La diputada Martha Barajas García: Compañeros diputados y compañeras diputadas, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para que se reformen diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, con la finalidad de garantizar un sistema de profesionalización de servicios públicos incluyentes. La inclusión para las personas con discapacidad implica el derribar los muros que se tienden a construir para separarlos del grupo social, lo que se traduce en incrementar y bajar la brecha de desigualdades en el servicio de las personas más vulnerables. Derivado de ello resulta pertinente establecer políticas transversales, que permitan garantizar hacer de nuestro país un Estado mucho más incluyente. Y ello debe implicar generar cambios jurídicos en derechos que aún falta mucho para garantizar su pleno ejercicio. El derecho al trabajo digno y socialmente útil se consagra en el artículo 123 de la Constitución Federal. Dicho derecho implica la posibilidad de obtener un ingreso digno que permita que los individuos puedan vivir de forma decorosa, pero también el garantizar la libertad económica para que las personas puedan dedicarse a lo que ellos decidan, siempre que no violente las disposiciones legales. Sin embargo, si hablamos de las personas con discapacidad, además de disposiciones constitucionales, debemos adicionar la Convención sobre los Derecho de las Personas con Discapacidad, en la cual se consagra que tienen el derecho a trabajar en igualdad de condiciones que todos los demás, y esto incluye el derecho a tener la oportunidad de garantizar la vida por medio de un trabajo elegido dignamente. Por tal razón y atendiendo al principio jurídico de igualdad que debe impedir trato igual para los iguales y los desiguales, nos encontramos como Poder Legislativo ante la obligación inminente de garantizar mecanismos legales que permitan garantizar la oportunidad de espacios laborales para las personas con discapacidad. Por ello, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, impulsó la obligación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para promover el derecho al trabajo de este sector. Pero, como es sabido por todos, si bien el sector productivo puede tener deseos en abrir sus puertas, nadie niega el temor que puede generar de ello la cultura para esto. Por ello, es importante que las oficinas de los gobiernos se conviertan en un claro ejemplo de los beneficios y la importancia que tiene la contratación laboral para las personas con discapacidad. Por un lado, para disminuir la brecha de exclusión, pero también para generar el desarrollo económico más justo y equitativo. Según el Sistema de Registro de Servidores Públicos, para el año 2018 de cerca de 2 millones de empleados de empleados federales, solamente 5 mil 176 eran personas con discapacidad. Es decir, no representan el 10 por ciento que serían las cifras de representación de este sector. Por ello, resulta pertinente que el gobierno se convierta en el ejemplo para la contratación de personas con discapacidad, para ser el principal impulsor y promotor de la igualdad para su grupo social que por muchos años se ha encontrado olvidado. Así la presente reforma pretende que cada convocatoria del servicio profesional de carrera, el cual se conoce como el mecanismo que garantiza igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, reserve cuando menos el 10 por ciento para que esos espacios laborales sean ocupados para personas con discapacidad. De esta manera, se pretende incrementar de manera paulatina el personal con discapacidad y con ello propiciar un ejercicio íntegro del derecho laboral que tiene este grupo vulnerable. Estoy segura de que esta LXV Legislatura tendrá que dar pasos más firmes para la igualdad de nuestro país. Es cuanto, diputada presidente.