La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la impartición de justicia es una de las funciones públicas más importantes del Estado mexicano. El ejercicio de dicha función coadyuva de forma preponderante en la preservación del Estado de derecho y la seguridad jurídica de las y los mexicanos. Esta tarea, en términos del artículo 17 de nuestro pacto federal, está elevada a categoría de derecho humano y que por tanto amerita respeto y fortalecimiento. El Constituyente depositó este mandato en el Poder Judicial de la Federación, con la obligación a su cargo de que estos altos valores lleguen en forma efectiva a todos los gobernados. A las y los jueces, magistrados y ministros, quienes son los actores centrales del sistema de impartición de justicia mexicano, les corresponde dar una salida institucional a los conflictos que se presentan en la sociedad y asumir, por supuesto, la responsabilidad de impartir justicia de forma imparcial, pronta, completa y expedita, para que sus efectos se traduzcan en aportaciones para la paz social y estabilidad pública. La declaratoria de reforma constitucional es un gran esfuerzo para mejorar de un modo significativo el funcionamiento de las instituciones encargadas de procurar la justicia en nuestro país, pues desde el Poder Judicial de la Federación se ha reconocido que los jueces federales no siempre se conducen con ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad. Más bien, deberían observar que en sus funciones y que los cargos deben ser ocupados por méritos y que no se otorguen a familiares o amigos, es decir, las peores prácticas de nepotismo e influyentismo. Por ello, con la reforma constitucional se modifican los mecanismos de inamovilidad judicial y se amplía la aplicación de la carrera judicial para consolidarla en todas las categorías a las que se acceda por un concurso de oposición. Asimismo, con esta reforma se limita la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados. Con ello, se garantiza que solo se otorguen a los perfiles mejor evaluados en los concursos. Por otro lado, uno de los problemas que requiere de una atención urgente es la brecha de género que existe, al interior del Poder Judicial de la Federación, donde el índice de mujeres titulares de estos órganos jurisdiccionales es bajo y está muy distante de la paridad de género que en este pleno votamos, y que armoniza la normatividad nacional con la internacional. Por ello, como un gran logro en el artículo 100 constitucional se agrega la paridad de género como principio de una carrera judicial, en congruencia con la reforma constitucional publicada en el pasado 6 de junio del año 2019. En suma, la declaratoria de reforma constitucional releva al Poder Judicial de la Federación y contiene grandes avances en el combate al nepotismo, la corrupción y en la consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, lo cual me complace decirlo. Es un gran legado de esta legislatura y de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Compañeras y compañeros diputados, en el PES estamos convencidos de que esta reforma judicial permitirá que la sociedad mexicana cuente con juezas, jueces, magistradas, magistrados profesionales, rectos y honestos que podrán cumplir de una manera mejor su función para dirimir disputas, instruir procesos legislativos, hacer valer las leyes, defender nuestra Constitución y, sobre todo, proteger las garantías fundamentales de las y los ciudadanos y, en general, hacer posible el Estado de derecho. Esta reforma constitucional nos permite valorar y legitimar la importancia de la labor judicial que tiene nuestro país. Por eso, con un enorme gusto reconocemos a los congresos locales y su responsabilidad de fortalecer a las instituciones mexicanas. Es cuanto, diputada presidenta.