El diputado Javier Duarte de Ochoa: Gracias. Las actuales circunstancias del país nos obligan a los representantes populares a proponer alternativas viables para la reactivación económica sin esperar que en otra parte se generen condiciones que repercutan favorablemente en el incremento de nuestra producción de bienes y servicios. En todo caso, la experiencia internacional debe servirnos para guiar el análisis de la realidad mexicana y tomar los datos y las soluciones que permitan la adopción de medidas inmediatas tendientes a mejorar el entorno económico. En este sentido, es útil tomar en consideración criterios formulados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, así como por el Banco Mundial en cuanto a la participación de los capitales privados en la generación de infraestructura pública para proveer servicios indispensables a la población, ya que esto es un factor muy importante en la superación del subdesarrollo. El país requiere una verdadera transformación económica. La única manera de lograrlo es con la participación de todos. Los esquemas de participación pública y privada y de concesiones han sido exitosos en todo el mundo. En mi estado, Veracruz, la visión de nuestro gobernador, Fidel Herrera, nos ha permitido incursionar en este terreno con gran anticipación y oportunidad para paliar los efectos de la crisis, pues desde hace varios años promovió una legislación que otorga un marco fundamental de certeza jurídica para la coparticipación del sector privado y el público, a fin de financiar y poner en operación proyectos para la prestación de servicios. Como ocurre en muchas otras áreas, a diferencia del pasado en que las leyes federales procedían a otras semejantes en las entidades federativas, son las medidas legislativas tomadas en los estados las que penetran en nuevos campos de la regulación de la vida social y luego se reproducen en el ámbito federal. Así, la experiencia veracruzana puede servirnos de base para trasladarla a la regulación federal que se requiere a efecto de normar nuevas formas de asociación entre el capital privado y el público, con la finalidad de construir la infraestructura que tanto nos hace falta y expandir la prestación de servicios públicos. La referida legislación surge de la convicción emanada del conocimiento de la realidad, la cual nos enseña que no basta la estabilidad social y política, la promoción incesante de la inversión y la buena planeación que puedan tener buenos gobiernos, como el de Veracruz. A todo eso es necesario agregar un elemento primordial: la certeza jurídica. Para avanzar hacia ese objetivo en el plano de la competencia que abarca a toda la federación, los diputados federales priístas veracruzanos de la LXI Legislatura nos proponemos impulsar una ley de asociaciones público-privadas para proyectos de infraestructura y de prestación de servicios que sirva de sustento jurídico. Para lograr el objetivo señalado nos parece importante que desde el nombre mismo de la ley se recoja el doble espíritu de la misma: la vinculación de la inversión pública y la privada y la finalidad de interés social que se persigue con tal asociación. Esta nueva ley dará el marco jurídico de la participación del capital privado en la prestación de los servicios públicos que deben ser atendidos originalmente por el gobierno, y establecerá los lineamientos de cómo la iniciativa privada puede desarrollar y operar infraestructura para dichos servicios. Este nuevo marco legal podrá ser aplicado en prácticamente todas las obras y servicios públicos prestados por los gobiernos. En general puede ser empleado en cualquier área de gobierno que requiera el desarrollo de infraestructura, equipamiento o la prestación de un servicio público. Actualmente los gobiernos son los únicos encargados de la planeación de la infraestructura en este país. La participación de la iniciativa privada y de los profesionistas en esta actividad está muy limitada. La ley que proponemos permitirá que cualquier empresa o profesionista realice por su cuenta proyectos de infraestructura con participación de capital privado y no tienen que estar sujetos a las condiciones impuestas por la legislación en materia de obras pública que regula el gasto gubernamental aplicado a las obras. En el contexto de la participación privada, la situación es diferente. Si bien las dependencias deben quedar comprometidas a calificar y evaluar dichos proyectos con una metodología clara y en su caso, autorizarlos en periodos de tiempo definidos. En mi actividad como legislador he asumido con los constructores de mi estado el compromiso de impulsar esta legislación que permitirá detonar el desarrollo de infraestructura a través de una mayor participación de los empresarios, desde su planeación, financiamiento, operación y construcción. Igualmente he convocado para que participen en el análisis y el enriquecimiento de esta iniciativa. Las grandes obras de infraestructura no pueden ser sólo para las grandes empresas trasnacionales. Es necesario el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Igualmente es importante incentivar financieramente al sector privado en la investigación y en la búsqueda de soluciones a los problemas de interés público. Con esta Ley, la competitividad obligará a las grandes empresas a invertir más en investigación y desarrollo de soluciones, con la certeza de que sus esfuerzos serán retribuidos. A fin de facilitar la adquisición de bienes raíces, necesaria para la realización de los proyectos, se proponen procedimientos expeditos para la negociación con los propietarios, o la expropiación por causa de utilidad pública. A fin de evitar injusticias en la apropiación de inmuebles destinados a estos fines, se introduce la figura de la negociación basada en la invitación para que los propietarios de dichos bienes participen como socios del proyecto, aportándolos como parte del capital privado involucrado en el mismo. Queridas compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el proyecto que me permito someter a la consideración de esta soberanía conjunta elementos de la experiencia de aplicación legislativa en este novedoso rubro, con las necesidades de su adaptación al ámbito federal. Se ha procurado hacer un ejercicio de concreción y claridad dejando al Reglamento el desarrollo de múltiples conceptos de detalle que no tienen por qué aparecer en el texto legal. Por eso se introduce la figura de una Comisión Interinstitucional del más alto nivel encabezada por el titular del Ejecutivo, que disponga de discrecionalidad sin caer en la arbitrariedad, para decidir casuísticamente acerca de la necesidad de concursar los proyectos o adjudicarlos de manera directa, siempre ejerciendo controles insoslayables desde el momento que se adopta, también una solución frecuentemente propuesta?