El diputado Javier Corral Jurado: Esta iniciativa es resultado de una larga lucha social por garantizar en nuestro país el derecho a la información de todos los ciudadanos. Es fruto de los anhelos sociales por hacer de la radio y la televisión un servicio público que contribuya con la nación para hacer realidad la democracia para la justicia y la libertad. Tiene la finalidad de hacer que un sector tan poderoso no sólo se fortalezca en términos de competencia económica, como lo es el sector de las telecomunicaciones, sino que también se convierta en aliada de la educación, la cultura y el desarrollo social de México. La presente iniciativa es la obra colectiva de reforma legislativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión más completa que se haya presentado hasta ahora en el Congreso de la Unión y su aprobación en esta Cámara o en el Senado sería un paso determinante para consolidar nuestra democracia y generar una auténtica sociedad del conocimiento. Los grandes medios de comunicación han permanecido acaparados por un puñado de concesionarios. El privilegio de difundir por radio y televisión ha estado supeditado al capricho o la conveniencia del poder político. Los contenidos en muchos de esos medios han estado definidos por el afán de lucro y no por la responsabilidad social. La incapacidad para entender la diversidad ha llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propicie la competencia, especialmente en la televisión abierta. La acumulación de muchos recursos comunicacionales en pocas manos reforzó el poder que de por sí confiere siempre el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión, y esa capacidad de influencia convirtió a las principales empresas comunicacionales en un poder, que en ocasiones se ha colocado al margen del Estado y ha querido sobresalir por encima de las instituciones legales. Ese afán acaparador de los principales consorcios comunicacionales les permitió, incluso, promover y lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían. Aquellos excesos sumados a los que han cometido cuando han tratando de subordinar a sus designios, a segmentos importantes de la clase política mexicana, han encontrado resistencias y respuestas muy importantes. La acción de inconstitucionalidad promovida por casi medio centenar de senadores en 2006, que permitió que un año después la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara los puntos más relevantes de aquellas modificaciones legales. Esa histórica decisión de la Corte, contribuyó a crear un contexto propicio a la reforma constitucional en materia electoral, que en septiembre pasado aprobó el Congreso de la Unión y la cual, a pesar del tosco rechazo que le opusieron algunos concesionarios de televisión y radio, fue impulsada por los partidos políticos más importantes. La consecuencia necesaria de tales decisiones es ahora la instauración de una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión, y esta nueva legislación tendrá que propiciar una modificación decisiva en beneficio de la pluralidad y la democracia en México. Esta legislación no busca privilegiar de manera indebida a ningún sector u operador de las telecomunicaciones o la radiodifusión; tampoco busca perjudicar específicamente a nadie. Pretende, sí, establecer un equilibro justo entre intereses comerciales e intereses sociales. Como bien lo señala la Asociación Mexicana de Derecho a la Información ?el principal organismo ciudadano que contribuyó con su expertise a la confección de este proyecto?, el avance tecnológico de los años recientes ha propiciado la existencia de nuevos y cada vez más difundidos recursos para almacenar, propagar y reproducir cantidades de información crecientemente cuantiosas; sin embargo, el desarrollo en nuestro país de esos recursos ha sido limitado y desigual, no han existido políticas públicas suficientemente amplias y capaces de proporcionar a la mayoría de los mexicanos acceso franco, constante y de calidad, lo mismo a tecnologías interactivas como Internet y la telefonía, que a medios de difusión como la televisión y la radio. La brecha digital se ha añadido a otros factores de escisión social que ya padecíamos. Los proyectos estatales para utilizar Internet se han limitado a promover la administración y la gestión electrónicas, pero no han propiciado el aprovechamiento de tales recursos por parte de los ciudadanos. La principal búsqueda de este proyecto es la equidad, la participación ciudadana, la construcción del conocimiento y la solidificación de la cultura cívica de todos los mexicanos. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en la Gaceta Parlamentaria se encuentra publicado el proyecto completo de iniciativa de nueva ley. Están ahí las razones, los motivos y las consideraciones, las principales medidas de esta iniciativa. Entrego, señor presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 176 firmas de diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Convergencia y del Partido de la Revolución Democrática. Por su atención, muchas gracias.