El diputado Emilio Suárez Licona: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, hace unos días el jefe de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda dijo que los hogares mexicanos tienen ahorros suficientes para afrontar una recesión económica. Esa declaración es a todas luces una advertencia, un primer aviso de que las cosas no van bien en la economía. Y claro que no van bien. En siete años de gobierno pasado se ha duplicado la deuda del país. A finales de 2026 los mexicanos deberemos 20 billones de pesos, cuando en 2018 esa deuda era de tan solo 10 billones de pesos. El gobierno tiene problemas financieros, ya dispusieron de todos los fondos, de todos los fideicomisos que encontraron a su paso para gastarlos en obras que han tenido sobrecostos de más de 800 mil millones de pesos. Así acabaron con prácticamente la mayoría de los recursos de los fondos de estabilización, de ingresos presupuestarios y de las entidades federativas, los cuales tienen un déficit de más de 308 mil millones de pesos. Se gastaron los recursos que había en el Seguro Popular, los fideicomisos que eran para las becas del Conacyt y un largo etcétera de fondos de los que el gobierno ya dispuso y que acabaron en obras que costaron tres veces más de lo presupuestaron y que no están dando beneficios a las familias mexicanas. Hace unos meses aprobaron reformas para que el gobierno pudiera disponer de los ahorros de los trabajadores en su cuenta de vivienda, todo para financiar una política de vivienda que pone en riesgo los recursos que son fruto de su trabajo y resultado de su esfuerzo cotidiano. Con todos estos antecedentes no queremos pensar que esta reforma, que de primera impresión pareciera tener una buena intención, resulte, como otras muchas medidas oficialistas, un mecanismo para evitar que las y los trabajadores dispongan de los recursos que hoy tienen ahorrados para su retiro cuando enfrentan una crisis de desempleo. Y no, no queremos pensar eso, queremos pensar que efectivamente se trata de una modificación legal para proteger a las y los trabajadores de los llamados coyotes que abusan de ellos y que les cobran porcentajes desproporcionados para ayudarles. Queremos pensar que esta reforma tiene el objetivo de evitar las trampas y proteger a las y los trabajadores. No queremos pensar que se trata de un mecanismo para apoderarse de los recursos de las y los trabajadores, porque hay que decirlo, hay otras muchas formas para resolver el problema que se plantea en la iniciativa, desde cambios regulatorios y procedimentales antes de promover una reforma legal. Por eso esperamos que esta reforma contribuya a resolver el problema que se plantea, porque aumentar los requisitos para que las y los trabajadores accedan a sus ahorros cuando lo necesitan es anticlimático en el contexto económico y laboral que el país enfrenta. Más aún, cuando las cifras de desempleo en el país son preocupantes. Tan solo en el sexenio pasado 7.5 millones de personas que se debían incorporar al mercado laboral, aumentaron las filas de personas que están en el sector informal. En los primeros meses del 2025, la generación de empleos formales ha tenido sus peores cifras de los últimos 12 años, sin contar el año 2020 por la pandemia. No solo eso, el gobierno se ha puesto como meta la generación de 1.5 millones de empleos en el Plan México, lo cual a todas luces parece complicado dado estas circunstancias. Con este dictamen nos están dando otro aviso que preocupa. Esperamos y confiamos en que las buenas intenciones del mismo se conviertan en beneficios para las y los trabajadores. Las y los legisladores del PRI siempre estaremos del lado de las y los trabajadores. Nuestra postura siempre será la de mejorar sus condiciones laborales y de vida. Es por eso que nuestro voto será a favor, no sin antes dejar claro que estaremos vigilantes de que no se quiera disponer de los ahorros de los trabajadores para fines ajenos a su bienestar. Gracias, presidente.