El diputado Juan Armando Ruiz Hernández: Compañeras y compañeros, digo los que están presentes, algunos ya se retiraron. El día de hoy ha sido un número, bueno un día con muchas cifras, unas a favor, otras en contra, cifras al fin y algunas cuantas imprecisiones ¿no? Pero, en fin. La política social, sin duda fue la bandera de este gobierno y fue una política social que intentó pues beneficiar a muchas personas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la política social debe de ser una política que reúna características como la observación, el entendimiento y la transformación de la realidad de más, de los más desfavorecidos. El Estado en todo momento debe de generar las condiciones que nos permitan a todos aspirar a una vida más digna y más próspera. En este rubro, México tiene una gran deuda histórica en la generación de políticas sociales efectivas. Hace seis años llegó al poder un gobierno que decía precisamente entender este vacío y prometía transformar la realidad de los más necesitados, con una sola frase lo dijo todo, una frase que se ha repetido incansablemente en este día: por el bien de todos, primero los pobres. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta frase y solo queda el resultado de políticas públicas fallidas y un aparente progreso a medias. En el 2024, el gobierno federal designó más de 646 mil millones de pesos a programas sociales prioritarios, pero la naturaleza de la política social no se debe limitar únicamente a utilizar un gran presupuesto, este tiene que ser utilizado de manera eficiente y transparente, haciendo llegar efectivamente los recursos a la población a la que va dirigida y cumpliendo con los fines para los que fueron creados. Para generar verdaderas políticas públicas es necesario contar con una visión integral, que permita crear condiciones de verdadero desarrollo, con un objetivo claro para lograr la superación y cambiar las realidades. Es importante también hablar de la transparencia de esos recursos que la Auditoría Superior de la Federación ha identificado que, en numerosas irregularidades en la ejecución de varios de estos programas, como el de inclusión de las personas con discapacidad o el apoyo a hijos de madres trabajadoras. Lo más alarmante es la falta de controles efectivos, el uso de padrones incompletos y la inexistencia de mecanismos adecuados para evaluar el impacto real de estas políticas. Y lo que es más alarmante es que la auditoría solo se ejerce en un pequeño muestrario. No podemos permitir que los programas sociales se conviertan en simples estadísticas, carentes de verdadero impacto en la vida de quienes más lo necesitan. Debemos reclamar una gestión eficiente, una evaluación rigurosa y, sobre todo, un compromiso real con quienes dependen de estos programas para mejorar su calidad de vida. Movimiento Ciudadano ha apoyado y acompañado numerosas iniciativas en materia de programas sociales, que buscan generar condiciones de bienestar más dignas para el ciudadano, estando pendiente la discusión de iniciativas, como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, porque bienestar y política social también es tiempo en familia, también es dignidad en el uso del tiempo libre. Otro tema fundamental que aún se encuentra pendiente es con la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Sabían ustedes que las mujeres en nuestro país dedican más de 170 millones de horas anuales a las labores enfrentando la carga de desigualdad que las excluyen de oportunidades del desarrollo por brindar actividades de cuidado? Jalisco ha dado un paso importante al otorgar el sistema de cuidados en estatus en el derecho constitucional, pero es necesario que las autoridades federales apliquen este avance en todo nuestro país. Si bien los programas sociales actuales buscan palear algunas de las carencias más urgentes, son incompletos al no abordar de manera integral las raíces de la desigualdad. Los apoyos, aunque valiosos, no logran transformar las condiciones estructurales que perpetúan la invisibilidad del trabajo doméstico y de cuidados. Para construir una verdadera política social inclusiva es necesario reconocer que este trabajo es fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Según el Censo de Población 2020 del Inegi, en México habitan 20 millones 838 mil 108 personas que viven con alguna discapacidad o problemas de movilidad. Somos el 16.5 % de la población, y esto nos convierte en la minoría más grande del país. Compañeras y compañeros, la discapacidad es el último eslabón de la desigualdad. Y nuestra realidad es que seguimos siendo segregados y excluidos del desarrollo del país. Pero no todo está perdido. Si la 4T realmente significa una verdadera transformación, en esta legislatura podemos generar las condiciones de igualdad que nuestra población requiere para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad, a través del libre ejercicio de todos nuestros derechos. Es momento de romper la visión médico asistencialista, que tradicionalmente ha regido las políticas públicas, y crear condiciones de igualdad que brinden las oportunidades que requieren las personas con discapacidad...