La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se presenta ante este pleno, para su discusión y votación, sin duda alguna es una de las oportunidades más importantes que hemos construido en la presente legislatura, para que con una buena redacción abonemos a cambiar la concepción sobre el servicio público en México. Sin lugar a dudas, el tema y la intención del dictamen alinean una de las banderas que Movimiento Ciudadano ha tremolado desde hace años. Una bandera que tiene que ver con la congruencia, con la empatía, con la conciencia y con la ética en el servicio público. Tiene que ver con la congruencia, porque no podemos hablar de servir en la administración pública cuando estamos consintiendo o usando el presupuesto de la nación para construir patrimonios ofensivos a la pobreza en la que vive la mayor parte de nuestra nación. Patrimonios que en muchos casos, históricamente han pretendido enmascarar la corrupción con sueldos desproporcionados y, en otros casos, han acostumbrado al servidor público a servirse del dinero de la nación, desvinculando la mística de servicio para el bien de todos y generando en el imaginario colectivo grotescas figuras, como aquellas lamentables frases de: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. O, un político pobre es un pobre político. Tiene que ver con la empatía, porque no es empático pretender defender los salarios desproporcionados que actualmente se ganan en el servicio público, mientras vemos a micros, pequeños y medianos empresarios, a comerciantes que con sus impuestos pagan nuestros salarios, pero a lo que en realidad les obliga a proporcionar sus sueldos conforme a su esfuerzo y responsabilidad. O cuando sabemos que la mayoría de la gente a la que servimos tiene condiciones económicas muy frágiles tiene que ver con la conciencia y la ética, porque debemos tomar conciencia del país en el que vivimos, de la desigualdad que impera entre nuestra nación, de las responsabilidades y riesgos implícitos en los distintos perfiles de servidores públicos. Del conocimiento y experiencia que demandan determinados cargos públicos. Ello, para poder consciente y éticamente fijar parámetros para establecer salarios justos en el servicio público de nuestro país, que guarden proporción con las responsabilidades y riesgos que asumen las y los servidores públicos. Que sean aceptables conforme a los conocimientos, experiencia y preparación que demanda el cargo público y ofrece el servidor público. Y que sean producto de la razón, de cálculos con bases ajustables y comprobables y no de la codicia y la ambición por enriquecerse a costa del erario público. O de la ignorancia y la mezquindad que no busca la justicia sino la simpatía y el aplauso fácil, a partir de castigar salarialmente. En este sentido, compañeras y compañeros legisladores, yo espero que en el fondo, en el tema principal de este dictamen, logremos construir una unanimidad. Sin embargo, en la forma, en la redacción del texto tenemos el reto que la mayoría obstinada y avasalladora que se forma en la Comisión de Puntos Constitucionales decidirá transferir a este pleno. El reto consiste en que el objetivo que todos buscamos es establecer un régimen de salarios para servidores públicos que sea justo para la redacción del dictamen, que no lo es. El reto implica en que lo que aprobemos aporte certidumbre jurídica y claridad a un texto que en su versión vigente ha requerido interpretaciones del Poder Judicial de la Federación, y que no propicie injusticias en sí mismo y que en el futuro potencie el problema de sueldos desproporcionados ante alguna voluntad que como hoy mueve la mayoría, mañana decida subir los sueldos y propicie un caos de desproporcionalidad peor que el que hoy ofende a la mayoría de la población. Todo lo anterior lo sostengo porque el texto del dictamen tiene las siguientes deficiencias. 1. Aunque en los antecedentes se presentan iniciativas que buscaron evitar una antinomia entre los artículos que se pretenden modificar y el artículo 94, en el sentido de que los primeros, bajo la ambigüedad de funcionarios públicos federales, incluirá a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, a quienes en el artículo 94 establece que no se les podrá bajar los salarios. El dictamen no incluye modificaciones al artículo 94, por lo que persistiría la antinomia. El texto del dictamen no permite establecer los parámetros, fundamentos o criterios bajo los cuales se deban fijar y presupuestar las remuneraciones de los servidores públicos. En este sentido, sin las herramientas metodológicas que se requieren para tabular salarios, el recorte salarial que en primera instancia pareciera justo y necesario, se quedará como un capricho opaco, discrecional y fundado en la ignorancia, propiciando que al pretender erradicar una injusticia se cometa otra y además no tengamos parámetros para conocer si se bajaron suficientemente los salarios o no. Además, el texto que se propone en el dictamen plantea la problemática de no contemplar cambios o caprichos en el futuro. En consecuencia, al no dar la posibilidad de establecer tabuladores o herramientas para tabular los salarios, si el día de mañana llegase otro presidente con 30 o 40 millones de votos, con una determinación similar y prejuicios opuestos y decidiera que debe subir su salario arbitrariamente bajo los parámetros que le da el sentido del humor que está en ese momento, tal y como hoy...