La diputada María Isabel Pérez Santos: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, la suscrita, María Isabel Pérez Santos, diputada federal de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 73, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía un punto de acuerdo bajo las siguientes Consideraciones El Ejecutivo federal estableció como parte de su estrategia de desarrollo humano, el programa de 100x100. Este programa tiene como objetivo oficial abatir las condiciones de pobreza extrema que viven los municipios con mayor rezago en el país, con apoyos de pisos firmes, baños ecológicos, previsión de agua potable, entre otros, metas loables en principio, pues efectivamente, de los 487 municipios con población mayoritariamente indígena, el 70 por ciento de ellos se considera como de muy alta marginación, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En el estado de Veracruz, de acuerdo con la información proporcionada por la propia Secretaría de Desarrollo Social, este año se atienden 15 municipios de mayor rezago en la entidad, la mayor parte de ellos indígenas y de los cuales 9 son del distrito de Zongolica. Si bien es cierto que se reconoce como oportuna la intención de mejorar la calidad de vida de las personas, a través del mejoramiento de su vivienda y de la infraestructura social básica y de comunicaciones, es necesario hacer hincapié en tres puntos que podrían dar mayor operatividad, eficiencia e impacto en el programa en comento. Nos referimos en primera instancia a los ejecutores del programa. En Veracruz actualmente son los funcionarios de la Sedesol los enlaces y facilitadores, los encargados de hacer llegar este programa a la gente. Por otra parte, según el sistema federal que rige bajo los preceptos constitucionales, los municipios son la unidad básica y primordial de gobierno, por tanto, los presidentes municipales son quienes tienen el mejor conocimiento de las necesidades acerca de la distribución, programación y urgencia en las comunidades integrantes de sus municipios, sin embargo, ellos son los últimos en enterarse de la metodología y programación de las acciones que llevan a cabo. Es una demanda generalizada por parte de los presidentes municipales estar en las posibilidades de coadyuvar con los funcionarios federales en la aplicación eficaz de este programa. Es necesario que distintos niveles de poder concurran en aras de que el gobierno no encontremos la justificación para contratar mayor personal., cuando los agentes municipales en todo el país son el personal idóneo para desempeñar dicha labor, puesto que como se menciona, nadie conoce mejor las urgencias de cada familia, que sus propios vecinos. Una segunda observación es acerca de la mano de obra empleada en la contratación de infraestructura básica. Actualmente nuestro país vive una situación crítica de desempleo, que ya suma para el mes de septiembre del año en curso el 6.41 por ciento de la población económicamente activa. Los efectos económicos y sociales son tan complejos como lamentables. Por ello, la propuesta va en el sentido de combatir las reglas de operación del programa para establecer que se aprovechen los recursos humanos de las localidades beneficiadas y sean los mismos habitantes quienes construyan los pisos firmes, letrinas y demás infraestructura básica. Esto incluso significaría un doble impacto, pues por una parte se dotaría a la gente con mejores viviendas y por otra parte, se incentivaría el empleo temporal. En el mismo sentido de las reglas de operación, esta soberanía hace un atento llamado a las autoridades encargadas del diseño de este programa a que tomen en cuenta que la mayoría de los beneficiarios viven en las cabeceras municipales, donde son entregados los materiales para pisos firmes. En algunos casos deben viajar hasta tres horas hacia su cabecera municipal para poder recoger los materiales. Esto les genera un gasto mucho mayor que el monto del apoyo recibido por el programa, pues se ven forzados a pagar un transporte privado para el traslado. Al respecto, debe tenerse muy presente que la población objetivo es la más pobre de nuestro país. Por tanto, sería pertinente prever la asignación de un monto específico de apoyo, para hacer llegar los insumos correspondientes hasta las comunidades beneficiadas. La tercera observación es relativa a la aplicación del programa. Según lo establecido en los artículos 18 y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, el material de promoción de los programas para el desarrollo social deberá contener la leyenda "este programa es público, ajeno a cualquier partido político y queda prohibido para fines distintos a los establecidos en el programa". En la práctica esto no es así. En el estado de Veracruz este programa, al igual que muchos otros de apoyo social federales, es operado por los comités, aspirantes y candidatos a presidentes municipales y diputados del Partido Acción Nacional. En las mismas instalaciones de su partido se están llevando a cabo la operación de estos programas. Para nadie es desconocido en los municipios veracruzanos que los funcionarios públicos de la Sedesol, cuyo cargo oficial es la de enlace y facilitadores, son también movilizadores de Acción Nacional y son quienes otorgan y operan los programas, visitando casa por casa ofreciendo los programas federales a cambio del voto. Como este ejemplo hay muchos por todo el país y es una clara violación a un decreto presidencial, emanado del consenso de las distintas expresiones políticas representadas en la Cámara de Diputados. En este sentido, deben de tenerse considerados los siguientes artículos: Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que se modifiquen las reglas de operación del Programa 100x100, con la finalidad de que sea ejecutado en coadyuvancia con los gobernadores y presidentes municipales. Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que se contrate personal habitante de las comunidades y municipios donde se opera el Programa 100x100. Tercero. Asimismo, que en la operación y ejecución de dicho programa se cumpla efectivamente lo dispuesto en los artículos 18 y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Solicito que se suba al Diario de los Debates el presente documento. Muchas gracias.