La diputada Juanita Guerra Mena: Con su anuencia, presidenta. Gracias, presidenta. Honorable asamblea, un combate integral a la inseguridad no puede entenderse sin el diseño e implementación de acciones de prevención del mismo. Atender las causas que propician las conductas antisociales es obligación de una política integral en materia de seguridad y, para ello, es preciso adecuar el marco normativo, a fin de integrar nuevos elementos en las perspectivas que mantengan en un alto grado de eficacia. Desde una perspectiva social, la comisión de hechos delictivos no tiene causa única. En el diseño de una política criminológica integral hemos venido transitando de un enfoque parcial y limitado a uno en el que poco a poco integramos los factores propiciatorios, a partir de un análisis de contexto social en el problema. Es así, que dotar de enfoques preventivos a las diversas normas que se encargan de combatir la violencia y la delincuencia se vuelve una labor fundamental, no solo en una tarea de revisión de las leyes que regulan el actuar de la autoridad sino también en una labor de corresponsabilidad del Legislativo en un tema tan importante como lo es la seguridad y la prevención del delito. Nos hemos ocupado en el combate frontal de la delincuencia, generando altos costos sociales, pues es de todos sabido que los gobiernos del pasado se enfocaron más en buscar soluciones inmediatas y de corto plazo, que en ubicar las causas primarias sociales que son detonante de violencia y factor propiciatorio de la delincuencia. Por ello, el enfoque de prevención es absolutamente indispensable para nuestro país. La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, la academia y la iniciativa privada exigen, con justa razón, acciones públicas y eficaces, exigen que el gobierno dé cuenta de las medidas que se están llevando a cabo para garantizar la seguridad en todo el país. La prevención de la violencia y la delincuencia busca incidir en causas y factores de riesgo presentes en la configuración de estas conductas. Lo hace considerando que en estos problemas influyen en aspectos individuales, familiares, escolares, sociales y del entorno físico. Al mismo tiempo, busca fortalecer los factores de protección a estos graves problemas. Es decir, la prevención social implica la promoción de cambios socioculturales que generan entornos más seguros, propicios para vivir libre de la delincuencia en este tema tan delicado como es la inseguridad. Son diversos instrumentos internacionales que mandatan a los gobiernos de los países a contar con mecanismos de prevención social de la violencia y la delincuencia. Ejemplo de ello, las direcciones nacionales, en este caso por las directrices del Riad, que mencionan que toda sociedad deberá asignar elevada prioridad a las necesidades y el bienestar de la familia y de todos sus miembros, dado que esta es la unidad central encargada de la integración social primaria del niño. Los gobiernos y la sociedad deben tratar de perseverar la integridad en las familias, así como la obligación de cuidar y proteger al niño, asegurar su bienestar físico y mental. Los gobiernos deberán adoptar una política que se le permita criarse en un ambiente familiar estable, en un total bienestar. Los gobiernos deberán adoptar medidas de fomentar la unión armónica. Así como también, por ello, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con el espíritu de la iniciativa en el sentido de establecer un ámbito de familia como parte fundamental de la prevención social contra la violencia. Así, lo que permite dejar un justo valor al concepto de la familia, lo cual en este caso involucraría a la sociedad para contrarrestar los delitos desde el ámbito de prevención en los mismos. El dictamen contiene diversas adiciones de la Ley General para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en donde se contempla que la prevención social es en el ámbito de la familia. Se lleva a cabo con la colaboración federal, estatal y municipal mediante programas integrales que fomenten el fortalecimiento de valores humanos en las familias, la promoción activa de espacios y diálogos de aprendizaje en las propias familias, el facilitar servicios adecuados a quienes necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto. De esta manera estamos alimentando el texto normativo, donde se enfoque verdaderamente la prevención y el fortalecimiento de las familias en una labor donde su papel sea fundamental. Así, con la modificación que se somete a esta asamblea, que contiene este dictamen, damos un paso importante en la labor que debe ser tarea constante y permanente, la del fortalecimiento del tejido social y familiar, y la de implementación en las medidas que combata la violencia y la delincuencia por causas, no solo que sea en causas, sino también los efectos. Así que los invito, compañeros legisladores, a aprobar esta iniciativa que por su dictamen fue favorable. Es cuanto, señora presidenta.