El diputado Roberto López González: Tranquilos paisanos, los soltaron a la hora del recreo. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, el dictamen que discutimos hoy es verdaderamente de una trascendencia inusual en nuestro país, contienen las leyes que van a ser el cimiento que permita organizar a las dos empresas públicas que por ello deberán ser vitales para su buen funcionamiento. Sin embargo, en cada artículo nos encontramos con errores, fallas y graves omisiones, por eso la razón de esta moción suspensiva, la cual tiene como fin fundamentar y la necesidad de revisar razones de fondo que perjudican de manera sensible el destino de estas dos empresas del Estado; Pemex y CFE, porque de aprobarla en los términos que se encuentra seguramente perjudicará el día de ya de por sí estado situacional de deterioro del pueblo de México. Esta reforma debería estar enfocada a fortalecer a estas dos empresas, sin embargo en este tercer dictamen se crean leyes a través de las cuales las empresas privadas extranjeras obtendrán mayores beneficios en el aprovechamiento de nuestra riqueza energética. La ley le mandata en su artículo 3o. competir con eficacia en la industria energética. Sin embargo, esta ley le restringe la autonomía presupuestal y financiera y, además, deberá hacerse cargo de los proyectos necesarios por su impacto social, mientras que sus competidores no estarán obligados a ello. De igual manera, en principio, la CFE competiría en igualdad de condiciones en el segmento de generación; sin embargo, su capacidad competitiva dependerá del parque de centrales que autoridades y reguladores le permitan conservar. Esta reforma entrega nuestras empresas a un mercado donde competirá en condiciones de verdadera desigualdad. Es irracional la manera como pretendemos que compita Pemex y CFE ante esta descarada apertura al mercado privado y extranjero. Estas leyes vienen sin lugar a dudas a disminuir hasta su mínima expresión las posibilidades de acción de ambas empresas; establecen regulaciones que le reducen su margen de maniobra financiera presupuestal. Sin embargo, se fortalece el control de la Secretaría de Hacienda para que su organización corporativa facilite la participación del capital privado y dejen de ser las empresas productivas del Estado, como hasta hoy han sido. No hay en el cuerpo del dictamen propósito alguno para fortalecerlas, ya que dicha obligación va establecida en función de las necesidades de la Secretaría de Hacienda y no así de estas empresas. También parece que estas empresas dejan de ser del Estado y pasan a formar parte del capital político del presidente en turno. Será él quien designe a los miembros del consejo de administración y todas las responsabilidades administrativas que ello conlleva. Por ello, su único fin será producir dinero y no garantizar derechos ni el bienestar social al que hasta ahora se han visto comprometidos. Esto representa sin lugar a dudas una regresión contra el patrimonio de la nación, contra la separación de los Poderes, contra la democracia. Y va, por supuesto, en contra del Estado mismo. La ley le encarga a Pemex procurar mejorar la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado. Sin embargo, esta tarea les corresponde... ¿Quiere ver el tiempo, diputado? Consulte su reloj y déjeme terminar, por favor, diputado. Sin embargo, esta tarea le corresponde a Hacienda, a Sener y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ellos serán encargados de administrar el patrimonio geológico y la regulación de las actividades y trabajos petroleros en el marco de la celebración de asignaciones y contratos entre el Estado y las petroleras. A todo lo anterior, la transparencia, que debiera ser el eje central por el cual se deberían de girar la existencia de Pemex, con una rendición de cuentas que implique un hecho mayor a sólo entregar información, pasa totalmente desapercibido. En las reformas secundarias que estamos discutiendo, la transparencia y la rendición de cuentas no existen y sólo se hacen someras referencias a ellos, sin parecer tener importancia y sin considerar que es uno de los derechos sustanciales que todo Estado debe de consagrar. Los recursos del petróleo y la energía eléctrica son factores preponderantes para el funcionamiento de nuestra sociedad. Es por ello que las reformas a las leyes en materia energética que actualmente discutimos deben ser de una absoluta reflexión, del consenso y de la responsabilidad para el beneficio y progreso de todos los mexicanos, no de la precipitación, tampoco del capricho o la imposición como hasta hoy se ha venido dando en este recinto legislativo, porque si pretenden que con la mayoría mecánica con la que han venido actuando PRI, PAN, Panal y Verde será suficiente para tener la razón, la historia lo juzgará y seguramente el veredicto será que estarán condenados a la ignominia. Con base a todo lo anterior, solicitamos que este dictamen se regrese a comisiones para la realización de un estudio y análisis más responsable, que garantice los derechos de los mexicanos y la correcta existencia y funcionamiento de estas dos empresas que han sido factor fundamental del desarrollo de México. Por la atención prestada a su servidor, muchas gracias, presidente, le agradezco su tolerancia. Buenas tardes.