El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas y ciudadanos legisladores, se consulta a la asamblea un proyecto que sería, de ser aprobado, el número 16 de reforma constitucional de la presente legislatura en la Cámara de Diputados. Cuando llegamos el primero de septiembre del año pasado a esta Cámara todos, sin excepción sabíamos que se iban a rebajar los sueldos de los jefes en la administración pública federal y en todo el país. Todos lo sabíamos, nadie se sorprendió. El litigio desde entonces no ha sido tal o cual artículo de la ley reglamentaria y hoy tampoco es tal o cual frase de este proyecto de reforma constitucional. El litigio principal es la aplicación de un mandato popular del primero de julio de 2018, porque la gente sabía que se iban a rebajar los sueldos de la llamada burocracia dorada. ¿En función de qué o por qué se llegó a esta decisión? Porque durante muchos años, todos los años, se lo subían. Ya los de la Corte andaban a niveles estratosféricos, ellos decidían. He escuchado aquí a un diputado Aguilar, que dice que el presidente se autoasigna. Miren, aquí los únicos que se autoasignan la dieta somos los diputados. Nosotros nos autoasignamos la dieta por disposición constitucional. No podemos no. Y claro, el artículo 75, que es de vieja redacción, le da, no al Congreso sino solo a la Cámara, la facultad de fijar las remuneraciones, y si acaso esta Cámara no fija alguna de las que debe fijar, se aplica de todas maneras la decisión de la Cámara del presupuesto del año anterior. No hay escapatoria, la Constitución en eso es rígida, dura. Pero hay personas que no se conmueven todavía por esa disposición constitucional básica, que es el artículo 75. Como llegamos aquí a bajar los sueldos, entre otras muchas cosas, lo hicimos. ¿Por qué 50 y algo por ciento menos que el anterior? Porque el anterior y el anterior del anterior y el anterior del anterior del anterior, se habían dedicado a mandar a la Cámara presupuestos con sueldos subidos. Llegó un momento en que el producto interno bruto per cápita del país estaba bajando, y los sueldos de la burocracia dorada estaban subiendo. Entonces, ¿quieren un estudio técnico? Es ese. ¿Para qué queremos más técnica, si tenemos la lista completa de las subidas y, por lo tanto, la decisión de cuánto bajarla? Bueno. La Corte dice que la Ley de Remuneraciones no es que esté mal, sino que le faltan cosas. Hay una sentencia, hay una condena contra el Congreso que nos obliga a reformar la ley para establecer los parámetros, a través de los cuales la Cámara tiene que decidir lo que tiene que decidir, es decir, lo que dice la Constitución. Pero hay propuestas que quieren llevar a la Constitución sin reformar el 75, sino solo el 127, la creación de un organismo dentro de la Auditoría Superior –esta la ha presentado el Partido Revolucionario Institucional–, integrado por el auditor y por un representante de cada poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y un representante de cada órgano autónomo, para que ellos fijen las remuneraciones y los tabuladores. No, esta es una facultad histórica de la Cámara y nosotros queremos aquí ser muy enfáticos. La mayoría de esta soberanía defenderá la facultad constitucional histórica que tiene la Cámara de Diputados para fijar las remuneraciones de los servidores públicos federales y de ahí no nos vamos a mover, ¿eh? Y tampoco nos vamos a mover en otra cosa, que ustedes lo entienden después de haberle bajado el sueldo a los secretarios de Estado, al presidente y a otros más y aprovechamos para subirle a los enlaces, esto lo hicimos para este año y lo vamos a volver a hacer para el próximo, aunque ya no vamos a seguir bajando. Ya no le vamos a subir el sueldo al presidente de la República más que lo indique la inflación, nada más. Le vamos a dar trato ahora sí que de iguales. No nos pueden acusar de que el presidente se está imponiendo un sueldo a sí mismo. Se aplica el deflactor, esa es la variación. Así viene en el anteproyecto de Presupuesto. No podemos subirle al presidente, porque entonces haríamos todo lo que estuvimos criticando durante sexenios y sexenios. Por favor, consideren las cosas. No es necedad de ningún tipo, se llama congruencia. El diputado Lixa propone que este decreto nos obligue a lo que estamos obligados, que es cumplir la condena de la Corte. Pues sí, estamos de acuerdo, Lixa. Nunca hemos dicho que no vamos a cumplir la condena y a escribir en la ley los parámetros que nos piden. Lo haremos. Ahora, no sabemos qué clase de parámetros quieran, porque si quieren que determinemos los sueldos de acuerdo como lo hace el gobierno de Singapur, donde no hay democracia sino tecnocracia, pues no vamos a poder hacer eso. Nos piden, dice, nos piden que acabemos con la autodecisión presidencia. De acuerdo. Les hemos propuesto, ¿por qué no ponemos máximos a las remuneraciones? Que las remuneraciones no pueden variar más que de una determinada manera. Que las remuneraciones no pueden ser superiores a lo que dijo aquí Aguilar, que yo mencioné ayer en la comisión, algunos parámetros, producto interno bruto per cápita, pues ya estamos. ¿Saben cuántas veces el producto interno bruto per cápita tenían los anteriores gobernantes del país? Veinticuatro veces. ¿En qué andamos en este momento? En 8.9. Pero, lo que queremos, sobre todo, es que el producto interno bruto per cápita suba. Eso es algo más importante, pero vean la diferencia entre el último año y el ingreso de la cuarta transformación. De 24 pasamos a 8.5 de un golpe. Este es el parámetro que se usó. ¿Quieren otro? El que quieran. Hay 10 parámetros, vamos a ponerlos en la ley, los vamos a orquestar. Yo les ofrezco, ciudadanos de la oposición, yo les ofrezco que empecemos mañana mismo si quieren, a hablar de la reforma legal, no solo para cumplir la condena de la Corte, sino para mejorar nuestra propia ley, para avanzar en el cumplimiento de la facultad que nos da la Constitución, señalando unos parámetros que impidan que mañana lleguen otros gobernantes y se empiecen a subir otra vez el sueldo, como lo hicieron los anteriores. Estamos de acuerdo en eso. Yo les ofrezco esto. La mayoría les ofrece una reforma legal que satisfaga plenamente esta cuestión y establezca los parámetros. ¿Qué es lo que nos está pidiendo la Corte? No nos está pidiendo crear instituciones paralelas a la Cámara. Entonces no recomendaría yo que hiciéramos un coctel de modelos internacionales, ¿saben por qué?, porque no los hay. Nada más nos vamos a estar torturando. No hay modelos, hay gente que estudia países y nos da una lista de las cosas más disímbolas, diferentes, nada. En Estados Unidos, cinco o seis veces en su historia le han modificado el sueldo al presidente de la república. Y es una ley del Congreso, dice: El presidente deberá ganar tantos millones al año. Punto, ya, se acabó. ¿Por qué? Porque el Congreso lo decidió. Ese es, digamos, el modelo que nosotros tenemos de alguna manera en la primera Constitución del país, 1824. Ahora, yo quisiera, al hacer este llamado en nombre de la mayoría, exhortarlos. La abstención –y les quiero decir esto a los del PAN–, la abstención en un trámite de reforma constitucional, es exactamente igual que votar en contra, no hay diferencia, porque de lo que se trata es de tener dos tercios y la abstención cuenta para el cálculo de los dos tercios. No votar, eso sí es una conducta a favor. En el sistema de reforma constitucional no hay escapatoria. Repito, la abstención es un voto en contra y la ausencia es un voto a favor, punto. Entonces no vamos a declarar, no podríamos declarar que alguien que se abstiene pues está a favor, pero no tanto. No. Pues está en contra. Además, pues es completamente válido. Pero por qué acudir al método de la abstención, mejor ser más sinceros y decirle a la prensa la verdad. Eso siempre es mejor. Ahora, estamos también de acuerdo en que nos comprometamos a proceder con los estudios técnicos. Hemos estado estudiando este asunto, seguramente ustedes ya también han visto algunos estudios y lo seguiremos haciendo. ¿Saben por qué? Porque los estudios, los más serios que hemos visto, nos dan la razón.