La diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno: Compañeras y compañeros diputados, hoy me dirijo a este Congreso con profunda preocupación en defensa de los principios constitucionales que resguarda el equilibrio entre seguridad y justicia en nuestro país. El dictamen que hoy se nos presenta pretende ampliar la figura de prisión preventiva oficiosa imponiéndole en diversos casos. Sin embargo, es nuestro derecho advertir que esta propuesta compromete gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en última instancia, la justicia misma. La prisión preventiva oficiosa es en su esencia una medida cautelar extrema que debe aplicarse sólo en circunstancias extraordinarias. Convertirla en un mandato automático para una lista creciente de delitos significa ignorar el principio de presunción de inocencia, que es uno de los pilares de nuestro sistema de justicia. La presunción de inocencia no es un privilegio es un derecho humano fundamental que no debemos debilitar. Ampliar la prisión preventiva oficiosa puede traer consigo consecuencias devastadoras para personas inocentes, que sin haber sido juzgadas serán encarceladas de manera obligatoria sólo por estar acusadas de ciertos delitos. Compañeras y compañeros diputados, esto significa que el simple señalamiento de un delito será suficiente para privarlos de su libertad a un ciudadano sin siquiera investigarlos. Esta práctica socava el respeto por los derechos humanos, coloca una carga injusta sobre el sistema penitenciario y aumenta el riesgo de que personas inocentes sufran un castigo indebido. Entendemos que el combate a la delincuencia y las actividades relacionadas con el fentanilo y la extorsión requiere de medidas firmes, no podemos negar que estos delitos son graves y afectan profundamente a nuestra sociedad. Sin embargo, fortalecer este sistema de justicia no implica restringir libertades sin el debido proceso. La prisión preventiva oficiosa no resolverá estos problemas, no se engañen. Lo que necesitamos es mejorar la investigación, el acceso a un juicio justo y asegurar que los verdaderos responsables enfrenten las consecuencias. Además, este dictamen establece que las interpretaciones legales deben ceñirse estrictamente a la literalidad del artículo, prohíben cualquier interpretación extensiva o análoga. Y claro, como ustedes, compañeros, están acostumbrados a seguir al pie de la letra lo que se les dicta, por eso les queda muy bien. Este tipo de rigidez en la interpretación de las normas, limita severamente la capacidad de nuestro sistema judicial para actuar conforme a los principios de justicia y los derechos humanos, pero aún abre una puerta a abusos y arbitrariedades, pretende que la interpretación literal es la única vía, como lo propone Morena. Es un retroceso que amenaza la esencia de un sistema de justicia moderno y adaptable, uno que debe de considerar el contexto y las particularidades de cada caso. Nos enfrentamos a un dictamen que no solo amplia la prisión preventiva oficiosa de manera alarmante, sino también, impone una rigidez en la ampliación de las leyes que conducirán a serías injusticias. Morena, pretende vender esta medida como una solución a la inseguridad y criminalidad, pero lo único que logrará es encarcelar preventivamente a personas sin permitirles un juicio justo, violando sus derechos fundamentales. Los legisladores tenemos el deber de buscar soluciones, no de traicionar los derechos y libertades de los ciudadanos por medidas populistas que solo debilitan nuestro sistema judicial. Diputadas y diputados, esta propuesta no es la solución que México necesita para combatir la criminalidad, ni para garantizar la paz social. Lo que realmente necesitamos es fortalecer las capacidades de investigación de nuestras instituciones. Asegurar que se respeten los derechos humanos en todo momento y construir un sistema de justicia que actúe de manera justa y efectiva. Es lamentable que quienes prometieron defender los derechos del pueblo de México, elijan aprobar medidas que los vulneren. Por esto, el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra. Hoy les pido que rechacemos esta iniciativa que representa un atentado contra las libertades y derechos que nuestra Constitución protege. No permitamos que el sistema judicial en México retroceda por decisiones impulsivas y mal orientadas. México merece un sistema de justicia que garantice la paz y la seguridad, pero no a costa de los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Es cuanto, presidenta.