El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, tenía razón Lilia, lo que natura no da, verba no resuelve, o como dicen en mi tierra: qué bruto el animal. Miren, la reserva pretende ampliar la capacidad para determinar a los sujetos obligados en función de uso, aprovechamiento, explotación de bienes y servicios públicos bajo cualquier modalidad. No somos ingenuos, sabemos que un gobierno que soporta su operación en la corrupción utiliza la administración para encubrir el robo, el desvío de los recursos públicos: Monex, Soriana, Higa, Teya, serán las marcas de este régimen. El artículo 23 que se reserva determina quiénes son los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información. Los que serán responsables del cumplimiento de las obligaciones y procedimientos que establece esta ley general y en su momento la ley federal y las leyes de las entidades de la federación. La ley que se propone determina condiciones generales para justificar la clasificación de la información con el carácter de reservada. Para combatir esta clasificación es necesario agotar una serie de procedimientos administrativos y en su caso procesos judiciales, para determinar la responsabilidad de quien en forma artificial clasifica la información como reservada para impedir su acceso. No existe un sistema claro de responsabilidad y de sanciones. Ante la corrupción y la opacidad que existe en el proceso de desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, y podría ser de la Comisión Federal de Electricidad, se clasifican como información reservada los contratos que se celebran con las empresas que asumen funciones de exploración y explotación de petróleo, como sancionar al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos si éste es quien aprueba a su auditor interno. Aunado a ello, existen problemas de competencia para que el órgano garante federal pueda determinar y aplicar medidas de apremio y sanciones, en su caso. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos por la clasificación y reserva indebida de la información, para efecto de hacerla inaccesible a los ciudadanos. Es esta inoperancia de la garantía de acceso a la información pública la que anula su denominada revolución en trasparencia. Es la inoperancia, ineficiencia para sancionar a los servidores públicos de órganos colegiados que definen y deciden cuestiones con enorme carga económica, en la que prevalece el interés de los poderes fácticos. Diputados, diputadas, no existe tal revolución en la transparencia al hacer inaccesible el derecho a la información a través de procedimientos sencillos para el ciudadano, quedando la carga procesal y de pruebas para el ciudadano que no esté conforme con la clasificación de información pública reservada, con la motivación de ser información de interés público o de seguridad nacional. Esta ley revolucionaria deja intocada la práctica de opacidad y corrupción en la manipulación de información pública. Por ejemplo, el contrato del Hangar Presidencial cuya información ha sido reservada por 12 años, aunque aquí vinieron a decir los del Instituto de Información Pública que ya estaban autorizando que se abriera, se pretende justificar que de otorgarse dicha información, dicen: pone en riesgo la vida del presidente por posibles actos de sabotaje, grupos delictivos y terroristas. Esto es lo que afirmó el documento suscrito por Mario Alberto Morales, gerente de Proyectos, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Otros ejemplos, los contratos del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, el Acueducto Monterrey VI; la ampliación de los carriles de la autopista Guadalajara-Colima, los reservaron por 25 años bajo el esquema de asociaciones público-privadas. Todos los contratos citados han sido otorgados al empresario favorito del presidente Enrique Peña Nieto, su amigo, compadre, prestanombres, como le quieran llamar, Juan Armando Hinojosa Cantú. La ley que ustedes presumen no establece procedimientos para ser exigible y sancionar el abuso del denominado interés público o seguridad nacional. Cuidar y encubrir el conflicto de intereses y la corrupción bajo la perspectiva presidencial y del pacto contra México son motivo de interés público, debido a que se daña la imagen presidencial, a la cual sí ha hecho juego el Consejo General del INE al retirar el spot que daña la imagen presidencial, o bien, son causas de seguridad nacional al acreditar la corrupción, culmino presidente, en el sistema político mexicano. Sí, ha de ser mucha seguridad nacional quitar un spot para que no se ande diciendo que el presidente se llevó 200 invitados en su avión, ese avión que costó 7 mil millones de pesos y que para la operación son otros 3 mil millones de pesos y su comitiva de 200 para ir a entregarle y regalarle el petróleo a los inversionistas extranjeros ingleses. Eso sí, con una cena de la cual el pueblo se burla porque le dijeron, pues nada más vas a entregar el petróleo. Y la lo vimos en la carroza y bueno, no sabemos quién llevó los caballos y los burros. Mucho gusto.