La diputada Sandra Méndez Hernández: Medios de comunicación, a todas las personas que nos ven por el Canal del Congreso. Distinguidas y distinguidos compañeros legisladores, me permito en este acto y ante esta, la máxima tribuna de la nación, reconociendo a todos mis compañeros legisladores de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes han construido con paso firme mejores condiciones para que haya garantía individual, consagrada en el artículo 4o. constitucional, el derecho a un ambiente sano. En esta ocasión habremos de considerar, en esta honorable asamblea, un asunto por demás importante y trascendente, los residuos sólidos urbanos. Son al momento un tema de alta prioridad, ello por la problemática que significa a nivel nacional y el cómo está generando día con día las condiciones de disposición final de los mismos. Por ello la importancia de que así de convenirse y considerarse, votemos de manera favorable este asunto que sin duda alguna será un avance significativo en esta materia. Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales coincidimos con quien inicia y quienes suscriben respecto de la importancia y urgencia de atender una problemática que es patente e impacta de manera especial en nuestro país. La generación de los residuos sólidos va en aumento y ello obliga al Estado mexicano a definir y ejecutar planes y programas que abonen a una correcta gestión integral de dichos residuos. Es de señalar, que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México genera 117 mil toneladas diarias y 42.7 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos. La generación de residuos sólidos urbanos per cápita se calcula en 0.957 kilogramos por día. Para la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los residuos sólidos urbanos son los generados en las casas-habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que se consumen y de sus envases, embalajes o empaques. Los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimiento o en la vía pública, que generen residuos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y los lugares públicos, siempre que no sean considerados por dicha ley como residuos de otra índole. Son precisamente estos residuos los que generan la principal problemática evidenciada por los legisladores proponentes en la iniciativa que da origen al presente dictamen, pues además de no contar con una cultura colectiva de disminución en la generación de los mismos y en la participación activa de la sociedad para su adecuado tratamiento desde su origen, nos enfrentamos a la falta de capacidad material para su tratamiento por parte de las autoridades responsables. Si bien hoy se han alcanzado logros importantes en este diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a combatir esta problemática, lo cierto es que no se puede omitir la posibilidad de fortalecer un ordenamiento legal que distribuya competencias y responsabilidades a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, para que cada uno ejecute acciones que impacten de manera positiva en la erradicación de la inadecuada gestión integral de los residuos sólidos, como uno de los factores más importantes que ponen en riesgo al medio ambiente y sus recursos naturales y en consecuencia a la salud humana. Respecto a las acciones ya ejecutadas sirve de ejemplo el programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, implementado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mismo que busca fomentar el manejo y la gestión integral. De ahí la importancia de fortalecer dichas acciones a través de la inclusión de directrices al marco normativo respecto de las atribuciones y obligaciones. En dicho rubro, la Comisión Dictaminadora considera pertinente adicionar una señalización puntual en la fracción XXIX, propuesta en el artículo 7, con la finalidad de dejar en claro que la nueva atribución conferida a la Federación no perjudicará a las atribuciones de las entidades federativas y a los municipios, pues con ello se logrará una mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Coincidimos además en la necesidad de establecer la responsabilidad objetiva de los integrantes de los ayuntamientos y de todas las autoridades de las entidades federativas. Por último, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estimamos pertinente la inclusión del supuesto de responsabilidad objetiva de las autoridades federativas y del ayuntamiento, para que pueda existir a los colaboradores administrativos con cargos de decisión que hayan participado en las autorizaciones correspondientes u omitan impedir el establecimiento de tiraderos a cielo abierto. Es por ello, compañeros diputados, compañeras diputadas, que de así considerarse, les conmino a que votemos a favor de este instrumento, dando con ello un paso por demás significativo en la materia que nos ocupa, y que además adolece la gran mayoría de nuestro territorio nacional. Es cuanto, señor presidente y muchísimas gracias.