El diputado Roberto Vega y Galina: Muchas gracias. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 2º párrafo y deroga el 3º del Artículo 286 K de la Ley del Seguro Social y deroga el Artículo Segundo Transitorio del decreto, por el que se reforman y adicionan los Artículos 277 D y 286 K de la misma ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del año 2004, con su autorización señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Las reformas a los Artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social aprobadas por el Congreso de la Unión y en vigor a partir del 11 de agosto del 2004, no sólo no resolvieron sino que ni siquiera coadyuvaron en forma definitiva a resolver el problema financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social, por tratarse de la atención aislada de una sola de sus causas, por el contrario, a partir de la fecha en la que encontraron en vigor, causaron una disminución de la calidad y la oportunidad del servicio de atención a la salud que se presta a los trabajadores afiliados y a sus familias. Se argumentó, como fundamento de la reforma en cuestión, que el costo de la nómina de jubilados y pensionados de los extrabajadores del Seguro representan una cantidad importante de sus ingresos y que ser destinados al cumplimiento de esas obligaciones de carácter legal y contraactual, dejan de utilizarse al proporcionar los servicios de atención a la salud, que también obligatoriamente tiene que otorgar a los trabajadores afiliados y a sus familiares derechohabientes. En el informe del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social fechado el mes de junio del presente año, se deja constancia que el Seguro de Enfermedades y Maternidad es el de que mayores problemas financieros tiene, como consecuencia de la insuficiencia de los ingresos derivados de las cuotas obrero-patronales y de las aportaciones del gobierno, por una parte, y el costo laboral, por otra parte producto que se incluyen los salarios y prestaciones diferidas del 84% del total de los trabajadores del IMSS que son los que se ocupan de dar la atención a la saluda sus afiliados. Esto significa que no son únicamente los datos derivados del régimen de jubilaciones y pensiones, los que han incidido en las finanzas del IMSS en particular en este ramo de Seguros de Enfermedades y Maternidad sino que es un desfinanciamiento aceptado en el informe que estamos haciendo referencia, se debe fundamentalmente a que las cuotas obrero-patronales y las aportaciones del gobierno para todo el campo de la atención de la salud de los trabajadores afiliados y sus familiares derechohabientes, los jubilados y pensionados y sus beneficiarios, no son suficientes para que el IMSS haga frente a los gastos que por obligación tiene que hacer, tanto por disposiciones legales de la Ley del Seguro Social como disposiciones también legal de los contratos colectivos de trabajo que tiene suscrito con el sindicato de sus trabajadores. La solución a los problemas económicos que encare el IMSS tienen que ser de carácter estructural, las cuotas obrero-patronales tienen que ajustarse a una realidad, en el que el empleo formal no crece con el número de cotizantes y consecuentemente los ingresos del Seguro de Enfermedades y Maternidad y de los gastos médicos de atenciones, se mantienen sin cambio, mientras que el gasto por la compra de medicamentos y la reposición de equipo deteriorado y obsoleto, se incrementa muy por encima del aumento del índice inflacionario, y los gastos de servicios del personal que también tienen que aumentarse se incrementan casi imperceptiblemente, por encima del nivel porcentual del mencionado índice inflacionario. Ajustarse a una realidad, en el que el estancamiento de los salarios contribuye igualmente a que los ingresos se mantengan por debajo del incremento de los egresos, agregando por si fuera poco el aumento constante y permanente de los derechohabientes usuarios de los servicios de salud, que se suman como un factor importante en el desequilibrio financiero de la institución. Al establecer en la reforma de los Artículos 277 D y 286 K que el IMSS sólo podrá crear, sustituir o contratar plazas por disposición de su Consejo Técnico, cumpliendo con el requisito de contar con los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones futuras para con los nuevos trabajadores, se da el argumento para no crear o sustituir o contratar nuevos trabajadores. Esto es así, porque además de obligar y depositar los recursos necesarios para las prestaciones diferidas de sus trabajadores, la reforma impone la prohibición del uso de los ingresos del IMSS provenientes de las cuotas obrero-patronales, de las aportaciones del gobierno, de las reservas para la operación diarias y de las demás reservas de los seguros, así como los productos financieros de su (¿) para financiar los gastos del régimen en jubilaciones y pensiones de estos nuevos trabajadores. El IMSS no tiene más ingresos a aquellos que provienen precisamente de los señalados en los artículos reformados, lo cual implica que si no puede usarlos para crear un fondo que le permita hacer frente a las prestaciones futuras de los nuevos trabajadores, lo que la reforma mencionada está propiciando es que no haya una sola contratación nueva. Esto es en los hechos lo que está sucediendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente hay 17 mil plazas vacantes no cubiertas, esta cantidad representa un poco más del 5% del total de plazas sindicalizadas y su falta de ocupación está causando un grave deterioro en la calidad y en la oportunidad en lo que se debe prestar el servicio y de la atención de la salud, considerando que la plantilla actual del personal ya está ajustada el mínimo necesario. Sostener esta situación es un crimen contra la salud de cerca de la mitad de la población del país, es la que recibe los beneficios de esta institución de auténtica justicia social. Corregir la reforma es imperioso, ya que además representa también un retroceso en los derechos consignados en la Ley Federal del Trabajo, al violentar las prestaciones contenidas en su contrato colectivo de trabajo. Por lo expuesto, respetuosamente someto a la consideración de esta soberanía una iniciativa que, dejando el texto del artículo 277 D que la creación, sustitución o contratación de plazas sólo puede hacerse contando con los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones futuras del IMSS con los nuevos trabajadores, elimine la prohibición actual de utilizar los ingresos del Instituto para el financiamiento del régimen de jubilaciones y pensiones de los futuros trabajadores. La obligación que estipula este artículo 277 D de la Ley del Seguro Social reformado el año pasado, es precisamente lo que el IMSS debió de haber hecho por obligación contractual desde el año de 1986 a la fecha. El incumplimiento de esta obligación es la causa del pasivo laboral que se ha ido acumulando en las proporciones que se tiene a la fecha, que al llega a la ley la obligación de fondear el régimen de jubilaciones y pensiones de los futuros trabajos, se está corrigiendo una omisión de las administraciones futuras y presentes del IMSS, que no hicieron, a pesar de ser su responsabilidad la razón para esta consideración, que lo está haciendo el artículo 277 D de la Ley del Seguro Social y que debe de contestar el texto reformado. Esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo y deroga el tercero del artículo 286 K de la Ley del Seguro Social y deroga el artículo 2º transitorio del decreto de reforma y adiciones a los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del 2004, además de resolver el importante problema de la falta de personal para la atención adecuada de los derechohabientes del IMSS, permite además destrabar el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo entre el IMSS y el Sindicato de sus trabajadores, ya que las disposiciones de la Ley del Seguro Social reformadas el año pasado y vigentes a la fecha, están siendo utilizadas por la representación patronal para condicionar el proceso de revisión contractual a las modificaciones del régimen de jubilaciones y pensiones incluido en el contrato colectivo de trabajo, a su gusto y violentando los derechos de los trabajadores en activo. Dado la brevedad del tiempo y acordado para la presentación de las iniciativas, respetuosamente solicito a usted que ordene la publicación del texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates, para lo cual entrego a la Secretaría. Por su atención, muchas gracias.