La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en principio quiero reconocer los trabajos que se han realizado desde la Comisión de Pueblos Indígenas y, de manera particular, reconocer el trabajo que ha llevado a cabo también la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de esta comisión. El pasado 6 de junio de 2019, fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de paridad de género. Esta reforma, además de las disposiciones relativas a los procedimientos electorales estableció que la paridad es un principio que debe regir de manera transversal todo el quehacer público de los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno. Siendo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas la instancia encargada de promover los derechos de los pueblos indígenas, la iniciativa que presentamos y el dictamen que hoy pone a consideración de esta asamblea la Comisión de Pueblos Indígenas, establece que el Instituto deberá instrumentar las medidas y acciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, para lo cual la paridad de género debe constituir un principio transversal que permee las políticas, programas y acciones de la administración pública federal. Desgraciadamente la realidad de muchas mujeres indígenas y afromexicanas es la discriminación y la exclusión, la pobreza y el hambre, la desigualdad ahondada por una crisis sanitaria que no termina en donde no se atiende los llamados urgentes. Este dictamen es el resultado del consenso que redundará en la calidad de vida de las mujeres indígenas y afromexicanas y, sin duda alguna, abonará en el fortalecimiento de nuestra democracia, porque alcanzar la paridad de nuestro país constituye un proceso histórico fundamental para todas y todos los mexicanos. Debemos recordar que la población indígena, sin importar la variable que se elija, registra rasgos importantes respecto al resto de la población. La marginación y la precariedad se agravan cuando además de indígena, la persona es mujer. Las mujeres indígenas viven en las zonas rurales en México, siendo un grupo poblacional vulnerable de esta población, y es que nacer con estar características, es el equivalente a desarrollarse en la pobreza y que las posibilidades de acceder a estudios superiores o puestos laborales de dirección, se reduzcan significativamente. Las mujeres indígenas y afromexicanas, por su tono de piel y pertenecer a un grupo étnico racial, tienen menores oportunidades laborales. Tienden a acceder a un nivel menor de estudios y perciben menores ingresos en el país. El analfabetismo que afecta principalmente a los pueblos indígenas, también es más grave entre las mujeres indígenas, ya que el indicador sube cinco puntos porcentuales por encima de los hombres. La participación de los hombres indígenas en las actividades económicas, déjenme decirles que corresponde a un 65.7 por ciento; en contraste, en las mujeres indígenas se sitúa en un 23.5 por ciento. El 32.6 por ciento de las mujeres indígenas ha sufrido violencia física, el 29.6 por ciento violencia sexual y el 26 por ciento violencia económica patrimonial. La tasa de homicidios de mujeres en regiones indígenas, además de tener una relación con variables económicas, también la tiene con variables sociales de desigualdad de género. Esta es la situación que debe de resolver el Instituto y para lo que se está aprobando este dictamen. La implementación de políticas públicas relativas a mujeres indígenas y afromexicanas debe adecuarse a la situación particular que viven por razones de género y de cultura. No hacerlo de esta manera, impone obstáculos adicionales a las mujeres indígenas y afromexicanas, debido a que la intersección de vulnerabilidades a las cuales se encuentran expuestas en sus comunidades, constituye en sí misma una forma de doble discriminación, por lo que los programas y acciones que desarrollen todas las entidades de la administración pública federal deberán tomar en cuenta el aspecto colectivo del ejercicio de los derechos humanos de estas mujeres, ya que al garantizarlos, se favorecerá su participación en la vida pública de sus comunidades y del país. El Estado mexicano tiene la obligación constitucional y convencional de proteger los derechos humanos de las mujeres indígenas y afromexicanas, tiene la obligación de asegurarles el derecho a la igualdad y a la no discriminación por motivos raciales de origen étnico o nacional por ser mujer o indígena. Esta obligación incluye a que adoptemos medidas positivas para asegurarles el pleno goce del derecho a la igualdad. Por eso, celebramos la presentación de este dictamen y les convocamos a votarlos a favor. Es cuanto, presidenta.