El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Una vez más esta Cámara de Diputados vuelve a pegarle una puñalada al pueblo de México. Se ve que ustedes no tienen contacto con el pueblo de México, nada más se la han de pasar aquí en las curules. La gente, el pueblo está esperando una medida que no está a la altura esta clase política de tomar, de parar este mal que en este país ha sido, por el control del priato jurásico y del prian, un mal que nos ha afectado centralmente en el propio desarrollo del país. Muchos presidentes mediocres, corruptos ha habido en este país, por nada más mencionar los últimos: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y el actual que se lleva medalla de oro, parece niño de pecho comparado a los anteriores en esta materia. Y hoy la Cámara de Diputados presenta la debilidad absoluta ante el Ejecutivo federal, traicionando al pueblo de México. Miren ustedes, en esta Cámara de Diputados, y es lo que en principio hay que decir, el PRI no tiene la voluntad política para conformar un verdadero sistema independiente, confiable y eficaz para erradicar un mal que ha corroído las estructuras del poder político, incluyendo a esta Cámara de Diputados. El PRI y sus aliados ahora ante los permanentes escándalos de la Presidencia de la República por la corrupción, por los conflictos de interés que tanto hemos ventilado, quieren salir con una engañifa hacia el pueblo de México, y aquí es lo primero que hay que decir, que el PRI, esa institución que el gobierno del deslenguado Fox no tuvo capacidad para atrapar a ningún pez gordo en ese sexenio, y ahora que entró en un proceso de extinción con el retorno del PRI, se estaba discutiendo ya un órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción como lo estableció el artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública del 2 de enero del 2003. Reforma constitucional aprobada por el Senado el 13 de diciembre de este año y que ratificó, en el artículo 113 de la Constitución, que el órgano responsable de combatir la corrupción era un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo se decía que el titular de dicho órgano sería nombrado por la Cámara de Senadores a propuesta de los grupos parlamentarios por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Y este proyecto de decreto del Senado, que le daba la autonomía al órgano encargado de combatir la corrupción y que creaba un sistema al que concurrirían las instancias de procuración de justicia, el organismo garante en materia de transparencia y acceso de información, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos equivalentes en las entidades federativas, ese proyecto fue vetado por el PRI en esta Cámara de Diputados. Y el proceso legislativo, lo vuelven a echar a andar sin que obviamente los mexicanos contaran ni contarán, con un entramado institucional que previniera y castigara los hechos de corrupción en las altas esferas del poder que han sido expuestos y puestos al desnudo. Ésa es la triste realidad que hoy tenemos. Y es en ese contexto que en la XLVIII reunión de la Conago Peña Nieto reclamó, dice él “no cabe hacer excepciones, no cabe nadar de a muertito, evadir la responsabilidad y dejar que el gobierno de la República sea el único que afronte su responsabilidad”. Y evidentemente, no vale nadar de a muertito frente a la corrupción que públicamente se ha denunciado no solo en contra de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray sino también contra gobernadores, presidentes municipales y empresarios que se han enriquecido por sus relaciones de amigos y compadres. De igual forma, el no nadar de a muertito se aplica a esta Cámara de Diputados, que a través de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva nadan de a muertito frente a la Comisión de Investigación de las empresas del grupo Higa y sus relaciones con las paraestatales. Diputados, no naden de a muertito frente a la corrupción que se conoce a través de los medios de comunicación, misma que se encubre por el propio titular del Poder a través de su secretario de la Función Pública. Corrupción que pretende ocultar a través de un falso discurso de su combate a través de un nuevo sistema anticorrupción, mismo que se encuentra acotado para erradicar la corrupción de la cual ustedes pueden ser cómplices por la simulación legislativa en su investigación y consecuente sanción a los responsables. Miren, este sistema que ustedes proponen con un Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos miembros de la Sala Superior –óigase bien– son designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado o en sus recesos por la Comisión Permanente, propuesta que acota los equilibrios que existe y que exige la falta de credibilidad y legitimidad de las instancias de gobierno en nuestro país. Los miembros de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal de Justicia Administrativa en su calidad de órgano judicial competente para imponer sanciones a funcionarios y particulares que incurran en corrupción son designados por el presidente. Tomando en cuenta el actual sistema de designación de ministros de la Suprema Corte, en la cual sus miembros son designados por el Senado, de la propuesta que en terna pone a su consideración el Ejecutivo federal, mismos que deben ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, quienes preferentemente deben haber desempeñado con eficiencia, capacidad de probidad en la impartición de justicia o que se hubiesen distinguido por su honorabilidad, como mandata la Constitución. Este mínimo de equilibrio entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en la integración de los miembros del máximo órgano jurisdiccional no se garantiza en la integración del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, convirtiendo la participación del Senado en una farsa similar a la presentada por Peña Nieto en la designación del titular de la Secretaría de la Función Pública y en el mandato de investigar el conflicto de intereses de los cuales él y el secretario de Hacienda se encuentran involucrados. Y como parte de este sistema ustedes dicen, otorgar a este Congreso otorgar la facultad para expedir la ley general que distribuya competencia entre los órganos de gobierno, para establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos y los particulares, pero ley cuyos alcances se limitan en el 116, fracción V, que determina que los tribunales de justicia administrativa de los estados para conocer y sancionar los daños y perjuicios a las haciendas estatales, municipales, quedan bajo la discrecionalidad política en el gobierno estatal para determinar la posible responsabilidad de servidores públicos locales y municipales y de particulares involucrados en actos de corrupción, propuesta acotada por el segundo transitorio que establece un año para la legislación contado a partir de la publicación del decreto. Y en el cuarto transitorio le dan hasta 180 días para que los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del DF expidan leyes y realicen las adecuaciones necesarias. Y en el octavo transitorio mantienen a los actuales integrantes del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y de los tribunales contenciosos administrativos de las entidades federativas que continuarán por el tiempo que fueron designados. Puro gatopardismo. Que cambie pero para no cambiar nada, que es lo que están haciendo. Los anteriores, sólo para ilustrar algunos puntos de esta inconsistencia de éste supuesto Sistema Nacional Anticorrupción, no pasa la prueba de confianza, certeza, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad. El combate a la corrupción no se hace a través de discursos o posicionamientos que incurren en la demagogia, en la mentira y la farsa para atraer la opinión pública. Saben ustedes que esta reforma tiene tintes electoreros para los partidos que el día de hoy, sin lugar a duda, la aprobarán sin cambio alguno. Esta reforma acredita que el pacto contra México sigue vigente, fortalecido y remasterizado. Ustedes, diputados, como bien lo dijo Peña Nieto, nadan de a muertito frente a la corrupción. Son cómplices de una farsa y de la demagogia para presentar supuestos avances en el combate a la corrupción y esta reforma evidentemente no cubre esta expectativa. En la esfera de responsabilidad del Ejecutivo federal, que se ha destacado a nivel internacional por ser un gobierno que nació con la corrupción del proceso de elección y que se vincula con conflicto de interés en megaproyectos de obra pública, queda intocada por este Sistema Nacional Anticorrupción. El marco constitucional y legal vigente en esta Cámara de Diputados, pudo y puede crear una comisión de investigación de los actos de corrupción y conflicto de intereses que ya conoce la opinión pública a través de sendas investigaciones periodísticas o por los desaciertos de los propios funcionarios federales y estatales involucrados en actos de corrupción. El fastidio de la población por la crisis económica y la inseguridad del país, no se colma con discursos ni con demagogia legislativa. Esta Cámara de Diputados –con la actuación de ustedes– pierde de nueva cuenta una oportunidad para atender la situación de emergencia de nuestro país. Ustedes eso no lo entienden.