La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. El derecho de acceso a la justicia es, sin lugar a dudas, una de las obligaciones más importantes que tiene el Estado para con sus ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, en México los ominosos índices de impunidad rondan al 98 por ciento para los delitos en general, y son casi del 100 por ciento los delitos de violencia contra las mujeres, por lo que consecuentemente en muchas ocasiones las mujeres y los hombres de nuestro país, desesperados por el abandono en el que se encuentran, optan por tomar las armas y garantizar la justicia por mano propia. Así hemos visto linchamientos, tanto de delincuentes como de inocentes que, arrasados por la turba mueren a manos de Fuente Ovejuna, sin ningún responsable, cuando los responsables se encuentran en oficinas burocráticas redactando oficios sin procurar justicia. Hace poco más de dos años, al inicio de esta misma legislatura, se aprobó una Ley Orgánica que dio vigencia a la reforma constitucional de 2014 y dotó de la autonomía largamente esperada al órgano de procuración de justicia del Estado mexicano, en el cual ciframos nuestras esperanzas de que, finalmente, muchos hombres, mujeres, niñas y niños, tuvieran acceso a un país más justo, como hemos propuesto históricamente desde la izquierda democrática. El día de hoy discutimos esta nueva ley que debería responder a las altas expectativas de una sociedad profundamente lastimada, a la que el fiscal de la República, en vez de responder disminuyendo la impunidad y generando seguridad jurídica, responde postrándose ante el Palacio Nacional, a quien debe su nombramiento. Desde el Grupo Parlamentario del PRD hemos escuchado a organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y académicos y estuvimos muy atentos a los reclamos de justicia que surgieron durante el desarrollo del parlamento abierto. Escuchamos al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que puntualmente hizo acotaciones al texto que hoy discutimos. Todo ello ha sido ignorado por la mayoría de esta Cámara; no obstante, la gran deuda que como sociedad tenemos con las víctimas. En estas circunstancias llegamos a los trabajos que hoy nos ocupan y debemos señalar que en el Grupo Parlamentario del PRD tenemos algunas preocupaciones que consideramos deben ser corregidas en beneficio de las y los mexicanos. Principalmente en lo que concierne a los derechos de las víctimas. No podemos acompañar un proyecto que violenta los derechos de quienes han sufrido por la inmovilidad de las instituciones y por la indolencia de las autoridades. No acompañaremos un proyecto que no atiende la nueva realidad procesal de nuestro país y que en sentido contrario a los derechos humanos genera incertidumbre y falta de seguridad jurídica. El presente es un proyecto que no responde a la realidad de la criminalidad de nuestro país y que sigue pensando en términos arcaicos y obsoletos, violando con ello la propia reforma constitucional que le dio vida. Se trata de un proyecto diseñado a imagen y semejanza de un fiscal que no ha entendido lo que significa su autonomía en beneficio de las víctimas, que debe colaborar con todas las instituciones del Estado Mexicano. En el Grupo Parlamentario del PRD no acompañaremos este dictamen, lo votaremos en contra. Expresamos nuestro compromiso así con los derechos de las y los mexicanos, especialmente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y lamentamos que esta Cámara renuncie al derecho soberano que tenemos en el ejercicio de las facultades como Cámara revisora. Estaremos pendientes y observantes. Presentaremos reservas pa a la discusión en lo particular, esperando que la mayoría pueda ser sensible y que podamos avanzar en incorporarlas al dictamen con el objeto de coadyuvar en la garantía del derecho de acceso a la justicia de todas y todos en nuestro país, particularmente de aquellos que víctimas de la criminalidad son revictimizadas por el Estado que debiera de protegerles. Es cuanto, presidenta.