El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (1219 horas):: Se encuentra entre nosotros el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el fin de presentar el informe de actividades correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Tiene la palabra el doctor Raúl Plascencia Villanueva hasta por 30 minutos. El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva: Señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Diputada Mercedes del Carmen Guillén; diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez; diputada Paula Hernández Olmos; senador Luis Alberto Villarreal García; diputada Esthela Damián Peralta; miembros de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente. Señoras y señores senadores y diputadas y diputados miembros de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; señoras y señores miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; damas y caballeros. Acudo a la más alta tribuna del país para dar cumplimiento a la obligación de presentar el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a mi cargo, correspondiente al ejercicio 2010, de conformidad a lo establecido en el artículo 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante 2010 la sociedad mexicana experimentó momentos difíciles de la vida nacional contemporánea, caracterizada por un enfrentamiento entre autoridades encargadas de la seguridad pública y miembros de la delincuencia organizada, esto dio como resultado un incremento considerable de muertes violentas, el número más alto en los últimos años. Esta situación provocó una injusta afectación en la esfera de los derechos y las libertades de personas ajenas a la delincuencia. El año pasado 111 personas inocentes, no vinculadas con delito alguno, perdieron la vida en operativos de seguridad pública. En la inmensa mayoría de los casos, los familiares de las víctimas aguardan que se haga justicia en todos y cada uno de estos lamentables sucesos. Las estrategias en materia de seguridad pública requieren de una constante evaluación para determinar su funcionalidad y conveniencia, el recuento de los logros y desatinos permitirá rescatar lo positivo, pero también enmendar las fallas. Un aspecto necesario en esta evaluación debe ser respeto a los derechos humanos. La inseguridad pública no es una excusa válida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos de la sociedad en general. Otro de los problemas más complejos de superar durante el año 2010, fue la resistencia manifiesta de algunos servidores públicos para reconocer las responsabilidades que se les atribuyen en función de hechos concretos y verificados. Es lamentable el discurso de algunos servidores públicos que condenan la causa de los derechos humanos como si el quebrantamiento del Estado de derecho garantizara un mejor futuro para el país. Ante estas nuevas circunstancias, varias de nuestras autoridades gubernamentales aún encuentran dificultades para una inmediata aceptación de las recomendaciones. Instituciones de gobierno acostumbradas a recibir sólo reconocimientos no aceptan fácilmente observaciones ni se muestran inclinadas a reconocer eventuales fallas, excesos o abusos en el ejercicio de algunos servidores públicos, sin embargo, aún con estos retos hemos podido lograr algunos avances. A continuación me permito hacer de su conocimiento un recuento de las principales acciones realizadas durante el primer año de mi gestión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió durante 2010, 16 mil 66 quejas de las cuales 6 mil 916 fueron calificadas como presuntas violaciones a los derechos humanos. 4 mil 604 orientaciones directas, 4 mil 193 remisiones a otras instancias y 353 inconformidades. Las autoridades más frecuentemente señaladas fueron: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina. De igual forma, se emitieron 86 recomendaciones dirigidas a 115 autoridades. Entre las autoridades que no aceptaron las recomendaciones emitidas por este organismo nacional se encuentran: la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Petróleos Mexicanos, los gobernadores del estado de Chihuahua y de San Luis Potosí, los Congresos locales de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Asimismo, los ayuntamientos de Acatlán, Puebla; Metlatónoc y Chilpancingo de los Bravos, Guerrero; Guadalajara, Jalisco; San Juan Yatzona y Santa María Yalina, Oaxaca; San Juan Evangelista y Agua Dulce, Veracruz. Hago un llamado a las autoridades y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que no aceptaron las recomendaciones emitidas, para que asuman el mandato encomendado por la sociedad como un servicio en beneficio del estado de derecho. El no aceptar las recomendaciones equivale a asumir una actitud de desprecio por la cultura de la legalidad y la falta de interés por fortalecer los derechos humanos como valores esenciales para la democracia moderna. En 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofreció 314 mil 936 servicios al público, entre los cuales se encuentran atención personal, documental, telefónica y electrónica. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos se organizaron 11 mil 178 actividades de promoción, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos, con esto se beneficiaron 145 mil 298 personas. Este fuerte impulso a la capacitación en materia de derechos humanos en gran medida fue posible debido a la firma de 439 convenios de colaboración celebrados a lo largo del año con diversos actores sociales e institucionales vinculados al tema. Con esto, se pretenden fortalecer los lazos de comunicación con dependencias de la administración pública federal, estatal y municipales, pero también con los Poderes de la Unión, con las procuradurías de justicia del ámbito federal y estatal y con las procuradurías defensoras de los derechos humanos en las entidades federativas; pero también con los organismos de la sociedad civil. Con esto queremos estar más cerca de la sociedad, pero también aportando opciones viables para solucionar problemas vinculados con el tema de los derechos humanos. También se publicaron cerca de 14 millones de ejemplares en materia de derechos humanos para incrementar el conocimiento de éstos en la sociedad mexicana. Esto fue un poco más del doble de lo que se había publicado en el año previo. Durante 2010 se dio una promoción renovada a las actividades de divulgación a través de medios electrónicos. Como resultado de ello, la página oficial de la institución recibió un millón 647 mil 657 visitas de más de 50 países. Por otra parte, los centros de readaptación social en la actualidad enfrentan problemas relacionados al estado en que se encuentran sus instalaciones que presentan sobre población y hacinamiento. Por ello se realizaron 309 visitas iniciales de verificación y 115 visitas de seguimiento a diversos centros de todo el país. Además, como responsable del mecanismo nacional de prevención de la tortura, este organismo nacional examinó el trato que reciben las personas por parte de las autoridades penitenciarias y en los centros de detención. Con la finalidad de señalar éstas y otras anomalías al interior de estos centros, en 2010 emitimos con la aprobación del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la recomendación general número 18 sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros de retención de la República Mexicana. A través de este documento se plasmaron observaciones dirigidas a las actividades competentes, con el objetivo de adoptar políticas públicas para mejorar la deplorable situación en la que se encuentra la mayoría de los internos y también las condiciones materiales de los 431 centros que integran el sistema penitenciario nacional. En cuanto al tema de la discriminación, actualmente existe un problema de exclusión en agravio de un sector de la sociedad con preferencias sexuales diferentes, en cual, de no atenderse oportuna y eficazmente, pondría en riesgo el sistema de libertades de dicho grupo social. Para concientizar a la sociedad y a las instituciones públicas sobre esta problemática en 2010, este organismo nacional emitió el informe especial sobre violaciones a los derechos humanos y los delitos cometidos por homofobia. Señoras legisladoras y señores legisladores, un ámbito de atención prioritaria para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el de las víctimas del delito, especialmente el de las víctimas del delito de secuestro. Éste y otros delitos afectan la esfera física, moral, psicológica y social de las víctimas. La falta de atención y la indolencia provocadas por la falta de capacitación origina, en la mayoría de los casos, nuevas situaciones de victimización generando temor y desconfianza en las víctimas. Durante el año que se informa se proporcionaron 2 mil 497 servicios de atención a víctimas del delito; se organizaron 27 eventos de promoción y difusión de los derechos de las víctimas a través de los cuales se benefició a 6 mil 67 personas; se distribuyeron 9 mil 614 ejemplares de material informativo relacionado con los derechos de estas personas. En el último año se advirtió un aumento en el número de agravios por presuntas violaciones al derecho de protección de la salud hasta llegar a ocupar el segundo lugar en cuanto al número de quejas recibidas en este organismo nacional. En este mismo periodo se emitieron 12 recomendaciones a diversas autoridades públicas del sector salud. De ahí la importancia de tomar medidas que permitan un mayor ejercicio de derechos en esta materia. Por otra parte, la migración continúa siendo uno de los temas de mayor preocupación para el Estado mexicano. A lo largo del año que se informa se registraron diversos casos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Éstos incluyen homicidios y secuestros masivos como los sucedidos en los estados de Tamaulipas y Oaxaca. Durante el 2010 se realizaron 2 mil 705 visitas a estaciones migratorias y lugares de alta concentración de migrantes. En éstos se atendieron a 68 mil personas y se realizaron cerca de 7 mil gestiones ante las autoridades competentes. Se realizaron actividades de capacitación en materia de derechos humanos de los migrantes, con lo que se beneficiaron a cerca de 4 mil personas. Asimismo se desarrollaron estrategias y acciones encaminadas a generar vínculos con instituciones públicas y privadas y con organismos de la sociedad civil para defender, de manera integral los derechos humanos de los migrantes. La trata de personas es una agresión directa a la dignidad y a la libertad del ser humano, se ha convertido en una práctica delictiva que no respeta fronteras, ni edades, y que busca aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. A pesar de que en el 2007 fue publicada la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en la actualidad solamente se han hecho adecuaciones en nueve entidades federativas del país que son las únicas que cuentan con una ley especializada en la materia. En este contexto estamos trabajando para impulsar la capacitación y dotar a los funcionarios de herramientas suficientes para proteger, atender y brindar asistencia a las víctimas de este deplorable delito, así como capacitar a impartidores de justicia, miembros de organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas, empresas y trabajadores del sector privado, en cuestiones principales de esta materia. En suma, a lo largo de 2010 organizamos 94 actividades de capacitación en esta materia, con lo que se beneficiaron a 10 mil personas y se distribuyeron 40 mil materiales informativos vinculados a la prevención de la trata de personas. Por otra parte, en cuanto a la situación de los periodistas y defensores de derechos humanos, durante 2010 se recibieron e investigaron 80 expedientes de queja por presuntas violaciones a sus derechos humanos y se emitieron 9 medidas cautelares. Las agresiones al medio periodístico no sólo representan un ataque directo a la vigencia del estado de derecho y a la libertad de expresión, sino que también representa un ataque a ésta la ineficacia de las autoridades competentes cuando propician la impunidad. Afectar la libertad de expresión es una de las formas de destruir la democracia y la convivencia civilizada que demanda nuestra nación. Es necesario reconocer la posición de los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando las agresiones, por lo que resulta imperativo proteger la actividad esencial que llevan a cabo en beneficio de la vida pública del país, en particular en los casos en que los profesionales de la información cubren situaciones de alto riesgo. En 2010 recibimos e investigamos 50 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de defensores civiles de derechos humanos, el número más alto en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se emitieron recomendaciones y también medidas cautelares con la finalidad de salvaguardar sus derechos. En relación con los defensores civiles de derechos humanos, no existe justificación alguna para que se limite su trabajo. La condición de los defensores de derechos humanos no debe ser un peligro para quien decide comprometerse con esta causa; al contrario, deben contar con las garantías en el ejercicio de sus tareas, especialmente, cuando tienen que ver con el tema de la seguridad pública. Por otro parte, es de particular relevancia la atención a los temas vinculados con las niñas, los niños y los adolescentes, especialmente la prevención y el tratamiento del abuso y la violencia en las escuelas. El acoso escolar conocido como bullying es una práctica presente lo mismo en escuelas públicas que en instituciones privadas, que atenten contra el derecho a la educación y a la integridad física y psicológica de los menores de edad. La población escolar y la sociedad con frecuencia desconocen las dimensiones de los daños que causa esta práctica, la cual consiste en cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada y que puede llegar a excluir socialmente a los afectados. En esta materia buscamos atender los derechos de la niñez y se organizaron a lo largo del año 49 eventos de capacitación y difusión con los cuales se beneficiaron a 7 mil 297 personas y se distribuyeron 46 mil 253 ejemplares vinculados con los derechos de la infancia. A las dificultades que enfrentan las mujeres como resultado de su condición y que las afectan en su esfera laboral y social, hay que añadir la violencia que padecen en todas sus manifestaciones, lo cual es una expresión de abuso que nos degrada a todos como sociedad. La efectiva promoción de la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los pendientes de las políticas públicas en este país. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos organizó actividades de capacitación con las cuales se beneficiaron a 7 mil 804 personas. Asimismo, atendimos 255 quejas vinculadas con este tema. También se efectuaron acciones de difusión a las que asistieron 5 mil 330 personas y se distribuyeron 4 mil 635 materiales para promover los derechos de las mujeres. En muchas ocasiones los adultos mayores son víctimas de discriminación en el ámbito económico y social. Actualmente, la mayoría de este grupo social enfrenta un panorama desalentador en la esfera del ejercicio de sus derechos y libertades. Esta circunstancia obliga al Estado mexicano a responder con la adopción de efectivas normas que atiendan sus necesidades básicas de empleo, pero también de seguridad social a los cuales tienen derecho. En la institución estamos promoviendo todo un conjunto de actividades institucionales orientadas a fortalecer el respeto y la protección de los derechos de los adultos mayores. Para alcanzar este objetivo, en el año 2010 celebramos diversos convenios de colaboración con instituciones públicas, así como con organismos de la sociedad civil, esto con la finalidad de establecer estrategias en materia de capacitación e información en derechos de este grupo social para buscar que se hagan efectivos muchos de los derechos que permanecen sólo en términos declarativos. Dentro de la vasta diversidad cultural y riqueza social con la que cuenta México, es necesario reconocer el papel que representan los pueblos y las comunidades indígenas, quienes a pesar de su importancia en el devenir histórico nacional enfrentan discriminación, marginación, pobreza y menosprecio de sus derechos. La efectiva defensa de los derechos de las personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas debe ser un asunto de primer orden en la agenda nacional; el mejoramiento de sus condiciones de vida, trabajo, salud y educación debe ser uno de los principales ejes rectores de las políticas públicas y las acciones gubernamentales. En este ambiente destaca la urgente necesidad de atender la situación de la niñez y la mujer indígena. Durante el año que se informa se visitaron 51 comunidades indígenas con la finalidad de promover los derechos de ellos y se presentaron ante las autoridades competentes 1 mil 191 propuestas de beneficio de libertad anticipada para integrantes de pueblos y comunidades indígenas, que estaban recluidos. De esto, logramos la liberación de 525 indígenas. Estoy convencido de que la transparencia en el uso de recursos públicos representa una exigencia legítima de la sociedad mexicana. Por tal motivo, desde el inicio de mi gestión se han tomado las medidas necesarias para administrar de la manera más racional, austera y eficiente, el gasto público asignado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos buscando evaluar permanentemente cada una de las unidades responsables de la institución, cada una de las áreas de atención y sobre todo, también, el desempeño de los servidores públicos para aumentar la eficiencia institucional para optimizar el gasto y para cumplir con la rendición de cuentas, pero sobre todo para que este Congreso de la Unión y la sociedad mexicana esté convencida y cierta de que estamos buscando hacer el mayor esfuerzo y lograr los mayores resultados con el presupuesto asignado. Otro de los pilares fundamentales de esta administración es el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, el respeto a la ley y el cumplimiento de nuestras obligaciones, son valores que estamos comprometidos a fomentar en la conciencia de servidores públicos y de la sociedad civil, especialmente entre la infancia y los jóvenes. En este sentido, durante el año 2010 se dio a conocer la cartilla de los derechos y deberes de las personas. Esto con la finalidad de difundir entre la sociedad mexicana el compromiso de exigir nuestros derechos, pero también de asumir nuestros compromisos y cumplir con los deberes que tenemos para con nuestras familias, con la sociedad, con las instituciones públicas, con nuestro país y con nosotros mismos. Señoras y señores legisladores, la tarea legislativa realizada por el Congreso de la Unión durante 2010 fue fundamental para alcanzar estos objetivos, ejemplo de ello fue la aprobación de leyes y reformas de gran trascendencia para el sistema jurídico mexicano, como es el caso del proyecto que está a punto de culminarse consistente en la reforma en materia de derechos humanos. Ésta representa una muestra del compromiso y vocación democrática de los legisladores con los derechos humanos y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta reforma amplía el espectro de los derechos humanos y otorga a los organismos públicos encargados de su defensa instrumentos idóneos para la protección y promoción de estos derechos, amplía su competencia y fortalece su desempeño. Quiero hacer un particular reconocimiento a los diputados y senadores de este Honorable Congreso de la Unión por el impulso a estos cambios, los más trascendentes realizados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en una materia fundamental para el futuro del país. Estén ciertos de que buscaremos asumir las nuevas responsabilidades con el mayor compromiso en beneficio de la sociedad mexicana. El trabajo que estamos realizando buscamos hacerlo del conocimiento público, pero alejado de cualquier pretensión de polarizar los problemas nacionales. Con la labor desarrollada a lo largo del año que se informa, deseo refrendar el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de todos mis colaboradores ante la sociedad y ante este Honorable Congreso de la Unión de continuar trabajando en la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos hasta que se les haga justicia y se les hagan efectivos sus derechos, convencido de que los derechos humanos son un compromiso de todos. Muchas gracias.