El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con el permiso de la Mesa Directiva, de las compañeras y compañeros diputados presentes en esta sesión. Nosotros partimos, para la presentación de esta iniciativa, de un hecho que nos parece que no se puede controvertir. El sistema de justicia en México vive la paradoja de la impunidad: el culpable sale libre, mientras el inocente paga. De acuerdo con el investigador Guillermo Zepeda Lecuona, el nivel de impunidad en México es del 98.8 por ciento y cada día 95 mil presuntos inocentes viven en las cárceles como culpables. Una encuesta coordinada por Elena Azaola y Catalina Pérez-Correa, en los Centros Federales de Readaptación Social, en 2012, arrojó que sólo el 59 por ciento de quienes se encuentran en la cárcel por un delito del fuero común han recibido una sentencia condenatoria; 4 de cada 10 personas que están en las prisiones de este país no tiene sentencia. En tanto que, en el ámbito federal, sólo un 53.3 por ciento guarda una calidad de procesado, lo cual implica que en 2012 más de la mitad se encontraban en la cárcel sin recibir una sentencia condenatoria; 40 y 50 por ciento en los diferentes sistemas penitenciarios de México, de las personas que están en la cárcel no tienen una sentencia. El doctor José Buendía dice que si el crimen rebasa la autoridad en las calles de algunas ciudades del país, la prisión es el último reducto del monopolio del Estado, por lo que perder el control de las cárceles evidencia un Estado incapaz de mantener la seguridad y la paz para su gente. La autoridad no ha logrado controlar ni sobreponerse a la voluntad de los presos. Según el diagnóstico Situación y desafíos del sistema penitenciario de México evalúa, en 65 de los 101 centros visitados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encontró autogobierno o cogobierno entre recluidos y autoridades. Frecuentemente, en lugar de servir como centros de reinserción, estos funcionan como núcleos de formación para criminales donde se unen a bandas delictivas, incrementando la inseguridad. La situación actual del sistema penitenciario mexicano es deplorable, los presos viven en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que violan sus derechos fundamentales. El mismo informe antes citado de México evalúa señala que nuestro sistema carcelario está colapsado, se encuentra entre un 250 o hasta un 305 por ciento de su capacidad. En una celda para 6 personas en realidad viven entre 14 y 20 personas. Una de las tantas causas que pueden explicar la sobrepoblación en nuestro sistema carcelario son las sanciones que ejecutan los jueces. El 97 por ciento de las penas en México se sanciona con la cárcel, dejando fuera los distintos mecanismos alternativos a la prisión. Los diputados de Movimiento Ciudadano hemos asumido el deber de hacer escuchar la voz de aquellas personas que aun siendo privadas de su libertad piden ser tratados con justicia y dignidad. La presente iniciativa busca incidir en uno de los problemas centrales del sistema penitenciario, el de la sobrepoblación en los penales y la criminalización de la pobreza. México evalúa señala el uso y el abuso de la prisión preventiva es una de las principales causas de la sobrepoblación. El 46.7 por ciento de la población carcelaria guarda esta condición. La prisión preventiva es la privación de la libertad antes de que exista una sentencia condenatoria. Esta institución del derecho procesal penal dice, Asencio Mellado, ha sido calificada, incluso, de inmoral, porque supone una privación de libertad que recae sobre la persona aun no declarada culpable, que la cumple en definitiva una persona jurídicamente inocente. Sin embargo, su uso no puede ser, como lo es actualmente, regla general. El artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de que México forma parte señala]: la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales, y en su caso, para la ejecución del fallo. Debemos entender que la encarcelación masiva no es la solución. Un sistema penitenciario sobrepoblado es incapaz de hacer programas eficientes para la reinserción de los ciudadanos a la sociedad como sujetos productivos. Por ello, proponemos eliminar la prisión preventiva de oficio, así como los delitos inexcarcelables que contravienen el principio de presunción de inocencia, así como lo dispuesto en el derecho internacional, en el ámbito de los derechos humanos. Deben de ser los jueces quienes soliciten la sanción preventiva a partir de la evaluación de cada caso, tomando en cuenta el riesgo fundado de fuga, interferencia en la investigación o el riesgo para la víctima o la sociedad y no en función del delito imputado. Un país en el que la mitad de sus presos están en la cárcel sin saber si son inocentes o culpables es un país en el que reina la impunidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.