El diputado Jesús Fernando García Hernández: En esta ocasión, la propuesta que presentamos a ustedes habla de obras simuladas, inconclusas y hasta defectuosas en su construcción, las cuales se reciben como debidamente ejecutadas bajo el argumento de que se ha cumplido con lo estipulado en los contratos. Las autoridades y las constructoras responsabilizan de esta entrega a comités de obras que ellos forman, que ellos componen, ¿sí?, en esta estructura a su favor. Pero obras públicas que ellos firman, cuando no conocen qué es que se está haciendo ni qué materiales son los que se tienen que implementar en esa obra. Constituyen hechos, pues, ilegales que significan afectaciones para las finanzas públicas. Representan también un peligro para usuarios y una irregular situación que afecta los proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo regional y nacional. Estas irregularidades han sido reportadas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación al documentarse, entre otros hechos, licitaciones sin el cumplimiento de la normativa correspondiente, así como obras no realizadas o ejecutadas con mala calidad y por las cuales se han cubierto todos los pagos respectivos. Simulaciones, pues, simulaciones que llevan a cabo la mala calidad y obras inconclusas que le cuestan caro al erario público. Ello ha dado lugar a que la autoridad emita recomendaciones, pliegos de observaciones y solicitudes de aclaración, entre otros recursos, que nadie hace caso. Medidas persuasivas y disuasivas que cobran importancias, dado que la contratación de obra pública ha seguido siendo altamente vulnerable a la corrupción. Aguas, compañeros diputados. Esto, aun y cuando los sectores públicos y privados sean conscientes de la aplicación cada vez más estricta de las leyes anticorrupción, en su transparencia y su rendición de cuentas. Se trata, pues, de situaciones que tienen en parte origen por el presupuesto, de haberse concursado previo pago de gratificaciones, moches, a cambio de ser adjudicados los contratos respectivos. Constituye, pues, un proceso viciado que por sus características dificulta investigaciones y el deslinde de las responsabilidades a que haya lugar. Entre otras causales para que ocurran este tipo de situaciones, están que los plazos de ejecución acordados no responden a lo previsto. Además de que habría que sumar la falta de una supervisión correcta y oportuna de las obras públicas. El fraude y las irregularidades presentes en el sector de la obra pública han obligado al sector público a instrumentar mecanismos y reformas al marco legal. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el proceso de rendición de cuentas y fiscalización no debe limitarse a indicar el cumplimiento de la norma y el uso adecuado de los recursos públicos. Más bien, y en lo sustantivo, debe llegar así la validación que asegure la calidad de las obras recibidas por las dependencias y entidades. Es condición necesaria para la integridad requerida en los procesos de contratación de obras públicas, de forma tal que al sector público se le garantice que se paga por aquello que en realidad sirve para lo que fue proyectado. La presente propuesta plantea ante ello la necesidad de preceptuar expresamente en la ley la facultad irrestricta de las dependencias y entidades contratantes de obra pública, para que estas puedan realizar la revisión que corresponda a los proyectos ejecutados dentro de un plazo ampliado. De manera tal que se constituya en un mecanismo para enfrentar la eventual comisión de fraude, en perjuicio del erario público y otras afectaciones a la sociedad, y terminar así con los moches. No más corrupción en obras públicas, no más obras de mala calidad, no más obras fantasmas. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Ánimo y saquémonos otro diez. Es cuanto.