El diputado Neftalí Garzón Contreras: Estimados compañeros, compañeras diputadas: La presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 6° y se deroga la fracción III del artículo 67 de la Ley General de Educación, tiene como fundamento tres grandes principios: Uno. Corregir lo que en su momento el Legislativo del año de 1993 consideró como oportuno y produjo una contradicción entre el artículo 3° y su reglamentaria, la Ley General de Educación. Dos. Descargar un gravamen muy lesivo a la economía de los padres de familia, cuyos hijos asisten en las escuelas públicas. Tres. De justicia y moral social, al tenor de los siguientes Motivos En México la educación pública, laica y gratuita, según el artículo 3o. constitucional constituye el fundamento de nuestra vida democrática. En ese reconocimiento jurídico se sustenta la exigencia social de alcanzar la equidad educativa, la distribución generalizada del bien público de educación que se traduce en la igualdad de oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos. La vigente Constitución de 1917 contempla uno de los conceptos básicos de nuestro sistema educativo: la gratuidad, principio establecido en la fracción IV del artículo 3o. constitucional. El concepto de educación gratuita es el producto de la lucha histórica del pueblo mexicano. Éste ha estado cargado, desde el siglo XX, de indefiniciones y claroscuros, lo cual precisa corregir algunos de los obstáculos que todavía deben resolverse para lograr que se convierta en una realidad al momento de orientar la magnitud y destino de los recursos públicos. La Ley General de Educación que se promulgó en el año de 1993 contempla el principio de gratuidad de la educación en el siguiente precepto legal: Artículo 6o. La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Sin embargo este precepto no se cumple, puesto que el problema de la gratuidad de la educación en México es un aspecto que se debe dejar en claro dentro de la Ley General de Educación. No se deben admitir por ningún motivo cuotas voluntarias y obligatorias de cooperación, pues el artículo 3o. de nuestra Carta Magna establece el derecho a la educación gratuita y la obligación que tiene el Estado de proporcionarla de la misma manera. Sin embargo, la Ley General de Educación presenta una ambigüedad cuando se habla de la gratuidad de la educación, por un lado; y por el otro, en su capítulo tercero, de la equidad en la educación, artículo 33 fracción XI, faculta a las autoridades educativas para promover mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares a su financiamiento. Lo que en la práctica se traduce en un condicionante hacia los padres de familia para la inscripción de sus hijos en cada inicio de ciclo escolar, lo cual afecta a la clase más pobre del país, lo que contraviene con la función social de la educación, plasmada en el 3o. de nuestra Carta Magna. A través de la figura llamada, entre comillas, "cooperaciones voluntarias", rubros como adquisición de papelería, mobiliario, equipos de oficina, construcción de anexos y de escuelas, pagos de servicios diversos, entre otros productos, son pagados directamente por los padres de familia. Las cuotas voluntarias instauradas en todas las escuelas públicas de nivel básico del país de manera extraoficial, constituyen en la práctica una cuota obligatoria. Dicha aportación es exigida a los padres de familia al momento de la inscripción de sus hijos. Asimismo, llegan a presentar una erogación de más de 500 pesos por alumno por ciclo escolar, lo que se traduce en un desembolso para las familias. Esta tergiversación se estableció en el sistema educativo nacional y fue implantado con la anuencia de las autoridades en turno de la Secretaría de Educación Pública desde hace quince años, hecho que contraviene el principio de la gratuidad. Es de resaltarse que el propio gobierno federal reconoce el cobro de las inscripciones y otras cuotas en documentos oficiales, como circulares. De ahí la importancia de derogar la fracción III del artículo 67, pues las autoridades educativas utilizan de escudo a la Asociación de Padres de Familia para la aplicación de las llamadas cuotas voluntarias, en razón de que dicha fracción hace referencia a la aplicación de cooperaciones. No hay razón para pedir cuotas de cooperación porque en nuestro país, desde el año de 1994, se destina a la educación, como proporción del producto interno bruto, alrededor del 5.6 por ciento. Por otro lado, datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, muestran que, entre 1984 y el año 2004, se dio un incremento en la desigualdad de la distribución del ingreso en México al pasar del 0.53 por ciento en 1984 y 0.55 por ciento en el año 2004. El 10 por ciento de los hogares más ricos que en 1984 concentraban 34.3 por ciento de la riqueza, aumentaron su participación a 36.5 por ciento en el año 2004, mientras que el número de pobres era en ese momento de 30 millones de mexicanos y hoy llega a ser de más de 50 millones. En el año 2004 existían en México 48.9 millones de personas con pobreza de patrimonio; 25.6 millones con pobreza de capacidades y 18 millones de mexicanos en situación de pobreza alimentaria. Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares en el año 2004 muestran que el 78 por ciento de los alumnos de educación primaria en México provienen de familias cuyo ingreso promedio mensuales es inferior a un salario mínimo per cápita. Por lo que respecta a los alumnos de secundaria, el 93 por ciento proviene de familias cuya disponibilidad para todos los gastos es de 140 pesos o menos, por día. Ante esta problemática económica que se vive en México actualmente y ante la disminución del poder adquisitivo de las familias con ingresos escasos que sólo alcanzan para subsistir, es importante tomar en consideración y no admitir bajo ningún pretexto las cuotas voluntarias. De ahí la exigencia de aumentar al ocho por ciento del producto interno bruto el presupuesto destinado a la educación, como lo recomienda la UNESCO, con el propósito de facilitar el acceso a la educación de mejor calidad. No es posible que dejemos en el olvido y en el atraso a alrededor de tres millones de niños y jóvenes que por causa de recursos económicos no pueden ingresar a las escuelas públicas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º. y se deroga la fracción III del artículo 67 de la Ley General de Educación. Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º. y se deroga la fracción III del artículo 67 de la Ley General de Educación para quedar en los siguientes términos: La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación al servicio educativo. Queda prohibido a la autoridad educativa autorizar, promover, establecer o recibir cuotas por parte de los padres de familia. Artículo 67. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto 1. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados, colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como el mejoramiento de los planteles. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es todo señorita Presidenta.