El diputado Francisco Elizondo Garrido: Compañeras y compañeros diputados, la garantía del derecho humano a un medio ambiente sano ha evolucionado desde el derecho internacional de los derechos humanos hasta las Constituciones nacionales. Para garantizar su protección se han desarrollado acciones colectivas orientadas a tutelar intereses colectivos y difusos, y lograr la reparación del daño ambiental. No obstante, en México este mecanismo de defensa tiene varias deficiencias desde su diseño, lo que dificulta el verdadero acceso a la justicia. Nuestro artículo 4o. constitucional es claro al establecer que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que es obligación del Estado garantizar el respeto a este derecho. También señala que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad ambiental a quien lo provoque. Sin embargo, las formalidades contenidas en nuestro sistema normativo han impedido que en caso de agresiones graves a los ecosistemas, los responsables hayan sido castigados de manera efectiva en el pasado, impidiendo el acceso a la justicia para personas que vieron directamente lesionados no solamente su entorno sino su salud, su patrimonio por cuestiones meramente técnicas. Claro ejemplo de ello es el que se desprende de la acción de responsabilidad ambiental intentada por la grave y lamentable contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi en el estado de Sonora, hechos que ocurrieron el 6 de agosto del 2014, donde el juez conoció de la acción intentada por miembros de las comunidades afectadas, desechó la demanda, ya que consideró que debía cumplir con la condición de que sea promovido por cuando menos 30 personas. En este sentido resulta fundamental que nuestra legislación sea clara para facilitar que el derecho a la reparación del daño ambiental se encuentre al alcance de cualquier persona. Actualmente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental reconoce el derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados, así como el pago de la sanción económica a las personas físicas habitantes de la comunidad vecina al lugar con daño al ambiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos previstos por el Código Civil para su presentación. Esto es que sea suscrita por lo menos por 30 personas que demuestren ser miembros de la colectividad. Así pues, este requisito, lejos de facilitar el acceso a la justicia ambiental, vulnera nuestro derecho a un medio ambiente sano, el cual no puede ser limitativo a un cierto número de personas, pues los efectos causados a cualquier árbol, río, bosque o selva, definitivamente afectarán a todo ser vivo que habitamos en este planeta. No debemos ver el cuidado del medio ambiente como responsabilidad de unos cuantos, por lo que se debe armonizar la ley a la importancia de la tutela de la naturaleza. Exigir un número determinado para iniciar acciones colectivas en materia ambiental atenta con el principio de progresividad de los derechos fundamentales, por lo que podría traducirse en la denegación de justicia. En este sentido es que presento ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de ley por el que se reforman las fracciones 1 y IV del artículo 28 y el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con el propósito de establecer con claridad que cualquier persona física habitante de la comunidad vecina al lugar con daño en el ecosistema, sin restricción de número, tiene legitimación para promover acciones en materia de responsabilidad ambiental. De aprobarse esta iniciativa, estaremos verdaderamente legislando en un sentido de responsabilidad ecológica y social. Creo firmemente que mientras no impulsemos mecanismos de compensación dirigidos a lograr la reparación del daño ambiental, la verdadera justicia ambiental seguirá siendo como hasta la fecha, simplemente una ilusión. Es cuanto, señor presidente.