EL DIP. TEOFILO MANUEL GARCIA CORPUS: Señoras diputadas y señores diputados: Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia y Derechos Humanos, por mi conducto presentan la fundamentación del dictamen del proyecto de decreto que adiciona un Tercer Párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, bajo las siguientes consideraciones: En sesión celebrada el 7 de octubre del 2003, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, la minuta de referencia. Durante los trabajos de análisis y estudio del proyecto se recibieron las opiniones y propuestas de diversos legisladores federales, se consultó a especialistas de la materia y funcionarios del sector, con base en las cuales se conformó el dictamen de las Comisiones. El proyecto de decreto argumenta la necesidad de evitar que por causas injustificadas, las personas que han sido designadas para ejercer el cargo de Magistrados Agrarios y lo han hecho por el periodo que establece la ley, sean desplazadas de esa función sin un dictamen de evaluación de su desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional en la materia, que funde y motive la decisión de ratificarlo en tal ejercicio o la negativa para ello. El dictamen que presentamos propone adicionar un Tercer Párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a efecto de establecer un mecanismo para la ratificación de los magistrados señalando que antes del término de su periodo en el cargo, deberán ser incluidos en la lista propuesta por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, en su caso. Cabe señalar que el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios ya establece la posibilidad de ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario. De acuerdo al artículo vigente, el Ejecutivo puede o no considerar a los magistrados en funciones, es éste, hasta ahora, un acto discrecional. Con la propuesta se elimina esta discrecionalidad y se establece la obligatoriedad para el Ejecutivo de incluir en el proceso de selección a los magistrados en funciones próximos a concluir su encargo, excepto los casos en que a su juicio no proceda la propuesta de inclusión, los cuales deberá fundar y motivar en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien. La adición para asegurar la propuesta de ratificación de los magistrados sin duda fortalece el principio de profesionalización de la función jurisdiccional en materia agraria, la carrera judicial y la autonomía del Tribunal Superior Agrario, además una consecuencia fundamental, relevante del proyecto de decreto en comento, la constituye el hecho de que, tratándose de servidores públicos encargados de la función jurisdiccional en materia agraria, se fortalece el supremo principio constitucional de división de poderes, al restar intervención al Ejecutivo Federal en la conformación del Órgano Superior de Justicia Agraria y a través de ello, en la función jurisdiccional propia del Poder Judicial. Con esto, se contribuye a perfeccionar la estructura fundamental y el orden jurídico de nuestra República. Sin embargo, los legisladores que integramos la Comisión de Reforma Agraria, sabemos y estamos conscientes de que esto es sólo un punto, una pequeña contribución que con esto no se resuelve ni mucho menos lo que está pendiente de resolverse en materia legislativa agraria. El problema de fondo estructural, consiste en que a doce años de la reforma legislativa en materia agraria, que significó la modificación al artículo 27 constitucional y la creación de la Ley Agraria y de los Tribunales Agrarios, no se ha logrado su objetivo, más bien se han empeorado las condiciones en que viven los campesinos. El campo mexicano vive hoy en peores condiciones de pobreza, se encuentra empantanado, sin desarrollo productivo ni crecimiento económico, lo que ha impedido la autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentaria, que deben alcanzarse para reinsertar la participación del sector en el desarrollo económico del país y con ello, permitir el acceso de los campesinos a superiores estándares de vida y bienestar. Por ello, en la Comisión de Reforma Agraria nos hemos propuesto realizar un diagnóstico certero del impacto de las reformas del 92 a la legislación agraria, así como de la situación actual del campo y las perspectivas de su desarrollo, con objeto de impulsar una reforma profunda e integral al marco jurídico vigente, con lo que además se pretende dar cumplimiento al reclamo de los campesinos, plasmados en el Acuerdo Nacional para el Campo. Obviamente, al plasmarse esta iniciativa de ley, la Reforma Integral habrá que retomar a profundidad la situación integral del sector y dentro de ésta, plantear modificaciones de fondo al Sistema de Justicia Agraria, respecto de las cuales la reforma de hoy, aunque represente un avance, resultaría insuficiente. Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia y Derechos Humanos, proponemos a consideración de esta soberanía, el proyecto de decreto que nos ocupa, solicitando su aprobación, pero invitando a los legisladores de la LIX Legislatura, a trabajar en la revisión integral y de fondo, al marco jurídico de este sector, que sigue siendo origen y esencia de nuestra historia, se encuentra abandonado a su suerte. Es cuanto, señor Presidente.