La diputada Julia Arcelia Olguín Serna: Compañeras diputadas y diputados federales, me dirijo a ustedes en esta tribuna para hablar sobre la necesidad de contribuir en el fortalecimiento de estrategias de seguridad de nuestro país, con nuestra participación a favor de la reforma del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública. Para ello, es importante destacar que el artículo 21 constitucional establece las bases de la función de seguridad pública, la prevención del delito, la procuración de justicia y la ejecución de penas. Su fortalecimiento mediante iniciativas específicas busca abordar aspectos esenciales para combatir al crimen organizado y mejorar la seguridad en el país. Hace unos días esta Cámara de Diputados recibió la propuesta de reforma al artículo 21 constitucional, mediante la cual la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asumen su responsabilidad de dar resultados y avanzar hacia la pacificación del país. En años recientes el crimen organizado ha sido un flagelo, que, con honrosas excepciones, ha rebasado las capacidades de las autoridades estatales y municipales. Que, si bien es cierto, se ha dicho que en el combate al crimen organizado no es del orden estatal, ni municipal, pero hoy se deben sumar esfuerzos coordinados para dar resultados a esta problemática, que tanto daña al pueblo mexicano. La intervención del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas han sido indispensables, sin embargo, los delitos de mayor impacto, como el homicidio y la extorsión, que bien sabemos son del fuero común, no siempre han sido investigados de forma sistemática por ninguna autoridad. ¿Por qué lo señalo? Porque, a pesar de la gravedad del delito de extorsión por cobro de derecho de piso, el cual es un fenómeno sumamente extendido y violento en los penales del país, hay menos de 2 mil 500 personas sentenciadas por extorsión. Con la reforma podremos avanzar hacia la consolidación de un aparato nacional de seguridad. De la reforma al 21 constitucional es de mencionar la capacidad de investigación criminal y diseño de una verdadera estrategia contra el crimen organizado. Históricamente, todas las corporaciones que integran la fuerza pública, civiles y militares por igual, se han enfocado a realizar detenciones en flagrancia, es decir, la labor cotidiana está, en esencia, desvinculada de las denuncias que presentan los ciudadanos y de la labor de la investigación criminal que realiza el Ministerio Público. Lo anterior implica que la casualidad, más que la investigación o la estrategia, determine las detenciones. En el caso de los territorios donde opera el crimen organizado, primero se detienen a los criminales, luego se alega si portan armas y qué traen de drogas, y solo en casos muy excepcionales hay una orden de aprehensión o una vinculación a delitos de alto impacto. Un aspecto importante de la reforma al artículo 21 es que otorga a la Secretaría de Seguridad federal facultades claves para corregir esta deficiencia: la facultad de participar en investigaciones criminales y de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia. Otorgando estas facultades, la citada Secretaría podrá diseñar políticas y planear operativos enfocados en atender los fenómenos delictivos de mayor impacto y desarticular a los grupos de mayor peligrosidad. Con estas nuevas facultades también será posible pasar...