El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, compañeras y compañeros diputados, en un Estado constitucional y democrático de derecho, todas las personas tienen que tener las mismas obligaciones y los mismos derechos. El debate es si queremos un Estado democrático de derecho o si se usa facciosamente el derecho como un instrumento de control político. Este Congreso tiene la obligación de garantizar el estado de derecho y que las leyes que emitan no tengan como finalidad limitar derechos a ciertas personas y otorgar privilegios a otras. De acuerdo a John Locke, padre del liberalismo, el fin que se propone al elegir y autorizar a los miembros de la Legislatura, es que se hagan leyes y normas que sean salvaguarda y barreras para así limitar el poder y moderar el dominio de cada miembro o parte de la sociedad, que pueda tener sobre los demás. Los derechos fundamentales son primordialmente derechos de defensa frente al Estado, así como barreras y directrices para la actuación estatal. Esta propuesta de fracción XIII del artículo 129 nos parece que es una restricción al derecho de ampararse y obtener la suspensión previsional de los particulares. Con esta propuesta se restringe a los concesionarios que tienen bajo su aprovechamiento o explotación bienes del dominio directo, referidos en el artículo 27 constitucional. Es decir, concesionarios de minas, del aire, del suelo y de las telecomunicaciones. En efecto, hay excesos que han cometido concesionarios, como las televisoras, que precisamente encumbraron al hoy presidente, sin embargo, debemos fortalecer las facultades regulatorias de las leyes y de los organismos como la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia, pero no podemos por la vía de la limitación de derechos, caer en un régimen totalitario y discrecional. La reforma no solamente está planteando limitar el derecho de los grandes concesionarios, sino que se afecta a mineros, ejidatarios, a quienes tienen pozos, a particulares agrarios. Con el espantapájaros de ir por las televisoras, se está afectando a miles de particulares que tienen el derecho a ser concesionarios de bienes de la nación. Están poniendo a todos en el mismo saco. Sin la suspensión provisional, el daño será irreparable en la mayoría de los casos y se desnaturaliza la función primaria del amparo, que es defender contra actos de autoridad. Esta disposición permitirá que se ahonden los abusos contra ejidatarios con la expropiación de sus tierras, pues cuando se enteren del procedimiento de amparo ya habrá sobreseído. Esto es parte de todo el andamiaje de esta reforma. Por eso coincidimos con lo que ha dicho el diputado Ricardo Monreal, y también desde otras partes del espectro ideológico de esta Cámara, como el diputado Ricardo Anaya, del PAN. Se podrá argumentar que el juez tiene la discrecionalidad de determinar si es interés público o interés social, pero volvemos a caer en esa discrecionalidad que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Por otro lado, en un artículo de esta reforma, que ya tenemos una reserva, el 192, se establece que el presidente de la república no podrá ser autoridad responsable o superior jerárquico, de esta manera cierran el círculo del autoritarismo, no a la suspensión provisional para particulares; y por otro lado, el presidente de la república no es autoridad responsable. Eso es un Estado totalitario. Esta reforma nos parece una reforma chavista, que no aceptamos y que la impulsa el PRI y que parece desdecirse de sus políticas de antes. Concluyo, presidente. No vamos a aceptar este big brother discrecional. No caemos tampoco en el garlito o en la trampa con el espantapájaros de las televisoras, de llevarnos entre los pies a miles de particulares que tienen derecho a ser concesionarios, a miles de ejidatarios y a miles de propietarios agrícolas. Concluyo, presidente. Debemos apostar a la progresidad de los derechos humanos, no a limitarlos. Construir una sociedad de libertades en el que el único límite sea la ley, no la discrecionalidad, no el autoritarismo, no las mercedes, no los privilegios. Por eso proponemos que se elimine esta fracción XIII, del artículo 129, del proyecto que discutimos.