El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Gracias, presidente, con su venia. Uno de los problemas más comunes de la sociedad en México es la inequidad en el acceso de la población a los servicios de salud. Si bien es cierto que el gobierno de la República ha incrementado el presupuesto destinado del sector salud durante los últimos años y se han efectuado inversiones importantes en materia de infraestructura hospitalaria, todavía persisten obstáculos en la consolidación de un sistema que haga efectivo el derecho a la salud de las y de los mexicanos, derecho que está establecido en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política. Esta iniciativa que hoy presentamos pretende contribuir a generar las condiciones propicias para brindar a las mexicanas y los mexicanos una atención médica oportuna y de calidad que satisfaga integralmente sus necesidades en materia de salud. Existen diversos sistemas de seguridad social que buscan atender a la mayor cantidad de personas posibles. Sin embargo, para nadie es un secreto que muchas veces estos centros de salud son rebasados por la alta demanda de los usuarios. El IMSS, el ISSSTE, los sistemas de protección de Petróleos Mexicanos, los de la Secretaría de la Defensa Nacional, los de la Marina, desafortunadamente no cuentan con la infraestructura suficiente para atender a todos sus derechohabientes. Desde hace unos años, el gobierno federal implementó el Seguro Popular, que brinda protección a la población no derechohabiente mediante un esquema de aseguramiento de salud pública y voluntario. El Seguro Popular es operado por los regímenes estatales de protección social en salud, con el apoyo de los servicios estatales de salud. De acuerdo al informe de resultados de sistemas de la protección social en salud del año 2013, en el primer semestre de ese año el Seguro Popular contaba con poco más de 53 millones de afiliados. A esa cifra anterior hay que sumarle los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, que suman alrededor de 42 millones. De lo anterior, se desprende que gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones públicas del sistema de salud, más la aportación de la medicina privada, es posible afirmar que en México un alto porcentaje de la población cuenta actualmente con un esquema de protección financiera para la atención de la salud. Sin embargo, aún falta un largo camino por recorrer en cuanto respecta a garantizar que sus derechohabientes tengan una atención, de verdad, oportuna, y de verdad, de calidad. De igual forma, debemos destacar que nuestro país presenta un rezago en cuanto al número de camas de hospital disponibles para la población, pues de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el año 2013, existían en nuestro país 1.7 camas por cada mil habitantes, cifra muy inferior al promedio de todos los países que componen esta organización. El promedio de esta organización se ubica en 4.8 camas por cada mil habitantes. Lo que es aún más preocupante, es que del total de las camas disponibles en nuestro país, 24 por ciento de ellas pertenecen al sector privado, con lo cual el número de camas pertenecientes al sector público es solamente de 1.3 por cada mil habitantes. Aunado a ello, México tiene un atraso de cobertura en términos de personal médico, adecuado al número de pacientes que se atienden, pues hay 2.2 médicos y 2.7 enfermeras por cada mil pacientes, cuando la recomendación internacional establecida es de 3.2 médicos y 8.7 enfermeras por cada mil habitantes. La razón por la cual los mexicanos, aun contando con la cobertura de algún régimen público de protección en materia de salud, prefieren ir a los servicios privados, incluyendo las farmacias que tienen consultorios, es fundamentalmente porque perciben que en estos lugares la atención resulta mucho más oportuna y de mejor calidad. La burocracia, la demora o, incluso, la negativa en la atención a los pacientes, así como la tardía canalización de los mismos a los servicios de especialidades u hospitalización, trae como consecuencia que la salud de quienes enfrentan una enfermedad empeore a grado tal de poder provocarles la muerte. El sector salud se encuentra tan saturado, en muchos casos las personas que son diagnosticadas con alguna enfermedad ponen en peligro su vida, tales enfermedades pueden ser como el cáncer, enfermedades cardiovasculares o la misma diabetes. Estos pacientes tienen que esperar varias semanas o incluso meses para ser atendidos por especialistas, que además también esperan semanas o meses para que se les realicen los estudios de laboratorios necesarios. Con esta pérdida de tiempo se atenta contra la esperanza de vida del paciente y contra su integridad física. En este orden de ideas, la finalidad de esta iniciativa es proteger de manera universal a las personas del riesgo de muerte o discapacidad evitable, por falta de acceso a una asistencia médica de calidad y oportuna. Por lo que se prevé la celebración de convenios con instituciones privadas de salud para dar atención a los pacientes que padezcan alguna de las enfermedades con mayor índice de mortandad en México. Para el Partido Verde, el derecho a la protección de la salud es un derecho humano que implica que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tengan la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En atención a lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General de Salud. Gracias por tu atención, es cuanto, diputado presidente.