El diputado Raymundo García Gutiérrez: Señoras y señores legisladores, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente estableció la obligación del Poder Judicial de publicar sentencias con base en un contexto jurídico indeterminado: el interés público, lo que favorece que haya apreciaciones subjetivas y discrecionalidad judicial en el acto de decidir qué sentencias se han de publicar y cuáles no. Esas apreciaciones subjetivas y la discrecionalidad judicial en la publicación de sentencias provocan que entre las entidades federativas haya condiciones desiguales para el ejercicio del derecho de acceso a la información, dado que la disponibilidad de la información depende de la interpretación que cada Poder Judicial haga de la obligación estipulada por la ley. La ley general y las leyes de transparencia locales no establecen con precisión qué tipo de sentencias o qué resoluciones cumplirían con el requisito de interés público, por lo tanto, el contenido del alcance de la obligación de publicar las sentencias judiciales quedan sujetos a la interpretación que las autoridades hagan sobre la misma. Este tipo de ejercicios tendrían que sujetarse a criterios de objetividad y racionalidad, sin embargo, no está exento de que se incurra en prácticas de interpretación arbitrarias y discrecionales, máxime si no se atienden los estándares de protección del derecho de acceso a la información. Por citar un ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Baja California ordena que sean publicadas las sentencias de interés público, mientras que el Poder Judicial del estado interpreta esta disposición concluyendo que su deber es publicar la contradicción de criterios, la reiteración de los mismos y la denuncia de contradicción de criterios improcedentes. De acuerdo con los resultados de rating de Justicia Abierta, todos los Poderes Judiciales del país están reprobados en transparencia y en contar con mecanismos para la participación ciudadana. Pero los cuatro con el peor desempeño son: el estado de México, Aguascalientes, Morelos y Puebla. De igual forma, en el informe de transparencia en la publicación de sentencias de Equis Justicia para Mujeres, AC, para el año 2018, 10 legislaciones estatales redujeron el estándar en cuanto a la obligación de publicar las sentencias a partir de la homologación con la ley general. Es decir, estas legislaciones establecían la obligación de publicar todas las sentencias o resoluciones que hubiesen causado estado o ejecutoria. En la actualidad ordena publicar las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público. Lo anterior deriva de que la mayoría de las sentencias no son públicas en nuestro país, solo el propio Poder Judicial y los involucrados en los juicios conocen su contenido. Esto impide que haya un monitoreo de la sociedad hacia el desempeño de los juzgadores en su labor cotidiana. La importancia de la transparencia consiste en que es factible superar los claroscuros que se alientan en puntos diversos del quehacer judicial. Con la transparencia el poder está sujeto al escrutinio de los ciudadanos, mientras que sin la transparencia, la opacidad se apodera de sus prácticas y con ello la democracia, como un sistema de vida, tiene frenos que dañan su credibilidad. La transparencia es una conquista de la sociedad frente al Estado y un modo efectivo para que los ciudadanos puedan ejercer una vigilancia más estigmatizada y detallada sobre la actuación gubernamental. El acceso a la información es un derecho humano por el cual se fomenta la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la cultura de transparencia en ejercicio de la función pública. Por tanto, es una forma de hacer exigibles otros derechos. La falta de publicidad de las sentencias afecta de forma directa la posibilidad de que la población pueda fiscalizar y exigir cuentas sobre la labor del Poder Judicial, función que, entre otras cosas, afecta la vida de millones de personas, sin que las mismas tengan oportunidad siquiera de saberlo. Es por ello que para garantizar el ejercicio del derecho a la información como derecho humano, el cual se encuentra establecido en el artículo 6o. de nuestra Carta Magna, así como en diversos tratados internacionales en los que México es parte, las diputadas y diputados que integramos el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática votaremos a favor del dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía. Es cuanto.