El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Con su venia compañero presidente: Con una sola precisión: la propuesta está asignada y la compartimos el Senador Sadot Sánchez Carreño y un servidor. El pasado 2 de diciembre de 2004 a través del comunicado de prensa número 277, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el juez federal en el distrito de Arizona, David Burick (?), levantó la suspensión temporal a la entrada en vigor de la llama "Propuesta 200", misma que fuera aprobada en un referéndum realizado en el marco de las elecciones generales de los Estados Unidos el 2 de noviembre pasado. Cabe recordar que dicha suspensión fue solicitada el 1o.de diciembre pasado por organizaciones hispanas y de derechos humanos, encabezadas por el Fondo Mexico-Americano, para la Defensa Legal y la Educación MALDEF, por sus siglas en inglés, quienes a su vez han iniciado un amplio y complejo proceso para impugnar de manera definitiva la legalidad de la medida. La "Propuesta 200", llamada así por el número que le fue asignado en las boletas electorales, fue promovida por un importante grupo antiinmigrante y es muy similar a la famosa "Propuesta 187", planteada en California por el ultraconservador Pete Wilson. Con la entrada en vigor de esta propuesta a partir de hoy, es obligatorio para cualquier persona, comprobar ante las distintas autoridades gubernamentales, que su calidad migratoria la hace elegible para recibir ciertos beneficios de programas de asistencia social, estatal y local, en los que no intervengan recursos federales. Se trata de una ley que también ha sido denominada "Ley para Proteger al Ciudadano y al Contribuyente de Arizona" y que entre otras cosas prohibe a las dependencias gubernamentales locales, brindar distintos servicios esenciales a indocumentados y los obliga a denunciarlos. Por ello no podemos más que coincidir en que sin lugar a dudas se trata de una medida que propicia acciones de discriminación, con base en el perfil étnico, que puede generar un clima adverso para la importante comunidad mexicana que radica en ese estado y que no contribuye de manera alguna a enfrentar y aprovechar integralmente los retos y oportunidades del fenómeno migratorio entre México y Arizona. En reiteradas ocasiones legisladores de todos los partidos hemos expresado nuestra más profunda preocupación ante la posibilidad de que la intervención de las autoridades estatales y locales de Arizona en asuntos migratorios derive en más violaciones a los derechos de nuestros connacionales. Hoy aprovechamos la ocasión para reiterar nuestro más enérgico rechazo a toda iniciativa o legislación encaminada a restringir los derechos humanos inherentes a la condición humana, independientemente de la nacionalidad y el estatus migratorio de las personas. Compañeras y compañeros legisladores: con el objeto de promover por todos los medios a su alcance la salvaguarda de los derechos de los mexicanos que residen en Arizona, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha girado importantes instrucciones a las representaciones consulares en dicho estado --Phoenix, Nogales, Tucson, Douglas y Yuma-- a fin de que refuercen las acciones encaminadas a, primero, mantener debidamente informada a la comunidad mexicana sobre los alcances y naturaleza de esta reforma, así como sobre los derechos que en cualquier caso les asisten. Segundo, promover un mejor entendimiento en el estado sobre la aportación de los mexicanos a la economía y sociedad de Arizona y, Tercero, mantener contacto con las autoridades correspondientes, funcionarios selectos y organizaciones sociales a efecto de dar seguimiento en estricto apego al marco legal aplicable al proceso mediante el cual las instancias judiciales correspondientes continuarán revisando el caso. No obstante, compañeras y compañeros, creemos que no es suficiente. Creemos que es necesario asumir una actitud más firme y decidida. En esta misma tribuna se ha cuestionado severamente que hasta el momento no se haya presentado una nota diplomática de protesta. La defensa de los derechos humanos de los mexicanos que por una u otra razón se han visto obligados a abandonar su lugar de origen requiere que el Poder Legislativo de nuestro país persista en su actitud solidaria y responsable, haciendo uso de todos los instrumentos que estén a nuestro alcance a efecto de contribuir a garantizar el pleno respeto de todos los derechos humanos de nuestros connacionales, independientemente de su condición o estatus migratorio. Sólo si actuamos conjunta y coordinadamente podremos hacer frente de manera exitosa a la política sistemática de violación constante y permanente a los derechos humanos de los migrantes aplicada por los Estados Unidos tanto en el nivel local como federal, pues ya sea a través de repatriaciones forzadas o de programas piloto para el uso de armas no letales, los migrantes mexicanos son tratados como terroristas o delincuentes, sufriendo vejaciones y tratos crueles, al tiempo que son testigos de cómo se concretan más iniciativas de ley encaminadas a restringir sus derechos fundamentales, pese que éstos son inherentes a todos los seres humanos. Las agresiones que tienen que enfrentar y padecer los migrantes por el simple hecho de ser considerados ciudadanos de segunda es algo que estamos obligados a combatir con todos los instrumentos existentes. Por lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta que la Ley 200 es una legislación xenófoba y racista, que discrimina a personas en función de su nacionalidad y de su condición o estatus migratorio, me permito, nos permitimos el senador Sadot Sánchez Carreño y un servidor, poner a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a toda iniciativa o legislación encaminada a restringir los derechos humanos inherentes a la condición humana, independientemente de la nacionalidad y el estatus migratorio de la persona. Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que remita inmediatamente una nota diplomática de protesta ante la entrada en vigor de la Ley 200 en el estado de Arizona por considerar que se trata de una legislación xenófoba y racista que discrimina a personas en función de su nacionalidad, origen étnico y condición o estatus migratorio. 3º.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, en su carácter de representante del Estado mexicano, a efecto de que solicite opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la posible violación a diversas disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 200 en el estado de Arizona, de los Estados Unidos de América. Por su atención y respaldo, muchas gracias, compañeros.