El diputado Narciso Alberto Amador Leal: Gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. En primer lugar, reconocer el esfuerzo del Ejecutivo federal y de las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD o del FAP, en la presentación de las iniciativas que están a consideración del Senado de la República en materia energética. No es fácil incorporarse de manera normal al trabajo legislativo, sea porque tenemos que representar, quienes somos electos de manera directa, los intereses y demandas de nuestros distritos; sea por la forma segmentada en que se construyen los acuerdos al interior de las propias bancadas o de las bancadas con el Ejecutivo federal. Y es por esa razón que presentaré mis propuestas de reforma. He presentado ya una reforma a la Ley de las Afore y a la Ley del ISSSTE, para darle un sentido y contenido, si es que se aprueba, al tema de los bonos ciudadanos. Hoy quiero tocar uno de los temas que creo fundamentales, de control: el diagnóstico de la situación de Pemex presentado por el Ejecutivo federal y la propia paraestatal. Establecen en su capítulo correspondiente a "Gobierno cooperativo", página 122, que el arreglo corporativo que tiene la empresa actualmente no logra hacer del todo efectiva la rendición de cuentas ni asegura que las decisiones se orienten en todo momento a la creación de valor. Las razones expuestas en la sección previa a ese apartado plantean, dice el documento, la necesidad de un esquema más flexible en la operación y en los procesos de toma de decisiones en Pemex. Sin embargo, es imprescindible ligar ese esquema a un arreglo corporativo que promueva la honradez, la imparcialidad y la transparencia en todas sus actividades. Esto sólo será posible en la medida en que se propicie que la empresa opere de acuerdo con mejores prácticas de gobierno corporativo, con mecanismos que establezcan una rendición de cuentas adecuada y que fortalezca la transparencia. En fin, hay varios apartados que cito aquí de ese diagnóstico que hacen alusión al tema de la corrupción y al tema de la ineficiencia. A mí me parece que las propuestas contenidas en las tres iniciativas son, sin embargo, insuficientes. Crear un comité en el seno del Consejo de Administración para supervisar las auditorias, por ejemplo, es una medida francamente insuficiente. Tendríamos que ir a cortar de tajo cómo se originan los problemas de corrupción. Esta iniciativa toca uno de ellos: el cúmulo de demandas laborales seguidas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje en contra de Pemex. A la fecha, compañeras diputadas y compañeros diputados, suman 20 mil demandas. Pemex tiene un ejército de abogados, no sé cuántos, las agrupaciones de ingenieros dicen que cerca de mil, dedicados a atender estas demandas laborales. Me pregunto: ¿por qué el abuso en el alto número de despidos, sobre todo de personal de confianza? Todo indica que se trata de una estrategia de control de los mandos gerenciales para imponer condiciones de operación, condiciones en la ejecución de las obras. De este modo en los últimos 10 años ha habido un proceso de sustitución de cuadros técnicos probados, por nuevos cuadros que tienden a integrar redes de control en las empresas subsidiarias, en las direcciones y subdirecciones, en las regiones o en las unidades de producción, almacenamiento y distribución. Dada la complejidad técnica de la industria, estos espacios de control y discrecionalidad dan margen a la ineficacia y a la corrupción, por lo que es necesario, compañeras y compañeros, poner un alto a los despidos injustificados que además generan un alto costo a la empresa. En este contexto, el propósito de la presente iniciativa es presumir en ley el carácter doloso de la rescisión laboral en Petróleos Mexicanos cuando tal rescisión resulte perjudicial para la paraestatal ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y por ende, presumir un hecho ilícito que da acción a Pemex en contra del funcionario responsable. Se trata, en suma, de agregar un tercer párrafo al artículo 5 de la Ley Orgánica que a la letra diría lo siguiente: Respecto de los juicios laborales en los que Pemex sea condenado en laudo de las juntas de conciliación y arbitraje al pago de la indemnización correspondiente, así como al de gastos y costas, la empresa deberá repetir, en contra del funcionario que hubiese ordenado la recesión laboral correspondiente. Es decir que de haber un daño patrimonial a Petróleos Mexicanos por una decisión caprichosa de despido o de búsqueda de control de las áreas operativas administrativas, ese daño patrimonial tendrá que ser transferido al funcionario público que actuó con ineficiencia, con descuido o, en el peor de los casos, de mala fe, de manera dolosa. Compañeras, compañeros legisladores. En efecto, el tema de la transparencia y de la corrupción en Pemex es un tema que preocupa, pero tenemos que analizarlo con rigor; de otra forma será muy difícil, al mismo tiempo, otorgar facultades de excepción y salvaguardar y dejar en el vacío estos enormes espacios de discrecionalidad, de asignación de recursos, de movilización caprichosa de los cuadros, que además cuesta mucho trabajo formarlos y que hoy por cierto están