El senador Rogelio Rueda Sánchez: Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, traigo una iniciativa que presento y que espero en su oportunidad sea dictaminada favorablemente y aprobada por ambas cámaras, para modificar una parte de la legislación ambiental, en la que creo que en los fines todos coincidimos. Queremos la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales como un medio para la preservación de la especie humana, del mejor entorno para el desarrollo del ser humano. Por eso tenemos como un elemento central del concepto de desarrollo la sustentabilidad. El propio Constituyente Permanente en el año de 99 califica el desarrollo que debe ser regido por el Estado, la rectoría del desarrollo nacional prevista en el artículo 25 es calificada como un desarrollo que debe ser no sólo integral, sino sustentable. Por supuesto, resulta entonces que desarrollo y sustentabilidad no son incompatibles, sino que deben ser consustanciales. La sustentabilidad califica al desarrollo, pero no lo excluye ni lo hace nugatorio. Por ello, el desarrollo nacional implica la necesidad de proyectos en ocasiones de gran magnitud, de un impacto en el crecimiento y el empleo, que es también otra de las instrucciones de la constitución al Estado para conducir el desarrollo. Este tipo de proyectos tiene siempre retos importantes en materia de planeación, de financiamiento, tiene complejidad técnica y desafíos tecnológicos. La conjunción de todos estos elementos es la obligación del Estado a través del gobierno. Por eso es importante que estos proyectos, cuando resultan de evidente beneficio público para el desarrollo regional o nacional, tengan el marco jurídico adecuado para poderse llevar a cabo de manera ágil, oportuna, cuidando el medio ambiente, pero privilegiando también el desarrollo y la generación de empleos. En este caso específico estoy planteando la modificación a un artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a otro de la Ley General de Vida Silvestre, que implica un reconocimiento de que vale la pena matizar, de que vale la pena corregir, en su caso, la forma como hemos ido conduciendo el marco jurídico, porque coincidiendo en el objetivo de proteger el medio ambiente, hemos, sin embargo, imposibilitado en buena medida la ejecución de proyectos importantes para el desarrollo regional y nacional. La atención al medio ambiente, en este caso no quedaría descuidada sino obligaría, por supuesto, a quien realice las obras y actividades, a informar con antelación a la Secretaría del Medio Ambiente de las características de las mismas, los tiempos en que pretendan llevarse a cabo, su probable impacto en el medio ambiente, así como las acciones de compensación y de mitigación a las que se comprometa. La Secretaría tendría 60 días para establecer su idoneidad o incluso ordenar su adecuación. Por eso, estamos planteando que eso sólo fuera posible cuando las obras y actividades sean de utilidad pública manifiesta, en cuanto su contribución al desarrollo regional e incluso nacional. La importancia de que las obras y actividades referidas tengan una utilidad pública evidente, radica en que ésta presupone que los beneficios colectivos ciertos, de naturaleza regional e incluso nacional, son valorados como superiores a las probables afectaciones al manglar que, en todo caso, por supuesto deben ser compensadas y mitigadas. En esto consiste esta modificación que, siendo breve en su contenido específico, tendría un impacto amplio en la posibilidad de ejecución de proyectos de infraestructura, especialmente de importancia regional y nacional. El marco jurídico actual realmente es sumamente limitativo en el caso de un servidor, que representa al estado de Colima en el Senado de la República. Tenemos el caso del puerto de Manzanillo, que ha visto sumamente limitada la posibilidad de crecimiento, precisamente por este marco jurídico tan restrictivo. Estamos planteando que la posibilidad exista cuando sea ?decíamos y lo repito? evidente el beneficio para el desarrollo regional, nacional y, por supuesto, que se compense, se mitigue e incluso pueda ampliarse el mejoramiento del medio ambiente. Tenemos ?sólo lo planteo como ejemplo? el caso de una laguna con cientos de hectáreas que está muriendo, que está en malas condiciones y que no se tienen los recursos para ejecutar las acciones que la rescaten. Tener en una parte de esa laguna infraestructura portuaria permitiría generar las condiciones que la recuperasen, que la reviviesen y que, en todo caso, incluso mejorasen el medio ambiente, el entorno de esa región. Y que al propio tiempo generasen muchos más empleos para nuestra región y para nuestro país. Por eso creo que es importante que podamos tener el dictamen y, en su oportunidad, contar con el apoyo de los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Si bien sería una acción más que podría servir a la coyuntura económica, a las dificultades y a la necesidad de invertir en infraestructura, que es uno de los objetivos que compartimos del paquete apenas ayer presentado, vale la pena dejar claro que es una decisión que el Congreso puede tomar y que no sólo es útil en esta coyuntura, sino en las próximas décadas. Porque el país seguirá requiriendo infraestructura, proyectos de desarrollo regional y nacional que puedan tener condiciones de ser ejecutados y no limitados o impedidos, como el marco jurídico actual nos lo presenta. Por su apoyo, muchas gracias.