La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la sociedad en su conjunto condena enérgicamente a la desaparición forzada y reconoce el compromiso derivado del deber impuesto por nuestra Carta Magna y por los instrumentos internacionales de protección a la persona humana, que constituye obligaciones vinculantes que hacen indispensable la armonización legislativa que permita su debida instrumentación. Los principales instrumentos en la materia son, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 1992, así como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2005, vigente para México desde 2010, la que en su artículo 2o. define la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento, de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. En 2013, el gobierno de la República dio a conocer, que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012 habían desaparecido 26 mil 121 personas, derivado de lo anterior múltiples legisladores de distintos grupos parlamentarios, algunos trabajando conjuntamente con distintos colectivos sociales, se dieron a la tarea de presentar diversas iniciativas en esta materia. Por su parte, el Estado mexicano emprendió, entre otras acciones para la atención de este problema, la creación de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y la suscripción del convenio de colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, del actual se derivó la creación de un grupo de trabajo de desaparición forzada, en la que participa el Comité, la Secretaría de Gobernación, la PGR, la Policía Federal, para abordar de manera integral este problema. El dictamen de la minuta que hoy nos ocupa, tiene por objeto expedir la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, así como reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley General de Salud. Estas últimas, a fin de armonizar y articular el sistema jurídico, al derogar tipos penales que ahora serán regulados por la Ley General en comento. Así como adecuar lo relativo al tratamiento de cadáveres y restos de personas no identificadas. La minuta en comento comprende aquellos puntos referidos por el informe emitido por el grupo de trabajo antes referido y contiene disposiciones de avanzada en materia de derechos humanos. Tomando en consideración la experiencia nacional e internacional, las previsiones de los tratados internacionales y las observaciones y recomendaciones hechas a nuestro país por los sistemas universal e interamericano de derechos humanos, asimismo establecen la distribución de competencia y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como esclarecer los hechos. En esta oportunidad, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará en favor del dictamen de mérito. Celebramos que el Congreso de la Unión en el ámbito de su competencia atienda esta grave problemática. Se lo debemos a las víctimas, a sus familiares, se lo debemos a México y a sus generaciones por venir. Un país verdaderamente comprometido contra la desaparición forzada es posible. Por eso, hagámoslo nosotros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.