La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, Presidente. Señoras y señores diputados: de acuerdo al Inegi, en México hay aproximadamente tres millones de niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años que realizan alguna actividad económica, de los cuales un 29.5 por ciento trabaja en el sector agropecuario, porcentaje que incluye a los miembros de familias de jornaleros agrícolas, niñas y niños que trabajan para contribuir en la economía de sus familias, dejando a lado sus necesidades y derechos fundamentales, como lo es la educación y la salud. Estas niñas y niños se enfrentan generalmente a condiciones de explotación laboral y otro tipo de abusos, viendo cada vez más lejanas sus posibilidades reales de acceder a nuevas y mejores oportunidades; oportunidades que les garanticen el desarrollo pleno de sus potencialidades y de una vida digna y segura como les corresponde de acuerdo a su edad. Todas las temporadas de cosecha que van de septiembre a mayo, alrededor de 300 mil niños y niñas mexicanos entre los 6 y los 14 años, emigran junto con sus familias para trabajar en los sembradíos, principalmente del norte de nuestro país. La mitad de estas niñas y niños comienza a trabajar al cumplir los 10 años de edad, pero se dan casos en que lo hacen desde los 6 o 7 años. Estima Unicef que únicamente uno de cada diez niños y niñas que trabajan en el campo acude a la escuela, y muy pocos, por supuesto, terminan la educación primaria, situación que inevitablemente los condena a perpetuar en la pobreza. Bajo el anterior orden de ideas, coincidimos plenamente con la dictaminadora en que es necesario garantizar el acceso a la educación de los hijos e hijas de jornaleros agrícolas, toda vez que además de las dificultades ya señaladas, muchas veces suspenden sus estudios debido a las complicaciones administrativas que implica el cambio de residencia. Ha quedado plenamente demostrado que la inasistencia y la deserción escolar está directamente relacionada con el inicio de las actividades laborales. La deserción escolar hace mucho más vulnerable a las niñas y niños. Por lo tanto, están más expuestos a toda clase de abusos, situación que deriva en diversos problemas sociales y culturales de gran magnitud. El Estado mexicano desde hace más de tres décadas ha impulsado distintos programas a través de la SEP y del Conafe, para la atención educativa de las niñas y niños jornaleros migrantes. Sin embargo, estos esfuerzos han resultado insuficientes para garantizar el acceso, permanencia y eficiencia terminal en el nivel educativo básico. De ahí, que de acuerdo con el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que respecta a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, así como la obligación de garantizarles un modelo de inclusión educativa y social con mayor énfasis en la situación de los hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes. Por ello, mi grupo parlamentario considera, no sólo pertinente, sino urgente, legislar para perfeccionar el marco jurídico, estableciendo en la ley que la Secretaría de Educación Pública diseñe, implemente y ejecute un modelo integral de inclusión educativa para los hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes, propuesta que objetiva un derecho para las jornaleras y los jornaleros como para las niñas y los niños. Esta Cámara no puede mantenerse al margen de esta problemática, en donde el futuro de una nueva generación de mexicanas y de mexicanos se torna incierta. Nuestro voto, por supuesto, será a favor, toda vez que resulta inaceptable la realidad que vive este sector de la niñez. Por su atención, muchas gracias.