La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, señor Presidente. En efecto, lo que acaba de comentarnos el diputado Benjamín González Roaro es cierto; éste es un salto cualitativo en el tema de la transparencia, pero es el resultado del arduo trabajo de muchas personas en el país, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, gobernadores, personas que trabajan en los organismos dedicados al tema, lo que hoy nos hace llegar a esta tribuna y tener enfrente un dictamen que vamos a votar. El grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata manifiesta su respaldo en lo general al proyecto de reforma constitucional que en unos minutos se somete a votación de esta soberanía. De hecho, tal reforma no hace sino ampliar e instrumentar los medios a través de los cuales los ciudadanos y ciudadanas de este país conocerán de manera más pronta y clara la actuación y desempeño de los funcionarios públicos, los cuales no tienen otra actividad que servir y atender a los ciudadanos y cuidar el interés público. Una ciudadanía efectiva no existe sin acceso a la información, es decir, la capacidad ciudadana de exigir y reclamar los actos de autoridad no pueden ejercerse o no encuentran la facilidad, porque los obstáculos imposibilitan este desempeño que tendrían que hacer los funcionarios públicos. Sin transparencia y acceso a la información no es posible la rendición de cuentas. Es de todos conocido que tal cuestión ha observado a lo largo de los últimos años una deficiencia significativa, dado el extenso margen de posibilidades en la forma de aplicar e interpretar el principio de la transparencia informativa. Efectivamente y no obstante la existencia de tal derecho desde hace décadas, el mismo había sido inoperante como muchos otros derechos y obligaciones que actualmente existen sólo en la norma constitucional. Hasta hace fechas relativamente recientes se han creado los instrumentos jurídicos para hacer efectivo este derecho, pero su aplicación ha sido por demás heterogénea sobre todo en la esfera de las entidades federativas, donde cada legislatura estableció leyes que concedieron en mayor o menor medida amplios espacios de discrecionalidad que por vía de los hechos redujeron —por no decir escamotearon— el ejercicio del derecho establecido en la Constitución. Hoy esta Cámara de Diputados corrige las limitaciones observadas a la fecha en esta materia al establecer criterios y normas básicas de aplicación en los tres órdenes de gobierno, con lo cual el efecto será notable y significativo. No obstante su avance, no puedo dejar de mencionar el hecho de que los partidos políticos siendo entidades de interés público, no fueron incorporados en esta reforma constitucional. Entiendo y comprendo las razones de las comisiones dictaminadoras, como lo explicaba el diputado Benjamín González Roaro y confío en esta Cámara de Diputados. Le tomamos la palabra al diputado Raymundo Cárdenas en el sentido de que es un primer producto; por lo tanto espero que para la próxima reforma electoral se instrumenten los medios para hacer extensivo ese derecho constitucional a la esfera de los partidos políticos. De otra manera el cuestionamiento ciudadano será inmediato y no sin razón. Muchas gracias.