La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón: Reserva a los artículos 76 y cuarto transitorio del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Desde su creación, el INEGI incumple de forma sistemática y continúa con la legislación laboral vigente, a pesar de haberse encargado de la compilación de información estadística imprescindible para las decisiones políticas de la mayor importancia para la nación. Quienes realizan esta tarea viven la falta más absoluta de derechos y garantías que nuestra Constitución y las leyes prevén para el resto de los trabajadores y las trabajadoras de la nación. Una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras del instituto con 30 o más años de antigüedad no tienen el reconocimiento de sus derechos y mediante figuras de simulación se les contrata como trabajadores eventuales o por honorarios, pese a que desarrollan un trabajo permanente a favor de la institución. Según la información disponible, de 30 mil trabajadores contratados por el INEGI, sólo 5 mil son de base o confianza, el resto son eventuales. Éstos no tienen estabilidad en el empleo ni gozan de diversas prestaciones o ven reducido su acceso a la seguridad. De hecho, esta figura ha provocado cientos de demandas contra el instituto; en muchos casos al ganar los juicios los demandantes son presionados para aceptar liquidaciones fraudulentas. De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, el instituto ha desviado fondos por 800 millones de pesos a programas de retiro voluntario, liquidación de trabajadores o convenios a cambios de juicios laborales. La impunidad laboral se ha extendido a la represión contra los trabajadores que han demandado el cumplimiento de sus derechos. En Jalisco están bajo proceso judicial 9 personas por manifestarse ante instalaciones del INEGI. Lo mismo sucede con 2 trabajadores en Hidalgo y 2 en Coahuila, y en Guerrero 4 ex trabajadores fueron encarcelados durante una semana por sostener un plantón en Chilpancingo; otros 24 que participaron del mismo, cargan con órdenes de aprehensión, todo esto tan sólo en 2007. El director jurídico de INEGI ha llegado al grado de advertir a los quejosos, que: o aceptan las miserables propuestas de liquidación que les ofrecen o empezarían con las detenciones "a ver si desde la cárcel lo piensan mejor" —ha dicho el director. El dictamen que está sometido a votación hace caso omiso de la realidad de estos trabajadores. Sólo remite a continuar con un sistema de impunidad laboral sin mandatar al instituto a regularizar las condiciones y relaciones de trabajo. Irregularidades que incluyen un adeudo histórico con el ISSSTE; el que a raíz de su nueva ley puede llevar a que se les nieguen los servicios médicos a quienes sí cuentan con seguridad social, por el hecho de no tener al día el pago de sus obligaciones. Propongo, en consecuencia, que en la ley se establezcan mecanismos para que el instituto cumplan con sus obligaciones hacia sus trabajadores y trabajadoras, y dejar atrás este negro capítulo en la larga historia de impunidad que sufren las trabajadoras y los trabajadores del país. Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea la siguiente reserva a los artículos 76 y cuarto transitorio del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para quedar como sigue: Las relaciones laborales de los trabajadores del instituto, así como de toda persona que preste servicios personales remunerados, se sujetará a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Transitorio cuarto. En el lapso no mayor de 90 días, a partir de la vigencia del presente decreto, el instituto regularizará la situación laboral de todos sus trabajadores, a fin de cumplir íntegramente con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentario del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las condiciones generales de trabajo, vigentes, así como los derechos adquiridos en el desempeño de sus labores. Es cuanto, señora Presidenta.