La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar nuestra posición en relación al dictamen que presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En nuestra opinión, las obligaciones de los servidores públicos están perfectamente definidas en el artículo 8o de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y la propia ley establece un sistema para la presentación de queja o denuncias, sanciones administrativas y procedimiento para aplicarlas. Además, de las sanciones que se pueden imponer por parte de los órganos de control interno a los servidores públicos, que por acción u omisión en el desempeño de sus tareas, pueden ser sujetos a responsabilidad. Estamos convencidos de que es necesario dotar al ciudadano de los instrumentos legales que le permitan hacer más fácil la presentación de denuncias y que éstas puedan correr el procedimiento que corresponde a fin de determinar la responsabilidad o no de los servidores públicos, materia de la queja presentada. Sin embargo, en razón del respeto que nos debemos todos los mexicanos al artículo 1o de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al respeto a los derechos humanos, no compartimos dos elementos relevantes que se contienen en el dictamen: el primero, en el artículo 10o bis, inciso c), en el que se permite la presentación de denuncias anónimas. Tenemos la convicción de que esta propuesta poco ayuda a eficientar el régimen de responsabilidades, porque desde el anonimato se puede imputar a cualquier servidor público la realización de conductas contrarias a la ley y esconder detrás de esta figura una intencionalidad de descrédito político hacia un servidor público, violando con ello, además, un derecho fundamental que es el de la presunción de inocencia, que en materia de responsabilidad de servidores públicos también debe amparar a quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los Poderes Legislativo y Judicial. El segundo elemento, que no estamos de acuerdo, es en el que se contiene en el artículo 13o en el que se establece que la Secretaría podrá otorgar con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria beneficios económicos –subrayo beneficios económicos- en favor de las personas que proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identificación o acreditación de conductas contrarias a las obligaciones establecidas en esta ley. No compartimos este criterio de pago de recompensas, porque estimamos que la labor de investigación de delitos por parte del ministerio público o de imposición de responsabilidades administrativas por parte de los órganos de control interno, perdería toda eficacia en sus tareas respectivas porque a fin de cuentas dejarían de investigar para esperar cómodamente a que los ciudadanos hicieran denuncias y entregarles una gratificación, debida proporción guardada, se está estableciendo un procedimiento casi similar a los testigos protegidos en materia penal o testigos fabricados. Además del cuerpo del dictamen no se desprenden datos, como por ejemplo el número de denuncias presentadas por los ciudadanos ante los órganos de control interno de éstas en cuanto se ha determinado la responsabilidad, qué sanciones se han impuesto y cuántas han quedado firmes. Ante esta ausencia de información no debemos dar palos de ciego en un tema tan relevante. Y por las dos razones antes citadas el Partido del Trabajo votará en contra del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.