El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Con su venia, señor presidente. Señores diputados, señoras diputadas, escuchamos de parte del señor García Luna un parte de guerra, no un informe de rendición de cuentas a la Cámara de Diputados. El señor García Luna nos hace saber con sus acciones y despliegues mediáticos que la seguridad pública consiste en la transmisión en vivo de espectáculos televisivos y en el empleo de la fuerza del Estado, hasta los dientes y con todo. La seguridad pública queda reducida a acciones de manipulación y simulación en los medios, como la última implementada con motivo del presunto secuestro del avión de Aeroméxico. Señor García Luna, no hay lógica de Estado. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, columna vertebral del gobierno de Calderón, constituye un gran fracaso. Los presuntos narcotraficantes que son presentados ante el Ministerio Público salen por la puerta que entran. El 80 por ciento de los que fueron aprehendidos entre el 2006 y febrero de 2009 ya están en libertad; y las 78.3 toneladas ?García Luna dice 90? de cocaína recogidas en lo que va del sexenio, no representan ni la mitad de los confiscado en toda la administración de Carlos Salinas de Gortari, con quien la cifra llegó a 243 toneladas. Sólo en la incautación de marihuana, droga barata, el gobierno de Calderón ha tenido éxitos. De acuerdo a información proporcionada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, para fines de este año se habrán denunciado mil 300 secuestros en todo el país. Esto significa 108 secuestros al mes, 3 al día y uno cada 8 horas, esto sin contar a los cientos de víctimas que no presentan denuncias, y sin mencionar los más de 10 mil centroamericanos secuestrados, vejados, violados, que pasan por nuestros territorio al ir a Estados Unidos. En Ciudad Juárez, de 38 secuestros denunciados en 2008, la cifra subió a 200 en lo que va de 2009. Se han incrementado en 65 por ciento las cifras de ejecuciones entre enero y julio de 2009, en comparación con el 2008. Para julio de este año había 4 mil un muertes violentas con motivo de la lucha contra el crimen organizado. El gobierno de Calderón tiene en su haber, al mes de julio de 2009, más de 12 mil muertes relacionadas con esta lucha. El consumo de drogas entre los mexicanos ha aumentado en varios puntos porcentuales en relación a 2002. Y existen en nuestro país más de 395 presos políticos o de conciencia. Ninguna de las bandas ha sido desmantelada totalmente. Todas permanecen en activo. Existen, además, acusaciones públicas de distintos sectores, muy duras, contra García Luna y su equipo por la presunta protección a algunas de las bandas, especialmente a la de los Beltrán Leyva y a los Zetas. Queremos conocer la verdad, ¿protege usted, señor García Luna, o ha protegido su equipo a alguno de estos grupos? ¿Por qué no existen resultados evidentes de éxito en esa lucha? Los centros penitenciarios de alta seguridad se colman de detenidos y los narcotraficantes continúan ejerciendo sus actividades, ¿tendrá fin esta guerra? ¿Cuántos muertos más se necesitan? ¿Por qué no se replantea la totalidad de la estrategia? ¿Qué opina usted de la legalización de las drogas? ¿No residirá la solución en otra parte? ¿En el crecimiento del empleo y en la garantía plena de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los habitantes del país? ¿Por qué esta guerra existe en México y no en Estados Unidos, cuyos habitantes son los principales consumidores de droga en el mundo? ¿No será que esta guerra se le ha ordenado al gobierno de Calderón, debido a su carencia de legitimidad democrática? ¿Por qué no se habla con la verdad? Calderón con usted se va a hundir. A pesar de los millonarios recursos que se destinan al crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos en su lucha son tan enormes que me temo que usted y Calderón terminarán siendo procesados en la Corte Penal Internacional. La impunidad no es para siempre, señor García Luna, y si las instancias nacionales son inoperantes, tal vez las internacionales no lo sean. La seguridad, a diferencia de lo que sostiene la posición gubernamental, tiene relación directa con cuestiones diferentes a la fuerza, como la legitimidad democrática de los gobernantes, como la existencia de una democracia no solamente representativa, sino también participativa y deliberativa, y con mecanismos adecuados de derechos humanos para garantizar, sobre todo, el empleo, la educación, la salud, la vivienda y la cultura en México. Sin estos elementos, sin educación, sin cultura, sin desarrollo económico, sin igualdad social, es mejor olvidarse de la seguridad. Señor García Luna, si usted concibe la seguridad pública como empleo exclusivo de la fuerza y el uso de la pura represión, sólo generamos más violencia social. Ése no es el camino de México. Según criterios internacionales, el uso de la fuerza debe ser de carácter excepcional y proporcional, requiere del respeto a la confidencialidad de datos personales, exige la prohibición de la tortura, exige proteger y garantizar la salud de los detenidos, prohíbe cualquier acto de corrupción, se deben reducir al mínimo los daños y lesiones, y se debe proteger la vida humana. Se debe notificar a los parientes y amigos íntimos cuando existan detenidos, y el uso de la fuerza es para fines absolutamente necesarios: en defensa de una persona, contra una agresión ilegítima o para detener a una persona, conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso, entre otros criterios internacionales. En México se hace todo lo contrario: la fuerza pública se blanda libremente y con total impunidad. Además, las fuerzas de seguridad pública deberían prevenir socialmente el delito. Esto significaría que la policía se integre a la comunidad, y en ella de manera activa y no pasiva; promueva cambios a su favor en el orden social, educativo, cultural, deportivo, de protección al medio ambiente, de fomento a los derechos humanos y de respeto a los principios democráticos. En México observamos lo contrario. La faceta y la concepción que tenemos los mexicanos de la seguridad es sólo fuerza, sin rostro humano o social, trato digno. Además, la seguridad pública en este país ha subordinado anticonstitucionalmente al Ministerio Público. Le recuerdo lo que dice el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y las policías, las cuales actuarán bajo conducción y mando del Ministerio Público". Lo anterior es en los hechos, en México, algo que no ocurre desde que usted se encuentra al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Se ha colocado por encima de los procuradores, de Medina Mora, primero, y ahora seguramente de Chávez Chávez. Quiere tener un procurador dócil en la Procuraduría General de la República. Termino señalando en esta intervención que usted, la dependencia a su cargo y en las dependencias donde ha estado, tienen el récord en el país de las acusaciones e imputaciones en contra de los servidores públicos. Voy a enumerar algunas de las muchas imputaciones. El asunto de Guillermo Vélez, que fue torturado antes de morir y cuyo asunto consta en el expediente 5092003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Herrera Valles, que fue despedido de la Policía Federal, hostigado y sometido a proceso penal por haber hecho acusaciones contra usted. No solamente ha sido hostigado Herrera Valles, sino otros miembros de su familia. El espionaje a Manuel Espino Barrientos y a otros destacados panistas. En donde usted le confesó a Espino, por escrito que se había hecho un reporte policiaco y se había abierto una averiguación previa. La averiguación previa que, por corrupción, tiene usted en la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción de la PGR, según datos del IFAI. El hostigamiento a su vecino Vidal Méndez, que lo ha cuestionado por su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Los vínculos no explicados con suficiencia entre Cárdenas Palomino ?hombre de sus confianzas? con Lorena González Hernández, involucrada en el secuestro del joven Fernando Martí; donde usted negó, en primera instancia, que Lorena González fuera servidora pública de la Secretaría de Seguridad Pública. El cúmulo de imputaciones es numeroso. Queremos su renuncia. Usted representa la peor parte del gobierno ilegítimo de Calderón. Muchas gracias a todos ustedes.