EL DIP. JAIME CERVANTES RIVERA: Con el permiso de la Presidencia. El dictamen que hoy nos ocupa y que dentro de algunos minutos estaremos seguros será aprobado, muestra al pueblo mexicano, a nuestros electores, que lejos de lo que se han encargado de difundir algunos sectores ligados al Gobierno Federal, éste es un Congreso que ha sabido asumir sus responsabilidades y su compromiso para con la sociedad. Por ello debemos dejar en claro que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuyo dictamen votaremos, es sin duda un importante instrumento legal que por su naturaleza contribuirá a la construcción y fortalecimiento de un nuevo orden democrático que todos los mexicanos estamos comprometidos a construir. Tema de mayor importancia ha sido el de contar con una ley que sancione y reglamente los hechos, el derecho a la información consagrada en el artículo 6º constitucional, este vínculo que vela por la libre manifestación de las ideas establece también que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Con esta ley culmina una larga lucha emprendida durante años por amplios sectores de la sociedad y de los partidos políticos, se avanza hacia el establecimiento y consolidación de las instituciones democráticas. La ley que hoy se presenta es perfectible, aún queda enriquecerla y transformarla para darle al organismo encargado de vigilar y promover su observancia una mayor autonomía, y por qué no, al igual que otras instituciones que nacieron vinculadas al Ejecutivo, tales como el IFE o la Comisión de Derechos Humanos, ciudadanizarla. No obstante que reconocemos el gran esfuerzo realizado por los diputados miembros de la comisión dictaminadora por dotar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, de autonomía administrativa, operativa, presupuestaria y con decisión propia, este instituto, como lo indica la respectiva ley, nace como un órgano de la Administración Pública Federal, lo cual creemos es una limitante que no garantiza su plena autonomía ya que en su caso el Ejecutivo Federal será juez y parte. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hubiera sido preferible que el instituto en comento se hubiese constituido como un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal para con ello dar mayor confianza a la sociedad. Entendemos que por el momento esto último no es posible, toda vez que para constituir un órgano autónomo hubiera sido necesario reformar la Constitución. Queremos dejar en claro que no obstante que el naciente instituto es parte del Ejecutivo, la propia ley es un instrumento que nos debe permitir consolidar una nueva cultura de rendición de cuentas mediante la cual la sociedad tenga la posibilidad legal de pedir al Gobierno cuentas sobre su gestión. Si bien, como lo planteaba la propuesta presentada por el llamado Grupo Oaxaca, que un amplio grupo de diputados no dudamos en suscribir, no fue posible que la ley cuyo dictamen hoy discutimos estableciera que fuera el Senado el encargado de ratificar a los titulares nombrados por el Ejecutivo Federal, toda vez que hubiera sido necesario modificar el artículo 76 de la Constitución. Nos parece adecuado que en su lugar el Senado pueda objetar los nombramientos. Sin embargo, consideramos que al respecto aparece un vacío legal, toda vez que no existe un mecanismo vinculatorio para que en su caso se obligue al Ejecutivo a considerar las objeciones como un rechazo. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la ley que será aprobada por todas las razones que hemos expresado, es perfectible porque todavía será el Gobierno quien determinará sobre los casos de excepción para el acceso total a la información, es decir, seguirá imperando el criterio unilateral de los órganos de gobierno, para decidir qué información podrá ser desclasificada. Para nosotros, es necesario alcanzar una mayor madurez democrática, para que responsablemente las instituciones del gobierno, la sociedad civil acuerden los criterios para definir qué información debe permanecer clasificada por razones de seguridad nacional. Creemos que estas cuestiones de orden normativo, deben ser sujetas de reforma y adiciones en un momento posterior, para que desde el punto de vista técnico-jurídico, tengamos una ley que cumpla plenamente con el propósito para el cual ha sido creada. Por lo anteriormente expuesto y considerando que éste es un primer paso para lograr el real acceso de la sociedad a la información gubernamental, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor, en lo general y en lo particular, el dictamen de decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es cuanto muchas gracias. -