La diputada Claudia Báez Ruiz: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, es poco lo que se ha avanzado en la construcción social y política igualitaria de los pueblos indígenas en México, pues la exclusión, la desigualdad y la discriminación desalienta las oportunidades de desarrollo y bienestar. Han pasado gobiernos y los pueblos indígenas se mantienen como una de las poblaciones más vulnerables y eso es contrario al avance de la justicia, la igualdad y la participación democrática que enarbolan muchos gobiernos. Desde todos los rincones de México, nos sentimos comprometidos en seguir reforzando acciones para proteger los derechos humanos, sociales, culturales y económicos de nuestros pueblos. En México somos una nación con una composición pluricultural que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos desde la reforma al artículo 2o. constitucional en el año 2001 y desde entonces se han logrado importantes avances como es el reconocimiento de las personas afromexicanas en el año 2019. No obstante, el régimen neoliberal instauró un esquema de asimetrías en el acceso a sus derechos colectivos que paulatinamente estamos transformando. Somos conscientes que persisten importantes brechas, sobre todo, en lo relativo a la naturaleza originaria de la propiedad colectiva indígena y al consentimiento libre, previo e informado a través de la consulta. La consulta es fundamental para garantizar el goce efectivo de otros derechos humanos, como es la libre determinación y la integridad cultural. Las personas y pueblos indígenas, por su particular situación social, económica, política se han visto históricamente impedidos o limitados en la participación de las decisiones estatales, por ello, el reconocimiento, promoción y protección de su derecho humano a la consulta previa, se contiene en los artículos 1, 6, 15, 22, 27 y 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La Declaración de las nuevas Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, establece en su artículo 19 que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados, por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Conforme a los instrumentos internacionales citados, la consulta a los pueblos y comunidades indígenas debe cumplir con los requisitos de ser previa, culturalmente adecuada, informada, de buena fe y realizarse a través de sus representantes o autoridades tradicionales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en tesis que todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas, antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses. Por ello, la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que hoy estamos discutiendo es un gran avance, pues esta ley viene con un retraso histórico, pero viene para fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Con esta ley pretendemos dotar de una voz plena y efectiva a los pueblos y comunidades. En esta ley se establecen los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Los pueblos indígenas de México son una pieza fundamental del mosaico de culturas y tradiciones que han contribuido a la construcción de un México moderno. Por esta razón, para el Grupo Parlamentario Encuentro Social lo socialmente correcto es promover todas las acciones que sean necesarias para favorecer a las comunidades indígenas y afromexicanas del país. Es cuanto.