El diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en nuestro carácter de representantes populares, los diputados tenemos la obligación moral y cívica de permanecer atentos a los acontecimientos sociales que nos rodean, ya que si bien la función primordial del legislador es justamente la de crear y modificar ordenamientos jurídicos, debe de convertirse en un observador de problemas que enfrentamos en la actualidad y en un receptor de las necesidades y peticiones de la población. Lo anterior con el objeto de desempeñarnos como actores protagónicos de la escena política en que vivimos, por lo tanto, Acción Nacional se funda, con la intención de ser una institución permanente, con un cuerpo de doctrina, con una filosofía política y social que dentro de sus principios defiende la justicia y la correcta aplicación de la misma. Puesto que en el Estado es responsabilidad social, los individuos que tienen una relación específica con la comunidad, que se expresa en leyes aprobadas por las autoridades, para ordenar la convivencia social, preservar el bien común y dar efectiva protección a los derechos humanos. Debido a que el mundo está inmerso en una permanente dinámica de globalización, lo que genera oportunidades, pero también en la que coexisten aspectos destructivos entre los que destacan el crimen organizado, lo que obliga a todos los actores del mundo a conducirse de acuerdo con el derecho internacional para asegurar la paz y la seguridad. En ese sentido, hago uso de la tribuna para manifestar el respaldo de Acción Nacional al dictamen de la minuta de iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, ya que como señala la exposición de motivos de la minuta antes citada, surge ante la impostergable necesidad de crear un marco legal vinculado con el derecho internacional que atienda en forma integral la problemática de trata de personas como un problema de índole mundial. Lo anterior, como resultado de un compromiso originado en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, en diciembre de 2000, y que el Senado de la República ratificó el 22 de octubre de 2002; puesto que si bien es cierto que en el Código Penal Federal se contempla algunos tipos penales vinculados con la explotación y privación de la libertad de las personas, tales como son el lenocinio, pornografía infantil, tráfico de menores, tráfico de indocumentados, entre otros, su contexto no responde a los compromisos asumidos en el plano internacional de garantizar y hacer valer los derechos de quienes son víctimas de cualquier tipo de explotación sexual, laboral o de servidumbre. Asimismo, es importante señalar que con este tipo penal que se propone, se contemplan mayores penas para quienes son responsables de la realización de un delito de trata de personas, por lo que se establecen agravantes en la pena cuando se trata de menores de edad, personas que no tengan capacidad para comprender el significado, de hecho, quienes tengan capacidades diferentes, cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco con la víctima o si el agente se valiese de la función pública para cometer dicho delito. Aunado a lo anterior cabe destacar que se establece de manera clara y precisa la competencia en el ámbito federal y en ese sentido la creación de la Comisión Intersecretarial, la que está integrada por dependencias y entidades de la administración pública federal y la Procuraduría General de la República, la que elaborará y pondrá en práctica un Programa Nacional para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en el que deberá incluir, por lo menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción del tipo en comento, así como la protección y atención a las víctimas de dicho delito; y por otra parte, la coordinación entre autoridades involucradas en distintas esferas de gobierno. En ese sentido, concluyo que con esta ley se dará cumplimiento a una de las obligaciones derivadas del derecho internacional en el que México ha venido teniendo una participación activa; por lo que una vez más, reitero el compromiso de Acción Nacional en el combate del crimen organizado, específicamente en la lucha contra la trata de personas. Es por ello que estaremos a favor de la misma. Es cuanto, diputada Presidenta.