El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. En primera instancia, agradezco al Grupo Parlamentario del PRI la oportunidad que me brindan de fijar el posicionamiento en un asunto de transcendencia nacional. En primera instancia, mi felicitación a la Comisión de Puntos Constitucionales, a todos sus integrantes por el trabajo realizado para la presentación hoy de este dictamen. Requirió de un esfuerzo en el cual prevalece la inteligencia, prevalece el sentido común antes que alguna diferencia. Para llegar aquí fue un trabajo sinuoso, no fue producto de la casualidad. Fue un trabajo en el cual hubo a su vez comunicación con la colegisladora, buscando que efectivamente existiese una regulación de la deuda de estados y municipios. Tenemos que reconocer que hay una inercia que nos lleva a la reforma del día de hoy. Una inercia en la cual, en un respeto al federalismo, en varias ocasiones se convirtió en libertinaje y abuso de ese federalismo. Entidades federativas o municipios que excedieron su capacidad de endeudamiento y provocan, en consecuencia, un perjuicio directo al ciudadano en la atención del servicio público que debemos brindar. Como bien se ha dicho por varios de mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, respetamos el federalismo, pero a su vez fijamos bases muy concretas para la posibilidad de endeudamiento de estados y municipios. Y quisiera precisar, en primera instancia, la reforma al propio 117 de la Constitución que refiere a la regulación y normatividad de los estados, donde se precisa, de manera muy clara, que será decisión autónoma del Estado, fijando las bases previstas y cumpliendo con las bases previstas en la ley secundaria que emita este Congreso de la Unión, para que las legislaturas locales, por la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, es decir, mayoría calificada, exista la posibilidad de endeudamiento. A su vez, se limita a aquellas situaciones que se generan al concluir los mandatos. Deuda a corto plazo, impagable para la administración que llega. Se obliga a que tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses. La aprobación de la minuta enviada por el Senado, concatenada con las reformas que aprobamos el año pasado a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no hay que dejarla a un lado, homologa la presentación de información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Esto es un compromiso del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados con la transparencia, con la rendición de cuentas y evitar aquellos actos de corrupción. Para nosotros es una prioridad que la adquisición de empréstitos no se traduzca en endeudamientos que traigan desequilibrios para los estados y los municipios, sino que debe constituir una forma de financiamiento extraordinaria dirigida a ejecutar aquellos proyectos que requieran de recursos que no podrían conseguirse a través de la recaudación. Es con esta reforma que cobra vigencia lo aseverado por el presidente Benito Juárez: Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. Es cuanto, diputado presidente.