El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados y diputadas, el punto de acuerdo que se pone a consideración de esta asamblea retoma el tema del operativo Rápido y Furioso que se abordó en una sesión pasada y en la cual se propuso la modificación del acuerdo presentado por nuestra compañera, la diputada Aleida Alavez, misma que no fue considerada por la omisión de la lectura en los términos en que se acordó por la proponente dicha modificación, espero que estas prácticas de Servicios Parlamentarios que sirven a los intereses de las fracciones parlamentarias dominantes sea corregida porque son servidores públicos al servicio de todos los diputados y diputadas. Al tema, con el objeto de vincular al Ejecutivo federal la nueva propuesta que se presenta, pone de nueva cuenta a consideración de esta asamblea el tema del operativo Rápido y Furioso con el objeto de contribuir al cumplimiento de la obligación del Estado mexicano para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos víctimas de la delincuencia que adquirió armas del fallido operativo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos. La presentación de esta proposición se sustenta en particular en el artículo 20 constitucional, que determina que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, como lo dispone el apartado C de este mismo artículo, en donde se establecen los derechos de las víctimas, entre los que cabe destacar la reparación del daño, para lo cual obliga al Ministerio Público a solicitar la reparación del mismo. Aunado a ello, en el ámbito internacional el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados internacionales que determinan que todo incumplimiento o violación de un deber jurídico internacional, imputable a un Estado en su calidad de sujeto de derecho internacional, genera una obligación el hecho ilícito cometido a cargo del Estado infractor. Señores y señoras legisladores, la omisión en la responsabilidad administrativa y política es base para la impunidad y condición para mantener relaciones de corrupción y complicidad, eso ya lo hemos dicho en esta tribuna, la reforma constitucional en materia de derechos humanos que impulsó la anterior legislatura nos obliga a una actuación congruente en nuestra tarea de legisladores, con los principios contenidos en nuestra Constitución, y aquí ya también hablamos del artículo 1º de la Constitución, donde el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. En el reciente Sexto Informe de Gobierno que presentó Calderón, en el tema de política interior se da cuenta del combate al crimen organizado y de los resultados del esfuerzo nacional en materia de aseguramiento de drogas, vehículos, armas y personas detenidas del 7 al 12, cifras actualizadas por la PGR como resultado de los trabajos del trabajo del Grupo Interinstitucional del gobierno federal. La omisión del gobierno federal para dar cuenta de las armas incautadas que reporta en el Sexto Informe de Gobierno, con las armas que ilegalmente entraron al país del operativo Rápido y Furioso, no sólo manifiesta en el mejor de los casos ineficacia en la investigación de la responsabilidad de las autoridades mexicanas y norteamericanas en el operativo Rápido y Furioso, la pasividad de las dependencias de seguridad y opacidad en la información ante los crímenes ejecutados con las armas señaladas, expresan indicios de complicidad al ocultar información y no cumplir con la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos de las víctimas, violando con ello las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y reparación del daño. No se puede obviar e ignorar la difusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales, de la información relacionada con el rastreo e identificación de armas de este operativo, con las víctimas y sus familiares, en crímenes perfectamente identificados por la PGR; la Sedena; la Semar; la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, todos titulares del Ejecutivo federal. Ello, sin atender la información de los medios de comunicación que señala el conocimiento de dicho operativo por parte de la PGR. Por ello es exigible, para la garantía plena de los derechos de las víctimas, determinar la responsabilidad y la reparación del daño por parte del gobierno de los Estados Unidos, responsable de la implementación del multicitado operativo Rápido y Furioso. Atendiendo a todo lo anterior y en base a los reglamentos de la Constitución Política y del Reglamento del Poder Ejecutivo federal y la Ley Orgánica de la PGR, proponemos un punto de acuerdo para que sea aprobado de obvia o urgente resolución, que tiene dos párrafos. El primero dice: se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en términos del párrafo tercero, del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, garantice la investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y a sus familiares, afectadas por la instrumentación en México del operativo Rápido y Furioso. Y segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los titulares de la PGR, de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la de Relaciones Exteriores, proporcione a la población mexicana, con la máxima postura posible, los detalles de las acciones e investigaciones que se realicen para determinar la responsabilidad de funcionarios mexicanos y del gobierno norteamericano, y exigir la reparación de daños de las víctimas, de las masacres en que se usaron armas provenientes del operativo Rápido y Furioso. Quiero concluir, si me permite la Presidencia, en aras a lograr la aprobación, porque los grupos parlamentarios mayoritarios nos lo han solicitado, tendrán ellos sus razones y las explicarán en esta tribuna, porque yo ya he planteado el punto y sé concluir los acuerdos, que en aras de que se apruebe de mayoría este punto de acuerdo y sobre todo porque las víctimas sean resarcidas en el daño, retirar, a nombre de la fracción de mi partido, el segundo párrafo de este punto de acuerdo; pero dejo en claro que como diputado federal, estoy convencido que ese segundo párrafo es correcto y que seguiremos luchando porque el gobierno mexicano se ponga los pantalones y actúe en la defensa de los intereses de este país ante los interés extranjeros. Es todo, muchas gracias.