El secretario Otto Granados Roldán: Con mucho gusto, diputada. En relación con el primer tema, como ya mencioné, desde un principio se vinieron formulando una serie de recomendaciones relacionadas con la pertinencia de establecer mejores procesos o políticas de comunicación de lo que eran los distintos componentes de la reforma. Ya señalé en alguna intervención previa que, en efecto, hubo insuficiencias en ese sentido y durante esos años se diseñaron, formularon y ejecutaron campañas que tenían o que iban dirigidas a tratar de lograr un mejor entendimiento de estos distintos componentes de la reforma, que son algunos de ellos o muchos de ellos particularmente complejos. Debo decirle, efectivamente, que de alguna manera pudieron haber servido, puesto que las distintas evaluaciones, las distintas encuestas que se levantaron, no por nosotros, algunas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que son públicas, están en su página de Internet, señalaron que estaban creciendo sus niveles de aprobación. A diciembre de 2017, esos niveles de aprobación en tres encuestadoras distintas, levantadas a nivel nacional, cara a cara y en vivienda le daban un nivel de aprobación entre 63 y 64 por ciento. Eso por una parte. Por otra. Déjeme decirle de todas formas que para este año 2018 ustedes autorizaron también la misma cantidad que el año pasado, 70, 72 millones de pesos para comunicación social y no ejerceremos ni siquiera 10 en este ejercicio. En relación con el otro tema que usted nos plantea, a reserva de poderle dar más adelante los datos detallados de Jalisco y de Nayarit, que nos planteaba. Hay una circunstancia que es particularmente importante de entender. Las convocatorias para ingreso y para promoción son públicas, abiertas, etcétera, se publican periódicamente y ahí hay una cláusula, un artículo que dice: hasta donde alcance la disponibilidad presupuestaria. Esto quiere decir, que de acuerdo con la convocatoria se ponen a concurso, se pone a concurso el número de plazas que la autoridad educativa local dice tener. Entonces, por ejemplo, si participaron 500 aspirantes o sustentantes y el número de plazas fueron nada más 300, ingreso o promoción, pues hasta ahí alcanza de acuerdo con el puntaje obtenido en las listas respectivas de prelación. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que los estados no están poniendo a concurso todas las plazas. Usted puede ver en la página del Fone cada 15 días el número de plazas vacantes que hay en el país. A la primera quincena de octubre había 136 mil aproximadamente, que no ponen las autoridades locales a concurso. ¿Por qué no las ponen? Porque a veces las asignan de manera provisional, pues a algún amigo, algún conocido, etcétera. A veces hay un problema de comunicación entre niveles dentro de una propia Secretaría, la dirección de primaria no le comunica al del servicio estatal docente el número de plazas, etcétera, etcétera. Y eso es un serio problema, tanto para un caso como para el otro. Lo que nosotros hemos propuesto es una de dos cosas o quizá dos, y alguna de ellas está en las manos de ustedes. Debe haber una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que permita que la federación reconcentre las plazas, que con estas plazas pueda crear un banco de plazas nacional que permita reubicar, relocalizar en los estados que no necesitan nuevas plazas porque su crecimiento de matrícula, consecuencia del demográfico, ya no se mueve. El caso de la Ciudad de México, para beneficiar a aquellos estados en donde hay un crecimiento importante, como Baja California Sur o como Quintana Roo. Ya le haré llegar específicamente los datos de Jalisco y Nayarit, pero le podría decir que hasta ahora hemos asignado por concurso 202 mil plazas a nivel nacional, para ingreso, para primer ingreso, y aproximadamente 39 mil, 40 mil para promoción.