EL PRESIDENTE: No se encuentra, pasamos al siguiente. Tiene la palabra el senador Raymundo Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EL SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNÁNDEZ: Gracias, diputado Presidente. Los legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa por la que se reforma el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con la siguiente: Exposición de Motivos Actualmente, la mayoría de las naciones del mundo han abolido la pena capital, ya sea en la ley o en la práctica, aceptando con ello que no hay ninguna meta social que justifique los asesinatos patrocinados por el Estado. Ésta debe ser una de las metas fundamentales de nuestra Nación. En este contexto, presentamos hoy esta iniciativa por la que se prohíbe de manera total la pena de muerte en los Estados Unidos Mexicanos. Durante años la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha llamado a todas las naciones que continúan con las ejecuciones, a que reduzcan el número de delitos por las cuales la pena de muerte podría ser impuesta y para suspender las ejecuciones con el propósito final de abolir ésta. Si bien es cierto que en nuestro sistema dicha pena no se ha aplicado desde 1937 en el fuero común, también es cierto que sigue vigente en la Constitución General de la República, así como en el Código de Justicia Militar y en este último caso, aunque no se ha concretado, sí ha habido sentencias en ese sentido. La pena de muerte es cruel, inhumana y degradante, es un asalto contra la dignidad humana y una violación a los derechos fundamentales de hombre. En tal virtud, es una negación del mayor de los derechos fundamentales: la vida. En virtud de lo anterior, es inconcebible que pretendiendo alcanzar un estado democrático y de derecho, conservemos abierta en la Ley Fundamental la posibilidad de aplicarla. La aplicación de la pena capital es presentada frecuentemente como un método para prevenir la violencia y brindar más seguridad a la sociedad. Desde 1961, Amnistía Internacional ha encontrado que la pena de muerte no hace nada para darle más seguridad a la sociedad. En efecto, los estados que aplican la pena de muerte no tienen niveles de homicidios más bajos que en los existentes en aquellos que no la aplican. Otro de los argumentos que se han utilizado para defender el exceso de violencia por parte del Estado, es que inhibe a los delincuentes a ejecutar actos ilícitos. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que una forma más efectiva de lograr esto es a través de un sistema de justicia más ágil y sólido en donde se castigue verdaderamente a quienes delinquen. La condena capital es más un símbolo que una solución. No hay ninguna situación correcta para usar la violencia, especialmente en el caso de las ejecuciones aprobadas por los gobiernos. Es inconcebible, desde los valores de un estado democrático, que el asesinato sea castigado de la misma manera. El segundo protocolo opcional al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, cuyo objetivo es la abolición de la pena de muerte, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y promueve la abolición total de la pena de muerte, aunque permite a los estados conservar la pena en tiempos de guerra, siempre y cuando esta cláusula quede debidamente estipulada en el momento de ratificar o aceptar el protocolo. El argumento de la efectividad de la pena de muerte para disminuir los delitos es falaz, muchos estudios científicos han demostrado de forma convincente, que la pena de muerte no tiene un mayor impacto disuasivo sobre el crimen que otros tipos de castigo. Los resultados de la última encuesta de las Naciones Unidas, sobre investigaciones acerca de la relación entre la pena de muerte y las estadísticas de homicidios, llevada a cabo en 1988 y actualizada en 1996, llegó a la conclusión de que la investigación no ha conseguido demostrar científicamente, que las ejecuciones tengan mayor efecto disuasivo que la cadena perpetua y no es probable que lo consiga próximamente. En conjunto las pruebas científicas no ofrecen ningún respaldo a la hipótesis de la disuasión. No se puede concebir que en ningún sistema, sea o puede ser capaz, de decidir de forma imparcial, coherente e infalible, quién debe vivir y quién debe morir. La conveniencia, las decisiones caprichosas, las condiciones socioeconómicas del acusado y la opinión pública predominante, pueden influenciar los procedimientos desde el arresto inicial hasta la decisión de último momento sobre la posible clemencia. Además, la experiencia demuestra que siempre que se aplica la pena de muerte, algunas personas mueren mientras que otros que han cometido delitos similares o peores, pueden salvarse. Los condenados que son ejecutados, no son necesariamente aquellos que han cometido los peores delitos sino también aquellos que eran tan pobres, que no pudieron contratar abogados experimentados que los defendieran o aquellos que debieron enfrentar a fiscales o jueces más severos. Ahora bien, la pena de muerte es mucho más costosa que cualquier sistema en el que la pena de máxima es la reclusión perpetua. Un estudio realizado en Nueva York estima que el costo de una ejecución es tres veces mayor que el de la reclusión en prisión perpetua. Por ejemplo, en Florida cada ejecución le cuesta al estado 3.2 millones de dólares, en contraste con el costo de 600 mil dólares de la prisión perpetua. Estudios realizados en California, Kansas, Maryland y Carolina del Norte, han llegado a la conclusión de que la pena capital es mucho más costosa que mantener a alguien en prisión de por vida. Sin duda la pena de muerte desvía recursos que podrían ser aplicados, para tomar medidas realmente efectivas contra el crimen. El derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes, son los dos derechos humanos citados con más frecuencia en los debates sobre la pena de muerte, sin embargo, éstos no son los únicos derechos contra los que atenta la pena capital. No existe ninguna justificación penal para la pena de muerte, que pueda superar los argumentos de derechos humanos, que justifican su aboluación. La pena de muerte es absolutamente injusta, es ineficaz, suprime el derecho a la rehabilitación que todo ser humano tiene y abre la puerta a la posibilidad del más trágico e irreparable de los errores judiciales. Esta iniciativa, posiblemente no sería necesaria, si el PRI y el Partido Verde en el Estado de México, no hubiesen propuesto a la población de esa entidad, la reposición de la pena de muerte en el Código Penal respectivo. Esta actitud que pretende aprovechar la justa indignación de los mexiquenses contra la delincuencia, no es en términos políticos, más que intento por obtener popularidad electoral a toda costa, incluso al de hacer involucionar nuestro sistema jurídico. En las condiciones sociales actuales, la consulta que dichos partidos proponen, equivale a una invitación al linchamiento. En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo único. Se reforma el cuarto... Perdón. Artículo único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para quedar como sigue: Artículo 22. "En ningún caso el Estado Mexicano aplicará la pena de muerte". Transitorios. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Firma el de la voz. Gracias.