La diputada Claudia García Hernández: Buenas noches compañeras y compañeros diputados, a todas y todos los presentes, al pueblo de México que nos ve a través del Canal del Congreso y de los distintos medios de comunicación, con su venia, presidente. Me pregunto, ¿quiénes son los que temen que el Poder Judicial sea reformado y mejorado?, y me queda claro que solo quienes gozan de los privilegios que este Poder les otorga, incluso por encima de la ley, defienden, así entre comillas a un Poder que está secuestrado por una cúpula que beneficia intereses particulares de grupo y que está conformado por cuates y cuotas. La impartición y la procuración de justicia es lo que menos les importa. Ante la experiencia del día a día en los juzgados es imposible negar la corrupción existente en el Poder Judicial, no solo en el ámbito federal, sino también en cada una de las entidades federativas, son múltiples los casos que han salido a la luz de cómo el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano han abusado de sus condiciones en los gobiernos de cómo han explotado al límite su poder recurriendo a prácticas corruptas y aprovechando su influencia para manipular posiciones de jueces y magistrados, buscando únicamente sus beneficios personales y su hegemonía política. Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo que el mismo PAN hizo público el pasado mes de enero, cuando cínicamente se expuso en redes sociales los acuerdos que se firmaron con el PRI para la elección de Coahuila, no solo se repartió las candidaturas sino que incluyeron secretarías de gabinete, universidades, notarías, posiciones en los sistemas de transparencia y fiscalización. Y para cerrar con broche de oro, la ratificación del magistrado Bernardo González Morales, quien fue nombrado por el PAN aun cuando no contaba con experiencia para desempeñar el puesto. ¿Qué podemos decir del Poder Judicial en los estados? Y como ejemplo, Jalisco, donde el año pasado recibió un presupuesto histórico, en contubernio con el gobierno de la entidad se otorgaron más de 3 mil millones de pesos a un poder ineficiente que ocupa el vergonzoso 21 lugar a nivel nacional en casos resueltos, y que según información de varios medios de comunicación opera como una gran familia, ya que 33 magistrados confirmaron tener familias en sus nóminas. Miren, con las excepciones que deben de existir, la gran mayoría de jueces, magistrados y ministros se sienten una casta privilegiada del resto de los servidores públicos de los otros dos Poderes y de los propios ciudadanos. Nunca quisieron acatar el mandato constitucional contenido en el artículo 127, que ordena que ningún servidor público, de cualquier nivel de gobierno, puede ganar más que el presidente de la República. Y esta reforma ni siquiera es de la administración de la Presidencia actual, ya que fue publicada en 2009. Si un juez o un magistrado no acata un mandato legal, qué podemos esperar de su trabajo. Mienten quienes afirman que con esta reforma se busca debilitar al Poder Judicial. Por el contrario, lo que se pretende es legitimarlo mediante el vínculo directo con el poder popular. Buscamos asegurar que las decisiones judiciales reflejen la voluntad del pueblo, manteniendo al mismo tiempo la integridad y la imparcialidad necesaria para el ejercicio de la justicia. Al integrar la voz ciudadana en el proceso de decisión de jueces y magistrados legales...