La diputada Liliana Carvajal Méndez: Compañeros legisladores y legisladoras. La seguridad pública ha constituido una de las mayores y legítimas exigencias ciudadanas hacia los municipios, los estados y la Federación al ser esta labor compartida y corresponsable entre todos ellos. Ninguna estrategia o acción en esta materia podrá dar resultados sin la colaboración y la corresponsabilidad de los distintos ámbitos de gobierno. Al ser la seguridad pública un problema multifactorial de aspectos económicos, políticos y sociales, se hace necesaria la labor coordinada entre las diferentes instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ahí la importancia de fortalecer y perfeccionar los mecanismos de organización, función y económicos entre los distintos ámbitos de gobierno. Si bien en la presente administración han existido pendientes por resolver, no debemos desestimar que fue este gobierno el que elevó como prioridad nacional el combate a la inseguridad, creando la Secretaría de Seguridad Pública, encargada de diseñar la política criminal con el fin de evitar la politización de la seguridad al separarse ésta de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, realizó un importante y objetivo diagnóstico en materia de seguridad de justicia plasmado en la iniciativa de reforma integral presentada por el Ejecutivo en el Congreso, en el año 2004, misma que colocó en el debate legislativo la necesidad de actualizar la legislación existente para constituir una política criminal, eficaz y articulada desde el punto de vista preventivo, punitivo y de readaptación. Consolidación así de un marco eficaz que proporciona los instrumentos idóneos para combatir a la delincuencia. Reforma que guarda coincidencias con propuestas presentadas por otros grupos parlamentarios. Cito como ejemplo la iniciativa que presentó el PRD en materia de juicios orales en el 2004; la que presentó el Partido de la Revolución Democrática en el 2005; la del Partido Convergencia presentada también en el año 2004; la del Partido Verde Ecologista presentada también en el año 2004, sólo por citar algunas coincidencias con estas reformas del Poder Ejecutivo. Es momento de anteponer los acuerdos sobre las divergencias. México exige seguridad. Cuando ha existido voluntad por parte de los diversos actores políticos, han resultado importantes reformas, como lo es la Ley Orgánica de la PGR, el establecimiento de justicia penal para adolescentes, la concurrencia de la Federación y los estados en el combate al narcomenudeo. Son acciones que constituyen apenas un primer paso para contar con los instrumentos jurídicos adecuados en el combate a la delincuencia. Compañeros y compañeras legisladoras. Si bien el Ejecutivo ha contado con un marco legal restringido, reconocemos importantes logros derivados de una adecuada coordinación interinstitucional con la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública y el importante trabajo de las Fuerzas Armadas. Destaca la creación también de la Agencia Federal de Investigación, el establecimiento de 52 Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo como estrategia conjunta entre la Federación y el Estado. No solamente con más dinero, con más personal ni con penas más altas, resolvemos este gran problema. Necesitamos de una reforma integral que nos permita combatir a la delincuencia, respetando los derechos humanos, más atribuciones a las autoridades policiales, fortalecimiento de las instituciones ministeriales y de los servicios periciales, mayores garantías a los derechos de las víctimas del delito. Compañeras y compañeros legisladores. Unamos esfuerzos. Realicemos las reformas estructurales que clama nuestro querido país. Gracias.