La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (vía telemática): Muchas gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el establecimiento de la carrera judicial en términos generales es una de las propuestas plausibles de la reforma al Poder Judicial. Desde el año 2003, cuando se introdujo en el debate nacional, el concepto de profesionalización del servicio público se han consolidado diversos esfuerzos para replicar esa práctica en diferentes órdenes de gobierno y en los diversos Poderes de la Unión. El Poder Judicial, ha sido uno de los últimos que explorar... la profesionalización de sus integrantes, el establecimiento de los principios generales que rijan la adopción de esta práctica por vía de una ley, resulta un ejercicio con algunas cuestiones importantes frente a otros procesos que aún permanecerán bajo la discrecionalidad de sus titulares, como la recientemente aprobada Ley de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, resulta destacable que hay algunos cargos de suma relevancia para la toma de decisiones al interior del Poder Judicial que en el proyecto que está a consideración permanece bajo la discrecionalidad del nombramiento por parte de sus titulares. Señaladamente me referiré a los secretarios generales de acuerdo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las Salas Regionales, del mismo Tribunal. Dichos cargos, requieren un alto grado de independencia e imparcialidad, pues sus funciones no obedecen únicamente a la presidencia de tales órganos colegiados sino a todos sus integrantes. Por otra parte, las condiciones de las sesiones que atienden, en reiteradas ocasiones se ha demostrado que requieren un conocimiento técnico, general, avanzado en diversas áreas de la materia que atienden, experiencia que no solo es posible adquirir mediante los diversos escalafones de la carrera judicial. Por eso, propongo a esta soberanía que dichos cargos sean nombrados por los particulares de los órganos colegiados a los cuales me he referido, pero con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Carrera Judicial, con la intención de que quienes sean candidatos o candidatas a ocupar tales cargos, cuenten con la experiencia y los conocimientos que técnicamente garanticen la eficiencia y, al mismo tiempo, les permita conservar la imparcialidad. La imparcialidad en la actuación dentro del Poder Judicial no es tema menor. En los hechos, es una vertiente del principio de independencia judicial y un requisito indispensable para la impartición de justicia. Esta consideración también nos lleva a reflexionar nuevamente sobre la independencia judicial y la forma en que se transgrede este principio del proyecto que está a discusión. Hoy vuelven a ser vigentes las palabras de Justo Sierra, el llamado maestro de América, que durante el álgido debate sobre la inamovilidad judicial, que tuvo lugar antes de la determinante reforma constitucional que garantizó la reelección indefinida de Porfirio Díaz, expresó que la democracia se educa como se educa todo órgano por el ejercicio. Para este ejercicio se necesita la protección de la justicia y para que la justicia pueda proteger el ejercicio de la democracia es preciso que esté perfectamente independiente del Poder Judicial, llámese el poder autoridad pública o llámese el pueblo o llámese el presidente de la República. Por ello, es necesario que en este ejercicio reflexionemos una vez más en torno a estos principios, en torno a la independencia judicial, en torno a la supremacía de la Constitución. Es fundamental que, en este debate, en esta reflexión que hoy estamos haciendo, en este debate apresurado por la urgencia de la mayoría, no caigamos en la provocación que nos están presentando y desterremos de este dictamen el artículo décimo tercero transitorio, al que posteriormente me referiré. Es cuanto, presidenta.