El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos han presentado las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana. El pasado 30 de abril discutimos en este pleno el dictamen de la ley antes citada, mismo que fue remitido a la colegisladora, en donde se le realizaron modificaciones, y ahora lo conocemos de nueva cuenta. El propósito de la Ley de Austeridad Republicana es establecer que quienes integramos los órdenes del poder público y todo ejecutor de gasto debe observar los principios contenidos en el artículo 134 constitucional en el manejo de los recursos económicos de que disponga. En particular, en lo que tiene que ver con las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes. Porque es del conocimiento de la opinión pública los grandes actos de corrupción que, al amparo del poder público, en los pasados gobiernos se realizaron. Licitaciones orientadas a que el ganador compartiera con la autoridad recursos económicos, moches, participaciones accionarias futuras o apócrifas, etcétera. Todos estos actos de corrupción se acaban en el gobierno de la cuarta transformación. El compañero presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado firmeza, liderazgo y autoridad moral en el combate a la corrupción. Sin embargo, se requiere dotar al gobierno de los instrumentos legales que le permitan realizar adecuadamente su labor, en particular, la opacidad financiera se dio en la constitución de fideicomisos públicos, en donde mediante argucias legales los recursos afectos al fideicomiso se hacían pasar como recursos privados y bajo este argumento nunca se transparentó su utilización. Ahora, en el nuevo contenido en el artículo 17 de la ley, se establece categóricamente que solo construir fideicomisos en la administración pública por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además, tampoco se podrán destinar aportaciones, transferencias o pago de cualquier naturaleza que no sean transparentes y encaminados a resolver problemáticas específicas. Un tema que ha lastimado mucho a la sociedad mexicana es el que se refiere a que servidores públicos que manejan información sensible y estratégica del gobierno federal, al terminar su encargo, son contratados inmediatamente por empresas privadas y ponen al servicio de estas toda la información obtenida. En el segundo párrafo del artículo 24, se establece que todo servidor público de mando superior, en un lapso de 10 años a partir de su separación del servicio público, no podrá ocupar puestos en empresas que haya supervisado, regulado, o respecto de las cuales haya tenido información privilegiada en el ejercicio de su encargo público. Queremos ser enfáticos en que no se atenta contra la libertad de trabajo de un ex servidor público, lo que se inhibe es el posible conflicto de intereses en el manejo de información sensible del gobierno federal, que pueda ser puesta al servicio del particular que lo contrata. De igual forma, se plantea reformar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer como causal de responsabilidades aquellas conductas que sean muestra manifiesta de conflicto de intereses. Compañeras y compañeros legisladores, debemos tener presente que el pueblo de México votó el pasado primero de julio de 2018 en favor de lo que el compañero Andrés Manuel López Obrador representa, honestidad en el ejercicio de la función pública. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo honramos el dicho del presidente de la República: No robar, no mentir, no traicionar. Vamos a la separación del poder público del poder económico, que no quepa ninguna duda. Muchas gracias, diputada presidenta.