El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente; compañeras y compañeros diputados. La importancia de las encuestas no radica sólo en su valor orientativo y predictivo, sino también en su capacidad de influir en la opinión y el comportamiento de los ciudadanos que creen en ellas. El año 2012, según cifras del Instituto Federal Electoral (IFE), se publicaron poco más de 2 mil 250 encuestas; la diferencia significativa entre lo publicado y lo alcanzado con la votación, dieron origen al cuestionamiento serio respecto a si las encuestas fueron utilizadas de forma deliberada para inducir el voto. La confiabilidad de una encuesta o sondeo de opinión está directamente relacionada con el rigor metodológico de su diseño e implementación. La legislación de México establece que las encuestas deben ajustarse a criterios científicos determinados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a cuyo secretario ejecutivo debe ser entregada una copia del estudio completo. Además, el artículo 403 del Código Penal se aplica para las sanciones a los que violen las prohibiciones de difusión y publicación de los resultados de las encuestas, incluyendo las encuestas a boca de urna. Son muchos los actores implicados en este campo, por un lado, compiten centros académicos de investigación con empresas comerciales nacionales y extranjeras, que usan una gama de técnicas y métodos. El grado de seriedad y precisión de las encuestas es muy variable. Por el otro lado, los usuarios son instituciones del Estado, partidos políticos y medios de difusión los cuales vinculan distintas intencionalidades con las encuestas: intereses científicos, intereses comerciales e intereses políticos. En vista de lo anterior y aunado a lo sucedido en las últimas elecciones, la opinión pública se ha cuestionado acerca de la seriedad con la que se realizan los sondeos de opinión y el grado de credibilidad de los resultados publicados; la percepción del electorado es que hay una gran confusión respecto a ser informado o estar recibiendo propaganda electoral, lo cual ha generado la discusión de si es necesario fijar criterios para la publicación y uso de los estudios de opinión en los diferentes medios de comunicación. En cuestión de regulación y normatividad, ha habido hasta la fecha diversas propuestas; algunas radicales incluyen el que se prohíba cualquier publicación de los resultados de encuestas y sondeos de opinión en todo el periodo electoral. Dicha propuesta ha sido criticada pues se considera que va en contra de la liberad de expresión. Una propuesta más va en torno a reportar la metodología utilizada por cada casa encuestadora para la obtención y análisis de la información. Este tema es de los que se definen en el acuerdo que emite al Comité General del IFE, y se ha intentado promover que sea elevado a formar parte del reglamento al incluirlo en el Cofipe. El argumento del proyecto que presento se enfoca en quienes elaboren las encuestas, publiquen junto con los resultados la ficha metodológica del estudio, así como el ranking en el cual haya caído la casa encuestadora como resultado de la aplicación de un índice de confiabilidad que permita clasificar de mayor a menor a los encuestadores, de acuerdo con los resultados publicados en sus estudios comparados con los resultados reales. La presente propuesta pretende ser una solución que haga funcionar al mercado pero también otorgue mayor certeza a los usuarios respecto a la confiabilidad de la información publicada en las encuestas. Se propone realizar cuadros comparativos de los resultados publicados por los distintos encuestadores y generar a partir de dichos resultados un índice de confiabilidad, el cual se incorpore en la opinión de los participantes de la misma forma que se les invita a participar en el acuerdo respecto a la metodología que debe seguirse. Al hacer pública la lista de encuestas y su índice de confiabilidad, permitirá que los usuarios conozcan el historial de qué tan acertados han sido los resultados publicados por cada casa encuestadora, lo cual podrá darles un criterio respecto a qué tanto se puede creer en cada una de ellas. Con esta iniciativa se abre la posibilidad de que la llamada autorregulación genere mejores resultados respecto a conocer el grado de confiabilidad que se puede tener en cada casa encuestadora. La autorregulación de las casas encuestadoras podría ser una alternativa que complemente y sea más clara y efectiva para la ciudadanía, para quienes contraten los servicios de las casas encuestadoras e incluso para las encuestadoras mismas, propiciando mayor credibilidad. Es cuanto, señor presidente.