La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Hay quienes han querido señalar que quienes hemos sido críticos legislativos de esta iniciativa somos defensores de Hooligans. Queremos decir y que quede muy claro que en el PT no somos defensores de Barras ni mucho menos de aquellos que la patrocinan. Estamos en contra de la violencia, no solamente en los estadios, sino en cualquier lugar que se presente. Estamos de acuerdo en sancionar aquellas personas que cometan actos ilícitos, no solamente en los estadios, sino en cualquier acto deportivo, conforme a la ley y en el tiempo que sea oportuno. Lamentamos claramente en el PT los acontecimientos ocurridos el pasado 22 de marzo en el Estadio Jalisco, donde el enfrentamiento entre barristas y la Policía Municipal dejó ocho elementos de seguridad heridos, 30 civiles gravemente heridos y 17 detenidos. Inclusive hay quien ha señalado que hay videos que dan indicios que hacen parecer que la violencia que se vio en el Estadio Jalisco fue iniciada por los elementos municipales. Es esta una discusión de coyuntura, que no sabemos si se da en urgencia en este pleno por la presión mediática o para atender verdaderamente un interés y un problema que existe, porque eso lo reconocemos y lo reconocemos claramente. Según las encuestas 2012 de Parametría, seis de cada 10 familias en el Distrito Federal dicen que no irían a un estadio de fútbol, por la violencia que en esta se presenta. Sin embargo, hay que quedar muy claros, esta ley tal como está estructurada originalmente y se aprobó en las comisiones unidas, no resuelve ni de tajo ni de fondo la violencia ni en los estadios ni en los eventos deportivos masivos. Esta iniciativa, aunque en su exposición de motivos habla profundamente de la necesidad en la prevención y de la creación de la cultura de la legalidad para erradicar la violencia en los eventos deportivos, en su estructuración lo que tiene como medular es la creación de un delito que se llama violencia en los estadios, en su artículo 154 y 155. Y da penas de tres a seis años, así como la prohibición reiterada de aquellos que son sancionados de asistir a eventos deportivos, como una forma de reincidencia, que hay que decirlo, es contrario al sistema de justicia que hemos promovido en este país. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una Comisión Especial de la Prevención a la Violencia del Deporte, que con todo respeto no sirve de absolutamente nada, no interviene en los factores o posibilitadores o factores de riesgo sociales o culturales de la violencia, porque deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que lleva a un grupo de personas reunidas a enfrentarse con policías, a pelearse, a robar, a realizar desórdenes? Que esta Cámara de Diputados debería desde esta iniciativa a analizar desde la política criminal estas causas y resolverlas. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Presentamos pues la salida de contribuir a sancionar los eventos deportivos. Es decir, tratamos desde un modelo que nosotros consideramos inconstitucional y reactivo, que no trabaja sobre las causas, sino sobre las manifestaciones a los infractores. Es ésta iniciativa, de alguna manera, en una parte de ella ignora las causas estructurales que originan el problema, es más que atacar a las manifestaciones, atacan a los síntomas. En esta legislatura pareciera que no solamente nos ha dado por aumentar las penas a cada rato para acabar con lo que se conoce como acciones antisociales, sino ahora también de crear delitos en lugar de impulsar la política de la aplicación eficaz de la norma. Es decir, de los delitos que ya existen que se apliquen eficazmente y de crear una verdadera cultura de la legalidad. Terminaré diciendo y criticando el proceso legislativo que ha llevado esta iniciativa. Esta iniciativa curiosamente es completamente distinta a la iniciativa que se recibió. El dictamen no solamente es diferente, sino que tiene -diríamos nosotros- un cambio en la intención del legislador. No solamente es nosotros creemos y lo decimos así- que hay un problema de constitucionalidad. Es decir, el artículo 73, en su fracción XXI, manifiesta que el Congreso tiene la facultad de expedir leyes generales en materia de secuestro, de trata de personas y de delitos que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones, y sí le da la atribución al Congreso de legislar en materia de deporte, pero no de crear un delito en la Ley General del Deporte, que es lo que nos tiene en esta tribuna diciendo que nos abstendremos de la misma. Termino, señor presidente, diciendo las grandes ausencias que hay en esta iniciativa. Primero, la responsabilidad real que hay de las autoridades municipales y gubernamentales de los estados. No se habla nunca de la venta de bebidas alcohólicas, que es detonador clave de la violencia, no solamente en los estadios, sino en cualquier evento deportivo. Tampoco habla de la responsabilidad de los dueños de los equipos ni de la responsabilidad de los dueños de los estadios. Termino diciendo, señor presidente, debe entenderse que los eventos deportivos masivos, son sí espectáculos, pero también son negocios, y esta Cámara de Diputados no debería de responder solamente al tema de los negocios, sino a la seguridad real de los mexicanos. Por eso reconocemos que la adenda que se va a presentar recogió, finalmente, en un periodo extraordinario de tiempo, las solicitudes de muchos grupos parlamentarios, que finalmente incluye la prevención en este dictamen. Muchas gracias, señor presidente.