EL C. DIP. RUFINO RODRIGUEZ CABRERA: Muy agradecido, señora Presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores: El pasado 31 de agosto, dio principio en Durbán, Sudáfrica, la III Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Es la tercera conferencia que se realiza en donde se pretende empujar programas de acción que tendrán que ser aplicados en cada uno de los países participantes para eliminar toda forma de discriminación que se halle presente en las diferentes legislaciones de los países participantes; está auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas esta conferencia mundial. En razón de este acontecimiento pretende comunicarles algunas reflexiones: Es innegable que actos discriminatorios de todo tipo se presentan para grandes franjas de la población mexicana, así como para un elevado número de personas en tránsito por nuestro territorio nacional y que los actos de gobierno tendientes a eliminar tales prácticas son incipientes y poco efectivos todavía prevaleciendo actos lesivos a la dignidad humana en contra de discapacitados, de indígenas, de mujeres, de migrantes, de enfermos de padecimientos virales como el SIDA y sobre todo la endémica y vergonzante discriminación contra personas caracterizadas por su preferencia sexual o por su grado de pobreza. Sin lugar a dudas, la construcción de las condiciones para una sociedad libre de discriminación pasa por escenarios complejos y al parecer no tenemos aún la voluntad de recorrer los senderos que nos conduzcan a un escenario en donde no se rechace a las personas bajo una falsa etiqueta de ser diferentes o desiguales. A diferencia de otras prácticas sociales, las manifestaciones externas de todo tipo de discriminación no siempre son advertibles; incluso puede parecer que no se transgrede ninguna disposición normativa vigente. Por lo demás, la simple enumeración de los derechos de quienes componen los grupos propensos a la discriminación no es ni será suficiente para revertir las condiciones sociales, culturales y de idiosincrasia que reproducen este fenómeno discriminatorio. La correcta interpretación de un régimen cabalmente inscrito en un estado de derecho, debe proteger a todos los individuos de abusos legales y no solo eso, sino ofrecerles un correcto resguardo a sus derechos humanos entre ellos la garantía al principio de la tolerancia y a no ser objeto de ninguna forma de discriminación. El hecho de que prevalezcan las prácticas discriminatorias en nuestro país, constituye un agravio para nuestra cultura que está en una ansiosa búsqueda de igualdad de oportunidades y de un trato equitativo y recíproco. Mi partido, el de la Revolución Democrática, ha sido vanguardia en la lucha por los derechos de los marginados y los grupos vulnerables, sin embargo autocríticamente quisiera señalar que en el pasado Congreso Nacional de mi partido, se rechazó de manera tajante la propuesta de registrar en igual número a candidatos varones y mujeres a los diferentes cargos de elección popular postulados por el PRD, y lo peor de todo es que la percepción que prevaleció entre los delegados de ese congreso es que se había hecho lo correcto, que se estaba haciendo lo que era correcto en esos momentos. Por sucesos de este tipo, siento, desgraciadamente, que ya no podemos afirmar dentro del PRD que somos pioneros en la búsqueda de la equidad entre géneros, pues hemos aprovechado varias oportunidades para diseñar reglas internas que permitan un escenario más favorable a la igualdad entre varones y mujeres. Debo decir que este escenario se repite en todos y cada uno de los partidos político que existen en nuestro país en mayor o menor intensidad. Sólo menciono lo anterior como un punto de referencia que nos permitirá identificar los grandes prejuicios y las fuertes resistencias que tendrían que vencerse para constituir una sociedad que gradualmente se despoje de sus cargas discriminatorias y no porque la igualdad entre varones y mujeres se reduzca a un concepto de igualdad numérica en donde se tengan igual cantidad de candidatos que de candidatas, tal afirmación sería errónea. Si se reduce el concepto de equidad y de no discriminación entre géneros a este principio, se parte de una premisa falsa y de una concepción equivocada. De ahí, que diseñar las condiciones que permitirían un contexto libre de discriminaciones, requiere, desde mi punto de vista, de una amplia voluntad para cambiar prácticas y costumbres sociales, para modificar disposiciones legales o reglamentarias y por último para realizar profundas transformaciones en los actos administrativos y en los programas de gobierno en todos los niveles. Al existir, por ejemplo, en el sistema educativo nacional una falta de contenidos curriculares que inculquen una cultura de igualdad y de respeto a las diferencias, tal cosa genera un ambiente poco propicio para tratar adecuadamente este conflicto. Creo que debe ser considerado como algo muy necesario, el que nuestras autoridades educativas tracen planes y programas docentes en donde los contenidos curriculares aborden adecuadamente el tema de la no discriminación. Por otra parte, si cometemos el error de identificar la respuesta a este problema desde una óptica meramente legislativa, en donde la solución se busque diseñando nuevas reglas y nuevas normas, seguramente estaremos recorriendo sólo una parte del camino. Es de valorarse que una respuesta integral al problema de la no discriminación en México, si bien debe de contemplar necesariamente modificaciones legislativas importantes, debe de priorizar también una serie de actos gubernativos en donde los programas especiales a aplicarse en los centros educativos nacionales deben ser complementados con campañas permanentes en los medios de comunicación. No creo que se vaya a avanzar sustancialmente contra la discriminación en nuestro país si se identifica como la solución a este fenómeno el implementar un esquema legalista en donde se priorice la aplicación de penas y la imposición de sanciones a quienes ejerzan actos de rechazo hacia las personas clasificadas prejuiciadamente como distintas. Creo y debo ser enfático, en la necesidad de contar con un marco normativo que regule adecuadamente el problema de la discriminación en México. Ahora bien, con esto no quiero decir que den nuestro país no existan normas que atiendan el problema de la restricción de ciertos grupos al ejercicio de sus derechos, sin embargo el Poder Legislativo a través del tiempo ha realizado labores dispersas que han ocasionado que no se enfoque adecuadamente la fuerza del estado en su lucha contra la discriminación. Existen diversos artículos en nuestra codificación civil, penal, administrativa o laboral que tienen esa meta, incluso se han promulgado leyes que tienen por objeto la correcta salvaguarda de los grupos considerados como vulnerables, niños, jóvenes, adultos en edad avanzada o indígenas, sin embargo, considero que se trata de esfuerzos aislados que atacan ciertas prácticas discriminatorias consideradas individualmente y tutelan a sólo ciertos grupos, dejando muchas de las modalidades de la discriminación sin respuesta jurídica. Si bien es cierto que es conveniente destacar la importancia de la recién aprobada y muy cuestionada reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 14 de agosto, que establece entre otras cosas disposiciones generales sobre la no discriminación. Es conveniente recordar que hasta ahora no existe en nuestra legislación federal una ley general en la materia, como sucede en otros países, capaz de dotar a la ciudadanía con instrumentos jurídicos concretos que les protejan contra la exclusión social y que se pueden hacer efectivos ante los tribunales. Compañeros legisladores: Por las razones expuestas, es que considero necesario destacar nuestro posicionamiento sobre el caso particular, resaltando dos aspectos: Primero. Consideramos como medidas indispensables que deben implementarse por conducto de la actual Administración Pública Federal en el ramo de la educación, el diseño de programas y prácticas curriculares, tendientes a inculcar en los educandos una cultura de respeto a las diferencias que coadyuve a forjar un escenario propicio contra la discriminación, medidas que deberán ir acompañadas de una amplia y adecuada difusión en los tiempos oficiales de que dispone el Estado en los medios masivos de comunicación de cobertura nacional. Segundo. Dada la jerarquía normativa que revisten los tratados y las convenciones internacionales en materia de no discriminación y la falta de aplicabilidad de los mismo en el Marco Jurídico Mexicano, se hace necesario tanto la adecuada difusión del contenido de éstos, como la correcta aplicación de las disposiciones establecidas en dichos instrumentos, así como la instauración de mecanismos que permitan la adecuada y sistemática aplicación de los tratados internacionales de la materia, lo anterior en el marco legislativo de las diferentes comisiones de esta soberanía y para el desarrollo, el diseño de un proyecto de una Ley Federal contra la Discriminación. Muchas gracias por su atención.