EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeras diputados. Con fecha 5 de agosto del presente se realizaron elecciones en el estado de Aguascalientes, para renovar la legislatura local y los ayuntamientos del estado, como resultado de esta jornada electoral el Partido Acción Nacional sufrió una estrepitosa derrota, que se significa en la reducción de su porcentaje de votación, en la pérdida de varios distritos electorales uninominales y en la pérdida de la mayoría en el Congreso local. Ante esta situación de rechazo del electorado hidrocálido al proyecto político del PAN en Aguascalientes, este partido y sus legisladores en la Legislatura local reaccionan impulsando una contrarreforma constitucional ilegal, que más que por favorecer la democracia en el estado, se entiende como un castigo a los electores, por no haberles mostrado confianza, con la emisión de su sufragio. En tal virtud, los legisladores del Partido Acción Nacional, someten a la consideración de la legislatura con fecha 6 de agosto del 2001, una iniciativa de reformas constitucionales, por medio de las cuales proponen la modificación del sistema de elección distrital existente. Hasta el día de hoy, en Aguascalientes, existe una geografía electoral, en donde los municipios del estado son también cabezas de distrito electoral, siendo sede de al menos un distrito con excepción de la Capital que cuenta con ocho distritos, lo cual permite que todos los municipios del estado, independiente de su extensión territorial o poblacional, se encuentran representados en el Congreso. En la propuesta del PAN, se pretende el que la población total del estado se divida entre el número de distritos uninominales existentes, a saber 18 distritos, para obtener el número de habitantes que pertenecerán a cada uno de ellos sin que el número de habitantes no sea más menos el 20% del cociente resultante como se establece en la propuesta de reforma al artículo 17. Bajo este procedimiento se atenta directamente con la representación paritaria que tienen todos los municipios con excepción de la Capital de contar con al menos un diputado en la Legislatura del estado y aparte aunque el estado de Aguascalientes es territorialmente pequeño, dentro de él no existe homogeneidad entre sus municipios. Además, esa posibilidad de mas menos 20%, necesariamente hará que haya distritos electorales con más electores o menos, según sea el caso. Otra nefasta propuesta de reforma, es la que se establece para la aprobación de la Ley Orgánica de la Legislatura del estado y que se contiene en la fracción XXVI del artículo 27 de la Constitución. La propuesta consiste en que la Ley Orgánica de la Legislatura del estado, las modificaciones o reformas que a ella se hagan, sean aprobadas por una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes, siendo que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se regulan en cuanto a su estructura interna, funciones y competencias por sus correspondientes leyes orgánicas, sin que para ella se haya planteado también una votación calificada para modificarla. La explicación que en este caso se encuentra, es que como el PAN perdió la mayoría en la Legislatura, quiere dejar candados a los legisladores entrantes en lo que corresponde a la integración de los órganos de gobierno y funcionalidad administrativa de la Cámara. Otro aspecto negativo que se contiene en la propuesta de reforma en comento, es el que se refiere al artículo 65 que en sí misma es una afrenta al Poder Legislativo, ya que ni siquiera plantea la recondución presupuestal, sino que en caso de que la iniciativa de presupuesto presentada por el Ejecutivo o los ayuntamientos, en caso de no haber sido aprobada por la Legislatura, iniciarán a tener vigencia la iniciativa del Ejecutivo o la de los ayuntamientos. Esta propuesta vulnera lo que es la esencia histórica del surgimiento de los parlamentos y que es la de la aprobación de los gastos públicos. Los anteriores comentarios se refieren al de la propuesta de reforma constitucional, pero a continuación pasamos a analizar algunas de las propuestas de reforma a la Ley Orgánica: Con fecha 19 de marzo de este año, la Legislatura Local aprobó la vigente Ley Orgánica del Congreso; a escasos cinco meses de vigencia, el Partido Acción Nacional, que es mayoría en la actual Legislatura, pretende realizar modificaciones sustanciales: la primera de ellas y como ya se comentó en el apartado de reformas constitucionales, consiste en que para la aprobación de cualquier reforma a la ley, se requiere hacerlo mediante votación calificada de dos terceras partes de los diputados, siendo que de los resultados obtenidos en la pasada elección ningún partido político tiene por sí mismo la mayoría absoluta. En lo que se refiere al órgano de gobierno de la Cámara, pretenden concentrar la dirección de la misma; en caso de que ningún partido haya obtenido mayoría absoluta, esta se haga por los coordinadores de los grupos parlamentarios que haya obtenido al menos el 25% de la población. Un aspecto que demuestra la ausencia de honestidad del Partido Acción Nacional, es el que se refiere a la designación de los titulares de las unidades administrativas de apoyo a la tarea legislativa que pretenden realizar en lo que resta de los trabajos de la presente, la Quincuagésima Cuarta Legislatura Local. En esta Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, los diputados federales, todos, hemos sido testigos de que la estructura administrativa que nos impuso la anterior Legislatura, se convierten en una camisa de fuerza y eso mismo pretenden hacer allá, cuando los actuales diputados designen e impongan a quienes vayan a ocupar esos cargos. Compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, invita a quienes integramos la actual Legislatura, a formular un respetuoso exhorto a los compañeros diputados locales del Partido Acción Nacional a que depongan su actitud de albazo legislativo que se daría exclusivamente en razón de la mayoría numérica con la que cuentan y no por tener la razón para impulsar dichas propuestas. Es cuanto. LA C. PRESIDENTA. Gracias, señor diputado. Ha solicitado el uso de la palabra sobre el mismo tema, el diputado José Roque Rodríguez López del grupo Parlamentario de Acción Nacional hasta por 10 minutos. DIP. JOSE ROQUE RODRIGUEZ LOPEZ: Con el permiso de la presidencia; compañeras; compañeros diputados: Con la finalidad de hacer una aclaración a lo que aquí se ha mencionado, me permito hacer las siguientes precisiones: Que el debate sobre las reformas al Código Electoral del Estado de Aguascalientes, no es nueva. Desde 1992 existe esta inquietud generada por la inequidad con la cual son electos los diputados locales. Actualmente, con la ley en vigor los diputados son electos de manera dispar, dando como resultado que existan diputados que representan a 7 mil electores y otros que son electos por más de 80 mil. El criterio territorial que se utilizó, evidentemente queda ya rebasado ante la nueva realidad electoral, pues el propio COFIPE establece criterios poblacionales y no territoriales, para la elección de diputados. Por lo anterior es conveniente hacer los siguientes análisis: Un estudio comparativo nacional de las disposiciones legales en materia de distritos electorales, que incluyó las constituciones políticas de todos los estados de la República Mexicana, salvo la de Baja California Sur y 25 códigos o leyes electorales estatales. En los artículos referentes a la conformación de los congresos estatales y a la demarcación de los distritos electorales, permite afirmar que además de Sinaloa, sólo la Constitución Política de Aguascalientes, consigna explícitamente un criterio territorial al asignar un número fijo de distritos a cada municipio. Todas las otras constituciones aplican criterios poblacionales o combinados o derivan a las leyes o códigos específicos, la definición de los criterios aplicables. Este hecho se puede traducir en una diferencia evidente: nuestra Constitución es la única en el país, que dispone erróneamente la conformación de los distritos electorales locales. Los resultados del estudio referido en su sección constitucional, pueden resumirse de la siguiente manera: nueve constituciones delegan en las leyes o códigos electorales, la determinación de los criterios para demarcar los distritos electorales, son las correspondientes a los siguientes estados: Colima, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Nueve constituciones no contienen preceptos explícitos referentes a la demarcación de los distritos electorales: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tamaulipas. cinco constituciones ordenan categóricamente la aplicación de criterios poblacional para la definición de los distritos electorales. En estos términos la demarcación territorial de los distritos electorales unominales, será la que resulte de dividir la población total del Estado, entre el número de distritos señalados conforme al último censo general de población, los que comprenden un número de habitantes que no podrán diferir más o menos del número por ciento del coeficiente resultante. Los estados cuya Constitución contienen estos criterios son: Campeche, Durango, Jalisco, Nayarit y Tlaxcala. Seis constituciones establecen una serie de requisitos o condiciones que combinan criterios poblacionales y territoriales, socio económicos y medios de comunicación, para determinar los distritos electorales. Los estados que usan este esquema son: Coahuila, Guanajuato, México, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas. Sólo dos constituciones recurren al criterio políticoterritorial consistente en asignar a cada municipio un número determinado de distritos. Para definir la distribución de éstos, son las pertenecientes a Aguascalientes y Sinaloa. Sin embargo, el artículo constitucional de esta entidad incluye una acotación importante: la demarcación territorial de los distrito territoriales unominales se fijará teniendo en cuenta la población total del estado. La comparación de los 25 códigos o leyes electorales estatales revisados permite sustentar las siguientes afirmaciones: 10 ordenamientos electorales no establecen principios o criterios generales para la demarcación de distritos, sino que describen extensamente las localidades o municipios que contendrán cada uno el perímetro geográfico que los demarcará. Los estados que así lo determinan son Chiapas, Colima, Durando, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. 7 códigos o leyes electorales prescriben la demarcación distrital conforme a una serie de principios, requisitos o reglas que combinan los criterios poblacional, geográfico, sociopolíotico y vías de comunicación. Son los pertenecientes a Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. 6 códigos o leyes electorales no indican ningún procedimiento específico o remiten a lo dispuesto en la constitución estatal: Campeche, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca y Quintana Roo. Únicamente el Código Electoral de Aguascalientes aplica en exclusiva el criterio territorial, sin hacer más aclaraciones de cómo se demarcan los 8 distritos correspondientes al Municipio de Aguascalientes. En síntesis, los argumentos para la aprobación de la mencionada reforma son amplios y muy diversos; sin embargo, es conveniente que en esta nueva realidad política, donde la división de poderes y el respeto a las decisiones de los estados es cada vez mayor, nosotros nos pronunciamos por el respeto irrestricto a las resoluciones que tomen cada uno de los actores y apostemos a la civilidad y al diálogo como forma de resolución a todos los problemas que se presenten. Muchas gracias. LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, la Diputada Lorena Martínez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.