La diputada Carolina García Aguilar: Compañeras y compañeros legisladores, hoy nos reunimos para discutir un dictamen de amplia relevancia, pues de él depende la salud de las y los mexicanos y la correcta aplicación del gasto del dinero de nuestra nación. Este tema no puede ser relevante solo para el sector público, sino para todos. Recordemos que la salud de las y los mexicanos es un derecho humano al que todas las personas, sin excepción alguna, deben aspirar y, aún más importante, gozar. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social nos caracterizamos por hacer, decir y proponer lo socialmente correcto y no estamos de acuerdo en la política oportunista y sonora, por más mediática que pueda ser. Encuentro Social está a favor de que se apruebe y transite el dictamen emitido por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de salud, porque reconocemos la importancia y la urgencia del tema. Está en juego la salud de miles de personas en México y su bienestar no puede aguardar a que nos pongamos de acuerdo, todos, y salgamos con un proyecto en consenso total, pero esto no quiere decir que como grupo parlamentario no estemos siendo conscientes de que existieron situaciones durante su aprobación que pudieron transcurrir de mejor forma y que el proyecto pudo ser mejorado y robustecido al considerar opciones de modificación y opiniones emitidas en el parlamento abierto que aún está en proceso. En el PES consideramos que el dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sin duda persigue objetivos loables. El proyecto plantea la inclusión de una opción más para adquirir bienes o servicios para la salud, lo que sin duda resulta una opción viable que aumenta las posibilidades para conseguir los insumos y servicios que se requieran en materia de salud a un mejor costo. La intención de las adquisiciones de bienes y la prestación de servicios en materia de salud puede realizarse a través de los mecanismos distintos a la licitación pública, pero podría afectar a las reglas establecidas en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de los derechos económicos, sociales y comerciales, por mencionar algunos. Es por ello que en Encuentro Social pusimos a consideración de la comisión dictaminadora algunas observaciones para retroalimentar y fortalecer esta iniciativa. Recomendamos adicionar que estas compras de productos y servicios de la salud solo se puedan realizar cuando el Consejo de Salubridad General emita la declaratoria de emergencia sanitaria. Sugerimos aclarar en la redacción que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de realizar la investigación del mercado. Propusimos que se asentara el término correcto y completo, que es: Licitación pública dentro del marco normativo, pues resulta necesario y es nuestra obligación hacer las cosas bien. Planteamos aclarar en la redacción que es la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda la encargada de emitir la autorización de estas contrataciones. Exhortamos adicionar una párrafo que establece que toda la documentación de estas contrataciones sea pública y que estas contrataciones no estén obligadas a cumplir las preferencias a productos y participación de empresas nacionales, que establecen los artículos 8 y 14 de la presente ley. Recomendamos que la Comisión Federal de Competencia sea la autoridad encargada de dar el visto bueno de la investigación de mercado para poder realizar estas contrataciones. Como se puede apreciar, compañeras y compañeros legisladores, nuestras aportaciones buscan reforzar la propuesta de reforma. Recordemos que este tipo de contrataciones representan mucho dinero del pueblo mexicano. Así como en todo, no puede haber error alguno. Cuando se trata de la salud y el bienestar, lo socialmente correcto es primero. Es cuanto.