El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, hoy, en este día de apertura de sesiones, iniciamos nuestros trabajos legislativos discutiendo un tema de la mayor relevancia para México, tristemente procesado de manera ilegal. El juicio político es una de las instituciones contenidas en nuestra Constitución, que tiene como finalidad garantizar el correcto desarrollo de las funciones de servidores públicos de alto nivel. A grandes rasgos establece un procedimiento que permite remover e incluso inhabilitar a cualquier servidor público que no cumpla debidamente con su encargo, a través de un mecanismo que garantice que sea los propios representantes del pueblo quienes apliquen o no las consecuencias de este procedimiento. La declaratoria de procedencia es un mecanismo que sigue ante la Cámara de Diputados para eliminar la inmunidad constitucional que tienen los parlamentarios y algunos altos funcionarios. En México esta inmunidad subsiste, con el objetivo de garantizar la libertad de expresión y evitar el uso del poder punitivo de manera facciosa, como pretende Morena en esta noche. En consecuencia, con la reforma de los artículos 108 y 111 de la Constitución, esta iniciativa crea un procedimiento especial para juzgar al titular del Ejecutivo a través de un juicio, donde la Cámara de Diputados se erige como parte acusadora y el Senado de la República funge como juzgado de sentencia. Es evidente la necesidad de regular los procedimientos establecidos en los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Constitución, pues la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ya no responde a las necesidades del país y a la necesidad del pueblo. Sin embargo, a pesar de la gran relevancia que existe sobre el tema, la iniciativa carece de una adecuada discusión y faltan instrumentos técnicos. Es un albazo de Morena y sus aliados. No se realizó ninguna reunión que nos permitiera recoger y analizar las preocupaciones, sugerencias o recomendaciones de los expertos. Debemos legislar responsablemente, respetando los principios e instituciones políticas que emanan de nuestra Constitución. La ley que hoy discutimos presenta deficiencias que vulneran los principios más básicos de los derechos humanos, violenta el debido proceso y atenta contra la separación de Poderes. Las y los diputados del PRI nos pronunciamos en contra de la presente iniciativa, porque no se trata de un texto jurídico, sino de un instrumento político, cuyos vacíos legales y deficiencias se transforman en un potencial peligro para la estabilidad del país. A pesar de que el artículo 13 de la Constitución prohíbe la creación de tribunales especiales, la iniciativa de Morena y sus aliados plantea la creación de un tribunal especial para juzgar penalmente al presidente ante el Senado. Este tribunal especial implica un trato diferenciado, que no necesariamente beneficia al imputado, por el contrario, se corre el riesgo de transformar el proceso penal en uno de corte político, donde la libertad de una persona queda sujeta a la consideración de las mayorías y no a la consideración de un juez, viola el principio de división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, ya que cuenta con herramientas que permiten amedrentar a todo disidente, a cualquier persona que cuestione o pida cambios o cuestione a este régimen. Como uno de los tres Poderes de la Unión, el Legislativo tiene la obligación de crear leyes, pero de ninguna manera nos encontramos autorizados para aplicarlas, esa es tarea del Poder Judicial. Nos pronunciamos en contra de la iniciativa porque consideramos grave que afecte a la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos humanos. Hoy, con esta ley, no se requieren pruebas para condenar. Debemos cuidar las instituciones del Estado mexicano. Compañeras y compañeros, la presente iniciativa, tal como está planteada, pone en riesgo la estabilidad del clima político y social del país. Las diputadas y los diputados del grupo parlamentario, votaremos en contra de la presente iniciativa y hacemos un llamado a la prudencia y a que realicemos un análisis y revisión a fondo a fin de generar una nueva protesta. Basta de simulaciones, la justicia no se politiza. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley por el hecho de ser justa. Muchas gracias.