El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, el combate a la impunidad comienza aquí, en el Poder Legislativo. Aquí, donde debemos cerrarle los espacios, sobre todo cuando se trata de proteger a quien más lo necesita, nuestras niñas y nuestros niños, lo más preciado para cualquier nación, sociedad o individuo. Nada daña más irremediablemente la seguridad pública ni la reduce más, la posibilidad de progreso a un país que el mal que se le hace a la infancia, especialmente a aquél calificado como delito. Y no hay daño más profundo para un niño o una niña ni más doloroso para un padre o una madre, que un abuso sexual, y eso lo marcan para toda la vida. El abuso sexual contra menores, en cualquiera de sus formas, puede llegar a hacer a adultos por los menos insensibles, carentes de empatía hacia sus semejantes, habilidad sin la cual la humanidad está condenada a la autodestrucción, aún peor, y el mundo está lleno de ejemplos. El abuso sexual puede ocasionar no pocos casos que sus víctimas se vuelvan personas abusivas y malvadas, que dañan a otras de la misma manera en que fueron dañadas o más, si pueden, reproduciendo y extendiendo así, tanto el sufrimiento personal como los males sociales que esto causa. No podemos evitar desafortunadamente esta triste situación que siga ocurriendo, pero sí podemos y debemos minimizar el impacto psicológico y social del daño. Una de las formas privilegiadas para hacerlo es la justicia, para que un menor y la familia sepan que el delincuente obtiene un debido castigo y la sociedad sienta la seguridad de que este tipo de crímenes no quedarán impunes. La justicia sana, la impunidad enferma, la impunidad es en sí misma una enfermedad del sistema. Combatirla comienza por imponer en la ley penas no solo proporcionales, justas y ejemplares, sino únicas e inequívocas. Por eso es que con el propósito de evitar la impunidad de quienes cometen abuso sexual contra menores, propongo se deroguen los incisos c) y f) del artículo 201, los artículos 202, 202 Bis, 203 y 204 del Código Penal Federal, y se reforme la pena impuesta para el inciso d) del artículo 201, también del Código Penal Federal. Seis de estos delitos están duplicados en este ordenamiento y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Materia de Trata de Personas y Protección y Asistencia a la Víctima de estos delitos. Sin embargo, las penas establecidas en el Código Penal Federal están por debajo de la mitad de las que impone el ordenamiento especializado. Esta duplicidad no tendría repercusiones de acuerdo a nuestra tradición jurídica de jerarquía legal, pues la ley de 2012 debería de prevalecer sobre el Código Penal Federal, pero a partir de las reformas de derechos humanos de 2011 cambió este paradigma por el principio pro persona establecido en el segundo párrafo del artículo 1 constitucional, debe de imperar y aplicar de la ley más favorable. Tal garantía venía siendo aplicada en nuestro país solo en los términos de artículo 14 constitucional, en el sentido de que ninguna ley se le daría de efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo cual resuelve por norma los casos de conflicto entre leyes derogadas y derogatorias. No obstante, en el caso de la duplicidad de normas en leyes vigentes, tal valor debe igualmente prevalecer, no solo bajo el principio de pro persona, sino en apego a la progresividad de los derechos humanos consignados en el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional, y tanto como la aplicación de la ley más favorable trasciende la jerarquía tradicional, hará lo mismo, por lógica, con los fueros federales y común del derecho penal. Solo la descripción de la conducta está salvaguardada por la garantía de taxitividad del artículo 14 constitucional frente a las exigencias del in dubio pro reo, parte del principio pro persona. Llevados los principios pro persona y de progresividad de los derechos humanos a la más amplia protección legal en el ámbito penal, se hace evidente que una duplicidad de delitos con penas que contrastan en dos ordenamientos vigentes, podrían abrir un espacio de impunidad y violación al debido proceso, que también tienen derecho las víctimas. Esto se debe a que quien recibe sentencia condenatoria podría apelar a la aplicación de la ley más favorable, en este caso la que impone una pena menor, lo cual deberá ser contemplado obligatoriamente por el juez. La impunidad no consiste solo en la falta de castigo, sino como en este caso, en la imposición de un insuficiente, porque la ley contempla dos penas para un mismo delito y una de ellas es considerable menor que la otra.