El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su permiso, diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 3o., 73 fracción XXV, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito, legislador federal, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la ley por la que se establece el salario estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional, al tenor de la siguiente Exposición de motivos En México, las razones económicas constituyen una causa de exclusión que inciden de forma determinante en el acceso y permanencia a la educación media superior y superior, esto asociado a la insuficiente cobertura, resultado de la falta de infraestructura educativa, coloca a nuestro país frente a un rezago en la impartición de educación media y superior. Más de 40 por ciento de los jóvenes entre 16 y 18 años no asisten o estudian en bachillerato y el 80 por ciento no cursa estudios universitarios. La tasa de matriculación contrasta con la observada en otros países con iguales o menores niveles de desarrollo. De acuerdo a los datos de la UNESCO en educación secundaria y media superior, México registra una tasa de matriculación de 79 por ciento; Chile, 88; Argentina 90 y Perú, 90. La misma fuente reporta que en educación superior el rezago es mucho más agudo, ya que en nuestro país sólo alcanza el 22 por ciento la tasa de matriculación frente a Chile con 43 y Argentina con 61 por ciento. De acuerdo a datos del Sexto Informe de Gobierno del 2006, esta distancia persiste cuando se analiza el promedio de escolaridad por entidad federativa. La entidad que registra un promedio mayor de años estudiados es el Distrito Federal con 10.8 años, en contraste con Chiapas que se ubica en 6.6 años de promedio. Lo anterior se encuentra estrechamente relacionado con el promedio de escolaridad de la población económicamente activa distribuida por nivel de ingresos en México. Los grupos de poblaciones de más bajos ingresos sólo alcanzan entre 5.51 y 7.73 años de escolaridad, lo cual contrasta con los dos deciles que concentran los mayores ingresos que se ubican en 10.59 y 13.23 años de estudio. De acuerdo al sistema de indicadores educativos para el ciclo escolar 2004-2005 elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la cobertura en educación media y superior, entendida como la relación entre la matrícula y la demanda por nivel educativo, observa niveles sumamente bajos y extremadamente contrastantes. El promedio nacional se ubica en 54.9 en educación media superior. En este nivel la distancia de la entidad con mayor cobertura 88.5, representa más del doble de la entidad más rezagada con 37.1 por ciento. En relación a la absorción, la brecha entre el Distrito Federal, entidad con la más alta absorción con 118.4 por ciento de alumnos de secundaria en la educación media superior y el Estado de México, 84.5, con la más baja es enorme. Lo es también entre el Estado de México y la media nacional que es de 96.5 por ciento, porcentaje que 14 entidades federativas no alcanzan. Según estimaciones contenidas en el VI Informe de Gobierno presentado en 2006, la eficacia terminal promedio a nivel nacional para el bachillerato no es alcanzado por 18 estados. Es decir, que el total de jóvenes entre 16 y 18 años, que logran ingresar al nivel bachillerato, sólo lo concluyen poco más de 40 por ciento, 14 entidades federativas. Mientras que en las 19 restantes los porcentajes de éxito son menores. Finalmente la deserción en el nivel alcanza una media en el país de 17.6, aunque hay 17 entidades que superan este porcentaje. Las diferencias mayores se dan entre Michoacán, con 25.1 por ciento, y Puebla, con 13.8 por ciento. En educación superior la cobertura es mucho más limitada, 22.1 como promedio nacional, sólo 20 de cada 100 mexicanos, entre 19 y 23 años, se encuentra cursando educación superior y las brechas de cobertura son más profundas. La entidad con menor cobertura sólo logra atender la demanda de 11.9 por ciento de este segmento de la población, frente a 44.1 por ciento que registra la mejor ubicada. Por todo esto, vamos a resumir. Se propone establecer un instrumento público normando desde una ley, que evite que las razones económicas sean un obstáculo insalvable para continuar los estudios de millones de jóvenes. El salario estudiantil es un derecho para todos aquellos que deseen estudiar y cumplan con sus obligaciones académicas. Los que accedan a él tendrán responsabilidades específicas que deberán cumplir cabalmente. Por ello, retomamos el concepto de salario, entendido como el otorgamiento de contraprestación económica al trabajo. En este caso será el estudio y cumplimiento de las condiciones que establezcan las instituciones, según sus planes de estudios y programación de actividades académicas. Se propone el establecimiento de un mecanismo de incorporación gradual que atienda, primero a los más necesitados y conforme a la disponibilidad de recursos se amplié su cobertura hasta alcanzar la universalidad. Asimismo, se propone la diferenciación en cuanto al monto del salario estudiantil, entre los estudiantes de educación media y superior; toda vez que los requerimientos económicos son mayores para los que estudian la licenciatura. Se define como universo de atención a los estudiantes de escuelas públicas, porque a nuestro juicio, eso representa una autofocalización. En su mayoría quien puede pagar una escuela privada, el primer rasgo de distinción social, es quien manda a sus hijos a una escuela privada y el que va a una escuela pública es porque no le queda otra opción. Esta ley debe acompañarse de un esfuerzo sostenido para ampliar los niveles de cobertura de educación media y superior para revertir el ato nivel de rezago que existe y generar oportunidades desde el ámbito público, oportunidades de estudio para millones de jóvenes que hoy están excluidos. Sabemos que el cumplimiento de la ley implicará un esfuerzo presupuestal importante y que en principio deberá ser satisfecho con la alineación del conjunto de recursos públicos federales que hoy son orientados al otorgamiento de becas a los jóvenes que cursan el bachillerato y la educación superior. También se establece la posibilidad de establecer mecanismos concurrentes para el financiamiento del salario estudiantil, para ampliar su cobertura. Por lo antes expuesto y con fundamento, someto a consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional. Artículo único. Se crea la Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional, para quedar como sigue: Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional. Titulo Primero Disposiciones generales Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la República, en forma y términos que la misma establece. Sus disposiciones son de orden público e interés social. Artículo 2. La presente ley tiene por objeto normar el otorgamiento de un apoyo denominado Salario Estudiantil a las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional. Artículo 3. El Salario Estudiantil es un instrumento de la política social que tiene por objeto garantizar el derecho a la educación mediante la transferencia de un ingreso mínimo que permita cubrir las necesidades básicas de subsistencia. Artículo 4. La organización, administración y entrega del salario estudiantil, en los términos de esta ley, así como la interpretación de sus disposiciones, está a cargo del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Artículo 5. Para efectos de esta ley se entenderá por: I. Base de datos del Salario Estudiantil. Aquélla conformada por la información individual de cada sujeto del derecho que integra el padrón de beneficiarios para el control, vigilancia, entrega y vigencia de sus derechos. II. Beneficiario. Las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional. III. Institución. Las instituciones públicas que imparten educación media superior y superior en el territorio nacional. IV. Secretaría. La Secretaría de Educación Pública, V. Salario Estudiantil. Prestación en dinero asignada a las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional. Artículo 6. Toda persona que curse educación media superior y superior