El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: México, sus mujeres, hombres, niños, abuelos que han sido víctimas de la delincuencia exigen respuesta del Estado mexicano, respuesta sustentada en dos pilares: transparencia y rendición de cuentas. Lo que conlleva a combatir la corrupción e impunidad que ha penetrado en todas las instancias de gobierno, no sólo en el ámbito municipal, como mal diagnostica Osorio Chong el día de ayer. Este ambiente de inseguridad en que los gobernantes, en lugar de dignarse por la inoperancia y la complicidad de los responsables de investigar delitos, de sancionarlos o de prevenirlos, se encabronan por la protesta social, exige a cada uno de los legisladores a corresponder con acciones mínimas. Las acciones que por la vida realizan los padres de las víctimas y sus familiares exigen un mínimo de vergüenza para abrir procedimientos que en forma eficaz se atienda su demanda. La emergencia para atender el tema de personas desaparecidas en México no sólo es demandada por la afectación de los 43 estudiantes normalistas, es una necesidad de miles de mexicanos que quieren saber cuántos desaparecidos son, qué autoridad investiga el delito, quiénes son los culpables, por qué no hay resultados en las investigaciones de las denuncias. Preguntas sin respuesta oficial por parte de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías de justicia de las entidades de la federación. Preguntas sin respuesta, a pesar de contar desde el 17 de abril de 2012 con la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, como un instrumento de información del Sistema de Seguridad Nacional. Ni el procurador Murillo Karam ni el secretario de Gobernación, mucho menos Peña Nieto, dan certeza del número de personas desaparecidas ni la atención a sus familiares. La emergencia para atender el tema de personas desparecidas en México, atiende a la necesidad de establecer cauces institucionales que conduzcan a conocer la verdad del destino o ubicación de miles de mexicanos que han sido víctimas del crimen organizado y de la atrofia de las instancias administrativas correspondientes, responsables de la investigación y persecución de los delitos en los ámbitos de competencia federal y estatales. Este Poder Legislativo, en forma sumaria, ha probado reformas estructurales y las de carácter político electoral, argumentando la urgencia de los temas propuestos. En este caso, la sociedad demanda una respuesta urgente, exige certeza y seguridad del gobierno federal y los gobiernos estatales, ya no aceptan más demagogias. Ante la vaguedad y la mentira de la información que el gobierno federal y los gobiernos estatales sobre el destino de personas desaparecidas y la ineficiencia del Sistema Nacional de Seguridad, presento a este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por lo que se expide la Ley General para la Atención con Dignidad a las Víctimas de Desaparición Forzada y se reforma la Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. No es error, esto está más plano que pleno, esto está dado en realidad, y sin duda falta del espíritu que está en las calles contagiada por el pueblo, lo de ustedes es pura demagogia. Por cuestión de tiempo resumo la propuesta, porque es importante que la población se entere que sí tenemos propuesta. En el proyecto que se presenta se obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, los Poderes Judicial y Legislativo, los organismos autónomos de derechos humanos, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada con funciones de seguridad pública o privada, para declarar y proporcionar información, documentos, ayuda, asistencia y colaboración más amplia en la investigación del paradero de personas desaparecidas. Se propone la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que tendrá por atender la denuncia de hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridas en el país y coadyuvar en la investigación ministerial sobre el paradero o ubicación de cada una de ellas. Será una comisión autónoma en el ejercicio de sus atribuciones, en la que se observarán los principios de máxima protección, debida diligencia, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. Subrayo que esta comisión no suple o toma atribuciones del Ministerio Público, de los poderes judiciales o de los cuerpos de seguridad. Entre sus atribuciones destaco las siguientes: recibir información de la Procuraduría General de la República y de los estados sobre denuncias y averiguaciones previas integradas para investigar la denuncia de personas desaparecidas, con el objeto de integrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Orientar y acompañar a los ciudadanos en la presentación de denuncias y ofrecimiento de pruebas en el caso de desaparición de personas. Proponer medidas cautelares y de protección de personas, de sus familiares o propiedades en los casos de denuncias, hechos constitutivos de desaparición forzada. Coadyuvar en la investigación del paradero de las personas desaparecidas, así como cualquier circunstancia que permita su localización. La integración de esta comisión propone un procedimiento en el que se garantice la participación de candidatos a integrarla, que cuenten con reconocimiento de la sociedad agraviada por la corrupción y complicidad de los gobiernos. Dicha comisión se integrará por siete ciudadanos designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados, a propuesta de la Jucopo, quien emitirá convocatoria pública para que las instituciones de educación superior y organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, acreditadas ante la Comisión Nacional o Estatales de Derechos Humanos presenten propuestas de personas con reconocida trayectoria en defensa de derechos humanos. Destacando que en los candidatos deberá ponderarse la formación profesional y experiencia en defensa y promoción de derechos humanos, así como el respaldo de organizaciones sociales, civiles y de defensa de derechos humanos. La presentación de propuestas se integrará por un comité de evaluación, integrada por académicos de reconocido prestigio en el ámbito de derechos humanos, propuestos por las instituciones públicas de educación superior. Ante la comisión podrá acreditarse un representante del Poder Ejecutivo de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, únicamente con derecho a voz, una vez integrada la comisión, de entre sus miembros elegirán al presidente. Ante esta comisión todo funcionario de los gobiernos, de los tres niveles de gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Investigación, están obligados a declarar y proporcionar información, datos, documentos que determine la comisión. Toda declaración o información que proporcionen los funcionarios se hará bajo protesta de decir verdad, sujetándose a la responsabilidad administrativa y penal que corresponda. La comisión evaluará las políticas públicas en materia de prevención, detección y combate al delito, desapariciones forzadas que implemente el Sistema Nacional de Seguridad, remitiendo el dictamen correspondiente a las Cámaras del Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo. Como verán, con esta reforma se propone que la Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, esta comisión tendrá atribución para integrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Miren, diputados, la observación de la ley determina principios fundamentales en un estado de derecho, como son la seguridad jurídica y certeza; al corromperse las instituciones que tienen como objeto proporcionar certeza y seguridad a la ciudadanía, se pierde la esencia del Estado y se camina a la anarquía, a la ley de la selva, en donde sobrevive y predomina el más fuerte, el más violento. En este ambiente en el que ha predominado los últimos años para miles de víctimas de la delincuencia organizada y de autoridades de los tres niveles de gobierno, cuántas historias no hemos conocido, directa o indirectamente de amigos, conocidos y gente que nos aborda en la calle para narrar su impotencia ante la delincuencia y la complicidad de las policías, del MP o del juez. Este denegado acceso a la justicia, a la denuncia culmino presidente ante la amenaza de perder la vida si se denuncia, la entrega del patrimonio familiar pretendiendo rescatar con vida al hijo, a la hija, al hermano o al padre secuestrado. Esta inseguridad, por hablar, se ha reventado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, queda en ustedes y se escuchan las voces que en la calle exigen justicia. Y miren, yo sé que les urge irse culmino, presidente a ver a su presidente todavía, quesque les va a decir grandes cosas, la verdad es que va a ser el parto de los montes, va a ser nada más un chisguete ahí de ocurrencias que la verdad culmino, presidente no van a aportar demasiado al grave problema que vive esta sociedad. Sé que ustedes van a empezar a gritar tiempo y esas cosas, pero la verdad es que si esta Cámara no entiende que necesita abrir estos espacios a la sociedad, que la sociedad como hoy se demuestra con el caso que se denuncia en la televisión francesa y que en otros medios están brotando estas denuncias de secuestros colectivos masivos como el que hizo en el municipio de Cocula en el estado de Guerrero y de que la gente no tenga certeza de que no le va a pasar nada por denunciar. Sí, Cocula, un municipio del PRI del que ustedes son parte y que aquí no lo han tocado para nada evidentemente, porque son parte de esta maraña de complicidades que existen y que el Estado no está permitiendo que puedan resolverse estos problemas.