EL C. PRESIDENTE: Es visualmente evidente que hay mayoría, sin embargo, como la intención es agotar un tema, y toda vez que los Legisla dores no tienen la misma perspectiva de visión que tiene la directiva, y para no poner en duda la voluntad de agotar el tema, abriré un turno de oradores que no será flexible en términos de su incorporación posterior sino que a la luz de este turno, y con conocimiento de toda la Asamblea de quienes se inscribieron, agotado él volveré a preguntar a la Asamblea. ¿Quiénes quieren inscribirse en este momento? ¿Tomó nota la Secretaría? Quiero leer la lista completa. Se inscribieron en este orden de oradores: el diputado José Jacobo Nazar Morales, el diputado Ricardo Moreno Bastida, el diputado Félix Salgado Macedonio y la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez. Agotado que sea este turno de oradores, volveré a consultar a la Asamblea si considera suficientemente discutido este tema. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos. el diputado José Jacobo Nazar Morales. EL C. DIPUTADO JOSE JACOBO NAZAR MORALES. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El tema que se está debatiendo hoy y el que nos mete mucho ruido entre las fracciones porque no hay coincidencia, es si a esta tribuna viene o no Marcos o alguien del EZLN a tener una participación abierta a todo el Congreso de la Unión. Primero hay que precisar que hay distintas estrategias jugándose en este conflicto. El EZLN tiene una estrategia muy definida, es de lucha popular prolongada, los compañeros tienen sus razones para hacerlo y en lo particular, muchos como el que les habla de origen chiapaneco, hemos tenido coincidencias y hemos sido solidarios con las demandas y propuestas que han encabezado al EZLN. Yo quisiera invitarlos a una reflexión para que tengamos la dimensión exacta del conflicto: El problema de fondo, no es si alguien viene a esta tribuna y habla o no habla con nosotros. Para eso el PRI, mi fracción, ha sido muy concreta y ha hecho una propuesta a esta Cámara para que hagamos una revisión de la normatividad interna y podamos hacer un consenso entre todos para ver si es posible que en conflictos o en casos como esto, pueda abrirse el escenario de la Cámara pero que esté normado; es decir, que no seamos los legisladores los que propiciemos romper nuestras propias normas. En segundo lugar, quisiera dejar preciso con ustedes que el debate de la Ley Indígena, la propuesta de la Ley de COCOPA que retomó el Presidente y envió al Congreso de la Unión, el trabajo de este escenario legislativo es revisar consensar y ser justos en una ley que realmente contenga lo que los indígenas desean que se contenga en esta ley sin que rompa la estructura nacionalista y de órgano integrador del país. El EZLN nunca ha planteado romper la integración del país, nosotros tampoco; el problema es de sentarnos a discutir, afinar y precisar las cosas como deben quedar en la ley y eso tiene que hacerse con la gente que tenga el conocimiento y esté en las comisiones representativas. Por otra parte, yo sí quisiera hacer un llamado a todos para que no nos pongamos a los diputados y congresistas en una trampa sin salida de la que no somos responsables. Algo debe quedar muy preciso: el problema social del EZLN y los indígenas es un problema del gobierno federal, el problema nuestro es que revisemos las propuestas y las ajustemos con justicia para dar una respuesta consensada y que aglutine a todos los indígenas del país. Entonces yo venía únicamente para precisar eso, porque un debate, decidamos o no posiciones, se resuelve discutiendo si corregimos o no la norma interna del Congreso; y si la corregimos pueden entrar pero ya normado y legislado y acordado por toda la Cámara. El fondo es que no nos perdamos y no quedemos después secuestrados como los responsables de lo bueno o malo que pase. Es decir, hoy pueda ser que algunos salgan con las manos limpias y nosotros salgamos rozados, lastimados, denigrados los legisladores a nivel nacional; o bien, pueda ser que salgamos confrontados con otras fracciones de mexicanos que están buscando un cambio y quieren tener espacios de libertad y de participación más abierta. Es una reflexión a todos, sobre todo a los compañeros del PRD para que actuemos con madurez en esto, y a los compañeros del PAN con la flexibilidad necesaria para que lleguemos a un acuerdo. Los chiapanecos lo necesitamos porque allá vivimos permanentemente con el conflicto. Muchas gracias. (aplausos) PRESIDENTE: Se turna a la Junta de Coordinación Política. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto en el Orden del Día, es en relación a las observaciones remitidas por el Presidente Vicente Fox Quesada, a la Ley de Desarrollo Rural. Se han inscrito para hacer uso de la palabra el diputado Melitón Morales Sánchez, la diputada Rosalía Peredo Esquivel, el diputado Silvano Aureoles Conejo y el diputado Eric Villanueva Mukul. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el diputado Melitón Morales Sánchez, del PRI. La fracción del PRI pide un cambio para que haga uso de la palabra el diputado César Duarte. Tiene por lo tanto el uso de la tribuna hasta por 10 minutos. DIP. CESAR DUARTE JAQUEZ: Gracias señor presidente; señores secretarios de la Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión: El sector productivo del campo mexicano, las familias rurales del país, las organizaciones del sector campesino y rural y los representantes populares comprometidos con el desarrollo y el bienestar de esta parte fundamental de la sociedad mexicana, nos enfrentamos a la acción agresiva del Presidente de la República, que quiere imponer su determinación caprichosa y arbitraria para evitar que haya una Ley de Desarrollo Rural para México y se frustren los proyectos alentados por las organizaciones más importantes de este sector. No obstante que dicha ley es el fruto de la voluntad popular expresada en múltiples reuniones y foros y en este mismo recinto de representantes populares que es el Congreso de la Unión. La ley es el producto de una iniciativa propia de los legisladores, quienes por primera vez ejercieron esta facultad constitucional para proponer una ley completa para los hombres del campo. No ocurría así desde la ley del 6 de enero de 1915. Pero el neopresidencialismo de Vicente Fox, se erige como un muro de contención conservador y reaccionario, que amparo en pretextos demagógicos, quiere hacer que la ley sea vista como un mecanismo pernicioso, cuando se trata de un instrumento de auténtica promoción y fomento al desarrollo rural. No dudamos que pueda contener algunas imperfecciones, pero no hay leyes perfectas. No es el veto el instrumento conciliador para restaurar o enmendar los yerros que pueden contener las leyes del Congreso; no es el desechamiento total de una obra de muchos meses y miles de personas, una prueba de solidaridad con los más pobres y de interés de la República. Nos pronunciamos en contra de la evolución del proyecto de Ley de Desarrollo Rural, hecha por el Presidente Fox, en virtud de las confusiones que la sustentan; del propósito retardatario que las anima y de la falta de fundamentación constitucional que adolece. El Congreso de la Unión, aprobó la Ley de Desarrollo Rural, observando a plenitud todas las disposiciones acerca de este proceso legislativo que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso General, a partir del conocimiento de sendas iniciativas presentadas por legisladores de los grupos parlamentarios del PAN, del PRD y del PRI. Es oportuno recordar que la Comisión de Agricultura de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, a la que se sumaron senadores de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Senado, enriqueció los planteamientos que dieron lugar al proyecto, con las aportaciones de muy numerosos grupos de organizaciones participantes en los foros a los que convocó y que igualmente fueron tomados en consideración por las muy importantes aportaciones hechas por las autoridades de las dependencias del Ejecutivo Federal encargadas de esta materia. Los suscritos, diputados y diputadas integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática reconocemos el enorme esfuerzo que durante más de 2 años prodigaron los autores y demás participantes en la elaboración de la iniciativa de ley, cuyo propósito central de favorecer el desarrollo del campo mexicano permitió igualmente cumplir el mandato largamente pospuesto contenido en la fracción XX del artículo 27 Constitucional en la que se ordena al Estado expedir la legislación reglamentaria para planear, organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándola de interés público. En la revisión de los antecedentes de la formulación del proyecto de ley hemos encontrado la preocupación justificada de los legisladores para llenar el vacío evidente de la falta de una ley específica dirigida al sector agropecuario y rural y cumplir con una determinación constitucional que viene de muchos años atrás cuya omisión, además de generar responsabilidades de orden político y constitucional, es una mala señal para los productores del campo, que no logran obtener el instrumento legal y programático que supere las deficiencias e ineficiencias padecidas en esa importante área de la sociedad mexicana. Consecuentemente, los legisladores abrigaron, junto con los hombres y mujeres del medio rural, la legítima y alentadora esperanza de un instrumento normativo que abriera el cauce para la inversión, capitalización, apoyo a la comercialización, industrialización, tecnificación, organización y demás mecanismos del desarrollo rural integral, los cuales han sido cerrados por la incomprensión y los intereses de diversos grupos beneficiados en la situación preexistente y la pobreza de los campesinos, quienes, sin el impulso de esa ley y sus programas, retardarán aún más el arribo al bienestar. Marco constitucional. El Presidente de la República fundamenta su devolución en los incisos a), b) y c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le reconocen, en efecto, la facultad de aprobar o desechar los proyectos de leyes o decretos enviados por el Congreso. El Presidente afirma en el texto respectivo que la finalidad de las observaciones y devolución es propiciar una mayor reflexión sobre asuntos de particular interés para la nación, como lo es sin duda el marco jurídico que permita fomentar las actividades relacionadas con el desarrollo agropecuario y rural en nuestro país. Se olvida el Presidente que los gobiernos se sustentan en la acción y no en la reflexión, porque ésta es el presupuesto de todas las acciones gubernamentales y no el pretexto únicamente para impedirlo. A partir de la anterior aceveración, el Presidente informa a esta soberanía su decisión de devolver el proyecto de ley de Desarrollo Rural al Honorable Congreso de la Unión, justificando la determinación en un texto que contiene 10 apartados de observaciones, todas ellas subjetivas, contradictorias, ideologizadas e insostenibles en una buena medida e incomprensibles, pues queriendo aparentar que la totalidad de la ley es desechable acude a la descalificación generalizada de artículos y capítulos respecto a los cuales no cita el punto específico de su objeción. En una de las más notorias inconsistencias de las propuestas del Presidente es suprimir la expresión "se declaran de interés público la planeación y organización de la producción agropecuaria", sustituyéndola por "se consideran de interés general de la sociedad la planeación y organización de la producción agropecuaria, contraviniendo, o lo que es peor, ignorando que la expresión "interés público" proviene de la fracción XX del artículo 27 Constitucional del que esta ley es reglamentaria. En efecto, la fracción XX dice que en su parte final se deberá expedir la legislación reglamentaria para planear, organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público, por lo cual se prueba que el propósito de la enmienda del Presidente no toma en cuenta siquiera el texto fundamental del país, animando como éste los afanes privatizadores y sometiendo lo que pretende a toda sociedad las leyes del mercado que obviamente no son de interés público. El más desconcertante de los apartados mencionados es el número 10, cuyo segundo párrafo expresa textualmente lo siguiente: "finalmente, un factor determinante para plantear las siguientes observaciones como un veto total al decreto aprobado en la Ley de Desarrollo Rural es que la revisión del mismo se hizo, resultado que tendríamos observaciones en más del 95% de la ley. "No omitimos manifestar a los ciudadanos diputados que el texto de las observaciones que rechazan totalmente el proyecto de ley el Ciudadano Presidente de la República agrega una nueva propuesta de texto de la misma, que mantiene la estructura de la ley aprobada por el Congreso, incluyendo una nueva redacción para muchos artículos que están muy lejos de responder a los criterios asentados por el instrumento devolutorio firmado por el Presidente de la República. Adicionalmente a este texto alternativo el Ejecutivo Federal agrega un documento con el cual lo comparativo entre la Ley de Desarrollo rural aprobada y la nueva propuesta de ley, texto con tachaduras y texto observado. "Entre su referencia al veto y los anexos que incluyen el comparativo aludido se generan numerosas confusiones, entre las cuales sobresalen las siguientes": "La original en el uso del término 'veto', que no está incluido en ninguna de las partes del texto de los preceptos constitucionales invocados por el Presidente de la República, lo cual impide a la Comisión que suscribe fijar los alcances del envió del Presidente, pues el concepto mencionado se desarrolla doctrinalmente con diferentes criterios de alcances que no nos es dable discutir en la dictaminación del documento turnado a nosotros. "Lo expresado tiene qué ver con la afirmación doctrinaria que proviene de Emilio O. Rabasa, La Organización Política de México, en la que afirma 'que el privilegio del veto es simplemente negativo, es la facultad de impedir no de legislar'. "El documento devolutivo del Presidente Fox contiene tanto el veto para impedir la ley como algo que parece propuesta legislativa, desnaturalizando el desechamiento por observaciones que provienen de nuestra Constitución. "El texto del oficio de la Secretaría de Gobernación, del Secretario Creel, contiene igualmente la indefinición del tipo de devolución que se hace de la Ley de Desarrollo Rural, pues informa que se devuelve al Congreso de la Unión el original del decreto que contiene la ley y envía las observaciones del Presidente de la República al mismo, sin aclarar para cuáles efectos se anexan las observaciones a cada uno de los artículos o a un número importante de ellos. "El manejo constitucional y legislativo de un desechamiento de tal naturaleza es el impedir la entrada en vigor de la ley respectiva aprobada por este Congreso, sin que tenga que acudirse a la revisión de ningún texto alternativo. "En consecuencia, el veto total a la que refiere el Presidente de la República solo puede resolverse por el Congreso, aceptándole por una mayoría simple o rechazándolo con una mayoría calificada de dos tercios, sin que queda ninguna otra alternativa, es decir, sin que pueda discutirse ningún artículo en lo particular. "Sin embargo, el Presidente de la República habla del veto total. Al mismo tiempo propone un texto alternativo, colocando al Congreso en una aporía, desde luego inadmisible. Pero si esto fuera poco el desechamiento de la Ley de Desarrollo Rural viene acompañada también de un cuadro comparativo del que ya hemos hecho mención, que hace suponer la existencia de una propuesta para darle la nueva redacción a la ley, con lo que el desechamiento camina junto con la especie de iniciativa que carece de validez constitucional y confunde a los Legisladores. "La Constitución es muy clara cuando establece el artículo 72: que todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones de votaciones. "Desde luego el inciso c) artículo que precisa es el proyecto de ley o decreto desechado o en parte por el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Cámara de origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fue se sancionado por la misma mayoría el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. "Adicionalmente la pluralidad de las propuestas incompatibles con el desechamiento enviadas por el Presidente de la República sitúan al Poder Legislativo en la imposibilidad de su atención y desahogo y coloca a la nación en una situación grave de vacío legal en el medio rural. "En consecuencia de lo anterior consideramos que la devolución de desechamiento o veto total con observaciones y propuestas del Ejecutivo respecto a la Ley de Desarrollo Rural, no realiza y excede la hipó tesis del inciso c) del articulo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede devolver al Secretario de Gobernación el expediente enviado a la Cámara de Diputados el 14 de marzo de este año. "En tal virtud, los suscritos nos permitimos proponer a esta soberanía la aprobación del siguiente " P u n t o d e A c u e r d o "Unico. Remítase al Secretario de Gobernación el presente escrito y conforme al mismo pídasele que aclare el contenido de la comunicación del 14 de marzo de este año, en que el Poder Ejecutivo planteó observaciones como un veto total a la Ley de Desarrollo Rural y al mismo tiempo propone modificaciones a los artículos en lo particular y sugiere textos alternativos, a efecto de que esta soberanía esté en posibilidades de resolver la determinación presidencial en los términos constitucionales". Se anexan las firmas de los diputados de las dos bancadas. (aplausos) EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Muchas gracias diputado César Duarte. En su momento esta Presidencia dictará el trámite correspondiente. Informo a la asamblea que para referirse a este tema se encuentran inscritos la diputada Rosalía Peredo Aguilar, el diputado Francisco Ortiz Esquivel, el diputado Eric Villanueva Mukul, el diputado Silvano Aureoles Conejo y el diputado Melitón Morales Sánchez. Si' diputada. ¿Se inscribe usted también? Con mucho gusto. Al terminar el desahogo de esta lista de oradores, la Presidencia consultará a la asamblea si considera suficientemente discutido el tema. En caso contrario volveré a solicitar la inscripción de quienes quieran hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, con la flexibilidad necesaria, la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.