El diputado Jacobo Mendoza Ruiz: Pueblo de México, compañeras y compañeros diputados, estamos hoy aquí para tratar un tema fundamental en la construcción de una nación más justa, más democrática y más transparente. Esta nueva legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, no solo representa un cambio normativo, sino que significa dar un paso más en la consolidación de nuestro sistema jurídico. Desde el inicio de nuestro movimiento hemos trabajado bajo un principio claro, el poder es del pueblo y para el pueblo. No puede haber un verdadero gobierno democrático sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin acceso a la información pública. Con esta reforma avanzamos en el fortalecimiento de la gestión de los datos públicos, asegurando que la transparencia tenga un verdadero sentido social. Es por ello, por lo que la propuesta plantea también homologar y maximizar las reglar, principios, bases y en general los mecanismos para el ejercicio del derecho a la protección de los datos personales en posesión, tanto de los sujetos obligados como de los particulares. El acceso a la información es un derecho que debe estar al alcance de todas y todos, por eso este nuevo marco legal garantizará que la ciudadanía tenga mayor conocimiento de la información en asuntos de interés social, principalmente cuando se trate de presupuesto público, eliminando obstáculos y burocracias innecesarias. El papel de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno significa un paso clave en la lucha contra la corrupción, otra de las banderas primordiales de nuestro movimiento, y será una institución que tendrá la autoridad para la gestión integral de la transparencia y la protección de datos, con facultades específicas para sancionar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones en la materia. En el derecho comparado se observa que en la legislación de diversos países existe un esquema como el de la presente reforma, en el que las atribuciones de acceso a la información y protección de datos personales están a cargo de un ente que depende del Poder Ejecutivo, tal es el caso de los Estados Unidos de América y de Canadá, en donde no existe la figura de órganos constitucionalmente autónomos, sino que estos han sido creados por las leyes secundarias, con el fin de velar por la garantía de estos derechos. Por tal motivo, no podemos permitir, como lo fue durante los gobiernos neoliberales, que la opacidad y el uso discrecional de la información sigan funcionando como herramientas de intereses particulares por encima del bienestar colectivo. Otro aspecto positivo de esta reforma consiste en la creación del órgano administrativo desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo, el cual tendrá las mismas atribuciones que las demás autoridades garantes y, además, conocerá y resolverá los recursos de inconformidad que interpongan las personas particulares cuando las solicitudes se traten del manejo de los recursos públicos. En resumen, los principios de esta reforma esencialmente consisten en conformar un marco jurídico claro, que cuente con reglas y principios para dar garantías de acceso a la información y a la protección de datos personales, eliminando contradicciones y agilizando procesos. Un gobierno que rinde cuentas es un gobierno que respeta a su pueblo. Con estas reformas se incrementa la confianza en las instituciones, se promueve una administración pública austera, eficiente, honesta y nos aseguramos de que el pueblo de México tenga los instrumentos correctos para exigir cuentas a las autoridades. Sabemos que la transformación no es fácil, pero en el Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidos de que este nuevo modelo, que pone la transparencia en el centro del debate público, es el camino correcto. Sin lugar a duda, hoy avanzamos con determinación hacia la construcción de un México en donde la corrupción nunca más tenga cabida. Los conservadores, acostumbrados a mentir, queriendo confundir al pueblo vienen a aquí a decir que se están desapareciendo derechos e instituciones. Falso, al contrario, la cuarta transformación no está destruyendo a ninguna institución, obedeciendo el mandato popular se extinguió un organismo ineficiente, corrupto hasta el infinito y más allá y simulador de sus funciones sustantivas, el INAI, producto de una política neoliberal fallida y estamos creando una nueva institución que garantiza el derecho a la información pública y que proteja los datos personales. Debe quedar muy claro que las funciones y las obligaciones del Estado en la materia de ninguna manera se han ininterrumpido y permanecen intactos los derechos ciudadanos a la información pública y a la protección de los datos personales. En esta transición constitucional sigue funcionando la plataforma nacional de transparencia sin que se vea afectado ningún proceso de acceso a la información que se encuentre en curso. Como parte de los poderes de la Unión, desde el Congreso tenemos la responsabilidad de garantizar mediante las leyes el pleno ejercicio de los derechos del pueblo y el debido cumplimiento de obligaciones del Estado. Sigamos avanzando con la certeza de que con la cuarta transformación el futuro de México seguirá en manos de un pueblo consciente, informado y empoderado.