La diputada Ana Priscila González García: A través de las diversas intervenciones se ha manifestado la postura de los grupos parlamentarios de si el Plan Nacional de Desarrollo cumple o no con los fines del proyecto nacional que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También hemos discutido y afirmado que el PND no cumple con lo establecido por la propia Ley de Planeación, lo que traerá como grave consecuencia que no tengamos mecanismos de evaluación y mucho menos de seguimiento que nos permitan ir respondiendo a las necesidades y realidades en nuestro país. Lo anterior se confirma con las observaciones que las comisiones legislativas realizaron en las opiniones emitidas y en donde se mencionan recomendaciones que se consideran necesarias incluir en el contenido del PND y que en estricto sentido no fueron tomadas en cuenta. Pero sobre todo hay un grave incumplimiento que me parece debe puntualizarse en un proceso democrático. Ha quedado claro que la facultad de aprobación del plan por parte de esta Legislatura consiste en que se verifique que dicho instrumento incluya las obligaciones de planeación que dispone expresamente la Constitución. Para lograr tal objetivo se organizaron foros, conversatorios, mesas de trabajo y reuniones que dieran cumplimiento a lo que en esta Cámara se acordó, respecto a que las comisiones ordinarias establecerían sus criterios para celebrar con un carácter abierto, regional, inclusivo y representativo, reuniones, audiencias y foros de parlamentos abiertos con la sociedad interesada y los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Acudieron expertos en diversas materias de interés público, especialistas, actores políticos, asociaciones civiles, académicos. Todos ellos enriquecieron el proyecto con objetivos, estrategias, indicadores y metas. Presentaron cifras, argumentaron. Y este esfuerzo se incluyó en las opiniones de cada una de las comisiones. Sin embargo, al parecer no las estamos tomando en cuenta. La motivación que hoy en día existe para que la Cámara de Diputados participe en el proceso de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo es precisamente enriquecer el proceso de planeación, hacerlo incluyente, pero sobre todo participativo. Nuestra Constitución así lo establece, al decir que el Estado organizará un sistema de planeación democrático y deliberativo, y que recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y a los programas de desarrollo. Sin embargo, a pesar de todo, en los foros, en estas reuniones y en los procesos de participación, y de lo que se argumentó por múltiples especialistas, estamos dejando de lado estas observaciones, lo que implica un grave y un vergonzoso retroceso a la apertura con la que nos comprometimos. Estamos dejando de lado temas esenciales para la construcción de una sociedad más equitativa, participativa y justa, abandonando la intención de una planeación que incluya las necesidades y prioridades de la sociedad. Hoy estamos ante la oportunidad de establecer un precedente, de consolidar un ejercicio democrático. Y no lo estamos haciendo. Estamos ignorando a la sociedad. Lo irónico resulta de la lectura del propio Plan y en donde se menciona que no es suficiente con que la sociedad esté informada y atenta, debe además participar e involucrarse en las decisiones relevantes de quién las representan en la función pública. Y debe borrarse para siempre la separación entre el pueblo y el gobierno. Les pregunto estimadas diputadas y diputados, ¿cómo vamos a dar cumplimiento a esta parte de lo que hoy estamos aprobando, si es precisamente hoy cuando lo estamos incumpliendo? Es cuanto, señora presidenta.