EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Tercera Comisión. Tiene el uso de la palabra el senador don Héctor Larios Córdoba, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a revertir el acuerdo publicado en la Gaceta del Distrito Federal el pasado 29 de enero, mediante el cual se establece como reservada y/o confidencial, toda la información sobre el distribuidor vial San Antonio y las demás obras que se llevan a cabo actualmente. EL SEN. HECTOR LARIOS CORDOBA: Con el permiso de la Presidencia. En la consolidación de la democracia existe un elemento que resulta indispensable, la transparencia y contrariamente al sentir general, la transparencia no es solamente una herramienta para combatir la corrupción, es ante todo, el mecanismo que posibilita la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la evaluación de sus autoridades. Durante muchos años de autoritarismo, las autoridades gubernamentales se constituyeron en una "caja negra", prácticamente no era posible al ciudadano conocer ninguna información pública relevante; solamente hay que recordar que el Presidente de la República informaba cada año, una vez en su Informe, sobre el monto de las reservas internacionales. Hoy, cualquier ciudadano puede conocer esta información actualizada al día. En el Distrito Federal, los trabajos por tener una ley y mecanismos que garantizaran a los ciudadanos de la ciudad el acceso a la información inició en diciembre de 2001, con la presentación de una iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; en diciembre del 2002, un año después, se aprobó el dictamen por unanimidad en el pleno de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el 28 de enero del 2003, el Jefe de Gobierno, vetó la promulgación de la Ley y la regresó a la Asamblea con observaciones, estas observaciones fundamentalmente restaban facultades al Consejo de Información Pública del Distrito Federal. La Asamblea consideró algunas de estas observaciones del Jefe de Gobierno y volvió a aprobar, ahora con mayoría calificada, un nuevo dictamen que fue remitido al jefe de Gobierno para su promulgación; sin embargo, de nueva cuenta, el Jefe de Gobierno, amante de la transparencia, presentó ante la Suprema Corte el 8 de mayo una controversia constitucional para la no instalación del Consejo de la Información y la designación de los consejeros. En aquel entonces afirmó que estaba en contra de que los integrantes del Consejo de la Información del Distrito Federal, percibieran sueldos y le costaran a la Ciudad, sueldos que iban del orden de 50 a 60 mil pesos. Es claro hoy que su objetivo no eran los ahorros para la Ciudad, sino obstaculizar el acceso a la información Pública; hoy, hasta su chofer gana más que lo que gana un consejero del Consejo de Información del Distrito Federal y en conjunto, el Consejo representa menos erogaciones que las erogaciones que hace el Distrito Federal para la familia del chofer. Para entonces, la Suprema Corte resolvió a final de cuentas en noviembre de 2003, que la suspensión, retraso o impedimento en la instalación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, contraviene las instituciones fundamentales del orden jurídico Mexicano, como lo es el derecho a la información y ordenó su instalación; sin embargo, para entonces ya había cambiado la composición de la Asamblea Legislativa y el PRD, en la Asamblea Legislativa, promovió una contrarreforma a la ley aprobada que nunca pudo entrar en vigor y ahora aprobaron un nuevo dictamen con esta contrarreforma y la ley finalmente fue publicada en diciembre del 2003. De acuerdo con esta ley, ahora los entes públicos tienen que definir qué información, en base a la ley, se considera clasificada, que no puede darse acceso al ciudadano a esta información; y el pasado 29 de enero, entre otros de los entes públicos, la Secretaría de Obras y Servicios, emitió un acuerdo en el que establece que es información de acceso restringido por los próximos diez años, todo lo que se refiere a las actas y a los archivos del Comité de Obras, lo mismo del Subcomité de Adquisiciones. Con estos acuerdos se vuelve prácticamente nugatorio el derecho de acceso a la información pública a los habitantes de la Ciudad de México; con estas trampas, por ejemplo, la Secretaría de Obras y Servicios, convierte en información reservada, casi confidencial, hasta el 2014, las actas de estos comités y subcomités. Esto, junto con el acuerdo que tomó la Contraloría respecto a la restricción de información, pues hace totalmente de la ley una figura decorativa que no va a operar. ¿Qué es lo que se pretende ocultar?, ¿los procesos mediante los cuales se adjudican las obras? Violando el Código Financiero, todos lo sabemos, se hizo el Distribuidor Vial de San Antonio, ni siquiera existía una manifestación de impacto ambiental como se establece en la ley. La obra ya se concluyó, ¿a quién se va a ocasionar daño y a quién se le va a dar ventaja si se sabe, con qué montos se asignaron los contratos?, ¿cuáles son los resultados de los peritajes cuando fallaron las varillas en las columnas?, ¿cuáles son los resultados de las pruebas de calidad que se hicieron a estas obras que se realizaron con mucha premura y que incluso la premura, la prisa, costó la vida de seres humanos?, ¿por qué la ciudadanía no puede conocer los resultados de todas estas informaciones o de las adquisiciones? El único argumento que presentan es que daría ventaja a otros ciudadanos, pues, claro, daría ventaja a la ciudadanía en general el que se supiera a cuánto asciende, sería fundamental conocer para que bajaran los costos de las obras. En consecuencia, presento a consideración la siguiente propuesta con PUNTO DE ACUERDO UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revertir el Acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad el pasado 29 de enero, mediante el cual se establece como reservada toda la información sobre el distribuidor vial San Antonio y las demás obras viales, que se llevan a cabo actualmente y que impedirá que la ciudadanía conozca hasta el 2014 todo lo relativo a contratos, precios unitarios, estudios de seguridad y demás sobre esas importantes obras. Asimismo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a circunscribir la clasificación e información a los casos que estipula la ley, en donde se afecta la seguridad de personas, la seguridad nacional, genere daños a la economía del país o de la ciudad o atente contra la privacidad de las personas. Es cuanto señor presidente. -