El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, gracias. Para corregir mí tiempo. Miren, siendo un debate importante y una vez que lo han matado, lo que me queda es pedirle a la Presidencia instruya a la Secretaría que inserte en el Diario de los Debates, para ilustración de los diputados y diputadas, para futuras ya cuando menos actuaciones personales esta cartilla por los derechos sexuales de los jóvenes que varias organizaciones no gubernamentales y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha generado, creo que ha privado este espíritu de regresión en la ley. Creo que evidentemente a los diputados que votaron a favor de esta ley, obviamente se los chamaquearon una vez más. Allá ustedes por hacerle caso al PRI. Y a los que se abstuvieron, pues un poco más de fuerza para mantener la claridad de lo que está en el fondo de este debate, porque por ahí dicen que en las izquierdas los leirianos, en este marco nada más de las discusiones abstractas de los derechos humanos, siendo importantes –lo reitero– no entran a los debates de fondo. Que es a lo que quisiera entrar, más allá de los derechos sexuales importantes de jóvenes, adolescentes y de niñas. Miren, mis reservas tienen que ver con lo siguiente. Tienen que ver, Christian Tomás, tiene 18 años, proviene de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, localidad desde donde se trasladó su padre, tan pronto fue denunciado el rapto de 43 jóvenes normalistas. Voy a dar el testimonio de su padre: “Yo soy jornalero, gano 600 pesos semanal, máximo, y eso cuando hay, porque a veces no hay trabajo, pues... Mi muchacho quiere ser maestro porque él tiene necesidad, y tiene también gusto por ser maestro, ésa es la profesión que él quiere, pero lo frenaron, lo detuvieron... —el señor detiene su hablar en seco, medita, nunca baja la mirada, pero sus ojos se crispan de desesperación—, ¿qué vamos a hacer?” ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes desaparecidos? ¿Qué va a hacer el gobierno federal? Eso lo digo yo. El artículo 5 determina que son niños y niñas los menores de 12 años y adolescentes las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18. A pesar de su apariencia de jóvenes adolescentes, Cristian Tomás 18 años de edad, Saúl Bruno García 18 años de edad, Abel García Hernández 19 años de edad, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz 19 años de edad, jóvenes que a pesar de su apariencia de adolescentes no protegió ni garantizó su derecho a la libertad y a la vida el sistema, el sistema jurídico mexicano ni las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de su competencia. Ellos son parte de los 43 normalistas desaparecidos. A quién protegerá la nueva ley general, por qué estamos legislando con ambigüedades y con trampas, como ya se vio ahorita. Entre el 6 y el 14 de octubre del año en curso, la comisionada para los derechos de los niños y adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortiz, recibió a un grupo de 94 familias mexicanas que han sido víctimas de desaparición forzada, quienes en gran medida culpan a las fuerzas del Estado por estas desapariciones. Le reportan que no hay avances en las investigaciones de estos crímenes. La CIDH registra 2 mil menores desaparecidos y/o asesinados, advierte que el número de niños y adolescentes mexicanos desaparecidos registra un aumento alarmante, que Fuerzas del Estado aparecen involucradas en varios casos en 8 años, se han contabilizado 2 mil menores asesinados y mutilados. La Red de los Derechos de la Infancia en México registra un deceso de mil 226 niñas y niños en fuego cruzado y ataques directos. Otro número indeterminado de niñas y adolescentes, agrega el informe, han sido reclutados por el crimen organizado, el cual se vale de agresivas acciones para cooptarlos, especialmente en las comunidades más pobres de este país, sí, pobres en este país, en el cual el 54 por ciento de la población entre 0 y 17 años se encuentran en situación de pobreza. El 27 punto 5 de los niños menores de un año carecen de acceso a servicios de salud. El 28 punto 2 padece inseguridad alimentaria moderada o severa. En la ciudad de México se prostituye, además, un millar, cuando menos, de niñas y jovencitas, que oscila entre 14 y 16 años. La violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes es constante y se agrava en nuestro país. Para cumplir con el objeto de la ley que se determina en esta Ley General, en el dictamen se estima un impacto presupuestal, ya lo dije, de más de 293 millones de pesos por parte de esta Cámara de Diputados en sus estudios del CESOP para las dimensiones de los problemas que padecen niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Por otra parte, ustedes diputados estiman que la Ley General que aprobaron garantizará los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, ha sido incapaz de garantizar en forma mínima dichas garantías y derechos. Éste es un retroceso y demagogia legislativa, lleno de ambigüedades en la mayoría de sus disposiciones, al no establecer reglas claras de responsabilidad de los tres niveles de gobierno concurrentes. Una muestra, el artículo 44, dispone, subrayo: corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades económicas y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Y luego subrayo: las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del DF, en el ámbito de sus respectivas competencias coadyuvarán a dicho fin durante la adopción de las medidas. ¿Qué dice el 4 constitucional, párrafo tercero? Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Subrayo, el Estado lo garantizará. Y en el párrafo noveno, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. En el artículo 44 se retroceden las garantías constitucionales y con las ambigüedades se determina que las autoridades de sus respectivas competencias coadyuvarán, más no se determina que éstas se encuentran obligadas a garantizar, como se establece en el artículo 4 constitucional. Esta ley no representa cambio de paradigma en las garantías de las niñas, niños y adolescentes. Menos aun en sus tres niveles, en un sistema de tres niveles de gobierno que se ha caracterizado por su corrupción, impunidad y complicidad con la delincuencia organizada. No hay garantía para las niñas, niños y adolescentes en este país, en tanto no se combata la corrupción y la impunidad. Esta ley no es el medio, esta ley no es la garantía. Señor presidente, ahorita sí están acabando mis nueve minutos a que tenía derecho. Le pido tolerancia, estoy concluyendo.