El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Diputadas y diputados. La corrupción es uno de los problemas que más lacera a nuestra sociedad, afecta de manera directa los esfuerzos para combatir la desigualdad y la pobreza. El Instituto Mexicano para la Competitividad y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, han concluido que México pierde anualmente entre el nueve y el 10 por ciento de su producto interno bruto a causa de la corrupción. La corrupción le cuesta a cada mexicano en promedio 2 mil 273 pesos, según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2017, realizada por el Inegi. Por eso, durante la presente administración se han realizado importantes esfuerzos con el fin de combatir y erradicar este fenómeno que impacta negativamente en el crecimiento económico de nuestra nación, y sobre todo en el bienestar de los mexicanos. La reforma constitucional en materia de anticorrupción previó la conformación de un sistema nacional que se encuentra integrado por todas las instancias administrativas y jurisdiccionales que se centran en la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de estos hechos. De manera coordinada, estas instancias están obligadas a conformar políticas públicas que busquen prevenir este problema. Que generen controles, que fomenten la transparencia y finalmente sancionen la corrupción. El 18 de junio del año 2016 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de consolidar la operatividad de este sistema. Aunque la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción significó un gran esfuerzo por atender este fenómeno, lo ciertos es que no se previó la estructuración de los sistemas municipales, lo cual supone una omisión importante porque es en este nivel de gobierno donde el fenómeno de la corrupción inicia. Es en los municipios donde se reconocen algunos vicios comunes. Se observan desvíos recurrentes de fondos, nepotismo, clientelismo, falta de transparencia en obras municipales e irregularidades en los permisos. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el 76 por ciento de los mexicanos considera que las prácticas corruptas son frecuentes o muy frecuentes en los municipios. Es precisamente por tales motivos que la presente iniciativa pretende incorporar a los municipios en el marco de este Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien es cierto que la ley general refiere a los municipios, no prevé la creación de un sistema municipal anticorrupción. Es precisamente por eso que proponemos la conformación de un sistema anticorrupción municipal, en el cual se establezca un diseño institucional orientado a manejar y a mejorar los procedimientos de investigación y sanción dentro de la administración municipal. Acabemos con la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, generemos mecanismos que prevengan incentivos perversos en su ejercicio y hagamos valer el principio de máxima publicidad en la asignación de recursos públicos en todos los órdenes de gobierno y particularmente en este orden municipal. En este sentido la reforma que hoy presento, busca incorporar a los municipios en la norma y generar mecanismos de control que permitan combatir la corrupción que tanto daña a la sociedad. Es cuanto, señor presidente.