La diputada Claudia Bojórquez Javier: buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Medios y comunicación y escasos diputados en el pleno el día de hoy a esta hora. Es lamentable que estemos tocando temas que definen la economía y la situación financiera de nuestro país y que nos veamos negados en el interés para venir no solamente a debatir, sino siquiera para escuchar lo que las izquierdas o lo que el pueblo y el ciudadano necesita, que es ser defendido de todos ustedes. Históricamente, el Congreso y las legislaturas locales han tenido impedimentos para acceder a información de la deuda pública, como fue cuando el famoso Fobaproa, creado en 1990 y por el cual a finales de 1994 tuvo lugar la crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana, y recientemente la negativa de solicitud de información que el Congreso de la Unión realizó el 23 de enero del año en curso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que rindiera un informe completo, detallado y actualizado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado con estados y municipios, y en ambos casos sus organismos descentralizados. Qué porcentajes representan esos créditos de sus operaciones locales, qué características de tasa y plazo contienen, garantías, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos. La contestación fue que este órgano desconcentrado se encuentra impedido legalmente para cumplimentar el requerimiento realizado por la Comisión Permanente en los términos formulados. Es necesario que el Poder Legislativo sea capaz de superar sus propias limitaciones para que, en el ejercicio de sus funciones y compromisos de cara a la nación, pueda ejercer un adecuado diagnóstico que genere las leyes que necesita este país, además de rendirle cuentas a sus electores, pero sobre todo para evitar la simulación y la impunidad, como el día de hoy, a fin de establecer los incentivos adecuados para que se responsabilice a las entidades federativas, municipios, integrantes del sistema financiero y calificadoras crediticias a que asuman los costos de sus inadecuadas decisiones e incluso de las faltas que cometen. Por lo tanto, se hace imperioso plantear un cambio en el acceso a las solicitudes de información en materia de empréstitos federales y locales para que el Congreso de la Unión tenga la capacidad de ser un poder vigoroso y respetado en el país. Se necesita que el Congreso no tenga impedimentos legales para que se conozca el monto real de la deuda de estados y municipios, pues es un problema que se ha desatendido, pese a que puede poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero mexicano. El Banco de México ha reconocido que hay algunos bancos pequeños expuestos por deudas de estados y municipios, lo que puede generar un riesgo sistémico. Por eso, se debe obligar a los bancos a informar al Poder Legislativo con quién contrata deuda y en qué condiciones. Si aspiramos a un Estado plenamente legal, fiscal y administrativamente eficiente y a adoptar el camino de la modernidad, se debe rescatar y buscar lo público para enfrentar viejas limitaciones de la decisión y gestión gubernamental. Dejar atrás la tentación patrimonialista, las tendencias centralistas como el actual gobierno quiere hacer, el descuido del recurso y los bienes públicos construyendo nuevas políticas públicas que fortalezcan las instituciones democráticas del país y vigorice la función del Poder Legislativo, evitando la desilusión de los ciudadanos y el demérito y golpeteo de los poderes fácticos a los representantes del pueblo y de los estados que minan la democracia de México. Por este conducto y con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo modificar la fracción I, IV y V en el dictamen con proyecto de decreto que adiciona y reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue: Artículo tercero. Se reforman los artículos 117, Título Sexto. De la Protección de los Intereses del Público, Capítulo I. Disposiciones Generales. Artículo 117. La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente ley, tendrá carácter confidencial porque las instituciones de crédito en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo lo previsto en la fracción XV del citado artículo 46, sino solamente al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la provisión prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar la noticia a su información mencionada en los casos en que le sea solicitadas por las siguientes autoridades: Del 1 al 6o. 7o. El Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente, sus mesas directivas, juntas de coordinación política y comisiones ordinarias de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, la legislatura de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de sus órganos de gobierno, respecto del entendimiento y endeudamiento de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y de los organismos públicos, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos en los cuales el fideicomitente sea alguno de los entes públicos citados. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales. Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones del primer párrafo del presente artículo enseguida concluyo, diputado sólo podrán ser utilizados en las actualizaciones que correspondan en términos de ley y respecto de aquellos se deberá observar la más estricta confidencialidad, aún cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ella relacionadas o que de cualquier otra forma revele la información de ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes. Las restricciones contenidas en el párrafo anterior no serán aplicables respecto a la información que se proporcione al Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de deuda pública de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y de los organismos públicos, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea alguno de los entes públicos citados, la cual por su naturaleza pública podrá ser publicada. Sabemos que tampoco esta reserva va a ser votada a favor. Hoy el ciudadano mexicano debe saber que el PRI y el PAN y sus aliados pequeños, además de una gran parte también del PRD, vergonzosamente de la izquierda, van a votar ésta nuevamente a favor, sin embargo hay gente, diputados que tenemos compromiso con el pueblo y que estamos aquí para defender la economía familiar y a todos los que tengan qué ver con una conciencia limpia y con un trabajo honesto, para quienes le dieron la confianza. Es cuanto, diputado presidente.