La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la proporcionalidad de las penas es un principio elemental del derecho penal. En el dictamen a discusión se equiparán los delitos de defraudación fiscal el uso de esquemas simulados de prestación de servicios especializados, la ejecución de obras especializadas, así como realizar la subcontratación del personal. Desde nuestra perspectiva las sanciones que se imponen no son proporcionadas ni proporcionales y, en consecuencia, resultan excesivas al igual que el incremento a las multas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, que ahora pueden ser de hasta 4 millones 481 mil pesos, lo mismo para quienes realizan una labor que estaría prohibida por ley, como a quienes prestan un servicio permitido en la ley, pero sin tener en regla su registro y a quienes los contratan. En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidas y convencidos de que para combatir actividades que han sido nocivas para empresas y trabajadoras y trabajadores en nuestro país, se necesita una legislación integral y una autoridad eficaz que garantice derechos y proteja las instituciones de seguridad social y la hacienda pública. Es por ello, que llama nuestra atención que la defraudación fiscal está definida en el Código Fiscal de la Federación como el delito cometido por quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Este delito, si es religado en conjunto con otras personas, puede ser considerado como delincuencia organizada, en conformidad con el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la que es meritoria de prisión preventiva oficiosa, todo gracias a reformas impulsadas por la cuarta transformación y que resultan violatorias de los derechos humanos. En múltiples ocasiones hemos denunciado estas irregularidades que derivan en el incumplimiento del Estado mexicano y de sus obligaciones internacionales. La imposición de la prisión preventiva oficiosa además vulnera garantías judiciales, el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Debemos recordar que uno de los fines que se persiguen con la imposición de una pena es precisamente el desincentivar la comisión de conductas delictivas, por lo que el dictamen en discusión si bien puede dar una percepción positiva como un proyecto que permitiera evitar los efectos más perniciosos de los contratos en que una empresa proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, el marco legal punitivo que está dejando como negra evidencia la llamada cuarta transformación, resulta violatorio de los derechos humanos fundamentales. Este gobierno ha impuestos políticas en las que el terrorismo fiscal y el penal constituyen la columna vertebral para evitar las trasgresiones a la legalidad, consecuentemente esta iniciativa sostiene que la eficiencia de la autoridad está en razón directa con las sanciones establecidas, aunque no se apliquen. Es por eso que proponemos suprimir del dictamen el inciso i) del artículo 108 del Código Penal Federal que equipara a la defraudación fiscal el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados, la ejecución de obras especializadas o realizar la subcontratación de personal. En el Grupo Parlamentario del PRD sostenemos que, con las normas principales del dictamen, defendiendo lo que está permitido y lo que no, así como controles que se establecen, se puede prever que actividades que incumplen con derechos laborales y obligaciones fiscales sean inhibidas. Es por eso que, comprometidas y comprometidos con los derechos humanos, particularmente con los derechos laborales y el derecho de acceso a la justicia de todas y todos, esperamos el apoyo a la presente reserva que apuesta por la eficacia de la aplicación de la ley, así como la eficiencia y coordinación de las autoridades, que nos permitirían generar los mecanismos para garantizar los derechos de las y los trabajadores y de las empresas. Es cuanto, presidenta.