El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, estimado presidente. Colegas diputadas, diputados, amigos, nosotros reconocemos, y seguramente lo comparten el resto de los grupos parlamentarios, desde el Verde Ecologista, que un componente fundamental, central del bienestar social es, sin duda, la tranquilidad y las condiciones de paz para sus gobernados. Por esa razón, el que les habla lo hace en nombre de su grupo parlamentario, convencidos de que la realidad es la que alimenta el trabajo legislativo y las reglas que este Poder da para la convivencia social. Estamos claros, absolutamente claros, de que esa realidad no es la deseable ni es la mejor. La Ley Penal es, dentro del conjunto de leyes, la menos positiva. Pensando que vamos a resolver la problemática social a partir de llevar o de amenazar con la cárcel a quien violenta las reglas, no es la salida. Quienes estudian esta disciplina dicen: las conductas humanas, por razones diversas, transgreden las reglas, pero la aspiración son condiciones mínimas de armonía, cuando no funciona el desarrollo social, cuando no funciona la educación, cuando no hay inversión productiva, cuando no hay empleo de calidad con ingresos dignos, seguramente el tejido social se va afectar. Y ahí está el ejemplo de Michoacán y denme licencia de decirlo, no es un asunto sólo de policías, sino también en la práctica de atención de áreas sustantivas, también en su dimensión política y en su dimensión presupuestal. Esto lo tenemos que reconocer. Alguien me dijo en el pasillo: Tomás Torres, tú has sido profesor, has abordado, ya hace más de dos décadas cuando era joven, la materia en las aulas de una modestísima pero amada universidad pública, como la Autónoma de Zacatecas, y hemos vivido la práctica cotidiana, desde el terreno del servicio público o del foro en la calle. Yo digo que puede haber aspectos cuestionables contenidos en este Código, pero nadie podrá sostener, y con toda puntualidad lo señalo: si la convivencia social está afectada, no es un asunto de partidos políticos, respetando y reconociendo la legitimidad de la visiones políticas y de su concepción de gobierno es dar instrumentos al Estado mexicano para ir avanzando en esa condición, decía, de bienestar y de paz. ¿Será cuestionable la transición a un sistema acusatorio oral? ¿En qué estriba la bondad de esto? La publicidad tiene que ser condición que genere igualdad para que sea visible lo que ocurre en los tribunales, quién lo conduce y cuál es el trato que en la realidad esta ley señala para víctima, para el ofendido, la reparación del daño, el castigo a quien cometa el delito, pero sobre todo, combatir la infamia y desgracia de la impunidad. Estoy cierto, totalmente cierto de que habrá que discutir algunos temas en el futuro. Hay instituciones que pudieran trastocar la primacía de la tutela de los derechos humanos, el arraigo previsto a nivel de la Constitución Política o la prórroga de la jurisdicción, es decir, que se juzgue a un sujeto en un lugar diferente a donde cometió el delito, pero por razones fundadas de seguridad, que lo recogió la Constitución en el 18, pero también la práctica de enjuiciamiento en el sistema tradicional. De paso, colegas, yo no creo en el caos, no creo tampoco en el remedio absoluto y en la gran expectativa de una nueva ley de enjuiciamiento nacional, porque en México estamos pasando por algo que no es de los ministerios públicos, no es de los policías, no es de los jueces, señores, no es de la ley, es el compromiso ético de la conciencia de respetar y aplicar la ley como una razón básica del Estado y de su base social. Es un decanto irresponsable, porque los jueces tienen reglas que han emanado de este Congreso o de los congresos locales. Vamos a votar a favor no solo por eso. Es la necesidad de adecuaciones. Si la transparencia y la publicidad son razón de legitimidad y de mejor justicia, habrá que ver si el ofendido y la víctima o su asesor jurídico o el diputado y su defensor dicen que se publicite en tiempo real lo que está ocurriendo. Hay que replantear la calumnia o la falsedad de declaraciones. No es delito grave. Hay que considerar las hipótesis para decretar la prisión preventiva. Hay que replantear cosas, pero estamos en un ciclo en donde en este país se pide y vale apuntarlo como última consideración no estamos discutiendo ni vamos a votar un Código Penal Único, estamos discutiendo y votaremos una ley procesal nacional para aplicar los códigos penales que se conservan por ahora de las 32 entidades del país. Es decir, cada entidad preserva sus códigos sustantivos. Las reglas de aplicación habrán de ser nacionales. Doy gracias por la atención y mi reconocimiento al apreciado y respetado presidente González Morfín, por su tolerancia, que también es un reconocimiento al trato a las participaciones del resto de los legisladores. Por su atención, gracias.