El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Honorable asamblea; con su permiso, señor presidente. La salud de un pueblo debe ser una de las prioridades de todo gobierno, ya que en esta condición indispensable para alcanzar la auténtica igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del tejido social. Es así que el Estado debe de asegurar en todo el ser humano el derecho a la salud a través de servicios de calidad y una cobertura total, sin obstáculos o requisitos burocráticos. Sin embargo, la realidad nos enfrenta con un sector salud en desabasto permanente por falta de recursos financieros, para satisfacer la creciente demanda de medicamentos. Esta situación se agrava ante el incremento considerable de los costos asociados al deterioro de salud, en especial aquéllos que tienen que ver con los precios de las medicinas e insumos para la salud, los cuales en el país han aumentado muy por encima del promedio en Latinoamérica. Los precios de los medicamentos han sido motivo de controversia entre todos los agentes que intervienen en la operación de los sistemas de salud así como para los pacientes. Esta inquietud en buena medida se debe a las fallas del mercado farmacéutico y a la falta de un sistema de salud integrado en México. La falta de integración del sector salud es uno de los factores que eleva el gasto en medicamentos en proporción al gasto en salud, pues sólo en las instituciones del sector público se prescribe medicamentos genéricos de acuerdo con el cuadro básico y el catálogo de medicamentos que contiene una lista de fármacos de probada eficacia terapéutica, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Lo contrario ocurre en el segmento privado del mercado de medicamentos. El patrón de prescripción en este sector se orienta por los esquemas de promoción y ventas en los que se privilegia el uso de productos novedosos con marca comercial a precios elevados. De acuerdo a un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana para el Instituto Nacional de Salud Pública, en la industria farmacéutica es común encontrar precios diferentes para la misma sustancia activa para el mismo producto y entre productos de marca y genéricos. Estos patrones se repiten tanto en el plano local como en el internacional. El mismo estudio comenta que ante esta dispersión de precios, en países de ingresos elevados se tiene una intervención estatal directa en el mercado de medicamentos a través de regulaciones y controles, lo cual no ocurre en naciones de ingresos bajos. El control de precios en Europa abarca desde el costo de la manufactura hasta precios de referencia con base nacional e internacional, así como límites a la tasa de ganancia. En México el sector público continúa sin establecer una adecuada regulación de precios. Hasta ahora, las dependencias públicas del sector salud no están obligadas por ley a realizar las compras de medicamentos en forma directa y exclusiva con los productores, de tal forma que se puedan minimizar los costos del gobierno a partir de la obtención de un mejor precio. Las compras públicas de medicamentos se realizan a través de intermediarios farmacéuticos, sujetándose así a un mercado irregular que no ofrece ventajas por volumen de compra que realiza el sector público, lo cual evidentemente implica un precio mucho más elevado y que existan clínicas del sector salud en distintos estados o incluso en uno mismo que adquieren el mismo medicamento a precios muy distintos. Esto se debe también a que no existe un sistema centralizado de compras que permita al gobierno abatir costos. Si el gobierno no puede bajar el precio de los medicamentos, al menos debería de implementar todas aquellas medidas que permitan que el sector salud público tenga acceso a medicamentos baratos. Es por ello que nos permitimos presentar ante esta soberanía esta iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar la Ley General de Salud con el ánimo de contribuir a la implementación de medidas que permitan mayores ahorros a nuestro gobierno. Por tal motivo proponemos que por ley las dependencias y entidades de la administración pública del sector salud, tanto federal como local, deban realizar la compra de los insumos y medicamentos directamente y de esta manera exclusiva con los productores, salvo en contingencia o situación que requiera suministro urgente. El establecer la obligación de que se compren los medicamentos directamente a los productores evidentemente implica la obtención de menores precios y se limita la posibilidad de generar corrupción en la compra al recurrir a intermediarios que tienen una gran variable de precios. De acuerdo con la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, los procedimientos de adquisición de medicamentos influyen directamente en la disponibilidad y en el precio de los mismos. De igual manera, dicha entidad menciona que los listados de medicinas financiables y las prácticas de prescripción determinan en mucho la disponibilidad de genéricos intercambiables y suscitan entre los productores un intenso cabildeo para la inclusión de sus medicamentos innovadores en estos listados. La regulación que se propone obedece a la preocupación del gobierno federal ante la gran diferencial que se ha observado en los precios a los que distintas entidades federativas adquieren los medicamentos que se brindan a la aprobación mediante el Sistema Nacional de Salud y particularmente los que ofrecen a través del Seguro Popular. Además, esta problemática ha sido ya reconocida por el gobierno, de tal forma que se emitió el anteproyecto denominado Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al catálogo universal de servicios de salud por parte de las entidades federativas, con recursos del Sistema de Protección Social en la Salud, el cual fue enviado a la Cofemer el día 18 de diciembre de 2008 por parte de la Secretaría de Salud. Es por estas razones que en el Partido Verde creemos firmemente que debemos seguir trabajando para que el sistema de salud tenga una oferta de medicamentos adecuada y una cobertura total respecto a los afiliados que pagan sus cuotas de seguridad social y que por ello merecen obtener medicinas gratuitamente. Ésta es la discusión de fondo. Por su atención muchas gracias, presidente.