El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores. El 19 de febrero los integrantes del grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial al que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, entregó a la Junta de Coordinación Política el primer informe trimestral, el cual fue aproado por todos los integrantes, del que me permito hacer algunos comentarios. Como es de su conocimiento, el 26 de mayo y el 29 de junio de 2009 ocurrieron hechos inéditos en el estado de Michoacán: la detención, arraigo y confinamiento de presidentes municipales y funcionarios de los gobiernos estatal y municipales. Un total de 35 servidores presuntamente vinculados con organizaciones delictivas, fueron puestos a disposición de la justicia por delitos contra la salud y delincuencia organizada. El acto fue conocido en el lenguaje coloquial como el Michoacanazo y ocurrió en vísperas del proceso electoral 2009. El operativo realizado por los elementos de la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano en cumplimiento a diversas órdenes de localización, y la actuación del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de la SIEDO, despertó inquietudes en diversos sectores de la sociedad, por la forma en que fueron ejecutadas esas detenciones y por el perfil de los detenidos. El supuesto golpe al narcotráfico, que realizaron las fuerzas federales, se convirtió en la causa de especialistas, políticos, defensores de derechos humanos y, por supuesto, de las familias de los inculpados, quienes calificaron los hechos como violatorios de las garantías individuales consagradas en la Constitución y solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que emitió recomendación 072 de 2009, conformando violaciones graves en este tema. Aun más, por primera vez en la historia reciente de México, se integraron tres órganos legislativos para dar seguimiento simultáneo a los referidos acontecimientos: la Comisión Especial en el Congreso de Michoacán, el grupo plural en el Senado y un grupo plural en esta Cámara de Diputados. Éste último en funciones desde el 20 de octubre de 2009, por mandato de la Junta de Coordinación Política y de este pleno es integrado actualmente por los diputados Camilo Ramírez Puente, Víctor Manuel Báez Ceja, Juan Enrique Ibarra Pedroza y la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, a quienes reconozco su convicción de lucha a favor de los derechos humanos y su dedicación a la comisión que este pleno les encomendó. Este grupo plural actúa con pleno respeto a su mandato y en apego a la esfera competencial de los poderes de la Unión. En tal razón, se presenta el primer informe trimestral de actividades en su ejercicio democrático y de rendición de cuentas. El grupo plural realizó visitas para obtener las versiones de las personas e instituciones que intervinieron en los hechos mencionados. Solicitó a los juzgadores información sobre la situación jurídica de los inculpados. Externó su opinión acerca de la conveniencia que los detenidos fueran juzgados de manera pronta y expedita. Acudió a los centros de reclusión en los que éstos se encontraban. Exhortó a la autoridad competente para que fueran trasladados a centros de internamiento cercanos a sus domicilios y, finalmente, estuvo presente en Michoacán durante la liberación de 12 de los procesados. Lo anterior se logró gracias a la valiosa colaboración de los familiares y abogados defensores de los inculpados, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Michoacán, el colectivo de organizaciones de derechos humanos del estado de Michoacán, el congreso y el gobierno de aquel estado, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial Federal, la Secretaría de Gobernación y de la Administración Pública Federal. De acuerdo con la recomendación en comento, de fecha 30 de octubre de 2009, instancia que atendió oportunamente las quejas de los presuntos responsables, existieron violaciones a los derechos humanos de los inculpados, a las garantías constitucionales de legalidad, defensa adecuada debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República reparar el daño ocasionado a los agraviados, tomar medidas para evitar represalias, iniciar investigaciones administrativas y averiguación previa contra algunos de los servidores públicos involucrados en los hechos, ajustar su actuación a la legislación penal, garantizar el derecho a la presunción de inocencia y a una defensa adecuada. Es importante dar seguimiento al cumplimiento de dicha recomendación en todos y cada uno de sus apartados porque se refiere a graves violaciones a los derechos humanos por parte de estas autoridades, en el entendido de que no todas las recomendaciones se aceptaron y que en otros casos la autoridad no dio prueba de su cumplimiento. En el informe del grupo plural se exhorta a las autoridades de administración e impartición de justicia a que se desahogue el proceso sin dilación y en los términos y plazos que prevé la legislación procesal mexicana. También se plantea la necesidad de efectuar una minuciosa revisión a las figuras jurídicas del arraigo y el testigo protegido, porque ha quedado demostrada la necesidad de ponderar los alcances y riesgos que esta figura representa para los derechos humanos. Actualmente, la autoridad que recurre a las figuras mencionadas carece de contrapesos que limiten su actuación y no está obligada a rendir cuentas de los mismos. La ley tampoco prevé sanciones a la autoridad y al testigo protegido que ofrecen un falso testimonio ni define cómo reparar el daño a las personas que han resultado perjudicadas. Por tal razón, el grupo plural propone se estudien y analicen las figuras referidas y otras que puedan resultar lesivas a los derechos humanos. Este grupo plural reconoce la lucha contra la delincuencia organizada, pero no a costa de la violación de los derechos humanos. Se declara en contra del uso ilegítimo de la fuerza y de que a la sombra de ese combate se restrinja el disfrute y libre ejercicio de las garantías constitucionales. El grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial al que han sido sometidos los ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, reitera su compromiso con el estado de derecho, la paz y la seguridad de todos los mexicanos. Por último; y con el debido respeto al Poder Judicial federal, manifestamos el interés de los familiares y de los inculpados para que los procesos judiciales que se llevan a cabo en Nayarit sean turnados a Michoacán, con la finalidad de facilitar una defensa adecuada en aras de los principios de economía procesal y acceso efectivo a la justicia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Los invitamos a conocer el informe del grupo plural que se entregó a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Además, insistimos que los derechos humanos son el gran tema de nuestro país. Muchas gracias, señor Presidente.