El diputado Erik Juárez Blanquet: Con su permiso, señor presidente. Quiero agradecer antes que todo, al diputado Omar Ortega, a la diputada Hortensia Aragón, a la diputada María Cristina García Bravo, al diputado Felipe Reyes, a la diputada Cecilia Soto, a la diputada María Elida Castelán y al diputado Tomás Octaviano Félix, por haber firmado junto conmigo para la presentación de esta iniciativa. Señores y señoras diputados, en el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que existe una verdadera laguna en materia de responsabilidades de los servidores públicos, que ha hecho imposible que en momentos de crisis institucionales como las que ha vivido nuestro país en los últimos años, en los que en el centro del escándalo y el escrutinio público se encuentran principalmente servidores públicos de alto nivel, debido a serias acusaciones por actos de corrupción o de plano por la complicidad con delitos de alto impacto, que pese a que se cuenta con elementos de prueba debidamente sustentables o sustentados para imputarles directamente alguna responsabilidad, sea materialmente imposible proceder en su contra pese a la gravedad de los hechos que les imputan una relación directa o indirecta con delitos de corrupción, conflictos de interés o conductas de mayor gravedad. Estarán de acuerdo conmigo en que las instituciones de la República atraviesan por una gran crisis de confianza, de credibilidad y de legitimidad que se registra en nuestra historia reciente, en particular de los gobernantes y de quienes llegan a un cargo de representación o como ha sido el caso de la Presidencia de la República, debido fundamentalmente al uso patrimonialista de la alta investidura que el pueblo de México le confirió y a un abuso sistemático de la condición de un servidor público, por parte de quienes llegan a estos cargos, para desviar recursos públicos, favorecer a terceros con sus propias decisiones de gobierno, o bien para influir en las decisiones de otros funcionarios formando una red de complicidad sexenio tras sexenio. Esta es la forma de hacer negocios desde la política y también de hacer política de los negocios, que desafortunadamente se ha enquistado y generalizado en diversos espacios del gobierno dentro del Estado mexicano, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Existen una gran cantidad de casos que de alguna manera tienen un sustento en hechos reales y tangibles que la sociedad ha hecho del dominio público, o bien son producto del ejercicio del periodismo de investigación o, en su caso, también por qué no reconocerlo como parte del ejercicio de las facultades de las propias autoridades competentes. Una vía por la que consideramos que se podrá combatir el cáncer de la corrupción generalizada, es la determinación de una base constitucional para establecer una definición clara y eficaz sobre el conflicto de interés y la obligación conjunta de presentar, tanto la declaración patrimonial, como su declaración de impuestos, con el propósito de que estos instrumentos sean compulsados por las autoridades del sistema nacional de fiscalización y anticorrupción para los efectos a los que haya lugar. Uno de los resabios más anacrónicos del sistema presidencialista de nuestro país y que se mantiene en la Constitución, es que el presidente de la República o los gobernadores, durante el tiempo de su encargo solo pueden ser acusados por traición a la patria y delitos del fuero común, gozando con ello de una protección ominosa que redunda con el correr del tiempo en la impunidad, al cometer cualquier otra falta, por más grave que esta sea. En este sentido, diputados y diputadas, creemos conveniente que los procedimientos de responsabilidad deben estar directamente vinculados con una posible consecuencia jurídica, que tiene que ver con la imposición de un procedimiento de revocación de mandato, una figura de la democracia directa, que de otra manera quedaría desarticulada de las posibles causas que en su caso la podrán motivar. Por ello es que estamos planteando recobrar los temas de un debate inconcluso de al menos las dos pasadas legislaturas, en las que se reformó nuestra Constitución en materia de política electoral para instaurar una serie de cambios en nuestras instituciones públicas, que tuvieron como principal propósito de reformar elementos centrales de nuestro sistema político, pero que dejaron intocado o intocable al régimen presidencialista que todavía padecemos y que se ha constituido como el principal obstáculo para avanzar en el camino de la consolidación de una incipiente y errática democracia como la nuestra. Le solicito, señor presidente, que la presente iniciativa se registre en el Diario de los Debates. Muchas gracias.