El diputado Leopoldo Sánchez Cruz: Con su venia, señor presidente. Toda decisión sobre la forma en que nos regimos y organizamos sin duda tiene alcances de decisión de Estado. En primer término, queremos manifestar que recibimos con satisfacción la minuta con proyecto de decreto por medio del cual se expide la Ley Federal de Consulta Popular. Arribar a esta discusión da testimonio de voluntad y apertura para transitar los diferendos y privilegiar los acuerdos. Como bien se describe en este dictamen de la Comisión de Gobernación, el 10 de diciembre de 2013 el pleno de esta Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto para expedir la Ley Federal de Consulta Popular, turnándola a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. Ese mismo día, la Cámara de Senadores recibió ese día cuenta de la minuta respectiva, misma que fue turnada a Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción, de Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y su dictamen. A manera de breve recopilación, mencionamos que con la expedición de esta Ley de Consulta Popular contaremos con el procedimiento, con plena constancia constitucional, transparente, legítimo y apegado a la legalidad en todas sus etapas, en el que fungen como garantes de su validez el del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Autoridad Electoral Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia. Respecto a los cambios aprobados en la colegisladora, reconocemos el mérito del análisis realizado y coincidimos en su utilidad para mejorar el instrumento. Con estas modificaciones se clarifica la definición del objeto de la consulta popular y las consideraciones que deberán tenerse en cuenta para entender que se trata de asuntos de trascendencia nacional. Se hacen ajustes a diversos artículos, para asentar con claridad que la consulta popular que formulen los ciudadanos puede ser presentada ante una u otra Cámara del Congreso de la Unión y no solamente ante la Cámara de Diputados. Se eliminan los requisitos previstos, tanto para la petición de consulta popular como para su convocatoria, anteriormente señalados en las fracciones IV y V del artículo 21 y IV y V del artículo 30, aplicables a los casos de que la petición sobre la propuesta de modificar el orden jurídico federal o sobre un acto u omisión de las autoridades, de tener que especificar en forma precisa y detallada los preceptos legales o reglamentarios que serán objetos de la consulta popular o de describirlo de manera detalla e indicar a la autoridad competente respectivamente. Se ajustan también los artículos 12, 13 y 33, para modificar la restricción sobre la participación de los ciudadanos en más de una consulta popular, disponiéndose que podrían respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando éstos rebasen el 20 por ciento de las firmas de apoyo. En la fracción V del artículo 15, se especifica que además de la clave de elector y el número de identificación de la credencial de elector, en el formato para la obtención de firmas se deberá incluir el nombre y la firma. Se ajusta también la disposición contenida en el artículo 41, para señalar que el Instituto Nacional Electoral promoverá la difusión y discusión y fundada de las consultas que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión, a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio instituto. Se especifica que cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio tendrá efecto durante tres años siguientes a partir de la declaratoria de validez. Se aclara también, mediante la discusión de un artículo transitorio sexto, que las referencias que esta ley hace al Instituto Federal se entenderán en el Instituto Nacional Electoral una vez que éste último quede integrado. Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación de este dictamen actualizamos nuestro compromiso con la democracia, damos cumplimiento del mandato constitucional establecido en la reforma del 2012 y respondemos a nuestro encargo como legisladores, proveyendo bases definidas con claridad para el ejercicio efectivo del derecho del ciudadano a participar en consultas populares. Este instrumento también provee certeza plena del ejercicio de derecho que regula, al definir y establecer sus alcances, requisitos, reglas y procesos específicos para la expedición de la convocatoria. Los lineamientos para su organización, difusión, realización, publicación de resultados y los medios para su impugnación. De esta manera, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo en dar un paso hacia adelante en la modernización de nuestro sistema político, superando el retraso que a este respecto teníamos con otros países de la región y del mundo. Pero sobre todo, nos colocamos a la altura de nuevas circunstancias y en capacidad de responder con los nuevos y mejores instrumentos a la demanda ciudadana, que hoy es más compleja, es más madura, y además, más exigente. También sentamos las bases del desarrollo de forma complementaria del ejercicio democrático, que nos permitan ampliar la base del consenso en torno a las decisiones sobre los temas de gran impacto nacional, y avanzar así, en mayor cercanía a la población y en la ruta del derecho del desarrollo que todos queremos para México. Muchísimas gracias. Es cuánto, señor presidente.