La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Esperemos que así sí me van a poner atención en esta ocasión y si no, por lo menos van a estar volteando para acá. En Movimiento Ciudadano tenemos claro lo delicado y la importancia que tiene en la agenda nacional el tema de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que nos resulta inaceptable la profunda subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, permitiendo y votando privilegios inadmisibles para cualquier democracia. Cuando la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue aprobada hace apenas un año causó euforia entre algunos sectores que creyeron tenía la intención de ceñir a los grandes consorcios de las telecomunicaciones al imperio de la ley. Sin embargo, tal como nosotros señalamos entonces, con el documento que está en discusión el día de hoy, los anunciantes ganan injerencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones pierde importancia. Con estas leyes los grandes perdedores serán los medios y radios públicas. Se estará firmando la sentencia a este tipo de medios, pues estarán restringidos a vivir de la publicidad oficial. Se impedirá que las radios públicas puedan obtener los recursos necesarios para poder enfrentar la digitalización a las que están obligadas. Ya se dijo que esta reforma limita el derecho de los pueblos a la comunicación, ya que se acorta el espectro de transmisión, se violentan los derechos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica, así como al derecho de los pueblos a tener sus propios medios de comunicación enmarcados en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero algo que no se ha dicho aquí, es que además esta reforma impide que instituciones que se dedican a fomentar la cultura en nuestro país, como Canal 11, Canal 22, TV UNAM, Radio Educación no reciban presupuesto adicional para enfrentar los retos de la digitalización o la modernización tecnológica, pero eso sí, ya veremos a los diputados defendiendo sus proyectos culturales en el próximo presupuesto. Por otra parte, un elemento que queda corto de miras es el de las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual tiene un mandato constitucional que claramente en la ley secundaria se lo niegan. Las condiciones imperantes en nuestro país exigen el fortalecimiento del Instituto, pero no se le concedió autonomía ni tampoco facultades para la toma de decisiones sobre regular a las empresas monopólicas en este sector. Es una embustera contradicción contar con un órgano constitucional autónomo como el Ifetel, cuando las concesiones seguirán siendo ámbito de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al tiempo que los contenidos de los medios serán vigilados por la Secretaría de Gobernación, por lo que se trata de otro regulador de ornato. Como órgano autónomo, técnico y capacitado en este rubro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es quien debería determinar cuándo un tema es particularmente importante para el país y deba ser transmitido en cadena nacional, por lo que no se debe permitir que se otorguen dichas facultades a una secretaría que a lo largo de la historia ha desempeñado un papel de control político, como la Secretaría de Gobernación. Y sí, qué bueno que ya no se van a pagar largas distancias o que no se va a cobrar por consultar un saldo en un teléfono móvil. Pero no estamos de acuerdo en que a todos los ciudadanos nos traten como delincuentes, porque estas reformas establecen la intervención de comunicaciones, aplicaciones y contenidos sin orden judicial, porque las corporaciones policiacas y agencias de seguridad del gobierno tendrán acceso total a la geolocalización de los ciudadanos, porque cualquier autoridad puede instruir a bloquear accesos de Internet sin justificar los motivos de la orden o sin la obtención de una autorización judicial, y porque obviamente limita arbitrariamente el acceso de Internet, inclusive las empresas estarán obligadas a retener los datos de todos los usuarios. Es decir, a conservar un registro y control de las comunicaciones que se realizan desde cualquier dispositivo. Este registro contendrá el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, la hora y duración de la comunicación, el nombre del titular y de una línea, y no la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación, entre otros. Y por si fuera poco, como ya se dijo, la Secretaría de Gobernación podrá censurar contenidos en radio y televisión, pues se le otorga la facultad de monitorear, vigilar y sancionar los contenidos en estos medios. Lo más alarmante es que se permitirá que Televisa y TV Azteca sigan controlando el 95 por ciento de la televisión abierta. Está en sus manos, diputados, en su voto, romper con esta dinámica perniciosa. En el Senado se les olvidó la petición de más de 119 mil ciudadanos que firmaron para que no fuésemos geo localizados o para bloquear el Internet para comunicarnos. Firmas de ciudadanos apartidistas, hartos de la criminalización, de la protesta, de las reformas estructurales, de los gasolinazos. Al Movimiento Ciudadano no se nos olvida esto, claro que tomamos en cuenta estas firmas. Y tampoco somos ingenuos o nos tomaron el pelo. Y así como votamos en contra de la reforma constitucional, así votaremos en contra las leyes secundarias en telecomunicaciones. Muchas gracias.