La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la recaudación fiscal es un elemento central para la existencia de todos los estados, ya que los ingresos obtenidos se traducen en recursos que podrá administrar el gobierno para dotar de servicios, infraestructura y contribuir al mantenimiento de la estabilidad económica de una nación. El contar con una recaudación fiscal exitosa no solo implica una gran recaudación de recursos sino el respeto irrestricto a los derechos y garantías de los ciudadanos. Por ello y analizando el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su fracción VI los postulados que debe cumplir el legislador al establecer contribuciones, a saber que son obligaciones de los mexicanos, entre otras, el contribuir a los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es en este artículo donde encontramos los principios constitucionales de justicia tributaria que deberán regir todas las disposiciones normativas en materia fiscal. De esta manera observamos que la capacidad contributiva o principio de proporcionalidad, la igualdad tributaria o equidad, la reserva de ley o legalidad tributaria y el destino al gasto público son principios consagrados en nuestro máximo ordenamiento jurídico, y que por tanto deben estar presentes en todas las leyes y normas jurídicas de menor jerarquía. Nuestra Constitución, por lo tanto, nos precisa que como mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público. Sin embargo, no todos lo hacemos en la misma medida, ya que dependerá de la capacidad económica de cada uno de los contribuyentes como quede determinada la parte que deberá destinarse para cumplir con sus obligaciones fiscales a partir de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Por su parte, la Ley del Impuesto sobre la Renta tiene como propósito gravar los ingresos reales de los contribuyentes, para lo cual prevé que del total de los ingresos percibidos se resten los gastos en que incurrió para satisfacer sus necesidades fundamentales y realizar sus actividades productivas, mejor conocidas como deducciones personales, las cuales se clasifican en estructurales, no estructurales o de beneficios. Estas deducciones tiene como fin hacer efectivos ciertos derechos, como lo es el derecho a la protección a salud, vivienda, educación y ahorro para el retiro. Retomo el derecho a una vivienda digna y decorosa, misma que se contempla en el artículo 4o constitucional. La fracción IV del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la posibilidad de que las personas físicas que obtengan un crédito hipotecario destinado a la adquisición de su casa-habitación por parte de las instituciones integrantes del sistema financiero, puedan deducir los intereses reales efectivamente pagados. Actualmente esta deducción está topada a un valor equivalente a 750 mil unidades de inversión y si se excede de ese límite los intereses que se paguen no podrán ser deducidos en ningún otro monto. Por lo anterior, considero que el derecho a la vivienda se dé limitado para quienes adquieren un crédito mayor al límite establecido, por lo que debería permitirse su deducción en el porcentaje que no excede dicho límite. Con lo anterior se podría contribuir a ampliar el universo de ciudadanos que podrían ver concretar su derecho a una vivienda digna y decorosa, además de incentivar el mercado inmobiliario. Es por ello que en Encuentro Social consideramos que la ley debe establecer instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar el objetivo de que toda familia tenga derecho a disfrutar su vivienda digna y decorosa, y que la norma fiscal debe coadyuvar para materializarse este derecho, dando así cumplimiento al mandato constitucional de proporcionalidad tributaria y fomentándose también el mercado crediticio para adquirir vivienda de un costo más elevado. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.