El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Señoras legisladoras y señores legisladores, acudo ante ustedes para turnar una iniciativa con reformas a diversas disposiciones de la Ley de Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, que tienen como propósito central reivindicar el derecho que se les ha negado atávicamente en nuestra sociedad a centenares de miles, principalmente mujeres que trabajan en los hogares. Es a todas luces una realidad que ni el Seguro Social, la ley respectiva ni la Ley Federal del Trabajo les dan condiciones de un mínimo de dignidad, de decoro y de recursos para el desempeño de sus labores. La Ley del Seguro Social establece en uno de los artículos, motivos de nuestra propuesta de cambio, que las trabajadoras podrán ser sujeto de aseguramiento al régimen de seguridad social, pero de manera voluntaria. Esto es, no impone esa obligación a los patrones. De la misma manera, la Ley Federal del Trabajo en 10 de sus artículos empieza por darles una denominación discriminatoria, cuando habla de trabajadores domésticos. Lo cual a todas luces atenta contra el artículo 1o de la Constitución. La propuesta inicial es la denominación laboral. Ahora, ¿de qué dimensión social estamos nosotros hablando? De acuerdo a las cifras del Inegi del año de 2008, hay en nuestro país un millón 816 mil personas que se dedican a los trabajos del hogar. De ellos, el 91 por ciento son mujeres, que carecen de derechos, de prestaciones y de regímenes de seguridad social; sus percepciones son raquíticas, de acuerdo al propio Inegi, ya que las trabajadoras del hogar el 32 por ciento obtienen un salario mínimo; sus niveles educativos son de primaria o menos, en un 70 por ciento y sólo el 4 por ciento poseen escolaridad media y superior. Algo muy grave, las trabajadoras del hogar, el 91 por ciento no tienen acceso a instituciones de la salud; no tienen tampoco vacaciones, días de descanso obligatorio y son, insisto, víctimas de discriminación. Una acuciosa analista periodista, Lydia Cacho, que ha estudiado este tema, publicó recientemente que el 93 por ciento de ellas no tiene acceso a la salud y el 79 por ciento no recibe ni recibirá prestaciones si no hacemos cambios a la ley. Lydia Cacho abunda en este tema y habla de que el salario promedio de las trabajadoras del hogar es de apenas de mil 112 pesos mensuales y el 60 por ciento de las trabajadoras domésticas son indígenas y empiezan a trabajar y a ser víctimas de la explotación desde los 13 años de edad. Por ello, el grupo del Partido del Trabajo, los diputados que participamos en el Movimiento en Defensa del Petróleo, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, estamos proponiendo reformas para obligar a todos los patrones a proporcionar a las trabajadoras y trabajadores del hogar, que son casi 2 millones de personas, un salario digno equivalente a 5 salarios mínimos vigentes del Distrito Federal, la jornada de trabajo legal; pago de horas extras; 2 días de descanso semanal, vacaciones; derecho a indemnización por despido injustificado; prima de antigüedad; aguinaldo e inscripción obligatoria en el Seguro Social, entre otras prestaciones. Ellas y ellos son trabajadores, son seres humanos y por tanto acreedores a todos y a cada uno de los derechos con que el resto de los ciudadanos en trabajo laboral cuentan. Yo le pediría, señor presidente, por razón de tiempo sea inscrita en forma íntegra en el Diario de Debates y el turno correspondiente a la comisión respectiva, de esta iniciativa que suscribe también la diputada Laura Itzel Castillo Juárez. Muchas gracias.