La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer señala que esta constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y la discriminación en su contra por parte del hombre, e impedido el adelanto pleno de la mujer. Y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Las cifras de la violencia en nuestro país son escandalosas. No solo estamos situados entre los 24 países más peligrosos para las mujeres en el mundo, sino que se han cometido 1 millón 520 mil 779 delitos en contra de las mujeres, del primero de enero al 30 de septiembre de este año, dejando a 248 mil 446 víctimas, cuya libertad y seguridad sexual, así como la libertad personal, se han visto afectadas por crímenes como la trata de personas, el feminicidio, el homicidio doloso y las lesiones dolosas. En este sentido, debemos señalar que la violencia en general y la violencia contra las mujeres, en particular, cobran no solo por el daño hacia la persona y por limitar sus derechos sino también por las grades pérdidas económicas que se registran en los ámbitos público y privado, a nivel mundial, regional, nacional, estatal y municipal, así como en los tres órdenes de gobierno. Según el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el costo de la violencia contra las mujeres en México corresponde aproximadamente al 1.4 por ciento del producto interno bruto, que se traducen en más de 348 mil millones de pesos. El costo de la violencia contra las mujeres es reflejo, aunque solo aproximado, del gasto que la sociedad realiza para atenderla, prevenirla y sancionarla. Es costo social, ya que son gastos que realizan las instituciones de salud física y psicológica, así como las instituciones de justicia. Son recursos públicos destinados con el fin de que las mujeres ejerzan el derecho a vivir sin violencia. Son también gastos privados, personales, que representan un costo social al ser dirigidos a un problema público antes de ser utilizados a mejorar las condiciones de vida familiares e individuales. Hoy recordamos a Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, mujeres dominicanas que fueron secuestradas y brutalmente asesinadas por la policía secreta de su país. Con saña los agentes las apalearon, golpearon y ahorcaron para finalmente arrojarlas por un barranco. Estos hechos conmovieron de fondo a la sociedad dominicana y levantaron su indignación de frente a un régimen descarnado e indolente que habría durado 30 años y que sucumbiría seis meses después. En 1993, la Organización de las Naciones Unidas adoptó esta fecha por su significado. En nuestro país hemos visto con preocupación el repunte de conductas asociadas a la masculinidad tóxica, por su vinculación con el alcoholismo, los crímenes sexuales, la depresión y, por supuesto, la violencia contra las mujeres. Un estudio desarrollado por la organización Promundo confirmó que los hombres siguen pensando que ser hombres implica usar la violencia para resolver sus conflictos. El rehusarse a buscar ayuda si la necesitan y apegarse a roles de género, en donde sus formas de socialización son destructivas y causan daño directo a las mujeres y las niñas. En suma, los efectos económicos de estos fenómenos equivalen a mil 400 millones de dólares cada año en el país. En este sentido que afirmamos la erradicación de la violencia de género, debe ser atendida como una política de Estado, comprometiendo a todas las instituciones, erradicando cualquier actitud del individuo que pueda generar violencia o discriminación. El problema de la violencia de género nos incumbe como seres humanos y nos concierne como país. No podemos seguir exponiendo a niñas, jóvenes y mujeres a la incertidumbre de salir de casa sin saber si regresarán. No podemos seguir consintiendo la indiferencia gubernamental, debemos actuar proactivamente, como sociedad, generando los mecanismos sociales que nos permitan superar las condiciones actuales de violencia que viven las mujeres en México. Este es el compromiso parlamentario del PRD. Es cuanto, diputada presidenta.