La diputada Julisa Mejía Guardado: Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. En el estado de México está por debajo del promedio nacional por la mala calidad e impunidad en la rendición de cuentas, así lo determinó el reporte de transparencia municipal 2012, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, que durante un año evaluó a la transparencia de los estados, municipios y delegaciones más pobladas del país, que cuentan con recursos gubernamentales 5. 5 veces mayor al promedio nacional y una población con acceso a Internet por arriba del promedio nacional. Mientras la calificación promedio nacional es de 71 puntos, la entidad mexiquense obtuvo 59.4 de calificación general, la misma calificación en la ley y la misma apreciación en la práctica de transparencia. Peor aún, dos de los municipios del estado reportan las siguientes puntuaciones: Calificación en la ley, en Ecatepec, 81.3; en Netzahualcóyotl, 93.8. Calificación en la práctica, 43.9, en Ecatepec; y en Netzahualcóyotl, 30.6. La brecha de implementación, en Ecatepec, con una diferencia de 37.4; y en Netzahualcóyotl, una terrible diferencia de 63.1. Las prácticas de transparencia instrumentadas por ambos municipios no se acercan ni por asomo a lo establecido por la ley que las norma. Ahora que Peña Nieto propone darle más autonomía y dientes al IFAI, esperemos que se llame a cuentas a él mismo y los responsables de la opacidad en estos municipios o que se someta a plebiscito la ley y los bandos municipales que promueven respectivos cabildos. En nuestro país, el debate sobre la democracia participativa se ha presentado en muy escasos momentos. El espacio de discusión sobre la reforma política que generó la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura, sólo alcanzó para su inclusión a nuestra Carta Magna, a la iniciativa ciudadana de candidaturas independientes, la consulta popular, por cierto, con altos umbrales de vinculación. Además de estos instrumentos aprobados, existen muchas más figuras de participación ciudadana que deben contemplarse para beneficio de la sociedad en nuestro país, como el presupuesto participativo, la afirmativa ficta, la auditoría social, el referéndum, el plebiscito, las acciones colectivas y populares, la revocación del mandato, entre otras. La materia de ambas iniciativas que propongo a consideración del pleno son el plebiscito y el referéndum, como, retomo la sustancia que presentó en la legislatura pasada el doctor Jaime Cárdenas Gracia. Ambos instrumentos son entendidos como mecanismos que permiten a los ciudadanos ejercer la soberanía mandatada en nuestro texto constitucional, que manifiesta y a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Bajo esta disposición, el pueblo tiene la facultad de elegir a sus representantes mediante el sufragio. Sin embargo, la forma de presentación y mandato no implica de manera alguna que los gobernados entreguen la soberanía, más bien, delegan facultades, designan representantes que deben sujetar su actuación a los lineamientos previstos por la propia Constitución. Sexenio tras sexenio, administración tras administración salen a la luz gigantescos sistemas de corrupción que degradan a la política, a la administración pública y a los gobiernos estatales. Una crisis de legalidad que las más de las veces nos lleva a una crisis de constitucionalidad que a su vez genera crisis social y económica. Ejemplos de estos dan cuenta la crisis de la reforma energética del 2006, el incremento al IVA, el detrimento de la economía familiar, el aumento progresivo de la gasolina y hoy lo relacionado a la maquillada reforma electoral. El plebiscito y referéndum constituirán un control, en manos de los ciudadanos, a los fenómenos de la corrupción y las reformas antidemocráticas y antisociales. El plebiscito y el referéndum remiten una llamada a los ciudadanos, declara una consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo que apruebe o rechace una determinada propuesta. El principal inconveniente de la representación indirecta del pueblo, por parte del Poder Legislativo, está en los intereses creados en los poderes constituidos que impiden la deliberación de los ciudadanos en los actos legislativos y administrativos. Los mecanismos de participación democrática que existen, la iniciativa ciudadana y la consulta popular distan mucho de ser idóneos para transformar el Estado mexicano en una república representativa y participativa. Termino, presidente. La sociedad debe estar cerca del poder para ejercer un control efectivo sobre el mismo, por eso resulta necesario reconocer que el poder no se concibe después de la sociedad, el poder se constituye desde los mismos procesos que forman las sociedades. La construcción histórica del poder y la sociedad se presenta como formación de un retículo de colaboraciones, significaciones y valores cuya comprensión sigue siendo un reto de la mayor envergadura. La iniciativa de impulsar y fortalecer la democracia participativa y deliberativa en nuestro país se convierte en una forma de complementar la democracia representativa que se encuentra en los límites de su agotamiento. Establecer en nuestro marco constitucional y legal diferentes mecanismos de participación democrática contribuirá a construir una sociedad fuerte. En virtud de lo anterior propongo a esta soberanía la incorporación de los mecanismos de participación democrática, conocidos como plebiscito y referéndum. Gracias, señor presidente.