EL C. DIDPUTADO OLIVERIO ELIAS CARDONA (PRD): Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados: El motivo por el que estamos en esta tribuna es el inicio de una nueva forma de dar solución al campo mexicano. Basado en el impulso al desarrollo integral del productor agropecuario. Esto es el primer paso para dar certidumbre al sector rural. La Ley de Desarrollo Rural es una respuesta frente a la dura crisis que en los últimos años la economía mexicana ha registrado y que ha afectado a un conjunto de sectores relacionados con el ámbito agropecuario. El profundo problema del campo mexicano se agrava debido a una aplicación más rígida de la política de ajuste estructural, instrumentada hace cuatro lustros, la cual comprende la apertura comercial indiscriminada y el desmantelamiento de las políticas e instituciones públicas de apoyo al agro. Dicha situación favorece a las grandes corporaciones y afecta negativamente a los productores que tienen solo acceso a políticas compensatorias o asistenciales. La disponibilidad de infraestructura productiva es baja o nula en algunos lugares del país. El uso de tecnologías inapropiadas y la práctica de sistemas de producción insostenible, impiden observar niveles aceptables de competitividad. A las limitaciones que presenta el sector agropecuario se agrega la falta de desarrollo de actividades rurales no agrícolas que generen nuevas fuentes de empleo e ingresos en el campo y permitan una mayor complementariedad e interacción de los diferentes factores en los eslabones de la cadena productiva. Con esta ley se busca darle un rumbo diferente al agro mexicano, con la finalidad de reactivar y reorientar la inversión a la pequeña y mediana producción rural. Además, las condiciones prevalecientes en el campo no se sujetarán totalmente a las libres fuerzas del mercado, ya que servirá como un preámbulo para la definición de un plan nacional agropecuario y de desarrollo rural en el que se precisen las líneas y mecanismos de acción tendientes a mejorar la situación de nuestros campesinos mexicanos. "Las reformas que se realizaron a la Constitución por parte del gobierno desde los 80´s y el retiro del Estado en algunas actividades agropecuarias, han profundizado el rezago acumulado en la solución de los problemas agropecuarios nacionales. Con esta ley se busca plasmar los principios de soberanía, rectoría y sustentabilidad. "La justificación para crear la ley se debe a que el campo mexicano enfrenta un marco jurídico descoordinado y desarticulado, que involucra diversas leyes, decretos y normas oficiales emitidas por diferentes dependencias del gobierno federal que impiden el libre desarrollo del campo, porque se sobrerregulan y duplican funciones que se anulan entre sí, confundiendo aún más la aplicación del marco normativo. "Esta iniciativa de ley es la culminación de un trabajo serio y comprometido que inició con un acuerdo que asumimos los integrantes de las Comisiones Unidas de Agricultura y Desarrollo Rural de esta Honorable Cámara de Diputados. "El propósito fundamental para la creación de dicha ley, fue el establecimiento de un marco jurídico moderno e integral, que establezca las bases para el desarrollo sustentable del sector rural y sus actividades agropecuarias. "Ha sido una preocupación constante el incorporar a la ley las experiencias de los diferentes sectores. Para ello se realizaron diversos foros, cuyas aportaciones y demandas sirvieron de base para la formulación de la misma. "Con resultado al veto de la Ley de Desarrollo Rural por parte del Ejecutivo, nos abocamos a un nuevo plan, el cual se encuentra terminado y es el que se presenta ante este pleno. Su contenido ha sido consensado con el Ejecutivo y ha integrado propuestas de la sociedad rural. Nos encontramos en la etapa final de la Ley de Desarrollo Rural, lográndose las aprobaciones necesarias para sacarla adelante por parte de las comisiones. "Se debe lograr un desarrollo con el esfuerzo conjunto de las organizaciones de productores, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales, las dependencias gubernamentales y las instituciones educativas. "Las actividades productivas del campo no son rentables y el espacio rural se acentúa con la amenaza de una ley fiscal que agudizará la pobreza de los habitantes del campo y el incremento de la migración masiva, siendo contraria esta Ley de Reforma Fiscal al espíritu de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural. "Por lo anterior, esta iniciativa de Ley de Desarrollo Rural sustentable tiende a favorecer las capacidades individuales y sociales de la población, para generar nuevas oportunidades de empleo, que le permita superar los problemas relacionados con aspectos productivos, organizativos y de participación; mejorar los niveles de competitividad del sector agropecuario en el mercado nacional e internacional, a través del aumento de la productividad y el mejoramiento de la calidad de sus productos, lo que implica la transformación y aprovechamiento integral de las actuales ventajas comparativas de este sector. "El Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática está convencido de que el futuro del sector agrícola en México no debe ser fruto del trabajo de unos pocos, sino de todos los que dentro de un concepto de nación nos encontramos inmersos en esta actividad que sólo mediante el fortalecimiento de las organizaciones, de la sociedad civil y el establecimiento de relaciones libres y de mutuo beneficio, se puede alcanzar un desarrollo sostenible. "No es posible diseñar una política en el campo si no se da un cambio de mentalidad. Los trabajadores de la tierra no han sido los protagonistas de su propio desarrollo. El Estado Mexicano al diseñar su política agropecuaria, se ha caracterizado por una actitud de tutelaje y manipulación, instrumentada a través de estructuras corporativas que han pervertido todas las políticas públicas relacionadas con el campo. "En cuanto a la política crediticia en este sector, el Estado no ha ofrecido el marco económico que permita las mínimas condiciones de competitividad para emprender una actividad económica redituable en el campo. "Con las políticas erráticas se ocasionó la enorme cartera vencida agropecuaria, que se constituyó en uno de los más grandes problemas. Por otro lado los actuales esquemas de comercialización internos y externos han propiciado una competencia que no es equitativa para el productor mexicano, en esta, el balance arroja resultados negativos pues no tan solo dañó las capacidades del productor para asumir esta tarea sino que benefició a intermediarios y generó una enorme corrupción. Respecto al ordenamiento jurídico actual de ninguna manera ha sido claro y accesible para esto, con la presente Iniciativa de Ley se busca dar transparencia para que los productores agropecuarios tengan acceso a los beneficios de dicha iniciativa. Necesitamos ir construyendo el desarrollo con el apoyo y la aprobación de los diferentes grupos parlamentarios para que este país en realidad tenga un rumbo seguro y aquí poder estar atentos para que esta iniciativa tenga un cabal cumplimiento y desarrollo y desempeño en sus funciones. Muchas gracias.(aplausos) LA C. VICEPRESIDENTA MARIA ELENA ALVAFEZ BERNAL. Muchas gracias señor Diputado. Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se concede el uso de la palabra al señor diputado Francisco Javier Chico Goerne hasta por diez minutos. EL C. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CHICO GOERNE. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. Durante los últimos años las demandas cada vez más apremiantes de la sociedad han ido configurando nuevos espacios de debate público y de interacción política donde participan activamente gobierno, organizaciones civiles, centros académicos y de investigación, instituciones internacionales y partidos políticos. El debate ha ido adquiriendo con mayor rapidez alcances estratégicos para el desarrollo de las naciones y sus convivencias, gran parte de los temas y de las aspiraciones que mueven a la sociedad han quedado estrechamente vinculados a los procesos productivos. Por ello, cuando hablamos de solucionar los problemas del campo no podemos dejar a un lado la necesidad de re plantear las formas de la convivencia productiva. La solución a la problemática del campo se pensó que se acabaría con el reparto agrario producto de la Revolución Mexicana, aunque desde entonces Gómez Morín hizo hincapié en que el reparto de tierras por sí solo no resolvía este problema sino que se acompañaba de otras medidas que complementaran económicamente la posesión de la tierra , que hicieran posible el trabajo libre para quienes nunca lo habían llevado a cabo, que enseñaran la responsabilidad a quienes no habían sido responsables que orientaran, que educaran, que permitiera vivir y que enalteciera a la población del campo. Ya en la Convención Nacional del Partido Acción Nacional del 48 Gómez Morín planteaba que el problema del campo exigía soluciones verdaderas, una real vinculación del hombre con la tierra , amplias vías de acceso a quienes quisieran y pudieran trabajarla, organización libre para los campesinos, crédito suficiente y sin usura, aprovechamiento técnico completo de los recursos del campo y, sobre todo, respeto y paz para la vida y el trabajo en el campo. Sin embargo los problemas en este sector se agudizan a mediados de la década de los 60 con la descapitalización que se sufre durante el período llamado de desarrollo estabilizador y a partir de entonces resulta imposible ignorar los rezagos económicos, tecnológicos y sociales que han traído como consecuencia que actualmente alrededor del 80% de la población rural se encuentre sumida entre la pobreza o la pobreza extrema. El Gobierno Mexicano ha intentado solucionar los problemas que enfrenta este sector a través de diversos programas como el Sistema Alimentario Mexicano, Apoyos de la Banca de Desarrollo con la creación de Banrural, el Procampo actualmente e inclusive a través de Reformas a la Constitución como las instrumentadas en 1992, pero todo ello ha resultado insuficiente para resolver este complejo problema. En función de lo anterior, podemos afirmar que la transición hacia un desarrollo rural sustentable exige cambios institucionales de fondo que abarquen a la Administración Pública, al Sistema de Precios, al Marco Normativo y Regulatorio, a los Patrones Culturales dominantes y a la estructura de participación y corresponsabilidad de toda la sociedad. Sólo un cambio de esta magnitud permitirá modificar el esquema de incentivos y el conjunto de desafíos y oportunidades que enfrentan los campesinos de nuestro país. El cambio que se instrumente habrá de abocarse a lograr que las conductas privadas de individuos y organizaciones colectivas converjan en forma agregada hacia el objetivo social de la sustentabilidad del desarrollo en el campo. Una transformación de este tipo sólo se puede conducir a través de un proceso gradual y ordenado de evolución institucional, mediante un intercambio político y económico entre el Gobierno, los organismos sociales, los ciudadanos y todos los agentes del sector rural bajo la vigencia plena del estado de derecho. Las políticas públicas que instrumenten los gobiernos estatales y federal para mejorar el nivel de vida de los campesinos y en general de los productores, tendrán que basarse en algunos criterios entre los que destacan los siguientes: La productividad: esto es, que al campesino se le capacite, se le oriente y apoye para mejorar el nivel de producción y que de esta manera se consiga la eficiencia necesaria que le permita no sólo hacer frente a los productores locales, sino también alcanzar los estándares de calidad en los mercados globales. La subsidariedad, que se refiere a procurar que los problemas del campo se resuelvan en las instancias administrativas más cercanas al campesino y que esto se lleve a cabo por supuesto aplicando el principio de la descentralización. La rentabilidad, para que la producción lograda por el campesino le sea redituable para satisfacer sus necesidades más elementales, las de su familia y por supuesto mejorar su técnica de producción. La competitividad, en cuanto a que los apoyos del Gobierno deben ir dirigidos a incrementar la calidad de los productos nacionales de tal forma que estos puedan incursionar no sólo en el mercado nacional, sino en los mercados globales. Así pues, el desarrollo rural implica tanto el mejoramiento de las condiciones de producción agrícola como de la calidad de vida de las mujeres y hombres del campo, lo que necesariamente nos llevará a mejorar aspectos básicos como el de la infraestructura carretera, las comunicaciones, los puentes, la energía eléctrica, agua potable, drenaje, la educación, centros de salud, vivienda, empleos e ingresos dignos, entre otros muchos. Cuando el proceso de desarrollo rural se fundamente en un uso equilibrado y armónico de los recursos naturales que permita el mejoramiento de las condiciones de vida de la población involucrada, estaremos hablando de un desarrollo rural sustentable; en este caso, las actividades productivas se definen conforme a la capacidad de recuperación de los recursos naturales. Es decir, la sostenibilidad tiene que ver con la administración del capital social que son los recursos naturales en donde el sector rural tiene y tendrá un papel preponderante. Hoy en día en México, el desarrollo rural representa un reto fundamental e impostergable para los Gobiernos Federal y estatales, principalmente por las siguientes razones: Porque en el espacio rural se encuentra concentrada la pobreza nacional; en efecto, existen 850 municipios rurales con alta y muy alta marginación, con cerca de 30 millones de pobres de los cuales 19 millones están en pobreza extrema. Porque la producción agrícola no es sólo una fuente de ingresos muy importante para los habitantes del campo, es además una fuentes de alimentos fundamental para el resto de la población y debe buscar que sea superavitaria para el país a efecto de que se asegure la soberanía alimentaria. Porque la mayor parte de los recursos naturales se ubican y se concentran en las áreas rurales y su conservación depende esencialmente del nivel de desarrollo que puedan alcanzar las comunidades que ahí habitan. La escasez del crédito en las actividades productivas, es un factor que obstaculiza el desarrollo del sector ya que en términos reales el crédito ha disminuido un 67% de 1994 hasta la fecha. En Acción Nacional tenemos la visión de un campo productivo, un campo que sea competitivo y en donde no exista la pobreza generalizada, que permita oportunidades de desarrollo para sus habitantes y con calidad de vida que además satisfaga las necesidades nacionales y más aún, esté en condiciones de canalizar excedentes. Por todo ello, resulta primordial establecer un marco jurídico e institucional que permita desarrollar el campo a través de acciones encaminadas al aumento de la productividad, el apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico, el incremento a la inversión de la infraestructura, el combate a la marginación y la pobreza y garantizar de manera efectiva la libertad en la organización de los productores rurales. Cabe mencionar que en las metas del Plan Nacional de desarrollo para esta administración se indican como objetivos, estrategias y acciones sobresalientes en materia del campo, aspectos trascendentales, como la capacitación y organización de la población rural para promover su integración al desarrollo productivo del país y propiciar que el respeto a sus derechos se traduzcan en un mejor nivel de vida. Sin embargo, es evidente que un marco legal detallado y suficiente para la atención integral de esta diversidad de problemas, visiones y estrategias requiere mucho más que un solo instrumento legal, requiere mucho más que esta ley que hoy presentamos para su aprobación y es por eso que este trabajo le corresponde a esta Legislatura, nos corresponde a todos nosotros desarrollarlo para cambiar muchas otras leyes y crear muchas otras para que podamos de veras lograr ese desarrollo rural al que aspiramos. Sin embargo también esta ley, el grupo parlamentario de Acción Nacional se sumó a su esfuerzo porque estamos conscientes de que inicia un cambio en la manera de trabajar para el campo, da la pauta para que podamos mejorar ese desarrollo en el rural y sea éste verdaderamente sustentable. Así pues, en Acción Nacional nos hemos sumado al análisis de la iniciativa, así como a los trabajos, estamos seguros que con un estado ordenado, propio de un país democrático donde el pacto federal reconoce la problemática de los sectores social, privado y rural, existirán las condiciones necesarias para llenar los vacíos propios de esta ley, trabajo que nos queda pendiente, falta mucho por hacer, pero estamos convencidos de la buena voluntad del gobierno, de los partidos políticos y por supuesto de la sociedad, para que llevemos a buenos términos esta gran reforma rural que hoy con esta ley apenas comienza a tomar rumbo y que se rompa por fin la incertidumbre milenaria que ha caracterizado al campo de México. Muchas gracias.