El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7o., Apartado 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito compartir con ustedes algunas reflexiones y puntos de vista en torno al desglose y análisis del Cuarto Informe de Gobierno, en particular en el rubro de política social. Derivado del análisis del informe surgieron unas preocupaciones sobre este tema, ya que sin duda alguna pude apreciar que sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la administración pública federal y dado los difíciles tiempos y complicados en que vivimos, como representantes de la voz ciudadana, es necesario rediseñar y direccionar nuestras propuestas y estrategias en un sentido de progreso y desarrollo común. Creo que más allá de polemizar y enjuiciar las buenas o malas acciones administrativas en la materia, es el momento preciso para determinar si seguimos pensando en cifras o en aceptar que la realidad de la problemática social ya nos rebasó. Sinceramente pienso que como integrantes de un órgano del Estado, debemos impulsar y proponer políticas públicas que permitan al Ejecutivo terminar con la inercia económica de muchos años atrás que no contempla a un gran número de ciudadanos y grupos vulnerables. No omitamos nuestra responsabilidad. Busquemos los mecanismos idóneos para destinar de mejor manera los recursos; emprendamos una política seria que permita la renta universal en toda la república. Son tiempos modernos y aún definimos a nuestro país como un país en vías de desarrollo. Debemos tener claro qué posición tenemos en la actualidad y cuál es el papel que debemos jugar en estas épocas, que indudablemente nos proyecten hacia el panorama internacional con mejores niveles de competitividad. Aceptemos que nos encontramos en un momento trascendental en que las distintas fuerzas políticas nos encontramos en una lucha constante por el posicionamiento y la evolución de instalar un nuevo sistema político económico social. En el informe presentado se expone, como objetivo principal, el propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones a la sociedad para el disfrute de sus derechos consagrados. Asimismo, el de elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos, y prioritariamente de disminuya la pobreza y la exclusión de conformidad con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Asimismo, se postula una política social de carácter integral, participativa e incluyente, basada en un nuevo convenio social y que, en resumen, se define como un acuerdo nacional para el bienestar comunitario. Aquí surge una pregunta: ¿qué ha hecho esa política social e integral con los llamados ninis? Estos 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son una vergüenza para quienes hoy defienden esa política social y sus resultados. Como estrategias llevadas a cabo por el Ejecutivo para interactuar con la sociedad se ha impulsado la planificación familiar, la participación de los jóvenes indígenas y la población residente en localidades de alta y muy alta marginación, grupos a los que la misma administración define como rezagados. No podemos decir que vivimos mejor en un México que tiene una gran carencia de empleo, de salarios dignos, de jóvenes que no tienen un porvenir, de falta de oportunidades. De aquel México en el que no se hace lo que se quiere profesionalmente, sino lo que se puede. De aquél en que la seguridad no se ve cristalizada. De aquél en que los ideales y proyectos de estas generaciones se han visto truncadas, sin un futuro verdadero y próspero. Nos prometieron un cambio; nunca llegó. Nos prometieron nuevas oportunidades y expectativas de vida y, a cuatro años, aún no llega. Hoy, como en tiempos pasados, nos encontramos inmersos en una nueva etapa de transformación social que nos obliga a la creación de un Estado sustentado en políticas públicas creíbles y de fácil acceso para todos. Es necesario garantizar a la sociedad que su apoyo y confianza no será defraudado como tantas veces. Impulsemos mecanismos democráticos, como las iniciativas populares y la revocación de mandato, para que de esta manera las distintas comunidades puedan ejercer su derecho de revocar o refrendar de sus cargos a aquellos servidores, representantes o funcionarios, según sea su desempeño. Traslademos a esta Cámara y a la agenda política nacional la discusión de temas como la continuidad de la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, el fortalecimiento y consolidación en la prestación de servicios de atención médica y de salud, a través de reformas en la materia, para generar una verdadera ley de seguridad social universal para los grupos vulnerables; educación y cultura, por mencionar sólo algunas de estas prestaciones. Es una exigencia para el Ejecutivo federal la transparencia y la rendición de cuentas, informando con criterios claros el destino de los recursos aprobados por esta Cámara, enfocados a los programas sociales, al sector salud y al fomento de la economía, considerando que se trata de rubros que con toda justicia han sido impulsados. Por ejemplo, los recursos para la Secretaría de Desarrollo Social se incrementaron en un 36.05 por ciento del ejercicio 2008 al 2009, y posteriormente en un 23.62 por ciento para el año 2010. En el caso de la Secretaría de Salud, su presupuesto creció en 22.48 por ciento del año 2008 al 2009, y en un 5.09 por ciento en éste último año. Al respecto, es un reclamo ciudadano conocer sobre el destino de estos recursos y sobre los avances en la integración del padrón único de beneficiarios que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo. El apoyo con políticas públicas a la economía social y solidaria permitiría su afirmación y consolidación como una medida preventiva, en conjunto con la educación y el fomento de oportunidades para un verdadero combate a la inseguridad pública y al crimen organizado. Mostrémosle al Ejecutivo y a la sociedad en general que no solamente utilizando las balas y el ejército es posible luchar contra ese cáncer social, que son las adicciones en nuestro país. Demostremos que la mal llamada guerra contra el crimen puede terminar con el análisis, el debate, la discusión de temas como el de la legalización de las drogas; el del fortalecimiento de los valores y principios éticos y morales, en el fortalecimiento y difusión de la prevención y la cultura de la legalidad, para que de esta manera los beneficios sean generalizados y en convergencia podamos recuperar el rumbo, la estabilidad, la justicia y política social que hoy nos ocupan. Es justo aceptar que se ha tenido algún progreso en este rubro y que derivado de ello se han logrado el establecimiento y reconocimiento de algunos derechos primordiales y elementales, como la salud; la educación; el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, así como el reconocimiento de su composición pluricultural. En el mismo orden de ideas, se ha propiciado el fortalecimiento agrario y se ha sustentado el derecho de propiedad. Estamos próximos, diputados, diputadas, a la conmemoración de nuestra Independencia y Revolución Mexicana, y por ello es necesario recordar que los derechos sociales hoy reconocidos se encontraban centrados en un sector muy reducido de la sociedad y que la atención de la pobreza se atendía bajo un programa paternalista, compartido por la caridad de la iglesia, pocas veces por la beneficencia privada y muy fortuitamente por el Estado, por lo que hoy es necesario preguntar si con los resultados obtenidos después de cuatro años de gestión administrativa en torno a las políticas sociales, hoy podemos festejar los logros emanados por los movimientos como el obrero, el campesino, indígena, etcétera. No basta sólo con la identificación y ubicación de la pobreza por todos conocidas, que fundamentalmente la encontramos en los estados del sur y en la zona de la montaña de nuestro país, por cierto, lugares donde a la fecha sigue predominando la actividad agropecuaria, misma que por lo general sigue siendo de baja productividad por el rezago y olvido de las políticas agrarias. Derivado de lo anterior, hoy sabemos que en lo referente al rubro de superación a la pobreza, se obtuvo un resultado que podemos plantear como positivo de 13.6 mayor en términos reales al gasto realizado en 2009, que permitió un incremento a los Programas de Desarrollo Humano y Seguro Popular. Por lo anterior, es forzoso analizar y destinar mayores recursos a la política social para que, de esta manera, surjan como el eje rector de las políticas sociales y no las de la violencia. Combatamos, sí, y pongámonos en guerra pero contra la pobreza, la inequidad, la marginación y los monopolios. Recordemos que una democracia en condiciones de injusticia social y de pobreza, estará siempre ésta amenazada. En lo referente a la educación, debemos reforzar e impulsar las mejores estrategias para dotar de mayor recurso a este rubro. Recordemos que un pueblo culto es un pueblo libre, por lo que no se debe tener en decremento, por menor que éste sea, ya que según las cifras señaladas en el reporte se estima de 0.7 respecto del año anterior. Es bueno aceptar que no empezamos de cero y que gracias al estudio y análisis de estos resultados en materia de política social, podemos destinar en las próximas fechas la manera de mejorar los recursos hacia estos sectores reconocidos como vulnerables. Debemos avanzar en el diálogo y en los acuerdos; en la consolidación de un verdadero compromiso social que nos exija trabajo, imaginación, participación y dedicación de todos, sin distinciones políticas o partidistas. Que la única finalidad de este esfuerzo colectivo tenga por objetivo principal el garantizar y ampliar los derechos y libertades de la sociedad a que aprendamos de la historia y, con esas enseñanzas, podamos perfeccionar diariamente nuestra visión para enfrentar los retos cotidianos sin importar su magnitud. Es cuanto, diputado presidente.