EL DIP. RICARDO MORENO BASTIDA: Estoy dando cuenta al pleno de quienes sustentan esta iniciativa. Terminaría: Fernández Estrada Rafael, rúbrica; Hernández Jerónimo Aulárico, rúbrica; Hernández Raigosa Alfredo, rúbrica. Herrera Jiménez Luis, rúbrica. Herviz Reyes Arturo, rúbrica. León Morales Ramón, rúbrica. López Hernández Rosalinda, rúbrica. Magallanes Rodríguez José Antonio, rúbrica. EL PRESIDENTE. Señor diputado, si me permite. EL DIPUTADO RICARDO MORENO BASTIDA. Termino. Gracias, señor Presidente. EL C. Diputado Ricardo García Cervantes Presidente de la m esa directiva de la H. Cámara de Diputados P r e s e n t e. Los suscritos, diputados federales integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el gobierno Interior, venimos a poner del conocimiento del pleno una proposición con punto de acuerdo con fundamento en los siguientes A N T E C E D E N T ES. 1. Que la Procuraduría General de la República creó la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, cuyo objetivo es investigar e intervenir en los delitos cometidos por dichas organizaciones, así como "encontrar el origen y procedencia de las armas en su poder". La creación de dicha Unidad Especializada, partió de lo acontecido el 22 de diciembre de 1997, cuando en la comunidad de Chenalhó, en el municipio de Acteal, Chiapas, un grupo paramilitar asesinó a 45 personas, en su mayoría mujeres y niños; 11. Que la transición política mandatada por la ciudadanía en las elecciones del 2 de julio pasado y la alternancia misma, han generado la descomposición del sistema político antes imperante y la pérdida de control sobre grupos civiles armados tolerados en sus prácticas antidemocráticas y violentas, que ponen en riesgo la estabilidad y la paz social en diferentes puntos del país; como lo acontecido hace apenas unas horas en Papantla Veracruz, donde fueron asesinadas dos personas y seis más se encuentran heridas al parecer a manos de inconformes por los resultados electorales del pasado domingo. III. Que por esa razón, el pasado 18 de agosto en Chimalhuacan, Estado de México, se expresó con dramática claridad el nivel de violencia que son capaces de generar grupos civiles violentos que, al amparo de la tolerancia del poder público, disputan como patrimonio propio los espacios de poder y de decisión en las instancias de gobierno que están en su esfera de influencia y control territorial; IV. Que la existencia de estos grupos ANTORCHA CAMPESINA y la ORGANIZACION POPULAR DE COLONOS DE CHIMALHUACAN, no es un fenómeno aislado o producto de la casualidad, sino más bien, se puede asegurar que son resultado de políticas de Estado bien articuladas que tenían como objetivo preservar un sistema político predominante en su momento y al amparo de la impunidad; como lo han señalado dirigentes de estos grupos a los medios masivos de comunicación; V. Que si bien es cierto existe prueba documental de que el Presidente municipal electo de ese lugar, dio aviso por escrito con anterioridad al Ejecutivo Estatal sobre indicios de hechos violentos en su toma de protesta, también lo es que ante este aviso no se tomaron medidas cautelares o de persuasión efectivas, que hayan evitado la confrontación; VI. Que los poderosos intereses económicos y políticos de los grupos civiles violentos de ese municipio mexiquense, afectaron gravemente la gobernabilidad del municipio de Chimalhuacán y perjudicaron sensiblemente la paz social y la credibilidad del ejecutivo estatal en el fincamiento de responsabilidades penales a quienes participaron en esos hechos; VII. Que no obstante el destacamento de policía estatal que se encontraba en Chimalhuacan, se negó reiteradamente a intervenir a pesar de la flagrancia de los actos delictivos y de las peticiones de las mujeres con sus hijos que por diversas circunstancias estaban en el momento y en el lugar del zafarrancho y que, asimismo, se percibían desde antes del enfrentamiento claras muestras de una voluntad manifiesta de confrontarse violentamente; VIII. Que en el enfrentamiento entre estos grupos violentos se utilizaron armas de uso exclusivo del ejercito, propiciando la muerte de al menos 10 personas, decenas de heridos y cientos de detenidos. Aunado a lo anterior, del enfrentamiento se desprenden una serie de actitudes, hechos y omisiones que ponen en entredicho el estado de derecho, la vigencia de la paz social y la estabilidad municipal, así como la gobernabilidad en dicho lugar, provocando la afectación del interés público y privado y el deterioro de las relaciones de convivencia armónica; IX. Que el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales" X. Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en fecha 30 de agosto del año en curso, aprobó punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Procuraduría General de la República haga uso de su facultad de atracción respecto a las investigaciones que se desprenden del enfrentamiento en Chimalhuacán, Estado de México, sin que hasta la fecha esto haya sucedido. XI. Que el día de ayer por diversos medios informativos se conoció de boca del Subprocurador de Texcoco, Lic. Axel García, que el Presidente Municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojorquez, fue llamado a declarar con respecto a estos hechos y que dicha persona no se presentó. De la misma forma se conoció por los mismos medios informativos, que el señalado ciudadano negó haber recibido citatorio oficial para llevar a cabo esa actuación indagatoria. XII. Que es obligación del Estado Mexicano garantizar los derechos ciudadanos plenos. Particularmente los de carácter civil y político, así como la gobernabilidad, la armonía y la tranquilidad de nuestras comunidades, nuestros municipios y entidades federativas. Por lo que resulta imprescindible que la coyuntura abierta por la extrema violencia con que actuaron estos civiles armados, debe motivar en los órganos del estado y de gobierno una reacción que se reflej0 en las políticas públicas tendientes a desterrar de una vez y para siempre la impunidad y la existencia de grupos civiles que utilizan prácticas violentas, así como la omisión y negligencia de las autoridades, en el ánimo de fortalecer el estado de derecho, la vigencia del pacto social y preservar la vida de los gobernados. XIII. Que es función de la Policía Federal Preventiva el desmantelamiento de estos grupos, por lo cual corresponde a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo las acciones tendientes a evitar más brotes de violencia y garantizar los derechos ciudadanos plenos, particularmente los de carácter público, así como la gobernabilidad, la armonía y la tranquilidad del Municipio de Chimalhuacán, Estado de México. XIV. Que la Cámara de Diputados es un órgano del Estado Mexicano, cuya función implica la facultad que la Constitución le otorga para responder ágil y puntualmente a las necesidades sociales del país. En consecuencia se presenta una proposición de punto de acuerdo para crear una Comisión Especial Investigadora de esta Cámara de Diputados, que tenga por objeto coadyuvar a la investigación de los hechos, propiciar el respeto de las garantías individuales, del estado de Derecho y la gobernabilidad del Municipio de Chimalhuacan, Estado de México. Por lo expuesto, a esta Honorable Cámara de Diputados proponemos el siguiente: P U N T O D E A C U E R D O PRIMERO. Se crea la Comisión Especial Investigadora de los hechos del 18 de agosto ocurridos en Chimalhuacán, México con el objeto de coadyuvar en la investigación, en el respeto de las garantías individuales; en el restablecimiento del estado de Derecho y la gobernabilidad en ese municipio. SEGUNDO. La comisión será integrada con un diputado por cada uno de los partidos representados en esta Cámara, y sus respectivos suplentes. TERCERO. La comisión tendrá una duración de seis meses contados a partir de la aprobación del presente y podrá prorrogar su duración siempre y cuando así lo apruebe este pleno, previo informe que se rinda sobre el particular. CUARTO. La comisión tendrá su lugar de residencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, pero podrá sesionar fuera de este recinto cuando así lo acuerden sus integrantes. Contará con un secretario técnico que llevará los expedientes que se deriven de su funcionamiento, así como las minutas de las sesiones que desarrolle. QUINTO. Por su propia y especial naturaleza, la comisión contará con el apoyo técnico y profesional al alcance de esta Honorable Cámara de Diputados, para el cumplimiento de su encomienda. SEXTO. Todos los acuerdos que tome la comisión serán aprobados por mayoría de votos de los diputados presentes. El quórum respectivo se formará con la mitad mas uno de sus integrantes. La comisión contará con un Presidente que será designado por el pleno. SEPTIMO. El informe final con los resultados de esta Comisión será presentado al pleno y una copia del mismo será remitido a la Procuraduría General de la República, al Ejecutivo del Estado de México y a la opinión pública. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal a 7 de septiembre de 2000. EL PRESIDENTE. Se turna la proposición con punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política. Antes de proceder a dar el uso de la palabra, quisiera solicitar a todas las diputadas y diputados, que estén seguros, estando seguros de que se insertará en el Diario de los Debates y en la Gaceta la totalidad de los nombres de quienes presentan los puntos de acuerdo y las iniciativas, pudiéramos, en aras de aprovechar de la mejor manera el tiempo de todos nosotros, reducir la lectura de las listas de los grupos parlamentarios que signan las iniciativas. Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Leonel Funes Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. EL DIPUTADO LEONEL FUNES DIAZ . Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados. En la sesión de hoy, recibimos en el punto del orden del día, el tema relacionado con el bando solemne en relación a Vicente Fox, como Presidente de la República; esto sucedió en la elección, como todos sabemos, el 2 de julio y tristemente 45 días después, nos encontramos con la parte oscura del proceso electoral y estamos hablando concretamente del proceso electoral local del Estado de México, puntualizado en el caso de Chimalhuacán. Vale la pena comentar a esta Honorable Asamblea, la descomposición política que de por sí vive el municipio de Chimalhuacán. No es nuevo, no es de 3 años, no es de 4 años. En Chimalhuacán existe una descomposición política y social que se ha generado entre otras cosas, en razón de que los grupos políticos que controlan hasta la fecha el ayuntamiento, han privilegiado en su actuar como gobierno, a los grupos caciquiles; se han aprovechado de las agrupaciones, como ya decía nuestro compañero, armadas, para repartir el poder político del ayuntamiento. Ya de todos es sabido cómo entre el actual Presidente Municipal y la señora Buendía, existían ya acuerdos de tiempo atrás sobre el reparto del poder político. ¿Qué quiero decir con esto? La situación que vive socialmente Chimalhuacán, es, está agravada de origen. El problema de salud en Chimalhuacán, es un problema crítico; el problema de la educación en Chimalhuacán es un problema critico; no existe empleo en Chimalhuacán, es una ciudad, un municipio absoluta mente dormitorio y todo esto pues, es conclusión, consecuencia del desorden político que se vive gracias al reparto del botín político entre los grupos que ahí viven. También vale la pena recordar que también existe una mano del poder estatal del gobierno del Estado de México, que también tiene contubernio con la gente que gobierna políticamente el municipio de Chimalhuacán. En este sentido, utilizo esta tribuna para enviar también una exigencia al gobernador Arturo Montiel, del cumplimiento de la palabra empeñada incluso en campañas, que decía él que todo mundo iba a ser castigado cuando se comportara de una manera irregular. Ustedes recordarán seguramente un spot de televisión. Concluyendo este tema, Acción Nacional está de acuerdo en que se proceda a la investigación del caso de Chimalhuacán; pero quisiera proponer al compañero perredista que me antecedió en el uso de la palabra, que el acuerdo fuera en el siguiente término: Que no quedara el término de los seis meses que ha propuesto, sino que se creara esta comisión con los términos que él manifestó pero que tuviera una vigencia hasta el momento que esta Cámara de Diputados instale formalmente las comisiones legislativas. Y en ese caso en su momento estoy solicitando al compañero perredista que ésta se dirija a la Comisión de Derechos Humanos y Justicia. Creo que esto ayuda a fortalecer la institucionalidad de la Cámara en el sentido de que sea una comisión legislativa de Ley Orgánica, la que atienda el caso. Sin embargo, no nos negamos a participar previamente y en su momento, a esta Comisión de Derechos Humanos y Justicia hacerle entrega del informe respectivo. Finalmente termino mi intervención pidiendo que en esta conformación de la investigación se tome una medida muy importante para la investigación de los dos compañeros diputados tanto diputado local como diputado federal, que no han tomado posesión del cargo, para que investigue la situación incluso de los suplentes. Creo yo que es un tema importante. Sería cuanto señor presidente. PRESIDENTE: Tiene la palabra el diputado Gerardo de la Riva Pinal, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. DIP. GERARDO DE LA RIVA PINAL: Con su permiso señor presidente de la mesa directiva; señoras diputadas; señores diputados: "El progreso de la democracia como bien ilustra la historia, no ha sido lineal ni sencillo; por el contrario, para consolidarse ha tenido que encontrar múltiples retos y algunos planteados desde afuera y otros desde el interior mismo de la democracia. Para enfrentarlos y eventualmente superarlos la democracia cuenta con un recurso del que difícilmente disponen otras formas de gobierno: el ejercicio de la crítica. Agustín Rico y Saldaña. " De la cita anterior vemos que en el país hemos avanzado en los procesos democráticos. Tan es así que los problemas poselectorales en su mayoría han terminado y aquéllos que perduran se concluyen en términos de la ley y ante los tribunales electorales. Es por ello que un asunto que no es poselectoral y que a todos los mexicanos principalmente los que vivimos en el Estado de México, reprobamos los hechos sucedidos en el municipio de Chimalhuacán, donde no imperó la tolerancia, el respeto a la ley y la pluralidad de ideas. Montesquieu afirmaba: "... que todo hombre investido de autoridad abusaba del poder. Y para evitar ese abuso, la división limitaba el poder. " En estos términos, el Poder Legislativo es un órgano imprescindible en la limitación del poder. Por ello, consideramos que el debate de ideas nos lleva a la confrontación de soluciones para conflictos del sistema político. Así, en el asunto de Chimalhuacán, todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara así como la sociedad en general, coincidimos que se debe investigar a fondo; que debe responsabilizarse de acuerdo con las investigaciones de la autoridad competente a los ciudadanos que así lo ameritan, para que sean castigados ejemplarmente y demostrar que este sistema político que ha ido mejorando poco a poco, prospere y se note que rechaza la violencia como forma de resolución de conflictos y se encuentre en la tolerancia, entendida ésta como un medio de resolución de conflictos, a la palabra y al consenso para llegar a acuerdos. Sin embargo, señores diputados, no coincidimos que pueda ayudar a resolver el conflicto así como responsabilizar a sus actores, la forma en que la fracción parlamentaria del PRD propone. Porque como lo mencionan los antecedentes del acuerdo en discusión, hay un Punto de Acuerdo en la Comisión Permanente de la Legislatura del 30 de agosto del año en curso, donde se menciona que la Procuraduría General de la República atraerá, con la facultad constitucional que tiene la competencia del asunto de Chimalhuacán si existieran elementos para ello. A la fecha no sabemos si existen elementos o no para cumplir este Punto de Acuerdo. Y al crear una comisión de la naturaleza que se ha expresado en esta tribuna, dejaríamos sin efecto lo propuesto por la Comisión Permanente. Algunos dirían: lo anterior no limita la propuesta. Si bien es cierto no se contrapone, también es cierto que debemos esperar el resultado del Punto de Acuerdo. También debemos considerar que todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara coincidimos en fortalecer al federalismo en términos del artículo 40 de la Constitución. Y podría pensarse que es contradictorio lo que decimos con lo que hacemos, al aceptar un Punto de Acuerdo de esta naturaleza. Es un asunto de un Estado libre y soberano, el cual ha sido atendido tan es así que continúan las investigaciones para llegar al fondo y aplicar la ley a los responsables y paralelamente se han dado decisiones políticas y económicas para atender las necesidades del poblado de Chimalhuacán. Aunado a lo anterior, la legislatura local del estado de México en la 53 legislatura acordó crear una comisión especial de investigación, en donde se encuentran representados todos los partidos políticos. Y ahora, en la 54 legislatura, deberá reanudar los trabajos en esta comisión. Cabe mencionar que la misma estará integrada, en forma plural, con las diferentes corrientes políticas por estar constituida la legislatura local con 29 diputados del PAN, 25 del PRI, 16 del PRD, 2 del PT, 2 del Partido Verde Ecologista, uno del Partido Democracia Social. En consecuencia, dará lugar a una comisión plural y representativa de las fuerzas políticas estatales y nacionales, donde se analizará, con mucho cuidado y con toda amplitud, el asunto Chimalhuacán. Seguramente emitirá acuerdos y recomendaciones al Ejecutivo del estado para llegar, como éste lo ha expresado, a actuar con toda energía para determinar quiénes son los responsables y que se les aplique todo el rigor de la ley. Lo señalado tiene fundamento en nuestro régimen de derecho. Que el trabajo de esta comisión va encaminado a evitar la impunidad para conservar el estado de derecho y demostrar que nuestro sistema político, en cuanto a la división de poderes, sirve al interés general de la población y no está por la violencia sino por el diálogo. Por ello, no podemos estar de acuerdo a que se cree una comisión especial en esta Cámara de Diputados, cuando ya hay un acuerdo de la Comisión permanente en donde respete la competencia jurisdiccional. También existe una comisión especial de investigación en la Cámara de Diputados del estado para el asunto del Municipio de Chimalhuacán, donde todas las fuerzas políticas estatales y nacionales están representadas y seguramente, como ya he expresado, emitirá sus investigaciones y recomendaciones y que todos estamos por el fortalecimiento al federalismo. Así, compañeros diputados y diputadas, al estar al nivel local una representación plural de esta naturaleza, tendrá que emerger la verdad y la justicia. La verdad para que estos hechos no sucedan y la justicia para los familiares de las familias fallecidas en estos lamentables hechos, que son reprobables por todos nosotros. Señor Presidente, por lo anterior le solicito se turne el presente acuerdo, como usted lo ha ordenado. Muchas gracias. Es cuanto.