El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Decíamos que consideramos que la situación que hoy presenta Pemex, por demás compleja, es responsabilidad de quienes han dirigido la industria petrolera y es responsabilidad de los gobiernos que tomaron las ganancias de la paraestatal para financiar el déficit de su administración, llevando a Pemex a ser, día a día, una industria menos productiva, competitiva e innovadora, y más administradora de contratos. Señoras y señores legisladores, la responsabilidad es de quienes han dispuesto discrecionalmente de los recursos petroleros, incluyendo los excedentes, poniendo en juego el desarrollo nacional y por ende el de todos los mexicanos. En este momento se pretende avalar esta reforma a Petróleos Mexicanos, con el disfraz de la democracia participativa, concepto que le queda grande al manejo que ha hecho la administración federal de los recursos del país. Se busca ser el pueblo partícipe, en teoría, de la riqueza de Pemex y vigilante del desempeño de esta industria. Sin embargo, está claro que no se puede repartir la ganancia de una empresa estatal entre tenedores de bonos, ya que esa riqueza es propiedad de la nación. En la iniciativa de reformas a la Ley de Pemex se incluye la facultad de la paraestatal para emitir los denominados "bonos ciudadanos", que según el Ejecutivo federal se trata de un mecanismo innovador tendiente a que los mexicanos se beneficien de manera directa del buen desempeño de Pemex. Los bonos han sido concebidos como títulos de crédito que otorgarán a sus tenedores una contraprestación vinculada al mismo; que los bonos estarán a disposición de la población en general y puedan ser adquiridos por personas físicas mexicanas, directamente o a través de administradores de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros formadores de mercado, creados ex profeso. Asimismo, se le otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad para que de forma unilateral determine, a través de disposiciones de carácter general, montos, plazos y rendimiento de los bonos, así como las formas en que las personas físicas y morales podrán adquirir los bonos al momento de su emisión. La iniciativa intenta convencernos de que la Secretaría de Hacienda garantizará que estos tenedores sean 100 por ciento mexicanos. La realidad queda evidenciada, ya que el gobierno federal busca encontrar cualquier vía para privatizar a Pemex. En este sentido, la propuesta de los bonos ciudadanos es inadmisible, ya que es claro que los beneficiarios de tales bonos serán los especuladores financieros, a través de las figuras mencionadas en el párrafo anterior. Al respecto vale la pena añadir que la Secretaría de Hacienda, en coordinación con el Banco de México, selecciona a los intermediarios financieros, en carácter de formadores de mercados. Es decir, bancos y casas de bolsa, para aumentar la liquidez de los valores gubernamentales en el mercado secundario. Compañeros legisladores, no debemos olvidar la propuesta similar realizada en los años setenta, cuando el gobierno en turno nos presentó los innovadores "petrobonos", mismos que fueron acaparados y pronto desaparecieron del mercado. Esta vez nos enfrentamos a una situación análoga, ya que antes de que Felipe Calderón entregara el paquete de iniciativas al Senado de la República, en la prensa nacional apareció publicado que banqueros y especuladores financieros fueron advertidos del negocio que representan los bonos petroleros. Es así que los denominados "bonos ciudadanos", anunciado por el Ejecutivo federal, son el principio de la bursatilización de Pemex. La iniciativa de nueva Ley de Petróleos Mexicanos deja abierta la puerta para que estos títulos de crédito sean reglamentados discrecionalmente por Hacienda. Esto aunado a que los verdaderos beneficiarios con la compra de estos bonos serán sólo aquellos ciudadanos con un alto poder adquisitivo para comprarlos en cantidades tales que puedan obtener un rendimiento considerable, que por cierto tampoco se establece en la ley de cuánto será el rendimiento, y esto sólo es posible para los grandes empresarios de México. Los ciudadanos de a pie no serán propiamente los beneficiarios de estos títulos de crédito. Ampliando esta observación quiero señalar, como lo menciona el artículo 48, que el derecho de los tenedores se limita, por un lado, a contar con la información oportuna sobre la veracidad, suficiencia y racionabilidad de la comisión presentada ante el Consejo de Administración. Y por otra, que el comisario será el encargado de velar por los intereses de los tenedores de estos bonos, para lo cual deberá elaborar un reporte sobre dicha información. Esta situación resulta notable cuando no existe tal figura que vele por los intereses de los tenedores de Cetes o de los Bonos de Protección al Ahorro Bancario, que también se emiten. En virtud de la poca claridad en la emisión, manejo y control de los bonos ciudadanos, de la discrecionalidad que se otorga a la Secretaría de Hacienda y al comisario, instituciones que previsiblemente procurarán el beneficio de los accionistas por encima del organismo público y el contexto ya señalado, proponemos a esta soberanía eliminar, del dictamen que se discute, los artículos 47 y 48 de la Ley de Petróleos Mexicanos, referente a los bonos ciudadanos. Por otra parte, en Convergencia creemos que el texto que cerró la puerta a los contratos debe restituirse, al incorporar la fracción VII del artículo 60, del dictamen en comento, tal como lo señalamos en nuestro posicionamiento. Tenemos también una serie de planteamientos que es oportuno señalar, todos los incumplimientos que se han señalado, las promesas del entonces candidato Calderón, que prometió crear empleos, no privatizar la industria petrolera; sin embargo, a final de cuentas, hemos visto cómo se ha desmentido a sí mismo, y ha impulsado esta privatización de nuestra paraestatal petrolera. En síntesis. Por lo anteriormente expresado, propongo incorporar la fracción, o proponemos, Convergencia propone incorporar la fracción séptima, del artículo 60, para quedar como sigue: "No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o zonas estratégicas para un contratista". Es cuanto, señor presidente.