El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: como ya se ha mencionado aquí, el Estado debe sentar las bases para eliminar la desigualdad que existe entre los miembros de una sociedad, por lo cual, con la reforma de 1983 se elevó a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, siendo ésta una responsabilidad de los gobiernos federal, estatal y, por supuesto también, coparticipan siempre los municipios, también el individuo y la sociedad en su conjunto. El 22 de octubre de 2013 el pleno de esta Cámara de Diputados aprobó la reforma que permite transformar la arquitectura del sistema de salud, para garantizar el uso ordenado de los recursos disponibles y hacer efectiva la protección social de salud para toda la población y garantizar que cada peso invertido genere los mayores beneficios posibles en la salud de la población. Sin duda alguna ésta es la reforma que viene a revolucionar la salud en los últimos tiempos. La instrumentación y la efectividad de las políticas en el sector dependen del desarrollo institucional y organizacional del sistema. El sistema de salud no puede operar sin un marco rector claro, es necesario precisar su figura y las funciones en la rectoría del manejo de ésta. La rectoría es una función necesaria para conducir y velar el cumplimiento de los objetivos del sistema de salud. Con la reforma de octubre se estableció que la Secretaría de Salud se consolide como una instancia rectora y articuladora del sistema popular de seguridad social. Con una rectoría unificada se logrará mayor congruencia en las políticas de materia da salud y la reducción significativa de costos administrativos, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, que además hoy tanto nos exigen. En el Partido Verde valoramos que las reformas que se proponen en el presente dictamen resulten muy necesarias para evitar que se continúe con los desvíos que hemos conocido todos del Seguro Popular, que se dé mayor certeza respecto al pago por prestación de servicios de salud, que se brinden en entidades federativas, y los que se otorgan por las instituciones federales. Con este nuevo diseño se evitará fraccionar el sistema de salud, provocando que los recursos se aprovechen en forma adecuada y se diluyan responsabilidades. La presente iniciativa que nos ocupa establece como principales cambios los siguientes: Se permitirá a la Secretaría de Salud que se consolide como instancia rectora y articuladora del Seguro Popular de seguridad social y desvincula la función de administración de los recursos de la prestación de los servicios de salud a los usuarios, evitando con esto la confusión del papel que desempeña cada instancia. Asimismo se establece transferir con oportunidad a las entidades federativas los recursos que les correspondan para operar. De igual manera definirá el marco organizacional del Sistema de Protección Social de Salud en el ámbito federal y local. También diseñará, desarrollará y suministrará el instrumento para evaluar la capacidad de pago de los beneficiarios para efectos del esquema de cuotas familiares a que se refiere el artículo 77 Bis 21. Además establece las obligaciones que les corresponden a los gobiernos de las entidades federativas de sus respectivas circunscripciones territoriales, proveyendo de los servicios de salud en los términos de la Ley de Salud, identificando e incorporando por conducto de Régimen Estatal de Protección Social de Salud beneficiarios al Sistema de Protección Social de Salud. En el mismo sentido le da consistencia entre la Ley General de Salud y lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental respecto a la información que se debe rendir en materia de recursos humanos. Esto es algo también mucho muy importante y que abona a la transparencia. De igual manera se fortalece la posibilidad de los beneficios que otorga la filiación al Sistema de Protección Social de Salud, toda vez que se da mayor certeza respecto al pago por prestación de servicios. En este mismo sentido se establecen los Regímenes Estatales de Protección Social de Salud, estableciendo que tendrán a su cargo la administración y gestión de los recursos que se aporten para el financiamiento del sistema. En el caso de los transferidos por la federación deberán abrir una cuenta bancaria, asimismo se fortalecerá el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de salud a partir de los recursos que se reciben. Para tener un mayor control rendirán cuantas y proporcionarán la información respecto a los recursos que se reciban, además se establece que el gobierno federal trasferirá a los gobiernos de las entidades federativas los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria les correspondan con base a las personas afiliadas que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social. Este se realizará mediante transferencia de recursos en numerario directamente, con un número mediante depósito en las cuentas que constituyen los regímenes estatales de protección de salud, o en especie. Otorga una protección a estos recursos que ya no podrán ser embargables ni los gobiernos de las entidades federativas podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía ni destinarlos a fines distintos a los previstos. Es así que estas reformas permitirán que los recursos otorgados al sistema de protección social sean aplicados y se les dé un uso eficiente, dando certeza jurídica y protección financiera en salud a la población, al Estado, y así el Estado podrá garantizar el acceso oportuno a los recursos, porque sin duda alguna se optimizará mucho más cada peso que se destine el sector salud. Con estas reformas se dará un paso crucial hacia un sistema de protección social más efectivo y equitativo. Es cuanto, señor presidente.