El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Le solicito que se inserte mi documento en el Diario de los Debates, en función de que fue modificada la redacción inicial que ha sido publicada. Punto de acuerdo relativo a la instalación del confinamiento de residuos tóxicos en Zimapán, Hidalgo, a cargo de un servidor, del Grupo Parlamentario del PRD. Considerandos Primero. La Constitución General de la República establece en el artículo 4o. que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Segundo. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene a su cargo fomentar la protección de los recursos naturales; establecer en correspondencia con autoridades locales, normas oficiales sobre preservación y restauración de la calidad del ambiente, ecosistemas naturales, aprovechamiento de los recursos naturales, flora, fauna, descarga de agua residual, minería, materiales peligrosos y residuos sólidos peligrosos. Vigilar, con autoridades locales, el cumplimiento de leyes y de normas oficiales, así como las sanciones correspondientes; evaluar y dictaminar el impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten al sector público el social y el privado y resolver sobre los estudios de riesgo ambiental y los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica. Tercero. A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente corresponde contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental, teniendo a su cargo la vigilancia y evaluación de los ordenamientos jurídicos aplicables a la vigilancia y evaluación de la contaminación ambiental, preservación y protección de los recursos forestales, vida silvestre y áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal; y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto; recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, a los bienes, a las materias y a los ecosistemas, y salvaguardar los intereses de la población; emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su competencia. Cuarto. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece en el artículo 172: Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad solicitará a quienes la hubieran otorgado la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y, en general, toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción. Por su parte, el artículo 175 dice a la letra: La secretaría podrá promover ante las autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que haga para este efecto, la limitación o suspensión de la instalación o del funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente o a los recursos naturales, o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad. Quinto. Es necesario asumir un papel responsable y evitar tajantemente anteponer los intereses económicos a los de la nación, especialmente a los de nuestras comunidades, parte del mosaico pluriétnico y cultural que nos da la identidad. Tampoco es ético y ajustado a las responsabilidades de los servidores públicos engañar a los habitantes con argumentos que reclaman el desarrollo económico de la región ignorando los derechos elementales de cualquier ser humano, como la salud, la alimentación y la vivienda. Sexto. Recordar que los signos actuales de la democracia y del quehacer gubernamental son la coparticipación y correspondencia en la toma de decisiones. De la misma manera, subrayar que la característica fundamental de cualquier política pública es que en su formulación e implantación, la participación de la población directamente involucrada es fundamental. Séptimo. Los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de resolver el conflicto y dar vialidad al proyecto de confinamiento de residuos tóxicos o peligrosos con estricto apego al estado de derecho. Resuelve Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a brindar información a esta soberanía sobre el Programa de Sitios de Confinamiento de Residuos Tóxicos en el país y haciendo un informe si a la fecha se encuentra con algún estudio realizado de manera independiente relativo a los posibles efectos producidos por la creación del confinamiento en los residuos tóxicos en el municipio de Zimapán, Hidalgo, y en caso de no ser así, exhortar a dicha dependencia a la elaboración del mismo, lo anterior en virtud del interés colectivo que dicho tema representa. Le pido, Presidenta, que lo ponga en consideración como urgente u obvia resolución. Y aquí tengo las fotografías aéreas que demuestran la inviabilidad de que esté ahí el confinamiento. Están las fotografías de las pendientes de cómo se perjudica y se afecta al manto acuífero, cómo se afectaría a las torres eléctricas, que va en contra de los reglamentos, y también cómo se tiene una pendiente muy importante de forma natural que se aprovechó para ahí hacer la obra, que prácticamente está concluida y que ya tiene varios años en la protesta del movimiento Todos somos Zimapán. Por su atención, muchas gracias.