La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. El presente punto de acuerdo es coincidente con el presentado el pasado 4 de octubre en esta misma tribuna en la exigencia al gobierno federal de brindar toda la información relacionada con el operativo Rápido y furioso en nuestro país, por lo que sigue siendo un reclamo social que lamentablemente no ha sido escuchado por el Ejecutivo federal. El fin de semana pasado escuchamos cómo el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR declaraba que han solicitado información a las autoridades estadounidenses sobre este operativo, afirmando que no les han mandado nada porque en ese país continúan las investigaciones que ha dado como resultado 14 funcionarios federales destituidos y sancionados y que el procurador general estuviera a punto de ser sometido a juicio político. Efectivamente, las investigaciones siguen en Estados Unidos y como parte de los resultados de éstas sabemos que un promedio de 2 mil armas se introdujeron a territorio nacional para armar a los cárteles de la droga, la operación para ingresarlas, la ruta que algunas de ellas siguieron, los funcionarios que participaron y ahora más recientemente en qué casos se están usando como la lamentable masacre de Salvárcar que costó la vida a 16 personas. También sabemos que le perdieron el rastro a unas mil 400 armas; que al menos 200 mexicanos han muerto a causa de ellas y que sólo han logrado decomisar 710, entre ellas apenas dos rifles AK-47. Sin embargo por parte de nuestro gobierno no sabemos nada; ninguna información que nos permita saber la verdad de ese operativo y sus alcances. El 4 de octubre una diputada del PAN se acercó a esta tribuna para entregarme una carpeta con supuesta información relacionada con este operativo, lo cual sin lugar a dudas resultaba un despropósito pues la información que como mexicanas y como mexicanos merecemos, no está contenida en una carpeta engargolada. La información que requerimos se compone de informes, explicaciones, detalles, investigaciones y sanciones ofrecidas de cara a la ciudadanía y de frente a la sociedad, en donde instancias como la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública asuman su responsabilidad clara y expresamente. El presumible combate a la delincuencia no existe. El presidente Calderón como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y jefe de los distintos funcionarios que integran su gabinete, ha sabido y sabe que la lucha y los más de 50 mil muertos que existen, se deben al fracaso del operativo Rápido y furioso y no al combate del narcotráfico ni a la guerra entre ellos. Es decir, se trata de recuperar el armamento que ingresó no a oscuras como se pretende establecer, sino al grave problema que le está causando a los mexicanos por las múltiples muertes e inseguridad. El efecto del operativo Rápido y furioso se desarrolló entre mediados de 2009 y 2010, permitiendo el ingreso de estas armas, más de 2 mil 500, violando, como ya se dijo aquí en la tribuna, flagrantemente nuestra soberanía nacional y el acuerdo denominado Iniciativa Mérida, cuya intención era combatir a la delincuencia y no darle armas para que se defendiera en el combate. Por lo tanto nosotros proponemos y seguimos insistiendo en enarbolar este punto de acuerdo pero lamentablemente parece que tendremos que rebautizar el operativo de Rápido y furioso a lento y calmoso, pues es la forma en la que están actuando nuestras autoridades. Es cuanto, diputado presidente.