EL C. DIPUTADO HECTOR SANCHEZ LOPEZ: Con su permiso señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. He solicitado hacer uso de la palabra, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, porque considero que es fundamental para el futuro de nuestro país, que la Cámara de Diputados se convierta en el espacio privilegiado de discusión política donde se debatan, no sólo los grandes temas nacionales, las reformas constitucionales y legales, la reforma pendiente del Estado, sino también aquellos temas que incidan directamente en la ciudadanía. La Cámara de Diputados en este proceso de cambio político, debe desempeñar un papel fundamental, para ir construyendo entre las fuerzas políticas y los Poderes de la Unión, las bases del proceso político en el que está inmerso nuestro país. Pero también para que dentro del ámbito de sus competencias, contribuya a combatir la corrupción pública y la impunidad, lastres que no pueden sentar sus bases en un gobierno que apenas inicia. No sólo con una lista de nuevos propósitos ni pactos espectaculares como se pueden sentar las bases para conducir el cambio político, en el PRD habemos quienes creemos que las responsabilidades constitucionales de un gobierno, están por encima de una lista, como muchos sabemos, Petróleos Mexicanos fue la caja chica del gobierno federal, la fuente de la corrupción por parte de funcionarios públicos, que no entendieron que su compromiso y responsabilidad, era con la empresa, con el país, con los mexicano, incluso algunos pisaron la cárcel como ajustes de cuentas interno dentro del PRI. Muchas veces el Consejo de Administración de Pemex, autorizaba apoyos diversos a los municipios y estados, donde mantiene una importante presencia, a través de sus oficinas y refinerías. Muchas de esas obras no se realizaron y las que se iniciaron quedaron inconclusas, pero lo más grave de todo esos recursos públicos, pudieron haber sido destinados al apoyo de candidatos y campañas de los gobiernos en turno. En el caso, por ejemplo, de los siguientes hechos que a continuación señalo, acompañado de las pruebas correspondientes. El 20 de octubre de 1994 en la ciudad de Salina Cruz, Oax., se firmó un convenio de colaboración para la realización de obras de equipamiento urbano así como de acciones de reubicación de asentamientos humanos en el municipio de Salina Cruz, Oax., convenio firmado entre Petróleos Mexicanos y el ayuntamiento de Salina Cruz. En dicho convenio se establece que Pemex se compromete a aportar tuberías, asfalto, combustible, recursos financieros para la realización de diversas obras en el Istmo de Tehuantepec y aportar adicionalmente a lo establecido la cantidad de un millón de pesos, para la adquisición de 23 paquetes de materiales de construcción, para la reubicación de algunas personas. En este convenio firman por Petróleos Mexicanos diversos funcionarios y por el estado de Oaxaca el director de Coplade y el Secretario de Obras Públicas el arquitecto Walter Vargas. Lo grave de todo esto, es que el convenio fue firmado, entre Pemex y el ayuntamiento de Salina Cruz, y no aparece la firma del presidente municipal, ni tuvo conocimiento el entonces Alfredo López Ramos, presidente municipal de Salina Cruz de este convenio, mismo que al enterarse de la existencia de este convenio presentó denuncia correspondiente ante las autoridades federales. Por otra parte, en el período 96-98, se dio una gran difusión a la construcción de la Biblioteca Aries 67 en la que PEMEX destinó recursos por la cantidad de 3 millones 300 mi pesos, según acuerdo CA301 del 98, de fecha 8 de mayo del 98, independientemente de un millón de pesos adicionales para el equipamiento de dicha biblioteca, según acuerdo CA568 del 98, de fecha 10 de noviembre de 1998. Para el auditorio municipal, PEMEX aportó la cantidad de un millón 571 pesos, según acuerdo CA516 del 97. Para el programa de financiamiento para apoyar el programa de vivienda y urbanización de la colonia Pie del Cerro en Salinas del Marqués, se destinaron 2 millones 71 mil 429 pesos. Para la rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad mencionada, se destinó la cantidad de 285 mil pesos, mediante acuerdo CA343 del 97. Hasta ahí, esto pareciera que es normal. Sin embargo, ante una investigación que se hizo, la colonia Pie del Cerro en Salinas del Marqués, donde se destinaron más de 2 millones no existe la colonia, no existe y por lo tanto, no pudo haberse destinado recursos para esa colonia fantasma. De igual manera no se pudo destinar la cantidad de 285 mil pesos para la rehabilitación del sistema del agua potable en una comunidad que no existía. En lo que se refiere a la Biblioteca Aries se observa un avance sólo del 80%, falta el equipamiento y detalles finales en el edificio. Respecto al auditorio municipal, a simple vista se puede constatar que sólo se refiere a un cascarón de obra antiguo y no a la construcción de un edificio. En la tercera obra que hablábamos hace rato, se trata de una colonia fantasma. En el presente ejercicio 1999-2001, mediante acuerdo minuta celebrada el 9 de abril del 2001 y acuerdo CA120 del 2000, de fecha 9 de febrero del 2000 y acuerdo CA433 del 2000, de fecha 30 de agosto del año 2000, se destinaron para el municipio de Salina Cruz 120 mil litros de magna, 100 mil litros de diesel y 400 mil pesos para la limpieza del complejo lagunero en el ejido Boca del Río, así como 750 mil pesos para la pavimentación de la Avenida Francisco Villa y 500 mil pesos para la vialidad alterna de acceso a la colonia Santita en Salinas del Marqués. En el primero de los casos, el C. Evelio Márquez, Presidente del Comisariado Ejidal, da fe que no se ha realizado trabajo de limpieza en dicha laguna; en la pavimentación que se menciona esta no existe; lo mismo ocurre con la vialidad de acceso alterno a la colonia Santita. Estos hechos los estamos denunciando aquí en la Cámara de Diputados, porque en Petróleos Mexicanos, a pesar de que se han presentado denuncias directas, en la Contraloría Interna y ante la Dirección de PEMEX, ha habido desinterés para realizar una investigación del uso que se dio a los recursos citados. Es importante que la Procuraduría General de la República realice una investigación a la denuncia presentada ante el agente del ministerio público; cite a declarar al gerente general de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca para que aclare la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la vigilancia y supervisión de las obras fantasmas y los donativos en especie de acuerdo a las propias disposiciones de Petróleos Mexicanos. Que investiguen el por qué el titular de la Contraloría Interna de PEMEX GAS y Petroquímica Básica, el C. P. René Ojeda Delgado, ha hecho caso omiso a las denuncias presentadas a pesar de las pruebas que existen y que demuestran los hechos citados. Nuestro país, los mexicanos, PEMEX y el nuevo gobierno, no pueden seguir viviendo en la impunidad y en la corrupción. Creo que es hora de ir erradicando esta impunidad y esta corrupción en todos los niveles de gobierno, sobre todo en una paraestatal que sirvió como caja chica para aprovecharse de los recursos públicos y desviarlos en apoyo a los candidatos a presidentes municipales, diputados locales gobernadores e incluso, presidentes de la república. En las últimas elecciones celebradas en el Estado de Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec, pudimos apreciar los cuantiosos recursos que el gobierno del estado y el PRI utilizaron para comprar votos y credenciales de elector hasta por mil pesos. Distribuir despensas, presionar a los candidatos de otros partidos políticos con amenazas y chantajes. Por eso, estoy convencido de que si no presentamos estas denuncias ante la Cámara de Diputados y la opinión pública no se enterara, las autoridades no profundizarán en las investigaciones correspondientes. Por lo tanto, me permito solicitar con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presidencia de la mesa directiva, turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO UNICO. Esta H. Cámara de Diputados, con pleno respeto al ámbito de competencia, solicita al titular de la Procuraduría General de la República realice una exhaustiva investigación de los hechos anteriormente descritos, con las pruebas que se presentan así como por las denuncias presentadas ante la agencia del Ministerio Público de la Federación en Salina Cruz, Oax., por el C. Alfredo López Ramos, por hechos que pueden constituir delitos del orden federal, en contra del patrimonio de la paraestatal Petróleos Mexicanos y de todos los mexicanos Suscriben esta Proposición los diputados Pedro Miguel Rosaldo, Héctor Sánchez López. Muchas gracias. Hago entrega. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, sobre los detenidos y desaparecidos en México. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasamos al siguiente punto de la Orden del Día. Tiene la palabra el ciudadano diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, sobre la venta de Bancreser a Banorte. DIP. JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: Gracias ciudadana presidenta; compañeras y compañeros diputados: El 24 de septiembre del 2001, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por acuerdo de su junta de gobierno, adjudicó el 100% de las acciones de Bancreser, a Banco Mercantil del Norte, institución de banca múltiple Banorte. El día de ayer se confirmó en diversos medios de información y mediante un comunicado del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que un funcionario de muy alto nivel de la institución, había sido arraigado en su domicilio por parte de la PGR, como resultado de la presunta comisión de delitos en contra de la empresa Grupo Bursátil Mexicano. Considerando que el funcionario arraigado por la PGR, se desempeñaba hasta el día de ayer, como secretario adjunto jurídico del Instituto; que conforme a la ley del IPAB en su artículo 18 fracción XXVIII, es facultad del secretario ejecutivo proponer a la junta de gobierno, el nombramiento de los servidores públicos del instituto del nivel inmediato inferior; que quien hasta el día de ayer se desempeñaba como secretario adjunto jurídico, fue propuesto por el secretario ejecutivo y aprobado por la junta de gobierno de la institución; que durante casi un año de gestión, como secretario adjunto jurídico, fungió como apoderado legal del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, con las funciones que le marca el artículo 23 de la Ley del IPAB; que dentro de estas funciones, se encuentra entre otras, las de coordinar los aspectos relacionados con los procesos de adquisición, recuperación, enajenación y administración de bienes; que al mes de agosto del presente año, el IPAB ha realizado operaciones de venta o administración de cartera, por 58 mil 988 millones de pesos, por las que sólo ha recibido aproximadamente 10 mil 120 millones de pesos, es decir, que por cada peso que ha vendido el IPAB, sólo ha recuperado en promedio, 17 centavos, cifra muy por debajo del 30 por ciento que alguna vez estimaron recuperar las autoridades gubernamentales. "Que en la venta de Bancrecer se recuperó menos del 2 por ciento de los recursos invertidos por el gobierno para su saneamiento. "Que los dueños del grupo bursátil mexicano figuran en las transacciones reportables al Inverlat. "Que derivado de todo lo anterior y de las acusaciones que ha sufrido la institución, tanto por parte del Procurador Fiscal como del Auditor Superior de la Federación, existe ya un deterioro en la calidad moral del Instituto y una absoluta pérdida de confianza y de credibilidad de la opinión pública y de este órgano legislativo, tanto en la Junta de Gobierno del Instituto como en el Secretario Ejecutivo y demás funcionarios de la institución. "Que el artículo 75 de la Ley del Ipab establece que es el Senado de la República o, en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión quien debe aprobar a los Vocales Ejecutivos que conforman la mayoría de la Junta de Gobierno del Instituto. "Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la mesa directiva someta a consideración de este pleno el siguiente " P u n t o d e A c u e r d o : "Único. Que el pleno de la Cámara de Diputados haga un respetuoso llamado a la Cámara de Senadores a fin de que se proceda a intervenir a la Junta de Gobierno del Ipab hasta que sea emitido el fallo de la Secodam, con respecto a los vocales y el de la Procuraduría General de la República con respecto al Secretario Adjunto Jurídico que se informe a esta soberanía de los actos en el que tuvo qué ver el arraigado domiciliario a fin de salvaguardar el interés público". Muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta. LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL: Turno a la Junta de Coordinación Política. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto del orden del día es el relativo a la agenda política en torno a comentarios sobre la política exterior de México. Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.