El diputado Martín Rico Jiménez: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, hoy día sufrimos las consecuencias de un crecimiento acelerado y desordenado de los centros urbanos y rurales de población, lo que implica la necesidad de regular el desarrollo de ciudades y metrópolis, su dotación de servicios, la infraestructura básica, el equipamiento urbano y el espacio público; así como impulsar una cultura de prevención de desastres, considerando en todo momento la demanda de una vivienda digna y sustentable. Es oportuno reconocer que existen contradicciones y dificultades en las leyes, reglamentos, programas y actos administrativos relacionados en materia de protección civil, vivienda y ordenamiento territorial, lo que se transmite en una falta de claridad en los objetivos de la política de prevención y atención de desastres en relación con la realidad que viven los habitantes de nuestro país. Queda claramente ejemplificado en los desastres causados por fenómenos de origen natural que han sufrido estados como Baja California, Michoacán, el Estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y, recientemente, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, donde lamentablemente se perdieron miles de vidas humanas y miles de familias vieron afectadas sus viviendas, sus bienes, su modo de vida y la forma de generar ingresos. Es conveniente destacar que no hay un diagnóstico suficiente sobre la problemática que vive el país en la materia y tampoco existe una coordinación efectiva en los tres órdenes de gobierno, motivo por el cual se realizó una revisión exhaustiva al marco normativo nacional en el tema, resultando que existen instrumentos programáticos que definitivamente han superado a la legislación actual. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los retos territoriales urbanos que enfrenta nuestro país son impostergables, ya que inciden en el bienestar social, la calidad de vida, el desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y en la seguridad de la población. Enfrentarlos requiere del diseño de leyes adecuadas, de políticas públicas aceptadas, socialmente justas, económicamente eficientes y ambientalmente sustentables, así como de una ejecución y seguimiento efectivo en procesos debidamente coordinados y concertados con los tres órdenes de gobierno. Como legisladores, es nuestro deber facilitar a los actores involucrados de una legislación clara, vigente y efectiva en lo relativo a los instrumentos financieros de prevención y atención de desastres naturales, con el propósito fundamental de resguardar la vida de las personas. Es en este sentido, que los invito a tomar conciencia para impulsar una educación hacia la prevención y la protección civil, más que una educación de compensación de daños, considerando que los recursos para el rubro de compensación de daños nunca son suficientes cuando los desastres causados por fenómenos de origen natural son altamente perjudiciales para la población. Lo que trae como consecuencia, que frecuentemente las víctimas del daño nunca son compensadas en su totalidad. Son estas reflexiones las que motivan nuestra propuesta, para adecuar el marco jurídico en materia de protección civil, con el objeto de fortalecer los instrumentos financieros de naturaleza preventiva, que permitan destinar mayores recursos para la reubicación de viviendas, primordialmente las que se encuentran instaladas en zonas denominadas de alto riesgo, consideradas y definidas en los atlas nacional y estatales de riesgo. Y que no estén infringiendo la ley, para que sean trasladadas a lugares seguros, cumpliendo con las normas jurídicas y con la finalidad fundamental de salvaguardar las vidas de las personas y sus bienes. Es en este sentido, que proponemos el presente proyecto de reformas a la Ley General de Protección Civil, con el objeto de dar sustento presupuestal, para que las dependencias y entidades del gobierno federal puedan solicitar la reasignación de los Fondos de Prevención de Desastres, tanto para la reubicación de vivienda, para otros rubros que son de vital importancia para la población. Señores legisladores, los invito a sumarse a este proyecto, el cual permita con acciones concretas reasignar recursos para la reubicación de viviendas que se encuentran en riesgo, resguardando fundamentalmente la vida de las personas y sus bienes. Con base en lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa y solicito se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Les pediría, diputadas y diputados, aquellos que se quieran sumar a que podamos tener mejores instrumentos, para poder reubicar de una manera más rápida y expedita a estas familias, a estas viviendas que están en zonas de riesgo que se sumen a esta iniciativa. Por su atención gracias compañeras diputadas y compañeros diputados. Gracias.