El diputado Francisco Hernández Juárez: Gracias. Con permiso de la Presidencia. Subo a esta tribuna para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de reforma laboral que consta de tres iniciativas: una en materia constitucional, que reforma, entre otros, los artículos 123 y 102 de nuestra Carta Magna. Otra que propone una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, donde se tocan más de 400 artículos. Una tercera, que establece el seguro de desempleo mediante una reforma a diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Las tres iniciativas ya fueron turnadas a comisiones y usaré esta intervención que corresponde a la iniciativa de reforma constitucional para hacer una presentación general. Le pido a la Presidencia que a versión íntegra de estas iniciativas se publiquen en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Honorable asamblea: toda reforma laboral define lo que un país aspira a ser. La reforma laboral no puede ser una de tantas dentro de un paquete de exigencias formulada por acreedores y por organismos financieros internacionales. No debe de ser un condicionante político para arreglos de la más diversa índole, mucho menos debe de ser un producto de decisiones cupulares, excluyentes o precipitadas. La propuesta que presentamos no es una simple respuesta coyuntural a la iniciativa enviada por el secretario del Trabajo a través del Grupo Parlamentario del PAN. Esta paquete de iniciativas se funda en las experiencias que numerosas organizaciones sindicales independientes y democráticas hemos tenido a lo largo de los años; en desarrollar una negociación colectiva vigorosa y positiva tanto para trabajadores y trabajadoras, como para las empresas; en alcanzar la bilateralidad obrero-patronal en la resolución de conflictos y para el desarrollo productivo y competitivo de las empresas. Con esta propuesta dejamos claro en primer lugar, que es necesaria una gran reforma laboral en el país, pero que ésta sea eso precisamente, grande e histórica en sus alcances, en sus contenidos, en su búsqueda del desarrollo, de la igualdad, de la no discriminación, de la no violencia y de la justicia para las y los trabajadores. Dejamos claro, en segundo lugar, que la reforma laboral es un tema crucial para redefinir el modelo de país que queremos ser o si aspiramos a seguir siendo un país productor de migrantes, de empleos precarios, de economía informal con todas las consecuencias que esto trae sobre la recaudación fiscal o la viabilidad de las instituciones de salud y de seguridad social que dependen fundamentalmente del empleo formal. Dejamos claro que mientras que una reforma laboral democrática estructura ciclos virtuosos que detonan la negociación colectiva real y en constante evolución, una reforma laboral antidemocrática impuesta detonaría ciclos perversos de mayor desigualdad, mayor corrupción y degradación en el mundo sindical, más migración, más informalidad, más precariedad y descomposición social, más explotación, productividad simulada tras la imposición de prácticas unilaterales y autoritarias por parte de los patrones y del propio gobierno. Es por eso que la reforma laboral debe plantear la modernización y democratización del mundo sindical para el desmantelamiento del control que los gobiernos y los patrones ejercen sobre las organizaciones de los trabajadores. Esta reforma reconoce, asume y confronta la existencia predominante de los sindicatos y los contratos de protección en el país, que constituyen aproximadamente el 90 por ciento de la contratación colectiva, que ha sido promovida y reproducida desde el poder y por las propias empresas que literalmente escogen al sindicato que representará a sus trabajadores y trabajadoras e imponen los contenidos y pautas de los contratos colectivos. Esta reforma asume, reconoce y confronta que la clave del funcionamiento de este tipo de sindicalismo está en la ausencia de la ley laboral vigente. Esta reforma asume y reconoce que el mundo del sindicalismo de protección ha sido una fuente de riqueza incalculable para supuestos dirigentes sindicales y abogados que viven de esto. De ahí la importancia de ir más allá del voto directo y secreto de las y los trabajadores. Se debe dotar a este sistema de todos los componentes democráticos que garanticen la neutralidad de la empresa y la imparcialidad del gobierno en las cuestiones sindicales, de acuerdo con los convenios firmados por el gobierno mexicano ante la Organización Internacional del Trabajo. Esta propuesta asume que la negociación colectiva en México es una institución débil y vulnerable que debe ser elevada y protegida; promovida no sólo como vía para ir logrando una distribución más equitativa de la riqueza para las y los trabajadores, mediante salarios y prestaciones, sino para fortalecer el diálogo y el entendimiento obrero-patronal, así como para resolver también los grandes temas de la modernización, la productividad y la competitividad de las empresas. Uno de los mayores engaños del credo neoliberal ha sido afirmar que la flexibilización del trabajo traerá consigo la productividad y la competitividad de las empresas. Baste decir que, precisamente a merced de los sindicatos y los contratos de protección, el mercado laboral es ya, en los hechos, sumamente flexible. Paradójicamente, la competitividad de la economía ha retrocedido como nunca. Dónde están los beneficios de la flexibilización salvaje y unilateral en el mundo de trabajo. Lo que habrá, sin duda, es mayor explotación, menor certidumbre para el propio trabajador y para la propia empresa para contar con recursos humanos suficientemente calificados y experimentados para el desarrollo de sus actividades productivas y de negocios. La modernización no hace referencia sólo a los equipos, materiales o instrumentos de trabajo. Hace referencia a estos recursos combinados con un trabajo más calificado, más creativo, más participativo y, sobre todo, combinado con relaciones obrero-patronales lo suficientemente maduras y avanzadas para resolver sus contradicciones y conflictos, llegar a un acuerdo y definir objetivos comunes. La democratización del país debe pasar necesariamente por la democratización del trabajo. La justicia laboral, la conciliación y el arbitraje no son, en forma alguna, temas desvinculados de la productividad o la competitividad, mucho menos de la democratización del mundo del trabajo, por eso deben tener un lugar privilegiado en una propuesta de la reforma laboral. El ámbito laboral ha sido un campo en el que históricamente se han cometido todo tipo de abusos e injusticias, donde se vive cotidianamente la desigualdad y la exclusión. No podemos pensar en un país genuinamente democrático en el que la justicia está ausente en el mundo del trabajo y en el que las entidades de conciliación, arbitraje y justicia no son autónomas y están sometidas al poder del dinero y de la fuerza pública. Justicia laboral, conciliación y arbitraje son temas que atañen hondamente al pacto social y sus virtudes éticas. Por último, aunque no menos importante ni en el centro mismo del problema de la desigualdad en México, está el tema de los salarios, que ninguna reforma laboral que se precie de ser democrática y avanzada puede soslayar o tratar de manera superficial. La elevación de los salarios reales en México es condición de igualdad, de justicia, pero también de desarrollo económico por todas las implicaciones afortunadas y generosas que el salario tiene sobre el fortalecimiento del mercado interno, del empleo y de las finanzas públicas. Por vía de la recaudación fiscal el dilema es empleos formales y salarios en ascenso versus empleos precarios, informales y o seminformales, versus evasión fiscal y delincuencia. La elección no parece difícil, asumámosla en consecuencia y comencemos a dar al trabajo su justo valor en México, construyamos nuevas instituciones y esquemas que permitan una transformación sustancial de la estructura salarial, social, económica y política del país. Elegir el tipo de reforma laboral que tenemos, su sentido y contenido de corto y de largo alcance es al final de cuentas definir el país que queremos: una sociedad más justa, igualitaria y democrática o un país sumido en la desigualdad, la pobreza, la injusticia y la incertidumbre. El reto está planteado. La decisión es de esta soberanía. Muchas gracias.