El diputado Miguel Alonso Raya: Gracias compañera presidenta: Compañeras y compañeros; honorable asamblea: En ejercicio de mis atribuciones como legislador federal en esta LIX Legislatura, presento a su consideración tres iniciativas que buscan atender en forma conjunta los problemas de cobertura que enfrenta la seguridad social. Si en un futuro no muy lejano los problemas que abordan esas iniciativas no son atendidos, estaremos ante una sociedad de personas adultas mayores empobrecidas y sin derecho a la atención a sus necesidades más fundamentales. Iniciativa con proyecto de decreto de ley de pensiones no contributivas para las personas de 70 años de edad o más. Primero. Las políticas actuales de seguridad social resultan cada vez más limitadas ante el mercado de trabajo. Las tendencias poblacionales y epidemiológicas y la actuación financiera de los gobiernos. Ante eso, las pensiones no contributivas son una opción para mejorar la cobertura. Estas pensiones están vigentes en diferentes países y se caracterizan por otorgar prestaciones monetarias asociadas a situaciones de pobreza y carencia. Las pensiones no contributivas son un pilar fundamental de la protección social contra los riesgos que conducen a las familias a la indigencia y a la pobreza. México carece de un sistema de seguridad social para amplios sectores de la población, cuyas necesidades no son atendidas prácticamente por ninguna institución. La falta de cobertura en la seguridad social afecta a sectores que crecen con proporción mayor a la población en general. Pensemos tan solo en el caso de las personas adultas mayores de las cuales sólo veinte por ciento reciben una pensión. Este simple dato revela la imperiosa necesidad de garantizarles un ingreso ante la imposibilidad de que lo obtengan por sus propios medios. Dos.- En nuestro país el otorgamiento de una pensión alimentaria a las personas adultas mayores es reciente. El Gobierno del Distrito Federal empezó a otorgarla en el 2001 mediante un programa y por mandato de ley a partir de 2003. Sin embargo, en una proyección a cincuenta años, se encuentra que el costo total de la pensión alimentaria para las personas de setenta años o más sería de doscientos mil millones de pesos en 2005, cantidad equivalente al quince por ciento del PIB del Distrito Federal o a dos punto cuatro por ciento del PIB nacional. A pesar de que la mayoría de los habitantes de la capital no vive en condiciones de pobreza y que el Distrito Federal es la entidad que tiene la mayor cantidad de adultos mayores en los niveles de ingresos más altos, la aplicación de esta pensión a nivel nacional tendría un costo de treinta y tres mil millones de pesos anuales, el cual iría incrementándose hasta alcanzar los doscientos mil millones de pesos por año. El valor presente de una pensión de este tipo, equivaldría a tres mil millones de pesos de 2005; treinta y nueve punto cuatro por ciento del PIB y significaría aumentar en sesenta y cuatro punto dos por ciento las obligaciones actuales en materia de pensiones del Gobierno Federal. Siendo críticos y responsables, por razones de equidad y de viabilidad financiera, consideramos que a nivel nacional debe aplicarse un modelo de pensión no contributiva, con criterios de selección, lo que no significa dejar de lado la universalización del derecho a un ingreso al perder por edad las facultades para obtener por el esfuerzo propio. Es decir los ingresos que requiere para seguir atendiendo sus necesidades. Alcanzar la universalidad de este derecho se traduciría en otorgar una pensión no contributiva a quienes la necesitan bajo la premisa de que no debe haber pensiones sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Tres.- En consecuencia, nuestra primera propuesta es crear un modelo de pensión no contributiva para las personas de setenta años o más con equidad y sustentabilidad. La pensión normada por esta ley se entregará a las personas de setenta años o más, residentes en el territorio nacional que se encuentren en situación de pobreza de acuerdo a los criterios previstos en la Ley General de Desarrollo Social. El monto de aquella será de medio salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal. El financiamiento de la pensión no contributiva para las personas de setenta años o más, corre a cargo del Gobierno Federal mediante contribuciones generales que serán especificadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el ramo general 19, aportaciones a la seguridad social. Con esta propuesta, se busca dotar al Estado de los instrumentos que garanticen con realismo pero también con equidad la existencia de un instrumento que sea la base para hacer realidad el derecho humano a una seguridad social universal, equitativa y viable social y financieramente.