El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Nada más le aclaro que dice "los discursos de los individuos de la Cámara sobre cualquier negocio". Entonces a ver, un bote de basura. Vamos a tirar el reglamento en el bote de basura y vámonos a lo que digan ustedes. Así pasa con la Constitución también. Nos la pasamos por donde no nos da el sol y luego nos quejamos. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con todo el debido respeto, muchas gracias por su atención. En noviembre de 2007 me permití registrar una proposición con punto de acuerdo para que el pleno de esta Cámara de Diputados la considerara y aprobara como de urgente u obvia resolución, a fin de que esta soberanía manifestara su rechazo enérgico a cualquier pretensión por parte del Poder Ejecutivo federal, para eliminar el requisito de planta como parte del proceso de autorización para la importación de medicamentos. Segundo. Exhortar a dicho poder para que se buscaran los mecanismos jurídicos que impidan la entrada riesgosa de medicamentos para la salud, a consecuencia de la pretendida flexibilización de las medidas sanitarias; y Exhortar a la Secretaría de Salud para modificar el anteproyecto de decreto presidencial por el que se adiciona el artículo 168 del Reglamento de Insumos para la Salud que pretendía eliminar el requisito de planta para permitir la importación de medicamentos, sin exigir que el comercializador cuente con licencia de fábrica o laboratorio en territorio nacional, con la salvedad de acreditar a un representante legal domiciliario. Dicha proposición la formulé consciente del grave riesgo para la salubridad general y para la seguridad nacional. Constituye la eliminación de este requisito de planta. En razón de las modificaciones al Reglamento de Insumos para la Salud que se publicaron el 2 de enero de 2008 y que en ellas no se incluyó la eliminación del artículo 168; y como se había planteado en el anteproyecto que las Secretarías de Salud y de Economía sometieron a contusa pública, en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la Cofemer en un proceso que concluyó el 12 de octubre de 2007, las comisiones dictaminadoras a las que fue turnada esta proposición seguramente la darán como atendida y, por ende, como un asunto plenamente concluido. Sin embargo, para la trascendencia del tema en esta Cámara no debe quitarse el dedo del renglón, ya que en la actualidad aproximadamente unos 70 laboratorios importan medicinas de China, La India y otros países. Además de que dicha importación la realizan tanto las empresas trasnacionales como otras de capital nacional que tienen acuerdos con compañías extranjeras para traer a nuestro territorio medicamentos. Como sabemos, el requisito de planta establecido en el artículo 168 del Reglamento de Insumos para la Salud, señala que "para ser titular del registro sanitario de un medicamento, se requiere contar con licencia sanitaria de fábrica o laboratorio de medicamentos o productos biológicos para su uso humano". Por lo que dicho requisito básicamente consiste en una obligación de instalar una fábrica o laboratorio en territorio mexicano para que las empresas nacionales o extranjeras comercialicen medicamentos en nuestro país. Respecto de los antecedentes sobre la pretensión de eliminar esta importante figura o instrumento para garantizar la salud pública en el uso y consumo de medicamentos, cabe recordar que el 4 de diciembre del año 2000, el Senado de la República aprobó la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Guatemala y Honduras, los países del llamado "Triángulo del Norte". Dicho tratado entró en vigor el 15 de marzo de 2001, produciendo una intensa y fructífera relación comercial entre México y el Triángulo del Norte. No obstante el mutuo beneficio comercial, El Salvador y Honduras solicitaron la instalación de un panel de controversia comercial contra México argumentando que por supuesto incumplimiento de compromisos asumidos mediante cartas de entendimiento entre las partes, conocidas como "cartas paralelas", que tenían el objetivo de flexibilizar la legislación sanitaria y facilitar a los fabricantes de medicamentos de El Salvador, Honduras y Guatemala, la comercialización de esos productos en nuestro territorio. Señores, las cartas paralelas fueron firmadas por Herminio Blanco, el entonces secretario de Comercio y Fomento Industrial el mismo día que el Tratado. Y fueron enviadas a los ministros de economía de los países del Triángulo del Norte. En ellas se establecen tres entendimientos a saber. Primero, las partes acuerdan no hacer más estricto sus procedimientos para otorgar el registro sanitario. Segundo, México publicará en un plazo no mayor a dos años, a partir de la entrada en vigor del Tratado, las reformas necesarias para permitir que los fabricantes de medicamentos de El Salvador, Guatemala y Honduras, directamente o por conducto de sus comercializadores o distribuidores, puedan solicitar, y, en caso de cumplir con los requisitos establecidos en la legislación nacional, obtener el registro de medicamentos en condiciones que garanticen el trato nacional de conformidad con el artículo 15-10 del tratado. Tres. Estos requisitos serán otorgados a los fabricantes arriba señalados o a sus comerciantes o distribuidores, asegurando que no se disminuya la protección que actualmente existe a la vida o a la salud humana y tomando en cuenta los resultados que dentro de esta materia se alcancen en los organismos internacionales o regionales correspondientes. De esta forma el 17 de mayo de 2004, a solicitud firmada por el ministro de Economía de El Salvador, se presentó ante el entonces secretario de Economía de México, Fernando Canales, a través de la embajada salvadoreña, la petición formal a México para el establecimiento de un panel arbitral para solventar la controversia en torno al ingreso de los medicamentos salvadoreños al mercado mexicano. Conforme a lo anterior la República de Honduras delegó a El Salvador mediante comunicación suscrita el 19 de mayo de 2005, la representación común de las partes reclamantes para el proceso de integración del Tribunal Arbitral. El primero de junio El Salvador informó a México que asumiría la representación común para el proceso de integración del Tribunal Arbitral. Así, el 15 de agosto de 2005, se logró un acuerdo con México para la designación del presidente y de los miembros del Tribunal Arbitral, quienes una vez aceptado el arbitraje, iniciarían la revisión de los alegatos y se establecerían las fechas par alas audiencias respectivas. Las partes reclamantes solicitaron al Tribunal Arbitral, que se determinará el incumplimiento de la obligación asumida por los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de publicar las reformas necesarias para permitir que los fabricantes de medicamentos de estos países, directamente o por conducto de sus comercializadores o distribuidores, pudieran solicitar y, en caso de incumplir con los requisitos establecidos en la legislación nacional, obtener el registro sanitario de medicamentos en condiciones que garanticen el trato nacional, de conformidad con el artículo 15-10 del tratado. En consecuencia, el 1 de septiembre de 2006 el Tribunal Arbitral dio a conocer el informe final del caso El Salvador versus México, en cuyas conclusiones y recomendaciones establece: El Tribunal Arbitral recomienda a los Estados Unidos Mexicanos poner el requisito de exigir que la fábrica o laboratorio se encuentre en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos para el otorgamiento del registro sanitario de medicamentos, de conformidad con sus obligaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio suscrito por los Estados Unidos Mexicanos y la Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala, considerando que el requisito de planta es una obligación que las autoridades sanitarias establecen para que las empresas nacionales o extranjeras comercialicen medicamentos en nuestro país. Las cartas paralelas a las que hemos aludido no forman parte integrante del Tratado de Libre Comercio ni obligan a México a su cumplimiento, en la medida en que no fueron incluidas ni hechas del conocimiento del Senado de la República en el proceso de análisis y dictamen establecido en el artículo 72 constitucional, por lo que no siguieron el proceso formal de creación y ratificación de este instrumento internacional, conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley federal sobre Celebraciones de Tratados. Los procedimientos previstos en la legislación nacional en México para otorgar el registro sanitario no se han hecho más estrictos; por el contrario, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha simplificado sus procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones, así como la mejora en los tiempos de atención a los particulares, disminución de costos, oportunidad para elevar la eficiencia y transparencia, incremento de la calidad de los servicios que se prestan y brindar certidumbre a la industria en la seguridad de la información por virtud del trámite que proporciona a las dependencias, a través de la expedición de diversos instrumentos legales. El trámite de registro sanitario de medicamentos tiene como finalidad principal asegurar un nivel apropiado de protección a la salud y a la vida de las personas mediante las acciones que permitan a la autoridad sanitaria competente verificar y determinar las características de seguridad de los medicamentos. El registro sanitario opera como un mecanismo de prevención para proteger la salubridad general, ya que prevé los efectos adversos que pudiesen llegar a ocasionar por alguna contingencia, fincando responsabilidades civiles, penales y administrativas por los daños ocasionados. La propia Cofepris ha manifestado que hasta el momento la regulación sanitaria mexicana, respecto de los medicamentos, contenida en el artículo 168 del Reglamento de Insumos para la Salud, no ha impedido el comercio de los medicamentos entre los distintos países, incluyendo Centroamérica, y que actualmente existen para México 30 registros sanitarios de medicamentos fabricados en países centroamericanos (El Salvador, Guatemala y Costa Rica); 363 en países sudamericanos (Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Ecuador); y en los Estados Unidos de América y Europa se importa 30 por ciento de la demanda nacional. México cumple con la obligación de otorgar al extranjero ya sea de procedencia salvadoreña, hondureña o guatemalteca, un trato idéntico al que otorga a sus nacionales para el procedimiento de aprobación de un registro sanitario de medicamentos. Es decir, se cumple con la obligación de trato idéntico, conforme al mandato acordado por las partes contendientes. Esto conforme a los artículos 3-03 y 15-05, párrafo tercero, y 15-10, del Tratado de Libre Comercio. Nuestra legislación para el otorgamiento del registro sanitario no discrimina entre nacionales y extranjeros, sino que establece las mismas condiciones y requisitos para obtener el registro sanitario de medicamentos. La eliminación del esquema del registro sanitario o de sus requisitos previstos en la legislación nacional relacionados, constituye un grave riesgo para la protección a la vida y la salud de las personas y que aún cuando no se incluyó la suspensión del artículo 168 que prevé el requisito de planta en las modificaciones al Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de febrero de 2008, es preciso que esta Cámara de Diputados en uso y ejercicio de las facultades que tiene conferidas y como parte del Congreso de la Unión, insista y repare para que dicho requisito se contemple en la ley por razones de seguridad sanitaria y de salud pública. Compañeras diputados y compañeros diputados, la decisión de mantener o de suprimir este esquema sanitario, ya no puede ni debe estar sujeto a una sola voluntad, ni sometimiento a la discrecionalidad