La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. El artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social establece los objetivos de la política nacional de desarrollo social, entre los que destacan: la generación de condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, la superación de la discriminación y la exclusión social, proveer un desarrollo económico con sentido social, fortalecer el desarrollo regional equilibrado y garantizar formas de participación social. Sin embargo, hasta la fecha los objetivos han sido omisos en mencionar cuál es su articulación con otras ramas relacionadas con el desarrollo social, como la economía y la ecología, y también cómo garantizar los derechos ambientales. Actualmente no se dispone de cuáles son sus características en cuanto a la exigibilidad de estos derechos y a la responsabilidad del Estado para garantizarlos a través de la creación de diversos tipos de política. Este dictamen que hoy vamos a votar propicia una mejor distribución de recursos económicos atendiendo las necesidades sociales, particularmente las de los grupos vulnerables. El tema de desarrollo sostenible y sustentable representa la interconexión orgánica de tres campos de conocimiento: el económico, el social y el ecológico, lo que implica un proyecto de transformación de la organización económica y social y actual, que debe ser reconocido por la legislación en materia de desarrollo social con el efecto de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la creación de políticas de desarrollo social sólidas e interrelacionadas con los factores que le son propios al desarrollo. Respecto a la reforma al artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, comento lo siguiente. El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México. Con las reformas al artículo 22 de la Constitución federal se reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa, con plena autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización social, política y administrativa. Estipula que para su régimen interior adoptará las formas de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. Entre otros temas, el citado artículo dispone las bases fundamentales para la composición, funcionamiento y labor del poder que se encargará de elaborar la parte legislativa de la ciudad, al que denomina como Legislatura de la Ciudad de México, proveyendo un cambio de denominación y de atribuciones con respecto al cuerpo colegiado que el artículo 8o del estatuto de gobierno reconoce como Asamblea Legislativa. Con respecto a la transformación de la naturaleza jurídica y de denominación, el artículo Décimo Cuarto Transitorio del decreto establece que a partir de su entrada en vigor todas las referencias que se hagan al Distrito Federal se entenderán hechas a la Ciudad de México, sin embargo, tal estipulación no se realiza en el mismo sentido cuando se habla de Asamblea Legislativa. Lo anterior implica que los ordenamientos jurídicos que de manera específica hagan referencia a la Asamblea Legislativa, deben ser reformados para que este país cuente con un orden jurídico armónico. Este proceso de armonización permite contar con leyes compatibles entre sí, que se encuentren encaminadas en un mismo sentido, que hablen sobre los mismos temas, en los mismos términos con los que se provea certeza jurídica a quienes se ubican bajo estos supuestos. En atención a lo anterior, el pasado 18 de octubre presenté la iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, con la intención de eliminar la referencia de Asamblea Legislativa para generar una referencia común hacia las legislaturas de las entidades federativas, naturaleza que ya es reconocida en la Ciudad de México. Con lo anterior, se preserva el espíritu de la reforma de la naturaleza jurídica de la Ciudad de México, se evita la remisión a una institución que cambiará denominación y se ejerce la labor parlamentaria que nos conmina a generar un ordenamiento jurídico armónico. Lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, solicito su apoyo para la aprobación de los dictámenes que se presentan en la Comisión de Desarrollo Social, por tratarse de temas que favorecen el ejercicio de los derechos sociales, culturales y ambientales y por tratarse de temas relacionados directamente con la creación de un orden jurídico relacionado entre sí. Es cuanto.