La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con la venia de la asamblea. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México cada año miles de personas son víctimas de la llamada esclavitud del siglo XXI, la trata de personas. Este fenómeno es un ataque frontal a la libertad y dignidad de los seres humanos. La trata de personas es una de las ofensas más grandes del mundo, se alimenta de factores diversos como la migración y la cada vez más peligrosa actuación de las organizaciones criminales en todo el mundo. La trata de personas en México se encuentra tipificada en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, párrafo primero. El delito de trata nos advierte de un amplio margen de los afectados por temas hirientes a la dignidad, como la esclavitud, el sometimiento a ser siervo de otra persona; la coerción para prostituirse; la explotación laboral; la realización forzada de trabajos, así como la mendicidad, la utilización de menores en actividades delictivas; la consecución de adopciones ilegales de personas menores de 18 años; los matrimonios forzosos; el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. En la actualidad se citan muchas cifras de los afectados por las conductas relacionadas con la trata de personas, una de aquellas es la ofrecida por la activista Rosi Orozco, la cual determina unas afectaciones sobre 20 mil niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente se estima que en 21 entidades federativas del país se practica el perverso turismo sexual, refiriéndonos principalmente a playas ciudades y fronterizas. La Ciudad de México también es azotada por esta lamentable situación, siendo la delegación Cuauhtémoc una vergüenza pues en ésta se han concentrado más del 50 por ciento de las averiguaciones previas por este delito. A nivel internacional la Organización Mundial del Trabajo es timó en el año 2005 un aproximado de 2.5 millones de personas víctimas de alguna modalidad de lastre que representa la trata de personas, nuestra región, América Latina y El Caribe no está exenta de este problema, en donde por las condiciones de la pobreza, disparidades económicas y la falta de oportunidades se vuelve una zona propicia para la comisión de este tipo de conductas, pero en el mundo desarrollado las cosas no son diferentes, pues en virtud de las migraciones de personas provenientes de lugares como América Latina, Asia, África, entre otras latitudes, se han consolidado redes propiciadoras de este fenómeno. De hecho, desde el estallido de la crisis en Europa el número de víctimas de este delito, según la propia Unión Europea, se manifestó un aumento del 18 por ciento. De las más de 23 mil víctimas que componen a ese universo, 68 por ciento son mujeres y 15 por ciento niños y niñas que provienen de Rumania, Bulgaria, África y Sudamérica, lo cual demuestra por parte de los Estados europeos un descuido imperdonable y de los tratantes una vileza a grados inimaginables. En este sentido es prudente poner manos a la obra. Hay mucho por hacer y asumir el fracaso que en los diferentes frentes hemos tenido en este contexto durante los últimos años. Es deber de los legisladores emitir disposiciones reguladoras de las conductas que al momento de ofender a una persona trasgreden la dignidad del género humano. Por ejemplo, se debe de poner especial atención para especificar sin dejar lugar a dudas, la distinción entre los conceptos trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes, los cuales se utilizan muchas veces como sinónimos por su estrecha relación, pero debemos reconocer que la adecuada aplicación de las figuras permitirá atender de mejor manera esos inconvenientes. El gobierno en su conjunto debe poner énfasis en esta lamentable realidad, instruir a sus ministerios públicos y proveer todas las facilidades para la adecuada integración de las averiguaciones previas respectivas. Asimismo, debe destacarse por su activa participación y en la suscripción de documentos internacionales para sancionar, prevenir y erradicar la trata de personas. No hay tiempo que perder, debemos trabajar en nuestras respectivas franjas de responsabilidad. En este contexto es conveniente destacar que la publicación en el año 2012 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección Asistencia de las Víctimas de estos delitos fue una señal de avance, lo cual se reafirma con la reciente publicación del reglamento de la mencionada disposición en el Diario Oficial de la Federación apenas el día de ayer 23 de septiembre, en donde se aprecia la intervención de la Secretaría de Gobernación en diversas áreas para prevenir el delito, asistir y apoyar a las víctimas, tanto nacionales como extranjeras, y repararles el daño; siempre tendiendo a un enfoque diferenciado por las características de los afectados. La trata de personas ha vulnerado el entramado jurídico de los derechos humanos, pisoteado la dignidad, libertad, autodeterminación, al tiempo que hace ver como comunes prácticas indebidas como la esclavitud y el encarcelamiento, siendo en estos casos las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes los primeros afectados. Por ello, incansablemente laboraremos con fuerza para erradicar estos delitos. La niñez y la juventud no están solas, debemos hacer sentir nuestra labor. No más trata de personas, no más humillaciones al género humano. Es cuanto, señor presidente.