La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Diputadas y diputados, entre las riquezas naturales y las bondades que existen en nuestro país en el rubro pesquero, México es uno de los países con más kilómetros de costa en el mundo. Nuestros mares mexicanos representan 1.3 veces el territorio continental en el que se destaca la importante actividad pesquera en términos de generación de empleos y desarrollo de comunidades costeras que abonan al desarrollo económico. De acuerdo a cifras oficiales, más de 300 mil familias dependen directamente de esta actividad, y más de 2 millones de mexicanos dependen de manera indirecta. Nuestro país es uno de los principales productores de pescados y mariscos a nivel mundial, pues cuenta con una producción anual de aproximadamente un millón 753 mil toneladas que lo coloca en el lugar número 17 a nivel global. Sin embargo, a pesar de la importancia que representa la actividad pesquera, como hemos señalado en distintos foros, los pescadores ribereños se enfrentan a diversas problemáticas, particularmente por las condiciones de desigualdad en las que se desarrolla su actividad, cuya desigualdad de oportunidades deriva en un nulo desarrollo económico. Por otra parte, a pesar de que existimos en un nuevo gobierno de la cuarta transformación, cuya prioridad es atender las demandas de los sectores olvidados por las administraciones anteriores, a la fecha aún los pequeños pescadores continúan enfrentándose a trámites burocráticos que dificultan la entrega de permisos o renovación de los mismos, esto a pesar de que las temporadas de pesca no se detienen ante ningún trámite administrativo, situación que pareciera no alcanzan a comprender los funcionarios responsables del sector, sobre todo, Inapesca y la directora de Vida Silvestre, en Semarnat. Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la obligación de agilizar la tramitación y resolución de las peticiones en las que se solicita un permiso o la renovación del mismo por parte de los pescadores ribereños, debe integrarse en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable de la Secretaría de la Seder, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. El propósito de esta iniciativa es claro, que los pescadores cuenten con la posibilidad de desempeñar sus labores dentro del marco de la ley y, en su caso, complementar los documentos faltantes, sin que esto signifique detener su actividad productiva, siendo que esta representa el sustento de sus familias. En el PES estamos comprometidos con el sector pesquero, por eso sostenemos que es necesario integrar en la ley la obligación de la Secretaría, de eficientar los tiempos de respuesta y de resolución de solicitudes, a efecto de que los pescadores estén en condiciones de realizar su actividad dentro de la legalidad y en los plazos habilitados para llevarla a cabo. En la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable se establece, en sus artículos 50 y 51, que en todos los casos de concesiones y permisos y, en su caso, en el de fallecimiento el titular de la concesión del permiso, la Secretaría dará preferencia para la sustitución a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso de conformidad con las disposiciones legales aplicables. El compromiso de Encuentro Social es hacer lo socialmente correcto, por ello, impulsamos las medidas y modificaciones a la legislación, en materia de pesca, que conciben una perspectiva enfocada a garantizar los derechos sociales, así como promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades pesqueras, en especial de la pesca ribereña. Nuestro respaldo al sector debe de ser acorde a la cuarta transformación y tendiente a generar las condiciones necesarias para su desarrollo, y este debe de ser desde el reconocimiento del rezago y la desatención institucional. Es inconcebible que a pesar de los postulados que inspiraron un cambio de régimen, de los postulados que inspiraron este cambio de régimen, haya quienes desde una visión reeleccionista pretendan criminalizar la actividad pesquera, sin reparar en que los principales afectados serán los pescadores ribereños. Pretender criminalizar esta actividad contribuye a la deuda histórica del Estado para con el sector, mientras no se reconozca que las políticas públicas con las que se ha venido impulsando este sector, los únicos que han sido beneficiados son los acaparadores y las mafias enquistadas tanto en el sector público como en el sector privado. Por lo tanto, no podemos reformar el Código Penal Federal o la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para castigar la pesca furtiva, cuando la realidad en el sector pesquero es la falta de un programa integral que beneficie al pescador ribereño y lo coloque en situación de competitividad frente a las condiciones adversas en las que actualmente se encuentra. Es cuanto, diputado presidente.