El diputado Bernardino Ramos Iturbide: Gracias por su benevolencia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputadas y diputados: acudo a esta tribuna para argumentar el voto particular del PRD en contra del dictamen que se presenta. Este decreto por el que se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos tiene como fin legitimar la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas de 2001, aquella que fue rechazada por los Congresos locales de los estados con importante población indígena y que uno de los aspectos sustanciales fue negar a los pueblos indígenas la autodeterminación y ser sujetos de derecho público para planear su desarrollo. Se adiciona la fracción III en el artículo 2 para agregar a las comunidades indígenas como centros de población, ampliando el universo de destinatarios de esta ley. La adición del artículo 4o. de la minuta que se dictamina considera de interés público los programas para mejorar las condiciones de las comunidades indígenas. ¿Podrían éstos pregunto, esos programas reconocerse de otra manera? ¿De interés particular acaso? Más aún, consideremos como un avance que se haga explícita esta obligación. Sin embargo, las decisiones quedan en manos de la autoridad constitucional correspondiente. La participación de los habitantes de estos centros de población es decir, los pueblos y las comunidades indígenas se reduce a la simple opinión. Dicen mis compañeras que me antecedieron que se incorporaran sus aportaciones; sin embargo, no señalan que efectivamente en el dictamen se señala el prefijo "en su caso". De esta manera, la opinión no tiene ningún carácter vinculatorio; bueno, así tenía que ser para poder ser congruentes con el artículo 2o. constitucional y éste simplemente niega a los pueblos indígenas el derecho a decidir. Se trata, compañeras y compañeros, de repetir la historia de subordinación y de tutela a que han sido sometidos estos mexicanos desde la Conquista española. Se pretende darles atole con el dedo. No sólo los Congresos locales aludidos rechazaron esa reforma constitucional: de parte de municipios y organizaciones indígenas se presentaron más de 300 controversias constitucionales; y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en un comunicado del 29 de abril de 2001, fundamentó su rechazo a la misma. Asimismo, las adiciones de los artículos 7o., 8o. y 9o. de la ley que nos ocupa insisten en la exclusión a las autoridades y representaciones indígenas para promover los programas de planeación y desarrollo, a través de la celebración de convenios y acuerdos que para tal fin podrán suscribir sólo las autoridades constitucionales correspondientes. Claro, incluir los pueblos indígenas en las decisiones de su propio destino contradice lo establecido en la reforma constitucional de 2001. Por eso el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es una condición del EZLN para reanudar el diálogo porque se traicionó lo firmado, porque simple y llanamente se ensalzan la historia y grandeza de nuestros antepasados como una cortina de humo para continuar el sometimiento, la discriminación y marginación de cerca de 13 millones de mexicanos. Compañeras y compañeros: aprobar este dictamen es ponernos de espaldas a los pueblos indígenas; es un pésimo mensaje de esta Cámara en la construcción de un México moderno, pluricultural, multiétnico y democrático. Hemos propuesto, desde la Comisión de Asuntos Indígenas y en la misma Cocopa, retomar el debate de fondo de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. Ésa es la llave que nos puede abrir la puerta del gran acuerdo con los pueblos indígenas y resolver el aún candente conflicto chiapaneco. Desde la perspectiva de los Acuerdos de San Andrés, el dictamen que nos ocupa iría en el sentido de la corresponsabilidad. Así, las comunidades integrantes de un pueblo indígena tendrían la facultad de coordinarse institucionalmente con la Federación, los estados y los municipios para diseñar y ejecutar planes y programas destinados al desarrollo de estos pueblos. Por nuestra parte, compañeros y compañeros diputadas, el grupo parlamentario del PRD votaremos contra este dictamen por no significar ningún avance para los pueblos indígenas y sí un retroceso para el diálogo y la paz digna en Chiapas.