La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Compañeros legisladores, la política exterior del país a lo largo de su historia se ha caracterizado por su marcado carácter en favor de la defensa de los derechos humanos, la libertad y la soberanía, así como el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. En el artículo 89, fracción X, de nuestra Constitución Política, han quedado plasmados estos principios rectores de nuestra política exterior, los cuales coinciden plenamente con la Carta de Naciones Unidas. El actual gobierno federal ha declarado que en materia de política exterior una de sus prioridades será la atención y la defensa de los mexicanos en Estados Unidos, razón por la cual la red de consulados de México en Estados Unidos se volvería en una especie de red de procuradurías de defensa del migrante. Sin embargo, la situación actual que viven muchos compatriotas en el país del norte se alejan notablemente de lo dicho por las autoridades. Por otra parte, un problema que se ha acentuado en los últimos meses es la migración, mayoritariamente centroamericana. A partir de los últimos meses del 2018 empezaron a arribar al país caravanas migrantes, principalmente de centroamericanos y africanos, que buscaban cruzar México para llegar a Estados Unidos ante la desesperada situación, nacida de la explosiva combinación de la corrupción, miseria y violencia ciudadana que se vive en sus lugares de origen. Estas caravanas añadieron tensión a la relación bilateral con Estados Unidos, dado que el presidente Trump considera que es responsabilidad de México impedir que arriben a su país. Por ello, Trump optó por presionar a México para que este se comprometiera a detenerlos. La migración es la historia del ejercicio del derecho individual de las personas en torno a la búsqueda de oportunidades en otro país. Sin embargo, al mismo tiempo es una larga cadena de abusos y violaciones a los derechos humanos. El maltrato de las autoridades se observa también en las estaciones migratorias mexicanas, pues en estos espacios impera el trato degradante, lo que es una violación a la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, ya que ninguna niña o niño acompañado o no acompañado debe ser detenido en estaciones migratorias. El tema es complejo y ha sido calificado como crisis humanitaria internacional. Pero debemos considerar que migrar no es un delito, es un derecho contemplado en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos que debe pasar de documentos y discursos a traducirse en acciones efectivas, centradas en el respeto y la protección de la dignidad de las y los migrantes, adultos, jóvenes, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Si lo anterior no fuera suficiente, por otra parte, en su intento de llegar a la frontera norte del país estas personas, además de las vejaciones sufridas por las autoridades, enfrentan el riesgo de ser víctimas de estafas, explotación por grupos de narcotraficantes, robo, secuestro, extorsión, accidentes y violencia. En este sentido, las mujeres son quienes corren el mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas o violencia sexual. De igual forma, las niñas, niños y adolescentes son también los más vulnerables de acuerdo al Centro de Análisis de Datos sobre la Migración Global, de la Agencia Global para las Migraciones, los menores de edad migrantes murieron o desaparecieron a una tasa de al menos uno por día en todo el mundo en los cinco últimos años. Por lo anterior, es imprescindible que la Secretaría de Relaciones Exteriores exija a las autoridades de Estados Unidos la modificación del trato denigrante a los migrantes retenidos, por un trato humanitario y digno. En pocas palabras, es necesario que nuestro país recupere y defienda los principios rectores que por años marcaron su acción. Es cuanto.