La diputada Susana Monreal Ávila: La suscrita, diputada federal Susana Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscribo la presente iniciativa y someto a esta soberanía el proyecto de decreto que adiciona la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la siguiente Exposición de motivos Hoy la rendición de cuentas y la participación son principios del buen gobierno, a la vez que la transparencia y responsabilidad son un requerimiento social para explicar y justificar los actos públicos, que es el último depositario de la soberanía en la democracia, porque rendir cuentas es estar por obligación disponible a ser requerido a informar del incumplimiento de responsabilidades. Cada vez la ciudadanía exige a las instituciones públicas la administración de los recursos materiales, financieros y humanos con transparencia, exige también la demostración precisa de sus logros, del alcance de sus metas, del impacto social o económico de los resultados de su gestión, a través de la evaluación permanente de su desempeño en el ejercicio de atribuciones y facultades que realizan dentro de la esfera jurídica, situación que obedece a que ha venido percibiendo una política de abuso e iniquidad que predomina, que resulta subversiva y nos coloca en los linderos de la desconfianza social. Actualmente, el artículo 74 constitucional regula las partidas secretas dejando totalmente al albedrío del presidente en turno su uso. Los diputados hemos buscado acotar la discrecionalidad con la que se ha ejercido por diferentes presidentes en nuestra historia. Sin embargo, al definir como clasificada y reservada la información sobre la partida secreta destinada a gastos en seguridad nacional, no será posible conocer y evaluar el buen uso de estos recursos ni siquiera los diputados tenemos ese acceso a la información. Consecuentemente, al no poder conocer esta información no se tendrá manera de comprobar si efectivamente la discrecionalidad se redujo; es decir, si efectivamente los recursos asignados a esta partida se destinaron a gastos en seguridad nacional. A continuación, me permito señalar puntualmente, los retrocesos en materia de transparencia del tema que nos ocupa. En un mundo de transparencia y rendición de cuentas, la existencia de partidas secretas en el gasto público federal es retrógrada tan obcecada como la existencia del artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que regula las referidas partidas secretas en materia de transparencia y seguridad pública. El reglamentar, a través de referido artículo la partida secreta, parece a primera vista dar a creer que impide que los presidentes de ahora y en adelante, ejerzan recursos de manera discrecional y al margen de la rendición de cuentas. Sin embargo, existen dos consideraciones que en realidad no se logra este objetivo. Por un lado, circunscribe el gasto de la partida secreta a la asignación de recursos para investigaciones en seguridad nacional. El problema es que el ejercicio del gasto y los resultados que emanan de él, siguen estando fuera de la vista de los ciudadanos. No tiene ningún sentido para la democracia que el auditor Superior de la Federación conozca esta información y no pueda hacerla pública. Por otro lado, y en términos políticos, la reglamentación de la partida secreta generaría nuevos incentivos y una justificación a la reactivación de un rubro que lleva desde 1998 sin ejercer recursos, y mientras no sea transparente el presupuesto la suspicacia racional de los ciudadanos nos lleva a creer que el gasto de la partida secreta tuvo como objetivo primordial las elecciones de 2006. Nos preguntamos por qué se reactivó el gasto de la partida secreta ahora que el presupuesto federal lleva tantos años sin este lastre, si la voluntad de nosotros, los diputados y diputadas, está expresamente vinculada con la transparencia y con la abolición de la corrupción. Compañeros, por qué no prohibir la partida secreta que lo único que ha hecho es generar conflictos de opacidad. Debemos tomar conciencia y explicarle a la ciudadanía quiénes son los diputados que desean y viven a favor de la corrupción por querer mantener una partida secreta, que en un mundo de transparencia y rendición de cuentas es innecesaria. En una recapitulación, sabemos que el Poder Legislativo no ha sido consistente en su exposición por solucionar los problemas surgidos históricamente con respecto a la partida secreta. De manera fundada y motivada sigo exponiendo a ustedes, compañeros legisladores, las causas que motivan a muchos para que el manejo del gasto público federal sea responsable y transparente. Se dice que el buen juez por su casa empieza, refrán muy sabio. Y me pregunto, ¿por qué el Ejecutivo que alega el cumplimiento de un gobierno transparente, por qué no acepta o envía iniciativa para derogar la multicitada partida secreta? La partida secreta, en primer lugar, demuestra que es un resquicio de discrecionalidad que ningún actor político quiere desaparecer. En segundo lugar, muestra que quienes votaron a favor del artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad que tiene nombre y apellido en la LIX Legislatura, tienen incentivos muy fuertes para generar condiciones para que en los siguientes años se justifique y legitime la utilización de la partida secreta. Estos incentivos estuvieron ligados con la posibilidad de que un partido tuviera que llegar a la presidencia en 2006. La desaparición de esta partida secreta es una demanda de transparencia que debe ser tomada en cuenta. Algunas razones expuestas para hacerlo son históricas y de magnitudes graves para el país. Termino, señora Presidenta. Compañeros, tenemos en nuestras manos la oportunidad de corregir una de las más graves opacidades presupuestales que constitucionalmente aún guarda el Ejecutivo en el manejo de los recursos públicos. Señora Presidenta, le solicito se integre todo el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.