La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Gracias, señor presidente. Segundo, definir cómo vamos a abordar el problema de la delincuencia; y tercero, identificar con qué recursos y apoyos institucionales vamos a construir esta política de Estado. De manera general, me voy a referir a cada una de ellas. Qué mejor justificación que responder con responsabilidad y con visión de Estado a la demanda ciudadana que reclama recuperar la paz y la seguridad. Anualmente se registran alrededor de 12 millones de delitos. Tomando en cuenta que se denuncian, en promedio, 1 de cada 5 delitos y sólo el 15 por ciento de éstos se registran en la estadística oficial. No se denuncian principalmente porque la gente no tiene confianza en sus instituciones y la percepción de inseguridad va en aumento. El 65 por ciento de la población se siente insegura; la ciudadanía percibe que las medidas de los gobiernos para hacer frente a la delincuencia no están funcionando o no son suficientes. Estos hechos le imponen un gran reto a la estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia para restablecer la paz, la seguridad y frenar la escalada de violencia que se vive en el país. La experiencia de otros países nos dice que es posible revertir los índices de criminalidad, violencia y victimización. Esta iniciativa responde a las recomendaciones hechas a México por la Organización Mundial de la Salud. Por el Consejo de la Unión Europea y por el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad. Y propone fortalecer la política nacional de seguridad pública. Reconocer a la prevención social de la delincuencia como factor de desarrollo. Y lo más importante, promueve la participación social y la corresponsabilidad ciudadana. Por eso debemos ser francos ante la sociedad y debemos decirle de frente cómo pensamos abordar el problema de la delincuencia. La respuesta que ofrece esta iniciativa es un cambio de paradigma en la política de seguridad pública. Plantea asumir la prevención social de la delincuencia como una política de Estado que integre programas, estrategias y acciones para detener y reducir el riesgo de que se produzcan delitos e infracciones, incluso administrativas. Esta iniciativa plantea que el Estado en sus distintos niveles de gobierno desarrolle políticas integrales y las vincule a las estrategias para el desarrollo social, económico, político y cultural de nuestro país. Esta iniciativa integra a todas las instituciones que desempeñan funciones de coadyuvancia en la prevención social a través de la creación de un consejo y un centro nacional para la prevención social de la delincuencia. Ahí se integra al Centro Nacional para la Prevención del Delito, que ya forma parte del actual esquema del sistema nacional de seguridad pública para darle integralidad a los esfuerzos institucionales, y un tratamiento multidisciplinario e interinstitucional, con un enfoque social, comunitario, situacional y victimológico. La idea es no crear más burocracia y mucho menos duplicar funciones. Por el contrario, se retoman las facultades de cada dependencia y organismo para orientarlas hacia un mismo fin. Todos caben en este esfuerzo. No es una iniciativa apartada de los grandes objetivos de la política de desarrollo nacional. ¿Con qué recursos y apoyos institucionales se va a construir esta política de prevención social de la delincuencia? Para este 2009 el programa de Prevención del Delito sumó más de 17 mil millones de pesos para 2010. Se ha considerado una cantidad similar. Esto se traduce en un promedio del orden de punto 57 por ciento, con respecto al total del Presupuesto de Egresos de la Federación, monto que está muy por debajo de las recomendaciones internacionales que sugieren un 5 por ciento. Sin embargo, un ejercicio preliminar de los servicios de investigación de análisis de esta Cámara de Diputados revela que hay más de 20 dependencias y más de 100 programas con recursos federales que tienen incidencia directa e indirecta en materia de prevención de la delincuencia. Y, considerando que los estados, municipios y organizaciones civiles invierten en materia de seguridad pública podemos inferir que estamos cerca del porcentaje internacionalmente recomendado. Esto quiere decir que los programas existen, que los recursos están ahí, pero no han impactado de manera positiva a la población porque están dispersos, porque eso requiere un ordenamiento que les dé integralidad, que ayude a optimizar recursos y maximizar sus logros. Por ello esta iniciativa se suma al sistema de planeación nacional para vincular estrategias, líneas de acción y metas. Asimismo, compromete a las dependencias a generar un sistema nacional de evaluación para consolidar una genuina política pública de prevención social de la delincuencia con base en resultados. Señoras diputadas y señores diputados, en muchas ocasiones hemos venido aquí a decirles a los mexicanos cuáles son los problemas del país. Sin embargo, nos ha faltado decirles cómo le vamos a hacer para resolverlos. Hoy tenemos la posibilidad histórica de entrarle al problema con una propuesta de peso y de fondo. Tenemos la posibilidad de contar con un ordenamiento en el corto, mediano y largo plazo, que sea ejemplo internacional de cómo lograr la tranquilidad necesaria para las familias, de cómo darle certidumbre suficiente a la inversión y con ello, refrendar la legitimidad de nuestras instituciones. Por todo lo anterior, señor presidente, señores diputados, me permito someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que contiene la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia y atendiendo a la amplitud de su contenido solicito sea publicada de manera íntegra en el Diario de los Debates. Asimismo solicito que esta iniciativa sea turnada para la emisión del dictamen correspondiente a la Comisión de Gobernación, con opinión de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Desarrollo Social. Muchas gracias, presidente.