El diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre: Señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, diputado del PRI, con fundamento en los ordenamientos competentes someto a esta soberanía la iniciativa de proyecto de adición de tres artículos al Capítulo VI del Título Décimo Tercero del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Un Estado democrático se caracteriza por el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos que conforman el sistema social. En esta tesitura, un supuesto fundamental para poder imputar a alguien la realización de un acto ilícito requiere en primer término que se den las características del tipo de delito que se tipifiquen en la ley y en segundo término, que se acredite que el ciudadano intervino en él. Ello mediante un proceso en el que se respeten los derechos fundamentales y se cumpla con todas las formalidades y ritos del procedimiento penal seguido ante la autoridad jurisdiccional. Por eso, el hecho de que el Estado a través del Ministerio Público en la averiguación previa, o del juez durante el proceso judicial, impute a una persona la realización de un delito tiene severas consecuencias en su esfera de libertad, pues trae con ello restricciones a sus derechos y libertades públicas fundamentales. Es decir, someter a un ciudadano a proceso penal implica prisión provisional, internación, arraigo, arresto, inhabilitación o suspensión en el ejercicio de una profesión u oficio, pena o medida de seguridad, entre otras afectaciones sin duda graves. Pero someterlo sin que se hayan cumplido los requisitos exigidos por la legislación penal contenidos en la Constitución Política, en los tratados internacionales, en el Código Penal Federal y en el Código Federal de Procedimientos Penales, implica una devaluación del derecho penal, ya que éste no sería visto como un instrumento que protege a los ciudadanos, sino que sirve para someterlos en aras de fines que nada tienen que ver con la protección de la sociedad, violando con ello la dignidad humana, que es piedra angular sobre la que se construyen los regímenes democráticos. Los casos en que la actuación en materia de procuración y administración de justicia no son apegados a las normas que nos rigen como sociedad. Es por ello que se propone la obligación del Estado de indemnizar cuando ha existido un error judicial manifiesto en materia penal, que no tenga justificación desde un punto de vista intelectual y racional; esto es, que no exista un motivo plausible por ser contrario a la razón, a las máximas de experiencia y a las reglas de la ciencia. La persona que haya sido afectada por el error judicial debe ser indemnizada por el Estado debido al daño y perjuicio patrimonial y moral que haya sufrido. Esta obligación por parte del Estado la derivamos de manera lógica directamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado. En ellos se establece de manera clara y precisa la obligación del Estado de indemnizar en caso de error judicial. Dicha responsabilidad debe ser vigente en nuestro país de manera obligatoria, operativa y de aplicación directa. Lo que se pretende con la iniciativa que se presenta es que el Estado mexicano, una vez que ha reconocido tales derechos, está obligado a no obstaculizar su pleno goce y ejercicio. Por tanto, se debe armonizar y adecuar la legislación procesal penal con dichos contenidos para que éstos sirvan de guía para la creación, interpretación y desarrollo de los textos legales. Además de la indemnización a la que tendrá derecho el afectado, se deberá destruir el archivo o expediente de la persona que sea exonerada, incluyendo fotos, declaraciones y cualquier tipo de pruebas, incluidas las dactilares. Y el titular de la procuraduría, a través de su vocero, tendrá la obligación de ofrecer disculpas públicas a esta persona. Es por todo lo anterior que someto a la consideración de este pleno esta iniciativa de adición a tres artículos del Capítulo VI del Título Decimotercero del Código Federal de Procedimientos Penales, en los siguientes términos: Decreto Primero. Se adicionan los artículos 557, 557 Bis y 557 Ter, al Capítulo VI del Título Decimotercero del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue..., pero, tanto por economía parlamentaria como por el tiempo, le ruego al presidente que se inscriba en su totalidad en el Diario de los Debates.