales que responden al incremento del clima de violencia en nuestro país y que pretenden endurecer las penas para que en consecuencia las personas no cometan las conductas delictivas que allí se prevén. No obstante que compartimos el espíritu fundamental de las minutas, debemos señalar que en el marco del desarrollo de los acontecimientos que en los últimos años hemos vivido en el país, nos encontramos plenamente convencidos de que no es simplemente con el incremento de penas que la situación de violencia se resolverá. Debemos señalar que los altos índices de impunidad –que según la fuente– que se sitúan entre el 97 y el 98 por ciento de los delitos cometidos y denunciados, no contribuye a la disminución de la incidencia delictiva porque al delincuente no le preocupa si el delito que comete está castigado con cinco o 20 años de prisión, y tiene altísimas probabilidades de nunca poner un pie en la prisión y ser dejado en libertad para continuar delinquiendo. Es indispensable en consecuencia que el derecho al acceso a la justicia sea una realidad en México. Adicionalmente es importante señalar que en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación señaló que el costo de una averiguación previa despachada en el ámbito federal es de 115 mil pesos cada una, incrementándose vertiginosamente desde el año 2007 cuando su costo era de 89 mil 100 pesos, situándose muy por encima de los ingresos medios de la población. Señala el órgano superior de fiscalización que la auditoría practicada reveló que en 2012 de cada 100 averiguaciones previas para trámite, en 66 se concluyen las investigaciones de las cuales 24 se consignan ante un juez y en 16 de estos casos se dicta sentencia, lo que representa una efectividad del 15.6 por ciento respecto del total de averiguaciones previas para trámite. Todo esto se refleja en el incremento de los niveles de impunidad y de inseguridad, así como en la disminución de los niveles de confianza del ciudadano que ante la comisión de un delito que afecte a su integridad, asume que el responsable no será sancionado por la autoridad. Lo anterior quiere decir que la justicia en nuestro país no es eficiente, no es expedita y mucho menos es un derecho que el Estado mexicano garantice a cabalidad. Este, compañeros diputados, es un pendiente que debemos atender. Esta situación tiene como consecuencia que en muchos lugares de nuestra República las personas tiendan a tomar las armas para la protección de su integridad física, de la de su familia y de sus bienes. Éste es un fenómeno que hemos podido observar cada vez con mayor frecuencia dando como resultado la negativa ficta del Estado para establecer las condiciones mínimas de seguridad a las que todos los ciudadanos aspiran, negándoles en los hechos el ejercicio de un derecho omnigarante que les impide gozar de todos los demás derechos humanos. Nos encontramos plenamente convencidos de que la seguridad se encuentra íntimamente ligada a la equidad e igualdad de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de todas y todos los ciudadanos. Es por ello que hemos sostenido en múltiples ocasiones que la prevención es la base de las políticas de seguridad pública que tienen como objeto la inhibición de la comisión de conductas ilícitas a través de la erradicación de los factores de riesgo que causan la delincuencia, así como también establece como parte integral de este fenómeno, la atención de las víctimas y la reinserción social de los transgresores. Estamos convencidos que para disminuir los índices delictivos es necesario invertir en la atención de los factores de riesgo causantes de la delincuencias. Estas políticas desde nuestro punto de vista deben ser concebidas como políticas de Estado y es por ello que su transversalidad resulta imprescindible. Es nuestra convicción que aumentar los presupuestos, incluso con grandes sumas para pagar a más policías, no repercutirá en una diferencia sustancial en los niveles de criminalidad, lo cual no significa que deban destinarse recursos públicos al efecto, sino que éstos sean utilizados de manera eficiente en el combate de los factores de riesgo y no únicamente para la implementación de medidas de coerción. Resulta indispensable entonces equilibrar un sistema modernizado de imposición de la ley y de justicia penal que privilegie la inteligencia en la lucha contra los factores del delito que ponen en riesgo a las personas. Todas las entidades de la administración pública, los tres poderes, los tres ámbitos de gobierno, deben implementar acciones preventivas para el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidades, pueblos indígenas, adultos mayores, y de cualquier grupo que se encuentre en situación de desventaja por alguna circunstancia específica. Entendido el desarrollo integral como el proceso sistemático económico, social, cultural y político que garantice el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos y sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan. Asimismo estas acciones de prevención deben tender a elevar los niveles de educación y abatimiento del analfabetismo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud, la promoción del empleo productivo, la disminución de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, la promoción de la cultura de la paz y de una vida libre de violencia, así como de cultura de la legalidad, proceso en el que sin duda alguna debe intervenir la sociedad civil con organización o sin ella para su redireccionamiento. Es por todo lo anterior que si bien manifestamos nuestro voto a favor como la expresión de nuestra voluntad para coadyuvar con las autoridades en el restablecimiento de la seguridad, también formulamos nuestra intención de seguir puntualmente la implementación de esta estrategia y haremos los señalamientos que correspondan con el objeto de contribuir en el restablecimiento de la paz social. Es cuanto, señor presidente y muchas gracias.