La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la salud es un derecho humano fundamental que debe de entenderse en el marco del más amplio respeto a las garantías y a los derechos humanos. En especial, tras la reforma constitucional en materia misma que fue promulgada en junio del año pasado. Esta reforma en comento, en la que se expide la Ley sobre las Controversias Derivadas de la Atención Médica, los tres Poderes de la Unión representa un reto mayúsculo. La administración pública está obligada a instrumentar políticas y desarrollar programas que se promuevan el goce pleno de los derechos consagrados en el marco constitucional, mientras que el Poder Judicial debe de actuar como garante ante las omisiones o los excesos al respecto. A quienes integramos el Poder Legislativo nos corresponde armonizar los marcos jurídicos para que respondan a los principios con nuestra Carta Magna, y que ahí están contemplados. Recordemos que hasta principios de los años 80, la protección a la salud se asociaba con las más de las prestaciones otorgadas a los trabajadores. No fue sino hasta 1983, con la reforma del artículo 4o constitucional, que se estableció la atención médica como una garantía para todos los mexicanos conforme a sus necesidades y no a sus recursos. Derivado de esta reforma, se dieron a lo largo de los años siguientes una serie de transformaciones jurídicas e institucionales, que llevaron a la creación en 96, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, instancia que surge bajo el objetivo de brindar a los usuarios los instrumentos para la protección de la salud ante las prácticas médicas inadecuadas y abusivas. El dictamen que hoy se encuentra a discusión sobre la Ley de Controversias derivadas de la Atención Médica, se reconoce la importancia de regular la conciliación y el arbitraje que es para la solución de las controversias que surjan entre los usuarios y el servicio médico, los prestadores de estos servicios. Este dictamen asienta que la expedición de esta ley tiene la finalidad de mantener un esquema normativo vinculado con el rubro de los derechos humanos, y por ende armónico con la reforma constitucional en comento, pero importante será no dejarlo únicamente ahí, sino darle esa independencia y la creación de tribunales especializados que atiendan y diriman estas diferencias. Esto podrá dejar ver con toda nitidez, que entonces ya no tendrá que haber la discriminación por razones económicas o por carencia de personal calificado, o por falta de disponibilidad de medicamentos o de equipo técnico con las dificultades consabidas administrativas. Ante ello, nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano siempre estaremos a favor de apoyar el fortalecimiento de las instituciones encargadas de brindar la salud, sin embargo, deseamos señalar que si bien votaremos a favor de esta ley por la importancia que reviste, nos parece que ella apenas dibuja los primeros indicios sobre la necesidad de dotar a la Conamed de su carácter promocional, que compromete y complemente su naturaleza arbitral, responsables de conocer, investigar y atender la queja que presenten los usuarios para evaluar los servicios médicos, es necesario sumar la de promoción para elevar esta calidad. Cuando actualmente el 80 por ciento de la actividad de esta institución está orientada nada más a resolver conflictos, tenemos que cambiar, tenemos que darle ese gran impacto nacional que requiere la atención de la salud, dejando de lado que sus recomendaciones deberían de servir y deben de ser base para realizar una reingeniería de nuestro sistema de salud, más que necesaria ante los indicadores nacionales que muestren las grandes iniquidades en el acceso a estos servicios, pero sobre todo a la calidad. Es cuanto, diputado presidente.