LA C. DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con su permiso diputado Presidente. Honorable Asamblea. Consideraciones.- En 1989 el Gobierno Mexicano emprendió un proceso de privatización de Teléfonos de México que finalizó en diciembre de 1990. Los nuevos accionistas de TELMEX obtuvieron una concesión para explotar hasta el año 2026 los servicios de Telefonía Local y de Larga Distancia. En Julio de 1995 la Ley Federal sobre las Telecomunicaciones fijó el marco regulatorio y jurídico de la liberación y el desarrollo competitivo de los servicios de Telecomunicaciones, Telefonía Local y Larga Distancia, Telecomunicaciones Móviles y Comunicaciones Vía Satélite. Para vigilar la correcta aplicación de las Normas se creó la Comisión Federal de las Telecomunicaciones COFETEL que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A finales de 1997 el Estado Mexicano privatizó su Sistema de Satélites por 695 millones de dólares; este Sistema consiste en 3 satélites geoestacionarios y su sistema de control terrestre cubriendo Estados Unidos y América Latina con excepción de Brasil. Finalmente en mayo de 1998 el Gobierno Mexicano procedió a vender nuevas licencias por mil millones de dólares a ocho Operadores de Telefonía Inalámbrica local. El mercado mexicano de Servicios y Equipo de Telecomunicaciones ha pasado de los 4 mil 500 millones de dólares en 1990 a los 9 mil millones en 1997, podría llegar a los 15 mil millones en el año 2001. Las comunicaciones fortalecen la unión entre los mexicanos, reafirman nuestra cultura, acercan a la población a servicios de educación y salud, aumenta la productividad en la industria y el comercio y facilitan la comunicación de México con el resto del mundo. En este contexto cabe preguntar ¿qué efectos ha tenido la liberación comercial después de varios años de haberse realizado? ¿se puede afirmar que una disminución en la protección nominal disminuye los precios internos con relación a los precios externos?. Es de esperarse que la apertura comercial haya afectado la estructura de los mercados, la eficiencia productiva y la relación entre precios internos y precios externos. La apertura en el sector de las telecomunicaciones ha traído importantes beneficios directa e indirectamente; de manera directa las inversiones en este sector generan empleo en el propio sector y en las industrias primarias relacionadas con las telecomunicaciones especialmente en el gremio manufacturero y de la construcción. De manera indirecta, al ser un insumo fundamental para prácticamente todas las actividades productivas, el contar con mejores y más accesibles servicios de telecomunicaciones, promoverá la actividad económica y el crecimiento del empleo. En consecuencia, el papel del Estado debe ser el de promover la competencia en las comunicaciones; ofrecer más y mejores opciones a los consumidores y tener precios internacionalmente competitivos en estas actividades. También el Estado debe fortalecer la soberanía y seguridad nacional y una adecuada promoción de la cobertura social mediante el aprovechamiento del avance tecnológico de las telecomunicaciones. Por otra parte, en la Ley Federal sobre las Telecomunicaciones, se establece que los procesos para el otorgamiento de las concesiones cuando se trate del uso, explotación y aprovechamiento de bienes del dominio público, se lleve a cabo mediante licitación pública y por un plazo de hasta 20 años sujeto a renovación. También se establece que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y empresas comercializadoras, puedan fijar libremente sus tarifas en términos que les permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. Sin embargo, la Secretaría se reserva el derecho de establecer obligaciones específicas para los concesionarios que operen en condiciones adversas a la libre concurrencia a fin de proteger a la sociedad usuaria de estos servicios. El Estado debe aumentar la calidad de los servicios de telecomunicaciones y buscar reducir su costo para beneficio de un mayor número de usuarios en beneficio de la competitividad de nuestra economía, así como contar con los elementos indispensables para construir una infraestructura de telecomunicaciones que apunte el crecimiento de la economía y que impulse el desarrollo social. En México, las tarifas residenciales de telefonía local se encuentran por encima de muchos países, resultado de una alta concentración oligopólica. Para incrementar la densidad telefónica en México, los precios de los servicios deben disminuir y generarse las condiciones para que surjan y crezcan nuevas empresas que ofrezcan servicios de telefonía local. En este contexto, al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, se acercaron recientemente distintos grupos sociales entre los que destacan amas de casas de diversos estados del país, para plantear varios problemas que enumero enseguida: Que desde la privatización de Teléfonos de México, esta empresa ha venido aumentando la renta del servicio telefónico. Para muchas comunidades rurales existe una situación de excluidos del servicio de telefonía local, por lo que solicitan la intervención de las instancias correspondientes para la ampliación de la cobertura. Que debido al alto costo del servicio telefónico residencial, es necesario obligar a Teléfonos de México a comprobar con elementos suficientes la realización de llamadas que generalmente son cargadas a la cuenta del usuario sin haber sido efectuadas y que esta medida sea extensiva a toda la república mexicana y que se gestione ante las instancias federales que les sea otorgada una reducción en el pago de la renta telefónica y que se abrogue el servicio medido, con lo cual se permite que los servicios de comunicaciones puedan ser accesibles a un mayor número de mexicanos. Las peticiones de estos ciudadanos tienen un importante impacto en el gasto familiar, por lo que la Cámara de Diputados sin alejarse de sus facultades constitucionales podría coadyuvar a su adecuada solución. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos proponemos el siguiente punto de acuerdo: UNICO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda turnar la demanda de los habitantes de distintas comunidades del estado de Tabasco, así como de toda la república mexicana, ya sé que es un problema nacional, en materia de reducción en el pago de tarifas telefónicas, a las comisiones de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuven a su pronta solución. Firman esta proposición el diputado Jorge Urdapilleta, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional; por la fracción parlamentaria del PRI, la diputada Lorena Borregar de los Santos, el diputado Jaime Martínez Veloz; de la fracción parlamentaria del PT, el diputado José Narro Céspedes, y de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Tomás Torres Mercado, la diputada Rosalinda López Hernández, la diputada Petra Santos Ortiz y una servidora Adela del Carmen Graniel Campos. Es todo. -