El diputado Horacio Martínez Meza: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Históricamente, el fenómeno metropolitano tiene su origen en la reconfiguración de las actividades y la forma de vida de la sociedad. Su importancia radica en que se refleja prácticamente en todas las ciudades del orbe, influyendo rápida y progresivamente sobre cada vez más territorio. En ese sentido, la formación de metrópolis en América Latina, es un proceso del siglo XX que en México se inicia a partir de 1940 con una urbanización relativamente rápida, acompañada de una escasa planeación. Este proceso se caracteriza por el paso de una economía predominantemente agrícola a otra de carácter comercial y de servicios, además de una pronunciada expresión de creciente interdependencia entre los centros urbanos y sus zonas periféricas, así como de una tendencia a la especialización en la oferta de servicios. Actualmente la metropolización en México ha mostrado una amplia evolución ya que existen enfoques que procuran dar no sólo una explicación al fenómeno metropolitano sino que intentan cuantificarlo y ofrecer datos que permitan su mejor comprensión. En nuestro país la dinámica metropolitana ha desatado una discusión en torno a la delimitación cualitativa y una nueva escala de cuantificación de las interacciones urbanas, de los asentamientos humanos siempre en constante crecimiento y evolución. Ante esta necesidad las instituciones del país encargadas de la estadística y geografía de los movimientos poblacionales, han realizado un importante esfuerzo para ofrecer un mejor marco conceptual para estructurar la nueva dinámica poblacional. Como resultado ahora se reconoce la existencia de 55 zonas metropolitanas en el país, en las que se concentra el 60% de la población total. Se produce alrededor del 67% del Producto Interno Bruto Nacional; se concentra el 57% de la población económicamente activa y el 56% de los establecimientos productivos. Paralelo al desarrollo de las metrópolis en México actualmente existen múltiples proyectos enfocados al desarrollo de las mismas, tales como construcción y ampliación de infraestructura hidráulica, la construcción de depósitos de residuos sólidos y tóxicos, el tratamiento de aguas residuales, el monitoreo y mejoramiento de la calidad del aire. Existen también proyectos enfocados a la construcción de vialidades, puentes, nodos, estacionamientos y distribuidores vehiculares. La puesta en marcha de modelos de transporte masivo de pasajeros, la realización de obras de estética arquitectónica, equipamiento y mejoramiento urbano, proyectos para la procuración de justicia y la seguridad pública metropolitana y la construcción de centros hospitalarios metropolitanos. Lamentablemente la ejecución de la cartera de proyectos metropolitanos mencionados, se ve obstaculizada gracias al efecto causado por la multijurisdiccionalidad en las metrópolis, lo cual implica sortear el obstáculo de obtener una buena coordinación administrativa, fiscal y financiera entre los gobiernos municipales, estatales y la Federación. Además, los altos montos que representa la realización de obras y servicios metropolitanos, superan de manera notable la capacidad de respuesta de los municipios metropolitanos. Ante la falta de mecanismos eficaces para la procuración de fuentes de financiamiento para obras y servicios de alcance metropolitano, es necesario crear los instrumentos para su financiamiento, los cuales permitan la colaboración equitativa, eficiente y coordinada entre los distintos actores de la urbe. El financiamiento de este rubro requiere lógicamente de un financiamiento autónomo, integral y permanente que pueda provenir de una aportación fija que realicen las jurisdicciones locales y los demás órdenes de gobierno, atendiendo su compromiso y responsabilidad como administradores públicos de la región inmersa en la metrópoli. Esta necesidad se origina gracias a que en nuestro país los recursos que por concepto de transferencias federales le son asignados a los estados y municipios, están supeditados a los criterios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Esta ley condiciona su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportaciones se establece. En este orden de ideas de acuerdo al artículo 33 de la citada ley, los fondos enfocados a la infraestructura social, deben destinarse exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Evidentemente el problema a que se enfrentan las zonas metropolitanas radica en que en la legislación actual no existe un rubro destinado específicamente a la atención de la problemática metropolitana. Bajo esa lógica, la mayoría de las zonas metropolitanas no han podido desarrollar acciones de alcance metropolitano debido a la mencionada fragilidad hacendaria de los gobiernos municipales y estatales. Por otro lado, la etiquetación de los recursos federales deja un estrecho margen de financiamiento para los proyectos de naturaleza metropolitana. Teniendo en cuenta la importancia que alcanza este tema en materia de desarrollo nacional, se hace necesaria la propuesta para la creación de un fondo de aportaciones para la compensación metropolitana y desarrollo urbano, que se destine exclusivamente a los asuntos propios de las zonas metropolitanas del país. El objetivo de este fondo es mejorar las ventajas competitivas y el atractivo empresarial de las zonas metropolitanas, para convertirlas en polos regionales detonadores de desarrollo en el ámbito nacional e internacional. Impulsando medidas que coadyuven a la innovación tecnológica, la creación de empleos, la cuestión social y el desarrollo de oportunidades y cuestiones culturales en el ámbito sustentable. En este contexto y en el marco del pacto federal del Plan Nacional de Desarrollo y en correspondencia con la política de desarrollo urbano y territorial, la operación del fondo recaería en la Secretaría de Desarrollo Social como ente encargado de la planeación e instrumentación a través del Instituto Nacional para la Planeación Metropolitana dependiente de la misma Secretaría. Aunado a la creación de dicho instituto, cada zona metropolitana deberá conformar juntas de coordinación, las cuales estarán integradas por autoridades electas. Estas juntas de coordinación metropolitana deberán crear comisiones operativas de carácter sectorial, las cuales serán dirigidas por los funcionarios, titulares de la dependencia en cuestión de los Estados y municipios que conforman la zona metropolitana. De esta manera, para acceder al financiamiento del fondo, la comisión operativa deberá formular proyectos estratégicos de desarrollo de obras y servicios metropolitanos, los cuales serán entregados a la junta de coordinación de su jurisdicción para los efectos de promoción y presentación ante las autoridades del Instituto Nacional para la Planeación Metropolitana. Para determinar el capital operativo del Fondo, se propone que parte de los recursos destinados para su aplicación, sean provenientes de la recaudación federal participable nacional que obtenga la Federación en un ejercicio fiscal en un monto equivalente al dos por ciento que será destinado como capital inicial para la inversión y operación de dicho Fondo. Así la integración del financiamiento para los proyectos metropolitanos presentados, será del 50 por ciento para la Federación a través de la aportación inicial. El 30 por ciento por los gobiernos estatales involucrados y el 20 por ciento restante para los municipios metropolitanos. Con la creación de este Fondo de Aportaciones para la Compensación Metropolitana y Desarrollo Urbano, no solamente se ayudará a solucionar problemas de índole netamente metropolitano sino que además se podrá disminuir la brecha de desigualdad existente entre los municipios, así como también la inequidad existente entre las ciudades para mejorar las condiciones de vida de los habitantes que viven en dichas metrópolis en que opere dicho fondo. Finalmente, una vez instaurado este Fondo, se debe aplicar en todas aquellas áreas geográficas en donde se pretenda llevar a cabo proyectos detonadores de desarrollo con verdadero impacto regional. Por tal motivo, se plantea presentar esta iniciativa de ley para adicionar una fracción VIII del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. Solicito a esta Mesa Directiva se pueda inscribir íntegro en el Diario de los Debates dicha iniciativa de Ley. Muchísimas gracias.