El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, pueblo de México, muy buenos días o tardes, según sea la ocasión. La actual Ley sobre Delitos de Imprenta, reglamente los artículos 6o. y 7o. de la Constitución. Estos artículos contienen las garantías constitucionales de libertad de prensa que son un supuesto para la vida política de una sociedad que se encuentra organizada bajo un Estado liberal y democrático de derecho. El día de hoy vemos la necesidad de esta reforma a la ley, debido a que es una reglamentación a la medida de su tiempo, de un país del año de 1917, en reconstrucción, pero anacrónica e insuficiente dentro de la concordancia de nuestro tiempo, ya que mientras que la Ley de Imprenta prohíbe los ataques a la vida privada, a la moral y a la paz pública, el Código Penal Federal en su artículo 254, fracción III, los establece como delitos. Con esto pretendemos decir que lo dicho en la Ley de Imprenta ya se prevé en el Código Penal Federal. Además, la Ley sobre Delitos de Imprenta es ineficiente en su aplicación debido a que el contexto de las multas es inadecuado. Las sanciones aplicadas están en total desuso, porque los montos de las mismas no corresponden a los montos que deberían de aplicarse en la actualidad y además se contrapone con las sanciones de otras regulaciones federales, como lo es el Código Penal Federal. Las penas que se imponen no rebasan en su mayoría los dos años de prisión, así como también las multas de 25, de 50, 100 y 200 pesos y que no exceden de 2 mil pesos, daría pie a cometer los delitos. Existen errores sustanciales que deben de remediarse como el haber derogado el artículo 1o de la ley, es cae en faltas de técnica legislativa debido a que en el artículo 2i se remite a la fracción I del artículo anterior, el cual está derogado. De la misma manera, el artículo 14 y el segundo párrafo del artículo 26 mencionan al artículo 1o derogado de la misma ley. Por otro lado, en México la pena de muerte fue suprimida cuando el 9 de diciembre del año 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó dicho precepto a efecto de abolirla absolutamente, por lo que la Ley sobre Delitos de Imprenta en su artículo 9o, fracción VII, que menciona las penas capitales, está errada al tatar de prohibir lo que está derogado en las leyes. Lo anteriormente expuesto nos rebela los problemas de compatibilidad y la ineficacia que podría existir en México si la Ley sobre Delitos de Imprenta se aplica sabiendo lo inútil y lo obsoleta que es, ya que es casi imposible que algún juez dicte sentencia basándose en ella. La Ley sobre Delitos de Imprenta sólo ha tenido tres reformas. En la última reforma el año 2015 que sufrió la ley derogan el artículo 27 y no hay revisión alguna de los demás artículos que debieron derogarse también. De lo anteriormente expuesto es que surge la necesidad de abrogar la Ley de Delitos de Imprenta del año 17, pues a más de 90 años de su promulgación la aplicación de esta normatividad ya ha cumplido con sus efectos jurídicos; es decir, ya aplicó para los hechos y situaciones que le dieron origen. Por ello resulta menester rescatar y elaborar un nuevo ordenamiento que se adecúe a los tiempos de hoy. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este pleno lo siguiente: Decreto Único. Se abroga la Ley de Delitos de Imprenta, publicado el 12 de abril de 1917. Es cuanto, tengan una excelente tarde.