La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen, y lo hará porque coincidimos plenamente en la necesidad del reconocimiento de la existencia de los pueblos afrodescendientes, así como sus derechos y los aportes culturales que han hecho por nuestro país. Votamos a favor porque esta decisión es congruente con la visión democrática e incluyente que siempre hemos impulsado como partido político. El reconocimiento de minorías y su incorporación a los marcos jurídicos vigentes son características fundamentales de los Estados democráticos de avanzada. Nuestro país no se ha quedado al margen de estas transformaciones y ha impulsado temas en la materia. Sin embargo, en el caso de la comunidad afrodescendiente el Estado mexicano ha sido omiso en reconocerlos y atenderlos en función de sus necesidades específicas. Han sobrevivido casi al margen del Estado, pero con una activa vida social. El origen de estas comunidades tiene que ver con el proceso de conquista que vivimos hace ya más de 500 años. Con los conquistadores también venían esclavos de origen africano, esclavos producto de guerras de conquista en sus pueblos originarios. Ellos no venían por voluntad propia, habían sido arrancados de sus tierras y sus familias para venir a trabajar para sus captores. Durante el periodo de la Colonia existen diferentes historias de lucha de resistencia, tal vez la más conocida es la de Yanga, Veracruz. Sin embargo, su función general fue de esclavos y a eso se redujo su participación. Son testigos silenciosos que vivieron la conquista al servicio de los conquistadores, sufriendo el mismo dolor que los conquistados. Fue ya con la lucha de Independencia que fueron beneficiarios de la abolición de la esclavitud, pero no hay un reconocimiento expreso a su existencia y a su participación. Dispersos en ciertas regiones del país, se agazaparon en sus tradiciones y se adaptaron a las ya existentes. A diferencia de los movimientos de igualdad racial que se dieron en Norteamérica, en México los pueblos afrodescendientes se mantuvieron pasivos. Es hasta hace unos años que por medio de organizaciones locales e internacionales se han generado foros y encuentros donde se exponen sus problemáticas y la necesidad de ser incluidos en las leyes. Como podemos ver, las comunidades afrodescendientes desde su llegada a nuestras tierras han sido sometidas a condiciones de marginación. De acuerdo con el Inegi, la Encuesta Intercensal de 2015 se incorporó por primera vez una pregunta entorno a la identificación de la población afrodescendiente, teniendo como resultado que casi 1.4 millones de personas se autodefiniera como tal. Es decir, el 1.6 por ciento de nuestra población. De ellos 705 mil son mujeres y 677 mil son hombres, teniendo mayor presencia, aunque no exclusiva en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. El tema afro ha reposicionado a los actores sociales en el campo político regional y nacional y empieza a ser una vía para participar y canalizar demandas ciudadanas. A las organizaciones que iniciaron en el tema afro se han ido sumando otras más en la última década, todas ellas han ido construyendo un discurso de lo afro o lo negro, al interior y hacia afuera de la región. Las formas para autoidentificarse varían y las principales denominaciones son afromexicanos, afromestizos y negros. Aún no hay un consenso que se acuñe de manera regional o se defina como identidad política entre los grupos. Este es un punto de debate actual, pero con o sin consenso sobre los términos, varios colectivos sociales o políticos, organizan sus acciones alrededor del reconocimiento cultural y étnico afro en el país, con expresiones diferenciadas en sus prácticas, discursos, estilos de acción y proyectos. Esto es lo que nos autoriza a hablar en términos de movilizaciones no política a nivel local, regional. En el plano nacional es hasta finales de la década del 2000 que varias instancias gubernamentales empezaron a apropiarse de la agenda afro. Las legislaturas estatales y nacionales retomaron el tema y se tornaron en espacios de posible negociación jurídica. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano intentó dar respuesta a los acuerdos que firmó en Durban en 2001, a través de la creación en 2003 del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Conapred, instancia del Estado que ha sido uno de los principales canales de interlocución para dar seguimiento a las demandas de las organizaciones negras. Recientemente, en el 2011, instituciones del gobierno federal como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, y la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, se incorporaron a la tarea de dar atención a las demandas técnicas afro y por primera vez aparecen términos que refieren a estas poblaciones, cada una utilizando categorías distintas y situando espacios determinados de atención. En el caso de la Sagarpa, el programa de atención se vincula a proyectos financiados de manera conjunta con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Por su parte, la CDI inicia la tarea de realizar una consulta para la identificación de las comunidades afrodescendientes en México. Las implicaciones políticas con respecto a esta consulta son importantes, en tanto que haya una real disputa alrededor de este tema, resultante de la heterogeneidad de condiciones y representaciones de sí misma que existen entre las poblaciones afro. Los modos de autoidentificación no solo pasan por la indefinición racial ni tampoco pueden entenderse a la luz de los modelos indigenistas tradicionales. Ejemplos del reciente reconocimiento gubernamental hacia los afrodescendientes, las iniciativas de la CDI y la Sagarpa en 2011. La CDI podría en el futuro jugar un papel, pero hasta ahora está enfrascada en su vocación histórica a favor de los indígenas verdaderos, auténticos, descendientes de los autóctonos y rechaza las nuevas lógicas de adscripción étnica. Esto podría cambiar, como lo demuestran los tímidos avances, bajo la presión de las bases localizadas en las regiones de poblamiento negro. Estos dos ejemplos resaltan acciones de Estado, particularmente significativas en el contexto del Año Internacional de las Poblaciones Afrodescendientes 2011, declarado por la ONU. De hecho, se trata en gran medida de documentar la existencia de avances en torno a tratados internacionales derivados de compromisos adquiridos en la Cumbre de Durban 2001, firmados por el gobierno mexicano y a los cuales hasta recientemente no se había prestado atención alguna. Otro ámbito nacional reactivado a raíz de las intervenciones inter o transnacionales, lo constituye un sector universitario que apoya y acompaña el movimiento afro en su constitución, la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular el programa México Nación Multicultural y su papel en la redacción del hasta ahora documento matriz del movimiento Foro Afroamericano, realizado por África, AC, y UNAM. La academia actualmente juega un papel central, no solo en la problematización científica acerca de la construcción de lo afro o lo negro o el acompañamiento a procesos de desarrollo comunitario, sino en su protagonismo para intervenir en las agendas de las organizaciones y de las comunidades en la definición, a veces rosando con la imposición de categorías étnicas o raciales de los grupos sociales colectivos en la organización de la visibilidad de las poblaciones, que en ocasiones se traduce en imágenes exotizadas de la diferencia, entre otras acciones. De cierta forma, la academia asume así el compromiso de poner el conocimiento al servicio de las comunidades. Sin embargo, son las poblaciones las que tienen que protagonizar el desarrollo de sus pueblos, son ellas las que tienen el derecho de elegir las categorías y las apelaciones que más les conviene y de ser consultadas en los asuntos de relevancia. Hablamos de internacional cuando nos referimos a las esferas de negociación e intercambio entre gobiernos y naciones y de transnacional cuando nos referimos a las circulaciones de personas e ideas sin referencia a las naciones sino a otras características, en esto caso, étnicas y raciales. Uno de los efectos de estos procesos de transnacionalización, vía externalización de la temática afro, es la modificación del escenario político que empieza a integrar esta dimensión identitaria en su repertorio. Se ver particularmente en momentos electorales, como en la costa chica de Oaxaca. En el PRD buscamos electores utilizando registros identitarios locales. Uno enfatiza su lucha en contra de la discriminación histórica de que ha sido víctima la región y su población. El otro valora la cercanía cultural de su candidato con las comunidades indígenas y afromestizas, pero en ambos casos, su argumentación electoral se refiere a una diferencia del electorado, basada en su pertenencia a un supuesto colectivo afro. Estos nuevos discursos traen consigo nuevas ritualidades cívicas, donde se presenta el elemento afro. Tenemos así, el ejemplo de las reinas de las fiestas patrias que recientemente incorporaron a la reina negra al lado de las tradicionales reinas indígena, charra y de América. Como en el caso del desfile en Pinotepa Nacional, uno de los pueblos política y económicamente más importantes de la región de Oaxaca. El día de hoy, el Estado mexicano da un paso más para la reconciliación de sus pueblos: el reconocimiento expreso de la existencia de la comunidad afrodescendiente. Es también la posibilidad que la misma sea incluida en los beneficios particulares que el Estado mexicano tiene para sus habitantes. Y sobre todo, los que menos tienen. Reconocer que existen es también reconocer los aportes culturales e históricos que han realizado por nuestra nación. Su reconocimiento en nuestra Carta Magna es un gran paso para resarcir los años de marginación y olvido por parte de las autoridades a lo largo de nuestra historia reciente. Es cuanto, diputada presidenta.