El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente. Desde luego que en este caso, el Grupo Parlamentario del Partido Verde va a acompañar y vamos a votar a favor de esta iniciativa que presentó nuestro amigo y compañero el diputado Javier Orozco, con la que estamos absolutamente de acuerdo. Lo ya dicho hasta ahora, con relación a la importancia de caminar en el mismo sendero en el que se han venido delineando las cosas alrededor de la defensa de los derechos humanos, pues no puede cobrar mayor vigencia que en esta época. Cualquier regulación, cualquier acto que deban emitirse por parte de este Congreso, por parte de las autoridades, pues deben de apegarse de manera irrestricta a lo que establecen los derechos humanos. Sin embargo, más allá de esta circunstancia queremos nosotros compartir con ustedes que la visión que hemos tenido y tomado en consideración para votar a favor de esta iniciativa y de este dictamen de la Comisión de Justicia, tiene que ver con el aprovechamiento y con la observancia de la responsabilidad que como Congreso tenemos de ser los primeros intérpretes y los primeros sujetos obligados al cumplimiento de la Constitución. Si estamos ahora votando a favor de una modificación a la ley reglamentaria de la Constitución en materia de Derechos Humanos, esto obedece ante todo, a que estamos conscientes de que somos nosotros, en este Congreso, los que tenemos que regular el artículo 1 y 105 de la Constitución en sus leyes reglamentarias y que por consiguiente no tenemos por qué dejar sujeto a la responsabilidad y cumplimiento de las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su calidad también de intérprete de la Constitución y de órgano de control constitucional sea ésta, a través de sus sentencias la que defina la competencia que por mandato constitucional le corresponde, pero que tendríamos que definir nosotros en las leyes reglamentarias. Esto es sumamente relevante y aquí lo que quiero yo compartir con ustedes es una reflexión en torno, desde luego no con relación a la defensa de los derechos humanos, sino al papel que le estamos encomendando y que estamos delegando a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este contexto, siempre a la luz de un principio fundamental de equilibrio de poder, sin el cual ni la Corte ni nosotros ni ninguna otra autoridad podría funcionar, ni tampoco velar por el respeto de los derechos humanos. En el momento en el que nosotros le encomendamos a la Suprema Corte, al Poder Judicial, a todos los órganos de justicia observar los derechos humanos y no las garantías constitucionales como tradicionalmente estuvo contemplado en la Constitución, estamos pidiéndole que en lugar de que observe y califique la observancia de obligaciones concretas que derivan del texto constitucional a cargo de toda autoridad, que califique la observancia de derechos del gobernado, estamos desviando el objeto de tutela constitucional y estamos pidiéndole a la Corte que interprete cuál es el mejor estado de bienestar en el que puede estar colocado un ciudadano frente a cualquier autoridad, para que las autoridades sean las que se encarguen de ver por ello. Le estamos entonces encomendando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial y a todos los jueces, que realicen una valoración de orden político constitucional con relación a una cuestión que tendría que ser de estricto derecho. Entonces, el derecho a la vivienda ya no se define en la arena política qué es esto, ya no se define por cuanto se abarca la entrega de un recurso para la adquisición de un inmueble o la inscripción a un sistema para que éste pueda hacerse a favor del trabajador, sino que la Corte o el Poder Judicial tiene que decidir cuál es la mejor manera de decidir. Puede ser ésta la mejor solución quizá, pero yo los invito a que nos preguntemos entonces si la invalidez de las leyes que se aprueban en este Congreso puede quedar sujeta exclusivamente a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano de control constitucional, sin que nosotros hayamos participado en modo alguno en la aprobación del tratado internacional que está incidiendo negativamente por cuanto a la validez de las normas que nosotros estamos aprobando. De esta suerte, yo los invito a que pensemos también en una iniciativa que he presentado ya y que está guardada en la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre la pertinencia de que reformemos el artículo 133 constitucional y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en función de este principio y esta competencia de control convencional puede invalidar nuestras leyes, que por lo menos se nos involucre en el procedimiento para que estas leyes también no solamente sean... para que los tratados internacionales no solamente sean aprobados por el Senado, sino que valoremos también nosotros la conveniencia de que los derechos humanos puedan estar encima de las leyes que nosotros aprobamos. Yo les invito también a que tomemos en cuenta que si somos primeros intérpretes de la Constitución tenemos que dignificar y elevar al estado que le corresponde, la función parlamentaria que aquí estamos desempeñando y que por consiguiente aceptemos el rol que nos corresponde en lo que es el debate de orden político con relación al alcance de los derechos humanos, y que no abdiquemos a esta competencia a favor de otro Poder. Esto se ve de manera cotidiana, y aquí lo podemos nosotros constatar porque además a cada rato se está señalando, en nuestra práctica de estar invocando como parte de nuestras iniciativas, como parte de los dictámenes, nada más y nada menos que la jurisprudencia que emite otro poder en su función de controlador de la Constitución, pero como segundo intérprete de la Constitución. Si a nosotros nos corresponde aprobar las leyes, que nos corresponda también aprobar los tratados internacionales. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que realice la función como tribunal de control constitucional en el lugar que debe de corresponderle y sí nosotros arrojarle una responsabilidad, que de manera primaria debería ser nuestra. Es cuanto, diputado presidente.