El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con su permiso y el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. En Nueva Alianza celebramos el dictamen que nos presentan las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, el cual constituye una trascendental reforma para el combate frontal en contra del lacerante delito de trata de personas, que es un delito que causa un mayor agravio, no solo en las víctimas en lo individual, sino en la sociedad en su totalidad y lo general. La trata de personas es un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales, para convertirse en un problema global que requiere el compromiso de todos los países para hacerle frente y combatir a este flagelo. De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas, tan solo en el año 2012, 20.9 millones de personas fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, de las cuales 55 por ciento fueron mujeres y niñas, personas que se encuentran atrapadas en la llamada esclavitud del siglo XXI. Entre los sectores más lastimados por esta conducta delictiva se encuentran las y los niños, mujeres migrantes, personas de escasos recursos y miembros de pueblos y comunidades indígenas, quienes lamentablemente caen en manos de los tratantes para ser trasladadas a distintos países, ya sea como de origen, tránsito o destino de las víctimas. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México, nuestro país, se ocupa el segundo lugar como país con el número de víctimas que provee a Estados Unidos víctimas de trata, superado únicamente por Tailandia. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estima que cada año son explotados sexualmente entre 16 mil y 20 mil niños y niñas en nuestro país, lo cual resulta alarmante debido a que en su entorno sufren actos reiterados de agresión física o sicológica, depresión, pérdida de autoestima o situaciones de vulnerabilidad. Se trata, compañeras y compañeros, de una forma de subyugación que atenta directamente contra la libertad y la dignidad del ser humano. La magnitud y expansión de la trata de personas ha sido determinante para que los Estados tomen conciencia cada vez más respecto de su gravedad, pero sobre todo de la urgencia de combatir a dicho crimen. Nuestra Carta Magna mandata al Estado mexicano a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contemplados no sólo en ella, sino también en los tratados internacionales de los que nuestro Estado forma parte. En este sentido, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo sobre la Trata de Personas, constituyen una herramienta jurídica fundamental para regular nuestro marco normativo acorde con los estándares internacionales en la materia de derechos humanos. El dictamen que discutimos el día de hoy es resultado de un largo camino de análisis y de reflexiones que entre todos los actores involucrados en el tema logramos tener. Senadores, diputados, organismos internacionales y organizaciones civiles, participamos activamente en la coincidencia de ideas y en la resolución de las diferencias que ciertamente surgen con la polémica reforma. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza participamos muy de cerca en las diversas mesas de trabajo. Mesas que se realizaron a efecto de dar un seguimiento puntual al análisis profundo de las discusiones, opiniones, aciertos y modificaciones. Como resultado de estos trabajos se presenta este dictamen enriquecedor, del cual, estamos ciertos, será una legislación vigorosa que posibilitará a las autoridades de procuración e impartición de justicia de contar con un marco jurídico eficaz en aras de castigar a quienes cometen esta terrible conducta delictiva. A esto se suma el acierto de incluir la interpretación sistémica de esta legislación con otros ordenamientos legales que forman parte integral del marco protector de los derechos humanos, evitando de esta forma caer en antinomias legislativas principalmente armonizando esta ley con la Ley General de Víctimas, entre otros ordenamientos legales ya aprobados. De igual forma, los derechos de las víctimas y testigos en el procedimiento penal se perfeccionan al adecuar la técnica legislativa de la ley vigente, estableciendo con claridad y precisión todas y cada una de las medidas de protección a su favor. Asimismo, la política de Estado en materia de prevención, atención, protección y asistencia a víctimas de estos delitos, resulta un eje central de este tema. El dictamen, compañeras y compañeros, contiene la adición de reglas maximizadoras en la implementación de dichas políticas, al instaurar el periodo de espera y reflexión, así como la atención y asistencia de las víctimas tanto mexicanas como extranjeras, y fortalecer el programa de atención contra la trata de personas. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, ya que contiene una medida legislativa que fortalece la lucha contra la trata de personas. Los legisladores tenemos la alta responsabilidad de dotar de las herramientas legales idóneas para coadyuvar con el Ejecutivo federal a prevenir, atender y reparar, a las víctimas las violaciones de sus derechos humanos, así como sancionar a los delincuentes que con la comisión de este delito lastiman enormemente a nuestra sociedad mexicana. Las diputadas y diputados de Nueva Alianza seguiremos apoyando todas las medidas legislativas que perfeccionen el marco protector de los derechos humanos, estando siempre atentos a la correcta operatividad que estamos seguros se desprenderá de esta importante reforma y a la cual le daremos puntual seguimiento a lo largo de su implementación. Por su atención y su paciencia, muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputado presidente.