La diputada Juanita Guerra Mena: Con su permiso, presidenta. Honorable asamblea, la educación del marco jurídico al uso de la aplicación de la tecnología tiene por objeto no solo la modernización de conceptos y términos a fin de armonizarlos al lenguaje del siglo XXI. Tiene, además, el propósito de que la norma que rige la conducta de la sociedad se ajuste a las necesidades y situaciones. Es decir, se trata de tener normas reales para la vida real. Al hablar de ciberseguridad pareciera que el destino y el tiempo nos alcanzaron. Pareciera también que las normas elaboradas se encuentran en un grado de obsolescencia frente al actuar de una delincuencia actualizada, y que ha usado y ha abusado de la tecnología para sus actividades ilícitas. Por ello, para esta Comisión de Seguridad Pública el presente dictamen busca incorporar a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública una propuesta para que, a través del sistema, las mexicanas y mexicanos tengan acceso a una fuente de información confiable, que les permita valorar las acciones en materia de ciberseguridad. Lo anterior, a partir de tres modificaciones: Primera. Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública pueda proveer entre los distintos actores sociales la cooperación en materia de seguridad cibernética con estricto respeto a los derechos humanos. Segundo. Que el Secretariado Ejecutivo puede generar información en materia de seguridad cibernética, integrado en la información que genera el resto de los actores en la sociedad. Tercero. Que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promueva una cultura de seguridad cibernética, respetuosa a los derechos humanos en el gobierno y la sociedad. Para la Comisión de Seguridad Pública resulta viable el sentido de la propuesta, al considerar que debe establecer y actualizar un marco jurídico vigente, un esquema punitivo que derive de las bases estructurales que conforma el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este orden de ideas es por la utilidad de proporción a las tecnologías y la información de la comunicación para las tareas de los gobiernos y los sectores, en este caso privado y social. Por ello, esta comisión dictaminadora afirma que un nuevo modelo del sistema involucra la necesidad de identificar con anticipación los riesgos, pasar por una suma lo que es una cultura reactiva y una prevención. Por lo tanto, señoras y señores legisladores, compañeros, el cibercrimen es una actividad que se desarrolla a la par del desarrollo tecnológico y de suma apuesta al alcance de todos. El hackeo de la información ha ido evolucionando al grado de que hoy diversas agencias internacionales reportan importantes pérdidas para las empresas, como consecuencia de la vulneración en los sistemas de información. Los modelos de la sanción legal son a todas luces insuficientes para sancionar una conducta de esta naturaleza, que es preciso destacar con los países que se han enfocado en actualizar los mecanismos coactivos y cuentan con agencias especializadas y forman parte, participantes activos de los mecanismos de cooperación internacional y del intercambio de información para la implementación de mejores prácticas a nivel global. El reto legislativo para los próximos años es enorme: adecuar las leyes a la realidad virtual, a fin de armonizar el marco legal en materia de seguridad con el uso de las nuevas tecnologías a un ritmo que es vertiginoso en tal materia. Que las leyes vayan al ritmo de la innovación, que sean tan eficaces en el combate de los nuevos tipos delictivos, en el mismo mecanismo vía que fueron promulgadas. Les pido, compañeras y compañeros legisladores, apoyar con el voto este dictamen que sin duda alguna es el paso firme en el fortalecimiento de la seguridad pública y cibernética en nuestro país y por lo tanto, es indispensable. Es cuanto, presidenta.