La diputada Martha Leticia Rivera Cisneros (PAN): Con su permiso, diputado Presidente. "En nuestro país la defensoría de oficio tiene su origen en la Constitución de 1917, haciendo hincapié en que existían anteriores normas al respecto. Lo que nos interesa es determinar el desarrollo en la práctica del defensor de oficio a partir y como ya lo mencionamos de la normatividad aplicada en 1917. "El Código Federal de Procedimientos Penales establece el servicio nacional de la defensa de oficio, que forma parte de la estructura orgánica del ministerio público, dependiente de la Procuraduría General, destinado a promover el derecho a la defensa gratuita para los casos que las leyes procesales lo determinen. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos la defensoría de oficio generalmente es para el inculpado y no para la víctima. Esta situación atenta contra el principio constitucional y del Estado de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso consagrado en nuestra Constitución en su artículo 20, párrafo primero. "Hablar de la justicia para los que menos tienen es hablar de las defensoría de oficio, instituciones de las que se conoce muy poco pero que sin embargo son un instrumento que el Estado utiliza, excepto en los consultorios particulares para coadyuvar en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional. En efecto, el acceso a la justicia y el ejercicio del derecho de defensa se ven duramente afectados por las siguientes barreras: "Costos de las notificaciones. "Honorarios del abogado. "El tiempo. "La diferencia del poder económico de los litigantes. "Poder adquisitivo de las víctimas del delito, etcétera. "Las víctimas del delito se manifestaron en la megamarcha del pasado 27 de junio, lo cual representó un acontecimiento histórico y simboliza un parteaguas del sistema político de representación democrática hacia nuevas opciones y este sector social expresó claramente la exigencia para que las autoridades demos el reconocimiento legal, la protección jurídica que requieren y que merecen los agraviados por el delito, así como un actuar inmediato y los resultados en la procuración e impartición de justicia. "En suma, hemos realizado los instrumentos con los que cuentan los ciudadanos de escasos recursos económicos para el ejercicio y defensa de sus derechos, mismos que se muestran insuficientes frente al aumento en la demanda de tutela jurídica de la población, además de concebir graves errores estructurales. "Debemos apuntar a que tanto el que tiene posibilidades económicas de recurrir a un patrocinio particular como el que no tiene, reciban servicios de calidad. "Motivada en los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo de la fracción I del Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Único.- Se adiciona la fracción V y se recorre la actual para quedar como fracción VI del artículo 20 constitucional, para quedar como sigue: "Inciso b) De la víctima o del ofendido. "Fracción V.- En caso de que las víctimas o el ofendido no cuenten con los recursos económicos para solventar los servicios de un abogado, el juez le designará por derecho un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de presentarse cuando le sea requerido. "Transitorios. "Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a siete de octubre del dos mil cuatro". Es todo diputado Presidente. (aplausos)