El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho: Compañeras y compañeros diputados. En el último día del primer período ordinario de sesiones, este tercer año legislativo, nos encontramos discutiendo el dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación. Este proyecto es de suma relevancia en la vida pública de nuestro país, puesto que su fin principal es agravar las sanciones a quien dañe, perjudique, destruya las vías generales de comunicación o los medios de transporte. Es importante que cuidemos la infraestructura de nuestro país y cuidar la infraestructura vial con el fin de evitar accidentes. Por tal motivo serán sujetos a una sanción, aquellas personas que interrumpan la construcción de las vías de comunicación y quien interrumpa o deteriore los servicios que operen en las vías generales de comunicación. Con este dictamen se adiciona como causal, la sanción que se restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen hacia su destino. Interrumpir las vías de comunicación con fines de lucro de manera total o parcial es un delito. Con esta reforma la pena prevista está en un rango de dos a nueve años de prisión. Además, de recibir una multa de 200 a mil veces el valor diario de una UMA. En Encuentro Social consideramos que esta reforma está pensada en establecer un marco de derechos sólido, evitando que haya afectaciones a terceros y pérdidas económicas. Entendemos la legitimidad de las protestas que pueden existir, pero no podemos estar de acuerdo en dañar las vías generales de comunicación, sea por alguna persona o por un grupo de indistinto tamaño. No estamos de acuerdo en dañar las vías generales de comunicación porque los principales afectados son los ciudadanos y porque el costo del daño lo absorbe el Estado. Recordemos que las vías generales de comunicación son importantes activos públicos para un país, forman parte del patrimonio de la nación y contribuyen la interconexión entre pueblos, municipios y entidades. También gracias a estas vías, las y los mexicanos podemos ejercer el derecho que el artículo 11 de nuestra Constitución nos otorga, la libertad de tránsito en todo el territorio nacional. En México la red carretera nacional está conformada por más de 750 mil kilómetros, entre los que incluyen cerca de 51 mil kilómetros de carreteras federales y cerca de 11 mil kilómetros de autopista de cuota. Gracias a esta amplia infraestructura carretera se pueden transformar el 97 por ciento de las y los pasajeros a nivel nacional. Por desgracia en años recientes se ha popularizado una práctica que, si bien es legítima, como toda expresión disidente, genera más daños y perjuicios, que soluciones, y es la toma y bloque de las vías de comunicación, así como la de las plazas de cobro. Estas actividades generan pérdidas económicas a toda la red carretera por más de 3 mil millones de pesos, cifra que corresponde únicamente a las pérdidas en materia de cobro de peaje. El proyecto también adiciona un artículo 533 Bis a la misma ley, el cual contempla sanciones para toda persona que obtenga algún lucro cosa que ya se ha hecho costumbre en todas las plazas de cobro, impida el cobro o condicione de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circule por las vías de comunicación, sancionando con 6 meses a 7 años, y multa de 750 a mil UMAs. En el PES también consideramos oportuna y correcta la adición de este artículo al cuerpo normativo de la ley. En el PES defendemos el bien común, por encima de los intereses particulares, porque eso es lo socialmente correcto y salvaguarda el derecho constitucional del libre tránsito. Es cuanto.