La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Un hecho incuestionable es que los jóvenes constituyen el principal activo de una sociedad, ya que representan el 18 por ciento de la población mundial. Es decir, este sector se compone por un total de mil 200 millones de personas y podemos afirmar que nuestro país es de jóvenes, pues la población constituida por personas cuya edad queda comprendida entre los 13 y 29 años, representa casi una cuarta parte de la población total. Sin embargo, pese a la fuerza numérica de este sector, la implementación de las políticas públicas en los rubros más representativos para los jóvenes, como es el acceso a un empleo digno y bien remunerado, la educación, la salud, la vivienda, oportunidades de desarrollo y participación en la vida pública, tanto a nivel local como federal no corresponde a las exigencias que esta población reclama. A manera de ejemplo, según el Informe Panorama Educativo 2012, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el décimo primer lugar de los países con la mayor tasa de desempleados con educación universitaria y precisa del total de los profesionales desempleados, el 30 por ciento de éstos cuentan, incluso, con posgrado. Asimismo, la implementación de programas tendientes a modificar esta situación está muy lejos a ser uno de los temas prioritarios de la agenda nacional. Está tal el desdén por las por las políticas públicas juveniles en México, no obstante, su importancia, que la responsabilidad estatal y federal de implementar los mecanismos que permitan mejorar el déficit en materia de salud, seguridad, empleo y educación que este núcleo poblacional enfrenta, siguen siendo endebles, cortoplacistas y hasta miserables. Todo lo anterior, pese a contar con un órgano público, como ya se dijo aquí, como el Instituto Mexicano de la Juventud, encargado de definir la política nacional de la juventud. Consideramos que las modificaciones propuestas en el presente dictamen, son acordes en cuanto a la armonización con las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la cual en el artículo 32 establece nuevas competencias para la Secretaría de Desarrollo Social, en materia de juventud, particularmente, establece modificar el artículo 73 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, a fin de que el Premio Nacional de la Juventud sea tramitado ante la Sedesol. Pero en realidad, ninguna de éstas contempla la implementación de mecanismos efectivos tendientes al reconocimiento de los jóvenes mexicanos, como un sector cuyas necesidades es apremiante atender ni aquellas disposiciones que permitirán acoger el problema de una manera integral. Los jóvenes se preguntan: ¿cuánto tiempo deben seguir esperando para que sus necesidades sean atendidas? ¿Qué necesitan los jóvenes? Educación, empleo, salud, seguridad. No que el Premio Nacional de la Juventud lo organice otra secretaría. Por eso, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en abstención del presente dictamen, exhortando a los tres órdenes de gobierno asumir su responsabilidad, de implementar las políticas públicas que permita mejorar la situación actual de los jóvenes en el país. Muchas gracias.