EL DIP. LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores legisladores: He pedido el uso de la palabra para presentar a la elevada consideración de esta honorable asamblea, una iniciativa para adicionar al artículo 27 constitucional una fracción XXI destinada a promover una política de protección civil para el campo, con acciones que involucren tanto a los ejidos y comunidades, como al Estado Mexicano en todos sus niveles. Planteo elevar a este rango la iniciativa porque es preciso responder a fondo ante los frágiles programas gubernamentales de atención a los desastres naturales, con leyes que propicien toda una política de protección civil para quienes en el campo, por los daños causados por contingencias ambientales, quedan en la ruina al perder su patrimonio y su trabajo, pero con ello su presente y su futuro. Si el daño causado por la magnitud de estos fenómenos en las ciudades es lamentable, en la geografía rural es dramático y no se resuelve con láminas y despensas de las acciones asistencialistas. Desde mi perspectiva, se requiere atención inmediata a las urgencias, sí, pero además una política de prevención y de reconstrucción con apoyos gubernamentales y créditos, que resarzan a los campesinos de sus caminos, sus parcelas, su agricultura, ganadería o pequeñas empresas sociales destruidas. El fenómeno climatológico que en éstas últimas semanas ha azotado a nuestro país, ayer tocó al territorio de Baja California Sur el Huracán "Marti", ha sido inusual en el volumen de las precipitaciones pluviales, pero no es nuevo; es parte de un acelerado y desconcertante proceso de cambios en el comportamiento climático del planeta. El mundo entero ha sufrido la tragedia de inundaciones, ciclones, terremotos, temperaturas por encima de sus registros históricos, sequías prolongadas, agotamiento de las fuentes hídricas. Han podido atenuar el drama de estos fenómenos generalmente los países desarrollados que cuentan con políticas de planificación urbana, programas de atención a sus paisajes rurales y poseen las más avanzadas tecnologías de la prevención. Nuestra nación sufre inerme los embates de la naturaleza, porque entre otras cosas es incipiente su cultura de la prevención, sobre todo en las áreas rurales. La respuesta del gobierno a la población afectada, salvo los actos heroicos del Ejército a través del plan DN3 y los cuerpos de voluntarios en las acciones de las comisiones de protección civil, es deficiente, pues no nos hemos preparado adecuadamente con los instrumentos preventivos de la información; la organización, la coordinación con las instituciones especializadas del gobierno, pero sobre todo no diseñamos con visión las partidas presupuestales para hacer eficiente la participación comunitaria. Nuestro país es altamente vulnerable a los fenómenos naturales por estar situado en el llamado Cinturón de Fuego del planeta, una zona donde ocurre el 80% de la actividad sísmica y volcánica a nivel mundial. Se encuentra también dentro de 4 de las 6 regiones generadoras de ciclones en el mundo. De acuerdo con innumerables estudios, en la última década la incidencia de los desastres en este planeta se ha incrementado en un 300% en relación con la década de los años 60 del siglo pasado. En consecuencia, el costo de los daños ha crecido en un 900% respecto del mismo periodo. Solamente en América Latina los daños de 1990 al 2000 equivalieron a 23 mil 755 millones de dólares. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, ha reportado la pérdida de 10 mil vidas humanas y daños directos a los acervos de capital y al patrimonio de las personas, empresas o instituciones, que ascienden a 14 mil millones de dólares causados por los desastres naturales en México en el periodo de 1980 al 2000. Estas cifras no incluyen los enormes daños causados el año pasado por los huracanes Isidore y Kena en la Península de Yucatán y en los estados de Nayarit y Baja California, que cobraron vidas humanas y dejaron cientos de miles de damnificados y pérdidas por casi 300 millones de dólares.Tampoco incluyen los daños del terremoto que golpeó a Colima en enero último. Estas calamidades, cada vez más frecuentes y destructivas, no son sólo por adversidades del clima, por las ocurrencias naturales, son producto también, de la impreparación de quienes tienen la obligación de prevenir y evitar el caos en los asentamientos humanos donde viven los desplazados por la pobreza. Responden a la conducta suicida de los hombres, al propiciar la contaminación de los ríos, la destrucción sin misericordia de nuestros bosques y selvas, el deterioro del hábitat, la producción industrial y responsable y el inadecuado manejo de los suelos. Esta situación grave nos obliga a diseñar por una parte, una política adecuada para frenar el deterioro de la naturaleza atribuible a las actividades humanas, buscando revertir sus procesos negativos. Y por la otra, intensificar una cultura de la prevención y organización campesina para buscar aminorar el sufrimiento de los pobres ante esas catástrofes. Es cierto que ya contamos a nivel federal con instituciones como el Sistema Nacional de Protección Civil, el CENAPRED, el Servicio Metereológico Nacional, el FONDEN, el FAPRACC y en algunas entidades con leyes de protección civil. Pero lo alcances de esos programas, recursos y decretos, son mayormente urbanos, y como lo hemos constatado, es la población campesina la que está sufriendo mayormente las consecuencias de la falta de planeación. La lección que surge de esas amargas experiencias es el de prepararnos mejor para enfrentar esos fenómenos, a ello responde esta iniciativa de ley que hoy pongo a la consideración de esta soberanía, destinada a crear en los núcleos de la población rural, comisiones de protección civil, ejidal y comunal que permitan incorporar organizadamente a la población campesina en el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Con esta iniciativa, planteó que se impulse con la participación campesina, la elaboración y la actualización de los atlas de riesgo que falta elaborar en muchas entidades federativas, pero también que en los presupuestos estatales y municipales, se considere un fondo para la protección comunitaria que puede enriquecer sus acciones con los recursos del FONDEN y del Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas. Por eso, su espíritu involucra la transformación del FAPRACC en un instrumento capaz de reponer la capacidad productiva de las tierras y la pérdida de los activos mediante dos vertientes de acción: la cobertura de al menos las tres cuartas partes del valor de la producción y la entrega de un financiamiento a largo plazo sin intereses, para la recuperación de sus activos que les permitan regresar a la actividad económica en el siguiente ciclo productivo. La profundidad social de esta iniciativa en radica su intención de involucrar en responsabilidades de autoprotección civil a los grupos ejidales y comunales, creando sus respetivas comisiones, pero teniendo como rector de las acciones del gobierno en sus tres niveles. En su oportunidad, presentaré un Punto de Acuerdo ante esta soberanía para crear en la Cámara de Diputados la Comisión de Zonas de Desastre, para que evalúe los daños de los fenómenos naturales, promueva la atención integral a los daños ocasionados y no deje sola a la burocracia, que en muchos casos decide arbitrariamente, cuándo y cómo declarar zona de desastre, ante la impotencia de los afectados, que muchas veces son ignorados en su difícil situación. Con estas consideraciones y propósitos, propongo a esta soberanía la iniciativa que adiciona al artículo 27 constitucional, una fracción XXI que dispone la creación y las funciones de las comisiones ejidales y comunitarias de protección civil, así como la creación de un Fondo Comunitario específico para estas tareas. Ruego a usted, señor Presidente, dar a esta iniciativa el curso que dispone el Reglamento, con la propuesta concreta de reforma constitucional, que adiciona un párrafo 21 al artículo 27 constitucional y que a la letra dice: "Fracción XXI. Se declara de interés público la protección civil para los ejidos y comunidades. En cada núcleo rural se establecerá una Comisión de Protección Civil, cuyos objetivos son: prevenir, atenuar y atender riesgos y daños a las vidas y a los bienes de sus integrantes, causados por desastres de cualquier orden y promover programas para reconstrucción de las áreas agropecuarias, silvícolas y agroindustriales devastadas. Para estos efectos se coordinarán las autoridades municipales, estatales y federales; el Estado proveerá los recursos necesarios mediante partidas específicas que deberán ser incluidas en los presupuestos anuales de egresos. La Ley Reglamentaria formulará los mecanismos para el funcionamiento de la Comisión de Protección Civil. Hago entrega de este documento a la secretaría señor presidente. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales en tanto se designa a la comisión, consérvese en la Direccion General de Proceso Legislativo. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -DIP. FRANCISCO AMADEO ESPINOSA: Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros diputados; ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión: "Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente: "EXPOSICION DE MOTIVOS "Por disposición constitucional consignada en el artículo 69 de nuestra Norma Suprema, el Presidente de la República tiene la obligación de asistir a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias y de rendir ante el Congreso, un informe del estado que guarda la Administración Pública del país. "El Informe presidencial debe ser un acto de rendición de cuentas que se hace ante el Poder Legislativo actuando las dos Cámaras del Congreso, como asamblea única y posteriormente por separado cada Cámara realiza el análisis del Informe en los cuatro rubros que se señalan en el artículo 7o. numeral cuatro de la Ley Orgánica del congreso General. "Independientemente de ese análisis, la Cámara de Diputados realiza a través de la Auditoría Superior de la Federación, la revisión de la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal. "Está previsto que la Cámara de Diputados aprueba, en uso de sus facultades exclusivas, el Presupuesto de Egresos de la Federación, previa solicitud que el Ejecutivo Federal hace de las asignaciones presupuestales que requiere para la realización de las actividades de gobierno y que en la Cuenta Pública se determina la coincidencia o discrepancia entre lo autorizado, respecto de lo ejercido y la forma en la cual los recursos públicos son utilizados. Pero este examen es siempre ex post, por lo que es necesario encontrar un mecanismo que sea ágil y que permita también un diálogo directo entre el Titular del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo. "Es pertinente destacar que la iniciativa del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que hoy se somete a su consideración, tiene el propósito de establecer en la Constitución ese diálogo entre poderes, ya que el mecanismo actual establece en la Ley Orgánica del Congreso, únicamente limita al envío al Presidente de la República por parte de cada Cámara del Congreso, de las versiones estenográficas de las versiones en las que se realiza la glosa o comparezcan los secretarios de despacho, solamente para el conocimiento del presidente de la República. Lo que nuestro grupo parlamentario plantea es que el Ejecutivo siga asistiendo a la apertura del primer período de sesiones del Congreso, que siga presentando su informe de gobierno, pero que además, realizado el análisis por parte de los integrantes de cada cámara, al final de este ejercicio el presidente de la República acuda, en la fecha que así se determine, a reunión del Congreso de la Unión para escuchar las opiniones de los legisladores sobre el contenido del informe y de lo que puede hacerse para mejorar la marcha de la administración pública del país. El planteamiento anterior tiene una explicación lógica. El presidente de la República rinde su informe ante el Congreso en la fecha prevista por el artículo 65 Constitucional, esto es, al inicio del noveno mes del año, con lo que se entendería que su informe abarca de lo realizado por la administración pública federal entre el 1º. de septiembre de un año y el 31 de agosto del año siguiente, pero la revisión de la cuenta pública abarca lo que el Ejecutivo hizo o no con las autorizaciones de gasto contenidas en el decreto de presupuesto de egresos para un ejercicio fiscal que inicia el 1º. de enero y concluye el 31 de diciembre de ese año. El contenido específico de nuestra propuesta es el de establecer una relación directa, respetuosa y continua entre los titulares de los dos poderes públicos de la nación que el pueblo elige a través de su sufragio. En suma, no nos debe espantar el diálogo directo y constructivo entre los titulares del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Por eso nuestra propuesta se centra en la adición de un segundo párrafo al artículo 69, destacando que es mejor que estas previsiones de relación entre poderes públicos se establezcan en la Constitución. Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 1º. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 69. Posterior a la fecha de presentación del informe que guarda la administración pública del país y hasta el 30 de septiembre, el presidente de la República asistirá al Congreso de la Unión a escuchar las conclusiones e intercambiar opiniones sobre el contenido del informe presentado con los grupos parlamentarios representados en el Congreso. Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de septiembre del año 2003. Atentamente, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Alejandro González Yañez, coordinador, Pedro Vázquez González, vicecoordinador, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Oscar González Yañez y Francisco Amadeo Espinosa Ramos Muchas gracias. - EL C. DIP. IVAN GARCIA SOLIS, (DESDE SU CURUL): Señor Presidente, pido la palabra para hechos. -